Source: http://divorciogestion.com/condena_penal_maltrato_hijo_menor_edad_nacido_relacion_extramatrimonial.htm
Timestamp: 2019-06-25 12:14:25
Document Index: 351486184

Matched Legal Cases: ['artículo 94', 'artículo 160', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 140', 'artículo 147', 'artículo 1715']

DIVORCIO ON LINE -condena penal por causar lesiones a su hijo menor nacido de una relación extramatrimonial
Condena penal por causar lesiones a su hijo menor nacido de una relación extramatrimonial.
PRIMERO.- Se alega en el motivo haberse infringido los artículos 94, 161, 158-3º, 160 y 170 del Código Civil y artículos 2, 11.2, 12 y 13 de la Ley de Protección Jurídica del Menor en relación al 3.1 y 8 de la Convención sobre Derechos del Niño adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Se argumenta que no procedía mantener el régimen de visitas que decretó la sentencia recurrida, toda vez que el progenitor del menor, nacido éste el 2 de mayo de 1997, fruto de las relaciones extramatrimoniales que mantuvo con la demandada que reconvino (recurrente casacional) había causado graves males al niño, hasta el punto de que hubo necesidad de llevar a cabo diversos ingresos en centros hospitalarios, para ser curado de las lesiones sufridas, por cuyos hechos se tramitaron diligencias penales en las que figuraba como imputado el padre (demandante) y también la madre y la grave situación creada determinó la medida judicial adoptada de atribuir provisionalmente la guarda y custodia del menor a la abuela materna.
El Tribunal de Apelación no accedió a la petición de suspensión del derecho de visitas por el padre, para lo que tuvo en cuenta que los informes psicológicos aportados no detectaban en el mismo trastornos mentales, psicopatológicos o disfuncionalidades en las relaciones respecto a otros hijos del explorado, ni criterios educativos erráticos, considerando conveniente para el menor mantener la relación con los progenitores, la que debería establecerse respecto al padre en forma progresiva y con el control inmediato de tercera persona.
Sucede que en el trámite de casación y a petición del Ministerio Fiscal se incorporó a las actuaciones la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Guadalajara, en procedimiento 119/2000, de fecha 28 de septiembre de 2001, que estableció como hechos probados que don -------- en el tiempo cronológico de finales de diciembre de 1997 o primeros de enero de 1997, había llevado a cabo diversos y diferentes actos de violencia física sobre su hijo, el menor Jose Antonio, causando lesiones al mismo que motivaron ingresos y asistencias hospitalarias, quedándole como secuelas trauma psíquico, callo de fractura en ambas piernas y posible angulación o dismetría en miembros que se evidenciaría cuando finalizase el desarrollo, por lo que dicho progenitor fue condenado como autor criminalmente responsable de un delito de malos tratos, cuatro delitos de lesiones, y de una falta de lesiones a las penas respectivas de dos años y seis meses de prisión por el delito de malos tratos y por cada uno de los delitos de lesiones a la pena de prisión de dos años y seis meses y a cuatro arrestos de fin de semana por la falta, y, a su vez, a la privación de la patria potestad del hijo.
La referida sentencia fue confirmada por la firme que pronunció la Audiencia Provincial de Guadalajara el 20 de marzo de 2002, con la modificación decisoria de que el límite máximo de cumplimiento de las penas impuestas sería el de siete años y seis meses.
El artículo 94 del Código Civil se refiere a los progenitores que no tengan consigo a los menores para establecer el derecho que les asiste a visitarlos, el que judicialmente sólo se podrá limitar o suspender cuando se dan graves circunstancias que así lo aconsejen, actuando este supuesto como excepción a la regla general de carácter imperativo -el precepto emplea el término "gozará"-, en cuanto a las relaciones personales entre padres e hijos y como toda excepción ha de ser cumplidamente probada.
A su vez el artículo 160 contempla el supuesto bien concreto de que el padre o la madre no ejerzan la patria potestad, para reconocerles el derecho a relacionarse con sus hijos, lo que podrá impedirse si concurren justas causas.
El derecho de visitas debe estar subordinado al interés y beneficio del menor y este sentido proteccionista se manifiesta bien claramente expresado en la Convención de los Derechos del niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, en cuanto que su artículo 9, en relación con el 3, permite a los Tribunales decretar la separación del menor de sus padres, cuando, conforme a la Ley y procedimientos aplicables, tal separación sea necesaria, en interés superior del niño (Sentencia de 12-2-1992), y en este sentido la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996, de Protección Jurídica del Menor, sienta como principio general la primacía del interés como superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (Arts. 2 y 11-2-a), aplicable por tanto al régimen de visitas, al ser el inspirador de las relaciones personales con los menores y ha de ser respetado por todos los poderes públicos, padres, familiares y ciudadanos y sobre todo por los juzgadores, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean mas adecuadas a la edad del menor, evitando que pueda ser manipulado o sujeto de actuaciones reprobables, pues progresivamente, con el transcurso de los años, se encontrará en condiciones de decidir lo que pueda mas convenirle para su integración tanto familiar como social.
El derecho de visitas ha de ceder ante los supuestos de presentarse peligro concreto y real para la salud física, psíquica o moral del menor (Sentencias de 30-4-1991, 19-10-1992, 22-5 y 21-7-1993) y en este sentido se ha pronunciado el Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 1992, aunque con referencia a los divorcios de parejas europeas que no tuviesen la misma nacionalidad, para establecer que el derecho de visitas ha de suspenderse cuando se pone con elevada probabilidad directa y seriamente en peligro la salud del hijo en todas sus dimensiones y lo mismo si existe una resolución incompatible ya ejecutable al respecto.
Aquí tenemos una sentencia firme penal condenatoria que vincula a la Jurisdicción Civil en cuanto a los hechos declarados probados (Sentencias de 26-9-1994, 28-3-1996 y 31-10-1998) y los mismos ponen bien de manifiesto la conducta agresiva y violenta del padre hacia el hijo y con ello el peligro que para éste puede suponer mantener relaciones personales en los actuales momentos, al concurrir tanto graves circunstancias como justas causas para poder decretar la suspensión del derecho de visita, respecto a lo cual los juzgadores gozan de amplias facultades discreccionales, que aquí no se establece con carácter definitivo para dejar abierta su modificación según las circunstancias futuras concurrentes.
SEGUNDO.- El último motivo contiene infracción de los artículos 14 y 39 de la Constitución, en relación al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en apoyo de la pretensión deducida en vía reconvencional, de que, conforme al artículo 140 del Código Civil, la prestación de alimentos a favor del hijo, debería haberse efectuado teniendo en cuenta las necesidades del alimentista y capacidad económica del progenitor obligado.
En el caso presente la sentencia recurrida, a efectos de fijar la pensión reclamada, no tuvo en cuenta como hecho determinante la ayuda personal que pudiera recibir la recurrente de su madre, abuela del menor, por lo que no actuó esta situación como criterio decisivo para establecer la cuantía de la pensión por alimentos, reclamada en la suma de ------------pesetas al mes.
Se argumenta que no hacerlo así el menor Jose Antonio estaría en peor condición como hijo no matrimonial respecto a los otros dos hijos del padre habidos de unión matrimonial.
La sentencia de apelación lo que tuvo en cuenta fueron disponiblidades económicas actuales del padre, cargas que pesaban sobre el mismo y necesidades del niño, limitándose a reconocer las atenciones y cuidados que le puede prestar la abuela materna y a establecer que también pesa sobre la madre el deber de contribuir con una cifra igual a la aportada por el padre, por lo que se fijó la suma de 35.000 pesetas como pensión alimenticia mensual, que se presenta como la adecuada y proporcional.
En la determinación de este importe económico a cargo de los Tribunales rige el prudente arbitrio de éstos y su revisión casacional sólo puede tener lugar cuando se demuestre concurrir infracción legal (Sentencias de 16-11-1978, 30-10-1986, 5-10-1993 y 3-12-1996), o si se trata de resolución ilógica o aparezca evidente desproporción entre la suma establecida respecto a los medios económicos del alimentante y necesidades reales del alimentista, tratándose de situación que no alcanza estado definitivo, ya que puede ser objeto de variación, conforme las previsiones del artículo 147 del Código Civil.
El motivo se rechaza, pues el principio de igualdad entre los hijos no impide apreciar situaciones diferenciadoras que autorizan a fijar los alimentos de que se trata en distinta cuantía a los establecidos para una situación precedente y a favor de otros hijos del obligado nacidos de un matrimonio anterior (Sentencia de 18-5-2001), debiendo atenderse en cada caso a las circunstancias y estados concurrentes como aquí ha ocurrido.
TERCERO.- Al prosperar el recurso no procede hacer declaración expresa de sus costas, de conformidad al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como respecto a las causadas en la instancia.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación que formalizó doña Erica contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Guadalajara en fecha veintiuno de julio de dos mil, la que casamos y con ello anulamos, con revocación de la dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Guadalajara el dieciocho de diciembre de 1989, para decidir y decretar la suspensión del derecho de visitas de don Guillermo a su hijo el menor Jose Antonio, confirmándose los demás pronunciamientos de la sentencia de apelación.
No se hace expresa declaración de las costas del recurso ni de las causadas en las dos instancias.
Dese conocimiento de esta resolución, mediante el correspondiente testimonio de la misma, a la citada Audiencia, y devuélvanse las actuaciones a su procedencia, interesando acuse de recibo de todo ello.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ------ Firmados y rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfon------------- Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
Los progenitores que no tengan consigo a los menores tienen derecho reconocido a visitarlos, el cual judicialmente sólo se podrá limitar o suspender cuando se dan graves circunstancias que así lo aconsejen; pero tal derecho está subordinado al interés y beneficio del menor, que prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.El derecho de visitas ha de ceder ante los supuestos de presentarse peligro concreto y real para la salud física, psíquica o moral del menor. En el presente caso existe una sentencia firme penal condenatoria que vincula a la Jurisdicción Civil en cuanto a los hechos declarados probados y los mismos ponen bien de manifiesto la conducta agresiva y violenta del padre hacia el hijo y con ello el peligro que para éste puede suponer mantener relaciones personales en los actuales momentos, al concurrir tanto graves circunstancias como justas causas para poder decretar la suspensión del derecho de visita.
En la determinación del importe económico de la pensión por alimentos a cargo de los Tribunales rige el prudente arbitrio de éstos y su revisión casacional sólo puede tener lugar cuando se demuestre concurrir infracción legal, o si se trata de resolución ilógica o aparezca evidente desproporción entre la suma establecida respecto a los medios económicos del alimentante y necesidades reales del alimentista, no procediendo la modificación de la cantidad decretada por lo expuesto, amén de que el principio de igualdad entre los hijos no impide apreciar situaciones diferenciadoras que autorizan a fijar los alimentos de que se trata en distinta cuantía a los establecidos para una situación precedente y a favor de otros hijos del obligado nacidos de un matrimonio anterior, debiendo atenderse en cada caso a las circunstancias y estados concurrentes como aquí ha ocurrido.