Source: http://www.millenniumdipr.com/ba-58-la-eficacia-en-espana-de-los-poderes-otorgados-ante-notario-extranjero
Timestamp: 2017-11-20 09:18:50
Document Index: 173618700

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 98', 'artículo 5', 'Artículo 60', 'artículo 98']

El alcance de la exigencia, establecida en la legislación española más reciente, de que la autoridad extranjera que haya intervenido en la confección de un documento que pretende acceder a un Registro español lo haya hecho desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y de que el documento surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen ha suscitado cierta polémica sobre todo en relación con los poderes extranjeros utilizados para otorgar una escritura pública en España. Este trabajo analiza las cuestiones que se han planteado, sobre todo a raíz de una reciente resolución de la DGRN
Effectiveness in Spain of the powers granted to the foreign notary
Se trata, además, de la única interpretación acorde con las exigencias europeas. Prescindiendo de posicionamientos personales sobre la idoneidad de la solución y de opiniones quizás excesivamente radicales expresadas en algún trabajo anterior, la equivalencia de funciones así entendida no parece que se oponga a la concepción que de la libre prestación de servicios tiene el TJUE. En su reciente sentencia en el asunto C-342/15[9], el TJUE concluye que la reserva, por parte de la legislación de un Estado, de la función de legitimación de firmas a los notarios, con la consecuencia de que no se reconoce en dicho Estado la legitimación llevada a cabo por un abogado extranjero facultado para hacerlo según su legislación nacional es contraria al artículo 56 del TFUE, que prohíbe las restricciones a la libre prestación de servicios, pero que siempre que esa medida no sea discriminatoria por razón de la nacionalidad, puede estar justificada por razones imperiosas de interés general.
Los argumentos del TJUE para llegar a esta conclusión se basan en la importancia fundamental del Registro de la Propiedad- en el que se pretendía la inscripción del documento cuyas firmas había legitimado un abogado- sobre todo en los Estados miembros en los que existe un notariado de sistema latino, de tal modo que la llevanza del Registro de la Propiedad constituye un componente esencial de la administración preventiva de la justicia, en la medida en que pretende garantizar una correcta aplicación de la ley y la seguridad jurídica de los actos celebrados entre particulares, objetivos que forman parte de las misiones y responsabilidades del Estado[10]. En tales circunstancias, dice el TJUE, las disposiciones nacionales que exigen que se recurra a profesionales fedatarios, como los notarios, para verificar la exactitud de las inscripciones practicadas en un Registro de la Propiedad contribuyen a garantizar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y el buen funcionamiento del Registro de la Propiedad y entroncan con la protección de la buena administración de justicia, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye una razón imperiosa de interés general.
Se exige, eso sí, que se satisfaga el criterio de proporcionalidad, de manera que la restricción a la libre prestación de servicios se vea compensada por el interés nacional perseguido, lo que se estima que ocurre en el caso porque la participación del notario no se limita a la confirmación de la identidad de la persona que ha estampado su firma en un documento, sino que se controla asimismo la legalidad de la transacción prevista y la capacidad de la persona interesada para otorgar actos jurídicos, sin que la actividad de los abogados consistente en certificar la autenticidad de las firmas que consten en unos documentos sea comparable a la actividad de autenticación que efectúan los notarios[11] .
Los criterios señalados resultan trasladables a la situación que aquí nos ocupa, en la que el conflicto ya no enfrenta a abogados con notarios, sino a notarios de diferentes Estados que responden a sistemas distintos. Lo relevante, según el TJUE, no es la naturaleza de la autoridad, sino la función que desempeña y una simple legitimación de firmas no es equivalente a un control más riguroso de la capacidad de las partes y la legalidad de la transacción. Siendo así, la buena administración de justicia y la seguridad jurídica preventiva pueden justificar la exigencia de la equivalencia de funciones a las que nuestras más recientes leyes se refieren, pero sólo partiendo de la interpretación restrictiva a la que se ha hecho referencia, porque solo ella supera el juicio de proporcionalidad a que se somete lo que de otra manera no sería más que una restricción a la libre prestación de servicios notariales.
Si bien los argumentos anteriores se refieren al ámbito de la UE, no hay, no obstante, razones para propugnar una interpretación distinta, más extensiva, de esta exigencia de equivalencia de funciones cuando nos situamos fuera de ella y los documentos extranjeros proceden de terceros Estados. El criterio de la proporcionalidad sigue siendo útil en este ámbito: tiene sentido garantizar el control de los documentos que acceden al registro en aras de lograr la seguridad jurídica, pero no llevarlo más allá de lo necesario puesto que, de lo contrario, se corre el riesgo de obstaculizar el tráfico en su doble dimensión civil y mercantil.
Si a lo anterior añadimos que los diferentes modelos de organización de la función notarial, o incluso la atribución de funciones que en España son propias de los notarios a otros profesionales, se encuentran presentes tanto dentro de la UE como fuera de ella, porque no existen normas de armonización en su seno, no hay razones para entender que hay que mirar con mayor cautela a los documentos procedentes de notarios extraeuropeos por el solo hecho de serlo. Los controles que una interpretación extensiva exigiría a estos profesionales (colaboración con las autoridades fiscales españolas, por ejemplo) no parece que estén en situación de realizarlos ni unos ni otros.
Desde esa perspectiva hay que leer la Resolución de la DGRN de 14 de septiembre de 2016 en la que se desestima el recurso presentado frente a la suspensión de la inscripción en el Registro de la Propiedad de Mazarrón de una escritura de compraventa de dos viviendas por considerar que el poder notarial otorgado por el comprador en Reino Unido no cumple la normativa española respecto de la equivalencia de funciones del funcionario público extranjero y el notario español.
En la escritura de compraventa otorgada en España, el Notario español había manifestado respecto del poder aportado por la parte compradora, que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, la parte poderdante tenía la aptitud y la capacidad legal necesaria conforme a la legislación de su país de origen para otorgar dicho poder, y, además, que se habían observado las formas y solemnidades exigidas por dicha legislación para el otorgamiento del mismo; por lo que juzgaba a la apoderada, bajo su responsabilidad, con facultades representativas suficientes para el otorgamiento de la escritura de compraventa. Se aportaba, además, a la escritura de compraventa certificado notarial expedido por el notary public de Liverpool, en el que identificaba a la firmante del documento de autorización.
Según la Dirección General, con este juicio que emite la notaria se cumple lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario en cuanto a la acreditación del Derecho extranjero en lo relativo a la aptitud, capacidad legal del otorgante según su ley personal y que se han cumplido las formalidades del país de origen, pero no se dice ni justifica que la autoridad extranjera haya desarrollado funciones equivalentes a las del notario español en la autorización del documento notarial, por lo que desestima el recurso frente a la suspensión de la inscripción.
El punto de partida era que la suficiencia del poder debía valorarse según la ley española, a la que se somete el ejercicio de las facultades otorgadas por el representado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 del Código civil y, por otra parte, que era necesario valorar también la equivalencia de la forma en que se otorgó el poder en España. Esa forma vendrá determinada, según el artículo 11 del Código civil por la ley del lugar en el que el poder se otorgó. La consecuencia de lo anterior es que “analizado el valor del documento en el país de origen, tanto desde la perspectiva material como formal, pueda concluir su equivalencia o aproximación sustancial de efectos, en relación con un apoderamiento para el mismo acto otorgado en España”. De este modo, se partía esencialmente de la premisa de que la realización del juicio de equivalencia debe hacerse en función del ordenamiento extranjero, que es el que determina el alcance y la eficacia de la actuación del autorizante, pero que corresponde al notario español incorporar ese extremo a su escritura, de manera que indique, además de otros aspectos, que la autoridad extranjera autorizante desarrolla funciones que pueden afirmarse equivalentes a las desarrolladas por un notario español. En el caso no se había hecho y de las circunstancias resulta que el Notario de Liverpool se había limitado a legitimar las firmas, sin emitir un juicio de capacidad.
El segundo reabre una polémica ya antigua, la del doble control en la actuación notarial y registral, pero que aquí se sitúa en un ámbito hasta ahora no contemplado: se trata de la cuestión de si, incluso si el notario ha hecho un juicio de equivalencia, éste puede ser revisado por el Registrador al calificar la escritura que se le presenta, cuestión que la Resolución de la DGRN resuelve con una respuesta afirmativa.
2. Especial referencia a los poderes otorgados ante notarios de Inglaterra y Gales
La inquietud motivada por esta Resolución propició que la Comisión de Derecho Internacional Privado del Colegio de Registradores de España elaborase un informe sobre esta cuestión[13], en la que analiza la función notarial en Inglaterra y Gales y concluye que “aunque la intervención de un notario no implica necesariamente que se trate de un documento en forma pública, los documentos autorizados en forma pública en el ejercicio de la función notarial en Inglaterra o Gales, firmados y sellados por el notario, que contengan una referencia al juicio de identidad, capacidad de las partes y, en su caso, suficiencia de poderes, resultan equivalentes a los documentos públicos españoles en cuanto a los efectos de la fe pública registral. Conviene indicar que los notarios tienen competencia para adecuar sus actas a los requerimientos del país de destino. Por esta razón, cuando el documento público está destinado a producir efectos en España u otro sistema del Notariado Latino, los notarios en Inglaterra y Gales suelen otorgar un documento en forma pública perfectamente equivalente al documento público en España”.
En el mismo sentido se pronuncia la Asociación de Notarios de Inglaterra y Gales en respuesta a las consulta que les fue formulada al respecto, al señalar que todos los notarios en Inglaterra y Gales, con independencia de su denominación, realizan un juicio de capacidad, que puede recogerse implícita o explícitamente en una certificación notarial en función del modo en que se formalice[14].
Las aclaraciones dejan, no obstante, abiertas ciertas cuestiones y, entre ellas, la de las exactas manifestaciones que se piden al notario extranjero para que su función se considere equivalente a la del notariado español y que extremos debe, además recoger el notario español en su reseña de los poderes extranjeros, así como las alternativas en aquellos casos en los que la autoridad extranjera efectivamente no lleva a cabo un juicio de capacidad, tal vez porque esta se presume, de tal manera que, aunque los poderes otorgados ante ella sean perfectamente válidos para un uso en su país puedan no serlo en España cuando se pretende que con ellos se otorgue una escritura cuya inscripción registral se pretende.
Por otra parte, si bien a través de los textos que se acaban de mencionar las facultades de los notarios ingleses y galeses pueden haber resultado aclaradas, subsiste la duda sobre el alcance de la actuación de los de otros Estados.
3. El control por el Registrador del juicio notarial de equivalencia
La discusión acerca del juicio de suficiencia se venía centrando en los últimos tiempos en la interpretación del artículo 98 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 2001[15] , según el que en los documentos públicos otorgados por representantes o apoderados “La reseña por el Notario del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario […]” y en menor medida el 17 bis de la Ley del Notariado[16].
La interpretación de estos preceptos propugnada por notarios y registradores era sustancialmente distinta, de manera que si bien los primeros entendían que su juicio de suficiencia no era susceptible de ser calificado en sede registral[17], para los segundos la respuesta era la contraria[18]. Ahora se añade a ese control de suficiencia el de equivalencia de las funciones del notario extranjero y de nuevo la discusión sobre quién debe llevarlo a cabo y con que alcance, reabriéndose con ello la polémica.
En cualquier caso, no resulta superfluo recordar que los cónsules de España en el extranjero pueden, de acuerdo con el artículo 5,f de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares[21], “actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor”; de manera que, salvo en casos en los que el Estado receptor no lo autorice, los poderes podrán ser otorgados ante ellos.
De este modo, es posible admitir un control de equivalencia dentro de los límites apuntados, que obliga, además, a hacer un análisis de cada caso concreto sin asumir que categorías profesionales completas no actúan de manera equivalente a las españolas, puesto que, aunque es posible que no lo hagan de manera habitual en su propio Estado, también lo es que su ordenamiento no les impida adecuarse a las necesidades exigidas por el ordenamiento extranjero en que el documento que otorgan- señaladamente el de poderes que aquí nos ocupa- deba producir efectos, como, al parecer, ocurre en relación con los notarios de Inglaterra y Gales.
Respecto de esos poderes extranjeros resulta más preocupante, por cuanto ello tiene de difícilmente entendible por el consumidor, la exigencia de doble control que la RDGRN reitera y que permite que el poder considerado suficiente por el notario sea, sin embargo, rechazado por el registrador por no entender acreditado el requisito de la equivalencia. No obstante, esta polémica del doble control es una discusión ya antigua que excede con mucho los límites de este trabajo y que, afortunadamente, la DGRN parece querer reducir a sus límites mínimos.
Fecha de recepción del original: 17 de abril de 2017. Fecha de aceptación de la versión final: 29 de mayo de 2017.
[8] N. NOGUEROLES PEIRÓ, “Artículo 60. Inscripción de documentos públicos extranjeros”, en F.P. MËNDEZ/G. PALAO, Comentarios a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, Tirant lo Blanch, Valencia 2017, p. 789.
[11] En el caso, además, el testimonio de legitimación de una firma estampado por un abogado checo no constituye un documento auténtico en la República Checa y no tendría el mismo valor probatorio, que la legitimación efectuada por un notario. En consecuencia si se reconociera en Austria a efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad austriaco, se equipararía a una legitimación notarial y se le daría en Austria un valor de documento auténtico que no tiene en la República checa.
[20] En el caso se trataba de una escritura de compraventa en la que tanto los vendedores como la compradora actúan representados en virtud de sendos títulos de representación otorgados ante notarios ingleses y de los que la notaria española reseña lugar de otorgamiento, autoridad que los expide, redacción en inglés y español y el hecho de hallarse dotados de apostilla, emitiendo a continuación un juicio de suficiencia para el negocio concreto que se lleva a cabo. El Registrador suspende la inscripción porque entiende que no resulta acreditado el cumplimiento de los requisitos de equivalencia del poder otorgado en el extranjero. La notaria disiente de esa opinión y entiende que el juicio sobre validez o no del poder en España lo realiza el notario, ex artículo 98 de la Ley 24/2001. El Notario había señalado, por diligencia posterior que “el poder reúne a mi juicio los requisitos para ser considerado documento público por el ordenamiento español”, lo que se considera suficiente para acreditar la equivalencia.