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Timestamp: 2020-04-06 05:38:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 59', 'artículo 23', 'artículo 358', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 419', 'artículo 59']

Sentencia nº 00222 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Febrero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 426591782
Número de Expediente: 2012-1200
Exp. Nº 2012-1200
Adjunto al Oficio N° 13071/2012 de fecha 18 de julio de 2012, recibido el día 31 de ese mismo mes y año, el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta S. Político-Administrativa el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano J.M.F.P., titular de la cédula de identidad N° 8.973.270, asistido por el abogado M.V., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 50.053, contra la empresa “…EL FOGÓN DEL SABOR…”, sin identificación en autos.
La remisión se efectuó en atención a la “consulta” prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en fecha 10 de julio de 2012, el Juzgado remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.
En fecha 7 de agosto de 2012, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada T.O.Z., a los fines de decidir la “consulta”.
El 8 de agosto de 2012, el abogado A.P., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 63.145, acudió ante la Sala en su carácter de representante del solicitante y formuló alegatos.
En fecha 5 de diciembre de 2012, el abogado M.V., en su condición de apoderado judicial del ciudadano J.M.F.P., desistió “DEL PROCEDIMIENTO INTENTADO Y DE LA ACCIÓN”.
Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2012, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el ciudadano J.M.F.P., asistido por el abogado M.V., antes identificados, interpuso solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos contra la “…empresa EL FOGÓN DEL SABOR…”, con base en los argumentos siguientes:
Que comenzó a prestar sus servicios para la demandada el 17 de agosto de 2007, ocupando el cargo de “…Lunchero…”, y devengando un salario mensual de “…DOS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 2.400,00)…”.
Que el 20 de junio de 2012, fue despedido por “…el ciudadano R.T., en su carácter de R.L. de la Entidad de Trabajo demandada…”. Asimismo, señaló que no le “…entregaron Carta de despido alguna que justifique la decisión del patrono de poner fin a la Relación Laboral, en virtud de lo cual, se trata de un Despido NO JUSTIFICADO tal como lo señala el artículo 77 literal ‘b’ de la vigente L.O.T.T.T. (que equivale al derogado 99 de la L.O.T.), y que es contrario a los principios legales de Estabilidad laboral insertos en los artículos 85, 86 de la vigente L.O.T.T.T.…”.
Distribuida la causa, le correspondió su conocimiento al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual mediante decisión dictada el 10 de julio de 2012, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto de la Administración Pública, en los términos siguientes:
…De una revisión de las actas que conforman el expediente, muy especialmente del contenido de la demanda de Calificación de Despido, se evidencia que el trabajador accionante alega haber prestado servicios para la sociedad mercantil , desde el 17 de agosto de 2007, desempeñando el cargo de LUNCHERO, devengando como último salario la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.400,00) mensuales, hasta el 20 de Junio de 2012, fecha ésta en la cual manifiesta haber sido despedido sin justa causa, por el ciudadano R.T. , en su carácter de R.L. de la Entidad de Trabajo demandada, motivo por el cual acude por ante esta Instancia, para solicitar sea calificado como injusto el despido y en consecuencia, se ordene el reenganche y pago de salarios caídos.
Además, el Decreto N° 8.732, de fecha 26 de diciembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial N° 39.828, se señaló lo siguiente: (sic)
Se evidencia que el Decreto de fecha 26 de diciembre de 2011, concede una inamovilidad laboral especial para los trabajadores, independientemente del salario que devenguen (No hay tope salarial), salvo los casos exceptuados en el mismo decreto, los cuales no se dan en el presente asunto, dado el cargo desempeñado y el tiempo de servicios prestado, según se lo indicado en el libelo.
En consecuencia, el accionante goza de inamovilidad laboral, sin embargo, como ya se indicó, dicha inamovilidad no corresponde declararla a este Tribunal, sino que la denuncia por despido es competencia de la Inspectoría del Trabajo de la respectiva jurisdicción, pues existe una norma de orden público, de obligatorio cumplimiento, que exige un procedimiento especial en sede administrativa.
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO. Que los Tribunales del Trabajo no tienen Jurisdicción para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido incoada…
El 11 de julio de 2012, el abogado A.P., actuando con el carácter de apoderado judicial del solicitante, solicitó la regulación de la jurisdicción en los siguientes términos:
…Por cuanto la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras consagra la Institución de la Estabilidad Laboral y ordena que la jurisdicción le corresponde a los tribunales laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del C.P.C., ejerzo la regulación de jurisdicción en contra de la decisión del Juzgado que declaró la falta de jurisdicción…
En fecha 18 de julio de 2012, el prenombrado Juzgado declaró:
…Vista la diligencia presentada en fecha 11 de julio de 2012, (…) en la cual interpone recurso de regulación de jurisdicción contra la decisión de fecha 10 de julio de 2012 (…) este Juzgado niega su admisión por ser improcedente, toda vez que tal como se indicó en la referida sentencia, lo procedente es la consulta obligatoria de conformidad con el artículo 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, se ratifica lo señalado en el punto TERCERO de la dispositiva del fallo, ordenándose la remisión inmediata a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta obligatoria…
Considera la Sala que antes de pronunciarse respecto a la “consulta” sometida a su conocimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, debe advertirse que se constató de los autos que en fecha 11 de julio de 2012, la parte actora solicitó la regulación de la jurisdicción contra el fallo dictado el día 10 de julio de 2012 por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se declaró que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la solicitud interpuesta.
Con relación al recurso de regulación de jurisdicción ejercido, se evidencia que el prenombrado Juzgado en fecha 18 de julio de 2012, dictó auto mediante el cual negó “…su admisión por ser improcedente, toda vez que (…) lo procedente es la consulta obligatoria…”.
Ello así, en la causa bajo estudio se evidencia que al haberse dictado la decisión relativa a la falta de jurisdicción del Poder Judicial y haberse efectuado su impugnación a través de la solicitud de regulación de jurisdicción, el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ha debido verificar la tempestividad del recurso ejercido, y de ser el caso, remitir los autos a esta Sala Político-Administrativa.
La anterior conclusión, se fundamenta en el criterio sostenido por esta Sala, el cual se ratifica en esta oportunidad al afirmar que “…el artículo 358 [ordinal 1°] del Código de Procedimiento Civil establece un lapso de cinco (5) días para interponer el recurso de regulación de jurisdicción, por lo que al haber sido interpuesto ese recurso tempestivamente, el a quo ha debido oírlo en lugar de remitirlo en consulta de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 62 eiusdem, por lo que concluye la Sala que el examen de la jurisdicción que nos ocupa, debe ser tramitado con ocasión a la regulación de jurisdicción interpuesta, de conformidad con lo previsto en la normativa procesal vigente en el ordenamiento jurídico venezolano…”. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1462 publicada el 3 de noviembre de 2011). (Corchetes agregados).
Siendo esto así, visto que el fallo recurrido fue publicado en fecha 10 de julio de 2012, y se interpuso el recurso de regulación de jurisdicción el día 11 de ese mismo mes y año, resulta tempestiva dicha impugnación.
En consecuencia, se revoca el auto dictado el 18 de julio de 2012 por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual negó la “admisión” de la solicitud de regulación de jurisdicción. Así se decide.
Decidido lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial del ciudadano J.M.F.P., de conformidad con la competencia prevista en los artículos 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Previo al pronunciamiento que ha de recaer en la presente causa, la Sala advierte que en el escrito presentado por la representación judicial de la parte accionante ante esta Sala, en fecha 8 de agosto de 2012, esta expuso:
Por la naturaleza de las funciones que realizaba el actor como L., era un trabajador permanente, con más de un (01) mes de servicio, no era un Trabajador de Dirección y por ello, tenía Estabilidad laboral en los términos consagrados en la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, en su Titulo II ‘De la Relación de Trabajo’, C.V. ‘De la Estabilidad en el Trabajo’ que en su artículo 89 establece quienes son los trabajadores amparados por la Estabilidad, y el actor se encuentra consagrado en esa norma, y además el artículo 89 consagra ejusdem, consagra (sic) a favor del Trabajador despedido, el derecho de acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación a solicitar la Calificación del despido y su reenganche y pago de salarios Caídos y se consagra el derecho a la Estabilidad laboral, y por cuanto la mencionada Leyes de carácter Orgánica y consagró que la Jurisdicción en el presente caso es de los Tribunales laborales, y considerando que la Inspectoría del trabajo, solamente tiene jurisdicción para conocer de los Procedimientos de Reenganche exclusivamente para los casos de Fuero Sindical y de Inamovilidad, tal y como lo señalan expresamente los artículo 419 y 420 de la mencionada Ley, y en virtud de ello, considera esta representación del actor que en el presente caso los Tribunales SI TIENEN JURISDICCIÓN, para resolver el presente conflicto
Resuelto lo anterior, pasa esta S. a resolver el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto, previo a lo cual se observa:
Mediante decisión dictada el 10 de julio de 2012, el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por considerar que el conocimiento del presente asunto corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva, toda vez que el accionante se encontraba presuntamente amparado por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional.
Por su parte, la representación judicial del ciudadano J.M.F.P., en fecha 11 de julio de 2012, solicitó la regulación de la jurisdicción alegando que el solicitante se encuentra amparado de la “Estabilidad Laboral” consagrada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012, por lo que -a su juicio- la causa debe ser resuelta en sede jurisdiccional.
Conforme a lo expuesto, la Sala observa que en la causa bajo análisis el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas declaró que: “los Tribunales del trabajo no tienen jurisdicción para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido incoada”, con fundamento en la inamovilidad laboral conferida en Decreto dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 26 de diciembre de 2011; por su parte, la representación judicial del trabajador presuntamente despedido injustificadamente insiste, sobre el fundamento de la estabilidad laboral, en que los tribunales del trabajo sí tienen jurisdicción, por lo que de conformidad con el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil solicitó la Regulación de Jurisdicción contra la decisión del a quo, dictada en fecha 10 de julio de 2012.
Establecido lo anterior y a los fines de decidir la presente regulación de jurisdicción, observa la Sala que el trabajador accionante alegó haber sido despedido el día 20 de junio de 2012, fecha en la que ya estaba vigente el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
En tal sentido, de los alegatos expuestos por el accionante en su solicitud, esta S. observó las afirmaciones siguientes: i) Que comenzó a prestar sus servicios para la empresa demandada en fecha 17 de agosto de 2007, hasta que fue -supuestamente- despedido el día 20 de junio de 2012, acumulando así más de tres (3) meses de antigüedad; y ii) Que se desempeñaba -conforme a lo alegado en su escrito- como “L.”, sin que de los autos se desprenda que haya ejercido funciones de dirección, ni que se tratara de un trabajador temporero, ocasional o eventual. De lo cual se concluye que el accionante era un trabajador contratado a tiempo indeterminado, con una antigüedad laboral superior a los tres (3) meses, por tanto se ubica dentro de los supuestos establecidos en el Decreto presidencial de Inamovilidad Laboral.
Ello así, debe tenerse que el ciudadano J.M.F.P., para el momento de su despido, se encontraba presuntamente amparado por la inamovilidad laboral especial prevista en el precitado Decreto Presidencial Nº 8.732 del 24 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.828 de fecha 26 diciembre de 2011, lo cual implica que la solicitud de autos deba ser conocida por la Inspectoría del Trabajo respectiva.
En fuerza de las consideraciones precedentes, debe la Sala declarar sin lugar la solicitud de regulación de jurisdicción ejercida por la representación judicial del ciudadano J.M.F.P., por lo tanto, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el referido trabajador. Así se decide.
En consecuencia, se confirma la sentencia dictada en fecha 10 de julio de 2012, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.
Por último, vista la diligencia consignada por la representación judicial del accionante en fecha 5 de diciembre de 2012, mediante la cual desistió “DEL PROCEDIMIENTO INTENTADO Y DE LA ACCIÓN”, debe esta S. precisar que al declararse sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción y confirmarse la falta de jurisdicción, no procede emitir pronunciamiento sobre el indicado desistimiento, por cuanto la causa no continúa en sede judicial. Así se decide.
2.- Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano J.M.F.P., contra la empresa “EL FOGÓN DEL SABOR”.
En consecuencia, se CONFIRMA la Sentencia dictada el 10 de julio de 2012 por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En veintiocho (28) de febrero del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00222.