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Timestamp: 2019-08-25 15:16:34
Document Index: 291142575

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 23', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 8']

La Hermenéutica Integradora y la Protección del Derecho
X. La Ceguera de la Venganza Privada y el "
XI. El Derecho de Acceso Directo a la Justicia (Nacional e Internacional) como Derecho de Realización de la Misma, y como Imperativo del
1. El Derecho de Acceso a la Justicia
4. La Hermenéutica Integradora y la Protección del Derecho.
98. Es así que se combate el terrorismo: dentro del Derecho. Aquí, el Derecho Internacional Humanitario viene al encuentro del derecho penal interno para sancionar los responsables por aquellas violaciones graves, atendiendo así a los reclamos por justicia de los victimados por actos terroristas. Lo que es inadmisible, además de criminal, es combatir el terrorismo con sus propias armas, acudiendo al terrorismo de Estado, y multiplicando de ese modo el número de víctimas inocentes e indefensas. También los desarrollos recientes y notables en el Derecho Penal Internacional vienen impulsar estas nuevas aproximaciones o convergencias, - ahora entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Fue necesario esperar tantos años para que esto ocurriese, lo que hoy se debe al despertar de la conciencia jurídica universal - a mi juicio fuente material última de todo el Derecho - para atender a una apremiante necesidad de protección de la persona humana en situación de conflictos armados.
99. Estas nuevas aproximaciones o convergencias se suman a las otras que, durante años, vienen siendo objeto de mi reflexiones y estudios, a saber, las aproximaciones o convergencias - en los planos normativo, hermenéutico y operativo - entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Refugiados83; a éstas tres vertientes se protección hay que agregar hoy día el Derecho Penal Internacional contemporáneo en plena evolución (con su impacto en el derecho interno de los Estados). A mi juicio, el Derecho es uno sólo, y todas estas vertientes deben ser abordadas desde la perspectiva de una hermenéutica necesariamente integradora.
100. En el presente dominio de protección de la persona humana, todavía resta un largo camino que recorrer, no obstante los significativos avances de la doctrina y práctica jusinternacionalistas en los últimos años. Se han dado los primeros pasos, en los planos nacional e internacional, en la lucha contra la impunidad, y en pro de la prevalencia del derecho a la verdad y a la justicia. En su demanda de interpretación, del 15 de marzo de 2007, de la Sentencia de fondo y reparaciones en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, el Estado peruano invocó el derecho a la verdad (párr. 52), al mismo tiempo en que reconoce la labor en pro de este derecho realizada en el Perú por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (párr. 5.20), debidamente tomado en cuenta por la Corte Interamericana (párr. 5.23).
101. El Estado recurrente se refirió a la comprobada "multiplicidad de hechos criminales" perpetrados por integrantes del Sendero Luminoso84 que victimaron la población y que "se mantienen en la conciencia colectiva de la nación" (párr. 5.20), al mismo tiempo en que reconoció que ellos "no son parte directa en este caso" de la Prisión de Castro Castro (párr. 5.2). Es comprensible que el Estado recurrente evoque, en el mismo escrito, la protección de todas las víctimas (párr. 6.20), en el trágico conflicto armado que flageló el país, y en particular su población, así como busque una aclaración del derecho aplicable y de los avances doctrinales recientes al respecto (párr. 6.2).
102. Lo que no es cierto (exacto) es presumir que el sistema jurídico internacional no esté construido para situaciones como las del referido conflicto armado peruano (párr. 6.27). Las consideraciones que desarrollé anteriormente revelan un cuadro de complejidades que conllevan más bien a precisiones en cuanto al derecho aplicable (cf. supra). Pero - permítome insistir en este punto - nadie se encuentra fuera de la protección del Derecho. En cuanto a la Corte Interamericana, su jurisdicción, en los términos de la Convención Americana, está dirigida a la determinación de la responsabilidad del Estado, para lo que debe atenerse a los hechos constantes de la demanda. Pero la normativa de protección de la Convención Americana no excluye la aplicación concomitante del Derecho Internacional Humanitario, y la del derecho penal (interno e internacional); y esta última está dirigida a la determinación de la responsabilidad penal individual.
103. En sucesivos Votos Razonados y Concurrentes que he presentado en diversas Sentencias de esta Corte, he sostenido la complementaridad (e inclusive la aplicación concomitante en determinadas circunstancias) de la normativa pertinente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y del Derecho Internacional de los Refugiados (DIR). Sobre este punto, me permito referirme a mi Voto Razonado en el caso Las Palmeras versus Colombia (excepciones preliminares, Sentencia del 04.02.2000), mi Voto Razonado en el caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (fondo, Sentencia del 25.11.2000), mi Voto Concurrente en el caso del Pueblo Indígena Kankuamo versus Colombia (Resolución del 05.07.2004), mi Voto Concurrente en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó versus Colombia (Resolución del 15.03.2005), entre otros.
104. En la misma línea de razonamiento, he sostenido, además, la necesidad de promover la complementaridad de la responsabilidad internacional del Estado y de la responsabilidad penal internacional del individuo, de modo a revelar una necesaria confluencia entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional contemporáneos85. En este sentido me he pronunciado en mi Voto Razonado en el caso de Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 18.09.2003), mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez versus Guatemala (fondo, Sentencia del 20.04.2004), mi Voto Razonado en el caso de Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), mi Voto Razonado en el caso Almonacid Arellano versus Chile (Sentencia del 26.09.2006), entre otros.
105. De ese modo, nadie está sustraído a la aplicación del Derecho, ni las víctimas de violaciones de sus derechos por órganos o agentes del Estado, ni las víctimas de violaciones de sus derechos por actos terroristas. No diviso imposibilidad o dificultad alguna para que la Corte Interamericana aclarase este punto en la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro; no lo hizo porque no lo quiso hacer, pero a mi juicio debería haberlo hecho. Si lo hubiera hecho, no estaría actuando ultra vires, sino más bien cumpliendo su función a cabalidad en las circunstancias del cas d'espère, aclarando debidamente el sentido y alcance de su anterior Sentencia, de fondo y reparaciones, del 25.11.2006, en el caso de la Prisión de Castro Castro.
106. En el presente caso, el Estado recurrente no fue el único a solicitar interpretación de aquella Sentencia; también los abogados de las víctimas (otros que la representante de las víctimas y el interveniente común) solicitaron aclaraciones sobre puntos distintos. La Corte aclaró una demanda de interpretación, esta última, pero a mi juicio no aclaró, de forma suficiente o satisfactoria, los puntos suscitados en la demanda estatal de interpretación.
107. A mi juicio, si hubiera aclarado todos los puntos planteados ante ella en el presente proceso de Interpretación de Sentencia, hubiera la Corte contribuido a fortalecer inclusive la posición de las víctimas en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, en el marco del rule of law bajo la Convención Americana. Hubiera, además, resuelto con claridad la cuestión central planteada en la demanda estatal, imbuida del reconocimiento de la importancia de la razón y la persuasión en su fundamentación de la Sentencia de Interpretación. Como la Corte se abstuvo de hacerlo, dejo aquí constancia de mi propio razonamiento personal, en el presente Voto Razonado, como fundamento de mi posición al respecto.
X. La Ceguera de la Venganza Privada y el "Ojo que Llora" Aún Más.
108. En mi Voto Razonado en la anterior Sentencia de fondo y reparaciones (del 25.11.2006) en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, me permití ponderar que
"(...) De los escombros del bombardeo de la Prisión de Castro Castro, de la devastación del ataque armado perpetrado contra sus internos indefensos los días 06 al 09 de mayo de 1992, de la sangre de sus víctimas amontonadas, de las brutalidades prolongadas en el tiempo, de los daños causados a los ojos de los internos por las esquirlas (armas de fragmentación) y los gases, - de toda esa masacre sin piedad, emerge la conciencia humana manifestada y simbolizada hoy día por el monumento "El Ojo que Llora"86, en reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y como expresión de solidaridad con ellas.
La solidaridad y, mediante la presente Sentencia de esta Corte, la justicia, por fin se sobrepusieron a la victimización criminal. Hoy, "El Ojo que Llora" desafía el pasar del tiempo, o pretende hacerlo, en señal de arrepentimiento por los ojos que ardieron o fueron perforados en la Prisión de Castro Castro, y de enseñanza de que a cada uno cabe perseverar en la búsqueda de su propia redención. Dada la finitud del tiempo existencial, hay los que buscan su superación mediante las expresiones del espíritu. En el presente caso, "El Ojo que Llora" lo demuestra. (...)" (párrs. 19-20).
109. En la presente Sentencia de Interpretación, la Corte se refiere al monumento "El Ojo que Llora", en el marco de una precisión que formula en cuanto a una medida de reparación no-pecuniaria en beneficio de las víctimas y sus familiares en el cas d'espèce (párr. 57). En el período trascurrido entre la anterior Sentencia de fondo y reparaciones, y la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro, ocurrió un incidente que constituye, en mi entender, motivo de gran preocupación.
110. Es este incidente, más que la consideración de la Corte, que me permito abordar en las consideraciones que siguen, pues considero que no debe pasar aquí desapercibido. Ya me referí, en el presente Voto Razonado, al pasaje histórico del ciclo de destrucción de la venganza privada al advenimiento de la justicia pública, con el correspondiente primado del Derecho sobre la fuerza bruta, - eternizado en la trilogía de tragedias de La Orestíada de Ésquilo, en la antigua Grecia (cf. supra). Parece que ni siempre este pasaje se ha dado en forma linear, sino mediante avances y retrocesos, propios de la triste condición humana.
111. El referido incidente - que pronto se tornó de conocimiento público y notorio - ocurrió el día domingo 23.07.2007, cuando un grupo de manifestantes de identidad desconocida atacó al memorial "El Ojo que LLora" en Lima, dedicado a las víctimas de la represión y violencia políticas que flagelaron el país entre 1980 y 2000. Los manifestantes, en un chocante acto de vandalismo, golpearon el monumento, destruyeron una parte fundamental de su piedra central, sacaron de su sitio diversas piedras con los nombres de las víctimas, y rompieron parte de ellas. Fue un acto de violencia, esta vez dirigida contra el respeto a la memoria de los que perdieron la vida durante el ciclo de dos décadas de extrema violencia que flageló el país. Como la cuestión de la memoria colectiva de todas las víctimas de la tragedia peruana encuéntrase subyacente a toda la presente demanda estatal de Interpretación de Sentencia, no puedo dejar de consignar en este Voto Razonado mis reflexiones sobre este incidente.
112. Los agresores del memorial, no conmovidos con las numerosas víctimas fatales de violencia de distintas procedencias, volvieron su odio en contra de un memorial en respeto a la memoria de los victimados. Fue un ataque, a la vez, contra el futuro (la búsqueda de la paz con justicia en el Perú) y el pasado (el respeto por los muertos, a las víctimas de la violencia y represión). Su acto de vandalismo generó prontamente manifestaciones públicas - que también se tornaron de conocimiento público y notorio - de repudio al ataque al monumento, que culminaron en una movilización pública en el Campo de Marte, en Lima, el día jueves 27.09.2007, que rindió un acto de desagravio al memorial "El Ojo que Llora". Todas las víctimas, - las del terrorismo del Sendero Luminoso así como las del terrorismo de Estado, - deben ser reverenciadas por la memoria de sus seres queridos sobrevivientes y de todo el medio social.
113. Las formas de dar expresión al deber de memoria - en el ejercicio del derecho a la memoria87 - varían, - el monumento "El Ojo que LLora" es una de ellas, - pero son todas emanaciones del espíritu humano, de los lazos de solidaridad entre los vivos y sus muertos, que los actos de vandalismo no consiguen afectar. Actos de vandalismo como el perpetrado contra el monumento "El Ojo que LLora" son movidos por un odio ciego, y perpetrados en vano, pues no alcanzan el objetivo nefasto que persiguen, el de borrar la memoria de las víctimas. La memoria, y el respeto por los muertos, han sobrevivido, a lo largo de la historia, al odio, a los vanos intentos de borrarlos.
114. En la historia de la humanidad hay sucesivos ejemplos de este primado del espíritu sobre la materia, - primado este que parece generar la desesperación en los vándalos, auto-consumidos por su propio odio. A lo largo de la historia se han destruido monumentos, memoriales, templos y obras de arquitectura, obras de arte y de literatura, archivos y bibliotecas88. Los que han hecho la guerra no se han contentado en matar los seres humanos (rotulados como "enemigos"), incluidos ahí los ancianos, las mujeres y los niños indefensos; han destruido familias enteras, y han, además, buscado destruir la historia de las víctimas, su historia, su modo de pensar, su identidad cultural, las expresiones concretas de sus sentimientos, su memoria.
115. Aquí se han equivocado: es imposible imponer el olvido. Los productores de cadáveres no han logrado aniquilar el espíritu de los victimados, que sobrevive en sus seres queridos que los recuerdan con nostalgia, y, en definitiva, en todo su medio social. La búsqueda de la justicia abarca también la preservación de la memoria, el honor a los victimados, a todos los victimados del terrorismo (perpetrado por grupos clandestinos así como por el propio Estado). Las manifestaciones de la identidad cultural encuéntranse igualmente al abrigo y amparo del Derecho, como lo ilustra la normativa pertinente de numerosos tratados contemporáneos de derechos humanos y de protección de los bienes y expresiones culturales89.
116. Tampoco los más fieles amigos del ser humano, los buenos libros, han escapado de la voracidad de los guerreros, asesinos y vándalos a lo largo de la historia. Tanto es así que ya se han producido inclusive versiones de la historia universal de la destrucción de los libros90. Aunque hayan destruido bibliotecas enteras, y libros de perseguidos que se transformaron en autores universales (como, entre tantos otros, Dante Alighieri), en distintas épocas históricas, invocando para esto "razones de Estado", no han logrado destruirlos como lazos de memoria. En efecto, la memoria de los victimados ha sobrevivido a las más horribles atrocidades, no obstante los intentos de encubrirlas y de imponer el olvido.
117. En sus recuerdos de la guerra civil española, por ejemplo, George Orwell denuncia las mentiras que llevaron centenas y centenas de personas a la lucha armada y a la muerte, y que buscaron en seguida deshonrar los muertos91. Ante la posibilidad de que tantas mentiras pasasen a la historia, confesaba "la sensación de que el propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo"92. Confesaba además su temor ante el propósito de los "liderazgos" en el poder de controlar no sólo el futuro, sino también el pasado; "esta perspectiva", - agregaba G. Orwell, - "me asusta mucho más que las bombas"93.
118. Al recordarse de un miliciano italiano que había conocido y que desapareció en aquella guerra civil, G. Orwell expresó, en verso, toda su repugnancia por la guerra y la inutilidad de los sacrificios humanos, al mismo tiempo en que también afirmó su fe en la conciencia humana y en el primado del espíritu sobre la materia:
"(...) Su nombre y sus actos fueron olvidados,
Antes que sus huesos se secaran,
Y la mentira que lo mató fue enterrada
Por debajo de una mentira aún mayor;
Pero lo que vi en sus rostro
Ningún poder consigue desheredar:
Ninguna bomba irá jamás
Quebrar el cristal del espíritu"94.
119. Sin embargo, la memoria humana ha sobrevivido a una sucesión de brutalidades, y hoy la conciencia humana ha despertado para el deber de memoria y el derecho de memoria, en sus dimensiones tanto individual como social. Para este despertar ha contribuido decisivamente la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general (movida, como la de todo el Derecho, por la conciencia jurídica universal), y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en particular, sobre todo en sus Sentencias en casos de gran densidad cultural, como, v.g. los casos Bámaca Velásquez versus Guatemala (2000-2002) y Comunidad Moiwana versus Suriname (2005-2006), de cuyas audiencias públicas me acuerdo como si hubieran ocurrido ayer. Ante la triste condición humana, hay que seguir luchando por el primado de la memoria de las víctimas sobre la crueldad humana.
120. En efecto, en las últimas décadas parece haberse despertado la conciencia humana para el deber de memoria de las víctimas de brutalidades y atrocidades. Esto se viene materializando mediante la construcción, en diferentes partes del mundo, de memoriales, "sitios de conciencia", "museos pedagógicos", monumentos95. Varias veces se ha sentido la necesidad de inscribir los trazos de la memoria en la piedra96, para que resistan al pasar del tiempo. Estos esfuerzos o iniciativas de memorialización - en los cuales se inserta el monumento "El Ojo que Llora" - buscan recordar y honrar a las víctimas, meditar sobre las atrocidades del pasado (y la necesidad de que se asuma responsabilidad por ellas), extraer de ellas lecciones para el presente y el futuro, buscando asegurar que no más se repitan.
121. Favorecen efectivamente un espíritu más crítico y una mayor concientización sobre hechos pasados, intentando evitar que los abusos y violaciones graves de los derechos humanos vuelvan a ocurrir en el presente y el futuro. Aún así, - y tal como lo revela el reciente ataque al monumento "El Ojo que Llora" en Lima, - las heridas del pasado están todavía abiertas, no han cicatrizado. Muchas heridas toman un largo tiempo, quizás décadas o generaciones, para cicatrizar. Es cierto que el cumplimiento del deber de memoria es una forma de reparación simbólica a las víctimas (y sus familiares), pero también es cierto que la preservación de la memoria colectiva ha enfrentado dificultades hasta la fecha.
122. Entre tales dificultades, se han identificado algunas, como, por ejemplo: a) los memoriales no garantizan que los abusos y atrocidades del pasado no vuelvan a ocurrir; b) ni siempre ha habido consenso sobre la inclusión de nombres de víctimas en memoriales (v.g., la búsqueda de identificación de "víctimas inocentes"); c) ni siempre la memoria histórica es más aguda poco después de la ocurrencia de los hechos violatorios de los derechos humanos (puede ocurrir que se torne más aguda con el pasar del tiempo); d) la percepción de hechos pasados se altera con el pasar del tiempo; y e) todavía no hay mucha claridad en cuanto a la correlación entre la memorialización de atrocidades pasadas y la creación de un Estado de Derecho estable en sociedades democráticas97 (en los términos de los tratados de derechos humanos).
123. El reciente ataque al monumento "El Ojo que LLora" en Lima no ha sido el único del género en los últimos tiempos. Ha sido precedido por otros, y seguido por tres más, en el curso del presente año de 2008, todos igualmente de conocimiento público y notorio. El 05.06.2008, el memorial Belower Wald, erigido en memoria de las víctimas de un campo de concentración (de Sachsenhausen, al final de la II guerra mundial), y situado en el Estado oriental de Brandenburg en Alemania, fue atacado, tal como lo había sido anteriormente en 200298. El 09.11.2008, también fue atacado un memorial de piedra en la ciudad de Frankfurt an der Oder, construido en honor a la memoria de las víctimas de la persecución contra los judíos (en la destrucción de un templo en la Kristallnacht en 1938)99.
124. El 10.04.2008, el Memorial del Genocidio en Ruanda también fue atacado. Dicho memorial, - en el Gisozi Genocide Memorial Centre, en la ciudad de Kigali en Ruanda, - había sido inaugurado en abril de 2004, con ocasión del décimo aniversario de la tragedia del genocidio en Ruanda. El memorial pasó a abrigar los restos mortales de 250 mil, del total de más de 800 mil víctimas, del genocidio de 1994 en Ruanda; aún así, viene de ser atacado, por primera vez, el 10.04.2008, durante una vigilia organizada en memoria de las víctimas de la referida tragedia100. Dichos ataques a memoriales en honor de la memoria de víctimas de atrocidades, en diferentes parques del mundo, levantan interrogantes sin duda inquietantes.
125. La memoria incomoda, y aún así hay que cultivarla. La memoria nos persigue, y aún así hay que convivir con ella. Más que esto, hay que luchar por ella. Los sentimientos de odio y de venganza son difíciles de erradicar101, como se desprende de La Orestíada de Ésquilo. La memoria colectiva busca, en lugar de la venganza, da realización de la justicia, en honor a los victimados102. La preservación de la memoria requiere conciencia y determinación. Todo el debate al cual ha dado origen el monumento "El Ojo que LLora", ha revelado que aún resta un largo camino que recorrer, para que cicatricen las heridas profundas de la tragedia vivida por el pueblo peruano103.
126. Ya me referí a la necesaria lucha por el primado de la memoria de las víctimas sobre la crueldad humana104. Subyacente a todo este desafío, encuéntrase el misterio insondable que envuelve la existencia humana: el pasar del tiempo. No se puede impedir el recuerdo (destruyendo memoriales, templos, bibliotecas, obras de arte), trátase de una verdadera necesidad humana, en la lucha ingrata, pero ineludible, contra los efectos del pasar del tiempo. Esta preocupación encuéntrase presente en las más distintas culturas. En la cultura swahili, por ejemplo, los muertos permanecen en la memoria de sus sobrevivientes como "vivos-muertos, que sólo mueren del todo cuando desaparecen los últimos que estaban en condiciones de recordarlos"105. Es una preocupación que se manifiesta en los planos tanto individual como colectivo.
127. En una antología de la Academia Universal de las Culturas titulada "Por Qué Recordar", se señaló que, en muchas sociedades, las víctimas de la violencia (en general, los pobres y los más vulnerables) desaparecen en el "insulto del olvido", y esta lamentable actitud de desprecio hacia el sufrimiento humano a todos "nos deja al margen de todo derecho"106. Jacqueline de Romilly ponderó que uno de los propósitos del deber de cultivo de la memoria es buscar asegurar que los mismos horrores no vuelvan a ocurrir107.
128. En el plano colectivo, los traumas producidos en los medios sociales más afectados por las brutalidades humanas han conllevado las conciencias a confrontarse con la crueldad; tales tragedias colectivas dejan trazos profundos, pues, aún después de superado el ciclo de violencia, "el pasado continúa retumbando en las conciencias"; se ha advertido que "la deshumanización que heredamos amenaza nuestra supervivencia"108. Es una necesidad vital recordar los muertos, los victimados de la violencia humana, todas las víctimas del terrorismo (perpetrado tanto por grupos de exterminio como por el propio Estado).
129. Tampoco hay que minimizar la fuerza de la memoria. Después de décadas de silencio y aparente "olvido", nunca se ha recordado tanto las víctimas de los masacres de los armenios (de 1915) como en nuestros días, más de nueve décadas después de ocurridas109. Otro ejemplo de la fuerza de la memoria encuéntrase en la impresionante historia moderna de Polonia, país que ha aprendido a convivir íntimamente con la tragedia, y que desapareció del mappa mundi en 1795 para volver a figurar en él a partir de 1918. Durante estos 123 años, Polonia, en medio a sucesivas guerras, particiones, persecuciones y represiones, y actos de violencia, sobrevivió en la cultura, la literatura, la religión, en suma, en el espíritu, de su gente sufrida110.
130. En definitiva, en los planos tanto individual como social, no se puede descuidar de la memoria111, la cual, en nuestros días, emerge fortalecida por el despertar de la conciencia humana para la necesidad vital de recordar y reverenciar las víctimas de la crueldad humana. El memorial "El Ojo que Llora" es uno de los símbolos de la tragedia vivida por el pueblo peruano en las dos últimas décadas del siglo XX, que generó llagas profundas que no han cicatrizado. No se puede impedir que "El Ojo que Llora" siga llorando, pues cada ser humano y cada medio social deben aprender a convivir con su propia parcela de culpa.
XI. El Derecho de Acceso Directo a la Justicia (Nacional e Internacional) como Derecho de Realización de la Misma, y como Imperativo del Jus Cogens.
131. Con esto, paso a mis consideraciones finales, sobre un punto que ha sido mi bandera a lo largo de todos mis años como Juez Titular de la Corte Interamericana: el derecho de la persona humana de acceso directo a la justicia - en los planos nacional e internacional - como derecho de realización de la misma, configurándose como un imperativo del jus cogens. El presente caso de la Prisión de Castro Castro pone de relieve este punto, para lograr la superación de la venganza privada por la justicia pública, - como se desprende de La Orestíada de Ésquilo.
132. No es mi propósito reiterar aquí todo lo que ya he escrito al respecto, sino más bien destacar algunos aspectos de la materia, que se configuran particularmente relevantes en el contexto de la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro. El derecho de acceso a la justicia lato sensu (el derecho a la prestación jurisdiccional) constituye un pilar básico de la protección de los derechos humanos. Encuéntrase consagrado, en la Convención Americana, en relación con los planos tanto nacional (artículos 25 y 8) como internacional (artículo 44), conformando un verdadero derecho al Derecho.
1. El Derecho de Acceso a la Justicia Lato Sensu.
133. En su jurisprudence constante, la Corte Interamericana, en relación con el plano del derecho interno de los Estados Partes en la Convención Americana, ha correctamente esposado la concepción lato sensu del derecho de acceso a la justicia, al sostener la íntima correlación entre el derecho a un recurso efectivo (artículo 25) y las garantías del debido proceso legal (artículo 8). En relación con el plano internacional, el derecho de petición individual, concebido con la más amplia liberalidad (artículo 44) ha probado ser un medio eficaz de resolver no solamente casos individuales, sino también casos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos112.
134. Hace más de doce años, en las Sentencias de la Corte sobre excepciones preliminares en los casos de Castillo Páez y Loayza Tamayo (de 30 y 31.01.1996, respectivamente), atinentes al Perú, avancé, en mis Votos Razonados, los argumentos en apoyo a la otorga del locus standi in judicio a los peticionarios en todas las etapas del procedimiento ante la Corte (párrs. 14-17). Dichos argumentos fueron tomados en cuenta para la introducción de los históricos cambios efectuados por el artículo 23 del tercero, y cuarto y actual, Reglamentos de la Corte (de 1996 y 2000). En mi extenso Voto Concurrente en la Sentencia de la Corte (sobre excepciones preliminares en el caso Castillo Petruzzi y Otros versus Perú (del 04.09.1998), destaqué el carácter fundamental del derecho de petición individual internacional (artículo 44) (párrs. 3 y 36-38), como "rescate histórico" de la posición del individuo como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de plena capacidad jurídica internacional (párrs. 5 y 12).
135. Asimismo, pasé en revista la historia juris de dicho derecho de petición (párrs. 9-15), y señalé la expansión de la noción de "víctima" en la jurisprudencia bajo los tratados de derechos humanos (párrs. 16-19), además de referirme a la autonomía del derecho de petición individual internacional vis-à-vis el derecho interno de los Estados (párrs. 21, 27 y 29). Y advertí que, si no fuera por el ejercicio de este derecho, en muchos casos de violaciones graves no se hubiera hecho justicia (párrs. 33 y 35).
136. En realidad, el acceso a la justicia es un imperativo en los planos tanto internacional como nacional. Hay aquí, hoy día, una convergencia entre el derecho internacional y el derecho público interno, que torna anacrónicos los enfoques del pasado basados en la visión estática de la "subsidiaridad" del ordenamiento jurídico internacional. Hace un cuarto de siglo, me permití señalar que, desde la perspectiva de las personas protegidas, los recursos internos efectivos (v.g., artículo 25 de la Convención Americana) integran la protección internacional de los derechos humanos113.
137. La otorga del locus standi in judicio a los individuos ante la Corte Interamericana fue anunciada por el artículo 23 del tercer Reglamento de la Corte (adoptado el 16.09.1996 y en vigor a partir del 01.01.1997), concedido solamente en la etapa de reparaciones. El paso decisivo y gran salto cualitativo ocurrió con la adopción del cuarto y actual Reglamento de la Corte (del 24.11.2000, en vigor a partir del 01.06.2001, hasta la fecha). El nuevo Reglamento otorgó la legitimación activa o participación directa (locus standi in judicio) a los individuos peticionarios (las supuestas víctimas, sus familiares o representantes legales debidamente acreditados) en todas las etapas del procedimiento ante la Corte114 (artículo 23).
138. En perspectiva histórica, fue ésta la modificación más trascendental introducida por el Reglamento de la Corte, un verdadero turning-point en la evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como un todo. En efecto, la consolidación del locus standi in judicio de los individuos ante la Corte constituye un desarrollo apropiado y lógico, pues no parece razonable reconocer derechos en el plano internacional sin la capacidad jurídica correspondiente para vindicarlos. Con base en el derecho de petición individual se erige el mecanismo jurídico de emancipación de ser humano vis-à-vis el propio Estado115 para la protección de sus derechos en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, - una emancipación que viene enfin atribuir un contenido ético a las normas tanto del derecho público interno como del derecho internacional.
141. Como recordé en mi extenso Voto Razonado (párrs. 35-43) en el caso de la Masacre de Pueblo Bello, referente a Colombia (Sentencia del 31.01.2006), la Corte ha hasta la fecha relacionado consistentemente la protección judicial (artículo 25) a las garantías judiciales (artículo 8)116. Sigue ésta siendo su posición hasta la fecha de hoy, 02 de agosto de 2008, de adopción de la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro. Es ésta un área que no admite retrocesos; caso éstos vengan a ocurrir en el futuro, los responsables por eventuales retrocesos tendrán que responder, por sus alteraciones impensadas o infundadas, ante la historia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
142. Movido por esta preocupación - quizás un tanto ambiciosa - en evitar retrocesos, permítome aquí volver a advertir que el actual Reglamento de la Corte, al conceder el acceso directo de los individuos peticionarios a la Corte Interamericana - en la forma de locus standi, a ser seguido por el jus standi117 - forma parte de un proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento del mecanismo de protección bajo la Convención Americana. El próximo paso en esta línea de evolución debe consistir, como vengo sosteniendo por muchos años, en un Protocolo de Reformas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos118, para en este incorporar, y de ese modo consolidar, los avances reglamentarios ya logrados, e ir más allá.
143. Con este propósito preparé, por designación de mis pares, como relator y Presidente de la Corte, y presenté a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en mayo de 2001, mi Informe titulado Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer Su Mecanismo de Protección119. Desde entonces dicho Informe ha invariablemente marcado presencia en la agenda de la Asamblea General de la OEA de 2001 hasta 2008 (en los documentos pertinentes de las Asambleas de San José de Costa Rica en 2001, de Bridgetown/Barbados en 2002, de Santiago de Chile en 2003, de Quito en 2004, además de las Asambleas subsiguientes de 2005-2006120 y 2007-2008). El Informe supracitado nutre la esperanza de que el jus standi de los individuos directamente ante la Corte Interamericana pueda ser alcanzado en el futuro.
144. Paso, en fin, al último punto de mis reflexiones finales en el presente Voto Razonado, acerca del derecho de acceso a la justicia como imperativo del jus cogens. Hace tres años, en mi Curso General de Derecho Internacional Público, ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2005, caractericé la construcción doctrinal y jurisprudencial del jus cogens internacional como propia de un nuevo jus gentium, el Derecho Internacional para la Humanidad. Sostuve, además, que, en este entendimiento, y por definición, el jus cogens internacional va más allá que el derecho de los tratados, extendiéndose al derecho de la responsabilidad internacional del Estado, y a todo el corpus juris del Derecho Internacional contemporáneo, y abarcando, en última instancia, a todo acto jurídico. Al abarcar todo el Derecho Internacional, se proyecta también sobre el derecho interno, invalidando cualquier medida o acto incompatible con él. El jus cogens tiene incidencia directa en los propios fundamentos de un Derecho Internacional Universal, y es un pilar básico del nuevo jus gentium121.
146. Hace más de doce años, advertí para la necesidad del desarrollo jurisprudencial de las prohibiciones del jus cogens, en mis Votos Razonados en el caso Blake versus Guatemala (excepciones preliminares, Sentencia del 02.07.1996122; fondo, Sentencia del 24.01.1998123; y reparaciones, Sentencia del 22.01.1999124). En una etapa inicial de notable evolución jurisprudencial (en casos contenciosos), la Corte afirmó la prohibición absoluta, del jus cogens, de la tortura, en toda y cualquier circunstancia, seguida de la misma prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes (Sentencias del 18.08.2000, en el caso Cantoral Benavides versus Perú, párr. 99; del 08.07.2004, en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú, párrs. 111-112; del 07.09.2004, en el caso Tibi versus Ecuador, párr. 143; entre otros125).
147. En la misma línea de pensamiento, reiteré mi posición al respecto en mi Voto Concurrente en la Sentencia (del 14.03.2001) en el caso Barrios Altos versus Perú126, así como en mi Voto Razonado en la Sentencia (del 01.09.2001) en el caso Hilaire versus Trinidad y Tobago127; en mi Voto Concurrente en la Sentencia (del 27.11.2003) en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala128; en mi Voto Razonado en la Sentencia (del 08.07.2004) en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004)129; y en mi Voto Disidente en el caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (Sentencia sobre excepciones preliminares del 23.11.2004)130.
148. En una nueva etapa de su construcción jurisprudencial al respecto, la Corte fue más allá, al ampliar el contenido material del jus cogens en su histórica Opinión Consultiva n. 18 (del 17.09.2003), sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de modo a abarcar el principio básico de la igualdad y la no-discriminación (párrs. 97-101 y 110-111)131. Sobre este otro gran avance jurisprudencial paralelo emití un extenso Voto Concurrente (párrs. 1-89), en el cual respaldé la posición de la Corte, reconociendo que este principio básico permea todo el ordenamiento jurídico, y llamando atención para su importancia, y la de todos los principios generales del derecho, de los cuales emanan las normas y reglas, y sin los cuales, en última instancia, no hay "ordenamiento jurídico" alguno (párrs. 44-46 y 65)132.
149. Desde entonces, pasé a insistir, en el seno de la Corte, en sucesivos casos contenciosos, en la necesidad de ampliar aún más el contenido material del jus cogens, de modo a abarcar del mismo modo el derecho de acceso a la justicia133, y atender a las necesidades apremiantes de protección de la persona humana. Lo hice, inter alia, en mi Voto Razonado (dedicado al derecho de acceso a la justicia lato sensu) en la Sentencia de la Corte (del 31.01.2006) en el caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, en el cual ponderé inter alia que
"La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (...) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario134, tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección" (párr. 64).
`(...) Las obligaciones del Estado son de diligencia y resultado, no sólo de mera conducta (como la adopción de medidas legislativas insuficientes e insatisfactorias). En efecto, el examen de la distinción entre obligaciones de conducta y de resultado135 ha tendido a efectuarse en un plano puramente teórico, presuponiendo variaciones en la conducta del Estado, e inclusive una sucesión de actos por parte de este último136, - y sin tomar suficiente y debidamente en cuenta una situación en que súbitamente ocurre un daño irreparable a la persona humana (v.g., la privación del derecho a la vida por la falta de la debida diligencia del Estado)'.
151. Pero fue en el caso de Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), relativo a la siniestra "Operación Cóndor" de los llamados "servicios de inteligencia" de los países del Cono Sur de América del Sur (en la época de las dictaduras de tres décadas atrás), que la Corte en fin endosó la tesis que yo venía sosteniendo en su seno ya por más de dos años137, al efectivamente ampliar aún más el contenido material del jus cogens, de modo a abarcar el derecho de acceso a la justicia en los planos nacional e internacional138.
"(...) El acceso a la justicia constituye una norma imperativa del Derecho Internacional, y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones (...)" (párr. 131)139.
Poco después, en su Sentencia del 29.11.2006 en el caso La Cantuta versus Perú, la Corte volvió a hacer esta misma afirmación (párr. 160). La gradual expansión del contenido material del jus cogens, abarcando recientemente el derecho de acceso a la justicia, ha ocurrido pari passu con la reciente condenación judicial de violaciones graves de derechos humanos y de masacres, que conforman, en mi entender, verdaderos crímenes de Estado140.
153. Si la Corte viniera a lamentablemente abandonar esta construcción jurisprudencial, estaría dejando de cumplir con su función de órgano judicial máximo de salvaguardia de los derechos humanos en el sistema interamericano de protección, y en el marco de la universalidad de los derechos humanos. Como lo señala la doctrina jusinternacionalista, el jus cogens internacional amplía en ámbito de operación de un verdadero ordre public internacional, atiende a los intereses más altos de la comunidad internacional como un todo, y realza la necesidad de control judicial de la observancia de las normas perentorias del Derecho Internacional141.
154. En nada sorprende que ha sido precisamente en el dominio de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana que el contenido material del jus cogens viene siendo definido142. Nadie cuestionaría hoy día, v.g., que las prohibiciones de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario son efectivamente prohibiciones del jus cogens internacional143, que se proyectan también en el ordenamiento jurídico interno de los Estados144. Los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se muestran aquí en interacción, en el combate a violaciones del jus cogens.
155. Estamos ante un ordre public humanizado (o mismo verdaderamente humanista) en que el interés público o el interés general coincide plenamente con la prevalencia de los derechos humanos145, - lo que implica el reconocimiento de que los derechos humanos constituyen el fundamento básico, ellos propios, del ordenamiento jurídico146, en los planos internacional y nacional. Subyacente al concepto de jus cogens encuéntrase el pensamiento jusnaturalista, que conlleva a normas perentorias a partir de la afirmación y consagración de valores éticos que buscan beneficiar a la humanidad como un todo147.
157. Sería inconcebible negar a cualquier persona el derecho de acceso a la justicia. Podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico que efectivamente salvaguarde los derechos inherentes a la persona humana148. Es este un imperativo del jus cogens. Efectivamente, sin el derecho de acceso a la justicia, no hay en realidad un verdadero sistema jurídico. Sin el derecho al Derecho, no hay Derecho. Y sin el Derecho, sin la justicia pública, no alcanzamos la alentadora culminación que pone fin a la trilogía de tragedias de La Orestíada de Ésquilo.