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Timestamp: 2017-09-24 03:20:09
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ESTEBAN BETHENCOURT IRÁ A JUICIO CON JURADO EN NOVIEMBRE. | Corrupción en Canarias
ESTEBAN BETHENCOURT IRÁ A JUICIO CON JURADO EN NOVIEMBRE.
19 octubre, 2011 at 19:42 Deja un comentario
Según artículo escrito por Belen Molina en Canarias Ahora el 19 de octubre de 2011 bajo el título “Esteban Bethencourt irá a juicio con jurado en noviembre”:
El ex alcalde de Valle Gran Rey fue condenado por malversación, pero el Supremo anuló la sentencia. -El PSOE se retira de la acusación particular.
Esteban Bethencourt, ex diputado y ex alcalde de Valle Gran Rey, en La Gomera, y ahora integrado en el PP, volverá a ser juzgado por un jurado los próximos 7, 8 y 9 de noviembre, esta vez en la sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por el delito de malversación de caudales públicos del que ya fue juzgado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, juicio que fue anulado poco después por el Tribunal Supremo.
Otra vez será un tribunal popular el que juzgue al ex parlamentario regional, dado que se trata de un delito cometido supuestamente por funcionario público y el acusado ya ha dejado de ser parlamentario, y por lo tanto, aforado.
El Supremo anuló por quebrantamiento de forma el juicio y la sentencia dictada en diciembre de 2009 por el TSJC, por la que Esteban Bethencourt Gámez fue condenado a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Según el alto tribunal, aunque las pruebas periciales indicasen que ha había habido una malversación de caudales públicos, “no se precisó debidamente cuál sería en su caso su cuantía”.
En la sentencia anulada, se consideraba probado que el ex alcalde, sin renunciar a su sueldo como profesor de EGB (por lo que no tenía dedicación exclusiva), había percibido en 1999 diversas cantidades por gastos de desplazamientos y dietas que no le correspondían.
En el juicio anulado actuaba como acusación particular el PSOE-PSC, pero ha anunciado que se retiraba del caso, por lo que solo habrá acusación pública.
Según el escrito de calificación del fiscal-jefe del TSJC, Vicente Garrido, remitido a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Esteban Bethencourt percibía, dada “su condición de alto cargo dentro del Ayuntamiento”, 15.000 pesetas (90 euros) de dieta diaria cada vez que se desplazaba fuera de Valle Gran Rey, “más los gastos de desplazamiento, hotel en su caso y comidas oficiales”.
Así, llegó a acumular, dice el fiscal-jefe, la cantidad de 38.638,59 euros “sin que en ningún caso justificase la razón, necesidad o utilidad del desplazamiento”. “En todo caso le fueron abonados un total de 338 días al 100 por ciento de la dieta por gastos de manutención ascendiendo a la cantidad de 30.471,31 euros, cuando en todo caso debieron ser 179 días al 100 por ciento de la dieta, y 64 días, al 50 por ciento de la dieta, debiendo haber ascendido a 19.022,03 euros”.
Además, durante ese año, Esteban Bethencourt percibió 1.200.000 pesetas (7.200 euros) por asistencia a los plenos, al tiempo que percibía las dietas por desplazamiento. La petición del fiscal es de cinco años de cárcel y 9 de inhabilitación para ejercicio de cargo público.
Según artículo escrito por Tony M. Álamo (ACN Press) el 15 del abril de 2011 bajo el título “La Audiencia rechaza retrasar el juicio de Esteban Bethencourt”:
El ex alcalde gomero alegaba que su abogado tenía señalada una vista por esas fechas.
El ex diputado en el Parlamento de Canarias y ex alcalde de Valle Gran Rey Esteban Bethencourt finalmente se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife entre el 6 y el 9 de junio próximos al no haber prosperado la solicitud de suspensión que el acusado presentó.
Bethencourt alegaba que su abogado, José Aníbal Álvarez, tenía señalada una vista en el juzgado central de lo penal durante los meses de mayo, junio y julio, concretamente los días 1, 2, 7 y 8 de junio. Esta circunstancia habría obligado a posponer el juicio, lo que permitiría alargar más el proceso si Bethencourt (candidato del PP al Parlamento de Canarias por La Gomera) obtuviese un acta de diputado en las elecciones del 22 de mayo. En ese caso, estaría aforado desde que jurase el cargo (como muy tarde el 22 de junio) y no podría juzgarle sino el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
No obstante, un decreto firmado la secretaria de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, María Pilar Ramos, considera que “no ha lugar a la suspensión del señalamiento” del juicio oral.
Ramos se basa en que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que el abogado defensor “estará a disposición del Tribunal del Jurado hasta que se emita veredicto, teniendo el juicio oral ante este tribunal prioridad ante cualquier otro señalamiento o actuación procesal”. Además, según expone el decreto, “no existen otras fechas para dicho señalamiento que las expuestas”, puesto que la Sección tiene señaladas vistas orales hasta septiembre.
Así, Esteban Bethencourt deberá volver a sentarse en el banquillo para repetir un juicio, según dictó en septiembre pasado el Tribunal Supremo, en el que fue condenado a cuatro años de prisión y a diez de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público.
El alto tribunal consideró al anular el juicio que, que si bien el informe pericial indicaba la posibilidad de la existencia de una malversación por parte del ex alcalde de Valle Gran Rey, ni el jurado del TSJC aclaró debidamente cuál sería su cuantía ni ésta quedó precisada en la sentencia. Esto era considerado por el Supremo como “una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.
Tras la sentencia del Supremo, Bethencourt renunció a su acta de diputado, por lo que el juicio pasa del TSJC a la justicia ordinaria, ya que pierde su aforamiento.
Precisamente este viernes se ha llevado a cabo el sorteo de las 36 personas que podrían componer el jurado. De éstas, el día 6 de junio se elegirá a 9 para que compongan el jurado.
En el nuevo proceso deberán repetir el que celebró el TSJC. En él, se condenó a Esteban Bethencourt por un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal consideró entonces probado que el acusado compaginó los cargos de alcalde de Valle Gran Rey, en La Gomera, y el de diputado del Parlamento de Canarias desde octubre de 1998 a noviembre de 1999, cobrando dietas por ambos.
En ese periodo, según consideró probado el TSJC, Bethencourt percibió, sólo en el periodo investigado, 69.000 euros del Ayuntamiento cuando debió haber cobrado 19.000. A estas cantidades habría que añadir casi 7.000 euros que por igual motivo percibió de los fondos del Parlamento canario.
Según artículo escrito por EFE en Canarias Ahora el 11 de diciembre de 2009 bajo el título “DECLARADO CULPABLE POR UN TRIBUNAL DEL JURADO POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. El TSJC envía cuatro años a la cárcel al diputado gomero de CC Esteban Bethencourt”:
Según la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal, hecha pública este viernes, el ex alcalde deberá además indemnizar al Ayuntamiento, cuya la cuantía a pagar se fijará en la fase de ejecución, y asumir las costas procesales.
Bethencourt, que fue considerado culpable del delito de malversación de caudales público por un tribunal jurado, cobró del Ayuntamiento entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 la cantidad de 8.383.000 pesetas (50.382 euros) sin que en “ningún caso” justificase la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos efectuados, según los hechos probados.
En sus fundamentos de derecho, la sentencia señala que el delito de malversación de caudales públicos lo comete quien, teniendo las responsabilidad de la gestión de los fondos públicos por razón de sus funciones, no ofrece a la entidad pública a la que pertenece la correspondiente justificación de su destino con todas las formalidades legales que tales caudales exigen.
El tribunal considera de “especial gravedad” la cantidad con la que se lucró el ex alcalde por ser ligeramente inferior a la prevista en aquel entonces por el Ayuntamiento para atenciones benéficas y asistenciales, y de atención al menor y a la familia, que ascendía a 10.496.408 pesetas, así como a la destinada a indemnizaciones por razón del servicio, 11.126.832 pesetas.
Asimismo, entiende que la cantidad restituida por el ex alcalde después de que se presentara la querella contra él (24.244 euros) no hace desaparecer el delito y sólo afecta a la responsabilidad civil y a la individualizada de la pena, por lo que indica que la pena impuesta ha sido la mínima prevista.
Según artículo publicado por EFE en Canarias Ahora el 2 de diciembre de 2009 bajo el título “SE ENFRENTA A UNA PENA DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL. Esteban Bethencourt, culpable de haber malversado.”:
El ex alcalde de Valle de Gran Rey y diputado de CC cobró dietas como parlamentario y regidor municipal.
Un jurado ha declarado este miércoles culpable de malversación de caudales públicos al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de CC Esteban Bethencourt Gámez por cobrar dietas como parlamentario y regidor municipal, informaron fuentes jurídicas.
Durante el juicio celebrado esta semana, Bethencourt negó haber cometido delito alguno y aseguró que el dinero que cobró del Ayuntamiento en 1999 le correspondía, y que los servicios de Intervención del municipio “nunca” le llamaron la atención y siempre aceptaron y firmaron los mandamientos de pago correspondientes a sus dietas.
El ex alcalde y diputado de CC se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo público, que podría elevarse a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación si prospera la tesis de la acusación particular, ejercida en representación del portavoz del grupo socialista municipal en ese entonces, Alberto Ezequiel Roldán.
La decisión del jurado popular fue leída este miércoles en audiencia pública tras el juicio que comenzó el lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El jurado ha decidido que el ex alcalde de Valle de Gran Rey cumpla condena en caso de que sea sentenciado por el magistrado-presidente a pena que suponga su ingreso en prisión y se muestra contrario a que se le conceda un indulto, según las fuentes.
La copia de la sentencia nos dice:
Tribunal del Jurado nº 1/2007.
D. Antonio Juan Castro Feliciano.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de 2009.
Vistos por el Excmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado para esta causa, D. Antonio-Juan Castro Feliciano, designado conforme a las normas de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de Mayo, el presente Procedimiento, Rollo núm. 1 de 2007, causa núm. 1 de 2006, instruida por la Magistrada Instructora de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, seguida por delito de malversación de caudales públicos, contra D. ESTEBAN BETHENCOURT GÁMEZ, nacido en Valle Gran Rey, (Santa Cruz de Tenerife) el 7 de agosto de 1949, hijo de Domingo y de Candelaria, vecino de Valle Gran Rey, sin antecedentes penales, con D.N.I. número 41.987.520-P, y de ignorada solvencia, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. María del Carmen Benítez López y defendido por el Letrado D. José Aníbal Álvarez García, en la que han sido partes acusadoras, el Ministerio Fiscal y D. Alberto Ezequiel Roldán Piñero, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Valle Gran Rey, representado por el Procurador D. Tomás Ramírez Hernández y defendido en el acto del Juicio por la Letrada Dª. Pilar Rosa Felipe Martínez.
En sus conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal estimó que los hechos que se le imputan a D. Esteban Bethencourt Gámez, son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.1º del Código Penal sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, procediendo imponer a dicho acusado la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE SUFRAGIO PASIVO, y NUEVE AÑOS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA PARA EL EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO Y PAGO DE COSTAS; el acusado indemnizará a la Tesorería del Ayuntamiento de Valle Gran Rey en la cantidad que en ejecución de sentencia se acredite serle debida, con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por la representación procesal de la acusación particular, se estimaron los hechos como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos delartículo 432.2 del Código Penal del que es autor el acusado D. Esteban Bethencourt Gámez, sin la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y solicitó se le impusieran las penas de OCHO AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PARA EL EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE VEINTE AÑOs, ABONO DE COSTAS, debiendo indemnizar al Ayuntamiento de Valle Gran Rey en la cantidad objeto de malversación que se establezca en la sentencia, con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por la defensa del acusado se consideró que D. Esteban Bethencourt Gámez, no ha cometido delito alguno, y, por tanto, los hechos que relatan no son constitutivos de infracción penal, por lo que procede dictar sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables.
El acusado D. Esteban Bethecourt Gámez, mayor de edad, y sin antecedentes penales, ejerce desde hace muchos años, el cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del municipio de Valle Gran Rey (La Gomera), y concretamente estuvo ejerciendo como tal entre los meses de octubre de 1998 a noviembre de 1999, ostentando, al mismo tiempo la condición de Diputado del Parlamento de Canarias durante los años indicados.
Por lo que se refiere a su condición de Alcalde, el citado Sr. Bethencourt Gámez, desempeñó el cargo mencionado sin acogerse a la modalidad de dedicación exclusiva, optando por percibir su sueldo de profesor de EGB por lo que no podía percibir retribución o sueldo alguno por parte del Ayuntamiento, salvo las cantidades correspondientes por traslado al interior de la isla y fuera del municipio por las que podía percibir 35 pesetas por kilómetro si utilizaba su vehículo propio, así como los demás gastos que pudiera producirse tales como comida, o estancias, cantidades que se abonarían contra la presentación de facturas. Así mismo por traslado fuera la isla podría percibir, por cada día, 15.000 pesetas, más los gastos de desplazamiento, hotel, en su caso, y comidas oficiales. Las indemnizaciones por desplazamiento fuera de la isla se reducirían en un 50 por ciento cuando no se pernocte fuera del domicilio del desplazado.
El acusado, Sr. Bethencourt Gámez, con la intención de obtener un lucro patrimonial para sí, cobró del Ayuntamiento de Valle Gran Rey en concepto de dietas y gastos de desplazamiento la cantidad de 8.383.000 pesetas, sin que en ningún caso justificase la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos efectuados, percibiendo en todo caso el 100 % de las dietas, aun cuando no pernoctara fuera de su domicilio, contabilizando entre ellos, sábados, domingos y días festivos.
Una vez formulada querella contra el Sr. Bethencourt Gámez y realizada auditoría en virtud de un informe de la Intervención sobre un descuadre producido en la cuentas del Ayuntamiento, el acusado ingresó en la caja del mismo la cantidad de 9.465,095 Euros; y ante el informe de la Audiencias de Cuentas procedió a ingresar 10.003,064 Euros, ingresando con posterioridad 4.776, 070 Euros, cuando nuevamente se le indica haberse detectado otro desfase.
– La Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas del Reino de España, como consecuencia de los reintegros realizados por el Sr. Bethencourt Gámez adoptaron los acuerdos de declarar que no procedía la exigencia de responsabilidad contable ni la existencia de ilícito de alcance respecto del mismo.
El Sr. Bethencourt Gámez percibió aquella cantidad a pesar de que las destinadas en el presupuesto municipal para sufragar a indemnizaciones por razón de servicio ascendía a 11.126,832 pesetas, y las consignadas para “atención benéfica y asistenciales, programas de atención al menor y a la familia”, era la de 10.496,408 pesetas.
Además de las dietas que el Sr. Bethencourt Gámez percibía del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, el mismo cobró del Parlamento de Canarias en el periodo de tiempo al que nos referimos en concepto de asistencias y dietas en su condición de Diputado Autonómico la cantidad de 1.120.000 pesetas, si bien no consta la existencia de incompatibilidad para el cobro de dichas cantidades y las percibidas del Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Los hechos que se declaran probados por el Tribunal del Jurado son legalmente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del Código Penal, al concurrir en la actuación del acusado los elementos integrantes del referido tipo penal.
Tal como ha puesto de relieve la jurisprudencia, entre muchas, STS de 22 de enero de 2004, para la apreciación de la existencia de este delito se requiere la sustracción de caudales públicos con ánimo de lucro, y que en la interpretación de este delito hay que ser especialmente riguroso con el control de fondos públicos por parte de quien tiene a su cargo la disposición de los mismo, por lo que no es preciso que se demuestre que tales fondos han sido aplicados a uso propio, por tratarse de una prueba imposible, sino que basta con que no se produzca la justificación de su pago. El término sustraer ha de entenderse en el sentido de “apropiación sin propósito de ulterior reintegro”, debiendo ser interpretado en sentido de separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos públicos, apartándolos de su destino para hacerlos propios. En definitiva comete delito de malversación quien, teniendo la responsabilidad de gestión de los fondos públicos por razón de sus funciones, no ofrece a la entidad pública a la que pertenece la correspondiente justificación de su destino con todas las formalidades legales que tales caudales exigen.
La jurisprudencia ha establecido los siguientes elementos de delitos de malversación público:
1º.- Es un delito especial, que solo puede ser cometido por Autoridad o funcionario público, que tiene a su cargo por razón de sus funciones los caudales o efectos de que se trate, requisito que ha sido interpretado por la jurisprudencia de modo flexible, (ver entre otras, STS de 1 de diciembre de 2000).
2º.- Objeto de este delito han de ser caudales o efectos públicos.
3º.- La acción consiste en sustraer o consentir que otra sustraiga.
4º.- Es preciso la concurrencia del ánimo de lucro, exigido expresamente por el artículo 432.1 del Código Penal.
5º.- Solo es posible la comisión dolosa y no imprudente (STS de 18 de febrero de 2003).
Para la configuración del delito de caudales públicos es preciso la existencia de una especial relación entre el agente y los caudales y una conducta de aquel consistente en apropiarse, con ánimo de lucro, de los caudales o efectos públicos.
El requisito relativo a la facultad decisoria sobre los bienes, no requiere que los caudales sean entregados por razón de la competencia específica que las disposiciones legales o reglamentarias atribuyen a un cuerpo de la Administración, bastando con que los caudales hayan llegado a poder de la autoridad o funcionario, con ocasión de las funciones que realiza, sin que se produzca la justificación de su pago; basta con que el funcionario tenga la posibilidad de la disposición de los caudales públicos, sea en virtud de la función atribuida al puesto que desempeña en la estructura administrativa del ente público, sea a causa de una situación de hecho derivada del uso o de la práctica administrativa dentro de aquella estructura (STS de 26 de diciembre de 2002). La cualidad de autoridad o funcionario público del agente lo suministra el artículo 24 del Código Penal, en el que no cabe duda, se incluye a los Alcaldes de todo municipio como miembro de la Corporación Municipal, debiendo entenderse que como Alcalde tiene una facultad decisoria jurídica de los caudales o efectos públicos, pues ello le viene otorgado por los artículos 21.1,F de la Ley de Bases de Régimen Local y artículos 164 y ss de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Tal como pone de relieve la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1997, el tipo penal se consuma con la sola realidad dispositiva de los caudales por parte del agente, ya sea por disposición de hecho, ya sea por disposición de Derecho, por lo cual no es imprescindible que el funcionario tenga en su poder los caudales o efectos públicos por razón de la competencia que las disposiciones administrativas adjudiquen al cuerpo u organismo al que pertenezcan, sino que basta que hayan llegado a su poder con ocasión de las funciones que concreta y efectivamente realizare el sujeto como elemento integrante del órgano público, es decir, lo importante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efecto en virtud de la función atribuida al ente público o en virtud de una mera situación de hecho derivada del uso o de la práctica administrativa dentro de aquella estructura; la acción de malversar se consuma cuando se realiza el acto de disposición, refiriéndose el tipo penal no solo a los efectos, sino también a los caudales, y respecto de estos se debe entender que la infracción del deber del funcionario que se exterioriza en la sustracción y se consuma ya cuando se dispone de los fondos públicos.
Ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal del Jurado el hecho, que considera probado por el informe pericial aportado a la causa, que el acusado percibió del Ayuntamiento de Valle Gran Rey en el período que se indica la cantidad de 8.383.000 pesetas (no euros, como por error se hizo constar en el objeto del veredicto), sin que –por las propias manifestaciones del Sr. Bethencourt- se reconoce, tanto la falta de justificación en los desplazamientos, como que cobró el importe total de la dieta sin haber pernoctado, entendiendo que los hechos revisten especial gravedad, teniendo en cuenta que el Sr. Bethencourt percibió aquella cantidad cuandolas cantidades destinadas a indemnizaciones por razón de servicio consignadas en el presupuestos municipal ascendían a 11.126.832 pesetas, y las consignadas para “atención benéfica y asistenciales, programas de atención al menor y a la familia” era la de 10.496.408 pesetas.
La especial gravedad a la que se refiere el párrafo 2 del artículo 432 es, desde luego, un elemento valorativo que ha de hacer el Magistrado-Presidente, no un dato fáctico.
Se discute si la especial gravedad hay que tener en cuenta conjuntamente la cuantía y el daño o entorpecimiento producido al servicio público; en este sentido, la STS de 29 de Julio de 1998 es muy esquemática, distinguiendo tres supuestos: a) la pequeña cuantía nunca debe tenerse por grave; b) la cuantía considerables (por ejemplo, 100.000.000 pesetas), siempre será grave; y c) tratándose de la cuantía intermedia (10 o 18 millones de pesetas), habrá que combinarla con el entorpecimiento al servicio público.
En el caso que nos ocupa, tomando en consideración los 8.380.000 de pesetas que el Tribunal del Jurado fija como cantidad malversada, y que para atenciones benéficas y asistenciales y de atención al menor y a la familia se consignaban en el presupuesto 10.496.408 pesetas, y para indemnizaciones por razón del servicio 11.126.832 pesetas, la cantidad en que se lucró el Sr. Bethencourt Gámez ha de considerarse de especial gravedad, dados las comparaciones de de todas estas cantidades, de modo que, el lucro del acusado es ligeramente inferior a lo previsto para las atenciones benéficas indicadas, de modo que es lógico pensar que tales atenciones podrían verse incrementadas en su partida presupuestaria con cantidad superior si las percibidas indebidamente por el acusado no fueran de la cuantía indicada, tomando en consideración que el total de las presupuestadas para indemnizaciones por razón del servicio se fijaron en 11.126.832 pesetas, de las que el acusado utilizó más del 75%.
La concreción de la prueba de cargo, exigida por el num. 2 del artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y por la garantía constitucional de la presunción de inocencia, viene reflejada en el caso objeto de enjuiciamiento por el análisis de las pruebas practicadas, y especialmente -como pone de relieve el Jurado en el Acta de Votación del Veredicto- por las coincidencias de las declaraciones del acusado, del perito y de los testigos; es el propio acusado el que, tal como pone de relieve el Jurado, reconoce la percepción de aquellas cantidades, manifestando la falta de justificación en los desplazamientos y admitiendo haber cobrado el importe de las dietas sin haber pernoctado fuera de su domicilio, como también lo reconocieron los funcionarios de la Intervención del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, sin que se justifique dicho cobro por el hecho de que también lo hicieran los demás miembros de la Corporación y funcionarios del Ayuntamiento, lo cual supone una contradicción con la Base Novena de ejecución del presupuesto municipal, que solo autorizaba a percibir en estos casos el 50% cuando no se pernoctara fuera del domicilio. De todo ello el Tribunal del Jurado deduce, con lógica difícilmente rebatible, que los hechos se produjeron tal como se recoge en su veredicto; es decir, que a la convicción de estar probados los hechos tal como fueron declarados por el Jurado, se llegó a través de una actividad probatoria de cargo obtenida con todas las garantías y cumpliendo escrupulosamente los principios procesales de inmediación, oralidad y concentración, propias del proceso penal.
En definitiva, en vista de las pruebas practicadas, la concurrencia del ánimo de lucro no ha resultado discutible para el Jurado, derivándose el mismo de muy diferentes y variados elementos probatorios que exponen en el acta del veredicto (las declaraciones del propio acusado, del informe de perito y de las declaraciones de los testigos. El Tribunal del Jurado dice textualmente que “en la propia declaración del Sr. Bethencourt consta tanto la falta de justificación en los desplazamientos, como que admite haber cobrado el importe total de la dieta sin haber pernoctado; también lo dicen los funcionarios de intervención del Ayuntamiento que así lo declararon en sus testificales, en concreto Dª. Gloria Mendoza Cruz y D. José Miguel Hernández Marichal, y añadir que en la base novena se establece que sólo podía percibir el 50% cuando no pernoctara”, sin que –en contestación a la proposición quinta del objeto del veredicto- se admitiera por el Jurado que el Sr. Bethencourt “creyera que tuviera que justificar en su condición de Alcalde la razón, necesidad y utilidad de aquéllos (los desplazamientos), bastando con la anotación manuscrita en las tarjetas de embarque o pasajes utilizados de los días que se encontraba fuera de su localidad”.
Se ha pretendido por la defensa del acusado introducir en el debate del juicio oral la posibilidad de la aplicación de la figura del error (vencible o invencible) en la actuación del mismo, fundamentándolo en la creencia que, en su condición de Alcalde, no debía de justificar en una memoria explicativa la razón, necesidad o utilidad de sus desplazamientos, ya que su condición de primer regidor del municipio la ostentaba permanentemente y que nadie de intervención le puso al corriente de dicha obligación.
Parece que se está refiriendo a un error sobre un hecho constitutivo de la infracción pues, si en su condición de Alcalde, podía realizar los desplazamientos y estancias fuera del municipio los días que quisiera, es lógico concluir que, la no justificación de la razón y utilidad de las estancias fuera de la isla de La Gomera, es un elemento del tipo que determinaría la inexistencia del ilícito penal; es decir, que el error –invencible sobre un elemento de la infracción penal, dejaría impune la acción (artículo 14. 1 del Código Penal), mientras que si el error fuera vencible, convertiría la infracción como imprudente.
Y no parece que el Sr. Bethencourt Gámez desconociera la normativa que, a lo largo de más de veinticinco años como Alcalde, ha venido rigiendo el gasto al que nos referimos en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey; concretamente la Base Novena de ejecución del presupuesto municipal, que ha venido siendo aprobado y rigiendo durante muchos años establece con claridad respecto de las dietas y gastos de traslado que en los que se realicen fuera de la Isla, por cada dieta se abonarían 15.000 pesetas, más los gastos de desplazamiento, hotel, en su caso, y comidas oficiales, reduciéndose las indemnizaciones por estos desplazamientos en un 50% cuando no se pernocte fuera del domicilio del desplazado; sin que se pueda entender cómo el acusado, que es el que propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de las Bases desconociera el contenido de las mismas.
En suma, no se aprecia la existencia del error, que supone el desconocimiento o conocimiento equivocado de un hecho; su apreciación, tanto como error vencible, como invencible, determinaría, sin duda, la impunidad del hecho enjuiciado, ya que este tipo delictivo no puede cometerse por imprudencia.
Del expresado delito es responsable en concepto de autor el acusado ESTEBAN BETHENCOURT GÁMEZ, por la participación directa y material que tuvo en su ejecución (artículo 28 del Código Penal).
En la realización del referido delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Para la concreción de la pena, y aún cuando el reintegro íntegro supone un acto contrario al delito ya consumado, que no resulta suficiente para dejar impone la conducta, sin embargo no puede carecer de toda relevancia a la hora de individualización de la pena. No se trata de que el hecho resultara menos culpable, pues nadie duda de la culpabilidad; se trata de que la culpabilidad, en cuanto a deuda contraída por el autor hacia la sociedad, puede ser compensada de significado constructivo; pero la restitución posterior de lo sustraído con intención definitiva no hace desaparecer el delito del artículo 432; sólo puede afectar a la responsabilidad civil y a la individualización de la pena.
Teniendo en cuenta tales parámetros, las penas a imponer han de ser las mínimas previstas en apartado 2 del artículo 432 del Código Penal, es decir, la de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo durante el tiempo de la condena, y diez años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público.
Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, y las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables (artículos 116 y 123 del Código Penal). Y entre las costas se han de incluir las de la acusación particular, dado que es regla general el incluirlas, salvo cuando la intervención de ésta haya sido notoriamente superflua, inútil o cuando las peticiones fueran absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal, cosa que, como se ha visto, no ha ocurrido, aceptándose la tesis agravada de dicha acusación.
La cuantía de la indemnización que el acusado ha de abonar al Ayuntamiento de Valle Gran Rey se determinará en ejecución de sentencia, dado los reintegros que ha realizado.
CONDENO al acusado DON ESTEBAN BETHENCOURT GÁMEZ como autor criminalmente responsable de un delito de malversación de caudales públicos, ya definido, del artículo 432. 2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de PRISIÓN DE CUATRO AÑOS, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, e INHABILITACIÓN ABSOLUTA PARA EL EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE DIEZ AÑOS, y pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
El acusado indemnizará al Ayuntamiento de Valle Gran Rey (La Gomera) en la cantidad que se determine ejecución de sentencia, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución al acusado, al Ministerio Fiscal y a la representación de la acusación particular, haciéndoles saber que no es firme, pudiendo interponer contra la misma recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Así por esta mi Sentencia, reflejo del veredicto del Tribunal del Jurado, lo pronuncio, mando y firmo.
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