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Timestamp: 2020-02-25 23:08:40
Document Index: 152665409

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 20', 'Artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 93', 'artículo 69', 'artículo 106', 'artículo 28', 'artículo 46', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 39', 'Artículo 14', 'artículo 45']

Publicado en BOIB n�m. 38 de 28 de marzo de 1989 y BOE n�m. 169 de 17 de julio de 1989
DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Superar las pruebas de selección que en cada caso sean procedentes.
Juramento o promesa de acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y el ordenamiento vigente.
Toma de posesión en el plazo reglamentario, a contar desde la notificación del nombramiento.
1. La condición de funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se pierde por alguna de las siguientes causas:
Sanción disciplinaria de separación de servicio.
Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el cumplimiento de cargo público.
Jubilación o muerte.
Pérdida de la nacionalidad española o de la que se ostente según lo previsto en el artículo 55.1.a) de esta Ley de la Función Pública, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro estado miembro de la Unión Europea o de aquellos a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
2. Se podrá solicitar y obtener, en su caso, la rehabilitación de la condición de funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma cuando, habiéndose perdido esta condición por darse el supuesto de hecho regulado en la letra e del apartado 1 anterior, se recupere la nacionalidad cuya pérdida acarreó la de la propia condición de funcionario, si bien, teniendo en cuenta el tiempo que haya transcurrido desde la pérdida a la recuperación, el solicitante podrá verse obligado a superar un curso de formación.
Excedencia para cuidado de hijos.
Servicios en otras administraciones públicas, que deban sujetarse a lo que se dispone en los artículos 35, 37 y 38 y concordantes de esta Ley.
Por interés particular. En este caso queda subordinada a las necesidades del servicio. Para solicitar la excedencia por este motivo será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores. En esta situación no se podrá permanecer menos de dos años continuados.
Para el cuidado de un hijo, el funcionario tendrá derecho a un período de excedencia voluntaria, no superior a tres años, tanto si el hijo es natural como adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, desde la fecha de adopción. En este último caso, el plazo de excedencia se extinguirá cuando el hijo adoptivo cumpla tres años. Los hijos sucesivos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en cualquier caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos. Durante el primer año tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.
Transcurrido este período, esta reserva será, únicamente, referida a un puesto de trabajo en la misma localidad e igual nivel y retribución.
Por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máximo de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o laboral en cualquier administración pública, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del poder judicial. La concesión de excedencia voluntaria por agrupación familiar será potestativa por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
4. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se hallen en alguna de las dos primeras fases del artículo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, según redacción dada por la Ley 22/1995, de 29 de diciembre, podrán solicitar ser declarados en situación de excedencia voluntaria incentivada, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el correspondiente plan de empleo.
Artículo 71 bis.
Expectativa de destino: Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda y el 50 % del complemento específico del puesto que desempeñaban al pasar a esta situación.
Aceptar los destinos en puestos de características similares a los que desempeñaban y que se les ofrezcan en la misma isla donde estaban destinados.
Participar en los concursos para puestos adecuados a su cuerpo, escala o categoría técnica o profesional, que se encuentren ubicados en la misma isla donde estaban destinados.
Participar en los cursos de capacitación a los que se les convoque.
Cuando, en caso de reforma de plantilla o supresión de la plaza que ocupaba el funcionario, ésta suponga el cese obligado en el servicio activo.
Cuando el funcionario declarado en situación de suspensión firme, una vez cumplida la suspensión por el tiempo que se le haya impuesto, solicite el reingreso y no sea posible concedérselo por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria si la suspensión impuesta, conforme a lo regulado en esta Ley, llevará aparejada la pérdida del destino que hubiera desempeñado en provisión reglamentaria.
Cuando, una vez concluido el período de excedencia voluntaria para cuidar un hijo, el funcionario solicite el reingreso en el plazo reglamentario y no lo pueda obtener por falta de vacante con dotación presupuestaria.
El transcurso del tiempo máximo fijado para la misma.
El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 71 bis respecto de los funcionarios en expectativa de destino. Estos funcionarios tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en todo caso, las prestaciones familiares por hijos a su cargo.
Cuando sean autorizados por la comunidad autónoma para realizar una misión por un período determinado superior a seis meses en organismos internacionales, Gobiernos o entidades públicas o en programas de cooperación internacional.
Cuando sean nombrados miembros del Gobierno de la comunidad autónoma o del Gobierno de la nación o de los órganos de gobierno de otras comunidades autónomas, o altos cargos de estos que no hayan de ser provistos necesariamente por funcionarios públicos.
Cuando sean elegidos por las cortes generales para formar parte de los órganos constitucionales y de otros cuya elección corresponda a las cámaras.
Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.
Cuando accedan a la condición del diputado o senador de las Cortes Generales o de diputados del Parlamento Balear o de miembros de otras asambleas legislativas de otras comunidades autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el cumplimiento de la función.
Cuando cumplan cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las corporaciones locales.
Cuando presten servicio en los gabinetes de la presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los secretarios de Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo en la administración de origen.
Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del cual se derive incompatibilidad para ejercer la función pública.
Cuando cumplan el servicio militar o una prestación sustitutoria equivalente.
Cuando así lo dispone una norma con rango legal.
Cuando pasen a desempeñar, a través de convocatoria pública, un puesto de trabajo de los de Servicios generales de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuya forma de provisión sea la de libre designación en la Relación de puestos de trabajo.
No obstante, los diputados, senadores y miembros del Parlamento de las Islas Baleares que pierdan esta condición por disolución de las cámaras correspondientes o finalización del mandato de las mismas, pueden permanecer en la situación de servicios especiales hasta la nueva constitución.
1. La suspensión provisional se podrá acordar como medida cautelar durante la tramitación del procedimiento judicial o disciplinario que se instruya al funcionario, cuando la gravedad de los hechos y las circunstancias de la actividad que se le había encomendado lo aconsejen así, mediante una resolución debidamente motivada de la autoridad o del órgano competente para ordenar la incoación del expediente.
2. En esta situación, el suspenso provisionalmente tendrá derecho al 75 % del sueldo y, en su caso, a la totalidad del complemento familiar que le corresponda, pero no al resto de retribuciones complementarias.
El tiempo de suspensión provisional como consecuencia de expediente disciplinario no puede ser superior a seis meses, excepto en el caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La concurrencia de esta circunstancia determinará, habiendo transcurrido el plazo indicado, la perdida de todas las retribuciones hasta que el expediente no sea resuelto.
3. La suspensión por condena judicial se podrá imponer como pena o por consecuencia de la inhabilitación para el ejercicio de cargos y funciones públicos, con el carácter de principal o de accesoria, según los términos en que haya sido acordada la sentencia.
1. El reingreso en el servicio activo de los que procedan de alguna de las situaciones previstas en este capítulo y que no tengan reserva de puestos de trabajo o destino, debe realizarse respetando el orden de prelación siguiente:
2. En los concursos a que se refiere el número anterior, los suspensos tendrán derecho preferente a obtener destino en la localidad donde servían cuando se produjo su cese en el servicio activo.
Tendrán el mismo derecho, por una sola vez, los que procedan de la excedencia voluntaria.
DERECHOS, DEBERES, INCOMPATIBILIDADES Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS.
a. A la permanencia en el puesto de trabajo, si este no es de libre designación, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, y, en todos los casos, a cumplir puestos de trabajo que correspondan al cuerpo o escala a que pertenezcan y a su grado personal.
b. A la inamovilidad de residencia, exceptuando lo que se dispone en el artículo 69.3.
c. A las retribuciones correspondientes al cuerpo, la escala, el grupo, la antigüedad y el puesto de trabajo que tengan, de acuerdo con lo que se establece en esta Ley.
d. A la promoción interna y a la carrera administrativa, en los términos establecidos en esta Ley.
e. Al ejercicio de los derechos sindicales y de huelga, de conformidad con lo que establezca la legislación en esta materia.
f. A las prestaciones de la seguridad social, para ellos y para sus familiares y beneficiarios, de acuerdo con el régimen general o especial que les corresponda, y, eventualmente, de los derechos pasivos para los funcionarios que se integren como propios de la comunidad autónoma.
g. A la participación en la organización y funcionamiento del servicio, según se determine reglamentariamente.
h. A la mejora de las condiciones de trabajo y a la formación y al perfeccionamiento de sus aptitudes profesionales.
i. A los premios y a las recompensas que se establezcan reglamentariamente.
j. A disfrutar de las actividades sociales y recreativas que, en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, sean organizadas o fomentadas por el Gobierno.
k. A la seguridad e higiene en el trabajo, para lo cual la comunidad autónoma adoptará las medidas adecuadas en materia de edificios, locales de trabajo, condiciones ambientales, seguridad y todas las que contribuyan a estos fines.
l. A conocer su expediente individual y a tener acceso a el libremente.
ll. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de un plan de empleo, podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada incentivada, en las condiciones establecidas en el régimen de Seguridad Social en que estén encuadrados, siempre que tengan cumplidos sesenta años, acrediten al menos treinta años de servicios y reúnan los requisitos exigidos en dicho régimen.
1. Se concederán permisos por las causas siguientes, debidamente justificadas:
Por nacimiento de un hijo y por la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días, si el suceso se ha producido en la misma localidad de la residencia habitual del funcionario, y cuatro días, si ha ocurrido en una localidad diferente de la residencia habitual del funcionario.
Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si ello supone traslado a otra localidad, hasta tres días.
Para realizar funciones sindicales, de formación sindical de representación de personal, en los términos que se determinarán reglamentariamente.
Para concurrir a exámenes finales y a otras pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, durante los días de celebración, sin perjuicio de la ampliación por el tiempo indispensable, cuando la concurrencia a estos exámenes exigiera desplazamientos de lugares de residencia.
Para deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo indispensable para cumplirlos.
2. El funcionario con un hijo menor de nueve meses tiene derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo. Este período de tiempo se puede dividir en dos fracciones.
3. Quien, por razón de guarda legal, tenga a su cargo directo algún menor de seis años o un disminuido psíquico, físico o sensorial que no cumpla ninguna actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de la jornada de trabajo, entre el mínimo de un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquella, con la reducción proporcional de sus retribuciones.
La concesión de la reducción de jornada por las razones enumeradas es incompatible con la realización de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que ha sido objeto de reducción.
1. Se podrá disponer como máximo de siete días de permiso al año para asuntos propios sin necesidad de justificación.
Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, previo informe favorable del jefe de la unidad en la que el funcionario preste sus servicios. El funcionario tendrá derecho a percibir durante esta situación las retribuciones básicas y, en su caso, el complemento familiar, exceptuando el caso de que la licencia haya sido por interés de la misma administración. En este caso percibirá todas las retribuciones.
Por asuntos propios, sin ninguna retribución, si la duración acumulada no excede en ningún caso de tres meses cada dos años. La concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio.
Por razón de matrimonio, el funcionario tiene derecho a una licencia de quince días.
En caso de embarazo, debe sujetarse a lo que disponga la legislación de la seguridad social o de previsión que le sea aplicable.
SECCIÓN II. DEBERES E INCOMPATIBILIDADES.
Acatar y cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y todas las disposiciones que afecten el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.
Cumplir con eficacia las funciones que tengan asignadas y cooperar en la mejora de los servicios y a la consecución de los fines de la unidad administrativa a la que esten destinados.
Al respecto y a la obediencia jerárquicos, sin perjuicio que puedan formular las sugerencias que consideren oportunas para la mejor atención de las tareas encomendadas. Si la orden era, en opinión del funcionario, contraria a la legalidad, la podrá solicitar por escrito y, una vez recibida, podrá comunicar inmediatamente por escrito su discrepancia al jefe superior, quien decidirá o resolverá motivadamente. Si bien en ningún caso se cumplirán las ordenes que impliquen la comisión de delito.
Tratar con corrección a los compañeros, subordinados y administrados, facilitándoles a todos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Tratar con cuidado el material que deban hacer servir para cumplir el puesto de trabajo y procurar la mayor economía en el funcionamiento del servicio.
Participar en los cursos de perfeccionamiento profesional que organice la comunidad autónoma, cuando se establezca su carácter obligatorio.
Cumplir con exactitud la jornada y el horario de trabajo correspondiente al puesto que desempeña en función de atender mejor a los administrados, los objetivos señalados en los servicios y el buen funcionamiento de los mismos.
Atender los servicios mínimos, en caso de huelga, de conformidad con lo que acuerde el Consejo de Gobierno.
2. La responsabilidad civil y penal de los funcionarios se hará efectiva en la forma en que se determinará por las leyes.
3. Sin perjuicio de la responsabilidad que tiene la administración autónoma del funcionamiento de los servicios públicos, prevista en el artículo 106 de la Constitución, esta puede exigir del personal a su servicio la responsabilidad en que haya incurrido en los términos previstos en la Ley.
Los particulares podrán exigir al personal a que se refiere la presente Ley, por medio del proceso declarativo correspondiente, resarcimiento de los daños causados en la propia persona o en sus bienes, si se hubieran producido por culpa grave o por ignorancia inexcusable.
1. El incumplimiento de la función pública será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, si impide o menoscaba el exacto cumplimiento de los deberes del funcionario, compromete su imparcialidad o independencia o perjudica los intereses generales.
SECCIÓN III. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
La prestación de servicios fuera del centro de trabajo por parte de aquellos funcionarios cuyo puesto de trabajo no permita, por sus características, esta modalidad de prestación, podrá efectuarse mediante la atribución temporal de otras funciones que sí lo permitan.
RÉGIMEN RETRIBUTIVO Y DE PROTECCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN I. RÉGIMEN RETRIBUTIVO.
El sueldo, que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos a que se refiere el artículo 28 de esta Ley.
Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo, por cada tres años de servicio en el cuerpo o la escala.
En el caso de movilidad del funcionario de un grupo a otro, conservará los derechos en los trienios cumplidos antes, y las fracciones de tiempo de servicios que no completen un trienio deben acumularse en el nuevo grupo al cual acceda.
Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe mínimo, cada una, de una mensualidad del sueldo y trienios, se acreditarán los meses de junio y diciembre.
El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña.
El complemento especifico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en atención a la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso se puede asignar mas de un complemento especifico a cada puesto de trabajo.
El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés y la iniciativa con que el funcionario cumple su trabajo.parLa cuantía global de este no puede exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano que se determine en la Ley de presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, en las correspondientes dotaciones presupuestarias, debe determinar, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionario.
Las gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal en ningún caso podrán ser fijas en la cuantía ni periódicas en la acreditación.
1. La cuantía de las retribuciones básicas debe ser igual en todas las administraciones públicas para cada uno de los grupos en que se clasifiquen los cuerpos y las escalas de funcionarios. El sueldo de los funcionarios del grupo A no puede sobrepasar mas de tres veces el sueldo de los funcionarios del grupo E.
2. La cuantía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignados a cada puesto de trabajo y los complementos específicos de productividad, en su caso, debe reflejarse para cada ejercicio presupuestario en los presupuestos de la comunidad autónoma.
SECCIÓN II. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL.
2. Los funcionarios transferidos por otras administraciones continuarán con el sistema de seguridad social o de previsión que tenían anteriormente y la comunidad autónoma asumirá todas las obligaciones del Estado o de la corporación local correspondiente en relación con estos.
1. Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de los cargos pueden ser leves, graves y muy graves.
El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de las Baleares en el ejercicio de la función pública.
Cualquier actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por Ley o clasificados como tales.
La falta notoria de rendimiento que comporte inhibición del cumplimiento de las tareas encomendadas.
La obstaculización en el ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.
La participación en huelgas, a aquellos que la tengan expresamente prohibida por Ley.
Los actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, las ideas y las opiniones.
a. La falta de obediencia debida a los superiores y a las autoridades.
c. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la administración o a los administrados.
e. La desconsideración grave hacia sus superiores, compañeros o subordinados.
f. La producción de daños graves a los locales, al material o a los documentos de los servicios.
g. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se de alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
h. La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la administración o a los ciudadanos, y no constituyan falta muy grave.
i. La falta de rendimiento que afecte el funcionamiento normal de los servicios y no constituya falta muy grave.
j. La ausencia del secreto debido respecto de los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la administración o se utilice en provecho propio.
k. El incumplimiento de los plazos o de otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
m. La comisión de la tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.
n. La perturbación grave del servicio.
ñ. El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la administración.
o. La falta de consideración grave con los administrados.
p. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
La incorrección con el público, los superiores, los compañeros o los subordinados.
Perturbación del servicio.
Daños producidos en la administración o en los administrados.
Participación en la comisión u omisión.
2. Incurren en responsabilidad no tan solo los autores de la falta, sino también los jefes que la toleren y los funcionarios que la encubran, así como los que induzcan a cometerla.
1. Por razon de las faltas a que se refieren los artículos anteriores, se podrán imponer las siguientes sanciones:
Deducción proporcional de retribuciones.
1. En ningún caso se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves, si no fuera en virtud de expediente instruido al efecto, con audiencia del interesado y de conformidad con las reglas de procedimiento sancionador que reglamentariamente establezca el Consejo de Gobierno y de conformidad con lo que se prevé en la Ley de procedimiento administrativo.
1. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios deben anotarse en los expedientes personales respectivos, con indicación de las faltas que las motivaron.
2. La cancelación de las anotaciones se producirá de oficio o a instancia de parte, transcurridos un mes para la faltas leves, dos años para las faltas graves y seis años para las faltas muy graves, desde el cumplimiento de la sanción.
Se crea la escala de abogados del Servicio de Salud de las Illes Balears, que se integra en el cuerpo superior de abogados de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Se crea el cuerpo de gestión de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, al que corresponde la realización de actividades de colaboración en funciones administrativas de gestión, inspección, ejecución, control o similares que correspondan al cuerpo superior de administración, así como las de aplicación normativa, propuesta de resolución de expedientes normalizados, estudios o informes que no correspondan a funciones de nivel superior o también las que específicamente le hayan sido atribuidas por razón de la especialización de la función. En este cuerpo se crea una escala de gestión económico-financiera.
1. Se crea el cuerpo administrativo de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Corresponden a este cuerpo las funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que, por la complejidad que tienen, no esten atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas, sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de equipos informaticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y, en general, funciones similares a las explicitadas.
2. Para el acceso a este cuerpo se exige la titulación determinada en el el grupo C.
1. Se crea el cuerpo auxiliar de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, al que corresponde desarrollar funciones de mecanografía, taquigrafía, despacho y registro de correspondencia, ficheros y clasificación de documentos, manipulación básica de máquinas y equipos informaticos, de oficina, trabajos de registro o similares.
2. Corresponden a los miembros de este cuerpo citado las funciones de vigilancia de locales, controles de las personas que acceden a las oficinas públicas, así como de información sobre la ubicación de los locales, custodia de material, mobiliario e instalaciones, transporte, utilización de máquinas reproductoras, fotocopiadoras y similares. En el caso de prestar servicios en centros educativos, la atención al alumnado de aquellos. En general, otras funciones de carácter similar.
Cuerpo Facultativo Superior, del que formarán parte la Escala Sanitaria, la Escala de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Escala de Arquitectos y la Escala de Seguridad.
Cuerpo Facultativo Técnico, del que formarán parte la Escala Sanitaria, la Escala de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, la Escala de Arquitectos Técnicos y la Escala de Seguridad.
Cuerpo de Ayudantes Facultativos, del cual formarán parte la Escala Sanitaria, la Escala de Seguridad, la Escala de Educadores Infantiles y la Escala de Agentes de Medio Ambiente.
Cuerpo de Auxiliares Facultativos, del que formarán parte las Escalas Sanitaria, de Guarderías, de Mecánicos Conductores y de Seguridad.
Cuerpo de Profesiones y Oficios.
1. Se integran en el Cuerpo Facultativo Superior los funcionarios que pertenezcan a los Cuerpos o Escalas siguientes: Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Forestales, Ingenieros Navales, Ingenieros de Minas, Ingenieros Aeronáuticos, de Telecomunicaciones y Nacional Veterinaria.
La atención directa a las necesidades básicas de los niños. Programación y desarrollo de las actividades educativas propias del primer ciclo de educación infantil.
Información y colaboración con los padres/madres o tutores legales de los niños. Promoción de la participación de los padres y las madres en el proceso educativo de sus hijos.
Colaboración con los demás profesionales participando en la elaboración y el seguimiento de un proyecto educativo común para el centro. Participación en actividades de formación permanente para su actualización profesional.
Se integran en el Cuerpo de Profesiones y Oficios los funcionarios a quienes se exigió para ingresar en el Cuerpo o Escala de procedencia la titulación académica exigida en esta Ley para el ingreso en el grupo E, y que cumplan funciones objeto de su profesión específica que no tengan un carácter general o común para los diversos departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que se establece en esta Ley.»
1. Los funcionarios que por no cumplir los requisitos de titulación exigidos no puedan ser integrados en los cuerpos o las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, quedarán en plazas singulares en el grupo correspondientes que se declaren a extinguir. Estas plazas, a medida que se vayan extinguiendo, pasarán a convertirse en dotaciones del cuerpo o escala correspondiente.
El Gobierno remitirá al Parlamento en el plazo de un año el proyecto de Ley de creación del Instituto Balear de la Función Pública previsto en el artículo 46 de esta Ley.
2. Los planes de empleo serán aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías afectadas, previo informe favorable y vinculante de las de Economía y Hacienda y de la Función Pública, y producirán efectos, si en ellos no se dispone otra cosa, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares .
De la clasificación citada, debe poderse deducir la ampliación o la disminución, en su caso, de las plantillas de funcionarios públicos o de personal laboral.
Siempre que reúnan los requisitos necesarios, de manera especial la titulación, para concurrir a las pruebas selectivas para modificar su relación de trabajo y obtener la condición de funcionarios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, con reconocimiento de su antigüedad.
Permanecer en la situación de personal laboral a extinguir en la categoría profesional que tengan reconocida a la entrada en vigor de esta Ley.
1. Todo el personal contratado administrativo o con nombramiento de interino otorgado por la administración del Estado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que se hubiera incorporado a la administración autonómica y, por tanto, afectado por la disposición transitoria sexta de la citada Ley, así como el personal que haya prestado y venga prestando sus servicios en la administración autonómica, bien sea como personal laboral, como contratado administrativo o como funcionario de ocupación interino, antes del día 31 de diciembre de 1987, o posteriormente, si la convocatoria para ocupar las citadas plazas fue anterior a la fecha señalada, podrá participar en las pruebas de acceso que se convoquen y en las de nueva creación que, en su caso, resulten de la clasificación de puestos de trabajo, de acuerdo con el nivel de funciones de contrato o el nombramiento y la titulación exigida.
2. Para el acceso a puestos de trabajo calificados para ser ejercidos por funcionarios públicos, será necesario superar concurso-oposición libre, en el cual deberán garantizarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En la fase de concurso, se valorarán los servicios efectivos prestados, hasta la fecha de publicación de la convocatoria respectiva, así como el procedimiento de selección utilizado para el acceso a la prestación de los servicios, en cualquiera de las administraciones públicas, siempre que reúnan los requisitos de titulación y el resto de los que sean exigibles para el acceso al cuerpo o escala de que se trate.
1 % de puntos por mes de servicio efectivo prestado en plazas iguales o similares a las que se aspira sobre la puntuación total de la oposición.
20 % sobre la puntuación total de la oposición por haber accedido a esta prestación de servicios, después de la superación de pruebas selectivas convocadas al efecto.
Los puntos obtenidos de esta manera se aplicarán consuntivamente por el Tribunal, en cada uno de los ejercicios de la oposición, de forma tal que sumados a los obtenidos en la calificación de estos consigan, en su caso, la puntuación mínima que se establezca en la convocatoria para poder superar cada uno de los mismos. En la fase oposición, los aspirantes deberán conseguir como mínimo el 20 % de los puntos asignados a cada uno de los ejercicios que la integran.
3. En todo caso, el personal que no se presentará a las pruebas de acceso previstas en los epígrafes anteriores, por causas debidamente justificadas y documentadas, conservarán su relación de funcionarios interinos en las vacantes que no hubieran sido cubiertas en las pruebas correspondientes, determinándose reglamentariamente los méritos para ocupar estas vacantes. En el caso que en el concurso-oposición fueran cubiertas las vacantes, cesarán en su relación con la comunidad autónoma de las Islas Baleares y conservarán el derecho a participar en las dos convocatorias siguientes en las que se valorarán los servicios prestados anteriormente, sin perjuicio de la indemnización compensatoria que proceda, en su caso.
4. El personal comprendido en esta disposición transitoria que no acceda a la condición de funcionario de carrera, se integrará en una bolsa de espera para ocupar interinamente las vacantes que se vayan produciendo en la comunidad autónoma de las Islas Baleares hasta la siguiente convocatoria que se produzca una vez concluido el presente proceso, sin perjuicio de lo que dispone la sección II del capítulo V del Título IV de esta Ley.
1. A los efectos de garantizar la promoción interna de los funcionarios de carrera al servicio de la administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, a la primera convocatoria de oposición libre o concurso-oposición libre que se efectúe, para el acceso a la función pública, se reservará un 50 % de las plazas correspondientes a cada grupo, cuerpo o escala, para ser cubiertas por promoción interna, por funcionarios que reúnan las condiciones de titulación correspondientes al grupo, cuerpo o escala a la que pretenden pertenecer, tengan un mínimo de dos años de antigüedad en el cuerpo o escala inmediatamente inferior, y se encuentren en situación de servicio activo o cualquiera de las situaciones previstas en la disposición transitoria sexta en el momento de efectuarse la convocatoria.
Los cursos realizados en instituciones de la administración pública y titulaciones.
Reglamentariamente se determinará la puntuación que se asigne a cada una de las circunstancias previstas en los apartados anteriores, sin que, en ningún caso supere el 30 % de la puntuación total exigida.
Para la efectividad de los derechos establecidos en las disposiciones transitorias 1, 2, 3 y 4, se procederá por el siguiente orden:
Se dará cumplimiento a lo preceptuado en la disposición transitoria primera.
Se realizarán las pruebas selectivas, de conformidad con la disposición transitoria segunda. Los que superen las pruebas se integrarán como funcionarios de carrera.
La provisión de todos los puestos de trabajo de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, se realizará entre todos los funcionarios de carrera por los sistemas reglamentarios, considerándose como mérito excluyente de haber desarrollado este puesto de trabajo de acuerdo con un sistema de provisión reglamentario. Una vez provistos estos puestos de trabajo, la adscripción a los que resulten vacantes, aunque su desarrollo sea reservado a funcionarios de carrera, del personal que haya optado por permanecer en la situación contemplada en el apartado 1.b) de la disposición transitoria segunda de la presente Ley, se realizará utilizando los procedimientos previstos en la legislación laboral aplicable.
Publicación de la oferta pública de empleo, que comprenderá todas las plazas vacantes incluidas las ocupadas por funcionarios interinos.
Celebración de un concurso-oposición para cada grupo de clasificación de funcionarios de carrera, que comprenderá todas las vacantes, incluidas las plazas ocupadas por los funcionarios interinos.
El 50 % de las plazas se reservará a la promoción interna, y si en esta promoción no se cubriera este porcentaje, el remanente se añadirá a las de acceso libre.
La adjudicación definitiva de las plazas, tanto las procedentes del concurso de provisión de puestos, como las de concurso-oposición, se realizarán en el siguiente orden:
La provisión de los puestos de concurso.
El turno libre.
El proceso se repetirá de la misma manera por una vez mas el año siguiente y en los sucesivos se aplicarán plenamente las normas contenidas en esta Ley.
Aquellos que en el momento de la aplicación de estas disposiciones se hallen en la situación legal de servicios especiales, excedencia forzosa o en la situación prevista en el artículo 29.3.a de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, podrán participar en todas las pruebas que se establezcan.
1. Se aprueba un plan de estabilidad laboral, de carácter excepcional, con la finalidad de reducir la tasa de temporalidad en el trabajo dentro del ámbito de la administración autonómica y de sus entidades autónomas, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
2. Este plan se desarrollará mediante la aprobación por el Consejo de Gobierno de los decretos de oferta pública de empleo de los años 2005, 2006 y 2007, que incluirán un porcentaje de plazas con indicación expresa de su carácter de plazas de estabilidad de la ocupación , para cuyo acceso se llevarán a cabo convocatorias específicas.
Las plazas ofertadas por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de mayo de 2003, de aprobación de la oferta pública de empleo del personal laboral al servicio de la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 2003 (BOIB núm. 79, de 5 de junio) se incorporarán a la oferta pública del año 2005 con indicación expresa de su carácter de plazas de estabilidad de la ocupación .
3. El sistema de selección para el ingreso que establezcan las convocatorias específicas será el concurso oposición libre, debiendo ser convocadas las pruebas durante el período de vigencia del plan, sin perjuicio de que su ejecución pueda exceder de dicho plazo. Las plazas contempladas en el párrafo segundo del punto anterior deberán respetar lo previsto en el artículo 11 del convenio colectivo para el personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
PRUEBAS SELECTIVAS DEL PLAN DE ESTABILIDAD DE OCUPACIÓN LABORAL.
Para acceder a las plazas correspondientes a los grupos de titulación A y B: tres ejercicios. Los dos primeros de tipo teórico, el primero consistente en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas relacionadas con los contenidos habituales de la legislación general aplicable, y el segundo, en desarrollar una o varias cuestiones que versen sobre los conocimientos específicos del cuerpo o escala. El tercer ejercicio será de tipo práctico relacionado con las tareas y funciones propias del cuerpo, escala o especialidad.
Para acceder a las plazas correspondientes a los grupos de titulación C, D y E: dos ejercicios. El primero de tipo teórico, consistente en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas relacionadas con los contenidos habituales de la legislación general aplicable y las funciones propias del cuerpo o escala, y el segundo ejercicio será de tipo práctico relacionado con las tareas y funciones propias del cuerpo, escala o especialidad.
Para acceder a las plazas correspondientes a categorías profesionales de los niveles 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del convenio colectivo: dos ejercicios. El primero de tipo teórico, consistente en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas relacionadas con los funciones propias de la categoría profesional, y el segundo ejercicio será de tipo práctico relacionado con las funciones propias de la categoría profesional.
A los aspirantes que habiendo participado en las pruebas selectivas no hayan obtenido plaza se les conservará la puntuación obtenida en los ejercicios aprobados de la fase de oposición, si participan en las pruebas selectivas de las siguientes convocatorias específicas convocadas al amparo de este plan para el ingreso en el mismo cuerpo, escala o categoría profesional.
Experiencia en puestos de trabajo de la administración autonómica del mismo cuerpo o escala o categoría profesionales al que se accede o equivalentes.
Experiencia en puestos de trabajo de la administración autonómica de diferentes cuerpos o escalas o categorías profesionales al que se accede y experiencia en otras administraciones públicas.
La puntuación que se otorgue por cada mes de trabajo en este apartado b no podrá exceder de una cuarta parte de la que corresponda a cada mes trabajado en el apartado a.
Conocimientos de lengua catalana de nivel superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala o categoría profesional al que se accede.
Cursos de formación en escuelas de administraciones públicas y en centros oficiales que estén relacionados con las funciones del cuerpo, escala o categoría profesional a la que se accede.
En cualquier caso, la puntuación máxima para la valoración de la formación no podrá superar los 17 puntos ni ser inferior a 8.
Los funcionarios de la comunidad autónoma, sin perjuicio de sus derechos, deberán prestar servicio en un consejo insular, cuando así se establezca por Ley del Parlamento, en aplicación del artículo 39 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares o en las disposiciones que la desarrollen.
Las convocatorias de selección de nuevo personal y los concursos de provisión de puestos de trabajo establecerán, en su caso, los posibles emplazamientos de estos en el territorio de la comunidad.
La presente Ley regirá a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares .
Juan Simarro Marqués,
Consejero de la Función Pública.
Vigente hasta el 3 de julio de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Funci�n P�blica de la comunidad aut�noma de las Illes Balears (BOE. núm. 101, de 27 de abril de 2007).
Anexo I (fase de oposición); Disposición transitoria octava (apdos. 1 y 3):
Sección III del capítulo III del título V; Artículos 59 (apdo. 7) y 92 bis; Disposición transitoria octava:
Capítulo III del título V (denominación); Artículos 42 (apdo. 4), 43 (apdo. 2.a) y 59 (apdos. 1, 2 y 3):
Disposición adicional primera (apdo. 7):
Redacción según Ley 5/2003 de 4 de abril, de salud de las Illes Balears.
Artículos 17 ter, 21 (apdo. 1, letras j y k): Disposición adicional novena (apdos. 4 y 5):
Artículo 14; Disposición adicional sexta (letra c):
Artículos 48 y 49:
Artículos 18, 42, 44, 59, 71; Disposiciones adicional primera, adicional sexta, adicional séptima, adicional octava, adicional novena, adicional décima y adicional undécima:
Redactado por Ley 14/1998, de 23 de diciembre, de diversas medidas tributarias y administrativas.
Redactado por Ley 9/1997, de 22 de diciembre, de diversas medidas tributarias y administrativas.
Redactado por Ley 1/1996, de 23 de abril, de modificación del artículo 45 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículos 17, 69 y 73:
Redactado por Ley 10/1995, de 20 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de patrimonio.
Artículos 55, 58, 59 bis, 66, 68, 71, 71 bis, 72, 73, 78, 79 y 82; Disposiciones adicional duodécima y adicional decimoquinta:
Redactado por Ley 1/1995, de 28 de febrero, de modificación de determinados artículos de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículos 46 y 73:
Redactado por Ley 11/1993, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAIB para 1994.