Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-105-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_759920420079f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-26 05:11:02
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﻿ DECRETO 105 DE 2005
DECRETO 105 DE 20 DE ENERO DE 2005
CONTENIDO:SE PROMULGA EL "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS", ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 15 DE DICIEMBRE DE 1997.
DECRETO 105 DE 2005
“Por medio del cual se promulga el “Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas“, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
Que el Congreso Nacional, mediante Ley 804 del 1º de abril de 2003, publicada en el Diario Oficial 45.146 del 2 de abril de 2003, aprobó el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997);
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1055 del 11 de noviembre de 2003, declaró exequibles la Ley 804 del 1º de abril de 2003 y el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997);
Que el 14 de septiembre de 2004, Colombia depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de adhesión al Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997). En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 14 de octubre de 2004, de acuerdo a lo previsto en su artículo 22, y
Que al momento de depositar el instrumento de ratificación, el Gobierno Nacional formuló la siguiente reserva y notificación, respectivamente.
“De conformidad con el artículo 20 párrafo 2º del convenio, Colombia declara que no se considera vinculada por el párrafo 1º del mismo artículo”.
“De otra parte, de conformidad con el artículo 6º párrafo 3º del convenio, notifico que el Estado colombiano establece su jurisdicción, de conformidad con su legislación nacional, con arreglo al párrafo 2º del mismo artículo”,
ART. 1º—Promúlgase el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
«Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas
Recordando también la declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la Resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, “los Estados miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente y condenan en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados“,
Observando que en la declaración se alienta además a los Estados
“A que examinen con urgencia el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico global que abarque todos los aspectos de la cuestión”,
1. Por “instalación del Estado“ se entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional, cualquiera que sea su ubicación, utilizado u ocupado por representantes de un Estado, miembros del gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental a los efectos del desempeño de sus funciones oficiales.
2. Por “instalación de infraestructura“ se entiende toda instalación de propiedad pública o privada que se utilice para prestar o distribuir servicios al público, como los de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía, combustible o comunicaciones.
3. Por “artefacto explosivo u otro artefacto mortífero“ se entiende:
4. Por “Fuerzas Militares de un Estado“ se entienden las Fuerzas Armadas de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas Fuerzas Armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales.
5. Por “lugar de uso público“ se entienden las partes de todo edificio, terreno, vía pública, curso de agua u otro emplazamiento que sea accesible o esté abierto al público de manera permanente, periódica u ocasional, e incluye todo lugar comercial, empresarial, cultural, histórico, educativo, religioso, gubernamental, de entretenimiento, recreativo o análogo que sea accesible en tales condiciones o esté abierto al público.
6. Por “red de transporte público“ se entienden todas las instalaciones, vehículos e instrumentos de propiedad pública o privada que se utilicen en servicios públicos o para servicios públicos a los efectos del transporte de personas o mercancías.
2. También constituirá delito la tentativa de cometer cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1º.
Salvo lo dispuesto en los artículos 10 a 15, según corresponda, el presente convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un Estado, el presunto delincuente y las víctimas sean nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1º y 2º del artículo 6º.
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2º cuando estos sean cometidos:
3. Cada Estado parte, al ratificar, aceptar o aprobar el convenio o adherirse a él, notificará al secretario general de las Naciones Unidas que ha establecido su jurisdicción con arreglo al párrafo 2º y de conformidad con su legislación nacional y notificará inmediatamente al secretario general los cambios que se produzcan.
4. Cada Estado parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2º, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1º ó 2º.
3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 2º tendrá derecho a:
4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3º se ejercitarán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo 3º.
5. Lo dispuesto en los párrafos 3º y 4º se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado parte que, con arreglo al párrafo 1º c) o el párrafo 2º c) del artículo 6º, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
6. El Estado parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen a los Estados partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1º y 2º del artículo 6º y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados partes interesados, directamente o por intermedio del secretario general de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1º informará sin dilación de los resultados de esta a los Estados partes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
2. Cuando la legislación de un Estado parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo solo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y, ese Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1º.
4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados partes se considerará que los delitos enunciados en el artículo 2º se han cometido no solo en el lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de los Estados que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1º y 2º del artículo 6º.
2. Los Estados partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1º de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional.
A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2º se considerará delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.
Nada de lo dispuesto en el presente convenio se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca si el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2º o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.
Los Estados parte cooperarán en la prevención de los delitos previstos en el artículo 2º, en particular:
2. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente convenio o adherirse a él, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1º. Los demás Estados parte no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1º respecto de ningún Estado parte que haya formulado esa reserva.
3. El Estado que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2º podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al secretario general de las Naciones Unidas.