Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-28023-de-febrero-23-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_bc693487d33600bce0430a01015100bc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 19:43:02
Document Index: 171287887

Matched Legal Cases: ['artículo 170', 'artículo 306', 'e contrario', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 7', 'in dubio', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 212', 'artículo 232']

﻿ Sentencia 28023 de febrero 23 de 2011
SENTENCIA 28023 DE 23 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:FENÓMENO DE LA RIÑA, COMO CIRCUNSTANCIA EXCLUYENTE DE LA LEGÍTIMA DEFENSA. LO QUE EN REALIDAD DIFERENCIA LA RIÑA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA NO ES LA EXISTENCIA DE ACTIVIDAD AGRESIVA RECÍPROCA, YA QUE, ES DE OBVIEDAD ENTENDER, ÉSTA SE DA EN AMBAS SITUACIONES, SINO ADEMÁS LA SUBJETIVIDAD CON QUE ACTÚAN LOS INTERVINIENTES EN EL HECHO, QUE EN UN CASO, EL DE LA RIÑA, CORRESPONDE A LA MUTUA VOLUNTARIEDAD DE LOS CONTENDIENTES DE CAUSARSE DAÑO, Y EN EL OTRO, EL DE LA LEGÍTIMA DEFENSA, OBEDECE A LA NECESIDAD INDIVIDUAL DE DEFENDERSE DE UNA AGRESIÓN AJENA, INJUSTA, ACTUAL O INMINENTE, ES DECIR, NO PROPICIADA VOLUNTARIAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEGÍTIMA DEFENSA, HOMICIDIO, RIÑA, CLASES DE LEGÍTIMA DEFENSA
Sentencia 28023 de febrero 23 de 2011
Siguiendo el orden lógico que impone el principio de prevalencia de las causales en casación, al cual se aviene el demandante, la Corte analizará primero el cargo planteado al amparo del motivo tercero, pues de prosperar éste ningún sentido tendría aprehender el estudio de las censuras propuestas con fundamento en el primero, en lo relativo a la denuncia de la violación directa e indirecta de disposiciones de derecho sustancial, dado que la causal que la recoge, por su propia naturaleza y alcance, implica partir del reconocimiento de que la sentencia fue proferida en juicio exento de mácula alguna a efectos de permitir dictar la que debe reemplazarla, lo cual no podría hacer en el evento de aparecer acreditada la configuración de algún motivo de ineficacia de lo actuado.
Primer cargo. (Principal. Nulidad).
Es cierto, como se plantea por el demandante y ha sido reconocido por la jurisprudencia de esta Corte(19), que el carácter dialéctico y contradictorio que el proceso penal ostenta en un Estado social y democrático de derecho como el que en nuestro medio se encuentra en proceso de construcción, exige que su adelantamiento se sujete estrictamente a los principios y valores establecidos por la Carta Política, y a las reglas y ritualidades que para su trámite la ley prevé como presupuesto de validez de los actos que lo componen, entre los cuales se incluye el derecho de defensa en su doble dimensión, técnica y material, y como manifestaciones de éste el de aportar y controvertir pruebas, de impugnar las decisiones que se consideren lesivas de su interés jurídico, y de acudir a la segunda instancia, salvo las excepciones normativamente previstas.
En orden a facilitar el ejercicio de tales garantías, el artículo 170 de la Ley 600 de 2000 establece los requisitos que debe contener la sentencia, entre los que se incluye el deber para el juzgador de expresar las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, debiendo contener un resumen de los hechos investigados y la indicación de las circunstancias que los especifican, el señalamiento y evaluación de las pruebas fundamento de la decisión , la calificación jurídica de los hechos y la respuesta a las alegaciones de las partes, entre otros aspectos, a fin de que los sujetos procesales puedan conocer sus fundamentos, y ejercer un adecuado control sobre ella a través de actos de contradicción o impugnación, dadas las implicaciones y funciones como acto culminatorio del proceso está llamada a cumplir, pues si ésta es inmotivada, incompleta, ambigua, equívoca, dilógica, o ambivalente, no sólo dificulta el conocimiento claro de la declaración del derecho, sino a las partes comprender las razones en que se fundamenta, e imposibilitar su controversia mediante los recursos pertinentes, dando lugar, por dicha vía, a la transgresión del debido proceso, que como motivo de ineficacia de los actos procesales, aparece establecido en el artículo 306-2 de la Ley 600 de 2000, denunciable en sede extraordinaria a través de la causal tercera de casación.
Esto por cuanto si la sentencia carece absolutamente de motivación sobre un elemento del delito, la responsabilidad del acusado, o en relación con una específica circunstancia de agravación, o la individualización de la pena, o que, pese a tener motivación, la misma es ambigua o contradictoria, o se fundamenta en supuestos fácticos o racionales inexistentes, y en tal medida las consideraciones del juzgador no podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión contenida en la parte resolutiva, la nulidad se erige como la única vía plausible de solución.
Tal y como ha sido declarado por la jurisprudencia, este condicionamiento formal no implica, sin embargo, que el funcionario judicial deba adoptar un determinado esquema secuencial en la elaboración de la sentencia, o asumir en capítulos separados el estudio de cada uno de los aspectos indicados en la norma, ni adentrarse necesariamente en complejas disquisiciones de orden teórico o dialéctico en relación con cada uno de ellos para que el fallo pueda considerarse suficientemente motivado. Lo importante es que dentro de los parámetros que la propia ley señala, y que responden a la naturaleza de la decisión que debe adoptarse, se presenten en forma clara y precisa las razones que la sustentan, de manera que los sujetos procesales puedan conocer y eventualmente controvertir, sus fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos.
Debe reiterar la Corte, en todo caso, que cuando se plantea en sede de casación nulidad de la sentencia por defectos de motivación, es necesario que quien invoca la nulidad por dicho concepto, tiene por carga demostrar que no existe materialmente motivación, o que existiendo ésta, la fundamentación que contiene es incompleta, dilógica o ambivalente; o, en otro sentido, que se sustenta en supuestos fácticos aparentes o sofísticos(20) y, además, que realmente la irregularidad afectó las garantías fundamentales del debido proceso o el derecho de defensa, pues no toda deficiencia argumentativa en la fundamentación resulta de suyo suficiente para viciar de nulidad el acto respectivo.
En este evento, el actor acusa la sentencia del tribunal de carecer de la debida fundamentación respecto del análisis valorativo del conjunto de los medios probatorios en que se basó para llegar a la conclusión de responsabilidad penal del acusado a título de autor del concurso de delitos de homicidio y tentativa de homicidio, lo cual, en su criterio, tuvo consecuencias nocivas para el debido proceso y el derecho de defensa, “pues las mismas afectan la legalidad, estructura y validez de la decisión de segunda instancia, en cuanto a la metodología del análisis y valoración de los medios de convicción”.
Aunque, como con acierto es puesto de presente por el procurador delegado en su concepto, en el caso a estudio la sentencia de segunda instancia no constituye paradigma en materia argumentativa, no por ello puede llegar a afirmarse que sea una decisión carente de motivación, o que la contenida en ella sea deficiente al extremo de no haber permitido a los sujetos procesales conocer su sentido y los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos del pronunciamiento, o, desde otro punto de vista, que hubiere desconocido ostensiblemente las pruebas que objetivamente conducen a conclusiones diversas a las que arribó, o que las hubiere creado o llegado a modificar de manera grosera su expresión fáctica.
Lo cierto del caso es que el cargo cae en el vacío, en cuanto no encuentra comprobación en la actuación. Dejó de considerar el demandante que no es lo mismo que una providencia judicial adolezca de defectos de motivación, por ausencia absoluta de las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión, a que la argumentación traída por el fallador no cumpla con las expectativas del sujeto procesal, que la tilda de inadecuada, desacertada o insuficiente en su fundamentación fáctica, jurídica o probatoria, como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta Corte(21), hipótesis que se refleja precisamente en el ataque elevado por el demandante en este asunto.
Tal como ha sido indicado por la Corte, “sólo en la primera hipótesis el error será susceptible de ser atacado dentro del marco de la causal tercera, mientras que en el segundo el error es de juicio, caso en el cual debe ser ventilado en el ámbito de la causal primera, demostrando los errores de fundamentación fáctica, jurídica o probatoria que llevan a tildarla de inadecuada, desacertada o insuficiente”.
Del análisis del contexto de la sentencia proferida por el tribunal, se advierte que comprende seis acápites claramente diferenciados:
El primero fáctico, donde se realiza un detallado relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ocasionó la muerte de Justiniano Hernández Parejo, y se causaron las heridas con arma de fuego a Hermes de Jesús Molina Romero. El segundo y tercero, de carácter sintético, contiene los fundamentos que tuvo el juzgador de primera instancia para arribar a la decisión absolutoria, así como los argumentos del apelante para oponerse a la determinación del a quo. El cuarto, de índole probatoria, donde se mencionan separadamente las posturas adoptadas por cada grupo de testigos, y el análisis de la prueba pericial que compromete la responsabilidad penal del procesado. El quinto, de carácter conclusivo, donde se precisa la calificación jurídica de los hechos que se declaran probados, así como las consecuencias jurídicas correspondientes a esos hechos que fueron objeto de investigación y juzgamiento.
De este modo, en el acápite de consideraciones la providencia comienza por hacer unas precisiones iniciales, señalando que el juzgado de primera instancia realmente no explicó los motivos por los cuales confirió credibilidad al grupo de testigos que respaldaban al sindicado, máxime si uno de ellos es su hermano, el otro su primo, y los otros dos sus amigos, incluso compañeros de farra la noche de los hechos, “lo cual obliga a valorarlos con una mayor exigencia, es decir, que todo yerro sustancial o palabra desvirtuada los torna poco dignos de crédito”, tanto que “no fueron uniformes en sus versiones”, como así se magnificó en la audiencia pública por parte de César Gómez, de Camilo Lacouture y de Jesús Gómez, quienes después de dieciséis meses de ocurridos los hechos se presentaron en ella con manifiesto propósito de favorecer al procesado”.
Señaló el tribunal, que ninguno de los testigos en que se fundamentó el fallo absolutorio de primera instancia, corrobora la tesis de la legítima defensa, y dos de ellos, antes por el contrario, la desvirtúan.
En esa medida, a manera de “resumen y valoración de todos los testimonios, situados en el contexto pertinente”, precisó el tribunal que Hermes Molina Romero adujo que uno de los compañeros del procesado golpeó al occiso y negó estar armado al igual que éste. Si se verifica el dicho del testigo, sin dificultad ninguna se establece la pertinencia de la cita que hace el tribunal: “En el momento no estaba armado cuando fui herido el revólver estaba dentro del carro, que me lo había dejado mi hermano unos minutos antes, porque él andaba armado. Justo no se encontraba armado el único que estaba armado era el agente Akinson Romero, agente de la Policía Nacional”(22).
En relación con Camilo Lacouture, el tribunal mencionó que el citado testigo afirmó que cuando llegó el hermano del sindicado, le pegó a uno de los escoltas porque a su vez éste golpeaba al procesado. Igual, si se revisa el contenido de la declaración, se establece la fidelidad del juzgador en la apreciación del medio: “…cuando llegamos al sitio Jesús Gómez para el carro y se baja del carro y le pega a uno de esos señores, porque este señor le había pegado una patada su hermano Hernán Gómez, yo estoy afuera pero al lado del carro, viene la patada y Hernán retrocede y se escuchan los disparos”(23).
En cuanto tiene que ver con el testimonio de Jesús Gómez, hermano del procesado, señaló el sentenciador que el mencionado testigo afirmó que al llegar al sitio, su hermano estaba siendo agredido por los escoltas y por eso, él agredió a uno de éstos. Consta en el acta respectiva: “…cuando doy la vuelta en la esquina veo que dos tipos le está dando patas e insultando a mi hermano y medio rabia y me bajé del carro salí corriendo y golpié a uno de los tipos que estaban dando patadas a mi hermano e insultandos…” (sic), en aseveración, que en opinión del sentenciador, es respaldada por César Gómez, como así puede verificarse al revisar lo dicho por éste: “…cuando llegamos allá al frente de su casa, nos ve y se acerca a nosotros, Ofo le dice Gole devuelve la pistola, inmediatamente Gole se mete a un jardín y saca el maletín donde están los documentos y la pistola, Hernán, Tomás Rodolfo y Gole se dirigen hacia el frente, yo me quedo de este lado y observo que llegan unas personas, llega un tipo armado hacia donde estoy yo con revólver en mano apuntándome, yo también le apunto con mi revólver, luego veo que hay dos personas patiando al primero mío, a Hernán, en ese momento llega la camioneta con Jesús y Camilo, el señor que me apunta a mí al ver la trifulca al frente, yo retroceso y él se va hasta el otro lado haciendo disparos y es cuando se oye como 8 a 9 disparos, yo me devolví corriendo asustando y me monte en el carro de un amigo que me llevó a la casa” (sic)(24).
Al apreciar el dicho de Tomás Mejía, el sentenciador observa que este testigo indica que los escoltas se bajaron del carro con armas en la mano; que el procesado sacó la pistola en momentos en que uno de los escoltas le estaba apuntando y que empezó a disparar cuando uno de estos se le iba a tirar a su hermano. Si se revisa el texto de la declaración, se encuentra lo siguiente: “…cuando nosotros salimos Cesar Augusto Gómez, Salin Saad y Camilo Lacouture y yo, cuando salimos él nos dice no me robaron la pistola y la tarjeta de crédito, nosotros le dijimos al celador vea averigüe quién cogió esta pistola porque usted estaba cuidando el carro, cuando de repente Sergio Lacouture salió en su carro a bloquear las tarjetas de crédito cuando él sale, nosotros le decimos al celador quien tiene la pistola, lo presionamos para que nos dijera, entonces él al verse presionado dijo que a la vuelta había un tipo que es ladrón, entonces nosotros nos fuimos caminando a la vuelta del club, al llegar yo veo al tipo que nos dijo el señor que era el ladrón, cuando yo vengo y le digo, yo lo conocía al ladrón porque él estudió conmigo hace 7 años en el militar le dicen el Gole Morón, y entonces yo le dije primo si usted tiene esa pistola devuélvala, entonces al verse presionado, porque llegaron varias personas armadas, él llegó y le dijo a Cesar Augusto Gómez, compadre ahí está la pistola, cuando Cesar Augusto va a la jardinera y coge la pistola, y agarra el maletín, cuando de repente ya todo estaba solucionado, pasa la camioneta de Pepe Castro, una gris, cuando pasa la camioneta, yo veo que se bajan los escoltas de Pepe Castro que andaban con Checho, cuando yo veo que ellos se bajan con las armas en las manos, yo veo qué pasa cálmate que aquí no pasó nada, cuando viene uno de ellos, me dice donde está el gafufo que lo voy a joder, yo le dije cálmate, cuando viene Hernán Gómez, qué es lo que pasa, y ahí comenzó la discusión, y Hernán Gómez sacó la pistola ya el flaco, o sea el escolta de Pepe estaba apuntando, cuando viene otro escolta y tira a empujar a Hernán Gómez, y viene el hermano de Hernán Gómez, Jesús Gómez y le sampa una cachetada a uno de los escoltas, cuando el escolta se le va a tirar a Jesús Gómez ahí Hernán comienza a disparar...”(sic)(25).
Igualmente, el tribunal advirtió que este mismo testigo, en versión posterior, sostuvo que el occiso cayó al piso y que Hernán hizo los disparos cuando Justiniano intentó pararse y defenderse. En el texto de la declaración a que se refiere el tribunal, consta lo siguiente: “PREGUNTADO: Sírvase manifestar qué ocurrió cuando Jesús Gómez agrede con la mano a uno de los escoltas que según constancia procesal es Justiniano. CONTESTÓ: Se cae Justiniano al piso y cuando él quiere pararse para defenderse viene Hernán y suelta los tiros”(26).
Del mismo modo, en relación con el testimonio de Akinson Romero, el tribunal observó que este declarante dice que las víctimas se bajaron del carro a mirar a ‘tres manes que venían armados’, en alusión al grupo conformado por el procesado, y éstos al ver que los iban a requisar sacaron los revólveres y comenzó la balacera que él también respondió.
Si se revisa el texto de la declaración del testigo a que alude el tribunal, consta lo siguiente: “Eso de las dos y media de la mañana, estábamos en un evento fuimos a recoger al hijo del señor Pepe Castro, en el club nueva juventud, llegamos a recoger al señor Checho, para llevarlo a la casa, cuando mis compañeros Justiniano Hernández y Hermes salieron a mirar a tres manes que venían armados, y los muchachos al ver que los pelaos iban a requisarlos, sacaron los revólveres y comenzó la balacera, cayendo el compañero Justiniano y Hermes al mismo tiempo, saqué mi arma, respondí al tiroteo, ya no pude hacer nada, lo único que se me ocurrió fue llevarlo al hospital”(27).
Finalmente, en este acápite de la sentencia, el tribunal alude al testimonio de Rodolfo Morón, para señalar que este declarante manifiesta que Akinson Romero y César Gómez se estaban apuntando mutuamente desde que llegaron los escoltas, lo cual es aceptado por César Gómez quien agrega que cuando Jesús Gómez, hermano del sindicado, golpeó al que estaba pateando a su hermano sonaron los disparos y que éste los hirió primero antes de que las víctimas pudieran reaccionar.
En el texto de la declaración rendida por Rodolfo Enrique Morón Quiroz, como es señalado por el tribunal, consta lo siguiente: “Fuera de los 4 muchachos, Hermes, Justiniano, Ofo y los otros dos pelaos, yo me encontraba con el señor Cesar y un escolta, otro escolta que estaba ahí, el escolta que es policía sacó el arma y apuntó a Cesar Gómez, como la calle tiene dos sectores eso se dio al lado de mi casa y el muerto fue al frente de mi casa, ellos se apuntaron mutuamente, eso fue apenas llegaron en el carro los que traían a mi hermano Sergio, ahí fue cuando les dije que se controlaran que no pasaba nada, que no había ningún problema, ellos se disponían a irse cuando en eso llegó el muchacho de la camioneta, es decir, cuando llegó Checho Castro, mi hermano, la hermana de Checho y los tres escoltas, le vi esa arma al escolta que es policía, la que sacó Cesar Gómez, son dos, la que sacó el gordito de gafas, o sea Hernán, van 3 y la de Hermes, pero Hermes la tenía en el cinto, son cuatro, no vi más armas”(28).
Agrega el sentenciador de segunda instancia, que dos de los testigos en los cuales el a quo se fundamentó para proferir la sentencia absolutoria, desvirtúan la legítima defensa, por cuanto Tomás Mejía, señaló que Justiniano cayó al piso con ocasión del golpe recibido, y cuando pretendió incorporarse para defenderse, Hernán le hizo los disparos que le causaron la muerte. Cesar Gómez, por su parte, señaló que Hernán al verse amenazado él y su hermano por estos señores, alcanzó a sacar su arma hiriendo primero a ellos, sin dejarlos que reaccionaran.
Por lo tanto, dice el tribunal “no son testigos de defensa sino de acusación. En el primer caso, porque quien murió apenas trataba de incorporarse y fue herido de muerte; en el segundo, porque no existía agresión sino amenaza potencial de la cual eran destinatarios todos los presentes. Sin contar con que el segundo de los testigos es primo del sindicado y sólo declaró tardíamente en audiencia pública”.
Posteriormente, el tribunal señaló que como resultado de analizar la prueba en su conjunto, se establece “que primero existió una discusión entre el sindicado y su grupo con ‘El Gole´ porque éste se había apoderado de los objetos que estaban en uno de los vehículos; luego la presencia de escoltas generó un enfrentamiento entre los dos grupos, enfrentamiento consistente en discusión, amenazas y golpes. Es decir, una riña en que no se utilizaron armas a pesar de que varios de los actores las portaban y las exhibieron”.
Agregó que “esta trifulca, que es otro de los términos populares como se conoce la riña, debía terminarse sin mayores resultados pero no ocurrió así porque uno de los actores ‘cambió las reglas de juego’ extrayendo su arma y dando muerte a uno de sus adversarios e hiriendo a otro”. Tal situación, concluyó el tribunal, “elimina la legítima defensa porque en la riña los contrincantes voluntariamente se adentran en ella; en la legítima defensa, la reacción no es voluntaria sino provocada”.
Expuso además el ad quem, que para el reconocimiento de la legítima defensa, debe ser injusta la agresión que provoca la reacción defensiva, lo que no se dio en el presente caso, toda vez que el procesado ya había extraído su arma, de modo que cualquiera de sus adversarios podía concebir fundadamente un ataque de éste. Asimismo, que la legítima defensa debe estar suficientemente probada, lo que tampoco ocurrió en esta ocasión, a tal punto que ni siquiera fue alegada por el procesado.
De otra parte, el tribunal también se ocupó de analizar lo relativo a la ubicación anatómica de las lesiones causadas a Hermes de Jesús Molina Romero, y concluyó que, al contrario de lo señalado por el a quo, dos de las cuatro heridas propinadas por los impactos de proyectil de arma de fuego, tienen dirección de atrás hacia delante, lo que patentiza la equivocación del juzgador de primera instancia al reconocer la legítima defensa.
Por el lado que se observe, aparece claro, entonces, que no es cierto, como contrariamente se sostiene por el demandante, que la sentencia de segunda instancia carezca de motivación, ni que la que la contiene impida conocer los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos en que se soportó. Para demostrarlo, tan solo basta con realizar una lectura integral y desprevenida de su contenido, cotejarlo con la objetividad que revela la prueba incorporada al proceso, y concluir que el fallo satisface los requisitos mínimos establecidos por el estatuto procesal penal y, por tanto, que la censura resulta infundada.
Asiste razón, por ende, al procurador delegado cuando conceptúa que “la revisión del contenido de la sentencia de segunda instancia permite constatar que contrario a lo que afirma el casacionista, el fallo cuenta con la precisión y claridad necesarias para que los sujetos procesales conocieran los fundamentos fácticos y jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión jurisdiccional de condena”.
Por lo que viene de anotarse, resulta claro que el reparo propuesto carece de todo fundamento y, de contera, determina su improsperidad.
Segundo cargo. (Subsidiario. Violación directa de la ley sustancial).
Como se recuerda, en el resumen que se hizo de la demanda, el censor sostiene que el tribunal incurrió en violación directa de la ley sustancial por la aplicación indebida de las disposiciones que definen los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y el concurso de conductas punibles, y la falta de aplicación de aquellas que establecen la legítima defensa como causal excluyente de responsabilidad, y el principio in dubio pro reo, “por haberse vulnerado el principio constitucional de la carga de la prueba, debidamente reglamentado por la ley, deducido del de presunción de inocencia, que demanda que todos los aspectos motivo de investigación deben ser probados por el Estado” .
Si bien es cierto que a la aplicación indebida o a la falta de aplicación del principio in dubio pro reo, contenido en el artículo 7º de la Ley 600 de 2000, puede llegarse tanto por la vía directa como por la indirecta de transgresión a la ley sustancial, también es claro que los antecedentes jurisprudenciales(29) han dejado establecido que en cada eventualidad el desarrollo y demostración del cargo debe corresponder al camino escogido para su denuncia y a la realidad que la actuación revele.
De este modo, si se acude a la vía directa, debe demostrarse que el sentenciador a pesar de afirmar duda acerca de la existencia del hecho o de la responsabilidad del procesado, decidió proferir fallo de condena, debiendo absolver (falta de aplicación) o, en otro sentido, no obstante observar certeza en estos dos extremos, decide absolver cuando debió proferir fallo de condena (aplicación indebida).
Y si lo invocado es la violación indirecta de dicho precepto, por incurrirse en errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, además del señalamiento concreto de la especie de error probatorio, el casacionista debe demostrar que el fallador llegó a la errada conclusión de que las pruebas no conducen a la certeza del hecho o la responsabilidad del procesado (aplicación indebida), o erradamente concluyó que los medios conducían a la certeza requerida y condenó, cuando en verdad de ellos surgía incertidumbre que debió ser resuelta en favor del procesado (falta de aplicación). Para dicho efecto, tiene por carga presentar una argumentación acorde con el tipo de error cometido por el juzgador al apreciar los medios de convicción.
Estos parámetros no han sido tomados en cuenta por el censor, quien deja de percatarse que cuando en sede extraordinaria se denuncia violación directa por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de normas de derecho sustancial, es deber del demandante aceptar los hechos y las pruebas de ellos tal como fueron declarados unos y apreciadas las otras por el juzgador de segunda instancia, y exponer su discrepancia en el ámbito del raciocinio estrictamente jurídico, es decir, sólo con las consecuencias jurídicas atribuidas a los hechos declarados, sin que resulte viable alegar o sugerir al tiempo errores de apreciación probatoria, dado que para ello la ley previó la vía indirecta.
En este caso, si bien el demandante no formula reparos a la facticidad, sugiriendo que su discrepancia es meramente jurídica y que por eso acude a la violación directa de disposiciones de derecho sustancial, es lo cierto que su reparo quedó en el sólo enunciado, en cuanto sostiene, sin llegar a demostrarlo, que “la instancia reconoce una duda pero la misma no la resuelve a favor del procesado sino en su contra y ello en virtud a considerar que tratándose de la legítima defensa el in dubio pro reo no aplica”.
Al respecto debe decirse, de una parte, que el tribunal no encontró dudas sobre la responsabilidad penal del acusado, sino certeza, y por razón de ello decidió aplicar las correspondientes consecuencias jurídicas a los tipos penales realizados por el acusado, y de otra, que la discrepancia del censor con el ad quem, no está referida al caso específico sino en relación con lo que éste considera deben ser los presupuestos para el reconocimiento de la excluyente de responsabilidad de la legítima defensa.
Dijo específicamente el tribunal(30):
“Tercero, un trato jurídico de los hechos que permite afirmar que la prueba vista en conjunto revela que primero existió una discusión entre el sindicado y su grupo con ‘El Gole’ porque éste se había apoderado de los objetos que estaban en uno de los vehículos; luego la presencia de escoltas generó un enfrentamiento entre los dos grupos, enfrentamiento consistente en discusión, amenazas y golpes. Es decir, una riña en que no se utilizaron armas a pesar de que varios de los actores las portaban y las exhibieron.
“Esta trifulca, que es otro de los términos populares como se conoce la riña, debía terminarse sin mayores resultados pero no ocurrió así porque uno de los actores ‘cambió las reglas de juego’ extrayendo su arma y dando muerte a uno de sus adversarios e hiriendo a otro.
“Tal situación elimina la legítima defensa porque en la riña los contrincantes voluntariamente se adentran en ella; en la legítima defensa, la reacción no es voluntaria sino provocada”.
El aparte que viene de reseñar la Sala, denota no solamente que el sentenciador de alzada descartó la existencia de la justificante de la conducta, sino que, después de apreciar el cúmulo probatorio recaudado durante la investigación y el juzgamiento, acogiendo la jurisprudencia en torno al tema, declaró probado que lo ocurrido en el caso sometido a su consideración fue una riña suscitada entre el grupo del sindicado y el de las víctimas de éste, en la cual, si bien comenzó equilibradamente pese a que ambos tenían armas de fuego, pues inicialmente hubo discusión, amenazas y golpes, el acusado quiso tomar ventaja de la caída de uno de los contrincantes a causa del golpe que le propinara su hermano, y se aprestó a disparar primero contra dos de sus oponentes causándole la muerte a uno de ellos y heridas graves al otro, quien, gracias a la oportuna atención médica de urgencia, logró salvar su vida.
Para aclarar aún más lo que viene de afirmar la Sala, y denotar que el planteamiento del ad quem estuvo acorde con la normativa vigente y los desarrollos doctrinarios sobre el tema, baste con traer a colación lo que la jurisprudencia ha sentado en torno a la justificante cuya aplicación el demandante sin fundamento reclama:
“Ahora bien, en torno a la causal de ausencia de responsabilidad de que trata el ordinal 6º del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, jurídicamente denominada legítima defensa, —entendida ésta como el ejercicio legítimo de la violencia por la necesidad de defender la integridad de un bien jurídico, propio o ajeno, de la actual o inminente agresión injusta, antijurídica, ilícita o injustificada, realizada por un tercero, siempre que la defensa sea necesaria para proteger el derecho, y proporcionada a la magnitud de la agresión(31)—, la Corte tiene establecido que para el reconocimiento de la justificante, como causal de exclusión de la antijuridicidad del comportamiento realizado, debe aparecer plenamente demostrada la configuración de todos y cada uno de los elementos que la conforman, esto es, que en verdad se presente una agresión contra un derecho propio o ajeno; que esta agresión sea real, injusta y actual o inminente, y que exista necesidad de defensa mediante una reacción proporcionada a la agresión(32).
“Con dicho propósito, ha indicado que ‘la legítima defensa es el derecho que la ley confiere de obrar en orden a proteger un bien jurídicamente tutelado, propio o ajeno, ante el riesgo en que ha sido puesto por causa de una agresión antijurídica, actual o inminente, de otro, no conjurable racionalmente por vía distinta, siempre que el medio empleado sea proporcional a la agresión. Requiere, por tanto, para su configuración, que en el proceso se encuentre acreditado la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que haya una agresión ilegítima, es decir, una acción antijurídica e intencional, de puesta en peligro de algún bien jurídico individual (patrimonio económico, vida, integridad física, libertad personal). b) Que sea actual o inminente. Es decir, que el ataque al bien jurídico se haya iniciado o inequívocamente vaya a comenzar y que aún haya posibilidad de protegerlo. c) Que la defensa resulte necesaria para impedir que el ataque injusto se materialice. d) Que la entidad de la defensa, sea proporcionada, tanto en especie de bienes y medios, como en medida, a la de la agresión. e) Que la agresión no haya sido intencional y suficientemente provocada. Es decir que de darse la provocación, ésta no constituya una verdadera agresión ilegítima que justifique la reacción defensiva del provocado’(33) (se destaca).
“Todo ello, en razón a que el motivo legal de exclusión de la responsabilidad penal no ha sido establecido a favor de sujetos pendencieros, intransigentes o irascibles, que acuden al pretexto de la defensa para reaccionar agresivamente ante cualquier situación que les genere temor, independientemente de que aquella sea real o aparente, y sin medirse en las consecuencias de su conducta.
“Igual ocurre con la presunción legal de legítima defensa a que se alude en el inciso segundo del ordinal 6º del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, también denominada privilegiada, en la que el legislador supone que es legítima la actuación de quien rechaza al extraño que de modo indebido penetra o intenta penetrar en su habitación o dependencias inmediatas, ya que los requisitos para su reconocimiento son esencialmente los mismos de la anteriormente referida debiendo estar debidamente acreditados, sólo que la acción antijurídica del extraño que justifica la reacción, es el intento de penetración o la efectiva penetración violenta, engañosa o clandestina, al lugar que se utiliza como morada o sus dependencias inmediatas, pues se supone que la presencia de un extraño en tales condiciones pone en riesgo, no solamente el derecho a la intimidad, sino que representa un peligro para otros bienes jurídicos como la vida, la libertad e integridad sexuales, y el patrimonio económico, entre otros, de quienes allí habitan.
“Debe anotarse, que como se trata de una presunción legal, es claro que si se demuestra probatoriamente la inexistencia del supuesto fáctico que normativamente justifica la defensa, o si se acredita la ausencia de los demás presupuestos que la establecen, el autor de la conducta no puede hacerse acreedor al reconocimiento de la eximente de responsabilidad penal”.
Y, con respecto al fenómeno de la riña, como circunstancia excluyente de la legítima defensa, la Sala, siguiendo la jurisprudencia de antiguo sentada sobre dicho particular, recientemente precisó(34):
“Pues bien, en el entorno de una riña, dada su naturaleza ilícita, por cuanto sus protagonistas tienen la intención de causarse daño recíproco, no es viable, en principio, reconocer la excluyente punitiva de la legítima defensa, salvo cuando los contrincantes rompen las condiciones de equilibrio del combate, como así se ha precisado por la Corte, entre otras, en la siguiente providencia:
“Cuando dos personas deciden simultáneamente y de manera intempestiva irse a las armas con la intención de agredirse, en efecto, se sitúan al margen de la ley y en el marco de una riña donde no hay lugar a alegar legítima defensa, salvo cuando en su curso alguno de los contrincantes rompe las condiciones de equilibrio del combate.
‘Lo que en realidad diferencia la riña de la legítima defensa —dijo la Sala en otra oportunidad y ahora lo reitera(35)— no es la existencia de actividad agresiva recíproca, ya que, es de obviedad entender, ésta se da en ambas situaciones, sino además la subjetividad con que actúan los intervinientes en el hecho, que en un caso, el de la riña, corresponde a la mutua voluntariedad de los contendientes de causarse daño, y en el otro, el de la legítima defensa, obedece a la necesidad individual de defenderse de una agresión ajena, injusta, actual o inminente, es decir, no propiciada voluntariamente” (resaltado fuera de texto)(36).
De manera que, en este caso, atendiendo los términos en que se formuló el reparo, el demandante lejos estuvo de acreditar el supuesto de la causal de casación que invoca, esto es, que el sentenciador hubiere reconocido la existencia de los presupuestos de la legítima defensa; o, desde una perspectiva diversa, que hubiere declarado expresamente que unas pruebas, con tal solidez y mérito persuasivo, permitían su reconocimiento y otras, del mismo talante de las anteriores, lo negaban, y que a pesar de esta situación de incertidumbre, hizo abstracción del principio de derecho procesal que le obligaba a resolver las dudas a favor del acusado, y decidió condenar cuando ha debido absolver de los cargos formulados.
En torno a este último aspecto, para que la censura tuviera alguna coherencia al amparo de la vía directa de violación a la ley, el casacionista tenía por deber acreditar que el juzgador declaró que la prueba recaudada no arrojaba el grado de certeza requerida por la ley procesal(37) y sin embargo decidió proferir fallo de condena, nada de lo cual siquiera ensaya, y al no hacerlo la propuesta impugnatoria queda sin desarrollo y, por supuesto, sin demostración.
Asiste por tanto razón al procurador delegado, cuando sostiene que el tribunal, “consideró imposible pensar o dudar siquiera que el proceder del procesado se debió a un estado de legítima defensa, cuando el ataque o la agresión se presentó en la riña previsible para el procesado dados los problemas surgidos, en su lugar, el casacionista no opone ninguna argumentación tendiente a rebatir que la voluntad del heridor era la de dirimir de una vez por todas las rencillas y causar daño a su contrincante, ni mucho menos se ocupa de demostrar que era obligado reconocer la defensa justa a pesar del carácter imprevisto de la reyerta”.
Entonces, como el demandante no logró demostrar el supuesto fáctico en que apoya la causal de casación que aduce, en total acuerdo con el Procurador Delegado, cuyos atinados planteamientos la Corte no puede menos que acoger íntegramente, no cabe más alternativa que declarar impróspera la censura.
Tercer cargo. (Subsidiario. Violación indirecta de la ley sustancial).
El cargo relativo al error de hecho por falso juicio de identidad en relación con los testimonios de Tomás Rodolfo Mejía, Camilo Andrés Lacouture y César Augusto Gómez Valle; falso raciocinio con respecto al testimonio de Mauricio Gómez; falso juicio de identidad respecto del reconocimiento médico legal practicado a Hermes de Jesús Molina Romero y falso juicio de existencia sobre la necropsia de Justiniano Hernández, que el casacionista postula, carece de fundamento.
De manera reiterada, por tanto suficientemente difundida(38), la Corte ha señalado que la casación no es una instancia más a las ordinarias del trámite, en la que puedan ser presentados de manera libre e informal argumentos de disentimiento contra los fallos de segunda instancia, ni constituye una prolongación del juicio en la que resulte posible continuar el debate fáctico y jurídico propio del trámite regular del proceso.
Insistentemente la jurisprudencia ha precisado que la postulación del instrumento extraordinario de impugnación debe obedecer a la denuncia y demostración de haber sido transgredida la ley con el fallo, y que el escrito a través del cual se ejerce, para que pueda llegar a ser admitido a su estudio de fondo, necesariamente debe cumplir, no solamente los rigurosos requisitos de forma y contenido establecidos por el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal de 2000 (idoneidad formal), sino que la demanda debe ser objetivamente fundada, es decir, estar llamada a lograr la infirmación total o parcial de la sentencia, o a propiciar un pronunciamiento unificador del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria alrededor de un determinado tema jurídico (idoneidad sustancial).
Por esta razón, la legislación procesal ha previsto para el demandante la obligación de presentar precisa y claramente los fundamentos fácticos y jurídicos del motivo de casación que se aduce, para lo cual debe tomarse en cuenta que cada causal tiene naturaleza autónoma, por lo mismo se halla sometida a parámetros demostrativos propios y distintos de las demás, y que su configuración trae aparejada consecuencias de diversa índole para el proceso.
En relación con la causal primera de casación, la Sala tiene establecido que cuando se denuncia violación indirecta de la ley por falta de aplicación o aplicación indebida de normas de derecho sustancial, a consecuencia de incurrir el juzgador en errores de apreciación probatoria, el libelista debe precisar si éstos son de hecho o de derecho.
Los primeros se presentan cuando el juzgador se equivoca al contemplar materialmente el medio; porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso; porque la supone existente sin estarlo (falso juicio de existencia); o cuando no obstante considerarla legal y oportunamente recaudada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de ella (falso juicio de identidad); o, porque sin cometer ninguno de los anteriores desaciertos, pese a existir la prueba y ser apreciada en su exacta dimensión fáctica, al asignarle su mérito persuasivo transgrede los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de experiencia, es decir, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria (falso raciocinio).
En esta dirección, se reitera que cuando la censura se orienta por el falso juicio de existencia por suposición de prueba, compete al demandante demostrar la configuración del yerro mediante la indicación correspondiente del fallo donde se aluda a dicho medio que materialmente no obra en el proceso; y si lo es por omisión de ponderar prueba que material y válidamente obra en la actuación, es su deber concretar en qué parte del expediente se ubica ésta, qué objetivamente se establece de ella, cuál el mérito que le corresponde siguiendo los postulados de la sana crítica, y cómo su estimación conjunta con el arsenal probatorio que integra la actuación, da lugar a variar las conclusiones del fallo, y, por tanto a modificar la parte resolutiva de la sentencia objeto de impugnación extraordinaria.
Si lo pretendido es denunciar la configuración de errores de hecho por falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria, el casacionista debe indicar expresamente, qué en concreto dice el medio probatorio, qué exactamente dijo de él el juzgador, cómo se le tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y lo más importante, la repercusión definitiva del desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo.
Y si lo que se denuncia es la configuración de un falso raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crítica, se debe indicar qué dice de manera objetiva el medio, qué infirió de él el juzgador, cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de experiencia fue desconocida, y cuál el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y cómo; finalmente, demostrar la trascendencia del error indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona, y que habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto y opuesto al ameritado.
Los errores de derecho, entrañan, por su parte, la apreciación material de la prueba por el juzgador, quien la acepta no obstante haber sido aportada al proceso con violación de las formalidades legales para su aducción, o la rechaza porque a pesar de estar reunidas considera que no las cumple (falso juicio de legalidad); también, aunque de restringida aplicación por haber desaparecido del sistema procesal la tarifa legal, se incurre en esta especie de error cuando el juzgador desconoce el valor prefijado a la prueba en la ley, o la eficacia que ésta le asigna (falso juicio de convicción), correspondiendo al actor, en todo caso, señalar las normas procesales que reglan los medios de prueba sobre los que predica el yerro, y acreditar cómo se produjo su transgresión.
Cada una de estas especies de error, obedece a momentos lógicamente distintos en la apreciación probatoria y corresponde a una secuencia de carácter progresivo, así encuentre concreción en un acto históricamente unitario: el fallo judicial de segunda instancia. Por esto no resulta acorde con la lógica inherente al recurso que frente a la misma prueba y dentro del mismo cargo, o en otro postulado en el mismo plano, sin indicar la prelación con que la Corte ha de abordar su análisis, se mezclen argumentos referidos a desaciertos probatorios de naturaleza distinta.
Debido a ello, en aras de la claridad y precisión que debe regir la fundamentación del instrumento extraordinario de la casación, compete al actor identificar nítidamente la vía de impugnación a que se acoge, señalar el sentido de transgresión de la ley, y, según el caso, concretar el tipo de desacierto en que se funda, individualizar el medio o medios de prueba sobre los que predica el yerro, e indicar de manera objetiva su contenido, el mérito atribuido por el juzgador, la incidencia de éste en las conclusiones del fallo, y en relación de determinación la norma de derecho sustancial que mediatamente resultó excluida o indebidamente aplicada y acreditar cómo, de no haber ocurrido el yerro, el sentido del fallo habría sido sustancialmente distinto y opuesto al impugnado, integrando de esta manera la proposición del cargo y su formulación completa.
Además, pertinente resulta insistir en ello, de acogerse a la vía indirecta, la misma naturaleza rogada que la casación ostenta impone al demandante el deber de abordar la demostración de cómo habría de corregirse el yerro probatorio que denuncia, modificando tanto el supuesto fáctico como la parte dispositiva de la sentencia. Esta tarea comprende la obligación de realizar un nuevo análisis del acervo probatorio en que se corrija el error, sea valorando las pruebas omitidas, cercenadas o tergiversadas, o apreciando acorde con las reglas de la sana crítica aquellas en cuya ponderación fueron transgredidos los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o los dictados de experiencia; y, de ser ese el caso, excluyendo las supuestas o ilegalmente allegadas o valoradas.
Todo ello no debe ser realizado de manera insular, sino en confrontación con lo acreditado por las pruebas acertadamente apreciadas, tal como lo ordenan las normas procesales establecidas para cada medio probatorio en particular y las que refieren el modo integral de valoración, y en orden a hacer evidente la falta de aplicación o la aplicación indebida de un concreto precepto de derecho sustancial, pues es la demostración de la transgresión de la norma de derecho sustancial por el fallo, la finalidad de la causal primera en el ejercicio de la casación(39).
En relación con el testimonio de Tomás Rodolfo Mejía, sostiene el demandante que se presentó cercenamiento de la prueba en cuanto el tribunal destacó sólo aquellos apartados que le convienen para negar la existencia de la legítima defensa con lo cual “el falso juicio de identidad es evidente, puesto que este testigo es claro en manifestar que los escoltas que se desplazaban en la camioneta del señor Pepe Castro llegaron con abierto ánimo belicoso, pues así se deduce del contenido de la prueba antes trascrita, porque, cuando el presunto ladrón ‘Gole Morón’ entregó los elementos hurtados (el arma de fuego y el maletín) ya estaba solucionado el incidente, llegando en ese preciso momento el grupo de escoltas en una actitud abiertamente agresiva, llegando incluso dos de éstos —los escoltas— con las armas de fuego empuñadas”.
El error en la postulación de la censura es evidente, toda vez que el tribunal en ningún momento desconoció que, según este testigo, los escoltas de José Guillermo Castro, que llegaron en la camioneta con el hijo de éste, Celso José Castro Daza, portaban armas en la mano.
Recuérdese lo que señaló el testigo:
“…cuando nosotros salimos Cesar Augusto Gómez, Salin Saad y Camilo Lacouture y yo, cuando salimos él nos dice no me robaron la pistola y la tarjeta de crédito, nosotros le dijimos al celador vea averigüe quién cogió esta pistola porque usted estaba cuidando el carro, cuando de repente Sergio Lacouture salió en su carro a bloquear las tarjetas de crédito cuando él sale, nosotros le decimos al celador quien tiene la pistola, lo presionamos para que nos dijera, entonces él al verse presionado dijo que a la vuelta había un tipo que es ladrón, entonces nosotros nos fuimos caminando a la vuelta del club, al llegar yo veo al tipo que nos dijo el señor que era el ladrón, cuando yo vengo y le digo, yo lo conocía al ladrón porque él estudió conmigo hace 7 años en el militar le dicen el Gole Morón, y entonces yo le dije primo si usted tiene esa pistola devuélvala, entonces al verse presionado, porque llegaron varias personas armadas, él llegó y le dijo a Cesar Augusto Gómez, compadre ahí está la pistola, cuando Cesar Augusto va a la jardinera y coge la pistola, y agarra el maletín, cuando de repente ya todo estaba solucionado, pasa la camioneta de Pepe Castro, una gris, cuando pasa la camioneta, yo veo que se bajan los escoltas de Pepe Castro que andaban con Checho, cuando yo veo que ellos se bajan con las armas en las manos, yo veo qué pasa cálmate que aquí no pasó nada, cuando viene uno de ellos, me dice donde está el gafufo que lo voy a joder, yo le dije cálmate, cuando viene Hernán Gómez, qué es lo que pasa, y ahí comenzó la discusión, y Hernán Gómez sacó la pistola ya el flaco, o sea el escolta de Pepe estaba apuntando, cuando viene otro escolta y tira a empujar a Hernán Gómez, y viene el hermano de Hernán Gómez, Jesús Gómez y le sampa una cachetada a uno de los escoltas, cuando el escolta se le va a tirar a Jesús Gómez ahí Hernán comienza a disparar...”(sic)(40).
En el acta de la declaración rendida posteriormente por este mismo testigo ante el funcionario de instrucción, consta lo siguiente:
“PREGUNTADO: Dice usted que cuando empezó la discusión Hernán Gómez sacó la pistola, por qué este hecho. CONTESTÓ: Porque cuando salimos de la fiesta él iba con la pistola en la mano diciéndole al celador que dónde estaba la pistola y él le dijo que a la vuelta vivía un ratero. PREGUNTADO. Sírvase manifestar qué ocurrió cuando Jesús Gómez agrede con la mano a uno de los escoltas que según constancia procesal es Justiniano. CONTESTÓ: Se cae Justiniano al piso y cuando él quiere pararse para defenderse viene Hernán y suelta los tiros”(41).
Por tanto, cuando el tribunal sostiene que “Tomás Mejía indica que los escoltas se bajaron del carro con armas en la mano; que el procesado sacó la pistola en momentos en que uno de los escoltas le estaba apuntando y que empezó a disparar cuando uno de estos se le iba a tirar a su hermano. En versión posterior dice que el occiso cayó al piso y cuando intentó pararse y defenderse fue cuando Hernán ‘suelta los tiros’”(42), no hace cosa diversa a respetar fielmente la expresión objetiva del medio, sin adiciones, cercenamientos o tergiversaciones.
Cosa distinta es que no le hubiere conferido al medio el alcance, mérito o fuerza demostrativa que el casacionista reclama, pero es claro que ante tal eventualidad, no es el error de hecho por falso juicio de identidad el que resultaría procedente postular, sino falso raciocinio previa demostración de que el sentenciador se apartó de las reglas de la sana crítica en la apreciación del medio. Pero esto no es lo que se denuncia en el libelo y tampoco se establece de su contexto, como para que la Corte pudiera suponer que la intención del demandante es noticiar la configuración de un tipo de error diverso al que expresamente enuncia.
Lo que pretende, por la referencia que hace a otros medios de convicción que, en criterio del demandante, desvirtúan el dicho del aludido testigo (Camilo Andrés Lacouture, Jesús Mauricio Gómez y Rodolfo Enrique Morón), es que, so pretexto de denunciar supuestos falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria, la Corte le confiera particular mérito persuasivo a los medios, de acuerdo con la tesis que el libelista pregona, por encima del declarado en el fallo que pretende combatir, pero sin demostrar la razón por la cual no debe creérsele al mencionado testigo cuando rindió su declaración a las pocas horas de haber ocurrido los hechos de la que se establece que hacía parte del grupo que acompañó al procesado la noche de los acontecimientos, y cuál el motivo para otorgarle total mérito persuasivo a aquellos declarantes que comparecieron al juicio más de quince meses después de los sucesos materia de investigación y juzgamiento.
Asimismo, el demandante sostiene que el tribunal incurrió en falso juicio de identidad en la apreciación del testimonio de Camilo Andrés Lacouture, y con la pretensión de darle desarrollo y demostración, después de transcribir in extenso apartes del mencionado medio de prueba, y la referencia que del mismo hace el ad quem, sostiene que “obviamente este medio probatorio estudiado expresa que Camilo Lacouture llegó en compañía del señor Jesús Gómez, que al ver que alguien golpeaba a su hermano, se bajó del vehículo en el que se transportaba y devolvió el golpe al agresor de su hermano (Justiniano Hernández); pero es de aclarar que Camilo Lacouture y Jesús Gómez llegan cuando el grupo de escoltas ya han iniciado su actividad agresiva en contra de Hernán Gómez y compañía, que aunque no hace mención de armas de fuego, sí especifica la agresión de que fue víctima Hernán Gómez”.
En este apartado de la censura, sin dificultad se aprecia que es el demandante quien pretende acomodar la prueba y lo que ella dice a sus particulares intereses, pues el tribunal en ningún momento desconoció el que se hubiere presentado enfrentamiento entre los dos grupos, “enfrentamiento consistente en discusión, amenazas y golpes”, sólo que le dio la connotación de riña “es decir, una riña en que no se utilizaron armas a pesar de que varios de los actores las portaban y las exhibieron”.
Igual acontece cuando el demandante sostiene que el tribunal incurrió en falso juicio de identidad al apreciar el testimonio de César Augusto Gómez Valle, al decir que “ninguna referencia hizo el tribunal respecto a la forma como el testigo relata la llegada agresiva y belicosa de los escoltas al lugar de los hechos, como tampoco refiere o enuncia el desarrollo de los hechos que el testigo narra paso a paso, comenzando por los insultos difusos de los escoltas y las amenazas con armas de fuego, consistentes en apuntar con las mismas tanto al testigo, como a los señores Jesús Gómez y Hernán Gómez”.
Si la pretensión del demandante es manifestar que con dicho medio se acredita la manera como llegó el grupo de escoltas y el enfrentamiento que se presentó con el del procesado, ello resulta insustancial, pues ya está visto que el tribunal encontró probado que algunos de los miembros de los dos grupos portaban armas de fuego, e incluso que las exhibieron, y también que “esta trifulca, que es otro de los términos populares como se conoce la riña, debía terminarse sin mayores resultados pero no ocurrió así porque uno de los actores ‘cambió las reglas de juego’ extrayendo su arma y dando muerte a uno de sus adversarios e hiriendo a otro” sobre lo cual ninguna mención hace el demandante en este aparte de la censura.
Por razón de lo expuesto, no es cierto, como inopinadamente se sostiene en el libelo, que el tribunal sólo haga referencia a la fracción de la prueba relativa al hecho de que el procesado accionó el arma y que omita estudiar las circunstancias que generaron dicho comportamiento, pues no puede perderse de vista que quien comenzó a utilizar armas desde el momento mismo en que se supo de la sustracción de algunos elementos del vehículo de Sergio Lacouture, fue el procesado Gustavo Hernán Gómez, con la cual intimidó al celador que supuestamente estaba encargado de custodiar el automotor, posteriormente a Rodolfo Enrique Morón Quiroz, según los relatos efectuados por éste y por Tomás Rodolfo Mejía en torno al punto, y después disparó contra la humanidad de los escoltas de “Pepe Castro”, sobre lo cual el demandante guarda silencio, restándole toda objetividad a su propuesta.
Del mismo modo, el demandante pregona que el tribunal incurrió en falso raciocinio al apreciar el testimonio rendido en la audiencia pública por Jesús Mauricio Gómez Cortizos, hermano del procesado, cuando, según el ad quem, afirmó que al llegar al sitio, su hermano estaba siendo agredido por los escoltas y que por eso él agredió a uno de éstos, en aseveración respaldada por César Gómez. Sostiene el censor que “el contenido de este análisis, aunque revestido de una alta dosis de mutismo y de una brevedad desconcertante, es correcto, pero a pesar de ser correcto en sus referencias, yerra en la conclusión a la que arriba, y ello por ignorar el principio lógico de razón suficiente”.
Considera el demandante que, al contrario de lo declarado por el tribunal, “lo que se deduce de la declaración —conforme al principio de razón suficiente—, es lo siguiente: Se presenta un hurto, legítimamente la víctima y sus compañeros salen a buscar sus pertenencias, ahí para todo. Pero los escoltas se bajan y apuntan con sus armas al Sr. Hernán Gómez (aquí inicia la declaración que examinamos); el hermano interviene, pero no con arma de fuego sino que ‘a mano limpia’, golpea a quien le apunta a su hermano, el escolta le apunta a Mauricio Gómez con su arma, a esta altura la amenaza ya era de muerte y por ello Hernán Gómez dispara y en ese momento se presenta el intercambio de disparos con los desafortunados resultados ya conocidos”.
Para que la apreciación del demandante pudiera considerarse acertada y equivocada la del tribunal, aquél tenía que haber comenzado por demostrar que lo expresado por el testigo es la verdad de lo ocurrido, que los hechos se presentaron en la forma como él los narró, que no tenía ningún interés en tergiversarlos y que otros medios de convicción lo respaldan, razón por la cual el juzgador no tenía más opción que conferirle entero crédito a su versión.
Sin embargo, el demandante incurre en una petición de principio, dando por demostrado precisamente aquello que tenía el deber de acreditar, si era su intención desvirtuar la expresa consideración del juzgador de alzada, en el sentido que “los testigos traídos para avalar la tesis de la legítima defensa, no fueron uniformes en sus versiones, lo cual se magnificó en la audiencia pública por parte de César Gómez, de Camilo Lacouture y de Jesús Gómez, quienes después de dieciséis meses de ocurridos los hechos se presentaron en ella con manifiesto propósito de favorece al procesado”, guarda silencio sobre dicho particular, dejando incólume, por tanto, la consideración del juzgador.
Entonces, si en los mencionados declarantes existía interés en favorecer al procesado, no solamente por los vínculos de consanguinidad sino de amistad, se presentaron dieciséis meses de haber ocurrido los acontecimientos a pesar de haber sido oportunamente citados por parte de la fiscalía(43), y sus versiones no son uniformes como lo señaló el tribunal, no entiende la Sala cuál principio lógico pudo haber transgredido el juzgador al negarse a conferirles el mérito que el casacionista inopinadamente les da, y sin reconocer siquiera que quien estuvo en todo momento provisto de arma de fuego la cual exhibió desde el comienzo mismo de los acontecimientos, fue precisamente el procesado, quien, al disparar contra la humanidad de dos de sus contrincantes, rompió las condiciones de equilibrio del combate, por lo que acertó el tribunal al no reconocer la eximente de responsabilidad que se reclama en sede extraordinaria.
Si de razón suficiente se trata, o en otras palabras de buscar una explicación a lo sucedido, el demandante debió haber comenzado por reconocer que no fue legítima la manera como el procesado comenzó a hacer las pesquisas relacionadas con los bienes que supuestamente le habían sido hurtados a uno de sus compañeros de farra, pues había ingerido bebidas embriagantes y en tales condiciones no debía portar ni utilizar armas de fuego. Menos si se tiene en cuenta que con el pretexto de hacer justicia por su propia mano y buscar a los supuestos responsables, comenzó por intimidar con el arma al celador y después al presunto responsable del hurto, lo que originó la intervención de los escoltas, amigos de éste, que llegaron en ese momento y se percataron de lo que estaba sucediendo, dándose la refriega verbal y física entre ambos grupos, y posteriormente la agresión armada por parte del acusado.
Por esto, tiene razón el procurador delegado cuando sostiene que “no es posible pasar por alto que para atacar con éxito la ilegalidad de la sentencia, no basta con poner en una balanza las consideraciones judiciales y en contrapeso las del sujeto procesal recurrente fundamentadas en una nueva valoración probatoria, habida cuenta que esa desavenencia sobre el enfoque dado no es suficiente para quebrar el sentido del fallo, pues el mérito otorgado por el sentenciador al caudal probatorio corresponde a la discrecionalidad que le asiste con el sistema de persuasión racional”.
Coincide la Corte por tanto, con el procurador delegado cuando, en referencia a los errores de identidad que el demandante pretende noticiar, manifiesta que “esta forma de razonar, como se puede fácilmente advertir, está asociada directamente a las conclusiones del funcionario ad quem y en ningún caso a la tergiversación del contenido material de los medios de prueba. Es fácil observar que acude a un sofisma de composición, mediante el cual pretende que las deducciones del juzgador sean entendidas como un atributo intrínseco de la prueba, sólo con la intención de expresar su oposición conceptual al criterio del tribunal, sin tener en cuenta que las discrepancias sobre valoración probatoria, por sí solas, no son suficientes para invalidar el fallo”.
Pero si el rasgo sobresaliente en las censuras que preceden es la falta de objetividad por parte del demandante, esta situación resulta aún más evidente si se analiza el reparo que por falso juicio de identidad presenta a la apreciación del reconocimiento médico legal practicado al lesionado Hermes de Jesús Molina Romero, el cual, según el libelista, fue tergiversado por el tribunal, y falso juicio de existencia en relación con la necropsia realizada al cuerpo de Justiniano Hernández, quien resultó muerto como consecuencia de los disparos recibidos.
En primer lugar porque el tribunal no desconoció que al menos uno de los disparos efectuados a Hernán de Jesús Molina, fueron efectuados de atrás hacia delante. Tampoco, que Justiniano Hernández recibió la herida por la parte anterior de su cuerpo, con una trayectoria de arriba hacia abajo y hacia atrás. Ello coincide con la posición de la víctima antes de recibir el mortal disparo, es decir cuando estaba en el suelo y trataba de incorporarse “porque quien murió apenas trataba de incorporarse”, sólo que no vio necesario hacer mayores elucubraciones sobre el particular, como tampoco lo hace el demandante quien guarda silencio sobre el hecho de que la trayectoria seguida por el proyectil en el cuerpo del occiso fue de arriba hacia abajo, lo que coincide con la posición que tenía antes de resultar herido de muerte, según el relato de Tomás Rodolfo Mejía.
Demostrada, en consecuencia, la ausencia de fundamento en el ataque que por falso juicio de identidad y existencia por omisión de los referidos medios el casacionista postula, el cargo no puede prosperar, sin que para ello resulte plausible adentrarse la Corte en otro tipo de consideraciones jurídicas del tipo que realiza el demandante en su libelo, pues es claro que no logró demostrar la configuración del yerro probatorio, presupuesto insoslayable para abordar el examen del estadio posterior que lógicamente corresponde a la acreditación de la falta de aplicación o la aplicación indebida de disposiciones de derecho sustancial.
Estas consideraciones y las realizadas por el procurador delegado que la Sala comparte íntegramente, conducen a que el cargo no prospere.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Contra esta decisión no proceden recursos. Devuélvase al tribunal de origen. Notifíquese y cúmplase.»
(19) Cfr. por ejemplo, sentencia de casación radicación 11862, 11 de julio de 2002.
(20) Cfr. Cas. de mayo 22 de 2003, radicación 20756.
(21) Auto del 28 de febrero de 2006, radicación 24783.
(22) Cfr. folio 55, cdno. 1.
(23) Cfr. folio 70, cdno. 1.
(24) Cfr. folio 324, cdno. 2.
(25) Cfr. folio 12 y 13, cdno. 1.
(26) Cfr. folio 68, cdno. 1.
(27) Cfr. folio 14, cdno. 1.
(28) Cfr. folio 191 y 192, cdno. 1.
(29) Casación de 10 de marzo de 2004, radicación 18328.
(30) Cfr. folio 13, cdno. tribunal.
(31) Cfr. auto de 18 de octubre de 2000, radicación 12200.
(32) Cfr. sentencias de 3 y 19 de diciembre de 2001, radicación 11130 y 14792, entre otras.
(33) Cfr. Sentencia de casación de 26 de junio de 2002, radicación 11679.
(34) Cfr. Sentencia de casación de 21 de septiembre de 2009, radicación 28940.
(35) Sentencia de fecha junio 26 de 2002, radicación 11.679.
(36) Sentencia del 25 de mayo de 2005, radicación 18354.
(37) Ley 600 de 2000, artículo 232.
(38) Cfr. por todas auto de casación de 19 de agosto de 2008, radicación 28291.
(39) Cfr. Cas. agosto 6 de 2002, radicación 19330.
(40) Cfr. folio 12 y 13, cdno. 1.
(41) Cfr. folio 68, cdno. 1.
(42) Cfr. folio 11, cdno. tribunal.
(43) Folios 28 y ss., cdno. 1.