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Timestamp: 2019-07-16 20:58:17
Document Index: 197261435

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 168', 'artículo 19', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 2401', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 168', 'artículo 19', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 117', 'artículo 164', 'artículo 166', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 168', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1700', 'artículo 1338', 'artículo 1754', 'artículo 1754', 'artículo 16']

Registro Oficial No 19 - Martes 09 de Julio de 2013
Última modificación: Sábado, 27 de julio de 2013 | 11:18
Martes 09 de Julio de 2013 - R. O. No. 19
Corte Nacional de Justicia Sala de lo Civil, Mercantil y Familia:
373-2010 Ernesto Polivio Ramón y otra en contra de Moisés Macas Q. y otra
374-2010 Gustavo Gildardo Bastidas en contra de Luis Cangas Ordóñez y otra
375-2010 Olga Guevara Contreras en contra de Fanny María Tomalá Vallejo
377-2010 Manuel de Jesús Villacís Sánchez y otra en contra de Isidro Asunción Villacís Sánchez y otros
378-10 Washington Robayo Cepeda en contra de José Méndez Robayo y otros
395-2010 Otto Franklin Alemán Brito en contra de María Judith Jurado Landázuri
434-2010 Antonio Saab Chedraui en contra de Eduardo Santos Reder
435-2010 Concepción Isabel Tipán Amoguimba en contra de Jackson Boroshilow Enríquez Mejía y otra
436-2010 Fernando Guillermo Valencia Moncayo en contra de la Empresa Leo Burnett Colombiana S. A. y otra
437-2010 Ernesto Homero Ibarra y otra en contra del Dr. Gilbert Verdesoto Espinoza y otro
441-2010 Clovis Ramón Cevallos Espinoza en contra de Wilfrido Floridol Pinargote Saltos
442-2010 Amable Gustavo Alvarado Sánchez y otra en contra de Norman José Jiménez Apolo y otra
443-2010 Narcisa de Jesús Dávila Estrada en contra de Jorge Javier Herrera Moya
448-2010 Vicente Benigno Bermeo Cabrera en contra de Mónica Liduvina Remache Quezada
459-2010 Luz María Mantilla Apunte en contra de Jaime Rodrigo Vaca Mena y otra
Juicio No. 19-2009 Mas.
Actor: Ernesto Ramón.
Demandados: Moisés Macas y otro.
Juez Ponente: Dr. Galo Martínez Pinto.
SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA
Quito, 1 de junio de 2010; las 09h40.
VISTOS: (No. 19-2009 Mas).- Conocemos de la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia por virtud de lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009, en el numeral 4, literales a) y b) del apartado IV, DECISIÓN, de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC expedida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de ese mismo año, debidamente posesionados ante el Consejo de la Judicatura el 17 de diciembre de 2008; y en concordancia con el artículo 5 de la resolución sustitutiva adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 22 de diciembre de ese año, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y los artículos 184 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, la parte demandada esto es, Moisés Macas Q., y Fanny Chalco deducen recurso extraordinario de casación respecto de la sentencia pronunciada el 20 de junio de 2008, a las 09h24, por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la entonces Corte Superior de Justicia de Loja, la que confirmó el fallo de primer nivel y desestimó la apelación producida, dentro del juicio ordinario reivindicatorio seguido por el actor Ernesto Polivio Ramón y otra. Encontrándose el recurso de casación en estado de resolución, para hacerlo, la Sala efectúa las consideraciones previas siguientes:- PRIMERA: Declarar su competencia para conocer y resolver este proceso por virtud de la disposición transitoria octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas señaladas en la parte expositiva de este fallo y la distribución efectuada en razón de la materia como consecuencia de la resolución adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009, ya citada. SEGUNDA: La parte recurrente, esto es la actora, considera infringidos los artículos 115 y 116 del Código de Procedimiento Civil; 715 y 2401 del Código Civil; y su recurso extraordinario se apoya en la causal tercera y primera del artículo 3 de la Ley de Casación, respectivamente, al decir de la parte recurrente, específicamente y en ambos casos, falta de aplicación de normas procesales relacionadas con la posesión y de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, en su orden. TERCERA: Como consecuencia del principio dispositivo contemplado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República del Ecuador, actualmente en vigencia, desarrollado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde a la parte recurrente la fijación de los límites dentro de los cuales se constriñe el recurso deducido, y, efectivamente, así ha quedado establecido en el memorial del recurso planteado. CUARTA: Procedamos entonces en primer término al examen de la causal tercera de casación argumentada, que es la aducida por la parte demandada, de la que nos ocuparemos a continuación. La causal tercera, esgrimida por la parte recurrente y conocida como de violación indirecta de normas sustantivas por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. En la configuración de esta causal concurren dos trasgresiones sucesivas: la primera, violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados; y, la segunda afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por tanto, la parte recurrente, al invocar esta causal debe determinar lo siguiente: 1. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ora por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. En la especie, el recurrente, esto es la parte demandada, aduce trasgresión de normas procesales atinentes a la valoración probatoria, y, al efecto, cita los artículos 115 y 116 del libro procesal civil y, cuya supuesta vulneración debía haber afectado indirectamente normas sustantivas o materiales para que pudiese funcionar la causal de la relación, aunque, deplorablemente, la parte recurrente omite siquiera mencionar estas últimas por lo que el control de legalidad no puede realizarse. No obstante diremos que el 115 referido en el memorial del recurso extraordinario, contiene un precepto de valoración de la prueba, donde se contiene, a su vez, dos reglas por así decirlo: una primera, la referente a la sana crítica (apreciación de las pruebas en conjunto) que es una especie de método valorativo -que se expresa a través de la experiencia del juzgador y las reglas de la lógica formal, entre otros-; y, la otra, la obligación del administrador de justicia de valorar todas las pruebas. Apreciar en conjunto, como dice la norma procesal quiere decir analizar toda una ?masa de pruebas? como denominar los jurisconsultos anglosajones; y, las reglas de la sana crítica -que es un método de valoración de la prueba- son, para Couture, ?las reglas del correcto entendimiento humano? y por eso intervienen allí las reglas de la lógica formal y la experiencia del juzgador (Fundamentos de Derecho Procesal Civil; B. Aires, 1997, 3era. Edición, p. 270) y, apreciar en conjunto la actividad probatoria según Toboada Roca, constituye ?aquella actividad intelectual que realiza el juzgador de la instancia analizando y conjugando los diversos elementos probatorios aportados por los litigantes? y por virtud de ello concluye que son ciertas algunas de las alegaciones fácticas; y es que en verdad debe estarse a las pruebas cuya ?estimación conjunta de todas las articuladas,?? debe resultar conducente al objetivo del caso (Murcia Ballén, Recurso de Casación, 6ta. Edición, Bogotá, p.p.409 y 410). De allí que, para nuestra ex Corte Suprema de Justicia, las reglas de la sana crítica no están consignadas en códigos ni leyes; tampoco han sido elaboradas por la doctrina ni por la jurisprudencia; y, por lo mismo, sostiene que no se puede invocar ?falta de aplicación de las reglas de la sana crítica?, como en la especie y que es lo que se contiene en el memorial. Y en lo concerniente a la norma contenida en el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil referente a la pertinencia de la prueba, esto es, concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio; su apreciación es también potestad jurisdiccional ajena al Tribunal de Casación que tiene por objeto apreciar vulneración o afectación de normas de procedimiento y que, como consecuencia de ello se hubiese trasgredido, además, de manera indirecta, las de orden material que, como ya se expresó ni siquiera se menciona en el escrito de la relación. Por lo demás, reiteramos que esa es una facultad privativa, exclusiva del juez de instancia y por tanto, no le está permitido al Tribunal de Casación reexaminar la prueba actuada y revalorarla -que en el fondo es la pretensión de la parte recurrente- con tanta mayor razón que la causal aducida por el impugnante no tiene por finalidad hacer lo antedicho así como tampoco volver a fijar hechos ya discutidos y analizados en la instancia, siendo esa inequívocamente la pretensión de la parte recurrente en el memorial del recurso como cuando expresa que ?se ha desestimado el contenido y efectos de los cuestionarios de preguntas formuladas para los testigos?? o que ?con prueba de inobjetable valor los demandados justificamos los siguientes hechos? no considerados por el juzgador; y, de otra parte, que la Sala no advierte, ni la parte recurrente ha demostrado, de qué manera pudo haberse trasgredido dichas disposiciones procesales. Por tanto, no habiéndose demostrado vulneración de normas procesales; y, no habiéndose ni siquiera mencionado disposiciones de oren material que hubiesen sido afectadas, resulta irrelevante e inicuo pretender hacer control de legalidad de norma amparado en la causal tercera del artículo 3 de la ley de la materia y que, indirectamente habrían sido trasgredidas, puesto que la premisa lógica exigida en esta causal queda incompleta o sin este debido sustento. Por tanto, no ha lugar al cargo que se le imputa para atacar el fallo del que se recure por la causal tercera, y, por ello se lo rechaza. QUINTA: Corresponde ahora analizar a la Sala la causal primera argumentada por la parte demandada, recurrente. Esta causal, conocida doctrinariamente como de vicios ?in iudicando? se produce, en la especie, por aplicación indebida de normas de derecho incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto no permite apreciar la prueba actuada ni tampoco hacer una nueva consideración de los hechos que se da por aceptados; apuntando sí, esencialmente, a la vulneración de normas propiamente. Es que cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la verdad de determinados hechos, alegados ora por el actor, ora por el demandado (demanda y contestación); luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables (subsunción del hecho en la norma). Una norma material o sustancial, tiene, estructuralmente hablando, de ordinario, dos partes: un supuesto y una consecuencia. En ocasiones, las normas no tienen estas dos partes sino que se complementa con otra o más normas con las que forma una proposición lógico jurídica completa. La subsunción no es sino el encadenamiento lógico de una situación fáctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotética contenida en la norma. El vicio de juzgamiento o ?in iudicando? contemplado en esta causal se da en tres casos: a) Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso controvertido y que, de haberlo hecho, habría determinado que la decisión en la sentencia sea distinta; b) Cuando el juez entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella, incurriendo así en un error en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, c) Cuando el juzgador incurre en un error o yerro de hermenéutica, de exégesis jurídica al interpretar la norma atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. En la especie, la parte demandada arguye vulneración de los artículos 715 y 2401 del Código Civil, normas sustantivas que, al tenor de la causal en cuestión y al argumento de la parte recurrente se trata de ?falta de aplicación? de normas de derecho en la sentencia o auto y que hubieren sido determinantes de su parte dispositiva. El 715 que define lo que es la posesión, esto es, la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar o a su nombre; y que es el supuesto jurídico que efectivamente se ha producido y demostrado en autos por lo que no hay la comentada falta de aplicación de la norma, aunque, en opinión de la parte recurrente, ?es absolutamente falso que los actores se hayan encontrado en posesión del bien inmueble a que se refiere la demanda y el auto de adjudicación del INDA y que los accionantes carecen de todo derecho para demandar?, lo que corrobora lo antedicho, pues, se trata de punto de vista que discrepa con la apreciación de la potestad jurisdiccional respecto de lo cual la causal argumentada y que tiene que ver con vicios ?in iudicando? no permite apreciar la prueba ni efectuar una nueva consideración acerca de los hechos ya dados y analizados por los juzgadores. Y, en lo concerniente a la norma contenida en el artículo 2401 que trata acerca de la posesión no interrumpida que es aquella que no ha sufrido perturbación natural o civil; hipótesis jurídica distinta de la constante en autos por lo que no ha lugar a la falta de aplicación de la expresada disposición legal que no siquiera se sustenta en dónde la vulneración supuestamente producida. En consecuencia, tampoco ha lugar al cargo imputado por la causal comentada. Por las consideraciones y motivaciones precedentes, esta Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA?, no casa la sentencia de la que se ha recurrido y que fuera pronunciada por la Sala especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la entonces Corte Superior de Justicia de Loja, el 20 de junio de 2008, a las 09h24. Con costas por considerarse que sea litigado con mala fe. Devuélvase la caución rendida a la parte perjudicada. Léase, notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Manuel Sánchez Zuraty, Carlos Ramírez Romero y Galo Martínez Pinto, Jueces Nacionales.
RAZON: Certifico que las tres fotocopias que anteceden son iguales a sus originales, tomadas del juicio No. 19-2009 Mas, resolución No. 373-2010, seguido por Ernesto Ramón contra Moisés Macas y otros.- Quito, 10 de septiembre del 2010.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator.
No. 374-2010
Juicio No. 390-2009 B.T.R.
Actor: Gustavo Gildardo Bastidas.
Demandados: Luis Cangas Ordóñez y otra.
Juicio: Sumario.
Asunto: Partición.
Juez Ponente: Doctor Galo Martínez Pinto.
Quito, junio 3 de 2010; las 09h15?.
VISTOS: Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544, de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIÓN, de la Sentencia Interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional, el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del mismo año, debidamente posesionados, el día 17 de diciembre del año que precede, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el artículo 5 de la Resolución Sustitutiva aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y, los artículos 184, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, la parte actora esto es, Gustavo Gildardo Bastidas, deduce recurso extraordinario de casación respecto del auto pronunciado el 3 de marzo de 2009, las 09h15, por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, el que confirmó en todas sus partes el auto subido en grado, desechando el recurso de apelación planteado, dentro del juicio sumario especial de partición que sigue éste contra Luís Cangas Ordóñez y otra. Encontrándose el recurso de casación en estado de resolución, para hacerlo, la Sala efectúa las consideraciones previas siguientes: PRIMERA.- Declarar su competencia para conocer y resolver este proceso por virtud de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas señaladas en la parte expositiva de este fallo y la distribución efectuada en razón de la materia como consecuencia de la Resolución adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009, ya citada. SEGUNDA.- La parte recurrente, esto es la actora, considera infringidos los artículos 115, 116, 117, 164, 166, 170 y 179 del Código de Procedimiento Civil. Su recurso extraordinario se apoya en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación y los vicios invocados, los constantes en el memorial correspondiente, esto es: ?aplicación indebida de las normas de derecho y la aplicación indebida e interpretación errónea de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba?. TERCERA.- Como consecuencia del principio dispositivo contemplado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República del Ecuador, actualmente en vigencia, desarrollado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde a la parte recurrente la fijación de los límites dentro de los cuales se constriñe el recurso deducido, y, efectivamente, así ha quedado establecido en el memorial del recurso planteado. CUARTA.- Procedamos entonces al examen de las causales de casación argumentadas y por una especie de orden lógico jurídico iniciemos su análisis con la causal tercera. Esta causal tercera, esgrimida por la parte recurrente y conocida como de violación indirecta de normas sustantivas por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. En la configuración de esta causal concurren dos trasgresiones sucesivas: la primera, violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados; y, la segunda, afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por tanto, la parte recurrente, al invocar esta causal debe determinar lo siguiente: 1. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ora por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. En la especie, el recurrente, esto es la parte actora, aduce trasgresión de normas procesales atinentes a la valoración probatoria, y, al efecto, cita los artículos 115, 116, 117, 164, 166, 170 y 179 del Libro procesal civil y, cuya vulneración debía haber indirectamente afectado normas sustantivas o materiales que el recurrente omite siquiera citar, así como tampoco precisa, cuáles de estas normas sustentan la causal primera, presumiéndose que podrían ser las dos últimas. El artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, transcrito en el memorial del recurso extraordinario, versa en torno a un precepto de valoración de la prueba, donde se contienen, a su vez, dos reglas por así decirlo: una primera, la referente a la sana crítica (apreciación de las pruebas en conjunto) que es una especie de método valorativo -que se expresa a través de la experiencia del juzgador y las reglas de la lógica formal, entre otros-; y, la otra, la obligación del administrador de justicia de valorar todas las pruebas. Apreciar en conjunto, como dice la norma procesal quiere decir analizar toda una ?masa de pruebas? como denominan los jurisconsultos anglosajones; y, las reglas de la sana crítica -que es un método de valoración de la prueba- son, para Couture, ?las reglas del correcto entendimiento humano? y por eso intervienen allí las reglas de la lógica formal y la experiencia del juzgador (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1997, 3ra. Ed., p. 270) y, apreciar en conjunto la actividad probatoria según Toboada Roca, constituye ?aquella actividad intelectual que realiza el juzgador de la instancia analizando y conjugando los diversos elementos probatorios aportados por los litigantes? y por virtud de ello concluye que son ciertas algunas de las alegaciones fácticas; y es que en verdad debe estarse a las pruebas cuya ?estimación conjunta de todas las articuladas??, debe resultar conducente al objetivo del caso (Murcia Ballén, Recurso de Casación, 6ta. Ed., Bogotá, pp. 409 y 410). De allí que, para nuestra ex Corte Suprema de Justicia, las reglas de la sana crítica no están consignadas en códigos ni leyes; tampoco han sido elaboradas por la doctrina ni por la jurisprudencia; y, por lo mismo, sostiene que no se puede invocar ?falta de aplicación de las reglas de la sana crítica?, como en la especie. Por lo demás, esa es una facultad privativa, exclusiva del Tribunal de instancia y por tanto, no le está permitido al Tribunal de Casación reexaminar la prueba actuada y revalorarla, con tanta mayor razón que la causal aducida por la parte recurrente no tiene por finalidad hacer lo antedicho así como tampoco volver a fijar hechos ya discutidos y analizados en la instancia, siendo esa inequívocamente la pretensión de la parte recurrente en el memorial del recurso ?y que parece asemejarse al derogado recurso de tercera instancia-, por un lado; y, de otra parte, que la Sala no advierte, ni la parte recurrente ha demostrado, de qué manera pudo haberse trasgredido dicha disposición procesal así como tampoco la norma contenida en el artículo 116 del mismo cuerpo de leyes que sí es un precepto relativo a la valoración de la prueba y que tiene que ver con la pertinencia de la misma y cuya facultad corresponde examinar a los jueces de instancia; ni menos aún respecto del artículo 117 que versa acerca de la oportunidad de la prueba y que hace fe en juicio, cuya apreciación es también potestad privativa de los jueces de los niveles de instancia; el artículo 164 que define qué debe entenderse por instrumento público y el artículo 166 contra quiénes hace fe y que a juzgar por la manera impropia en que se presenta el recurso pretende que se revalore la prueba desde que expresa disconformidad con la manera en que el Tribunal de segundo nivel lo hizo al consignarse, únicamente, expresiones como las siguientes: ?que los juzgadores de una manera deliberada no lo tomaron en consideración, pese a que el 19 de julio del 2007 mediante escrito se solicitó al Juzgado tome en consideración los puntos que no ha probado los demandados; de igual manera, en la misma fecha se impugnó las cuestiones previas que alegaron por falta de derecho para reclamar, dentro del término de prueba el compareciente solicitó se reproduzcan las partidas de nacimiento, las escrituras y certificados del Registro de la Propiedad con los que se demostraba mi derecho, mientras que los demandados dentro de la prueba jamás solicitaron se reproduzca las escrituras que ellos alegan ser propietarios, sin embargo el juez a quo y los de la Corte provincial sin fundamentos en derecho dictan una resolución contraria a norma expresa?. Por otro lado, no se precisa a qué causal se aplican tales o cuáles normas, dificultándose el obvio control de legalidad dado que en el derecho procesal ecuatoriano no existe casación de oficio; así como que en tratándose de la causal tercera, aducida en el memorial, se consigna, además, dos vicios a la vez lo cual también, imposibilita el control de legalidad correspondiente. Por tanto, no habiéndose demostrado vulneración de esta normas procesales; ni comprobado afectación de disposiciones de orden material o sustantivo, resulta adicionalmente inocuo pretender revisar o hacer control de legalidad de las normas de derecho omitidas en el memorial del recurso al amparo de esta causal tercera del artículo 3 de la Ley de la materia y que, indirectamente habrían sido trasgredidas; puesto que la proposición lógica exigida en esta causal queda incompleta o sin este debido sustento. Por tanto, no ha lugar al cargo que se le imputa para atacar el fallo del que se recurre por la causal tercera, y, por ello se lo rechaza. QUINTA.- Procedamos entonces ahora al examen de la otra causal de casación argumentada, en este caso, la primera que es la aducida también por la parte actora, de la que nos ocuparemos a continuación. Esta causal, conocida doctrinariamente como de vicios ?in iudicando? se produce, en la especie, por aplicación indebida de normas de derecho incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto no permite apreciar la prueba actuada ni tampoco hacer una nueva consideración de los hechos que se da por aceptados; apuntando sí, esencialmente, a la vulneración de normas propiamente. Es que, cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la verdad de determinados hechos, alegados ora por el actor, ora por el demandado (demanda y contestación); luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables (subsunción del hecho en la norma). Una norma material o sustancial, tiene, estructuralmente hablando, de ordinario, dos partes: un supuesto y una consecuencia. En ocasiones, las normas no tienen estas dos partes sino que se complementa con otra o más normas con las que forma una proposición lógico jurídica completa. La subsunción no es sino el encadenamiento lógico de una situación fáctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotética contenida en la norma. El vicio de juzgamiento o ?in iudicando? contemplado en esta causal se da en tres casos: a) Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso controvertido y que, de haberlo hecho, habría determinado que la decisión en la sentencia sea distinta; b) Cuando el juez entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella, incurriendo así en un error en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, c) Cuando el juzgador incurre en un error o yerro de hermenéutica, de exégesis jurídica al interpretar la norma atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. En la especie, la parte demandada arguye vulneración de los artículos 170 y 179 del Código de Procedimiento Civil. La norma contenida en la primera disposición trata en torno de la nulidad de instrumentos públicos señalando que lo son aquellos en donde no se ha observado las solemnidades prescritas por la ley, o las ordenanzas y los reglamentos respectivos; y la contenida en la otra disposición, consigna que el efecto de la nulidad manifiesta invalida al instrumento público, sin necesidad de prueba, lo cual es obvio. Sin embargo, en el memorial del recurso extraordinario se hace esta mención aduciéndose la nulidad de la escritura pública de compraventa extendida el 24 de abril de 1984, debidamente registrada, y por la que los demandados adquirieron, primitivamente, el dominio de las seis octavas partes del inmueble cuya partición se demanda; y que, posteriormente, aún antes de la demanda actual, adquirieron el dos octavos restantes con lo cual consolidaron el dominio total del bien, por una parte; y, de otra parte, que los recurrentes jamás demandaron nulidad de instrumento público alguno (y que, por lo demás hasta habría prescrito el ejercicio de la acción), sino la partición del inmueble, pretendiendo introducir en el escrito de casación nuevos elementos en la controversia. Por tanto, no habiéndose demostrado vulneración de normas de derecho alguno, se rechaza el cargo por la causal comentada. Por las consideraciones y motivaciones precedentes, esta Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, no casa el auto del que se ha recurrido y que fuera pronunciado por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Carchi, el 3 de marzo de 2009, las 09h15. Sin honorarios profesionales que regular. Léase, notifíquese y devuélvase.
Que las cuatro fotocopias que anteceden, son tomadas de sus actuaciones originales, constantes en el juicio Sumario No. 390-2009 B.T.R. (Resolución No. 374-2010), que por partición sigue Gustavo Gildardo Bastidas contra Luis Cangas Ordóñez y otra.- Quito, septiembre 10 de 2010.
No. 375-2010
Juicio No. 28-2010 B.T.R.
Actora: Olga Guevara Contreras.
Demandados: Fanny María Tomalá Vallejo, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía INMOBILIARIA EDELINA S. A. INMEDEL y Potamia Vallejo Ballesteros.
Asunto: Nulidad de Escritura.
Juez Ponente: Doctor Manuel Sánchez Zuraty.
Quito, junio 7 de 2010; las 16h00?.
VISTOS: Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544, de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIÓN, de la Sentencia Interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional, el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del mismo año, debidamente posesionados, el día 17 de diciembre del año que precede, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el artículo 5 de la Resolución Sustitutiva aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y, los artículos 184, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, la parte demandada Fanny María Tomalá Vallejo, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía INMOBILIARIA EDELINA S. A. INMEDEL y Potamia Vallejo Ballesteros, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía, en el juicio ordinario por nulidad de escritura pública que sigue Olga Guevara Contreras, deducen sendos recursos de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el 30 de julio de 2009, las 17h28 (fojas 22 a 24 del cuaderno de segunda instancia), que revoca la sentencia recurrida y declara parcialmente con lugar la demanda de nulidad relativa del contrato de compraventa. El recurso se encuentra en estado de resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas señaladas en la parte expositiva del presente fallo y la distribución en razón de la materia, hecha mediante Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión realizada el día 22 de diciembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009. Los recursos de casación han sido calificados y admitidos a trámite mediante auto de 19 de abril de 2010, las 16h00. SEGUNDO.- En virtud del principio dispositivo contemplado en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, desarrollado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, son los recurrentes quienes fijan los límites del análisis y decisión del Tribunal de Casación. TERCERO.- Las peticionarios consideran infringidas las siguientes normas de derecho: artículos 181, 1700, 1754, 2414 y 2415 del Código Civil. La causal en la que fundan el recurso es la primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Se deja constancia que los recursos de casación de Fanny María Tomalá Vallejo y Potamia Edelina Vallejo Ballesteros viuda de Tomalá, son similares, en el fondo y la forma. CUARTO.- La causal primera se refiere a la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. En el recurso de casación por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación no cabe consideración en cuanto a los hechos ni hay lugar a ninguna clase de análisis probatorio, pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el Tribunal de instancia. Cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la verdad de determinados hechos, alegados ya sea por la parte actora, ya sea por la parte demandada, en la demanda y en la contestación; luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables. A esta operación se llama en la doctrina subsunción del hecho en la norma. Una norma sustancial o material, estructuralmente, tiene dos partes: la primera, un supuesto, y la segunda, una consecuencia. Muchas veces una norma no contiene esas dos partes sino que se complementa con una o más normas, con las cuales forma una proposición completa. La subsunción no es sino el encadenamiento lógico de una situación fáctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotética contenida en la norma. El vicio de juzgamiento o in iudicando contemplado en la causal primera, se da en tres casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían determinado que la decisión en la sentencia sea distinta a la escogida. 2) Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. 4.1. Las casacionistas indican que existe aplicación indebida de los artículos 1700 y 181 del Código Civil porque en el fallo se invocan estas normas para establecer que la actora Olga Benigna Guevara estaba supuestamente facultada jurídicamente para solicitar la nulidad relativa del contrato de compraventa del bien inmueble, porque el mismo fue supuestamente vendido sin el consentimiento del otro cónyuge, cuando éste es necesario; explican que resulta imperioso señalar que a la fecha de presentación de la demanda Gustavo Antonio Tomalá Aguirre y Olga Benigna Guevara Contreras no eran cónyuges, tanto es así que desde el año 1989 se encontraban divorciados, y además, a la fecha de la celebración de la escritura de compraventa, ya se había inscrito la sentencia de divorcio, es decir, los artículos 181 y 1700 del Código Civil, en los cuales se fundamenta la sentencia expedida por el Tribunal ad quem, son inaplicables en el presente caso, por el motivo de que Olga Benigna Guevara Contreras, no estaba ya casada con Gustavo Antonio Tomalá Aguirre, al momento de la celebración de la escritura pública que impugna la actora. La parte pertinente del fallo impugnado dice: ?El art. 1700 del Código Civil indica quienes pueden solicitar la nulidad relativa de un contrato, la cual debe ser a petición de parte, indicando en inciso segundo que, los actos realizados por el marido, o por la mujer, respecto de los bienes de la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro cónyuge, cuando este es necesario, son relativamente nulos, norma legal que guarda relación con el art. 181 del mismo cuerpo legal?. El texto exacto de esta norma mencionada por el Tribunal ad quem es el siguiente: ?Art. 1700 (?) Los actos realizados por el marido, o por la mujer, respecto de los bienes de la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro cónyuge, cuando éste es necesario, son relativamente nulos, y la nulidad relativa puede ser alegada por el cónyuge cuyo consentimiento era necesario y faltó (?)?. La escritura en cuestión ha sido celebrada el 8 de enero de 2004, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, doctor Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, entre los vendedores cónyuges Potamia Edelina Vallejo Ballesteros de Tomalá y Gustavo Antonio Tomalá Aguirre y por otra parte la compradora Fanny María Tomalá Vallejo, por los derechos que representa en su calidad de gerente general de la Compañía Inmobiliaria Edelina S. A. INMEDEL, debidamente inscrita en el Tomo 13, de fojas 6417 a 6418, número 2612 del Registro de la Propiedad de Guayaquil, el 4 de marzo de 2004, número del repertorio 6329 (fojas 15 a 19 y 149 de primera instancia). Por otra parte, los cónyuges Gustavo Antonio Tomalá Aguirre y Olga Benigna Guevara Contreras, se divorciaron por sentencia dictada por la Jueza Séptima de lo Civil de Guayaquil, abogada María Leonor Jiménez de Viteri, en Guayaquil, el 31 de octubre de 1989, tomada nota al margen del acta de matrimonio, el 13 de enero de 1992 (fojas 14 de primera instancia). La Sala considera que la norma del inciso segundo del artículo 1700 es aplicable mientras no se liquide la sociedad conyugal, aunque los cónyuges se encuentren divorciados. 4.2. Las peticionarias, al amparo de la misma causal primera, también alegan que el fallo impugnado adolece de falta de aplicación de los artículos 2414 y 2415 del Código Civil, respecto de la prescripción extintiva de acciones y derechos, por cuanto de la exposición de la demandante en su libelo se establece que el derecho de la actora para reclamar el 50% de los gananciales de la sociedad conyugal prescribió, por cuanto han transcurrido más de diez años desde la fecha en que la accionante Olga Benigna Guevara Contreras tuvo derecho para reclamar su parte respectiva de los gananciales de la sociedad conyugal conformada con Gustavo Antonio Tomalá Aguirre, motivo por el cual los jueces de la Primera Sala de lo Civil del Guayas, debieron aplicar las normas jurídicas recogidas en los invocados artículos, para desechar la demanda, por lo que es patente la falta de aplicación de estos artículos, lo que ha influenciado en la decisión de la causa. La Sala considera que en virtud del artículo 1338 del Código Civil, ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular está obligado a permanecer en indivisión; la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario, esto es la indivisión; por tanto, el reclamo de lo que al cónyuge le corresponde en los gananciales de la sociedad conyugal puede pedirse en cualquier tiempo, salvo que se haya pactado indivisión, lo cual no ocurre en el presente caso. 4.3. Las recurrentes también atacan la sentencia del Tribunal ad quem por falta de aplicación del artículo 1754 del Código Civil, porque esta norma ratifica la validez de la venta de cosa ajena, y de haberse aplicado, los juzgadores no hubiesen sentenciado declarando la nulidad relativa del contrato de compraventa referido, por lo que se colige que la falta de aplicación de la referida norma ha influido directamente en la decisión que se impugna. La Sala observa que mediante escritura celebrada el 8 de enero de 2004, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, doctor Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, los vendedores cónyuges Potamia Edelina Vallejo Ballesteros de Tomalá y Gustavo Antonio Tomalá Aguirre transfirieron en calidad de compraventa a la compradora Fanny María Tomalá Vallejo, por los derechos que representa en su calidad de gerente general de la Compañía Inmobiliaria Edelina S. A. INMEDEL, un lote de terreno ubicado en el sitio La Atarazana, de la ciudad de Guayaquil, debidamente inscrita en el Tomo 13, de fojas 6417 a 6418, número 2612 del Registro de la Propiedad de Guayaquil, el 4 de marzo de 2004, número del repertorio 6329. En esta escritura pública, los vendedores comparecen como cónyuges, y en la cláusula tercera de la historia de dominio, se dice que los vendedores adquirieron el dominio de este lote de terreno mediante sentencia de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, misma que fue dictada por el Juez Octavo de lo Civil de Guayaquil, el 26 de febrero de 1982, las 09h00, inscrita el 23 de enero de 1984, Tomo 16/1984, folios 10.821 a 10.844, número de inscripción 507, número de repertorio 1200 del Registro de la Propiedad de Guayaquil (fojas 4 a 6 vuelta y 149 y vuelta de primera instancia), sin embargo, la vendedora Potamia Edelina Vallejo Ballesteros que contrajo matrimonio con Gustavo Antonio Tomalá Aguirre en Guayaquil, el 13 de julio de 1992 (fojas 147 de primera instancia), no fue la cónyuge de Gustavo Antonio Tomalá Aguirre al momento de adquirir el inmueble por prescripción extraordinaria, sino que éste todavía se encontraba casado en anteriores nupcias con la actora Olga Guevara Contreras, porque los cónyuges Gustavo Antonio Tomalá Aguirre y Olga Benigna Guevara Contreras, recién se divorciaron por sentencia dictada por la Jueza Séptima de lo Civil de Guayaquil, abogada María Leonor Jiménez de Viteri, en Guayaquil, el 31 de octubre de 1989, tomada nota al margen del acta de matrimonio, el 13 de enero de 1992 (fojas 14 de primera instancia). En la compraventa cuestionada, el vendedor Gustavo Antonio Tomalá Aguirre está vendiendo la parte que le corresponde en la sociedad conyugal que formó en su primer matrimonio con Olga Guevara Contreras, para lo cual no necesita autorización de su ex cónyuge, pero, la que aparece como vendedora es la cónyuge de su segundo compromiso Potamia Edelina Vallejo Ballesteros, quien no es dueña del
inmueble y por tanto, está vendiendo cosa ajena, esto es la parte de gananciales que en rigor perteneció a la primera mujer de Gustavo Tomalá Aguirre. Por lo expuesto, al existir venta de cosa ajena por parte de Potamia Edelina Vallejo Ballesteros, en el fallo impugnado existe falta de aplicación del artículo 1754 del Código Civil que establece que la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el transcurso del tiempo. Motivo por el cual se acepta el cargo. QUINTO.- Debido a que existe motivo para casar la sentencia, de conformidad a la norma del artículo 16 de la Ley de Casación, esta Sala procede a expedir la que corresponde. 5.1. De fojas 28 a 37 de los autos de primera instancia comparece Olga Benigna Guevara Contreras, para demandar en la vía ordinaria a Gustavo Antonio Tomalá Aguirre, por haber fallecido, en las personas de sus herederos conocidos: abogado José Antonio Tomalá Guevara, economista Gustavo Antonio Tomalá Guevara, Gastón Enrique Tomalá Guevara y doctora María Luisa Tomalá Guevara, Javier Antonio Tomalá Vallejo, Adriana Tomalá Vallejo y Fanny María Tomalá Vallejo, así como a sus herederos desconocidos; a Potamia Edelina Vallejo Ballestero de Tomalá; Nora Eutrapia Lara Ochoa, Juan Carlos García Tapia; doctor Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, Notario Público, titular Trigésimo Noveno de este Cantón; la Compañía Inmobiliaria Edelina S. A., INMEDEL, en la persona de su gerente general, Fanny María Tomalá Vallejo, como representante legal, la nulidad absoluta de la escritura pública, y la nulidad relativa del contenido del contrato de compraventa, a fin de que en sentencia se declare la nulidad de la escritura, y el contrato de compra venta contenido en ella, a fin de que se le restituya el 50% que dolosamente se trata de perjudicarla al transferir un bien inmueble perteneciente a la sociedad conyugal, que tenía formada con su ex cónyuge Gustavo Antonio Tomalá Aguirre; escritura celebrada, el 8 de enero de 2004, ante el doctor Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, Notario Público titular, Trigésimo Noveno de ese cantón, inscrita en el Registro de la Propiedad, en el Tomo 13, de fojas 6417 a 6418, número 2612 del Registro de Propiedad, el 4 de marzo de 2004, número de repertorio 6329. Fundamenta su demanda en los artículos 1724 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 26, 27, 28, 29 y 48 de la Ley Notarial; y artículos 168, 173, 174 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Calificada y admita a trámite la demanda, se dispuso citar a los demandados en los lugares señalados para el efecto, hecho que consta cumplido por boletas (fojas 59 a 82) y por la prensa (fojas 97, 98 y 99). Los demandados comparecen a juicio proponiendo las excepciones correspondientes (fojas 83, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96 y 101). La junta de conciliación se realizó en el día y hora señalados (fojas 112 y 113). La causa fue recibida a prueba por el término de ley; fueron practicadas las pruebas solicitadas por las partes. Siendo el estado de resolver, para hacerlo se considera: