Source: http://ernestocedeno.blogspot.com/2014/08/
Timestamp: 2017-11-22 05:43:59
Document Index: 138121346

Matched Legal Cases: ['Artículo 482', 'artículo 279', 'artículo 161', 'artículo 161', 'Artículo 216', 'Artículo 161', 'artículo 416', 'Artículo 416', 'artículo 194', 'artículo 415', 'Artículo 415', 'artículo 194']

ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: agosto 2014
En días pasados se esbozaba la posibilidad, de que la señora procuradora general de la nación, pudiera ser citada a la Asamblea Nacional, para que RINDIERA CUENTAS.
Esa posibilidad sería inconstitucional, ya que ella, el Procurador de la Administración y los Magistrados de la Corte, ni son nombrados ni muchos menos ratificados por la Asamblea. Solo son aprobados o improbados, por los padres de la patria. Corolario de lo anterior, tal citación, infringiría de manera grave, el principio de independencia judicial, en rango constitucional.
ARTICULO 210. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos.
Publicado por Ernesto Cedeño en 13:07 No hay comentarios:
Las debilidades de los gobiernos: las contrataciones públicas.
Según las estadísticas consolidadas de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que van desde el año 2007 al 2013, los casos que se fallan en contra del Estado son el 56% y a favor el 44%.
Esto ha sido una constante desde que se creó el comentado Tribunal.
Llevo 18 años estudiando el tema.
Algunas de las debilidades que he visto sobre el tema en los gobiernos (plural), han sido las siguientes:
1. Poca capacitación del tema, en las personas que tratan las compras del Estado.
2. Pliegos de cargos mal estructurados.
3. Influencia algunas veces del que manda en el ente, en los procesos de compras.
4. Cambio de los funcionarios que dominan el tema, por razones poco razonables.
5. Mala fiscalización por parte de la Contraloría General.
6. Reformas de normas sobre contratación pública, hecha por gente que no domina la materia.
7. Reforman muchas veces las leyes de compras, sólo por reacción y no en base a un estudio sesudo.
8. Desviación de Poder en los entes públicos, para favorecer a ciertas empresas.
9. No existe una normativa unitaria de compras para todo el Estado. Algunos entes, las acomodan a su medida con el aval del poder legislativo.
10. No controlan las habilidades desmedidas de los particulares, en los procesos de compras, a veces por desconocimiento.
11. No procuran corregir, los errores institucionales cometidos.
12. No existe un ente conocido, con capacidad legal y funcional, para controlar por ley, el buen desempeño del Estado, en los procesos de compras.
Es justo comentar que muchos de los errores en los actos públicos, se deben a las deficiencias del personal operativo y no del representante legal de las instituciones, que sólo firma los documentos, previa revisión de las firmas, de las personas responsables.
Publicado por Ernesto Cedeño en 4:14 No hay comentarios:
La asamblea nacional aprobó una resolución en donde le remite a la corte, copias autenticadas de dos actas de la asamblea, contentiva de las declaraciones de la señora contralora.
A mi juicio la resolución en comento es difusa y elaborada de una manera muy “sui generis”, por lo que elucubro que salió a la vida legal, de una manera excesivamente prudente, para no afectar la labor del próximo contralor, que vaya a nombrar los padres de la patria.
¿Cómo podría tomar la Corte, la remisión de tal documento?
· Como una simple denuncia administrativa y para tal efecto debería aplicar la Ley 38 de 2000, de procedimiento administrativo general.
En este procedimiento no existe la suspensión del cargo preventivo, por una investigación administrativa iniciada por denuncia.
¿Qué dice Ley 38 de 2000 sobre la Denuncia Administrativa?
Que la presentación de las denuncias y quejas ante la Administración Pública no requiere de formalidades especiales o estrictas, para hacer de conocimiento de la Administración Pública los hechos y las razones que las originaron.
La autoridad ante quien se presente una denuncia administrativa o una queja, deberá determinar si es o no competente para conocer de ella y tramitarla; en caso contrario, deberá remitirla a la autoridad competente al efecto, quien deberá decidir sobre el mismo extremo.
Acogida la denuncia o la queja, la autoridad deberá iniciar una investigación sobre los hechos y las causas que la motivaron, para lo cual emitirá una resolución ordenándola. En esta resolución, que es de mero obedecimiento, se enunciarán las principales diligencias y pruebas que deben realizarse y practicarse en el curso de la investigación.
Copia de la resolución a la que se refiere el artículo anterior deberá hacerse de conocimiento del denunciante o querellante dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de su emisión, por alguno de los medios o formas señalados en este capítulo.
Toda investigación por denuncia o queja deberá agotarse en un término no mayor de dos meses, contado a partir de la fecha de su presentación. La resolución mediante la cual se resuelve sobre el mérito de una denuncia o queja, deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quedó agotada la investigación respectiva.
El fallo podría ser absolutorio o sancionatorio, de acuerdo a las pruebas que existan en el expediente.
· Como una denuncia penal.
Como la Corte no tiene facultad para investigar el caso de la contralora, pues es la que la juzga, luego entonces, deberá remitir la documentación, a la procuradora general de la nación, para que ejecute la actividad investigativa. Es el Ministerio Público, el que podrá determinar en investigación, si se cometió algún delito o no y pasará el caso luego a la Corte, para los fines que corresponda.
Artículo 482. Actividad investigativa. En los procesos penales de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la actividad investigativa estará a cargo del Procurador General de la Nación.
· La Corte pudiera decidir, “no admitir la denuncia” por estar mal estructurada, ya que la denuncia penal debiera presentarse al Ministerio Público (Procurador General de la Nación) para su investigación y no ante la Corte Suprema que es la que juzga, bajo el debido proceso, y argumentar que no se trata de una denuncia administrativa, pues en el documento de marras se habla de “situaciones y hechos que eventualmente pueden constituir delitos…” es decir, que pudiera interpretarse que la denuncia, la circunscriben al ámbito penal, únicamente.
Del análisis propio que hago de la resolución bajo examen, destaco que en ninguno de los enunciados se cuestiona el supuesto mal ejercicio del control previo, por parte de la contralora y los famosos sobrecostos, pues ni lo cita ni lo cuestiona ni lo argumenta en el documento aprobado por los señores diputados; es más, ni lo pone como fundamento de derecho en él, y todos entendíamos, que era el punto cardinal del asunto a denunciarse.
En la resolución se precisa que de las respuestas de la señora contralora, se desprenden situaciones, hechos y omisiones, pero no se definen, ni cuales son, ni en qué consisten las mismas.
Publicado por Ernesto Cedeño en 9:09 No hay comentarios:
Es incorrecta la afirmación que indica que la Contraloría no tiene la potestad para rechazar un contrato con sobrecosto.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en sentencia del (7) DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO (2004), ratifico la potestad que tiene la Contraloría para rechazar previamente un contrato con sobrecosto. La Corte dijo lo que sigue:
El concepto de control previo lo definió claramente la Contraloría mediante la Nota Núm.764-Leg., de 23 de mayo de 2000; en la misma, el Contralor General de la República, de la época, realizó algunas precisiones en torno al concepto de control previo. Seguidamente, reproducimos la parte medular de la citada nota.
Finalmente comento que desconozco el por qué no se le dijo a los honorables, padres de la patria, la existencia de esta jurisprudencia, para asuntos meramente didácticos.
Publicado por Ernesto Cedeño en 14:12 No hay comentarios:
¿Puede la Asamblea mandar de vacaciones a la Contralora?
La interrogante que gravita en el momento es esta: ¿Puede la Asamblea Nacional de Diputados, mandar de vacaciones a la Contralora? La respuesta a lo legal es NO: Si lo hace, fragua un tipo de golpe de estado técnico.
El hecho de que la Asamblea haya nombrado a la Contralora, no la faculta para mandarla de vacaciones, pues la Contraloría es un ente independiente, es decir, no sujeto a subordinación jerárquica alguna, a la luz de lo que dispone el artículo 279 Constitucional.
Afirmar tal tesis, seria validar que el Consejo de Gabinete, pudiera mandar de vacaciones a algunos magistrados de la Corte Suprema, Procuradores, el Ejecutivo al magistrado Eduardo Valdez, del Tribunal Electoral (TE), al Fiscal General Electoral, y a un magistrado del Tribunal de Cuentas, o daría pie par que mañana, la Corte mandara de vacaciones al magistrado Heriberto Arauz del TE, y la propia Asamblea mandara de vacaciones al magistrado Erasmo Pinilla del TE.
El que manda de vacaciones a lo legal, no es el que nombra, sino el superior jerárquico de un funcionario y la Contralora, no tiene superior jerárquico alguno.
Si la Asamblea considera que la Controlara ha violado la ley o no es apta para el cargo, debe pasarle el caso a la Corte Suprema, con la pruebas de rigor, para lo que corresponda, como lo mandata la propia Carta Magna patria.
ARTICULO 279. Habrá un organismo estatal independiente, denominado Contraloría General de la República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para un periodo igual al del Presidente de la República, dentro del cual no podrán ser suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la Ley.
Causales para la suspensión o remoción de la Contralora
Para desempeñar los cargos de Contralor y Sub-Contralor General se requiere cumplir con los requisitos que al efecto exige la Constitución Política. Dichos servidores públicos, dentro del período para el cual fueron nombrados, no podrán ser suspendidos ni removidos sino por la Corte Suprema de Justicia cuando medien las siguientes causas:
a) Haber incurrido en delito contra la Administración Pública, contra el patrimonio o la fe pública o, en general, en delito cuya pena principal sea prisión.
b) Haber incurrido en delito de abuso de autoridad de infracción de los deberes de los servidores públicos; o,
c) Haber incurrido en notoria ineptitud o negligencia en el ejercicio del cargo.
“La justicia llevada al extremo es una extrema injusticia”. Richard Grafton. Impresor inglés.
Publicado por Ernesto Cedeño en 7:44 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 16:52 No hay comentarios:
Desde el 2 hasta el 12 de octubre, se estará llevando a cabo el próximo proceso de regularización migratoria extraordinaria para extranjeros.
Publicado por Ernesto Cedeño en 4:17 No hay comentarios:
La Contraloría en su función de ejercer el control previo de un gasto, si puede objetar un proyecto de contrato para evitar preventivamente un sobrecosto o una ilegalidad en un contrato, por lo que carece de sustento legal suficiente, la afirmación de la Contralora en la Asamblea, que indicó sobre lo económico, (palabras más, palabras menos), que la contraloría solo verifica si hay partida presupuestaria, pero puede ejercer el control posterior sobre el gasto.
La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquélla o de éste, la Contraloría deberá cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario u organismo encargado de emitir el acto, una vez improbado éste por la Contraloría, puede también someter la situación planteada al conocimiento del Consejo de Gabinete, de la Junta Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato o cualquiera otra corporación administrativa que, según el caso, ejerza la máxima autoridad administrativa en la institución, a efecto de que ésta decida si se debe insistir o no en la emisión del acto o en el cumplimiento de la orden. En caso de que dicha corporación decida que el acto debe emitirse o que la orden debe cumplirse, la Contraloría deberá refrendarlo, pero cualquier responsabilidad de que del mismo se derive recaerá, de manera conjunta y solidaria, sobre los miembros de ella que votaron afirmativamente. En caso de que la decisión sea negativa, el funcionario u organismo que emitió el acto o libró la orden se abstendrá de insistir en el refrendo.
Con relación a la solicitud de viabilidad jurídica, la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:
“La solicitud de viabilidad jurídica está deparada en nuestra legislación para consultar si es dable el refrendo de la Contraloría General de la República sobre alguna orden de pago o acto administrativo que afecte un patrimonio público. En este punto conviene destacar que ante la solicitud de refrendo de un contrato que afecta un patrimonio público ante la Contraloría General de la República, ello supone un examen de la actuación de la Administración que está regido por un interés público, y que ha de ajustarse dentro de lo que la Ley le impone perseguir, que en este caso sería la función fiscalizadora que ampliamente ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Sala Tercera. “ (Véase Sentencia de 24 de mayo de 2007, proferida dentro de la Solicitud de Viabilidad Jurídica Interpuesta por la Contraloría General de la República para que la Sala se pronuncie respecto a la viabilidad del refrendo del Contrato No. 308-03, celebrado entre La Autoridad de la Región Interoceánica (Ari) y la Empresa Bacc Resources, Inc. Magistrado Ponente Victor L. Benavides P.)
Los funcionarios que incumplen su labor, sobre este tema, podrían sufrir los rigores de un proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los particulares beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el monto del sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de Cuentas. De hecho hoy en día existen funcionarios de la Contraloría procesados por firmar en asuntos de sobrecostos en pretermisión del buen control previo.
Finalmente comento que el Control Previo es la acción de fiscalización que ejerce el Ente Superior de Control de un país, sobre los actos administrativos que afecten o puedan afectar un patrimonio público, antes que tal afectación se produzca, con el propósito de que se realicen con corrección, dentro de los marcos legales y con razonabilidad económica.
Publicado por Ernesto Cedeño en 18:25 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 17:07 No hay comentarios:
Citación de Funcionarios a la Asamblea Nacional de Panamá
Esta prerrogativa esta consignada en el artículo 161 constitucional y permite que los funcionarios rindan informes a la Asamblea Nacional de Diputados, sobre las materias propias de sus competencias.
Conforme al texto constitucional, solo a los funcionarios se les puede citar obligatoriamente, no así a los exfuncionarios. Véase el artículo 161 numeral 9, de la Carta Magna.
Conforme al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, los diputados pueden hacer preguntas libres, fuera del cuestionario remitido al compareciente.
Artículo 216. Intervenciones en caso de comparecencias. Cuando se tratare de interrogatorios a funcionarios o funcionarias, los Diputados o Diputadas podrán hacer las preguntas que tengan a bien, limitándose a formularlas de la manera más clara y concisa posible.
¿Qué debe pasar después de la comparecencia del funcionario?
1. Absolutamente nada, si los diputados consideran que el funcionario fue claro en sus respuestas y dio luces sobre los puntos controvertidos, objeto de la comparecencia.
2. Que se de voto de censura, si el comparecencia es un ministro de Estado, y se considere responsable de actos atentatorios o ilegales o de errores graves, que hayan causado perjuicio a los intereses del Estado. (Artículo 161 numeral 7, ibídem).
3. Que los diputados decidan denunciar, con la copia autenticada del acta de la deposición, al funcionario, por violación de la ley panameña o por omisión en el ejercicio de sus funciones, constitucionales o legales.
¿Qué no debiera pasar?
Que habiéndose corroborado la violación de la ley, producto de las respuestas del compareciente, los diputados soslayen la presentación de las denuncias que el caso amerite, pues podrían estar pretermitiendo, el deber que tiene todo funcionario de presentar las denuncias, cuando se percaten de la presencia de un ilícito, como lo mandata el código judicial patrio.
Corolario de lo anterior, sería una falta de respeto hacia el ciudadano, que las citaciones de los funcionarios, solo sirvan de vitrina, para la proyección mediática de los diputados.
El Tribunal Electoral investiga a 47 instituciones por abuso de publicidad antes de las elecciones. Comentan los medios que la Sala de Acuerdos 55 del pasado 4 de agosto instruyó a la Dirección de Auditoría Interna para efectuar el análisis correspondiente en varias instituciones.
A mi juicio, esta investigación iniciada hoy es extemporánea y no hará merito para la imposición de sanción alguna en estricto derecho, porque ya los presuntos responsables de la falta administrativa en cuestión, no son funcionarios y la norma habilita al Tribunal Electoral ha sancionar solo a los FUNCIONARIOS en el artículo 416 ibídem.
Artículo 416. El funcionario responsable de que la entidad estatal a su cargo se haya excedido del límite estipulado en el artículo 194 será sancionado con una multa de dos mil a diez mil balboas, sin perjuicio de la suspensión inmediata de la propaganda o publicidad excedida.
Por otro lado, esta investigación dará pie, según el criterio al parecer del TE, para sancionar a los medios de comunicación social, por permitir la publicidad excesiva, tal cual lo plantea el artículo 415 del código electoral, ya que de sancionarse por la falta administrativa en cita, a alguna persona hoy, debería sancionarse de igual forma, a todas las partes, pues no puede haber fueros ni privilegios, de acuerdo a la Carta Magna patria.
Artículo 415. Serán sancionados con multa de mil a cinco mil balboas los medios de comunicación social que no lleven un registro detallado de la propaganda o publicidad estatal durante el proceso electoral, y la multa será el doble si permiten que dicha propaganda o publicidad se exceda del límite estipulado en el artículo 194 de este Código.
El Tribunal Electoral, debe reflexionar muy bien de las decisiones que toma, en el tiempo y en el espacio, para evitar con ello, que los transgresores de las leyes, queden impune por sus malos actos cometidos.
Objeto el uso de los dineros del Estado por móvil político, pero no por ello, debo soslayar el estado de derecho.
Publicado por Ernesto Cedeño en 16:24 No hay comentarios:
Sería bueno abocarnos hacia una constituyente paralela lo más rápido posible, respetando los poderes constituidos por el voto popular.
Publicado por Ernesto Cedeño en 14:25 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 6:42 No hay comentarios: