Source: http://www.abogadosmelilla.es/2016/09/
Timestamp: 2020-08-07 21:48:03
Document Index: 132198501

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septiembre 2016 – Abogado Enrique Alcoba Vizcaíno – Melilla
Abogado Enrique Alcoba Vizcaíno - Melilla > Blog > 2016 > 09
No cabe apreciar la caducidad cuando se interpone la demanda dentro del plazo fijado por la ley, aunque sea ante un tribunal territorialmente incompetente
Distinción entre falta de competencia objetiva y falta de competencia territorial. La primera determina la nulidad de pleno derecho de lo actuado, mientras que la segunda no conlleva tal efecto, sino la remisión de actuaciones al órgano territorialmente competente siendo válidas las realizadas con anterioridad.
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El Tribunal Supremo ha visto en su sentencia el recurso interpuesto por un condenado por un delito de estafa en su modalidad agravada por recaer el objeto de venta fraudulenta en un bien de primera necesidad.
En los hechos relatados, el condenado había vendido a través de internet a la víctima un vehículo adaptado para ser conducido por el comprador que utilizaba una silla de ruedas dada su minusvalía, siendo adquirido por la víctima precisamente con la finalidad de poder desplazarse en dicho vehículo al poder acceder al mismo con su sillas de ruedas. La venta, que se realizó a distancia, se hizo mediante contrato en el cual se daba constancia de determinados defectos de los que se haría cargo el comprador, y se envió el vehículo previo pago por su parte por exigencia del condenado. Cuando la víctima recibió el vehículo descubrió que el estado real del vehículo presentaba además otros defectos de mayor entidad que lo hacían inservible para el desplazamiento.
En su recurso, el condenado cuestiona, entre otros, la aplicación del subtipo agravado alegando que un turismo no es un bien de primera necesidad, por lo que se habría aplicado incorrectamente el subtipo agravado del 250.1.1º del Código Penal.
El Tribunal Supremo señala que la jurisprudencia del alto tribunal viene refiriéndose a este subtipo en los casos en que se trate de “cosas de las que no se puede prescindir”. Y declara que, si bien los vehículos en general no serían bienes de primera necesidad, un coche adaptado para que una persona con minusvalía que tiene impedido su desplazamiento de manera autónoma, pueda utilizarlo con su silla de ruedas debe ser considerado como bien de primera necesidad “porque le permite una eficaz y efectiva integración social por sí mismo”, y ello porque le permite, entre otras, el desplazamiento sin necesidad de utilizar medios de transporte público que no siempre están adaptados correctamente.
Además, señala el Supremo, el Pleno no Jurisdiccional de Sala de 20 de diciembre de 2006 ya se refirió a los impedimentos como bien de primera necesidad en relación a las necesidades de quienes sufren las consecuencias del delito, por lo que, de forma análoga, debe considerarse que a la víctima se le privó de un bien de primera necesidad como era la del coche adaptado para desplazarse.
Así lo ha establecido la Sala de lo Penal del TS en su sentencia número 695/2016, de 28 de julio de 2016 (LA LEY 94289/2016) (ponente señor Llarena Conde), que rechaza la pretensión de que el artículo 57 CP (LA LEY 3996/1995) no contiene un “numerus clausus” de delitos susceptibles de añadir esta pena accesoria, por lo que no cabe aplicar las medidas previstas en el mismo a otros delitos que protegen los mismos bienes.
Sin embargo la Sala no excluye la aplicación de dicha pena en aquellos casos en los que “los delitos contra la seguridad colectiva anteriormente referidos, vengan a coincidir con una intencionalidad lesiva que se materialice sobre sujetos concretos y singulares -aún a título de dolo eventual o en ejecución imperfecta-“, como puede suceder en los delitos de violencia doméstica y de género.
El acusado por estos hechos fue condenado, como autor de un delito consumado de incendio del artículo 351.1-1° del Código Penal (LA LEY 3996/1995), a trece años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y como autor de un delito de estragos del artículo 346 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , en grado de tentativa, a las penas de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Las comunidades de propietarios afectadas recurrieron en casación, por inaplicación indebida del artículo 57 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), reclamando que se impusiera también al condenado la pena de alejamiento prevista en dicho precepto.
Basan su pretensión en que los delitos enumerados en el artículo 57 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , no puede ser considerada como un ” numerus clausus “, pues entienden que ello llevaría a la incoherencia de que un mismo bien jurídico sea, al mismo tiempo, protegido y no protegido por el conjunto del derecho penal.
Y por lo que se refiere a la pena de alejamiento, señala que esta “es una pena privativa de derechos que se justifica en el aseguramiento de la concordia social y en la protección de la víctima mediante la evitación de posibles males adicionales futuros, que pudieran derivarse de la coincidencia física de los ofendidos o perjudicados por el delito y su autor (SSTS 110/00, de 12 de junio (LA LEY 9002/2000) o 803/11, de 15 de julio (LA LEY 120100/2011)), de modo que su imposición pasa por un juicio de oportunidad concreto, que justifique esa penalidad adicional, como instrumento para conjurar un riesgo de reiteración delictiva que se configura en la proximidad del acusado y su víctima.”
Y seguidamente añade: “Es pacífica la jurisprudencia de esta Sala que establece que tanto el delito de incendio del artículo 351.1 CP (LA LEY 3996/1995) (STS 753/02, de 26 de abril (LA LEY 5951/2002)), como el delito de estragos del artículo 346 del mismo Código (STS 136/05, de 15 de febrero), son delitos de naturaleza mixta, que protegen de manera combinada el patrimonio y los bienes jurídicos de vida e integridad física; de suerte que puede apreciarse en ellos, una tutela coincidente con los delitos de homicidio y lesiones -y aún patrimonio- contemplados en el artículo 57 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).”
En concreto, “el delito de incendio del artículo 351.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , es un delito de peligro abstracto, hipotético y potencial, en el que la intencionalidad del autor se proyecta sobre la acción, esto es, exige de una conciencia de la idoneidad del comportamiento para crear un peligro para la vida e integridad física de las personas, sin precisar para ello que el riesgo se materialice en la afectación de bienes jurídicos singulares (STS 1136/09, de 4 de noviembre (LA LEY 223154/2009) o 23/14, de 18 de noviembre)”, mientras que “el delito de estragos del artículo 346 del código, se expresa por la creación de un peligro para la vida o integridad de las personas, ínsito en la acción por los medios de gran poder destructivo que se utilizan, que por más que se configure como un delito de peligro concreto, no precisa tampoco que se materialice o amenace a personas concretas, sino que basta que lo haga sobre sujetos indeterminados (SSTS 136/05, de 15 de febrero o 626/12, de 17 de julio (LA LEY 103728/2012)).”
“Esta inexistencia de personas concretas que orienten la acción, concluye la Sala, muestra la razón por la que el legislador excluyó a estos delitos de la aplicación de la pena de alejamiento que analizamos, pues –en términos de prevención especial– la pena de alejamiento se muestra ineficaz para enervar el riesgo de reiteración, cuando este no se proyecta sobre los sujetos singulares que se contemplan en los artículos 48 (LA LEY 3996/1995) y 57 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).”
Y todo ello, concluye la Sala, “sin perjuicio, claro está, de que en aquellos supuestos en los que los delitos contra la seguridad colectiva anteriormente referidos, vengan a coincidir con una intencionalidad lesiva que se materialice sobre sujetos concretos y singulares -aún a título de dolo eventual o en ejecución imperfecta-, resulte posible la imposición de la pena accesoria que se contempla, bien mediante la figura del concurso real de delitos que contempla el legislador para el delito de estragos en el artículo 346.3 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), bien mediante la doctrina del concurso de normas o a través de las normas del concurso ideal, para el supuesto del delito de incendio, tal y como ha expresado la jurisprudencia de esta Sala en múltiples resoluciones (SSTS 429/06, de 12 de abril (LA LEY 36268/2006) o 569/07, de 29 de junio (LA LEY 60957/2007)). Supuesto este de posible y previsible representación en delitos de violencia doméstica y de género, a los que se refería nuestra Sentencia 356/2015, de 10 de junio.
El TS fija el plazo máximo por el que el marido debe ceder su vivienda a su exmujer en caso de custodia compartida
En los casos de custodia compartida en los que la vivienda familiar es privativa de uno de los cónyuges, la atribución de su uso al otro cónyuge está sometido al principio de proporcionalidad, dado que el art. 96.3 del CC (LA LEY 1/1889), exige que este plazo sea prudencial.
Así lo ha establecido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una sentencia de fecha 21 de julio de 2016 (sentencia número 522/2016 (LA LEY 91130/2016), ponente señor Arroyo Fiestas).
En el caso, en el que se ventilaba una demanda de divorcio, la sentencia de instancia atribuyó a ambos padres la custodia compartida de su hija menor y el uso y disfrute de la vivienda familiar (propiedad privativa del hombre), a la esposa, “hasta la liquidación del régimen económico matrimonial”. Sin embargo, la Audiencia Provincial extendió la asignación del uso de dicha vivienda “hasta la fecha en la que la hija de los litigantes alcance la mayoría de edad”.
Alega igualmente que la Ley vasca 7/2015, de 30 de junio (LA LEY 11513/2015), de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, que regula la custodia compartida en el País Vasco, establece para el uso de la vivienda privativa de uno de los cónyuges, la posibilidad de la atribución al no propietario, pero de forma temporal y por un plazo máximo de dos años, revisable si se mantienen las circunstancias que presidieron su atribución, mientras que la medida establecida por la sentencia recurrida le priva del uso de su vivienda por casi diez años.
El TS estima el recurso.
«Lo cierto es que el artículo 96 establece como criterio prioritario, a falta de acuerdo entre los cónyuges, que el uso de la vivienda familiar corresponde al hijo y al cónyuge en cuya compañía queden, lo que no sucede en el caso de la custodia compartida al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores, sino de los dos; supuesto en el que la norma que debe aplicarse analógicamente es la del párrafo segundo que regula el supuesto en el que existiendo varios hijos, unos quedan bajo la custodia de un progenitor, y otros bajo la del otro, y permite al juez resolver “lo procedente”. Ello obliga a una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, con especial atención a dos factores: en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres. En segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero. En ambos casos con la posibilidad de imponer una limitación temporal en la atribución del uso, similar a la que se establece en el párrafo tercero para los matrimonios sin hijos, y que no sería posible en el supuesto del párrafo primero de la atribución del uso a los hijos menores de edad como manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitado por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC (LA LEY 1/1889) (SSTS 3 de abril y 16 de junio 2014 , entre otras).
Por ello, una vez que la Sala aprecia que la sentencia recurrida ha valorado adecudamente el interés preponderante de la menor, “debe evaluarse si el tiempo por el que fija la adscripción de la vivienda (privativa del esposo) es acorde o no con el principio de proporcionalidad, dado que el art. 96.3 del C. Civil (LA LEY 1/1889) , exige que el plazo sea prudencial.”
Por todo ello, estimando el recurso y asumiendo la instancia, el TS declara que la vivienda familiar, privativa del esposo, “queda asignada a la menor y su madre, durante el período de dos años computables desde la fecha de la presente sentencia de casación, plazo que prudencialmente se establece a tenor de los dispuesto en el art. 96.3 del C. Civil (LA LEY 1/1889), aplicado analógicamente.”