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Timestamp: 2017-12-17 17:30:21
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Sentencia T.S. 814/2010 (Sala 2) de 30 de septiembre. Delito de tentativa de homicidio. Lesiones - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 814/2010 (Sala 2) de 30 de septiembre
Delito de homicidio en grado de tentativa. Lesiones. Dilaciones indebidas. Vulneración presunción de inocencia. No procede. Error en la apreciación de la prueba. No procede. Quebrantamiento de forma. No procede. Vulneración tutela judicial efectiva. No procede.
En el recurso de Casación por infracción de Ley y de precepto Constitucional así como por quebrantamiento de Forma que ante Nos pende, interpuesto por Damaso, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Segunda, con fecha uno de Diciembre de dos mil nueve, en causa seguida contra Damaso, por delito de tentativa de homicidio, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca, siendo parte recurrente el acusado Damaso, representado por el Procurador Don Ignacio Martínez Zapatero y defendido por el Letrado Don Isidro Verdú Verdú.
Primero.-El Juzgado de Instrucción número 1 de los de Novelda, instruyó el Sumario con el número 2/2.007, contra Damaso, y, una vez declarado concluso el mismo, lo remitió a la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 2.ª, rollo 28/07) que, con fecha uno de Diciembre de dos mil nueve, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"Sobre las 5 horas del día 24 de Junio de 2001, se encontraba el procesado Damaso, mayor de edad y sin antecedentes penales en el interior del cuartelillo de la comparsa Satures, en el marco de las fiestas de la localidad de Novelda. En el recinto tuvo un incidente con otro joven, saliendo los dos a la calle e iniciando un forcejeo. Viendo lo ocurrido se acercaron a su posición Jenaro y Porfirio, ambos amigos de la persona que disputaba con el procesado.
El primero agarró al procesado quien, sin mediar palabra, le clavó en dos ocasiones en el costado un instrumento punzante que portaba, con intención de acabar con su vida, consecuencia de ello le causó una herida en región torácica de 10 cm de profundidad, que de no mediar asistencia médica le habría producido la muerte. Para la curación requirió de cinco días de hospitalización y 63 más de incapacidad para sus ocupaciones habituales. Como secuela le ha quedado una cicatriz, calificada por los Médicos Forenses como perjuicio estético moderado.
Seguidamente se dirigió hacia Porfirio al que propinó una cuchillada en la zona escapular, de unos 4 cm. Dichas lesiones precisaron de 30 días para sanar, durante los cuales el herido no pudo desempeñar sus ocupaciones habituacles, quedando como perjuicio estético una cicatriz, calificada por el Médico Forense como perjuicio estético ligero.
La causa estuvo paralizada por causa no imputable al procesado, desde el mes de julio de 2002 hasta el de junio de 2004"(sic).
Segundo.-La Audiencia Provincial de Madrid en la citada sentencia, dictó la siguiente Parte Dispositiva:
"Que debemos condenar y condenamos al procesado en esta causa Damaso como autor responsable de un delito de homicidio intentado y otro de lesiones, concurrencia en ambos casos de atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena, por el primero, de tres años de prisión y de un año de prisión por el segundo. Se le condena, asimismo a la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y al abono de las costas del procedimiento.
En vía de responsabilidad civil indemnizará a Jenaro en 3.400 euros por los días de curación y 4.250 euros por las secuelas y a Porfirio en 1600 euros por las lesiones y 2.450 euros por las secuelas.
Dichas cantidades devengarán el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución y hasta el pago"(sic).
Tercero.-Notificada la resolución a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de precepto Constitucional, por Damaso, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el correspondiente recurso.
Cuarto.-El recurso interpuesto por Damaso, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Al amparo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al haberse producido la condena con infracción del principio de Presunción de inocencia, así como el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con las debidas garantías.
2.- Infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la L.O.P.J., por violación del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española, en relación con el artículo 120.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por falta o deficiente motiviación de la Sentencia y de la pena impuesta.
3.- Infracción de Ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 138 del Código Penal en relación con el artículo 16.1, debiéndose aplicar de forma subsidiaria a la absolución los artículos 147 148 en relación con los artículos 20.4, 21.1, 62 y 66.1.º y 2.º y 66.6.º, 66, 8.º, 68 y 70 del Código Penal.-
4.- Por infracción de Ley al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error de hecho en la apreciación de las pruebas.-
5.- Por infracción quebrantamiento de forma akl ampao de lo dispuesto en el artículo 850.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no se practicó la prueba del segundo forense.
6.- Por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851,1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la Sentencia no indica clara y terminantemente los hechos declarados probados, y por otra parte se indican como hechos declarados probados conceptos que por su carárcter jurídico implican la predeterminación del fallo.-
Quinto.-Instruido el Ministerio Fiscal, se opone a todos los motivos de los recursos interpuestos, que subsidiariamente se impugnan; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.-Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación prevenida el día veintitrés de Septiembre de dos mil diez.
Primero.-El recurrente ha sido condenado como autor de un delito de homicidio intentado y otro de lesiones, concurriendo la circunstancia analógica por dilaciones indebidas como muy cualificada, a las penas de tres años de prisión por el primero y un año de prisión por el segundo. Contra la sentencia interpone recurso de casación y en el primero de los motivos denuncia vulneración de la presunción de inocencia, por inexistencia de prueba de cargo suficiente.
1. El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cual supone que se haya desarrollado, bajo la iniciativa de la acusación, una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la versión alternativa por carencia de la necesaria racionalidad.
2. En el caso, el Tribunal se basa en la prueba pericial respecto a las características de las lesiones y en la testifical en cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos. En este último aspecto, valora la declaración de ambas víctimas. La primera de ellas, Jenaro, afirma que al ir a sujetar al acusado, que forcejeaba con un tercero, aquel le golpeó en dos ocasiones con un objeto punzante. Que no vio tal objeto aunque sí pudo percatarse de que brillaba. La segunda víctima, Porfirio, declaró asimismo que en el curso del incidente, cuando daba la espalda al acusado sintió un golpe en la espalda que no pudo propinarle más que aquel, ya que en esa posición no había otra persona. Estas versiones coinciden con las de otros testigos que afirman que tras acercarse a sujetar al acusado, Jenaro se separó de él diciendo que le había "pinchado", y que vieron igualmente como agredía por la espalda a Porfirio. Las manifestaciones de los testigos de la defensa, mencionados en el motivo, son igualmente valoradas en la sentencia, si bien se tiene en cuenta que afirman que no vieron el momento inicial de la disputa y que identifican el tumulto como una pelea entre el recurrente y los lesionados y sus amigos. Además, recoge que uno de ellos afirmó haber oído a Jenaro decir que lo habían pinchado. En cualquier caso, ninguno de los testigos relata que otra u otras personas participaran en el tumulto agrediendo a los lesionados. Todo ello no es contradictorio con las declaraciones de los demás testigos.
En consecuencia, ha existido prueba de cargo y ha sido valorada por el Tribunal de forma razonable, por lo que el motivo debe ser desestimado.
Segundo.-En el segundo motivo se queja de la deficiente motivación de la sentencia y de la pena impuesta. Argumenta que no explica por qué da mas valor a las declaraciones de unos testigos que a las de otros y tampoco motiva en relación con la afirmación forense de que la lesión de Jenaro no afectó a ningún órgano vital. En cuanto a las penas, sostiene que debió reducirse la pena en dos grados por la atenuante muy cualificada, sin que el Tribunal explique la razón de no hacerlo así.
1. La necesidad de motivar las sentencias, derivada tanto del artículo 24.1 de la Constitución, en cuanto reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, como del artículo 120.3 de aquella que la impone de forma literal, en cuanto se refiere a los aspectos fácticos presenta una relación íntima con el derecho a la presunción de inocencia, pues la suficiencia de la prueba y la racionalidad del proceso valorativo deben expresarse precisamente a través de la motivación.
Esta Sala ha establecido en numerosas resoluciones que la motivación de las sentencias debe abarcar el aspecto fáctico, necesidad que se refuerza cuando se trata de sentencias condenatorias y el acusado ha negado los hechos, y si bien es cierto que no es preciso reseñar detalladamente todas las pruebas que se han tenido en cuenta, no lo es menos que de la motivación deben desprenderse con claridad las razones que ha tenido el Tribunal para declarar probados los hechos que resulten relevantes, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos, lo cual habrá de realizarse mediante un examen suficiente del cuadro probatorio, incluyendo, por lo tanto, la prueba de cargo y la de descargo.
La exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso.
Motivar, es, en definitiva, explicar de forma comprensible las razones que avalan las decisiones que se hayan adoptado en la resolución, tanto en lo que afecta al hecho como a la aplicación del derecho. En consecuencia, el Tribunal debe enfrentarse con todas las pruebas disponibles, examinando expresamente el contenido de las de cargo y de las de descargo y explicando de forma comprensible las razones que le asisten para optar por unas u otras en cada caso.
En cuanto a la individualización de la pena, reiteradamente ha señalado esta Sala que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresada en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios admisibles jurídico- constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.
2. Respecto de la prueba testifical, como ya se ha dicho más arriba, el Tribunal valora expresamente las pruebas testificales, de donde resulta con claridad que los testigos de la defensa, aunque declaren no haber visto si el acusado tenía un arma, como se sostiene en el primer motivo, afirman que existió un tumulto, si bien, en él, solo el recurrente se enfrentaba a los lesionados y a sus amigos, por los que las lesiones de aquellos no pueden ser atribuidas a la participación de otras personas. Frente a esas manifestaciones relativas a lo ocurrido, que tienen un carácter muy general y se refieren solo a la existencia de la agresión al recurrente dentro del mencionado tumulto, las declaraciones de los lesionados y de algunos de los que les acompañaban, se refieren con detalle al intento de Jenaro de sujetar al recurrente, recibiendo dos golpes con un objeto punzante, que causó las lesiones descritas en el parte médico, separándose seguidamente y diciendo que lo habían pinchado, aspecto este último que incluso menciona uno de los testigos amigos del recurrente. Igualmente, coinciden en la agresión por la espalda al otro lesionado Porfirio.
En lo que se refiere a que la lesión no alcanzó ningún órgano vital, tal circunstancia no es precisa para calificar los hechos como constitutivos de un delito de homicidio intentado, si se tienen en cuenta las características de la agresión, especialmente la zona del cuerpo y la intensidad del golpe, que hizo que la hoja del arma empleada penetrase unos 10 centímetros.
Y en cuanto a la motivación de la pena impuesta, el Tribunal, aunque de forma escueta, explica que solo reduce la pena en un grado en aplicación del artículo 62 del Código Penal en atención sobre todo al peligro inherente al intento, lo cual, dados los hechos probados debe reputarse razonable. Es cierto que nada dice acerca de la opción de reducir las penas nuevamente en un grado o en dos por aplicación de la atenuante analógica como muy cualificada. Sin embargo, tal cosa no es precisa, salvo que concurran de forma evidente elementos que requieran tal razonamiento, lo cual no ocurre en el caso, ya que no aparecen alegados en la instancia, no constan en la sentencia ni tampoco son alegados en el recurso. La sentencia citada por el recurrente se refiere más bien a un supuesto de falta de motivación respecto de la imposición de la pena, ya degradada, en el máximo legal sin argumentación alguna, lo cual no se produce en este caso.
Tercero.-En el tercer motivo niega la existencia de animus necandi, y por lo tanto, la inaplicación indebida de los artículos 147 y 148 del Código Penal. Sostiene que, según el médico forense, la lesión no afectó a ningún órgano vital.
1. La existencia del dolo propio del delito de homicidio, sea directo o eventual, se prueba ordinariamente a través de la valoración expresa, razonada y razonable de los indicios disponibles, constituidos por datos objetivos debidamente acreditados.
2. En el caso, dados los hechos probados, el Tribunal valoró la naturaleza punzante del instrumento utilizado, la zona atacada, el hecho de que la primera acometida va seguida de otra en la misma zona, la existencia de órganos vitales en la zona, aun cuando, como sostiene el recurrente, ninguno de ellos fuera alcanzado directamente, y el que, de no mediar asistencia médica, las lesiones hubieran causado la muerte. A ello debe añadirse la fuerza con la que fue asestado el golpe, ya que, como se declara probado, el arma llegó a penetrar unos 10 centímetros en la cavidad torácica.
Por lo tanto, se trata de una valoración razonable, lo que determina la desestimación del motivo.
Cuarto.-En el motivo cuarto alega error en la apreciación de la prueba con apoyo en el artículo 849.2.º de la LECrim. Se refiere a la prueba testifical en cuanto a la existencia de un tumulto y a que nadie afirmó que hubiera luz artificial en el lugar. Menciona que, en cuanto al animus necandi, el forense, único que compareció al juicio oral, afirmó que la agresión no afectó a ningún órgano vital. Que no consta si el lesionado fue atendido en urgencias, pues solo consta que fue intervenido quirúrgicamente dos días después, por lo que no puede apreciarse la urgencia a que se refiere la sentencia.
1. La apreciación de un error en la apreciación de la prueba exige como primer requisito que tal equivocación del Tribunal resulte de forma directa por el propio poder acreditativo del particular de un documento sobre un hecho respecto del que no existan otras pruebas.
2. En el caso, el recurrente se refiere a las pruebas testificales que carecen de la naturaleza documental exigida, tratándose de pruebas personales. La afirmación del médico forense no impide la apreciación del dolo homicida, cuya existencia basa el Tribunal en otros datos, como antes se ha puesto de relieve. Y el hecho de que el lesionado fuera intervenido dos días después no demuestra error alguno del Tribunal al establecer los hechos probados relevantes.
Quinto.-En el quinto motivo se queja de que la prueba pericial en el juicio oral solo fue practicada por un perito.
1. La jurisprudencia ha establecido que la práctica de la pericial por un solo perito en el juicio oral, cuando se trata de procedimiento ordinario, no es condición de validez de la prueba, que, con las cautelas necesarias, según las circunstancias del caso, puede ser valorada por el Tribunal.
2. En el caso, los informes médicos relevantes para la determinación de las características de las heridas, fueron ratificados en el sumario por dos peritos, no compareciendo uno de ellos al plenario por causa justificada consistente en enfermedad, como consta en el Rollo de Sala. Por otro lado, la queja del recurrente es meramente formal, pues no indica en qué medida la incomparecencia del otro perito pudiera haberle perjudicado.
Sexto.-En el sexto motivo se queja de la falta de claridad en los hechos probados, pues entiende que no hace referencia a la situación, a la gente presente, a la supuesta arma utilizada y a las declaraciones de los testigos. Igualmente denuncia que la afirmación "con la intención de acabar con su vida" supone predeterminación del fallo.
1. El motivo debe ser desestimado en ambos aspectos. En lo que se refiere a la falta de claridad, la lectura de los hechos probados permite verificar que resultan perfectamente inteligibles, describiéndose en ellos, de forma terminante y clara, la acción del acusado que luego es considerada constitutiva de los delitos por los que se dicta la condena.
2. Respecto de la predeterminación del fallo, es claro que, por elementales razones de congruencia de la sentencia, éste resulta una consecuencia de lo previamente afirmado en los hechos probados y en la fundamentación jurídica. La predeterminación que la Ley prohíbe supone la utilización de términos jurídicos en sustitución de la narración fáctica. Pero tal cosa no tiene lugar cuando se incorporan al relato los aspectos subjetivos exigidos por el tipo. Lo que se describe es una conducta humana, naturalmente compuesta de elementos objetivos y subjetivos, de manera que, con independencia de la forma en que cada uno de ellos haya sido probado, es correcto que en el relato aparezcan tanto los aspectos objetivos como los subjetivos.
Que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR al recurso de Casación por infracción de Ley y de precepto Constitucional así como por quebrantamiento de Forma, interpuesto por la representación procesal del acusado Damaso, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Segunda, en fecha 1 de Diciembre de 2.009, en causa seguida contra el mismo por delito de tentativa de homicidio.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar Jose Ramon Soriano Soriano Miguel Colmenero Menendez de Luarca Alberto Jorge Barreiro Jose Antonio Martin Pallin
Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Miguel Colmenero Menendez de Luarca, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.