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Timestamp: 2018-07-18 08:49:20
Document Index: 515309

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 51', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 151', 'artículo 148', 'artículo 151', 'artículo 153', 'artículo 51', 'artículo 267']

SENTENCIA TJUE DE 05-02-2005
SENTENCIA DEL TJUE DE 05-02-2005
Aplicación e interpretación de los Tratados y del Derecho comunitario. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada
Normativa nacional que establece un contrato de trabajo por tiempo indefinido con un período de prueba de un año
Incompetencia del Tribunal de Justicia.
Asunto C‑117/14, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid, mediante resolución de 4-3-2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de marzo de 2014, en el procedimiento entre Grima Janet Nisttahuz Poclava y Jose María Ariza Toledano.
1.- La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (en lo sucesivo, «Carta») y de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28-6-1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.
2.- La presente petición fue presentada en el marco de un litigio entre la Sra. Nisttahuz Poclava y su empleador, el Sr. Ariza Toledano, en relación con el despido de la Sra. Nisttahuz Poclava.
3.- La Carta consagra en su artículo 30 la «protección en caso de despido injustificado» en estos términos:
4.- Según el artículo 1 de la Directiva 1999/70
«La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada, que figura en el anexo, celebrado el 18-3-1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES)».
5.- El anexo de la Directiva 1999/70 contiene el Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»).
La cláusula 1 del Acuerdo marco afirma lo siguiente:
6.- La cláusula 2 del Acuerdo marco, con la rúbrica «ámbito de aplicación», prevé en su punto 1:
1. “trabajador con contrato de duración determinada”: el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado»
8.- La cláusula 5 del Acuerdo marco, relativa a las «medidas destinadas a evitar la utilización abusiva», establece:
9.- La relación de trabajo se encuentra regulada por el «Estatuto de los Trabajadores» E.T.).
10.- Por lo que se refiere al «periodo de prueba», el artículo 14 del E.T. dispone:
En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.»
11.- La Ley 3/2012, de 6-7, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral modificó la legislación laboral como consecuencia de la crisis económica sufrida por el Reino de España.
12.- Entre las medidas de «fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo», el artículo 4 de la Ley 3/2012 contempla el «contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores». Dicho artículo 4 dispone, en sus apartados 1 a 3:
3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el E.T. y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del periodo de prueba a que se refiere el artículo 14 del E.T., que será de un año en todo caso. No podrá establecerse un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.»
13.- El citado artículo 4 prevé, en sus apartados 4 y 5, que el contrato de apoyo a los emprendedores disfrutará de incentivos fiscales y de ayudas en materia de seguridad social y que la celebración de esta modalidad de contrato con desempleados inscritos en la oficina de empleo dará derecho a diferentes bonificaciones.
14.- El artículo 4 de la Ley nº 3/2012 dispone en sus apartados 6 a 8:
15.- El período durante el que podrá recurrirse a esta modalidad de trabajo queda definido en el apartado 2 de la disposición transitoria 9ª de la Ley 3/2012 en los siguientes términos:
«Disposición transitoria 9ª. Celebración de contratos para la formación y el aprendizaje y contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores en relación con la tasa de desempleo.
16.- La Sra. Nisttahuz Poclava, de nacionalidad boliviana, trabajaba como cocinera para la empresa de hostelería Taberna del Marqués. Su contrato de trabajo a jornada completa fue celebrado el 16-1-2013. Este contrato pertenecía a la categoría de los contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
17.- En la cláusula 2ª de dicho contrato se indica que la duración del período de prueba de la Sra. Nisttahuz Poclava sería en todo caso de un año. La 11ª cláusula del contrato establece que éste podía ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El convenio colectivo de hostelería resultaba de aplicación en todo lo que no quedara regulado por las estipulaciones del contrato de trabajo.
18.- La Sra. Nisttahuz Poclava fue informada por burofax el 31-5-2013 de que causaba baja en la empresa con efectos desde esa fecha por no haber superado con éxito el período de prueba.
19.- El 2-7-2013, la Sra. Nisttahuz Poclava presentó ante el Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid una demanda frente a su empresa solicitando que se declarara la improcedencia del despido y se condenara a la empresa a readmitirla en condiciones idénticas a las que existían antes de la extinción del contrato de trabajo o a abonarle una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio.
20.- El órgano jurisdiccional remitente señala que la duración del período de prueba fijada en el artículo 4, apartado 3, de la Ley 3/2012 no se corresponde con la que, por regla general, establece el Derecho español y no guarda relación con las competencias profesionales de la persona contratada. A su juicio, esta disposición creó un contrato atípico de duración determinada por un año, susceptible de transformarse en un contrato por tiempo indefinido a la finalización del período de prueba. Por otra parte, según el mismo órgano jurisdiccional, durante este período de prueba el trabajador carece de protección jurídica frente a un posible despido, en particular en lo que se refiere a la forma de éste, a los motivos por los que se decide y al control judicial al que puede someterse.
21.- El órgano jurisdiccional remitente expresa asimismo que la Ley 3/2012 tiene como objetivo fomentar el empleo y forma parte de las reformas de la legislación laboral adoptadas a raíz de las decisiones y recomendaciones de la Unión Europea en materia de política de empleo.
22.- Por lo que se refiere a las decisiones y recomendaciones de la Unión, el órgano jurisdiccional nacional cita los artículos 148 TFUE, que menciona las orientaciones referentes al empleo, y 151 TFUE, la Decisión 2008/618/CE del Consejo, de 15-7-2008, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18-4-2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo», la Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21-10-2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, la Recomendación del Consejo, de 12-7-2011, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España (2011-2014) y la Recomendación del Consejo, de 10-7-2012, sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015.
23.- Según el órgano jurisdiccional remitente, el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores infringe el artículo 30 de la Carta, los artículos 2.2, letra b), y 4 del Convenio nº 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, adoptado el 22-6-1982, en Ginebra, por la OIT, la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18-10-1961 —infracción que resulta del contenido de una decisión de 23-5-2012 del Comité Europeo de Derechos Sociales relativa a un contrato griego similar—, y la Directiva 1999/70.
24.- Por lo que respecta más en particular a la citada Directiva, el órgano jurisdiccional remitente alega que la Ley 3/2012 es contraria a los objetivos de ésta, esto es, evitar la discriminación de los trabajadores empleados mediante un contrato de duración determinada e impedir los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o de relaciones laborales de duración determinada. Considera asimismo que la Ley 3/2012 opera una discriminación entre los trabajadores que han celebrado tales contratos o son parte de tales relaciones laborales y los trabajadores que disfrutan de un contrato de trabajo de duración determinada o indefinida ordinario durante el primer año de vigencia de dichos contratos o relaciones laborales, ya que, en el caso de extinción anticipada de la relación de trabajo, no está prevista ninguna indemnización a favor de los primeros. Estima, igualmente, que la citada Ley introduce, infringiendo así la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco, un nuevo contrato de duración virtualmente determinada que impone condiciones de trabajo menos favorables a los trabajadores con los que se celebra.
25.- El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si es contraria al Derecho de la Unión una norma nacional como la que instaura y regula un contrato de trabajo que contempla un periodo de prueba de un año, y que, además, sustrae a la negociación colectiva la posibilidad de regular convencionalmente el periodo de prueba de este tipo de contrato. Además, plantea la duda de si ese periodo de prueba, durante el cual se permite el libre desistimiento del contrato de trabajo, es compatible con el derecho fundamental garantizado por el artículo 30 de la Carta.
26.- Es estas circunstancias, el Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Es contraria al Derecho de la Unión y compatible con el derecho fundamental garantizado por el artículo 30 de la Carta, la regulación nacional que somete a un período de prueba de un año el contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores, durante el cual permite el libre desistimiento?
27.- Mediante sus cuestiones, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, fundamentalmente, si el artículo 30 de la Carta y la Directiva 1999/70 —y más concretamente las cláusulas 1 y 3 del Acuerdo marco— deben interpretarse en el sentido de que dichas disposiciones se oponen a una legislación nacional como la legislación española que instaura y regula el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, respecto del cual se contempla un periodo de prueba de un año.
28.- Debe recordarse que el ámbito de aplicación de la Carta, por lo que se refiere a la acción de los Estados miembros, se define en su artículo 51, apartado 1, conforme al cual las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
29.- En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en esencia, los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas (sentencia Åkerberg Fransson, C‑617/10).
30.- Así pues, es necesario examinar si la legislación española que instaura y regula el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores constituye una aplicación del Derecho de la Unión.
31.- Tal como han señalado el Gobierno español y la Comisión Europea, la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican a todos los trabajadores cuyas prestaciones sean retribuidas en el marco de una relación laboral de duración determinada que los vincule a su empleador (sentencias Del Cerro Alonso, C‑307/05, Rosado Santana, C‑177/100, y Valenza y otros, C‑302/11 a C‑305/11).
32.- Con arreglo a la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco, éste se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.
33.- Según las definiciones contenidas en la cláusula 3 del Acuerdo marco, se considera «trabajador con contrato de duración determinada» al «trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado».
34.- De la resolución de remisión se desprende que el artículo 4, apartado 2, de la Ley 3/2012 prevé que «el contrato se celebrará por tiempo indefinido». El artículo 4, apartado 3, de la Ley 3/2012 dispone que el contrato quedará regido por lo dispuesto en el E.T. y por los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del periodo de prueba.
35.- Resulta tanto de la definición de trabajador con contrato de duración determinada que figura en la cláusula 3 del Acuerdo marco como de la legislación nacional aplicable en el litigio principal que un contrato de trabajo como el celebrado con la Sra. Nisttahuz Poclava no puede calificarse de contrato de duración determinada.
36.- En efecto, el período de prueba sirve fundamentalmente para comprobar la aptitud y la capacidad del trabajador, mientras que el contrato de trabajo de duración determinada se utiliza cuando el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas.
37.- En cualquier caso, la Directiva 1999/70 no regula la duración de un período de prueba como el previsto en la Ley 3/2012.
38.- En consecuencia, debe concluirse que un contrato como el «contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores» previsto por el Derecho español no es un contrato de duración determinada comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70.
39.- En la motivación de su resolución, el órgano jurisdiccional remitente invocó otras disposiciones del Derecho de la Unión que, a su juicio, fundamentan la inclusión de la situación jurídica controvertida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
40.- Por lo que se refiere al artículo 151 TFUE, que expone los objetivos de la Unión y de los Estados miembros en materia de política social, cabe señalar que éste no impone ninguna obligación concreta por lo que respecta a los períodos de prueba en los contratos de trabajo. Lo mismo sucede con las orientaciones y recomendaciones en materia de política de empleo adoptadas por el Consejo en virtud del artículo 148 TFUE, mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente.
41.- Debe recordarse en este sentido que, al examinar el «contrat nouvelles embauches» (contrato de nuevas contrataciones para el fomento del empleo) francés, el Tribunal de Justicia resolvió que, aunque la protección de los trabajadores en caso de resolución del contrato de trabajo sea uno de los medios que permiten alcanzar los objetivos fijados por el artículo 151 TFUE y el legislador de la Unión tenga atribuidas competencias en este ámbito, en las condiciones establecidas en el artículo 153 TFUE, apartado 2, no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión situaciones que no han sido objeto de medidas adoptadas con fundamento en esos artículos (auto Polier, C‑361/07).
42.- Por otra parte, el hecho de que el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores pueda financiarse con cargo a los fondos estructurales no es en sí mismo suficiente para considerar que la situación analizada en el litigio principal implique una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.
43.- En la motivación de su resolución, el órgano jurisdiccional remitente también invoca los artículos 2.2, letra b), y 4 del Convenio nº 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, adoptado el 22-6-1982, en Ginebra, por la OIT y la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18-10-1961. Es preciso señalar que el Tribunal de Justicia no es competente, en virtud del artículo 267 TFUE, para pronunciarse en materia de interpretación de normas de Derecho internacional que vinculan a los Estados miembros pero que están excluidas de la esfera del Derecho de la Unión (véanse las sentencias Vandeweghe y otros, 130/73; TNT Express Nederland, C‑533/08, el auto Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑134/12 y la sentencia Qurbani, C‑481/13).
44.- Del conjunto de las anteriores consideraciones resulta que la situación analizada en el litigio principal no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente (Y YA ESTÁ).
El TJUE carece de competencia para responder a las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por el Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid mediante resolución de 4-3-2014.
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