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Timestamp: 2019-11-21 14:02:53
Document Index: 322867643

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 39', 'artículo 149', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5']

Publicado en DOE núm. 149 de 24 de Diciembre de 2002
Artículo 1 Del ámbito objetivo de aplicación
Artículo 2 Del ámbito subjetivo de aplicación
Artículo 3 Del acceso a puestos de trabajo de personal funcionario
Artículo 4 Del acceso a puestos de trabajo de personal laboral
Artículo 5 De los puestos de trabajo reservados a nacionales españoles
Artículo 6 De los requisitos de participación en las pruebas de acceso
Artículo 7 Del conocimiento del español
Artículo 8 De la pérdida de la condición de funcionario
Disposición adicional primera Plazo de determinación de los puestos de trabajo
Disposición adicional segunda Personal al servicio de las Corporaciones Locales y Universidad
Disposición transitoria única Procesos selectivos en curso
DOE 4 Febrero 2003. Corrección de errores D 170/2002 de 17 Dic. CA Extremadura (regula el acceso al empleo público de la administración de la CA Extremadura de ciudadanos nacionales de otros Estados a los que sea aplicable el derecho a la libre circulación de trabajadores y de ciudadanos extranjeros residentes en España)
D [EXTREMADURA] 170/2002, 17 diciembre, rectificado por correccción de errores («D.O.E.» 4 febrero 2003).
Con el objeto de delimitar el contenido del derecho a la libre circulación de trabajadores en el ámbito de la Administración Pública, que se establece en el artículo 39 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, así como introducir las precisiones que derivan de la interpretación que del mismo ha realizado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, fue dictada con carácter de norma básica del régimen estatutario de funcionarios públicos al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, por la que se regula el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea.
El artículo 37 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social modificó la Ley 17/1993, en el sentido de ampliar su ámbito subjetivo de aplicación, reconociendo el derecho de acceso a la función pública no sólo a los nacionales de otros Estados miembros, sino también, con independencia de la nacionalidad que posean, a sus cónyuges y a los de los españoles, siempre que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad siempre que vivan a sus expensas. Asimismo se extiende a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea, ratificados por España, que reconozcan la libre circulación de trabajadores.
La Ley 17/1993 determina, en el ámbito subjetivo descrito, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la función pública española, salvo en aquellos empleos que supongan una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses generales del Estado o de las Administraciones Públicas.
En los apartados 1 y 3 del artículo 1 del texto legal indicado se remite a desarrollo reglamentario del Gobierno y de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas la determinación de los Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o puestos a los que podrán acceder los sujetos beneficiarios de la libre circulación de trabajadores, excluyendo aquéllos cuyas funciones estén incluidas en las excepciones que deriven de la normativa estatal, y básicamente de la interpretación jurisprudencial efectuada por los órganos jurisdiccionales competentes.
Para dar cumplimiento al mandato legislativo se hace necesario articular dos tipos de medidas dirigidas a predeterminar en qué casos los nacionales de otros Estados pueden ocupar puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La primera de ellas consiste en relacionar las Especialidades de los diversos Cuerpos y Escalas que forman la función pública extremeña que quedan excluidas del acceso para ciudadanos no españoles, por tratarse de colectivos en los que la participación en el poder público implica su reserva a nacionales del Estado Español. La segunda requiere especificar, de forma individualizada, qué puestos de trabajo cuyo desempeño implique participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público quedarán reservados a ciudadanos de nacionalidad española, lo que se llevará a cabo a través de la modificación de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo u otros instrumentos de ordenación del personal.
Asimismo, en el texto se hace referencia al acceso de ciudadanos extranjeros, incluidos los no comunitarios, a puestos de trabajo de naturaleza laboral, pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de actualizar el ordenamiento jurídico regional, recogiendo el contenido del artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. Mediante la modificación operada se reconoce el derecho de los extranjeros residentes legalmente en España a acceder, en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Presidencia, previa negociación en la Mesa General de Empleados Públicos, y tras deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de diciembre de 2002,
a) El acceso y el desempeño u ocupación de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura por parte de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea, así como de aquellas personas que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación de la libre circulación de trabajadores.
b) El acceso a puestos de trabajo de naturaleza laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de los ciudadanos extranjeros que residan legalmente en territorio español.
2. Queda excluido del ámbito a que se refiere el párrafo anterior, el acceso a los puestos de trabajo de las siguientes Instituciones:
b) La Junta de Extremadura, el Consejo Consultivo de Extremadura y el órgano de fiscalización y control previsto en el Estatuto de Autonomía.
1. El presente Decreto se aplicará a los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea, así como a los familiares de éstos o de españoles, con independencia de su nacionalidad, incluidos en los siguientes supuestos:
a) Al cónyuge, en los casos en que no exista separación de derecho.
b) A los descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no exista separación de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
2. Asimismo se incluyen los nacionales de otros Estados en los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
3. Por lo que se refiere al acceso a puestos de trabajo de naturaleza laboral, quedan incluidos los extranjeros residentes legalmente en España, con independencia de la nacionalidad que ostenten.
1.- El acceso a puestos vacantes de personal funcionario de las personas incluidas en los apartados 1 y 2 del artículo anterior se efectuará mediante la participación y superación de las pruebas selectivas correspondientes a los Cuerpos, Escalas y Especialidades que se convoquen, en igualdad de condiciones que los españoles, salvo en aquellos que expresamente resulten excluidos por implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de las Administraciones públicas.
2. Será necesario estar en posesión de la nacionalidad española para acceder a los Cuerpos y Especialidades que, a continuación se relacionan:
a) Cuerpo de Titulados Superiores, Especialidades Letrado, Inspección del Transporte, Inspección Sanitaria Médica e Inspección Sanitaria Farmacéutica.
b) Cuerpo Técnico, Especialidades Inspección del Transporte y Enfermería Subinspección.
c) Cuerpo Administrativo, Especialidades Inspección de Consumo e Inspección del Transporte.
d) Cuerpo Auxiliar, Especialidades Agente Forestal e Inspección del Transporte.
Los ciudadanos de nacionalidad extranjera residentes legalmente en territorio español podrán acceder en condiciones de igualdad con los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea a las convocatorias de puestos de trabajo de naturaleza laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
1. Quedan reservados a empleados públicos con nacionalidad española los puestos de personal funcionario o laboral que expresamente se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo y que serán identificados con la clave SN (Sólo Nacionales españoles). En todo caso quedarán excluidos los puestos de trabajo cuyo desempeño lleve aparejada la realización de alguna de las siguientes funciones:
b) Instrucción y resolución de expedientes sancionadores.
c) Participación en la potestad expropiatoria.
d) Administración financiera y tributaria.
e) Tesorería, auditoría y fiscalización económico-contable, y en general, cualquier otra relacionada con la gestión y custodia de caudales públicos.
f) Tutela de organismos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
g) Secretaría de órganos colegiados y aquellos que impliquen el otorgamiento de fe pública registral.
h) Los que desarrollen actividades de elaboración de actos jurídicos, de ejecución de los mismos y de control de dicha ejecución.
i) Cualquier otra de similar naturaleza, no relacionada en los apartados anteriores.
2. Igualmente quedan excluidos aquellos puestos de trabajo cuyo desempeño lleve aparejado el reconocimiento de la condición de autoridad pública.
1.- Además de los requisitos exigidos con carácter general para todos los aspirantes, los nacionales de otros Estados deberán aportar la documentación que acredite tanto su nacionalidad como el no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado de procedencia el acceso a la función pública, en la forma que se indique en las respectivas convocatorias. La nacionalidad debe poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
2.- En los casos previstos en el apartado 1 del artículo 2º, será necesario aportar documentación acreditativa del vínculo de parentesco así como de la circunstancia de vivir a expensas del titular del derecho a la libre circulación de trabajadores y, en su caso, el no estar separado de derecho.
3.- Para el supuesto contemplado en el artículo 4 del presente Decreto, los ciudadanos extranjeros deberán acreditar, además, que en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias están en posesión del permiso de residencia, temporal o permanente, regulado en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los Extranjeros en España, en la redacción dada por Ley 8/2000, de 22 de diciembre.
4.- Además, todos aquellos aspirantes con nacionalidad distinta a la española que concurran a los procesos selectivos para el acceso al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura habrán de estar o encontrarse en posesión o en condiciones de obtener la credencial que acredite la homologación de las titulaciones requerida en cada convocatoria que, en su caso, hayan obtenido en el extranjero o, de proceder, de la credencial de reconocimiento para el ejercicio de la correspondiente profesión.
1. Las convocatorias de procesos selectivos determinarán la forma de acreditar un conocimiento idóneo del español, pudiendo prever, en aquellos casos en que se estime necesario la realización de pruebas específicas que permitan evaluar el nivel de los aspirantes, salvo que las pruebas selectivas impliquen por sí mismas la demostración de dicho conocimiento.
2. El conocimiento idóneo del español podrá ser acreditado mediante la aportación de Diplomas Básico o Superior de Español como Lengua Extranjera, obtenidos de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, modificado y completado por Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, así como cualquier otro válido de acuerdo con la legislación estatal vigente. Los aspirantes que se encuentren en el supuesto indicado estarán exentos de la realización de la prueba específica a que se refiere el apartado precedente.
1. La pérdida de la nacionalidad o la extinción del vínculo de parentesco en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 2, dará lugar a la pérdida de la condición de funcionario, a no ser que el interesado cumpla cualquier otro de los requisitos previstos en el mencionado artículo.
2. Asimismo, la pérdida de la residencia legal en España conllevará la pérdida de la condición de personal laboral.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto, serán modificadas las Relaciones de Puestos de Trabajo u otros instrumentos de ordenación del personal con el fin de determinar los puestos que quedan reservados a ciudadanos de nacionalidad española, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán también a los puestos de trabajo del personal de la Universidad, respetando la autonomía universitaria, y del personal al servicio de las Corporaciones Locales situadas en el territorio de Extremadura, en los términos que establece la legislación sobre función pública local, y se adaptarán, en lo que se refiere a órganos y procedimientos, a sus peculiaridades y su normativa específica.
El presente Decreto no le será de aplicación a los procesos selectivos que, a su entrada en vigor, se encuentren convocados y pendientes de finalización.
Se faculta a la Consejería de Presidencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de este Decreto.