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Timestamp: 2019-02-17 07:59:16
Document Index: 201379500

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 32', 'artículo 9', 'artículo 79', 'artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 47', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 25']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 501, de 13/02/2014
cve: DSCD-10-CO-501
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 501
- Proyecto de ley general de telecomunicaciones. (Número de expediente 121/000062) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000062).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a una nueva sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de este Congreso de los Diputados. Es la sesión número 39 y, como todos ustedes saben, el orden del día gira en torno al debate y aprobación con competencia legislativa plena del proyecto de ley general de telecomunicaciones. El orden del día tiene dos puntos. El primero es la ratificación de la ponencia y el segundo la aprobación de las enmiendas que se mantienen vivas. He consultado con algunos portavoces y, dado que la votación se hará de menor a mayor, vamos a seguir el mismo orden para el debate de las enmiendas. Los portavoces intervendrán por un tiempo máximo de quince minutos en defensa de sus enmiendas. Cuando finalice la defensa de las enmiendas, suspenderemos la Comisión durante quince, veinte o veinticinco minutos, porque el cuaderno de votación es muy complicado y hay que ordenarlo bien, ya que aparte del número enorme de enmiendas hay más de cincuenta transaccionales. Pido a los portavoces que a lo largo del debate vayan viendo las enmiendas que cada grupo quiere votar por separado para tenerlas previstas. Me imagino que todos los portavoces de los grupos parlamentarios tienen los textos de las enmiendas transaccionales para poderlos leer antes de la votación. Si alguno no los tiene, pido a los ponentes que se los trasladen para que tengan el conocimiento suficiente antes de proceder a la votación.
¿Podemos dar por ratificada la ponencia? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y defensa de las enmiendas presentadas. Hemos calculado que las votaciones no empezarán antes de la una. Si hubiera retraso, iremos modificándolo para que puedan hacer las previsiones que estimen oportunas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, han pedido la palabra dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra doña Teresa Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Debo empezar mi intervención anunciando que estamos razonablemente satisfechos. La verdad es que sucede poco en esta legislatura de mayoría absolutista del Partido Popular que el partido mayoritario se avenga a negociar e incorpore propuestas del resto de los grupos de la Cámara. Por eso, cuando sucede, debemos reconocerle dicha labor.
Ciertamente, algunas de nuestras enmiendas han sido transaccionadas. Estamos especialmente satisfechos por la transacción a nuestra enmienda 208, que se refiere a la comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Esperamos que sirva para aportar luz científica a un controvertido, desregulado y, si me permiten, caótico panorama de emisiones y para establecer de una vez las bases para la racionalización del espacio radioeléctrico.
Sin embargo, pese a las mejoras introducidas en el articulado, el proyecto de ley sigue manteniendo el mismo tufo centralista y homogeneizador que caracteriza la tarea legislativa del Partido Popular. En este sentido, ninguna novedad. Supone una clara, descarada e inasumible invasión competencial, un recorte más de la autonomía local y de la capacidad de autoorganización. Los ayuntamientos deben conservar la capacidad de ejercer sus competencias, no solo porque deben tener el derecho a decidir la ordenación y las condiciones de las instalaciones radioeléctricas, sino también porque deben tener un protagonismo primordial en la configuración y extensión de las telecomunicaciones. Las infraestructuras de telecomunicaciones, en especial las redes de nueva generación, tienen una importancia estratégica, al constituirse como elementos esenciales para la innovación, la vertebración territorial y la cohesión social. Justamente por ello consideramos que las administraciones tienen una especial responsabilidad frente a la ciudadanía y son un agente primordial para evitar la brecha digital. Precisamente por ello consideramos básico partir del reconocimiento del papel que en esta materia están llamadas a desempañar las administraciones territoriales, las comunidades autónomas y los entes locales en el ejercicio de sus legítimas competencias. De hecho, así lo contempla el principio de subsidiariedad
europeo, en contra una vez más del centralismo nacionalista español. Pese a ello, nos encontramos ante un proyecto de ley que no respeta las competencias en medios de comunicación social y sobre la regulación y el control de los servicios de comunicación audiovisual de la Generalitat de Catalunya y que además limita considerablemente las posibilidades de actuación de las administraciones locales en el ámbito de las telecomunicaciones y afecta al ejercicio de las competencias municipales concurrentes para garantizar el desarrollo ordenado de las infraestructuras de telecomunicaciones en los respectivos territorios. Asimismo, limita la instalación y la explotación de redes de comunicaciones electrónicas por la propia Administración como medio para garantizar la prestación de unos servicios públicos que sean eficaces y de calidad. Por todo ello -y termino- no podemos votar a favor del proyecto de ley. Las enmiendas presentadas con el fin de garantizar la autonomía local y evitar las invasiones de las competencias de la Generalitat no han sido tenidas en cuenta. Señorías, llueve sobre mojado. Les anuncio por tanto la abstención de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Pedro Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Debo comenzar, igual que mi compañera, celebrando que en esta ocasión haya habido la oportunidad de transar en determinados casos, lo cual es novedoso y debería convertirse en una costumbre. Este caso es el que afecta a nuestra enmienda número 67, relacionada con el acceso a los servicios de la sociedad de la información. Anunciamos que retiramos nuestra enmienda por considerar que la transacción planteada es satisfactoria.
No ocurre así con dos enmiendas a las que los nacionalistas canarios atribuimos una importancia grande. Una de ellas es la enmienda número 68, relativa al comercio electrónico. En esta materia se está produciendo un trato discriminatorio con Canarias, pues no queda garantizado el acceso al comercio electrónico en aquellos territorios que tienen regímenes fiscales especiales o situaciones territoriales distintas. Rogamos que el Grupo Popular lo reconsidere por tratarse de una cuestión que aparece clarísimamente en la estrategia europea 2020, una cuestión que, por otra parte, nos parece sencillamente de justicia.
En la misma línea está la enmienda número 69, relativa a la implantación de la TDT. Como sabemos, en la transición a esta nueva forma de televisión digital no todos los territorios afectados por la televisión analógica terrestre fueron cubiertos a través de la TDT. Por la particular orografía de muchas de nuestras islas, existen zonas que están sencillamente a oscuras a la hora de obtener beneficios de la implantación de la televisión digital terrestre. Entendemos que esta es una enmienda absolutamente razonable. Lo único que plantea es que se consideren las especificidades de nuestro territorio, no porque queramos ser más ni menos que nadie, sino por la sencilla razón de que tenemos nuestras particularidades. Es muy importante que la ley considere estas dos circunstancias, la segunda relacionada con la televisión digital terrestre, con la cobertura general en el conjunto del territorio insular, y la primera con el comercio electrónico, que supone una discriminación difícilmente aceptable a las alturas del siglo en las que estamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra doña Isabel Sánchez.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: En primer lugar, quiero felicitarnos, como han hecho el resto de mis compañeros, diputados y diputadas, por el alto nivel de acuerdo que en última instancia se ha alcanzado. Quiero poner de manifiesto que este grupo se abstuvo en el debate de totalidad de este proyecto de ley, ofreciendo al Gobierno la posibilidad de remitirle nuestras propuestas para poder tratarlo con cierta calma, ya que es un proyecto eminentemente técnico y bastante complejo. Tengo que decir que esa calma y ese espacio para el diálogo han sido pequeños.
Hemos formulado setenta y una enmiendas a este proyecto de ley. Algunas, como ustedes comprenderán, eran más relevantes para nosotros que otras, constituían el núcleo fuerte de nuestras propuestas. Concretamente se trata de las enmiendas 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 165. Parte de ellas están referidas al artículo 9 de la norma. Es cierto que se ha alcanzado un número importante de transacciones, pero para nosotros es inasumible que se regule por ley el principio de inversor privado, porque entendemos que ya está establecido por el propio órgano regulador, que es el Consejo Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Estábamos de acuerdo con que se regulara la excepción, que es lo que se trataba de hacer con el resto del párrafo. Esta cuestión era fundamental para nosotros y no ha sido solventada a
través de las transacciones. Por otra parte, el artículo 32 sigue insistiendo en la expresión "públicas" y nosotros entendemos que cuando se habla de redes se debe hablar de eso, exclusivamente de redes, y no de redes públicas, precisamente para que los derechos se extiendan también a estas, cosa que no ocurre. Además tenemos una especial preocupación por las cuestiones competenciales, como ha señalado mi compañera de Esquerra Republicana de Catalunya.
Dicho lo anterior, me gustaría centrarme en aquellos artículos que colisionan con lo previsto por la Ley Audiovisual. Como ustedes saben, el control y la posible sanción en estas materias corresponde a las comunidades autónomas y al Estado en un totum revolutum poco definido, pero a través de esta ley se plantea algo que no se había visto hasta ahora. Como saben ustedes, es un sector en el que el 80% de las emisiones no tienen licencia y ha sido así con este Gobierno, con el anterior Gobierno socialista y con el anterior Gobierno de Aznar. De alguna manera, no sé si de forma alegal o ilegal, esto ha sido consentido y esta norma viene a colisionar poderosamente con ese sector. Calculamos que un 80% de las emisiones, tanto televisivas como radiofónicas, pueden ser distorsionadas o canceladas a través de los famosos pitidos. Esta es una cuestión que no es culpa de las emisoras, porque, como ustedes bien saben, la concesión de las licencias es competencia del Estado pero es ejercida por las comunidades autónomas. Ahí ha habido numerosos problemas para la concesión del espectro, con concursos recurridos y judicializados, lo que coloca en una difícil situación a un sector que genera muchísimo empleo, muchos puestos de trabajo y también importantes ingresos para las administraciones públicas en materia de tributación. Consideramos que, por puro sentido común, se debería ser sensible a la hora de aplicar lo que prevé esta ley. Vayamos arreglando las cosas poco a poco. Esto es muy importante para el sector de la radiodifusión y la televisión vascas -fundamentalmente de la radiodifusión- y es una de las cuestiones que lleva, junto a las enmiendas referidas al artículo 9, a que nuestra posición, agradeciendo de verdad el consenso alcanzado a última hora en las transaccionales, sea la abstención.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Nuestro grupo se abstuvo en el primer trámite de esta ley y expresó su deseo de que hubiera ocasión de llegar a un mayor grado de acuerdo sobre su contenido. Como el resto de los grupos, agradezco especialmente al ponente el esfuerzo que ha hecho para llegar a transacciones y para tratar de entender los motivos de los demás grupos, incluido el mío, pero la verdad es que al final el resultado no ha sido demasiado bueno, porque solo hemos conseguido llegar a tres transaccionales con la ponencia y muchas enmiendas que para nosotros son importantes han quedado fuera.
Las enmiendas que presentamos en su momento buscaban sobre todo cambiar la ley en cuatro sentidos: en primer lugar, favorecer el desarrollo de nuevos modelos de negocio de empresas y servicios, que nos parecía un objetivo importante de la ley; en segundo lugar, proteger los derechos de los ciudadanos y de los consumidores en un campo en el que los abusos son muy usuales; en tercer lugar, asegurar y ampliar la transparencia en las relaciones entre las operadoras, las administraciones públicas y los usuarios, y en cuarto lugar, favorecer la extensión de las TIC a educación, cultura e investigación.
¿Qué ha ocurrido con estos cuatro objetivos que perseguíamos? No nos parece que el desarrollo de nuevos modelos de negocio sea precisamente lo que consigue esta ley; lo que hace más bien, tal como está ahora, es proteger a los operadores existentes, proteger su modelo de negocio y no ser suficientemente contundente en algo que es muy necesario, que es derribar barreras de acceso al mundo del negocio de las telecomunicaciones, que no es solo un negocio, como brevemente voy a tratar de explicar. Esto nos preocupa, porque nos recuerda a la Ley del Sector Eléctrico. Parece que hay una estrategia permanente de proteger a los operadores que ya están en vez de ampliar la competencia, cosa que nuestro país necesita urgentemente, más en un campo como este, donde la innovación, la inventiva y la capacidad para desarrollar nuevos servicios son fundamentales. Esto tampoco es tan sorprendente, porque, como todos sabemos, dos sectores que se caracterizan especialmente por sus relaciones privilegiadas y opacas entre el poder financiero y el político son el sector eléctrico y el sector de las telecomunicaciones. Vemos con frustración que esta ley, más allá de sus objetivos concretos y específicos, no ha servido para algo que nos parece fundamental, que es derribar este tipo de conductas y malas prácticas en estos sectores, concretamente en el las telecomunicaciones.
Respecto a los derechos de los ciudadanos nos pasa algo parecido. Nos parece que la ley está mucho más preocupada -y ahora voy a poner un ejemplo muy claro de esto- por proteger los intereses de las empresas y la labor de las administraciones públicas en su relación con ellas que por los ciudadanos, por
los consumidores. Estamos hablando de un sector en el que los abusos son normales. ¿Quién no ha tenido un conflicto con su operadora de móviles? ¿A quién no le han hecho una oferta engañosa de contrato por teléfono que jamás se ha sustanciado en un contrato escrito? Pues a todo el mundo. Sin embargo, no vemos que esta ley -y esto nos parece muy importante- resuelva de manera suficiente este problema, aunque es verdad que se han incorporado mejoras -se lo comenté al ponente- que nos parecen bien, pero que, en nuestra opinión, no son suficientes.
Asegurar y ampliar la transparencia es fundamental. Estamos hablando de algo que afecta directamente a los derechos de privacidad de los ciudadanos, a su derecho a tener información contrastada y documentada sobre precios, servicios, etcétera. Sin embargo, nos encontramos con que en el artículo 79 ha desaparecido el punto 6, que hablaba de esto. En ese sentido, la ley ha empeorado, no ha mejorado. El punto que ha desaparecido decía: Las sanciones calificadas como muy graves y graves se publicarán de forma visible tanto en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia como en la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esto estaba bien. Por supuesto, se puede ser más exigente y nosotros propusimos enmiendas en ese sentido, pero nuestras enmiendas no se aceptaron y además este punto ha desaparecido, de manera que, como pasa también en el sector eléctrico, no hay manera de que haya una obligación legal para las administraciones de publicar las infracciones que afectan directamente a los derechos de los usuarios y consumidores. Así no va a haber más transparencia, incluso podría ocurrir que hubiera menos.
Finalmente está la cuestión de las oportunidades ofrecidas por las TIC, que no se han desarrollado. Esto es una pena, es la pérdida de una oportunidad, porque esta ley es muy importante y muy necesaria, pero no solo porque se mueve mucho dinero en el mundo de las telecomunicaciones, sino porque las tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TIC, han cambiado nuestra vida y lo han hecho de una manera perdurable y universal. Hoy en día, quitando sectores de la población muy especiales, todos estamos sumergidos en una esfera de telecomunicaciones y todo lo que se haga por mejorar la calidad de vida habría que hacerlo por vía legal. Por ejemplo, aquí no se han contemplado las ventajas que ofrecen para la participación política, para mejorar y extender la educación, para el acceso a la cultura, para facilitar la investigación y para las políticas de transparencia.
En resumen, todo esto nos ha movido a pensar que no podemos votar a favor de esta ley, aunque tampoco basta con abstenerse, porque es una ley que está desaprovechando demasiadas oportunidades a pesar de las cosas que mejora. Por ello, ahora mismo mi opinión es la de votar en contra, pero todavía no he escuchado ni a la ponencia ni al Grupo Socialista, que han transaccionado una gran cantidad de enmiendas. Por cierto, a mí no me han llegado hasta las nueve de la mañana, con lo cual no he tenido tiempo material para leerlas. Esta no es manera de hacer las cosas. Hemos tenido mucho tiempo, hemos hablado muchas veces, hemos intercambiado muchos mensajes y no comprendo por qué hay que esperar a dos horas antes de la votación para saber qué es lo que vamos a votar en una ley de estas características, una ley tan importante. Por tanto, voy a escuchar con mucha atención sus explicaciones y, como estoy abierto a la persuasión, que es fundamental en política democrática, si me convencen votaré a favor o me abstendré. Si no me convencen, votaré en contra por lo que he dicho, porque es una ley en la que, pese a que introduce cosas interesantes que no ignoramos y pese a que ha habido un esfuerzo de transacción, se han desaprovechado demasiadas oportunidades para ser más exigentes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Chesús Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: No me duelen prendas en reconocer, sin que sirva de precedente, que en este caso el ponente del Grupo Popular, el señor Puente, sin duda con el respaldo de la secretaría de Estado competente, ha realizado un esfuerzo, que quiero agradecer públicamente, en aras de alcanzar acuerdos para ampliar la base parlamentaria de esta ley. Ciertamente, en algunas cuestiones que veníamos denunciando desde la oposición se han producido mejoras que no podemos negar, entre ellas hay diez enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural que van a ser aprobadas mediante transacción, contribuyendo a corregir algunos aspectos de la ley.
Voy a destacar cinco cuestiones. La primera es el papel de los operadores públicos de telecomunicaciones, que habían desaparecido prácticamente del proyecto de ley y que ahora se salvan in extremis, pudiendo recibir incluso subvenciones para hacer un trabajo muy importante, un trabajo en el que no compiten con la iniciativa privada y que es precisamente el más importante en territorios despoblados o desvertebrados como los que existen en Aragón y en otras comunidades autónomas donde la iniciativa privada no tiene
ningún interés en actuar. La segunda es el reconocimiento de la autoprestación por parte de las administraciones públicas sin que se obligue a registrar todas y cada una de sus actividades de una manera bastante penosa, como se planteaba inicialmente. La tercera es un mayor compromiso en el desarrollo de las redes ultrarrápidas hasta su universalización en línea con los objetivos de la Agenda digital para Europa. La cuarta es la defensa de los usuarios, al exigir copia del contrato y las facturas en papel; pensemos que nuestra sociedad todavía no está alfabetizada digitalmente al cien por cien. En quinto lugar, hemos logrado incluir algunas exigencias en relación con el control de la emisión radioeléctrica y la prevención de la salud pública, incluida la necesidad de investigar sobre los efectos electromagnéticos en la salud. Somos conscientes de que este avance es insuficiente, pero al menos va a haber unos preceptos que mencionan la prevención de la salud pública y que por tanto pueden ser exigidos por la ciudadanía y por las asociaciones de afectados a partir de ahora. Eso es un avance.
El proyecto de ley, por otra parte, se olvida de los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente saludable y a preservar el derecho a la salud, respaldado por miles de estudios independientes sobre los efectos de la contaminación electromagnética. Nosotros queremos que la ley lo tenga en cuenta -y en ese sentido hemos presentado enmiendas- y que se le aplique también la legislación de evaluación de impacto ambiental. El proyecto de ley también se olvida de los derechos de los usuarios -podríamos citar casos específicos-, y por ello nosotros proponemos que se eviten contratos superiores a veinticuatro meses, por ejemplo, que son los que generan cautividad de los usuarios en la relación contractual con las operadoras. Específicamente se olvida de los usuarios con discapacidad, y nosotros queremos que haya una mención expresa de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. También queremos que se extienda el procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos a todos los usuarios, no solo a las personas físicas, como contempla el proyecto de ley, sino también a las personas jurídicas. Defendemos, asimismo, el principio de precaución y queremos que se establezcan expresamente las medidas incluidas en la Resolución 1815 del Consejo de Europa y que se derogue el Real Decreto 1066/2001, el reglamento que establece las condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, que ha quedado manifiestamente obsoleto. Proponemos, asimismo, que se priorice el acceso a la red pública de comunicación por cable y el uso de la tecnología que minimice la exposición a radiaciones electromagnéticas, con especial atención a las personas con electrohipersensibilidad, un problema de salud cada vez más extendido y que es el gran olvidado de este proyecto de ley.
Exigimos también al ministerio que incluya la certificación de los aparatos de telecomunicaciones y límites de la radiación electromagnética tolerable para la protección de la salud pública de los ciudadanos y ciudadanas, exigiendo un etiquetado claro de los niveles de emisión y advertencias sobre posibles riesgos. También hemos salido en defensa de los operadores públicos -lo he citado anteriormente-, en el sentido de que prestan unos servicios que no inciden en la competencia, como reconoció la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones en 2010. Las transacciones van a regular la cuestión en un real decreto que posteriormente elaborará el Gobierno, pero, a nuestro juicio, podía haberse avanzado ya en el proyecto de ley para mayor seguridad jurídica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: El proyecto de ley general de telecomunicaciones que debatimos hoy aquí no se convertirá en la ley que cada uno de nosotros quisiéramos, pero sí ha mejorado sensiblemente. Me atrevo a decir que entre todos la hemos transformado y mejorado, realizando un trabajo común de consenso, de acuerdo, en el que seguramente todos hemos renunciado a algo, y que hemos conseguido avanzar hacia una ley más flexible, más integradora, menos funcionarial, más respetuosa y más adaptada también a las nuevas necesidades, así como más cercana a la ciudadanía y al consumidor; también es más respetuosa con las competencias territoriales en la materia, lo que era y es un eje prioritario para mi grupo, especialmente en materia de planificación territorial y urbanística.
Hemos avanzado también, desde nuestro punto de vista, hacia una ley más abierta pero que da mayor seguridad jurídica y mayor estabilidad a un sector y a unas infraestructuras que son determinantes en términos de progreso económico y social, así como en términos de competitividad. Hablamos mucho de competitividad, y esta es también innovación tecnológica; hablamos mucho de la necesidad de reindustrialización, y esta requiere también de infraestructuras tecnológicas y de una sociedad de la información avanzada. De todo ello, y del desarrollo de estas infraestructuras, sinceramente creo que también dependerá el modelo de crecimiento por el que apostamos y que queremos.
En su momento, nuestro grupo -y creo que es necesario recordarlo- presentó una enmienda de totalidad al proyecto de ley general de telecomunicaciones, defendida desde el respeto a las competencias y desde la pluralidad, es decir, desde el reconocimiento del papel que debían y han de jugar las diversas administraciones territoriales; desde la defensa de un modelo más abierto e integrador que incorporase los instrumentos necesarios para que las comunicaciones electrónicas contribuyan a dinamizar nuestra economía, a ganar en competitividad y que permitan el progreso social. Queríamos una ley más europea, ya que tenemos que acercarnos más a Europa en este sector. En línea con Europa necesitamos más y mejor colaboración público-privada y que esta sea un objetivo real y un modelo -perseguíamos eso también- en el que la garantía de los derechos de los consumidores, el acceso universal y la neutralidad de la red fueran y sean principios rectores.
¿Cuáles eran los objetivos del Gobierno en esta ley? En primer lugar, establecer mecanismos de coordinación entre administraciones y legislaciones sectoriales y de otras administraciones; en segundo lugar, establecer condiciones estrictas a los operadores públicos para eliminar distorsiones a la competencia. Nuestras enmiendas han ido en la dirección de evitar que estos mecanismos de colaboración pudiesen implicar invasión competencial y que las condiciones estrictas de los operadores públicos no impidiesen que estos pudiesen ejercer su función de complementar donde no llega el mercado y evitar así la fractura digital.
Ante aquel proyecto de ley consideramos que otra ley era posible, y hemos trabajado en este sentido. Pero también creo que era importante recordar nuestra enmienda a la totalidad y los avances que se han hecho desde aquel momento hasta llegar a la posición actual. Hemos trabajado presentando una serie de enmiendas que han ido en la dirección de reorientar los objetivos entre los que la cohesión social y territorial y la colaboración entre las administraciones públicas no podía faltar; hemos trabajado también en un grupo de enmiendas que han ido en la dirección de la clara defensa competencial, prioritaria para nuestro grupo, de reconducir también los aspectos que entendíamos más alejados del marco europeo y de implicar más a las administraciones territoriales, así como de conseguir, como decía antes, un modelo más integrador, flexible y respetuoso y, sobre todo, en el que la seguridad jurídica y la estabilidad del sector puedan contribuir claramente a este tan necesario progreso económico y social.
Hemos presentado cuatro grupos de enmiendas. El primero es de carácter más competencial; el segundo integra la participación de las administraciones territoriales en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones; el tercero está orientado a conseguir un modelo menos rígido, más competitivo y flexible y su adecuación a los objetivos de la Agenda digital europea; el cuarto va orientado a garantizar la no afectación a la función de la autoridad de regulación independiente y la CNMC. En relación con el primer grupo de enmiendas, nos preocupaba mucho la posible afectación, directa o indirecta, a las competencias en materia de planificación territorial y urbanística de las administraciones territoriales. Es cierto que la competencia en materia de infraestructuras es exclusiva del Estado, pero también lo es que otras competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos no pueden verse invadidas. En este ámbito, nos preocupaba especialmente la redacción del artículo 35, en concreto, en sus apartados 2 y 4. Hemos llegado con el Grupo Popular a una transacción de nuestra enmienda 316, que entendemos que acota de manera clara el papel y decisiones del Consejo de Ministros, evitando que el simple desacuerdo de las administraciones públicas sea suficiente para tomar una decisión que, en todo caso, debería ser excepcional, y estableciendo que cuando haya desacuerdo el Consejo de Ministros solo podrá autorizar una determinada instalación cuando quede plenamente justificada la necesidad de redes de comunicación electrónicas.
En relación con el segundo grupo de enmiendas, están orientadas a reconocer en mayor medida el papel de las administraciones territoriales e implicarlas más en el proceso de despliegue y crecimiento sectorial, en nuestra convicción de que las administraciones territoriales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, deben participar en el desarrollo del sector en sus propios territorios. En este marco, y en este sentido, ha sido aceptada en sus propios términos la enmienda número 309 y ha sido transaccionada nuestra enmienda número 306. En este grupo de enmiendas, para mi grupo adquiría especial relevancia conseguir que en la previsión de un fondo con rango de ley para evitar la fractura digital las administraciones territoriales participasen en la determinación de las necesidades de los territorios, en aras a la cohesión social y territorial a la que me refería anteriormente. Nuestras enmiendas números 300 y 307 han sido transaccionadas con el Grupo Popular y van en la dirección de implicar y reconocer en mayor medida a las administraciones territoriales en el despliegue de las infraestructuras, en la definición de la estrategia o en la recepción de fondos. En este sentido, señorías, tanto por las que han sido aceptadas por el Grupo Popular, como por otras que han sido transaccionadas, nuestro grupo se muestra satisfecho del resultado. Creo que hemos pasado de un concepto excluyente a un concepto incluyente de las administraciones territoriales a fin de evitar la fractura digital y garantizar la universalización del acceso a la banda ancha de nueva generación.
El tercer grupo de enmiendas que hemos presentado se refieren fundamentalmente al artículo 9 y están más relacionadas con el modelo y con la colaboración público-privada, a la que Europa da una especial relevancia en sus objetivos y en su Agenda digital. Nuestras enmiendas números 303 y 304 van en la línea de reconocer a las administraciones territoriales como agente clave en el desarrollo del sector, permitiendo que los operadores públicos, de acuerdo con el derecho de la competencia, puedan cubrir las necesidades allí donde el mercado no llega y así conseguir los objetivos de la Agenda digital europea.
Por último, en este cuarto grupo las enmiendas están relacionadas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y con su función de autoridad de regulación de las telecomunicaciones. Nos preocupa mucho que se debilite la CNMC. Nuestro grupo votó favorablemente la creación de este organismo sobre unas garantías de su papel y de sus funciones de presente y de futuro, en concreto, en materia de telecomunicaciones. Entendemos que el papel de la CNMC y de su dirección sectorial es fundamental y ha de ser creciente, y no al contrario, realizando una política desacertada de traspaso de competencias al ministerio y vaciando de contenido a este organismo. Nuestro compromiso era y es por
una CNMC independiente, con unas funciones reforzadas, en línea con lo que nos marca Europa. Lamentamos que en el marco de esta ley se haya perdido la oportunidad de ir en esta dirección. En este sentido, nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas de recuperación de competencias y reforzamiento de este organismo, que son los números 320, 321, 325 y 326, que sentimos que no hayan sido aceptadas por el Grupo Popular. De todas formas, insistiremos en el Senado y esperamos que puedan ser finalmente incorporadas al texto de la ley. También nos sumamos a las enmiendas propuestas y transaccionadas entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, que permiten recuperar una serie de funciones y competencias, aunque creemos que no es suficiente. Por parte del Gobierno es necesario un compromiso firme de mantener y reforzar el papel de la autoridad reguladora de una manera, repito, firme, sólida e independiente.
Señorías, con esta ley, tal como ahora se va definiendo, entendemos que se mejoran claramente ámbitos concretos y que se potencia el desarrollo del sector, pero quedan también muchos aspectos en los que hemos de continuar trabajando para realizar cambios y adaptaciones al nuevo entorno, que es cada vez más digital; un entorno social y económico en el que las telecomunicaciones y la sociedad de la información son determinantes y requieren de una legislación adecuada, actual e innovadora. Vamos hacia un crecimiento que apunta a nuevos modelos de negocio, a nuevos modelos de acceso a la información de los servicios públicos y al desarrollo de las smart cities, al desarrollo continuo de nuevas tecnologías, a una competitividad industrial basada en la innovación tecnológica; nos orientamos a un modelo de sociedad en el que la educación y la misma sociedad requieren cada vez más de las nuevas tecnologías y necesitan de una universalización aplicada y real. En este contexto, nuestra economía también tiene una gran oportunidad de desarrollo; organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tienen su razón de ser y deben ser potenciados. Oportunidades como el Mobile Congress y Barcelona Capital Mundial del Móvil pueden ser y son ejes de atracción e impulsores de un nuevo modelo de crecimiento que debemos continuar apoyando con determinación, desde el consenso conseguido desde el inicio, en el ámbito del Mobile.
Termino ya, señor presidente. No ha sido una ley fácil, aun siendo fundamentalmente técnica, pero no lo ha sido por los múltiples ámbitos en los que incidía. De todas formas, si bien, como decía al principio, no es nuestra ley, ha sido mejorada en la dirección que perseguíamos, lo que nos permite dar nuestro voto afirmativo, aun cuando entendemos que queda mucho por hacer y por reconducir. Los portavoces anteriores han hablado de votar a favor o de abstenerse, y esto se ha producido gracias a una voluntad de acuerdo y de consenso por parte de todos, de la mayoría y del ministerio. Creemos que es bueno tener una ley de consenso, en la que la balanza de lo conseguido esté en la parte de los activos. Creo sinceramente que esto lo hace posible la voluntad política, la predisposición y, sobre todo, las personas. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por el esfuerzo y por el trabajo conjunto de todos los portavoces y de la Secretaría de Estado correspondiente; especialmente también agradezco el trabajo conjunto con los portavoces del Grupo Popular, Javier Puente, y del Grupo Socialista, Félix Lavilla. Sinceramente pienso -y termino- que la voluntad de acuerdo de todos y las posiciones de los grupos para llegar a un consenso tienen un valor especial. Esta es una ley importante, más que una ley es una reforma, y por ello celebro especialmente que el Grupo Popular haya optado por el diálogo, por el consenso y, sobre todo, por la pluralidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Félix Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Coincido con todos los portavoces, especialmente con las palabras de la señora Riera, que acaba de finalizar su intervención como portavoz de Convergència i Unió; comparto todo lo que ha dicho en la última parte sobre ese trabajo de consenso para avanzar, porque es verdad que se ha avanzado desde ese texto inicial hasta el que tenemos ahora. Es cierto que no es la ley del Partido Socialista, ya que la nuestra se articula en torno a 120 enmiendas, pero sí es más de todos, es más de consenso. Por ello, es de agradecer la predisposición del portavoz del Grupo Popular, Javier Puente, que lo dijo desde el primer momento, lo mismo que anticipó nuestra portavoz, la secretaria de participación de redes e innovación del Partido Socialista y diputada nacional por la Región de Murcia, María González Veracruz, que está a mi lado, esa voluntad de lograr acuerdos y buscar el consenso si se producían cambios. Desde el primer momento el Partido Socialista dijo: No estamos de acuerdo con el texto, pero sí lo estamos en intentar buscar ese consenso, porque entendemos que es una ley estratégica para el país. Esa ha sido la voluntad del Partido Socialista y celebramos que se haya llegado a un denominador común suficiente para aprobar finalmente el texto.
Mi compañera María dibujó en su intervención ante el Pleno del Congreso los ámbitos y prioridades en los que podíamos y debíamos trabajar, y tengo que reconocer, porque ha habido muchas dificultades, que gracias a su apoyo hemos podido presentar los avances que hoy conocemos. Se trataba, como dijo, de poner la tecnología al servicio de las personas y estableció varias prioridades: aprovechar la potencialidad del despliegue para favorecer la creación de empleo, la I+D+i y la economía digital; garantizar la cohesión social y territorial con mayores compromisos en el despliegue; mejorar la colaboración e implicación con el resto de administraciones, sin merma de la agilidad para el despliegue, porque es importante llegar cuanto antes, ya que cuando hablamos de despliegue estamos hablando del derecho que tienen los ciudadanos para acceder a la banda ancha, puesto que detrás de ella hay servicios educativos, sanitarios, de economía, digitales, de empleo, etcétera; mejorar la protección a los consumidores, como se hace, y a los usuarios; la defensa de la privacidad, en la que se ha avanzado, así como una mejor atención a la discapacidad, y se han recogido enmiendas a las que luego me referiré; mayor transparencia y control parlamentario, que también se recogen el texto. Puso a disposición toda la estructura del partido para trabajar y lograr esa mayor participación, al menos en lo que era nuestro ámbito, con el fin de construir una alternativa completa articulada en torno a 120 enmiendas, sin presentarlo -eso sí- como un texto alternativo, porque eso favorecía el diálogo y la búsqueda de acuerdo, que siempre fue nuestro objetivo. He de decir que sin su apoyo para solventar las múltiples dificultades que se han presentado este acuerdo no hubiera sido posible. Como soy soriano, sobrio a la hora de decir las cosas, lo digo con pleno conocimiento, con toda la carga que tiene, y así quiero que se recoja en el "Diario de Sesiones". Han sido cuatro meses de trabajo, decenas de horas y horas empleadas y dedicadas a ello. He de reconocer el trabajo -porque si no luego empiezo a explicar las enmiendas y se me pasa- y el esfuerzo de nuestro asesor Iñaki García, así como el de todo el equipo de María González, que visualizo en Rafa Oñate y en Escudero. No solo han hecho su trabajo, sino que se han implicado a fondo en el mismo y quiero reconocérselo. Es evidente -lo he dicho antes- que con la mayoría absoluta de la que dispone el Grupo Popular hacía falta también que la oferta de diálogo fuera real, tal como ofreció Javier Puente, y así ha sido. Tampoco nos duelen prendas en reconocer la voluntad personal del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de su equipo. Así lo hacemos constar.
Nos dijimos que merecía la pena intentarlo, y así lo hemos hecho desde septiembre hasta enero sin descanso. Las 120 enmiendas que presentamos ofrecían un marco para aportar de forma coherente propuestas y mejoras. Por si fueran pocas las razones expuestas, se creó un clima de confianza en la negociación, clave para avanzar en estos temas que nos unían, apartando lo que, lógicamente, también nos separa. Es más, establecimos las vías para que nuestras diferencias quedaran reflejadas, sin cuestionar por ello la seguridad jurídica que nos reclamaban en todo lo que tenía que ver con el despliegue para crear empleo. Ha sido una petición que le ha llegado al Grupo Socialista desde todos los sectores y desde todos los lugares. También tengo que decir que este clima de diálogo se ha extendido al resto de grupos, aunque, a su juicio, por lo que he podido entender, no ha sido suficiente, pero se ha avanzado. Sobre nuestra responsabilidad pesaba y pesa que junto a la oportunidad que generan las redes ultrarrápidas en nuestro país hay 4.980.778 personas paradas y detrás de cada cifra hay una persona y un drama; también, según me contestó el Gobierno a una pregunta parlamentaria, hace unos días que en España 10.276.473 personas sobreviven en el umbral de la pobreza, lo que representa el 22,2% del conjunto de la población. Todos los sectores, insisto en ello, nos han pedido que en el despliegue, en lo que implica una inversión y sea una oportunidad para España, hubiera un mínimo de acuerdo y así conseguir estabilidad jurídica y que dichas inversiones, que pueden llegar a cinco o seis legislaturas hasta que completen el retorno, tuvieran una seguridad lo más amplia posible. Celebro que por lo menos haya habido un denominador común con los grupos que han anticipado su voto favorable, aunque no sin diferencias, que las tenemos, para que esto llegue a producirse.
Las enmiendas que hemos presentado han sido enviadas también desde los diferentes ámbitos territoriales, lo que nos ha permitido coincidir, como decía la señora Riera, de Convergència i Unió, en el intento de implicar más a las comunidades autónomas. Quiero destacar especialmente el contacto permanente que hemos tenido, por ejemplo, con Asturias, por supuesto, pero especialmente con Andalucía, donde se han producido contactos de todo tipo. Es verdad que no se ha hecho texto que le hubiera gustado a la Junta de Andalucía, pero sí hay un denominador común suficiente, que destacamos, para que este despliegue, aparte del consenso político, tenga un consenso institucional con las comunidades
autónomas, que, como dijo nuestra portavoz, era un tema fundamental para nosotros. Hay avances en esta participación autonómica que quiero destacar, especialmente en el título III, capítulo II, que podríamos decir que es la sección propia del despliegue. Seguridad jurídica y estabilidad en el marco político para hacer posible que los retornos, como decía, garanticen esta inversión. Ayer mismo nos reunimos con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y nos entregaron un manifiesto en el que destacaban exportación que tiene la sociedad de la información; decían que este es un sector estratégico para crear empleo. Nos lo dijeron ayer mismo y nos pidieron que en la medida lo posible intentáramos llegar a un acuerdo, lógicamente desde el respeto a nuestros puntos de vista, porque en la situación en la que nos encontramos la sociedad lo merece, puesto que afecta no solo a las telecomunicaciones sino también a la industria la creación de empleo.
Los sindicatos nos daban datos. La banda ancha, es verdad, es la responsable del 21% del crecimiento del PIB en países desarrollados en los últimos cinco años; por cada millón que se invierte en banda ancha se generan 18 empleos; una línea de banda ancha por cada 100 personas agrega 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del empleo anual en el sector privado; cada 10% de aumento en la tasa de penetración del móvil conduce a un aumento del 1,2% en el producto interior bruto; 10 puntos porcentuales adicionales en el nivel de penetración de banda ancha incrementan en 1,21% el crecimiento del producto interior bruto de los países desarrollados; las empresas que adoptan la banda ancha mejoran su productividad laboral en un 5% en el sector manufacturero y en un 10% en el sector servicios. El carácter estratégico y la oportunidad de la ley son evidentes. El Partido Socialista tenía claro desde el primer momento que no podía ser ajeno -si se daban las circunstancias para que ese mínimo consenso se produjera, como así ha sido- a la cohesión social y territorial; a facilitar los servicios a los ciudadanos, algunos básicos como la sanidad y la educación; al fomento de la igualdad de oportunidades, si somos capaces de corregir esas desigualdades que genera la brecha digital, y de género. Es una oportunidad esencial para las personas con discapacidad, y se recogen enmiendas específicas para ello. También el sector público debe intervenir donde no llega al mercado. Para nosotros era muy importante cambiar el artículo 9 con el fin de facilitar que allí donde no llegue el mercado pueda llegar la inversión pública y que los ciudadanos accedan a esos servicios, porque también tienen derecho a estas redes. Por tanto, señorías teníamos 4.980.778 razones para intentar un acuerdo, aprovechando el potencial del despliegue, garantizando esta seguridad jurídica y política que todos los sectores nos reclamaron y que desde el PSOE hemos escuchado.
Tras el acuerdo, nuestro voto será favorable al despliegue. Mantenemos la retirada de la disposición final segunda y no hemos acordado nada en lo que se refiere a la modificación de la Ley de servicios de la sociedad de la información, puesto que a nuestro juicio se requería un texto autónomo más completo, integrando las nuevas normativas europeas que se están aprobando y, por supuesto, en todas las materias que no tienen nada que ver con el proyecto de ley. De ahí la diferenciación en las votaciones, manteniendo nuestras enmiendas. Además -antes de que la exposición de las enmiendas pueda hacerlo olvidar-, como parte intrínseca del acuerdo, existe un texto consensuado para evitar el denominado spam telefónico, que al ser general -no solamente se refiere a las operadoras de telecomunicaciones, sino que puede ser de otros servicios- el Gobierno indicó -y nosotros también habíamos presentado enmiendas en este sentido- que el marco adecuado podría ser el proyecto de ley de defensa de los consumidores y usuarios. Tengo que decir, señorías, que este texto está cerrado, forma parte del acuerdo que hoy votamos favorablemente y se incorporará sin lugar a dudas -porque es voluntad del Grupo Popular y nuestra- en el proyecto de ley de defensa de los consumidores, como lo saben también las portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista en esta materia. Fruto de este trabajo se han transaccionado o se van a aprobar directamente sesenta enmiendas propias, a veces compartidas con otros grupos, que ha sido siempre nuestra intención, y mantenemos el resto, que son otras sesenta aproximadamente. Sin duda el impulso real vendrá de la gestión política para lograr que un texto consensuado, en el desarrollo reglamentario, dé cabida al conjunto de las administraciones y al resto de los sectores y dinamice la economía.
El conjunto de enmiendas que contribuyen a ofrecer un nuevo texto de la ley contempla una estrategia nacional de redes ultrarrápidas -muy importante: estrategia nacional de redes ultrarrápidas-, la universalización de la banda ancha y la reincidencia en el compromiso de garantizar la cohesión social y territorial. Hay cambios sustanciales, y hay que decirlo, en el objeto mismo de la ley, sobre la base de las enmiendas 366 y 380 del Grupo Parlamentario Socialista y de algunas de otros grupos y las transacciones acordadas: defender los derechos de los usuarios a través de un acceso abierto a Internet, salvaguardándose
los imperativos constitucionales de no discriminación, respeto a los derechos al honor y a la intimidad, protección de la juventud y de la infancia, protección de los datos personales y secreto de las comunicaciones. Se contempla también en el mismo el fomento de la competencia efectiva del mercado para potenciar al máximo los beneficios. Se reitera en un artículo específico cómo se tiene que garantizar la cohesión social y territorial en el objeto mismo de la ley. Es un objetivo prioritario del Grupo Parlamentario Socialista y fácil de entender en un diputado que viene de Soria. Todo ello persigue cumplir con los objetivos de la Agenda digital europea.
Las aportaciones con carácter general han permitido un texto más riguroso desde el punto de vista terminológico en la parte del despliegue y más consensuado con las comunidades autónomas. Saltaré algunas cosas porque creo que el tiempo se me va echando encima. Además de descargar a los municipios sin perder operatividad ni agilidad, se exigirá -y esto también es importante- una comunicación sobre la finalización de las obras; es decir, no importa solo la declaración responsable de lo que se va a hacer, habrá que presentar una comunicación certificando qué es lo que se ha hecho con esa solicitud que se iba a hacer. Coincidimos plenamente en la potenciación que hay que hacer del futuro órgano independiente, de la comisión nacional del mercado de competencias. Nosotros votamos, cuando había que votar, en contra de desgajar la CMT, pero este es el marco que existe en estos momentos y en este marco es lo que hemos podido hacer: potenciar un poco más algunas de sus competencias.
Hay un conjunto importante de enmiendas que refuerza los derechos de los usuarios y los consumidores de las telecomunicaciones. Se refuerza la protección de datos personales. En la conservación de números y posibles abusos de las operadoras, se recogen por primera vez las compensaciones automáticas. Sobre la base de la enmienda 450 del Grupo Parlamentario Socialista se recoge algo muy demandado y que para nosotros era muy importante desde el primer momento, como es el servicio de atención al cliente gratuito. Los servicios de atención al cliente mediante el canal telefónico deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos. Los operadores pondrán a disposición de sus clientes métodos para la acreditación documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un número de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero. Terminamos, señorías, con el marque el uno, marque el dos y vuelta a empezar. Esto es algo que hará más competitivas a las empresas, en contra de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque quien atiende mejor a su cliente tiene más futuro en el mercado. Incluimos y reiteramos el acuerdo político del spam telefónico.
No me voy a referir, porque ya lo han hecho otros grupos, a la importancia que tiene -quiero resaltarlo aquí- el trabajo que ha hecho nuestra portavoz en sanidad, Gracia Fernández, sobre la disposición adicional décima para la creación de la comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Mención especial requiere la disposición adicional nueva de universalización de la banda ancha ultrarrápida, dentro de esa estrategia nacional de redes ultrarrápidas que tiene como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso de cara a lograr una universalización a los ciudadanos. Como parte de esta estrategia -ya lo expusimos en el debate a la totalidad- se fijarán los objetivos concretos -y lo dice la ley- de cobertura y adopción establecidos en la Agenda digital europea e incorporados a la Agenda digital para España. Para lograr la universalización de una conexión que permita las conexiones de datos de banda ancha, se extenderá progresivamente, como había reclamado nuestra portavoz María González, de forma que en el año 2017 se alcance una velocidad mínima de Internet de 10 megabytes y antes de finalizar 2020 todos los usuarios puedan tener una velocidad mínima en Internet de 30 megabytes y al menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a servicios a velocidades superiores a 100 megabytes. En el desarrollo de esta iniciativa de universalización de la banda ancha se evaluará la actualización del ámbito del servicio universal. La estrategia establecerá la elaboración de un informe de cobertura y contemplará también políticas para implementar la adopción y uso de banda ancha ultrarrápida entre ciudadanos, empresas y administraciones. Quiero destacar que el Grupo Socialista ha incluido en la ley, vía transacción -y agradecemos al Grupo Popular que haya tenido esa sensibilidad y que otros grupos también se hayan sumado a ella-, que de forma prioritaria, como habíamos reclamado, la banda ancha llegue a centros de salud comarcales, universidades públicas, centros de secundaria públicos y bibliotecas públicas de ciudad en el año 2016, con una velocidad de 30 megabytes, y en el año 2020, con una velocidad de 100 megabytes. Son sectores estratégicos para el desarrollo y para atender a los ciudadanos en igualdad de oportunidades. Además figura que estas medidas se articularán con la debida colaboración -muy importante- de las comunidades autónomas y en coordinación con ellas, algo que se ha incorporado en este trámite de negociación. Se dará cuenta -y esto quiero resaltarlo- al Parlamento al menos una vez al año, para
evaluar el cumplimiento de la estrategia nacional. Quiero resaltar también que en este momento sí se publican las multas. Quizás reclamemos en su momento al Gobierno que estén en una parte más visible de su web.
Voy terminando. El Gobierno desarrollará un plan de medidas para potenciar esa innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, como nos reclamaban la parte social, habrá un foro de colaboración entre operadores e industria, políticas de innovación en el sector de la innovación tecnológica y el establecimiento de medidas para la I+D+i.
El bloque central de la ley, tras los temas estudiados, se ajusta a los cinco elementos que nuestra portavoz, por resumir, había resaltado. Voy terminando ya. Todos hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar esta ley por el bien del país. Eso es así. Los socialistas vamos a estar vigilantes, vamos a ser exigentes en el cumplimiento de la misma y en la consecución de objetivos por el bien del país, de la economía, del crecimiento, de la igualdad y de los ciudadanos. Disponen por tanto el Gobierno y la mayoría que le apoya, una vez que se apruebe, de este marco estable y político que nos pedía la sociedad para impulsar las inversiones y crear empleo, así como para extender los beneficios indudables del ancho de banda en determinados servicios, especialmente sanidad y educación. Como dijo el inmortal poeta Antonio Machado, que forma parte de la identidad de Soria, tierra de la que soy diputado, en su obra Campos de Castilla, se hace camino al andar. Confiamos en que con la dirección política a la que ahora le toca ejecutar y con la normativa y el presupuesto este camino sea positivo para nuestro país. Al menos nosotros hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y lo que nos pedía la sociedad ante la situación que tenemos y con esta sociedad creemos cumplir.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate de las enmiendas, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Javier Puente.
El señor PUENTE REDONDO: Señorías, después de las intervenciones de los diferentes grupos, quiero agradecerles a todos las palabras que han dedicado al Grupo Parlamentario Popular y el gran trabajo que han realizado desde septiembre, cuando entró el proyecto de ley en esta Cámara, con la cantidad de horas, reuniones y conversaciones que se han tenido muchos días hasta altas horas de la madrugada. Es cierto que la ley es muy importante y así se ha hecho ver. Tiene que servir de palanca para el desarrollo no solo del sector de las telecomunicaciones sino de la economía española. Todos los grupos -aunque a alguno intentaré convencer ahora para que cambie el voto o por lo menos para que se abstenga- así lo han visto y de ahí esa dedicación y esa implicación. Por ello quiero darles las gracias y quiero personalizarlo en María González y Félix Lavilla, del Grupo Socialista, en Inmaculada Riera, de Convergència i Unió, en Chesús Yuste, de La Izquierda Plural, en Carlos Martínez, de UPyD, en Pedro María Azpiazu, que no está hoy, porque le ha surgido un viaje, pero que ha estado muy implicado en todas las conversaciones, y en Ana Oramas, Teresa Jordà y Rosana Pérez, del Grupo Mixto, que también han estado muy implicadas en el proyecto y con las que se ha llegado a bastantes transacciones. Por supuesto, también quiero dar las gracias a mis compañeros del Grupo Popular, a Tristana y a Teodoro, que han estado muy implicados en este proyecto. A mí me toca hacer de portavoz, pero ellos han estado colaborando también en este proyecto. Y dado que estoy contento por cómo ha llegado aquí el proyecto y porque hayan merecido la pena realmente las horas que se ha trabajado, quiero dar las gracias al equipo de asesores y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por su implicación en todo momento, a Víctor Calvo-Sotelo y a todo su equipo, que han trabajado con muchas ganas de llegar a este consenso. Por todo ello quiero darles las gracias. Además, me ha servido para hacer nuevos amigos, que siempre es importante.
Entrando en materia, quiero comentar varias cosas sobre la ley, porque creo que es importante, aunque me parece que me voy a salir un poco del tiempo de los diez minutos. Es una ley técnica y creo que eso ha facilitado un poco las cosas a la hora de llegar a acuerdos, porque detrás de esto es difícil arañar votos. El hecho de que sea tan técnica ha hecho más fácil llegar a acuerdos. No es que por el hecho de ser técnica pensemos que es una ley menos importante, todo lo contrario, consideramos que es una ley muy importante para sentar las bases para el desarrollo de las TIC y de más sectores, ya que vemos las TIC como algo transversal, como han comentado mis compañeros, dentro de todos los sectores. Por eso quiero reconocer la responsabilidad y el esfuerzo demostrado por todos los grupos parlamentarios para llegar a este momento.
Voy a hablar un poco de la ley y de los acuerdos que se han alcanzado. Quiero dividir mi intervención en cuatro áreas. En la primera explicaré cómo se elaboró la ley. En la segunda comentaré los objetivos
que perseguía esta ley. En la tercera haré un breve resumen de las transacciones que se han realizado con otros grupos. Ya que las principales han sido con Convergència i Unió y con el Grupo Socialista, por lo menos en volumen y en número, y ellos ya las han desarrollado, sería repetitivo entrar en ellas y esto me permitirá agilizar los tiempos. En la cuarta parte presentaré -lo tenía preparado porque sabía que La Izquierda Plural probablemente fuera por ahí y veré si les puedo convencer- las mejoras que ha sufrido la ley y entre ellas comentaré algunas cosas que otros grupos han dicho que se podrían mejorar en la ley y en las que considero que se ha mejorado.
En cuanto al primer punto, la elaboración de la ley, me gustaría felicitar al ministro de Industria, Energía y Turismo y a todo el equipo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por la ley que nos presentaron en esta Cámara. Quiero felicitarles no solo por el fondo y por el texto de la ley -cuando me tocó defenderla en su día ya lo alabé- sino por la forma en la que se elaboró antes de entrar en la Cámara. Tras haberse aprobado el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros se llevó a cabo un trámite de audiencia pública a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, donde pudieron expresar sus opiniones y hacer sus valoraciones tanto las comunidades autónomas como los diferentes departamentos ministeriales, la Federación Española de Municipios y Provincias, asociaciones empresariales, operadores de telecomunicaciones y prestadores de servicios de la sociedad de la información, asociaciones de usuarios, colegios profesionales y sindicatos, es decir, pudieron intervenir en la elaboración de dicha ley todos los entes implicados en el sector. Igualmente, de ese anteproyecto se solicitó informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a la Comisión Nacional de la Competencia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo Económico y Social. De todos esos informes se recogieron diferentes ideas y mejoras que se propusieron para incorporarlas al proyecto de ley. Finalmente, se recibió el informe del Consejo de Estado, que -recordemos- realizó una valoración muy positiva de este anteproyecto. Por todo ello, quiero felicitar nuevamente al ministro de Industria, Energía y Turismo y a todo el equipo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por cómo se elaboró la ley.
El segundo punto que quería comentar son los objetivos que perseguía esta ley, por qué es necesaria. Ya se ha comentado que nuestro país se encuentra en un momento importante de renovación tecnológica. La tecnología forma parte de nuestras vidas. Todos estamos, con nuestros terminales telefónicos, terminales de datos, Ipad, Iphone y e-mails, conectados a las redes sociales, conectados a Internet. Todos recibimos formación on line y contenidos digitales y trabajamos con programas de gestión. Dado que la tecnología forma parte de nuestras vidas, demandamos un acceso rápido a Internet tanto a través de telefonía fija como a través de los móviles, porque esto permitiría incrementar nuestra productividad como usuarios y como empresas. Para ello es necesario agilizar y facilitar el despliegue de todas estas redes de comunicaciones, tanto de telefonía móvil, con las redes de cuarta generación, como de las redes fijas y la redes de fibra óptica. Los operadores ya están trabajando en ello. Solamente tenemos que leer la prensa para darnos cuenta de que ese cambio se está produciendo y de que esos proyectos se están realizando. Otro punto por el que la consideramos necesaria es que, después de quince años de liberalización del sector de las telecomunicaciones, queda un camino que recorrer en cuanto a una mejor oferta de servicios de calidad y de precios tanto a usuarios como a empresas. Por eso consideramos muy necesaria la elaboración de esta ley.
¿Qué objetivos persigue? Quiero resaltar aquí cuatro puntos que probablemente hayan salido de una forma o de otra en las intervenciones anteriores, pero de los que quiero dejar constancia. El primero de ellos es la generación de una mayor seguridad jurídica. Esto es algo que nos pedía el sector en todo momento, que existiese esa seguridad jurídica, que hubiese un marco regulatorio más estable que permitiese realizar inversiones -inversiones que son a largo plazo, con un retorno de varias legislaturas, como comentaba mi compañero Félix- y eliminar las barreras que dificultan el despliegue de las redes de nueva generación. En segundo lugar, esta ley nos va a permitir avanzar en la recuperación de la unidad de mercado. De cara a este avance, quiero resaltar dos puntos. El primero es el establecimiento de nuevos mecanismos de colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para facilitar el despliegue de estas redes de telecomunicaciones. Se ha hecho un arduo trabajo de cara a ver cómo establecer esas relaciones y esos nuevos mecanismos. Considero que la ley que vamos a aprobar va a permitir una mayor coordinación y una mayor colaboración entre todas estas entidades. El segundo es que esa recuperación de la unidad de mercado se va a conseguir a través del establecimiento de unos requisitos técnicos comunes para el despliegue de las redes que se abordan en la ley. Un tercer punto que esta ley va a permitir es la simplificación de determinados procedimientos administrativos y la
agilización de los trámites a la hora de realizar el despliegue de las redes. El cuarto punto, en el que me centraré al final de mi intervención, es la puesta en marcha de un conjunto de medidas en beneficio tanto de los usuarios como de los ciudadanos y de las empresas.
En el tercer bloque de los cuatro en los que dividía mi intervención iba a hablar de las enmiendas, pero no quiero entrar en todas ellas, simplemente voy a resaltar dos a través de las cuales podemos ver el consenso que habido entre los diferentes grupos y la intención de llegar a esos acuerdos para conseguir un mejor proyecto de ley. Se trata de la enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas 67, de Coalición Canaria, 98 de La Izquierda Plural, 182 de Esquerra Republicana, 277 de UPyD, 300 y 307 de Convergència i Unió y 363, 366, 381, 456, 476 y 477 del Grupo Socialista, para la adición de una nueva disposición adicional referida a la universalización de la banda ancha ultrarrápida. Con esta enmienda quiero demostrar la implicación de todos los grupos en una enmienda transaccional y el consenso para llegar a un acuerdo para universalizar la banda ancha ultrarrápida. Esta enmienda persigue la universalización de la banda ancha ultrarrápida. Para ello, el Gobierno establecerá una estrategia nacional de redes ultrarrápidas que tenga como objetivo, por un lado, impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización, y por otro lado, fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones para garantizar una mayor cohesión social y territorial.
Con todo ello, sin entrar en más detalles en cuanto a las enmiendas, paso al último apartado de las mejoras que considero que se han realizado a lo largo del todo el trámite parlamentario sobre una ley que, como he comentado, ya me parecía muy buena cuando llegó a esta Cámara, por lo que he felicitado a los diferentes participantes en la elaboración del anteproyecto correspondiente. Con todos estos acuerdos se producen una serie de mejoras que centraré en tres áreas. En primer lugar, respecto a la brecha digital y la universalización de la banda ancha, se refuerzan los objetivos de cohesión social y territorial y se recogen las necesidades de las personas con discapacidad en los objetivos de la ley, según el artículo 3. Por otro lado, se mejora la coordinación en las ayudas para la extensión de la banda ancha y la lucha contra la brecha digital, según la disposición adicional decimocuarta. Igualmente se apuesta por la universalización de la banda ancha y la estrategia de despliegue de las redes ultrarrápidas, disposición adicional comentada como ejemplo de consenso entre los diferentes grupos, e igualmente se incluye dentro de este proyecto ley el fomento de la industria TIC y la innovación a través de una disposición adicional nueva elaborada por los diferentes grupos.
Otro punto importante en el que considero que se ha mejorado esta ley son los despliegues de las redes de comunicaciones. Respecto a estos despliegues, se mejora el procedimiento de coordinación del Estado con las administraciones públicas territoriales y con los entes locales, con unas mayores garantías del informe vinculante, fijación de itinerarios y refuerzo del punto de información único, según el artículo 35, que ha sufrido varias modificaciones. Finalmente, respecto a los derechos de los usuarios -tema en el que me extenderé un poco más, ya que lo han sacado varios grupos, principalmente los dos que parece que no apoyan mucho la ley, que son La Izquierda Plural y UPyD-, partimos de una base, que es reforzar aún más los derechos de usuarios y consumidores, aunque no debemos olvidar que venían ya reforzados por una modificación introducida por este Gobierno en marzo de 2012. Quiero resaltar que tenemos uno de los regímenes más garantistas para el consumidor, con un mayor grado de información y transparencia y con una normativa específica sobre comunicaciones electrónicas que está a la altura de las más desarrolladas de Europa. Partiendo de esa base, consideramos que con las mejoras introducidas y con las enmiendas transaccionales realizadas con los diferentes grupos se refuerzan los objetivos de calidad y de una Internet básica -artículo 3-, los colectivos tendrán derecho a recibir una guía en papel -artículo 25-, refuerzo del papel de la Agencia Española de Protección de Datos para la protección de datos personales -artículo 41-, se da una mayor protección e información a las comunidades de propietarios en los despliegues dentro de los edificios -artículo 45-, se refuerzan los derechos de los usuarios en la portabilidad, incluyendo una compensación automática, el derecho de desconexión, una compensación en caso de interrupción, mejora de los servicios y atención al cliente -artículo 47-. Por otro lado -mi compañero Félix ha hecho hincapié en ello-, se ha llegado a un acuerdo en el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios donde se establecerá el derecho a recibir facturas en papel, salvo petición expresa, y medidas de protección contra el spam telefónico. Se mejoran los contenidos de los contratos, imponiendo una mayor transparencia, información y la obligación de entregar contrato a los usuarios -artículo 53-, se aumenta la transparencia e información sobre las reclamaciones de los usuarios desglosadas por operador -artículo 54-, se
mejora el control y la información sobre las emisiones radioeléctricas -artículos 60, 61, 62 y disposición adicional décima-, se prevén mayores sanciones por incumplir los derechos de los usuarios -modificaciones en los artículos 77 y 79- y se prevé una mayor transparencia de precios, protección contra cookies, ciberseguridad y medidas contra el spam para los usuarios de Internet, según la disposición final segunda de la LSSICE.
Voy concluyendo. Veo que se me ha pasado el tiempo, señor presidente. Como puede comprobarse con esta enumeración de enmiendas, enmiendas transaccionales y puntos de mejora, los grupos parlamentarios se han implicado mucho en esta ley. Con todo ello, concluyo resumiendo lo que esta ley permitirá en cinco puntos muy rápidos y que he ido comentando a lo largo de mi intervención. Con esta ley conseguiremos una mayor seguridad jurídica, conseguiremos el fomento de la inversión y, a raíz de ello, la creación de puestos de trabajo, avanzaremos en la recuperación de la unidad de mercado, eliminaremos barreras en el despliegue y trámites administrativos, conseguiremos una mayor coordinación entre el Estado, las administraciones públicas y los entes locales y, finalmente, pondremos en marcha un conjunto de medidas en beneficio de las empresas y los usuarios que he relatado en la última parte de mi intervención. Es algo de lo que todos nos podemos felicitar, porque gracias a ello podremos tener una ley acorde con los tiempos, que permita a la economía y a la sociedad española no perder el tren de las nuevas tecnologías. Termino reiterando mi agradecimiento a los grupos y a mis compañeros por el trabajo realizado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión por quince minutos. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión con las votaciones.
Pido a los portavoces y a los ponentes la máxima colaboración. Si antes de la votación detectan algún error con respecto a los cuadernos o en las votaciones separadas que se han solicitado, les ruego que lo digan para comprobarlo y corregirlo con el fin de no cometer errores.
Comunicamos a los portavoces que se han retirado del bloque de enmiendas transaccionales, porque finalmente no se ha llegado a un acuerdo, la presentada a la enmienda 264, de Unión Progreso y Democracia, y las transaccionales sobre las enmiendas 140 y 138 de La Izquierda Plural. También ha sido retirada por el grupo proponente, el Grupo Popular, la enmienda 362 y, por tanto, no se someterá a votación. Del resto de las transaccionales, que han sido entregadas a todos ustedes, vamos a votar tres por separado y el resto conjuntamente.
Comenzamos con la votación de la transaccional sobre la enmienda 363, al artículo 1.1, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 5.
Votamos la transaccional sobre las enmiendas números 83 de La Izquierda Plural; 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181, de Esquerra Republicana; 220, del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego; 303 y 304, de Convergència i Unió; y 372, 373, 374, 375 y 376, del Grupo Parlamentario Socialista. Es una transaccional al artículo 9.
Votamos la transaccional sobre la enmienda 383, del Grupo Parlamentario Socialista, presentada al artículo 25.1.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas presentadas por los grupos que se mantienen vivas. Iremos votando de mayor a menor.
En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 68 y 69, presentadas por la señora Oramas, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos las enmiendas presentadas por la señora Fernández, del Grupo Mixto. En primer lugar, votamos la enmienda número 209.
Votamos la enmienda 253.
Votamos las enmiendas número 210, 213, 214, 217, 222, 228, 230, 231 y 232.
Votamos las enmiendas números 239 y 241.
Votamos el resto de las enmiendas de la señora Fernández.
Votamos las enmiendas de la señora Jordà, del Grupo Mixto. En primer lugar, votamos las enmiendas números 173 y 208.
Votamos las enmiendas número 197 y 204.
El señor PUENTE REDONDO: La enmienda 208 de Esquerra Republicana estaba entre las transaccionales que hemos votado.
El señor PRESIDENTE: Como ha sido aprobada la transaccional, no pasa nada.
Votamos el resto de enmiendas presentadas por la señora Jordà.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar, votamos las números 22, 23, 30, 31, 35, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50 y 53.
Votamos las enmiendas números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 166, 167, 168, 169, 170 y 171.
El señor PUENTE REDONDO: Las enmiendas 7, 11, 45 y 59 las tenemos también entre las transaccionales. Estaban entre las que hemos votado a favor. Aquí vamos a votar en contra, pero en las transaccionales hemos votado a favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Quieren que repita las que se votan? (Denegaciones). Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra 23; abstenciones, 14.
Votamos las enmiendas números 14, 16, 18, 19 y 20.
Votamos el resto de enmiendas del PNV.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, se votan las enmiendas números 285, 288 y 259.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 14.
Votamos la enmienda 255.
Votamos las enmiendas números 256, 258 y 260.
Votamos las enmiendas números 261, 263, 267, 270, 271 y 273.
Votamos la enmienda número 276.
Votamos la enmienda 278.
Votamos las enmiendas números 284, 286 y 287.
Enmienda número 289.
Votamos la enmienda 290.
Votamos la enmienda número 292.
Votamos la enmienda número 296.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Votamos conjuntamente las enmiendas números 70, 75, 77, 80, 126, 132, 133, 136, 137, 144, 146, 147, 151, 152, 155, 162 y 163.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
Votamos las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 298 y 336.
También votamos conjuntamente las enmiendas números 302, 305, 310, 312, 313, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 328, 330 y 335.
Votamos las enmiendas números 320, 321, 325 y 326.
Votamos las enmiendas números 331, 332 y 333.
Votamos las enmiendas 308 y 327.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar votamos la enmienda 367.
Votamos la enmienda 482.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 424, 426, 436, 445, 447 y 467.
Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votamos la enmienda 337.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 3; abstenciones, 3.
Votamos las enmiendas números 338 a 351, a excepción de las enmiendas 343 y 349 que están transaccionadas.
El señor PUENTE REDONDO: El Grupo Popular ha transaccionado las números 339, 342, 349, 350 y 351.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 338 a 351, excepto las números 339, 342, 349, 350, 351 y 343.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 16.
Votamos la enmienda 354.
Votamos la enmienda número 353.
Votamos la enmienda número 355.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17; abstenciones, 1.
Votamos la enmienda número 356.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 357, 358 y 359.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 2.
Votamos la enmienda número 360.
Votamos la enmienda número 361.
Votamos la enmienda número 351.
Votamos la enmienda número 343.
Por último, votamos el texto del proyecto con las enmiendas que han sido aprobadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 3; abstenciones, 2.
Al tener competencia legislativa plena, el texto será remitido al Senado.