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Timestamp: 2018-12-16 15:42:40
Document Index: 115948901

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 90', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 78', 'artículo 63', 'artículo 90', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 335', 'artículo 5', 'artículo 5']

﻿ Sentencia 2006-01800 de mayo 29 de 2014
SENTENCIA 2006-01800 DE 29 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPETICIÓN- CONDUCTAS GRAVEMENTE CULPOSAS Y DOLOSAS. LOS ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LA LEY 678 DEL 2001 DESCRIBEN LA CULPA GRAVE Y EL DOLO DEL AGENTE ESTATAL EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO COMO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN A LA ADMINISTRACIÓN REPETIR CONTRA EL FUNCIONARIO. ESTO NO SIGNIFICA QUE SOLO LAS CONDUCTAS QUE ESAS NORMAS PREVÉN SON LAS ÚNICAS QUE PERMITEN ACUDIR AL RECURSO, PUES EL OPERADOR PUEDE ENCONTRAR OTROS TIPOS DE CULPA QUE NO SE ENUMEREN EN ESTOS DOS APARTES NORMATIVOS Y QUE, SIN EMBARGO, REÚNAN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE CULPA GRAVE Y DOLO, QUE DEN LUGAR AL RECURSO. ESTO NO SUPONE LA IMPUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CULPABILIDAD DEL SERVIDOR, EN TANTO CORRESPONDE AL JUEZ EVALUAR NUEVAMENTE A LA CONDUCTA, YA QUE ESTÁ OBLIGADO A VALORAR TAMBIÉN LAS PRUEBAS EN CONTRARIO, QUE BIEN PODRÍAN CONDUCIR A UNA CONVICCIÓN DISTINTA RESPECTO A SU RESPONSABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO. EL DOLO SE EVIDENCIA CUANDO EL AGENTE INCURRE EN UNA ACTUACIÓN AJENA A LAS FUNCIONES DEL SERVICIO (ARTÍCULO 5º) E INCURRE EN CULPA GRAVE CUANDO SE EXTRALIMITA EN SUS FUNCIONES O LAS OMITE, EN DETRIMENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY (ARTÍCULO 6º). CUANDO ALGUNA DE ESTAS DOS CIRCUNSTANCIAS ORIGINE EL PERJUICIO, LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA DEBE DARSE DE ACUERDO AL GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL AGENTE EN SU PRODUCCIÓN (ARTÍCULO 14).
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPETICIÓN, SERVIDOR PÚBLICO, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, SOLDADO, RESPONSABILIDAD DEL SOLDADO
Sentencia 2006-01800 de mayo 29 de 2014
Exp.: 40755
Temas: Régimen aplicable en materia de repetición a hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. Condiciones de procedencia de la acción de repetición. La exigencia de condena previa se cumple también cuando medie una conciliación. El auto que aprueba una conciliación se asimila a una sentencia condenatoria. Presunciones de dolo y culpa grave de los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001. Presunciones no violan el derecho de defensa. Presunciones legales de dolo o culpa grave admiten prueba en contrario. Presunción de dolo por condena penal a título de dolo. La calificación que hace el juez penal en materia de dolo ata al juez de repetición, sin perjuicio de poder desvirtuarse mediante medios de prueba en contrario. Cuantificación de la condena. Pago de honorarios a curador ad litem está a cargo del demandante
2. La acción de repetición es la conducente, por cuanto es el medio de control idóneo para estudiar la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios por los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones, y el orden jurídico señala que en estos casos la entidad estatal repetirá contra el funcionario por lo que le corresponde (arts. 77 y 78 CCA, 90 const. y L. 678/2001).
3. Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que el demandante, Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es la entidad pública que fue condenada a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que le fue imputable y el accionado es el agente a quien ella endilga la conducta dolosa o gravemente culposa que desencadenó dicha condena(2).
De allí que la demanda fue interpuesta en tiempo, vale decir dentro del término señalado por la ley, porque para la fecha en la cual se instauró, 24 de febrero de 2006, no había transcurrido todo el plazo legal para su presentación, toda vez que el documento que se aportó como prueba de pago está fechado el 23 de febrero de 2004 (fl. 71, cdno. 1).
Régimen legal aplicable a acciones de repetición que versan sobre hechos que tuvieron lugar después de la expedición de la Ley 678 de 2001.
5. Como los hechos sub examine sucedieron el 14 de abril de 2002(3), se impone su análisis con arreglo a lo dispuesto por la Ley 678 de 2001 que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial Nº 44.509, el 4 de agosto de 2001, norma que tuvo por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición (art. 1º).
En consonancia con este precepto, el artículo 3º ibídem determinó que dicho medio de control tiene por finalidad garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella(4).
“Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter ‘civil’ que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (C.P., arts. 6º, 121, 122, 124 y 90)”(8).
Primer presupuesto: La obligación de la entidad pública de reparar un daño antijurídico.
12.4. En virtud de ello, no hubo entonces oportunidad de debatir hasta su culminación en torno a sí la actuación del servidor público llamado en garantía fue dolosa o gravemente culposa y, entonces, nada se opone a que sobre el cuantum (sic) que este habría de reembolsar al Estado si hubiere sido condenado, pueda llegarse a una conciliación, sin que ello vulnere la Constitución Política”(10) (resalta la Sala).
“No puede concluirse, en consecuencia, que la citada afirmación de la Corte, en el sentido de que solo puede perseguirse al funcionario después de que se haya resuelto mediante sentencia la condena del Estado, signifique que la condena constituya un requisito insoslayable de procedibilidad en relación con la acción de repetición, por cuanto, como se ha dicho, tal afirmación estaba encaminada a precisar los fundamentos de la exequibilidad del precepto contenido en el artículo 78 de lo C.C.A. (sic), sin que ello impida que, como en efecto ocurre, puedan existir otros mecanismos equivalentes a la condena mediante sentencia e igualmente generadores de la posibilidad legítima de ejercer dicha acción de repetición, tales como la conciliación y demás formas de solución de conflicto autorizadas por la ley”(11) (negritas fuera de texto original).
“(...) la conciliación celebrada entre las partes en la primera relación jurídica no vincula al llamado en garantía, en cuanto su situación no puede quedar definida sin su asentimiento, lo cual no significa que en esa segunda relación pueda desconocerse la existencia de la sentencia condenatoria o de la conciliación judicialmente aprobada, porque, justamente, ese hecho es requisito sin el cual la pretensión de reintegro que formule la entidad carece de vocación de prosperidad”(12).
10. En el sub lite, se encuentra demostrado que ante la Procuraduría 41 Judicial Administrativa, el apoderado de los familiares de la víctima y el de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, acordaron el reconocimiento de 600 gramos oro a los padres de la víctima y 300 gramos oro para cada uno de los hermanos de la víctima por concepto de perjuicios morales(14), según da cuenta copia auténtica del acta de conciliación prejudicial Nº 083 del 30 de julio de 2002 (fls. 16-17, cndo.1).
Asimismo está acreditado que el Tribunal Administrativo del Chocó impartió autorización judicial a dicha conciliación, como consta en la copia auténtica del proveído fechado el 29 de agosto de 2002, aportada al proceso (fls. 18-19, cndo.1).
a) Resolución 1402 de 23 de diciembre de 2003, expedida por la secretaría general del Ministerio de Defensa, “Por la cual se da cumplimiento a unas sentencias y conciliaciones”, a través de la cual se dispuso reconocer y pagar a los familiares de Yonny José Córdoba Vente por concepto de la conciliación a su favor (fls. 20-24, cdno.1).
b) Comprobante de egreso Nº 425 de 23 de febrero de 2004 donde aparece como beneficiario Dr. Cesar Palomino Cortés apoderado de los familiares de la víctima(15), ahí se indica además la resolución por la que se reconoce el gasto(16), el valor correspondiente, el número de cheque y la entidad bancaria(17) (fl. 71, cdno. 1).
c) Comunicación Nº OFI08-53162 suscrita por la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional con destino al proceso en la que informa sobre el trámite correspondiente al pago de la Resolución 1402 de 23 de diciembre de 2003 (fl. 70, cdno. 1).
13. Sobre el alcance de dichos conceptos, la Sala para eventos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678, a partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, señaló que la “culpa” es la conducta reprochable de un agente que generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos.
Una y otra nociones, que aunque propias del ámbito del derecho común, deben ser acompasados con la órbita del servido (sic) público, esto es, a la luz del “principio de legalidad”(18):
En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ‘la intención dirigida por el agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño’, mientras que la culpa grave tiene que ver con ‘aquella conducta descuidada del agente estatal’, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”(19).
“(...) el legislador debe facilitar el debate probatorio para no hacer de la acción de repetición una misión imposible. Señalar causales de presunción de dolo y la culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de repetición solo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la presunción, con el objeto de invertir la carga de la prueba para hacer de la acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente para la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para presumir que el funcionario actuó con dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte demandada demostrar que el supuesto de hecho que se alega no se configuró”(22).
Así lo dejó en claro la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de los citados mandatos legales donde indicó que para hacer efectivo el mandato del artículo 90 superior con el fin de proteger la moralidad y el patrimonio públicos, con ellos se buscaba relevar al Estado de la carga de la prueba cuando al ejercer dicha acción alega en su favor presunción de dolo o culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario, ya que no constituyen un juicio anticipado que desconozca la presunción de inocencia:
“(...) con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que esta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no solo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso”(23).
De la presunción de dolo en el sub examine: condena penal a título de dolo.
En efecto, está acreditado que el 14 de abril de 2002, en las instalaciones del Batallón Alonso Mosalva Forres, el soldado John Jairo Parra Rentaría (sic) dio muerte a Yonny José Córdoba Vente, quien se encontraba prestando servicio militar obligatorio y que por este hecho fue condenado por la justicia penal militar, como autor del delito de homicidio culposo.
Conducta que se subsume en lo previsto en el numeral 4º del artículo 5º de la Ley 678 con arreglo al cual se presume que existe dolo del agente público, cuando haya sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
16. En el presente caso, los elementos de juicio legalmente acopiados en este proceso —y dada la ausencia de prueba en contrario— permiten establecer que la conducta del demandado es imputable a título de dolo a términos del numeral 4º artículo 5º de la Ley 678 de 2001.
En efecto, está acreditado que el demandado, John Jairo Parra Rentaría, en su condición de miembro del Ejército de Colombia dio muerte al señor Yonny José Córdoba Vente, a consecuencia de unos disparos efectuados con su arma de dotación, según dan cuenta el informativo administrativo por muerte (fls. 26 y 87, cdno. 1) y la Sentencia anticipada Nº 0012, Rad. 2004 00017 00, de 12 de marzo de 2004, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó (fls. 250-261, anexo 1).
También está demostrado que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó condenó al señor Jhon Jairo Parra Rentaría a la pena principal de 104 (ciento cuatro) meses de prisión, como autor del delito de homicidio, de la cual fue víctima Jhonny José Córdoba Vente (sic).
En la ratio decidendi de dicho pronunciamiento y al estudiar la culpabilidad de la conducta del procesado concluyó que obró a título de dolo. Dijo el fallador (fl. 256, anexo 1) al decidir en sentencia anticipada, luego de que el hoy accionado en la diligencia de descargos admitiera su responsabilidad en la comisión del hecho:
“No prohíja el despacho el comportamiento impulsivo del aquí acusado, quien ante el empujón que recibió de su compañero de filas decide reaccionar de una manera extrema, accionando su fusil contra Jhonny José Córdoba Venté, cuando las circunstancias no le imponían reaccionar de una forma tan drástica y desproporcionada, ya que en ningún momento estuvo en peligro su vida o su integridad personal.
En criterio del despacho en el procesado no se inhibió su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta ni de determinarse voluntariamente de conformidad con esa comprensión, por tanto se concluye que su comportamiento le es imputable a título de dolo, pues al leer su indagatoria se denota que en todo momento actuó con conciencia y dominio de sus actos, que lo llevaron a la realización voluntaria e inequívoca de atentar contra la vida de un semejante, asestándole una lesión de naturaleza mortal”.
17. En tal virtud, se reúnen los presupuestos para dar aplicación a lo dispuesto por el numeral 4º del artículo 5º de la Ley 678 de 2001, en tanto está acreditado en el proceso que el hoy accionado fue declarado responsable dentro del proceso penal correspondiente a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la conciliación correspondiente.
19. Por lo anterior, se colige que la muerte de Jhonny Córdoba Vente fue fruto del actuar doloso de Parra Rentaría y que la conciliación prejudicial Nº 083 de 30 de julio de 2002 aprobada por auto 29 de agosto de 2002 del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en consecuencia, le es imputable al entonces agente del Estado, quien obró a título de dolo.
9.2. Siendo ello así, es inexequible el artículo 14 de la ley acusada, en cuanto autoriza a la autoridad judicial para cuantificar el monto de la condena atendiendo a las ‘condiciones personales’ del servidor público. Pero no se quebranta la Constitución en cuanto a este se ordene reembolsar al Estado las sumas a que fue condenado, teniendo en cuenta la participación del agente estatal en la producción del daño, su culpa grave o su dolo en el caso concreto, pues bien puede suceder que se presente el fenómeno jurídico de la concurrencia de culpas, caso en el cual habrá en la sentencia se cuantificará (sic) el monto de la condena correspondiente, sin que por ello se quebrante la Constitución”.
En el sub lite la entidad demandante se vio obligada a cancelar la suma de $89.850.990 para dar cumplimiento a la conciliación Nº 083 de 30 de julio de 2002 aprobada por el Tribunal Administrativo del Chocó según providencia de 29 de agosto siguiente, por la muerte del soldado Yonny José Córdoba Vente el 14 de abril de 2002 atribuida a título de dolo a Jhon Jairo Parra Rentería, en su calidad de miembro del Ejército Nacional, monto que corresponde al capital y que actualizado a la fecha de esta sentencia arroja la suma de:
Pago de honorarios del curador ad litem.
1. DECLÁRASE la responsabilidad personal del exsoldado Jhon Jairo Parra Rentería identificado con la cédula de ciudadanía Nº 11.808.903 de Quibdó, que con su conducta dolosa propició la conciliación que derivó en la condena del Estado a la reparación patrimonial del daño causado.
2. CONDÉNASE al ex soldado Jhon Jairo Parra Rentería identificado con la cédula de ciudadanía Nº 11.808.903 de Quibdó, en materia de acción de repetición por los perjuicios causados al Estado por dolo en la suma de ciento treinta y cuatro millones quinientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos con cincuenta y dos centavos ($134.551.857,52), a favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, suma que deberá pagar en el plazo de diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.
3. FÍJESE en un millón trescientos cuarenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos ($1.345.518), equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones reconocidas en esta sentencia, como honorarios de la curadora ad litem, a cargo de la entidad demandante, de conformidad con el apartado 3º del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
4. Esta sentencia debe cumplirse en los términos del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil.
(2) La vinculación del demandado con el Ejército Nacional está acreditada con el acta de incorporación al Ejército (fls. 70-81, anexo 1), con el informativo administrativo por muerte (fls. 26 y 87, cdno. 1) y con la Sentencia anticipada Nº 0012, Rad. 2004 00017 00, de mar. 12/2004, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó (fls. 250-261, anexo 1).
(4) Normas que consonantes con los arts. 6º, 90, 95, 121, 122 y 124, C.P.; arts. 63 y 2341, C.C.; arts. 65-70, L. 270/96; art. 54, L. 80/93 y arts. 31 y 44 num. 9º, 40 y 42, L. 446/98.
(5) Cfr. C.E., Sec. Tercera, sent. de dic. 12/2007, Rad. 25000232600020000081401 (27.006), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(7) Cfr. C.E., Sec. Tercera, sent. de dic. 12/2007, Rad. 25000232600020000081401 (27.006), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(8) C.E., Sec. Tercera, sent. de dic. 12/2007, Rad. 25000232600020000081401 (27.006), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(9) C.E., Sec. Tercera, sent. de ago. 28/2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
(10) C. Const., Sent. C-484/2002.
(11) C. Const., Sent. C-338/2006.
(12) C.E., Sec. Tercera, Subsección B, sent. de mar. 27/2014, Exp. 26.310, Rad.180012331000199701207-01, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
(13) C.E., Sec. Tercera, sent. de ago. 6/99, Rad. 12901, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(14) Montos que siguen los parámetros que para estos eventos ha sentado la jurisprudencia de la Sala, en punto de la fijación del monto indemnizable (i.e. C.E., Sec. Tercera, sent. de feb. 11/2009, Exp. 17.318, C.P. Ruth Stella Correa Palacio), al tasarlos en los equivalentes en salarios mínimos legales mensuales vigentes (sent. de sep. 6/2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez).
(15) José Domingo Córdoba y otros. De su condición de apoderado dan cuenta el acta de conciliación prejudicial Nº 083 de 30 de julio de 2002 (fls. 16-17, cdno.1), los poderes otorgados por ellos mismos para que en su nombre se constituyera en parte civil dentro del proceso que se adelantaba contra Jhon Jairo Parra Rentaría (fls. 123-131, anexo 1) y el correspondiente escrito de demanda de parte civil (fls. 116-122, ibíd.).
(16) Nº 1402 de dic. 23/2003.
(17) Banco Ganadero, Nº. 310024757.
(18) Por cuya virtud, “la autoridad administrativa, en tanto ejecutora de la ley, solo puede ejercer las facultades que esta le haya encomendado, toda vez que la ley es la más importante garantía de los derechos frente a la tentativa de abuso del gobernante. Principio de legalidad que busca la limitación del papel del ejecutivo (De Laubadère), en tanto este se encarga de traducir la ley en la realidad y por lo mismo ella constituye a la vez fundamento y límite a su accionar (Rivero). De modo que la administración actúa secundum legem en tanto actividad estatal sub-legal (Marienhoff)”: “La acción de cumplimiento en Colombia: ¿Un medio de control judicial de la administración que no produjo los efectos que se esperaban?”, en AAVV, El derecho público en Iberoamérica, Libro homenaje al profesor Jaime Vidal Perdomo, Tomo II, Bogotá: Universidad de Medellín y Temis, 2010, págs. 481 y ss.
(19) C.E., Sec. Tercera, sent. de dic. 4/2006, Exp. 16887, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(20) El profesor Betancur Jaramillo cuestiona el nomen iuris adoptado por el legislador de 2001, y afirma que “vistas las definiciones y los eventos que los ponen de presente, habrá de concluir que lo que quiso el legislador fue señalar o calificar unos hechos como dolosos en su artículo 5 y otros, como equivalente a culpa grave, en el siguiente. En otras palabra, cuando la primera norma enuncia cinco hechos (...) no lo hace a título de antecedentes para que de él se infiera o presuma el dolo, sino que está dando a entender que cuando ocurra cualquiera de los hechos enunciados y probados no es que se presuma el dolo, sino que existe este (...) Corrobora la idea de que el artículo 5º no establece presunciones sino que enuncia casos de dolo, la definición misma que sobre este hace en su inciso 1º, al señalar que el agente actúa con dolo cuando el agente quiere la realización de un hecho ajeno a la finalidad del servicio del Estado”. Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho procesal administrativo. Medellín: Seña Editora, 2013. Págs. 124 y 125.
(21) C. Const., Sent. C-374/2002.
(22) Congreso de la República, Gaceta del Congreso Nº 14 de feb. 10/2000, pág. 16.
(23) C. Const., Sent. C-374/2002.
(24) C. Const., sent. C-455/2002.
(25) Se advierte que su actuación se limitó a contestar la demanda (fls. 63-64, cdno. 1).
(26) C.E., Sec. Tercera, auto de mayo 12/2010, Rad. 25000-23-26-000-2004-01260-01(36339), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.