Source: http://www.cannabismedicinal.com.ar/cannabis-medicinal/ultimas-noticias/244-guia-sobre-el-estatus-juridico-de-la-planta-de-cannabis-y-sus-deribados-en-argentina
Timestamp: 2019-01-23 04:49:59
Document Index: 335481670

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 5']

La presente pretende ser una guía orientativa de las principales normas que regulan el estatus jurídico de la planta de cannabis y sus derivados. Es un punto de partida que seguramente debe ser complementado con normas inferiores (ej: disposiciones de Administración Nacional de Medicamentos –ANMAT-) y con la interpretación –prácticas- que se hace de estas normas.
Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas (1961)
Este instrumento de derecho internacional es la piedra fundamental del sistema internacional de fiscalización de “estupefacientes”. Por “estupefacientes” se entienden a los derivados de tres plantas –adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis- que se encuentran incluidas en los listados anexos.
Cómo luego se verá este sistema de fiscalización es seguido por la legislación nacional. Este instrumento de derechos internacional se aprobó mediante el Decreto-Ley n° 7672 de 1963 y luego de la reforma constitucional de 1994 (art. 77, inc. 22 Constitución Nacional) se considera por encima de las leyes, pero por debajo de los tratados de derechos humanos donde se contempla –por ejemplo- el derecho a la salud1.
La Convención Única establece un sistema de regulación limitado a fines “médicos y científicos”.
El artículo 4 dice: “Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias: c) ...para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos” (negrita mía).
1 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que en su art. 12 señala: “1.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental./2.- entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas ; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”
Si bien la Convención Única obliga a los estados a sancionar como delitos determinadas conductas vinculadas a estas sustancias (art. 36), establece principalmente la obligación de desarrollar legislación administrativa en relación con estas sustancias, siempre siguiendo el principio de la finalidad “médica y científica”. En este sentido los estados se obligan a limitar (administrativamente) el cultivo, la fabricación, comercio internacional, comercio y distribución nacional, y posesión.
En la convención se establece la posibilidad de usos legítimos (“médicos y científicos”) bajo determinadas condiciones; como por ejemplo, sistemas de licencias que autoricen el cultivo, fabricación, comercio y distribución. El “cannabis y su resina” (“las sumidades, floridas o con fruto de la planta de cannabis (resina no extraída) la resina separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta de cannabis” se encuentra entre las sustancias más limitadas o prohibidas (Lista IV), por entenderse que son peligrosas y no tienen propiedades médicas, aunque también en este caso se exceptúan los fines “médicos y científicos” (artículo 2.5).
Esta convención se complementa con la Convención de Sustancias Psicotrópicas de Naciones Unidas (1971) que propone un sistema de fiscalización similar -aunque más laxo- limitando los usos de una serie de sustancias (“psicotrópicos”) en función de la utilidad médica y científica (art.
5). También en este caso se definen las sustancias por remisión a listados. En el listado con mayor grado de limitaciones se encuentran el tetrahidrocannabinol, y determinados isómeros y variantes estereoquímicas (lista I).
Esta norma de 1968 regula administrativamente las conductas (“importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación y expendio” –art. 2-) vinculadas a los estupefacientes (definidos también por remisión a similares listados como los de la Convención Única).
El artículo 3° prohíbe las sustancias de la Lista IV de la Convención Única (donde se incluye el “cannabis y su resina”) pero exceptuando la utilización “médica y científica”: “Queda prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, comercio y uso de los estupefacientes contenidos en las listas IV de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961, con excepción de las cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con estupefacientes que se realicen bajo vigilancia y fiscalización de la autoridad sanitaria”.
Esta norma de 1971 regula administrativamente las conductas (“importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación, expendio y uso” –art.
2-) vinculadas a los Psicotrópicos (definidos también por remisión a similares listados como los de la Convención Única).
El artículo 3° tiene una redacción similar al de la Ley 17.818: “Queda prohibida la importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación, expendio y uso de los sicotrópicos incluidos en la Lista I, con excepción de las cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos, que se realicen bajo autorización y fiscalización de la autoridad sanitaria nacional, conforme a lo que establezca la reglamentación”.
En la Lista I anexa a la ley se incluye “tetrahidrocanabinoles” y todos los isómeros.
Ley 21.671
Esta norma del año 1977 prohíbe “la siembra, plantación, cultivo y cosecha de la Adormidera (Papaver somniferum L.), del Cáñamo (Cannabis sativa L.) y de la Coca (Erythroxylon coca Lam)” (art. 1) y “la tenencia, comercialización, importación, exportación y tránsito a través del territorio nacional de la Cannabis (marihuana), sus aceites y resinas (Haschisch) sus semillas”. Si bien establece la prohibición no estipula ninguna sanción en su texto.
Ley 23 737 (1989)
Esta ley es principalmente una norma penal. Allí se encuentran establecidas como delito distintas conductas vinculadas a todos los estupefacientes de la Ley 17.818, algunos psicotrópicos de la Ley 19.303, y otras sustancias. Todas estas sustancias, cuyas conductas vinculadas se considera delito se denominan “estupefacientes” y están enumeradas en el Decreto 772/15 donde están tanto la planta de cannabis, sus resinas, aceites y semillas, como el tetrahidrocannbinol y sus variantes esteroquímicas.
El artículo 5° de esta ley, donde están contempladas las conductas de tráfico de estupefacientes (cultivo, producción, comercio, etc) con pena de prisión de 4 a 15 años; y en el artículo 14 los delitos de tenencia (simple) de estupefacientes y tenencia para consumo personal, con penas de prisión de 1 a 6 años y de 1 mes a dos años de prisión, respectivamente.
¿Son delito las conductas vinculadas al cannabis y derivados con fines medicinales?
A mi juicio no. El artículo 5° de la Ley 23.737 establece como delito una serie de conductas asociadas al tráfico de estupefacientes si se efectúan “sin autorización o con destino ilegítimo”. Como se mencionó anteriormente tanto los instrumentos de derecho internacional (Convención Unica, Convenio de Sustancias Psicotrópicas) como la legislación administrativa nacional derivada de esos instrumentos establecen un sistema de fiscalización en los cuales los usos “médicos y científicos” se consideran usos legítimos. Esa interpretación también sería aplicable a los delitos de tenencia del art. 14.
El problema, a mi modo de ver, es encontrar un médico que avale la utilización de cannabis con fines médicos; o los laberintos administrativos que permitan la utilización médica y científica. Es por eso que considero que a la hora de pensar en un sistema de acceso al cannabis y sus derivados con fines medicinales, más que pensar en la ley penal debería pensarse en la modificación de las normas administrativas que lo permitan.
Alejandro Corda - INTERCAMBIOS - www.intercambios.org.ar
Alejandro Corda es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde 1998. También es docente e investigador de la UBA. Trabaja en el Poder Judicial de la Nación desde 1993, siendo desde 2001 Secretario de Juzgado en el Fuero Penal Federal. Es integrante de Intercambios Asociación Civil, una ONG argentina con trayectoria en el tema de las políticas de drogas y del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) que reúne investigadores de nueve países de Latinoamérica. Ha realizado distintas publicaciones en forma individual y conjunta sobre políticas de drogas. También ha participado en el proyecto “Legislación sobre Drogas en las Américas” (LEDA) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA).