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Timestamp: 2019-09-22 12:34:36
Document Index: 86627892

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 16']

Notificación en la residencia del acto administrativo | Wiki Derecho
La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad
pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.
La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y
túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano;
El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de
hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas
para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.
La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que
requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto
jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables.
La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de
los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como
carácterísticas notables de nuestra cultura nacional;
La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el
abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo
necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias,
epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas;
VII.- La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles
de explotación;
La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una
o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular;
Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad;
En los casos comprendidos en el artículo anterior, la Secretaría de Estado competente
emitirá la declaratoria de utilidad pública, conforme a lo siguiente:
La declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso,
en un diario de la localidad de que se trate, y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y
derechos que resultarían afectados.
En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien su domicilio o localización, surtirá efectos de
notificación personal una segunda publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación,
misma que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación.
Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda
publicación en el Diario Oficial de la Federación para manifestar ante la Secretaría de Estado
correspondiente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes.
En su caso, la autoridad citará a una audiencia para el desahogo de pruebas, misma que deberá
verificarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de las manifestaciones a que se
refiere el párrafo anterior. Concluida dicha audiencia, se otorgará un plazo de tres días hábiles para
presentar alegatos de manera escrita.
Presentados los alegatos o transcurrido el plazo para ello sin que se presentaren, la autoridad
contará con un plazo de diez días hábiles para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad
La resolución a que se refiere la fracción anterior no admitirá recurso administrativo alguno y
solamente podrá ser impugnada a través del juicio de amparo.
El Ejecutivo Federal deberá decretar la expropiación a que se refiere el artículo 4o de esta Ley,
dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya dictado la resolución señalada en la fracción V
que antecede. Transcurrido el plazo sin que se haya emitido el decreto respectivo, la declaratoria de
utilidad pública quedará sin efectos. En caso de que se interponga el juicio de amparo, se interrumpirá el
plazo a que se refiere esta fracción, hasta en tanto se dicte resolución en el mismo.
Cuando la promovente sea una entidad paraestatal, solicitará a la dependencia coordinadora de
sector la emisión de la declaratoria.
Procederá la expropiación previa declaración de utilidad pública a que se refiere el
La declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, se hará mediante
decreto del Ejecutivo Federal que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Los propietarios e interesados legítimos de los bienes y derechos que podrían resultar afectados
serán notificados personalmente del decreto respectivo, así como del avalúo en que se fije el monto de la
La notificación se hará dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de publicación del
decreto. En caso de que no pudiere notificarse personalmente, por ignorarse quiénes son las personas o
su domicilio o localización, surtirá los mismos efectos una segunda publicación en el Diario Oficial de la
Federación, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del decreto correspondiente,
los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley.
El único objeto del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior será controvertir el monto de la
indemnización y, en su caso, exigir el pago de daños y perjuicios.
De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización
correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca del recurso
respectivo, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos
Una vez decretada la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio la
autoridad administrativa que corresponda procederá a la ocupación inmediata del bien de cuya
expropiación u ocupación temporal se trate, o impondrá la ejecución inmediata de las disposiciones de
limitación de dominio que procedan.
El decreto en el que se ordene la ocupación temporal o la limitación de dominio no admitirá recurso
administrativo alguno y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo.
En los casos a que se refieren las fracciones III Bis, V, VI y X del artículo 1o. De esta ley,
el Ejecutivo Federal hará la declaratoria de utilidad pública, decretará la expropiación, ocupación temporal
o limitación de dominio y ordenará la ejecución inmediata de la medida de que se trate. Tratándose de la
expropiación, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 2o de esta Ley.
Esta resolución no admitirá recurso administrativo alguno y solamente podrá ser impugnada a través
En los casos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, durante la tramitación del juicio de
amparo que en su caso se instaure, no podrá suspenderse la ejecución de la expropiación, la ocupación
temporal o la limitación de dominio.
Si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación, ocupación temporal o
limitación de dominio no fueren destinados total o parcialmente al fin que dio causa a la declaratoria
respectiva, dentro del término de cinco años, el propietario afectado podrá solicitar a la autoridad que
haya tramitado el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la
ocupación temporal o limitación de dominio, o el pago de los daños causados.
Dicha autoridad dictará resolución dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud. En caso de que se resuelva la reversión total o parcial del bien, el propietario
deberá devolver únicamente la totalidad o la parte correspondiente de la indemnización que le hubiere
El derecho que se confiere al propietario en este Artículo, deberá ejercerlo dentro del plazo de dos
años, contado a partir de la fecha en que sea exigible.
El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al
valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que
figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.
Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior,
se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que
designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen.
También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no
lo nombraren, será designado por el juez.
En los casos de renuncia, muerte o incapacidad de alguno de los peritos designados, se
hará nueva designación dentro del término de tres días por quienes corresponda.
Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que deba nombrarlo y los del
tercero por ambas.
El juez fijará un plazo que no excederá de sesenta días para que los peritos rindan su
Si los peritos estuvieren de acuerdo en la fijación del valor de las mejoras o del demérito,
el juez de plano fijará el monto de la indemnización; en caso de inconformidad, llamará al tercero, para
que dentro del plazo que le fije, que no excederá de treinta días, rinda su dictamen. Con vista de los
dictáMenes de los peritos, el juez resolverá dentro del término de diez días lo que estime procedente.
Contra la resolución judicial que fije el monto de la indemnización, no cabrá ningún
recurso y se procederá al otorgamiento de la escritura respectiva que será firmada por el interesado o en
su rebeldía por el juez.
Artículo 18.- Si la ocupación fuere temporal, el monto de la indemnización quedará a juicio de peritos
y a resolución judicial, en los términos de esta ley. Esto mismo se observará en el caso de limitación de
El importe de la indemnización será cubierto por el Estado, cuando la cosa expropiada
pase a su patrimonio.
Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio de persona distinta del Estado, esa persona cubrirá el
Estas disposiciones se aplicarán, en lo conducente, a los casos de ocupación temporal o de limitación
al derecho de dominio.
La indemnización deberá pagarse en moneda nacional a más tardar dentro de los
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de expropiación, sin perjuicio de que
se convenga su pago en especie.
Salvo en los casos a que se refiere el artículo 8o de la Ley, la autoridad podrá proceder a la ocupación
del bien o a la disposición del derecho objeto de la expropiación una vez cubierto el monto de la
indemnización fijado en el avalúo.
En caso de que el afectado controvierta el monto de la indemnización, se estará a lo dispuesto en el
artículo 11 del presente ordenamiento. Esta circunstancia no será impedimento para que la autoridad
proceda a la ocupación del bien o a la disposición del derecho expropiado.
La indemnización por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una
compensación a valor de mercado, así como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran
ocasionarse por la ejecución de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo referido
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta ley, podrá declarar
la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, en
los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito
Federal conforme a sus atribuciones y facultades constitucionales y legales.
La declaratoria de expropiación se hará en los términos previstos en esta ley.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la dependencia a la que
corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, la
que conocerá del procedimiento a que se refiere el artículo 2o de esta ley.
Esta Ley es de carácter federal en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya
realización competa a la Federación conforme a sus facultades constitucionales, y de carácter local para
La aplicación de esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de
que México sea parte y, en su caso, en los acuerdos arbitrales que se celebren.
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XVIII. Manual: Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, que contiene las carácterísticas de diversos trámites y procedimientos, de acuerdo a los requisitos y plazos que establecen las Leyes y Reglamentos aplicables;
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XXV. Revocación: Acto administrativo emitido por autoridad competente por virtud del cual se retira y extingue a otro que nacíó válido y eficaz, que tendrá efectos sólo para el futuro, el cual es emitido por causas supervenientes de oportunidad e interés público previstos en los ordenamientos jurídicos que modifican las condiciones iniciales en que fue expedido el original; y
TITULO SEGUNDO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO PRIMERO DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos reuniendo el quórum, habiendo cumplido el
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requisito de convocatoria, salvo que estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
En todo caso, se considerarán como elementos de validez de estos actos administrativos los previstos en las fracciones I, III, IV, V y IX del artículo 6, así como contar con el sello y firma del servidor público responsable de la unidad receptora de la autoridad competente y contener en el formato correspondiente la fundamentación aplicable, así como los datos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que, de acuerdo con dicha fundamentación, deba indicar el interesado. Igualmente,
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será elemento de validez del acto que el particular se haya conducido con verdad al llenar el formato correspondiente.
CAPITULO SEGUNDO DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
El acto administrativo válido será eficaz, ejecutivo y exigible desde el momento en que surta sus efectos la notificación realizada de conformidad con las disposiciones de esta Ley, o de que se configure en el caso de ser negativa ficta.
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes actos administrativos:
I. Los que otorguen un beneficio, licencia, permiso o autorización al interesado, en cuyo caso su cumplimiento será exigible a partir de la fecha de su emisión, de la certificación de su configuración tratándose de afirmativa ficta o de aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; y
II. Los actos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia, en los términos de esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables. En este supuesto, dichos actos serán exigibles desde la fecha en que los expida la Administración Pública del Distrito Federal.
Los actos administrativos de carácter general, tales como decretos, acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para que produzcan efectos jurídicos y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Los actos administrativos de carácter individual, cuando lo prevean los ordenamientos aplicables, deberán publicarse en el referido órgano informativo local.
Los acuerdos delegatorios de facultades, instructivos, manuales y formatos que expidan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, se publicarán previamente a su aplicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Los actos administrativos que requieran de la aprobación de dependencias o entidades distintas de las que los emitan, en los términos de las normas aplicables, únicamente tendrán eficacia y ejecutividad una vez que se produzca dicha aprobación.
El acto administrativo válido es ejecutorio cuando el ordenamiento jurídico aplicable, reconoce a la Administración Pública del Distrito Federal, la facultad de obtener su cumplimiento mediante el uso de medios de ejecución forzosa.
La ejecución forzosa por la Administración Pública del Distrito Federal, se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
III. Multa; y
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Tratándose de las fracciones anteriores, se estará a lo que establezcan las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de las facultades de ejecución directa a que se refieren los artículos 17, 18 y 19 de esta Ley.
Si fuere necesario entrar en el domicilio particular del administrado, la Administración Pública del Distrito Federal deberá observar lo dispuesto por el Artículo 16 Constitucional.
Procede la ejecución forzosa una vez que se agote el procedimiento respectivo y medie resolución de la autoridad competente en los siguientes casos:
I.- Cuando exista obligación a cargo de los propietarios o poseedores de los predios sobre los que la autoridad competente haya decretado ocupación parcial o total, de retiro de obstáculos que impidan la realización de las obras de utilidad o interés social, sin que las realicen en los plazos determinados.
II.- Cuando haya obligación de demoler total o parcialmente las construcciones que se encuentren en estado ruinoso o signifiquen un riesgo para la vida, bienes o entorno de los habitantes, sin que ésta se ejecute.
III.- Cuando exista la obligación de reparar las edificaciones que así lo requieran de acuerdo con el reglamento de construcciones del Distrito Federal y no se cumpla con ella.
IV.- Cuando los propietarios o poseedores hubieran construido en contravención a lo dispuesto por los programas, siempre que dichas obras se hubieran realizado con posterioridad a la entrada en vigor de los mismos, y no se hicieran las adecuaciones ordenadas, o bien no se procediera a la demolición ordenada en su caso; y
V.- Cuando los propietarios de terrenos sin edificar se abstengan de conservarlos libres de maleza y basura.
El costo de la ejecución forzosa se considera crédito fiscal, en los términos del Código Financiero del Distrito Federal.
No podrá ejercerse coerción directa sobre la persona, salvo que una norma legal lo autorice expresamente; y respetando las garantías otorgadas por la Constitución.
Los medios de coerción deben estar expresamente contemplados y autorizados por las disposiciones jurídicas aplicables.
La ejecución directa del acto por la Administración Pública del Distrito Federal, será admisible cuando se trate de retirar obstáculos, vehículos o cualesquiera otros efectos o bienes irregularmente colocados, ubicados o asentados en bienes del dominio público del Distrito Federal.
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