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Timestamp: 2019-09-17 05:05:23
Document Index: 16556004

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 34', 'E CONTRARIO', 'artículo 34', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 34', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 34', 'artículo 34']

﻿ Sentencia 2010-00130 de agosto 20 de 2015
SENTENCIA 2010-00130 DE 20 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:PROHIBICIÓN DE UTILIZAR O REVELAR LOS SECRETOS DEL CLIENTE. SE ENCUENTRA RESPONSABLE A UNA PROFESIONAL DEL DERECHO POR UTILIZAR LOS SECRETOS QUE LE CONFIÓ UN CLIENTE, CONDUCTA DESCRITA EN EL LITERAL F), DEL ARTÍCULO 34, DE LA LEY 1123 DEL 2007. SE DETERMINÓ QUE LA ABOGADA VENTILÓ ASUNTOS SUJETOS DE RESERVA PROFESIONAL EN UNAS INSTANCIAS Y PROCESOS QUE ERAN MANIFIESTAMENTE CONTRARIOS A SU ANTIGUA CLIENTEPARA DESESTIMAR LA DEFENSA DE LA DISCIPLINADA, SE EXPLICA ADEMAS QUE EL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD QUE TRATA LA PARTE FINAL DE LA NORMA CITADA DE NINGUNA MANERA PERMITE CONSIDERAR QUE ELLO SE PUEDA HACER EN MEDIO DE UN DEBATE DE ORDEN CIVIL O FAMILIA TAL Y COMO LO HIZO LA ABOGADA, PUES AQUEL ES EXPLÍCITO AL PERMITIR VIOLAR EL SECRETO PROFESIONAL, ÚNICAMENTE, CON EL FIN DE EVITAR LA COMISIÓN DE UN DELITO. POR TAL MOTIVO, SI LA ACUSADA ERA TESTIGO DE ALGÚN DELITO Y REQUERÍA INFORMARLO PARA EVITAR SU CONSUMACIÓN, DEBIÓ ACUDIR A LAS ENTIDADES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE DESTINADAS PARA ELLO, COMO LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, NO OBSTANTE, OPTÓ POR DEFENDER INTERESES AJENOS A LOS DE SU ANTIGUA CLIENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, RECURSO DE APELACIÓN, VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL, SANCIONES AL ABOGADO, SECRETO PROFESIONAL, EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Sentencia 2010-00130 de agosto 20 de 2015
Radicación: 080011102000201000130 01
Dr. Rafael Alberto García Adarve (E)
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la decisión del 27 de marzo de 2015, adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, quien halló disciplinariamente responsable a la abogada Lina María Páez Valencia de cometer la conducta descrita en el literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Antes de entrar a decidir lo que en derecho corresponda, es pertinente señalar que en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por la togada, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en la primera instancia.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, pues incurrió en falta que atenta contra su deber de obrar con lealtad con el cliente, consagrada en el literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:
f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito…”.
Sea lo primero señalar que efectivamente se encontró probada la relación cliente abogado que existió entre la letrada investigada y la señora Claudia Patricia Trujillo Linares pues el 4 de noviembre de 2005 entre ellas y el esposo (fallecido) de la quejosa, señor José Félix Asurmendi Zuleta se suscribió un contrato de prestación de servicios para que les adelantara una serie de asuntos, en lo relacionado a la celebración de un matrimonio civil y la adquisición de la patria potestad de la hija de la cliente, para lo cual se le entregaron unos honorarios iniciales.
No obstante, tiempo después, y luego de haberse surtido una serie de negocios entre los conyugues, pero no culminado el proceso de adopción de la hija de la quejosa, la togada sin ser ya la apoderada de ellos, presentó en contra de la señora Claudia Patricia Trujillo Linares el 7 de septiembre de 2009 un proceso de nulidad de escritura pública en representación del señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta (hermano del difunto José Félix Asurmendi Zuleta) ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, bajo el radicado Nº 2009-00380-00, aportando además una comunicación del 21 de noviembre del 2008 en la cual la quejosa le envió una relación de documentos que necesitaba para iniciarle el trámite de la adopción de la menor hija de ésta, así como también unos correos electrónicos del 20 y 21 de noviembre de 2008 (que se habían cruzado entre la señora Claudia Patricia Trujillo Linares, el señor José Félix Asurmendi Zuleta y la togada Lina María Páez Valencia) sobre el trámite de la adopción de la hija de la señora quejosa.
Junto con lo anterior, en el mismo proceso, radicó el 23 de junio de 2010 (al interior de la diligencia de declaración de la señora Rosa María Quesada Barbesi) un correo electrónico del 18 de marzo de 2007 en el cual el señor José Félix Asurmendi Zuleta le comentaba sobre los problemas de índole marital que tenía con su esposa la señora Claudia Patricia Trujillo Linares.
En igual sentido pero en otro proceso, siendo éste el de nulidad de compraventa promovido por Claudia Patricia Trujillo Linares contra el señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta, tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, bajo el radicado 2009-00125-00, la profesional del derecho convocada a juicio disciplinario presentó el 21 de agosto del 2009 un memorial a través del cual contestó la demanda afirmando una serie de hechos que conocía de antemano y en virtud de las asesorías dadas a la demandante y su fallecido esposo, además de anexar en calidad de pruebas los correos anteriormente referidos(23); e igualmente procedió a aportar el 8 de agosto de 2011 en desarrollo de la diligencia de interrogatorio de parte en contra de la demandante, un correo electrónico del 27 de abril de 2007 enviado por el señor José Félix Asurmendi Zuleta el que se hablaba de un documento a través del cual nombraba a la señora Claudia Patricia Trujillo Linares como su representante en Colombia en algunos asuntos de índole patrimonial.
Los anteriores comportamientos fueron considerados por el a quo como constitutivos de la falta en comento, pues esos documentos (aportados como pruebas en las litis que iban en contra de la quejosa) fueron obtenidos cuando la abogada prestó su asesoría a la pareja conformada por los esposos José Félix Asurmendi Zuleta y Claudia Patricia Trujillo Linares, debiendo mantenerlos en estricto secreto, pues en ellos se hablaba de asuntos inherentes a los procesos y asesorías que les llevaba, no obstante optó por utilizarlos como elementos de prueba en las demandas que con posterioridad presentó y contestó como contraparte de la hoy denunciante.
No obstante lo anterior y una vez verificado el hecho que esas conductas se encuentran cobijadas con lo prescrito en el artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:
“CAUSALES Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
PAR.—El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria”.
Igualmente, y a su turno, el artículo 24 de la norma en comento dispone que:
“TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.
Conforme con lo anterior, tenemos que respecto de algunas de las conductas informadas en la queja y que posteriormente se reprocharon en la sentencia ha operado la prescripción de la potestad sancionadora del Estado, siendo éstas, las siguientes:
i. Haber presentado el 7 de septiembre de 2009 en contra de la señora Claudia Patricia Trujillo Linares un proceso de nulidad de escritura pública en representación del señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta (hermano del difunto José Félix Asurmendi Zuleta) ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, bajo el radicado Nº 2009-00380-00, aportando además una comunicación del 21 de noviembre del 2008 en la cual la quejosa le envió una relación de documentos que necesitaba para iniciarle el trámite de la adopción de la menor hija de ésta, así como también unos correos electrónicos del 20 y 21 de noviembre de 2008 (que se habían cruzado entre la señora Claudia Patricia Trujillo Linares, el señor José Félix Asurmendi Zuleta y la togada Lina María Páez Valencia) sobre el trámite de la adopción de la hija de la señora quejosa.
ii. Haber presentado en ese proceso el 23 de junio de 2010 (al interior de la diligencia de declaración de la señora Rosa María Quesada Barbesi) un correo electrónico del 18 de marzo de 2007 en el cual el señor José Félix Asurmendi Zuleta le comentaba sobre los problemas de índole marital que tenía con su esposa la señora Claudia Patricia Trujillo Linares.
iii. Haber presentado contestación de demanda el 29 de agosto de 2009, al interior del proceso de nulidad de compraventa promovido por Claudia Patricia Trujillo Linares contra el señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta, tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, bajo el radicado 2009-00125-00, afirmando una serie de hechos que conocía de antemano y en virtud de las asesorías dadas a la demandante y su fallecido esposo, además de anexar en calidad de pruebas los correos anteriormente referidos.
Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior y conforme el acervo probatorio arrimado al infolio además del carácter de la conducta, se evidencia que el Estado perdió la facultad sancionadora en ese concreto, ya que esos hechos motivantes de la actuación disciplinaria se dieron desde el 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009, fechas en las cuales la letrada presentó los argumentos y pruebas que debieron ser sujetos de reserva.
Entonces, como las conductas se dieron desde los días: 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009 (respectivamente), y en cada una de ellas desde entonces han transcurrido más de los 5 años que prevé el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, para decretar la prescripción de la acción disciplinaria, cumpliéndose los mismos en los días: 6 de septiembre de 2014, 22 de junio de 2015 y 27 de agosto de 2014 (respectivamente).
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo citado, según el cual la acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma, por lo que en el presente, aquel término - los 5 años, empezaron a contarse desde los días: 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009 (respectivamente), de acuerdo al acontecer fáctico planteado, lo que significa, y se itera, hizo que operara el fenómeno prescriptivo en los días: 6 de septiembre de 2014, 22 de junio de 2015 y 27 de agosto de 2014 y por consiguiente se encuentra extinguida la facultad punitiva del Estado frente a las mencionadas conductas investigadas.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que este fenómeno jurídico es constitutivo de una de las causales de la extinción de la acción disciplinaria, conforme al numeral 2º del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007 anteriormente citado, y que los término están dados a la luz del artículo 24 ibídem, esta Superioridad así lo declarará y se ordenará el consecuente archivo definitivo del procedimiento disciplinario frente a esas conductas en concreto.
Ahora bien, por otra parte se tiene que la letrada fue llamada a responder disciplinariamente al haber incurrido en otra conducta que también se reprochó, siendo la siguiente:
i. El haber aportado el 8 de agosto de 2011 en desarrollo de la diligencia de interrogatorio de parte en contra de la demandante, ello, al interior del proceso de nulidad de compraventa promovido por Claudia Patricia Trujillo Linares contra el señor Javier Francisco Asurmendi Zuleta, tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, bajo el radicado 2009-00125-00, actuando en calidad de representante de la parte demandada: un correo electrónico del 27 de abril de 2007 enviado por el señor José Félix Asurmendi Zuleta en el que se hablaba de un documento a través del cual nombraba a la señora Claudia Patricia Trujillo Linares como su representante en Colombia en algunos asuntos de índole patrimonial.
A lo anterior, la togada alegó enfática e insistentemente que lo hizo porque debía obrar en estricto cumplimiento de un deber constitucional, lo que indicaba que era de mayor valor que el sacrificado, pues su actuar buscó salvaguardar un derecho ajeno al cual debía ceder el cumplimiento del deber al secreto profesional, ya que la quejosa había cometido el delito de constreñimiento ilegal con su fallecido marido, al haberlo obligado a otorgarle una serie de escrituras donde le cedía unos derechos patrimoniales, no obstante él se encontraba en un delicado estado de salud.
El anterior argumento será totalmente rechazado por esta Superioridad pues como se ha sostenido por esta Corporación, el eximente de responsabilidad que trata la parte final del literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 al preceptuar “o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito” (Sic), es explícito al permitir violar el secreto profesional si se busque evitar la comisión de un delito, pero de ninguna manera considerar que ello se pueda hacer, en medio de un debate de orden civil o familia tal y como lo hizo la abogada, pues si era testigo de algún delito y requería informarlo para evitar su comisión o consumación, debió acudir a las entidades constitucional y legalmente destinadas para ello, como la Fiscalía General de la Nación, no obstante, optó por ventilar asuntos sujetos de reserva profesional en unas instancias y procesos que eran manifiestamente contrarias a su antigua cliente, por lo que esa falta será confirmada.
Por lo anterior, y conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad de la disciplinable en éste cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que la conducta de violar su secreto profesional, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como consiente, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra la lealtad con el cliente, por ende, al haberse acaecido el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, por lo tanto al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada además de no existir justificación de dicho proceder de la abogada, frente a otra, habiéndose probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es modificar la sentencia apelada.
Finalmente, frente a determinar si se confirma o no el quantum sancionatorio, procederá esta Sala ad quem, a decir que se procediera a rebajar la sanción impuesta de suspensión en el término de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión, por la de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, ello, obedeciendo a que algunas de las conductas investigadas prescribieron y así se decretarán, además de atender la modalidad dolosa de la conducta, ya que la togada actuó consiente y deliberadamente, que con ese proceder estaba violentando los deberes que la Ley 1123 de 2007 le impone y aún así decidió proseguir, rebaja justificada en la ausencia de antecedentes disciplinarios en cabeza de la jurista, atendiendo lo establecido por los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.
1. Modificar la sentencia del 27 de marzo de 2015, adoptada por la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del atlántico, en al cual se halló disciplinariamente responsable a la abogada Lina María Páez Valencia de cometer la conducta descrita en el literal (f) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses, para en su lugar:
A. Terminar y archivar, en lo referente a las conductas acaecidas el: 7 de septiembre de 2009, 23 de junio de 2010 y 29 de agosto de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
B. Disminuir la sanción impuesta de suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión, por la de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, según lo motivado en las consideraciones expuestas en esta sentencia.
C. Confirmar en lo demás, la responsabilidad disciplinaria de la togada investigada, atendiendo lo expuesto en las considerativas de este fallo.
23 Correos electrónicos del 20 y 21 de noviembre de 2008 (que se habían cruzado entre la señora Claudia Patricia Trujillo Linares, el señor José Félix Asurmendi Zuleta y la togada Lina María Páez Valencia) sobre el trámite de la adopción de la hija de la señora quejosa y correo electrónico del 18 de marzo de 2007 en el cual el señor José Félix Asurmendi Zuleta le comentaba sobre los problemas de índole marital que tenía con su esposa la señora Claudia Patricia Trujillo Linares.