Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12105
Timestamp: 2019-06-20 09:38:25
Document Index: 101999652

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 898', 'artículo 13', 'artículo 87', 'Artículo 44', 'artículo 21', 'Artículo 46', 'Artículo 189', 'artículo 4', 'Artículo 12', 'Artículo 66', 'artículo 176', 'Artículo 23']

Sentencia: CE SIII E 18837 DE 2011
Plazo de los contratos para el funcionamiento y prestación del servicio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. UMATA
CE SIII E 18837 DE 2011
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL SUROCCIDENTE-APROSUR VS MUNICIPIO DE TANGUA
Una entidad municipal celebró con una entidad sin ánimo de lucro un contrato de consultoria y apoyo institucional. En una cláusula del contrató una duración del contrato con las recomendaciones de un tercero ( Sistema Nacional de Tecnología Agropecuaria SINTAP) se podrá prolongar por el tiempo que se estime conveniente. Luego, se adicionó que de conformidad con los lineamientos emanados por el Ministerio de Agricultura mediante un Decreto y según las recomendaciones del fondo para la inversión rural DRI y el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria SINTAP para las personas jurídica el contrato se prorrogó por un año más. Posteriormente, la entidad municipal terminó unilateralmente el contrato bajo el argumento que el contratista no estaba en condiciones de seguir con el contrato.
De acuerdo con el Decreto los contratos para el funcionamiento y prestación del servicio de la UMATA, con personas jurídicas, no podían ser celebrados por un término inferior a dos años.
¿Puede una entidad pública pactar en un contrato de consultoría para el funcionamiento y prestación de los servicios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) un plazo inferior a dos años y terminar unilateralmente el contrato bajo el argumento que el contratista no está en condiciones de seguir con el contrato, sin vulnerar el principio de planeación?
«(...)14 La Sala considera que la prohibición comprendida dentro de la norma transcrita obligaba a las partes a acordar un término de duración del contrato mínimo de dos años, es decir, hasta el 20 de marzo de 1999, puesto que no podían disponer en contra del Decreto 1929 de 1994, como erradamente lo hicieron cuando fijaron la vigencia entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 1997.
14.1 Ahora bien, las partes contratantes advirtieron la necesidad de adecuar el término de duración del contrato de acuerdo con el Decreto Reglamentario 1929 del 1994, tal y como les fue recordado mediante comunicación escrita del 20 de marzo de 1997 por parte del “Jefe Sección SINTAP Nariño” de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Nariño –párrafo 9.5– y, por tal razón, en el “SI aclaratorio” mencionaron expresamente el decreto y dispusieron que el contrato se prorrogaría hasta el 31 de diciembre de 1998, con el incremento que habrían de acordar las partes en atención al rubro de la vigencia fiscal de ese año. A pesar de ello, la Sala observa que en el “SI aclaratorio” referido no se convino prórroga alguna que se ajustara a la duración mínima de dos años dispuesta en el decreto, sino que las partes intentaran aproximarse a lo ordenado en la norma sin éxito alguno, pues se aprecia que la transgresión del artículo 10 y parágrafo del Decreto 1929 de 1994 continuó.
14.2 En relación con el efecto que tiene la norma jurídica en el asunto sub judice, la Sala observa que el decreto referido es reglamentario y, por consiguiente, su naturaleza jurídica es la de un acto administrativo con carácter general y no una ley en el sentido formal de la expresión. No obstante, el Decreto 1929 tenía frente a las partes un efecto vinculante, del cual no se podían apartar en atención a que: (i) corresponde al ejercicio de la potestad reglamentaria otorgada por la Constitución Política al Presidente de la República para la cumplida ejecución de las leyes[4] y en el caso concreto no se acreditó que el decreto hubiera sido anulado o derogado para el momento en el cual tuvieron ocurrencia los hechos; (v) constituye desde el punto de vista material una ley que vincula de manera indeterminada a todas aquellas personas que se encuentren dentro del supuesto fáctico descrito en el acto y las obliga respecto de las actuaciones que deben seguir; (vi) los decretos reglamentarios en materia de planes especiales del Estado y de contratación con recursos públicos están llamados a ser cumplidos por la comunidad en general, y por las entidades estatales en especial, puesto que en función de su naturaleza, su efecto sería fútil e inane si las partes se pudieran apartar de ellos sin sanción alguna por parte del ordenamiento jurídico.
16.2 Es claro, en atención a lo expuesto en esta providencia, que no hubo una planeación debida por parte de la entidad territorial puesto que el término de duración acordado en el contrato originario, 18 de marzo de 1997, y en el otrosí, 26 de marzo de 1997, desatendía las reglas imperativas comentadas. Además, la falta de claridad en la prórroga que habrían de acordar las partes, el incremento y la disponibilidad presupuestal –“Este contrato se prorrogará por un año más hasta el 31 de diciembre de 1998 con el incremento que acuerden las partes y según rubro existente que para el caso se designe en la vigencia fiscal 1998”– dan cuenta nuevamente de una vulneración al principio de economía y a la planeación debida
Así, la Sala aprecia que el acto referido de terminación del contrato fue expedido con infracción de las normas sobre las cuales ha debido fundarse, en particular el artículo 10 y parágrafo del Decreto 1929 de 1994 y, por ello, declarará su nulidad[1]. Además, la Sala declarará que la comunicación mencionada entraña el incumplimiento de las obligaciones que emergían de las reglas imperativas de término de vigencia contractual, aplicables al caso concreto, las cuales fueron invocadas expresamente en la comunicación del contratista [1] Indica el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, que procederá la nulidad, entre otros supuestos “cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse”.
[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente n.° 15596, C.P (E) Mauricio Fajardo: “…la figura de la inexistencia jurídica de los actos o contratos es de recibo en la contratación estatal. Los argumentos que sirven para sustentar tal afirmación están concentrados especialmente en lo siguiente: en primer lugar cabe precisar que en cuanto el artículo 41 de la Ley 80, proferida en el año 1993, determinó los requisitos indispensables para el perfeccionamiento de los contratos estatales, de manera implícita pero clara le dio cabida a la figura de la inexistencia, puesto que a partir de dicha disposición resulta evidente que no podrán tenerse por existentes, es decir que se reputarán como inexistentes en el mundo jurídico, los pretendidos contratos estatales que no alcancen a perfeccionarse; en segundo lugar, cabe sostener que ante la ausencia de una regulación expresa y completa acerca de la figura de la inexistencia de los actos o contratos en el régimen contractual de las entidades del Estado, necesariamente habrá lugar a la aplicación de los dictados del inciso 2º del artículo 898 del Código de Comercio, por cuanto los mismos fueron incorporados a la Ley 80 por orden expresa del inciso 1º de su artículo 13; en tercer lugar, el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo determina con claridad que la acción de controversias contractuales tiene entre sus fines el de conseguir que el juez competente resuelva los litigios que pudieren surgir acerca de la existencia o inexistencia de los respectivos contratos, aspecto a propósito del cual esa norma legal señala, de manera expresa y precisa, que mediante el ejercicio de dicha acción “cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia”. [2] “Artículo 44.- De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; 3. Se celebren con abuso o desviación de poder; 4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 5. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley”. [3] “Artículo 46.- De la nulidad relativa. Los demás vicios que se presenten en los contratos y que conforme al derecho común constituyen causales de nulidad relativa, pueden sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio”. [4] M. Bianca, Diritto Civile, 3, Il contratto, cit 486
[1] “Artículo 189.- Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.” [2] Inciso 2 del artículo 4 de la Constitución Política [3] Artículo 12 de la Ley 153 de 1887. [4] Artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.
Una entidad pública no puede pactar en un contrato de consultoría para el funcionamiento y prestación de los servicios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica AgropecuariA (UMATA) un plazo inferior a dos años y terminar unilateralmente el contrato bajo el argumento que el contratista no está en condiciones de seguir con el contrato, sin vulnerar el principio de planeación, porque:
Las partes del contrato de consultoría no podían pactar en contra de un decreto que estableció dos años como plazo mínimo para la ejecución de ese tipo de contratos.
Dicho decreto es reglamentario, su naturaleza jurídica es la de un acto administrativo de carácter general y tiene efecto vinculante frente a las partes, quienes no pueden apartarse del decreto en razón a que (i) el decreto corresponde al ejercicio de la potestad reglamentaria que la Constitución Política le otorga al Presidente de la República , (ii) los nacionales y extranjeros en Colombia deben acatar la Constitución, las Leyes, respetar y obedecer a las autoridades, (iii) las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno tienen fuerza obligatoria y son aplicados mientras que no sean contrarios a la Constitución Política, (iv) los actos administrativos son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, (v) constituye desde el punto de vista material una ley que vincula a las personas que se encuentren dentro del supuesto fáctico descrito en el acto y las obliga respecto de las actuaciones que deben seguir, (vi) cuando tratan planes especiales del Estado y de contratación con recursos públicos están llamados a ser cumplidos por la comunidad en general.
Cuando se pacta un plazo desatendiendo reglas imperativas y no se tiene claridad sobre la prórroga, en cuanto al incremento y la disponibilidad presupuestal, se presenta una vulneración al principio de economía y planeación debida.
El acto administrativo que declara la terminación del contrato, infringiendo normas sobre las cuales debió fundarse, es nulo.
REVOCAR la sentencia del 6 de julio de 2000, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el siguiente sentido: PRIMERO: Declarar la nulidad de la cláusula tercera del “CONTRATO DE CONSULTORIA Y APOYO INSTITUCIONAL”, suscrito el 18 de marzo de 1997 entre el municipio de Tangua y “LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL SUROCCIDENTE ‘APROSUR’ O RICHAR ERAZO PEÑA”. SEGUNDO: Declarar la nulidad del acto administrativo de terminación del contrato comprendido en la comunicación escrita del 15 de enero de 1998, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia. TERCERO: Declarar que el término de duración del contrato se extendía entre el 18 de marzo de 1997 y el 18 de marzo de 1999, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia. CUARTO: Declarar que el municipio de Tangua incumplió con el principio de economía y el deber de planeación, así como también con sus obligaciones contractuales. QUINTO: Condenar al municipio de Tangua a pagar a favor de “LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL SUROCCIDENTE ‘APROSUR’ la suma de ciento once millones ochenta y cinco mil seiscientos dieciséis pesos moneda legal ($111 085 616), por concepto de perjuicios materiales. SEXTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda. SÉPTIMO: El municipio condenado dará cumplimiento a este fallo en los términos del artículo 176 e inciso final del 177 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 23 de la Ley 80 de 1993.
Integración. «(...) [H]ace referencia a formas de intervención sobre el contrato que van más allá del amplio desarrollo de la lógica de la declaración de los contratantes y que se agregan a su actividad en la construcción definitiva de sus obligaciones y derechos[3] (...)»
Deber de planeación. «(...)En tal virtud, el deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden[1] (Subrayado fuera de texto) (...)»
[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, radicación n.° 19001-23-31-000-2005-00005-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa.
[1] S. Rodota, Le fonti di integrazione del contratto, Giuffre, Milano, 1970, p 9. [2] F, Ziccardi, “L’integrazione del contratto” en Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giuffrè, Milano, 1969 p.108-190. El autor define como hipótesis de trabajo: “...que la integración sea la forma, el medio, gracias al cual una voluntad superpuesta a aquella de los particulares contratantes penetra al interior de su relación jurídica patrimonial, sustituyendo de una manera cohercitiva la voluntad de estos” p 134 [3] M. Bianca, Diritto Civile, 3, Il contratto, Giuffrè, Milano, 1998, p. 471
Documento: CE SIII E 18837 DE 2011
Plazo de los contratos para el funcionamiento y prestación del servicio de la Unidad Municipal..