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Timestamp: 2017-09-22 18:44:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 114', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 31', 'in fine', 'in fine', 'artículo 10', 'artículo 114', 'artículo 2', 'artículo 7', 'Artículo 27']

“El fallo ‘Suárez Rosero’ “. Alberto Bovino – Aula Virtual Derecho Procesal Penal.
“El fallo ‘Suárez Rosero’ “. Alberto Bovino
El fallo “Suárez Rosero”
“Si la presunción de inocencia no protege la libertad o la propiedad antes de un pronunciamiento condenatorio, entonces, ¿cuándo y qué protege?”
LeRoy PERNELL, The Reign of the Queen of Hearts.
I. LA IMPORTANCIA DEL CASO “SUÁREZ ROSERO”
I. 1. El estado actual de la protección de la libertad personal
El 12 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en adelante, la Corte, Corte Interamericana, o Corte IDH— dictó la sentencia sobre el fondo en el caso “Suárez Rosero”1, condenando al Estado de Ecuador por diversas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en adelante, la Convención, Convención Americana, o CADH— relacionadas con la detención y posterior encarcelamiento preventivo de Rafael Iván SUÁREZ ROSERO.
La variedad de temas analizados permitió a la Corte Interamericana profundizar en el desarrollo de la doctrina elaborada en el sistema interamericano sobre la protección de la libertad personal, que ya se hallaba expresada en resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos2 —en adelante, la Comisión, Comisión Interamericana, o CIDH— y en precedentes de la propia Corte3.
Frente a la grave situación del fenómeno de los presos sin condena en nuestro país y en la región, esta sentencia de la Corte Interamericana reviste suma importancia, porque aporta criterios estrictos para la protección de la libertad personal. Los estudios empíricos demuestran el abuso desmesurado del encarcelamiento preventivo en los países de la región, lo que señala que esta medida cautelar se aplica como pena anticipada4. Las conclusiones de los estudios empíricos se ven confirmadas por los casos que llegan a los órganos de protección internacional. Así, se sostiene “que en el sistema regional americano de protección de los derechos humanos, las exigencias impuestas en materia de legalidad de la privación de la libertad vinculadas al requisito del ‘plazo razonable’ o a otras pautas, han sido violadas reiteradamente”5. La situación de los países de América Latina ha sido descripta como sigue:
“Se utiliza, pues, un modelo alternativo. Este modelo muy poco tiene que ver con el Estado de Derecho...
Este modelo —que constituye la triste realidad en diversos países— efectivamente evade casi la totalidad de los Derechos Humanos en materia penal. En ello no hay real debido proceso legal, ni derecho a defensa, ni mucho menos presunción de inocencia, ni respeto al principio de la legalidad. Este modelo sustituyente sirve para castigar... Es un modelo no digno de la humanidad”6.
En nuestro país, el Congreso Nacional pretendió resolver el problema con la ley 24.390 (Duración de la prisión preventiva y libertad bajo caución), que en su art. 9 dispone su carácter de norma “reglamentaria del artículo 7º, punto 5º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Su cuestionable contenido no permite más que una consideración crítica del régimen que establece7. A ello se suma la autoritaria aplicación de esta ley que realizan algunos tribunales. Un claro ejemplo de aplicación irracional por parte de nuestra Corte Suprema es el del caso “H. J. Bramajo”, del 12/9/96. Más allá de la reaccionaria interpretación realizada por el tribunal, éste aplicó los criterios del caso “Firmenich”, ignorando por completo que la Comisión ya había variado sustancialmente su doctrina en el Informe Nº 12/96, anterior al fallo de la Corte8.
Los dos casos argentinos posteriores a la vigencia de la ley 24.390 tratados por la Comisión merecieron resolución adversa para el Estado. En 1997, la Comisión señaló que desde octubre de 1993 a la fecha de la resolución había recibido “numerosas denuncias contra el Estado argentino... [por] la excesiva duración de la prisión preventiva para las personas sometidas a proceso criminal sin sentencia”. Luego de destacar varios casos de personas que habían sufrido —o continuaban sufriendo— prolongadas detenciones sin condena, la Comisión consideró que existía “una situación de denegación de justicia respecto a [los] peticionarios, y a los demás procesados que se [encontraban] en situación similar en Argentina”9. En consecuencia, recomendó al Estado “la modificación de las disposiciones legislativas o de otro carácter, a fin de hacerlas consistentes en un todo con las normas de la Convención que garantizan el derecho a la libertad personal” y que adoptara “las medidas necesarias para asegurar un proceso ágil y minucioso”10.
I. 2. Las consecuencias del fallo en el ámbito nacional
Frente a esta situación, la correcta aplicación por parte de los tribunales nacionales de los precedentes de la Corte Interamericana y, también, de la Comisión, se torna no sólo una medida necesaria sino, principalmente, un deber ineludible para nuestros jueces11. Los instrumentos internacionales de derechos humanos de carácter vinculante imponen al Estado una serie de obligaciones que, si bien dependen de las reglas del derecho internacional12, hoy resultan reconocidas por nuestro derecho constitucional y por la jurisprudencia.
En 1992 la Corte Suprema dictó el fallo “Ekmekdjián c/Sofovich”, en el cual estableció los siguientes principios: a) los tratados tienen jerarquía superior a las leyes federales; b) se reconoció el carácter operativo del derecho garantizado en la Convención que se discutía y, por lo tanto, su calidad de derecho exigible automáticamente ante los tribunales nacionales; c) en toda cuestión referida a la aplicación de un tratado se debe seguir la jurisprudencia de los órganos encargados de interpretarlo; y d) los tribunales no pueden ignorar el papel que deben desempeñar frente a la eventual responsabilidad internacional del Estado13.
La reforma de 1994 integró los instrumentos de derechos humanos al “bloque de constitucionalidad” y, con ello, adoptó los criterios de interpretación del derecho internacional14. En este contexto, la Corte Suprema dictó el fallo “Giroldi”, en el cual estableció:
“Que la ya recordada ‘jerarquía costitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos... ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente ‘en las condiciones de su vigencia’... esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana”15.
Con posterioridad, la Corte Suprema, luego de señalar la jerarquía constitucional de la Convención, dispuso que “la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales…”16. De manera consecuente, un mes más tarde, en el caso “Riopar”, el tribunal resolvió “que reviste gravedad institucional la posibilidad de que se origine la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”17.
Como señala Juan MÉNDEZ, el Estado puede cumplir una obligación internacional de diversas maneras, y agrega:
“Lo que importa es que el Estado cumpla, que lo haga de buena fe y en forma completa dentro de la medida de sus posibilidades...
Sin embargo, ante un incumplimiento, ya sea total o parcial, es a la justicia a quien corresponderá arbitrar los medios para garantizar el goce del derecho, tanto porque en derecho interno el Poder Judicial es el garante final de los derechos de las personas, como porque es al estamento judicial al que compete la responsabilidad por la incorporación de las normas internacionales al derecho interno”18.
Un buen ejemplo de la influencia de las decisiones judiciales en el cumplimiento de las obligaciones internacionales es el caso de Costa Rica. Este país contaba con un 47,40 % de presos sin condena en 1981. En los años siguientes, el porcentaje disminuyó notablemente, alcanzando porcentajes inferiores al 20 % en 1992 (14,7 %), 1993 (14,5 %) y 1994 (18,5 %)19. Lo más llamativo es que esa significativa reducción se logró con un código procesal penal casi idéntico al CPP Nación20. Se indica que la “intervención” de la Sala Constitucional determinó la modificación de “una gran cantidad de prácticas viciadas que ocurrían alrededor de la detención, poniendo en evidencia los límites constitucionales y legales a la actividad de los policías, de los fiscales del Ministerio Público y de los jueces en relación con la detención de personas”21. Al mismo tiempo, los propios jueces penales reconocieron su responsabilidad respecto al desencadenamiento del proceso protagonizado por la Sala Constitucional22. En este sentido, es importante señalar que diversos tribunales, entre ellos la Corte Suprema, ya han aplicado algunos de los estándares establecidos en el fallo que aquí analizaremos.
Establecida la responsabilidad que le cabe a los jueces en la aplicación de los estándares internacionales definidos por los órganos competentes del sistema de protección internacional para aplicar e interpretar los instrumentos de derechos humanos, analizaremos las diversas cuestiones resueltas por la Corte Interamericana en el caso “Suárez Rosero”.
I. 3. Los hechos probados
En el punto VII de la sentencia, denominado “Hechos probados”, la Corte describió las cuestiones de hecho que consideró acreditadas. A continuación sintetizaremos lás más relevantes.
SUÁREZ ROSERO fue arrestado el 23/6/92 en Quito, por agentes de la Policía Nacional del Ecuador en virtud de una orden policial, dictada a raíz de una denuncia particular que le atribuía haber estado incinerando drogas. No fue detenido en flagrante delito y no existía orden judicial de detención en su contra.
El mismo día declaró ante agentes policiales y fiscales, sin contar con abogado defensor. Continuó detenido e incomunicado hasta el 23 de julio en la celda de una dependencia policial, junto con otras 16 personas. El 22 de julio un oficial policial ordenó al director de un penal que lo mantuviera detenido hasta que el juez ordenara lo contrario. Durante su incomunicación no se le permitió recibir visitas o comunicarse con su abogado. El 23 de julio fue trasladado al centro penal, donde permaneció incomunicado hasta el 28 de julio. A partir de ese momento se le permitió, en días de visita, recibir a su familia, a su abogado y a miembros de organizaciones de derechos humanos. Las entrevistas con su abogado se realizaron en presencia de oficiales de la policía.
El 12 de agosto de 1992 un juez penal dictó auto de prisión preventiva contra SUÁREZ ROSERO. Posteriormente, el juez se inhibió y remitió el caso a la Corte Superior de Justicia de Quito. En dos ocasiones SUÁREZ ROSERO solicitó a la Corte Superior de Quito, por escrito, que se revocara su auto de prisión (14/9/92 y 21/1/93). El 25 de agosto de 1993 el presidente de la Corte solicitó dictamen al fiscal, quien recién respondió el 11 de enero de 1994 en sentido negativo. El 26 de enero de 1994 fueron denegadas sus solicitudes. El 29 de marzo de 1993 SUÁREZ ROSERO interpuso un habeas corpus ante la Corte Suprema, que fue rechazado por cuestiones formales el 10 de junio de 1994.
El 27 de noviembre de 1992 se ordenó la instrucción del proceso en su contra por transportar drogas para destruirla y ocultar evidencia. El 4 de noviembre de 1994 se declaró concluido el sumario y se remitió el caso al ministro fiscal. El 10 de julio de 1995 se declaró abierto el plenario, en el cual se acusaba a SUÁREZ ROSERO de encubrimiento de tráfico de drogas. El 9 de septiembre de 1996 fue condenado a dos años de prisión como encubridor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y se dispuso que se descontara de la pena a cumplir el tiempo transcurrido en detención preventiva. En ningún momento fue citado ante el tribunal competente para ser informado de los cargos en su contra23.
II. DETENCIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA
.... la manera como se arresta cautelarmente a un hombre en muchos estados se parece demasiado a un asalto de bandidos.
II. 1. Detención sin orden judicial
La Comisión reclamó por la ilegalidad y arbitrariedad de la detención (art. 7.2, y 7.3, CADH, respectivamente24). El Estado afirmó que la detención de SUÁREZ ROSERO "se efectuó dentro de un marco legal de investigación y como consecuencia de hechos reales, de los cuales fue uno de los protagonistas"25.
Interpretando las reglas invocadas, la Corte citó un precedente anterior según el cual nadie puede ser “privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C nº 16, párr. 47)”26.
Analizando los aspectos formales de la detención, la Corte señaló que según la Constitución ecuatoriana las personas sólo pueden ser detenidas “en virtud de orden escrita de autoridad competente... salvo delito flagrante”. Al no haberse demostrado la existencia de flagrancia, la detención debió haber derivado “de una orden emitida por una autoridad judicial competente”27. Es importantísimo destacar que, a pesar de que, al igual que nuestro texto constitucional, la Constitución ecuatoriana sólo hace referencia a “orden escrita de autoridad competente”, la Corte interpretó que esa “autoridad competente” sólo podía ser una “autoridad judicial”. Por último, se agregó que el auto de prisión preventiva dictado más de un mes después de la detención no eliminaba su carácter arbitrario28.
Las consecuencias de esta decisión para nuestro derecho son evidentes. El art. 18 de nuestra Constitución Nacional dispone que nadie puede ser “arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”. En principio, resulta claro que nuestro texto constitucional, a diferencia del ecuatoriano, no contiene la excepción de la flagrancia. De allí que, como principio general, en nuestro país la detención de toda persona requiere, de manera necesaria, la “orden escrita de autoridad competente”, que debe ser obtenida con todas las formalidades previstas en las leyes procesales. En cualquier otro caso, la detención es, en principio, ilegítima, a menos que se trate de verdaderos supuestos de urgencia, definidos de manera estricta, y de aplicación efectivamente excepcional, que justifiquen inequívocamente la detención29 y que, además, estén previstos por ley en sentido formal30.
Por ello, el legislador está obligado a definir todo supuesto de excepción a la detención sin orden, y sólo para los casos de flagrancia, de modo estrictamente restrictivo y excepcional. Los tribunales, por su parte, tienen el deber de aplicar las reglas legales respectivas de la manera más limitada posible. De otro modo, los órganos estatales violarían la exigencia impuesta por el art. 7, nº 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, resulta dudoso que la excesiva amplitud del art. 284 de nuestro CPP Nación resulte compatible con esta exigencia convencional31. Y resulta indudable la manifiesta incompatibilidad con el texto de la Convención Americana de la facultad de detención reconocida al Ministerio del Interior, o a la Dirección Nacional de Migraciones, para ordenar la detención, mediante resolución fundada, de un extranjero respecto del cual la misma Dirección haya decretado la expulsión del país. Esta facultad, regulada en el art. 40 de la ley 22.439 (Ley General de Migración y de Fomento de la Inmigración), aun cuando se restrinja a un tiempo no mayor que el “estrictamente necesario para hacer efectiva la detención” (art. 40, párr. II), resulta violatoria de diversas disposiciones de la Convención, fundamentalmente del art. 7, nº 2, pues tal detención no es ordenada por una autoridad judicial. Por lo demás, en estos supuestos también se viola el derecho de toda persona detenida a ser puesta inmediatamente a disposición de un tribunal para que éste decida sobre la legalidad de su detención (art. 7, nº 5 y nº 6) y de su derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (art. 8, nº 1). Es importante señalar que en no pocas ocasiones estas personas permanecen detenidas por varios días antes de ser expulsados a su país de origen.
También se debe tener en cuenta que, según la misma jurisprudencia citada, la Corte aclaró que el concepto de arbitrariedad contenido en el art. 7, nº 3, CADH, prohíbe detenciones “por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”32. El Comité de Derechos Humanos, entre esas “otras cosas” ha considerado arbitrarias detenciones injustas, inadecuadas o realizadas violando el debido proceso33.
II. 2. Los requisitos sustantivos de la detención
La Corte decidió no entrar en la consideración de las causas —aspectos materiales— que permitían la detención, porque, en su opinión, ello no resultaba necesario desde el momento en que la detención de SUÁREZ ROSERO ya había sido declarada arbitraria por incumplimiento de las exigencias formales. Sin embargo, el planteo de la Comisión parece haber señalado dos problemas diferentes, el arresto o detención inicial, por un lado, y la detención preventiva, por el otro. Respecto de esta última, afirmó que, además de ser legal, “se requiere que la detención sea necesaria y razonable, lo cual no ha sido demostrado en este caso”34.
La decisión de la Corte, en este punto, fue errónea. Según el texto de la sentencia, no resulta posible suponer que la Corte interpretó que el planteo de la Comisión se había limitado a los aspectos formales y materiales de la detención inicial —del arresto policial—. Ello pues luego de citar la disposición constitucional ecuatoriana referida específicamente al arresto, transcribió el art. 177 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, que regula los requisitos del encarcelamiento preventivo —no de la orden de arresto— y dispone:
“El juez podrá dictar auto de prisión preventiva cuando lo creyere necesario, siempre que aparezcan los siguientes datos procesales:
2. Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es objeto del proceso.
En el auto se precisarán los indicios que fundamentan la orden de prisión”35.
A menos que los requisitos del auto de arresto y de prisión preventiva sean idénticos, y que la regla referida al primero de ellos remita a los requisitos del segundo —dato que no surge de la sentencia analizada—, la Corte resolvió incorrectamente la cuestión. Ello pues si se hubiera determinado, en el caso, la ilegalidad del encarcelamiento preventivo, no habría sido necesario determinar si su duración había sido excesiva pues, desde un principio, éste habría sido ilegal. De hecho, aun si se hubieran verificado, en este caso, los presupuestos sustantivos que, según el derecho internacional de los derechos humanos, autorizan la detención preventiva de una persona inocente36, de todos modos el encarcelamiento preventivo de SUÁREZ ROSERO fue ilegítimo desde el comienzo. Ello pues el tribunal que ordenó su encarcelamiento omitió escuchar al imputado antes de tomar su decisión. El incumplimiento de esta exigencia, como veremos, fue analizado por la Corte (ver punto V. 1). Sin embargo, esta circunstancia no fue considerada en relación a la ilegitimidad de la decisión judicial que ordenó inicialmente el encarcelamiento.
Más allá de esa cuestión, se debe destacar que los únicos requisitos previstos en la norma legal citada por la Corte sólo se refieren al mérito sustantivo, esto es, a la sospecha de responsabilidad personal por el hecho punible. Si bien la disposición agrega que la prisión preventiva podrá ser dictada cuando el juez “lo creyere necesario”, su redacción no deja de ser problemática. En primer lugar, si la única referencia legal a la procedencia del encarcelamiento cautelar es la creencia del juez en la necesidad de la medida, resulta claro que la disposición no cumple con los requisitos del art. 7, nº 2, de la Convención, pues éste exige, respecto de los aspectos materiales del encarcelamiento, que la orden judicial se halle fundada en “las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material)”.
En consecuencia, queda claro que tanto la legislación ecuatoriana como la práctica de los operadores jurídicos parecen justificar la procedencia de la detención preventiva, exclusivamente, en la sospecha de culpabilidad del imputado. Ello demuestra, claramente, que la justicia ecuatoriana recurre de manera explícita al encarcelamiento preventivo como medida de carácter punitivo, esto es, como pena anticipada. Si bien el encarcelamiento preventivo requiere el mérito sustantivo, éste no representa su justificación sino uno de sus presupuestos necesarios. Debe quedar claro que se trata de un presupuesto de la medida cautelar, pero que éste jamás opera, por sí solo, como legitimación de la detención preventiva. Se trata de establecer una sospecha sustantiva acerca de que el imputado ha cometido un hecho punible reprimido con pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento37. Si no existe este mérito sustantivo, no sólo pierde sentido el encarcelamiento preventivo sino, también, el desarrollo del mismo procedimiento penal en contra del imputado.
Aunque la Corte no consideró si, en el caso concreto, existía el mérito sustantivo requerido en el art. 177 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador38 —esto es, indicios de que el imputado haya sido partícipe (inc. 2) en un hecho punible sancionado con pena privativa de libertad (inc. 1)—, reconoció implícitamente la necesidad de verificar la sospecha sustantiva para autorizar la detención. La razón por la cual no verificó este requisito consistió en el hecho de que el auto de prisión preventiva fue posterior a la detención. Por ello, consideró “innecesario pronunciarse sobre los indicios o sospechas que pudieron haber fundamentado un auto de detención”39. Los términos usados por la Corte, sin embargo, reconocen que el auto de detención requerido por el art. 177 del CPP Ecuador debía tener sustento, entre otros requisitos, en los indicios o sospechas sobre la participación de SUÁREZ ROSERO en el hecho imputado40. Por lo demás, en la cita invocada por la Corte del caso “Gangaram Panday”, dejó en claro que reafirmó la necesidad de respetar tanto los requisitos formales como los requisitos sustantivos o materiales de la detención cautelar41.
II. 3. La incomunicación
II. 3. 1. El plazo de la incomunicación
A pesar de que la Constitución ecuatoriana establece expresamente que la incomunicación de un detenido no puede exceder las 24 horas42, SUÁREZ ROSERO permaneció incomunicado durante 36 días. En este punto, la Corte hizo una referencia genérica al instituto de la incomunicación:
“La incomunicación es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. Dicho aislamiento debe estar limitado al período de tiempo determinado expresamente por la ley. Aun en ese caso el Estado está obligado a asegurar al detenido el ejercicio de las garantías mínimas e inderogables establecidas en la Convención y, concretamente, el derecho a cuestionar la legalidad de la detención, y la garantía del acceso, durante su aislamiento, a una defensa efectiva”43.
En consecuencia, la Corte consideró que el excesivo plazo de incomunicación sufrido por SUÁREZ ROSERO, por haber sobrepasado el término de la legislación interna, representó, en sí mismo, una violación al art. 7, nº 2, de la Convención44.
Por otro lado, la Corte consideró demostrado que SUÁREZ ROSERO “permaneció en una dependencia policial no adecuada para alojar a un detenido, según la Comisión y el perito”45. por este motivo, determinó que ese hecho representaba una nueva violación al derecho a la libertad de SUÁREZ ROSERO y que, por ende, resultaba violatorio del art. 7 de la Convención46.
II. 3. 2. Tratos crueles, inhumanos y degradantes
De manera independiente, la Comisión alegó “que la incomunicación a la cual fue sometido el señor Suárez Rosero durante 36 días violó el artículo 5.2 de la Convención Americana, pues este aislamiento constituyó un trato cruel, inhumano y degradante”47. El Estado, reduciendo el concepto de “trato cruel, inhumano y degradante” a una lesión a la integridad física, contestó que el detenido recibió un tratamiento adecuado durante su encarcelamiento, "como lo certifican los informes médicos oficiales incorporados al expediente"48.
La Corte reafirmó el carácter excepcional de la incomunicación, destacando que sólo puede utilizarse para asegurar los resultados de la investigación y según las condiciones previamente establecidas por la ley49. A ello agregó:
“Una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido. En efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles”50.
La Corte dio razón a la Comisión en el sentido de que el Estado había violado el art. 5, nº 2, de la Convención, pues consideró que, durante su incomunicación, SUÁREZ ROSERO recibió tratos crueles, inhumanos y degradantes. La arbitrariedad de la incomunicación, la imposibilidad de comunicarse con su familia y de buscar un abogado, las condiciones de detención y los malos tratos físicos sufridos, según la Corte, confirmaron esa conclusión. Sin embargo, es importante resaltar que la incomunicación, en sí misma, fue considerada razón suficiente para esa conclusión: “La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda comunicación con el mundo exterior y particularmente con su familia, le permite a la Corte concluir que el señor Suárez Rosero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando ha quedado demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en contravención de la normativa interna del Ecuador”51.
II. 3. 3. El derecho de defensa
Otro planteo autónomo formulado por la Comisión vinculó la incomunicación con el derecho de defensa. La situación de haber sido incomunicado le impidió a SUÁREZ ROSERO ejercer el derecho a consultar un abogado, de comunicarse libremente con él, y de preparar debidamente su defensa (art. 8, nº 2, lits. c, d y e, CADH)52.
Nuevamente, la Corte dio la razón a la Comisión, afirmando que debido a su extenso plazo de incomunicación, “el señor Suárez Rosero no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, ya que no pudo contar con el patrocinio letrado de un defensor público y, una vez que pudo obtener un abogado de su elección, no tuvo posibilidad de comunicarse en forma libre y privada con él. Por ende, la Corte considera que el Ecuador violó el artículo 8.2.c, 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana”53.
Además de reafirmar claramente la obligación del Estado de permitir el contacto fluido del imputado desde el inicio de su detención, aun en el supuesto en que éste estuviera incomunicado, la decisión de la Corte es importante en otro sentido. En efecto, la sentencia consideró una violación autónoma de los derechos garantizados en la Convención la imposibilidad de comunicarse libre y privadamente con el defensor luego del plazo de incomunicación54.
Esta cuestión es especialmente importante en nuestro medio. No es inusual que en la entrevista entre abogado defensor e imputado, previa a la indagatoria, en los juzgados penales de la ciudad de Buenos Aires, no se cuente con privacidad alguna. En casos de detenidos, no se puede evitar la presencia de un agente policial y, además, las limitaciones edilicias “justifican” que la entrevista se realice a escasa distancia de los empleados del tribunal. Luego de este claro mensaje de la Corte Interamericana, los tribunales penales deben poner especial cuidado en garantizar la comunicación libre y privada del imputado con su defensor.
III. LA DURACIÓN DEL ENCARCELAMIENTO PREVENTIVO
Yo no sé si las leyes tienen razón o si están equivocadas. Todo lo que sabemos nosotros los presos es que el muro es sólido y que cada día es como un año, un año cuyos días son largos ...
Y también sé, y qué bueno sería que todos lo supieran igualmente que cada prisión que edifican los hombres está construida con los ladrillos de la infamia ...
III. 1. El “plazo razonable” de la duración del proceso
La Comisión consideró que el prolongado plazo de detención cautelar sufrido por SUÁREZ ROSERO vulneró su derecho a ser juzgado dentro de un “plazo razonable” o a ser puesto en libertad (art. 7, nº 5, y art. 8, nº 1, CADH). El Estado intentó justificar la situación en diversas razones: a) los jueces actuaron con la mayor agilidad posible limitados por la escasez de recursos humanos y materiales; b) el caso era voluminoso por el gran número de imputados; c) si bien pueden haber existido pequeños incumplimientos, no se limitaron los derechos fundamentales del imputado; y d) su condena no fue injusta pues, finalmente, “la mereció”55.
La Corte, luego de señalar que el principio de “plazo razonable” de los arts. 7, nº 5, y 8, nº 1, de la Convención Americana, pretende asegurar que toda acusación penal se resuelva rápidamente, estableció los extremos temporales del caso. Determinó como momento a partir del cual se computó el plazo en el caso concreto, la aprehensión de SUÁREZ ROSERO, por ser el primer acto del procedimiento (23/6/92). El proceso, agregó, se debe considerar terminado cuando se dicta sentencia definitiva que adquiere firmeza, y destacó que, especialmente en materia penal, se deben incluir todos los recursos eventualmente procedentes. La sentencia definitiva en este proceso fue la dictada por la Corte Superior de Justicia de Quito (9/9/96)56.
Hasta aquí, la Corte sólo analizó la razonabilidad del plazo de duración del proceso (art. 8, nº 1, CADH). Para fundar su decisión, recurrió al criterio jurisprudencial establecido por la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha definido tres aspectos a tener en cuenta: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. La Corte ya había recurrido a esos criterios en el caso “Genie Lacayo”. Haciendo referencia al “plazo razonable” del art. 8, nº 1, de la Convención, como concepto de “no sencilla definición”, agregó que se podía recurrir, “para precisarlo [a] los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del caso; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales…”57. En el mismo caso, la Corte acudió a lo que denominó “análisis global del procedimiento”, concepto también extraído de la jurisprudencia de la Corte Europea58.
Con estos fundamentos, la Corte, sin haber evaluado las circunstancias particulares del caso, realizó un “estudio global” del procedimiento, y consideró que la duración de más de cincuenta meses excedía “en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana”59.
Los criterios enunciados por la Corte, es necesario reiterar, sólo se limitaron, al menos en esta sentencia, a la determinación de la razonabilidad del plazo del proceso (art. 8, nº 1, CADH) y no de la detención preventiva60. Por otra parte, es importante señalar que la jurisprudencia de la Corte Europea, especialmente en casos penales, al evaluar la “actividad procesal del interesado”, es muy restrictiva respecto de la posibilidad de atribuirle responsabilidad por las demoras del proceso. En este sentido, aun en un caso en el cual la demora en la producción de una peritación se había debido exclusivamente a la parte, sostuvo que el tribunal tenía el deber de limitar la actividad de las partes y que la principal responsabilidad por la demora invocada recaía sobre el Estado61. El COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, en sentido coincidente, sostuvo que si el derecho interno prevé otras instancias de apelación, la persona con sentencia condenatoria debe tener acceso efectivo a cada una de ellas, y “… reafirma que el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 debe leerse juntamente, a fin de que [el peticionario] pueda ejercer el derecho a la revisión de la condena y la sentencia sin demora indebida en todas las instancias”62.
La decisión de la Corte, en este sentido, sólo deja dos cosas en claro. Que se trataba de la razonabilidad de la duración del proceso y que, para establecerla recurrió a los tres criterios desarrollados por la jurisprudencia del sistema europeo. Pero no fue más allá de eso. Si bien resulta evidente que un plazo de cincuenta meses es, en principio, irrazonable, el “estudio global” utilizado por la Corte no permite, de hecho, comprender cómo se deben aplicar esos criterios a los casos concretos, especialmente cuando no resulte tan claro la irrazonabilidad de la duración del proceso.
III. 2. El “plazo razonable” de la detención
A continuación, la Corte analizó la razonabilidad del plazo de la detención preventiva sufrida por SUÁREZ ROSERO (art. 7, nº 5, CADH). En este punto, contradiciendo correctamente al Estado, afirmó “que el hecho de que un tribunal ecuatoriano haya declarado culpable al señor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de libertad por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un máximo de dos años como pena para ese delito”63.
En primer lugar, es importante advertir que la Corte, del mismo modo que la Comisión, no consideró relevante, para determinar si el plazo de detención había sido razonable o no, el hecho de que la persona detenida hubiera sido, finalmente, condenada. En todos los casos, el detenido detentaba el estado jurídico de inocencia, sin importar si era o no materialmente culpable, y si posteriormente había sido declarado como tal64. Por este motivo, independientemente de que haya sido condenado, un plazo de detención excesivo, anterior a la condena, representa una violación al art. 7, nº 5, de la Convención Americana.
Cabe una aclaración. La Corte no ingresó aquí a analizar detalladamente si el plazo de la detención de SUÁREZ ROSERO resultó irrazonable o no, conforme al estándar establecido en el art. 7, nº 5, de la Convención. Ello se explica por dos razones. En primer lugar, luego de declarar que el plazo del proceso, en sí mismo, había sido irrazonable, difícilmente podría haber sostenido la razonabilidad del plazo de detención, pues se supone que el plazo del encarcelamiento preventivo es necesariamente menor al plazo del proceso. De allí la solución prevista en el art. 7, nº 5, de la Convención (“... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso...”). En segundo término, la Corte señaló que, en el caso concreto, el plazo de detención no podía ser considerado razonable pues había excedido la pena máxima que podría haber recibido SUÁREZ ROSERO por el delito que se le imputaba65.
Dado que la detención fue superior a tres años, y que el delito imputado preveía una pena máxima de dos años, la Corte se limitó a afirmar la irrazonabilidad del plazo por esta sola circuntsncia. De aquí resulta posible extraer dos conclusiones posibles. O bien la Corte utilizó un criterio —como el de proporcionalidad— referido estrictamente al principio de inocencia, confundiendo los principios para resolver la razonabilidad del plazo del art. 7, nº 5, CADH, con aquellos aplicables para evaluar la adecuación con el principio de presunción de inocencia del art. 8, nº 2, CADH, o bien la Corte agregó un nuevo criterio para determinar la razonabilidad del plazo de detención.
En el primer supuesto, la violación del principio de proporcionalidad no representaba una violación al “plazo razonable” de la detención del art. 7, nº 5. sino, exclusivamente, una afectación del principio de inocencia garantizado en el art. 8, nº 2, de la Convención. En el segundo supuesto, la Corte habría agregado una nueva circunstancia para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva, vinculada con el principio de proporcionalidad. De este modo, y tal como la afirma la Corte en esta sentencia de manera expresa, la afectación del principio de proporcionalidad representa, al mismo tiempo, una afectación grave al principio de inocencia y, además, un exceso a la exigencia del “plazo razonable” impuesta por el art. 7, nº 5, de la Convención Americana.
En conclusión, la sentencia analizada no ha agregado demasiado a los criterios establecidos por la Comisión para el análisis del “plazo razonable” en sus últimos informes66, más allá del hecho de incorporar como criterio de irrazonabiliad la violación al principio de proporcionalidad de la detención preventiva, criterio que, por otro lado, no altera los límites del encarcelamiento cautelar porque, en sí mismo, ya era considerado como estándar aplicable a la verificación de otro principio —presunción de inocencia, art. 8, nº 2, CADH—.
Sin embargo, es importante destacar que la Corte no se pronunció sobre el alcance del principio de proporcionalidad. Sobre esta cuestión volveremos más adelante (punto VI). Como veremos luego, la manera en que la Corte resolvió diversas cuestiones —entre ellas, ésta—, acarrea importantes consecuencias para la regulación legal y aplicación judicial de las reglas jurídicas sobre encarcelamiento preventivo del derecho interno.
IV. EXCEPCIONES AL LÍMITE TEMPORAL DEL ENCARCELAMIENTO PREVENTIVO
... sólo en los tiempos de la tiranía bastó la acusación para encarcelar a un ciudadano.
IV. 1. La legislación ecuatoriana
Este punto de la sentencia es de especial trascendencia para nuestro ámbito jurídico, pues la cuestión tratada está regulada de manera casi idéntica en nuestro derecho. El artículo 114 bis del Código Penal ecuatoriano establece un régimen genérico de cesación del encarcelamiento preventivo67, que deriva del principio de proporcionalidad —y no del plazo razonable del art. 7, nº 5, de la Convención—. La única coincidencia entre el principio de proporcionalidad —derivado del principio de inocencia, art. 8, nº 2, CADH— y el agotamiento del plazo razonable de la detención —art. 7, nº 5, CADH— es que ambos son motivos de cesación del encarcelamiento, vinculados con el agotamiento de un límite temporal, y no motivos de excarcelación.
En ambos casos, una vez concedida la libertad, no resulta posible ordenar nuevamente la detención del imputado, pues el Estado ya ha agotado su facultad de encarcelar a esa persona, jurídicamente inocente, sin haber obtenido una sentencia condenatoria firme en su contra. Por ello, aun cuando existan razones imperiosas que tornen absolutamente imprescindible la detención, el Estado carece de la facultad de recurrir a ella nuevamente para garantizar los fines del proceso penal. En este sentido, resulta sumamente ilustrativa la opinión de CAFFERATA NORES: “Si el peligro de burla a la acción de la justicia impide la libertad durante el plazo y la sigue impidiendo después de vencido el plazo: ¿para qué sirve el plazo?”68. En esos supuestos, la única detención posible es la que tiene por objeto lograr la comparecencia coactiva del imputado para la realización de un acto procesal —v. gr., el juicio—, que debe cesar tan pronto se concluye con el acto69.
La disposición del Código Penal ecuatoriano regula este motivo de cesación del encarcelamiento procesal en los términos siguientes:
“Las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso.
De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas en libertad por el tribunal penal que conozca el proceso.
Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”70.
Se trata de una regulación del principio de proporcionalidad, porque vincula directamente la cesación del encarcelamiento con el monto de la pena máxima prevista en delito imputado71. Es un régimen original porque, a diferencia del sistema tradicional, la proporcionalidad no está planteada en términos de equivalencia entre privación de libertad procesal y penal. Más allá de la opinión de quienes impugnan radicalmente la legitimidad de toda prisión preventiva72, no se puede dejar de reconocer que, en la práctica, un concepto de proporcionalidad fundado en el el “principio de inequivalencia”, como lo denomina SERGI73, representa un claro avance respecto de los resultados producidos por la aplicación del criterio tradicional.
Sin embargo, las bondades de los dos primeros párrafos de la disposición citada se ven opacadas por la excepción —absolutamente inválida— contenida en su párrafo final. Por este motivo, la Comisión planteó a la Corte Interamericana la violación al “derecho a la protección legal” establecido en el art. 2 de la Convención, pues la disposición, según afirmó, no garantizaba el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Convención a todas las personas sujetas a su jurisdicción74.
La Corte, citando una de sus opiniones consultivas, destacó que los Estados “no pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella”75, y sostuvo que la excepción del último párrafo del art. 114 bis del Código Penal ecuatoriano “despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados. En el caso concreto del señor Suárez Rosero esa norma ha sido aplicada y le ha producido un perjuicio indebido. La Corte hace notar, además, que, a su juicio, esa norma per se viola el artículo 2 de la Convención Americana, independientemente de que haya sido aplicada en el presente caso”76.
La Corte se refirió a la disposición cuestionada como reglamentación del “plazo razonable” previsto en el art. 7, nº 5, de la Convención77. Sin embargo, la decisión acerca de cuál ha sido el derecho violado —art. 7, nº 5, o art. 8, nº 2— no produce consecuencia alguna, pues, según los fundamentos de la sentencia de la Corte, la norma sería contraria al art. 2 de la Convención independientemente del derecho de que se trate. En efecto, aun si coincidiéramos en que se trata de la regulación del principio de proporcionalidad, cabrían las mismas críticas de la Corte, pues no habría fundamento alguno para “despoja[r] a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra”, tal como se sostuvo respecto del derecho reconocido en el art. 7, nº 5 (párr. 98).
IV. 2. La legislación argentina
En similar sentido se ha pronunciado la Comisión respecto de la ley argentina 24.390. En el Informe Nº 2/97, la Comisión abordó la cuestión referida a la compatibilidad entre el principio de inocencia (art. 8, nº 2, CADH), el “plazo razonable” de detención preventiva (art. 7, nº 5, CADH), y la excepción del art. 10 de la ley 24.390, que excluye de su ámbito de aplicación a ciertos delitos de la ley de estupefacientes (ley 23.737).
Esta severa y absoluta restricción, afirmó la Comisión, “se funda en la naturaleza reprochable y las consecuencias sociales negativas de este tipo de delitos”78. Al pronunciarse sobre la situación de seis peticionarios, acusados por delitos excluidos del régimen de la ley 24.390, que continuaban detenidos a la fecha del Informe, manifestó: “La Comisión estima que la norma mencionada tiende a crear una excepción al principio de presunción de inocencia”79.
A pesar de la tibieza con que consideró a la excepción del art. 10 de la ley 24.390 respecto del principio de inocencia (art. 8, nº 2, CADH), la Comisión incluyó estos casos como violaciones al límite temporal del encarcelamiento preventivo del art. 7, nº 5. Sin embargo, la posición de la Comisión no termina de comprenderse. La norma cuestionada no “tiende” a crear una excepción al principio de inocencia, sino que, con certeza, crea efectivamente una excepción de carácter absoluto, sin fundamento normativo alguno. El principio de inocencia no contiene excepciones, ni en el art. 18 del texto constitucional, ni en el art. 8, nº 2, de la Convención Americana. Tal como lo ha reconocido expresamente la Comisión, la excepción del art. 10 se funda en un fin sustantivo vinculado a la “naturaleza reprochable” de los delitos excluidos. Es esta “naturaleza”, claramente sustancialista, la que funda, en primer lugar, la “inexcarcelabilidad” de ciertas figuras penales80. Así, basta con que una persona resulte imputada por uno de estos delitos para que, sin necesidad de verificar fin procesal legítimo alguno, el Estado disponga la privación de libertad de un individuo inocente sobre la base de la mera sospecha, es decir, sin pruebas suficientes para llevar al imputado a juicio con el objeto de obtener una condena.
Dado que los delitos excluidos tienen penas de considerable gravedad, quedan comprendidos, por ello, en la ilegítima categoría de delitos no excarcelables del CPP Nación y, por la misma razón, el principio de proporcionalidad no opera como límite protector. Frente a esta grave situación de anticipo automático de pena, fundada en la mera sospecha, la única salvaguarda prevista en nuestro ordenamiento jurídico consiste en el límite temporal previsto en el art. 7, nº 5, de la CADH, “reglamentado”, en palabras del legislador nacional, por la ley 24.39081. Para garantizar el anticipo de pena por la mera sospecha, entonces, el legislador debió recurrir a la excepción prevista en el art. 10 de la ley. En síntesis, con la mera sospecha y sin justificación procesal alguna, el imputado debe cumplir una pena por tiempo indeterminado. La imposibilidad de obtener su libertad, por otra parte, garantiza al Estado la impunidad por su falta de diligencia, negligencia o ineptitud para investigar y llevar el caso a juicio. En el caso de los delitos mencionados en el art. 10 de la ley 24.390, la simple sospecha autoriza una detención por tiempo indeterminado, por irrazonable que resulte su duración82.
No existe duda alguna, entonces, que la excepción del art. 10 representa una vulneración flagrante del principio de inocencia. Esto es especialmente cierto si consideramos el problema desde el punto de vista de la Comisión, pues ella misma ha señalado que el instituto de la limitación temporal de la detención a un plazo razonable se funda en la presunción de inocencia, y que tiene como fin proteger el “derecho básico de libertad personal”83. El principio de inocencia, también afirmó, “requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable mencionado en el artículo 7.5. De lo contrario, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada, y constituye una violación del artículo 8.2 de la Convención”84.
Finalmente, luego de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Suárez Rosero”, resulta evidente que el Estado Argentino tiene el deber de eliminar la excepción contenida en el art. 10 de la ley 24.390, pues su sola vigencia representa una violación al art. 2 de la Convención Americana. Si en el caso “Bramajo”, del 12/9/96, nuestra Corte Suprema aplicó la jurisprudencia de la Comisión Interamericana en “Firmenich”, invocando su precedente “Giroldi”, del 7/4/95, luego de esta sentencia, la Corte no puede sino declarar la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.39085.
En el caso “Suárez Rosero”, la Corte Interamericana ha puesto en claro que una excepción como la contenida en el art. 10 de la ley 24.390 es violatoria del art. 2 de la Convención y, al respecto, también ha dicho que la “obligación de adoptar medidas versa también sobre la derogación de las disposiciones incompatibles con los tratados y comprende la obligación de no dictar tales medidas cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades”86.
Si el legislador incumple con su obligación de derogar el art. 10 de la ley citada, es a la justicia a quien le corresponde solucionar la omisión legislativa. Frente a un incumplimiento total o parcial de una obligación internacional de cualquier órgano del Estado, “es a la justicia a quien corresponderá arbitrar los medios para garantizar el goce del derecho, tanto porque en el derecho interno el Poder Judicial es el garante final de los derechos de las personas, como porque es al estamento judicial al que compete la responsabilidad por la incorporación de las normas internacionales al derecho interno”87. Por lo demás, la inaplicación judicial de la norma contraria a la Convención ni siquiera exige solicitud de parte pues, tal como se señala, el sentido de las obligaciones derivadas de los arts. 1 y 2 de la Convención “es el de subrayar que la norma internacional en materia de derechos humanos integra el orden jurídico vigente y goza de una presunción de ejecutividad. Por ello, su invocación por la parte en el proceso no es conditio sine qua non para su aplicación por el juez, que puede traerla al caso mediante la aplicación del principio iuria curia novit”88.
V. EL CONTROL JUDICIAL DE LA DETENCIÓN
Como se ha dicho, una ley del Congreso jamás debe ser interpretada de modo de violar el derecho de gentes si existe cualquier otra interpretación posible.
Harry BLACKMUN, The Supreme Court and the Law of Nations.
V. 1. Comparecencia ante el juez
La Comisión reclamó ante la Corte por la omisión del Estado de poner al detenido a disposición de una autoridad con funciones judiciales o de un tribunal. También cuestionó que SUÁREZ ROSERO nunca compareció personalmente ante ninguna autoridad para que le informaran sobre los cargos en su contra. El Estado, en la contestación de la demanda, alegó que en el marco del proceso el peticionario había estado ejerciendo regularmente sus derechos.
El artículo 7, nº 5, de la Convención, se refiere al deber de la autoridad pública de poner a disposición del juez, sin demora, a toda persona que resulte detenida. Se trata, en este caso, de trasladar al detenido ante el tribunal que intervendrá en la causa. Este tribunal, que debe ser el que tramitará el caso, puede —y debe— verificar los presupuestos de legalidad de la medida. El art. 7, nº 5, comienza de este modo:
“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales...”.
La Corte consideró demostrado que SUÁREZ ROSERO no había comparecido ante un tribunal en ningún momento del proceso. En consecuencia, declaró que la omisión del Estado representó una violación del art. 7, nº 5, de la Convención Americana. No se pronunció sobre el significado del término “sin demora” porque el análisis de esa expresión no resultó necesario para resolver la cuestión. Sin embargo, es importante señalar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 8, estableció que dicha demora no debe exceder de “unos pocos días”. Al aplicar ese criterio a algunos casos concretos, decidió que una demora de cinco días de detención incomunicada había resultado excesiva (Caso “Terán Jijón v. Ecuador”), y que una demora de diez días también había sido violatoria de la claúsula correspondiente del Pacto Internacional89.
La mera regulación legal de un plazo de comparecencia en el ámbito interno, sin embargo, no significa que su cumplimiento respete la exigencia de poner al detenido a disposición del juez competente “sin demora”, como exige la Convención. Así, si el plazo legal del ámbito interno es considerado razonable por el órgano de protección internacional, la violación al art. 7, nº 5, de la Convención, dependerá del incumplimiento de dicho plazo. Ello no impide, en cambio, que aun cuando la legislación estatal contemple un plazo determinado que haya sido cumplido, este plazo legal no pueda considerarse excesivo, en sí mismo, respecto de la obligación internacional de poner al detenido a disposición de un tribunal judicial competente.
Es por este motivo que la Comisión Interamericana ha sostenido que ciertas legislaciones que establecen un plazo de quince días de incomunicación, durante los cuales el detenido no tiene derecho a obtener el control judicial de la legalidad de su privación de libertad, importan la atribución de funciones judiciales al poder ejecutivo y, en consecuencia, la violación al principio de división de poderes90. De otro modo, a los Estados partes les bastaría con establecer una plazo legal excesivo para evadir el cumplimiento de su obligación internacional.
Al resolver este punto, sin embargo, la Corte no estableció su vinculación necesaria con la ilegalidad sustantiva de la detención preventiva de SUÁREZ ROSERO dictada el 12 de agosto de 1992 por el Juez Tercero en lo Penal de Pichincha. El art. 7 de la Convención Americana, regula dos controles autónomos sobre la legalidad del encarcelamiento preventivo. En primer lugar, según el art. 7, nº 5, “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad...”. En este supuesto, que se refiere, exclusivamente, a los casos de arresto, se pone a la persona a disposición del juez competente para tramitar el caso quien, necesariamente, debe oír al imputado antes de resolver sobre su situación procesal. La decisión sobre la situación procesal abarca, en primer lugar, la cuestión referida a si se somete a proceso penal a la persona detenida y, en caso afirmativo, la cuestión referida a la procedencia de medidas de coerción. En este sentido, el tribunal competente debe resolver si, existiendo la necesidad de privar de libertad al imputado, se verifican todos los presupuestos sustantivos y formales para ordenar tal medida. Si así fuera, el tribunal podrá ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado.
Por otra parte, el art. 7, nº 6, dispone que “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales...”. Este segundo supuesto, a diferencia del anterior, se aplica tanto a los arrestos como a las detenciones preventivas. En estos casos, se debe garantizar el derecho —sea a través del instituto del habeas corpus, si el auto de prisión preventiva fuera irrecurrible en el ordenamiento jurídico interno, o bien a través de un recurso ante un tribunal de alzada91—. Otra diferencia entre este supuesto y el anterior es que, mientras en éste la obligación internacional consiste en garantizar un derecho de ejercicio facultativo para el imputado —quien puede decidir no impugnar la legalidad del auto de encarcelamiento preventivo—, en el caso anterior el deber del Estado consiste en cumplir de manera obligatoria con la exigencia de colocar al imputado a disposición de un tribunal para que éste, luego de oír al imputado, resuelva lo que corresponda. En este supuesto, en consecuencia, el incumplimiento de la exigencia conlleva, en todos los casos, la ilegalidad del encarcelamiento preventivo.
V. 2. El control judicial durante la incomunicación
La Comisión planteó a la Corte que la incomunicación sufrida por SUÁREZ ROSERO le impidió ejercitar su derecho al recurso de habeas corpus (art. 7, nº 6, CADH). La regla citada dispone:
“Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales... Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.
La Comisión también planteó la violación de los arts. 7, nº 6, y 25, de la Convención, por el excesivo plazo en la tramitación del habeas corpus interpuesto por SUÁREZ ROSERO luego de cesada su incomunicación —más de catorce meses—, razón por la cual, afirmó, no se había cumplido con el deber de proveer recursos judiciales efectivos. Por último, la Comisión sostuvo que el recurso fue denegado por razones puramente formales, es decir, por no indicar el solicitante la naturaleza del proceso ni la ubicación de la Corte que había ordenado la detención, ni el lugar, fecha o razón de la detención. Agregó que estos requisitos formales no eran exigidos por la legislación ecuatoriana92.
La Corte manifestó, en primer lugar, que según su jurisprudencia “el derecho de hábeas corpus debe ser garantizado en todo momento a un detenido, aún cuando se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretada”93:
“Aun en ese caso el Estado está obligado a asegurar al detenido el ejercicio de las garantías mínimas e inderogables establecidas en la Convención y, concretamente, el derecho a cuestionar la legalidad de la detención, y la garantía del acceso, durante su aislamiento, a una defensa efectiva”94.
A ello agregó que la Constitución Política del Ecuador disponía en su art. 28 que:
“Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad podrá acogerse al Hábeas Corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona sin necesidad de mandato escrito…”95.
El mismo derecho, según la Corte, estaba garantizado en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, art. 458:
“Cualquier encausado que con infracción de los preceptos constantes en [dicho] Código se encuentre detenido, podrá acudir en demanda de su libertad al Juez Superior de aquél que hubiese dispuesto la privación de ella...
La petición se formulará por escrito...”96.
Al analizar las normas jurídicas citadas, la Corte señaló que éstas no restringían el derecho de un detenido, en condiciones de incomunicación, a presentar un habeas corpus. En conclusión, las reglas legales no afectaban el derecho invocado por la Comisión. Por lo demás, la Corte determinó que ningún elemento de prueba había permitido verificar que SUÁREZ ROSERO —u otra persona en su favor— hubiera intentado interponer un habeas corpus mientras duró su incomunicación. En consecuencia, se afirmó que no había sido probado la negación del derecho a interponer el recurso de habeas corpus durante el término de incomunicación del detenido97.
Más allá de los hechos concretos del caso, es interesante señalar que, según la Corte, el derecho garantizado en el art. 7, nº 6, de la Convención no sólo consiste en la facultad de impugnar una detención ordenada por autoridad no judicial sino, también, en recurrir el auto de detención ordenado por el juez penal competente98. Esta cuestión es especialmente importante pues significa que en ningún caso se puede restringir el derecho de toda persona detenida a impugnar la legalidad de la medida, aun cuando ésta haya sido dictada por un juez. Por lo demás, surge claramente de la decisión que no debe existir diferencia alguna en el ejercicio de este derecho entre la persona incomunicada y el resto de los detenidos.
V. 3. La tramitación del habeas corpus
Respecto de la segunda cuestión, la Comisión había planteado que el recurso de habeas corpus interpuesto por SUÁREZ ROSERO había sido resuelto en el término de catorce meses y medio, en contravención con la propia legislación ecuatoriana, razón por la cual se había violado el deber de proporcionar recursos judiciales efectivos. También había señalado que el rechazo del habeas corpus se había debido a cuestiones meramente formales, ni siquiera exigidos por la legislación vigente99.
Tal como lo sostuviera la Comisión, la Corte consideró demostrado que el plazo de tramitación del habeas corpus resultó excesivo y, también, que fue rechazado por motivos formales que no constituían requisitos de admisibilidad en la legislación ecuatoriana100. La Corte también señaló que el derecho garantizado en el art. 7, nº 6, de la Convención no se satisface con la mera existencia formal del recurso. Tales recursos —agregó— deben ser eficaces para cumplir con su finalidad de lograr una pronta decisión acerca de la legitimidad de la detención y, en su caso, de obtener sin demora la libertad101. La eficacia requerida se vincula tanto con el valor que la Corte le concede a la libertad personal como, también, a los importantes fines que le atribuye al recurso de habeas corpus. En este sentido, ha afirmado:
“La Corte ya se ha referido al Estado de Derecho, a la democracia representativa y al régimen de libertad personal y ha puntualizado cómo son consustanciales con el Sistema Interamericano y en particular con el régimen de protección de los derechos humanos contenido en la Convención”102.
“El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”103.
Por otro lado, la Corte consideró que el art. 25, nº 1, de la Convención garantiza el “derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”. En un precedente anterior, ya se había señalado la relación de género a especie existente entre el art. 25, nº 1, y el art. 7, nº 6104. También se había declarado que el art. 25 de la Convención:
“... constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.
El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida”105.
Por las razones expresadas, la Corte concluyó en que, en el caso, al no haber contado el detenido con acceso a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo para verificar la legalidad de su detención, se habían violado las exigencias de los arts. 7, nº 6, y 25, de la Convención Americana106.
Así, las disposiciones citadas exigen a a los Estados partes establecer los mecanismos jurídicos adecuados para proteger el derecho a la libertad personal. Ello pues los procedimientos previstos en ambas reglas convencionales son considerados garantías judiciales indispensables para proteger derechos fundamentales y, al mismo tiempo, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. De allí que la Corte haya resuelto que toda restricción o suspensión constitucional o legal de estas garantías, aun en situaciones de emergencia, resultan incompatibles con las obligaciones internacionales impuestas por la Convención a los Estados partes107.
Finalmente, se debe tener en cuenta que la Corte ha establecido expresamente que los mecanismos de protección regulados en los arts. 7, nº 6, y 25, de la Convención, deben cumplir con los requisitos del debido proceso legal enunciados en el art. 8, pues “los principios del debido proceso legal... constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales... que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión”108.
V. 4. El objeto del control de legalidad de la detención
V. 4. 1. El alcance del control de legalidad
Como ya hemos visto en el punto II, referido al carácter ilegal y arbitrario de la detención sufrida por SUÁREZ ROSERO, la Corte se limitó a establecer la ilegalidad formal de la detención debida a la inexistencia de orden judicial en su contra. Sin embargo, es posible determinar con mayor detalle el alcance del control judicial de la legalidad de la detención acudiendo, en primer término, a algunas consideraciones formuladas por la Corte en este mismo caso y, en segundo lugar, a criterios establecidos por ella en oportunidades anteriores. En este sentido, la Corte ha distinguido entre la ilegalidad (art. 7, nº 2) y la arbitrariedad (art. 7, nº 3) de la detención.
En primer lugar, según el art. 7, nº 2, de la Convención Americana, toda persona tiene derecho a que no se restrinja su libertad ambulatoria, a menos que tal medida se halle autorizada expresamente en las normas constitucionales y legales vigentes. Según esta disposición, ha sostenido la Corte, “nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”109.
La exigencia referida a la legalidad de la detención, en consecuencia, abarca dos aspectos diferenciados. Por un lado, la restricción de la libertad será legal si se funda en algún supuesto material expresamente contemplado en el derecho vigente que justifique la imposición de tal medida. Se trata, como señala la Corte, de la verificación de los presupuestos sustantivos de la detención cautelar regulados en el derecho vigente. Estos presupuestos derivan, necesariamente, del principio de inocencia, que también reviste carácter material o sustantivo como garantía que protege al individuo frente al poder penal del Estado.
Por otro lado, el segundo aspecto que determina la legalidad de la restricción de la libertad personal es de carácter formal o procesal. En relación a esta exigencia, se debe verificar que la detención ha sido realizada conforme a todos los requisitos jurídicos formales establecidos en los textos consitucionales y legales vigentes. Tal como lo ha manifestado la Corte, se trata de que la detención se halla llevado a cabo “con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la [ley] (aspecto formal)”110.
V. 4. 2. El control de las condiciones formales
De los requisitos sustantivos o materiales nos ocuparemos especialmente más adelante. En este punto, nos concentraremos en estos requisitos formales. Debe quedar claro, en primer término, que no se trata de cualquier manera de satisfacer el cumplimiento de estas exigencias de carácter formal. De manera expresa, tanto el texto convencional como la interpretación que de éste ha hecho la Corte, hacen referencia a la necesaria adecuación del proceso de detención de toda persona a los procedimientos objetivamente definidos de antemano por las constituciones y las leyes. También en este caso, el término “leyes” del art. 7, nº 2, requiere la existencia previa de una ley en sentido formal111. Cabe agregar que estos procedimientos, como ha señalado la Corte, deben haber sido definidos “objetivamente”. Este requisito, si bien no surge de manera explícita del texto analizado, resulta necesario para cumplir con el sentido de la disposición. Si no fuera así, de nada valdría la exigencia, pues todo procedimiento cuya aplicación práctica dependa de un amplio marco de arbitrio de un agente estatal no cumpliría, en realidad, con la finalidad que se pretende alcanzar con la exigencia de regular previamente el procedimiento de detención.
Así, por ejemplo, si en los supuestos de detención policial sin orden, el legislador regula los requisitos formales que autorizan la detención con escasa precisión y, especialmente, de manera tal que la facultad policial dependa de criterios subjetivos, no se cumple con la obligación internacional. Un buen ejemplo que no cumple con este requisito es uno de los supuestos de flagrancia definidos en el art. 285 del CPP Nación. El último supuesto de esa norma comprende como caso de flagrancia cuando se sorprende al supuesto autor del hecho “mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”. Más allá de que resulta dudoso de que éste se trate de un caso de flagrancia, la redacción legal es una puerta abierta a la arbitrariedad de los prejuicios policiales112.
Ante este tipo de regulación legal de las condiciones formales que autorizan a la policía a detener personas sin orden judicial, es deber de los jueces exigir de manera estricta que toda detención haya estado fundada en elementos objetivos, demostrables y concretos, y, además y especialmente, referidos a la sospecha de la comisión de un delito determinado. Así, criterios tales como “actitud sospechosa”, “presencia inexplicable en el lugar” o —como surge de algunas decisiones judiciales— “tener rasgos abolivianados”, no pueden ser admitidos por los jueces y, por ende, las detenciones “fundadas” en esos criterios meramente prejuiciosos deben ser declaradas ilegales.
En este sentido, es importante destacar que la opinión de la Corte Interamericana no sólo hace referencia a procedimientos definidos objetivamente sino, también, al deber de que toda detención se realice con “estricta sujeción” a ellos. Por lo demás, esa sujeción se refiere a todas y a cada una de las condiciones formales previstas constitucional y legalmente. El texto de la Convención no distingue y, en consecuencia, los tribunales tampoco deben distinguir, considerando ciertas condiciones más o menos relevantes que otras. En la medida en que estas condiciones hayan sido reguladas normativamente, deben ser respetadas.
Por último, también se debe tener especialmente en cuenta que la “estricta sujeción” a las condiciones formales constituye una obligación internacional que también alcanza a los jueces penales siempre que toman decisiones relativas a la restricción de la libertad de una persona. En este punto, es esencial el papel que deben desempeñar los tribunales de alzada en el control de legalidad formal de las decisiones de los tribunales de primera instancia. En todos los casos, además, se debe verificar efectivamente la presencia concreta de los elementos objetivos que justifican la detención. Los tribunales no pueden presumir su existencia sino que, por el contrario, tienen el deber de demostrar o constatar su efectiva presencia.
V. 5. El control de la arbitrariedad de la detención
El art. 7, nº 3, de la Convención Americana, se ocupa de las detenciones y encarcelamientos arbitrarios. De modo obvio, el concepto de “arbitrariedad” debe significar algo distinto al de legalidad, pues de no ser así la disposición no tendría sentido alguno. Es por ello que se han desarrollado algunos criterios para determinar la posible arbitrariedad de la detención.
Así, la Corte ha manifestado que esta exigencia implica que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”113. Si bien es un concepto de difícil definición, es posible afirmar que, en sentido genérico, será arbitraria aquella detención que, a pesar de ajustarse formalmente a las pautas de legalidad, no cumpla, en el caso concreto, con criterios de razonabilidad sustantiva. Así lo ha sostenido expresamente la Comisión Interamericana:
“Aún respecto de la libertad personal, cuya suspensión temporal es posible en circunstancias excepcionales, el hábeas corpus permitirá al juez comprobar si la orden de arresto se apoya en un criterio de razonabilidad...”114.
En una opinión consultiva referida específicamente a la vigencia y aplicación del habeas corpus durante los estados de excepción (art. 27, CADH), la Corte estableció criterios que resultan claramente aplicables al control de la arbitrariedad del art. 7, nº 3. En esa oportunidad, la Corte consideró que en tanto la suspensión de garantías autorizada por la Convención no puede exceder el ámbito de lo estrictamente necesario para atender la emergencia que le da fundamento, resultaría ilegitima toda medida que exceda tales límites. Así, las medidas que afecten derechos suspendidos resultarían ilegítimas si “violaran la legalidad excepcional de la emergencia, si se prolongaran más allá de sus límites temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder”115. En consecuencia, la Corte determinó que:
“... es desde todo punto de vista procedente, dentro de un Estado de Derecho, el ejercicio del control de legalidad de tales medidas por parte de un órgano judicial autónomo e independiente que verifique, por ejemplo, si una detención, basada en la suspensión de la libertad personal, se adecua a los términos en que el estado de excepción la autoriza”116.
En conclusión, la detención será arbitraria, entre otras razones, si no resulta razonable, necesaria, previsible, proporcional o, también, si fuera producto de una desviación o abuso de poder. En estos supuestos, la arbitrariedad de la detención proviene de las circunstancias de hecho particulares de una medida concreta. Por este motivo, en el control judicial de la arbitrariedad el análisis del tribunal debe determinar si, según las particulares circunstancias y características del caso concreto, la restricción de la libertad formalmente adecuada a las exigencias normativas resulta, además, materialmente razonable.
Se trata, en consecuencia, de una función estrictamente judicial, pues el juicio de arbitrariedad requiere determinar las consecuencias de la aplicación de ciertas reglas jurídicas a un caso concreto. Ese juicio, por lo tanto, sólo puede estar a cargo de un órgano del poder judicial. Como se ha señalado correctamente, el papel de los jueces en un Estado de derecho “incluye necesariamente tener la última palabra en la determinación de los hechos (lo que excluye las presunciones fácticas iuris et de iure hechas por el legislador) y en la aplicación de las normas del sistema jurídico a tales hechos”117.
Finalmente, se admite otro supuesto de arbitrariedad, estrictamente normativo. En un caso en que la Comisión había solicitado se declare la arbitrariedad de la detención de una persona, la Corte resolvió que le resultaba imposible determinar si la privación de la libertad de la víctima había sido realizada según los requisitos establecidos “por la Constitución Política de dicho Estado o por leyes dictadas conforme a ella, o si tal Constitución o leyes eran compatibles con las ideas de razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad que deben caracterizar a toda detención o retención legal a fin de que no se les considere arbitrarias”118.
En este caso, entonces, se reconoce que el juicio de razonabilidad no sólo se refiere a las circunstancias de hecho en que la medida restrictiva de la libertad es impuesta sino, también, a las normas jurídicas —constitucionales o legales— que organizan el régimen de toda detención. En conclusión, la verificación de la eventual arbitrariedad de una detención requiere que los jueces desempeñen dos tareas estrictamente judiciales, que sólo a ellos les corresponde: la determinación de los hechos y la decisión sobre el derecho aplicable, decisión que comprende, necesariamente, la adecuación de las reglas del ordenamiento jurídico interno con las exigencias de la Convención. En este sentido, se afirma:
“Por cierto, carecería de sentido la proscripción de que los otros poderes del Estado ejerzan funciones judiciales, si no existiera algún concepto material de aquello en lo que consiste la función de un juez, más allá del solo hecho (formal) de que se le llame ‘sentencia’ o ‘ley’ a aquello que resulte decidir el caso.
Esto requiere definir tal contenido material de la función judicial. Ese contenido puede ser definido sencillamente de este modo:
A los jueces les está reservado de manera excluyente fijar los hechos y declarar el derecho aplicable. Ello significa:
a) la determinación conclusiva de los hechos que motivan una controversia;
b) la calificación jurídica de esos hechos;
c) el decidir acerca de la validez de las leyes”119.
VI. LAS CONSECUENCIAS DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA
Como lo ha señalado Marshall, la sanción del encarcelamiento preventivo no es impuesta a todas las personas que se consideran peligrosas, sino sólo a quienes son perseguidos penalmente. Por ende, es la noción de culpabilidad, que surge de la acusación aún no probada, la que desencadena la detención. ¿Para qué esperar al juicio si es posible ordenar la detención anticipadamente?
VI. 1. El principio de excepcionalidad
La Comisión planteó, además, que la duración del encarcelamiento procesal de SUÁREZ ROSERO representó una violación a la presunción de inocencia garantizada en el art. 8, nº 2, de la Convención. La Corte, en este sentido, señaló que “en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada”120.
El principio de inocencia protege, entre otros derechos fundamentales, la libertad individual. Según la afirmado por la Corte Interamericana en “Velázquez Rodríguez” y “Godínez Cruz”, los derechos humanos, en una sociedad democrática, suponen un equilibrio funcional entre el ejercicio del poder del Estado y el margen mínimo de libertad al que pueden aspirar sus ciudadanos121. En este sentido, la Corte justificado la necesidad de establecer los límites irrenunciables que supone el ejercicio del poder penal del Estado:
“... por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”122.
La Comisión Interamericana, por su parte, ha sostenido:
“Este principio construye una presunción en favor del acusado de un delito, según el cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. El contenido de la presunción de inocencia exige que ‘la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado’”123.
El principio de inocencia exige, entre otras cosas, que el imputado sea tratado como inocente durante la sustanciación del caso penal en su contra. La consecuencia más importante de esta exigencia, que obliga a tratar como inocente al imputado, consiste en el reconocimiento del derecho a permanecer en libertad durante el proceso, y en las limitaciones que, necesariamente, deben ser impuestas al uso excepcional de la coerción estatal durante el procedimiento penal, sin importar la gravedad del hecho que se le atribuye o la verosimilitud de la imputación124. Por este motivo, la Comisión afirmó que, en cuanto a la eventual a las medidas de coerción durante el proceso penal, “tiene la convicción de que en todos los casos debe tomarse en consideración los principios universales de presunción de inocencia y de respeto a la libertad individual”125.
La primera exigencia que la Corte derivó del principio de inocencia fue el principio de excepcionalidad de la coerción cautelar. De allí que haya afirmado que ésta sólo puede aplicarse si resulta “estrictamente necesaria”, y nunca de manera generalizada. En este sentido, manifestó que “De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3)”126.
El principio de excepcionalidad obliga, en primer término, al poder legislativo, cuando regula el régimen de la coerción procesal y, en segundo lugar, a los tribunales, en todos los casos en los cuales apliquen las disposiciones legales correspondientes. La principal exigencia que deriva del principio, reconocido expresamente por la Corte Interamericana, consiste en la obligación de asegurar los fines del proceso a través de medidas de coerción menos lesivas, distintas a la privación de libertad127. La estricta necesidad de la medida restrictiva de la libertad, que la Corte en “Suárez Rosero” vincula, correctamente, con el principio de excepcionalidad derivado del principio de inocencia (art. 8, nº 2, CADH), ha sido considerada, también, como presupuesto cuya ausencia determina la arbitrariedad de la detención (art. 7, nº 3, CADH)128.
La Comisión ha destacado que el interés del Estado no puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una persona, razón por la cual resulta “esencial tomar nota de que la detención preventiva se aplica sólo en casos excepcionales...”129. Por ello, si "hay indicios de criminalidad, pero está segura la presencia del imputado y la no afectación del desarrollo del proceso, puede decretarse una medida sustitutiva o dejarse al imputado en libertad simple o bajo promesa"130. En este sentido, haciendo referencia al peligro de fuga, la Comisión indicó que cuando éste es el único fundamento para el mantenimiento de la restricción de libertad, “las autoridades judiciales pueden solicitar las medidas necesarias para asegurar que el acusado comparezca, tales como fianzas, o en casos extremos la prohibición de salida del país”131. La solución propuesta, se agrega, deriva del hecho de que “la detención preventiva es una medida excepcional”132.
El Comité de Derechos Humanos, en este sentido, ha interpretado rigurosamente el requisito de necesidad al aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha sostenido, en consecuencia, que la prisión preventiva sólo puede ser necesaria para neutralizar peligros a los que no pueda hacerse frente de otro modo133. Se puede acudir, por lo demás, a un criterio definido por la misma Corte Interamericana que, si bien se refiere a otro derecho, su restricción legítima también depende de la estricta necesidad. Recurrriendo a un precedente europeo, la Corte determinó que “para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’... Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido”134. Así, se estableció que “en los términos de la Convención, las restricciones autorizadas... deben ser las ‘necesarias para asegurar’ la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no basta que la restricción sea útil... para la obtención de ese fin, esto es, que se pueda alcanzar a través de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la Convención”135.
VI. 2. Los fines procesales del encarcelamiento preventivo
La segunda exigencia fundamental que la Corte derivó del principio de inocencia consiste en el fin exclusivamente procesal atribuido a la coerción cautelar como presupuesto de su legitimidad. La Corte determinó, en este sentido, que del “artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”136. En consecuencia, resulta evidente que, en la interpretación de la Corte, el principio de inocencia impone a los Estados la obligación de restringir la libertad del imputado de manera excepcional, y sólo ante la estricta necesidad de neutralizar el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la investigación.
Los dos supuestos de peligro procesal que el encarcelamiento preventivo tiene como fin neutralizar, y que han sido admitidos por la Corte, coinciden con los reconocidos por la mayoría de la doctrina. Así, se señala que la prisión preventiva se aplica para garantizar “la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”137.
El exclusivo fin procesal atribuido al encarcelamiento preventivo no sólo surge de su carácter cautelar y de las exigencias del estado jurídico de inocencia del imputado. Ese fin, además, está previsto expresamente en la Convención Americana —“... Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio” (art. 7, nº 5)— y en el Pacto Internacional —“... su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (art. 9, nº 3)—. Ambos instrumentos internacionales son claros al establecer el único propósito legítimo de la prisión preventiva.
Se señala, sin embargo, que el texto convencional hace referencia a uno sólo de esos peligros, el peligro de fuga, pues el texto del art. 7, nº 5, de la Convención, condiciona la libertad del imputado a “garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. Más allá de la claridad del texto citado, el principio pro homine exige la “interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos...”138. En el caso del derecho a la libertad protegido en la Convención, el único criterio legítimo que autoriza su restricción consiste en evitar el peligro de fuga, por lo cual ni siquiera es necesario recurrir al criterio interpretativo derivado de principio pro homine para excluir el segundo supuesto admitido por la Corte. Esta interpretación es la única posible según los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Según el Comité de Derechos Humanos:
“Todas las restricciones deben cumplir ciertos requisitos... Las razones dependerán además de aquellas específicamente establecidas para cada derecho”139.
En sentido coincidente, se sostiene que las únicas restricciones legítimas a un derecho garantizado en un instrumento de derechos humanos “son aquellas autorizadas por las diversas disposiciones convencionales y sólo en las condiciones y con los objetivos específicamente establecidos”140. Cualquier otra restricción, en consecuencia, resultaría ilegítima, pues “tales derechos contienen en su propia enunciación el criterio válido que legitima su restricción”141. Por ello, se señala:
“En esa perspectiva, el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados conduce a adoptar la intepretación que mejor se adecue a los requerimientos de la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Si recordamos además que el interés jurídico tutelado por esos instrumentos no es, al menos directamente, el de los Estados partes, sino del ser humano, nos encontramos con una tendencia a aplicar los tratados en el sentido en que mejor garanticen la protección integral de las eventuales víctimas de violaciones de los derechos humanos. Esta circunstancia otorga a la interpretación y aplicación de las disposiciones convencionales una dinámica de expansión permanente”142.
De todos modos, la solución adoptada por la Corte Interamericana, al asignar fines extrictamente procesales al encarcelamiento preventivo representa, en sí misma, un avance significativo. Ello pues algunos instrumentos internacionales, así como algunos órganos del sistema de protección, han admitido supuestos extraprocesales de claro contenido punitivo. Entre otros, cuando se presuma que las personas supuestamente responsables por hechos delictivos “cometerán otros delitos graves”143, representen “un peligro para la comunidad”144, o manifiesten “peligro de reincidencia”145.
De allí la importancia de la sentencia de la Corte en el caso “Suárez Rosero”, pues ha eliminado toda discusión posible sobre la eventual legitimidad de los supuestos sustantivos que pretenden justificar el encarcelamiento preventivo. El pronunciamiento de la Corte Interamericana, en consecuencia, ha puesto en evidencia la absoluta ilegitimidad de toda privación de libertad preventiva aplicada con fines no cautelares, esto es, con fines sustantivos. También se ha considerado que la aplicación con fines sustantivistas —no procesales— es un motivo de arbitrariedad de la detención146.
VI. 3. El principio de proporcionalidad
VI. 3. 1. La decisión de la Corte Interamericana
La Corte Interamericana, del mismo modo que la doctrina, también derivó de la presunción de inocencia el principio de proporcionalidad. En este sentido, calificó de “injusticia” la privación de libertad “por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida”147, equiparando esta situación a la de imponer una pena antes de la sentencia. Por estos motivos, la Corte consideró que la prolongada detención de SUÁREZ ROSERO violó el principio de presunción de inocencia148. La Corte, como hemos visto, también había recurrido al principio de proporcionalidad para evaluar la posible arbitrariedad de la detención, aunque, con seguridad, en un sentido diferente149.
Tal como SERGI ha señalado recientemente, este principio “constituyó, históricamente, el primer límite temporal a la prisión preventiva”150. El principio de proporcionalidad es una consecuencia necesaria del principio de inocencia, pues éste exige que los procesados reciban trato de inocentes o, como mínimo, que no reciban peor trato que los condenados151. El sentido del principio, sin embargo, ha variado con el transcurso del tiempo. CAFFERATA NORES señala sus distintos significados: a) el agotamiento del tiempo de la pena máxima prevista en abstracto para el delito imputado; b) el agotamiento del tiempo de la sanción que concretamente podría aplicarse en el caso concreto; y c) el agotamiento del término de encierro efectivo correspondiente a la pena que podría aplicarse en el caso concreto, con lo cual se tiene en cuenta la posibilidad de condena de ejecución condicional y, también, la posible libertad condicional152.
El sentido actual, en consecuencia, es el de estricta equivalencia entre la prisión cautelar y la prisión como pena de cumplimiento efectivo. Por este motivo el principio de proporcionalidad ha sido denominado “prohibición de exceso”153. Así, la doctrina mayoritaria más moderna sostiene: “la violencia que se ejerce como medida de coerción [encarcelamiento preventivo] nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de la pena, en caso de probarse el delito en cuestión”154
En esta decisión de la Corte Interamericana se puede asegurar que ése ha sido el significado mínimo asignado al principio de proporcionalidad. En efecto, los tiempos de verbos usados en la sentencia indican claramente que, para evaluar la proporcionalidad, se debe comparar el plazo de encarcelamiento preventivo con la pena que podría resultar aplicable al caso concreto155. Esta definición del principio permite que, en muchos casos, la medida cautelar resulte igual o mayor a la posible condena. En ordenamientos anacrónicos como nuestro CPP Nación, las disposiciones que regulan —supuestamente— el límite de la proporcionalidad tienden, como mínimo, a garantizar la estricta equivalencia entre medida cautelar y pena en abstracto y, por ello, a favorecer el incumplimiento de ese límite. Tal regulación legal constituye, claramente, una violación al principio de inocencia y, al mismo tiempo, a la obligación del Estado de “respetar los derechos y libertades reconocidos en” la Convención Americana (art. 1, nº 1, CADH). Ello pues de la obligación de respetar “surge como consecuencia necesaria, la obligación de adecuar el sistema jurídico interno...”. Se trata de una obligación positiva que “acarrea la necesidad de que el Estado realice una actividad de adecuación, ello es, una obligación de hacer”156.
El primer supuesto que claramente ignora la restricción impuesta por el principio de proporcionalidad es el previsto en el art. 312, inc. 2, del CPP Nación, que autoriza a ordenar el encarcelamiento preventivo “Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena de ejecución condicional”, si se pudiera presumir fundadamente la necesidad de neutralizar un peligro procesal (art. 319). Esta disposición produce resultados equivalentes a la posibilidad de detener preventivamente a quien es perseguido por un hecho sancionado con pena de multa. Por lo demás, varios de los supuestos de excarcelación del art. 317 también admiten detenciones desproporcionadas157.
Códigos más modernos tratan de restringir el plazo de la detención para cumplir con la concepción de equivalencia entendida en términos más actuales. El art. 238, párr. II, del CPP Costa Rica dispone: “La privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcionada a la pena que pueda imponerse en el caso”. En el mismo sentido, el art. 257, lit. b, prevé que la detención cesará: “Cuando su duración supere o equivalga al monto de la posible pena por imponer, se considerará incluso la aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada”. De todos modos, cabe analizar la racionalidad del concepto de proporcionalidad como estricta equivalencia entre medida cautelar y pena.
VI. 3. 2. Las consecuencias de la proporcionalidad como equivalencia
El principio de proporcionalidad con su significado actual sólo sirve para justificar, precisamente, lo que el principio de inocencia prohíbe. El principio de inocencia no pretende impedir que las personas inocentes sufran penas más graves que las que podrían merecer luego de ser juzgadas y declaradas culpables. En todo caso, ése es el fin protector del principio de legalidad material, pues éste es el principio que pone límites a la pena merecida a quien es declarado culpable.
Esta interpretación del principio de proporcionalidad produce graves consecuencias. Ella permite, por ejemplo, que en la actualidad la aplicación del encarcelamiento preventivo produzca resultados más graves que los de la inquisitiva institución de la poena extraordinaria. En el contexto del procedimiento inquisitivo, la “poena extraordinaria permitía escapar del dilema absolución-condena, para los casos en los cuales no se alcanzaba la certeza necesaria para condenar, aplicando una pena reducida, conforme a la probabilidad”158. Se trataba de la pena de sospecha, que permitía dosificar el castigo según el grado de certeza alcanzado por el juzgador: si lograba demostrar con certeza la responsabilidad del imputado, podía aplicar la pena máxima; en caso contrario, la sospecha autorizaba a aplicar una pena proporcional al nivel de verificación de la hipótesis acusatoria alcanzado en el proceso. A pesar de la perversidad del mecanismo, la falta de certeza, al menos, reducía la pena aplicable. La situación actual, paradójicamente, ni siquiera garantiza esa reducción.
La manera más efectiva de demostrar la irracionalidad de la forma en que opera actualmente el principio de proporcionalidad consiste en realizar una comparación con la poena extraordinaria. En este sentido, es posible afirmar que la justicia penal “soluciona” su ineficiencia recurriendo al encarcelamiento anticipado de inocentes, a partir de la misma racionalidad que estructuraba el instituto inquisitivo de la poena extraordinaria. Sin embargo, las consecuencias de la aplicación actual de esa racionalidad inquisitiva a través del encarcelamiento preventivo son aún más graves que las provocadas por la pena de sospecha.
En efecto, la prisión preventiva opera como la poena extraordinaria sólo cuando por la gravedad de la pena el imputado obtiene su libertad por la limitación temporal del encarcelamiento al “plazo razonable” de los tratados de derechos humanos —CADH, art. 7, nº 5; PIDCP, art. 9, nº 3—. En estos supuestos, la imposibilidad del Estado de demostrar con certeza la culpabilidad del imputado sólo permite una detención sin condena que es inferior a la pena eventualmente aplicable, de manera análoga a la aplicación de la poena extraordinaria. Cuando la pena es menor, en cambio, y el imputado obtiene su libertad por exigencia del principio de proporcionalidad —v. gr., cuando agotó en prisión preventiva el máximo de la pena eventualmente aplicable—, el encarcelamiento anticipado es más grave que la poena extraordinaria, pues aquél, en realidad —a pesar de la falta de pruebas—, se equipara a la eventual condena159.
Por las razones expuestas, el principio de proporcionalidad no puede ser entendido en el sentido que se le reconoce actualmente, no sólo por las consecuencias que produce y que ya hemos señalado, sino, además, porque la equivalencia temporal de la detención del procesado y del condenado jamás puede resultar proporcional, debido a la diferente situación jurídica en la que se halla la persona inocente. Si el principio de inocencia puede ser reglamentado pero no alterado, no resulta legítimo entender la proporcionalidad de la manera descripta, pues ello significa que el Estado está facultado a tratar al inocente del mismo modo que al culpable. Según la percepción generalizada del principio de proporcionalidad, el principio de inocencia sólo sirve para impedir que el procesado sea tratado peor que el culpable. Sin embargo, ése no es, ni puede ser, su sentido.
Toda persecución penal impone a quien la sufre ciertas cargas, molestias y restricciones que no son impuestas a quien no se le imputa ningún hecho punible. Esta circunstancia, en sí misma, nada tiene de objetable. La cuestión relevante consiste en determinar cuál debe ser el límite de tales injerencias. Ahora bien, debe quedar claro que lo que está fuera de toda discusión es que tales injerencias no pueden eliminar el principio de inocencia, pues éste ha sido previsto, precisamente, para proteger a las personas que deben soportar las injerencias propias de la persecución penal.
Se debe tener en cuenta, por otra parte, que la limitación que evita que el procesado reciba un trato peor que el condenado deriva de exigencias materiales —v. gr., del principio de legalidad sustantivo—. Tampoco al culpable se le puede imponer una pena más grave que la que merece según las reglas legales vigentes. Si ese fuera el sentido del principio de proporcionalidad, su fundamento no derivaría del principio de inocencia, sino del principio de legalidad material.
La consagración positiva del principio de inocencia en los textos constitucionales y en los tratados de derechos humanos reflejan que se ha tomado una determinada decisión sobre la manera de resolver la tensión siempre presente entre libertad individual y política persecutoria, claramente a favor de la primera. Por este motivo, la necesidad de neutralizar un peligro procesal, único fin legítimo de toda medida de coerción cautelar, no puede justificar, de ningún modo, la eliminación del principio de inocencia, pues este principio fue establecido, precisamente, para resolver este tipo de situaciones. Sólo en casos en que existe algún peligro procesal la libertad del imputado estará en peligro y, por ello, es en esos casos cuando adquiere su mayor sentido protector el principio de inocencia. Si no fuera así, el principio no tendría sentido alguno, pues no podría impedir que el inocente recibiera el mismo trato que el culpable.
La única solución posible, frente a esta situación, consiste en atribuir un sentido al principio de proporcionalidad que resulte adecuado para lograr un respeto efectivo del principio de inocencia y, en consecuencia, para demarcar con precisión las injerencias legítimas que debe soportar el individuo sometido a persecución penal. El principio de inocencia no significa que no pueda aplicarse ninguna medida de coerción sobre el imputado para garantizar la realización de los fines del proceso. De hecho, la protección de esos fines no sólo autoriza a aplicar medidas de coerción al imputado sino, también, a otras personas que no han sido acusadas, pero cuya presencia o intervención resulta necesaria160.
En la actualidad existe una tendencia a establecer la proporcionalidad en términos no equivalentes. En este marco, se considera que la coerción procesal debe ser, necesariamente, menor a la coerción penal. Así lo ha sostenido la Comisión Interamericana al analizar la estrecha vinculación entre el principio de proporcionalidad —entendido en términos de equivalencia— y el criterio de retribución. Esta aplicación del principio, afirmó, desvirtúa la finalidad de la prisión cautelar, transformándola en una justificación para la imposición de una pena anticipada161. A estas consideraciones, SERGI ha agregado recientemente:
“El criterio de proporcionalidad, entonces, debe ser dejado de lado en estos supuestos [se refiere a delitos con penas graves en los cuales el principio no opera como límite temporal] (y sólo incluirlo en el análisis de la razonabilidad del plazo inferior al máximo) para darle lugar a un criterio más restringido: el principio de inequivalencia o prohibición de equivalencia entre la pena y la prisión preventiva. De acuerdo a esta nueva formulación del antiguo principio de proporcionalidad, la duración del encarcelamiento preventivo nunca puede equivaler a la duración de la pena”162.
Debe quedar claro, en este marco, que la doctrina de la Comisión sugiere inequívocamente una afirmación de la tendencia expresada en la posición de SERGI y ya reflejada positivamente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. también debe quedar claro, en este sentido, que la doctrina de la Corte Interamericana en el caso “Suárez Rosero” no se opone de ningún modo a esta interpretación del principio de proporcionalidad, pues en el caso la Corte sólo se limitó a afirmar que la detención de SUÁREZ ROSERO fue desproporcionada al haber excedido el plazo legal máximo de la pena, sin pronunciarse sobre el alcance genérico del principio más allá de su concreta aplicación al caso163.
VII. LA APLICACIÓN DE “SUÁREZ ROSERO” POR LA JURISPRUDENCIA
El rasgo de la supremacía o de la inviolabilidad parece incluso tautológico con las ideas de fundamentalidad e importancia: si pretendemos que los derechos expresen no cualquier exigencia moral, sino precisamente las más importantes frente a la comunidad política, parece lógico postular su prevalencia en caso de conflicto con cualquier otro bien o valor que haya decidido tutelar dicha comunidad. La idea aparece perfectamente expresada en Locke cuando decía que el fin fundamental del Estado era preservar los derechos naturales, vinculantes incluso frente al legislador; y hoy parece mantener toda su fuerza: los derechos se caracterizan porque no están sometidos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales... porque son triunfos del individuo frente a la mayoría...
Luis PRIETO SANCHÍS, Los derechos fundamentales.
VII. 1. El caso “Nápoli”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó la doctrina del caso “Suárez Rosero” en una decisión reciente, en la que destaca especialmente la exclusiva finalidad procesal del encarcelamiento preventivo. Así, el 22/12/98 se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 316, párr. II, in fine, del CPP Nación, en el caso “Nápoli”164.
En el caso, la defensa interpuso recurso extraordinario contra la sentencia de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había revocado la decisión del juez de menores que concedía la excarcelación a la imputada, a quien se atribuía calidad de partícipe secundaria en el delito previsto en el art. 139 bis del Código Penal. La Cámara revocó la excarcelación pues “consideró que el art. 316, segundo párrafo in fine, del Código Procesal Penal de la Nación (reformado por la ley 24.410) restringía su concesión a todo aquel que resultare imputado de los delitos previstos en los arts. 139, 139 bis y 146 del Código Penal...” (Caso “Nápoli”, cons. 2). La defensa planteó la inconstitucionalidad de la norma procesal por resultar violatoria de los principios de inocencia, igualdad y razonabilidad de las leyes. El art. 316, párr. II, del CPP Nación establece:
“El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 139, 139 bis y 146 del Código Penal”.
La Corte Suprema revocó la sentencia impugnada y declaró la inconstitucionalidad de la regla procesal que impedía otorgar la excarcelación. La decisión de la mayoría hizo referencia a diversas cuestiones, de las cuales mencionaremos las más importantes.
1. Destacó que el art. 18, CN, “dispone categóricamente que ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada inocente y tratada como inocente... hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme”, invocó un viejo precedente de 1871 en el cual se sostuvo que es “un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le prueba lo contrario (Fallos 10:338)”, y mencionó un caso de 1905 (Fallos 102:219) en el cual se acuñó la definición de “presunción de inculpabilidad” (cons. 5).
2. Reafirmó el rango constitucional del derecho a gozar de la libertad durante el proceso (cons. 6), y señaló que la amplia potestad legislativa para establecer “regímenes excarcelatorios diversos, sólo encuentra justificación en tanto está orientada a que la prisión preventiva —como medida de corrección [sic] procesal— conserve su fundamento de evitar que se frustre la justicia... esto es, que el imputado eluda su acción o entorpezca las investigaciones” (cons. 7).
3. En la parte más cuestionable de la decisión, se manifestó que los límites establecidos para denegar la excarcelación fundados en el monto máximo de la pena considerado en abstracto representan una “presunción” del legislador. El “criterio utilizado por el legislador para establecer esa presunción”, se agregó, “se funda... en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación” (cons. 8 y 9).
En este punto, el argumento de la mayoría resulta insostenible. Dado que en esos supuestos el encarcelamiento preventivo es automático, éste no depende, en modo alguno, de que tal posibilidad exista o no en el caso concreto. Si la existencia cierta de la posibilidad mencionada resulta completamente irrelevante en todos los casos, parece difícil que pueda sostenerse la opinión de la Corte. En este sentido, se ha indicado:
“¿Puede alguien afirmar seriamente que en estos casos se presume, no sólo sin pruebas, sino, peor, sin admitir prueba en contrario, el peligro de fuga? ¿Esa presunción no es manifiestamente violatoria del principio de inocencia?”165.
Por otra parte, tampoco es cierto que la finalidad perseguida por el legislador consista, como se afirmó, en neutralizar el peligro procesal “en las primeras etapas de la investigación”, pues el encarcelamiento preventivo, en esos supuestos, jamás se limita a ese período temporal166.
4. La ley 24.410, se destacó, calificó ciertas conductas como delictivas, entre ellas la prevista en el art. 139 bis del Código Penal, y las excluyó del régimen general de excarcelación “al denegar la posibilidad de obtener la libertad en esas hipótesis” (cons. 11). Así, se “excluyó a determinada categoría de personas del régimen general de excarcelación... exclusivamente sobre la base de la naturaleza del delito imputado y la protección de los bienes jurídicos a los que se vincula”167 (cons. 12). Luego de desarrollar los criterios que deben regular el principio de igualdad ante la ley, se afirmó que al dictar la ley 24.410, el legislador se apartó de tales criterios, pues “recurrió a la prisión preventiva con fines intimidatorios o disuasivos, lo cual significa el establecimiento por esa vía de agravaciones propias de la ley sustantiva” (cons. 15). La misma idea fue reexpresada en los términos siguientes:
“... la limitación de la libertad personal durante el proceso motivada en el reproche o en la repulsa social de ciertas conductas —por más aberrantes que puedan ser— como remedio tendiente a combatir el auge de determinada delincuencia ante la necesidad de mayor protección de determinados bienes jurídicos... desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada, pues la aspiración social de que todos los culpables reciban pena presupone, precisamente, que se haya stablecido previamente esa calidad” (cons. 16).
5. Se arribó a la conclusión de que la exclusión del régimen general de excarcelación establecida por la ley 24.410 resultaba violatoria del derecho a la igualdad ante la ley de la imputada (art. 16, CN). No se mencionó, sin embargo, el principio de inocencia (cons. 17). A pesar de ello, se afirmó que la solución adoptada resultaba coincidente con “los principios que informan el derecho internacional de los derechos humanos, de actual ‘jerarquía constitucional’”, y se invocó la doctrina del caso “Suárez Rosero”, en el sentido de que el encarcelamiento preventivo, para no vulnerar el principio de inocencia, debía revestir carácter cautelar —no punitivo— y excepcional. También se citó otro criterio establecido en “Suárez Rosero”, éste sí referido al principio de igualdad, que consideraba contrario a tal principio “una excepción que despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental por la sola naturaleza del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados”168 (cons. 18).
6. La Corte, finalmente, reconoció expresamente la exigencia derivada del principio de excepcionalidad de aplicar, en todos los casos, la medida de coerción menos lesiva, invocando uno de sus propios precedentes. Así, destacó el rango constitucional del derecho a la libertad durante el proceso y el fin del encarcelamiento cautelar, sólo limitado a asegurar la aplicación del derecho penal sustantivo. A ello agregó:
“... y si esa seguridad puede en algunos casos obtenerse por otro medio compatible con la libertad a la vez que con las exigencias de la justicia represiva, y menos gravosa para el encausado que tiene a su favor la presunción de inculpabilidad, cabe admitirla porque nace de la forma republicana de gobierno y del espíritu liberal de nuestras instituciones” (Fallos 102:219, citado en cons. 19).
VII. 2. Otras decisiones locales
VII. 2. 1. El plazo razonable del proceso
La doctrina del caso “Suárez Rosero” fue aplicada, también, para resolver otras dos cuestiones diferentes. En primer lugar, el precedente analizado fue invocado para resolver un planteo de plazo razonable del proceso, que fue acogido positivamente. En segundo lugar, dos tribunales coincidieron en declarar la inconstitucionalidad de la excepción del art. 10 de la ley 24.390.
En el caso “Fridman”169, resuelto el 25/9/98, la Sala I de la Cámara Federal de la Capital debió tratar los recursos de apelación interpuestos por dos imputados contra la resolución del tribunal de grado que rechazó las excepciones de falta de acción y de prescripción.
La Cámara rechazó los planteos de la defensa referidos a la prescripción y la violación de la garantía que prohíbe la doble persecución penal. El caso contra los dos recurrentes había sido elevado a juicio y remitido nuevamente a la etapa instructoria. En este contexto, la Cámara decidió analizar si se había “infringido la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable”, señalando:
“En los pronunciamientos de esta Sala en los cuales se ha hecho lugar a tal planteo, se observaban situaciones en las cuales la instrucción había producido infinidad de pruebas contra los acusados y, sin embargo, no se había podido arribar a una sospecha tal que permitiera el paso a la etapa posterior. En esta ocasión, si bien la situación es inversa, la gravedad es mayor, en la medida en que han transcurrido prácticamente seis años sin que los recurrentes hayan visto resuelta su situación frente a la ley...
... ante la falta de complejidad de la causa, ella no se ha substanciado con la diligencia debida...”.
La Cámara citó la opinión del Comité de Derechos Humanos que interpreta el art. 14, nº 3, c, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto al contenido de la garantía, que alcanza no sólo el “momento en que debe comenzar un proceso, sino también aquel en que debe concluir y pronunciarse la sentencia; todas las fases del proceso deben celebrarse sin dilaciones indebidas. Con objeto de que este derecho sea eficaz, debe disponerse de un procedimiento para garantizar que el proceso se celebre sin dilación indebida, tanto en primera instancia como en apelación”. A continuación, remitiendo a los criterios establecidos por la Corte Interamericana en los casos “Genie Lacayo” y “Suárez Rosero”, la Cámara concluyó:
“En el caso bajo examen, los procesados han estado sometidos a causa judicial por determinada cantidad de meses sin que concurra ninguno de los elementos en los que podría justificarse la demora. El asunto no es complejo, no ha entorpecido el desarrollo del proceso la actividad de los involucrados y, lo que se aprecia es una conducta morosa de los tribunales intervinientes en el desarrollo del proceso respecto de Fridman y Ciccone, de tal suerte que respecto de otros imputados en el caso se ha dictado sentencia firme... La demora ha obedecido a la propia mora de las autoridades judiciales y carece de justificación a la luz de los estándares citados, por lo que luce procedente la solución propiciada por las defensas en base a normas de jerarquía constitucional”170.
Por las razones mencionadas, la Cámara hizo lugar a la excepción de falta de acción y dictó el sobreseimiento de ambos imputados.
VII. 2. 2. El artículo 10 de la ley 24.390
En el caso “Hurtado, Cosme”171, el juez Gabriel CAVALLO se apartó de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema en los precedentes “Aranda” y “Alonso, Jorge y otros”, al resolver sobre la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 24.390. Además de cuestionar las conclusiones de la Corte en los precedentes mencionados porque no habían sido consideradas cuestiones relevantes que merecían atención, el juez calificó de arbitraria la distinción establecida en el art. 10 de la ley invocando jurisprudencia posterior del sistema interamericano.
Así, invocó la doctrina del caso “Suárez Rosero” y, también, la doctrina del Informe Nº 2/97 de la Comisión Interamericana, en la cual se analizó específicamente la limitación cuestionada en el caso. Sobre la base de estos principios, declaró la inconstitucionalidad del art. 10 y analizó la solicitud de excarcelación a la luz de las demás normas de la ley, arribando a la conclusión que las circunstancias del caso no encuadraban en ninguna de las excepciones al plazo general de dos años establecido en el art. 1.
Por otra parte, en el caso “Hurtado, Alejandro”172, la Sala I de la Cámara Federal de la Capital confirmó la doctrina del caso anterior. El tribunal fundó la necesidad de dejar de lado precedentes en sentido contrario —incluso uno de sus propios fallos— en el hecho de que “el panorama jurídico existente... ha variado de modo relevante”, aludiendo a la evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano.
En primer término, la Cámara sostuvo, respecto del caso “Bramajo”, que “la existencia de un pronunciamiento posterior de la Comisión, específico y contrario a la opinión de la Corte, priva a este fallo de sustento y obliga a que los tribunales se hagan eco de la opinión de la Comisión, preservando la supremacía normativa y la vigencia del contenido de los tratados” (destacado agregado). Luego de enunciar la doctrina establecida por la Comisión en el Informe Nº 2/97 respecto de la excepción del art. 10 de la ley 24.390, la Cámara destacó que “la Comisión recomendó a las autoridades judiciales el cumplimiento de las garantías reconocidas en la Convención, sin excepción alguna, y que los afectados por períodos de detención irrazonable sean puestos en libertad...”. Así, el tribunal consideró que, por integrar uno de los poderes públicos del Estado, estaba obligado a tomar las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones de la Comisión.
A ello agregó que resultaba “ineludible considerar el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, fallado el 12 de noviembre de 1997”. El tribunal consideró que la decisión de la Corte Interamericana resultaba estrictamente aplicable a la excepción del art. 10 de la ley 24.390, dado que la norma legal ecuatoriana era análoga a la de nuestra legislación, razón por la cual declaró su inconstitucionalidad.
Hasta aquí estos ejemplos de las importantes consecuencias que pueden derivar de la aplicación de los criterios sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno de los fallos nacionales citados merecen, en sí mismos, un análisis particular. Aquí sólo hemos pretendido sintetizar algunas de las diversas cuestiones tratadas en ellos. La experiencia de Costa Rica ha demostrado la crucial relevancia que reviste el protagonismo del poder judicial en la protección de los derechos fundamentales. El reciente desarrollo de la doctrina del sistema de protección internacional de los derechos humanos y, también, algunas decisiones de los tribunales locales, han abierto un camino que merece —y debe— ser recorrido frente al dramático problema de los presos sin condena. Con estos elementos, nuestros tribunales tienen la obligación de asumir el papel que les es propio en el marco de un Estado de derecho, como garantes de las libertades fundamentales de la persona humana.
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1 Corte IDH, Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12/11/97. En adelante, será citado como Caso “Suárez Rosero”.
2 Entre otros, la Comisión decidió los siguientes casos: Informe Nº 2/84, Caso Nº 9.058 (Venezuela), resolución del 17/5/84; Informe Nº 17/89, Caso Nº 10.037 (Argentina), resolución del 13/4/89; Informe Nº 12/96, Caso 11.245 (Argentina), resolución del 1/3/96; Informe Nº 2/97, Casos 11.205 y otros (Argentina), resolución del 11/3/97.
3 Ver, por ej., los casos contenciosos Corte IDH, Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994; y Corte IDH, Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997.
4 Cf. CARRANZA, MORA MORA, HOUED y ZAFFARONI, El “preso sin condena” en América Latina y el Caribe; CARRANZA, Estado actual de la prisión preventiva en América Latina y comparación con los países de Europa.
5 ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, p. 279.
6 CASSEL, El derecho internacional de los derechos humanos y la detención preventiva, ps. 37 y siguiente.
7 Un análisis crítico de su articulado en PASTOR, Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo.
8 El caso “Firmenich” corresponde al Informe Nº 17/89. Cf. ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, p. 265. Una certera crítica a los falaces argumentos de la Corte en CAFFERATA NORES, Limitación temporal a la prisión preventiva, ps. 196 y siguientes.
9 CIDH, Informe Nº 2/97, párr. 43 (destacado agregado)
10 CIDH, Informe Nº 2/97, párr. 61, incs. i e iii.
11 Si bien es cierto que la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es la intérprete final de la Convención Americana sobre Derechos Humanos... la interpretación de las disposiciones convencionales vinculadas con el tema convocante llevada a cabo por la Comisión y su actualización, en tanto no se oponga a la que de ellas haya efectuado la Corte Interamericana, resulta de gran utilidad para desentrañar el alcance otorgado en el ámbito internacional, en función de la posición asumida por el órgano máximo de la judicatura argentina sobre el tema” (ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, ps. 260 y s).
12 Sobre este punto, respecto a la especificidad de las obligaciones que derivan de los tratados de derechos humanos, cf. PINTO, Temas de derechos humanos, ps. 45 y siguientes.
13 Cf. ABREGÚ, La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales: una introducción, ps. 12 y siguiente.
14 La reforma determinó “la adopción del ordenamiento jurídico argentino del principio pro homine, como un criterio fundacional de los derechos tutelados” y, también, el reconocimiento de la “jerarquía supralegal [de] los demás criterios de interpretación del Derecho internacional, tales como el de interpretar de buena fe, el pacta sunt servanda y aquellos referidos a la finalidad y el objeto de los tratados” (ABREGÚ, La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales: una introducción, p. 19). Sobre el primero de estos principios, cf. PINTO, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos.
15 CSJN, “Giroldi, H. s/recurso de casación”, 7/4/95, cons. 11 (destacado agregado). Es importante señalar, además, que a partir “de la reforma constitucional de 1994, las posibilidades de aplicación del derecho consuetudinario de los derechos humanos se dan especialmente en cuanto a los principios hermenéuticos y a los contenidos de algunas declaraciones adoptadas por las Naciones Unidas...”, pues “las normas consuetudinarias que explicitan los contenidos de derechos protegidos en tratados deben tener cabida en el orden jurídico aplicable en un país” (PINTO, Temas de derechos humanos, ps. 82 y s.).
16 CSJN, “H. J. Bramajo”, 12/9/96, cons. 8.
17 CSJN, “Riopar c. T. F. A.”, 15/10/96, citado por ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, p. 261.
18 MÉNDEZ, Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos, p. 532.
19 Cf. EDITORIAL, El aumento del número de presos sin condena, p. 1.
20 Se ha destacado, en este sentido, que “la sanción del Código de Procedimientos Penales de Costa Rica (1973)... sigue de cerca al modelo de la reforma argentina” (cf. MAIER, Derecho procesal penal, t. I, p. 465).
21 EDITORIAL, El aumento del número de presos sin condena, p. 1
22 “Desde luego que esa intervención nos la ganamos los jueces de lo penal, en virtud de los rígidos criterios y las interpretaciones extraídas de los preceptos que regulaban la prisión preventiva y la detención policial, de espaldas a la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos” (EDITORIAL, El aumento del número de presos sin condena, p. 1).
23 Caso “Suárez Rosero”, párr. 34.
24 El art. 7.2 y 7.3, de la Convención establece:
“2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
25 Caso “Suárez Rosero”, párr. 39 (destacado agregado).
26 Caso “Suárez Rosero”, párr. 43. También se debe hacer notar que la Corte no distingue entre los diferentes “procedimientos” a los que debe observarse “estricta sujeción”. Por lo tanto, los aspectos formales no se verían cumplidos si, por ej., la detención, aun judicial, emanara de la obtención de pruebas ilícitas.
27 Caso “Suárez Rosero”, párr. 44 (destacado agregado).
28 Caso “Suárez Rosero”, párrs. 44 y 45.
29 En realidad, en nuestro país, la mera flagrancia no justifica per se, en todos los casos, la detención. Dado que nuestro texto constitucional no prevé la flagrancia como supuesto de excepción, tal circunstancia sólo permitiría la detención cuando además, existan razones reales que justifiquen esa medida —v. gr., interrumpir la consumación del delito—. De otra manera, no tendría sentido la redacción de nuestro texto constitucional.
30 El art. 7, nº 2, de la Convención sólo considera legal la detención cuando se respetan “las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Respecto al término “leyes”, éste ha sido interpretado por la Corte Interamericana en el siguiente sentido: “sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana” [Corte IDH, Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94, de 9 de diciembre de 1994, párr. 36].
31 Entre otros supuestos, el art. 284, inc. 4, párr. II, del CPP Nación, autoriza a detener sin orden judicial a quien es sorprendido en flagrancia por la comisión de un delito dependiente de instancia privada antes de la promoción de la instancia, esto es, a quien legalmente no puede ser sometido a persecución penal.
32 Corte IDH, Caso “Gangaram Panday”, párr. 47.
33 Cf. CASSEL, El derecho internacional de los derechos humanos y la detención preventiva, p. 42.
34 Caso “Suárez Rosero”, párr. 38.
35 Caso “Suárez Rosero”, párr. 43.
36 Nos referimos a los presupuestos sustantivos que autorizan la imposición de la privación de libertad cautelar, esto es, principio de excepcionalidad, fin exclusivamente cautelar del encarcelamiento, principio de proporcionalidad, existencia de mérito sustantivo y principio de provisionalidad. Cf. BOVINO, El encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos.
37 Cf. Pastor, El encarcelamiento preventivo, p. 48.
38 La Corte decidió no verificar si el auto de prisión preventiva dictado contra SUÁREZ ROSERO permitía presumir el mérito sustantivo requerido en el art. 177 del CPP Ecuador, porque la cuestión que debía analizar era si, al momento de la detención, se habían satisfecho los requisitos formales y materiales, y “dicho auto se produjo en este caso mucho tiempo después de la detención de la víctima” (Caso “Suárez Rosero”, párr. 45).
39 Caso “Suárez Rosero”, párr. 45 (destacado agregado).
40 La Comisión Interamericana ha señalado que la sospecha sobre la responsabilidad del imputado “no sólo es un elemento importante, sino una condición ‘sine qua non’ para continuar la medida restrictiva de la libertad” (Informe Nº 2/97, párr. 26).
41 Se considera que la ausencia de mérito sustantivo es un motivo de arbitrariedad. La Corte Europea de Derechos Humanos —en adelante, Corte EDH— ha interpretado esta exigencia definiendo los indicios racionales “como la existencia de hechos o de informaciones que convencerían a un observador objetivo de que dicha persona puede haber cometido el delito” (Corte EDH, Caso “Fox, Campbell y Hartley”, decisión del 30/8/90, citado en CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, Derechos humanos y prisión preventiva, p. 12).
42 Caso “Suárez Rosero”, párrs. 43 y 48.
43 Caso “Suárez Rosero”, párr. 51 (destacado agragado).
44 Caso “Suárez Rosero”, párr. 52.
45 Caso “Suárez Rosero”, párr. 46.
46 Caso “Suárez Rosero”, párrs. 46 y 47. En realidad, no queda claro si la detención cumplida en la dependencia policial representa una violación al art. 7, nº 2, al art. 7, nº 3, o a ambos, pues en el párrafo 47 la Corte hace referencia a dos hechos —a la detención sin orden y, también, a la detención en un lugar inadecuado—.
47 Caso “Suárez Rosero”, párr. 84.
48 Caso “Suárez Rosero”, párr. 87.
49 Caso “Suárez Rosero”, párr. 89.
50 Caso “Suárez Rosero”, párr. 90 (destacado agregado).
51 Caso “Suárez Rosero”, párr. 91. Si bien el párrafo citado es algo ambiguo, parece que toda incomunicación similar, aun si no fuera ilegal, debería ser considerada como un trato cruel, inhumano y degradante, contrario al art. 5, nº 2, de la Convención Americana.
52 Caso “Suárez Rosero”, párr. 79. En su escrito de alegatos finales, la Comisión se refirió de nuevo al tema de la incomunicación y sostuvo que el intercambio de algunas palabras escritas en un papel no permitía a un detenido la comunicación con el mundo exterior, buscar un abogado o invocar garantías legales (párr. 81).
53 Caso “Suárez Rosero”, párr. 83.
54 Entre los hechos probados, se incluye: “Las entrevistas con su abogado [luego de la incomunicación] se realizaron en presencia de oficiales de la policía” (Caso “Suárez Rosero”, párr. 34, lit. h).
55 Caso "Suárez Rosero", párr. 68.
56 Caso "Suárez Rosero", párrs. 70 y 71.
57 Caso “Genie Lacayo”, párr. 77, citado por ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, ps. 269 y siguiente.
58 Caso “Genie Lacayo”, párr. 81, citado por ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, p. 270. En la nota al pie nº 68, ALBANESE cita los casos europeos invocados por la Corte Interamericana: Corte Europea de Derechos Humanos, Caso “Motta”, sentencia del 19 de febrero de 1991, A 195-A; Caso “Vernillo”, sentencia del 20 de febrero de 1991, A 198; y Caso “Unión Alimentaria Sanders S. A.”, sentencia del 7 de julio de 1989, A 157.
59 Caso "Suárez Rosero", párrs. 72 y 73 (destacado agregado). En este último párrafo expone su breve análisis del siguiente modo: “Con fundamento en las consideraciones precedentes, al realizar un estudio global del procedimiento en la jurisdicción interna contra el señor Suárez Rosero, la Corte advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. En opinión de la Corte, este período excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana”.
60 Ello surge claramente del texto de los párrafos citados —ver párrs. 69 a 73 de la sentencia—. Pero el dato más concluyente en este sentido consiste en el hecho de que la Corte hizo referencia a la fecha de terminación y a la duración del proceso, y no del encarcelamiento preventivo de SUÁREZ ROSERO. La fecha del 9/9/96 corresponde a la clausura del proceso (párr. 71), y el término de más de cincuenta meses al que se hace referencia en el párrafo 73 también se refiere al proceso (“... la Corte advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses...”, destacado agregado). El encarcelamiento preventivo, en cambio, terminó el 28/4/96 y su duración total fue algo mayor a 46 meses (párr. 78).
61 Cf. ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, casos citados en notas 82, 87 y 88.
62 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Comunicación nº 355/1989 (“G. W. R. c. Jamaica”); Doc. A/49/40, vol. II, citado por ALBANESE, El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales, p. 278.
63 Caso "Suárez Rosero", párr. 74.
64 El estado jurídico de inocencia no es un juicio de propabilidad acerca de la eventual responsabilidad penal del imputado. En todos los casos, es un estado jurídico que protege, por igual, a quienes son materialmente culpables o inocentes. En realidad, las personas sometidas a persecución penal son perseguidas porque se las presume culpables. Sin embargo, debido a una imposición normativa (art. 18, CN; art. 8, nº 2, CADH), esta presunción fáctica no puede alterar su estado jurídico de inocentes hasta que una sentencia condenatoria firme destruya tal condición, impuesta normativamente, por imperio constitucional.
65 La Corte sostuvo, en este sentido, que la imputación —y posterior condena— “no justifica que hubiese sido privado de libertad por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un máximo de dos años como pena para ese delito” (Caso "Suárez Rosero", párr. 75).
66 Sobre la aplicación de estos criterios en el Informe Nº 12/96, cf. BOVINO, La limitación temporal del encarcelamiento preventivo en la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y en el Informe Nº 2/97, cf. CASTEX y FERNÁNDEZ BLANCO, Los plazos de duración de la prisión preventiva bajo la óptica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
67 Es un motivo de cesación del encarcelamiento —que exige un tratamiento distinto al de un motivo de excarcelación— porque el imputado recupera su libertad definitivamente —si es absuelto—, o bien hasta la culminación del proceso —si es condenado y le resta cumplir cierto tiempo de privación de libertad—. Esta diferencia ha sido reconocida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. En este sentido, se aclara que “se trata de un caso de cesación de la prisión preventiva y no de excarcelación” (PASTOR, Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo, p. 290, con cita de un fallo de la Corte Suprema [caso “Arana”, 19/10/95] que reconoce esta distinción).
68 CAFFERATA NORES, Limitación temporal a la prisión preventiva, p. 198. Criticando la decisión de la Corte Suprema en el caso “Bramajo”, el autor señaló: “Es que siendo el peligro de entorpecimiento de la investigación o de fuga el argumento para imponer y mantener en el tiempo el encarcelamiento procesal, a cuya duración la ley le impone un término máximo, no puede volver a reinvocarse como argumento para prolongar la duración del encierro que aquel plazo quiere limitar... En verdad la Corte ha desconocido al transcurso del tiempo como causal de cese de la prisión preventiva, al condicionar la libertad a que desaparezca el riesgo de fuga o entorpecimiento, porque esta desaparición, con término fijado en la ley o sin él, ocurrida antes (o incluso después de su agotamiento), deberá determinar el inmediato cese de la prisión preventiva, al dejarla privada de todo fundamento y no sólo de su razonabilidad temporal, exigida por el estado jurídico de inocencia que el derecho le reconoce a quien está privado de su libertad sin haber sido condenado” (ps. 197 y s.).
69 Sobre las importantes diferencias entre la cesación del encarcelamiento y la excarcelación, cf. Pastor, Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo, ps. 289 y ss.; CAFFERATA NORES, Limitación temporal a la prisión preventiva, ps. 196 y siguientes.
70 Caso “Suárez Rosero”, párr. 95.
71 No se podría considerar, en este sentido, que se trata de la reglamentación del límite temporal del art. 7, nº 5, de la CADH, pues éste no puede estar directamente relacionado con la gravedad del ilícito. Si así fuera, en el caso de que la pena máxima fuera de treinta años, el principio carecería de todo poder limitador. Sin embargo, por tratarse del principio de proporcionalidad, en el caso de delitos graves, aun cuando no proceda la libertad por la regla citada, de todos modos será posible obtener la libertad en la medida en que la detención agote el “plazo razonable” del art. 7, nº 5, CADH.
72 Cf., entre otros, FERRAJOLI, Derecho y razón, p. 555; PASTOR, Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo; PÉREZ BARBERÁ, Prisión preventiva y excarcelación; del mismo autor, El problema del mérito sustantivo y el encarcelamiento preventivo en un proceso penal predominantemente acusatorio; VITALE, Deslegitimación constitucional de la prisión durante el proceso.
73 En su opinión, se debe hablar del “principio de inequivalencia o prohibición de equivalencia entre la pena y la prisión preventiva... la duración del encarcelamiento preventivo nunca puede equivaler a la duración de la pena” (SERGI, Límites temporales a la prisión preventiva, p. 8).
74 Caso "Suárez Rosero", párr. 93.
75 Corte IDH, OC-14/94, párr. 36.
76 Caso "Suárez Rosero", párr. 98.
77 En el párrafo 99 se expresa: “En conclusión, la Corte señala que la excepción contenida en el artículo 114 bis citado infringe el artículo 2 de la Convención por cuanto el Ecuador no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la Convención”.
78 Informe Nº 2/97, párr. 51. La restricción mereció las siguientes reflexiones de la Comisión: a) es un nuevo elemento que puede ser usado para menoscabar el principio de inocencia; b) se podría afirmar que a las personas acusadas por estos delitos se les impone un castigo anticipado, antes de la decisión sobre la culpabilidad; y c) se puede generar la aplicación arbitraria de la prisión preventiva, con fines distintos a los previstos en la propia ley (párr. 51).
79 Informe Nº 2/97, párr. 52 (destacado agregado).
80 El art. 10 de la ley 24.390 excluye los delitos previstos en el art. 7 de la ley 23.737. Los delitos allí previstos son reprimidos con reclusión o prisión de 8 a 20 años. En consecuencia, según los arts. 316, párr. II, y 317, inc. 1, del Código Procesal Penal de la Nación, los imputados por cualquier delito tipificado en el art. 7 de la ley 23.737 no tienen posibilidad legal de estar en libertad durante el proceso.
81 No pretendemos aquí ponderar la ley 24.390, cuyo carácter protector de la libertad durante el proceso es más que dudoso. Cf. PASTOR, Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo.
82 Esta disposición resulta más incomprensible aún en el marco de la regulación vigente en nuestro CPP Nación, que no exige, para elevar la causa a juicio, un estándar probatorio más alto que el del establecido para dictar el auto de procesamiento (“... que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél [el imputado] es culpable como partícipe en él”, art. 306). El art. 346, por su parte, sólo agrega a esta exigencia que se “estimare completa la instrucción”. Si los jueces dictaran el procesamiento con prisión preventiva tomándose en serio su deber de constatar la existencia de elementos de convicción suficientes para fundar la sospecha sustantiva, no resulta admisible que la exigencia adicional del art. 346 de completar la instrucción requiera de un plazo superior a algunos meses. Sin embargo, tal como lo ha señalado correctamente la Comisión, nuestros tribunales no cumplen con la diligencia exigible en los casos con personas detenidas. Nuestro ineficiente sistema de administración de justicia penal, en este sentido, detiene para investigar, en vez de investigar para detener.
83 Informe Nº 12/96, párr. 76.
84 Informe Nº 2/97, párr. 12.
85 La Corte Suprema no sólo ha resuelto que, “al momento de decidir una cuestión que involucraba la aplicación de un tratado internacional [de derechos humanos], debía seguirse la jurisprudencia de los órganos encargados de interpretar el instrumento internacional”. También aclaró expresamente que, “en el caso que estuviera en juego la eventual responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones libremente asumidas al momento de ratificar un tratado, los tribunales no podían ignorar el papel que deben desempeñar como garantes del accionar legítimo del Estado” (cf. Abregú, La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales: una introducción, ps. 12 y s.).
86 Corte IDH, OC-14/94, párr. 36.
87 MÉNDEZ, Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos, p. 532.
88 PINTO, Temas de derechos humanos, ps. 51 y siguiente.
89 Cf. CASSEL, El derecho internacional de los derechos humanos y la detención preventiva, p. 43.
90 En este sentido, la Comisión Interamericana señaló a la Corte:
“Incluso algunos Estados han promulgado una legislación especial o han iniciado una práctica según la cual es posible durante la detención de una persona incomunicarla durante un prolongado período —que en algunos casos puede extenderse hasta 15 días— en el cual al detenido se le puede privar de todo contacto exterior, no siendo posible, por lo tanto, el recurso de hábeas corpus durante esos días de incomunicación...
Aún respecto de la libertad personal, cuya suspensión temporal es posible en circunstancias excepcionales, el hábeas corpus permitirá al juez comprobar si la orden de arresto se apoya en un criterio de razonabilidad, tal como la jurisprudencia de tribunales nacionales de ciertos países que se han encontrado en estado de sitio han llegado a exigirlo. Sostener lo contrario, esto es que el Poder Ejecutivo no se encontraría obligado a fundamentar una detención o a prolongar ésta indefinidamente durante situaciones de emergencia, sin someter al detenido a la autoridad de un juez que pueda conocer de los recursos que reconocen los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención importaría, en concepto de la Comisión, atribuirle al Poder Ejecutivo las funciones específicas del Poder Judicial, con lo cual se estaría conspirando contra la separación de los poderes públicos que es una de las características básicas del estado de derecho y de los sistemas democráticos” (Corte IDH, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, párr. 12).
91 Esta conclusión se impone pues, en este caso, la Corte consideró una violación al art. 7, nº 6, de la Convención la imposibilidad de cuestionar la legalidad de la detención preventiva de SUÁREZ ROSERO existiendo auto de prisión preventiva dictado por un juez.
92 Caso "Suárez Rosero", párr. 61.
93 Caso "Suárez Rosero", párr. 59 (destacado agregado).
94 Caso “Suárez Rosero”, párr. 51
95 Caso "Suárez Rosero", párr. 59.
96 Caso "Suárez Rosero", párr. 59.
97 Caso "Suárez Rosero", párr. 60.
98 Ello pues la Corte, al citar las dos normas analizadas, afirmó: “Dicha garantía está regulada doblemente en el Ecuador” (párr. 59).
99 Caso "Suárez Rosero", párr. 61.
100 Caso "Suárez Rosero", párr. 64.
101 Caso "Suárez Rosero", párr. 63.
102 Corte IDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 35 (destacado agregado). En similar sentido, la Corte afirmó expresamente en un caso contencioso: “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el Artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática...” (Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17/9/97, párr. 50).
103 Corte IDH, OC-8/87, párr. 35.
104 En esa oportunidad, se sostuvo: “Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos, puede afirmarse que el amparo es el género y el hábeas corpus uno de sus aspectos específicos. En efecto, de acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos por la Convención así como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los Estados Partes, se observa que en algunos supuestos el hábeas corpus se regula de manera autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aquéllos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras ocasiones el hábeas corpus es denominado ‘amparo de la libertad’ o forma parte integrante del amparo” (Corte IDH, OC-8/87, párr. 34).
105 Corte IDH, Caso Castillo Paéz, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párrs. 82 y 83 (citado en Caso “Suárez Rosero”, párr. 65).
106 Caso "Suárez Rosero", párr. 66.
107 Corte IDH, OC-8/87, párrs. 42 y 43.
108 Corte IDH, OC-9/87, párr. 30 (destacado agregado).
109 Corte IDH, Caso “Gangaram Panday”, párr. 47 (reproducido textualmente en “Suárez Rosero”, párr. 43).
110 Caso “Gangaram Panday”, párr. 47 (destacado agregado).
111 Corte IDH, OC-14/94, párr. 36.
112 El supuesto no sólo incumple con la obligación convencional sino, además, con el art. 18 de la Constitución Nacional. Dado que la regla constitucional no contiene excepción alguna a la exigencia de orden escrita de autoridad competente, cualquier excepción debe ser, necesariamente, estrictamente limitada, objetiva y justificada.
113 Corte IDH, Caso “Gangaram Panday”, párr. 47.
114 Corte IDH, OC-8/87, párr. 12 (destacado agregado). A continuación, la Comisión agregó: “Sostener lo contrario, esto es que el Poder Ejecutivo no se encontraría obligado a fundamentar una detención o a prolongar ésta indefinidamente durante situaciones de emergencia, sin someter al detenido a la autoridad de un juez... importaría, en concepto de la Comisión, atribuirle al Poder Ejecutivo las funciones específicas del Poder Judicial, con lo cual se estaría conspirando contra la separación de los poderes públicos que es una de las características básicas del estado de derecho y de los sistemas democráticos” (párr. 12, destacado agregado).
115 Corte IDH, OC-8/87, párr. 39.
116 Corte IDH, OC-8/87, párr. 40.
117 NINO, Fundamentos de derecho constitucional, p. 657.
118 Corte IDH, Caso “Gangaram Panday”, párr. 48 (destacado agregado).
119 SANCINETTI, Derechos humanos en la Argentina postdictatorial, p. 131.
120 Caso "Suárez Rosero", párr. 77.
121 Citados por FAÚNDEZ LEDESMA, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ps. 23 y siguiente.
122 Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29/7/88, párr. 154 (destacado agregado).
123 CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina. Caso Guillermo José Maqueda, p. 746, con cita textual de MAIER, Derecho procesal penal argentino, t. 1b, p. 257.
124 Sobre las exigencias derivadas de este principio, cf. MAIER, Derecho procesal penal, t. I, ps. 490 y ss.; LLOBET RODRÍGUEZ, La prisión preventiva, ps. 66 y siguientes.
125 CIDH, Informe Nº 2/97, párr. 25 (destacado agregado).
126 Caso "Suárez Rosero", párr. 77 (destacado agregado).
127 En realidad, el principio obliga a aplicar siempre la medida menos gravosa, incluso en aquellos casos en los cuales se debe elegir entre medidas no privativas de la libertad —v. gr., entre caución juratoria y caución real—.
128 Así lo ha considerado el Comité de Derechos Humanos, que afirmó que, en todos los casos, la detención debe ser necesaria (Caso “Mukong”, párr. 9.8, citado por CASSEL, El derecho internacional de los derechos humanos y la detención preventiva, p. 42).
129 CIDH, Informe Nº 12/96, párr. 72.
130 BARRIENTOS PELLECER, Derecho procesal penal guatemalteco, p. 86.
131 CIDH, Informe Nº 2/97, párr. 31.
132 CIDH, Informe Nº 12/96, párr. 84.
133 Cf. CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, Derechos humanos y prisión preventiva, p. 18.
134 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 46. El precedente de la Corte Europea fue el Caso “The Sunday Times”, Sentencia de 26 de abril de 1979, párr. 59.
135 Corte IDH, OC-5/85, párr. 79.
136 Caso "Suárez Rosero", párr. 77 (destacado agregado).
137 VÉLEZ MARICONDE, Derecho procesal penal, t. II, p. 475. Según CAFFERATA NORES, la "característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tiene naturaleza sancionatoria (no son penas) sino instrumental y cautelar; sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva” (Medidas de coerción en el nuevo Código procesal penal de la Nación, p. 3).
138 PINTO, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas de regulación de los derechos humanos, p. 163. En el mismo sentido, se afirma que el principio pro homine “impone... una interpretación restrictiva de toda limitación, restricción o suspensión de esos derechos” (VALIÑA, El margen de apreciación de los Estados en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno, p. 174).
139 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general nº 10 al art. 19 del PIDCP, citado por VALIÑA, El margen de apreciación de los Estados en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno, p. 188.
140 VALIÑA, El margen de apreciación de los Estados en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno, p. 188.
141 PINTO, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas de regulación de los derechos humanos, p. 166.
142 NIKKEN, Bases de la progresividad, p. 32 (citado por PINTO, Temas de derechos humanos, p. 84).
143 Resolución 17, aprobada por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
144 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, Derechos humanos y prisión preventiva, p. 18.
145 El Comité de Derechos Humanos señaló que sólo debe recurrirse a la prisión preventiva cuando sea necesaria “para impedir la fuga, la alteración de pruebas o la reincidencia en el delito”, en el caso “Hugo van Alphen contra Países Bajos” (305/1988), 23/7/90 (destacado agregado). El supuesto de “peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos” también ha sido admitido por la Comisión Interamericana, junto con un nuevo supuesto, previsto para delitos de especial gravedad que puedan provocar disturbios públicos, en el Informe Nº 2/97, parrs. 32 y 36.
146 Cf. O’DONNELL, Protección internacional de los derechos humanos, p. 147. Se destaca que “habida cuenta de los objetivos de este principio, pareciera justificado concluir que el uso de la detención preventiva para (fines no procesales)... constituiría una privación arbitraria de libertad, violatoria de un derecho subjetivo universalmente reconocido" (p. 147, destacado agregado).
147 Caso "Suárez Rosero", párr. 77.
148 Caso "Suárez Rosero", párr. 78.
149 Caso “Gangaram Panday”, párr. 47. Sin embargo, a pesar de la ambigüedad del texto, resulta posible que la “proporcionalidad” a la que se alude en ese contexto no se vincula con la gravedad de la pena sino, en cambio, con la relativa a la finalidad de la medida de coerción. Así, aun cuando la medida no resulte desproporcionada respecto de la pena eventualmente aplicable, de todos modos será arbitraria si resulta desproporcionada respecto al peligro que se pretende neutralizar.
150 SERGI, Límites temporales a la prisión preventiva, p. 8.
151 Sobre las consecuencias de este principio en nuestro derecho, cf. SOLIMINE, Libertad bajo caución y situación procesal, ps. 31 y siguientes.
152 Cf. CAFFERATA NORES, Limitación temporal a la prisión preventiva, ps. 192 y siguiente.
153 Cf. SÁNCHEZ ROMERO, La prisión preventiva en un Estado de derecho, p. 67.
154 BINDER, Introducción al derecho procesal penal, p. 200.
155 La Corte consideró injusta la detención pues ésta se prolongó “por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado”. Claramente, el texto hace referencia al delito que ya ha sido imputado en comparación con la pena que correspondería imponer en un momento futuro. En consecuencia, se debe reconocer que la Corte Interamericana recurre a la pena efectivamente aplicable en el caso concreto, y no a la pena en abstracto, pues respecto de tal sanción, una vez que el delito ha sido imputado, se puede afirmar que “corresponde” a éste, sin necesidad de afirmar que “correspondería”.
156 KAWABATA, Reparación de las violaciones de derechos humanos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, punto A. 2. Esa obligación de adecuar el derecho interno a la Convención surge de su art. 2: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art. 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacere fectivos tales derechos y libertades”.
157 El supuesto del inc. 2, al condicionar la libertad a la pena máxima, permite que la detención cautelar resulte desproporcionada en todos los casos en que la eventual condena admita la imposición de una pena inferior al máximo legal. Esta disposición no sólo presume la responsabilidad penal del imputado por el hecho que se le atribuye sino que, además, presume el máximo grado de culpabilidad por tal hecho. Esta solución ha sido defendida por VÉLEZ MARICONDE, quien afirma que “parece lógico que predomine el criterio objetivo de reparar en la entidad de la pena conminada en abstracto por la ley... a fin de que se mantenga el encarcelamiento preventivo” (Derecho procesal penal, t. I, ps. 333 y s., destacado en el original). El supuesto del inc. 3 también tolera encarcelamientos desproporcionados, pues condiciona la libertad de un inocente al cumplimiento de una exigencia que la ley sólo impone a los condenados para obtener la libertad condicional.
158 MAIER, Derecho procesal penal, t. I, p. 880.
159 En síntesis, la construcción del significado del principio de proporcionalidad que ha realizado el derecho procesal penal de este siglo ha terminado por reproducir una práctica aún más perversa que la poena extraordinaria de la más pura inquisición. Lo más grave es que este concepto de proporcionalidad ni siquiera respeta un criterio sustantivo de proporcionalidad, pues se halla en peor situación la persona a quien se le imputa un delito leve que el imputado a quien se le atribuye un delito de extrema gravedad. Este último, por el límite temporal, sólo cumplirá una parte de la pena eventualmente aplicable, pero aquél estará en peor situación, pues agotará completamente en prisión la pena eventualmente aplicable, es decir, estará en idéntica situación que un condenado.
160 De allí, por ejemplo, la posibilidad de hacer comparecer a un testigo por la fuerza pública o, en el derecho anglosajón, la facultad del tribunal de aislar al jurado durante el juicio.
161 En el Informe Nº 12/96, la Comisión consideró que tanto el argumento de la gravedad del hecho como el de la severidad de la pena se inspiran en criterios de retribución penal, por lo cual su utilización produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, “convirtiéndola, prácticamente, en un sustituto de la pena privativa de libertad” (párr. 86). A ello agregó: “Más aún, la Comisión estima que la existencia de un sentido de proporcionalidad entre la sentencia y el encarcelamiento previo es, para todos los efectos, una justificación para la pena anticipada, lo cual es una violación del principio de presunción de inocencia consagrado en la Convención” (párr. 88).
162 SERGI, Límites temporales a la prisión preventiva, p. 8 (destacado agregado).
163 Este complejo problema, tal como me señalara correctamente Daniel PASTOR luego de leer los borradores de este comentario, requiere un tratamiento mucho más profundo que excede largamente el objeto de este trabajo.
164 CSJN, Caso “Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/infracción art. 139 bis del C.P.”, Nº 284.XXXII, del 22/12/98. El voto de la mayoría fue suscripto por BELLUSCIO, BOGGIANO, LÓPEZ y VÁZQUEZ. FAYT se pronunció por su voto, mientras que PETRACCHI y BOSSERT redactaron sus respectivas disidencias. El primero consideró que el recurso no cumplía con los recaudos de fundamentación previstos en el art. 15 de la ley 48, al no justificar porqué se había omitido recurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal. BOSSERT, por su parte, desestimó el recurso por no dirigirse a impugnar una “resolución dictada por el tribunal superior de la causa”.
165 PASTOR, El encarcelamiento preventivo, ps. 55 y s. (destacado en el original).
166 Si por “primeras etapas de la investigación” se entiende el plazo que dura el encarcelamiento hasta que se agotan los límites temporales establecidos en la ley 24.390, el argumento tampoco es válido. En primer lugar, por el carácter excesivamente prolongado de los límites temporales regulados en la ley. En segundo término, debido a que el legislador aprobó el CPP Nación antes de dictar la ley 24.390, y la prisión preventiva obligatoria establecida para quienes son imputados por delitos con pena privativa de libertad superior a ocho años estaba prevista en la versión original de la ley 23.984.
167 Al respecto, se agrego: “... tal como se desprende de sus antecedentes parlamentarios, que justifican la detención cautelar consagrada en esos casos ‘... en la protección que merece el bien jurídico tutelado’ (conf. Cámara de Senadores, fundamentos del dictamen del miembro informante —senador Augusto Alasino—, sesión del 30 de junio de 1993)” (cons. 12).
168 Luego de esta decisión, resultará difícil sostener la constitucionalidad del art. 10 de la ley 24.390.
169 Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, Causa Nº 29.796, “Fridman, Salomón s/falta de acción y prescripción”, Reg. Nº 813, del 25/9/98, con los votos de VIGLIANI y RIVA ARAMAYO.
170 La Cámara también invocó la opinión de la Comisión Interamericana en el Informe Nº 12/96: “La prolongación del proceso por más de cinco años, sin que se haya dictado sentencia firme, constituye una violación al derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro del plazo razonable que establece el art. 8. 1 de la Convención Americana...”.
171 Juzgado Federal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 8, Causa Nº 8.498, “Hurtado, C. s/incidente de excarcelación”, del 23/11/98.
172 Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, Causa Nº 30.406, “Hurtado, A. s/incidente de excarcelación”, Reg. Nº 8, del 8/1/99, con los votos de VIGLIANI y RIVA ARAMAYO.
Publicado en: Corte Interamericana, Doctrina
“Consideraciones sobre el plan para el fortalecimiento del sistema acusatorio en el proceso penal de la provincia de Buenos Aires”. Alfredo Deleonardis y Gustavo Fissore*
2 comentarios en ““El fallo ‘Suárez Rosero’ “. Alberto Bovino”
mayo 4, 2009 a las 12:48 pm
al observar los requisitos de la prision preventiva en el Ecuador; me doy cuenta que es muy limitada como mecanismo instrumental, pues, no hace referencia alguna al peligro procesal, en sus dos vertientes peligro de fuga y peligro de entorpecimiento de la actvidad probatoria.
Viviana Strada dijo:
agosto 4, 2011 a las 4:12 pm
El sistema penitenciario en el Ecuador deja mucho que desear, el mismo proceso penal entorpece la justicia por la lentitud de sus diligencias al no respetar los plazos y términos legales, y el número así como la capacitación del personal que labora en las diversas áreas de administración de justicia en comparación de los casos que demanda la población. La Defensoría Pública y las personas sujetas a prisión preventiva son otro problema del sistema de justicia, y el tiempo de una indagación particular sin tomar en cuenta el principio universal del derecho sobre la presunción de inocencia.