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Timestamp: 2020-07-06 05:30:59
Document Index: 378024561

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 49', 'artículo 5', 'artículo 92', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 6']

Terrazas: ampliación y COVID-19
Terrazas ampliación y COVID-19
II. Nuevos requisitos formales
A) Modificación de la Ordenanza Municipal, de ocupación de dominio público mediante terrazas, veladores, sillas y mesas
B) Resolución/Decreto de Alcaldía
C) Declaración Responsable/Petición instancia general en base a un Bando de Alcaldía
III. Nuevos requisitos materiales
El Consultor Urbanístico, 14 de Mayo de 2020, Wolters Kluwer
LA LEY 5817/2020
Orden SND/386/2020, de 3 May. (flexibilización restricciones sociales y determinación condiciones de desarrollo de las actividades de comercio minorista, prestación de servicios, hostelería y restauración, territorios menos afectados por el COVID-19)
CAPÍTULO IV. Condiciones para la reapertura de terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración
Los Ayuntamientos, ante el avance de las fases de la «desescalada», se han puesto manos a la obra para dinamizar sus economías locales. En el presente artículo abordamos las dos principales medidas relativas a la instalación de terrazas: la autorización para ampliar los espacios de las mismas y la exención del pago por la instalación de terrazas en la vía pública anexas a los locales.
Las terrazas están cobrando gran notoriedad en los últimos días, debido al avance de las fases de la «desescalada». Así, todos los Ayuntamientos se han puesto manos a la obra, para dinamizar sus economías locales, dentro de sus competencias «difusas» en materia de promoción económica, a la vista de las graves consecuencias negativas que se avecinan.
La iniciativa local se está centrando fundamentalmente en la ampliación y la exención del pago por la instalación de terrazas en la vía pública, anexas a los locales del sector hostelero, ya que es evidente las grandes pérdidas que sufrirá el sector.
Dos Órdenes Ministeriales son las que han recogido nuevos requisitos tanto formales como materiales específicos, para poder llevar a cabo la ampliación de las terrazas, que pasamos a estudiar a continuación.
El artículo 12 de la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo (LA LEY 6022/2020), por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, regula la reapertura de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, que constriñe de manera notoria el desarrollo de esta actividad.
Contras: La demora en el procedimiento de aprobación. Recordemos que las medidas pretenden ser instauradas «ipso facto», y respetar la tramitación del artículo 49 de la LBRL (LA LEY 847/1985) (con la incidencia del art. 133 de la LPAC (LA LEY 15010/2015)) conlleva sus plazos.
Pros: Se están amparando en el carácter «urgente y excepcional» de la situación, con lo que tramitación es sumamente rápida, ordenando incluso la agilización y la prioridad de la tramitación administrativa de este tipo de solicitudes mientras dure la situación excepcional causada por el COVID-19.
Contras: La fundamentación, como toda actuación de las AAPP debe estar basada en el interés general ex art. 103 de la CE (LA LEY 2500/1978), y como veremos más adelante, la actuación municipal debe integrar todos los intereses de la ciudadanía.
Pros: Tramitación ultra rápida, si bien podría por lo menos, plantearse la aprobación de un modelo normalizado obligatorio en los términos del art. 66.6 de la LPAC (LA LEY 15010/2015) (aunque las «prisas» en la medida, harán caso omiso de esta recomendación…).
Art. 66.6 de la LPAC (LA LEY 15010/2015):
«Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados».
Contras: Prácticamente carencia total de elaboración, tramitación y motivación/fundamentación de la medida, estableciéndola «de plano», sin una cobertura jurídica adecuada, ya que debemos recordar los efectos sumamente «limitados» de los Bandos.
Por otro lado, como indicamos más arriba, esta «reactivación económica», debe cohonestarse con los demás intereses en juego, es decir fundamentalmente el disfrute de los viandantes. Así la citada ampliación debe respetar toda la normativa sectorial de aplicación (urbanística, accesibilidad, etc.…).
Así, entendemos fundamental que se respete la STS n.o 159/2019 (LA LEY 5159/2019) (rec. 1152/2016) de fecha 11 de febrero de 2019.
La citada Sentencia, recoge y recalca lo ya dispuesto en el artículo 5 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (LA LEY 4005/2010), por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Termina la Sentencia con un «aviso a navegantes», en cuanto al cumplimiento (por dificultoso que sea) de la Orden Ministerial citada:
Los artículos 15 (LA LEY 6452/2020) y 16 de la reciente Orden SND 399/2020, de 9 de mayo (LA LEY 6452/2020), para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, establecen las «Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración».
De este modo, si en el epígrafe anterior hemos tratado las consecuencias formales para llevar a cabo la ampliación de las terrazas, en éste, recogeremos los nuevos requisitos sustantivos o de fondo para llevarla a cabo.
El art. 15 de la Orden SND 399/2020 (LA LEY 6452/2020), regula las condiciones de la ocupación del dominio público resaltando que la ampliación requerirá como requisito «sine qua non» la licencia/autorización municipal para poder llevarla a cabo (con independencia de la que ya poseyera), es decir, debe presentarse la solicitud ante el Ayuntamiento, que procederá a estudiar su viabilidad y resolver expresamente sobre la misma. Resolución expresa, porque en este caso, la solicitud de instalación de la terraza implica la autorización de la ocupación de dominio público, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) (LPAP); siendo su silencio negativo.
Por otro lado, este artículo también establece el respeto a la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible, llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza.
Es decir, para poder ampliar la terraza, debe obligatoriamente acondicionarse un espacio peatonal proporcional en el mismo tramo de la vía, por lo que se reducirá mucho su viabilidad, salvo en espacios abiertos como plazas públicas o en su caso, siempre que sea posible y de manera excepcional y motivada, acotando espacios dedicados al estacionamiento de vehículos.
Otro requisito es la ocupación máxima de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.
Por su parte el artículo 16 de la Orden SND 399/2020 (LA LEY 6452/2020) recoge los requisitos materiales concretos en el ámbito sanitario «Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas».
«Artículo 16. Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas.
g) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5.»
Para proceder a ampliar las terrazas, debemos regular de forma correcta el uso y disfrute de los espacios públicos por parte de «toda» la población, e intentar encontrar un equilibrio y proporcionalidad de este goce con la tan ansiada reactivación económica.
En la citada ampliación deben respetarse todos los requisitos establecidos por la normativa, tanto formales como materiales, para con ello, no perjudicar el interés general intrínseco en la correcta y adecuada utilización del dominio público.