Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00216-45325-de-julio-19-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_fbf8557a77384022870126d8e4adccad&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 07:28:09
Document Index: 229170903

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 66', 'artículo 136', 'artículo 356', 'Artículo 356', 'artículo 79', 'artículo 220', 'artículo 254', 'artículo 414', 'artículo 69', 'artículo 73', 'artículo 322', 'artículo 170', 'artículo 469', 'artículo 55', 'artículo 170', 'artículo 308', 'Artículo 254', 'artículo 74', 'artículo 331', 'artículo 344']

SENTENCIA 2009-00216 DE 19 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD POR FALTA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN PENAL. ES DEBER DE LOS OPERADORES JUDICIALES LOGRAR, ADEMÁS DE LA IDENTIFICACIÓN, LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL IMPLICADO EN EL DELITO. UNO DE LOS FINES DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA ES EL DE RECAUDAR LAS PRUEBAS PRECISAS PARA LOGRAR LA INDIVIDUALIZACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES O PARTÍCIPES DE LA CONDUCTA PUNIBLE E IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR AL SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN PENAL, SIN QUE HAYA LA MÁS MÍNIMA POSIBILIDAD DE EQUIVOCO. UNA PERSONA SE ENCUENTRA INDIVIDUALIZADA, CUANDO SE HA ESTABLECIDO SUS RASGOS DISTINTIVOS COMO SU PERTENENCIA A ALGÚN GRUPO ÉTNICO, SUS SEÑALES PARTICULARES, EN GENERAL TODAS AQUELLAS INCIDENCIAS ESPECÍFICAS QUE PERMITEN DISTINGUIRLA DE LAS DEMÁS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PENAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, SUJETO PASIVO DE LA CONDUCTA PUNIBLE, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2009-00216 de julio 19 de 2017
Rad.: 20001-23-31-000-2009-00216 01 (45325)
Actor: J.A.R.M. y otros
Tema: Privación injusta de la libertad / Responsabilidad de la Rama Judicial / Título de imputación / Homonimia / Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / Actualización de la condena en equidad.
En virtud de la prelación dispuesta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en acta del 25 de abril de 2013 y comoquiera que la presente providencia comporta la reiteración de la jurisprudencia en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial(1) contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2011(2), por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En la referida providencia se decidió lo siguiente (se trascribe de manera literal):
“1. Declárase que no prosperan las excepciones de falta de culpa de terceros propuesta por la Fiscalía General de la Nación; la falta de relación de causalidad, propuesta por la Rama Judicial —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial—, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
“2. Declárese a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor J. A. R. M.
“3. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar en forma solidaria:
“A favor de la víctima directa J. A. R. M., el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
“A favor de M. T. R. P., A. A. R. P., J. C. R. P. y J. A. R. P. (hijos de la víctima), el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.
“Respecto al daño emergente, debido a la defensa técnica en el proceso penal, la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).
“Para indexar la anterior cantidad se aplicará la siguiente fórmula:
“En total el daño emergente a pagar a favor del J. A. R. M., es la suma de ocho millones ciento setenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos ($ 8.177.358).
“4. Niéganse las demás súplicas de la demanda(3)”.
1.1. Mediante escrito presentado el 21 de abril de 2006(4), J. A. R. M., quien obra en nombre propio y en presentación de sus hijos menores A. A. y M. T. R. P.; O. P. E. quien actúa en nombre propio y en presentación de sus hijos menores J. C. y J. A. R. P.; T. R.; T. M.; G., Á. H., C., A. C., N. T., L. A. y C. R. M., a través de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de acción de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y Nación - Consejo Superior de la Judicatura, con el fin que se les declare patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor J. A. R. M., producto de la privación de la libertad que padeció al ser confundido con el verdadero autor del hecho punible.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron condenar a las entidades demandadas a pagar una indemnización por concepto de perjuicios morales en la suma de 100 smlmv tanto para el directamente afectado, así como para su compañera permanente, hijos y padres; igualmente, la cantidad de 50 smlmv para cada uno de sus hermanos.
De otra parte, como perjuicios materiales solicitaron reconocer a favor del señor J. A. R. M. la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) “como perjuicios materiales de conformidad con el lucro cesante y el daño emergente (honorarios de abogado ($ 8.000.000), etc., que se causaron al privarlo de la libertad de manera injusta)”(5).
Como fundamentos fácticos de las pretensiones se narró, en síntesis, que el 25 de junio de 2004, el señor R. M. ingresó al aeropuerto “C. D.” de la ciudad xxx en compañía de su compañera permanente y de sus dos menores hijos, pero al registrarse en el puesto de control de la policía fue informado que era requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar ya que en su contra se registró que fue condenado por el delito de homicidio, razón por la cual fue conducido inmediatamente a las instalaciones de la SIJIN.
Se precisó que del expediente penal radicado 03-12802 es fácil deducir que la Fiscalía Catorce Seccional de Valledupar dictó resolución de acusación en contra del señor R. M. y que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2003, lo condenó a la pena privativa de la libertad de 16 años y un mes como responsable del delito de homicidio ocurrido en la persona de S. M. R. B., no obstante lo anterior, estimó que ello configura un error judicial al no haberse investigado, en debida forma, quién fue realmente la persona que realizó la conducta homicida y se omitió cotejar dicha información con la persona capturada como responsable.
Adujo el libelo que frente a tan grave error, el señor R. M., el 28 de junio siguiente, solicitó su libertad ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad aduciendo que se presentaba una situación de homonimia, pero dicha petición fue negada. Ante tal negativa interpuso una acción de tutela y al resolver las pretensiones incoadas, el Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, amparó sus derechos fundamentales argumentando que se había cometido un “error judicial” al configurar un típico caso de homonimia; como consecuencia, mediante decisión del 21 de julio de 2004, se ordenó su libertad inmediata, la cual entró a gozar al día siguiente.
La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Cesar(6), Corporación que avocó el conocimiento del asunto mediante auto de 5 de febrero de 2009(7); igualmente, se dispuso notificar a las entidades demandadas y al agente del Ministerio Público(8).
1.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional de Valledupar(9), se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no existió relación de causalidad entre el hecho y el daño que pretende imputársele. Resaltó que la privación de la libertad es una carga que debe soportar toda persona que, implicada en un proceso penal, sí se había reportado una información donde el señor R. M. era requerido por las autoridades judiciales al encontrarse condenado por el delito de homicidio y que tal registro era razón más que suficiente para efectuar su captura. Alegó como excepciones “las genéricas” que encuentre demostradas el fallador, así como la de “falta de relación de causalidad”.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación(10) adujo que ninguna responsabilidad le asiste frente a las pretensiones de la demanda, toda vez que dicho ente investigador adelantó un proceso penal por el delito de homicidio donde el sindicado “J. A. R.” fue vinculado como persona ausente y habida cuenta de que en su contra existían medios de prueba que lo implicaban, se procedió a dictar medida de aseguramiento y posteriormente resolución de acusación.
Resaltó que de llegarse a comprobar responsabilidad alguna, la misma recae en la Rama Judicial ya que le correspondía al juez de conocimiento verificar la identidad de la persona sindicada como autora del delito de homicidio, tarea que, según su criterio, en dicha instancia no se realizó y de haberlo advertido era su deber declarar la nulidad de lo actuado a fin de enmendar los errores que se pudieran haber cometido en la sustanciación del proceso, en conclusión, según su parecer, en la presente acción existió la “culpa de un tercero” en cabeza del defensor del señor R. M., quien no instauró los recursos de ley para cuestionar las decisiones dictadas en el proceso penal.
Concluyó que no existe una relación de causalidad entre la existencia del hecho y los daños o perjuicios reclamados por los demandantes, luego las indemnizaciones reclamadas deben ser negadas.
1.3. Mediante auto del 10 de septiembre de 2009(11), se abrió el proceso a pruebas y con proveído del 18 de marzo de 2010(12) se declaró vencido el período probatorio y, como consecuencia, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.
En esa oportunidad, la Rama Judicial(13) expresó que la sentencia condenatoria dictada por el juez de conocimiento en contra del señor R. M. se soportó en la información que le fue suministrada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, pues estas son las entidades encargadas de realizar dicha tarea dentro del proceso penal y, por lo cual, no le era posible al Juez Segundo Penal del Circuito de Valledupar advertir que estaba frente a un caso de homonimia.
Resaltó que no goza de la competencia para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso penal, dado que dicha potestad está radicada en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y más aún cuando en la investigación seguida en contra del señor R. M. este fue declarado persona ausente por parte del ente investigador.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación(14) reiteró los razonamientos expuestos al momento de contestar la demanda, todos orientados a indicar que su proceder se ajustó a los dictados del marco jurídico que regula las investigaciones penales.
El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia el 20 de octubre de 2011(15), mediante la cual reconoció parcialmente las pretensiones de la demanda, tal como fueron transcritas en la parte inicial de esta providencia.
Estimó el a quo, previo análisis de la responsabilidad del Estado por error judicial, que en el presente caso no están dados los presupuestos para fundarse la imputación en dicho título, toda vez que el señor R. M., ni su defensor, apelaron la sentencia que lo condenó por el delito de homicidio y tal proceder resulta ser de obligatorio cumplimiento a la luz de lo reglado en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.
Como consecuencia, el juez de instancia consideró que la sentencia de tutela dictada por el Tribunal el 21 de julio de 2004, por medio de la cual se ordenó la libertad del señor R. M., se enmarca dentro de las circunstancias que permiten reconocer la existencia de una “privación injusta de la libertad” derivada del hecho de que el sindicado no cometió la conducta punible reprochada y puntualizó que “el daño antijurídico se encuentra configurado a partir de los hechos de que dan cuenta los informes de la Policía Judicial, las providencias proferidas por la Fiscalía Catorce Seccional de Valledupar y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar - Cesar”(16).
Resaltó que, en principio, a partir de los elementos de prueba existentes en el expediente, la vinculación al proceso penal del aquí demandante puede haber tenido soporte, empero la sentencia de tutela evidenció que la privación de la libertad devino en injusta al haber sido absuelto porque el señor R. M. no cometió el hecho punible.
Agregó que en el expediente, si bien es cierto no obra prueba a partir de la cual se demuestre el tiempo que el señor R. M. estuvo privado de la libertad, pues el INPEC certificó que no se reportan ingresos del citado ciudadano a ningún establecimiento penitenciario y tampoco el Juzgado de Ejecución de Penas dio a conocer dicho dato pese a que fue solicitado dentro del proceso de reparación directa, también lo es que de la foliatura obrante en el plenario se puede inferir que efectivamente el señor R. M. “estuvo privado de la libertad desde el 24 de junio de 2004, como se infiere de la providencia de fecha 7 de julio de 2004, proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de San José de Cúcuta, mediante la cual niega la solicitud de libertad inmediata (v. fls. 45-49), hasta el día 22 de julio de 2004, según consta en el oficio 680/XSIJIN-ACRIM-GRUTE (…) condenado por el delito de homicidio simple voluntario, del que fue absuelto, mediante sentencia de tutela del Tribunal Superior de Distrito Judicial - Sala Penal”(17).
Anotó que el recaudo de pruebas al interior de la investigación penal adoleció de graves falencias al no haberse realizado los esfuerzos necesarios para identificar o individualizar al verdadero responsable del homicidio investigado, no obstante ello, la Fiscalía dispuso la captura del señor R. M. y hasta dictó sentencia condenatoria en su contra, la cual fue cuestionada solamente cuando el citado ciudadano fue privado de su libertad “porque él no había cometido el hecho por cual fue condenado y que se trataba de un homónimo”(18), reclamo que no le mereció ninguna atención al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al negar la solicitud de libertad incoada por el capturado, luego le asiste responsabilidad en el daño que se reclama sea resarcido en esta oportunidad.
La Rama Judicial(19) manifestó su disenso frente a la decisión de primera instancia alegando que no le asiste ninguna responsabilidad frente a las pretensiones invocadas por la parte actora.
Al efecto, manifestó que la condena penal en contra del señor R. M. se motivó en la información recolectada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y que fue precisamente dicho ente acusador el que ordenó la captura del citado ciudadano una vez aplicó los procedimientos requeridos para lograr su “individualización”, luego de existir alguna violación al principio de “investigación integral”, tal deficiencia no le puede ser imputada a los jueces que actuaron dentro del proceso, toda vez que la Fiscalía General de la Nación debería dictar una resolución inhibitoria en la eventualidad de no contar con una certera individualización del inculpado y no proceder a acusar a una persona frente a la cual no existían bases sólidas para imputarle la comisión del delito investigado.
Agregó que el proceso fue llevado en toda la etapa de instrucción por la Fiscalía y en relación con la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, que condenó al señor R. M., señaló que se encuentra debidamente soportada, dado que fue el resultado de lo adelantado en la etapa de juzgamiento y en dicha oportunidad se valoraron, en debida forma, las pruebas recopiladas en la investigación y desde donde se comprobó la existencia de indicios graves de responsabilidad en contra del inculpado.
Alegó que los documentos valorados por el a quo reposan en copia simple dentro del plenario, razón por la cual no pueden ser tenidos en cuenta a fin de dictar sentencia en contra de la entidad recurrente, pues para el efecto resulta necesario que “quede plasmado en la certificación expedida por la Secretaría del Juzgado o el sello de autenticación que posee cada despacho judicial”(20), formalidad que, según su parecer, no se cumple en esta oportunidad, pues si bien “los documentos aportados así posean un sello de la Secretaría del Juzgado con una firma ilegible, no da fe de ser tomados de su original”(21).
Resaltó que al no existir certificación válida a partir de la cual se acredite el tiempo durante el cual el detenido estuvo privado de la libertad, no es posible declarar la responsabilidad de la Rama Judicial, pues ello era una carga que correspondía acreditar a la parte actora y al omitir tal compromiso, el juez a quo carece de los elementos de juicio para realizar la imputación a la Administración.
Antes de manifestarse sobre la procedencia del recurso de apelación, el a quo citó a las partes a audiencia de conciliación(22), la cual se realizó el 23 de mayo de 2012 y en aquella oportunidad (se transcribe de manera literal):
“La apoderada de la Fiscalía General de la Nación, manifiesta que el Comité de Conciliación y Repetición de la Fiscalía General de la Nación en sesión celebrada el 22 de mayo, luego de un estudio detenido del caso, decidió proponer fórmula conciliatoria para fin al proceso consistente en el 70% del 50% del valor total de la condena. El pago del presente acuerdo estará sujeto a lo señalado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes. El apoderado de la Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifiesta que dicha entidad mantiene su posición de no tener ánimo conciliatorio, por lo tanto, nuevamente solicita el trámite del recurso de apelación y sea remitida al Consejo de Estado. Acto seguido la apoderada de la parte demandante manifiesta que acepta la oferta conciliatoria de la Fiscalía General de la Nación, y con respecto a la Rama Judicial, manifiesta que se le dé trámites al recurso de apelación. Seguidamente el Procurador 47 señala que debe aceptarse en consecuencia la propuesta y con respecto a la Rama Judicial señala que se conceda el recurso”(23) (se resalta).
Así las cosas, el Tribunal de instancia, mediante auto del 31 de mayo de 2012(24), decidió “aprobar la conciliación parcial lograda entre los demandantes y la Nación - Fiscalía General de la Nación, en audiencia celebrada en este Tribunal el día 23 de mayo de 2012, la cual hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998”(25).
1.6. El recurso formulado oportunamente por la Rama Judicial fue admitido por auto del 26 de febrero de 2013(26). Posteriormente, mediante proveído del 11 de abril del mismo año(27), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
En esta oportunidad procesal las partes guardaron silencio(28).
La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 20 de octubre de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(29).
Corresponde a la Sala determinar tres aspectos alegados por la Rama Judicial en su recurso de apelación: 1), Aduce que no le asiste responsabilidad alguna frente a la privación de la libertad del señor R.M. ya que la “individualización” de la persona sindicada recae en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y el juzgado de conocimiento profirió sentencia condenatoria en contra de la persona debidamente identificada en la etapa investigativa; 2) Estima que los documentos allegados al plenario no pueden valorarse habida cuenta de que fueron aportados en copia simple; 3) Manifiesta que no se encuentra probado el daño ya que no obra certificación del instituto carcelario donde el condenado estuvo privado de la libertad.
En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(30), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(31).
En el sub examine, la responsabilidad patrimonial impetrada con la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor J.A.R.M., supuestamente derivada de la captura que efectuaron el 24 de junio de 2004 miembros de la Policía Nacional – Sijín al existir orden de captura en su contra, situación que se prolongó hasta el 22 de julio de la misma anualidad, cuando se dio cumplimiento a la sentencia de tutela dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que le concedió el beneficio de la libertad, al configurarse, según un criterio, un caso de homonimia.
En suma, la privación de la libertad del señor R.M. transcurrió desde el 24 de junio de 2004, momento de su captura, hasta el 22 de julio del citado año, cuando le fue restablecido el derecho a la libertad.
Ahora bien, contabilizado el término de caducidad a partir del día siguiente al que el condenado recuperó su libertad, esto es, desde el 23 de julio de 2004 y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 21 de abril de 2006(32), forzoso resulta sostener que la actuación está dentro del término previsto para tal fin, circunstancia que impone proseguir con el estudio de fondo del recurso incoado por la parte demandada.
4. Lo probado en el proceso(33).
— Que la Policía Nacional, Departamento de Policía Cesar realizó diligencia de allanamiento sin orden de autoridad judicial, tal como lo consignó en el acta (se transcribe de manera literal):
“Acta de justificación de allanamiento sin orden judicial. En la ciudad de Valledupar, siendo las 04:00 horas, (...) el 26 de marzo de 2000 (...) el suscrito oficial o miembros de la Policía Judicial (...) deja constancia del allanamiento sin orden judicial realizado al inmueble ubicado (...) motivado por declaraciones de credibilidad e indicios graves de flagrante delito (descripción del hecho): ‘Lugar de habitación del Sr. J.A.R.M. sindicado de haber dado muerte a la Sra. M.R.B. (...) en esta habitación se encontró un par de sandalias para hombre con manchas de sangre. Que por razones de hora y lugar fue imposible tramitar la correspondiente solicitud del Juez (señalar las circunstancias o razones) por las razones de hora y día y tratarse de (...) individualizar los responsables del homicidio’”(34).
— Que reposa en el expediente copia del oficio 432 (sin fecha) donde la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penal del Circuito de Valledupar – Cesar solicitó al Registrador Nacional del Estado Civil el envío de la “cartilla decadactilar de J.A.R.M. y J.R.R. identificado cédula de ciudadanía número 17.975.189 expedida en Riohacha Guajira”(35) (se resalta).
En similar sentido, el citado despacho judicial, mediante oficio adiado a 30 de mayo de 2000, solicitó al DAS enviar los “antecedentes que registren en esa dependencia los señores J.A.R.M., Alías El H., indocumentado (...)”(36).
— Que en respuesta al anterior requerimiento, el DAS, mediante comunicación del 2 de junio de 2000, informó a la Fiscalía de conocimiento que “atendiendo lo solicitado en su oficio 725 del 30 de mayo de 2000, me permito informar a Usted que efectuada(s) la(s) búsqueda alfabética en los archivos del grupo de identificación en esta Seccional, sin comprobación dactiloscópica figura la siguiente anotación: (...) J.A.R.M., no registra antecedentes, ni anotaciones”(37).
— Que la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, Unidad de Delitos contra la Vida y otros, en providencia del 30 de mayo de 2000 libró orden de captura en contra del señor J.A.R.M.. Igualmente, en la misma providencia solicitó “a la Registraduría del Estado Civil la cartilla decadactilar de los sindicados”(38). A fin de justiciar la imposición de la medida de aseguramiento razonó de la siguiente manera (se transcribe de manera literal):
“En contra de los sindicados J.R.R. y J.A.R.M., milita el testimonio del señor A. A. C. R., quien señala de manera definida e indubitable a J.A.R.M. y J.R.R., como las personas que sin motivo justificante le causaron heridas a S. B., quien más tarde falleció. Esta declaración la encontramos muy espontánea sin segundas intenciones y sin que, a prima facie, se observe algún interés mezquino de perjudicar a las personas vinculadas legalmente al proceso. Dicha versión se encuentra claramente reafirmada por lo expuesto en el informe policivo”(39).
— Que la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, Unidad de Delitos contra la Vida y otros, mediante providencia del 6 de julio 2000, declaró al señor R.M. como persona ausente, decisión que justificó en los siguientes razonamientos (se transcribe de manera literal):
“Dentro de las presentes diligencias le aparecen a J.R.R. y J.A.R.M., cargos que los señalan como autores del presunto delito de homicidio, donde resultara víctima S. B., según hechos ocurridos en esta ciudad, el día 26 de marzo de 2000.
“En resolución de fecha mayo treinta (30) del año que avanza, esta Fiscalía ordenó la vinculación de J.R.R. y J.A.R.M., mediante apertura de instrucción para lo cual se libró la correspondiente boleta de captura a fin de escucharlos en declaración de inquirir, sin resultados positivos hasta la fecha, por lo que se dispuso darle aplicación al artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, emplazándolos por el término de cinco (5) días hábiles para que comparecieran al despacho a rendir sus indagatorias, desfijándose dicho edicto el día 27 de junio del año en curso, sin que los sindicados antes citados comparecieran.
“Como se han cumplido con las exigencias del Artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, es del caso declararlos personas ausentes a J.R.R. y J.A.R.M. y nombrarles defensor de oficio para que los represente en esta investigación hasta su culminación”(40).
— Que la Fiscalía Catorce Seccional de Valledupar, mediante providencia del 14 de septiembre de 2000 resolvió la situación jurídica de los implicados en los hechos y decidió “decretar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de J.A.R.M.”(41). En aquella oportunidad se razonó de la siguiente manera a fin de imponer la medida de aseguramiento (se transcribe de manera literal):
“En contra de los sindicados J.R.R. y J.A.R.M., milita el testimonio del señor A. A. C.R., quien señala de manera definida e indubitable a J.A.R.M. y J.R.R., como las personas que sin motivo justificable le causaron heridas a S. B., quien más tarde falleció. Esta declaración la encontramos muy espontánea sin segundas intenciones y sin que, a prima facie, se observa algún interés mezquino de perjudicar a las personas vinculadas legalmente al proceso. Dicha versión se encuentra claramente reafirmada por lo expuesto en el informe policivo”(42).
— Que la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, Unidad de Delitos contra la Vida y otros, mediante providencia del 13 de septiembre de 2001 profirió “resolución de acusación en contra de los señores J.A.R.M.(...) como coautores materiales del delito de homicidio, siendo víctima la señora S.M.R.B.”(43) (se resalta). En dicha oportunidad frente a la individualización del procesado, se adujo (se transcribe de manera literal):
“Al proceso fueron legalmente vinculados mediante declaratoria de persona ausente los siguientes señores: J.A.R.M. “alias H.” identificado con la cédula de c.c. xxx de S. N. de S. nacido el día 24 de noviembre de 1959 en Santiago N. de S.”(44).
Ahora bien, de cara a la responsabilidad del implicado en la providencia se sostuvo lo siguiente (se transcribe de manera literal):
“Respecto a la responsabilidad de los procesados de autos, J.R.R. y J.A.R.M., esta Unidad de Fiscalía considera que los testimonios rendidos por los señores A.C.R. y D.M.R.B., son suficientes para fundamentar la acusación en contra de aquellos en calidad de coautores. Los testigos son contundentes, claros y determinantes en señalarlos como las personas que le propinaron las heridas a la hoy occisa; ellos tuvieron la capacidad para conocer directamente los sucesos, por lo tanto, consideramos que son personas autorizadas y legitimadas para imputar la autoría de los mismos. A. precisa que vio a los implicados cuando seguían a S.M. en la parte de atrás de la Inspección Central de Policía y escuchó un grito y posteriormente salieron, E.H. con un cuchillo en la mano derecha.
“A lo anterior debemos agregar el contenido del informe policivo, cuando expresan que en desarrollo de la diligencia de registro y allanamiento practicado a la residencia del señor J.A.R.M., “alias E.H.”, el mismo día de los acontecimientos, se pudo constatar que, en la habitación, en el interior de una caja de cartón, que se encontraba debajo de la mesa, se halló unas sandalias de propiedad de J.A., la cual contenía rastros de sangre. Este hecho, que está plenamente probado en el plenario con las fotografías obrantes a folios 28, 29 y 30 del C.O. constituyen un elemento indicador de un indicio grave de responsabilidad, que permite inferir la intervención de dicho sujeto en los acontecimientos de autos, desarrollados en compañía de J.R.R., sin que se evidencie que su actuar doloso se (sic) justificado”(45).
— Que el 23 de septiembre de 2003, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar(46) dictó sentencia condenatoria en contra del señor R.M. (se transcribe de manera literal):
“1. CONDENAR a J.R.R. y a J.A.R.M. a la pena principal de dieciséis (16) años y un (1) mes de prisión, en calidad de coautores del delito de homicidio simple voluntario en la persona de S.M.R.B., impóneseles como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por término igual de la pena principal.
3. Comisiónese al Juez del Penal del Circuito en reparto, de la ciudad de Montería, para que notifique personalmente de este fallo al procesado J.R.R., recluso en la cárcel de esa localidad.
Igualmente, en firme este fallo reactívense las ordenes de captura en contra de J.A.R.M.”(47).
En dicha providencia, al identificar al condenado, se precisó:
“J.A.R.M., se identifica con la cédula de ciudanía número xxx expedida en S., N.deS., nació el 24 de noviembre de 1959 en la misma localidad. Lo apodan “El H.”(48).
En la referida sentencia, el juzgado de conocimiento precisó que el centro de la discusión gira alrededor de “la demostración de la autoría en cabeza de los procesados, basados en que la prueba testimonial e indiciaria que ofrece el expediente no brinda credibilidad y menos certeza de responsabilidad”(49).
Precisó que el testimonio de la hermana de la occisa no puede rechazarse por el simple hecho de poseer un parentesco; igualmente descartó que tampoco se trata de un testimonio de oídas, toda vez que lo que puso en conocimiento de las autoridades judiciales deriva del conocimiento que entre su hermana y el sindicado J.R.R. existía una relación sentimental y el hecho obedeció a los celos de este porque ella tenía otro novio. No obstante lo anotado, agregó (se transcribe de manera literal):
“En verdad ella (se refiere a la hermana de la difunta) no puede atestiguar que vio a dicho procesado con J.A.R.M., dándole muerte a su hermana, porque a ella no le consta, es más, ni siquiera señala a éste último sino al primero, sin especificar además quien fue la persona que le informó que había sido R.R. el autor de la muerte, pues que haya sido C.R. es una presunción porque éste declaró en su oportunidad que había sido él quien avisó a la familia de la interfecta lo sucedido”(50).
Ahora bien, frente al testimonio de A.C.R. aceptó que este no presenció directamente los hechos, pues sólo observó que J.A.R.M. salió del lugar donde se encontraba la occisa con un puñal en la mano y pasó frente al sitio de donde él se encontraba y se aventuró a sostener que el móvil del homicidio según escuchó “fue por celos”(51). Pese a las críticas presentadas al testimonio del señor C.R., el juez penal decidió otorgarle total credibilidad, tanto para concluir (se transcribe de manera literal):
“En realidad no entiende la judicatura qué más podía pedírsele al testigo C.R. sí lo que percibió de primera mano lo narró de manera diáfana y detallada, como es que observó a los procesados siguiendo a la víctima, se percató cuando ellos ingresaron al callejón oscuro donde S.M. lo había hecho primero al parecer para orinar, y momentos después casi enseguida se producen los gritos de ella diciendo que la habían “jodido”, como también mientras gritaba, los hombres que le siguieron salieron corriendo del lugar, uno de ellos con un cuchillo en la mano, y es evidencia demostrada que la muerte de la víctima se produce de tres puñaladas recibidas en las piernas (...) Si se analiza de manera conjunta los testimonios de D.M.R.B., hermana de la víctima, con el de A.C.R., no cabe duda que de los justiciables J.A.R.M. “a” E.H. y J.R.R. “a” E.R., fueron los autores de la muerte de S.M.R., lo cual pudo estar motivado por los celos que éste último padecía a raíz de que la víctima a la vez tenía amores con un tercer sujeto apedillado A.”(52).
Estimó que a lo anterior debe agregarse que los acusados no volvieron a hacer presencia en el barrio donde residían y pese a plurales citaciones no concurrieron al proceso, razón por la cual fueron vinculados como personas ausentes, lo cual configuró, a su juicio, un “indicio de huida” de donde infirió que “si se fueron de esta ciudad es porque no querían ser capturados por la muerte de S.M., inclusive J.R.R. (...) fue aprehendido en la ciudad de Riohacha el 15 de septiembre del presente año, ciudad distante de esta”(53).
— Que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, mediante oficio fechado a 20 de noviembre de 2003, reiteró a los funcionarios de la SIJIN el cumplimiento de la orden de captura impartida por la Fiscalía 14 Seccional “mediante oficio xxx del xxx contra J.A.R.M., alias E.H., C.C. xxx de S. N, de S. Dicho sujeto fue condenado por el delito de homicidio simple voluntario, a la pena principal de 16 años 1 meses de prisión”(54) (se resalta).
— Que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de San José de Cúcuta, en providencia del 7 de julio de 2004(55), negó la solicitud de libertad interpuesta por el apoderado del señor R.M. y dispuso “continuar con la vigilancia de la sanción impuesta por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar – Cesar de dieciséis (16) años y un (1) mes de prisión”(56).
En la referida providencia el Juzgado expresó que “en virtud del reparto efectuado el pasado viernes dos (2) de julio del año que avanza, correspondió a este despacho judicial asumir en virtud de la competencia que le delega el artículo 79 del CPP, la vigilancia de la condena impuesta a J.A.R.M. identificado con la cédula de ciudadanía xxx de S.N.deS.”(57) (se resalta).
Una vez narrados los hechos que dieron origen a la investigación penal por la muerte de S.M.R.B. precisó que uno de los autores del hecho fue “J.A.R.M., alias el “H.” aproximadamente de 25 años de edad, de tés morena, promedio uno sesenta y ocho de estatura, pelo corto, contextura regular”(58). Frente a la vinculación procesal del inculpado agregó (se transcribe de manera literal):
“Ante la imposibilidad de materializarse la captura de los sindicados como coautores del Homicidio, la Fiscalía ordena mediante resolución de junio veinte (20) de dos mil (2000) vincularlos mediante la declaratoria de persona ausente y es así como en la misma fecha fija el edicto emplazatorio mediante el cual cita, llama y emplaza a J.A.R.M. y otros, para posteriormente y en resolución del seis (6) de julio de dos mil (2000), declararlos persona ausente y designarle defensor de oficio. Previamente se había solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Bogotá, la cartilla decadactilar del J.A.R.M. la que muy seguramente se allego a la actuación pero que no obra en las xerocopias simples que conforman el cuaderno cuya vigilancia entro a ejercer de la condena este juzgado”(59).
Tras relatar el desarrollo del proceso se afirmó que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar dictó sentencia condenatoria en contra del señor “J.A.R.M. con cédula de ciudadanía xxx expedida en S.N.deS. nacido el 24 de noviembre de 1959 en esa misma localidad y a quien apodan el “H.”(60) y en consecuencia ordenó reactivar las órdenes de captura vigente que obraba en su contra.
Ahora bien, la situación fáctica alegada para sustentar la solicitud de libertad se presentó por el citado despacho judicial de la siguiente manera (se transcribe de manera literal):
“El veinticinco (25) de junio de dos mil cuatro (2004), miembros de la Policía Nacional con sede en la ciudad de Cúcuta capturan en el aeropuerto de esta localidad a J.A.R.M. y lo identifican con la cédula # xxx expedida en S.N.deS., al constatar que en contra del ciudadano en mención se encuentra vigente la orden de captura xxx del 30 de mayo de 2000 expedida por la Fiscalía Seccional xxx de Valledupar – Cesar dentro sumario xxx por el delito de homicidio, imponiéndosele al capturado sus derechos en el que se le notifica que se encuentra solicitado por el delito de homicidio.
“La autoridad que materializó la captura deja a J.A.R.M. a disposición del juez de penas y medidas de seguridad de Valledupar Cesar que hasta ese momento le vigilaba la sanción impuesta en su contra sin capturado, y el veinticinco (25) de junio de dos mil cuatro (2004) expide un auto en el cual consigna que analizado el proceso cuya vigilancia ejerce, encontró que J.A.R.M. con cédula xxx (sic) de Santiago de Norte de Santander (...) y en consecuencia de ello ordena poner en conocimiento a la Policía Nacional Norte de Santander de la situación jurídica del aprendido para que proceda a trasladarlo al establecimiento penitenciario y carcelario de Cúcuta y a órdenes del Juzgado Tercero de Penas de Valledupar Cesar, por ser el encargado de la vigilancia de la pena, remitiendo con tal fin el oficio xxx de la misma fecha en el cual se ordena al director de la Penitenciaria de Cúcuta recibir y mantener en ese centro carcelario y ordenes de este despacho a J.A.R.M. con cédula xxx de S.N.deS. por haber sido condenado por el delito de homicidio simple voluntario (...).
“El veintiocho (28) de junio de dos mil cuatro (2004), el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar recibe solicitud de libertad inmediata del capturado J.A.R.M. de parte de su defensor de confianza quien argumenta que el capturado es inocente de todo cargo pues no se trata de la misma persona a quien testigos en desarrollo del proceso señalaron como autor material del homicidio de S.M.R.B. entre otras cosas, porque su poderdante en la actualidad y para la época de los hechos presentaba una edad considerablemente mayor a la del autor material de la conducta e igualmente difiere y considerablemente las características físicas que aportan los testigos del hecho respecto del autor material con la de la persona que finalmente es capturada.
“De igual manera trae como sustento de su petición documentos que tienden a demostrar que para la época que sucedió el delito que se le imputa al capturado este residía en el Municipio de S.N.deS., donde ha ejercido como Asesor del Consejo (sic) como secretario y Tesorero Municipal del Municipio en el cual toda su vida ha residido y el cual nunca ha abandonado, siendo además una persona casada y con hijos.
“Concluye el señor apoderado que la persona capturada si es J.A.R.M. si se identifica con la cédula xxx de S., pero que no puede ser la misma persona por las circunstancias expuestas en su escrito que resultó ser condenada y por lo tanto solicita su libertad inmediata”(61).
Frente a los razonamientos expuestos para justificar la petición de libertad inmediata, el juez de ejecución de pena negó lo reclamado y al efecto argumentó que (se transcribe de manera literal):
“(...) la sentencia para este despacho está revestida de la doble presunción de acierto y legalidad dentro de un proceso penal ya concluido y dentro del cual se garantizó el debate probatorio tendiente a rebatir, controvertir y discutir la responsabilidad o no del procesado, debate que ya no es factible reabrir en esta etapa pos-procesal porque la misma ha concluido con sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada.
“Y es que revisando la actuación se tiene que la Fiscalía 14 de la Unidad de Vida de Valledupar Cesar, inició el proceso penal por el delito de homicidio contra J.A.R.M., ordenando su captura, vinculándolo mediante emplazamiento y declaratoria de persona ausente, resolviendo situación jurídica con medida de detención preventiva, profiriéndole a esta misma persona a quien identificó con cédula xxx de S.N.deS., Resolución de Acusación por el delito de homicidio, para posteriormente el Juez Segundo Penal Circuito de Valledupar Cesar (sic) condenarlo a la pena principal de dieciséis (16) años y un (1) mes de prisión por el delito de homicidio simple voluntario, expidiéndole la respectiva orden de captura, la cual se materializó por la Policía Nacional de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta y dejando a disposición de este Juzgado para que ejerza la vigilancia de la condena.
“Acceder a la pretensión de la defensa equivale a revocar de hecho una decisión en firme. La ley penal ha contemplado la posibilidad de enfrentar en la práctica la situación alega la defensa y para ello en el artículo 220 del Código Procesal Penal, recurre a la acción de revisión y en su numeral tercero expone que la misma procede contra la sentencia ejecutoriada entre otros casos cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los cuales que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad.
“En este orden de ideas, la vía legal a seguir la consagra la acción de revisión, quedando también la posibilidad si lo considera el interesado en una acción de tutela por un presunto perjuicio irremediable como mecanismo transitorio, vías legales y constitucionales que en los actuales momentos le son ajenos a este despacho en su competencia debiéndose entonces continuar con la vigilancia de la pena impuesta por el Juez Penal del Circuito para lo cual permanecerá en reclusión hasta nueva orden”(62).
— Que, ante la privación de la libertad referida, el señor J.A.R.M. interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar(63) y dicho despacho judicial, mediante sentencia del 21 de julio de 2004, amparó los derechos fundamentales reclamados por el capturado y ordenó que “lo pongan en libertad inmediata e incondicional”(64). En aquella oportunidad el problema jurídico se definió de la siguiente manera (se transcribe de manera literal):
“¿Se habrán violado los derecho a la libertad, al trabajo, a la honra y al buen nombre del señor J.A.R.M., por parte de la Fiscalía Catorce Delegada y el Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, quienes ordenaron su captura, cuando realmente advierte la Sala que, en el proceso penal tramitado por el delito de homicidio simple, no se ha determinado con precisión si la persona de J.A.R.M., que está presa en la Sijin en la ciudad de San José de Cúcuta, corresponde a la misma que fue condenada por sentencia de 23 de septiembre de 2003, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad y que se identifica con el mismo nombre y apellido de aquel, mientras que aparece el verdadero condenado, al momento de la comisión de los hechos, según el informe xxx de marzo 26 de 2000 de la Policía, tenía una edad aproximada de veinticinco años, de color moreno, de 1.68 de estatura, pelo engajado corto, contextura regular, relación marital en unión libre con L.O.C. y en tanto el que ahora alega homonimia o no ser la persona condenada, a la época de los hechos, presentaba una edad aproximada de cuarenta años (nació el 24 de noviembre de 1959), color trigueño, de 1.65 de estatura, convive con su compañera O.P.H. con la cual tiene dos hijos y, entre otras anotaciones, es administrador de empresas, especializado en planeación para la educación ambiental, ha desempeñado diferentes cargos administrativos en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander donde se desempeña como asesor en la actualidad del Concejo Municipal de San Cayetano (Norte de Santander), sin que esté probado su parentesco consanguíneo con el condenado J.R.R., alias “E.R.” y sí su parentesco con siete hermanos y sus hijos, según documentos que obran en el expediente?”(65).
A fin de analizar el problema jurídico antes planteado, el juez del amparo constitucional precisó que (se transcribe de manera literal):
“Para entrar en este examen, en primer lugar, observa la Judicatura que al proceso penal (...) se vinculó mediante declaratoria de persona ausente al sujeto J.A.R.M., a quien igualmente se le resuelve situación jurídica con auto de detención y el ente acusador le formula cargos por auto de septiembre 13 de 2001 donde, al parecer, se le individualiza como J.A.R.M., alias “H.”, portador de la C.C. xxx de Santiago (Norte de Santander), como nacido el día 24 de noviembre de 1959 en dicha localidad mientras que en la medida de aseguramiento, contenida en el auto de septiembre 14 de 2000, simplemente se habla de J.A.R.M. sin expresarse de él ningunas características civiles ni personales (v. fls. 36 y 38 del Cdno anexo).
“La Sala encuentra que en el informe xxx de marzo 26 de 2000, expedida por la Policía de Valledupar, se señala como sindicado del homicidio (...) al sujeto J.A.R.M., alias “El H.” de veinticinco años de edad, moreno, de 1.68 de estatura, pelo engajado corto, contextura regular que convive en unión libre con L.O.C. y residenciado en la c. xxx Nº xxx del barrio K. de Valledupar. Estas mismas características, de uno de los participantes en el hecho punible son corroboradas por los testigos D.M.R.B. y A.C.R. (V. Fls. 15 y 16 Id), quienes al unísono reseñan como señales personales del victimario R.M., el ser una persona como de veinticinco años de edad, tez morena, estatura como de 1.70 aproximadamente, contextura gruesa, cabello corto y ondulado y abundante, cara fileña, labios un poco gruesos, boca mediana y nariz fileña, rasgos que resalta el primero de los participantes y que coinciden, en su esencia con la versión rendida por el segundo mientras que las características presentadas por el capturado son bastantes diferentes, según la prueba que obra en la foliatura, en la medida que se trata de una persona de 1.65 de estatura aproximadamente, de color trigueño, nacida el 24 de noviembre de 1959 reflejando ello que, para la época de los hechos contaba con aproximadamente cuarenta años de edad. Como puede verse, existen ostensibles disimilitudes entre el sujeto agente que perpetró el hecho punible y la persona que el día 25 de junio del año en curso (2004) fue capturada, con los mismos nombres y apellidos del verdadero coautor del execrable crimen, pues de esto, se infiere con razonable lógica que se trata de un error o lo que comúnmente se conoce como homonimia”(66).
A lo anotado agregó (se transcribe de manera literal):
“Otro de los aspectos que concluyen a diferenciar al coautor del hecho punible con el capturado en el Aeropuerto “Camilo Daza” de la ciudad de Cúcuta, el día 25 de junio del año en curso (2004), estriba en que mientras el sujeto copartícipe en el ilícito, además de los rasgos físicos, convivía en unión libre con la señora L.O.C. en la C. xxx Nº xxx del Barrio “K.” de Valledupar, el aprehendido y accionante, en este caso, para la época de los hechos, conforme a las testificaciones extra proceso que militan en el paginario procesal, mantiene relaciones materiales o de unión libre con la señora O.P.H. con quien ha procreado los menor(es) J.C. y J.A. de seis años y siete meses de edad, respectivamente, y cuya residencia se halla ubicada en Santiago (Norte de Santander).
“También existen otros aspectos dignos de destacar que llevan a la Sala a creer que no se trata la misma persona y que, antes por el contrario J.A.R.M., capturado el 25 de junio de este año en el Aeropuerto “Camilo Daza” de Cúcuta, no tiene ninguna relación de parentesco con el sujeto que segó la vida de la señora S.M.R.B. mientras que éste, con su hermano J.R.R., alias “E.R.” se dedicaba a “robar”, en Valledupar, conforme lo afirma el testigo A.C.R. por conocer de manera directa e inmediata a estos señores; en cambio, la persona conocida como J.A.R.M. (capturada), tiene título universitario en administración de empresas, especializado en planeación y ha desempeñado, además, diferentes cargos administrativos en los municipios de San José de Cúcuta, San Cayetano y Santiago de Norte de Santander, como así lo corroboran los testigos S.M.C. e I.R.R., personas conocidas y distinguidas de ese ente territorial. Y sí se le aplica la simple lógica formal o el raciocinio cotidiano, que nos lleva a las reglas de la experiencia, encontramos que se trata de personas diferentes por cuanto el capturado en Cúcuta no corresponde al sujeto que, el 26 de marzo de 2000, le segó la vida a la infortunada S.M.R.B. y que, sin lugar a dudas, en la aprehensión de R.M. (actor) se ha presentado un ostensible error derivado de la coincidencia de tener los mismos nombres y apellidos del verdadero victimario lo que quiere decir que aquél, por esta razón, fue privado de manera injusta e ilegal de su libertad conculcándosele este derecho constitucional fundamental que habrá de reparársele para subsanar, en parte, el daño que se le ha causado”(67).
El juez de tutela, a efecto de conceder el amparo constitucional, identificó el error en el cual incurrieron las autoridades judiciales que conocieron del asunto (se transcribe de manera literal):
“En el error no sólo incurrió la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta jurisdicción sino también el Juzgado Segundo Penal del Circuito y ello se debe a que no existe una visión procesal concreta que nos permita encontrar una lógica y real explicación a lo sucedido. Y esto lo advierte la Sala porque examinado todo el contenido del expediente no halla justificación alguna para que, al sujeto y coautor del hecho punible, individualizado desde un principio por el informe xxx de marzo 26 de 2000 expedido por la Policía, el ente acusador en el pliego de cargos que recoge el interlocutorio de septiembre 13 de 2001 (v. Fls. 51 a 53 de uno de los Cdnos. Anexo) como por arte de magia o de birlibirloque haya incluido, en dicho proveído, las características y anotaciones personales como el número de la cédula de ciudadanía que le corresponde a J.A.R.M., aprehendido en la ciudad de Cúcuta ya que no figura en la causa penal, tramitada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, una prueba o documento que relacione a la persona nacida en Santiago (Norte de Santander), el día 24 de noviembre de 1959, con la que ejecutó el hecho punible en Valledupar, sin que se sepa cómo y porqué se incluyó el mentado documento en la resolución acusatoria; manteniéndose ese mismo error, al incluirse las erradas características personales y somáticas, en la sentencia condenatoria, cuando lo que ha debido es individualizarse al victimario por lo consignado en el informe xxx y lo expresado por los testificantes D.M.R.B. y A.C.R., la primera por cuanto conocía al sujeto activo del hecho criminal y el segundo porque coincidencialmente pudo ver, la madrugada de autos, el momento en que el copartícipe de la conducta delictiva se alejaba todavía, con el arma homicida en sus manos.
“Sin lugar a equívocos se puede afirmar que lo que produjo, en últimas, el error de capturarse a la persona equivocada fue precisamente el de haberse incluido, sin justificación probatoria alguna, la cédula de ciudadanía de la persona que ahora reclama la restauración de sus derechos, entre ellos, a la libertad por cuanto considera y a fe que la Sala así lo interpreta que se le aprehendió y mantiene privado de su libertad de manera ilegal porque está demostrado, hasta ahora, en los autos que no tuvo nada que ver con la muerte violenta de la señora S.M.R.B., la madrugada del 26 de marzo de 2000, en el barrio “Pescadito” de Valledupar, qué sentido práctico y lógico tendría que una persona con el grado de cultura y los vínculos laborales, afectivos, familiares y sociales con el Departamento de Norte de Santander, relativamente distante del Cesar, se venga a una “caseta” en el barrio “Pescadito” de Valledupar con los riesgos e inconvenientes que le representa ello; aunque esto no es imposible sin embargo no deja de rayas en lo absurdo e ilógico cuando se sabe que ese sector es uno de los más deprimidos e inseguros de la citada ciudad”(68).
De otra parte, frente a la “legalidad” de las providencias dictadas al interior del proceso penal, las que calificó el juez de ejecución de penas como decisiones revestidas de “acierto y legalidad”, el fallador constitucional puntualizó (se transcribe de manera literal):
“En el caso del actor R.M. si bien existieron mandatos judiciales (órdenes de captura) expedidos por la Fiscalía Catorce Delegada y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta comprensión municipal cumpliéndose, aparentemente, con los presupuestos ut supra invocados, sin embargo en su finalidad o efectos, se incurrió en un error, al aprehenderse la persona equivocada, desencadenante (de) esta situación de una verdadera “vía de hecho”, en la medida que se ha conculcado el derecho constitucional fundamental del accionante, al soportar la carga de la privación injusta de su libertad, como consecuencia de no haberse hecho una buena investigación no obstante que las pruebas a practicarse se hallaban al alcance de la mano, tanto del ente instructor como del juez de la causa y, especialmente, respecto de aquellas orientadas hacia la individualización e identidad de la personas que participó, a título de coautor, en el hecho de sangre y que, desde un principio, la Policía, en su informe, señaló por sus anotaciones somático-personales (...) la situación gravitante en la persona del accionante J.A.R.M. no se aviene a lo que podría considerarse una legítima limitación de su libertad porque, en su caso, se trata más bien de una medida de hecho que lo afecta gravemente en el ejercicio y goce de su libertad, en cuanto se le ha privado de ésta por la confusión o error surgido a raíz de tener el mismo nombre y apellidos del sujeto activo de la conducta punible perpetrada en detrimento del derecho a la vida de la señora S.M.R.B., pues como se dijo ex ante se presenta lo que se conoce como una homonimia entra el victimario y el ahora capturado injusta e ilegalmente pero cuyo derecho fundamental a la libertad debe ser amparado al cobrar viabilidad la acción de tutela”(69).
— Que la Juez Segunda Penal del Circuito de Valledupar, al explicar la ocurrencia de los hechos, presentó memorial ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar(70) donde dio a conocer que (se transcribe de manera literal):
“Al iniciar la investigación el procesado R.M. fue vinculado como indocumentado, pero posteriormente y ante las diligencias investigativas de la Fiscalía Delegada a través del oficio xxx enviado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se allegó la cartilla decadactilar correspondiente al mencionado señor, a quien presuntamente le corresponde el número de cédula xxx de S., N. de S.”(71).
— Que mediante oficio xxx, fechado a 28 de julio de 2003, el jefe de la Coordinación Penitenciaria Sijín DENOR, dio a conocer al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de San José de Cúcuta que “el retenido J.A.R.M. fue dejado en libertad el día 22 de julio de 2004, mediante boleta nro. J039091 emanado del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar”(72) (se resalta).
5. Cuestión previa. Valor jurídico y probatorio de las copias.
La Rama Judicial alegó en el recurso de apelación que el material probatorio aportado a la presente acción no obra en copia auténtica, motivo que, a su juicio, impide su valoración por esta Sala a fin de darle curso a las pretensiones incoadas con la demanda.
Al respecto impera resaltar que el a quo, mediante auto del 10 de septiembre de 2009, solicitó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar remitir “fotocopia autenticada del expediente penal Nº xxx en el cual resultó condenado el señor J.A.R.M.”(73). Lo anterior fue cumplido el 30 de octubre de 2009 donde el despacho judicial requerido dio a conocer que “envío a usted lo solicitado consistente en un cuaderno con 300 folio escritos”(74) y, para el efecto, en cada uno de los folios remitidos, la Secretaría del Juzgado Segundo Penal del Circuito impuso el sello del despacho.
En efecto, si bien es cierto no existe una constancia por medio de la cual la secretaría del juzgado aduzca que los folios aportados son fiel copia del original, también lo es que impuso el sello del despacho a cada una de las copias y en todas ellas reposa la rúbrica del secretario del juzgado, proceder que ofrece concordancia con lo reglado en el numeral 1º del artículo 254 del C.P.C.(75), razón más que suficiente para que esta Sala considere que en el expediente sí reposan copias auténticas del proceso penal adelantado en contra del señor R.M., luego el cargo presentado por el apelante carece de soporte jurídico y no está llamado a prosperar.
No obstante lo anterior, la Sala considera que atendiendo los lineamientos jurisprudenciales(76) que resultan aplicables al presente caso, así se tratara de copias simples tendrían pleno valor probatorio.
Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, advierte la Sala que si bien, en principio, podría resultar procedente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo, tal como lo realizó el fallador de instancia, derivado de la aplicación del artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, en tanto que el sindicado no cometió la conducta punible, lo cierto es que en la presente litis se encuentra acreditado un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el cual habrá de declararse, puesto que el origen del daño que le fue causado al señor J.A.R.M. provino de una actuación judicial contraria a la ley.
De otra parte, este caso al versar sobre la reclamación proveniente de un caso de homonimia, se orienta determinar si las entidades demandadas incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(77) al individualizar al responsable del hecho punible de homicidio investigado, título de imputación de la responsabilidad del Estado por la actividad judicial establecido por el artículo 69(78) de la Ley 270 de 1996 que conforme a la jurisprudencia se caracteriza por lo siguiente(79):
“(i) se predica de actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; (iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; y (iv) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(80)” (se resalta).
Igualmente, atendiendo los dictados jurisprudenciales es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un título de imputación diferente a aquel invocado en la demanda o del utilizado por el a quo, esto dando aplicación al principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión, toda vez que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma(81).
De otra parte, impera recordar que la Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la sentencia del 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(82).
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala y a propósito del yerro en el cual incurrió la entidad pública apelante, esta Subsección encuentra debidamente acreditado en el plenario que por la muerte de la señora S.M.R.B. se vinculó, mediante declaratoria de persona ausente, al señor J.A.R.M., a quien igualmente le fue resuelta situación jurídica y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
Posteriormente, el ente acusador le dictó resolución de acusación mediante providencia del 13 de septiembre de 2001 identificándolo como “J.A.R.M.”, alias “El H.”, portador de la cédula de ciudadanía número xxx de Santiago (Norte de Santander), nacido el 24 de noviembre de 1959 en dicha localidad, empero, en la medida de aseguramiento proferida mediante auto del 14 de septiembre de 2000, simplemente se refirió a “J.A.R.M.” sin hacer expresa referencia a ninguna de sus condiciones civiles, ni personales, esto es, se avanzó en su identificación, pero los presupuestos requeridos para individualizarlos simplemente no fueron abordados.
De otra parte, tal como lo sostuvo el juez de tutela en el informe xxx del 26 de marzo de 2000 de la Policía de Valledupar, se señaló como sindicado del homicidio al señor J.A.R.M., alias “El H.” de veinticinco años de edad, moreno, de 1.68 mts de estatura, pelo “engajado” corto, contextura regular que convive en unión libre con L.O.C. y residenciado en la C. xxx Nº xxx del barrio K. de Valledupar, características que según lo sostenido por el juez que dictó la sentencia condenatoria, fueron ratificadas por los testigos de cargo, mientras que las características presentadas por el encartado distan de tal descripción, dado que se trata de una persona de 1.65 mts de estatura, de color trigueño, nacida el xxx de noviembre de xxx, luego resulta fácil inferir que para la fecha de los hechos contaba con una edad cercana a los cuarenta años de edad y no con aquella indicada por el único testigo que aduce haber visto al señor R.M. el día de hechos portando un cuchillo después de darle muerte a la señora R.B.
De lo anotado se infiere que existen diferencias entre el sujeto que perpetró el hecho punible y la persona que fue capturada y que responde, igualmente, al nombre de señor J.A.R.M., pues si bien este posee los mismos nombres y apellidos, no es el autor del delito de homicidio por el cual aparece como condenado, luego se está frente a un error de los que comúnmente se conoce como homonimia, situación que se originó en el hecho que las autoridades judiciales a fin de individualizar al presunto responsable del delito de homicidio se limitaron a solicitar el número de la cédula de quien fue señalado por el testigo de los hechos.
La Sala considera que otro elemento para diferenciar a la persona capturada del autor real del delito de homicidio está en el hecho que se adujo que el señor R.M. convivía en unión libre con la señora L.O.C. y conforme a lo probado por el juez de tutela, se constató que él mantiene una relación con la señora O.P.H. con quien ha procreado a los menores Juan Camilo y Jorge Alberto Ramírez Herazo, además que el capturado no tiene ninguna relación de parentesco con la persona que segó la vida de la señora S.M.R.B., esto es el señor J.R.R. y el testigo presencial de los hechos adujo que los autores del delitos son primos.
A lo anterior se agrega que conforme a la prueba testimonial que practicó el juez de tutela se logró demostrar que quien mató a la señora R.B. era conocido en la región por dedicarse al hurto, a diferencia del capturado, quien posee un título universitario en administración de empresas y ha desempeñado diferentes cargos en la administración pública de diferentes entes territoriales.
Siendo esta la situación fáctica que soportó la privación de la libertad del señor R.M., la Sala considera que en esta oportunidad se analizará, únicamente, la responsabilidad de la Rama Judicial, pues tal como se anotó en precedencia la Fiscalía concilió la parte que le correspondía asumir en la presente condena.
No obstante lo anterior, la Sala considera que no puede olvidarse que el proceso penal se presenta como una articulación ordenada de diferentes pasos que inicia con la investigación previa. En tal sentido y de cara a los hechos analizados, se tiene que el artículo 322 de la Ley 600, vigente para la fecha de los hechos, establece que uno de los fines de la investigación previa es el de “recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”.
En tal sentido, es de suma importancia procesal la identificación e individualización del sujeto pasivo de la acción penal, tarea que es imprescindible, porque el proceso penal tiene un destinatario que eventualmente puede sufrir las consecuencias punitivas previstas en la disposición sustancial violada y estas sólo pueden inferirse cuando se cuente con plena prueba de la responsabilidad, esto es, exista certidumbre sobre la persona respecto de quien se formula un juicio de esa naturaleza.
En efecto, en el proceso penal adelantado en contra del señor R.M. la única prueba para identificarlo e individualizarlo fue la testimonial y ninguna gestión judicial adicional, distinta a la de solicitar su carta decadactilar, se realizó a fin de contar con los elementos probatorios que dieran cuenta de quien fue verdaderamente el ejecutor del hecho que causó la muerte a la señora S.M.R.B.
De otra parte, las diferentes autoridades judiciales omitieron darle la importancia debida a la identificación e individualización de quien soporta la acción penal y solo se limitaron a condenar a una persona atendiendo lo sostenido por el testigo de cargo. Sobre este deber, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha resaltado que identificar plenamente al procesado constituye una fórmula idónea para evitar situaciones indeseables en el proceso penal, tales como la homonimia, además señaló que existe libertad probatoria para establecer la identidad del procesado:
“Luego, en materia penal, es errada la idea que suele tenerse según la cual identificación puede extraerse necesaria o exclusivamente de documentos oficiales que contengan los nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, etc., de una persona, puesto que la prueba documental no es el único medio, sino que existe libertad probatoria para reconocer si una persona es la misma que se supone o se busca”(83) (se resalta).
De esta forma, queda claro que para dictar una sentencia condenatoria, además de la certeza sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado en el mismo, se exige contar, por lo menos, con datos que lleven a individualizar al sentenciado, esto es, a diferenciarlo de otras personas y concluir que se trata de él y no de otro sujeto.
Este requerimiento se torna más exigente para juzgar a un implicado que ha sido declarado como persona ausente y debe disponerse su captura luego de ejecutoriado el fallo de responsabilidad, pues en tales situaciones, aumenta el riesgo de ejecutar el fallo sobre una persona que nada tiene que ver con el delito atribuido, siendo la única forma de superar estas eventualidades, contar con medios de convicción que lleven a tener claridad sobre quien es el sujeto condenado.
En este orden de ideas, la Sala desea resaltar que la ley procesal penal exige como mínimo para adelantar y culminar el proceso, la plena individualización del sindicado, entendiendo por esta la determinación física del sujeto pasivo de la acción penal, en donde dichos rasgos no pueden ofrecer ningún tipo de equivocación y cuentan con la virtualidad de desechar cualquier tipo de confusión como para que surja la posibilidad que dichas características correspondan a más de una persona.
Estas condiciones particulares del sujeto deben respaldarse en suficientes elementos de juicio para determinar que, pese a sus posibles cambios en sus condiciones civiles, el procesado efectivamente corresponda en su particularización, a quien se señala como el posible infractor, es por ello que admitir que una persona se encuentra individualizada, implica establecer sus rasgos distintivos como su pertenencia a algún grupo étnico, sus señales particulares, en general todas aquellas incidencias específicas que permiten distinguirla de las demás, sin que dicho requisito se cumpla con referencias abstractas, imprecisas o incongruentes como las que caracterizan el presente caso.
Para ello basta observar la normatividad procesal para concluir que es deber de los operadores judiciales lograr(84), además de la identificación, la individualización del implicado en el delito. Ahora en relación con las competencias de los jueces penales(85) vale anotar que el artículo 170 de la Ley 600 de 2000, establece lo siguiente:
“1. Un resumen de los hechos investigados.
“2. La identidad o individualización del procesado”.
De otra parte, en relación con las funciones jurisdiccionales de los juzgados de ejecución de penas, la normatividad adjetiva establece lo siguiente:
“ART. 469.—Ejecución de penas y medidas de seguridad. La ejecución de la sanción penal, impuesta mediante sentencia debidamente ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
“En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios”.
Atendiendo el citado marco normativo, la Sala estima que el desarrollo del proceso penal constituye una cadena de actos procesales diseñados por la ley dentro del cual, tanto los funcionarios que toman decisiones definitivas como quienes investigan están en la obligación de seguir las pautas normativas establecidas. Es así como un juez penal no puede fallar si no existe la acusación de un fiscal y este, a su vez, no puede imputar una conducta a persona que no haya sido investigada por las autoridades judiciales, luego tampoco es factible proferir condena sin que exista una correcta identificación e individualización del sindicado, lo que no exime al juez de advertir y corregir los errores judiciales.
En otras palabras, condenar a una persona en un proceso penal es el resultado de un concurso de actuaciones que realizan distintas entidades especializadas, en las que fiscal y juez toman las decisiones trascendentales de acusar y juzgar al procesado sobre quien ha sido identificado previamente, es bajo tal articulación funcional que de las autoridades judiciales intervinientes se espera una actuación diligente que supone advertir irregularidades e inconsistencias cuando se trata de individualizar al sindicado de cometer un ilícito.
En virtud de lo anterior, la labor de verificar la correcta identificación o individualización del imputado, con el fin de prevenir errores judiciales corresponde, en principio, a la Fiscalía General de la Nación, pero de cara a las citadas competencias legales dicha tarea se extiende tanto a los jueces de conocimiento como al encargado de ejecutar la condena, toda vez que al ser titulares de la función jurisdiccional del Estado y dando aplicación al principio de libertad probatoria, la normativa penal les otorga distintos métodos para identificar a las personas, tales como los que se utilizan por la ciencia criminalística, las características morfológicas, huellas digitales, carta dental, y perfil genético de los presuntos responsables, entre otros. Asimismo, procede el reconocimiento por medio de fotografías, vídeos o en fila(86).
Ahora bien, una vez proferida la sentencia condenatoria existe otra autoridad e instancia judicial ante la cual puede controvertirse, de manera efectiva e idónea, la identidad del individuo y es ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Conforme con lo prescrito en el artículo 469 del Código de Procedimiento Penal, dicho funcionario se encarga de proferir las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones se cumplan, lo cual supone un ejercicio coordinado con las autoridades penitenciarias y carcelarias, sin perjuicio de los mecanismos con que cuenta el proceso penal para efectos de corregir los vicios de forma o fondo dentro del juicio.
Tratándose de las funciones propias del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la Corte Constitucional, en Sentencia T-949/03(87), manifestó compartir la doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Justicia en materia de protección de los derechos fundamentales, relacionados con situaciones de suplantación de personas. Para dicha Corporación la solicitud efectuada a dicho juez constituye la vía idónea para debatir dichos asuntos, toda vez que: 1) media la atribución expresa de competencia jurisdiccional y 2) el contacto directo con el expediente y la facultad de solicitar las pruebas conducentes y pertinentes que permiten establecer la verdadera identidad del procesado, sin estar sometido a un término preclusivo.
Para la Sala, tales atribuciones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad permiten que el Estado provea ante situaciones excepcionales la mayor protección posible, tanto a los intereses de la persona afectada con la eventual suplantación o con la hipótesis de homonimia, como a los intereses de terceros, de la sociedad y del Estado, los cuales se protegen con la definición oportuna de la verdadera identidad del infractor de la ley penal y con la verificación de las consecuencias jurídicas que de ello derivan, es por ello que en el presente caso la Sala encuentra acreditado un manifiesto “error craso”(88) en el cual incurrió la Rama Judicial, que causó un daño grosero, desproporcionado y flagrante al aquí actor y que debe ser reparado razón por la cual forzoso resulta advertir que se confirmará la sentencia de primera instancia.
Así mismo, el argumento defensivo empleado por la demandada alegando culpa exclusiva y determinante de un tercero, concretamente radicándolo en la Fiscalía General de la Nación o en la omisión del apoderado del sindicado de no apelar la sentencia condenatoria, no es de recibo, toda vez que la fuente del daño reside en el inexcusable descuido de las entidades demandadas en efectuar un procesamiento a una persona no identificada con plenitud, cuyos datos no fueron debidamente confirmados durante el desarrollo del proceso y que, a la postre, ocasionaron el menoscabo que aquí se evidencia.
En conclusión, la Sala considera que el daño sufrido por el señor J.A.R.M., consistente en la afectación a su derecho a la libertad personal, es de carácter anormal e injusto y que es consecuencia un deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia imputable a la Nación representada por la Rama Judicial, razón por la cual la sentencia apelada habrá de confirmarse en este aspecto.
6.(sic) Indemnización de perjuicios.
Tal como se determinó al momento de definir el objeto del recurso de apelación el cual se limitó a estudiar la responsabilidad administrativa de la entidad recurrente, ninguna consideración le corresponde a la Sala efectuar en relación al tema de la tasación de perjuicios habida cuenta que dicho punto no fue motivo de reproche, razón por la cual, y dando aplicación al principio que restringe la competencia del fallador de segunda instancia para referirse a tópicos diversos de los impugnados, la Sala confirmará lo relacionado con la condena en los perjuicios morales tal como queda consignado en la parte resolutiva de este fallo realizando el ajuste derivado del acuerdo conciliatorio que se alcanzó entre la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia actualizará las condenas en los denominados perjuicios conforme se realiza a continuación.
Ahora bien pese a la que la legitimación de los demandantes no fue cuestionada con el recurso de apelación, la Sala estima necesario revisar la titularidad de los beneficiarios de la condena a fin de determinar si se encuentra ajustada a derecho.
En efecto, el señor J.A.R.M. se encuentra legitimado, toda vez que fue la víctima directa del daño. Por su parte M.T.R.P.(89), A.A.R.P.(90), J.C.R.P.(91) y J.A.R.P.(92), conforme a los registros civiles allegados al expediente dan cuenta que son hijos del señor J.A.R.M..
El a quo reconoció por perjuicios morales “a favor de la víctima directa J.A.R.M., el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia”, igualmente “a favor de M.T.R.P., A.A.R.P., J.C.R.P. y J.A.R.P. (hijos de la víctima), el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno”(93).
Ahora bien, teniendo en cuenta que una vez la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante llegaron a un acuerdo conciliatorio consistente en el 70% del 50% de la condena declarada por el juez de instancia, la Sala considera que en esta oportunidad a la Rama Judicial le corresponde cancelar la cantidad restante reduciendo la cantidad acordada, así las cosas, se deben pagar a favor de la víctima directa J.A.R.M., el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, igualmente a favor de M.T.R.P., A.A.R.P., J.C.R.P. y J.A.R.P., el equivalente a quince (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.
El juez de instancia determinó que el daño emergente a pagar a favor del señor J.A.R.M. asciende a la suma de ocho millones ciento setenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos ($8.177.358), cifra que debe ser reducida en un 50% después del acuerdo conciliatorio alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, luego a la Rama Judicial le corresponde cancelar la cantidad $4´088.679, pero esta debe ser actualizada.
En este orden de ideas, aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($4.088.679), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la respectiva sentencia.
Total: Cancelar a favor del señor J.A.R.M. la suma de cinco millones ciento noventa y tres mil cincuenta y cinco pesos M/CTE ($5.193.055).
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del C.C.A. indica que sólo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a su imposición.
CONFIRMAR la sentencia dictada el 20 de octubre de 2011(94), por el Tribunal Administrativo del Cesar, en lo que tiene lugar a la responsabilidad declarada a la Nación – Rama Judicial. Como consecuencia, se ordena:
“Primero: DECLÁRASE que no prospera las excepciones de falta de culpa de terceros; la falta de relación de causalidad, propuesta por la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
“Segundo: DECLÁRESE a la NACIÓN – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor J.A.R.M.
“Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Nación –Rama judicial dirección ejecutiva de administración judicial, a pagar:
“A favor de la víctima directa J.A.R.M., el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
“A favor de M.T.R.P., A.A.R.P., J.C.R.P. y J.A.R.P. (hijos de la víctima), el equivalente a siete y medio (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.
“En total el daño emergente a pagar a favor del J.A.R.M., es la suma de cinco millones ciento noventa y tres mil cincuenta y cinco pesos m/cte ($5.193.055)”.
4.(sic) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico.—CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA.
1 Mediante providencia del 31 de mayo de 2012 (folio 956 del cuaderno de segunda instancia), el Tribunal a quo aprobó la conciliación y declaró “terminado el proceso entre los demandantes y la Nación Fiscalía General de la Nación” (folio 959 del cuaderno de segunda instancia). Como consecuencia, ordenó “seguir adelante el proceso entre los demandantes y la Nación (Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia)” concediendo en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto oportunamente por el apoderado de esa entidad (folio 959 del cuaderno de segunda instancia).
2 Folio 859 del cuaderno se segunda instancia.
3 Folio 883 del cuaderno de segunda instancia.
4 Folios 112 del cuaderno de primera instancia.
5 Folio 109 del cuaderno de primera instancia.
6 Es necesario resaltar que inicialmente el proceso fue tramitado por el Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Valledupar, instancia judicial que mediante auto del 8 de septiembre de 2006 admitió la demanda (folio 119 del cuaderno de primera instancia). Este despacho judicial, incluso alcanzó a dictar sentencia de primer grado lo cual ocurrió el 19 de diciembre de 2007 (folio 290 del cuaderno de primera instancia). Empero, posteriormente, el Tribunal Administrativo del Cesar, al desatar el recurso de apelación en contra de la referida providencia, con decisión del 6 de diciembre de 2008 (folio 354 del cuaderno de primera instancia) declaró de oficio “la nulidad por falta de competencia funcional a partir del auto del 21 de julio de 2006, inclusive mediante el cual se ordenó el envío del proceso por competencia a los juzgados administrativos” (folio 355 del cuaderno de primera instancia).
7 Folio 360 del cuaderno de primera instancia.
8 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue notificada el 13 de abril de 2009 (folio 366 del cuaderno de primera instancia) y en la misma fecha se notificó a la Fiscalía General de la Nación (folio 367 del cuaderno de primera instancia).
9 Folio 368 del cuaderno de primera instancia.
10 Folio 384 del cuaderno de primera instancia.
11 Folio 434 del cuaderno de primera instancia.
12 Folio 734 del cuaderno de primera instancia.
13 Folio 736 del cuaderno de primera instancia.
14 Folio 449 del cuaderno de segunda instancia.
15 Folios 859 a 883 del cuaderno de segunda instancia.
16 Folio 873 del cuaderno de segunda instancia.
17 Folio 874 del cuaderno de segunda instancia.
18 Folio 875 del cuaderno de segunda instancia.
19 Folio 885 del cuaderno de segunda instancia.
20 Folio 888 del cuaderno de segunda instancia.
21 Folio 888 del cuaderno de segunda instancia.
22 Folio 933 del cuaderno de segunda instancia.
23 Folio 952 del cuaderno de primera instancia.
24 Folio 956 del cuaderno de primera instancia.
25 Folio 959 del cuaderno de primera instancia.
26 Folio 971 del cuaderno de segunda instancia.
27 Folio 973 del cuaderno de segunda instancia.
28 Según constancia obrante a folio 974 del cuaderno de segunda instancia.
29 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
30 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
31 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia del 14 de febrero de 2002. exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
32 Folio 112 del cuaderno de primera instancia.
33 El a quo solicitó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar el envío de fotocopia auténtica del expediente penal No. 378-04 dentro del cual fue condenado el señor José Alberto Ramírez Maldonado (folio 434 del cuaderno de primera instancia). Lo anterior fue cumplido el 30 de octubre de 2009 (folio 440 del cuaderno de primera instancia).
34 Folio 17 del cuaderno de primera instancia.
35 Folio 676 del cuaderno de primera instancia.
36 Folio 677 del cuaderno de primera instancia.
37 Folio 678 del cuaderno de primera instancia.
38 Folio 21 del cuaderno de primera instancia.
39 Folio 22 del cuaderno de primera instancia.
40 Folio 18 del cuaderno de primera instancia.
41 Folio 688 del cuaderno de primera instancia.
42 Folio 687 del cuaderno de primera instancia.
43 Folio 27 del cuaderno de primera instancia.
44 Folio 24 del cuaderno de primera instancia.
45 Folio 26 del cuaderno de primera instancia.
46 Folio 32 del cuaderno de primera instancia.
47 Folio 44 del cuaderno de primera instancia.
48 Folio 32 del cuaderno de primera instancia.
49 Folio 35 del cuaderno de primera instancia.
50 Folio 36 del cuaderno de primera instancia.
51 Folio 37 del cuaderno de primera instancia.
52 Folio 39 del cuaderno de primera instancia.
53 Folio 39 del cuaderno de primera instancia.
54 Folio 31 del cuaderno de primera instancia.
55 Folio 45 del cuaderno de primera instancia.
56 Folio 49 del cuaderno de primera instancia.
57 Folio 45 del cuaderno de primera instancia.
58 Folio 45 del cuaderno de primera instancia.
59 Folio 46 del cuaderno de primera instancia.
60 Folio 46 del cuaderno de primera instancia.
61 Folio 47 del cuaderno de primera instancia.
62 Folio 49 del cuaderno de primera instancia.
63 Folio 55 del cuaderno de primera instancia.
64 Folio 80 del cuaderno de primera instancia.
65 Folio 69 del cuaderno de primera instancia.
66 Folio 532 del cuaderno de primera instancia.
67 Folio 533 del cuaderno de primera instancia.
68 Folio 536 del cuaderno de primera instancia.
69 Folio 537 del cuaderno de primera instancia.
70 Vale anotar que dicho memorial se allegó dentro del proceso penal solicitado por el Tribunal de instancia y obra en copia auténtica dentro de las pruebas que reposan en el paginario.
71 Folio 460 del cuaderno de primera instancia.
72 Folio 523 del cuaderno de primera instancia.
73 Folio 434 del cuaderno de primera instancia.
74 Folio 440 del cuaderno de primera instancia.
75 El texto de la citada norma prescribe: “Artículo 254.- Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1.- Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de la oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada […]”.
76 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. sentencia del 28 de agosto de 2013, proferida dentro del proceso radicado bajo el número interno 25022.
77 Consejo de Estado, sentencia del 5 de diciembre de 2016. Radicación número: 63001-23-31-000-2005-01717-01(41584). C.P.Danilo Rojas B.
78 “ARTICULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
79 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015. Rad. 25000-23-15-000-2003-02207-01(34548). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 28857, C.P. Olga Valle de De La Hoz.
81 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de octubre e 2019. Radicación número 05001-23-31-000-2009-00407-01 (42260). C.P. Hernán Andrade Rincón.
82 Cfr. Auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 34985, MP. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, sentencia del 23 de noviembre 2016. Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00577-01 (45583). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
83 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de febrero de 2003. Proceso Nº 11412. M.P. Edgar Lombana Trujillo.
84 Desde el inicio de la investigación el artículo 74 de la Ley 600 de 2000, radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la obligación de “dirigir, realizar y coordinar la investigación e instrucción en materia penal”. De otra parte, para dar apertura de la investigación, el artículo 331, corresponde a la Fiscalía General de la Nación indicar “las personas por vincular” y además “Quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible”, así como “las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía y sus condiciones de vida”. Tanto es así que el artículo 344 de la Ley 600 de 2000 prohíbe vincular al proceso penal a quien no se encuentre plenamente identificado.
85 LEY 600 DE 2000. ARTICULO 73. QUIENES EJERCEN FUNCIONES DE JUZGAMIENTO. La administración de justicia en materia penal, durante la etapa del juicio, se ejerce de manera permanente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las salas de decisión penales de los tribunales superiores de distrito, los jueces penales del circuito, los jueces penales municipales, los jueces de menores, los promiscuos y los de ejecución de penas y medidas de seguridad. También administra justicia el Senado de la República, en casos excepcionales.
86 Artículos 303 y 304 de la Ley 600 de 2000.
87 Puede consultarse igualmente, Corte Constitucional, Sentencia T-613/2014.
88 Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de abril de 2010, Exp. 18.960. M.P. Enrique Gil Botero, del 22 de agosto de 2013, Exp. 32.919, y del 15 de febrero de 2014, exp. 27.157.
89 En el registro civil de nacimiento se acredita que es hija del señor José Alberto Ramírez Maldonado (folio 7 del cuaderno de primera instancia).
90 En el registro civil de nacimiento se acredita que es hijo del señor José Alberto Ramírez Maldonado (folio 7 del cuaderno de primera instancia).
91 En el registro civil de nacimiento se acredita que es hijo del señor José Alberto Ramírez Maldonado (folio 8 del cuaderno de primera instancia).
92 En el registro civil de nacimiento se acredita que es hijo del señor José Alberto Ramírez Maldonado (folio 9 del cuaderno de primera instancia).
93 Folio 882 del cuaderno de segunda instancia.
94 Folio 859 del cuaderno se segunda instancia.