Source: https://www.ponter.es/el-tjue-entiende-que-el-fondo-de-garantia-salarial-fogasa-ha-de-cubrir-la-indemnizacion-por-traslado-del-lugar-de-trabajo-que-exige-un-cambio-de-residencia-del-trabajador/
Timestamp: 2020-04-05 23:53:48
Document Index: 9370471

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 3']

El TJUE entiende que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha de cubrir la indemnización por traslado del lugar de trabajo que exige un cambio de residencia del trabajador - Ponter
“la Directiva 2008/94 (arts. 3 y 4) habilita a los Estados a discriminar qué indemnizaciones deben ser asumidas por el FOGASA:
De modo que, a la luz de la literalidad de la Directiva (y siempre salvo mejor doctrina), sería ajustado que el TJUE respondiera negativamente a la cuestión planteada”.
Primero: si bien es cierto que de la lectura conjunta de los arts. 3.1 y 2.2 de la Directiva se desprende que corresponde al Derecho nacional determinar las indemnizaciones comprendidas, el propio TJUE ha entendido que esta facultad está supeditada a las exigencias que se derivan del principio general de igualdad y no discriminación (esto es, que “las situaciones comparables no reciban un trato diferente, a no ser que este se justifique objetivamente”).
“en la medida en que [los trabajadores] se decantan por la extinción debido a que el empresario lleva a cabo modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo que el legislador español ha considerado que no se les pueden imponer, ya que en ambos casos ha previsto que el trabajador pueda optar por la extinción del contrato de trabajo y que reciba, además, una indemnización”.
Corrobora esta idea, prosigue el TJUE, el hecho de que en el auto de remisión se Además, el TJUE también entiende que
“se desprende que la extinción de la relación laboral basada en el referido artículo 40 se considera también una extinción del contrato de trabajo por causas objetivas”.
“no puede acogerse la alegación formulada por el Gobierno español según la cual, en esencia, el margen de apreciación conferido a los Estados miembros por la Directiva 2008/94 permitía al legislador español optar por que la institución de garantía asumiese solamente aquellas «indemnizaciones resultantes de una extinción de la relación laboral por causas ajenas a la voluntad del trabajador» y que no cubriese, por tanto, los créditos resultantes de una elección voluntaria del trabajador afectado”.
“no cabe considerar que la extinción del contrato de trabajo en virtud de dicho artículo 40 sea expresión de la voluntad del trabajador, puesto que es consecuencia del hecho de que el empresario pretende llevar a cabo una modificación tan sustancial de su contrato de trabajo como es el traslado del lugar de trabajo a una distancia que obliga al trabajador a cambiar de lugar de residencia, y que la Ley contempla el pago de una indemnización por parte del empresario cuando el trabajador no acepte ser trasladado y opte por la extinción del contrato de trabajo”.
“no ha aportado ningún otro dato que permita justificar un trato distinto por lo que respecta a la cobertura por el Fogasa de los créditos derivados de las indemnizaciones previstas en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y de los créditos resultantes de las indemnizaciones previstas en los artículos 50 a 52 de dicho Estatuto”.
“no sería conforme con la finalidad social de dicha Directiva, que consiste (…) en garantizar a todos los trabajadores asalariados un mínimo de protección a escala de la Unión en caso de insolvencia del empresario, mediante el pago de los créditos impagados que resulten de contratos o de relaciones laborales”.
“no se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia, y, en particular, de las observaciones del Gobierno español, que circunstancias como las del asunto principal se consideren excepcionales en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/94 o constitutivas de un abuso a efectos de la aplicación del artículo 12, letra a), de dicha Directiva”.
“el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2008/94 debe interpretarse en el sentido de que cuando, según la normativa nacional de que se trate, determinadas indemnizaciones legales debidas por la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y las debidas en caso de despido por causas objetivas, como las contempladas por el órgano jurisdiccional remitente, estén comprendidas en el concepto de «indemnizaciones debidas al término de la relación laboral» en el sentido de la referida disposición, las indemnizaciones legales debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario, traslado que obliga al trabajador a cambiar su lugar de residencia, también deben incluirse en dicho concepto”.