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Timestamp: 2018-07-16 14:32:44
Document Index: 351391163

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'Artículo 16', 'artículo 245', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 1113', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 276', 'artículo 14', 'artículo 39']

derecho de defensa: LA CORTE SUPREMA DECLARA LA INCONSTITUCIONAL DE LOS TOPES INDEMNIZATORIOS EN MATERIA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO-Fallo Comentado Horacio Schick
LA CORTE SUPREMA DECLARA LA INCONSTITUCIONAL DE LOS TOPES INDEMNIZATORIOS EN MATERIA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO-Fallo Comentado Horacio Schick
FALLO COMENTADO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIóN (CS) ~ 2010-08-10 ~ ASCUA, LUIS RICARDO C. SOMISA
-Por: Schick, Horacio
-Fuente: LA LEY 18-08-2010
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 8º de la ley 9688 reformada por la ley 23.643 (Adla, XLVIII-D, 4250), que fijaba como tope máximo de la indemnización tarifada por accidente o enfermedad del trabajo " ...al importe equivalente que resulte de computar veinte (20) años de de salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo de la determinación de la indemnización" . (1)
Si bien la norma no está vigente, ya que desde el 1º de junio de 1996 y a la fecha rige la archicuestionada Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), los considerandos del fallo " Ascua" tienen una repercusión relevante sobre la aplicación de los topes indemnizatorios en las leyes de accidentes del trabajo, que también se aplican en ley actual a los infortunios laborales cuya primera manifestación invalidante se produjera con anterioridad al 06/11/2009 (Artículo 16 del Decreto 1694/2009).
La decisión del Máximo Tribunal corresponde a una acción judicial promovida por un empleado en 1991 había sufrido un accidente al caer desde una altura de nueve metros mientras trabajaba, ocasionándole una incapacidad laborativa permanente del 70%, lo cual, según la tarifa prevista en el inc. c del art. 8 de la ley 9688 de accidentes de trabajo (modificado por la ley 23.643) arrojaba un resarcimiento de $ 96.059,91.
Sin embargo, como tal importe superaba el tope impuesto por el segundo párrafo del inc. a del mismo artículo, que era de 260 veces el salario mínimo vital y móvil por entonces vigente ($ 97), el cálculo de la liquidación de la indemnización se redujo a dicho límite, con lo cual el demandante sólo percibió la suma de $ 25.250 en concepto de capital.
Por tal motivo el trabajador promovió la demanda ante la Justicia Federal reclamando diferencias indemnizatorias, por la totalidad del importe resultante del cálculo base sin la aplicación del referido tope, fundada en que la aplicación del mencionado tope comportaba una reducción del resarcimiento que resultaba lesiva de derechos de raigambre constitucional. Como en las instancias de primero y segundo grado le fue rechazado el reclamo presentó recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el voto mayoritario de la Corte Suprema - compuesto por los ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni- se hace lugar plenamente al reclamo, concluyendo en el considerando 9° del fallo " ... que el tope legal de la reparación aquí impugnado (art. 8, inc. a, segundo párrafo, de la ley 9688, según ley 23.643) resulta inconstitucional y, por ende, inaplicable para resolver la presente contienda. Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario interpuestos, y se revoca la sentencia apelada con el alcance indicado, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); de manera que la causa deberá ser devuelta a fin de que, por quien corresponda, sea dictado un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente" .
En tanto, la jueza Elena Highton de Nolasco votó por la misma solución, aunque con sus propios fundamentos.
Uno de los fundamentos principales del Máximo Tribunal se encuentra en el considerando 8º del Fallo donde se señala " ...que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado - al cual apuntan los textos transcriptos- , no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima. Luego, resulta evidente que si bien el art. 8 de la ley 9688 (según ley 23.643) atendió, como principio, a la mentada pérdida por medio del cómputo de la reducción del salario de la víctima, impidió, a la postre, que esta finalidad fuese lograda en los supuestos en los cuales, como el de esta controversia, resultó aplicable el importe indemnizatorio máximo que preveía. Este último arbitrio, en breve, no se adecuó a los fines que la norma debía - y pretendió, aunque sólo como principio- consagrar ("Azar" Fallos: 299:428, 430, y sus citas). La conclusión que se acaba de asentar, por lo demás, encuentra definitivo sustento en reiterada jurisprudencia de la Corte en cuanto tiene expresado que el trabajo humano exhibe características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional ("Mansilla", Fallos: 304:415, 421 y su cita). Más todavía; dicha justicia no es otra que la justicia social, vale decir, aquella por la que se consigue o se tiende a alcanzar el "bienestar", esto es, "las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad"." Agregando que " en el campo de los derechos humanos, asimismo, el principio pro homine, exige que aquéllos sean interpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende, toda exégesis restrictiva ("Madorrán", Fallos: 330:1989, 2004 - 2007), cuanto más que, de acuerdo con reiterada y conocida doctrina, el trabajador es sujeto de "preferente tutela constitucional" ("Vizzoti", cit., pp. 3689 y 3690; "Aquino", cit., pp. 3770 y 3797, y "Pérez c. Disco SA", cit., pp. 2054/2055).
Es también relevante lo señalado en el voto mayoritario en el mismo considerando 8º " en cuanto a que una discapacidad de carácter permanente, como lo es la sub examine, repercutirá no sólo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador - y, en su caso, a la familia de éste- a una reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado o insuficiente, puede añadir a la mentada frustración una nueva ("Milone", cit., p. 4619). Tal es el caso del régimen en estudio dado que, circunscripto legalmente el objeto de la indemnización dineraria a la sola pérdida de la capacidad de ganancia, ni siquiera posibilita, como le era debido, que ésta sea evaluada satisfactoriamente por imponerle un tope a su cuantía. No cabe olvidar, además, que dicha pérdida atañe nada menos que a un elemento central de la subsistencia digna del grueso de la población: el salario, esto es, el medio por el cual el trabajador se "gana la vida" ("Pérez c. Disco SA", cit., p. 2055)" .
La Corte no aplica el criterio seguido en " Vizzotti" en el que también censuró el tope legal de la remuneración computable para el cálculo de la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero limitando la censura a dicho techo en el supuesto en el que la disminución de la base indemnizatoria superara en un 33% el sueldo del trabajador despedido.
En el caso " Ascua" - como surge del considerando 8º de la sentencia transcripta más arriba- los magistrados del Alto Tribunal entienden que la protección constitucional del trabajador que haya sufrido un infortunio laboral, tiene que contemplar la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima. Este objetivo se logra sólo en la medida en que se respete la fórmula básica de la indemnización, que en forma más o menos justa, dentro de un régimen tarifado, cumple esa función. Ahora cuando a dicho cálculo que es de por sí limitado y tarifado le aplicamos un tope, se altera la finalidad protectoria y reparatoria de la norma. Es decir, ya no cubre la merma de ingresos que sufre el trabajador, sino una cifra arbitraria y sólo en apariencia reparatoria.
El mensaje de la Corte es claro: se debe respetar la formula aritmética básica que establecen las leyes de accidentes, sobre la base del salario, la incapacidad y la edad de la víctima sin ponerle techo a esos cómputos, que de por sí ya acotan el resarcimiento tarifado.
La solución que adopta la Corte en el caso " Ascua" según se expresa en la última parte del considerando 8º no implica trasladar al ámbito del régimen tarifado de accidentes criterios impropios del mismo, como podrían ser los provenientes del derecho común que admiten el resarcimiento integral de todos los daños padecidos por la víctima. Señala la Corte que se trata de responsabilizar al empleador sólo en una porción del daño reparable económicamente, esto es, la capacidad de ganancia o pérdida de ingresos del empleado accidentado.
Precisamente, en el último párrafo del considerando 8º la Corte señala que el objeto principal del pronunciamiento es la invalidez de la limitación proveniente del tope indemnizatorio que reduce los cálculos básicos de la indemnización que son los que responden adecuadamente a la reparación de esa pérdida de ingresos en relación a la incapacidad o la muerte que ocasiona el infortunio.
Por eso, los magistrados del Alto Tribunal concluyen en el considerando 9º que el " tope legal de la reparación aquí impugnado (artículo 8 inciso a, segundo párrafo, de la ley 9688 según la ley 23.643, resulta inconstitucional y por ende inaplicable para resolver la presente contienda" .
Este decisorio implica un cambio cualitativo con respecto a lo decidido por el Máximo Tribunal, en su composición anterior, en el caso " Vega" en el cual que frente a la desvirtuación del tope indemnizatorio de la misma ley 9688 (reformada por la ley 23.643) por la desactualización del Salario Mínimo Vital y Móvil frente al proceso hiperinflacionario, declaró la " inconstitucionalidad de la Resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil si su aplicación para la determinación del tope indemnizatorio fijado por el artículo 8° de la ley 9688 (Adla, 1889-1919, 949), determina una pulverización del real significado del crédito indemnizatorio con lesión a la garantía de propiedad a que alude el art. 17 de la Constitución Nacional" . (2)
Cabe recordar, como dato adicional que la mayor tutela del trabajador damnificado prevista en la ley 23.643 determinó su cuestionamiento desde el espectro empresario y asegurador. Una de las formas de desactivar la norma fue la de mantener congelado el Salario Mínimo Vital y Móvil, durante todo el período inflacionario del año 1989, convirtiendo en consecuencia el tope legal de las indemnizaciones por accidente del trabajo en sumas irrisorias y dando origen a pronunciamientos judiciales, como el caso " Vega" precedentemente señalado.
Sin embargo en el caso " Ascua" la Corte va mucho más allá y, con fundamento en el derecho constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos, reprocha la misma existencia el techo legal a las indemnizaciones tarifadas.
En este sentido cabe reiterar una vez más que a lo largo de la historia de las leyes especiales de accidentes y enfermedades del trabajo, los topes indemnizatorios han envilecido y degradado los resarcimientos dentro del marco tarifado. Incluso es conocido por todos los especialistas que el desarrollo de los reclamos fundados en el derecho civil a partir de los años 60 tuvo que ver con los congelamientos recurrentes de estos topes legales.
Este fue el motivo por el cual los abogados de las víctimas, recurrieron en una medida creciente a la vía civil (artículo 17, ley 9688) y más acentuadamente aun, a partir de la reforma del artículo 1113 del Código Civil efectuada por la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810), cuya aplicación al ámbito laboral fue receptada por el celebre Plenario 169 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo " Alegre, Cornelio c/ Manufactura Algodonera" . (3)
De tal manera el decisorio del Máximo Tribunal en el fallo bajo análisis va más allá de una descalificación puntual de un tope indemnizatorio que se desvirtúo en una época determinada.
Está efectuando un señalamiento mas general y abarcador, que propone como pauta interpretativa la prevalencia de los cálculos aritméticos basados en el salario, la edad, la incapacidad y demás coeficientes, sin limitación alguna, de modo que el esquema tarifado pueda cumplir con la finalidad de resarcir las pérdida de aptitud productiva que el daño laboral le produce a la víctima.
Esta concepción es concordante con la acertada decisión del Poder Ejecutivo Nacional al disponer en los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 1694/2009 la supresión de todos los topes indemnizatorios fijados para limitar los resarcimientos por incapacidad permanente definitiva previstos en la LRT y sustituirlos por pisos indemnizatorios, que por nuestra parte hemos criticado por insuficientes y no equitativos. (4)
Cabe agregar que según el artículo 16 del Decreto 1694/2009, las disposiciones contenidas en el mismo " se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha" .
Con esta disposición, las mejoras se aplicarán a los siniestros ocurridos a partir del 6 de noviembre de 2009, fecha de publicación del Decreto en el Boletín Oficial. De este modo quedarán desprotegidos los damnificados que durante largos años continuarán perjudicados por la percepción de prestaciones dinerarias desactualizadas.
Esta norma no está contemplando el escenario de fuertes pérdidas que ya vienen afectando a los damnificados desde hace tiempo, en virtud del mantenimiento de pautas de liquidación de las prestaciones dinerarias escasamente reparatorias y particularmente por los topes legales vigentes.
No es un dato menor que los trabajadores con incapacidades superiores al 50% de la total obrera, que hayan sufrido un accidente con anterioridad al 06/11/2009 y que pueden llegar a tener una incapacidad permanente provisoria parcial o total fijada por las comisiones médicas hasta 60 meses, luego de vencido el año de incapacidad laboral temporaria, pueden sufrir al cabo de ese periodo un notable perjuicio al verse obligados a percibir una indemnización por incapacidad permanente definitiva, cercenada por los topes del DNU 1278/00.
En efecto, hemos sostenido que deben aplicarse las mejoras a las prestaciones dinerarias y la eliminación de topes fijados en el Decreto 1694/2009 a las indemnizaciones devengadas con anterioridad, pero no canceladas a la fecha de entrada en vigencia del mismo, sin que ello configure un supuesto de aplicación retroactiva de la ley. (5)
De tal modo - más allá del dictado del Decreto 1694/2009- la doctrina emanada del fallo " Ascua" tiene plena vigencia, por cuanto existe una norma del PEN que propone la ultraactividad, entre otras disposiciones normativas, de los topes legales fijados por la LRT modificada por el DNU 1278/2000 (Adla, LXI-A, 213).
En este sentido cabe recordar que la LRT en su artículo 15, apartado 2, según el DNU 1278/2000, establece un tope indemnizatorio determinando que el monto total en concepto de resarcimiento por incapacidad total y definitiva no puede superar $180.000.
A su vez el artículo 14, apartado 2, inciso a, última parte, establece que las sumas previstas en el cálculo básico de la incapacidad parcial, " en ningún caso será superior a la suma que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil por el porcentaje de incapacidad" .
Este último tope parcial o proporcional es un abuso aún mayor en el sistema de tarifación (más irritante que el tope general) pues luego de efectuar el cálculo de la indemnización sobre la base de cómputos aritméticos preestablecidos, que acotan de por sí la indemnización, se le incorpora una nueva limitación parcial, que desnaturaliza totalmente el propósito reparador del resarcimiento tarifado.
En definitiva las indemnizaciones no están determinadas en la LRT de modo neutral, y la combinación con los topes generales y parciales genera una marcada distorsión que, en definitiva, transfiere un subsidio de las víctimas hacia los obligados del sistema.
Hemos señalado precedentemente el cuestionamiento objetivo del sistema de los topes de la LRT. Pero esta situación se agrava en la medida en que analicemos cómo con el correr del tiempo los techos fijados por el DNU 1278/2000 han envilecido totalmente las indemnizaciones, fenómeno que no es abstracto, sino que va a perdurar en el tiempo, tanto respecto de los reclamos en trámite en la actualidad, ya sea por la vía judicial o de las Comisiones Médicas, como los que se inicien en el futuro en virtud de las limitaciones del referido artículo 16 del decreto 1694/2009.
Por otra parte si las víctimas no han visto reconocidos y satisfechos en forma oportuna sus créditos y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial, transcurso durante el cual cambian sustancialmente las circunstancias económicas, lo que además es reconocido por una nueva normativa que también reconoce lo exiguo del régimen original, es evidente que se desnaturaliza la finalidad resarcitoria al otorgárseles una indemnización fuertemente depreciada al momento de percibirla.
Lo que se quiere significar es que la doctrina del Supremo Tribunal de la República tiene una repercusión indudable frente a los límites generales y proporcionales de la LRT.
El DNU 1278/2000 fue dictado en el marco de la Ley de Convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752) que invocaba estabilidad monetaria e índices inflacionarios exiguos. Sin embargo, este panorama estalló al año siguiente con la crisis aguda manifestada a partir de enero y febrero de 2002. Si bien las alícuotas que abonan los empleadores a las ART se fueron modificando al ritmo de la variación de los salarios tomados como base, los topes del artículo 14 de la LRT, permanecieron inalterados hasta el presente.
Por ejemplo, a febrero de 2001 - mes en que comienza a regir el DNU 1278/2000- el promedio de las primas abonadas a las ART, cuota en pesos en promedio por trabajador, ascendía a $20,34, en tanto que en mayo de 2009 fue de $90,48. Es decir que el promedio de la cuota en pesos abonadas a las ART por cada trabajador se incrementó en más de un 444,80% en tanto que las prestaciones dinerarias de pago único como los topes indemnizatorios permanecieron incólumes. (6)
Es evidente que se produce un " enriquecimiento sin causa" de las aseguradoras. En efecto, ellas han venido percibiendo alícuotas de los empleadores sobre salarios actualizados por los aumentos establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo, mientras simultáneamente venían, desde hace muchos años, abonando prestaciones absolutamente atrasadas, desactualizadas y " topeadas" , fijadas en diciembre de 2000. De modo tal que seguir aplicando ese criterio reparatorio a los siniestros no cancelados a la entrada en vigencia de la nueva norma, además de inequitativo, les adiciona un indebido enriquecimiento sin causa.
Este enriquecimiento de las aseguradoras se relaciona con los beneficios patrimoniales que tuvieron durante casi diez años, desde la crisis del sistema de convertibilidad, vigente cuando se sancionó el DNU 1278/00, período durante el cual siguieron cancelando obligaciones topes crecientemente desvalorizados. Estas circunstancias anómalas tendrían una prolongación inequitativa y desmedida en el escenario diseñado por el artículo 16 del Decreto 1694/2009.
A su vez, los damnificados han venido sufriendo un empobrecimiento paulatino durante casi ese mismo período en que no se corrigió la normativa. Extender esta situación no se adecua a criterios de justicia y equidad y configura un caso típico de enriquecimiento del deudor causalmente relacionado y correspondido con el empobrecimiento del acreedor.
Aun en el supuesto de aceptarse que la existencia de topes en las leyes de accidentes y de cierta razonabilidad del monto de $180.000 fijado el año 2000, surge evidente que el transcurso del tiempo ha hecho perder toda razonabilidad a este monto, y la aplicación de este tope desnaturaliza la finalidad reparatoria de pérdida de ingresos que le ocasiona la incapacidad a la víctima o la muerte respecto de los derechohabientes.
Recuérdese que en el ya referido caso Vega, la Corte Suprema señaló que corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que - aunque no ostensiblemente incorrectas en su inicio- devienen indefendibles desde el punto de vista constitucional, pues el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Carta Magna" . (7)
Similares consideraciones se efectuaron en el caso " Valdez, Julio c. Cintioni" , cuando la Corte declaró inconstitucional el artículo 276 de la LCT (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175) reformado por la Junta Militar en tanto establecía como módulo de ajuste de los créditos laborales la variación del salario del peón industrial y desde la promoción de la demanda, señalando que: " ...el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la ley fundamental" y que " las cambiantes circunstancias pueden hacer que la solución legal - no ostensiblemente incorrecta, tal vez, en su inicio- se torne irrazonable y la norma que se consagre devengue así indefendible desde el punto de vista constitucional" . (8)
Pero ahora con un énfasis cualitativamente superior la Corte en el " Ascua" determina que no quedan dudas que también corresponderá la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto por el DNU 1278/00 en los casos que son afectados por limitación general o parcial, debiendo regir en consecuencia el cálculo aritmético básico de la ley, sin tope.
En su defecto y por los fundamentos ya expuestos en otras ocasiones también podrán aplicarse las nuevas pautas regulatorias del decreto 1694/2009, ya que no ha existido una mutación de las reglas jurídicas de la LRT, sino una actualización de las mismas por las inequidades reparatorias del sistema, conforme lo reconoce el Poder Ejecutivo Nacional en la propios considerandos del nuevo decreto. (9)
Después de la crisis de la convertibilidad, las ART no podrán alegar el límite de aportes a la Seguridad Social como fundamento a sostener los desactualizados topes, ya que, no sólo éstos se mantuvieron congelados desde diciembre de 2000 (DNU 1278/2000) en $180.000 y las alícuotas que abonan los empleadores se han ido incrementando en paralelo a los aumentos salariales convenido en los CCT. A su vez se ha ido actualizando el límite máximo del aporte a la Seguridad Social para los empleadores, el que, por ejemplo, está a la fecha en la suma de $10.119,98 (Resolución General 2800 de la AFIP, que rige desde el 1° de marzo de 2010).
La reiterada jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación es clara: en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación con igual jerarquía, se consagran los derechos fundamentales de toda persona humana como el derecho a la indemnidad psicofísica de la persona, el derecho a no ser dañado y, en su caso, el derecho a la reparación del perjuicio causado. Ya no se trata sólo de la reparación del daño sufrido por el trabajador, sino de la " persona que trabaja" .
Las proyecciones del derecho a la reparación con carácter constitucional son vastísimas: su aplicación conduce a que las limitaciones indemnizatorias contenidas en los regímenes especiales deben sortear en su aplicación el test de constitucionalidad. Nos referimos concretamente a las prestaciones económicas previstas en el la Ley de Riesgos y, especialmente, a los topes indemnizatorios.
La Corte Suprema en forma reiterada ha señalado que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, como claramente lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional al señalar que el " trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes" , lo cual ha sido reforzado por la protección reconocida a todas las personas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también reiteradamente invocados por el Máximo Tribunal.
Ya desde el fallo " Aquino" se puede deducir que las indemnizaciones tarifadas del régimen especial, también deben tender a reparar integralmente el daño sufrido por la víctima laboral.
Por ejemplo en el voto de los Ministros Belluscio, Maqueda y Boggiano, en el referido leading case cuando afirmaron que la limitación indemnizatoria dispuesta por la LRT o un régimen diferente del previsto por el Código Civil, no es por sí mismo inconstitucional. Lo es, en cambio, en el caso concreto, cuando se demuestra que su aplicación conduce " al desarraigo del principio alterum non laedere que aquella norma reglamenta" y comporta " un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación" .
Según estos magistrados no existe un impedimento constitucional para que haya un régimen de reparación de accidentes que difiera del que regula el Código Civil, aunque lo condiciona a que tal resarcimiento cumpla con el requisito de reparación integral, que se demuestre en cada caso.
Más allá de adherirnos a la posición de la llamada inconstitucionalidad absoluta del artículo 39 párrafo 1º de la LRT esbozada por los Ministros Petracchi, Zaffaroni, Highton de Nolasco y Argibay (esta última en " Díaz c. Vaspia" ), lo cierto es que el voto de los Ministros Belluscio, Maqueda y Boggiano, luego continuados por los Dres. Lorenzetti y Maqueda en la causa " Ávila Juchami" , traducen la impronta de que el principio del alterum non laedere, también debe reflejarse en las prestaciones económicas del régimen especial.
En este marco conceptual, se puede afirmar que el fallo " Ascua" contiene consideraciones definitorias para permitir la declaración de inconstitucionalidad de los topes generales y proporcionales previstos en la LRT y en el DNU 1278/2000, cuando las indemnizaciones calculadas de acuerdo a las pautas básicas de la ley sean afectadas por los topes generales y proporcionales.
(1) CSJN, 10 de agosto de 2010RECURSO DE HECHO, " Ascua, Luis Ricardo c. SOMISA s/cobro de pesos" .
(2) CSJN, 16/12/1993, " Vega, Humberto c/Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro" , DT, 1994-A, 632.
(3) CNAT, Plenario 169 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Octubre 26, de 1971, " Alegre Cornelio c. Manufactura Algodenera Argentina" (LA LEY, 144-380)
(4) Schick, Horacio, " Las prestaciones dinerarias de la LRT y el Decreto 1694/2009 del PEN" , DT, Mayo 2010, Año LXX, Nro 5, p. 1231, La Ley.
(6) Alfie, Ana Clara, " El decreto 1694/2009: Una solución de coyuntura" , Revista de Derecho Laboral 2010-1, Ley de riesgos del Trabajo III, p. 346, Rubinzal-Culzoni. (7) CSJN, 16/12/93, " Vega, Humberto c/Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro" , DT, 1994-A, 632.
(8) CSJN, 03/05/79, " Valdez, Julio Héctor c. Cintioni, Alberto Daniel" .
(9) Schick, Horacio, op. citada, p. 1246.
Publicado por Dr. Fernando Fernandez Rosake en 9:18 a. m.
Etiquetas: DOCTRINA LABORAL