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Timestamp: 2019-08-21 20:35:40
Document Index: 214888385

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 499, de 17/04/2018
cve: DSCD-12-CO-499
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 499
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente 121/000020):
- De la señora delegada del Gobierno para la Violencia de Género (Ordóñez Carbajal). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/001590); Socialista (número de expediente 212/001280); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001400) y Mixto (número de expediente 212/001474) ... (Página2)
Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías.
Se abre la sesión de esta Comisión cuyo orden del día consiste en la celebración de comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Nos acompaña la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, doña María José Ordóñez Carbajal, a quien damos la bienvenida y le agradecemos su presencia hoy en esta Comisión. Sin más dilación, le cedo la palabra por el tiempo que considere necesario para poder plantear todo lo que considere oportuno.
La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Ordóñez Carbajal): Muchísimas gracias, presidenta.
En primer lugar, estoy encantada de estar aquí compareciendo esta tarde. Quiero saludar a todos los miembros de esta Mesa y a todas sus señorías que se encuentran aquí. En primer lugar, quiero empezar por decir que es para mí un placer estar hoy en esta Comisión de Igualdad. Hace un año que asumí con gran honor este cargo de delegada del Gobierno para la Violencia de Género para contribuir desde esta responsabilidad en un tema de vital transcendencia en nuestra sociedad. Ha sido un año intenso e importante en mi vida, que he afrontado con dedicación y entrega, con el objetivo fundamental de acabar con este brutal y cruel desafío que es la violencia que se ejerce sobre las mujeres, simple y llanamente por el hecho de serlo. Un año en el que hemos asistido a la culminación de un importante logro, el Pacto de Estado en materia de violencia de género, el cuarto pacto conseguido desde el comienzo de la democracia en España. Un pacto logrado gracias a la implicación de todas las personas, especialmente al trabajo de la subcomisión del Congreso, constituida en el seno de esta Comisión, y a la ponencia del Senado, a quienes desde aquí quiero trasladar mi más sincero agradecimiento. Este es un pacto que nos enriquece como sociedad y que nos une en torno al objetivo fundamental de alcanzar una sociedad libre de violencia sobre las mujeres.
Este pacto es fruto de un triple consenso: político, territorial y social. Político: reflejado en el acuerdo mayoritario alcanzado en el seno del Congreso y del Senado en torno a las medidas de los informes aprobados en septiembre de 2017 en ambas Cámaras. Territorial: al haberse sumado al mismo todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad en su reunión de 27 de diciembre de 2017. Y social: al haberse incorporado al mismo todas las entidades integrantes del pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en su reunión de 15 de diciembre de 2017.
La lucha contra la violencia sobre las mujeres es un objetivo y una responsabilidad que nos define como país, y que compartimos con los otros poderes del Estado, otros departamentos ministeriales y las comunidades y ciudades autónomas que ostentan entre sus competencias la educación, la sanidad y la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Gracias al trabajo de todas las administraciones hemos mejorado los servicios asistenciales; hemos podido acometer y apoyar a las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual; hemos puesto el foco en la atención especializada a grupos de mujeres más vulnerables; hemos podido abordar otras formas de violencia, como la violencia sexual; hemos trabajado en incrementar la sensibilización de la sociedad porque prevenir la violencia y educar en el respeto a los derechos y libertades y en el rechazo a las actitudes violentas es la mejor manera de acabar con ella. Desde 2014 el número de denuncias va en aumento y en 2017 este número alcanzó la cifra de 166 260 denuncias. Gracias a las reformas legales en pro de las víctimas y de los/las menores como el acceso a la asistencia jurídica gratuita y el asesoramiento jurídico previo para que la denuncia sea lo más completa posible, ahora las cosas son un poquito más fáciles.
En definitiva, tratando de integrar y coordinar hemos puesto entre todos los cimientos para conseguir un gran pacto de Estado, que refleja el paso adelante de una sociedad que sabe unirse sin fisuras frente al reto de lograr una sociedad más igualitaria y libre de cualquier forma de violencia contra las mujeres. De ahí la importancia y el alcance del consenso político, institucional y social alcanzado, que pone de manifiesto el compromiso de todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, para poner en marcha acciones concretas que permitan avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Comparezco ante ustedes para una cuestión concreta como es exponer el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, previsto en el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2018. Pero antes de continuar, y una vez mencionada la importancia y trascendencia del logro que supone un Pacto de Estado en Violencia de Género, no quiero que transcurra ni un minuto más de mi intervención sin aludir al objeto de nuestro trabajo: las mujeres y los menores víctimas de violencia de género. Quiero hacer un recuerdo para que esté presente en este momento, y ante todo, la memoria de las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y de los seis huérfanos a causa de estos crímenes víctimas directas de la violencia machista. Por ellos, por su sufrimiento vivido, por el dolor y las heridas de esas familias, para ayudarles en su recuperación estamos desde esta Comisión trabajando y a su lado. Al lado de todas las mujeres que han sido agredidas y que, como consecuencia de ello, tienen lesiones y huellas; al lado de las que sufren cualquier tipo de violencia; al lado de las que lo denuncian o lo callan, viviéndolo en silencio atenazadas por el miedo, aquí y en el resto del mundo. Porque nuestra voz y nuestros avances no solo se dirigen a nuestro entorno, sino que trascienden más allá. Queremos también ser la voz de todas las mujeres, de las mujeres víctimas de trata, explotación o violencia sexual, así como de aquellas que se ven obligadas al matrimonio forzado y las que sufren mutilación genital, entre otras. Por todas las mujeres que sufren maltrato es por lo que, desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar la seguridad de las víctimas e impulsar los cambios necesarios en la sociedad.
Seguidamente, queremos mostrar nuestro más firme rechazo y condena al maltratador y al crimen, así como a esa herencia de patrones culturales arraigados que permiten que la desigualdad anide, se normalice, se tolere y se reproduzca en las distintas épocas y lugares. Como dato podemos decirles que, a 31 de diciembre de 2017, había 6369 internos en centros penitenciarios implicados en delitos de violencia de género, con lo que el número de internos ha aumentado con respecto a la cifra registrada en la misma fecha de 2016, que era de 6058. En este sentido, quiero mencionar a esas mujeres visionarias que individualmente, o por medio de la creación de organizaciones y asociaciones, alzaron la voz contra las injusticias y pusieron nombre a la discriminación, con una labor feminista incansable, continua y tenaz que hoy continúa con el mismo fervor que el primer día.
Establecidas estas premisas iniciales de mi exposición, y llegando al motivo que nos ocupa, quisiera resaltar el firme compromiso del Gobierno de España y de la sociedad española en esta causa, que es la de conseguir una sociedad libre de violencia de género. El presupuesto del que ahora voy a hablarles es muestra y evidencia de ese compromiso, así como del cumplimiento de las propuestas formuladas en los informes de la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de género y de la ponencia de estudio del Senado para elaborar estrategias contra la violencia de género.
Antes de empezar a analizar números y cifras del programa presupuestario correspondiente a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, deseo recordar a sus señorías que las políticas de igualdad y contra la violencia sobre las mujeres están basadas en la transversalidad, tal y como establece el propio Convenio de Estambul y la Ley Orgánica 1/2004, por lo que hay que tener en cuenta todas las cuantías invertidas en la lucha contra la violencia de género desde otros departamentos ministeriales, especialmente Interior, Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social, y Hacienda. De hecho, todos estos ministerios están especialmente involucrados en el desarrollo de las medidas incluidas en los informes del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Nunca antes en España un Gobierno se había comprometido tanto con la lucha contra la violencia sobre las mujeres, destinando la cifra histórica de 408 millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2018. Esta cifra supone un incremento de 80 millones respecto del ejercicio anterior, de conformidad con la medida 206 del informe de la subcomisión del Congreso. El incremento de los 80 millones de euros, competencia del Gobierno de España, se refleja de la siguiente manera: Ministerio de Sanidad, 9,2 millones; Ministerio de Justicia, 13,6 millones; Ministerio de Interior, 43 millones; Ministerio de Empleo, 12,2 millones; Ministerio de Hacienda, 2 millones. Esto hace un total de 80 millones de euros. Por otro lado, hay que tener en consideración las múltiples competencias, fundamentalmente de carácter asistencial, que en esta materia de prevención, atención, apoyo y lucha contra la violencia sobre las mujeres detentan las comunidades autónomas que destinan partidas a este fin en sus presupuestos autonómicos.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2018 la financiación de las administraciones territoriales va a aumentar 4248 millones de euros respecto a 2017, a través del sistema de financiación autonómica. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de su competencia en el pacto de Estado, debiendo incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y de 20 millones de euros respectivamente, para financiar dichas medidas.
Tampoco hay que olvidar las subvenciones con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas -estamos hablando de la transversalidad de los presupuestos-, ya que como sus señorías conocerán a partir del 2017 el 80 % de lo recaudado con cargo al 0,7 % del IRPF ha sido gestionado por las comunidades autónomas, mientras que al Estado se ha asignado el 20 % restante, es decir, una cantidad mucho menor que la que gestionaba el Estado durante los años anteriores. De ese 20 % restante gestionado por el Estado, la cuantía destinada a programas de prevención de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres ha ascendido en el año 2017 a 7 085 441,40 euros, incrementándose esta financiación con respecto a años anteriores. Con cargo al tramo estatal del IRPF se financiaron cuarenta y un programas destinados a la protección, asistencia y recuperación de las mujeres que sufren cualquier forma de violencia y a la protección de sus hijos e hijas, así como a la atención a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esta es otra forma de mostrar nuestro compromiso con la causa y también con las organizaciones sociales.
Después de todas estas reflexiones creo que estamos en mejor situación de analizar con detalle el presupuesto de este órgano directivo. Y deberíamos felicitarnos, puesto que se trata de un incremento de 7 777 920 euros en el programa 232.C, actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, un 24,51 % más que en el año 2017, ascendiendo la cifra total a 39,5 millones, frente a los 31,73 millones del ejercicio 2017. Este 24,51 % de incremento implica cuatro puntos porcentuales más que el 20 % establecido en el Pacto de Estado, y en concreto en la medida 206, apartado a) del informe de la subcomisión del Congreso. El presupuesto de 2018 es el mayor desde la creación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2005.
Pasamos ahora a hablar de la distribución del crédito en las siguientes partidas fundamentales. En cuanto a los servicios y recursos directos de la delegación, más de 23 millones de euros, en torno al 60 % del presupuesto, se destina al conjunto de servicios y recursos que tienen como destinatarias directas a las mujeres que han padecido o padecen esta violencia así como sus hijos e hijas menores. Esto es, por una parte, los gestionados directamente por la delegación del Gobierno, como son el 016, ATENPRO, dispositivos telemáticos de control y las ayudas sociales para mujeres concedidas al amparo del artículo 27 de la Ley Integral, y por otra, el conjunto de transferencias a las comunidades autónomas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral consagrado por la Ley Orgánica 1/2004 y la atención a las víctimas de otras formas de violencia contra la mujer, entre ellas la violencia sexual. Con ello se pone de manifiesto la prioridad que para nosotros supone la atención a las víctimas y sus hijas e hijos, revisando y potenciando los servicios asistenciales. Nada hay por delante ni de mayor importancia que la atención a mujeres y menores.
Por lo que se refiere al 016 desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y desde el 2007 que comenzó el servicio, nuestro empeño ha sido la introducción de mejoras, reforzándose el servicio al incorporar el 016 online para la realización de consultas por vía telemática en el año 2015 -durante el año 2017 se han recibido más de quinientas consultas en el 016 online-, o la plataforma Svisual desde el año 2014 para la accesibilidad de mujeres con discapacidad auditiva. De acuerdo con los datos reportados por el propio servicio, en el año 2017 se realizaron 7117 llamadas más que en 2011, lo que supone un incremento del 10 %. Desde la puesta en marcha del servicio, desde el 3 de septiembre de 2007 y hasta el 28 de febrero de 2018, se han efectuado un total de 737 478 llamadas pertinentes. Además en junio de 2017, tras numerosas gestiones con las compañías fabricantes de teléfonos móviles, se alcanzó un acuerdo con determinadas empresas para la eliminación automática del rastro de la llamada al 016 en los terminales móviles. Desde aquí quiero manifestar nuestro agradecimiento al esfuerzo y al compromiso de estas compañías de telefonía. Ya se había eliminado la huella en las facturas para que la posibilidad de identificación de la misma por el agresor no evidenciase la acción de la víctima. Como bien saben ustedes, este servicio es de vital transcendencia ya que muchas víctimas aseguran que les ha salvado literalmente la vida y esa llamada al 016 les abrió la puerta a la esperanza.
En cuanto al servicio ATENPRO, que se presta en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, va a ver incrementado su presupuesto en 400 000 euros en 2018, pasando de 3 600 000 euros a los 4 millones de euros. A 28 de febrero de 2018 había 12 765 usuarias activas en el servicio ATENPRO, lo que supone un 9,9 % más que en la misma fecha del año anterior. El incremento en el presupuesto para este servicio de teleasistencia móvil tiene como objetivo hacer frente al número creciente de usuarias del mismo, en particular en el medio rural, y cubrir los costes que ello supone. Varias de las medidas del Pacto de Estado conscientes de la situación insisten en ello y el servicio ATENPRO,
gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias, es un claro ejemplo de este acercamiento a la información y al apoyo a las víctimas de violencia de género en el medio rural.
Para el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género, llamados brazaletes o pulseras, se prevé un incremento de más de 800 000 euros, en concreto 806 270 euros, quedando para 2018 en 5 200 000 euros, siendo superior en un 18,35 % al de 2017. A 31 de diciembre de 2017 había 1019 dispositivos activos, para ser exactos 1029 en febrero del 2018, es decir, un 15,2 % más que en la misma fecha del año 2017. A día de hoy y en la comparación con 2011, el número de dispositivos activos ha aumentado un 31,8 %, ya que había 781 a 31 de diciembre de 2011. Esta paulatina y ascendente utilización de las pulseras como medio y garantía de la seguridad de las mujeres, además de la lógica renovación tecnológica de los aparatos, supone e implica una dotación presupuestaria mayor, como así se expone en los presupuestos. Todo esfuerzo es poco, y nada hay de mayor importancia para este Gobierno que la seguridad de las mujeres
En cuanto a las ayudas sociales concedidas al amparo del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 destinadas a mujeres víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad y escasos recursos económicos destaca el incremento, superior al 117 %, del importe destinado al reembolso de las mismas, siendo el crédito previsto para 2018 superior a 3,7 millones de euros, esto es más del doble del importe consignado en el presupuesto de 2017. En aplicación del Pacto de Estado, la reforma que se está redactando de la Ley Orgánica 1/2004 contempla la compatibilidad de estas ayudas con otras de ámbito autonómico que las victimas puedan recibir, con lo que es previsible un incremento mayor del número de beneficiarias. Desde 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2017 se han concedido 5143 ayudas económicas del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004. Considerando el cómputo por años, en 2016 se concedieron 721 ayudas, el mayor número desde el primer año de concesión, desde el 2006. A partir de 2013 se registran los mayores valores de número ayudas concedidas, correspondiendo a este periodo de cinco años más del 58 % del total de ayudas.
En la partida presupuestaria para Programas de Asistencia Social Integral (ASI), se ha producido un incremento de 800 000 euros en el concepto 450, destinado al apoyo a las comunidades autónomas, para hacer efectivo el derecho de las mujeres a la asistencia social integral prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004. Esta partida pasa de los 5,7 millones de euros a 6,5 millones, lo que supone un aumento del 14,04 %. Con ello se contribuye al cumplimiento de algunas de las medidas contempladas en el eje 3 del informe de la subcomisión del Congreso que está destinado al perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, así como a sus hijas e hijos menores.
Los proyectos financiados a las comunidades autónomas en 2017 en concepto de ASI se han dirigido a las siguientes actuaciones: fundamentalmente y en concreto, catorce comunidades autónomas han destinado los fondos a casas de acogida, centros de emergencia, así como a asistencia a las víctimas; cuatro comunidades autónomas, a proyectos de atención a mujeres en el medio rural; la mayoría a la atención a mujeres mayores; a atención a menores; a actuaciones para promover la sensibilización y prevención de la violencia; y a la formación de profesionales. A estas cantidades de apoyo a las comunidades autónomas y entidades locales hay que añadir un millón de euros para la implementación de la propuesta común de coordinación y planes personalizados.
Por otro lado, se mantienen sin variaciones las transferencias introducidas en 2017 destinadas a las comunidades autónomas por un total de 2 000 000 euros para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. Con ello también se da cumplimiento a varias de las medidas del pacto relacionadas con la atención y prevención de la violencia sexual, como otra de las formas de violencia que afecta especialmente a las mujeres. Los proyectos financiados en 2017 con esta nueva partida se han dirigido a las siguientes actuaciones: la atención, apoyo y recuperación de víctimas de agresiones sexuales y a la prevención de las agresiones sexuales. El total que se destinará, pues, a trasferencias a comunidades autónomas es de 9 500 000 euros para programas de apoyo directo a las víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres frente a los 8 700 000 de 2017, lo que supone un incremento del 9,2 %.
Creo, señorías, que es una clara muestra de la voluntad de este Gobierno de trabajar por la recuperación integral de las mujeres que sufren la violencia de género y de sus hijos e hijas, aportando cada año mayores cantidades para que los programas de las comunidades autónomas sean más completos y de mayor calidad. Quiero recordar además que esta partida, que se creó por Ley Orgánica 1/2004, en su disposición adicional decimotercera para violencia de género, la hemos ampliado a otras formas de violencia sobre la mujer. Con el funcionamiento de esta partida puede verse bien cuál es la
tarea de la delegación en cuanto a la asistencia social integral: se colabora con las comunidades autónomas en función de determinados criterios prioritarios -objetivo y calidad de los programas financiados-, pero se deja al albur de las comunidades la actuación específica a la que se destine la cantidad otorgada. El reparto de los fondos entre las comunidades autónomas se realiza atendiendo a criterios tales como la dispersión poblacional; el porcentaje de mujeres mayores de 15 o más años sobre el total nacional; el porcentaje de mujeres extranjeras de 15 y más años de cada territorio, etcétera. También asigna una cuantía a tanto alzado y una cuantía para que todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas alcancen una cantidad mínima de 100 000 euros en el reparto. Actualmente estamos trabajando con las comunidades autónomas para revisar estos criterios. Tras una petición en la última conferencia sectorial, se creó un grupo trabajo y nos estamos haciendo eco de sus demandas para contemplar aspectos como la insularidad y la condición de ciudades fronterizas. Concretamente en el ámbito de la coordinación y el trabajo en red, con el impulso de la delegación del Gobierno se han puesto en marcha a lo largo de los últimos años importantes iniciativas, como la Red Nacional de Centros de Acogida, la Red nacional de unidades de coordinación y violencia sobre la mujer, la integración en el Sistema VioGén de los servicios asistenciales, los puntos de coordinación y policías locales, o la adhesión a la iniciativa de las comunidades autónomas denominada Empresas por una sociedad libre de violencia de género. Se seguirá trabajando y profundizando en este marco.
Además, el pacto de Estado dedica parte de sus medidas a la visualización de otras formas de violencia contra las mujeres y, en especial, de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, con la que la delegación del Gobierno tiene un especial compromiso desde 2012. Por ello, destaco especialmente el incremento en la partida destinada a las organizaciones y asociaciones que trabajan en la protección y asistencia a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, cantidad que se duplica este año 2018 al pasar de los 2 millones a los 4 millones de euros previstos para 2018. Con cargo a estas subvenciones se llevarán a cabo determinados proyectos como servicios de asistencia y protección, dispositivos de acercamiento y detección de posibles víctimas, unidades móviles, otros dispositivos de apoyo jurídico, acompañamiento, formación, inserción sociolaboral, etcétera. En esta materia desde la delegación del Gobierno impulsamos la coordinación y participación de instituciones y organizaciones a través del Foro social contra la trata con fines de explotación sexual y la Comisión de seguimiento del Protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos; y en cumplimiento de la medida 189 del informe de la subcomisión del Congreso, en la delegación del Gobierno impulsaremos los trabajos de redacción de una ley de medidas de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas.
Dentro del capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, se incrementa la dotación para estudios y trabajos técnicos en 282 320 euros. Este incremento va a ir dedicado fundamentalmente al desarrollo de medidas del pacto relacionadas con la mejora del conocimiento acerca de las distintas formas de violencia sobre las mujeres, con especial atención a la violencia sexual. En ese sentido, son varias las medidas del pacto que proponen la elaboración de estudios e informes sobre la incidencia de la violencia de género en los y las menores o sobre determinados colectivos de mujeres especialmente vulnerables, como las mujeres del mundo rural, mujeres mayores, mujeres con discapacidad, etcétera. También se incrementa un 20 % el presupuesto destinado a publicación de materiales divulgativos y de información sobre violencia contra las mujeres, concepto 240. Desde la delegación somos conscientes de que profundizar en el conocimiento de determinados aspectos de la violencia sobre las mujeres, con el fin de conocer la realidad y la dimensión del problema, poseer datos objetivos y reales que puedan poner negro sobre blanco para el diseño de líneas de acción, es básico para ser eficaces implementando nuevas políticas públicas o llevando a cabo modificaciones legales y planes donde más se necesitan. Por ello, entre 2017 y 2018 y anticipándonos a las medidas del pacto de Estado, hemos elaborado un importante estudio sobre la percepción social de la violencia sexual en España, un estudio pionero en España y en Europa, cuyos resultados presentaremos en breve. Además de todo lo indicado, que afecta únicamente al programa 232.C, Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, hay que señalar que la delegación destinará 30 000 euros en el presupuesto del programa 000X, es decir, transferencias internas, para iniciar los trabajos preparatorios de la macroencuesta sobre la violencia de género que se desarrollará en 2019, que se configura como una herramienta estadística básica y la más relevante en España sobre la violencia contra las mujeres.
El capítulo 6, inversiones reales, del presupuesto de gastos de la delegación asciende en 2018 a 12,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 21 % respecto de 2017. Con este capítulo se
hace frente principalmente al gasto en dispositivos telemáticos, al que ya hemos hecho referencia, así como en campañas de sensibilización y acciones de formación. Este capítulo contiene como novedad las campañas de información y sensibilización. El presupuesto para prevenir las distintas formas de violencia de género se incrementa en 1 500 980 euros, pasando de los 6 023 170 millones de 2017 a los 7 524 150 millones de 2018, es decir, un aumento de casi el 25 %. Todo ello está destinado al desarrollo de las medidas del eje uno del pacto de Estado, dedicado a la ruptura del silencio cómplice del maltrato. En la delegación somos conscientes de que la erradicación de la violencia de género requiere un cambio social y cultural, y para ello necesitamos poner nuestro énfasis en la prevención. En esta área los datos de los que disponemos demuestran la elevada utilidad de las campañas de sensibilización, que consideramos una prioridad. Les recordaré un dato que ya mencione en mi comparecencia del año pasado, pero que me parece relevante; en el estudio de la delegación del Gobierno sobre percepción social de la violencia de género que se realizó en el año 2015, se señala que el 79 % de la población española considera que las campañas de sensibilización son útiles para concienciar a la población sobre la violencia de género, y el 77 % cree que sirven para ayudar a las víctimas de violencia de género a tomar conciencia de su situación.
Les mencionaré algunos de los datos concluyentes derivados de los estudios postest realizados tras cada una de las campañas del año 2017: la campaña dirigida a adolescentes, Corta a tiempo, tuvo 4 000 000 de reproducciones en YouTube en solo dos semanas. Respecto a la campaña, No inviertas en sufrimiento, contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, es la primera vez que una campaña de este tipo se emite en televisión. La valoración de la campaña denominada No permitas la violencia de género, dirigida a la población general, es positiva para un 78 % de las personas encuestadas, el 90 % por la claridad del mensaje. Por ello, para este año 2018 están previstas cinco campañas de sensibilización: una dirigida a jóvenes y adolescentes; otra contra la violencia de género dirigida a la población general; otra también contra la violencia de género, pero especialmente dirigida a las mujeres con discapacidad por su mayor vulnerabilidad; otra contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; y por primera vez, se va a lanzar una campaña de prevención de la violencia sexual. Para llegar a la población joven y adolescente, además de los medios tradicionales, se ha puesto énfasis en nuevas formas de difusión utilizando las redes sociales y nuevos canales como YouTube.
En este afán de colaboración con todas las administraciones, todas estas campañas, las nuevas y las lanzadas en años anteriores, se han puesto a disposición de las comunidades autónomas, incluso se han ofrecido a las entidades locales, con el fin de que las repliquen en sus respectivos territorios. Asimismo, el material de sensibilización se pone a disposición de todos los agentes y, en especial, es de destacar el papel que desempeñan en su difusión las empresas -nos parece justo mencionarlo- que forman parte de la iniciativa Empresas por una sociedad libre de violencia de género. Estas entidades hacen de altavoz hacia sus clientes y su personal, con un fuerte impacto externo, para sensibilizar a la sociedad y erradicar la violencia de género mostrando un compromiso absoluto. Han realizado actuaciones novedosas para la difusión de la campaña denominada Hay salida, usando diferentes canales de comunicación. Con estas actuaciones se impacta en 30 millones de potenciales clientes que cada día acuden a los centros comerciales, establecimientos, sucursales o entidades vinculadas a la iniciativa. Estas actuaciones aunque no están reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado porque no suponen coste alguno para la Administración, cumplen una función fundamental que es la de hacer pedagogía y concienciar en cada uno de estos ámbitos. Vamos por el buen camino. Según la encuesta de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unió Europea, el 83 % de las personas encuestadas en España declaró haber visto o escuchado recientemente campañas publicitarias contra la violencia sobre la mujer, frente al 50 % de media en la Unión Europea. Creo que esto es algo positivo.
Además de todo lo anteriormente expuesto, en este capítulo se contempla una nueva partida de 72 500 euros destinada a la puesta en marcha de una plataforma online para la formación de profesionales en el ejercicio 2018; una actuación de carácter plurianual que se extenderá a los ejercicios 2019 y 2020, a los que está previsto imputar un gasto anual de alrededor de 50 000 euros. El impulso de la formación de profesionales que mejore la respuesta asistencial a las víctimas es el eje cinco del pacto de Estado. Para garantizar a las víctimas de violencia la mejor asistencia posible es necesario que se amplíe la formación especializada de todos los agentes que intervienen en el proceso, desde la prevención, la protección, la ayuda y la recuperación de las víctimas. Por otro lado, se mantiene la dotación de 80 000 euros del convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias iniciado en 2015, para la formación online de profesionales que atienden a víctimas de violencia de género en el ámbito local. Son mil personas formadas cada año en los servicios municipales más el aula virtual
En definitiva, del presupuesto total de la delegación alrededor del 60 % se destina a la prestación de servicios directos para las mujeres y menores. Hay que destacar el esfuerzo que se ha realizado en las actuaciones para la atención integral a la violencia de género, que se ha incrementado hasta los 6,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14 % respecto al ejercicio de 2017, año en que se superaron por primera vez los niveles de 2010. Asimismo, hay que destacar el importante incremento presupuestario que experimenta todo lo relativo a campañas de sensibilización ya que, como reconoce el propio pacto de Estado, la prevención es fundamental para cambiar los estereotipos y prevenir la violencia contra las mujeres. Se mantienen otras partidas como las becas de formación y los premios a la mejor tesis doctoral. Señorías, en conclusión, los Presupuestos Generales del Estado para 2018 de la delegación del Gobierno experimentan un incremento superior al 24 %, lo que implica cuatro puntos porcentuales por encima de lo establecido. El presupuesto de la delegación en 2018 ascenderá a 39,5 millones de euros, el más elevado desde su creación. Como he señalado al principio de mi intervención, el presupuesto destinado a la erradicación de la violencia contra la mujer no se circunscribe únicamente al de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sino que hay que tener en consideración el presupuesto del conjunto de las administraciones públicas que intervienen en la prevención, la protección, la atención y la recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género.
Y para finalizar, quiero destacar que como servidores públicos debemos optimizar al máximo los recursos de los que disponemos, con creatividad, buscando nuevas posibilidades de mejorar la gestión e implicando cada vez más a nuevas instituciones, entidades y personas, que quieren aportar su granito de arena en la construcción de una sociedad libre de cualquier forma de violencia sobre las mujeres; poniendo, en definitiva, un filtro de igualdad y respeto a toda la sociedad; construyendo otra mirada para desarrollar esa conciencia de modo que podamos ver la realidad que tenemos delante.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Ordóñez, por su intervención.
A continuación, tienen la palabra, por un tiempo de diez minutos, los portavoces de los grupos parlamentarios que solicitaron esta comparecencia de menor a mayor. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, señora presidenta.
Señora Ordóñez, gracias por la comparecencia, no dudo de su dedicación personal en este año, que ha remarcado mucho, pero la verdad es que los datos que nos aporta hacen entrever que puede tener mucha dedicación personal, pero poco presupuesto. Usted ha dicho que el pacto de Estado nos une y no lo dudábamos cuando algunos partidos, como es nuestro caso, lo firmamos con la nariz tapada pensando que no era un pacto suficiente, pero que si valía para que el Gobierno se comprometiera en la lucha contra la violencia machista, mejor eso que nada, sin embargo, lo que nos encontramos ahora es que el Gobierno incumple ese pacto de Estado. Ya en el momento de desarrollarlo dejó fuera y no incluyó a las entidades, cosa que pedimos muchos partidos, y ahora encima lo incumple. Usted nos daba datos, pero resulta que el punto 207A establece: los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencia a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado, pero esta partida no está. En el punto 207B se establece: los Presupuestos Generales del Estado destinarán a las comunidades autónomas un incremento anual de 100 millones de euros, pero tampoco está en los Presupuestos Generales del Estado. Un pacto que el Gobierno intentó monopolizar y hacer propio, cuando en el Parlamento estábamos trabajando, y muy duro, para intentar sacarlo adelante; en distintas ocasiones cediendo en muchísimas cosas que no nos gustaban solo para que el Gobierno al final se comprometiera, pero automáticamente tarda seis meses en tener cualquier tipo de dotación presupuestaria y, además, en el momento en que tiene esa dotación presupuestaria, directamente lo incumple; destina los 80 millones repartidos por todo el presupuesto que compromete a la Administración General del Estado, pero de los 120 millones que comprometió para las autonomías y los ayuntamientos nada encontramos.
Nos parece que su intervención tiene mucha literatura, pero poco presupuesto. Podemos recordar a las víctimas, podemos reconocer todo este trabajo, pero la verdad es que si no hay dinero para poner en marcha las medidas del pacto de Estado, no podemos hacer mucho más. También debemos tener en cuenta que no podemos asfixiar más a las comunidades autónomas, ya están bastante asfixiadas. La financiación autonómica es una trampa que el Gobierno central está utilizando, y mucho, en contra de los Gobiernos autonómicos, y no podemos cargar ni a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas
con ese compromiso y esa dotación presupuestaria a la que se comprometió desde aquí el partido del Gobierno, el Partido Popular, firmando este pacto de Estado. Dicho todo esto, nos gustaría saber qué va a pasar con todo ese dinero que el Partido Popular comprometió y que ahora no se ve reflejado en los Presupuestos Generales del Estado; nos gustaría que usted nos explicara cómo se va a reflejar en acciones toda esta literatura que nos ha contado y todas estas buenas propuestas que nos trae aquí, si falta más de la mitad del presupuesto para 2018 de ese pacto de Estado contra la violencia machista.
Por último, para no extenderme más, usted ha hablado muchísimo de la protección de las mujeres, cosa que es importantísima, nadie lo va a poner en duda, pero nada de sensibilización, de educación, de tener en cuenta que las mujeres no seamos agredidas porque, una vez que se produce la agresión, podemos proteger, pero no podemos evitar el daño. Y una de las cosas en que se centraba este pacto de Estado -aunque parece que el compromiso no era tal como se decía en un principio- era precisamente evitar esas agresiones y no poner tiritas una vez hecho el daño.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, entiendo que es una intervención de diez minutos.
Agradecemos a la delegada del Gobierno su comparecencia y su explicación bastante extensa respecto al pacto de Estado. La verdad es que en la Comisión de Igualdad estamos las diputadas y los diputados que estuvimos trabajando en esa subcomisión, y admito que reconocemos cuál es el contenido del pacto, así como el devenir del mismo -que también nos ha explicado la ministra, yo diría que con bastante detalle- porque todas y todos estamos lo suficientemente implicados como para saber que conocerlo bien es importante porque nos va la vida en ello. Entonces, todas esas explicaciones, que entiendo que una vez más tienen sentido de cara a la ciudadanía, nos han resultado un poco redundantes. Tenemos algunas dudas al respecto, y la primera que quisiera trasmitirle es si siguen contando ustedes las víctimas de violencia machista o de género como se contaban antes de que se formulara este pacto. Ya no podemos decir que en 2018 han sido asesinadas 9 mujeres; tenemos que hablar de 21, 22 o 23 asesinatos machistas. En cualquier caso, cada año no se pone el contador a cero; pensamos que es más importante hablar de las 42 personas asesinadas por violencia machista desde que en septiembre del año pasado se aprobara el pacto de Estado. Por responsabilidad política nos parece que este es el cómputo más justo y más honesto que podemos hacer, precisamente para demostrar nuestro compromiso con erradicar la violencia que sufren y a la que estamos expuestas todas las mujeres en este país.
Pero quiero entrar en el detalle de algunas cuestiones porque no me salen las cuentas, será que soy de letras. Echo en falta aquí, se lo digo con toda la cordialidad, una pizarra o al menos una proyección que nos permita ir señalando o computando todas las partidas presupuestarias porque no nos salen las cuentas, y no solo a nosotras, tampoco les salen a las organizaciones que se dedican a mirar con lupa los Presupuestos Generales del Estado desde una perspectiva o impacto de género. No nos salen las cuentas cuando miramos el libro amarillo, el rojo y el verde. Se lo voy a contar ahora, pero previamente me parece importante hablar de los 120 millones, 100 para las comunidades autónomas y 20 para las administraciones locales, que tenían que ir con un sistema de financiación directo. Me imagino que usted conocerá el Foro de Municipios por el Pacto de Estado, que se reunieron en Madrid hace tan solo unos días, en el que se habló de uno de los compromisos que tenía dicho pacto, en concreto la medida 206, sobre una partida presupuestaria directa tanto para las administraciones locales como para las comunidades autónomas, que al fin y al cabo van a ser los encargados de ejecutar la mayor parte de esas más de 200 medidas porque están pensadas desde el punto de vista asistencial, preventivo y de protección y, por lo tanto, todo el trabajo será precisamente para ellos. Sin embargo, vemos que esa financiación directa de 100 más 20, 120 millones de euros, no está como debería, sino que queda a merced de las comunidades autónomas y de las administraciones locales, que bastante asfixiadas están. El hecho de que estas, de repente, tengan que adquirir competencias sin tener recursos, nos parece una trampa.
Además de esto, como decía, vamos a analizar esos 80 millones de euros porque no nos salen las cuentas, quizás sea un problema nuestro. Hay un aumento, que es el más significativo, de 7,8 millones en el programa presupuestario 232.C, que gestiona precisamente la delegación del Gobierno que usted dirige, y que pasa de tener 31,7 millones de euros en 2017 a tener 39,5 millones en 2018, entre los que
no hay un céntimo para ayuntamientos ni para transferencias a comunidades autónomas, que bajan de 10,9 a 9,7 millones. Sí suben 6,4 millones las transferencias para atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, teleasistencia y otros programas de lucha contra la violencia de género. La partida de renta activa de inserción a víctimas de violencia de género sin recursos, esa cuantiosa -lo digo con ironía- cantidad de 430 euros al mes con la que muchas mujeres tienen que intentar desarrollar sus vidas con dignidad en situaciones de mucha vulnerabilidad, sube de 1,7 a 3,7 millones; eso son 2 millones más, no los 7 millones que figuran en la página 304 del libro amarillo. Y aumenta la inversión en dispositivos electrónicos llegando a 4 millones, precisamente nos lo contaba usted, pero esto es 400 000 euros respecto al ejercicio de 2017. Sigo haciendo números -y como decía, echo de menos una pizarra-, hay 4,9 millones en la partida 42-005, de transferencias de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, para financiar prestaciones de orfandad a hijas e hijos de víctimas mortales de violencia de género. En el programa 112.A del Ministerio de Justicia, de tribunales de justicia y Ministerio Fiscal, hay un aumento de 36,7 a 48,7 millones, esto son 11,4 millones más a transferir a los colegios de abogados y procuradores para asistencia jurídica en el turno de oficio. Y lo que vemos es que estos 9,9 millones sumados a los 7,8 millones de la delegación del Gobierno, suponen unos 17,7 millones para mejorar la prevención y la atención a la violencia machista, pero ayúdenos en la réplica porque, además de no encontrar en una vía de financiación directa los 120 millones, no nos salen los 80 millones.
En el tiempo que me queda, no quiero dejar de hacer una referencia al servicio del 016 -si usted quiere decirnos algo al respecto porque estamos hablando de Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, de partidas presupuestarias- y su adjudicación a una empresa que ni siquiera había participado en el concurso. Esta es una noticia que conocimos la semana pasada; de hecho, desde el momento en que sale la noticia no se puede acceder al anuncio que figuraba en la página web y dicen que el servicio del anuncio está en suspensión. Por último, un par de cuestiones que me parecen relevantes. Al margen de que este tipo de comparecencias tengan que ser arduas, incluso espesas porque estamos hablando de números y en ellos nos va la vida, me parece necesario hablar de cómo se percibe esto en la calle o, más bien, quienes tienen que hacer las cuentas y los números cómo perciben lo que se está diciendo en la calle. Ante las movilizaciones, no solo la del 8 de marzo, sino todas las movilizaciones que hemos visto por el derecho a una ciudadanía que no sea de segunda, por el derecho a unas vidas libres de violencia machista, en las que se han manifestado mujeres de todas las edades detrás de consignas como "Juana está en mi casa" o "Hermana, yo sí te creo"; después de todo eso, después de estar esperando los 200 millones de euros prometidos por la ministra, que en teoría se iban a ejecutar si no teníamos los presupuestos en marzo -y no los tuvimos en marzo, en ello estamos ahora precisamente-; como digo, después de todo eso nos encontramos que lo previsto dentro de los Presupuestos Generales del Estado para ese pacto es insuficiente, y como decía antes la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, además de eso ni siquiera se cumple lo dispuesto en el pacto porque, si no, ayúdenos a encontrar dónde está la financiación directa de esos 20 millones de euros para las administraciones locales, de esos 100 millones de euros para las comunidades autónomas, y dónde están los 80 millones de euros que no somos capaces de encontrar en su totalidad. Y no solo nosotras, unas diputadas que somos vehículo para la ciudadanía, sino organizaciones que se dedican a mirar con lupa estos presupuestos. Así que, señora delegada del Gobierno, por favor le pido que nos saque de nuestro error, si es que es así y, si no, que nos dé explicaciones de por qué faltan todos esos millones de euros para algo tan sensible como es la violencia a la que estamos expuestas todas las mujeres en este país.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Álvarez, por un tiempo de diez minutos.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.
Bienvenida, señora Ordóñez, permítame que le diga que no hay nada nuevo en los presupuestos que trae usted hoy aquí, absolutamente nada. Y eso es muy sorprendente si consideramos que acabamos de cerrar un pacto con 214 medidas. Es cierto que ustedes han toreado ese pacto, y me voy a poner taurina esta tarde porque, de facto, lo que han hecho ustedes con los presupuestos es meterle la puntilla que ha descabellado ese acuerdo. Usted viene esta tarde a hablarnos de los presupuestos de su departamento, pero es responsable del organismo coordinador contra las distintas formas de violencia hacia la mujer por razón de género, y entre sus competencias está -cito literalmente- impulsar, coordinar y asesorar todas
las medidas que se lleven a cabo en esta materia. Por tanto, le haré preguntas sobre cuestiones que usted debe conocer como responsable de la coordinación de esas políticas públicas.
Antes de entrar en materia sobre su departamento, como se puede imaginar, me detendré en una primera cuestión sobre la asignación financiera para el cumplimiento del pacto. ¿Sabe usted por qué las diputadas de la subcomisión insistimos en que los fondos apareciesen como finalistas y condicionados, que son dos palabras que aparecen en el pacto? Pues porque el pacto quiere garantizar que los fondos se destinen a aquello para lo que han sido acordados. Fíjese qué cosa tan importante. ¿Sabe usted por qué las comunidades autónomas no estuvieron en la negociación? Porque fue el Gobierno con quien llegamos a un acuerdo para derivar 120 millones anuales al cumplimiento del pacto, y es el Gobierno el que, vía Presupuestos Generales del Estado, como ya ha indicado alguna otra diputada, a través de transferencias identificadas finalistas y condicionadas, debía acordar un reparto para comunidades y ayuntamientos. ¿Usted cree que los diputados de esta Cámara somos unos indocumentados o no conocemos las leyes de este país? Lo digo porque estas semanas hemos tenido que oír del Gobierno unas cosas tremendas. Mire, quienes estuvimos en los acuerdos propusimos tres cosas muy claras; que eran fondos finalistas, que eran fondos condicionados, y otra cosa más que le voy a citar literalmente -abro comillas-: "El Gobierno de España negociará los criterios de reparto con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia interterritorial, atendiendo a la población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas". ¿Usted es consciente de que no pueden cumplir nada de esto? No pueden ir a una conferencia interterritorial a negociar absolutamente nada, ¿sabe por qué? Porque ustedes no han incluido en los presupuestos los 120 millones. Si es que no hay nada que negociar, no pueden negociar eso. Mire, las diputadas sí conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, sobre los fondos de financiación autonómica. Las diputadas sí conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional 13/92, sobre los fondos de financiación autonómica. Esa sentencia deja claro que la financiación autonómica no puede ser condicionada porque esto limitaría la autonomía de las comunidades autónomas en el desarrollo de sus competencias. Todas las diputadas que estuvimos en la subcomisión, de todos los grupos políticos, insistimos en tener un control riguroso y financiero sobre a qué se iban a destinar esos fondos. Por tanto, cuando los diputados y las diputadas insistimos en poner esas tres condiciones a los fondos, lo que hicimos fue poner en el pacto lo que había que poner: finalistas, condicionados y negociados con criterios de reparto.
Ustedes llevan unos cuantos días en campaña mediática explicando por todas las redacciones que esos fondos deben ponerlos las comunidades autónomas, pero saben lo que implica un fondo finalista y condicionado y, por tanto, están llamando, creo, no sé si estúpidos o ignorantes a sus señorías y, por supuesto, a todos los catedráticos y expertos en financiación autonómica. Le presentaré más adelante algún documento firmado por el secretario de Estado que refuerza lo que estoy diciendo.
Le voy a hacer algunas preguntas. Ustedes hacen una previsión de 960 municipios adheridos al servicio Atenpro, y la pregunta es por qué no han previsto aumentar el número de municipios, porque esa es exactamente la misma cifra que teníamos el ejercicio anterior. Veo que no es un asunto que hayan incluido entre sus prioridades.
Respecto a la partida del convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, no hay ni un solo euro de aumento, cosa que es verdaderamente sorprendente, porque usted es consciente de que hemos hecho una apuesta muy importante en el marco del pacto de cara a la financiación de los fondos locales, que están llamados a dar respuesta a cuestiones esenciales.
Permítame que entre en un tema. Los socialistas nos alegramos muchísimo de haber abierto el año pasado las puertas a fondos para un programa de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales. Que hayan consolidado lo que fue una enmienda socialista, no le voy a negar que para nosotros es una buena noticia, pero es que el pacto prevé un gran esfuerzo para la atención a víctimas de agresiones sexuales, y resulta sorprendente que con los datos de la última macroencuesta, que calcula que se producen en este país casi un millón y medio de agresiones sexuales no denunciadas, y nueve comunidades autónomas solo con servicios de atención, no hayan aumentado nada esta partida, ni tan siquiera para equipararla a los fondos de la lucha contra la trata. Es sorprendente, porque sí tenían fondos, es simplemente un problema de enfoque.
Ahora le voy a hacer otras preguntas que tienen que ver con algunas de las preocupaciones que tenemos. Como soy consciente de que no tenemos mucho tiempo, le hemos preparado algunas preguntas escritas que espero que nos contesten antes de las votaciones del presupuesto. Voy a un asunto que nos preocupa mucho. No han presentado ustedes en ningún momento las fichas presupuestarias que exige el
pacto. Yo esperaba que las trajera usted hoy aquí como responsable de la coordinación de la política antiviolencia en este país, pero, como no lo ha hecho, quiero que nos diga, si es posible, a qué medidas del pacto van a dar cumplimiento el Ministerio de Justicia, el de Educación, el de Empleo, Hacienda, Interior, Cultura y cada uno de los ministerios implicados. Díganos cómo ha quedado eso en los Presupuestos Generales del Estado. Le voy a poner un ejemplo de lo que significa no tener las fichas. Ustedes dicen que el Ministerio de Hacienda va a disponer de 2 millones de ayuda para víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y la pregunta es, ¿cómo va a controlar la Delegación del Gobierno que esos 2 millones son específicamente destinados a delitos violentos relacionados con violencia contra las mujeres y no a delitos generalistas? Le pido que me explique esto, porque es trasladable a cada uno de los ministerios; es decir, no tenemos garantía, ni en lo que tiene que ver con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni en otro tipo de servicios, de que ese dinero vaya a revertir en beneficio de la protección y la seguridad de las víctimas de estos delitos. Aquí estamos hablando de un pacto que tiene que ver con eso. En Interior y en Justicia ya hablaremos de otras cuestiones. Para que Hacienda pueda invertir esos fondos como fondos específicos, lo primero que tienen que hacer ustedes es dar cumplimiento, por ejemplo, a la medida 126 del pacto, que les obliga a ampliar el plazo previsto para solicitar esas ayudas. Cada uno de los ministerios va a decir estos días que va a poner más fondos, pero si usted no sabe si son finalistas para esos delitos, están tomando el pelo a las mujeres diciéndoles que invierten donde no invierten, y estarían, además, usando los fondos del pacto para otros fines. Este es el problema.
Hace apenas quince días denunciamos una situación insostenible y el desborde absoluto que ustedes tienen, nada más y nada menos, en el servicio de dispositivos de seguimiento para el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Ha quedado desierto el concurso, y usted no nos ha dicho nada, solo dice que han subido; claro, si es que no se han gastado, es que parte de la subida que han hecho ustedes tiene que ver con lo que no se han gastado. Le puedo hacer las cuentas cuando usted quiera, nos sentamos y lo vemos. Pero permítame que vaya a este asunto. En estos momentos, estos dispositivos están tecnológicamente obsoletos, y están provocando que la mayoría de las atenciones -fíjese lo que le voy a decir- sean falsas alarmas. Hay una atención sin personal especializado, sin conocimientos en gestión de crisis, no son psicólogas ni tienen formación en materia de violencia, es un servicio que funciona como un call-center ordinario, donde las trabajadoras -y usted debe saber esto, porque si lo sabe la diputada que le habla, usted también, puesto que tiene una persona que se encarga de controlar estas cuestiones- son hostigadas para que corten las conversaciones con las víctimas y así poder cumplir objetivos. ¿Sabe usted esto? ¿Lo conoce? ¿Sabe por qué? Porque ustedes no lo financian, hay una infrafinanciación, y, además, no lo controlan. Es un problema, porque los tiempos de retardo en las respuestas a veces son de cuarenta minutos sobre los tres minutos que tiene establecido por protocolo. ¿Es usted consciente de esto? Bueno, pues estamos hablando de un desastre que tiene en vilo y en alerta injustificada a las víctimas y a la policía, cuyas consecuencias, por cierto, también padece el victimario, aquellos que no se saltan las órdenes de alejamiento y ven cómo entra la policía en su casa porque hay falsas alertas. Todo eso tiene que ver con que usted nos explique lo siguiente. Aparece en el indicador que van a comprar 350 dispositivos. ¿Por qué 350? ¿Esos son los que ustedes tienen identificados que son dispositivos que están permanentemente dando falsas alertas?
Voy a otras cuestiones. ¿Por qué aparece formación para el 016 y no para las trabajadoras de este servicio, que tratan con casos de alto riesgo? Resulta que no han introducido ustedes en el pliego de condiciones ni un requisito para que sea personal especializado. ¿Por qué el 016 sí y este servicio, que es de alto riesgo, no? Explíquenoslo.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Voy terminando. ¿Cómo piensa condicionar el Gobierno el gasto de las comunidades para que inviertan en servicios de atención a las distintas formas de violencia, que es una frase que aparece en sus presupuestos? Ustedes no han puesto los fondos y, por tanto, no pueden disponer del dinero de la financiación autonómica. Lo diré de otra forma para que la gente lo entienda. Ustedes están diciendo a las comunidades que se lo quiten a educación, que se lo quiten a sanidad, que se lo quiten a dependencia. A quienes redactamos los acuerdos, las profesoras expertas en financiación autonómica nos dan la razón cuando leen el pacto, porque aparecen los conceptos de fondos finalistas y condicionados, y lo que estas personas nos dicen es que con ese texto es evidente -y le estoy citando la respuesta de una catedrática- que el Gobierno debe incorporar los fondos en los presupuestos, negociar el reparto como se indica en el pacto y firmar convenios, por ejemplo, como este que tengo aquí
(Muestra un documento), que es un convenio que ha firmado el secretario de Estado con la comunidad de Canarias, y en la segunda intervención voy a tener el placer de leer algunas de las cosas que aquí dice. Este era el camino. Todo lo demás es una mentira, es un engaño, pero no es un engaño que hayan hecho ustedes a los diputados y diputadas de esta Cámara o de la subcomisión, sino a las mujeres que sufren violencia en este país.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Dueñas, por un tiempo de diez minutos.
Buenas tardes, señorías. Bienvenida de nuevo, señora delegada del Gobierno, a esta Comisión, para informar de los presupuestos de su delegación para este ejercicio 2018. Gracias por el detalle de su exposición, que refleja, a pesar de lo escuchado esta tarde, el firme compromiso del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra la violencia de género. Es un presupuesto, señorías, que, tal y como se ha detallado en las cifras expuestas, sigue consolidando la existencia, protección y recuperación de las víctimas, la necesaria prevención y concienciación social, el diagnóstico, la información, y la magnitud sobre cualquier forma de violencia contra la mujer, sigue mejorando la coordinación a todos los niveles, estatal, autonómico y local, y también luchando, como así se recoge en el informe del Pacto de Estado, contra otras formas de violencia contra la mujer.
Señorías, nadie nos puede negar que esta Cámara, esta Comisión y la subcomisión creada en su día, consiguieron a finales del pasado año un hito histórico, que fue la aprobación del informe que sustenta el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Un pacto nacido del compromiso y del diálogo, que culminó con un importante y mayoritario consenso, salvo la aun inexplicable -si bien legítima- abstención de la formación de Unidos Podemos. Un pacto que conllevaba un importante compromiso presupuestario, asumido y liderado por el Gobierno del Partido Popular, como así consta en el informe. Muestra de ese compromiso, señorías, es que en estos Presupuestos Generales del Estado de 2018 se destina la cifra histórica de 408 millones de euros, lo que demuestra la importancia que el Gobierno concede a este pacto y, lo que es más importante, que deriva en mejorar la eficacia y la rapidez en la respuesta institucional. Dentro de esa cantidad, como se ha expuesto, el Gobierno ha aumentado con respecto al ejercicio anterior 80 millones de euros que se destinarán a las medidas que son competencia estatal para luchar contra la violencia de género. Señorías, pueden estar muy tranquilas porque, respecto al presupuesto previsto y acordado en el informe que sustenta el Pacto de Estado para las nuevas o, en algunos casos, ampliadas competencias de las entidades locales y comunidades autónomas, como bien saben, este proyecto de presupuestos para el ejercicio 2018, a través de la financiación de las administraciones territoriales, sube a 4248 millones de euros respecto al año anterior. Así, señorías, las comunidades autónomas y los ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de su competencia contenidas en el pacto, debiendo incluir, como procede, en sus respectivos presupuestos, incrementos de 100 y 20 millones de euros para financiarlas. En este punto, quiero recordarles la naturaleza transversal de las competencias autonómicas en materia de prevención y lucha contra la violencia de género. Se citaba por la delegada el presupuesto de la delegación para este ejercicio 2018, que recoge una subida del 24,51 % respecto al ejercicio pasado, lo que asciende a un total de 39 506 100 euros.
Señorías, este compromiso presupuestario del Gobierno del Partido Popular se desarrolla de manera transversal desde los ministerios en los diferentes ejes del pacto. Por dar algunos datos y no abundar en los ya expuestos en la comparecencia, les diré que hay nuevas campañas de comunicación desde Interior junto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; más campañas de información y sensibilización para prevenir las distintas formas de violencia contra la mujer, que incrementa la partida respecto a 2017, que contaba con 3 millones de euros y ahora contará con más de 7 millones de euros; también se articula e incrementan partidas en orden a fortalecer la coordinación permanente para dar una mejor y mayor atención a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Así, por ejemplo, se aumenta un 14,04 % el presupuesto para desarrollar programas de asistencia social integral. Esta partida pasa de los 5,7 millones a los 6,5 millones. Incluimos dotaciones presupuestarias en orden a adaptar los espacios e instalaciones policiales en las que se asiste a las víctimas y a los testigos para dar una mayor seguridad. Aumentaremos el número de mujeres víctimas que recibirán asistencia jurídica gratuita y el
número de abogados de guardia para atenderlas, lo que supondrá un incremento en estos presupuestos con respecto a 2017 de 4 200 000 euros. Oficinas de atención a las víctimas, más personal, más formación especializada, aumento del personal de las Uvivg, incremento del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que atienden a las víctimas, así como las horas dedicadas a atender estos casos de violencia de género, además de más formación especializada. Aumentaremos 7 400 000 euros el presupuesto destinado a la renta activa de inserción para mujeres víctimas de violencia de género. Incluimos en estos presupuestos, por primera vez, una partida presupuestaria de 4 860 000 euros para pensiones de orfandad a hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Y por dar algún detalle más, duplicamos las subvenciones destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a mujeres y a niñas victimas de trata, de 2 a 4 millones de euros, lo que supone un 100 % más.
Por todo lo anterior, queda demostrado con estos Presupuestos Generales del Estado que cumplimos, y lo hacemos porque creemos firmemente en ellos. Creemos en el compromiso alcanzado y en que es imprescindible seguir avanzando y combatiendo con todos los instrumentos a nuestro alcance cualquier forma de violencia contra las mujeres, sin necesidad de aspavientos. Pero, lamentablemente, de nuevo, señorías, especialmente del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidos Podemos, quieren volver a teñir estos presupuestos, como suele ser habitual año tras año en este trámite, de desesperanza, catastrofismo, o sembrar la alarma ante un tema tan delicado, y todo con tal de justificar ese no al proyecto de presupuestos presentado. Un no, señorías del Grupo Parlamentario Socialista y afines, que ya anunciaron sin siquiera conocerlos; un no que año tras año argumentan dejando entrever en sus intervenciones -abro comillas- que sus presupuestos son mejores que los que presenta el Partido Popular. Dicho esto, a estas alturas, lo único que les queda para tratar de justificar lo injustificable es descalificarlos sin argumentos sólidos, y esto sí tendrán que explicarlo, no ante este grupo parlamentario, sino ante los ciudadanos.
Señorías, escuchándoles podríamos pensar que la situación en materia de violencia de género en España cuando ustedes gobernaron, según ustedes con unos magníficos presupuestos, con un Ministerio de Igualdad, que, por cierto, se vieron obligados a suprimir por el enorme gasto que provocaba, era la ideal; pero no, señorías, no era la ideal. Creo que no hace falta que me detenga en el detalle: presupuestos que no terminaban de ejecutar; enorme gasto de personal; 2008 a 2010, los años con el número más alto de víctimas mortales de violencia de género; o cuando negaban el reconocimiento de los menores como víctimas directas de esta violencia, también, por cierto, cuando hicieron desaparecer en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 la partida destinada al programa de atención a menores víctimas de violencia de género a utilizar por las comunidades autónomas. Así que reconociendo, porque no me cuesta hacerlo, que sumaron avances muy significativos durante la etapa de la gestión del Gobierno socialista en esta lucha contra la violencia de género, les vuelvo a pedir que bajen de esa pretendida superioridad moral que siempre tratan de utilizar en estas cuestiones.
Señorías, permítame que vuelva con una reseña a ese cuestionamiento absolutamente injustificado, a mi juicio, que hacen, especialmente, desde las formaciones de izquierda, hacia la financiación autonómica, y de ese incremento que tendrán que realizar en sus respectivos presupuestos las comunidades autónomas y las entidades locales. Me quiero referir al artículo 19 de la Ley Integral, que consagró el derecho de las víctimas a la asistencia social integral. Un concepto novedoso en aquel momento, que implicaba, e implica, la existencia de servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida, recuperación integral, dependientes de comunidades autónomas y corporaciones locales, con información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de reclamaciones de las víctimas, apoyo educativo, formación preventiva, apoyo a la formación e inserción laboral. El Gobierno socialista habilitó en ese año una partida de 10 millones de euros, que se fue reduciendo con los años hasta alcanzar los 5 millones en 2011. Esa fue la cantidad en la que el Partido Socialista, señora Álvarez, evaluó los costes de la atención integral, a asumir -le recuerdo- por completo por las comunidades autónomas y parcialmente por los ayuntamientos y corporaciones locales. El mismo grupo parlamentario que hoy aquí censura los 120 millones que el Gobierno, las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias y las entidades locales van a destinar en este primer año de puesta en marcha del Pacto de Estado.
Señorías, les pido que abandonen la suspicacia, el catastrofismo y el interés partidista que denotan en algunas partes de sus intervenciones con tal de arremeter contra el Gobierno del Partido Popular. Este compromiso alcanzado en el Pacto de Estado no solo es del Estado, es compartido, es un compromiso conjunto con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Estoy convencida, además, de que las comunidades autónomas y las entidades locales así lo harán, porque me consta su compromiso. ¿O
es que son ustedes los que tienen dudas sobre si las comunidades o ayuntamientos donde gobiernan no lo van a hacer?
En este punto, señorías -brevemente, porque veo que se me acaba el tiempo-, dado que ustedes muestran esa preocupación por este incumplimiento que refieren -que ya les digo yo que no es tal-, me veo en la obligación de ponerles enfrente de su propia realidad, quizás con un ejemplo muy significativo. Me refiero a la gestión que en esta materia realiza la Junta de Andalucía; una gestión sobre la que ya en su día Comisiones Obreras alertó del recorte del 80 % de los programas de violencia de género. Pero le digo más, y probablemente de ahí vengan algunas de las dudas que se han planteado en este momento: entre 2013 y 2017 -son datos de la Oficina de Control Presupuestario Andaluz-, sumando los presupuestos de los programas de atención, protección contra la violencia de género y asistencia a víctimas, y el de acciones para la igualdad y promoción de las mujeres, el Gobierno socialista andaluz ha dejado sin ejecutar 61 millones de euros. En materia de violencia de género, señorías, para el Programa de protección contra la violencia de género y asistencia a las víctimas, en 2017 se prometieron casi 4,2 millones de euros en la Ley de Presupuestos, pero al cierre de 2017 solo han sido ejecutados 1,1 millones, por lo que más del 72 % de ese presupuesto se ha quedado sin ejecutar. Algo similar le podría decir respecto al año 2016, en el que la ejecución de ese programa fue, sencillamente, escandalosa, el 81 % del presupuesto que se prometió en la ley se quedó sin ejecutar. Y algo más, ya que tanto se nos exige, y lo entiendo, desde la absoluta legitimidad, hemos podido comprobar con cierta perplejidad que en la reciente modificación de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género andaluza, aprobada recientemente, no se han molestado en incluir, porque ya estaban aprobadas, aquellas medidas que son competencia autonómica que se recogen en el informe del Pacto, y solo se han limitado a recoger las modificaciones legales del Estatuto de la Víctima, Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y Convenio de Estambul. Pero es que, además, en el informe económico que acompaña a esta ley dicen que la aplicación de la misma no supone mayor gasto para la Administración autonómica. La pregunta es, si han ampliado la norma, si han aumentado los mecanismos de protección, ¿cómo es que a ustedes esto no les supone mayor gasto? Esta doble vara de medir, y dicho sea con todos los respetos,...
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ:...entiendo que hace flaco favor a su discurso.
Concluyo. Señorías, la mejor herramienta que tiene cualquier Gobierno de España, también el de las comunidades autónomas y ayuntamientos, y lo que nos demandan los ciudadanos son los Presupuestos Generales del Estado que hoy traemos. Por eso, apelo a la responsabilidad de aquellos grupos que han reiterado el no a los mismos para que se sienten a dialogar, a negociar y a acordar, como así hicimos, a pesar de las discrepancias, en el Pacto de Estado. Rectifiquen su bloqueo a estos presupuestos, porque, de mantenerlo, se equivocan si creen que con ello perjudican a este grupo parlamentario o al Gobierno, porque a quien perjudican es a los ciudadanos, a las mujeres víctimas y a sus hijos, y a los que trabajan en esta materia. Y será ante ellos, no desde luego ante esta Cámara, en esta Comisión, ante los que tendrán que explicarse y rendir cuentas.
Tienen ahora la palabra por un tiempo de cinco minutos los grupos parlamentarios que no habían solicitado esta comparecencia. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes.
Señora Ordóñez, muchas gracias y bienvenida. Quiero comenzar mi intervención recordando algo que nadie ha recordado, y es el artículo 134 de la Constitución, es decir, que estos presupuestos ya llegan tarde a esta Cámara, que el Gobierno ha incumplido la obligación que tenía de presentarlos hace ya muchos meses, y tampoco ha intentado buscar los apoyos necesarios. Nosotros, como demostramos el año pasado, nos hemos comprometido, y cuando negociamos nos aseguramos que este dinero para el Pacto de Estado contra la violencia machista o la violencia de género estuviera incluido aquí. Es grave que no haya presupuestos a estas alturas porque se paralizan políticas y medidas que no deben esperar, como es el caso de la violencia machista que tratamos aquí. Y es más grave porque desde esta Cámara el año pasado se trabajó a marchas forzadas, como no podía ser de otra forma, para que saliera adelante un Pacto de Estado contra la violencia de género. Yo quiero recordar, como ha hecho la delegada, que en
esta legislatura es el único pacto que se ha aprobado, a pesar de haberse puesto en marcha diferentes subcomisiones de otras materias, como educación o justicia, con lo cual este pacto debe tener prioridad. Como mínimo, le pediría al Gobierno que abordase este asunto con la misma diligencia que se hizo por parte de todas y todos los diputados de la subcomisión; todos, desde el Partido Popular hasta el Grupo Podemos, que se abstuvo pero sí trabajó en esta subcomisión, y yo creo que de manera muy intensa. También pediría al resto de partidos políticos que para que ese dinero se invierta de manera efectiva tenemos la Comisión de Seguimiento del Pacto, que me parece que es algo muy importante que tampoco se ha destacado aquí. Desde esa Comisión vamos a poder velar y fiscalizar que ese dinero vaya destinado a lo que tiene que ir, que no es otra cosa que la lucha contra el machismo.
Por otro lado, en el caso que no se aprobaran estos presupuestos, me gustaría recordar a la señora Ordóñez que ya en el Pleno del Congreso de los Diputados se aprobó, y por unanimidad, la habilitación de un crédito extraordinario para abordar lo que supondrá la implementación de este pacto. Desde aquí le digo que se lo tome como lo que es, como una prioridad, y estoy segura de que así lo hará. De paso, aprovecho para decir que hay ciertas cuestiones que tampoco necesitan presupuesto, tales como las reformas legislativas que hay que abordar de acuerdo con lo que se pactó. Repito, háganlo cuanto antes, no solo por el pacto sino porque hay convenios suscritos, como el Convenio de Estambul, que estamos obligados a cumplir y que se tienen que poner en marcha.
Respecto a lo dicho por las anteriores comparecientes, es cierto que nos ponen complicado el seguimiento de las partidas, porque no lo han asignado todo a una partida concreta, y me refiero al incremento de los 80 millones. Durante las negociaciones, ustedes nos han asegurado -y así consta en este librito- que ese incremento de 80 millones está, pero es cierto que muchas hay partidas, aparte de la específica para la lucha contra la violencia de género, que van, como pone aquí, a diferentes ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior, aumento del número de horas y de efectivos que atienden a las víctimas, pero uno se va al presupuesto de Interior y no se puede detectar. A mí me gustaría que nos explicara con detalle a qué partida está imputado este aumento en los ministerios del Interior, de Justicia, Empleo y Seguridad Social y el de Hacienda y Función Pública. Me parece que todos los que estamos aquí vamos a formar parte de esa comisión de seguimiento, y creo que es básico saber todo esto con concreción para poder fiscalizar que se cumple lo que ustedes han dicho.
Por otro lado, ha comentado la portavoz del Grupo Socialista -nosotros también hemos hecho una pregunta parlamentaria- que es cierto que quedó desierto un concurso relativo a los dispositivos para controlar, lo que todos conocemos por las pulseras. Nos gustaría que nos explicara con detalle qué ha pasado con ese dinero. Es verdad que esos dispositivos están muy anticuados, algunos llevan más de diez años de funcionamiento, y quisiéramos saber qué va a pasar, si van a sacar otro pliego de condiciones, si van a cambiar, etcétera. No podemos entender por qué ese concurso quedó desierto. Me gustaría que nos lo explicara.
Después de la intervención de los portavoces de los distintos grupos, tiene la palabra la señora Ordóñez para responder a las cuestiones planteadas.
La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Ordóñez Carbajal): Muchas gracias por sus reflexiones. Voy a ir abordando, no sé si de manera algo desordenada, porque en algunas ocasiones se han superpuesto los mismos planteamientos, las preguntas que se me han hecho. De todas formas, si en algún momento se detecta que alguna haya quedado en el aire, no me importa que me vuelvan a preguntar.
Todas las personas que han planteado cuestiones hablan primero de las partidas presupuestarias, directas, finalistas, condicionadas, etcétera. Creo que tiene que quedar un tema claro. No se trata de partidas finalistas o no, hay un incremento de 4248 millones en los Presupuestos Generales del Estado para las transferencias a las comunidades autónomas. Con estos 4248 millones de incremento, ¿las comunidades autónomas, las entidades locales, no pueden destinar 120 millones de euros para la violencia de género? Tenemos que tener en cuenta un tema que es crucial, y es que es un pacto de Estado en el que han intervenido todos los sectores, desde el ámbito territorial hasta las administraciones públicas, los partidos políticos y el ámbito social con las organizaciones de mujeres, las ONG especializadas. Todas han querido dar ese paso adelante para llegar a un compromiso. Tienen el dinero, disponen de ese presupuesto. Además, para el Gobierno, proyectar unos fondos finalistas significaría
inmiscuirse en las responsabilidades de las comunidades autónomas. Se ha producido un incremento de 4248 millones de euros, menos ciento y pico millones: queda mucho dinero por gastar, si ustedes lo piensan. Entonces, depende del compromiso. Además, tengo la esperanza, oyéndoles hablar, oyendo hablar a la señora Álvarez con esa pasión que pone, de que todos los consejeros y presidentes de las comunidades autónomas van a tener esa implicación.
De verdad que me asombra - porque tengo un puesto político pero soy más de gestión interna- que digan que el Gobierno lo ha querido rentabilizar, porque en el Gobierno hemos trabajado incesantemente. Agradezco enormemente a las diputadas de la Comisión todas las propuestas de medidas que nos han dado, y también las del Senado, y también las del grupo de trabajo que hemos creado al efecto en el Observatorio Estatal para la Violencia contra la Mujer. Hemos trabajado de manera incesante -lo tenía preparado para el turno de réplica-: 647 medidas en el observatorio, 214 aquí y 267 en el Senado. Imagínense el aluvión de medidas que nos ha llegado, aunque lo agradecemos enormemente, porque nos va a dar muchas ideas sobre muchos puntos en los que trabajar. Pero nos encontramos con más de mil medidas que tenemos que analizar en dos meses. Y dicen que estamos ralentizado el trabajo, que vamos lentas. Señorías, me asombra que nos entreguen esto a finales de octubre y nos digan que pactemos con todos los estamentos intervinientes -no en teoría sino en la práctica, cuando se va a implementar en el plazo de cinco años-, porque tenemos la responsabilidad de desarrollar todas estas medidas y aplicarlas en los distintos ámbitos. Me parece alucinante: en dos meses y de manera incesante. Los grupos de trabajo que hemos creado el año pasado hemos tenido una media de cinco reuniones mensuales con comunidades autónomas, organizaciones de mujeres, ONG y agentes económicos y sociales para llegar a esos acuerdos; y no quiero contar cómo fue la parte final de esos dos meses para llegar a esos acuerdos: el 15 de diciembre en el seno del Observatorio Estatal para la Violencia sobre la Mujer y el 27 de diciembre en la Conferencia Sectorial de Igualdad para llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Por eso creo que me parece asombroso que me digan esto. Lo agradecemos inmensamente, pero pongamos en valor el trabajo que ha hecho cada uno. Nosotros hemos trabajado de manera incesante, porque nos parece un tema fundamental. No nos duele el dinero, el trabajo ni nada de lo que hacemos. Nos duelen las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, y por eso tenemos que trabajar de manera incesante; no hay otro modo, y por eso lo hemos hecho. Y ya digo que las partidas no son finalistas. Hay ese incremento, que tendrán que ver cómo se gasta con responsabilidad en la ejecución de las medidas en cada uno de los ámbitos. Además, me parece muy oportuno -mañana se va a crear aquí la comisión a tal efecto- que se nos haga ese seguimiento como Gobierno, como Delegación del Gobierno, y a las comunidades autónomas y a las entidades locales, para ver qué se gasta en cada sitio, cómo se gasta y qué se hace. Yo vengo de una comunidad autónoma, y no digo pobre comunidad autónoma; tenemos nuestras responsabilidades y hemos desarrollado un montón de acciones, con dinero y sin él. Y también les quiero hablar de esto, de las cosas que se hacen sin dinero. De hecho, nosotras en el Gobierno central hemos empezado a hacer un montón de cosas, muchas con dinero y otras que suponen un esfuerzo.
Dicen que el pacto se aprobó en septiembre de 2017. Señorías, se aprobaron las medidas, el informe de la Comisión del Congreso, y también el informe del Senado, y luego pasó al Gobierno para que llegase a acuerdos con todas las entidades que lo van a desarrollar; y en esto se llega a finales de diciembre. Entonces, no pueden decir que llevamos seis meses sin implementar ninguna medida. Primero, las estamos implementando, de modo que es incorrecto decir eso, porque desde el año pasado venimos trabajando ya en muchas de ellas, y, además, muchas forman parte de la responsabilidad de la Delegación del Gobierno, como de cualquier institución u organismo que trabaje en igualdad y violencia de género. Por tanto, buena parte ya se están desarrollando. Por supuesto -siempre lo digo-, tenemos que llegar mucho más allá, tenemos que perfeccionar más y tenemos que dar más pasos adelante, pero muchas ya se estaban desarrollando y en muchas ya estamos trabajando.
Y en cuanto a rentabilizarlo, propusimos a las comunidades autónomas una firma conjunta del presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas para visibilizar el pacto, para que las mujeres de España viesen que podían confiar en las medidas, que supiesen que se podía salir de la violencia de género, para que las mujeres y los menores dieran ese paso adelante. Quisimos hacerlo, pero no fue aceptado por ninguna de las partes, porque pensaron que queríamos rentabilizar este pacto de Estado. De todo ese trabajo incesante que estoy señalando se enteró todo el mundo, como de las medidas de la Comisión del Congreso, pero se piensa que, si se aprobó en septiembre, a partir de entonces ya se tienen que estar implementando, y, sin embargo, no se habla del periodo posterior, del
trabajo incesante que se está llevando a cabo desde la Delegación y el Gobierno. Es decir, ese comentario sobre la rentabilidad me parece, cuando menos, fatuo.
Acerca de si la percepción de la calle es desalentadora, cómo no lo va a ser si los mensajes que transmiten son esos: que no se hace nada, que no se ha empezado a abordar las medidas. Posiblemente, también sea culpa nuestra, porque a veces no emitimos los mensajes en contra -puede ser-, pero me pregunto por qué no se informa de que ya hemos empezado. Sobre las medidas legales, la próxima semana vamos a presentar toda la reforma de la Ley 1/2004, de medidas de protección integral, y, cuando estemos con el documento de cierre, hablaremos del bloque de modificaciones legislativas que hemos elaborado al efecto para el pacto de Estado. Nos hemos reunido ocho veces con personal especializado, con el Consejo General del Poder Judicial, con fiscalía especializada, con el Ministerio de Justicia y ya hemos dado la vuelta a todas las medidas que podían ser incluidas en las disposiciones adicionales de la nueva modificación de la Ley Orgánica 1/2004; todo eso está desarrollado.
En cuanto a violencia sexual, me dicen que no nos comprometemos, que creían que íbamos a dar un paso enorme, que teníamos que avanzar mucho más. Se dieron dos millones el año pasado, hay una campaña de sensibilización para este y contamos con un estudio previo sobre la percepción de la violencia sexual que es pionero en España y en Europa que vamos a presentar próximamente. Hemos realizado numerosas acciones.
En cuanto a lo de contabilizar las víctimas, siempre parece que estamos intentando ocultar o manipular el número. Creo que la transparencia es absoluta, pueden consultarlo en nuestra página web. Lo que pasa es que lo hacemos con rigor, y el rigor es relativo a que las víctimas de violencia de género lo son por parte de su compañero, pareja o expareja sentimental. Víctima de violencia de género ahora mismo en España según la ley es eso y nosotros lo vamos a seguir acometiendo como tal. Ahora bien, vamos a acometer también -y así nos hemos responsabilizado- otras formas de violencia sobre la mujer, violencia sexual y otras formas en otro recuento de víctimas. En España hemos avanzado, la Ley Orgánica 1/2004 delimitó perfectamente cuál es el concepto de violencia de género, y así tenemos la contabilidad sobre mujeres y menores víctimas de esa violencia, que nos parece perfecto, pero ya tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial para que nos pasen los datos y podamos empezar a trabajar con ellos, de común acuerdo. Pero realizar toda esta serie de acciones no puede ser de diciembre a enero. Vamos trabajando en todas ellas y en la estadística de 2017 nos hemos comprometido a hacer un recuento de las víctimas de otro tipo de violencia contra la mujer en España, sobre la base de los cómputos que nos facilita el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, vamos a avanzar y vamos a seguir perfeccionando, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Somos un organismo serio, vamos a trabajar en profundidad y vamos a avanzar en todo ello.
Sobre los ochenta millones de euros, ya le dije antes cómo están en Sanidad. Hay un documento que la ministra entregó a la prensa hace diez días en un briefing en el que se explica cada una de las acciones que van a desarrollar los distintos ministerios. Viene perfectamente explicado y se lo puedo facilitar, para no entretenernos ahora en el recuento de las acciones: para el Ministerio del Interior, 43 millones; en Justicia, 13 millones; en Sanidad, 9,2; en Empleo, 12; en Hacienda, 2 millones. Pueden pedirnos ese documento, y se lo hacemos llegar.
Se dice que no hay dinero para la FEMP. Señorías, acabamos de decir que hay un incremento de 400 000 euros para Atenpro, Servicio de atención y protección para víctimas de violencia de género; un incremento de 400 000 euros que va a llegar a la atención a mujeres del mundo rural, que es para lo que se posibilita.
Ya les he dicho cómo es nuestra diligencia. Si quieren, empiezo a contar las medidas que hemos desarrollado, que son numerosas. Por ejemplo, hemos puesto las campañas en el foco del maltratador, se da un enfoque positivo, se dirige a los jóvenes; en el ámbito sanitario, esta semana firmamos el convenio con el colegio de farmacéuticos; hay 129 nuevas empresas para la iniciativa Empresas por una sociedad libre de violencia de género contra la mujer; el anteproyecto de la ley de reforma, que acabo de comentar; este estudio sobre violencia sexual; hemos perfeccionado la ficha sobre el tramo de edad y diversidad funcional o discapacidad en alguna de las estadísticas de violencia contra la mujer; en las fichas sobre menores víctimas mortales y en los cuestionarios sobre mujeres víctimas no mortales se incluyen variables sobre menores para profundizar en el conocimiento de la situación de los menores víctimas de violencia de género. En esto venimos trabajando continuamente.
Sobre la renta activa de inserción, son las ayudas del artículo 27 las que suben de 1,7 a 3,7 millones. ¿Por qué? Como he explicado anteriormente, estamos avanzando en compatibilizar las ayudas del Gobierno central con las ayudas autonómicas y se supone que se van a incrementar las ayudas autonómicas. Por eso hemos pensado que esa dotación debe ser mayor y hemos incrementado esa partida presupuestaria.
Acerca de los dispositivos electrónicos y el 016, han hablado de un teléfono, y algo así se publicó en prensa; dicen que ha desaparecido. Señorías, es incorrecto, no pertenecía a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Hablaban de que parecía que había salido un teléfono de igualdad. La verdad es que no he tenido tiempo para preocuparme de qué era, pero no pertenecía a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El 016 no se ha adjudicado. Se va a hacer próximamente, es inminente su adjudicación, pero todavía no, y esa empresa no es de la que se hablaba en algún medio de prensa. Sé que ha salido algo de eso, pero era una confusión del propio medio de comunicación.
Me hablaban también de la formación del personal del 016 y de los dispositivos electrónicos. Primero, son las mismas empresas las que vienen subrogándose en los contratos, con las mismas personas, que tienen experiencia y formación, y cada año se repite la formación de los profesionales que atienden. Se pide que tengan mucha rapidez. Claro, es que el dispositivo telemático de alejamiento necesita mucha diligencia en la respuesta. Por eso se ponen tiempos cortos, para que la respuesta sea ágil y se pueda conectar automáticamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así como el 016 es un teléfono en el que las personas pueden estar hablando más tiempo, porque es otro tipo de servicio, los dispositivos telemáticos de alejamiento han de conllevar diligencia en la respuesta, porque es un método inmediato de protección, de seguridad de las mujeres.
Con respecto al control y al contacto directo con ese servicio, todos los días nos informan de las llamadas que ha habido, de las altas y bajas, de las alertas, de si hay alguna fluctuación o ha habido algún caso irregular, y se consulta con una persona de la delegación, una subdirectora, que está completamente al tanto; es más, casi todos los días tiene que hacer algún escrito con respecto a ese tema. De todas formas, se lo agradezco muchísimo: en el momento en que nos enterásemos de alguna falta de atención o irregularidad lo acometeríamos enseguida, vamos a enterarnos de esas posibles irregularidades que señala. Pero le repito que las personas son las mismas, llevan muchos años y se les exige una formación en violencia de género e igualdad que cada año se revisa, y se les vuelve a dar un curso. No tengo desconfianza en unas personas que llevan muchos años mostrando profesionalidad. Incluso, creo que hay una implicación en todos los servicios que dependen de la delegación, igual que posiblemente pase a la mayoría de los diputados y diputadas que estamos aquí y nos implicamos en estos temas. No es solo es una profesión, hay una implicación personal, y eso también les pasa a las personas que están en estos servicios. Y eso es también lo que esperamos. Desde luego, si hay algún tipo de irregularidad, lo acometeremos con toda la responsabilidad, porque nos interesa a ambas partes. Lo que nos importa a nosotros y a la delegación es que las mujeres sean protegidas y atendidas debidamente, y todo aquello en lo que podamos avanzar estén seguras de que lo vamos a hacer.
Sobre competencia y coordinar políticas públicas, eso es lo que hacemos, coordinar políticas públicas, aunque muchas veces es una locura, como ha sucedido este año. Pero es lo que intentamos hacer, con toda responsabilidad.
Sobre el servicio Atenpro, son los municipios que se adhieren los que lo piden, y hay 265 municipios adheridos, y, secuencialmente, continuarán adhiriéndose más. Nosotros tratamos de incentivarlos, pero dense cuenta de que corresponde a las entidades locales, con lo que la incentivación corre más de cuenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las propias comunidades autónomas, que están más cerca de la población. De ahí el sentido del servicio Atenpro, para que, en la dispersión en el medio rural, haya un recurso al que acudir, en su entorno.
Es ahora el turno de intervenciones para los distintos grupos parlamentarios, por un tiempo de dos minutos, que es lo que hemos acordado previamente, de menor a mayor representación.
En primer lugar, del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, presienta.
Evidentemente, las comunidades autónomas asumimos nuestra parte de trabajo en todo esto, y en el caso valenciano está más que claro. Hemos hecho un pacte valencià que incluye a las entidades sociales,
cosa que no conseguimos aquí, hemos presupuestado doce millones de euros en los últimos presupuestos autonómicos y hemos igualado la indemnización por violencia machista a la de víctimas de terrorismo, es un pacto que tiene 7511 personas y 715 entidades adheridas, así que sí que asumimos. Lo que no queremos es asumir el trabajo del Gobierno central, lo que no queremos es asumir esos cien millones de euros que tenía que poner el Gobierno central y no ha puesto, con lo que está incumpliendo claramente el pacto de Estado. Y eso es lo que yo venía a decirle, ni más ni menos. Las comunidades autónomas asumimos. Asuman ustedes su parte del trabajo y asuman su parte del presupuesto. Ya le he citado una parte de lo que dice el punto 207 y algunas de mis compañeras le han citado otros. Usted habla de asignación financiera específica, pero no existe ninguna asignación financiera específica para las comunidades autónomas, nos lo quiera vender usted como quiera. No existe ninguna asignación financiera específica para los ayuntamientos ni para las comunidades autónomas. Por tanto, se está incumpliendo el pacto y están incumpliendo su responsabilidad en cuanto a violencia machista.
Lo que encontramos son unos presupuestos con recortes en la partida de personal, insuficiente presupuesto para la Federación Española de Municipios y Provincias, sin transferencia a las comunidades autónomas, sin transferencias a los ayuntamientos, irresponsabilidad y falta de compromiso absoluta en la lucha contra la violencia machista y en el pacto de Estado que el Partido Popular y Ciudadanos, que son quienes apoyan estos Presupuestos Generales del Estado, firmaron. Por tanto, una burla a la gente que estuvimos trabajando en ese pacto de Estado y que, como he dicho antes, firmamos en muchas aspectos con la nariz tapada, con intención de que, por lo menos, hubiera partida presupuestaria para poder implementar políticas realmente valientes. Pero, además, una burla tanto a las mujeres maltratadas como a los menores maltratados y a toda la sociedad, que lleva mucho tiempo exigiendo un compromiso real por parte del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sorlí.
Es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Reyes.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve.
Nosotros damos por hecho, como se ha explicado aquí, que, de esos 4248 millones de euros de aumento de financiación a las comunidades autónomas y entidades locales, 120 van a estar destinados a la lucha contra la violencia de género. Habríamos querido que nos explicara con más detalle cómo se va a proceder, pero le recuerdo que mañana se constituye la comisión de seguimiento y nos gustaría, ya que nosotros no tenemos representación en las comunidades autónomas, que nos informara de cómo se va a proceder a ese reparto, que -repito- damos por hecho.
Es el turno para el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora Rodríguez.
Por mi parte, bienvenida también, señora Ordóñez. La verdad es que desde que empezó su intervención llevo intentando convencerme de que tengo que hacer la mía en un tono que sea constructivo para ambas, así que lo voy a intentar.
Me hubiese gustado que de estos presupuestos quedase algo claro sobre lo que va a pasar con las víctimas de violencia machista y he hecho el esfuerzo de revisar todo. Por ejemplo, los 43 millones que usted dice que están en el Ministerio del Interior no están, es mentira. Y así sucede con todo. Una se pone a revisar y, efectivamente, en la letra pone que sí, que van a estar las partidas, pero, cuando ve todos los números... A lo mejor es cierto, que nosotras somos de letras y lo estamos haciendo muy mal, pero, desde luego, muy mal tenemos que estar haciéndolo, porque ni los movimientos feministas ni ninguno de los partidos de la oposición ni ninguna de las mujeres feministas de este país encuentran su compromiso económico en los libros de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Entonces, le quería arrancar un compromiso: a ver si usted es capaz de demostrarnos en los próximos días que, efectivamente, esos millones están ahí, son verdad -y, por lo tanto, se contradice a usted misma-, porque ya ha reconocido en su intervención que las partidas presupuestarias no son finalistas.
Soy perfectamente consciente de que a las mujeres que defendemos la igualdad y los compromisos feministas nos ha tocado pelearnos con todos los señores de la política para que los compromisos sean de verdad y estoy convencida de que usted también tiene que pelear con muchos señores para que estos pocos millones de euros puedan estar en los presupuestos. Probablemente, usted no ha tenido todo el apoyo que le gustaría para que estos millones se hicieran efectivos y yo sé, por ejemplo, que otras compañeras de su partido han tenido que pelear durante el pacto para que este compromiso estuviese. De verdad, le digo que las diputadas de la oposición nos ofrecemos -y seguramente que se ofrezcan también los movimientos feministas, y en la calle se lo van a decir otra vez- a hacer toda la presión posible para que esto sea realidad. Pero no nos diga que no hay dinero ni que las partidas tienen que figurar directamente en la financiación de las comunidades autónomas porque no es así, no es cierto que vaya a estar este dinero. Y cuando ustedes quieren un compromiso económico que efectivamente se traduzca en algo inmediato para mañana lo hacen sin ningún problema, y eso es lo que hacen los Gobiernos.
Y lo más importante: esto no está funcionando, y esto es lo que nos preocupa como diputadas. Este pacto tiene que funcionar, gobierne quien gobierne. Si el día de mañana gobernamos nosotras, si gobierna el Partido Socialista y hoy, que gobierna el Partido Popular, tiene que funcionar el pacto de Estado, porque las medidas que recoge son válidas en una democracia, porque se han decidido en este Parlamento y, por lo tanto, son válidas para todos los partidos que estamos en todos los Gobiernos, en las entidades locales, en las comunidades autónomas y en la Administración central del Estado. Por lo tanto, se lo pido por favor, utilice a las mujeres de este país si es necesario para hacer toda la presión posible para que se arranquen estos millones. Da igual quién solucione el problema de la violencia machista, si es la izquierda o la derecha. Lo que no puede suceder es que siga habiendo decenas de asesinadas, mientras ya tenemos un pacto aprobado encima de la mesa. Y no es cierto que estén estos millones. Deje de mentirnos a la cara, se lo pido por favor, señora Ordóñez. De verdad, explique en los próximos días dónde están esos millones, porque es rotundamente falso.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias.
Señora presidenta, antes de iniciar mi intervención, quería pedirle que ruegue a la señora Dueñas que retire las palabras en las que ha insinuado -porque me parecen unos comentarios absolutamente ruines y mezquinos- que durante los años de Gobierno socialista en este país se asesinaba a más mujeres, porque yo lo único que recuerdo es que el Partido Popular tuvo que retirar un vídeo en campaña electoral por falsificar los datos para minimizar precisamente esos asesinatos. Entonces, le rogaría, por favor, que o bien lo retiren del Diario de Sesiones o que la señora Dueñas se retracte. (Pausa).
Dicho esto, con su permiso, paso a preguntarle algunas cuestiones a la delegada del Gobierno.
Señora Ordóñez, ¿sabe por qué las comunidades autónomas no estuvieron en las negociaciones de los acuerdos del pacto? Porque de lo que estábamos hablando era de medidas, sobre todo, de las económicas, y había diputados que tenían hilo directo con el señor Montoro que tenían que ver con los Presupuestos Generales del Estado. ¿Está usted quizá insinuando que el Gobierno de España comprometió fondos sobre los que no puede tomar decisiones? ¿Me está usted diciendo que comprometieron 600 millones de euros que no son suyos? ¿No se da cuenta de que se les cae el discurso? El dinero no está, es así de sencillo, y ustedes no pueden ir a una negociación de este tipo a negociar el dinero que van a poner otras administraciones públicas; no tiene ningún sentido.
Y ley voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué usted no manifestó en ninguna reunión con las comunidades que los fondos que debían ser invertidos en aquellas cuestiones que eran competencia de las comunidades autónomas los iban a tener que poner ellas? Es verdad, usted ha trabajado mucho, se ha reunido muchísimas veces con las consejeras y con las directoras de los institutos de la mujer, pero le puedo garantizar que en ninguna de esas reuniones usted indicó que esta situación se iba a producir. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente ni usted sabía que el señor Montoro finalmente le iba a denegar los fondos. Por tanto, aquí hay algunas cuestiones que no casan. Por supuesto, nosotros vamos a presentar enmiendas para recuperar lo que ustedes han sustraído al pacto y también vamos a enmendar en las cuestiones referidas a la prevención de las agresiones sexuales, porque -insisto- creemos que haber consolidado el dinero de nuestra enmienda del año pasado está muy bien, pero, desde luego, es insuficiente, con los datos que tenemos encima de la mesa.
Nos consta que usted no hizo esos avisos a las comunidades autónomas. Y esto se resume en una cuestión, que es la siguiente. Desde que tenemos los presupuestos en la mano lo que ustedes están usando es la mentira. Los fondos no están, y, por lo tanto, lo que han hecho ha sido frustrar las expectativas de las víctimas fundamentalmente -no se equivoque-, no las de los diputados y diputadas. Y lo más tremendo de todo esto es que ustedes mienten con lo que yo llamo una nueva forma de mentir, que es ese desparpajo cifuentino, que resulta ofensivo, absolutamente ofensivo.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, por favor, señoría.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Por tanto, señora Ordóñez, lo que le quiero decir es que estos presupuestos en relación al pacto son una gran estafa a las víctimas de la violencia machista. Estamos en tiempo y forma. Retiren ustedes el dinero, esos 120 millones de la financiación autonómica y póngalos en los Presupuestos Generales del Estado, porque esa es la única manera -me dirijo particularmente a Ciudadanos- que tendremos de poder fiscalizar que eso lo hacen las comunidades, porque, si no, unas lo pondrán y otras no; no tenemos garantía de que se haga. Por tanto, comprométanse a hacer lo que ustedes firmaron.
Y termino con una cuestión, señora presidenta. Ha anunciado usted que la semana que viene van a presentar las reformas de la Ley 1/2004. La pregunta que le hago es: ¿Solo de la Ley 1/2004 o van a utilizar esta para introducir todas las reformas del Código Penal, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el pacto demanda?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular, señora Dueñas. En todo caso, ya podrá usted contestar a la interpelación que le ha hecho la portavoz.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Sí, presidenta, con carácter previo y en relación con lo que acaba de señalar la portavoz del Grupo Socialista. Lo que ha dicho esta portavoz es que, efectivamente, conforme a la estadística, los años 2008 y 2010 fueron los años en los que se registraron el mayor número de víctimas mortales (La señora Álvarez Álvarez: Con José María Aznar). Es un dato estadístico en el que no cabe rectificación, no es la primera vez que lo dice esta portavoz en una comparecencia y jamás se me había calificado como hoy, lamentablemente, lo ha hecho la portavoz socialista.
Poco más que decir, señora presidenta, señorías, reiterar nuestro agradecimiento a la delegada del Gobierno por su comparecencia, remarcar el compromiso objetivo y sólido del Gobierno de España en estos presupuestos generales para avanzar en la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer, y hacerlo en coordinación, como así se quedó de manifiesto en los trabajos del informe del Pacto y en las diferentes reuniones que ha mantenido el ministerio y la Delegación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Pretender ahora no reconocer el carácter transversal de la lucha contra la violencia de género demuestra, sobre todo teniendo en cuenta los calificativos que hemos tenido que escuchar en esta última parte de la intervención, una evidente mala fe, impropia de la forma de trabajar que ha tenido esta Comisión.
Concluyo, señorías, nada de estafa, como se ha manifestado en un tono ciertamente impropio de cómo trabajamos en esta comisión. Tendremos la oportunidad de comprobarlo a través de la comisión de seguimiento que se constituye mañana. Compromiso, trabajo, coordinación, concienciación, unidad, activismo contra cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y esperanza, porque a pesar de todo lo escuchado hoy aquí hay salida. Solo así podremos alcanzar un futuro para nuestros hijos e hijas en el que esta violencia, que a veces lamentablemente acaba con nuestras vidas a manos de un cobarde maltratador, no tenga cabida. Por ese futuro este grupo está comprometido, y estoy convencida, a pesar de lo dicho hoy aquí, que el resto de los grupos parlamentarios también, así que confío en que rectifiquen, dialoguen, escuchen, lleguen a acuerdos, y al final consigamos aprobar estos Presupuestos Generales del Estado que son buenos para avanzar en la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Dueñas. Es ahora el turno para contestar a todas las intervenciones y para cerrar esta comparecencia. Tiene la palabra la señora Ordóñez.
La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Ordóñez Carbajal): Señora Álvarez, no se habló en las negociaciones con las comunidades autónomas en concreto de dinero, porque siempre se puso esa medida como prioritaria, tanto por las comunidades autónomas como por el
observatorio. Y la manera de desglosar ese dinero ha sido con ese suplemento de 4 248 millones de euros en el superávit de la financiación a comunidades autónomas. Hay dinero, hay recursos, hay compromiso por parte de todas las partes intervinientes, en todos los grupos de trabajo repartimos los trabajos que tenemos que hacer cada uno y nos hacemos corresponsable de ello. Hay Comisión de seguimiento y vamos a ir viendo el compromiso por cada una de las partes.
Me preguntaba por las reformas legislativas, se van a presentar la semana próxima y se va a presentar un paquete de medidas importante dentro de la reforma de la ley.
Muchas gracias por las intervenciones, las aportaciones y por el compromiso. Darles la enhorabuena por el trabajo desarrollado en el seno de la subcomisión y por el espíritu de consenso y acuerdo que ha presidido los trabajos de la subcomisión y que ha permitido el logro del Pacto de Estado. No le quepa duda que en la Delegación y en la Secretaría de Estado estamos plenamente involucrados y trabajamos intensamente, como siempre se ha venido haciendo, en el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado. Además, tras esta comparecencia, la Delegación se enriquece con las contribuciones que nos han aportado y, progresivamente, vamos a ir teniendo mejores resultados.
Decididamente, podemos afirmar sin cuestionarnos que el año 2008 es un hito en la lucha institucional contra la violencia de género porque es el año que más presupuesto se destina a las medidas para erradicarla. La Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece el estatuto de protección integrada a las víctimas que había que poner en marcha desde el Gobierno central, Seguridad Social, tribunales de justicia, y, sobre todo, desde las comunidades autónomas, y más durante las anualidades del corto periodo en el primer año del Pacto de Estado, el año en el que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Podemos que a última hora se descolgó inexplicablemente del pacto después de trabajar intensamente en ello, decidieron identificar una serie de mejoras en la arquitectura institucional construida desde 2003 en España. Mejoras a todos los niveles, legales, por supuesto, pero también sociales, de conocimiento, educativas, policiales, relativas a los medios de comunicación, a internet, a nuevas tecnologías, etcétera.
Por eso, el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género crece espectacularmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado con un crecimiento que no tiene parangón con ninguna otra materia, lo que pone de relieve la importancia que el Gobierno concede a este pacto, el primero en la legislatura y absolutamente necesario para mejorar en eficacia y rapidez la respuesta institucional.
Recapitulando, y puesto que el tema que nos ocupa es el presupuesto de la Delegación del Gobierno, volvemos a hablar de que para el año 2018 las actuaciones para la prevención integral para la violencia de género han supuesto un incremento de 7 777 920 euros respecto al 2017, ascendiendo a la cifra global de 39 506 100 euros, siendo las novedades más importantes para el presente ejercicio en gastos corrientes y bienes y servicios el incremento global de 24,11 %, que va a ir destinado a la mejora del conocimiento. En el capítulo IV, transferencias corrientes, se produce un incremento del 28,65 %, siendo su dotación total de 23 352 840 euros, frente a los 18 152 000 de 2017. El aumento en 800 000 euros de las transferencias para el desarrollo de programas de asistencia social integral, ascendiendo a 6 500 000 euros este año. El mantenimiento de las transferencias por un total de 2 millones de euros para programas de apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales. Incremento en más del 17 % del importe destinado a las ayudas del artículo 27. El incremento del 100 % de las subvenciones destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la atención de víctimas de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que duplica su cuantía y alcanza los 4 millones de euros. El incremento en 400 000, es decir, un 11,11 % del importe destinado al convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género, Atenpro. En inversiones reales está el incremento del 21,41 % destinado a campañas de información y sensibilización para prevenir las distintas formas de violencia contra las mujeres, se incrementa en 1 500 980 euros. Una nueva partida de 72 500 euros destinados a la plataforma online, para formación de profesionales. Y para los dispositivos telemáticos de alejamiento, las pulseras, un incremento 806 270 euros, lo que supone un total de 5 200 000.
En lo que a datos se refiere, hemos hablado de que en 2017 se registraron 51 víctimas mortales por violencia de género, desde hace dos semanas hemos confirmado dos víctimas más, por eso aparecían a final de año 49 y paulatinamente nos van confirmando las que están en investigación. Hoy son 51. En cualquier caso, tanto con 49 como con 51 es la segunda menor cifra desde que se empezaron a contar en 2003. En 2018 se ha confirmado la trágica cifra de 9 víctimas mortales. Mientras haya una sola víctimas, todos nuestros esfuerzos habrán sido pocos, y no solo asesinadas, sino cualquier mujer que haya sido
acosada o agredida, pero a día de hoy también es el año con el menor número de víctimas en febrero, 9 víctimas mortales y 6 niños y niñas huérfanos.
En cuanto al servicio, merece destacarse el 016, con 737 478 llamadas pertinentes. Atenpro ha alcanzado la cifra de 12 765 usuarios a 28 de febrero de 2018. Por lo que se refiere a dispositivos electrónicos, a 28 de febrero de 2018 había 1029 dispositivos activos, lo que supone un 14,5 % más que los registrados en la misma fecha de 2017. En cuanto a las denuncias por violencia de género, debe destacarse que en el año 2014 empezaron a aumentar por primera vez desde 2008, continuando esta tendencia ascendente en los años siguientes. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el año 2017 se interpusieron 166 260 denuncias, lo que representa un 16,4 % más que en el año 2016. Respecto al sistema VioGén, es decir el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, indicaré que a 28 de febrero de 2018 había 54 203 casos activos en el sistema, lo que supone un 4,1 % más que los casos registrados el mismo mes del año anterior.
En lo relativo a los derechos económicos en el ámbito laboral contemplados para las víctimas de violencia de género, los últimos datos son que se han aprobado un total de 5143 solicitudes de ayudas económicas hasta el 31 de diciembre de 2017 del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004. En 2016 se concedieron 721 ayudas frente a las 430 de 2011, es decir, 291 ayudas más, lo que supone un incremento del 68 %. Contratos bonificados y contratos de sustitución, desde el año 2012 más de 30 000 mujeres cada año reciben la renta activa de inserción para mujeres víctimas de violencia de género, alcanzándose la cifra de 31 398 mujeres en 2017. Desde 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2017 se han concedido 29 931 ayudas para cambio de domicilio a mujeres víctimas de violencia de género.
Además de ello, y por responsabilidad compartida, debemos volver a mencionar las competencias de cada una de las administraciones. La Administración General del Estado, a través de todos los departamentos ministeriales, está dando impulso a las medias correspondientes a cada una de las áreas, así como al incremento presupuestario que hemos mencionado de 80 millones y su reparto entre los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia, Educación, Empleo y Seguridad Social, Hacienda, etcétera. La financiación correspondiente al pacto y destinada a las comunidades autónomas y administraciones locales está incluida en los Presupuestos Generales del Estado destinados a la financiación autonómica, que cuenta con un incremento de 4257 millones de euros más este año. Todas las administraciones han tenido y tienen una importancia fundamental en el proceso del desarrollo del Pacto de Estado. Desde que en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos, de 17 de enero de 2017, se aprobó la realización del debate monográfico sobre violencia de género para la incorporación al Pacto de Estado de sus conclusiones. El Senado participó con su ponencia de estudio, y la aprobación de la misma por todos los grupos políticos, con 267 medidas. El Congreso, a través de la subcomisión, aprobó el documento de 214 medidas por todos los grupos parlamentarios. El 15 de diciembre, el pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer llega a acuerdos para el desarrollo e implantación de las medidas del Pacto de Estado en lo que significa la aprobación desde el ámbito social. El 27 de diciembre de 2017 las comunidades autónomas refrendan el pacto con sus conclusiones añadidas a las propuestas del Congreso y del Senado, suponiendo la culminación del proceso en cuanto a la aprobación desde el ámbito territorial.
En este año que llevo al frente de la Delegación ha sido muy intensa la actividad de coordinación desarrollada. Una de nuestras principales herramientas de trabajo es la coordinación y la colaboración con todas las instituciones, administraciones competentes y organizaciones especializadas mediante la celebración de reuniones en el marco de los organismos y foros, siendo en este año del pacto numerosas las reuniones para este fin. Primero, de articular mecanismos para recabar propuestas desde todos los ámbitos y aportarlos a los trabajos de los órganos parlamentarios, y, posteriormente, para establecer vías de coordinación en el desarrollo e implementación de las medidas del Pacto de Estado a lo largo de los cinco años. Se han realizado las siguientes actuaciones: 6 reuniones con las comunidades autónomas y la FEMP a través de conferencias sectoriales de Igualdad o comisiones de carácter técnico; 6 reuniones en el seno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; 7 reuniones del grupo de trabajo en el marco del Pacto de Estado constituido en el seno del Observatorio; 4 reuniones del grupo de trabajo interministerial; 6 reuniones del grupo de trabajo para el desarrollo de las modificaciones legislativas; 8 reuniones de la Mesa permanente de valoración, prevención y lucha contra la violencia de género. A partir de enero de 2108, 4 reuniones de los grupos de trabajo para el desarrollo del Pacto de Estado; 1 reunión del grupo de trabajo sobre estadísticas, conceptos, armonización de conceptos estadísticos en violencia contra la mujer, para la inclusión de las violencias sexuales y otros tipos de violencias; y 2 reuniones del Foro social contra la trata confines de explotación sexual. En total, 45 reuniones. Y esto significa que solo
podemos avanzar construyendo, y construir significa dialogar, compartir y plantear críticas edificantes, que sumen y que no resten.
Por ello, me gustaría concluir mi intervención, agradeciendo de nuevo el trabajo de sus señorías para alcanzar el Pacto de Estado. La violencia de género es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, de Estado. Es un asunto prioritario que nos afecta como sociedad y como país de la que depende el futuro de nuestra convivencia y en la que todas las personas debemos implicarnos. El Pacto de Estado supone un avance histórico y pone de manifiesto que todas las fuerzas políticas compartimos el mismo propósito, que caminamos en la misma dirección, unidos por la firme voluntad de erradicar cualquier forma de violencia sobre la mujer.
También quiero agradecer y expresar antes de terminar mi reconocimiento en este foro al personal funcionario de la Delegación del Gobierno por su esfuerzo, por su dedicación y por su profesionalidad, por la asunción con entusiasmo de las nuevas tareas que vamos acometiendo. A la Secretaría de Estado y al gabinete de la ministra, con cuyo apoyo contamos en el desarrollo de todas estas acciones. Y a todos los sectores y ámbitos por los que hemos caminado en esta etapa, desde el social al territorial, desde las administraciones hasta los agentes económicos y sociales, desde las ONG y organizaciones especializadas de mujeres a las empresas que apoyan esta causa. Cada persona particular que se involucra, cada persona que sensibiliza en su entorno y lucha por conseguir un mundo mejor.
No es fácil desempeñar este cargo de delegada del Gobierno para la Violencia de Género porque cada mujer asesinada por su pareja o expareja, cada víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cada mujer agredida o lesionada, cada menor que vive en su casa la violencia de género, es una razón o un fracaso. Así que todo es poco, todo el esfuerzo es poco, todo el sacrificio es poco, todo el dinero es poco y todas las actuaciones son pocas. Por eso debemos seguir trabajando con todas nuestras fuerzas y con ilusión porque contamos con una sociedad muy sensibilizada. España sabe de qué hablamos y sabe y sufre con las mujeres que sufren en violencia de género.
El logro del Pacto de Estado y la apuesta por unos presupuestos comprometidos en la lucha contra la violencia de género muestran que nos encontramos en el buen camino, si bien aún queda mucho por hacer. Somos referentes a nivel internacional y vamos a seguir trabajando ya que creemos firmemente que una sociedad libre de violencia sobre la mujer es un logro posible. Conseguir esta meta exige, además de recursos, unidad social, y de todas las fuerzas políticas perseverancia y creatividad en los mensajes, identificar las carencias del sistema y trabajo para mejorarlas, y convicción absoluta y conjunta de que se puede acabar con la violencia y construir una sociedad en igual y libre de cualquier violencia sobre la mujer.
Sabemos dónde están los fallos, o alguno de ellos, y en qué aspectos debemos mejorar, y tenemos identificadas las áreas de trabajo. Por ello, desde la Delegación del Gobierno, desde esta Secretaría de Estado y desde este ministerio, continuaremos trabajando incansablemente cada día en estrecha colaboración con todos los agentes implicados para demostrar a las víctimas que su causa es la nuestra, que no están solas y que, efectivamente, hay salida. Y en este camino, parafraseando on-line, a la actriz británica Emma Watson, durante su discurso en la sede central de Naciones Unidas, en Nueva York, con motivo del lanzamiento de la campaña He for She en 2014 si no soy yo, quién, si no es ahora, cuándo. Yo me atrevo a decir: si no es este Parlamento, quién; si no es ahora, cuándo. ¿Cuándo se van a aprobar estos presupuestos? Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Ordóñez. Agradecerle su comparecencia, su predisposición, su tono. Estoy convencida de que como el objetivo que compartimos es el mismo, nos vamos a seguir viendo en los próximos tiempos, porque, además, tenemos un objetivo fundamental, y es que este Pacto de Estado llegue a buen fin y se cumpla. Por lo tanto, nos vamos a seguir viendo por el camino en el objetivo compartido.
La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Ordóñez Carbajal): A ustedes.