Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-29389-de-julio-8-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8af509dd8cdaa0d6e0430a010151a0d6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-24 05:26:14
Document Index: 135093006

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 232', 'artículo 238', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 14', 'Artículo 390', 'artículo 61', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 472']

﻿ Sentencia 29389 de julio 8 de 2010
SENTENCIA 29389 DE 08 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:DELITO DE CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE. ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ELECTOR, DESNATURALIZA LA LIBERTAD DEL SUFRAGIO Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS CIUDADANOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORRUPCIÓN DEL SUFRAGANTE, DELITO CONTRA EL SUFRAGANTE, DELITO CONTRA EL DERECHO AL SUFRAGIO, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE, CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES
Sentencia 29389 de julio 8 de 2010
Aprobado en Sala 218
1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 235, numeral 3º de la Constitución Política, es la autoridad competente para proferir el fallo dentro de la presente causa, a más de ello, no se observa ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado.
2. El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, exige que el fallo condenatorio se apoye en prueba que ofrezca certeza sobre la realización de la conducta definida en la ley como delito y la responsabilidad del acusado. Ahora bien, según lo establece el artículo 238 del citado ordenamiento, los medios de prueba deben apreciarse en conjunto (invocación que realizó la defensa en el debate oral) y en consonancia con las reglas de la sana crítica, parámetros que serán los derroteros que la Sala ha de seguir.
3. El reproche penal que se ha elevado a Fabio Arango Torres, en su condición de Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Vaupés, se contrae a la ejecución de actos corruptores en las elecciones celebradas en el municipio de Mitú, en el mes de octubre del año 2007; más exactamente, ofrecimiento y pago de dinero a varios ciudadanos para que favorecieran con su voto al entonces candidato a la gobernación José Leonidas Soto, su correligionario.
La conducta punible por la que se le acusó en la resolución de acusación, es la consagrada en el artículo 390 de la Ley 599 de 2000:
“…Corrupción de sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes…”
4. A la Sala se le impone establecer, en primer lugar, si se satisface el elemento de la certeza en relación con la conducta jurídicamente reprochable. De acuerdo con esa anterior descripción típica, su objetividad se traduce en: i) desarrollar la conducta prohibida, la que se califica como compuesta alternativa de modo que su perfección se alcanza a través de tres distintos verbos rectores: prometer, pagar o entregar dinero, y ii) el propósito: consignar el voto a favor de determinado candidato.
Bajo los parámetros trazados se tiene que el delito se realiza cuando el agente, indeterminado, promete, paga o entrega dinero o dádiva al sufragante, a cambio de su voto, sin que se requiera que el elector vote efectivamente en la dirección que se le indica, pues por ser un delito de peligro, lo que se sanciona —en principio— es la acción corruptora del oferente. Entonces, es claro que el procesado era sujeto activo idóneo para cometer el delito previsto en el artículo 390 del Código Penal.
Como bien lo reclamó la defensa durante el debate oral, y es propósito que orienta a la Sala, se han de valorar conjuntamente los distintos testimonios y pruebas de naturaleza documental incorporados, cuya aducción se realizó con total apego a un debido proceso constitucional que orienta este trámite, y frente al que, la Sala ha sido respetuosa.
Como se anunció en precedencia, y a términos de la resolución de acusación, al acusado se le imputa el hecho de haber pagado a un grupo de electores una suma de dinero, con el propósito de que aquellos depositaran su voto por un candidato determinado.
Este es el cargo, frente al que la defensa, ha intentado, sin conseguirlo, demostrar que todo fue un ardid, un andamiaje, un complot, orquestado por los adversarios políticos de Fabio Arango Torres, alentados por el propósito de aniquilarlo políticamente.
Sin embargo, la prueba válidamente acopiada al plenario desde la misma génesis de la investigación, a la Sala le comporta la certeza que se requiere para proferir un fallo condenatorio, como lo reclama el Señor Agente del Ministerio Público.
La noticia criminal llegó a conocimiento de la Corte merced a sendas quejas presentadas ante el Personero Municipal por algunos ciudadanos de Mitú pertenecientes a distintas comunidades indígenas. En ellas daban cuenta que el señor Fabio Arango Torres, la noche previa a la celebración de las elecciones del mes de octubre de 2007, les había entregado una suma de dinero para que votaran por el candidato a la Gobernación José Leonidas Soto.
Una primera réplica de la defensa está referida al complot del funcionario público que recepcionó tales denuncias, como que se le señala de haber maquinado, fabricado las acusaciones, limitándose los denunciantes a firmarlas. La razón: se trataba de un adversario político que había puesto su cargo a favor del señor Ladino Vigoya, contradictor político del congresista implicado.
Una tal conclusión le impone a la Sala acometer la valoración de tan grave conclusión, como que no hay que desatender que se trata del agente del Ministerio Público, representante de la sociedad, como bien lo destacó el señor Procurador Judicial ante la Corte en el debate de audiencia pública.
Frente a esa sugerida componenda a cargo del personero municipal, advierte la Sala que aquella se quedó en una mera propuesta argumentativa pues ninguna prueba la soporta y contrario a ello, concurren testimonios que la disipan como pasa a verse:
i) La segunda versión rendida por María La Luz Betancur Inambu, de fecha 24 de abril de 2008, se surtió ante funcionario judicial comisionado por la Corte, esto es el Juez Promiscuo del Circuito de Mitú. En aquella oportunidad, frente al cargo la testigo indicó:
“….El señor Fabio Arango, me entregó veinte mil pesos ($ 20.000), me dijo que votara por el señor José Leonidas Soto Muñoz…”.
Ante otra pregunta a cargo del comisionado, informó:
“…si a varios, en el parque que queda al pie del comando de Policía…”.
Lo informado por esta testigo se ofrece idéntico a lo narrado ante el personero municipal, con lo que se derruye la propuesta de la defensa en cuanto a la supuesta manipulación por parte del personero municipal, como que de haber sido, seguramente su segunda postura hubiere variado sustancialmente, lo que no aconteció.
ii) Pablo Barbosa Hernández, en su segunda aparición al plenario, oportunidad en que si bien se retractó de la puntual incriminación efectuada en principio, en contra de Fabio Arango Torres, no hizo lo mismo en lo relacionado con la aceptación del dinero a cambio de su voto, toda vez que así lo hizo saber:
“…fue lo siguiente en ese momento yo estaba borracho yo nunca vi que Fabio Arango Torres le dio plata en su (sic) propias manos incluso cuando yo recibí esa plata nunca recibí de las manos del señor parlamentario, uno de los coordinadores me pasó los veinte mil pesos (20.000) yo lo (sic) recibí porque además los necesitaba para darle a mis hijos y a mi señora al instante me retire de ese lugar”(35) (resaltado fuera del texto).
Esa referencia probatoria permite a la Corte concluir obligadamente que uno y otro testigo en sus declaraciones vertidas, una vez ante la personería municipal y la otra ante el Juzgado Promiscuo del Circuito (funcionario judicial que no fue descalificado en su probidad por la defensa) dan cuenta de la compra de votos en la misma fecha, a favor del mismo candidato, con identidad de circunstancias.
Entonces, no existe la imaginada maquinación, ardid, componenda, por parte del personero municipal que lo condujera a inventar un hecho delictuoso, con el único propósito de perjudicar su adversario político y de sus benefactores.
A lo dicho debe agregarse que en la etapa del juicio el declarante Milciades Jaramillo apunta a corroborar que ninguna manipulación ni manejo indebido pudo sucederse en la recepción de los testimonios. En un pasaje de su declaración se lee:
“esa hoja decía lo que usted había dicho?...”(36).
“Si lo que yo había dicho, no había cambiado(37)…”.
Entonces, ningún asidero probatorio soporta la tesis argumentativa de la defensa y el procesado en cuanto a que el personero municipal de Mitú prestó su colaboración para una supuesta confabulación contra su asistido, ya que una tal conclusión, contrario a lo pretendido, se encuentra desvirtuada con los testimonios referenciados por la Sala.
Con lo señalado, la Corte participa del pensamiento del señor procurador delegado, pues se considera que no resulta de recibo la censura con la que se pretendió descalificar la actividad desarrollada por el personero municipal al momento de recepcionar las quejas presentadas por los iniciales denunciantes. Ahora bien, en gracia de discusión, bien puede resultar posible que se trate de un contradictor político del procesado, correligionario del señor Ladino Vigoya; no obstante no existe prueba de parcialidad alguna con respecto al ejercicio funcionario del personero.
Entonces, despejada esa primera inquietud tanto de la defensa como del procesado, al darse por sentado, como la evidencia lo demuestra, que ninguna actividad injusta o malintencionada llevó al personero municipal a recibir las denuncias que sirvieron de sustento a este proceso penal, la Corte se encuentra ante una puntual información:
La noche anterior a los comicios de octubre de 2007, a un grupo(38) de ciudadanos pertenecientes a distintas comunidades indígenas del departamento del Vaupés, se les ofreció y pagó un dinero para que votaran por el candidato a la Gobernación José Leonidas Soto.
Se pregunta la Sala: ¿qué llevó a estos electores a denunciar tal hecho?, la respuesta: consideraron que era un hecho irregular, y ciertamente lo es, como que tal comportamiento pone en grave riesgo el modelo de Estado, a más que compromete y afecta seriamente el proceso electoral.
En aras de alcanzar el propósito delictuoso, se escogió a un grupo de residentes de precarias condiciones económicas, marginados, con muchas necesidades por satisfacer, de quienes se demanda —además— un gran esfuerzo al acudir desde su sitio de residencia hasta el perímetro urbano de Mitú(39).
6) Una inquietud adicional del estrado defensivo: ¿por qué razón los indígenas decidieron acudir ante la personería municipal y no ante otra de las distintas autoridades comprometidas con los comicios electorales? Este interrogante, contrario al pensamiento de la defensa, se muestra a juicio de la Sala verdaderamente irrelevante, como que una de las muchas razones podría ser que se trata de un organismo del orden municipal, de más fácil acceso para la comunidad, pues como se conoció a través del trámite las comunidades indígenas de la zona no se muestran muy receptivas ante las distintas jurisdicciones toda vez que por razón de sus costumbres, tienen las suyas.
7) Pero además, ¿Qué informa este grupo de pobladores, cuál es realmente el poder incriminatorio de su dicho?
“bueno, lo que nos paso (sic) a nosotros fue que vinimos de la trayectoria de ocho horas de la comunidad a mitú (sic), antes de las elecciones en la noche, nos llevan a la casa del señor Amaya, a pasarnos una plata para que nosotros votáramos por el señor José Leonidas Soto. Preguntado. Quién les pasó la plata? Contesto. Fabio Arango. Preguntado: Cuanto (sic) les dieron? Contesto: De a $ 20.000…(40)”.
Esta imputación proviene de la versión rendida por Pablo Barbosa Hernández, la que es coadyuvada en forma directa por María La Luz Betancurt:
“…El señor Fabio Arango Torres me ofreció a mí y a unos compañeros plata para que votara por el señor José Leonidas Soto (…) Él me dio veinte mil pesos y me dijo que consiguiera más gente…(41)”.
Como bien se puede apreciar el cargo es tajante, sin adornos, ni ambages; incriminación que a su turno condensa el dicho, entre otros, de Mariano Díaz Díaz:
“…Pescadito(42) estaba repartiendo de a 20 mil pesos, a favor de Soto, no era mayor cosa…”.
A la pregunta respecto a si había recibido dinero, informó:
“…si, yo recibí 20 mil pesos, a favor de pescadito, pero no voté por Soto, la mayoría votamos por Meléndez…”.
Cuando se le interroga por el sitio, el día y la hora así lo referenció:
“…como a las 7 y media de la noche del sábado 27 de octubre, al pie de la Registraduría…”.
En idéntico sentido, Manuel Rodríguez Anzola(43):
“…Vea doctor, lo que pasa es que José Leonidas Soto a todos los votantes de la comunidad de Virabazú nos dio una platica, a cada uno nos dio $ 20.000…”
Frente al interrogante de la persona que entregó el dinero, respondió:
“…Fabio Arango, él fue el que nos entregó la plata…”.
Entonces, como bien tuvo la Sala la oportunidad de señalarlo en las anteriores decisiones de fondo proferidas dentro de la presente actuación, las iniciales denuncias no despiertan ningún motivo que permita dudar de su credibilidad, contrario sensu, son contestes, provienen de personas de las que no se asoma ninguna circunstancia que ponga en tela de juicio su veracidad, su dicho se aprecia sincero, categórico, al relatar su conocimiento directo de los hechos.
La primigenia incriminación fue objeto de la retractación de algunos de sus signantes, entre ellos, el señor Pablo Barbosa, por lo que se impone escrutar, valorar, sus distintas intervenciones, en aras de desentrañar el verdadero alcance de su dicho, como que ella sola per se no determina la pérdida de credibilidad. Con ese propósito, es que se advierte que este testimonio, como él mismo lo refirió a través del escrito remitido a la corporación, fue intimidado, circunstancia que explica y, sustenta el cambio de postura.
Idéntica información, relacionada con las presiones a determinados testigos y, más específicamente a Pablo Barbosa, fue conocida por la Sala a través del testimonio de Enrique Neira, declarante, que si bien no plasmó una incriminación directa, ni sobre la ocurrencia de los hechos, ni mucho menos sobre sus autores, a través de su dicho, el que se considera desprovisto de toda intención de perjudicar al procesado(44), se conoció:
“Si conozco de cierta forma, de que es verdad porque yo vi cuando encerraron en la casa de Alcira al señor Pablo Barbosa, no sé si con el fin de impedir las declaraciones allí mencionadas, tanto así que al señor me lo encontré al otro día en un (sic) “guayabo”, le pregunté qué había pasado y me dijo que lo habían tenido bebiendo y comiendo “quiñapira”, que posteriormente había llegado el Dr. Fabio Arango y después el gobernador José Leonidas Soto Muñoz(45)”.
Y es que no es posible desconocer las interferencias, de uno u otro bando en los distintos testigos, que la Sala extracta con apoyo en lo informado por Milciades Jaramillo en su última presentación en el proceso, al advertir la presencia de personas contradictoras del procesado cuando concurrió a rendir su segunda versión en el presente trámite. Sin embargo, el final del episodio, se ofrece semejante al señalado en el acápite precedente: fue llevado a la casa del señor Gobernador José Leonidas Soto donde se habló con el doctor Fabio Arango.
Para la Sala no resulta desconocido que un proceso de naturaleza penal, adelantado contra un personaje público y de gran representatividad en una comunidad pequeña, a más que provista de significación política, conlleva a que los partidarios de los dos grupos políticos pretendan imponer su propia postura al proceso.
La versión vertida por el señor Pablo Barbosa en su denuncia primitiva es contundente, incriminatoria frente al hecho cierto, conocido y plenamente demostrado en el paginario: Fabio Arango Torres, canceló sendas sumas de dinero en cuantía de $ 20.000 a algunos miembros de las distintas comunidades indígenas del Mitú, con un propósito particular: favorecer con su voto al entonces candidato a la Gobernación, José Leonidas Soto.
En lo que tiene que ver con la señora María la Luz Betancur Inambu, testimonio que le mereció amplia referencia a la defensa, conviene precisar:
(i) Los generales de ley eran conocidos pues fueron señalados cuando compareció ante la autoridad judicial, luego no se explica la Sala por qué echa de menos su ausencia(46).
(ii) En cuanto hace al documento incorporado en el juicio sobre su sitio de residencia, es de anotar que tal aporte no se muestra novedoso, toda vez que en la declaración recibida el 24 de abril de 2008, se dejó constancia que próximamente fijaría su residencia en Villavicencio.
iii) Este testimonio le ha merecido a la Sala total credibilidad por cuanto narra con naturalidad la ciencia de su dicho sin que se anuncien inconsistencias en las oportunidades en que concurrió ante la autoridad.
Para la Sala, se muestran de obligada credibilidad los iniciales testimonios acerca de la existencia de la conducta punible y de la responsabilidad de Fabio Arango Torres en su ejecución, toda vez que suministraron la comentada novedad a la autoridad en una forma simple, desprovista de cualquier tipo de argucia, como que se trata de personas sencillas, de muy bajo nivel económico y cultural, cuya única intención fue poner en conocimiento una situación que consideraron irregular.
Y es que ese ideal, ese deber ser que se traduce en un proceso electoral transparente, limpio, sin ningún tipo de interferencias, fue mutado en las elecciones para la gobernación del departamento en Mitú para el año 2008, pues se compró la libre determinación de los ciudadanos, se desnaturalizó la libertad del sufragio, se socavó la autonomía personal del elector con propuestas corruptoras.
Ahora bien, en aras a disipar otra de las dudas planteadas por la defensa en sus alegatos, relacionada con la hora de la toma de los videos aportados con las denuncias, el número de personas que fueron tentadas con la oferta, ha de indicar la Sala que una y otra circunstancia resulta irrelevante frente a la contundencia del material probatorio recaudado, pues estas, en sí mismas consideradas no desdibujan ni la conducta ni mucho menos la responsabilidad del acusado en su ejecución.
Prueba testimonial aportada en el juicio.
1. Como bien lo anotó el señor procurador delegado en el debate oral, conclusión de la que participa la Sala, la prueba incorporada válidamente al juicio, la que en su mayoría se reflejó en los testimonios de los distintos funcionarios públicos que tuvieron su calidad de vigías dentro del proceso electoral celebrado en octubre de 2007 en Mitú, no alteró la primigenia incriminación, la que, como ya se anotó yacía inmutable desde los mismos albores del proceso investigativo.
2. Esta conclusión, igualmente cobija la declaración vertida en audiencia pública por el señor Carlos Iván Meléndez, de quien se desestima su calidad de funcionario público, toda vez que era precisamente el contradictor político del acusado en la contienda de 2007. Este testigo bien poco o nada muda o robustece la incriminación, pues si bien alude al proceso corruptor que advirtió en su ciudad, no fue espectador directo de tal ocurrencia, a pesar de reconocer que conoció de primera mano, por parte de uno de sus seguidores, de las quejas presentadas por pago de dádivas que ofrecía su contradictor.
Al interior de su versión informa sobre algunas presuntas conductas punibles que han de ser investigadas en forma independiente, por lo que la Sala en su oportunidad adoptará decisión al respecto.
3. También resulta importante en este acápite valorar el testimonio de la señora Marina Giraldo Urrea(47), persona que se presenta como la representante del partido Cambio Radical(48) en Vaupés desde el año pasado y, quien refiere que desde hace diez años aproximadamente trabaja con el procesado. Indica que el día de los comicios llegaron hasta su almacén funcionarios de la procuraduría, quienes le advierten sobre quejas en su contra por presunta compra de votos, lo que la lleva a abandonar su negocio.
Esta circunstancia, aún cuando en apariencia insignificante, cumple un cometido: el desarrollo de los comicios no se advertía tan pacífico, se presentaban informes sobre corrupción, apuntalamiento que resquebraja aún más la tesis de la defensa, en cuanto a que el juicio de reproche en contra del acusado se construyó con base a una mera invención a cargo del personero municipal y su grupo político.
4. Idéntico propósito lo satisface la declaración rendida por el señor Mauricio Becaria, funcionario de la Procuraduría General de la Nación en Mitú para la época, quien informa cómo el día de las elecciones recibió quejas por parte de algunos ciudadanos respecto a actos de corrupción en las elecciones, lo que lo llevó, en compañía del Fiscal y del personero municipal a trasladarse al sector señalado, pese a que al llegar al sitio no observaran ninguna irregularidad.
El referente es importante en la medida en que desvirtúa la prédica constante de la defensa cuando advierte que por virtud de la presencia policiva los comicios se desarrollaban en total normalidad, ello no es así, pues como se ha hecho notar por distintos medios probatorios se advertían situaciones irregulares que ponían en tela de juicio el normal desarrollo de los comicios.
5) Ahora bien, de cara a la declaración a cargo de Milciades Jaramillo, uno de los iniciales denunciantes, conviene destacar:
i) Este desde un principio, desde su primera aparición al plenario(49) siempre ha aceptado que recibió una suma de dinero la noche anterior a los comicios, aún cuando destaca que fue una simple colaboración sin ningún interés: “…Yo le dije si, por persona recibimos 40.000 pesitos…”.
ii) Nunca ha incriminado a Fabio Arango Torres, de ser la persona que le ofreció y le pagó dinero por depositar su voto en las elecciones de 2007, “…recibimos esa plata de Soto…”.
Este testimonio, le facilita aún más a la Sala la tarea de llegar a la certeza requerida respecto a que en el desarrollo de los comicios de octubre de 2007 en Mitú se presentaron actos de corrupción que pusieron en grave riesgo la libertad de los electores; aun cuando se advierte que este testigo no comprometió en su atestación la responsabilidad del procesado, la que se obtuvo por medios distintos.
Ahora bien, la presencia de fuerza pública el día de los comicios, no es materia de discusión; además las distintas autoridades, a través de los funcionarios que comparecieron al proceso, esto es, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría Pública, Policía Nacional, a través de la Policía Judicial, desestimaron que en el desarrollo de los mismos se hubieran presentado situaciones irregulares, relacionadas tanto con alteraciones del orden público como corrupción, no lo discute la Sala.
Sin embargo, conviene precisar que, conforme al dicho de los testigos presenciales que soportan la acusación, los hechos sucedieron la noche del sábado anterior a las elecciones, entonces lo que aconteció el día del proceso electoral no resulta significativo en relación con las conductas objeto de enjuiciamiento.
Finalmente dígase, que las versiones rendidas por el procesado en sus distintas intervenciones dirigidas a demostrar su inocencia no cuentan con apoyo probatorio, no derrumban el juicio de reproche existente en su contra, aun cuando surten un efecto distinto: fortalecen la prueba testimonial con que se edificó el reproche penal.
Tanto el acusado como su defensor técnico pretendieron —sin conseguirlo— imponer la hipótesis consistente en un montaje político a cargo de sus contradictores, tesis que se quedó en la simple enunciación. Muy por el contrario, la totalidad de la prueba permite la construcción de sólidos elementos de juicio que desvirtúan íntegramente la estrategia defensiva planteada en la audiencia pública.
Ello sin perjuicio de aceptar que:
i) Se presentaban ondas discrepancias con su más cercano contradictor político, esto es, el señor Carlos Meléndez.
ii) Se estableció a través de distintas fuentes que una columna de las FARC conminó a algunos miembros de las comunidades indígenas a que no apoyaran el candidato del partido Cambio Radical, esto es, el del procesado Fabio Arango Torres.
iii) Es una persona pública, apreciada por algunos de sus partidarios.
iv) Había abundante presencia de la fuerza pública en los comicios de octubre de 2007 en Mitú.
No obstante aceptarse la concurrencia de las circunstancias acabadas de reseñar, esas en modo alguno debilitan el juicio de reproche que válidamente se edifica en su contra sobre el poder incriminatorio de la prueba testimonial ya comentada.
Los testimonios directos a los que se ha hecho mención en esta decisión permiten a la Corte establecer que Fabio Arango Torres fue la persona que la noche del sábado 27 de octubre de 2008 en la ciudad de Mitú, entregó a distintas personas pertenecientes a las comunidades indígenas que se habían desplazado hacia el casco urbano la suma de $ 20.000 con el fin de apoyar al candidato de su vertiente política para la gobernación del departamento.
Y es que, insiste la Sala, la prueba de cargo que reposa desde los albores del proceso investigativo, merced a las declaraciones rendidas por los iniciales denunciantes, se fue consolidando a través del proceso, sin que le resultara posible al procesado y a su defensa desvirtuar tan puntuales señalamientos.
En esa dirección, la Sala acoge, con los argumentos expuestos en esta decisión, la solicitud del Ministerio Público y desestima los del estrado defensivo.
Finalmente dígase, como palmariamente se señaló en el pliego acusatorio, que la intención del legislador al elevar a delito la conducta punible que ocupa la atención de la Sala, a términos del bien jurídico protegido, es resguardar los mecanismos de participación democrática; preservar los principios de libertad, trasparencia, participación ciudadana, en un clima de total autonomía e independencia por parte del elector, donde aquellos puedan escoger libremente a quienes han de representarlos en los distintos estamentos de elección popular.
Se persigue con la punición de este comportamiento castigar aquellos actos que atenten contra el libre albedrío que debe prevalecer y orientar en todo momento al elector frente a los comicios y de cara al candidato de su preferencia ora al voto en blanco, si esa finalmente es su determinación.
Ahora bien, el plano de la culpabilidad que se le enrostra al acusado, lo es en la modalidad dolosa, como bien se destacó en la acusación, entendiéndose el dolo como la conciencia y voluntad en ejecutar las conductas corruptoras proscritas legalmente. El señor Representante a la Cámara, Fabio Arango Torres, persona imputable, dirigió su voluntad al pago de unas sumas de dinero a algunos sufragantes en las pasadas elecciones del año 2007 en la ciudad de Mitú a fin de que favorecieran al candidato a la Gobernación, José Leonidas Soto, a más del conocimiento de la vulneración por razón a su experiencia y trasegar en el mundo político y electoral.
Las precedentes consideraciones llevan a la Sala a concluir que se encuentran acreditadas suficientemente, en grado de certeza, tanto la materialidad de la conducta por la que fue convocado a juicio Fabio Arango Torres, como su responsabilidad en calidad de autor del delito de corrupción de sufragante, agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, lo cual impone proferir sentencia condenatoria.
Proceso de individualización de las penas a imponer.
A la Sala se impone destacar, y esta constituye una oportunidad valiosa para significar cómo el proceso de la determinación de la sanción constituye la más palmaria demostración del ius puniendi del Estado, como que es a través suyo que se castiga al infractor de la ley penal con la imposición de una determinada pena. En ese proceso, insiste la Sala, el órgano represor satisface tanto los principios de las sanciones penales como de las funciones de la pena, siendo de la esencia de los primeros la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tanto que en los segundos se ubica la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.
El quantum o guarismo que finalmente se determine y, no obstante la tecnicidad que el Código Penal de 2000 ha impuesto y debe ser cabalmente observada, so pena de vulnerar el principio de legalidad de la pena, ha de ser justo, desprovisto de cualquier tipo de arbitrariedad judicial.
Con ese propósito, el marco riguroso a seguir es el señalado en la resolución de acusación.
Se procede entonces por la conducta punible de corrupción de sufragante, artículo 390 de la Ley 599 de 2000, cuya pena es de tres (3) a cinco (5) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incrementada de la tercera parte a la mitad, conforme al artículo 14 de la Ley 890 de 2004, lo que nos arroja unos límites de pena a imponer que oscilan entre los cuarenta y ocho (48) meses y noventa (90) meses de prisión y multa de ciento treinta y tres punto tres (133.3) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Estos límites han de ser modificados por virtud de la agravante señalada en el inciso final de la norma en cita, esto es de la tercera parte a la mitad, por su condición de servidor público, lo que impone unos límites definitivos de pena a imponer que van de los sesenta y cuatro (64) meses a ciento treinta y cinco (135) meses de prisión y multa de ciento setenta y siete punto siete (177.7) a mil ciento veinticinco (1125) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Corrupción de sufragante, agravado
Artículo 390 del Código Penal
64 meses a 135 meses
Ámbito de movilidad
17.75 meses
64 meses a 81.75 meses
81.75 meses, 1 día a 99.5 meses
99.5 meses 1 día a 117.25 meses
117.25 meses 1 día a 135 meses
En la acusación no se incluyó causal de mayor punibilidad en tanto que si se reconoció la acreditada carencia de antecedentes penales como circunstancia de menor punibilidad (L. 599/2000, art. 55, num. 1º), siendo por ello que la Sala, en aplicación de la regla contenida en el artículo 61, inciso 1º del Código Penal, se moverá dentro del primer cuarto, esto es, entre 64 meses y ochenta y uno punto setenta y cinco (81.75) meses de prisión.
En tales condiciones, y dadas las circunstancias que rodearon el hecho, la gravedad que el mismo envuelve, pues fue realizado por una persona que ostenta una alta dignidad en el país, quien en su momento fue elegido por voto popular como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Vaupés, cuyo comportamiento reprochable lesiona una actividad de la mayor importancia para el país como es el ejercicio libre de la democracia, se ha de fijar una pena de sesenta y seis (66) meses de prisión, como autor responsable del delito de corrupción de sufragante, agravado.
Ahora bien, como quiera que la multa forma parte de la pena principal, se entra a establecer su ámbito punitivo de movilidad, el que oscila entre 177.7 y 1.125 salarios mínimos legales mensuales vigentes:
177.7 smlmv a
1125 smlmv
947.82 smlv
236.82 smlv
177.7 smlv a 414.52 smlv
414.53 smlv a 651.34 smlv
651.35 smlv a 888.16 smlv
888.17 smlv a 1125 smlv
Delimitados los cuartos y, atendiendo las mismas razones que obligaron a fijar la pena dentro del primer cuarto (por concurrir tan solo circunstancias de menor punibilidad), la Sala, con apego a idénticas razones, impondrá una pena de multa en una suma de ciento ochenta (180) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Del concurso homogéneo y sucesivos de conductas punibles.
De conformidad con el artículo 31 del Código Penal, cuando se trate del concurso de conductas punibles se aplicará la sanción más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que sea superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas penas individualmente dosificadas.
En este evento se está en presencia del concurso homogéneo y sucesivo de la conducta de corrupción de sufragante y la pena a imponer por una de estas conductas se tasó en sesenta y seis (66) meses de prisión, la que conforme a la regla antes citada podría aumentarse hasta en otro tanto, es decir hasta ciento treinta y dos (132) meses de prisión, puesto que solo de aumentar un día se estaría contraviniendo la norma penal; no obstante y dentro del marco de la discrecionalidad otorgado por las reglas del concurso, la Sala impondrá una sanción de setenta y dos (72) meses de prisión por la comisión conjunta de las conductas punibles, en procura de hacer más razonable y proporcional la punibilidad, sin dejar de sancionar los delitos que concursan al haberse acreditado la comisión del delito en varias oportunidades.
En relación con la pena de multa, la Corte aplicará de manera análoga el incremento previsto en el artículo 31 del Código Penal de 2000 en la misma proporción que lo hizo para la pena de prisión y la determinará finalmente en 196 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Tesoro Nacional, en la cuenta especial del Consejo Superior de la Judicatura, la que deberá cancelar a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de este fallo.
Como pena accesoria se le impondrá la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad.
Siendo por ello que se habrá de oficiar a la mesa directiva de la honorable Cámara de Representantes para que en el ámbito de su competencia adopte las decisiones correspondientes por virtud de la decisión adoptada a través del presente fallo.
La Corte se abstendrá de decretar la indemnización de perjuicios, al no haberse establecido dentro del proceso su existencia y dimensión económica (CPP, art. 56).
De los mecanismos sustitutivos de la pena
El monto de la pena impuesta excluye la posibilidad de conceder al acusado la suspensión condicional de la pena, porque este mecanismo se aplica para los casos en que la sanción impuesta no exceda de tres años de prisión.
Tampoco se ofrece viable el otorgamiento de la prisión domiciliaria al no satisfacerse el factor objetivo requerido toda vez que la pena mínima prevista en la ley sobrepasa los cinco años de prisión.
Para ante la (sic) Fiscalía General de la Nación, se habrá de remitir copia de la declaración obrante en medio magnético rendida por el señor Carlos Iván Meléndez en audiencia pública.
PRIMERO. DECLARAR penalmente responsable al ciudadano Fabio Arango Torres, identificado con la cedula de ciudadanía número 17.324.895 de Villavicencio, nació el 5 de abril de 1963, de 46 años de edad, hijo de Fabio (fallecido) y Ana Lucila, estado civil casado con Liliana María Roldán Pino, padre de tres hijos, grado de instrucción bachillerato, estudiante de derecho, actual Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Vaupés, residente en la Carrera 24 Nº 56-35, apartamento 907, torre 2 de Bogotá, como autor de la conducta punible de corrupción de sufragante, agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.
SEGUNDO: IMPONER a Fabio Arango Torres, de anotaciones civiles y personales arriba señaladas, la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión y multa por valor de ciento noventa y seis (196) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional, en la cuenta especial del Consejo Superior de la Judicatura, la que deberá cancelar a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de este fallo.
Por el mismo término se le condenará, a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.
TERCERO. No se condena a pago alguno por concepto de perjuicios, por las razones previamente anotadas.
CUARTO. Declarar que el condenado no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria.
QUINTO. LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472, numeral 3º de Ley 600 de 2000.
SEXTO: COMUNICAR esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efectos del recaudo de la multa impuesta.
SÉPTIMO: Con destino a la Fiscalía General de la Nación expídanse las piezas procesales a que se hizo alusión en la parte motiva.
OCTAVO: Oficiar a la mesa directiva de la honorable Cámara de Representantes, para que en el ámbito de su competencia adopte las decisiones correspondientes por virtud de la decisión adoptada a través del presente fallo.
NOVENO: Una vez suscrita esta decisión, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo, dejándosele a su disposición el detenido.
(35) Cuaderno 1, página 101.
(36) Record 36:07, medio magnético que corresponde al CD declaraciones en Mitú.
(37) Record 36:14, id.
(38) Es cierto, y tan solo en ello le asiste razón a la defensa en cuanto a que no fue posible establecer el número de ciudadanos a quienes les llegó el poder corruptor que se investiga.
(39) En este aspecto, la Sala destaca como situación bastante significativa y de hecho valiosa, la información aportada por Milciades Jaramillo en su última intervención, abril de 2010, en la que narra que reside en una comunidad denominada San Luis de Paca, la que se encuentra vía aérea a 12 minutos de Mitú y fluvial, dos días, lo que de suyo resalta el gran esfuerzo que soportan estas comunidades para llegar al casco urbano.
(40) Cfr. folio 5, cuaderno 1.
(41) Cuaderno 1, folio 6.
(42) Mote con el que se conoce al acusado, como el mismo lo aceptó en su interrogatorio.
(43) Cuaderno 1, folio 10.
(44) Con esta postura, la Sala se aparta del calificativo tanto del procesado como de la defensa a este ciudadano, al que se le descalifica en sus posturas.
(45) Cuaderno 4, folio 9.
(46) “C.C. Nº 69.805.018 de Bocas de Arara, natural de Bocas de Arara, donde nací el 4 de noviembre de 1977, tengo 30 años de edad, estado civil unión libre, actualmente me dedico a la agricultura, resido en la ciudad de Mitú”.
(47) Rindió su versión el día 26 de abril de 2010.
(48) Movimiento político al que se adscribe el procesado.
(49) Cfr. folio 7, cuaderno 1.