Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2019/10/07/el-concurso-de-acreedores/
Timestamp: 2020-01-21 08:41:57
Document Index: 117316285

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 47', 'artículo 52', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 33']

El concurso de acreedores. – El blog del abogado blog
07/10/2019 Alberto Infante Caballero
1.- El concurso de acreedores. La Ley 22/2003, de 9 de julio; la reforma del Derecho Concursal.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, persigue satisfacer una aspiración profunda y largamente sentida en el Derecho patrimonial español: la reforma de la legislación concursal. En efecto, la anterior legislación adolecía de graves defectos, como el arcaísmo.
Con el nuevo texto aspira el legislador a corregir las anteriores deficiencias, destacando estos rasgos:
La ley opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema. Por una parte, se regulan en un solo texto legal los aspectos materiales y procesales del concurso, y, de otra, se supera la diversidad de instituciones para comerciantes y no comerciantes.
La unidad de procedimiento impone la de su presupuesto objetivo, identificado con la insolvencia.
La unidad de procedimiento se re refleja en su propia estructura, articulada en una fase común y otra de convenio o liquidación.
Se atenúan los efectos en que la legislación derogada producía la declaración de concurso respecto del deudor.
Se atenúan los efectos que en la legislación derogada producía la declaración de concurso.
En cuanto a los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores, se ordena la paralización de las acciones individuales.
Se simplifica la estructura orgánica del concurso.
La ley concede al deudor la facultad de optar por una solución liquidatoria del concurso, como alternativa a la de convenio, pero también le impone el deber de solicitar la liquidación cuando la vigencia del convenio conozca la imposibilidad de cumplir los rasgos comprometidos y las obligaciones contraídas.
La clasificación del concurso se limita a supuestos concretos: la aprobación de un convenio que resulte especialmente gravoso.
Las causas de conclusión del concurso son de naturaleza muy diversa: revocación del auto de declaración por no resultar ajustado a derecho, cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de los acreedores, etc.
Se regula el incidente concursal, procedimiento especial a través del cual se ventilarán las cuestiones que se susciten durante el concurso.
Finalmente, la ley presta especial atención a las cuestiones que plantea el concurso con elemento extranjero.
2.- Concepto de concurso. Sus clases.
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que se sigue en las situaciones de insolvencia de una persona natural o jurídica y que pretende la consecución de un convenio para la satisfacción de los derechos de los acreedores o la liquidación del patrimonio de aquélla con el mismo fin.
De conformidad con el artículo 22 de la ley concursal, el concurso puede ser voluntario o necesario. Tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas haya sido la del propio deudor; en los demás casos, el concurso se considerará necesario.
No obstante, el concurso de acreedores también tendrá la consideración de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud del deudor, se hubiera presentado y admitido a trámite por cualquier legitimado.
3.- La competencia objetiva y territorial.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley Concursal, son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el Título I del Libro IV de la LEC. También conocerá de las materias del artículo 17.1 de la Ley concursal.
Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que supongan modificar las condiciones establecidas en el convenio colectivo aplicable.
Por suspensión colectiva, añade la Ley Concursal, se entienden las previstas en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado.
Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos que quedan excluidos de su jurisdicción y, en su caso, de acuerdo con el artículo 52, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitrales.
Las acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de los créditos.
Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o, de hecho.
La jurisdicción del juez se extiende a todas cuestiones prejudiciales civiles (salvo las del artículo 8), las administrativas o las sociales directamente relacionadas con el concurso.
3.2.- Competencia territorial.
3.2.1.- Determinación del órgano competente.
Establece la ley concursal para definir la competencia territorial dos reglas fundamentales:
La competencia corresponde al Juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Por centro de intereses principal se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. Los efectos del concurso tendrán alcance universal, comprendiendo todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de España.
En el caso de que el centro de intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en éste un establecimiento, será competente el Juez de lo mercantil en cuyo territorio radique, y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos. Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y materiales. Los efectos de este concurso se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España.
3.2.2. Declinatoria.
El deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial por declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso en el plazo de 10 días desde la publicación en el BOE del extracto de la declaración de concurso.
La interposición de declinatoria no suspenderá el procedimiento concursal. En ningún caso se pronunciará el juez sobre la oposición del concursado sin que previa audiencia del Ministerio Fiscal haya resuelto la cuestión de competencia planteada.
4.- Presupuestos para la declaración de concurso. Requisitos de la solicitud.
4.1. Presupuesto subjetivo.
Dispone la Ley Concursal que la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica. Con ello se supera el anterior sistema dual de defensa de los intereses de los acreedores de un deudor insolvente.
Finalmente, establece la ley que no podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de Derecho público.
4.2. Presupuesto objetivo.
La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común, considerándose que se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
A los efectos de probar la insolvencia para declarar el concurso, la ley distingue en los siguientes términos:
Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resulten bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de estos hechos:
La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten al deudor.
El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: el pago de obligaciones tributarias durante los tres meses anteriores a la solicitud; el pago de las cuotas de Seguridad Social; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo.
El concurso no puede ser declarado de oficio, sino que precisa de una solicitud de personas legitimadas. Sobre este punto dispone el artículo 3 que, para solicitar la declaración de concurso, están legitimados el deudor y cualquiera de los acreedores.
Además, podrá promover la declaración de concurso el mediador concursal cuando se trate de procedimiento regulado en el Título X de la Ley Concursal.
Por excepción a la regla general no estará legitimado el acreedor que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, hubiera adquirido el crédito por actos inter vivos y a título singular.
Cuando se trate de herencia no aceptada pura y simplemente, la legitimación para solicitar la declaración de concurso corresponde a los acreedores del deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia.
4.4. Intervención del Ministerio de Fiscal.
Contempla el artículo 4 de la ley la forma en que debe proceder el Ministerio fiscal cuando, después de incoado el procedimiento penal, surjan indicios de la posible insolvencia de alguno de los presuntos responsables del hecho delictivo, imponiéndose estas dos obligaciones:
Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal y de la existencia de una pluralidad de acreedores, el Ministerio fiscal instará del juez la comunicación de los hechos al Juez de lo Mercantil con competencia territorial.
Asimismo, instará el Ministerio fiscal del juez la comunicación de aquellos hechos a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso.
Por lo demás, la intervención del Ministerio Fiscal se limita a la Sección Sexta, de calificación del concurso, y al trámite de audiencia que se le confiere antes de resolver sobre la cuestión de competencia.
4.5. Solicitud del deudor.
4.5.1 El deber de solicitar la declaración de concurso.
Impone la Ley Concursal al deudor el deber de solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
Salvo prueba en contrario, presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario.
El incumplimiento del deber impuesto por la ley al deudor de solicitar la apertura del concurso provoca un efecto perjudicial para el mismo.
4.5.2. Comunicación de negociaciones y efectos.
Contempla asimismo la Ley la posibilidad de que el deudor ponga en conocimiento del Juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Sin embargo, cuando haya solicitado un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, será el Registrador Mercantil o Notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador que hubiera de comunicar de oficio la apertura de las negociaciones.
Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso.
En este caso, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor.
Sin embargo, de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones no se ordenará la publicación del extracto de resolución.
En cuanto a sus efectos, establece la ley que, desde la presentación de la comunicación no podrá iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, hasta producirse alguna de estas circunstancias:
Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio.
En su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que consideren necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Quedan, en todo caso, excluidos de las anteriores previsiones los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de Derecho público.
Finalmente, transcurridos tres meses de la comunicación del Juzgado, el deudor, haya alcanzado o no un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pago o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada.
4.5.3. Solicitud del deudor: forma.
En el escrito de solicitud de declaración de concurso, el deudor expresará si su estado de insolvencia es actual o si lo prevé inminente.
La memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a que se haya dedicado durante los tres últimos años y de los establecimientos, oficinas y explotaciones de las que sea titular.
Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad del cónyuge y del régimen económico del matrimonio.
Si el deudor fuera persona jurídica, se indicará la identidad de los socios o asociados de que tenga constancia.
Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren, datos de identificación registral, valor de adquisición, correcciones valorativas, y estimación del valor real actual.
Relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad, domicilio y dirección electrónica de cada uno de ellos, y de las cuantía y vencimiento de sus créditos.
Plantilla de trabajadores en su caso e identidad del órgano de representación de los mismos.
Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará, además:
Cuentas anuales e informes de gestión o informes de auditoría.
Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas.
En el caso de que el deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad dominante o dominada, acompañará también las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de los tres últimos ejercicios sociales.
4.6. Solicitud de concurso pro el acreedor y demás legitimados.
El acreedor que inste la declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el título o hecho en el que de acuerdo de con el artículo 2.4 de la Ley Concursal funda su solicitud y que constituye el presupuesto objetivo de la declaración de concurso, así como el origen, naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación actual del crédito.
Los demás legitimados deberán expresar en la solicitud el carácter en que la formulan.
En todo caso, se expresarán los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse el solicitante para acreditar los hechos en que la fundamente.
5.- El administrador concursal: nombramiento, su estatuto jurídico, funciones, el informe de la administración concursal.
5.1. Introducción: órganos de concurso.
En la estructura orgánica del concurso, sólo el juez y la administración concursal constituyen órganos necesarios en el procedimiento. La Junta de Acreedores sólo habrá de constituirse en la fase de convenio cuando no se haya aprobado por el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada. Y la intervención del Ministerio Fiscal se limita la Sección Sexta, de calificación del concurso.
El Juez competente para conocer del concurso es el de lo mercantil, que tiene jurisdicción exclusiva y excluyente en las materias consideradas de especial trascendencia para el patrimonio del deudor.
En el ejercicio de sus competencias, la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad, que se manifiesta en cuestiones como la adopción de medidas cautelares con anterioridad a su declaración o a la entrada en funcionamiento de la administración concursal; la ampliación de la publicidad que haya de darse a la declaración de concurso; la acumulación de concursos; etc.
5.2. La administración concursal: nombramiento.
Declarado el concurso, el juez ordenará la formación de la sección segunda, que comprenderá lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y estatuto de los administradores concursales, la determinación de sus facultades y a su ejercicio.
5.2.1. Requisitos subjetivos para el nombramiento de administradores concursales.
La administración concursal estará integrada por único miembro, pudiendo únicamente ser designadas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la Sección Cuarta del Registro Público Concursal (a partir de ahora, RPC) y que hayan declarado su disposición a ejercer las labores de administrador concursal en el ámbito de competencia del Juzgado del concurso.
En dicha sección del RPC, podrán inscribirse las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente.
A los efectos de designación de la administración concursal se distinguirá entre concursos de tamaño pequeño, mediano o grande.
En cuanto a la forma de nombramiento, dispone la ley que la designación del administrador concursal recaerá en la persona física o jurídica del listado de la sección cuarta que corresponda por turno correlativo y que, reuniendo las condiciones exigidas, haya manifestado al tiempo de solicitar su inscripción en dicho registro.
No obstante, en los concursos de gran tamaño, el Juez, de manera motivada, podrá designar a un administrador concursal distinto de del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el perfil del administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. El juez deberá motivar su decisión.
Asimismo, la ley distingue distintos supuestos especiales que pueden materializarse así:
En caso de concurso de una entidad de crédito, el Juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Igualmente nombrará administradores de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para concursos de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el consorcio de complementación de seguros.
Por excepción, en aquellos concursos en los que exista una causa de interés público que así lo justifique, el Juez, de oficio o a instancia de un acreedor, podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración pública. La Administración pública acreedora o la entidad vinculada podrá renunciar al nombramiento.
En supuestos de concursos conexos, el Juez competente para la tramitación de estos podrá nombrar una administración concursal única.
5.2.2. Comunicación del nombramiento y aceptación del cargo.
El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más rápido. Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación, el designado deberá comparecer ante el juzgado para acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.
De concurrir en el administrador alguna causa de recusación, estará obligado a manifestarla. Aceptado el cargo, el LAJ expedirá y entregará al designado documento acreditativo de su condición.
Si el designado no compareciese, no tuviera suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente suficiente o no aceptase el cargo, el juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.
Aceptado el cargo, el designado sólo podrá renunciar por causa grave.
Al aceptar el cargo, el administrador concursal deberá facilitar al Juzgado las direcciones postar y electrónica en las que efectuar el nombramiento.
La dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas.
5.2.3 Representación de las personas jurídicas administradores.
Cuando el nombramiento recaiga en una persona jurídica, ésta, al aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla y asumir la dirección de los trabajos.
Y cuando la administración corresponda a una persona jurídica integrada por un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, comunicará la identidad de la persona natural que reúna alguna de las condiciones profesionales.
Las personas jurídicas designadas se someterán al mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones establecidas en la ley.
Será de aplicación al representante el régimen de incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad y separación establecido.
5.2.4. Auxiliares delegados.
Cuando la complejidad del concurso lo exija, la administración concursal podrá solicitar la autoridad del juez para delegar determinadas funciones.
Cuando exista un único administrador concursal, salvo los casos de personas jurídicas con la composición antes dicha, cuando lo considere, podrá designar, previa audiencia al administrador concursal, un auxiliar delegado que ostente la condición de profesional que no tenga aquél.
El nombramiento de auxiliar delegado será obligatorio:
Si el juez concediere la autorización, nombrará a los auxiliares, a los que les será de aplicación el régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad de los administradores.
5.2.5. Recusación.
Los administradores concursales podrán ser recusados por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso.
Son causas de recusación las circunstancias constitutivas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la ley, así como las establecidas en la legislación procesal civil.
La recusación no tendrá efectos suspensivos y se sustanciarán por los cauces del incidente concursal.
5.3. Estatuto jurídico.
5.3.1. Retribución.
Los administradores concursales tendrán un derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal del Fondo de Reestructuración ordenada bancaria.
La retribución se determinará mediante un arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos, al tamaño del concurso según la clasificación de acreedores considerada a los efectos de designación de la administración concursal y a las funciones que desempeñen.
El arancel ajustará necesariamente a las siguientes reglas:
Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención las cantidades que resulten de la aplicación del arancel.
Limitación. La cantidad total máxima a percibir por la intervención en el concurso será la menor de las dos siguientes:
La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4%.
Un millón quinientos mil euros.
No obstante, el juez de forma motivada podrá aprobar una remuneración que supere el límite anterior cuando debido a la complejidad del concurso los costes asumidos por la administración concursal lo justifiquen.
Efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra masa, se garantizará el pago de un mínimo retributivo mediante una cuenta de garantía arancelaria.
Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33 de la ley[i]. La retribución inicial podrá ser reducida. En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá reducirse la retribución, salvo que el juez resuelva lo contrario, cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de información de los acreedores.
El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución.
El auto por el que se fije la retribución de los administradores se publicará en el RPC y será apelable por el administrador concursal.
5.3.2. Ejercicio del cargo.
Establece la ley una norma general de conducta para los administradores concursales y los auxiliares delegados, al disponer que desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal.
Asimismo, contempla las reglas de funcionamiento de la administración concursal cuando está integrada por dos miembros, al disponer que las funciones de este órgano concursal se ejercerán de forma conjunta.
Las decisiones y los acuerdos de los la administración concursal que no sean de trámite o de gestión ordinaria se consignarán por escrito y serán firmados por todos sus miembros.
La administración concursal estará sometida a la supervisión a la supervisión del órgano del concurso.
Las resoluciones judiciales que se dicten para resolver las cuestiones relativas al ejercicio del cargo revistarán la forma de auto.
5.3.3. Responsabilidad.
Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia.
Los administradores concursales responderán solidariamente con los auxiliares delgados de los actos y omisiones lesivos de éstos.
La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que se reclama.
Quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los acreedores o a terceros por actos u omisiones de los administradores concursales.
5.3.4. Separación.
Cuando concurra justa causa, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera de los demás miembros de la administración concursal podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar el nombramiento de los auxiliares delegados.
En todo caso será causa de separación del administrador, salvo que el juez resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de administrador y la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por cuantía igual o superior al 20% del valor de la masa activa.
La separación del representante de una persona jurídica implicará el cese automático de ésta como administrador concursal.
5.3.5. Nuevo nombramiento.
En todos los casos de cese de un administrador concursal, el juez procederá a efectuar un nuevo nombramiento.
Si el cesado fuera el representante de una persona jurídica administradora, el juez requerirá la comunicación de la identidad de la persona natural que haya de representarla. Al cese y nombramiento habrá que darles la publicidad necesaria.
En caso de cese de administrador concursal antes de la conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir cuentas de su actuación
5.3.6. Recursos.
Contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores concursales y auxiliares delegados cabrá recurso de reposición. Estarán legitimados para recurrir, el deudor, la administración concursal, los administradores afectados y quienes acrediten un interés legítimo.
5.4. Funciones. El informe de la administración concursal.
Las distintas funciones que la ley atribuye a la administración concursal se relacionan de manera exclusiva en su artículo 33. Las más significativas son las de intervención de los actos realizados por el deudor en su ejercicio de sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya sido suspendido en ese ejercicio.
5.4.1. Plazo de presentación del informe de la administración concursal.
El plazo para la presentación del informe será de dos meses, contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por el juez en los siguientes casos:
En caso de que concurran circunstancias excepcionales, a solicitud de la administración concursal presentada antes de que expire el plazo legal, por tiempo no superior a dos meses.
Si al vencimiento del pazo de dos meses no hubiera concluido el plazo de comunicación de créditos, a solicitud de la administración concursal, hasta los cinco días siguientes a la conclusión del pazo.
Asimismo, cuando el húmero de acreedores sea superior a dos mil, los administradores concursales podrán solicitar una prórroga por tiempo no superior a cuatro meses más.
Además de la responsabilidad y de la causa de separación en que hubieren podido incurrir conforme a lo dispuesto en la Ley, los administradores concursales que no presenten el informe dentro del plazo perderán el derecho a la remuneración
5.4.2. Estructura y contenido del informe.
Análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria expresiva de su historia económica y jurídica.
Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y memoria presentada sobre los cambios significativos operados en el patrimonio del deudor.
En su caso, escrito de evaluación de las propuestas de convenio.
En su caso, el plan de liquidación.
Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas quela integran bajo la hipótesis de continuidad.
Entrada anterior¿Es obligatorio mientras preparo la oposición que la editorial que utilizo para estudiar actualice los materiales sin condición?
Entrada siguienteDiferencias entre texto articulado y texto refundido