Source: https://es.scribd.com/doc/2402011/GARANTIAS-CONSTITUCIONALES-DEL
Timestamp: 2016-04-29 08:24:23
Document Index: 307359472

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Plantea que dicha doctrina se encuentra anclada a categorías jurídicas propias de la mitad del siglo pasado, y reproduce el conocimiento anterior a la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Chile, y en el mejor de los casos se integran escasos elementos nuevos bajo un marco conceptual ya superado. De lo anterior, es que es necesario revisarla, a la luz de los avances del constitucionalismo nacional y comparado. Ello es fundamental para proteger debidamente los derechos del contribuyente, esto es, conforme al bloque de constitucionalidad. Para tales efectos, en los dos primeros capítulos se aborda la potestad tributaria y las garantías constitucionales del contribuyente en la doctrina nacional. En el Capítulo III, se explican los aspectos generales de la fiscalidad de la Comunidad Europea y las garantías del contribuyente en dicho ordenamiento jurídico. En el Capítulo IV se bosqueja una nueva visión de la sistemática de garantías del contribuyente, para lo cual se estudian aspectos de estado actual del constitucionalismo, a fin de reconstruir el sistema de fuentes del Derecho Tributario y sus reglas de interpretación. A continuación, se explica con un método concordante a dicha visión tanto las garantías constitucionales y los derechos fundamentales del contribuyente como la Potestad Tributaria, subordinada a los derechos fundamentales. I . INTRODUCCIÓN La Constitución Política de la República de Chile (Constitución Política, en adelante), contiene un conjunto de normas que constituyen las bases de la fiscalidad, y que hacen referencia a los elementos esenciales que intervienen en ella, tales como aquellas normas que establecen el marco de desarrollo y ejecución de la Política Fiscal; la de creación de órganos estatales y la atribución de potestades; las que establecen las relaciones y solución de conflictos entre ellos; el reconocimiento de derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes, etc. Todas ellas, pero especialmente este último tipo de normas, determinan las relaciones entre el contribuyente (ciudadano) y el Estado (dentro de un marco de Estado Social de Derecho). Este trabajo, precisamente, se refiere a estos últimos temas. Sin embargo, debido al hecho de que la Constitución Política ontológicamente constituye un todo y por tanto su interpretación debe ser efectuada en el marco de un corpus constitucional (Zúñiga 1991; 291), se hará referencia a los demás elementos que constituyen las bases constitucionales de la tributación, en la medida que sea necesario a fin lograr una completa exposición argumentativa. I.I.- La potestad tributaria del Estado La potestad ha sido definida como aquella situación de poder que habilita a su titular para imponer conductas a terceros mediante la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas o mediante la modificación del estado material de cosas existentes1. A su turno, las potestades públicas son poderes-deberes jurídicos conferidos por la Constitución y las leyes a diversos órganos del Estado, que ejercen sus diferentes funciones, razón por la cual se las conoce como potestad legislativa, potestad judicial, potestad contralora y potestad administrativa.
La potestad administrativa la podemos definir como el conjunto de poderes-deberes conferidos a la Administración Pública, por la Constitución o las leyes, con el fin de que cumpla y desarrolle su función propia de servir con objetividad los intereses generales, sometiéndose plenamente a la ley y el Derecho (López 1998). Carlos Giuliani Fonrouge, en su ya clásica obra Derecho Financiero2, señala que "la expresión potestad tributaria significa la facultad o la posibilidad jurídica del Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción". Para Aste (13), el poder tributario es la facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce al Estado para imponer, modificar o suprimir en virtud de una ley, obligaciones tributarias. Y en tal sentido, debe reservarse para identificar aquella facultad que tiene el Estado para imponer, modificar o suprimir tributos. Sólo se expresa en normas de rango legal. En otro sentido, el poder tributario, entendido como sinónimo de potestad tributaria (Aste, 13), para Antonio Berlini3, es el poder de instituir impuestos o establecer prohibiciones de naturaleza fiscal, y englobaría tanto el poder legislativo como el reglamentario, por cuanto toda la normativa de un tributo deriva de la potestad tributaria. Raúl Rodríguez Lobato la define como «la denominación que se da al poder jurídico que tiene el Estado para establecer obligaciones forzosas, recaudarlas y destinarlas principalmente a expensar los gastos públicos"4. La potestad tributaria del Estado comprendería de esta perspectiva, las funciones normativa, administrativa y jurisdiccional, para cuyo ejercicio el Estado tiene facultades de legislación, de reglamentación, de aplicación, de jurisdicción y de ejecución que ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial según la competencia que les confieren la Constitución Política y las leyes. De tal modo, el poder tributario sería exclusivo del Estado y éste lo ejerce a través del poder legislativo (pues por el principio de legalidad las leyes deben establecer los tributos y que deben contener los elementos esenciales de los mismos), a través del poder ejecutivo (pues éste debe aplicar la ley tributaria y proveer en la esfera administrativa para su cumplimiento y, en ocasiones, cuando está facultado por la ley, debe dirimir las controversias ante la administración y el gobernado que surgen como motivo de la aplicación de la ley impositiva) y a través del poder judicial (cuando éste dirime las controversias entre la administración y el gobernado o entre el poder legislativo y el gobernado sobre la legalidad o la constitucionalidad de la actuación de dichos poderes, es decir, el administrativo o ejecutivo y el legislativo). I.II. Los fundamentos y los fines de la potestad tributaria Respecto de este importante problema, gran parte de la doctrina considera que el poder tributario se fundamenta en la soberanía del Estado. Otros autores se refieren al poder general del Estado (poder de imperio). En Chile, la profesora Ángela Radovic Schoepen señala que "la potestad tributaria, por una parte, se atribuye a dos poderes públicos o centros de poder; el legislativo y el ejecutivo, dirigiéndose a una colectividad indeterminada de particulares. Ahora bien, el poder atribuido a la Administración Tributaria tiene un contenido abstracto, porque consiste, genéricamente, en fiscalizar, inspeccionar a potenciales e indeterminados obligados tributarios que se encuentran en condición de ser revisados" (Radovic 1998, 10). Se señala que en Estados Unidos, de acuerdo a la doctrina clásica, la actividad tributaria radica en dos poderes soberanos del Estado, cuales son el poder de imperio y el poder de policía. Por el primero, el
Estado puede exigir contribuciones a las personas; y por el segundo, el Estado controla a las personas y bienes situados en su jurisdicción (López 1998, 50). Otros autores consideran que el fundamento de la potestad tributaria es el poder de Imperio o mando del Estado, y la legislación tributaria constituye una manifestación de este poder del Estado5, en cuya virtud impone contribuciones forzosas a los particulares. Frente a los tributos el Estado actúa como autoridad, en el ejercicio de su poder de imperio, por lo que el contribuyente se encuentra frente a un pago forzado, impuesto en forma unilateral y cuyo incumplimiento es sancionado. El profesor Casado (2002) sostiene que, en España la tributación hunde su fundamento en el deber constitucional de solidaridad social, de contribuir al financiamiento público, con arreglo a la capacidad económica y la ley. Como explica López (1998, 51), otros señalan que la obligación tributaria se impone no tan sólo con el fin de procurarse recursos el Estado, sino también con el propósito de influir en la economía para orientar sus actividades productivas y obtener de esta forma un mejor aprovechamiento de sus recursos. De este modo hace referencia a los llamados fines económicos y sociales, a cuyo logro deben contribuir los particulares. La cuestión de los fundamentos y fines de la tributación constituye un tema no pacífico dentro de la doctrina. Por ejemplo, Rivera (2000) se plantea en otra postura, y señala que la potestad tributaria del Estado está restringida únicamente a la obtención de los recursos necesarios para la concreción de la misión estatal, debiendo realizarla respetando los derechos fundamentales de las personas. Así, es inconstitucional y constituye una desviación de poder utilizar los instrumentos tributarios para la obtención de un fin diverso de los autorizados por la Carta Magna o para establecer un sistema socioeconómico contrario al estatuido en la Ley Fundamental. Esto es tal, ya que la irrupción del Estado en la vida individual y social está regulada en la propia Carta Fundamental y deriva de los principios generales que ésta contempla, de las normas específicas relativas al Orden Público Económico como del respeto que debe otorgarse a los derechos fundamentales. I.III. Límites a la potestad tributaria del Estado En esta área, como en todas las restantes de la doctrina nacional referidas a la materia de este trabajo, la doctrina nacional no es uniforme, y cada autor expresa su particular visión, lo que da cuenta precisamente de una falta de sistematización, debido en gran parte a la diversidad de fuentes bibliográficas y enfoques que cada uno usa. La doctrina trata esta materia desde la perspectiva de la Administración (dando cuenta de lo que considera es el centro de gravedad de la cuestión), como su epígrafe revela6, y dentro de ella hace referencia a diversas cuestiones, entre las que se encuentran los derechos y garantías del contribuyente, como límites de la potestad tributaria. La doctrina nacional está de acuerdo precisamente en que la potestad tributaria está sujeta a ciertos límites pero, como se ha dicho, cada autor desarrolla ideas más o menos diferentes y tratan de crear su propia sistemática al respecto. Alguno7 clasifica los límites en jurídicos, políticos e internacionales; la mayoría de los autores reconocen límites externos o internacionales e internos a la potestad tributaria de la misma manera como se limita la soberanía de los Estados. Otros, llaman a estos límites usando la denominación de principios supremos de la tributación.
Pero precisamente en este punto se produce un primer problema, pues los autores nacionales no hacen una distinción clara y fundamentada respecto de las materias contenidas en los principios de la tributación, las bases constitucionales de la tributación, o los derechos del constituyente. Además tratan el tema de manera relativamente diferente. Hacen la distinción, por ejemplo, Aste (2002), López (1998) y Zavala (2001). López (1998) señala los principios reseñados por William Petty y Adam Smith, y busca los fundamentos constitucionales de la equidad, certeza, conveniencia y economía, que para él son los principios supremos del derecho tributario. Asté, por su parte, agrega a Fritz Neumark (en su famosa obra Los Principios de la Imposición, Instituto de Estudios Fiscales, traducción, introducción del profesor Enrique Fuentes Quintana, Madrid, 1994), y agrega que a estos principios debe ajustarse la lógica tributaria8. Zavala señala que todo sistema tributario debe contar con la característica de la simplicidad, la flexibilidad y la suficiencia9. Los límites jurídicos, para Zavala, estarían compuestos por los principios de carácter constitucional que resguardan que la carga tributaria sea justa y equitativa en relación a los sujetos que afecta, como asimismo, lograr el respeto de derechos constitucionales de contenido económico social. Estos límites estarían constituidos por los principios de legalidad, equidad o justicia tributaria, igualdad o generalidad, derecho a la propiedad, y la neutralidad impositiva. Para Lara (2002), los principios serían de la legalidad, igualdad, equidad o justicia tributaria, no afectación de los tributos, respeto a la propiedad privada, proporcionalidad, generalidad, no confiscatoriedad, no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado en materia económica, protección jurisdiccional. Para Aste (2002) los principios constitucionales que limitan el poder tributario son el principio de legalidad, el principio de igualdad (que acepta diferencias en materia tributaria en virtud de la capacidad contributiva, el origen de la renta, el beneficio del contribuyente). Para parte de la doctrina nacional (Ugalde 1993, Asté 2002), las limitaciones jurídicas son entendidas como limitaciones internas de la potestad tributaria, y se identifican con los derechos constitucionales del contribuyente. En tal sentido, expresan que la potestad tributaria es una exteriorización de la soberanía, y como expresión de ésta reconoce sus mismos límites, establecidos en nuestra Carta Fundamental, art. 5 inc. 2, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que tienen naturaleza anterior y superior al Estado. Esto nos parece un acercamiento correcto. Los límites políticos para Zavala se relacionan con el problema relativo a la doble tributación, es decir, del evento en que un mismo sujeto se ve gravado dos o más veces en un mismo periodo de tiempo y por una misma actividad, por uno o más Estados. Es decir, puede existir un problema de doble tributación interna (al interior de un mismo Estado) o internacional. La doble tributación internacional se resuelve a través de decisiones unilaterales de un Estado o a través de tratados internacionales en virtud de los cuales uno de los Estados suscriptores renuncia total o parcialmente a sus pretensiones de recaudar fondos. Los límites internacionales para dicho autor se relacionan con la exención de tributos por parte de funcionarios diplomáticos, o consulares en virtud de tratados internacionales o en virtud del principio de reciprocidad. Para otros autores (Lara 2002), las normas para evitar la doble tributación internacional, y los convenios internacionales de desarrollo económico e integración, serían límites de la potestad tributaria en el ámbito internacional.
Tanto es así. En este marco de ideas. el principio de la capacidad económica (que es el soporte más valioso de la equidad en la distribución del impuesto). equidad. en materia de estos principios supremos de la tributación. siguiendo doctrina europea. Albiñana (1992. generalidad. distingue entre límites de la potestad tributaria (principio de legalidad como límite formal y principio de capacidad contributiva como límite material) y garantías materiales del contribuyente (generalidad. principios de orden
. considerados consecuencia de la soberanía de los otros Estados sobre un territorio determinado. el principio de generalidad ("todos tienen el deber de contribuir al mantenimiento de los gastos públicos"). siendo el principio de reserva de ley y el de irretroactividad de la ley tributaria aplicaciones del derecho a la seguridad jurídica y un freno a la arbitrariedad de quienes ostentan el poder público. por cierto. proporcionalidad. control jurisdiccional. seguridad jurídica en sus aspectos de confiabilidad. El único autor que hemos visto hacer una distinción entre los principios de la tributación en el Derecho Comparado y los principios de la tributación en Chile. no revisando con acuciosidad el hecho que pudieran no tener respaldo constitucional o tal vez pudieran tener un tratamiento constitucional distinto. y los tratados internacionales constituirían el instrumento en que se da fe de esta autolimitación frente al exterior. Han indicado que la expresión Estado de Derecho10 encierra la idea de sometimiento del Estado y sus organismos al Derecho. la tutela judicial efectiva (que es un concepto mucho más profundo que nuestra formal garantía del debido proceso). por lo que el poder tributario va de la mano con la soberanía estatal. También. progresividad y no confiscatoriedad) de los principios formales (reserva de ley y principio de ingreso público). justicia tributaria. La doctrina nacional es tributaria de la doctrina comparada. igualdad. sectores. Algunos autores en Chile. proporcionalidad. La doctrina tributaria nacional que recoge esta idea no lo considera un principio sino un marco general o presupuesto de actuación del Estado. territorios)13. y se comprende con la existencia de la separación de los poderes consagrada constitucionalmente y el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales. por ejemplo. y se los asimila a nuestro país sin mucho enfoque crítico. la Constitución sería la manifestación más permanente de esta autolimitación del poder estatal dentro de las fronteras nacionales. son los de capacidad económica y legalidad. el principio de la redistribución de la renta y del patrimonio. El destacado profesor argentino Héctor Villegas. hace referencia a principio de igualdad (igualdad ante la ley y en la aplicación judicial de la ley) y no discriminación. capacidad económica. límites a la potestad tributaria o garantías del contribuyente. razonabilidad. no confiscatoriedad. Francisco José Carrera Reyes11. el principio de progresividad. el principio de reserva de ley o principio de legalidad. distingue principios materiales del ingreso público (generalidad. es el profesor Enrique Evans (1997). el de justicia tributaria. Dando alguna noticia del Derecho Comparado. 65) distingue el principio del beneficio12. etc. el principio de la solidaridad (entre todos los ciudadanos. podemos señalar que Benalcázar (2002) considera que los principios son el de igualdad. certeza y no arbitrariedad en la interpretación de preceptos legales y poder judicial independiente). que es frecuente ver que se hace referencia a los principios en Derecho Comparado. han afirmado la existencia de una relación entre Estado de Derecho con el Poder Tributario. generalidad. Casado (2002) expresa que los pilares fundamentales sobre los que se levanta el instituto jurídico del tributo en el campo constitucional. el principio de igualdad. igualdad.Otros le denominan derechamente límites externos. progresividad y capacidad económica). el principio de justicia (formulado con los principios de igualdad.
De lo anterior. Algunos comentarios Todos los temas vistos. significará una necesaria redistribución de los fondos comunes municipales). el favorecimiento a la creación de empleo y crecimiento económico. en dicho proyecto de ley. de control de la actividad administrativa. eligiendo aquel que le significa una menor presión fiscal de entre las distintas jurisdicciones fiscales que coexisten a nivel nacional e internacional. que en términos más amplios se relacionan con las bases de la tributación en la Constitución. sea directamente por el constituyente a través de una reforma constitucional. u otro semejante.). de irretroactividad de las sanciones. y que merece una respuesta mucho más completa que la expuesta. que no necesariamente ha sido coincidente con el mantenimiento del orden en materia de financiamiento de los gastos públicos (en efecto. los pactos de libre comercio. la ley de plataforma financiera internacional. medidas para-arancelarias y medidas de efecto equivalente). sino también la armonización de la fiscalidad interna. facilitado ello por el gran desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información y los medios de transportes y comunicaciones. que intenta reflejar la conexión del texto constitucional con la realidad político social. neutralidad.jurídico (de legalidad. transparencia.) lleva a considerar que la fiscalidad tiene un carácter internacional. simplicidad o comprensibilidad. la globalización de los mercados (con la liberalización de los mercados de capitales. de unión aduanera y de mercado común. la reforma a la Ley de Timbres y Estampillas. etc. Casado (2002) explica el fenómeno señalando que las ideas básicas sobre las que se fundamenta la tributación se construyeron en un contexto social. Hoy. accesibilidad de la ley.IV. político y económico muy diferente al existente hoy (y que históricamente se hunde en el origen mismo del constitucionalismo). donde los contribuyentes que comparece al sistema tributario como un agente económico que elige entre diferentes "proveedores tributarios". política y económica a que se enfrentan los Estados en el marco de una economía globalizada. asimismo.) se ha hecho referencia de uno u otro modo a las ideas de competencia fiscal. tales como el método "hermenéutico concretizador" teorizado fundamentalmente por Konrad Hesse por el cual la realidad debe ser incorporada a fin de determinar claramente lo que en principio no aparece con esta característica en la Constitución. Y el desarrollo de dichos tratados. En nuestro propio país (Chile). dado su carácter normativo amplio y abierto. precisamente se desarrollan sobre la base de entender la fiscalidad como una herramienta de políticas económicas (en general) y no sólo de política fiscal. etc. o sea por la doctrina y los operadores jurídicos. implica la intervención no sólo de la estructura tributaria relacionada al comercio exterior (barreras arancelarias y exacciones de efecto equivalente. de concretarse ésta. en los debates legislativos suscitados con ocasión de los proyectos de ley de carácter tributario (tales como en la Ley de Rentas Municipales. y que daba cuenta de una muy estrecha relación entre el Estado y su contribuyente. es que se presentan ejemplos como el de las reformas a la Ley de Rentas Municipales II. II. I. la que esperamos bosquejar en futuras publicaciones. los menores ingresos que la reforma produzca a algunas comunas. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL CONTRIBUYENTE EN LA DOCTRINA NACIONAL
. También hace referencia a principios de orden económico (como Neumark)14. etc. Ella requiere dar cuenta de una realidad social. entre otros. o como el método de la "interpretación constitucional mutativa". En materia internacional. el desplazamiento internacional de los factores de producción y las bases imponibles. de no privación de la libertad. Y esa realidad económica de nuevas exigencias es la que debe ser asumida con sinceridad. de seguridad jurídica. la apertura económica. En efecto. la reforma al impuesto a la renta de los trabajadores. a través de los métodos de interpretación constitucional pertinentes.
emolumentos. proporcionalidad o progresión". beneficios. Además la interpretación constitucional debe hacerse favor libertatis y no pro fiscus. "el Congreso Nacional sólo podrá aceptar. una ley. puede atreverse a dictar normas de carácter general cuyo contenido sea precisamente el reservado a la ley. disminuir o rechazar los servicios. y no en su sentido material. y en nuestro país está fundada en el artículo 19 numeral 20 de la Constitución Política. reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza. suprimir. señalan que es suficiente que la ley sólo establezca los aspectos esenciales de la regulación de los derechos o fijación de tributos (por ejemplo. y la tributación es una limitación al derecho de propiedad16. y en su numeral 14. "las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley". Es decir. 32 N°8. La doctrina comparada da cuenta del apotegma "nullum tributum sine lege" (o el viejo principio "no hay tributación sin representación" de los sublevados ingleses de la Gran Revolución y suscrito en La Carta Magna y el Bill of Rights) en la exigencia de una ley formal. Asté señala que serían éstos los sujetos y hecho gravado). Y la exigencia es precisamente que los tributos sólo pueden establecerse bajo la figura jurídica de una ley en su sentido formal. fruto de las potestades constitucionales del Presidente de la República. sancionarlas y promulgarlas"). Lo anterior no debe ser confundido con la discusión relativa a si el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio o restringido. gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República" (inciso final del artículo 62). sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos. más no formalmente. En virtud de lo anterior. el artículo 32 (que en su numeral 1 señala que son atribuciones especiales del Presidente de la República "concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. asimismo. En consecuencia. Concordante con ello. pues precisamente debe interpretarse de manera amplia la norma que establece
. decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes") o derivada de la aplicación de la ley. Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados (articulo 62 inciso 2 Constitución Política). préstamos. que establece que le cabe "ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. Garantía de legalidad del tributo o de la carga impositiva Este principio constitucional se denomina también principio de reserva legal. a la autoridad administrativa le queda vedada la posibilidad de establecer tributos. "las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República". "cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley".I. establecida en el artículo 32 de la Constitución Política. estimo que el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio. Al respecto. Respecto de este tema. que al fijar el estatuto constitucional de los tributos determina que la ley es el instrumento por el cual éstos se regularán. Se relaciona con el origen mismo del constitucionalismo. el artículo 60 dispone que sólo son materias de ley. pues la Constitución Política en su artículo 26 es claro en disponer que la regulación o limitación (restricción) de derechos sólo puede hacerse por ley y en los casos que la misma Constitución Política lo autorice. 62 inciso 4 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile15.II. por el que le corresponde. Al respecto. 60 N°14. y se consagra y regula principalmente en los artículos 19 N°20. pudiendo quedar el resto de la regulación en manos de la potestad reglamentaria. establece en el numeral 1 del artículo 62 que "corresponderá. dicha norma reglamentaria sin embargo sería materialmente. y determinar su forma. quienes defienden la segunda postura. en su numeral 22. argumentando que hace uso de su potestad reglamentaria autónoma (derivada precisamente del numeral 8 de dicho artículo. En lo pertinente. empleos. establecer exenciones o modificar las existentes. al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para (1) imponer. Ésta es la más clásica de las garantías constitucionales del contribuyente.
como señala Asté "la mayor garantía para el contribuyente se logra cuando es la ley. prorrogue incentivos fiscales. sistemática y finalista. podemos distinguir la igualdad ante la ley. No obstante tener en ello la razón. Pero esto último no sólo es un problema que radica en el Parlamento o Ejecutivo. que establece que es atribución especial del Presidente de la República "dictar. todo lo cual no se logra concretar sino muy parcialmente de acuerdo todos los días comprueban quienes se enfrenta a nuestro sistema del contencioso tributario) y la prohibición de las discriminaciones arbitrarias (lo que en la moderna doctrina. En nuestro caso. decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución". Es decir. además de que debe interpretarse las normas constitucionales de manera armónica. Pero no por ello es necesariamente correcta. y ello es otro argumento para considerar que no es posible la delegación. lo que en materia tributaria se relaciona con el carácter general de los tributos (principio de generalidad. Según Zavala (2001. De este último aserto se puede disentir. o mediante mandato legal para que. consecuencia del concurso político de los distintos sectores representados en el parlamento. Para Aste con ello se garantiza la existencia de la libertad patrimonial y ausencia de la arbitrariedad (2002. pues parece ser demasiado categórico. por tanto. etc. es cuestionable la posibilidad de delegación. II. comprendiendo. se denomina interdicción de la arbitrariedad).
. y es posible estimar que puede afectar menos la libertad patrimonial (la que siempre queda afectada al menos parcialmente por los tributos) y excluir con mayor probabilidad las arbitrariedades. por estar comprometida de manera total este otro derecho fundamental. los DFL. Por otro lado. exige precisamente de una ley emanada de este órgano representativo de todos los sectores de la sociedad. que señala que en cuanto el principio de legalidad tributaria y el de igualdad tributaria son derechos constitucionales. la que establece todos los elementos que integran la obligación impositiva". y sometidos a la misma ley. el principio de legalidad en materia tributaria desde sus inicios vinculó la fijación de tributos a la discusión y debate parlamentario a fin de evitar cualquier exceso del Poder Ejecutivo. 17). en virtud de la norma constitucional prohibitiva contenida en el artículo 61 inciso 2 de la Constitución Política. conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Constitución Política. Figueroa. igualdad ante la justicia o en la aplicación de la ley (que debe verse en el apartado dedicado a las garantías jurisdiccionales. conforme a los derechos fundamentales y las normas del capítulo I de la Constitución Política17. Y de ello se hace cargo el profesor Evans (1997). el principio de reserva legal debe entenderse en sentido amplio. estimo que lo indudable es que mecanismo parlamentario concede mayor legitimidad. Sin embargo. La afectación de la propiedad por los tributos. principio de igualdad ante la ley tributaria. lo que otorga precisamente la legitimidad por el cual este mecanismo nació y pervive. a través de decretos con fuerza de ley. se presenta el problema del establecimiento de tributos vía delegación legislativa. que se relacionan con el principio del debido proceso en cuanto establece que Fisco y Contribuyente se encuentran en la misma situación jurídica. y a la misma jurisdicción. previa delegación de facultades del Congreso. por ejemplo. aun no recepcionada por los tributaristas. Se dice además que no está prohibido. Al tratar esta garantía.derechos y restrictivamente la que establece potestades (y las que limitan los derechos).16).II. Garantía de igualdad de los tributos o de su igual reparto Dentro del gran principio de la igualdad constituye un derecho fundamental en cuanto todas las personas tienen igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley. todos deben contribuir conforme su capacidad contributiva. Ello se pierde también con la delegación legislativa. según entiendo). no considera Evans otro argumento en el mismo sentido.). cual es que la doctrina estima precisamente que la tributación es una limitación al derecho de propiedad. sino también en la Justicia Constitucional. Ésta además es la posición de prácticamente toda la doctrina nacional (Radovic.
y la igual repartición de las demás cargas públicas". por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. Sin embargo. ya que en el evento que lo sean adolecerían de inconstitucionalidad. el principio de la no discriminación es relacional.IV. La igualdad y la generalidad Algunos autores se refieren a este principio como igualdad o generalidad tributaria. El constituyente refuerza la garantía de igualdad al inhibir a los órganos del Estado a realizar diferencias arbitrarias en la aplicación de las normas. 20). el hecho gravado" (Zavala 2001. Hay que destacar que algunos tributaristas consideran que este principio no sólo informa esta materia sino que es un pilar fundamental del Estado democrático.
. 19 N°22 de la Carta Fundamental. y que al menos entre los tributaristas revisados sólo hemos visto lo recoge Aste (2002. podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados. no pueden. Este principio se extiende también al hecho de que el impuesto no pueda tener destinaciones especiales. La igualdad y la no discriminación arbitraria En este principio se conjugan dos términos que en apariencia son contradictorios. Requiere tener un punto de comparación22. Como señala Casado (2002. con relación a su poder contributivo o capacidad económica20 (de ahí que los impuestos proporcionales y progresivos sean constitucionales)21. cualquiera que sea su naturaleza. que reiteramos son consustanciales a la igualdad. y no pueden establecerse tributos a personas individuales. II. u otro. en modo alguno ser arbitrarias. que deben ir a las arcas generales de la nación23. dado a que el legislador se ve en la necesidad de discriminar entre distintas situaciones. De ahí podemos deducir la génesis de la comprensión del principio democrático como eje fundamental de la estructura del Estado de Derecho en Chile19. implica que verificados los supuestos que prevé la ley para que una persona se constituya en deudora frente al Fisco. 19 N°2. Asimismo.III. la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. II." El principio de la generalidad señala la mayor parte de la doctrina. y en general la doctrina europea). Ahora bien. queda constituida en esa calidad sin que pueda liberarse de su obligación. y lo entiende como "aquel en virtud del cual el tributo sólo puede afectar a los sujetos que se encuentran en el supuesto de hecho que la ley ha previsto.Estas garantías están consagradas constitucionalmente18. por violación del art. y " los tributos que se recauden. origen de las rentas. Ello no obsta a la formación de categorías por parte del legislador a fin de distribuir la carga impositiva entre los contribuyentes de acuerdo a criterios tales como capacidad contributiva. beneficio del contribuyente. ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.16). sino que se trata de asegurar el mismo tratamiento tributario a quienes se encuentran en análogas situaciones. el de la igualdad y la no discriminación arbitraria. con el fin de velar que las personas soporten un mismo tratamiento tributario. dentro de los marcos que la misma ley señale. esto es no se analiza individualmente sino en comparación. estas diferencias. La doctrina tributarista nacional expresa que este principio no se refiere a una igualdad en términos numéricos. Estaría consagrado en cuanto la Constitución Política dispone "la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. Pero todas las personas dentro de esa categoría están obligadas. como fluye de lo dispuesto en el art.
72). como límite a la potestad tributaria. Principio de generalidad tributaria Algunos autores abordan la generalidad como un subprincipio de la igualdad ante la ley (Massone 1979. no debe ser expropiatorio. para otros autores la generalidad es un principio autónomo de la tributación (Aste 2002. ello según el tenor expreso del art. en cuanto a que su establecimiento corresponda a motivaciones que no sean discriminatorias. la Constitución Política restringe el ejercicio de esta facultad en casos que signifiquen privación a este derecho en su esencia. Las exenciones constituyen una excepción a la generalidad e igualdad. De la manera como la doctrina nacional entiende el principio de generalidad. de modo tal que los tributos sean pagados por todos aquellos que se encuentren en la situación objetiva contemplada en la ley. y se encuentra expresamente consagrado en la Constitución en los artículos 19 N° 22 y 62 la posibilidad de establecerlas. las exenciones.Este principio tiene una excepción. y se fundamentan en circunstancias de orden económico. No obstante dichas consideraciones. 185) explicando la garantía de la generalidad señala que "la ley tributaria ha de tener aplicación sobre todos los contribuyentes que se encuentren en las circunstancias contempladas por el legislador al establecer la regla de Derecho. Lara (2002) explica que su establecimiento no importa quebrantamiento de la garantía de igualdad tributaria. sólo a través de leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. esto es excesivo al punto de afectar el derecho de propiedad en su esencia. en los siguientes subprincipios: a) No confiscatoriedad del tributo. y se señala que "consiste en que la ley sea una disposición abstracta e impersonal. social o político razonablemente arregladas por el órgano legislativo y con el propósito de lograr efectiva justicia social (por ejemplo. 24). carece de todo efecto garantístico. II. 19 N° 26 de la Carta fundamental. de modo tal que los impuestos los paguen todos aquellos que están en la situación objetiva contemplada en la ley" El profesor Atria24. es decir. Garantía del respeto a la propiedad privada Los tributos constituyen una limitación al derecho de propiedad. La ley tributaria debe tener aplicación respecto de todos los contribuyentes que se encuentren en la situación prevista por la ley. Figueroa (1985. el cual precisamente el derecho a la igualdad tiene.
. Lara 2000). la doctrina extranjera la explica de un modo muy distinto a como se la ha recepcionado e interpretado en Chile. No obstante que el Estado está facultado para imponer a las economías particulares gravámenes de naturaleza tributaria. II.31. y constituye una mera tautología (expresa sólo que la ley debe aplicarse). El respeto al derecho de propiedad. exención a rentas más bajas) o de fomentar el desarrollo de regiones o actividades determinadas. político y social apreciadas ellas por el legislador. se expresa. La doctrina nacional señala que dicha privación se explica y justifica por el fin social que el Estado debe cumplir por mandato de la Constitución Política.VI. según la doctrina. que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis normativa ahí prevista" (Radovic 1998.V. las que son adoptadas en razón de circunstancias de orden económico. como ya se ha señalado25. Asimismo. considera muy criticable esta forma de enfocar el principio de generalidad.
y de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y el derecho constitucionalmente consagrado de propiedad. Estimamos que las argumentaciones a favor de la figura que la doctrina llama contrato-ley hoy no tienen asidero constitucional ni en la moderna doctrina de Derecho Administrativo. Estos contratos se tratarían sólo de contratos administrativos que. y el Estado debe respetarlos. Además la doctrina encuentra base legal en el Código Civil y la Ley de Efectos Retroactivos de las Leyes. renta o utilidad" (Radovic 1998. en el Tribunal Constitucional y la doctrina hasta hoy. En esta instancia se admite un control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. 82. También se ha dicho que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su tasa es irrazonable. 19 N° 24 en relación con el N° 26 de la Constitución Política. El principio de no confiscatoriedad es una consecuencia directa de la protección brindada al derecho de propiedad. debemos considerar que nuestro Derecho Administrativo y Constitucional es demasiado distinto a antaño. el que debe considerar las circunstancias de hecho que condicionan a las leyes tributarias. siempre que exista requerimiento y cuestión de constitucionalidad. establecen derechos y obligaciones para las partes. la que podrá (concurriendo las condiciones copulativas que establece el art. La doctrina tributaria nacional le da a este tema el mismo tratamiento que al resto. careciendo de toda supuesta potestad de modificación o revocación unilateral del mismo. que son privilegios establecidos con una finalidad de conveniencia. Se señala que la calificación de si el tributo es o no excesivo.
.La confiscación es por esencia contraria al derecho de propiedad. pues sustrae del patrimonio de una persona derechos materiales o inmateriales sin su consentimiento y sin causa lícita. corresponde en primer término al legislador. Este subprincipio se fundamenta en la racionalidad y necesidad de certeza jurídica y según algunos en el derecho de propiedad. ya sea económica. y se ha debatido el punto en nuestro actual esquema constitucional desde antes de que naciera (en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución). esto es. etc. lo que sucede cuando ocasiona un aniquilamiento del derecho de propiedad en su esencia o de cualquiera de sus atributos.Generalidad y tiene su manifestación en las exenciones. En ocasiones incluso se ha discutido respecto si la confiscatoriedad se presenta en todo tributo o en sólo los impuestos directos27 (estimamos que esta es una distinción falsa que debilita la garantía constitucional). Hoy por hoy. que considera los principios de: . 4. diferentes autores han planteado los siguientes: c) Respeto por los contratos leyes. 80 de la Constitución Política) declarar la inaplicabilidad de aquel precepto legal contrario a la Constitución. los enfoca de una manera propia a como se abordaba antes de la Constitución Política de 1980 y sin ninguna crítica ni aporte. es decir. se admite un control a posteriori de la constitucionalidad de la ley por la Corte Suprema. el que se ve fortalecido por la prohibición que se impone a la potestad tributaria en el artículo 19 N° 20 inciso segundo. Asté 2002. Fuera de los anteriores subprincipios. 19 N° 20 inciso 2 ("en ningúncaso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos") y art. tales como la que señala que un tributo es confiscatorio "en el caso que los tributos lleguen a ser tan significativos e impliquen privar a la persona de una parte significativa de esos bienes". d) Principio de conveniencia. El fundamento positivo de lo anteriormente expuesto lo encontramos en los artículos 1 inc. Cabe señalar que sólo se han acuñado máximas de difícil determinación. sectorial. cuando equivale a una parte sustancial del valor del capital. No existe consenso acerca de lo que debe entenderse por "tributo confiscatorio". en virtud de los principios de Derecho Administrativo. como cualquiera de éstos. Una vez que la ley entra en vigencia. b) La Irretroactividad de la ley tributaria. y Código Tributario28. 28)26.
claras. esto es. que exista una ecuación de equilibrio entre el hecho o renta gravada y la carga tributaria que soporta. generalidad y libertad económica.
. Se ha afirmado que la equidad ha ido evolucionando a través de los principios de igualdad. "pero sí señaló al legislador un límite conceptual que impide desproporciones. como señala Rivera (2000) ésta puede expresarse. y el derecho de optar a incrementar el patrimonio mediante el ejercicio de actividades lícitas. considerándolo de gran trascendencia por su más cercana vinculación al ejercicio racional de la potestad tributaria. patentes. II. en términos de abierta falta de equidad. debe ser ponderada en relación con la capacidad de pago del contribuyente. Para Evans (1997). Para Figueroa (1983). es decir el principio fundamental del reparto justo de las cargas contributivas. para que éste cumpla sus fines propios. además. igualmente. beneficiando a unos y perjudicando a otros. El Tribunal Constitucional ha expresado. Estaría consagrado en la Constitución Política cuando dispone que "en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos". la norma constitucional cuando manifiesta desproporción alude a la prohibición que los tributos alcancen una clara desigualdad e insiste en la necesidad de que sean proporcionales. la equidad no es sino parte de la igualdad. en ningún caso. e) Principio de capacidad contributiva o proporcionalidad. Se relaciona con el principio de generalidad. cuando son descubiertas. el tributo puede establecerse con el fin de gravar desproporcionadamente a los sujetos que caen en el hecho gravado". que cada cual asuma lo que corresponde. Se ha sostenido que la manifiesta desproporción o injusticia debe analizarse en consideración a la totalidad de la carga tributaria. Equidad tributaria Zavala (2001. si claramente no existe debida correspondencia entre la base o precio real del producto y los impuestos que lo afectan. en cuanto éste no quiere decir que todos deben pagar tributos. la idea que exista una debida armonía entre la necesidad de colaborar al funcionamiento del Estado.VII. Por su parte. La desproporción de un tributo. Para Rivera (2000). en términos tales que los tributos constituyan una parte sustancial y determinante del precio final. esto es. y en este sentido la progresividad del sistema tributario es básica. y rol de subsidiaridad del Estado (establecido en artículo 19 N°21 y artículo 1 de la Constitución Política). a manera de ejemplo. la equidad se relaciona con el principio de no discriminación.Libertad económica. la manifiesta injusticia dice relación al hecho que los tributos no se distribuyan en forma tal. sin embargo. De esta manera." (Sentencias TC 219 y STC 280). al tenor de la definición del Diccionario de la Lengua Española. Conlleva. la manifiesta injusticia se expresa cuando es claro y patente que se ha distribuido la carga tributaria. sin razonabilidad y prudencia. cuando son manifiestas.16) llama a este principio de equidad o justicia tributaria. y para él consiste en que "el tributo se va a establecer en atención al contexto social al cual se va a aplicar y de esta forma.. injustificables o irracionales y ellas se producen. en conformidad con las leyes tributarias vigentes29. como contrapartida al derecho a vivir en sociedad. sino que deben hacerlo quienes tengan capacidad contributiva. que el constituyente no fijó un monto o rango para este tipo de gravámenes.
y precisamente por ello no han sido recepcionados aún por las doctrinas tributaristas mayoritarias. 71) en vincular estrechamente el principio de equidad y el de capacidad contributiva. la determinación del tributo. lo que opera a través del establecimiento de exenciones y créditos. tiene razón Radovic (1998. II. II. Garantía de protección jurisdiccional. De lo anterior es que sea el único autor encontrado que se refiera a esta materia. La pregunta es si el tributo debe ser neutro o puede tener intencionalidad de política o planificación económica30. b) El trato relativo de las personas en distintas circunstancias. pero con el tiempo ha ido aceptándose lo contrario. ha de fundarse en el principio del beneficio (igual tratamiento tributario entre quienes reciben los mismos beneficios. Puede ser que tenga una finalidad estrictamente fiscal (obtener los recursos necesarios para el funcionamiento del mercado) o de planificación indicativa (dando señales. reglamentos. Señala esta autora que ingente cantidad de normas tributarias (compuestas por infinidad de leyes de alta complejidad. Esta garantía consiste en el derecho del contribuyente a que las diferentes controversias que puede mantener con el Fisco sean resueltas siempre por un tribunal idóneo e independiente . II. especialmente. 19 N°22. Pero podría tender a cambiar en el futuro. etc. Transparencia impositiva y seguridad jurídica. y entre quienes reciben distintos beneficios ha de fijarse en proporción al beneficio recibido) o en el principio de capacidad económica o contributiva (relacionada a la capacidad de pago de cada contribuyente). Para la doctrina nacional. procurando que sean técnica y jurídicamente inteligibles. Esta vez.) debe estructurarse en forma clara. eficiencia económica etc. debe considerarse el límite constitucional del art. y tiene dos aspectos fundamentales: a) El tratamiento racional de las personas en iguales circunstancias. pues como dice Benalcázar (2002) todo tributo tiene su finalidad económica31. este principio es sólo considerado por Radovic (1998.) tiene un alto contenido económico.18). Como vemos. Cabe destacar que este principio (como el de la transparencia. Neutralidad impositiva Este principio es sólo considerado por Zavala (2001. actividad o zona se podrá establecer sólo en virtud de una ley y siempre que no constituya una discriminación arbitraria.se relaciona con
. a los agentes económicos a fin de que asuman conductas determinadas que logren el cumplimiento de definidas políticas económicas fijadas por la autoridad). en el sentido de que el beneficio tributario para un sector. 64). es decir.IX. Explica Zavala que. incentivos o desincentivos. quien lo explica distinguiendo la finalidad de los tributos.X. quien lo ve como una fase evolutiva o mutación del principio de legalidad y en relación con la certeza jurídica.VIII. La respuesta en principio fue que debía ser neutro. no obstante ello. oficios. Recurso a tribunal y debido proceso El principio de la protección jurisdiccional se traduce en la existencia de mecanismos de protección frente a la violación de las garantías constitucionales en las que pueda incurrir la autoridad. resoluciones. circulares.Evans (1997) señala que la equidad se traduce en la determinación adecuada o racional de la carga tributaria.
20 de la Constitución Política y el recurso de inaplicabilidad de la ley inconstitucional establecido en el art. I 1999. artículo 60 complementado por el artículo 62 inciso 2 y 9 de la misma. el principal órgano a cargo de ello es el Tribunal Constitucional. la fundamentación de los fallos. como lo explicita Ugalde (1999. y con ello lograr la dictación de leyes respetuosas de los derechos constitucionales. II. la bilateralidad de la audiencia. existe una absoluta unanimidad por la doctrina de que se viola de manera flagrante esta garantía en los procedimientos legales de reclamaciones tributarias. 222). que dan cuenta del hecho de que estos medios de garantías de derechos fundamentales no son suficientemente adecuados para concretar lo que los europeos llaman la tutela judicial efectiva de los derechos del contribuyente. el establecimiento de recursos ante un superior jerárquico igualmente independiente e imparcial (Verdugo et al.
. órgano jurisdiccional predeterminado por la ley independiente e imparcial . que se traduce en el derecho al tribunal natural. no se hace efectivo o material. 58).). también en la propiedad). En Chile. que la doctrina considera dentro de este apartado el recurso de protección de derechos constitucionales establecido en el art. (y en Chile. y en el artículo "Análisis y Revisión del Recurso de Inaplicabilidad" del profesor Raúl Bertelsen Repetto). Garantía de control de constitucionalidad de la ley tributaria A fin de concretar el principio de supremacía constitucional. Finalmente cabe aclarar que la categoría dogmática nacional del debido proceso es escasamente garantística y extremadamente formalista. Existe coincidencia que un derecho sin garantía eficaz es sólo "papel mojado". es fundamental la existencia de mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes. El principio de certeza. en los cuales el "juez competente" en primera instancia es el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos respectivo. por lo que no puede compararse con la categoría garantística europea conocida como tutela judicial efectiva. tiene su expresión primera en el principio de la legalidad. debe destacarse todos los problemas que han presentado en la práctica los recursos de protección y de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (lo que puede observarse en Ugalde 1993. II.XI. es decir. como señala Evans (1997. En nuestro país. consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política. ni han sido aplicados de manera adecuada por los Tribunales de Justicia chilenos. No obstante. en Conosur 2000.y a través de un procedimiento racional y justo (Figueroa 1985. el derecho a la defensa.XII. 31 de julio de 1995. Quien analice los fallos del Tribunal Constitucional podrá quedar muy insatisfecho con su actividad como órgano tutelar de los derechos fundamentales del contribuyente. no es considerada de manera manifiesta por la mayoría de la doctrina nacional. el cual le ha tocado ver algunos casos con relación a leyes tributarias (en sentencias de fechas 6 de diciembre de 1994. etc. que incluso delega sus funciones jurisdiccionales en funcionarios inferiores (cuyos fallos han sido frecuentemente objeto de acciones de nulidad de Derecho Público).el principio de legalidad del tribunal. 264). entre otros. También la doctrina hace referencia al recurso de apelación frente a los fallos de los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos (casi siempre contrarios a los contribuyentes) y la acción de nulidad de Derecho Público. la libre aportación de las pruebas y su examen. De lo anterior. 80 del mismo cuerpo normativo. Principio de Certeza Constituye una garantía fundamental para el contribuyentes. El procedimiento racional y justo se debe traducir en uno que observe el trato igualitario ante la justicia. 19). No obstante.
"la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica". que no se ve en la generalidad de la doctrina de los tributaristas. 89) tiene la gracia de explicitar ciertos elementos que los tributaristas abordan como necesarios pero sólo de manera tangencial. II. inciso primero. consideramos parte consustancial de toda actividad económica. Como es sabido. sus precios y posibles márgenes de beneficio. Por ello. entre las que cabe considerar. reconoce el "derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral. asumiendo el riesgo de ganancia o pérdida. Sin embargo. Concordamos con Rivera (2000) en cuanto a que al Estado le está vedado afectar el contenido esencial del derecho a desarrollar actividades económicas como impedir su libre ejercicio.
. la libertad de organización. el derecho a optar por utilidades. no es menos cierto que el único autor que la explicita como una garantía con entidad específica es Evans (1997. Garantías del orden público económico Radovic (1998. dando un elemento de carácter sistemático a la interpretación constitucional.Para que la máxima suprema de la certeza no sea menoscabada. pues genera que en concreto sea el Estado. de esta manera. garantizando el numeral 22 de la misma disposición. 97). y no aquellos. lógicamente. y no da otros mayores que los ampliamente conocidos por la doctrina. inversión y la de fijar sus políticas comerciales. quizás por el hecho de que precisamente en el caso del Sr. Especialmente este último tema nos debe llamar la atención. planteamos desacuerdo a los fallos que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. al orden público o a la seguridad nacional. contratación. Evans se trata de un constitucionalista. y que tampoco significaron aporte alguno a la dogmática nacional. N° 200 de 14-11-1994). respetando las normas legales que la regulen". 19 N° 26 de la Constitución Política. N° 21. dicha garantía está comprendida en el art. En este sentido. regulando. Con ello. Evans casi no entrega elementos nuevos en esta materia. Constitución Política. es inconstitucional cuando el Estado establece un sistema impositivo por el cual se apropia de un porcentaje significativo e irrazonable del precio final de venta. debe tenerse presente el marco general de disposiciones constitucionales que conforman el orden público económico. Rivera (2000) también considera que el libre ejercicio de una actividad económica y la no discriminación en materia económica como limitación a la potestad tributaria33. Radovic no profundiza en ello y sólo incluye dentro de las garantías contenidas en este principio. Pero una idea interesante que agrega se refiere al hecho de que en la búsqueda de lo esencial de los derechos del contribuyente. y el de control de la constitucionalidad de la ley tributaria32.XIV. el verdadero propietario de la actividad económica. el margen de utilidad del industrial o comerciante. y los fallos clásicos del tribunal Constitucional que se refieren a la esencia de los derechos (sentencias TC Roles N° 43 de 24-2-1987. existe el principio de la tutela jurisdiccional ya explicado.XIII. poniendo el acento en la libertad económica y en el principio de subsidiariedad del Estado. II. las establecidas en los artículos 19 N° 21 y N° 22 de la Constitución Política. pues la libertad a desarrollar libremente actividades económicas lleva consigo. Garantía de la esencia del derecho Si bien es cierto esta garantía de garantías es asumida con vehemencia por prácticamente toda la doctrina tributarista. los cuales se refieren a las discusiones de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. El artículo 19. cual es considerar que dentro de los principios que en Chile deben ordenar la legislación de contenido tributario se encuentran los principios constitucionales del orden público económico.
se adoptan por las Comunidades diversas otras medidas fiscales. especialmente en el ámbito de fiscalidad37. la libre circulación de mercaderías. la libre circulación de personas. LAS GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA III. 839) sostiene respecto de las competencias de las Comunidades. el proceso se está perfeccionando con los esfuerzos de armonización de la fiscalidad interna34. y mediante la eliminación de medidas para-arancelarias y medidas de efecto equivalente a ellas. Es decir. Además. en este marco. modificación del sistema de impuestos indirectos al consumo en la Unión Europea introduciéndose el sistema del IVA. Además de las anteriores medidas. y son
. y a que hoy. Además. impuestos sobre sueldos y salarios. o sólo el ejercicio de las mismas. La unión económica de la Comunidad se basa en el desarrollo de cuatro libertades fundamentales. mediante la prohibición para los Estados miembros de establecer tributos aduaneros y exacciones de efecto equivalente a los tributos aduaneros. relativas a los ajustes fiscales en frontera y la prohibición de subvenciones encubiertas a las exportaciones. se han dictado normas sobre cooperación entre las Administraciones Tributarias en materia de asistencia mutua para el intercambio de información y recaudación tributaria. debido a que los Estados miembros han ido cediendo soberanías. Posteriormente en el tiempo.). Todos estos. los derechos de aduana y gravámenes agrícolas. se financian sobre la base de una serie de ingresos de origen fiscal (la participación comunitaria en el IVA de los Estados y los recursos basados en el producto nacional bruto PNB. la libre circulación de servicios. gravamen a la producción del carbón y el acero. al margen de las constituciones nacionales. Ello se debe a que las Comunidades Europeas nacen precisamente como uniones aduaneras. cuales son. desde el punto de vista de la tributación. y la libre circulación de capitales y de pagos. La fiscalidad de los países miembros debe adecuarse a un sistema que no atente en contra de las señaladas libertades. etc. Importante es destacar la Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos de los estados miembros de fecha 6 de enero de 1998. lo que implicó la existencia de un Derecho Financiero Comunitario. según algunos. El desarrollo y progresiva profundización de la Unión Europea ha significado un especial desafío al constitucionalismo de esa región del mundo. que "no se trata de competencias al margen sino derivadas de la Constitución. el cuadro se completa con la prohibición en materia de ayuda estatal y la prohibición de discriminación fiscal en razón de nacionalidad. La fiscalidad se entiende. y la adecuación de los monopolios comerciales de carácter comercial y los monopolios fiscales a fin de excluir todo tipo de discriminaciones entre los ciudadanos de la Comunidad. que elaboró un Paquete de Medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa o lesiva a los intereses de la Comunidad en la Unión Europea.. atribuidas a las Comunidades. directivas de armonización fiscal y reglamentos aduaneros en cuanto establecen deberes formales y normas de procedimiento.I.III. El doctor Casado (2002. en el que se convino elaborar un Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas y se establecieron principios para el logro de una solución mínima en el ámbito de la imposición del ahorro36. se intervino la estructura tributaria relacionada al comercio exterior. Además de ello. en la Comunidad se establece la prohibición de cualquier barrera fiscal. etc. se han dictado directivas sobre prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales. según otros a las Comunidades. constituyen principios ordenadores de la fiscalidad intracomunitaria. es decir tributos internos que buscan la protección indirecta de la producción local35: medidas contra la discriminación y obligación de imposición en el país de destino. como una herramienta de políticas económicas (en general) y no sólo de política fiscal.Aspectos generales de fiscalidad en la Comunidad Europea La Comunidad Europea desarrolló su mercado común sobre la base de eliminar las barreras aduaneras entre los Estados miembros y crear un tributo aduanero común frente a terceros países.
a través. y al establecimiento de un mercado común en el que sea posible la libre circulación de personas. Derechos fundamentales del contribuyente Como se ha indicado. El tributo es concebido en el Tratado de la Comunidad Europea no como un mecanismo de financiación sino como un mecanismo que es preciso coordinar (vía armonización) y orientar en el interés del mercado común y al servicio de los intereses globales y sectoriales (extrafiscalidad) de la comunidad. a la completa eliminación de las fronteras fiscales. una tercera generación de Teorías de Derecho Financiero y Tributario postula la existencia de derechos públicos subjetivos independientes de la ley (y que actúan como limite a ésta). Junto a ello. además del establecimiento de barreras comunes frente a terceros Estados).de los siguientes tipos: potestad para establecer tributos propios. y articular dicha relación desde un punto de vista constitucional.
. expresa que históricamente. la prohibición del establecimiento de barreras paraarancelarias y de medidas de efecto equivalente. los tratados imponen determinados límites. Ello ha ido generando diversas exigencias a la fiscalidad. advierte acerca del hecho de que las "figuras tributarias comunitarias" revelan la inadecuación de elaboraciones tributarias doctrinales sobre el instituto jurídico del tributo en el derecho interno. esta vez. 857). Esta corriente intenta definir qué incidencia tienen los derechos y principios constitucionales sobre la relación entre la Administración y el ciudadano contribuyente. de barreras fiscales. La armonización fiscal plasmada en la norma comunitaria. se intentó usar las categorías conceptuales de dicha rama jurídica. capitales" (Casado 2002. aparece como necesaria una armonización legislativa y uniformación de las prácticas administrativas a fin de evitar que se produzcan distorsiones en el libre tráfico y competencia. el proceso de integración en materia de fiscalidad dice relación con la destrucción de las barreras aduaneras entre los Estados miembros y la creación de un sistema común (que incluye diversos aspectos. los tratados permiten a las Comunidades incidir en el ordenamiento tributario de los Estados miembros mediante actividades de armonización de las respectivas legislaciones". Para salvar dicho escollo. En tal sentido. se puede agregar que la armonización hoy trata de compaginar los objetivos de neutralidad fiscal y no discriminación con una acción marcadamente intervencionista orientada a garantizar el ejercicio efectivo de la libre movilidad de los factores de producción en el mercado interior y a la coordinación del empleo del tributo por los Estados miembros al servicio de sus respectivas políticas económicas nacionales y más tímidamente al manejo extrafiscal del impuesto en apoyo directamente de objetivos y políticas comunitarias. en sus fallos hace un análisis no de la letra de la ley impugnada sino de los resultados económicos que se logran con la aplicación de ella. el cual para efectos de lograr que se concreten los principios señalados. La existencia de recursos fiscales propios de la Comunidad evidencia que a la Comunidad Europea le han sido atribuidas determinadas competencias en esta materia pero sin que pueda hablarse de una competencia fiscal general de la comunidad. se intentó someter a Derecho a la Administración Tributaria sobre la base de categorías del Derecho Privado. Asimismo. El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. El profesor de la Universidad de Cádiz don Adolfo Martín Jiménez (2001). mercaderías. servicios. prohibiciones y controles al poder impositivo de los Estados miembros. Con el mayor desarrollo del Derecho Público durante el siglo XX. la exigencia de igualdad entre los ciudadanos comunitarios y la no discriminación en materia tributaria en razón de nacionalidad (sea en los impuestos o sea en las prácticas de la Administración Fiscal). tales como la prohibición del establecimiento de aranceles y de exacciones de efecto equivalente. junto a principios y valores que las actuales constituciones normativas reconocen como límites al legislador. en un principio. aspira al buen funcionamiento de la unión aduanera. El problema de ambos caminos es que se lograba someter a Derecho a la Administración (Administración Financiera) y no al legislador.
Sobre esta base y el mayor desarrollo del constitucionalismo. 825): a) Primacía sobre el Derecho Nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. en muchas ocasiones. Muñoz Machado. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido papel principal en la construcción y respeto del acervo comunitario. contenciosos de la devolución de ingresos fiscales indebidos por infracción del Derecho Comunitario. "el principio de legalidad
. contenciosos por responsabilidad extracontractual del Estado por violación del Derecho Comunitario. a disminuir dicho déficit). tanto en cuanto a la aplicación de las normas como a la "interpretación del Derecho interno conforme al Derecho Europeo". "un proceso de redefinición y ampliación con el ejercicio en la práctica de los poderes atribuidos en el tratado". que en nuestras latitudes aún parece ser. en parte. 834) . se ha ido reconstruyendo la relación entre el ciudadano-contribuyente y el Estado (superando el antiguo nexo súbdito monarca. y Casado 2001. se ha generado importante jurisprudencia con ocasión de la solución de diversos contenciosos relevantes para la fiscalidad. c) Autonomía respecto de los Derechos nacionales de los Estados miembros. presentando una inserción en ellos.En tal sentido. al decir de S. Ninguna norma interna puede obstaculizar su aplicación. ellos no participan directamente de la elección de dichos órganos (sólo el Parlamento Europeo ha venido. con el tiempo los órganos de las Comunidades han ido expandiendo sus competencias a ámbitos o áreas no comprendidas en principio por el Derecho Originario o Fundacional. 832) porque las competencias de la Comunidad no están delimitadas por materias sino por fines. acciones y objetivos. contenciosos por prohibición de establecimiento de aranceles y de exacciones de efecto equivalente. invocado y recogido en las normas legales y de la administración). contenciosos por infracción a la seguridad jurídica y confianza legítima. contenciosos por prohibición de establecimiento de barreras para-arancelarias y de medidas de efecto equivalente. Ello se produce. Cabe señalar que el Derecho Comunitario goza de las siguientes características (de acuerdo a Martín. debemos señalar que a diferencia de nuestro medio. Aquí precisamente se produce una contradicción con los principios tradicionales sobre los que se ha construido la fiscalidad. Como lo ha afirmado el TJCE. debido a que si bien las decisiones de los órganos de las Comunidades afectan a todos los ciudadanos de los Estados miembros. En su seno. en Europa se ha extendido decididamente los criterios garantísticos de los derechos fundamentales hacia el contribuyente. a través de mecanismos como la consulta como cuestión prejudicial que realizan los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros frente a una duda respecto de la incompatibilidad del Derecho Nacional y el Derecho Comunitario. siguiendo el modelo de interpretación conforme la Constitución (Casado 2001. Y este Derecho Supranacional que compone la normativa comunitaria (Derecho Originario de los tratados entre los Estados miembros y Derecho Derivado de los organismos comunitarios). como explica el profesor Casado (2001. Por otro lado. tales como los contenciosos de no discriminación en materia tributaria en razón de nacionalidad (en lo referente a impuestos o a prácticas de la administración). b) Eficacia directa de algunas de sus disposiciones. contenciosos por violación del principio de proporcionalidad. Se ha señalado como un problema en su generación normativa el déficit democrático que las Comunidades presentan. 115. lo que contribuye a que las competencias comunitarias experimenten. pero a su vez. es precisamente cautelado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE). etc.
Lo anterior. al margen de las constituciones nacionales. Explica el profesor Martín. 112).presupuestaria no puede alegarse como justificación al incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Comunitario. y dentro de los Estados miembros. presenta una independencia de los conceptos tributarios nacionales. sobre el que el Derecho Comunitario no puede imponerse" (Martín 130). Como señala Martín (125). este es autónomo frente a los Derechos Nacionales de los Estados miembros. por parte de los organismos supranacionales. la confrontación entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y los Tribunales Constitucionales nacionales como consecuencia del reconocimiento de los derechos fundamentales es de dominio público. los derechos fundamentales han de ser respetados en el marco de las instituciones de la Unión Europea tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y tal y como se resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho Comunitario que corresponde garantizar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. que fallaron a favor de sus nacionales aún contra Derecho Comunitario sobre la base de la protección y reconocimiento de derechos que sus propias Cartas Fundamentales nacionales contenían. que "la metodología usada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para proteger los derechos. Ambos criterios motivan que la configuración de un derecho comunitario fundamental no tenga necesariamente que coincidir con la que se da a ese mismo derecho en el ámbito estrictamente nacional
. surgió la duda respecto del cuidado o protección de los derechos fundamentales (consagrados en las Cartas Fundamentales) tan trabajosamente logrados después de siglos de evolución constitucional. 122) d) Responsabilidad de los Estados miembros por su incumplimiento. derechos y principios que limitan no sólo al legislador y el ejecutivo comunitarios sino también al legislador de los Estados miembros y sus Administraciones. La actuación de diversos Tribunales Constitucionales de los Estados miembros. ha actuado movido por dos criterios: la mayor progresividad (se buscan las formulaciones más juiciosas o mejor fundadas) y la funcionalidad (hay que tener en cuenta las peculiaridades del ordenamiento comunitario en el que el concreto derecho va a ser integrado). Como se dijo. En la jurisprudencia de los distintos Tribunales Constitucionales "existe un núcleo duro. Este Tribunal ha reconocido que la protección de los derechos fundamentales es un principio esencial del ordenamiento jurídico comunitario (Martín 131). señala Martín (112). e) Existencia de un órgano supranacional que monopoliza el control de legalidad de las normas comunitarias y la interpretación del Derecho Comunitario. presionaron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a que considere los derechos fundamentales como límite al Derecho Comunitario38. constituido esencialmente por los derechos fundamentales. "también en el Derecho Comunitario existen garantías. no obstante que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no constituye actualmente normativa vinculante. ni los principios generales del Derecho Tributario de un Estado miembro pueden servir para defender la legislación nacional que vulnera el Derecho Comunitario" (Martín. g) En lo relativo al Derecho Tributario Comunitario. especialmente de los de Alemania e Italia. f) En lo relativo al Derecho Tributario Comunitario. Sin embargo. está llamado a decidir en materia de distribución de competencias entre los Estados miembros y la Comunidad. el TJCE es el máximo órgano en materia de garantía de derechos y principios fundamentales en la Comunidad. aconstitucional (Martín. como este mismo lo ha entendido. al desarrollarse un Derecho Financiero Comunitario.
Se ha articulado sobre la base de tres elementos íntimamente unidos. por la aplicación de los principios generales por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. criterios de interpretación de la legislación comunitaria o nacional con la única diferencia de que su ámbito de aplicación excede el territorio de una nación y se imponen en toda la comunidad actuando a modo de Constitución financiera europea que despliega sus efectos con independencia de que el estándar de protección del contribuyente en la Constitución financiera nacional sea menos garantista que el comunitario". La idoneidad.. es otro órgano que tiene por función la protección de los derechos fundamentales. el de claridad en la determinación de los derechos y deberes. la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Explican Villar y Herrera39 (1999.Proporcionalidad. Además. sino las actuaciones desarrolladas por el legislador o el ejecutivo nacional en materia tributaria. cuales son: la idoneidad. a la vez. "desde el Derecho Comunitario. la no discriminación en razón de nacionalidad. se ha configurado el derecho a no declarar contra sí mismo. En este cuadro. Varios son los principios inspiradores del Derecho Europeo reflejados en la jurisprudencia comunitaria del TJCE. se está creando una disciplina para el comportamiento de los órganos administrativos y se está produciendo de facto un acercamiento en el actuar de las Administraciones tributarias de los Estados miembros". un principio especifico de los contribuyentes. y entre ellos están también los de los ciudadanos en cuanto contribuyentes. ni por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
. Estos derechos y principios fundamentales comunitarios tienen la misma fuerza y efectos que los consagrados en las Constituciones financieras nacionales son límites al poder del legislador y. establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ahí que la doctrina haya construido un sistema tentativo de derechos del contribuyente en el ámbito de la Unión Europea. al interpretar la Convención Europea de Derechos Humanos (aunque siempre se prestará especial atención a la jurisprudencia de este último)". precisamente. las normas aplicables a los contribuyentes deben ser idóneas para hacer posible el ejercicio de los derechos del contribuyente. Dichos principios se explican como sigue: A. el de confianza legítima. cual es el de equivalencia y efectividad en la devolución de ingresos indebidos. tales como el de proporcionalidad.por los Tribunales Constitucionales. 9) que. lo cual tenderá a homogeneizar los ordenamientos jurídicos involucrados. por otra parte. en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos. y las aplicaciones de ellas por los Tribunales Constitucionales nacionales y el TCJE. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa (con sede en Estrasburgo). se produce una influencia mutua entre los principios y derechos fundamentales comunitarios y las normas tributarias nacionales. siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Derecho Comunitario. que supone que los medios elegidos no sean inútiles para alcanzar el fin al que sirve la norma o el ejercicio de la potestad. la doctrina ha señalado que se deben proteger los derechos fundamentales por parte de los órganos jurisdiccionales estatales y comunitarios. Martín (159) señala que "en el Derecho Comunitario existe un catálogo de derechos y principios fundamentales que condicionan no sólo la intervención del legislador comunitario al elaborar las normas tributarias. En tal sentido. además de las normas internas de diversa jerarquía de los Estados40. En tal sentido.
No discriminación (directa o indirecta) en razón de nacionalidad (sea respecto de personas o productos).. B. por su parte. que implica la obligación de intervenir de la forma más moderada o menos gravosa posible (susceptible de alcanzar la finalidad perseguida con la misma eficacia) sobre el patrimonio jurídico del ciudadano..Confianza legítima. IV. La proporcionalidad en sentido estricto. El principio de efectividad exige que el sistema interno no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario. cuando lo "indebido" tiene por causa una infracción al derecho Comunitario El principio de equivalencia supone que la regulación interna no debe ser más desfavorable que la referente a los recursos de naturaleza interna. Sería una concreción de la seguridad jurídica (certeza jurídica derivada de la actuación de la otra parte) y del principio de buena fe (cuando su ámbito se restringe a una determinada relación jurídica). que implica que los principios de seguridad jurídica y de protección a los particulares exigen que en los ámbitos abarcados por el Derecho Comunitario. que supone moderar los beneficios derivados de la medida. sobre sus derechos fundamentales. cuando se trata de una infracción al Derecho Comunitario. En virtud de este principio los particulares podrán acudir al juez nacional para que se declare inaplicable y se dejen sin efecto las normas confusas o de difícil interpretación.Claridad en la determinación de los derechos y deberes. excepto cuando un interés público superior así lo exija. APORTES DEL CONSTITUCIONALISMO A LA DOCTRINA TRIBUTARISTA NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CONTRIBUYENTES IV. C. las normas de Derecho de los Estado miembros sean formuladas de manera inequívoca para permitir que las personas interesadas conozcan sus derechos y obligaciones en forma clara y precisa y que los órganos jurisdiccionales nacionales aseguren su respeto. La jurisprudencia del TJCE ha entendido que mientras el principio de seguridad jurídica tiene un contenido objetivo al hacer referencia a un ordenamiento jurídico merecedor de confianza y estable. F.. La autoridad administrativa infunde a los particulares confianza en la estabilidad de sus decisiones y no puede súbitamente adoptar una medida que contraríe tal confianza. y el sacrificio que implica para los derechos de los ciudadanos.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. incluyendo las que se producen a través de deberes formales. el principio de confianza legítima se determina en las situaciones individuales. y prácticas de la Administración.. E. el derecho a no declarar contra sí mismo.I.. y en particular. reglamentos. Ellas tienen su fundamento en un escaso estudio acerca de la materia.Equivalencia y efectividad en la devolución de ingresos indebidos.La necesidad. Es un principio específico del estatuto del contribuyente cuya aplicación por el TJCE ha sido especialmente intensa para garantizar la obtención de ingresos practicados indebidamente. Introducción Percibimos que la doctrina tributarista nacional actual relativa a las garantías del contribuyente presenta grandes falencias. ha declarado aplicable al ámbito de las infracciones y sanciones administrativas (incluidas las tributarias). lo que impide a la Administración utilizar (para efectos penales) los datos obtenidos bajo coacción en el seno de un procedimiento inspector para sancionar a quien los haya suministrado. D. pero también a
la ley. Entendemos que este es el primer aspecto importante que debería considerar la doctrina tributarista nacional cuando trata el Derecho Constitucional Tributario. los Decretos Leyes. su tratamiento es sumamente somero y meramente expositivo de aquellas escasas normas de directa connotación económica o procesal que inciden en materia tributaria. Para la doctrina nacional. funciones y fines del Estado. Obviamente no es esto último el sentido de este informe. la jurisprudencia de los Tribunales y del Servicio de Impuestos Internos y la doctrina de los autores. los tratados internacionales en materia de tributación (especialmente los referidos a evitar la doble tributación los más citados . y más específicamente. Ello es inconcebible frente al texto constitucional y frente a la doctrina comparada42.y tratados de libre comercio. por cuanto con el enfoque crítico de lo existente y sobre la base de los elementos recogidos. cual es la falta de innovación en materias fundamentales y el apego a estructuras de mediados del siglo pasado. considera los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y vigentes. los Reglamentos. unión aduanera o integración). 17)41 como fuente directa del Derecho Tributario. como fuente del Derecho Tributario. a simple vista. pero sí constituye la base de aquel. De lo anterior. reconstruyendo la categoría dogmática de la potestad tributaria y sus limitaciones conforme a la naturaleza. en el tratamiento de los derechos del constituyente. las fuentes supremas o supraconstitucionales (Nogueira 1997. Las fuentes del Derecho Tributario La doctrina tributarista nacional tiene un tratamiento respecto de las fuentes semejante a la línea general con que aborda los temas. Estimamos que sólo a partir de este punto podremos llegar a reconstruir las categorías que la doctrina tributarista a desarrollado de la estructura garantística del contribuyente. los Decretos con Fuerza de Ley. es inconcebible.un atraso en la recepción de modernas doctrinas constitucionalistas. Sólo un autor encontrado. es que estimamos que lo primero que se debe reconstruir es precisamente el sistema de fuentes del Derecho usado por el Derecho Tributario. Decretos e Instrucciones. porque comenzaremos a reestructurar las categorías básicas usadas en esa rama del Derecho. podremos dar un segundo paso cual es la necesaria reconstrucción conceptual señalada. Sin embargo. IV. Hemos señalado que la doctrina en general no plantea dudas de este sistema de fuentes.II. tal como las últimas décadas lo han estado haciendo el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional (además como nosotros vemos en nuestro medio que lo han hecho recientemente el Derecho Penal y Procesal). La carencia. precisamente porque está referido a las normas y principios constitucionales que inciden en el Derecho Tributario. Con ello ya haremos mucho. En consecuencia. Otro avance significativo estaría constituido por la revisión del enfoque interpretativo de las normas de incidencia tributaria. son la Constitución Política. por ejemplo. viene la difícil tarea de recomprender el Estado desde el punto de vista del Derecho Tributario. Ugalde (1993). siendo algunas de ellas a lo menos de dudosa constitucionalidad y otras de abierta inconstitucionalidad (como. y si tiene una intención
. Después de este punto. se deduce precisamente que debiera abordarlo con los criterios del Derecho Constitucional. las fuentes del Derecho Tributario. De lo anterior. es el caso de los DFL). la doctrina tributarista nacional no considera salvo dicha excepción.
podemos ver una Justicia Constitucional Nacional. entre otros". 87) señale con gran precisión que "los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. De acuerdo a esta perspectiva. Pero de lo que no ha existido conciencia es que la norma directamente aplicable no es sólo la Constitución. que vincula de manera inmediata y tiene eficacia directa. es más urgente habida cuenta de la existencia de la supremacía constitucional y de la vinculación directa (conforme al artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política) a todos los órganos del Estado (y a todos los habitantes de la República) a los derechos fundamentales o derechos humanos. Nos recuerda el profesor Nogueira que por lo anterior los jueces y los llamados a aplicar el Derecho "deben tomar la norma constitucional como premisa de su decisión".garantística (como debiera ser). lo que debiera significar un mayor respeto de Tribunales de Justicia y de la Administración del Estado a los derechos de los contribuyentes. y que la interpretación de las normas tributarias debe realizarse conforme con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. tampoco se menciona de manera explícita y unánime que ella es una fuente directa de derechos. 94). los derechos de los contribuyentes). ha provocado una conciencia respecto de la aplicabilidad directa e inmediata de la Constitución. constituye un límite al ejercicio de la soberanía). que puede definirse como "el conjunto normativo que contiene disposiciones. principios y valores materialmente constitucionales" (Nogueira 1997. desde la perspectiva de aquellas doctrinas de los constitucionalistas que lideran dicha corriente. y se ha obligado a respetarlos frente a la comunidad internacional y. en materia de derechos esenciales o derechos humanos. Tan sólo el recurso de protección. son para el Derecho chileno un conjunto homogéneo y unitario de derechos que deben ser respetados por todos los órganos del Estado y cautelados por todos los órganos jurisdiccionales competentes. con independencia de la localización normativa de sus enunciados. De lo anterior que el Doctor Nogueira (1997. En efecto. fuera del hecho de que en general no han integrado elementos de la moderna dogmática. sino la contenida en todo el bloque de constitucionalidad. Ello significa que nuestro país puede ser objeto de responsabilidad internacional por incumplimiento a sus compromisos internacionales. la generalidad de los tributaristas nacionales (entendiendo por tales a los juristas o autores que se dedican a cultivar la ciencia del Derecho Tributario) abordan esta materia de manera sumamente tradicional y superficial y a un nivel propio de cursos propedéuticos de Derecho. en lo pertinente. la Corte Suprema de Justicia y la
. pese a los problemas de ejercicio práctico que ha tenido. o un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. uno de protección. Respecto de la Constitución Política. existen otros. sea que estén contenidos en la Constitución Política o sea que estén contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes (y. nacionales o internacionales. Lo grave de lo anterior es que Chile ha suscrito instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 86). Al respecto debemos considerar también el principio de autoejecutabilidad de los tratados sobre derechos humanos (Nogueira 1997. fuera de los demás efectos que puede traer el hecho de que Chile sea reconocido como un país donde no se respetan los derechos humanos de una forma plena (y. Al respecto. y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile y vigentes son parte de la Constitución. En efecto. sin embargo no lo está haciendo en toda su extensión y profundidad. En efecto. y lo mismo todo el bloque constitucional. La consideración de lo señalado. configuran el sentido y alcance de los derechos constitucionales. lleva al establecimiento de la doctrina del bloque de constitucionalidad (que es un parámetro de control de la constitucionalidad). conformado por el Tribunal Constitucional. además. pudiendo invocarse formalmente a través de un recurso de amparo. la existencia de normas que estando fuera de la Constitución Política son de carácter constitucional. los derechos esenciales. Sin embargo ello no es así. cabe recordar que los mecanismos de control de la constitucionalidad no son tan sólo los que la doctrina tributarista nacional ha detectado.
y. válidas conforme a la Constitución Política. según dice este autor. y jamás podrán dejar de aplicarse justificándose en una imposibilidad jurídica interna u obstáculo interno de cualquier clase. "que se creen o modifiquen obligaciones a través de la interpretación analógica") y cuantía de la obligación y la prevalencia de la sustancia sobre las formas (a fin de interpretar la ley atendiendo a su finalidad principalmente económica).Contraloría General de la República. La interpretación de las normas tributarias Un primer elemento que podemos destacar. e) El tema de los derechos humanos es una cuestión de jurisdicción compartida o concurrente entre la interna de cada Estado y la Internacional. Al respecto. constituye una instancia de protección subsidiaria de los derechos fundamentales que opera frente a la ineficacia de la jurisdicción nacional de proteger efectivamente los derechos de las personas (luego de los Tribunales Constitucional y los Tribunales nacionales integrantes del Poder Judicial).
. el juez tributario en primera instancia y la Corte de Apelaciones en Segunda instancia y finalmente el legislador en normas interpretativas. el Sistema Regional establecido en virtud del Pacto de Costa Rica y el Sistema Internacional dependiente de las Naciones Unidas. de incidir las normas tributarias. d) También implica la sujeción a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de su aplicación. pero también una Justicia Constitucional Internacional. c) La sujeción del Estado suscriptor a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos implica la sujeción al derecho derivado de ellos. a partir de los elementos clásicos (gramatical. histórico y sistemático). No obstante. cabe hacer las siguientes consideraciones: a) Los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados y vigentes siempre se aplican de acuerdo a los principios de ius cogens Pacta Sunt Servanda y Bonna Fide. directamente en derechos fundamentales. En nuestro caso. El profesor Aste (2002. no se ha integrado prácticamente ningún concepto de la moderna doctrina constitucional. en Chile. Los entes más importantes en esta labor de interpretación de ley tributaria. pues el Estado se haría objeto de responsabilidad internacional. Sólo pueden dejar de aplicarse en los casos que lo permitan las normas especiales de Derecho Internacional. nunca pueden significar un obstáculo para la aplicación de dichos tratados internacionales. b) Las normas jurídicas nacionales. es que en esta materia la literatura consultada no contiene en general un tratamiento que integre elementos novedosos acerca de la materia. como hemos visto. IV.III. Ello porque la Constitución Política no es condición de validez de dichos Tratados sino de su aplicabilidad. que es aquella constituida en el ámbito internacional o supranacional para la protección de los derechos humanos que forman parte del Sistema al cual está integrado. La doctrina tributarista nacional hace la tradicional distinción entre interpretación doctrinal e interpretación por vía de autoridad. incluyendo sus criterios de interpretación. 54) agrega algunas reglas adicionalmente: la reserva legal en cuanto a la existencia (a fin de impedir. La justicia constitucional internacional. son el Director de Impuestos Internos. Se señala que la interpretación por vía de autoridad puede ser legal o auténtica y administrativa y judicial. lógico. Continuando con su enfoque conservador. doctrina tributarista nacional hace únicamente referencia a la interpretación de la ley tributaria.
ya que las normas constitucionales (del Derecho Constitucional formal o material) mienten contenidos que se refieren al problema básico de organización de la convivencia política de un pueblo. La mayor parte de recursos de protección (nuestro contencioso constitucional por excelencia) se declara inadmisible por cuestiones formales. en los Estados de Europa y en la Unión Europea. y dada la naturaleza especial de su objeto. probablemente muchas normas incluso de rango legal no pasarían el examen de constitucionalidad. debe realizarse en conformidad a métodos especiales. y ello debe considerarse como un parámetro de protección por el principio de progresividad y expansibilidad de los derechos fundamentales y de "integralidad maximizadora del sistema". 212). y el criterio de la concordancia práctica de optimización de los bienes constitucionalmente protegidos. que tengan por finalidad poner un acento en el aspecto financiero del derecho tributario o -si se trata de la Administración Tributaria. Pero lo que no se ha señalado por doctrina tributarista nacional. Hay apoyo en texto constitucional. Toda norma constitucional hace referencia en distinto grado. ya que la norma jurídica constitucional es "un mandato de carácter fundamental que regula. cabe hacer presente que la doctrina ha agregado en materia tributaria un quinto elemento. conforme al bloque de constitucionalidad.
. el funcionamiento de sus órganos y los principios de la convivencia política".Ahora bien. La fórmula política en la interpretación constitucional43 Pablo Lucas Verdú sostiene que "en el ámbito de la legislación constitucional existe siempre un interés político. Asimismo. Ello es así en nuestro sistema constitucional. el de las consideraciones económicas que implica su interpretación (otros la llaman interpretación económica). Por ejemplo. su intención o espíritu. Y. o bien. Sin embargo. Si se aplicaran dichos criterios. debemos entonces abordar la interpretación constitucional. es que las normas tributarias deben interpretarse conforme a la Constitución. tomando como criterio de interpretación los derechos fundamentales de la persona humana. En tal sentido. el cual es una superación de nuestra formal manera de entender en principio de debido proceso. Esta naturaleza especial de la hermenéutica y de la interpretación constitucional deriva de la definición misma de su objeto. es atentatorio del derecho a la tutela judicial efectiva.en la especialidad como ente recaudador de impuestos. tal como se da en el Estado contemporáneo. se afirma. se imponen modalidades particulares diversas a la hermenéutica general. mucha tela se puede cortar en materia de prácticas judiciales. 288). Interpretación constitucional Si la interpretación de las normas tributarias nos remiten a la Constitución. el antiformalismo se estima como un criterio universalmente reconocido cuando nos enfrentamos al contencioso constitucional de protección de los derechos fundamentales. No obstante ello.I. al bloque de constitucionalidad. La doctrina está contestes en sostener que la sistemática de la hermenéutica general es aplicable en el ámbito del Derecho Constitucional. estas consideraciones económicas deben emplearse dentro de los métodos comunes de interpretación y como una forma de comprender mejor el sentido de la ley tributaria. IV. Ello. además. a criterios de organización y estructura social"44. la estructura del Estado.III. a una ideología política. también cabe el uso de los criterios de interpretación in dubio pro libertatis y favor libertatis (Canosa 1988. que es de raigambre iusprivatista (Zúñiga 1992. es decir. conforme a una fórmula política. Y mucho más podríamos decir de la actividad normativa y de las prácticas de la Administración Tributaria. La interpretación en materia tributaria.
104) señala que el fin o espíritu de la norma constitucional española radica en su apertura a diferentes interpretaciones. políticos. otra gramatical y otra lógico-sistemática. y realiza las operaciones necesarias para establecer el sentido de la norma constitucional como parte componente de un ordenamiento que apunta a una finalidad concreta". jurídicamente organizada en una estructura social". que abarque todo el Derecho Constitucional. progresiva y evolutiva. examina los debates parlamentarios. La fórmula política debe estar presente en la tarea de interpretación constitucional y adquiere toda su vitalidad en las particulares interpretaciones de los principios constitucionales. acomodándose a las situaciones presentes. debido a que ello puede petrificar la Constitución sobre la base de la presunta imposición valórica sin considerar una interpretación dinámica. Así lo ha entendido también nuestro Tribunal Constitucional (en fallo del año 1985) cuando consideró elementos sociales. ambas. tienen una cualidad que les permite adaptarse. que son las expresiones de ciertos objetivos políticos o valores superiores. Conviene advertir que en constitucionalismo moderno anda con cuidado por estos caminos. En su contenido la Constitución define una fórmula política que es la expresión ideológica. fija el significado exacto de las palabras. Existen en la Constitución. 289). no es un documento hermético y perfecto. importantes para su aplicación y sus efectos jurídicos. La Constitución. La interpretación finalista o teleológica Pablos Lucas Verdú (citado por García). y teológica. De lo que se trata precisamente de que regule la convivencia social y política en todo instante. señala que no hay interpretación histórica de las normas constitucionales. fijados por el constituyente cuyo cumplimiento se encomienda al legislador del futuro. Zúñiga señala que es un componente central en la hermenéutica e interpretación constitucional definir y establecer las diversas categorías de normas fundamentales. elástica. sino una sola interpretación constitucional que analiza los precedentes históricos. La concreción de esta fórmula política en las sociedades contemporáneas es la democracia pluralista occidental y el Estado Social de Derecho (Zúñiga. también. afirmaciones políticas (que dan cuenta de las ideologías o valores socialmente dominantes cristalizados en la Carta Fundamental. no goza de autosuficiencia. Para Canosa. las que compete determinar al legislador coyuntural. Las normas programáticas ponen de manifiesto la dinamicidad de la Constitución con relación a la estructura social y realidad política. El magistrado español Rubio Llorente (citado en Canosa. esta interpretación intenta extraer el fundamento último de las normas. las cuales. específicamente cuando cristaliza en un Estado Social de Derecho. La interpretación finalista también entronca con la interpretación en torno a los valores y principios constitucionales. y constituyen su techo ideológico o telos). flexible.La Constitución se define como el "conjunto normativo-institucional básico. La fórmula política no se explicita exclusivamente en ideologías. no presentan mayores problemas en su interpretación y aplicación. y no sólo jurídicos
. y en gran medida en ello reside la legitimidad del texto constitucional. El Derecho Constitucional tiene un contenido ideológico explícito y su interpretación debe considerar la realidad social y la política espacio-temporal del Estado. las definiciones constitucionales. sino que es necesario considerar la organización política y la estructura social. Entre ellas se encuentran las normas inmediatamente aplicables. Las normas de la Constitución tienen un carácter esencialmente dinámico. como dice García (1992). esto es. en general difícilmente reformable. sin violación de sus normas. regulador de la organización y ejercicio del poder del Estado y garantizador de los derechos y libertades de los individuos y sus grupos. a los cambios sociales. Se pueden encontrara además las normas programáticas. constituye el vértice del ordenamiento jurídico. que de cuenta de los reales sentimientos del titular del poder constituyente en un momento presente.
las normas constitucionales reflejan en un sentido más abstractos valores a los cuales se accede a través de un análisis objetivo de las mismas. Se señala que el atrincheramiento en las opiniones de los miembros del CENC manifiesta la pretensión de algunas personas de petrificar el contenido valórico y la interpretación de los principios plasmados en la Constitución. y por estar de acuerdo a nuestro texto constitucional. precisamente. por ejemplo. en el caso chileno. de la conciencia colectiva y de requerimientos contemporáneos del bien común. afirma que la interpretación de la Constitución requiere a menudo ir a datos y valoraciones extraconstitucionales. con el análisis necesario que debe hacerse a ciertas interpretaciones basadas en reconstrucciones históricas muy criticadas. en el caso de que por esa vía se pretenda cristalizar constitucionalmente una (o unas) determinada ideología excluyendo otras presentes en la sociedad (o emergentes en ella). sin embargo. que. por estar conforme al concepto mismo de Constitución. Menos aún puede considerarse ello en el estado actual del desarrollo del constitucionalismo. por lo que cuando en ella se emite una opinión no puede señalarse que representa al constituyente o que conforma la opinión del constituyente ("las actas no fueron objeto del plebiscito que aprobó la actual Constitución"). en que se consideran cerrados los debates sobre la base de lo que los comisionados dijeron. Para una postura o teoría. a lo menos de acuerdo como ha sido utilizado en nuestra doctrina. estimar a los derechos humanos. Se ha afirmado que la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución no forma parte del Constituyente. tales como el recurso a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC). que citando al jurista argentino Pedro Sagüés. nos da García (1992). ya hemos visto que la interpretación constitucional debe considerar la fórmula política.Asimismo. por lo cual debe usarse normas de hermenéutica para
. su respeto y garantía. con el hecho de que los comisionados fueron seleccionados por las autoridades del gobierno de facto de la época y que representan solamente los valores e ideologías de un sector minoritario de la nación de acuerdo a como la historia se ha encargado de demostrar. Esta crítica intenta dar cuenta del debate que se presenta en la exposición de dos teorías contrapuestas (Zúñiga. recurriendo a cierto tipo de interpretaciones basadas en la reconstrucción histórica. Se ha dicho que lo esencial es la falta de legitimidad democrática que tuvo en su origen la Constitución chilena (superado con la legitimación plebiscitaria del año 1989). asesora de los órganos que detentaban el poder constituyente. podemos señalar los siguientes. 2001). que era sólo una Comisión de Estudios. Pero la interpretación atendiendo a valores y principios de la Constitución podrá ser criticable. Se ha afirmado que lo predica el constitucionalismo respecto del elemento histórico en la interpretación excluye la consideración de este tipo de instancias. desde dicho punto de vista. Además se señala por la doctrina que el elemento histórico busca precisamente la reconstrucción histórica de la opinión o voluntad del constituyente originario. El elemento histórico en parte de nuestra doctrina constitucionalista Todo esto entronca. emergentes de la realidad fáctica. Otros elementos en tal orden. por adoptar lo esencial del constitucionalismo actual. constituye una posibilidad de interpretación teleológica y conforme a valores y principios absolutamente incuestionable. y contienen un sistema material de valores cerrado. el principio de dignidad esencial y la limitación del poder público. Estimo. Entre los muchos argumentos que se han esgrimido contra dicho recurso interpretativo.
ideas y hechos que les dieron lugar quedan. asumiendo una actitud de extrema reverencia hacia la doctrina emanada de tal órgano. formalista y literalista.II. Creo entender. Para la otra Teoría. podemos volver sobre la interpretación constitucional de las garantías del contribuyente. permitiendo que se den diferentes lecturas a la Constitución Política de acuerdo a quien esté ejerciendo el poder político en un sistema democrático de partidos. y que ha sido ampliamente superado por la moderna doctrina de interpretación constitucional comparada. ofreciéndose en su reemplazo largas y tediosas citas textuales de las opiniones de los comisionados. la determinación del contenido de esos valores se produce a través de un intercambio de ideas entre los actores políticos de la sociedad. con el profesor Canosa. en un ejercicio casi escolástico45. una de las causas que explican la pobreza notable de la moderna doctrina constitucional pues ha producido un efecto esterilizante. y que la doctrina y jurisprudencia del amplio campo del Derecho Económico y Tributario nacionales apenas ha tomado en consideración. gira sobre la base exclusiva de las disquisiciones llevadas a cabo al interior de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Se expresa que debe tenerse presente que la CENC da cuenta del estado de la cuestión (cualquiera ésta sea) hacia mediados de la década del 70. La constitución y la voluntad se objetivizan mientras que las opiniones. es fundamental considerar la Reforma Constitucional de 1989. El ejercicio crítico es más propio de un sistema democrático representativo. Por otro lado.descubrir esos valores. por lo cual responde a un estadio del desarrollo socioeconómico y político muy distinto del que actualmente el país vive. y por ende. ancladas en un tiempo pretérito" (1988. en lo personal. cada vez más. Se ha dicho además que este recurso usado por gran parte de nuestra doctrina constitucional (generalmente no haciendo reparos críticos alguno al método). La constante cita y reverencia a la CENC es. por ello sería contradictorio buscar las soluciones a nuestros problemas normativos en el tiempo pasado.III. es retrógrado. quien señala que "interpretar es actualizar la Constitución. al decir del doctor Fernando Atria (1997). De ahí que los comisionados. es decir. y de un punto de vista más jurídico (que hemos visto es sólo uno más dentro de los que deben considerarse en la interpretación constitucional). no se petrifican y se usan elásticamente. no previeron ni pudieron prever todas las actuales circunstancias producto de las tres décadas de cambios muy acelerados por lo cual sus opiniones se muestran como piezas de museo. IV. pero en cuanto ellas expresen opiniones interpretativas plausibles y convincentes. Asimismo. 103). las normas constitucionales reflejan en un sentido más abstracto un sistema material de valores abierto a los cuales se accede a través de un análisis crítico. que dichas opiniones deben concurrir en competencia con las demás opiniones de la doctrina constitucional. se señala que este tipo de interpretación constitucional de carácter originalista. Esta crítica es determinante en lo que entendemos por Constitución Económica. que obedeció a principios que el constituyente originario nunca tuvo en consideración46 (y que los comisionados de la CENC tampoco debatieron al respecto) y que precisamente con ella se recoge una serie de principios de Derecho Comparado en materia de derechos fundamentales totalmente novedosos en nuestro medio. Señala que al concedérsele fuerza de Constitución. El doctor Canosa (1998. que es preponderante. 101) expresa que el originalismo subjetiviza sin remedio la interpretación y destruye cualquier aplicación seria del elemento sistemático. la posibilidad de reconstruir racionalmente el contenido del Capítulo Tercero es abandonado. los valores son algo contingente. Atria expresa que las Actas de la CENC no deben ser olvidadas. Coincido. la voluntad constituyente transcrita en ella. y en este caso. que es precisamente donde nuestro trabajo se centra. Las garantías constitucionales y los derechos fundamentales del contribuyente Señalado lo anterior. en materia de dogmática constitucional.
Ello en virtud de la fuerza expansiva de los derechos (Nogueira 1997. etc. de acuerdo al principio de la "integralidad maximizadora del sistema". pues los derechos humanos constituyen el parámetro principal de interpretación de todas las normas que lo componen. y las normas que las reglan o limitan deben interpretarse de manera restrictiva (lo mismo que las potestades públicas). que debe buscarse su efecto útil. dinámica. Y considerando. En tal sentido. deben interpretarse conforme al bloque de constitucionalidad (la Constitución Política. Las normas del bloque de constitucionalidad pueden aplicarse de manera directa. por conformar precisamente el bloque de constitucionalidad de que hemos hablado. por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento que en mejor forma garantice el derecho no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de Derecho Internacional de los derechos humanos integrada al Derecho interno (Nogueira 1997. en el campo de los derechos (ejercicio de libertades y derechos) frente a las regulaciones de la autoridad (ejercicio de potestades) las normas garantizadoras de derechos deben interpretarse en sentido amplio. 146). que las normas constitucionales deben tener una interpretación sistemática. y que debe ser considerado como un derecho esencial. como límite para los efectos de su protección (perspectiva negativa) y como principio ordenador del orden estatal y social. desde las contenidas en la Constitución Política hasta la última instrucción de la Administración. Que. conforme a la teoría de los derechos implícitos48. debe tener presente el intérprete que la dignidad de la persona humana es el valor básico que fundamenta los derechos humanos.). 194). favor libertatis o pro-cives. la jurisprudencia de los órganos encargados de aplicar el derecho humanitario. Por ejemplo. que en materia de interpretación judicial existen varias posiciones. y éstos. finalista. En tal perspectiva. antiformalista.
. que los derechos esenciales son siempre anteriores y superiores al Estado. constituyendo un status jurídico que se objetiviza operando como elemento del ordenamiento jurídico. es conveniente traer a colación las observaciones del profesor Nogueira (1997. Y constituye una obligación por parte de todos los órganos del Estado el respeto y la promoción de los derechos esenciales establecidos en el bloque de constitucionalidad. 99). que. y que sólo algunos se han escriturado. el Derecho derivado. al referirse a las garantías de interpretación. tales como la denominada in dubio contra Fiscum y la in dubio pro Fiscum. dentro de los autores estudiados tan sólo Evans (1997) hace referencia a una interpretación sistemática de normas constitucionales de carácter tributario. 141). y que conforme al principio de progresividad lleva a aplicar siempre la disposición más favorable a los derechos de las personas. aplicando la fuente y solución que mejor proteja los derechos (Nogueira 1997. Todas las normas del ordenamiento jurídico (que incluyen por cierto las integrantes del Derecho Tributario) deben interpretarse conforme a la Constitución Política y al Derecho Humanitario. Se explicita. que la ley y las normas constitucionales deben interpretarse conforme a los derechos fundamentales. además. al igual que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes (en virtud del principio de autoejecutabilidad). los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes.Como hemos visto. Lo grave es que no se manejan en la materia categorías de universal aceptación en el constitucionalismo comparado actual. las define como aquellos mecanismos destinados a garantizar que la interpretación de los derechos se haga para favorecer su ejercicio y disfrute. no se habla de que la interpretación de la ley debe hacerse conforme a la Constitución. además. armónica47.
y d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. sin embargo.IV. principio de bien común. obviamente. en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 29 se señalan las normas de interpretación en los siguientes términos: Artículo 29 NORMAS DE INTERPRETACIÓN Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes. que dan cuenta de diversos principios básicos. Artículo 30 ALCANCE DE LAS RESTRICCIONES Las restricciones permitidas. deben ser consideradas por los operadores jurídicos y autoridades de los Estados suscriptores. de acuerdo con esta Convención. Ella se encuentra a través de la doctrina que atraviesa toda la Constitución Política. subordinada a los derechos fundamentales Además de las fuentes y de la interpretación de las normas. no se ha traducido en investigaciones profundas en nuestro medio. en materia económica y tributaria. Todo ello por cuanto en definitiva al final de lo que parece estar hablándose es de concepciones éticas a la base. La potestad tributaria es una potestad del Estado. principio de la promoción de la persona por el Estado. debe reestructurarse la idea del Estado y su función y potestades y la idea de las personas humanas. no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Un nuevo enfoque de la Potestad Tributaria. Pero esta polémica. se encuentran en su capítulo I y III. algunas son doctrinarias y jurisprudenciales (que en este caso son vinculantes según se ha indicado). existen otras reglas de interpretación que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos. Entre estas últimas. principio de servicialidad del Estado. de ahí que una correcta técnica hermenéutica es fundamental para desentrañarla correctamente. derechos y libertades. Ellas. Por ejemplo. grupos o persona. Las normas constitucionales principales.
. Explica con lucidez Rivera (2000) que los requerimientos formulados ante el Tribunal Constitucional han generado una polémica sobre los límites de la potestad tributaria y de la misión o función del Estado.Cabe recordar que además de existir unas reglas modernas de hermenéutica constitucionales. y como tal se relaciona con su concepción constitucional. tales como el principio de subsidiariedad del estado. IV. y otras están expresadas normativamente a través de disposiciones contenidas en los mismos tratados. al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma. señalamos. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. c) Excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. sus fines.
la garantía del quórum agravado con que debe actuar el legislador y la garantía de rigidez de reformas constitucionales especialmente referidas a los Capítulos 1 y 3 de la Constitución Política. pues se objetivizan operando como elementos del ordenamiento jurídico (Nogueira 1997. de una manera armónica. que dicen relación con principios constitucionales. 19 N° 26 y 60 N° 2)50. En tal perspectiva. de supremacía constitucional. es característica general de todos los derechos el que otorgan tanto una facultad a las personas como que constituyen un status jurídico. las garantías de interpretación de normas constitucionales. lo que trata básicamente la Constitución Política es de resguardar los derechos y las garantías. 5 y 8). 132). distinguimos las garantías específicas de los derechos fundamentales. Las primeras son las que se encuentran en el grupo compuesto por las garantías normativas. la garantía de la vinculación de los poderes públicos constituidos a los derechos fundamentales (arts. Pero dichos principios no sólo constituyen limitaciones al actuar del Estado. pueden ser un punto de partida. de responsabilidad de los gobernantes y de los agentes del Estado En segundo término. de legalidad. principio de sujeción plena y absoluta del Esado al Derecho. 41 N°° 1. finalista y antiformalista. El principio del Estado de Derecho que comprende a su vez los principios de limitación del poder al Derecho. 19 N° 26) y su no afectación. referidos a los medios de protección jurídica de derechos fundamentales.V. Nueva visión de la sistemática de garantías del constituyente Finalmente. y dentro de esta perspectiva cabe entonces bosquejar una estructura conceptual del sistema garantístico del contribuyente sobre nuevas bases.49 Sólo sobre dichas bases el Estado podrá ejercer su potestad tributaria. En efecto. limitando la actividad del Estado a sus funciones esenciales. El esquema propuesto por el profesor Nogueira (1997) y otros aportes del constitucionalismo actual. 2). Aquí se encuentran la garantía de reserva de ley de la regulación de los derechos fundamentales (arts. y de acuerdo a los criterios ya señalados. etc.principio de la limitación de la soberanía por los derechos humanos. En tercer lugar. Aquí se incluyen las normas de hermenéutica señaladas más arriba. sino que además y principalmente principios ordenadores y motivadores de su actuar. la garantía de limitación excepcional de determinados derechos (art. de vinculación directa de la Constitución (y el bloque constitucional). 61 inc. Podemos postular la existencia de un sistema de garantías y derechos fundamentales. 5 inc. sistemática.
. 6. 2. la garantía del contenido esencial de los derechos51 (art. que para el contribuyente se traducen en la libre iniciativa. irrenunciables y socialmente necesarias y fundamentales IV. de control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración. la garantía de la prohibición al legislador delegado de regular los derechos constitucionalmente reconocidos (art. 19 N° 26). en los que cabe comprender el principio democrático y republicano y el principio del Estado de Derecho. Dentro del sistema. en primer término distinguimos las garantías genéricas de los derechos fundamentales. La interpretación de normas constitucionales de contenido económico debe hacerse conforme a las demás de mismo contenido (llamada Constitución Económica u Orden Público Económico).
las garantías de control y fiscalización de la actividad de los órganos del Estado. Pero. Aste 2002. integrando todos los elementos de la moderna dogmática constitucional de acuerdo hemos planteado. César. Y. y realizar una construcción conceptual sobre nuevas bases de la Potestad Tributaria y la Obligación Tributaria. Luego. El camino debe comenzar por la base. y los requerimientos del Tribunal Constitucional. Madrid. Albiñana García-Quintana. Editorial de Aste Ltda. Y todos se han de considerar al momento de abordar el tema de las bases constitucionales de la tributación. Christian. no han sido suficientes para cambiar esta situación. Éstas dicen relación con un conjunto de acciones cautelares de los derechos fundamentales (recurso de protección. modificar las reglas usadas en materia de interpretación constitucional en materia tributaria. CONCLUSIONES La tarea de construcción dogmática relacionada con las garantías del contribuyente es una cuestión que se torna necesaria y urgente. y secundariamente a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. reestructurar el sistema de Fuentes del Derecho Tributario. 2002. en razón de que los derechos esenciales de la persona humana y el principio de dignidad esencial constituyen la piedra angular de todo nuestro Derecho. será este resultado el que controlará todo lo avanzado. Aste. desde el principio. Sistema tributario español y comparado. Curso de Código Tributario. las garantías procesales o jurisdiccionales. garantías internacionales de protección de los derechos fundamentales). En sexto lugar. acciones contencioso administrativas. En quinto lugar. BIBLIOGRAFIA Libros Albiñana 1992. La constitucionalización del Derecho Tributario.
. a través del recurso de protección principalmente. acción de nulidad de Derecho Público.En cuarto lugar. los derechos y garantías del contribuyente. El Derecho Tributario debe dar cuenta del impacto que significa el gran desarrollo que el Derecho Constitucional ha experimentado en materia de garantías constitucionales y derechos fundamentales. y con ello se debe revisar y volver a ordenar y acomodar las piezas de todo el sistema tributario. Santiago de Chile. construir un nuevo sistema de garantías del contribuyente. finalmente. esto es. 1992. recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. en razón precisamente de que cualquiera de ellos se puede alegar frente al ejercicio de la potestad tributaria. Tecnos. acción de nulidad de derecho público. recurso de amparo económico. que comprenden todos los derechos del catálogo del bloque de constitucionalidad. por último. más aún considerando que no tenemos en nuestro medio sino escasísimas obras de análisis jurisprudencial. debido al retraso que presenta la doctrina nacional no obstante las reformas de nuestro sistema constitucional y los avances del constitucionalismo nacional y comparado en las últimas décadas.
Atria 1997. 1988. Emilio y Nogueira Alcalá. Bernardo (Subdirector Servicio de Impuestos Internos). Editorial Jurídica de Chile. Verdugo et al 1994. Evans de la Cuadra. Angela. dirigido por Andrea Amatucci. Radovic Schoepen. Edit. Santiago. Santiago. Pfeffer Urquiaga. 2001. Evans de la Cuadra. Editorial Jurídica de Chile. García 1992. Evans de la Cuadra. Bajo los auspicios de Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez. 1999. Verdugo Marinkovic. 1985. Las garantías constitucionales del contribuyente en la constitución política de 1980. Zavala Ortiz. Ecuador. Mario. Editorial Universidad de Talca. Principios de derecho tributario. Lara 2002. "Aproximación al derecho constitucional tributario". Benalcázar Guerrón. Nogueira 1997. Radovic 1998. Tomo II. 1997. Zavala 2001. Editorial Jurídica de Chile. Figueroa Valdés. 1999. Evans 1997. Evans I 1999. 1992. Massone Parodi. Evans II 1999. 2001. Gabriel. Gaceta Judicial. Jorge. Santiago. Santiago. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Enrique. Santiago. Los derechos constitucionales. pp. Artículos de revistas especializadas Benalcázar 2002. Raúl. Cap. Ana María. Santiago de Chile. (Dr. Pedro. Enrique et al. "Elementos de interpretacion constitucional y su recepción en la jurisprudencia chilena" en Interpretación. La idea de igualdad en la jurisdicción nacional. 1997. 1988. XXI. Serie Seminarios. 1997. "El ordenamiento comunitario y el ordenamiento tributario interno" en Tratado de Derecho Tributario. Centro de Estudios Constitucionales. 1994. Santiago. Madrid.. Revista del SII. Editorial Jurídica de Chile. 1979. Ugalde 1993. García Barzelatto. Conosur. Talca. Ugalde Prieto. Cuadernos de Análisis Jurídicos N°36. Humberto. Interpretación constitucional y fórmula política. Jurídica de Chile. Nogueira Alcalá. EDEVAL. Humberto. Integración y Razonamiento Jurídicos (obra colectiva). 327 a 343. Dogmática constitucional. Canosa Usera. Valparaíso. Edit. Conferencias y ponencias presentadas en el Congreso realizado en Santiago y Viña del Mar entre el 23 y 25 de mayo de 1991. Los tributos ante la constitución. Enrique. Casado. José Luis. Atria Lemaitre. Obligación tributaria. España. Fernando. Santiago. El recurso de protección en materia tributaria. Juan Eduardo. Rodrigo y Varela del Solar. 1993. 1998. Manual de derecho tributario. Casado Ollero. "Derechos y garantías de los contribuyentes en Chile". Tomo I. Los derechos constitucionales. año 2002
. Figueroa 1985. Editorial Jurídica de Chile. Editorial Jurídica ConoSur.) Juan Carlos. Canosa. Derecho constitucional. Santiago. Lara Berríos. 2002. Massone 1979. Editorial Jurídica Conosur. Los peligros de la Constitución.
Apuntes de clase del curso sobre Derecho Público Económico dictado en el marco del Programa de Magíster. Compendio de Derecho Tributario. N 109-110. pp. España. Maldonado 2001. Editorial Jurídica ConoSur. en Quincena Fiscal N° 10 año 1999. Revista de Derecho Público N° 62 Año 2000. 2000. Teodoro. Universidad de Chile.cl
. María y Pedro Manuel Herrera Molina. Adolfo J. José Francisco. Santiago. Martin 2001. Bajo los auspicios de Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez. López Valdés. 2000. 2002. Editorial Jurídica de Chile. "La Potestad Tributaria del Estado".López 1998. Villar Excurra. "Tendencias contemporáneas de interpretación constitucional" en Interpretación. Apuntes de clase del curso sobre Derecho Tributario de la Unión Europea dictado en el marco del Programa de Magíster en Instituciones de Derecho Público y de Derecho Privado. (Dr. 2001. "Ejercicios sobre competencia fiscal perjudicial en el seno de la Union Europea y de la OCDE: semejanzas y diferencia". Enero-Junio 2001. Gabriel Casado Ollero. Sección Doctrina Científica. _________________________________________
* Profesor de Derecho Económico y Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Martin Jiménez. Sentencias del Tribunal Constitucional Normas jurídicas Tratados Internacionales del Sistema Americano de Derechos Humanos Constitución Política de la República de Chile Código Tributario de la República de Chile. 1998. Universidad de Chile Villar y Herrera. 1992. Ribera. "Aportaciones del derecho comunitario al Estatuto del Contribuyente".utalca. Ribera Neumann. Francisco Zuñiga Urbina. Ascención. Profesor de Derecho Constitucional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Jurisprudencia ConoSur 2000 Proyectos Editoriales. 285 a 305. Dr. "El Derecho Financiero Constitucional de la Unión Europea".) Francisco. Santiago de Chile. Obras inéditas Casado. 1999. España. Revista Española de Derecho Financiero. Universidad Central. Zúñiga 1992. Memoria para optar al Grado de Licenciado en derecho. Zúñiga. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Jurisprudencia tributaria. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Civitas. E-mail: pmasbernatt@pehuenche. Crónica Tributaria 97/2001. Zuñiga Urbina. Universidad de Talca. España. Maldonado García-Verdugo. Dr. Conferencias y ponencias presentadas en el Congreso realizado en Santiago y Viña del Mar entre el 23 y 25 de mayo de 1991. Integración y Razonamiento Jurídicos (obra colectiva).. Santiago.
y redistribución). Buenos Aires. González Navarro (Derecho Administrativo Español. a los presupuestos fiscales y a la estabilización y crecimiento. Del mismo modo como el desarrollo de la protección internacional y nacional de los derechos humanos ha cambiado muchos paradigmas en el Derecho. la justicia (del que derivan los principios de igualdad. evitar distorsiones a la competencia) y de procesos económicos (suficiencia. 266-267. facilitar el desarrollo). comodidad).3) desarrollo económico. se comience a construir precisamente su dogmática a partir del ciudadano y no de la autoridad. 19.F.
Albiñana también hace referencia a principios de orden económico. en su extensa obra citada: a) Un fin ético. asegurando siempre recursos al Estado.A. d) El sistema tributario debe estructurarse de tal forma que los ingresos tributarios permitan la cobertura duradera de los gastos (principio de suficiencia). transparencia. Derecho Fiscal. Fundamentos del Derecho Administrativo. citado por Aste (2002. Pamplona. no vemos por qué no los cambie en el Derecho Tributario. las obligaciones accesorias establecidas por la administración. b) Tres fines económicos. caracterizándolos de la siguiente forma: a) La imposición no debe practicar intervenciones parciales y sistemáticas que perturben o beneficien la constitución o el funcionamiento de una parte de determinados sectores de la vida económica.2) estabilidad económica.A.
Simplicidad en el sentido que sea fácil para el contribuyente conocer los tributos que lo gravan por haber realizado las conductas de hecho precisadas por la ley. b) Subordinados a los principios de justicia.1) eficacia de la asignación de los recurso. por lo cual es fundamental que se graven las actividades de manera diversificada. Derecho Financiero y Teoría de los Ingresos Públicos.
Que en Chile tiene expresión constitucional solamente en los fondos comunes municipales y regionales. Rafael. pero que se modula con su capacidad económica.. y se relaciona con el beneficio obtenido por el contribuyente. p. 1986
Bielsa. factibilidad. cuyas características son las siguientes. 15)
Cabe hacer presente que Neumark distingue. Buenos Aires. y a corto plazo. volumen I.
El Estado de Derecho es una forma de Estado. el impuesto debe mantener la mínima intervención en la esfera privada y no perturbar el ejercicio de las libertades económicas. dado que debe ser realmente útil (y. tener sometido el poder ejecutivo a la ley. c) El impuesto debe evitar cualquier consecuencia involuntaria que perjudique la competencia y debe suprimir o atenuar las imperfecciones de ésta. economicidad. 13)
Rodríguez Lobato. b. aún dentro de nuestras mentes). generalidad. Editorial Melo S. e) En caso necesario. Depalma. por la fiscalización de dichos tributos. flexibilidad activa y pasiva. 1987): tener establecida constitucionalmente la separación de poderes. Colección Textos Jurídicos Universitarios. tener reservadas exclusivamente a las leyes emanadas del poder legislativo las materias relativas a los derechos de las personas. Berlini. citado en Figueroa 1985. México D. continuidad. J. adaptabilidad. Madrid 1988. pp.
Se considera muchas veces aún sin decirlo que la tributación se construye sobre la base del poder de la administración y no de la libre disposición de sus bienes por parte de los ciudadanos. 87 a 103. debe avaluarse de acuerdo a su costo real). Vol. podemos afirmar que el fantasma del el monarca absoluto continúa estando presente. Antonio. 1965.1
Santamaría Pastor. como el profesor Casado señala. Vol. según F.
Manual de Derecho Financiero. Editorial Eunsa. b. Flexibilidad en cuanto a que el sistema debe adaptarse a cambios coyunturales que experimente la economía. b. c) Un objetivo operativo: la eficacia técnico tributaria (que comprende principios de congruencia y sistematización. Administrativo y Fiscal. Suficiencia. el sistema tributario debe suministrar los ingresos necesarios para cubrir nuevos gastos
. en cuanto los impuestos establecidos en virtud de la potestad tributaria deban ser suficientes para financiar el gasto público sin necesidad de recurrir a más impuestos u otras fuentes de financiamiento estatal. I. Está claro que en la mayor parte de la historia ello ha sido así y que el paradigma sigue enfatizando la posición de la Administración y el cumplimiento de sus fines (con un eufemismo. como explica Enrique Fuentes Quintana.
Zavala (2001. Editorial Centros de Estudios Ramón Arces. proporcionalidad o gravamen sobre la capacidad de pago. De ellos derivan los principios de orden económico (evitar dirigismo. Principios de Derecho Tributario. Raúl.
El principio del beneficio se aplica primordialmente a la exacción de las tasas y de las contribuciones especiales. tener reconocidos y protegidos constitucionalmente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 2 Edición. pp. Compendio de Derecho Público.
Editorial Depalma. Y de este modo. minimizar intervención tributaria. Constitucional. I. 879..
dentro de los marcos que la misma ley señale.° Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. La Constitución asegura a todas las personas: 20. de agresión exterior. para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas. sancionarlas y promulgarlas. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro. 19. Art. Asimismo. Sólo son materias de ley: 1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales. sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos. decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley. El Presidente de la República. g) El sistema tributario debe estructurarse de forma que contribuya a amortiguar automáticamente las fluctuaciones de la actividad económica (principio de flexibilidad pasiva o de contribución automática de los impuestos a la estabilidad). Art.° La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. 32. 8. tanto en su totalidad cuanto en los elementos que integran su estructura. y culpables del delito de malversación de caudales públicos. decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. 22. h) El sistema tributario debe orientarse. f) La política tributaria debe estar en condiciones de regular la política coyuntural variando la estructura o los procedimientos tributarios (principio de flexibilidad activa). ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Los tributos que se recauden.de carácter permanente o de carácter único y extraordinario (principio de capacidad de adaptación). Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 1. podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados.
Art. con la firma de todos los Ministros de Estado. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. 60. 14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. cualquiera que sea su naturaleza. 20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. 2. previa delegación de facultades del Congreso. de conmoción interna.
Las normas señaladas se reproducen a continuación. Art.° Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla.° Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. podrá decretar pagos no autorizados por ley.° Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. y la igual repartición de las demás cargas públicas. 3. 61. por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. para no obstaculizar el desarrollo y ejercer una influencia positiva en las fuerzas que lo condicionan. Sin embargo. pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. 2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional.
.° Dictar.
a las mismas normas que rigen para la ley. vigencia y efectos. en su caso. disminuir o rechazar los servicios. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley. 4. empleos. intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos. o con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Corresponderá. conceder o aumentar remuneraciones. del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 1. como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado. suprimir. reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza.° Fijar. sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados.° Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado. la ciudadanía. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación. las elecciones ni al plebiscito.° Imponer. del Congreso Nacional. 2. por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. emolumentos. rentas y cualquiera otra clase de emolumentos. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.° Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar. establecer exenciones o modificar las existentes. de las entidades semifiscales. reducir o modificar obligaciones. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar. Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país. préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío. de los gobiernos regionales o de las municipalidades. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado. modificar.° Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados sean fiscales.Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad. aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos.° Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella. La ley que otorgue la referida autorización las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones. autónomas. y determinar su forma. todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. restricciones y formalidades que se estimen convenientes. atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial.
Aste (2002. autónomos. pensiones. gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República". incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos. montepíos. de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados. o de las empresas del Estado. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores. 5. como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. 17)
. debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. asimismo. beneficios. y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 60. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización. 3. jubilaciones. tanto del sector público como del sector privado. 62. y condonar. sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento. préstamos. y 6. semifiscales. Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean. proporcionalidad o progresión. suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. "Art.
A.° La igualdad ante la ley. las siguientes: capacidad contributiva (se busca que cada persona pague impuestos en relación directa a su capacidad económica. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.° La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos. en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario. sostuvo que "la ley sólo debe contener los elementos esenciales de la materia que regula. En el mismo sentido Aste (2002) . paz. se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector. seguridad). Sólo en virtud de una ley. (por ej. por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.
Lara (2000) explica como fuentes del distingo señalado. sea dependiente o independiente.
Las normas pertinentes se reproducen a continuación. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. o sea de su actividad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.
Ello lo deduce el propio profesor Atria (1997) del encabezamiento de art.° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. origen de la rentas (las rentas pueden tener su origen en el capital. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. 19 de la Constitución Política. 22. sin embargo. sin que ella pueda excluir la potestad reglamentaria que la Constitución confiere al Presidente de la República.). o bien del trabajo. la cual está dada por la apreciación de los signos exteriores de riqueza que hace el Legislador. de fuentes chilenas o extranjeras. estos criterios no son posibles de aplicar)... tipo de actividad que las produce u origina. este derecho se regirá. 3.
Art. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. que dice que ella "asegura a todas las personas". 19.17
Disiento con el Tribunal Constitucional en esta materia.V. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Dicho Tribunal. y siempre que no signifique tal discriminación. a menos que una nueva ley favorezca al afectado. o sea las que provienen de los bienes que posea el contribuyente. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La Constitución asegura a todas las personas:
2. como el I.
. en sentencia Rol N° 282. por ej. tales como las rentas. o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. al resolver un requerimiento formulado por diputados que impugnaban la posibilidad del Presidente de la República de modificar aranceles por mero decreto supremo.A. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.". actividad o zona geográfica. restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. en materia de impuestos indirectos. no siempre es en términos económicos o pecuniarios. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir.. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos. orden. en el marco de la ALADI.
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.V. exportaciones exentas de I. o los consumos. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esta concordancia. importaciones afectas a I.A. sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.V. beneficio de los contribuyentes (se busca que cada uno aporte al Estado en concordancia con los beneficios que percibe del mismo Estado a través de los servicios que éstemantiene).
o incluso exonerársele. y en el peor de los casos es una mera tautología. entiende por confiscación en materia tributaria no el "quitar una cosa". no discrimina arbitrariamente. pp.
Para Francisco José Carrera Reyes. Buenos Aires. la jurisprudencia la ha aplicado frente a los casos en que se alega violación al derecho a la igualdad.
Se ha discutido ante el Tribunal Constitucional si el control de constitucionalidad se ejerce únicamente respecto de los impuestos directos o si se comprenden también los indirectos. por su parte. opone la versión fuerte. es indudable que la ley que así lo disponga es inconstitucional" (Fallos del Mes. el control de constitucionalidad de estos tributos indirectos. entonces. el principio de capacidad económica hace referencia a la titularidad o disponibilidad de la riqueza (el cual es un término más adecuado que el de capacidad contributiva. pues estimamos no constituye una garantía. Spisso (1991. 251) considera que la confiscatoriedad se configura cuando se prueba la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado. N° 426. sino que "establecer una obligación pecuniaria que no corresponde a una causa legítima conforme con el ordenamiento constitucional". tipificados por la ley) y un aspecto subjetivo (las personas que los realizan y contribuyen en función de su capacidad económica). en donde las condiciones tienen un contenido fáctico mas no jurídico. reconoció tener competencia también respecto de los impuestos indirectos (STC 219). 2002). Ramón Valdés Acosta. la tasa con que se pagan es la vigente a la fecha que se paga la deuda a que acceden. el Tribunal reiteró su jurisprudencia anterior. argumentando con el constitucionalista español Joaquín García Murillo que "sólo la diferencia en los hechos de las personas. el cual precisamente el derecho a la igualdad tiene. pues repugna a la más elemental razonabilidad que todos los ciudadanos. el trato desigual a que una persona es sometida requiere que sea constitucionalmente relevante y que dicha discriminación no tenga justificación constitucional objetiva y suficiente (Casado. Si bien el Tribunal Constitucional manifestó en Ley Tabacos I que esencialmente reúnen el carácter de impuestos confiscatorios o expropiatorios los que por su monto afectan el patrimonio o la renta de una persona. Sentencia de la Corte Suprema Rol N° 19. 214 y ss. Atria. Este principio tiene un aspecto objetivo (los hechos. Este principio indica que a distintos niveles de titularidad o disponibilidad de la riqueza corresponde una tributación distinta (progresividad). y que explica señalando que "la ley debe tratar igual a todos aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones". debe adecuarse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. (Instituciones de Derecho Tributario. puesto que de acuerdo a la ley. por su parte. actos o negocios. 1996). se aplica a todos y para todos los que se encuentran en la hipótesis que constituye el hecho generador del tributo. La Corte Suprema ha sostenido. la tasa de los intereses moratorios.
La ley tributaria rige.
Estimo que esta disposición da cuenta de una limitación a la potestad tributaria. siendo el concepto de desproporcionalidad mucho más relativo. de distintas condiciones económicas. pueden ser razón suficiente para discriminar entre ellas". Con ello.
Además de ello. contribuyan en igual medida. pues en definitiva hace referencia simplemente al cumplimiento de la ley a que están obligados aquellos que se encuentran en la situación descrita por ella. salvo ley interpretativa.584.21
Establecido el tributo. 43) le llama a ésta la "versión débil" de la igualdad en la doctrina. ya que operan con efecto retroactivo cuando eximen el hecho de la pena o aplican una menos rigurosa. Sin embargo.
La doctrina ha entendido la confiscatoriedad en sentidos diversos. para desechar la demanda. al expresar que con respecto de éstos esta condición pasa a transformarse en una cuestión de hecho. sin la debida compensación. precisamente. Y si bien esta norma se trata por la doctrina nacional dentro de las garantías de contribuyente. debiera ser abordada entre las bases constitucionales de la tributación. por regla general. En el mejor de los casos. En Ley Tabacos II (STC 280). A dicha versión que llama débil. que "si se dicta una norma legal que establece tributos que empobrecen al contribuyente o le cercenan sus ingresos en términos confiscatorios. con el riesgo de provocar nefastos desequilibrios sociales. como toda ley. corresponde también una diversa tributación. los actos o las situaciones. considerablemente. Véase al respecto el voto de minoría de la Ministro Luz Bulnes.
El español Francisco José Carrera Reyes señala que el principio de generalidad se expresa diciendo que todos deben contribuir de igual manera si tienen igual capacidad económica. igualdad y capacidad económica concretan la idea de generalidad. La ley tributaria. las normas sobre sanciones e infracciones. que expresaría el verdadero sentido que tiene la igualdad relativa. del 11 de mayo de 1994.. la cual es una calificación hecha por el legislador). Sino que tiene un fundamento fiscal financiero.
Atria (1997. se trata de una directiva al juez dentro del proceso de adjudicación. hacia el futuro. y como da cuenta el Dr. pero a la luz de sus argumentaciones debilitó. Considerando Undécimo). y en tal sentido carece de todo efecto garantístico.
. es general. y a niveles de riqueza iguales pero cualitativamente diferenciados.
especialmente de Alemania. con el objeto de suprimir cualesquiera distorsiones o discriminaciones de origen fiscal que pudieran producirse entre los mismos y que dificulten. a fin de que el factor tributario no represente un elemento que incida -o al menos no de un modo relevante. mercaderías. el Derecho Comunitario no tiene fundamento al margen de las Constituciones estatales.
Casado (2002. Valladolid.
Señala que todo tributo tiene su finalidad económica. a que la variable tributaria involucrada en las operaciones económicas constituya un elemento neutro en las decisiones de los agentes económicos.
Por ejemplo. estimular el ahorro y las inversiones (incentivos). señalando "que sujetar una actividad a una regulación significa establecer la forma o normas conforme con las cuales debe realizarse. ajenos a las necesidades fiscales. Estudio sobre la protección de las garantías en jurisdicción civil. 1996.
Conviene advertir que las palabras de la doctrina constituyen sólo actos de fe que no siempre (y a veces sólo escasamente) se concretan en fallos judiciales. se ha dicho que se precisa una actuación coordinada en el plano europeo. el Tribunal Constitucional indicó que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica es de fundamental importancia para los individuos. en otras palabras. Lex Nova. de Derechos y Garantías del Contribuyente (BOE 27 de febrero de 1998). han hecho necesaria la implantación de medidas dirigidas a suprimir en tales ámbitos los obstáculos resultantes de los sistemas fiscales de cada Estado miembro. las que admiten sólo la transferencia de poderes limitados y tasados. está en esta posición. empleo. N° 21. pues en Chile se han hecho muy pocos estudios críticos de buen nivel acerca de la jurisprudencia (fuera del área del Derecho Penal). Entre los buenos trabajos podemos citar a Atria (1997). sea la de obtener ingresos. El Derecho a la Honra.
La armonización fiscal comunitaria puede definirse como "el proceso de aproximación que con carácter progresivo e irreversible es llevado a cabo por la comunidad respecto de los sistemas fiscales de los Estados que la componen. La armonización fiscal en la Comunidad Europea. pronto a publicarse. capitales y el establecimiento de políticas comunes de transporte. él mismo abordaría tal función. Señala dicho autor que el Derecho Comunitario se fundamenta y tiene su fuente de validez formal en las Constituciones internas de los estados específicos. han dado cuenta de que si el TJCE no ejerce la función conservadora de dichos derechos en el ámbito de las Comunidades.
Este cuadro relativo a los derechos y garantías del contribuyente en la Unión Europea está construido sobre la base del artículo citado en la Bibliografía como Villar y Herrera (1999). Con posterioridad. En la construcción europea del Mercado Único. de 26 de febrero. Aunque sea supranacional.30
La neutralidad hace referencia. redistribuir la riqueza (impuestos progresivos a la renta y al capital) o prohibir o limitar de hecho consumos que se consideran inconvenientes (impuestos a las bebidas o al tabaco).
. 1997. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. impedir que se produzcan pérdidas de ingresos fiscales e impulsar el desarrollo de estructuras fiscales más favorables para el empleo. por otro lado tener conclusiones definitivas. Martín (126) recuerda que en la sentencia conocida como Solange I. el Tribunal Constitucional alemán afirmó su poder para controlar la constitucionalidad de los actos comunitarios por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental "en tanto" o existiera en la Comunidad una protección de los derechos fundamentales equivalente a la que existe en la Constitución alemana. el advenimiento de un verdadero mercado común que se reconoce como el objetivo último de la CE.
Al respecto. servicios. y los Tribunales Constitucionales. 69. para reducir las distorsiones en el mercado único. a Alex Carocca. pues permite desarrollar tanto el espíritu de iniciativa como la subjetividad creadora de cada una de las personas (STC 226).
El Tribunal Constitucional interpretó el artículo 19. CPU. por ejemplo.
El hecho de que exista una organización supranacional que ejerzan importantes potestades públicas no puede implicar la privación al ciudadano de los derechos fundamentales. en alguna medida. provocar desviaciones de los factores productivos a sectores que se consideran más convenientes (sobre imposición a los latifundios y exoneración a las industrias nacionales o nuevas). invirtiendo la tendencia de hacer recaer la presión fiscal cada vez más sobre el trabajo. el proceso de integración Fiscal adquiere un carácter fundamental como instrumento necesario para su consecución" María Teresa Mata Sierra.
Se afirma que la supresión de obstáculos a la circulación de personas.en la decisión de desarrollar una actividad económica en el mercado interno o en el país extranjero. Humberto Nogueira. medio ambiente. 835). o la de provocar determinados efectos en el campo económico o social. pero en caso alguno puede ser que bajo el pretexto de regular se llegue a impedir el ejercicio de una actividad" (STC 146). por ejemplo. frente a otras bases fiscales más móviles. Es difícil. proteger la industria nacional (derechos aduaneros). la Ley 1/1998.
el principio del pluralismo político. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El doctor Nogueira además señala como ejemplos.
Puede producirse una tiranía de los valores por quienes aplican de manera privilegiada la CP (los tribunales. son del suscrito. doctor Raúl Canosa Usera. En esto la doctrina constitucional nacional está de acuerdo (por ejemplo.A.
. al parecer en la doctrina jurídica nacional continúa primando la visión equivocada que vincula los derechos humanos exclusivamente a los casos de violación a los derechos civiles y políticos en su sentido más restringido.41
Las fuentes supremas o supraconstitucionales son aquellas que constituyen un límite a la acción del poder constituyente derivado o instituido y los principios establecidos por el constituyente originario. cuya modificación produce la transformación del régimen vigente que asegura la constitución material (Nogueira 1997. Art. la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales.
Para la construcción de este apartado se extracta el planteamiento del Doctor Zúñiga (1992).
Curso de Derecho Político. Centro de Estudios Constitucionales. para tales efectos. referida a la recopilación de artículos de los más destacados iuspublicistas chilenos acerca de Constitución y Tratados Internacionales.1988. por ejemplo. promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. "Las Constituciones de América Latina y los Tratados de Derechos Humanos"
García nos da una definición de interpretación armónica. la edición monográfica de la Revista Jurídica Ius et Praxis. dar protección a la población y a la familia.
Martín (118) señala que uno de los temas de moda en España es la aplicación de los derechos fundamentales o la determinación de su incidencia en el ámbito tributario. humano o fundamental" (1997. Tomo II. ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que choque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema. Citado por Zúñiga (1991).
Artículo 1. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.. 4. con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. etc. Aquí está toda la línea de objeción democrática a la Justicia Constitucional). por lo que se advierte que los aciertos que en ella puede haber son del citado profesor. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Interpretación constitucional y fórmula política.
Que el mismo profesor Nogueira explica señalando que "los derechos implícitos nos permiten considerar que no es necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal para ser derecho esencial. Madrid. 1986. y la importancia de los diferentes órganos jurisdiccionales del contexto europeos. los que tienen legitimidad burocrática o instrumental. Chile es una república democrática. los que constituyen un límite de carácter irreversible a la soberanía. También se puede consultar la interesante obra del actual Vicedecano de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. y no tienen legitimidad democrática). El uso por los particulares y empresas en cuanto agentes económicos de los mecanismos que ofrece el sistema de protección de derechos fundamentales de Europa. Otras son el régimen republicano democrático. propender al fortalecimiento de ésta. Madrid. señalando que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes. 18). y el artículo de don Humberto Nogueira publicado en la misma revista del año 2 de 2000. Sin embargo. 21). Editorial Tecnos S. el principio del ejercicio de la soberanía por el pueblo. y si hubiera errores.
Las normas pertinentes se reproducen a continuación. para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. ver Evans I 1999. 148). a fin de salvaguardar los intereses económicos dan cuenta de ello. 2 de 1997.
de manera tal que deja de ser reconocible".Art. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.
El Tribunal Constitucional (24 de noviembre de 1987) señaló que "un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial. también. por las autoridades que esta Constitución establece. otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. y "que se impide su libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable. dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.
Sólo se pueden regular o complementar los derechos fundamentales por ley previa y expresa y específica. Art. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 7. ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. 5. lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de su tutela jurídica". institución o grupo. Ninguna magistratura. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Art. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y.
. y sólo se pueden limitar por ley expresa y específica en los casos que la propia CPE lo autorice. garantizados por esta Constitución. 6.
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