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Timestamp: 2018-09-22 02:03:44
Document Index: 44047187

Matched Legal Cases: ['artículo 322', 'artículo\n2', 'artículo 8', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 75', 'artículo 94', 'artículo 63', 'artículo 75', 'artículo 121', 'artículo\n56', 'artículo 75', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 63', 'artículo 31', 'artículo 56', 'artículo 124', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 56', 'artículo 1', 'artículo\n8', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 56', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 68', 'artículo 1']

PIONNER NATURAL RESOURCES (ARGENTINA) S.A.
C/ RIO NEGRO, PROV. DE (CITADO COMO TERCERO
EL ESTADO NACIONAL) S/ ACCION DECLA-RATIVA
DE INCONSTITUCIONALIDAD (JO)
A fs. 239/256, Pioneer Natural Resources (Argentina)
S.A. promovió acción declarativa en los términos del art. 322
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN)
contra la Provincia de Río Negro, a fin de obtener que se
declare la inconstitucionalidad de la ley local 3543,
modificatoria de la ley 1622 de impuesto inmobiliario (t.o.
por decreto 384/02) y se decrete una prohibición de innovar
que suspenda el trámite del cobro pretendido.
Cuestionó dicha ley en cuanto declara alcanzado por
el gravamen -que tradicionalmente recayó sobre la propiedad
inmobiliaria- a la "ocupación de inmuebles o subinmuebles en
virtud de permisos de exploración, concesiones y otros derechos
de explotación y de transporte y distribución de hidrocarburos
líquidos y gaseosos" (art. 2, inc. e) y erige como
contribuyentes a "los permisionarios de exploración, los concesionarios
y demás titulares de los derechos de explotación y
de transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y
gaseosos" (art. 8, inc. e), lo cual viola las leyes 17.319 y
24.145, ambas de hidrocarburos, la ley de coparticipación
federal de impuestos -23.548, art. 9, inc. b)- el Pacto Federal
de Hidrocarburos del 14 de noviembre de 1994, el Pacto
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12
de agosto de 1992, el Convenio de Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones celebrado con los Estados Unidos de
América (ratificado por ley 24.124) y, en consecuencia, colisiona
con los arts. 41; 17; 31; 75 (incs. 11; 21; 12; 18; 19; 22
y 30); 125 y 126 de la Constitución Nacional.
Expresó que las reformas introducidas extienden
indebidamente el hecho imponible a supuestos que no corres-
ponden, al aplicar el tributo no sólo a los propietarios sino
también a quienes ocupan inmuebles de terceros -como ocurre en
el caso-, circunstancia que desnaturaliza la gabela en examen.
Señaló que la norma provincial omitió establecer
cómo se determinará la base imponible, en abierta contradicción
con el principio de legalidad en materia tributaria
(arts. 4; 17 y 75, incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional).
Esta situación posibilitó al Fisco provincial determinar el
monto del gravamen de manera arbitraria, sin límite legal
alguno, sobre la base de supuestas mejoras y de un presunto
valor tierra de los subinmuebles que se pretenden gravar.
Sostuvo que la demandada, mediante el dictado de la
disposición cuestionada, transgrede las previsiones contenidas
en la ley 17.319 y en el Pacto Federal de Hidrocarburos
(ratificado por la ley 2877 de la Provincia de Río Negro), en
tanto aquellos garantizan la estabilidad tributaria a los
titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación
y disponen que ni las provincias ni las municipalidades
podrán gravar a sus titulares con nuevos impuestos ni aumentar
Relató que la ley 23.548, de coparticipación federal,
ha instituido el compromiso de las jurisdicciones adheridas
de no establecer impuestos análogos a los nacionales
coparticipados (art. 2°, inc. b), obligación de la que excluye
a los "impuestos provinciales sobre la propiedad inmobiliaria"
(art. 9, inc. b, párrafo 4°). Sin embargo, a su juicio, resulta
evidente que el impuesto local que impugna no recae sobre
esta última sino sobre otro tipo de derechos (permisos,
concesiones, derechos de explotación, transporte,
distribución), razón por la cual, efectuado su cotejo con los
nacionales coparticipados, resulta análogo al impuesto a la
ganancia mínima presunta (ley 25.063).
Por último, solicitó la intervención del Estado
Nacional como tercero, en los términos del art. 94 del CPCCN.
fs. 286/307, la Provincia de Río Negro contestó la
demanda y solicitó su rechazo.
Sostuvo que la vía elegida por la actora resulta
improcedente, al no existir una situación de incertidumbre que
le ocasione un perjuicio, razón por la cual, dado el carácter
excepcional y subsidiario de la acción declarativa de certeza,
debió haber interpuesto la acción de repetición prevista en el
art. 63 del Código Fiscal local, previo pago del importe
En cuanto al fondo de la cuestión debatida, señaló
que no existe contradicción entre las pautas establecidas por
las leyes 17.319, 24.145, 23.548 y la ley provincial 3543,
para afirmar, a continuación, que, de acuerdo con los artículos
2311 y cc. del Código Civil, debe entenderse que los activos
gravados, en cuanto a su naturaleza jurídica, constituyen
bienes inmuebles por accesión física o moral.
En tal sentido, adujo que la aplicación del impuesto
inmobiliario por parte de la Provincia no contraría el
principio de estabilidad tributaria, consagrado en la ley
17.319, puesto que aquel es preexistente a la entrada en vigencia
de esta última y en modo alguno puede considerarse que
la reforma introducida por la ley provincial 3543 implica un
nuevo tributo, pues ello confundiría la creación del impuesto
con las decisiones y acciones del gobierno provincial para
proceder a su aplicación, en tanto se trata de la definición
de los alcances del ya existente.
El Estado Nacional respondió su citación a fs.
En primer término, especificó que los yacimientos de
hidrocarburos ubicados en la República Argentina constituyen
establecimientos de utilidad nacional en los términos del art.
75, inc. 30, de la Constitución y, como consecuencia de ello,
es el Congreso de la Nación quien cuenta con atribuciones
exclusivas para dictar la legislación necesaria para el
cumplimiento de sus fines específicos, en virtud de las cuales
dictó la ley 17.319, que les fijó un régimen especial y
de-legó en el Poder Ejecutivo Nacional y en sus órganos específicos
la potestad de regularlos.
Explicó que esa ley, en su art. 56, ordena a los
permisionarios y concesionarios el pago de todos los tributos
provinciales y municipales existentes a la fecha de adjudicación,
pero también establece que las Provincias y Municipalidades
no podrán gravar a sus titulares con nuevas gabelas ni
aumentar las existentes. Como consecuencia de ello, entendió
que la Provincia de Río Negro, con el dictado de la ley 3543,
creó nuevas categorías imponibles, extrañas a las anteriores
("propiedad inmobiliaria" y "posesión a título de dueño"),
relacionadas con la ocupación de inmuebles o subinmuebles en
ejercicio de otros derechos, como son los provenientes de los
permisos y concesiones otorgados por el Estado Nacional para
la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.
Sobre tal base, afirmó que la ley local se encuentra
en contradicción con las normas fiscales que integran el
régimen federal de los hidrocarburos (ley 17.319, Acuerdo
Fiscal entre las provincias productoras de hidrocarburos y el
Estado Nacional y los arts. 31 y 75, incs. 12, 18 y 30 de la
Agregó, por último, que el gravamen en cuestión no
recae sobre "la propiedad inmobiliaria" sino sobre otros derechos
(permisos, concesiones, derechos de explotación,
transporte, distribución) que ya se encuentran gravados por el
impuesto a la ganancia mínima presunta establecido por la ley
25.063, en su condición de "activos" de Pioneer Natural
Resources (Argentina) S.A. En tales condiciones, a su criterio,
el impuesto de la Provincia de Río Negro resulta análogo
al nacional mencionado y en consecuencia, improcedente.
Coincidió con la actora en que el tributo cuestionado
vulnera el principio de legalidad, en tanto omite establecer
la forma en que se determinará la base imponible, sin
fijar los criterios para establecer una base de cálculo y
señala que no puede aplicarse lo establecido en el art. 13 de
la ley 1622, en tanto éste establece que la base imponible del
impuesto inmobiliario estará constituida por la valuación
catastral que, a tal efecto, determine la Dirección General de
Catastro y Topografía para cada ejercicio fiscal y este
criterio no es aplicable a los subinmuebles, puesto que aquel
organismo se dedica a la valuación de bienes raíces y no desempeñaría
idénticas tareas respecto de las "concesiones de
explotación" o "permisos de exploración", objetos del impuesto.
-IVPienso
que la cuestión debatida en el sub examine
corresponde a la competencia originaria de la Corte por los
fundamentos expuestos por este Ministerio Público el 2 de
octubre de 2002, compartidos por V.E. en su sentencia del 20
de marzo de 2003, en la causa Y.91, L. XXXVIII "Yacimientos
Petrolíferos Fis-cales S.A. c/ Río Negro, Provincia de
s/acción declarativa de inconstitucionalidad - incidente sobre
medida cautelar", a los cuales me remito en cuanto fueren
aplicables al sub judice.
Liminarmente, corresponde señalar que la pretensión
de la actora se encuentra dirigida a dilucidar su falta de
certeza frente al impuesto inmobiliario que se le pretende
cobrar por la ocupación de inmuebles o subinmuebles en virtud
de permisos de exploración, concesiones y otros derechos de
explotación y de transporte y distribución de hidrocarburos
líquidos y gaseosos, conforme a lo establecido por la ley
En este estado, entiendo que existe una controversia
definida, concreta, real y sustancial -sobre el alcance de los
artículos 1°, 2° inc. e) y 8° inc. e) de la ley provincial ut
supra mencionada- que admite remedio específico a través de
una decisión de carácter definitivo de V.E. (Fallos: 316:1713;
320:1556 y 2851).
A su vez, estimo que las cuestiones en debate no
tienen un mero carácter consultivo ni importan una indagación
especulativa sino que, antes bien, responden a un caso que
busca precaver los efectos de actos en ciernes -como resulta
ser la cédula de intimación nro. 245/03 de la Dirección General
de Rentas de la Provincia- a la cual la actora atribuye
ilegitimidad y lesión al régimen federal (fs. 166/167).
Estimo, asimismo, que la presente acción resulta la
vía legal más idónea de la cual dispone el interesado para
Por lo demás, como claramente advirtió V.E. en el
precedente de Fallos: 310:606 (cons. 51), la admisión de que
concurren en la especie los presupuestos de la acción meramente
declarativa, en especial el estado de incertidumbre
respecto de los alcances de la relación jurídica concreta y
del interés suficiente en el accionante, constituye el primer
obstáculo a la viabilidad de la defensa. En efecto, dentro de
ese marco, la exigencia del pago previo de lo que constituye
el objeto de la discusión -en la forma requerida por el art.
63 del Código Fiscal provincial como condición para el acceso
a la instancia judicial- implicaría desconocer la necesidad de
tutela judicial inmediata que, en casos como el presente,
tiende a dilucidar el estado de falta de certeza entre el
contribuyente que cuestiona la actitud del Estado y este último.
Sobre la base de tales premisas, en mi parecer, se
encuentran reunidos la totalidad de los requisitos fijados por
el art. 322 del CPCCN para la procedencia de la acción
la forma en que ha quedado planteada la litis, se
desprende que el thema decidendum estriba en determinar si la
posición de la Provincia de Río Negro, en cuanto pretende
gravar con el impuesto inmobiliario "la ocupación de inmuebles
o subinmuebles efectuada por la actora, en virtud de los
permisos de exploración, concesiones y otros derechos de explotación
y de transporte y distribución de hidrocarburos
líquidos y gaseosos", confronta con las disposiciones de la
ley 17.319.
Ante todo, es del caso recordar que esta última, en
su art. 2° establece que "Las actividades relativas a la exploración,
explotación, industrialización, transporte y comercialización
de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas
estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las
disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el
Por otra parte, en su título II, Sección 6°, prescribe
que "los titulares de permisos de exploración y concesiones
de explotación estarán sujetos, mientras esté vigente
el permiso o concesión respectivo, al régimen fiscal que para
toda la República se establece seguidamente: a) tendrán a su
cargo el pago de todos los tributos provinciales y municipales
existentes a la fecha de la adjudicación. Durante la vigencia
de los permisos y concesiones, las provincias y municipalidades
no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos
ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas
de servicios y las contribuciones de mejoras o incremento
general de impuestos" (conf. art. 56). Cabe señalar que esta
limitación de las facultades impositivas locales encuentra
sustento en la doctrina que surge del art. 67, inc. 16 -hoy
75, inc. 18 - de la Constitución Nacional (confr. la nota al
Poder Ejecutivo del 23 de junio de 1967 acompañando el proyecto
de ley).
Sobre tales bases, pienso que, asiste razón a la
actora cuando sostiene que la ley provincial, modificatoria de
la ley de impuesto inmobiliario, vulnera el Régimen Federal de
los Hidrocarburos (integrado por la ley 17.319 y demás normas
complementarias) en cuanto aquél garantiza la estabilidad
tributaria a los titulares de permisos de exploración y
concesiones de explotación.
En tal sentido, el legislador ha ordenado el pago de
los tributos provinciales existentes al momento de adjudicación,
pero también ha vedado a las provincias la facultad de
gravar a sus titulares con nuevas especies tributarias o
aumentar las existentes -salvo las tasas y contribuciones
antes mencionadas-, sin perjuicio de lo cual la Provincia de
Río Negro ha dictado la ley 3543 a fin de alcanzar con el
gravamen supuestos distintos de las previstos en la ley 1622.
En mi opinión, no puede ignorarse que ésta creaba un impuesto
que sólo se abonaría "por la propiedad o posesión a título de
dueño de todo inmueble" (art. 1°).
Este régimen fue sustancialmente alterado por la ley
3543, que, al incorporar hechos imponibles distintos del que
tradicionalmente caracterizó al tributo inmobiliario,
incorporó manifestaciones de riqueza no previstas en el sistema
En tal sentido, el diputado Rojas señaló que la
intención era alcanzar "a todos aquellos activos que en función
de definiciones del código de fondo son bienes inmuebles
y consecuentemente deben tributar ... lo que está haciendo
este proyecto de ley es facilitar los mecanismos para que el
Estado pueda aplicar efectivamente este impuesto inmobiliario
a estos bienes activos...estamos toman-do del Código Civil el
concepto de inmueble en todo aquello que implica que un bien
mueble que está adherido al suelo con carácter de permanencia"
adquiere tal carácter (confr. versión taquigráfica de la
sesión del 14/8/01).
Por ello, es mi parecer que el impuesto cuestionado
es, en realidad, un tributo nuevo, situación que vulnera la
garantía de estabilidad tributaria contenida en el Régimen
Federal de Hidrocarburos, al alterar el marco jurídico vigente
al momento del otorgamiento del permiso de exploración
correspondiente al área CNQ 16 Lago Pellegrini Este (aprobado
por decisiones administrativas 310/96 y 330/97) y de la concesión
de explotación correspondiente al área Estación Fernández
Oro a los cedentes de la aquí actora (cfr. fs. 241 y
311vta.)
En efecto, el tributo creado, más allá del nomen
iuris asignado por el legislador, difiere sustancialmente del
impuesto inmobiliario vigente a la fecha de otorgamiento del
permiso de exploración y de la concesión de explotación ya
citadas. Ello es así, por cuanto mientras el aspecto material
de éste último consiste en la existencia de un inmueble, la
nueva gabela local prevé además la existencia de lo que denomina
subinmuebles.
Por otra parte, en tanto el sujeto alcanzado por el
primero resulta ser el propietario o poseedor a título de
dueño, el tributo provincial aquí discutido alcanza también al
permisionario de exploración, los concesionarios y demás
titulares de los derechos de explotación y de trasporte y
distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos (confr. art.
8, inc. e).
Es preciso recordar que la Corte tiene dicho que
cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad
deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda
(conf. Fallos: 318:676).
Es decir que, aún cuando se considerara que las
mejoras efectuadas por el permisionario constituyen un inmueble
por accesión -tal como se mencionara en el debate parlamentario-,
el propietario de dichas mejoras -siempre de
acuerdo con las normas del Código Civil- sería quien lo es del
inmueble sobre el que se ejecutaron aquéllas, criterio del que
se aparta el legislador provincial.
En consecuencia, pienso que el impuesto prescripto
por la ley 3543, en tanto pretende alcanzar a los permisionarios
de exploración, los concesionarios y demás titulares de
los derechos de explotación y de transporte y distribución de
hidrocarburos líquidos y gaseosos con un gravamen inexistente
al momento de la adjudicación, se encuentra en pugna con la
obligación asumida en el art. 56, inc. a), de la ley 17.319.
El Tribunal tiene dicho reiteradamente desde sus
orígenes mismos que "los actos de las legislaturas provin-
ciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la
Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos,
un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos
poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o
cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el
ejercicio de ellos por estas últimas" (Fallos: 302:1181;
320:619, entre otros).
Por ello, considero que V.E. debe hacer lugar a la
demanda y declarar que la pretensión de la Provincia de Río
Negro, de aplicar el impuesto de la ley 3543 a la actora, se
encuentra en pugna con la obligación asumida en el art. 56,
inc. a), de la ley 17.319.
En atención a la forma como se dictamina, los restantes
agravios devienen -en mi parecer- abstractos.
-VIIOpino,
por lo tanto, que corresponde hacer lugar a
A. 1337. XLIII.
Apache Energía Argentina SRL c/ Río Negro,
provincia de s/ acción declarativa de
Vistos los autos: "Apache Energía Argentina SRL c/ Río
Negro, provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad",
I. A fs. 239/256, la empresa actora promueve acción
declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación contra la provincia de
Río Negro, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad
de la ley local 3543, modificatoria de la ley 1622 de
impuesto inmobiliario (t.o. por decreto 384/02), en cuanto
considera alcanzado por ese gravamen también a Ala ocupación de
inmuebles o subinmuebles en virtud de permisos de exploración,
concesiones y otros derechos de explotación y de transporte y
distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos@ (artículo
2°, inciso e), y declara contribuyentes a los permisionarios de
exploración, los concesionarios y demás titulares de los
derechos de explotación y de transporte y distribución de
hidrocarburos líquidos y gaseosos@ (artículo 8°, inciso e).
Observa que tales disposiciones lesionan lo dispuesto
en la ley 17.319 de hidrocarburos, del 23 de junio de
1967 (artículo 56); la ley 23.548 de coparticipación federal
de impuestos, del 7 de enero de 1988 (artículos 2°, inciso b y
9°, inciso b); el Pacto Federal de Hidrocarburos, del 14 de
noviembre de 1994; el Pacto Federal para el Empleo, la Producción
y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993; los artículos
2311, 2506 y concordantes del Código Civil; el Convenio
Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones,
celebrado entre la República Argentina y los Estados
Unidos de América del 14 de noviembre de 1991 (ley
24.124); y que, en consecuencia, colisionan con los artículos
4°, 17, 31, 75 (incisos 12, 18, 19, 22 y 30) y 126 de la
Argumenta que las nuevas disposiciones han ampliado
el hecho imponible y que, en virtud de los permisos o concesiones
otorgados en las áreas ALago Pellegrini Este@ y AEstación
Fernández Oro@, la empresa ocupa inmuebles que pertenecen
a terceros, quienes pagan a su vez el mismo tributo.
Se agravia porque la norma local vulnera lo dispuesto
en la ley federal 17.319 que, en su artículo 56, inciso
a, establece que los titulares de permisos de exploración y
concesiones de explotación ATendrán a su cargo el pago de todos
los tributos provinciales y municipales existentes a la fecha
de la adjudicación@; durante su vigencia, las provincias y
municipalidades no podrán gravar a sus titulares con nuevos
tributos ni aumentar los existentes. Explica que la
estabilidad fiscal, reconocida en dicha ley federal, constituye
una garantía de tipo contractual para el sector petrolero
que, por ende, implica una limitación a las facultades
impositivas del Estado durante el plazo de la concesión o el
permiso; entiende que la reforma que impugna no es aplicable
retroactivamente a las relaciones jurídicas existentes a la
fecha de su sanción.
Se agravia, asimismo, en que a la luz de lo dispuesto
en la ley 23.548, de coparticipación federal, el gravamen
se superpone al denominado impuesto nacional a la ganancia
Aduce además que, al no establecer cómo se determinaría
la base imponible, se vulnera el principio de legalidad
en materia tributaria (artículos 4°, 17 y 75, incisos 1° y 2°
de la Constitución Nacional), extremo que permitió al fisco
provincial determinar su monto en forma arbitraria. Manifiesta
que la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río
Negro, mediante la nota 226/02, del 24 de mayo de 2002, la
intimó a que detalle sus bienes, con la correspondiente valuación;
y, que, no obstante su oposición expresa, el 23 de
marzo de 2003, recibió la cédula n° 245/03, por la cual se lo
intimó al pago del tributo que impugna.
Dice que los establecimientos de hidrocarburos han
sido calificados como de utilidad nacional y se hallan amparados
por el artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional.
Solicita la citación como tercero del Estado Nacional,
en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, por ser la autoridad de aplicación
de la ley de hidrocarburos.
Requiere, por último, la concesión de una medida
cautelar de no innovar, tendiente a impedir que la provincia
demandada le promueva ejecución judicial.
II. A fs. 286/307, la provincia de Río Negro contesta
la demanda y solicita su rechazo.
Afirma, en primer lugar, que la vía elegida por la
demandante resulta improcedente, al no existir una situación
de incertidumbre que le ocasione un perjuicio cierto, y que,
dado el carácter excepcional y subsidiario de la pretensión
declarativa de certeza, debió haber interpuesto la acción de
repetición prevista en el artículo 63 del código fiscal local,
previo pago del importe reclamado.
En lo atinente al fondo de la cuestión, sostiene que
no existe contradicción entre las disposiciones de las leyes
17.319, 24.145, 23.548 y la ley provincial 3543. Afirma así
que, según los arts. 2311 y concordantes del Código Civil,
debe entenderse que los activos gravados, en cuanto a su
naturaleza jurídica, constituyen bienes inmuebles por accesión
física o moral.
En tal sentido, arguye que la aplicación del impuesto
inmobiliario por parte de la provincia no violenta el
17.319, puesto que aquél es preexistente a la entrada en vigencia
la reforma introducida por la ley provincial 3543 consiste en
un nuevo tributo, pues ello implicaría confundir la creación
del impuesto con las decisiones y acciones del gobierno provincial
dirigidas a su aplicación, en tanto se trata en rigor
de la definición de los alcances de un tributo ya existente.
Observa que el texto normativo atacado no resulta
inconstitucional a tenor de los artículos 75, inciso 12, y
126, de la Constitución Nacional, dado que es facultad de las
provincias, en forma exclusiva y permanente, recaudar y legislar
sobre impuestos directos. Asimismo, indica que la ley
3543 sigue el criterio de base establecido en el Código de
Minería que inscribe el subsuelo en la categoría de inmueble.
Añade, por último, que el fisco provincial no entorpece
el ejercicio de competencias del Congreso conferidas
en el artículo 75, incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional,
en virtud de que aquel hace uso de facultades no delegadas
al Gobierno Federal, con arreglo al artículo 121 de la Ley
III. A fs. 309/319, el Estado Nacional contesta la
citación ordenada por el Tribunal a fs. 263 vta.
Tras detallar el marco normativo aplicable a la
controversia de autos y describir la posición de la actora con
relación a la que postula su parte en la presentación que
realiza, comparte en términos generales los argumentos desarrollados
Así, observa que la ley local 3543 se encuentra en
contradicción con las normas fiscales que integran el régimen
federal de hidrocarburos previsto en la ley 17.319, cuyo artículo
56 establece que las provincias y municipalidades no
podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar
los existentes, y con el Pacto Federal de Hidrocarburos y el
Acuerdo Fiscal entre las provincias productoras de hidrocarburos
y el Estado Nacional, vulnerando de este modo el derecho
Reivindica las atribuciones exclusivas de la Nación
respecto a los yacimientos de hidrocarburos ubicados en la
República Argentina, en mérito a que constituyen establecimientos
de utilidad nacional (artículo 75, inciso 30, de la
Constitución Nacional). Considera al respecto que la interferencia
resultante de la norma local traduce una expansión de
las pretensiones tributarias locales y configura un supuesto
de gravedad institucional, al violentar el principio de supremacía
del artículo 31 de la Ley Fundamental.
IV. A fs. 21/22 del incidente sobre medida cautelar,
el Tribunal rechaza dicha pretensión y de conformidad con el
dictamen del señor Procurador General de la Nación, declara su
competencia para conocer en el caso.
V. A fs. 333, el Tribunal declara la cuestión como
de puro derecho.
VI. A fs. 337/341, dictamina el señor Procurador
Fiscal subrogante sobre las cuestiones constitucionales planteadas
1°) Que este juicio corresponde a la competencia
originaria de esta Corte en virtud de lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.
2°) Que la actora persigue que se declare inconstitucional
la ley 3543 de la provincia de Río Negro, modificatoria
de la ley 1622 de impuesto inmobiliario (t.o. por de-
creto 384/02), en cuanto considera alcanzado por dicho tributo
a la ocupación de inmuebles o subinmuebles en virtud de
líquidos y gaseosos, y declara contribuyentes a los titulares
de esos derechos.
3°) Que con particular referencia a la naturaleza de
la acción intentada cabe recordar la tradicional doctrina
establecida por esta Corte en conocidos y reiterados precedentes,
con arreglo a la cual la procedencia de esta instancia
está condicionada a que la situación planteada en la causa
supere la indagación meramente especulativa o el carácter
simplemente consultivo para configurar un Acaso@, que busque
precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye
ilegitimidad y lesión al régimen federal (Fallos: 327:1108,
considerando 2°).
Desde esta premisa y después de subrayar que no se
requiere un daño efectivamente consumado, el Tribunal tiene
dicho que para que prospere la acción de certeza es necesario
que medie: a) actividad administrativa que afecte un interés
legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente
directo; c) que aquella actividad tenga concreción bastante
(conf. causa E.348.XXXIX AEylen S.A. c/ La Pampa, provincia de
s/ acción declarativa de certeza@, sentencia del 22 de marzo de
2005 y sus citas, Fallos: 328:502).
4°) Que del examen de los antecedentes acompañados
por la parte actora surge que se ha dado cumplimiento a los
recaudos enunciados en orden a la admisibilidad de la acción
de certeza impetrada, cuando se trata, como en el sub lite, de
impugnar la validez de una pretensión tributaria provincial
por infringir la supremacía del derecho federal que contempla
el artículo 31 de la Constitución Nacional.
En efecto, mediante la cédula de intimación n°
245/2003 la Dirección General de Rentas de Río Negro informó a
la contribuyente la deuda que mantenía en concepto del impuesto
inmobiliario correspondiente a las partidas y períodos
que detalla, con los importes respectivos, intimándola para
que cumpla con las obligaciones pendientes con más sus accesorios,
con el apercibimiento de reclamar judicialmente dichas
acreencias y la multa legalmente prevista (fs. 166/167). Esa
comunicación configura una actividad de la administración
suficientemente explícita destinada a la percepción del tributo
que satisface la admisibilidad de la vía intentada.
5°) Que no obstan a la conclusión alcanzada los
argumentos invocados por la representación provincial a fs.
290/294, pues la exigencia del cumplimiento previo, con sustento
en el artículo 63 del código fiscal provincial, de lo
que constituye el objeto de la discusión, implicaría desconocer
la necesidad de tutela judicial, que en casos como el
presente, tiende a dilucidar la falta de certeza suscitada
entre la pretensión fiscal del estado local y la posición de
la empresa contribuyente, que la resiste (Fallos: 310:606,
considerando 5°). No puede obviarse, sobre el punto, la
arraigada doctrina según la cual la competencia originaria del
Tribunal no puede quedar subordinada al cumplimiento de los
requisitos exigidos por las leyes locales (Fallos: 323:1206,
considerando 2°, y causa E.240.XXXVI AEsso S.A.P.A. c/ Santiago
del Estero, provincia de s/ acción declarativa",
pronunciamiento del 1° de noviembre de 2005).
6°) Que después de dejar en claro la concurrencia de
los recaudos que habilitan la jurisdicción constitucional del
Tribunal, cabe señalar que, no obstante, es extraño al Poder
Judicial juzgar acerca de la oportunidad o conveniencia de los
instrumentos fiscales elegidos por el legislador o sobre la
eficacia de los medios escogidos para alcanzar los fines
propuestos, por lo que su cometido ha de limitarse a decidir
si, en los casos en que conoce, ha habido manifiesta
incompatibilidad con los preceptos constitucionales. En ese
trance y por ser la declaración de inconstitucionalidad de una
ley un acto de suma gravedad institucional y la última ratio
del orden jurídico (Fallos: 302:1666; 303:248, 1708, 1776;
306:1597; 310:211; 316:842), la repugnancia con la cláusula
constitucional que se invoca debe ser manifiesta, clara e
indudable (Fallos: 314:424; 320:1166 y 325:2600); de ahí,
pues, que el Tribunal ha insistido y enfatizado desde sus
primeras decisiones con respecto a que esa atribución debe
ejercerse con suma prudencia.
7°) Que, asimismo, esta Corte ha destacado en reiteradas
oportunidades la necesaria prescripción de reglas
claras, por parte de la Nación y de los estados provinciales
para establecer gravámenes y exenciones, a los que los contribuyentes
deben ajustar sus conductas fiscales (Fallos:
253:332; 315:820 y 316:1115). También ha dicho que la exégesis
de las leyes tributarias, sustanciales y formales, debe
efectuarse mediante una razonable y discreta interpretación de
los preceptos propios del régimen impositivo con miras a
discernir la voluntad legislativa (Fallos: 258:149; 304:203 y
329:59).
Con esta comprensión, corresponde examinar la validez
constitucional de la ley provincial 3543, prescindiendo
para ese tratamiento del orden en que los planteos han sido
propuestos y siguiendo, en cambio, la prelación lógica que
desde un orden conceptual existe entre ellos. Vale recordar,
al respecto, la bien establecida doctrina según la cual los
jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las ar-
ticulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que
estimen conducentes para fundar su decisión (Fallos: 308:2263;
310:272; 314:303; 324:2460; 325:1922 y 327:3157, entre muchos
En esta tarea, es preciso adentrarse en el estudio
del marco constitucional e infraconstitucional en el que se
desenvuelve la controversia, que abarca la distribución de
competencias establecida por la Ley Fundamental entre el Congreso
de la Nación y los gobiernos de provincia, así como el
régimen federal de hidrocarburos y las normas impositivas
involucradas, a fin de discernir si las consecuencias resultantes
de la aplicación de la referida ley 3543 infringen, o
no, la supremacía consagrada por el artículo 31 de la Ley
Fundamental (fs. 61/73).
8°) Que la ley 17.319, del 23 de junio de 1967,
estableció en el artículo 56 que: ALos titulares de permisos de
exploración y concesiones de explotación estarán sujetos,
mientras esté vigente el permiso o concesión respectivo, al
régimen fiscal que para toda la República se establece seguidamente:
provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación.
Durante la vigencia de los permisos y concesiones,
las provincias y municipalidades no podrán gravar a sus titulares
con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo
las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de
mejoras o incremento general de impuestos@.
Sin perjuicio de que el artículo 124 in fine de la
Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su territorio,
aquella disposición mantuvo vigencia. Más tarde, la
reforma introducida a la ley 17.319 por la sanción de la ley
26.197 dispuso en su artículo 2° el traspaso a las provincias
de las funciones de contraparte de los permisos de exploración,
las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos
objeto de transferencia, y las constituyó en autoridad
de aplicación (artículo 6°), mas no contempló en forma
expresa la modificación del texto del artículo 56. La nueva
ley deja en claro que la transferencia se hará efectiva A...sin
que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por
sus titulares@ y, que Ael ejercicio de las facultades como
Autoridad Concedente, por parte del Estado nacional y de los
Estados provinciales, se desarrollará con arreglo a lo
previsto por la Ley N1 17.319 y su reglamentación y de
conformidad a lo previsto en el Acuerdo Federal de los
Hidrocarburos@. Asimismo, reafirma que el Poder Ejecutivo
Nacional conserva la responsabilidad por el diseño de la política
energética a nivel federal (artículo 2°, párrafos tercero
y cuarto); extremos de los que puede inferirse la virtualidad
del señalado artículo 56 en su aplicación al sub
Por su parte, la ley provincial 1622, dispuso el
pago del impuesto inmobiliario anual sobre los inmuebles ubicados
en la provincia de Río Negro, por la propiedad o posesión
a título de dueño de todo inmueble; el uso especial de
hecho y/o de derecho de inmuebles del dominio público y la
tenencia o adjudicación de todo inmueble del dominio privado o
de entidades autárquicas.
Ahora bien, a raíz de la modificación introducida a
aquella norma por la ley local 3543, del 14 de agosto de 2001,
el impuesto inmobiliario anual pasó a comprender, no sólo a
los inmuebles situados en dicha provincia, sino también a los
denominados Asubinmuebles@, consistentes según la letra de la
ley, en Ala parte de un inmueble que esté identificado por su
extensión física y su ubicación relativa, cuyo objeto sea
definir el ámbito de aplicación de cualquier derecho real o
personal a ejercer por terceros. La coexistencia de
subinmuebles sobrepuestos o parcialmente coincidentes es
compatible, en tanto lo sean las finalidades que los originan@
(artículo 1°, párrafo segundo).
En lo que aquí interesa, según lo establecido por el
nuevo texto normativo el impuesto inmobiliario recae sobre la
ocupación de inmuebles o subinmuebles en virtud de los
líquidos y gaseosos, declarando como contribuyentes del referido
impuesto a los permisionarios, concesionarios y demás
titulares de estos derechos (artículos 2°, inciso e, y 8°,
inciso e).
Por último, la norma sub examine faculta al Poder
Ejecutivo provincial a aprobar el texto ordenado de la ley
1622, manda que cumplió mediante el dictado del decreto
384/02.
9°) Que el impuesto inmobiliario, también llamado
Acontribución territorial@ o Acontribución inmobiliaria@, ha
pertenecido siempre a los poderes correspondientes a las provincias.
Si bien con variadas modalidades, se lo califica como
un impuesto real u objetivo, por aplicarse en función del
valor de la tierra y de los edificios, sin atender a las
condiciones personales de los contribuyentes. Acorde con dicha
noción, el hecho generador de la obligación fiscal radica en
la propiedad o posesión de cada inmueble considerado aisladamente,
ya que por su condición de gravamen real toma en
cuenta el bien Cla exteriorización catastral del inmuebleC y
no la situación personal del contribuyente (v. Giuliani Fonrouge,
Carlos M., ADerecho Financiero@, Tomo II. Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1976, pág. 970).
10) Que la representación provincial pretende que el
gravamen, cuya constitucionalidad se cuestiona en autos, sea
calificado como de naturaleza real.
Esa posición no está sostenida en un desarrollo
argumentativo consistente, pues la circunstancia decisiva es
que, más allá del nomen juris invocado, el genuino contenido
substancial de la situación contemplada por la nueva ley
trasciende de las diversas modalidades admitidas para un tributo
de esta naturaleza, al extender el hecho imponible a
bienes y situaciones ostensiblemente distintas de las que
tradicionalmente, y por su naturaleza, han caracterizado el
impuesto inmobiliario, importando por ende una alteración
substancial de su configuración.
Este extremo permite afirmar, concordemente con el
dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, que en rigor
se está frente a un nuevo tributo; ello es así, en la medida
en que, por un lado, recae sobre una categoría diversa de
bienes, los Asubinmuebles@, y cuyo sujeto alcanzado es CademásC
no sólo el titular de una relación, jurídica o de hecho, de
naturaleza real con una cosa como el propietario o poseedor a
título de dueño, según definía la ley 1622 en su redacción
original, sino quienes no son titulares de una relación de la
naturaleza indicada con respecto a bienes raíces, como el
permisionario de exploración, los concesionarios o demás
titulares de los derechos de explotación y de transporte y
distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos (v. artículo
8°, inciso e), conforme ha sido explicado.
En suma, el examen de la nueva ley provincial permite
sostener con grado de certeza que, al ampliar el ámbito
de aplicación material y personal característico e inherente
del impuesto inmobiliario, se ha desconocido su naturaleza.
que precedió a la sanción de la ley 3543 corrobora las serias
dificultades que debió enfrentar la Legislatura para calificar
a ese tributo como inmobiliario, con respecto a los reparos
jurídicos que venía oponiendo la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Río Negro al plantear la necesidad de
Aalguna redefinición de conceptos@ con relación al hecho
imponible y a la noción de inmueble y subinmueble, contenida
en el proyecto Aen términos que podrían ser invasores de lo que
es una materia definida por el Código Civil@. Frente a esa
objeción, el miembro informante de la mayoría, diputado Rojas,
replicó que Aen realidad [...] estamos tomando definiciones de
la ley de fondo y en función de las definiciones de esa ley,
que es el Código Civil Argentino, estamos estableciendo
parámetros de aplicación del impuesto en la provincia@ (v.
versión taquigráfica de la sesión del 14 de agosto de 2001).
No obstante las afirmaciones del citado legislador,
corresponde observar que, con sustento en el principio de la
realidad económica, cuando se atribuye a un acto una denominación
que no responde a su esencia jurídica es ésta la que
debe prevalecer para su encuadramiento fiscal (Fallos:
287:79). En efecto, para determinar la verdadera naturaleza
del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y
relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o
establezcan los contribuyentes en consonancia con aquel
principio (conf. causa E.627.XXXVIII AEmpresa Provincial de la
Energía de Santa Fe c/ Dirección General Impositiva (T.F.
328:130); extremo que debe prevalecer sobre la calificación o
la denominación normativa que se pretenda asignar a la obligación
12) Que con la comprensión señalada, la aplicación
al caso del referido estándar lleva a considerar a la situa-
ción contemplada por la ley 3543 como la creación ex novo de
un impuesto y, por ende, de una relación creditoria que era
inexistente a la fecha de la adjudicación a Pioneer S.A. (hoy
Apache Energía S.R.L.) del permiso de exploración en el área
CNQ 16 Lago Pellegrini Este y de la concesión de explotación
en el área Estación Fernández Oro. Al ser ello así, se ha
vulnerado el principio de estabilidad tributaria consagrado en
el régimen de hidrocarburos, en cuanto le garantiza a la
empresa titular de dichos derechos la conservación del régimen
jurídico vigente en el orden provincial en materia tributaria,
En tales condiciones, la provincia de Río Negro ha
desconocido la restricción a las facultades impositivas provinciales
que surge del citado artículo 56, inciso a, de la
ley 17.319 y que se ve ratificada por lo establecido en el
Pacto Federal de Hidrocarburos, suscripto entre el Poder Ejecutivo
Nacional y los gobernadores de las provincias participantes,
el 14 de noviembre de 1994 Cque aprobó el proyecto de
adecuación de la ley 17.319C (fs. 75/78) y el Acuerdo Fiscal
celebrado, en igual fecha, entre el Estado Nacional y las
provincias productoras de hidrocarburos (fs. 85/90). Por este
último convenio, los gobiernos locales signatarios se comprometieron
a no incrementar la carga tributaria aplicable a los
permisionarios de exploración, concesionarios, y otros titulares
de derechos de explotación Ccon los alcances propiciados
por el artículo 56, inciso aC a cuya observancia se ha
obligado voluntariamente la provincia demandada, al ratificar
dicho acuerdo mediante la ley provincial 2877, del 3 de abril
De ahí, pues, la conclusión de que la ley local 3543
colisiona con los artículos 31 y 75, incisos 18 y 19, de la
13) Que no obsta a lo expresado el conocido principio
con arreglo al cual la modificación de normas por otras
posteriores no da lugar a cuestión constitucional en la medida
en que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de
leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad (Fallos:
275:130; 267:247; 268:228; 299:93 y 325:2600), pues en el sub
judice es evidente que de la aplicación del nuevo tributo
local resulta una afectación concreta a los derechos de la
empresa contribuyente, en virtud de los permisos obtenidos.
Al respecto, esta Corte ha señalado reiteradamente,
que el contenido del derecho constitucional de propiedad se
vincula con la noción de derechos adquiridos, o sea, de derechos
definitivamente incorporados al patrimonio de una persona
(Fallos: 312:1121); también ha sostenido que cuando bajo la
vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos
y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos en
ella para ser titular de un derecho, debe tenérselo por
adquirido, y es inadmisible su modificación por una norma
posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad
(Fallos: 296:737; 299:379; 303:1835 y 1877; y 307:305); y, que
es atribución del Poder Judicial determinar el carácter de la
norma cualquiera hubiese sido la denominación que le hubiere
dado el legislador, con el fin de establecer si so pretexto de
aclarar, se afectaban derechos legítimamente adquiridos bajo
el amparo de la ley anterior (Fallos: 311:2073 y sus citas y
causa V.197.XXXVII AValot, Eduardo Alfredo c/ AFIP - D.G.I. -
resols. 23/3/99 y 31/5/99 s/ Dirección General Impositiva@,
pronunciamiento del 17 de mayo de 2005, Fallos: 328:1476).
En lo que atañe a la conciliación y aplicación de
los principios enunciados a las circunstancias debatidas en el
sub lite, la patente mutación de la naturaleza del tributo a
la que da lugar la normativa impugnada y cuya legalidad se
pretende salvaguardar bajo el ropaje de su dogmática calificación
de impuesto inmobiliario Cy no ya la pretendida aclaración
o extensión del existente, como intenta sostener la
provincia de Río NegroC lleva a concluir que la pretensión
fiscal es insostenible frente a la garantía de la estabilidad
fiscal reconocida por la legislación federal en favor del
contribuyente. Su desconocimiento por parte del estado local
constituye suficiente agravio pues, como bien lo señala el
señor Procurador Fiscal subrogante a fs. 340 vta., la ley
local 3543 se halla en pugna con la obligación impuesta a los
estados locales por el artículo 56, inciso a, de la ley
17.319.
La mentada garantía se resentiría severamente si
fuera posible al estado local dejar sin efecto, por la vía
elíptica pero indisimulable que se ha puntualizado, los preceptos
del régimen normativo sub examine de naturaleza federal,
cuya preeminencia no puede ser puesta en tela de juicio.
14) Que, en efecto, esta conclusión reconoce su
fundamento en lo argumentado y concluido en la causa AFerrocarril
Central Argentino contra la provincia de Santa Fe;
sobre repetición de pago indebido@, pronunciamiento del 3 de
julio de 1897 (Fallos: 68:227), en que esta Corte consideró
que conferida al Congreso nacional la facultad de acordar los
privilegios y estímulos que considere convenientes, a los
fines del inciso diez y seis del artículo 67 [actual 75, inciso
18], sin limitar taxativamente el alcance de esa facultad
y conferida también la de redactar todas las leyes y reglamentos
convenientes para poner en ejercicio los poderes
acordados, ella debe entenderse comprendida en la ilimitación
de los medios a emplearse para el ejercicio de estos poderes
federales, superiores siempre a la acción de las legislaciones
locales, y que forman parte de la instrumentalidad del
gobierno mismo, en que la nación provee al bienestar, progreso
y prosperidad de todas las provincias (Fallos: 68:227). Esa
doctrina fue enfáticamente reafirmada por el Tribunal en la
causa AFerrocarril Central Argentino contra Municipalidad del
Rosario, sobre inconstitucionalidad de impuestos y devolución
de dinero@, pronunciamiento del 5 de abril de 1906, al
sostenerse según el inciso 16 del artículo 67 [actual 75,
inciso 18] de la Constitución Nacional el Congreso de la Nación
está facultado para dictar leyes protectoras de la inmigración,
la navegación, la constitución de ferrocarriles, la
colonización y otros objetos conducentes a la prosperidad del
país, por medio de concesiones, de privilegios y recompensas
de estímulo; y que, es fuera de duda y así lo ha reconocido la
jurisprudencia de esta Corte, que al exonerar de todo impuesto
a la empresa ha comprendido no sólo los impuestos nacionales
sino también los provinciales y municipales (Fallos: 104:96).
En concordancia con tal criterio, esta Corte ha
dejado suficientemente esclarecida la facultad del Congreso
Nacional de consagrar Cdentro del ámbito de su competencia
constitucionalC exenciones fiscales en el orden provincial y
municipal, las cuales requieren, como se verifica en el caso,
de una manifestación cierta de la voluntad legislativa (Fallos:
248:736; 324:933; 326:2653 y 327:1416).
Esta doctrina resulta aplicable al sub judice en
mérito a la naturaleza del régimen de hidrocarburos y a la
garantía de estabilidad fiscal que aquél consagra, del modo en
que ha sido formulada en el artículo 56 de la ley 17.319,
según fue examinado en los considerandos anteriores.
15) Que por lo demás y como argumentación complementaria
de las objeciones puntualizadas en cuanto a la manifiesta
irrazonabilidad de calificar a este tributo como inmobiliario,
vale detenerse en la imposibilidad con que se en-
frentó el legislador local en oportunidad de tener que determinar
la base imponible en términos compatibles con un tributo
de la naturaleza del impugnado en el sub lite. Esta omisión
normativa en lo que atañe al mecanismo para la determinación
de la base imponible del nuevo tributo se exhibe, además, en
pugna con el principio de legalidad en materia tributaria
(artículos 4°, 17 y 75, incisos 1° y 2°, de la Constitución
Nacional), sin que el criterio que establece el artículo 13 de
la ley 1622, resulte eficaz para valuar los Asubinmuebles@
habida cuenta que la Dirección General de Catastro y
Topografía realiza las estimaciones sobre bienes raíces y no
sobre concesiones de explotación o permisos de exploración. La
falta de una definición legal al respecto motivó que el fisco
provincial determinara el quantum a ingresar en función del
Avalor tierra@ y de Apresuntas mejoras@ de un modo uniforme, por
lo que la totalidad de las boletas de pago registran igual
monto, no obstante tratarse de diferentes partidas (fs.
166/167). Tal circunstancia, configura lesión bastante al
referido principio, el que no es sólo una expresión jurídico
formal de la tributación sino que constituye una garantía
substancial en este campo, en el que sólo la ley debe
establecer todos los aspectos relativos a la existencia,
estructura y cuantía de la obligación tributaria; esfera donde
la competencia del poder legislativo es exclusiva (Fallos:
16) Que en las condiciones expresadas y por no ser
necesario abordar los demás planteos, que como de naturaleza
federal, se introducen en la demanda, cabe concluir que las
modificaciones introducidas por la ley 3543 de la provincia de
Río Negro y que se incorporan como artículo 2°, inciso e, y
artículo 8°, inciso e, de la ley 1622, deben ser privadas de
validez por el principio de supremacía federal contenido en el
artículo 31 de la Constitución Nacional (Fallos: 323: 1705 y
M.372.XXXIX AMassalín Particulares S.A. c/ Tierra del Fuego,
provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad",
pronunciamiento del 21 de marzo de 2006, Fallos: 329:792).
señor Procurador Fiscal subrogante, se decide: Hacer lugar a
la demanda seguida por Apache Energía Argentina S.R.L. contra
la provincia de Río Negro, declarar la inconstitucionalidad de
los artículos 2°, inciso e, y 8°, inciso e, de la ley provincial
1622 según la modificación introducida por la ley 3543
y, en consecuencia, la improcedencia de la pretensión fiscal
impugnada. Con costas a la demandada (artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación), con excepción de las
correspondientes a la intervención del Estado Nacional, que se
distribuyen por su orden (artículo 1° del decreto 1204/01).
Notifíquese, envíese copia de esta decisión a la Procuración
General de la Nación y, oportunamente, archívese. RICARDO LUIS
Nombre del actor: Pioneer Natural Resources (Argentina) S.A. (hoy Apache Energía
Argentina S.R.L.).
Profesionales intervinientes: Hugo César Martelli, Pablo Luis Manili, María Emilia
Cecchini, Carlos A. Pega, Sandra Bombardieri, Silvia Mabel Palacios.
Tercero citado: Hugo César Martelli, Pablo Luis Manili, María Emilia Cecchini,
Carlos A. Pega, Sandra Bombardieri, Silvia Mabel Palacios.
Ministerio Público: Ricardo O. Bausset.
Publicado por FederaciónLex en 4/04/2009
CSJN causa "TORRILLO Atilio Amadeo c GULF OIL Arge...
PIONNER NATURAL RESOURCES (ARGENTINA) S.A. C/ RIO...