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Timestamp: 2018-01-18 19:59:40
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LA REFORMA PROCESAL CIVIL Y EL DEBIDO PROCESO
William Herrera Áñez*
1. La reforma del proceso civil
La reforma del proceso civil boliviano era un mandato de la Constitución de 2009, la Ley del Órgano Judicial (Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010), y la nueva realidad social que exigían un cambio del sistema de justicia civil que garantice los derechos sustantivos. El cambio era una demanda antigua ya que el Código de Procedimiento Civil de 1976, y su reforma parcial mediante la Ley Nº 1760, de 28 de febrero de 1997, pese a la opinión de sus mentores en lo fundamental supuso un simple “maquillaje”, porque el proceso civil continuaba lento, burocrático y funcional a la corrupción.
La excesiva duración de los procesos afectaba gravemente la imagen del sistema judicial ante la opinión pública, cada vez más necesitada de una justicia de calidad en todo sentido. La retardación de justicia en realidad ha sido el foco más negativo para la comunidad, que la consideraba una verdadera denegación de justicia.[1]
Hoy el proceso civil no tiene que ser el medio para solucionar los conflictos típicos de una sociedad rural, sino el instrumento con el que se tiene que hacer frente a los conflictos propios de una sociedad urbana y tiene que convertirse en un fenómeno en el que estén implicados no sólo las capas privilegiadas de la población, sino la mayoría de los ciudadanos en el que el elemento fundamental del mismo sea su efectividad práctica. En efecto, mientras la efectividad era algo ajeno al modelo procesal del siglo pasado, ahora tiene que ser el eje central a tomar en cuenta en los Códigos procesales civiles modernos.
La reforma del proceso civil se venía exigiendo hacía tiempo desde diferentes frentes académicos y políticos. En 1995 por ejemplo el Ministerio de Justicia organizó en la ciudad de La Paz el Seminario Internacional: “Las Experiencias de Reforma Procesal en Latinoamérica y perspectivas para Bolivia”.[2]
En este encuentro los expertos pusieron de relieve la necesidad de comenzar la reforma de los ordenamientos procesales en materia civil como penal, ya que si las estructuras e instituciones no se actualizaban y definían pensando en la plena eficacia de las garantías y derechos constitucionales, terminarían convirtiéndose en instrumentos ritualistas, sin contenido social, al servicio de las personas con mayor influencia económica y social, en detrimento del Estado Constitucional de Derecho.
Sin embargo, a partir de la aprobación del texto constitucional de 2009 y la LOJ, el Estado estaba obligado a trabajar en el nuevo Código Procesal Civil. En la exposición de motivos se registra que el 25 de abril del año 2010, se llevó a cabo la primera reunión del Sector Justicia, en la ciudad de Sucre con la participación de autoridades de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público, con el fin de comenzar un trabajo conjunto y coordinado para el desarrollo de la nueva normativa procesal.
El segundo paso fueron las reuniones denominadas “lineamientos y directrices para el desarrollo normativo judicial”, realizadas los días 22 y 23 de agosto de 2011, donde no sólo se presentó el diagnóstico de la administración de justicia, sino también se crearon las comisiones codificadoras a cargo de las principales autoridades de los Órganos Legislativo y Judicial, académicos e invitados especiales.[3] En la reforma se tomó en cuenta la realidad latinoamericana, con sus carencias económicas, técnicas y materiales y se puso de manifiesto además que la escritura venía a ser el principal problema del proceso civil, porque lo hacía demasiado burocrático y funcional a la corrupción.
El legislador reconoce igualmente las nuevas corrientes del Derecho Procesal Civil que se han materializado en algunos países vecinos, seleccionando de manera adecuada lo más útil a nuestra realidad, conciliando lo nuevo con las buenas prácticas tradicionales, en una adecuada sistematización entre lo teórico y lo práctico, siguiendo las técnicas de codificación con el propósito de materializar las experiencias del público litigante y de los jueces, labor que ha llevado seis meses de trabajo sostenido plasmándose la experiencia forense de varios años en la aplicación de la actual legislación procesal civil.
La reforma del proceso civil pone el acento en la oralidad y reconoce que esta característica fue impulsada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal que desde la década del sesenta ha desarrollado una proficua labor para dotar a los países del área de instrumentos procesales modernos y adecuados, adelantándose a los procesos de integración regional. Este Instituto y los profesores uruguayos Enrique Vescovi, Adolfo Gelsi y Luis Torello elaboraron el Ante-proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, el cual suministra bases para la uniformización de los sistemas procesales y ha servido fundamentalmente como precedente para las reformas procesales en Latinoamérica.
Los autores de este Código modelo, reconocen como ideas rectoras que el proceso es el medio fundamental para la consolidación de los derechos humanos, y su instrumentalidad al servicio de todo el Derecho sustantivo, no implica diversidad de procesos, sino más bien su unificación; el proceso no tiene preferencias por una u otra materia, ni a ésta corresponde señalar las estructuras procesales, sino meramente sus necesidades. De la misma forma reconocen que una de las mayores exigencias de nuestra época radica en la abreviación de los trámites, y en la obtención de un resultado rápido, debiendo implantarse la oralidad como un mecanismo para combatir la retardación de justicia.
Aunque el legislador boliviano no ha reconocido ―ni ha negado― haber seguido en lo fundamental a este Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, ni al Código General del Proceso del Uruguay de 1989, menos al anteproyecto de Código del Proceso Civil boliviano de 1997, elaborado por del Ministerio de Justicia, toda esta experiencia resulta de indudable interés en el contexto iberoamericano para cualquier país que analice alternativas para modernizar su proceso civil.
El hecho de que el legislador sostenga que la reforma es “boliviana y a la boliviana” e intente ocultar su fuente inmediata no sólo priva de conocer su fuente principal, sino que le puede restar rigor científico, pues hubiera sido más honesto reconocer que siguió a un determinado modelo y si éste fuera el “uruguayo”, mejor aún ya que en este país se implantó un sistema procesal civil, construido y aprobado por la más destacada doctrina procesal internacional.
En cualquier caso, el Código General del Proceso del Uruguay de 1989, que tuvo como fuente inmediata y directa al Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, fue uno de los primeros en Latinoamérica en diseñar el proceso por audiencia, que ha adoptado la reforma procesal civil boliviana, incorporándole tan solo algunos cambios para ajustarlo a la realidad nacional.
2. Los principios rectores de la reforma
Dado que los principios constituyen verdaderos mandatos jurídicos, dirigidos a los Órganos del Estado para que sean tomados en cuenta en el proceso de creación de las normas, destacaremos algunos de estos principios que deberán convertirse en las directrices fundamentales del nuevo sistema procesal civil, a saber:
2.1 Dirección del proceso por el juez o tribunal
La reforma busca que el juez, sin vulnerar el principio dispositivo, se convierta en un partícipe activo del proceso con su presencia y el ejercicio de los poderes-deberes asignados por el sistema procesal civil. Esta dirección del proceso consagra el principio del impulso procesal de oficio, debiendo el juez tomar todas las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, incluso, debe adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.
En el ordenamiento jurídico uruguayo, que adoptó primero el proceso por audiencia, según Pereira Campos, se ha previsto los siguientes poderes-deberes:[4]
a) Rechazar in limine la demanda, cuando fuera manifiesta­mente improponible por cuestiones formales o de fondo.
b) Rechazar in límine la intervención de terceros cuando la petición carezca de los requisitos exigidos.
c) Rechazar in limine los incidentes que reiteren otros ya pro­puestos por la misma causa o cuando, a pesar de fundarse en causa distinta, esta haya podido alegarse al promoverse uno an­terior.
d) Declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e in­subsanables y para disponer las diligencias que persiguen evitar dichas nulidades.
e) Imponer a los procuradores y abogados sanciones disci­plinarias y multas en los casos previstos legalmente, así como para dirigir el proceso e imponer sanciones a quienes obser­ven conducta incompatible con la dignidad y decoro de la Jus­ticia.
f) En materia de prueba, se faculta al juez:
i) Ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de los hechos controvertidos (el juez no puede, por ende, alte­rar el marco fáctico del proceso), respetando el derecho de defensa de las partes.
ii) Disponer, en cualquier momento, la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, para requerirles las explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito.
iii) Rechazar las pruebas inadmisibles, así como las mani­fiestamente inconducentes, impertinentes e innecesarias.
Toda esta doctrina se puede extrapolar perfectamente a nuestra realidad nacional. En ningún caso no obstante estos poderes-deberes deben alterar la imparcialidad del juez, que es una exigencia fundamental del debido proceso. No debe olvidarse que una cosa es la imparcia­lidad ―siempre imprescindible― y otra, muy distinta, la neutralidad del juez ―que lo hace mero espectador prescindente― que en nada colabora proactivamente en la dilucidación del conflicto. La posición activa del órgano judicial respecto a las pruebas no es incompatible con su imparcialidad, en tanto el derecho de defensa se preserva íntegramente.
En todo caso, los jueces deben hacer un ejercicio moderado y adecuado de tales mecanismos, sin afectar su imparcialidad, el principio de igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio.
2.2 El principio dispositivo
El nuevo proceso civil continúa siendo predominantemente dispositivo, donde las partes tienen la facultad de disponer del proceso, salvo que se trate de derechos irrenunciables. Este principio gobierna el Derecho civil, y consiste en la facultad que ostentan las partes no sólo de aportar los hechos y las pruebas al proceso, sino también de disponer (en el sentido más amplio de la palabra) de las pretensiones en cualquier momento de la contienda judicial.
En palabras de Montero Aroca,[5] alrededor de este principio se han venido incluyendo dos situaciones distintas: el principio dispositivo en sentido estricto, esto es, la disponibilidad que las partes tienen sobre el interés privado y la conveniencia o no de acudir al órgano jurisdiccional pretendiendo su satisfacción y, en segundo lugar, el de aportación de parte, por el que las partes tienen también el monopolio de aportar al proceso los elementos de hecho y los medios de prueba.
El principio dispositivo en sentido estricto significa un criterio de ordenación de las facultades de iniciación del proceso y de configuración del objeto procesal, según el cual éstas deben ser atribuidas a los que se afirman titulares del derecho o del interés jurídico para los que piden la tutela judicial. Según el concepto amplio, el principio dispositivo es un principio de ámbito más general, de contenido heterogéneo, del que derivan una serie de sub-principios todos ellos caracterizados por reconocer a las partes el predominio en los más diversos aspectos de la actividad procesal (no sólo en la iniciación del proceso y la configuración de su objeto, sino también en la aportación de los hechos y de la prueba), de modo coherente con la disponibilidad del Derecho material
En consecuencia, el principio dispositivo no es más que la continuidad, en el plano procesal, de la libertad de ejercicio y de disposición que el Derecho privado reconoce a los titulares de los derechos subjetivos y otros intereses jurídicos privados.
2.3 Principio de inmediación
El principio de inmediación, que constituye uno de los pilares esenciales de la reforma, implica la comunica­ción personal del juez y las partes con los actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como instrumento para llegar a una íntima cognición de los intere­ses en juego a través del proceso y de su objeto litigioso.
A efectos de que la inmediación tenga pleno vigor, el juez debe asumir en la audiencia un rol de director, actuando con mesura y razonabilidad, cuidando en todo momento su imparcialidad. Este principio es más exigente no sólo con los jueces sino tam­bién con los abogados, porque demanda un conocimiento completo y constante del asunto controvertido. La inmediación requiere mutua colaboración entre el juez y los abogados para realizar esa obra en común que es cada audiencia y el proceso todo, de ahí que el nuevo Código procesal establece los siguientes mecanismos:
a) Se le confieren al juez poderes-deberes que le permiten ser el verdadero director del proceso, sin perjuicio de la inquebran­table vigencia del derecho de defensa de las partes.
b) Se sanciona con nulidad absoluta todo lo actuado en las au­diencias que se celebren sin la presencia del juez, sin perjuicio de la responsabilidad funcional en la que pueda incurrir este por no asumir la dirección de la audiencia.
c) Se prevé la identidad entre el juez que dirige las audiencias de un proceso y el que dicta la correspondiente sentencia.
d) Es preceptiva la presencia de las personas físicas en la audiencia preliminar (las personas jurídicas y los incapaces ob­viamente comparecen por representantes), salvo motivo fundado.
e) Se sanciona al actor con el desistimiento de la pretensión cuan­do injustificadamente no comparece a la audiencia preliminar, salvo que se tratare de derechos indisponibles.
f) Se sanciona al demandado con la admisión de los hechos ale­gados por el actor cuando injustificadamente no comparece a la audiencia preliminar, salvo que se tratare de derechos indispo­nibles.
g) Se sanciona con una presunción desfavorable (relativa) a la parte que injustificadamente no comparece a la audiencia com­plementaria, a la audiencia de conciliación previa o a otras au­diencias del proceso.
h) Se regula la recepción de prueba en audiencia.
2.4 Principio de economía (celeridad)
Aun cuando el principio de economía tiene múltiples manifestaciones (economía de esfuerzos y economía de dinero), sin lugar a dudas lo más trascendente es obtener la celeridad de los procesos (economía de tiempo). La agilización de los procedimientos con el fin de que el proceso concluya en un plazo razonable, constituye uno de los desafíos centrales del Derecho Procesal desde siempre y de ahí por qué el legislador ha previsto:
a) Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de la facultad de las partes de acordar la suspensión de los mismos.
b) Se consagra el impulso procesal de oficio, según el cual, una vez iniciado el proceso (para lo cual rige el principio dispositivo), el tribunal deberá impulsar el proceso evitando su paralización.
c) Se prevé el principio de las audiencias continuas.
d) Se elimina la realización de actos innecesarios tales como rei­teración de traslados (ya desde muchos años antes se había eliminado la réplica y la dúplica).
e) Se regula en la audiencia preliminar el despacho saneador, procedimiento que busca depurar el proceso de incidentes o excepciones previas, pasándose así a debatir sobre el fondo del caso.
f) Se consagra un régimen eficiente de notificaciones, que se construye sobre los siguientes pilares:
i) La notificación a domicilio es excepcional y se exige la asistencia de los abogados al juzgado o tribunal.
ii) Con todas las resoluciones dictadas en la audiencia, quedan noti­ficadas las partes.
iii) Las nulidades son excepcionales en materia de notificacio­nes, rigiendo el principio de finalismo.
g) Se restringen las nulidades a las estrictamente necesarias, siem­pre y cuando exista perjuicio, quien las alega no las haya sub­sanado o haya contribuido a causarlas y siempre y cuando el acto, aunque irregular no haya cumplido su finalidad.
h) Carácter no suspensivo de los incidentes.
i) En el régimen impugnativo se hace hincapié en mecanismos de aceleración procesal como lo son la apelación con efecto dife­rido y no suspensivo, la interposición o el anuncio de recursos en audiencia, etc.
j) Las diligencias para mejor proveer son excepcionalísimas y tie­nen limitado el plazo por el cual suspenden el proceso.
k) Cuando la pretensión presenta un alto grado de fehaciencia ini­cial, simplicidad y/o baja probabilidad de oposición (letras de cambio, contratos inscriptos, etc.), se permite la tramitación del proceso por la vía monitoria, constituyendo este un mecanismo de enorme utilidad para obtener una sentencia de inmediato, sin perjuicio de la eventual impugnación median­te la interposición de excepciones y la ordinarización del proceso.
2.5 Principios de buena fe, lealtad y veracidad
El nuevo sistema procesal civil establece que la conducta del juez, las partes, sus representantes, abogados y demás partícipes debe adecuarse a la dignidad de la justi­cia, lealtad y buena fe, principios que se buscan garantizar mediante los siguientes instrumentos:
a) El Tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria, disponiendo para ello de poderes-deberes.
b) Presentación de la demanda y contestación con toda la prueba de que se dispone, adjuntando los documentos que obran en poder de la parte, intimando la entrega de los que obren en poder de la contraparte o terceros y proporcionando todos los elementos de los demás medios de prueba de los que la parte habrá de servirse (datos de testigos y objeto de su declaración, objeto de la pericia, objeto de la inspección judicial o la re­construcción, etc.). De este modo, se impone a las partes la carga de anticipar en la demanda y en la contestación toda la prueba que se intenta producir, evitando ocultamientos y ma­niobras.
c) Se prevé el deber de veracidad al establecerse como requisito de todo acto procesal que habrá de ser realizado con veracidad y buena fe y tener por causa un interés legítimo.
d) Se otorgan al Tribunal poderes-deberes para rechazar la prueba inadmisible, inconducente, impertinente o innecesaria, las pre­tensiones manifiestamente improponibles u ostensiblemente in­fundadas, para dirigir el proceso con plena autoridad, evitando la dilación y para aplicar sanciones a quienes lo obstaculicen indebidamente.
e) Se desestimulan las impugnaciones meramente dilatorias, y se confiere efecto no suspensivo a la apelación de sen­tencias interlocutorias, admitiendo la ejecución provisoria de la sentencia de condena apelada. En algunos casos especiales se prevé la apelación con efecto diferido que también desalien­ta la impugnación infundada de las resoluciones.
f) Se sanciona al demandado debidamente emplazado que no contesta la demanda con la admisión de los hechos alegados por el actor (rebeldía del demandado)
g) La publicidad del proceso –debidamente garantizada– y la presencia permanente del juez en las audiencias, también des­alientan al litigante malicioso que debe “dar la cara” frente al juez, a su cliente y al colega que asiste a la contraparte.
h) Se consagra un poder cautelar genérico al tribunal para ase­gurar la efectividad de la sentencia, así como la admisión de la imposición de sanciones pecuniarias conminativas.
3. El debido proceso del constituyente
La reforma procesal civil no sólo debe limitarse a introducir el proceso por audiencia, la “audiencia preliminar” y la “oralidad”, sino tiene que cumplir unos determinados principios o estándares básicos para concretar el debido proceso que proclama la Constitución, los Pactos y Convenios internacionales. Todos estos “estándares básicos” se encuentran reconocidos en la Constitución boliviana (arts. 115-120 y 180.I), cuando establece con carácter general que “toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y que el “Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
De la misma forma, establece que “ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; además, “las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. Entre estos presupuestos que exige el debido proceso, la Constitución establece igualmente que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial…” y a ser juzgada en su idioma.
El proceso justo, que es una garantía básica para todo tipo de proceso, abarca en realidad varios elementos como la necesidad de que el juicio concluya dentro de un plazo razonable, la independencia e imparcialidad de los jueces, el acceso directo a los tribunales, el derecho a ofrecer y producir pruebas, la motivación de las resoluciones, etc.
En esta línea, desde un principio el TC ha pregonado que el debido proceso es el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estimen convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.[6]
El desafío del legislador boliviano será, en consecuencia, diseñar el proceso (cualquier tipo de proceso y en todas las materias), de modo que el juicio, a los efectos de su validez y reconocimiento constitucional, tenga que celebrarse conforme a los derechos, garantías y principios consagrados en la Constitución, los Convenios y Tratados Internacionales. En particular tienen derecho a ser oído o escuchado en audiencia, que no hay que tomarlo en sentido literal, como simplemente a estar presente, sino que va mucho más allá, e implica fundamentalmente que la persona no sea meramente un objeto del proceso, sino que tenga ocasión de poder defenderse y hacerse escuchar a lo largo de la audiencia oral.
La idea es que el demandado tenga la oportunidad (el juez debe velar porque se den las condiciones necesarias) de expresar su posición frente al tribunal acerca de las pretensiones en su contra y realizar de la manera más amplia posible su derecho a la defensa. El derecho de audiencia en efecto consiste en la facultad irrestricta que tiene toda persona de ser oída, impugnando las pruebas de contrario, proponiendo y aportando las que estime convenientes, con el fin de desvirtuar o enervar la pretensión o atenuar la responsabilidad que se le atribuye.
Así, el derecho a ser oído se constituye en el plexo sobre el que se articulan las garantías judiciales mínimas relativas al debido proceso (art. 8.2 del Pacto de San José), donde todos sus institutos de alguna manera se conectan y convergen con el derecho a la defensa. Lo relevante es que a nadie se le condene sin que haya tenido las posibilidades reales y efectivas de proponer y practicar las pruebas que vea conveniente dentro de los límites que le permita su derecho a la defensa.
Tal como aclara De Falco, el derecho de audiencia ha tenido desde siempre un significado especial, y ha sido establecido en el artículo 103.1 de la Constitución alemana como norma procesal fundamental de todos los procesos judiciales.[7] De ahí por qué cuando se vulnera este derecho fundamental, dependiendo de la relevancia de la lesión, el legislador ha establecido los recursos ordinarios y extraordinarios para restablecerlo.
Los referidos mandatos constitucionales, los Convenios y Tratados internacionales han creado una doctrina internacional acerca de los alcances y componentes centrales de la noción de debido proceso que, a su vez, cada uno de estos derechos ha sido objeto de complejas derivaciones y estándares específicos. En palabras de Duce, Marín y Riego, la revisión de estas normas constitucionales e internacionales permite sostener que el eje central sobre el cual se articulan todas las garantías para todo tipo de materias es la idea de juicio, entendido éste como una audiencia oral, pública y contradictoria.[8]
Estos autores aclaran que, al menos en el contexto cultural moderno ―en el que esas garantías se han desarrollado― resulta imposible imaginar cada uno de estos derechos específicos consagrados en los instrumentos internacionales sin referirlos a la idea de una audiencia oral y pública, desarrollada ante un tribunal imparcial por medio de un debate en el que participan las partes involucradas, se ejerce el derecho a defensa y se rinde la prueba, en base a todo lo cual el tribunal puede fundar su decisión.
En la medida en que las pruebas y argumentos de las partes no se presenten en forma oral y directa frente a los jueces que van a conocer y resolver la controversia, se corre el riesgo de la delegación de funciones y con ello que el proceso se limite al intercambio de papeles entre los abogados y el tribunal.
En consecuencia el debido proceso, por una parte, y el juicio oral como una herramienta eficaz para depurar la información que ingresa a él, por otra, son los dos elementos centrales que deben prevalecer al momento de diseñar un proceso judicial moderno. A estas alturas cabe la pregunta ¿el proceso por audiencia que ha adoptado la reforma ha diseñado un juicio oral y público capaz de depurar la prueba y tener una información de calidad como lo exige el debido proceso?
Aunque el vocablo “juicio” no existe en el Código Procesal Civil, sino audiencia, se toman en principio como sinónimos y sirve para referirse exclusivamente a la audiencia oral, publica y contradictoria que tiene por objeto que las partes presenten su versión de los hechos, mediante sus argumentos y medios de prueba, ante un tribunal imparcial que percibe concentrada y directamente la actividad de las partes litigantes y que, de acuerdo a lo percibido, y solo de acuerdo a ello, debe formar su juicio o convicción, resolviendo inmediatamente el asunto controvertido.
Esta audiencia según la LOJ (art. 30.2), debe celebrarse de forma fundamentalmente oral, observando la inmediación y la concentración de la actividad probatoria como garantías del debido proceso. En correspondencia con esta normativa, el proceso civil comienza proclamando la oralidad y, por tanto, deberá reducirse la escritura a la demanda, a la contestación, a las excepciones y, en su caso, a la reconvención, y de ahí en adelante todo debe ser en audiencia oral; es decir, tienen que invertirse los principios instrumentales actuales de la escritura por la oralidad, al estilo del proceso penal.[9]
Este cambio trascendental como hemos dicho,[10] significa que en los actos procesales tiene que predominar lo hablado sobre lo escrito, como medio de expresión y comunicación entre las partes o sujetos que intervienen en el proceso. En la medida en que el operador jurídico tenga la voluntad y la capacidad de pasar de una oralidad formal, a una oralidad real, cumplirá con los principios básicos o estándares del debido proceso y el juicio concluirá en un plazo razonable, dada la concentración, simplificación e inmediación de los actos procesales. Además la oralidad no llega sola, sino bien acompañada de otros principios procesales fundamentales, porque en general éstos no son excluyentes, sino complementarios y forman parte de un conjunto inescindible. Tómese en cuenta que la verdadera inmediación sólo es posible en una audiencia oral.
También el juicio oral permite la publicidad, reconocida en la Constitución y la mayoría de los Convenios y Pactos internacionales, que es una conquista del pensamiento liberal y se opone a lo que se conoce como justicia de gabinete. O sea sin oralidad no hay publicidad o, lo que es lo mismo, sólo un proceso oral y concentrado permite la publicidad y con ella la fiscalización y control popular del funcionamiento de la justicia.
La publicidad permite transparentar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y se ha convertido en un derecho fundamental. En tal sentido, no basta con la tutela que prestan los tribunales, sino que es necesario que el pueblo tenga acceso y conozca a ciencia cierta cómo funcionan las instituciones democráticas y, en especial, el sistema judicial por el tipo de bienes que están en juego: la libertad, la dignidad, el patrimonio de las personas, etc.
Todas estas garantías que consagra la Constitución boliviana, los Pactos y Convenios internacionales, ya se encuentran plasmadas por ejemplo en los procesos penal y agroambiental y tienen que extrapolarse al proceso civil, de modo que el juicio concluya en una audiencia oral y en un plazo razonable, aunque puede estar compuesta de sesiones continuas, hasta agotar la prueba y de inmediato, previa exposición de las conclusiones de las partes, el juez deberá pronunciar sentencia.
4. El proceso por audiencia
El legislador boliviano se ha decantado por el “proceso por audiencia”, en el que la audiencia oral se constituye en el elemento central del proceso y busca en lo fundamental que, bajo la dirección del juez, las partes contendientes deben actuar conjuntamente a fin de aportar los elementos necesarios para reconstruir el pasado y permitir establecer el derecho aplicable.
Se llama proceso por audiencia en efecto porque a partir de la contestación a la demanda y en su caso la reconvención y su contestación, todas las actuaciones procesales se realizan y resuelven en una audiencia, bajo los principios de la inmediación, la concentración y la publicidad, entre otros principios procesales que se encuentran incorporados al nuevo sistema procesal.
En la exposición de motivos se deja establecido que la denominación del proceso por audiencia parte del criterio de que terminada la etapa de la postulación (demanda, reconvención y, en su caso, contestaciones), las actuaciones posteriores se desarrollarán en audiencia oral donde, con la concurrencia de los principios de inmediación, concentración y publicidad, transparentan el proceso en la búsqueda de una solución pronta y eficaz.
La idea del proceso por audiencia en general se remonta a las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, realizadas en 1957 por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en homenaje a la memoria de Eduardo Couture, en donde se reconoció la figura también de la audiencia preliminar, que luego fue regulada en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1988 ―como una de sus grandes novedades―, convirtiéndose este Código en una de las principales fuentes para las reformas procesales.
Los proyectistas del Código Procesal Modelo ponían de relieve que la audiencia preliminar, marcaba el punto principal y constituía la innovación más representativa del nuevo régimen de los Códigos iberoamericanos. Esta primera audiencia, presidida por el juez, tenía el fin primordial de evitar el litigio, o limitar su objeto y depurar el procedimiento. Como fuente inmediata de esta institución, se tienen la audiencia preliminar austriaca e inglesa y el saneamiento portugués.
Otro precedente relevante viene a ser el Anteproyecto del Código del Proceso Civil boliviano de 1997, elaborado por el Ministerio de Justicia del Gobierno de entonces. Esta propuesta pretendía una transformación del tratamiento de los conflictos civiles a través, en primer término, de la introducción del sistema oral, que seguramente buscaba traducir las bondades de una justicia civil fluida y garantizadora paritariamente de las pretensiones de los titulares del proceso que ocurren a los estrados. En la exposición de motivos del Anteproyecto sus autores advertían que el nuevo sistema buscaba la prevalencia de la oralidad frente a la escrituración, que bien puede ser calificada como la madre de los problemas hasta el presente en materia civil.
A tiempo de poner de relieve que el proceso por audiencia es sencillo y práctico, en la exposición de motivos el legislador actual deja establecido que la primera etapa comprende la audiencia preliminar, en la que se aplica el principio de concentración, acumulando diversas actividades procesales, tales como la alegación de nuevos hechos que estén conexos con la pretensión principal, se aclaren cuestiones oscuras, precisándose el contradictorio; se busque una conciliación intraprocesal, con la finalidad de lograr el advenimiento de la solución del conflicto; se cumpla con la función saneadora del proceso, depurando aquellas cuestiones de forma que puedan obstaculizar el ingreso al fondo de la controversia facilitando la labor del juez y de paso evitando que en el futuro se pretendan invocar incidentes o cuestiones que sean ajenas al mérito; se fija el objeto del proceso y como consecuencia de la prueba.
En general el proceso por audiencia busca, según el uruguayo Pereira Campos, lo siguiente:
• Revertir el alto grado de ineficiencia por la demora en la resolu­ción de los conflictos.
• Simplificar y reducir el número de las estructuras procesales y sus trámites. La simplicidad se obtiene al limitar el número de tipos de procesos a su mínimo indispensable. Así, fuera de la necesaria previsión de procesos preliminares, cautelares e inci­dentales, el proceso de conocimiento se reduce a tres formas: la ordinaria, extraordinaria y monitoria.
Luego, la simplicidad se verifica dentro de cada estructura procesal, al eliminarse actos innecesarios y actuar los principios de inmediación y concen­tración, fundamentalmente en la audiencia que funciona como elemento central del proceso.
• Un Código Procesal que tuviera vocación general, abarcando el mayor número de materias no penales.
• Lograr el contacto directo del juez con las partes y la prueba.
• Convertir al juez en verdadero director del proceso.
• Moralizar el proceso evitando conductas desleales y dilatorias. La probidad se logra mediante mecanismos que aseguren que los sujetos actúen con lealtad y buena fe, entre los cuales asu­me fundamental importancia la carga de anticipar en la deman­da y en la contestación toda la prueba que se intenta producir, evitando el ocultamiento y las maniobras. En el mismo sentido, el otorgamiento al Tribunal de trascendentes poderes-deberes, y un régimen impugnativo en el cual el efecto suspensivo sea la excepción, evitan conductas maliciosas.
• Priorizar lo sustancial sobre lo formal: que las formas ―siempre necesarias para garantizar el debido proceso― sean instrumenta­les al derecho sustantivo.
• Priorizar la autocomposición del litigio.
• Lograr la eficacia del proceso de modo que todo sujeto de de­recho tenga acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones.
Así el legislador parece convencido de que el contacto físico del juez con las partes de manera organizada evita distorsiones en la percepción de los hechos y por el contrario coadyuva extraordinariamente en la búsqueda de la verdad material, de ahí por qué ha dividido el proceso ordinario en dos etapas: la audiencia preliminar y la audiencia complementaria:
4.1 La audiencia preliminar
La audiencia preliminar y la oralidad, que han sido reconocidas en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, constituyen el eje central de la reforma procesal civil. Esta audiencia en efecto no sólo es para salvar al proceso de virtuales falencias y deficiencias y en muchos casos evitar el juicio, sino también para que las partes intenten un acuerdo conciliatorio o transaccional que ponga fin al proceso. También deberá depurarse el proceso resolviendo las posibles cuestiones sobre presupuestos y óbices procesales, determinar con precisión las pretensiones de las partes y el ámbito de su controversia y de existir hechos controvertidos se propongan y admitan las pruebas pertinentes que se producirán en la audiencia.
Así, la audiencia preliminar cumple al interior del proceso una extraordinaria labor de delimitación y simplificación del proceso posibilitando el diligenciamiento de los medios de prueba adecuados y también preparando la decisión final. En síntesis, la audiencia preliminar no sólo buscará salvar al proceso de falencias y deficiencias, sino también evitar el juicio, promoviendo un acuerdo conciliatorio o transaccional que ponga fin al proceso.
A diferencia del viejo sistema procesal civil, a esta audiencia el juez debe llegar lo suficientemente interiorizado de la demanda, contestación, reconvención y, en su caso, contestaciones por cuanto aquí, frente a frente, los litigantes y sus abogados, con la intervención activa del juez como director del proceso, se buscará llegar prioritariamente a una conciliación total o parcial y, en su de­fecto, se fijan los puntos en disputa de manera clara y concreta. La consigna será entonces ―siempre que haya voluntad política para revolucionar el proceso civil―, cambiar el viejo tribunal oscuro receptor de escritos para formar gruesos expedientes, en el espacio perfecto para construir el proceso ―fundamentalmente mediante la audiencia oral― con la presencia física del juez y las partes.
En general, el Código procesal (art. 365) prevé que el juez convocará a las partes para la realización de la primera gran audiencia preliminar. Las partes comparecerán en forma personal, excepto motivo fundado que justificare la comparecencia por representante, al igual que las personas colectivas y los incapaces. Si se suspendiere por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, que deberá justificarse mediante prueba documental, la audiencia podrá postergarse por una sola vez.
La disposición aclara que la inasistencia no justificada de la parte actora o reconviniente se tendrá como desistimiento de la pretensión, con todos sus efectos. En cambio si la ausencia injustificada fuera de la parte demandada, en la nueva audiencia la autoridad judicial queda facultada a dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo contrario y fueren derechos disponibles.
En la audiencia preliminar, siempre y cuando sea bien dirigida y administrada por el juez, pueden llegar a evitarse o concluir un alto porcentaje de las controversias jurídicas, bien por conciliación o acuerdos, bien por la vía del saneamiento procesal, bien por los incidentes y las excepciones, etc. A propósito de la reforma, el éxito dependerá en gran parte ―habrá que advertirlo― de que los jueces civiles cambien los viejos paradigmas y dejen de ser simples espectadores del proceso para convertirse en verdaderos protagonistas del cambio procesal.[11]
La finalidad de esta audiencia en general es intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de Derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.
En la línea del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, el Código General del Proceso del Uruguay de 1989, la Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 7 de enero de 2000, y el Anteproyecto de Código del Proceso Civil boliviano de 1997, entre otras fuentes, el legislador nacional ha diseñado que en la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:
1) Ratificación de la demanda y de la contestación, y en su caso, de la reconvención y su contestación; igualmente, alegación de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio de la autoridad judicial o de las partes.
Este primer inciso pone de manifiesto una de las finalidades de la audiencia preliminar, de modo que no sólo se trata de ratificar la demanda, la contestación y en su caso, de la reconvención y su contestación, sino que las partes tengan las posibilidades de proponer, como obvia consecuencia de conocerse todo el planteo de las partes, nuevos hechos siempre que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio del juez o de las partes. Hay que recordar que uno de los propósitos de la audiencia preliminar es fundamentalmente abreviar el proceso, simplificar los procedimientos y todo esto es posible en la medida en que las partes aclaren y especifiquen sus pretensiones, y cualquier deficiencia sea advertida y subsanada oportunamente por el juez.
Tal como advierte Montero Aroca,[12] la escritura, la preclusión y la eventualidad del viejo proceso llevaron a un procedimiento complejo, en el que, además al final, podía resultar que todos los actos habían resultado inútiles, por cuanto el juez no podía pronunciarse sobre el fondo del asunto, o que algunos de los actos habían sido innecesarios, pues sin ellos se habría dictado igual sentencia sobre el objeto del proceso. Nada más contraproducente que seguir ―como ha ocurrido siempre―, realizando actividad procesal sobre el fondo del asunto, y constatar en la sentencia que se habían debatido cuestiones o se habían probado hechos no determinantes o lo que es lo mismo, advertir al final que todo el esfuerzo realizado no tuvo ningún sentido.
En esta audiencia también los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de contrario. Si después de la demanda o de la contestación ocurriese algún hecho de relevancia para fundamentar las pretensiones de las partes en el pleito, podrán alegarlo en la audiencia. De la misma forma, las partes podrán aportar documentos y dictámenes que se justifiquen en razón de las alegaciones complementarias, rectificaciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos.
A esta audiencia las partes comparecerán personalmente asistidas de sus abogados; y si no concurrieren así ni otorgaren poder, se les tendrá por no comparecidas y en este caso se levantará acta donde el tribunal, sin más trámites, tendrá que hacer constar esta situación y además declarar el desistimiento de la pretensión; sin embargo, si la ausencia injustificada fuera de la parte demandada, en la nueva audiencia la autoridad judicial podrá dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo contrario y se trate obviamente de derechos disponibles.
2) Tentativa de conciliación que deberá realizar la autoridad judicial respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos.
La audiencia preliminar en efecto no sólo es para salvar al proceso de virtuales falencias y deficiencias y en muchos casos evitar el juicio, sino también para que las partes intenten un acuerdo conciliatorio o transaccional que ponga fin al proceso.
La conciliación constara en acta, la cual será firmada por las partes, la autoridad judicial y refrendada por la o el secretario. La conciliación aprobada tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal. Como novedad se ha previsto que cuanto expusiere la autoridad judicial en la audiencia de conciliación, aunque estuviere referido al fondo de la controversia no importará prejuzgamiento ni será causal de recusación.
A diferencia del viejo sistema procesal, la Ley ahora le permite al órgano judicial realizar propuestas concretas con tal de lograr la conciliación; el juez asume un rol de facilitador de la negociación proponiendo a las partes ciertos puntos de acuerdos incluso sobre el fondo de las pretensiones.
El trato directo del juez con las partes resulta mucho más eficaz y eficiente; eficaz porque plantea mayores posibilidades de llegar a un acuerdo y eficiente porque correctamente conducida la audiencia puede lograrse la conciliación en un tiempo menor. Esta forma plantea una estructura flexible en la que el juez va avanzando en diferentes frentes como consecuencia de tomar conocimiento directo y advertir la mayor o menor disponibilidad de las partes por llegar a un acuerdo, cuáles son sus verdaderos intereses, explicar las fortalezas y debilidades del caso, verificar que los abogados hayan explicado estas circunstancias a sus clientes, readecuarlos en caso de ser necesario y explorar nuevas alternativas o modalidades de cumplimiento que resulten atractivas para las partes.
3) Recepción de prueba relativa a excepciones, si existieren hechos que, siendo susceptibles de prueba, ésta hubiere sido pedida juntamente con las excepciones.
Este inciso permite a las partes proponer y producir prueba para fundamentar sus excepciones, especialmente las denominadas medios de defensa materiales; por ejemplo, si se interpone una excepción de pago y se `pide la consiguiente extinción de la obligación, tendrá que acompañarse el documento donde conste precisamente el pago que motiva la excepción. Lo propio tendrá que hacerse si se trata de una excepción de cosa juzgada, esto es, deberá acompañarse la sentencia del proceso concluido donde conste que se trata de un caso juzgado y todos los requisitos que exige la excepción de cosa juzgada, etc.
Todas las excepciones así como cualquier otra cuestión o cuestiones propuestas por las partes, serán resueltas en una sola resolución para sanear el proceso, salvo que la autoridad judicial se declare incompetente, en cuyo caso no tiene otra cosa que hacer que remitir el proceso al juez tenido por competente.
4) Saneamiento del proceso, pronunciándose auto interlocutorio para resolver las excepciones o nulidades advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación.
El saneamiento del proceso viene a ser otra de las grandes ideas centrales de la audiencia preliminar. Esta normativa proyecta o establece dos situaciones: 1) Unas veces se tratará de terminar el proceso, impidiendo su entera tramitación, cuando se sabe que no puede conducir a una sentencia de fondo; y, 2) Otras veces se tratará de resolver las cuestiones procesales para que, tramitado después el proceso, no exista ya la posibilidad de una sentencia meramente procesal o formal.
En general la idea fundamental es no sólo salvar al proceso de virtuales falencias y deficiencias o entorpecimientos de las partes, sino en muchos casos, incluso, todavía tratar de evitar el juicio. Y en el supuesto de que sea inevitable la realización del juicio ―siempre habrán casos que tendrán que llegar hasta el final―, se lo simplifique al máximo y concluya en el menor tiempo posible.
Aunque no lo establezca expresamente el Código procesal igualmente se puede ordenar la acumulación de acciones, la resolución de las excepciones opuestas, la corrección de la demanda y, en su caso, de la reconvención. En esta línea, la Ley de Enjuiciamiento Civil española (art. 424) prevé que si el demandado alegare en la contestación a la demanda falta de claridad o precisión de ésta en la determinación de las partes o en las pretensiones deducidas, o si el actor adujere en la audiencia esos mismos defectos de contestación o en la reconvención, o si de oficio el tribunal apreciare unos u otros, admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas. En caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor o, en su caso, del demandado en la reconvención, o frente a qué sujetos jurídicos se formulan las pretensiones.
En el fondo el saneamiento supone ejercer unos controles estrictos del proceso para evitar que sufra marchas y contramarchas, avances y retrocesos y tenga un desarrollo normal y eficiente. En la medida en que se haga una verdadera depuración procesal, podrán desarrollarse a plenitud los principios rectores de todo proceso: oralidad, concentración, inmediación y continuidad del juicio. Asimismo, los juicios tienen que ser serios y fundados, y cuando no están dadas las condiciones mínimas para su desarrollo normal, se hace imperioso establecer un mecanismo para discutir previamente si tales condiciones de forma y de fondo están o no presentes.
El saneamiento del proceso supone, en consecuencia, el planteo y resolución de todas las cuestiones procesales, al margen de las excepciones que tienen su propio cause como hemos visto; por ejemplo, la falta de presupuestos como la capacidad y aun la legitimación e improponibilidad de la demanda, cuestiones que deberán ser resueltas por el juez o tribunal, mediante lo que constituye un verdadero auto saneador. El juez incluirá en las cuestiones a resolver la regularización del procedimiento y la subsanación de los actos que puedan provocar nulidades sanables o la declaración de las insanables, con el fin de ingresar limpio al juicio civil.
En la interpretación del TC, existen cuatros presupuestos concretos para que opere la nulidad procesal y son:[13] a) El principio de especificidad o legalidad, que se resume en el sentido de que no hay nulidad, sin ley específica que la establezca; b) El principio de finalidad del acto, significa que, no obstante su irregularidad, lo que importa es que el acto haya logrado su finalidad a la que estaba destinado; c) El principio de trascendencia, significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable; y, d) El principio de convalidación, supone que toda nulidad se convalida por el consentimiento del afectado.
La reforma del proceso civil debería clasificar y uniformar todas estas irregularidades en defectos absolutos y defectos relativos, como se ha hecho en materia penal.[14] Los primeros defectos no son susceptibles de convalidación y los segundos pueden convalidarse en determinados casos cuando haya, por ejemplo, el consentimiento del acto defectuoso. La diferencia sustancial entre ambos radica en que los defectos absolutos vulneran derechos fundamentales y los defectos relativos suponen el quebrantamiento de una formalidad y, por tanto, los efectos son diferentes en uno y en otro tipo de defectos.
5) Prórroga de la audiencia cuando no se hubiere podido producir la totalidad de la prueba o dictar resolución de saneamiento. En el primer caso, podrá diferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor de diez días.
Este inciso prevé una excepción al principio de la continuidad del proceso en el sentido de que cuando no se haya producido la totalidad de la prueba o dictado la resolución del saneamiento procesal, el juez podrá diferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en un plazo no mayor de diez días, tiempo suficiente para buscar la conciliación, recepcionar la prueba de las excepciones, resolver éstas, y sanear el proceso, que son los objetivos centrales de esta fase procesal.
5) Fijación definitiva del objeto del proceso; determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible; recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieren producido hasta su conclusión.
Con la finalidad de evitar procesos inútiles y actos innecesarios, se tiene que delimitar y determinar cuál es el objeto del proceso fijado por el actor y cuál será el objeto del debate suscitado por el demandado y sobre qué debe versar la prueba. En cualquier caso, las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio del juez o tribunal, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia. Aquí igualmente se deberá delimitar los términos del debate, de modo que las partes y el juez, fijen los hechos sobre los que existe conformidad que no precisan ser probados y los hechos controvertidos, los necesitados de prueba.
Para Montero Aroca,[15] los hechos admitidos por las dos partes (los no controvertidos), no sólo no precisan ser probados, sino que los mismos están excluidos de la prueba. En el ordenamiento jurídico español, la delimitación de los hechos controvertidos cumple, además otros dos objetivos. En primer lugar, puede suceder que no existan estos hechos, por lo que la discrepancia entre las partes ha quedado reducida a una cuestión exclusivamente jurídica, no siendo necesaria la actividad probatoria. En este caso, finalizada la audiencia el juez dictará sentencia; de la misma manera cuando la única prueba admitida sea la de documentos, no impugnados, o la de dictámenes periciales ya presentados, sobre la que no se solicite la presencia de los peritos en el juicio, el juez podrá proceder a dictar sentencia, sin celebración de juicio.
Así fijados los hechos controvertidos, la audiencia proseguirá con la proposición y admisión de los medios de prueba; es decir, expresamente cada parte deberá proponer los medios concretos de prueba de que intenta valerse y el tribunal deberá admitir o denegar cada uno de los medios de prueba. El artículo 366.II CPC recoge todos estos supuestos cuando establece que las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio de la autoridad judicial, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia.
En cualquier caso, deberá depurarse el proceso resolviendo las posibles cuestiones sobre presupuestos y óbices procesales, excluir los medios probatorios ilegales, determinar con precisión las pretensiones de las partes y el ámbito de su controversia y de existir hechos controvertidos se propongan y admitan las pruebas pertinentes que se producirán en el juicio.
4.2 La audiencia complementaria
Aun cuando la dicción de la Ley sugiera una sola audiencia, el Código procesal en realidad reconoce dos audiencias: la preliminar y la complementaria. En palabras del legislador, la segunda audiencia, denominada complementaria, está condicionada al hecho de que en la audiencia preliminar no se hubiera agotado el diligenciamiento de la prueba, siendo justamente la función de complementar la producción de la prueba.
El Código procesal (art. 368.IV), es terminante en el sentido de que en la audiencia complementaria serán recibidos todos los medios de prueba, y como no existe plazo probatorio, agotada la actividad probatoria, previa fundamentación oral de las partes, el juez pronunciará sentencia. A contrario sensu, cuando se trate de pretensiones de puro derecho y por tanto no sea necesaria la producción de la prueba, el juez, previa fundamentación oral de las partes, pronunciará directamente sentencia.
Como está diseñada la reforma procesal, puede concluir el proceso en la audiencia preliminar, cuando no haya necesidad de producir prueba; es decir, la audiencia complementaria sólo tiene sentido si no se pudo recepcionar toda la prueba en la audiencia preliminar.
En la exposición de motivos aclaran que, agotada la producción de la prueba, las partes tendrán la facultad de fundamentar oralmente y en pocos minutos sus conclusiones, debiendo considerar que el tiempo invertido es extremadamente útil a los fines de su pretensión; para luego dar paso a que el juez de cara a las partes, pronuncie la sentencia ya sea de manera íntegra o la parte dispositiva, reservándose en este caso la fundamentación para una audiencia de lectura del fallo.
El proceso por audiencias representa el núcleo central y medu­lar de la reforma de la justicia. Este método asegura la virtualidad y operatividad de los principios cardinales del proceso: inmediación, concentración, celeridad, economía, buena fe, publi­cidad y desacralización de las formas procesales, la orali­dad, la identidad del juez que asume las pruebas y decide la causa. Ello se complementa con la ampliación de los poderes del juez, sobre todo en materia probatoria (siempre en el marco de los hechos alegados y controvertidos por las partes), y su facultad de valorar dicha prueba, conforme con las reglas racionales de la sana crítica.
El Código procesal (art. 368), prevé que si en la audiencia preliminar no se hubiere podido diligenciar totalmente la prueba, se convocará a las partes para audiencia complementaria que se realizará dentro de los quince días siguientes, durante cuya vigencia se verificarán necesariamente las diligencias que se hubiere dispuesto realizar fuera de audiencia, como inspecciones, pericias, informes y otras similares, a fin de que estén cumplidas en oportunidad de la audiencia complementaria.
La normativa aclara que no se suspenderá la audiencia complementaria, ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el único caso de fuerza mayor debidamente comprobado. Sin embargo, la audiencia podrá ser prorrogada de oficio o a petición de parte, por única vez, si faltare diligenciamiento de alguna prueba que deba cumplirse fuera del asiento judicial, en cuyo caso la autoridad judicial fijará nueva fecha para reanudación de la audiencia, dentro de los quince días siguientes.
A efectos de garantizar el principio de la inmediación y la continuidad del proceso, el legislador ha sido terminante en el sentido de que la inasistencia de la parte a la audiencia complementaria significará presunción desfavorable para ella. La asistencia personal de las partes es fundamental pues en la audiencia complementaria serán recibidos todos los medios de prueba; debiendo los testigos y peritos una vez oídos por su orden, permanecerán en el acto a efecto de aclaraciones o careos posibles, salvo autorización de la autoridad judicial para su retiro.
5. El juicio civil y sus características
En toda esta descripción que se ha hecho no existe algún dispositivo legal expreso que recoja el momento preciso del juicio civil. En general la audiencia preliminar busca por todos los medios la conclusión extraordinaria del proceso y no cabe en principio asimilar esta fase al juicio. El desconcierto normativo es aún mayor cuando el artículo 368 CPC establece que “si en la audiencia preliminar no se hubiere podido diligenciar totalmente la prueba, se convocará a las partes para audiencia complementaria…” Dado que el juicio es para recibir la prueba ofrecida, según este precepto, pareciera que la audiencia preliminar tiene el propósito de diligenciar la prueba, por cuanto sólo habrá audiencia complementaria en la medida en que no se haya diligenciado la prueba ofrecida.
Sin embargo, ni la audiencia preliminar ni su complemento equivalen a un verdadero juicio, entendido éste como la audiencia oral, pública y contradictoria que tenga el propósito exclusivo del diligenciamiento de la prueba. Está claro no obstante que el legislador permite “pimponear” la recepción de la prueba entre ambas fases del proceso. Tampoco el viejo sistema procesal civil, ni el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, ni el Anteproyecto boliviano del 1997, contemplaban un dispositivo expreso, pero era el momento de superar esta deficiencia, permitida en las reformas que se proyectaron a mediados del siglo pasado.
El legislador boliviano en realidad perdió la oportunidad histórica de superar a su fuente principal, y debió consignar en una disposición el momento cumbre del proceso: el juicio civil con sus principales características, al estilo de la LEC española del 2000 (art. 431), cuando prevé que el juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de las partes, testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial en su caso y reproducción de palabas, imágenes y sonidos.
Tal como ocurre en el Derecho comparado, el término “juicio” lo usaremos para referirnos exclusivamente a la audiencia oral, pública y contradictoria, que tiene por objeto que las partes presenten su versión de los hechos, mediante sus argumentos y medios de prueba, ante un tribunal imparcial que percibe concentrada y directamente la actividad de las partes litigantes y que, de acuerdo a lo percibido, y solo de acuerdo a ello, debe formar su convicción, resolviendo inmediatamente el asunto controvertido.
Dado que en el juicio es donde se tiene que producir y depurar la prueba ofrecida, se requiere como condición necesaria que las reglas de la prueba tengan un diseño adecuado. Los autores chilenos Duce, Marín y Riego,[16] advierten de la necesidad de que hayan unas determinadas “reglas de la prueba”, entendidas éstas como aquellas que regulan (1) el momento en que los medios de prueba deben ser presentados en un juicio, (2) la forma en que los medios de prueba deben ser presentados en un juicio, (3) la metodología que las partes y el tribunal usarán para extraer y controlar la información que estos contienen, y (4) la forma en que el tribunal debe valorar su contenido probatorio.
Así al disponer de reglas de la prueba avanzadas en cada uno de estos componentes tendremos el supuesto básico necesario para obtener un juicio oral eficiente en el control de la calidad de la información ingresada a él y, por lo tanto, para obtener decisiones judiciales fundadas en información de mayor confianza que hagan a esas mismas decisiones más confiables. Sin embargo, la existencia de estas reglas avanzadas de la prueba no son suficientes por sí mismas para lograr tal objetivo, ya que también será necesaria la concurrencia de otros requerimientos, como la capacitación de los operadores del sistema que las aplicarán. En cambio, reglas de la prueba atrasadas dificultarán el proceso de toma de buenas decisiones jurisdiccionales ya que estas estarán construidas sobre información de poca confianza, independientemente de la capacitación y buena voluntad de los operadores del sistema.
Cabe aclarar que para efectos de este trabajo vamos a entender que un sistema probatorio es más avanzado en la medida en que establezca mecanismos más claros o más perfeccionados para permitir que las partes puedan mostrar, analizar y valorar con mayor especificidad la información ingresada al juicio. Aquí entendemos que el diseño de las normas sobre la prueba es más avanzado cuando entrega herramientas eficaces para que el tribunal sea capaz de discriminar de manera efectiva entre la información de buena y de mala calidad presentada en el juicio.
Las reglas de la prueba son determinantes para que ingrese información de calidad al juicio, por la sencilla razón de que en el proceso se trata de reconstruir hechos que han ocurrido en el pasado y en los cuales el juez no estuvo presente y por tanto cada medio de prueba tendrá para aportar solo fragmentos de la totalidad de los hechos ocurridos. El problema de la prueba en el proceso es entonces el de cómo es posible tomar decisiones tan relevantes para el futuro de las personas con la mínima confianza de haber establecido los hechos correctamente.
Este proceso de depuración de la información es el criterio que debe gobernar todas las normas de producción de la prueba y debe basarse en una primera idea central: la mejor forma de depurar la información consiste en permitir que todas las versiones que contengan la información, cualquiera sea el formato en que se expresen puedan ser objeto de un cuestionamiento severo (control de calidad) a cargo de la parte a quien esa información perjudica. Esto último se justifica debido a que la contraparte estará en mejores condiciones de preparar su caso con detalle, y tener el mayor interés en demostrarle al tribunal las deficiencias de la versión de la otra parte.
En cualquier caso, el juez recibirá en el juicio información cuya calidad no tiene cómo corroborar (el juez no investiga) y entonces lo que hará es permitir que la parte a quien esa información perjudica desarrolle sus mejores esfuerzos con el fin de mostrarle las falencias, distorsiones o errores que esas versiones contienen. Este esfuerzo de la contraparte no solo servirá para revelar los puntos débiles de cada versión, sino que también resultará clave para afianzar aquella información o versiones que efectivamente son confiables y que debieran tener un peso importante en la formación de convicción del tribunal. En la medida en que una versión ha pasado de manera impecable todos los filtros y mecanismos de depuración y lejos de desmoronarse se mantiene firme y consistente, se puede considerar una información confiable y valiosa, como ocurre por ejemplo cuando alguien acepta como válida una versión que lo perjudica.
5.1. Oralidad del juicio
La oralidad es la herramienta al servicio de la inmediación y este principio permitirá al tribunal determinar qué hechos y cómo realmente ocurrieron por cuanto percibe los medios probatorios directamente, sin intermediarios. Esta es la única manera conocida de lograr que el juez o tribunal tenga un conocimiento directo de los medios de prueba, por lo que el juicio que se forme será más fiel a la realidad.
Mientras menos intermediarios, menos distorsión y pérdida de información. Mientras más inmediata la percepción, mayor calidad de la misma. En el mismo sentido, la audiencia debe ser oral para que la parte a quien la información perjudica pueda tener contacto directo con ella, frente al juez, con el fin de poder demostrar detalladamente todos los elementos de distorsión, de manipulación o error contenidos en ella. Esto no puede hacerse sino en presencia de la fuente directa de la información, a lo menos en la mayor medida posible. Además, el juicio debe ser oral para que la percepción de la prueba por el juez y por la parte sea simultánea porque lo que se quiere controlar es el modo y el contenido específico de la prueba cuando se presenta frente al juez dado que las distorsiones, la información de mala calidad, puede estar contenida en cualquier elemento expresivo que se transmita.
Sin embargo, el legislador boliviano no obstante pregonar la oralidad como la gran novedad de la reforma no ha diseñado el juicio civil oral, concentrado, público, pues sólo se ha limitado a reconocer que la oralidad es la forma de desarrollar el proceso, sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por ley (art. 1.1 CPC), con lo cual reiteramos que se perdió la oportunidad de avanzar hacia un verdadero juicio en los términos previsto por la Constitución y la LOJ.
5.2. Concentración y continuidad del juicio
La inmediación también debe proteger la concentración y continuidad del juicio, por cuanto son herramientas al servicio de la inmediación. Esto significa que la audiencia de juicio debe desarrollarse de principio a fin en una sola unidad continua. Los jueces deben ver la prueba de una sola vez, toda en su conjunto y fallar con la mente fresca de lo percibido directamente en la audiencia.
Al estilo de que ocurre en materia penal, habrá juicios que duren una mañana, otros un día completo y otros, en fin, varios días. Lo relevante para la inmediación es que una vez que el tribunal comience a conocer del juicio, no haga otra cosa dentro de su jornada laboral que no sea conocer de dicho juicio desde que comienza hasta que termina, con las interrupciones estrictamente necesarias para comer, dormir y descansar el fin de semana.
La realización del juicio en distintas sesiones separadas unas de otras por largos periodos hace que el juez no pueda formar su juicio final respecto de los hechos con la imagen de lo que percibió directamente, sino que solo con un recuerdo vago e impreciso de lo que percibió directamente o, peor aún, con la información contenida en las actas de dichas audiencias pasadas. Lo mismo ocurre si la sentencia es dictada tiempo después de la audiencia de juicio, aunque esta última se haya realizado en una sola sesión o en varias sesiones diferentes pero continuas. Estas situaciones son problemáticas porque hacen perder toda la inmediación lograda en la audiencia, volviendo en la práctica a resolver los conflictos a través de sistemas mediatos, como el escrito, donde la calidad de la información es de menor calidad.
Sin embargo en contra de lo que supone un verdadero proceso oral, la Ley establece que se labrará “acta resumida” de todo lo actuado y se acumularán al expediente los informes y demás documentos recibidos. En particular fuera de las aclaraciones o complementaciones de las partes, se harán constar las resoluciones de la autoridad judicial sobre la admisión o rechazo de alguna prueba controvertida, así como sobre la interposición de recursos.
La autoridad judicial oirá seguidamente los alegatos de las partes, a cuyo objeto fijará el tiempo necesario que no excederá de diez minutos para cada una y que podrá ser prorrogado por un lapso similar, salvo que se trate de casos complejos y sea estrictamente necesario concederá una ampliación dependiendo de cada caso en particular. Acto seguido, la autoridad judicial pronunciará la sentencia que pondrá fin al litigo en primera instancia, y recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso (art. 213 CPC).
La disposición aclara que la autoridad judicial deberá dictar sentencia al cabo de la audiencia, en cuya oportunidad se dará lectura a la misma a los efectos de su notificación. No obstante cuando el caso así lo amerite podrá dictar solamente la parte resolutiva, y diferir su fundamentación del fallo para una ulterior audiencia, que se realizará en un plazo no mayor de veinte días. A diferencia del viejo sistema procesal, al juez suplente no le corre plazo para dictar sentencia y por tanto es válida la sentencia extemporánea, debiendo en su caso imponerse sanción disciplinaria a la autoridad judicial (art. 216 CPC).
5.3. Medios suficientes para la contradictoriedad efectiva
Otra de las conquistas de los procesos modernos es la transparencia, de modo que las partes conozcan de antemano cuál o cuáles serán los medios probatorios que se producirán en el juicio. Con esta finalidad se les debe entregar a las partes las herramientas necesarias para poder controlar eficientemente la calidad de la información que transmite el medio de prueba en la audiencia oral. Así, por ejemplo, durante la audiencia se le debe permitir a la contraparte realizar preguntas directas (contraexamen) a los testigos que presente la contraparte (nunca a través del juez de algún escrito que impide toda fluidez y rectificación sobre la marcha); igualmente antes del juicio, se le debe permitir que conozca el contenido específico de la prueba que se rendirá en la audiencia con el objeto de preparar su contraexamen investigando al medio de prueba previo a su presentación en la audiencia.
Aunque la reforma procesal civil boliviana pregona la oralidad, muy poco de esto ha ocurrido en la nueva normativa procesal. Como en tiempos de la colonia sigue el interrogatorio escrito y con ello una práctica centenaria rígidamente formal, anquilosada y rutinaria, que no contribuye al esclarecimiento de los hechos y a la convicción del juez. El legislador tenía que hacer un giro de 180 grados, como lo hizo en su momento en materia penal, y erradicar las absurdas preguntas afirmativas: diga el testigo tal cosa…
A propósito del interrogatorio, el juez previsto en la Constitución boliviana es un juez neutral, imparcial, entre dos partes parciales, y el hecho de atribuirle la facultad de hacer preguntas a los testigos vulnera su propia imparcialidad que debería prevalecer siempre. Así pues, el Código procesal civil (art. 176) prevé que la autoridad judicial no sólo interrogue a la o el testigo sobre sus generales de ley y si concurre alguna causal de tacha, sino que ordenará al testigo que haga una exposición de los hechos que personalmente le conste en relación al objeto de la controversia; asimismo, que justifique sus afirmaciones, explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubiere ocurrido cada hecho.
Terminada la declaración del testigo, las partes podrán interrogarlo libremente por intermedio de sus abogados y bajo la dirección del juzgador, que en cualquier momento podrá formular nuevas interrogaciones, rechazar las preguntas impertinentes o agraviantes para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio. La normativa aclara que cada pregunta no estará referida a más de un hecho; será clara y concreta. No se admitirán las preguntas vejatorias u ofensivas, tampoco podrá asesorarse de abogado a tiempo de responder, ni podrá leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta la autoridad judicial así lo disponga.
En definitiva, se echa en falta un dispositivo expreso al estilo del artículo 306 LEC española, que reglamente el interrogatorio cruzado para los testigos, de modo que una vez hayan sido respondidas las preguntas formuladas por el abogado de quien solicitó la prueba, los abogados de las demás partes y el de aquélla que declarare podrán, en ese orden, formular al declarante nuevas preguntas que se reputen conducentes para determinar los hechos.
Al margen del interrogatorio directo, una condición necesaria para hacer efectiva la contradictoriedad en el juicio consiste en que cada una de las partes, en algún momento anterior al juicio, debe mostrar a la otra qué es lo que tiene para sustentar su caso, avisando a la contraparte cuáles son los medios de prueba específicos o la información con la que intentará hacer prevalecer su pretensión. Se dice incluso, para graficarlo con una imagen común, que las partes deben mostrar sus cartas, como en el póquer. Esta actividad es la que se denomina descubrimiento o discovery en el derecho anglosajón.
Al tomar conocimiento anticipado de la prueba, se logran varios objetivos. Uno de ellos consiste en facilitar la negociación entre las partes, evitando el costo que tiene el juicio para el sistema de justicia. La idea es que las partes, luego de saber cuáles son las cartas de la contraria, pueden ahora ponderar comparativamente la verdadera fuerza de sus posturas y decidir si siguen adelante con el juicio o terminan su disputa a través de un acuerdo. Con ello se evita ir a juicio en contra de una parte que “gritaba fuerte”, pero que solo estaba simulando tener un caso más firme del que realmente tenía. Por otro lado, se le permite al juez evaluar si hay mérito para seguir adelante hasta el juicio, desestimando las demandas que le parezcan infundadas.
Este conocimiento anticipado de la prueba tiene también otras finalidades, relacionadas con el debido proceso. En efecto cada parte tendrá en el juicio el derecho a confrontar la prueba de la contraparte (defensa), pero no de forma abstracta dirigiendo preguntas a una persona desconocida respecto de la cual no se tiene mayores antecedentes, sino que, por el contrario, se debe tratar de la verdadera posibilidad de hacer un contraexamen efectivo; es decir, cada parte deberá tener la información suficiente para preparar dicha confrontación y el aviso anterior de qué es lo que la contraparte llevará al juicio como uno de los medios para hacerla efectiva. Por supuesto, para que esto sirva de algo, se debe agregar que la prueba que se descubre será la única que podrá ser utilizada en el juicio. De no establecerse esta limitación, toda la prueba presentada en el juicio sería sorpresiva pues las partes no tendrían ningún incentivo para descubrirse antes del juicio y el derecho a confrontar la prueba de manera efectiva se vería seriamente afectado.
Todas estas garantías permiten además controlar la calidad de la información que cada parte presentará en el juicio para que el tribunal resuelva el conflicto con mejores elementos de convicción. Así, la posibilidad de que la contraparte pueda conocer los medios de prueba antes del juicio le permitirá preparar la confrontación de la información entregada por ese medio de prueba (control de la calidad). En todo caso entre el momento del descubrimiento y el juicio, las partes podrán investigar independientemente la calidad de cada medio de prueba de la contraparte, podrán verificarla, relacionarla con el resto de la prueba de esa misma parte y de la contraria, encontrar nuevas pruebas que la pongan en entredicho, entre muchas otras posibilidades. Todo esto solo es posible si, antes del juicio, se sabe y se tiene acceso a los medios de prueba ofrecidos.
En este aspecto, el descubrimiento de la prueba que se usará en el juicio es un medio para facilitar la confrontación efectiva y, a su vez, la confrontación efectiva es la base para un ejercicio profundo de valoración de la prueba, ya que esta reposa en la posibilidad de que las partes, especialmente aquella a quien la prueba perjudica, ilustren al juez acerca de sus fortalezas y debilidades, llamando su atención acerca de todas las distorsiones, errores, inconsistencia y demás defectos que esa información pueda contener.
Para que esta función de descubrimiento pueda ser cumplida debe existir un estándar legal de descubrimiento que asegure cuánta información debe proporcionar la parte que presenta la prueba, para que la otra pueda razonablemente preparar su confrontación. Los referidos autores chilenos consideran que este estándar debe fijarse en función de su objetivo (preparación de la confrontación) y debe obligar entonces a entregar la información suficiente y necesaria para ello. De esta manera, anunciar el medio de prueba a través de su identificación meramente formal ayuda muy poco al abogado que debe preparar su confrontación, más aún si se trata de un medio de prueba desconocido para su representado, quien generalmente será su principal fuente de información. Así ocurriría, por ejemplo, si se anunciara a un testigo indicando solo su nombre, estado civil, profesión y domicilio o si se anunciara un documento señalando solo que se trata de una escritura de compraventa. Esta fórmula de anunciar la prueba, que podríamos denominar del tipo “lista de testigos”, no constituye descubrimiento alguno porque no entrega la información suficiente y necesaria para preparar la confrontación, convirtiéndose en una mera formalidad o en un medio para lograr objetivos institucionales del sistema, como el de tener un domicilio para saber adónde enviar la citación a los testigos para que comparezcan.
De esta forma, respecto de los documentos y cualquier otro medio de prueba que no consista en la declaración de una persona (testigo o perito), podrá lograrse un descubrimiento de mejor calidad exigiendo que se entregue una copia de los mismos a la contraparte antes del juicio (ya sea acompañándose en la misma demanda/contestación o en la audiencia preliminar). Esta es una exigencia que no debiera presentar problemas ya que es fácil de cumplir atendiendo el acceso que hoy existe a la tecnología necesaria para hacerlo.
Respecto de la declaración de los peritos el estándar de descubrimiento debe ser más exigente. Los peritos o testigos expertos se caracterizan por entregar opiniones en materias sobre las cuales un lego no tiene conocimiento suficiente (a diferencia de los testigos que, por regla general, no opinan sino que solo relatan hechos percibidos por sus sentidos). Esta característica de los peritos hace que su confrontación espontánea en juicio sea aún más difícil. Incluso hacen complicado su confrontación si solo se conocen las líneas básicas de lo que declararán.
Con el propósito de depurar el medio probatorio, la contra parte deberá tener el acceso con anticipación no sólo a los medios ofrecidos, sino saber además qué puntos se intenta probar y con qué medios. Tal es caso del perito que deberá presentar su informe por escrito que haya confeccionado previamente en el cual están contenidas sus conclusiones y la descripción del método utilizado para llegar a ellas. De esta forma, la contraparte podrá estudiar por sí mismo el peritaje (su método y conclusiones) como también a la persona del perito (carrera académica, publicaciones, experiencia, etc.), y podrá también solicitar la opinión de otros expertos en la materia que lo ayuden a detectar las falencias del peritaje y podrá, por último, llevar a juicio a sus propios peritos para presentar conclusiones distintas. Además, durante el juicio el perito podrá ser confrontado con su informe, que para efectos del juicio será su declaración previa.
En un sistema oral, en el que se respete la inmediación tanto como elemento del debido proceso como un medio para depurar información, las declaraciones previas solo deben poder ser usadas para manifestar contradicciones entre lo que dice hoy el testigo en juicio y lo que dijo antes. Es decir, la declaración previa es un medio que está limitado a valorar la credibilidad de la persona que declara en el juicio. En caso contrario, en el contexto de una cultura legal que viene recién saliendo de los sistemas escritos, las declaraciones previas fácilmente podrían ser usadas como documentos sustituyendo las declaraciones personales de los testigos y peritos que deben comparecer al juicio.
Todo lo anterior hace más efectivo el ejercicio de confrontación de la prueba y pone de manifiesto otra de las características del juicio que nuestra tradición procesal suele olvidar, quizás por la misma confusión respecto de lo que es un juicio. El momento en que se rinde la prueba (el juicio) no es un momento destinado a investigar, sino que, por el contrario, es el momento en que las partes le presentan al tribunal, de la manera más persuasiva que puedan, la investigación que ya realizaron.
5.4 Prueba presentada en el juicio
Toda la prueba que pretendan usar las partes para convencer al tribunal acerca de la veracidad de su versión debe haber sido presentada en el juicio; es decir, sólo debe ser valorada en la sentencia la prueba que haya sido presentada en la audiencia. De lo contrario, la parte a quien esa prueba perjudica no habrá tenido la oportunidad de confrontarla relevando sus falencias y, además, tampoco podrá haberlo realizado inmediatamente frente al juez que determinará los hechos en definitiva. Esta exigencia también significa que la prueba misma debe ser realmente presentada en el juicio y no una mera representación de ella.
En consecuencia, en el juicio debe presentarse el testigo en persona y no una declaración anterior de esa persona contenida en algún medio escrito o audiovisual, por ejemplo. En caso contrario, no podría realizarse un control de la calidad de la información contenida en dicha declaración porque no habría forma de interactuar con ella. Así, en un juicio oral los testigos declararán personalmente, frente al tribunal, de manera que los jueces puedan escuchar y ver directamente lo que esa persona tenga que decir y mostrar. Sus declaraciones personales no pueden ser sustituidas por declaraciones escritas, ya que si esto se permitiera se acabaría la oralidad y, por consiguiente, la inmediación (además de los problemas que presentaría para la contradictoriedad). La oralidad al servicio de la inmediación, entonces, no se satisface por la lectura “oral” de lo que alguien dijo en algún momento remoto anterior al juicio, sino que solo con la declaración personal del testigo directamente ante el tribunal. Esto es lo que constituye la regla general en los sistemas que privilegian la inmediación y solo admite excepciones calificadas.
3.5 Sistema de convicción del tribunal
Al haber percibido directamente toda la actividad probatoria, el juez debe tener libertad para formarse su propia convicción sobre los hechos y valorar la prueba de acuerdo a lo percibido. Es decir, debe tener libertad para valorar los medios de prueba concretos y específicos rendidos en la audiencia, como en el sistema de la sana crítica, abandonando el sistema de la prueba legal o tasada en abstracto por el legislador. Todo el ejercicio de las partes durante el juicio estuvo encaminado a demostrarle al tribunal los matices de la prueba que hacían más creíble una versión que otra.
Este ejercicio fue percibido por el juez, quien vio como un testigo entró en contradicción con lo que había dicho hace unos momentos o que, más allá de sus palabras, se mostró dubitativo e inseguro, tomándose largo tiempo para pensar en una respuesta antes de contestarla. Frente a una pregunta difícil de la contraparte, vio cómo un perito buscaba la mirada del abogado que lo presentó esperando una guía. Lo vio confrontado con un artículo escrito por él mismo en una revista especializada en el que sostenía una tesis distinta a la que sostiene ahora en el juicio y lo vio balbucear una explicación desarticulada. La calidad y especificidad de esta percepción del juez sería borrada de un plumazo con una norma de prueba legal con las partes en conflicto o porque reunían ciertas particularidades innatas.
Así, en ejemplos históricos más extremos, las mujeres eran testigos inadmisibles. O más modernamente, los parientes cercanos de las partes o cualquiera que tuviese interés en el resultado del juicio eran testigos inadmisibles. Es decir, todas estas personas eran, en abstracto, sospechosas de prejuicio y parcialidad. Lo que dijeran era indigno de credibilidad a priori, por lo que se decidía derechamente no admitir que su testimonio fuera recibido por el juez. Este era el sistema de reproches o tachas, que desconfiaba no tanto de dichos testigos, sino que de la capacidad del juez para valorar correctamente la credibilidad de los testigos en general. Lo mismo ocurría con las partes en conflicto. Ellas no podían declarar en su propia defensa sirviendo como un elemento de convicción del tribunal, sino que –y no siempre– solo se permitía que la contraparte exigiera su declaración al tenor de preguntas escritas cuyas respuestas eran también escritas y preconstituidas, transformándolo en un acto meramente formal. Muy por el contrario, en un sistema de valoración de la prueba en concreto, como la sana crítica, no corresponde que el legislador en abstracto excluya de la audiencia de juicio ciertos medios de prueba porque le parecen parciales o poco creíbles a priori.
Esta inadmisibilidad por falta de credibilidad ha sido desterrada de muchos sistemas procesales hace ya mucho tiempo, menos del sistema procesal civil boliviano. En efecto aunque el Código procesal proclame que toda “persona” mayor de dieciséis años podrá ser propuesta como testigo, lo cierto es que existen normas relativas a la capacidad de las personas para ser testigo y así el legislador objetiva máximas de la experiencia y concluye que determinadas personas no deben ser admitidas como testigos.
En tal sentido, el Código procesal civil (arts. 169-172) reglamenta un conjunto de inhabilidades o limitaciones, llamadas históricamente tachas, que son causales legales para que un testigo no sea creído, por su parcialidad o falta de medios para conocer con exactitud lo que declara y se tiene:
a) En primer lugar, están las tachas absolutas y, consecuentemente, no podrán ser creídos como testigos: 1) Quienes padecieren de enajenación mental o perturbación psicológica grave; 2) Los que se encuentren en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o alucinógenas; 3) Los que hubieren sido condenados por falso testimonio; 4. Los ciegos y sordos con relación a hechos perceptibles por la vista o el oído, respectivamente.
En esta primera categoría se encuentran aquellas personas que, dadas esas características reglamentadas, aunque declaren el juez o tribunal no podrá reconocerle valor probatorio alguno. En todo caso, la condición de enajenado mental y el falso testimonio, se tienen que acreditar con resolución judicial firme.[17] En cambio, la ceguera y la sordera no son causas de incapacidad jurídica, pero sí lo son para testificar respecto de los hechos que han de percibirse por uno y otro sentido; el ciego puede declarar sobre lo oído y el sordo sobre lo visto. La mudez no afecta a la capacidad para ser testigo.
b) En segundo lugar se encuentran las inhabilidades o tachas relativas, esto es, no podrán ser creídos como testigos: 1) El pariente en línea directa, así como el pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y el derivado de vínculos de adopción; 2) El dependiente de la parte que lo ofreciere; 3) Quien tuviere interés directo o indirecto en el litigio, por sí mismo o por parentesco dentro de los grados establecidos en el numeral 1 de este parágrafo; 4) Los pupilos por sus tutores y viceversa; 5) Quien tuviere litigio pendiente con la parte contraria a su presentante; 6) El amigo íntimo de la parte que lo presentare o el enemigo manifiesto de la parte adversa; 7) Ser deudor o acreedor de alguna de las partes.
A diferencia de las absolutas, las tachas relativas permiten al juez recibir la declaración de la persona propuesta como testigo, pero probada la tacha, el juez en la sentencia prescindirá de su declaración (arts. 171-172 CPC). A todo esto habrá que recordar que la imbecilidad, el parentesco, la domesticidad, la infamia misma, no impide que se haya podido ver y oír bien y, por tanto, es a los jueces a quienes corresponde pesar el valor del testimonio.
3.6 Sistema de recursos compatible
La necesidad de contar con un sistema de recursos viene dada modernamente desde la garantía del debido proceso y de ahí por qué la Constitución boliviana (art. 180.II) reconozca el derecho a la impugnación. Así, el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) reconozca que toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 14 que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
En general existen básicamente dos modelos de recursos. El primero, relacionado con el recurso de apelación o que podríamos denominar sistemas de doble instancia, que permite que un tribunal distinto al que decidió el asunto en un primer momento revise tanto los hechos dados por ciertos como el derecho aplicado por este último. Esto implica la existencia de una doble instancia; es decir, dos veces se dice cuáles son los hechos probados y dos veces se dice cuál es la consecuencia jurídica que se desprende de ellos. De esta manera, el tribunal que revisa en segunda instancia puede entender que los hechos dados por acreditados por el primer tribunal de juicio son incorrectos, logrando la convicción de que las cosas ocurrieron de una manera distinta.
A partir de esto se podría concluir, a primera vista, que un sistema que incluya la apelación es un sistema que protege muy intensamente las garantías ya que no solo dispone el derecho a un juicio antes de resolver sobre los derechos de las personas, sino que asegura la realización de dos juicios. Sin embargo, no es este afán el que explica el recurso de apelación. Este sistema recursivo no está asociado históricamente al desarrollo de la noción de debido proceso sino que a los sistemas de control jerárquico dentro del propio Poder Judicial, ya que el inferior jerárquico (juez de primera instancia) se entiende como un delegado del tribunal superior, quien es en definitiva el único con el verdadero poder jurisdiccional y que, por lo mismo, mantiene la última palabra respecto de todo lo que el inferior realizó previamente.
La reforma procesal civil boliviana se inscribe en este primer modelo de recurso, por cuanto se decantó por lo que se conoce también como apelación plena. Esta apelación supone que el tribunal superior, al realizar el examen del tema de fondo y al decidir sobre el mismo, cuenta con todos los materiales de hecho y probatorios con que contó el juez o tribunal de primera instancia, más aquellos otros materiales que las partes han aportado en el procedimiento de la segunda.
Así, la apelación plena o segunda instancia aún vigente en materia civil, contrasta con los principios constitucionales de la inmediación e inmediatez, debido proceso, celeridad, oralidad, concentración, etc. La doble instancia se pone de manifiesto en el Código procesal (art. 264), cuando prevé que el Tribunal superior radicará la causa y señalará audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba ofrecida o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa, debiendo señalarse día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de tres días.
El segundo modelo supone la revisión sólo de puro derecho, al estilo de lo que ocurre en materia penal. Aquí el tribunal superior se limita a contrastar si se cumplió o fue aplicado correctamente el derecho. La amplitud de la revisión es menor que en el recurso de apelación (no pueden revisarse los hechos), pero la revisión del derecho admite cierta amplitud. Es decir, no solo puede revisarse la corrección en la aplicación del derecho sustantivo, sino que también puede revisarse la aplicación de las normas procesales con el objeto de verificar si se cumplieron con los estándares del debido proceso. En los casos en que el tribunal revisor estime que hay una errónea aplicación del derecho en alguno de estos sentidos, podrá ordenar que se realice un nuevo juicio o dictar una sentencia de reemplazo (dependiendo de cuál haya sido el error cometido en el juicio). Este sistema de recursos es asociado históricamente al sistema republicano y democrático y a la noción de debido proceso que garantiza el derecho a un juicio, y solo a uno, pero que sea justo.
El verdadero juicio oral siempre será de única instancia, por cuanto sólo debe permitir la revisión del derecho de una manera amplia, y así compatibilizaría con la garantía del debido proceso prevista en la Constitución boliviana y los tratados internacionales.
6. El poderoso expediente y la reforma
Aun cuando la reforma procesal civil ha adoptado el proceso por audiencia y busca implantar la oralidad, vuelve a reglamentar sin embargo el expediente como si se tratase de un proceso escrito.[18] En efecto, el artículo 99 prevé que, con el primer memorial o acta inicial de toda causa, se formará un expediente al que serán incorporadas cronológica y sucesivamente las actuaciones posteriores pudiendo ser electrónico; además, la reglamentación de las tachas y el interrogatorio a los testigos a cargo del juez (arts. 169-176), socaban y degradan las bases del juicio oral, público y contradictorio, como el que pretende el proceso por audiencia.
La forma en que esta normativa se aplique determinará que estas reglas tengan escasa significación o que en realidad sean determinantes en el funcionamiento del sistema. Si el expediente constituye solo una forma de registrar lo que va ocurriendo en el proceso con el objeto de mantener un control y seguimiento administrativo de lo realizado, entonces su presencia no debiera ser un obstáculo peligroso para el desarrollo de un verdadero sistema por audiencias. En cambio si el expediente se transforma en una herramienta legal para la toma de decisiones jurisdiccionales, entonces su existencia pone en grave peligro la centralidad de la audiencia desplazándola hacia el expediente.
En consecuencia, uno de los grandes riesgos de esta reforma es que se termine confundiendo “proceso”, “juicio” y “expediente”, como ocurría en el sistema escrito. En rigor de verdad el legislador ha dejado muchas interrogantes, por ejemplo, ¿por qué regular con tanto detalle en la ley la forma de constituir el expediente si las decisiones se tomarán en audiencia oral? A lo anterior debe sumarse la existencia de plazos prolongados para dictar sentencia luego de la audiencia de juicio lo que, por supuesto, obligará al juez a estudiar el acta para resolver debido al tiempo transcurrido entre la audiencia y el momento en que debe formar su juicio sobre el asunto. Esto significa, en definitiva, que el papel de la audiencia es la de ser un medio para levantar un acta o, en otras palabras, es un medio para construir el expediente.
La presencia del juez en la audiencia (inmediación) tendrá entonces como objetivo garantizar la correcta confección del acta y no que este se forme un juicio sobre lo probado por las partes. Toda esta sospecha de que el expediente pueda sustituir a la audiencia parece confirmarse con el reconocimiento de la doble instancia, por cuanto ésta sólo es posible en un sistema escrito. Sin embargo, cuando el papel de la audiencia no consiste en ser un medio para levantar un acta, sino que es el momento para que el juez se haga un juicio (el juicio) sobre la causa, la doble instancia se hace problemática: los vocales del Tribunal Departamental o segunda instancia estarían en un peores condiciones para decir qué hechos se dan por probados y cuáles no, debido a que tienen menos y peor información que el juez que presenció el juicio para hacerlo.
En efecto, la calidad de la información recibida a través de actas no asegura la posibilidad de que el juez pueda realizar un verdadero examen de la calidad de la prueba. Así pues, mientras menos continuidad y concentración exista y más importancia tenga el expediente, habrá más peligro de estar frente a un sistema por audiencias meramente formal en el que la gran diferencia con el sistema escrito consistirá en que lo que antes se hacía por escrito ahora se hace oralmente, pero en donde las decisiones que realmente importan (sentencia y apelación) se construyen sobre la base del expediente, acta o cualquier otra forma de reconstitución mediata de lo que ocurrió en la audiencia.
En todo caso cuando la audiencia es solo un método distinto de construcción del expediente y la inmediación solo un medio para garantizar la fidelidad del acta levantada (hecha en presencia del juez y las partes), estamos lejos de un verdadero juicio oral, y uno de los elementos centrales del debido proceso. ¿Es verdaderamente un sistema por audiencias aquel en que el juez no puede fallar si no hay expediente? En definitiva, el tiempo se encargará de juzgar si estamos en presencia de un sistema por audiencia formal o uno verdadero en el que la oralidad, la inmediación y otros valores pregonados por la reforma logran revolucionar el proceso civil en su integridad.
*William Herrera Áñez, Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, especialista en Derechos Fundamentales; profesor titular de la Universidad “Gabriel René Moreno”, autor de varios libros, ex juez y Fiscal Departamental de Santa Cruz, ex asesor de varias instituciones públicas y privadas, miembro fundador y actual Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).
[1] A efectos de tener un panorama completo sobre la crisis del Órgano judicial, véase HERRERA ÁÑEZ, W., El Estado de la justicia boliviana, Del Estado Republicano al Estado Plurinacional, Cochabamba, Ed. Kipus, 2013, pp. 77 y ss.
[2] El Ministerio de Justicia debe jugar un rol más protagónico en este proceso de reforma, por cuanto tiene el encargo legal, entre otras cosas, de coordinar con el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Policía Boliviana, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensor del Pueblo, y las Comisiones de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Órgano Legislativo, para lograr el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, así como proponer y dirigir las políticas y el desarrollo normativo del sector justicia, según el DS Nº 29894, de 7 de febrero de 2009.
[3] En estas Jornadas el autor recién tomó conocimiento de que la elaboración del Código procesal estuvo a cargo de un destacado grupo de profesionales bolivianos a la cabeza del Profesor emérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, José César Villarroel Bustios y los abogados Andrés Valdivia Calderón de la Barca, Alberto Luna Yáñez, José Antonio Revilla, Mario Salinas Gamarra, Gonzalo Soliz, Israel Campero, Jorge Mostajo, Natalia Miranda.
[4] Este autor, a quien seguimos en el desarrollo de los principios rectores, considera que es deber del tribunal emplear las facultades y poderes que le concede el Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes, incurriendo en responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de estos deberes. Vid. PEREIRA CAMPOS, S., La Reforma de la justicia civil en Uruguay. Los proceso ordinarios civiles por audiencias, puede encontrarse en: CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, CEJA, disponible en http: //www.cejamercas.org/index.php/biblioteca/publicaciones-ceja (consultado 13 de enero de 2014).
[5] MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional I (con MONTÓN REDONDO, A., GÓMEZ COLOMER, J.L., y BARONA VILAR, S.), Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2011, p. 343.
[6] El TC (SCP Nº 0425/2012, del 22 de junio), aclara que esta garantía es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica, etc.
[7] La autora aclara además que este derecho en primer lugar consiste en que a las partes se les otorgue la oportunidad de expresarse en cuanto a la materia del proceso (es decir, que puedan tomar posición frente a todos los escritos, documentos, audiencias, y actas labradas) para poder tomar influencias sobre el proceso, y que, por su parte, el tribunal tome como fundamento para sus decisiones sólo estas cuestiones de hecho, sobre las cuales las partes se pudieran manifestar. Es decir, el tribunal está obligado a tomar conocimiento de todo lo aportado al proceso, a ponderarlo y trabajar sobre todas las presentaciones relevantes para el fundamento de la sentencia. Vid. DE FALCO, S. Revocatoria por violación al derecho de audiencia, en AAVV Código Procesal Civil alemán, Traductores Álvaro J. Pérez Ragone y Juan Carlos Ortiz Pradillo, Konrad Adenauer, Oficina Uruguay, Montevideo, 2006, p. 91.
[8] Los referidos autores aclaran, entre otras cosas, que el debido proceso jamás puede ser considerado como un conjunto de reglas rígidas vinculadas a las formas de los procedimientos, sino un conjunto de requerimientos sustantivos para lograr la razonabilidad buscada por el sistema. Es decir, el debido proceso no se traduce en mandatos binarios en los cuales sea posible hacer juicios absolutos, sino más bien entrega márgenes de discreción importante a los Estados para que puedan establecer reglas que cumplan con los mínimos, cuestión que normalmente se revisará caso a caso ponderando los valores que están en juego. Vid. DUCE, M., MARÍN, F. y RIEGO, C., Reforma a los procesos civiles orales: Consideraciones desde el debido proceso y calidad de la información, puede encontrarse en: CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, CEJA, Perspectivas para una reforma en América Latina, Santiago de Chile, 2008, disponible en http: //www.cejamercas.org/index.php/biblioteca/publicaciones-ceja (consultado 13 de enero de 2014).
[9] El juicio penal se realizará en forma oral, pública y continua y “con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes”. En lo formal, significa que el tribunal y las partes toman conocimiento directo de la actividad probatoria; y, objetivamente, el juez o tribunal estará en mejores condiciones de formar su convicción y resolver la acción penal (arts. 329-330 CPP). Tal como grafica el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (AS N° 237, de 1 de agosto de 2005), la inmediación significa la relación interpersonal directa, frente a frente, cara a cara entre el acusado y el juzgador, entre el acusado y el acusador, entre el acusado y los defensores y entre éstos y el juzgador y el acusado, respectivamente.
[10] HERRERA ÁÑEZ, W. Derecho Procesal I, Introducción general, Cochabamba, Ed. Kipus, 2012, pp. 366-368.
[11] Entre la figura de juez-dictador y el juez-expectador, el procedimiento debe organizarse de modo que no fuera ni lo uno ni lo otro, sino el verdadero juez director del proceso. Tal como se advierte en la exposición de motivo del Código Procesal Civil Modelo, la escritura tiene acostumbrados al papel pasivo del juez ―que es el que lee la novela sin intervenir en ella, salvo para ponerle el epílogo―, y hasta donde parecía extraño verlo proponer soluciones y argumentar sobre los inconvenientes de la sentencia judicial. Pero, donde el proceso es oral, el tribunal interviene activamente, rechaza peticiones, recrimina a las partes y a los abogados que no actúan con lealtad y probidad, inclusive los sanciona con arresto y luego continúa su tarea terminando con la sentencia, sin que nadie piense que ha perdido su imparcialidad.
[12] MONTERO AROCA, J. y otros Derecho Jurisdiccional II…Ob. Cit., p. 227.
[13] El TC (SSCC Nº 731/2010, de 26 de julio, Nº 99/2006-R, de 25 de enero, la Nº 1325/2004-R, de 17 de agosto y SC 1262/2004-R, de 10 de agosto, entre otras) aclaraba que toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad; es decir, un acto procesal es susceptible de nulidad sólo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causó indefensión, afectando su derecho a la defensa.
[14] Véase los artículos 169-170 CPP.
[15] MONTERO AROCA, J. y otros Derecho Jurisdiccional II…Ob. Cit., pp. 243 y ss.
[16] DUCE, M., MARÍN, F. y RIEGO, C., Reforma a los procesos civiles orales: Consideraciones desde el debido proceso y calidad de la información, puede encontrarse en: CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, CEJA, Perspectivas para una reforma en América Latina, Santiago de Chile, 2008, disponible en http: //www.cejamercas.org/index.php/biblioteca/publicaciones-ceja (consultado 13 de enero de 2014).
[17] Para la ex Corte Suprema de Justicia (AS Nº 233, de 4 de septiembre de 1990), la declaratoria de interdicción en contra de una persona mediante sentencia judicial ejecutoriada, significa que aquélla ha perdido la facultad de ejercitar libremente sus derechos civiles; en consecuencia, es inhábil de pleno derecho para enajenar, transferir y disponer de bienes pertenecientes al patrimonio personal y familiar; so pena de declararse nula cualquier convención en contrario mientras no se suspenda la interdicción por igual resolución judicial.
[18] La cultura del expediente la tenemos desde siempre; por ejemplo, en la reforma procesal penal de 1999 el art. 280 CPP dejaba establecido que “durante la etapa preparatoria no se formará un expediente judicial” y que las actuaciones se acumularán en un cuaderno de investigación, siguiendo criterios de orden y utilidad. Sin embargo, al poco tiempo no sólo que no se eliminó el “expediente” sino que se lo duplicó: uno para el fiscal y otro para el juez instructor y ahora se tienen dos expedientes con toda la anarquía y caos que supone duplicar papeles.
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