Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2007-00896-de-marzo-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8149362f20b24028e0430a0101514028&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 14:05:10
Document Index: 173730399

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 29', 'artículo 44', 'Artículo 42', 'artículo 199', 'artículo 201', 'artículo 52', 'artículo 33', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 338', 'artículo 152', 'artículo 313', 'artículo 499', 'artículo 7', 'artículo 351', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 154', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 196', 'artículo 7', 'artículo 38', 'artículo 158', 'artículo 33', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 317', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 59']

﻿ Auto 2007-00896 de marzo 4 de 2010
AUTO 2007-00896 DE 04 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:PERIODO FISCAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACUERDO 022 DEL 2004 EXPEDIDO POR EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PERÍODO FISCAL DEL IMPUESTO
Auto 2007-00896 de marzo 4 de 2010
Rad.: 08001-23-31-000-2007-00896-01(17812)
Procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por la parte demandada contra el auto del 16 de mayo de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que, entre otras cosas, suspendió provisionalmente los efectos de los siguientes artículos del Acuerdo 022 del 24 de diciembre de 2004, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla: 29, 42, 46, 51, 56, 181, 199, 201, 202, 204, 211, 347 y 348.
La abogada Silvia Isabel Reyes Cepeda presentó acción de simple nulidad contra el Acuerdo 022 de diciembre de 2004, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, “por el cual se compila y actualiza la normatividad tributaria distrital vigente, se incluyen modificaciones introducidas por la legislación nacional, se establecen otras disposiciones y se conceden autorizaciones”, porque, en su sentir, se expidió con falta de competencia y con violación de normas superiores.
La demandante pidió, en concreto, que se declare la nulidad de las expresiones “por cada bimestre gravable”, “del bimestre”, “por periodos bimestrales”, “bimestre”, “bimestral”, “del bimestre”, “por cada bimestre”, “en cada uno de los bimestres correspondientes”, “los bimestres”, y “a cada uno de los bimestres” incluidas en los artículos 42, 46, 51, 56, 181, 199, 201, 202, 204, 211, 347 y 348 del mencionado Acuerdo 022 de 2004.
Igualmente, solicitó la nulidad de los artículos 29, 52, 57, 78, 355, 356 y 488 del mismo acuerdo distrital.
La demandante solicitó que se suspendieran provisionalmente los artículos 29, 42, 46, 51, 52, 56, 181, 199, 201, 202, 204, 211, 347, 348, 355 y 356 del Acuerdo 022 de diciembre de 2004, ya mencionados.
Sobre la suspensión de los artículos 42, 46, 51, 56, 181, 199, 201, 202, 204, 211, 347 y 348, del Acuerdo 022 de 2004, la demandante adujo que el Concejo Distrital de Barranquilla, sin tener autorización legal, modificó el periodo fiscal del impuesto de industria y comercio, que es uno de los elementos temporales del hecho gravado. Que cualquier modificación del periodo gravable solo es posible con autorización legal expresa.
Destacó que, mediante sentencia del 26 de julio de 2007, el Consejo de Estado en el expediente 08001231000199901113 01, anuló disposiciones similares a las acusadas y que posteriormente fueron reproducidas en los acuerdos 015 de 2001 y 022 de 2004, expedidos por el Concejo Distrital de Barranquilla.
Respecto de la suspensión provisional de los artículos 52, 355, 356 y 29 la demandante expuso que tales normas fueron dictadas con desconocimiento de los parámetros legales que rigen en materia del impuesto de industria y comercio, pues en el acuerdo se fijaron bases mínimas presuntas de ingreso sin tener en cuenta el promedio de los ingresos brutos efectivamente obtenidos en el año anterior, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley 14 de 1983.
Citó la sentencia de la corporación del 16 de agosto de 2007, dictada en el expediente 08001233100019990212002, que declaró la nulidad de los artículos 54, 318 y 319 del Acuerdo 004 de 1999 del Concejo de Barranquilla, para concluir que las normas anuladas establecían iguales presunciones a las ahora demandadas. Que, por lo tanto, era procedente la suspensión provisional, ya que se reprodujeron normas anuladas.
Finalmente, sobre la suspensión del artículo 29 del Acuerdo 022 de 2004, aseguró que con dicha norma se vulneró el artículo 44 de la Ley 99 1993, pues se incorporó al impuesto predial unificado un porcentaje del recaudo que debería destinar a la protección ambiental.
Sobre este punto precisó que una disposición similar ya fue suspendida provisionalmente por el Tribunal Administrativo del Atlántico y que la decisión fue confirmada por la corporación, mediante providencia del 31 de agosto de 2006. Que, por tanto, la suspensión no solo era procedente por desconocimiento de una norma superior, sino porque se había reproducido una norma suspendida.
En la providencia recurrida, entre otras cosas, se admitió la demanda y se resolvió:
“2º Suspender provisionalmente los efectos de los siguientes apartes y artículos del Acuerdo 022 de diciembre 24 de 2004, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla: Artículo 42, inciso segundo y numerales del 1º a 7º y 9º del artículo 199 en su inciso 3º, numeral 1º, artículo 201 inciso 2º, artículos 202, 204, inciso 1º, 211, inciso 1º, 347, inciso 2º y 348, incisos 1º y 3º y 29 del Acuerdo 022 de diciembre de 2004 (sic).
3º Deniégase la solicitud de suspensión provisional de los demás apartes del Acuerdo 022 de diciembre de 2004: artículo 52, 355 y 356”.
Los fundamentos expuestos en la providencia apelada se sintetizan así:
— Que las expresiones “por cada bimestre gravable”, “del bimestre”, “por periodos bimestrales”, “bimestre”, “bimestral”, “del bimestre”, “por cada bimestre”, “en cada uno de los bimestres correspondientes”, “los bimestres”, y “a cada uno de los bimestres” contenidas en los artículos 42, 46, 51, 56, 181, 199, 201, 202, 204, 211, 347 y 348 del mencionado Acuerdo 022 de 2004, desconocían flagrantemente no solo las normas superiores invocadas por la demandante, sino que se trataba de normas anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
— Que los artículos 52, 255 y 356 del Acuerdo 022 no violaban de manera palmaria el artículo 33 de la Ley 14 de 1983 y que, por tanto, debía tramitarse el proceso para decidir sobre la legalidad de dichos artículos. Que, por lo tanto, no era procedente la suspensión provisional pedida.
— Que, por el contrario, el artículo 29 del acuerdo demandado sí vulneró ostensiblemente el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, pues la norma desconoció que la sobretasa ambiental no podía ser inferior al 1,5 por mil ni superior al 2,5 por mil del avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el predial.
La apoderada judicial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla solicitó revocar el auto de 26 de mayo de 2008 en lo que tiene que ver con la suspensión provisional.
Alegó que el a quo desconoció que existen normas de carácter especial que regulan la actividad del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Aseguró que el Concejo Distrital de Barranquilla sí tenía competencia para determinar directamente los elementos del tributo, de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política. Que, en esa medida, el distrito gozaba de facultades especiales diferentes a las contempladas en el régimen ordinario aplicable a las demás entidades territoriales, facultades que, según dijo, prevalecen sobre las generales.
Precisó que, en consecuencia, el a quo debió examinar la Ley 768 de 2002 y el Decreto 1421 de 1993, que regulan la bimestralidad del impuesto de industria y comercio, para determinar las facultades del Distrito de Barranquilla, pues de esa normatividad se deriva que no hubo la vulneración de las normas superiores invocadas por la demandante. Que, sin embargo, como esa revisión no procedía al momento de decidir sobre la admisión de la demanda debía tramitarse el proceso para que en la sentencia se definiera esa cuestión.
En los términos del recurso de apelación, decide la Sala si había lugar o no a suspender provisionalmente los efectos de los artículos 29, 42, 46, 51, 56, 181, 199, 201, 202, 204, 211, 347 y 348 del Acuerdo 022 de 2004, como lo concluyó el tribunal.
El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo establece dos requisitos para que proceda la suspensión provisional cuando se trata de acciones de simple nulidad, así:
2. Que exista una manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la nulidad que se solicita en la demanda, infracción que debe resultar por confrontación directa o mediante documentos públicos aportados con la solicitud.
La Sala da por acreditado el requisito de la sustentación expresa, por cuanto la suspensión provisional se solicitó en la demanda y se expusieron las razones por las que habría de suspenderse las normas en cuestión.
En cuanto al requisito de la infracción manifiesta de normas superiores, la Sala considera que también está acreditado tal requisito, pues de la confrontación directa del acto acusado con las normas superiores se advierte prima facie la violación ostensible, que es necesaria para decretar la suspensión provisional.
En efecto, en el sub lite, las normas cuya suspensión se solicita son las siguientes y se agrupan en la misma forma presentada por la demandante.
Norma que se pide suspender
ACUERDO 22 de de 2004
“Por el cual se compila y actualiza la normatividad tributaria distrital vigente, se incluyen modificaciones introducidas por la legislación nacional, se establecen otras disposiciones y se conceden autorizaciones”.
El Concejo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, previstas en el artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994,
Estatuto tributario del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
ART. 42.—Impuesto a contribuyentes del régimen simplificado de industria y comercio. Son contribuyentes del régimen simplificado del impuesto de industria y comercio quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 499 del estatuto tributario nacional y demás normas que lo adicionen o modifiquen, para pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas (IVA). Para tal efecto deberán registrarse manifestando tal condición, no estarán obligados a presentar declaración y deberán pagar, por cada bimestre gravable, la suma correspondiente a cinco (5) salarios mínimos diarios legales vigentes.
ART. 46.—Base gravable especial para el sector financiero. La base gravable para el sector financiero se establecerá así: Para los bancos los ingresos operacionales del bimestre representados en los siguientes rubros: Cambios: Posición y certificado de cambio comisiones: de operaciones en moneda nacional y de operaciones en moneda extranjera. Intereses: de operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera.
Rendimiento de inversiones de la sección de ahorros ingresos varios (No se incluyen mientras se encuentre vigente la exclusión hecha por el D. 1333/86). Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito.
2. Para las corporaciones financieras, los ingresos operacionales del bimestre, representados en los siguientes rubros: Cambios, posición y certificado de cambio. Comisiones de operaciones en moneda nacional y de operaciones en moneda extranjera. Interéses de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera, de operaciones con entidades públicas. Ingresos varios.
3. Para las corporaciones de ahorro y vivienda, los ingresos operacionales del bimestre representados en los siguientes rubros: Interéses comisiones ingresos varios corrección monetaria, menos la parte exenta.
4. Para las compañías de seguro de vida, seguros generales, y de compañía reaseguradora, los ingresos operacionales del bimestre representados en el monto de las primas retenidas.
5. Para las compañías de financiamiento comercial, los ingresos operacionales del bimestre representados en los siguientes rubros:Interéses comisiones ingresos varios.
6. Para los almacenes generales de depósito, los ingresos operacionales del bimestre representado en los siguientes rubros: Servicios de almacenaje en bodegas y silos
Interéses recibidos comisiones recibidas Ingresos varios
7. Para las sociedades de capitalización, los ingresos operacionales del bimestre representados en los siguientes rubros: Intereses comisiones dividendos otros rendimientos financieros.
8. Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales por la Superintendencia Bancaria y entidades financieras definidas por la ley, diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, la base gravable será la establecida en el numeral 1º de este artículo en los rubros pertinentes.
9. Para el Banco de la República, los ingresos operacionales del bimestre señalados en el numeral 1º de este artículo, con exclusión de los interéses percibidos por los cupos ordinarios y extraordinarios de créditos concedidos a los establecimientos financieros, otros cupos de crédito autorizados por la Junta Directiva del Banco, líneas especiales de crédito de fomento y préstamos otorgados al Gobierno Nacional. PAR.—Los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros, que realicen sus operaciones en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla a través de más de un establecimiento, sucursal, agencia u oficina abierta al público, además de la cuantía que resulte liquidada como impuesto de industria y comercio pagarán bimestralmente por cada oficina comercial la suma equivalente a la sexta parte de diez mil pesos ($ 10.000) (años base 1983).
ART. 51.—Normas especiales para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. El impuesto de industria y comercio a cargo de las empresas encargadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios será el aplicado a los demás contribuyentes que desarrollan actividades industriales y comerciales, pero tendrán en cuenta las siguientes reglas: Se causan por la prestación de los servicios a los usuarios finales en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla liquidada por periodos bimestrales sobre el valor promedio mensual facturado.En la generación de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981. En las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, el impuesto se causa en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, cuando en su jurisdicción se encuentre ubicada la subestación eléctrica y en la de transporte de gas combustible, en puerta de ciudad. En ambos casos, sobre los ingresos promedios obtenidos en el distrito. Las empresas de energía eléctrica no generadoras domiciliadas en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, tributará en el mismo, por la venta de energía realizada a usuarios distintos de los finales, sobre el valor promedio mensual facturado.
ART. 56.—Exenciones del impuesto de industria y comercio. Estarán exentos del impuesto de industria y comercio, en las condiciones que se señalen, los siguientes contribuyentes:
Las empresas admitidas en un acuerdo de reestructuración económica de que trata la Ley 550 de 1999 o en concordato tendrán un descuento del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a pagar, a partir del bimestre siguiente a la fecha de ejecutoria del auto que admite la demanda de concordato o acuerdo de reestructuración, y durante el tiempo que dure el proceso o el acuerdo, respectivamente.
ART. 181.—Declaraciones tributarias. Los contribuyentes de los tributos distritales, deberán presentar las siguientes declaraciones, las cuales corresponderán al período o ejercicio que se señala:
Declaración bimestral del impuesto de industria y comercio y complementarios. Declaración bimestral de retención en la fuente de los agentes de retención permanentes de impuestos distritales.
ART. 199.—Beneficio de auditoría. A partir de la vigencia del presente Acuerdo, la declaración de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros quedará en firme, siempre que se incremente el impuesto a cargo liquidado en la declaración privada, con respecto al mismo periodo gravable del año inmediatamente anterior, así:
El beneficio tributario que aquí se establece tendrá vigencia por los periodos gravables de los años 2005, 2006 y 2007. Para tener derecho a dicho beneficio de auditoría se requiere: Que el impuesto a cargo del bimestre correspondiente del año anterior sea igual o superior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a esa fecha.
ART. 201.—Obligados a presentar la declaración de industria y comercio. Están obligados a presentar una declaración del impuesto de industria y comercio por cada periodo, las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, que realicen dentro del territorio de la jurisdicción del distrito especial industrial y portuario de Barranquilla, las actividades que de conformidad con las normas sustanciales están gravadas o exentas del impuesto.
Los contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado, no estarán obligados a presentar declaración y deberán cancelar por cada bimestre la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos diarios legales vigentes, en el recibo oficial de pagos, que para tal efecto determine la administración tributaria distrital y en las fechas que señale.
ART. 211.—Cambio de régimen por la administración. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para efectos de control tributario, el jefe del departamento de impuestos distritales podrá, oficiosamente, ubicar en el régimen común a los responsables que, sin cumplir con los requisitos se encuentren en el régimen simplificado, y a partir del bimestre siguiente ingresarán al nuevo régimen.
ART. 347.—Ingresos presuntivos por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando exista indicio grave de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro que figuren a nombre de terceros, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado un ingreso gravable equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del valor total de las mismas, independientemente de que figuren o no en la contabilidad o no correspondan a las registradas en ella. Esta presunción admite prueba en contrario. Para el caso de los responsables del impuesto de Industria y Comercio, dicha presunción se aplicará sin perjuicio de la adición del mismo valor, establecido en la forma indicada en el inciso anterior, como ingreso gravado que se distribuirá en proporción a los ingresos declarados en cada uno de los bimestres correspondientes. Los mayores impuestos originados en la aplicación de los impuestos en este artículo, no podrán efectuarse con descuento alguno.
ART. 348.—Presunción por diferencia en inventarios. Cuando se constate que los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, podrá presumirse que tales diferencias representan ingresos gravados omitidos en los bimestres del año anterior. El monto de los ingresos gravados omitidos se establecerá como el resultado de incrementar la diferencia de inventario detectada, en el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior. Dicho porcentaje se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 351 de este estatuto. Las ventas gravadas omitidas, así determinadas, se imputarán en proporción a las ventas correspondientes a cada uno de los bimestres del año. El impuesto resultante no podrá disminuirse con la imputación de descuento alguno.
ART. 32.—Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 7. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley
Ley 14 de 1983. ART. 33.—El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del añoinmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones —ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones—, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.
La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico en cuanto a la suspensión del primer grupo de artículos del Acuerdo 022 de diciembre de 2004, por las razones que pasan a exponerse:
Como ya se dijo, la demandante alegó que el impuesto de industria y comercio no podía causarse bimestralmente, sino anualmente, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983. Que, por lo tanto, de la simple confrontación de las normas se advertía la violación ostensible que hacía necesaria la suspensión provisional de los actos acusados.
De la confrontación del acuerdo acusado con las normas superiores invocadas, la Sala advierte que hay violación ostensible de las normas superiores. En efecto, el artículo 33 de la Ley 14 de 1983 establece que el impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, mientras que el aludido acuerdo fijó que el impuesto se causara bimestralmente.
Ahora bien, en la apelación se alegó que el Acuerdo 022 de 2004 no vulneró las normas invocadas, pues el Distrito de Barranquilla podía fijar que el impuesto de industria y comercio se causara bimestralmente de la misma forma que lo hizo el Distrito Capital y que, por tanto, no era posible la suspensión provisional de los artículos citados.
Sobre este punto la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en el siguiente sentido(1):
“En virtud del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993 “por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el período de causación del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital es bimestral y la base gravable está constituida por los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período gravable, esto es, el bimestre correspondiente.
El régimen del impuesto de industria y comercio para el Distrito Capital fue posteriormente regulado por los decretos distritales 807 de 1993 “por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el estatuto tributario nacional” y 423 de junio 26 de 1996 “por el cual se expide el cuerpo jurídico que compila las normas sustanciales vigentes de los tributos distritales”. El artículo 29 del Decreto 423 de 1996 precisó que el período gravable del impuesto de industria y comercio es bimestral, y el artículo 34 ibídem señaló que la base gravable se debe determinar teniendo en cuenta los ingresos netos de cada bimestre.
A su vez, el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 obligó a los municipios y distritos, en relación con los impuestos administrados por estos, a aplicar los procedimientos establecidos en el estatuto tributario “para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro”(2).
Si bien el Acuerdo 004 de 1999 del Concejo Distrital de Barranquilla fue expedido en vigencia de la Ley 223 de 1995, la facultad que tenía el Distrito era para adoptar las normas sobre administración, procedimientos y sanciones aplicables a los tributos del Distrito Capital.
En consecuencia, el Distrito de Barranquilla no podía aplicar los preceptos que disponen que en Bogotá, D.C., el período gravable del impuesto de industria y comercio es bimestral, pues las mismas no se refieren a la administración de los tributos, procedimientos tributarios, ni sanciones. Lo anterior, porque la fijación del período gravable del referido tributo es un aspecto sustancial del impuesto(3) que tiene que ver con un elemento esencial del mismo, cual es la base gravable.
Por tanto, las normas que el distrito demandado debía tener en cuenta para fijar el período gravable del referido impuesto, eran el artículo 33 de la Ley 14 de 1983(4), que dispone que el impuesto de industria y comercio “se liquidará sobre el promedio de ingresos brutos del año inmediatamente anterior”; norma reproducida por el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, y el artículo 7º [ 2 ] del Decreto 3070 de 1983, reglamentario de la Ley 14, conforme al cual el sujeto pasivo del impuesto en mención “debe presentar anualmente, dentro de los plazos que determinen las respectivas entidades territoriales, una declaración de industria y comercio junto con la liquidación privada del gravamen”.
Como los artículos 140 [2] y 159 del Acuerdo 004 de 1999, disponen, en su orden, que la declaración de industria y comercio es bimestral y que su causación y pago también lo son, desconocieron los artículos 33 de la Ley 14 de 1983, 196 del Decreto 1333 de 1986 y 7 [2] del Decreto 3070 de 1983; y aun cuando la periodicidad de una declaración es un aspecto relativo a la administración del tributo, el que la declaración de industria y comercio en Barranquilla sea bimestral, es un aspecto que necesariamente tiene que ver con la causación bimestral del mismo, esto es, con un aspecto sustancial del tributo, que solo debe sujeción a las referidas normas. En consecuencia, procede la nulidad de los citados artículos”. (Negrilla del texto original).
En la sentencia citada se declaró la nulidad de los artículos 140-2, 159 y 211, literal c, y la expresión “en el mismo período gravable” del parágrafo del artículo 38 del Acuerdo 004 de 1999, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, que se relacionaba con la causación bimestral del impuesto de industria y comercio.
Es evidente que la corporación ya examinó la competencia del Distrito de Barranquilla para fijar que el impuesto de industria y comercio se causara no anualmente sino bimestralmente. En esa oportunidad se anularon normas similares a las ahora acusadas. En consecuencia, por tratarse de normas anuladas, el Concejo Distrital de Barranquilla no podía reproducirlas, tal como lo prohíbe el artículo 158 del Código Contencioso Administrativo(5).
En esa medida, la Sala concluye que las normas cuya suspensión se pide no solo vulneran el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, sino que fueron reproducidas normas similares y, por ende, se impone confirmar la decisión del a quo.
Ahora, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la suspensión del artículo 29 del Acuerdo 022 de 2004, que fue planteada por la demandante de la siguiente manera:
ACUERDO 22 de 2004
ART. 29.—Incorporación de la sobretasa ambiental. En la tarifa del impuesto predial unificado se incorpora la sobretasa ambiental autorizada por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 correspondiente a un 15% del monto del impuesto. Los recaudos de la sobretasa ambiental correspondientes a la participación del impuesto predial unificado se destinarán, así: cincuenta por ciento (50%) a la Corporación Regional Autónoma (C.R.A) (Corporación Autónoma Regional del Atlántico) y cincuenta por ciento (50%) restante de los recursos a la dependencia o entidad distrital que tenga a cargo la protección del medio ambiente. Estos recursos deberán ser girados trimestralmente a cada entidad dentro del mes siguiente a la terminación del respectivo trimestre.
ART. 44.—Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad Inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo concejo a iniciativa del alcalde municipal. Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando estas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley
La demandante alegó que el acuerdo demandado fijó una sobretasa por encima de los topes fijados en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993.
En efecto, el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 establece tres posibilidades para que los municipios o distritos puedan destinar recursos a la protección ambiental: i) la destinación de un porcentaje entre el 15% y el 25,9% sobre el valor total del recaudo anual del impuesto predial unificado; ii) la imposición de una sobretasa entre el 1,5 y el 2,5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirvan de base para liquidar el impuesto predial unificado, y, iv) la conservación de las sobretasas vigentes, siempre y cuando no excedan del 25,19% de los recaudos del impuesto predial unificado.
La norma cuya suspensión se pide creó una sobretasa del “15% del monto del impuesto” predial unificado, a pesar de que el porcentaje debía aplicarse sobre el avalúo del bien que sirve de base para liquidar el impuesto predial y no sobre el monto de dicho impuesto. De modo que la norma acusada sí vulneró flagrantemente el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, por lo que es procedente la suspensión provisional decretada.
Fuera de lo anterior hay que decir que la Sala ya había suspendido una norma similar a la que ahora se estudia. En efecto, en auto del 31 de agosto de 2006, expediente 15988, M.P. Héctor J. Romero Díaz, se concluyó:
“De la confrontación directa de los artículos del acto acusado con la norma superior, fluye que existe la ostensible violación alegada. En efecto, la Ley 99 [44] de 1993 establece tres posibilidades para que los municipios o distritos puedan destinar recursos a la protección ambiental, a saber: la destinación de un porcentaje entre el 15% y el 25.9% sobre el valor total del recaudo anual del impuesto predial unificado; la imposición de una sobretasa entre el 1.5 y el 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirvan de base para liquidar el impuesto predial unificado y la conservación de las sobretasas vigentes, siempre y cuando no excedan del 25.9% de los recaudos del impuesto predial unificado.
La norma acusada creó una sobretasa del 15% sobre el valor total del impuesto predial unificado, a pesar de que el porcentaje debe aplicarse sobre el avalúo del bien que sirve de base para liquidar el impuesto predial, no sobre el monto total de dicho impuesto.
De lo anterior se infiere, sin duda alguna, la flagrante, manifiesta y ostensible violación de la Ley 44 [44] de 1993 por el Acuerdo 015 de 31 de diciembre de 2001 en el aspecto de la sobretasa que aquí se analiza. Coherentemente, procede la suspensión provisional de los efectos de los artículos 12 [2] y 36 del Acuerdo 015 de 2001, motivo por el cual se confirmará el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia apelada”.
En consecuencia, la suspensión no solo es procedente por violación manifiesta de una norma superior, sino porque fue reproducida a pesar de que se había suspendido provisionalmente.
1. CONFÍRMASE el numeral segundo del auto de 16 de mayo de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas.
Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia. Presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo.
(1) Sentencia del 26 de julio de 2007, expediente 14317. M.P. Héctor J. Romero Díaz, que luego fue ratificada en la sentencia del 16 de agosto de 2007, expediente 14713.
(2) El artículo 59 de la Ley 788 de 2002 obliga tanto a los departamentos como a los municipios a aplicar los procedimientos del estatuto tributario para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio a los impuestos administrados por estos.
(3) Sentencia de 9 de noviembre de 2001, expediente 12298, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(4) Esta ley es aplicable a todos los municipios y distritos del país. También se aplica al Distrito Capital en los aspectos que no tengan regulación especial en el mismo.
(5) ART. 158.—Reproducción del acto suspendido. Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido por quien los dictó, si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.
La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto de la Sala, sección o subsección, contra el cual solo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación. Este recurso se resolverá de plano; no impedirá el cumplimiento del auto ni suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará en copias y remitirá el original al superior.