Source: http://chro.com.mx/es/noticias.php
Timestamp: 2019-03-26 04:56:00
Document Index: 155785015

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 34', 'artículo 123', 'artículo 93', 'artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 42', 'Artículo 91', 'artículo 95', 'artículo 77', 'artículo 139']

﻿ Noticias | Chacón & Rodríguez, S.C. (C&R)
Protocolo De Actuación En Casos De Discriminación Y Violencia Laboral
"Protocolo De Actuación En Casos De Discriminación Y Violencia Laboral"
•	Implementar el protocolo en comento;
•	Recibir, atender y resolver las quejas que presenten los trabajadores sobre violencia laboral; así como
•	Imponer las sanciones que correspondan a los trabajadores en el ámbito laboral, las cuales deberán estar previstas en el Reglamento Interior de Trabajo que rija dentro de la empresa.
•	Procesos de diagnóstico que permitan identificar el nivel de riesgo de la empresa para definir las medidas preventivas más adecuadas.
•	Acciones de sensibilización y capacitación que promueva la no violencia laboral, permita a los trabajadores identificar con toda claridad si son víctimas de este tipo de conductas, las instancias a las cuales pueden acudir y los pasos a seguir para la presentación de una queja.
•	Mecanismos para que los trabajadores puedan denunciar este tipo de hechos.
•	Procesos para la investigación de las conductas denuncias.
•	Lineamientos para determinar las sanciones aplicables para los trabajadores que incurran en este tipo de conductas.
Joaquín RodríguezBerenice Sagaón
jrodriguez@chro.com.mxbsagaon@chro.com.mx
DISCLAIMER: El presente documento es un servicio adicional a nuestros clientes y ha sido preparado para informarles sobre aspectos legales que Chacón & Rodríguez, S.C. considera relevantes. No obstante lo anterior, su contenido no debe ser considerado asesoramiento sobre un caso específico o como una opinión legal por parte de este despacho.
"Tratado Integral Y Progresista De Asociación Transpacífico"
El pasado 30 de diciembre de 2018 entró en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (“CPTPP”, por sus siglas en inglés).
Este Tratado es considerado el tercer mayor acuerdo comercial a nivel mundial detrás del Tratado entre Canadá y la Unión Europea (“CETA”, por sus siglas en inglés) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (“T-MEC”, por sus siglas en español), ya que representa un modelo de liberalización comercial, el cual tiene como finalidad mantener los mercados abiertos, incrementar el comercio mundial y crear nuevas oportunidades económicas entre los países miembros.
El CPTPP reafirma y materializa gran parte de las disposiciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (“TPP”, por sus siglas en inglés), el cual originalmente había sido suscrito por 12 países; posteriormente Estados Unidos de América (“EE.UU”) decidió anunciar su salida.
Como resultado de lo anterior, este Tratado constituye el acuerdo al que llegaron los 11 países restantes del TPP, conformado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, incorporando el texto original con excepción de 22 disposiciones relacionadas con reglas que fueron introducidas por EE.UU, las cuales quedan suspendidas.
El Tratado tiene cuatro características principales:
1.	Mejora el acceso a los mercados de los países que lo conforman, eliminando y reduciendo las barreras arancelarias entre ellos. También incrementa los beneficios preexistentes con aquellos países con los que ya se habían firmado tratados previamente.
2.	Promueve la innovación, la productividad y la competitividad;
3.	Fomenta el comercio incluyente, pues incorpora nuevos elementos para asegurar el desarrollo de la economía, ya que regula actividades de las empresas propiedad del Estado, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, comercio electrónico y facilidades para las Pequeñas y Medianas Empresas (“PYMES”) para hacer el comercio más ágil y sencillo.
4.	Por medio de una plataforma de integración regional, busca potenciar el encadenamiento productivo y la posibilidad de inclusión de distintas y futuras economías.
Para dimensionar la relevancia del Tratado, la Secretaría de Economía ha señalado que si bien la ausencia de Estados Unidos ha reducido las dimensiones económicas del mercado establecidas en un principio por el instrumento (dado que pasó de representar el 40% a 13% de la economía mundial), las perspectivas a futuro son favorables, ya que con la participación de los 11 países, se crea un mercado de 500 millones de consumidores y se aportará un 13.5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial1 , además de que la posible incorporación de otros países, podría compensar la ausencia de los EUA.
Con el CPTPP, México busca expandir su apertura comercial en la zona más dinámica del mundo (Asia-Pacífico), permitiendo que los productos mexicanos tengan acceso a 6 nuevos países: Australia, Burnéi, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, lo que permitirá diversificar la actividad económica comercial potencializando a sectores como el agrícola, el automotriz y aeroespacial y productos como dispositivos médicos, equipos eléctricos, lácteos, atún, sardinas, cosméticos, tequila, mezcal, cerveza, etc.2
Este Tratado, también permitirá profundizar el acceso al mercado de Japón y consolidará las preferencias arancelarias con países con los que ya se habían firmado tratados de libre comercio como Canadá, Chile y Perú.
El principal motivo del gobierno de México tras la negociación del CPTPP es continuar con una política de Estado de apertura comercial que inició desde 1989. Actualmente, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países; 33 acuerdos para la Promoción Recíproca de las Inversiones; y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.3 4
Para mayor información, quedamos a sus órdenes.
Av. Insurgentes Sur 1605 Piso 10 Módulo D, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Ciudad de México, +52 (55) 5662 6840
1https://www.gob.mx/epn/articulos/beneficios-del-tratado-integral-y-progresista-de-asociacion-transpacifico
2https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico/articulos/aprueban-en-comisiones-el-tratado-integral-y-progresista-de-asociacion-transpacifico
3https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
4https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/mapa_tratadosacuerdosMexico.jpg
Reforma Para Publicar Información Sobre Socios Y Accionistas En México
"Reforma Para Publicar Información Sobre Socios Y Accionistas En México"
El pasado 14 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), que entrará en vigor el 15 de diciembre de 2018.
Dicha reforma establece la obligación de dar aviso sobre las inscripciones que se realicen en los libros de registro de socios y acciones, en que se hagan constar la transmisión de partes sociales y acciones en las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas.
En ambos tipos sociales, el aviso deberá de publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía (“SE”), surtiendo efectos a partir del día siguiente de su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.
Adicionalmente, tratándose de sociedades anónimas, la SE se asegurará de que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso se mantenga como confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas cuando ésta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. La reforma no otorga la misma protección de confidencialidad de la información en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, al distinguir el carácter personal de los socios respecto de los accionistas en una sociedad anónima.
Esta reforma deriva de la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (“GAFI”) relativa al uso indebido de las personas morales en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Será deseable que esta reforma contribuya a transparentar la información que hoy no es posible obtener de los Registros Públicos de Comercio que contienen cierta información de los socios o accionistas, no actualizada y cuya búsqueda se dificulta al existir varios a nivel local a largo de toda la República Mexicana.
Finalmente, cabe señalar que la reforma no establece sanción alguna ante el incumplimiento en la presentación de dichos avisos.
Para mayor información, favor de contactarnos.
Ricardo Chacòn Joaquín Rodríguez Elena Rueda rchacon@chro.com.mx jrodriguez@chro.com.mx erueda@chro.com.mx
"Reformas A La Ley De La Propiedad Industrial"
El día 18 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”), que entrará en vigor el 10 de agosto de 2018. En virtud de que algunas modificaciones resultan de interés empresarial, extendemos la presente nota:
•	Declaración de Uso. Se obliga a los titulares de registros de marcas a presentar declaración de uso, dentro de los tres meses posteriores a que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.
•	Alcance de la protección de las marcas. Se prevé la protección de nuevos elementos como marcas, incluyendo, entre otros:
o	Marcas olfativas y sonoras. Los olores y los sonidos se incluyen como elementos que pueden protegerse con una marca.
o	Signos holográficos. Se permite la protección de dichos signos como marca.
o	Marcas de certificación. Se podrán proteger marcas que distingan productos o servicios, cuyas cualidades o características hayan sido certificadas por su titular, ej. componentes, condiciones de elaboración, calidad, etc.
o	Protección del trade dress. Se podrá registrar como marca la pluralidad de elementos operativos y elementos de imagen, ej. el tamaño, diseño, color, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse distinga productos y servicios en el mercado.
•	Impedimentos para el registro de marca. Se modifican y adicionan los impedimentos para el registro de marcas. Destaca la incorporación del impedimento de registro por mala fe; es decir, cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas o cuando se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.
Asimismo, es relevante el reconocimiento que ciertos impedimentos pueden subsanarse exhibiendo el consentimiento escrito del interesado, ej. para el registro de una marca que se considere semejante en grado de confusión con una previamente registrada.
•	Sistema de Oposición. Se permite la presentación de pruebas y posteriormente de alegatos, sin suspender plazos del procedimiento de registro.
•	Plazo para solicitar nulidad. Se amplía el plazo para solicitar la nulidad de una marca por uso previo (de 3 a 5 años).
En virtud de las modificaciones a la LPI, es necesario actualizar su Reglamento para esclarecer aspectos concretos de las disposiciones nuevas.
Ricardo Chacòn Joaquín Rodríguez Georgina García rchacon@chro.com.mx jrodriguez@chro.com.mx ggarcia@chro.com.mx
Nuevos Derechos De Los Pasajeros En México
"Nuevos Derechos De Los Pasajeros En México"
El 26 de junio de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley de Aviación Civil (“LAC”), a la Ley Federal de Protección al Consumidor (“LFPC”) y a la Ley de Inversión Extranjera (“LIE”). Dichas reformas están relacionadas con los servicios de transporte aéreo y los derechos de los pasajeros como se mencionan a continuación...
El 26 de junio de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley de Aviación Civil (“LAC”), a la Ley Federal de Protección al Consumidor (“LFPC”) y a la Ley de Inversión Extranjera (“LIE”). Dichas reformas están relacionadas con los servicios de transporte aéreo y los derechos de los pasajeros como se mencionan a continuación:
1. Compensación por Retraso de Vuelo. En caso de retraso en la hora de la salida por causas imputables al prestador del servicio de transporte aéreo público (en lo sucesivo el “Prestador”), el pasajero será compensado en los siguientes términos:
a) La LFPC señala que en caso de retraso en la hora de salida de un vuelo superior a 30 minutos y por causas imputables al Prestador, el pasajero tendrá derecho a una bonificación no inferior al 20% del precio del boleto de avión. Esto, sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios.
b) Cuando la demora sea superior a 1 hora e inferior a 4 horas, se compensará conforme a las políticas de compensación de cada Prestador. Las políticas de compensación deberán incluir como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas, de acuerdo a lo establecido por el Prestador y en atención al principio de competitividad. El Prestador deberá registrar estas políticas de compensación en un plazo de 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Reforma.
c) Si la demora es mayor a 2 horas pero menor a 4 horas, los descuentos incluidos en las políticas de compensación no podrán ser menores al 7.5% del precio del boleto.
d) Si la demora es mayor a 4 horas, el pasajero será compensado conforme a los incisos b) y c) arriba señalados; y, a su vez, a la indemnización establecida por la LAC para la cancelación del vuelo, cuya responsabilidad sea atribuible al Prestador.
El Prestador deberá presentar y registrar cada 6 meses, ante la SCT y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las políticas de compensación; que serán públicas.
2. Momento de Pago de Compensaciones. El Prestador estará obligado a pagar las compensaciones y/o indemnizaciones previstas en la LAC dentro de un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación hecha por el pasajero, salvo las compensaciones de alimentos y hospedaje que deberán ser cubiertos al momento de que el retraso del vuelo se actualice.
3. Información de sus Derechos y Trato Digno. El pasajero tiene derecho a conocer los términos del contrato, así como los derechos de los que goza. El Prestador deberá informar al pasajero, al momento de la compra del boleto, acerca de los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de compensación, así como los derechos de los pasajeros.
Asimismo, el Prestador deberá dar un trato digno al pasajero, así como, un alto nivel de información que le permita al pasajero conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirlas. A su vez, el Prestador deberá presentar el listado de los derechos de los pasajeros en los puntos de atención, mostradores, centrales de reserva; así como también, a bordo de las aeronaves un ejemplar en el bolsillo de cada una de las sillas de pasajeros, o en su defecto incluir información suficiente sobre los derechos de los pasajeros en medios impresos accesible y disponible a los pasajeros.
4. Costo del Boleto. El Prestador está obligado a mostrar desde el primer momento el costo total del boletos, impuestos incluidos.
5. Cancelación en 24 hrs del Pasajero. El pasajero podrá solicitar la cancelación de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique al Prestador en el lapso de 24 hrs. contadas a partir de la hora en que haya hecho la compra del boleto.
6. Trato a los Animales. Se incluye la definición de trato humanitario entendiéndose como el conjunto de medidas que buscan disminuir la tensión, el sufrimiento, el dolor y la producción de traumatismo durante la movilización de los animales. Señalándose que el transporte de los animales domésticos será efectuado observando en todo momento un trato humanitario.
7. Indemnizaciones por Avería de Equipaje. La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será por el equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (“UMA”) (aprox. $6,039.20 pesos/$301.96 dólares); mientras que por la pérdida o avería del equipaje facturado la indemnización será por el equivalente a 150 UMA’s (aprox. $11,323.50 pesos/$566.17 dólares).
8. Carreola para Infante. Se establece que en caso de que un mayor de edad lleve a un infante menor de 2 años a su cuidado, tendrá derecho a transportar sin cargo adicional una carreola para el infante.
9. Tarifa Preferencial. En caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje el Prestador podrá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del pasajero.
10. Sobreventa de Boletos. Respecto de las alternativas ofrecidas al pasajero no hay cambios. Sin embargo, se agrega una obligación al Prestador, señalándose que éste deberá solicitar voluntarios que renuncien al embarque a cambio de beneficios que acuerde directamente con el pasajero, que no podrán ser inferiores a las alternativas contenidas en el artículo 52 de la LAC.
11. Entrega de Reportes a la SCT. El Prestador estará obligado a entregar mensualmente a la SCT informes, bitácoras, estadísticas, reportes, índices de reclamaciones y todos aquellos datos que permitan transparentar su funcionamiento. La SCT dará seguimiento a la información presentada y la publicará trimestralmente.
12. Módulo de Atención. Adicional a los derechos señalados, se prevé que para dar cumplimiento a los mismos, el Prestador deberá contar con un módulo de atención al pasajero en cada una de las terminales en donde operen. La PROFECO deberá establecer mecanismos para regular estos módulos y garantizar que los procedimientos que ahí se realicen se hagan de forma sencilla y expedita.
13. Vuelo Redondo o con Conexión. En caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá disponer de ellos para cada segmento particular, es decir, el concesionario o permisionario no podrá denegarle el embarque a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total. Para garantizar el cumplimiento de esto, el pasajero deberá informar al Concesionario en el lapso de 24 hrs. contadas a partir de la hora programada del segmento no utilizado, que hará uso de los segmentos subsecuentes, a través de los medios que el Concesionario para ello disponga.
14. Protección al Consumidor. El Prestador está obligado a publicar a través de medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje y módulos de atención al pasajero las causas por las que los vuelos sean demorados y poner a disposición de los consumidores toda la información relativa para la presentación de quejas, en cada una de las terminales en donde operen.
Asimismo, se aprobaron reformas a la LIE a fin de establecer que la inversión extranjera participará hasta en un 49% en el servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.
Samuel Chacón schacon@chro.com.mx
Comentarios Al Sistema De Oposición De Marcas En México
"Comentarios Al Sistema De Oposición De Marcas En México"
El día 30 de agosto de 2016, entró en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que introduce el sistema de oposición en materia de registro de marcas.
De conformidad con la reforma, las solicitudes de registro de marca serán publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial (la “Gaceta”), a más tardar dentro los diez días hábiles siguientes a su recepción, durante el periodo de evaluación regular del examen de forma.
De esa forma, los terceros interesados podrán revisar la relación de solicitudes de registro de marca presentadas y, en caso de que consideren que existe un impedimento para el registro de la marca (ej. que sea semejante en grado de confusión respecto de una marca registrada por el propio tercero), podrán presentar un escrito de oposición a la solicitud de registro dentro del mes siguiente a partir de que surtiere efectos la publicación de la Gaceta.
Este escrito de oposición no prejuzga sobre el examen de fondo que realizare el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) respecto de la solicitud, ni le otorga el carácter de parte al tercero en el procedimiento de registro.
Una vez que hubiere transcurrido el plazo para presentar el escrito de oposición, el IMPI publicará el listado de las solicitudes en las que se hubiere presentado oposición al registro, dentro de los diez días hábiles siguientes.
Lo anterior permitirá que el solicitante de la marca pueda manifestarse respecto de lo indicado en el escrito de oposición por el tercero. Tanto la oposición como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el IMPI durante el examen de fondo de la solicitud.
Pros: El sistema de oposición contribuirá a evitar el “secuestro de marcas”, permitiendo que los titulares de marcas en el extranjero identifiquen si su marca está siendo registrada en México por un tercero y puedan informar al IMPI de dicha circunstancia.
Contras: No obstante lo anterior, la reforma puede representar esfuerzos adicionales para los titulares de las marcas en lo relativo a verificar regularmente las solicitudes de registro de marca presentadas ante el IMPI y determinar si éstas pudieren o no afectar a sus registros marcarios. Como referencia, durante el primer semestre de 2016, el IMPI otorgó 57 mil 684 registros a través de la Dirección Divisional de Marcas.
Para mayor información, quedamos a sus órdenes en nuestras direcciones de contacto.
Joaquín RodríguezGeorgina García
jrodriguez@chro.com.mxggarcia@chro.com.mx
Publicada el día 1 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
"Reforma Energética en México - Oportunidades de Negocios (2014)"
El día 20 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la reforma al marco constitucional en materia de energía. En términos de la propia reforma, el Congreso de la Unión debía emitir las leyes secundarias y las adecuaciones al marco legal en congruencia con el nuevo texto constitucional.
El día 11 de agosto de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: i) la Ley de Hidrocarburos, ii) la Ley de la Industria Eléctrica, iii) la Ley de Energía Geotérmica, iv) la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, v) la Ley de Petróleos Mexicanos, vi) la Ley de Comisión Federal de Electricidad, vii) la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, viii) La Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, lo anterior en adición a ix) las reformas a otras leyes como la Ley de Inversión Extranjera.
1. Ley de Hidrocarburos
Las principales disposiciones de la Ley de Hidrocarburos pueden ser resumidas en:
Que el objeto de la ley es regular las actividades de exploración, extracción, refinación y comercialización de hidrocarburos, entre otros.
Que el Ejecutivo Federal, podrá otorgar, modificar, e incluso, revocar Asignaciones, que son autorizaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos en un área específica y por una duración específica, a Petróleos Mexicanos (“Pemex”) o a cualquier otra empresa productiva del Estado.
Las Asignaciones podrán cederse cuando el cesionario sea otra empresa productiva del Estado y con autorización previa.
Pemex y las demás empresas productivas del Estado, sólo podrán celebrar contratos de servicios con Particulares para las actividades relacionadas con las Asignaciones, bajo esquemas de productividad y rentabilidad, siempre que la contraprestación se realice en efectivo.
Que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá otorgar contratos para la exploración y extracción.
Mediante autorización de la Secretaría de Energía (“SENER”), las Asignaciones podrán migrar a Contratos para la Exploración y la Extracción; en cuyo caso Pemex y las empresas productivas del Estado, podrán celebrar alianzas o asociaciones con Personas Morales.
Sólo el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá otorgar contratos para la explotación y extracción. La selección del contratista se realizará mediante un proceso de licitación.
Podrá ponerse a consideración de la SENER áreas de interés para llevar a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos.
La SENER emitirá el plan quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales, el cual deberá ser público.
Participación obligatoria de Pemex o de otra empresa productiva del Estado, en áreas contractuales donde exista la posibilidad de encontrar yacimientos transfronterizos.
Se requerirá de permiso para realizar las actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos dentro del territorio Nacional.
Podrán otorgarse permisos para importación de gasolinas y diesel a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones aplicables, a partir de enero de 2017.
La ley entró en vigor el día 12 de agosto de 2014.
El Reglamento de la ley deberá ser expedido a más tardar el 8 febrero de 2015 (180 días posteriores a la entrada en vigor).
Con anterioridad a la reforma Pemex tenía a su cargo la exploración en todo el territorio nacional, ahora, será el Gobierno Federal quien asignará a Pemex las áreas que podrá explorar y explotar y se determinarán las mismas mediante “Rondas”, que se mencionarán más adelante.
Debemos diferenciar dos tipos de recursos i) las reservas probables (2P) son hidrocarburos con al menos un 50% de probabilidad de ser extraídos del subsuelo y ii) los recursos prospectivos que son hidrocarburos que no han sido descubiertos pero que han sido inferidos y que se estiman recuperables. Se estima que los recursos prospectivos representan el 72% de los recursos totales de México.
Ronda Cero. Se reservó para Pemex la mayor parte de las reservas 2P, así como un menor porcentaje de los recursos prospectivos.
De acuerdo con la SENER, se pretende adjudicar al sector privado un total de 169 bloques que incluirán aguas profundas, recursos no convencionales, aguas someras, aceites pesados, Chicontepec y campos terrestres para producción y exploración de hidrocarburos en Mexico. Lo anterior se estima en reservas probables de 3,782 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes.
Se espera que en noviembre 2014 se publiquen las pre-bases de licitaciones. Se espera que para febrero-abril de 2015 inicie la venta de las bases de licitación correspondientes.
Ronda 0.5. Pemex anunciará áreas en las que se asociará con terceros para incrementar sus niveles de producción. Estos proyectos incluyen campos maduros (terrestres y marinos), campos de crudo extra pesado, desarrollo de gas y aguas profundas.
2. Ley de Industria Eléctrica
En términos generales, esta ley establece:
Que su objeto es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación en beneficio de los usuarios.
La Secretaría de Economía, con opinión de la SENER, definirán las estrategias para fomentar la inversión directa en la industria eléctrica, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
La Comisión Reguladora de Energía está facultada para otorgar permisos en lo relativo a las centrales eléctricas, expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujeta la operación de los suministradores de servicios básicos, así como las tarifas finales del suministro básico, en términos de la ley, entre otras.
La SENER fomentará el otorgamiento de créditos para el financiamiento de Centrales Eléctricas de Generación Limpia Distribuida.
3. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
En términos generales, esta ley establece que:
La ley regula la organización, funcionamiento y competencia de los órganos reguladores coordinados (“ORC”).
Los ORC son: i) la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y ii) la Comisión Reguladora de Energía, los cuales tienen autonomía técnica, operativa y de gestión.
El Consejo de Coordinación del Sector Energético será un mecanismo de coordinación entre los citados órganos, la SENER y otras dependencias de gobierno.
De forma general, la principal función de dichos órganos es aumentar la competencia en el sector energético del país, la competitividad en las empresas productivas del Estado, generar desarrollo económico y aumentar los ingresos del Estado.
4. Reforma a leyes diversas
Adicionalmente a las leyes mencionadas, algunas otras leyes fueron reformadas como la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Federal de Derechos, entre otras. Lo anterior a efecto de permitir la participación de entidades mexicanos y extranjeros en ciertas actividades en materia de energía y asociarse con Pemex.
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor póngase en contacto con nosotros.
Aeronáutica: Chacón & Rodríguez,S.C., ganador del premio 2014 M&A Awards como Aviation Law Firm of the year para México
"Aeronáutica: Chacón & Rodríguez,S.C., ganador del premio 2014 M&A Awards como Aviation Law Firm of the year para México"
China: 3rd Sino-Foreign Economic and Trade Projects Exchange Conference
"China: 3rd Sino-Foreign Economic and Trade Projects Exchange Conference"
China: 4ta Feria de las Inversiones Chinas en el Extranjero
"China: 4ta Feria de las Inversiones Chinas en el Extranjero (2012)"
Chacón & Rodríguez / Yingke México participó en la Cuarta Feria de las Inversiones Chinas en el Extranjero celebrada en el World Trade Center de Beijing, China, los días 4 y 5 de Diciembre de 2012. Como una ventana de salidas de inversiones de empresas Chinas, esta feria se ha convertido en una de las principales plataformas para las inversiones Chinas hacia el exterior. La misma fue organizada por la China Industrial Overseas Development & Planning Association (CIODPA) y el China Development Bank (CDB).
China: Asociación estratégica entre las firmas de abogados Yingke y Chacón & Rodríguez
"China: Asociación estratégica entre las firmas de abogados Yingke y Chacón & Rodríguez (2012)"
El 2 de Octubre de 2012, Yingke Law Firm, una de las firmas de abogados más grandes de China, estableció formalmente una asociación estratégica con Chacón & Rodríguez. Como resultado de dicha asociación surgió Yingke México, quien tiene como objetivo asesorar clientes de México que desean expandirse hacia China así como clientes de China que desean hacer negocios en México. La recepción para anunciar oficialmente el establecimiento de Yingke México se llevó a cabo en el exclusivo Club Piso 51 localizado en la Torre Mayor, Ciudad de México, en donde los socios directores de ambas firmas fueron los anfitriones, contando la presencia de clientes, diplomáticos, funcionarios de gobierno, empresarios y medios de comunicación.
China: Sexta Cumbre de Negocios China - América Latina y Caribe
"China: Sexta Cumbre de Negocios China - América Latina y Caribe (2012)"
Chacón & Rodríguez/Yingke México participó en la Sexta Cumbre de Negocios China - América Latina y Caribe celebrada en la Ciudad de Hangzhou, China, los días 17 y 18 de Octubre de 2012. Dicha Cumbre, es una de las plataformas de negocios más importantes entre China y América Latina y fue organizada por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), el Banco Central de China y el Gobierno municipal de Hangzhou.
Reforma a las Leyes 2012 (APP’s, datos personales, sociedades mercantiles)
"Reforma a las Leyes 2012 (APP’s, datos personales, sociedades mercantiles)"
Nueva Ley de Asociaciones Público Privadas
El día 17 de enero de 2012, entró en vigor la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs). Esta ley establece una forma de relación público-privada en la que el ente privado presta un servicio público, con infraestructura parcial o totalmente privada, a solicitud del ente público, mediante un contrato a largo plazo, con el objetivo de aumentar el bienestar social y la inversión en el país. El vínculo entre los entes públicos privados es meramente respecto de las obligaciones contractuales del proyecto de que se trate, sin crear una empresa de participación estatal o cualquier otro tipo de entidad. De esta forma, el ente público puede disponer de sus recursos presupuestales en diversos proyectos en forma simultánea, mediante el pago de contratos a largo plazo con el sector privado. Por su parte, el ente privado puede recuperar su inversión y obtener una ganancia durante la vida del proyecto. Con lo anterior, se estimulará la creación de empleos, el crecimiento económico y el desarrollo de la infraestructura del país.
La Ley incluye un concepto innovador “proyectos no solicitados”, los cuales consisten en que los entes públicos, podrán proponer una serie de temas a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, respecto de los cuales recibirán las propuestas de proyectos que libremente sometan a su consideración los entes privados. En caso de que un proyecto sea aceptado, el ente público deberá reembolsar al privado los gastos de preparación del mismo y podrá convocar a concurso para la asignación del proyecto.
Para la participación en una APP, el inversionista privado debe crear una sociedad de propósito específico, dedicada específica y exclusivamente para el proyecto de que se trate, separando los activos y las responsabilidades de esa sociedad respecto de otras que pudiere tener el inversionista privado.
En virtud de que los proyectos de infraestructura se consideran a largo plazo, las APPs podrán concederse hasta por un plazo máximo de 40 años, salvo las excepciones previstas en la propia ley.
El mecanismo de solución de controversias en las APPs depende del tipo de la propia controversia a resolver: i) tratándose de una controversia económica y técnica podrá realizarse negociación, ii) en caso de controversias contractuales las partes podrán someterse a arbitraje y, por último iii) los asuntos legales respecto de la aplicación de la Ley de APPs y los actos realizados conforme a sus disposiciones deberán sujetarse a tribunales federales.
El día 22 de diciembre de 2011, entró en vigor el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, integrándose así el marco normativo mexicano en materia de protección de datos personales. De forma general, la Ley en comento establece lo que debe entenderse como tratamiento de datos personales, los principios que rigen dicho tratamiento, las responsabilidades de las personas que intervienen en el manejo de los datos personales (responsable y encargado), la forma en que el titular de los datos otorga su consentimiento para el tratamiento (aviso de privacidad) y los derechos del titular frente al mismo.
Por su parte, el reglamento desarrolla los derechos que tienen los individuos respecto a sus datos personales, los procedimientos y mecanismos que pueden hacer valer ante el uso indebido de los mismos, y detalla las obligaciones a cargo de las personas de carácter privado que tratan datos personales.
Con independencia de las sanciones y responsabilidades que establece por cualquier vulneración a la confidencialidad de los datos personales y a la intimidad de las personas, esta novedosa normatividad busca fomentar la cultura de protección a la información personal, estableciendo entre otras cosas mecanismos de cooperación con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
El día 1 de enero de 2012, entró en vigor la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles y otras leyes relacionadas.
La reforma en comento fue formulada en atención a estudios que indican que en México los costos, trámites y tiempos de respuesta son muy superiores a los de otros países, sugiriendo entonces que el país debe adecuar sus trámites federales para promover la creación de empresas, combatir el desempleo, la informalidad, aumentar la inversión y a final de cuentas lograr ser más competitivo.[1]
Por lo anterior se resolvió: eliminar los requisitos de duración y capital mínimo de las sociedades mercantiles y se determinó que las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores relativas al permiso de uso de la denominación de sociedades mercantiles y modificación a la misma, ahora corresponderían a la Secretaría de Economía, eliminando los costos de dichos trámites y acortando el tiempo de respuesta de 5 días hábiles a 2 días hábiles.
Igualmente, se consideró que el requisito de capital mínimo en las sociedades mercantiles, no sólo no está asociado a tasas de recuperación por parte de los acreedores, aunado a que países que han eliminado este requisito, presentaron un aumento notable en la generación de empresas.[2]
Como excepción, las modificaciones a la Ley Federal de Inversión Extranjera y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relacionadas con el permiso de uso de la denominación de sociedades mercantiles, entrarán en vigor hasta el 15 de junio de 2012.
[1] Cfr. Banco Mundial, Doing Business in México 2009, así como Comité de Competitividad, Cámara de Diputados, LX Legislatura.
Arbitraje: El equipo de arbitraje de Chacón & Rodríguez fue el encargado de elaborar el caso de estudio del concurso Interuniversitario de Arbitraje Comercial Internacional
"Arbitraje: El equipo de arbitraje de Chacón & Rodríguez fue el encargado de elaborar el caso de estudio del concurso Interuniversitario de Arbitraje Comercial Internacional"
El equipo de arbitraje de Chacón & Rodríguez, S.C. dirigido por Joaquín Rodríguez se complace en haber elaborado el caso práctico para el décimo primer concurso Interuniversitario de Arbitraje Comercial Internacional organizado por el Centro de Arbitraje de México (CAM).
Chacón & Rodríguez y Samuel Chacón reconocidos como "Recommended Law Firm" y "Recommended Attorney" por Global Law Experts
"Chacón & Rodríguez y Samuel Chacón reconocidos como "Recommended Law Firm" y "Recommended Attorney" por Global Law Experts (2011)"
Como parte del servicio de recomendación y referencia de abogados líderes en diversas áreas de práctica del derecho en más de 110 países, Global Law Experts, otorgó a principios de 2011, a Chacón & Rodríguez y a Samuel Chacón el reconocimiento como despacho de abogados recomendado ("Recommended Law Firm") y como abogado recomendado ("Recommended Attorney") para el financiamiento de proyectos en México.
China: Chacón & Rodríguez collaborates in the writing of the reference book "China Outbound Investments"
"China: Chacón & Rodríguez collaborates in the writing of the reference book "China Outbound Investments" (2011)"
Chacón & Rodríguez está participando en la investigación y redacción del Capítulo de México del libro "China Outbound Investments" que será publicado a mediados de 2011 por CCH HK Ltd., con apoyo de la Universidad China de Hong Kong. Este libro será una guía legal práctica que ofrezca a inversionistas Chinos y abogados un panorama conciso de una amplia gama de sistemas legales orientados a proyectos de inversión China en el extranjero.
El capítulo de México incluye los siguientes temas:
1. Autorizaciones gubernamentales
2. Requerimientos de registros
3. Vehículos de inversión
4. Reglas para Fusiones y Adquisiciones
6. Política Monetaria y Control de Cambios
7. Derecho Patrimonial
9. Derecho Laboral
10. Responsabilidad del Inversionista
Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los hidrocarburos legalmente extraídos
"Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los hidrocarburos legalmente extraídos"
Este artículo trata de algunos aspectos interesantes y de relevancia a raíz de las mencionadas reformas, relativos a la naturaleza jurídica del petróleo y otros hidrocarburos, una vez que son extraídos conforme a derecho, del subsuelo mexicano.
1.- La Constitución Mexicana establece en su artículo 27, párrafo primero, que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Se establece además en el cuarto párrafo de la misma que “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas;…; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…;”
REFORMA ENERGÉTICA. Algunas consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los hidrocarburos legalmente extraídos, a la luz de la reforma constitucional y legal en materia energética.
2.- En la parte conducente, el sexto párrafo de la Constitución, antes de la reforma energética se leía así: “En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores [cuarto antes citado y quinto omitido] el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal…. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos…. no se otorgarán concesiones….”.
3.- Con motivo de tales reformas, el párrafo séptimo de la Constitución Mexicana, es el que trata ahora del petróleo y otros hidrocarburos -antes abordados en el sexto párrafo, como se mencionó-, el cual establece en su parte conducente lo que sigue: " Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria… En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
4.- Por otra parte, la Ley de Hidrocarburos, reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 27 Constitucional –entre otros-, establece en acatamiento del mandato constitucional, que la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, es inalienable e imprescriptible (artículos 1° y 11 de la misma). El mismo lenguaje es utilizado por la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, reglamentaria del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución, en su artículo 7. A la luz de lo anterior, se puede afirmar claramente que la Nación Mexicana tiene la propiedad directa del petróleo y de todo hidrocarburo sólido, líquido o gaseoso que se encuentren en el subsuelo, la cual es inalienable e imprescriptible.
5.- Es crucial en el presente caso -relacionado como se ha dicho con la naturaleza jurídica de dichos activos, una vez que han sido legalmente extraídos del subsuelo- tener en cuenta que la Constitución así reformada, limita el alcance de la inalienabilidad e imprescriptibilidad mencionadas, a la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, en abrupto contraste con el anterior lenguaje constitucional al respecto. Esto significa que los activos ya extraídos del subsuelo, que están siendo ya objeto del proceso industrial respectivo, serán explotados de conformidad con la Ley Reglamentaria. En este sentido, debe haber un equilibrio racional entre la preservación de los recursos naturales no renovables en beneficio de las generaciones futuras, por un lado, y una explotación prudente de dichos activos producidos, en beneficio de las necesidades actuales de las personas, por otro.
6.- De acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de PEMEX, -artículo 5- y bajo el mandato constitucional de que la Nación lleve a cabo actividades de exploración y producción de hidrocarburos a través de asignaciones a empresas productivas del Estado (como uno de los dos medios para ello), y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, PEMEX está facultado para llevar a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos, de acuerdo a las leyes aplicables. Su tarea como empresa productiva, es el desarrollar actividades comerciales, industriales, económicas y de gestión en dicho sector.
7.- PEMEX también podrá de acuerdo a su objeto, celebrar todo tipo de actos, acuerdos, contratos, garantías, y suscribir títulos de crédito (artículo 7). Al respecto, es muy importante tomar en cuenta que los contratos relacionados con la exploración y producción de hidrocarburos, serán regidos por la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, y como leyes supletorias, por el derecho mercantil y el común (artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos).
8.- En relación con lo anterior, el segundo párrafo del mencionado artículo 7 de la Ley de PEMEX, establece que los contratos celebrados por PEMEX, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por el derecho mercantil y común.
Por tanto, PEMEX -con plena capacidad para vender los productos que deriven de la extracción de hidrocarburos, de conformidad con las leyes aplicables- al vender hidrocarburos, funciona como un comerciante y al igual que los particulares a quienes se otorgan contratos de exploración y extracción, está sujeta en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, a las disposiciones mercantiles aplicables.
9-. Como consecuencia de lo anterior, y a manera de conclusión, una vez que PEMEX, las otras empresas productivas del Estado o los particulares, desarrollen actividades de exploración y producción de hidrocarburos, a través de asignaciones o contratos (la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece los aspectos económicos de cada modelo de contrato de los mencionados en el artículo 18 de la Ley de Hidrocarburos), los hidrocarburos en proceso industrial –extraídos- se convierten en activos comerciales y en bienes fungibles para el intercambio, y sujetos por tanto a las leyes mercantiles y de derecho común aplicables, tal como se señala en la Ley de Hidrocarburos comentada, en su parte conducente. La clave de este tema tan sensible radica fundamentalmente en la prudencia y racionalidad de índole económica y política con las que la extracción y comercialización de petróleo y otros hidrocarburos se lleven a cabo, en vista del bien general de las actuales y futuras generaciones de mexicanos.
Finalmente, es importante tomar en cuenta que los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, serán únicamente otorgados por medio de licitación pública. en términos de la legislación aplicable, y que la Ley de Hidrocarburos, la Ley de PEMEX y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que fueron citadas en el presente texto, son parte de la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia energética.
Con la colaboración de Mauro González-Luna Mendoza
"Reforma Energética"
Nota de la Ley de Asociaciones Público Privadas
"Nota de la Ley de Asociaciones Público Privadas"
La publicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (“Ley”) tiene como finalidad la ampliación de la inversión privada a largo plazo para la creación de infraestructura productiva o en la prestación de servicios públicos del país. Se pretende una mayor eficiencia en el uso de los recursos y garantizar la transparencia de su manejo, la distribución de riesgos, recursos y objetivos entre el sector público y el privado. La legislación mexicana ya cuenta con formas de financiamiento como son los PIDIREGAS, proyectos de prestación de servicios (PPS) y las obras asociadas a proyectos de infraestructura (OPAPIS), la diferencia con las asociaciones público-privadas es que la Ley regula con mayor certeza jurídica los riesgos adquiridos por cada una de las partes.
La Ley permite que los particulares propongan proyectos para la prestación de servicios o para la creación de infraestructura, los cuales en caso de ser aprobados por la entidad o dependencia correspondiente recibirá el apoyo del gobierno para su creación. El ámbito de aplicación de la Ley es a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales y personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución, también aplica a las entidades federativas, municipios y los entes públicos ambas, siempre que sean recursos federales.
La forma de inversión a largo plazo planteada por la Ley, ya es aplicada en varios estados de la república como: Baja California, Estado de México, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas en los cuales se ha dado un impulso en la infraestructura del estado por medio de la ayuda de los particulares.
El 16 de enero del 2012 se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (“Ley”) con el objetivo de regular los Proyectos de asociaciones público-privadas (“Proyectos”) que se realicen con cualquier esquema, para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivo que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.
También se incorporan los Proyectos que se realicen con esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, las entidades y dependencias decidirán con que instituciones de educación superior y centros de investigación se desarrollará el proyecto[1].
Se establecen como requisitos para los Proyectos, los siguientes:
La plena justificación del proyecto.
Especificar el beneficio social que se busca obtener.
Demostrar su ventaja financiera frente a otros financiamientos.
La Ley será aplicable a los Proyectos que realicen:
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales[2].
Órganos constitucionalmente autónomos.
Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con recursos federales, de conformidad con los convenios que celebren con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
Se excluye la aplicación de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en los Proyectos.
Los esquemas de asociación público-privada de la Ley son opcionales y se podrán aplicar en actividades que permitan la participación del sector privado. Bajo ninguna circunstancia se podrán utilizar esquemas de asociación público-privada en actividades en las cuales estén se excluya la participación de los particulares.
La información relativa a los Proyectos podrá ser consultada en una sección separada de CompraNet[3].
Para iniciar un Proyecto se requiere que lo siguiente:
I. La celebración de un contrato de largo plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones del ente público contratante, por un lado y los del o los desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, ejecuten la obra, por el otro;
II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos; y
III. En el caso de los proyectos vinculados a innovación y desarrollo tecnológico, se requerirá además, la previa aprobación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Para el análisis y aprobación de estos proyectos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico deberá ajustarse a los principios orientadores del apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación previstos en esa ley.
Se resalta la inclusión de la conveniencia para las entidades o dependencias de usar un esquema de asociación público privada en sustitución de otro tipo de financiamientos mediante un análisis de costo beneficio, la rentabilidad del proyecto y la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio.
Para el inicio de los Proyectos además de la declaración de viabilidad de la entidad o dependencia a la que corresponda, de necesita la autorización de la Comisión Intersecretarial de gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.
Se considerarán aceptadas las autorizaciones previas para el inicio de la ejecución de los Proyectos, si la autoridad competente no contesta en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción del a solicitud. El mismo término es establecido para las autorizaciones que se contemplen en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente[4].
Para que proceda la afirmativa ficta los promoventes deberán señalar que la autorización que solicitan se refiere a proyectos de asociación público privada.
La prelación e inclusión de los Proyectos en un capítulo del Presupuesto de Egresos deberán ser analizados en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, el cual regula la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión.
Las dependencias y entidades podrán publicar en el Diario Oficial de la Federación o en su página de internet, los proyectos que están dispuestos a recibir, especificando los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos, con la finalidad que cualquier interesado pueda presentar su propuesta ante éstas.
La presentación solo otorga el derecho al solicitante de que su Proyecto sea analizado y evaluado, en caso de que sea declarado no procedente, no procederá ninguna instancia o medio de defensa alguno porque no es considerado como acto de autoridad.
Después de que sea presentado el Proyecto, la entidad o dependencia deberá emitir las bases para el concurso y deberá entregar al promotor del Proyecto un certificado en el cual se establezcan las condiciones para el reembolso de los gastos en que incurrió para los estudios del Proyecto, lo anterior para el supuesto que el promotor no resulte el ganador del concurso o no participe en él. Después de la entrega del certificado todos los derechos relativos a los estudios presentados pasarán al dominio de la dependencia o entidad convocante.
El promotor suscribirá una declaración unilateral, irrevocable, en la que determine lo siguiente:
1.Otorgue toda la información relativa al proyecto, que le sea solicitada por cualquier postor en el concurso.
2.Ceder los derechos en materia de derechos de autor y propiedad industrial a favor del ganador del concurso.
El promotor del Proyecto tendrá derecho a un premio en la evaluación de su oferta, el cual se establecerá en las bases, dicho premio no podrá exceder del equivalente a 10% en relación con los criterios señalados para adjudicar el contrato.
En caso de que el concurso no pueda celebrarse por causas imputables al promotor del Proyecto, éste perderá todos sus derechos sobre los estudios presentados a favor de la dependencia o entidad convocante y se le hará efectiva la garantía que establezca el reglamento.
Cualquier persona física o moral, nacional o extranjera podrá participar en los concursos, excepto las siguientes:
I. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento de contratos celebrados con dependencias o entidades federales;
III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna dependencia o entidad federal les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año calendario inmediato anterior a la convocatoria;
IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con dependencias o entidades federales;
V. Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública en los términos del título séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del título sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o de la sección cuarta del capítulo décimo primero de la presente Ley;
VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación,
VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil, ni
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley[5].
Los participantes en los concursos deberán otorgar una garantía, que no podrá exceder del 10% del monto total del valor estimado de las inversiones a ser realizadas para llevar a cabo el Proyecto.
La persona o personas físicas que resulten ganadoras se obligan a constituir una o más personas morales, en cuyo objeto social deberán estar contempladas, de manera exclusiva, las actividades necesarias para realizar el Proyecto correspondiente. Se podrá incluir dentro del objeto social la participación de la sociedad en el concurso respectivo. Dentro de las bases del concurso que sean emitidas por la entidad o dependencia, se señalará el capital mínimo fijo sin derecho a retiro, las limitaciones estatutarias y los demás requisitos que deba cumplir la sociedad o fideicomiso que se constituyó[6].
Los participantes deberán presentar su propuesta en un término que no podrá exceder de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria, deberán estar en sobres cerrados en los que se incluya la oferta técnica y económica.
No se requiere para el acto de presentación y apertura de las propuestas que los participantes acrediten su personalidad, será necesario únicamente un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades necesarias para ello.
De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del Concurso y de los Contratos
Las entidades y dependencias después de analizar las propuestas presentadas, adjudicarán el Proyecto al participante cuya propuesta sea solvente. En caso de que dos o más propuestas sean adecuadas para el desarrollo del Proyecto, se estará a lo siguiente:
1.Se adjudicará a la propuesta que asegure mejores condiciones económicas. Si persiste la igualdad de condiciones;
2.Se adjudicará el Proyecto al concursante que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos, como del uso de bienes o servicios de procedencia nacional y propia de la región de que se trate.
En el dictamen que elabore la entidad o dependencia para basar su fallo, se establecerán las razones para admitirlas o desecharlas y la comparación entre ellas con los elementos de porque se adjudicó el Proyecto al ganador.
Después de emitido el fallo, el o los contratos de asociación público privada deberán ser formalizados en el plazo establecido por las bases del concurso.
Los contratos deberán contener como mínimo lo siguiente:
I. Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes;
II. Personalidad de los representantes legales de las partes;
III. El objeto del contrato;
IV. Los derechos y obligaciones de las partes;
V. Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios;
VI. La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 123 de esta Ley y la obligación de mantener dicha relación actualizada;
VII. El régimen financiero del proyecto, con las contraprestaciones a favor del desarrollador;
VIII. La mención de que los inmuebles, bienes y derechos del proyecto sólo podrán ser afectados en términos del artículo 93 siguiente;
IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control del la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante;
X. El régimen de distribución de riesgos, técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, entre las partes, que en todo caso deberá ser equilibrado. Las dependencias y entidades no podrán garantizar a los desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta ley y su reglamento;
XI. El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la prestación de los servicios, así como el plazo de vigencia del contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos;
XII. La indicación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto;
XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato, de sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo;
XIV. El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes;
XV. Los procedimientos de solución de controversias; y
XVI. Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca.
Para efectos de la presente Ley, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones del contrato no deberán contravenir los términos y condiciones de las bases del concurso y los señalados en las juntas de aclaraciones.
El objeto de los contratos será: (i) la prestación de los servicios del Proyecto o (ii) la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios citados.
La vigencia de los contratos con sus prórrogas no podrá exceder, en su conjunto, de 40 años.
El desarrollador del Proyecto podrá ceder sus derechos el contrato, de forma total o parcial, previa autorización de la dependencia o entidad contratante, siempre y cuando sea permitido por el propio contrato.
Excepciones al Concurso
Bajo su más estricta responsabilidad, las dependencias y entidades pueden omitir el procedimiento de concursos y adjudicar el proyecto mediante la invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, en los siguientes supuestos:
I. No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos;
II. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia;
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables;
IV. Se haya rescindido un proyecto adjudicado a través de concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto podrá adjudicarse al concursante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con la propuesta inicialmente ganadora no sea superior al diez por ciento.
Tratándose de concursos con puntos y porcentajes para la evaluación, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador;
V. Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de terminación anticipada o rescisión de un proyecto de asociación público-privada en marcha; y
VI. Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias y entidades con personas morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional.
Los proyectos no solicitados que sean presentados ante las dependencias o entidades NO podrán ser objeto de adjudicación directa.
Bienes necesarios para los Proyectos
En el supuesto que se requieran inmuebles, bienes y derechos para la ejecución de los Proyectos, la responsabilidad para adquirirlos puede recaer sobre la dependencia o entidad convocante, sobre el desarrollador o ambos.
La adquisición puede ser realizada por dos vías:
1.Convencional. Al entregar la posesión del inmueble la entidad o dependencia podría cubrir hasta un anticipo del 50% del precio acordado. Además del legítimo propietario, se podrá negociar con otros titulares de derechos reales, arrendatarios, derechos posesorios, derechos litigiosos o cualquier otro que conste en título legítimo.
2.Expropiación.
1.Ejecución de la obra. El desarrollador del Proyecto será responsable de lo siguiente:
a.La construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura, que son necesarios para la prestación de los servicios.
b.Observar las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, asentamientos humanos, desarrollo urbano y demás disposiciones que sean aplicables para la ejecución del Proyecto.
2.Prestación de servicios. Los servicios deben de ser prestador por el desarrollador de forma continua, uniforme y regular. Requerirá de previa autorización de la entidad o dependencia contratante para el inicio de la prestación de los servicios, la cual dependerá de la verificación técnica de que las instalaciones cumplen con las condiciones de seguridad establecidas en el Proyecto y las disposiciones aplicables.
Intervención del Proyecto
La dependencia o entidad está facultada para intervenir en cualquier etapa del desarrollo del Proyecto, cuando concurran las siguientes:
1.El desarrollador incumpla sus obligaciones por causas imputables a ésta.
2.Se ponga en peligro grave el desarrollo del Proyecto.
En caso que el desarrollador del Proyecto no subsane las deficiencias en el término dado por la dependencia o entidad, estas últimas continuaran con la ejecución de la obra o la prestación del servicio.
El desarrollador podrá recuperar el Proyecto demostrándole a la entidad o dependencia que corrigió las causas que originaron el incumplimiento y está en posibilidades de continuarlo. En caso contrario se rescindirá el contrato anticipadamente.
Prórroga de los Proyectos
Las entidades o dependencias considerarán para otorgar las prórrogas, las condiciones materiales, tecnológicas y económicas, podrá resolver el otorgamiento de la prórroga o la convocatoria a un nuevo concurso. Las prórrogas serán solicitadas previo al vencimiento de la vigencia del contrato original.
Terminación de las asociaciones público-privadas
Las causales serán determinadas en cada contrato dependiendo de su objeto, en adición a éstas la ley establece las siguientes:
1.La cancelación, abandono o retraso en la ejecución de la obra, en los supuestos previstos en el propio contrato.
2.La no prestación de los servicios contratados, su prestación en términos distintos a los pactados, o la suspensión de éstos por más de 7 días naturales seguidos, sin causa justificada.
3.La revocación de las autorizaciones en caso que el Proyecto las requiera.
1.Comité de expertos.
En el caso que las partes relacionadas con el contrato no estén de acuerdo respecto a los términos de naturaleza técnica o económica y no logren un acuerdo durante la etapa de negociación pactada por las mismas, deberán someter su divergencia a un comité integrado por 3 expertos en la materia.
2.Procedimiento arbitral y de conciliación.
a)Conciliación. Las partes pueden acudir ante la Secretaría de la Función Pública a someter sus divergencias mediante la presentación de una solicitud de conciliación[7].
b)Arbitraje. Las partes podrán convenir que los conflictos se sometan a un procedimiento arbitral y establecer los términos para su solución[8]. Se excluye la aplicación de este procedimiento para la revocación de las concesiones o autorizaciones, ni algún acto de autoridad diverso.
Jurisdicción federal. Se aplicará para la solución de controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de la Ley.
[1] Serán aplicables los principios orientadores de la Ley de Ciencia y Tecnología.
[2] La Ley de Entidades Paraestatales establece que lo siguiente para que los fideicomisos públicos sean considerados entidades paraestatales: Articulo 40.- Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública Federal, que se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades prioritarias, serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.
[3] La página de internet es: compranet.funcionpublica.gob.mx.
[4] El artículo 35 bis de dicha ley establece lo siguiente: artículo 35 bis.- La Secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución correspondiente. La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo de sesenta días,
contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y cuando le sea entregada la información requerida.
[5] Artículo 42 de la Ley.
[6] Artículo 91 de la Ley.
[7] La Ley nos remite al procedimiento establecido en el Capítulo Segundo de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas (artículo 95 en adelante) o al Capítulo Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 77 en adelante).
[8] Los requisitos establecidos en el artículo 139 de la Ley son los siguientes: i) Que las leyes aplicables sean las mexicanas, ii) que sea en idioma español y iii) el laudo será obligatorio y firme, únicamente procediendo el juicio de amparo.
C&R estará obligado a contestar cualquier solicitud en un término de veinte días contados a partir de la fecha de recepción de la misma. La respuesta será notificada en el domicilio o correo electrónico que hubiera señalado el Titular en su solicitud.
Los datos personales que sean solicitados a través del derecho de acceso, serán entregados al Titular a través de copia simple o electrónica de los documentos que los contengan.