Source: https://es.scribd.com/document/186720628/Derecho-Administrativo1
Timestamp: 2019-05-26 23:45:23
Document Index: 232390186

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 141', 'Artículo 6', 'Artículo 25', 'Artículo 82', 'artículo 9', 'Artículo 91', 'Artículo 33', 'Artículo 45', 'artículo 3', 'Artículo 79', 'artículo 91', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 48', 'artículo 32', 'Artículo 5', 'artículo 144', 'artículo 5', 'artículo 6']

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La Administración Pública: Elementos y Principios
Normas Introd
Ley Cod. Etica Fp.
FUNCIÓN PÚBLICA. Cuando hablamos de Función Pública hacemos referencia al conjunto de personas que trabajan en la Administración mediante una relación profesional, retribuida y de carácter especial en función del servicio público que realizan. Las personas que integran la función pública son los principales agentes de la gestión y el desarrollo del servicio público de la Administración
CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En dos niveles, el primero está conformado por la típica división de poderes en nacional, estadal y municipal conjuntamente con el Poder Ciudadano, y el segundo que está constituido por la AP descentralizada. Es importante destacar que en el primer nivel, aunque no existe una relación de jerarquía entre los tres poderes, nada impide que éstos puedan colaborar entre sí.
Fiscalía General de la República: Todos los órganos del Poder Ciudadanos son contralores, en el presente caso, la fiscalía es contralora de la legalidad. El fiscal es designado por la Asamblea Nacional (AN). La fiscalía tiene sus funciones definidas en la Constitución y la ley que la rige, puede hacerse parte de un proceso cuando considere que alguien ha cometido un delito. Contraloría General de la República: Se encarga de vigilar las finanzas del Estado. La Contraloría General de la República es el órgano constitucionalmente autónomo, integrante del Poder Ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, al servicio del Estado y del pueblo venezolano para velar por la buena gestión y el correcto
uso del patrimonio público. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, están sujetos al control, vigilancia y fiscalización
de la Contraloría General personas:
los siguientes organismos, entidades y
Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal, Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. El Banco Central de Venezuela. Las universidades públicas. Las demás personas de Derecho Público nacionales, estadales, distritales y municipales. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas. Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos públicos.
Defensoría del Pueblo: Esta figura nació a finales de 1800- principios de 1900 y su función es que el Poder Ejecutivo ejecute las leyes, debe decirle al ejecutivo cómo hacerlo, se encarga de que la ejecución de la ley sea hecha de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esta es una institución alternativa al Contencioso Administrativo, el defensor no es un corrector de la legalidad formal, para eso está el contencioso. El Defensor viene a ser un controlador de la actividad de hecho o material del Ejecutivo, es una especie de mediador entre el poder de la AP y el ciudadano, no dicta ni
sentencias, ni leyes, ni AA. Él puede señalarle a la AP cuando un AA viole derechos humanos, es entonces, el contralor de la justicia.
PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela • honestidad, • participación, • celeridad, • eficacia, • eficiencia, • transparencia, • rendición de cuentas y • RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Artículo 6 de la Ley Contra la Corrupción • Honestidad, • Transparencia, • Participación, • Eficiencia, • Eficacia, • Legalidad, • Rendición de cuentas y • RESPONSABILIDAD.
Base constitucional de la responsabilidad en Venezuela.
Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y
funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad PENAL, CIVIL y ADMINISTRATIVA, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Artículo 82. Los funcionarios, empleados y obreros que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, así como los particulares a
ADMINISTRATIVAMENTE de los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa
Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad CIVIL o PENAL, y de lo que dispongan otras Leyes, CONSTITUYEN SUPUESTOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación.
Artículo 33. Independientemente de la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria serán sancionados, con multa de cincuenta (50) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.). Artículo 45. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código Orgánico Procesal Penal, en materia de corrupción el Ministerio Público tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
“Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la responsabilidad penal,
civil, laboral, militar, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley”.
TIPOS DE RESPONSABILIDAD Ley del Estatuto de la Función Pública
Artículo 79. Los funcionarios o funcionarias públicos responsan PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIAMENTE por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos y ciudadanas.
Aquel funcionario o funcionaria público que estando en la obligación de sancionar, no cumpla con su deber, será sancionado por la autoridad correspondiente conforme a lo establecido en la presenta Ley, sus reglamentos y demás leyes que rijan la materia. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderle por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas.
Se llama responsabilidad administrativa a aquella responsabilidad que surge de la comisión de una contravención administrativa propia de quien ejerce cargos directivos en una organización pública o privada.
Existe la responsabilidad administrativa por todo perjuicio o daño causado a terceros por la acción u omisión de un acto administrativo.
La responsabilidad administrativa es propia de quienes ejercen cargos directivos, de quienes tomas las decisiones que luego causan los perjuicios, y son las consecuencias jurídicas de sus actos las que configuran la responsabilidad administrativa la que bien puede tener implicaciones penales o civiles.
En definitiva, el concepto de Responsabilidad en Derecho Administrativo es que el Estado a través de sus dignatarios, autoridades, funcionarios o servidores públicos y terceros, se
haga cargo de los efectos jurídicos que emanaron de sus actos u omisiones culposas o intencionales. Para librar su responsabilidad, tales sujetos deberán justificar su acto, es decir, que éste debe ser motivado.
Responsabilidad Administrativa: Es
autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, cuando violan, quebrantan o desconocen las normas que regulan su desempeño. Se aplican leyes del procedimiento administrativo y los estatutos de los empleados públicos, y se diferencian en el ámbito nacional, provincial y municipal. Dentro de este tipo de responsabilidad que le puede ser imputable tanto al Estado como a sus agentes, se presentan aspectos puntuales que deben destacarse, ellos se refieren a:
_Responsabilidad disciplinaria. _Responsabilidad Patrimonial. _Rendición de cuentas.
En conclusión : Es la que pueden declarar los órganos de control fiscal, como resultado del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, cuando se comprueba que determinada persona, sea funcionario público o no, a cuyo cargo se ha confiado la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos, ha incurrido en actos, hechos u omisiones antijurídicos y no excusables de los tipificados en el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República o en otras leyes especiales como en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:
La celebración de contratos por funcionarios públicos, por interpuesta persona o en
representación de otro, con los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones que establezcan las Leyes.
en obras o servicios de índole particular, de trabajadores,
autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en
esta Ley, incluyendo
emitan en
ejercicio de funciones de control.
La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados
o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como por concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la responsabilidad corresponderá a los funcionarios que intervinieron en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya generado la irregularidad.
10. La falta de planificación,
así como el incumplimiento injustificado de las metas
señaladas en los correspondientes programas o proyectos.
11. La afectación específica de ingresos sin liquidarlos o enterarlos al Tesoro o patrimonio
del ente u organismo de que se trate, salvo las excepciones contempladas en las Leyes especiales que regulen esta materia.
12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar
la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del 19 artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa para ello, o sin disponer
presupuestariamente
operaciones sean efectuadas en situaciones de emergencia evidentes, como en casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, conflicto interior o exterior u otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de manera
inmediata a los respectivos órganos de control fiscal, a fin de que procedan a tomar las
medidas que estimen convenientes,
13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11
del artículo 9 de esta Ley, en entidades financieras, cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero, o depositar dichos fondos en cuenta personal ya abierta, o sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el organismo público confiado a su manejo, administración o giro.
responsables el particular o funcionario respectivo, salvo que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.
15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte
de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que
16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar injustificadamente a los usuarios, las
planillas, formularios, formatos o especies fiscales, tales como timbres fiscales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.
17. La adquisición,
uso o contratación
obras o servicios que excedan
manifiestamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo justifiquen.
18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las
necesidades estrictamente protocolares del organismo.
19. Dejar
o permitir que desmejoren acciones
entes u
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.
20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resultado, o a
utilización de maniobras o artificios conducentes a ese fin, que realice un funcionario al intervenir, por razón de su cargo, en la celebración de algún contrato, concesión,
licitación, en la liquidación de haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.
21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de alguno de
los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.
22. El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales
1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en finalidades diferentes de aquellas a que estuvieron
destinados por Ley, reglamento o cualquier otra norma, incluida la normativa interna o acto administrativo.
23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una norma legal
o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.
24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o fiscalización de los
órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los libros, facturas y demás
25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad,
sin justificación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.
26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría
27. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría
28. La retención o el retardo injustificado en el pago o en la tramitación de órdenes de
29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de
organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno. Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, además de estar sujetos a las responsabilidades definidas en este Capítulo, comprometen su responsabilidad administrativa cuando no dicten las normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que constituyan el sistema de control interno, o no lo implanten, o cuando no acaten las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, autorizados por los titulares de los órganos de control fiscal externo, en los términos previstos en el artículo 48 de esta Ley, o cuando no procedan a revocar la designación de los titulares de los órganos de control en los casos previstos en el artículo 32 de esta Ley, salvo que demuestren que las causas del incumplimiento no le son imputables.
• Presidencia y ministerios. • Administración Descentralizada. • Órganos desconcentrados.
PRESIDENCIA Y MINISTERIOS: Regidos por la LOAP, este es el poder centralizado, que NO tiene personalidad jurídica, es homogénea, existen relaciones de tipo jerárquico. ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA: Tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, normativa y de gestión. Está conformada por Institutos Autónomos, Empresas del Estado, S.R.L (Sociedades de responsabilidad limitada) y por sociedades civiles y mercantiles. Aquí hay una heterogeneidad administrativa y una relación de coordinación. Es la AP autónoma. El poder descentralizado está formado por estructuras administrativas autónomas que tienen incluso ciertas potestades que les atribuye la ley.Ej. Expropiaciones. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: Tienen autonomía funcional, financiera y de gestión, pero no tienen personalidad jurídica y sobre ellos se ejerce un control jerárquico. Lo que marca los niveles es el control que se ejerza sobre la AP de que se trate, si no hay controles estamos frente al nivel de la Administración Federal, puesto que goza de autonomía absoluta. En la descentralización hay mediano control y mediana autonomía. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA: Hay dos tipos (esto, según el profesor se puede revisar bien por Tomás Ramón Fernández):
Indirecta, institucional o por servicios: Son los Institutos autónomos (que son creados por ley), sobre ellos existe el control de tutela. Su objeto es la satisfacción y la prestación de Servicios Públicos Administrativos, ellos dictan AA, pueden convenir en contratos administrativos, tienen control de legalidad, su jurisdicción es el contencioso, en fin, se rigen por el Derecho Administrativo. Servicios Públicos Especiales: Es el caso del I.N.D. y la U.C.V. Ellos prestan un servicio público especial, no tienen nada que ver con las divisiones político- territoriales. Se caracterizan por la especialización del objeto (servicio que prestan). Son entes públicos no territoriales, tienen competencias especializadas (No universales), sus potestades son limitadas por la ley y sus autoridades no se designan por votación popular. Lo contrario ocurre con los entes políticos-territoriales.
Descentralización Territorial: Tienen personalidad jurídica, son creados por ley, sobre ellos se ejerce el control de tutela, sus autoridades son elegidas por votación popular, su base normativa es la ley y tienen facultades universales.
1. El Estado sólo supervisa, hay transferencia de función y responsabilidad.
2. Aparece la responsabilidad individual del funcionario.
3. Permite la creación de Institutos Autónomos del Estado y tiene personalidad jurídica.
4. Sus recursos deben ser por ese Instituto Autónomo.
5. Están sujetos a la L.O.P.A.
SERVICIOS PUBLICOS: Se denomina servicio público a toda actividad asumida por una entidad pública territorial con la finalidad de dar satisfacción a una necesidad de interés general. Es toda actividad pública o privada, regulada por la Ley propiamente dicha el reglamento o la ordenanza, con el objeto de satisfacer en forma más o menos contínua las necesidades colectivas.
Servicio Público: Otra definición: Actividad dirigida a satisfacer necesidades colectivas o individuales, de forma directa e inmediata.
CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: El Servicio Público:
1. Debe estar constituido por una actividad técnica.
2. Debe funcionar en forma regular.
3. La asistencia del espíritu de lucro, debe prestarse en servicio de la comunidad y para
satisfacer los interese generales.
4. Debe depender de un organismo público, o estar controlado por éste.
5. Venezuela se acoge a la restricción de huelgas, cuando se trate de servicios públicos.
1.- Según las personas públicas que lo realizan:
d) Mixtos
2.- Obligatorios y facultativos, según que su organización y funcionamiento estén impuestos por mandato de la Constitución Nacional o dependan del legislativo. 3.- Por la naturaleza del servicio:
a) Administrativos: Aquellos que están sujetos a un Régimen de derecho
b) Comerciales o industriales: Son ejercidos por el Estado en concurrencias de las
autoridades privadas paralelas. 4.- Esenciales y Secundarios:
5.- Según el órgano que presta el servicio:
a) Propios: Los presta el Estado directamente o por un consecionario.
b) Impropios: Aquellos que el Estado reglamenta, pero que no concede ni los presta.
6.- Servicios públicos según su categoría:
a) Servicios públicos generales, creados por el Poder Nacional.
b) Servicios públicos locales, son de competencia estadal o municipal.
c) Servicios públicos especiales: se refieren a una población concreta o determinada.
CREACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: Crear un servicio público es tomar la iniciativa de confiar a una colectividad administrativa una cierta tarea de interés público, es dar nacimiento a una repartición administrativa. La Constitución establece que el Presidente puede crear servicios públicos pero en sentido orgánico Sólo pueden ser creados por leyes nacionales. Unicamente el Poder Legislativo, tiene competencia para la creación de servicios públicos, fuera de los que sean creados por la Constitución. Los Servicios Públicos Estadales o Municipales son creaodos por las Asambleas Legislativas y por los Consejos Municipales respectivos.
Los Administrados: Sujeto pasivo de la Administración; son individuos sometidos a la
jurisdicción del Estado, en los regímenes democráticos, contrariamente a lo que sucede en los regímenes totalitarios, los administrados han elegido previamente a sus
administradores, los cuales no son otra cosa que sus mandatarios, aunque, en pocos países ya, revocables hasta el término de sus funciones.
Derechos, Deberes y Garantías de los Administrados:
Principio de la Administración Pública al Servicio de los Particulares: Según el
Artículo 5 de la LOAP la Administración Pública estará al servicio de los particulares, cumpliendo con la satisfacción de sus necesidades y con la mejora de los procedimientos y servicios, de acuerdo con la políticas fijadas para la efectividad de los objetivos que deberá tener la Administración Pública con respecto al particular, cabe destacar que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 144 reitera y afianza lo expuesto en el artículo 5 de la LOAP. ∑ Garantías que debe ofrecer la Administración Pública a los Particulares: Según el artículo 6 (LOAP) corresponde en detalle al principio de la simplificación ya que estas garantías tienen como objeto racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración Pública, mejorar su eficiencia, pertinencia y utilidad a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reducir los gastos operativos, obtener ahorros presupuestarios, cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos, y desarrollar su actividad así como su organización.
Derechos de los Particulares en sus relaciones con la Administración Pública: Todo ciudadano tiene derecho al momento de que se le este tramitando un procedimiento administrativo estar informado sobre la tramitación del mismo, y que funcionario lleva a cabo el proceso; además el particular podrá solicitar original y copia sellada del documento tramitado y acceder a los archivos como lo estipula la Constitución Bolivariana de Venezuela; la Administración Pública esta obligada a tratar con respeto y deferencia al particular como también salvaguardar los derechos de los particulares en dicho proceso. El particular tiene derecho al agotamiento de la vía administrativa a través de lo recursos administrativos y judiciales para la defensa de sus intereses frente a las actuaciones u omisiones de la Administración Pública como lo establece la ley.
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