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Timestamp: 2020-07-05 08:24:07
Document Index: 104100770

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 13']

Politicas laborales en españa para los inmigrantes latinoamericanos | Unión Europea | Derecho laboral
Politicas laborales en españa para los inmigrantes latinoamericanos
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Trabajo - Tema 7 - Estabilidad e Inamovilidad Laboral
manual escénica de riesgos laborales
Manifiesto de CCOO Ante El Primero de Mayo de 2012 REFORMADO
ANUARI MIGRACIONS 2015.pdf
Clase Políticas de Empleo 18.09.14
TRABAJO DE ANTHONY RESISTENCIA INDIGENA.doc
Periodificacion_apunte
Proyect Subliminal 2003 OTRO
Adamovsky Ezequiel Repensar La Politica en La Era de Los Movimientos y de Las Redes
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Francisco Sacristán Romero * Universidad Complutense de Madrid
Para situar al lector interesado en esta parcela de la realidad jurídica actual de una forma lo más cercana posible a los objetivos que se pretenden conseguir en el desarrollo de esta cuestión relativa al concepto y características de las políticas activas de empleo enfocadas a los nacionales de los distintos países de Latinoamérica, es necesario empe- zar matizando que, desde un enfoque amplio, dichas políticas intentan suplir las des- igualdades presentes en el mercado de trabajo a partir de la toma en consideración de la heterogeneidad de los diferentes colectivos que participan en el mercado. Así, entre las políticas activas de empleo, se podrían distinguir tres grandes grupos, a partir de la cla- sificación realizada por Sáez 1 :
1º. Las que persiguen el desarrollo de un buen sistema de intermediación entre la oferta y la demanda a través de medidas de diversa naturaleza.
* Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Docente en la Facul- tad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (asignaturas de Historia del siglo XX e Historia de la Comunicación Social). Investigador en la Oficina de Transferencia de Tecnolo- gía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Dirección postal: Calle Camino An- cho, nº 84, vivienda 60.28109 Alcobendas. Madrid. España. E-mail fransacris@ozu.es
1 SÁEZ, F. (1997): “Políticas de mercado de trabajo en Europa y en España”. Papeles de Economía es- pañola, 72:309-325
2º. Las actuaciones encaminadas a la mejora de los mecanismos de educación y forma- ción a efectos de facilitar a los jóvenes una base de partida que les permita desempeñar una profesión y avanzar en la cualificación profesional de los adultos.
En este contexto interesa especialmente analizar la combinación de medidas con rela- ción a la orientación, formación y experiencia laboral. Además, respecto a las conse- cuencias jurídicas de tales políticas, hay que hacer un especial esfuerzo para adentrarse en la operatividad de los programas hacia la población-objetivo que constituye el colec- tivo de trabajadores inmigrantes.
Conviene recordar que en los países más desarrollados se ha registrado en los últimos diez años un notable aumento de las políticas activas de empleo destinadas a los colecti- vos con una baja tasa de colocación, entre los que se encuentran los inmigrantes.
Según Sáez, el grupo más importante ha sido el de los desempleados de larga duración (superior a un año) y que superan cierta edad, el segundo conjunto de colectivos se ca- racteriza por el de aquellas personas cuya experiencia laboral es muy pobre o incluso inexistente (marginados, personas con historial delictivo, inmigrantes y gente con baja cualificación) y el tercer grupo serían los jóvenes recientemente incorporados al merca- do de trabajo. Otros grupos de segunda línea son los considerados como inactivos (es- pecialmente se refieren a las mujeres) y los receptores de rentas sociales, a los que se empuja hacia el empleo como mecanismo de integración social.
Una vez realizada esta incursión general, es preciso destacar que para una de las instit u- ciones españolas con más conocimiento y experiencia en esta materia, como es el Con- sejo Económico y Social (CES), estas políticas comprenderían dos grandes grupos de medidas, a saber:
1º. Las destinadas a una actuación directa que incida sobre el mercado de trabajo para aumentar el empleo o reducir el paro, tales como los incentivos económicos( bonifica-
ciones, subvenciones, etc
a la contratación.
2º. Las que van dirigidas a la mejora sustancial y cualitativa de los procesos de ajuste a corto y medio plazo entre la oferta y la demanda de trabajo, ya sea mediante la forma- ción de los activos, el incentivo( o la supresión de obstáculos) a la movilidad geográfica de la mano de obra, la mejora de la intermediación entre los flujos de oferta y demanda en el mercado de trabajo, e incluso una más fluida información de este mercado ( que es, por ejemplo, uno de los esfuerzos de los observatorios públicos de empleo).
Las políticas activas de empleo pretenden contribuir al incremento de las posibilidades de incorporación y mantenimiento laboral de los inmigrantes, combinando, al mismo tiempo, flexibilidad y seguridad en el empleo. Además, en términos macroeconómicos, la actuación selectiva sobre la oferta y la demanda, con medidas tales como el fomento de la iniciativa privada, la ayuda a la movilidad a sectores con suficiente demanda o la creación directa de empleo, permiten reducir los desequilibrios o desajustes en el mer- cado de trabajo.
Tomando como punto de partida y referencia esencial la vigente Ley de Empleo, Ley 56/2003, de 16 de diciembre, ya en la misma Exposición de Motivos se alude a que uno de los factores esenciales que han estado presentes en el entramado actual del mercado laboral español es el denominado por los redactores de la ley “fenómeno inmigratorio”, que sin lugar a dudas ha contribuido a una importante modificación cualitativa y cuant i- tativa del empleo en España.
Lo establecido en la Exposición de Motivos tiene continuidad en la misma Ley cuando el artículo 2, concerniente a los objetivos de la política de empleo, cita de forma especí- fica al colectivo migratorio externo en su apartado g), entendiendo que una de las metas de la Ley es la coordinación de la articulación de las políticas de empleo, teniendo muy presentes tanto a la inmigración interna como a la externa; estos aspectos van ligados a los principios de la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, de acuer- do a lo previsto en el artículo 9.2 de la CE.
Además, este apartado g) del artículo 2 conecta con su apartado d), especificando que los inmigrantes se encuentran dentro del conjunto de colectivos en los que es preciso fomentar políticas destinadas a la integración laboral, dado que son grupos que presen- tan por las diversas características que concurren en ellos más trabas y problemas a la hora de encontrar empleo que el resto de ciudadanos. Entre estos colectivos, el artículo 2, apartado d), de la Ley de Empleo cita de forma específica a los “jóvenes, mujeres, discapacitados y parados de larga duración mayores de 45 años”.
Una vez introducidas estas dos puntuales referencias significativas sobre el objeto de estudio, ubicadas en la Exposición de Motivos y el artículo 2 de la Ley, enfoco la aten- ción al importante artículo 23 que delimita el concepto básico sobre el que pivota este trabajo y éste no es otro que el de “políticas activas de empleo”. En consonancia con el espíritu integrador que orienta a esta Ley de Empleo, se definen las políticas activas de empleo como “el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desemplea- dos en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social”.
De esta definición se pueden extraer algunas características básicas acerca de estas polí- ticas activas de empleo que, desde mi perspectiva particular, serían las siguientes:
1ª. Se advierten tres ejes esenciales sobre los que descansarían estas políticas: orienta- ción, empleo y formación.
Dicho esto, no podemos pasar por alto que para intentar acercarnos a las anteriores tres líneas de actuación, las medidas favorecedoras para integrar a los colectivos con más
dificultades, no sólo para encontrar empleo, sino también para consolidar un puesto de trabajo estable y de calidad, deben acompañarse de un importante incentivo económico.
En este sentido, el actual Ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Calde- ra, recalcaba que “la cantidad destinada a políticas activas de empleo en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para el año 2005 es de 6.372,6 millones de eu- ros, que supone un aumento de 462,3 millones, un 7,8%, con respecto al año anterior” 2 .
En el capítulo específico relativo a la integración laboral de los inmigrantes, el presu- puesto que corresponde a la Dirección General de Inmigración se sitúa en unos 12 mi- llones de euros, despuntando de una manera especial las transferencias que desde la Administración Central se harán a distintas instituciones autonómicas y municipales, que de acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, copa- rán tres cuartas partes del presupuesto.
2ª. Se alude en la definición sobre políticas activas de empleo a que éstas van enfocadas al grupo de “los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajado- res”. Es pertinente, por ello, hacer una distinción entre dos grupos ya de entrada:
2. LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN LA EUROPA COMUNITARIA
Partiendo del Tratado de Ámsterdam se incorporó el artículo 13 que establece que “el
Consejo (
podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por
2 Este dato está tomado de la publicación electrónica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, NIPO 201-04-014-X ISSN: 1577-189 X, 14 de octubre de 2004, Madrid.
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. Al amparo de este precepto, se aprobó en el año 2000 una Directiva muy relevante referida al establecimiento de la igualdad de trato en el empleo y la ocu- pación, en concreto, la Directiva 2000/78/CE. Así, en el considerando nº 9 de esta Di- rectiva, se establecía que “el empleo y la ocupación son elementos esenciales para ga- rantizar la igualdad de oportunidades para todos y contribuyen decisivamente a la parti- cipación plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural y social, así como a su desarrollo personal”.
La normativa comunitaria es un fiel reflejo del trabajo realizado en el Consejo Europeo de Luxemburgo, celebrado en noviembre de 1997, en el que la Unión Europea dio un impulso muy importante y de una forma progresivamente integrada, a las políticas acti- vas de empleo, como un desarrollo del nuevo Título de Empleo que se incluyó en el Tratado de Ámsterdam. La consecuencia jurídica que se deriva de todo este proceso es que las políticas activas de empleo en España vienen definidas en buena parte por las líneas y directrices generales que introduce la Unión Europea en el Derecho Comunita- rio.
Tres años más tarde de la reunión de Luxemburgo se celebró el Consejo Europeo de Lisboa, en concreto en marzo de 2000, en el cual se acordaron una serie de actuaciones relevantes tales como la definición de una estrategia global para el crecimiento econó- mico a largo plazo, el pleno empleo, la cohesión social y el desarrollo sostenible en una sociedad basada en el conocimiento, que se ha venido denominando en el marco comu- nitario con el título de Estrategia de Lisboa. Dentro de ésta hay que realizar una especial mención a la denominada Estrategia Europea de Empleo, que se conoce con las siglas EEE. Este enfoque sobre el empleo en el ámbito de la Unión Europea intenta hacer una reordenación y ampliación de las diversas directrices para el empleo que se habían con- figurado como principios informadores para la política comunitaria, completándose con una serie de objetivos de tipo cuantitativo a diez años. Para la instrumentación de esta Estrategia Europea de Empleo, se definieron cuatro grandes pilares, en los que cada año se establecerían diversas directrices, debiendo ser desarrolladas éstas por los países miembros de la Unión Europea en políticas concretas, dentro de los sucesivos progra- mas nacionales para el empleo con un período anual de actuaciones. En concreto, los cuatro grandes pilares son:
En el contexto de este proceso que empezó en Luxemburgo en 1997, las sistemáticas revisiones de la EEE han llevado a la determinación de la necesidad de realizar un ejer- cicio de simplificación para ofrecer enfoques y orientaciones más generales, con una mayor determinación de las acciones prioritarias y responsabilidades que mejor están definidas. Así, en junio de 2003, se procede a una crucial modificación de la EEE para el período trianual 2003-2005, en el que las características más sobresalientes están construidas alrededor de unos puntos muy específicos, tales como la determinación de tres objetivos generales, cuya materialización pasaría por el cumplimiento de cuatro requisitos básicos que deben recogerse en la aplicación por parte de los Estados mie m- bros de la EEE revisada, un menor número de directrices, reducido a diez y un período de vigencia de estas directrices a tan sólo tres años. De forma paralela, se han ido mati- zando un conjunto cada vez más amplio de indicadores cuantitativos para la medición y la evaluación de las políticas en las que se recojan estas líneas de actuación genérica.
Podemos vislumbrar que en el actual marco comunitario, uno de los efectos más clarifi- cadores de la filosofía que encierra la Estrategia de Lisboa, es el de destacar el papel tan relevante que deben tomar las políticas activas de empleo en los países miembros de la Unión Europea. De acuerdo a la EEE, los Estados han ido elaborando cada año progra- mas nacionales de acción para el empleo. Conviene mencionar que la actuación enca- minada a la mejora de la capacidad de inserción profesional de los trabajadores es la que concentra la mayor parte de las políticas activas del mercado de trabajo. A pesar que ese objetivo se haya dirigido en mayor proporción a la ordenación de programas y actuacio- nes ya existentes que para el diseño y la puesta en marcha de otros nuevos, sí es preciso mencionar que sobre dicho objetivo se han establecido las bases para el arranque de
distintas medidas que tienen un reflejo en los denominados Planes Nacionales de Ac- ción para el Empleo de nuestro país.
Tres de los fines de estos Planes se han enfocado a la incentivación de la participación en el mercado de trabajo, la potenciación de la búsqueda de empleo y la promoción de
En el diseño de este artículo interesa especialmente la directriz 7, destinada a la promo- ción activa y decidida de la integración de todos aquellos colectivos desfavorecidos por distintas causas en el mercado de trabajo y a enfrentarse de una manera eficaz a la dis- criminación que sufren.
En el camino indicado por esta anterior directriz, las acciones a favor de la integración de los colectivos desfavorecidos se destinan a actuaciones concretas en el campo de la educación y formación de jóvenes y adultos, personas discapacitadas e inmigrantes. En el caso concreto que ocupa la atención de este artículo, o sea, el colectivo inmigrante, existen diferentes actuaciones para luchar contra su discriminación, que pasan por la elaboración de itinerarios integrados de inserción laboral que contemplen sus potencia- lidades y posibilidades de empleo de forma individualizada; por la formación de profe- sionales en el campo de la inmigración y por la regularización de la situación laboral de los inmigrantes que acrediten el desempeño de un trabajo durante al menos el período de un año.
En esta apartado se toman en consideración las diferentes y variopintas características personales y laborales de los inmigrantes, con el objetivo de intentar el descubrimiento
y la potenciación de las posibilidades de acceso al empleo desde un enfoque netamente individualizado. Este itinerario está formado por una serie de fases, a saber:
a) Diagnóstico de la situación, cuya herramienta esencial es una entrevista perso- nal.
b) Formación previa, con instrumentos poderosos tales, como el aprendizaje del idioma español y de otra lengua específica oficial de la Comunidad Autónoma que se trate, además de un entrenamiento básico en habilidades sociales.
f) Medidas de acompañamiento de tipo sociopedagógico, que se concretan en ayu- das destinadas a gastos de guarderías y escuelas infantiles, ayudas para sufragar los costes de transporte y manutención para aquellos casos que se entiendan co- mo más vulnerables, etc
2ª) Formación de profesionales con dedicación exclusiva enfocada al colectivo inmi- grante.
Se trata de impulsar medidas eficaces para dotar de una preparación teórica y práctica en materia de extranjería y recursos sociales existentes en las diferentes Administracio- nes Públicas de ámbito territorial estatal, autonómico o local, destinada a todos aquellos profesionales de los diversos organismos e instituciones públicas y privadas que traba- jan directamente con los inmigrantes, con el objetivo esencial de su inserción en el mer- cado laboral.
El objetivo es alcanzar una efectiva concienciación social a través de la realización de campañas concretas y la realización de encuentros, jornadas y seminarios, intentando que en estos diferentes actos participen el mayor número de agentes sociales implicados en todo lo que constituyen las trabas esenciales que impiden la plena integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo español.
Las propuestas particulares que los dos Sindicatos españoles más representativos en el ámbito territorial estatal, UGT y CC.OO., entienden esenciales para hacer efectivos los objetivos de la Directriz 7 se centrarían en estos cinco puntos:
2º) Establecimiento de unas normas claras y participativas para la determinación de los contingentes, teniendo presentes la situación nacional de empleo, el papel de los Servi- cios Públicos de Empleo, la articulación sectorial y territorial y la implicación de em- presarios y organizaciones sindicales.
3º) Dotación de medios y recursos suficientes a la Administración española en los paí- ses de origen de la población trabajadora inmigrante para la potenciación de la contrata- ción en sus países de nacimiento y el establecimiento de planes de acompañamiento y de integración sociolaboral (lengua, derechos laborales, regulación colectiva, protección social, etc…)
4º) Luchar contra las situaciones de explotación y desigualdad de las personas inmigran- tes vinculadas a la irregularidad y al empleo sumergido, así como la promoción de los procedimientos de actuación coordinada entre las distintas Administraciones Públicas, incluida la Inspección de Trabajo, con el objeto de hacer emerger a la superficie el em- pleo irregular, con la persecución del fraude empresarial y asegurando la protección a los trabajadores que pongan en conocimiento de las instancias judiciales estas situacio- nes.
5º) Definición de programas de integración social destinados a los inmigrantes en mate- ria de educación, vivienda, servicios sociales, etc…
Bajando al terreno concreto de las distintas Comunidades Autónomas, la materializa- ción de esta directriz 7 se concreta en las siguientes actuaciones:
* Ayudas a la contratación de trabajadores en riesgo de exclusión en Empresas de Inser- ción Laboral. * Informació n, atención especializada y asesoramiento individualizado acorde a inmi- grantes.
* Participación en la iniciativa comunitaria EQUAL potenciando la formación e inte- gración de colectivos desfavorecidos.
* Convenios con entidades para la intermediación laboral con personas inmigrantes y sensibilización de las empresas. -Asturias:
* Plan de Formación para personas con discapacidad y amenazados de exclusión. -Canarias:
* Acciones para la integración de colectivos en riesgo de exclusión del mercado de tra- bajo.
* Plan Integral de empleo para personas con riesgo de exclusión social. -Galicia:
* Incentivos a la contratación temporal e indefinida de desempleados en riesgo de ex- clusión social. -Madrid:
* Ayudas a empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación de ex- clusión social. -Navarra:
Haciendo un repaso al conjunto de medidas específicas dentro del ámbito territorial au- tonómico, se percibe de una forma nítida que Aragón es la Comunidad Autónoma espa- ñola que más programas y presupuesto regional destina a hacer posible la concreción de la directriz 7 en lo concerniente al colectivo inmigrante.
Por último, en el marco de la Unión Europea conviene hacer una especial mención a la conocida como iniciativa comunitaria EQUAL, que tiene como objetivo la cooperación transnacional para la promoción de una nueva metodología de lucha contra las discrimi- naciones y desigualdades de todo tipo existentes en relación con el mercado de trabajo. El objetivo de esta iniciativa, tal y como se contempla en el Diario Oficial de las Comu- nidades Europeas (DOCE), de 5 de mayo de 2000, es el de “promover nuevas maneras de combatir todas las formas de discriminación y desigualdad en relación con el merca- do de trabajo a través de la cooperación transnacional”.
En el campo particular que centra el interés de este trabajo, EQUAL distingue dos pro- pósitos diferentes para enfocar el alcance de la capacidad de inserción profesional:
a) Hacer posible a través de una serie de instrumentos y herramientas concretas el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas que sufren en mayor medida las trabas y obstáculos para integrarse o reintegrarse en el merca- do laboral.
b) Tomar medidas drásticas y eficaces para luchar contra el racismo y la xenofobia conectados al mercado de trabajo.
Una vez perfiladas las ideas básicas del modelo comunitario que subyace con relación a las políticas activas de empleo, para afrontar una perspectiva adecuada de lo que ocurre en España, conviene no ignorar la configuración múltiple, tanto en los aspectos del di- seño como en los de la ejecución, que provienen de la distribución de competencias entre la Administración Central del Estado y las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en esta materia, y de la capacidad de las Ad- ministraciones locales de adoptar medidas de tipo complementario. Retrotrayendo la
atención al tercer punto de este epígrafe, se veía que la actual y vigente Ley de Empleo tiene como objetivos fundamentales el de la armonización del modelo surgido de la dis- tribución de competencias y garantizar la adecuada cooperación y coordinación entre las diferentes Administraciones y entre los agentes públicos y privados, que se encuentran implicados, para intentar en la medida de lo posible la movilización y optimización de los recursos disponibles al objeto de lograr mayores niveles de eficiencia en las políticas de empleo.
Se puede constatar que la Ley de Empleo ha instaurado un concepto integral de política activa de empleo, diseñada como el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas cuyos objetivos vienen determinados por el desarrollo de programas y medidas dirigidas a la consecución del pleno empleo, además de la calidad del empleo, la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo y la reducción y debida protección de las situaciones de desempleo. Una de las conse- cuencias evidentes de la amplitud del concepto de política activa de empleo que se re- coge en la vigente Ley de Empleo, es la imprescindible regulación de las competencias de cada una de las instituciones y organismos implicados en su diseño y ejecución, pero no ignorando en ninguno de los supuestos posibles a las Administraciones Públicas de carácter local en el desarrollo del conjunto de las políticas activas de empleo. En virtud de todas las circunstancias, es relevante el modelo del Sistema Nacional de Empleo, cuyos ejes esenciales de actuación se centran en un modelo de descentralización territo- rial y de coordinación funcional, en el que las finalidades se centren en el aumento pro- gresivo de las tasas de intermediación laboral y en asegurar la aplicación de las políticas activas de empleo y de la acción protectora por desempleo, así como la ineludible garantía de la unidad del mercado de trabajo en España, su integración en el mercado único europeo y la libre circulación de los trabajadores.
Especificar que el Sistema Nacional de Empleo está formado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las diferentes Comunidades Au- tónomas. En el caso del Servicio Público de Empleo Estatal, hablamos de un organismo autónomo de la Administración General del Estado que tiene como fines esenciales la ordenación, desarrollo y seguimiento de la política de empleo. En lo concerniente a los servicios de las Comunidades Autónomas, decir que son los órganos o entidades a los
que se encarga, en su correspondiente ámbito territorial, la gestión de la intermediación laboral y de las políticas activas de empleo.
Por último, dejar constancia que a partir del objetivo deseable de dotar de una mayor transparencia al mercado laboral, se establecen unos determinados principios comunes de actuación, tales como los de integración, compatibilidad y coordinación de los siste- mas de información, además de la existencia de un lugar común en la red telemática que haga posible el conocimiento de las ofertas y demandas de empleo y oportunidades de formación en todo el territorio español.
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