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Timestamp: 2017-08-23 06:30:02
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MODIFICACIÓN DE NORMATIVA PESQUERA EN MATERIA DE DESCARTE DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
Sesión 40ª, en miércoles 8 de agosto de 2012
(De 16:16 a 19:48)
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 37ª, ordinaria, en 31 de julio, y 38ª, en 1 de agosto del año en curso, que no han sido observadas.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", para el tratamiento de las siguientes iniciativas:
3.- Proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionar a quienes lo adulteren (boletines Nos. 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", al proyecto de ley que modifica normas en materia de nulidad del reconocimiento de la paternidad por vicios del consentimiento (boletín Nº 7.650-18).
1.- Proyecto que modifica la ley N° 20.378, que establece un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, para incrementar los recursos del subsidio y crear el Fondo de Apoyo Regional (boletín N° 8.289-15) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda.
2.- Proyecto que modifica la ley N° 20.599, que regula la instalación de torres para soporte de antenas emisoras (boletín N° 8.366-15) (con urgencia calificada de "suma").
Informa la remisión al señor Amado Boudou, Vicepresidente de la República Argentina, del documento que le fue hecho llegar con tal propósito, atendiendo a una petición formulada en nombre del Senador señor Bianchi.
Atiende solicitud de interpretación, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre aplicación de la exención contenida en el artículo 12, letra E), N° 17, del decreto ley N° 825, a hosterías, hostales y otros establecimientos que prestan servicios similares.
De los Senadores señores Chahuán, Lagos, García, Girardi y Tuma, con la que se inicia un proyecto que modifica la Ley sobre Sociedades Anónimas en materia de los acuerdos que dan origen al derecho a retiro del accionista disidente (boletín N° 8.504-05).
De los Senadores señores Uriarte, Coloma, García-Huidobro, Pizarro y Prokurica, con la que inician un proyecto que enmienda la ley N° 18.483 para permitir la importación de vehículos usados destinados exclusivamente a competencias deportivas (boletín N° 8.508-05).
--Pasan a la Comisión de Hacienda.
De los Senadores señores Patricio Walker y Letelier, con la que se inicia un proyecto de reforma constitucional que crea la institución autónoma del defensor de los niños y adolescentes (boletín N° 8.509-07).
De los Senadores señores Lagos y Rossi, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas a los efectos de establecer una exención de responsabilidad penal para el cultivo y porte del género Cannabis sativa en los casos que indica (boletín N° 8.510-07).
De los Senadores señora Rincón y señores Frei, Horvath, Quintana y Rossi, para iniciar un proyecto de ley sobre moratoria al ingreso y producción de organismos genéticamente modificados y etiquetado obligatorio para alimentos de origen transgénico (boletín N° 8.507-11).
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Prokurica y Patricio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de una iniciativa legal que exija el empadronamiento, por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de los establecimientos particulares de esta clase y su acreditación de carácter temporal conforme a estándares de seguridad y calidad (boletín N° S 1.503-12).
De los Senadores señora Allende y señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Letelier, Muñoz Aburto, Rossi, Sabag, Tuma y Zaldívar, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores la revisión de la política exterior chilena con relación a los Estados de Israel y Palestina (boletín N° S 1.504-12).
De la Comisión de Agricultura, con la que pide examinar también en el segundo informe el proyecto que modifica la ley N° 19.419 en materia de ambientes libres de humo de tabaco (boletín Nº 7.914-11), debido al impacto económico y social que esa iniciativa genera en el sector.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Letelier, en primer trámite constitucional, que obliga a trasladar a espacios subterráneos las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe hacer presente que ayer se efectuaron la relación y la primera discusión de esta iniciativa.
El señor HORVATH.- Solo deseo pedir que se recabe la autorización de la Sala (por cierto, sin interferir en el desarrollo de la tabla y sin perjuicio de concurrir a las votaciones) para permitir que la Comisión de Pesca despache el proyecto que asegura la protección de los ecosistemas marinos vulnerables.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
En la segunda discusión de la iniciativa atinente al soterramiento de cables, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Antes de entrar al análisis del proyecto, señor Presidente, deseo hacer una aclaración.
Si yo no accedo a la solicitud que formuló el Senador Horvath es únicamente por la situación existente en la Sala, ya que, de ausentarse los miembros de la Comisión de Pesca, quedaríamos con una dificultad seria de quórum en la primera votación.
Si se revierte esa situación, encantado de cooperar.
Lo señalo para que no se entienda que mi negativa tiene otra motivación.
Señor Presidente, entrando en materia, quiero agradecer que podamos discutir en la Sala del Senado un proyecto de ley que tiene como propósito avanzar hacia el soterramiento de las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen bienes nacionales de uso público. Y se ha planteado en este concepto por cuanto su aprobación traerá como consecuencia que también terminen soterrados todos los otros tendidos que utilizan la postación de las empresas de distribución y transporte eléctricos.
Esta iniciativa tiene una mirada que dice relación con la calidad de vida en nuestro país.
Hoy en día, cualquiera que transite por una ciudad de 30 mil habitantes o más -no estamos hablando solo de las grandes urbes- puede ver cómo el espacio público aéreo ha sido invadido por cables de diferente tipo, muchos de los cuales han dejado de ser útiles. Las empresas simplemente no se hacen responsables de usar un bien nacional de uso público, como lo es el espacio colectivo, y de aquella forma no solo afean el entorno, sino que asimismo desvalorizan el patrimonio de las familias.
La finalidad de este proyecto es generar una norma de aquí hacia adelante para que, por un lado, todo nuevo emprendimiento tenga como requisito el soterramiento del cableado, y por otro, se establezcan plazos a los efectos de abordar la solución de los problemas que en la materia hay en nuestro país.
Uno ve que en muchas ciudades la contaminación visual es dramática.
Para resolver ese problema existe tecnología. Y es de gran aplicación no solo en países de mayor desarrollo, sino también en algunos que exhiben un nivel de desenvolvimiento socioeconómico bastante menor que el nuestro. Me refiero a experiencias que van desde Canadá a Ecuador, donde se ha ido imponiendo la lógica de no únicamente establecerles requisitos a las inmobiliarias, a los urbanizadores, para el soterramiento en los casos de los servicios eléctricos, de telecomunicaciones y complementarios, sino además de fijar un plazo para abordar el problema existente.
En la Comisión este proyecto se aprobó en general con una redacción que no refleja el debate habido en ella a lo largo de varios meses, durante el cual hablamos no solo con especialistas de los Ministerios de Vivienda y de Energía y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sino también con expertos de diferentes superintendencias y universidades, para conocer sus juicios y saber del potencial que hay a los fines de generar poliductos que permitan soterrar lo que existe -en este aspecto, sin duda, los municipios deberán jugar un papel muy relevante, pues ellos administran el subsuelo de sus comunidades-, lo que posibilitará el desarrollo de una actividad económica interesante para los administradores de la infraestructura construida en el radio urbano.
Buscamos, señor Presidente, asumir un problema actual.
Y doy un ejemplo.
En cualquier ciudad (Talca, Rancagua, Puerto Montt, La Serena, Santiago, Concepción), cuando uno se detiene en una intersección se percata de que un porcentaje muy grande de los cables existentes se hallan en desuso.
Pues bien, podría permitirse que los municipios retiraran los cables en desuso si se reputaran de escombros. Pero, no habiendo una definición legal de "cable en desuso", ni las municipalidades pueden cumplir esa función.
En definitiva, nadie se hace cargo de ello, pues no hemos sido capaces de abordar una legislación sobre la materia.
Como antes era el Estado quien generaba la inversión vinculada con la distribución eléctrica, la postación existente en nuestro país se entregó a las empresas del sector. Entonces, las empresas eléctricas les cobran a las telefónicas -la compañía de teléfonos era muy relevante en el pasado; ahora, con la telefonía móvil, la situación es muy distinta- o a las de cable por apoyarse en los postes.
Señor Presidente, todo este negocio -el de distribución eléctrica, el de televisión por cable u otro-, que es muy lucrativo, tiene una externalidad que es pagada por la ciudad, por los habitantes.
Países que aspiran a una calidad de vida diferente han abordado el debate conducente al establecimiento de una política de desarrollo urbano. Y lo que queremos nosotros es sentar las bases para un debate de tal índole.
Es cierto que en la moción se fijan plazos que quizás -y quiero decirlo para que no nos detengamos ahí- no sean viables. Pero lo que deseamos -y esta fue la discusión habida en la Comisión de Vivienda- es manifestar la voluntad de avanzar determinando plazos mayores, de ser necesarios; estableciendo criterios de tamaño de ciudad sin duda distintos; disponiendo que la obligación corra para los nuevos urbanizadores desde ya, a fin de no seguir acumulando estos pasivos ambientales tan lesivos. Pero, por sobre todo, se trata de iniciar una política conducente al desarrollo de ciudades más amables, más cercanas y, por cierto, más seguras.
Es un hecho, señor Presidente -y con esto concluyo-, que para las compañías eléctricas constituye un tremendo negocio el soterramiento, porque termina el robo de cables de cobre en nuestro país; se permite recuperar en forma muy significativa inversiones que pierden las mismas empresas; se hace factible mantener los servicios sin riesgo de las interrupciones que se registran hoy; se facilita, por cierto, un servicio de mejor calidad. Pero es necesario hacerlo entre todos.
Eso es lo que hay detrás de este proyecto: un esfuerzo mancomunado de los diferentes sectores para trabajar hacia una política urbana dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades.
Por eso, invitamos a votar a favor del proyecto en debate, para que la Comisión de Vivienda, en un debate con los diferentes actores, quizás, genere mecanismos incluso para licitar el proceso de construcción de poliductos en las diferentes ciudades, de manera tal que podamos abordar un problema que afecta a la totalidad de las comunas de nuestro país.
El señor TUMA.- Señor Presidente, me correspondió presidir la Comisión de Vivienda y Urbanismo cuando tratamos este proyecto, durante varias sesiones, en un debate general en que participaron diversos invitados, en representación de los Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda y de Transportes y Telecomunicaciones; de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, etcétera. Y debo subrayar que en la Comisión, tanto entre sus miembros como entre los invitados, no hubo dos opiniones sobre la necesidad de respaldar una iniciativa como esta.
Aprovecho la ocasión para felicitar a su autor, el Senador Letelier, porque, de verdad, se trata de un gran proyecto, que tiene que ver con la contaminación visual, problema a tal extremo grave que ha provocado numerosos accidentes en muchas ciudades donde es imposible visualizar las luces de los semáforos debido a la gran cantidad de cables existentes, muchos de los cuales se encuentran en desuso.
No hay una normativa que regule la situación en comento, señor Presidente.
En determinado momento nuestro país, con el objeto de incentivar la instalación de luminarias en las calles, autorizó sin condicionamientos a las compañías eléctricas para hacer uso de un espacio público. Y hoy día las empresas eléctricas o las telefónicas hacen lo que quieren con los postes instalados: los arriendan y obtienen una significativa rentabilidad a costa de contaminar la visual en las ciudades.
Nos encontramos entonces con que, para que sea eficaz la legislación en proyecto, es requisito indispensable definir el modo de resolver el problema. No es admisible que cada empresa -eléctrica, telefónica, de televisión por cable- establezca un propio ducto: debe haber un solo administrador de los poliductos.
Por eso, se precisa el respaldo del Ejecutivo, pues varias de las materias involucradas son de su iniciativa exclusiva. Por ejemplo, es necesario su patrocinio para entregarles nuevas facultades a organismos públicos.
Creo, señor Presidente, que esta iniciativa constituye un avance en la idea de permitir una mejor calidad de vida en las ciudades.
Si observamos lo que ocurre en el barrio alto o en las comunas de mayores ingresos, podemos comprobar que ya no existen sectores donde se construya con cables a la vista: están todos soterrados.
Tengo aquí un fallo mediante el cual la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena rechaza un recurso de protección interpuesto por una empresa eléctrica a propósito de una disposición municipal que la obligó a soterrar los cables.
Por tanto, aquí está la prueba de que hoy día la ley les permite a las municipalidades regular la materia en comento. Pero para ellas no es fácil hacerlo, por los costos adicionales que conlleva el soterramiento.
Entonces, lo primero que yo haría con la ley en proyecto (espero que esta tarde la aprobemos en general) sería presentar indicación para que en breve plazo los municipios pudieran obligar a que el cableado de las nuevas construcciones fuera soterrado. La idea es que no sea posible otorgar autorizaciones para que este se halle a la vista.
Lo segundo es diseñar un sistema de llamado a licitación o de participación significativa -los administradores pueden ser los municipios, los gobiernos regionales o privados- para los efectos de garantizar un poliducto que permita economías de escala.
Y lo otro es señalar que las municipalidades también deberían implementar -y cuentan con la facultad de hacerlo- la instrucción de soterramiento donde las ciudades registren una alta contaminación.
Creo que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Ministerio de Obras Públicas podrían hacer un trabajo de buena manera en la materia, a lo que se sumaría una coordinación con distintos servicios, para los efectos de que podamos con los municipios, en un plazo breve, limpiar de cables que contaminan los centros urbanos y no permiten un real desarrollo.
Si observamos lo que sucede en Vitacura, en Las Condes, podemos advertir que el problema ya no existe. Quisiéramos que ello se extendiera también a las comunas más modestas, lo cual significa un nuevo y mayor esfuerzo por parte del Estado.
Trabajaré en la presentación de indicaciones a fin de mejorar la oportunidad de las ciudades y especialmente de las comunas más vulnerables de poder vivir en un medio ambiente libre, desde el punto de vista visual.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto es de iniciativa del Senador señor Letelier y no cabe ninguna duda de que la idea resulta muy loable. A todos nos consta que en los grandes núcleos urbanos existen verdaderos nudos de cables, algunos en funciones y otros en desuso, y que nadie se hace cargo de ello. Ni siquiera se pueden retirar.
En la Comisión, presidida antes por mi Honorable colega Tuma y ahora por quien habla, tratamos el asunto extensamente, a tal punto que se invitó a todas las instituciones que tienen que ver con la materia. Se consideró a los Ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y de Transportes y Telecomunicaciones. De la primera de esas Secretarías de Estado vinieron el Director General de Obras Públicas, el Director de Vialidad y el Director de Concesiones; de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Jefe de su División Jurídica; de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Fiscal, y a los anteriores se sumaron representantes de municipalidades, de la Asociación de Empresas Eléctricas, en fin.
Se ha realizado un trabajo muy intenso en relación con la materia y no ha sido algo fácil.
El Senador señor Tuma se refirió a un fallo que atribuyó a la Corte de Apelaciones de La Serena, pero que, en realidad, es de la Corte Suprema, el cual dice relación con una ordenanza dictada por la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Ovalle que establecía el soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas. La medida no pudo ser cumplida a causa de dicha sentencia, que tenemos en nuestras manos.
Deseo consignar que el asunto es de mucha importancia, pero, por supuesto, de no fácil resolución. Y, por eso, les solicitamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, que sus departamentos de ingeniería nos hicieran proposiciones acerca de cómo sacar realmente adelante la iniciativa. Quedaron de colaborarnos en este aspecto.
Hace algunos años, a través de la primera de esas Secretarías de Estado, modificamos la ley en lo relativo al traslado de servicios cuando se efectúa alguna obra pública. Resulta que ello tenía que pagarlo el que lo pide: el Estado, y significaba muchos, pero muchos miles de millones de pesos.
Recuerdo que en el sector de Quilín, en Santiago, por allá por 1995, una sola obra costó 7 mil millones de pesos y que el mero traslado de servicios de alcantarillado, de agua potable y de electricidad salía 10 mil millones, es decir, mucho más, y que por el hecho de que el otorgamiento se había registrado antes, sin ninguna imposición, Obras Públicas tenía que pagar por estar pidiendo ejecutarla.
Nosotros enmendamos la norma legal y establecimos que todos los permisos que se otorgaran en adelante conllevaban el compromiso de que, si mediaba algún traslado, algún cambio, ello es por cuenta de la empresa concesionaria.
Una de las personas invitadas ahora, el Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas Asociación Gremial, estimó que las redes subterráneas son diez veces más caras que las aéreas. Agregó que los valores netos de recuperación actuales de la industria ascienden a 4 mil millones de dólares y que el costo aproximado del soterramiento propuesto en el proyecto es de 30 mil millones. Como se darán cuenta mis Honorables colegas, estamos haciendo referencia a cifras sumamente altas.
Dejaré que mi Honorable colega Pérez Varela coloque el ejemplo vivido ya en la comuna de Los Ángeles, como algo evidente de lo que estamos señalando.
Si se aprueba en general el proyecto, señor Presidente, tenemos que fijar un largo plazo de indicaciones, para que todas las empresas cuya colaboración solicitamos puedan hacernos llegar sugerencias y para que tampoco caigamos en fallos del Tribunal Constitucional que declaren completamente ilegales todas estas disposiciones.
Afortunadamente, puedo informar que ese organismo, a raíz justamente de las diferencias entre el Ministerio de Obras Públicas y las entidades involucradas, ha resuelto en favor del primero. Y todos los traslados serán de ahora en adelante por cuenta de las empresas concesionarias, ya sea de electricidad, de agua potable o telefónicas.
En todo caso, la sentencia del Tribunal Constitucional es muy importante y viene a establecer que el Fisco recuperará más de 7 millones de unidades de fomento en indemnizaciones que tiene que pagarle cada una de las compañías.
Estoy por aprobar la idea de legislar y por determinar un plazo más o menos largo, como he señalado, para las indicaciones.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo deseo pedir nuevamente a la Mesa que recabe la autorización -ya conversé con quienes se opusieron y los escuché, además- para que la Comisión de Pesca pueda sesionar simultáneamente con la Sala a fin de que analice y despache el proyecto de ley sobre protección de ecosistemas marinos vulnerables.
Este último no tiene nada que ver con la iniciativa que se trató ayer y lo tenemos listo, con sus indicaciones. Se aprobó que hoy se recibieran las del Ejecutivo.
El señor CANTERO.- Abramos la votación, señor Presidente. Lo pide el Comité Independientes.
El señor PIZARRO.- ¿Cuántos inscritos hay?
El señor ESCALONA (Presidente).- Seis.
El señor PIZARRO.- Algunos tenemos dudas sobre la iniciativa.
Puede intervenir la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, soy miembro titular de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Y quiero poner énfasis en la denominación, porque el asunto que nos ocupa se encuentra muy relacionado con el tipo de urbanismo que les estamos dando a nuestras ciudades.
¿Cuál es la idea que inspira al proyecto de ley? La de evitar riesgos asociados a falta de seguridad por exceso de cableado en altura y mejorar la visión estética de espacios urbanos.
Se deben ofrecer fraccionamientos que mejoren la calidad de vida de la población, al tiempo de que eviten la contaminación visual con postes y cables.
Hoy día, los sistemas de tendido bajo tierra se encuentran en plena expansión en muchas de las zonas urbanas y en diversas comunas debido a las mejorías comparativas que brindan, respecto de la extensión de las redes aéreas. Pero también es preciso puntualizar, conjuntamente, que no se trata de una realidad masiva, sino propia de las comunas que pueden establecer el cableado subterráneo.
Por eso digo: "Bienvenida la discusión de la iniciativa". Creo que tenemos que precaver un aspecto: que esta no recargue al usuario; que no sea este el que pague finalmente el costo de la instalación. Mas todas las opiniones que en la Comisión hemos recibido del Colegio de Arquitectos, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Vivienda, siempre han sido positivas en cuanto al espíritu que inspira al articulado en examen.
Deseo consignar que el mes pasado, cuando enfrentamos un temporal de viento y lluvia al menos en la Región de Valparaíso y, sobre todo, en la zona Cordillera, una gran cantidad de hogares permanecieron muchos días sin energía eléctrica. Las empresas respectivas incluso han estado sometidas a una investigación del Servicio Nacional del Consumidor. ¿Por qué suceden tales cosas? Una de las razones es que el tendido se halla expuesto a la inclemencia climática y a las vicisitudes de la naturaleza.
Los enjambres de cables no solo afectan la estética de los lugares, haciendo bajar la plusvalía de las viviendas. Desde el tercer piso de algunos edificios de la Quinta Región -y eso se registra en todas partes de Chile- son lo único que se ven, al igual que desde el segundo piso de casas. También inciden en la calidad de vida de los propietarios de las construcciones donde se han ido instalando.
Y no se trata únicamente de eso. Por encontrarse al aire libre y no ser subterráneos, se encuentran altamente expuestos, por desgracia, al riesgo de daños por un temporal de viento, de lluvia, e incluso, por un terremoto como el de comienzos de 2010.
¿Por qué es importante debatir acerca del proyecto de ley? Porque las compañías de electricidad han sobrepoblado nuestros espacios públicos, que son bienes nacionales de uso público, lo que, en la práctica, ha significado la inexistencia de algún tipo de control sobre la sobrecarga de cables. Al no pagar por la utilización, no tienen por qué preocuparse, como es obvio, de que se estropeen áreas que nos pertenecen literalmente a todos y, desde luego, a los que viven en la comuna respectiva.
Claramente, la nueva normativa permitiría un mejoramiento considerable de la infraestructura de servicios, lo que contribuiría a mejorar la imagen urbana de diversas comunas, tanto rurales como de mayor población, que hoy día viven la realidad descrita.
Con el sistema de cables subterráneos, no solo se evitaría la ocurrencia del tipo de inconvenientes que ya he señalado, sino que también se protegería a la comunidad completa de todos los riesgos asociados a la pérdida del suministro eléctrico por causas climáticas extremas, inclemencias que no lo afectarían.
¿Cuántas veces hemos visto personalmente o en los medios de comunicación la gran cantidad de accidentes en los que postes de tendido eléctrico han constituido un factor fundamental? Sin perjuicio de los que han involucrado a vehículos, los árboles también han destrozado cables, con frecuencia, por vientos extremos que los han hecho caer.
Si todo lo manifestado hasta ahora pareciera poco, deseo destacar que además es preciso tener presentes aspectos técnicos. Una de las principales ventajas del cableado subterráneo es que la amplitud térmica diaria resulta casi nula bajo tierra y que en la conductividad de electricidad no inciden variaciones de temperatura o climáticas a las que un país como el nuestro se halla expuesto continuamente.
Todo lo anterior, sin considerar la economía a largo plazo que significarían las redes bajo tierra. Por ejemplo, sus costos de mantención serían mínimos y no tendríamos que ver árboles talados en exceso o nidos destruidos por culpa del cuidado extremo que sí demandan las actuales instalaciones. Además, resultarían muchísimo menores, en el tiempo, que los del tendido aéreo. Los cables tendrían, sobre todo, una mayor vida útil -ello es muy importante-, lo que finalmente se traduciría en un ahorro tanto para los consumidores como para las propias empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Por las razones expresadas, me parece que esta es una discusión que tenemos que realizar en profundidad, pero también en el sentido de avanzar en una normativa que permita cuidar todo el diseño estético. De ahí la referencia que hice al urbanismo cuando comencé mi intervención.
Asimismo, aparte procurar la seguridad de los habitantes de las comunas, es necesario ser muy claro en que el proyecto no debe contemplar un gasto que se cargue al usuario, sino que se requiere una modalidad en la que lo asuman las empresas. No es posible cargarle la mano al primero por el cableado subterráneo.
Y finalizo con esto: una de las propuestas formuladas por el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton, en la Comisión de Vivienda fue la de externalizar el servicio, del cual podrían disponer todas las empresas que utilizan cableado aéreo. Como es obvio, ello se traduciría en abaratar finalmente el costo que sería de cargo del usuario.
El señor ESCALONA (Presidente).- Deseo puntualizar, antes de ofrecerle la palabra al Honorable señor Pizarro, que ayer tuvo lugar la primera discusión. Al término de la sesión ordinaria, un Comité pidió segunda discusión, por lo que el proyecto quedó para la sesión de hoy. En consecuencia, cada señor Senador dispone hasta de cinco minutos para intervenir.
Es lo que me ha informado la Secretaría.
El señor PIZARRO.- ¡Ello se precisa justo cuando me toca a mí...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Me embarga una profunda aflicción al entregarle a Su Señoría tal antecedente precisamente en este momento, pero, como ya lo sabe, el Reglamento es implacable...
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a propósito del debate que se ha generado, el cual me parece sumamente importante, me referiré solo a dos puntos.
El primero se relaciona con la necesidad de avanzar en el cableado subterráneo para evitar lo que se está verificando en la práctica, que es una segregación y una diferencia demasiado grandes entre los sectores que construyen con toda la modernidad, con toda la tecnología, que reciben todas las garantías de resguardo, y los más populosos, donde se mantiene todavía el sistema tradicional, que cada día se recarga más. A mi juicio, este es un elemento que debemos considerar, sobre todo cuando destacamos la conveniencia de construir un país más equilibrado, más igualitario.
Lo otro tiene que ver con la seguridad. La Honorable señora Pérez hacía referencia a este punto. Efectivamente, el cableado aéreo en las grandes urbes se ha transformado hoy día en un serio problema, primero, con relación a la garantía del suministro eléctrico a los usuarios, y segundo, con motivo de temblores o terremotos o temporales, como consecuencia de los cuales los árboles normalmente terminan pasando a llevar el tendido encima de casas y lo dañan, lo que complica mucho la vida diaria de las personas. Y ese es un hecho que sucede bastante a menudo y respecto del cual las empresas tienen que asumir después costos, y los usuarios sufrirán las consecuencias.
Pero hay un tercer elemento que no podemos dejar de considerar al analizar esta materia.
Todos nos preguntamos acá cuál es el costo del proyecto. Porque es sumamente caro el traslado del cableado. ¿Quién lo financiará y cómo se implementará?
Una cosa es normar desde aquí en adelante, y otra, trasladar a subterráneos todo el tendido que hoy se halla operativo en los distintos sistemas de transmisión en cada una de las ciudades y pueblos del país.
Y resulta evidente que dicho costo lo debe asumir la empresa. Pero, junto con decirlo, todos debemos saber lo que pasará después. Ella lo traspasará a los usuarios.
El señor PIZARRO.- Y, por eso, tenemos que pensar bien las consecuencias que se pueden producir.
El Senador Sabag entregó una cifra que me llamó mucho la atención. Señaló que el costo sería del orden de los 30 mil millones de dólares.
De acuerdo al informe de la Comisión, pareciera que ese antecedente lo entregó la industria durante el debate en la Sala. Pero de todas maneras, lo que corresponde es que dispongamos de un guarismo que interprete fielmente el valor que tendrá llevar adelante una iniciativa tan positiva como esta.
Y con esa misma lógica, entonces, hay que plantearse derechamente quién va a financiar lo que se propone: si el Estado estará dispuesto a colocar subsidios, si los municipios entregarán algún incentivo a las constructoras para que, de partida, en los proyectos que vengan se establezca la obligación de que el cableado vaya por tierra.
Pero asimismo hay un problema con las municipalidades, pues es factible que deban retirar mucho tendido obsoleto o que ya no cumpla ninguna función, que nadie bajará si no lo hacen ellas. Esto también se deberá determinar. Porque habrá que darles las atribuciones pertinentes y los recursos necesarios para que puedan desarrollar esa tarea.
Lo que sí resulta claro, señor Presidente, es que cuando se realiza este proceso en una comunidad, en una ciudad, cambia total y absolutamente su calidad de vida. Esta pasa a ser mucho mejor desde el punto de vista de la urbanización.
Nosotros tenemos la experiencia de lo que ha significado corregir esta situación en calles peatonales de La Serena, en el paseo peatonal de Ovalle. En verdad, estos sectores se han transformado en verdaderos paseos públicos, donde la gente no solo disfruta, sino que lo hace además con seguridad en un ambiente que, mirado urbanísticamente, resulta mucho más amigable y, sin duda, presenta la garantía de buen funcionamiento de un servicio esencial para la calidad de vida de la población.
Así es que votaré favorablemente este proyecto. Pero espero que durante el debate en particular podamos contar con una apreciación bastante más certera sobre el costo y las fórmulas que necesitamos para financiar esta operación.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no dudo de la buena intención del autor de este proyecto. Eso se halla fuera de discusión. Todos quisiéramos que el cableado fuera en su totalidad subterráneo.
Sin embargo, el Senador Pizarro hizo una pregunta válida: ¿cuánto costará ello y quién lo financiará al final?
El problema es que esta iniciativa tiene que ver con dos Comisiones.
En primer término, como el proyecto dice relación con aspectos urbanísticos, obviamente debe ser analizado por la Comisión de Vivienda. Pero tan relevante como lo urbanístico es lo relativo a la energía. Y este proyecto tendrá un impacto tarifario, porque se refiere a las compañías de líneas de distribución y transporte.
Si uno mira el respectivo informe, se da cuenta de que el Ministro de Energía no fue citado a la Comisión. Y me parece que era fundamental invitarlo.
Sin perjuicio de lo anterior, por una inquietud mía, traté de averiguar con el Ministerio de Energía cuál sería el costo. Porque lo propuesto se aplica a todas las empresas y opera con efecto retroactivo; da un plazo de dos años.
Y debo decir, señor Presidente, que hoy día el promedio de la tarifa nacional es de 138,7 pesos el kilowatt/hora. Y pasaría a ser de 615. Eso significa que la tarifa, tal como se halla establecido el proyecto, aumentaría en 431 por ciento.
Ese es el impacto tarifario de esta iniciativa.
Por lo tanto, ella no solo tiene que ver con aspectos urbanísticos. Y me parece esencial que lo clarifiquemos.
Se nos pide votar la idea de legislar. Pero uno debe pronunciarse respecto de un contenido específico. Y reconozco que no estoy en condiciones de votar favorablemente un proyecto que sé que tendrá un impacto tarifario de 431 por ciento y respecto del cual el informe no consigna ninguna estimación de los Ministerios de Minería y de Energía en tal sentido. Porque reitero que conlleva un impacto tarifario.
A mi juicio, lo responsable sería que, antes de tomar una decisión de tal naturaleza, o la propia Comisión de Vivienda citara al Ministro de Energía para que entregara los detalles del impacto tarifario de este proyecto de ley, o que lo analizara paralelamente la Comisión de Minería y Energía.
Tal como señalé, no tengo ninguna duda respecto de la intención del autor de esta iniciativa. Claramente, desde un punto de vista urbanístico, todos quisiéramos una ciudad sin cables aéreos. Pero cuando se les da un plazo de dos años a las propias compañías para que efectúen el soterramiento, evidentemente ello conlleva un impacto tarifario, pues tiene que ver con la distribución y el transporte de energía.
Por desgracia, ninguna de las cifras a las que me referí se encuentran consignadas en el respectivo informe. De tal manera que, si me veo obligado a pronunciarme en este minuto respecto de la idea de legislar, no podré votar a favor por lo que ya señalé: no está resuelta una materia demasiado importante, relativa al impacto tarifario sobre la comunidad.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no quiero intervenir en este proyecto, sino que hacer una petición respecto a otra materia.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede plantearla, Su Señoría.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solicito que se amplíe en una semana el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre donaciones con fines culturales. Ello, por cuanto no alcanzaremos a estudiarlas de aquí al próximo lunes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como nuevo plazo para formular indicaciones a la iniciativa antes señalada el lunes 20 de agosto, a las 12.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le corresponde el uso de la palabra al Senador señor Pérez Varela.
El señor LETELIER.- Pido que abra la votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ello fue solicitado hace algunos minutos, pero no hubo consenso.
El señor LETELIER.- Ahora lo hay.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
El señor PROKURICA.- No.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, hay una solicitud del Senador Orpis sobre esta materia, que yo reafirmaré en mi intervención, si me lo permite.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Cuál es, señor Senador?
El señor PÉREZ VARELA.- La de que la Comisión de Minería y Energía también analice el proyecto que ahora nos ocupa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Eso lo veremos en su momento, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.- Está bien.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, este es el típico proyecto en que todos tenemos absolutamente claro cuál es la dificultad, qué problema existirá.
Basta hallarse en nuestra ciudad para darse cuenta de que en los sectores centrales y periféricos tenemos postes y muchos cables. En términos estéticos y ambientales, ello sin duda da una mala imagen. Y por eso en algunos lugares se hacen esfuerzos para soterrar el tendido.
El punto radica, estando todos de acuerdo en cuál es el problema que queremos resolver, en que la solución planteada en este proyecto resulta absolutamente ajena a la realidad.
Si uno lee su texto y quiere creer que la respuesta se halla solo en establecer la obligación de que las empresas de líneas de transporte y distribución de energía sotierren el cableado, y en consignar que, de no hacerlo, serán multadas, me parece que estamos muy equivocados.
Tanto es así que el propio autor del proyecto manifestó en su intervención que, a lo mejor, habría que llamar a licitación para el soterramiento del cableado, a fin de decidir quién construye los ductos en cada una de las ciudades del país.
Es decir, postula una idea A en su iniciativa y expresa una idea Z en la Sala. Son cosas absolutamente distintas.
Por lo tanto, estimo que el proyecto puede generar expectativas que a la larga no se cumplirán. Será una iniciativa que no va a resolver la cuestión de fondo: los costos de la inversión y cómo la estructura del Estado puede incentivar que esto se lleve adelante.
Y como bien decía el Senador Orpis: ¿se trata de un tema solo de Vivienda y Urbanismo? ¡No! Además dice relación directa con Energía, porque la Ley General de Servicios Eléctricos también es una norma vinculada con fijaciones tarifarias. Por ende, cualquier decisión o modificación a dicha legislación que signifique inversiones -en este caso, nadie las conoce; el proyecto no las dimensiona y algunos hablan de porcentajes verdaderamente extraordinarios- va a generar un impacto en los cobros por el servicio. Y, asimismo, en la Ley General en comento el camino para fijar las tarifas considera los diferentes gastos que las empresas del sector deben realizar.
Por otra parte, si en el proyecto les damos ciertas atribuciones a las empresas eléctricas, ¿qué pasará con las industrias telefónica y de televisión por cable? ¿Se sentirán obligadas por la norma en análisis?
En consecuencia, creo que a la iniciativa hay que darle una vuelta mucho mayor. Todos tenemos claro que se deben sacar los cables aéreos de nuestras ciudades, pero con la solución que en ella se propone no lo vamos a hacer.
En tal virtud, reitero la solicitud del Senador Orpis en el sentido de que el proyecto también se envíe a la Comisión de Minería y Energía. Y habrá que ver la manera para que, entre los Ministerios pertinentes y las Comisiones involucradas del Senado, se establezca una política de mediano y largo plazo para avanzar en la materia en examen.
Este proyecto, tal como se halla redactado, no nos llevará a ninguna parte: no resolverá el problema, generará una dificultad tarifaria y seguiremos con el cableado actual, porque las empresas telefónicas, las de televisión por cable y otras no se sentirán obligadas a remediar la situación.
Además, la mayoría del tendido en desuso -basta que Sus Señorías lo pregunten en sus zonas- no pertenece a las empresas eléctricas, pues estas usan un cable tensado. Pero aquí únicamente obligamos a las eléctricas.
Es una mala solución para un grave problema.
Por lo tanto, considero que la mejor decisión que podría tomar el Senado sería establecer que la iniciativa volviera a Comisión o fuera a Comisiones unidas, para formular una propuesta mucho más global, que abordara los distintos aspectos involucrados en la materia.
El primero de ellos sería valorizar la ejecución. Porque no es suficiente con darles obligaciones a determinadas empresas sin que exista una valorización de por medio, porque eso surte un efecto -como aquí se ha dicho- en los decretos tarifarios.
A mi juicio, la proposición mencionada es la que la Mesa debiera llevar adelante.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, me permito intervenir en relación con este proyecto, porque estimo que la materia reviste el más alto interés general. Esto no se trata solo de un problema económico, sino que tiene que ver con la vida en la ciudad. Y eso sí que nos importa a todos. Nuestras pobres ciudades -digámoslo con un poquito de vergüenza- no están mejorando, sino que, en general, deteriorándose.
Considero que tendríamos menos indignación, menos protestas, menos quema de buses si nuestras urbes fueran más amables y más respetuosas con el entorno.
Señor Presidente, me voy a permitir hacer una autorreferencia -práctica sumamente aburrida; pero, ¡bueno!- en la materia que nos ocupa.
Fui alcalde en una oportunidad. Y durante el ejercicio de mi cargo -cerca de quince meses- logré aumentar el nivel de inversión del municipio (llegué al 15 por ciento del presupuesto municipal en infraestructura). Una de las cosas que abordé en esa etapa fue el cableado subterráneo de 5 mil metros lineales -¡5 mil metros lineales!-, lo que me convierte -modestia aparte- en el primer experto en tendido subterráneo de Chile.
¡Afuera de la Sala recibo las consultas...!
O sea, conozco este tema. Y les puedo decir que el sistema legal en que se edifica el transporte aéreo de energía en el país es completa y absolutamente absurdo.
Aquí se está planteando una modificación al decreto con fuerza de ley N° 1, que contiene la Ley General de Servicios Eléctricos. Pienso que el propósito, como casi todos han dicho, es muy laudable. Pero creo que su abordaje es malo. Lo que no significa que debamos abandonar el empeño.
Por lo pronto, tengo los siguientes alcances al texto.
En el artículo 1° se hace una referencia equivocada: se habla del "inciso final del artículo 54 de esta ley" -la que se modificaría: la Ley General de Servicios Eléctricos-, cuando en realidad se trata del artículo 55.
En seguida, dejando de lado lo formal, opino que imponer la obligación de hacer el soterramiento en el plazo brevísimo de dos años puede no solo disparar las tarifas -cosa que no le es posible realizar unilateralmente al proveedor-, sino también mandar a la ruina definitiva a los distribuidores del "fluido" eléctrico, como se decía antes.
Me atrevo a decir que lo anterior no se halla bien pensado, y reitero que suscribo el propósito general de la iniciativa.
Por otra parte, quizás un camino más eficaz sería que a continuación del número 1 del artículo 51, que dice "Para tender líneas aéreas o subterráneas a través de propiedades ajenas", se agregara "exceptuando las calles y plazas de lugares poblados". Con ello, al menos la disposición regiría hacia el futuro. Porque existe una servidumbre legal en favor de quienes transportan y distribuyen electricidad perfectamente válida para lugares no poblados. Pero en sitios poblados eso constituye un disparate del porte del cerro San Cristóbal.
Además, aquí hay una incitación absolutamente nefasta: los dueños de la postación eléctrica o telefónica existente en las ciudades cobran por cada línea que soportan. Y no cualquier cosita, sino entre 0,5 y 0,6 UF por apoyo. Hay postes que aguantan paquetes de 30 a 35 cables, de los cuales, por lo demás, normalmente hay un 20 por ciento en desuso.
Entonces, en la materia en análisis debiera procurarse un abordaje gradual del asunto; fijarse plazos, porcentajes de avance en el soterramiento; establecerse normas que obliguen a los municipios a facilitar la operación.
Por ultimo, deseo pasar otro aviso sobre mi trabajo como alcalde.
Sin deseos de jactancia ni de vanagloria, yo redacté de puño y letra, con ayuda de un colega llamado Jorge Granic, una ordenanza de tendido subterráneo, que es la única que ha pasado el examen de los tribunales en primera instancia, en segunda instancia y en la correspondiente ante la Corte Suprema, con una pequeñísima objeción que fue superada, a pesar de los recursos múltiples que dedujeron quienes transportan o distribuyen energía eléctrica.
Esa ordenanza se halla vigente. Pero, en fin, hay algunos alcaldes con un poco más de empuje en esto que otros, y no ha sido aplicada con el empeño que hace falta.
Solo quería manifestar lo que ya he expresado.
Finalmente, estimo que la idea es buena, pero amerita una mejor redacción. Alguna vez podremos impulsar un proyecto de soterramiento de cables que sea gradual. Porque, efectivamente -como señalaba el Senador Pizarro hace muy poquito rato-, con ello se recupera el espacio. ¡Nos expropian algo tan sencillo como la vista! Y esto en aras de negocios de los cuales nadie siquiera sabe que están en operación. Basta con leer los balances de algunos distribuidores de energía eléctrica para ver el ítem que significa el uso por terceros de la postación existente. Se trata de cantidades muy sustanciales. Y no me parece que lo que se obtiene por ese concepto sea imputado a las tarifas, porque ha habido preocupación por un alza. Yo no creo que lo que se consigue en uso de una servidumbre legal sea imputado a rebajar las tarifas. Solo lo dejo planteado.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, coincido con los Senadores que han intervenido en el sentido de que esta es una materia con bastante lógica y que implica un buen deseo. Pero es en la forma de implementarlo donde radica el problema.
Y me parece que es muy bueno que el Senador señor Carlos Larraín -precursor en el asunto- nos haya aportado su experiencia.
Como sostuvo el Honorable señor Pizarro -en eso estoy en desacuerdo con lo planteado por aquel-, en el cálculo de tarifas eléctricas y de otros servicios, uno de los elementos que se toma en cuenta para determinar el coeficiente de rentabilidad precisamente corresponde a las exigencias de inversión a las compañías que prestan los servicios. Por lo tanto, si se les establece esta obligación, nadie podría negar que se trate de una inversión y, de acuerdo con la legislación vigente, seguramente tendría que traspasarse a la tarifa.
Soy partidario de enviar el proyecto nuevamente a Comisión para que interviniera la de Minería y Energía, de manera de efectuar un estudio más profundo en cuanto a los cálculos y la forma como llevarlos a cabo.
Muchas veces las ideas que buscan un óptimo son irrealizables. Pero, a lo mejor, se puede empezar por algo. Y sería lógico que en una disposición legal se estableciera que en las futuras urbanizaciones el cableado deba quedar en el subsuelo. Se podría empezar por ahí, y así ir viendo cómo se va desarrollando la situación. En cuanto a lo ya realizado, habría que considerar un mecanismo para ver cómo recuperarlo, porque estoy de acuerdo que transferir los cables a instalaciones subterráneas en una ciudad resulta positivo en todo sentido.
Se tendría que analizar si es factible hacer otra cosa en la disposición legal que se dictara. Desde ya, quizá se podría obligar a las compañías a retirar el cableado obsoleto. Hay muchos cables en esa situación. En los mismos sectores donde uno vive, nos percatamos de que, al establecerse un servicio, se instala un nuevo cable. Ha ocurrido con los teléfonos, aun cuando esto se daba más en los aparatos locales: nueva línea, nuevo cable.
Por eso, a mi juicio, sería pertinente un adecuado estudio para llevar adelante esta buena idea.
En primer término, habría que determinar cuánto cuesta llevar adelante todo el proceso. Por otro lado, desde ya debería obligarse a que las próximas urbanizaciones lleven cableado subterráneo, lo que sería exigible a las empresas. Y en tercer lugar, habría que tratar de imponerles el retiro, por lo menos, del material obsoleto.
Por lo expuesto, soy partidario de remitir el proyecto nuevamente a Comisión, para que llegue a la Sala una iniciativa más acotada, sobre todo en lo relativo al costo, opción óptima a la cual quisiéramos llegar.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, me alegro mucho de escuchar una y otra vez que este proyecto debe ir a la Comisión de Minería y Energía. Por lo demás, lo pedí insistentemente en la reunión de Comités, instancia donde solicité varias veces que la iniciativa fuera a ese órgano.
El señor PIZARRO.- Se podría aprobar en general y remitirlo a dicha Comisión.
El señor URIARTE.- ¿Y por qué lo pedí? Porque queda claro que acá hay un problema no cuantificado, que es de la esencia a la hora de decidir si vamos a votar a favor o en contra.
Estamos todos de acuerdo en limpiar las ciudades y en sacar los cables basura. Hago presente que solo entre la conurbación La Serena-Coquimbo hay más de 4 mil kilómetros de ese tipo de elementos. Y todos, obviamente, nos encontramos siempre a favor de limpiar, de obligar a las compañías, especialmente las telefónicas o cableoperadoras, a retirar los cables en desuso.
En la discusión que sostuvimos en su oportunidad en la Comisión de Vivienda -hoy ni siquiera hay que repetirla-, todo el mundo entendió que se trata de un objetivo perseguido por muchos.
Sin embargo, la idea matriz del proyecto dice relación a las líneas de transmisión y de distribución de energía eléctrica. Y por eso le entrega facultades a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles incluso para multar a aquellas empresas que no cumplan la norma. Además, hay ahí un problema constitucional. Habrá que discutir en su oportunidad si los parlamentarios tienen o no iniciativa para modificar o determinar una atribución como la de la SEC.
Según informes preliminares del Ministerio de Energía, si esta norma se aplicara al sistema eléctrico, generaría un aumento en el precio de la energía del orden del 435 por ciento, que no lo pagarían las empresas, sino que terminarían solventándolo los clientes residenciales.
Por esa sola razón, antes de rechazar esta buena idea, lo que corresponde es preguntar a la Comisión especializada.
Por último, recuerdo lo que insistentemente pedí en la instancia pertinente: que el proyecto vaya a la Comisión de Minería y Energía. De no ser así, nos forzarán a rechazar la moción, porque lo único que provocará es un incremento sustancial en el costo de la energía, que será pagado no por la empresa, sino por el cliente residencial.
Por lo expuesto, de no mediar una decisión de la Sala en tal sentido, se está forzando a una masiva votación en contra.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, todos los oradores que me antecedieron me ahorran muchas expresiones, porque las comparto plenamente.
Participo, por ejemplo, de la idea del Senador señor Zaldívar en orden a que debiéramos exigir, en primer lugar, que las nuevas urbanizaciones se lleven a cabo con cableado subterráneo.
También comparto que se obligue a las empresas a retirar los cables en desuso, que muchas veces cuelgan y representan un peligro para la integridad de las personas y de bienes materiales.
Pienso que el proyecto que nos ocupa posee una buena inspiración: ver mejor nuestras ciudades y paisajes y que la energía eléctrica sea mucho más amigable con los vecinos y, por supuesto, con el desarrollo urbanístico.
Sin embargo, la pregunta radica en quién paga todo eso.
En los términos planteados por el proyecto, aquí habría claramente una causa legal para que las compañías distribuidoras de energía lo cargaran a los costos y, en consecuencia, lo incorporasen a las tarifas, con lo cual tendríamos un aumento extraordinariamente alto en particular en las cuentas domiciliarias. Otro tanto ocurriría con lo que deben cancelar las municipalidades por el alumbrado público.
Por lo tanto, como han expresado varios señores Senadores, estamos en presencia de una buena iniciativa, que compartimos en su espíritu, pero que no sabemos cuánto cuesta; ignoramos lo que significará por el mayor costo de las tarifas, con lo cual, finalmente, podemos terminar causando un problema social muy grande a las familias, particularmente de los sectores más modestos y de barrios más vulnerables o de niveles socioeconómicos menos favorecidos, al no poder pagar el alto precio de la energía eléctrica.
Por eso, coincido también en que este proyecto sea devuelto a Comisión. Para aprobarlo en sus términos actuales, resulta indispensable conocer -¡indispensable!- el costo del cableado subterráneo; cómo este influirá en las tarifas domiciliarias y del alumbrado público, y determinar si las familias y las municipalidades están en condiciones de solventar el mayor costo que significa.
Votar la idea de legislar sin esos antecedentes me parece, francamente, una irresponsabilidad.
Repito: simpatizo con lo central de la iniciativa. Porque, como decía también el Senador señor Carlos Larraín, nuestras ciudades cada vez se hallan más contaminadas visualmente por esa enorme cantidad de cables que van serpenteando entre las calles. ¡Ojalá pudiéramos soterrar todo ese ese conjunto de cables! Pero eso implica gasto. Necesitamos saber a cuánto asciende y, sobre todo, quién lo va a pagar.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Honorable señor Letelier podría fundamentar su voto en esta segunda discusión.
El señor NOVOA.- No se ha puesto en votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Efectivamente.
Entonces, corresponde el uso de la palabra al Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, advierto dos problemas serios en la aprobación de este proyecto.
El primero se refiere a que nos encontramos ante una iniciativa muy específica que modifica el texto refundido de la Ley General de Servicios Eléctricos y establece una obligación a las empresas que utilicen líneas de transmisión y distribución de energía.
Por lo tanto, su idea matriz es clarísima: que dichas compañías estén obligadas a soterrar, en un plazo de dos años, el tendido eléctrico.
Sin embargo, por los antecedentes dados ahora en cuanto al costo que significa y por el impacto que tendrá en las tarifas, no cabe la menor duda de que habría que votar en contra.
Se dice que en la Comisión hablamos de otras cosas: de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; de las urbanizaciones; de sacar los cables telefónicos en las calles; de crear un sistema de concesiones de ductos. Entonces, no sé para qué se presenta un proyecto, en circunstancias de que, después, se tratan materias diferentes a su idea matriz.
La cuestión es que nosotros no podemos aprobar en general una iniciativa y pensar que, sobre esa base, después será posible cambiar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la de Telecomunicaciones y la legislación que establece la forma de instalar los cables de telefonía o de televisión. Y menos podremos crear un sistema de concesiones de ductos subterráneos.
Entonces, llamo a reflexionar acerca de que no podemos llegar y pasar por encima del mínimo cumplimiento -¡mínimo!- de las formalidades. Si aprobamos la idea de legislar, todas las buenas intenciones que se han oído serían inadmisibles.
Por eso solicito a la Sala acoger la proposición de que el proyecto vuelva a Comisión, con el objeto de reformularlo; de lo contrario, ninguno de esos propósitos, por muy buenos que sean, se podrá cumplir, a menos que nosotros, de frentón, queramos pasar por encima de las normas que rigen la tramitación de las leyes.
Ya nos hemos acostumbrado demasiado a aprobar legislaciones inconstitucionales. De ahí que pido tener un elemental respeto por nuestra función. No sería posible efectuar nada de lo planteado en la Sala de aprobarse esta normativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para un punto de reglamento, tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, reglamentariamente, corresponde votar el proyecto, porque se encuentra considerado en el Orden del Día.
Sin perjuicio de ello, si existe un acuerdo de la Sala, reglamentariamente,...
El señor NOVOA.- Pido postergar la votación, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Estoy exponiendo una cuestión de Reglamento. Imagino que el Senador señor Novoa lo entiende, porque planteó cierto criterio.
Sin embargo, considero importante explicar que cuando se aprueba en general una iniciativa lo que se acoge es la idea central que conlleva, el concepto, y no el texto en particular. La Cámara de Diputados, a diferencia de nosotros, en el primer trámite introduce las modificaciones que estima pertinentes.
En cambio, en el Senado tenemos los dos procedimientos: un proyecto puede llegar solo con la idea general aprobada y perfeccionarse posteriormente en la Comisión, o llegar a la Sala aprobado en general y particular.
En el caso que nos ocupa, la Comisión solo trató en general la iniciativa, para avanzar en su discusión. Y habló con todos los especialistas en la materia.
Por lo expuesto acá, creo que hay un ánimo positivo para acoger el proyecto. Las palabras del Senador Larraín indican que es posible construir un acuerdo significativo al respecto.
En atención a ello, sugiero, reglamentariamente, consultar a la Sala para que, antes de pronunciarnos, el proyecto vuelva a la Comisión de Vivienda para un nuevo informe, suspendiendo su votación, si bien estamos en la segunda discusión. Y en esa instancia, los miembros de la Comisión de Minería y Energía podrían sumarse a su análisis, para evitar los juicios casi apocalípticos como los que se han entregado acá respecto de los costos.
Me parece que el asunto es factible de despejar en ese nuevo informe, señor Presidente.
Por lo tanto, acojo la propuesta del Senador señor Novoa, entendiendo que hay acuerdo mayoritario en ese sentido.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, hago una precisión reglamentaria: se trata de un nuevo primer informe.
Simplificaría las cosas si la iniciativa fuera vista por las Comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Minería y Energía, unidas.
El señor ORPIS.- De acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, procederemos en tal sentido.
--El proyecto vuelve a Comisión para un nuevo primer informe de las Comisiones de Minería y Energía y de Vivienda y Urbanismo, unidas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde efectuar la segunda discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, sobre publicidad de los alimentos, con informe de la Comisión de Salud.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe hacer presente que ayer se efectuaron la relación y la primera discusión de la iniciativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, este proyecto es fruto del acuerdo a que se llegó en esta Sala entre los Senadores y el Ministerio de Salud -el Gobierno-, cuando se discutió la normativa que establecía la obligación de etiquetar los alimentos señalando exactamente su composición nutricional, como asimismo, según lo que dicha Secretaría de Estado determinara en el respectivo reglamento, aquellos que fueran "altos en" grasas saturadas, sal, calorías, etcétera, de tal manera que las personas y en particular los menores tuviesen toda la información a la hora de seleccionar sus alimentos y manejar adecuadamente su dieta. Y ello, considerando en especial las tasas de obesidad infantil que registra nuestro país.
Además, dicha iniciativa contenía una serie de disposiciones relacionadas con la prevención de la obesidad, la educación, la entrega de información y el fomento de la actividad física, tema este último que seguramente va a ser materia de otro proyecto, como se acordó con el Ejecutivo, y que tuvo un apoyo transversal.
Y la parte que faltaba era esta, contenida en el presente proyecto de ley, muy breve -consta de cuatro artículos-, cuyo propósito es restringir la publicidad de los alimentos catalogados como "altos en", llamados tradicionalmente "comida chatarra", cuando ella esté dirigida a menores de 14 años. En la práctica, prohíbe el regalo como promoción de esos productos y fija un horario especial para su difusión.
Eso es, en síntesis, lo que consigna este proyecto, el cual -insisto- es parte de un acuerdo transversal con todos los Senadores cuando se trató en la Sala la iniciativa sobre etiquetado de los alimentos y fue aprobado en general con el respaldo unánime de los miembros presentes de la Comisión de Salud. Aquí están su Presidente, el Senador Uriarte, y el Senador Chahuán, quienes sin duda van a intervenir.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, a lo señalado por el Senador Rossi, quiero agregar que esta iniciativa, iniciada en mensaje del Ejecutivo, ha tenido una larga tramitación y es la expresión de algo muy importante: un acuerdo con el Presidente de la República suscrito por todas las bancadas. Nosotros colaboramos en su redacción con el Ministro Larroulet, de quien valoro su aporte, comprensión y apertura para sacarla adelante.
El proyecto es relevante, porque establece regulaciones en materia de publicidad sobre comida chatarra dirigida a los niños y recoge algunos aspectos que al Presidente le parecen esenciales. De manera que logra un equilibrio razonable que permitirá cautelar la salud de los niños en nuestro país, donde existe la prevalencia más alta del mundo en lo concerniente a obesidad (23 por ciento).
Ahora, si a este porcentaje le sumamos la cantidad de niños de 6 años con sobrepeso, llegamos a una cifra de casi 50 por ciento. Y todos los estudios realizados por el INTA demuestran que una de las principales causas de la obesidad es precisamente el alto consumo de bebidas gaseosas dulces y de comida chatarra en general.
Algo que también incorporó el otro proyecto, sobre composición nutricional de los alimentos, fue la actividad física, disponiendo que los planteles educacionales estarían obligados a desarrollarla. Y al respecto existe un compromiso que espero que se cumpla: la dictación de una ley especial que establezca la obligación de efectuar ejercicios físicos en los colegios tres veces a la semana, por dos horas cada vez, con un total de seis horas semanales, que es el mínimo que consigna la norma internacional contra el sedentarismo.
Esto constituirá un aporte muy significativo para nuestro país, que coadyuvará a alcanzar mayor bienestar en la ciudadanía y a resolver el problema de salud más serio que tenemos.
Hoy, el 70 por ciento de los niños obesos también lo serán cuando sean grandes. Y ese porcentaje se mantiene en la población adulta. La primera causa de muerte en Chile son, lejos, las enfermedades crónicas no transmisibles. Todos los días mueren en nuestro país 300 personas por diferentes patologías.
Nosotros hemos mostrado gran preocupación por las muertes ocurridas a raíz de accidentes de tránsito (se han planteado un conjunto de propuestas que tienen que ver con la tolerancia cero a la conducción bajo los efectos del alcohol), y estamos regulando lo atinente al consumo del tabaco, como consecuencia del cual todos los días fallecen 44 personas. Pero de las 300 muertes que se producen a diario en Chile, 200 se deben a enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al sobrepeso y la obesidad y que tienen relación con la diabetes, la hipertensión arterial, los cánceres, los accidentes vasculares y los infartos. Y 100 de esos fallecimientos corresponden a jóvenes cuya muerte es absolutamente evitable y prevenible.
Justamente esos 100 chilenos que mueren de infarto, accidente vascular o cáncer entre los 40 y 60 años son los que deben motivar una política de Estado en materia de prevención. Porque es normal que alguien fallezca de un infarto o de un cáncer a los 70, 75 u 80 años de edad, pero no lo es que ello ocurra entre los 40 y los 60.
Además del costo humano, lo anterior provoca un inmenso costo en salud. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que cada chileno que muere precozmente significa un costo evitable de 100 mil dólares. Por lo tanto, todos los días tenemos un costo de 10 millones de dólares, evitable, que al año se transforma en una cantidad enorme.
Eso implicará, a futuro, ocupar todas las camas UCI y UTI. Y no sacamos nada con contar con buenos sistemas de urgencia, de intervención cardiovascular, de by-pass y otros, que ya significan actuar tarde. La única vacuna eficaz aquí es la prevención.
Valoro que la iniciativa en debate, generada en el acuerdo suscrito en su momento por todas las bancadas, haya sido aprobada en general por unanimidad en la Comisión. Y espero que, precisamente por eso, sea ratificada por la totalidad de los Senadores y Senadoras y de los Diputados y Diputadas, por cuanto es la expresión de una política de Estado necesaria y fundamental en esta materia.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, solo quiero precisar que yo estuve en contra del proyecto anterior, así que no fui partícipe del acuerdo para destrabarlo. Y por mí ojalá que tampoco se hubiera aprobado. Pero no deseo entrar en una polémica, porque respeto todas las posiciones y opiniones.
En cuanto a la iniciativa en discusión, pienso que prohibir la publicidad dirigida a menores de 14 años implica, en el fondo, señalarles a los padres que no tienen ninguna capacidad para educar a sus hijos y que ellos no son los encargados de determinar cómo alimentarlos, sino nosotros, los legisladores.
Creo que, más allá de los buenos propósitos, lo que deberíamos hacer es educar y fortalecer la responsabilidad de los padres, en vez de crear una seguidilla de normas prohibitivas a través de las cuales se pretende regular, desde la ley, las conductas de las personas.
La mayoría de las conductas producen un efecto social. No cabe la menor duda de que si todos fuéramos ángeles y perfectos, no existirían hospitales y no habría gasto en salud. Pero somos seres humanos, estamos dotados de libertad y, por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos cuando por ley se intenta regular todos los aspectos de la vida de las personas.
Yo no desconozco que hubo un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, señor Presidente, como se indicó que había sido suscrito por todos los Senadores, quería manifestar que, así como me opuse al otro proyecto, también me voy a oponer a este.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le corresponde intervenir al Senador señor Chahuán.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, con este proyecto de ley, más allá de que haya o no acuerdo, a mí me surge una cuestión de racionalidad, por así decirlo, o de posibilidad real de cumplimiento.
Al final del día, decir que la publicidad de alimentos conocidos como "chatarra" no puede llamar, preferentemente, la atención de niños menores de 14 años ya es algo que, en sí mismo, puede constituir una tarea imposible de cumplir y, por lo tanto, bastante difícil de fiscalizar. Porque, ¿cuándo se capta la atención preferente de un niño de esa edad? ¿Cuando sale otro niño en la pantalla?
Hay mil maneras de llamar la atención de todos los telespectadores. Las imágenes son muy poderosas, e incluso aquellas dirigidas a un público adulto o juvenil pueden despertar el interés de grupos de adolescentes o niños.
Por eso, creo que estamos entrando en una finura que considero completamente inviable.
Dada la redacción de las normas, es posible que la única manera de cumplir su objetivo sea prohibiendo la publicidad de los denominados "alimentos chatarra", lo cual, en mi opinión, sería ir ya demasiado lejos.
Por consiguiente, me parece que debemos ser más responsables en el trabajo que realizamos. Nadie quiere que los niños se alimenten de productos no sanos. Y si estos se resumen en la comida chatarra, por supuesto que es hacia ella adonde se debe apuntar. Pero creo que entrar a regular o finalmente prohibir -es decir, censurar- su publicidad puede ser un camino riesgoso, porque se trata de una cuestión demasiado ambigua. Y así, determinado organismo -no sé si será el Consejo Nacional de Televisión- deberá tener un censor que vaya calificando cuándo se puede y cuándo no se puede autorizar tal publicidad y cuándo esta es inductora a la conducta de los menores y cuándo no lo es.
Ahí, entonces, hay un problema.
Después, el artículo 2°, que prohíbe dicha publicidad fuera de ciertos horarios, establece que, sin embargo, cuando ella se efectúe para promover espectáculos deportivos, sí estará permitida.
Entonces, ¿cómo se compatibiliza el artículo 1° con el artículo 2°, si uno prohíbe la publicidad de alimentos chatarra para menores de 14 años y el otro la autoriza en cierto sentido, cuando se trate de espectáculos deportivos? ¿Cómo se pueden hacer coherentes ambas normas?
En otras palabras, señor Presidente, me da la impresión de que la fórmula propuesta resulta inconexa y no tiene viabilidad práctica, salvo que conduzca a la censura de toda publicidad de comida chatarra, lo cual no corresponde, me parece, al objetivo perseguido por el proyecto.
En consecuencia, creo que vale la pena poner mucho cuidado al aprobar esta iniciativa, pues, más allá de que exista o no un acuerdo político sobre la materia, podemos estar cometiendo un error.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, al enfrentar la tramitación de este proyecto de ley, uno debe preguntarse si tiene o no valor la palabra empeñada.
Y, si se examina el acuerdo suscrito entre los miembros de la Comisión de Salud (Senadores Girardi, uno de los promotores del proyecto; Rossi, Uriarte y el que habla), algunos Diputados y el Ministro de Salud, y refrendado después por el Ministro Larroulet, uno llega a la conclusión de que aquí está empeñada la palabra.
¿Qué comprende tal acuerdo?
El proyecto sobre etiquetado nutricional de los alimentos, ya votado, despachado y en espera de promulgación, supuso un protocolo de acuerdo con dos compromisos adicionales. Uno decía relación con el envío al Parlamento, por parte del Ejecutivo, de una iniciativa legal relativa a la publicidad de los alimentos que estableciera restricciones y un parámetro en términos de horarios en los que aquellos podrían ser promocionados en televisión, así como estímulos para que determinados productos no fueran difundidos en horarios de acceso a menores de 14 años, guardando con ello sintonía con el tenor de la normativa sobre etiquetado nutricional.
Y el otro elemento básico del proyecto se refería a las horas de educación física en los colegios. En cuanto a esta materia, se discutió con el Ejecutivo la posibilidad de presentarla a través de un texto legal aparte, pero luego se hizo hincapié en que era necesario modificar la Ley General de Educación. La idea, en definitiva, es que en los diversos currículos se incluyan, junto con la educación física, otras disciplinas mencionadas en el Senado, como la educación cívica y otras.
Pues bien, señor Presidente, el que se somete a nuestra consideración en el día de hoy es el primer compromiso suscrito por el Gobierno. Porque el proyecto en debate no fue elaborado por parlamentarios -ni por Senadores ni por Diputados-, sino por el Ejecutivo. Y lo que cabe a su respecto es respaldar el protocolo de acuerdo, pues la palabra empeñada debe valer, señor Presidente.
Lo hago presente porque ello debe servir como precedente respecto de cualquier otro acuerdo que se suscriba en el futuro con la Oposición. Hoy la coalición de Gobierno es minoría en el Senado y, por tanto, sus representantes debemos dar señales en cuanto a que cumplimos nuestros compromisos y de que somos capaces, a pesar de que pasen los meses, a pesar de que pasen los temas y estos dejen de estar en la agenda pública, de respetar la palabra empeñada. Y esto vale -lo digo mirando a los parlamentarios de Oposición que esta tarde nos acompañan- para todo aquello en que nos comprometamos.
En ese sentido, hay que seguir adelante, porque hay acuerdos firmados y protocolos comprometidos.
En consecuencia, aquí, independiente de que coincidamos o no completamente con el tenor del texto planteado, por lo menos quienes suscribimos el pacto debemos respetar la palabra empeñada, así como comprometer el apoyo al Gobierno del Presidente Piñera y también al acuerdo de voluntades que logró sacar adelante un proyecto emblemático.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Sabag, quien no se encuentra en la Sala.
Por lo tanto, tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tal como ha indicado el Senador Chahuán, sobre las materias que aborda este proyecto existe un acuerdo entre diversos señores y señoras Senadores y el Ejecutivo, de tal manera que, estando en votación la idea de legislar, por supuesto que me pronunciaré favorablemente a fin de dar cumplimiento al referido compromiso.
Sin embargo, deseo llamar la atención respecto de algunas situaciones que deben ser corregidas en la discusión particular.
De partida, el artículo 1° establece: "Se prohíbe la publicidad que induzca al consumo de los alimentos señalados en el inciso primero del artículo 5° de la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad que, por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a menores de 14 años, captando preferentemente su atención". Es decir, se prohíbe la publicidad de los alimentos que tengan una composición nutricional con elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal y otros ingredientes que determine el reglamento.
No obstante, el artículo 2° dispone: "Todas aquellas acciones de publicidad destinadas a promover el consumo de los alimentos señalados en el inciso primero del artículo 5° de la ley sobre composición de los alimentos y su composición, en los servicios de radiodifusión televisiva, sólo se podrán transmitir en dichos medios entre las 22:00 y las 6:00 horas".
Entonces, ¿en qué quedamos? O la publicidad está prohibida, o se halla restringida -como yo entiendo- a que solo se pueda realizar entre las horas señaladas en el artículo 2º, es decir, entre las 22 y las 6 de la madrugada siguiente.
No resulta coherente que en el artículo 1º se prohíba la publicidad y en el artículo 2º se permita realizarla pero solo a través de radiodifusión televisiva y en determinados horarios.
Comparto plenamente el inciso segundo del artículo 1º, es decir, que "la publicidad de dichos alimentos no podrá afirmar que los referidos productos satisfacen por sí solos los requerimientos nutricionales de un ser humano".
Asimismo, con mayor razón, coincido en que la publicidad de dichos alimentos "deberá evitar el uso de violencia o agresividad injustificadas y no podrá asociar a menores de edad con el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco.".
¡Por supuesto, señor Presidente!
Tengo la convicción de que, desgraciadamente, cada día en nuestro país son mayores los hechos de violencia. La gente común y corriente, en sus acciones más habituales -cuando viaja en la locomoción colectiva, cuando toma el Metro, cuando camina por la calle-, está tremendamente agresiva. Por ello, todo lo que hagamos para evitar y disminuir esas dosis de agresividad, especialmente en los niños y adolescentes, es muy positivo.
Por último, adhiero completamente al inciso final del artículo 2º que dispone: "cuando las acciones de publicidad de los alimentos precedentemente señalados" -es decir, estamos hablando de aquellos altos en grasas, en sal, etcétera- "se efectúen en los recintos en que se desarrollen eventos o espectáculos deportivos, culturales o artísticos; la transmisión y promoción de tales eventos o espectáculos podrá realizarse fuera del horario señalado en el inciso anterior.".
En consecuencia, entiendo que un evento deportivo, aun cuando contemple acciones de publicidad de alguno de esos alimentos, igualmente podrá ser transmitido y promocionado en cualquier horario, lo cual tampoco guarda mucha coherencia con la limitación establecida en el inciso primero del artículo 2º.
Repito que votaré a favor de la idea de legislar en virtud del compromiso asumido, pero pienso que el proyecto necesita muchos perfeccionamientos.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que respecto de este proyecto hubo un acuerdo. Y prueba de ello es que su texto corresponde a un mensaje del Presidente de la República, en el que se acogen los compromisos contraídos acerca de la materia en debate.
La iniciativa en análisis complementa el proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, correspondiente al boletín Nº 4921-11 (hoy día ley Nº 20.606), actualmente en conocimiento del Tribunal Constitucional, y respecto del cual, tras un largo proceso legislativo, se llegó a una Comisión Mixta y a la presentación por parte del Ejecutivo de un conjunto de observaciones aditivas, supresivas y sustitutivas.
Durante la tramitación del referido proyecto hubo un amplio consenso sobre la necesidad de afrontar la obesidad, y la iniciativa en debate apunta a responder a esa dimensión del problema.
En ese sentido, el proyecto gubernamental propone prohibir la publicidad de ciertos alimentos dirigida a menores de 14 años; delimitar los horarios y condiciones en que se podrá transmitir por televisión la publicidad de alimentos que posean elevados contenidos de ciertos nutrientes, y complementar las exigencias de la ley sobre composición nutricional para la publicidad de los alimentos que el Ministerio de Salud determine como altos en niveles de sal, azúcar o grasas trans.
Debe considerarse que este es un proyecto que sirve de base para su perfeccionamiento, ya que carece de algunas precisiones, no contiene sanciones y exhibe vacíos que deberán resolverse durante la tramitación parlamentaria.
No cabe duda alguna de que la obesidad en Chile es un problema serio que debemos abordar.
Los índices muestran claramente que gran número de niños y en general todas las personas, por la falta de ejercicio, por falta de gimnasia, por carecer de una adecuada conducta de vida y de una sana alimentación, estamos entrando en un grave problema de obesidad que esta iniciativa legal contribuirá, en parte, a superar.
Por esas razones, votaré favorablemente el proyecto.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, Chile es el quinto país con mayor obesidad infantil del mundo, lo cual tiene una serie de repercusiones en la salud de las personas, en las enfermedades crónicas, en la calidad de vida y también en el costo que involucra para una nación contar con tan altos índices en ese ámbito.
Lo anterior, obviamente, no puede estar ausente en una discusión sobre política pública.
Sin embargo, en esta oportunidad no quiero ahondar en la pertinencia de tener o no una política en materia de etiquetado nutricional ni en lo que significa prohibir una actividad económica como la publicidad de un bien o servicio, lo cual, ciertamente, conlleva una complejidad bastante profunda, toda vez que se trata de actividades lícitas como la producción, la comercialización o la distribución de alimentos, por mucho que estos sean altos en sales, azúcares o grasas.
Queda claro que el tema es discutible. Y hay muy buenas razones para argumentar a favor o en contra de la prohibición que establece el proyecto de ley.
Sin embargo, el punto es otro. Existe un acuerdo político, del que se da cuenta en el informe que estamos conociendo, y, por ende, no hay otra alternativa que honrarlo votando favorablemente lo que la iniciativa propone.
Por último, señor Presidente, debo hacer presente que estoy pareado con la Senadora señora Alvear, quien no ha asistido a la Corporación por razones de salud, pero quiero dejar público testimonio de mi anhelo de que se apruebe el proyecto por haber mediado, en la especie, un acuerdo político.
El señor SABAG.- ¡Lo liberamos del pareo, señor Senador!
La señora ALLENDE.- Claro.
El señor ROSSI.- Lo liberamos del pareo.
El señor URIARTE.- Pero tiene que ser aprobado por un representante de Comité.
El señor SABAG.- ¡Yo lo soy!
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor, uno en contra y 3 pareos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 27 de agosto, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó en contra el señor Larraín (don Carlos).
No votaron, por estar pareados, la señora Von Baer y los señores Coloma y Novoa.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una comunicación de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administración de Fondos de Pensiones, por la que se informa que ha elegido como su Presidente al Senador señor Eugenio Tuma Zedán.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Asimismo, se ha recibido un certificado de la Comisión de Hacienda en el que informa acerca del proyecto, originado en moción de los Senadores señores Pizarro, señora Rincón y señores Bianchi, Kuschel y Muñoz Aburto, que modifica la ley N° 18.046 para exigir que en las sociedades anónimas abiertas los aportes de capital no consistentes en dinero sean aprobados por la mayoría de los accionistas minoritarios (boletín N° 8.480-03).
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿me permite plantear una cuestión de Reglamento?
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, solicito que recabe la anuencia de la Sala para tratar ahora esa última iniciativa, porque hay un problema de oportunidad. Y creo que es sumamente importante, como señal pública, que el Senado se pronuncie sobre aquella materia, que ha causado tanta conmoción.
El señor LARRAÍN.- No doy me consentimiento.
El señor NOVOA.- Yo tampoco.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo, señor Senador. Y se necesita unanimidad para ello.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero proponer a la Sala que se discuta a continuación el punto signado con el número 4 del Orden del Día. Se trata del informe de la Comisión Mixta, que fue aprobado tanto por ella como por la Cámara de Diputados, recaído en el proyecto de ley que define el descarte de especies hidrobiológicas y coloca observadores científicos a bordo de las naves y cámaras para su registro.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo, Su Señoría.
El señor ESCALONA (Presidente).- Comunico a los señores Senadores que el Honorable señor Sabag hizo llegar a la Mesa una solicitud de la Comisión de Obras Públicas a objeto de abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el lunes 20 de agosto, a las 12, al proyecto sobre perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (boletín N° 8.150-09).
La petición viene suscrita por los miembros del referido órgano técnico.
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la circunscripción senatorial de Arica y Parinacota, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y respecto del cual se pidió segunda discusión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la relación de esta iniciativa se hizo en la sesión ordinaria de ayer. Pero no está de más señalar que los artículos 1°, 2° y 3° permanentes y el artículo transitorio requieren para su aprobación el pronunciamiento favorable de las tres quintas partes de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, después de mucho tiempo podemos analizar este proyecto de ley en el Senado.
La verdad es que él, de alguna manera, responde a una aspiración muy sentida de la comunidad ariqueña, porque, cuando se creó la Región de Arica y Parinacota, con gran difusión, con mucha alegría por parte de sus habitantes, percibió que esa medida política y administrativa iba a significar un desarrollo mayor para la Región, sobre todo considerando su condición económica bastante deprimida.
Y estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar su situación, particularmente porque se trata de un asunto que reviste importancia geopolítica.
Es preciso recordar que Arica es la puerta de entrada a Chile y que limita con Perú y Bolivia.
Considero innecesario mencionar en esta Sala los problemas que existen en este minuto, uno de los cuales nos tiene en la Corte Internacional de La Haya. Y estamos a pocos meses de que se inicie el juicio oral con motivo de la demanda territorial terrestre-marítima que Perú interpuso en dicho Tribunal.
Cabe señalar que Arica permanentemente vive las presiones y las declaraciones del Gobierno boliviano acerca de una eventual salida al mar con soberanía, lo que muchas veces genera incertidumbre en los inversionistas.
Hay una serie de proyectos de ley que están hoy día en la Cámara de Diputados para ser analizados por la Comisión de Zonas Extremas. Ellos dicen relación con incentivos económicos y tributarios tendientes a fomentar el empleo, la inversión y el desarrollo regional.
Sin embargo, lo cierto es que la Región de Arica y Parinacota "nació amputada", porque es la única del país que no tiene ni constituye una circunscripción senatorial.
Aquí se pueden decir muchas cosas, pero el hecho es que en Chile existen Regiones que son menos densas, demográficamente hablando, y que cuentan con circunscripción.
Me parece muy importante, desde el punto de vista de la regionalización, considerar siempre una representación sobre la base de esa variable, en especial cuando vivimos en un país muy centralista.
Fíjense ustedes, además, que la propia Constitución dispone que cada circunscripción senatorial elegirá a dos Senadores y cada Región tendrá, a lo menos, una circunscripción. Repito: ¡cada Región tendrá, a lo menos, una circunscripción! Algunas cuentan con más de una, como ocurre en la Quinta, la Metropolitana y la Octava. Pero en ninguna hay menos de una circunscripción. En este caso existe una circunscripción senatorial para dos Regiones.
En consecuencia, creamos una Región pero no le entregamos todas las herramientas necesarias y, dicho sea de paso, tampoco le proporcionamos todos los poderes del Estado. Porque la de Arica y Parinacota tiene Poder Judicial, cortes de apelaciones, gobierno regional, gobierno interior, intendentes, consejo regional, secretarios regionales ministeriales, en fin. No obstante, con lo único que no cuenta es con sus propios Senadores.
Antes de las elecciones se discutió mucho esta materia y, evidentemente, cada partido -hay que ser muy sincero- trataba de llevar agua a su molino.
Es cierto también que muchos parlamentarios, de distintos partidos, están interesados en llenar los cupos, lo que es bastante legítimo. Pero la verdad es que yo no apelo a ningún interés de ese tipo, porque creo que aquí lo importante es legislar pensando en que se trata de algo justo, en que eso es lo que procede.
Algunos han dicho que si legislamos hoy día y le entregamos a Arica lo que le corresponde, resolviendo así la deuda histórica -ya que desde el día uno la Región debió tener su circunscripción-, estamos perpetuando el sistema electoral binominal.
Entonces, no debiésemos legislar respecto a primarias parlamentarias. Porque, si hubiese un sistema electoral distinto en el caso de los Senadores y Diputados, en que se pueden presentar 6, 8 candidatos -no como hoy día, en que solo es factible presentar 2, porque son 2 los cargos a elegir-, ¡para qué legislamos en cuanto a primarias parlamentarias!, ¡por qué introducimos mecanismos de acción positiva si hay que esperar la ley de cuotas!
Existen muchas reformas políticas pendientes. Y si para legislar en cada caso esperamos a que estén resueltos todos los problemas de déficit democrático de Chile, a lo mejor no hacemos nada.
Entonces, creo que el argumento aducido no es bueno.
Si se cambia el sistema electoral, probablemente habrá que hablar de distritaje, de aumento en el número de Diputados, no sé, dependiendo de cuál sea el nuevo mecanismo: proporcional corregido, regionalizado, en fin.
Lo importante, señor Presidente -y con esto concluyo-, es que resolvamos qué es lo justo.
La comunidad de Arica se manifestó. Este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados. Y yo espero que hoy día no hagamos cálculos, sino que pensemos en qué corresponde.
Con el Senador Orpis ya salimos electos. Habrá comicios en cinco años más. Pero, sinceramente, creo que esta tarde debiésemos pronunciarnos a favor de esta iniciativa de ley.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, tal como lo señaló el Senador Rossi en parte de su intervención, yo siempre he sostenido -lo manifesté en el debate habido cuando se estableció la Región de Arica y Parinacota- que las Regiones que se crean deben tener sus propias autoridades políticas y administrativas. Y así ocurrió con la de Los Ríos.
En efecto, cuando se legisló de manera paralela sobre la creación de dos Regiones se resolvió el problema de la de Los Ríos porque la Décima estaba dividida en Norte y Sur. Por lo tanto, la Región de Los Ríos nació con sus propios Senadores.
La situación de Arica y Parinacota debió quedar resuelta cuando se creó la Región del mismo nombre. Sin embargo, no se estableció la circunscripción senatorial.
Desde ese punto de vista, los ariqueños, con toda justicia, reclaman que se encuentran en una suerte de capitidisminución respecto a las demás Regiones del país.
Lo que queremos es tener en Arica y Parinacota el mismo estatus de las restantes Regiones. Por tanto, aquí se está enmendando un error de origen, cometido desde el momento en que se creó aquella Región.
Señor Presidente, yo espero que el Senado apruebe la idea de legislar, para que sigamos avanzando en este proyecto. Porque, sin perjuicio de que puede ser válido el argumento que algunos esgrimen para no aprobarlo -esto es, que se debe reformar todo el sistema electoral-, estimo que se trata de una mala excusa para no abordar el problema de Arica y Parinacota.
Lo mismo puede decirse de la argumentación en el sentido de que crear la circunscripción senatorial propuesta implica perpetuar el sistema binominal.
Señor Presidente, hay que ir a la cuestión de fondo: todas las Regiones del país deben estar en un plano de igualdad. En este caso, la de Arica y Parinacota no lo está, porque es la única que no elige a todas sus autoridades políticas y administrativas.
Por lo tanto, quiero hacer un llamado a esta Alta Corporación para que avancemos en la creación de la circunscripción senatorial en comento, pues resulta evidente que Arica necesita un impulso muy grande; y esto se consigue, muchas veces, sobre la base de las identidades.
Pueden tener gran validez los argumentos de colegas que piensan que en vez de establecer más circunscripciones senatoriales es menester ampliar las existentes. Son debates conceptuales, ideológicos muy legítimos. Pero, sin perjuicio de ello, nos parece fundamental que una Región extrema del país tenga su propia circunscripción, para estar en un plano de igualdad con las demás Regiones.
El señor ESCALONA (Presidente).- Este tema es motivante. Así que hay una significativa cantidad de parlamentarios inscritos,...
El señor ESCALONA (Presidente).- ... aun cuando algunos se ausenten de la Sala.
El señor LAGOS.- ¡Eso puede ser un aporte...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Claro...!
El señor LARRAÍN.- ¡El que calla, otorga...!
El señor ESCALONA (Presidente).- En el orden sigue el Senador señor Prokurica, quien tiene la palabra.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lo que más hemos escuchado en este debate es la mención a la "coherencia" que debe existir entre nuestros discursos y lo que ha de ocurrir con la legislación y las Regiones.
Desde ese punto de vista, trataré de ser coherente, porque hace poco, en una Comisión donde estudiamos el régimen político chileno, yo me mostré a favor de la aprobación de la idea contenida en esta iniciativa.
Yo soy partidario de ella no solo por convicción, sino además porque respeto la disposición constitucional que establece que "El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción".
Creo que en torno a eso no hay discusión, señor Presidente.
El objetivo del proyecto en debate es justamente crear la 20ª circunscripción, para que, como lo han planteado los Senadores que representan hoy a Arica y Parinacota, se dé cumplimiento a la referida norma fundamental y, asimismo, se satisfaga una aspiración de la gente de esa Región.
Sin embargo, si uno analiza la iniciativa en discusión desde el punto de vista de la constitucionalidad -y por eso me gustaría pedirle al Ejecutivo que la patrocinara-, se encuentra con una dificultad.
A ese respecto, también quiero ser riguroso y cumplir el compromiso que hice de respetar la Carta Fundamental.
Pues bien, si alguien me dice que este proyecto, que se originó en una moción de varios señores Diputados, está acorde con las disposiciones constitucionales en materia de iniciativa exclusiva, yo no puedo sino discrepar.
Por eso, deseo proponerles a los autores de este proyecto y a quienes desean votarlo favorablemente -me incluyo entre estos- que se pida el patrocinio del Gobierno, con la finalidad de que hagamos bien las cosas.
Yo considero -lo planteaban hace un tiempo los Senadores Espina y Larraín- que en el Parlamento estamos analizando de forma muy continua (y qué bueno que viene llegando el colega Espina) proyectos con visos de inconstitucionalidad o abiertamente inconstitucionales.
Eso me parece muy peligroso. Porque si tenemos disposiciones constitucionales que establecen la iniciativa exclusiva respecto de algunas materias, es para que las respetemos; si tenemos quórums, es para que los respetemos.
Si no, mañana algún proyecto de ley que genere opiniones muy adversas y que tenga un origen contrario a la Carta va a ser impuesto al resto por una mayoría pese a no cumplir las disposiciones fundamentales.
Por tanto, quiero pedirle a la Mesa que, si es posible -estaba recién aquí el Ministro Larroulet-, requiera el patrocinio del Ejecutivo para este proyecto de ley. Yo, por supuesto, voy a estar disponible para apoyarlo, pues me parece que lo que plantea es lo que corresponde hacer, siempre y cuando cumpla las disposiciones constitucionales, lo que a mi juicio no ocurre.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, cuando se discutió hace algunos años la iniciativa que creó la Región de Arica y Parinacota y se planteó la idea de que también fuera circunscripción senatorial, yo voté a favor, por estimar razonable que las Regiones tengan sus propios representantes.
Por consiguiente, respecto al tema de fondo, no agrego nada a lo que han planteado, sobre todo, los Senadores de la mencionada Región: los colegas Rossi y Orpis.
Sin embargo, no puedo -tal vez por deformación profesional- dejar de reparar en que en este proyecto hay problemas mayores de constitucionalidad que me imposibilitan aprobarlo.
Sobre el particular existen dos temas centrales.
Primero: el artículo 65 de la Carta Fundamental, inciso tercero, cuando se refiere a qué proyectos de ley son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, señala que a esta le corresponderá la iniciativa exclusiva de aquellos "que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país".
Estamos hablando aquí de la división política, de las circunscripciones senatoriales en que ella se estructura.
Me parece, pues, que hay allí un antecedente suficiente para expresar que la iniciativa en debate no puede ser promovida por parlamentarios (por Diputados, en este caso). De modo que no podemos darle curso.
Así que hay aquí una primera consideración que me hace pensar que esta iniciativa no es procedente.
Pero existe todavía un antecedente mayor: el proyecto en debate, tal como se advierte de su lectura, irroga gasto.
En efecto, el artículo 4° señala: "El mayor gasto que pudiera importar esta iniciativa se financiará con cargo a los recursos considerados para el Senado en la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente.".
Eso ya entra en un nivel de mayor audacia política. Porque definir que el mayor gasto se imputa a determinada partida es propio de modificaciones a la Ley de Presupuestos, las cuales, indiscutiblemente, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por lo tanto, aunque sea una muy buena idea; aunque sea correcto y justo que la Región de Arica y Parinacota tenga representación senatorial, el camino que se está siguiendo hoy día no es el adecuado, tanto porque la alteración de la división política del país corresponde a la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario cuanto porque el mayor gasto no puede imputarse mediante una moción a determinada partida de la Ley de Presupuestos.
Además, que algunos Diputados dispongan de los gastos del Senado añade un ribete de mayor ignominia a los efectos propios del acto.
En consecuencia, señor Presidente, voy a votar en contra de esta iniciativa, por las consideraciones constitucionales que explicité.
El señor ESCALONA (Presidente).- De todas maneras, debo aclarar que a la Mesa no le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad en este caso, dado que la iniciativa viene de la otra Cámara.
El señor LARRAÍN.- Así es, señor Presidente: no le corresponde en este caso.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le corresponde al Tribunal Constitucional.
El señor LARRAÍN.- Si se aprueba.
El señor ESCALONA (Presidente).- Exactamente: si se aprueba.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, desde ya, hago reserva de constitucionalidad con relación a este proyecto.
En segundo término, debo señalar que cuando se crearon las Regiones en comento yo voté en contra. Y me pronuncié así porque pienso que nuestro país debe estructurarse con menos regiones, menos provincias y, eventualmente, menos comunas.
Cuando nuestra división territorial comprendía 25 provincias, ello era así por las dificultades de comunicaciones terrestres, marítimas y telegráficas que se enfrentaban en esa época. Pero ahora la tecnología de la información y el transporte nos permiten una gestión mucho más eficaz.
En su momento expresé también que me parecía inconveniente la creación de más regiones, de más provincias o de más comunas porque ligerito se trata de subir los impuestos, con otros pretextos, en circunstancias de que, al final, la razón es el financiamiento de una enorme cantidad de servicios públicos, los que casualmente tienen la suerte de radicar sus oficinas centrales en Santiago, sean de pesca, de agricultura o de minería.
Por esas razones, sigo pensando que no es conveniente que, por haber cometido un error al crear regiones o transformar una provincia en región, tengamos que seguir incrementando el número de representantes, cuando en nuestro país hay otros desafíos económicos, principalmente en lo concerniente a la educación y a los compromisos con la tercera edad, dado el cambio de la pirámide poblacional demográfica que estamos experimentando.
Así que reitero mi reserva de constitucionalidad y anuncio mi voto negativo.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, le pido primero que abra la votación, pues este asunto ya se ha discutido bastante, a lo largo de varias sesiones.
Se han dado en la Sala diversos argumentos para oponerse a la iniciativa en debate: que es inconstitucional -y comparto los juicios emitidos al respecto-, que irroga gasto, que la materia corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, etcétera.
Uno se pregunta, entonces, cómo pasó este proyecto en la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO.- Puestas de ese modo las cosas, uno debe llegar a la conclusión de que en la otra rama del Congreso hay muchos interesados en llegar al Senado. Me parece muy bien. Pero no creo que deba ser a costa de un proyecto de esta naturaleza, que, en mi modesta opinión, agrava todavía más la situación por que atraviesa nuestro sistema político en términos de su representatividad, de su legitimidad, de la credibilidad del Parlamento.
Yo no sé si todos evaluamos con la misma vara los estudios de opinión pública que indican que el Congreso Nacional es una de las instituciones menos valoradas por los chilenos. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad ni credibilidad suficientes. ¿Por qué razón? Porque la opinión pública considera que nosotros estamos acá solo para beneficio personal.
Esa es la cruda y triste realidad.
Y cuando aparece un proyecto de este tipo y se ve que Diputados de distintas bancadas lo respaldan con fervor, uno saca la cuenta. ¡Es cosa de revisar los pasajes que ha usado cada cual para llegar a Arica...!
Me alegra que los ariqueños vayan a recibir visitas. Sin embargo, me parece un muy triste espectáculo. Y lo digo fraternalmente, porque entre los interesados hay incluso camaradas míos.
Señor Presidente, con este tipo de iniciativas les hacemos un flaco servicio a nuestro alicaído sistema político, a nuestro sistema de representación.
Escuché decir a un parlamentario de la Región que Arica e Iquique no tienen Senadores que las representen en este Hemiciclo.
Yo, de verdad, estaba convencido de que los colegas Rossi y Orpis representaban a la gente de la circunscripción que incluye a Arica e Iquique, de que habían sido elegidos por ellas. A lo mejor por Sus Señorías votaron pocos. Pero el sistema es así. En todo caso, pienso que representan a esas personas.
El señor ROSSI.- ¡Eso es agresivo!
El señor PIZARRO.- No es agresivo, señor Senador. Lo que pasa es que cuando se argumenta hay que tener un mínimo de coherencia en lo que se plantea.
Yo parto de la base de que Sus Señorías representan a la circunscripción que incluye a Arica e Iquique.
Ahora, no es efectivo aquello de que por cada Región debe haber una circunscripción senatorial.
Existen diferentes circunscripciones. La Región Metropolitana, por ejemplo, tiene dos. La de Los Lagos quedó en una situación absolutamente anómala.
El señor FREI (don Eduardo).- Más que anómala.
El señor KUSCHEL.- ¿Por qué?
El señor PIZARRO.- Porque un Senador que en su momento fue elegido por una circunscripción representa hoy día, de acuerdo a la nueva división administrativa, solo a la mitad de la Región. En tanto, otro, el colega Kuschel, quien salió electo por la otra circunscripción, representa a una zona aun más amplia.
Entonces, uno se pregunta: ¿La existencia de una Región está ligada estrechamente a la de una circunscripción senatorial?
Yo creo que no es así, señor Presidente.
Sabemos que hay que modificar el sistema electoral. Y esa es la cuestión más de fondo.
Pero esta no es la manera apropiada de hacerlo. A mi juicio, la forma adecuada es desarrollando un debate más profundo respecto a nuestro sistema político.
Hoy existen propuestas, y se están canalizando en la Comisión de Constitución del Senado.
Yo me alegro de que en esa instancia se discuta con mayor seriedad todo lo vinculado con el sistema electoral, con el régimen político, con la necesaria descentralización del país, con la forma de participación ciudadana, con el fortalecimiento de los gobiernos locales, etcétera.
Eso es lo que corresponde. Lo otro no da.
Se argumenta que Arica cuenta con Poder Ejecutivo porque allí hay intendente y seremi; que tiene Poder Judicial, pero que carece de Poder Legislativo.
¡Pero si ninguna circunscripción tiene Poder Legislativo!
El Poder Legislativo está acá. Y es una instancia única, de carácter nacional. No es divisible. El proceso de formación de la ley no se puede descentralizar.
Entonces, señor Presidente, en mi modesta opinión, este es uno de los debates más lamentables que podemos promover como Senado.
Nosotros nos vamos a oponer al proyecto en debate; lo hemos hecho desde el principio.
Sabemos que la gente de Arica aspira a tener allí todas las autoridades. Y es lo que anhela cada ciudad principal.
Empero, si pretendemos crear nuevas circunscripciones, aumentar el número de Senadores, no lo hagamos por la ventana: hagámoslo por la puerta grande; hagámoslo mediante un acuerdo político; hagámoslo con un gran consenso nacional; hagámoslo porque todos entendemos que hay que revitalizar el Congreso y su legitimidad y que la democracia necesita más participación y representatividad.
Ello no se logra por esta vía.
Tales son, señor Presidente, las razones por las que vamos a votar en contra.
El señor COLOMA.- ¿Por qué no abre la votación, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Conforme.
El señor PIZARRO.- No tenemos objeciones.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quería exponer que el caso de Arica y Parinacota lo considero una anomalía.
Suscribo el análisis del Senador señor Kuschel en orden a que la creación de Regiones no siempre trae los beneficios que se esperan. Muchas veces, ello acarrea duplicación de gastos, multiplicación infinita de los servicios públicos, con un aumento sustancial en los costos, etcétera.
Sin embargo, una vez establecida aquella que nos ocupa, parece lógico que una dupla de Senadores la representen en exclusiva. Pienso que los que fueron elegidos en la circunscripción respectiva sí lo hacen hoy día, pero, claro, tienen que dividir su tiempo. Y no queda precisamente a la vuelta de la esquina, respecto de la Primera Región... Estimo que la situación de Arica y Parinacota es muy particular en el sentido geopolítico, como dicen los técnicos, y merece -repito- una representación política con la característica que he mencionado.
Tomo nota de las reservas formuladas en el plano constitucional, que juzgo sustanciales. No estoy a favor de prescindir de la Carta según lo que me convenga en cada ocasión. Por lo tanto, voy a abstenerme de votar, pero deseo aprovechar la oportunidad que se me ofrece de dejar constancia de que Arica y Parinacota debieran contar con una representación ampliada, por las razones que he dado.
En fin, se ha hecho una reserva de constitucionalidad. Y ello no va a ser resuelto por nosotros. Mas quiero dejar establecido que considero una anomalía la existencia de una Región de esa importancia sin Senadores dedicados en exclusiva a velar por los intereses que a ella le son propios.
Realizo algo extraño, que es exponer una fundamentación y, luego,...
El señor LAGOS.- Y hacer otra cosa.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ... abstenerme. Pero quiero manifestar tanto que me gusta la idea de que se trata como que comprendo la formulación de reservas constitucionales, las cuales son valorables.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quisiera hacer dos observaciones, porque me interpretan muchas de las opiniones aquí expresadas respecto de los fundamentos para rechazar la iniciativa.
En primer lugar, este es un proyecto abiertamente inconstitucional. Y me preocupa algo en lo cual he insistido en esta Corporación. Más allá de que mantengamos diferencias políticas naturales y aspiraciones políticas legítimas, y de que persigamos objetivos políticos que compartimos en cuanto a que cada uno de nosotros intenta que al país le vaya mejor, desde la perspectiva de nuestras propias ideas, algo en lo que debiéramos exhibir siempre un consenso, al menos en materias tan evidentes como esta, es en que no podemos aprobar proyectos de ley inconstitucionales. Ello, porque la base en que se sustenta un Estado de Derecho, gobierne la Izquierda o la Derecha, es el respeto a las reglas del juego fijadas por nuestra Carta.
Esta es una iniciativa con rango de ley orgánica constitucional que establece normas relativas a atribuciones completamente del Poder Ejecutivo. En efecto, introduce modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Entonces, mi primera reflexión es que, más allá de que a uno le guste o no un proyecto de ley, lo que raya la cancha en todas las democracias del mundo que funcionan con cierta estabilidad, respecto de lo que pueden o no hacer el Congreso y las distintas autoridades, es la Constitución.
Si empezamos a votar materias inconstitucionales so pretexto de querer dar una señal, entonces el día de mañana, por hacerlo, podemos empezar a violar las garantías y los derechos humanos establecidos en el artículo 19 y siguientes de nuestra Carta Fundamental.
Por dar una demostración de dureza, entonces saltémonos el debido proceso al imputado de un delito. Por manifestar preocupación ante la delincuencia, entonces evitemos el día de mañana que se le haga un juicio a esa persona.
¡Porque son señales!
En consecuencia, pongo esos casos extremos porque un aspecto básico de un Congreso y del Senado -y así fue la historia de esta Corporación y así ella se hizo respetar desde el retorno de la democracia- es que, cuando se quiere cambiar la Ley Fundamental, lo que se modifica es su texto y no se utilizan normas inconstitucionales para violarla.
En segundo lugar, estoy convencido de que es necesario modificar el sistema binominal.
Pienso que este mecanismo cumplió una etapa muy útil y conveniente, porque permitió formar dos grandes coaliciones, las cuales le dieron estabilidad al país y le permitieron progresar y reducir considerablemente la pobreza. Asimismo, determinaron que seamos hoy día un ejemplo que muchos en Chile tratan de desconocer, a mi juicio con una visión muy errada. Gran parte de los países del mundo prestan atención a la estabilidad de nuestras instituciones, a nuestro crecimiento económico -acaba de registrarse un 6 por ciento en junio recién pasado-, a la disminución de la cesantía. Y ello es fruto de lo que el Gobierno ha hecho muy bien y también de lo que las Administraciones de la Concertación, con responsabilidad, construyeron anteriormente.
Por lo tanto, soy partidario de cambiar el modelo del binominal y de buscar otro que incorpore importantes cuotas de proporcionalidad, para que aquellas minorías que ahora no tienen cabida puedan llegar legítimamente al Congreso y disponer de un canal de expresión. Y eso permitirá un sistema más diverso, más abierto, más participativo, e igualmente les restará argumentos, por cierto, a los que utilizan la calle para generar hechos de violencia so pretexto de que el mecanismo electoral les impide ganarse un espacio de participación en la democracia y dentro del Congreso para expresar sus puntos de vista.
Pero ese es un proceso que se verifica en forma distinta. En la actualidad, una iniciativa en la materia se encuentra radicada en la Comisión de Constitución. He visto que los partidos políticos Renovación Nacional y Demócrata Cristiano llevan adelante conversaciones y que parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente se han ido incorporando, lo que aparece en el diario de hoy. El Partido Socialista también ha expresado su interés en avanzar al respecto. En consecuencia, entiendo que se está generando un consenso para efectuar la modificación.
Sin embargo, señor Presidente, votaré en contra por ser el proyecto abiertamente inconstitucional, por abocarse en forma extraordinariamente incompleta a un asunto importante, que es el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral, y porque la cuestión se halla en condiciones de ser abordada hoy en forma mucho más global, a mi juicio, por las razones que expuse anteriormente.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a apoyar la iniciativa. Comprendiendo que es susceptible de serios cuestionamientos de constitucionalidad y lo representado por el Senador señor Espina, lo haré con mucha dificultad, porque comparto la argumentación.
Sin embargo, también deseo consignar que nos hallamos ante una falta tremenda, la cual le corresponde asumir al Estado a estas alturas. El problema se generó en el Gobierno del Presidente Lagos o en el de la Presidenta Bachelet. Ya no me acuerdo cuando se creó la circunscripción. Creo que fue durante el primero cuando empezó el trámite respectivo. Entonces, me parece bastante irresponsable hacer todo un esfuerzo para la regionalización de una zona y dejar en el aire una cuestión por diversas consideraciones.
Solo quisiera manifestar, señor Presidente, que no coincido para nada con las expresiones de un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en orden a que el asunto va a ser visto por la ciudadanía de manera crítica o negativa. Si bien ello podría ocurrir, deseo expresarle a mi Honorable colega que otras cosas determinan una imagen que provoca más rechazo a la política y al Senado que la creación de una circunscripción que, a todas luces, es necesaria y legítima.
Primero, alguien podría juzgar que tal vez median otros intereses. Es mucho mejor ser uno en 38 que uno en 40. Un Senador en 38 vale más.
Si uno se torna un poco más denso, puede concluir que se causa mucho más daño cuando la gente sabe que los fondos de los Senadores designados, que ya no existen, se distribuyeron entre todos los que se encontraban en ejercicio. ¡Eso sí que perjudica la imagen de la Corporación! ¡Así es, no más...!
Y si nos ponemos ya exquisitos a la hora de reparar en qué es lo que desprestigia a las instituciones a los ojos de la ciudadanía, salen a relucir los gastos operacionales por 2 millones de pesos, que no comparto.
Entonces, no me parece elegante ni correcto venir a oponer el argumento para no generarle una circunscripción a una Región.
Voy a dar mi apoyo a la iniciativa, a pesar de adolecer esta de serios visos de inconstitucionalidad, porque también es bueno generar una presión hacia la autoridad política y nosotros mismos. Si no hacemos nada, no va a pasar nada y Arica y Parinacota van a seguir sin sentirse una Región como corresponde. Tienen, en efecto, a los Senadores señores Orpis y Rossi, pero ellos representan a dos Regiones -esa es la verdad- y no a una sola, como es el diseño del sistema.
En cuanto a lo de que algunas circunscripciones registran más densidad poblacional, cabe tratar el punto, ponerse los pantalones e instaurar otras en aquellas que presentan esa característica y son más grandes.
Estaba revisando recién las cifras y vi que en la sexta circunscripción, a la cual represento, existen alrededor de 500 mil electores y que en cualquiera de las correspondientes a la Región Metropolitana hay un millón 500 mil. En Arica y Parinacota son 70 mil. La cifra sería similar en Aysén. Entonces, me parece que estamos ante un mecanismo profundamente injusto, desde el punto de vista de nuestro sistema político, en el cual se entiende que los Senadores representan Regiones y no densidad poblacional.
Respecto de escudarse en que se va a perpetuar el binominal, considero que este último efecto ocurre, entre otras razones, porque no existe a veces la voluntad que se requiere. Y en eso sumo a muchos de mi sector que no han tenido ganas, para ser bien franco, de cambiar el sistema político. Afirmar, por consiguiente, que ello obedecerá a que se crearía la circunscripción de Arica y Parinacota no lo comparto para nada.
Si se aprueba la iniciativa, bien. Y si media una reserva de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional verá qué hacer. Si decide que el proyecto no ha podido ser acogido, así será. Pero, por lo menos, algunos les habríamos dicho a los ariqueños que merecen tener una Región como corresponde, con intendente, gobernador y Senadores que los representen.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo hacerme cargo de algunos argumentos esgrimidos en el curso del debate.
Estimo que en la vida siempre es bueno ser coherente en los planteamientos. Fui elegido Senador por dos Regiones y saqué la primera mayoría, por lo que no me parece válido sostener, durante la discusión, que Arica y Parinacota carecen hoy, de acuerdo con ciertas intervenciones, de representantes. Todas las semanas estoy vinculado con los asuntos de mi circunscripción y voy a representarlas hasta el final. Aquí no se trata de un problema de esa índole.
Tal como ya lo expresé, al crearse la Décimoquinta Región expuse que esta debía contar con sus propias autoridades políticas y administrativas.
Y si se trata de aspectos relacionados con la Carta como los planteados en el debate, cabe mencionar precisamente que la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios no se está cumpliendo, porque su artículo 180 dispone textualmente que, para la elección de los miembros de esta Corporación, "cada región" constituirá una circunscripción. La excepción la conforma un conjunto de ellas que se enumeran, las cuales comprenden la de Valparaíso, la Metropolitana, la del Maule, la del Biobío y la de La Araucanía.
Desde el punto de vista jurídico -ya que se ha abordado la cuestión-, conviene observar que nos hallamos ante un texto legal expreso que no se ha respetado. Al momento de crearse la Región de Arica y Parinacota no se estableció la circunscripción respectiva. Siendo hoy día la primera completamente independiente, debería contar ipso facto con esta última, sobre la base de la disposición citada.
Tal como lo manifesté con anterioridad, aquí se han expuesto una serie de temas políticos.
Aunque respeto el planteamiento de mi Honorable colega Pizarro, no comparto el argumento de que la iniciativa podría generar un desprestigio. Al contrario, va a prestigiar. Porque aquel que están sufriendo nuestras instituciones va por un lado muy distinto.
A mi juicio, todo el país entiende que en el caso de Arica y Parinacota media un factor geopolítico y que una circunscripción senatorial proporciona una mucho mayor identidad. Es algo a lo cual contribuye la existencia de todas las autoridades políticas y administrativas de cada Región.
A diferencia de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, creo que, lejos de desprestigiar a la clase política y a las instituciones, la creación de la circunscripción en examen las prestigiaría, ya que se repara una injusticia cometida en contra de la Región al momento de establecerla.
También quiero ser muy profesional respecto de la cuestión y por lo menos dejar algo señalado: el proyecto puede presentar visos de inconstitucionalidad, efectivamente, pero prefiero que avance en su tramitación. Va a ser objeto de una Comisión Mixta. Si no se obtiene el quórum de aprobación, seguirá su curso. Y espero que, de presentar el problema, el Ejecutivo se pronuncie en esa instancia. Si se requiere su patrocinio, que lo otorgue.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en general y en particular, y si el Senado rechaza la idea de legislar, no se paralizará. Considero deseable que, una vez registradas dichas definiciones del Ejecutivo y aprobado el texto en la Comisión Mixta, sea sometido a ambas ramas del Congreso.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, he escuchado el debate con mucha atención.
El Senado votó a favor la creación de la Región de Arica y Parinacota, la cual, de acuerdo con la Constitución y la ley Nº 18.700, tiene derecho a tener representantes en el Senado. Entonces, si uno dice que respeta la Carta, tiene que hacerlo en forma completa.
Lo anterior no ocurre ni en el caso que nos ocupa ni en otros. Por ejemplo, el texto constitucional dispone que son ciudadanos y tienen derecho a voto todos los chilenos que hayan cumplido 18 años, etcétera. Sin embargo, aquellos de esa edad y más que viven en el extranjero y tienen derecho a voto no cuentan hasta el día de hoy con una ley -el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto- que permita acatar la norma.
Pero como no estoy en el respeto a la Carta -y lo he manifestado claramente- en el sentido de que ella ya no representa, a mi entender, a la sociedad chilena y requiere un cambio de fondo, estimo que ahí radica el debate que debemos llevar a cabo al final: cómo hacemos que la Ley Fundamental sea expresiva de la ciudadanía. ¿Lo concretamos mediante un acuerdo cerrado entre los parlamentarios o le preguntamos a la gente para que esta se pronuncie, mediante una votación, acerca de si desea o no una nueva Carta, de modo que después se forme una asamblea constituyente -o como se llame- en la cual se discutan los problemas de representatividad?
Porque no creo que en Arica se encuentren todos pegados en este minuto al televisor para saber si vamos a aprobar o no la iniciativa en examen; pero sí me parece que sería relevante debatir sobre el rol del Estado subsidiario, la educación, los problemas que afectan a la ciudadanía. Para eso, aboquémonos a lo que significa cambiar el texto constitucional como corresponde.
Si uno considera la argumentación jurídica, puede llegar a la conclusión de que el proyecto presenta visos de inconstitucionalidad. Mas eso no implica que tengamos que inhibirnos de votarlo a favor y de pedir al Ejecutivo que lo patrocine, a fin de que se cumpla el objetivo contemplado en la Carta y la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios: las Regiones deben tener representación.
Sin embargo, el asunto no se relaciona con la perpetuación del binominal y la aceptación del sistema. No es así. Para terminar con ese mecanismo y establecer un modelo político representativo de verdad, se requiere, primero, limitar la reelección de los parlamentarios, con el objeto de que no sea eterna y entre gente nueva y sea posible debatir; segundo, realizar primarias, a fin de que concluya la aplicación de la idea de que "el que tiene, mantiene"; tercero, establecer criterios de representación que permitan realmente la competencia.
Esos son los caminos correctos para terminar con la crisis de representatividad, con la mala evaluación del Parlamento.
Por lo tanto -para no alargarme-, voy a votar afirmativamente en este caso. Y, sin duda, en la discusión particular, en la Comisión Mixta o en la instancia que corresponda, le pediré al Ejecutivo que se pronuncie sobre esta materia para que, como defensor de la actual Constitución Política, que ama con todo el corazón, la cumpla y diga si es correcto o no que la Región de Arica y Parinacota tenga representación senatorial.
Eso le corresponde definirlo al Gobierno.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, las palabras del Senador Gómez me motivan a intervenir en un sentido parcialmente distinto del que yo pretendía.
Ello, en lo fundamental, porque me parecen especialmente delicadas sus expresiones. Estas son legítimas, por cierto, pues aquí estamos en el Congreso Nacional, y cada cual opina lo que quiere. Pero una de las exigencias de los legisladores al momento de asumir su mandato es precisamente jurar respetar la Constitución y las leyes -yo lo hice; algunos lo prometieron, para estos efectos da lo mismo-. De modo que encuentro complejo que un parlamentario, a pesar de que esta iniciativa es con claridad inconstitucional, señale que como no cree en la Carta -estoy tratando de representar lo explicado por el Senador Gómez- votará a favor, no obstante el impedimento central que existe respecto de aquella.
Pienso que eso nos lleva por un mal camino. Porque, al final, las Constituciones son las que rigen a los países y les dan orden, junto con establecer las facultades y todo el sistema de jerarquía normativa que tanto conocemos.
Señor Presidente, puede que a uno no le guste una legislación. Hay muchas de las aprobadas por el Parlamento que no me agradan y las considero profundamente erradas, como la que estableció el período presidencial de cuatro años, específicamente. Pero no por eso voy a dejar de creer que lo que ahí se determinó debe ser lo que ordene nuestras conductas.
Entonces, una cosa es que discutamos sobre si la Región de Arica y Parinacota debe tener representatividad senatorial, conforme lo establece la Constitución, y otra distinta es llamar a una especie de desobediencia civil, en el sentido de no respetar lo que nosotros mismos contribuimos a forjar y que nos hace estar aquí hoy día. Y creo que es superrelevante señalarlo.
Pero es la opinión legítima de un Senador, y no soy quien para impedir que la emita. Eso sí, por lo menos deseo que no queden en banda sus expresiones, como si no generaran ninguna reacción.
El señor GÓMEZ.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor COLOMA.- Estamos en votación, señor Senador, y me quedan escasos segundos.
Por consiguiente, en la misma lógica que señalo, creo que mi deber es ser especialmente cuidadoso con el respeto que yo mismo exijo en otras circunstancias.
Ahora bien, hay que recordar que esta materia ya se discutió cuando se presentó el proyecto que creaba la Región de Arica y Parinacota. Porque si nadie se hubiera dado cuenta de lo que produciría, habríamos sido unos ineptos. Pero se planteó en su momento el punto.
Ni siquiera este Gobierno fue el que propuso la creación de esa Región. Como digo, en esa instancia se determinó este sistema, según el cual dos Senadores representaban a dos Regiones.
Pero pretender resolver ese problema a través de una moción, me parece que violenta claramente lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política, que da al Presidente de la República (al actual, a los anteriores y a los futuros) la iniciativa exclusiva para enviar proyectos de ley que digan relación con la alteración de la división política o administrativa de nuestro país.
Se dice: "Bueno, aquí esto da lo mismo". ¡Pero no da lo mismo! ¡Esto es así! Si no, yo podría autoarrogarme muchas facultades exclusivas del Presidente para dar rienda suelta a ideas que tengo en el ámbito público. Pero los países funcionan cuando de alguna manera se afincan en una base fuerte, sólida.
Eso es lo que por lo menos a mí me hace tener claridad absoluta acerca de la inconstitucionalidad de esta iniciativa. Porque si tuviera alguna duda al respecto, si observara alguna señal que me dijera: "Esto podría darse", lo plantearía con la misma transparencia.
Sin perjuicio de que también algunos parlamentarios de mi Partido están entre los autores de esta moción, por lo que es bastante transversal, si el proyecto pasara por constitucional, me parecería que se terminaría con el rol del Presidente de la República -cualquiera, insisto- en el desarrollo y la marcha del país.
Eso no lo juzgo lógico, razonable, oportuno, prudente. Por tanto, votar en un sentido distinto del rechazo a esta iniciativa, a pesar de que podamos entender las razones que algunos esgrimen para pronunciarse a favor de ella, lo consideraría faltar a lo que siento que es mi deber.
Se ha planteado, adicionalmente, la inconstitucionalidad en función del gasto que supone este proyecto. Y entiendo que hay reserva de constitucionalidad en esa materia.
Yo por lo menos creo, sobre la base del artículo 65, inciso tercero, de nuestra Carta Fundamental, que esta iniciativa, originada en moción, es claramente inconstitucional. De manera que no puedo votarla a favor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García, para fundamentar el voto.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, soy un convencido de que Arica y Parinacota, por ser una Región extrema, por ser una Región limítrofe y, además, por ser una Región con sus propios problemas, sus propios desafíos, particularidades, debe tener su propia representación senatorial.
Sin embargo, el hecho de que la creación de esta nueva circunscripción tenga su origen en una moción evidentemente transgrede disposiciones constitucionales, en particular la del inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental, que señala: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país".
Claramente, el establecimiento de una nueva circunscripción senatorial tiene que ver con la división política. Por lo tanto, pienso que se trata de una materia reservada a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Y, con mayor razón, si se considera que el artículo 4° del proyecto en debate expresa: "El mayor gasto que pudiera importar esta iniciativa se financiará con cargo a los recursos considerados para el Senado en la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente".
Señor Presidente, en nuestro ordenamiento fundamental, una disposición de ese tenor solo es posible que tenga su origen en el Presidente de la República.
Por eso, compartiendo que la Región de Arica y Parinacota debe contar con su propia representación senatorial, lamento tener que abstenerme respecto de este proyecto. Me habría gustado votarlo a favor. Pero es tan obvio cómo en su texto se transgreden disposiciones constitucionales, que francamente me resulta imposible hacerlo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero informar a la Sala que el señor Ministro de Hacienda me ha señalado que está gestionando el envío del oficio de la Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Nada más les pido a los jefes de Comités que no se retiren de la Sala, porque, en caso de que llegue el referido oficio, citaré a reunión de Comités.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos frente a un proyecto que responde a una necesidad: dotar, de acuerdo a nuestra legislación, de representantes en la Cámara Alta a la Región de Arica y Parinacota -hoy cumplen esa función los Senadores de la Primera Región- para cumplir, efectivamente, con la ley que establece que cada circunscripción elegirá a sus propios parlamentarios, y no como hoy día ocurre, donde hay legisladores que representan a dos Regiones.
Sin embargo, al ser presentada la iniciativa por un parlamentario, tiene serios vicios de constitucionalidad.
Como antecedente adicional, a través del llamado "Informe Prokurica", donde se establecieron nuestras propuestas de reformas políticas, Renovación Nacional planteó la creación de la circunscripción senatorial de Arica y Parinacota.
En tal contexto, le pedimos al Gobierno que patrocine el presente proyecto de ley. Creemos que este responde a una necesidad constitucional. Pero, por requerir para su ejecución de recursos públicos, cae en una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República; y, en consecuencia, contiene vicios de constitucionalidad.
Señor Presidente, a pesar de nuestra voluntad de apoyar la creación de la circunscripción senatorial de Arica y Parinacota, no nos queda más que abstenernos en esta votación mientras se resuelven los problemas de constitucionalidad, que se solucionarían, básicamente, con el apoyo del Ejecutivo a una iniciativa útil, urgente y necesaria.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, no me voy a referir a las cuestiones de constitucionalidad, porque han sido largamente debatidas.
La verdad es que yo fui elegido por dos provincias y una Región y media. Pero por una ley me quitaron casi una Región entera.
Aquí se ha hablado mucho de la Carta. Y su artículo 49 dice: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección". Por lo tanto, si me atuviera a ese precepto, debería haberse dictado una norma electoral de carácter orgánico constitucional que definiera las nuevas circunscripciones. Eso no ha sucedido. Y se me quitó la mitad de mi territorio. Por ende, allí tampoco se respetó el Texto Fundamental.
En segundo lugar, en el caso de la creación de la Región de Los Ríos, la gran perjudicada fue la provincia de Osorno, que se sumó al resto de la Región de Los Lagos en una nueva circunscripción establecida de forma, a mi juicio, inconstitucional. Ese territorio electoral tiene más de 500 kilómetros de extensión y más de 500 mil votantes. Muy superior a muchas Regiones y subregiones que se pretende instituir.
Cuando se discutió el proyecto sobre la nueva Región de Los Ríos se habló de mantenerle los recursos a la provincia de Osorno y de crear una Corte de Apelaciones allí. ¿Qué ha sucedido? Que se han establecido Cortes de Apelaciones en Valdivia y en Puerto Montt, pero nunca en Osorno.
En el caso de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como provincia nos correspondería a lo menos el 22 por ciento, pero solo recibimos el 12, porque el peso se sitúa en Puerto Montt, donde se halla la sede del gobierno regional. Por lo tanto, nos llega la mitad de los dineros per cápita que deberíamos percibir como Región.
Todas esas consideraciones me llevan a pensar que la creación y ordenamiento territorial de las distintas circunscripciones corresponde a una ley orgánica constitucional.
Desde ese punto de vista, y teniendo siempre como telón de fondo lo que dije cuando votamos por primera vez un proyecto de ley similar, lo central es la reforma al sistema binominal y la distribución de las circunscripciones. Si no avanzamos en esas materias, continuaremos ahondando las dificultades y la situación actual.
Sé que la aspiración de Arica y Parinacota es legítima, no tengo por qué dudarlo. Pero en mi caso concreto, como representante de mi Región -o de una parte, la otra me la quitaron- me asiste el derecho a defenderla y a manifestar que ella va a salir muy perjudicada; porque, en definitiva, se quedará sin Senadores, ya que los representantes los va a elegir Puerto Montt por su peso electoral.
Además, como señalaba antes, el gobierno regional tiene mayoría en esa provincia. Estamos en una situación de capitis diminutio muy complicada para nuestra Región y ha disminuido fuertemente la inversión pública.
Espero que logremos los consensos necesarios en el próximo futuro. Y que, de una vez por todas, avancemos en la reforma al sistema binominal. En numerosas ocasiones he escuchado argumentar: "Nunca presentaron proyectos". En 1998 ingresamos algunos que concitaron acuerdos en un principio, pero que al final se perdieron aquí, en el Congreso.
Ojalá que alguna vez lleguemos, en definitiva, al sistema que todo el país está pidiendo, lo que prestigiaría a la clase política.
Por las razones expuestas, voto que no.
--Se rechaza en general el proyecto (11 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones), por no reunirse el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Escalona, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Muñoz Aburto, Orpis, Rossi y Tuma.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Pizarro y Sabag,
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Chahuán, García, Larraín (don Carlos), Prokurica y Uriarte
El señor LABBÉ (Secretario General).- Debo señalarles a los señores Senadores que los artículos 1°, 2° y 3°, permanentes, y el artículo transitorio del proyecto son de quórum especial. Pero no así el artículo 4°.
No obstante, la Secretaría entiende que como dicho precepto solo se refiere al financiamiento de una iniciativa cuyas disposiciones fundamentales han sido rechazadas en la votación de su idea de legislar, consecuencialmente también debe entenderse rechazado.
Hay que nombrar a los representantes del Senado ante la Comisión Mixta que habrá de formarse. De acuerdo al Reglamento, correspondería que la integraran los miembros de la Comisión de Gobierno, que fue la que tramitó el proyecto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, una consulta reglamentaria. En la votación recién efectuada, ¿cómo se contabilizan las abstenciones?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En los proyectos de quórum especial, las abstenciones solo se consideran para efectos de la aprobación si con ellas logran reunirse los votos favorables correspondientes. En este caso, debían alcanzarse 23 pronunciamientos.
Boletín N° 3777-03
El señor ESCALONA (Presidente).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3777-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Horvath, Prokurica y del entonces Senador señor Ruiz De Giorgio):
En primer trámite, sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
En tercer trámite constitucional, sesión 28ª, en 20 de junio de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 33ª, en 10 de julio de 2012.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 79ª, en 8 de enero de 2008.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 7ª, en 6 de abril de 2011.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (nuevo segundo): sesión 7ª, en 6 de abril de 2011.
Hacienda: sesión 7ª, en 6 de abril de 2011.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (tercer trámite): sesión 30ª, en 3 de julio de 2012.
Mixta: sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012.
Sesiones 19ª, en 13 de mayo de 2008 (se aprueba en general); 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aprueba en particular); 32ª, en 4 de julio de 2012 (se aprueba el informe del tercer trámite y pasa a Comisión Mixta).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas legislativas derivan del rechazo por el Senado, en tercer trámite constitucional, de siete enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados, correspondientes a los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 7° A; al inciso primero del artículo 7° C, y al artículo 104 contemplado en el numeral 5.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectuó una proposición en relación con las cinco primeras discrepancias, consistente en incorporar, en el artículo 7º A, a sugerencia del Ejecutivo, una norma cuya finalidad es la reducción del descarte de la especie objetivo y de la fauna acompañante y la reducción de la captura de la pesca incidental.
Respecto de la divergencia recaída en el artículo 7º C, se agrega una norma que exceptúa de la obligación de devolver al mar mamíferos marinos, reptiles, pingüinos y otras aves marinas que se encuentren dañados o heridos, para ser, en cambio, enviados a un centro de rehabilitación de especies hidrobiológicas.
En cuanto a las divergencias primera a sexta, la Comisión Mixta adoptó su acuerdo por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores García-Huidobro, Horvath, Rossi y Sabag y Diputados señores Bobadilla, Campos, Ulloa y Walker.
La séptima discrepancia, referida al inciso tercero que se incorpora al artículo 104, sobre la cooperación que los capitanes deben prestar a los observadores científicos, fue subsanada mediante una propuesta del Ejecutivo que agrega al precepto tres nuevos incisos sobre las facilidades que se han de prestar a los observadores, la exigencia de un dispositivo de localización de emergencia y las medidas de resguardo de su integridad, proposición que se aprobó por la unanimidad de los presentes, constituida por los señores parlamentarios recién mencionados, con excepción del Senador señor Sabag.
.	Cabe hacer presente que el inciso primero del artículo 7º C contenido en la propuesta de la Comisión Mixta es de quórum calificado, por lo que requiere para su aprobación los votos favorables de 20 señores Senadores.
En el boletín comparado figuran, en la penúltima y en la última columna, respectivamente, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse su informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, iba a pedir que se llamara a los miembros de la Comisión de Pesca, que se encuentran sesionando. Pero acaba de volver a la Sala el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, como se señaló, este es un proyecto de quórum calificado, y tuvo el trámite de Comisión Mixta, la cual resolvió favorablemente una norma que regula y disminuye el descarte, tanto de las especies objetivo, de la fauna acompañante y de la pesca incidental.
A la vez, instaura los observadores científicos a bordo de las naves industriales y también de las de armadores artesanales de mayor tamaño e incidencia.
De igual forma, establece un mecanismo de registro de cámaras, para asegurar y contar con un elemento de prueba en cuanto a que las especies se capturen con las artes respectivas y, de no ser así, que se devuelvan al mar, que es una de las causas por las cuales las principales pesquerías y los ecosistemas en Chile se encuentran en riesgo o, en algunos casos, incluso al borde del colapso.
La propuesta de la Comisión Mixta contó con la unanimidad de los Senadores y Diputados presentes, por lo que también me permito solicitar a la Sala que la vote a favor.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa tuvo su origen en una moción del Senador señor Horvath.
Se formó una Comisión Mixta, porque hubo discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados.
Una primera divergencia se refiere a la inclusión, por parte de la Cámara de Diputados, de la fauna acompañante y de la pesca incidental dentro de los estudios de la Subsecretaría de Pesca para reducir el descarte de peces. Al respecto, la Comisión Mixta propone acoger el planteamiento de la Cámara Baja.
Otra discrepancia dice relación a la norma que exige la devolución al mar de las aves, respecto de lo cual la otra rama del Congreso agregó la salvedad de que se encuentren seriamente dañadas o heridas. Este criterio fue apoyado por la Comisión Mixta, y se añadió la obligatoriedad de que esos ejemplares sean derivados a un centro de rehabilitación.
También hubo diferencias en el Título VIII, nuevo, sobre los observadores científicos. En este punto, el Senado rechazó las exigencias referentes a las facilidades que se les deben otorgar. Ello fue reincorporado en la Comisión Mixta, junto con disposiciones aún más explícitas acerca del alcance de esas facilidades.
Todas las propuestas para resolver las divergencias fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión Mixta. En consecuencia, sugerimos que la Sala se pronuncie en los mismos términos.
--Queda pendiente la discusión del informe de la Comisión Mixta.
Correspondería pasar a Incidentes. Pero antes citaré a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por diez minutos.
--Se suspendió a las 19:20.
--Se reanudó a las 19:46.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités acordaron dar cuenta en esta sesión del oficio de la Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Debo informar que la resolución de los Comités conlleva un acuerdo político de procedimiento -no respecto del contenido de la normativa- en el sentido de que el Ejecutivo retira la urgencia de "discusión inmediata", hecha presente en la otra rama legislativa. Obviamente, ella nos forzaba a una situación muy difícil de manejar e imposibilitaba lograr la unanimidad para incorporar ese oficio en la Cuenta de hoy.
Además, dicho acuerdo comprende la facultad al Presidente del Senado para citar a sesión especial de Sala el martes 28 del presente en la mañana y en la tarde.
A los señores Ministro Secretario General de la Presidencia y Director del Servicio Electoral, solicitándoles INVESTIGACIÓN SOBRE AUMENTO ARTIFICIAL DE VOTANTES EN COMUNAS DE RÍO VERDE, SAN GREGORIO Y LAGUNA BLANCA, DE MAGALLANES.
A la señora Directora del Servicio de Salud de Antofagasta, para pedir ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SEÑOR FERNANDO GUILLERMO VALENCIA GALINDO; al señor Director del SERVIU de Antofagasta, requiriéndole información sobre POSIBLE REPARACIÓN DE VÍA DE ACCESO A CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL SUR; al señor Seremi de Educación de Antofagasta, a fin de que se le remitan antecedentes y emita informe sobre APELACIÓN DE RESOLUCIÓN EXENTA N° 186, DE MARZO DE 2012, DE SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN RESPECTO DE ESCUELA HOGAR "VICTORIANO QUINTEROS SOTO" (los tres de la Región de Antofagasta), y al señor Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Valparaíso, acerca de ESTATUS DE FISCALIZACIÓN A ASINCAP.
Al señor Ministro de Educación, pidiéndole considerar POSTULACIÓN DE ESTUDIANTES DE INSTITUTO ARAUCARIA DE OSORNO A BECA NUEVO MILENIUM.
Del señor KUSCHEL:
Al señor Ministro de Justicia, para que considere SEPARACIÓN DE NOTARÍA DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES EN COMUNA DE CASTRO (Décima Región).
El señor ESCALONA (Presidente).- Consulto si algún Comité hará uso de la palabra en Incidentes.
De no ser así, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:48.