Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/IMPUESTO-SOBRE-TRANSMISIONES-PATRIMONIALES-Y-ACTOS-JURIDICOS-DOCUMENTADOS-ACREDITACION-boe09042019-rDGRN13032019
Timestamp: 2020-06-03 20:03:44
Document Index: 378922744

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 203', 'artículo 7', 'artículo 199', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 254', 'artículo 255', 'artículo 118', 'artículo 254', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 107']

RESOLUCIONES - IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. ACREDITACIÓN.
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. ACREDITACIÓN.
Ley Hipotecaria, Artículos 254 y 255
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Artículo 7.1 y .2
Informe de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 17 de mayo de 2018 a la consulta formulada por el Subdirector General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos,
Resolución de 13 de marzo de 2019 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Teguise, por la que se suspende la calificación de un acta notarial mientras no se acredite la previa autoliquidación o declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
I Mediante acta otorgada el día 14 de mayo de 2018 ante el notario de Yaiza, don Javier Jimenez Cerrajería, con el número 395 de protocolo, se declaró un exceso de cabida respecto de la finca registral número 13.240 del término municipal de Teguise adaptándola a la descripción resultante en la certificación catastral descriptiva y gráfica de la misma.
II Presentada el día 20 de noviembre de 2018 copia auténtica de dicha acta en el Registro de la Propiedad de Teguise, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
"Se notifica que, previa calificación jurídica del documento reseñado y consultados los antecedentes del Registro, he procedido a su calificación negativa, suspendiendo la inscripción en base a los siguientes:
Señala la Dirección General de los Registros y del Notariado el citado informe con referencia Sec: 3.ª R. 253/2018-10.1: "1.º Conceptos o procedimientos a que hace referencia el artículo 7.2.C del TRLITRAJD cuya regulación procedimental e incluso competencial ha variado con la Ley 13/2015 pero que fiscalmente deben mantenerse sometidos al mismo régimen tributarlo por no verse afectado el hecho imponible: 1.-Los expedientes de dominio par [sic] la inmatriculación (art. 203 de la Ley Hipotecaria según la nueva redacción); para la rectificación de descripción (art. 201); y para la reanudación de tracto (art. 208). Procedimentalmente, estos expedientes que eran judiciales, pasan por imperativo de la Ley 13/2015 a tener tramitación necesariamente notarial bajo la forma documental de acta, la cual sustituye a los anteriores decretos de los letrados de la administración de Justicia. También procedimentalmente se modifica su tramitación, pero fiscalmente su régimen debe ser el mismo que estaba previsto antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, pues se mantiene el hecho Imponible en sus mismos términos. En este sentido, no existe aplicación analógica de norma tributaria (prohibida en el ámbito tributario para extender más allá de su términos estrictos el ámbito del hecho Imponible, exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales), sino subsunción directa en el artículo 7.2.c) del TRTTPAJD, ya que el fundamento de la sujeción a TPO de esto expedientes es gravar la documentación supletoria que permite el acceso al Registro, salvo que se acredite el pago del Impuesto de la referida documentación suplida, todo lo cual se mantiene Inalterado con la nueva normativa. En un caso de perfiles similares se pronunció el Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de diciembre de 1997, con motivo de la creación del Registro del Bienes Muebles y la sujeción a AJD de las operaciones que accedieran al mismo. En particular, razona el TS en la sentencia de referencia que: Esto no implica, en modo alguno, incurrir en aplicación analógica de un norma o realizar una interpretación extensiva de la misma (operaciones hermenéuticas prohibidas en el ámbito fiscal, por la Ley General Tributaria), sino tener en cuenta su sentido y alcance teleológico, pues la propia finalidad del Impuesto que analizamos no es otra que gravar la especial garantía que el ordenamiento jurídico concede a determinados actos en razón a la forma notarial adoptada, ligada especialmente a la posibilidad de acceso a los Registros públicos, con los efectos que de ello derivan . Las actas notariales para la rectificación de cabida y la reanudación del tracto a que se refería el artículo 203 de la Ley Hipotecarla en su anterior redacción, actualmente no existen como tal, quedando subsumidas en el expediente de dominio notarial (...)"
La presente calificación podrá (...)
Teguise, diez de diciembre del año dos mil dieciocho.-El registrador (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador)".
III Contra la anterior nota de calificación, Javier Jiménez Cerrajería, notario de Yaiza, interpuso recurso el día 20 de diciembre de 2018 mediante escrito en el que indicaba lo siguiente:
1. No sujeción de los excesos de cabida al impuesto de Transmisiones patrimoniales Onerosas y actos jurídicos documentados:
a) Consulta vinculante V0450-2012 de 28 de febrero que resuelve "La constatación de un exceso de cabida en base a los datos catastrales, de una finca inscrita con unos linderos delimitados no implica adquisición de una mayor porción de terreno sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto de Transmisiones patrimoniales. No supone por tanto la configuración de una nueva finca, sino el resultado de rectificar numéricamente las unidades de medida contenidas en la extensión delimitada por los linderos los cuales identificación la parte de la superficie objeto de consideración."
b) Consulta vinculante V2227/2010 de 7 de octubre, que señala, "Si atendemos a la finalidad del artículo 7.2 c) del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre se llega a la conclusión de que los expedientes de dominio y actas de notoriedad constituyen el hecho imponible del impuesto sólo en tanto en cuanto sean títulos supletorios para inmatriculación de la finca o reanudación de tracto sucesivo, es decir cuando tienen por objeto proporcional un título inmatriculador que acredite la adquisición del dominio. Por ello, en principio la constatación de un exceso de cabida de una finca ya inscrita con unos linderos delimitados en caso a los datos catastrales no implica adquisición de una mayor de terreno sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
c) La consulta vinculante V0750/2016 de 25 de febrero, reitera la doctrina de las anteriores y añade que respecto a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados la escritura pública de constatación de un exceso de cabida no está sujeta a gravamen por tener por objeto cosa valuable.
2. Obligación del registrador de apreciar de oficio la no sujeción del impuesto en los supuestos de indubitada sujeción al impuesto:
En este sentido resolvió la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 12 de septiembre de 2016 (número 9144, BOE número 241, páginas 71167, de fecha 5 de octubre de 2016) en relación a la tramitación de un expediente de rectificación de cabida a través del procedimiento regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria y plenamente aplicable por identidad de razón al procedimiento notarial del artículo 201 de la Ley Hipotecario que en su fundamento 4.º declara "Se trata del comienzo de una instancia del interesado de un procedimiento de rectificación registral, que no conlleva acto traslativo alguno de derechos, ni negocio jurídico alguno por lo que debe entenderse que es un claro supuesto de no sujeción ni al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ni al de Sucesiones y Donaciones". De forma que si el expediente se calificara positivamente la inscripción del eventual exceso de cabida estaría no sujeto y si encubriese la transmisión dominical de parte de la superficie de la finca, -supuesto que si daría lugar a la sujeción al impuesto,- el Registrador deberá calificarlo negativamente ya que el procedimiento del artículo 201 de la ley hipotecaria no es el cauce procedimental adecuado para obtener la inmatriculación de una finca, no siendo por tanto dicho expediente un medio hábil para dar lugar al hecho imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados".
IV El Registrador de la Propiedad emitió informe el día 28 de diciembre de 2018 en defensa de su nota de calificación, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo.
1. Se discute en el presente expediente si presentada un acta notarial por la que se concluye un expediente para la rectificación de la descripción de una finca tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria debe suspenderse la calificación registral hasta que quede acreditada la oportuna liquidación, no sujeción o exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. En relación con el primero de los extremos relacionados son numerosas las ocasiones en las que este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los "Vistos") ha analizado el alcance del denominado cierre registral por no acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto en relación a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones, como respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
El artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria dispone: "Ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir". Y a los efectos de aclarar en qué consiste este cierre registral, el artículo 255, párrafo primero, de la misma ley establece: "No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; más en tal caso se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto".
3. La doctrina mantenida por este Centro Directivo ha establecido que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos; l a valoración que haga de este último aspecto no seráí definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquel consideroí aplicable, de modo que el registrador, al sólo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sií la no sujeción fiscal del acto inscribible, evitando una multiplicación injustificada de los trámites pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la activ idad jurídica registral.
Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) ni resultando supuestos de expresa e indubitada no sujeción al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o de clara causa legal de exención fiscal -como ocurre en la aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social (Resolución de 23 de abril de 2007)-, imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en el documento presentado a inscripción supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a este Centro Directivo, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes -en este caso, autonómicos- los que podrán manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a esta Dirección General el pronunciarse , a no existir razones superiores para ello (por ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o tratarse de un supuesto en el que se estéí incurriendo en la exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una dilación indebida.
Es decir, no se prejuzga que el documento haya de pagar el Impuesto, sino que corresponde decidirlo a la oficina liquidadora, que es la que calificará, a efectos de liquidación, lo que proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria, que se remite al pago de impuestos, sólo "si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir", por lo que tal devengo o no, corresponde apreciarlo a la oficina liquidadora, que es la que decidirá si la solicitud de inscripción de exceso de cabida constituye o no un nuevo acto o contrato respecto a la escritura pública de compraventa anteriormente liquidada
4. En segundo lugar, procede pronunciarse respecto de las consecuencias fiscales de la relacionada acta tramitada en el expediente de jurisdicción voluntaria previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria con la finalidad de obtener la rectificación de la descripción registral de un inmueble.
Las anteriores reflexiones llevan a la conclusión, como no puede ser de otra manera, que debe reiterarse la incompetencia de esta Dirección General para determinar el tratamiento tributario de dichas actas, cuestión reservada a otros órganos de la Administración. Si bien debe recordarse que esta Dirección General en contestación a la consulta formulada por el Subdirector General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos formulada el 15 de febrero de 2018 emitió Informe en fecha 17 de mayo por el que sostuvo en su considerando primero que los expedientes notariales para la rectificación de la descripción (artículo 201 de la Ley Hipotecaria) "fiscalmente deben mantenerse sometidos al mismo régimen tributario por no verse afectado el hecho imponible".
Además en esa misma Resolución se manifestó que "además debe señalarse que si concluido el expediente se calificara positivamente y se procediera a completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, el eventual exceso de cabida que pudiera ponerse de manifiesto estaría no sujeto, salvo que pusiera de manifiesto la adquisición de una finca colindante, como así lo ha expresado la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 7 de octubre de 2010", por lo que el registrador deberá comunicar a la oficina liquidadora competente (cfr. artículo 107 del Reglamento Hipotecario).
Madrid, 13 de marzo de 2019.-El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de enero, 3 y 10 de octubre y 27 de noviembre de 2014, 5 de marzo, 17 de julio y 28 de agosto de 2015, 7 de enero y 12 de septiembre de 2016 y 20 de abril y 12 de junio de 2017.