Source: https://www.ashurst.com/es-es/news-and-insights/legal-updates/urgent-measures-in-the-energy-sector-in-relation-to-the-management-and-impact-of-covid-19/
Timestamp: 2020-05-28 00:43:16
Document Index: 169464620

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 50', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10']

Medidas de urgencia en materia de energía en relación con la gestión y el impacto del COVID-19 | Ashurst
ashurst españa - covid-19 19 Mar 2020 Medidas de urgencia en materia de energía en relación con la gestión y el impacto del COVID-19
Se analizan en este Newsflash las medidas con incidencia en energía que implica la respuesta al COVID-19. La mayor parte de ellas están en relación con la gestión de la crisis sanitaria que ha dado lugar a la declaración del estado de alarma y están sujetas con carácter general, por tanto, a la excepcionalidad y provisionalidad propias de dicha medida. Por otra parte, para hacer frente al impacto social y económico del coronavirus se han adoptado otras medidas económicas de corte más general (también de carácter provisional), con influencia en el sector energético, de las que igualmente nos hacemos eco.
1. RD 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
1.	Para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural conforme a lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto, las autoridades competentes delegadas, podrán, entre otras, adoptar las siguientes medidas:
En relación con el sector eléctrico, podrá ejercer directamente la operación de instalaciones de generación, transporte y distribución; limitar temporalmente, modificar o suspender los derechos de los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos -entre los que se incluye el derecho a la percepción de la retribución legalmente establecida- y los derechos y garantías de acceso a las redes por terceros; modificar las condiciones aplicables a la regularidad en el suministro, tanto con carácter general como limitado a determinados grupos de consumidores e incluso, limitar la asignación de abastecimientos de energía primaria a los productores de electricidad.
Respecto al suministro de productos derivados del petróleo, podrá limitar la circulación de cualesquiera tipos de vehículos así como la navegación de buques y aeronaves; limitación de los horarios y días de apertura al público de los establecimientos que comercien con estos bienes; intervención de las existencias mínimas de seguridad obligatorias de acuerdo al artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; además de la limitación, establecimiento de asignaciones o restricciones de suministro a consumidores y la posibilidad de imponer a los titulares de concesiones de explotación de hidrocarburos a que se refiere el Título II la obligación de suministrar su producto para el consumo nacional.
Finalmente, en el sector del gas natural las medidas de emergencia podrán consistir en el establecimiento de obligaciones especiales en materia de reservas mínimas, la suspensión o modificación de los derechos de acceso a redes, modificar las condiciones aplicables a la regularidad en el suministro, tanto con carácter general como limitado a determinados grupos de consumidores, necesidad de autorización para las ventas de gas a terceros países o la limitación o modificación de las condiciones usuales del mercado de gas.
Adicionalmente a las medidas aplicables en cada sector, el Gobierno podrá establecer el régimen retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado de los costes. Estará asimismo facultado para adoptar cualesquiera otras medidas, que puedan ser recomendadas por los Organismos internacionales, de los que España sea parte o que se determinen en aplicación de aquellos convenios en que participe.
Se puede acceder al contenido del Real Decreto aquí.
2.	REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19.
2.1. Suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras
Como medida de protección para determinados sectores estratégicos, se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimiento de capitales y de las transacciones económicas con el exterior ("Ley 19/2003"), mediante la introducción de un nuevo artículo 7 bis, en los siguientes términos:
Se suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en sociedades de nacionalidad española, entendiéndose como tales aquellas en las que se cumplan las siguientes condiciones: (i) que sean realizadas por entidades de países que no sean miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) ; y (ii) que el inversor extranjero pase a disponer de una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación se participe efectivamente en la gestión o control de dicha sociedad.
La suspensión del régimen de liberalización regirá hasta que se dicte Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se determine su levantamiento.
Durante la vigencia de esta suspensión, las inversiones extranjeras, tal y como se definen en el Real Decreto-Ley, estarán sometidas al procedimiento de autorización establecido en el artículo 7 de la Ley 19/2003.
Estas medidas se aplicarán cuando afecten al orden público, a la seguridad pública, y a la salud pública, y se refieran a, entre otros sectores estratégicos, infraestructuras de energía o suministro de energía.
Adicionalmente, se establecen una serie de supuestos adicionales de inversión extranjera directa en España que también verán suspendidos su régimen de liberalización:
Cuando el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o fuerzas armadas, de un tercer país, de acuerdo al artículo 42 del Código de Comercio.
Cuando el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro, especialmente en relación con los sectores estratégicos afectados.
Cuando se haya abierto contra el inversor extranjero en un tercer Estado un procedimiento, judicial o administrativo, por la realización de actividades delictivas o ilegales.
Por último, cualquier infracción de lo dispuesto en el artículo 7 bis constituirá infracciones de carácter muy grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/2003.
2.2. Garantía de suministro de energía a consumidores vulnerables y suspensión de sistemas de actualización de precios regulados
Otra de las novedades introducidas en el Real Decreto-Ley es la prohibición, durante el plazo de un mes, desde la entrada en vigor del mismo, impuesta a las empresas suministradoras que no podrán suspender el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores calificados como consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. También se prorroga automáticamente la vigencia del bono social hasta el día 15 de septiembre de 2020 cuando el mismo venza con anterioridad.
Por último, se suspende la vigencia de los artículos relativos a los sistemas de actualización de precios regulados incluidos en:
la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, para los siguientes tres bimestres (artículos 3.5 y 6) y , mientras tanto, estarán vigentes los precios máximos establecidos en la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante; y
la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, para los siguientes dos trimestres (artículo 10 y apartado segundo de la disposición adicional única). Durante el periodo de suspensión estarán vigentes los términos de la tarifa establecido en la Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.
Se puede acceder al contenido del Real Decreto-Ley aquí.