Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20030318.htm
Timestamp: 2020-05-30 07:36:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 61', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 61', 'artículo 9', 'artículo 12']

AGLI Recortes de Prensa Martes 18 Marzo 2003
El entorno etarra, ilegalizado
Editorial La Razón 18 Marzo 2003
Batasuna, fuera de la ley
Editorial ABC 18 Marzo 2003
Ilegalizar Batasuna, legalizar la democracia
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 18 Marzo 2003
ETA se queda sin pantallas
EDITORIAL Libertad Digital 18 Marzo 2003
PABLO PLANAS ABC 18 Marzo 2003
Ley de partidos y derechos humanos
JORGE TRÍAS ABC 18 Marzo 2003
Editorial El Correo 18 Marzo 2003
Batasuna y sus amigos
Germán Yanke Libertad Digital 18 Marzo 2003
Batasuna, ilegalizada
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 18 Marzo 2003
¿Antivasca
Cartas al Director El Correo 18 Marzo 2003
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 18 Marzo 2003
Batasuna tras Batasuna
Editorial El Ideal Gallego 18 Marzo 2003
Batasuna, primer partido deslegalizado de la Democracia
F. Velasco / J. Prats - Madrid.- La Razón 18 Marzo 2003
Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok no podrán concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El entorno etarra tampoco podrá participar en los comicios con cualesquiera siglas de un partido que «continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». El Tribunal Supremo, por unanimidad y con una celeridad encomiable, ha aceptado, íntegramente, las demandas presentadas por la Fiscalía General del Estado y por el Gobierno y en ello ha habido, además de solidez jurídica, gran altura en sus deliberaciones, el respeto de todas las garantías constitucionales en favor del partido demandado y un modelo de trabajo en el que la urgencia no ha condicionado la sentencia. Tras seis meses y medio de procedimiento y cuatro días de deliberaciones, el Supremo ha puesto fuera de la ley de Partidos Políticos a quienes no la respetaban en nueve de sus condicionamientos.
La sentencia obliga a la disolución inmediata de la entidad. Contra la sentencia, de ejecución inmediata en cuanto se comunique a las partes, cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero sería una triste ironía que acudieran al mismo quienes combaten el ordenamiento jurídico español. No es la victoria contra el terrorismo, aunque sí un enorme paso adelante.
LA declaración por la Sala Especial del Tribunal Supremo de la ilegalidad y consiguiente disolución del entramado político de ETA, formado por HB/Euskal Herritarrok/Batasuna es, ante todo, la constatación judicial de una situación visible en el País Vasco desde hace más de dos décadas. El paso del tiempo ha producido una acumulación de evidencias de la relación entre ETA y sus grupos instrumentales que era preciso definir con una respuesta legal suficiente y proporcionada. De la notoriedad de estos vínculos no ha escapado siquiera Ibarretxe, quien anunció que no aceptaría los votos de Batasuna por su falta de autonomía frente a ETA. El lendakari se convirtió en testigo de cargo involuntario para confirmar desde el ámbito nacionalista lo que las víctimas ya sabían: que ETA y Batasuna pertenecen a la misma estructura. ¿Quién podría discutir a Ibarretxe el conocimiento de lo que decía tras firmar el acuerdo secreto con ETA y el Pacto de Estella? El nacionalismo no ha asumido las consecuencias de su diagnóstico y, ante el riesgo de una depresión de las expectativas nacionalistas en su conjunto, como en 1997, ya culmina el viaje de vuelta a Estella.
El acuerdo antiterrorista entre PP y PSOE dio el paso necesario para convertir esa certeza en una conducta constitucionalmente ilícita e impulsó y aprobó la Ley de Partidos, tenazmente defendida por el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes. El resultado alcanzado debe servirles de estímulo para perseverar en este pacto como el mayor activo político de la democracia, tras la Constitución. Así se valoró en agosto del pasado año, cuando el Congreso aprobó por abrumadora mayoría una moción al Gobierno para que promoviera la ilegalización judicial del entramado batasuno por su «clara connivencia con la violencia y el terror». Entonces, la respuesta inmediata del Ejecutivo de Vitoria, a través de su portavoz, Josu Jon Imaz, fue declarar rota la colaboración con los partidos constitucionalistas en la Mesa de Arkaute. Desde entonces hasta hoy -pasando por Andoain-, ya no hay duda de que el nacionalismo se ha situado frente al Estado en el desmantelamiento global de ETA. Porque esto es lo que representó la Ley de Partidos, la decisión del Estado, apoyado en el pacto de PP y PSOE por las libertades y contra el terrorismo, de llevar la lucha antiterrorista a terrenos donde ETA creía tener ganada la impunidad, al amparo de una insostenible interpretación de la legalidad democrática.
El nacionalismo descargará todas sus baterías de descalificaciones contra la decisión del Supremo, como ya hizo la semana pasada con la sentencia del Constitucional, pero difícilmente podrá convencer -salvo a los ya convencidos- de su teoría de la conspiración contra la causa nacionalista. Tantos parlamentarios, tantos magistrados del Supremo y tantos magistrados del TC no pueden estar confulados contra las aspiraciones nacionalistas y nadie lo creerá, menos aún el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque no se conocen los fundamentos de la sentencia, es seguro que el Supremo habrá manejado con intensidad la jurisprudencia de Estrasburgo sobre disolución de partidos, como ya hiciera el TC, y que habrá tomado buena nota de los oportunos matices que el Constitucional ha impuesto para la aplicación judicial de la Ley de Partidos. Sólo un partido con deriva marginal puede defender que tales unanimidades judiciales están basadas en una disposición servil al Ejecutivo y no en la observación objetiva de una realidad que extiende sus sospechas -como mínimo- a la nueva plataforma surgida de la ya ilegalizada Batasuna.
La sentencia reconoce que los partidos demandados incurrieron en las principales causas de disolución previstas por la ley, muchas de ellas cometidas con flagrancia, como la no condena del atentado de Santa Pola o del asesinato de Pagazaurtundua o la justificación de la violencia de ETA, en definitiva, actos propiciatorios de la estrategia de la banda terrorista. El previsible recurso de amparo replanteará ante el TC el debate sobre la Ley de Partidos, aunque desde una perspectiva distinta y de camino de Estrasburgo. Por eso era tan importante actuar con el máximo garantismo en la tramitación del proceso y aportar el mayor número de pruebas documentales, periciales y gráficas sobre los hechos fundamentales de las demandas de disolución. Ambos objetivos se han alcanzado sin forzar la legalidad ni la realidad de los hechos, sólo aplicando la ley.
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 18 Marzo 2003
Cuando dentro de unos años, y esperemos que no demasiados, el terrorismo nacionalista vasco sea solamente un capítulo negro del pasado -como las guerras carlistas, el desastre de Annual o la guerra civil del 36-, se pondrá el acento en una pregunta que ni siquiera hoy es fácil de responder: por qué se tardó tanto en instaurar de verdad el Estado de derecho. Porque la ilegalización de Batasuna no es otra cosa que eso: un acto fundamental en la instauración completa del Estado de derecho en España y sus autonomías. No sé si en el futuro se entenderá el que nos haya costado tanto fundamentar ética, política y jurídicamente la exclusión de la democracia de algo que nunca ha sido otra cosa que la máscara de una organización terrorista con casi 850 asesinatos y más de tres mil heridos a sus espaldas, el púlpito desde donde ETA lanzaba sus amenazas y capitalizaba la plusvalía de sus crímenes.
Esta tardanza ha sido efecto de dos frenos: primero la esperanza, larga y estéril, en que las contemplaciones y complicidades con ETA, vía HB o Batasuna, servirían para convencer a esos criminales de que era mejor para ellos renunciar a la violencia e integrarse en la democracia como simples partidos independentistas vascos. Me parece que no había más remedio que intentar esa vía hasta su definitivo agotamiento, y todavía hay necios que esperan el milagro de la conversión democrática de las mafias totalitarias. Paradoja final y aviso para futuros navegantes: la tolerancia con ETA y Batasuna no ha democratizado esas formaciones, sino que ha atraído a su terreno al nacionalismo antaño moderado, quizás porque el original en blanco y negro es más atractivo que la copia desvaída.
Eso sí, las protestas del nacionalismo institucional han conseguido resultados que debemos agradecerles. Bajo su presión inquisitorial, los legisladores han apurado el valor de las pruebas y afilado los argumentos jurídicos, consiguiendo una ley impecable, la de Reforma de la Ley de Partidos. Sólo eso explica el milagro de que el recurso del Gobierno Vasco haya sido rechazado por unanimidad por el Tribunal Constitucional, y que la ilegalización de Batasuna resultante también haya sido unánime en el Supremo, todo un récord. Que no es poco, sino mucho, y por eso conviene agradecer esta mejora de nuestro Estado de derecho al tesón del nacionalismo vasco y de Izquierda Unida, sin olvidar a sus apoyos catalanes, en la lucha por la impunidad y por la indefensión de las víctimas. Porque la ilegalización de Batasuna y sus hijuelas -que también caerán- no significa otra cosa que una mejora de la democracia española como sistema político que ampara a los perseguidos y persigue a sus verdugos.
Desde Lenin, Stalin y Gramsci, la estrategia de los grupos revolucionarios asentados en regímenes democráticos ha sido básicamente la misma: combinar la “lucha” ilegal con el aprovechamiento de los instrumentos que el estado de derecho ofrece, creando organizaciones-pantalla legales al servicio de la difusión de los ideales revolucionarios –donde el recurso a la intoxicación y la desinformación es sistemático. La infiltración del mayor número posible de instituciones y centros de poder; el aprovechamiento al máximo de los errores, debilidades, divisiones e indecisiones del “enemigo” y las alianzas estratégicas con grupos o partidos afines para utilizarlos y atraerlos a las tesis propias –“tontos útiles”– son también parte de la estrategia destinada a crear un clima favorable, o al menos no hostil, a las pretensiones de los revolucionarios.
Esta ha sido también la estrategia de ETA desde la transición. Además de nacionalistas, los etarras son también marxistas-leninistas y, como tales, han aplicado casi al pie de la letra las enseñanzas de la literatura clásica revolucionaria. Buena prueba de ello es la compaginación de las actividades terroristas con la labor de propaganda y agitación a través de pantallas como Batasuna y las organizaciones que de ella dependen –creadas por orden de la dirección de ETA–, y también los infiltrados en instituciones como la Iglesia, diversas empresas, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos y, probablemente, sectores clave de la Administración autonómica como los ayuntamientos, la enseñanza o incluso la Policía Autónoma vasca; quienes, además de realizar funciones de propaganda y difusión del ideario, se encargan de marcar objetivos al “aparato militar” de la organización. Tampoco faltan los “tontos útiles” como Izquierda Unida –que comparte con ETA la devoción por Castro– o los “aliados estratégicos” como PNV-EA, ganados definitivamente para la “causa” separatista en el Pacto de Estella.
Por desgracia ha tenido que pasar una generación y centenares de asesinatos para que la sociedad española, la clase política y el estamento judicial superen sus complejos y se atrevan proclamar en voz alta lo evidente: que dar estatuto legal a la tapadera política de los terroristas fue un inmenso error fomentado, todo hay que decirlo, desde el PNV, que siempre ha pronosticado terribles catástrofes ante la posibilidad de que el gobierno de turno cayera en la “tentación” de aplicar el peso de la ley y los instrumentos del estado de derecho a quienes pretenden destruirlo. Los hechos han demostrado que son esos instrumentos, precisamente, los más eficaces para combatir la lacra terrorista, pues la suspensión de Batasuna y la estricta aplicación de la ley a los responsables de la kale borroka no han provocado el estallido social que el PNV vaticinaba. Y, por ello, cabe suponer que la definitiva ilegalización del brazo político de ETA, sentencia unánime del Tribunal Supremo dictada el lunes después de que pocos días antes el Tribunal Constitucional se pronunciara también unánimemente por la constitucionalidad de la Ley de Partidos, contribuirá aún más eficazmente a la eliminación la lacra etarra que, a partir de ahora, ya no tendrá a su disposición altavoces, presupuestos de ayuntamientos ni subvenciones del Gobierno vasco para seguir practicando la coacción y el asesinato.
La cantinela de los nacionalistas (y de IU), repetida una vez más el lunes, de que la ilegalización de Batasuna es un atentado contra la democracia porque priva de su opción política preferida a 150 mil votantes ya no puede engañar a nadie con un mínimo de sensatez; pues, aparte de que por muy numerosos que sean los votos jamás podrán convertir una organización criminal en una opción política, quien más tiene que perder con el paso a la clandestinidad de la fachada legal de ETA es el PNV. A partir de ahora, los nacionalistas ya no podrán contar con los altavoces de ETA para continuar jugando con los constitucionalistas al “policía bueno” y el “policía malo”. Tendrán que representar ellos solos ambos papeles.
Por PABLO PLANAS ABC 18 Marzo 2003
Durante los años de plomo, la vía policial parecía la única alternativa frente a unos terroristas que cruzaban la frontera con facilidad, encontraban cobijo en sus entornos familiares y eran considerados con ciega benevolencia por parte de algunos más «gudaris» que asesinos. El incesante goteo de asesinatos y las dificultades que implicaba actuar contra unos terroristas que campaban por el sur de Francia y muchos países de Iberoamérica como «refugiados políticos» sirvió para constatar que la policial era una vía imprescindible, pero insuficiente. En ese contexto, la actividad de los GAL sembró toda clase de dudas sobre la eficacia policial, ahora ajena a esos cuestionamientos.
El segundo gran paso contra la banda fue la diplomacia, una actividad que dio sus frutos tras el 11-S, cuando todo el mundo comprobó los peligros de la globalización del terror, los efectos letales de las amplias relaciones internacionales de los terroristas y la necesidad de acabar con los «santuarios» y las connivencias. Para los etarras concluía definitivamente una época en la que la retórica insurreccionista les llegó a hacer simpáticos en los países en los que regentaban restaurantes y casi invisibles en aquellos en los que montaban sus arsenales.
Pero de poco podía servir el cerco internacional y la eficacia policial si los terroristas decidían las listas electorales de Batasuna, sentaban a sus afines en alcaldías y en el Parlamento vasco y se valían de organizaciones paralelas o integradas en Batasuna para blanquear el dinero de las extorsiones, organizar las «otras formas de lucha» y recibir subvenciones cotizadas, entre otros, por sus víctimas. El círculo se cierra.
Por JORGE TRÍAS ABC 18 Marzo 2003
Con la decisión del Tribunal Supremo se termina una de las situaciones más lacerantes de nuestra democracia: que un partido político cuyo objetivo es acabar con la Constitución, instaurar una «democracia popular», cuartear España y terminar con las libertades exterminando a quienes no piensan como ellos, siga campando libremente en una apariencia de legalidad formal que lo hacía insultante para toda la sociedad. El abogado de los terroristas, Íñigo Iruin, un inteligente pero desviado jurista sostuvo en sus alegatos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecía que para situar fuera de la ley a una fuerza política debía probarse que daba su apoyo directo, expreso, real y efectivo a una organización terrorista, argumentando que las conductas de silencio no se correspondían con ninguno de los hechos delictivos que, según él, el Tribunal Europeo consideraba perseguibles. Con buen criterio la sala especial del Tribunal Supremo, por unanimidad de sus dieciséis magistrados ha opinado todo lo contrario. Ahora, tanto el Gobierno vasco como HB han anunciado que acudirían a Estrasburgo.
Es cierto que determinados tribunales internacionales han tenido a veces la manga demasiado ancha y fueron capaces de admitir a trámite las peticiones más descabelladas e incluso dictaron sentencias que parecían hechas a medida no de las minorías sino de la delincuencia y la marginalidad. Así, quizá ayudados por el desprecio de derechos constitucionales de algunos tribunales nacionales (de nuestro país y de otros, que en todas partes cuecen habas), han visto protegidos sus derechos en Estrasburgo terroristas, narcotraficantes y delincuentes comunes que fueron juzgados por tribunales «sospechosos». Sospechosos de falta de imparcialidad, se entiende. También acabamos de asistir al nacimiento de un nuevo tribunal (la Corte Penal Internacional) al que, de momento, no se le puede augurar mucho futuro ya que las principales potencias, o no han firmado el tratado (Japón y China) o lo han revocado una vez firmado (Estados Unidos) o lo han firmado pero no ratificado (el caso de Rusia). Además, ni tres días han pasado desde su alumbramiento y ya el portavoz de Jueces para la Democracia, el juez multiuso, y el inevitable Llamazares se han apresurado a advertir al presidente del Gobierno que si apoyaba el ataque contra Irak podría convertirse en reo de sus iras ante el recién nacido tribunal. Todo ello avalado «científicamente» por la doctrina de Andrés Ibáñez. Mal futuro, pues, le auguro a esta corte si se aventurase a seguir ese rocambolesco camino que le han indicado los «progresistas» -es decir, destructores- españoles.
En ese mal camino también podría entrar el frágil aunque consolidado Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, si admitiese siquiera a trámite el recurso que la vicepresidenta del Gobierno vasco o el abogado de HB han anunciado que interpondrían contra la sentencia del TC y la Ley de Partidos. Éste es un buen momento para recordar que la Asociación de Víctimas del Terrorismo acudió a ese tribunal solicitando amparo por violación del convenio cuando el Tribunal Constitucional dictó aquella famosa sentencia que propició la excarcelación de los miembros de la mesa nacional de HB basada en un motivo que no había sido alegado por los solicitantes del amparo y como consecuencia de ello la Asociación de Víctimas no pudo formular alegación alguna, quebrándose el principio de «igualdad de armas» en el proceso. El Tribunal Europeo, en este caso con un exceso de rigor formalista, no admitió a trámite el recurso alegando que la convención no amparaba derechos de «terceros».
Pues yo creo que por los mismos o parecidos motivos ahora el tribunal no podrá amparar ninguna demanda de «terceros», sean partidos o Gobierno vasco, por presunta violación de cualquier artículo del convenio. Por otro lado, no creo que Estrasburgo tenga el atrevimiento de amparar hipotéticos derechos de individuos terroristas perjudicados por esta nueva ley -declarada constitucional por el Tribunal español y gracias a la cual se han reputado ilegales por el Tribunal Supremo los partidos políticos de la órbita de HB- ya que en Alemania, por ejemplo, los partidos comunista y nacionalsocialista están prohibidos por la interpretación del artículo 21 de la Constitución de Bonn. Como ha escrito Loewenstein en su «Teoría de la Constitución»: «Todos los participantes en el proceso político tienen que someterse a determinadas leyes generales. Tiene que establecerse una separación estricta entre las meras opiniones políticas, que deben ser libres, y las situaciones de hecho y conductas basadas ostensiblemente en la ilegalidad y la violencia, que podrán y deberán ser sometidas y reprimidas por el poder de la ley al haber sido prohibidas legalmente». A los comunistas, nacionalsocialistas, fascistas, batasunos, terroristas y algunos otros, pues, habrá que meterlos a partir de ahora todos juntos e incluso revueltos en el basurero de la historia.
El fallo de la Sala Especial del Tribunal Supremo que declara la ilegalidad de Batasuna y de las siglas políticas que la precedieron -HB y EH- es una decisión avalada por la aún reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que despejaba cualquier duda respecto al encaje de la nueva Ley de Partidos en el marco de derechos y libertades fundamentales consagrados por la Carta Magna. Desde su promulgación, la actitud de la izquierda abertzale organizada en Batasuna se ha caracterizado por su negativa a darse por enterada del mensaje que la democracia les enviaba a través de su articulado. Ni su comportamiento ni su discurso respecto al terrorismo de ETA han variado un ápice; ni siquiera para evitar caer en alguno de los supuestos de ilegalización. Ello quedó patente con los asesinatos de Santa Pola y Leitza y, más recientemente, tras el de Joseba Pagazaurtundua en Andoain. En estos momentos, en los que la izquierda abertzale se dispone a presentarse a los próximos comicios municipales a través de un sinfín de plataformas locales y a concurrir a las elecciones al Parlamento de Navarra y a las juntas generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa bajo las siglas AuB (Autodeterminaziorako Bilgunea), la negativa de Batasuna a rectificar en su proceder constituye un precedente que las recién creadas organizaciones no deberían emular si de verdad desean hacer uso de la libertad de asociación y del derecho a la participación política, de forma que su presencia legal no sea ni tutelada ni instrumentalizada por ETA.
Tras tener noticias del fallo emitido por el Supremo, el PNV reiteró su ya conocida valoración de que dicha resolución «no ayuda a la pacificación y a la convivencia» en el País Vasco. Sin duda porque no logran apreciar el alivio que para quienes más directamente padecen el acoso terrorista supone el hecho de que la violencia no se vea secundada por el encubrimiento y la justificación legalizada de la más horrorosa de las injusticias. Baste realizar un balance de situación desde que la preocupación de legisladores y jueces comenzó a centrarse en torno a la necesidad de acabar con el espacio de impunidad en el que había logrado acomodarse el totalitarismo terrorista para percatarse de que éste retrocede cuando y donde se hace valer el Estado de Derecho. Es ésta una lección que la sociedad democrática no puede desdeñar. Porque si bien ETA tratará de coartar sistemáticamente la libertad de los ciudadanos vascos, el futuro de una Euskadi en paz no puede labrarse en el terreno de las concesiones a la intolerancia extrema, sino en el más trabajoso campo de la paulatina conquista de ámbitos de libertad frente al terrorismo. Resulta necesario recordar que la decisión del Tribunal Supremo no sanciona ideas legítimas sino comportamientos que en ningún caso pueden tener cabida en un sistema democrático.
A la reacción de populares y socialistas, que instaron en el Parlamento el comienzo de la ilegalización de Batasuna, ha seguido, como no podía ser de otra manera, la decisión del Tribunal Supremo en el mismo sentido. La unanimidad de los magistrados no deja lugar a duda, desde el punto de vista procedimental, de lo que era desde antaño una evidencia en el análisis político y en la experiencia de los ciudadanos. ETA es una trama criminal en la que juegan su papel asesino y de exclusión de los no nacionalistas en el País Vasco tanto los comandos como sus colaboradores necesarios en la financiación del terrorismo y en su apoyo material y político.
Hemos vivido muchos años bajo la ficción que la misma ETA elaboró para la galería –que no había vinculación "orgánica" entre la banda y sus brazos– pero que desmentían a diario tanto el funcionamiento de esa mafia totalitaria como los documentos que se encontraban tras cada acción policial. Ahora, cuando por fin la evidencia se acepta, no está de más recordar nuestra tardanza, el complejo ante el nacionalismo, el trasiego (lamentable para las libertades) de los restos del antifranquismo atrofiado.
Ahora, cuando el PNV se rasgue sus vestiduras, cuando defienda a los criminales, cuando les subvencione, cuando gobierne con ellos y planifique la dictadura que nos reserva el Plan Ibarretxe, podremos preguntarnos el motivo. No, no son más lentos que nosotros para apreciar lo obvio. Lo conocen muy bien, lo han dicho en ocasiones, lo viven a diario. No son más lentos, son sus amigos.
Menuda semana en la lucha contra el terrorismo. Si el miércoles pasado el Tribunal Constitucional, de forma unánime, entendía que la Ley Orgánica 6/02, de 27 de julio, de Partidos Políticos, era constitucional; este lunes es la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la que ha entendido, también de forma unánime, que Batasuna debe ser ilegalizada por ser un partido político cuya finalidad es deteriorar o destruir nuestro régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el régimen democrático, de acuerdo con los criterios del artículo 9 de la citada Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Con esta sentencia la disolución de Batasuna ya es un hecho, puesto que desde su notificación se procederá al cese efectivo de su actividad y se iniciará su liquidación patrimonial. Por supuesto que aquí habrá de tenerse en cuenta la situación especial de Batasuna, ya suspendidas sus actividades por el delito de colaboración con banda armada que se sigue en la Audiencia Nacional por el juez Garzón. Pero en la práctica y desde el día de hoy, lo que antes era una situación provisional ahora es una situación estable en el tiempo, producto de una resolución judicial firme y directamente ejecutable.
A Batasuna ahora le queda la vía de acudir al Tribunal Constitucional en amparo, y a partir de ahí podrá acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si así lo desea, pero el Tribunal Constitucional, en su sentencia del miércoles pasado, ya mencionó sentencias de dicho Tribunal, como la referente al Partido de la Posteridad de Turquía, con fecha de 31 de julio de 2001, que admitió la posibilidad de ilegalizar el indicado partido político al defender principios contrarios a la democracia. Así, tanto nuestra Constitución como el Convenio Europeo de Derechos Humanos posibilitan la ilegalización de un partido político cuyos fines o medios sean contrarios a la propia esencia de la democracia. Con ello se resuelve la vieja polémica de si es lícito que un partido cuya finalidad es corromper el régimen de libertades pueda ampararse en dicho régimen para propagar sus ideas e incluso, como es éste el caso, servir de apoyo a una organización terrorista.
Esta Ley Orgánica, en su artículo 12, también prevé la posibilidad de evitar que partidos políticos similares puedan surgir como continuación de los previamente ilegalizados, un precepto que será de utilidad para evitar una operación en marcha, el surgimiento de un partido político, AuB, derivado de la extinta Batasuna. De esta forma, la labor del Tribunal Supremo no va a terminar con la ilegalización de Batasuna, ya que, vía ejecución de sentencia, tendrá que impedir que un nuevo partido político surja con la finalidad de sustituir a la disuelta Batasuna. Para ello, la misma Ley Orgánica de Partidos Políticos menciona que habrá de tenerse en cuenta “la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución”.
Así, lo que la Ley Orgánica de Partidos Políticos deja meridianamente claro es que se han puesto todos los resortes legales para que sea imposible que en España pueda existir un partido político contrario a los principios democráticos, sirviendo de apoyo a organizaciones terroristas, evitándose que, de una manera fraudulenta y con claro abuso de derecho, se formalicen diversos partidos políticos con la idea de incumplir una resolución judicial como la dictada por el Tribunal Supremo este lunes, la disolución de un partido político que no respeta la democracia.
¿Antivasca?
Victoria García Ruiz/Gernika-Vizcaya Cartas al Director El Correo 18 Marzo 2003
Una vez más. No se dan por vencidos. Lo llevan muy dentro. Esa infame asociación entre lo vasco y el nacionalismo ha sido nuevamente resaltada por parte de la vicelehendakari Zenarruzabeitia. Nada menos que al repudiar la recién aprobada Ley de Partidos. «Cruzada antivasca», ha dicho, en una insólita presencia ante los medios, en sede oficial, haciendo patente la indignación del Gobierno vasco. ¿Antivasca? ¿Por qué? Parece que el lobo asoma ya la pata impunemente, y la asociación entre el Gobierno nacionalista que gobierna en el País Vasco y los salvajes que van a ir a la ilegalidad es algo más que una ensoñación del profesor Savater y todos los que estamos a su alrededor. Ya sabemos qué Gobierno tenemos y con quiénes prefiere alinearse a la hora de votar en las próximas elecciones.
LA DE ILEGALIZAR a Batasuna ha sido una decisión en varios tiempos en la que han participado los tres poderes del Estado democrático: el ejecutivo, que presentó un proyecto de ley de partidos a las Cortes; el legislativo, que, tras modificarlo en aspectos sustanciales y aprobarlo por inmensa mayoría, instó al Gobierno (de nuevo con un amplísimo consenso) a solicitar la ilegalización; y el judicial, que una vez confirmada la compatibilidad de la ley de partidos con la Constitución, decidió ayer ilegalizar y disolver a Batasuna.
La ilegalización constituye, pues, una victoria en toda regla del Estado democrático sobre los que durante años se han amparado en sus principios para defender las acciones criminales de una banda terrorista. Una victoria que es, al tiempo, política y moral.Moral, pues inmoral era hasta límites de escándalo que un grupo nacido con el único objetivo de dar cobertura a quien ha asesinado y secuestrado sin piedad pudiera beneficiarse de los privilegios que la ley concede a los partidos. La ilegalización de Batasuna es, desde esta perspectiva, una forma tardía -pero no por eso menos necesaria- de hacer justicia a las víctimas de ETA, que han tenido que sufrir durante años el escarnio de ver a los verdugos enaltecidos como héroes de la patria.
Pero la ilegalización no constituye sólo una reparación moral que el Estado de derecho le debía a los miles de víctimas de ETA, sino también una pieza política esencial para combatirla legalmente. Y ello porque el constante enaltecimiento de los verdugos por parte de sus desalmados compañeros de fatigas ha operado como una pedagogía en negativo para los cientos de chavales que han llegado a creerse, a fuerza de ver a los criminales una y otra vez convertidos en héroes generosos, que los etarras eran, en efecto, ejemplos a imitar. Tal perversión hubiera sido imposible sin la acción de Batasuna y es casi seguro que será mucho más difícil de ahora en adelante.De hecho, la ilegalización de Batasuna marcha en la única dirección que podrá poner fin a la pesadilla terrorista: la de una pedagogía democrática sobre la inaceptabilidad legal de lo que ha de ser socialmente inaceptable: el crimen como instrumento para obtener objetivos inalcanzables sin el crimen. Sólo así será posible cortar por su raíz ese mecanismo de reproducción de la banda criminal que es en la actualidad el mayor obstáculo para una eficaz acción judicial y policial aceptada ya, por casi todos, como la única vía que permitirá acabar con ETA sin que su abandono de las armas suponga al mismo tiempo una derrota, de imprevisibles consecuencias, para el Estado democrático. Información
Los hechos se han precipitado en apenas seis días. Desde el momento en el que el Tribunal Constitucional respaldó la Ley de Partidos, la ilegalización de Batasuna estaba servida. El hecho de que no haya habido ni una sola fisura entre los dieciséis magistrados de la Sala Especial que ha emitido el fallo es el reflejo de una sensación tan común que no admite segundas lecturas: ETA y Batasuna son -habrá que decir eran- lo mismo. En apariencia, e incluso al amparo de intereses más o menos electoralistas, la noticia es un triunfo para quienes entienden España como un Estado que crece y se desarrolla al amparo de la Constitución. Se borran del Registro de Partidos Políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Una limpieza necesaria desde hace mucho tiempo. Pero pensar que el problema de la traslación a la política del terrorismo nacionalista vasco ha terminado es una ingenuidad peligrosa. Antes o después, todos los apólogos del tiro en la nuca buscarán una nueva rendija legal por la que colarse juntos en el escenario que ellos mismos detestan, pero que utilizan a su antojo. La gran batalla de los defensores de la paz en el País Vasco es conseguir que nunca más quienes tienen las manos manchadas de sangre vuelvan a beneficiarse de la democracia para sus obscenos fines. Y eso, con la ley en la mano, es harto complicado. Con el horizonte de las municipales en el futuro inmediato, cuesta trabajo creer que los batasunos -o como demonios haya que llamarlos ahora- vayan a renunciar a montar un nuevo andamiaje que les permita rentabilizar los votos de quienes tienen la conciencia impermeable al hedor de la sangre fresca. La evidencia es una inapelable señal de alarma que advierte de que lo logrado hasta ahora no es nada si se descuida la guardia.
El Supremo decidió ayer, tras 20 horas de deliberación, la disolución de la formación proetarra Sentencia que la coalición es «la cobertura política de ETA» y que «favorece la violencia» Cree que incurre en todos los supuestos del artículo 9 de la Ley de Partidos
Veinte horas. Este ha sido el tiempo que los 16 magistrados del Tribunal Supremo encargados de enjuiciar las demandas de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal han necesitado para concluir de forma unánime que la coalición proetarra Batasuna debe ser deslegalizada, al entender que sus actividades entran dentro de los supuestos previstos en el artículo 9 de la Ley de Partidos ¬recientemente avalada por el Tribunal Constitucional¬ para acordar la disolución de una formación política. El fallo fue notificado ayer a las partes personadas en la causa y la sentencia se notificará en los próximos días. La sentencia será ejecutiva cuando se entregue a Batasuna, al margen de que ésta recurra en amparo al TC.
«La decisión de la Sala ha sido la de estimar íntegramente las demandas interpuestas por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado y, en consecuencia, se declara la ilegalidad de dichas formaciones políticas, esto es, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Como consecuencia de esa declaración de ilegalidad se declara también la liquidación, la disolución de esas formaciones políticas y, como consecuencia de todo ello, la cancelación de las inscripciones que aparecían causadas en el Registro de Partidos Políticos obrantes en el Ministerio del Interior». Así comenzó ayer su intervención ante los medios de comunicación el presidente del Tribunal Supremo, de la Sala del 61 y ponente de la sentencia, Francisco José Hernando, para informar del fallo de la Sala Especial respecto a las demandas de deslegalización de la coalición abertzale presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
«La decisión que ha adoptado la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ¬subrayó¬ lo ha sido por unanimidad de todos sus miembros ¬16 magistrados¬; y he de decir que durante las deliberaciones que han precedido a la decisión que se ha adoptado han estado presididas en primer lugar por una gran altura jurídica y doctrinal y consecuente a la importancia del tema que había que decidir».
«Aportaciones importantes»
El presidente del Tribunal señaló igualmente que durante las deliberaciones los magistrados han realizado «aportaciones muy importantes en orden a la configuración de la decisión que se ha adoptado».
Otro de los ejes centrales de su intervención se dirigió a poner de manifiesto que en todo el proceso se han respetado las garantías de Batasuna. «En estos procedimientos ¬apuntó Hernando¬ se han observado todas las garantías que nuestra Constitución, nuestras leyes, en definitiva nuestro ordenamiento jurídico, establece en garantía de las partes procesales». En este sentido, el presidente del Tribunal añadió que «se ha tenido especial énfasis en procurar el equilibrio de armas procesales, se ha salvaguardado en todo momento el principio de contradicción, se ha salvaguardado el principio dispositivo». En definitiva, concluyó Hernando, «se han salvaguardado todas las garantías que en el proceso deben constituir». El presidente del Supremo anunció que la sentencia, que se notificará dentro de unos días, será «clara, congruente y extensa», y expresó «la satisfacción de la Sala porque es producto de una decisión que se adopta conforme a la legalidad», independientemente del sentido de la resolución acordada, porque se había adoptado «conforme a la legalidad y al respeto del principio de igualdad y de presunción de inocencia». Además, quiso poner de manifiesto que «se han respetado al máximo todas las garantías procedimentales».
«Cobertura a la banda»
Fuentes del Alto Tribunal aseguraron ayer a LA RAZÓN que la Sala Especial ha considerado que Batasuna-EH y HB han incurrido en todos los supuestos que establece el artículo 9 de la Ley de Partidos para que un partido sea deslegalizado.
Las mismas fuentes destacaron que los magistrados pondrán de manifiesto en la sentencia que las tres formaciones «son la cobertura política de la banda terrorista ETA y favorecen la violencia».
Entre la Jurisprudencia y sentencias recientes que ha manejado la Sala Especial para tomar su decisión figura en un lugar destacado, al margen del aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Partidos, la sentencia que dictó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la ilegalización de un partido turco radical. De hecho, la Sala reflejará en su sentencia los argumentos de esta resolución.
Los 16 magistrados han empleado 20 horas de deliberaciones, repartidas a lo largo de cinco reuniones mantenidas a lo largo de cuatro jornadas. La primera reunión se celebró el pasado jueves, dos días después de que el abogado Íñigo Iruín, defensor de Batasuna, presentara sus alegaciones finales, en la que concluía que no había motivos jurídicos para acordar la deslegalización de la coalición radical.
Ese día los magistrados también se reunieron en sesión de tarde, para continuar el viernes por la mañana. El sábado trabajaron media jornada y, finalmente, concluyeron las deliberaciones ayer a mediodía.
La sentencia será ejecutiva desde el momento de su notificación, aunque pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Como primera medida, el Supremo ordenará la cancelación de la inscripción en el Registro de Partidos de Batasuna, EH y HB, por lo que no podrán presentarse a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.
Además, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Partidos, «tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto».
Asimismo, «la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario», que en este caso, según aseguró ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, será para las víctimas del terrorismo.
Respecto a partidos que puedan intentar suceder a Batasuna, el mismo artículo indica que «se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto».
A este respecto, la Sala Especial del Tribunal Supremo tendrá la competencia a partir de ahora para actuar contra las formaciones políticas que pretendan suceder a la disuelta Batasuna. Tanto la Abogacía del Estado, como la Fiscalía General del Estado o el Ministerio del Interior tendrán potestad para instar a estas actuaciones.
Así, corresponderá a la «Sala del 61», «previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto». Para determinar la conexión entre ambas formaciones se tendrá en cuenta «la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran».