Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-35319-de-mayo-8-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c2da970cfedf00aae0430a01015100aa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-24 03:33:23
Document Index: 277397705

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 45', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 45', 'artículo 4', 'artículo 230', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 48', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 11']

﻿ Sentencia 35319 de mayo 8 de 2012
SENTENCIA 35319 DE 08 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. ANTE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 797 DE 2003, Y CON LA SUBSECUENTE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39 DE LEY 100 DE 1993, LA SALA PRECISA QUE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS NO PUEDEN ANIQUILAR EL DERECHO PENSIONAL DE QUIEN EMPEZÓ A COTIZAR BAJO LA ÉGIDA DE UNA DISPOSICIÓN GARANTISTA Y ANTE LA OCURRENCIA DEL RIESGO EN OTRA NORMATIVA MUCHO MÁS EXIGENTE, VE FRUSTRADA SU PRESTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, APLICACIÓN DE LA LEY LABORAL EN EL TIEMPO, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:488 DE AGOSTO DE 2012, PG.1437
Sentencia 35319 de mayo 8 de 2012
Rad. 35319
Concedido por el tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y lo absuelva de todas las pretensiones.
Con fundamento en la causal primera, el impugnante formula un cargo, que mereció réplica.
Textualmente lo presenta así: “La sentencia recurrida aplicó indebidamente los artículos 4º de la Constitución Política y 39 de la Ley 100 de 1993 y dejó de aplicar los artículos 11 de la Ley 797 de 2003 y 230 de la Carta Magna. También aplicó indebidamente el artículo 45 de la Ley 270 de 1996”.
En la demostración del cargo, tras copiar una parte del fallo que confronta, así como un fragmento de la Sentencia C-1056 de 2003, comentó que las razones que se adujeron para declarar inexequible el artículo 11 de la Ley 797 del mismo año, fueron de orden formal, que no sustanciales o de fondo, tanto que la norma retirada del ordenamiento jurídico, fue reproducida parcialmente en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Que por ello, el ad quem no se atemperó a las exigencias jurisprudenciales para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, principalmente, que exista una “discrepancia garrafal” o una “infracción de bulto”, entre el precepto legal y el canon constitucional, que no puede darse cuando, como en este caso, se trató de una irregularidad procedimental que demandó un ingente esfuerzo de la Corte Constitucional en aras de su detección.
Asevera que dado que el tribunal no tenía forma de demostrar la contradicción entre el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 y la Carta Política, recurrió a darle efecto retroactivo a la sentencia de la Corte Constitucional, lo que generó una ostensible trasgresión del artículo 45 de la Ley 270 de 1996. Memoró que en sentencia de casación Radicado 22109 de 27 de mayo de 2004, la Corte Suprema de Justicia ya sentó su posición sobre el punto, y luego de su reproducción parcial, anotó:
“Y al examinar el caso que nos concierne bajo la óptica de los principios reseñados en la sentencia antes transcrita, salta a la vista que la excepción de inconstitucionalidad nunca fue propuesta por el demandante Herrera Aragón y, además, que nunca fue objeto de debate dentro del juicio puesto que, es palmario, solo salió a relucir en el fallo impugnado, acción errónea del tribunal que desembocó, por un lado en el desconocimiento del derecho de defensa de Porvenir (consagrado en el art. 29 de la C.P.) quien se vio conminada al pago de una prestación a partir de un argumento que no se discutió a lo largo del proceso y, por otro, en la “negativa contumaz” del tribunal a aceptar lo predicado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia de excepción de inconstitucionalidad (...).
Y a cambio de la aplicación del artículo 4º de la Carta Magna, es indudable que el juzgador de segunda instancia estaba obligado a acatar lo previsto por el artículo 230 de dicha Carta, esto es, someterse al imperio de la ley, que para el asunto sub judice se reducía a aplicar lo contemplado por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, norma que había derogado el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y que para la fecha de la estructuración de la condición valetudinaria del señor Herrera Aragón regulaba lo referente a los requisitos que debía cumplir quien quisiera beneficiarse con una pensión de invalidez”.
El apoderado del Instituto de Seguros Sociales llamó la atención sobre la falta de cuestionamiento de la censura de uno de los soportes del fallo, consistente en que en virtud del acuerdo sobre multiafiliación celebrado entre las demandadas, la AFP Porvenir S.A. era exclusivamente responsable de una eventual condena por la prestación reclamada, lo que significa que, además, cualquiera sea el resultado del recurso extraordinario, la absolución impartida en las instancias debe permanecer incólume. Dijo respaldar los argumentos del recurrente.
Dentro del término de traslado, el apoderado del demandante reiteró lo manifestado en el escrito presentado el 28 de marzo de 2008, en el que se limitó a referir la claridad jurídica de la sentencia de segundo grado, y a solicitar su ratificación.
Están fuera de discusión aspectos fácticos tales como la fecha de estructuración de la invalidez del accionante, el 28 de agosto de 2003, y que no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a esa fecha.
También debe destacarse que el 11 de noviembre de 2003, la Sentencia C-1056 declaró inconstitucional, entre otras normas, el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 39 de la Ley 100 de 1993.
“La discrepancia de la recurrente con el fallo acusado estriba, en estricto rigor, en que la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 “genera la inexistencia de la norma hacía el futuro pero no puede desconocer las situaciones fácticas consolidadas durante la vigencia de la norma porque no es el sistema consagrado en nuestra Constitución, para los efectos de la inexequibilidad, en estas circunstancias es indudable que el honorable tribunal superior ha debido aplicar el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 que se encontraba vigente el 19 de febrero de 2003, fecha en la cual se estructuró la invalidez por la junta regional de Risaralda y en esa fecha el señor Jaime Londoño Londoño no cumplía con los requisitos que consagraba la ley vigente para el reconocimiento de la pensión de invalidez. No puede darse efectos retroactivos a la sentencia de la honorable Corte Constitucional y considerar que la norma aplicable era la consagrada en la Ley 100 de 1993” (fl. 13, cdno. 3).
Y entonces, bajo estos supuestos no existe la menor duda de que el promotor del proceso tiene derecho a pensionarse con fundamento en la norma en precedencia, como acertadamente lo sostuvo el juez colegiado, sin que tenga que cumplir con la densidad de cotizaciones que exigía la mencionada Ley 797, como lo propone la entidad recurrente, por cuanto para la fecha de estructuración de la invalidez —19 de febrero de 2003— sufragó en su integridad las semanas requeridas por aquella ley, haciéndolo acreedor a la prestación que implora”.
“... el tribunal concluyó que, como la invalidez del actor se estructuró el 30 de mayo de 2003, la norma vigente en ese momento era el citado artículo y luego de transcribirlo asentó que, como el promotor del pleito cotizó 42 semanas, se “... hace innecesario ubicar en qué tiempo se cotizaron, toda vez que son inferiores a las que se exigen en el artículo citado”. Es claro, así las cosas, que fundó su conclusión en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, lo que hacía ineludible la crítica de esa inferencia y, desde luego, la inclusión del precepto en la proposición jurídica.
En efecto, aun cuando es verdad que existe reserva legal del Congreso en materia, no solo de regímenes de transición, sino de toda la regulación estructural y sistémica de la seguridad social, de acuerdo con el artículo 48 de la Carta de 1991, lo cierto es que tal potestad regulatoria excluyente no se opone al papel del juez, quien está facultado y, además, obligado, a darle el cabal sentido a las normas cuando ellas son insuficientes, oscuras o dudosas, evento en los que puede acudir a los principios generales e integradores del ordenamiento jurídico, función que ha de desempeñar dentro del Estado social de derecho.
Es que si el sistema pensional de reparto simple o de prima media en Colombia contiene un nuevo principio, diferente del que rige en el derecho laboral, a pesar de describirse en términos similares, conforme al cual, cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible. Este hecho futuro del cual pende la efectividad del derecho pensional, como, por ejemplo, la estructuración de una incapacidad suficiente para que al afiliado se le declare inválido, o por morir antes de cumplir la edad señalada para su jubilación, no ha de frustrarse por la modificación de la ley bajo la cual cumplió con “la mutua ayuda entre las [...] generaciones” (L. 100/93, art. 2º-b,), soporte del sistema de fondo común, administrado por el Estado, conforme al cual, una generación económicamente activa sufraga las pensiones de la otra que, simultáneamente, entra en su etapa pasiva laboral.
“Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que ‘En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación’ (resalta y subraya la Sala)”.
Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez.
En ese orden, no pudo haber equivocación en la determinación del tribunal, que ante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, aplicó el 39 de Ley 100 de 1993 y el principio de progresividad.
Costas a cargo de la parte recurrente en cuantía de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 11 de octubre de 2007, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso de Alfredo Herrera Aragón contra Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.