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Timestamp: 2018-08-17 15:42:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 5']

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS PAG. 1 DE 6
PROFESOR VÍCTOR GARRIDO.
TEMA N°. 12-A
EL PROBLEMA Y EL CONFLICTO DE CALIFICACIONES. CRITERIOS DE SOLUCION
CONTENIDO 1. El problema de las calificaciones, 2. Delimitación entre normas de conflicto; 3. El conflicto de calificaciones; 4. Casos prácticos. 5. Criterios de solución; 6. Algunos argumen- tos que pueden justificar la calificación ex lege fori; 7. Algunas dificultades de la calificación
ex lege fori ; 8. Sobre la calificación ex lege causae; 9. Sobre la calificación autónoma; 10. Sobre
la calificación funcional ; 11. La calificación en los tratados; 12. Sistema autónomo de DIP venezolano; 13. Jurisprudencia venezolana.
BIBLIOGRAFÍA VENEZOLANA:
Tatiana B. de Maekelt: Teoría General del Derecho Internacional Privado. Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 2005. pp. 285 – 293.
____________________ : Normas Generales de Derecho Internacional Privado en América. Caracas. FCJPUCV. 1984.
José Luís Bonnemaison: Derecho Internacional Privado. Valencia. Vadell Hnos. 1993, pp. 184 y ss.
Juan María Rouvier: Derecho Internacional Privado. Parte General. Maracaibo. Librería R. Borrero. 1987, pp. 391 y ss.
pp. 391 y ss..
Daniel Guerra Iñiguez: Derecho Internacional Privado. 6ª. edición. Caracas. El Grupo Editorial. 1993, pp. 197 y ss.
Benito Sansó: “La función de la interpretación en la búsqueda y adaptación de la ley extranjera aplicable”. Estudios Jurídicos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV. Caracas, 1984, pp. 301 y ss.
BIBLIOGRAFÍA EXTRANJERA:
Werner Goldschmidt: Derecho Internacional Privado. 8ª. Ed. Buenos Aires. De Palma. 1995; pp. 86 y ss.
José Carlos Fernández Rozas y Sixto Sánchez Lorenzo: Curso de Derecho Internacional Privado. Madrid. Civitas. 1996.
Martin Wolff: Derecho Internacional Privado. Barcelona. Bosch. 1958; pp. 141 y ss.
J. P. Niboyet: Principios de Derecho Internacional Privado. México. Editora Nacional. 1965.
FUENTES NORMATIVAS DE DIP:
A) DIP CONVENCIONAL: Código Bustamante: artículos 6, 22, 112, 113, 131, 164.
CIDACI: artículo 1º.
CINGDIP. No las regula expresamente.
B) DIP AUTÓNOMO: La LDIPV no regula expresamente el problema de las calificaciones.
DESARROLLO DEL TEMA PAG. 2 DE 6
1. El problema de las calificaciones
1.1 Como ya sabemos, cada Estado posee su propio sistema autónomo de DIP (pluralidad de métodos de
reglamentación, diversidad de fuentes, variedad de normas reguladoras), por lo que cada país posee
sus propias NC. Igualmente, cada país posee también sus propias calificaciones como consecuencia
del principio de soberanía territorial que les corresponde ejercer a los Estados. Luego, la calificación
dada a una institución varía de un país a otro (J.P. Niboyet: ...op. cit., p. 345). Por lo tanto,”en primer
lugar, conviene saber de qué ordenamiento jurídico debemos desprender las definiciones de los
términos que la norma indirecta emplea. He aquí el llamado problema de las calificaciones”
(W. Goldschmidt: ...op. cit., p. 85). El jurista alemán Franz Khan lo planteó como un problema de
“conflicto entre normas de conflicto”.
Esto conduce a que un mismo “supuesto de hecho relacionado con ordenamientos jurídicos extranjeros” (artículo 1 LDIPV) o un mismo factor de conexión (ejemplos: domicilio en el caso Forgo; lugar de emisión en el caso de los cheques sin fecha) se puedan hallar interpretados, de maneras diferentes. por varias normas de conflicto (NC). También sabemos que las NC se caracterizan por su amplio contenido (ejemplo: Artículo 16 LDIPV), hecho que obliga a deslindar la acción de las NC que pueden tener inicialmente puntos de contacto por su contenido, por la materia regulada (Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 340). En suma, las diferentes posibilidades de interpretar la misma relación jurídica y los mismos factores de conexión pueden originar lo que E. Bartin llamó “problema de calificaciones” (T. de Maekelt: ... op. cit., p. 285).
1.3 ¿QUÉ ES LA CALIFICACIÓN? “La calificación no es más que la naturaleza jurídica de una institución”.
La calificación se relaciona con “los conflictos de leyes” (determinación del Derecho competente aplicable al fondo del caso concreto) porque la aplicación de una NC supone necesariamente la determinación previa de la naturaleza jurídica de la relación jurídica de que se trate. En otros términos, que ya ha sido calificada (J.P. Niboyet: ...op. cit., p. 345). “La calificación es una operación formalmente previa a la designación de la ley aplicable y, en consecuencia, al conocimiento del contenido del Derecho extranjero (Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 347). La calificación “Es la condición misma de la deter-
minación del Derecho extranjero”. En suma, resolver un “conflicto de leyes” implica dos operaciones que
son el anverso y el reverso de una misma cosa: primero, dar una definición (la calificación); segundo, hacer una clasificación (encontrar el Derecho competente) (J.P. Niboyet: ...op. cit., p. 349).
Por ejemplo: Supongamos que se admite: “la forma de los actos se rige por la regla locus regit actum”. y que “la capacidad de las personas se rige por su ley nacional”. Observamos aquí que sólo hay dos NC (reglas que conducen a la solución de conflicto de leyes). Si en los diversos Estados interesados en una misma SPI se siguen las mismas NC, entonces existirá uniformidad en cuanto al Derecho aplicable o competente. Pero esto no resuelve todo. Es necesario precisar, además, lo que se entiende por “forma de los actos” y por “capacidad”. Porque hay países que incluyen en “la forma” lo que otros países incluyen en la “capacidad”. Así, hay países que incluyen en la forma extrínseca de los actos ciertas reglas referentes a la forma del testamento ológrafo y otros la coloca entre las de capacidad. Luego será necesario definir la naturaleza misma de la institución.
1.4 La norma de conflicto (NC) plantea numerosos interrogantes. En primer lugar, conviene saber de cuál ordenamiento jurídico debemos tomar las definiciones y términos que la NC emplea. He aquí el denominado “problema de las calificaciones”. Todos los problemas de DIP suponen la NC. El problema de las calificaciones no supone otra cosa” (W. Goldschmidt: ...op. cit., pp. 85 y 86).
1.5 El “problema de las calificaciones” o “calificación-subsunción” versa sobre el complejo proceso de subsumir los elementos de la la NC (supuesto de hecho y factor de conexión) en una categoría legal (T. Maekelt: ... op. cit., p. 285). “La calificación del supuesto de hecho es una operación necesaria a la hora de resolver cualquier tipo de pretensión jurídica. Por su parte, la calificación o determinación del factor de conexión no suscita mayores problemas cuando se trata de conexiones fácticas (ejemplo: lugar de situación de un bien). Sin embrago, si pueden suscitarse problemas de calificación en casos de factores de conexión jurídicos. Ejemplos: nacionalidad, domicilio, lugar de celebración de un contrato, vínculos más estrechos (Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 340).
1.6 En 1897 E. Bartin presenta el “problema de las calificaciones” con motivo de una sentencia francesa: Anton v. Bartolo o caso de “la viuda maltesa” (Vid. T. de Maekelt: ... op. cit., nota al pie de página 778, pp. 286 y 287. También: M. Wolff: ... op. cit., pp. 144 y 145; W. Goldschmidt: ..., op. cit., pp. 90 y 91). Sin embargo, se suele atribuir la elaboración científica del “problema de calificaciones” (1891) al Jurista alemán F. Khan: la distinta naturaleza territorial de las relaciones jurídicas crean colisiones generadoras del “problema de calificaciones”, ya que las normas de conflicto dependen de la naturaleza de la situación jurídica y ésta, a su vez varía de un Estado a otro (T. de Maekelt: ... op. cit., p. 286).
2. Delimitación entre normas de conflicto (Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., pp. 340 y 341).
2.1 Un mismo supuesto de hecho es susceptible de ser regulado, en todo o en parte, por varias NC, en virtud de: la “pluralidad de métodos de reglamentación”, la “variedad de “normas reguladoras” y la “diversidad de fuentes”. Para elegir aquella NC concreta que ha de resolver la SPI, se recurre a la operación de “delimitación”. Lógicamente, esta operación es previa a la puesta en funcionamiento de la NC. La interpretación que supone elegir una NC, supone un proceso de acotación del ámbito de aplicación de las distintas NC del foro.
2.2 Ejemplos: a) el problema de la capacidad de la mujer casada puede ser incluido en la NC que se refiere a “los efectos personales del matrimonio”; pero también puede insertarse en la norma general relativa a la “capacidad de obrar”; b) la transferencia de la propiedad a título contractual está atado tanto a la NC relativa a las obligaciones contractuales como a la referida a los derechos reales.
2.3 La operación de delimitación entre NC cobra un carácter funcional cuando se toman en cuenta los intereses de política legislativa que el legislador ha vertido en cada NC. Por lo tanto, esta operación debe partir de un análisis de los tipos legales empleados en su formulación, procurando integrar en ellos el interés de política legislativa que refleja el factor de conexión. Es decir, que la justificación funcional de una NC actúa como condicionante de la operación de calificación. Se trata, en suma, de que previamente a la operación “calificación-subsunción” aparece como condicionante la justificación funcional de tal o cual estatuto, de tal o cual NC, que radica en el hecho de que la asociación de un factor de conexión a una categoría para crear una NC atiende a consideraciones de política legislativa de la rama de Derecho considerada
3. El conflicto de calificaciones
3.1 El “conflicto de calificaciones” en sentido estricto se produce exclusivamente en relación con la NC y en un
momento ulterior en el que se plantea el “problema de calificación” (calificación-subsunción). Es decir, una vez realizada esta operación y, por tanto, determinada cuál es la NC aplicable al supuesto (relación jurídica de tráfico externo) que ha de indicar el Derecho extranjero “presumiblemente competente”. Ahora bien, dentro del Derecho extranjero “presumiblemente competente” la cuestión litigiosa puede quedar encuadrada en el contexto de una categoría normativa distinta a aquella correspondiente al Derecho del foro y que dio base a la selección de la norma de conflicto (Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., pp. 374 y 375).
3.2 Cada regla legal toma su calificación del ordenamiento jurídico al que pertenece. Así, el Derecho francés califica las reglas jurídicas francesas; el Derecho venezolano califica las reglas jurídicas venezolanas. Es decir, examinar la aplicabilidad del Derecho extranjero sin referencia a sus calificaciones es dejar de considerarlo tal como es (M. Wolff: ... op. cit., pp. 149). En este sentido, el artículo 2º LDIPV ordena aplicar, en principio, el Derecho extranjero que resulte competente de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero.
3.3 En todo caso, la función de la NC concluye con la localización o determinación del Derecho extranjero apli-
cable (Derecho extranjero competente). La solución del caso concreto, incluido el proceso de selección de
las normas materiales del Derecho extranjero competente que han de ser aplicadas de acuerdo con las categorías de dicho ordenamiento, es una cuestión que no atañe al Derecho del foro. En la práctica, los conflictos de calificaciones sólo se producen en supuestos de “inadaptación” (Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 376).
3.4 Las verdaderas dificultades a las que conducen las diferencias de calificación, consisten en el ajuste de varios sistemas jurídicos internos que actúan juntos con respecto a la misma serie de hechos. Las cuestiones que surgen en este dominio están relacionadas con la interpretación correcta de las normas jurídicas internas. Tales cuestiones no pueden surgir donde sólo se aplica un ordenamiento jurídico, sino que emergen únicamente cuando están en discusión hechos que contienen elementos extranjeros (M. Wolff: ... op. cit., pp. 160).
3.5 La exposición de motivos de la LDIPV expresa: “La ley ha preferido formular simples normas generales de orientación, a través de la adaptación (artículo 7), que alertan al intérprete sobre el sentido general de los problemas. A esto se debe la ausencia de la regulación expresa de la calificación, probablemente, la más difícil y problemática cuestión de todo el Derecho Internacional Privado”.
4.1 Anton v. Bartolo (caso de la viuda maltesa) Corte de apelación de Argel; 24-12-1889
Vid. T. de Maekelt: ... op. cit., nota al pie de página 778, pp. 286 y 287. También: M. Wolff: ... op. cit., pp. 144 y 145; W. Goldschmidt: ..., op. cit., pp. 90 y 91.
4.2 Caso del testamento ológrafo otorgado por un holandés
Vid. T. de Maekelt: ... op. cit., nota al pie de página 779, p. 287. También W. Goldschmidt: ..., op. cit., p.91.
5. Criterios de solución.
5.1 Calificación según la lex fori. (Vid. T. Maekelt: ..., op. cit., pp. 287 y 288).
5.2 Calificación según la lex causae (Vid. T. Maekelt: ..., op. cit., pp. 289 y 290).
5.3 Calificación autónoma (Vid. T. Maekelt: ..., op. cit., pp. 290 y 291).
5.4 Calificación funcional (Vid. Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 344 y ss.).
5.5 Calificación preordenada por el resultado (Vid. Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 347 y ss.).
6. Algunos argumentos que pueden justificar la calificación ex lege fori:
Fundamentalmente, el carácter interno de las NC (o la mayoría de ellas) que conlleva por sí mismo el carácter nacional de la calificación.
Un argumento puramente lógico deriva del carácter previo de la calificación: si esta sirve para la determinación de la NC eventualmente aplicable, se desconoce de antemano el Derecho aplicable, rsul-
tando por ello incongruente pretender utilizar la calificación conforme a la lex causae.
Inexistencia de un lenguaje jurídico común del que se sirvan todos los ordenamientos jurídicos estatales.
Presunción de que el legislador ha querido defender la cohesión interna del ordenamiento jurídico estatal
Imponiendo un catálogo único y común de calificaciones.
Incapacidad del sistema judicial del foro para poder llegar a comprender y utilizar auténticamente las
calificaciones extranjeras (Vid. Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 342).
7. Algunas dificultades de la calificación ex lege fori :
El problema fundamental que puede suscitar el “principio ex lege fori” es el de la calificación de una
“institución desconocida” para el foro, nacida al amparo de un ordenamiento extranjero (ejemplos: el trust anglosajón; el talaq musulman; o el urawashi tampo japonés).
En otros casos puede tratarse de de una institución aparentemente conocida (ejemplo: la adopción) pero que en la forma y contenido en que la crea el Derecho extranjero puede presentar más puntos de contacto con otro tipo de instituciones del foro. Por ejemplo: la tutela u otras instituciones de protección de incapaces (Vid. Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., p. 342).
Llevar a buen término la calificación de las diversas situaciones fácticas o jurídicas a que dan lugar las instituciones del foro es un objetivo que no puede alcanzar la pura y simple calificación ex lege fori. De allí la necesidad de recurrir a otros tipos de soluciones: las calificaciones ex lege causae, autónoma, funcional; entre otras (Vid. Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:..op. cit., pp. 343 y ss.).
Excepciones a la calificación ex lege fori: (a) la calificación de los bienes (muebles e inmuebles) según el adagio “lex rei sitae” (ejemplo: artículo 27 LDIPV). En todas las legislaciones existe la clasificación de los bienes en muebles e inmuebles; pero hay diferencias de criterios a tal efecto. Es decir, algunos bienes son muebles en ciertos países pero los mismos serán inmuebles en otros países; (b) el principio de la autonomía de la voluntad (ejemplo: artículo 29 LDIPV): puesto que las partes pueden elegir el Derecho aplicable a las obligaciones convencionales, resulta lógico que también puedan elegir la calificación; cada vez que se trate de una materia facultativa (J.P. Niboyet: ...op. cit., p. 358 y ss.).
8. Sobre la calificación ex lege causae
El Derecho del Juez, por medio de su NC, ordena que a una relación jurídica le sea aplicada una determinada legislación extranjera de acuerdo con los principios que rijan en ese país extranjero (ejemplo: artículo 2º LDIPV). En el “caso del testamento ológrafo”, el Derecho francés (lex fori) admite la aplicación del de la ley nacional del holandés para regir sus cuestiones de “capacidad”. Luego, será el Derecho holandés declarado competente (lex causae) por la NC francesa el que deba dar la calificación.
“Querer calificar por la lex causae es, en definitiva, suponer resuelto un problema al cual se le busca solución” (E. Dove; citado por J. L. Bonnemaison: ..., op. cit., p. 199). La calificación ex lege causae da lugar a un círculo vicioso, puesto que no es posible calificar por el Derecho extranjero competente en virtud de que tal designación depende del proceso previo de “calificación-subsunción”. “No se puede aplicar un Derecho extranjero si no tiene título suficiente para ser aplicada” (Ibidem, ...op. cit., p. 199).
9. Sobre la calificación autónoma
Las insatisfacciones resultantes de calificar ex lege fori y ex lege causae han dado lugar a una tercera doctrina que proclama la necesidad de que las NC tengan sus propias definiciones y que éstas se elaboren sobre la base del Derecho comparado; en virtud del carácter autónomo de las NC respecto del ordenamiento material. A su autor, el jurista austríaco Ernst Rabel, se le atribuye la denominación de “doctrina autárquica” de las calificaciones (W. Goldschmidt: ..., op. cit., p. 97).
Como ya sabemos del análisis estructural de las NC, estas se formulan conteniendo un supuesto o categoría conscientemente muy genérico (ejemplo: artículo 26 LDIPV). La calificación autónoma se efectúa a partir de categorías propias del DIP que puedan dar cabida a instituciones no conocidas en el Derecho material del foro ( Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:.. op. cit., p. 343).
Dice el profesor W. Goldschmidt que la calificación autónoma tampoco escapa de críticas: obliga al Juez a obtener definiciones de los términos empleados en las NC con la ayuda del Derecho privado comparado (W. Goldschmidt: ..., op. cit., pp. 97 y 98).
Dice el profesor español Yanguas Messia: “La norma de conflicto, a diferencia de las normas de Derecho material interno, no se refiere a fenómenos exclusivamente dependientes de la ley del Juez, sino a fenómenos jurídicos en totalidades o en parte extranjeros. No es, por tanto, lógico que las calificaciones se realicen con el criterio particular de la lex fori. Deben abarcar lo que estos fenómenos jurídicos, y las normas llamadas a regularlos, tienen en común. Finalidad que Rabel cree factible mediante el estudio comparado de los distintos derechos y la adopción de calificaciones unitarias y universales, para todas
aquellas instituciones que respondan a la misma función social” (J.M. Yanguas Messia: Derecho internacional Privado.Madrid. 1.971, p.203; citado por J. L. Bonnemaison: ... op. cit., p.201).
Sobre la calificación funcional
La calificación funcional del supuesto de hecho tiene presente la auténtica función que desempeña una institución jurídica en el plano social, más que su nomenclatura jurídica. Las posturas doctrinales que la defienden parten de una cierta apertura comparatista y de una profunda consideración del Derecho extranjero ( Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:.. op. cit., p. 343).
La calificación funcional es una opción valiosa respecto de aquellas instituciones desconocidas, en principio, para el foro. Es decir, al no existir una configuración jurídica de tales instituciones, la única vía de solución consiste en incidir en su función social y, de esa forma, hallar aquella institución del foro que desempeñe una función económica o social que más se aproxime a la función que desempeñe la institución extranjera desconocida. En otros términos, se trata de una técnica de “transposición de instituciones” que se fundamenta en el principio de “equivalencia de instituciones”. El fin último es transportar o transponer la institución desconocida a otra conocida por el foro, a efectos de garantizar la continuidad y el reconocimiento de la institución extranjera. En este sentido, es necesario que exista “correspondencia suficiente” entre ambas instituciones. Sólo la “excepción de orden público” impediría el recurso a la transposición. Basta, para proceder a la transposición, que la lex fori conozca y actúe una institución “funcionalmente equivalente” para eliminar la razón de orden público que pende, cual espada de Damocles, sobre la técnica de transposición ( Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo:.. pp. 343 y ss.).
La calificación en los tratados
Hacer un tratado en materias que interesen al DIP sin dar las calificaciones necesarias significa, a veces, hacer una obra fragmentaria e imperfecta. Luego, es necesario que los tratados fijen, en la medida de lo posible, la calificación de las instituciones necesarias para que se puedan ejecutar sus disposiciones (J.P. Niboyet: ...op. cit., pp. 371 y ss.).
La CINGDIP no regula expresamente la calificación. El silencio de la Convención otorga al Juez una mayor libertad. Ello es positivo en la medida en que propende a una más activa elaboración jurisprudencial y aun doctrinaria en relación al tema, generando de esta manera una maduración del mismo, imprescindible para poder llegar a formulaciones convencionales más refinadas (W. Golsdchmidt; citado por T. B. de Maekelt: Normas Generales ..., op. cit, p. 176).
El artículo 1º CIDACI califica de manera autónoma los contratos internacionales: “Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte”.
12. Sistema autonomo de DIP venezolano:
La exposición de motivos de la LDIPV expresa: “La ley ha preferido formular simples normas generales de orientación, a través de la adaptación (artículo 7), que alertan al intérprete sobre el sentido general de los problemas. A esto se debe la ausencia de la regulación expresa de la calificación, probablemente, la más difícil y problemática cuestión de todo el Derecho Internacional Privado”.
La LDIPV no regula expresamente las calificaciones.
La LDIPV emplea calificaciones autónomas: artículos 11 y 20 LDIPV.
“Proyecto Arcaya” de 1912 regula expresamente la calificación ex lege fori en su artículo 5º.
13. Jurisprudencia venezolana: Caso Quintana v. Sion.