Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4338-2004-24-07-2007-46371
Timestamp: 2018-05-26 05:55:43
Document Index: 65242528

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Resolución de TEAC, 00/4338/2004, 24-07-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4338/2004 de 24 de Julio de 2007
Núm. Resolución: 00/4338/2004
Las operaciones en las que el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio y las correspondientes Delegaciones de Hacienda enajenan bienes patrimoniales deben tener la consideración de operaciones sujetas al IVA. Existe actividad económica (actividad empresarial o profesional) a efectos del IVA según el artículo 5.2 de la Ley del IVA (Ley 37/1992) en la actividad que consiste en la gestión de los bienes patrimoniales del Estado, pues en principio se realiza ordenación de los medios humanos y materiales y la puesta en mercado de los bienes con el objetivo de maximizar la rentabilidad. No concurre la no sujeción al IVA de determinadas operaciones que realizan los entes públicos y que tienen contraprestación de naturaleza tributaria según el artículo 7.8 de la Ley del IVA.
En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2007, en recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por ..., S.A. y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra la resolución de 27 de julio de 2004 del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de ... por la que se desestima una reclamación económico-administrativa relativa a una actuación de repercusión tributaria referida al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por un importe de 624.160 euros.
PRIMERO.- En escritura pública de fecha 24 de enero de 2003, la entidad hoy recurrente adquirió una parcela de terreno urbano en virtud de expediente de enajenación mediante subasta tramitado por la Delegación de Economía y Hacienda de ...
El transmitente en esa compraventa era el Estado, a quien pertenecía la parcela objeto de la misma en virtud del título de desadscripción del dominio público (Ministerio de Obras Públicas-Carreteras) e integración en Patrimonio del Estado.
El precio de la enajenación fue de 3.901.000 euros y los gastos de sustanciación del expediente ascendieron a 2.120,48 euros, cantidades que se reconocían ya ingresados en el Tesoro Público por el comprador con anterioridad al acto de otorgamiento de la escritura pública.
En la estipulación Tercera de la escritura de compraventa se hace constar lo siguiente:
TERCERO.- Teniendo en cuenta que la entrega inmobiliaria que se efectúa por medio de esta escritura, en opinión de la parte adquirente es una operación sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lugar de estar sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la entidad adquirente manifiesta su voluntad de solventar su discrepancia con la parte transmitente, ante los Organismos o Tribunales que resulten competentes para ello.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, la entidad adquirente interpuso, con fecha 11 de febrero de 2003, reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ... por la falta de repercusión del IVA, entendiendo que la parte transmitente, el Estado, actuaba en su condición de sujeto pasivo y la operación estaba sujeta y no exenta de dicho impuesto.
TERCERO.- El TEAR de ... dictó resolución desestimatoria de las pretensiones de la reclamante con la siguiente fundamentación, extractada:
De acuerdo con la normativa interna antes expuesta, son dos las notas determinantes de la calificación como empresario: la ordenación de medios y la finalidad. A juicio de este Tribunal, dichos requisitos lo que tratan es de comprender todas las fases del proceso de fabricación y comercialización de bienes y servicios, previas al consumo de los mismos, al ser, precisamente los últimos beneficiarios de los distintos valores añadidos los sujetos que se pretende que soporten la carga acumulada de gravamen, lo que no concurre en el caso que nos ocupa, en la medida que el Estado no desarrolla una actividad industrial o comercial generadora de valor añadido; por tanto, no está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido dicha entrega, al igual que ocurriría con un particular que enajenara su patrimonio particular. Esta conclusión se reafirma de alguna manera por lo preceptuado en el citado art 5 Uno.d) al considerar, en los supuestos allí señalados, como empresarios a aquellos que realicen determinadas operaciones inmobiliarias.
Por último, debemos señalar que el fundamento de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que cita no es trasladable al presente caso, puesto que se trata de un Ayuntamiento, y dichos entes públicos tienen entre otras finalidades la gestión urbanística del municipio con la intervención en materia inmobiliaria que ello conlleva, lo que les conlleva la calificación de empresarios de dichas actuaciones.
En conclusión, debemos desestimar la pretensión de la reclamante y declarar dicha entrega como no sujeta al IVA.
CUARTO.- Notificada la anterior resolución el 20 de octubre de 2004, la interesada presenta recurso de alzada ante este Tribunal Central en la que expone sus alegaciones en defensa de la sujeción al IVA de la operación descrita en los antecedentes anteriores. En este sentido sostiene que las entregas de bienes y servicios realizadas por los Entes Públicos deben quedar sujetas al IVA con la salvedad de aquellas en las que no se perciba contraprestación o ésta tenga naturaleza tributaria. Además, alega que si la operación queda sujeta a ITP, "por el mero hecho de que el transmitente sea un Ente Público implicaría aumentar el coste del terreno, lo que sin duda se traduce en graves distorsiones en la competencia".
PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer de la reclamación que se examina, que ha sido interpuesta en tiempo hábil y por persona legitimada de conformidad con lo prevenido en la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.
La cuestión que debe dilucidarse en el presente recurso es si la Dirección General del Patrimonio actuando a través de las Delegaciones de Hacienda debe tener la consideración de sujeto pasivo del IVA al enajenar bienes patrimoniales.
SEGUNDO.- Debemos comenzar teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, están sujetas al citado tributo las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional y que la definición legal de actividades empresariales o profesionales a efectos del IVA se contiene en el artículo 5 apartado 2 de la citada Ley, en los siguientes términos:
De este concepto se extraen las dos notas características de la actividad empresarial o profesional: la ordenación por cuenta propia de los factores de producción y la finalidad que se persigue con esta actividad de ordenación.
Respecto al primer requisito, la ordenación por cuenta propia excluye la sujeción al impuesto de aquellos supuestos en que se realizan operaciones sin contar con una estructura de recursos humanos o materiales que requieran una ordenación específica para lograr un resultado. En particular, este requisito pretende excluir del ámbito del IVA las actuaciones realizadas en régimen de dependencia o de trabajo por cuenta ajena en el marco de una organización empresarial, cuestión que corrobora el artículo 7.5º al declarar la no sujeción al impuesto de "los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especial".
El segundo requisito se refiere a la finalidad a la que se encamina dicha actividad de ordenación de recursos que debe ser la de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, con independencia de los resultados que se obtengan en la misma. Respecto a esta última precisión -los resultados que se obtengan en la actividad empresarial- es doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que la actividad económica debe definirse en términos objetivos. Ya en su Sentencia de 26 marzo de 1987, Comisión-Países Bajos, Asunto C-235/1985, venía a subrayar además el amplio ámbito de definición de las actividades económicas a efectos de la aplicación del IVA en los siguientes términos (criterio que ha sido reiterado de manera uniforme hasta las más actuales sentencias, como la de 28 de junio de 2007, asunto C-369/04, Hutchison 3G):
8. El análisis de estas funciones pone de relieve tanto la amplitud del ámbito de aplicación cubierto por el concepto de actividades económicas, en la medida en que se contemplan todas las prestaciones de servicios de las profesiones liberales, como su carácter objetivo, en el sentido de que la actividad se define por sí misma, con independencia de sus fines o de sus resultados.
Así pues los preceptos de la Ley 37/1992 citados son de aplicación general y, por consiguiente, también comprenden a los entes públicos que tendrán la consideración de empresarios a efectos del impuesto cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales bajo su responsabilidad e independencia, para desarrollar una actividad empresarial mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de tal actividad; y en este sentido se ha pronunciado reiteradamente también la Dirección General de Tributos (entre otras consultas V1339-06 de 5 de julio de 2006, V0548-07 de 15 de marzo de 2007 y V0563-07 de 16 de marzo de 2007).
TERCERO.- La recurrente se centra en gran parte de sus alegaciones en considerar que, aplicando el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, toda operación que realice un ente público por la que perciba una contraprestación que no tenga carácter tributario, debe quedar sujeta al IVA. Como ya hemos desarrollado anteriormente, este argumento es incompleto puesto que además deberá examinarse si la operación realizada por el Ente Público puede calificarse como empresarial.
El concepto de actividad económica a efectos de determinar el ámbito de aplicación del IVA ha sido objeto de examen por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en numerosas ocasiones. Entre otras Sentencias, podemos destacar la de 26 de mayo de 2005, Kretztechnik, Asunto C-465/2003, en la que se recoge la jurisprudencia que viene aplicándose en el análisis de esta cuestión:
19. Conforme a reiterada jurisprudencia, la mera adquisición y la sola tenencia de acciones no deben considerarse como una actividad económica en el sentido de la Sexta Directiva. En efecto, la mera adquisición de participaciones financieras en otras empresas no constituye una explotación de un bien con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, dado que el eventual dividendo, fruto de esta participación, es resultado de la mera propiedad del bien, y no la contrapartida de una actividad económica (véanse las sentencias, antes citadas, Harnas & Helm, apartado 15, y KapHag, apartado 38, así como la sentencia de 21 de octubre de 2004, BBL, C-8/03, Rec. p. I-0000, apartado 38). Por tanto, si la adquisición de participaciones financieras en otras empresas no constituye por sí misma una actividad económica en el sentido de la mencionada Directiva, lo mismo sucede respecto a las operaciones que consisten en ceder tales participaciones (véanse las sentencias de 20 de junio de 1996, Wellcome Trust, C-155/94, Rec. p. I-3013, apartado 33; KapHag, antes citada, apartado 40, y BBL, antes citada, apartado 38).
20. En cambio, con arreglo al artículo 13, parte B, letra d), número 5 de la Sexta Directiva, están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, pero exentas del IVA, aquellas operaciones que consisten en obtener ingresos continuados en el tiempo de actividades que exceden el marco de la mera adquisición y venta de valores, tales como las operaciones efectuadas en el ejercicio de una actividad comercial de transacción de valores (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, EDM, C-77/01, Rec. p. I-0000, apartado 59, y BBL, antes citada, apartado 41).
De estas Sentencias citadas por el propio TJCE, debemos destacar la de 20 de junio de 1996, Wellcome Trust, C-155/94, en la que se insiste en que el ámbito de aplicación del artículo 4.2 de la Directiva, que contiene la definición de actividades económicas, debe interpretarse en sentido amplio, de manera que, en el caso que se trata en dicha sentencia, si bien "el trust no tiene, en el Reino Unido, la condición de profesional de la negociación de títulos, esta circunstancia no excluye necesariamente que una actividad que, como la controvertida en el procedimiento principal, consiste en la adquisición y en la transmisión de acciones y de otros títulos pueda, en su caso, ser calificada de actividad económica". Que el concepto de actividad económica, a efectos de la delimitación del IVA, deba ser considerado en un sentido amplio también fue puesto de manifiesto en la Sentencia de 4 diciembre 1990 Van Tiem, Asunto C-186/1989:
17. A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que el artículo 4 de la Sexta Directiva asigna un ámbito de aplicación muy amplio al Impuesto sobre el Valor Añadido, que engloba todas las fases de producción, de distribución y de prestación de servicios (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Países Bajos, 235/85, Rec. 1987, p. 1487, apartado 7, y de 15 de junio de 1989, Stichting, 348/87, Rec. 1989, p. 1737, apartado 10).
18. Procede precisar, en segundo lugar, que el concepto de explotación se refiere, conforme a las exigencias del principio de la neutralidad del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a todas las operaciones, independientemente de su forma jurídica, que tienen por finalidad obtener del bien de que se trate ingresos continuados en el tiempo.
Esta misma línea jurisprudencial llega hasta Sentencias más recientes como las de 26 de junio de 2007, Asunto C-284/04 (T-Mobile Austria y otros), y Asunto C-369/04 (Hutchison 3G y otros), en las que vuelve a reiterarse que (apartados de la primera de las sentencias que se reiteran en los números 28 y 29 de la segunda):
34. A este respecto, se ha de precisar que, si bien el artículo 4 de la Sexta Directiva asigna un ámbito de aplicación muy amplio al IVA, dicha disposición sólo contempla las actividades de carácter económico (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 1996, Régie dauphinoise, C-306/94, Rec. p. I-3695, apartado 15; de 29 de abril de 2004, EDM, C-77/01, Rec. p. I-4295, apartado 47, y de 26 de mayo de 2005, Kretztechnik, C-465/03, Rec. p. I-4357, apartado 18).
35. Asimismo, se desprende de la jurisprudencia reiterada que el análisis de las definiciones de los conceptos de sujeto pasivo y de actividades económicas delimita la extensión del ámbito de aplicación cubierto por el concepto de actividades económicas, así como el carácter objetivo de este concepto, en el sentido de que la actividad se considera en sí misma, cualesquiera que sean sus fines o sus resultados (véase, en particular, la sentencia de 21 de febrero de 2006, University of Huddersfield, C-223/03, Rec. p. I-1571, apartado 47 y la jurisprudencia citada).
En el presente caso, se transmite por parte del Patrimonio del Estado una parcela que tiene el carácter de bien patrimonial en virtud del título de desadscripción del dominio público (Ministerio de Obras Públicas-Carreteras) e integración en Patrimonio del Estado. Dicha enajenación se efectuó, de acuerdo con la normativa reguladora de los bienes patrimoniales, por el procedimiento de subasta.
La recurrente alega que el Estado tiene toda una estructura de medios materiales y humanos para la realización de este tipo de enajenaciones mediante subasta y que incluso llega a cobrar por ello al repercutir al adjudicatario las costas del procedimiento. En efecto, este argumento puede servir para sustentar que se cumple el primer requisito que caracteriza una actividad empresarial y al que nos hemos referido en el antecedente segundo: la ordenación por cuenta propia de los factores de producción.
En cuanto a la finalidad con que el Patrimonio del Estado actúa en la gestión de los bienes patrimoniales no podemos excluir que en la misma concurran elementos típicos de una gestión empresarial de forma tal que esta actividad desde el punto de vista de este impuesto constituye una participación de la autoridad competente en el mercado inmobiliario, si bien sujeta, como no puede ser de otra forma en cuanto actuación administrativa que es, a los procedimientos administrativos y normas reguladoras de su actuación, al quedar sujeta, en cualquier caso a los principios que rigen o presiden el actuar administrativo. En efecto, si tenemos en cuenta los principios enunciados en el artículo 8 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, veremos que algunos de ellos cabría predicarlos de la gestión propia de las entidades mercantiles. En dicho artículo se establece que "1. La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: ...b) eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos...".
En el mencionado artículo 4 apartado 2 de la Directiva, se vienen a incluir en el concepto de actividad económica las operaciones que supongan la explotación de un bien, con independencia de la forma jurídica de dichas operaciones (Sentencia de 4 diciembre de 1990, Van Tiem; Sentencia de 21 de octubre de 2004, BBL). Y en el mismo sentido, se sustenta la interpretación objetiva de las operaciones imponibles, es decir, que el concepto de actividad económica tiene carácter objetivo y se aplica con independencia de los fines y los resultados de las operaciones de que se trate (Sentencia de 12 de enero de 2006, Optigen y otros, C-354/03, C-355/03 y Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE GALDAR. INSTITUTO MUNICIPAL DE TOXICOMANIA/03). Así se desprende directamente del artículo 4.Tres de la Ley 37/1992 que establece que: "La sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular".
En el mismo sentido, nuestro Tribunal Supremo también ha recalcado el carácter objetivo que debe atribuirse a las actividades empresariales a efectos de determinar la sujeción al IVA, al señalar que: "No debe confundirse la naturaleza empresarial de una persona física o jurídica con el ánimo de lucro a los efectos de considerar si se es sujeto pasivo del IVA. A efectos del IVA lo exigible es la naturaleza empresarial de la actividad que el sujeto pasivo desarrolla. Esta cualidad empresarial resulta de la ordenación de bienes y servicios con destino a la producción, [...]. Por consiguiente la entidad recurrente cumple con los requisitos, por ser empresario, para ser sujeto pasivo del IVA. El que la sociedad no tenga fin de lucro no modifica la naturaleza empresarial que tiene" (Sentencia de 8 de julio de 2004).
La ordenación de los medios humanos y materiales y la puesta en mercado de los bienes con el objetivo de maximizar la rentabilidad determinan que, en principio, la actividad que consiste en la gestión de los bienes patrimoniales del Estado pudiera considerarse como actividad económica a efectos del IVA.
QUINTO.- Por otro lado, la norma que excepciona la sujeción al IVA de determinadas operaciones que tienen carácter económico y que se realizan por entes públicos es, en nuestra legislación, el mencionado artículo 7 en su apartado 8, de la Ley 37/1992:
No estarán sujetas al impuesto: (...).
Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos mediante contraprestación de naturaleza tributaria.
Esta norma se deriva directamente del artículo 13 de la Directiva 2006/112/CE (con origen en el artículo 4.5 de la Sexta Directiva), si bien, la normativa española, como ha reconocido el Tribunal Supremo, es más restrictiva en cuanto al ámbito de aplicación del supuesto de no sujeción que aquí se contempla (Sentencia 26 de septiembre de 2005): "...pues (la Directiva) no exige que las funciones públicas (servicios públicos) sean desempeñadas directamente por los municipios, y porque además permite contraprestaciones de muy diversa índole, en tanto que nuestra Ley sólo permitía dos supuestos, a saber, no exigencia de contraprestación, o contraprestación de naturaleza tributaria.
En todo caso, la aplicación de este supuesto de no sujeción deberá aplicarse con criterios restrictivos, en la medida en que excluir del ámbito de aplicación del IVA operaciones que tienen carácter económico afecta directamente al principio de neutralidad del impuesto. Este criterio de aplicación restrictiva de los supuestos de no sujeción se ve reforzado por la previsión de que, en virtud del principio de neutralidad, no se aplique la no sujeción cuando la misma pueda originar distorsiones de la competencia. Así, establece el artículo 13.1 párrafo segundo de la Directiva mencionada que: "No obstante, cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser considerados sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones significativas de la competencia". Según se desprende de la dicción literal de este artículo, la distorsión de la competencia se puede producir no sólo cuando un ente público realiza una actividad de naturaleza empresarial sino incluso cuando ejerce actividades en el ejercicio de una función pública. Es decir, la expresión "tales actividades u operaciones" que contiene el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 13 mencionado, se refiere a las descritas en el párrafo anterior que determina la no sujeción de las "actividades y operaciones en las que actúen como autoridades públicas". Así se precisaba por el TJCE en la Sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, Asuntos 231/87 y 129/88, apartado 21:
21. Procede destacar, en primer lugar, que tanto de la redacción como de la estructura del apartado 5 del artículo 4 de la Sexta Directiva resulta que la expresión "tales actividades u operaciones" utilizada en el párrafo 2, se refiere a las actividades u operaciones previstas en el párrafo 1, es decir, a las actividades u operaciones desarrolladas por los organismos de Derecho público en el ejercicio de sus funciones públicas, con exclusión de las actividades ejercidas por estos organismos en calidad de sujetos de Derecho privado, como se ha indicado anteriormente.
Por otro lado, la distorsión de la competencia se produce cuando una misma actividad económica es realizada por distintos sujetos pasivos con un régimen fiscal diverso, y ello determina que la carga impositiva trasladable a los precios de sus productos no sea la misma. La Sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, lo expresaba así en su apartado 22:
22. Procede observar seguidamente que el párrafo 2 de esta disposición establece una excepción a la norma de no imposición de los organismos de Derecho público en cuanto a las actividades u operaciones que desarrollan en el ejercicio de sus funciones públicas, en la medida en que el hecho de no gravarlas lleve a distorsiones graves de la competencia. Tiene en cuenta por tanto, a fin de asegurar la neutralidad del impuesto, el objetivo primero de la Sexta Directiva, la situación en que los organismos de Derecho público ejercen, en el marco del régimen jurídico que les es propio, actividades que pueden ser también realizadas, en competencia con ellos, por particulares bajo un régimen de Derecho privado o también en régimen de concesiones administrativas.
En la Sentencia de 14 de diciembre de 2000, Fazenda Pública, Asunto Convenio Colectivo de Empresa de GUAGUAS MUNICIPALES, S.A./98, el TJCE ha recordado la obligación que incumbe a los Estados Miembros de aplicar la excepción prevista en el precepto comentado:
30. Debe recordarse previamente que, con arreglo al artículo 189, párrafo tercero, del Tratado CE (actualmente artículo 249 CE, párrafo tercero), la Directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
31. Conforme a dicha disposición, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, a tenor del cual los Estados miembros están obligados a garantizar la imposición de los organismos de Derecho público cuando el hecho de no gravarlos pueda producir distorsiones graves de la competencia, por el contrario no obliga a los Estados miembros a adaptar literalmente su Derecho nacional a este criterio ni a precisar los límites cuantitativos de la no imposición (sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, antes citada, apartado 23).
Más recientemente, el TJCE, en su Sentencia de 8 de junio de 2006, Feuerbestattungsverein Halle, Asunto Convenio Colectivo de Empresa de PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA VILLA DE INGENIO/04, ha analizado la excepción prevista en el artículo 4.5 párrafo segundo de la Directiva 77/388/CEE (que en la actualidad se recoge en el mencionado artículo 13.1 párrafo segundo de la Directiva 2006/112/CE) y su relación con el principio de neutralidad:
24. A este respecto, procede recordar en primer lugar que el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva tiene por objeto garantizar el respeto del principio de la neutralidad del impuesto, que se opone, en particular, a que prestaciones de servicios similares, que por tanto compiten entre sí, sean tratadas de forma distinta desde el punto de vista del IVA (sentencia de 26 de mayo de 2005, Kingscrest Associates y Montecello, C-498/03, Rec. p. I-4427, apartado 41), y que dicha disposición contempla el supuesto de que los organismos de Derecho público ejerzan en calidad de sujetos de Derecho público, a saber, en el marco del régimen jurídico que les es propio, actividades u operaciones que pueden igualmente ser realizadas, en competencia con ellos, por particulares en un régimen de Derecho privado o basándose en concesiones administrativas (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, 231/87 y 129/88, Rec. p. 3233, apartado 22).
25. La citada disposición establece una excepción a la regla de la no sujeción de los organismos de Derecho público respecto a las actividades u operaciones que realizan en calidad de autoridades públicas en la medida en que esa no sujeción originaría distorsiones de la competencia de cierta importancia (sentencia Comune di Carpaneto Piacentino y otros, antes citada, apartado 22).
Por otro lado, la frecuencia con que se producen operaciones como la que es objeto del presente recurso, tiene incidencia, en nuestra opinión, tanto en lo que se refiere a su consideración como actividad económica sujeta al IVA como en relación al efecto que sobre la competencia en los mercados inmobiliarios puede derivarse de las mismas.
Por las consideraciones anteriores debemos concluir que las operaciones en las que el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio y las correspondientes Delegaciones de Hacienda enajenan bienes patrimoniales deben tener la consideración de operaciones sujetas a IVA y, en consecuencia, debemos estimar el presente recurso.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por ..., S.A. y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución de 27 de julio de 2004 del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de ... por la que se desestima la reclamación económico-administrativa sobre repercusión tributaria del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por un importe de 624.160 euros ACUERDA estimarlo anulando la resolución impugnada.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 6903/2003, 16-04-2009
Orden: Administrativo Fecha: 16/04/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martin Timon, Manuel Num. Recurso: 6903/2003
Sentencia Administrativo Nº 340/2007, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1223/2000, 02-07-2007
Orden: Administrativo Fecha: 02/07/2007 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Lazaro Guil, Federico Num. Sentencia: 340/2007 Num. Recurso: 1223/2000
Sentencia Supranacional Nº C-280/10, TJUE, 15-09-2011
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