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Timestamp: 2018-07-17 06:14:06
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Las comercializadoras de energía eléctrica estarán obligadas a financiar el bono social y a cofinanciar las medidas de lucha contra la pobreza energética - Lexology
Las comercializadoras de energía eléctrica estarán obligadas a financiar el bono social y a cofinanciar las medidas de lucha contra la pobreza energética
Spain December 30 2016
Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
El Boletín Oficial del Estado del pasado 24 de diciembre de 2016 publica el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. El nuevo real decreto ley modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE) con dos finalidades: la de establecer un régimen de financiación del bono social acorde con el Derecho comunitario y la de dar cobertura a la regulación mediante reglamento de ciertas medidas tendentes a proteger a los consumidores de energía eléctrica más vulnerables.
2. Nuevo régimen de financiación del bono social y mecanismo transitorio El Real Decreto Ley 7/2016 da cumplimiento a varias sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que han estimado los recursos interpuestos contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, y declaran inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico por considerarlo incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Dichas sentencias declaran igualmente inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, Las comercializadoras de energía eléctrica estarán obligadas a financiar el bono social y a cofinanciar las medidas de lucha contra la pobreza energética Ana I. Mendoza Losana Profesora contratada doctora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha Departamento de Gestión de Conocimiento de Gómez-Acebo & Pombo Análisis GA&P | Diciembre 2016 2 que desarrollan el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, reconociendo a las recurrentes el derecho a ser reintegradas de las aportaciones realizadas en tal concepto. El real decreto ley comentado modifica la redacción del artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico e implanta un nuevo régimen de financiación del bono social en el que solo los sujetos dedicados a realizar la actividad de comercialización de energía eléctrica deberán financiar esta obligación de servicio público. En concreto, los agentes obligados a realizar las aportaciones necesarias son las sociedades matrices de los grupos que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica o las propias sociedades comercializadoras si no forman parte de ningún grupo societario. El reparto del coste del bono social se realiza en función de la cuota de mercado obtenida a partir del número de clientes a los que suministra cada sociedad. Mediante reglamento, el Gobierno concretará el mecanismo para determinar la participación de cada sociedad o grupo societario en la financiación del bono social y dicho mecanismo será revisado cada cuatro años. Anualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propondrá el porcentaje correspondiente a cada sociedad o grupo de sociedades comercializadoras, que será finalmente aprobado por orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Con carácter transitorio, hasta que se apruebe el reglamento que ha de desarrollar el nuevo régimen de financiación del bono social, el anexo del Real Decreto Ley 7/2016 establece los porcentajes que corresponden a las distintas sociedades comercializadoras. Según la Exposición de Motivos, para fijar estos porcentajes se ha tenido en cuenta la información sobre los comercializadores y su número de clientes disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A partir del 25 de diciembre y hasta que se apruebe el referido reglamento de desarrollo del nuevo artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico, corresponde a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa aportar el 89% de la financiación del bono social eléctrico. Antes del día 15 de cada mes, los comercializadores de referencia deberán presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información de la facturación correspondiente al mes anterior de los consumidores a quienes han aplicado el bono social, con desglose de períodos y facturación, para determinar la cuantía total del bono social aplicado y las liquidaciones asociadas. El primer período de desglose comprenderá desde la entrada en vigor del real decreto ley, el 25 de diciembre de 2016, hasta el 31 de diciembre del mismo año. 1. Medidas de protección a consumidores vulnerables La norma teóricamente llamada a acabar con las situaciones de pobreza energética adopta principalmente dos medidas tendentes a proteger a los consumidores vulnerables: a) la calificación como esencial del suministro a consumidores vulnerables de grado severo con la correlativa prohibición de interrupción del suministro por impago (nuevo art. 52.4,j LSE) y b) la ampliación a cuatro meses del periodo para realizar el pago desde el primer requerimiento por impago y hasta la efectiva interrupción del suministro, para el resto de categorías de consumidores vulnerables (nuevo art. 52.3 LSE). Sin embargo, el sistema de protección de consumidores vulnerables diseñado por el Real Decreto Ley 7/2016 está, por el momento y hasta que no se apruebe el imprescindible reglamento de Análisis GA&P | Diciembre 2016 3 desarrollo, vacío de contenido en cuanto la norma no define los consumidores beneficiarios de las dos medidas adoptadas. Será el Gobierno quien mediante reglamento determine los consumidores vulnerables, así como sus categorías, en especial la de consumidor vulnerable de grado severo, y los requisitos que deben cumplir (nuevo art. 45.1 LSE). Igual que el bono social, el suministro a consumidores vulnerables de grado severo se califica como obligación de servicio público, que será asumida por los mismos sujetos a los que corresponde el reparto del coste del bono social, esto es, por las sociedades o grupos de sociedades comercializadoras de energía eléctrica (nueva redacción del artículo 45.4 de la Ley 24/2013). Las aportaciones realizadas en este concepto estarán diferenciadas de las que correspondan al bono social y tendrán un límite máximo fijado por orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (nuevo art. 45.4.III). Dichas aportaciones tendrán carácter parcial o de cofinanciación, complementando las que realicen las Administraciones Públicas competentes encargadas de atender a los suministros que se identifiquen en situación de riesgo de exclusión social. Adviértase que este sistema de reparto de los costes de financiación de las obligaciones de servicio público conducirá a un incremento de la factura eléctrica pagada por todos los consumidores finales. Indudablemente, las comercializadoras en el mercado libre repercutirán estos costes en el precio final de la energía. Correlativamente y para evitar tratamientos discriminatorios contrarios al Derecho de la Competencia, también el Gobierno deberá tener en cuenta este cargo en la determinación de la parte regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (cfr. arts. 7 y 8 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación). Por otra parte, tampoco hay que ignorar que este real decreto ley incrementa no solo los costes de las empresas comercializadoras de energía eléctrica sino también las cargas financieras y administrativas de “las Administraciones Públicas competentes”, que estén prestando asistencia social a personas en riesgo de exclusión social, es decir, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 3. Dudas sobre la constitucionalidad de la norma Como acaba de afirmarse, la norma de referencia amplía de forma implícita las cargas administrativas y financieras de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Resulta llamativo que en la negociación de esta norma no hayan intervenido estas Administraciones Públicas y que sea el Gobierno quien, de forma unilateral y mediante real decreto ley, incremente las cargas administrativas y financieras de unas Administraciones públicas castigadas por los recortes presupuestarios, obligándoles a llevar un registro de puntos de suministro a consumidores vulnerables de grado severo y exigiéndoles que cofinancien con las comercializadoras el suministro a estos consumidores. Se hace imprescindible la participación de estas Administraciones en el desarrollo reglamentario del real decreto ley. Análisis GA&P | Diciembre 2016 4 Pero aun llama más la atención que el Gobierno haya querido cargar todo el peso administrativo y financiero de “acabar” con la pobreza energética sobre otras Administraciones Públicas, no asumiendo ni una sola obligación presupuestaria y reservándose un modestísimo papel de mero colaborador con las “Administraciones competentes” en la puesta en marcha de un registro de puntos de suministro de consumidores vulnerables de grado severo (art. 2 Real Decreto Ley 7/2016). La invocación como títulos competenciales a favor del Gobierno de los artículos 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que le atribuyen la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente, suscita ciertas dudas de constitucionalidad. La imposición, por parte del Gobierno estatal y a través de un real decreto ley, de la obligación de cofinanciar el suministro eléctrico a consumidores vulnerables de grado severo puede suponer una intromisión en la competencia de “asistencia social” (art. 148.1.20ª CE), que corresponde a las Comunidades Autónomas. No obstante, la propia indefinición de la norma y su carácter genérico y programático garantizan que no se recurrirá ante el Tribunal Constitucional, pues de no mediar convenio u otro instrumento normativo, ninguna Administración se va a sentir conminada por el Real Decreto Ley 7/2016 a cofinanciar las nuevas obligaciones de servicio público. 2. Imprescindible desarrollo reglamentario Son muchas y muy importantes las cuestiones que quedan diferidas al posterior desarrollo reglamentario (Disposición Final segunda del Real Decreto Ley 7/2016). El reglamento, que el Gobierno debe aprobar en el plazo de tres meses desde la convalidación del real decreto ley (no desde la aprobación) y las correlativas órdenes ministeriales, deben regular las siguientes cuestiones: a) Respecto a la financiación de obligaciones de servicio público (el bono social y el suministro a consumidores vulnerables severos), reglamentariamente se regularán los mecanismos y actuaciones necesarios para la asignación de las aportaciones de las comercializadoras (sociedades o grupos de sociedades), así como los mecanismos para regularizar, en sentido positivo o negativo, las cantidades aportadas por los distintos sujetos. Por orden ministerial se determinará el límite máximo de la cuantía que las comercializadoras deben aportar para cofinanciar el coste del suministro a los consumidores vulnerables severos, calificado como esencial y por tanto no interrumpible por impago por el nuevo artículo 52.4,j de la Ley del Sector Eléctrico. b) En cuanto a las medidas de protección de los consumidores vulnerables, el Gobierno debe definir los consumidores vulnerables y sus categorías, los requisitos que deben cumplir y las medidas a adoptar para proteger a estos colectivos. Dentro de la categoría de consumidores vulnerables, se ha de incluir a “los severos” cuyo suministro se considera esencial en los términos de la letra j) del artículo 52.4 y que serán personas físicas en su vivienda habitual, siempre que cumplan los requisitos exigidos por el Gobierno en el futuro reglamento, lo que deberá quedar acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes. Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com. Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York Análisis GA&P | Diciembre 2016 5 Según la Exposición de Motivos, cuando el Gobierno defina las diversas categorías de consumidores vulnerables atenderá a criterios de renta, atenuados en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados, entre otras circunstancias.