Source: https://visioninsular.wordpress.com/2008/05/28/dictamen-de-la-sala-politico-administrativa/
Timestamp: 2018-04-27 04:58:48
Document Index: 308273519

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 19']

Dictamen de la Sala Político Administrativa | Visión Insular
Dictamen de la Sala Político Administrativa
Además señala la sentencia que “en esta etapa del procedimiento la Sala no encuentra pruebas de una violación flagrante de los derechos denunciados, por lo que será al momento de decidir el fondo de la controversia cuando se podrá analizar la alegada diferencia sufrida en los salarios debido al ajuste efectuado. Por tanto, se declara improcedente la medida cautelar de amparo”
Con ponencia de su vicepresidenta, magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, la Sala Político Administrativa admitió el recurso de nulidad presentado el pasado 17 de abril por Mónica Hidalgo y José Pacheco, actuando en su “condición de funcionarios públicos del Ministerio para el Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, adscritos al Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda”, contra la Resolución N° 045 del 26 de febrero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.879 del 27 del mismo mes y año, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. El magistrado Levis Ignacio Zerpa presentó voto concurrente.
Mediante la referida Resolución se estableció que “a partir del 1° de marzo de 2008, la remuneración de los Registradores o Registradoras, Notarios y Notarias así como los funcionarios adscritos a las diferentes Oficinas de Registros y Notarías Públicas, se realizará mensualmente y será con total apego al Sistema de Remuneraciones aplicado en dicho Ministerio”.
Para los accionantes la Resolución impugnada transgrede “(…) los artículos 7, 19, 21, 24, 25, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 137, 138, 143, 144, 146, 147, 156, 299 y 300 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 4, 7, 8, 16 numerales 1 y 3, 26, 33 numeral 1 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los artículos 7, 8 numeral 9, 13, 54 y 57 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; el artículo 43 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y las disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de la Ley de Registro Público y del Notariado”
El pasado 29 de abril el abogado Eduardo Dona Marcano, consignó instrumento poder que acredita la representación de un grupo de ciudadanos, quienes adujeron actuar en su condición de “funcionarios públicos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia adscritos a la Notaría Pública Cuarta de Puerto Ordaz, Estado Bolívar” y manifestaron adherirse al presente recurso de nulidad.
Después de declarar su competencia para conocer del recurso, la Sala del Máximo Tribunal del país se pronunció acerca de su admisibilidad y constató que la presente solicitud no incurre en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se admite este recurso de nulidad cuanto ha lugar en derecho y se ordenó practicar las notificaciones de Ley.
Luego la Sala del TSJ se pronunció en torno a la petición de adhesión formulada por la representación judicial del grupo de ciudadanos que alegaron ser funcionarios públicos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores adscritos a la Notaría Pública Cuarta de Puerto Ordaz en el estado Bolívar.
Al respecto la Sala precisó que “habiéndose solicitado la nulidad de un acto de efectos generales, para lo cual resulta legitimada cualquier persona capaz que considere vulnerado sus derechos e intereses, conforme a la norma contenida en el aparte 8 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y no configurándose ninguna de las causales de inadmisibilidad a las que hace referencia el aparte 5 del artículo 19 eiusdem, debe esta Sala declarar admisibles las adhesiones al presente juicio de los ciudadanos identificados en el encabezamiento de este Capítulo, pues sus requerimientos denotan la existencia de intereses vinculados directamente con el interés jurídico objeto de controversia.”
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE AMPARO CAUTELAR
En cuanto a la medida cautelar de amparo la Sala Político Administrativa señaló, entre otras cosas, que “el amparo constitucional no es la vía idónea para lograr una tutela cautelar en el presente caso, pues sería necesario el examen de normas de rango infraconstitucional, en virtud de que los accionantes aluden a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Registro Público y del Notariado, específicamente a lo previsto en el artículo 13 del mencionado texto legal; lo cual según ha establecido en innumerables oportunidades la jurisprudencia de este Alto Tribunal, le está vedado al juez constitucional en esta etapa cautelar, toda vez que en estos casos debe bastar la confrontación del acto o actuación atacada por vía de amparo con el texto constitucional para así determinar la violación denunciada.”
Indicó la sentencia que “para los casos donde lo denunciado sea la violación directa de normas legales o sublegales e “indirecta” de normas constitucionales, existe la medida de suspensión de efectos del acto impugnado prevista en el aparte veintiuno del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia así como las medidas cautelares contempladas en el aparte once del artículo 19 eiusdem.”
Constató además la Sala que los solicitantes alegaron que los daños que se le estarían causando con la Resolución cuestionada, se traducen en la imposibilidad de pagar los créditos concedidos de acuerdo con la Ley de Especial de Deudor Hipotecario de Vivienda, lo cual trae como consecuencia la inmediata exigibilidad por parte de la Institución Financiera y “afectaría gravemente la estabilidad económica y bienestar social de nosotros los trabajadores al servicio de Registro y Notarías”.
Al respecto precisó la sentencia que de las actas procesales sólo se evidencia que los recurrentes adquirieron un inmueble bajo un contrato de “préstamo a interés para adquisición de vivienda principal garantizado con hipoteca inmobiliaria convencional de primer grado”, sin poder verificarse de tales documentos el ajuste sufrido en sus salarios y el presunto daño alegado, toda vez que los accionantes no demostraron cuanto es su salario, y en qué proporción afectaría la nueva escala salarial el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos.
Agregó la sentencia que “no puede constatar esta Sala, por qué el ajuste salarial les afecta su bienestar social, o por qué ese salario no es justo, toda vez que del escrito recursivo y de los documentos aportados no se pueden verificar los cargos ocupados por los actores, el salario que devengaban y los grados o los niveles en los que fueron insertados sus cargos de acuerdo a la Escala General de Sueldos; por lo que se ve impedida la Sala de analizar el ajuste indicado y el presunto daño alegado.”
En vista de lo señalado la Sala Político Administrativa señaló que “en esta etapa del procedimiento la Sala no encuentra pruebas de una violación flagrante de los derechos denunciados, por lo que será al momento de decidir el fondo de la controversia cuando se podrá analizar la alegada diferencia sufrida en los salarios debido al ajuste efectuado. Por tanto, se declara improcedente la medida cautelar de amparo.”
El magistrado Levis Ignacio Zerpa consignó voto concurrente al señalar que “no asume, en su totalidad, los motivos de la decisión que antecede, en virtud de que el fallo omite ciertos aspectos y trata otros de manera desacertada”. Al respecto indicó, entre otras cosas, que “en cuanto a los que omite, la sentencia no indica que los motivos en ella expresados, no son más que la reiteración de un criterio ya establecido por esta Sala en sentencia número 00353 de fecha 23-03-2008, en la cual se analizó el mismo problema judicial. En este sentido, la Sala tomó, en esta decisión, los mismos argumentos de la indicada sentencia número 00353, pero no señala en forma expresa los datos de la misma, cuya fundamentación fue reproducida casi en su totalidad.”
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