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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 3']

BOE.es - Documento DOUE-L-2008-80345
Documento DOUE-L-2008-80345
«DOUE» núm. 52, de 27 de febrero de 2008, páginas 3 a 20 (18 págs.)
DOUE-L-2008-80345
(1) El Consejo, en su Resolución de 7 de febrero de 1994 relativa al desarrollo de los servicios postales comunitarios (4), señalaba como uno de los principales objetivos de la política comunitaria sobre los servicios postales la conciliación de la apertura gradual y controlada a la competencia del mercado postal y la garantía de la prestación sostenible del servicio universal.
(2) La Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (5), estableció un marco normativo para el sector postal a escala comunitaria que, entre otras cosas, contemplaba medidas dirigidas a garantizar la prestación del servicio universal, establecía límites máximos, sujetos a una reducción gradual y progresiva, en cuanto a los servicios postales que los Estados miembros pueden reservar a su proveedor o proveedores de servicio universal con el fin de mantener dicho servicio, y fijaba un calendario para la toma de decisiones orientadas a una mayor liberalización del mercado, con el propósito de crear un mercado interior de servicios postales.
(5) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(9) En su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la aplicación de la Directiva Postal (1), el Parlamento Europeo destacó la importancia económica y social de unos servicios postales eficientes y su importante función en el marco de la estrategia de Lisboa, y señaló que las medidas de reforma adoptadas hasta la fecha han generado una evolución positiva y significativa del sector postal, que ha ganado en calidad y eficiencia y se ha orientado mejor hacia las necesidades del usuario. En su Resolución, el Parlamento Europeo pedía a la Comisión, a la vista de las líneas de evolución, a veces claramente divergentes, de las obligaciones en materia de servicios universales en los Estados miembros, que, al elaborar su estudio prospectivo, concentrase sus esfuerzos en la calidad del servicio universal prestado y en su futura financiación, y que, en el marco de dicho estudio, propusiese una definición, un ámbito de aplicación y una fórmula de financiación apropiada para el servicio universal.
(1) DO C 288 E de 25.11.2006, p. 77.
(23) La Directiva 97/67/CE establecía que la prestación del servicio universal había de hacerse preferentemente mediante la designación de proveedores de servicio universal. Los Estados miembros podrán exigir que el servicio universal se preste en la totalidad del territorio nacional. El aumento de la competencia y de las opciones hace oportuno que los Estados miembros dispongan de más flexibilidad a la hora de decidir el mecanismo más eficiente y apropiado para garantizar la prestación del servicio universal, con supeditación a los principios de objetividad, transparencia, no discriminación, proporcionalidad y mínima distorsión del mercado, necesarios para garantizar la libre prestación de servicios postales en el mercado interior. Los Estados miembros pueden adoptar uno o varios de los siguientes sistemas: la prestación del servicio universal por las fuerzas del mercado, la designación de una o varias empresas que ofrezcan distintos elementos del servicio universal o abarquen distintas partes del territorio, y la contratación pública de los servicios. En caso de que un Estado miembro optara por la designación de una o varias empresas para la prestación del servicio universal o para la prestación de distintos elementos del servicio universal, debe garantizarse que los requisitos de calidad propios del servicio universal se impongan de una manera transparente y proporcionada a los proveedores de servicios universales. Cuando un Estado miembro designe más de una empresa, debe garantizar que no se produzcan superposiciones en las obligaciones del servicio universal.
(30) En caso de que los Estados miembros decidan ofrecer servicios adicionales o complementarios al público en su territorio nacional, exceptuados los servicios relativos a las obligaciones de servicio universal, según se definen en la presente Directiva, como el cobro de pensiones y la distribución de giros postales en zonas rurales, dichos servicios no deben quedar sujetos a mecanismo de compensación alguno que obligue a cotizar a determinadas empresas. Si procede, los Estados miembros pueden conceder financiación para esos servicios adicionales o complementarios de acuerdo con las normas del Tratado
sobre ayudas estatales. Salvo en el caso del proveedor o proveedores de servicio universal, las autorizaciones no pueden supeditarse a la obligación de prestar tales servicios adicionales.
(31) Conviene otorgar a los Estados miembros que se hayan adherido a la Unión después de la entrada en vigor de la Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (1) y que se enfrentan a especiales dificultades en lo que se refiere a una adaptación gradual de sus mercados postales por haber iniciado su proceso de reforma en una fase tardía, y a determinados Estados miembros con una población menor o una extensión limitada y que posean características específicas relevantes a la hora de prestar servicios postales, o a aquellos Estados miembros cuyo territorio presente un relieve especialmente accidentado o que tengan un elevado número de islas, la posibilidad de aplazar la fecha de aplicación de la Directiva por un período de tiempo limitado para seguir reservando servicios a su proveedor o proveedores del servicio universal, siempre a condición de que se notifique a la Comisión. Teniendo en cuenta el carácter excepcional de dicha posibilidad, también conviene, dentro de dicho período de tiempo limitado y para un número limitado de servicios, permitir a los Estados miembros que hayan abierto completamente sus mercados denegar la autorización para operar en su territorio a monopolios que operan en otro Estado miembro.
(1) DO L 176 de 5.7.2002, p. 21.
(35) Los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios postales, al tratar datos personales con arreglo a la Directiva 97/67/CE, apliquen las disposiciones comunitarias y nacionales sobre protección de datos personales, en particular las que establece la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1).
—	adoptar decisiones sobre el servicio universal,
—	determinar con fundamento si las obligaciones de servicio universal impuestas entrañan un coste neto y si representan una carga financiera injusta para el proveedor de servicio universal,
— garantizar que las tarifas aplicadas al servicio universal cumplan los principios de tarificación establecidos en la presente Directiva,
— garantizar el cumplimiento de los principios relativos a los gastos terminales establecidos en la presente Directiva, y
— supervisar la equidad de las condiciones de mercado hasta que la competencia se haga realidad.
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003.
(42) En consonancia con las disposiciones vigentes en otros ámbitos del sector de servicios y al objeto de aumentar la protección del consumidor, procede que la aplicación de unos principios mínimos en relación con los procedimientos de reclamación no se limite a los proveedores del servicio universal. A fin de aumentar la eficacia de los procedimientos de tramitación de reclamaciones, resulta oportuno promover el recurso a procedimientos extrajudiciales, según especifican la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (1), y la Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (2). Los intereses de los consumidores también se verán favorecidos por un aumento de la interoperatividad entre los operadores, como consecuencia del acceso a ciertos elementos de la infraestructura y ciertos servicios, y por la necesidad de cooperación entre las autoridades nacionales de reglamentación y las organizaciones de protección del consumidor.
(43) La Directiva 97/67/CE establece que determinadas medidas deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (3).
(1) DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.
(2) DO L 109 de 19.4.2001, p. 56.
(58) La presente Directiva guarda coherencia con otros actos comunitarios aplicables al sector de los servicios. En caso de conflicto entre una disposición de la presente Directiva y una disposición de otro acto comunitario, en particular la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (1), las disposiciones de la presente Directiva prevalecerán y se aplicarán plenamente al sector postal.
(60) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (1), se alienta a los Estados miembros a que, en su propio interés y en el de la Comunidad, establezcan y hagan públicos sus propios cuadros que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición.
— las condiciones aplicables a la prestación de servicios postales,
— la prestación de un servicio postal universal en el interior de la Comunidad,
— la financiación de los servicios universales en condiciones que garanticen su prestación continuada,
— los principios de tarificación y de transparencia contable para la prestación del servicio universal,
— la determinación de normas de calidad para la prestación del servicio universal y la instauración de un sistema que garantice el cumplimiento de esas normas,
— la armonización de las normas técnicas,
— la creación de autoridades nacionales de reglamentación independientes.».
«1) "servicios postales": los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales;»;
«1 bis) "proveedor de servicios postales": la empresa que presta uno o varios servicios postales;»;
c) en el punto 2, los términos «red postal pública» se sustituyen por «red postal»;
«3) "puntos de acceso": las instalaciones físicas, incluidos en especial los buzones a disposición del público tanto en la vía pública como en los locales del proveedor o proveedores del servicio postal, donde los remitentes pueden depositar envíos postales en la red postal;»;
«4) "recogida": la operación consistente en retirar los envíos postales por un proveedor de servicio postal; »;
«6) "envío postal": el envío con destinatario presentado en la forma definitiva en que deba ser transportado por el proveedor del servicio postal. Aparte de los envíos de correspondencia, incluye, por ejemplo, los libros, catálogos, diarios de prensa y publicaciones periódicas y los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial;»;
«13) "proveedor de servicio universal": el proveedor público o privado de servicios postales que presta un servicio postal universal o partes del mismo dentro de un Estado miembro, y cuya identidad ha sido notificada a la Comisión de conformidad con el artículo 4;»;
«14) "autorización": cualquier permiso que establezca derechos y obligaciones específicos para el sector postal y permita a las empresas prestar servicios postales y, cuando proceda, crear y/o explotar sus redes para la prestación de dichos servicios, en las formas de autorización general o licencia individual, que se definen a continuación:
— "autorización general": una autorización que no exija al proveedor de servicios postales de que se trate una decisión explícita de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos derivados de la autorización, con independencia de que esté regulada por una licencia de categoría o por el Derecho general o que la normativa que la regule exija trámites de registro o declaración,
— "licencia individual": una autorización que concede una autoridad nacional de reglamentación y que otorga a un proveedor de servicios postales derechos específicos, o que somete las operaciones de dicha empresa a unas obligaciones específicas que completen la autorización general si procede, cuando el proveedor de servicios postales no tenga derecho a ejercer los derechos de que se trate hasta que haya recibido la decisión de la autoridad nacional de reglamentación;»;
«17) "usuario": toda persona física o jurídica beneficiaria de la prestación de un servicio postal como remitente o como destinatario;»;
«19) "requisitos esenciales": los motivos de interés general y de carácter no económico que puedan
inducir a un Estado miembro a imponer condiciones relativas a la prestación de servicios postales.
Estos motivos son la inviolabilidad de la correspondencia, la seguridad del funcionamiento de la
red en materia de transporte de sustancias peligrosas, el respeto de las estipulaciones de los regímenes de empleo y seguridad social establecidas mediante ley, reglamento o decisión administrativa o convenio colectivo negociado entre los interlocutores sociales nacionales con arreglo al Derecho nacional y comunitario y, en los casos en que esté justificado, la protección de los datos, la protección del medio ambiente y la ordenación territorial.
La protección de los datos podrá abarcar la protección de los datos personales, la confidencialidad de la información transmitida o almacenada y la protección de la intimidad;»;
«20) "servicios prestados según tarifa por unidad": servicios postales cuyo precio figure en las condiciones generales del proveedor o proveedores de servicio universal aplicables a los envíos postales individuales».
— una recogida,
— una entrega al domicilio de cada persona física o jurídica o, como excepción, en condiciones que quedarán a juicio de la autoridad nacional de reglamentación, una entrega en instalaciones apropiadas.»;
2. Los Estados miembros podrán designar a una o varias empresas como proveedores de servicio universal de modo que quede cubierto la totalidad del territorio nacional. Los Estados miembros podrán designar a diferentes empresas para la prestación de diversos elementos del servicio universal y/o cubrir distintas partes del territorio nacional.
Cuando así lo hagan, fijarán, con arreglo al Derecho comunitario, los derechos y obligaciones que se les asignen y los darán a conocer públicamente. En particular, los Estados miembros aprobarán medidas para garantizar que las condiciones de adjudicación del servicio universal se basen en los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad, de modo que se garantice la continuidad de la prestación del servicio universal, teniendo en cuenta la importante función que desempeña en la cohesión social y territorial.
2. Los Estados miembros podrán garantizar la prestación de los servicios universales sacándolos a licitación con arreglo a las normas y reglamentaciones sobre contratación pública que sean de aplicación, incluidos el procedimiento de diálogo competitivo y el procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa o sin ella, según lo establecido en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (*).
(*) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/97/CE del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, p. 107).».
—	supeditarse a obligaciones de servicio universal,
—	si procede y se justifica, acarrear la imposición de requisitos de calidad, disponibilidad y eficacia a los servicios pertinentes,
— supeditarse, en su caso, a la obligación de efectuar una aportación financiera a los mecanismos de reparto a que se refiere el artículo 7, si la prestación del servicio universal acarrea un coste neto y representa una carga injusta para el proveedor o los proveedores de servicio universal, designados conforme a lo dispuesto en el artículo 4,
— supeditarse, en su caso, a la obligación de efectuar una aportación financiera para sufragar los costes operativos de las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 22,
— supeditarse, en su caso, a la obligación de respetar las condiciones de trabajo establecidas por la legislación nacional o imponer dicha obligación.
— limitarse en número,
— imponer obligaciones de servicio universal y, al mismo tiempo, la obligación de efectuar aportaciones financieras a un mecanismo de reparto de costes, para los mismos elementos del servicio universal o partes del territorio nacional,
— duplicar condiciones que ya se apliquen a las empresas en virtud de otra legislación nacional no específica al sector,
— imponer condiciones técnicas u operativas distintas de las necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva.
—	los precios serán asequibles y deberán permitir el acceso a los servicios prestados a todos los usuarios independientemente de la situación geográfica y teniendo en cuenta las condiciones nacionales específicas. Los Estados miembros podrán mantener o introducir la prestación de servicios postales gratuitos para el uso de las personas invidentes o de visión reducida,
—	los precios se fijarán teniendo en cuenta los costes y de modo que ofrezcan incentivos para la prestación eficiente del servicio universal. Siempre que resulte necesario por razones de interés público, los Estados miembros podrán disponer que se aplique una tarifa única en todo el territorio nacional y/o a los servicios transfronterizos prestados según tarifa por unidad u otro tipo de envío postal,
— la tarifa única se aplicará sin perjuicio del derecho del proveedor o proveedores de servicio universal a concluir acuerdos individuales con los usuarios respecto a los precios,
—	las tarifas serán transparentes y no discriminatorias,
—	cuando los proveedores de servicio universal apliquen tarifas especiales, por ejemplo a los servicios a las empresas, a los remitentes de envíos masivos o a los preparadores del correo de varios usuarios, deberán respetar los principios de transparencia y no discriminación por lo que se refiere a las tarifas y las condiciones asociadas. Las tarifas, junto con las condiciones asociadas a las mismas, se aplicarán igualmente entre las distintas terceras partes interesadas y entre estas y los proveedores de servicio universal que suministren servicios equivalentes. Tales tarifas también se propondrán a los usuarios, en especial a los particulares y pequeñas y medianas empresas, que efectúen envíos en condiciones similares.».
iv) los costes comunes, que son necesarios para prestar tanto servicios universales como no universales, se imputarán se manera apropiada; deberán aplicarse los mismos parámetros de costes a los servicios universales y a los servicios no universales.»;
«— el Parlamento Europeo y el Consejo, para los servicios transfronterizos intracomunitarios (véase el anexo II). La adaptación futura de las normas al progreso técnico o a la evolución del mercado se realizará según el procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 21, apartado 2.»;
Los Estados miembros harán públicas las funciones que competan a las autoridades nacionales de reglamentación por medios de fácil acceso, en particular cuando tales funciones se asignen a más de un órgano. Los Estados miembros velarán por que, siempre que proceda, las citadas autoridades y las autoridades nacionales responsables de aplicar las normas en materia de competencia y de protección de los consumidores se consulten y cooperen en los asuntos de interés común.
2. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán como misión, en especial, garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva, en particular estableciendo procedimientos de supervisión y de regulación dirigidos a garantizar la prestación del servicio universal.
Asimismo podrán tener como misión garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de competencia en el sector postal.
Parte A: Definición de las obligaciones de servicio universal Las obligaciones de servicio universal son las obligaciones, mencionadas en el artículo 3, que un Estado miembro impone a un proveedor de servicios postales en relación con la prestación de un servicio postal en la totalidad de una zona geográfica concreta, entre las que pueden figurar, cuando resulte necesario, la prestación de dicho servicio a precios uniformes en dicha zona geográfica o la prestación de ciertos servicios gratuitos, destinados a los invidentes y a las personas con visión reducida.
— un número de días de entrega superior al previsto en la presente Directiva,
—	la accesibilidad de los puntos de acceso para satisfacer las obligaciones del servicio universal,
—	tarifas asequibles del servicio universal,
—	precios uniformes para el servicio universal,
—	la prestación de ciertos servicios gratuitos, destinados a los invidentes y a las personas con visión reducida.
i) los elementos de los servicios identificados que solo pueden prestarse con pérdidas o en condiciones de costes no conformes a las prácticas comerciales normales.
Esta categoría puede incluir elementos de los servicios definidos en la parte A,
La recuperación o financiación de los costes netos derivados de las obligaciones de servicio universal puede exigir la necesidad de compensar a los proveedores designados de servicio universal por los servicios que prestan en condiciones no comerciales. Dado que tal compensación supone transferencias de carácter financiero, los Estados miembros han de velar por que dichas transferencias se efectúen de manera objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada.
Lo anterior significa que, en la medida de lo posible, las transferencias habrán de producir la menor distorsión de la competencia y de la demanda de los usuarios.
— República Checa
Cumplimiento a más tardar el el 31 de diciembre de 2010, con la salvedad indicada.
CORRECCIÓN de errores en DOUE L 225, de 28 de agosto de 2015 (Ref. DOUE-L-2015-81696).
SE TRANSPONE, por Ley 43/2010, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-20139).
MODIFICA la Directiva 97/67, de 15 de diciembre de 1998 (Ref. DOUE-L-1998-80098).