Source: http://www2.ati.es/gt/informatica-sociedad/laboral/colmancha.htm
Timestamp: 2020-02-21 23:17:12
Document Index: 197048314

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 22', 'artículo 149', 'artículo 32', 'Artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 42', 'artículo 21', 'artículo 38', 'artículo 36']

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
BOE núm 179, de 28-07-1999 [pág. 28110]
DOCM núm. 40, de 12-06-1999 [pág. 4091]
La Constitución Española reconoce en su artículo 36 la existencia de los Colegios Profesionales, prevé su regulación y la de las profesiones tituladas mediante Ley, e impone que la estructura interna y funcionamiento de los Colegios sean democráticos.
Este precepto constitucional tiene por objeto, como declaró la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 1988 (STC 20/88) "singularizar a los Colegios Profesionales como entes distintos de las asociaciones que, al amparo del artículo 22, puedan libremente crearse, remitiéndose la norma constitucional a la ley, para que ésta regule las peculiaridades propias del régimen jurídico de las organizaciones colegiales, con el mandato de que su estructura interna y funcionamiento habrán de ser democráticos".
El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 5 de agosto de 1983 (STC 76/83) declaró que "corresponde al legislador estatal fijar los principios y reglas básicas a que han de ajustar su organización y competencias las corporaciones de derecho público representativas de intereses profesionales", equiparando por tanto a los colegios profesionales con las Administraciones Públicas, en los aspectos organizativos y competenciales, que determina la aplicación a los mismos del artículo 149.1.18ª de la Constitución.
En consecuencia, hasta el momento, la regulación de los colegios profesionales en el ámbito de la Comunidad de Castilla-La Mancha se encuentra recogida únicamente en la legislación básica del Estado, esto es, la ley 2/1974 de Colegios Profesionales, de 13 de febrero, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, y más recientemente por la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras del Suelo y Colegios Profesionales.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 32.5ª, atribuye a la misma la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, y del ejercicio de las profesiones tituladas. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe continuar con el proceso de asunción plena de las competencias que le corresponden, con la finalidad de que a través de una norma con rango de ley que regule los Colegios Profesionales, se acerque a nuestros ciudadanos la resolución de aquellas cuestiones que convengan a sus respectivos intereses.
La presente Ley, por razones de técnica normativa, huye -en lo posible- de reproducir en su articulado las normas básicas del Estado, centrándose en la regulación de las especificidades y singularidades que deben conformar su organización y funcionamiento en la Región.
2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio del máximo respeto a la
autonomía de los Colegios Profesionales y Consejos de Colegios en la defensa de los intereses de sus respectivos colegiados, garantizará el carácter democrático de su estructura interna y de su régimen de funcionamiento.
1. Los Colegios Profesionales y, en su caso, los Consejos de Colegios de Castilla-La Mancha, ejercerán, además de sus funciones propias, las funciones administrativas que se les atribuyan en la legislación básica del Estado, en la presente Ley, y en las normas que la desarrollen. 2. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá encomendar a los Colegios Profesionales el ejercicio de funciones administrativas relacionadas con los respectivos colegiados, previa audiencia de los Colegios o Consejos afectados.
1.Tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio Profesional correspondiente quienes posean la titulación adecuada, o reúnan las condiciones determinadas al efecto en las leyes, en los términos que establezcan los respectivos Estatutos, y lo soliciten expresamente.
Los profesionales titulados vinculados con las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral, no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas, ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquéllas, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración. Sí será obligatoria, en consecuencia, la colegiación cuando los destinatarios inmediatos del acto profesional sean los ciudadanos o el personal al servicio de la Administración.
3. El ámbito territorial mínimo de los Colegios Profesionales será el de una de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma. 4. Mediante ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, y con respeto a la legislación básica estatal, podrán crearse en el ámbito de la Comunidad castellano-manchega Colegios Profesionales por segregación de otros.
Artículo 12. Los Colegios Profesionales creados por Ley de Las Cortes de Castilla-La Mancha adquirirán personalidad jurídica desde la entrada en vigor de la norma que los haya creado.
o) Proponer a los colegiados, a instancia de la autoridad judicial, en cualquier Juzgado o Tribunal para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, así como emitir informes y dictámenes, siempre que sean requeridos para ello.
p) Asumir, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las Administraciones Públicas, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares.
q) Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autónoma en la elaboración de los planes de estudios, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecer la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos colegiados.
r) Ejercer las funciones que les sean atribuidas por la legislación básica del Estado, por la presente ley o por otras normas de rango legal o reglamentario, y aquellas que les hayan sido encomendadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o que hayan sido objeto de convenio de colaboración con la misma.
s) Cualquier otra que fomente el adecuado desenvolvimiento de la profesión.
d) Tipificación de las infracciones y sanciones en que puedan incurrir los colegiados. Régimen
1. Tanto los Colegios Profesionales como los Consejos de Colegios comunicarán a la Consejería competente por razón de la materia los Estatutos y sus modificaciones para su control de legalidad dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su aprobación. Posteriormente serán inscritos en el Registro regulado en el artículo 36 de esta ley y publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De los actos y resoluciones adoptados por los Colegios Profesionales en el ejercicio de sus funciones responderán patrimonialmente los mismos frente a los terceros perjudicados, salvo cuando actúen en uso regular de facultades encomendadas por la Administración, en cuyo caso responderá ésta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
5. El plazo para la tramitación del procedimiento administrativo para la creación de un Consejo de Colegios no podrá ser superior a seis meses, siendo positivo el sentido del silencio, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común sobre la obligación de resolver expresamente.
ll) Informar las disposiciones de carácter general mencionadas en el artículo 21 d) de esta Ley.
PROFESIONALES DE CASTILLA-LA MANCHA
2. El Registro estará dividido en dos secciones, que se denominarán: "De los Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha" y "De los Consejos de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha"
SEGUNDA. Los recursos interpuestos contra actos y resoluciones de los Colegios Profesionales con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley seguirán tramitándose con arreglo a la normativa vigente en el momento de la interposición.
TERCERA. Los datos mencionados en el artículo 38 de esta Ley se comunicarán por los Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales en el plazo de un año contados desde la entrada en vigor del Reglamento previsto en el apartado 3 del artículo 36 de la misma.