Source: http://www.slideshare.net/bancariosdepernambuco/mujeres-participacion-politica
Timestamp: 2016-07-25 05:13:42
Document Index: 320284929

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 24', 'Artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 21', 'artículo 25', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 25']

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OEA/Ser.L/V/II. Doc. 79 18 abril 2011 Original: Español EL CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS AMÉRICAS 2011 Internet: http://www.cidh.org
OAS Cataloging‐in‐Publication Data El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en las Américas = The Road to substantive democracy: Women’s political participation in the Americas / [Inter‐American Commission on Human Rights.] p. ; cm. (OAS official records ; OEA/Ser.L) ISBN 978‐0‐8270‐5667‐1 1. Women and democracy‐‐America. 2. Women‐‐Political activity‐‐America. 3. Women‐‐Suffrage‐‐America. I. Inter‐American Commission on Human Rights. II. Title: The road to substantive democracy: Women’s political participation in the Americas. III. Series. OEA/Ser.L/V/II. Doc.79 Documento publicado gracias al apoyo financiero de Finlandia. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a la CIDH y no reflejan la postura de Finlandia. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de abril de 2011
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS MIEMBROS Dinah Shelton José de Jesús Orozco Henríquez Rodrigo Escobar Gil Paulo Sérgio Pinheiro Felipe González Luz Patricia Mejía Guerrero María Silvia Guillén ****** Secretario Ejecutivo: Santiago A. Canton Secretaria Ejecutiva Adjunta: Elizabeth Abi‐Mershed 4.
EL CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS AMÉRICAS ÍNDICE Página RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... vii I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 II. MARCO JURÍDICO: NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES AL DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA .................................................... 5 A. El derecho a la igualdad y a la no discriminación................................... 5 B. El derecho a participar en la vida política y pública............................... 8 C. El derecho de las mujeres a acceder a las funciones públicas .............11 D. La adopción de medidas especiales de carácter temporal .................14 III. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS Y LA VIDA POLÍTICA DE LOS PAÍSES EN LA REGIÓN: HACIA UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA ......................................................................18 A. Avances y desafíos en la participación y representación política de las mujeres en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial .............21 1. La representación de las mujeres en el Poder Legislativo .....21 2. La incursión de las mujeres en el Poder Ejecutivo.................26 3. Hacia una pirámide de género: la representación de las mujeres en el Poder Judicial.............................................29 4. El ámbito local y las paradojas del poder político .................33 B. La exclusión política de las mujeres indígenas y afrodescendientes ...36 C. El ámbito doméstico vs. la esfera pública: obstáculos que enfrentan las mujeres para incursionar en la vida política ...................................40 v 5.
Página IV. PARTICIPACIÓN ELECTORAL: LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES PARA ACCEDER Y SER VOTADAS EN LAS URNAS...............................................45 A. La corriente democrática y los avances en la participación electoral de las mujeres ......................................................................................46 B. Los deberes de los Estados para garantizar la participación electoral de las mujeres ......................................................................................50 V. DE CAMINO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA: LAS MEDIDAS ESPECIALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA PLENA DE LAS MUJERES ....................................................................................53 A. Avances y desafíos en la adopción e implementación de medidas especiales de carácter temporal ..........................................................54 B. Las leyes de cuotas: ¿pisos para la paridad o techos de cristal?..........59 VI. LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS......63 A. Buenas prácticas de los partidos políticos para promover la participación política de las mujeres................................................64 B. Desafíos para la inclusión de las mujeres en los partidos políticos .....65 VII. CONCLUSIONES..................................................................................................73 VIII. RECOMENDACIONES..........................................................................................75 vi 6.
EL CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS AMÉRICAS RESUMEN EJECUTIVO 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "CIDH" o "Comisión") ha destacado históricamente que la participación y representación adecuada de las mujeres en todos los niveles de gobierno es una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia en las Américas 1 . En dicho marco, la CIDH ha establecido que para cumplir con esta meta, los Estados deben implementar medidas para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La labor de la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (en adelante la “Relatoría” o “Relatoría sobre derechos de las mujeres”), revela que las mujeres en las Américas continúan enfrentando una variedad de obstáculos para acceder a puestos de poder que deriva en una subrepresentación en los distintos ámbitos de gobierno y en todas las esferas de la vida política de los países de las Américas. Por lo tanto, las mujeres se ven aún impedidas para ejercer plenamente sus derechos políticos en igualdad de condiciones con los hombres. 2. Por consiguiente, la CIDH examina en este informe los principales avances y desafíos en el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones de respetar y garantizar la participación y representación igualitaria de las mujeres en la esfera política desde una perspectiva de derechos humanos. Entre los temas más importantes, la CIDH realiza un análisis de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos y acceder a los puestos de poder en condiciones de igualdad, el grado de éxito de las medidas especiales de carácter temporal para incrementar la participación de las mujeres, el camino que falta por recorrer, y las buenas prácticas en el abordaje de estos desafíos por parte de los Estados a través de las Américas. 3. En el informe, la CIDH formula conclusiones y recomendaciones para que los Estados desarrollen estrategias para garantizar la inclusión de las mujeres en los cargos públicos, eliminar las barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos políticos, y continuar adoptando las medidas necesarias que promuevan la participación de las mujeres en la esfera política en condiciones de igualdad. De igual forma, las recomendaciones están destinadas a incorporar a los partidos políticos y a diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo aquéllos que representan los intereses de las mujeres, en los procesos de desarrollo e implementación de políticas y programas a favor de la igualdad de género en este ámbito. 1 Ver, por ejemplo, CIDH, Informe Anual del año 1999, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo V; CIDH, Informe de la Comisión Interamericana sobre la Condición de la Mujer en las Américas, OEA/SER.L/V/II.98, doc. 17, 13 de octubre de 1998; CIDH, Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 de octubre de 2006. vii 7.
4. La elaboración de este informe es el resultado de un proceso de recopilación y análisis de información, llevado a cabo por la Relatoría durante los últimos cuatro años gracias al apoyo financiero del gobierno de Finlandia, que comprendió una diversidad de sectores, incluyendo expertas y expertos en la materia, fuentes estatales, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico. En este sentido, se circuló un cuestionario 2 a los Estados sobre los avances y desafíos de las mujeres en la esfera de la participación política y se realizó la audiencia temática sobre participación y acceso de las mujeres al poder político en las Américas, durante el 127º período de sesiones de la CIDH el 1º de marzo de 2007. Este proceso también incluyó la organización de tres reuniones de expertas sobre la participación política y los derechos humanos de las mujeres en Chile, Argentina y Venezuela 3 . La información recopilada ha sido complementada con la labor de la CIDH, que incluye jurisprudencia, tanto de la CIDH como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte Interamericana”), informes temáticos, capítulos de país sobre los derechos de las mujeres y visitas in loco organizadas tanto por la CIDH como por la Relatoría; así como información pública disponible de agencias regionales e internacionales y organizaciones de derechos humanos en la materia. 5. Este informe parte de la premisa de que sólo a través de la democracia representativa y participativa, los derechos humanos de los hombres y las mujeres, pueden garantizarse plenamente. Los Estados Americanos han afirmado reiteradamente el vínculo entre la democracia representativa y el ejercicio de los derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos políticos con el fin de elegir autoridades 4 . 6. En este contexto, la CIDH considera que la inclusión de las mujeres en todas las esferas de la política fortalece la democracia, ya que promueve el pluralismo político mediante la integración de las voces y demandas de las mujeres, las cuales constituyen aproximadamente la mitad de la población en las Américas. La CIDH observa además que la participación de las mujeres en puestos de poder y de decisión política puede tener un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos relevantes a la igualdad de género, no sólo en el de la política. 2 Los Estados miembros de la OEA que respondieron el cuestionario fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Venezuela. 3 Las reuniones de expertas y expertos convocadas por la CIDH a nivel regional fueron: “La discriminación contra las mujeres en la esfera de la participación política” en el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago de Chile, el 14 de septiembre de 2007 y la “Discriminación contra las mujeres en la esfera de la participación política desde una perspectiva de derechos humanos” en Caracas, Venezuela, el 25 de septiembre de 2008. La Relatoría asimismo organizó una reunión de trabajo de naturaleza nacional en Buenos Aires, Argentina el 2 de julio de 2008, con quince expertas de distintos sectores, con el objetivo de recopilar información sobre la situación de las mujeres en la esfera de la participación política en Argentina, en el marco general de la protección de los derechos de las mujeres en el país. 4 Véase, por ejemplo, Carta Democrática Interamericana, Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, artículo 7; Preámbulo de la Resolución 618 (XII‐082) de la Asamblea General de la OEA. Véase, CIDH, Informe Anual, 1990‐1991, Capítulo V, Sección III. Derechos Humanos, Derechos Políticos, y Democracia Representativa en el Sistema Interamericano; y CIDH, Informe Anual, 1990‐1991, Capítulo V, Sección III. Derechos Humanos, Derechos Políticos, y Democracia Representativa en el Sistema Interamericano. viii 8.
7. La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de protección de estos derechos. La relevancia de igualar las opciones del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido establecida por la comunidad internacional, como lo demuestran las normas de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do Pará”), la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y otros documentos de consenso internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional de la Mujer (“Conferencia de Beijing”) y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“Conferencia de El Cairo”). 8. De estos instrumentos se deriva que la participación política de las mujeres tiene dos aristas: la incorporación plena de las mujeres en los cargos públicos, y la necesidad de que las prioridades de las mujeres se vean representadas en la agenda pública; siendo el involucramiento tanto de hombres y mujeres una condición indispensable para alcanzar estos fines. En dicho marco, la CIDH enfatiza el deber de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida pública y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos en una democracia participativa y representativa, incluidas las medidas especiales de carácter temporal. 9. A través del presente informe, la CIDH analiza y destaca avances significativos en la participación y representación política de las mujeres en las Américas, entre los cuales se encuentran cambios normativos y de políticas públicas que reconocen el derecho de las mujeres a participar en la vida política en igualdad de condiciones que los hombres y la implementación de medidas especiales de carácter temporal para promover los derechos políticos de las mujeres. En este sentido, la CIDH reconoce como un paso positivo el aumento en la representación femenina durante las últimas décadas en los cargos públicos y las instancias de toma de decisión, sobre todo en el ámbito legislativo y ejecutivo. La elección de mujeres como Presidentas o Primeras Ministras en varios países de la región en los últimos veinticinco años, como Violeta Chamorro (Nicaragua), Mireya Elisa Moscoso (Panamá), Michelle Bachelet (Chile), Cristina Kirchner (Argentina), Laura Chinchilla (Costa Rica), Kim Cambell (Canadá), Janet Jagan (Guyana), Portia Simpson Miller (Jamaica), Kamla Persad‐Bissessar (Trinidad y Tobago), y Dilma Rousseff (Brasil), demuestra que el liderazgo político de las mujeres en esta esfera va en aumento en las Américas. 10. De igual forma, la CIDH observa avances notables en la representación política de las mujeres en las legislaturas del hemisferio; proceso que se ha visto acelerado por la implementación de medidas especiales de carácter temporal, como las denominadas leyes de cuotas. Por otra parte, la Comisión nota que las mujeres se han constituido en un cuerpo significativo de votantes en la región, y la creación de institutos y ministerios en varios países para promover los derechos humanos y el liderazgo político de las mujeres. Estos avances abren el camino hacia una democracia representativa e incluyente, donde se ix 9.
escuche cada vez más la voz de las mujeres y se impulsen leyes y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. 11. A pesar de estos logros, la Comisión observa que aún existe una brecha considerable entre el reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres, y el grado de participación y representación política de las mujeres en la región. A pesar de que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población del hemisferio, todavía este factor no se refleja en los niveles de toma de decisiones en las esferas civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. La CIDH asimismo observa que los avances en la representación política de las mujeres en los distintos ámbitos de gobierno son desiguales y caminan a pasos lentos en muchos de los países de las Américas, siendo los progresos en la representación femenina difíciles de mantener en el tiempo. De su labor diaria y de la información proporcionada por diversos sectores para la elaboración de este informe, la Comisión ha constatado los bajos porcentajes de las mujeres en la mayoría de las Cámaras Altas, los gabinetes ministeriales, las municipalidades y los cargos públicos locales en las Américas. 12. La CIDH considera que el acceso limitado de las mujeres a los puestos de poder y toma de decisión, por un lado, es el resultado de la discriminación histórica que han sufrido, mediante la cual se establecen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y se perpetúan estereotipos de género que encasillan a las mujeres al ámbito doméstico. En este sentido, la Comisión observa que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres se ve notoriamente afectado por la falta de igualdad en la división sexual del trabajo y la jerarquía de los roles de género en la familia. Por ello, la Comisión manifiesta su preocupación ante el hecho de que las mujeres a causa de la discriminación han visto seriamente restringidas sus oportunidades de participar en el gobierno y en la vida pública. 13. Por otro lado, la CIDH destaca una serie de obstáculos estructurales que contribuyen a la ausencia y poca presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública en muchos países. Estos incluyen: a) las desventajas socio‐económicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y candidaturas en los partidos políticos y en la contienda a cargos públicos; b) el mayor desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas; y c) distintas formas de violencia que impiden y anulan el ejercicio de todos los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho de incursionar en la política, y su derecho al voto. Este conjunto de obstáculos restringe las opciones de las mujeres para tener un rol e incidir en la esfera política limitando su acceso a cargos públicos en pie de igualdad con los hombres, y su ejercicio de los derechos a votar, y a permanecer en los puestos de poder. Estos obstáculos son particularmente graves en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, debido a la exclusión social histórica que han sufrido por razón de su sexo, etnia y raza. 14. En este sentido, la Comisión reconoce que actualmente sigue siendo un reto garantizar la representación numérica de las mujeres en los espacios de poder, haciendo necesaria la implementación de medidas especiales de carácter temporal para lograr dicha meta. Por lo tanto, el informe realiza un análisis pormenorizado de estas medidas que suponen la implementación de una amplia gama de mecanismos para x 10.
acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en la arena política, como son: las leyes de cuotas de género, la asignación de financiamiento público para candidaturas femeninas, y la promoción de los derechos políticos de las mujeres, entre otras. 15. Si bien varios Estados han puesto en práctica estas medidas, su implementación efectiva constituye uno de los desafíos a vencer en las Américas. Específicamente, respecto de las leyes que establecen cuotas de género, la Comisión nota que hay dos niveles de obstáculos que impiden la implementación efectiva de estas leyes. Por una parte, existen problemas en el diseño de dichas leyes y la falta de establecimiento de sanciones en caso de su incumplimiento. Por otro lado, imperan las resistencias de los gobiernos y los partidos políticos para implementar dichas medidas. La Comisión también nota que las resistencias de los gobiernos y los partidos políticos a implementarlas adecuadamente se debe en gran medida a que persiste la percepción de la política como un “ámbito masculino” y los patrones socioculturales discriminatorios hacia las mujeres a participar en la vida pública. 16. Al respecto, la CIDH destaca el consenso de los Estados Americanos 5 para promover la paridad tanto en los espacios de la vida pública como privada. La paridad implica la participación y representación igualitaria entre hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones y es uno de los principios democráticos en la región. La paridad es un concepto cualitativo que supone la redistribución del poder en el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar. De la información analizada por la CIDH, se desprende que la paridad en el gobierno tiene como propósito alcanzar una representación igualitaria de género en el proceso de toma de decisión. También está basada en la idea de que las mujeres tienen el derecho de participar en las decisiones que impactan el bienestar de la sociedad, no sólo como iguales, sino también como una mitad diferente con sus 6propios intereses y necesidades . Por lo tanto, de acuerdo con las normas del sistema interamericano, la CIDH recuerda las obligaciones de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Asimismo, la CIDH manifiesta la importancia de la adopción de medidas especiales de carácter temporal por parte de los Estados para integrar la paridad en la actividad política. 17. Por otra parte, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación del sistema interamericano de derechos humanos, la CIDH considera que 5 Los Estados americanos han reconocido que “la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social y política, y en las relaciones familiares.” Véase, CEPAL, Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Consenso de Quito, Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007, párr. 17. 6 Line Bareiro e Isabel Torres (eds.), Igualdad para una democracia incluyente, Instituto Interamericano de Desarrollo, 2009; Elba Luna, Vivian Roza y Gabriela Vega, El camino hacia el poder: ministras latinoamericanas 1950‐2007, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer (PROLID); CEPAL, el Aporte de las Mujeres a la Igualdad en América Latina y el Caribe, X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, 6 de Agosto de 2007. xi 11.
otro de los grandes retos de los Estados americanos es lograr no sólo una representación numérica, sino una representación cualitativa de los intereses de las mujeres y de aquellos que beneficien la igualdad de género. La Comisión razona que para lograr la representación sustantiva de los intereses de las mujeres, es decir, que el avance de los derechos e intereses de las mujeres sea parte de la agenda política nacional y estos sean incorporados en la legislación, las políticas públicas y las decisiones judiciales, se requiere que los Estados adopten medidas orientadas a garantizar la igualdad de género en la esfera política y vayan más allá de la incorporación de mujeres en puestos públicos. 18. En este sentido, la Comisión destaca, entre las obligaciones de los Estados para garantizar la igualdad de jure y de facto de las mujeres en la vida pública, el deber de institucionalizar canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de forma sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género, en los distintos ámbitos de gobierno e instancias del poder público. 19. En el presente informe, la CIDH asimismo manifiesta su preocupación ante la persistencia de barreras para que tanto hombres como mujeres puedan ejercer su derecho al voto. Una destacable es la falta de credenciales de identidad en varios países de la región como Guatemala y Bolivia, situación con un impacto particularmente grave en las mujeres indígenas, quienes constituyen un alto porcentaje de la población. Asimismo, distintas formas de violencia – como el acoso, el hostigamiento y la violencia doméstica, entre otras ‐ obstaculizan el ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres, incluyendo su derecho al voto y su posibilidad de asistir a las urnas. 20. De igual forma, la Comisión observa que la discriminación y la violencia siguen entorpeciendo la participación política de las mujeres dentro de los partidos políticos. La Comisión considera que los partidos políticos son actores fundamentales para promover la inclusión de las mujeres en los cargos públicos. No obstante, de la información analizada en este informe, la Comisión observa con preocupación que las resistencias de los partidos políticos, en gran medida causadas por los prejuicios y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres en la cultura política imperante de estos organismos, han excluido a las mujeres para participar dentro de los partidos y contender para cargos públicos en igualdad de condiciones que los hombres. Por ende, uno de los desafíos apremiantes en la región es la incidencia en la cultura política de los partidos políticos para lograr una distribución más equitativa del poder, que requiere sensibilizar a las dirigencias políticas, invertir en la formación de liderazgos femeninos y reformular las prácticas partidistas que discriminan a las mujeres. 21. Las recomendaciones contenidas en este informe tienen como objetivo el diseño de legislación y políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad real y sustantiva en la participación y representación política de las mujeres. En primer lugar, las recomendaciones se enfocan en que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar que las mujeres participen y sean representadas en todas las esferas de la política en condiciones de igualdad. Por ello, las recomendaciones exhortan a los Estados a) a crear las condiciones necesarias para remover los obstáculos estructurales y formales que enfrentan las mujeres en el acceso a los puestos de toma de decisión y que impiden su xii 12.
participación efectiva en la esfera pública de sus países, b) a recopilar las estadísticas y la información necesarias para informar la adopción de legislación y políticas públicas en esta esfera y c) a que los Estados desarrollen estrategias para implementar de forma adecuada las medidas que ya hayan adoptado para promover la igualdad sustantiva de las mujeres en los distintos ámbitos de gobierno; cuando sea apropiado mediante medidas especiales de carácter temporal como las leyes de cuotas. Por ello, las recomendaciones también se enfocan en identificar alternativas para superar los obstáculos económicos de las mujeres, fortalecer e incrementar los mecanismos de financiamiento público que promueven la participación política de las mujeres en la región y facilitar su participación en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género. 22. En segundo lugar, las recomendaciones están encaminadas a motivar a los Estados a adoptar medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a los cargos públicos y las instancias de decisión. En tercer lugar, las recomendaciones exhortan a los Estados a adoptar las medidas necesarias para garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, facilitando de esta manera su representación y participación política. 23. Finalmente, se recomienda el diseño de leyes y políticas públicas dirigidas a mujeres indígenas y afrodescendientes, que tomen en cuenta sus necesidades particulares y las barreras materiales que limitan el ejercicio de sus derechos políticos. 24. La Comisión Interamericana reitera su compromiso de colaborar con los Estados Americanos en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados. Algunas medidas adoptadas para hacer frente a esta situación ponen de manifiesto la comprensión y el reconocimiento de la gravedad de los problemas existentes y el compromiso de los integrantes de los sectores estatal y no estatal de abordar efectivamente las numerosas barreras que las mujeres enfrentan para ejercer plenamente sus derechos políticos. xiii 13.
EL CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS AMÉRICAS “Estoy convencido que el fomento de la igualdad de género es imprescindible para las democracias. La democracia sin mujeres es media democracia solamente.” José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 7 I. INTRODUCCIÓN 1. La corriente democrática en la segunda mitad del siglo XX por varios países de las Américas para derrocar regímenes represivos, ha significado fuertes transformaciones en los sistemas políticos y electorales en la región 8 . Si bien han habido resistencias y retrocesos en algunos países, las reformas al sistema electoral, al régimen de gobierno y al sistema de partidos, apuntan hacia la consolidación democrática 9 . 2. Sin embargo, existe un consenso marcado entre los Estados Americanos de que aún la inserción de las mujeres a la vida política y pública de sus países es limitado, y se ve afectado por la discriminación y exclusión histórica que han sufrido como grupo 10 . La Carta Democrática Interamericana, enfatiza de forma explícita cómo la discriminación contra las mujeres, constituye un obstáculo para alcanzar una democracia genuinamente incluyente y participativa 11 . Dicho documento establece la importancia de eliminar todas las formas de discriminación, entre ellas, la discriminación por género, para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana 12 . En el seno de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”), el papel de la Comisión Interamericana de Mujeres (en adelante “CIM”) ha sido fundamental en promover la participación política de las mujeres como un eje prioritario en su plan estratégico, y como 7 Palabras pronunciadas por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, en la Sesión Inaugural de la Trigésima Tercera Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, 13‐15 de noviembre de 2006, San Salvador, El Salvador, OEA/Ser.L/II.2.33/CIM/INF.3/06. 8 Fuentes académicas registran el comienzo de la tercera ola de democratización en 1978. Véase, Frances Hagopian y Scott P. Mainwaring (eds.), La Tercera Ola de la Democratización en América Latina, Avances y Retrocesos, Cambridge University Press (2005); Daniel Zovatto, José de Jesús Orozco Henríquez (coord.), Reforma Política y Electoral en América Latina 1978‐2007: Lectura Regional Comparada; México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (2008). 9 Véase, Daniel Zovatto, Jose de Jesús Orozco Henríquez (coord.), Reforma Política y Electoral en América Latina 1978‐2007: Lectura Regional Comparada; México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (2008), pág. 4. 10 Véase generalmente, Consensos de Brasilia (2010) y de Quito (2007) producto de las X y XI Conferencias Regionales de la Mujer respectivamente. 11 Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, artículo 9. 12 Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, artículo 9. 14.
2meta para lograr la garantía plena de los derechos humanos de las mujeres en el hemisferio 13 . 3. En la misma línea, las normas del sistema interamericano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 14 , la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”) 15 y la misma Carta Democrática Interamericana consagran el compromiso de los Estados para garantizar la plena e igualitaria participación de la mujer en la vida política como un elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática. 4. La CIDH destaca la larga tradición de preocupación por los derechos políticos de las mujeres en las Américas, y las contribuciones de los Estados americanos para el desarrollo de derecho internacional en la materia. Como ejemplo, la CIDH observa que en 1923 durante la Quinta Conferencia Internacional Americana en Santiago de Chile, se acordó patrocinar estudios sobre la forma de eliminar la discriminación constitucional y jurídica para que las mujeres de las Américas gozaran de los mismos derechos civiles y políticos que los hombres. En 1928, se estableció la CIM, cuya primera meta fue extender a la mujer el derecho al voto; y en 1948, la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer y la Convención Interamericana sobre 16Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer . 5. En este contexto, la CIDH ha analizado el desarrollo histórico de la participación política de las mujeres a través de las Américas desde una perspectiva de derechos humanos, identificando como prioridad de acción la eliminación de obstáculos y barreras que anulan e impiden el ejercicio de este derecho por parte de las mismas 17 . Las mujeres, a pesar de constituir aproximadamente la mitad de la población del hemisferio y del padrón electoral, se encuentran subrepresentadas en todos los ámbitos de gobierno y toma de decisiones. El acceso limitado de las mujeres a los cargos públicos y a los puestos de poder en todas las esferas de la vida pública es el resultado de la discriminación y 13 Ver, por ejemplo, Plan de Acción de la CIM para la Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y de Toma de Decisiones, CIM/RES. 198 (XXIX‐O/98). 14 La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue firmada por todos los Estados americanos y ratificada por los siguientes Estados: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago (entre mayo 1991 y mayo 1999), Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 15 La Convención de Belém do Pará fue ratificada por los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 16 Comisión Interamericana de Mujeres, Historia en breve de la Comisión Interamericana de Mujeres. Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/historia.asp> 17 Ver generalmente, CIDH, Informe Anual del año 1999, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo V; CIDH, Informe de la Comisión Interamericana sobre la Condición de la Mujer en las Américas, OEA/SER.L/V/II.98, doc. 17, 13 de octubre de 1998. 15.
3tratamiento inferior experimentados por las mujeres históricamente 18 . La CIDH ha abordado diversos problemas relacionados a la participación política de las mujeres en el marco de peticiones individuales 19 , informes temáticos y de país 20 , y ha recibido información sobre los nudos de acción existentes en audiencias temáticas 21 ante la CIDH. 6. Por consiguiente, la CIDH emprendió esta iniciativa regional, con el apoyo del gobierno de Finlandia, para analizar los principales avances y desafíos en el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones de respetar y garantizar la participación igualitaria de las mujeres en la esfera política desde una perspectiva de derechos humanos. Como será discutido en la próxima sección, la participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales en el sistema interamericano de derechos humanos. De igual forma, la igualdad del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido afirmada por la comunidad internacional, como lo demuestran la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante “CEDAW”) y varios documentos de consenso a nivel internacional, como los Objetivos del Desarrollo del Milenio y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, derivada de los acuerdos tomados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 22(1995) . 18 Ver generalmente, CIDH, Informe Anual del año 1999, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo V; CIDH, Informe de la Comisión Interamericana sobre la Condición de la Mujer en las Américas, OEA/SER.L/V/II.98, doc. 17, 13 de octubre de 1998; CIDH, Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 de octubre de 2006. 19 Un ejemplo destacable es el caso de Maria Merciadri di Morini (Argentina), en el cual la peticionaria alegó ante la CIDH que en la lista electoral de seis candidatos del partido Unión Cívica Radical para diputados nacionales de la Provincia de Córdoba, en Argentina, se colocó a una mujer en el cuarto y a otra en el sexto puesto. Con ello se violó la ley 24.012 y su decreto reglamentario Nº 379/93, por los cuales debió haberse colocado a dos mujeres dentro de los primeros cinco puestos. La peticionaria interpuso los recursos internos disponibles ante las autoridades judiciales, las cuales rechazaron su petición y su legitimación para actuar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación por considerarla abstracta indicando que "en las elecciones del 3 de octubre de 1993, la Unión Cívica Radical había obtenido un caudal de votos que le había consagrado cuatro diputados nacionales y en la causa se disputaba quién debía haber ocupado la quinta candidatura". El Estado y los peticionarios suscribieron un acuerdo de solución amistosa en donde el Estado reconoció responsabilidad por los hechos y dictó un decreto por el que reglamenta la ley Nº 24.012 y derogó el decreto reglamentario Nº 379/93, con el fin de garantizar de forma concreta la participación de las mujeres en las listas de candidatos a cargos electivos nacionales. Véase generalmente, CIDH, Informe N° 103/01, Caso 11.307, María Merciadri de Morini, Argentina, 11 de octubre de 2001. Véase también generalmente, CIDH, Informe N° 51/02, Admisibilidad, Petición 12.404, Janet Espinoza Feria y Otras, Perú, 10 de octubre de 2002. 20 Ver, por ejemplo, CIDH, Informe de la Comisión Interamericana sobre la Condición de la Mujer en las Américas, OEA/SER.L/V/II.98, Doc. 17, 13 de octubre de 1998; CIDH, Informe Anual del año 1999, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo V; CIDH, Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile: La Igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política, OEA/Ser.L/V/II.134, Doc. 63, 27 de marzo de 2009. 21 Ver, por ejemplo, CIDH, Audiencia temática sobre participación y acceso de las mujeres al poder político en las Américas, durante el 127º periodo de sesiones el 1º de marzo de 2007. 22 Véase, Naciones Unidas, Cuarta Conferencia sobre la Mujer, Plataforma de Acción, objetivo estratégico G.1, Beijing, China, Septiembre, 1995. 16.
4 7. La CIDH en este informe realiza un análisis pormenorizado de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos y acceder a los puestos de poder en condiciones de igualdad, tales como: ‐ Los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político; y el desempeño exitoso de sus cargos; ‐ Las desventajas socio‐económicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y en la contienda a cargos públicos; ‐ El desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas; ‐ Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida política, y a ejercer su derecho al voto; ‐ Desafíos apremiantes en la implementación de medidas especiales de carácter temporal a nivel nacional y hemisférico; ‐ Obstáculos que impiden a las mujeres el acceder y ser votadas en las urnas; ‐ Desafíos para promover una mayor participación de las mujeres al interior de los partidos políticos; y ‐ La situación particularmente grave de las mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros desafíos. 8. Este informe se divide en siete partes. La primera parte desarrolla conceptualmente el derecho de las mujeres a participar en la vida política y acceder a las funciones públicas de sus países, utilizando como marco de referencia los derechos políticos y el derecho a la igualdad establecidos en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. La segunda parte abre con un diagnóstico sobre los avances y desafíos de los Estados para garantizar la plena participación política de las mujeres en la vida pública y erradicar la discriminación en los distintos ámbitos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial). Asimismo, se realiza un análisis de los principales obstáculos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Se examina de forma particular la situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes. 9. La tercera parte del presente informe está dedicada al análisis de las formas de discriminación que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos electorales y los deberes de los Estados para eliminar los obstáculos que les impiden acceder y ser votadas en las urnas. La cuarta parte desarrolla los avances y desafíos en la 17.
5implementación de las medidas especiales de carácter temporal, prestando especial atención a las leyes de cuotas establecidas en la legislación de varios Estados de la región. La quinta parte muestra los avances y desafíos para promover una mayor representación de las mujeres al interior de los partidos políticos y en el acceso a los puestos de poder, tomando en cuenta las obligaciones de los Estados y de los mismos partidos en esta materia. Finalmente, el informe cierra con un apartado de conclusiones y otro con recomendaciones para los Estados. II. MARCO JURÍDICO: NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES AL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 10. La CIDH ha abordado el tema de la participación política de las mujeres desde la perspectiva de dos esferas de la protección de los derechos humanos: a) el derecho a la igualdad y a ser libre de toda forma de discriminación y b) el derecho de participar en el gobierno y en los asuntos públicos 23 . A. El Derecho a la igualdad y a la no discriminación 11. El derecho internacional ha afirmado repetidamente el deber de los Estados de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de discriminación. Los principios vinculantes de la igualdad y la no discriminación constituyen el eje central del sistema internacional de protección de derechos humanos, así como de sus instrumentos vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la "Declaración Americana") y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante la "Convención de Belém do Pará"). Estos instrumentos afirman el derecho de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación y reflejan la importancia que dan los propios Estados miembros a estos principios. 12. La CIDH ha establecido que el principio de no discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y una base fundamental de la OEA 24 . La Carta de la Organización, en su artículo 3(1) establece, como principio básico, que: "Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo". El artículo 1(1) de la Convención Americana provee que los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, la Declaración Americana dispone, en el artículo II, que ”Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 23 CIDH, Informe Anual del año 1999 sobre Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas especiales de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de las mujeres con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo III, A, 1. 24 CIDH, Informe Anual del año 1999 sobre Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas especiales de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de las mujeres con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo III, A, 2. 18.
6derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. En complemento del principio de no discriminación, el artículo 24 de dicha Convención reconoce que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Estos principios han sido desarrollados en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. 13. Cuando el ejercicio de cualquiera de estos derechos aún no está garantizado de jure y de facto bajo su esfera de jurisdicción, los Estados partes, de acuerdo al artículo 2 de la Convención Americana, se comprometen a adoptar medidas legislativas y de otro tipo necesarias para ponerlos en práctica. Asimismo, la Convención Americana requiere que el sistema doméstico provea recursos judiciales que sean efectivos y accesibles a personas que alegan violaciones de sus derechos protegidos bajo el derecho nacional o bajo dicho instrumento. Cuando estos recursos no son accesibles o efectivos a nivel interno, el sistema interamericano provee una segunda alternativa a través del sistema de peticiones individuales. 14. La Corte Interamericana ha señalado que existe un “vínculo indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecida en el artículo 1(1) de la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación 25 . La Corte Interamericana asimismo ha precisado el alcance del artículo 24, señalando que el mismo "prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación” 26 . Asimismo, la Corte Interamericana ha reiterado que el derecho de protección igualitaria de la ley y no discriminación, implica que los Estados tienen la obligación de (i) abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos de una población, (ii) eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, (iii) combatir las prácticas discriminatorias y (iv) establecer normas y adoptar las medidas necesarias para reconocer y asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley 27 . 25 En este sentido, ha señalado que “los Estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.” Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC‐18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 85. 26 Corte I.D.H Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 186. 27 Corte I.D.H., Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 141 y Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC‐18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 88, citados en Corte I.D.H., Caso López Álvarez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 170; véase también Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC‐17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 44; y Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC‐4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 54, citados en Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 185. 19.
7 15. Al igual que la Corte Interamericana, la CIDH ha desarrollado el concepto de igualdad y no discriminación como corolarios del sistema interamericano de protección y garantía de los derechos humanos, tanto en informes de admisibilidad y fondo, como en informes temáticos. Por ejemplo, en el caso de Maria Eugenia Morales de Sierra 28 , la Comisión expresó su preocupación sobre las consecuencias graves de la discriminación contra las mujeres y las nociones estereotipadas de sus papeles en la vida familiar que significaron una violación a la igualdad de la mujer para administrar los bienes en el matrimonio 29 . Asimismo, la Comisión ha admitido peticiones que pueden caracterizar violaciones a los derechos a la igualdad y no discriminación de las mujeres consagrados en la Convención Americana y en la Convención Belém do Pará en casos de violencia sexual y prejuicios discriminatorios de las autoridades judiciales hacia las mujeres en el acceso a la justicia 30 . 16. Por otra parte, la Convención de Belém do Pará es particularmente relevante para efectos de este informe ya que refleja la preocupación uniforme del hemisferio sobre la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, y la necesidad de adoptar estrategias públicas y comprehensivas para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Entre los principios más importantes que consagra esta Convención se encuentran: el reconocimiento expreso de la relación que existe entre la discriminación y la violencia contra las mujeres; el establecimiento de que la violencia afecta a las mujeres por múltiples vías, obstaculizando el ejercicio de otros derechos fundamentales de naturaleza civil y política, así como los derechos económicos, sociales y culturales, y la importancia de garantizar la igualdad de las mujeres en el acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 17. De igual forma, dicha Convención establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar y sancionar la discriminación y la violencia contra las mujeres, que ocurre tanto en espacios públicos como privados; y el deber de especial protección de los Estados hacia las mujeres en situación de vulnerabilidad frente a la discriminación y la violencia por diversos factores de riesgo, entre otros, por su raza, condición étnica o situación económica desfavorable 31 . 28 La Comisión consideró que el Estado de Guatemala era responsable por la violación de los artículos 1, 2, 17 y 24 de la Convención Americana ya que las disposiciones del Código Civil de Guatemala referidas a las relaciones domésticas, asignaban responsabilidades y obligaciones exclusivamente al esposo, en virtud de su papel como proveedor de ingresos y, en el caso de la mujer, por su papel como esposa, madre y ama de casa. La Comisión concluyó que, lejos de asegurar la “igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades” dentro del matrimonio, las disposiciones citadas institucionalizan desequilibrios en los derechos y deberes de los cónyuges. Véase, CIDH, Informe Nº 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 de enero de 2001, párr. 44. 29 CIDH, Informe Nº 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 de enero de 2001, párr. 44. 30 CIDH, Informe de Admisibilidad No. 93/09, Samanta Nunes da Silva (Brasil), Petición 337‐07, 7 de septiembre de 2009. 31 Véase, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Artículo 9. 20.
8 18. A nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante “CEDAW”), establece que el Estado y sus agentes tienen la obligación de erradicar la discriminación contra la mujer en todas sus formas. En su artículo 1, la CEDAW define la discriminación contra las mujeres como: “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera”. Esta definición comprende toda diferencia de trato basada en el sexo, que intencionalmente o en la práctica, coloque a las mujeres en una situación de desventaja, e impida el pleno reconocimiento de sus derechos humanos en las esferas públicas y privadas. Por tanto, una acción u omisión puede tener un resultado o efecto discriminatorio en la práctica aún cuando en apariencia sea neutral. 19. Asimismo, los derechos a la igualdad y a la no discriminación están reconocidos en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos de aplicación universal. La Declaración Universal de Derechos Humanos 32 establece en sus artículos 1 y 2 que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […]” y “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” El principio de no discriminación se consagra de forma similar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que específicamente el deber de los Estados de “garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 33políticos” . B. El derecho a participar en la vida política y pública 20. El sistema interamericano de derechos humanos ha reconocido el derecho de todo ciudadano a participar en el gobierno y en los asuntos públicos como un derecho fundamental a ejercerse en concordancia con el principio de igualdad 34 . Por su parte, la Declaración Americana establece en su artículo XX que toda persona legalmente capacitada “tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares”. 21. El artículo 23 de la Convención Americana igualmente provee que “todos los ciudadanos” tienen derecho de: a) participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 32 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. 33 Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966. 34 CIDH, Informe Anual 1999, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo V, C.1. 21.
9 b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 22. Este artículo también dispone que este derecho puede ser reglamentado exclusivamente “por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. 23. La Comisión ha determinado que las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que se dé efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en el hemisferio 35 . Asimismo, la Comisión ha sostenido que su función en la evaluación del derecho a participar en el gobierno es garantizar que todo tratamiento diferencial en el otorgamiento de este derecho no carezca de una justificación objetiva y razonable 36 . En este sentido, al igual que con otros derechos fundamentales, las restricciones o limitaciones al derecho a la participación en el gobierno deben estar justificadas por su necesidad en el contexto de una sociedad democrática, delimitadas por los medios, motivos, razonabilidad y proporcionalidad 37 . La Corte también ha considerado que la reglamentación de los derechos políticos por parte de los Estados debe cumplir con los requisitos de legalidad, tener una finalidad legítima, y ser necesaria y proporcional, es decir, ser razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa 38 . 24. La Comisión destaca que en el artículo 23, la Convención Americana se refiere a los derechos políticos no sólo como derechos sino como oportunidades lo que implica que toda persona que formalmente sea titular de estos derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos 39 . En este sentido, la Corte Interamericana ha considerado “indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de la igualdad y la no discriminación” 40 . 35 CIDH, Informe de Fondo, N˚ 98/03, Caso 11.204, Statehood Solidarity Committee (Estados Unidos), 29 de diciembre de 2003, párr. 87. 36 CIDH, Informe de Fondo, N˚ 98/03, Caso 11.204, Statehood Solidarity Committee (Estados Unidos), 29 de diciembre de 2003, párr. 90. 37 CIDH, Informe de Fondo N° 137/99, Caso 11.863, Andrés Aylwin Azocar y otros (Chile), 27 de diciembre de 1999, párr. 102. 38 Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 207; Caso Castañeda Guzmán Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 145. 39 Corte I.D.H., Caso Castañeda Guzmán Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 145. 40 Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195. 22.
10 25. A través de su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha considerado que: - La participación política puede incluir diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el objetivo de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como el influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa 41 . - El derecho al voto es esencial para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán 42 . Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos de forma directa mediante referendos, plebiscitos o consultas o bien mediante representantes libremente elegidos 43 . - La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello 44 . - El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación 45 . - Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, pero deben ser razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Los estándares deben 41 Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 196. 42 Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 198. 43 Corte I.D.H., Caso Castañeda Guzmán Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 147. 44 Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 199. 45 Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 200. 23.
11 garantizar, entre otras, “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo” 46 . 26. La Comisión por su parte ha establecido sobre el contenido del artículo 23 de la Convención Americana y las obligaciones de los Estados en el ejercicio de sus derechos políticos la importancia de elecciones auténticas, periódicas, universales y libres en la expresión de la voluntad del elector y en donde todas las agrupaciones políticas cuenten con condiciones similares para el desarrollo de sus campañas 47 . La Comisión afirmó también en su decisión en el caso de Leopoldo López (Venezuela), en su análisis del contenido del artículo 23 de la Convención Americana, “que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con un conjunto de otros derechos que hacen posible el juego democrático” 48 . 27. Por otra parte, la Comisión ha reconocido que la existencia de recursos efectivos e idóneos es indispensable para garantizar los derechos políticos, como el derecho a la participación política. En el caso de Susana Higuchi Myiyagawa (Perú), la Comisión consideró que la falta de un recurso efectivo para apelar decisiones de naturaleza electoral no garantiza los derechos políticos. En su análisis del caso, la Comisión observó "que respecto a los derechos políticos de los ciudadanos, como elegir o ser elegidos, un aspecto esencial derivado del debido proceso es el derecho a que examine, o se reexamine, la legalidad de toda decisión que le imponga a una persona un gravamen irreparable o cuando ese gravamen afecte los derechos o libertades fundamentales como es, en este caso, el derecho contemplado en el artículo 23 de la Convención ". 49 C. El derecho de las mujeres a acceder a las funciones públicas 28. La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de protección de estos derechos. Específicamente, el artículo 4 inciso j de la Convención de Belém do Pará señala que: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos entre los que comprenden el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”. 46 Corte I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 207. 47 CIDH, Informe Anual 1990‐1991, Capítulo V, Sección III. Derechos Humanos, Derechos Políticos, y Democracia Representativa en el Sistema Interamericano., OEA/Ser.L/V/II.79.rev.1. Doc. 12, 22 febrero 1991. 48 CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana, Leopoldo López Mendoza (Caso 12.668) contra la República Bolivariana de Venezuela, 14 de diciembre de 2009, párr. 60. 49 CIDH, Informe de Fondo No. 119/99, Caso 11.428, Susana Higuchi Miyagawa (Perú), 6 de octubre de 1999, párr. 54. 24.
12 29. Asimismo, la Carta Democrática Interamericana provee en su artículo 28 que “los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática” 50 . De conformidad con este artículo, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha instado a los Estados miembros a “continuar colaborando en la eliminación de los obstáculos para la participación plena de las mujeres en los procesos democráticos” 51 . 30. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos también han consagrado el derecho de las mujeres a participar, en igualdad de condiciones, en la vida política de su nación. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona “a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” 52 y al “acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” 53 . El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce de forma similar estos derechos. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que: “No se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 54 . 31. La relevancia de igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido reconocida por la comunidad internacional en el pasado, como lo demuestra la ratificación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer que afirma el derecho de las mujeres a ser ”elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna” 55 y “a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna” 56 . 50 Carta Democrática Interamericana, Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001. 51 Resolución AG/RES. 2327 (XXXVII‐O/07), Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, 5 de junio de 2007. 52 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 21.1, 10 de diciembre de 1948. 53 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 21.2, 10 de diciembre de 1948. 54 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 25, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 25 ‐ La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 57º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párr. 3. 55 Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 640 (VII), 20 de diciembre de 1952 (entrada en vigor 7 de julio de 1954), Artículo II. 56 Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 640 (VII), 20 de diciembre de 1952 (entrada en vigor 7 de julio de 1954), Artículo III. Recommended