Source: http://guarico.tsj.gob.ve/decisiones/2007/mayo/839-14-JP31-R-2007-000059-0507-00011.html
Timestamp: 2017-02-26 05:38:16
Document Index: 130027923

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 72', 'artículo 75', 'artículo 69', 'artículo 1422', 'artículo 451', 'artículo 451', 'artículo 60']

Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico
Parte Actora: José Gregorio Rodríguez, Jesús Enrique Rodríguez Risso, Abel Alfonzo Rodríguez Risso, José Celestino Álvarez, Máximo Ramón Moreno, Valmore Rafael Hernández Álvarez, Carlos Alfredo Espinoza Y Mario Rafael Sánchez Ramírez.
Parte Demandada: TRANSPORTE SERVICOM C.A, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 08 de enero de 2.001, bajo el número 05 Tomo 1-A. Apoderado Judicial de la Parte Demandada: Rafael Ignacio Carreño López y Juan José Quintero Hernández, abogados en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 23.215 y 65.102 respectivamente. Motivo: Apelación contra auto dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
Recibido el presente asunto en fecha 30 de abril de 2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con ocasión a recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte Codemandada empresa Transporte Servicom C.A, en fecha 21 de marzo de 2007, contra auto dictado en fecha 16 de marzo del 2007 por el referido Juzgado que negó la admisión de las pruebas de experticias promovidas. Sustanciado el presente recurso conforme los parámetros previstos en el artículo 76 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en fecha 02 de mayo de 2007, se fijó oportunidad para la audiencia, celebrándose la misma de manera oral, pública y contradictoria conforme a la norma procesal aplicable, procediéndose a dictar decisión en forma oral e inmediata, por lo que estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, pasa esta alzada a reproducir por escrito el fallo oral dictado en audiencia de fecha 08 de mayo del 2.007, lo cual hace en base a las siguientes consideraciones:
ALEGACIONES DE LA PARTE RECURRENTE Escuchada la exposición de la Parte demandada recurrente, es claro para este Tribunal, que la misma quedó reducida a lo siguiente:
1.- Que el expediente principal del presente asunto es producto de la acumulación de 8 causas por reclamación de salarios dejados de percibir y prestaciones sociales intentado por personas que manifiestan no haber percibido pago alguno por dichos conceptos, aun y cuando sus servicios fueron contratados en forma eventual por la empresa de Transporte Servicom C.A, cancelándosele los pagos correspondientes.
2.- Que la empresa Transporte Servicom C.A ha celebrado contratos con la empresa Teikoku Oil de Venezuela relativos a servicios de mudanza de taladros en forma eventual, y para cumplir con dicha labor, tal y como sostuvo en la contestación de la demanda, contratan a trabajadores en forma eventual como es el caso de los actores de autos.
3.- Que el auto recurrido admite muchas de las pruebas promovidas por la demandada a los fines de acreditar los hechos alegados en la contestación de la demanda, rechazando la prueba de experticia, la cual resulta importante a los fines de demostrar -a través de libros llevados por la empresa- el carácter eventual con que fueron contratados los demandantes, a través de dos puntos específicos como son: Qué trabajadores han recibidos pagos a cuenta de salario y de forma continua, y si los demandantes han recibido pagos de la empresa y porque concepto. 4.- Que dicho auto recurrido, por una parte, violenta el derecho a la defensa e impide dar cumplimiento a la carga probatoria contenida en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, habida cuenta que para la apreciación y análisis de los libros sobre los que se solicita la experticia se requieren tener conocimientos técnicos especiales, y por otra parte, adolece del vicio de inmotivación, al no contener las razones de hecho y de derechos que lo sustentan; por todo lo que solicita se ordene la admisión de la prueba de experticia.
Del análisis y la revisión de las actas que integran el presente expediente y escuchados los argumentos de la parte apelante, resulta claro para esta alzada, que con el ejercicio del medio de gravamen que dio origen a esta audiencia, lo que se pretende es provocar la admisión de la prueba de experticia promovida y negada por el A-quo por estimarla impertinente, para lo cual adujo que con dicha negativa se produjo la violación del derecho a la defensa en lo relativo al derecho a probar un hecho controvertido como lo es el carácter eventual con que fueron contratados los demandantes, correspondiéndose entonces el límite del presente recurso a la verificación de la juricidad y pertinencia de la prueba negada. Y así se establece.
Así las cosas, y visto que el fundamento de la negativa de admisión de la prueba de experticia lo constituyó la impertinencia de la misma, debe advertirse, que nuestro Ordenamiento Jurídico se encuentra sustentado en el Principio Constitucional garantista del debido Proceso que encierra entre otros aspectos el derecho a probar, por tanto la limitación de tal derecho solo debe emerger de la propia ley, en efecto, es así que nuestra ley adjetiva laboral en torno a dicho derecho en su artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece: “Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el Juez de Juicio providenciará las pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes…”. (Negrilla, Cursiva y Subrayado del Tribunal)
De lo antes transcrito se extraen como dos únicos supuestos que hacen inadmisible una prueba, a saber: ilegalidad (es decir, que la misma sea contraria a la ley) y/o impertinencia, (que atañe a la falta de conexión, notoria y fácilmente reconocible, de los medios probatorios –y más exactamente, de los hechos que con ellos se pretende demostrar- con lo debatido en el litigio…). De tal manera, que atendiendo a estos únicos extremos que legitiman una negativa de prueba, pasa esta alzada a revisar en concreto los medios probatorios cuya admisión se pretende y fue negada por el A-quo.
Asimismo se hace necesario atender a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que prevé: “ Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. (Cursivas, negrillas y subrayado del Tribunal).
Fijado lo anterior, corresponde destacar que del escrito de promoción de pruebas consignado por la empresa codemandada Transporte Servicom, C.A, se desprende en forma expresa lo siguiente:
…promuevo la prueba de experticia prevista en el capítulo IV de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con la finalidad de demostrar a través de los libros, movimientos, soportes y asientos de contabilidad de la referida empresa lo siguiente:
1.- Que trabajadores han recibido pagos a cuenta de salario, de manera continua, desde la creación de la empresa, hasta el mes de diciembre de 2005.
Por lo que no hay dudas que pretendiendo probarse con dicho medio un hecho controvertido como lo es el carácter eventual de la prestación del servicio de los autores de autos, el mismo podría considerarse pertinente. No obstante lo anterior, se advierte que a los fines de la admisión de una prueba además de pertinente la misma debe ser legal, esto es encontrarse prevista en la ley, no estar expresamente prohibida, debiendo indicarse que en el marco de la legalidad debe igualmente contemplarse que los supuesto fácticos se correspondan con la naturaleza del medio promovido. En tal orden, resulta necesario traer a colación lo que al efecto establece el artículo 1422 del Código Civil: “Siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que exija conocimientos especiales, puede procederse a una experticia.” Por su parte el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil establece: “La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho, cuando lo determine el Tribunal de Oficio, en lo casos permitidos por la Ley, o a petición de parte. En este último caso se promoverá por escrito, o por diligencia, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse.” (Negrillas, subrayado y cursivas del tribunal).
Ahora bien, si tal y como quedo precedentemente establecido la prueba de experticia negada se encuentra dirigida a acreditar hechos realmente controvertidos, –de allí su pertinencia- no obstante lo anterior se debe indicar, que dicha prueba a pesar de encontrarse prevista en la ley, para ser considerada legal debe cumplir con ciertos requisitos como son que los hechos que se pretendan acreditar requieran para su verificación de conocimientos científicos, técnicos, o bien especiales de los que carece el juez de la causa.
Así pues, pretendiendo acreditarse con la prueba negada el carácter eventual de los reclamantes y el pago de forma eventual de los mismos, resulta meridianamente claro que para la constatación de tales hechos no se requiere la aplicación de conocimientos científicos o especiales que autoricen el uso de la experticia como medio probatorio, no resultando así la misma idónea para la acreditación de tales hechos, emergiendo de allí su ilicitud, no por estar expresamente prohibida por la ley, sino por pretender ser aplicada a supuestos no previstos en el artículo 451 del Código Civil.
Finalmente, observa quien sentencia, que si bien el fundamento esgrimido por el A quo para negar la admisión de la prueba bajo análisis, fue la impertinencia de la misma, criterio no compartido por quien decide; la juricidad del auto apelado no se encuentra comprometida, debido a que el resultado de lo decidido - como lo fue negar la prueba – en criterio de quien decide, fue lo ajustado a derecho, de tal suerte que, atendiendo tanto al principio de legalidad e idoneidad de la prueba, así como al de economía procesal, resulta forzoso para esta alzada declarar sin lugar la apelación interpuesta, confirmar el fallo recurrido, tal y como será establecido en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se establece.
En fuerza a las razones de hecho y derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación formulado por la representación judicial de la parte demandada recurrente. SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto recurrido de fecha 16 de Marzo de 2007, proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y transitorio de la Coordinación del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.
Se condena en costas a la parte demandada empresa Transporte Servicom, C.A de la presente incidencia de conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Déjense correr los lapsos a los fines de la interposición de los recursos a que hubiere lugar, vencido el cual sin que las partes hubieren interpuesto alguno se ordenará la remisión del presente asunto al Tribunal de la causa a los fines legales consiguientes.
Publíquese, Regístrese. Déjese copia autorizada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en la ciudad de San Juan de los Morros a los quince (15) días del mes de Mayo del 2007. Años 196° de la Independencia y 148° de la Federación.
En la misma fecha, siendo las 01:25 p.m. se publicó la anterior sentencia a la puerta de Tribunal y se dejo la copia ordenada.