Source: https://www.scribd.com/document/347604379/Rad-33-301-Delitos-de-Lesa-Humanidad-Diferencia-Con-Los-Crimenes-de-Guerra
Timestamp: 2019-01-17 02:32:51
Document Index: 124611015

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Rad. 33.301 Delitos de Lesa Humanidad. Diferencia ...
37- Cutting the Links Between Crime and Local Politics- Colombias 2011 Elections SPANISH
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Rad. Núm. 33301
JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA
Proceso n.° 33301
Aprobado Acta No. 76
Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil diez (2010)
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia entra a
resolver el recurso de apelación interpuesto por los representantes
de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público contra la
decisión del pasado siete (7) de diciembre de 2009 en el proceso
radicado con el número 110016000253200680281, mediante la cual
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió
legalizar formal y materialmente los cargos formulados por la
Fiscalía Octava (8ª) de la Unidad de Justicia y Paz, en contra del
postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, alias “el iguano”, “a.
sebastián”, “a. pedro fronteras”, comandante desmovilizado del
frente “fronteras” del bloque “catatumbo” de las autodefensas
unidas de Colombia “A.U.C.”, conforme a lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 19 de la ley 975 de 2005.
En la misma determinación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogotá, resolvió en su numeral SEGUNDO, acumular a
estas diligencias los procesos suspendidos en la justicia
permanente (ib. página 10 del escrito que contiene la audiencia de
control de legalidad de los cargos, del 7 de diciembre de 2009 –
núm. 2.5.-) y en el numeral TERCERO, dar inicio al incidente de
Después de hacer referencia puntual al origen de diferentes grupos
organizados al margen de la ley, de las bandas de sicarios,
escuadrones de la muerte (como el grupo muerte a secuestradores
–M.A.S.- y de las autodefensas unidas de Colombia –A.U.C.-,
equivocadamente denominados grupos paramilitares) y de referirse
a la colaboración que se ha demostrado entre autoridades civiles,
militares, políticas, y judiciales con grupos ilegales (páginas 14 – 25
escrito audiencia de control de legalidad de cargos), la Sala de
conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz relacionó el proceso de
desmovilización de las autodefensas producido en cumplimiento del
acuerdo de Santa Fe de Ralito – Córdoba, firmado el 15 de julio de
2003, que generó la desmovilización de 34 bloques de las referidas
autodefensas (páginas 25 – 26).
JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, alias “el iguano”, “a. sebastián”,
a. pedro fronteras”, se desmovilizó en condición de comandante del
frente “fronteras” del bloque “Catatumbo” de las autodefensas, con
operaciones delictivas en el oriente del país (Norte de Santander y
Arauca) que comenzaron a partir del mes de mayo de 1999 (Pág.
26 ib.)1.
1“4.2. Origen y estructura del Bloque Catatumbo y el Frente
4.2.1. Posicionadas las autodefensas en varios departamentos de
nuestro País, el 15 de marzo de 1999 Carlos Castaño anuncia en
el periódico “El Tiempo” que van a tomar el control del oriente
de Colombia (Norte de Santander y Arauca) para desplazar al E.
L. N. y otros frentes subversivos, para lo cual designan como
responsable militar del naciente bloque Catatumbo al teniente
del ejército en retiro Armando Alberto Arias Betancourt alias
“Camilo” y conformado por tres frentes: Tibú al mando de alias
“Mauro”, bloque móvil comandado por alias “Felipe y el frente
fronteras dirigido por alias “el igüano”, bloque y frentes que
comienzan a incursionar a partir del mes de mayo de ese año.
El desmovilizado confesó los siguientes hechos, relatados en la
decisión objeto de impugnación de la siguiente manera:
“4.4.1. CASO No 1. CONCIERTO PARA DELINQUIR, inciso 2º artículo 340
del código penal, en calidad de autor.
Esa región está localizada en la zona norte del departamento de
Norte de Santander y conformada por los municipios de El Carmen,
Convención, El Tarra, Tibú, Sardinata, Hacarí, La Playa, San
Calixto, Teorema y el Zulia, aclarando que no solo en estas
poblaciones tuvieron asentamiento el grupo de autodefensas, sino
además en la zona urbana de Cúcuta y otros lugares aledaños. La
importancia económica de la región deriva de la extracción de
hidrocarburos, de la producción de cultivos ilícitos de coca,
del tráfico ilegal de gasolina de contrabando desde Venezuela y
la producción agropecuaria de baja escala.
La presencia de grupos insurgentes, fue destacada por los
delegados de inteligencia del Ejército y de la Policía, quien en
desarrollo de la vista pública dieron cuenta de la presencia
desde 1990 de la cuadrilla 33 de las FARC, derivando su
financiamiento principalmente del narcotráfico, transporte
ilícito de combustible, hurto de vehículos, secuestros de
ganaderos, agricultores y comerciantes Colombianos y
Venezolanos, entre otros. Igualmente tenía influencia en la
región el grupo subversivo del ELN que desarrolló una campaña de
atentados contra el oleoducto Cañolimón –Coveñas.
De igual manera, la Fiscalía advirtió la presencia del frente 37
de las FARC, al mando de alias “Martín Caballero” dividida en
varias columnas que identificó de la siguiente manera: columna
Pedro Gongora Chamorro, con 160 hombres hacía presencia en los
municipios de Carmen de Bolívar, Zambrano, San Jacinto, Ovejas,
4.2.2. Para el año de 1999, ingresaron aproximadamente 200
hombres a la región bajo el mando de alias “Camilo” como
comandante del Bloque Catatumbo y alias “el igüano” del frente
fronteras; además un grupo de choque que buscaba crear un
corredor vial para la salida de estupefacientes; igualmente con
el objetivo de combatir la subversión y proteger a ganaderos y
comerciantes del sector., finalidad señalada en el capítulo
tercero de los estatutos que menciona ese objetivo así: 1)
Oposición política y militar al aparato armado subversivo en
las mismas condiciones de provocación y agresión planteadas por
las organizaciones guerrilleras…
personas dedicadas al comercio ilegal de gasolina. recibió instrucción en una escuela de formación durante dos meses en el corregimiento “El Tres” de San Pedro de Urabá. Para 1996. al gremio de transportadores. Sardinata. que una ONG tenía personas de la guerrilla en el claustro universitario concretamente en la dirigencia estudiantil.4.3. la restricción de la circulación de mercancías y mano de obra. De sus objetivos no quedó a salvo siquiera la Universidad Libre de esa ciudad. Núm. por ejemplo. afectó varios aspectos a saber: el establecimiento de un sistema paralelo de tributación por parte de los actores armados. área metropolitana de Cúcuta y la comercialización por el Magdalena. 4. y luego mediante la comisión de homicidios selectivos en la modalidad de masacres. bajo el mando de alias “el brujo”. derivada del desplazamiento forzado interno. la Costa Atlántica y la frontera Colombo Venezolana. adicional a la restricción del paso de insumos agropecuarios. por que tenían información que sacaron de un computador incautado. 5 . Este emporio económico era controlado por el Bloque Norte que participó en todos los eslabones del negocio de la cocaína: los cultivos de plantaciones ubicados en nueve municipios. laboratorios para el procesamiento en Tibú. personas que fueran señaladas como enemigas del grupo armado ilegal incluidos servidores públicos. convertir. en el manejo de armas. efecto negativo sobre el ingreso de la actividad agropecuaria. delincuentes comunes.2. celadores. expendedores y consumidores de drogas y en general personas con antecedentes judiciales. en enero de 1997 pasó a la población de Turbo (Antioquia) y luego al departamento de Chocó como patrullero. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Desde que contaba con 17 años de edad. a Cúcuta en la ciudad con mas alto índice de homicidios en el País durante el año 2002.2. a donde infiltraron al teniente “Rozo” ( retirado del ejército). Se financió este bloque con las extorsiones y vacunas que cobraban a los comerciantes. conductores de servicio público y taxis. transportándolos a ellos y víveres para la organización en los camiones en los que trabajó como ayudante. pequeños comerciantes. JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA colaboró con el grupo de autodefensas. 4. República de Colombia Rad. la reducción masiva del ingreso provocada por una desactivación económica crítica. La presencia del bloque Catatumbo en esta región. a la edad de 20 años se vinculó formalmente con la colaboración de alias “Maicol”. encaminaron la actividad de los integrantes del bloque y del frente a ubicar a presuntos miembros de la subversión. indigentes. pero definitivamente la principal fuente la constituyó el cultivo y posterior comercialización de sustancias alucinógenas producidas en la zona del Catatumbo y municipios cercanos a Cúcuta. Aguachica. Para cumplir con el propósito . tácticas de combate y conocimiento del grupo armado al margen de la ley.
Aguas Claras. los altos costos de la provisión de bienes públicos en el área rural por las fallas de conectividad derivada de la presencia de grupos armados ilegales que provoca un efecto circular de reducción de ofertas de bienes públicos (construcción de vías. estructura. La Floresta. 4. H. Hizo su arribo alias “igüano” 6 . lo hace el frente Fronteras. Juan Frio.). República de Colombia Rad. y finalmente. Ese cuerpo normativo define la naturaleza de la organización. Chinácota. I. sacar la guerrilla y apoderarse de los medios de financiación que tenía la subversión. Como comandante fue designado JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA quien recibe instrucciones de Salvatore Mancuso para que inicie una acción de exterminio selectivo y continúe con la violencia sistemática contra los pobladores considerados como miembros del grupo en contienda –la guerrilla.3. naturaleza político militar del movimiento: la población civil y el D.5. 17 y 18 de mayo de 1998. La Alborada y Guaramita. en el curso del conflicto armado y compromiso con la paz. gasolina y cemento. misión. convocada durante los días 16. Sardinata. composición y régimen interno de la organización. o sus auxiliadores. La estructura de esta organización como bloque. específicamente en el área metropolitana de Cúcuta y en las poblaciones de Puerto Santander. Zulia Gramalote. los principios fundamentales. mando y conducción. por decisión de Salvatore Mancuso y para que le brindara seguridad. estaba gobernada por unos estatutos de constitución y régimen disciplinario. Vigilancia. Distrito del Riego. La Silla. incluidos los bienes de canasta familiar y las drogas. Cicutilla. Los Patios. Salazar de las Palmas. Cornejo.llegó como comandante del naciente frente Fronteras del bloque Catatumbo. prestación de servicios de asistencia técnica para la producción. Ragombalia.2. patrimonio y régimen económico. Pamplona. cuando se desmovilizó con el bloque Córdoba. bajo la hipótesis de que los pequeños productores son cómplices o colaboradores de la guerrilla a la que le llevan provisiones o medicinas. Núm. restricción del paso de mercancías hacia el sector rural. los que fueron elaborados y aprobados en la segunda conferencia nacional de las autodefensas unidas de Colombia. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia específicamente a la ciudad de Quibdo y luego a Itsmina. Villa del Rosario. región donde permaneció hasta 2004. por decisión de la casa Castaño en el mes de marzo de 1999. etc. bajo el mando del capitán retirado del ejército Armando Pérez Betancourt alias “Camilo”. objetivos políticos. el riesgo que corren los ejecutores de estas actividades incrementa el costo de prestación a este nivel que no son pagables por el gobierno local. El 5 de mayo de ese año -1999. 4. Simultáneamente con el arribo del bloque Catatumbo. en febrero de 1999 alias “Rodrigo doblecero” le informó que era uno de los seleccionados por la casa Castaño para ir a la región del Catatumbo e ingresar con el grupo armado.
Inducarga. Núm. estuvo durante algún tiempo alias “Mauro” en el Tibú. según informe dado por el mismo Mancuso quien además hablo de la alianza con los narcotraficantes. Chinácota. A esto se suma que las empresas de vigilancia tenían que entregar un porcentaje semanal del total recaudado por concepto de celaduría. Tejar de Pescadero. los mercados de la sexta. Villa del Rosario. el 5 de mayo de 1999 a Cúcuta y junto con sus hombres comienzan a anunciar la presencia de las autodefensas con la ejecución de personas en la forma como se observa en cada uno de los casos puestos a consideración de la Sala para su legalización. Conejo. como comandante general del bloque. La Y de Astilleros. En orden descendente se encontraban los comandantes de grupos especiales y de compañías.1. los comandantes de frentes. Pero es innegable que el narcotráfico se configuró como la principal fuente de financiación. que como ya se mencionó en un aparate anterior. Cootranscúcuta. 4. Sardinata. 4. Juan Frío. Cicutilla. alias “Camilo” quien además tenía la función especial de recoger los dineros provenientes del narcotráfico y subsidiar a los frentes que lo necesitaran. para que les compraran la droga que sacaban de la zona. mercados de barrios.3. Arrocera Gálvez. la Plaza las Ferias. República de Colombia Rad. Colminas y acopio de crudo Cañolimón que hicieron sus pagos por intermedio de sus directores o administradores. La Arboleda. logística. Finalmente ubican a los patrulleros. Ragombalia. alias “Felipe” en el bloque móvil y alias “el igüano” en el fronteras. Guaramito. alias “el igüano”. El Ran. a cambio de seguridad. Gaseosas la Frontera (Postobón). Ferretería El Palustre. Pamplona. las empresas mas representativas de la región que contribuyeron con las finanzas del frente fueron: Termotasajen.2. área política. La Silla. finanzas y un grupo especial que desarrollaba actuaciones que a consideración de los superiores. colectivos piratas y transporte formal. Luego. Aguas Claras. “Pedro Fronteras” o “Sebastián” tuvo dominio en el área metropolitana de Cúcuta y en las poblaciones de Puerto Santander. Norgas. Salazar de las Palmas. Distrito de Riego. Jerárquicamente la estructura del frente estaba presidida por la casa Castaño y Salvatore Mancuso. Gramalote. La financiación del frente en la ciudad de Cúcuta se obtiene de las cuotas obligatorias que les imponían a centros comerciales como San Andresito o la Alejandría quienes tenían que aportar un promedio de doscientos mil pesos mensuales por local. Cenabastos. Banco Arenas. Los Patios. Estación de servicio San Rafael. Zulia. revestía alguna complejidad. 7 . Vigilancia. la Floresta. Por información de la fiscalía.3. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia El frente Fronteras comandado por LAVERDE ZAPATA. Carbones la Mirla. También hubo cobro a los conductores de taxis.
y gastos médicos y según cálculos que hicieron.S. artículos 103 y 104 numerales 4. señalado como ser instructor de las escuelas de formación. República de Colombia Rad. actualmente condenado por la masacre de Tibú. pagos a colaboradores como autoridades. Mauricio Llorente Chávez. S. sargento primero Gordon Hernández. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Para conseguir los fines trazados por la cúpula de las autodefensas –acabar con la subversión y sus auxiliadores y limpieza social de la región. sargento de ejército perteneciente a operaciones especiales del ejército y tenía a su cargo manejar la información del avión plataforma y ubicación de la guerrilla en Norte de Santander. Núm. José Celis Castro. desplazamientos forzados. los costos de la guerra durante los cinco años en que hicieron presencia en la zona. de Cúcuta.A. servidores públicos. director y subdirector respectivamente de la seccional del Departamento Administrativo de Seguridad D. todos integrantes del Batallón Héroes de Saraguru que se encontraba acantonado cerca del casco urbano del municipio de Tibú. 4. teniente Leonardo Rodríguez alias “Andrés Bolivar” que inicialmente perteneció al grupo de contraguerrilla del Ejército y en el 2002 se vinculó como financiero de las autodefensas.4. comandante del grupo Masa del Ejército Nacional.2. ejército.S. Magali Yaneth Moreno Vera alias “Perla” asistente de la directora seccional. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso 4. actualmente condenada por los delitos de concierto para delinquir y utilización indebida de información oficial privilegiada. tortura en persona protegida. teniente Quintero Carreño.A.ejecutaron conductas consideradas como graves a la luz del Derecho Internacional Humanitario como homicidios en persona protegida. Los gastos mensuales del frente fronteras. igualmente condenada. mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguru. ascendían a cuatrocientos ochenta millones de pesos .. Caso No. investigador del D. José Miguel Narváez. Ana María Florez conocida al interior de la organización con el alias de “batichica”. policía. Efraín Morales.3. cabo Molina. ascendieron aproximadamente a doscientos cuarenta y cinco mil millones de pesos Recibió colaboración este frente de autoridades civiles y políticas. A. Jorge Enrique Díaz y Viterbo Galvis Mogollón .. Coronel William Montesuma y agente Mora de la SIJIN de Cúcuta. capitán Chamorro. así: la directora seccional de fiscalías de Cúcuta. cobros de impuestos ilícitos. subdirector general del D. 2: Los punibles de homicidio agravado.3. utilizados para pago de nómina de los miembros del grupo. encargados de brindar información sobre personas que pudieran ser objetivo de los paramilitares. Víctor Hugo Matamoros. fuerza pública etc. 8 . etc. general Rito Alejo del Río. así como delitos contra la población civil de manera sistemática y generalizada que bien pueden ser calificados como punibles de lesa humanidad.
Núm. N. fuera E. alcalde y ex alcalde de Puerto Santander. se enteraron que el señor Echeverri Hernández era un ganadero de la región y que había tenido problemas con uno de los informantes cuando éste era guerrillero. Comenta alias “el igüano” que tiempo después. Hernán Darío Mejía Petrocelli. acusados de ser auxiliadores del E. comandados personalmente por JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA alias “el igüano”. 9 .. concejal del municipio de Patios. Luego. República de Colombia Rad. Intendente Mayorga. luego de hacer un reten a los carros que por el lugar transitaban. Acto seguido. N. entre otros. el mismo comandante –LAVERDE ZAPATA. Alexander Ardila Lindarte. cuando ingresan a ese lugar aproximadamente 15 hombres vestidos de civil. el comandante “igüano” les informa sobre la llegada de este grupo de autodefensas y los objetivos propuestos. concejal de Cúcuta.” teniente Chávez de la policía Nacional. Luís Fernando Valero Escalante. exalcalde de Cúcuta. les advierte sobre el castigo a los miembros de la subversión o sus auxiliadores. y miembros del frente Fronteras como informantes- ejecutan a Jorge Enrique López. alcalde de Salazar de las Palmas. los reúnen en la cancha de fútbol. sacan a los habitantes de sus moradas. agente Rodríguez encargado de las interceptaciones telefónicas de la policía de Cúcuta. Ramón Elías Vergel Lázaro y José Edmundo Mogollón.anuncia la llegada del frente que preside con grafitis que dicen “llegamos para quedarnos. L. Jorge Humberto Vera y Alirio Echeverri Hernández. por información de alias “Ramoncito” y alias “Balvulina” – exmilitantes del E. Como coautor impropio Hechos ocurridos el 10 de julio de 1999 en el corregimiento de Aguaclara del departamento de Norte de Santander. director de la cárcel Modelo de Cúcuta. N. Ramiro Suárez Corso. Ricardo Elcure Chacón ex parlamentario y actualmente condenado por la Corte Suprema de Justicia. decreto-ley 100 de 1980. Ramón Eder Mendoza Vargas. L. Varios de los mencionados ya se encuentran condenados. otros muertos y a los demás la fiscalía compulsó las copias para la investigación respectiva”. articulo 202. Jesús Fabio González Medina. éste último fue asesinado a poca distancia de donde ultimaron a las otras 3 personas. terrorismo artículo 343 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. cabo de la policía. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia homogéneo. L. Carlos Rangel.
Como coautor impropio Hechos ocurridos el 6 de agosto de 1999 en horas de la noche. Orfis Alirio Barbosa y Jair Alfonso Cañizales Ortiz. en las paredes de las casas. 3: Los punibles de homicidio agravado artículos 103 y 104 numerales 4. De la misma manera identificó a quienes participaron en este hecho. cuando ingresa un grupo de aproximadamente 15 personas comandadas personalmente por alias “el igüano”. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real. Caso No. República de Colombia Rad. terrorismo artículo 343 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas decreto 100 de 1980. 10 .3. les informan sobre la presencia de la organización de autodefensas en ese sector y sus finalidades. sacan a las personas de sus casas. 4. en tanto que el otro es el encargado de ejecutar a los hermanos Jhon Jairo y Luís Giovanni Bermúdez Daza. El grupo que llegó.4. toda vez que si se hubieran verificado con posterioridad a julio de 2001. Como estaban anunciando la llegada de esta organización ilegal. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Argumenta el señor Fiscal que la calificación jurídica de estos hechos la hace atendiendo al principio de legalidad. señalados por los informantes alias “Ramoncito” y “Valvulina” de ser integrantes del grupo subversivo E. en los barrios contiguos Belisario y Nuevo Horizonte de Cúcuta. L. se dividió en dos subgrupos: uno de ellos quedó con alias “el igüano” y son los que hacen la reunión con los habitantes de estos barrios. debían encuadrarse estas conductas en tipos penales que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario. igualmente dejan mensajes alusivos a su incursión y la finalidad de la misma. En el lugar se presentó un cruce de disparos con habitantes del sector y algunos de las autodefensas lanzaron granadas contra una vivienda. Núm. N. La fiscalía individualizó a cada uno de los partícipes en esta incursión. las reúnen en la calle.
7 y 8 de 11 . Como coautor impropio Hechos ocurridos la madrugada del 15 de septiembre de 1999 en la vía que de Cúcuta conduce al Municipio de Salazar de las Palmas. pero en la diligencia de legalización de cargos varió por la de autor mediato. Alberto Alexander Rojas Blanco. refiriéndose a las bandas delincuenciales que operaban en Cúcuta. comandados personalmente por alias “el igüano” vistiendo uniformes militares y portando armas largas. en la vereda Quebradaseca del Municipio de Santiago. dejaron mensajes en las paredes aledañas como “las autodefensas llegaron para quedarse”. terrorismo artículo 343 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. artículos 103 y 104 numerales 4. en el entendido que fue alias “el igüano” quien dio la orden. cuando miembros integrantes del frente Fronteras.4. Luís Adán Rodríguez Rivera. ordenan bajar a los ocupantes.4. Los delitos son: Homicidio agravado. así como de joyas y dinero de los ocupantes del automotor. La fiscalía individualizó a quienes participaron en esta masacre.5. decreto 100 de 1980. se apropian de unas armas de fuego. 4. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real. Núm. Víctor Ramón Parada Lizcano y Eliseo Rojas Manrique.4. “la guerra apenas comienza”. República de Colombia Rad. obedeciendo órdenes del comandante del frente. Caso No. Caso No. 5: En el escrito de acusación se imputaron estos hechos como coautor impropio. separan a las mujeres y a los niños. quienes participaron en estos hechos. 4: Los delitos de homicidio agravados artículos 103 y 104 numerales 4. Al igual que en los casos precedentes. específicamente por su comandante Salvatore Mancuso cuando ordenó “acabar con todo lo que agrede el orden social”. a los hombres los hacen tenderse en el piso y ejecutan a Horacio Ovalles Álvarez. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 4. pero no estuvo en el lugar. siguiendo las directrices trazadas por la cúpula de la organización de autodefensas. Todo lo anterior. Jesús María Blanco Vergara. retienen una camioneta.
Wolman Alberto Márquez. artículo 343 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. El 16 de mayo de 2001. José Fredy Daza. cumpliendo la orden inmediata del comandante de la sección de Villa del Rosario (Norte de Santander) Armando Rafael Mejía Guerra. El 22 de febrero de 2001. Balbino Pedro Antonio Contreras Jaimes. Luz Dary Silva Omaña. La fiscalía individualizó a todos los que participaron en esta masacre. tentativa de homicidio. información dada por alias “el parcero” –agente del Gaula de apellido Jaimes- En las paredes dejaron consignas tales como “fuera ladrones y vendedores de droga”. miembros de ese grupo llegaron hasta el parque del barrio Antonia Santos de Cúcuta y dispararon indiscriminadamente contra las personas que allí se encontraban. terrorismo. 6: En el escrito de acusación se imputaron los hechos a título de coautor impropio. República de Colombia Rad. cumpliendo las ordenes dadas por el comandante del frente Fronteras.6. ocasionándole la muerte a él. a Juan Antonio Tarazona Bermúdez y a Maribel Peñaranda Escalante. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real.4. Caso No. artículos 103 y 104 numerales 4. Carlos Alberto Rodríguez. acusados de ser expendedores y consumidores de drogas alucinógenas. terrorismo. Sacha Sabrina Carreño. dando muerte a Héctor Uriel Calderón Acevedo. artículo 343 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. igualmente hirieron a Emerson Daza y Teresa Rincón. en represalias contra la familia 12 . Núm. pero en la diligencia de legalización de cargos la varió por autor mediato por dominio de aparato organizado de poder en los punibles de Homicidio agravado. integrantes del frente Fronteras dispararon de manera indiscriminada contra los ocupantes de un automóvil conducido por el abogado José Alexander Hernández. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real. 4. decreto 100 de 1980.
Alias “el igüano” acepta este hecho toda vez que se realizó cumpliendo con las directrices trazadas por la organización y que él previamente había transmitido a sus comandantes de sección. el fiscal le imputó estas conductas como coautor impropio. artículo 343. el 18 de mayo de 2001 en el barrio Sevilla de Cúcuta. ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. La fiscalía individualizó a todos los partícipes. en concurso material homogéneo. que según la versión de algunos de los partícipes en los hechos. comandada por alias “el igüano”. además de ser informantes de la guerrilla. quien fue la encargada de hacer el seguimiento a las víctimas de esta organización.Caso No. comandantes urbanos y en general a los patrulleros. un grupo de personas integrantes del frente Fronteras. 4. al mando inmediato de Rosemberg Balverde -de la compañía urbana que operaba en esa zona. según lo manifestado por Diana Nubia Termer Rincón empleada de tránsito de esa localidad y amiga personal de Mejía Guerra. como integrantes del frente Fronteras de las Autodefensas.le dieron muerte a varios integrantes de una banda delincuencial conocida como “los guajiros”. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Tarazona por que puso en conocimiento de las autoridades la posible autoría de las autodefensas en la muerte de uno de sus hijos ocurrida un tiempo antes.7 . decreto 100 de 1980. prestaban sus 13 .4. pero en detalle se entregaba mensualmente. Por información de un miembro del grupo Gaula conocido con el alias de “coco”. pero en la diligencia de legalización la modificó por autor mediato con las justificaciones ya reseñadas en los casos anteriores. República de Colombia Rad. terrorismo. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad). artículos 103 y 104 numerales 4. Núm. 7 En el escrito de formulación de cargos. por los delitos de homicidio agravado. Es de aclarar que la señora Termer Rincón se encuentra procesada con resolución acusatoria por el delito de concierto para delinquir. El reporte de cada caso en particular se hacía de manera inmediata a través de radio de comunicaciones.
alias “el iguano”. según información suministrada por el ex alcalde de ese municipio. bajo la acusación de ser auxiliadoras del E. y una de ellas ser la esposa del comandante subversivo que hacía presencia en la región.4. 4. Caso No.8. por alias “el 14 . quien también fue muerto al parecer por la guerrilla. República de Colombia Rad. Los asesinados fueron Carlos Alberto Soler Rivera.N. tuvieron conocimiento de la existencia de esta banda delincuencial y trataron de vincularla con la organización de paramilitares. fueron asesinadas las hermanas Rosa Alexandra y Nelly Yohana Carrillo Díaz y Ana Silva Carrillo. señor Jesús Valero. una de ellas murió en el lugar y las otras dos fueron rematadas en el hospital a donde fueron trasladadas gravemente heridas. cumpliendo las ordenes dadas por la cúpula de esa organización y transmitidas por el comandante del frente. pero se modificó por autor mediato en la audiencia de legalización. La fiscalía identificó a quienes participaron en esta masacre. Julio Quintero. actos de barbarie. como personas que estaban al mando de JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA.L. se le imputó esta conducta al señor JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA a título de coautor impropio. Como autores de la masacre se individualizó a integrantes del frente Fronteras y la orden fue dada 2 días antes de la ocurrencia de los hechos. En el barrio El Páramo del municipio de Salazar de las Palmas (Norte de Santander). procedieron a aniquilarla. por los delitos de homicidios en persona protegida. actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. A la llegada de las autodefensas a los barrios marginales de Cúcuta. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia servicios a la guerrilla. Núm. el 24 de noviembre de 2001. Jesús Alfonso Gómez Cáceres y Cesar Augusto Panizo Cáceres. 8: En el escrito de formulación de cargos. Aclara la fiscalía que este exalcalde fue quien propició y colaboró para que las autodefensas llegaran a esa zona del departamento. pero ante la negativa a plegarse y los continuos hechos delincuenciales.
Todos los partícipes en este hecho fueron identificados por la fiscalía. Yesid Alberto Llanes y Carlos Andrés Oliveros. asesinan a sus ocupantes Alirio Blandón Suárez. razón por la que éste da la orden de retenerlos. Aclara la fiscalía que la imputación la hace como coautor impropio toda vez que alias “el iguano” tenía conocimiento previo de la realización de esta masacre y dio ordenes claras a los hombres bajo su mando para que las ejecutaran. Deleizer Mantilla Picón.4. Núm. el 30 de noviembre de 2001. lo hacen parar. los comandantes de las autodefensas de la región informan a JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA del desplazamiento de unos guerrilleros y sus armas en un vehículo. orden que cumplen sus patrulleros. daño en bien ajeno y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.L.N. Caso No. por los punibles de homicidios en persona protegida. 9: Se le imputaron estos hechos a título de coautor impropio. los despojan de 2 fusiles M-16 y 5 pistolas e incineran el automotor. 4. Cumpliendo ordenes del “igüano”. 10: En la audiencia de legalización de cargos se varió la imputación a autor mediato por dominio de la organización. República de Colombia Rad. sobre la vía que de Sardinata conduce al Zulia. José Leonidas Quintero.4. destrucción de bienes protegidos y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. En el sector de la Represa. 4.10. individualizado el automotor. actos de terrorismo. por los delitos de homicidios en persona protegida.9. ya que en el escrito de formulación de cargos se le había atribuido como coautor indirecto. Es de aclarar que se individualizó a todos los partícipes. Caso No. los hombres bajo su mando fueron por los barrios marginales de Cúcuta en donde presuntamente tenia dominio el grupo subversivo E. como integrantes urbanos del frente Fronteras. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia igüano” y cumplida por los urbanos que allí hacían presencia. toda vez que patrullaban uniformados e izaban la bandera 15 . actos de terrorismo.
de los punibles de homicidios en persona protegida. El 20 de febrero de 2002. pero se varió en la audiencia y la imputación se hizo como Autor mediato por dominio de la organización. Los hechos aquí investigados y que son objeto de pronunciamiento sobre legalización de cargos. Caso No. Por esta razón. Cumplido lo anterior.C.A. tales como “AUC presente”. en este caso también resultó herido el menor Edison Andrés Claro Torres. se encuentra investigado el entonces director del D. seleccionaban a quienes eran señalados como integrantes o auxiliadores de la guerrilla y los asesinaban. 16 .U. destruyeron la caseta de “Telecom” y dejaron mensajes alusivos a las autodefensas.C.S. 11: Se le formuló cargos en el respectivo escrito como coautor impropio. República de Colombia Rad.4. los reúnen en la calle. guerrillero te uniformas o te mueres de civil”. como integrantes del frente comandado por alias “el igüano”. tuvieron ocurrencia el 24 de enero de 2002. acusados de ser auxiliadores de la subversión. “A. un grupo urbano de las autodefensas del frente Fronteras. bloque Catatumbo. Núm. Quienes participaron en esta masacre fueron identificados por la fiscalía. Graciela Ortiz Osorio y Carlos Arturo Rojas Torres quienes se hallaban en una caseta y siguiendo las directrices de la cúpula de la organización y dadas a conocer por alias “el igüano”. cuando un grupo de hombres del frente Fronteras llegaron al barrio Nuevo Horizonte y bajo idénticas circunstancias a las narradas en el párrafo precedente. actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. 4. identifican a quienes habían sido señalados como subversivos y asesinan a Edwin Orlando. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia de su organización y con lista previamente suministrada por autoridades del Estado que colaboraban con las autodefensas. de Cúcuta. proceden a asesinarlos. ingresó al barrio Los Alpes de Cúcuta retuvieron a Olmer Daza Ortiz. Durante esta incursión se presentó un intercambio de disparos con la policía.11. sacan a los habitantes. “fuera sapos y ratas”.
Todos los que intervinieron en este hecho fueron identificados por la fiscalía. artículos 103 y 104 numerales 4. 4. como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo.13. alias “el igüano”. 13: Como autor mediato por que se ejecutó materialmente. aclarando que en el escrito pertinente lo había sido por coautor impropio de estas mismas conductas Al barrio Ceciia Castro de la ciudad de Cúcuta llegaron los integrantes urbanos del frente Fronteras el 3 de abril de 2002 y cumpliendo ordenes del comandante alias “el igüano”. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso material. actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. y proceden a ejecutar a Ángel María Rivera Quintero. la imputación la había realizado la fiscalía como coautor impropio. como integrantes del frente Fronteras. 12: Como autor mediato de los delitos de Homicidios en persona protegida. procedieron a disparar de manera indiscriminada 17 . fue acusado IVAN LAVERDE ZAPATA. República de Colombia Rad. señalados de hacer parte de grupos subversivos.4. Gabriel Rivera Quintero. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Todos los partícipes de esta masacre fueron identificados. Caso No. Luís Jesús Rivera Quintero y Luís Antonio Meza Cárdenas. comandado por alias “el igüano”. Caso No. en este. miembros del frente Fronteras llegan al barrio Carlos Ramírez Paris de Cúcuta el 13 de marzo de 2002. Núm. Siguiendo el mismo patrón de los casos anteriores.4.12.de los delitos de homicidio agravado. siguiendo la política trazada por la organización. terrorismo y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. 4. ingresan a la casa de habitación de la familia Rivera -quienes se desempeñaron como raspachines en la Gabarra y luego se trasladaron a Cúcuta-. Es de anotar que en el escrito de formulación de cargos. tentativa de homicidio.
Con el mismo patrón de conducta que los caracterizó en su actuar en la ciudad de Cúcuta y zonas aledañas. quedó herido José Ismael Santos Amaya. También en este caso la fiscalía individualizó a los que participaron en este accionar criminal. terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. las identifican y luego proceden a disparar en contra de ellas ocasionando la muerte a Juan de Jesús Alviadez Gerardino. 4. requisan a unas personas. 18 . 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia contra las personas que se encontraban departiendo en los billares. Aramis Ortíz Sepúlveda. Caso No.4. fue acusado alias “el igüano”. ocasionando la muerte a Luís Fernando Bonilla. 14: Como autor mediato de los punibles de homicidio agravado. Los tres miembros de las autodefensas del frente fronteras que ejecutaron esta acción. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso material. porque tenían información que el lugar era frecuentado por expendedores y consumidores de drogas alucinógenas. tentativa de homicidio. barrio La Victoria. Juan Bohormita y Angie Paola González Ballesteros (menor de edad). Núm. corrigiendo la inicial imputación que hiciera la fiscalía en el escrito de acusación como coautor impropio. como integrantes del frente comandado por IVAN LAVERDE ZAPATA. República de Colombia Rad. dejaron mensajes tales como “rodarán cabezas”. “fuera zorras”. siguiendo las directrices de alias “el igüano”. se hacen pasar por funcionarios de la fiscalía. artículos 103 y 104 numerales 4. Miguel Ángel Méndez. un grupo de las autodefensas urbanas de Cúcuta llegan hasta el sector de Atalaya. “muerte a viciosos”. El 19 de marzo de 2002. Javier Rincón Vargas.14. Helena Cárdenas Pérez y Marino Rentería Cuero. acusados de ser delincuentes. “fuera ratas”. quedaron heridos Luz Esther Vargas Gómez y Jenny Carolina Villamizar (de 10 años de edad) . fueron individualizados por la fiscalía.
siguiendo la directrices de la organización criminal de autodefensas. actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas Señalados por los conductores de transporte de servicio público de ser quienes atracaban en las busetas.4. Quienes participaron. Quienes participaron en esta masacre. Jairo Barbosa Pérez.16. 19 . artículos 103 y 104 numerales 4. Adalbert Alberto Prado Arias. un grupo de patrulleros urbanos del frente Fronteras. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo. fueron identificados por la fiscalía como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo. Cristian Alexis Monsalve Solano y Miguel Ángel Florez Carrero. Miguel Támara Ortiz y Javier Darío Ramirez Ramirez. ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas decreto 100 de 1980. Caso No. como integrantes del frente Fronteras. bajo el mando de alias “El igüano”. terrorismo. Núm. 4.4. fueron individualizados por la Fiscalía. llegaron hasta el barrio Comuneros de Cúcuta el 14 de abril de 2002 y asesinan a Ericson Rincón Sánchez. 15: Como autor mediato de los delitos de homicidio agravado. terrorismo ley 599 de 2000 y fabricación y tráfico de armas y municiones. 16: Por los delitos de Homicidio agravado. Al ser acusados de cometer acciones delincuenciales. aclarando que en el escrito respectivo se le había imputado como coautor impropio. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 4. decreto 100 de 1980 en calidad de autor mediato. República de Colombia Rad.15. se le formularon cargos a IVAN LAVERDE ZAPATA. Caso No. fueron asesinados en el barrio Antonia Santos de Cúcuta. por orden del comandante del frente Fronteras IVAN LAVERDE ZAPATA. En el escrito de acusación lo había sido como coautor impropio de los punibles de homicidio en persona protegida en concurso material. el 5 de mayo de 2002. artículos 103 y 104 numerales 4. fue acusado IVAN LAVERDE ZAPATA alias “el igüano”.
Núm. Hubo variación en la imputación. El representante del Ministerio Público criticó la ausencia de prueba sobre la tortura a estas tres personas. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo.4. dejando sus cadáveres en el relleno sanitario de Urimaco. solicita la fiscalía se legalicen los cargos contra IVAN LAVERDE ZAPATA. como un delito de lesa humanidad atendiendo a la sistematicidad y obedeciendo a una política de la organización y no a un 20 . ley 599 de 2000 y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso personal – hizo variación la fiscalía por que la imputación inicial fue por uso privativo de las fuerzas armadas. terrorismo. Califica esta conducta la fiscalía. 17: Por los delitos de homicidios en persona protegida. Edwin Alexis Santiago Acero y Jhon Wilmer Torres Rodríguez y luego de torturarlos para que confesaran su militancia en la subversión. Todos los partícipes en esta masacre fueron identificados por la fiscalía como integrantes del frente Fronteras. artículos 103 y 104 numerales 4. Caso No. 18 Como autor mediato por dominio de la organización delictiva de homicidio agravado. comandante del frente Fronteras del bloque Catatumbo. toda vez que el resultado de las necropsias nada decían sobre este aspecto. Al sector de Atalaya de Cúcuta llegaron miembros del frente Fronteras y cumpliendo ordenes de alias “el igüano”. corrigiendo la imputación inicial que hizo la fiscalía como coautor impropio. los asesinaron el día 5 de mayo de 2002. Caso No. ya que en el escrito aparecen formulados los cargos como coautor impropio. tortura en persona protegida y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas en calidad de autor mediato se le formularon cargos al comandante del frente fronteras. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 4.17.18. se llevaron a Marcelino Alsina Ortega. República de Colombia Rad. 4.4. actos de terrorismo. que cumplían órdenes de su comandante JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA.decreto 100 de 1980.
ley 599 de 2000 21 . como patrulleros. 20: Como autor mediato por dominio de la organización delictiva que comandaba –luego de variar la inicial imputación como coautor impropio-. dentro del mal llamado plan de “limpieza social”. decreto 100 de 1980. ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo. fueron sorprendidos por militantes del frente Fronteras los señores Kennedy Hernando Silva Rolón. terrorismo. tras haber sido estigmatizados como integrantes de una banda delincuencial. Caso No. artículos 103 y 104 numerales 4.4. 4.20. Cuando se encontraban jugando fútbol en las canchas del barrio Cundinamarca de Cúcuta. a alias “el igüano” se le formularon cargos por los delitos de homicidio agravado. a alias “el igüano” se le formularon cargos por los punibles de Homicidio agravado. Caso No 19: Variada la imputación inicial de coautoría impropia. se encontraban subordinados a las órdenes del comandante del frente Fronteras. Willington Eduardo Rubio Toloza y Mauricio Pacheco Pérez. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia crimen de guerra. el 20 de mayo de 2002. 4. ocasionándoles la muerte. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo. Ever Duarte Ortega y Diego Alexander Ortiz Andrade a quienes les dispararon. terrorismo. la muerte al interior de un establecimiento de comidas rápidas de José Luís Santander Amaya. Los partícipes de estos crímenes fueron identificados como integrantes del frente Fronteras. bajo las ordenes de alias “el igüano”.19. República de Colombia Rad. ocurridas el 18 de mayo de 2002 cumpliendo con las directrices generales de la organización de exterminar a quienes consideraron delincuentes. artículos 103 y 104 numerales 4. JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA. es decir. Núm. por la de autor mediato.4. expendedores de vicios o consumidores. dentro del plan de la mal llamada “limpieza social” Quienes fueron identificados por la fiscalía como partícipes en este hecho.
señalados de tener vínculos con la subversión.”. amordazaron a los conductores. 4.21. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Los partícipes de esta conducta fueron identificados como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo. actos de terrorismo. Ramón Elías Peñaranda Ortiz. miembros del frente Fronteras del bloque Catatumbo siguiendo directrices trazadas por la comandancia de esa organización criminal. A. Luego de ejecutar esta conducta. Edilson Peñaranda y Juan Carlos Carrascal Barbosa. Caso 21: Como autor mediato de los punibles de homicidios en persona protegida. ordenaron su muerte. se le formularon cargos y se solicita su legalización. fue falsa y como represalia contra el informante. El 23 de julio de 2002. República de Colombia Rad. bajo el mando de JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA.4. se apoderan de dos camiones de la empresa de aseo “Proactiva Oriente S. abandonaron los automotores. luego de ser acusados de delincuentes. le dispararon a Jhon Fredy Daza Vanegas. Núm. los despojaron de los vehículos y en ellos se trasladaron hasta el barrio La Hermita de Cúcuta. luego de variar la imputación inicialmente hecha a alias “el igüano” como coautor impropio. cuando varios integrantes de las autodefensas que hacían presencia permanente en la ciudad. Los hechos tuvieron ocurrencia el 24 de junio de 2002 en el barrio 28 de febrero de Cúcuta. Murieron los tres primeros y quedó herido el menor Carrascal Barbosa. 22 . en donde asesinaron a los hermanos Jesús María. quienes se encontraban departiendo en un establecimiento donde funcionaban billares. Meses después alias “El igüano” se enteró que la información sobre los presuntos vínculos de estas víctimas con la guerrilla. toma de rehenes y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. José Ángel y Anibal Castro Núñez.
Núm. la fiscalía solicitó la legalización de los cargos como autor mediato a JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA. La directora de esa asociación y una de las víctimas -Gloria Inés Marín-. 4. por los delitos de homicidio agravado. Caso 22 Como coautor impropio de los delitos de homicidios en persona protegida. luego de haber sido citadas las víctimas por alias “el igüano” .22. terrorismo. hombres bajo su mando procedieron a dar muerte a los integrantes de una organización social –AMURCAVIR. 4. artículos 103 y 104 numerales 4. comandante del bloque Catatumbo. se individualizaron a todos los partícipes. igualmente carnetizó como celadores algunos miembros del frente para facilitar su desplazamiento por la región. fue acusado JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA. según lo manifestado por “el igüano”. República de Colombia Rad. era conocida suya y colaboraba con la organización sacando celulares a nombre de “AMURCAVIR”. En la vereda El Mestizo del municipio El Zulia. quien la transmitió al comandante del frente Fronteras y este la hizo cumplir por medio de sus subalternos. Miguel Ángel Lizcano Calderón y Pedro Arturo Niño. Quienes participaron en este hecho. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Por información del comandante del frente Fronteras e investigación de la fiscalía.23. que desarrollaba actividades de asesoría a la población civil en temas de víctimas de conflicto armado. Aparte de la directora.4. también asesinaron a Narciso Guzmán. el móvil del asesinato fue haber encontrado el nombre de estas personas en los computadores de la guerrilla y que fueron decomisados por las autodefensas. 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo. fueron identificados por la fiscalía como miembros del frente Fronteras. ley 23 . comandados por alias “El igüano”.4. actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. como integrantes del grupo de autodefensas comandado por alias “el igüano”. Caso 23: Luego de variar la imputación inicial de coautor impropio. la orden provino directamente de alias “Camilo”. alias “el igüano”. tentativa de homicidio en concurso homogéneo.
exacciones o contribuciones arbitrarias y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares. y Adalberto Rojas Ortiz y dejan heridos a Helder Reales Mojica (de 13 años de edad) y Jony Alberto Gómez.La cuota fue exigida por la comandancia del frente Fronteras como forma de financiación de la organización y para tal fin asignaron a alias “Marcela”. Por no cumplir con el pago de la contribución forzada impuesta a los comerciantes de la central de abastecimientos de Cúcuta “CENABASTOS” al frente Fronteras. fueron asesinados José Joaquín Fierro Ortega. Luís Esteban Patiño. integrantes del frente Fronteras que hacían presencia en la ciudad y asesinan a Jorge Alexander Sanabria Camacho. N.manifestó que el móvil fue la información que tenían de que estas personas colaboraban con el E. los dos primeros el 3 y los siguientes el 6 de diciembre de 2002. las víctimas fueron señaladas de cometer actos ilícitos y la información que tenía la organización de autodefensas fue que en ese establecimiento se reunían los delincuentes. como integrantes de las autodefensas que cumplían sus órdenes. El 12 de noviembre de 2002. hipótesis descartada por la fiscalía teniendo en cuenta la investigación 24 .24. Caso 24: Inicialmente fue acusado JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA como coautor impropio. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. 4. José Ascensio Osorio Castellanos y Andrés Osorio Castellanos. decreto 100 de 1980. por autor mediato de los ilícitos de homicidios en persona protegida. L.. Dinael Rincón Suárez. llegan al barrio Bellavista de Cúcuta. Todos los partícipes fueron reconocidos por el comandante del frente Fronteras. Núm.4. actos de terrorismo. Nelson Omar Peñaloza García. Uno de los autores materiales –alias Alex. República de Colombia Rad. quienes se encontraba en un establecimiento donde funcionaban billares. pero esta imputación varió en la audiencia de legalización de cargos.
realizada que incluye la declaración de las esposas de algunas de estas
Los ejecutores de esta conducta ilícita fueron reconocidos como integrantes del
frente Fronteras y el hecho realizado cumpliendo órdenes de sus
4.4.25. Caso No. 25: Por los delitos de homicidios en persona protegida, actos
de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de
las fuerzas armadas, en calidad de autor mediato, pues se hizo variación de
la imputación que aparece en el escrito de cargos como coautor impropio, fue
solicitada la legalización de estos hechos al señor JORGE IVAN LAVERDE
El 20 de diciembre de 2000 se desplazaron hasta el barrio Nuevo Milenio de
Cúcuta, integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo y asesinaron a
Edison Eduardo Obregón Mora, José Ernesto Corredor López y Eduardo
Obregón Ruiz, acusados de ser auxiliadores de la subversión por que les
arreglaban radios de comunicación.
Los ejecutores de este hecho fueron identificados y reconocidos por la fiscalía
como miembros de la organización de autodefensas que hizo presencia en la
ciudad de Cúcuta y sus alrededores.
4.4.26. Caso No. 26: En el escrito de acusación le imputan este hecho a alias
“El igüano” como coautor impropio, pero se varía en la audiencia de
legalización por autor mediato de los punibles de homicidio agravado,
artículos 103 y 104 numerales 4, 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad)
en concurso homogéneo; terrorismo, ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y
fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas
armadas, decreto 100 de 1980.
Hasta un establecimiento de billares del barrio San Martín de Cúcuta, el 25 de
junio de 2003 llegan integrantes del frente Fronteras y cumpliendo ordenes de
su comandante, proceden a disparar y le dan muerte a Eduar Dubiel Reyes
Robayo, Wilder González Alventos y Alvaro Ibañez López, señalados de ser
integrantes de una banda delincuencial. La fiscalía logró determinar que
González Alventos era el jefe de una banda.
Quienes intervinieron en esta masacre como ejecutores, fueron reconocidos e
identificados como integrantes del frente de las autodefensas que hizo
presencia en la ciudad de Cúcuta.
4.4.27. Caso No. 27 Como autor mediato de los delitos de homicidio
agravado, artículos 103 y 104 numerales 4, 7 y 8 de la ley 599 de 2000 (por
favorabilidad) en concurso homogéneo; terrorismo, ley 599 de 2000 y
armadas, luego de variar la imputación inicial de coautor impropio, se le
formularon cargos y se solicita su legalización, al postulado JORGE IVAN
LAVERDE ZAPATA.
En uno de los sectores de tolerancia de Cúcuta fueron asesinadas el 13 de
febrero de 2004, las trabajadoras sexuales Martha Rubiela Rodríguez Cortes,
Graciela Jaramillo Jaramillo y Blanca Guzmán (indocumentada), como una
forma de enviar mensajes a esa zona de lo que sucedería si seguían robando
a quienes recurrían a ese sitio. Esta es otra forma de “limpieza social”
realizada por el frente Fronteras.
Los que participaron en la ejecución de este hecho, fueron individualizados y
reconocidos como integrantes de las autodefensas que hizo presencia en
Cúcuta y poblaciones aledañas.
4.4.28. Caso No. 28: Como coautor impropio –por que tenía conocimiento
previo, coordinó y estuvo enterado de los actos previos a la ejecución- de los
delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, actos de
terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las
fuerzas armadas, fue acusado JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA, comandante
del frente Fronteras.
Por información de un ex integrante del 10º frente de las F. A .R .C. , conocido
como “gûilo” y un ganadero de la región que posteriormente fue reconocido
como narcotraficante –Hugo Beltrán- se le hizo saber a alias “el igüano” que la
doctora María del Rosario Silva Ríos -fiscal seccional de Cúcuta- era
simpatizante de la guerrilla (específicamente de las F. A. R. C. ). Ante esta
situación y por la calidad de la persona señalada como auxiliadora de la
subversión, solicitó autorización al comandante del bloque, alias “camilo” y
luego de recibir el visto bueno, coordinó con el cabo Ardila que trabajaba con
la policía de tránsito de Cúcuta, para que le hiciera seguimiento y labores de
inteligencia a la Fiscal y el 28 de julio de 2001 la asesinaron cuando salía de la
clínica San José de Cúcuta, en compañía de su esposo e hijos. Ante esta
situación, su familia tuvo que salir del País.
Los que ejecutaron este hecho, fueron reconocidos e identificados como
miembros del frente Fronteras del Bloque Catatumbo, bajo el mando de alias
“el igüano”.
4.4.29. Caso No. 29: Inicialmente se le imputó este hecho como coautor
impropio, pero en la legalización de los cargos se varió por autor mediato de
los punibles de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y
fabricación y tráfico de armas y municiones de defensa personal.
Dos meses después del vil asesinato de la doctora María del Rosario Silva
Ríos, su sucesor en la fiscalía, doctor Carlos Arturo Pinto Bohorquez, también
lo fue, señalado por las mismas personas que en el caso anterior, de ser
simpatizante de las F. A. R. C., pues alguien lo había visto en la población de
Arauca reunido con ellas. Igual que en el caso anterior, el cabo Ardila (de la
policía de tránsito de Cúcuta) fue quien hizo el seguimiento y las labores de
inteligencia, así como quien llevó el arma. La orden fue dada por “Camilo”,
atendiendo a la importancia de la víctima, pero el “igüano” fue el que coordinó
Los ejecutores de este hecho fueron identificados como integrantes de las
autodefensas, frente Fronteras, cumpliendo órdenes de su comandante, alias
4.4.30. Caso No. 30 Por los delitos de homicidio en persona protegida,
terrorismo, desplazamiento forzado y fabricación y tráfico de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en calidad de coautor
impropio, fue acusado JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA.
La víctima, el doctor Tirzo Vélez, aspirante a la Gobernación de Norte de
Santander con mayor probabilidad de ganar. Fue alcalde de Tibú en
representación del partido político de la Unión Patriótica, diputado a la
Asamblea y reconocido político de la región. El 4 de junio de 2003, fue
asesinado por orden dada desde la comandancia directamente por Salvatore
Mancuso, orden que pasó a alias “Camilo” como comandante del bloque
Catatumbo y luego a alias “el igüano” quien la hace cumplir con hombres bajo
su mando En este atentado también quedaron heridos la esposa del doctor
Vélez –Isabel Obregón- y Mario Enrique Mojica. Después su familia salió
desplazada por temor.
Quienes perpetraron este hecho, fueron reconocidos como integrantes del
frente Fronteras, que cumplían órdenes de su comandante.
4.4.31. Caso No. 31: Inicialmente se le formula el cargo en calidad de coautor
impropio, pero el fiscal hizo la variación y lo atribuyó en calidad de autor
mediato de los punibles de homicidio en persona protegida, actos de
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
El 31 de octubre de 2003, cumpliendo la orden dada por alias “Camilo”, el
comandante del bloque Catatumbo alias “el igüano”, envió personas bajo su
4. fue acusado JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA. República de Colombia Rad. Quienes participaron fueron individualizados como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo. Es de aclarar que inicialmente la fiscalía imputó estos hechos a título de coautor impropio. Luego de este hecho su familia tuvo que salir de la Ciudad y radicarse en Bogotá. Ana María Flores. esposo de la entonces directora seccional de fiscalías de Cúcuta y colaboradora de las autodefensas. Los autores y partícipes fueron reconocidos como integrantes del frente Fronteras bajo el mando de alias “el igüano”“. LAVERDE ZAPATA aceptó los cargos ante el magistrado de control de garantías. Como hipótesis que está siendo investigada por la justicia permanente. cumpliendo órdenes impartidas por los comandantes 29 .4. para hacerle un favor o cumplir con la solicitud que hiciera el entonces candidato a la alcaldía de esa ciudad. señalando además que fueron cometidos por personal bajo su mando. Caso No. luego de ser señalado de ser simpatizante de la guerrilla porque defendía personas acusadas del delito de rebelión. Al inicio de la audiencia de legalización de cargos. el postulado ratificó su aceptación de manera libre. comandante del bloque Catatumbo. que cumplían órdenes de alias “el igüano”. Núm.32. En la audiencia de formulación de imputación. 32: Como autor mediato de homicidio agravado. El 6 de octubre de 2003 fue asesinado el doctor Alfredo Enrique Flores Ramírez. actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. está que la orden la dio alias “Camilo”. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia mando hasta la residencia del abogado Jairo Ernesto Obregón Sabogal en Cúcuta y lo ultimaron con disparos de arma de fuego. expresa y voluntaria. (Sic) (Páginas 34 a 60). Ramiro Suárez.
Mediante resolución 091 de 2004. se desmovilizó el 18 de enero de 2005. y considerando que se encontraban dadas las condiciones para ello. a. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia paramilitares Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez. el señor Presidente de la República y sus Ministros del Interior y de Justicia y de Defensa Nacional. Núm. República de Colombia Rad. organización a la que perteneció desde el año de 1996. era uno de los comandantes de frente de las autodefensas unidas de Colombia “A.C.U. prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002. declararon “abierto el proceso de diálogo. AUC de que trata el artículo 3 de la Ley 782 de 2002”. 2.”. página 60). “a. ANTECEDENTES 1. En desarrollo del proceso bajo la filosofía del proceso de justicia transicional regulado en la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005 y normas concordantes). pedro fronteras”). en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 418 de 1997. sebastián”. JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA. negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia. en audiencia preliminar de formulación de 30 . (alias “el iguano”. fue postulado por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios de la ley de Justicia y Paz. (ib.
Págs. y exacción o contribuciones arbitrarias –artículo 163 ley 599 de 2000– de donde se deduce que la atribución se hizo por crímenes de guerra en lo que tiene que ver con las conductas ejecutadas con posterioridad a julio de 2001 (fecha en que entró en vigencia la ley 599 de 2000) y las víctimas fueron acusadas de ser guerrilleros o auxiliadores de éstos.daño en bien ajeno –artículo 265 ley 599 de 2000-. República de Colombia Rad. 2El escrito de sustentación y desarrollo de la audiencia de formulación de cargos se presentó el 13 de marzo de 2009 (Cfr. terrorismo –artículo 343 ley 599 de 2000 (por favorabilidad). fabricación y tráfico de armas y municiones de defensa personal-. tortura en persona protegida –artículo 137 ley 599 de 2000-. aclarando que con relación a esta última categoría. la fiscalía se refirió a ellos como delitos de lesa humanidad” (id. toma de rehenes –artículo 148 ley 599 de 2000-. 7 y 8 artículos 103 y 104 de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad). 170 homicidios agrupados en 32 hechos.)2. actos de terrorismo –artículo 144 ley 599 de 2000-. homicidios en persona protegida – artículo 135 ley 599 de 2000 –. los días 15 al 17 de abril de 2009 (Folios 183 – 186 / cuaderno de la Fiscalía). la Fiscalía Octava Delegada ante la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz formuló al postulado cargos por: “Concierto para delinquir agravado. e ilícitos comunes si se realizaron antes de esa fecha. 69 y 70 ib. fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia cargos del 15 de abril de 2009. Núm. 31 . Actos de Barbarie –artículo 145 ley 599 de 2000-. en respeto al principio de legalidad estricto. tipificados como homicidios agravados por los numerales 4. desplazamiento forzado –artículo 159 ley 599 de 2000. además que la motivación para las masacres fue “limpieza social”. folios 19 – 146 / cuaderno de la Fiscalía). la audiencia preliminar de formulación de cargos se realizó ante el Magistrado de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.
a. “a. con aproximadamente 8 969 víctimas” (página 4 del escrito que contiene la audiencia de control de legalidad de los cargos. 21 al 24 de julio. sebastián”. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia En esa audiencia de formulación de cargos. durante los días 17 al 19 de junio.978 hechos delictivos. participó dentro de una extensa y dinámica actividad armada al margen de la ley… “tanto así que la Fiscalía. la fiscalía hizo notar que tales hechos delictivos no son los únicos por los que debe responder el procesado. 10 de agosto. 3. del 7 de diciembre de 2009). Núm. correspondientes a 2. 1° de septiembre de 2009 y 7 de diciembre de 2009. República de Colombia Rad. toda vez que forman parte de una multiplicidad de casos. expuso que se encuentran registrados 5. la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz verificó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA. alias “el iguano”. en desarrollo de la audiencia de control formal y material de cargos. en ésta. desmovilizado del frente “fronteras” del bloque 32 . La audiencia de control de legalidad formal y material de los cargos (legalización de cargos) ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá se realizó en diferentes sesiones. 3 al 6.153 casos. pedro fronteras”. porque en su condición de comandante de frente o bloque del grupo ilegal de autodefensas unidas de Colombia.
La Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz no impartió legalidad (no legalizó) a la imputación por la conducta de toma de 33 . que las víctimas fueron acusadas de ser guerrilleros o auxiliadores. folios 65 – 69 ib.) La Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz hizo notar que las 170 muertes parcialmente imputadas a alias “el iguano” demuestran que esos crímenes obedecieron a un ataque generalizado contra gran número de personas ajenas al conflicto armado que se vivió y aún se vive en la región del Catatumbo. de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la ley 975 de 2004 (cfr.”. páginas 75 .C. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia “Catatumbo” de las autodefensas unidas de Colombia “A.la de aterrorizar a la población civil. no obstante la condición de no combatientes que tenían las víctimas. consumidores o expendedores de drogas alucinógenas. desarrollo de un plan establecido con anterioridad por la comandancia general de las autodefensas. Núm. (ib. delincuentes. o sacrificadas simplemente por considerarlas perjudiciales para el entorno social (prostitutas. República de Colombia Rad. plan que tuvo –entre otras finalidades.77). en suma.U. etc.).
define esta conducta así: “toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el rehén”) o la detenga. fueron legalizados por encontrar cumplidas las exigencias de carácter formal y material (folios 15 – 120 / cuaderno número 2 del juicio). acto seguido se apoderaron de los vehículos que estas dos personas conducían. luego abandonaron los automotores y dejaron libres a los retenidos. y amenace con matarla.A. a llevar a cabo una acción u omisión como condición expresa o tácita para mantener la seguridad e integridad física de la víctima o para obtener su liberación. o una persona natural o jurídica. no es de recibo para la Sala:El artículo 1º de la Convención Internacional contra la toma de rehenes. 2) el autor debe amenazar con matar a la víctima. se tiene que varios integrantes del frente fronteras retuvieron a dos conductores de camiones de la empresa de aseo “Preactiva oriente S.” Como elementos de este crimen se puede distinguir 1) que el autor se apodere de una o más personas y las retenga como prisioneras o de otro modo como rehenes.”. Los demás cargos formulados por las conductas referidas en cada uno de los hechos relacionados y aceptados por el acusado. Núm. República de Colombia Rad. 4) como elemento subjetivo especial. una organización internacional. herirla o mantenerla prisionera. Frente al caso puesto a consideración. 3) En lo subjetivo es exigible el dolo sobre los elementos objetivos y. porque encontró que no se configuraban a cabalidad los elementos normativos del tipo3. un Estado una organización internacional intergubernamental. a saber. 34 . se trasladaron hasta el lugar donde dieron muerte a sus objetivos. los amordazaron y les advirtieron que no hicieran nada o de lo contrario los asesinaban. 3“El delito de “toma de rehenes” imputado en el caso 21. la intención del autor de obligar a un Estado. un grupo de personas. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia rehenes (caso 21). una persona natural o jurídica o un grupo de personas. herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero. a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente convención. aprobado por la Ley 837 de 10 de julio de 2003 y revisado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-405 de 2004.
República de Colombia Rad. liberaron a los conductores y abandonaron los automotores. esa exigencia no solo mencionada en el artículo 1º de la citada Convención.) 35 . 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia EL RECURSO DE APELACIÓN En audiencia del pasado primero (1º) de marzo de 2010 se llevó a cabo la sustentación de la apelación de la siguiente manera: 1. Núm. Aunque les hicieron amenazas de muerte. que fueron los mismos que retuvieron a los dos conductores. sino igualmente en nuestra legislación interna no aparece en este caso”. es el incumplimiento del presupuesto número cuatro. no exigieron ningún beneficio o concesión por la libertad de los detenidos. éstas obedecieron a que no debían hacer nada que pudiera impedir matar a los hermanos Castro Núñez. pero lo que definitivamente no permite aceptar esta imputación de toma de rehenes. Obsérvese que quienes consumaron los asesinatos a nombre y por decisión de la organización paramilitar. una vez cumplieron con la finalidad pretendida –matar a los hermanos Castro Núñez-. referido al elemento subjetivo especial.. la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz varió la calificación jurídica de los hechos presentados por la fiscalía y aceptados por el procesado: Es innegable que hubo una retención de dos personas. Entonces. En la audiencia de control de legalidad formal y material de los cargos imputados. (Páginas 84 – 86 ib. pero con un fin específico: despojarlos temporalmente de los vehículos para trasladarse hasta el lugar en donde se encontraban las potenciales víctimas. EL FISCAL Fundamentó la impugnación sobre tres temas específicos: 1.1.
República de Colombia Rad. etc.. 19. 26 y 27) la razón de ser de la impugnación obedece a solicitar que se determine que. El Tribunal calificó las conductas (casos 2. cometidos algunos de ellos bajo el marco de crímenes de guerra y otros como delitos de lesa humanidad. 14. 16. que tuvieron por fin acabar con personas de la población civil. expendedores de droga. 36 . 13. comandante del frente “fronteras” que operaba en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. por tener carácter sistemático y generalizado. como lo definió la fiscalía en la audiencia de imputación. 3. 4. 7. En las acciones de limpieza social (casos 5. puesto que el desmovilizado era un combatiente. 18. miembro de un aparato organizado de poder liderado por Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño Gil. Núm. también lo fueron “delitos de lesa humanidad”. además de ser crímenes de guerra. 6) como “homicidios agravados” en respeto del principio de legalidad al tener ocurrencia con anterioridad a la vigencia de la ley 599 de 2000. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Señaló que la Fiscalía imputó 32 hechos delictivos y consideró que las acciones ejecutadas por el procesado lo fueron en el contexto del conflicto armado protagonizado por las autodefensas. 20. 23.
37 . 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Según el impugnante. son en últimas. fuerzas militares. repetitivos. partidistas. se requiere investigar y determinar la responsabilidad penal de los integrantes del aparato organizado de poder en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y de quienes financiaron el mencionado aparato de poder. inhumanos. Los delitos de lesa humanidad ocurrieron por los homicidios sistemáticos (asesinatos) contra la población civil. delitos comunes de máxima gravedad. en el proceso de “limpieza social”. que los caracteriza como crímenes internacionales. raciales. por razones ideológicas. República de Colombia Rad. religiosas o de otra naturaleza. Núm. Es necesario discriminar. es decir el conflicto armado en sí mismo. guerrilla. o de lesa humanidad. investigar y procesar debidamente a los actores del conflicto: Los crímenes de guerra ocurrieron por razón de la lucha entre actores armados: paramilitares. que se ejecutaron de conformidad con una política de la organización. no se puede hablar de manera indiscriminada de crímenes de guerra como lo hace la Sala de conocimiento del Tribunal.
desempleados. 7. para que se mantenga dicha imputación porque se trató del apoderamiento de una o más personas a quienes amenazaron de muerte. En el caso referido con el número veintiuno. 26 y 27 obedecieron a una política de exterminio. números 5. porque tales asesinatos se causaron contra jóvenes (estigmatizados como delincuentes por las autodefensas) vendedores ambulantes. actos de terrorismo. luego de variar la 38 . 14. acciones de limpieza social ejecutadas por el grupo ilegal armado. Núm. son claros ejemplos de delitos de lesa humanidad y ello ha de tenerse en cuenta para efectos de la adecuación típica. tal como lo planteó la Fiscalía en la formulación de la imputación. 13. expendedores de drogas. La imputación fue la siguiente: “Caso 21: Como autor mediato de los punibles de homicidios en persona protegida. afirma el recurrente que sí se tipifica la conducta de toma de rehenes (artículo 148 Ley 599 de 2000) que imputó la Fiscalía. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Los 50 atentados contra la vida señalados en los 11 casos. 16. solicitó revocar en tal sentido la decisión del juez colegiado (de Justicia y Paz) de primera instancia. ladrones. 1.2. 18. 19. prostitutas. 23. en fin. toma de rehenes y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. República de Colombia Rad. 20.
amordazaron a los conductores. despojarlos temporalmente de los vehículos para trasladarse hasta el lugar en 39 . Núm. A. abandonaron los automotores. José Ángel y Anibal Castro Núñez. Por información del comandante del frente Fronteras e investigación de la fiscalía. fue falsa y como represalia contra el informante. Luego de ejecutar esta conducta. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia imputación inicialmente hecha a alias “el igüano” como coautor impropio. se le formularon cargos y se solicita su legalización. ordenaron su muerte. Meses después alias “El igüano” se enteró que la información sobre los presuntos vínculos de estas víctimas con la guerrilla. República de Colombia Rad. se individualizaron a todos los partícipes. miembros del frente Fronteras del bloque Catatumbo siguiendo directrices trazadas por la comandancia de esa organización criminal. señalados de tener vínculos con la subversión. como integrantes del grupo de autodefensas comandado por alias “el igüano”. se apoderan de dos camiones de la empresa de aseo “Proactiva Oriente S. los despojaron de los vehículos y en ellos se trasladaron hasta el barrio La Hermita de Cúcuta. pero con un fin específico. Ese hecho se ejecutó en cumplimiento de las políticas de la organización armada y así lo aceptó el postulado LAVERDE ZAPATA en diligencia de versión libre y confesión.”. La Sala no obstante señalar que es innegable que hubo una retención de dos personas. en cumplimiento de las directrices de la comandancia general de la organización ilegal armada. en donde asesinaron a los hermanos Jesús María. El 23 de julio de 2002.
en el secuestro se hace una exigencia a la víctima de la retención. arguye que no hay toma de rehenes porque se incumplió el presupuesto número cuatro. La toma de rehenes se configura en esos hechos. como allí ocurrió. 40 . en aras de no dejar desprotegidas a las víctimas (a dos de los conductores). referido al elemento subjetivo especial. y una vez cometieron los delitos propuestos (matar a los hermanos Castro Núñez) procedieron a liberar a los conductores de los camiones y abandonaron los automotores. se les hizo una exigencia para proteger su vida y su liberación. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia donde se encontraban las potenciales “víctimas”. porque a ellos les importa proteger su vida. porque quienes consumaron los asesinatos a nombre y por decisión de la organización paramilitar no exigieron beneficio alguno o concesión por la libertad de los conductores detenidos. guardar silencio a cambio de que omitieran cualquier reacción en la ejecución de los crímenes propuestos por el grupo ilegal. como lo hizo notar la Fiscalía. República de Colombia Rad. Núm. La Corte Constitucional condicionó que la exigencia puede hacerse incluso a quien es víctima de la retención.
28 y 30. 10. 6. 11. 26.). República de Colombia Rad. la fiscalía formuló acusación como autor del delito de concierto para delinquir agravado. En relación con el tema de la autoría mediata y la coautoría impropia como formas de participación en la ejecución de los delitos por parte del procesado. coautor impropio en los casos 2. 27. 20. 41 . 29. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 3. es decir. 13. al mando y en el rol de hacer que se cumplieran los propósitos de la organización. 19. 21. 12. 24. 23. Núm. y como autor mediato por dominio de la organización en los casos 5. La imputación se hizo a título de autoría mediata por dominio de la organización porque impartió directrices (art. comunitariamente. 4. 17. 7. intervino directamente en la ejecución de los hechos con un rol claramente determinado. 8. al paso que en la segunda modalidad lo hizo con división de trabajo con los miembros de la organización. 29 del C. En la primera clase de intervención participó directamente. 3. en cumplimiento de una política sistemática de la organización comandada por los máximos líderes del aparato organizado de poder autodefensas.P. 14. 31 y 32. 18. 16. 15. es decir. 22. En la última actuó como comandante de frente de una organización ilegal armada. 25. 9.
legalizando imputaciones parciales porque no es viable la acumulación de penas en el proceso. República de Colombia Rad. EL PROCURADOR Disertó sobre el tema de las imputaciones parciales en el proceso de Justicia y Paz. y en este caso la pena alternativa (que va de 5 a 8 años) es el “precio total del edificio de la verdad”. lo que no se puede hacer es “pagar todo el edificio cuando aún no está construido sino el primer nivel”. “El edificio de la verdad” –dijo. sostuvo que es lo propio declarar la nulidad parcial de la actuación a partir –inclusive. no obstante. audiencia que se debe adelantar en múltiples sesiones hasta que se logre obtener la totalidad de las imputaciones. porque estima que en el proceso de justicia y paz no es viable dictar sentencias parciales. Sugirió que se suspenda (que se atrase.“se construye como un todo que es posible recibirlo por partes”. Núm. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Pidió revocar la decisión de la Sala de Justicia y Paz. al imponer 42 . que se difiera) el proceso para “traer los demás cargos” y dictar una única sentencia. luego. 2.del momento en que intervino el procurador en la audiencia de legalización de la imputación.
en relación con el incidente de reparación integral. mientras por otra parte se siga investigando y esperando el esclarecimiento total de la verdad por parte del sometido al proceso de justicia y paz. 43 . para luego verificar si la verdad satisface las aspiraciones de todos los sujetos procesales. República de Colombia Rad. orientada al esclarecimiento total de los hechos jurídicamente relevantes. como si se tratase de una obra terminada. estimó el procurador que las sentencias parciales desconocen el principio de igualdad de las víctimas en un proceso que se funda en la reparación a todas ellas. o sentencias provisionales que desconocen el principio de ejecutoria material de los fallos judiciales y se vería comprometida la posibilidad de impugnar. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia una pena (máxima de ocho años) se estaría pagando la totalidad del precio. Finalmente. La solución que ofreció el impugnante consiste en mantener vigente la formulación parcial de los cargos en una audiencia que debe continuar. habría que “terminar el contrato” en el que ha habido sentencias parciales anticipadas. Núm. Insistió en que no se pueden dictar sentencias parciales. porque si se estableciera en una audiencia posterior que el postulado mintió.
que se trató de hechos indiscriminados cometidos contra personas indefensas por razón de la raza. Núm. En suma. la etnia. que se trató de delitos que revisten el carácter de crímenes contra la humanidad. que sobrepasaron el límite de lo tolerable. ideologías o religiones. o crímenes de lesa humanidad en los que el afectado es todo el género humano. en los que la responsabilidad del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA se vio comprometida en condición de autor mediato (por el dominio o mando) que perteneció a una organización delincuencial bien estructurada. 44 . Apoderado de víctimas (Dr. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia NO RECURRENTES: 1. República de Colombia Rad. Apoyó el reclamo del fiscal en el sentido de que se declare que todos los delitos fueron crímenes de lesa humanidad y algunos de ellos susceptibles de ser calificados como crímenes de guerra. Germán Gustavo Díaz Forero) Hizo notar que los homicidios cometidos en personas protegidas responden a ejecuciones sistemáticas o a escala.
y no dejar que el Estado termine respondiendo patrimonialmente. en aplicación del principio de solidaridad estimó de buen recibo vincular al proceso a los auxiliadores del paramilitarismo (funcionarios públicos. actos cometidos contra la población civil. empresas auxiliadoras que proporcionaron dinero y transporte) porque consideró que son “terceros civilmente responsables” y el delito es un hecho generador de responsabilidad civil de quienes suministraron fondos para el funcionamiento de la organización armada ilegal. personas en manifiesta debilidad. Sostuvo que la legalización de cargos se refirió a conductas contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional. es decir. hechos que van más allá de lo tolerable porque niegan la humanidad. hay que establecer el contexto de los ataques. Núm. Apoderado de víctimas (Dr. en solitario. República de Colombia Rad. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia En relación con la indemnización a las víctimas. 2. que en estos casos fueron “generalizados. Arturo Antonio Mojica). no obstante que la mayoría fueron crímenes de lesa humanidad. que ocurrieron dentro de 45 . dijo. contra la población civil. Para establecer el crimen de lesa humanidad. actos que lesionaron bienes jurídicos de los seres humanos.
sostuvo que fueron hechos cometidos al amparo de una ideología. En ese contexto. en aras de perfeccionar la imputación que ha de legalizarse. de personas de la población civil. El defensor del desmovilizado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA Afirmó que los delitos en los que incurrió su pupilo no son de lesa humanidad. por manera que no son meros homicidios en persona protegida. siendo necesario establecer si hubo crímenes de guerra (cometidos en el marco operativo de acciones militares) y crímenes de lesa humanidad que cobraron la vida de sindicalistas. las víctimas de las acciones del 46 . En el departamento de Norte de Santander. el narcotráfico. los paramilitares. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia un contexto de violencia sistemática”. Núm. República de Colombia Rad. 3. dijo. en desarrollo de una contienda armada con bandas delincuenciales que en el departamento del Norte de Santander se aliaron con narcotraficantes y guerrilleros. la delincuencia común. en un contexto de guerra contra la subversión. se vivía una guerra entre la subversión. siguiendo las directrices de los comandantes.
sino por crímenes de guerra. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia paramilitar desmovilizado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA no lo son por delitos de lesa humanidad. así se consolida la ley de Justicia y Paz. Núm. lo expedito son las sentencias parciales para que las víctimas puedan entrar a hacer sus reclamaciones de manera progresiva. que impartió legalidad a la formulación de cargos. 47 . En relación con la impugnación propuesta por el representante del Ministerio Público. en la medida que se declare la responsabilidad por cada conducta. Ratificó el compromiso de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA en decir la verdad y someterse como desmovilizado en el proceso de la ley 975 hasta las últimas consecuencias. CONSIDERACIONES La competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la Sala de conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. dijo. República de Colombia Rad. es imposible concretar todos los hechos en una sola sentencia. se deriva directamente del artículo 26 de la Ley 975 de 2005.
surge un interrogante sobre el que se fundamentará la respuesta de la Sala a la impugnación que propuso el fiscal: ¿Puede la Sala de Justicia y Paz. República de Colombia Rad. RECURRENTES Respuesta al Fiscal 1. en sede de audiencia de legalización de los cargos. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia La Sala resolverá la impugnación propuesta por el fiscal. teniendo en cuenta que a esa instancia procesal los cargos cuentan con el control del juez de garantías? 48 . En relación con la audiencia de legalización de cargos que formulara la Fiscalía Octava (8ª) de la Unidad de Justicia y Paz contra el desmovilizado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA. Núm. y hará referencia a cada una de las intervenciones de los no recurrentes. que se realizó hasta el pasado siete (7) de diciembre de 2009 ante la Sala de Justicia y Paz con funciones de conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. modificar la formulación que hizo la fiscalía. la presentada por el representante del Ministerio Público.
a través de una valoración jurídica que satisfaga el presupuesto de tipicidad estricta de las conductas punibles. en la que4. Una primera pauta de respuesta la brinda el ESQUEMA PROCESAL de las investigaciones en Justicia y Paz. voluntaria. voluntaria. de ser posible. radicado número 31539. Finalizado ese plazo. o antes. para que de manera espontánea.2.1. y asistido por su defensor. en donde se convocará a audiencia pública para examinar si la aceptación fue libre. concrete la imputación fáctica y precise las categorías de atribución subjetivas cometidas por el desmovilizado. espontánea y asistida por 4 Cfr. referido en el auto del 31 de julio de 2009. el objetivo de la audiencia de formulación de cargos ante la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz es el de examinar que la aceptación de cargos formulados por la fiscalía fue libre. voluntaria.9. 49 . en su condición de militante de una organización ilegal. Auto de segunda instancia 27484 del 8 de junio de 2007. el fiscal solicitará al magistrado de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos. manifieste qué cargos o delitos acepta. espontánea y si contó con asistencia letrada (defensa técnica) ¿o tiene otros propósitos definidos en la ley o en la jurisprudencia? 1. se remitirá la actuación a la secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de conocimiento. libre. en el que la Sala precisó lo siguiente: “2. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Dicho de otra manera. República de Colombia Rad. Si los acepta. Núm.
de justicia y 5 Cfr. 50 . el por qué. conforman la acusación. atendiendo al más alto interés del Estado colombiano en términos de verdad. así como la representación legal de las víctimas y la necesidad de prestarles medidas de protección. Núm. Este primer examen permitiría decir que la audiencia de legalización de cargos ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz no persigue modificar la formulación de cargos. Núm. Sin embargo. Ese escrito de formulación debe cumplir con ciertas exigencias 5 puesto que. En punto del control de legalidad material es necesario constatar los requisitos de elegibilidad del desmovilizado y la ocurrencia de los hechos delictivos durante y con ocasión de la militancia en el grupo armado ilegal. 6En el mismo sentido. junto con el acto procesal de control de legalidad material y formal de la aceptación de cargos por parte de la Sala de conocimiento de Justicia y Paz. auto del 27 de agosto de 2007. …” (destaca la Sala6). rad. espontánea y que contó con asistencia del defensor. y que su único objetivo es el de examinar que la aceptación del postulado fue libre. la verificación de la voluntad del postulado. el magistrado de conocimiento citará para audiencia de sentencia e individualización de pena. Auto de segunda instancia 29560 del 28 de mayo de 2008. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia su defensor. República de Colombia Rad. respecto de la cual se afirma la congruencia con la sentencia. 27873.2. el cómo y el cuándo de cada crimen. de manera razonable. En caso de encontrar reunidas esas condiciones. voluntaria. 1.
desde luego.370 de 2006 51 . que para el efecto es la sala correspondiente del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Lo anterior implica que el juez de conocimiento debe controlar la legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos. Para lo que interesa al análisis adelantado. la aceptación de cargos. Para la Corte reviste particular importancia este control que se asigna al juez de conocimiento. República de Colombia Rad. la Corte Constitucional interpretó los alcances de la intervención de los Magistrados de Conocimiento. voluntaria. es preciso destacar que consagra una especie de control de legalidad sobre la diligencia de aceptación de cargos del desmovilizado que la ley radica en el juez de conocimiento.2. no se limita a verificar que la aceptación de los mismos por parte del postulado es libre. procederá esta autoridad judicial a citar a audiencia para sentencia e individualización de pena. Establece la norma bajo examen que “de hallarse conforme a derecho”.2. la jurisprudencia ha venido dando otros alcances a la audiencia de legalización de cargos en el trámite del proceso de Justicia y Paz: “Cabe recordar que en relación con la audiencia de legalización de los cargos. inciso tercero. No podría argumentarse 7 Sentencia C. el cual debe entenderse como control material de legalidad de la imputación penal que surge a partir de la aceptación de los cargos.9. en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los hechos que obran en el expediente. y en aras de que las decisiones judiciales sean congruentes con los estándares internacionales de Administración de Justicia (ley 975 de 2005). 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia de reparación. sino material y. Esta interpretación es la única que se ajusta a la garantía de efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad. esto dijo la Corte Constitucional7: “2. Respecto del artículo 19. Núm. advirtiendo que el control a realizar sobre los cargos formulados es no sólo formal.3. espontánea y asistido por su defensor.
… De todo lo trascrito en precedencia es posible determinar como inconcuso que ese acto de acusación consagrado en la Ley 975 de 2005.19). las particularidades propias de la forma de justicia transicional que hoy se tabula. Desde luego. aunque la primera tarea se cumpla ante el magistrado de control de garantías. espontaneidad. la tramitación oral que del proceso consagra la Ley 906 de 2004. lo que permite apreciar que la presentación formal del escrito de acusación y su verificación material operan actos subsecuentes e interdependientes. cada diligencia tiene una naturaleza y finalidades distintas que no pueden confundirse. que debe acudirse a lo preceptuado allí. Es que el correcto nomen juris de los hechos constitutivos de infracción penal. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia que el objetivo de ese control es la verificación del cumplimiento de las garantías de libertad. se hace necesario destacar. Núm. aunque. y así lo declarará la Corte en un condicionamiento que a la expresión analizada. voluntariedad y defensa que indiscutiblemente debe rodear el acto de aceptación de cargos por parte del procesado. impongan variar tópicos trascendentes. Se realiza ante el Magistrado de Control de garantías… … 52 . De manera que el único contenido posible atribuible a la expresión “de hallarse conforme a derecho” es el control material sobre la calificación jurídica de los hechos. o cuando menos. se ha entendido en una doble dimensión procesal complementaria. dada su innegable vinculación con la sistemática acusatoria. Adicionalmente este es un aspecto que se encuentra rodeado de las debidas garantías en cuanto la audiencia de aceptación de cargos se surte ante un juez de control de garantías. En este sentido. aunque la norma no haga mayor claridad sobre el tema. a) Audiencia de formulación de cargos. …”. es por remisión directa de la Ley 975 de 2005. República de Colombia Rad. No es así por cuanto para ese específico objetivo el mismo juez de conocimiento ya ha efectuado una audiencia previa. y la segunda en presencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. tal como lo señala la propia disposición (Inciso 3º art. a más de trascendente y fundamental. se integra a los derechos a la verdad y justicia de las víctimas.
República de Colombia Rad. sea en lo que atiende a la concordancia de lo fáctico y lo jurídico. Allí. pues. la diligencia no opera apenas para que se verifique que la aceptación de cargos es libre. en verificación de aspectos ajenos a la materialidad misma de los cargos. Lo anterior. Requisito formal se erige el envío que de lo actuado hace el Magistrado de Control de Garantías. a la Secretaría del Tribunal. voluntaria. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia b) Audiencia de legalización de cargos. particularmente. la decisión que le ponga fin. que se celebrará dentro de los diez días siguientes. sino que demanda la intervención de los magistrados a efectos de realizar control material de los cargos. lo primero que cabe anotar es que la audiencia comporta una diferencia trascendental con el tipo de actuación que realiza el juez de conocimiento en tratándose de la Ley 906 de 2004 y el acto de verificación de la acusación. la aceptación que en la audiencia de formulación de cargos hizo el postulado. vale decir. 53 . espontánea y asistida por el defensor. o en torno de los elementos de juicio que soportan el llamamiento a juicio. se estima que si el juez hace análisis referidos a la concordancia entre los hechos y la adecuación típica. tan pronto acepta los cargos el postulado. Se realiza ante los Magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. la Sala correspondiente debe convocar para la audiencia. Como ya se anotó. sin que sea objeto de discusión. Ya se tiene establecido. que en ese procedimiento la intervención del juez de conocimiento en sede de la audiencia de formulación de acusación se representa eminentemente formal. por la preeminencia que ha buscado darse al principio de imparcialidad. o atinentes a los mínimos elementos de juicio en los cuales puede soportarse la acusación. habrá comprometido anticipadamente su criterio en una especie de prejuzgamiento nocivo que necesariamente irradiaría el desarrollo del juicio y. Tiene como prerrequisito material. de manera integral o parcial. Núm. Sobre el particular.
se instituyó la llamada udienza preliminare. por citar algunos ejemplos. o mejor. con tres opciones: 1. de manera idéntica al “pre tryal” de Norteamérica. Trasladada a nuestro país esa evaluación material. debería entenderse. que un control material permite penetrar a fondo en los hechos y su adecuación típica. dentro del trámite ordinario. al inicio del juicio y. desde luego. que no es otra cosa que el juicio oral. República de Colombia Rad. No confirmar los cargos respecto de los que se determine que las pruebas no son suficientes. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Por contraposición al control simplemente formal que contempla la Ley 906 de 2004. es pertinente advertir que nada obsta el que se trate de una intervención de la misma Sala de Decisión que resolverá el litigio. en estricto sentido. Luego de ello. como sucede en otras legislaciones. O el trámite que se ha instituido en la Corte Penal Internacional. por la potísima razón que. los 8 Artículos 416 al 433 del Código de Procedimiento Penal italiano 54 . 2. en Italia8. lleve a cabo nuevas investigaciones o modifique un cargo en razón a que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto del que es competencia de la Corte. la imparcialidad está salvada porque el funcionario encargado de la valoración material es ajeno a aquel que adelantará ese trámite. que sirve como filtro para evitar acusaciones infundadas. respecto de la audiencia para “confirmar cargos” y “controlar la acusación”. Levantar la audiencia e indicar al fiscal que presente nuevas pruebas. pues. Confirmar los cargos y asignar al acusado una Sala de Primera Instancia. en la que. la filosofía del proceso de justicia y paz se aparta significativamente del principio adversarial que informa el sistema acusatorio. el juez decide si hay o no lugar al dibuttimento. no sobra señalar que en esos casos. Ahora. dentro de otros aspectos. posibilitando el contradictorio por parte del imputado. la evaluación de procedencia de la acusación opera como mecanismo previo. Así. Núm. la acusación. así como auscultar la naturaleza y efectos de los medios de prueba recogidos. 3. se decide sobre el juicio de acusación.
espontánea y con la asesoría del defensor. República de Colombia Rad. Ese sitio. incluidos los magistrados de justicia y paz. se hace necesario habilitar un espacio adecuado para la forzosa controversia y discusión. no puede olvidarse que por ocasión de su naturaleza sui generis. no puede ser otro diferente al de la audiencia de legalización de cargos. aunque. para que no suceda que la construcción de la verdad opere unilateral o ajena a lo realmente ocurrido. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia cargos presentados por la fiscalía no sirven de soporte para el adelantamiento del juicio con las correspondientes audiencias que facultan la presentación de pruebas y alegatos contrarios. Núm. Como precisamente se trata de perfilar la verdad y la justicia a manera de bienes valiosos obligados de ofrecer a las víctimas. voluntaria. en el cual las víctimas puedan ser escuchadas y se les permita abonar desde su conocimiento esa verdad. ello no comporta que los demás intervinientes. ni un juicio oral y público en el que se presenten las pruebas de las partes y se controviertan los argumentos contrarios. tomando como base lo confesado por el postulado y la consecuente investigación adelantada por la fiscalía. Y esa construcción debe realizarse en la audiencia de legalización de cargos. es lo cierto que los hechos deben ser construidos entre todos los intervinientes. Entonces. desde luego. en el trámite de justicia y paz no es posible adelantar una audiencia preparatoria. en tanto. se conviertan en convidados de piedra. No. dotados los Magistrados de Conocimiento de las amplias facultades arriba 55 . como ya lo dejó sentado esta Corporación y la Corte Constitucional. Si de entrada se tiene claro que el procedimiento de justicia y paz sólo opera respecto de los cargos aceptados por el postulado de manera libre. evidente surge que la adversarialidad opera en un plano bastante secundario. o que por virtud de una inadecuada delimitación jurídica se aparte de conceptos ineludibles de justicia. debe resaltarse. dígase las víctimas y el Ministerio Público.
gracias a lo consignado en el escrito acusatorio los intervinientes conocen previamente cuáles son los hechos que estima la fiscalía probados y su denominación jurídica. Núm. dentro de su contexto y definiendo en lo posible las circunstancias de tiempo. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia reseñadas cuando se hizo el ejercicio de derecho comparado. el principio de congruencia. se han respetado. como se anotó al momento de examinar la audiencia de formulación de cargos. no sobra recalcar. se repite. pues. República de Colombia Rad. además de esos conceptos valiosos de verdad y justicia. lo que les permitirá acudir a la audiencia de legalización de cargos con argumentos y elementos de juicio que los habilita para controvertir esa manifestación. pues. modo y lugar. no sólo que los estándares mínimos de verdad. en especial las víctimas y el Ministerio Público. aspectos necesarios en aras de respetar. dentro del contexto del grupo armado. Precisamente. que incluye el grado de participación. De esta forma. los magistrados de conocimiento deben hacer un pronunciamiento que confirme lo postulado por la Fiscalía u obligue de ella al correspondiente replanteamiento. de manera que el diligenciamiento sólo puede trascender hacia la audiencia de individualización de pena y sentencia cuando se han satisfecho las exigencias de verdad y justicia que implican relacionar amplia y suficientemente todos y cada uno de los hechos ejecutados. sino que lo definido típicamente se corresponde con la realidad. no puede limitarse a la de simple avalista de los cargos presentados por la fiscalía y aceptados por el postulado. no sólo debe escucharse a los intervinientes. la intervención de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. al fallo 56 . Allí. En ese camino. así como la correcta ubicación típica. sino que es necesario permitirles allegar elementos de juicio que sirvan de contraste a la verdad presentada por la fiscalía. en esa construcción conjunta de la verdad está en la obligación de verificar. luego de contrastar las diferentes ópticas. ya sea por iniciativa propia o en virtud de la controversia que planteen los intervinientes.
huelga resaltar. corresponde a la parte o interviniente. No significa ello que se pretenda cambiar el rol de la fiscalía o se busque reemplazar su función. Núm. o se pretende hallar un mejor encuadramiento legal de lo descubierto. es quien mejor puede reconstruir lo ocurrido y posee los conocimientos suficientes para realizar la correspondiente adecuación típica. dígase víctimas y Ministerio Público. ya en atención a que desplegó los medios adecuados para verificar esos hechos confesados o descubiertos con ocasión de ello. no se trata aquí de que el Fiscal funja dueño de la acusación. pues. pues. constatarán y reconocerán la representación legal de las víctimas y se les interrogará acerca de la necesidad de medidas de protección9. radicado 29. ora porque recibió directamente del postulado su versión. entregar elementos de juicio y argumentos suficientes para el efecto. 9 Ello se anotó en el Auto del 28 de mayo de 2008. sino adecuar uno y otra a la forma de justicia transicional que obliga construir una verdad no solamente formal a partir de la intervención de todos los interesados. no basta la simple controversia teórica o las especulaciones argumentales interesadas que nada aportan a esa que se pretende construcción de la verdad. si lo buscado es introducir nuevas circunstancias o incluso hechos dejados de considerar. Desde luego. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia debe llegarse con absoluta claridad acerca de los hechos y sus efectos jurídicos. la Sala advierte que la dinámica propia de la audiencia de legalización de cargos comprende los siguientes tópicos: i) Los magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. En consecuencia. es necesario precisar que en principio la Fiscalía. el concepto de adversarialidad no signa la especial tramitación. luego de las presentaciones de rigor. se reitera.560 57 . …… Hechas las precisiones pertinentes. República de Colombia Rad. en tanto.
conforme se señala en el Auto del 31 de julio de 2009. dado que ya se supone conocidos con antelación-. verificando que su aceptación haya sido libre. 10 Para el efecto. interrogarán al postulado acerca del conocimiento cabal de todos y cada uno de los cargos que fueron presentados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos –por ello no es necesario que se reiteren uno a uno. esa modificación debe ser objeto de nueva aceptación por parte del postulado.539. en la cual es necesario verificar las notas de libertad. para que ésta decida si efectivamente agrega hechos. si existió algún tipo de modificación respecto de los cargos. v) Tanto si la Fiscalía acepta lo propuesto por las víctimas. si se satisfacen los requisitos de elegibilidad (…) constatará la pertenencia de…. amplia las circunstancias o modifica la forma de imputación o denominación jurídica. voluntad. iv) De los argumentos y elementos de juicio presentados. luego del correspondiente debate. el Ministerio Público o incluso el postulado y su defensa. debe establecer: “si se cumple el presupuesto de verdad en la revelación de los hechos. sino presentar los elementos de juicio en que basan su pretensión. como si se niega a ello.a la organización armada ilegal y. espontánea y asistida por su defensor. de contera. en pronunciamiento de fondo10 que faculta la interposición de los recursos de reposición y apelación. iii) Se concederá la palabra a la representación de las víctimas y al Ministerio Público. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia ii) Seguidamente. se dará traslado a los otros intervinientes y después a la Fiscalía. voluntaria. República de Colombia Rad. la comisión de los hechos delictivos durante y con ocasión de esa militancia” 58 . elimina cargos. el asunto debe ser decidido allí mismo por los Magistrados de Conocimiento. vi) De no interponerse los recursos o una vez resueltos estos. permitiéndoseles no sólo argumentar. Núm. radicado 31. para que hagan sus manifestaciones en torno de los cargos aceptados por el postulado. espontaneidad y asistencia letrada.
Auto del 21 de septiembre de 2009.560 12CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 59 . se acumulen definitivamente al proceso de Justicia y Paz tramitado dentro de los lineamientos de la Ley 975 de 2005”12. 32022. luego tiene facultad para modificarlos aunque la norma (inciso tercero del artículo 19 de la ley 975 de 2005) no haga un pronunciamiento claro al respecto. para lo cual se torna indispensable declarar judicialmente la militancia del procesado en la organización armada ilegal11. Núm. la respuesta clara al interrogante propuesto es que la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz en sede de audiencia de legalización de cargos ejerce un control formal y material a la imputación propuesta por la fiscalía. República de Colombia Rad. rad. viii) Por último. 11 Acorde con lo señalado en el Auto del 28 de mayo de 2008. y no obstante las críticas que puedan surgir contra la eficacia de la Ley de Justicia y Paz. Desde esta perspectiva. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia vii) Si el postulado no acepta uno o varios de los cargos modificados. Núm. la Sala de Decisión decreta la legalidad de los cargos finalmente aceptados por el postulado. radicado 29. la Sala de Decisión de Justicia y Paz debe disponer la ruptura de la unidad del proceso para que la justicia ordinaria adelante la correspondiente investigación. y a renglón seguido dispone que las actuaciones procesales ordinarias adelantadas en contra del desmovilizado y que se hallan suspendidas.
33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Y sobre los cargos CORREGIDOS POR LA SALA en ejercicio de este control material / formal. Aunque la audiencia de formulación de cargos ante el magistrado de control de garantías es un acto complejo de revisión de la acusación (fáctica y jurídica. formal y material). 1. 2) “la imputación fáctica”. libre. espontánea y con asistencia letrada.3. habrá que decir que NO ES SUFICIENTE y que para formalizar la acusación se requiere del control formal y material ante la Sala del Tribunal de Justicia y Paz. en el acto de formulación de cargos (audiencia de formulación de cargos) el magistrado con funciones de control de garantías realiza la valoración jurídica en el proceso de justicia y paz y verifica que se satisficieron de manera razonable… 1) “el presupuesto de tipicidad estricta de las conductas punibles”. en aras del alto interés del Estado en 60 . la verdad es que a tenor de las dos corrientes de pensamiento referenciadas. la audiencia para realizar la imputación es un acto puro de comunicación de la fiscalía al desmovilizado sobre los hechos jurídicamente relevantes que se investigan en su contra. En resumen. República de Colombia Rad. el procesado deberá manifestar su aceptación voluntaria. Núm. y se precisaron… 3) “las categorías de atribución subjetivas cometidas por el desmovilizado”.
República de Colombia Rad. como presupuesto para citar a la audiencia de sentencia e individualización de la pena. Ello sin perjuicio de que. que satisfaga los estándares internacionales de la Administración de Justicia: 1.4. de esta providencia. de conformidad con el criterio expuesto en el numeral 1. Núm. en sede de sentencia (ya de primera.2. De forma preliminar entonces: los cargos (imputación fáctica. Sobre este presupuesto. imputación jurídica y formas de participación) SE MANTENDRÁN “con las modificaciones que realizó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”. justicia y reparación. la Sala resuelve las demás críticas que formula el Fiscal: 61 . 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia términos de verdad. ora de segunda instancia si fuere impugnado el fallo) se resuelva de manera definitiva y con autoridad de cosa juzgada sobre la responsabilidad de LAVERDE ZAPATA en cada uno de los hechos atribuidos por la fiscalía y libremente aceptados por el postulado con la asistencia del defensor técnico.
33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 2. comandante de frente del grupo ilegal de las autodefensas. El impugnante recordó que los cargos se fundamentan en un total de 32 hechos delictivos que reseñó. o bien el juez del conocimiento en cualquier oportunidad. y que es preciso que el Tribunal (en sede de audiencia de legalización de cargos) clarifique –como lo hiciera la fiscalía en sede de formulación de cargos. Núm.cuáles actos deben ser calificados como homicidios agravados en persona protegida. a instancia del Ministerio Público o por petición de un ciudadano. La declaración de crimen de guerra o crimen de lesa humanidad es un acto de connotación judicial (léase de autoridad judicial) que bien puede hacerlo el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que cumple el papel de acusador. y sostuvo que las acciones ejecutadas por el procesado lo fueron en el marco del conflicto armado protagonizado por las autodefensas. miembro de un aparato organizado de poder o aparato de guerra. cometidos algunos de ellos bajo el esquema de crímenes de guerra y otros como crímenes de lesa humanidad puesto que el desmovilizado era un combatiente. República de Colombia Rad. cuáles deben ser calificados como crímenes de guerra y cuáles deben ser tenidos como delitos de lesa humanidad. Dígase además que los delitos de lesa humanidad repudian figuras tales como las leyes de 62 .
que revisten las características de ser conductas sistemáticas. 23.. esto es. 14. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia punto final13. 13. los homicidios agravados y en persona protegida en los que incurrió el acusado directamente o por intermedio del aparato organizado de poder (autodefensas). expendedores de droga. 63 . ciertamente que deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad. 13 Recuérdese lo ocurrido en Argentina con las leyes de punto final que favorecían a los militares por violaciones graves de derechos humanos 14CORTE CONSTITUCIONAL. el concierto para delinquir. que tuvieron por fin acabar con personas de la población civil. todo tipo de normas que atenten contra los derechos de las víctimas a tener un recurso efectivo que les permita conocer la verdad14. 18. De esa misma calificación participa el caso número uno (1) que recoge el delito matriz. mal llamadas acciones de “limpieza social”. y en general. Núm. 16. generalizadas. República de Colombia Rad. referidos por el fiscal en los casos 5. 19. 26 y 27. 7 . 20. amnistías y autoamnistías. causados en once “acciones de limpieza social” (típicos asesinatos) de que tratan los 50 atentados contra la vida. como lo definió la fiscalía en la audiencia de imputación. conforme a las orientaciones de la jurisprudencia de esta Sala. sentencia C-580 de 2002. etc. En suma.
Igualmente. fuerzas militares. Núm. guerrilla. radica en saber que tales comportamientos son trascendentes (por la magnitud del daño. que se caracterizan –como bien lo señaló el recurrente. En relación con la connotación genérica de “crímenes de guerra”. que ofenden la dignidad inherente al ser humano y que tienen varias características específicas. de la afectación social).por ser la consecuencia obligada de la lucha entre actores armados: paramilitares. sea o no órgano o agente del Estado. es decir el conflicto 15CORTE CONSTITUCIONAL. sentencia a sentencia C-370 de 2006. Son imputables al individuo que los comete. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia La importancia de declarar los actos de la naturaleza cometidos por “a. no le exime de responsabilidad. A las personas responsables ó sospechosas de haber cometido un crimen contra la humanidad no se le puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio”15. que no se puede invocar el principio de la obediencia debida para eludir el castigo de estos crímenes. Tampoco. puede ser eximido de responsabilidad penal por el hecho de haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico: esto significa. el iguano” como crímenes de lesa humanidad. toda persona que comete un acto de esta naturaleza "es responsable internacional del mismo y está sujeta a sanción". 64 . entre ellas: “Son crímenes imprescriptibles. República de Colombia Rad. Conforme a los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. el hecho de que el individuo haya actuado como jefe de Estado o como autoridad del Estado.
10. 22. 4 y 6 sucedidos antes de entrar en vigencia la ley 599 de 2000 no resisten el calificativo de crímenes de guerra y sí el de homicidios agravados en virtud del principio de legalidad estricta. siguiendo las directrices de los comandantes del grupo de autodefensas”. 30. República de Colombia Rad. 29. Desde este punto de vista. 3. 15. 9. los hechos referidos en los casos 2. 21. En relación con la retención de dos conductores. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia armado en sí mismo. 17. en el que la Fiscalía formuló cargos por el tipo de toma de rehenes (artículo 148 ley 599 de 65 . porque se cometieron “al amparo de una ideología. 28. 3. 25. en cambio. sí admiten la definición de crimen de guerra –como lo reclamó el fiscal impugnante. no resulta aceptable sostener que todos los hechos referidos y aceptados por el desmovilizado admitan el calificativo genérico de crímenes de guerra. Núm. 31 y 32.los casos referidos con los números 8. 11. en un contexto de hostilidades contra la subversión. en el caso referido con el número veintiuno. y sobre todo “en desarrollo de una contienda armada con bandas delincuenciales aliadas con narcotraficantes y guerrilleros”: Así. pues fueron hechos sucedidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Penal (25 de julio de 2001). 12. 24.
y si bien es cierto que discrepó de la conducta formulada. conducta que no encontró asimilable al tipo de “toma de rehenes” imputado por la fiscalía en el caso 21 (conc. Núm. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 2000) y el juez colegiado (Sala de Justicia y Paz) excluyó esa calificación.. ni la definió como atípica si esa fuere la conclusión del caso para precluir la investigación por esa vía. etc. se tiene: En consonancia con la aceptación expresa del procesado. El debate se centra en relación con la adecuación típica de la privación temporal de la libertad de la que fueron víctimas los dos conductores de los camiones. la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz refiere que miembros del “frente fronteras” comandado por el desmovilizado. articulo 148 de la ley 599 de 2000). República de Colombia Rad. 66 . ningún pronunciamiento hizo en relación con la tipicidad que legalmente corresponde a los hechos. para trasladarse a otro lugar en el que ejecutaron tres homicidios. se apoderaron de dos camiones de la empresa y amordazaron a sus conductores.
porque encontró que la calificación del fiscal compromete el principio de tipicidad estricta. “Estado. la acusación por esa conducta debe mantenerse. al no identificar con claridad el elemento normativo (cfr. supra. nota 3). a quienes el grupo de autodefensa advirtiera que no opusieran resistencia a la acción ilegal “a cambio de salvar sus vidas” mientras se transportaban hasta el lugar donde ocasionaron la muerte de tres personas para. Sin embargo. República de Colombia Rad. como no se presentó la obligación a un tercero. Según el impugnante. el Tribunal excluyó el tipo de toma de rehenes. se trata de un típico caso de toma de rehenes y por ello. dejarlos en libertad (caso 21). y tal referencia fáctica fue aceptada por el postulado. 67 . organización internacional intergubernamental. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Para la Sala de conocimiento de Justicia y Paz existió la mordaza a los dos conductores. Núm. finalmente. persona natural o jurídica o un grupo de personas” ni alguna exigencia como condición para la liberación. La fiscalía insistió por su parte en el apoderamiento transitorio de los dos camiones de la empresa transportadora y de sus conductores.
Sin lugar a equívocos. una persona natural o jurídica o un grupo de personas. por cuanto allí no se presentó la finalidad de obligar a un tercero. agravado en la medida en que se sometió a la víctima a tortura física o moral porque “los amordazaron y les advirtieron que no hicieran nada o de lo contrario los asesinaban” (num. 2) y porque se cometió con fines 68 . Por manera que el principio de tipicidad expresa se ve comprometido en la imputación que realizó el fiscal (artículo 148). en tanto medió aceptación libre del postulado. la fabricación tráfico y porte de armas y municiones a título de autor mediato (así lo modificó el Tribunal). a ejecutar acción alguna como condición explícita o implícita para la liberación del rehén. tales cargos SE MANTIENEN. actos de terrorismo. supra. Núm. a saber. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia La Sala responde: Como no existe controversia en relación con la acusación por tres homicidios en personas protegidas. La Sala comparte la crítica del Tribunal a la adecuación típica de tal conducta como toma de rehenes (cfr. República de Colombia Rad. la retención de los dos conductores de los camiones fue un secuestro (doble). nota 3). al Estado a una organización internacional intergubernamental.
tal como se dijo por el postulado. con el artículo 170 num. diferirse. así como las del 69 . en los siguientes términos: “Es indudable que lo ideal es conseguir una imputación completa por todos los delitos asumidos por el postulado en su versión. en la medida que ello permite a los funcionarios judiciales una visión general de sus conductas. Núm.P. núm. porque en su sentir la audiencia debe suspenderse. 7) propios de la actividad del frente armado que ejecutó la conducta y que comandaba a.. El tema de la posibilidad de realizar imputaciones parciales lo refirió la Sala en decisión unánime del pasado 14 de diciembre de 2009 (rad. 32575). Respuesta al Procurador La inquietud del representante de la sociedad se contrae a discrepar de la legalización de cargos (léase parcial). 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia terroristas (num. la que debe entenderse aceptada. hasta que se logre esclarecer la totalidad de hechos delictivos en los que se vea comprometida la conducta del procesado. el iguano. 2 y 7 del C. siempre que se consiga su documentación y acreditación suficientes. 4. República de Colombia Rad. La adecuación típica correcta es el artículo 168. conc.
Y de otra. se trata de una imputación que se erige en supuesto para ser sujeto pasivo del ius puniendi en las condiciones regladas en la citada legislación. desde luego. argumentos de razón práctica permiten concluir sin mayor dificultad que ello no es posible en todos los casos. es cierto que en circunstancias ideales sería imprescindible que a cada postulado le fuera imputada. cuando no aterradoras para los testigos sobrevivientes. aspectos fácticos que efectivamente ocurrieron y que como tales. de una parte. en el corregimiento. en la noche. que si el tratamiento punitivo benévolo consagrado en la Ley 975 de 2005 obedece a la vinculación del postulado con una organización armada al margen de la ley. la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional. son condignos de las sanciones regladas en la Ley de justicia y paz. permitan develar ante las víctimas. no obstante. siempre que se incluya el delito base de concierto para delinquir. es decir. De todas maneras. en circunstancias de suyo oprobiosas para las víctimas. reconocidos o asumidos como propios por sus autores o partícipes. República de Colombia Rad. Núm. en la vereda. resulta imprescindible que le sea formulado el cargo por el delito de concierto para delinquir. en lugares despoblados. pues las peculiaridades de cada uno de esos comportamientos. es necesario señalar que el éxito de todo este proceso cobra sentido en la medida en que se avance en la verificación parcial o total de actos que. 70 . en ocasiones cometidos en escalada. dificultan la reconstrucción de la verdad procesal. se le formularan cargos y se lo condenara por la totalidad de comportamientos delictivos. otras en la manigua. … Como viene de verse. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia grupo armado ilegal al cual pertenecía. pues no de otra manera tiene la condición de acceder a dicho trámite especial. es claro que la Sala en la referida decisión fue en clara en señalar.
Por dicha razón. en la medida que constituyen un avance en esa reconstrucción conjunta de un cruento cuadro histórico de la realidad colombiana. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Es por ello. y siguiendo lo que ya antes de la decisión del postulado Wilson Salazar Carrascal se dijo. La anterior decisión consulta. supuesto del tratamiento benéfico del cual se harán acreedores quienes se sometan a la Ley 975 de 2005. las imputaciones parciales son de recibo. En tal sentido. decida entregarse individualmente. que permitir la formulación de acusación parcial no excluye la ulterior inclusión de nuevos comportamientos. condición para acceder a este instituto 71 . En segundo término se tiene. pues de exigirse la acreditación total de todos los comportamientos. República de Colombia Rad. la necesidad de avanzar en cada uno de los procesos. se harían casi que nugatorios los fines esenciales de la Ley de justicia y paz. en primer lugar. siempre que. desde luego. enmarcada en un contexto de justicia transicional propia de aquellos momentos en los que los Estados deben definir prácticas judiciales y de punibilidad propicias para lograr la reconciliación y continuar hacia delante en procura de caminos más prósperos para generaciones futuras. sin olvidar que el acceso a este procedimiento especial supone como condición necesaria la imputación por el delito de concierto para delinquir como punible base y condición. mientras el grupo que creó y comandó sigue operando como si nada hubiera pasado. se incluya como delito base. como ya se advirtió. se reitera. que la Sala considera que en casos como el de la especie. se dijo que lo mínimo esperado de los miembros de grupos armados ilegales es que no cambien su rutina y desmovilicen el grupo que organizaron durante tantos años. en la exposición de motivos del proyecto que culminó siendo la Ley 906 de 2004. pese a haber creado poderosas estructuras criminales. en la medida que nada imposibilita la acumulación jurídica de penas regladas por el referido instrumento legislativo especial para quienes actuaron con ocasión de su pertenencia a un grupo armado al margen de la ley. no parece jurídicamente justificable que se confieran tan importantes beneficios a una persona que. Núm.
en cuanto se refiere a lo expuesto en la decisión impugnada. que si bien no todos los atroces casos podrán ser documentados. pues se dispone que se tratarán conforme a la legislación ordinaria. inclusive después de impuesta la correspondiente pena a su autor. En cuarto lugar constata la Sala que sólo en la medida que se acepten las imputaciones parciales se podrá avanzar en un proceso histórico. a la justicia y a la reparación. ni dictar nuevas sentencias contra las mismas personas. 16CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. amén de dosificar las sanciones conforme a las reglas de la acumulación jurídica de penas (artículo 20 de la Ley 975 de 2005)”16. 32575. República de Colombia Rad. rad. de por sí lleno de difíciles averiguaciones y constataciones. En tercer lugar se observa que también la misma Ley 975 de 2005 entrega elementos para resolver los casos ocultados por los postulados. pues ello es consecuencia del derecho de las víctimas a la verdad. que no se aviene con la noción de Estado social y democrático de derecho archivar ciertas diligencias por no hallar pruebas sobre la materialidad y responsabilidad penal. núm. el delito de concierto para delinquir. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia legislativo especial. cuando lo cierto es. 72 . si es preciso seguir en la búsqueda de la verdad de ellos. pues en otro marco no tiene aplicación la benévola pena que para los delitos cometidos con ocasión de la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley ha dispuesto el legislador. Núm. de modo que nada impide ulteriormente formular cargos adicionales. pues ello supondría entronizar en el derecho patrio una especie de principio de oportunidad sin reglamentación alguna. lo cual les implica privarse de los beneficios derivados de la pena alternativa dispuesta en dicha legislación. auto del 14 de diciembre de 2009. … En sexto lugar impera señalar.
Núm. 31539. la formulación de cargos y el fallo”18. auto del 31 de julio de 2009. 5. 73 . y por ello se estimó que esa conducta debe aparecer desde la primera audiencia formulación de imputación. 17CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 23 de septiembre de 2003. no obstante que en el proceso de justicia y paz (y sólo en él). radicado núm. insistiéndose en que el proferimiento de sentencias parciales -en cuanto la necesidad así lo imponga. 17089. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Tales criterios se reiteran -de manera uniforme. la razón de ser de la inclusión de ese delito en la primera imputación obedece a los trazos político criminales del proceso de justicia y paz exclusivamente. la Sala sostuvo que en tratándose de delitos cometidos por organizaciones criminales de la naturaleza de las autodefensas unidas de Colombia… “el delito de concierto para delinquir se perfila en un componente obligado en la formulación de imputación. 18CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Núm.son de carácter excepcional. República de Colombia Rad.en esta nueva oportunidad. rad. En relación con la conducta de concierto para delinquir no sobra precisar que es y sigue siendo una conducta AUTÓNOMA que se verifica con el simple hecho de ponerse de acuerdo para cometer delitos indeterminados17. entre otras.
7. estimó el procurador que las sentencias parciales desconocen el principio de igualdad de las víctimas en un proceso que se funda en la reparación de todas ellas. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 6. En lo relativo al incidente de reparación integral. Según el Procurador si se estableciera en una audiencia posterior que el postulado mintió. cuyo funcionamiento es congruente con el proceso de verdad y justicia al que se contraen los temas de determinación de la responsabilidad penal en casos de imputaciones parciales. 74 . criterio que no puede compartir la Sala bajo el supuesto de que la Ley de Justicia y Paz implementó un programa de reparación colectiva. habría que “terminar el contrato” en el que ha habido sentencias parciales anticipadas. Núm. un fondo común para la reparación de las víctimas. una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que actuará con criterios de “proporcionalidad restaurativa” en la aplicación de los recursos que integran el mencionado fondo. o sentencias provisionales que “desconocen el principio de ejecutoria material de los fallos judiciales” y se vería comprometida la posibilidad de impugnar. República de Colombia Rad.
de definir las eventuales conductas punibles autónomas (falsedades. etc. Sin perjuicio.). simplemente porque la sentencia impone una pena principal y una pena alternativa. justicia y reparación. y el efecto claro estará en la ejecución de la condena principal. 75 . luego si incumple los compromisos adquiridos con la Administración de Justicia. el desmovilizado que incumple conoce que se hará efectiva para él la pena principal cuando se demuestre que quebrantó la confianza del Estado en él y en el éxito del proceso de justicia restaurativa que se funda en los principios de verdad. República de Colombia Rad. asume que no aplica para su caso la pena alternativa. y cobra ejecutoria material en el mismo orden de cualquier sentencia cuando se surtan las notificaciones de ley. además. Es claro que el desmovilizado conoce su papel en el proceso de justicia y paz. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Siendo importante el cuestionamiento del Ministerio Público. NO COMPARTE LA SALA tal postura. siendo ello (la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz) un trámite posterior que NO afecta la ejecutoria material del fallo judicial. Núm. fraude procesal. falsas imputaciones.
(Ver supra. la Sala se remite a la respuesta que dio a la impugnación del fiscal. NO RECURRENTES 1er. en los que está comprometida la responsabilidad del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA. Apoderado de víctimas (Dr. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia Cuando el postulado no dice la verdad. 76 . Respuesta a la impugnación del fiscal). engaña a la Administración de Justicia y la induce en error y por ello asume eventuales consecuencias de orden administrativo y judicial (ver infra num. República de Colombia Rad. Núm. también hizo suya la impugnación en el sentido de que se clarifique la forma de participación del desmovilizado. Sobre estos temas. Germán Gustavo Díaz Forero) Apoyó la impugnación del fiscal en el sentido de que se declare qué delitos fueron crímenes de lesa humanidad y cuáles de ellos susceptibles de ser calificados como crímenes de guerra.4. 8. La impugnación propuesta por el Agente del Ministerio Público no prospera.).
La fuente de financiación del grupo ilegal no siempre fueron los aportes “voluntarios” de las personas. República de Colombia Rad.1. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 8. extorsivo. Núm. comerciantes) en sinnúmero de ocasiones se vieron compelidos a cumplir con un “aporte voluntario” con la connotación de ser mínimo. periódico. Sobre este tema hay que hacer dos salvedades: 8. en aplicación del principio de solidaridad estimó de buen recibo vincular al proceso a los auxiliadores del paramilitarismo (funcionarios públicos. y que en ámbito de lo razonable tales personas no deben ser tenidas como 77 . y no dejar que el Estado termine respondiendo patrimonialmente. en solitario. En relación con la indemnización a las víctimas. empresas auxiliadoras que proporcionaron dinero y transporte) porque consideró que son “terceros civilmente responsables” y el delito es un hecho generador de responsabilidad civil de quienes suministraron fondos para el funcionamiento de la organización armada ilegal. es bien sabido que la comunidad ajena a los intereses del conflicto armado (campesinos.
era bien conocido que algunos propietarios de trapiches debían aportar una cuota de dinero por cada semana de actividades. les correspondía aportar por cada caja de panela una “contribución por la seguridad” que brindaba el frente paramilitar que operaba en la zona. segundo de la Constitución Política). 8. DIFIERE la Sala de la apreciación del no recurrente en el sentido de que la vinculación de los verdaderos aportantes (brazo financiero de la organización armada) debe ser a título de personas penalmente responsables. “hombres de atrás”. dueños de la molienda. luego habrá que ponderar la situación y los fines del aporte (financiación) en cada caso específico. lo mismo debió suceder con otros productores agropecuarios y ganaderos en otras regiones del país. alcaldes. Por manera que quienes subsidiaron o dispusieron de la función pública (empresarios. fiscales. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia subsidiadores del paramilitarismo porque en realidad eran víctimas19. Núm.2. República de Colombia Rad. verdaderos autores mediatos (autores de escritorio) que mediante la financiación del paramilitarismo (financiación del terrorismo) promovieron con aportes económicos las políticas de abuso para conseguir o para mantener hegemonía. policías. artículo 29 inc. autoridad civil o política en las regiones. y que a los campesinos. Bajo el presupuesto de que la responsabilidad penal es individual (derecho penal de acto. agentes de la 19En la llamada “Hoya del Río Suárez” en el Departamento de Santander. por ejemplo. 78 .
habrán de ser tenidos como verdaderos actores del conflicto. núm. 79 . gobernadores. generales de la fuerza pública. jueces. que no “terceros civilmente responsables” como mal alude el no recurrente20. 32805 del 23 de febrero de 2010. asuntos éstos que difieren ostensiblemente de la responsabilidad 20CORTE SUPRMA DE JUSTICIA. sentencia del 3 de diciembre de 2009. acciones entendidas como crímenes de lesa humanidad por tratarse de actos indiscriminados dirigidos contra la población civil. ib. autoridades políticas etc. rad. La fuente de responsabilidad del tercero civilmente responsable es el delito del autor cuando se tiene el deber civil de responder patrimonialmente como garante de una fuente de riesgo a bienes jurídicos.P. República de Colombia Rad. entre otros posibles. desde luego. núm. 8.3. Núm. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia fuerza pública.) lo hicieron conscientes de que con tales aportes de dinero promocionaron los crímenes del aparato ilegal de poder y con esa conducta cometieron al menos el delito de concierto para delinquir (artículo 340) y – o financiación del terrorismo (artículo 345 del C. 32672. o cuando se tiene el deber de responder por asumir patrimonialmente el riesgo de manera voluntaria en virtud de una relación contractual (llamamiento en garantía). Rad.).
so pena de la revocatoria de los beneficios de la pena alternativa y de ello debe existir plena conciencia por parte de la defensa. ib. no incurrir en más crímenes. República de Colombia Rad. artículos 1 a 11 de la ley 975 de 2005) radica en hacer tales señalamientos precisos. el compromiso del postulado en esa materia (decir la verdad a cambio de acceder a la sustitución de la pena que legalmente corresponda. 8. artículo 12 del Decreto 3391 de 2006). etc. 15.4. Cuando se actúa por fuera de los acuerdos en el programa de justicia transicional el desmovilizado incurre en desacato a los pactos a que se refiere la Ley 975 de 2005. en cuanto el núcleo de este trámite especial versa sobre la confesión plena del desmovilizado. 80 . no sólo en esta actuación sino en todos aquellos procesos que se adelantan en la ley de Justicia y Paz. del coautor impropio y del autor mediato. Como es bien sabido.. razón que amerita que se expidan copias de lo pertinente en orden a que la jurisdicción correspondiente estudie la exclusión del proceso de justicia y paz del líder paramilitar. 17 de la ley 975. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia penal del hombre de atrás. postulado para “contribuir a la consecución de la paz nacional” (artículos 11. Núm.
son actos generalizados que ocurrieron dentro de un contexto de violencia sistemática. Arturo Antonio Mojica). Respuesta a la impugnación del fiscal). se cometen contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional. República de Colombia Rad. Insistió en que es necesario establecer si hubo crímenes de guerra (cometidos en el marco operativo de acciones militares) y crímenes de lesa humanidad que cobraron la vida de sindicalistas. La Sala responde la intervención del no recurrente (apoderado de víctimas) con los mismos argumentos de la contestación que dio al recurso propuesto por el fiscal (ver supra. Apoderado de víctimas (Dr. de personas de la población civil. en aras de perfeccionar la imputación que ha de legalizarse. Núm. recordó el no recurrente. 81 . que van más allá de lo tolerable porque niegan la humanidad. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 2do. Los crímenes de lesa humanidad. son actos que lesionaron bienes jurídicos de los seres humanos. por manera que no son meros homicidios en persona protegida.
los paramilitares. la delincuencia común. República de Colombia Rad. 23. 18. las víctimas de las acciones de LAVERDE ZAPATA fueron crímenes de guerra: La individualización de cada hecho. en un contexto de guerra contra la subversión. porque en la zona se vivía una guerra entre la subversión. 19. siguiendo las directrices de los comandantes en desarrollo de una contienda armada con bandas delincuenciales que en el departamento del Norte de Santander se aliaron con narcotraficantes y guerrilleros. 14. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia El defensor del desmovilizado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA Afirmó que los delitos en los que incurrió sí son crímenes de guerra porque fueron cometidos al amparo de una ideología. 26 y 27 obedecieron a una política de exterminio. 16. sea como crimen de guerra ora como crimen de lesa humanidad es un acto declarativo. 20. 13. fueron declarados como claros ejemplos de delitos de lesa humanidad porque encontró que tales asesinatos se causaron contra jóvenes 82 . el narcotráfico. 7. Baste con referir la declaración hecha por el fiscal en materia de crímenes de lesa humanidad: los 50 atentados contra la vida señalados en los 11 casos números 5. En ese contexto. Núm.
República de Colombia Rad. sentencia a sentencia C-370 de 2006. expendedores de drogas. espontánea. Tales definiciones las dirimirá la sentencia de forma definitiva. desempleados. vendedores ambulantes. fundamento exclusivo de la justicia 21CORTE CONSTITUCIONAL. que contó con la asistencia de defensor letrado y que satisfizo los condicionamientos establecidos en la jurisprudencia en aras de conocer la verdad. sin perjuicio de DECLARAR que la aceptación de responsabilidad que hiciera JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA fue libre. 10. imputables al individuo que libremente los aceptó como actos suyos. 83 . no puede invocar el principio de la obediencia debida para eludir el castigo por esos crímenes y que no se le puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio21. acciones de limpieza social ejecutadas por el grupo ilegal armado y por ello tienen los efectos de ser comportamientos imprescriptibles. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia estigmatizados como delincuentes por las autodefensas. que por tal razón es responsable internacional y está sujeto a sanción por haber actuado como miembro responsable dentro de una organización ilegal de poder (autodefensas) o en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico que no lo exime de responsabilidad. ladrones. en fin. Núm. prostitutas. voluntaria.
Cópiese. República de Colombia Rad.). rad. En mérito de lo expuesto. conc. con la aclaración de que los hechos referidos en el caso número 21 (la retención de dos conductores de camión). 32022). notifíquese y cúmplase. auto del 21 de septiembre de 2009. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 2) DEVOLVER la actuación a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con el fin de que continúe con el trámite previsto en la L 975/05. Núm. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia material (ib. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 2 y 7 del C. RESUELVE 1) CONFIRMAR la decisión impugnada.P. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. hallan adecuación típica en el delito de secuestro agravado (artículo 168. con el artículo 170 num. Núm. 84 .
República de Colombia Rad. Núm. 33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ TERESA RUÍZ NÚÑEZ Secretaria 85 .
33301 JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA Corte Suprema de Justicia 86 . República de Colombia Rad. Núm.
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