Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614818
Timestamp: 2020-08-15 19:31:43
Document Index: 107388108

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 536', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 536', 'artículo 536', 'artículo 536', 'artículo 150', 'artículo 536', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150']

Sentencia de Constitucionalidad nº 582/01 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614818
Sentencia de Constitucionalidad nº 582/01 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2001
Ley 600 de 2000. Art. 536 (p). Codigo de procedimiento penal. Las atribuciones conferidas al presidente de la republica en ningun caso pueden ser afectadas por el ejecutivo, ya que fueron asignadas por el constituyente al congreso de la republica. Facultades conferidas al gobierno son legislativas y no administrativas. Inexequible.
La facultad para expedir códigos entendidos éstos como "conjuntos de normas que regulan de manera completa, ordenada, metódica, sistemática y coordinada, las instituciones constitutivas de una rama del derecho", difiere de la facultad para compilar textos normativos. En efecto: la primera está reservada al Congreso de la República y no puede ser objeto de traslado al P. de la República por medio de facultades extraordinarias, ni a ninguna otra autoridad pública, pues sólo a aquél corresponde crear normas jurídicas en todos los campos de la actividad social y por medio de ellas regular los asuntos que considere necesario y conveniente dentro de un determinado contexto histórico, social, económico, político, como también interpretar, derogar, adicionar y modificar la legislación preexistente. La segunda facultad, esto es, la de compilar que consiste en agrupar o recopilar en un solo texto disposiciones jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo, puede ser ejercida "por cualquier particular o entidad pública, o puede igualmente ser delegada en el ejecutivo a través de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 superior. Con todo, cabe en este punto precisar que la facultad de compilar, no puede conllevar la expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente, pues ello, de conformidad con lo expuesto, equivale a expedir un código."
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano L.E.M.M., demandó el inciso segundo del artículo 536 de la ley 600 de 2000 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal."
Considera el actor que la disposición acusada al trasladar al legislador extraordinario la función legislativa, infringió el artículo 150-10 del Estatuto Superior, pues "tratándose de un código cual es el de procedimiento penal, el Congreso no puede delegar ni la función de expedirlo ni de reformarlo bajo ningún pretexto, pues el resultado final que produjera el Gobierno nacional no sería el asunto debatido por las respectivas comisiones y plenarias de las Cámaras y eventualmente por las comisiones de conciliación, y esa función en el ejecutivo de ninguna forma, ni de modo transitorio o así lo hiciere en materia precisa, como son las desarmonías o la nomenclatura internas, la podría ejercer el P. y su correspondiente Ministro".
La función asignada al Gobierno no pertenece a la potestad reglamentaria, privativa del P. de la República, pues "sería absolutamente inocuo o sobraría que el Congreso lo manifestara en la ley". Además, la reglamentación no puede exceder la ley objeto de reglamentación "aunque los Códigos no son reglamentables." Y finaliza diciendo que "de existir yerros en la labor legislativa, quien constitucionalmente está llamado a corregirlos es el propio Congreso a través de las leyes respectivas, tal como lo previene el numeral 1 del artículo 150 de la Carta, y de esa forma, deben corregirse las desarmonías de las normas. Por lo demás, son los jueces quienes deben salvar en cada evento particular, tanto las desarmonías como los errores de nomenclatura, para lo cual están a su disposición los métodos de interpretación."
El F. General de la Nación intervino en este proceso para solicitar a la Corte que declare exequible el precepto demandado. Son éstas las razones que aduce con ese fin:
En cuanto a la afirmación del actor de que los códigos no pueden ser reglamentados, señala que "cualquiera sea la naturaleza de la ley, incluidas aquellas por medio de las cuales se expiden los códigos, su reglamentación puede darse por el ejecutivo siempre que las necesidades, para una cumplida ejecución de la propia normatividad así lo exijan. En desarrollo de ese poder reglamentario el P. no puede modificar la ley, adicionarla o ampliarla o restringirla en sus elementos sustanciales o estructurales. Se trata como en el caso particular del artículo 536 de una facultad encaminada a la readecuación formal del articulado del nuevo Código Procesal Penal de ser necesaria, sin adentrarse en aspectos de fondo de la labor legislativa. El Congreso no le está transfiriendo a través del citado precepto la potestad de interpretarlo, modificarlo, mucho menos derogarlo, sino haciendo referencia al deber de velar por su cumplida ejecución."
El señor P. General de la Nación en concepto No. 2419 recibido en esta corporación el 26 de enero de 2001, solicita a la Corte "declarar la constitucionalidad condicionada de la expresión 'ordenará su nomenclatura', correspondiente a la facultad otorgada al Gobierno nacional en el artículo 536 de la ley 600 de 2000, a que dicha facultad se ejerza sólo respecto de los aspectos formales de la ley mencionada. Y declarar la inconstitucionalidad de la expresión "y subsanará cualquier falta de armonía que pueda encontrarse en alguna de sus disposiciones, contenida en el artículo 536 de la misma ley."
Señala el P. que la disposición acusada en el aparte que ordena subsanar cualquier falta de armonía que pueda encontrarse en las disposiciones del nuevo Código de Procedimiento Penal viola la Constitución, pues tal actividad corresponde exclusivamente al Congreso de la República. En consecuencia, considera que dicho precepto infringe no sólo el artículo 150 de la Carta en cuanto le asigna al Congreso la función de hacer, interpretar y reformar las leyes, sino también aquellas normas superiores en las que en virtud del principio de separación de poderes, se define la actividad legislativa como un área de competencia del legislador.
Aunque el inciso demandado del artículo 536 de la ley 600 de 2000 ya agotó su vigencia, pues las funciones que allí se le asignaban al Gobierno debían ser ejercidas por éste, dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación del Código de Procedimiento Penal, hecho que tuvo ocurrencia el 24 de julio de 2000, con su inserción en el Diario Oficial No. 44097, considera la corporación que en este caso no debe declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, pues las atribuciones conferidas al P. de la República en ningún caso, podían ser ejercidas por el Ejecutivo, ya que fueron asignadas por el constituyente al Congreso de la República.
La facultad para expedir códigos es distinta de la compilar textos legales
Preceptos que deben ser interpretados en armonía con el numeral 10 del mismo artículo, en cuyo inciso final prohibe expresamente conferir facultades extraordinarias al P. de la República para expedir códigos.
''(...) no toda reforma a la legislación que toque de algún modo con una materia regulada en un código, se encuentra limitada por el precepto de la Constitución que prohibe el otorgamiento de facultades extraordinarias para la expedición de códigos, dentro de las cuales se comprenden los cambios esenciales o las modificaciones de cierta envergadura o magnitud que comprometen su estructura normativa. No están cobijadas por la prohibición las reformas por la vía de las facultades extraordinarias que no afectan la estructura general de un código ni establecen la regulación sistemática e integral de una materia. Además, es del resorte del legislador determinar las circunstancias bajo las cuales la regulación de una materia determinada debe cumplir con la forma propia de un código, e incluso puede descodificarla'' Sentencia C-077/97M.P.A.B.C..
''En todo caso, aún en el evento de que una modificación de este tipo hubiese tenido lugar ( se refiere a la de algunas disposiciones de un código), tampoco se habría incurrido en inconstitucionalidad por este motivo, debido a que se trataría simplemente de una reforma parcial que no afecta la estructura general del Código, ni establece la regulación sistemática e integral de una materia y, por lo tanto, no vulnera el principio democrático que el Constituyente quiso proteger con la prohibición de que trata el tercer inciso del numeral décimo del artículo 150 de la Carta'' Sentencia C-296/95 M.P.E.C.M...
"(..) cuando los contenidos normativos que informan el correspondiente sistema normativo son cambiados en su esencia o las modificaciones son de tal envergadura que comprometen su estructura normativa, necesariamente la reforma tiene que realizarse mediante la ley y no por el mecanismo de las facultades extraordinarias." Sentencia C-252/94 MM.PP. V.N.M. y A.B.C.
La facultad para expedir códigos entendidos éstos como "conjuntos de normas que regulan de manera completa, ordenada, metódica, sistemática y coordinada, las instituciones constitutivas de una rama del derecho", difiere de la facultad para compilar textos normativos. En efecto: la primera está reservada al Congreso de la República y no puede ser objeto de traslado al P. de la República por medio de facultades extraordinarias, ni a ninguna otra autoridad pública, pues sólo a aquél corresponde crear normas jurídicas en todos los campos de la actividad social y por medio de ellas regular los asuntos que considere necesario y conveniente dentro de un determinado contexto histórico, social, económico, político, como también interpretar, derogar, adicionar y modificar la legislación preexistente.
La segunda facultad, esto es, la de compilar que consiste en agrupar o recopilar en un solo texto disposiciones jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo, puede ser ejercida "por cualquier particular o entidad pública, o puede igualmente ser delegada en el ejecutivo a través de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 superior. Con todo, cabe en este punto precisar que la facultad de compilar, no puede conllevar la expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente, pues ello, de conformidad con lo expuesto, equivale a expedir un código." Sentencia C-129/95 M.P.V.N.M.
Las facultades que se confieren en la norma acusada al "Gobierno" son legislativas y no administrativas.
Capítulo I "De la F.ía General de la Nación", capítulo II "Ministerio Público", capítulo III "Sindicado", capítulo IV "Defensor", capítulo V "Parte civil", capítulo VI "Tercero incidental", capítulo VII "Tercero civilmente responsable"
Considera el P. General de la Nación que dicha facultad debe ser entendida "como una actividad formal en la que la tarea de ordenación de la nomenclatura del nuevo código no afecte los contenidos de las normas allí establecidas" y, por consiguiente, solicita se declare exequible con este condicionamiento "siempre que se ejerza sólo respecto de los aspectos formales de la ley mencionada".
Por otra parte, es conveniente anotar que como en el inciso demandado no se señaló expresamente que se confería facultades extraordinarias al P. de la República para ejercer las funciones atribuidas, como es su deber en estos casos, la Corte con el fin de dilucidar el punto procedió a revisar los antecedentes legislativos, pero infortunadamente no halló respuesta alguna al respecto, pues en ninguna parte aparece consagrada la voluntad del legislador de otorgarlas, además tampoco encontró que aquellas hubieran sido solicitadas por el Gobierno y, mucho menos, podía existir justificación sobre la necesidad y la conveniencia de conferirlas, o el cumplimiento de los demás requisitos constitucionales consagrados en el artículo 150-10 para tales eventos.
Siendo así mal podría sostener la Corte que en el inciso acusado se le están confiriendo facultades extraordinarias al P. de la República, si el mismo Congreso no lo estimó así. Pero aún hay algo más si la Constitución en el citado artículo 150-10 prohibe conferir facultades extraordinarias al P. de la República para expedir códigos, prohibición que según la jurisprudencia reiterada de esta corporación citada al principio de estas consideraciones, también incluye la reforma de los códigos en los casos en que se afecte la estructura misma del código o se trate de regulaciones sistemáticas e integrales, la norma acusada también sería inconstitucional por este aspecto.