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Timestamp: 2019-10-19 00:12:39
Document Index: 168041512

Matched Legal Cases: ['artículo 949', 'artículo 1', 'artículo 180', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1820', 'artículo 1832', 'artículo 1401', 'artículo 779', 'artículo 1401', 'artículo 765', 'artículo 375', 'artículo 375']

﻿ SENTENCIA 15829 DE MARZO 30 DE 2006
SENTENCIA 15829 DE 30 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA PARTICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, EFECTOS RETROACTIVOS DE LA SENTENCIA, PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE, PARTICIÓN DE BIEN, PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:414 DE JUNIO DE 2006, PG.959
Sentencia 15829 de marzo 30 de 2006
Efectos retroactivos de la partición.
Ref.: Expediente 15829
Decide la Corte el recurso de casación que la demandante Maryluz Molina de Vega interpuso contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 1999, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que la recurrente promovió contra Darío Vega Gómez y Julia Arias de Palma.
1. En demanda presentada el 30 de abril 1988, cuyo conocimiento asumió el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, la prenombrada demandante pidió que, previos los trámites de un proceso ordinario a surtirse con citación y audiencia de Julia Arias de Palma y Darío Vega Gómez, se ordenara a estos restituir el inmueble situado en la carrera 28A Nº 50-90 de esta ciudad a la comunidad integrada por ella y Vega Gómez; subsidiariamente solicitó que se dispusiera a su favor la restitución de la cuota proindiviso de que es titular sobre el aludido bien; subsecuentemente, reclamó se ordenara a los demandados abstenerse de realizar actos que pudieran entorpecer sus derechos en dicha comunidad y condenarlos a pagar los perjuicios derivados de la imposibilidad de disfrutar de los mismos y los frutos producidos desde el 2 de diciembre de 1977, fecha en que se formó aquella; impetró, por último que se declarara que los accionados carecen del derecho a reclamar mejoras.
2. Sustentó la actora sus pretensiones en la situación fáctica que a continuación se resume, así:
2.1. En sentencia proferida el 2 de diciembre de 1977 se decretó la separación de cuerpos de los cónyuges Darío Vega Gómez y Maryluz Molina y, en consecuencia, se declaró disuelta la sociedad conyugal formada entre ellos.
2.2. El Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, a instancia de la cónyuge, tramitó el proceso de liquidación de la sociedad conyugal y en la diligencia de inventarios se incluyó como bien social el inmueble materia de este litigio, adquirido por Darío Vega a título oneroso durante el matrimonio, el cual se adjudicó en la partición a los cónyuges en común y proindiviso, en proporciones del 99.05 para Maryluz Molina y 0.95% para Darío Vega Gómez. El referido trabajo fue aprobado mediante sentencia del 26 de marzo de 1981, debidamente inscrita en el folio de matrícula 050-0301321.
2.3. El predio adjudicado se encuentra ocupado por Julia Arias de Palma, quien dice ser poseedora material y haberlo negociado con Darío Vega Gómez mediante un contrato de promesa de compraventa ajustado entre ellos el 1º de julio de 1978, es decir después de haberse disuelto la sociedad conyugal.
2.4. En el fallo emitido el 20 de junio de 1987 en el proceso ordinario que adelantó Darío Vega Gómez contra Julia Arias de Palma y en el que intervino ad excludendum Maryluz Molina se declaró que a esta no le es oponible el citado contrato de promesa de compraventa.
2.5. La demandante sufrió perjuicios “en su patrimonio y en sus rentas”, dado que no ha podido disfrutar los derechos de que es titular sobre el bien que le fue adjudicado en la liquidación de su sociedad conyugal.
3. Los demandados fueron vinculados directamente al proceso, pero sólo Julia Arias de Palma replicó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, a la vez que alegó en su defensa “la carencia de derecho en el actor para ejercitar la acción de dominio”, “cosa juzgada” e “ilegitimidad en la personería de uno de los demandados”; relativamente a los hechos en que se sustentan los pedimentos aceptó ser cierto que ocupa el inmueble con ánimo de señora y dueña por haberlo negociado con Darío Vega Gómez mediante la promesa de venta que celebraron el 1º de junio de 1978.
4. El juzgado del conocimiento dirimió el litigio en fallo del 24 de abril de 1995, en el que declaró la inexistencia de legitimación por pasiva respecto del demandado Vega Gómez y acogió únicamente la pretensión subsidiaria, esto es la reivindicación de cuota reclamada por la actora.
5. La decisión en comento fue revocada por el tribunal al desatar el recurso de apelación interpuesto por la actora y la demandada Julia Arias de Palma y, en su lugar, declaró probada “la excepción” de “carencia de derecho en el actor para ejercitar la acción de dominio” y negó todos los pedimentos.
El fallador, luego de destacar la concurrencia de los presupuestos procesales y la ausencia de vicios de actividad, abordó el examen de los elementos estructurales de la acción reivindicatoria aquí ejercida. Y en lo concerniente con el derecho de dominio en cabeza del demandante concluyó que Maryluz Molina de Vega y Darío Vega Gómez son propietarios en común y proindiviso del inmueble materia de la reivindicación, habida cuenta que les fue adjudicado en una proporción del 99.05% a la primera y lo restante al otro cónyuge, en la partición realizada en el proceso de liquidación de su sociedad conyugal cuya sentencia aprobatoria aparece registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0301321.
El requisito de “cosa singular reivindicable o cuota determinada” lo encontró cumplido, pues el bien pretendido fue especificado por su alinderación, “la que coincide con la señalada en el contrato de promesa de compraventa obrante a folios 28, 28 vto., 29 y 29 vto., mediante la cual el señor Darío Vega Gómez promete hacer el contrato de venta y por ende traditar la titularidad del bien a la señora Julia Arias de Palma”.
Respecto de “la posesión material en el demandado” dijo que la demandada Julia Arias de Palma no solo admitió ser poseedora del inmueble cuya reivindicación se reclama, “sino que con fundamento en su posesión manifestó que había celebrado un contrato de promesa de compra venta con el señor Darío Vega Gómez obrante a folio 27 y 28 del primer cuaderno”; así mismo, sostuvo que de las pruebas recaudadas no surgía que el otro demandado ejerza la posesión material del aludido bien ni este así lo alegó.
Y al pronunciarse en torno a “la identidad entre la cosa que se pretende y la poseída”, afirmó que el predio objeto, de las pretensiones es el mismo que tiene en posesión la demanda Arias de Palma y que está “determinado en el título allegado con el libelo incoatorio”, amén que “existe concordancia en este punto entre la demanda y su contestación”.
Aunque concluyó que los presupuestos requeridos para la prosperidad de la acción reivindicatoria fueron demostrados, paradójicamente abordó el examen de la “excepción” de “carencia de derecho en el actor para ejercitarla” propuesta por la demandada Julia Arias de Palma, con miras a establecer si ese medio defensivo tenía la virtualidad de enervar la reivindicación pedida. Reparó, entonces, en que la defensa se sustenta en que como la actora sólo es propietaria de una cuota indivisa sobre un bien singular, no de una parte determinada de éste, no está legitimada para pedir la reivindicación de aquel.
Precisó que el artículo 949 ibídem faculta para demandar en reivindicación a quien sea propietario de una cuota determinada proindiviso de una cosa singular, pero debe tenerse en cuenta que esa disposición “no solo legitima al comunero privado de la posesión para incoar la reivindicación de su derecho abstracto en el bien contra el comunero poseedor, sino que además permite que el dueño de la cuota proindivisa la impetre contra el tercero poseedor para toda la comunidad de la cual hace parte”.
Seguidamente dedujo que la pretensión subsidiaria, esto es la reivindicación de cuota demandada, no prosperaba frente a la poseedora material, toda vez que “el derecho derivado es abstracto, es decir, no es posible determinar en forma específica la parte del bien sobre la cual recae el porcentaje de propiedad”, sin que fuere posible adecuar la pretensión, como lo hizo el a quo, al ordenar la restitución de todo el inmueble a la actora con el fin de hacer efectivo el goce de su cuota.
Puntualizado lo anterior abordó el examen de la reivindicación del inmueble para la comunidad Vega Molina y empezó por asentar que el poder especial conferido por el mandatario general de Maryluz Molina tenía por objeto reclamar “el derecho de propiedad” sobre el inmueble en litigio, lo cual comporta que para lograr tal cometido también podía demandar su reivindicación para la comunidad y, por ende, desatinó el juzgador a quo al sostener la insuficiencia de aquel para impetrar dicha reclamación.
Relativamente a la alegación según la cual la posesión aducida por la demandada es anterior al título de propiedad de la actora, aseveró que había que tener en cuenta lo dispuesto por la Corte en sentencia del 18 de marzo de 1959, cuyos apartes pertinentes transcribió; igualmente, puso de relieve que “el reivindicante puede frente a la posesión ejercida por el demandado, hacer valer la cadena de tradiciones que le antecedieron a su acto de adquisición siempre y cuando aquellas provengan del verdadero dueño para lo cual ha de aportar los títulos que las acrediten”, planteamiento que reforzó al trasuntar algunos aspectos del fallo emitido por esta corporación el 12 de septiembre de 1994.
A continuación advirtió que en el haz probatorio recaudado obra la actuación surtida ante el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Darío Vega Gómez contra Julia Arias de Palma, en la cual Maryluz Molina actuó como interviniente ad excludendum y que en la demanda introductoria de ese litigio se expresó que la demandada “había entrado en el inmueble desde 1978, sin cancelar ninguna contraprestación, a raíz de la celebración del contrato de promesa de compraventa que con ella celebró el 1º de junio de dicho año”, afirmación que consideró demostrativa de la época en la que la accionada Arias de Palma entró en posesión del bien materia de la reinvindicación, hecho que no fue discutido por la actora.
Estimó, entonces, que se imponía determinar la fecha desde la cual debía tenerse a la demandante como propietaria del inmueble, cuestión que dilucidó con las siguientes reflexiones: a) La actuación surtida en la liquidación judicial de la sociedad Vega - Molina, contenida en la escritura pública 1622 de 20 de noviembre de 1984, acredita que el inmueble objeto de la reivindicación lo adquirió Darío Vega Gómez durante la vigencia de la mentada sociedad; b) “Para la época en que la demandada entró en posesión del bien (año de 1978), aún no se había aprobado la partición de bienes sociales lo cual solo ocurrió a través de la sentencia del 26 de marzo de 1981, ni mucho menos, obviamente ésta se había registrado. Por ende, la demandante antes de tales actos solo tenía una mera expectativa de propiedad sobre el inmueble, pero aún no se le podía refutar (sic) como dueño y mucho menos eran oponibles a terceros. Antes de aquellos el titular del derecho de dominio seguía radicado en cabeza del propietario inscrito (Darío Vega Gómez), quien además, por mandato del artículo 1º de la Ley 28 de 1932 tenía, en vigencia de la sociedad conyugal, la libre administración del inmueble, lo que lo habilitaba para disponer de él, tal como lo hizo”.
Soportado en esas elucidaciones concluyó que “la posesión ejercida por la demandada sobre el inmueble es anterior al título de dominio esgrimido por la actora”, amén que “no hizo valer la cadena de titulaciones anterior a la adjudicación que del bien le fue realizada, como quiera que ni alegó tal hecho ni aportó el título de adquisición de su antecesor (escritura pública 1403 de abril 19 de 1967, Notaria 4ª de esta ciudad)”.
Al margen de esa conclusión añadió que el accionado Vega Gómez no tiene la calidad de poseedor y que “ostenta una relación de tipo contractual con la accionada derivada de la promesa de compraventa del inmueble, suscrita el 1º de junio de 1978; relación que no ha sido aniquilada pues la declaratoria de nulidad que solicitó ante el Juzgado 27 Civil del Circuito de esta ciudad, fue declarada impróspera”, conforme las copias de los fallos que obran en el expediente.
De los dos cargos en ella propuestos sólo se admitió a trámite el primero formulado con apoyo en la causal primera de casación y en el que se acusa la sentencia de ser directamente violatoria, por falta de aplicación, del artículo 180 del Código Civil en concordancia con el artículo 1º de la Ley 28 de 1932 y 13 del Decreto 2820 de 1974.
En el desarrollo del cargo aduce la censura que las citadas normas rigen el caso aquí planteado, toda vez que la sociedad conyugal Vega - Molina nació desde la fecha misma del matrimonio (1961) y su disolución se decretó en la sentencia proferida el 2 de diciembre de 1977 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fechas que deben considerarse como los extremos de existencia jurídica de dicha sociedad.
Refiere, seguidamente, que la doctrina y la jurisprudencia colombianas predican que al disolverse la sociedad conyugal, y mientras ella se liquida, los cónyuges pierden la facultad de disponer de los bienes sociales radicados a su nombre, “por haberse formado con ellos una comunidad universal destinada a liquidarse por las vías establecidas por la ley”. Para robustecer la referida argumentación transcribió el comentario que sobre el tema expuso un autor nacional y resalta que “‘al disolverse la sociedad conyugal y formarse la masa indivisa de gananciales, se extingue automáticamente la titularidad que los cónyuges tenían de sus bienes gananciales, y adquieren, en cambio, un derecho universal sobre la masa indivisa’...”. “‘Disuelta la sociedad conyugal, queda esta en estado de liquidación y el marido ni antes de la Ley 28, ... ni menos aun después que entró a regir aquella, puede disponer de los bienes sociales ... Lo mismo ha repetido la jurisprudencia con y respecto (sic) a los bienes sociales que en el momento de la disolución habían sido adquiridos por la mujer’”. “‘Por tanto, si el marido vende un inmueble adquirido durante la sociedad luego de que esta se disolvió habrá hecho venta de cosa ajena’”. “‘Se configura una verdadera acción reivindicatoria que compete al cónyuge o a los herederos de este, cuyo bien ha sido indebidamente vendido por el otro cónyuge’ (Valencia Zea, Arturo. Derecho civil, Derecho de familia, t. V)”.
El tribunal asumió que la titularidad del dominio de Maryluz Molina sobre el inmueble en litigio nació “desde el momento de la liquidación de la sociedad conyugal, obrante en la escritura pública 1622 del 20 de noviembre de 1984 de la Notaria 28 de esta ciudad”, sin tener en cuenta que la aludida sociedad se disolvió por sentencia judicial proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 2 de diciembre de 1977, fecha desde la cual ha de considerarse que Maryluz Molina es titular del dominio sobre el bien objeto de las pretensiones, es decir que el título de propiedad que esgrime es anterior a la posesión detentada por la demandada, “que en autos se establece desde el 1º de julio de 1978”.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 180 y 1774 del Código Civil, a falta de capitulaciones matrimoniales se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges por el solo hecho del matrimonio, sociedad que, subsecuentemente, se forma, no solo sin que sea menester el consentimiento de los consortes, sino, lo que es aún más significativo, en contra de su voluntad, pues es el legislador el que impone dicho régimen en ausencia de pacto válido en contrario.
Asentado lo anterior, hay que concluir seguidamente, que dicha sociedad de bienes nace simultáneamente con el vínculo matrimonial, pues éste es el acto que la genera, inferencia que se desgaja de los reseñados preceptos y de lo prescrito por el artículo 1º de la Ley 28 de 1932, en cuanto estatuye que “... la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación” (destaca la Corte).
2. Formada la sociedad conyugal ella perdurará hasta cuando se disuelva por ocurrir alguna de las precisas causas señaladas en el artículo 1820 del Código Civil, entre ellas, “la separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de mantenerla”.
Durante la vigencia de la sociedad cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes que le pertenecían al momento de contraer matrimonio, como también la de los que hubiera aportado a él y la de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera (L. 28/32, art.1º); empero, una vez disuelta, pierde esa facultad respecto de los bienes que ostenten el carácter de sociales, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia, “todo el haber patrimonial adquirido dentro del matrimonio por uno de los cónyuges, pertenece rectamente a quien lo adquirió, con las consiguientes facultades de libre administración y disposición, que son inherentes al dominio; pero no de un modo puro y simple, sino limitado en cuanto al tiempo, por el hecho condicional de la disolución del matrimonio, o de alguno de los eventos que de acuerdo con la ley determinan la liquidación definitiva de la sociedad, la cual pasa entonces del estado potencial o de latencia en que se hallaba al de una realidad jurídica incontrovertible, para recibir dentro de su propio patrimonio aquellos bienes, y hacerlos así objeto de las consiguientes distribución y adjudicación entre los mismos cónyuges o, entre quienes legítimamente representen sus derechos” (Cas. Civil, sent. sep. 4/53, G.J., t. LXXVI, pág. 248).
Por consiguiente, con ocasión de su disolución, la sociedad conyugal deviene en una comunidad universal integrada por los bienes muebles e inmuebles, los derechos incorporales y las obligaciones que tengan el carácter de sociales, según las prescripciones contenidas al respecto en el capítulo II del título XXII del libro IV del Código Civil. Por supuesto que esa comunidad es una entidad distinta de los cónyuges y titular de un patrimonio independiente y autónomo, respecto de estos y de terceros, sobre el cual ninguno de los consortes, obrando por sí solo, “puede ejecutar ningún acto de enajenación sin colocarse en la situación jurídica de quien vende cosa ajena, de cuyo dominio es único titular la sociedad conyugal ilíquida” (Cas. Civil, sent. jul. 27/45).
3. Y como es sabido, para efectos de su liquidación es menester atender, por mandato explícito del artículo 1832 del Código Civil, las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios, particularmente la prevista en el artículo 1401 ibídem, en virtud de la cual “cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubiere cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión”.
Mírese, entonces, cómo el trasuntado precepto le reconoce carácter declarativo a la partición, en virtud del cual no sólo pone fin al estado de indivisión, sino que lo hace de manera retroactiva, ya que la comunidad se disuelve o termina con efectos hacia el pasado, de modo que ésta deja las cosas como si la indivisión no hubiera jamás existido. Ese efecto borra el tiempo intermedio entre el nacimiento de la comunidad (fecha de la muerte del de cujus o de la disolución de la sociedad conyugal) y el día de la partición, fingiendo que no ha existido en el dominio solución de continuidad.
4. Esclarecido como se encuentra que la partición tiene carácter declarativo, no atributivo de dominio, y que, subsecuentemente, produce efectos retroactivos, se impone asentar, entonces, que esa retroactividad se remonta hasta el momento del nacimiento de la comunidad, pues, recuérdese que esa regla de la partición sucesoral rige para la de los bienes sociales e, inclusive, sea oportuno acotarlo, para las comunidades ordinarias (C.C., arts. 1832 y 2335).
En tratándose de la herencia, es resultado del aludido efecto el que se considere que el heredero ha poseído la cosa adjudicada desde la muerte del causante en forma exclusiva, razón por la cual puede agregar al tiempo de su propia posesión, el de su causante, y que las enajenaciones que haya hecho, o los derechos reales con que haya gravado la cosa común, subsistan en la parte que se le haya adjudicado, pero no en las otras partes, a menos que los adjudicatarios respectivos lo consientan (C.C., art. 779).
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 779 está el inciso 2º del artículo 1401, porque éste dispone que si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, el fenómeno se trata como venta de cosa ajena.
Sobre el aludido efecto de la partición, la Corte, refiriéndose a la sucesoral, sostuvo que “la partición de la masa hereditaria tiene el efecto retroactivo señalado en los artículos 779 y 1401 del Código Civil. Este efecto consiste en que se tenga por efectuada, no en la fecha de su aprobación por el juez o de su verificación extrajudicial, sino el día de la delación de la herencia, que generalmente coincide con el de la muerte del causante, según los artículos 1012 y 1013 ibídem. Por tanto: primero, no hay discontinuidad entre la propiedad y la posesión del heredero, ya que este es el continuador de la persona de aquel; segundo, queda borrado jurídicamente el tiempo de comunidad o indivisión que realmente haya existido entre la muerte del causante y la partición de los bienes; y tercero, cada heredero se reputa no haber tenido jamás parte alguna en los bienes distribuidos a los demás copartícipes.
“... Tal efecto retroactivo sitúa la adquisición de los bienes distribuidos en la fecha de la muerte del causante, porque es la muerte el punto de partida de un modo de adquirir cuya finalidad es poner en cabeza del sobreviviente los bienes del sujeto fallecido. En consecuencia, es jurídicamente imposible que la partición, así retrotraída al día de la muerte, sea un acto que transfiera derechos o bienes entre los coherederos.
“... El artículo 765, inciso 4º del Código Civil prescribe que pertenecen a la clase de títulos traslaticios ‘las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición’. Este texto comprende todo acto de partición judicial o extrajudicial, cualquiera que sea el origen de la comunidad: legal o convencional; y cualquiera que sea la especie de comunidad: universal o singular. Respecto de todas ellas, dicho precepto señala a la partición, judicial o extrajudicial, el valor de título traslaticio de propiedad. Este valor no existe porque es incompatible con la naturaleza y funcionamiento del mencionado modo de adquirir y con el carácter retroactivo de la partición, ambos factores de prevaleciente influjo en la interpretación legal de la materia.
“... La sentencia de adjudicación y la partición misma extrajudicial son simples títulos declarativos de ser titulares los herederos de los bienes distribuidos, desde la fecha de la muerte del causante, en virtud de la transición directa hereditaria y del efecto retroactivo expresado...”. (Cas. Civil, sent. jun. 3/70. G.J., T. XCII, págs. 909 a 922).
Igualmente, esta corporación precisó que “la consecuencia inmediata de una partición sucesoral es la de que los herederos se reputan dueños de los bienes adjudicados desde la fecha de la muerte del causante (C.C., art. 1401). Por ministerio de la ley al acto de la partición y adjudicación, debidamente protocolizado y registrado, se le reconoce efecto retroactivo y en esa virtud se presume que el adjudicatario sucede directamente al causante, respecto de los bienes heredados y legalmente adjudicados” (Cas. Civil, sent. nov. 6/41) (destaca la Corte).
Si, como está dicho, los efectos retroactivos de la partición se extienden hasta el instante en que surgió la comunidad, es incontestable que en tratándose de la partición que liquida la sociedad conyugal, también opera tal regla, aserto que trae como consecuencia que se considere a los cónyuges dueños de las cosas que les fueren adjudicadas desde la fecha en que la comunidad universal surgió, es decir, desde el día en que se disolvió la sociedad conyugal. De esta manera, se explica la supervivencia de los actos ejecutados por el marido o la mujer en ejercicio de la facultad de libre administración que la ley les confiere durante la existencia de la sociedad conyugal y que dicha atribución cese al disolverse (L. 28/32, art. 1º).
4. Puestas así las cosas, no es posible entender, domo lo hizo el tribunal, que los cónyuges se reputan dueños de los bienes que les hubieren correspondido en la partición de la sociedad conyugal desde la aprobación de dicho trabajo y el posterior registro del respectivo fallo, razonamiento jurídico que definitivamente sostiene la sentencia impugnada, en la medida en que con las elucidaciones allí expuestas estimó el sentenciador que la parte demandante ostenta la condición de propietaria del inmueble en litigio desde la fecha en que se produjeron los referidos actos y, derechamente, que la posesión detentada por Julia Arias de Palma antecedía al título de dominio esgrimido por la reivindicante, conclusión determinante de la improsperidad de la reivindicación, pues, valga acotar, que aun cuando el sentenciador asentó esas reflexiones al acometer el estudio de la pretensión principal, lo cierto es que, dado su contenido, ellas son medulares y cobijan todos los pedimentos de la demanda tornando en irrelevantes los argumentos que primeramente esbozó para negar la pretensión subsidiaria.
Es que, como quedó demostrado, el fallador no tuvo en cuenta que la liquidación de la sociedad conyugal se sujeta a las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios (C.C., art. 1832), entre las cuales están las previstas en los artículos 779 y 1401 ibídem, que consagran explícitamente el carácter declarativo y el consecuente efecto retroactivo de la partición, conforme a las cuales se impone considerar que los cónyuges son dueños de los bienes adjudicados en la partición de su sociedad conyugal desde la fecha en que ésta se disolvió.
Ese yerro lo condujo a negar la reivindicación demandada, sin advertir que por el efecto retroactivo de la partición se reputa a la reivindicante dueña del inmueble en litigio desde la disolución de la sociedad conyugal Vega - Molina, esto es desde el 2 de diciembre de 1977, fecha en la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó su disolución, lo que pone de relieve que el título de la actora es anterior a la posesión ejercida por la demandada Julia Arias de Palma, la cual, según lo dedujo el juzgador, comenzó el 1º de junio de 1978.
Como la conclusión a la que arribó el sentenciador y en la que edificó la decisión combatida es contraria a los predicados de las normas sustanciales aquí referidas, resulta patente su quebranto y se impone la prosperidad del cargo. Puestas así las cosas, habrá de casarse la sentencia recurrida; empero, no se dictará aún el fallo sustitutivo, en virtud de que la Sala considera necesario establecer algunos hechos relacionados con las alegaciones de las partes y para ello decretará pruebas de oficio, conforme lo autoriza el inciso 2º del artículo 375 del estatuto procesal.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario adelantado por Maryluz Molina de Vega contra Darío Vega Gómez.
Antes de proferir el fallo sustitutivo, en sede de instancia y con fundamento en la facultad oficiosa conferida por el inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 179 y 180 ibídem, dispone:
Oficiar a la Notaria 4ª del Círculo de Bogotá, D.E., para que, con destino a este proceso remita copia auténtica de la escritura pública 1403 otorgada el 19 de abril de 1967 y mediante la cual Luis Enrique Mejía Rada enajenó a Darío Vega Gómez el inmueble ubicado en la carrera 28A Nº 50-90 de esta ciudad.