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Timestamp: 2019-07-22 13:43:10
Document Index: 96996479

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 164', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5']

Tratamiento fiscal de la comisión percibida por empresa que desarrolla y gestiona el sistema informático de cobro de tasa por aparcamiento en la vía pública municipal - El Derecho Local
Tratamiento fiscal de la comisión percibida por empresa que desarrolla y gestiona el sistema informático de cobro de tasa por aparcamiento en la vía pública municipal
DGT 21/01/2019
Se formula consulta por la mercantil que está realizando un desarrollo informático para facilitar la compra de un ticket electrónico de estacionamiento regulado en vía pública, mediante móvil o a través de una página web, que se podrá utilizar en cualquier ciudad en la que el Ayuntamiento o la empresa concesionaria hayan contratado el servicio a la empresa consultante.
Dado que, a través de esa aplicación informática, se cobrará a los usuarios una comisión del 8% sobre la tasa definida por el Ayuntamiento y que el usuario tiene que pagar, se cuestiona sobre la base imponible de dichas operaciones.
Y la DGT informa, en primer lugar, lo que presta la consultante no es un servicio de gestión del servicio público de estacionamiento regulado de vehículos en vía pública, sino la expedición del tique electrónico -mediante móvil o a través de una página web- por el que cobra una comisión a los usuarios.
En este sentido, la DGT señala que si la entidad consultante actúa en nombre ajeno en la venta de los tiques de estacionamiento regulado, estará prestando un servicio de mediación al destinatario de la operación cuya base imponible vendrá dada por el importe de la comisión sobre el que deberá repercutir en factura el IVA correspondiente.
Así, la gestión del servicio público de estacionamiento regulado de vehículos respecto del usuario la realiza el Ayuntamiento o la empresa concesionaria, según los casos, sin que proceda por parte de la consultante repercutir el IVA al usuario por tal servicio al no ser prestado por la misma.
Y concluye la DGT señalando que, en el supuesto de que la gestión del servicio la realizara directamente el Ayuntamiento la operación no estará sujeta al IVA al ser su contraprestación de naturaleza tributaria (una tasa), de conformidad a lo dispuesto en el art. 7.8º de la Ley 37/1992 .
Dirección General de Tributos, Consulta, 21-01-2019
V0137-19
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 7-8º, 78
La sociedad consultante, cuya actividad principal es prestar servicios a municipios, especialmente relacionados con aparcamientos municipales, estudios de tráfico y transporte público, está realizando un desarrollo informático para facilitar la compra de un ticket electrónico de estacionamiento regulado en vía pública mediante móvil o a través de una página web. Dicho servicio se podrá utilizar en cualquier ciudad en la que el Ayuntamiento o la empresa concesionaria hayan contratado el servicio a la empresa consultante.
A través de la aplicación informática se cobraría a los usuarios una comisión del 8 por ciento sobre la tasa definida por el Ayuntamiento y que el usuario tiene que pagar.
El pago por los usuarios tanto de la tasa como de la comisión se efectuará a la entidad consultante quien transferirá el importe de dicha tasa al Ayuntamiento o a la empresa concesionaria correspondiente.
La contraprestación a percibir por la consultante viene dada exclusivamente por el cobro de la comisión a los usuarios a quienes se emite una factura compuesta por dos conceptos: el primero por la tasa devengada por el estacionamiento y otro por el importe de la comisión.
Base imponible de las operaciones realizadas por la entidad consultante.
1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que "Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.
Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a los entes públicos que, consecuentemente, tendrán la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso.
2.- Por otra parte, en relación con la sujeción de las operaciones efectuadas por las Administraciones Públicas, el artículo 7.8º de la Ley 37/1992, con la nueva redacción dada por el apartado 8 de la disposición final 10.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), establece que no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido:
d´) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el número 9.º siguiente.
m´) Las de matadero.”.
Por tanto, según este precepto, estarán siempre sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones Públicas realicen en el ejercicio de determinadas actividades que se mencionan en dicho precepto, entre las que no se encuentra la de gestión del servicio de aparcamiento regulado.
Asimismo, el artículo 7, número 9º, de la Ley 37/1992, señala que no estarán sujetas al Impuesto:
“9º. Las concesiones y autorizaciones administrativas, con excepción de las siguientes:
d) Las autorizaciones para la prestación de servicios al público y para el desarrollo de actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario.”.
3.- La gestión del servicio público de estacionamiento regulado de vehículos con limitación horaria, cuando no se presta directamente por la Administración Pública competente, se realiza por una empresa en virtud de un contrato de gestión de servicios públicos, generalmente en la modalidad de concesión, siendo con carácter general esta empresa la encargada de prestar los servicios contratados y de cobrar a los usuarios las correspondientes tarifas (que serán ingresadas periódicamente en las arcas municipales), a cambio de la retribución estipulada en el contrato.
Fundamentalmente, los servicios prestados por la empresa adjudicataria consisten, entre otros, en el suministro, instalación, programación, puesta en servicio, funcionamiento, control, conservación, mantenimiento y reposición de aparatos expendedores de tiques y demás elementos auxiliares, el suministro, instalación y conservación de señales, el control del cumplimiento de las normas de regulación y la recaudación de las tarifas correspondientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7, número 9º, de la Ley 37/1992, recogido anteriormente, la concesión para la gestión del servicio, en la medida en que puede ser considerada como una concesión administrativa, es una operación no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
No obstante, el hecho de que la concesión o autorización administrativa no esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido no impide que sí lo estén los servicios prestados por el concesionario en virtud de la misma.
4.- En relación con las operaciones objeto de consulta, de la descripción de hechos no parece deducirse que la sociedad mercantil consultante preste respecto de los usuarios un servicio de gestión del servicio público de estacionamiento regulado de vehículos en vía pública, sino un servicio de expedición de un tique electrónico mediante móvil o a través de una página web que le permite acceder al estacionamiento regulado en vía pública, y por el que cobra una comisión a los usuarios. Asimismo, recauda en nombre y por cuenta ajena (bien del Ayuntamiento o, en su caso, de la entidad concesionaria del servicio público de estacionamiento regulado) el importe de la tasa o precio correspondiente a dicho estacionamiento, importe que luego les es transferido por la consultante.
A estos efectos deberá tenerse en cuenta el artículo 11, apartado uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que define las prestaciones de servicios como “toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con esta Ley, no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes.”.
Por su parte, el apartado dos, número 15º del mismo precepto, establece que, en particular, tendrán la condición de prestaciones de servicios “Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando actúe en nombre propio y medie en una prestación de servicios se entenderá que ha recibido y prestado por sí mismo los correspondientes servicios.”.
Por tanto, si como parece deducirse, la entidad consultante actúa en nombre ajeno en la venta de los tiques de estacionamiento regulado, estará prestando un servicio de mediación al destinatario de la operación cuya base imponible vendrá dada por el importe de la comisión sobre el que deberá repercutir en factura el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.
En tal caso, la gestión del servicio público de estacionamiento regulado de vehículos respecto del usuario la realiza el Ayuntamiento o la empresa concesionaria, según los casos, sin que proceda por parte de la consultante repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido al usuario por tal servicio al no ser prestado por la misma.
En el supuesto de que la gestión del servicio la realice directamente el Ayuntamiento la operación no estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido al ser su contraprestación de naturaleza tributaria (una tasa), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
5.- Por otra parte, en relación con las obligaciones de facturación, el artículo 164, apartado uno, número 3º, de la Ley 37/1992 dispone que, sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior de dicha Ley, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:
“3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.”.
El desarrollo reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo por Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre).
Por tanto, tanto el Ayuntamiento que gestione directamente el servicio público de estacionamiento regulado como, en su caso, la empresa concesionaria del mismo tienen la condición de empresario o profesional y están obligados a expedir factura por las operaciones realizadas en el desarrollo de su actividad y ello aunque en el supuesto de que el Ayuntamiento preste directamente el servicio la operación no esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, el artículo 4 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, dispone lo siguiente:
“1. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos:
En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, la obligación de expedir factura podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones o por terceros, en los términos siguientes:
“1. La obligación a que se refiere el artículo 2 podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones o por terceros. En cualquiera de estos casos, el empresario o profesional o sujeto pasivo obligado a la expedición de la factura será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este título.
Por consiguiente, la sociedad consultante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 anteriormente transcrito, podrá expedir factura en nombre del Ayuntamiento o empresa concesionaria correspondiente respecto del servicio de estacionamiento regulado prestado directamente por estos últimos a los usuarios del servicio.