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Timestamp: 2018-09-20 13:18:47
Document Index: 166210326

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 39', 'artículo 42', 'artículo 74', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 55']

El Principio de Igualdad en la Constitución de la República - PDF
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María del Pilar Valverde Robles
1 El Principio de Igualdad en la Constitución de la República La igualdad esta concebida como un derecho, un principio o un valor e implica que los intereses de cada persona importan de igual modo. El concepto de igualdad trae consigo examinar, igual en que, igual a quien, igual para; es decir, que es un concepto relacional en donde figura un modelo o un sujeto que se considera el parámetro al que se desea igualar. De ahí la centralización de lo masculino como lo universal que fomenta la desigualdad porque deja lo femenino fuera del concepto de igualdad. Una excelente conceptualización de la igualdad, es la hecha por Rosseau quien establece a la libertad como la premisa de donde se deriva la igualdad. Un buen parámetro para medir el equilibrio en una sociedad es la igualdad que refleja entre sus integrantes, lo cual constituye un buen indicador del nivel de desarrollo democrático y del respeto al estado de derecho de un país. 1
2 La lucha por la igualdad de derechos empezó en el siglo XIX y continuó hasta la segunda mitad del siglo XX, pero aun hoy en el siglo XXI, existe una distancia real en el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres, lo que nos obliga a seguir luchando por alcanzar un efectivo ejercicio de los derechos reconocidos ya desde la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, en 1952, seguida por otras como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y más reciente aun, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, que constituye con su plataforma de acción, la mejor referencia de todas las providencias que han de ser implementadas en todos los campos para ir atenuando gradualmente las desigualdades en razón del sexo y que puso en evidencia que el avance y no la igualdad, que hasta ese momento se había logrado en materia laboral, no era suficiente, sino que era importante también que las políticas tomaran en cuenta otros aspectos. Esto quiere decir, que hace aproximadamente quince años que los derechos de las mujeres, y no únicamente los del hombre, son reconocidos como derechos humanos a pesar de que cuenta ya más treinta años de la adopción de la CEDAW. 2
3 Tanto la Convención Americana como la Declaración Internacional de Derechos Humanos consagran el derecho a la igualdad y la prohibición a los Estados de la discriminación por razón de sexo ante la ley, derecho que ha sido incorporado en casi todas las constituciones de América. Sin embargo a pesar de que en las constituciones de todos los países de América se ha proclamado expresamente la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, lo que alude a la no discriminación en razón del sexo, nuestras sociedades han compartido, algunas con mayor intensidad que otras, la existencia de una cultura androcéntrica que concede al hombre cierto poder y privilegios frente a la mujer, situación que ha perpertuado los abusos que son cometidos contra ella y que la colocan en posición de desventaja frente al hombre. La igualdad ante la ley significa que tenemos iguales derechos, igual consideración y respeto por parte del Estado, que podemos tomar libremente las decisiones que atañen a nuestras vidas, respecto a nuestros hijos, en nuestro trabajo, en los estudios; que ellos y nosotras tenemos derecho a gozar de iguales oportunidades, derecho a compartir iguales responsabilidades; que igualmente podemos tomar las 3
4 decisiones y a expresar nuestras opiniones y nuestras necesidades, y lo que es muy importante, derecho a ser respetadas física, sexual y psicológicamente. El 26 de enero de 2010, la República Dominicana se dio una gran reforma constitucional. En el preámbulo de nuestro Estatuto Supremo, la Constitución de la República, se reconocen como características del Estado, en las que se soporta, los principios de libertad, independencia, democracia, igualdad, justicia, solidaridad, imperio de la ley, bienestar social, convivencia fraterna, progreso y paz, admitiendo con cada uno de éstos y con él en especial, que la igualdad como factor esencial para la cohesión social, es uno de los pilares en que descansa el Estado y que asegurando su respeto se logra que éste se constituya en más democrático, más pluralista y más justo. La Constitución Dominicana, comienza por establecer de manera expresa en su artículo 8 como función esencial del Estado, "la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad 4
5 individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas", lo que remite obviamente en síntesis al reconocimiento de la igualdad y su corolario de no discriminación. Si bien en el preámbulo constitucional el principio de igualdad se consagra de manera expresa, como ya dijimos, en la Constitución se le dedican también otros artículos para su reconocimiento formal. La consagración del derecho a la igualdad está contenida en el título o epígrafe relativo a los "Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales" o "Constitucionales", entre los Derechos Civiles y Políticos, que son los de primera generación colocado luego del derecho a la vida y al de la dignidad humana, lo que significa que la igualdad en nuestra constitución es, además de un derecho fundamental, un derecho fundamental subjetivo, porque pertenece a la persona. Es así, que en el artículo 39 nuestra Carta fundamental instituye el Derecho a la Igualdad cuando expresa "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás 5
6 personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal". Como podemos observar, a continuación de la institución de la igualdad, la Carta Magna en el mismo texto de su consagración, reconoce, en la generalidad de los casos, como resultado de la misma, la no discriminación en primer lugar, por razones de género o de sexo, para seguir con color, edad, raza, discapacidad, nacionalidad y otros. Como consecuencia del reconocimiento de la igualdad, fuera del enunciado teórico o hipotético, pasa a instituir garantías especiales que sancionan su irrespeto y que la afianzan de forma real y efectiva. El principio, tal y como esta consagrado descarta los privilegios, las diferencias y como ya expresamos, la discriminación de cualquier naturaleza y basta la condición de ser humano para que el Estado y sus autoridades reconozcan la protección integral, el goce 6
7 y el ejercicio de mujeres y hombres, de las c iu dadanas y c i uda danos en c on d ic ion e s de igualdad, de sus derechos fundamentales, por parte de las instituciones, de las autoridades y de las demás personas. En el concepto discriminación subyace el tratamiento de inferior, la valoración negativa hacia determinada persona o grupo de ellas y su objetivo es la exclusión social de esa persona o ese grupo lo que trae como resultado el predominio del grupo que ejerce la discriminación. Expresábamos antes, que la igualdad tiene como principio análogo el de la no discriminación, no obstante ello, en nuestra constitución se reconoce también de manera expresa este concepto, cuando en ella se promueve la erradicación de las desigualdades y la "condena de todo privilegio o situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y dominicanos" entre los que, agrega "no deben existir otras diferencias que las resulten de sus talentos o sus virtudes". El principio de igualdad, tal y como ha sido concebido, manda a que se confiera el mismo trato a todas 7
8 las personas que se encuentran en igualdad de condiciones, pero a la vez un trato diferenciado cuando éstas presenten características distintas. En sentido contrario, este se traduce en que no se debe beneficiar con privilegios y exenciones a algunas personas, mientras que a otras que estén en iguales circunstancias se les exceptúen de las mismas. En cumplimiento de los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado, los que eleva a la categoría constitucional, la condena a la violencia intrafamiliar y de género, es consagrada expresamente en nuestra Constitución, reconociendo para ello la garantía del Estado mediante ley y "la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer". Cuando se refiere en su artículo 42 al "Derecho a la Integridad Personal", asegura a todas las personas el respeto a su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia, para pasar a condenar de manera expresa en el numeral 2) la violencia intrafamiliar y de género, estableciendo la garantía de este derecho por parte del Estado mediante la adopción a 8
9 través de la ley de las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Cómo hacer posible entonces este respeto? La Ley núm del 27 de enero de 1997 es el instrumento jurídico de que disponemos en la República Dominicana para sancionar algunas de las formas de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Ahora bien, si este texto legislativo no logra reconocer el alcance de las desigualdades reales que separan al hombre y a la mujer, él se sustenta en los más importantes acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado Dominicano, tales como "Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" (C.E.D.A.W.) y la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" (Belén do Pará). Como lo establece nuestra actual Constitución política, en el numeral 3 del artículo 74: "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado". De ello se deriva que las mencionadas convenciones ratificadas por el Estado dominicano deben ser utilizadas complementariamente para 9
10 mejorar la aplicación de las normas contenidas en la ley y en la propia Constitución. En las convenciones mencionadas, ratificadas por nuestro país, los Estados suscribientes consideran que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y respeto a la dignidad humana, dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida social, política, económica y cultural del país, lo que es un obstáculo en el bienestar de la sociedad y la familia, que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. Como se advierte estas convenciones insertan a la mujer en la esfera de los derechos humanos, reconociéndola como sujeto de ellos al igual que al hombre. La mujer tiene pues derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, su libertad y seguridad, tiene derecho a no ser sometida a torturas ni esclavitud, a libertad de asociación, a libertad religiosa, a libertad de 10
11 tránsito, a libertad de expresión, a la salud, al trabajo, a la educación, a igual acceso a la toma de decisiones y a los cargos públicos, en fin, tiene derecho a igual protección de la ley y ante la ley. Derechos Civiles y Políticos En el aspecto político, en la década del 80 en el norte de Europa, la participación de las mujeres en los gobiernos y en los parlamentos, se fortaleció y de ahí en adelante la justificación tradicional, de que el poco interés de ést as por la política y de su intervención en el ámbito público, se debía a razones de índole biológica, fue dejada de lado y hoy ha quedado demostrado que en condiciones adecuadas y si se dan los factores sociales que hacen desaparecer la brecha entre los géneros y la igualdad, además de ser formal, se hace efectiva, la mujer tiene las mismas capacidades e igual interés que el hombre para participar en la actividad política y en la vida pública. Apartir de estos años, las mujeres han empezado a ocupar en Europa y en América Latina posiciones de primer orden como Primera Ministra, Presidenta, 11
12 Ministras, Secretarias de Estado, Senadoras, Diputadas, Juezas de Cortes Supremas y otros estamentos. Ahora bien, la presencia de las mujeres en la actividad política, teniendo en cuenta que somos la mitad de la población, sigue siendo menor que la del hombre. La reciente reforma constitucional dominicana, en consonancia con el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, en lo que respecta a la libertad del hombre y la mujer y las condiciones igualitarias en el área política y en las instancias de control y dirección del Estado, rechaza de manera expresa la discriminación en cualquiera de sus formas, pero en particular la discriminación por género. La "participación equilibrada" de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado, en el numeral 5 del artículo 39 de la Constitución, plantea el desafío de 12
13 adecuar todas aquellas normativas que regulan la participación política en nuestro país. Derechos Económicos, Sociales y Culturales El Estado esta comprometido con el bienestar general de sus ciudadanos y ciudadanas, garantizándoles también el derecho al trabajo, el derecho a la salud y a la seguridad social, el derecho a la alimentación, a la educación, a la cultura y al medio ambiente sano, derecho este último que ha sido incorporado junto a los demás derechos económicos, sociales y culturales en nuestra Constitución; pero a la vez, el Estado reserva una protección especial de estos derechos a las poblaciones mas vulnerables, entre ellas, los ancianos, los niños, los discapacitados y las mujeres. Vemos a sí que l os derechos econ ómic os, sociales y culturales, que no habían sido considerados prioritarios por el Estado para su debida protección como derechos humanos hoy la reciben en la actual Constitución y esto porque al igual que los demás derechos fundamentales, su observancia disminuye en gran 13
14 manera la marginación y exclusión de las mujeres que genera la desigualdad. Estos derechos habían sido considerados hasta hoy como secundarios y por ello el apelativo de "derechos de segunda generación". Este carácter de secundarios que se le ha conferido a estos derechos, se debe a que su reclamación o exigencia es más difícil, porque son, considerados, de "aplicación progresiva" y no existe ningún parámetro para poder determinar el momento en que son violentados. Esa "aplicación progresiva" de los derechos económicos, sociales y culturales, los que se traducen en un mínimo aceptable de la condición material de vida, hacía que los Estados incumplieran su deber de garantizarlos a la población, sobre todo recalco, a las poblaciones más desprotegidas, lo que conduce al aumento de la pobreza como resultado no sólo de la crisis económica mundial (lo que ha sido una excelente excusa), sino además por la poca dedicación de los Estados en sus presupuestos para la 14
15 protección y promoción de estos derechos humanos. Es innegable que esta "aplicación progresiva" va en contra del desarrollo progresivo puesto que los recursos existentes no son empleados sino mínimamente para salvar las diferencias. Bajo el epígrafe de los Derechos Económicos y Sociales y más precisamente en los Derechos de la familia existe en nuestra reciente reforma Constitucional una disposición novedosa en el numeral 11) del artículo 55, en la cual se reconoce el trabajo del hogar "como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social", sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de labor esta reservada en nuestro medio a la mujer y hasta ahora era considerada como una obligación de ésta y la que la relegaba al plano de muy poca o ninguna importancia. En lo referente al derecho al trabajo, desde el Tratado de Roma de 1957 en el que los Estados miembros se comprometieron a garantizar el principio de igual retribución por igual trabajo, es sólo en la Unión Europea, donde mejor aplicación ha tenido este estatuto, sobre todo en lo que a igualdad de oportunidades en el empleo se refiere y hay que decir que la promoción 15
16 de la igualdad entre hombres y mujeres tuvo su mayor reconocimiento en el ámbito laboral. No obstante estos progresos, en la realidad, sobre todo en Latinoamérica, es que se mantienen todavía ciertos prejuicios significativos en lo que a condiciones de trabajo se refiere. Se ha constatado que en la región, permanece entre hombres y mujeres, en cuanto a los niveles de remuneración por el mismo trabajo, una gran distancia, lo que violenta, el principio consagrado por la OIT de igual trabajo igual remuneración. En la actualidad, las mujeres en sentido general, perciben entre un 30% y un 40% menos de ingresos a título de salario que el hombre, aun cuando realicen el mismo trabajo. En materia laboral, si bien se verifica una t e n d e n c i a a a b r o g a r e n l a s l e y e s a q u e l l a s disposiciones discriminatorias en lo referente a cierto tipo de empleo que se le había reservado, y en las jornadas de trabajo, es decir en los aspectos 16
17 concernientes a las condiciones laborales, la diferencia persiste como vemos en lo que se refiere a remuneración. En la reforma Constitucional de enero de 2010 "la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del trabajo recibe la protección y asistencia del Estado garantizando "el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole". Comentarios Finales El "Plan de Trabajo de la UE "contenía seis áreas de capital importancia: igual independncia económica para hombres y mujeres, la conciliación de la actividad laboral con la familiar, la participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones, la erradicación de la violencia de género y la trata de seres humanos, la eliminación de estereotipos sexistas de la sociedad y la promoción fuera de la Unión Europea de la igualdad de género, todas éstas indican que existe un interés manifiesto de lograr la igualdad real. 17
18 La Unión Europea es en donde mayor número de políticas y medidas se han puesto en práctica para incrementar la igualdad entre hombres y mujeres. Como derecho básico, separado, ésta no existe aun y como derecho fundamental sigue siendo más bien materia para incorporar a los discursos. En América Latina sobre todo, se conoce ampliamente la situación de desigualdad que vive la mujer; ahora bien no basta únicamente con reconocerlo, es necesario transmitir que ella existe para que los ciudadanos y ciudadanas creen conciencia y empiecen a romper los estereotipos de género que tanto limitan al hombre y a la propia mujer para poder empoderarnos y aceptar ambos, que ella no debe ser solo materia de impresos sino un derecho fundamental, como ha sido consagrado formalmente en nuestra Constitución. Ha llegado el momento para nuestro país en que la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos a través de las convenciones que hemos firmado y ratificado empiecen a tener vigencia plena para la protección 18
19 de los derechos humanos sobre todo de las mujeres; Como dichos principios están incluidos en los textos constitucionales mas recientes ello nos augura la posibilidad de seguir luchando, amparados y amparadas por nuestra Constitución por la erradicación d e las desigualdades y que las mujeres nos revelemos como sujetos plenos de derechos y oportunidades. No olvidemos que la igualdad es una cultura que se va construyendo día a día. Muchas Gracias Eglys Esmurdoc 19
Los DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS Dra. Tatiana Ordeñana Sierra La creación de las Naciones Unidas en 1945, es uno de los factores que más ha contribuido a la formación de una rama específica