Source: https://vlex.com.pa/vid/casacion-suprema-sala-primera-civil-31811118
Timestamp: 2020-07-03 19:11:02
Document Index: 166424057

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 337', 'artículo 582', 'artículo 1762', 'artículo 1763', 'artículo 582', 'artículo 1588', 'artículo 924', 'artículo 1144', 'artículo 1195', 'artículo 897', 'artículo 781', 'artículo 1763', 'artículo 1763', 'artículo 1423', 'artículo 1429', 'artículo 634', 'artículo 784', 'artículo 1762', 'artículo 1762', 'in fine']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 16 de Agosto de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 31811118
Fecha de Resolución: 16 de Agosto de 2005
Para decidir el fondo se encuentra el recurso de casación formulado por los señores M.I.Z. y J.M.B.Z., contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 15 de enero de 2003, en el proceso ordinario que les sigue a los recurrentes la señora A.S.S. DE BIEDMAN.
El recurso se propone en el fondo y del mismo se admitieron las dos primeras causales, procede la Sala a examinarlas, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del recurso.
Consta en autos que A.S.S. DE BIEDMAN, asistida por la firma de abogados HIPOLITO PORRAS & ASOCIADOS, interpuso acción reivindicatoria contra los señores M.I.B.Z. y J.M.B.Z., para que se declarara que el poder general de representación otorgado por L.S.D.S. (q.e.p.d.) a la señora M.I.B.Z. se había extinguido o cesado el 7 de septiembre de 1994, y que, como consecuencia de ello, todos los actos o contratos suscritos por la mandataria en virtud de dicho poder, posterior a esa fecha, son nulos y, en particular, la venta y traspaso efectuada al señor J.M.B.Z. de la finca Nº 73071 inscrita a tomo 175, folio 246 y de la finca Nº 817, inscrita al folio 86, del tomo 44 de P.H., ambas de la Sección de Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá.
Como consecuencia de la declaración anterior se solicita en la demanda que se ordene al Registro Público la cancelación de los Asientos de traspaso de las antes referidas fincas y que se declare que la demandante tiene derecho a reivindicar los bienes de la señora L.S.S..
Funda sus peticiones la demandante en que, mediante Auto Nº 337, de 22 de febrero de 1996, proferido por el Juzgado Segundo de Circuito de Panamá, fue decretada heredera de la sucesión intestada de la señora L.S.S.D.B. y que, a través del Auto Nº 221 de 30 de enero de 1998, se le adjudicó a título de herencia la finca 817, en tanto que respecto de la finca 73071, se ordenó la venta para pagar los legados instituidos por la causante, para lo cual se autoriza a la administradora de los bienes hereditarios.
Las fincas antes referidas, señala la demandante, fueron vendidas por la señora M.B.Z., a su hermano, el señor J.M.B.Z., mediante Escritura Pública Nº 360 de 14 de marzo de 1997 (la finca Nº 73071) y Escritura Publica Nº 11128 de 15 de octubre de 1997 (la finca Nº 817), utilizando un poder de representación de la propietaria fallecida desde 1994.
La demanda quedó radicada en el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, siendo admitida y corrida en traslado a los demandados, los cuales presentan recurso de reconsideración contra la resolución que admite la demanda.
Acogido el recurso indicado, se ordena la corrección de la demanda. A foja 236-239 se presenta la demanda corregida, por lo que se procedió a surtirle los trámites de ley. Una vez cumplidos dichos trámites procedió el juzgador de la instancia respectiva a fallar la causa, mediante Sentencia Nº 36, de 20 de diciembre de 2001, en la que se declara que el poder general otorgado por L.S.S. (q.e.p.d.) a la demandada, M.I.B.Z., se había extinguido o cesado el 7 de septiembre de 1994. Además, que son nulos los actos suscritos con posterioridad a la fecha de extinción del referido poder general por la señora M.I.B.Z., siempre que no perjudiquen los derechos de terceros contratantes o adquirentes de buena fe. Empero, con respecto a la declaratoria de nulidad de la venta y traspaso de las fincas Nº 73071 y 817, al señor J.M.B.Z., por la señora M.I.B. y demás pretensiones o declaraciones vinculadas a ésta, fueron desestimadas por el a-quo, por estimar que no se había acreditado la mala fe del comprador, el señor J.M.B.Z..
No conforme con la sentencia de primera instancia anuncia y formaliza en tiempo la demandante recurso de apelación, del cual asumió el conocimiento el Primer Tribunal Superior de Justicia que, mediante fallo de 15 de enero de 2003, resuelve reformar la decisión apelada, en el sentido de declarar nula la venta y traspaso de las fincas Nº 73071 y 817, efectuado por la señora M.I.B., en nombre de L.S.S., y se ordena al Registro Público cancelar los asientos por los cuales fueron traspasados a J.M.B.Z., dichos inmuebles, por estimar que los demandados había contratado de mala fe la venta y traspaso de tales fincas. Conviene dejar reproducida, para su respectivo análisis, el fallo recurrido en casación, al menos, en su parte medular:
"Y fue así que, precisamente, en el período posterior a dicha defunción se produjeron las dos (2) ventas de sendos inmuebles de propiedad de la susodicha occisa, usando la demandada M.I.B.Z. aquél mandato que por ministerio de la Ley había cesado (art. 1423 del C.C.) para traspasar el dominio de los mismos a su propio hermano, el codemandado J.M.B.Z., es decir a casi tres (3) años (marzo y octubre de 1997) de haberse dado el mencionado fallecimiento.
Conviene entonces verificar si la llamada buena fe que permitió al Juez Séptimo Circuital Civil exonerar al demandado J.M.B.Z. de los cargos expuestos en la demanda... gozó o no de la presunción legal apuntalada por el mismo juzgador.
...fue un hecho plenamente probado que ambos demandados, sabían y aceptaron como cierta la circunstancia de que al momento de protagonizar las compraventas impugnadas por la actora, la vendedora (demandada M.I.B.Z.) sabía que estaba ejerciendo un poder de representación cuya otorgante, estaba para entonces muerta y que el comprador (demandado J.M.B.Z.) conocía igualmente esa situación, es decir, que quien fungía como vendedora en ese acto en el que él compraba y adquiría estaba detentando un mandato conferido por la propietaria que había fallecido desde el 7 de septiembre de 1994.
No distinguieron en ningún momento los demandados, en especial, J.M.B.Z. como comprador, que ignoraban, desconocían o no sabían que la otorgante del poder utilizado por la demandada-vendedora, en esos actos traslativos del dominio de los inmuebles involucrados, estaba muerta para el momento de concertarse los mismos.
Aún cuando en la réplica (fs. 250-256) que formalizaran contra la demanda corregida, introdujeran los demandados la hipótesis de que J.M.B.Z., como tercero comprador, actuó de buena fe, la conducta de éste, al aceptar que sí sabía de la muerte de L.S.S., al momento mismo en que su co-contratante M.I.Z. le vendió los inmuebles de propiedad de aquélla, ejerciendo el poder de representación que en vida esta última le había conferido, no aparece ingenua y se apega más a la malicia que caracteriza los actos ajenos a buena fe, los de la mal fe.
La buena fe de que tratan los artículos 1429 y 1762 del Código Civil en cuanto a los terceros contratantes con el mandatario o con la persona que aparezca en el Registro "con derecho a ello", al igual que aquella que se establece en los artículos 1687 y 418 al 421 ibídem, para el caso de los que retengan una cosa o disfruten un derecho con ánimo de dueños, consiste, entre otras cosas en la creencia de que la persona de quien se recibió la cosa podía transmitir su dominio, o que se ignora que exista en el título o en el modo de adquirir vicio que lo invalidara, puesto que , de lo contrario, si es del conocimiento del tercero que aquel que le transfirió la cosa no podía hacerlo, o que no tenía realmente título para ello o que este último adolecía de defectos que lo invalidaban, entonces su participación es fraudulenta, a sabiendas de que esa ilegitimidad de su co-contratante no permitía revestir al acto o contrato de que se trate de una plena eficacia jurídica.
Pero esa creencia de que el título del transferente no adolece de vicios no consiste en que siendo un mandatario, aquel que asume el rol en el acto o contrato enjuiciado, se conoce o se sabe que el instrumento legal que le sirve a tales propósitos se está ejerciendo cuando ya ha tenido lugar la muerte de quien lo otorgó y se piensa o se asume que aún así dicho poder para actuar tiene vigencia.
Admitir que el tercero comprador, J.M.B.Z., se presente como un ingenuo ante estas circunstancias, sería tanto como exonerarlo de una presunción legal que, a diferencia de la llamada "bona fide" que él mismo ha sostenido, no admite prueba en contrario, es decir, aquella que dice relación con el conocimiento pleno que tienen todos los nacionales, inclusive los extranjeros, de la Ley y que por ello, alegar su ignorancia no sirve para excusar su cumplimiento (artículo 1º del Código Civil).
Aunado a ello, la circunstancia probada de que los dos (2) demandados, vendedor y comprador... eran hermanos, en este caso de doble vínculo, aún cuando sea una premisa de menor importancia frente al conocimiento pleno que ambos tenían de la muerte de la poderdante, en especial J.M.B.Z., no puede dejar de sopesarse en el análisis que se sigue.
...precisamente por ser hermano de la vendedora aparece más dudosa la intención de que esa enajenación fuera llevada a cabo por el sagrado principio de cumplir fiel y debidamente el mandato que "ingenuamente" se consideraba vigente, contrario a ello, más bien se aflora en las compraventas concertadas la intención de apropiarse o beneficiarse a través de personas allegadas de propiedades de gran valor material.
Intención esa que se refleja también en la conducta mostrada por ambos demandados a partir de la sentencia ahora tratada, pues pese a que en la misma se condenó a la demandada a pagar B/.10,000.00 como costas del proceso, además de los gastos del mismo, ninguno de los dos apeló de esa decisión, pues la misma a la vez mantenía los inmuebles a nombre del demandado J.M.B.Z..
El hecho de que no se aportara la "certificación del Registro Civil" acerca del parentesco que guardaban los dos (2) demandados, no resta méritos a la realidad aflora en autos en cuanto a que esa condición de hermanos que recíprocamente compartían quedó corroborada por otros medios.
...la copia autenticada... consistente en una "ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR" levantada por el Juzgado Tercero Municipal Penal con motivo del proceso seguido a ambos demandados por el delito "CONTRA EL PATRIMONIO", dio cuentas de ese vínculo familiar cercano que compartían los demandados (ver fs. 96 final y 97 inicio), además de que, gran cantidad de constancias igualmente autenticadas de dicho proceso fueron remitidas a esta Superioridad por esa instancia penal, en la que se pueden apreciar la declaración indagatoria que rindieran la demandada admitiendo que el demandado era su "hermano de padre y madre" (fs 576); la solicitud de secuestro penal en la que el Personero Segundo Municipal aludiendo a la demandada acota que "El delito se cumple desde el mismo instante en que para su beneficio vendió a su hermano J.M.B.Z., las referidas fincas" (fs. 663); además de la misma acta de audiencia preliminar citada en el párrafo que procede, en cuya parte final al sobreseer definitivamente a los demandados se dice de cada uno que eran hijos de "P.B.M. (sic) y B.O.Z. (sic) de Bravo (q.e.p.d.)" (fs. 741-742).
Otro aspecto que emerge de los autos... está constituido en el indicio de que las ventas de los dos (2) inmuebles en cuestión se hizo por un precio sumamente inferior al que realmente tenían.
Parte de las copias debidamente autenticadas del proceso de sucesión mixto que se ventilaba ante el Juzgado Segundo Circuital Civil de Panamá, anexadas inicialmente por la demandante (fs. 7-10)... ilustran que el valor asignado a los dos inmuebles involucrados por los señores peritos nombrados en aquella mortuoria, respaldado con las certificaciones catastrales del caso y aprobado como parte del inventario levantado al efecto, en julio de 1996 ascendía a la suma de B/.131,898.75; empero, las ventas concertadas por los demandados en marzo y octubre de 1997, a lo sumo se hicieron por B/. 30,000.00, tal como también se evidencia entre los folios 533 y 545, según las mismas piezas procesales penales de las que se ha hecho méritos.
...encuentra este Tribunal Colegiado razones suficientes para hacer extensivo a las compraventas realizadas por la demandada, en las que figuró como comprador su hermano, el también demandado J.M.B.Z., el decreto de nulidad que fuera accedido parcialmente por el Despacho de la causa, así como la correlativa y obligante orden de cancelación de las inscripciones efectuadas con motivos de dichos contratos". (fs. 1052-1064).
La resolución parcialmente reproducida es la que se recurre en casación. Procede la Sala al examen y decisión del medio impugnaticio de carácter extraordinario propuesto.
Como se dejó indicado en los antecedentes de la presenteresolución, el recurso que se propone es de fondo y del mismo se admitieron sólo las dos primeras causales, las cuales se pasan a analizar en el orden que han sido invocadas.
Primera causal: "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa de la norma de derecho, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".
Dentro de los motivos que sirven de apoyo a esta causal se le imputa al tribunal ad-quem la violación directa de normas relativas a la acción reivindicatoria, al anular la venta hecha al señor J.M. BRAVO de las fincas Nº 73071 y 817. Según la recurrente el tribunal desconoce las normas que suponen que la acción reivindicatoria sólo puede ejercerla el propietario del bien cuya reivindicación se pretende (legitimación en la causa) y que no procede ejercitarla contra el tercero adquirente, sino contra quien presuntamente enajenó indebidamente (legitimación pasiva).
Considera pertinente la Sala dejar transcritos los motivos:
"PRIMERO: A pesar que las normas que gobiernan la acción reivindicatoria son claras al establecer que esta acción no procede contra el tercero adquirente, sino únicamente contra quien presuntamente enajenó indebidamente, la sentencia recurrida declara la nulidad de la venta realizada al señor J.M.B.Z..
La sentencia objeto de impugnación desconoció que la acción reivindicatoria ensayada por la señora A.S.S. DE BIEDMAN, en el presente caso, sólo es procedente contra la señora M.I.B.Z., no así contra el señor J.M.B.Z. y en consecuencia despojó a este último de bienes legítimamente adquiridos de quien tenía facultades para vender según constancia existente en el Registro Público.
A sabiendas que la acción reivindicatoria es una acción real, que persigue en favor del propietario de cosa determinada, su restitución, la sentencia recurrida infringiendo las normas que gobiernan este tipo de acciones, le ha conferido efectos y consecuencias que guardan relación con las acciones personales de nulidad, tal infracción condujo indebidamente a la declaratoria de extinción de un poder general, la nulidad de actos realizados válidamente en ejercicio de dicho poder, y el despojo de bienes actualmente propiedad del señor J.M.B.Z., quien para los efectos de la acción reivindicatoria es un tercero adquirente de buena fe.
La sentencia recurrida desconoció de modo manifiesto los preceptos sustantivos que establecen de modo claro, quienes son los titulares de las acciones a la parte actora, quien no demostró en el proceso ser propietaria de los bienes que pretendía reivindicar y consecuentemente ha privado al señor J.M.B.Z. del derecho de propiedad que legítimamente ostenta, sobre bienes inmuebles inscritos a su nombre en el Registro Público.
Las violaciones manifiestas a las normas que gobiernan la acción reivindicatoria han influido de modo sustancial en la parte resolutiva de la sentencia recurrida." (fs. 1076-1077)
En relación con los cargos formulados en los motivos transcritos, se refiere la censura a la infracción de los artículos 337, 582, 586, 1762 y 1763 del Código Civil, por parte del tribunal ad-quem.
La vulneración de la primera de las disposiciones (artículo 337) por el fallo censurado se da como consecuencia del reconocimiento de la acción reivindicatoria ejercida por la demandante sin que hubiere acreditado la condición de propietaria de las fincas cuya reivindicación pretende, en detrimento del derecho de propiedad que consagra el precepto cuya vulneración se alega, privándole en su calidad de legítimo propietario de disfrutar de sus bienes.
Respecto de los artículos 582 y 586, se dice que son violentados por el tribunal ad-quem, en la medida que reconoce las pretensiones de la parte actora, sin que hubiere acreditado la titularidad de los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria, tal cual lo establecen las normas comentadas.
El segundo párrafo del artículo 582 también citado como infringido expresa que la acción reivindicatoria no procede contra terceros que se hallen en los casos de la segunda parte del artículo 1762 (casos de contratos y actos ejecutados u otorgados por personas que en el Registro Publico aparezcan con derecho para ello, aunque después se anule el derecho del otorgante) y primera parte del artículo 1763 de la misma excerta legal (caso de las acciones de rescisión o resolución cuando el tercero haya inscrito su derecho). Sin embargo, alega la censura que el tribunal de segunda instancia violó dichos preceptos, pues desconoció con su fallo que J.M.B. es un tercero, con un derecho inscrito en el Registro Público, que lo adquirió de una persona con facultades suficientes para vender y traspasar, conforme a las constancias registrales.
De lo hasta aquí expuesto, se sigue que los cargos de injuricidad que le atribuye la censura al tribunal ad-quem dicen o tienen relación con la legitimación en la causa de la actora para instaurar el proceso sub judíce y la legitimación pasiva del demandado, J.M.B.Z., para figurar como parte demandada en el mismo, siendo que las normas sobre la acción reivindicatoria exigen como presupuesto necesario que quien ejerza la acción acredite la titularidad de los bienes objeto de reivindicación y que se dirija contra un poseedor no propietario, presupuestos que no aparecen acreditados en autos, a juicio de la parte recurrente, no obstante lo cual invalida el tribunal de la alzada la
compraventa y traspaso de los inmuebles objeto del proceso.
Lo anterior lleva necesariamente a unas iniciales reflexiones en torno a la acción reivindicatoria o de dominio recogida en el Libro II, Título XI, Capítulos I, II y III del Código Civil, sobre la cual versa este recurso y, en particular, lo pertinente a la legitimación activa y pasiva para presentar y ser demandado en este tipo de acción dominical.
De acuerdo con el artículo 582 de la excerta legal comentada y que la casacionista cita como norma vulnerada por el fallo recurrido, "la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla".
Se trata, pues, de una acción para la afirmación del derecho dominical, en cuanto que pretende hacer efectivos o garantizar el ejercicio pleno de los derechos de goce y disposición que constituyen la esencia del dominio o el derecho de propiedad. Se caracteriza por la presencia de un propietario no poseedor que exige la restitución de la cosa del poseedor no propietario, de ahí que para que prospere la acción que ocupa a la Sala sea necesario que quien ejerce la acción acredite: el título de dominio sobre el bien a reivindicar; la debida identificación de la cosa objeto de reivindicación; y que la cosa reclamada es poseída por el demandado sin título o con título de inferior categoría al que ostenta el actor.
La doctrina, no resulta ocioso advertir, ha reconocido en la acción de dominio un doble carácter, en cuanto acción declarativa y de condena, puesto que de una parte busca la reafirmación del dominio sobre el bien que se pretende reivindicar, mediante la declaración judicial del derecho
del actor reivindicante sobre la cosa y, de otra, la condena del demandado poseedor a devolver o entregar el bien a su dueño. Pero además, se le atribuye a la acción reivindicatoria carácter constitutivo, cuando se reclame la nulidad del título que, con menores merecimientos, tenga el demandado, como es en el caso examinado.
En cuanto a la legitimación activa en la causa para ejercer la acción dominical, la norma que sirve de partida para el examen que se viene realizando es clara y no deja margen a dudas. La titularidad recae exclusivamente sobre el propietario de la cosa, por lo que no podrá ejercitarla el poseedor ni el detentador de la cosa, para los cuales tiene prevista la ley otro tipo de acciones, en caso de perturbación de la posesión.
Al tema de la legitimación en la causa, vale advertir, se ha referido la Sala en diferentes oportunidades. Particularmente, conviene destacar el fallo de 10 de enero de 1997, en el que se dejó señalado que "la legitimación en la causa, como acertadamente señala el eximio procesalista español J.G., la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación, con el objeto del litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean precisamente dichas personas las que figuren como partes en tal proceso o, lo que es lo mismo, la necesidad de que una cierta demanda sea propuesta por o sea propuesta frente a ciertas personas que son los legitimados para actuar como partes en un proceso determinado" (GUASP, J.. Derecho Procesal Civil. T.I., pág. 185).
El procesalista J.M.A., comentando la posición de ANDRÉS DE LA OLIVA sobre la legitimación, señala:
"Los derechos subjetivos privados no se pueden hacer valer sino por sus titulares activos y contra los titulares de las obligaciones relativas, y por eso la legitimación no es un presupuesto del proceso, sino un presupuesto de la estimación o desestimación de la demanda, o, si se prefiere, no es un tema de forma sino de fondo. Los temas de forma o procesales condicionan el que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto; el tema de fondo condiciona el concreto contenido de la sentencia. Si falta un presupuesto procesal, como es la capacidad, no se dicta sentencia sobre el fondo, sino meramente procesal o de absolución en la instancia; si falta la legitimación, si se dicta sentencia sobre el fondo, denegándose en ella la tutela judicial pedida". (M.A., J.. La Legitimación en el Proceso Civil. Madrid: 1994, pág. 32-33)
La legitimación ad causum es un presupuesto para la sentencia de fondo, ya que determina quienes deben o pueden demandar y a quienes se debe o puede demandar; es decir, el proceso necesita que actúen quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis, como enseña O.G. (autor citado, La Legitimación en el Proceso Civil. Buenos Aires: 1996, pág. 102).
Haciendo referencia a nuestro ordenamiento procesal, el M.A.A.A., señala lo siguiente:
"Ya hemos visto que cuando se habla de capacidad para ser parte se está aludiendo a los atributos mínimos que debe tener una persona para que sus actuaciones procesales sean válidas y eficaces (por ejemplo, mayoría de edad, goce de sus facultades mentales, libre disposición de sus derechos; en el caso de los incapaces, adecuada representación legal, etc.). La fata de capacidad procesal se traduce en nulidad de lo actuado.
Por el contrario, la legitimación en la causa es la condición que debe tener una persona según la ley sustantiva para lograr que el J. se pronuncie respecto a las pretensiones formuladas en la demanda en relación con una concreta y particular relación jurídica. Desde que una persona se identifica con la hipótesis abstracta reconocida en la ley sustantiva (demuestra que es heredera, acreedora, cesionaria, etc.). Se puede indicar que tiene legitimación y, por talrazón, tiene derecho a que se dicte sentencia respecto a una concreta relación jurídica que afecta sus intereses. La falta de legitimación sustantiva es motivo de sentencia absolutoria". (FÁBREGA, J.. Estudios Procesales. T. I, Editorial Jurídica, Panamá: 1989, pág. 251).
Señala el procesalista patrio, como tesis que comparte la Sala, que este efecto de la falta de legitimación en la causa, es decir, la desestimación de la pretensión, es una tesis que ha adoptado, no sin cierta confusión, esta Sala y, por ejemplo, en la sentencia de 17 de septiembre de 1987, señaló que la consecuencia de falta de legitimación es la absolución del demandado, indicando:
"La consecuencia de la falta de legitimación es la absolución. En tales hechos se afirma que entre conductor V.R. y vehículo operado por él, los que causaron el daño no existe ninguna relación con la CERVECERÍA DEL BARÚ, S.A. y es sabido que probar la legitimación pasiva en un proceso es requisito indispensable, entre otros, para obtener una sentencia de fondo favorable. Bajo ninguna circunstancia debe confundirse la legitimación procesal propiamente tal con la legitimación ad-causam que tiene relación más bien con el aspecto sustantivo de la persona contra quien se dirige la pretensión y a la que nos referimos en este caso". (F.P., J.. T. I, Editorial Jurídica Panameña, Panamá: 1989, pág. 259-260)
La legitimación ad causam en la acción reivindicatoria, se dijo, recae sobre el propietario no poseedor de los bienes objeto de reivindicación, quien asume la carga de acreditar la titularidad del derecho reclamado, mediante la aportación al proceso de los medios de pruebas correspondientes a tales efectos. La prueba de la legitimación en la causa, especialmente referido a los bienes inmuebles es un tema del que se ha ocupado la Sala en la sentencia de 13 de enero de 2000, en la que llega a señalar que si bien el medio óptimo para acreditar el dominio es la certificación del Registro Público en que consten los hechos inscritos, no debe entenderse por ello excluidos los demás medios de prueba, siempre que resulten pertinentes a tales efectos.
En definitiva, el concepto de título de dominio no debe entenderse limitado al documento en que el negocio jurídico se instrumenta, puesto que el concepto de título de dominio no equivale estrictamente al documento preconstituido, sino a la justificación dominical y, por tanto, a tales efectos cualquier medio de prueba que sirva a la convicción del juez en ese sentido resulta idóneo, siempre que se trate de elementos de prueba pertinentes y no prohibidos por la ley.
En el caso que viene examinado, en el que la acción reivindicatoria se ejerce respecto de bienes inmuebles hereditarios, podrá acreditarse el derecho respectivo mediante la aportación al expediente del auto de declaratoria de heredero, cuando la adjudicación no hubiere sido hecha al momento en que se propone la demanda, esto con arreglo al artículo 1588 del Código Judicial que confiere acción a los herederos para actuar en nombre de la sucesión. Si, por el contrario, la adjudicación ha sido hecha ya al momento de ejercerse la acción, deberá aportarse al expediente la copia autenticada del auto de adjudicación correspondiente, en el que conste que el bien respectivo le ha sido adjudicado a la demandante, lo que es a penas lógico, pues como pauta el artículo 924 del Código Civil, la adjudicación confiere la propiedad sobre los bienes adjudicados a los herederos.
Para efectos del supuesto de hecho que viene examinado, sirve de título de dominio a la parte actora, la copia autenticada del auto de adjudicación (auto Nº221 de 30 de enero de 1998), dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de
Panamá, en el proceso mixto de sucesión testada e intestada de la señora L.S.S. (q.e.p.d.), el cual reposa a foja 16. De acuerdo con dicho documento a la actora, A.S.S.D.B., le fue adjudicada la finca Nº 817, inscrita al tomo 44, folio 86 de la Sección de propiedad, Provincia de Panamá del Registro Público; mientras que respecto de la finca Nº 73071, inscrita al tomo 1751, folio 246 de la Sección de Propiedad del Registro Público, se ordenó la venta, para lo cual se autoriza al administrador (la firma HIPÓLITO PORRAS & ASOCIADOS), a objeto de que se cumpliera con los legados instituídos por la causante, siendo la demandante precisamente una de las legatarias.
De consiguiente, el Auto de adjudicación presentado por la parte demandante como título de dominio resulta idóneo para acreditar su legitimación en la causa para reclamar el dominio sobre la finca Nº 817. Sin embargo, con relación a la finca Nº 73071, la cual se dijo, no le ha sido adjudicada a la demandante, carece ésta de acción para reivindicarla, mas no para pedir la anulación del contrato de compraventa de la referida finca, dada su condición de legataria de dicho bien, ello con arreglo al artículo 1144 del Código Civil.
Respecto del otro cargo de injuricidad que le hace la censura al fallo recurrido y que dice relación con la legitimación pasiva del demandado, J.M.B.Z., por carecer éste de la condición de poseedor, baste con señalar para desestimar dicho cargo que la acción reivindicatoria tiene carácter constitutiva por lo que, como se ha dicho supra, puede ejercerse contra cualquier persona a objeto de que se decrete la nulidad del título de dominio que con menores merecimientos
ostente el demandado, como es en el caso examinado en el que precisamente se pretende la declaratoria de nulidad del título de dominio del demandado, ahora recurrente.
En consecuencia, encuentra la Sala que le cabe razón a la parte recurrente, pero sólo en cuanto a la falta de legitimación ad causam de la actora para reivindicar la finca 73071, no así respecto de la finca Nº 817. Se trata, por tanto, de un vicio que invalida parcialmente la resolución recurrida, por lo que en este caso debe la Sala, actuando en conformidad con el artículo 1195 del Código Judicial, proceder al estudio de la otra causal invocada.
Segunda causal: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".
En los motivos de la causal se le atribuye al tribunal ad-quem la errónea valoración de la contestación de la demanda corregida, por haber concluido, específicamente de los hechos séptimo y octavo, que el señor J.M.B.Z. conocía de la muerte de la señora L.S.S., por cuenta de la cual, M.I.B.Z., le vendió y traspasó las fincas objeto de la acción reivindicatoria que se examina en grado de casación.
En concreto expresa la censura en los motivos:
"PRIMERO: A pesar que en la contestación de la demanda fojas (247-256), jamás se manifestó que el señor J.M.B.Z. al momento de adquirir bienes inmuebles, conociera de la muerte de la señora L.S.S., la sentencia consideró lo dicho en dicha contestación como una confesión de tal conocimiento, atribuyéndole a lo que se dijo un valor probatorio que no le corresponde, y en consecuencia accedió a lo solicitado por la parte actora.
La resolución impugnada le atribuyó un valor que no le corresponde a las manifestaciones contenidas en la contestación de los hechos SÉPTIMO Y OCTAVO de la demanda (fojas 249-250) y consideró lo dicho por nosotros como reconocimiento tácito de que el señor J.M.B.Z., conocía al momento de la compraventa de bienes inmuebles, de la muerte en el año 1994 de la señora L.S.S., y por efecto de ello consideró que no es un tercero de buena fe, y accedió a las pretensiones de la demandante.
Que la sentencia recurrida le haya atribuido un valor probatorio de confesión a la contestación de la demanda, específicamente los hechos SÉPTIMO Y OCTAVO condujo al Primer Tribunal Superior de Justicia a reconocer las pretensiones de la demandante, por lo que evidentemente este error de valoración influyó de manera sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido". (fs. 1106-1107)
Respecto de las violaciones legales como consecuencia de los cargos que se formulan en los motivos previamente transcritos, se dice que incurrió el tribunal en el desconocimiento del artículo 897 del Código Judicial, que se refiere a la confesión como medio de prueba; y el artículo 781 de la misma excerta legal, que consagra el principio de la sana crítica como sistema de valoración probatoria imperante en nuestro ordenamiento procesal. Además, se cita con igual carácter el artículo 1763 del Código Civil, que establece el principio de que las acciones de rescisión o resolución no perjudicarán a terceros que hayan inscrito su derecho, salvo los casos enumerados en la citada disposición.
Los anteriores preceptos, en concepto del apoderado de la recurrente, los vulnera el tribunal ad-quem con su fallo, al considerar erróneamente acreditada la mala fe de sus mandantes, con fundamento en la contestación de los hechos séptimo y octavo de la demandacorregida, yerro probatorio que lo llevó a decretar la nulidad de la compraventa de los inmuebles objeto del proceso. En otros términos, que para la censura el que le atribuya el tribunal de segunda instancia a la contestación de los hechos séptimo y octavo de la demanda valor de confesión que no tiene, resulta violatorio de las normas sobre la prueba de confesión, como consecuencia de lo cual dio por probado que los demandados, en especial el señor J.M.B.Z., conocían de la muerte de la señora L.S.S., al momento de suscribir el contrato de compraventa de los inmuebles objeto del proceso con M.I.B.Z., la cual actuaba en calidad de vendedora por cuenta de la señora L.S., error probatorio que lo llevó a violar el artículo 1763, al aplicar las consecuencias prevista en dicha norma.
En principio, hay que advertir en relación con el vicio probatorio que le atribuye la censura al fallo recurrido, que para arribar a la conclusión de que el demandado, el señor J.M.B.Z., había contratado con su hermana M.I.Z. la venta de los bienes inmuebles tantas veces referidos con pleno conocimiento de la muerte de la señora L.S.S., propietaria de dichos bienes y por cuenta de la cual actuaba la vendedora, M.I.B.Z., el tribunal no sólo toma en cuenta la contestación de la demanda corregida como afirma la parte recurrente, sino que además sopesa y valora una serie de pruebas de las cuales se derivan, en su concepto, indicios en relación con el extremo comentado, las cuales no objeta la casacionista.
Vale advertir que la muerte del mandante, al tenor del ordinal 3º del artículo 1423 del Código Civil, pone fin al mandato, dado su carácter de contrato de confianza y que únicamente en el supuesto que elmandatario ignorase la muerte del mandante lo contratado por él sería válido y surtiría todos sus efectos respecto a los terceros que hubieran contratado con él de buena fe, es decir, ignorando también la muerte del mandante (artículo 1429 lex citae).
En lo que concierne ya al valor otorgado por el fallo censurado en casación a la contestación de la demanda corregida, en efecto, el tribunal a partir de dicho escrito de contestación dio por admitidos los hechos séptimo y octavo de la demanda corregida, en los que se le atribuye a la señora MARÍA BRAVO el haber vendido a J.M. BRAVO las fincas objeto del proceso, utilizado un poder de representación de la propietaria fallecida desde 1994. Considera la Sala pertinente dejar reproducido el extracto del fallo recurrido en el que se hace el razonamiento de la prueba respectiva:
"Pero es del caso que bajo la misma narración y enumeración se volvió a consignar en la nueva demanda, la corregida (ver fs. 238), las afirmaciones de que la demandada utilizó el poder de representación que tenía de L.S.S., estando ésta fallecida desde el 7 de septiembre de 1994, al momento de realizar la compraventa en la que figuró como comprador.
Los dos (2) demandados, esta vez conjuntamente y a través del mismo abogado que ya tenían constituido, volvieron a dar por cierto los hechos séptimo y octavo de la demanda corregida (fs. 249),...
O sea que más allá de la modificación que sufrió la demanda que dio paso al presente conflicto, la relación jurídico-procesal trabada no varió en cuanto a que fue un hecho plenamente probado que ambos demandados, sabían y aceptaron como cierta la circunstancia de que al momento de protagonizar las compraventas impugnadas por la actora, la vendedora (demandada M.I.B.Z.) sabía que estaba ejerciendo un poder de representación cuya otorgante, estaba para entonces muerta y que el comprador (demandado J.M.B.Z.) conocía igualmente esa situación, es decir, que quien fungía como vendedora en ese acto en el que el compraba y adquiría estaba detentando un mandatoconferido por la propietaria que había fallecido desde el 7 de septiembre de 1994.
No distinguieron en ningún momento los demandados, en especial, J.M.B.Z. como comprador, que ignoraban, desconocían o no sabían que la otorgante del poder utilizado por la demandada -vendedora, en esos actos traslativos del dominio de los inmuebles involucrados, estaba muerta para el momento de concertarse los mismos." (fs. 1055-1057)
En cuanto al contenido de los hechos séptimo y octavo de la demanda corregida, el mismo es del tenor siguiente:
La señora MARÍA BRAVO ZÚÑIGA, mediante Escritura Pública nº 360 del 14 de Marzo de 1997, vendió a J.M.B. ZÚÑIGA la finca 73071, utilizando un poder de representación de la propietaria fallecida en 1994.
La señora M.B.Z., mediante Escritura Pública Nº 11128 del 15 de octubre de 1997, vendió a J.M.B. ZÚÑIGA la finca 817 de la Sección de Propiedad Horizontal, utilizando un poder de representación de la propietaria fallecida en 1994." (fs. 238)
Tales hechos fueron respondidos por los demandados, J.M.B.Z. y M.I.Z., mediante escrito conjunto, presentado a través del mismo apoderado judicial a foja 247, de la siguiente manera:
Es cierto, el PODER GENERAL al momento de vender está VIGENTE, NO HA SIDO REVOCADO y NO TIENE FECHA DE FINALIZACIÓN, amén de que en la actualidad está VIGENTE, no ha sido revocado por los herederos declarados en juicio de Sucesión de la causante L. S.S., COMO LO ESTABLECE EL artículo 634 del Código Judicial y no tiene fecha de finalización, por lo que el acto de venta es legal, tomando en cuenta que en la actualidad no existe ningún proceso en que se haya dictado Sentencia declarando la nulidad o ilegalidad de la venta o traspaso de las fincas indicadas.
Es cierto, y es legal dicha Venta, ya que el PODER GENERAL para la fecha de venta está VIGENTE, NO HA SIDO REVOCADO y NO TIENE FECHA DE FINALIZACIÓN, amén de que todavía en la actualidad está VIGENTE." (fs.249)
Considera la Sala que, en efecto, la contestación de los hechos séptimo y octavo de la demanda permite desprender claramente la aceptación por parte de los demandados, en especial el señor J.M.B.Z., del conocimiento que tenían del fallecimiento de la propietaria de los inmuebles vendidos por la también demandada, M.I.B.Z., al momento de la celebración de la compraventa respectiva, en virtud de poder general conferido por la propietaria fallecida.
Obsérvese que en los hechos de la demanda corregida comentados se le atribuye a los demandados haber efectuado la venta y traspaso de las fincas Nº 73071 y 817 en virtud de un poder otorgado por la propietaria fallecida desde 1994, lo cual no niegan los demandados en su escrito de contestación de la demanda arriba reproducido, sino que por el contrario admiten que es cierto, pero que eso no invalida la compraventa efectuada, porque el poder mediante el cual dispuso la demandada, M.I.B.Z., de los bienes inmuebles objeto del proceso se encontraba vigente, refiriéndose obviamente al hecho de que la muerte de la otorgante de dicho poder, la señora A.S.S., no lo extinguía.
Luego, entonces, mal puede imputársele al tribunal la mala valoración de la prueba anotada, máxime cuando el juzgador, por vía de lo que establece el artículo 784 del Código Judicial en relación a que los hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra están relevadosde pruebas, pudo darse por convencido ante tal prueba y no obstante ello, entra a analizar otros medios probatorios en relación con el extremo alegado y cuya valoración no cuestionan los proponentes de este recurso extraordinario, como lo es el hecho de que los demandados fueren hermanos y que el precio de venta de las referidas fincas fuere muy inferior al precio catastral de las mismas.
Considera la Sala que, toda vez que el demandado, J.M.B.Z., obró de mala fe al celebrar el contrato de compraventa de las fincas objeto del proceso, pues conocía que el título en virtud del cual disponía su hermana, M.I.B.Z., de los bienes inmuebles tantas veces referidos, había cesado en virtud de la muerte de su otorgante, no puede ser amparado por la fe pública registral que en favor del tercero adquirente contempla el artículo 1762 del Código Civil y que la censura cita como disposición sustantiva infringida.
A propósito de la fe pública registral, vale destacar que la Sala a lo largo de sus pronunciamientos se ha ocupado de ir precisando los alcances de este principio registral. Así, expresó en fallo dictado el 8 de febrero de 1962, lo que se permite la Corte transcribir:
"Como expresa el apelante, L.. M.J.B.:
Estos preceptos (Arts. 10 y 11 de la Ley 13 de 1913) son idénticos en el fondo a los que contienen los Arts. 1762 y 1763 del C. Civil panameño y demuestran que el tercero que compra una finca raíz a quien figura como dueño en el Registro no está obligado a restituirla en el caso de que se anule o resuelva el título del vendedor, salvo los casos expresamente exceptuados, entre los cuales no se halla el demandado ...
Nuestro Registro ampara eficazmente al tercero que compra a quien aparece como dueño en el mismo y no permite que se le prive del bien legítimamente adquirido" (Sentencia de 6 de octubre de 1920, Reg.
J.. Nº 12, Vol. VXVIII, pág. 100, Col. 2a.)". (sic).
Los anteriores conceptos contienen el pensamiento de la Corte en cuanto a la interpretación y alcance del Art. 1762 del C. Civil, considerado por los jurista (sic) panameños como la piedra angular de nuestro sistema de Registro Público ...". (Cita fallos de 12 de agosto de 1918 y 6 de junio de 1955).
Auto de 8 de febrero de 1962.
Repertorio Jurídico Nº 2, febrero 1962, Segunda Instancia, pp. 42 y 43".
(D.A.C., "20 años de jurisprudencia de la Sala Primera (De lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980"; Panamá, 1982, pp. 564, 565)
En otra ocasión, señaló:
"1213. FE PUBLICA REGISTRAL. Garantía y seguridad de los derechos de terceros.
"Nuestro ordenamiento jurídico Registral consagra el principio de la fe pública, contenida especialmente en el artículo 1762 del Código Civil. Es la fe pública registral el más trascendental efecto del Registro Público y puede afirmarse, constituye la finalidad básica de la Institución, por cuanto que al convertirse el asiento en una verdad incontrovertible, asegura de ese modo los derechos de terceros que contratan confiados en el Registro, teniendo como consecuencia la seguridad del tráfico de inmuebles. La Corte debe proteger en este caso un interés superior, al principio de la fe pública registral, que no puede desconocerse, por razón de que la Dirección General del Registro Público estime que una inscripción es ilegal porque ello acabaría con la seguridad del Registro. Además, es evidente que lo que se pretende ahora es hacer una nueva calificación de un título inscrito, lo que no procede sino mediante un procedimiento judicial".
Auto de 25 de octubre de 1976.
Juicio declarativo de pertenencia propuesto por M.G.C. POLO contra el INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y J.D.A. C.
1214. FE PUBLICA REGISTRAL. Ampara al tercero que reúne las condiciones exigidas por la Ley.
"El Art. 1762 del Código Civil, considerado por los juristas panameños como la piedra angular de nuestro sistema de Registro Público, establece el principio cardinal de que el tercero que compra a un poseedor inscrito, no puede ser perjudicado en su dominio, aunque más tarde se invalide el derecho del otorgante, pero para que ese amparo exista es preciso que el derecho del otorgante se anule en virtud del título no inscrito o de causas implícitas, o de causas explícitas que no consten en el Registro Público, porque si la invalidación procede en virtud de otro título inscrito o de causas que consten en el Registro Público, entonces el tercero no queda amparado por ese precepto, desde luego que es de presumir que conocía el otro título inscrito por las causas que constaban en el Registro cuando contrató".
Sentencia de 8 de febrero de 1962.
Repertorio Jurídico Nº 2, Año II, febrero 1962, Segunda Instancia, p. 43."
(D.A.C., "20 años de jurisprudencia de la Sala Primera (De lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980"; Panamá, 1982, fs. 578-579)
Dicho principio medular del Derecho Inmobiliario Registral, en el plano doctrinal ha sido analizado por el civilista LUIS DIEZ-PICAZO, en su conocida obra "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial". Conceptúa el citado autor que la fe pública registral es la regla estricta, conforme a la cual el tercero que lleva a cabo un negocio adquisitivo confiando y amparándose en el Registro Público, ve convertida para él la situación registral en una situación inatacable. Estudiando los efectos del principio con respecto al enajenante a non domino precisa el autor que viene comentado:
"La privación de derechos en virtud de la publicidad registral y sus consecuencias jurídicas ulteriores.
La consumación de una adquisición a non dominio a favor del tercero determina una privación de derechos del titular extraregistral, que resulta, en virtud de la mecánica de la fe pública, perjudicado y empobrecido. La Ley Hipotecaria no determina cuáles son las consecuencias que de ello deben derivar, pero se deducen de los principios generales del sistema. Si el disponente non dominus, aunque titular registral, actuó con dolo o con mala fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puede haber incurrido, deberá resarcir al verdadero titular extraregistral el daño o perjuicio que le cause, puesto que se lo causa por culpa. Si el disponente non dominus, aunque registral, actuó sin culpa ni negligencia, no por eso el verus dominus se ve desprovisto de acción, puesto que la hipótesis es, dado el carácter oneroso del negocio, un supuesto de enriquecimiento sin causa, en que el disponente resulta enriquecido y el verus dominus empobrecido.
Puede decirse por ello que la consecuencia jurídica del art. 34 es privar al verus dominus de su título jurídico real, transformándolo o convirtiéndolo en un derecho de naturaleza personal, que se dirige contra el causante del daño o contra el enriquecido.
Hace una particular aplicación de esta idea el art. 37, in fine, cuando dice que "en el caso de que la acción resolutoria, revocatoria o rescisoria no se pueda dirigir contra tercero, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1º de este artículo, se podrán ejercitar entre las partes las acciones personales que correspondan"."
(L.D.-PICAZO, "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial III"; Editorial Civitas, Madrid-España, 1995; pág. 469).
La Corte también ha dicho que para que una persona se considere tercero registral y, por tanto, encuentre amparo en dicho principio es menester que reúna requisitos concretos, los cuales dejó establecido en la sentencia de 3 de junio de 2002, la cual se permite la Sala dejar transcrita, en lo medular:
"Por otra parte, la opción de protección al tercero, naturalmente, se encuentra condicionada a que se cumplan los presupuestos de la fe pública registral contenida en los artículos 1761, 1762 y 1763 del Código Civil, a saber:
1. Que se trate de un adquirente del dominio de un inmueble,
2. Que exista la buena fe del tercero adquirente,
3. El negocio adquisitivo ha de ser un título que aparezca inscrito en el Registro Público, y que el transmitente aparezca con facultades para realizar la transferencia,y
4. El tercer adquirente debe, a su vez, inscribir su adquisición." (Sentencia de 3 de junio de 2002)
Para que el tercero registral encuentre, pues, amparo en esa verdad incontrovertible en la que se convierten los asientos registralesuna vez practicados, como se ha visto, uno de los requisitos esencial es el que haya actuado de buena fe. Buena fe ésta que en el caso sub judice está ausente, pues como se desprende de las constancias procesales que se han dejado examinadas, el recurrente, J.M.B.Z., adquirió de su hermana, M.L.B.Z., los inmuebles objeto del proceso a sabiendas de que el título en virtud del cual adquiría a título de venta de su hermana los inmuebles tantas veces referidos, adolecía de un vicio. Luego, entonces no puede ser favorecido por la fe pública registral.
En consecuencia, se desestiman los cargos formulados contra la sentencia recurrida a propósito de la segunda causal examinada, así como las violaciones a los artículos 897, 781 del Código Judicial y 1762 del Código Civil. Empero, por haberse probado la primera causal se procede a casar el fallo recurrido y a reformar el de primera instancia, conforme a la señalado cuando se analizó la primera causal. Adicionalmente, se debe reformar la condena en costas y gastos, toda vez que la misma debe ser impuesta a ambos demandados y no únicamente a la señora M.I.B.Z., puesto que tanto ella como el señor J.M.B.Z., actuaron de mala fe, tal como anteriormente se explicó.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida el 15 de enero de 2003, por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el proceso ordinario interpuesto por A.S.S. DE BIEDMAN, mediante apoderado judicial, contra los señores JOSÉ MANUEL BRAVO
ZÚÑIGA y M.I.B.Z.; en consecuencia, actuando como tribunal de instancia, REFORMA la Sentencia Nº 36 de 20 de diciembre de 2001, expedida por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de que en su parte resolutiva se exprese lo siguiente: SE DECLARA:
1. Que el poder general otorgado por L.S.S. (q.e.p.d.) a M.I.B.Z., y que se encuentra inscrito a la ficha S.C. 10237, rollo 2726, imagen 8, se extinguió o cesó el día siete (7) de septiembre de mil novecientos y cuatro (1994), fecha de la defunción de la mandante L.S.S. (q.e.p.d.), además, se ORDENA al Registro Público la cancelación de la inscripción del poder mencionado.
2. Que los actos suscritos por la señora M.I.B.Z., en ejercicio del poder general otorgado por la difunta L.S.S. (q.e.p.d.) y celebrados después del día siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), son nulos.
3. Que es nula la venta y traspaso efectuados por la señora M.I.B.Z., en nombre de L.S.S. de la finca Nº817, inscrita al folio 86 del tomo 44 de P.H., Sección de Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, efectuada por Escritura Pública Nº11128 del 15 de octubre de 1997 de la Notaría Quinta de Circuito de Panamá, así como la venta y traspaso de la finca Nº73071, inscrita al tomo 175, folio 246 de la Sección de Propiedad del Registro Público, efectuada mediante Escritura Pública Nº360 del 14 de marzo de 1997 de la Notaría de Las Tablas.
4. Se ORDENA al Registro Público CANCELAR los asientos por los cuales se traspasaron a J.M.B. ZÚÑIGA los inmuebles descritos en el numeral anterior.
5. Que la señora A.S.S.D.B. tiene derecho a reivindicar solamente la finca Nº 817 antes descrita.
6. Se niegan el resto de las pretensiones incursadas por la demandante, A.S.S. DE BIEDMAN.
Las costas totales del proceso, a cargo de los demandados, M.I.B.Z. y J.M.B.Z., se fijan en la suma de DIEZ MIL BALBOAS (B/10,000.00), más los gastos del proceso, los cuales serán calculados por la Secretaría del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- ANIBAL SALAS CESPEDES