Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/penal/sentencia-tribunal-supremo-num-10362012-26-03-2013
Timestamp: 2017-06-25 06:59:07
Document Index: 39052587

Matched Legal Cases: ['artículo 852', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 390', 'artículo 849', 'artículo 404', 'artículo 849', 'artículo 65', 'artículo 849', 'artículo 21', 'artículo 849', 'artículo 50', 'artículo 850', 'artículo 852', 'artículo 24', 'artículo 390', 'artículo 404', 'artículo 849', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 390', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 849', 'artículo 850']

Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Penal Confirmada la sentencia del caso Montebalsa.
Marginal: PROV\2013\152492
Recurso de casación núm. 1036/2012
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintiséis de Marzo de dos mil trece.
En el recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales,
quebrantamiento de forma e infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto
por los acusados D. Celestino y D Hilario , contra sentencia dictada por
la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña que les condenó por
delito de falsedad documental en concurso medial con delito de prevaricación
administrativa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal que al margen
se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y
Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, siendo también parte el
Ministerio Fiscal y el Grupo Popular del Ayuntamiento de Santiago de Compostela
representado pro el Procurador Sr. Torres Alvarez, y estando dicho recurrentes
representados por la Procuradora Sra. Gutiérrrez Lorenzo. I. ANTECEDENTES
1 El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela
instruyó Procedimiento Abreviado con el número 51/2010 y una vez concluso fue
elevado a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña que, con
fecha 22 de marzo de 2012, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS
PROBADOS: " En el ámbito de la adjudicación por parte del
Concello de Santiago de Compostela de las obras de rehabilitación del
polideportivo Cardenal Quiroga Palacios (incluidas en el Fondo de Inversión
Local, más conocido como Plan "E") los acusados D. Celestino ,
arquitecto Jefe de Servicio de Obras y Proyectos del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, con DNI NUM000 y su colaborador inmediato en dicho servicio, el
arquitecto técnico municipal D. Hilario , con DNI NUM001 , ambos sin
antecedentes penales, sustituyeron intencionadamente parte de la documentación
que presentó en su oferta una de las empresas licitadoras por otras que ellos
crearon. Su finalidad era conformar la voluntad de la mesa de contratación,
para que propusiese como adjudicataria de las obras de polideportivo Quiroga
Palacios a una empresa distinta de aquélla a la que le correspondía la mayor
puntuación objetiva.
La sustitución de documentación se produjo en el sobre aportado por la
empresa a la que correspondía la mayor puntuación objetiva. La relación
pormenorizada de los hechos es la siguiente:
I.- El marco legal de la oferta venía constituido por la Ley 30/27
de octubre de contratos del Sector Público (actualmente derogada) y el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ( RCL 2001\2594 , 3102 y RCL 2002, 388) ; la
cual contemplaba una primera fase de adjudicación provisional de la obra a los
licitadores y una segunda fase de adjudicación definitiva.
II.- A tenor de dicha normativa y de las bases de la oferta, el órgano de
contratación era la Junta de Gobierno, a la que la Mesa de Contratación (como
órgano de asistencia) elevaba la propuesta de quien debía ser la empresa
adjudicataria. La mesa debía reunirse en diferentes sesiones para proceder a la
verificación de que las empresas licitadoras reunían las condiciones requeridas
y valorar cual era la que, de acuerdo con los criterios preestablecidos, debía
ser propuesta como adjudicataria.
El acusado D. Celestino formaba parte de la mesa como vocal, y junto con el
otro acusado Hilario , en su condición de técnicos, conformaban el órgano
consultivo que emitía los informes requeridos por la mesa. Este último, sin
bien no formaba parte de la mesa, acudía con frecuencia a sus sesiones como
colaborador de D. Celestino . El pliego de cláusulas administrativas de la oferta exigía que las
proposiciones se presentasen en 3 sobres cerrados. el sobre nº 1 debía contener
la documentación de carácter administrativo especialmente requerida para
considerara a la empresa apta para el desarrollo del proyecto. El sobre nº 2
debía contener datos de carácter objetivo, que se desglosaban en: a/ anexo 1,
fomento de empleo y plazo de ejecución de obra b/ anexo 2, volumen de mano de
obra; y, c/ anexo 3 proposición económica. el sobre nº 3 contenía los
"documentos precisos para la valoración de los criterios que dependan de
un juicio de valor", siendo los acusados como técnicos los encargados de llevar
a cabo el juicio de valor.
Por las características propias de la oferta, que se insertaba en el
Fondo Estatal de Inversión Local (conocido como plan "E"), el
criterio de elección otorgaba prioridad a las contratación de mano de obra.
III.- De conformidad con las bases que regían la convocatoria, la Mesa de
Contratación se reunió en seis ocasiones que responden a la siguiente secuencia
A/ 1ª reunión, que tuvo lugar el 13 de marzo de 2.009, en ella la
mesa verificó la documentación administrativa aportada por los distintos
licitadores en el "sobre 1" comprobando que los presentados reunían
los requisitos exigidos. A continuación, se procedió a la apertura de los
"sobres 3" en los que se contenía la documentación de carácter
subjetivo, es decir la documentación justificativa de carácter subjetivo, es
decir la documentación justificativa de los criterios de adjudicación no
evaluables mediante cifras o porcentajes a través de simples operaciones
aritméticas. Tras la apertura, se acordó dar traslado de éstos a los acusados
(en su condición de técnicos) para que emitiesen los oportunos informes,
estableciendo la puntuación que correspondía por este criterio a cada empresa
licitadora. Una vez efectuados, los respectivos informes fueron remitidos (con
carácter previo a la segunda sesión) por correo electrónico a todos los
miembros de la mesa. Se adjudicó a la empresa "Montebalsa" la
puntuación más alta, con 33,40 puntos.
B/ 2ª reunión , tuvo lugar el miércoles 25 de marzo de 2.009. en
ella se dio cuenta de los informes valorativos emitidos por los técnicos, y, se
procedió a la apertura de los "sobres 2" que contenían las
proposiciones económicas de las diferentes empresas licitadoras (folio 16 de la
causa). Según lo previsto en las bases, la apertura de sobre debía llevarse a
cabo en acto público en las dependencias del servicio de Contratación. Para
cumplir con esta previsión el Secretario de la mesa leyó en alta vos las
propuestas de los licitadores, (expresados en días de cotización a la seguridad
social) del volumen de mano de obra que cada licitador proponía emplear (Anexo
II del sobre 2). Si bien, por agilidad, se dio lectura a las cifras totales,
sin descender al detalle de los sumandos que daban lugar a esas cifras totales.
Una vez conocido el informe subjetivo elaborado por los técnicos a partir
del "sobre 3" y los datos de carácter objetivo resultantes de la
apertura del sobre "sobre 2", cualquiera de los asistentes a la
sesión se hallaba en condiciones de conocer quien era la empresa que debía ser
propuesta como adjudicataria, puesto que a partir de los criterios
preestablecidos en las bases, podía determinarse la puntuación que correspondía
a cada oferta mediante una simple operación aritmética.
No obstante, procediendo en la forma habitual, la mesa acordó dar
traslado de la documentación a los técnicos municipales a los efectos de
realizar los cálculos y puntuaciones correspondientes según los criterios
objetivos, así como, proceder a la suma total de las puntuaciones alcanzadas
por cada licitador en el procedimiento, lo que conllevaba implícitamente la
proposición de la empresa adjudicataria, que debería corresponder a la que
obtuviese la mayor puntuación.
C/ 3ª reunión . Tuvo lugar el viernes 27 de marzo y de la misma no
se levantó acta. Tenía como finalidad proceder a la lectura de los informes
técnicos y a la proposición de la empresa ganadora de la licitación. El informe
que fue elaborado por el acusado D. Hilario y firmado el otro acusado D.
Celestino , incluía: a/ la relación de punto que se atribuía a cada licitador
por los criterios que dependen de un juicio de valor; b/ los puntos que
correspondían a cada empresa por los conceptos cuantificables (incluyendo el
volumen de mano de obra, de forma desglosada) c/ el cuadro resumen de puntuación
total; y d/ la conclusión de qué empresa alcanzaba una mayor puntuación. Al inicio de la sesión, uno de los vocales (previamente se les había
remitido copia por correo electrónico) detectó un error en la designación de la
empresa que debía ganar la licitación, dado que si bien, a tenor del cuerpo del
informe, la mayor puntuación correspondía a la empresa "CONSTRUCCIONES EN
PEDRA SIGRÁS, SL ("CPS"), en el apartado de conclusiones se proponía
a "MONTEBALSA, SL".
Los restantes miembros de la mesa, consultando sus notas, comprobaron el
error referido, acordando todos ellos de forma unánime, encomendar al acusado
D. Celestino que lo corrigiese, en el sentido de informar que la mayor
puntuación correspondía a CPS, proponiendo como adjudicataria a esta empresa.
Quedaron citados para el próximo día hábil, que era el lunes 30 de marzo a
primera hora, puesto que ese mismo lunes a las 10:00 horas se celebraba la
Junta de gobierno a la que debía elevarse la propuesta de adjudicación. La primera versión de este informe obrante a los folios 57 a 60 de la
causa, no llegó a ser firmada por D. Celestino y, como queda dicho, de la
reunión no se levantó acta. IV.- Puestos de común acuerdo ambos acusados, decidieron presentar a la
mesa del día 30 una nueva versión del informe que siguiera concluyendo que la
empresa con mayor puntuación era "MONTEBALSA, SL". Su intención era
conformar la voluntad de la Mesa de Contratación, y, a través de ella, la de la
Junta de Gobierno, valiéndose de su condición de técnicos informantes.
El resultando debería haber sido automático, pues la dinámica de todas
las mesas de Contratación equivalentes era que la conclusión del informe
técnico era acogida siempre por la Mesa de Contratación y, a su vez, la
propuesta elevada por ésta, era atendida de forma automática por la Junta de
Gobierno, que adjudicaba siempre las obras a favor de la empresa que mesa le
Para ello, los acusados, introdujeron variaciones en los conceptos
mensurables del cuerpo de informe, y para que sirviera de apoyo a su nueva
argumentación, decidieron sustituir el Anexo II del "sobre 2" de la
oferta presentada por "CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, SL" (folio
742 del expediente administrativo y 40 de la causa) por un nuevo documento
confeccionado "ad hoc".
Con este fin, esa misma mañana del viernes 27, sobre las 13:30, llamaron
a D. Augusto , propietario y representante legal de "CONSTRUCCIONES EN
PIEDRA SIGRÁS, SL" para que acudiese a las dependencias de departamento
municipal de Proyectos y Obras, diciéndole que era preciso que firmase un
documento para que el expediente quedara completo, lo que resultaba
intranscendente, puesto que nos e le iba a adjudicar el proyecto. Antes de que el empresario llegara, extrajeron del expediente de
"CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, SL" el Cd que contenía la contenía
la documentación en formato digital, lo introdujeron en el ordenador del
acusado D. Celestino , lo abrieron, accedieron al archivo que contenía el
"Anexo II" en el que se recogían los datos de carácter objetivo en
una tabla excel y le dieron una nueva redacción a los sumandos. No alteraron
las cifras totales a las que se había dado lectura en la mesa del día 25 de
marzo. Desde este ordenador, a las 14:18 horas, imprimieron la versión manipulada
del Anexo II. Este documento fue firmado por D. Augusto en la mesa del despacho
de D. Hilario , cuando este se lo presentó. En el documento así confeccionado,
se estampó un cuño de la empresa "CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS,
SL", sin que conste su procedencia no como llegó al documento. A su vez, como el Cd original no era regrabable, desde el mismo ordenador
se creó un nuevo Cd en el que se volcaron los datos modificados del archivo
Excel y lo rotularon con la referencia del expediente. Tras lo cual,
incorporaron al expediente administrativo el nuevo CD. manipulado y el
documento en papel que había confeccionado (que pasó a ocupar el folio 742), en
sustitución de documentos originales.
A continuación, a partir de los datos de la tabla Excel creada ad hoc,
realizaron una nueva versión del informe que les había sido requerido. Fue
confeccionada por D. Hilario y firmada por D. Celestino . En ella, tomando como
punto de partida la columnas cuyos datos se había alterado, se hizo constar que
el volumen de mano de obra era inferior al previsto inicialmente, concluyendo
que los resultados del anterior informe eran erróneos y arrojando unos nuevos,
de los que resultaba que la empresa que había obtenido la mayor puntuación y
que por tanto debía proponerse como adjudicataria era "MONTEBALSA,
SL". V.- 4ª reunión . Tuvo lugar a primera hora del lunes 30 de marzo,
con la asistencia de los acusados. El informe referido se había confeccionado
para su aportación a esta mesa, no obstante, la copia no llegó a ser
distribuida entre los miembros de la mesa y ninguno de ellos verificó la nueva
redacción. Fue una reunión rapidísima por la premura de tiempo que conllevaba
el hecho de que las propuestas debía someterse a la Junta de Gobierno que se
iba a celebrar a continuación. A su inicio, se preguntó a los acusados si se
había corregido el error detectado en la anterior reunión rapidísima por la
premura de tiempo que conllevaba el hecho de que las propuestas debían someterse
a la Junta de Gobierno que se iba a celebrar a continuación. A su inicio, se
preguntó a los acusados si se había corregido el error detectado en la anterior
reunión, asintiendo éstos, ante lo cual, se cerró la sesión con la convicción
por parte de los miembros de la mesa de que la empresa adjudicataria era
"CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, SL". El acta de la mesa, que es el documento oficial mediante el cual se eleva
la propuesta a la Junta de gobierno, había sido confeccionada el viernes
anterior por el Secretario de la Mesa de Contratación en el sentido de proponer
como ganadora de la licitación a "CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS,
SL" dada la convicción alcanzada en aquella reunión por todos los miembros
de la mesa. Ante lo cual, sabedores, de los acusadas de esta circunstancias
(contenido del acta), D. Hilario , conocedor de que la documentación estaba en
poder de un administrativo de nombre Pablo que se hallaba en una estancia
contigua, salió del lugar en el que estaba reunida la mesa y manifestó al
funcionario que se había producido un cambio, dándole la instrucción de que
propusiese como adjudicatario a MONTEBALSA SL". Esta acta, fue firmada y autorizada por el Secretario de la mesa sin
percatarse del cambio de adjudicatario y fue elevada a la Junta de Gobierno, la
cual, en la reunión que mantuvo a continuación, en la misma mañana del día 30,
acordó adjudicar provisionalmente el contrato a "MONTEBALSA, SL".
VI.- Al hacerse públicos los resultados de la Junta de Gobierno, un vocal
de la mesa detectó que la empresa adjudicataria no era la que la mesa había
decido proponer, ante lo cual se puso en marcha un mecanismo para solventar la
Así, aprovechando la presencia de todos los miembros de la mesa de
Contratación en las dependencia municipales, decidieron autoconvocarse,
celebrando una sesión a las 12:00 horas del día 3 de abril de 2.009, en la cual
D. Celestino , al serle requerida una explicación, expuso que había llevado a
cabo una interpretación de los datos distinta de la de los miembros de la mesa;
decidiendo ésta, ante la discrepancia en cuanto al volumen, de mano de obra y
la horas de alta en la Seguridad Social, solicitar de la empresa
"CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, SL" una aclaración al respecto. Verificada la aclaración, el Ayuntamiento adjudicó definitivamente la
obra a la empresa "CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS SL".
2 La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLAMOS:
Que condenamos a D. Celestino y D. Hilario como autores responsables de un
delito de falsedad documental del art. 390RCL
1995\3170 del Código Penal ( RCL
1995\3170 y RCL 1996, 777) en concurso medial con un delito de
prevaricación administrativa del art. 404RCL
1995\3170 del Código Penal , concurriendo la circunstancia atenuante
de "extreneus" del art. 65.3 del mismo cuerpo penal respecto al
delito de prevaricación; a las siguientes penas: a/ 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo que dure la condena, multa de 6 meses con cuota de 30
euros e inhabilitación especial por tiempo de 2 años; por el delito de falsedad
b/ 3 años y medio de medio de inhabilitación especial por el delito de
Notifíquese esta Sentencia a los acusados personalmente, y a las demás
partes, haciéndoles saber que pueden interponer recurso de casación,
preparándolo ante esta Sala dentro de los cinco días siguientes al de la última
notificación de esta resolución".
3 Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de
casación por infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento de forma
e infracción de Ley, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a eta Sala Segunda
del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y
resolución, formándose el rollo y formalizándose el recurso.
4 El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE
CASACION: Primero.- En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo
del artículo 852LEG 1882\16 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16 )
, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama
el artículo 24.2 de la Constitución . Segundo.- En el segundo motivo del
recurso, formalizado al amparo del artículo 849.1LEG
1882\16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca vulneración
del artículo 24 de la Constitución . Tercero.- En el tercer motivo del
recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849LEG 1882\16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 390RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . Cuarto.-
En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del
artículo 849LEG 1882\16 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del
artículo 404RCL 1995\3170 del Código
Penal . Quinto.- En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo
del número 1º del artículo 849LEG 1882\16
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación
indebida, del artículo 65.3RCL 1995\3170
del Código Penal . Sexto.- En el sexto motivo del recurso, formalizado
al amparo del número 1º del artículo 849LEG 1882\16
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por inaplicación
indebida, del artículo 21RCL 1995\3170
del Código Penal . Séptimo.- En el séptimo motivo del recurso,
formalizado al amparo del número 1º del artículo 849LEG
1882\16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción,
por aplicación indebida, del artículo 50RCL
1995\3170 del Código Penal . Octavo.- En el octavo motivo del
, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 61RCL 1995\3170 y 62RCL
1995\3170 del Código Penal . Noveno.- En el noveno motivo del
, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 65RCL 1995\3170, 27RCL
1995\3170 , 28RCL 1995\3170 y
404RCL 1995\3170 del Código Penal . Décimo.-
En el décimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del
Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación de la prueba basado
en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador
sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Undécimo.- En
el undécimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del
artículo 850LEG 1882\16 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , se invoca quebrantamiento de forma por haberse
denegado diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma, se considera
pertinente. 5 Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala
admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo
6 Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación
prevenida el día 19 de marzo de 2013.
PRIMERO - En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del
artículo 852LEG 1882\16 de la Ley de
, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la
presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución . Se alega, en defensa del motivo, que la valoración de la prueba ha sido
irracional, negando la existencia de prueba directa y la inferencia que hace la
Sala sobre los supuestos indicios es errónea, no existiendo, se dice, prueba
que demuestre la culpabilidad de los recurrentes. A continuación se hace una
propia valoración de la prueba discrepante de la realizada por el Tribunal de
Respecto al relato fáctico que sustenta el delito de falsedad, el Tribunal
de instancia, en el tercero de los fundamentos jurídicos, señala las pruebas
que le han permitido construir los hechos que se declaran probados y así se
expresa que la abundante prueba indiciaria fue refrendada por la declaración
del testigo D. Augusto . Y se señala que el propio acusado Celestino
(Arquitecto Jefe del Servicio de Obras y Proyectos del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela) tanto en sus declaraciones como en la información que le
requirió el Alcalde (folio 46) admitió que el Cd del "sobre 2" de la
empresa "CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, S.L." fue confeccionado en
su ordenador y considera que carece de sentido la justificación ofrecida
respecto a la solicitud del disco para completar el expediente, ya que no era
imprescindible máxime cuando como se informó a Augusto no se le iba a adjudicar
la licitación. Y respecto a la confección del documento en papel las
manifestaciones de Augusto son claras, firmes y tajantes y mantenidas desde el
primer momento y confirma esa versión el Secretario de la Mesa D. Inocencio y
en general todos los miembros de la misma. El testigo Inocencio fue elocuente
al relatar la reacción del empresario cuando fue a verificar el contenido del
sobre 2 momento en que pudo observar que habían sido modificados los datos de
su oferta, diciendo, entre otras cosas, que los arquitectos le habían tendido
una trampa. Además el documento en papel incorporado al expediente como nuevo
al folio 742 presenta diferencias con relación a los restantes, señalándose que
los demás estaban troquelados por taladro y éste perforado por lapicero o
similar, los demás firmados por D. Julián éste por D. Augusto ; y que el cuño
de le empresa es diferente con relación a los demás. Julián , empleado de "CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, S. L.", era
el encargado de confeccionar la documentación y manifestó tanto en la
instrucción y en el plenario que confeccionó el expediente conjuntamente, con
el mismo sello y taladro y que firmó en todos los pliegos. La única explicación lógica, que ha permitido la convicción del Tribunal de
instancias, es la manipulación y sustitución realizada por los acusados, como
se recoge en el relato fáctico, lo que se subsume, sin duda, en el artículo 390RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , ya que con el
desglose del expediente del CD y la hoja excel auténtica y sus
sustitución por otros creados ad hoc supuso la alteración de elementos o
requisitos de carácter esencial, concurriendo igualmente los demás supuestos
previstos en el tipo ya que se creó un nuevo CD alterando los datos del
auténtico, se atribuye en el documento algo distinto de lo realmente expresado
(documento en papel que se incorporó al folio 742), y se ha faltado a la verdad
en la narración de los hechos. Ha existido una valoración perfectamente racional y lógica de la prueba
practicada en relación al delito de falsedad, prueba legítimamente obtenida que
enerva el derecho de presunción de inocencia invocado.
En cuanto a la prevaricación administrativa, el artículo 404 castiga a la
autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo
En esta caso la resolución consistió en la decisión tomada por la Junta de
Gobierno por la que se aprobó la propuesta de la mesa de contratación y se
procedió a la adjudicación provisional de las obras a llevar a cabo en el
Pabellón Quiroga Palacios a la empresa "MONTE BALSA, S.L."
La conducta típica llevada a cabo por los recurrentes consistió en manipular
el proceder de la Junta de Gobierno ya que los acusados conocían que tanto la
Mesa de Contratación (órgano proponente) como la Junta de Gobierno (órgano
decisor) actuaban mediante automatismos, aceptando de forma mecánica las
proposiciones de los informes técnicos, informes con los que manipularon la
voluntad de la Mesa y la resolución de la Junta de Gobierno, con pleno
conocimiento, "a sabiendas", de que el órgano decisor dictaría una
resolución arbitraria, al haber sido manipulado y no responder a la verdad, en
un asunto administrativo, resolución en todo caso objetivamente arbitraria al
concederse la adjudicación de las obras a una constructora con datos
manipulados cuando de no haberse realizado tal manipulación la adjudicación se
hubiera realizado a favor de otra constructora.
El Tribunal de instancia reconoce que ambos acusados carecen de la capacidad
de resolución del expediente administrativos, participando como extraneus
en forma de cooperación necesaria, haciéndose referencia a la Sentencia de esta
Sala de 9 de junio de 2007 , que se remite a la Sentencia 37/2006, de 25 de
enero , cuestión que será examinada con más detenimiento en el motivo por
infracción de ley, en este queda perfectamente acreditadas las manipulaciones
que realizaron los recurrentes, por las pruebas a que se ha hecho referencia
con anterioridad, constando en la documentación el alcance de los informes
técnicos, de la propuesta de la Mesa de Contratación y la resolución de la
Junta de Gobierno. Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, correctamente valorada, en
la que se sustentan los hechos que se declaran probados en relación al delito
de prevaricación administrativa, que evidencia la manipulación realizada por
los acusados para determinar la resolución arbitraria, ya que de no haber
existido tal manipulación la adjudicación se habría producido a favor de otra
empresa, siendo objeto de otro motivo la tipicidad de esa conducta.
SEGUNDO .- En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo
del artículo 849.1LEG 1882\16 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16
) , se invoca vulneración del artículo 24 de la Constitución . Este motivo es renunciado.
TERCERO .- En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del
número 1º del artículo 849LEG 1882\16 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16
) , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 390RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . Se alega que de estimarse el primer motivo y el décimo los hechos que
resultarían probados de tal estimación no serían constitutivos de un delito de
Subsidiariamente se alega que caso de ser desestimado el primer motivo y el
décimo tampoco los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida
tendrán acomodo en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo del Código Penal
que se dice infringido ya que la falsedad que se atribuye a los acusados sobre
el documento que obra al folio 742 es absolutamente inocua y no produjo
alteración en el tráfico jurídico, es decir que la supuesta falsificación o
modificación del documento nunca fue apta para alterar el tráfico jurídico,
alegándose que los miembros de la Mesa de Contratación no se leyeron ese
informe y que el motivo de su decisión lo sería el informe técnico de 27 de
Se añade que, en todo caso, la conducta de los acusados no sería
incardinable en el artículo 390RCL 1995\3170
del Código Penal pues crear o modificar una oferta económica no entre en las
funciones propias de un arquitecto ni de un aparejador municipal, ni tiene
relación con ningún acto propio de su función. El motivo se enfrenta a un relato fáctico que debe ser rigurosamente
respetado, en concreto su apartado cuarto, en el que se describen las maniobras
y manipulaciones realizadas por funcionarios técnicos del Ayuntamiento, al
tratarse del arquitecto jefe de Servicio de Obras y Proyectos del Ayuntamiento
de Santiago y el Arquitecto Técnico Municipal, realizando informes técnicos,
dentro de su competencia, al estar autorizados para ello, en los que se
alteraba la verdad en alguno de sus elementos o requisitos de carácter
esencial, creando la apariencia de que lo inveraz es auténtico con afectación
del tráfico jurídico, faltando al deber de veracidad que corresponde a los
funcionarios en el ejercicio de los actos propios de sus cometidos.
Concurren, por consiguiente, cuando elementos caracterizan el delito de
falsedad cometido por funcionario público, por lo que ha sido correctamente
aplicado el artículo 390RCL 1995\3170
del Código Penal . El motivo no puede prosperar.
CUARTO .- En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del
) , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 404RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . También se dice en este motivo que de estimarse el primero y el décimo los
hechos probados que resultarían de tal estimación no serían incardinables en el
Penal . Y en todo caso, de desestimarse tales motivos, los hechos que se declaran
probados en la sentencia recurrida tampoco serían incardinables en ese precepto
Se alega que ninguno de los acusados había dictado ni participado en el
dictado de una resolución en sentido técnico del término ya que la Mesa de
Contratación, de la que únicamente formaba parte el acusado D. Celestino , no
adopta resoluciones sino que se limita a realizar meras propuestas y que en
todo caso la jurisprudencia exige que la resolución sea ejecutiva y no
provisional. Además, se dice que los acusados no son miembros de la Junta de Gobierno y
que serían cooperadores necesarios de un autor que no existe.
Se señalan sentencias de esta Sala, entre otras 13 de abril de 2009 y
627/2006 , de 8 de junio, en las que se declara que la emisión de informes,
salvo en la prevención urbanística y medioambiental, no integra el delito de
prevaricación. El motivo debe ser desestimado.
En primer lugar hay que recordar, como antes se dejó expresado, que el
Tribunal de instancia señala que la resolución arbitraria en asunto
administrativo consistió en la decisión tomada por la Junta de Gobierno por la
que se aprobó la propuesta de la mesa de contratación y se procedió a la
adjudicación provisional de las obras a llevar a cabo en el Pabellón Quiroga
Palacios a la empresa "MONTE BALSA, S.L.", y esa arbitrariedad puede
afirmarse, como se expresa en la Sentencia 48/2011, de 2 de febrero , entre
otras razones, porque suponga una desviación de poder. Y adjudicar, aunque sea
provisionalmente, unas obras a una determinada empresa falseándose datos
esenciales que de no haber sido manipulados la resolución hubiese favorecido a
otra empresa, constituye esa decisión arbitraria a la que se refiere el
Penal , tipicidad que no se ve alterada por el hecho de que la decisión
arbitraria ya tomada por la Junta de Gobierno no llegara a materializarse, al
detectarse las maniobras y manipulaciones realizadas por los dos acusados, como
tiene expresado esta Sala, en Sentencia 648/2007, de 28 de junio , en la que se
declara que no se exige un efectivo daño objetivo a la cosa pública o
servicio de que trate, porque siempre existirá un daño no por inmaterial menos
efectivo. Este delito, con independencia de que puede producir un daño específico
a personas o servicios públicos, también produce un daño inmaterial constituido
por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las
instituciones y la confianza que ellos deben merecerse, porque de custodio de
la legalidad se convierten en sus primeros infractores con efectos devastadores
en la ciudadanía. Nada consolida más el Estado de Derecho que la confianza de
los ciudadanos en que sus instituciones actúan de acuerdo a la Ley, y por tanto
el apartamiento de esta norma de actuación siempre supone una ruptura de esta
confianza que lleva aparejada la más grave de las respuestas previstas en la
sociedad democrática, la respuesta penal, y no puede servir de coartada a dicha
respuesta penal la existencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ciertamente, la conducta llevada a cabo por los recurrentes consistió en
manipular el proceder de la Junta de Gobierno ya que los acusados conocían que
tanto la Mesa de Contratación (órgano proponente) como la Junta de Gobierno
(órgano decisor) actuaban mediante automatismos, aceptando de forma mecánica
las proposiciones de los informes técnicos, informes con los que manipularon la
conocimiento de que el órgano decisor dictaría una resolución arbitraria,
objetivamente arbitraria aunque no existiera culpabilidad en los miembros de la
en forma de cooperación necesaria, en la toma de decisión arbitraria de otros
funcionarios, que sí tienen esa capacidad de resolución, por lo que no coincide
con el supuesto a que se refieren las Sentencias de esta Sala que se exponen
por los recurrentes en apoyo de su motivo. Ciertamente, como se señala en la Sentencia 627/2006, de 8 de junio , el
delito de prevaricación es un delito especial propio del que sólo pueden ser
autores los funcionarios públicos con capacidad para dictar resoluciones
administrativas. Añade esta Sentencia que el reproche penal a título de
partícipe en el hecho del autor requiere que quien así actúa no sólo persiga la
realización del hecho delictivo, sino que, además, debe tener intención de
participar, en el sentido de colaborar en el hecho delictivo de otro. El
partícipe ha de actuar dolosamente, por lo que su aportación al delito requiere
sea realizada con conocimiento de que su aportación presta la ayuda necesaria
al autor para la realización del hecho delictivo, en este caso con un aporte
estimado esencial y, por consiguiente, necesario. Plantean los recurrentes, como objeción a la condena que serían cooperadores
necesarios de un autor que no existe, lo que igualmente alegan en el motivo
Así, en la Sentencia 1394/2009, de 25 de enero de 2010 , se expresa que
entiende la defensa que ha sido condenado en concepto de cooperador necesario
delart. 28.2.b)RCL 1995\3170 del CP,
es decir, como partícipe, en un delito continuado de malversación de caudales
públicos, sin que se haya condenado a persona alguna como autor del mencionado
delito, vulnerándose con ello el principio de accesoriedad limitada, en virtud
del cual la participación, tanto en calidad de cómplice, inducción o
cooperación necesaria, es accesoria respecto del hecho del autor. En suma, no
habiendo autor del delito, no puede haber, de ninguna de las maneras, partícipe
en el mismo. La única persona que aparece en la sentencia acusada por el
Ministerio Fiscal como autor -delart. 28.1RCL
1995\3170 del CP- del delito de malversación de caudales
públicos, es E. G. M., quien ha resultado absuelto. El acusado de cooperación
necesaria, en fin, tiene derecho a examinar y contradecir, en su caso, la
tipicidad y la antijuridicidad que necesariamente deberían concurrir en los
hechos del inexistente autor y, sin los cuales, no se puede condenar al
partícipe. No tiene razón el recurrente. La importancia que el principio de
accesoriedad tiene en la dogmática mayoritaria y en la jurisprudencia de esta
Sala, no necesita ser argumentada. De hecho, aquel principio ha llegado a ser
considerado como una necesidad conceptual. Ello no debe ser obstáculo, sin
embargo, para reconocer que no faltan propuestas dogmáticas minoritarias que
explican la coparticipación sin necesidad de recurrir al principio de
accesoriedad, argumentando que el partícipe realiza su propio injusto. Pese a
todo, es cierto que esta Sala -en sintonía con la doctrina dominante-, ha
convertido el principio de accesoriedad en uno de los fundamentos del castigo
del partícipe y de este dato incuestionable hemos de partir para concluir la
ausencia de la infracción legal que denuncia el recurrente. El principio de
accesoriedad, pese a la sutil propuesta de la defensa del recurrente, no se
explica por la relación entre el partícipe y el autor material, sino por la
acción que uno y otro protagonizan. Para que pueda haber accesoriedad es
indispensable que exista un hecho principal típicamente antijurídico. El que
ese hecho de relevancia jurídico-penal pueda ser atribuido a una persona
concreta o que aquélla a la que inicialmente se imputaba resulte absuelta, en
nada afecta a la afirmación de accesoriedad. Llevado el razonamiento de la
defensa a sus últimas consecuencias, habríamos de aceptar que en un supuesto,
por ejemplo, de asesinato en el que hubieran resultado procesados el autor
material y varios cooperadores necesarios, el fallecimiento del primero
obligaría al sobreseimiento de la causa respecto de los restantes. No ha habido
infracción del art. 28.2.b) ni se han vulnerado los derechos de defensa y a un
proceso justo. Como razona el Ministerio Fiscal, en el descriptivo relato de
los hechos probados se expresan con claridad el conjunto de operaciones a
través de las cuales se llevó a cabo por terceros la desviación de fondos
municipales, así como la contribución aportada por el recurrente, quien por
ello pudo perfectamente defenderse, con independencia de que por el
fallecimiento de unos o la falta de identificación de otros no haya sido
posible el enjuiciamiento de todos los responsables.
Y más ajustada al caso que ahora examinamos, es la Sentencia 222/2010, de 4
de marzo , que examina un supuesto parecido en el que los que dictaron la
resolución arbitraria no eran culpables, sentencia en la que se declara que el
elemento "a sabiendas" expresado en la descripción del tipo de
prevaricación, de obvia naturaleza subjetiva, puede suscitar la cuestión de su
integración en la determinación del injusto - configurando el dolo- o como
presupuesto de la reprochabilidad del comportamiento al autor -conciencia de
antijuricidad-. Si advertimos que, con o sin tal conocimiento, las resoluciones
eran injustas, poca dificultad acarrea subsumir aquel elemento entre los
personales propios del juicio de culpabilidad. Cuando el tipo objetivo incluye
elementos normativos -ajeneidad de la cosa mueble que se toma-, el conocimiento
de su concurrencia es, en lo subjetivo, una de sus exigencias. Sin ella el
hecho -la toma de esa cosa- no es ilícito. En el delito de prevaricación
administrativa la "arbitrariedad" de la resolución es un elemento
normativo del tipo. Pero, a diferencia de otros supuestos, como el del hurto de
la cosa ajena, la diferenciación entre la injusticia de la resolución dictada y
la del acto de dictarla -posibilitando concluir, en algún caso, que no es
injusto dictar una resolución injusta- constituye un uso del lenguaje que lleva
a una interpretación contraria al sentido de la ley. Por eso la interpretación
de la expresión, utilizada en elartículo 404RCL
1995\3170 del Código Penal, "a sabiendas de su
injusticia" no debe llevar a tener por atípica la decisión del
funcionario, sino a su mera exculpación, cuando se estime que no actuó bajo esa
condición. Pues bien, siendo así, la absolución del Conseller no implica
necesariamente que la sentencia proclame que los hechos cometidos por aquél
-resoluciones concediendo subvención y adjudicando contrataciones- no eran
injustos. Y así es claro que la objeción puesta a la participación -como
supuestamente inviable respecto de un hecho justo- carece de fundamento. Lo
anterior ya haría innecesario entrar a considerar si la accesoriedad de la
participación, como exigencia de que el hecho en el que se participa sea típico
y antijurídico, se satisface si la intervención concurre a un hecho de
antijuridicidad meramente objetiva. Es decir, si cabe responsabilizar al
partícipe con independencia del componente subjetivo del tipo ejecutado por el
autor. Y sí por ello, cabría participar en un hecho antijurídico cuyo autor
principal está incurso en un error de tipo vencible o que, para él, es
invencible. Nadie puede verse obligado a responder si no es por su propio comportamiento
y no por el de otro. Sin embargo, el fundamento de la responsabilidad del
partícipe no es ajeno al carácter injusto de lo hecho por otro, es decir por el
autor. Se ha podido decir que en estos supuestos de pluralidad de
intervinientes existe una unidad de hecho que deriva del sentido conjunto de
las acciones de autor y partícipe. Si bien con la advertencia de que,
justificada así la responsabilidad, la medida de la misma se determina en
función solamente del propio comportamiento. El problema se suscita en relación
al establecimiento de los elementos de ese injusto que pueden considerarse
excluibles sin que por ello deje de justificarse la responsabilidad del
partícipe, porque lo realizado por el autor sigue siendo injusto. Se ha dicho
por sectores de doctrina autorizados que para dictar un juicio de
antijuridicidad, cuando concurren las circunstancias que colman el tipo de una
norma prohibitiva, sin que, simultáneamente, concurra ninguna circunstancia
objetivamente justificadora, las representaciones del autor acerca de su hecho
y la situación no siempre son requeridas en la misma medida. Puede ser
suficiente que el autor debiera o pudiera conocer la realización del tipo. La
imputación al autor sería a título de imprudencia. Elartículo 28RCL 1995\3170 del Código Penal, lo que exige,
es que los intervinientes, ya sean los "considerados" autores, como
inductores o cooperadores necesarios, ya sean los cómplices, participen en la
ejecución de un hecho. El que realiza el autor principal. Tal precepto concibe
la participación conforme a la denominada accesoriedad limitada. Basta la
comisión de un hecho antijurídico, aunque su autor no sea culpable. Pero,
doctrina y jurisprudencia convienen en que se excluye si el hecho del autor
está justificado. Es decir, no se admite que la participación esté
condicionada, sólo por una accesoriedad mínima. Cuestión distinta es la
admisibilidad de la participación cuando el acto ilícito del autor no reúne
todas las exigencias típicas. Nada ha impedido al respecto la admisión como
partícipe del sujeto en el que no concurren las objetivas condiciones típicas
del autor en los denominados delitos especiales propios. Así no se cuestiona la
figura de la inducción por el particular extraneus del delito del funcionario
intraneus. En cuanto a la relevancia del componente subjetivo del tipo, el
autor ha de actuar dolosamente. (Si actuara imprudentemente la participación lo
sería en delito de esa naturaleza y solamente en el caso de que existiera la
previsión típica de tal modalidad). Pero no se requiere que el dolo del autor
sea el denominado dolus malus que implica una representación del sujeto sobre
la oposición entre su comportamiento y el Derecho. Es suficiente el denominado
dolo natural o, si se quiere, dolo típico, referido al hecho típico. En el
delito de prevaricación ese dolo implica el conocimiento del contenido de la
resolución que dicta el funcionario y la voluntad de adoptarla. Pero no implica
que el autor lleve a cabo una valoración de ese contenido de la resolución. Aunque
la arbitrariedad debe predicarse de dicho contenido, la valoración de ésta se
resuelve en la valoración de la propia conducta de su adopción, y por ello de
la conducta del autor. Pero la valoración por el autor sobre la transcendencia
jurídica de su comportamiento se inserta ya en el dolus malus como parte de la
imputación personal o culpabilidad. En consecuencia, como dejamos dicho con
anterioridad, el conocimiento por el autor de la resolución objetivamente
prevaricadora del contenido de ésta, unido a que dicho contenido sea
arbitrario, satisface el juicio de antijuridicidad y es suficiente para
justificar la exigencia de responsabilidad al partícipe. Quien haya ocasionado
una errónea valoración por el funcionario del contenido de la resolución objetivamente
arbitraria, determinando así en éste la voluntad de adoptarla, determinó la
realización del hecho injusto a que se refiere elartículo 28RCL 1995\3170 del Código Penal, por más que el
funcionario autor no sea culpable del delito de prevaricación por no actuar
"a sabiendas" de la injusticia de su resolución.
La sentencia dictada por el Tribunal de instancia es acorde con la doctrina
de esta Sala que acaba de dejarse expresada por lo que no hay obstáculo para
afirmar la cooperación necesaria en un delito especial cuando concurre una
decisión arbitraria, objetivamente considerada, en un asunto administrativo,
aunque las autoridades y funcionarios que decidieron no lo hicieran a sabiendas
de su injusticia.
QUINTO .- En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del
) , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 65.3RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . Se alega, en defensa del motivo, que no existe autor de la conducta respecto
de la cual se atribuye a los acusados el carácter de cooperadores necesarios,
ya que no existe un funcionario público que dicte una resolución injusta a
Es de reiterar lo que se ha dejado expresado para rechazar el anterior
motivo. Se ha tomado por autoridades y funcionarios públicos, en el ejercicio
de sus funciones, una decisión arbitraria, objetivamente considerada, y no es
obstáculo, para afirmar la cooperación necesaria del extraneus en un
delito especial, la falta de culpabilidad de quienes decidieron
arbitrariamente, de tal forma que sería de aplicar, como se ha hecho por el
Tribunal de instancia, el artículo 65.3RCL
1995\3170 del Código Penal que, por lo tanto, no ha sido infringido.
SEXTO .- En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del
) , se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 21RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . Se dice que el Tribunal de instancia ha incurrido en infracción legal al no
apreciar una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas.
El Tribunal de instancia, en el séptimo de sus fundamentos jurídicos,
rechaza con correctos razonamientos la misma solicitud, explicando
pormenorizadamente que el desarrollo temporal del procedimiento impide
sustentar una atenuante por dilaciones indebidas.
Ciertamente, como se recoge en el apartado 61 del Artículo 21RCL 1995\3170 del Código Penal , la atenuante por
dilación únicamente es apreciable cuando sea extraordinaria e injustificada y
ello no se puede afirmar en conformidad con las razones expresadas por el
Tribunal de instancia. Los propios recurrentes señalan que las actuaciones se
iniciaron en junio de 2009 habiéndose dictado sentencia con fecha 22 de marzo
de 2012 , por lo que no puede entenderse, ante una causa de cierta complejidad,
que el tiempo transcurrido hubiese sobrepasado el habitual en casos similares,
como señala el Ministerio Fiscal, al impugnar el motivo. El motivo debe ser desestimado.
SEPTIMO .- En el séptimo motivo del recurso, formalizado al amparo
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16
) , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 50RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . Se alega, en defensa del motivo, que el Tribunal de instancia ha impuesto
una multa a los acusados sin observar lo que se dispone en el artículo 50RCL 1995\3170 del Código Penal , habiéndose
calculado la multa "a ojo". No lleva razón los recurrentes y el motivo debe ser desestimado.
La multa de seis meses impuesta a los acusados se corresponde con el mínimo
que se extiende, en el artículo 390RCL 1995\3170
del Código Penal , de seis a veinticuatro meses. Y respecto a la cuota diaria
de la multa, el Tribunal de instancia explica su individualización señalando
que la cuantía fijada de treinta euros es moderada, atendido el abanico que
contempla el artículo 50.4RCL 1995\3170
del Código Penal , que se extiende de dos a cuatrocientos euros, y acorde con
las circunstancias personales teniendo en cuenta su titulación de arquitecto
superior y arquitecto técnico, respectivamente. Las razones que se dejan expresadas justifican la cuota diaria de la multa
impuesta, no produciéndose infracción alguna del artículo 50RCL 1995\3170 del Código Penal . OCTAVO .- En el octavo motivo del recurso, formalizado al amparo del
) , se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 61RCL 1995\3170 y 62RCL
1995\3170 y RCL 1996, 777) . Se renuncia a este motivo.
NOVENO .- En el noveno motivo del recurso, formalizado al amparo del
) , se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 65RCL 1995\3170, 27RCL
404RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . Se renuncia a este motivo.
DECIMO .- En el décimo motivo del recurso, formalizado al amparo del
número 2º del artículo 849LEG 1882\16 de
) , se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que
obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar
contradichos por otros elementos probatorios. Para acreditar el error en el que se dice ha incurrido el Tribunal de
instancia se señalan los siguientes:
1). Oferta de la empresa TRAZOS, folios 681 a 683 de la pieza separada, consistente
en expediente remitido por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela nº
27/2009, y se manifiesta que en esa oferta se consignan idénticos errores a los
apreciados a los acusados en el caso de la oferta de CPS, al existir error en
el cálculo del personal fijo y del personal de nueva contratación y que la
corrección de errores en las cifras consta manuscrita por Hilario en folio 682
y que se debe integrar los hechos probados con estas consideraciones. 2). Oferta de la empresa CPS, folios 740 a 744 de la pieza separada de la
documentación consistente en el expediente administrativo remitido por el
Ayuntamiento de Sant de Comp. ( RCL 1973\456
y RCL 1974, 1077) Nº 27/2009
Se dice que el Tribunal de instancia incurre en error al considerar que el
folio 742 del expediente pueda ser un documento creado ad hoc tras modificar
algunos de sus puntos y se dice que está firmado y estampado con sello de la
empresa Construcciones Piedra Sigras y que en dicho documento existen unas
anotaciones efectuadas a lápiz por D. Hilario , concordantes con las
explicaciones que ofrecen los acusados en el segundo informe de 27 de marzo de
2009 elaborado por los acusados. 3). Acta de la 3ª Mesa de Contratación de 30 de marzo de 2009 (folios 1373 y
1374 de la pieza separada). Se dice que en esa acta consta que se da cuenta del
informe presentado por los acusados de fecha 27 de marzo de 2009 por lo que
desde esa fecha obraba de forma pública en el expediente y se explican las
4). Aclaración presentada por CPS de 4 de abril de 2009 (entrada el
6/4/2009) folio 1408 de la pieza separada, realizada por D. Augusto , que según
se dice no tacha de falsa la oferta obrante al folio 742 y le está dando
virtualidad 5). Acta de la 5ª mesa de contratación de 8 de abril de 2009, folios 1419 de
la pieza separada (63 de la causa) y que según ese documento el Tribunal de
instancia incurre en error al no recoger que se propone una nueva adjudicación
provisional a favor de CPS, y al estar suscrito por los acusados se dice que
evidencia que no tenían interés en favorecer a la otra empresa.
6). Informe técnico de fecha 8 de abril de 2009 de propuesta de adjudicación
provisional a CPS, folios 1415 a 1418 de la pieza separada y no se recoge que
los acusados modifican su anterior criterio y aceptan el de la Mesa de
Contratación y que esta vez la propuesta de adjudicación a favor de CPS y con
esa propuesta la Junta de Gobierno haga la adjudicación provisional y después
se convierta en definitiva a favor de CPS.
7). Solicitud realizada por CPS al INEM de tres albañiles oficiales de 1ª y
2ª para la obra de Quiroga Palacios, folio 1430 de la pieza separada se dice
que no solicitó peones y por eso estaba en blanco la casilla de peones y
concuerda con folio 742.
8). Solicitud realizada por CPS al INEM de tres pintores oficiales de 1ª y
2ª para la obra de Quiroga Palacios, folio 1431 de la pieza separada se dice
9). Acuerdo de la Xunta de Gobierno Local de elevación a definitiva de la
adjudicación de las obras del FIL de 23 de abril de 2009, folios 1432 a 1436 a
favor de CPS y no a Montebalsa y es la única resolución con carácter ejecutivo.
10). Informes remitidos por el Ayuntamiento de Santiago por fax a la Sala en
fecha 26 de enero de 2012 (folios 156 a 168 del Rollo de Sala) en informes
relativos a la primera fase que dependía de los criterios de los técnicos fue
más valorada la empresa CPS
11) Escrito de fecha 20 de abril de 2009 suscrito por D. Celestino (folio 46
de la causa) en el que no consta que reconociese que CD fuera realizado en su
ordenador. 12). Informe pericial caligráfico emitido por la Brigada Provincial de
Policía Científica de A Coruña de fecha 11 de diciembre de 2009 y anexos
(folios 462 a 523), así como acta de juicio y soporte DVD que contiene las
declaraciones de su autor en el acto del juicio y viene a realizar una
interpretación diferente de la que realizó la Sala sobre dicho informe.
13). Acta de apertura y visionado de CD (folios 253 a 259) y se dice que
primero se imprimió una hoja de ese CD y luego se modificó y no al revés, sin
que conste en que consistió la modificación.
14). Pieza de convicción consistente en 2 CD R registrados en el libro de su
clase al nº 46/2009 (folio 112 de la causa), CD entregado por D. Julián en
Fiscalía que no están firmados ni sellados por lo que no existe evidencia de
que los mismos y en su integridad fueran los que ser presentaron a licitación
en el Ayuntamiento de Santiago Con los llamados documentos que se relacionan en los catorce apartados
expuestos, como se infiere claramente de las explicaciones ofrecidas a favor de
cada uno de ellos, lo que se pretende es ofrecer una propia valoración de la
prueba practicada, discrepante de la realizada por el Tribunal de instancia,
que escapa del contenido de este motivo de casación.
Ciertamente, ha señalado esta Sala en numerosas sentencias, (496/99, de 5 de
abril , y 1340/2002, de 12 de julio , entre otras), que este motivo de casación
exige, como requisitos, los siguientes: en primer lugar ha de fundarse en una
verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque
estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea
literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al
consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio
contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas
argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros
elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración
sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto
lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento
designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los
pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal
virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene
dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de
hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo. Son exigencias propias de un documento casacional el que goce de
literosuficiencia y autonomía probatoria, es decir, que por su propio contenido
y condición tenga capacidad demostrativa autónoma sin necesidad de acudir a
conjeturas o argumentaciones ni precisar adición de otras pruebas ( Sentencia
del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998 ) Y eso indudablemente no sucede con los llamados documentos antes
Las ofertas de las empresas TRAZOS y CPS en modo alguno acreditan, con
capacidad demostrativa autónoma y sin acudir a otras pruebas, error en el
Tribunal de instancia en la valoración de la prueba.
Lo mismo sucede con el Acta de la 3ª Mesa de Contratación, de fecha 30 de
marzo de 2009 que en nada difiere de los hechos que se declaran probados.
Tampoco acredita error alguno, con autonomía probatoria, la llamada aclaración
presentada por D. Augusto . El acta de la 5ª mesa de contratación, de fecha 8 de abril de 2009, tampoco
desvirtúa las pruebas que han sido tenidas en cuenta para construir el relato
fáctico, que tampoco puede verse alterado por el informe técnico, de fecha 8 de
abril de 2009, atendidas las pruebas valoradas por el Tribunal de instancia.
Las solicitudes realizadas por CPS al INEM de determinados trabajadores en
modo alguno acredita, por sí solos, error alguno en el Tribunal de instancia.
Tampoco acredita error las adjudicaciones a que se refiere la designada
documental novena ni los informes remitidos por el Ayuntamiento de Santiago,
señalados en la décima.
El escrito de fecha 20 de abril de 2009 suscrito por D. Celestino no deja de
ser una prueba personal sujeta a la valoración de la Sala de Instancia e igual
sucede con informe pericial caligráfico emitido por la Brigada Provincial de
Policía Científica de A Coruña. Ninguna trascendencia con autonomía probatoria presenta el acta de apertura
y visionado de un CD ni los Cds registrados en el libro de su clase a que se
refiere la llamada documental señalada como catorce.
Así las cosas, los llamados documentos señalados en apoyo del motivo carecen
de autonomía probatoria y de virtualidad para modificar los pronunciamientos
UNDECIMO .- En el undécimo motivo del recurso, formalizado al amparo
del número 1º del artículo 850LEG 1882\16
) , se invoca quebrantamiento de forma por haberse denegado diligencias de
prueba que, propuestas en tiempo y forma, se consideran pertinentes. Se dice que se solicitaron pruebas documentales anticipadas y de las que
solo se habían denegado por Auto de 18 de noviembre de 2011 (folios 38 a 41 del
Rollo de Sala), las solicitadas por D. Celestino , pero no las solicitadas por
D. Hilario que sin embargo tampoco se practicaron lo que fue denunciado al
inicio del juicio oral y solicitada la suspensión lo que fue rechazado por el
Tribunal. Las pruebas no practicadas consistían: 1.- En remitir oficio al Ayuntamiento de Santiago para que se emitiese
certificación en lo referente al Plan FIL 2009 (Fondo estatal de Inversión
Local) sobre: a) importe de las obras incluidas en el Plan; b) Relación
nominativa de las obras correspondientes al Plan de las que resultó
adjudicataria CPS; c) que se adjunte copia de la documentación justificativa
del cumplimiento de la cláusula 26 del pliego de condiciones administrativas
por parte de CPS tanto del personal de nueva contratación como del ya
contratado para cada una de las obras con otros documentos complementarios; d)
relación nominativa de obras correspondientes a ese Plan de las que resultó
adjudicatario MONTEBALSA, S.L. con especificación de cada una de ellas; e) que
se adjunte copia de la documentación justificativa del cumplimiento de la
cláusula 26 del pliego de condiciones administrativas por parte de CPS tanto
del personal de nueva contratación como del ya contratado para cada una de las
obras con otros documentos complementarios.
2. En remitir oficio al Ayuntamiento de Santiago para que se emitiese copia
testimoniada de los siguientes documentos: .. b) Actas de las Mesas de
Contratación de las siguientes obras del FIL 2009 (se mencionan ocho distintas
de las obras a las que se refiere estas diligencias); c) y d) respecto de dos
de esas obras documentos complementarios.
3. Que se remita oficio a Dirección Provincial de A Coruña del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) copia de contratos de trabajo suscritos por la
empresa MONTEBALSA, S.L. que estuviesen en vigor durante el año 2009.
4. Que se remita oficio a Dirección Provincial de Pontevedra del Instituto
5. Que se remita oficio a Dirección Provincial de A Coruña de la Tesorería
de la Seguridad Social relación de trabajadores de la empresa CPS que se
encontraban de alta en la Seguridad Social durante el año 2009
6. Que se remita oficio a Dirección Provincial de Pontevedra de la Tesorería
de la Seguridad Social relación de trabajadores de la empresa MONTEBALSA que se
encontraban de alta en la Seguridad Social durante el año 2009.
El quebrantamiento de forma invocado tiene su correspondencia constitucional
en el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la
Tiene declarado el Tribunal Constitucional, como es exponente la Sentencia
121/2009, de 18 mayo , que el derecho a la utilización de los medios de prueba
pertinentes para la defensa es un derecho fundamental de configuración legal en
cuya vulneración, para que tenga relevancia constitucional según nuestra
doctrina, han de concurrir varias circunstancias. En primer lugar, el
recurrente ha de haber respetado las reglas procesales de tiempo, lugar y forma
de su proposición, pues en caso contrario no podrá considerarse menoscabado
este derecho «cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente
en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no
pueda ponerse en duda [por todas, STC 133/2003, 30 de junio ( RTC 2003\133 ) » ( STC 86/2008, de 21 de julio ( RTC 2008\86 ) ; en el mismo sentido también SSTC
187/1996, de 25 de noviembre ( RTC 1996\187
) ; 190/1997, de 10 de noviembre ( RTC 1997\190
) ; 52/1998, de 3 de marzo ( RTC 1998\52
) ; 131/2003, de 30 de junio ( RTC 2003\131
) , y 121/2004, de 12 de julio ( RTC 2004\121
) ). En segundo término , y como también tenemos asentado, «la denegación o
inejecución han de ser imputables al órgano judicial, por haberse inadmitido,
por ejemplo, pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso
sin motivación alguna o mediante una interpretación de la legalidad
manifiestamente arbitraria o irrazonable ( SSTC 1/1996, de 15 de enero ( RTC 1996\1 ) y 70/2002, de 3 de abril ( RTC 2002\70 ) ) de tal manera que «la prueba
denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de defensa... ( SSTC
217/1998, de 16 de noviembre ( RTC 1998\217
) ; 219/1998, de 27 de enero )»: STC 190/2006, de 19 de junio ( RTC 2006\190 ) ; y en el mismo sentido, entre
otras, SSTC 165/2004, de 4 de octubre ( RTC
2004\165 ) ; 240/2005, de 10 de octubre ( RTC 2005\240 ) ; 152/2007, de 18 de junio ( RTC 2007\152 ) . Finalmente, ha de acreditarse
que la ausencia del medio de prueba en cuestión se ha traducido en una
indefensión material para la parte, lo que significa que la prueba denegada
«era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una
influencia decisiva en la resolución del pleito, potencialmente trascendental
para el sentido de la resolución... carga de la argumentación [que] se traduce
en la doble exigencia de que el demandante de amparo acredite, tanto la
relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar, y las pruebas
inadmitidas o no practicadas, como el hecho de que la resolución judicial final
podría haberle sido favorable de haber admitido y practicado dichas pruebas,
quedando obligado a probar la trascendencia que la inadmisión o la ausencia de
la práctica de la prueba pudo tener en la decisión final del proceso, ya que
sólo en tal caso, comprobando que el fallo pudo, acaso, haber sido otro, si la
prueba se hubiera admitido o practicado, podrá apreciarse también un menoscabo
efectivo del derecho de defensa. De no constatarse la circunstancia de que la
prueba inadmitida o no practicada era decisiva en términos de defensa,
resultará ya evidente ab initio , sin necesidad de ulterior análisis,
que no habría existido la lesión denunciada, puesto que, como hemos señalado,
el ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios
de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal
que no hayan generado una real y efectiva indefensión ( STC 185/2007, de 10 de
septiembre ( RTC 2007\185 ) , STC
258/2007, de 18 de diciembre ( RTC 2007\258
) ; en similares términos entre otras, SSTC 53/2006, de 27 de febrero ( RTC 2006\53 ) ; 316/2006, de 15 de noviembre ( RTC 2006\316 ) ; 152/2007, de 18 de junio , todas
ellas en relación con la prueba penal). En definitiva, el alcance de esta garantía constitucional exige que, para
apreciar su vulneración, quede acreditada la existencia de una indefensión
constitucionalmente relevante; ello se traduce en la necesidad de demostrar que
la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en
términos de defensa.
La mayoría de las pruebas cuya falta de práctica se denuncia se refieren a
otras obras y a otros expedientes distintos del enjuiciado, con el fin de
establecer comparaciones; así en el oficio que se interesó del Ayuntamiento de
Santiago se mencionan ocho obras distintas a las que se refieren las presentes
diligencias y los oficios que se pretenden del INEM tiene un alcance que excede
del propio de los hechos juzgados como lo mismo sucede con los que se refieren
a la Tesorería de la Seguridad social.
Lo cierto, como señala el Ministerio Fiscal al impugnar el motivo, es que
las pruebas no practicadas resultaban innecesarias a la vista de la copiosa
documentación que obraba en las actuaciones y que tenían una relación directa
con los hechos que se juzgaban.
Por todo ello, la prueba no practicada no era relevante para el
enjuiciamiento de los hechos objeto de acusación ni decisiva en términos de
defensa, por lo que no se ha producido la vulneración del derecho a la
utilización de los medios de prueba pertinentes ni el quebrantamiento de forma
que se invoca en el presente motivo que debe ser desestimado.
DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE CASACION por
infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento de forma e infracción
de Ley interpuestos por los acusados. D. Celestino y D. Hilario , contra
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña,
de fecha 22 de marzo de 2012 , en procedimiento seguido por delitos de falsedad
documental y prevaricación administrativa. Condenamos a dichos recurrentes al
pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta
sentencia a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con
devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa
lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Perez Joaquin Gimenez
Garcia Jose Ramon Soriano Soriano Miguel Colmenero Menendez de Luarca Alberto
Excmo. Sr. D Carlos Granados Perez , estando celebrando audiencia pública en el
día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario
certifico. ver sentencias penal >>