Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01387-de-junio-7-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c4f471ece8570090e0430a0101510090&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 18:31:15
Document Index: 415440718

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 337', 'artículo 164', 'artículo 185', 'artículo 140', 'artículo 101', 'artículo 90', 'artículo 115', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 66', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 90', 'artículo 57', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 177', 'artículo 658', 'Artículo 185', 'Artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 658']

﻿ Sentencia 2001-01387 de junio 7 de 2012
SENTENCIA 2001-01387 DE 07 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. NO SOLO CUANDO NO SE LE DA EL TRÁMITE INICIAL AL PROCESO, SINO TAMBIÉN, CUANDO EN EL DESARROLLO DEL MISMO NO SE OTORGAN LAS GARANTÍAS TENDIENTES A HACER EFECTIVO EL DERECHO SUSTANCIAL. EL OPERADOR JUDICIAL EN APLICACIÓN EXTENSIVA DEL PARÁGRAFO 4 DEL ARTÍCULO 337 DEL CPC, ANTES DE DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DEBE PERCATARSE DE QUE EL INMUEBLE CORRESPONDE REALMENTE AL PREDIO DONDE SE REALIZA LA DILIGENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, ERROR DEL JUEZ
Sentencia 2001-01387 de junio 7 de 2012
Radicación: 07001-23-31-000-2001-01387-01 (22.543)
Demandante: Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.
Resuelve la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 31 de enero de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, en la que se negaron las súplicas de la demanda.
1. En escrito presentado el 18 de mayo de 2001, la señora María Mercedes Navarro de Guarín, en calidad de socia y representante legal de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., mediante apoderado judicial, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial, por el error judicial en que incurrieron el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso laboral ordinario contra la Fábrica de Hielo El Pingüino Ltda., y las fallas del Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, durante las diligencias de medidas cautelares en el proceso ejecutivo, llevadas a cabo el 19 y 29 de octubre de 1999.
En consecuencia, solicitó que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro, por cada proceso. Igualmente, deprecó por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, las siguientes sumas: $ 100’000.000, que equivalen al valor comercial del inmueble que se secuestró sin que previamente se hubiera embargado; $ 50’000.000, por el valor de los bienes muebles subastados; y, las sumas canceladas por agencias en derecho en los distintos procesos, por un total de $ 5’082.747. En la modalidad de lucro cesante, deprecó $ 50.000.000, correspondientes a los cánones de arrendamiento dejados de percibir del inmueble embargado.
2. En apoyatura de sus pretensiones, se narró los siguientes hechos:
El 28 de octubre de 1996, Guillermo Rodríguez Niño, demandó en proceso laboral ordinario a la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda. Agotado el trámite correspondiente, mediante auto del 4 de marzo de 1999, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de juzgamiento, siendo programada para el día 12 del mismo mes y año.
Sin existir un pronunciamiento previo, el juez laboral del circuito realizó la audiencia de juzgamiento un día antes de la fecha programada, condenando a la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., a pagar a Guillermo Rodríguez Niño, un total de $ 14’717.541. Contra esta decisión, la demandada interpuso recurso de apelación y solicitó nulidad de la audiencia de juzgamiento. En proveído del 24 de mayo de 1999, el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta, rechazó la impugnación por haberse presentado de forma extemporánea y negó la nulidad propuesta.
Ejecutoriado el fallo del juzgado laboral del circuito, Guillermo Rodríguez Niño promovió acción ejecutiva contra de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., proceso en el que se libró mandamiento de pago y se decretó como medida cautelar el embargo del inmueble con matrícula inmobiliaria 410-13604, que se encontraba ubicado en la calle 17 Nº 22-20, con un área o extensión superficiaria de 89.60 metros cuadrados, de propiedad de la sociedad ejecutada y los bienes muebles que en él se encontraran(1).
El 19 de octubre de 1999, se llevó a cabo diligencia embargo, en la que el juez en asocio con el secretario y el auxiliar de la justicia designado para los efectos, procedieron a embargar y secuestrar los bienes muebles relacionados por el ejecutante y a secuestrar el inmueble con matrícula inmobiliaria 410-11972, ubicado en la carrera 3ª Nº 9 - 14, con un área de 1.000 metros cuadrados aproximadamente. La diligencia continuó el 29 de octubre siguiente, y en ella se declaró legalmente embargado y secuestrado el inmueble referenciado, el cual si bien era de propiedad de la sociedad demandada, no era el inmueble sobre el que se había decretado la medida cautelar en el proveído del 10 de septiembre de 1999.
Concluidas las anteriores diligencias, el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, al no poder notificar personalmente del mandamiento de pago a la señora María Mercedes Navarro de Guarín, representante legal de Pingüino Ltda., luego del emplazamiento, procedió a nombrarle curador ad litem, a quien se le notificó el mandamiento de pago y continuó ejerciendo la defensa de la señora Navarro.
Finalmente, señaló el demandante que en cumplimiento de la sentencia del 13 de marzo del 2000, se continuó con la ejecución a la sociedad Pingüino Ltda., ordenándose vender en pública subasta los bienes que habían sido secuestrados y avaluados, pero que legalmente no habían sido embargados.
Para el actor, las actuaciones desplegadas por las autoridades configuraron una vía de hecho, toda vez que se negó el acceso a una segunda instancia en el proceso ordinario laboral y porque se secuestraron y remataron unos bienes de su propiedad, que legalmente no habían sido objeto de cautela de embargo, en el proceso ejecutivo.
3. La demanda fue admitida el 29 de mayo de 2001 y notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.
4. En la contestación de la demanda, la apoderada de la Rama Judicial se opuso a las pretensiones del actor, pues en su criterio las actuaciones del Juzgado Laboral del Circuito de Arauca y del Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta estuvieron ajustadas a la ley. De igual forma propuso la excepción innominada, establecida en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.
5. Por auto del 17 de agosto de 2001, se decretaron las pruebas y sin realizarse audiencia de conciliación, mediante proveído del 23 de noviembre de la misma anualidad, el tribunal les corrió traslado a las partes, como también al Ministerio Público, para alegar de fondo y rendir concepto, respectivamente.
La parte demandante manifestó que se encontraban probadas las vías de hecho en los diferentes procesos, pues las decisiones se tomaron con violación de los derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia.
El Ministerio Público en su concepto, solicitó negar las pretensiones en cuanto al supuesto error judicial contenido en la sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, al proferirse la decisión en una fecha diferente a la estipulada, ya que era carga de quien ahora es demandante poner en conocimiento a través de la apelación ese error de digitación, cosa que si bien se realizó, se hizo por fuera del término establecido para ello. En cuanto a las pretensiones por los errores cometidos en el proceso ejecutivo, señaló que debía condenarse a la Nación-Rama Judicial, pero por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia durante las diligencias de embargo y secuestro.
El tribunal en providencia del 31 de enero de 2002, denegó las pretensiones de la demanda, en consideración a que en el proceso ordinario laboral, tanto el a quo como el ad quem, ajustaron sus actuaciones a lo establecido en la ley; y, en lo que se refiere al proceso ejecutivo, manifestó que si bien se incurrió en un error en cuanto al sitio a efectuar la diligencia de secuestro, no se afectó la propiedad, pues el inmueble sigue estando en cabeza del demandante. Concluyó, que la actividad pasiva de de la actora dio origen a que se presentaran irregularidades durante el trámite del proceso ejecutivo, ya que solo se limitó a esperar que transcurriera todo el proceso para luego interponer la presente acción.
La parte demandante interpuso y sustentó recurso de apelación contra la sentencia, solicitando su revocatoria, toda vez que las consideraciones del a quo para negar las pretensiones en cuanto al error cometido en el proceso laboral ordinario, suponían la imposición de cargas al entonces demandado que no estaban contempladas en la ley. Señaló que el cambio de la fecha para proferir fallo, contrario a lo expuesto por el tribunal, constituye una vía de hecho, comoquiera que desde su expedición comenzaron a correr los términos, determinante para que el recurso de alzada se hubiera interpuesto de forma extemporánea. En lo que respecta a la actuación surtida en el proceso ejecutivo refirió sus argumentos a los errores cometidos durante las diligencias cautelares al secuestrar, avaluar y rematar bienes diferentes a los embargados, y así como a subastar individualmente los bienes que componen una unidad comercial. Advirtió que el error cometido durante las diligencias causó un detrimento a su patrimonio, puesto que se adjudicó el inmueble embargado, y el que se secuestró sigue en posesión del demandante del proceso laboral. Por lo anterior, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, en razón a que se acreditó que las actuaciones referidas constituyen vías de hecho, que no encuadran dentro de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, sino en un típico error judicial.
El recurso se concedió el 21 de febrero de 2002 y se admitió el 10 de mayo de la misma anualidad.
Durante el traslado para alegar de conclusión, el demandado y el Ministerio Público guardaron silencio. El demandante alegó que los medios probatorios obrantes en el proceso son concluyentes en señalar que durante las diferentes actuaciones jurisdiccionales, y mas específicamente en el proceso ejecutivo, se incurrió en un error jurisdiccional y en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de enero de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.
2. Previo a resolver, debe precisarse que los documentos que fueron allegados a este proceso con la demanda, consistentes en la copia auténtica de las actuaciones adelantadas ante el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca y ante el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta(2), contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., en los procesos 1999–0144-01 y 1999-0124-00, pueden ser valoradas, ya que fueron coadyuvados por el demandado quien tuvo la oportunidad de contradecirlos, de allí que se cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(3).
3. Con fundamento en las pruebas practicadas, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
3.1. La Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., adquirió un inmueble ubicado en el perímetro urbano del municipio de Arauca, el 23 de septiembre de 1987, mediante escritura pública 792 de la Notaría Única del Círculo de Arauca. El anterior instrumento fue debidamente registrado, según da cuenta el folio de matrícula inmobiliaria 410 -13604 (fls. 33 a 36, cdno. 1). Así mismo, obra copia auténtica de la escritura pública 664 del 31 de agosto de 1987, que acredita la adquisición de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., del derecho de dominio sobre un bien inmueble de 925 metros cuadrados, en el municipio de Arauca, la cual fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 410-11972.
3.2. El 26 de octubre de 1996, Guillermo Rodríguez Niño, presentó demanda ordinaria laboral contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., con el fin de que se declarara la existencia del contrato laboral entre el demandante y la demandada, y como consecuencia de ello se pagara las prestaciones sociales debidas y las indemnizaciones a que hubiera lugar. Agotado el trámite procesal correspondiente, mediante auto de sustanciación del 4 de marzo de 1999, se fijó como fecha para proferir sentencia el día 12 del mismo mes y año (fl. 176, cdno. 1).
3.3. El Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, omitiendo la decisión anterior, profirió sentencia el 11 de marzo de 1999, en la que accedió a las pretensiones de la demanda (fl. 177 a 191, cdno. 1).
3.4. Contra la sentencia, la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta, al haberse formulado de forma extemporánea. En dicha decisión se indicó:
“... como podemos ver, la interposición del recurso se hizo por fuera de término, pues si la sentencia se profirió el once de marzo el término para interponer el recurso vencía el dieciséis y no el 17, fecha en que se interpuso. Igualmente su sustentación se efectuó de manera, también, extemporánea, puesto que la misma se realizó el día veintiséis de marzo, habiendo precluído el término para ello el dieciocho del referido mes.
Ahora bien, a esta Sala se allegó escrito del mandatario judicial recurrente, en el cual solicita que se ordene al Juez de primera instancia surtir en debida forma la audiencia de juzgamiento, en razón a que la actuación carece de ordenación que la haga surtir válidamente al proceso, pues el auto de marzo cuatro de 1999, además, de omitir la correspondiente notificación conforme lo prevé la ley procesal laboral, fijó la hora de a las cinco de la tarde del día 12 del mismo mes y año para proferir fallo respectivo y este se profirió el once, es decir un día antes, dice que no solo contraviniendo lo ordenado en autos, sino violando el principio de publicidad y debido proceso, por lo que se está transgrediendo el derecho que le asiste a las partes de recurrir oportunamente las providencias que le sean adversas, por lo cual solicita de declaración (sic) de nulidad de tal actuación, al carecer de auto que la ordenara.
Al respecto la Sala estima que no es procedente la declaratoria de nulidad solicitada por el apoderado recurrente, porque este aspecto no se encuentra contemplado dentro de la taxatividad a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración de normas de procedimiento laboral. Si bien es cierto, la sentencia se dictó un día antes a la fecha ordenada en auto de marzo cuatro, no es menos cierto que, en gracia de discusión, si se aceptara que el recurso fue interpuesto, oportunamente, no es menos cierto que sustentación se hizo cuando ya había transcurrido seis días después de su interposición lo que significa que, igualmente, debería procederse a su inadmisibilidad, por ser extemporánea esta (...). Resaltado de la Sala —Fls. 239 a 244, cdno. 1—.
3.5. Ejecutoriada la anterior decisión, el señor Guillermo Rodríguez Niño, inició proceso ejecutivo contra la sociedad Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., mediante demanda presentada el 8 de septiembre de 1999, en la que solicitó como medidas preventivas, las siguientes:
“(...) Medidas preventivas: Para que esta demanda no se vuelva ilusoria en sus efectos, y con base en lo estipulado en el artículo 101 del CPL, atentamente solicito se sirva decretar el embargo y secuestro del bien inmueble de propiedad de la demandada sociedad Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., el cual se encuentra ubicado en la calle 17 Nº 22 - 20 de esta ciudad, con matrícula inmobiliaria 410-13604 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Arauca, cuyos linderos suministraré en el momento de la diligencia de secuestro. Para el efecto y con el objeto de perfeccionar el embargo y secuestro, solicito se comunique esta determinación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Arauca (...)” fl. 149, cdno. 1.
En proveído del 10 de septiembre de 1999, el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, libró mandamiento ejecutivo de pago en contra de la sociedad Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., a favor del señor Guillermo Rodríguez Niño, por la suma de $ 14’717.541. Así mismo, decretó el embargo y secuestro del inmueble de propiedad de la demandada distinguido con la matrícula inmobiliaria 410-13604, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Arauca, y de los bienes muebles y enseres que en él se encontraran.
3.6. Realizado el registro de la decisión en el folio de matrícula inmobiliaria 410-13604, el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, mediante proveído del 29 de septiembre de 1999, fijó la fecha para llevar a cabo la diligencia de embargo y secuestro de los bienes muebles, y el secuestro del inmueble de propiedad de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.
El 19 de octubre de 1999, constituida la audiencia pública, se procedió a realizar la diligencia de embargo y secuestro programada. Del acta de la diligencia es importante destacar:
“(...) En este estado de la actuación el personal que interviene en la diligencia, se traslada a las dependencias de la demandada, esto es cra. 3ª Nº 9 - 14, de acuerdo a la información rendida por el demandante, ya que la casa no tiene nomenclatura y esta ubicada en el barrio Flor de Milano. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al Dr. Hernán Javier Tocaria Paredes, apoderado de la parte actora, para que relaciones los bienes a embargar y en uso de la misma: Manifestó: En forma comedida me permito relacionar los bienes que se encuentran en el inmueble así:
— Un motor 3 para mover el comprensor marca Delcrosa, Type NV 200 14, Nº 160238M2 -HP-48, FS10RPM1760OH2 60, V 220/440-A-22/61, industria peruana.
Se deja constancia que la diligencia la atendió la señora Nubia Cáceres, identificada con C.C. 37.819.640 de Bucaramanga.
Continúa el apoderado del actor, relacionando los bienes muebles:
— Un motor para el congelamiento de hielo P9-4762220.
— Tres cilindros para gas, uno grande, uno mediano y uno pequeño, con sus instalaciones (industriales).
— Doce serpentinas de cobre de 7 metros de largo por 2 de ancho aproximadamente.
— Una canastilla de hierro para transportar el hielo al cuarto frío.
— Un carril de hierro, con dos diferenciales, una buena y otra en mal estado, una grande y una pequeña.
— Una picadora de hielo, en buen estado, aparentemente, sin probar su funcionamiento, modelo 21511702-04.
— Un motor grande (difusor) en enfiramiento (sic) con 4 ventiladores e instalaciones, de 4 metros de largo aproximadamente, sin comprobar su funcionamiento y aparentemente en buen estado.
— Un motor para enfriamiento de cuarto frío, con su ventilador e instalación pequeño, en regular estado y sin comprobar su funcionamiento.
— 12 moldes en lámina galvanizada y en regular estado de conservación.
— Un motor para el cuarto frio marca Kayser # 117223, Type ON 132M,-4 en mal estado y sin comprobar su funcionamiento.
— Un compresor para enfriamiento del cuarto frio, serial #39067, Type RA, aparentemente en mal estado y sin comprobar su funcionamiento, sin instalaciones.
— Un motor para mover los serpentines, para agitar el agua de los serpentines, sin serie ni modelo a la vista, en mal estado y sin probar su funcionamiento.
— Una bomba eléctrica de agua, con su instalación, sin serie ni número a la vista por deterioro de la placa, aparentemente en regular estado y sin comprobar su funcionamiento.
— 2 tableros eléctricos el uno con 6 tacos y el otro con 5, en regular estado y sin comprobar su funcionamiento.
— Un enfriador de 3 compartimentos, color amarillo y blanco con sus tapas sin series, en mal estado de conservación y sin probar su funcionamiento.
— Un transformador eléctrico de 3 velas, sin serie, ni marca, en mal estado y sin probar su funcionamiento.
Como se ha identificado plenamente los bienes muebles, y como no se ha verificado su funcionamiento, téngase por regular estado; así entonces le solicito al despacho con todo respeto declararlos legalmente secuestrados, al igual que embargados.
En atención que la parte actora denunció los bienes muebles materia de esta diligencia se procede a declarar legalmente embargados y secuestrados los bienes en mención y se hace entrega real y material al señor secuestre aquí presente en la forma ya identificada y en su estado ya citado e igualmente se procede a fijarle los honorarios provisionales en la suma de setenta mil pesos ($ 70.000), a quien se le concede el uso de la palabra y en uso de la misma Manifiesta: Los recibo en el estado en que se encuentran, tal como está descrito anteriormente y ante la imposibilidad de su retiro por su volumen y pesos, se los dejo en depósito provisional y a título gratuito a la señora Nubia Cáceres, quien atiende esta diligencia, haciéndole las advertencias de rigor.
En este estado de la diligencia el Dr. Hernán Javier Tocaria Paredes apoderado del actor, solicita el uso de la palabra y concedida por el despacho manifiesta: Al despacho con todo respeto me permito solicitarle se proceda a decretar el secuestro del bien inmueble, en vista que ya fue decretado el embargo y oportunamente allegué los documentos que prueban el diligenciamiento del mismo, ante la oficina de registro e instrumentos públicos de esta ciudad.
Seguidamente el juzgado procede a dictar oralmente el siguiente:
1. Declarar legalmente embargados y secuestrados los bienes muebles ya descritos.
2. Téngase como depositaria en forma gratuita a la señora Nubia Cáceres, identificada en legal forma, a quien se le hace las advertencias de ley.
3. Fíjense como honorarios provisionales al señor secuestre la suma de $ 70.000.
4. Accédase al pedimento de secuestrar el inmueble en razón a que obra en el plenario la inscripción del embargo del mismo y téngase como secuestre al señor Pablo Antonio Sarmiento Gutiérrez, y teniendo en cuenta lo avanzado de la hora 6:40 p.m., se suspende la presente diligencia para continuarlas el día viernes (29) de octubre a las diez de la mañana (10:00 p.m.) (sic)” Resaltado fuera del texto —fls. 287, 288 y 289, cdno. 1—.
3.7. El 29 de octubre, se continuó con la diligencia de embargo y secuestro, y en ella se estableció:
“(...) El señor juez en asocio del secuestre procede a identificar el bien de la siguiente manera:
Límites y extensiones
Por el norte: Con propiedad del señor Virgilio Castro, en extensión de 30 metros con 80 centímetros.
Por el oriente: Con propiedad del señor Jesús Reyes en extensión de 29 metros.
Por el sur: Con propiedad de la señora Teresa Carvajal, con extensión de 9 metros y la capilla “Alianza”, en extensión de 39 metros con 80 centímetros.
Por el occidente: Con la cra. 3ª en extensión de 22 metros y encierra.
Seguidamente el funcionario procede a declarar legalmente embargado y secuestrado, el inmueble antes descrito y en las condiciones ya señaladas y procede hacerle entrega real y material al señor secuestre quien en el acta manifiesta que los recibe a entera satisfacción y los entrega en depósito de manera gratuita a la señora que nos atiende en la diligencia (...)” —fls.291 a 293, cdno. 1—.
3.8. Agotadas las diligencias anteriores, el juzgado Laboral del Circuito de Arauca, procedió a notificar personalmente el mandamiento de pago. Ante la imposibilidad de realizar dicha notificación a la representante legal de la sociedad demandada, se emplazó. Agotado el trámite correspondiente sin que se hiciera presente el emplazado, se procedió a nombrarle curador ad litem.
En escrito presentado el 8 de marzo de 2000, el demandado por intermedio del curador ad litem, contestó el mandamiento de pago oponiéndose a las pretensiones y manifestó atenerse a lo que resultara probado en el proceso.
3.9. En sentencia del 13 de marzo de 2000, el juzgado laboral del circuito, ordenó seguir con la ejecución promovida por Guillermo Rodríguez Niño contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., y dispuso realizar el avalúo de los bienes embargados y secuestrados con el fin de venderlos en subasta pública.
3.10. Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2000, se dictaminó que los bienes muebles embargados y secuestrados tenían un valor de cinco millones ciento cincuenta mil pesos ($ 5’150.000); y, sobre el bien inmueble, se estableció un avalúo de siete millones trescientos catorce mil pesos ($ 7’314.000). Del anterior dictamen se corrió traslado a las partes, las cuales guardaron silencio (fls. 316 a 319, cdno. 1).
3.11. Cumplido el trámite correspondiente, y en firme la sentencia que ordenó seguir con la ejecución, se fijó el 22 de mayo de 2000, para llevar a cabo audiencia de remate. En proveído del 15 de mayo de 2000, se liquidó el crédito y las costas del proceso, por un valor de $ 16’957.541.
Del acta de la diligencia de remate se destaca:
“(...) Admítase la propuesta hecha por la parte actora, en consecuencia adjudicase al señor Guillermo Rodríguez Niño, con C.C. 13’836.937 de B/manga por la suma de ocho millones setecientos veinticinco mil cuatroscientos nventa (sic) y tres pesos ($ 8’725.493) m/cte., los bienes relacionados en el cuerpo de esta diligencia (...)”. —fls. 329 a 330, cdno. 1—.
3.12. A través del proveído del 22 de junio del 2000, se aprobó el remate realizado y se ordenó hacer la entrega material de los bienes secuestrados y del lote terreno de 1.000 metros cuadrados con sus respectivas mejoras, en donde se encontraba ubicada la fábrica de hielo, al señor Guillermo Rodríguez Niño. De igual manera se ordenó oficiar a la oficina de registro e instrumentos públicos para que registrara el inmueble a favor del nuevo propietario.
3.13. En oficio del 23 de junio del 2000, el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, ordenó a la oficina de registro e instrumentos públicos realizar la inscripción del nuevo propietario del bien en el folio de matrícula inmobiliaria 410-13604. En oficio complementario, el juzgado hizo saber los linderos del inmueble y solicitó el levantamiento de la medida cautelar.
3.14. De acuerdo con el escrito visible a folios 337 y 338 del cuaderno 1, el auxiliar de la justicia, Pablo Antonio Sarmiento Gutiérrez, hizo entrega real y material de los bienes que aquel tenía en su poder como secuestre, al señor Guillermo Rodríguez Niño.
4. De acuerdo al acervo probatorio recaudado, se demostró que con fundamento en la sentencia proferida en el proceso laboral ordinario, instaurado por Guillermo Rodríguez Niño contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., se inició proceso ejecutivo, en el que funcionarios del Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, en cumplimiento de la providencia que libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares(4), se trasladaron al establecimiento de comercio denominado “Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.”, ubicado en la cra. 3ª Nº 9 - 14, barrio “Flor de Milano”, del municipio Arauca, con matrícula inmobiliaria 410-11972, para realizar el secuestro del inmueble, y el embargo y secuestro de los muebles que allí se encontraran.
La diligencia de medida cautelar se llevó a cabo el 19 de octubre de 1999, y en ella se dejó constancia de todos los muebles que hacían parte del interés social del negocio. Posteriormente, se efectuó el secuestro del inmueble, y en el acta se anotó que se había identificado con todos sus linderos el lote de terreno objeto del secuestro.
Ahora bien, según lo expuesto en las pretensiones de la demanda, el primer error que se le imputa a la Rama Judicial, es haber proferido un fallo en una fecha distinta a la fijada previamente por una providencia, con lo cual se le afectó el derecho al acceso a la administración de justicia, pues la decisión no pudo ser apelada; y el segundo error que se le endilga a la demandada, se configuró en las actuaciones de los funcionarios que estuvieron a cargo de ejecutar las medidas cautelares llevadas a cabo el 19 y 29 de octubre de 1999, puesto que al realizar el secuestro del inmueble embargado mediante el proveído del 10 de septiembre de 1999, se realizó en otro de propiedad de la sociedad ejecutada, imponiéndole la carga de soportar el embargo y el secuestro de dos bienes diferentes, lo que en últimas afectó su patrimonio, ya que un inmueble se encontraba por fuera del comercio(5) y del otro perdió su tenencia(6).
Por lo anterior, se debe precisar que, el daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura.
Ahora bien, es necesario reiterar que el daño antijurídico es el primer elemento de la responsabilidad(7), y una vez verificada su configuración, se debe determinar si es imputable o no a la entidad demandada, comoquiera que aquel es requisito indispensable de la obligación de reparar. En ese orden de ideas, el daño, en su aspecto objetivo, debe ser entendido como la lesión de un derecho, interés o atributo de la persona(8), sin que exista la necesidad de relacionarlo con la actividad que lo causó, toda vez que es una entidad fenoménica u ontológica que lejos de estar relacionado con el deber ser de las cosas, es un dato objetivo apreciable por los sentidos y, por consiguiente, una entidad natural. De allí que, la mera ocurrencia del daño y su nota de antijuricidad es el presupuesto indispensable que genera el deber de reparar.
Al respecto, es preciso destacar el siguiente pronunciamiento de la Corte Constitucional:
“Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que este debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. Esta imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto a veces, como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, se produce una disociación entre tales conceptos. Por ello, la Corte coincide con el Consejo de Estado en que para imponer al Estado la obligación de reparar un daño ‘es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la ‘imputatio facti´”(9).
Y en el mismo sentido, esta corporación ha señalado:
“Pese a ello, queda claro que, para imponer al Estado la obligación de reparar un daño, es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un “título jurídico” distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, “la imputatio juris”, además de la “imputatio facti”.
“Concebida la imputación del daño en estos términos, surge una doble importancia del fenómeno en estudio; de un lado, porque la imputación al Estado de un daño antijurídico determina su responsabilidad patrimonial según lo estatuye el artículo 90 constitucional; de otro, porque permite establecer el patrimonio responsable de reparar el perjuicio, teniendo en cuenta que si bien el “tesoro público” tiene un contenido genérico que comprende tanto “el de la Nación” como “el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas” (C.N., art. 128, inc. 2º), no hay duda de que, nuestro régimen jurídico, a partir del capítulo 1 del título V de la Constitución y, sobre todo, del artículo 115, consagra la existencia de una diversidad de personas jurídicas de derecho público, con obligaciones, derechos, patrimonio y funciones autónomas unas de otras y de ellas con respecto al Estado”(10).
La labor del juez, en principio, se reduce simple y llanamente a la constatación del daño como entidad, como violación a un interés legítimo, esto es, como fenómeno, como dato objetivo o de conocimiento dado por la experiencia, luego, aquel asume una posición axial frente al mismo, lo que imprime el sello de antijurídico o jurídico, y una vez estructurado este, comprobar la posibilidad de imputación o no, a la entidad demandada.
En este orden, se tiene que en el asunto sub examine, en primer lugar, el demandante manifestó que el daño se configuró al modificar la fecha para proferir el fallo, lo cual impidió que se admitiera el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, vulnerándose así el derecho de acceso a la administración de justicia. En efecto, para la Sala está acreditado el daño sufrido por la demandante, y en eso difiere de las apreciaciones del a quo, puesto que él consiste en la imposibilidad de acceder a una decisión judicial, cualquiera que fuera el sentido de la misma, es decir, que no se requiere para su determinación, tener la certeza de que la decisión acogiera los planteamientos del recurso de apelación, sino que por el contrario, este se evidencia con certeza cuando se está ante la imposibilidad de que el recurso sea estudiado y decidido.
En otros términos, el daño sufrido por el demandante es la vulneración a su derecho de acceder a la administración de justicia(11), consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política(12), máxime si se tiene en cuenta que se trataba de un recurso de apelación, que representaba el acceso a una segunda instancia, es decir, la continuación del proceso ordinario, y si bien, no se podría establecer con certeza el resultado al no permitírsele la posibilidad de revisión por el superior para que realizara un estudio de la decisión proferida en primer grado, se impidió que se revisaran y se corrigieran los yerros que este hubiese podido cometer.
En ese sentido la Corte Constitucional, se ha referido a que se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, no solo cuando no se le da trámite inicial al proceso, sino también, cuando en el desarrollo del mismo no se otorgan las garantías necesarias tendientes a hacer efectivo el derecho sustancial:
“5.1. La Constitución consagra el derecho de toda persona de “acceder a la administración de justicia” (art. 229). De acuerdo con un entendimiento formal y estrecho, la Constitución en este precepto contempla un derecho de mero acceso a la justicia, que se concreta en el derecho a presentar una demanda y a que esta le sea admitida. Según esta interpretación, el ámbito de protección del derecho de acceso a la administración de justicia se agota tan pronto el juez admite la demanda. Sin embargo, en virtud del principio de unidad de la Constitución, ninguna disposición de las que aparecen en el texto de la Carta debe leerse aisladamente. Cada norma constitucional debe ser interpretada en función del todo, para evitar que algunas de sus partes se vean sacrificadas injustificadamente(13). Porque si bien en ocasiones concretas puede haber un conflicto entre normas constitucionales aplicables, un imperativo de transparencia y sinceridad en la aplicación del derecho obliga a las autoridades públicas y, en especial, al juez, a poner de manifiesto todos los argumentos que concurren a favor o en contra de determinada solución del problema de suerte que si ha de preferir algunos de ellos en detrimento de los otros, lo haga argumentadamente.
“En ese sentido, debe recordarse que entre los fines esenciales del Estado están los de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y de “asegurar (...) la vigencia de un orden justo” (C.P., art. 2º). Si esas son finalidades esenciales del Estado, todos los derechos relacionados con el proceso judicial deben ser leídos en función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales, porque de lo contrario esas aspiraciones serían letra muerta a pesar de que, según la Carta, son esenciales. Ese entendimiento es concordante con el artículo 229 de la Carta, que a la letra dispone que en las actuaciones de la justicia “prevalecerá el derecho sustancial”.
“En ese contexto, el derecho de acceso a la administración de justicia aparece, ciertamente, como el derecho formal a acceder a la justicia, pero además a acceder a una justicia que busque, en la mayor medida posible, proveer una decisión de fondo para el asunto presentado(14). Así, una violación del derecho a acceder a la administración de justicia se presenta no solo cuando al actor se le dificulta o imposibilita tal acceso, sino también cuando la administración de justicia le permite acceder, pero no evalúa sus pretensiones o las evalúa tan solo en apariencia, pues acaba tomando en realidad una decisión con base en consideraciones superficiales o de carácter excesivamente formal, que no tienen valor instrumental en la garantía de otros derechos fundamentales, en un caso en que es posible adoptar una decisión diferente con fundamento en una interpretación orientada a la protección efectiva de los derechos fundamentales(15)”(16).
En efecto, el derecho de acceder a la administración de justicia no solo comprende la posibilidad de que el juez se pronuncie de fondo sobre un asunto que se ha sometido a su consideración, sino que debe, en primer lugar, permitir que el ciudadano acuda al aparato jurisdiccional para hacer posible la resolución de sus conflictos o el control de las actividades de los poderes públicos. Por tanto, de acuerdo con la doctrina constitucional, la regulación de este derecho puede llevar a su vulneración: i) cuando se consagran impedimentos irracionales para acudir al aparato jurisdiccional; ii) cuando no se contemplan los instrumentos procesales necesarios para que los afectados puedan resolver sus conflictos, y; iii) cuando se autorice la indefinición de los conflictos(17).
Como puede observarse, una de las manifestaciones más importantes del derecho de acceder a la administración de justicia, es precisamente la posibilidad que se otorga a los ciudadanos de plantear un problema ante el Estado(18), comoquiera que este monopoliza la función de resolución de conflictos. Se trata, entonces, de una manifestación propia del Estado de derecho, en la que se permite que dos contendientes lleven su problema ante un tercero investido de autoridad, para que él encuentre una solución luego de haber escuchado los extremos de la relación y valorado cada uno de los argumentos esgrimidos. No se trata de un derecho menor, sino de un verdadero derecho de connotación fundamental, presupuesto del derecho al debido proceso, toda vez que su función es la de ser la puerta de entrada para la efectividad de los restantes derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico; como señala la jurisprudencia, su desconocimiento conlleva a “... la consiguiente vulneración de los demás derechos fundamentales que ante ella se hacen efectivos”(19), por lo que, se itera, se encuentra acreditado el daño sufrido por la parte demandante.
5. Así las cosas, se procede a examinar si este daño es imputable a la administración de justicia.
En materia laboral, el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral, consagra la oportunidad para interponer el recurso de apelación contra sentencias de la siguiente manera:
“ART. 66.—Serán también apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de notificación, o por escrito, dentro de los tres días siguientes; interpuesto en la audiencia, el juez lo concederá o denegará inmediatamente; si por escrito, resolverá dentro de los dos días siguientes”.
Ahora bien, el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, señala:
“Quien interponga el recuso de apelación en proceso civil, penal o laboral deberá sustentarlo por escrito ante el juez que haya proferido la decisión correspondientes (sic), antes de que se venza el término para resolver la petición de apelación.
Si el recurrente no sustenta la apelación en el término legal, el juez mediante auto que solo admite el recurso de reposición, lo declarara desierto. No obstante la parte interesada podrá recurrir de hecho.
Sustentado oportunamente, se concederá el recurso y se enviará el proceso al superior para su conocimiento”.
De las normas anteriores, se concluye que las partes, tratándose de materia laboral, tienen diferentes medios para interponer el recurso de apelación, ya que lo pueden hacer de forma oral, cuando la sentencia se notifica en estrados y por escrito durante los tres días siguientes a la audiencia. En cuanto a la sustentación del recurso, la Ley 2ª de 1984 —vigente al momento de los hechos—, estableció que la sustentación debía presentarse ante el juez que profirió la decisión correspondiente, antes de que venciera el término para resolver la petición de apelación, es decir, dos días, so pena de que el juez se lo declarara desierto.
En el sub examine se tiene que el interesado en el recurso de apelación, impugnó la decisión el 17 de marzo de 2011, cuando los tres días para hacerlo vencían el 16 del mismo mes y año, surtiéndose la actuación por fuera del término establecido para ello. Ahora bien, es indudable que no podía exigírsele a la parte tener conocimiento de la fecha en que se profirió la sentencia, ya que sin motivación alguna el Juez Laboral del Circuito de Arauca, por motivos que se desconocen en esta actuación, profirió su decisión sin que las partes —de interés particular, el demandado—, tuviera conocimiento de ella.
Ahora bien, el apoderado de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., sustentó el recurso el 26 de marzo de 1999, según da cuenta el sello de presentación visible a folio 209 del cuaderno 1, es decir, 5 días después del término que artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 establecía, pues la oportunidad para hacerlo vencía el 18 de marzo.
En este orden, de acuerdo a los elementos probatorios allegados, el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, en proveído del 23 de marzo de 1999, concedió el recurso ante el Tribunal Superior de Cúcuta; corporación que mediante auto del 24 de mayo siguiente, lo declaró inadmisible por haberse interpuesto y sustentado de manera extemporánea. En aquella oportunidad, el tribunal, de conformidad con los argumentos esgrimidos por el recurrente, señaló que en gracia de discusión, aceptando que el juez hubiera incurrido en un error al proferir el fallo en fecha distinta a la señalada, la sustentación del recurso se realizó cuando ya habían transcurrido “seis días” después de su interposición, lo que generaba igualmente la inadmisibilidad de la impugnación.
Expuesto lo anterior, es preciso examinar la controversia con fundamento en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, que establece que es “[a]quel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Adicionalmente, el artículo 67(20) establece como presupuestos para su configuración: i) que el afectado haya interpuesto los recursos ordinarios de ley contra la providencia contentiva del error y; ii) que tal decisión esté en firme.
Ahora, este error se estructura, simplemente, cuando la providencia sea contraria a derecho, condición en todo caso distinta a la vía de hecho, pues, la primera se configura si se desatiende la realidad procesal o la ley, mientras que la segunda exige un examen respecto a la gravedad del error, previa realización de un juicio sobre la conducta del fallador, por ende, sumado a una vulneración de orden legal, se requiere que esta cumpla determinadas condiciones de flagrancia y arbitrariedad. En este sentido, esta sección ha expuesto:
“En efecto, en Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional concluyó que ‘el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y de las pruebas aportadas’. Mientras que, a partir de la sentencia del 4 de septiembre de 1997, la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que el error jurisdiccional no podía identificarse con el concepto de vía de hecho en tutela porque se desconocería el artículo 90 de la Constitución que es la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, según la cual ‘este deberá indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa’. Esta última tesis, reiterada por esta sección en otras oportunidades, entiende que el error jurisdiccional que puede generar responsabilidad patrimonial del Estado se presenta cuando con una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado. Dicho de otro modo, se reitera que la antijuricidad de la conducta o de la omisión que origina el error jurisdiccional no siempre es relevante para la reparación del daño antijurídico, pues debe diferenciarse la causa del error con el error mismo(21)”(22).
Como se expuso supra, la Sala constata que el acto controvertido por el demandante, de contener un supuesto error, es la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, en el proceso laboral ordinario de Guillermo Rodríguez Niño contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.
Igualmente, está acreditado que la sentencia fue notificada en estrados, el 11 de marzo de 1999, que contra esta se interpuso recurso de apelación el 17 de marzo siguiente (fl. 192, cdno. 1), el cual fue sustentado el 26 del mismo mes y año (fl. 209, cdno. 1), sin embargo, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, la apelación se presentó de manera extemporánea por un error del juez al modificar la fecha para proferir la sentencia, pero se advierte, como en su oportunidad lo hizo el ad quem que conoció del proceso laboral, en el sentido de que la sustentación se hizo por fuera del término de conformidad a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, lo que genera que el recurso se declarara desierto. En ese orden de ideas no se cumple con uno de los presupuestos necesarios para que proceda la responsabilidad de la administración por error judicial, en atención a que si bien se formuló recurso de apelación, admitiendo en gracia de discusión que se presentó en tiempo, no se hizo en debida forma, ya que la sustentación misma fue extemporánea.
El hecho de que la sociedad Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., haya sustentado el recurso por fuera del término señalado para ello, conlleva a encontrar acreditado el hecho exclusivo de la víctima, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996:
En ese sentido la doctrina nacional se ha pronunciado en los siguientes términos:
“La interposición de recursos contra la providencia que contiene el error y el que esté en firme, tiene un claro mensaje de autocorrección dirigido a los jueces; así se deduce de los casos en los cuales, la Sección Tercera del Consejo de Estado, no ha declarado la responsabilidad, porque las decisiones erradas fueron revocadas, al momento de decidir los recursos interpuestos contra ellas(23):
“Se tiene entonces que en el presente caso no se configuró un error judicial en los términos ya expuestos, porque a lo largo de los procesos ejecutivos se profirieron decisiones judiciales equivocadas que fueron revocadas por la misma jurisdicción cuando resolvió los recursos ordinarios interpuestos por las partes”(24).
Correlativo a lo anterior, la no interposición de recursos, por parte del afectado, permite que se consolide la situación y que la administración no enmiende su error, por lo que se ha considerado que esa situación le sea atribuible y configure la culpa exclusiva de la víctima:
Esta falta de impugnación de la providencia del tribunal, erróneamente motivada, deja sin piso cualquier motivo de imputación de responsabilidad contra la administración por cuanto, si bien es cierto se observa el error judicial provocado, el administrado no agotó los medios de impugnación que tenía a su alcance, esto es, el recurso de súplica de la providencia proferida por la Magistrada Sustanciadora del proceso, ante la Sala respectiva.
Con esta omisión el propio demandante consolidó la situación jurídica en su contra, ya que impidió que se agotara el cauce de impugnación mediante el cual el tribunal ha podido enmendar el error.
Considera la Sala que el demandante, en estos eventos en los cuales puede recurrir dentro del mismo proceso las providencias que consideran no se ajustan a la ley, debe agotar las vías de impugnación, como ocurre con el agotamiento de la vía gubernativa de los actos de la administración pasibles del recurso de apelación.
Cuando no se agotan las vías de impugnación posibles pertinentes en el seno de la administración de justicia, o en sede judicial puede hablarse que el error judicial se consolida en cierta forma por culpa del damnificado quien pudo conformase en su momento con el error, o dejó vencer los términos de impugnación”(25).
“Por esa razón, la omisión de impugnación de la providencia que contiene el error es sancionada por el artículo 70 de la ley: “El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
Justamente, la Corte Constitucional, en la enunciada Sentencia C-037 de 1996, lo ha considerado así porque el artículo 70 contiene una sanción “por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7)”, y porque se reclama de los ciudadanos un mínimo de interés y compromiso en los asuntos que someten a conocimiento de los jueces. Agregó, finalmente, que la norma es expresión del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”(26).
En consecuencia, de las pruebas que obran en el expediente, para la Sala es indudable que aún cuando se configuró un daño antijurídico, este no le es imputable a la administración sino al hecho exclusivo de la víctima, comoquiera que no desplegó de forma adecuada sus actuaciones para recurrir la providencia de primera instancia, y por lo tanto, la entidad demandada no debe responder patrimonialmente por él. Así las cosas, la Sala confirmará en este punto la sentencia apelada, pero por las razones que se vienen de exponer.
De otra parte, en cuanto al supuesto error cometido durante las diligencias cautelares en el proceso ejecutivo adelantado por Guillermo Rodríguez Niño contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., al realizarse el secuestro de bienes diferentes a los embargados, es preciso indicar que el daño alegado se encuentra acreditado, en consideración a que los medios probatorios dan la suficiente certeza de que las medidas cautelares decretadas en el proveído del 10 de septiembre de 1999, se efectuaron en bienes diferentes de propiedad de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.
Ahora bien, puesto que lo pretendido por el actor es la indemnización de perjuicios por la pérdida del inmueble embargado, de los muebles rematados y de la pérdida de la tenencia material del inmueble secuestrado, es preciso señalar, en primer lugar, que la orden de embargo del Juez Laboral del Circuito de Arauca al inmueble de propiedad de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., con matrícula inmobiliaria 410-13604, es una orden o decisión judicial, válida y legítima, que finalmente extrajo del patrimonio de la sociedad demandada el bien referenciado, en cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título valor, que se ejecutó en el trámite de un proceso ejecutivo, por lo que el supuesto daño alegado por la pérdida de ese bien, proviene de una conducta lícita ajustada al ordenamiento, en razón a que proviene nada más y nada menos que de una decisión derivada de la actuación judicial.
De otro lado, en cuanto a los bienes secuestrados durante las diligencias del 19 y 29 de octubre de 1999, se observa que se presentaron descuidos e irregularidades por parte de los funcionarios del Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, ya que procedieron a secuestrar un inmueble sin observar los mandatos establecidos en la ley procesal civil para llevar a cabo este tipo de diligencias. En efecto, así lo demuestran las actas de las diligencias referenciadas, las que ponen de manifiesto que el juzgado no tuvo en cuenta al momento de practicar la medida, observar y cotejar la escritura pública y el certificado de tradición y libertad del inmueble previamente embargado con la nomenclatura, linderos y demás características del bien sobre el que iba a recaer la medida, procediendo a secuestrar otro diferente, que correspondía a los linderos de un inmueble de propiedad de la ejecutada, pero que no había sido objeto de medida de cautela en el proceso ejecutivo.
De acuerdo con los certificados de tradición y las escrituras públicas aportadas, el predio en el que se efectuó el respectivo registro de la medida cautelar ante la oficina de instrumentos públicos de Arauca, fue el distinguido con la matrícula inmobiliaria 410-13604, que tiene una cabida menor de 100 metros cuadrados y se encuentra ubicado en la calle 17 Nº 22 - 20; y el inmueble en el que se practicó la diligencia de secuestro, era el distinguido con matrícula inmobiliaria 410-11972, ubicado en la cra. 3ª Nº 9 - 14, con un área superficiaria aproximada de 925 metros cuadrados, es decir, 9 veces el área del inmueble objeto de la medida preventiva.
Por lo anterior, se encuentra acreditado que durante las actuaciones señaladas, los funcionarios judiciales omitieron verificar la identidad de los bienes objeto de la medidas cautelares, pues de manera previa a decretar la medida o al inicio de la diligencia, el juez, tratándose de bienes inmuebles, debió hacer un reconocimiento para verificar si coincidían los linderos y demás especificaciones. El operador judicial, en aplicación extensiva de lo prescrito el parágrafo 4º del artículo 337 del Código de Procedimiento Civil, antes de decretar las medidas correspondientes, debió percatarse de que el inmueble embargado correspondía realmente al predio en donde se realizó la diligencia.
Sobre este punto, la doctrina especializada ha señalado:
“... La facilidad de identificación que otorga la disposición que comento no significa en modo alguno que pueda el juez proceder a identificar el juez sobre la base exclusiva de aseverar que los linderos corresponden pero sin intentar una aproximación sobre el terreno de ellos, pues si bien es cierto que puede aplicarse para esta medida cautelar lo previsto en el artículo 337, no puedo desconocer la razón de ser de dicha norma, prevista en principio para la diligencia de entrega, es que parte de la base que como se trata de culminar una actuación, es posible que el juez haya estado ya en el bien, ejemplo practicando una inspección judicial, lo que usualmente no acontece con la de secuestro, de donde surge el deber del juez de identificar de la mejor manera posible el bien, aun cuando sin llegar a los extremos que algunos afirman de recorrer metro a metro sus linderos...”(27).
En este orden, debe precisarse que conforme a lo acreditado en el proceso, la sociedad ejecutada, si bien perdió la tenencia material del inmueble sobre el que se impuso la medida de secuestro, ya que ese día fue entregado al auxiliar de la justicia y se dejó en depósito a la señora Nubia Cáceres, del folio de matrícula 410-11972, expedido el 16 de mayo de 2001, correspondiente a este inmueble, se observa que su propietario es la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., y la última anotación es referente a una cancelación de embargo “De: Ariza Julio César. A: Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.”, realizada el 20 de febrero de 1997. Así las cosas, el daño alegado por el demandante por la pérdida de este bien, no se encuentra probado, ya que como se anotó, el derecho de dominio sigue estando en cabeza de la sociedad, y la pérdida de la posesión que alega el demandante no fue demostrada por ningún medio probatorio, pues la inspección judicial a que hace referencia el impugnante, lo único que da cuenta es de los linderos y las mejoras que tiene el inmueble. Al respecto, el acta de la inspección judicial, del 3 de noviembre de 2001, señaló:
“(...) Segundo inmueble: identificado con la escritura 664, matrícula inmobiliaria 410-11972, con un área aproximada de 925 m2, alinderado de la siguiente manera: por el norte con Virgilio Castro en una extensión de 30 mts; por el sur con Efraín Linares en una extensión aproximada de 49 metros; por el oriente, con Manuel Méndez con una extensión de 31 mts y por el occidente, con la vía pública en extensión de 21 mts. El despacho procede a constatar que dentro del lote se encuentran las siguientes construcciones: Primera: Una bodega en columnas de cemento, techo de acerolid, viguetillas metálicas de una extensión de 23 metros de largo por 11 metros de ancha, una habitación (mezanine) en muy mal estado de conservación, en donde la parte demandante manifiesta ahí funcionó el cuarto frío. Segunda: Una habitación construida en bloque sin pañetear (sic), con techo de zinc y piso en cemento. Tercera: Dos tanques aéreos y un tanque terrestre construido en vigas de concreto y paredes con ladrillo. El lote se encuentra cercado en alambre de púas y postes de madera. El despacho da por terminada la diligencia de inspección judicial”.
Si bien es cierto que el actor en el escrito de demanda señala que perdió la posesión del inmueble, era necesario que acreditara esta afirmación con medios probatorios que pudieran respaldarla. Así las cosas, comoquiera que la prueba necesaria para determinar la existencia del daño y que permitiría establecer los posibles perjuicios sufridos por el demandante, no obra en el proceso, se colige de allí que frente a la inexistencia de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, no es posible acceder a las súplicas de la demanda.
Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, so pena de sufrir las consecuencias de no hacerlo así, pues el precepto es una norma de conducta para las partes y una regla de juicio para el juez que le impone fallar en contra de la parte que debía probar y no probó.
Ahora bien, en cuanto a los bienes muebles encontrados en el inmueble secuestrado erróneamente, se tiene que estos luego de ser inventariados fueron secuestrados y posteriormente rematados individualmente considerados, en subasta pública, sin tener en cuenta que aquellos no podían venderse individualmente considerados en razón a su destinación. En efecto, los bienes que fueron objeto de secuestro y posterior remate, se encontraban destinados al servicio, uso y beneficio del establecimiento de comercio de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., conformando una unidad económica sin que fuera posible desarticular sus componentes.
Así las cosas, se presentaron graves omisiones y falencias que causaron un daño antijurídico que la sociedad fábrica de hielo no estaba en el deber de soportar, el cual debe ser indemnizado por la Nación-Rama Judicial, en la medida que fueron los operadores judiciales, representados por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, los que dieron lugar a las irregularidades que ocurrieron durante las diligencias de secuestro, remate y entrega al ejecutante de los bienes mencionados como parte de pago de sus acreencias laborales.
Lo expuesto, nos lleva a concluir que la actuación del Juez Laboral Del Circuito de Arauca, fue descuidada e irregular, causando un deterioro patrimonial a la sociedad Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., en atención a que en un claro desconocimiento del procedimiento civil, secuestró los bienes de propiedad de la ejecutada sin que previamente se hubiere decretado su embargo y los remató individualmente sin considerar que hacían parte de una unidad económica de la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.
Debe advertirse que en el caso sub examine, contario a lo sostenido por el demandante, y en aplicación del principio iura novit curia, se condenará a la Nación-Rama Judicial, por el defectuoso funcionamiento de administración de justicia en el proceso ejecutivo promovido por Guillermo Rodríguez Niño contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., en razón a que se encuentra acreditado que durante las diligencias de secuestro se incurrió en una serie de irregularidades(28) que afectaron el patrimonio de la sociedad ejecutada.
En ese sentido, esta corporación ha señalado, que:
“(...) Por su parte, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Allí distinguió tres supuestos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68).
A propósito de la distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha dicho la doctrina española(29) que el error judicial se predica de las actuaciones en las cuales se interpreta y aplica el derecho, en tanto que la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales.
“... nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.
En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(30).
Se destaca que la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no ha sido objeto de discusión y se ha admitido en forma pacífica de tiempo atrás(31)”(32).
Conforme a lo señalado, y teniendo en cuenta que los bienes secuestrados y rematados, eran bienes inmuebles por destinación conforme a los establecido en el artículo 658 del Código Civil(33), y cumplen con los requisitos que la doctrina ha señalado para que se dé el fenómeno de la destinación(34), se procederá a realizar la liquidación del perjuicio, con fundamento en el dictamen pericial que obra en el proceso(35), así:
Se tendrá en cuenta el valor conjunto de los bienes, dado que en materia de establecimientos comerciales, el suelo y las máquinas e instalaciones industriales están ligadas al uso permanente del mismo, de acuerdo con la destinación que se le ha dado al predio, ya que sin el uso del suelo no podría haber un establecimiento industrial que le fuera adherente(36).
Así las cosas, el valor total ($ 85’966.960), será actualizado de conformidad con la siguiente formula:
1. Revócase la sentencia de 31 de enero de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual quedará así.
Declárase a la Nación-Rama Judicial, patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., representada legalmente por María Mercedes Navarro de Guarín, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de las actuaciones realizadas durante el proceso ejecutivo promovido por Guillermo Rodríguez Niño contra la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda.
Condénase a la Nación-Rama Judicial, a pagar a la Fábrica de Hielo Pingüino Ltda., representada legalmente por María Mercedes Navarro Guarín a las siguientes sumas de dinero:
Por concepto de daño emergente: ciento cuarenta y seis millones seiscientos setenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos ($ 146’673.961).
3. Dese cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(1) Auto del 10 de septiembre de 1999, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca.
(2) Copias expedidas por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, según constancias visibles a folios 233 y 342 del cuaderno 1.
(3) Artículo 185, CPC: “Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
(4) Mediante esta providencia se decretó el embargo del bien inmueble ubicado en la calle 17 Nº 22 - 20 del municipio de Arauca, con matrícula inmobiliaria 410-13604, y de los muebles que en él se encontraran.
(5) El inmueble embargado.
(6) El inmueble secuestrado.
(7) “El daño es, entonces, el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una falla del servicio. La razón de ser de esta lógica es simple: si una persona no ha sido dañada no tiene porqué ser favorecida con una condena que no correspondería sino que iría a enriquecerla sin justa causa. El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil. Estudiarlo en primer término es dar prevalencia a lo esencial en la figura de la responsabilidad”. Henao, Juan Carlos. El daño. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998. Pág. 37.
(8) Reglero Campos, L. Fernando. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Aranzadi. Navarra. 2002. Pág. 210.
“La noción ontológica del daño que aquí se acredita es la defendida por aquella parte de la doctrina que desmaterializa y despatrimonializa el daño. Las razones de esta visión son varias, de naturaleza teórica y de política del derecho. Hoy en día ‘daño’ no es ya, en la conciencia social, ni en la praxis jurisprudencial, ni en las propias intervenciones legislativas, un simple detrimento del patrimonio de la víctima del ilícito: daño es la lesión de un interés protegido, y se agota en esto” (cursiva en original). Alpa, Guido. Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Jurista Editores. Roma. 2006. Pág. 773.
(9) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, M.P. Juan de Dios Montes.
(11) “El acceso a la administración de justicia tiene tres pilares que lo conforman, a saber, i) la posibilidad de acudir y plantear el problema ante el juez competente, ii) que el problema planteado sea resuelto y iii) que tal decisión se cumpla de manera efectiva. Estos presupuestos tienen sustento en los principios democráticos y los valores que guían la debida administración de justicia y por tanto el Estado social de derecho porque no solo los encargados de administrar justicia tienen la responsabilidad de hacer todo aquello que corresponda para solucionar un litigio y restablecer los derechos conculcados, sino también todas aquellas autoridades que tienen a su alcance propender por el acceso, la práctica de pruebas y finalmente cumplimiento de los fallos”. Corte Constitucional, Sentencia T- 295 del 26 abril de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(12) “ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
(13) Cfr., Konrad Hesse: “La interpretación constitucional”, en Escritos de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 48.
(14) Sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(15) Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ella al resolver una tutela contra sentencia, la Corte manifestó que “el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la garantía de la obtención de una respuesta de fondo por parte de los jueces, quienes, a su vez, se hallan obligados a evitar a toda costa fallos que, basados en obstáculos formales, impidan la vigencia del derecho material o de los derechos subjetivos. Esto ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios de forma manifiesta como en aquellos que lo son de forma implícita, es decir, bajo la apariencia de un pronunciamiento de mérito”.
(16) Corte Constitucional. Sentencia T-654 del 17 de septiembre de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
(17) Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 31 de julio de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(18) Corte Constitucional. Sentencia T-365 de 8 de abril de 2005, M.P. Clara Inés Vargas.
(19) Corte Constitucional. Sentencia T-114 de 22 de febrero de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(20) Artículo 67, Ley 270 de 1996: “Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
(21) Sentencia de abril 27 de 2006, Exp. 14.837.
(22) Así mismo, la doctrina ha afirmado lo siguiente: “Creemos, por tanto, que no puede confundirse el error judicial con la causa o circunstancia que lo haya podido producir, por más que esta se identifique con hechos o pruebas equivocados. Porque, como el error comentado incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador.
Es en este modo de enjuiciar los supuestos fácticos donde radica, a nuestro juicio, la esencia del error judicial. Porque puede darse el caso de hallarnos en presencia de unos hechos inexistentes pero formalmente probados y que el juez les aplique una solución jurídica que, por conforme con el derecho positivo, no puede calificarse de injusta, por ser legalmente adecuada. A menos que se confunda el error judicial con las circunstancias que lo originan.
Ciertamente, esta distinción entre causa de la decisión errónea y el error judicial como resultado, no podía escapar a algunos autores que del problema se ocupan. Pues si para Poded, ‘el error existe cuando, por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de tales hechos y que, por lo tanto, merece el calificativo de injusta’, para Almagro, el error supone ’un resultado equivocado’ no ajustado a la ley, ‘bien porque no se haya aplicado correctamente el derecho, bien porque se hayan establecido unos hechos que no se corresponden con la realidad’” —cursiva original— (Reyes Monterreal, José María: La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia, 2ª edición, Colex, Madrid, 1995. Págs. 24 y 25).
(23) Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.164.
(24) El artículo 67 numeral 2º de la Ley 270 de 1996 establece como uno de los presupuestos del error jurisdiccional que “la providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
(25) Sentencia del 6 de noviembre de 1997, Expediente 12835.
(26) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Ed. Temis. Quinta edición. Págs. 354 y 355. Bogotá.
(27) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte Especial. Octava edición. Pág. 869. Ed. Dupre. 2004.
(28) “Están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia que puede provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales”.
(29) Cabe anotar que la jurisprudencia y doctrina española son de recibo en la resolución de los casos de responsabilidad contra el Estado colombiano porque la Ley 270 de 1996 tuvo como fuente la ley orgánica del poder judicial de España.
(30) Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Cuadernos Cívitas. 1998, pág. 25.
(31) La responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se ha puesto en duda por cuanto allí no existe el obstáculo de la cosa juzgada, cfr. León Duguit, las transformaciones del derecho público, Buenos Aires, edit. Heliastra SRL, 1975. P. 149 y ss. La sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 1967 (Exp. 867), señaló: “una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad... no es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes una veces por (sic) la inseguridad en que se mantiene los despachos judiciales y otras por negligencia de sus empleados”.
(32) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de mayo de 2001. Expediente 12.719, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(33) Inciso 5º, artículo 658. “Se reputan inmuebles, aun cuando por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo: (...) las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles, y maquinas, que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño de este”.
(34) “a) Servicio prestado por el mueble al inmueble, b) Que el servicio sea serio y permanente, y c) Unidad de propietario. Ochoa Carvajal, Raúl Humberto. Bienes. Ed. Temis. Sexta edición. Págs. 10 y 11.
(35) Visible a folios 50 a 53 del cuaderno principal.
(36) Arteaga Carvajal, Jaime. De los bienes y su dominio. Segunda Edición. Ed. Facultad de derecho. Págs. 7 y siguientes.