Source: https://leyconcursal.online/texto-refundido-ley-concursal/
Timestamp: 2020-08-03 20:50:54
Document Index: 110856242

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 64', 'artículo 100', 'artículo 149', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 71']

▷ Texto Refundido Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) 【2020】
Libro primero. Del concurso de acreedores.
Capítulo I. De los presupuestos de la declaración de concurso.
Capítulo II. De la legitimación.
Capítulo III. De la declaración de concurso a solicitud del deudor.
Sección 1.ª Del deber de solicitar la declaración de concurso.
Sección 2.ª De la solicitud del deudor.
Sección 3.ª De la provisión sobre la solicitud del deudor.
Capítulo IV. De la declaración de concurso a solicitud de acreedor y de otros legitimados.
Sección 1.ª De la solicitud de acreedor y de otros legitimados.
Sección 2.ª De la provisión sobre la solicitud de acreedor y otros legitimados.
Sección 3.ª De la oposición del deudor.
Sección 4.ª De la resolución sobre la solicitud.
Capítulo V. Del auto de declaración de concurso.
Sección 1.ª Del auto de declaración de concurso.
Sección 2.ª De la notificación del auto de declaración de concurso.
Sección 3.ª De la publicidad de la declaración de concurso.
Capítulo VI. De los concursos conexos.
Sección 1.ª De la declaración conjunta de concursos.
Sección 2.ª De la acumulación de concursos ya declarados.
Sección 3.ª De la tramitación coordinada de los concursos conexos.
Título II. De los órganos del concurso.
Capítulo I. Del juez del concurso.
Sección 1.ª De la competencia.
Sección 2.ª De la jurisdicción.
Capítulo II. De la administración concursal.
Sección 1.ª Del nombramiento de la administración concursal.
Subsección 1.ª De la composición de la administración concursal.
Subsección 2.ª Del requisito de la inscripción en el Registro público concursal.
Subsección 3.ª Del nombramiento de la administración concursal.
Subsección 4.ª De la recusación de la administración concursal.
Subsección 5.ª De los auxiliares delegados.
Sección 2.ª Del ejercicio del cargo.
Sección 3.ª De la retribución.
Subsección 1.ª Del régimen jurídico de la retribución.
Subsección 2.ª De la cuenta de garantía arancelaria.
Sección 4.ª De la responsabilidad.
Sección 5.ª De la separación y de la revocación.
Sección 1.ª De los efectos sobre el concursado en general.
Sección 2.ª De los efectos sobre la representación y defensa procesal del concursado.
Sección 3.ª De los efectos específicos sobre la persona natural.
Sección 4.ª De los efectos específicos sobre la persona jurídica.
Sección 5.ª De los deberes de comparecencia, colaboración e información del concursado.
Capítulo II. De los efectos sobre las acciones individuales.
Sección 1.ª De los efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos declarativos.
Sección 2.ª De los efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos ejecutivos.
Subsección 1.ª De las reglas generales.
Subsección 2.ª De las reglas especiales para los procedimientos de ejecución de garantías reales y asimilados.
Capítulo III. De los efectos sobre los créditos.
Capítulo IV. De los efectos sobre los contratos.
Sección 1.ª De los efectos sobre los contratos.
Sección 2.ª De la resolución de los contratos.
Subsección 1.ª De la resolución por incumplimiento.
Subsección 2.ª De la resolución en interés del concurso.
Sección 3.ª Del derecho a la rehabilitación de contratos.
Sección 4.ª De los efectos sobre los contratos de trabajo y sobre los convenios colectivos.
Subsección 1.ª De los efectos sobre los contratos de trabajo.
Subsección 2.ª De los efectos sobre los contratos del personal de alta dirección.
Subsección 3.ª De los efectos sobre los convenios colectivos.
Sección 5.ª De los efectos sobre los contratos con las administraciones públicas.
Título IV. De la masa activa.
Capítulo I. De la composición de la masa activa.
Capítulo II. Del inventario de la masa activa.
Capítulo III. De la conservación y de la enajenación de la masa activa.
Sección 1.ª De la conservación de la masa activa.
Sección 2.ª De la enajenación de bienes y derechos de la masa activa.
Subsección 2.ª De las especialidades de la enajenación de bienes o derechos afectos a privilegio especial.
Subsección 3.ª De las especialidades de la enajenación de unidades productivas.
Subsección 4.ª De la cancelación de cargas.
Capítulo IV. De la reintegración de la masa activa.
Sección 1.ª De las acciones rescisorias especiales.
Sección 2.ª De las demás acciones de reintegración.
Capítulo V. De la reducción de la masa activa.
Capítulo VI. De los créditos contra la masa activa.
Sección 1.ª De los créditos contra la masa activa.
Sección 2.ª Del régimen de los créditos contra la masa activa.
Sección 3.ª De las especialidades en caso de insuficiencia de la masa activa.
Título V. De la masa pasiva.
Capítulo I. De la integración de la masa pasiva.
Capítulo II. De la comunicación y del reconocimiento de créditos.
Sección 1.ª De la comunicación a los acreedores.
Sección 2.ª De la comunicación de créditos.
Sección 3.ª Del reconocimiento de créditos.
Subsección 1.ª De las clases de reconocimiento.
Subsección 2.ª De los supuestos especiales de reconocimiento.
Sección 4.ª Del cómputo de los créditos.
Sección 5.ª De la comunicación extemporánea de créditos.
Capítulo III. De la clasificación de los créditos concursales.
Sección 1.ª De las clases de créditos.
Sección 2.ª De los créditos privilegiados.
Subsección 1.ª De los créditos con privilegio especial.
Subsección 2.ª De los créditos con privilegio general.
Sección 3.ª De los créditos subordinados.
Capítulo IV. De la lista de acreedores.
Título VI. Del informe de la administración concursal.
Capítulo I. Del informe de la administración concursal.
Sección 1.ª De las comunicaciones electrónicas anteriores a la presentación del informe.
Sección 2.ª Del informe de la administración concursal.
Capítulo II. De la impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
Capítulo III. De la presentación de los textos definitivos y del fin de la fase común.
Sección 1.ª De la presentación de los textos definitivos.
Sección 2.ª De la finalización de la fase común.
Capítulo IV. De la modificación de la lista definitiva de acreedores.
Título VII. Del convenio.
Capítulo I. De la propuesta de convenio.
Sección 1.ª De los proponentes.
Sección 2.ª Del contenido de la propuesta de convenio.
Subsección 1.ª De las reglas generales sobre la propuesta de convenio.
Subsección 2.ª De la propuesta de convenio con asunción.
Subsección 3.ª Del contenido alternativo de la propuesta de convenio.
Sección 3.ª Del plan de pagos y del plan de viabilidad.
Capítulo II. De la presentación de la propuesta y de la admisión a trámite.
Sección 1.ª Del momento de presentación de la propuesta.
Subsección 1.ª De la presentación anticipada de la propuesta de convenio.
Subsección 2.ª De la presentación ordinaria de la propuesta de convenio.
Sección 2.ª De la admisión a trámite de la propuesta de convenio.
Capítulo III. De la evaluación de la propuesta de convenio.
Capítulo IV. De la aceptación de la propuesta de convenio por los acreedores.
Sección 1.ª De la aceptación de la propuesta.
Sección 2.ª De las adhesiones a la propuesta de convenio.
Sección 3.ª Del sistema de aceptación de la propuesta anticipada de convenio.
Sección 4.ª De la aceptación de las demás propuestas de convenio.
Subsección 1.ª De la aceptación en junta de acreedores.
Subsección 2.ª De la aceptación en caso de tramitación escrita.
Sección 5.ª De las mayorías del pasivo ordinario necesarias para la aceptación de la propuesta de convenio.
Sección 6.ª De la verificación y proclamación del resultado.
Sección 7.ª De la aceptación de la propuesta de convenio por el concursado.
Capítulo V. De la aprobación judicial del convenio.
Sección 1.ª Del carácter necesario de la aprobación judicial del convenio.
Sección 2.ª De la oposición a la aprobación judicial del convenio.
Sección 3.ª De la aprobación judicial del convenio.
Capítulo VI. De la eficacia del convenio.
Capítulo VII. Del cumplimiento del convenio.
Sección 1.ª Del cumplimiento del convenio.
Sección 2.ª Del incumplimiento del convenio.
Título VIII. De la liquidación de la masa activa.
Capítulo I. De la apertura de la fase de liquidación.
Capítulo II. De los efectos de la apertura de la fase de liquidación.
Capítulo III. De las operaciones de liquidación.
Sección 1.ª De las reglas generales de liquidación.
Sección 2.ª Del plan de liquidación.
Sección 3.ª De las reglas supletorias.
Subsección 1.ª Del procedimiento de enajenación.
Subsección 2.ª De la regla del conjunto.
Capítulo IV. De la publicidad de los bienes y derechos objeto de liquidación.
Capítulo V. De los informes trimestrales de liquidación.
Capítulo VI. De la consignación preventiva.
Capítulo VII. De la prolongación indebida de la liquidación.
Título IX. Del pago a los acreedores concursales.
Título X. De la calificación del concurso.
Sección 1.ª De la formación y tramitación de la sección de calificación.
Subsección 1.ª Del régimen general.
Subsección 2.ª Del régimen especial en caso de incumplimiento del convenio.
Sección 2.ª De la sentencia de calificación.
Sección 3.ª De la calificación en caso de intervención administrativa.
Título XI. De la conclusión y de la reapertura del concurso de acreedores.
Capítulo I. De la conclusión del concurso.
Sección 1.ª De las causas de conclusión del concurso.
Sección 2.ª Del régimen de conclusión del concurso.
Subsección 1.ª De la conclusión del concurso por revocación de la declaración.
Subsección 2.ª De la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio.
Subsección 3.ª De la conclusión del concurso por finalización de la liquidación.
Subsección 4.ª De la conclusión por insuficiencia de la masa activa simultánea a la declaración del concurso.
Subsección 5.ª De la conclusión por insuficiencia de la masa activa posterior al auto de declaración del concurso.
Subsección 6.ª De la conclusión del concurso por satisfacción de los acreedores, por desistimiento o por renuncia.
Sección 3.ª De la rendición de cuentas.
Sección 4.ª De los recursos y de la publicidad.
Sección 5.ª De los efectos de la conclusión del concurso.
Capítulo II. Del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
Sección 1.ª Del ámbito de aplicación.
Sección 2.ª Del régimen general.
Subsección 1.ª De los presupuestos de la exoneración.
Subsección 2.ª De la solicitud de exoneración y de la concesión del beneficio.
Subsección 3.ª De la extensión de la exoneración.
Subsección 4.ª De la revocación de la exoneración.
Sección 3.ª Del régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos.
Sección 4.ª De los efectos comunes de la exoneración.
Capítulo III. De la reapertura del concurso.
Título XII. De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado, del incidente concursal y del sistema de recursos.
Sección 1.ª De la aplicación del procedimiento abreviado.
Sección 2.ª De las especialidades del procedimiento abreviado.
Título XIII. De la publicidad del concurso.
Capítulo I. De la publicidad telemática.
Capítulo II. De los edictos.
Capítulo III. De los mandamientos.
Capítulo IV. Del registro público concursal.
Título XIV. De los concursos de acreedores con especialidades.
Capítulo I. Del concurso de la herencia.
Capítulo II. De las especialidades del concurso por razón de la persona del deudor.
Sección 1.ª De las comunicaciones Y notificaciones especiales.
Sección 2.ª De las especialidades de la administración concursal.
Sección 3.ª De las especialidades del concurso de entidades de crédito, de empresas de servicios de inversión, de entidades aseguradoras, de entidades que sean miembros de mercados regulados y de entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores.
Sección 4.ª De las especialidades del concurso de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas.
Sección 5.ª De las especialidades del concurso de entidades deportivas.
Libro segundo. Del derecho preconcursal.
Título I. De la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores.
Capítulo I. De la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores.
Capítulo II. De los efectos de la comunicación.
Sección 1.ª De los efectos de la comunicación sobre los créditos.
Sección 2.ª De los efectos de la comunicación sobre las acciones y sobre los procedimientos ejecutivos.
Sección 3.ª De los efectos sobre las solicitudes de concurso.
Capítulo III. De la exigibilidad del deber legal de solicitar el concurso.
Título II. De los acuerdos de refinanciación.
Capítulo I. De los acuerdos de refinanciación.
Sección 1.ª De las clases de acuerdos de refinanciación.
Sección 2.ª De los acuerdos colectivos de refinanciación.
Sección 3.ª De los acuerdos singulares de refinanciación.
Capítulo II. De la homologación de los acuerdos de refinanciación.
Sección 1.ª De los requisitos de la homologación.
Sección 2.ª De la homologación judicial.
Subsección 1.ª Del procedimiento de homologación.
Subsección 2.ª De la impugnación de la homologación.
Sección 3.ª De la extensión de la eficacia del acuerdo homologado de refinanciación.
Subsección 1.ª De la extensión a los créditos sin garantía real.
Subsección 2.ª De la extensión a los créditos con garantía real.
Subsección 3.ª De la conservación de las garantías personales.
Capítulo III. Del incumplimiento del acuerdo de refinanciación.
Título III. Del acuerdo extrajudicial de pagos.
Capítulo I. De los presupuestos.
Capítulo II. Del nombramiento de mediador concursal.
Sección 1.ª De la solicitud de nombramiento de mediador concursal.
Sección 2.ª Del nombramiento de mediador concursal.
Subsección 1.ª Del nombramiento.
Subsección 2.ª De la aceptación.
Sección 3.ª De la comunicación del nombramiento.
Sección 4.ª Del régimen supletorio.
Sección 5.ª Del deber de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la obligación de pago de los créditos de derecho público.
Capítulo III. De los deberes de comprobación.
Capítulo IV. Del acuerdo extrajudicial de pagos.
Sección 1.ª De la convocatoria a los acreedores.
Sección 2.ª De la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.
Subsección 1.ª De la propuesta.
Subsección 2.ª De los documentos adjuntos a la propuesta.
Sección 3.ª De la aceptación de la propuesta.
Subsección 1.ª Del deber de asistencia.
Subsección 2.ª De las mayorías.
Sección 4.ª De la formalización del acuerdo.
Capítulo V. De la eficacia del acuerdo.
Capítulo VI. De la impugnación del acuerdo.
Capítulo VII. Del cumplimiento del acuerdo.
Título IV. De las especialidades del concurso consecutivo.
Capítulo I. Del concurso consecutivo.
Capítulo II. De las normas comunes en materia de concurso consecutivo.
Sección 1.ª De las especialidades en materia de reintegración de la masa activa.
Sección 2.ª De las especialidades en materia de calificación del concurso.
Capítulo III. De las especialidades del concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación.
Capítulo IV. De las especialidades del concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos.
Sección 1.ª De la solicitud de concurso consecutivo.
Sección 2.ª Del régimen del concurso consecutivo.
Libro tercero. De las normas de derecho internacional privado.
Título II. De la ley aplicable.
Capítulo I. Del procedimiento principal.
Capítulo II. Del procedimiento territorial.
Capítulo III. De las reglas comunes a ambos tipos de procedimientos.
Título III. Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia.
Título IV. De la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia.
La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una ley que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones. Las esperanzas que había suscitado ese derecho de nueva planta, con la lógica aspiración a la estabilidad normativa, pronto se desvanecieron: desde la fecha de promulgación de esta ley, sucesivas leyes y decretos-leyes, con un ritmo acentuado en la décima legislatura, han sustituido principios y enmendado normas legales, a la vez que han constituido el cauce para la inclusión de nuevas instituciones y de nuevas soluciones.
Durante la gestación de la que habría de ser la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se había debatido sobre la conveniencia de incorporar al entonces derecho proyectado las instituciones propias del denominado derecho preconcursal, aprovechando para ello algunas experiencias de otros ordenamientos jurídicos; se habían identificado los riesgos que comportaba la rígida estructura del procedimiento, dividido en fases, y los derivados de un exceso en la atribución de competencias al juez del concurso, en detrimento del imprescindible ámbito de autonomía de la administración concursal; y, en fin, se había advertido de los costes, de tiempo y económico, del diseño en que se trabajaba.
Sin embargo, la mala experiencia que, en el inmediato pasado, había supuesto la deformación de los procedimientos formalmente predispuestos para el tratamiento de situaciones de iliquidez, que habían terminado por superponerse a los procedimientos tradicionales para la solución de las auténticas insolvencias, militaba en contra de la distinción entre el derecho concursal y el preconcursal. La admisión de la insolvencia inminente como presupuesto alternativo para el concurso voluntario se consideraba suficiente. Y, además, quizás faltase perspectiva para apreciar que los nuevos institutos emergentes en otros sistemas legislativos poco tenían que ver con las antiguas suspensiones de pagos.
De otro lado, la alegada rigidez del procedimiento concursal y las muchas funciones atribuidas el juez del concurso no se consideraban especial problema por la simultánea creación de los Juzgados especializados en los que se confiaba plenamente para una segura y rápida tramitación de los concursos de acreedores. En el ánimo del legislador la figura del convenio anticipado era el cauce predispuesto para la rápida solución de la insolvencia.
Pero, a poco de promulgada la ley, la profunda crisis duradera por la que atravesó la economía española, evidenció los defectos y las insuficiencias de la nueva normativa, y el correlativo aumento de los procedimientos concursales no tardó en colapsar los juzgados de lo mercantil. Al mismo tiempo, comenzaron a apreciarse síntomas de la «huida de la Ley Concursal». En efecto, algunas importantes sociedades españolas en situación de crisis, en lugar de solicitar el concurso por razón de una insolvencia real o inminente, acudían, siempre que era posible, a foros extranjeros, con buenos resultados, para beneficiarse de soluciones de las que carecía la legislación española.
El legislador español se sintió constreñido a intervenir, con frecuencia, invocando razones de extraordinaria y urgente necesidad, para tratar de dar solución adecuada a lo que no la tenía, aunque ello comportara, en ocasiones, la sustitución de elementos básicos del recién estrenado sistema concursal y la ampliación de las posibilidades que originariamente ofrecía la nueva ley con el fin de conseguir una más adecuada, más flexible y más justa solución de los intereses en conflicto. Entre otras modificaciones fundamentales, pueden mencionarse la incorporación del criterio del valor razonable del bien o del derecho sobre el que se hubiere constituido la garantía como límite del privilegio especial del crédito garantizado, el reconocimiento del derecho del deudor a solicitar en cualquier momento la apertura de la liquidación, el régimen de los concursos sin masa suficiente para hacer frente a los costes el procedimiento y la introducción del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho del que, en ciertas condiciones, puede gozar el deudor persona natural.
Junto con reformas estables, aquellas que, una vez introducidas, no han sido objeto de reconsideración, ha habido casos de reformas de lo reformado, en un proceso continuado de diseño y rediseño, como sucedió con el régimen de los acuerdos de refinanciación, a medida que se manifestaban las insuficiencias de las primeras soluciones, acentuando así la inestabilidad de la normativa. De aquel derecho que aspiraba a ser estable se pasó así a un derecho en perpetua refacción.
Esa acumulación de reformas justificó que la disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, habilitara al Gobierno para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio. La finalización del plazo establecido para la refundición ha motivado que en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, se incluyera una disposición final tercera que habilitaba un nuevo plazo para aprobar un texto refundido a propuesta de los Ministros de Justicia y del entonces denominado de Economía y Empresa. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.
En pocos casos la necesidad de un texto refundido es más necesaria. Las dificultades que, tras tantas reformas, suscita la lectura y la interpretación de las normas legales e incluso la comprensión de la lógica interna del sistema concursal vigente exigían no posponer por más tiempo esa tarea que, aunque delicada, resulta insoslayable afrontar.
Las Cortes Generales han establecido el método y, al mismo tiempo, fijado los límites del encargo al poder ejecutivo. El texto refundido de la Ley Concursal debe ser el resultado de la regularización, la aclaración y la armonización de unas normas legales que, como las que son objeto de refundición, han nacido en momentos distintos y han sido generadas desde concepciones no siempre coincidentes. Regularizar significa ajustar, reglar o poner en orden. Aclarar es verbo de múltiples significados: a veces, alude a quitar lo que impide apreciar la realidad de alguna cosa; otras, implica la idea de explicar. Y armonizar equivale a hacer que no discuerden dos o más partes de un todo. La autorización no se circunscribe a la mera formulación de un texto consolidado, sino que incluye esa triple facultad. La fidelidad al mandato recibido impide, pues, la mera yuxtaposición de artículos. De las dos posibilidades que ofrece la Constitución (artículo 82.5), las Cortes han optado por la más ambiciosa. Esa fidelidad al mandato parlamentario exige desarrollar una compleja actuación en pos de ese triple objetivo en el que, por razón del interés general, descansa la decisión legal.
Los amplios términos con que ha sido configurada la delegación al Gobierno para la elaboración del texto refundido permiten así solucionar un buen número de problemas sin alterar el sistema legal vigente. De ahí que, al redactar el texto refundido, el Gobierno no se haya limitado a reproducir, con mejor orden, las normas legales objeto de la refundición, sino que haya debido incidir en esa normativa en una muy delicada labor para cumplir fielmente la encomienda recibida. Ordenar un texto que las sucesivas reformas habían desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean fáciles de comprender y, por ende, de aplicar, y eliminar contradicciones –o incluso normas duplicadas o innecesarias– han sido pautas esenciales que han guiado la encomienda recibida.
La doctrina del Consejo de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y armonizar textos legales supone, en primer lugar, la posibilidad de alterar la sistemática de la ley y, en segundo lugar, la posibilidad de alterar la literalidad de los textos para depurarlos en la medida necesaria para eliminar las dudas interpretativas que pudieran plantear.
En primer lugar, la alteración de la sistemática facilita la identificación de la norma y la comprensión de la función que cumple. Con la nueva sistemática, se aspira a que la aplicación del derecho no tenga como presupuesto la previa localización de la norma a aplicar. La determinación del derecho aplicable no puede tener mayores dificultades que la interpretación jurídica de las leyes.
Al servicio de esta manifestación del principio de la seguridad jurídica en que la reordenación consiste, el texto refundido se divide en tres libros: el primero, el más extenso, está dedicado al concurso de acreedores. Pero el lector del texto pronto comprobará que, en la distribución de la materia entre los distintos títulos de que se compone este primer libro, existen diferencias importantes con la sistemática de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Así, por ejemplo, hay un título específico sobre los órganos del concurso, dividido en dos capítulos, uno dedicado al juez del concurso y otro a la administración concursal; hay, al igual que en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, un título sobre la masa activa y otro sobre la masa pasiva; hay un título sobre el informe de la administración concursal; hay un título propio para el pago de los créditos a los acreedores; y un título sobre publicidad. Esta nueva sistemática ha supuesto el traslado y la recolocación de muchas normas contenidas en títulos diferentes de la Ley Concursal. Entre otros muchos ejemplos significativos, en el título IV, dedicado a la masa activa, no solo se incluye lo relativo a la composición de esa masa o lo relativo a la conservación de la misma, sino también las reglas generales de enajenación de los bienes y derechos que la componen, muchas de ellas ahora contenidas en el título sobre liquidación; el régimen de la reintegración de la masa, procedente del título sobre los efectos de la declaración de concurso; el régimen de la reducción de la masa; y la regulación de los créditos contra la masa, que se enumeraban en aquella parte de la ley que tenía por objeto la composición de la masa pasiva, incluidas las especialidades en caso de insuficiencia de la masa para hacer frente a dichos créditos, materia de la que se ocupaba el título dedicado a la conclusión del concurso.
El libro II está dedicado a ese otro derecho de la crisis que es alternativo –y, en ocasiones, previo– al derecho tradicional de la insolvencia. Este segundo libro se divide en cuatro títulos independientes: el primero, procedente del artículo 5 bis, tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo, se ocupa de los acuerdos de refinanciación, cuyo episódico régimen, tan trabajosamente diseñado por el legislador, adquiere ese mínimo de unidad y autonomía que todos reclamaban; el tercero es el relativo a los acuerdos extrajudiciales de pago, cuya disciplina se ha añadido a la Ley Concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, modificado por la Ley 25/2015, de 28 de junio; y el último se ocupa de las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, sea a un acuerdo extrajudicial de pagos. Se ha optado por mantener la terminología de esos nuevos instrumentos legales por ser la incorporada al anejo A del Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia.
Pero la elaboración de este libro ha sido, probablemente, la de mayor dificultad técnica: dificultad por las reconocidas deficiencias, incluso terminológicas, del régimen de estos «expedientes» o «procedimientos». Quizás sea aquí donde los límites de la refundición resultan más patentes: no faltarán quienes consideren que el Gobierno hubiera debido aprovechar la ocasión para clarificar más el régimen jurídico aplicable a esos institutos y, en especial, del régimen aplicable a los acuerdos de refinanciación –un régimen más preocupado por la consecución de determinados objetivos que por la tipificación institucional–, solventando las muchas dudas que la aplicación de las normas legales ha permitido identificar. Sin embargo, en la refundición de esas normas se ha procedido con especial prudencia para evitar franquear los límites de la encomienda, pues la delegación para aclarar no es delegación para reconstruir sobre nuevas bases las instituciones.
En fin, en el libro III se incluyen las normas de derecho internacional privado que hasta ahora contenía el título IX de la Ley Concursal. La razón de la creación de este último libro se encuentra en el ya citado Reglamento (UE) 2015/848. A diferencia del Reglamento (CE) 1346/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000, el nuevo Reglamento, es de aplicación no solo a los concursos de acreedores, sino también a los «procedimientos» que el texto refundido agrupa en el libro II. Existen normas del derecho internacional privado de la insolvencia, hasta ahora circunscritas al concurso de acreedores, que deberán aplicarse a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de pagos, por lo que la coherencia sistemática exigía esta posposición.
En segundo lugar, la alteración de la literalidad de un buen número de textos es la manifestación más significativa del mandato de claridad. Un elevado número de artículos se han redactado de nuevo, para precisar, sin alterar el contenido, cuál es la interpretación de la norma. La terminología se ha unificado; el sentido de la norma se hace coincidir con la formulación, evitando el mayor número de incertidumbres posibles; y las fórmulas legislativas más complejas se exponen con la mayor simplicidad posible.
Esta alteración de la literalidad ha ido unida a una nueva relación entre el continente y el contenido. En el texto originario de la Ley Concursal y, sobre todo, en el ya reformado existían artículos que, por razón de la materia, era aconsejable dividir en varios independientes. En el texto refundido se dedica un artículo a cada materia, evitando que un mismo precepto se ocupe de heterogéneas o distintas cuestiones y, al mismo tiempo, el epígrafe de cada artículo intenta anticipar el objeto de la norma. En casos concretos, un solo artículo de la Ley Concursal ha dado lugar a todo un capítulo o a toda una sección. Así, el artículo 5 bis de la Ley Concursal, sobre comunicación de negociaciones con los acreedores; el artículo 64, sobre los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de trabajo; el artículo 100, sobre contenido de la propuesta de convenio; el artículo 149, sobre reglas legales en materia de liquidación de la masa activa; el artículo 176 bis, sobre especialidades de la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa; o el artículo 178 bis, sobre el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Un caso particular es el artículo 71 bis, sobre el régimen especial de rescisión de determinados acuerdos de refinanciación, y de la disposición adicional cuarta, sobre homologación de esos acuerdos, que han dado lugar a todo un título. La consecuencia de la utilización de estos criterios ha sido el sustancial aumento del número de artículos. La Ley Concursal apenas supera los 250 artículos; el texto refundido casi ha multiplicado por tres este número.
Pero no solo esto: al redactar el texto refundido, el Gobierno no solo aspira a ofrecer un conjunto normativo que fuera sistemático y que fuera claro e inteligible. Por supuesto, el texto refundido no puede incluir modificaciones de fondo del marco legal refundido, así como tampoco introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes. Pero, dentro de los límites fijados por las Cortes, la tarea exigía, como en ocasiones similares ha señalado el Consejo de Estado, actuar «con buen sentido» pues la refundición no puede ser una tarea meramente mecánica, sino que requiere, a veces, ajustes importantes para mantener la unidad de las concepciones; para convertir en norma expresa principios implícitos; para completar las soluciones legales colmando lagunas cuando sea imprescindible; y, en fin, para rectificar las incongruencias, sean originarias, sean consecuencia de las sucesivas reformas, que se aprecien en las normas legales contenidas dentro de la misma Ley. Por estas razones, la labor técnica que supone la elaboración de un texto refundido, cuando la delegación es tan amplia, implica no solo interpretación, sino también integración –es decir, un «contenido innovador», sin el cual carecería de sentido la delegación legislativa–, pudiendo incluso llegar a la explicitación de normas complementarias a las que son objeto de refundición (sentencias del Tribunal Constitucional números 122/1992, de 28 de septiembre, y 166/2007, de 4 de julio). En el texto refundido que ahora aprueba el Gobierno, el aplicador del derecho comprobará a cada paso la importancia que ha tenido este criterio orientador, el tesón por la coherencia con los principios, esa preocupación por explicitar lo implícito o esa frecuencia de normas complementarias.
La imprescindible reordenación, clarificación y armonización del derecho vigente que representa este texto refundido no excluye que el proceso de reforma del derecho de la insolvencia haya finalizado. España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que tiene como finalidad establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más completa y coherente a los procesos de reestructuración preventiva de las deudas, simplificar el derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes, y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de deudas. Pero el texto refundido que ahora se aprueba constituye la base idónea para acometer de forma más ordenada, clara y sistemática esa inexcusable transposición, tarea que, ya por sí misma reviste extraordinaria dificultad.
El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido empresarial y empleo; y de ello es consciente el legislador y la propia Unión Europea que ha desarrollado una importante iniciativa normativa a través de Directivas como la mencionada inmediatamente antes. Esta finalidad conservativa del Derecho concursal se manifiesta no solo a través de normas con vocación de permanencia como el presente texto refundido, sino que en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo de 2020,