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Timestamp: 2018-01-23 13:20:23
Document Index: 200011490

Matched Legal Cases: ['artículo 133', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 123', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 41', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 130', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27']

Conferencia impartida por: Lic. Miguel García y García (Catedrático de la Escuela Libre de Derecho) Ver Conferencia (Parte 1) Ver Conferencia (Parte 2)
Los pueblos viven y se desarrollan a lo largo del tiempo. Cada uno tiene sus propias creencias, ideales, sueños, que constituyen sus mitos, su forma de danzar y bailar, de vestir, de comer, de expresarse.
Así, cada pueblo cuenta con un pasado común en el que ha enfrentado problemas y superado dificultades, forjando en ese reconocimiento una solidaridad que les da unidad y sentimiento de apego a lo suyo. Van formando vínculos que los asemejan, para así convertir al pueblo en una nación.
Origen y necesidad de la Constitución
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental que rige la vida política, jurídica, económica y social de nuestro Estado. En ella se plasma el anhelo del pueblo mexicano, el proyecto de Nación, las decisiones políticas más importantes que nos autodeterminan y los derechos fundamentales que goza la población que se encuentra en este territorio.
La Constitución es pues un conjunto de anhelos del pueblo, ideales políticos, con valor jurídico. Es la fuente que otorga unidad y congruencia a todo el sistema normativo del Estado.
Los factores reales del poder, como lo ha establecido el maestro Ferdinand Lasalle en su libro ¿Qué es una constitución?,1 condicionan el contenido de la Constitución, razón por el cual ésta debe elaborarse reconociendo la realidad existente. Como plantea Herman Heller, debe existir una relación dialéctica entre la normalidad (ser) y la normatividad (deber ser). La Constitución de 1917 es resultado del anhelo del pueblo mexicano que, a través de la Revolución, se consolidó como un factor real de poder imponderable.
Lo propio de toda sociedad organizada es su Constitución. Hegel afirmaba que una sociedad sin Constitución no se ha formado como Estado. La Constitución es la expresión legítima del pueblo, es la voluntad general que implica la racionalidad desplegada y realizada.
Los principios previstos en la Constitución obligan al Estado a conformar un orden social. En la Constitución de 1917 el contrato social se configuró como un acto de razón.2 En ese sentido, el maestro Felipe Tena Ramírez, en su libro Derecho Constitucional Mexicano, establece diversas definiciones de constitución que aportan diferentes visiones sobre lo que aporta una constitución.
De la naturaleza y función de la Constitución significa que solamente en ella se establecen las disposiciones relativas a las decisiones políticas fundamentales.
Los Constituyentes establecieron en la Constitución de 1917 los anhelos y sueños del pueblo mexicano, y aportaron, entre otros: la no reelección del presidente de la República, las garantías individuales (hoy derechos humanos); el régimen municipal; una mayor soberanía a las entidades federativas, y los derechos sociales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple con una serie de condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y jurídicas para que sus miembros puedan alcanzar el pleno desarrollo en todos los ámbitos.
En lo económico, la Constitución permite que los particulares participen en el mercado, pero regulando en todo momento la coordinación de los intereses de los participantes, a fin de evitar abusos; se fomenta la competencia y se evitan los monopolios, lo que redundará en mejores precios y mejor calidad de los productos en el mercado estatal.
En lo social, la Constitución coordina los intereses de los particulares, de manera que los derechos de unas personas no interfieran con los derechos de los demás, para así lograr una sana convivencia que evite conflictos. Es la llamada armonización de derechos.
En lo político, la Constitución evita privilegiar los intereses de una minoría o de una mayoría en detrimento del interés general. Las autoridades en el poder deben gobernar para los ciudadanos y no sólo para satisfacer sus intereses.
En lo cultural, la Constitución fomenta el desarrollo de cualquier expresión o manifestación de cultura y, en lo activo, aporta los recursos e infraestructura necesarios para el desarrollo artístico y científico.
En lo jurídico, la Constitución prevé una regulación que permita lograr la justicia, el bien común, el orden, la paz y la seguridad de sus habitantes. Las normas fundamentales buscan lograr el equilibrio en las relaciones sociales, de manera que se evite el abuso del derecho y se logre una convivencia ordenada y duradera.
La Constitución tiene la gran virtud de prever que los servidores públicos tienen el deber de cumplir con ella, y ésta dispone que el poder se debe ejercer “en beneficio del pueblo”; el bien público temporal es el fin que las autoridades están obligadas a perseguir.
Para los particulares, la obligación de obediencia a la Constitución es una consecuencia propia del principio de supremacía constitucional; es decir, la Constitución y las normas derivadas de ella deben ser obedecidas, atendiendo el carácter supremo de aquélla como Ley Fundamental (artículo 133 constitucional); como se desprende de los artículos 39 y 41 constitucionales, porque toda norma jurídica es elaborada por los representantes del pueblo, quienes deben actuar en su beneficio, y obedece a que la norma jurídica debe buscar el perfeccionamiento del ser humano, que es su destinatario último. En este último punto, el maestro Fernando Alejandro Vázquez Pando sostiene que la Constitución reconoce una concepción filosófica de la persona, al atribuirle una capacidad de asociarse para alcanzar sus fines (artículo 9 constitucional) y de desarrollarse con base en la educación (artículo 3, segundo párrafo, de la Ley Suprema).
La Constitución establece un verdadero Estado de Derecho que se caracteriza por los siguientes contenidos básicos:
1)	Derechos de los particulares frente a la autoridad (derechos humanos previstos, principalmente, en los artículos 1 a 29 de la Constitución).
2)	Derechos de la autoridad frente a las personas (por ejemplo, obligaciones de los nacionales y de los ciudadanos, enumeradas en los artículos 31 y 36 constitucionales, respectivamente).
3)	Derechos y obligaciones que derivan de las relaciones entre particulares (por ejemplo, artículo 123 constitucional).
La Constitución no se reduce a la forma, sino que es reguladora de la realidad. Como reguladora de la realidad, la Constitución debe reconocer ciertos derechos fundamentales del ser humano, que éste debe ejercitar en su actuar cotidiano. De la misma manera, debe establecer ciertas obligaciones que garanticen el funcionamiento de la vida en sociedad.
Los derechos sociales constituyen la principal aportación del texto original de la Constitución de 1917; fue el principal producto de los movimientos revolucionarios de 1917; destacó lo referente a la propiedad de la tierra; el aspecto laboral y educativo, una educación laica y gratuita. La libertad de expresión y libre asociación de los trabajadores.
La Constitución de 1917 no se limitó a establecer las bases de la organización política de los estados y a reconocer y proteger los derechos del hombre, en su aspecto individual, sino que agregó el valor de los derechos sociales y estableció las bases de nuestro sistema económico.
El origen del Derecho Social Universal se encuentra en nuestra Constitución de 1917, pues fue antecedente del Tratado de Paz de Versalles de 1919 y de diversas constituciones que previeron derechos sociales.
El 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política, que representan un paradigma en el Estado de Derecho Mexicano.
La primera de las reformas concierne al juicio de amparo, que amplió la procedencia de este respecto de cualquier norma general, al prever su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y prever, asimismo, de manera expresa, que es un medio para proteger garantías. Se introducen figuras como el amparo adhesivo; se especifica el tema de los intereses legítimos individual y colectivo; las violaciones de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad, y la creación de los Plenos de Circuito.
La segunda reforma prevé la progresividad de los derechos humanos, introduce en nuestro sistema jurídico el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en materia de derechos humanos, y establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Nuestra Constitución recoge la clasificación aristotélica que considera que la democracia es el gobierno del pueblo en beneficio de todos (por oposición a la demagogia, donde el gobierno se ejerce en beneficio de quienes detentan el poder). El artículo 39 prevé y dota de contenido a esta forma de Estado: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.3
Por su parte, el artículo 3º de la Ley Suprema precisa que la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, con lo que se confirma el principio de que debe gobernarse en beneficio de la totalidad de los miembros del Estado, porque debe existir un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
La Constitución prevé un sistema presidencialista, pues el presidente de la República es Jefe de Estado y de Gobierno (Arts. 80, 87 y 89, fracciones VIII y X de la Constitución); es electo por el pueblo (Art. 81 constitucional); nombra y remueve libremente a los miembros de su gabinete, a menos que se opte por el gobierno de coalición (Art. 89, fracción II de la Constitución).
Existen matices parlamentarios dentro de nuestro sistema constitucional, que se reflejan en las siguientes figuras: refrendo (Art. 92 constitucional); comparecencias e informes de los miembros del gabinete a las Cámaras (Art. 93 constitucional); designación por el Poder Legislativo del presidente interino (Arts. 84, tercer párrafo y 85, primer párrafo de la Constitución) o sustituto (Art. 84, quinto párrafo de la Constitución).
La Constitución de 1917 prevé la forma de gobierno representativa, esto por razón de orden práctico y debido a las dificultades que representa en la actualidad implementar la democracia directa; el gobierno se ejerce a través de los representantes del pueblo.
El artículo 41 de la Constitución establece que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión y por los poderes de los estados, en cuanto a sus regímenes interiores. Un avance en materia de participación ciudadana prevista en las figuras de consulta popular (artículo 35, fracción VIII), la iniciativa popular entraña la facultad del pueblo de iniciar leyes o decretos ante los órganos legislativos formalmente constituidos. En la actualidad, se encuentra prevista en los artículos 35, fracción VII y 71, fracción IV de la Constitución; las candidaturas independientes (artículo 35, fracción II, de la Constitución), y la iniciativa popular (artículos 35, fracción VII y 71, fracción IV, constitucionales).
La República, como forma de gobierno prevista en el artículo 40 constitucional, se caracteriza por que el jefe de Estado tiene una duración temporal en el cargo y es electo popularmente.
La Constitución prevé que el Estado es una Federación compuesta de Entidades Federativas que son autónomas en lo que respecta a sus regímenes interiores, pero que en ningún caso podrán contravenir las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado Mexicano es una Federación porque reúne un gobierno federal y diversos gobiernos locales, donde todos ellos se encuentran sujetos a las estipulaciones de la Constitución.
Dentro de la forma del Estado, el artículo 40 de la Constitución prevé que ésta sea “laica”. Esto deriva de la razón histórica de la separación entre Estado e Iglesia, que se encuentra previsto en el artículo 130 constitucional, que, en su primer párrafo, dispone lo siguiente: “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.
Uno de los desafíos de toda Constitución es la construcción de una cultura jurídica pluralista que permee en el comportamiento de todos los sujetos del Estado, autoridades y particulares. Esto se logró desde el inicio de la Constitución, al reconocerse los derechos sociales. La adopción del sistema federal, que implementado en un país de extensiones geográficas como México, permite que cada estado tenga la posibilidad de normar la identidad cultural, respetando sus características propias.
En la Colonia hubo segregación de los diferentes grupos étnico-raciales, que se expresó en la existencia de regímenes jurídicos y espacios territoriales mediante el establecimiento de pueblos indígenas separados de españoles.
Se ha marcado un rumbo a la relación benéfica entre el Estado y los pueblos indígenas. En la Colonia se instauró un modelo de segregación destinado a mantener diferencias étnicas y raciales. Ello se expresó en la existencia de regímenes jurídicos y espacios territoriales diferenciados. La Constitución General de 1917 adopta un modelo de igualdad de todas las personas ante la ley, con la visión de eliminar los regímenes jurídicos diferenciados, quedando toda la población sometida a un sólo cuerpo normativo supremo.
En 1992 se reformó el artículo 4º de la Constitución para definir a México como un país pluricultural; con ese fundamento supremo se comenzó a utilizar dicho término, así como el de multiculturalismo, identificándolos con la existencia de etnias y lenguas indígenas y con el carácter mestizo del país. El debate en torno al multiculturalismo tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas a mantener sus usos y costumbres, con los términos de su participación en la vida política, económica y social. El reconocimiento de la identidad de los grupos vulnerables es la pieza clave del constitucionalismo mexicano.
El reconocimiento de la igualdad es prioritario en el Estado de Derecho creado por nuestra Carta Magna; la visión de progresividad normativa está orientada a reducir las excepciones a este principio, desaparecer los privilegios lastimosos. La igualdad en ponderación a la multiculturalidad implica el reconocimiento explícito al valor de las diferencias culturales. En este sentido, la Constitución crea un Estado liberal donde se garantiza el respeto a las diferencias.
Con la reforma constitucional al artículo 2°, el Estado reconoció por primera vez en la vida republicana, en mayor medida, el carácter pluricultural de la Nación, así como el derecho consuetudinario y una jurisdicción especial.
La virtud de la Constitución de 1917 y sus reformas es el contener el ideal de construir una Estado culturalmente heterogéneo; se supera la idea decimonónica del Estado-nación, en el sentido de que el Estado representa una hegemonía cultural, con una sola identidad cultural.
Las reformas constitucionales de las décadas de 1980 y 1990 están marcadas por la adopción de modelos neoliberales.
La sociedad que aspira a una vida buena debe estar amparada por una Constitución justa. Las reformas del Estado deben garantizar la convivencia y la justicia social para todos los mexicanos.
La Constitución pretende crear una nación homogénea, mediante el reconocimiento de las distintas culturas que existen en el país, con características específicas y que se encuentran reconocidas y sometidas al Sistema Constitucional Mexicano.
La Constitución logró concebir y determinar al territorio como espacio geográfico y como ámbito de validez del orden jurídico, desprendiéndose así dos facultades: imperio y dominio.
El artículo 27 es el fundamento de la propiedad estatal y privada: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Este artículo fundamenta el derecho de propiedad en favor del Estado.
El mismo artículo 27, en su tercer párrafo, contempla el imperio que tiene el Estado mexicano al prever: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación...” Así pues, la Constitución deja establecidos los dos derechos: imperio y dominio.
Debemos entender que el Estado mexicano, al ser de tipo federal, integra niveles de gobierno: federal, estatal, municipal, de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales. A cada uno de estos niveles, la Constitución les otorga tanto el dominio como el imperio, delimitando expresamente sus competencias, tal como lo expresa en la fracción VI del artículo 27.
En cuanto a las partes integrantes de la federación, la mayoría de las entidades federativas tuvieron una existencia anterior al inicio de vigencia de la Constitución de 1917, razón por la cual tuvieron que ser reconocidas por ésta. Asimismo, existen otros estados cuyo nacimiento tuvo lugar durante la vigencia de esta Constitución: Baja California y Quintana Roo (que eran territorios federales antes de erigirse en entidades federativas).
Tradicionalmente, el poder del Estado se ha dividido para su ejercicio en las esferas Legislativa, Ejecutiva y Judicial. No obstante, en el ámbito de la modernidad y atendiendo la complejidad de determinadas materias, ha sido necesario dotar de atribuciones especiales a ciertos órganos públicos que no se encuentran insertos dentro de la estructura de los tres poderes. Esos órganos han sido calificados con los adjetivos constitucionales y autónomos, y tienen una competencia funcional propia derivada de la especialidad de sus funciones. La especialidad de sus funciones justifica su previsión a nivel constitucional y que no se encuentren subordinados a otros poderes. Dichos órganos mantienen relaciones de coordinación con los poderes del Estado. Los organismos constitucionales autónomos, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Las denominadas reformas estructurales representan las modificaciones más importantes al texto constitucional, desde la vigencia de la Constitución de 1917. Sólo son equiparables a las reformas constitucionales que derivaron a partir de las leyes juaristas.
Dentro del marco de circunstancias que rodeaban el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se encontraba sin duda la necesidad de crear las reformas estructurales que el país necesitaba para tener gobernabilidad y, sobre todo, para tener progreso en distintos ámbitos del sector público; tales reformas fueron impulsadas de acuerdo con un orden y un ritmo, de modo tal que existiera una armonía que permitiera que dichas reformas se hicieran de forma organizada y en beneficio de la gente. De modo que la creación de tales reformas no tuvo como fundamento la sinrazón, sino que fueron pensadas y creadas con un plan de fondo que determinaría su secuencia y cronología. En el ámbito constitucional se dieron las reformas temáticas que se mencionan a continuación.
En materia de energía, se garantiza el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural; se moderniza este sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos.
Más allá de prejuicios del pasado, se tomó en consideración la visión de futuro, se incorporó al sector privado el petróleo y, sobre todo, se determinó que el que se encuentre en el subsuelo mexicano sigue siendo propiedad de la nación, únicamente se determinarán nuevas fórmulas y mecanismos para la exploración, la explotación y la producción de hidrocarburos y de nuevas fuentes generadoras de energía, ello representa sin duda un cambio paradigmático en la materia.
La reforma educativa garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral, incluyente y de calidad. Con ello se otorga igualdad de oportunidades a los mexicanos y se garantiza el interés superior de la niñez.
La reforma en materia de telecomunicaciones fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet. Se generarán opciones para los consumidores reduciendo precios en estos servicios, y se amplía su cobertura, lo cual contribuye a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento. Esto basado en el principio de igualdad de oportunidades.
Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones; como autoridad exclusiva en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones; cuenta con atribuciones para llevar a cabo los procesos de licitación y asignación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de recursos orbitales con sus bandas de frecuencias asociadas
A la par que la anterior, se llevó a cabo la reforma en materia de competencia económica, que establece un órgano regulador con facultades para normar la economía y lograr una mayor competencia de los distintos sectores. Se regula la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia, que se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios.
La reforma político-electoral consolida una democracia con mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; fomentó la participación ciudadana y fortaleció el sistema electoral.
En materia de transparencia, la Constitución se reformó a fin de otorgar autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y aumentar sus facultades; se prevé un procedimiento más efectivo para la evaluación del trabajo de los servidores públicos y se fomenta la rendición de cuentas. Renueva y fortalece los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales que existen en nuestro país. Fortalece el derecho de acceso a la información pública y la consolidación de un sistema nacional de transparencia.
Las reformas significaron un nuevo paradigma, es decir, rompieron los antiguos marcos para crear unos distintos, más modernos, competitivos, y sobre todo más amplios en los cuales pueda desarrollarse el país, logrando con ello mayor gobernabilidad, pero sobre todo mayor progreso.
El legado de los Constituyentes consiste pues en dotar al país de estabilidad, paz y felicidad como criterio para la política de gobierno, para proyectarlo junto con su pueblo al cumplimiento de las aspiraciones de una vida con bienestar que permita la realización de las personas y sus valores, haciendo posible, así, el cumplimiento constante de los anhelos, los sueños y las aspiraciones del pueblo mexicano.
1	En sus conclusiones prácticas establece: “La verdadera constitución de un país reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen. Y las constituciones escritas no tiene ni valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social” (Lasalle, 1999, p. 64).
2	“Trataremos, pues, de describir lo que es una constitución del tipo de la nuestra, más bien que definirla: ”La constitución en sentido material —ha dicho Kelsen— está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y, especialmente, la creación de leyes. La constitución abarca los principios jurídicos que designan a los órganos supremos del Estado, los modos de su creación, sus relaciones mutuas, fijan el círculo de su acción y, por último, la situación de cada uno respecto del poder del Estado” (Jellinek) (Tena, 1978, pp. 19 y 20).
3	México ocupa, según el “World Happiness Report” (Informe Mundial de Felicidad) de 2015, validado por la ONU, la posición número 14 dentro de los 158 países miembros de la OCDE. Los diferentes criterios otorgan cada uno un puntaje acumulable en un rango que va de 0 a 10. Los criterios que se utilizan para obtener el puntaje final son los siguientes: ingreso per capita, soporte social, expectativa de vida saludable, libertad para tomar decisiones de vida, generosidad, percepción de la corrupción, promedio positivo de percepción de goce y disfrute, y el promedio negativo de tristeza y preocupación. Todo lo anterior nos indica claramente que, a pesar de las problemáticas sociales y económicas que México enfrenta, su Constitución lo ha dotado de los elementos necesarios para proporcionar bienestar a sus habitantes.