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Timestamp: 2016-10-28 05:00:01
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⭐Propuesta BORRADOR ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS. VERSIÓN PARA CONSULTA Mayo 2011
Propuesta BORRADOR ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS. VERSIÓN PARA CONSULTA Mayo 2011
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Carmen Arroyo Salas
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN BORRADOR ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS VERSIÓN PARA CONSULTA Mayo 2011 Página 1 de 502 I La decidida apuesta de los Estados miembros de la UE por alcanzar acuerdos en materia de educación superior y el posterior impulso del Espacio Europeo de Educación Superior han sido factores esenciales para que el sistema universitario español haya asumido el trascendental proceso transformador en el que se encuentra inmerso de unos años a esta parte. España supo responder al reto de una sociedad basada en el conocimiento, en la excelencia docente e investigadora como catalizadores de la economía productiva y en la formación en los valores humanistas que siempre ha caracterizado a la Universidad mediante la asunción de aquellos acuerdos, que respondían a la demanda de los actores del sistema universitario de asentar los principios de un espacio europeo compartido, basado en la movilidad, el reconocimiento de las titulaciones y la formación a lo largo de la vida. La modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, marcó el hito fundamental de dicho proceso, que permitió en 2010 culminar la adaptación de los títulos universitarios a la nueva estructura de las enseñanzas que dicha ley orgánica reguló. Un nuevo esquema de enseñanzas entre cuyos pilares se encuentra el profesorado que debe impartirlas, elemento nuclear de la nueva universidad que la sociedad española exige, una sociedad que espera de sus universidades, lo mismo que de todo el poder público del que se dota, excelencia, responsabilidad y capacidad de adaptación. Las sociedades avanzadas reconocen a sus maestros y profesores como un capital esencial para el progreso colectivo; su prestigio social, el respeto que se les tributa son causa y efecto de un modo de entender el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades modernas. Mucho más, si cabe, en un entorno caracterizado por la rapidez con la que fluyen acontecimientos y conocimientos; por el desarrollo tecnológico, que pone en manos de estudiantes y profesores nuevas herramientas para la absorción, producción y gestión del conocimiento, o por la hibridación cultural y la interrelación de los sistemas económicos que caracterizan al mundo globalizado. Todo ello exige un replanteamiento de los sistemas de enseñanza-aprendizaje que obliga a diseñar nuevas estrategias, herramientas y espacios en los que desarrollar la docencia, pero también a un cambio de mentalidad en el ejercicio de dicha labor. Ese nuevo papel que debe desempeñar el profesor es, en realidad, el de siempre: ayudar a aprender, extraer lo mejor de cada estudiante, mostrarle nuevos espacios de conocimiento, y ello en un entorno en el que su reconocimiento social sea cada vez mayor. Sin la relación profesor-estudiante la Universidad deja de serlo; esa búsqueda conjunta de la verdad, el mutuo aprovechamiento útil en el seno de esa comunidad educativa universal que forman profesor y estudiante es la razón de ser de la institución universitaria y, por ello, debe ser renovada constantemente con el fin de no desnaturalizar su esencia primitiva: educar. Sin embargo, la función profesoral no termina con la labor docente. El profesor ha sido, sigue siendo y debe seguir siendo un investigador, un generador de conocimiento y no un mero transmisor. El sistema universitario en su conjunto debe permitir que el profesor compagine ambas tareas, así como otras fundamentales en el seno de la Universidad como la transferencia de conocimiento, la innovación o las tareas de gestión universitaria, mediante el diseño de soluciones legales y de gestión que asuman esa complejidad de la actividad del profesorado universitario, sin perjuicio de la potenciación de alguno de los aspectos por encima de otros, pero sin perder el carácter multifuncional que debe predicarse del profesorado. Página 2 de 503 II La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, introdujo profundos cambios en el régimen jurídico aplicable al profesorado universitario, al igual que hizo la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que aquella ha modificado, respecto del que diseñó la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. El primero, y más importante, es la supresión de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores Titulares de Escuela Universitaria. El legislador ha diseñado una función pública docente universitaria integrada en dos únicos cuerpos de funcionarios: Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad, aunque ha previsto el régimen de integración de los funcionarios de los cuerpos extinguidos. Así, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, previa solicitud, los profesores doctores pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, en las mismas plazas que ocupen, manteniendo todos su derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimismo, los profesores titulares de escuela universitaria que, a la entrada en vigor de la Ley, posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de Universidad permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. Mientras exista profesorado Titular de Escuelas Universitarias o habilitado para dicha categoría que no esté acreditado para una categoría superior, las Universidades podrán convocar concursos entre ellos para ocupar plazas de Titulares de Escuelas Universitarias. La Ley prevé que las universidades establezcan programas tendentes a favorecer que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria puedan compaginar sus tareas docentes con la obtención del título de Doctor. Asimismo, se introducen cambios importantes en las modalidades contractuales específicas del ámbito universitario, con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas. En segundo lugar, la ley orgánica ha modificado sustancialmente el procedimiento de selección del profesorado universitario funcionario, diseñado por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, al sustituir el procedimiento de habilitación por el de acreditación como paso previo a los concursos de acceso a la función pública docente universitaria, configurando un procedimiento permanentemente abierto en el que, a diferencia de la habilitación, se ha eliminado la oferta de un número de plazas previamente delimitadas. Tal modelo se basa ahora en la previa posesión por el candidato o candidata de una acreditación nacional que permitirá a las universidades elegir a su profesorado de manera mucho más eficiente, entre los previamente acreditados, sistema inspirado en la tradición académica de la evaluación por los pares que se incorpora a todo el proceso y de manera explícita en el requerimiento de informes de especialistas en la disciplina de cada uno de los candidatos. El desarrollo reglamentario del procedimiento de selección del profesorado se plasmó en los Reales Decretos 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, y 1313/2007, de 5 de octubre, por Página 3 de 504 el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Por otra parte, no debe olvidarse que los cambios también han afectado al régimen jurídico general de la función pública, con la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable al profesorado universitario, y en la que, de manera muy especial, se regula detalladamente el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos, sus principios generales, estructura organizativa, materias objeto negociación e instrumentos en virtud de los cuales aquélla se hace efectiva, todo ello en el marco de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Este nuevo marco legal y reglamentario no tiene buen encaje, sin embargo, con la vigencia del régimen jurídico general y retributivo del profesorado universitario desarrollado en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, modificado por los Reales Decretos 1200/1986, de 13 de junio, 554/1991, de 12 de abril, y 70/2000, de 21 de enero, y en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, modificado a su vez por los Reales Decretos 1949/1995, de 1 de diciembre, y 74/2000, de 21 de enero. Este régimen jurídico trae causa de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, derogada en el año 2001, y que, a pesar del cambio radical de modelo, ha mantenido su vigencia hasta nuestros días en todo aquello que no contraviniera las disposiciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y sus modificaciones. De ahí que la modificación operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, entendiera como un factor decisivo en la definición de la nueva función pública docente la aprobación de un estatuto del personal docente e investigador; a tal efecto, la disposición adicional sexta de la citada ley orgánica encomienda al Gobierno la aprobación mediante real decreto de un estatuto del personal docente e investigador universitario, que incluya la regulación de una estructura de carrera funcionarial basada en la obtención de méritos docentes e investigadores, así como las condiciones en las que los profesores funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación. Y a dar cumplimiento a este mandato se dirige este real decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal Docente e Investigador. III La modernización de las universidades que proponen tanto la Agenda Europea de Modernización de las Universidades como la Estrategia Universidad 2015 cuenta entre sus pilares fundamentales con el profesorado, cuyo estatuto debe adaptarse definitivamente a los cambios experimentados por el entorno social, legal y económico. Es preciso, pues, disponer de un marco jurídico adecuado que dé respuesta a las necesidades de un sistema universitario plural, en el que conviven distintos regímenes de personal, con diversas tareas, con entornos diversificados, pero con unos retos compartidos. El nuevo Estatuto pretende desarrollar las especificidades propias del personal docente e investigador funcionario que regula la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sus derechos y obligaciones, así como su relación con la institución en la que desempañan sus funciones, es decir, la Universidad a la que está vinculado, todo ello en el marco de la regulación general aplicable a los funcionarios Página 4 de 505 públicos que viene determinada por el Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de la aplicación de alguna de sus directrices al personal docente e investigador contratado de las universidades, cuyo régimen, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, es competencia de las comunidades autónomas, todo ello en un nuevo marco de gobierno del sistema universitario español (SUE) en el que comunidades autónomas, universidades, representantes de los trabajadores y estudiantes configuran, a través de la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Universidades, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado y la Mesa Sectorial de Universidades, un espacio multicéntrico de encuentro entre los diversos actores implicados. El mandato al Gobierno para regular el Estatuto del PDI, contenido en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, plantea dos cuestiones fundamentales que soportan la arquitectura de este real decreto. En primer lugar, la definición de una carrera funcionarial basada en la obtención de méritos docentes e investigadores. Este empeño, sin embargo, trasciende el propio contenido de esta norma e inunda los planteamientos que están en la base del nuevo modelo de universidad que la Estrategia Universidad 2015 diseña. La carrera investigadora que recomienda la Carta Europea del Investigador y que hace suya la Ley xxx/2011, de xxx, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la nueva regulación del doctorado contenida en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, definen con claridad los posibles itinerarios que pueda seguir en su seno un investigador, una carrera que se pretende más transparente, más predecible y más igualitaria, para contribuir al desarrollo de la Ciencia y la Innovación en España y a la atracción de jóvenes dedicados a la educación superior y a la investigación. Dentro de esos posibles itinerarios aparece la posibilidad de establecer una vinculación con la universidad a través de diferentes modalidades. Precisamente es la carrera del profesorado funcionario la que se desarrolla en el artículo 15 de este estatuto. En segundo lugar, el estatuto debe regular, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, las condiciones en las que los profesores o investigadores funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación. En particular, el artículo 41.2.g), el artículo 83.3 y la disposición adicional vigésima cuarta delimitan inicialmente estos aspectos y la participación del profesorado en empresas basadas en el conocimiento creadas a partir de la actividad universitaria. Todo ello conduce a una adecuada regulación de los procesos de movilidad del personal docente e investigador funcionario entre diferentes instituciones de educación superior y de investigación, que se desarrolla en los artículos 19 a 24 de este estatuto. Al amparo de este marco legal, el estatuto desarrolla tales previsiones, así como las normas básicas a las que deberán sujetarse los estatutos de las universidades en materia de autorización de los trabajos y de contratos que los profesores y grupos de investigación reconocidos a través de aquellos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, puedan celebrar con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de Página 5 de 506 formación, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. IV Este estatuto, por tanto, tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable al personal docente e investigador de las universidades públicas españolas, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios previstos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sin perjuicio de la aplicación, en lo que proceda, al personal docente e investigador contratado. Se estructura en 33 artículos, agrupados en ocho capítulos, así como en diecisiete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. El capítulo I, disposiciones generales, regula el objeto y el ámbito de aplicación de la norma y las relaciones de puestos de trabajo. El capítulo II, estructura del personal docente e investigador universitario, recoge la diversa tipología de personal de las universidades. Así, el artículo 3 se refiere al personal docente e investigador funcionario de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, así como a los funcionarios interinos. El artículo 4 se refiere a las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario, de acuerdo con las previsiones de los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como al nombramiento de profesores eméritos. El artículo 5, por su parte, establece la posibilidad de que las universidades contraten por obra o servicio personal investigador con cargo a programas internacionales, estatales, autonómicos o sectoriales, o para el desarrollo de proyectos de investigación científica, técnica o artística, así como de acuerdo con las modalidades de contratación previstas en la Ley xx/2010, de xx de xxxx, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El capítulo III, derechos y deberes del personal docente e investigador universitario (artículos 6 y 7) regula por vez primera una tabla de derechos y deberes, que deben predicarse de todo el personal, tal y como ha entendido en un contexto más amplio el Estatuto del Empleado Público. Un aspecto tan trascendental exigía un tratamiento generoso en su regulación, por lo que se ha optado por la exhaustividad. En aras de un tratamiento completo de la cuestión, era preciso reconocer, asimismo, la figura del Defensor Universitario prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. El capítulo IV, funciones y dedicación del profesorado universitario (artículos 8 a 14), pretende recoger, y mostrar ante la ciudadanía, la enorme diversidad de actividades del profesorado universitario que, por primera vez, se identifican, explicitando el quehacer de los profesores y las tareas que realizan en beneficio de la sociedad. Sin pretensión de agotar la complejidad de la tarea profesoral, el estatuto plasma la riqueza de las actividades docentes, investigadoras, de innovación y transferencia de conocimiento y de dirección y gestión. Asimismo, y de forma novedosa, se establecen mecanismos de intensificación en alguna de las diversas actividades del profesorado, al reconocer que el personal docente e investigador podrá ejercer su actividad con una orientación general simultánea en el ámbito de la docencia y la investigación, y la desempeñará conforme a su categoría y titulación, pero que las universidades podrán reconocer orientaciones específicas, con las cautelas reguladas en el artículo 13, para que dicho personal pueda desarrollar sus funciones, por tiempo Página 6 de 507 limitado, con una intensificación en las actividades docentes o en las de investigación e innovación y transferencia, todo ello bajo criterios y directrices negociados con la representación de los trabajadores. Se incorpora, pues, la posibilidad, largamente demandada por universidades y profesores, de intensificar algunas de las tareas antes mencionadas en detrimento de otras, por un espacio de tiempo, lo que permitirá contar con un profesorado más volcado durante un tiempo en tareas de investigación o involucrado en una actividad de transferencia de conocimiento importante o que dedique en un momento dado más espacio a la docencia y a la innovación docente. Por último, el artículo 14 regula la dedicación del personal docente e investigador, cuyo régimen deberá concretarse en el denominado plan individual de dedicación académica (PDA), novedad notable del texto y que será comparable en todo el territorio nacional. Destaca en este contexto, la introducción de la dedicación parcial excepcional, medida en cómputo anual, en circunstancias estratégicas excepcionales asociadas a actuaciones de atracción de talento internacional. El capítulo V regula la carrera docente e investigadora (artículos 15 a 17). Amén de la regulación de aspectos generales, se introduce, de acuerdo con el mandato de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la carrera horizontal académica del profesorado funcionario, con tres grados de progresión que responden al reconocimiento, previa evaluación voluntaria, de méritos docentes, de investigación, por innovación y transferencia de conocimiento y por otros méritos, una evaluación externa y basada en un sistema público de baremos y objetivo. La consecución de dichos grados tendrá las correspondientes consecuencias económicas. Asimismo, se reconoce un cuarto grado de progresión, con un alto nivel de exigencia, para catedráticos de universidad o acreditados para dicho cuerpo. El artículo 17 regula el régimen retributivo del personal docente e investigador funcionario. El capítulo VI regula las situaciones administrativas del profesorado de los cuerpos docentes universitarios, en el marco de la legislación general de funcionarios. El capítulo VII regula la movilidad, aspecto central de este estatuto, a partir de un concepto muy flexible de movilidad, plenamente adaptado a las universidades de nuestros días, que da respuesta a sus demandas de alianzas estratégicas con otros organismos y centros de investigación, con otras universidades o para la creación de empresas basadas en el conocimiento. Las disposiciones reflejadas en estos artículos permiten actuaciones en el marco de la reorganización y racionalización de la oferta docente a partir de acuerdos entre universidades en aras a la optimización de recursos y mejora de la calidad. Asimismo, el artículo 24 regla la explotación de los resultados de la investigación tal y como dispone la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. El capítulo VIII, finalmente, regula aspectos diversos del régimen jurídico del profesorado funcionario, tales como la provisión de puestos de trabajo (artículo 25), el registro de personal (artículo 26), el régimen de personal interino (artículo 27), la jornada laboral (artículo 28), la jubilación (artículo 29), el régimen de incompatibilidades (artículo 30), vacaciones, permisos, licencias y conciliación familiar (artículo 31), régimen disciplinario (artículo 32) y la especificidad de las plazas vinculadas (artículo 33). Las disposiciones de la parte final incluyen una gama de situaciones diversas que deben tener su acomodo en esta parte de la norma. La disposición adicional primera regula aspectos específicos del personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, derivados de sus peculiaridades como universidad no presencial y como Página 7 de 508 universidad dependiente de la Administración General del Estado. La disposición adicional segunda lo hace con el personal de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La disposición adicional tercera mandata al Consejo de Universidades para fijar el formato del plan individual de dedicación académica, a los efectos de la comparabilidad de la información. La disposición adicional cuarta establece criterios generales para la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo. Por su parte, la disposición adicional quinta regula la primera evaluación global de la actividad académica para el profesorado que, a la entrada en vigor del real decreto, tenga la condición de funcionario, y la adicional sexta establece la regulación por el Gobierno de los incrementos retributivos relacionados con la carrera horizontal académica y la determinación de su inicio. Asimismo, la disposición adicional séptima establece el momento en que podrán aplicarse los incrementos retributivos derivados del cambio de complemento de destino de los funcionarios de los cuerpos docentes. La disposición adicional octava recoge especificidades del régimen jurídico de los profesores que presten servicio en la Universidad de Navarra. La disposición adicional novena prevé las situaciones excepcionales en las que las universidades podrán contratar personal laboral interino. Por su parte, la disposición adicional décima dispone que las universidades regulen los requisitos y procedimientos para la concesión de la movilidad prevista en el artículo 21. La disposición adicional undécima establece que las universidades, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este real decreto, deberán regular las directrices y criterios para identificar y reconocer las orientaciones previstas en el artículo 13. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima, el Gobierno deberá promover la adopción de acuerdos para la fijación de criterios comunes en materia de evaluación y acreditación del profesorado. La disposición adicional decimotercera hacer referencia a las acciones que deberán adoptar las universidades en materia de igualdad de género. La disposición adicional decimocuarta hace referencia a los cuerpos docentes universitarios a extinguir, y la decimoquinta, a la constitución de mesas negociadoras en las universidades y a determinados aspectos que afectan al ámbito negociador de la Mesa Sectorial de Universidades. La disposición adicional decimosexta establece que el desarrollo de los criterios y baremos básicos contenidos en el anexo del real decreto debe hacerse mediante orden ministerial y, finalmente, la disposición adicional decimoséptima mandata a las universidades para que adopten medidas de simplificación procedimental en las evaluaciones del profesorado a partir de un uso más exhaustivo de las tecnologías de la información. La disposición transitoria única dispone la aplicación del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, en tanto no se hagan efectivas el desarrollo reglamentario del artículo 61 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. La disposición derogatoria única mantiene la vigencia, en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y a este real decreto, del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, y deroga el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. Las disposiciones finales contienen previsiones en orden a la eficacia diferida de la regulación de la carrera horizontal; la modificación de los Reales Decretos 1086/1989, de 28 de agosto, y 1312/2007, de 5 de octubre; la futura regulación del Página 8 de 509 régimen retributivo del profesorado y del régimen de plazas sanitarias vinculadas, para terminar con la facultad de desarrollo del real decreto y su entrada en vigor. V Tras los procesos de democratización de la enseñanza superior y de diversificación posterior, es preciso que el profesorado se convierta en el motor de un nuevo impulso que apueste por la excelencia y la internacionalización, pero también por la transmisión permanente de los valores de libertad, respeto y espíritu crítico, esenciales en el proceso sin fin que es la búsqueda del conocimiento. El colectivo del profesorado universitario, con más de miembros, conoce a la perfección este camino, pues viene transitando por él desde el siglo XIII y está entregado a las arduas tareas de enseñar, generar conocimiento y tecnología, transferirla a la sociedad, innovar y fomentar el emprendimiento, todas ellas pilares fundamentales en un nuevo modelo socioeconómico de la sociedad y, a su vez, de la construcción de una mejora de la universidad. Este real decreto es el fruto de una intensa labor de consenso entre los distintos actores del sistema universitario español. El real decreto ha sido objeto de negociación en el marco de la Mesa Sectorial de Universidades, y ha sido informado por el Consejo de Universidades, por la Conferencia General de Política Universitaria y por la Comisión Superior de Personal. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, con el informe previo de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día de 2011, Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. CAPÍTULO I Disposiciones generales 1. Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de aplicación al personal docente e investigador de las universidades públicas españolas, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios previstos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 2. Las disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación al conjunto de la actividad académica del personal docente e investigador de las universidades públicas y que comprende su actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento y la innovación así como de participación institucional y de gestión universitaria. 3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, lo dispuesto en este real decreto regirá también, en lo que sea de aplicación, al personal docente e investigador contratado a que se refieren los artículos 48 a 54 bis de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, así como al personal que, bajo Página 9 de 5010 cualquier modalidad contractual prevista legalmente, desarrolle alguna de las actividades mencionadas en el apartado anterior, al servicio de las universidades públicas españolas, todo ello sin perjuicio de la aplicación del resto de la legislación laboral y la negociación colectiva y de las competencias que sobre dicho personal correspondan a las Comunidades Autónomas. 4. La dirección y control de la actividad laboral del personal docente e investigador corresponde a las universidades, que la ejercerán a través de sus órganos de gobierno y representación, de conformidad con lo previsto en al artículo 37.2.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empelado Público, y en el artículo 20 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 5. Las universidades establecerán los mecanismos que consideren necesarios para garantizar el perfecto cumplimiento de las previsiones y disposiciones establecidas en este estatuto. Dichos mecanismos deberán tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad académica en la toma de decisiones y en su ejecución. Artículo 2. Relaciones de puestos de trabajo. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, las universidades públicas incluirán, anualmente, en el estado de gastos de su presupuesto y en función de la naturaleza y objetivos de las actividades académicas y las enseñanzas que se impartan en ellas, la relación de puestos de trabajo de su personal docente e investigador, en la que se relacionarán debidamente clasificadas todas las plazas reservadas a dicho personal, incluyendo al personal docente e investigador contratado. Dicha relación deberá hacerse pública y estar a disposición de los ciudadanos que la soliciten. 2. El conjunto del personal docente e investigador contratado no podrá ser superior al 49 por ciento del total correspondiente a la universidad. El cómputo se realizará en equivalencias a tiempo completo y sólo tendrá en cuenta a aquel personal que imparta docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales. A estos efectos, no será computable el personal de los centros previstos en el artículo 48.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 12 de diciembre. 3. Las universidades públicas, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán modificar la relación de puestos de trabajo de su personal docente e investigador funcionario por ampliación de las plazas ya existentes o por minoración o por cambio de denominación de las plazas vacantes, en la forma que indiquen sus estatutos, sin que en ningún caso pueda rebasarse el porcentaje de personal contratado a que se refiere el apartado anterior. Lo establecido en este apartado se entenderá en todo caso con sujeción a las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas respecto del desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades. 4. Las universidades, en la planificación de sus recursos humanos, promoverán medidas y acciones que garanticen una efectiva igualdad de género. Los comités de selección y evaluación del personal deberán contar con una representación equilibrada entre mujeres y hombres. Página 10 de 5011 CAPÍTULO II Estructura del personal docente e investigador universitario Artículo 3. Personal docente e investigador universitario funcionario. 1. El profesorado funcionario de las universidades pertenecerá a los cuerpos docentes de Catedráticos o Profesores Titulares de Universidad. Dicho profesorado tendrá plena capacidad docente e investigadora. 2. Asimismo, y en tanto no se integren en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, de acuerdo con las previsiones establecidas en las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, constituye también profesorado funcionario de las universidades el personal docente perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, que conservarán plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 3. Los puestos reservados al personal funcionario a que se refieren los apartados anteriores serán desempeñados por funcionarios de carrera y, en su caso, por funcionarios interinos en los términos establecidos en el artículo 27 de este estatuto. Artículo 4. Personal docente e investigador universitario contratado. 1. Las universidades podrán contratar personal docente e investigador en régimen laboral a través de cualquiera de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario reguladas en los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 12 de diciembre, de Universidades. Asimismo, podrán contratar dicho personal mediante las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. 2. Son modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario las siguientes: a) Ayudantes. b) Profesores Ayudantes Doctores. c) Profesores Contratados Doctores. d) Profesores Asociados. e) Profesores Visitantes. 3. La contratación del profesorado a que se refiere el apartado anterior se regirá por los principios de mérito y capacidad, y se ajustará a las reglas exigidas en los artículos 49 a 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como a lo dispuesto, en su caso, por las Comunidades Autónomas y los convenios colectivos. A los efectos de la exigencia, en los casos en que así proceda, de la previa evaluación positiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine, se considerará que ha obtenido dicha evaluación positiva el profesorado funcionario de carrera perteneciente a los cuerpos docentes, así como aquellos que estuvieran en posesión de la acreditación para acceder a dichos cuerpos. 4. Las universidades podrán contratar profesores colaboradores de acuerdo con los términos y con las condiciones previstas en el Real Decreto 989/2008, de 13 de junio, por el que se regula la contratación excepcional de profesores colaboradores. Página 11 de 5012 5. Las universidades podrán, además, contratar para sustitución en los puestos de cobertura de las plazas con duración indefinida o temporales previstas en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, desde el momento en que se inicia el proceso de cobertura, y en los casos de reserva de puesto de trabajo, profesorado previsto en los apartados anteriores para cubrir las vacantes producidas por el cese temporal de la prestación de servicios. Estos contratos tendrán una duración determinada y su objeto será cubrir las actividades académicas en situaciones excepcionales. 6. Las universidades, de acuerdo con sus estatutos, podrán nombrar profesores eméritos entre aquellos profesores jubilados y profesoras jubiladas que hayan prestado servicios destacados a la universidad. Artículo 5. Otro personal docente e investigador. 1. Las universidades podrán contratar por obra o servicio personal investigador con cargo a programas internacionales, estatales, autonómicos o sectoriales, o para el desarrollo de proyectos de investigación científica, técnica o artística. Asimismo, podrán contratar personal investigador conforme a lo previsto en la Ley xx/2010, de xx de xxxx, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 2. La retribución de estos investigadores no podrá ser inferior a la que corresponda al personal investigador que realice idénticas o análogas actividades. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de duración del contrato interrumpirán, en su caso, su cómputo. 3. Las universidades, de conformidad con las disposiciones previstas en este estatuto y los acuerdos colectivos que las desarrollen, regularán el régimen de participación en las actividades académicas de este personal, asegurando, en todo caso, su consideración y su integración en la universidad durante el período en que esté vinculado a ella. Igualmente, las universidades incluirán a este personal investigador en los procesos electorales atendiendo a la naturaleza de su vinculación temporal con la universidad. CAPÍTULO III Derechos y deberes del personal docente e investigador universitario Artículo 6. Derechos del personal docente e investigador universitario. 1. En el ámbito de este estatuto, el personal docente e investigador tendrá los siguientes derechos básicos, adicionales o complementarios a los que indiquen las leyes respecto a su carácter de personal investigador: a) Al ejercicio de sus funciones con plena libertad académica, de acuerdo con los derechos fundamentales de libertad de pensamiento y expresión, libertad de investigación y libertad de cátedra y con sujeción a lo previsto en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. b) Al desarrollo de la carrera profesional establecida en este estatuto, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades, que le permitan ejercer el desempeño efectivo de las tareas y funciones de su actividad profesional. Página 12 de 5013 c) A la plena integración en las estructuras docentes e investigadoras de la universidad y a su efectiva adscripción a estas a los efectos de su participación en procesos electorales. d) A la efectiva consecución del principio de igualdad de género en el desempeño de las funciones académicas y representativas, en la contratación de personal y en el desarrollo de la carrera profesional. e) A recibir, cuando sea necesario, la orientación y medios necesarios para atender debidamente a estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad. Igualmente, el personal docente e investigador que presente algún tipo de discapacidad recibirá los medios y atención necesarios para la adecuada realización de sus tareas. f) A participar en los programas de premios e incentivos para la mejora de la investigación y la innovación educativa. g) De sufragio activo y pasivo en la formación de los órganos representativos de gobierno, y de participación activa en los órganos de gobierno y gestión de los que forme parte, de acuerdo con lo previsto en los estatutos de la universidad. h) A la compatibilidad de la dedicación docente e investigadora con la participación en la gestión universitaria, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de cada universidad. i) A la representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos electorales para cargos de gestión y dirección. j) A contar, en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y condiciones generales de la universidad, con las instalaciones y medios adecuados para el desarrollo de sus funciones, docentes e investigadoras, sin perjuicio del respeto a los principios de eficacia y eficiencia. k) A la consideración y respeto de su actividad académica y a su evaluación de conformidad con criterios objetivos, transparentes y públicos, fijados en las normas jurídicas correspondientes. l) A la información y a la participación en las cuestiones que afectan al funcionamiento, la organización y la gestión de la vida universitaria, a través de los cauces reglamentarios y de acuerdo con lo previsto en los estatutos. m) A ser reconocido y amparado como autor o coautor de los trabajos académicos en los que participe. n) A disfrutar, en los términos establecidos por la normativa vigente, de licencias especiales, con reserva del puesto de trabajo, para fomentar la movilidad y la colaboración interuniversitaria. ñ) A la negociación colectiva, la representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de la función pública y en este estatuto. o) A asistir a jornadas, seminarios, reuniones, congresos o encuentros científicos, artísticos o técnicos relacionados con su actividad académica, conforme a lo que estatutaria o reglamentariamente disponga su universidad. Página 13 de 5014 p) A usar, de acuerdo con las previsiones estatutarias, el nombre de la institución a la que pertenece en la realización de su actividad académica. q) Al respeto de su intimidad, imagen propia, dignidad en el trabajo y a la protección efectiva contra el acoso (sexual, laboral, moral, psicológico, ), así como a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. r) A la no discriminación por razones de raza, género u orientación sexual, religión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. s) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre riesgos generales en el centro de trabajo o derivados del trabajo habitual, y a la información y formación específica en esta materia conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. t) A cualesquiera otros derechos individuales o ejercitables de forma colectiva reconocidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Publico, y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. Para la plena efectividad de estos derechos, las universidades: a) Informarán, facilitarán y orientarán al personal docente e investigador sobre las condiciones de desarrollo de su carrera profesional. b) Promoverán la realización de cursos de formación inicial y continua de personal docente e investigador, organizarán programas de preparación del profesorado que se incorpora por primera vez a tareas docentes e investigadoras en la universidad, con especial atención a la incentivación de la formación docente y de la innovación educativa, fomentando el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje y la adecuación y actualización del material didáctico. c) Formularán políticas de igualdad de género promoviendo una representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos de gobierno, gestión y evaluación de la universidad. d) Facilitarán los medios de identificación personal como personal docente e investigador de la universidad y los medios básicos para la realización de sus actividades. 3. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, las universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía. Los Defensores Universitarios podrán asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios, conforme a lo dispuesto en los estatutos de las universidades y en su normativa de desarrollo, y promoverán especialmente la convivencia, la corresponsabilidad y las buenas prácticas. El personal docente e investigador podrá acudir al Defensor Universitario cuando sientan lesionados sus derechos y libertades en los términos establecidos por los estatutos de las universidades y su normativa de desarrollo. Página 14 de 5015 Artículo 7. Deberes del personal docente e investigador universitario. Además de los que indiquen las leyes respecto a su carácter de personal investigador, son deberes del personal docente e investigador los siguientes: a) Desarrollar su actividad académica con pleno respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y, especialmente, cumplir con los deberes establecidos en los artículos 52 a 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como con las obligaciones y deberes que establezca la universidad de acuerdo con sus normas. b) Respetar la libertad de conciencia y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad universitaria. c) Participar en el desarrollo científico, tecnológico o artístico de la sociedad con sujeción a prácticas y principios éticos reconocidos en la comunidad docente e investigadora, y en las acciones de formación continua necesarias para la actualización de sus conocimientos y capacidades profesionales. d) Utilizar, de acuerdo con las previsiones estatutarias, el nombre de la institución a la que pertenece en la realización de su actividad académica. e) Desarrollar las tareas docentes, de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y de gestión que le asigne la universidad en la que realiza su actividad. A tal efecto, las universidades, en función de las necesidades de su programación académica, del personal docente e investigador disponible, de su conocimiento, formación y régimen de dedicación y de la mejor adaptación de los recursos, asignarán anualmente, a través de los órganos competentes de la universidad en los que se integre, las tareas que deberá desarrollar el personal docente e investigador, de forma que aseguren el cumplimiento de los objetivos académicos de la institución. f) Utilizar los métodos de enseñanza adecuados para promover el aprendizaje de los alumnos y su evaluación, para la consecución de los objetivos educativos marcados. g) Participar en las reuniones y actividades de los órganos de gobierno y gestión de los que forma parte, así como participar en los procesos y comisiones o tribunales que deban juzgar la obtención de grados académicos, la acreditación del profesorado universitario, los concursos para la selección del profesorado universitario, los tribunales evaluadores de trabajos de fin de Grado y Máster y los procesos de admisión de estudiantes en las enseñanzas que se impartan en la universidad. h) Participar de forma activa en la prevención de riesgos laborales y en el mantenimiento de las instalaciones y equipos. i) Participar en las actividades de formación a lo largo de la vida que la universidad programe y para las que se le requiera. j) Promover la difusión del conocimiento y la promoción y el fomento de la cultura científica en la sociedad. k) Participar en los procesos de evaluación y de mejora en el ámbito científico y en el de la calidad universitaria. Página 15 de 5016 l) Participar en todas aquellas otras actividades académicas que hayan sido aprobadas por los correspondientes órganos de gobierno de la universidad. m) Ejercer, en su caso, los cargos académicos con responsabilidad y equidad. CAPÍTULO IV Funciones y dedicación del profesorado universitario Artículo 8. Actividades del personal docente e investigador. 1. El personal docente e investigador universitario, cualquiera que sea su régimen de vinculación, desarrollará todas las actividades necesarias para propiciar una universidad pública de calidad, a la vanguardia del conocimiento y su transmisión y competitiva internacionalmente. 2. La actividad académica del personal docente e investigador, teniendo en cuenta su categoría, comprende principalmente la realización de funciones docentes, de investigación, de innovación y transferencia de conocimiento, así como complementariamente de gobierno, dirección, representación y gestión. 3. Las actividades académicas encomendadas individualmente al personal docente e investigador quedarán anualmente reflejadas en el plan individual de dedicación académica (PDA). Este plan, una vez aprobado, será accesible a la comunidad universitaria en la forma que regule la universidad. Las universidades establecerán, asimismo, mecanismos adecuados y efectivos para comprobar el cumplimiento efectivo de este plan, garantizando su transparencia. 4. Sin perjuicio de lo que se señala en los artículos siguientes, son también funciones del personal docente e investigador universitario: a) La planificación, programación e impartición de las materias, asignaturas, cursos o módulos (presenciales, semipresenciales y virtuales), el desarrollo de tutorías y demás actividades de orientación y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, así como la participación en el diseño, desarrollo e implantación de materiales docentes para la enseñanza. b) La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con la planificación docente que aprueben los órganos competentes de la universidad, y la participación en el diseño, desarrollo e implantación de los procesos de innovación educativa. c) La participación en el diseño, la propuesta, la promoción y el desarrollo de actividades formativas que organice la universidad, ya sean de grado, posgrado, formación continua o de extensión universitaria. d) La participación en la generación de conocimiento mediante el diseño, la propuesta, la promoción y el desarrollo de actividades de investigación. e) La cooperación con otros investigadores en el desarrollo de actividades de I+D+I, incluyendo la formación de doctores e investigadores. f) La participación en la transferencia de conocimiento y tecnología generada mediante el diseño, la propuesta, la promoción y la ejecución de actividades de innovación y desarrollo, desarrollo patentes y registro de modelos y la participación, en su caso, en la creación de empresas de base tecnológica de origen académico, con especial participación en actividades de promoción del desarrollo regional. Página 16 de 5017 g) La participación en la dirección, coordinación y gestión de las actividades docentes e investigadoras en los términos en que le sean encomendados conforme a la normativa aprobada por los órganos competentes de la universidad. h) La participación en actividades de dirección, gestión y representación institucional de la universidad, incluida la participación en las actividades de representación sindical de la universidad. j) La participación en los planes y programas de evaluación institucional, a cualquier nivel, que establezca la universidad o las entidades con competencia reconocida. k) La participación en los procesos y concursos establecidos por la universidad para el acceso a la condición de profesores universitarios, tanto de los cuerpos docentes como de profesores contratados. l) La participación en todas aquellas otras actividades académicas que hayan sido aprobadas por los correspondientes órganos de gobierno de la universidad. Artículo 9. Actividades docentes del personal docente e investigador. 1. Teniendo en cuenta su categoría y régimen de dedicación, así como la orientación académica personal, las actividades docentes del personal docente e investigador comprenden las acciones, tareas y trabajos que suponen la trasmisión del conocimiento y el apoyo para la adquisición de competencias por los estudiantes a través de los procesos formativos y la evaluación de los resultados de aprendizaje. Implican participar en la preparación e impartición de enseñanzas dentro de la rama de conocimiento y ámbito disciplinar a los que pertenece, en cualquier titulación y centro de su universidad, entendiendo por ámbito disciplinar el conjunto de materias y saberes adecuados a sus conocimientos y formación. 2. Estas actividades comprenden, entre otras: a) Elaboración de materiales docentes, en particular aquellos en formato electrónico y virtual. b) Planificación: elaboración de guías docentes; coordinación de la docencia en niveles de grado o posgrado. c) Docencia presencial en todos los niveles (grado y posgrado, formación e iniciación a la investigación o en la formación a lo largo de la vida) y formatos (clases teóricas, clases experimentales o prácticas, seminarios o clases interactivas de tutorización en grupo). d) Dirección y seguimiento de trabajos realizados por los estudiantes, en el marco de prácticas en empresas o externas, trabajos de fin de grado o máster, y cualquier otra materia de grado o posgrado, incluyendo la dirección de tesis doctorales. e) Acción tutorial presencial: tutorías individuales, de orientación y atención a los estudiantes. f) Acción tutorial virtual: apoyo y seguimiento de los estudiantes que cursen asignaturas semipresenciales o virtuales. g) Evaluación: preparación, realización y revisión de pruebas y exámenes. Página 17 de 5018 h) Acción exterior: gestión y coordinación académica de programas de intercambio y movilidad de estudiantes (nacionales o internacionales) o de programas relacionados con las enseñanzas preuniversitarias. i) Calidad y mejora: participación en programas institucionales de calidad e innovación educativa. Artículo 10. Actividades investigadoras del personal docente e investigador. 1. Las actividades investigadoras del personal docente e investigador comprenden las acciones, tareas y trabajos que contribuyen a la generación y difusión del conocimiento científico, tecnológico o artístico que el personal docente e investigador realice individualmente o como parte de un grupo de investigación. 2. Estas actividades comprenden, entre otras, las siguientes: a) Actividades y proyectos de investigación: El diseño, dirección y ejecución material de trabajos y proyectos de investigación, tanto básica como artística, aplicada o tecnológica, individualmente o dentro de un grupo de investigación, principalmente obtenidos en convocatorias competitivas. Las colaboraciones con otros grupos o investigadores, nacionales y extranjeros. La puesta a punto de instrumentos, técnicas, protocolos o procedimientos de utilidad en su grupo. El diseño, la planificación y la utilización de infraestructuras e instalaciones para la investigación. Las actividades científicas formativas, individuales o del grupo de investigación mediante la supervisión activa. b) Evaluación y gestión de la investigación: La dirección y coordinación de grupos y redes de investigación. La participación en procesos de evaluación por pares y el asesoramiento a instituciones académicas: evaluación de programas, participación en comités de revistas y reuniones científicas y académicas. El diseño, coordinación y planificación de programas de investigación autonómicos, estatales e internacionales, así como la coordinación, dirección y realización de actividades que contribuyan a la internacionalización de la investigación. El diseño, implantación de planes de calidad y protocolos de buenas prácticas y de seguridad en la investigación, así como la participación en comités de ética en la investigación. c) Difusión de la investigación: La difusión del conocimiento a la comunidad científica, mediante la redacción de publicaciones, libros, informes, medios audiovisuales y artísticos u otros medios establecidos como canales adecuados en cada disciplina académica. La dirección, organización y participación en congresos, conferencias y reuniones científicas. Las actividades de difusión de la ciencia y de los beneficios sociales de la investigación científica dirigida a los entornos educativos preuniversitarios y a la sociedad en general. Página 18 de 5019 d) La participación en todas aquellas otras actividades investigadoras que hayan sido aprobadas por los correspondientes órganos de gobierno de la universidad. 3. El personal docente e investigador doctor tendrá plena capacidad investigadora. Artículo 11. Actividades de innovación y transferencia de conocimiento del personal docente e investigador. 1. Las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología constituyen en muchas ocasiones la culminación de las actividades de investigación y un compromiso de la universidad con la sociedad. Comprenden las actuaciones, tareas y trabajos científicos, tecnológicos y artísticos que el personal docente e investigador realice, individualmente o como parte de un grupo de investigación, y propicien la aplicación de avances del conocimiento a la sociedad y sus agentes, tanto públicos como privados, en el ámbito de la I+D, mediante procesos de desarrollo tecnológico e innovación, principalmente generados por el propio investigador o su grupo. 2. Estas actividades comprenden, entre otras: a) Generación de propiedad intelectual transferible: El diseño, la dirección y la ejecución material de proyectos técnicos y trabajos aplicados científicos, artísticos, sociales, jurídicos y culturales que supongan innovación o transferencia de conocimiento. El desarrollo, en el marco de lo establecido por la universidad, de patentes, licencias, marcas, prototipos, registros de software y otras formas de protección de la propiedad intelectual e industrial, así como las actividades para impulsar su explotación. El diseño, la dirección y la ejecución material de modelos productivos (modelos de utilidad). La participación en la elaboración de normas, estándares, dictámenes que den lugar a nueva legislación o jurisprudencia, recomendaciones de uso o códigos éticos o de buenas prácticas, tanto estatales como internacionales. b) Transferencia efectiva: La creación de empresas de base tecnológica de origen académico y basadas en el conocimiento, o la participación en ellas. La dirección o la participación en ensayos de certificación y homologación, proyectos de edificios o infraestructuras singulares, restauración de obras de arte o edificios, exposiciones y, en general, de actividades científicotecnológicas, artísticas sociales o culturales. La realización de prospección, vigilancia e inteligencia tecnológica. La puesta en marcha y participación en mecanismos estables de conocimiento, intercambio, compartición y fomento de información científico-técnica y actividades de transferencia e innovación con empresas, organismos e instituciones públicos y privados, de acuerdo con los criterios aprobados por los órganos de gobierno de la universidad. c) Colaboración o participación en actividades y unidades de transferencia y valorización: Página 19 de 5020 La organización de eventos científicos, culturales y artísticos que transmitan a la sociedad los valores y resultados universitarios. El asesoramiento no lucrativo a organizaciones de la sociedad civil en el marco de los planes de responsabilidad social de la universidad, la elaboración de dictámenes e informes, el asesoramiento científico-técnico y los estudios de viabilidad social, económico-financiera, técnica o medioambiental de proyectos, actividades o empresas en funcionamiento. La participación en actividades de las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las gestoras de parques científicos y tecnológicos u otras unidades de las universidades y de los centros de investigación especializadas en la transferencia del conocimiento y tecnología, incluyendo la participación en actividades de valorización y comercialización de los resultados de la I+D académica y establecimiento de actividades de transferencia e innovación. La participación en incubadoras de empresas a partir de los resultados de la investigación. d) La participación en todas aquellas otras actividades de transferencia de conocimiento que hayan sido aprobadas por los correspondientes órganos de gobierno. Artículo 12. Actividades de dirección y gestión del personal docente e investigador. Las actividades de dirección y gestión comprenden todas las actuaciones, tareas y trabajos requeridos para una planificación correcta y una ejecución acertada de todas las actividades mencionadas en los artículos 8 a 11. Estas actividades de dirección y gestión pueden formar parte de las actividades que el personal docente e investigador universitario realiza en el ámbito de la docencia, la investigación o la innovación y transferencia de conocimiento, o ser actividades específicas de dirección, representación y gestión con una proyección global sobre la universidad o cualquiera de sus ámbitos. Estas actividades comprenden, entre otras: a) Desempeñar cargos académicos unipersonales de representación, dirección y gestión. b) Participar en órganos colegiados de gestión y representación. c) Participar, colaborar o formar parte de actuaciones o comisiones y grupos de trabajos puestos en marcha para mejorar la actividad y gestión universitaria: Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes estratégicos de la universidad en sus diferentes niveles, así como en todas las decisiones y actuaciones tendentes a su implantación eficaz y eficiente. Participar en el diseño, implantación y evaluación de planes de estudio y programas de formación. Formar parte de comités y comisiones académicas, en todos los ámbitos de la universidad, y participar en sus trabajos e informes. Formar parte de tribunales y comisiones de evaluación del personal docente e investigador. Participar de los procesos de calidad y de autoevaluación institucional y de las actividades relacionadas con las evaluaciones institucionales externas de las universidades. d) Participar en todas aquellas otras actividades de gestión que hayan sido aprobadas por los correspondientes órganos de gobierno de la universidad. Página 20 de 50 Mostrar más
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