Source: https://www.scribd.com/document/254948952/Jurisprudencia-Investigacion-Preliminar
Timestamp: 2018-12-11 13:36:39
Document Index: 197538886

Matched Legal Cases: ['artículo 143', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 97', 'artículo 49', 'artículo 92', 'artículo 143', 'artículo 142', 'artículo 49', 'artículo 97', 'artículo 49', 'artículo 97', 'artículo 89', 'artículo 143', 'artículo 97', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 108', 'artículo 8', 'artículo 108', 'artículo 92', 'Artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 108', 'artículo 28']

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Nº 3277-12
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA
Parte Querellante: Richard Alcides Orellana Saldivia, venezolano, mayor
de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-16.682.033.
Representante Judicial: Maria del Rosario Condo Samaniego, abogado en
ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº.
44.290.
Parte Querellada: Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía
Sustituta de la Procuraduría General de la República: Yajaira Pacheco,
inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula Nros.
(destitución).
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 01 de
junio de 2012, ante el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Capital, actuando en sede distribuidora. Realizada
la distribución correspondiente por el mencionado Juzgado en fecha 05 de junio
del mismo año, correspondió a este Juzgado el conocimiento de la causa, que
fue recibida en esa misma fecha, y distinguida con el Nro. 3277-12.
Mediante auto de fecha 06 de junio de 2012, este juzgado admitió el
presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial; en fecha 23 de julio
de 2012, la parte querellante consignó los fotostatos a los fines de las
notificaciones y citación respectivas; en fecha 30 de julio de 2012, el Alguacil
de este Juzgado dejó constancia de haber practicado las notificaciones y
citación respectivas en la presente causa, la cual fue contestada por el
organismo querellado en fecha 17 de octubre de 2012. Posteriormente en
la reincorporación de su representado al cargo de oficial que desempeñaba en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y en consecuencia la cancelación de los sueldos y demás beneficios socio-económicos (cesta ticket.fecha 31 de octubre de 2012. Que el referido acto administrativo indica que su representado incurrió en inasistencia injustificada al trabajo durante tres días . hasta el 01 de marzo de 2012. 2.el pago de intereses de mora de las prestaciones sociales calculados conforme al artículo 143 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. dejándose constancia de la comparecencia de ambas partes. dictado por el Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y notificado en fecha 01 de marzo mediante oficio de notificación Nº CPNB-DN-Nº 814-11. por Órgano de dicho Cuerpo Policial. dictado por el Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. se fijó la Audiencia definitiva conforme al artículo 107 de la Ley eiusdem. la parte querellante solicitó la apertura del lapso probatorio. así como le sea reconocido el tiempo desde su ilegal retiro hasta la fecha de su efectiva reincorporación como parte de su antigüedad al servicio de la Administración Pública y los efectos del tiempo de servicios para su derecho al ascenso. desde el 01 de marzo de 2012 hasta la fecha de su efectiva reincorporación como indemnización por la actuación ilegal de la Administración Pública Nacional a través del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. notificado en fecha 01 de marzo de 2012. conforme a los artículos 103 y 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. desde la fecha de su ilegal suspensión del cargo de Oficial que desempeñaba en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. pasa este Juzgado a dictar sentencia escrita conforme al artículo 108 de la misma Ley. 193 de fecha 01 de febrero de 2012. primas) dejados de percibir. La nulidad del acto administrativo de destitución contenido en la Decisión distinguida con el Nro. Cumplidas las formalidades contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Por otra parte solicita. la cual se celebró el 17 de diciembre de 2012. en caso que sea desestimada la pretensión principal: 1.el pago de prestaciones sociales generadas por su representado desde su fecha real de ingreso al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.. -ITÉRMINOS DE LA LITIS La representación judicial de la parte querellante solicita: 1. Para fundamentar sus pretensiones expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Que su representado fue destituido del cargo de Oficial mediante el acto administrativo Nº 193 de fecha 01 de febrero de 2012.. ambas partes comparecieron al acto. 2. se llevo a cabo la Audiencia Preliminar.
o abandono del trabajo. de las fechas.hábiles dentro del lapso de treinta días continuos. es decir el día 15 de diciembre de 2011. Por otra parte sostiene que en la decisión aludida nunca se valoró el escrito con sus documentales y que nunca fue consignado por la Oficina de Control de Actuación Policial al expediente. las cuales fueron depuestas las mencionadas entrevistas y recabada información para la instrucción del expediente disciplinario. refiriéndose a las Actas de entrevistas realizadas a 5 funcionarios policiales que laboraban en el Servicio de Seguridad Ferroviario de la PNB y de las documentales mediante las cuales se deja constancia de presuntas inasistencias al sitio de trabajo. pero que sin embargo de las mismas se evidencia que no existen los elementos de convicción necesarios para que la administración haya tomado tal decisión. Señala que los elementos probatorios presentados por la Oficina de Control de Actuación Policial en la fase previa. en consecuencia no pudo en ese momento ejercer el correspondiente derecho de control y contradicción de la prueba de testigos en la cual fundamentó su ilegal acto administrativo de destitución. cuestión que no realizó. viciando de nulidad absoluta el acto administrativo impugnado. y que con tal valoración por parte del órgano decisor no solo se vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso sino que vicia de falso supuesto de hecho y de derecho el acto impugnado al dar por probados hechos sin que el medio por el cual se insertan las declaraciones al expediente haya guardado las garantías que asisten a su representado y al interpretar que era carga probatoria de su representado solicitar en fase de pruebas la deposición de los testimonios evacuados en la fase preliminar de la investigación realizada por el órgano sustanciador disciplinario de la Policía Nacional Bolivariana. ya que las mismas fueron promovidas y evacuadas en la fase de investigación preliminar. hecho que constituye una trasgresión flagrante al debido proceso . momento en el cual su patrocinado no había sido notificado de cargos en su contra. esto es. de conformidad con el numeral 7 del artículo 97 de la Ley del Estatuto de la Función Policial al considerar que existían en el expediente disciplinario suficientes elementos de convicción que demostraron que la conducta de su representado se encontraba incursa en el supuesto de hecho previsto en la norma antes señalada. aun cuando su representado tiene recibido y sellado por la mencionada oficina el escrito de promoción de pruebas en el cual se demuestra que no incurrió en la causal alegada para su destitución. cuando del derecho invocado como vulnerado se desprende que era obligación de dicho órgano poner a su patrocinado en la posibilidad material y jurídica de controlar las declaraciones que sirven de fundamento a la formulación de cargos sin necesidad que sea el quien las solicite. por lo que de un simple análisis cronológico de los hechos. Denuncia la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso en virtud que su representado fue destituido de su cargo de oficial con fundamento en pruebas que no fueron obtenidas de forma legal. así como la fecha en la cual fue notificado del inicio del procedimiento en su contra y de la fecha que fueron impuestos los cargos en su contra. en consecuencia al no haber dispuesto en la fase de pruebas el órgano sustanciador de lo necesario a los efectos de poder controlar su representado de forma efectiva dichas testimoniales se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso y ha debido el Consejo Disciplinario desestimar las testimoniales. es decir. memorandos entre otros. fueron los mismos que el Consejo Disciplinario dio como ciertos en su decisión sin tomar en cuenta que varios elementos probatorios que favorecían a su representado y que la administración tampoco valoró desvirtúan la causal que da origen a la destitución. el día 4 de mayo de 2011. se evidencia que su mandante no se encontraba a derecho y no tenía conocimiento al momento de evacuar la Administración las testimoniales rendidas ni de la presentación de los oficios.
15. Por su parte. negó rechazó y contradijo.porque además de las pruebas traídas por la administración se evidencia que su representado reportó a sus superiores o al personal encargado de llevar el control en la Policía Nacional Bolivariana su imposibilidad de presentarse a su sitio de trabajo. Que los intereses de mora se han generado desde el día siguiente a su efectivo retiro por destitución. Denuncia el vicio de falso supuesto y el irrespeto del principio de culpabilidad que se deriva de los numerales 1 y 5 del artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. las trabajadoras y trabajadores. es luego cuando al determinarse la presunta participación del sujeto en el hecho investigado que la Administración da inicio a la averiguación administrativa y procede a notificarle de ello para que acceda al expediente y ejerza su defensa.239. es decir dio por demostrados hechos y autoría de los mismos con pruebas inexistentes en el mencionado expediente. actuando en su carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República. las cuales incluyen el de pago de prestación de antigüedad y sus intereses que se generaron por el tiempo de servicio previstos en la novísima Ley Orgánica del Trabajo. Fundamenta esta pretensión en el artículo 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela pues considera que a su representado le asiste el derecho al pago de sus prestaciones sociales por haber prestado servicios de personal al cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. por cuanto a su decir. la administración no demostró la culpabilidad de su representado. es decir que todas aquellas pruebas obtenidas por la administración en la etapa inicial . hasta la fecha que se realice de forma cierta el pago de los conceptos reclamados de conformidad con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo. pues no se evidenció en el expediente administrativo que se haya incorporado y valorado las pruebas administrativas. inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. fase en la cual no participa el investigado atendiendo a la circunstancia que para ese momento no se tiene como inculpado. De tal manera que dichas actuaciones corresponden a la sustanciación previa a tal formulación y que el investigado podía contradecir en la etapa probatoria. en los siguientes términos: En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso destacó que todo procedimiento administrativo tiene una fase de investigación preliminar en la cual la administración realiza todas las diligencias necesarias entre las que se encuentran recabar información y pruebas pertinentes a los fines del esclarecimiento de los hechos y la determinación de los presuntos responsables para la procedencia de la formulación de cargos. Comenta que nunca le fueron valoradas sus pruebas promovidas mediante las cuales se demostraba que no había dejado de asistir a su puesto de trabajo sin causa justa y que por el contrario tenia justificativos médicos probados que así lo avalan. los argumentos y pretensiones expuestos por la querellante. el pago de prestaciones sociales e intereses moratorios derivados o exigibles de la extinción de la relación funcionarial. la representación de la parte querellante solicita de forma subsidiaria y en caso que sea desestimada su pretensión principal. así como la disposición segunda de la mencionada ley. la abogado Yhajaira Pacheco. esto es. Por otra parte. desde el día 01 de marzo de 2012. las trabajadoras y trabajadores en su artículo 142 y 143.
Así mismo. lo cual no se observa a los autos del expediente disciplinario instruido. teniendo la posibilidad de hacerlo en la etapa probatoria prevista a su favor dentro del procedimiento. es por ello que considera que no hubo trasgresión alguna del derecho a la defensa y al debido proceso al no haber dispuesto lo necesario en la fase de pruebas el órgano sustanciador para que el recurrente controlara dichas testimoniales siendo una actuación propia del interesado y de lo cual no se sirvió para desvirtuar la legitimidad de los testimonios obtenidos en su contra. presentó en tiempo hábil los respectivos alegatos y tuvo la oportunidad de comparecer y expresar sus razones. etc. sin que hayan sido las mismas desvirtuadas con medio probatorio alguno por el querellante. por lo que mal puede alegar que la administración policial dio por demostrados hechos y autoría de los mismos con pruebas inexistentes en el mencionado expediente. pues existen medios idóneos que justifican valida y legalmente las ausencias a las labores como son los permisos. sobre las cuales se establecen los hechos ciertos y verdaderos en los que se verifica de manera precisa las circunstancias como ocurrieron los hechos. Que aun y cuando el recurrente haya manifestado que reportaba mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas a sus superiores o al personal encargado de llevar el control de personal en dicho cuerpo policial en las oportunidades en las cuales le era imposible asistir a su sitio de trabajo. ello no bastaba para establecer que sus faltas o inasistencias se encontraban plenamente justificadas. y además porque de las actas del procedimiento se observa que el accionante en el curso de la averiguación instruida accedió al expediente disciplinario. Señala que en la oportunidad en que el querellante rindió entrevista declaró que las causas de sus inasistencias fueron debidamente justificadas pues se debía a razones medicas. reposos e informes médicos. así como probar lo que estimara pertinente. Que la sanción que declaró la responsabilidad disciplinaria del querellante es resultado de una averiguación administrativa sustanciada de acuerdo al procedimiento legal establecido y en la cual se evidencia que el querellante en ningún momento llego a demostrar . de modo que no existe evidencia alguna que el accionante haya podido desvirtuar la imputación hecha en su contra toda vez que de las declaraciones testimoniales se aprecia que fueron contestes en afirmar de la regularidad de las inasistencias al trabajo por parte del hoy querellante y de la no presentación de los justificativos dentro del lapso establecido. destacándose anexo solo reposos médicos de fechas 15 y 29 de mayo de 2010 y un justificativo medico del 17 de enero de 2011. por lo que la administración dictó el acto administrativo precedido y fundamentado en un procedimiento donde no se afectó los derechos del hoy querellante. invoca una decisión dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y concluye que una vez aperturado el procedimiento administrativo no era obligación de la administración poner a disposición del recurrente las pruebas recabadas para que pudiera controlar las declaraciones que sirvieron de fundamento a la formulación de cargos. En cuanto al presunto vicio de falso supuesto sostiene que la administración decidió conforme a las pruebas insertas al expediente administrativo instruido.del procedimiento bien podían ser objeto de contradicción por parte del investigado en la oportunidad del lapso probatorio que le establece la Ley. también lo es que no se detecta que haya consignado los soportes que avalan la justificación correspondiente a los días imputados como falta a su servicio.
.Al interpretar la administración que era carga probatoria de su representado solicitar en fase de pruebas la deposición de los testimonios evacuados en la fase preliminar de la investigación realizada por el órgano sustanciador disciplinario de la Policía Nacional Bolivariana. de fecha 01 de febrero de 2012. Al fundamentar su recurso. contenido en la decisión Nº 193. el día 4 de mayo de 2011. gira en torno a la solicitud de nulidad del acto administrativo de efectos particulares. Finalmente solicita se declare Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial. y el vicio de falso supuesto. mediante el cual se destituyó al querellante del cargo de Oficial.. en consecuencia no pudo ejercer el correspondiente derecho de control y contradicción de la prueba de testigos en la cual se fundamentó su ilegal acto administrativo de destitución.porque a su juicio. La representación de la parte querellante denunció la trasgresión del derecho a la defensa y al debido proceso por los siguientes supuestos: 1. pues de un simple análisis cronológico de las fechas en las cuales fueron depuestas las mencionadas entrevistas y recabada información para la instrucción del expediente disciplinario. cuando del derecho invocado como vulnerado se desprende que era obligación de dicho órgano poner a su patrocinado en la posibilidad material y jurídica de controlar las declaraciones que sirven de fundamento a la formulación de cargos sin . cuando fue notificado del inicio del procedimiento destitutorio y de la fecha que fueron impuestos los cargos en su contra. 2.fehacientemente no haber incurrido en el supuesto de hecho en la causal de destitución aplicada. -IIMOTIVACIÓN PARA DECIDIR Se observa que el objeto principal de la presente querella. memorandos entre otros). momento en el cual su patrocinado no había sido notificado de los cargos en su contra. dictado por el Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. la representación judicial de la parte querellante denunció la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. estas correspondían a Actas de entrevistas realizadas a 5 funcionarios policiales que laboraban en el Servicio de Seguridad Ferroviario de la Policía Nacional Bolivariana y las documentales mediante las cuales se dejaba constancia de presuntas inasistencias a su sitio de trabajo. esto es. se observa que no se encontraba a derecho y no tenía conocimiento de las pruebas evacuadas por la Administración (testimoniales rendidas ni de la presentación de los oficios. por estar presuntamente incurso en la causal de destitución prevista en el numeral 7 del artículo 97 de la Ley del Estatuto de la Función Policial. es decir el día 15 de diciembre de 2011. su representado fue destituido del cargo de Oficial con fundamento en pruebas de obtención ilegal ya que las mismas fueron promovidas y evacuadas en la fase de investigación preliminar. pero que sin embargo de las mismas se evidencia que no existen los elementos de convicción necesarios para que la administración hubiere tomado tal decisión.
Denunció el vicio de falso supuesto y el irrespeto del principio de culpabilidad que se deriva de los numerales 1 y 5 del artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. cuyo tellos consiste en forjar un indubitable estado de derecho y de justicia. 3. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. es decir al no haber dispuesto en la fase preliminar el órgano sustanciador de lo necesario para que el querellante controlara en forma efectiva dichas testimoniales. esta Sala ha reiterado en sus decisiones que éstos constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia. de la manera prevista en la Ley. a fines de ilustrar sobre la naturaleza de la misma. si el administrado no cuenta con esta posibilidad. viciando de nulidad absoluta el acto administrativo impugnado. No obstante. razón por la cual se procederán a resolver en forma conjunta. Que nunca le fueron valoradas sus pruebas promovidas mediante las cuales se demostró que no había dejado de asistir a su puesto de trabajo sin causa justa y que por el contrario tenia justificativos médicos probados que así lo avalan. cuando se trata de analizar el derecho a la defensa y al debido proceso. cuestión que no realizó. que arroja como resultado una concepción altamente compleja. Asimismo. dando por demostrados hechos y autoría de los mismos con pruebas inexistentes en el mencionado expediente. Ahora bien. se ha referido sobre este derecho de la siguiente manera: Ahora bien. concurrentes entre sí. dan origen a que pueda proclamarse la observancia de un “debido proceso”. aplicables a cualquier clase de procedimientos. debido a que nunca fue consignado al expediente. ya que a su juicio. de manera tal.. antes de entrar a analizar la presente denuncia es preciso establecer algunas consideraciones. y aunque algunos doctrinarios lo catalogan como una prerrogativa que existe por cuenta propia. En base a esto considera que el Consejo Disciplinario debió desestimar las testimoniales. en sentencia Nº 00120 de fecha 04 de Febrero de 2010. y que ajustado a derecho les otorga el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. la administración no demostró la culpabilidad de su representado. considera este Juzgado que todas las denuncias se encuentran relacionadas entre si.Porque en la decisión aludida nunca se valoró el escrito de promoción de pruebas presentado por el querellante por ante la Oficina de Control de Actuación Policial. aun cuando fue recibido y sellado por ante la mencionada oficina mediante el cual demostraba que no incurrió en la causal alegada para su destitución. a los efectos de que le sea posible presentar los alegatos que en su defensa pueda .necesidad que sea el quien las solicite. luego de analizar los argumentos expuestos por la parte querellante para sustentar la procedencia de sus denuncias. se encuentra en conexión con otros derechos. pues no se evidenció en el expediente administrativo que se haya incorporado y valorado las pruebas administrativas. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes. la jurisprudencia ha establecido sus efectos al afirmar que es producto de la suma de otras garantías que. con ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz. al ser así. puesto que no podría hablarse de defensa alguna. El debido proceso se erige como una verdadera garantía constitucional. dicho derecho comporta que previamente el particular sea notificado de la decisión administrativa.
que el derecho al debido proceso constituye garantías inherentes a la persona humana aplicables a cualquier clase de procedimiento. llevado por la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía Nacional Bolivariana. para la consignación del escrito de descargo y el lapso para promover los medios de prueba que estimase conducentes Al folio 70 comunicación suscrita por el ciudadano Richard Alcides Orellana Saldivia mediante la cual solicita la designación de un Abogado para la defensa de sus intereses. que pueda ser sancionada por actos u omisiones que estén expresamente previstos como delitos. en las cuales. el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración. 24 y 25 de enero de 2011. A los folios 65 al 69 notificación CPNB-OCAP Nº 16401-11. dirigida al ciudadano Richard Alcides Orellana Saldivia recibida en fecha 08 de diciembre de 2011. se observa: Al folio 4. En armonía con lo anterior. ii) tener acceso al expediente. Así mismo se observa que para garantizar el efectivo cumplimiento del debido proceso el particular tiene derecho a: i) ser notificado de la decisión de la Administración. que exista un control de las pruebas que cada una de las partes promueva para demostrar sus argumentos o pretensiones. es preciso concluir que el efectivo cumplimiento del derecho a la defensa.las fases o etapas del procedimiento. los cuales resultan aplicables tanto en actuaciones administrativas. iii) presentar pruebas. más aun si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio. a objeto de determinar la procedencia de la trasgresión constitucional delatada: Al revisar las actas que conforman el expediente administrativo. faltas o infracciones en leyes preexistentes. finalmente. con el fin que pueda presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento. el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa y. De lo anteriormente expuesto se evidencia. si se trata de un procedimiento que fue iniciado de oficio. pasa este Tribunal a revisar los medios de pruebas cursante a los autos.aportar al procedimiento. 18 y 30 de noviembre de 2010 y 17. las partes involucradas. de fecha 04 de mayo de 2011. Auto de Apertura de Averiguación Disciplinaria en contra del hoy querellante. y al debido proceso. 22. el derecho a tener acceso al expediente. siempre que sea ajustada en el marco de la Ley. con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen. como en procedimientos judiciales. v) recibir oportuna respuesta a sus solicitudes. iv) ser informado de los recursos y medios de defensa. por las ausencias injustificadas los días 17. tengan iguales oportunidades para formular alegatos y defensas. . mediante el cual le indican los hechos y las causales de destitución por las cuales estaba siendo investigado así como también la oportunidad para la celebración del acto de formulación de cargos. el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes. ya que de lo contrario no podría hablarse de defensa alguna si el administrado no cuenta con esa posibilidad. Delimitado lo anterior. imponen que se cumplan -con estricta rigurosidad. mas. de fecha 01 de diciembre de 2011. lo cual es entendido como aquel tramite que permite oír a las partes y otorgarle el tiempo y los medios idóneos para establecer su defensa.
en razón a lo cual cuestiona su valor probatorio en virtud que considera que debía ejercer su control en esa etapa del procedimiento. Resolución Nº 193. A los folios 77 al 80 consignación de escrito de descargos presentado en fecha 21 de diciembre de 2011. mediante la cual se decide destituir al ciudadano Richard Alcides Orellana Saldivia. del cargo de Oficial. la oportunidad para celebrarse el acto de formulación de cargos y para presentar la consignación del escrito de descargo. para estos fines la administración indicó en el texto del acto notificatorio que al quinto (5º) día hábil siguiente a la notificación. y el establecimiento de la consecuencia jurídica que procedería en caso de comprobarse la responsabilidad disciplinaria en los hechos investigados. pruebas que según el querellante fueron obtenidas de manera ilegal. mediante la cual consideró que se debía declarar procedente la destitución del ciudadano Richard Alcides Orellana Saldivia. Acta de Formulación de Cargos. mediante la cual le formularon los cargos al funcionario investigado por encontrase presuntamente incurso en la causal de destitución prevista en el numeral 7 del artículo 97 de la Ley del Estatuto de la Función Policial. de fecha 01 de febrero de 2012.A los folios 72 al 76. para lo cual tomó en consideración una serie de entrevistas realizadas a funcionarios activos pertenecientes al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana específicamente en el área donde se encontraba laborando el hoy querellante (servicios Ferroviarios) así como documentos que hacían presumir a la administración las faltas al servicio del hoy querellante. por la representación judicial del querellante. Al folio 82 auto de cierre del lapso de promoción y evacuación de pruebas de fecha 30 de diciembre de 2011. A los folios 86 al 105 Opinión de Asesoria Legal de la Policía Nacional Bolivariana.. se evidencia que la Administración cumplió con todas las fases del procedimiento establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Igualmente se constató de la lectura y análisis del expediente administrativo que la administración para arribar a la conclusión tomada. se le formularían los cargos a que hubiere lugar y una vez vencido dicho termino dispondría de cinco (05) días hábiles siguientes para presentar su escrito de descargo. adscrito al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. la imputación de los hechos. en la cual no participa el investigado. relativa a “inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles dentro de un lapso de treinta días continuos”. Al analizar las actuaciones reseñadas. recabó una serie de elementos probatorios en la fase de la investigación con el fin de esclarecer los hechos y determinar la conducta desplegada por el funcionario investigado y posible responsabilidad y así proceder a formular los cargos. de fecha 15 de diciembre de 2011. en base al cual podría ejercer su derecho a la defensa. pues la administración tiene la facultad de practicar todas las diligencias pertinentes y evacuar todos los medios probatorios necesarios para la investigación de los hechos en esa fase. y finalmente se evidencia a los folios 109 al 134 del expediente administrativo disciplinario. Seguidamente le notifican que una vez vencido los lapsos mencionados dispondría de cinco (05) días hábiles para promover y evacuar las pruebas que considerase pertinentes. ya . contrario a esto este Órgano Jurisdiccional no puede considerar la ilegalidad de dichas pruebas por el hecho de haber sido obtenidas en la fase preliminar. pues el investigado fue notificado del inicio de la instrucción de la averiguación administrativa. Al folio 81 auto de apertura del lapso de promoción y evacuación de pruebas de fecha 23 de diciembre de 2011.
aun no se encontraba determinada la culpabilidad del investigado. pues fueron evacuadas en la etapa preliminar de la investigación. mediante el cual promovió documentales. generada por la omisión de su consignación al expediente disciplinario por la Oficina de Control de Actuación Policial. Dirección Ejecutiva de la Magistratura). Es importante ratificar que en materia de procedimientos sancionatorios y conforme al criterio establecido por las Cortes Contencioso Administrativo. lo cual pretende demostrar con el sello y nota de recibo plasmado en su escrito de promoción de pruebas. denunciados por la parte querellante. pues dicho carácter no resulta a todas luces un juicio a priori. el investigado no puede evadir su responsabilidad de aportar a su vez elementos de fuerza probatoria para desvirtuar los hechos imputados y las pruebas que obren en su contra. fase en la cual. ciertamente la carga de la prueba concierne a la Administración Pública. debe forzosamente desestimarse la denuncia expuesta por resultar manifiestamente infundada. y ejercer el control de las obtenidas. de la Policía Nacional Bolivariana. por ante la Oficina de Control de Actuación Policial. del expediente administrativo consignación de escrito de descargos realizado en fecha 21 de diciembre de 2011. presentado por la representación judicial del querellante. En base a lo anteriormente expuesto mal puede darse por configurada la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. máximo cuando quedó demostrado que tuvo la oportunidad de tener acceso al expediente. presentar alegatos y promover cualquier medio de prueba que estimara pertinente para la mejor defensa de sus intereses. donde la administración tiene la facultad de practicar todas las diligencias necesarias y evacuar los medios de pruebas que considere oportunos para el esclarecimiento de los hechos. . en consecuencia el mismo –sujeto activo del debate procedimental. Ahora bien. Así se decide La parte querellante fundamenta también la vulneración de este derecho en la falta de valoración del escrito de promoción de pruebas. Caso: Susan Gámez Vs. sin embargo. Vista la naturaleza de la fase preliminar de las pruebas allí recabadas y la carga de la prueba recaída en el funcionario investigado quien en ejercicio de su derecho a la defensa debió desvirtuar las que comprometieran su responsabilidad por los hechos imputados en la oportunidad correspondiente y las afirmaciones contenidas en las testimoniales rendidas en la fase preliminar. siendo así y visto que no se detectó trasgresión alguna de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. (Ver al respecto sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Nº 2010-577. es notificado de los cargos en su contra es cuando tiene la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa para desvirtuar los hechos que le imputa la administración y las pruebas que lo inculpan. y no evadir su responsabilidad bajo argumentos vagos. solo cuando el funcionario investigado.fortificar la presunción que obra en su favor.que en esa etapa del proceso no se tiene aun como responsable. ya que no se evidencia que las pruebas recabadas por la administración hubieren sido obtenidas de manera ilegal. al analizar las actas que conforman el presente expediente se observa: A los folios 77 al 80. de fecha 4 de mayo de 2010.
copia simple de constancia de hospitalización de fecha 23 de enero de 2011. Al folio 82 del expediente administrativo.I 22. Finalmente se evidencia a los folios 69 al 74 del expediente principal. en donde indica que siempre ha faltado al servicio por alguna causa. C.682.490.033.490. la cual tiene sello de la Policía Nacional Bolivariana y constancia de haber sido recibida por la Dirección General en fecha 27/01/11. presentado por la parte querellante en esta sede mediante el cual promovió.682. C. mediante el cual se deja constancia de la apertura del lapso de promoción y evacuación de pruebas. permaneció en ese centro como acompañante de la paciente Surney Guzmán C.A mediante la cual se hace constar que la paciente Surney Guzmán C.682.759. emitida por la Policlínica Caroní.671.671.033. Al folio 67. la cual tiene sello de la Policía Nacional Bolivariana y constancia de haber sido recibida por la Dirección General en fecha 27/01/11. auto de fecha 23 de diciembre de 2011.A mediante la cual se hace constar que el ciudadano Richard Orellana C. documento denominado “informe” mediante el cual presuntamente presentó los justificativos médicos de los días 17-18 de noviembre de 2010.682. del cual no se desprende algún sello de recibido por el ente. y que en vista de su condición clínica y de no poder valerse por si misma se encontraba bajo compañía de su esposo Richard Orellana Saldivia C.682. quien se encontraba hospitalizada en ese centro con el diagnostico de cólico biliar persistente y colecistitis aguda. emitida por la Policlínica Caroní. Al folio 68.I 16. Al folio 66.671. quien se encontraba ingresada en ese centro asistencial y por no valerse por si misma necesitaba compañía por Richard Orellana C.033.Al folio 81 del expediente administrativo. C.I 16. asistió a la emergencia de ese centro presentando síndrome agudo mas deshidratación moderada que ameritó tratamiento medico y se indican 48 horas de reposo absoluto. sin embargo no se evidencia algún sello o firma de recibido por el ente para el cual prestaba servicios el hoy querellante. copia simple de constancia medica de fecha 24/01/2011. Por otra parte se evidencia a los folios 61 al 74 de la pieza principal.A mediante la cual se hace constar que el señor Richard Orellana C. y 22-24-25 de enero de 2011.490 se encontraba hospitalizada en ese centro desde el día sábado 22/01/11.A mediante la cual se hace constar que la paciente Surney Guzmán Barrios C. ante el Consejo Disciplinario del Distrito Capital del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana el cual tiene sello de recibido por la Oficina de Control de Actuación Policial y . actuando en su carácter de Defensora de Oficio del ciudadano Orellana Saldivia Richard Alcides titular de la cedula de identidad Nº 16.033. Al folio 65. C.I 16.033.I 22. escrito de promoción de pruebas y anexos. emitida por la Policlínica Caroní. presuntamente presentado por la ciudadana Elizabeth Martínez del Toro inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 128. mediante el cual se deja constancia del cierre del lapso de promoción y evacuación de pruebas.I 22. escrito de promoción de pruebas de fecha 26 de diciembre de 2011. copia simple de constancia medica de fecha 25 de enero de 2011. emitida por la Policlínica Carona. siendo estos los siguientes: Al folio 64.I 16. auto de fecha 30 de diciembre de 2011. copia simple de constancia medica de fecha 17-11-10. la cual tiene sello de la Policía Nacional Bolivariana y constancia de haber sido recibida por la Dirección General en fecha 27/01/11.
Igualmente se observa de las pruebas promovidas ante esta instancia judicial. copia simple de constancia medica de fecha 24/01/2011.A mediante la cual se hace constar que la paciente Surney Guzmán Barrios C.Atención a las Victimas de fecha 26 de diciembre de 2011.490. la cual tiene sello de la Policía Nacional Bolivariana y constancia de haber sido recibida en fecha 27/01/11. C.I 22. Marcada “D”. Sin embargo no se evidencia que la administración hubiere incorporado a los autos las pruebas promovidas por la representación del ciudadano investigado (hoy querellante).682. C.682. a pesar que fueron recibidas por la Oficina de Control de Actuación Policial en fecha 26 de diciembre de 2011. Al analizar las referidas probanzas se observa que las promovidas por el querellante en esta sede jurisdiccional específicamente las que cursan a los folios 66. emitida por la Policlínica Caroní.682. (folio 71).033. la cual tiene sello de la Policía Nacional Bolivariana y constancia de haber sido recibida en fecha 27/01/11.033.490.033.I 16. quien se encontraba hospitalizada en ese centro con el diagnostico de cólico biliar persistente y colecistitis aguda.A mediante la cual se hace constar que el ciudadano Richard Orellana C.I 16.A mediante la cual se hace constar que la paciente Surney Guzmán C.490.A mediante la cual se hace constar que el señor Richard Orellana C. el escrito de promoción de pruebas presentado ante el Consejo Disciplinario del Distrito Capital del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana por la defensora de oficio del hoy querellante.671. emitida por la Policlínica Caroní. C. las cuales al contrastarlas se evidencia que son las mismas que fueron recibidas en fecha 27 de enero de 2011. Marcada “B”.033.671. 67 y 68 efectivamente tienen un sello húmedo de la Dirección General de la Policía Nacional Bolivariana. tiene sello húmedo de recibido por la Oficina de Control de Actuación Policial y Atención a las Victimas de fecha 26 de diciembre de 2011.I 16. la cual tiene sello de la Policía Nacional Bolivariana y constancia de haber sido recibida en fecha 27/01/11. es importante recordar tal y como consta del expediente administrativo que el lapso de promoción y evacuación de pruebas se aperturó en fecha 23 de diciembre de 2011. el cual. C. Ahora bien.671. por la Dirección General de la Policía Nacional Bolivariana.682. de la cual no se desprende que haya sido recibida por la Policía Nacional Bolivariana o algún ente adscrito a esta. e igualmente consta que el referido lapso culminó en fecha 30 de diciembre de 2011. se encontraba hospitalizada en ese centro desde el día sábado 22/01/11. mediante el cual promovió: Marcada “A” copia simple de constancia medica de fecha 17-11-10. quien se encontraba ingresada en ese centro asistencial y por no valerse por si misma necesitaba compañía por Richard Orellana C. (folio 72) Marcada “C”.I 22. y que en vista de su condición clínica y de no poder valerse por si misma se encontraba bajo compañía de su esposo Richard Orellana Saldivia C. copia simple de constancia medica de fecha 25 de enero de 2011. emitida por la Policlínica Carona. copia simple de constancia de hospitalización de fecha 23 de enero de 2011. tal como lo afirmó el propio querellante en su escrito de promoción de pruebas. pruebas que no fueron impugnadas en la oportunidad procesal correspondiente por la representación judicial del ente querellado por lo tanto se tienen como fidedignas. es .I 16. asistió a la emergencia de ese centro presentando síndrome agudo mas deshidratación moderada que ameritó tratamiento medico y se indican 48 horas de reposo absoluto. (Servicio de Seguridad Ferroviaria) y un acuse de recibo de fecha 27 de enero de 2011. emitida por la Policlínica Caroní. tal como se observa al folio 70 del expediente principal. permaneció en ese centro como acompañante de la paciente Surney Guzmán C.I 22.
Se observa que promovió en copia simple que riela a los folios 65 y 71 del expediente principal. desconozco y realmente no recuerdo si me presente a trabajar…” Al analizar la declaración rendida por el propio querellante se evidencia contradicción entre el contenido de la declaración depuesta y la constancia medica expedida en fecha 17 de noviembre de 2010. y por otra parte en la testimonial rendida se contradice al afirmar que los días 17 y 18 de noviembre de 2010. circunstancia que generó la falta de apreciación de las mismas. de la constancia medica se evidencia que presentaba un “síndrome febril agudo mas deshidratación moderada” que ameritaba un reposo absoluto por 48 horas. por lo que indudablemente debe ratificarse lo expuesto en líneas anteriores. se hace necesario realizar un estudio de las referidas pruebas a los fines de verificar si efectivamente eran suficientes para justificar sus faltas al servicio los días que se le imputan. 24 y 25 de enero de 2011. En el caso concreto no se observa del referido documento de fecha 17 de noviembre de 2010.A mediante la cual se hace constar que asistió a la emergencia de ese centro presentando síndrome febril agudo mas deshidratación moderada. emitida por la Policlínica Caroní. esto es que el querellante no justificó de forma valida y adecuada las ausencias a su sitio de trabajo los días 17 y 18 de noviembre de 2010 y en consecuencia se dieron por configuradas las mismas. al carecer de la aceptación y convalidación pudiera demostrarse que no fue presentado. faltó al servicio porque tenia a su hija hospitalizada.decir. Es importante destacar que los reposos médicos expedidos por clínicas privadas para que surtan sus efectos legales deben ser convalidados por la Unidad de Servicio Médico del Organismo para el cual presta servicios el funcionario o en su defecto por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. y a pesar de esto la administración omitió incorporar las pruebas del investigado. pues no puede ser efectivo lo desconocido. inclusive al mismo Supervisor Malave. con la cual pretendió justificar su ausencia por los días 17 y 18 de noviembre de 2010. lo que ameritó tratamiento médico y le indicaron 48 horas de reposo absoluto. Así se decide . en cuanto a la falta imputada al querellante referida a la ausencia no justificada el día 30 de noviembre de 2010. C. constancia medica de fecha 17-11-10. pues paralelamente debe cumplirse el proceso de convalidación entrega y aceptación para que surta plenos efectos jurídicos. recibido y aceptado. siendo esto así no basta la emisión del respectivo reposo medico por parte del médico tratante. falte a esos días porque tenia a mi hija menor de tres años hospitalizada en la Clínica Caroní y yo notifique a mi Supervisor inmediato. cuando transcurría el lapso para la promoción y evacuación de pruebas. No obstante. y consignados ante la Unidad correspondiente. En consecuencia debe estimarse que el querellante no justificó de forma valida y adecuada las ausencias a su sitio de trabajo los días 17 y 18 de noviembre de 2010 razón por la cual deben darse por configuradas las mismas. recuerdo que el 17 y 18 de noviembre del 2010. su vlto y 39 del Acta de Entrevista realizada al investigado (hoy querellante) lo siguiente: “…De entre las faltas que están establecidas como reportes. al respecto se observa al folio 38. 18 y 30 de noviembre de 2010 y 22. pues por un lado. Así se decide Ahora bien. circunstancia que crea una presunción desfavorable en su contra. algún elemento de convicción que haga presumir que el mismo fue recibido por parte del ente para el cual prestaba servicio el querellante. (como por ejemplo el sello de recibido de la Institución Policial o el acuse de recibo) por lo que se presume que no fue consignada ante el organismo querellado. del día 30 de noviembre. estos son: 17.
el pago de intereses de mora de las prestaciones sociales (…) calculados dichos intereses moratorios en la forma señalada del artículo 143 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores…”. concluyó desde el 01 de marzo de 2012. Como quiera que este Tribunal mantuvo la vigencia del acto administrativo impugnado. 2. razón por la cual y al no constatarse un medio de prueba que justifique su ausencia debe darse por configurada la falta al servicio injustificada del día 30 de noviembre de 2010. con la efectiva notificación de la destitución del hoy querellante. la relación funcionarial existente entre el hoy querellante y el Ente querellado. debe forzosamente desestimarse la solicitud de reincorporación.. por lo cual la pretensión del querellante habrá de ser decidida con fundamento en la Ley Orgánica del Trabajo derogada. fecha para la cual se encontraba vigente la anterior Ley Orgánica del Trabajo.Por otra parte se constató.076 en fecha 07 de Mayo de 2012. de los Trabajadores y Trabajadoras no encuentra aplicación al presente caso. 01 de marzo de 2012. en virtud de ello debe estimarse que la actuación de la administración no vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso del querellante y decidió en base a hechos ciertos. y que por lo tanto. es entendible que el acto recurrido mantiene sus efectos. que el mismo creó una duda sobre su asistencia al trabajo en fecha 30 de noviembre de 2010.contemplado en . la cancelación de los sueldos y demás beneficios socioeconómicos. ello en virtud de la entrada en vigencia de la Novísima Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. esto es. se observa que la separación del cargo al hoy querellante se produjo desde el momento que fue efectivamente notificado del acto administrativo de destitución. Antes de resolver la pretensión del querellante es preciso establecer el régimen jurídico aplicable al mismo. 18 y 30 de noviembre de 2010. hasta el día primero (1º) de marzo del año dos mil doce (2012).el pago de las Prestaciones Sociales generadas por el referido ciudadano desde su fecha real de ingreso al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. la prevista en el numeral 7 del artículo 97 de la Ley del Estatuto de la Función Policial. el reconocimiento del tiempo transcurrido para los efectos de antigüedad. considera este Tribunal inoficioso pronunciarse sobre las pruebas restantes en virtud que se configuró la causal de destitución imputada al hoy querellante. Siendo esto así. por lo que se mantiene la validez del acto administrativo impugnado. y a los efectos del tiempo para su derecho de ascenso. esto es. publicada en Gaceta Oficial Nº 6. Así se decide Verificada como ha sido la ausencia injustificada del querellante por los días 17. Así se decide Visto que la pretensión principal no prosperó y con ello. Así se establece. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. Ahora bien. la parte querellante de manera subsidiaria solicita el pago de las Prestaciones Sociales “…y en consecuencia sea condenado dicho Ente querellado por las siguientes pretensiones y al pago de las cantidades de dinero (…) de la siguiente forma: 1. Así se decide Siendo todo lo anterior así. que pone fin a la relación funcionarial y que el beneficio a las prestaciones sociales se encuentra consagrado como un derecho previsto en el artículo 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y un derecho -de todos los empleados públicos. relativa a “inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles dentro de un lapso de treinta días continuos”. En el caso de autos. debe forzosamente este Tribunal desestimar la denuncia expuesta por la parte querellante por resultar manifiestamente infundada. la novísima Ley Orgánica del Trabajo.
los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. son créditos laborales de exigibilidad inmediata. que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las prestaciones sociales. que consiste en el pago oportuno de las prestaciones sociales. Siendo esto así. del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales. hasta la fecha en que fue notificado del acto administrativo que acordó su destitución. para el cálculo de los mismos. Sobre los intereses moratorios. quien hoy sentencia aclara que de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. en sentencia Nº 924 proferida en fecha tres (03) de febrero del año dos mil cinco (2005). surge para el trabajador. una vez finalizada su relación laboral. los cuales se hacen efectivos -y exigiblesuna vez que haya culminado la relación laboral. aunado a ello. determinó lo siguiente: . Y así se decide. derecho éste que se hace exigible al momento de consumarse la culminación de la relación laboral. Por consiguiente.por la falta de pago oportuno. hasta la fecha en la que ocurra el efectivo pago de las prestaciones sociales. la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. cuando no las paga al finalizar la relación de trabajo. ciertamente el salario y las prestaciones sociales. es claro que debe acordarse el pago de los referidos intereses. es decir. siempre y cuando se comprueben los supuestos para su procedencia. la cual estableció: “…Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno. al finalizar la relación laboral. de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna. con ponencia del juez Alexis Crespo Daza. el derecho a cobrar intereses de mora por el retardo en el cumplimiento del pago…”. resulta pertinente acotar que por mandamiento expreso del Constituyente. el cual generará intereses a favor de éste. pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su trabajador. Del citado extracto debe determinarse entonces que los intereses moratorios constituyen la consecuencia -o condena. dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador. generada por el retardo o demora en la cancelación de las prestaciones sociales. En cuanto al petitum referente al pago de los intereses de mora debe señalarse que en vista que el querellante no ha recibido el pago de sus prestaciones sociales. por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. ratificada recientemente en sentencia Nº 2012-0041 de fecha 02 de febrero de 2012. Es decir.el artículo 8 de la anterior Ley Orgánica del Trabajo (aplicable al caso concreto). cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales. se puede concluir que. por la inacción del patrono de cancelar las prestaciones sociales en el tiempo oportuno. Asimismo. calculadas desde la fecha de su ingreso al servicio del Ente querellado. debido a que para el trabajador nace el derecho de reclamar este concepto (intereses moratorios). en sentencia Nº 2012-1258 de fecha 27/06/2012. además del derecho de reclamar judicialmente tal pago. la demora en el pago de tales conceptos generan intereses. necesariamente debe computarse el lapso de tiempo transcurrido desde la extinción de la relación laboral. la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo. estima este Despacho Judicial que debe ordenarse el pago de las prestaciones sociales debidas al querellante.
que las prestaciones sociales constituyen créditos laborales de exigibilidad inmediata. esta Corte ha señalado en diversas oportunidades que. y la fecha del efectivo pago de las prestaciones sociales. si la hubiere. al hacer efectivo el pago a las prestaciones sociales a los sujetos que de la misma egresan. al no cancelar inmediatamente este concepto (prestaciones sociales). en lo que respecta a los intereses moratorios causados por el retardo en el pago de las prestaciones sociales. de lo contrario. Siendo consecuente con los anteriores pronunciamientos sostenidos por este Tribunal. Toda mora en su pago gen era intereses. un derecho constitucional no disponible. A los efectos de determinar si lo solicitado es procedente. Al ser esto así. es evidente que la Administración. ordena que el Ente querellado proceda a cancelar los intereses moratorios generados desde el momento en el cual el hoy querellante fue notificado del acto de destitución. es oportuno señalar que. procede el pago inmediato de sus prestaciones sociales.… En este orden de ideas. ha incurrido en una demora que hasta la presente fecha se mantiene. irrenunciable y cuyo pago y cumplimiento son de orden público. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. hasta la fecha en que suceda la efectiva cancelación de sus prestaciones sociales. y en consecuencia. De este modo. origina que se sigan causando los intereses reclamados a favor del hoy querellante. y que el retardo en su pago genera intereses moratorios los cuales constituyen deudas de valor. colige esta Alzada que al ser los intereses moratorios antes referidos. lejos de constituir una situación convalidable por este Despacho Judicial. el primero (01) de marzo del año dos mil doce (2012). nace el derecho del funcionario o trabajador a que se le cancele de manera inmediata el monto que le corresponde por concepto de prestaciones sociales generado por el tiempo de servicios. esto es. efectuado el egreso del funcionario de la Administración Pública. De la sentencia parcialmente transcrita se desprende que los intereses moratorios constituyen un derecho constitucional no disponible. siendo que con el pago de tales intereses. y dado que no consta en autos prueba alguna que demuestre el pago efectivo de las prestaciones sociales del hoy querellante. serán calculados según lo dispone el literal “C” del artículo 108 de la anterior . de manera que una vez llegado el término de la relación laboral o funcionarial de la cual se trate. hecho este que. Ello así. (Subrayado de este Tribunal. se comienzan a causar los intereses moratorios consagrados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dispone expresamente que: “Artículo 92: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. la demora excesiva en que incurre la Administración. se evidencia de la norma antes citada. Aunado a ello. los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”. los cuales se causan por el retardo en el pago de las prestaciones sociales. se pretende atenuar. los órganos sentenciadores están llamados a protegerlos. irrenunciable cuyo pago y cumplimiento son de orden público. acota quien hoy decide que los intereses en mención. debe este Juzgado verificar la fecha de culminación de la actividad laboral. de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. este Juzgado debe forzosamente acordar el pago de los intereses moratorios de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
por concepto de prestaciones sociales e intereses moratorios. SEGUNDO: Se desestima la solicitud de “reincorporación. los intereses en cuestión. . conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. -IIIDECISIÓN Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo. representado por la Abogada Maria del Rosario Condo Samaniego. hasta la fecha en la cual suceda la efectiva cancelación de las prestaciones sociales debidas. inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.099. y a los efectos del tiempo para su derecho de ascenso”. a tenor de lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Por todas las razones expuestas anteriormente. esto es. contra el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en consecuencia: PRIMERO: Se mantiene la vigencia del acto administrativo cuestionado. QUINTO: Se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo. CUARTO: Se ordena al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. a los efectos de determinar la exactitud de los montos debidos al hoy querellante.629. serán calculados según lo dispone el literal “C” del artículo 108 de la anterior Ley Orgánica del Trabajo. A los fines de establecer el monto correcto que la Administración le adeuda al hoy querellante por concepto de prestaciones sociales e intereses moratorios de las mismas. la cancelación de los sueldos y demás beneficios socio-económicos. en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR. venezolano. hasta la fecha en la cual fue notificado de su destitución (01-032012). al cual nos remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. el reconocimiento del tiempo transcurrido para los efectos de antigüedad. mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 15. este Despacho Judicial ordena la realización de una experticia complementaria del fallo. el primero (01) de marzo del año dos mil doce (2012). calculadas desde la fecha de su ingreso a la Institución querellada.Ley Orgánica del Trabajo. Y así se decide. cancelar los intereses moratorios generados desde la fecha en la cual el hoy querellante es notificado del egresó de la Administración. este Tribunal estima oportuno declarar Parcialmente Con Lugar la pretensión del querellante como en efecto se hará en la dispositiva del presente fallo. el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano Richard Alcides Orellana Saldivia. Y así se decide. TERCERO: Se ordena la cancelación de las prestaciones sociales debidas al hoy querellante.290. tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país.
firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y al Director del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. CAMACHO A. a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil trece (2013 LA JUEZ. se publicó y registró el anterior fallo.Publíquese. Dada. TERRY GIL LEÓN En esta misma fecha. . EL SECRETARIO. EL SECRETARIO. regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuradora General de la Republica. FLOR L. siendo las tres (03:00) post-meridiem.
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