Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2007/T-502A-07.htm
Timestamp: 2017-11-24 03:49:11
Document Index: 209720361

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T-502A-07
Sentencia T-502A/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Notificación de la demanda no se realizó conforme al procedimiento establecido en la ley procesal
La notificación de la demanda no se hizo estrictamente con arreglo al procedimiento establecido en la ley procesal, es de colegir que Cajanal vio seriamente limitadas sus posibilidades de defensa y contradicción, por lo cual tampoco tuvo la posibilidad de agotar todos los medios ordinarios que a favor de un demandado prevé el ordenamiento jurídico. Ciertamente, ante la no realización de la notificación personal del auto admisorio de la demanda al representante legal de Cajanal, el Juez accionado libró aviso que fue entregado a la parte demandante, quien decidió radicarlo en la oficina seccional de la entidad demandada, aplicando así un procedimiento no autorizado en el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el 20 de la Ley 712 de 2001. Dadas estas circunstancias, se deduce que Cajanal no estaba en condiciones de enterarse cabalmente de la existencia del proceso ordinario laboral en su contra, del que vino a saber posteriormente, cuando el Juzgado de Pitalito inició la ejecución, momento en el cual promovió fallidamente dos incidentes, uno de nulidad contra la actuación surtida en el proceso ordinario y otro de desembargo contra las medidas cautelares decretadas por el despacho accionado, en la subsiguiente fase ejecutiva.
DEBIDO PROCESO-Varias irregularidades en el proceso constituyen vías de hecho
REGIMENES PENSIONALES DE EXCEPCION ESTABLECIDOS EN LA LEY 100 DE 1993-No fueron asignados a la justicia ordinaria laboral
Ignoró el Juzgado que según jurisprudencia constitucional, los conflictos jurídicos relacionados con la aplicación de los regímenes pensionales de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, entre ellos el de los docentes, no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral. Los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, por tratarse de regímenes patronales de pensiones o prestacionales que no constituyen un conjunto institucional armónico, ya que los derechos allí regulados no tienen su fuente en cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad social integral. La circunstancia de que la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social no conozca de controversias relativas a los regímenes de excepción, se repite, obedece a que para el legislador los mismos no constituyen un conjunto institucional armónico, pues los derechos allí regulados no tienen su fuente en cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad social integral.
Referencia: expediente T-1538101
Bogotá, D. C., cinco (5) de julio de dos mil siete (2007).
Señala que la demanda fue admitida, pese a que de conformidad con reiterados pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura la justicia ordinaria laboral no es competente para conocer de esos asuntos, además que, en su opinión, fue notificada indebidamente, toda vez que ante la no comparecencia de Cajanal el Juzgado libró un aviso entregado a la demandante quien, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 320 del C. P. C., no lo remitió a través del servicio postal, sino que lo entregó directamente en la oficina seccional de dicha entidad.
Dice finalmente que “como quiera que en el caso en estudio aún no se ha pagado la obligación, ni se han cancelado los títulos judiciales, pues aún no han sido constituidos por las entidades bancarias”, en la presente oportunidad la acción de tutela “procede como mecanismo transitorio mientras la entidad inicia el proceso de revisión habida cuenta de las irregularidades anotadas, que vulneran flagrantemente el debido proceso”.
Con base en lo expuesto, la accionante solicitó (i) “se declare que dentro del proceso ordinario adelantado por el Juzgado Único de Pitalito -Huila- en contra de la Caja Nacional de Previsión CAJANAL EICE, se ha vulnerado el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa y demás conexos constituyendo una vía de hecho”; (ii) que “como consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la accionada decrete de oficio la nulidad de todas las actuaciones adelantadas con violación de la Constitución y la ley” y (iii) que “de la situación se corra traslado a los órganos de control correspondientes para efectos de que se investigue la actuación del funcionario ejecutor”.
Señala que “posteriormente a la sentencia tiene figuración la liquidación de las costas procesales, de las que hacen parte las agencias en derecho fijadas, rubro que asciende a la suma de $ 10.134.649.853,oo cuyo establecimiento carece de parámetro antecedente, pues no figura el factor que conllevó a su cuantificación dentro de las diligencias y mal podría aparecer, pues enfrentamos una sentencia contenedora de una condena en abstracto”, lo cual es contrario a lo establecido en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil.
Agrega que “la demanda fue atendida por un funcionario que carece de competencia jurisdiccional para el conocimiento de este asunto, pues es un tema por fuera de la regulación que hace la Ley 100 de 1993 (artículo 273), esto es, sobre el sistema de seguridad social integral, correspondiéndole a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia que apareja la existencia de una causal de nulidad procesal, insaneable”.
Advierte que la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre la competencia adscrita a la justicia laboral, “por lo cual puede calificarse la sentencia glosada como desconocedora del precedente, sin que haya ofrecido un mínimo razonable de argumentación que haga viable el cambio de rumbo en el tema. Este aspecto, de contera, acarrea pretermisión de las normas que establecen la competencia (artículo 2° de la Ley 712 de 2001)”.
Simultáneamente, ordenó compulsar copias a las autoridades disciplinaria y penal competentes, para que investiguen al Juez Único Laboral del Circuito de Pitalito, por “la posible preterición a las normas que someten su comportamiento”.
Indica que conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 712 de 2001, la justicia ordinaria laboral conoce de controversias relativas al sistema general de seguridad social, el cual “abarca los temas o materias atinentes a pensiones, cualesquiera sea el vínculo que haya tenido el beneficiario de pensión con el Estado en sus diferentes órdenes”.
Indica que como también se imputó al Juez Único Laboral de Pitalito una conducta irregular, “por proferir una condena multimillonaria (más de $10.000.000.000.oo por honorarios) sin ser el llamado por la ley para hacerlo”, el Tribunal de Neiva sí podía compulsar copias para que se adelanten la respectivas investigaciones “y también tomar medidas precautelativas para impedir que el posible ilícito se consumara con la entrega de los dineros retenidos por el Juzgado, para proteger el interés público como es el de impedir un fraude que pone en riesgo los recursos del sistema de pensiones”.
Esta Corte es competente para decidir el presente asunto, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9°) de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Al efecto, debe recordarse que según constante jurisprudencia constitucional, si bien es cierto que en virtud de la sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), se declararon inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que regulaban la acción de tutela contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso, al estimar precisamente inviable el especial amparo constitucional en actuaciones dentro de la cuales están previstos, al interior del respectivo proceso, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, allí mismo fue contemplada la excepción cuando se estuviere en presencia de “una actuación de hecho” perpetrada por el propio funcionario judicial.
Desde entonces, paulatinamente fue conformándose la doctrina de la “vía de hecho”, a partir de la cual y de manera muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para remover aquellas “decisiones” que formal y materialmente contrarían, de manera evidente, grave y grosera, el ordenamiento constitucional, de modo que no pueden en realidad reputarse como verdaderas providencias judiciales, pues sólo son arbitrariedades con apariencia de tales.[1]
La noción de “vía de hecho” se ha venido desarrollando en la jurisprudencia de la Corte[2], de manera tal que actualmente se emplea el concepto de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el cual abarca los distintos supuestos en los que, para la mayoría de la Corte, una decisión judicial que implique una vulneración grave de derechos fundamentales puede ser dejada sin efectos mediante un fallo de tutela.
En cuanto a posibles manifestaciones de “vía de hecho” en casos específicos, puede recordarse que en materia de falta de competencia la Corte ha expresado (resaltado en negrilla en el texto original):
Entre tales elementos, el de la competencia de quien decide -en las etapas intermedias o al finalizar el proceso- reviste especialísima importancia, puesto que de la definición previa sobre ella habrá de derivarse si, a la luz del Derecho aplicable, el funcionario o entidad que profiere un acto goza de autoridad para expedirlo. Si es así, ha actuado en ese aspecto conforme a las reglas propias del Estado de Derecho. De lo contrario, las ha violado y, al hacerlo, ha atropellado el derecho de las partes e intervinientes al debido proceso, y su acto carece de validez.”[3]
“De esta manera, el debido proceso como derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P. Art. 85), en concordancia con los artículos 228 y 229 de la Constitución Política y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, se expresa a través de principios que regulan el acceso a dicha función pública, entre otros, se destacan los siguientes: la celeridad, publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia.
Conforme a lo anterior, surge como obligación de las autoridades judiciales no sólo notificar sus decisiones a las partes, sino también a todos aquellos que tengan un interés jurídico en las distintas actuaciones que puedan afectar sus derechos. Lo anterior, con el fin de otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones y de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra. Con todo, dichas actuaciones judiciales deben ajustarse siempre a las disposiciones, los términos y las etapas procesales descritas en la ley”.[4]
“…las sentencias que le sean adversas total o parcialmente a la entidad que instaura la tutela, están necesaria y oficiosamente sometidas a consulta, al tenor de lo preceptuado por el artículo 69 del C.P.L. Por tanto la omisión significa una afectación al debido proceso. La determinación de la consulta, ha debido producirse oportunamente y por ende, las sentencias no podían quedar ejecutoriadas sino después de resuelta la consulta. No aplicar una norma procesal de orden público que establece un grado jurisdiccional obligatorio y que busca, entre otros fines, precisamente que no se produzcan decisiones como la que se observa en el presente caso, es una ruptura patente y grave del ordenamiento jurídico. La omisión del mecanismo de la consulta afecta los derechos y deberes establecidos en la Constitución y las leyes.”[5]
De otra parte, en cuanto a la legitimación por activa, la jurisprudencia ha señalado que las personas jurídicas pueden promover acción de tutela, en lo que sea compatible con su especial naturaleza, como quiera que el artículo 86 de la Constitución Política, al consagrar ese mecanismo excepcional de protección, no distingue entre personas naturales y jurídicas, ni entre los derechos fundamentales de unas y otras, “lo cual enseña que la persona jurídica, nacional o extranjera, pública o privada, es titular de derechos fundamentales.”[6]
También ha expresado que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales condignos, entre ellos igualdad, inviolabilidad de documentos, correspondencia y demás formas de comunicación privada, petición, debido proceso, libertad de asociación, acceso a la administración de justicia, información, habeas data, y por ello están cobijadas por las garantías constitucionales que aseguran su ejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el orden jurídico consagra, incluyendo el amparo constitucional. [7]
Ciertamente, ante la no realización de la notificación personal del auto admisorio de la demanda al representante legal de Cajanal, el Juez accionado libró aviso que fue entregado a la parte demandante, quien decidió radicarlo en la oficina seccional de la entidad demandada, aplicando así un procedimiento no autorizado en el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el 20 de la Ley 712 de 2001[8], según el cual la notificación por aviso debe ser realizada por el “notificador” del despacho judicial, esto es, por un empleado del Juzgado, quien entregará tal aviso junto con copia auténtica de la demanda y del auto admisorio de la misma, dejando constancia de su actuación.
El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 32 de la Ley 794 de 2003[9], también se refiere a la notificación por aviso, que procede cuando no es posible realizar la notificación personal y autoriza entregarlo a la parte interesada para que lo envíe a la parte demandada a través del servicio postal, dejando en el expediente constancia del envío, lo cual tampoco se cumplió en la actuación adelantada por el Juzgado Laboral, pues como su titular corrobora al responder la tutela, el aviso fue radicado directamente por el demandante en la oficina seccional de la entidad demandada que, según lo explica su apoderado, recibió solamente un folio sin los demás soportes, afirmación que no fue desvirtuada por el accionado en el trámite de la tutela en revisión.
Resulta igualmente inexplicable que el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito al adelantar el proceso ordinario para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, no haya integrado el contradictorio con el Ministerio de la Protección Social, entidad que según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, maneja el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, FOPEP, que sustituyó a la Caja Nacional de Previsión Social en lo relacionado con el pago de las pensiones a su cargo.[10]
Tal omisión es relevante, por cuanto impidió que conocidas las resultas del proceso ordinario laboral se pudiera tramitar oportunamente y a instancia de ese Ministerio la acción de revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003[11], para la defensa del patrimonio público comprometido con la cuantiosa condena proferida por el Juez accionado, ya que Cajanal no está habilitada por esa normatividad para tramitar dicha acción.
Para admitirla y darle trámite al proceso, el Juzgado accionado argumentó que la materia relacionada con la pensión gracia de los docentes está inmersa en el régimen de la seguridad social, cuyas controversias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria laboral, según lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 4°, de la Ley 712 de 2001, que modificó el Código Procesal del Trabajo.
Ignoró el Juzgado que según jurisprudencia constitucional, los conflictos jurídicos relacionados con la aplicación de los regímenes pensionales de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993[12], entre ellos el de los docentes, no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral.
Así lo precisó esta corporación en sentencia C-1027 de 2002 (noviembre 27), M. P. Clara Inés Vargas Hernández, al declarar exequible el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, por el cargo formulado en la demanda:
“Mediante la Ley 712 de 2001, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo, se perfecciona el gran avance logrado por la Ley 362 de 1997, pues al delimitar el campo de la jurisdicción laboral en el artículo 1° de dicho ordenamiento se anuncia que en adelante el Código Procesal del Trabajo se denominará Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, agregando que los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria ‘en sus especialidades laboral y de seguridad social’ se tramitarán de conformidad con dicho Código.
Así mismo, en el artículo 2° de la ley en mención se regula la competencia general de la jurisdicción ordinaria ‘en sus especialidades laboral y de seguridad social’, atribuyéndole en su numeral 4° acusado el conocimiento de las controversias referentes al ‘sistema de seguridad social integral’ que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.
…para la Corte es claro que el numeral impugnado no establece discriminación alguna respecto de las controversias relacionadas con los regímenes de excepción, pues las mismas son conocidas y resueltas por los jueces con arreglo a los criterios tradicionales que toman en cuenta la naturaleza del vínculo laboral, por lo que lejos de vulnerar la Carta se les estaría garantizando el acceso efectivo a la administración de justicia (CP art. 229), a todas las personas que están vinculadas a dichos regímenes.
En suma, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 al atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula.” (No está subrayado en el texto original).
Valga anotar que el anterior pronunciamiento se produjo con anterioridad a la iniciación del proceso ordinario laboral ocurrida en 2005, por lo cual el juzgador estaba sometido a los efectos de la cosa juzgada constitucional (art. 243 Const). Al desconocer ese precedente, incurrió entonces en otro aspecto de la ostensible vía de hecho, lo cual hace viable la protección constitucional pedida por Cajanal, EICE.
Primero. REVOCAR parcialmente la sentencia del 4 de diciembre de 2006, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo que concierne a la decisión de declarar improcedente la acción de tutela que en primera instancia había concedido a Cajanal, EICE, el 27 de septiembre de 2006, la Sala Tercera de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva.
Segundo. En su lugar, CONCÉDESE la tutela al derecho fundamental al debido proceso, en virtud de lo cual queda sin efectos toda la actuación adelantada por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito, incluyendo la posterior ejecución de la condena impuesta contra Cajanal, EICE, a raíz del proceso incoado por María Advenis Peña Gaviria y 299 personas más.
Tercero. CONFÍRMASE lo relacionado con la orden de levantar, ahora con carácter definitivo, la medida cautelar decretada por el accionado sobre los recursos de la entidad demandada.
Cuarto. De acuerdo con lo ordenado al respecto por los despachos judiciales de instancia y lo que ahora adiciona la Corte Constitucional, líbrense por la Secretaría General de esta corporación, junto con copia de esta providencia, las siguientes comunicaciones, frente a las conductas delictuosas y disciplinarias en las que se haya incurrido, en los hechos analizados dentro de la presente acción de tutela:
ASUSENTE CON PERMISO
[1] T-001 de 2007 (febrero 18), M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[2] Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-079 y T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008 de 1998; T-260 de 1999; T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-565, T-590, T-591, T-643, T-723, T-780 y T-840 de 2006, en algunas de estas últimas con salvamento de voto de quien obra como ponente de este fallo.
[3] T-956 de 2000 (julio 26), M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4] C-641 de 2002 (agosto 13), M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[5] T-848 de 2002 (octubre 10), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] T-723 de 2005 (julio 7), M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[7] T-723 de 2005.
[8] “Artículo 41. FORMA DE LAS NOTIFICACIONES. Las notificaciones se harán en la siguiente forma: …PARÁGRAFO. NOTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando en un proceso intervengan Entidades Públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso. En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al de la sede de la entidad demandada, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional, quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarle lo ocurrido al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria. Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia. En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba.”
[9] “Artículo 320. NOTIFICACION POR AVISO. Cuando no se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se deba realizar personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando deba surtirse un traslado con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los tres días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo. El aviso se entregará a la parte interesada en que se practique la notificación, quien lo remitirá a través de servicio postal a la misma dirección a la que fue enviada la comunicación a que se refiere el numeral 1º del artículo 315. Cuando se trate de auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago, el aviso deberá ir acompañado de copia informal de la providencia que se notifica y de la demanda, sin incluir sus anexos. El secretario agregará al expediente copia del aviso, acompañada de constancia expedida por la empresa de servicio postal de haber sido entregado en la respectiva dirección. En el caso de las personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia, el aviso podrá remitirse a la dirección electrónica registrada según el parágrafo único del artículo 315, siempre que la parte interesada suministre la demanda en medio magnético. En este último evento en el aviso se deberá fijar la firma digital del secretario y se remitirá acompañado de los documentos a que se refiere el inciso tercero de este artículo, caso en el cual se presumirá que el destinatario ha recibido el aviso y sus anexos cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. El secretario hará constar este hecho en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos. Así mismo, conservará un archivo impreso de los avisos enviados por esta vía, hasta la terminación del proceso. PAR. 1º. El Consejo Superior de la Judicatura implementará la creación de las firmas digitales certificadas, dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley. PAR. 2º. El remitente conservará una copia de los documentos enviados, la cual deberá ser cotejada y sellada por la empresa de servicio postal. El incumplimiento de esta obligación o de cualquiera otra establecida en este Código, por parte de las empresas de servicio postal, dará lugar a las sanciones a que ellas se encuentren sometidas.”
[10] “ARTÍCULO 130. FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL. Créase el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, como una cuenta de la Nación adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos se administrarán mediante encargo fiduciario. El Fondo sustituirá a la Caja Nacional de Previsión Social en lo relacionado con el pago de las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, y a las demás cajas de previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional, que el Gobierno determine y para los mismos efectos. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos requeridos para el pago de las pensiones reconocidas o causadas con anterioridad a la presente Ley. A partir de 1995, todas las obligaciones por concepto de pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, reconocidas por la Caja Nacional de Previsión, serán pagadas por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, creado por la Ley 33 de 1985 continuará siendo responsable del reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivientes, y de los servicios de salud de los congresistas y de los empleados del Congreso y del Fondo que aporten para los sistemas de pensiones y de salud de conformidad con las normas de la presente Ley.”
[11] “ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” (Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles en sentencia C-835 de septiembre 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería).
[12] “ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato. Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol. PARÁGRAFO 1°. La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley. Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida. PARÁGRAFO 2°. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales. PARÁGRAFO 3°. Las pensiones de que tratan las leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados. PARÁGRAFO 4°. (Adicionado por el artículo 1°de la Ley 238 de 1995, el nuevo texto es el siguiente:) Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados.” (Se subraya).