Source: https://www.scribd.com/document/68207818/Puppio-Alegatos-Forenses-7
Timestamp: 2019-02-17 09:42:06
Document Index: 409700243

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Franco Puppio Leon Alegatos Ultra
EDIFICACIONES ULTRA, C.A. vs CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ y JOSE DOMINGO COLIMODIO
CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA. SU DESPACHO. Yo, Doctor FRANCISCO PUPPIO LEÓN, venezolano, Abogado, mayor de edad, de este domicilio, Cédula de Identidad número 226.788, actuando en mi carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad en Comandita JOSÉ PIRRONE & CIA, de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil de esta misma Circunscripción bajo el número 1.156, de fecha 12 de Noviembre de 1.940, carácter de Apoderado que consta del instrumento de mandato que en Enero 6 de 1.965 se me otorgó por ante la Notaría Pública Primera de Caracas y cuyo original acompaño marcado "A", siendo esta la oportunidad legal para que tenga lugar el acto de INFORMES, presento las siguientes conclusiones en el ruego de que sean apreciadas por el Tribunal en la sentencia que habrá de dictarse en el presente juicio. Mi representada la Sociedad en Comandita simple JOSÉ PIRRONE & CIA., demandó al ciudadano CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad y de este domicilio, Cédula de Identidad No. 47.425, "para que convenga o en, su defecto sea condenado a, devolver la suma de CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 160.000,oo), que se le pagaron indebidamente al convenir que se le debían, de conformidad con el artículo 1.179 del Código Civil; y al señor JOSÉ DOMINGO COLIMODIO, comerciante, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, Cédula de Identidad número 6.354 "para que igualmente convenga, o en su defecto así sea sentenciado, que su deudora del crédito que cedió y traspasó al señor CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, no era José Pirrone & Cia, sino la sociedad mercantil EDIFICACIONES ULTRA, C.A. (EDUCA) 1.- por haberse verificado NOVACIÓN por sustitución de un nuevo deudor en lugar del primitivo, (Artículo 1.314 Civil), según documento inscrito en el Registro Subalterno del Distrito Sucre del Estado Miranda, sustituyéndose como nueva deudora de José Domingo Colimodio en lugar del primitivo deudor José Pirrone & Cia., y operándose en consecuencia NOVACIÓN POR CAMBIO DE DEUDOR en aquella obligación; y 2.- por su parte, el señor José Domingo Colimodio, se obligaba a retirar y terminar de ese
modo, el juicio que había propuesto contra José Pirrone & Cia., obligándose igualmente a suspender las medidas preventivas recaídas en dicho juicio y pedir al Tribunal que por haber terminado el juicio, ordenara el archivo del expediente. Esa transacción extrajudicial celebrada en dicho juicio, llegó a feliz término, cuando el señor JOSÉ PIRRONE, que como he dicho era para aquella fecha Presidente y administrador único de "Edificaciones Ultra, C.A.(EDUCA), protocolizó con este carácter, en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, bajo el Nº 66, Folio 226, Tomo 15, Protocolo Primero, de fecha 20 de Mayo de 1.960, el documento en el cual su representada EDUCA, absorbía la obligación señalada, y constituía a favor de José domingo Colimodio, la hipoteca convenida, operándose la NOVACIÓN de la obligación por cambio de deudor. El primitivo deudor, era José Pirrone & Cia., y ahora la nueva deudora era Edificaciones Ultra, C.A. (EDUCA). A su vez, el señor JOSÉ DOMINGO COLIMODIO, cumplió también las condiciones del arreglo, al dirigirse al ciudadano Juez Primero de Primera Instancia, declarando terminado el juicio que había incoado contra JOSÉ PIRRONE & CIA., por el cobro de las dos letras de cambio señaladas y solicitó del Tribunal el archivo del expediente respectivo. Todo esto consta de las copias certificadas que se acompañaron con la demanda. Es el caso ciudadano Juez, que varios años más tarde, el día 29 de Julio de 1.964 para ser más exactos, Don JOSÉ PIRRONE, fue sorprendido mientras se encontraba dedicado a la ejecución de una delicada construcción en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en Pie, con la notificación que el Tribunal comisionado (El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Los Teques), le hacía sobre una medida preventiva recaída en el juicio que días antes había incoado en su contra un señor de nombre CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (desconocido completamente para Pirrone) en su carácter de cesionario de un crédito que le había cedido José Domingo Colimodio. Es de observar que dicha cesión no se le había notificado a José Pirrone & Cia., anteriormente, como lo exige el artículo 1.550 del Código Civil, y que aquella medida preventiva era la primera sorpresiva información que tenía de ella; que tampoco se había acompañado en la comisión que el comitente dio al comisionado, la copia de la demanda, de modo, que en aquel momento, perturbado el espíritu por la amenaza del embargo, al ver que su representada JOSÉ PIRRONE & CIA., era la demandada, no tuvo una representación clara y cierta si en realidad el deudor de José Domingo Colimodio era su representada José Pirrone & Cía., o si por el contrario era su ex-representada EDIFICACIONES ULTRA, C.A. (EDUCA), pues habían transcurrido varios años desde que se había contraído aquella obligación. Ante esa situación de sorpresa por una demanda que no esperaba, de presión por la media preventiva inmediata que iban a hacer recaer sobre sus bienes y derechos que omnubiló su mente perturbándolo y haciendo excusable su conducta, el señor José Pirrone creyendo verdadero lo que en realidad era falso, convino en la demanda en su carácter de representante de José Pirrone & Cía., convenimiento éste celebrado por error, y como tal, anulable de conformidad con el artículo 1.142 del Código Civil. Con la intención de no omitir ninguno de los hechos aducidos por las partes, reproduzco los escritos que sirven de base a este proceso, o sea, tanto el libelo de demanda como el acta levantada en la oportunidad en que tuvo lugar el acto de la contestación a la misma, de modo, que el problema jurídico sometido a la consideración del Tribunal quede planteado dentro de sus límites más precisos. CAPITULO I.- Reproduzco el texto íntegro del libelo de demanda. CAPITULO II.- Reproduzco el texto íntegro del acta levantada con motivo de la contestación de la demanda. Planteado así el problema judicial y circunscrita en límites de estricto derecho la esfera de acción del Juzgador, paso a continuación al análisis de la excepción opuesta por el apoderado de los demandados. CAPITULO III.- LA EXCEPCIÓN DE INADMISIBILIDAD POR FALTA DE CUALIDAD O INTERÉS EN EL ACTOR O EN EL DEMANDADO PARA INTENTAR O SOSTENER EL JUICIO. Con una confusión desconcertante y poniendo de manifiesto ignorancia en el planteamiento de la misma, el abogado de los demandados en su exposición opuso: "Las excepciones de falta de cualidad o interés en el actor o en el demandado, subsidiariamente una a otra, para sostener este juicio (artículo 257 del Código de Procedimiento Civil Numeral 1º). Me explico mejor, el artículo citado contiene dos excepciones: la de falta de cualidad en el actor y la de falta de interés en el demandado. Ahora bien, el Juzgador podrá considerar procedente una sola de ellas y en este caso se considerará la otra excepción como no opuesta. Me reservo en el acto de informes explicar más a fondo las razones de la subsidiariedad de estas excepciones..." Sin entrar a analizar en esta oportunidad la curiosa innovación que hace el abogado de la contraparte al duplicar caprichosamente -expresando que son dos- la excepción contenida en el numeral 1º del artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, y anunciar una teoría de la "subsidiariedad" (lo subsidiario en nuestro idioma, es algo que se da accesoriamente para AYUDAR a otra cosa) de dichas excepciones que explicare "más a fondo" en la oportunidad de los informes, es evidente ciudadano Magistrado que aún expuesto -gratia argumentandi-como buena, la misma debe ser declarada SIN LUGAR y así pido que lo decida en la oportunidad de la sentencia. En efecto, superadas ya en el campo de nuestra doctrina y
jurisprudencia las diversas concepciones que en un principio informaron el estudio de esta excepción en nuestro derecho patrio, y unificadas como están, en principio, las decisiones judiciales alrededor de la doctrina de nuestro LUIS LORETO, es indudable que la aplicación de ésta en el caso de autos, nos lleva a desechar como improcedente la excepción opuesta. Según nuestro citado tratadista, la cualidad, en sentido amplísimo, es sinónimo de legitimación. En esta acepción, la cualidad no es una noción específica o peculiar al derecho procesal, sino que se encuentra a cada paso en el vastísimo campo del derecho, tanto público como privado. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico. Allí donde se encuentra planteado un problema de cualidad o de legitimación. Allí donde se discute acerca de la vinculación de un sujeto a un deber jurídico, allí se encuentra planteado igualmente un problema de cualidad o de legitimación. En el primer caso, podría muy bien hablarse de cualidad o legitimación activa; en el segundo, de cualidad o legitimación pasiva. El problema de la cualidad entendido de esta manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando concretamente un derecho o poder jurídico o la persona contra quien se ejercita, y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata, en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la Ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto determinado. Toda persona -Expone Loreto- que se afirme titular de un interés jurídico, tiene cualidad para hacer valer en juicio (cualidad activa), y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez cualidad para sostener el juicio (cualidad pasiva). La cualidad está en re ipsa. Y más adelante: En materia de cualidad, la regla es, que allí donde se afirma existir un interés jurídico sustancial propio que amerita la protección del órgano jurisdiccional competente, allí existe un derecho de acción a favor del titular de ese interés jurídico, quien tiene por ello mismo, cualidad para hacerlo valer en juicio; y que la persona contra quien se afirme ese interés en nombre propio tiene cualidad para integrar la relación procesal como sujeto pasivo de ella. El interés es la medida de la acción, dice un viejo adagio jurídico, del cual el artículo 14 de nuestro Código de Procedimiento Civil no es sino su expresión legislativa: "Para que haya acción debe haber interés aunque sea eventual o futuro, salvo el caso en que la Ley lo exija actual". (Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad. LUIS LORETO). Conviene recordar por otra parte que nuestra Sala de Casación Civil tiene afirmado que "cualidad e interés son sinónimos a los efectos del inciso 1º del artículo 257 del Código de Procedimiento Civil". (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. J. R. Duque Sánchez, página 27). Ahora bien, a la luz de estos principios nos preguntamos ¿tiene el actor JOSÉ PIRRONE & Cía., cualidad o interés en el presente juicio, y el demandado JOSÉ DOMINGO COLIMODIO cualidad o interés para sostenerlo?. La respuesta es afirmativa, esto es, sí tienen, tanto el actor como el co-demandado, cualidad o interés para intentar o sostener el juicio, toda vez que está debidamente probado en los autos con documentos públicos indubitables, la estrecha vinculación jurídica que existe entre el cedente, el cesionario y el supuesto deudor cedido como tercero, relación jurídica ésta que ha sido precisamente el fundamento de la presente demanda. Por otra parte, observe el ciudadano Juez, que el apoderado de los demandados sólo opuso la excepción de falta de cualidad o interés a nombre del señor José Domingo Colimodio; en cambio admite el hecho y de derecho que su otro representado CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ si tiene cualidad o interés para sostener el juicio propuesto por mi representada JOSÉ PIRRONE & Cía. Ahora bien, siendo Carlos Rodríguez Rodríguez, cesionario del crédito que le cedió el cedente José Domingo Colimodio, y admitiendo como admite el apoderado de los demandados que el deudor cedido sí tiene cualidad o interés para demandar al cesionario, ¿Cómo puede negar dicha cualidad o interés en el principal factor de la relación jurídica cual es el cedente del crédito?. En virtud de lo expuesto ruego a Usted ciudadano Juez declare SIN LUGAR la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad o interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, opuesta por el apoderado de José Domingo Colimodio en la oportunidad de la contestación al fondo de la demanda. CAPITULO IV. EL ERROR EN LOS ACTOS JURÍDICOS. Función de la voluntad en la formación de los contratos. Nos encontramos ciudadano Juez en presencia de un acto jurídico anulable, en virtud de que el consentimiento de una de las partes, en este caso mi representado, estuvo viciado por error. Es sabido, que el fundamento de la fuerza obligatoria de los actos jurídicos en general y de los contratos en particular es la autonomía de la voluntad. Una voluntad manifestada por error, por violencia o por dolo, lógicamente es insuficiente para producir efectos jurídicos. De allí que nuestro Código Civil, en su artículo 1.142 expresa que "el contrato puede ser anulado; 1º) por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y 2º) Por vicios del consentimiento", es decir, por error, violencia o dolo. RAYMOND CELICE, eminente jurista
francés autor de "El error en los contratos", nos recuerda que en el Derecho Romano primitivo, encerrado en un formalismo estricto, no conoció la anulación del contrato por error. La solemnidad de los compromisos se oponía a toda modificación ulterior. Sólo con la atenuación que el tiempo aportó a los exagerados rigores del formalismo, se llagó a tomar en consideración el error cuando procedía de dolo, y únicamente después de haber pasado por ese intermedio del error doloso se reconoció algún efecto al simple error. Ahora bien, esta evolución debía marcar con un sello especial las soluciones romanas relativas al error. Este tenía una eficacia jurídica mayor o menor, según fuese más o menos excusable la equivocación de aquel que había sido víctima del mismo. De aquí el famoso principio de excusa al que Savigny ligo su nombre, y que dominó de un modo más o menos manifiesto, pero cierto en el Derecho romano. Poco importaba -como lo señalaban los MAZEAUD- para la validez de los contratos, que la voluntad haya sido dada, o no, libremente, que sea o no sea "de calidad". A su vez, el dolo y la violencia, sancionados en Roma a partir del siglo VII de la fundación de la ciudad, fueron considerados en su origen como delitos privados que concedían a la víctima una acción penal, y no como vicio del consentimiento. En el derecho francés, la idea de excusabilidad o inexcusabilidad no tenían cabida, y se atenía exclusivamente a la influencia que había tenido el error sobre la voluntad de las partes: la Ley francesa no examina los cargos que puedan hacerse y sólo atiende a la perfección del consentimiento, y su concepción del error parecía, pues, esencialmente diferente de la concepción romana. Los comentaristas del derecho francés, incapaces para resolver esa antinomia, fueron conducidos a buscar la verdadera tendencia de su derecho en los autores de los siglos XVII y XVIII. Si se trataba de un error de Derecho se acudía a Jean Domat; si el error era de hecho se invocaba a Pothier. El Código Napoleón es lacónico en materia de error. Su artículo 1.110 expresa: "El error no es una causa de nulidad de la convención sino cuando recae sobre la sustancia misma de la cosa que constituye el objeto. Ella no es causa de nulidad cuando no recae sino sobre la persona con la cual se quería contratar, a menos que la consideración de esta persona sea causa principal de la convención". Como vemos, el Código Napoleón reconoce el error en la sustancia y el error en la persona, pero este error en la persona sólo produce nulidad del contrato cuanto éste tiene el carácter de intuito personae; en los demás casos no produce nulidad. El Código Civil nuestro, distingue el error de hecho del error de derecho. Este es el que recae sobre una situación jurídica, sobre la existencia, la efectividad, las consecuencias de un derecho. El error de hecho, por el contrario, es el que recae sobre una situación de hecho. El artículo 1.147 reconoce la existencia del error de derecho y establece que produce la nulidad del contrato cuando ha sido su causa única y principal. Nuestro Código no admite el error de derecho ni en la confesión (artículo 1.400), ni en materia de transacción (artículo 1.719). En cuanto al error de hecho se refiere y antes de señalar sus requisitos en el derecho patrio, conviene observar que la doctrina moderna prefiere clasificar el error en función de sus efectos. Divide el error en: ERROR OBSTÁCULO, o sea, error que impide la formación del contrato; ERROR-VICIO: aquel que, aunque no impide que se perfeccione el contrato, sin embargo lo afecta de nulidad; y finalmente, el error que no produce efectos. El error obstáculo puede presentar los siguientes casos: a) error in negocio: aquí no hay consentimiento, el error ha impedido el consentimiento. b) error en la identidad del objeto: este error también impide que se forme la convención, pues no hay consentimiento ni objeto. c) error en la causa: aquí el error no recae sobre el consentimiento. Ejemplos típicos de este error en nuestro Código Civil lo tenemos en los artículos 1.721 y 1.722 del Código Civil. El error-vicio, contempla a su vez dos casos: error en la persona y error en la sustancia de la cosa. Ejemplo de error en la persona lo encontramos en el aparte único del artículo 1.148, en el cual se distingue tanto el error sobre la identidad de la persona como sus cualidades. Por no interesar directamente con el caso de autos, me voy abstener de profundizar sobre su estudio. Veamos preferiblemente el error en la sustancia. ¿Qué es la sustancia?. Se han dado dos concepciones distintas. Según una primera concepción, "la sustancia es aquel elemento objetivo característico del objeto, aquello que todo el mundo buscaría en ese objeto". Según una segunda concepción, la sustancia no es un ente objetivo, la sustancia habría que determinarla por vía subjetiva, o sea, el Juez deberá indagar qué es lo que las partes querían obtener en ese objeto, qué es lo que las partes aspiraban que ese objeto tuviese. ¿Cuál es la posición que adopta nuestro Código en torno al concepto de sustancia?. Nuestro Código en su artículo 1.148 dice que: "El error de hecho produce la nulidad del contrato cuando recae sobre una cualidad de la cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado como esenciales, o que deben ser consideradas como tales en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido concluido el contrato". Con esta disposición nuestra legislación se coloca en un término medio entre ambas tendencias, pues, por una parte el Juez tiene que examinar la voluntad de los contratantes, y por la otra, podrá considerar como sustancia aquello que en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales se concluyó el acuerdo de voluntades, debe considerarse como
tal. En nuestro Derecho, el error debe reunir las siguientes condiciones: a) debe ser excusable; b) debe ser esencial. En ambos casos el Juez apreciará según su arbitrio, estas condiciones en el error invocado. El citado CELICE, al tratar de la influencia del error sobre la voluntad, nos dice: "Para nosotros poco importa que el espíritu humano puede o no llegar a conocer las causas tal y como realmente son. Lo que nos interesa es el punto de vista lógico y psicológico de la cuestión, o sea, la diferencia que existe entre el individuo que conoce las cosas perfectamente tal como su naturaleza se lo permite, y aquel que, por diversas razones, tiene de ciertas cosas una concepción imperfecta e inexacta. El primero de estos individuos, a nuestro parecer, conoce la verdad y el segundo está en el error. Si se trata de afirmar o de negar, el primero lo hará adecuadamente, porque su pensamiento estará de acuerdo con lo que él hace objeto, y el segundo afirmará cuando deba negar, y negará cuando tenga que afirmar, porque existe en él un desacuerdo entre el pensamiento y su objeto. Y más adelante concluye: "Si se admite, y creemos haberlo demostrado, que el error anula la voluntad, se hallará ese fundamento en consideraciones legales, puesto que la desaparición de la voluntad lleva como consecuencia inevitable la desaparición de todo efecto jurídico". De todo esto se aprecia ciudadano Magistrado, que existiendo como existe en el caso de autos las dos condiciones exigidas por nuestra Ley sustantiva para que el acto jurídico consentido por error sea anulable, o sea, que siendo el error en que incurrió el señor JOSÉ PIRRONE (que varios años atrás, para la fecha en que se contrajeron las obligaciones era al mismo tiempo representante legal de JOSÉ PIRRONE & Cía., y de la sociedad anónima EDUCA) un error EXCUSABLE Y ESENCIAL, y considerando que en este caso el error vició la voluntad, vicio este que lleva como consecuencia inevitable la anulabilidad de su efecto jurídico, es lógico concluir que el convenimiento realizado por el señor JOSÉ PIRRONE en nombre de su representada JOSÉ PIRRONE & Cía., en el juicio que le siguió CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, no puede subsistir, así como tampoco el pago realizado en base a dicho convenimiento viciado. PROBLEMA PROCESAL SOBRE SI PUEDE O NO SER REVOCADO EL CONVENIMIENTO.- De conformidad con el acápite del artículo 205 del Código de Procedimiento Civil "el acto por el cual desiste el demandante de su acción o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la declaratoria del Tribunal". Que quiere decir el Código en la transcrita disposición cuando expresa que tanto el desistimiento como el convenimiento son irrevocables? ¿Cuál es el alcance de esta irrevocabilidad? Nuestro más eminente comentarista ARMINIO BORJAS, al comentar esa disposición afirma: "Y es lógico que así sea, tanto porque dicho acto no necesita para perfeccionarse del consentimiento de los demás litigantes, ni de la aprobación judicial, como porque el legislador, interesado en el propósito de evitar o de dar término a los pleitos, no ha querido dejar a la parte que lo ejecuta el derecho de retractarse". Y más adelante continúa: "Apenas es necesario advertir que, de no llenar dicho acto las condiciones necesarias para su validez, la parte a quien ello perjudique por el peligro de futuras controversias, PUEDE IMPUGNARLO Y OPONERSE A SU EJECUCIÓN. De igual, manera, como el que desiste de la acción o conviene en la demanda, hace con ello, según hemos apuntado, una CONFESIÓN JUDICIAL, dichos actos pueden ser revocados si comprueba el confesante que han sido el resultado de un error de hecho (artículo 1.404 del Código Civil) pero nunca so pretexto de haber incurrido en un error de derecho. La prueba indispensable para que proceda la revocación debe consistir en la insubsistencia del hecho que resulta confesado por el litigante que conviene o desiste, y en la demostración de que la parte creía, y tenía motivo o razón fundada para creer verdadero el hecho de que se origina su declaratoria". Aunque la mayoría de nuestros doctrinarios y comentaristas, así como la jurisprudencia patria se pronuncian en términos semejantes a lo expuesto por BORJAS, no falta alguno como SANOJO que si bien acoge también la tesis de la revocabilidad en principio, se aparta de los colegas cuando "el confesante descubre su error después que se ha librado una sentencia en acto que cause ejecutoria o que se ha verificado en un acto que equivale a lo mismo, ningún recurso le queda a no ser que demuestre que la contraparte ha retenido en su poder el documento que demostraba la liberación, pues entonces, el juicio podría ser invalidado". En verdad, no explica Sanojo el fundamento de su tesis para diferenciar los efectos del error en dos momentos: antes y después de la sentencia. Y si bien es cierto, que técnicamente el convenimiento no puede asimilarse totalmente a la confesión, ya que ésta es medio probatorio, en cambio que aquel es un acto procesal cuya consecuencia primordial es la de tener la autoridad de la cosa juzgada, estas diferencias en nada alteran la cuestión principal del problema cual es la función de la voluntad en la formación del contrato, y la anulabilidad de éste cuando está afectado por vicio del consentimiento. Y así vemos, como nuestro MARCANO RODRÍGUEZ en sus "APUNTACIONES ANALÍTICAS", dice: "El desistimiento de la acción y el convenimiento en ella, puede considerarse como una confesión de la parte que desiste o conviene. El desistimiento puro y simple de la acción así como el convenimiento, equivalen virtualmente a una confesión judicial. Dada esta identidad jurídica entre el desistimiento de la acción y la confesión judicial, es fuerza convenir en que tal identificación debe hacer
comunes de ambas figuras, tanto las condiciones indispensables para su validez, como los efectos que de ella se derivan. Son pues, requisitos, absolutamente intrínsecos: la capacidad para disponer del derecho discutido, la ausencia de todo error de hecho o de sustancia y de todo otro vicio excluyente del consentimiento, como el dolo, la violencia, la simulación, etc".- Como vemos ciudadano Magistrado, estamos en presencia de una doble situación legal: La primera, de carácter procesal: el convenimiento, que como acto procesal es irrevocable, aunque impugnable; y la segunda: la causa de nulidad o de rescisión del contrato o convención que motivó dicho convenimiento, y que afecta su validez, cual es el error. Ahora bien, dada su irrevocabilidad procesal, mi representado no demandó la nulidad del convenimiento (acto procesal), sino que considerando la doctrina tanto el desistimiento como el convenimiento como verdaderos contratos, de los llamados sinalagmáticos imperfectos, y estando dicho contrato afectado por error de hecho, de nulidad, al convenir en la demanda por error, efectuó un pago de lo indebido. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1.178 del Código Civil, todo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Y de conformidad con el artículo 1.179, invocada en la demanda, "la persona que por error ha hecho un pago a quien no era su acreedor, tiene el derecho de repetir lo que ha pagado". Nuestra Casación (véase sentencia del 30 de Marzo de 1.954, Gaceta Forense, segunda etapa, No. 3, Año 1.954, pág. 392) ha admitido definitivamente la tesis de la impugnación del convenimiento y su equiparamiento con la confesión: "Igualmente son requisitos esenciales del convenimiento como también de la confesión, que el que conviene sea persona legítima, tenga capacidad para hacerlo Y QUE NO RESULTE VICIADO EL ACTO por ningún vicio susceptible de destruirlo jurídicamente". En el mismo sentido se pronuncia nuestra actual Casación Civil (véase sentencia de fecha 8 de Septiembre de 1.961, Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Magistrado Presidente Dr. J. R. DUQUE SÁNCHEZ, pág. 66). "Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.404 del Código Civil, la confesión judicial es susceptible de ser revocada por el confesante; cuando prueba que ella ha sido el resultado de un ERROR de hecho, con mayor razón es inoperante la confesión que resulta de una ficción legal, cuando ésta se encuentra en abierta contradicción con documentos reconocidos en juicio, los cuales tienen fuerza de documentos públicos, tal como acontece en el presente juicio". CAPITULO V.- PAGO DE LO INDEBIDO.- En el presente juicio se demandó al señor CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ para que conviniera, o en su defecto sea condenado, a devolver la suma de CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs.160.000,oo) que mi representada la firma JOSÉ PIRRONE & Cía., le pagó indebidamente al convenir que se los debía, de conformidad con el artículo 1.179 del Código Civil. El pago de lo indebido es una aplicación especial del principio genérico del enriquecimiento sin causa. ¿Por qué el que paga por error lo que no debe, tiene el derecho a que se le repita lo pagado, a que se le reembolse lo pagado? COLIN Y CAPITANT fundamentan el pago de lo indebido en el concepto de causa. Toda obligación debe tener una causa, todo pago debe tener una causa. Si el pago realizado no tiene causa, es justo que se repita. Si se le niega la acción al solvens estaríamos consolidando un enriquecimiento incausado en beneficio del accipiens. Por eso es justo que el solvens tenga una acción para que se le restituya lo que él pagó indebidamente. Ya vimos, al citar el artículo 1.178 del Código Civil, que todo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición; y que el artículo 1.179 dice: la persona que por error ha hecho un pago a quien no era su acreedor tiene el derecho de repetir lo que ha pagado. Estos dos artículos nos enfrentan al problema clásico sobre si el error es o no condición esencial del pago de lo indebido. Algunos autores dicen que hay que darle preferencia al artículo 1.179, o sea, que en todo caso, el actor tiene que probar que pagó por error para poder repetir lo pagado. Sin embargo, COLIN Y CAPITANT consideran que la condición esencial del pago de lo indebido sólo es la ausencia de causa. Aunque convienen, que en casi la totalidad de los casos, la prueba de la falta de causa sólo puede hacerse probando que se pagó por error. En el caso de autos ciudadano juez, ni siquiera es necesario hacer la prueba negativa, la "prueba diabólica" del hecho negativo para probar que el pago no tuvo causa, ya que los elementos que han rodeado las relaciones jurídicas entre mi representado y los demandados constan todos de documentos públicos, y las circunstancias que acompañaron esas relaciones evidencian ante los ojos del sentenciador la existencia de un error en el pago que se realizó con el convenimiento, error éste que se pone de manifiesto en el hecho mismo de que el fundamento de la demanda del señor CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ contra JOSÉ PIRRONE & Cía., fue el documento protocolizado en la oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda bajo el Nº 66, folio 226, Tomo 15, Protocolo Primero, de fecha 20 de mayo de 1.960, documento éste que como Usted puede ver ciudadano Juez fue otorgado por el señor José Pirrone en su carácter de representante de EDIFICACIONES ULTRA C.A. (EDUCA), sin que aparezca la firma JOSÉ PIRRONE & Cía. otorgándolo por ninguna parte. Y mal podía demandársela a ésta, sin que hubiere firmado dicha obligación.- CAPITULO VI.- EXTINCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN DE JOSÉ PIRRONE & Cía. A JOSÉ DOMINGO COLIMODIO POR NOVACIÓN.- En el segundo petitorio de la demanda que originó la presente causa, se demandó al señor JOSÉ DOMINGO COLIMODIO, para que igualmente convenga, o en su defecto así sea sentenciado, que su deudora del crédito que cedió y traspasó a CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, no era JOSÉ PIRRONE & Cía., sino la sociedad mercantil EDIFICACIONES ULTRA C.A. (EDUCA), por haberse verificado NOVACIÓN por sustitución de un nuevo deudor en lugar del primitivo, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 1.314 del Código Civil. La figura jurídica de la NOVACIÓN, está regulada en nuestro Código Civil en la Sección II del capítulo correspondiente a la extinción de las obligaciones; y el artículo 1.282 dice textualmente: "Las obligaciones se extinguen por los medios a que se refiere este Capítulo y por los demás que establezca la Ley". A su vez, el artículo 1.314 ejusdem, dice: "La novación se verifica: ...2º Cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior dejando el acreedor a éste libre de su obligación". Y el artículo 1.315 a su vez, establece que la novación no se presume: es necesario que la voluntad de efectuarla aparezca claramente del acto.- Nuestra Casación tiene asentado (véase "Jurisprudencia Ordenada" por Alfredo Acuña, pág.143), que la palabra "acto", empleada por el legislador en dicho artículo, designa la operación efectuada y no el simple escrito que la constata. "No es, pues, necesario que la intención de novar deba ser expresamente declarada por escrito; ella puede ser tácita y corresponde a los jueces inducirla de las convenciones realizadas o de las circunstancias exteriores". Sabemos que la novación es un modo voluntario de extinguir las obligaciones creando otras nuevas. Es una operación que, de una sola vez, extingue una obligación para reemplazarla por otra. Los romanos decían de ella que era transfucio ataque translatio de una obligación en otra. Constituye al decir de los autores, una simplificación, al evitar el tener que proceder a dos operaciones sucesivas y distintas: extinción de una obligación, creación de otra diferente. Nuestros codificadores de 1.942 fundamentaron su reforma del Código Civil en el Proyecto del Código Franco-Italiano de las Obligaciones, que a su vez, en materia de novación, siguió la doctrina y el Código Civil francés. De allí la utilidad y conveniencia de estudiar esta figura en la doctrina de sus mejores juristas. COLIN Y CAPITANT: La novación es un acto jurídico que produce un doble efecto: extingue una obligación preexistente y la remplaza por otra nueva que hace nacer. POTHIER: en su Tratado de las Obligaciones, nos dice: "la novación es la sustitución por una nueva deuda de otra antigua; esta queda extinguida por la nueva". De allí la razón por la cual la novación se encuentra entre los modos de extinguir las obligaciones. JOSSERAND: en su "Cours de Droit civil positif francais" a su vez nos enseña que "la novación consiste en la sustitución convencional de una obligación por otra". AUBRY Y RAU: en su "Cours de positif francais" casi repite el concepto anterior y dice: "la novación voluntaria es la transformación convencional de una obligación en otra que la sustituye". JEAN BOULANGER: en la "Encyclopédie Dalloz" la define como "una operación jurídica consistente en crear una obligación nueva que remplazará a la obligación antigua que desaparece. La extinción de esta obligación resulta de la creación de la obligación nueva, pero como los elementos de la antigua no desaparecen del todo, hay en realidad, la transformación de una obligación. Este criterio no es compartido por BAUDRY LACANTINERIE quien en su "Traité theorique et practique de Droit Civil. Des Obligations" señala que entre la novación romana y la francesa la diferencia está precisamente, en que aquélla era una transformación de la obligación, un "rejuvenecimiento", la traslación del contenido de una obligación antigua a la nueva; mientras que la novación francesa tiene el efecto de suprimir completamente la antigua relación de derecho y crear otra". PLANIOL: "Tratado Práctico de Derecho Civil francés" dice que "la novación consiste en la extinción de una obligación por la creación de una nueva, destinada a remplazarla y que difiere de la primera en algún elemento nuevo". Con base en nuestro Código, que como hemos dicho sigue en esta materia al artículo 1.271 del Código Civil francés, quien a su vez recoge las tres maneras expresadas por Pothier para que la novación se opere, podemos clasificarla en: novación objetiva o real, y en novación subjetiva. La novación objetiva o real se produce cuando sin cambiar los sujetos -el deudor y el acreedorse cambia la obligación misma existente entre ellos. Entre las mismas partes se extingue una obligación para crear una obligación nueva, que a su vez se puede distinguir de la extinguida en dos de sus componentes: en el objeto y en la causa. Por no ser la que nos interesa en el presente caso, considero innecesario ampliar su comentario. Está regulada por el inciso 1º del artículo 1.314 del Código Civil. La novación subjetiva puede ser: por cambio de deudor, o por cambio de acreedor. En el caso de autos se operó una novación por cambio de deudor, por cuanto, como puede evidenciarse de las actas que integran el expediente, es evidente: a) Una primitiva obligación entre José Pirrone & Cía., y José Domingo Colimodio, representada en las dos letras de cambio cuyo cobro judicial demandó éste. b) Edificaciones Ultra C.A. (EDUCA) y José Domingo Colimodio crean una nueva obligación válida, representada en el documento del 20 de Mayo de 1.960, que sustituyó a la anterior.- c) Diferencia entre las dos obligaciones:
la primera, de carácter cambiaría; la segunda, obligación garantizada con hipoteca de 2º grado.- d) Capacidad de las partes; y e) voluntad de las partes de operar novación: sustituida la antigua deuda y garantizada con la hipoteca convenida entre las partes, el señor José Domingo Colimodio puso de manifiesto su voluntad de novar y de dejar libre a su primitivo deudor José Pirrone & Cía., al retirar la demanda que en su contra había propuesto por el cobro de las dos letras de cambio, las mismas letras que figuran como fundamento del crédito que Colimodio cedió a Carlos Rodríguez. ¿Coinciden estos hechos anotados con los requisitos de la novación?. Veamos cuáles son estos: 1º) Existencia de una obligación primitiva válida que se quiere extinguir. 2º) Creación de una nueva obligación válida que sustituya la anterior. 3º) Diferencia entre las dos obligaciones con la existencia de nuevos elementos "aliquid novi". Recordemos que novación toma su nombre de nuevo: "Novatio enim a novo nomen accipit". 4º) Capacidad de las partes. Este requisito era expreso en algunos códigos anteriores al de 1.942. E l Código Vigente lo suprimió por considerar que teniendo la novación por finalidad extinguir una obligación y crear otra nueva, es lógico que las partes deben ser capaces, y no valía la pena repetir las normas sobre capacidad. 5º) "Animus novandi" o sea la voluntad de las partes de operar novación. Este elemento es esencial en la novación y tiene su fundamento en el artículo 1.315 del Código Civil que dice: "La novación no se presume: es necesario que la voluntad de efectuarla aparezca claramente en el acto-". El antecedente legislativo de esta norma -igual en el artículo 1.273 del Código Civil francés- debemos buscarlo en el artículo 273 de las antiguas costumbres de Bretaña, establecido por Argantre. ¿Es preciso que conste por escrito, de una manera solemne?. No. Los autores coinciden en afirmar que es suficiente que no haya dudas sobre la voluntad de novar, y que ésta puede ser expresa o tácita. JOSSERAND interpreta "acto" por "operación", negotium iuris y no acto instrumental. AUBRY y RAU sostienen que basta con que la voluntad de operar la novación resulte claramente, de manera cierta. BAUDRY LACANTINERIE, afirma que lo que la ley quiere decir es que la intención de novar resulte de la convención. LAURENT dice que "acto" significa aquí "id quod agitur", la prueba de ello está en que para ninguno de los modos de extinguir obligaciones se exige esta solemnidad, y la novación no es más que un modo de extinguir obligaciones". Coincide nuestra jurisprudencia de casación y de instancia con la doctrina anotada. Nuestra casación tiene asentado. "La palabra "acto" empleada por el legislador en el artículo 1.337 (que corresponde al artículo 1.315 del Código Vigente) designa la operación efectuada y no el simple escrito que la constata. No es, pues, necesario que la intención de novar deba ser expresamente declarada por escrito; ella puede ser tácita y corresponde a los Jueces inducirla de las convenciones realizadas o de las circunstancias exteriores". Lo que quiere decir el legislador con: la novación no se presume, es que no se supone; ha de ser probada. En materia de prueba de la novación, la jurisprudencia francesa permite probarla por simples presunciones; y permite a los jueces inducirla del conjunto de circunstancias exteriores que rodean el negocio jurídico. Nuestra Casación a su vez nos dice: "Como la novación puede ser expresa o tácita, incumbe al sentenciador establecer por medio del análisis y de la interpretación la voluntad de novar". "...en el caso de novación tácita, los sentenciadores tienen facultad para interpretar el acto realizado y declarar soberanamente si la novación tiene existencia o no". CONCLUSION Es evidente ciudadano Juez que la demanda propuesta por JOSÉ PIRRONE & Cía. en contra de CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y JOSÉ DOMINGO COLIMODIO debe ser declarada CON LUGAR. Las circunstancias que rodearon las diversas relaciones jurídicas de mi representado con los demandados, los elementos de autos, los documentos públicos que se acompañaron al libelo, la falta absoluta de pruebas de los demandados para enervar o destruir la acción, los fundamentos doctrinarios y legales invocados, y en fin, la razón, la equidad y la justicia que nos acompañan, deben servir de fundamento a la sentencia declarando con lugar la acción propuesta, por estar en un todo ajustada a derecho. Es Justicia. Caracas: treinta y uno de Marzo de mil novecientos sesenta y seis.
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