Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-9995-de-diciembre-12-de-1995?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204163d4f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-22 02:05:25
Document Index: 302371251

Matched Legal Cases: ['artículo 535', 'artículo 287', 'artículo 74', 'artículo 284', 'artículo 47', 'artículo 284']

﻿ SENTENCIA 9995 DE DICIEMBRE 12 DE 1995
SENTENCIA 9995 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1995
CONTENIDO:DEFENSOR DEL PROCESADO. NO PUEDE SER CITADO COMO TESTIGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, PROCESADO, TESTIGO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:291 DE MARZO DE 1996, PÁG.223
Sentencia 9995 de diciembre 12 de 1995
DEFENSOR DEL PROCESADO
NO PUEDE SER CITADO COMO TESTIGO
EXTRACTOS: «Es cierto, como aparece a folio 52, que al ser indagado González Niño nombró al Dr. Néstor Gustavo Ochoa Serrano como su defensor para que lo asistiera durante todo el proceso y también lo es que el instructor, quien ya no era el Juez Once (11) de Instrucción Criminal por el cambio de legislación sino el Fiscal Ciento Cincuenta y Siete (157), pese a esta calidad lo citó para que rindiera declaración bajo juramento (fl. 91).
No podía hacerlo. Antes de la Carta Política de 1991, el artículo 535 del Decreto 196 de 1971 permitía comunicar o utilizar los secretos que le hubiese confiado su cliente, con su autorización, por lo que su intervención como testigo no tenía ningún impedimento legal o ético, pese a representar a uno de los sujetos procesales.
El Decreto 0050 de 1987, en su artículo 287, ratificó lo anterior al señalar que no están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado las personas que por disposición legal deban guardar secreto, dejando abierta la posibilidad de que sí podrían hacerlo por propia voluntad, contando claro está, en el caso de los apoderados judiciales, con el permiso de su representado.
Sin embargo, la Carta Política de 1991 cambió radicalmente la cuestión. En su artículo 74 advierte perentoriamente que “el secreto profesional es inviolable”, lo que no da margen a ninguna clase de excepción por la vía legal. Por ello, al plantearse una en el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal de 1992 (“salvo que se trate de circunstancias que evitarían la consumación de un delito futuro”), fue declarada inexequible por la Corte Constitucional:
“Como en el caso del derecho a la vida, en el del secreto profesional la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un derecho rotulado “inviolable”. Esa calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional, determina que no sea siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o abstenerse de hacerlo. Está obligado a guardarlo” (Sent. C-411, sep. 28/93).
Es palmario, por consiguiente, que el abogado no podía acudir al proceso, en ningún caso y bajo ningún pretexto, en calidad de testigo con el fin de proporcionar datos que hubiera conocido como defensor del procesado. Como él mismo lo dijera en su declaración, uno de los deberes del abogado es guardar el secreto profesional, mandamiento que se encuentra prescrito en el artículo 47-5 del Decreto 196 de 1971, en concordancia con el artículo 284-2 del Código de Procedimiento Penal que señala a los abogados, entre otros, como personas que no están obligadas a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su profesión.
Pero, aunque manifiesta la ilegalidad del testimonio, sus efectos probatorios en el proceso son inanes. Recuérdese que el profesional del derecho se limitó a decir que el poder le fue conferido con posterioridad al allegamiento del documento y que aunque observó la contradicción entre los dos dictámenes consideró que lo único que podía hacerse era obtener la aclaración del Instituto de Medicina Legal.
Como se ve, estos datos que proporcionó fueron al final de cuentas inocuos para la actuación. Nada se extrajo de ellos, ningún perjuicio se causó al procesado, obteniéndose únicamente la constancia del propio abogado sobre el impedimento que le asistía para declarar en contra de su defendido».
(Sentencia de casación, diciembre 12 de 1995. Radicación 9995. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).