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Timestamp: 2016-09-26 10:25:02
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cdeunodc | El Centro busca fortalecer los procesos y análisis de información estadística sobre gobierno, seguridad pública, victimización y justicia en América Latina, además de hacer análisis académico. En este blog se pondrán textos relacionados a las actividades del Centro.
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El Centro busca fortalecer los procesos y análisis de información estadística sobre gobierno, seguridad pública, victimización y justicia en América Latina, además de hacer análisis académico. En este blog se pondrán textos relacionados a las actividades del Centro.
La cifra oscura y las razones de la no denuncia en México	Publicado el diciembre 14, 2015	por cdeunodc Por Björn Florian Zakula[1]
Las estadísticas delictivas pueden mostrar solo un ángulo limitado de la criminalidad real. Los registros administrativos solo incluyen los delitos que son denunciados y registrados o son descubiertos por la policía o las autoridades del sistema de justicia. Por ende un número considerable de los delitos cometidos en una sociedad no han sido registrados ni tampoco aparecen reflejados en las estadísticas oficiales. En criminología existe una zona oscura de la criminalidad; conocida como la “cifra oscura” o “cifra negra”.[2] El fiscal japonés Shigema Oba mencionó el concepto de Dunkelziffer, la cifra oscura que conocemos en inglés como “dark figure”, por primera vez en su disertación en Alemania en el año 1908.[3]
Una tasa alta de la cifra oscura impide a los actores claves comprender adecuadamente el problema delictivo, por ejemplo; cuáles son las zonas y horarios críticos donde los delitos ocurren, cuáles son los delitos más frecuentes o las características de las víctimas. Las informaciones anteriores son importantes para el diseño de políticas públicas para prevenir la delincuencia y la evaluación de esas. Las encuestas de victimización delictiva son una herramienta para iluminar la zona oscura de la criminalidad y expandir la información obtenida en las estadísticas delictivas. En particular, las encuestas son la primera fuente de información sobre los delitos que las personas pocas veces denuncian tales como violencia intrafamiliar. Esta información ayuda a un mejor diseño de políticas públicas, en materia de seguridad pública y prevención de delitos; sin duda en general la mayoría de las encuestas de victimización solamente son representativas a nivel nacional o estatal y falta informaciones a nivel local.
La primera parte de este articulo describe los orígenes de la cifra oscura y los factores que influyen en las victimas para denunciar o no denunciar un delito; debido a que no todos los delitos son denunciados a la policía por consiguiente no se reflejan en las estadísticas policiales.
La segunda parte del artículo muestra la cifra oscura en diferentes países y ofrece una discusión de las ventajas y desventajas que tienen las encuestas de victimización; para medir la tasa de prevalencia delictiva en comparación con los delitos registrados, además de algunos problemas en la comparación de la cifra oscura a nivel internacional.
La última parte muestra diferencias en la cifra oscura entre las entidades federativas de México y factores relacionados con la variación en la tasa de la no denuncia de un delito a nivel estatal. El artículo concluye con propuestas a las autoridades para disminuir la proporción de delitos no denunciados a la policía.
Las reformas policiacas en la época post-comunista en Europa del Este. El caso polaco desde la independencia del 11 de Noviembre 1918	Publicado el octubre 31, 2015	por cdeunodc Por: Mtro. Oskar Grądziel – Centro de Excelencia UNODC-INEGI México D.F., Octubre 2015
La sociedad debe de ser protegida para poder desarrollarse. Esta seguridad es normalmente proporcionada por los cuerpos de policía en cada Estado. Sin embargo, como pasó en varias partes del mundo, los personajes políticos hambrientos por el poder usurparon el puesto más alto e instauraron sus regímenes autoritarios. La policía de régimen tiene sus rasgos particulares que no corresponden a las obligaciones impuestas por los derechos fundamentales de las personas.
Este artículo describe la transición que hubo en Europa del Este, y específicamente en Polonia, después de la caída del comunismo del bloque soviético en 1989. Se abordarán cuestiones relativas a la policía de régimen soviético y sus particularidades, la historia de la policía en Polonia y su transición. Finalmente, se investigará el estatus de la policía actual en Polonia y la confianza que genera a los ciudadanos.
Historia de las reformas policiacas
En el período post-1989, las sociedades de los Estados recién salidos del comunismo estaban confrontadas con los altos niveles (que seguían creciendo) de pobreza y desempleo. El sector policiaco fue muy a menudo alimentado con recursos y personal altamente insuficientes. A esto se añade el bajo nivel de la confianza pública en las fuerzas de policía. Además, todas las sociedades post-socialistas han sido testigos de la expansión del crimen transnacional organizado dedicado al tráfico de drogas, armas, trata de personas, o muy a menudo incluso vehículos.
Para remediar esta problemática, las organizaciones internacionales fomentaron la concepción de la democratización de la policía. La Asamblea General de la ONU publicó el Código de conducta para las fuerzas del orden o uso de fuerza por las mismas[1], el Consejo de Europa también hizo unos códigos de conducta para policía. De su lado, la Unión Europea (UE) trabajó sobre las líneas directrices para la reforma de los sistemas policiacos de los países que se iban a adherir a la UE y líneas directrices para la democratización de la policía en las sociedades post-conflicto.
Historia de la Policía polaca a partir de la independencia de 1918
Para comprender mejor la transformación del sistema policiaco polaco, tenemos que regresar en el tiempo a la independencia de Noviembre 1918. No obstante, ante todo, cabe recordar el duro pasado de esta potencia europea.
Polonia es un Estado luchador de Europa. Martirizado y ocupado en varias ocasiones, se tuvo que adaptar a todas las circunstancias a las que le sometían sus invasores. Teniendo la ubicación justo en el corazón de Europa, es un punto estratégico para imperios hambrientos por la extensión de sus influencias.
En su historia Polonia sufrió invasiones, sin embargo lo peor que le ocurría fueron los repartos entre varios Estados vecinos. Las primeras empezaron en 1772, cuando Polonia fue una República de Dos Naciones con Lituania. Estos repartos se llevaron a cabo por Rusia, Austria y Prusia y acabaron devorándose todo el Estado en 1795. En esta fecha, Polonia desaparece de los mapas del mundo durante 123 años.
Cabe señalar que en 1807 se proclamó el Ducado de Varsovia por Napoleón I para restablecer el Estado polaco. Su base legal fue el Tratado de Tilsit firmado por Francia y Rusia. Los polacos tenían mucha esperanza de que el Ducado fuera a convertirse en un nuevo Estado polaco. Sin embargo, después de la derrota de las tropas napoleonianas en Rusia en enero 1813, Rusia y su aliado alemán conquistaron el Ducado. Polonia pudo ganar su independencia en 1918 (el 11 de Noviembre – día nacional) y tuvo que acomodar al legado dejado por los invasores para construir un nuevo Estado de derecho con fuerzas adecuadas para mantener el orden.
Fuerzas del orden en Polonia después de los repartos desde 1918 hasta 1939
Después de la derrota de los tres imperios invasores[2] en 1918, el general Józef Piłsudski, jefe de Estado polaco de aquel entonces, adoptó una solicitud de reforma de la “Milicia Popular PPS”. Era una formación militar del Partido Socialista Polaco (“PPS” en polaco) que funcionó desde noviembre 1918 hasta diciembre 1919. El 5 de diciembre con la reforma de Piłsudski ésta se convirtió en Milicia Popular. Se trataba de una formación creada para “defender y garantizar la paz y seguridad de la población de las ciudades y pueblos, así como la lucha con toda manifestación de desorden social y ejercer las órdenes de las autoridades estatales”[3].
Al lado de la Milicia Popular, el jefe de Estado unificó con el decreto sobre la organización de la Policía Comunal a todas las milicias preexistentes hasta entonces (local, municipal y comunal). Sin embargo, el alcance de ambos cuerpos no salía de los territorios de la parte que fue anexada por Rusia.
En otras regiones había distintas formaciones policiales. En la parte que fue anexada por Austria, hasta el 1 de diciembre 1919 existía la Gendarmería Nacional.
Ambos decretos eran temporales hasta la ley definitiva de administración pública en Polonia. El parlamento legislativo el 24 de julio 1919 aprobó la ley sobre la Policía Nacional. Dicha ley definía a la autoridad como “organización nacional del servicio de seguridad, paz y orden público”[4]. Este cuerpo estaba organizado y con formación al estilo militar. El territorio nacional fue dividido en 16 comisarías de voivodato[5] donde la excepción fue solamente la Región autónoma de Silesia donde ejercía su función la Policía del Voivodato de Silesia. La implementación de la nueva ley fue obstaculizada por la guerra polaco-bolchevique (1919-1921).
Con muchas demostraciones y manifestaciones la nueva policía tenía que contener a la sociedad en orden. La mayor protesta ocurrió en 1923 en Cracovia por motivos de la crisis económica. En esta ocasión, la policía y el ejército confrontaron a los manifestantes y su acción resultó en 32 muertos (militares y obreros). Otra acción de la policía fue empleada el 23 de junio 1936 para contener a la Endecja[6] (movimiento nacional de “Democracia Nacional”). Después de la huelga popular en agosto 1937 donde murieron 42 personas y 34 resultaron heridos, el Ministro del Interior, Felicjan Sławoj Składowski, instauró a nuevos cuerpos de policía especializados en dispersar las manifestaciones solamente con armas blancas para evitar a más muertos.
La ordenanza del 6 de marzo 1928 da muchos detalles en cuanto a la organización de la policía. Fue propuesta por el presidente de la República, Ignacy Mościcki. Según ella, durante las movilizaciones la policía formaba parte del ejército. Cambió igualmente su aspecto del descentralizado al centralizado después de 1926.
Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Polonia
Con los 30.000 policías que había antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 2.000 han muerto en campaña y 12.000 han sido enviados como prisioneros a la URSS. “Era policía, eso basta para fusilarle” – así decían los soviéticos para justificar el tratamiento de los prisioneros polacos a partir de septiembre 1939. El 5 de marzo 1940, Stalin, Woroshylov, Mikoyan, Kaganovich, Beria y Molotov ordenaron a matar a prisioneros polacos de los cuales 6.000 eran policías. Este evento es conocido como “masacre de Katyn”. Sus familias fueron mandadas a Siberia o Kazakstán por la misma NKVD[7].
Mientras tanto, en la parte ocupada por Alemania, el gobernador general Hans Frank ordenó la creación de “policía azul marina”[8] el 28 de octubre 1939. Su nombre venía del color de los uniformes que tenían que llevar. A los policías que servían antes del estallido de la guerra se les obligaba a servir en el nuevo cuerpo policiaco. El rechazo o resignación fue castigado con pena capital o envío al campo de concentración. Éstos se encargaban entonces a vigilar los ghettos judíos y participar en sus ejecuciones. Pese a las órdenes que recibían, muchos colaboraban con el Estado secreto polaco[9] y gracias a ellos, muchos pudieron huir de la muerte, los desplazamientos forzosos a los campos y trabajos forzosos.
Cuando el comunismo empieza a reinar en Polonia
Cuando el Ejército Rojo cazó a las tropas alemanas del territorio polaco, URSS tomo directamente el poder bajo la justificación de la implementación de la “democracia” acordada en Yalta con otras potencias.
El Estalinismo fue un régimen muy duro para la sociedad donde ésta sufría la fuerza, el miedo y la intimidación y donde las fuerzas de autoridad eran conocidas por la violencia.
Los comunistas que se preparaban para tomar el poder en Polonia crearon un nuevo cuerpo de fuerzas del orden llamado Milicia Ciudadana[10] con el decreto del 7 de octubre 1944. Para conseguirlo, se basaron en los esquemas preexistentes en URSS. Su función principal fue “el mantenimiento del orden y seguridad”[11]. Durante este período llamado “PRL” en polaco de la abreviación de República Popular de Polonia[12], la Milicia Ciudadana estaba vinculada directamente con los órganos de seguridad del régimen PRL (el Buró de Seguridad conocido como KGB), lo que resultó tener una opinión pública muy negativa sobre este nuevo cuerpo.
Además, en 1952 Polonia rompió el contacto con la organización internacional de policía – Interpol – la cual fundó en 1923 con otros 19 Estados.
Tras la caída del comunismo en Polonia
Con el cambio de régimen en 1989, todos los Estados de detrás de la cortina de acero estaban confrontados a tres retos mayores: superar los legados comunistas en sus sistemas de justicia penal; reformar la policía para reflejar los principios de democracia y los derechos humanos; y contener el incremento del delito y el miedo de la sociedad al crimen. De esta manera, los crímenes debían de ser redefinidos, despolitizados, los procedimientos penales más democráticos y transparentes y las sentencias más diversificadas y indulgentes[13].
Cuando el 4 de junio 1989 Polonia celebró sus primeras elecciones semi-libres, su resultado llevo al poder al Primer ministro non-comunista del gobierno de Solidarność[14] – Tadeusz Mazowiecki. En este período, la Policía Nacional sustituyó a la Milicia Ciudadana con la ley del 6 de abril 1990. Según ésta, la Policía es “uniformada y armada formación con el fin de servir a la sociedad y defender la seguridad de las personas y garantizar la seguridad y orden público”.
Las reformas impulsadas a partir de abril 1990 contribuyeron a la democratización del cuerpo policiaco. El avance importante fue la separación entre las funciones de la Policía y los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía es un cuerpo apolítico y le queda prohibido adherirse a cualquiera de los partidos políticos. Aunque inicialmente fue controversial, esta prohibición fue elevada al rango legal con el auto del Tribunal Constitucional del 10 de abril 2002[15].
En junio 1990, se nombraron en los 49 voivodatos a nuevos jefes de unidades de policía para subrayar bien el cambio de generación en las fuerzas al servicio de la sociedad.
Las primeras estructuras de la Policía fueron creadas el 15 de junio 1990 en la Jefatura General de Policía y eran los siguientes burós: presidencial, operativo y de reconocimiento, de investigación y persecución, de la técnica criminal, de la técnica operativa, preventivo, de tránsito, informático, de personal y formación, de comunicación, de suministro, y de finanzas.
Lo curioso y más polémico fue la eliminación del buró de lucha con el crimen económico. Esta unidad fue realmente liquidada el 18 de enero 1990 de la estructura de la Milicia. Sin embargo, para paliar este vacío, el Comandante en jefe de la Policía proclamó el 14 de junio 1991 que se crearía está unidad faltante, lo que ocurrió formalmente el 10 de julio 1991 instaurando el Buró para la Lucha con los Abusos Económicos[16].
En julio 1990, con la reestructuración de los servicios de Policía fueron despedidos 3.027 ex milicias, donde 17 se fueron voluntariamente, 220 se fueron por jubilación, y 2.790 fueron despedidos conforme con artículo 41.2 de la ley sobre Policía (6 de abril 1990) – para el bien de la nueva autoridad[17].
Unos meses después, en octubre 1990, el parlamento polaco aprobó la ley sobre la Guardia Fronteriza, la última reforma del cuerpo policiaco después de la caída del comunismo.
El 27 de septiembre 1990, Polonia volvió a adherirse a Interpol. Actualmente en la Policía Nacional, sirven 100.000 funcionarios.
“Lustracja”[18] o la Gran Inspección – Lustración
Este proceso, llamado „lustracja” en Polonia, servía sobre todo para descubrir si las personas públicas colaboraban con las instituciones responsables de las represiones durante la época comunista (por ejemplo con la fuerza de defensa, el servicio interno militar). Su idea era igualmente de hacer inocentes a todos aquellos que no llevaban la carga de la colaboración con dichas instituciones y dejarles la posibilidad de ejercer sus funciones en los puestos importantes del Estado. “Lustracja” está directamente vinculada con la fase de descomunización del ex bloque soviético.
En Polonia, el problema de “lustracja” fue un asunto de muchas polémicas y discusiones políticas. La ley del parlamento de 1992 obligaba al Ministro del Interior a dar la información completa sobre los funcionarios nacionales, consejeros, diputados, senadores, jueces, abogados, procuradores y sobre todo los oficiales de la policía secreta. Sin embargo, a la raíz de la llamada “caso de carteras”[19], el Tribunal Constitucional en 1992 declaró que dicha ley era incompatible con la Constitución[20] y el proceso de inspección fue suspendido durante un par de años.
Fue en 1997 que la decisión del parlamento de 1997 obligó a resucitar el proceso. Se tuvieron que inspeccionar los casos de las personas con cualquier función pública entre 1944 y 1990. Para facilitarlo, fue creado el Tribunal de Inspección[21] y un Buró de Inspección[22] en el Instituto de la Memoria Nacional[23], el cual es el depositario de toda la documentación de esa época.
En comparación con otros Estados como Alemania o Holanda donde la lustración tenía carácter punitivo, en Polonia (Rumanía, Lituania y Estonia también) era puramente informativa. Lo que se penalizaba en Polonia fue no el hecho de colaborar con el régimen comunista, sino el hecho de mentir sobre este asunto en la declaración de lustración[24].
La reforma de la Policía polaca de julio 1995
La reforma llevada a cabo en julio 1995 fue una de muchas más actualizaciones de la ley del 6 de abril de 1990. Esta modificación le armó a la Policía con nuevos métodos de acción, tales como la amplificación de situaciones donde los funcionarios podían usar armas, escuchas y controlar la correspondencia. A esto se añade la posibilidad de recolectar datos de las huellas dactilares, fotos u otros datos personales de los sospechosos. Esta reforma policiaca extendió las funciones de la Policía a la garantía de la tranquilidad en los “medios de transporte público” y “aguas destinadas al uso común”. A parte, los nuevos uniformes han dividido a los cuerpos policiacos a la policía: criminal, preventiva, de soporte, y – hasta entonces desconocida – judicial. Se liquidó la Policía local[25].
La actual estructura y organización de la Policía polaca
El Departamento de Policía queda vinculado al Ministerio del Interior y desde ahora en adelante, cuando se nomina al nuevo comandante en jefe, se ha de consultar un cuerpo consultivo llamado “Comité Consultivo Político”. Además la supervisión directa de la fuerza policiaca está en las manos del Vice-ministro del Interior, un civil y miembro de una de los partidos al poder.
Las funciones principales de la policía fueron establecidas en el artículo 1 de la ley del 6 de abril de 1990. Más precisamente, su apartado 2 dice:
“A las funciones principales de la Policía pertenecen:
defensa de la vida y la salud de las personas así como los bienes contra atentados ilegales;
defensa de la seguridad y el orden público, incluido la garantía de la tranquilidad en los lugares públicos y los medios de transporte público, en el tránsito y en los aguas destinadas al uso común;
inicio y organización de las acciones en contra de la comisión de los delitos, contravenciones y fenómenos criminógenos y colaboración en este marco con los órganos nacionales, locales y organizaciones sociales;
detección de los crímenes y contravenciones así como persecución de sus autores;
supervisión de las formaciones armadas especiales de defensa en el marco definido en otras leyes;
control del respeto de las leyes y normas de orden y administrativas vinculadas con la actividad pública o válidas en los lugares públicos;
cooperación con las policías de otros países y sus organizaciones internacionales, e igualmente con los órganos e instituciones de la Unión europea en base a los acuerdos y tratados internacionales y otras leyes;
colección, uso y transmisión de las informaciones criminales;
Colección de datos conteniendo información obtenida por órganos autorizados a usar las huellas dactilares, no-identificadas huellas dactilares de los lugares del crimen y resultados de los análisis del ácido desoxirribonucleico (DNA).
(anulado)”
Esta enumeración de las funciones de la nueva policía es muy parecida a la que estaba asignada a la Milicia Ciudadana. Ésta, por su estrecha vinculación con el aparato gubernamental, estaba constantemente confrontada con la sociedad, o por lo menos con una parte de ella. La Policía, por su lado, aunque tenga funciones muy parecidas a su predecesora comunista, tiene que realizarlas en estrecha colaboración con la sociedad – así es el nuevo espíritu democrático después del 1989 en Polonia.
Los cambios básicos organizacionales, de acuerdo con el nuevo código de policía, son los cinco nuevos departamentos de policía: policía criminal que incluye departamentos de investigaciones, operaciones, inteligencia y criminología; policía de tránsito; policía preventiva y unidades anti-terrorismo; fuerzas de policía especial que incluye la policía de vías ferroviarias, agua (ríos, lagos, mar) y aire[26].
La organización territorial también se tuvo que modificar. Hoy en día hay 49 sedes de voivodatos, 364 sedes territoriales (regionales), 23 unidades de policía preventiva, 10 grupos anti-terroristas, estaciones de policía especial y la sede de Policía general.
El estatuto de unidades autónomas han adquirido el Buró Nacional del Interpol y el Laboratorio Central Criminológico. Éste último, el día 1 de enero 1994 fue completado por el Buró de Lucha con el Crimen Organizado[27]. La reorganización de la estructura policiaca polaca se hacía liquidando a los entes intermedios para poder tener un sistema transparente que permitiría un funcionamiento más eficaz de las autoridades. Al mismo tiempo, se creó el equipo “Policía 2000”[28] que tenía como objetivo hacer un futuro modelo para este servicio ciudadano. Sin embargo, las concepciones de este equipo nunca se materializaron ya que las reformas y modificaciones se hacían en función de las necesidades corrientes. De esta manera, se creó en febrero 1997 un cuerpo responsable de la lucha contra el crimen de narcotráfico llamado Buró Central de Investigación (“CBŚ”[29]). En la realidad, esté Buró se creó formalmente el 15 de enero 2000 por la fusión del Buró de Lucha con el Crimen Organizado y el Buró para las Drogas[30]. En práctica, esta oficina se demostró muy eficaz y acertada para combatir el crimen organizado y se hizo famosa en toda Polonia por sus logros[31].
Cifras sobre el empleo en la Policía polaca (desde diciembre 2005 hasta enero 2015)[32]
Cooperación internacional de la Policía polaca
La eficacidad de la Policía depende mucho, a parte de los factores internos, de la cooperación internacional que tiene el Estado con otros países y con los entes internacionales. Es por ello que Polonia libre se precipitaba tanto para volver a adherir al Interpol. Finalmente, la relación entre Polonia e Interpol fue restablecida el 27 de septiembre 1990. Desde 1998, la cooperación internacional con todas las organizaciones internacionales y regionales se hace a través del Buró de la Cooperación Internacional de la Policía.
El mantenimiento de relaciones estrechas con los vecinos fronterizos, Alemania, República Checa, Eslovaquia, ayuda a perseguir conjuntamente a los delincuentes. Esta cooperación se materializa también en el comparto de bases de datos.
Con el comienzo del siglo, la Policía polaca había tomado todas las medidas preparatorias para cooperar con la Unión europea. Polonia adhirió al Europol el 1 de noviembre 2004.
Por otro lado, desde marzo 1992, los expertos policías formaban parte de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, OSCE y la Unión Europea. La más grande de todas las misiones era la de Kosovo, pero también en Tayikistán, Afganistán, Iraq, Sudán, Liberia y Georgia.
Confianza de la sociedad polaca hacia las fuerzas del orden
Los años 90 dieron el inicio a un nuevo estilo de gestión de la Policía polaca. Se empezaron a tomar en cuenta los análisis de la opinión pública y encuestas sobre la percepción de seguridad de la sociedad.
Sin embargo, los primeros problemas que tuvo la Policía polaca a la hora de la salida del país de la cortina de acero tenían una gran influencia en la aparición de nuevos tipos de delincuencia. Para responder a esta problemática, en 2000 se creó el Buró Central de Investigación (“CBŚ”).
Paralelamente, el principio muy conocido y muy extendido por la comunidad policiaca en general era el cambio del color de los uniformes al azul claro, ya que éste provoca menos miedo por parte de la sociedad y es más “amistoso”[33]. Sin embargo, uno de los primeros cambios introducidos por la Policía polaca fue el cambio del azul claro al azul marino[34]. Obviamente, este tipo de color tiene un efecto reverso en la sociedad y está asociado con amenaza y terror. Puede sonar muy ingenuo este estudio, no obstante añadido a otros fallos que se les asigna a la Policía polaca puede ser un factor peyorativo.
Otro factor que influye mucho en la percepción de la Policía por la sociedad polaca son sus sueldos que suelen ser muy bajos. Con este fenómeno muchos funcionarios desocupan sus puestos creando vacíos que pueden llevar años sin rellenarse. Por ejemplo en Varsovia, sobre 9.000 puestos hay 3.000 que siguen sin ser ocupados. Este mismo problema del desempleo conlleva la consecuencia de que la Policía ha desaparecido de las calles de Polonia.
A esto se añade el problema de la burocracia. Este legado del pasado no fue eradicado eficazmente. Hasta hoy muchos policías no se mueven de sus despachos, devorados por las estadísticas policiales y reportes inútiles, mientras el ciudadano normal tiene que esperar a que le atiendan.
Además, la sociedad suele pensar que la policía es corrupta. Este dato fue comprobado por la práctica[35]. Según la idea inicial, la policía hacía recurso a los “sponsors”. De este modo, la policía pedía a los gobiernos locales fondos y equipamiento. Cabe señalar sin embargo que muchos de estos “sponsors” eran organizaciones relacionadas con el crimen o las facciones del crimen local. Con estas donaciones, estos grupos criminales se garantizaban un período largo de libertad. Últimamente, este tipo de donaciones fueron prohibidos por ley. De esta manera, el impacto que tenía la policía en la sociedad era quasi igual que durante la época comunista, ya que era la herramienta del opresor y no estaba al servicio de los ciudadanos, como debería de ser.
Con los pocos recursos que tenían las autoridades de policía, siempre les faltaba equipamiento. En general, lo que les faltaba era nada más que vehículos, gasolina, munición, instrumentos de comunicación y a veces hasta bolígrafos y papel para escribir los reportes. Uno se puede imaginar lo fácil que era perseguir en un coche de marca polaca con poca gasolina a unos delincuentes que huían en Mercedes Benz. Un detalle, para que quede sin dudas la mala situación de la policía polaca, es que sus coches no estaban asegurados y cuando ocurrían accidentes, un funcionario tenía que pagar los gastos de su bolsillo[36].
Sin embargo, los estudios llevados a cabo recientemente demuestran que la sociedad polaca ha ganado bastante confianza en el servicio policiaco. Según el estudio del Centro de Estudio de la Opinión Pública[37] de septiembre 2015, hasta 69% de polacos están satisfechos con el trabajo de la Policía.
Como muchos de los Estados del ex bloque comunista, Polonia tenía que reorganizar todos los aspectos de su funcionamiento interno. No obstante, es erróneo hablar del bloque de Europa del Este y Central de manera uniforme y homogénea. Cada uno de estos Estados, al salir de la cortina de acero, estaba enfrentado con distintos tipos de problemáticas. En el caso de Polonia, a parte de la reorganización político-social, las autoridades pusieron mucho hincapié en el cambio de modelo de las fuerzas de orden, hasta entonces detestados y despreciados por la sociedad polaca.
Con las reformas impuestas en abril 1990, el cuerpo policiaco empezó a servirle a la sociedad, como debería de ser en un Estado democrático y libre. No obstante, el miedo mezclado con la antipatía hacia la Policía no le ayudaba a crear buena imagen. A esto se agregaron otros problemas de orden logístico y financiero que con la corrupción crearon un servicio fallido, débil y poco eficaz. Cabe señalar que pese a todos estos obstáculos, la Policía polaca supo superarlos y formar un cuerpo estable al servicio del ciudadano con células exitosas. Por otro lado, la mayoría de la opinión pública sigue ganando el sentimiento de seguridad gracias al trabajo de la Policía polaca. Podemos decir que Polonia está en un buen camino, pese a los obstáculos consuetudinarios dejados por el régimen comunista. La Policía polaca fomenta el sentimiento de paz y seguridad y ha dejado de instaurar el miedo y la frustración por parte de la sociedad.
“95 años. De la Policía Nacional a la Policía”. Quatrimestral policial n°2/2014.
“95 años de la Policía Nacional de Polonia”. Comisaría de Pequeña Polonia. Agosto 2014
Poland: “The police are not the public and the public are not the police. Transformation from militia to police”, Maria R. Haberfeld, Jersey City State College, USA, 1997
Policía Polaca – Edición II completada; Edición de la Alta Escuela de Policía en Szczytno; „Polska Policja” – Wydanie II uzupełnione; Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Insecurity and Police Reform in Post-Socialist CEE, Marina Caparini and Otwin Marenin Crime
Socialism Vanquished, Socialism Challenged: Eastern Europe and China, 1989-2009, Nina Bandelj and Dorothy J. Solinger: Postsocialist Cleansing in Eastern Europe Purity and Danger in Transitional Justice, Katherine Verdery; Oxford, 2012
Ilustración 1: “El Reparto de Polonia 1772 – 1793 – 1795” (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Ilustración 2: “El nuevo logo de la Policía polaca” (www.policja.pl)
Imagen 1: “Los funcionarios de la Policía Nacional durante su servicio” – 95 años. De la Policía Nacional a la Policía. Quatrimestral policial 2/2014.
Imagen 2: “Milicia Ciudadana” – 95 años. De la Policía Nacional a la Policía. Quatrimestral policial 2/2014.
Imagen 3: “Policía polaca” – 95 años. De la Policía Nacional a la Policía. Quatrimestral policial 2/2014.
Imagen 4: “Nuevos uniformes” – http://www.policja.pl
[1] The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials – adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/166 en 1990
[2] Austro-Hungría, Rusia y Alemania
[3] Reglamento del 5 de diciembre 1918, Boletín Oficial del Ministerio del Interior, 1918, número 2, posición 18, párrafo 2.
[4] Ley del 24 de julio 1919 sobre la Policía Nacional, artículo 2.
[5] Unidad de división administrativa de Polonia que corresponde al nivel regional.
[6] De la abreviación (ND) de su nombre polaco “Narodowa Demokracja” – Democracia Nacional; un movimiento político de la derecha polaca activo desde mediados del siglo XIX hasta el fin de la Segunda República Polaca en 1939.
[7] El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (en ruso: Народный комиссариат внутренних дел, transliterado como Naródniy komissariat vnútrennij del), abreviado como NKVD (НКВД, según su acrónimo ruso), fue un departamento gubernamental soviético que manejó cierto número de asuntos internos de la URSS.
[8] Llamada igualmente “Policía Polaca”
[9] El Estado secreto polaco, también conocido como Estado clandestino polaco (en polaco: Polskie Państwo Podziemne), es un término colectivo designado para las organizaciones de resistencia clandestina durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia, tanto militares como civiles, que permanecieron leales al Gobierno de Polonia en el exilio en Londres.
[10] Pol: “Milicja Obywatelska”.
[11] Decreto del Comité de Liberación Nacional Polaco del 7 de octubre 1944 sobre la Milicia Ciudadana, Boletín Oficial, 1944, número 1, posición 3, artículo 2.1.
[12] Pol: Polska Rzeczpospolita Ludowa – PRL
[13] Insecurity and Police Reform in Post-Socialist CEE, Marina Caparini and Otwin Marenin Crime
[14] Solidaridad, dirigida por Lech Wałęsa, una federación sindical polaca autónoma e independiente, fundada en septiembre del año 1980. Convertida en el partido político elevó a su líder a la presidencia. Con el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos por un lado, y del Vaticano con Juan Pablo II por otro lado, supo acabar con el régimen comunista. Los acontecimientos llevados a cabo por Lech Wałęsa durante el régimen comunista fueron premiados con el Premio Nobel de la Paz en 1983.
[15] Auto del Tribunal Constitucional K 26/00 del 10 de abril 2002.
[16] Policía Polaca – Edición II completada; Edición de la Alta Escuela de Policía en Szczytno; „Polska Policja” – Wydanie II uzupełnione; Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
[18] Lustración – procedimiento de revelación y supresión de los funcionarios públicos vinculados con el aparato de compulsión. (Definición de http://www.portalwiedzy.onet.pl)
[19] Se trata de la revelación por el Ministro del Interior, Antoni Macierewicz, informaciones (sin averiguación previa) de los vínculos con los Servicios de Seguridad (“SB”) PRL de algunos diputados, senadores y el mismo Lech Wałęsa.
[20] Auto del Tribunal Constitucional U 6/92 del 19 de junio 1992.
[21] Pol: „Sąd Lustracyjny”
[22] Pol: „Biuro Lustracyjne”
[23] Pol: „Instytut Pamięci Narodowej”
[24] Socialism Vanquished, Socialism Challenged: Eastern Europe and China, 1989-2009, Nina Bandelj and Dorothy J. Solinger: Postsocialist Cleansing in Eastern Europe Purity and Danger in Transitional Justice, Katherine Verdery; Oxford, 2012
[25] Policía Polaca – Edición II completada; Edición de la Alta Escuela de Policía en Szczytno; „Polska Policja” – Wydanie II uzupełnione; Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
[26] Capítulo 2, ley de la Policía del 6 de abril 1990
[27] Pol: „Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną”
[28] Pol: „Policja 2000”
[29] Pol: „Centralne Biuro Śledcze”
[30] Pol: “Biura ds. Narkotyków”
[31] Como por ejemplo en 2011 el descubrimiento y el cierre de la más grande fabrica de falsificación de la moneda Euro en colaboración con Europol; en 2013 la arrestación de un ex policía perteneciente a un grupo criminal armado, cubierto por el Mandato de arrestación del Europol; en 2013 el descubrimiento y el cierre de la organización traficante de cigarrillos en contra-banda.
[32] http://www.policja.pl
[33] Trojanowicz, R., Gleason, R., Pollard, B. and Sinclair, D. (1987), Community Policing. Community Input into Police – Policy Making, National Neighborhood Foot Patrol Center, Michigan State University, MI.
[34] Ordenanza del 20 de mayo 2009 del Ministerio del Interior y la Administración
[35] Poland: “The police are not the public and the public are not the police. Transformation from militia to police”, Maria R. Haberfeld, Jersey City State College, USA, 1997
[36] Hasta hoy en día la Policía sigue en esta situación. La fuerza del orden beneficia solamente del seguro para la responsabilidad civil, no tiene cubierto ningún daño causado por los funcionarios.
[37] Pol: CBOS – Centrum Badania Opinii Społeczniej
Enfoque jurídico en la implementación de “La Clasificación Internacional de los Delitos con fines Estadísticos” (ICCS)	Publicado el octubre 17, 2015	por cdeunodc por: Mtro. Oskar Grądziel
“Tan pronto como las estadísticas de cualquier fuente están disponibles, surge un interés en compararlas con otras estadísticas disponibles. La comparación puede ser requerida a través del tiempo, entre las fuentes dentro de un país, con las estadísticas de otros países, o con los promedios regionales o globales. La comparación es importante para discernir si los cambios en los niveles de criminalidad se han producido con el tiempo, para evaluar los efectos de la política, y como punto de partida para comprender los factores subyacentes que pueden ser responsables de los diferentes índices de criminalidad en diferentes contextos.”
– Principios y Marco para la Clasificación Internacional del Delito para los Fines Estadísticos – Informe del Grupo de Trabajo sobre la Clasificación del Delito del UNODC/UNECE[1]
Las estadísticas siempre han sido una herramienta útil para la elaboración de las políticas públicas y económicas de los Estados, desde Babilonia hace unos 5000 años hasta los Estados actuales. “Las clasificaciones nacen de la necesidad de entender, identificar y simplificar el manejo de la multiplicidad del mundo fenoménico.”[2] Los datos recolectados por las Oficinas Nacionales de Estadísticas contienen la información sobre casi todas las esferas de vida pública. Nosotros nos interesaremos particularmente en los delitos que se computan en los países del mundo. La gran diversidad de fuentes se debe en principio a las tradiciones jurídicas de cada Estado. Existen varios sistemas jurídicos, tales como el derecho civil, derecho consuetudinario y el sistema de derecho religioso. Puede ocurrir incluso que dentro del mismo Estado haya varios sistemas jurídicos[3]. De igual manera, las autoridades de cada Estado hacen sus estadísticas según sus propias reglas. Es por esa gran diversidad que al hacer estadística internacional, se genera un problema de comparabilidad de los datos.
Las primeras colecciones de datos estadísticos sobre el crimen por las Naciones Unidas empezaron en 1937. Desde hace relativamente poco, a partir del 2008, se empiezan a hacer los esfuerzos de la comunidad internacional en la unificación y armonización de los datos con fines estadísticos, a partir del desarrollo de la “Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos” (o “ICCS” [4] por sus siglas en inglés).
En el 2009, en una Reunión conjunta, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) sobre la clasificación del delito, concluyeron que las estadísticas llevadas a cabo al nivel europeo por la Comisión Europea podrían ser expandidas al nivel internacional. De esta manera se estableció el Grupo de Trabajo sobre la Clasificación del Delito[5] bajo la autoridad de la Conferencia de Estadísticos Europeos.
El primer informe del Grupo de Trabajo sobre la Clasificación del Delito publicado en 2011 define los objetivos de la ICCS como “una serie de principios en los sistemas internacionales de clasificación de la delincuencia con fines estadísticos, en particular, para mejorar la coherencia y la comparabilidad internacional de las estadísticas de la delincuencia, y para llevar a cabo un estudio de la definición y clasificación de los delitos seleccionados.”[6]
En la elaboración de la ICCS participaron diversos actores: representantes de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de América, Holanda, Italia, y Reino Unido, representantes del Eurostat, Comisión Europea/DG-HOME, Universidad de Lausana/Estadísticas Penales del Consejo de Europa, Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Crimen (HEUNI), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Centro de Excelencia UNODC-INEGI (CdE), entre otros.
La Comisión de Estadística de Naciones Unidas pidió en 2012 a México (INEGI) valorar la situación internacional de las estadísticas de delincuencia y, un año más tarde, la misma Comisión solicitó a INEGI y a UNODC desarrollar una hoja de ruta para mejorar las estadísticas de delincuencia. “La hoja de ruta para mejorar la calidad y disponibilidad de estadísticas de delincuencia a nivel nacional e internacional” fue aprobada por dos órganos de la ONU: La Comisión de Estadística, en Febrero 2013; y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, dos meses más tarde. En Marzo 2015, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito propuso, junto con o actores, un clasificador internacional “Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos” – ICCS.
El objetivo de este artículo es llevar a cabo un análisis jurídico de las situaciones y obstáculos que pueden aparecer a la hora de incorporar la ICCS en los sistemas nacionales estadísticos. Para hacerlo, el enfoque se realizará en tres etapas, partiendo de las consideraciones generales, pasando por el enfoque internacional, para llegar al marco nacional de las consideraciones relativas a la ICCS.
La ICCS, recién aprobada, se encuentra en una situación donde solamente algunos Estados conocerán relativamente bien su desarrollo y sus principios. Seguramente contaremos con el personal proviniendo de estos Estados que compone el Grupo de Trabajo[7] la cual dio origen de la clasificación internacional, como los que se sometieron a la prueba llevada a cabo por la UNODC para explorar la factibilidad de desarrollar e implementar la ICCS[8]. Sin embargo, la nueva clasificación no goza del reconocimiento global, lo que puede ser explicado por el hecho de que apenas se acaban de aprobar. El mayor reto para la UNODC será de difundir la Clasificación en los Estados que no han participado en ninguna de las tareas de la elaboración de dichas clasificaciones.
La participación de todos los Estados en el proceso de elaboración de las nuevas normas de clasificación es muy importante para que se haga un instrumento armonizado e uniforme a la escala global. Sin embargo, los Estados europeos han sido los que han participado mayoritariamente en los debates desde las primeras reuniones. Cabe recordar que los demás Estados participan de su lado de forma pasiva, participando en las pruebas, llamadas “ICCS testings”, llevadas a cabo por la UNODC para averiguar el grado de factibilidad de la ICCS en los sistemas nacionales, como en las reuniones de consulta. En la última reunión de consulta, realizada en 2014, participaron 44 Estados de todo el mundo. En el caso del testing, tenemos a Estados de las Américas, de África, de Asia y de Oceanía en casi igual proporción (en 2014 hubo respectivamente: 7, 6, 7 y 2 Estados de cada de estas regiones)[9]. Lo que cabe destacar es no obstante el hecho de que los Estados europeos en estos testings son mucho más numerosos (en 2014: 19 Estados)[10]. Esta disparidad entre las regiones es susceptible de tomar en consideración sobre todo los sistemas de derecho civil y de derecho consuetudinario ó common law, apartando los sistemas mixtos con tradiciones religiosas.
MARCO INTERNACIONAL DE LA ICCS
La ICCS es una herramienta internacional que fue construida en conformidad con las reglas de las Naciones Unidas[11] para armonizar las estadísticas globales en materia del delito y consecuentemente permitir a los Estados informarse y elaborar políticas nacionales adecuadas.
La nueva clasificación de los delitos de la UNODC fue elaborada por un grupo de expertos en la materia del derecho y de las estadísticas. La lógica de la ICCS es de usar descripciones de los hechos delictivos en lugar de las definiciones jurídicas (que varían de Estado a Estado). Esta clasificación se alinea a las fuentes de las cuales se sacaron los conceptos de clasificación, tales como las leyes nacionales y los Convenios y Tratados internacionales (Estatuto de Roma de 1998[12] para los crímenes de guerra[13], de lesa humanidad[14], de agresión[15] y genocidio[16]; Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000[17] para, inter alia, el crimen organizado y la corrupción; etc.). En cuanto a la relación de la ICCS con otras clasificaciones internacionales, podemos destacar la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10 por sus siglas en inglés) o la Clasificación Internacional de Estándares Industriales de Todas las Actividades Económicas (ISIC por sus siglas en inglés) que contienen términos usados por la ICCS. El problema que podría surgir es que algunos términos fueran definidos de distintas maneras en estos diferentes instrumentos. Tomemos el caso de los ICD-10, donde figura el término “lesiones”[18]. A primera vista la definición de la ICD-10 de las lesiones no contradice la de la ICCS. Sin embargo, se pueden ver algunas divergencias por el hecho de que la ICCS proporciona una definición más detallada de las lesiones, separando por ejemplo el caso de “lesiones durante la defensa propia” del régimen de las lesiones siempre cuando no se trate del uso excesivo de la fuerza. Lo mismo ocurre para los casos de homicidios ilícitos asociados a los conflictos armados o crímenes de guerra.
La aprobación de la ICCS en Marzo 2015 en el seno de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y en Mayo de 2015, en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal suscitó mucho entusiasmo por parte de los diferentes actores pero también ha dejado algunas dudas en cuanto a la colección, producción y seguridad de los datos. Por ello, un marco técnico fue juzgado imprescindible. Éste va a publicarse muy pronto bajo la forma del “Manual de implementación” el cual contendrá la explicación de los asuntos como: cómo asignar datos nacionales a la ICCS (reglas de prioridad cuando un delito puede pertenecer a más de una categoría); explicación de términos y conceptos; más información en la desagregación; cómo contar los delitos; y cómo dividir los delitos en los niveles más desagregados que los que están propuestos en la ICCS si los Estados lo quieren hacer.
Todas estas informaciones serán muy útiles tanto para los Estados que no tienen un sistema de clasificación nacional, como por ejemplo Bosnia y Herzegovina[19], como para los que ya los tienen muy desarrollados, como Francia. En este último caso, tanto como se podría aplicar a otros Estados, la explicación de cómo contar los delitos es más que bienvenida ya que Francia tiene un sistema de cuenta de los delitos que consta de 7 elementos diferentes (víctima, demandante, infracción, procedimiento, vehículo, cheque, víctima entendida, etc.). Esto quiere decir que cuando se tendrá que aplicar la clasificación internacional, los datos recolectados por las autoridades francesas tendrán que ser homologados y contarse solamente en “infracciones”. Frente a este tipo de fenómeno, el Grupo de Trabajo que elaboró la ICCS decidió por consenso que se debería dejar por ahora la problemática de las reglas de conteo (con todo lo que conllevan: si la regla del delito más grave se aplica; cómo se cuentan los delitos en serie o cometidos por más de una persona; etc.)[20].
Otro asunto importante es el de la traducción de las clasificaciones internacionales para que los Estados puedan aplicar la ICCS a nivel nacional. “La traducción requiere una comparación, o transferencia de los sistemas de conceptos, entre las diferentes lenguas, lo que va a requerir que tanto los expertos de lenguas como de delitos sean involucrados en la traducción, en particular como puede suponer la creación de nuevos términos en la lengua nacional o especificación de significaciones más precisas para los términos existentes. Dichas innovaciones deberían de ser siempre tan coherentes como posible con los convenios nacionales para la lengua nacional. [21]” Debido a la muy grande diversidad de los regímenes jurídicos, no es tan fácil traducir los delitos a otras lenguas. Por eso, para incluir a todas las hipótesis comportamentales, la ICCS propone de dar ejemplos de varios sistemas jurídicos en la tabla “inclusiones legales”[22]. En cuanto a la mera traducción, la versión en las seis lenguas oficiales de la ONU será asegurada por su propio departamento de traducción, mientras que las versiones en los idiomas de la Unión Europea serán traducidas por su agencia de estadísticas – EUROSTAT.
Como lo preconiza el Manual de las Naciones Unidas[23], los criterios para el desarrollo de las buenas clasificaciones estadísticas son unos principios bien establecidos. En primer lugar tenemos el principio de exhaustividad que hace que la clasificación tome en cuenta todo fenómeno que entre en el caso de estudio. Además, tenemos al principio de estructura según cual debe de haber un orden homogéneo y jerárquico. Como siguiente principio, la exclusividad mutua obliga a que cada fenómeno estudiado debe de entrar en solamente una categoría de la clasificación. Finalmente, el principio de descripción de las clasificaciones para que uno pueda sin problema saber dónde y cómo clasificar los fenómenos. La ICCS sigue rigurosamente esta línea de trabajo y, como vamos a ver, el proceso de su elaboración no ha sido sin obstáculos.
Los sistemas jurídicos en el mundo entero varían en función de su tradición. Nos enfrentamos a los sistemas de derecho civil, consuetudinario (common law) o religioso. Como cada tradición es diferente, las leyes penales que se aplican en estos Estados o regiones también serán diferentes en cuanto a la penalización de los comportamientos. ¿Quid de la definición del “delito” en general? Hay tantas definiciones como leyes penales. De esta manera, algunos Estados pueden penalizar las acciones que no son consideradas como delitos por otros. Éstas pueden ser explícitamente prohibidas de ser definidas como crímenes por el derecho internacional. Ahora queda claro que estos delitos no pueden incluirse en la ICCS ya que, como lo preconizó el Grupo de Trabajo, este instrumento no debería de servir como argumento a favor de la legitimización de la criminalización de dichas acciones que van en contra del derecho internacional y los derecho humanos[24].
Toda esta argumentación viene del principio de la exhaustividad aplicado en la construcción de la ICCS. Para llevar a cabo la clasificación de los delitos, uno debe de interpretar el principio de exhaustividad a la luz del principio de minimis. Esto significa que la clasificación no tomará en cuenta los delitos menores (como robo de un “dulce de un centavo”[25] en una tienda) u otros actos calificados como delitos en ciertos Estados. Como dijimos anteriormente, un acto puede ser calificado como un delito en un Estado mientras que en otro ni siquiera entra en el marco penal. El principio de minimis viene a limitar el de la exhaustividad, lo que puede reflejarse en las reglas de conteo aplicadas en cada Estado cuando se decida implementar la nueva clasificación internacional. Uno debería entonces de excluir de la clasificación todos los actos que sean de menor gravedad o de ámbito administrativo y por consecuencia no registrados por las autoridades de policía[26].
En el marco de la ICCS, el crimen está definido como “comportamiento calificado como acto criminal y castigado por la ley nacional”[27]. Como ya sabemos, no todas las leyes nacionales castigan el mismo acto, entonces un fraude en un Estado puede no ser calificado como tal en otro. En cuanto a las muertes relacionadas con los conflictos, actos relacionados con el terrorismo que conllevan la muerte, pueden, en algunas circunstancias, ser clasificadas como homicidio y, en otras, separadamente como “actos terroristas”[28]. De igual forma, los homicidios durante un desorden civil pueden ser clasificados como homicidios voluntarios por unos Estados siempre cuando son ilegales e intencionales, pero pueden ser totalmente tolerables por otros Estados[29]. ¿Esto supone que para algunos Estados las estadísticas resultantes de la aplicación de la ICCS serán irrelevantes?
DIMENSIÓN NACIONAL
El gran reto de la ICCS es que todos los Estados los acepten y quieran transponerlos a sus sistemas nacionales. Los clasificadores internacionales son una herramienta puramente estadística, no conllevan ninguna obligación para los Estados que se decidan aplicarlos. No son una convención y por ello no necesitan ninguna ratificación o firma oficial. Lo que sí es necesario es su aplicación al interior de los sectores estadísticos. Para ello lo que será muy útil para los Estados es la rúbrica de las “inclusiones legales”[30]. Éstos ayudarán mucho a minimizar el margen de equivocación en la recodificación del sistema nacional al sistema internacional. De esta manera, diferentes tradiciones jurídicas, tales como el derecho religioso, el derecho consuetudinario o el civil, verán que categorías nacionales podrán ser incluidas en los cuatro niveles de la ICCS.
Para transponer adecuadamente los clasificadores entre ambas dimensiones, la nacional y la internacional, cada Estado tendrá que elaborar su propia tabla de convergencia o correspondencia. Es una herramienta de armonización que permite al Estado de tener criterios fijos para cada delito registrado por sus autoridades. La elaboración de dichas tablas se tendrá que hacer en colaboración entre los expertos y los usuarios donde los primeros intercambiarán con los segundos sobre la comprensión y la interpretación exacta; y por otro lado, donde los usuarios serán consultados sobre los principios para resolver las ambigüedades con relación a cualquier regla de prioridad. Lo que será necesario igualmente es la creación de dos tablas de correspondencia, una de lo internacional a lo nacional, y la otra al revés siempre cuando no haya correspondencia de uno-a-uno en las dos clasificaciones[31].
La base de toda la estructura institucional de estadística nacional de cada Estado son las leyes y regulaciones que guían estas actividades[32]. Es una obligación sine qua non para que la producción, recolección y compilación de datos funcione en orden. Se ve difícil que un Estado pueda aplicar la ICCS sin tener previamente un esqueleto jurídico con respecto a las instituciones estadísticas asentado en su sistema interno. De igual manera, cabe resaltar la necesidad para un Estado de tener una legislación especial con fin de proteger la independencia de los datos recolectados. Respetando a estas dos obligaciones primordiales, un Estado tiene que alinearse a las impuestas por los organismos internacionales.
Para producir estadísticas de calidad y en relación con la realidad, el Estado necesita organismos imparciales e independientes. La independencia está exigida al nivel regional europeo por el Código de Prácticas para las Estadísticas Oficiales (EUROSTAT) en el principio n°1[33]. Este principio es un garante muy fuerte de las estadísticas europeas. Sin embargo, las Naciones Unidas son el marco aún más general, al cual se debe de adecuar el marco europeo, y que dictan, en su principio n°1 de la Resolución aprobada por la Asamblea General el 29 de enero de 2014 n° 68/261 “Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales”[34] que las estadísticas deben de ser copiladas de forma imparcial. Es una garantía de naturaleza diferente que la anterior pero siendo más general, se aplica en primer lugar. Por ello, podemos deducir que el sistema europeo siendo la compilación de las dos dimensiones tiene que adecuarse a la exigencia de la imparcialidad y de la independencia, por lo cual es un sistema productor de estadísticas de alta calidad. ¿Cuál sería el caso en otras partes del mundo? Cuando no tenemos la garantía de que un Estado produzca unas estadísticas imparciales, ¿podemos contar con la viabilidad de éstas?
Otro punto es el cambio dentro de las instituciones exigido por la entrada en vigor de un nuevo sistema de clasificadores, la ICCS. La red necesaria para la preparación de las nuevas clasificaciones o de su revisión debería de estar organizada a través de un comité nacional de coordinación. Esto se aplicaría para los Estados que no tienen ningún sistema de clasificación aún[35] o que necesitarían revisar su sistema existente[36]. El cambio de la producción de los datos por las entidades nacionales (policía, tribunales, etc.) resulta ser muy costoso para los Estados porque se necesitaría elaborar una nueva estructura de sistemas nacionales de estadísticas o sistemas de denuncias que cumplan con los requisitos de la ICCS. A diferencia de las tablas de correspondencia, donde se trata de adecuar las categorías de delitos existentes al formato internacional, los nuevos datos deberían de ser producidos ya en conformidad con la ICCS. Para lograr esta armonización se requiere un intercambio de información regular entre los garantes de clasificaciones: UNODC y centros nacionales.
Al nivel nacional, cada Estado tiene distintos sistemas de reportar delitos. Junto a los reportes realizados por a las autoridades y los registros judiciales y penitenciarios, existen las encuestas de victimización que ayudan a subsanar los vacíos de las demás fuentes. Según los datos de UNODC, un total de 54 Estados tienen una encuesta de victimización. Entre toda la variedad de técnicas de encuestas tenemos al: PAPI, CAPI, WAPI, CASI, CAWI, CATI, TAPI, TASI, SAPI y SASI[37]. Las que se utilizan más en el caso de las encuestas de victimización son el CAPI, el HAPI y el CATI. En general los métodos que se hacen a través de la asistencia del ordenador (CAPI y CATI) son mucho más eficaces que los que se hacen a mano (HAPI). Cuando la encuesta se hace en el formato CAPI por ejemplo, se ha demostrado mayor cantidad de información coleccionada que en el caso de la utilización del HAPI[38]. Lo ideal entonces sería que los Estados, para responder a la exigencia de recolectar los datos y nutrir los campos de las variables de desagregación (tags) de la ICCS, uniformizaran sus sistemas de colección de datos a través de encuestas en formato electrónico en lugar del escrito. El ejemplo del uso del formato electrónico puede ser ilustrado por una práctica que tiene lugar en las Naciones Unidas bajo la forma del UN-CTS[39] “Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal”. Se trata de un diagnóstico que la oficina de la UNODC manda a todos los Estados en el formato Excel para que lo rellenen las autoridades competentes y lo devuelvan a la oficina de las Naciones Unidas. El año pasado en el UN-CTS respondieron 57 Estados y los años anteriores la participación fue 105 (2013), 101 (2012), 100 (2011) entre otros.
La ICCS es una herramienta muy reciente cuyo desarrollo lleva un par de años consolidándose. En su construcción se involucran muchas organizaciones tanto internacionales como regionales. Los dos entes regionales muy activos en este tema son EUROSTAT y OEA. Aunque a las negociaciones y a los trabajos asisten Estados asiáticos o africanos, lo que uno se podría preguntar es: ¿Quid de la inclusión en el proceso de elaboración de la ICCS de las organizaciones regionales de estas dos regiones, ASEAN y UA? Para que los clasificadores sean uniformes para todas las partes del mundo, deberían de colaborar varios actores de todos los continentes para que esta iniciativa no sea tomada como una tentativa de imposición del modelo Occidental al resto del mundo, como ya se está denunciando con la idea de la democracia o los derechos humanos.
Por otro lado, el proceso de implementación de la ICCS puede tomar dos caminos en función del estado de los clasificadores nacionales de cada Estado. Como lo mencionamos anteriormente, hay Estados que por cuestiones políticas o históricas aún no han desarrollado su sistema de clasificación de los delitos. Podríamos pensar que les resultaría más difícil de adaptarse a la ICCS por el hecho de no tener ninguna referencia previa. Sin embargo, parece ser que serían justamente los Estados con sus sistemas de clasificación consolidados que tendrían más faena que los que empezarían desde cero. Es así porque estos segundos, sólo con la voluntad política, podrían adoptar el sistema internacional como el suyo, y en los casos de divergencia ir adaptándolo de acuerdo a sus capacidades institucionales; mientras los otros Estados deberían de hacer prueba de mucha flexibilidad para ir adaptando sus sistemas a través de las tablas de correspondencia, traducciones, etc.
No obstante, la UNODC ayuda a los Estados prestando su ayuda técnica para implementar la ICCS en los sistemas nacionales. Esto resultaría ser un buen apoyo tanto para los Estados que empiecen de cero como para los que tendrían que revisar sus normas internas y sus clasificaciones nacionales. La ayuda comprenderá tanto los asuntos legales, como estadísticos y lingüísticos para los grandes retos que supone la aplicación de la ICCS.
Por tercero, estamos a la espera del manual que va a publicarse el próximo año y que está pensado para dar las respuestas a las preguntas más frecuentes, las que mencionamos previamente. Este manual será muy útil para el comienzo de implementación y en el caso de obstáculos de más alta gravedad o complejidad, los Estados podrán pedir dicha ayuda técnica a la oficina del UNODC.
En su conjunto, las consideraciones que se pueden hacer alrededor de la ICCS y su implementación son muy pocas. Entre éstas, algunas pueden parecer hasta muy buscadas y contestables. Esto significa que en su globalidad la ICCS está bien hecha y bien pensada gracias a la colaboración de varios y diversos actores. Los obstáculos jurídicos que traté de encontrar son superables con la práctica y la evolución conforme se vaya revisando la ICCS por los expertos nacionales e internacionales. De igual modo, siendo una herramienta técnica sin ninguna implicación jurídica ni política, la ICCS no causará muchos disturbios por su entrada en los sistemas nacionales y al mismo tiempo servirán a llevar a cabo unas estadísticas mundiales de calidad.
Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000.
Resolución 68/261 de la Asamblea General, de 3 de marzo 2014
Standard Statistical Classifications: Basic Principles, Eivind Hoffmann, Bureau of Statistics, International Labour Office and Mary Chamie, United Nations Statistics Division, 10 Febrero 1999.
United Nations Fundamental Principles of Official Statistics – Implementation Guidelines, Enero 2015
UNODC:
International Classification of Crimes for Statistical Purposes, Results of the Final Testing – Draft, UNODC, Mayo 2014
International Classification of Crimes for Statistical Purposes, Principles – Structure – Application, August 2014, Draft
International Classification of Crimes for Statistical Purposes (ICCS) Report on the Final Expert Group Meeting on the Development of The ICCS Vienna, 28-30 Mayo 2014
International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), versión 1.0, UNODC, Marzo 2015
Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification, Report to the Conference of European Statisticians, September 2011
International Statistics on Crime and Justice, European Institute for Crime Prevention and Control, 2010
Informe para la Conferencia de Estadísticas Europeas del Septiembre 2011
Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, Para los Servicios Estadísticos Nacionales y Comunitarios, Adoptado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo, 28 de Septiembre 2011
Otras fuentes internacionales:
El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès-verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º de julio de 2002.
Fuentes nacionales:
“Principios básicos de las clasificaciones estadísticas en el ámbito sociodemográfico”, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Marzo 2005
[1] Informe para la Conferencia de Estadísticas Europeas del Septiembre 2011, página 6, “II. Antecedentes”.
[2] “Principios básicos de las clasificaciones estadísticas en el ámbito sociodemográfico”, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Marzo 2005, página 6.
[3] Como por ejemplo Canadá que tiene el sistema a la vez consuetudinario y de tradición del derecho civil (Quebec).
[4] International Classification of Crime for Statistical Purposes.
[5] Task Force on Crime Classification.
[6] Informe para la Conferencia de Estadísticas Europeas del Septiembre 2011, página 5, “Resumen ejecutivo y recomendaciones”.
[7] Task Force UNODC/UNECE creada en Octubre 2009 (ECE/CES/BUR/2009/OCT/12).
[8] International Classification of Crimes for Statistical Purposes, Results of the Final Testing – Draft, UNODC, Mayo 2014, página 5.
[9] International Classification of Crimes for Statistical Purposes, Principles – Structure – Application, August 2014, Draft, página 7.
[11] Standard Statistical Classifications: Basic Principles, Statistical Commission, 10 febrero 1999.
[12] El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès-verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º de julio de 2002.
[13] Artículo 8 del Estatuto de Roma 1998.
[14] Artículo 7 del Estatuto de Roma 1998.
[15] Artículo 5.1.d) y 5.2. del Estatuto de Roma 1998.
[16] Artículo 6 del Estatuto de Roma 1998.
[17] Aprobada por la Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000.
[18] „Assault” en ingles.
[19] Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification, Report to the Conference of European Statisticians, September 2011, página 42, parrafo 7.
[20] International Classification of Crimes for Statistical Purposes (ICCS) Report on the Final Expert Group Meeting on the Development of The ICCS Vienna, 28-30 Mayo 2014, página 19.
[21] Standard Statistical Classifications: Basic Principles, Eivind Hoffmann, Bureau of Statistics, International Labour Office and Mary Chamie, United Nations Statistics Division, 10 Febrero 1999.
[22] Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification, Report to the Conference of European Statisticians, September 2011, páginas 19-23.
[23] United Nations Statistical Commission, Standard Statistical Classifications: Basic Principles. New York, 1‐5 March 1999
[24] Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification, Report to the Conference of European Statisticians September 2011, página 12.
[25] “One cent sweet” en inglés.
[26] Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification, Report to the Conference of European Statisticians September 2011, página 12.
[27] International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), versión 1.0, UNODC, Marzo 2015, página 11.
[28] Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification, Report to the Conference of European Statisticians September 2011, página 25.
[29] International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), versión 1.0, UNODC, Marzo 2015, página 17.
[30] Report of the UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification, Report to the Conference of European Statisticians September 2011, página 32.
[31] Standard Statistical Classifications: Basic Principles, Eivind Hoffmann, Bureau of Statistics, International Labour Office and Mary Chamie, United Nations Statistics Division, 10 Febrero 1999, página 23.
[32] United Nations Fundamental Principles of Official Statistics – Implementation Guidelines, Enero 2015, página 63.
[33] Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, Para los Servicios Estadísticos Nacionales y Comunitarios, Adoptado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo, 28 de Septiembre 2011, página 3.
[34] A/RES/68/261
[35] Ejemplo de Bosnia y Herzegovina.
[36] Ejemplo de Francia, Reino Unido, México, etc.
[37] PAPI: Paper And Pencil Interviewing; CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing; WAPI: Web Assisted Personal Interviewing; CASI: Computer Assisted Self Interviewing; CAWI: Computer Assisted Web Interviewing; CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing; TAPI: Tablet Assisted Personal Interviewing; TASI: Tablet Assisted Self Interviewing; SAPI: Smartphone Assisted Personal Interviewing.
[38] International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), versión 1.0, UNODC, Marzo 2015, página 15.
[39] United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems
Femicidio: una aproximación a la violencia de género en Argentina.	Publicado el agosto 21, 2015	por cdeunodc Por: Lic. Cecilia Bossi
“La violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos.
Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos
reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz“.
Mensaje del 25 de noviembre de 2005.
El presente artículo trata de dar una aproximación sobre la violencia de género en Argentina. Se analizan los conceptos de “femicidio”, “feminicidio”, “femicidio vinculado” y “víctimas colaterales”. Dichos vocablos conceptualizan experiencias sociales poniendo en tela de juicio patrones culturales en torno a la violencia de género. Un ejemplo de esto es el cambio en el tratamiento de los asesinatos de mujeres en los medios de comunicación. La terminología “crimen pasional” es reemplazada por “femicidio” ya que el motivo del asesinato no es la pasión sino la misoginia.[1]
Por otra parte, el artículo recorre los aspectos legales del país para desembocar en las magnitudes que asume la violencia de género cuya máxima expresión es el femicidio. Analizar la legislación internacional y nacional ofrece un panorama sobre el estado de la cuestión. El reconocimiento jurídico de los derechos de la mujer visibiliza un contexto social donde las mujeres están en una posición de vulnerabilidad con respecto a los varones. Los conceptos legales sirven para nombrar a las injusticias y, en consecuencia, nos brindan las herramientas analíticas para poder pensar en ellas. Una sociedad que promulga leyes contra la violencia hacia las mujeres es, en definitiva, una sociedad que expone de manera pública las problemáticas de género. El desarrollo de este tipo de leyes revela que la violencia contra las mujeres ocupa un sitio prioritario en la agenda internacional y nacional, es decir que la problemática adquiere conciencia política.
Si bien el presente artículo hace referencia al femicidio, es importante analizar la legislación internacional y nacional con respecto a otras cuestiones que sufren las mujeres. Si en un país las mujeres no tienen derechos políticos, están desfavorecidas en el mundo laboral y educativo, no tienen acceso a la información sexual y no están resguardadas por una regulación del ejercicio profesional de la obstetricia, eso dará una pauta de las inequidades de género de dicho país. Dado que el femicidio es la máxima expresión de inequidad de género, resulta conveniente indicar los avances para mitigar las desigualdades dentro de todas las aristas sociales, sean políticas, económicas, educativas o reproductivas.
Es importante destacar que el femicidio no significa solamente una violación a los derechos de la mujer. Arrebatar la vida de una mujer por el simple hecho de ser mujer debe ser entendido como una violación a los derechos humanos, porque si esa mujer se convierte en algo menos que un ser humano se le objetiviza convirtiéndose culpable de su propia muerte. Los conceptos aquí trabajados sirven para interpretar la realidad y poner a la violencia de género como objeto de preocupación.
La feminista Carol Orlock fue la primera escritora en hacer referencia al vocablo “feminicidio” en una antología que nunca fue publicada. Luego, la escritora Diana Russell utilizó este término por primera vez en 1976 cuando testificó ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres. Diana Russell recuerda la primera vez que escuchó el concepto de “feminicidio” de la siguiente forma: “…reverberó poderosamente en mí como un vocablo que debía referirse a la muerte de mujeres ocasionada a manos de hombres por el simple hecho de ser mujeres.” La escritora continúa desarrollando la necesidad del término “feminicidio” de este modo: “Establecer una categoría que denota el hecho de provocar la muerte a las mujeres es un paso importante en la dirección de hacer pública esta forma de violencia contra las mujeres.”[2]
En la actualidad existe un debate por el uso de los conceptos de “femicidio” y “feminicidio”. En el libro “Feminicidio: una perspectiva global” se entiende por “femicidio” una voz homóloga a homicidio que solo significa el asesinato a mujeres, mientras que “feminicidio” es interpretado como el conjunto de formas de violencia contra la mujer que en ocasiones puede desembocar en su asesinato o suicidio.[3] Sin embargo, en el presente artículo se utiliza la expresión “femicidio” aludiendo a la situación más extrema de la violencia de género cuyo pilar es el dominio y el control del varón sobre la mujer a quien considera un bien patrimonial y puede ser sinónimo de “feminicidio”.[4]
El término “femicidio vinculado” es explicado por la asociación civil argentina “La Casa del Encuentro” como los casos en que la víctima se interpuso para evitar el femicidio o aquella persona que es asesinada para ocasionarle un daño a la mujer a quien el agresor considera de su propiedad. Por otra parte el término “victimas colaterales” indica la cantidad de niños y niñas huérfanos a causa de los femicidios.[5]
Derechos de la Mujer: un recorrido por la legislación internacional y nacional de Argentina.
Desde sus inicios, Naciones Unidas reconoció a los derechos de la mujer, tal es así que el Artículo 1 de la Carta alienta a los países miembros a cooperar para el desarrollo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión.[6]
En 1946 se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer[7], comisión orgánica del Consejo Económico y Social dedicada a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La Comisión se reunió por primera vez en Nueva York en 1947, contando con el apoyo de la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), una dependencia de la Secretaría de las Naciones Unidas.
La Comisión desempeñó un papel crucial en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) al defender la utilización de un leguaje neutral suprimiendo el uso de la palabra “hombres” como sinónimo de “humanidad”. Otro de los logros de la Comisión fue la elaboración de las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953 busca igualar el ejercicio de los derechos políticos entre hombres y mujeres. En la Convención queda establecida la igualdad del derecho a voto en todas las elecciones, la posibilidad de ser elegibles para todos los organismos públicos electivos y la oportunidad de ocupar cargos públicos y de ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad con los hombres.
Por otra parte, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer redactó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios en 1962. Estos acuerdos intentan regular los derechos de las mujeres casadas desde una perspectiva de género no patriarcal.
Por otra parte, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) creó el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor en 1951, la cual intentó erigir el principio de paridad salarial entre hombres y mujeres.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer en 1967, que sirvió como precursora de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). La CEDAW fue aprobada por la Asamblea General en 1979 convirtiéndose en un hito histórico en la lucha contra la violencia de género. De acuerdo al Artículo 1 de la CEDAW la discriminación es: “…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (…) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”[8] La Convención pretendió erradicar cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que busque damnificar a la mujer. En 1999 se crea el Protocolo Facultativo que reconoce las competencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con el fin de examinar los avances en la aplicación de las disposiciones de la CEDAW así como investigar denuncias de particulares en torno a la violencia de género.
La Asamblea General declaró el año internacional de la mujer en 1975 dando inicio a una nueva etapa de dialogo mundial para promover los derechos de la mujer y la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Para que coincidiera con el año internacional de la mujer, se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México en 1975. Entre los acuerdos de la conferencia se encuentra el Plan de Acción Mundial que propuso directrices a los estados miembros durante toda una década. Esos años fueron conocidos como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Los objetivos se focalizaron en garantizar el acceso equitativo de la mujer a la educación, a las oportunidades de empleo, a la participación política, a los servicios de salud, a la vivienda, a la nutrición y a la planificación familiar.[9] Para alcanzar dichas metas se constituyó el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) fundado en 1976. El Instituto fue establecido para promover y realizar investigaciones sobre políticas de empoderamiento a la mujer, difundir información sobre la perspectiva de género y fortalecer las capacidades de las instituciones para suprimir la discriminación entre hombres y mujeres.
Luego de la primera conferencia en 1975, la Asamblea General creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer con el objetivo de brindar asistencia técnica y financiera a los países que no podían implementar los acuerdos de México por su situación económica. El fondo estaba pensado para cubrir todo el Decenio para la Mujer y luego dejar de tener vigencia. Sin embargo, la Asamblea General decidió dar continuidad al trabajo manteniendo el fondo dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De esta manera se estableció el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en 1985.
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se realizaron las conferencias de Copenhague en 1980 y de Nairobi en 1985. En dichas conferencias se discutió la discrepancia entre los derechos jurídicos de las mujeres y las posibilidades reales de ejercerlos. Durante estos contextos de diálogo mundial fueron instaurados el Programa de Acción para la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague) y las Estrategias de Nairobi orientadas a la promoción de la igualdad de género a nivel nacional y fomentar la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo.
Los esfuerzos alcanzados en las conferencias mundiales sobre la mujer se materializaron en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993. Sin embargo, no fue hasta la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 que se trasladó el interés por el concepto de mujer hacia el concepto de género. La cuarta conferencia sirvió como un espacio de debate sobre la reevaluación de toda la estructura social desde una perspectiva de género reconociendo que los derechos de la mujer son, por sobre todas las cosas, derechos humanos. Durante el encuentro se aprobó por unanimidad la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing que alimentó el compromiso por parte de los estados miembros a potencializar el rol de la mujer en todos los niveles sociales. Tal como la declaración de Beijing dispone, se creó la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI), cuya función principal es supervisar el trabajo de DAW y hacer un seguimiento a la Plataforma de Acción.
En 2010 la Asamblea General fusionó DAW, INSTRAW, UNIFEM y OSAGI dando origen a ONU Mujeres para continuar trabajando en el empoderamiento de la mujer y la equidad de género.
A nivel hemisférico la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) creada en 1928, es el principal foro para promover los derechos humanos de las mujeres. La CIM aprobó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (Montevideo, Uruguay, 1933); la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (Bogotá, Colombia, 1948); la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (Bogotá, Colombia, 1948) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, Brasil, 1994). Esta última Convención define la violencia contra la mujer como “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”[10]
En el nivel regional la CEPAL adecuó la implementación del “Plan de Acción Mundial” de 1975 en el “Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina” (PAR). Asimismo, los países miembros de la CEPAL coincidieron en establecer foros permanentes enmarcados en la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es evaluar los avances logrados en la aplicación del PAR. La Quina Conferencia Regional en Curazao formuló la elaboración de un plan de acción regional para 1995-2001 cuyo propósito era contribuir a la equidad de género. En la Sexta Conferencia Regional celebrada en Mar del Plata en 1994 se aprobó el Programa de Acción Regional 1995-2001. El programa propuso estrategias para superar la inequidad entre hombres y mujeres, la pobreza, la falta de desarrollo económico y social desde una perspectiva de género. Asimismo, el plan intentó fomentar los derechos humanos, las responsabilidades familiares compartidas y los derechos políticos de las mujeres.
En Argentina los tratados y concordatos tienen rango constitucional y jerarquía superior a las leyes. Lo anterior significa que todos los tratados de derechos humanos incorporados al texto constitucional deben entenderse complementarios de los derechos y garantías establecidos en el mismo, además se pueden incorporar nuevos instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional con la aprobación de mayorías especiales en el Congreso Nacional.[11]
El país es uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas y al firmar la Carta en 1945 aceptó que los derechos humanos deben ser respetados sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión. También, ratificó el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor en 1956[12], la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1960[13], la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1963[14], la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios en 1969.[15]
La CEDAW fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en 1985 bajo la Ley 23.179. En dicha ley se recuerda que “…la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país…”.[16] También, se aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW en el año 2006.[17]
En 1996 el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron la Ley 24.632 en la que se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la “Convención de Belém do Pará”. En la ley se reconoce que “…la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.”[18]
Luego de la ratificación de la Convención de Belém do Pará se sancionaron leyes nacionales y provinciales de violencia familiar[19](como es el caso de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar de 1996)[20], se modificó la legislación penal y se dictaron distintas disposiciones administrativas. De esta manera, se buscó ajustar la legislación argentina a las obligaciones contraídas y dar así un marco legal a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. En el año 1999 el Congreso Nacional sancionó la Ley 25.087 que modificó el Código Penal al introducir cambios en la definición de los delitos. Los cambios fundamentales giran en torno a la conceptualización de agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la sexualidad de las mujeres.[21]
En 1991 se creó el Consejo Nacional de la Mujer bajo las Leyes N. 23.179 y N. 24.012 y el Decreto 1.426/92 cuyo fin fue la concreción del compromiso asumido por Argentina en la Convención de Belém do Pará. Asimismo, en el año 1998 se instituyó la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación cuyas funciones varían desde la atención integral de las víctimas de violencia doméstica hasta el rescate y acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata.
Otras leyes sancionadas para el empoderamiento de la mujer y la promoción de la equidad de género son:
Ley 24.012de Cupo Femenino sancionada en 1991 donde queda establecido que en las listas de candidatos para elecciones deben tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones de resultar electas.[22]
Decreto 2.385/93sobre acoso sexual en la Administración Pública Nacional de 1993.[23]
Ley 24.716 de Establecimiento de una licencia especial para la madre trabajadora en relación de dependencia a consecuencia del nacimiento de un hijo con Síndrome de Down sancionada en 1996.[24]
Decreto 1.363/97 sobre Igualdad de Trato entre Agentes de la Administración Pública Nacional sancionada en 1997.[25]
Ley 24.828sancionada en 1997 de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.[26]
Decreto 254/98 dePlan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral.[27]
Ley 25.250, título I, artículos 2º y 3º reforma laboral: para el estimulo del empleo estable se incorporan dos incentivos para el empleo de mujeres, los cuales varían desde una reducción de sus contribuciones a la Seguridad Social hasta subsidio destinado al pago de las remuneraciones.[28]
Ley 25.273 de Creación de un sistema de inasistencias justificadas para alumnas embarazadas en los sistemas educativos sancionada en el año 2000. [29]
Ley 25.543 de Test Diagnóstico de VIH a toda Mujer Embarazada sancionada en 2001.[30]
Ley 25.674 de Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino) sancionada en 2002.[31]
Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados/as del Servicio Doméstico, sancionada en 1999. La ley busca regular el régimen de seguridad social para los empleados domésticos. Luego de la ley vinieron los decretos 485/2000, 290/2001 y 291/2001que intentaron solidificar el marco de previsión social para empleados domésticos.[32]
Ley 25.673de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en 2002.[33]
Ley 25.584de Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia sancionada en 2002.[34]
Ley 25.808de modificación del Artículo 1º de la Ley 25.584 de Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia sancionada en 2003.[35]
Ley 26.150del Programa Nacional de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 donde se establece que todos los centros de educación, sean públicos o privados, deben impartir educación sexual.[36]
Ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento sancionada en 2004. Dicha ley establece los derechos de la mujer al momento del parto.[37]
Ley 26.130de Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, Ligadura de Trompas y Vasectomía, sancionada en 2006. Esta ley dicta que toda mujer mayor de 18 años tiene el derecho a acceder a la realización de la práctica denominada “ligadura de trompas de Falopio”.[38]
Ley 26.472 de Régimen de Prisión domiciliaria y Ejecución Penal, la cual
prevé que las mujeres embarazadas y con niños menores de 5 años pueden acceder a este beneficio. La ley fue sancionada en 2008.[39]
Decreto 936/2011 cuyo objetivo es la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual y la Ley 26.522 sancionada en 2009 de servicios de comunicación audiovisual que garantiza el tratamiento igualitario y no estereotipado en los medios, evitando la discriminación por razón de género u orientación sexual.[40]
Ley 26.743 de Identidad de Género que establece el derecho a la identidad de género de las personas sancionada en 2012.[41]
Ley 26.842 sobre la Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas sancionada en 2012[42], complementaria a la Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas sancionada[43] La nueva ley otorga más derechos a las víctimas de trata, aumenta las condenas para traficantes y proxenetas y crea el Consejo Federal contra la Trata de Personas.
Ley 844 de Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares sancionada en el año 2013.[44]
Ley 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida sancionada en 2013.[45]
Ley 26.873 de Promoción y concientización de la importancia de la lactancia materna sancionada en 2013.[46]
Ley 27.039 deFondo Especial de Difusión de la Lucha contra la Violencia de Género, la cual creó una línea telefónica gratuita con alcance nacional sancionada en 2014.[47]
Dos leyes emblemáticas en el tratamiento judicial de la violencia de género fueron:
La Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales fue sancionada en 2009. Dicha ley representa un hito histórico respecto al tratamiento de la violencia de género dado que proporcionó un marco legal para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas. El Artículo 4 define la violencia contra las mujeres como: “…toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.”[48]
El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo rector en el diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la Ley 26.485. Dentro de este consejo la ley estableció la creación de un Observatorio de la violencia contra las Mujeres destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia de género.
Entre los avances de la ley se encuentra la caracterización de los tipos y modalidades que puede asumir la violencia. La modalidades pueden ser doméstica, institucional, laboral y mediática, mientras que los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica, simbólica y contra la libertad reproductiva. Además, se incluye la posibilidad de que la mujer víctima de violencia pueda pedir una medida cautelar urgente ante cualquier juez/a, de cualquier fuero e instancia y prohíbe las audiencias de mediación en los casos de violencia de género.
En 2012 se sancionó la Ley 26.791 la cual incorporó al Código Penal de Argentina la pena de reclusión perpetua o prisión perpetua a quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. A su vez, dispuso la reclusión perpetua o prisión perpetua al hombre que matare a una mujer y en el hecho mediare la violencia de género así como también a quien matare a una persona que con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación.[49] Aunque la Ley 26.791 no incorpora al femicidio como una figura penal autónoma, sí lo considera como un agravante de la figura de homicidio.
Vale aclarar que el Código Penal nunca menciona el término “femicidio” sino que en el Articulo 80 Inciso 11 dice que el homicidio de una mujer cuando mediare la violencia de género será castigado con la pena máxima del sistema penal argentino. En este sentido, quedan establecidas las características del femicidio porque se establece que el autor del crimen es un hombre, que la víctima es una mujer, que el autor del crimen mató a su víctima por ser mujer y que la violencia de género fue el instrumento para doblegar y someter a la mujer asesinada. El vocablo sí es utilizado por los funcionarios del sistema judicial argentino. Un ejemplo de este hecho fue el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 9 de la Capital Federal argentina en el que consideró al imputado del asesinato de una joven de 16 años como autor de “femicidio en concurso ideal con abuso sexual y homicidio críminis causae”. Para los jueces de la causa, el homicidio de la joven fue un femicidio dado que el autor del crimen cosificó a la víctima y la mató en un contexto de violencia de género. [50]
La magnitud del femicidio en Argentina
Si bien la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales dispuso la creación de estadísticas nacionales, todavía no hay un registro nacional de femicidios en Argentina. Por tal motivo, los medios de comunicación utilizan los informes del “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano” perteneciente a la asociación “La Casa del Encuentro”.
El informe de “Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios en Argentina”[51] fue publicado en el año 2013 y reúne el trabajo de 5 años realizado por La Casa del Encuentro. En el texto se revelan diversos datos estadísticos que serán analizados a continuación.
Entre 2008 y 2014 La Casa del Encuentro registró 1808 femicidios, 173 femicidios vinculados y un total de 2196 hijas e hijos que quedaron sin madre convirtiéndose en víctimas colaterales del Femicidio.[52] El año 2013 obtuvo el registro más alto de víctimas con un total de 295 femicidios y 39 femicidios vinculados, mientras que el 2008 fue el año con menor cantidad de víctimas registradas con 208 femicidios y 11 femicidios vinculados. Según los datos de La Casa del Encuentro la cantidad de femicidios no se han reducido luego de las sanciones de las Leyes N° 26.485 y N° 26.791 en los años 2009 y 2012 respectivamente.
Los datos del informe de “Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios en Argentina” señalan que entre los años 2008 y 2012 solo el 10% de las víctimas de feminicidio habían realizado denuncias de violencia de género. El informe avanza revelando la cantidad de femicidios con denuncias previas por año y la cantidad de femicidios con orden de exclusión/prohibición hacia el femicida. En el año 2012 hubo un leve aumento en la cantidad de femicidios con denuncias previas y de femicidios con exclusión/prohibición hacia el femicida.[53]
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina señala que desde el año 2010 ha habido un aumento de los casos atendidos, en el 2010 fueron 7437 los casos atendidos, mientras que en 2014 se atendieron 10573 casos. En cuanto a los tipos de violencia observada en los casos atendidos, desde el 2010 hasta el 2014 en el 95% de los casos se observó violencia psicológica, la violencia física ocupó el segundo puesto con un promedio del 68%, seguido por la violencia económica con un promedio del 36,5%. La violencia sexual ocupó el último puesto de tipo de violencia observada con un promedio del 13% de los casos atendidos.[54]
OVD señala en su informe de estadísticas comparativas entre 2010 y 2014 que en promedio el 46% de los casos atendidos fueron considerados en un nivel de riesgo medio y moderado hacia la víctima, mientras que en promedio el 30% de los casos fue considerado de un alto riesgo para la víctima.[55]
Según el informe de OVD el tipo de relación entre persona denunciada y víctima con el registro más alto durante 2010 y 2014 fue la categoría de “ex parejas”, seguida por “concubinos”, “cónyuges”, “filial”, “fraternal”, “otro familiar” y por último “novios”.[56]
Los datos de OVD en cuanto al tipo de relación entre la víctima y la persona denunciada se asemejan a los datos del informe “Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios en Argentina”. En el 37% de los casos los femicidas eran esposos/parejas/novios/amantes de las víctimas, el 26% eran ex esposos/ex parejas/ex novios, el 7% eran familiares, el 6% eran vecinos/conocidos, el 5% eran padres/padrastros y el 2% eran hijos.[57]
Los números acerca del tipo de relación entre la víctima y el femicida se relacionan con el hecho de que 6 de cada 10 homicidios son en una vivienda, sea la vivienda de la víctima (27,5 %), vivienda compartida (23,7 %) u otra vivienda (7,6%)[58].
El mayor porcentaje de las víctimas tenía entre 31 a 50 años. Las niñas de temprana edad y las adultas mayores representan el menor porcentaje de víctimas de femicidio.[59] En cuanto a los femicidas, el 36% tenía entre 31 a 50 años y el 27% entre 19 y 30 años.[60]
En cuanto a los femicidios vinculados, el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano indica que entre los años 2008 a 2012 hubo 67 femicidios vinculados de mujeres y niñas, de las cuales 25 eran adultas y 42 menores de 18 años. Los femicidios vinculados de hombres y niños sumaron un total de 99 casos, de los cuales 57 casos eran adultos y 42 casos eran menores de 18 años.[61]
El 65% de hijos e hijas que quedaron sin madre son menores de 18 años, es decir que el impacto social del femicidio se profundiza al considerar que son los menores de edad el porcentaje que más pierde a su madre.
El concepto de femicidio debe ser entendido dentro de un contexto social y cultural que avala las relaciones de dominio de hombres sobre mujeres. El femicidio como paradigma de análisis y constructo teórico surge como respuesta a la necesidad de nombrar un fenómeno social. Contar con un término que determine el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres fomenta la comprensión de las dimensiones del problema y ayuda a pensar en estrategias para resolverlo.
El concepto de femicidio elimina la asexualidad del término de homicidio dado que el género de la víctima no es un dato irrelevante, sino que es la causa del asesinato. En este sentido, el femicidio es el resultado de una serie de pautas culturales donde la violencia es aceptada como un instrumento de dominación y sometimiento. El sexismo se cuela en las esferas familiares, sociales e institucionales generando la producción y reproducción de asesinato de mujeres.
En el presente trabajo se expusieron los avances de la legislación internacional y, en particular, en la legislación argentina para empoderar a las mujeres y fortalecer el Estado de Derecho. Quizás, uno de los logros más importantes en Argentina para el resguardo de los Derechos Humanos de las mujeres fue la Ley 26.485. Dicha ley extrapola la violencia de género como un asunto doméstico y afirma que las conductas sexistas pesan tanto en los ámbitos privados como en los públicos.
Sin embargo, los esfuerzos articulados en Argentina para dar un marco regulatorio contra la violencia de género distan mucho de haber mermado el problema. Luego de los grandes avances legislativos en 2009 y 2012, el registro de femicidios en Argentina hecho por Casa del Encuentro mostró que la cantidad de mujeres asesinadas no se redujo.
Por otro lado, la cantidad de femicidios con denuncias previas y orden de exclusión no presenta grandes porcentajes. Existen algunas acepciones en cuanto a este último dato; por un lado la baja cantidad de denuncias y de orden de exclusión pudo haber sido por el accionar eficiente de las instituciones en prevenir el femicidio de mujeres que previamente habían denunciado a su agresor, pero por otro lado pudo deberse a que las víctimas no se hayan acercado a las instituciones responsables en protegerlas. Sea cual fuere la razón, no hay que olvidar que fueron asesinatos que pudieron haberse prevenido.
Los datos arrojados por OVD determinan los tipos de violencia más comunes en los casos atendidos. Los resultados establecen que no solo los golpes y el abuso sexual son actos violentos. Las agresiones verbales y el abuso económico deben ser entendidos como transgresiones al derecho de vida digna que toda mujer debe gozar plenamente.
Por otra parte, la mayor cantidad de femicidas mantenían o habían mantenido algún tipo de relación con la víctima, dejando entrever un panorama de sometimiento y maltrato donde la mujer no era capaz de desvincularse de su agresor. Este dato guarda relación con el hecho de que 6 de cada 10 femicidios fueron perpetrados en una vivienda, lugar que se asume culturalmente como seguro.
La cantidad de niños que se quedaron sin madre es una de las caras más perversas de este fenómeno, sobre todo si el autor del crimen es su progenitor. Son hijos de la violencia y testigos de una problemática que debe empezar a tratarse de manera concreta para erradicarla.
Las estimaciones de la asociación de La Casa del Encuentro han sido vitales para el desarrollo del presente informe. Sin embargo, es menester contar con estadísticas oficiales para saber las dimensiones que asume el femicidio. No basta con nombrar un problema, con ratificar tratados de derechos humanos o sancionar leyes para prevenir y erradicar la violencia de género. Se necesita información fidedigna para poder elaborar políticas públicas capaces de dar soluciones al problema. Saber la cantidad de femicidios es importante, pero también es menester tener otros datos estadísticos de la problemática como: reportes de mujeres ingresas a hospitales como consecuencia de violencia física o sexual, denuncias por maltrato infantil, cantidad de denuncias por violencia de género a nivel nacional, cantidad de procesos en procuración de justicia, cantidad de sentencias por violencia de género, desagregación de líneas de pobreza para mujeres y hombres y el empleo informal y desempleo desde una perspectiva de género entre otros datos necesarios para la comprensión del fenómeno.
Dentro de los retos que enfrenta la sociedad se puede mencionar el desafío de los medios de comunicación en poner en palabras una cuestión tan compleja como lo es el femicidio. Además, queda por abordar la prostitución y la transexualidad como paradigmas de violencia donde la estigmatización social convierte a las víctimas de femicidio en victimarias. Por otro lado, el tratamiento de la víctima de violencia de género en las instituciones de justicia debe ser revaluado para que la “Crónica de una muerte anunciada” solamente aluda a una referencia literaria, y no al desamparo institucional de una mujer que denuncia a su agresor.
La violencia de género se manifestó de la peor manera: cada 30 horas una mujer es asesinada en la Argentina por su condición de género. Cada femicidio debe interpelar a la sociedad en su conjunto, la marcha #niunamenos fue una muestra de ello. Más de 300 mil personas se juntaron frente al Congreso de la Nación para repudiar la situación de las mujeres como objeto de uso y de abuso. El femicidio dejó de estar oculto bajo el manto de “asuntos privados”, se convirtió en un tema de debate social y de agenda política. El ágora se llenó de caras de hombres, mujeres, niños y niñas, algunos eran víctimas de violencia de género, otros concientizados por la problemática, pero todos a favor de los derechos humanos.
La autora del presente artículo es Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina.
Para contactarla: bossi.cecilia123@gmail.com
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[17] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 26.171 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley%2026171.pdf [2015, 21 de junio].
[18] Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Jefatura de Gabinete de Ministros. Ley Nacional 24632 [en línea]. Disponible en:
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[19] Para el año 2006, 22 provincias sobre un total de 23 habían sancionado leyes de Violencia Familiar. Consejo Nacional de las Mujeres.
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[20] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 24417 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley24417_decreto235.pdf [2015, 25 de junio].
[21] Dentro de los cambios del Código Penal se encuentran la sustitución de la rúbrica del título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la integridad sexual”; el reconocimiento de distintos tipos de agresiones sexuales; la admisión de que el acceso carnal puede ser por cualquier vía; la derogación el artículo 132º que eximía de prisión al delincuente por casamiento posterior con la víctima; separación entre los delitos de corrupción y de prostitución entre otros.
Consejo Nacional de las Mujeres (2006). Ob. Cit.
[22] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 24012 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley24012_decreto1246.pdf [2015, 27 de junio].
[23] Consejo Nacional de las Mujeres. Decreto Nacional 2385/93 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/DECRETO_2385.pdf [2015, 27 de junio].
[24] Información Legislativa. Ley Nacional 24.716 [en línea]. Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39995/norma.htm [2015, 27 de junio].
[25] Consejo Nacional de las Mujeres. Decreto Nacional 1.363/97 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/DECRETO%201363.pdf [2015, 25 de junio].
[26] Información Legislativa. Decreto Nacional 2.385/93 [en línea]. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44189/norma.htm [2015, 27 de junio].
[27] Información Legislativa. Decreto Nacional Decreto 254/98 [en línea]. Disponible en:
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[28] Consejo Nacional de Mujeres. Ley Nacional 25.250 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LEY%2025250.pdf [2015, 29 de junio].
[29]Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.273 [en línea]. Disponible en:
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[30]Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.543 [en línea]. Disponible en:
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[31] Información Legislativa. Ley Nacional 25.674. Disponible en:
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[32] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.239 [en línea]. Disponible en:
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[33]Información Legislativa. Ley Nacional 25.673 [en línea]. Disponibilidad en:
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[34] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.584 [en línea]. Disponible en:
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[35] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.584 [en línea]. Disponible en:
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[36] Información Legislativa. Ley Nacional 25.808 [en línea]. Disponible en:
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[37] Información Legislativa. Ley Nacional 25.929 [en línea]. Disponible en:
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[38] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 26.130 [en línea]. Disponible en:
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[39] Información Legislativa. Ley Nacional 26.522 [en línea]. Disponible en:
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[40] Información Legislativa. Ley Nacional 26.472 [en línea]. Disponible en:
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[41] Información Legislativa. Ley Nacional 26.743 [en línea]. Disponible en:
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[42] Información Legislativa. Ley Nacional 26.842 [en línea]. Disponible en:
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[49] Información Legislativa. Ley Nacional 11.179 [en línea]. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#15 [2015, 17 de julio].
[50] Policiales (2015, 15 de julio). Mangeri fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Ángeles Rawson. Télam [en línea]. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201507/112828-angeles-rawson-mangeri-condena-perpetua.html [2015, 18 de julio].
[51] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.
[52] La Casa del Encuentro. Femicidios [en línea]. Disponible en:
http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html [2015, 19 de julio].
[53] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pp. 79 80)
[54] Oficina de Violencia Doméstica (2015). Estadísticas comparativas 2010- 2014 [en línea]. Disponible en: http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=92980 [2015, 01 de agosto].
[55] Oficina de Violencia Doméstica (2015). Ob. Cit.
[56] Oficina de Violencia Doméstica (2015). Ob. Cit.
[57] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág. 70)
[58] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág. 75)
[59] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág. 69)
[60] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág.73)
[61] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág.78)
¿Existe una alternativa para la coca en Bolivia?	Publicado el agosto 13, 2015	por cdeunodc Una de las cosas más inspiradoras y admirables del mundo es que siempre hay una alternativa, siempre algo puede ser remplazado o mejorado por algo más. Este fenómeno aparece en muchas disciplinas, pero posiblemente en donde es más aparente es en la economía. Esto se llama costo de oportunidad, lo cual es definido como el costo de la alternativa que no decidiste tomar y los beneficios que te hubiera dado.[1] Las personas, y las compañías, por lo general buscan tomar la alternativa que les dé más placer o más ganancias; sin embargo no siempre la decisión que se toma es la correcta.
La alternativa descrita en este artículo se refiere a sustituir la plantación de coca por la de café. Hacer la transición de una plantación de coca a una de café es relativamente simple y puede resultar ser una mejor decisión. Utilizando el Informe Mundial sobre las Drogas[2] de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y otros artículos informativos, se explica cómo esta transición puede que sea la mejor alternativa. La UNODC denomina este término de transición como “Alternative Development” o “Desarrollo Alternativo”.
La UNODC es una oficina de las Naciones Unidas cuya misión es lograr seguridad y justicia luchando contra la delincuencia, las drogas y el terrorismo. En diciembre del año 2000, en Palermo, Italia, se aprobó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Convención se complementa con tres protocolos contra de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y sus componentes. Esta convención entró en vigor en 2005, significando uno de los grandes aciertos de la UNODC para coordinar los esfuerzos de los países en la lucha contra el crimen organizado.
Cada año, la UNODC publica el Informe Mundial sobre las Drogas el cual analiza las tendencias de consumo, tráfico y cultivo de droga. El informe del 2015, trajo a la luz una sección nueva sobre desarrollo alternativo poniendo el foco en la sustitución del cultivo de hoja de coca a café. Esta sección muestra las experiencias de países como Bolivia, que han tomado la iniciativa –con la ayuda de la UNODC- de empezar a utilizar sus plantaciones para producir cultivos no ilícitos, al igual que usar tierra improductiva para reforestarla y obtener productos legales. La idea surgió del análisis profundo acerca del impacto que conllevaría la transición o sustitución de cultivos en diferentes países. La UNODC ha sido líder en este tema y ha tratado de hacer conciencia para que más países y su población estén informados de esta posible transición. Cualquier transición cuesta trabajo y recursos financieros y, aunque a corto plazo podría no haber grandes indicios de cambio, a largo plazo sí se podría ver un cambio drástico.
Teniendo en cuenta que Bolivia es un país que tiene considerables cultivos de la planta de coca, se han analizado distintas alternativas. Bolivia es el país más pobre de Sudamérica[3]; sin embargo tiene las condiciones y los recursos para ser una potencia, especialmente el Valle de los Yungas “[Los rangos de altitud de 760m a 1100m […] son ideal para la cultivación de café]”.[4] En todo Bolivia se estima que hay 23,000 hectáreas de plantíos de coca, el tercer productor mundial atrás de Colombia y Perú (48,000 hectáreas y 49,800 hectáreas, respectivamente). De los tres países que cultivan coca en Sudamérica, Bolivia tiene una producción de aproximadamente 50,000 toneladas al año (segundo después de Perú con 60,000t.). Actualmente, Colombia produce menos que Bolivia o Perú, con 15,000 toneladas, pero es el país líder en tráfico de ésta.[5]
En el Valle de los Yungas, se ha dejado de plantar coca y se ha decidió cultivar café, algo que es muy benéfico para el país. Dicha transición fue posible gracias a un programa encabezado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los Yungas es una región subandina en Bolivia que está localizada al noreste de la capital, La Paz. Esta región contiene una gran variedad de flora y fauna y es un área fértil para cultivar debido a su tierra rica en minerales y su clima húmedo y cálido. Esta zona es conocida por sus cultivos de coca y café.
Para Bolivia, la hoja de coca es sagrada, ya que es un cultivo tradicional desde la época incaica, y en muchos casos usada para fines legales como masticarla o para hacer infusiones. El presidente de Bolivia, Evo Morales era un plantador de coca y “[ha tenido mucho éxito en contener la difusión de coca en Bolivia]”[6] lo cual ha llevado a numerosos proyectos de vigilancia hacia la plantación de coca. Con esto en mente, desde la elección de Evo Morales en 2006, Bolivia ha promovido el entendimiento de que la coca se aprecie con dignidad. Por esta misma razón, el país lanzó una campaña internacional para que la coca se despenalice y se quite de la lista de narcóticos de la convención de Viena de 1961[7]. Esta campaña fue ineficaz; sin embargo en 2013 se llegó a la cláusula de autorización del uso de la planta de coca para ser masticada en su territorio[8], convirtiéndose en el único país con esta excepción. Con esto, queda permitido el cultivo de coca en 12,000 hectáreas utilizando métodos tradicionales. Sin embargo, sigue habiendo cultivos ilegales de coca. Estadísticas recientes señalan que el 93% de las plantas de coca producidas en los Yungas se venden en un mercado verificado en La Paz (Villa Fátima), por otro lado solo el 10% de la coca producida en Chapare (otro lugar de cultivo) es vendida legalmente.[9]
En el 2003, el gobierno de Bolivia y la UNODC empezaron a publicar informes anuales sobre cultivos de coca. Estos informes se generan a partir de imágenes satelitales, videos y verificación de terrenos. Desde entonces los cultivos de coca han bajado, en este sentido la UNODC reporta que de 2010 a 2013 los cultivos de coca disminuyeron en un 26%, siendo la producción más baja de coca desde 2002.[10]
La sustitución del cultivo de coca a café sería de gran beneficio para Bolivia, en especial para su economía. Bolivia es un país muy pobre y necesita de crecimiento económico, algo que es posible y, simplemente, no se ha hecho. El país tiene un PIB de $69.96 billones de USD y exporta $12.34 billones. Al hacer la transición de cultivos de coca a café, Bolivia podría ser uno de los mayores exportadores de café en el mundo.
La UNODC denomina a la sustitución de cultivos como desarrollo alternativo. De acuerdo a esta Oficina, los objetivos del desarrollo alternativo de fortalecer la economía y el desarrollo social[11] son importantes y básicos para poder hacer esta transición. A esta transición se le llama “Crop substitution” o “sustituto de cosecha” lo cual tiene sus antecedentes en Asia con el opio. En el caso de Bolivia sería la cosecha del café. El país sudamericano está localizado dentro del “cinturón del café” (entre el trópico de Cáncer y de Capricornio) donde el clima es favorable para producir café. Brasil, Vietnam y Colombia son los 3 países que más producen café en el mundo, ¿por qué no Bolivia? El país tiene los recursos, clima y geografía ideal para poder ser una potencia en producir café.
Bolivia necesitará ayuda de organismos internacionales y de otros países para poder hacer esta transición y salir adelante. La UNODC es un organismo que es de gran ayuda para este proyecto, ya que ha apoyado al gobierno de Bolivia con encuestas de cultivo de coca desde el 2003. Estados Unidos, también ha sido un país que ha tomado liderazgo y apoyado a Bolivia en asuntos relacionados con la sustitución de la cultivación de coca.
Una de las formas de desarrollo alternativo es la reforestación y los métodos agroforestales. Estas dos estrategias ya se implementaron en Bolivia y han tenido mucho éxito, específicamente con mujeres ya que se les enseñó cómo usar la vegetación local para crear productos que mejoren la seguridad de comida y la nutrición[12]. La reforestación tiene como objetivo desarrollar una producción sustentable de productos como la madera o el caucho. Los métodos agroforestales buscan intercalar cultivos para que el sueldo de los granjeros crezca, así como la economía en general. La agroforestería se enfoca más en cambiar el cultivo de coca por el de café. Esto no significa que la cultivación de coca se erradique completamente, pero sí que se monitoreé y se reduzca el área de cultivo ilícito. La razón por la cual Estados Unidos y la UNODC quieren monitorear o erradicar estos cultivos es porque los cárteles de Brasil operan en el sur de Bolivia, creando un centro de narcotráfico[13]. Por esta razón se quiere erradicar los cultivos de coca, ya que Estados Unidos consideran que la violencia y el tráfico podrían provenir de los bolivianos aunque sean los brasileños quienes operan el narcotráfico en su vecino país.
Sin embargo, la sociedad boliviana está titubeante con la idea de dejar de cultivar coca, ya que tiene un lugar sagrado e histórico en su país, sin tomar en cuenta que al reducir el área de cultivo de coca a menos de 8,000 hectáreas y utilizar lo demás para plantar café, cacao, o caucho, la economía boliviana crecería en un porcentaje alrededor del 3%. Ya que la mayoría de la coca se consume localmente, no hay un gran mercado legal para la planta de coca a nivel internacional, pero sí hay un vasto mercado ilegal. Esto causa un conflicto ya que la economía del país no crece con mercados ilegales o “económica subterránea” causando que Bolivia pierda importantes recursos financieros.
Desde la década de los ochentas Washington ha contribuido con alrededor de 7 billones de dólares anuales a la región andina de Bolivia para erradicar la coca ya que la problemática causa violencia que afecta a los Estados Unidos. Con este dinero la producción de café ha crecido y la de la coca ha bajado. Al respecto, los bolivianos no están contentos con esta situación tanto que en 1996 había un slogan que decía “Viva la coca y mueran los yanquis”[14] y querían que los estadounidenses dejaran los cultivos de coca en paz. Una de las razones por la cual los indígenas bolivianos están descontentos es porque la coca no hace daño ni es adictiva[15], lo que hace a la coca adictiva es su procesamiento con químicos hasta llegar a la cocaína. Bolivia no está de acuerdo con el reemplazo de café por la coca, pero no tiene que ser un completo reemplazo, pero idealmente y por razones económicas, es que el café debería dominar los cultivos en Bolivia.
La exportación de la planta de coca de Bolivia no es mucha, si se considera que la hoja de coca en Bolivia generó aproximadamente US$ 265 millones en 2009[16], y es muy similar si se cambia a café. El consumo de coca en Bolivia es considerable, pero en un área pequeña se puede producir coca suficiente para satisfacer la demanda doméstica. En este sentido, es posible pensar en la transición o “co-plantacion” del café y la coca. Tomando en cuenta que hay aproximadamente 23,000 hectáreas de plantaciones de coca en Bolivia, en la zona de los Yungas y Chapare. Si de esas 23,000 hectáreas, 2,000 fueran de coca, 19,000 de café y 2,000 de caucho la economía de Bolivia crecería, pero no mucho más de lo que hace al producir coca. El uso de la coca en Bolivia es local y la que se exporta se hace legalmente y bajo estrictos lineamientos de la UNODC. Sin embargo, con mayores plantaciones de café, Bolivia podría subir al top 10 de los países que más produce café, debido a su localización y éxito en cultivaciones. Sin embargo, en términos de recursos financieros y crecimiento económico, si Bolivia decide cambiar y erradicar todas las cultivaciones de coca y reemplazarlas por café u otros cultivos, la economía no se vería muy afectada.
La UNODC ha tenido un gran papel en el monitoreo de plantaciones de coca en Bolivia desde el 2003. Con esto ha disminuido el cultivo de coca hasta un 26%, lo más bajo desde el 2002. Para todos los fines, si Bolivia consume la coca internamente y la UNODC en conjunto con los Estados Unidos monitorea los cultivos y el tráfico de esta planta no hay razón por la cual Bolivia deberá dejar de cultivar coca. Ahora, si quiere producir café en conjunto con coca, se necesitan fondos y tecnología que los Estados Unidos estarían dispuestos a proporcionar con el fin de que la hoja de coca deje de ser producida. No es tanto una transición lo que es necesario, sino una coproducción de café y coca. Mientras la coca se consuma localmente y se exporte de manera legal, una completa transición en si no es necesaria.
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El autor cursa actualmente la Licenciatura en “Economía” en The Ohio State University en Columbus Ohio, EUA. Para contactarlo: gomeztena.1@osu.edu
[1] http://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp
[2] https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
[3] http://www.richestlifestyle.com/poorest-countries-in-south-america/2/
[4] http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2107750,00.html
[5] http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/bolivia/south-american-cocaine-production
[6] http://www.insightcrime.org/news-analysis/colombia-again-world-top-cocaine-producer
[7] https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
[8] http://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/bolivia-coca-growing-cocaine
[11] World Drug Report 2015
[12] World Drug Report 2015.
[13] http://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/bolivia-coca-growing-cocaine
[15] http://revista.drclas.harvard.edu/book/us-drug-and-coca-eradication-policies-bolivia
[16] http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Bolivia/BOLIVIA-COCA-SURVEY-2010-ES-WEB.pdf
Leoluca Orlando, Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana	Publicado el marzo 20, 2015	por cdeunodc Por Giada Greco[1]
El objetivo del presente artículo se enfoca en la manera en la que las políticas culturales, de restauración del patrimonio histórico, de educación y de medios de comunicación, pueden resultar complementarias a las políticas más tradicionales de combate al crimen organizado, como el trabajo de la magistratura y la política criminal. Las políticas culturales son medidas preventivas, cuyos resultados se incorporan en la estructura social con consecuencias en el largo plazo; estas políticas debilitan las oportunidades criminales y los incentivos para ser parte de la criminalidad organizada y evitan su aceptación y justificación en la vida de cada persona y en la sociedad. Se trata de crear una consciencia colectiva y compartir información.
Ilustración 1. Artículo del periódico l’Unitá de 1983. ‘Terror mafioso: Palermo como Beirut. La matanza para asesinar al juez Chinnici’
El libro ‘Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana’ del alcalde de Palermo Leoluca Orlando, es la crónica de cómo la ciudad logró cambiar la cultura de la ilegalidad a finales de los años noventa del pasado siglo con este enfoque. Para poder entender este proceso de crecimiento cultural y económico, y examinar si realmente se puede hablar de éxito, primero hay que analizar históricamente el Palermo del pasado siglo, el conocido como ‘Líbano de Italia’.
La Mafia siciliana, o Cosa Nostra, fue la directa consecuencia de la falta de un estado fuerte en el territorio y de sus efectos; la población siciliana nunca creyó que la justicia llegaría a su tierra, por lo que empezó a servirse de los ‘hombres de honor’ para que cumplieran lo que cualquier otro gobierno burocrático de las demás ciudades europeas hacía. Y fue justo la creación del mito de la sociedad mafiosa que hacía que funcionara el orden social según ideales bien definidos, el que aseguró el éxito de la Cosa Nostra (Orlando 2003, p.19).
En los años cuarenta el miedo a la pobreza hizo que los palermitanos toleraran la Mafia. Los Estados Unidos no la eliminaron del orden social que dejaron después de la Segunda Guerra Mundial y por eso no solamente fue integrada, sino que logró formar una alianza con el partido Demócrata-Cristiano (DC), opositor del comunismo. Este plan permitió al partido quedarse en el poder durante décadas: “Los líderes y gobiernos iban y venían, pero los demócrata-cristianos eran eternos” (Orlando 2003, p.54).
Los años cincuenta fueron los años del ‘Saqueo de Palermo’ (Sacco di Palermo) y de la especulación edilicia: la imagen de la ciudad fue devastada por el ‘modernismo de la Mafia’ (Orlando 2003, p.36). Fueron los años de Salvo Lima y Vito Ciancimino, miembros de la DC que empezaron a tejer relaciones en el mundo de la política.
En los años setenta, como consecuencia de la Primera Guerra de la Mafia[2] y de la creación de la Comisión Antimafia, la Cosa Nostra tuvo que actuar sin perturbar el equilibrio social. En estas circunstancias, empezó el ascenso de la facción de los ‘corleoneses’[3] cuyos miembros más notorios fueron Salvatore (Totó) Riina (llamado ‘la belva’, es decir la bestia) y Bernardo Provenzano (‘u tratturi’, el tractor, por su determinación al asesinar). Raramente, la atención internacional se detiene en sus perfiles psicosociales de hombres de pueblo, sin educación y originalmente de clase baja: una imagen considerablemente diferente de lo que pintan las películas.[4] La Segunda Guerra de la Mafia empezó porque los corleoneses no estaban interesados en el perverso mecanismo democrático por el que se regía la Cosa Nostra.
Ilustración 2. ‘Aquí yace la esperanza de los palermitanos honestos’. Un mensaje anónimo que se encontró el día siguiente del asesinato de Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Una respuesta fundamental de las instituciones fue la creación del ‘Pool Antimafia’[5], desarrollado por el consejero instructor de Palermo, Rocco Chinnici. En 1982, gracias a la indignación de la opinión pública después del asesinato de Carlo Alberto Dalla Chiesa, oficial de los Carabinieri, fue aprobada la ley 646/1982 Rognoni-La Torre, que definía la asociación de tipo mafioso (ex art. 416 bis) y permitía incautar y confiscar propiedades de la Mafia.
Los años ochenta fueron caracterizados por el intenso trabajo de los magistrados del Pool Antimafia – entre los más reconocidos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino – que, gracias a los informantes que revelaron al mundo la existencia de una organización unitaria y piramidal, llegaron a instituir en 1986 un ‘Maxi-proceso’ (Maxiprocesso) de inicialmente, 475 acusados que terminó con 19 condenas perpetuas y 342 penas de prisión.
Esta estrategia fue fundamental para luchar contra la Mafia, pero no fue la única. Leoluca Orlando, autor del libro y cuatro veces alcalde de Palermo (de 1985 a 1990, de 1993 a 1997, de 1997 a 2000 y de 2012 hasta nuestros días) escribe: “[…] los tribunales son solamente la línea de frente de la campaña contra la violencia y el desacato a la ley. El otro frente es la cultura. […] de alguna manera teníamos que inyectar anticuerpos inmunizadores a la cultura siciliana.”(Orlando 2003, p.49). La situación de la ciudad era crítica: el Teatro Massimo, un teatro de ópera neoclásico, se volvió símbolo de la corrupción y asfixia que la Mafia infligía en la sociedad, cuando en 1974 cerró para convertirse en cuartel de la Mafia[6] y volvió a abrir sus puertas gracias a una fuerte inversión pública en 1997. Otros ejemplos eran la empresa de transportes públicos de la municipalidad, que casi no existía porque no había suficientes autobuses y la falta de recolección de basura porque la Mafia había abandonado esta tarea hacía tiempo. Junto con los lugares públicos, la Mafia además se había apropiado del sistema educativo, porque tener una población ignorante era clave para mantener su poder, y al mismo tiempo podía ganar dinero alquilando los locales a la municipalidad (Orlando 2003, p.104).
El alcalde de Palermo decidió moverse en cuatro direcciones: 1. medios de comunicación, 2. cultura, 3. educación y 4. urbanismo. El objetivo común era crear una conciencia cívica basada en el estado de derecho.
El objetivo fue llegar a tener una prensa libre y agresiva que se comprometiera con el tema de la Mafia. Los periódicos y la televisión se dedicaban a pintar imágenes de una sociedad ‘normal’ y pronunciaban la palabra ‘Mafia’ en los años setenta, sólo cuando ya no era posible evitarlo. En 1989, el alcalde de Palermo decidió no conceder ni entrevistas ni declaraciones a los periodistas del único periódico de la ciudad en aquel entonces ‘Il Giornale di Sicilia’, porque reportaba noticias que oscurecían los méritos de los magistrados de Palermo; una decisión que tuvo más impacto cuando Orlando empezó su campaña para la alcaldía en 1993. El resultado fue que seis meses después de su victoria en las elecciones, se empezó a publicar un segundo periódico en Palermo e ‘Il Giornale’ se convirtió en un fuerte apoyo de la apertura cívica (Orlando 2003, pp.189,190).
El programa ‘Adopte un monumento’[7] fue particularmente importante: más del 80% de los monumentos históricos fueron restaurados. No solo fue importante por el éxito que tuvo entre los palermitanos – se adoptaron 160 monumentos y de esos fueron abiertos al público más del 60% y restaurados los demás – sino porque permitió sembrar la semilla del ‘bien común’ (Orlando 2003, pp.199, 200).
La Cosa Nostra había creado un ‘sistema de seguridad social’ para los miembros de la organización que iban a la cárcel. La alcaldía de Palermo entendió que era necesario romper el sistema evitando esa relación de dependencia y empezó a prestar servicios en las prisiones; crearon centros donde los mafiosos podían pasar el tiempo con sus hijos, dieron trabajo a las esposas y las formaron para organizar eventos y les facilitaron el conseguir trabajos honestos al salir de la cárcel (Orlando 2003, p.210).
Junto a los editores del periódico, la alcaldía decidió dedicar a los niños una página diaria en la que podían hablar de los problemas de sus escuelas. El alcalde escribía una nota a cada niño para asegurarle que el problema se resolvería y la policía se dedicaba a entregarlas. No solo se demostró la importancia de una prensa libre para la ciudadanía y que la policía era parte del proceso, sino también que denunciar los problemas lograba resultados.
En los años ochenta, en ciertos distritos los niños no completaban la escuela, el nivel de analfabetismo o semi-analfabetismo era insostenible. La alcaldía de Palermo se dedicó a luchar contra este fenómeno hasta que logró reducir en dos tercios la tasa de deserción escolar a finales de 1990 (Orlando 2003, p.198). “Queríamos educar a los niños en habilidades intelectuales y académicas básicas. También queríamos educarlos para proteger su patrimonio y de este modo evitar que fueran nuevamente robados por la Cosa Nostra.”[8] De esta manera surgió el programa ‘Adopte un monumento’.
La municipalidad contrató una nueva empresa para los servicios de alcantarillado y mantenimiento de las calles, contrató recolectores de basura, organizó de nuevo a la policía de tránsito: en aquel momento no tenía uniformes y era completamente ineficiente. Cerró a la circulación vehicular la vía central Principe di Belmonte para que los palermitanos pudieran salir a la calle nuevamente y convivir (Orlando 2003, pp.104, 188). Se dedicaron a la renovación de la iglesia gótica Santa Maria Dello Spasimo, utilizada como almacén, hospital y asilo de ancianos a través de los siglos y luego como depósito de materiales de construcción durante el Saqueo de Palermo. Otra área que se cerró durante décadas fue la que estaba alrededor del Castello di Zisa, un castillo árabe-normando del siglo XII. La alcaldía reparó, limpió, pavimentó calles, restauró las antiguas fuentes y creó áreas verdes. Los verdaderos signos del cambio se notaron en la calidad de vida, en las calles y en las plazas. Para Palermo fue algo más profundo que una simple remodelación de la ciudad: los palermitanos volvían a tener control de su propio territorio, reclamándolo a las manos enemigas. Orlando escribe: “Creo también que una ciudad cuyos espacios públicos son amados y protegidos es una ciudad donde hay poco margen para la ilegalidad.”(Orlando 2003, p.200).
En junio de 1999, Palermo se volvió una gran ciudad europea; la agencia de calificación de riesgo Moody’s, con sus estándares crediticios, le dió un Aa3,[9] el cuarto nivel más alto de evaluación, la misma posición que Estocolmo y Barcelona y mayor que New York.[10] Fue un claro signo de los cambios estructurales profundos y de que la Primavera de Palermo había empezado. El emblema de su renacimiento fue cuando, entre otras ciudades que lo solicitaron, se convirtió en la sede dónde se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, en diciembre 2000. La ciudad, que hace una década se consideraba como la capital del crimen organizado, llegó a ser el epicentro de la lucha internacional contra la Mafia y una lección para el mundo. Con la Ley 25 marzo 1993, n.81 los italianos pudieron elegir directamente sus alcaldes y no solamente el partido, como en el pasado. De esa manera, el entendido de que los mafiosos eran parte de una sociedad de honor superior a la sociedad civil no podía volver a funcionar; por vez primera después de la guerra hubo elecciones libres en Palermo.
Si nos quedáramos en 1999, la experiencia de Palermo se consideraría sin duda un éxito. Pero, con el paso del tiempo, ese crecimiento se volvió cada vez más pequeño, hasta que después de sólo diez años la misma Moody’s, rebajó a Palermo, la provincia y la región entera, al nivel Baa3 y luego Ba1 por un ‘riesgo de crédito sustancial’.[11] Según la agencia, la condición de la isla es el reflejo del deterioro del funcionamiento operativo y el déficit presupuestario relacionados a un estancamiento en los ingresos y un perfil de gasto rígido.
La fuerte disminución de la tasa de homicidios que ha ido caracterizando a Italia en los últimos veinte años, no se puede generalizar para todo el Mezzogiorno:[12] la disminución más elevada ha sido en Sicilia (donde pasó de una tasa de más de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1990 a una tasa de 1,2 en 2009 – valor igual al promedio italiano) (Barbagli and Colombo 2010, p.105). En 2011 la tasa de homicidios en Palermo siguió siendo de 1,2 por 100.000 habitantes: un valor en congruencia con el dato regional, levemente inferior al promedio provincial y del Mezzogiorno (1,3 en los dos casos) pero superior al promedio nacional (0,9) (ISTAT 2010). Es muy interesante notar que, aunque el número de homicidios bajó considerablemente, en los últimos años aumentó la percepción de inseguridad de los italianos (ISTAT 2008-2009).[13] Parece que después de llegar a un tope en los años noventa, la percepción de inseguridad se mantuvo en el mismo nivel (Barbagli and Colombo 2010, p.35).
La presencia de áreas verdes y parques urbanos de interés histórico o artístico en Palermo representa el 1,1% de la superficie de los centros urbanos. Es un porcentaje significativamente menor al que se registró en conjunto de las capitales de provincia (Barbagli and Colombo 2010, p.35). Por lo que concierne al tejido urbano histórico, tomando en consideración el estado de conservación de los edificios habitados construidos antes de 1919, en la municipalidad de Palermo (ISTAT 2001), solo el 29,2% de ellos se encuentra en buen estado. Es un valor 16% inferior al provincial, 22% inferior al Mezzogiorno y 32% inferior al promedio nacional (ISTAT 2010). En 2012, en la provincia de Palermo solo el 43,4% de las personas entre 20 y 64 años resultó estar ocupada, 4,3% menos que el 2007, mientras que en los años 2004/2007 la tasa de ocupación aumentó 1,6%. De todos modos cabe mencionar la posibilidad de que estos niveles de desempleo puedan estar relacionados a los efectos de la crisis económica que afectó los países del Sur de Europa.[14]
En 2012, este crítico nivel de ocupación resultó ser 4,2% menor al Mezzogiorno, 17,6% del promedio nacional. La tasa de no participación laboral, que considera no solo los desempleados sino también la fuerza de trabajo potencial, en 2012 fue de 40,2% en la provincia de Palermo. Más que al doble del promedio nacional (20%) y 6% mayor al Mezzogiorno (ISTAT 2010). El nivel de competencia alfabética[15] de los estudiantes palermitanos es de 188,6 mientras que el valor de los estudiantes del Mezzogiorno es de 190,6 y el promedio nacional es 200,0. El valor de la ciudad de Palermo es superior a lo de la provincia (187,6) y sobre todo, a lo de Sicilia (185, 2). El nivel de competencia numérica es de 189,9, también en este caso es menor al del Mezzogiorno (192,6) y el nacional (200,0) y poco superior al de la provincia (188,5) (ISTAT 2010).
En la inauguración del año judicial 2015,[16] el Presidente de la Corte de Apelaciones de Palermo Ivan Marino lanzó la alarma sobre la situación de la ciudad: la Mafia sigue teniendo mucho poder y hay un gran aumento de feminicidios, pedofilia y trata de personas.[17] Lanzó también la alarma de seguridad para los jueces palermitanos que investigan sobre la ‘negociación Estado-Mafia’[18] y que están expuestos a grandes riesgos como los jueces del Pool Antimafia en los años ochenta.
Ilustración 3. Marta Cimino instituyó el ‘Comité de las sábanas’‘No los mataron. Sus ideas caminan sobre nuestras piernas’
Evaluar si la experiencia siciliana podría considerarse un éxito, no es tarea fácil. Lo mejor sería fijarse no tanto en los cambios en sí, sino en su relevancia con respecto al pasado. Los asesinatos de los magistrados Paolo Borsellino y Giovanni Falcone de 1992, junto con las demás víctimas de la Mafia, impactaron a la nación y animaron el movimiento antimafia. La población siciliana empezó a manifestar su indignación colgando sábanas en sus balcones: un gesto de mucho significado para una población que en el pasado ni pronunciaba la palabra ‘Mafia’. Otro punto significativo fue cuando la alcaldía de Palermo, en calidad de parte afectada, participó como demandante en el Maxi-proceso. El mensaje que el alcalde Orlando quiso comunicar fue que toda la comunidad palermitana era víctima de la Mafia y que por eso era necesario darle una voz.
Por lo que concierne la desclasificación de Baa3 a Ba1, cabe mencionar que en febrero 2014, Moody’s afirmó que la región de Sicilia se quedaba en el mismo nivel pero que se le consideraba estable y no más negativa.[19] El asesor de economía Luca Bianchi subrayó que la baja en el índice de clasificación fue algo esperado dado que tenía que ver con la coyuntura económica del 2012, año en que hubo un déficit de 1 mil millones de Euros. El gobierno del presidente de la región de Sicilia, Rosario Crocetta, en 2013 realizó una maniobra financiera para reducir el déficit. Una maniobra bien acogida por los mismos analistas de Moody’s.
El volumen de las investigaciones personales y patrimoniales es la manifestación evidente de una respuesta continua y masiva a las actividades de las organizaciones delictivas. La captura de los individuos bajo orden de aprehensión, las medidas de prevención patrimoniales, y la confiscación de los bienes de la Mafia son métodos evidentes para reafirmar la presencia del Estado en el territorio, destrozando la imagen de impunidad que construyeron durante años de delitos violentos. Eso determinó la legislación del tema de confiscación de bienes de las organizaciones criminales. Brevemente, la Ley 4/2010 se enfoca en la importancia de indemnizar a la colectividad local para disminuir el poder y prestigio de los mafiosos. La Ley 7 Marzo 1996 n.109 da disposiciones sobre el manejo y el destino de los bienes confiscados. Erradicar las organizaciones criminales de los territorios donde operan es la base para su derrota, ya que se les está retirando del área donde cuentan con protección y apoyo.
La capacidad de adquirir conciencia de la existencia de fenómenos evolutivos, sea en el desarrollo de actividades investigativas o en la proposición de disciplinas normativas que estén en línea con las nuevas necesidades de medir una Mafia que cambió su modelo de organización y sus dinámicas internas, constituye garantía de una cada vez más eficaz lucha al fenómeno mafioso. Parece que la Mafia perdió sus características históricas de unidad típica del modelo palermitano hacia órdenes que dependen de equilibrios y estrategias de delitos locales, con la consecuente creación de redes de relaciones criminales que crean ‘centros de influencia’ comunes. Permanecen elementos de dudas sobre el éxito de estas políticas, sobre todo en los sistemas socio-territoriales y económico-profesionales, con un alto grado de penetración por parte de la Mafia. El succeso de la Mafia contemporánea se relaciona, además que con su fama intimidatoria en la población siciliana, en su evolución social y económica. La mayor facilidad de acceso a las instituciones y la mayor disponibilidad de recursos y educación, hacen que ya no es necesario utilizar la violencia para cumplir con sus objetivos. Muchas disputas se resuelven en los tribunales, por ejemplo.
Hoy en día las mafias con más determinación tienden a buscar formas de legitimación social y políticas que puedan permitirle salir del área gris donde vivieron durante años. Tienen el objetivo de tejer relaciones con los que tienen poder, en el mundo de la industria y de la política, esperando individualizar las condiciones más aptas para estabilizar su organización. Como consecuencia tenemos una contaminación de la economía legal llevada a cabo por mecanismos y modelos de manejo de tipo empresarial. La Mafia en Palermo sigue existiendo: extorsiona, trafica droga y corrompe a los políticos. No ha sido desarraigada sino lo que se hizo fue tratar de quitarla de la actualidad colectiva y mermar su hegemonía. La Mafia mató personas, pero no mató ni sus nombres ni sus ideales. Falcone y Borsellino siguen siendo un ejemplo no solo para los italianos que vivieron esa época sino para las nuevas generaciones.
El libro Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana, 2003, Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra disponible en la biblioteca del Centro de Excelencia.
[1] La autora cursa actualmente la Maestría en ‘Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo’ en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, Italia.
Para contactarla: giadagrecobs@gmail.com
[2] La primera Guerra de Mafia fue en los años Sesenta, entre facciones opuestas en la Cosa Nostra. La Segunda empezó el 23 abril 1981, con el asesinato de Stefano Bontate, uno de los jefes palermitanos de Cosa Nostra. En este caso se trató de una Guerra contra el Estado.
[3] Habitantes de Corleone, un pequeño pueblo en la provincia de Palermo.
[4] Hasta los más sofisticados jefes de Palermo los apodaron ‘viddani’ (ásperos, rudos).
[5] Un grupo de magistrados que se ocupaba de casos de Mafia: de esa manera, toda la información sobre la investigación se compartía entre un grupo de expertos.
[6] En el antiguo Club de Prensa del teatro Massimo, Vito Ciancimino y Stefano Bontate jugaban cartas con sus seguidores. (Orlando 2003, p.194)
[7] Fue una iniciativa primariamente simbólica: los niños eligieron representantes que subieron al estrato. Rita Borsellino y Maria Falcone entregaron a cada representante un certificado de adopción oficial y luego cada niño recibió su medalla. Pero el entusiasmo de los niños contagió empresarios, miembros de Rotary Club y comerciantes que empezaron a presentar fondos y cabildear para que se restaurara el monumento que elegían (ORLANDO 2003, pp. 199,200).
[8] Orlando 2003, p.198
[9] El índice de calificación de riesgo de la agencia Moody’s tiene 21 rangos, que van de la Aaa, la mejor calificación, a la C, la peor. Específicamente, las obligaciones, los Fondos de Mercado de Dinero y los Fondos Bonds clasificados Aa se consideran ‘de alta calidad y sujetos a un muy bajo riesgo de crédito’. Las obligaciones clasificadas Baa se consideran ‘sujetas a un moderado riesgo de crédito’ porque poseen ciertas características especulativas. Se considera que las obligaciones clasificadas Ba tienen elementos especulativos y son ‘sujetas a un sustancial riesgo de crédito’. Véase:
https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingsSymbolsand%20Definitions.pdf
Véase también: https://www.moodys.com/research/MOODYS-ASSIGNS-Aa3-RATING-TO-THE-CITY-OF-PALERMO–PR_40493
[10]https://www.moodys.com/research/MOODYS-RAISES-NYPAS-RATING-TO-Aa2-ON-SALE-OF-NUCLEAR–PRM_20001128115324 (New York)
https://www.moodys.com/research/MOODYS-PLACES-Aa3-LONG-TERM-DEBT-RATING-OF-CITY-OF–PR_39656 (Estocolmo)
https://www.moodys.com/research/MOODY-S-CONFIRMS-THE-Aa3B-RATINGS-OF-LA-CAIXA-AND–PR_39955 (Barcelona)
[11] https://www.moodys.com/research/Moodys-Withdraws-City-of-Palermos-Aa3-Issuer-rating-Italy–PR_120739
[12] El término ‘Mezzogiorno’ (Mediodía) se refiere al conjunto de las regiones del sur de Italia: Abruzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pulla, Cerdeña y Sicilia.
[13] Según la encuesta de victimización ‘Seguridad de los ciudadanos’ de 2008-2009, que es a nivel nacional y no en Palermo, a la pregunta ‘¿Cuánto se siente seguro en la zona donde vive saliendo a la calle en la oscuridad?’ el 19,9% de los italianos contestó que se siente ‘poco seguro’, el 9% que ‘nada seguro’ y el 11,6% declaró que ‘nunca sale (solo)’ en estas circunstancias. A la pregunta ‘¿Cuánto afecta sus hábitos el miedo a la criminalidad?’ el 15,8% de los italianos afirmó que ‘mucho’ y el 32,7% ‘bastante’. En la misma encuesta hay un repartimiento por áreas geográficas: a las mismas preguntas, los ciudadanos del Sur de Italia contestaron que el 22% se siente ‘poco seguro’, el 11,2% que ‘nada seguro’ y el 11,4% que ‘nunca sale (solo)’ en estas circunstancias; el 20,2% siente que el miedo a la criminalidad afecta mucho sus hábitos y el 34,5% bastante.
Haciendo una comparación con las encuestas de 1997-1998 y 2002, se observa que el porcentaje de los italianos que consideran la zona donde viven ‘poco’ o ‘nada’ segura ha sido estable en estos años y que el porcentaje de los que la consideran ‘muy segura’ ha bajado con respecto al pasado.
A la pregunta ‘¿La criminalidad es mayor, igual o menor que hace un año?’ el 19,6% contestó que ‘mayor’, el 63,8% que ‘igual’ y el 9,1% que ‘menor’. En el Sur de Italia, el 19,8% declaró que ‘mayor’, el 61,2% que ‘igual’ y el 11,9% que ‘menor’.
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101122_00/testointegrale20101122.pdf
[14] En 2012, por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes en España fue de 52,9%, en Portugal de 37,7%, en Grecia de 55,3% y en Italia de 35,3%.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_unemployment,_2013Q4_(%25).png
[15] La competencia alfabética funcional es la capacidad de entender y utilizar la información de un texto escrito en las actividades cotidianas, en casa, en el trabajo y en la vida social, para lograr los propios objetivos y desarrollar propios contecimientos y potencialidades. La competencia numérica es la capacidad de entender, interpretar, razonar a través del sistema cognitivo de los números y de las cantidades.
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=631
La medición de estas competencias fue llevada a cabo por INVALSI, el Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema Educativo de Educación y Formación. Las cifras corresponden a la puntuación de respuestas correctas a los test entregados a los alumnos. Para más información véase: http://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=chisiamo
[16] En el ordenamiento jurídico italiano, el año judicial es el período que corresponde al año solar y en el que se realiza la actividad judicial según un calendario establecido. Cada año, una ceremonia solemne celebra la apertura del nuevo período judicial.
[17] El discurso está disponible en:
http://www.giustizia.palermo.it/CorteAppello/documentazione/D_3239.pdf
[18] Las Procuras de Palermo y Caltanissetta están indagando sobre una probable negociación que nació después de las matanzas de 1992 y 1993 entre las autoridades del Estado y Cosa Nostra.
[19] http://www.lasiciliaweb.it/articolo/113225/economia/regione-siciliana-da-negativa-a-stabile-per-moodys-condizioni-in-miglioramento
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/economia/2014/19-febbraio-2014/moody-s-promuove-regioneprospettive-negative-stabili-2224096949673.shtml
Barbagli, M. and Colombo, A. (2010) Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia, Roma, Fondazione ICSA
Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato” – ONLUS
http://www.centroimpastato.it/publ/online/dizio_istituzionale.php3
ISTAT (2001), Censimento popolazione e abitazioni 2001
http://www.istat.it/it/archivio/3847
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http://www.istat.it/it/files/2013/06/Urbes_2013_Palermo_V_7.4.pdf
Orlando, L. (2003) Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana, México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana
Schneider P.T. and Schneider J.C (2003) Reversible Destiny: Mafia, Antimafia, and the Struggle for Palermo, Berkeley and Los Angeles, University of California Press
Vigna, P.L. (2006) Fighting Organized Crime, with Particular Reference to Mafia Crimes in Italy, in Journal of International Criminal Justice, 4 (3), pp. 522-527
Explorando los códigos del submundo criminal	Publicado el enero 19, 2015	por cdeunodc Por: William Knechtel*
El libro de Diego Gambetta Codes of the Underworld: How Criminals Communicate (Códigos del submundo: Cómo se comunica los criminales) explora cómo los criminales confían, señalan y se comunican entre sí, en una esfera secreta de relaciones delincuenciales. Un obstáculo importante para el comercio delincuencial a nivel internacional internacional, es que la información es tan incierta como crucial. Hechos y mentiras se entremezclan a través de las economías ilegales y, en consecuencia, los empresarios criminales experimentan desafíos únicos relacionados con sus negocios.
Este libro está disponible al público en la biblioteca del Centro de Excelencia
Las alianzas criminales siguen siendo un enigma; a menudo, amigos y enemigos son indistinguibles. Los problemas asociados a la rendición de cuentas aumentan porque están fuera de la ley, produciendo mentiras sobre sus credenciales y experiencias pasadas. El papel de la policía encubierta, que debe idear estrategias clandestinas e imitar a “los malos” para capturar delincuentes, sólo consigue enturbiar —aún más— las aguas de la comunicación y la confianza. Teniendo en cuenta estos desafíos comerciales en las economías ilegales, ¿cómo logran los criminales desarrollar un ambiente de confianza, los unos con los otros? La respuesta a esta paradoja es cuidadosamente investigada en el libro de Gambetta Los códigos del submundo.
En definitiva, el autor concluye que los delincuentes desarrollan confianza mediante el envío de señales costosas y una lectura cuidadosa de signos, gestos y símbolos ocultos.
Como exalumno de Oxford y actual profesor de Sociología en el Instituto Universitario Europeo, Gambetta es reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre las mafias, y la confianza e imitación. En 1983, después de obtener un doctorado por la Universidad de Cambridge, Gambetta colaboró con el economista disidente de Oxford, Michael Bacharach para desarrollar un enfoque sociológico de la Teoría de Señalización (ST). (Nicholls, 2009, p.22). Ésta explora las condiciones que permiten a una señal transmitida, ser racionalmente creída por un receptor, cuando el emisor quiere “simplemente pretender que [la señal] es verdad” (2009, XVII). Gambetta ha publicado investigaciones sobre los dilemas enfrentados por una serie de agentes, que incluye mafias (1993), taxistas (Gambetta y Hamill, 2005), y misiones suicidas (2005).
Su experiencia, en el análisis de dilemas de señalización, es claramente evidente en Los códigos del submundo. Aquí, Gambetta utiliza como ejemplos casos de la mafia siciliana, estudios etnográficos de prisión, biografías criminales, pruebas ante tribunales, y fuentes de los medios de comunicación con teorías autenticas. La investigación detalla clara y concisamente las técnicas criminales empleadas para superar obstáculos en la comunicación de sus planes, la validación de sus credenciales, el desarrollo de la confianza dentro de sus grupos y la señalización de sus verdaderas intenciones.
Gambetta señaló que Thomas Schelling es el “antepasado real” de la perspectiva teórica, que adoptó en Los códigos del submundo (Nicholls, 2009, p.24). Schelling es un galardonado y distinguido profesor de Asuntos Exteriores, Seguridad Nacional y Control de Armas de la Universidad de Maryland; su investigación, acerca de la diplomacia y el conflicto, es considerada una de las contribuciones más importantes a las ciencias sociales, sobre todo en Economía, Ciencia Política y Sociología. Gambetta desarrolló ideas acerca de las interrelaciones criminales desde el enfoque de Shelling, el cual se centra en una cooperación interestatal en un ambiente que carece de mecanismos institucionales (Nicholls, 2009, p.24).
La influencia directa de Schelling sobre Gambetta, en el libro Los códigos del submundo, se refleja en el capítulo cinco titulado “Self-Harm como señal”. Aquí, se basa en el libro de Schelling Estrategias de Conflictos (1981), el cual, describe los beneficios estratégicos de comportarse “mal [e] irracionalmente” (Gambetta, 2009, xiii). Basándose en la obra de Schelling, Gambetta se centra en dos tipos de señales criminales: las costosas y las convencionales. De esta manera, Los códigos… está dividido en dos secciones, a través de las cuales ambos conceptos se abordan mediante una serie de ensayos.
Figura 1. Crédito: Lisa Campbell
Los primeros cinco capítulos giran en torno al concepto de mimetismo, y explican cómo se desarrolla la confianza en las relaciones sociales en las cuales dichas señales pueden ser imitadas fácilmente. La idea central es que los criminales desarrollan confianza realizando acciones que sólo un verdadero delincuente podría enviar.
Las señales difíciles de imitar incluyen una serie de comportamientos y “acontecimientos de vida”, como penas de prisión, comisión de actos delictivos e historiales de violencia. Un análisis del personaje “Sr. Rubio”, en la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, ofrece un ejemplo de cómo la confianza se desarrolla mediante un complejo y costoso envío de señales falsas. Cuando los delincuentes sobrevivientes de un robo fallido se reagrupan en un almacén abandonado, advierten que uno es un oficial encubierto de la policía; inseguros de en quién confiar, los delincuentes, inmediatamente, reconocen que el “Sr. Rubio” no era agente encubierto, porque durante el atraco asesinó a varios rehenes. Aunque de forma ficticia, las acciones del “Sr. Rubio” ilustran que la violencia puede desempeñar un papel en la criminalidad para generar “buena fe”. La violencia es una de las muchas señales costosas, que Gambetta investiga en estos capítulos. En ese sentido, los lectores pueden asimilar que la confianza entre los criminales se crea mediante el intercambio de información comprometedora (Capítulo 3), y porque la policía encubierta, a veces, muestra desinterés en las propuestas lucrativas para convencer a los que les rodean, de que, efectivamente son criminales (Capítulo 2).
Tal vez, la táctica más bizarra para ganarse la confianza de criminales, es la llamada “incompetencia enfatizada”. En concreto, un criminal puede demostrar su honestidad puntualizando su ineficiencia al hacer cualquier otra cosa que no sea su trabajo. Para otros delincuentes, esta “incompetencia enfatizada” es un “no te voy a traicionar, porque no podría hacerlo, incluso, si yo quisiera”. En conjunto, los cinco primeros capítulos del libro presentan una serie de ejemplos costosos de las técnicas que los criminales emplean para generar confianza, en un mundo deshonesto.
Por otro lado, la segunda parte de la obra se enfoca en las señales de comunicación costosas en un lenguaje convencional y sus inferencias simbólicas. Estos capítulos señalan cómo los criminales utilizan un lenguaje codificado, apodos, palabras comunes y expresiones esotéricas para navegar por el entorno secreto de los asuntos ilícitos. Los delincuentes emplean una comunicación codificada para ciertas razones, como cuando quieren hablar con su compañero mientras mantienen una información privada de terceros, o cuando tienen que identificar a un miembro de su organización al que no conocen personalmente (p.149, 2009).
Según Gambetta, el enfoque en la comunicación codificada permite investigar varios enigmas interesantes, por ejemplo, cómo los criminales usan apodos (capítulo 9), y cómo la palabra “gángster” genera impacto en su mundo (Capítulo 10). El capítulo ocho es particularmente distintivo, porque Gambetta y su enfoque típico para problemas de comunicación criminal en un nivel individual, se complementa con una discusión sobre el rol de las marcas registradas a nivel organizacional. En el capítulo ocho, titulado “Marcas de fábrica”, Gambetta revela su conocimiento acerca de una mafia italiana, adquirido a través de una investigación sobre el papel de las marcas registradas en la generación de ganancias ilícitas. Una marca es todo signo, símbolo o mensaje utilizado por un fabricante o comerciante para significar y difundir su producto a los consumidores.
El capítulo comienza con una discusión sobre cómo las marcas registradas beneficiaron a distribuidores de heroína en la ciudad de Nueva York durante los años 1970 y 1980. En este período, los distribuidores de heroína utilizaron sellos que decían “heroína” para anunciar sus productos permitiendo la re-identificación de sus productos por varios consumidores. Gambetta, explica después que “mientras que, para los mercados más ilegales [como la venta de heroína] su reputación se forma individualmente”, la industria de la protección determina ciertas presiones del mercado, las cuales causan que delincuentes individuales hagan ‘crecer y vincular’ su reputación en las organizaciones (2009, p.205).
La reputación es un activo codiciado en este mundo, ya que sustenta la credibilidad de la organización, que a su vez, fomenta un “crecimiento económico ilícito” a largo plazo. Gambetta puntualiza la importancia de la reputación ilícita explicando que la Mafia es un negocio de protección, en donde los individuos se benefician de forma recíproca y contribuyen a las organizaciones de renombre, porque “la reputación es en sí misma, un interés común” (2009, p.206). La palabra “mafia”, por su connotación, lleva a un “estado mítico” que existe independientemente de los individuos que la encarnan “en cualquier momento” (2009, p.2009). El efecto de aquel mensaje poderoso es la unión de los individuos en un conjunto mucho más grande y sublime que cada una de sus partes —en las palabras del famoso mafioso Salvatore Enea: “Se puede matar a un mafioso pero no se puede matar a la mafia” (p. 195, 2009).
La falla en la investigación de Los códigos… radica en que las dinámicas institucionales no están plenamente consideradas. Gambetta analiza las relaciones de criminalidad desde una perspectiva sumamente individualista, que no aprecia la dinámica institucional real de las redes del crimen organizado encargadas de regular la información, mitigar los problemas de confianza, y resolver los problemas comerciales.
La premisa inicial de Los códigos del submundo es que los criminales no se pueden comunicar con la misma facilidad con la que los ciudadanos dedicados al comercio lícito, pueden hacerlo. Los mercados legales disfrutan de las instituciones que fomentan el intercambio de información, mediante tareas de negocio difíciles como “la búsqueda de socios, publicidad, confiar en asociados y la comprobación de los empleados” (Gambetta, 2011, p.151). El sociólogo Randall Collins percibeesta creencia popular, acerca de los desafíos del comercio ilícito, cuando explica que la falta de acuerdos institucionales en este tipo de asuntos crea tres obstáculos básicos para este comercio: los individuos luchan por verificar sus credenciales, señalizar sus competencias y garantizar el “honor entre ladrones” (2010 , p.280-281). Los retos informativos del comercio ilegal, descritos por Collins, encarnan el punto focal de la investigación dirigida en Los códigos… : cómo los criminales confían entre sí cuando el entorno de confianza ha decrecido considerablemente.
Por el contrario, la dureza de los problemas informativos a nivel individual se reduce radicalmente, al considerar que las redes más amplias aprovechan y definen a cada persona en el mundo ilegal. Las organizaciones criminales gobiernan, bastante bien, los espacios de comercio ilícito, a través de redes de datos complejos, los cuales ofrecen intercambios informativos mediante múltiples niveles de cohesión en la organización. La investigación de las características gubernamentales dentro de las organizaciones criminales sugiere que el enfoque individualista de señalización de Gambetta no aprecia cómo las instituciones ilícitas concilian dilemas criminales.
En resumen, los grupos del crimen organizado se componen de grupos descentralizados, en los cuales los acuerdos sociales especializados están interconectados por un complejo grado de información y divulgación (Collins, 2010, p.282). En los cárteles criminales, la información se rige por una estructura social compuesta y su red de organización. La estructura de la red detrás del proceso que rige la información, en el mundo ilícito, puede ser vista, por ejemplo, como una configuración de la organización del cártel mexicano conocido como “Los Zetas”. La investigación acerca de la estructura de dicha organización sugiere que la información en las relaciones criminales está claramente definida, monitoreada, controlada, y difundida, de forma opuesta a la manera incierta y no reglamentada que Gambetta propone en Los códigos del submundo.
En 1997, el “Cártel de Tijuana” adquirió un ejército privado y, como respuesta, el líder del “Cártel del Golfo”, Osiel Cárdenas Guillén, reclutó a treinta y un individuos que pertenecían a la élite de la unidad de fuerzas especiales, conocida como “Cuerpo de Fuerzas Especiales de México (antes llamado Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales)” el GAFE (Campbell, 2010, p.56). La Figura 1 y la Figura 2, proporcionadas por Lisa Campbell, captan las formaciones operativas y de inteligencia de “Los Zetas”, y nos dirigen hacia los complejos esquemas multidimensionales del gobierno, incrustados dentro de la organización.
En particular, las cifras ponen en manifiesto la densidad de la organización, y hacen hincapié en la composición de capas y en la red de “una amplia variedad de células” que existe en cada nivel de la jerarquía dentro de éstas organizaciones (Campbell, 2010, p.60). Los mecanismos informativos de gobernanza de “Los Zetas” se centran en la estructura logística de la organización en una red multifacética incrustada en la estructura del cártel, que transmite información horizontal y verticalmente, a través de una mezcla de funcionarios corruptos que tienen varias posiciones (abogados, policías, jueces, personal militar), las prostitutas, los informantes de baja jerarquía, las pandillas de la prisión, los vigilantes adolescentes “a nivel de la calle”, y los oficiales de inteligencia especializados. Las capacidades comunicativas de “Los Zetas” son un rompecabezas sin resolver, por lo menos, por el autor. En lugar de preguntarse (al estilo Gambetta), ¿cómo pueden confiar los criminales entre sí?, la pregunta adecuada es ¿cómo pueden los delincuentes operar en organizaciones creadas para ser deshonestas e ilícitas?
Figura 2. Crédito: Lisa Campbell
Los grupos criminales controlan y regulan la información, y esto revela una visión alternativa de “códigos” en la que se centró Gambetta. La gran cantidad de herramientas de comunicación de las pandillas criminales como símbolos, tatuajes, narcomensajes violentos, y las marcas territoriales bien pueden existir como marcadores de identidad que separan a la sociedad de los miembros del bajo mundo. Por ejemplo, los narcomensajes no son medios de comunicación secretos, sino que son expresiones públicas de violencia explícita que identifican regularmente al grupo responsable (Ríos, 2013,p.149). En efecto, lo que Gambetta interpreta como la comunicación oculta y comportamientos de señalización, en realidad pueden ser entendidos como Collins sugiere, como la toma de identidad ritual dentro de las redes con fuertes límites sociales (2010, p.282).
A pesar de estas críticas, el libro Los códigos del submundo es una pieza ingeniosa de la literatura; producto de una ardua investigación hecha por Gambetta, que duró más de quince años. Las ideas del autor sugieren que los delincuentes y organizaciones criminales son sensibles y atentos a las señales de información, lo cual tiene implicaciones políticas importantes. Por ejemplo, mediante la descripción de las características de señalización del comportamiento irracional y violento, el análisis de Gambetta sugiere que existe un método, aún en la locura de la violencia, asociado con el crimen organizado.
La comprensión de las características de señalización de la violencia, incrustada en el cálculo de los grupos de delincuencia organizada, plantea preguntas críticas sobre el carácter sustantivo de la violencia en el mundo ilegal. Por ejemplo, la violencia en este mundo varía ampliamente a través del tiempo, en la misma región y en las demás las regiones, (Snyder et al, 2009). La cuestión urgente de resolver para la investigación es identificar porqué la importancia de la señalización de la violencia es valorada en algunas ocasiones, pero en otras no. Más precisamente: ¿Cuáles son las causas o influencias que explican porqué los grupos criminales cambian su cálculo de evaluación sobre el valor de la violencia?
* El autor cursa actualmente la Maestría en Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza.
Collins, R. (2010). “Codes of the Underworld: How Criminals Communicate by Diego Gambetta”. Journal of Sociology. Vol. 116, No. 1, pp.280-282.
Nicholls, M. (2009). “An Interview with Diego Gambetta”. Oxonomics. Vol. 4, pp.21-25.
Gambetta, D. (2011). “Response”. Global Crime. Vol. 12, No. 2, pp. 150-159.
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Gambetta, D., and Hamill, H. (2005). “Street Wise: How Taxi Drivers Establish their Customers’ Trustworthiness”. New York: Russell Sage
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Przepiorka, W. (2010). “Book Review Diego Gambetta: Codes of the Underworld: How Criminals Communicate”. Princeton NJ 2009: Princeton University Press.
Snyder, R. and Duran-Martinez, A. (2009). “Does Illegality Breed Violence? Drug Trafficking and State-Sponsored Protection Rackets.” Crime Law and Social Change. Vol. 52, No. 3, pp. 253-273.
Cambell, L. (2010). “Los Zetas: Operational Assessment”. Small Wars and Insurgencies. Vol. 21, No. 1, pp.55-80
Rios, V. (2013). “Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement”. Trends Organ Crime. Vol. 16, pp.138–155.
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