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Timestamp: 2019-01-22 05:07:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9']

Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo de 6 de octubre de 2006 relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso
2006F0783 — ES — 28.03.2009 — 001.001
(DO L 328, 24.11.2006, p.59)
DECISIÓN MARCO 2009/299/JAI DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009
Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca ( 1 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2 ),
El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, insistió en que el principio de reconocimiento mutuo se convirtiera en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en el seno de la Unión.
Según el apartado 51 de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, el blanqueo de capitales está en el centro mismo de la delincuencia organizada y debe erradicarse allí donde se produzca; el Consejo Europeo está resuelto a garantizar que se den pasos concretos para proceder al seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de los beneficios del delito. En este sentido, en el apartado 55 de las conclusiones, el Consejo Europeo pide que se realice la aproximación del Derecho penal y procesal en materia de blanqueo de capitales (por ejemplo, seguimiento, embargo preventivo y decomiso de fondos).
Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio del Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito («Convenio de 1990»). El Convenio obliga a sus signatarios a reconocer y ejecutar las resoluciones de decomiso dictadas por otra Parte, o a someter una solicitud a sus autoridades competentes a fin de obtener una resolución de decomiso y, en caso de que se conceda, ejecutarla. Las Partes pueden denegar las solicitudes de decomiso, entre otros motivos, si el delito en el que se basa la solicitud no constituye un delito con arreglo a la legislación de la Parte requerida, o si en la legislación de la Parte requerida el decomiso no está previsto respecto del tipo de delito al que hace referencia la solicitud.
El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de decisiones en materia penal, fijando como primera prioridad (medidas 6 y 7) la adopción de un instrumento que aplique el principio de reconocimiento mutuo al embargo preventivo de bienes y al aseguramiento de pruebas. Además, según el punto 3.3 del programa, el objetivo es mejorar, de conformidad con el principio de reconocimiento mutuo, la ejecución en todo Estado miembro de las resoluciones de decomiso dictadas en otro Estado miembro, en particular a efectos de la devolución a la víctima de una infracción penal, habida cuenta de la existencia del Convenio de 1990. A fin de lograr este objetivo, la presente Decisión marco, dentro de su ámbito de aplicación, reduce los motivos de denegación de ejecución y suprime, entre los Estados miembros, todo sistema de conversión de la resolución de decomiso en una medida nacional.
La Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo ( 3 ) establece normas relativas al blanqueo de capitales, la identificación, el seguimiento, el embargo, la incautación y el decomiso de los instrumentos y productos del delito. En virtud de dicha Decisión marco, los Estados miembros están también obligados a no formular ni mantener ninguna reserva en relación con el artículo 2 del Convenio de 1990 en la medida en que el delito lleve aparejada una pena o medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima superior a un año.
Por último, el 22 de julio de 2003, el Consejo adoptó la Decisión marco 2003/577/JAI relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas ( 4 ).
La motivación principal de la delincuencia organizada es la obtención de beneficios económicos. Por consiguiente, todo intento de prevenir y combatir esta delincuencia debe centrarse, para ser eficaz, en el seguimiento, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de los productos del delito. No basta simplemente con garantizar el reconocimiento mutuo dentro de la Unión Europea de medidas legales temporales como el embargo preventivo y la incautación; el control efectivo de la delincuencia económica también exige el reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso de los productos del delito.
La presente Decisión marco pretende facilitar la cooperación entre Estados miembros en lo referente al reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones de decomiso de los bienes, de manera que se obligue a los Estados miembros a reconocer y ejecutar en su territorio las resoluciones de decomiso dictadas por un tribunal competente en materia penal de otro Estado miembro. La presente Decisión marco está relacionada con la Decisión marco 2005/212/JAI, de 24 de febrero de 2005, sobre el decomiso de los instrumentos y productos del delito y de bienes relacionados con el delito ( 5 ). El propósito de dicha Decisión marco es garantizar que todos los Estados miembros tengan normas efectivas que regulen el decomiso de los productos del delito por lo que atañe, entre otros aspectos, a la carga de la prueba en lo relativo al origen de los bienes en posesión de una persona culpable de un delito relacionado con la delincuencia organizada.
La cooperación entre Estados miembros, basada en el principio de reconocimiento mutuo y ejecución inmediata de las resoluciones judiciales, se sustenta en la confianza de que las resoluciones que se han de reconocer y ejecutar se dictarán siempre de acuerdo con los principios de legalidad, subsidiariedad y proporcionalidad. También presupone que deben preservarse los derechos que asistan a las partes y a los terceros interesados de buena fe. En este contexto, se debe considerar adecuadamente la necesidad de evitar que prosperen las demandas fraudulentas presentadas por personas físicas o jurídicas.
Para que la presente Decisión marco funcione bien en la práctica, se requiere una estrecha relación entre las autoridades competentes implicadas, en particular cuando haya que ejecutar una resolución de decomiso en más de un Estado miembro simultáneamente.
En la presente Decisión marco la definición de los términos «producto» e «instrumento» es lo suficientemente amplia como para incluir objetos de la infracción cuando sea necesario.
Cuando existan dudas en cuanto a la localización de los bienes objeto de una resolución de decomiso, los Estados miembros deben emplear todos los medios a su alcance para descubrir la localización exacta de tales bienes, incluido el uso de todos los sistemas de información disponibles.
La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse en el sentido de que impida la negativa a decomisar los bienes sobre los que pesa resolución de decomiso cuando existan razones objetivas para suponer que la resolución de decomiso ha sido dictada con fines de persecución o sanción a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.
La presente Decisión marco no impide a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas a las garantías procesales, la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación.
La presente Decisión marco no se refiere a la restitución de bienes a sus legítimos propietarios.
La presente Decisión marco se entiende sin perjuicio del destino que los Estados miembros den a los importes obtenidos con motivo de su aplicación.
La presente Decisión marco se entiende sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior, de conformidad con el artículo 33 del Tratado de la Unión Europea.
a) «Estado de emisión»: el Estado miembro en el que un órgano jurisdiccional haya dictado una resolución de decomiso en relación con una causa penal;
b) «Estado de ejecución»: el Estado miembro al que se transmita una resolución de decomiso para su ejecución;
c) «resolución de decomiso»: la sanción o medida firme impuesta por un órgano jurisdiccional a raíz de un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que tenga como resultado la privación definitiva de bienes;
d) «bienes»: cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, así como los documentos con fuerza jurídica u otros documentos acreditativos de un título o derecho sobre esos bienes respecto de los cuales el órgano jurisdiccional del Estado de emisión haya decidido:
e) «producto»: todo beneficio económico resultante de infracciones penales. Podrá tener forma de cualquier tipo de bien;
f) «instrumentos»: cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para cometer una o varias infracciones penales;
g) «bienes culturales pertenecientes al patrimonio cultural nacional»: los bienes definidos de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro ( 6 );
— el Estado de emisión,
— el Estado de ejecución.
— la autoridad competente del Estado de emisión tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resolución se encuentran en distintos Estados de ejecución,
— el decomiso de un bien concreto incluido en la resolución de decomiso requiera la intervención en más de un Estado de ejecución,
— la autoridad competente del Estado de emisión tenga motivos fundados para creer que un bien concreto incluido en la resolución de decomiso está localizado en uno de los dos o más Estados de ejecución determinados.
— cuando los bienes afectados no hayan sido embargados con arreglo a la Decisión marco 2003/577/JAI,
— cuando el valor de los bienes que pueden ser decomisados en el Estado de emisión y en cualquier Estado de ejecución probablemente no sea suficiente para ejecutar la cantidad total objeto de la resolución de decomiso.
— pertenencia a una organización delictiva,
— terrorismo,
— trata de seres humanos,
— explotación sexual de menores y pornografía infantil,
— tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas,
— tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,
— corrupción,
— fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
— blanqueo de los productos del delito,
— falsificación de moneda, con inclusión del euro,
— delitos informáticos,
— delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,
— ayuda a la entrada y a la estancia irregulares,
— homicidio y agresión con lesiones graves,
— tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,
— secuestro, retención ilegal y toma de rehenes,
— racismo y xenofobia,
— robos organizados o a mano armada,
— tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,
— estafa,
— chantaje y extorsión de fondos,
— violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías,
— falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,
— falsificación de medios de pago,
— tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,
— tráfico ilícito de materias nucleares y radiactivas,
— tráfico de vehículos robados,
— violación,
— incendio provocado,
— delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,
— apoderamiento ilegal de aeronaves y buques,
— sabotaje.
e) según el certificado indicado en el artículo 4, apartado 2, el imputado no compareció en el juicio del que deriva la resolución de decomiso, salvo que en el certificado conste que el imputado, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado de emisión:
i) con suficiente antelación:
— fue citado en persona e informado así del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resolución, o recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que el imputado tenía conocimiento del juicio previsto, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo,
— fue informado de que podría dictarse una resolución de decomiso en caso de incomparecencia en el juicio,
ii) teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio,
iii) tras serle notificada la resolución de decomiso y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso —en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios—, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial:
— declaró expresamente que no impugnaba la resolución de decomiso,
— conforme a la legislación del Estado de ejecución, se considera han sido cometidas total o parcialmente en el territorio de este o en un lugar equivalente a su territorio,
— se cometieron fuera del territorio del Estado de emisión, no permitiendo la legislación del Estado de ejecución la incoación de actuaciones judiciales respecto de tales infracciones en caso de haber sido cometidas fuera del territorio de aquel Estado;
— la resolución de decomiso se dictó en circunstancias en las que el decomiso de los bienes se ordenó en aplicación de las disposiciones sobre la potestad de decomiso ampliada contemplada en el artículo 2, letra d), inciso iii),
— la resolución de decomiso excede del ámbito de aplicación de la opción adoptada por el Estado de ejecución con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Decisión marco 2005/212/JAI,
— el apartado 1,
— el apartado 2, letras a), e), f) o g),
— el apartado 2, letra d), y no se facilite información con arreglo al artículo 9, apartado 3,
— el apartado 3.
— dos o más resoluciones de decomiso referentes a una cantidad de dinero dictadas contra la misma persona física o jurídica, y dicha persona no disponga de medios suficientes en el Estado de ejecución para que se ejecuten todas las resoluciones,
— dos o más resoluciones de decomiso referentes a un mismo bien concreto,
a) si el importe obtenido de la ejecución de la resolución de decomiso es inferior a 10 000 EUR o al equivalente a dicho importe, el importe corresponderá al Estado de ejecución;
( 1 ) DO C 184 de 2.8.2002, p. 8.
( 2 ) Dictamen emitido el 20 de noviembre de 2002 (DO C 25 E de 29.1.2004, p. 205).
( 3 ) DO L 182 de 5.7.2001, p. 1.
( 4 ) DO L 196 de 2.8.2003, p. 45.
( 5 ) DO L 68 de 15.3.2005, p. 49.
( 6 ) DO L 74 de 27.3.1993, p. 74. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2001/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 187 de 10.7.2001, p. 43).