Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/38658
Timestamp: 2019-10-24 02:17:34
Document Index: 392441640

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 3', 'artículo 73', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 3', 'Artículo 73', 'artículo 3']

Gaceta: LXII/1PPO-72/38658
Propone que todo individuo tendrá derecho a recibir educación de calidad como la mejor garantía de efectividad del derecho. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de las alumnas y alumnos. Señala que la calidad es la base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de las alumnas y alumnos.
Crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la coordinación de este Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para recopilar, generar, sistematizar, administrar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos que contribuyan a evaluar los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos.
También crea el Sistema Profesional Docente, que deberá basarse en la mejora constante de las competencias profesionales y el desempeño docente de los maestros. Se regirá por los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género. El sistema establecerá los criterios de ingreso, permanencia, promoción, evaluación, estímulos y retiro de la carrera magisterial. Las plazas de docentes, directores y supervisores del sistema educativo nacional serán ocupadas por concurso de selección en los términos que establezca la ley y serán abiertos a las personas sin discriminación alguna con motivo de lugar de origen, residencia o campo de estudio, o cualquier otra que atente contra sus derechos.
En el artículo 73 constitucional se propone añadir el principio de que las aportaciones económicas correspondientes al servicio público de educación se harán con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA, EVALUACIÓN EDUCATIVA Y SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.
EL SUSCRITO SENADOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, 73, FRACCIÓN XXV Y 78, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 FRACCIÓN I, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ME PERMITO PRESENTAR A ESTA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA, EVALUACIÓN EDUCATIVA Y SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:
Toda sociedad tiene la capacidad de aumentar su potencial de desarrollo económico y social a través de la educación. Con ella, los individuos conocen sus capacidades intelectuales, artísticas y deportivas; reciben información que los estimula a desarrollar sus aptitudes y habilidades al máximo, permitiéndoles conocer el lenguaje de la ciencia, la técnica y el arte. Se hacen parte de una sociedad al conocer su historia, leyes, tradiciones y costumbres. Gracias a la educación se forma una nación y se educa a sus miembros. La importancia personal y social de la educación es fundamental.
Este es el momento para que los legisladores impulsemos reformas para el mejoramiento efectivo de la calidad educativa en todos sus niveles y ámbitos.
Estas reformas deben ser detonantes de políticas públicas para dotar a las alumnos y a los alumnos de este país de mayores oportunidades para elevar su nivel de vida a partir del acceso y permanencia de los estudiantes en las escuelas, la calidad y la cobertura del sistema educativo nacional y su incorporación permanente en la economía del conocimiento y al campo laboral.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la evaluación es una herramienta para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, deja asentado el propósito central de fortalecer la evaluación como un instrumento para la rendición de cuentas, que a su vez ofrezca evidencias para sustentar la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación que el país necesita y merece.
La educación nacional requiere de acciones y apoyos para mejorar sustantivamente su calidad y equidad, toda vez que se ha logrado un incremento significativo en la cobertura de la escolaridad obligatoria, que ahora incluye además de la educación básica en sus tres niveles de preescolar, primaria y secundaria a la educación media superior; el desafío es lograr un proceso integral de mejora de su calidad y para ello es necesaria la participación comprometida de todas las áreas del sector educativo.
Por ello, se propone incorporar este criterio como fundamento de la educación en el país. Esta decisión fundamental impacta positivamente en el ejercicio del derecho humano a la educación a la vez que se constituye como una garantía institucional para los integrantes de la comunidad educativa, indisponible al propio Estado y a los particulares, análoga a garantías ya previstas en la propia constitución, como la gratuidad de la educación, la autonomía universitaria, la laicidad de la educación, entre otras. Como tal, esta propuesta añade un núcleo básico del contenido esencial del derecho humano a la educación en México. Algo que hace mucha falta para tomar más en serio el derecho a la educación.
Además, esta propuesta aumenta la exigibilidad del derecho a la educación, de carácter eminentemente social, es decir, como un derecho a, a) exigir ciertas condiciones al Estado b) que sean mínimas a lo largo del tiempo y c) que permanentemente tiendan al progreso de los titulares de derechos, específicamente por parte de los integrantes del sistema educativo nacional, en lo principal los padres de familia y los propios estudiantes. Se trata de los criterios de exigibilidad, de contenido mínimo y de progresividad, como unas de las notas características de los derechos humanos, en especial, los de contenido social y económico.
En el documento “¿Qué pasa con la calidad de la Educación en México? Diagnóstico y propuestas desde la sociedad civil” de la Coalición Ciudadana por la Educación, se señala que:
“Los resultados de tres pruebas estandarizadas e independientes entre sí (EXCALE, ENLACE y PISA) coinciden en que un porcentaje importante de estudiantes en México no está aprendiendo los contenidos mínimos para desarrollar sus capacidades intelectuales. Por ejemplo, en 2006 en la prueba PISA, aplicada a estudiantes de 15 años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubicó en el último lugar de los miembros de la OCDE y en el lugar 48 de 57 países en una muestra ampliada, según la escala para dominio de las ciencias. A esto se suman problemas serios de acceso de los jóvenes a educación media superior y superior (el 40% de los jóvenes entre 16 y 18 años no asiste a la escuela); de rezago educativo (hay casi 6 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir y el 44% de la población adulta no terminó su educación básica); las desigualdades existentes al interior del sistema educativo (la escolaridad promedio en regiones indígenas es de 1 año y medio en comparación de 8 años a nivel nacional); y la dificultad en la sociedad para comprender la magnitud del problema (el 60% de los padres de familia está satisfecho con la educación que reciben sus hijos).
Para la Coalición, hay tres factores que explican la baja calidad de la educación en el país:
a) El primero se refiere a la presencia de desigualdades económicas. Lo que quiere decir que la mayoría de las alumnas y de los alumnos que desertan provienen de los sectores socio-económicos más bajos.
b) El segundo es la falta de infraestructura escolar adecuada con serias deficiencias.
c) El tercero reside en las relaciones corruptas e inequitativas dentro del sistema educacional.
Esta propuesta busca avanzar para ir superando los efectos negativos de cada uno de estos factores. Superar que la ausencia de recursos sea un obstáculo o impedimento para ejercer efectivamente el derecho a la educación; incrementar y mantener el nivel de la infraestructura educativa como componente esencial del desarrollo de la función educativa, y generar un nuevo modelo de gestión de interacción sistémica de todos los elementos del sistema educativo, instrumentando medidas en torno al logro de la calidad, la evaluación para el mejoramiento constante y el sostenimiento de un nuevo sistema docente, con base en el respeto de los principios de objetividad, la racionalidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.
2. Evaluación educativa.
El 8 de agosto de 2002 se publicó el decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dicho decreto se reformó y fue firmado por el presidente Felipe Calderón el 16 de mayo de 2012, dejando asentado el propósito central de fortalecer la evaluación como un instrumento para la rendición de cuentas, que a su vez ofrezca evidencias para sustentar la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación que el país necesita y merece. El desafío es lograr un proceso integral de mejora de su calidad y para ello es necesaria la participación comprometida de todas las áreas del sector educativo.
Menciona también que es atribución exclusiva de la autoridad educativa federal evaluar al Sistema Educativo Nacional y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades locales deban realizar.
Hoy el Instituto es una institución que ofrece a las autoridades educativas federales y locales, así como a la sociedad mexicana, aportaciones técnicas de información y conocimiento que apoyan la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación.
Debemos dar un paso fundamental en materia de evaluación educativa. Hay que dar pasos importantes para evaluar al Sistema Educativo Nacional y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades locales deban realizar.
Se propone la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa que avaluará preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Además contribuirá a la evaluación inicial y continua de los maestros, la educación de los adultos, educación especial y la enseñanza indígena. Con esta reforma, respondemos a la exigencia ciudadana de contar con un organismo nacional de evaluación autónomo e independiente, que actúe con transparencia, objetividad, veracidad y confiablidad.
La experiencia internacional muestra que las instancias de evaluación educativa se orientan a tres objetivos centrales: generar información confiable, lograr una percepción de confianza entre usuarios y asegurar la socialización de la información entre los actores educativos, políticos y sociales.
Por ello, es importante incorporar la fracción IX del artículo 3° constitucional, con la finalidad de crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y a partir de esta precondición, dar paso a su constitución orgánica como Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Es una cuestión metodológica razonable considerando la relación de medios/fines. Es el Instituto el que formaliza al Sistema, y es el Sistema el que dota de atributos al Instituto.
También se sugiere definir a) las características del órgano que estará a cargo del sistema, b) las facultades que tendría y c) la finalidad de dichas facultades.
Además, es importante para la transparencia y rendición de cuentas que toda información concerniente a las evaluaciones se den a conocer a la ciudadanía.
Como complemento, en el artículo 73 constitucional se propone añadir el principio de que las aportaciones económicas correspondientes al servicio público de educación se harán con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República.
3. Servicio profesional Docente
El Programa Nacional de Carrera Magisterial inició formalmente en enero de 1993 como un sistema de promoción en 5 niveles de estímulos "A", "B", "C", "D" y "E", en donde el docente puede acceder a niveles superiores de estímulo, sin que exista la necesidad de cambiar de actividad.
Para que las maestras y los maestros que decidan participar voluntariamente en el programa puedan avanzar en los distintos niveles, es necesario que la evaluación global sea altamente satisfactoria, conforme a lo establecido en los lineamientos generales. En el programa Participan docentes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.
En Carrera Magisterial actualmente están incorporados 774 mil del universo de un millón 200 mil maestros de Educación Básica a nivel nacional.
Es importante señalar que la inscripción es voluntaria, y para determinar si se ingresa o se puede promover, el profesor debe cumplir con una serie de requisitos.
Según un análisis de la organización “Educación Debate” el programa es costoso: si dividimos el monto entre el número de docentes de educación básica (el estimado oficial; recordar que no sé sabe dónde está el maestro), se podría entregar un bono anual de 50 mil pesos a cada uno. Si sumamos el tiempo y los gastos que implica a los propios maestros participar, se trata de una inversión social intensiva en capital.
El sistema de evaluación considera seis factores que alcanzan un total de 100 puntos, pero tienen un peso diferente: antigüedad (10), grado académico (16), preparación profesional (28), actualización y superación profesional (17), desempeño profesional (10) y aprovechamiento escolar (20). Conviene profundizar en la manera como se evalúan los cuatro últimos factores señalados.
La preparación profesional se evalúa mediante un examen diseñado y aplicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Éste se elabora a partir de un Banco Nacional de Reactivos conformado por la misma SEP, que se actualiza con base en talleres que se llevan a cabo en todas las entidades del país.
La evaluación del desempeño profesional se refiere al conjunto de acciones que realizan los docentes en el ejercicio de sus funciones. El desempeño se sistematiza en cuatro aspectos: planeación de los procesos de enseñanza-aprendizaje; desarrollo de los mismos; participación en el funcionamiento de la escuela, y participación en la interacción escuela-comunidad. La evaluación del desempeño profesional de cada uno de las y los profesores está a cargo del Órgano de Evaluación Escolar, constituido en cada plantel por todos los profesores del consejo técnico escolar o su equivalente, y un representante sindical; lo preside el director del plantel. Se realiza en tres momentos del año escolar.
La evaluación del aprovechamiento escolar se refiere a los aprendizajes que los alumnos han obtenido en el grado o asignatura que imparte ese docente en concreto. Para esto se aplica un examen a los alumnos de cada maestro participante, a partir de un instrumento elaborado por la SEP, que se basa en los planes y programas de estudio y en los libros de texto correspondientes.
Tanto la SEP como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben asumir la responsabilidad de ampliar la información pública respecto del papel que la carrera magisterial está cumpliendo en el logro de sus objetivos. Se ha puesto en marcha un complejo y costoso sistema de evaluación de los profesores, y conviene precisar qué formas adopta en los planteles escolares y, sobre todo, qué efectos está produciendo.
Toda carrera profesional, como lo es la carrera magisterial debe incluir los criterios a los que se debe sujetar la selección, el ingreso, la promoción, el reconocimiento, el estímulo y la permanencia en el servicio.
La evaluación debe determinar la permanencia de un servidor público en el servicio. Asimismo es necesario establecer de manera explícita el Servicio Profesional Docente a nivel constitucional.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXV y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA, EVALUACIÓN EDUCATIVA Y SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 3° constitucional, adicionando un tercer párrafo, un inciso d) a la fracción II, una nueva fracción IX; y se modifica el Artículo 73 constitucional, fracción XXV, para quedar de la siguiente manera:
Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad como la mejor garantía de efectividad de ese derecho. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de las alumnas y alumnos.
d) Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de las alumnas y alumnos.
IX. Para asegurar el derecho a recibir educación de calidad, tanto la que imparta el Estado como los particulares, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
La coordinación de dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para recopilar, generar, sistematizar, administrar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos que contribuyan a evaluar los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos.
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, de acuerdo con los principios de independencia, objetividad, transparencia, accesibilidad, inclusión, oportunidad, pertinencia y equidad.
Toda la información que genere el Sistema Nacional de Evaluación Educativa será pública, con excepción de la que disponga la ley de la materia.
La Ley también establecerá el Sistema Profesional Docente, que deberá basarse en la mejora constante de las competencias profesionales y el desempeño docente de los maestros. Se regirá por los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género. El sistema establecerá los criterios de ingreso, permanencia, promoción, evaluación, estímulos y retiro de la carrera magisterial. Las plazas de docentes, directores y supervisores del sistema educativo nacional serán ocupadas por concurso de selección en los términos que establezca la ley y serán abiertos a las personas sin discriminación alguna con motivo de lugar de origen, residencia o campo de estudio, o cualquier otra que atente contra sus derechos.
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del decreto, quedarán sin efecto todas las comisiones mixtas a nivel federal y estatal que no aborden prestaciones específicas laborales del magisterio.
TERCERO. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° constitucional en materia de calidad educativa, todos los docentes, directivos, asesores técnico pedagógicos y supervisores que ocupen, de hecho o por derecho, con algún tipo de plaza, deberán presentar y realizar la evaluación, según la convocatoria que emita la autoridad federal, dentro del plazo máximo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. En caso de omisión, la autoridad correspondiente les notificará por los medios legales que en caso de no comprobar causa justificada por tal omisión dentro de un plazo de 15 días posteriores a la notificación, quedan separados de sus cargos. Cuando el resultado de la evaluación no sea satisfactorio para acreditar las competencias profesionales, los docentes, directivos y supervisores podrán volver a realizar la evaluación en los términos, condiciones y modalidades que la ley establezca. En caso de que el nuevo resultado de la evaluación no sea satisfactorio se procederá a la separación del cargo.
CUARTO. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para contar con disposiciones jurídicas sobre infraestructura educativa a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de las entidades federativas, diagnósticos e informes para alcanzar tal fin.
a 12 de diciembre de 2012.