Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/199516-389-1617-2017-17-0498.HTML
Timestamp: 2019-04-20 09:24:53
Document Index: 369792537

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 153', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 159', 'artículo 30']

Mediante escrito presentado el 05 de mayo de 2017, por los ciudadanos Francisco Javier Marcano Castro, Haydee Mieres, Raiza Barrios, Ninoska Mendoza y Yeny Avendaño, titulares de la cédula de identidad N° V-. 10.814.657, V-. 10.534.257, V-. 4.281.921, V-. 6.332.390, V-. 10.335.447, respectivamente, actuando en su carácter de voceros de los consejos comunales La Cancha, Tito Salas y Maravilla de Baruta, intentaron ante esta Sala, acción de amparo constitucional contra el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda ciudadano Gerardo Blyde y contra el Gobernador del referido Estado de Miranda, ciudadano Henrique Capriles Radonsky, para cuya fundamentación denunció el incumplimiento de la responsabilidades conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, por parte de los mencionados ciudadanos y la violación del derecho a la vida, al libre tránsito y el derecho a la protección través de los órganos de seguridad.
El 15 de mayo de 2017, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover.
Que conforman el poder popular organizado del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, a cuyos habitantes les está siendo vulnerado el derecho a la vida y al libre tránsito, así como el derecho a ser protegidos por los órganos de seguridad, en virtud de los “manifestantes que alteran el orden público y la paz social, poniendo en riesgo a la ciudadanía”.
Que “…esto genera zozobra y pánico colectivo demostrando una ingobernabilidad por parte del Alcalde y el Gobernador…”. Que el grupo de “desadaptados sociales en la autopista del Este violan flagrantemente la Ley, a pocos metros de la policía a plena luz del día, y en la avenida principal de Las Minas de Baruta, no recogen la basura para que los grupos violentos la quemen con toda la intención dolosa y premeditada”.
Que están ausentes “los cuerpos de policía del Municipio de Baruta y de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda”, los cuales deben velar por el buen orden, la prevención y protección vecinal, cumplir con sus funciones de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Que producto del incumplimiento de las funciones de Alcalde del Municipio Baruta y de Gobernador del Estado Bolivariano Miranda por parte de los ciudadanos demandados se están vulnerando los derechos constitucionales de los habitantes del Municipio Baruta consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Corresponde a la Sala determinar su competencia para el conocimiento de la presente demanda, en la que la que se delata la violación de los derechos constitucionales a la vida, al libre tránsito y a la protección de los órganos de seguridad de los habitantes del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, por parte del ciudadano Gerardo Blyde, en su carácter de Alcalde del mencionado Municipio y del ciudadano Henrique Capriles Radonsky, en su carácter de Gobernador del Estado Miranda, por la cual se denuncia el incumplimiento de sus funciones.
Al respecto, observa que en primer lugar, debe la Sala determinar la naturaleza de la acción ejercida para que, a partir de allí, efectúe el análisis de la competencia para conocer del caso sub examine y -de detentarla- analizar lo correspondiente a la admisibilidad de la pretensión.
La presente demanda intentada por los ciudadanos Francisco Javier Marcano Castro, Haydée Mieres, Raiza Barrios, Ninoska Mendoza y Yeny Avendaño, actuando en su carácter de voceros de los consejos comunales La Cancha, Tito Salas y Maravilla de Baruta, contra el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda ciudadano Gerardo Blyde y contra el Gobernador del referido Estado de Miranda, ciudadano Henrique Capriles Radonsky, por el presunto incumplimiento de la responsabilidades conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, por parte de los mencionados ciudadanos y la violación del derecho a la vida, al libre tránsito y el derecho a la protección través de los órganos de seguridad, entre otros.
Como quiera que en el caso bajo estudio, la acción fue planteada inicialmente como una acción de amparo constitucional, la Sala la recalifica como demanda autónoma en protección de derechos colectivos y le aplicará el procedimiento establecido en los artículos 146 a 166 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En ese sentido, se observa que los hechos relatados en el escrito presentado y que motivan la presente demanda consisten en el supuesto incumplimiento por parte del Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda y del Gobernador del referido Estado, de sus funciones; al aparentemente permitir la obstrucción en la vía pública y quema de basura y objetos, por parte de un grupo de personas, así como la ausencia de los cuerpos de seguridad municipal y regional para la protección ciudadana y restablecimiento del orden público; lo cual, según se denuncia, atenta contra los derechos constitucionales a la vida, al libre tránsito, a la protección por parte de los órganos de seguridad.
Respecto de la calificación y legitimación de las demandas por derechos e intereses difusos o colectivos, desde la sentencia líder en la materia (n.° 656/30.06.2000, caso: Dilia Parra Guillén) esta Sala ha señalado que:“Con los derechos e intereses difusos o colectivos, no se trata de proteger clases sociales como tales, sino a un número de individuos que pueda considerarse que representan a toda o a un segmento cuantitativamente importante de la sociedad, que ante los embates contra su calidad de vida se sienten afectados, en sus derechos y garantías constitucionales destinados a mantener el bien común, y que en forma colectiva o grupal se van disminuyendo o desmejorando, por la acción u omisión de otras personas”.
En este sentido, se observa que si bien la presente demanda ha sido intentada por algunos habitantes del Municipio indicado, los hechos que relata y su pretensión afectan a un sector poblacional determinado e identificable como son las personas que habitan, laboran o circulan en el Estado Miranda. Por tanto, con base en tales características la presente demanda debe calificarse como aquellas dirigidas a la protección de intereses colectivos; y así se declara.
Aunado a lo anterior esta Sala observa la relevancia constitucional que tienen los derechos constitucionales que supuestamente resultan vulnerados por parte de las autoridades señaladas por la parte actora como agraviantes de los derechos colectivos en el Estado Miranda, tales como la salud, medio ambiente, educación, seguridad personal y libre tránsito, entre otros, por lo que el asunto de autos posee la característica a la que se refieren los citados dispositivos contenidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que atribuyen competencia a esta Sala, ya que si bien según alegan los demandantes se circunscriben a los términos territoriales de dicho Estado, los mismos tienen trascendencia nacional, por la particular situación existente en la Nación, que ha generado la afectación directa de personas y familias y, por tanto, requieren de tutela especial por parte de la Sala Constitucional dados los bienes jurídicos a proteger.
Con fundamento en todo lo anterior, esta Sala se declara competente para conocer de la presente demanda en protección de intereses colectivos; y así se decide.
Se advierte que, respecto de las denuncias efectuadas contra el ciudadano Gerardo Blyde, en su condición de Alcalde del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, esta Sala Constitucional emitió pronunciamiento en sentencia N° 364 del 24 de mayo de 2017, en el expediente N° 2017-0469.
Advierte esta Sala que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que: “En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional, podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto” (resaltado de esta Sala).
En el contexto expuesto, se observa, sin que ello implique un adelanto sobre los hechos a demostrar y la cuestión de fondo a decidir, que se denuncia la supuesta vulneración de derechos constitucionales que resguardan bienes jurídicos de especial protección, tales como el derecho a la vida, al libre tránsito y a la protección por parte de los órganos de seguridad estadal; que podrían verse seriamente afectadas como consecuencia de las actividades y conductas dirigidas a la obstaculización ilegal de vías públicas, en algunos casos con elementos que pueden poner en peligro la vida, la seguridad de las personas que transitan por las mismas y dañar el medio ambiente.
Al respecto, esta Sala teniendo en consideración los alegatos de la parte accionante, observa como hecho público, notorio y comunicacional, las siguientes informaciones aparecidas en diferentes páginas informativas en internet, las cuales han sido consultadas en fecha 29 de mayo de 2017, de las cuales se desprenden hechos violentos en las manifestaciones, perturbación a la paz local, limitación al acceso a las vías públicas, y participación de niños, niñas y adolescentes en algunas de estas concentraciones. Así, se reseña:
1. http://www.caraotadigital.net/carrusel/capriles-listo-para-gran-planton-y-proximas-acciones-foto/ “Las protestas pacíficas en todo el país continuarán…”.
2. http://www.talcualdigital.com/Nota/141244/crisis-politica-en-venezuela-minuto-a-minuto-6abr?platform=hootsuite “El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, convocó una nueva manifestación para este jueves 20 de abril”.
3. https://www.aporrea.org/misiones/n308867.html “Capriles paga a indigentes para convertirlos en manifestantes violentos”
4. http://albaciudad.org/2017/05/discurso-irresponsable-de-capriles-lleno-de-odio-y-violencia-marcha-opositora-de-este-sabado-video/ “Discurso irresponsable de Capriles llenó de caos y violencia marcha opositora de este sábado (+Video)”
5. http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/capriles-vamos-tolerar-mas-violaciones-constitucion_178752 Aseguró que el “Gran Plantón Nacional” que es una protesta pacífica del pueblo en las calles”
6. http://www.laiguana.tv/articulos/57543-capriles-marcha-oposicion-ninos-escudo “Foto y artículo reveladores: Capriles usa a niños como escudo durante marcha opositora”
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer la demanda ejercida por los ciudadanos FRANCISCO JAVIER MARCANO CASTRO, HAYDÉE MIERES, RAIZA BARRIOS, NINOSKA MENDOZA Y YENY AVENDAÑO, la cual se ADMITE.
Se remite el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que practique la citación, por cualquier medio, del ciudadano Henrique Capriles Radonsky, Gobernador del Estado Miranda, respectivamente; notifique a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público y emplace por cartel a los interesados o interesadas, todo conforme a lo previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA al ciudadano Henrique Capriles Radonsky, Gobernador del Estado Miranda, que dentro del Estado en el cual ejerce su competencia:
Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, ciudadano Henrique Capriles Radonsky so pena de incurrir en la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem o en las faltas que pueda calificar el Consejo Legislativo de ese Estado. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad regional de lo previsto en el artículo 159, 160 y 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 6, 9 y 10; y demás leyes nacionales y estadales, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo, con fundamento en el artículo 30 ibídem.
Remítase copia de la presente decisión al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda.
Rene Alberto Degraves Almarza
Exp. 17-0498