Source: http://docplayer.es/48754201-Acuerdo-del-tribunal-administrativo-de-contratacion-publica-de-la-comunidad-de-madrid.html
Timestamp: 2018-04-23 04:39:43
Document Index: 271260566

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 118']

Ángeles Herrera Cuenca
1 Recurso extraordinario de revisión nº 27/2014 Resolución nº 34/2014 ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 17 de febrero de VISTO el recurso extraordinario de revisión formulado por Don P.R., en nombre y representación de Cespa Gestión de Residuos S.A.U. (CESPA G.R.) contra la Resolución 23/2014, de 29 de enero dictada por este Tribunal en el recurso interpuesto por la misma entidad contra el Acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2013, de la Mancomunidad de Municipios del Sur por el que se adjudica el contrato Gestión de servicios públicos de explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos ubicadas en la zona sur de la Comunidad de Madrid, expediente 3/2013, este Tribunal ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Con fecha 29 de enero de 2014 este Tribunal inadmitió el recurso especial en materia de contratación interpuesto por CESPA GR contra el Acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2013, de la Mancomunidad de Municipios del Sur por el que se adjudica el contrato de referencia, por extemporáneo. 1
2 Se señala en el fundamento de derecho cuarto de la indicada Resolución que según consta en el expediente, la notificación de la resolución de adjudicación fue registrada de salida y remitida al recurrente el 27 de diciembre de El plazo de 15 días finalizó, por tanto, el 16 de enero de El recurso fue presentado el día 21 de enero ante este Tribunal, fuera del plazo legalmente previsto, por lo que procede la inadmisión del recurso. Segundo.- Con fecha 6 de febrero de 2014 ha tenido entrada en el Registro de este Tribunal recurso extraordinario de revisión contra la Resolución del Tribunal fundado en la causa contemplada en el artículo de la LRJ-PAC Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. En concreto se aduce citando resoluciones del Tribunal Central de Recursos Contractuales, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y de este Tribunal (en concreto la Resolución 78/2013, de 21 de mayo de 2013), que habiendo sido remitida la resolución recurrida el día 27 de diciembre de 2013, se solicitó -vía mail- vista del expediente el día 10 de enero de 2014, es decir, cuando habían transcurrido 10 días hábiles desde la remisión del Acuerdo, considerando que Desde entonces, y siguiendo la tesis expuesta, ha de entenderse suspendido el plazo para la interposición del recurso, plazo que se reanudó en el momento en que le confirieron vista del expediente, esto es, el día 17 de enero de FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la LRJ-PAC, el recurso ha sido presentado por persona jurídica con capacidad de obrar, que ostenta la condición de interesado, y con representación debidamente acreditada. 2
3 Segundo.- La recurrente califica el presente recurso como extraordinario de revisión, y lo interpone argumentando que se dan las circunstancias previstas en el artículo ª de la citada LRJ-PAC, dentro del plazo de cuatro años previsto en el apartado 2 del mismo artículo. Tercero.- El recurso se ha interpuesto contra la resolución de un recurso especial en materia de contratación dictada por este Tribunal, que al amparo de la normativa vigente pone fin a la vía administrativa. Tratándose de un recurso interpuesto contra una resolución de este Tribunal, compete a él la resolución del mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992, y 53.6 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Cuarto.-. La primera cuestión que cabe plantearse, es si contra las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid cabe la interposición de recurso extraordinario de revisión. La disposición final tercera del texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, señala en su apartado 1 que: Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complementarias, estableciéndose así aplicación supletoria de LRJ-PAC, en aquellos procedimientos no regulados en la propia LCSP. El artículo 49 del TRLCPS determina que contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trata por tanto de un recurso cuya Resolución, dictada por este Tribunal, es definitiva en vía administrativa y contra la 3
4 que, en principio, únicamente cabe recurrir acudiendo a la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Sin embargo, tal y como puso de relieve el Consejo Consultivo en su Dictamen 661/2011, de 30 de noviembre, el precepto que acabamos de citar debe ser interpretado coordinadamente con el resto de preceptos en que la LCSP (hoy TRLCSP) establecen el régimen jurídico aplicable a los contratos administrativos, y en particular, los que regulan el procedimiento y en concreto el artículo 19.2 de la misma: Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado( ). En términos semejantes el artículo 2 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, previene el carácter supletorio de la normativa de derecho administrativo a la materia del procedimiento contractual. Por último el artículo 46.1 del TRLCSP, establece que El procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de contratación se regirá por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las especialidades que se recogen en los apartados siguientes. A la luz de la doctrina anteriormente citada, este Tribunal considera de aplicación lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP a las resoluciones dictadas por el mismo, y por tanto entiende que contra sus resoluciones cabe la interposición de recurso extraordinario de revisión. En este mismo sentido el Tribunal Central de Recursos contractuales ha considerado admisibles recursos extraordinarios de revisión en Resoluciones 149, 150 y 151/2011. Quinto.- Admitida la posibilidad de que una resolución del Tribunal pueda ser objeto 4
5 de recurso extraordinario de revisión, procede examinar si en el caso que nos ocupa concurre alguna de las circunstancias contenidas en el artículo de la citada LRJ-PAC. Como más arriba se ha indicado la causa alegada por el recurrente, para fundamentar la revisión de la Resolución dictada por este Tribunal, es la contemplada en el artículo de la LRJ-PAC que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente administrativo. Es de sobra conocida la interpretación jurisprudencial que puede darse del concepto error de hecho, valga por todas la doctrina resumida en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de marzo de 2012, dictada en el recurso de casación 2416/2009, cuando señala que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho) por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o derechos, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1- que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documento; 2- que el error se aprecia teniendo en cuenta solamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte; 3- que el error sea patente y claro, sin necesidad acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables 4- que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos; 5- que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implica un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica); 6- que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no se genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo 5
6 rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un fraus legis constitutivo de desviación procesal; 7- que se aplique con un hondo criterio restrictivo. No se da en el caso que ahora nos ocupa un auténtico error de hecho en los términos más arriba indicados, puesto que la estimación del recurso implica la realización de una labor de interpretación jurídica sobre la suspensión de los plazos para la interposición del recurso especial, que además en su día no fue invocada por la recurrente, por lo que procede inadmitir a trámite el recurso de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la LRJ-PAC, sin necesidad de recabar el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ACUERDA Único.- Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión formulado por Don P.R., en nombre y representación de Cespa Gestión de Residuos S.A.U. (CESPA G.R.) contra la Resolución 23/2014, de 29 de enero dictada por este Tribunal en el recurso interpuesto por la misma entidad contra el Acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2013, de la Mancomunidad de Municipios del Sur por el que se adjudica el contrato Gestión de servicios públicos de explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos ubicadas en la zona sur de la Comunidad de Madrid, expediente 3/2013, por no fundarse en ninguna de las causas del artículo 118 de la LRJ-PAC. 6
En Pamplona, a 25 de enero de 2016,
Expediente: 47/2015 Objeto: Recurso extraordinario de revisión deducido frente a resolución del Director del Servicio de Inspección. Dictamen: 10/2016, de 25 de enero DICTAMEN En Pamplona, a 25 de enero
Dictamen nº: 546/09 Consulta: Consejero de Transportes e Infraestructuras Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión Aprobación: 22.12.09 DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la
ANTECEDENTES. La Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se dirige a esta Junta Consultiva mediante el siguiente escrito de consulta:
Informe 63/11, de 17 julio de 2012. Subrogación del nuevo contratista del personal adscrito a la ejecución del anterior contrato. Clasificación de los informes. 31. Proyectos de disposiciones ANTECEDENTES.
E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 326/2014 C.A. Valenciana 044/2014 Resolución nº 376/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 9 de mayo de 2014. VISTO el recurso interpuesto por