Source: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/RepDominicana.asp
Timestamp: 2019-12-05 15:32:41
Document Index: 103889239

Matched Legal Cases: ['artículo 245', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 47', 'artículo 55', 'in fine', 'in fine', 'artículo 8', 'artículo 115', 'artículo 262', 'artículo 264', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 55', 'artículo 3', 'artículo 1']

OEA » Secretaría de Asuntos Políticos » Departamento para la Gestión Pública Efectiva » Guía » República Dominicana
La Constitución Política establece el sistema de contabilidad para todas las instituciones del estado dominicano (artículo 245). Además, menciona que el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República y la sociedad civil están a cargo de velar por este sistema. En cumplimiento con el Título XI, Capítulo III de la Constitución (del Control de los Fondos Públicos), existe el Sistema Nacional de Control y Auditoría de la República Dominicana (el Sistema) establecido por la Ley 10-04. Según lo establece la Ley 10-04, la Cámara de Cuentas (la Cámara) es el órgano superior de este Sistema que está formado para el control externo, lo cual la Cámara de Cuentas está a cargo, el control interno liderado por la Contraloría General del República (CGR), el control legislativo ejercido por el Congreso Nacional y el control social en forma de las organizaciones de la sociedad civil que pueden presentar observaciones y sugerencias a la Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas es un órgano independiente y constitucional con “personalidad jurídica instrumental” (Ley 10-04, artículo 9) y como rector del Sistema, tiene por objetivo de desarrollar un plan nacional para lograr una “coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y la auditoría de los recursos públicos” (Ley 10-04, artículo 6). Esto significa formular políticas, reglamentos y normativas para el funcionamiento del Sistema.
En términos del control externo, tiene el objetivo de examinar las “cuentas generales y particulares de la República” (Ley 10-04, artículo 9). Sus atribuciones incluyen investigar las denuncias contra el patrimonio público, recomendar a las máximas autoridades nacionales la aplicación de sanciones a los que corresponda, presentar un informe al Congreso Nacional sobre la fiscalización del Estado y apoyar a las actividades de prevención de la corrupción. Los cinco miembros de la Cámara de Cuentas están a su cargo y son elegidos por un periodo de cuatro años por el Senado.
Po otro lado, la CGR está a cargo el Sistema Nacional de Control Interno para velar el uso de los recursos públicos de una manera “ética, eficiente, eficaz y económico…además de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la confiabilidad en la información gerencial, así como facilitar la transparente rendición de cuentas de los servidores públicos” (Ley 10 del 2007). Este Sistema está constituido por la CGR, las entidades sujetas a la ley y las Unidades de Auditoria Interna de estas entidades.
La CGE tiene su creación y funcionamiento basado en la Ley 3895 del 1954 (Ley de Contabilidad) modificado por la Ley 54 del 1970 que fueron derogadas por la Ley 10 del 2007. La CGR es una dependencia de la presidencia que significa que tiene una función asesora en materia del control interno. Sus funciones incluyen fiscalizar el ingreso e inversión de los fondos de los departamentos de la administración pública; comprobar el examen de la rendición de cuentas de las personas y/o las entidades que reciben o manejen fondos/bienes de las entidades públicas. Su ámbito de fiscalización está dividido en tres áreas; Administrativo, Contabilidad General y Gerencia de Operaciones que permite a los departamentos sujetos al control interno a agruparse por actividad y así facultar una fiscalización más eficiente.
El Contralor está a cargo de la CGR y tiene por responsabilidades de ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Interno y la CGR, asesorar a la Presidencia en la materia del control interno, y apoyar los programas de prevención de la corrupción.
Bajo la Contraloría, en cada entidad pública, existe la Unidad de Auditoría Interna que es independiente y técnica y vela por el cumplimiento de los controles internos y promueve la importancia del control interno en la gestión pública, y colabora con el control social y las actividades para prevenir la corrupción. Depende financieramente de la CGR.
El Defensor es una autoridad constitucional e independiente que preserva el estado de derecho y protege los derechos ciudadanos. Tiene como objetivo de salvaguardar los derechos de las personas y los intereses colectivos establecidos en la Constitución y las leyes cuando estos han sido violados por funcionarios u órganos del Estado. Se creó mediante la Ley 19-01 con las siguientes funciones: vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y los prestadores de servicios públicos, realizar investigaciones cuando un particular se dirige al Defensor presentando un caso de un acto ilegal de una entidad o funcionario público o prestador de servicios públicos. El Defensor y sus adjuntos son elegidos por el Senado por seis anos y tiene que presentar un informe anual al Congreso Nacional sobre su gestión. El presupuesto del Defensor proviene del Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Públicos.
El Ministerio Público es una institución constitucional del sistema de justicia que establece la política nacional contra la criminalidad, investiga los casos de infracción y representa a la sociedad dando protección a las víctimas y los testigos (Capítulo V). El Consejo Superior está a cargo del Ministerio Público y está integrado por la Procuraduría General de la República (PGR). El Consejo tiene como función la siguiente:
Administrar el financiamiento y presupuesto del Ministerio Público;
Mantener el control disciplinario sobre el personal del Ministerio Público;
Crear los cargos necesarios para que el Ministerio Público cumple con sus atribuciones y evaluar el Ministerio Público;
En la Ley 78-03 Sobre el Estatuto del Ministerio Público se establece que la Procuraduría General de la República es el “órgano de máxima autoridad dentro del Ministerio Público”. El Presidente de la República designa el Procurador y éste tiene por lo menos nueve adjuntos, también designados por el Presidente. Los adjuntos tratan de diferentes temas dentro de la materia. La Procuraduría es la institución que ejerce la acción pública para desarrollar la política contra la criminalidad, la corrupción y el fraude”.
El Procurador General de la Republica está a cargo de la Procuraduría y sus atribuciones consisten en lo siguiente (artículo 47 de la Ley 78-03):
coordinar el trabajo del Ministerio Público con los otros poderes del Estado;
Dirigir la política contra la criminalidad;
Crear unidades para investigar los delitos;
Crear las unidades administrativas de apoyo;
Definir y ejecutar la política penitenciaria;
Rendir cuenta al Poder Ejecutivo de las actividades realizadas por el Ministerio Público;
Dentro de la Procuraduría, existe la dependencia Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), anteriormente, el Departamento de la Corrupción Administrativa. Tiene como funciones de “investigar, presentar y sostener la acción penal publica” en los casos de corrupción administrativa”.
Actualmente, el Ministerio Público está pasando por una reforma, por ejemplo la creación de la Oficina de Acceso a la información Pública para institucionalizar la transparencia dentro del Ministerio, la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para dar apoyo a las investigaciones fiscales y de tribunales penales del país.
En la Constitución Política previo, del 2002, la base del sistema de control de la administración pública venía del artículo 55, inciso 3: “Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales”. El primer paso para formalizar el control fue con la Ley 10-04 que instituyó el Sistema Nacional de Control y Auditoría de la República Dominicana con la Cámara de Cuentas, el único órgano constitucional de control en esa época, como su rector. Además, estableció las diferentes formas de control y sus órganos rectores. El segundo paso fue la Ley 10-07 que reformó la Contraloría General de la República y elaboró el sistema de control interno.
A cambio de la anterior, la nueva Constitución Política del 2010 llevó los siguientes órganos al rango institucional; la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, reconociendo así la importancia del tema del control de la administración pública. La Constitución así ha dado el ímpetu para la reforma de ellos mismo. Igualmente, la nueva Constitución proporciona capítulos para el control de los fondos públicos (Título XI, Capítulo III) y la rendición de cuentas (Título III, Capítulo V) destaca la rendición de cuentas, nuevamente mostrando la evolución del sistema de control en la República Dominicana.
La República Dominicana firmó la Convención Inter-Americana contra la Corrupción en 1996 que fue el primer paso en el país en fortalecer la política de transparencia y anticorrupción. El próximo año se creó el Departamento de Prevención de la Corrupción (actualmente la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)) mediante el Decreto 322-97. La DPCA está compuesta por la Ley 078-03 y El Departamento fue creado como una entidad especializada en el manejo de todo lo relativo a la corrupción administrativa en la República Dominicana. El DPCA es dependencia de la Procuraduría General de la República, dentro del Ministerio Público, que tiene por objetivo el desarrollo de la política de prevención y lucha contra la corrupción, impulsar la ética y transparencia en la gestión pública, promover actitudes, valores y comportamientos en la sociedad en contra de la corrupción.
Una de sus actividades es trabajar en conjunto con la Comisión de Ética Pública para instalar “buzones de prevención de la corrupción” para que los servidores públicos y ciudadanos puedan acceder información sobre actos de corrupción en las instituciones públicas..Otra función de la DPCA es la creación/diseño e implementación del Programa Nacional de la Lucha Contra la Corrupción Administrativa con el uso de recursos del Ministerio Público. Este Programa tiene entre sus objetivos de estudiar la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en la legislación penal y luego cambió de nombre para el Plan Nacional.
En 1997 el DPCA convocó la Conferencia Nacional Hacia un Plan Estratégico de Prevención de la Corrupción donde participaron personalidades de la sociedad dominicana para formular propuestas para el Plan Estratégico Nacional de Prevención de la Corrupción.
Plan Estratégico del Ministerio Público (2010-2015)
El Plan Estratégico del Ministerio Público plantea que la situación actual 17 y los retos para el futuro 17 con enfoque en los pilares 23 del Plan Estratégico y sus objetivos 30. Entre los objetivos se propone de incrementar la eficacia de la investigación penal; reforzar la política contra la criminalidad; impulsar la profesionalización de los miembros del MP, fortalecer las investigaciones en los casos de hechos ilícitos y mejorar la respuesta ante nuevas formas de casos de corrupción y fraude.
Para más información sobre los avances en el Ministerio Público, haga clic aquí.
La Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno
La Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno, adscrita a la Presidencia de la República, fue creada mediante la Ley 295 de 1966. Tiene por objetivo de formular la política y reglamentaciones de aprovisionamiento para el Gobierno y velar por su cumplimiento. Además, tiene la facultad de realizar las compras del Gobierno. La Ley 295 también crea la Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno que es el Secretario Ejecutivo de la Comisión. Entre sus funciones se incluye la recomendación de políticas sobre el aprovisionamiento a la Comisión, dirige las operaciones de aprovisionamiento del Gobierno, coordinar el programa de compras del Gobierno con programas a los cuales están destinadas dichas compras de sus funciones de regular la contratación de servicios, vigilar por el cumplimiento de las normas y procedimientos aprobados por la Comisión y el Poder Ejecutivo.
Poco después de aprobar la CICC, la República Dominicana, decreta la creación de las comisiones de ética pública en los Secretarios de Estado, Director y Administradores Generales mediante el Decreto 149-98. Estas comisiones tienen por objetivo de promover la vigencia y fortalecer los valores éticos y fomentar la transparencia en las instituciones públicas donde operan. Actualmente, desde el 2007, las Comisiones están bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (Decreto 324-07).
El Código de Ética del Servidor Público se aprobó mediante la Ley 120-01 para normar la conducta de los servidores públicos respecto a los principios éticos que rigen su desempeño para garantizar y promover la honestidad y moralidad. El Código se extiende a los funcionarios del sistema militar.
Comisión Nacional de Ética Pública y Combate a la Corrupción (CNECC)
La Comisión fue creada mediante el Decreto 101-05 de 2005 y es un organismo mixto y participativo, compuesto por representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial. La Comisión tiene por objetivo asesorar sobre la materia de lucha contra la corrupción; diseñar un plan de acción para sus dos ejes grandes ((¡) el fomento de la ética pública y (ii) la prevención y la persecución de la corrupción); promover la revisión de normas relacionadas con la ética pública y el combate a la corrupción.
Además, es el órgano rector de coordinar, ejecutar, seguir y evaluar el Plan Estratégico República Dominicana Transparente, De Ética y Prevención 2009-2012 y sus respectivos planes operativos.
Para el desempeño de sus funciones, la CNECC cuenta con un Consejo Rector y una Unidad Técnica, quienes conforman los niveles de dirección. Igualmente, cuenta con una Gerencia Técnica que impulsa y coordina el trabajo operativo de seguimiento y ejecución en el día a día, con las instituciones que reportan responsabilidades ante la CNECC e igualmente suministran insumos técnicos que permitan a los niveles de dirección, trazar las políticas destinadas a fomentar la ética y la transparencia en la administración pública.
Los miembros de la CNECC no reciben ningún tipo de salario, dieta, compensación o incentivo, su designación es honorífica.
Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República
El Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República fue creado mediante el Decreto No. 783-01 para las siguientes objetivos: recaudar información para informar al Presidente de la República de los distintos niveles y modalidades de la corrupción en la Administración Pública; presenta propuestas sobre las herramientas, mecanismos y procedimientos para mejorar el combate a la corrupción administrativa; y desarrolla proyectos de legislación para promover la labor de combate a la corrupción, sometiéndolos al Presidente de la República para los fines correspondientes.
El Consejo es compuesto por siete titulares de los órganos de control y dos representantes de la iglesia y tres de la sociedad civil.
Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención de la Corrupción (2009–2012)
Éste es el segundo Plan presentado por la CNECC y tiene por visión de fortalecer la ciudadanía en su carácter participativo, democrático y en el actitud de defensora de la rendición de cuentas y la legitimad de sus gobernantes. El Plan es una continuación del Plan Estratégico de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción 2005 – 2008. Ambos Planes manifiestan el compromiso del Estado con la lucha contra la corrupción y la búsqueda de mejorar la ética y transparencia de la administración pública. Para llegar a esta visión, se desarrollaron tres objetivos como el accionar hacia los cuales se orienta la CNECC mediante el Plan. Los tres objetivos son los siguientes:
Fomento de la ética: para cambiar el actitud en los servidores públicos y establecer una cultura ética en las instituciones a través aumentar/elevar los estándares de los programas que promuevan y fomentan la ética
La transparencia: obtener mejor gestión de las finanzas públicas y acceso de la población a la información sobre la ejecución de las cuentas públicas a través de realizar acciones fortaleciendo los principios éticos y democráticos y de establecer una cultura de rendición de cuentas.
Prevención de la Corrupción – Crear o desarrollar mecanismos de alerta temprana para detectar, desincentivar, y erradicar las acciones delictivas.
A cambio del primer Plan (2005-2008), este Plan ha abarcado un nuevo modelo de análisis estratégico mediante la metodología del Cuadro de Mando Integral con las siguientes perspectivas: financiera, procesos internos, cliente usuario, crecimiento/desarrollo.
Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional (2010 – 2016) (Pedsi)
El Plan, hace una revisión del Pedsi (2007 – 2010), fue una colaboración entre la Cámara de Cuentas de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Cámara es órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría.
El Plan tiene como objetivo de, tomando en cuenta los diferentes departamentos que integran la institución, transformar la Cámara de Cuentas en una entidad modelo con un control externo transparente y fiscalización efectiva de los recursos públicos y estándares elevados en la tecnología.
La Comisión Técnica Interinstitucional Integrada
República dominicana emitió el 19 de Noviembre del año 1996 el Decreto No. 581-96, creando la Comisión Técnica Interinstitucional, integrada por la Secretaría de Estado de Finanzas con el propósito de elaborar las propuestas de reforma y modernización de la Administración Financiera. Se proporciona el marco de referencia para el diseño de un programa de Financiamiento y Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)/Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI)
Resultado de la Comisión Técnica Interinstitucional se diseñó un Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI) para establecer un Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en el Sector Público Dominicano.
En el SIGEF, se integran como Órganos Rectores siguientes sectores:
La Dirección Nacional de Presupuesto, en su rol de planificar y elaborar el Presupuesto de Ingresos, la Ley de Gastos Públicos, la programación y administración de las asignaciones de los fondos consignados en el Presupuesto;
La Contraloría General de la República, en su rol de custodio del sistema de control interno;
La Tesorería Nacional, en su rol de custodiar los fondos y valores públicos, programar y definir los pagos del Estado;
La Dirección General de Crédito Público, en su rol de administradora de la deuda del Estado;
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), en su rol de Órgano Rector responsable de las normas, procedimientos, registros de los ingresos y desembolsos del Gobierno, y de todas aquellas operaciones que impliquen una fuente o aplicación de recursos, signifiquen o no una entrada o salida de fondos, todo esto en su ejercicio del cumplimiento de la Ley 126-01 del 27 de Julio del 2001.
Con el motivo de abastecer mayor nivel de transparencia, Compras Dominicana opera como un portal electrónico de Internet de la Dirección General de Contrataciones Públicas donde convergen las instituciones estatales y los proveedores que desean suplir los requerimientos del Estado. En esta manera, se genera mayor confianza en la gestión de compras del Gobierno de República dominicana.
Asimismo, La Dirección General de Contrataciones Públicas, como un organismo rector del Sistema de Compras y Contrataciones de República dominicana, hace cumplir la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su modificación, la ley 449-06 mediante los cuales se fortalece mayor participación de empresas.
Con el motivo de promover la libre competencia entre los suplidores del Estado, el sistema de contrataciones públicas más modernas, garantiza igualdad de oportunidades y establece mecanismos de transparencia y de responsabilidad de los funcionarios.
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda (DIGECOG)
El Sistema de Contabilidad, de cuya conducción es responsable la DIGECOG, está soportado electrónicamente y garantiza que la información correspondiente a cada transacción ingrese al sistema una sola vez, alimente los registros relacionados y genere las salidas de información necesarias.
Por medios informáticos se generan comprobantes, se procesan, se transmiten y archivan documentos e informaciones, se llevan los libros "Diario" y "Mayor" de Inventarios y demás libros auxiliares. Mediante reglamentos y normas emitidos por la DIGECOG por mandato de la Ley 126-01, se establecen los mecanismos de seguridad y control que garantiza la integridad de los documentos e informaciones.
La Red GEALC es una iniciativa creada en el año 2003 por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) para promover la “cooperación horizontal entre América Latina y el Caribe en el uso de las nuevas tecnologías de la información TIC”. La Red GEALC sirve además como mecanismo de soporte técnico y financiero para las iniciativas de gobierno electrónico que se llevan a cabo en los diversos países de la región. Algunas de las actividades de cooperación en la que han participado los países a través de la red son las siguientes:
Cursos en gobierno electrónico.
Mecanismo de monitoreo sobre iniciativas en gobierno electrónico.
Adscrito a la Red GEALC está el eGobex que es una herramienta de intercambio entre los gobiernos de las Américas sobre gobierno electrónico.
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo fue adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Chile en el año 2007. Es un compromiso entre los países miembros para fortalecer las instituciones públicas y promover la modernización de los mecanismos de gestión. La finalidad de de la Carta es incrementar los servicios y productos públicos para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la administración pública gracias a la ayuda de las TIC.
Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina y El Caribe (SIPAL)
Este Sistema Regional se inició en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Chile, y es patrocinado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y el Gobierno de Chile. Tiene como objetivo reunir información sobre las buenas prácticas de gestión que incluye entre ellas la transparencia institucional, y difundirlas entre los países de la región para fortalecer las administraciones públicas centrales.
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Honduras.
La Republica Dominicana ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1998 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Los objetivos de la Convención son promover y fortalecer el desarrollo de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, entre los Estados Miembros. El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental, mediante el cual se brinda apoyo a los Estados Miembros en el proceso de implementación de las disposiciones de la Convención. Para ver los informes de avance en la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos del MESICIC, haga clic en los siguientes enlaces:
Ratificado por Honduras en 2006, los objetivos de la Convención son los siguientes:
B. Programas de Cooperación con República Dominicana financiados por Organismos Internacionales
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Republica Dominicana Ver>>
En la República Dominicana, la labor del PNUD se rige bajo el Acuerdo PNUD - Gobierno de la Republica Dominicana suscrito el 11 de junio de 1974.
2. Banco Mundial (BM)
Proyecto No P081516: Modernización del Órgano Judicial
Rendición de cuentas y participación en el diseño de proyectos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo: De la retórica a las acciones
Es un análisis de la medida en que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incorporan sus ideales y políticas, que aparentemente promueven la participación y la rendición de cuentas, en el diseño de sus proyectos. Por medio de la revisión de documentos oficiales de 25 proyectos en Centro y Sudamérica diseñados por los de dos Bancos, el estudio intenta subrayar.
En la muestra del estudio se incluyeron 25 proyectos de 9 países que abarban siete sectores: salud, educación, agua y saneamiento, descentralización, desarrollo rural, programas de transferencia de fondos y reformas en el sector social.
Reporte de Información sobre la Republica Dominicana (Country Data Report for Dominican Republic, 1996-2009) (Banco Mundial)
Publicado en 2009, este indicador es el resultado de la opinión de diferentes personas que trabajan en diversos campos del sector público y privado, quienes respondieron a diferentes encuestas aplicadas tanto en países en vías de desarrollo como industrializados. Las fuentes de información son aportadas por una diversa variedad de institutos de encuestas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que brindaron información sobre aspectos relevantes en alguno de los seis ejes específicos, estos son 1) participación ciudadana/rendición de cuentas, 2) estabilidad política/ausencia de violencia, 3) calidad la regulación, 4) eficacia gubernamental, 5) estado de derecho y 6) control de la corrupción.
Mediante la aplicación de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad, se estudiaron las seis dimensiones que definen el nivel de gobernabilidad en 213 países alrededor del mundo, entre los años 1996 y 2010. El estudio recogió las opiniones de expertos sobre la gobernabilidad en el sector público, sector privado y organizaciones no gubernamentales, así como las de miles de ciudadanos y firmas privadas encuestadas en todo el mundo.
Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International) (2010)
Ésta es una herramienta de análisis que mide el nivel percibido de la corrupción del sector público en aproximadamente 180 países, incluyendo Latinoamérica. El indicador es realizado por la organización Transparency International y es el resultado de la aplicación de diferentes investigaciones elaboradas por empresas e instituciones del sector público y privado.
El IPC clasifica a los países/territorios de acuerdo con el grado de corrupción que, según se percibe, existe. Es un índice compuesto, es decir, una combinación de encuestas. Los datos sobre corrupción se obtienen a partir de sondeos a expertos y a empresas llevados a cabo por varias instituciones independientes.
El IPC refleja opiniones de todo el mundo, incluidas aquellas de expertos que residen y trabajan en los países/territorios evaluados. Para que un país/territorio pueda aparecer en la clasificación, debe estar incluido en al menos tres de las encuestas que constituyen las fuentes del IPC. Por lo tanto, la inclusión en el índice no indica la existencia de corrupción sino que depende exclusivamente de la disponibilidad de información.
De los países incluidos en el estudio, República dominicana ocupa el lugar 101 y tiene una puntuación de 3.0. Dinamarca, Nueva Zelandia y Singapur ostentan el primer lugar a nivel mundial con una puntuación de 9,3 y Somalia el último lugar con una puntuación de 1,1. En América Latina por su parte, el país con mejor ubicación es Chile, colocado en el lugar 21 con una puntuación de 7,2 y el que tiene ubicación más baja es Venezuela ubicado en el lugar 164 con una puntuación de 2.0.
El Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International (el Barómetro), a petición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una encuesta multipaís sobre las experiencias y opiniones de la corrupción. El Barómetro analiza las opiniones del público en general acerca de los niveles de corrupción en sus países y los esfuerzos que realizan los respectivos gobiernos para combatir la corrupción. Tiene por objetivo la identificación y presentación de las herramientas internacionales, nacionales y locales que miden la corrupción y la buena gobernabilidad.
Se evaluaron las acciones de los gobiernos contra la corrupción. En caso de República Dominicana, el 54 por ciento cree que el Gobierno es eficaz (44%) o muy eficaz (10%). A la hora de experiencia de sobornos, 23% respondió que ha pagado o presenciado algún tipo de sobornos durante el año anterior. Con respeto a la percepción acerca de los sectores afectados por la corrupción, Policía ocupa el primer lugar, seguida por Partidos políticos y Parlamento/Asamblea legislativa.
Informe Latinobarómetro de la Corrupción (Latinobarómetro) (2010)
Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes. Es producido por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, quien es la única responsable de los datos.
En cuanto a la corrupción, el 44% de los encuestados en la Republica Dominicana consideran este acto como el principal problema para combatir la delincuencia. En cuanto a la percepción del progreso en reducción de la corrupción, el 23% de los encuestados en la Republica Dominicana indicaron que el progreso realizado es “Mucho” o “Algo”.
Dos tercios de los encuestados en la Republica Dominicana expresaron que la situación actual de la economía en su país es mala o muy mala, siendo este el país con las peores evaluaciones acerca de su economía nacional en este año. La republica dominicana es uno de los cinco países de la región donde el porcentaje de esta percepción favorable de la economía se registra en un solo digito.
Además, la Republica Dominicana tiene el porcentaje mas alto de la región donde los encuestados consideran que su ingreso no le permite cubrir satisfactoriamente con sus necesidades (29%).
Esta edición ofrece el Ranking Global 2010 “Democracia, Mercado y Transparencia”. Según este informe, para alcanzar el progreso político, económico e institucional, se deben garantizar tres ejes: las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental.
Para la elaboración de este informe se utilizan los datos que aparecen en las ediciones 2010 de las siguientes publicaciones: Freedom in the World de Freedom House; Index of Economic Freedom, de The Heritage Foundation y Wall Street Journal; y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International 2010. Con base en lo anterior, el ranking significa que la Republica Dominicana, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 67º de los 169 países en el índice.
Ver a Través: Poder, rendición de cuentas y sociedad civil (Instituto de Comunicación y Desarrollo – Fundación Kellogg – CIVICUS) (2008)
Publicado en el 2008, el estudio recoge los resultados de la investigación sobre transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil en Iberoamérica, realizada bajo la coordinación del Instituto de Comunicación y Desarrollo. Se realizó una investigación comparada con enfoque en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, Republica Dominicana, Paraguay, Uruguay y España.
“Ver a Través” presenta un amplio repertorio de herramientas y mecanismos disponibles y un compendio de "buenas prácticas", de lecciones aprendidas y de recomendaciones formuladas desde la base de la experiencia de los actores interpelados.
Indicadores de Gobernanza Accionables (Accionable Governance Indicators – AGIs) (Banco Mundial)
El Banco Mundial dispone de un portal de que es una plataforma que concentra en un único punto de entrada los indicadores de gobernanza globales y documentos relacionados, y facilita su acceso y análisis mediante herramientas de navegación, análisis y gestión de datos, y despliegue visual.
Desde el portal AGI Data se puede consultar información sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas Pública (“Public Accountability Mechanisms”). Esta iniciativa es liderada por el Grupo de Gobernanza del Sector Público del Banco Mundial, y tiene como fin proveer información detallada y actualizada sobre esfuerzos para mejorar la transparencia de los gobiernos y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Pueden realizarse consultas por país.
Para información sobre República Dominicana, haga clic aquí.
The Measurement and Impactof Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America (Escala de victimización de la corrupción) (Vanderbilt University) (2006)
El propósito de la encuesta es determinar las características de las personas que tienen mayor propensión a ser víctimas de la corrupción, desarrollando una medida de la experiencia de corrupción a nivel individual, en lugar de agregar las percepciones de corrupción a nivel nacional. Asimismo, se ha desarrollado una escala de la victimización de la corrupción para examinar el vínculo entre la corrupción y otras variables. La encuesta forma parte de las Herramientas para Medir la Corrupción y la Gobernabilidad en Países Latinoamericanos 2006.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ACOCCO), fundada en el 1997, tiene como objetivos impulsar la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas y denunciar actos de corrupción en las mismas, concientizar a la ciudadanía en los valores éticos y morales. La ADOCCO trabaja en cinco áreas: Veeduría Universitaria (monitorear la utilización de los recursos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo); Financiamiento Partidos Políticos (estableció un observatorio electoral para dar seguimiento a los recursos recibidos por los partidos políticos); compras y contrataciones (monitorear las compras y contrataciones en que interviene el Estado); acceso a la información pública (impulsar el conocimiento entre la ciudadanía de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información a través de talleres, seminarios, entre otros); transparencia sector público y privado (trabaja para lograr que el manejo de los recursos públicos sea conforme con las normas morales y legales identificar los controles débiles en el sector público que facilite la evasión del pago de los tributos).
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), fundada en el 2000, es una organización nacional, apartidista que asocia y representa a los Municipios y Distritos Municipales de la República Dominicana, para el impulso del desarrollo y la democracia municipal. La Federación defiende la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos locales, contribuyendo a que los mismos gestionen sus territorios procurando alcanzar el desarrollo municipal, humano y sostenible.
Entre sus objetivos principales es promover y consolidar la democracia participativa, la transparencia, el desarrollo sostenible y la gobernabilidad en los municipios.
Plan Estratégico Institucional (2010-2015) realizado por la FEDOMU, entre otros objetivos, enfoca en lograr la gobernabilidad para seguir sus principios de transparencia y democracia participativa.
El Plan consiste en tres partes: Incidencia Política, Fortalecimiento Institucional de la FEDOMU, y Desarrollo de las Capacidades de los Gobiernos Locales. Con el fin de contribuir a la ley 176-07 (Distrito Nacional y los Municipios), cada programa tiene el propósito de impulsar la transparencia en los municipios a través de política de superación institucional y estructural, según estándares de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia y de democracia.
Para más información sobre el informe, haga clic aquí.
Fundación Institucionalidad y Justicia es una organización no gubernamental sin fines de lucro, por un grupo de juristas y empresarios dominicanos y reconocidos mediante el decreto del Poder Ejecutivo No.430 del 1990. La Fundación tiene por objetivo promover el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, mediante la consolidación de las instituciones y la reforma del sistema judicial, garantías fundamentales para fortalecer el estado de derecho.
Un proyecto en conjunto con otras organizaciones es el Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia (PACJT; 2009-2011) que tiene como sus objetivos principales los siguientes:
Fortalecer la institucionalidad democrática y los procesos de reforma del Estado Dominicano.
Incrementar el compromiso y las capacidades de la sociedad civil dominicana, para que juegue un rol activo y propositivo en las transformaciones sociales, políticas y económicas.
Contribuir a la generación de una cultura de trasparencia y rendición de cuentas a nivel nacional.
Uno de los tres enfoques de FINJUS es la transparencia a través de la cual promueve iniciativas para hacer hincapié en las instituciones del gobierno que se encargan de la transparencia y rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo. FINJUS también apoya movimiento de anticorrupción y implementación de reformas de transparencia, rendición de cuantas y la función de instituciones gubernamentales.
La realización de iniciativas requiere la conciencia y el acceso de los ciudadanos a la información de los actos gubernamentales y el empoderamiento de sus organizaciones. Todo lo cual conlleva la realización de jornadas de capacitación de diferentes naturalezas, asistencia técnica y de otras acciones que fortalezcan la relación con legisladores/as y campañas de comunicación a la población.
Para más información sobre el PACJT, haga clic aquí.
Participación Ciudadana (capítulo de Transparency Internacional)
Participación ciudadana, fundada en el 1993, es un movimiento cívico no partidista, de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos. Incide en fortalecer y promover la inclusión de la sociedad civil en los aspectos sociales, a través de los cuales se fortalece la democracia y se realiza la modernización del Estado.
Entre sus principales preocupaciones se encuentran la corrupción y el tráfico de influencias que pervierten las relaciones públicas y sociales. .
Participación ciudadana lleva a cabo varias actividades acerca de la transparencia municipal y de la gestión pública y publica varios informes tales como:
El Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Monitoreo a la Aplicación de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Recomendaciones a los oficiales del gobierno para realizar un proceso más transparente de los leyes.
Encuentro con los regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional
Planificación Estratégica para la Gestión Local
Además de las publicaciones, la Mesa de Transparencia del Foro Ciudadano sirve de espacio de concertación y acción de la sociedad civil donde se juntan más de 200 instituciones a nivel nacional. Conformada en el año 2008, la Mesa vigila el estado de la transparencia y propicia que se de cumplimiento a las leyes dominicanas.
Fundación Solidaridad (Ayudémonos)
La Fundación nació en 1988 para responder a la necesidad de fortalecer la solaridad, la equidad y la democracia participativa. Entre sus objetivos principales se destaca los siguientes:
potenciar la capacidad de gestión comunitaria de las organizaciones de base y los gobiernos locales para alcanzar el desarrollo humano sostenible de las comunidades de la región del Cibao.
Promover un marco legal e institucional favorable para la participación ciudadana en distintas instancias de la gestión pública a nivel local, regional y nacional.
Contribuir al empoderamiento de los sujetos sociales de las comunidades, así como de las organizaciones de base, en un proceso permanente de construcción de ciudadanía.
Propiciar la incorporación de la equidad de social y género y respeto al medio ambiente como ejes transversales de los procesos de desarrollo regionales y locales.
El Centro Carter es una organización dedicada en mejorar, entre otros, la libertad y la democracia de todas las regiones del mundo. Las actividades de la Carter Center incluyen la observación de elecciones de 86 elecciones nacionales para ayudar a asegurar que los resultados reflejan la voluntad del pueblo.
Más allá de las elecciones, el Centro promueve la participación plena de ciudadanos en la formulación de políticas públicas por el medio de ayudar a gobierno a establecer instituciones que refuerzan la regla de derecho, administración de la justicia, el acceso a información y transparencia del gobierno. El Centro También organiza talleres para mejorar la aplicación de ley y cómo el público en general puede utilizarla mientras que proporciona asistencia técnica a los legisladores en la elaboración y aplicación.
El Carter Center—junto con la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional Demócrata—jugó un papel clave en la producción de la Declaración de Principios para la Observación Internacional, la cual estableció normas profesionales para los observadores electorales. Lanzada en 2005, la Declaración ha sido suscrita por más de 30 organizaciones observadoras.
Mediante el artículo 8 del título II (sección I; De los Derechos Individuales y Sociales), se reconocen los derechos y las libertades fundamentales mediante los cuales se garantiza la libertad de expresión. Se incluye el derecho a emitir o a exteriorizar libremente su pensamiento mediante cualquier medio de expresión, gráfico u oral sin sujeción a censura previa, lo cual hace cumplir la libertad individual y la justicia social. Asimismo, el artículo 115 establece las funciones de diferentes ramos de la Administración encargados de gastos públicos
Ley Nº 76-02 (El Código Procesal Penal de la República Dominicana)
Se establece la facultad de denunciar ante el Ministerio Público u otra agencia con actividades auxiliares de investigación cuando una persona sabe de una infracción de acción pública (Capítulo 2, sección 1, artículo 262). El artículo 264 manifiesta la obligación de denunciar las infracciones de acción pública cuando un funcionario público se entera de las infracciones. Le ley modifica ciertos órganos jurisdiccionales y la Suprema Corte de Justicia y el Código penal prevé delitos que sancionan las conductas del funcionario público que afecten fondos públicos como indica en sus artículos 169 y 176.
En los artículos 262 y 264 se limita la obligación de presentación de denuncias ante la fiscalía y hace falta reglamentar la forma, modo y lugar para la presentación de denuncias.
Ley Nº 295 (Aprovisionamiento del Gobierno)
Bajo la consideración de que el eficiente desenvolvimiento de las actividades de la Administración Pública requiere enmarcar un sistema nacional de aprovisionamiento que garantice una inversión eficiente de los dineros utilizados en la adquisición, conservación y distinción de servicios generales a los organismos del Gobierno, esta ley crea la Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno que vigila el fiel cumplimiento de las políticas y reglamentaciones de aprovisionamiento.
(La Adjudicación de todas las Obras de Ingeniería y Arquitectura de más de RD $10,000)
Se establece que todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$10,000.00 (Diez Mil Pesos), que se propongan construir el Estado, los Ayuntamientos y otros Organismos e Instituciones de carácter oficial, deben ser sometidas a concurso para su adjudicación en libre competencia entre las personas e instituciones de carácter oficial calificadas conforme a las leyes vigentes. Al mismo tiempo, la ley estipula las excepciones con las que el poder ejecutivo puede contratar, lo cual dispone la parte final del artículo 16 de la ley.
Ley Nº 14-91 (Servicio Civil y Carrera Administrativa)
El Departamento es una dependencia de la Procuraduría General de la Republica que maneja el tema de la corrupción administrativa. Es responsable por el Programa Nacional de la Lucha Contra la Corrupción Administrativa y sus atribuciones incluyen el desarrollo de políticas para evitar actos de corrupción y coordinar el proceso de análisis, investigación y envío a la justicia de los expedientes sobre los hechos de corrupción en la Republica Dominicana.
Se reconoce que uno de los medios más eficaces para contribuir la ejecución eficaz y la continuidad de los programas del desarrollo del país es la instauración del sistema de Servicio Civil y Carrera Administrativa que garantice adecuados procedimientos de selección, estabilidad, retención, capacitación y promoción de los servidores públicos meritorios. En este sentido, la ley constituye las normas reguladoras de las relaciones de trabajo, conducta entre el Poder Ejecutivo y los empleados y funcionarios civiles que están al servicio de sus distintas dependencias oficiales y promueve la extensión gradual del sistema.
Decreto Nº 322-97 (El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa)
24 julio 1997
El departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), de la fecha 24 de julio de 1997, se renombró en lo siguiente, Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). La dirección funge como una dependencia especializada de la Procuraduría General de la República para el manejo de la investigación, persecución, presentación y sostenimiento de la acción penal pública en los casos o hechos que involucren, de cualquier forma, acciones de corrupción administrativa en la República Dominicana.
Decreto Nº 149-98 (las Comisiones de Ética Pública)
El decreto tiene por objetivo vigilar y fortalecer la ética y la transparencia en la gestión administrativa y servir de canal de comunicación entre dicha dependencia y el Departamento de Prevención de la Corrupción, para el diseño, promoción y desarrollo de planes y actividades de fortalecimiento de la ética y la transparencia en la gestión de esa dependencia pública.
La comisión es un organismo de carácter cívico, no partidarista, que está compuestos por no menos de cinco ni más de nueve personas, sin distinción de sexo, color, raza, credo religioso, ni simpatía partidarista.
Secretarios de Estado, Directores y Administradores Generales la formación
Decreto N°262-98 (Reglamento Nº 262-98: Compras y Contrataciones)
Regula las compras, contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública. Mediante el decreto, se estableció el reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública y se creó la Dirección General de Aprovisionamiento que está a cargo de aplicar las normas y modalidades de contratación del Gobierno Central y de las instituciones descentralizadas.
Las disposiciones se aplican al Gobierno Central y a las instituciones descentralizadas. El sistema de compras y contrataciones de bienes y servicios de la administración pública se organiza sobre la base de los criterios de centralización normativa y descentralización operativa. El reglamento provee funcionamiento de la comisión de aprovisionamiento.
Funcionarios, instituciones y particulares que hayan intervenido en la formación y ejecución
Ley Nº 120-01 (La Institución del Código de Ética del Servidor Público)
El objetivo de la ley es normar la conducta de los servidores públicos respecto a los principios éticos durante su desempeño público. Este código se aplica a todos. Entre las virtudes destacadas en el Código (artículo 4) se incluye la probidad y la transparencia.
El departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa es responsable por velar por el cumplimiento de este Código. A partir del artículo 8, se constata las acciones prohibidos a los funcionarios públicos que incluye usar el cargo “para obtener ventajas, beneficios o privilegios no permitidos por la ley” y “aceptar o solicitar a alguna persona algún bien de valor económico a cambio de que la actuación de dicho funcionario….esté influenciada a favor de esa o cualquier otra persona”.
Este Código es para lograr el más alto nivel de honestidad y moralidad en el ejercicio de las funciones del Estado (artículo 2). El Código establece los procedimientos y sanciones aplicables a los funcionarios infractores.
Los empleados y funcionarios de las Secretarías de Estado y sus dependencias
Decreto Nº 121-01 (Las Unidades de Auditoría Gubernamental)
Las unidades de Auditoría Gubernamental son dependencias directas de la Contraloría General de la República (artículo 1). Velan por cumplir los procedimientos de control, garantizar la transparencia en las operaciones y realizar los planes, programas, presupuestos según las políticas prescritas y los objetivos del organismo (artículo 7). Los auditores pueden tener libre acceso a la información del organismo y solicitar información de los empleados como estimen más convenientes.
Los organismos del Gobierno Central y a las Instituciones descentralizadas no Financieras
Decreto Nº 783-01 (El Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República)
Por este decreto se crea el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, cuya función principal es recabar informaciones generales particulares así como formular propuestas concretas y elaborar los proyectos de leyes, decretos o reglamentos. El consejo Asesor sirve de apoyo al Gobierno en la definición de políticas y estrategias tendentes a eficientizar los mecanismos de combate a las prácticas de corrupción administrativa.
Ley Nº 126-01 (La Dirección General de Contabilidad Gubernamental)
Mediante este ley, se crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental que funciona bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas y tiene a su cargo el sistema de contabilidad gubernamental. Se concibió y redactó en el periodo 1996 al 2000 del Presidente Fernández, el Proyecto de Ley para la creación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), el cual es el producto de la Comisión Técnica Interinstitucional, antes mencionada, y a través del Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI).
Ley Nº 10–04 (Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana)
Se establecen las funciones de la Cámara de Cuentas. La ley tiene por objeto instituir el Sistema Nacional de Control y Auditoría e identificar las instituciones responsables de aplicarles y jerarquizar su autoridad. Se armonizan las normas legales del Sistema Nacional de Control y Auditoría. Se promueve la gestión ética, eficiente y eficaz y una rendición de cuantas.
Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación es responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y está sujeto a las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento (artículo 8).
Decreto Nº 101-05
(La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción)
Se crea la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, organismo mixto y participativo, integrado por representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial. La Comisión atribuye a asesorar al Poder Ejecutivo, elaborar un Plan de Acción, promover la revisión de la normativa y ejecutar cualquier otra actividad.” La Comisión trabaja en dos áreas; (1) el fomento de la ética pública y (2) la prevención y la persecución de la corrupción”.
La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción
Decreto Nº 63-06
(Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones)
23 febrero de 2006
Las disposiciones del Reglamento tienen por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, servicios, obras y concesiones del Estado, regirá en el ámbito del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
El Reglamento se aplica a cualquier medio contractual, incluyendo la compra, el alquiler o arrendamiento, con o sin opción de compra, contratos de construcción-operación, transferencias, contratos de concesión de obras públicas y cualquier otro contrato de bienes, servicios, obras y concesiones en el que intervenga la administración pública.
Gobierno Central y a las instituciones descentralizadas
Ley Nº 34006 (Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones)
Se establece los principios y normas generales que rigen la contratación pública, vinculados con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado. El Sistema de Contratación Pública está integrado por los principios, normas, órganos y procesos y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus modalidades.
La ley castiga las prácticas corruptas y tales fraudulentas son causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato (artículo 11). Los funcionarios públicos que participen en los procesos de compra o contratación son responsables por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y están sujetos a las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento (artículo 12).
Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Ley Nº 448-06 (Soborno en el Comercio y la Inversión)
Constata que toda persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte cualquier objeto de valor pecuniario, como favor promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno (artículo 3).
Las autoridades dominicanas protegen a las personas que, de buena fe, denuncien los actos descritos en la presente ley (artículo 9).
Ley Nº 10-07 (Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República)
El Sistema Nacional de Control Interno de los Recursos Públicos bajo la rectoría de la Contraloría General de la República funciona para cumplir la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales (artículo 55, inciso 3) de la Constitución Política.
Se constituye el Sistema Nacional de Control Interno que comprende el conjunto de leyes, principios, normas, reglamentos, métodos y procedimientos que regulan el control interno de la gestión de quienes administran o reciban recursos públicos. Su propósito es lograr el uso ético, eficiente, eficaz y económico de tales recursos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la confiabilidad en la información gerencial.
Todos los sectores públicos, las instituciones descentralizadas y autónomas, las instituciones públicas de la seguridad social, las empresas públicas con participación estatal mayoritaria.
Ley Nº 82-79 (La Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito)
Se instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio. En el artículo 3 se constata que los funcionarios públicos están obligados a declarar dentro de 30 días después de su elección o designación un inventario de los bienes de patrimonio y el de su conyugue o compañero permanente. Esta Ley deroga y sustituye la Ley 82-79 del 16 de diciembre del 1979 sobre Declaraciones Juradas de Bienes. La ley requiere que ciertos funcionarios declaren sus ingresos.
Esta ley explica que la declaración se tiene que hacer dentro del mes de la toma de posesión del funcionario público y dentro del mes de haber cesado en sus funciones (artículo 1, ley 82). Se recomienda de ampliar el número de funcionarios obligados a cumplir este deber.