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Timestamp: 2020-05-31 07:15:38
Document Index: 139542446

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 197', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 25', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 80']

Informe 115. BOE abril 2004Notarios y Registradores | Notarios y Registradores
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Informe 115. BOE abril 2004
Admin, 10/04/2004
Garajes sin retracto
D. de uso sin plazo
Hipoteca incapaz
Documento identificador distinto
Prueba d. extranjero
Contador entrega legado
¿Aportación es inmatriculable?
Junta convoca Juez
* Jorge López Navarro, Notario de Alicante
NUEVOS MINISTROS. REAL DECRETO 558/2004, de 17 de abril, por el que se nombran Ministros del Gobierno.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS MINISTERIOS. REAL DECRETO 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
En Justicia se suprimen:
– La Dirección General de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, cuyas competencias en materia de política legislativa y relaciones con la Comisión General de Codificación serán asumidas por la Secretaría General Técnica.
– Y la Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia, cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría de Estado de Justicia.
En Economía y Hacienda, se suprimen:
– Las Subsecretaría de Hacienda y la de Economía que se integrarán en una Subsecretaría única.
– La Secretaría General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria.
– La Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial.
– La Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales
– Las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Hacienda y de Economía, que se integrarán en las de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio.
– La Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
– La Dirección General de Organización, Procedimiento y Control.
En Administraciones Públicas se suprimen:
– La Dirección General de Política Autonómica.
– La Dirección General para la Administración Local.
– La Dirección General de Administración Periférica del Estado.
– La Dirección General de Organización Administrativa.
– La Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios.
SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA. REAL DECRETO 600/2004, de 19 de abril, por el que se nombra Secretario de Estado de Justicia a don Luis López Guerra.
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA. REAL DECRETO 601/2004, de 19 de abril, por el que se nombra Subsecretaria de Justicia a doña Ana María de Miguel Langa.
BOE: NUMERACIÓN DE ÓRDENES MINISTERIALES. RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2004, de la Subsecretaría, por la que se adapta el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las Órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».
Se da una nueva tabla de códigos ministeriales de tres letras, para adaptarla al Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales.
HIPOTECA NAVAL. INSTRUMENTO de Adhesión de España al Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, 1993, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993.
A) Ámbito de aplicación del Convenio (art. 13). Se aplicará a todos los buques de navegación marítima matriculados en un Estado Parte o en un Estado que no sea parte en el Convenio, a condición de que los buques de este último estén sujetos a la jurisdicción del Estado Parte.
B) Hipoteca. El art. 1º trata del reconocimiento y ejecución de hipotecas, mortgages y gravámenes sobre buques de navegación marítima. Para que sean ejecutables en los Estados Partes se precisa:
a) que hayan sido constituidos e inscritos en un registro, de conformidad con la legislación del Estado en que esté matriculado el buque;
b) que el registro y los documentos que se hayan de presentar al registrador puedan ser libremente consultados por el público y que se pueda solicitar al registrador el libramiento de extractos del registro y copias de esos documentos; y
c) el registro o alguno de dichos documentos mencionados ha de especificar, por lo menos, el nombre y la dirección de la persona a favor de la cual se haya constituido el gravamen o que es al portador, el importe máximo garantizado y la fecha y otras circunstancias que, de conformidad con la legislación del Estado de matrícula, determinen su rango.
Por el art. 2º, sin perjuicio de lo fijado en el Convenio, habrá de estarse en cuanto a prelación y efectos respecto de terceros a la legislación del Estado de la matrícula. En cuanto al procedimiento de ejecución, a la legislación del Estado donde ésta tenga lugar.
C) Cambio de propiedad o de matrícula (art. 3). Salvo venta forzosa, la baja del buque en el Registro de un Estado Parte no autorizará al propietario a cancelar la inscripción del buque a no ser que se hayan cancelado previamente todos los gravámenes inscritos o que se haya obtenido el consentimiento por escrito de todos los beneficiarios de los mismos. Si la cancelación no es por venta voluntaria, hay que notificarles.
Salvo excepciones, el buque que esté o haya estado matriculado en un Estado Parte no podrá ser admitido para su inscripción en el registro de matrícula de otro Estado Parte.
D) Privilegios marítimos. El art. 4 define los créditos contra el propietario, el arrendatario a casco desnudo, el gestor o el naviero del buque garantizados con privilegio marítimo sobre el buque. Entre ellos están sueldos seguridad social, salvamento…
Dichos privilegios marítimos son los únicos que tendrán preferencia sobre las hipotecas, mortgages y gravámenes inscritos (art. 5). La prelación entre privilegios la marca el orden de su enumeración.
El art. 6 permite a todo Estado Parte conceder otros privilegios marítimos sobre un buque con determinadas condiciones. También puede establecer un derecho de retención respecto de un buque que se halle en posesión de un constructor o de un reparador (art. 7).
Los privilegios marítimos siguen al buque no obstante cualquier cambio de propiedad, matrícula o pabellón, salvo venta forzosa (art. 8), extinguiéndose por el transcurso de un año a menos que, antes del vencimiento de ese plazo, el buque haya sido objeto de embargo preventivo o ejecución conducentes a una venta forzosa (art. 9).
La cesión de un crédito garantizado con un privilegio marítimo o la subrogación en los derechos del titular del crédito entraña simultáneamente la cesión de ese privilegio marítimo o la subrogación en los derechos que éste lleva aparejados.
E) Venta forzosa. Los artículos 11 y 12 tratan de la notificación de la venta forzosa y de sus efectos. En este caso, todas las hipotecas, mortgages o gravámenes inscritos, salvo los que el comprador haya tomado a su cargo con el consentimiento de los beneficiarios, y todos los privilegios y otras cargas de cualquier género dejarán de gravar el buque a condición de que:
b) la venta se haya efectuado de conformidad con la legislación de ese Estado y este Convenio.
Las costas y gastos causados en el embargo preventivo o la ejecución y subsiguiente venta del buque se pagarán en primer lugar con el producto de la venta. El remanente se repartirá de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio, en la cuantía necesaria para satisfacer los créditos respectivos. Satisfechos todos los créditos, el saldo, si lo hubiere, se entregará al propietario y será libremente transferible.
La autoridad competente librará, a instancia del comprador, un certificado que acredite que se vende libre de toda hipoteca, mortgage o gravamen inscrito, salvo los que el comprador haya tomado a su cargo, y de todo privilegio y otras cargas si se cumple con este artículo. En este caso, el registrador estará obligado a cancelar todas las hipotecas, mortgages o gravámenes inscritos salvo los que el comprador haya tomado a su cargo, y a inscribir el buque a nombre del comprador o a librar certificación de baja en el registro a los efectos de la nueva matriculación, según el caso.
F) Entrada en vigor: Para España, el 5 de septiembre de 2004. De denunciarse, produciría efecto la misma un año después. (JFME)
SEGURO DE CIRCULACIÓN. CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 3207-1999, en relación con el artículo 1.2 (así como apartados 1 y 7 del punto primero del Anexo) del Decreto 632/1968, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
MONTES. RECURSO de inconstitucionalidad número 1014-2004, promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con determinados preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
SEGURIDAD SOCIAL. RECURSO de inconstitucionalidad número 1383-2004, promovido por el Parlamento de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.
RUIDO. RECURSO de inconstitucionalidad número 965-2004, promovido por el Parlamento de Cataluña contra diversos preceptos de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
MONTES. RECURSO de inconstitucionalidad número 988-2004, promovido por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
DISCAPACIDAD. RECURSO de inconstitucionalidad núm. 1004-2004, promovido por el Parlamento de Cataluña contra el art. 1, apartado 2, de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
Dice el precepto: «El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se regirá por lo establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicación tendrá carácter preferente sobre lo dispuesto para regular los efectos de la incapacitación en los títulos IX y X del libro I del Código Civil.»
GOBIERNO LOCAL. RECURSO de inconstitucionalidad núm. 1741-2004, promovido por el Gobierno de Aragón contra la disposición final primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.
Se transcribe dicha disposición: «Los preceptos contenidos en esta Ley, salvo la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, constituyen legislación básica del Estado en materia de régimen local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución.»
PROCURADORES. SENTENCIA de 29 de enero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan los artículos 3.3 y 17.3 y 4, así como el inciso «salvo en los casos de habilitación previstos en este Estatuto» del artículo 24.1.b) del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre.
El Notario de Manacor, don Miguel Riera Riera.
Don Enrique Lorente Sánchez, Registrador de la Propiedad de Valencia número 7.
Don Carlos Eugenio de Olavarrieta Masdeu, Registrador de la Propiedad de las Rozas de Madrid.
El Notario de Lugo, don Alfredo Arturo Lorenzo Otero.
El Notario de Barcelona, don Juan Manuel Jorge Romero.
El Notario de Vilanova i la Geltrú, don Vicente García Rodríguez.
El Notario de Jerez de la Frontera, don Rafael González de Lara y Alférez.
El Notario de Marbella, don Lorenzo Guirado Sanz.
El Notario de Valencia, don Joaquín Maldonado Chiarri.
Don José Manuel Die Lamana, Registrador de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria número 1.
Don Fernando Millet Sastre, Registrador de la Propiedad de Tías.
El Notario de Madrid, don Francisco Echavarri Lomo.
1. INMATRICULACIÓN DE FINCAS Y TITULO FEHACIENTE PREVIO. DOS ESCRITURAS, DOS CALIFICACIONES Y UN SOLO RECURSO. R. 8 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 14 de abril de 2004.
**3. INMATRICULACIÓN DE FINCA Y TITULAR CATASTRAL. APORTACIÓN AL MATRIMONIO. SIMULTANEIDAD EN EL TIEMPO DEL TITULO INMATRICULADOR Y DEL PREVIO. R. 17 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 14 de abril de 2004.
4. INMATRICULACIÓN DE FINCA Y TITULAR CATASTRAL. APORTACIÓN AL MATRIMONIO. SIMULTANEIDAD EN EL TIEMPO DEL TITULO INMATRICULADOR Y DEL PREVIO. R. 18 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 14 de abril de 2004.
Resolución.- 12/12/2002. Delimitación de Anejos de ciertos pisos. Si tenemos a la vista el artículo 3.a) de la Ley, nos dice que corresponde al dueño de cada piso o local, además de su departamento… el de los anejos que expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado”. Por consiguiente, en esta Resolución de 12/12 de 2002 se exigió el consentimiento individualizado de los titulares registrales de los pisos concretos que delimitaban sus anejos para que declarasen superficie y demás elementos identificadores y ADEMÁS un acto colectivo de La Comunidad al objeto de evitar la invasión de elementos comunes (al respecto y sobre éste último requisito me remito al comentario de mi compañero de página Felix Merino sobre resolución 11 de marzo de 2004, en este mismo informe)
Y a la vista del texto actual, ¿cómo comprobar que se intentó esa notificación y que fue imposible practicarla en el domicilio designado al efecto? ¿Se entregó a un ocupante del piso la notificación, o se colocó tal notificación en un lugar “visible”de uso general habilitado al efecto? ¿Cómo comprobar que cumplido todo lo pertinente, tal o cual propietario se opusieron por un medio que permitió tener constancia de la recepción? Pensemos en Comunidades de un gran número de propietarios; En estos casos de prueba diabólica, creo que el Presidente o la Comunidad no tienen el deber de probar que dichos requisitos fueron cumplidos, salvo el caso de que algún propietario impugne, basta con que se certifique sobre los requisitos exigidos. En el supuesto de la presente Resolución, la escritura objeto de calificación es de 9 de abril de 1996, siendo objeto de análisis el articulado de la ley del 60, antes de su modificación que en su artículo 16, primero, en su segundo párrafo, se refería a notificación fehaciente a los no asistentes, planteándose además tangencialmente, esta Resolución, el tema de las actas a través de mandato verbal, que el registrador no consideraba pertinentes; actas que en este caso, parecen ser de remisión del texto integro del acta, esto es, de remisión de documentos por correo, señalando el centro directivo que conforme al artículo 197 del RN no es imprescindible el juicio de capacidad y legitimación. (IES)
Se trata de un expediente de dominio para la INMATRICULACIÓN de una finca y comprobado que la misma es parte de otra inscrita, el expediente que debió de emplearse, es el de reanudación de tracto sucesivo, ya que tiene tal expediente reglas específicas que no resultan cumplidas con el expediente inmatriculador (entre ellas y fundamentalmente el llamamiento al titular registral anterior o sus causahabientes).En el presente caso no habían sido citados. Por consiguiente, un expediente de dominio para la inmatriculación de una finca no puede servir para reanudar un tracto interrumpido. (IES)
*11. DESVINCULACIÓN DE ANEJO. R. 11 de marzo de 2004, DGRN. BOE del 14 de abril de 2004.
Supuesto de hecho: Se halla inscrito en el Registro un edificio en régimen de Propiedad Horizontal. Los sótanos están dedicados a plazas de aparcamiento, siendo unas plazas elementos privativos y otras están vinculadas como anejos a determinados pisos. En el Registro aparece la descripción (linderos y superficie) de las que son elementos privativos pero no de las demás. En los Estatutos inscritos se autoriza a los titulares de los pisos para realizar, por sí solos, operaciones de «… segregación, desvinculación…» de dichos elementos privativos, si se cuenta con la autorización administrativa. Se presenta escritura por la que la titular de un piso que tiene como anejo una plaza de aparcamiento, desvincula ésta de aquél, para convertirla en finca independiente, describiendo la plaza con su superficie.
Comentario: siguiendo la misma filosofía –ortodoxa quizás pero reñida con la práctica- el constructor que haya vendido la primera plaza de aparcamiento –o incluso una cuota indivisa con asignación de uso- necesitará consentimiento de la Junta para definir superficie y linderos de las demás, salvo autorización de estatutos, no sólo para segregar y asignar cuota –que es lo común- sino también para definir superficie y linderos pues “puede afectar a otros elementos privativos o a los elementos comunes”.
Se presenta en el Registro de la Propiedad una instancia privada, en la que, un particular, solicita del Registrador “que se anule el apunte (la hipoteca) que figura sobre la finca registral 31.860, de la que es titular, ya que, actualmente, no existe la carga a favor de la Caja de Ahorros de Badajoz, por haber sido cancelada el 10 de marzo de 1997”. Al escrito se acompaña un certificado expedido por la Entidad Acreedora en que reconoce que, el préstamo garantizado con la hipoteca referida, ya ha sido cancelado, económicamente, con anterioridad.
2.- La segunda cuestión, es la de la afirmación por el Sr Registrador y curiosamente y no sé porqué “recalcada” por la DG “aún cuando el préstamo está cancelado económicamente, como se acredita con la certificación que se acompaña, una cosa es el préstamo y otra la hipoteca y para cancelar ésta es precisa la escritura pública”.
Posiblemente “esté tirando piedras contra mi tejado”, pero no puedo compartir totalmente esta afirmación, ni sus consecuencias. Porque, si yo acredito que tengo cancelado económicamente un préstamo, para qué me sirve la hipoteca?
Vamos “al grano”, y esta es una cuestión que se plantea en muchas ocasiones: Si yo tengo un poder para dar una carta de pago, pero no para cancelar la hipoteca que garantiza el crédito ¿puedo dar carta de pago de un préstamo, pero no cancelar la hipoteca que lo garantiza?
13. OBRA NUEVA Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO, OTORGADOS POR UNOS PADRES COMO REPRESENTANTES LEGALES DE SU HIJO SUJETO A SU PATRIA POTESTAD REHABILITADA. R. 21 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 15 de abril de 2004.
Hechos: Los padres de un mayor de edad incapacitado y sujeto a la patria potestad prorrogada de aquellos, proceden, por un lado, a declarar una obra nueva en construcción sobre un solar propiedad de dicho incapacitado (y que habían comprado para él, de contado, unos meses antes) y, acto seguido, formalizan un préstamo hipotecario sobre dicha vivienda, para su construcción, a favor del BBVA. El valor de la obra nueva es de 104.051’83 euros, y el préstamo solicitado es 252.425’08 euros.
El Registrador alega en su informe y luego veremos que lo recoge la DG la desproporción existente entre el importe de la obra nueva y el capital del préstamo. El Tribunal Superior, vuelve a insistir sobre que la compra del solar no se acredita que esté vinculada a la operación de préstamo, y sobretodo que la utilidad de la operación debe apreciarla el juez con audiencia del Mº Fiscal, e insiste en otra cosa en que se apoya luego la DG, “que la exigibilidad de cumplimiento de las condiciones para disponer del préstamo es facultad exclusiva del Banco”. El Notario recurre el Auto Judicial.
3.- Pero finalmente, la DG se encuentra con dos obstáculos que no puede salvar: – la desproporción entre el valor atribuido a la obra nueva y el capital del préstamo, lo que puede llevar a sospechar que la fuente de financiación se puede destinar a otros fines distintos de la construcción de la vivienda y – el control que en la escritura de préstamo se atribuye exclusivamente al Banco, prescindiendo de los organismos de protección del incapacitado (incluso de los padres), lo que revela que prima al interés de la Entidad de Crédito sobre el interés del incapacitado.
Si se hubieran obviado estos fallos, todo hubiera sido admisible sin autorización judicial, pero claro esto es muy fácil decirlo “a clavo pasado”.
Y sobretodo está clara una cosa en defensa del Notario: con la solución jurídicamente correcta, nunca se habría podido comprar el solar, ya que la “espera”, hubiera ocasionado o una subida del precio, o la venta del solar a un tercero. (JLN)
1.- Anotaciones preventivas, prorrogadas a la entrada en vigor de la LEC 1/2000 (disp final 9ª), o sea al día 8 enero de 2001. Estas anotaciones se prorrogan hasta que haya recaído resolución firme, sea cual sea la autoridad que haya dictado aquella, o todo lo más se prorrogan 4 años (a contar de la fecha de la anotación, no de la fecha del asiento de presentación) más otros seis meses más, por aplicación analógica del art 157 LH. (4 años + 6 meses).
Se pretende la inmatriculación de una escritura de elevación a público de un contrato de compraventa en la que, por fallecimiento del vendedor, actúa su heredera. Advierte el Registrador de que la finca que se pretende inmatricular está inscrita a favor de la entidad «T. residencial». Los interesados vuelven a presentar el citado documento, acompañado de una escritura de aceptación de herencia, en la que como documento unido, se acompaña fotocopia de un documento privado por el que el titular registral vende la finca al causante de la herencia.
La Dirección General, confirmando la calificación del Registrador, entiende que sólo son a notables aquellas demandas cuya estimación pudiera producir una alteración registral, y que, frente a la tesis del recurrente de que la anotación advertiría a los terceros de que la finca puede ser embargada un futuro, la amenaza de un embargo no puede reflejarse en el Registro ni por sí sola perjudicaría a los derechos de un tercer adquirente. Respecto al otro defecto, añade que es claro, con arreglo a los principios de salvaguardia judicial de los asientos, legitimación y tracto sucesivo, que no puede practicarse una anotación cuando la finca aparece inscrita a favor de persona distinta de aquélla contra la que se sigue procedimiento. (MN) Enlaces: BOE. UA.
– la no necesidad de acreditar el cambio de estado civil (no está el estado civil declarado amparado por el principio de fe pública registral y, además, teóricamente puede ser ahora soltero si hubo sentencia de nulidad).
– la necesidad de proteger la buena fe del adquirente que ha de quedar incólume ante una manifestación errónea o falsa por parte del vendedor sobre tal extremo.
La DGRN aunque reconoce que lo determinante de una resolución judicial es el fallo, éste ha de ser interpretado en función del contenido de los Fundamentos de la sentencia, y –en su criterio- es claro, según éstos que lo que se está atribuyendo es el uso de la vivienda familiar. Más adelante argumenta que el derecho de uso no es propiamente un derecho real, ya que la clasificación entre derechos reales y de crédito es una división de los derechos de carácter patrimonial, y el expresado derecho de uso no tiene tal carácter patrimonial, sino de orden puramente familiar
Notas: Parece, pues, que se cambia el criterio marcado en la R. 1 de septiembre de 1998, tanto en cuanto a la configuración de derecho real para inscribir como en cuanto a la duración, ya que entonces basó el Centro Directivo su fallo en la “indeterminación del derecho en cuestión, que no sólo pone en entredicho su alcance sino incluso su propio carácter real”. Esta resolución no aparece en los “vistos”.
El Registrador suspende “…por no concretarse en el mandamiento la trascendencia real de la acción ejercitada, toda vez que en la demanda que se pretende anotar se ejercita una acción meramente personal, que no persigue una alteración en la situación registral, de manera que no tiene cabida en ninguno de los supuestos del artículo 42 de la Ley Hipotecaria”.
– La naturaleza de refaccionario del crédito no trae como consecuencia que la demanda de dicho crédito pueda ser anotada por el cauce del número 1º del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, es decir, no es la anotación de crédito refaccionario una subespecie de la anotación de demanda, sino una anotación de naturaleza distinta que puede tomarse mientras duren las obras (art. 42. 8 LH), siguiendo un procedimiento especial.
– Las anotaciones de demanda exigen estar ante una pretensión que pueda tener alguna trascendencia registral, pero no puede extenderse su ámbito a aquéllas que sólo pueden desembocar en el pago de una cantidad de dinero, las cuales pueden ser objeto de una anotación de embargo, si se dan los requisitos para ello. Si, por el contrario, lo que se pretende es una anotación de crédito refaccionario debe seguirse el procedimiento específico legalmente señalado (art. 61 LH). (JFME)
30. SEGREGACIÓN POR DEBAJO DE LA UNIDAD MÍNIMA DE CULTIVO EN ANDALUCÍA. R. 22 de marzo de 2004, DGRN. BOE del 24 de abril de 2004.
Se trata de una escritura de segregación, declaración de obra nueva y venta de una finca rústica. La segregación infringe la normativa sobre unidades mínimas de cultivo, pero cuenta con licencia municipal para practicarla y para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada. La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía remite a instancias de la Registradora, Resolución declarando la nulidad de la segregación.
El interesado recurre. No se recoge en el BOE el informe notarial.
La DGRN estima el recurso del interesado basándose en que el artículo 25.b) de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, de 4 de julio de 1995, exceptúa de la prohibición de división el supuesto de que sobre la porción segregada vaya a realizarse una construcción permanente de carácter no agrario. De ahí deduce que han de aplicarse las normas urbanísticas, y como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía atribuye a los municipios la facultad de conceder la licencia correspondiente, obtenida tal licencia, el documento es inscribible, sin perjuicio de que, si la licencia es nula, pueda ser impugnada por el procedimiento y con los efectos legalmente establecidos, sin que baste una simple declaración de nulidad de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Nota: la Registradora operó ciñéndose estrictamente a lo dispuesto en el artículo 80 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, que dispone: “Artículo 80.- Fincas de dimensión inferior a la parcela mínima de cultivo. Cuando se trate de actos de división o segregación de fincas inferiores a la unidad mínima de cultivo los Registradores de la Propiedad remitirán copia de los documentos presentados a la Administración agraria competente, en los términos previstos en el número 5 del artículo anterior. Si dicha Administración adoptase el acuerdo pertinente sobre nulidad del acto o sobre apreciación de las excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, remitirá al Registrador certificación del contenido de la resolución recaída. En el caso de transcurran cuatro meses desde la remisión o de que la Administración agraria apreciase la existencia de alguna excepción, el Registrador practicará los asientos solicitados. En el supuesto de que la resolución citada declarase la nulidad de la división o segregación, el Registrador denegará la inscripción. Si dicha resolución fuese objeto de recurso contencioso-administrativo, el titular de la finca de que se trate podrá solicitar la anotación preventiva de su interposición sobre la finca objeto de fraccionamiento.”
El Centro Directivo optó por la solución opuesta, tal vez por un principio de jerarquía, por entender que el art. 80 tan sólo se aplica en sede de legislación agraria y, en consecuencia, por considerar que la Registradora no debió de remitir nada a la Administración agraria. Ahora bien, es tan breve la explicación que da y basada en tan pocas disposiciones (no se cita en vistos precepto alguno del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio), ninguna Resolución ni sentencia, que todo lo anterior es conjetura. Lo cierto es que hay, en cuanto al tema de fondo, una interpretación contraria a la de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que tal planteamiento puede dejar en papel mojado el contenido del citado artículo 80, que no se entra –al menos directamente- en la polémica de la posible aplicación del 79 como indica el recurrente y que esta Resolución también resulta contraria al principio inveterado de vedar el acceso al Registro a los actos declarados nulos (no se entiende qué tiene de “simple” la declaración de nulidad de la licencia decretada por la Consejería).. (JFME)
31. CONFESIÓN DE PRIVATIVIDAD SOBRE BIEN INSCRITO A FAVOR DE AMBOS ESPOSOS COMO GANANCIAL. R. 23 de marzo de 2004, DGRN. BOE del 26 de abril de 2004.
Nota: La DG interpreta que no se ha declarado tal error. Sin embargo, hubiera sido también razonable el fallo contrario, ya que dicho error se deduce indirectamente de las manifestaciones de los esposos ratificadas por la vendedora. Parece muy duro rechazar la documentación por no haberse utilizado la palabra sacramental si se deduce del conjunto. Ahora bien, a favor de la DG hay que reconocer que el texto transcrito de la escritura de ratificación tiene cierta ambigüedad -“ratifican todos la modificación efectuada en la escritura anterior”- pues puede hacer pensar también en una posible transmisión en la posición contractual lo que así mismo está argumentado por el Notario en su recurso.
32. TESTIMONIO DE SENTENCIA SIN MANDAMIENTO. R. 24 de marzo de 2004, DGRN. BOE del 27 de abril de 2004.
En el informe, la Registradora alega un nuevo defecto –la no constancia de causa- que no puede ser valorado para evitar la indefensión del recurrente.
También revoca la letra b) porque los autos aclaratorios que acompañan a la sentencia identifican la finca a que se refiere la demanda. No acepta la alegación de la Registradora de que dichos Autos rectifican la finca sobre la que se ejercitó dicha demanda por entender que supone también alterar el contenido de la nota de calificación. (JFME)
*33. ANOTACIÓN DE QUERELLA. FINCA A NOMBRE DEL QUERELLANTE. R. 25 de marzo de 2004, DGRN. BOE del 27 de abril de 2004.
*34. OTORGANTE Y TITULAR REGISTRAL IDENTIFICADOS POR DISTINTOS DOCUMENTOS. JUICIO DE IDENTIDAD NOTARIAL. R. 26 de marzo de 2004, DGRN. BOE del 27 de abril de 2004.
Notas: Se echa de menos un “considerando” de la DG acerca del juicio de identidad alegado por el Notario y su alcance, no tanto referido al propio documento, sino al anterior título.
Sobre qué tipo de documentación procede, la DG no dice nada. La Registradora sugiere en su nota: “Puede acreditarse con certificado de la Dirección General de la Policía o del Consulado correspondiente que acredite que dicho señor posee ambos documentos identificativos. También se podría acreditar, dado que el título en virtud del cual adquirió la finca el transmitente fue otorgado ante el mismo Notario que autoriza la escritura de ratificación ahora presentada, mediante diligencia de cotejo de firmas.” (JFME)
D**35. ENTREGA DE LEGADO POR CONTADOR-PARTIDOR SIN INTERVENCIÓN DE TODOS LOS LEGITIMARIOS. R. 29 de marzo de 2004, DGRN. BOE del 29 de abril de 2004.
Seguidamente enumera algunas de las amplias facultades de que está dotado el albacea-contador partidor como la interpretación del testamento, el análisis de la inoficiosidad de donaciones y la colación y recuerda que se suele reconocer al testador –incluso con legitimarios- la facultad de distribuir la totalidad de sus bienes en legados.
*7. RECHAZO DE RESERVA DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR COINCIDIR CON UNA MARCA. R. 24 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 14 de abril de 2004.
Pero encuentra fundamento en la disposición adicional decimoctava y decimocuarta de la Ley de Marcas –Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que, aunque pendientes de desarrollo, ya ofrecen base legal para imponer ciertos limites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales.
Establece esta norma que: «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el Registro Mercantil Central, al igual que los territoriales, es evidente que lo son- denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial».
14. AUNQUE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL SEA JUDICIAL, HAY QUE OBSERVAR ESTRICTAMENTE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS O LEGALES. DETERMINAR LA VALIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA COMPETE AL PRESIDENTE, PERO DICHO JUICIO TAMBIÉN ES LUEGO COMPETENCIA DEL REGISTRADOR MERCANTIL. R. 26 de febrero de 2004, DGRN. BOE del 15 de abril de 2004.
Se levanta acta notarial de la Junta, y la persona designada para presidir la Junta Sr A manifiesta que no se puede reunir la misma válidamente, ya que está presente sólo el 5’04% del capital social, y ello porque uno de los asistentes, el Sr B, que había sido designado para asistir como Secretario a la Junta, había dejado de ostentar la representación del socio mayoritario (la Mercantil X de la que era administrador judicial), al haberse dejado sin efecto judicialmente las medidas cautelares que habían determinado el nombramiento como tal administrador judicial. Sin embargo el Sr B, presente en la Junta, discrepa del Presidente Sr A y sobretodo de la interpretación que hace de la resolución judicial de cesación de dichas medidas cautelares, en cuanto a la Mercantil X, entendiendo que por tanto la junta está validamente constituida, por cuanto con su representación está presente el 94’96% del capital social.
– que no se ha convocado debidamente la junta por correo certificado como exigen los estatutos, pese a la convocatoria judicial
– que al Registrador Mercantil no le compete examinar la validez o no de la constitución de la Junta, porque eso queda y es responsabilidad del presidente según el RRM
– que no existe diferencia en la LSL entre 1ª y 2ª reunión de la Junta. Revocado.
A partir de ahí, los otros puntos recurridos carecen de importancia: – dice que es irrelevante el hablar de primera o segunda convocatoria y también rectifica al Registrador Mercantil, por indicar que es el Presidente quien debe manifestar la validez o no de la constitución de la Junta, ya que tal responsabilidad también entra dentro de las funciones del Registrador.
No sé si el pobre juez o quien hace la convocatoria de la junta utiliza los medios habituales de las S.A., y no se lee los estatutos de la S.L. en cuestión, y a partir de ahí se viene abajo todo lo actuado: no es válida la convocatoria de la junta, ni la propia junta, ni el acta notarial, ni los acuerdos… hay que empezar de nuevo. Y lo triste es que formalmente la DG lleva razón. (JLN)
Junto a este informe se publica la reseña del Seminario celebrado el 16 de marzo de 2004. Se recoge a continuación un caso, estando el resto en archivo aparte.
2. PAREJAS DE HECHO. Se plantea la constancia en el Registro de la propiedad de la circunstancia de ser los comparecientes pareja de hecho, sus efectos en orden al régimen económico y el modo de realizar la inscripción, en particular el acta, cuando adquieren por mitades indivisas, en concreto se plantea si en el acta habrá de hacerse constar que la adquisición es por mitades indivisas y para su régimen de pareja de hecho.
Como vimos en la sesión anterior, del mismo modo que para acreditar el matrimonio basta la manifestación del cónyuge o cónyuges, en este caso, bastaría la manifestación de los miembros de la unión de hecho para tener por existente dicha unión, sin que fuera necesario aportar la certificación de inscripción de la misma.
Aunque se configura la inscripción como constitutiva, la falta de la misma únicamente impedirá a la pareja en cuestión acogerse a las ventajas que confiere la Ley de parejas de hecho de Euskadi, pero, en orden a los efectos civiles de la pareja de hecho habrá que estar a lo que establece el ordenamiento jurídico interpretado conforme al art. 3 CC, que incluye la consideración de la realidad social y el recurso al espíritu y finalidad de la norma.
La inscripción del bien adquirido por mitades indivisas con la expresión de que se realiza según su régimen de pareja de hecho se aborda a propósito del siguiente caso.
(Comentarios a Consultas de la Dirección General de Tributos de publicadas en de 2004, realizado por Francisco Mínguez Jiménez, Inspector de Finanzas del Estado).
Nº de consulta: 2109-03
Materia: EMPRESA FAMILIAR.
En un supuesto de actividad económica ejercida por una comunidad de bienes, uno de los comuneros pregunta si tiene derecho a las reducciones fiscales previstas en la normativa del ISD para la empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio.
La DGT señala que cuando la actividad se realice por una comunidad de bienes o sociedad civil debe entenderse que son cada uno de los comuneros o socios quienes desarrollan tal actividad, sin que pueda considerarse que se trata de participaciones en entidades, siendo necesario para disfrutar del beneficio fiscal que el comunero o socio que pretende aplicar el beneficio fiscal desarrolle tal actividad de forma habitual, personal y directa y cumpla la totalidad de requisitos fijados en la normativa del ISD.
La Orotava, Archidona, Bilbao, Madrid, Los Realejos, La Estrada, Puerto de la Cruz y Alicante, a 4 de mayo de 2004.