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Timestamp: 2017-02-20 20:33:11
Document Index: 26774013

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 9', 'in fine', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 235', 'Artículo 235', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 49', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 59', 'Artículo 1', 'artículo 106', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

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Expdte: Ordenanza reguladora de la Ocupación de Dominio Público municipal.
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Emilio Ortiz de Zárate Palma
1 Expdte: Ordenanza reguladora de la Ocupación de Dominio Público municipal. AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Eduardo Gómez García, con DNI N, en nombre Unión Progreso y Democracia (UPyD), con CIF G y domicilio a estos efectos en Valencia calle San Vicente, 53-1ª, representación que ostenta en su condición de coordinador local del partido en Valencia, ante esta Administración comparece y como mejor proceda en Derecho EXPONE Que por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2014 se aprobó el texto inicial de la Ordenanza reguladora de la Ocupación de Dominio Público municipal Que el texto de dicha Ordenanza se publicó en el BOP de fecha 10 de abril de Que el plazo de sugerencias y reclamaciones en relación a la Ordenanza es el comprendido entre el 11 de abril al 20 de mayo (30 días hábiles desde la publicación). Que la Ordenanza reguladora de la Ocupación de Dominio Público municipal es un texto fundamental e insoslayable para todos los valencianos. No se limita a regular un conjunto de vínculos entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, sino que supera ese ámbito para entrar en la esencia de las relaciones y el modelo de ciudad que queremos desplegar en Valencia. Más allá de incidir en relaciones económicas, tiene el potencial de apoyar a los emprendedores a superar la grave crisis económica que estamos pasando. Es una Ordenanza que puede contribuir al desarrollo de algunas de nuestras tradiciones y costumbres más arraigadas, y que se materializan en fiestas populares o actividades culturales. Es una Ordenanza que puede contribuir con el progreso social, ayudando y apoyando a colectivos desfavorecidos en su lucha por la plena integración social en nuestra ciudad. Es una Ordenanza que puede favorecer modelos a través de los que se pueda informar y sensibilizar a los ciudadanos de los problemas que nos rodean, contribuyendo a una más que necesaria regeneración social. En definitiva, es una Ordenanza que con una correcta regulación y desarrollo puede suponer una de las claves del futuro de nuestra ciudad.2 Es por eso por lo que desde UPyD en Valencia hemos procedido a examinarla minuciosamente. Nuestra mayor ambición política es poder contribuir al desarrollo y al progreso de nuestra ciudad. Por eso hemos enfocado nuestro análisis y las diversas alegaciones que presentamos desde unos principios que para nosotros son insoslayables: Seguridad Jurídica: Dado que nos encontramos con una Ordenanza que puede contribuir sustancialmente a la dinamización y la recuperación económica de nuestra ciudad es de extrema importancia que la misma genere un marco estable, que incentive a los emprendedores. En este sentido, pedimos revisar y racionalizar algunos de los artículos, a los efectos de evitar que el silencio administrativo se convierta en una tónica y un medio típico de resolución. Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: la arbitrariedad de la administración en la toma de decisiones debería reducirse en lo posible, dado que puede llevar a abusos e indefensión. Por ello, se pueden encontrar diversas alegaciones en las que criticamos esas facultades discrecionales, solicitando que se motives de una manera suficiente. Búsqueda de la igualdad real, sin discriminaciones injustificadas: Evidentemente, para alcanzar la igualdad real es necesario efectuar discriminaciones positivas en ciertos supuestos. Caso contrario algunos colectivos especialmente sensibles o tradicionalmente discriminados no podrían integrarse. Lo que no es admisible es discriminaciones positivas a favor de cualquier confesión religiosa y, mucho menos, supuestos en los que la discriminación sea arbitraria. Tales casos conculcan los principios básicos de nuestro estado social y democrático de derecho. Por ello hemos presentado alegaciones en algunos artículos de la Ordenanza donde entendemos que se venían generando. Coherencia normativa: Ninguna norma jurídica es un compartimento estanco, sino que se encuentra ubicada dentro de todo un sistema. En tal sentido, la base de la presente Ordenanza se debería encontrar en la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en las garantías que la misma establece. Sin embargo, esto no siempre es así en la presente Ordenanza, que en alguno de sus artículos reduce o omite algunas garantías o derechos. En tales casos, hemos presentado alegaciones. No inmisión de la Administración en ámbitos que no le resultan propios: El ámbito propio del derecho administrativo es establecer órganos e3 instituciones a través de los cuales funcione la Administración competente en sus relaciones con los administrados. Sin embargo, a lo largo de la Ordenanza nos encontramos con preceptos que superan el citado ámbito, inmiscuyéndose en decisiones particulares o empresariales de forma aparentemente inmotivada. En esos casos, solicitamos se eliminen los actos que extralimitan el derecho administrativo. Evitar posibles actos en desviación de poder: si bien no ponemos en duda la buena fe que subyace en todas las disposiciones de la Ordenanza, la realidad es que se dan multitud de artículos en los que las potestades de la administración son tan amplias y arbitrarias que podrían llegar a amparar fines u objetivos distintos a los que derivaron esas atribuciones iniciales. En ese sentido, hemos efectuado un esfuerzo por limitar y racionalizar las actuaciones, a fin de evitar que puedan llegar a darse tales supuestos. Pero no es nuestro objetivo el generar críticas destructivas ni el limitarnos a hacer proselitismo. Cada una d las alegaciones que presentamos es fruto de un trabajo riguroso y sistemático que tiene por objetivo el poder contribuir a una mejor Ordenanza. Que, por todo lo anteriormente expuesto, dentro del plazo conferido por el artículo 113 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Valencia, procedo a formular las ALEGACIONES que se adjuntan al presente escrito, en relación a la Ordenanza reguladora de la Ocupación de Dominio Público municipal. Por todo ello SOLICITA tenga por presentado este escrito, lo admita, por ejercitado el derecho de alegación y acuerde modificar el texto inicial de la Ordenanza reguladora de la Ocupación de Dominio Público municipal en el sentido indicado en las ALEGACIONES que acompañan al presente escrito. En Valencia, a 19 de mayo de 2014 Fdo. Unión Progreso y Democracia (UPyD) P.A. Eduardo Gómez García4 ALEGACIONES A ORDENANZA DE OCUPACION DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL5 ALEGACIONES A ORDENANZA DE OCUPACION DE DOMINIO PÚBLICO ALEGACION nº:1 ARTICULO nº: 3 (ADICIÓN) TEXTO ARTÍCULO: Exclusiones ALEGACIÓN: Siendo que el derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido en el art. 21 de la Constitución Española, implica una ocupación de bienes de dominio público, debería añadirse un apartado i): i) El ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, que se regirán por su normativa específica Esto fundamenta por cuanto, si bien la Administración competente para la concesión de autorización del derecho de reunión o manifestación es la Delegación de Gobierno, la Ley Orgánica 9/83 del derecho de reunión establece como uno de los trámites la emisión de informe por parte del Ayuntamiento en cuyo término se haya solicitado la reunión o manifestación. El informe del Ayuntamiento tiene silencio positivo para el caso de que no se emita, no es vinculante y sólo se puede pronunciar sobre causas objetivas indicadas en el art. 9.2 LO. El no incluir una mención expresa podría a llevar a confusiones, abusos de derecho y actos en desviación de poder por los que se limitase de forma unilateral por parte del consistorio municipal el libre ejercicio de reunión y manifestación. Por ello y a los efectos de no amparar una ordenanza que podría venir amparando la limitación indebida de un Derecho Fundamental, se insta a efectuar la aclaración indicada ALEGACION nº:2 ARTICULO nº: 4.10 TEXTO ARTÍCULO: 10. Cuestación: petición de fondos para causas humanitarias de especial significación ciudadana e interés general, con una finalidad benéfica, pudiéndose valer para ello de una mesa petitoria y de otras instalaciones accesorias. ALEGACIÓN:6 La tradición de las mesas petitorias en las cuestaciones de fondos benéficas tiene un gran arraigo dentro de la ciudad de valencia, siendo significativas las que se utilizan para las referidas a los actos de Cruz Roja o de la AECC. En estos casos, dado las características de la petición y el público a las que van dirigidas, la cuestación suele extenderse durante un solo día a lo largo de toda la ciudad. Sin embargo, y del tenor literal del artículo, nos encontramos con que sólo puede concederse la autorización por parte del Ayuntamiento para una única mesa petitoria. Tal redacción limitaría las posibilidades de que las cuestaciones alcanzasen resultados reales, por lo que se propone la siguiente redacción: 10. Cuestación: petición de fondos para causas humanitarias de especial significación ciudadana e interés general, con una finalidad benéfica, pudiéndose valer para ello de una o varias mesas petitorias y de otras instalaciones accesorias ALEGACIÓN nº 3 ARTÍCULO Nº 4.14 TEXTO ARTÍCULO: Persona o entidad organizadora: la Administración pública o persona física o jurídica responsable de la convocatoria, organización y desarrollo de la actividad, mediante su intervención directa o a través de cualquier forma de delegación, contrato o cesión de la misma a terceras personas, exista o no contraprestación económica. ALEGACIÓN: Dado que existe posibilidad de delegación o cesión de la actividad, debería sustituirse el concepto de persona o entidad organizadora por el de persona o entidad interesada o autorizada, o solicitante, o cualquier término que no lleve a equívocos. En defecto de lo anterior, debería añadirse el de persona autorizada y darle una definición claramente diferenciadora, dado pues que la persona/entidad autorizada no es necesariamente la organizadora. Además, debería darse cabida a otro tipo de entidades que por cualquier motivo necesitasen disponer de la vía pública y que no cumpliesen estrictamente la definición, como Comunidades de Propietarios o partidos políticos para actos fuera del período de campaña electoral7 ALEGACION nº: 4 ARTICULO nº: 9.1 TEXTO ARTÍCULO: 1. Las autorizaciones de ocupación del dominio público son actos discrecionales municipales y facultarán a las personas o entidades autorizadas a ocupar el mismo, ubicar en él las instalaciones que se determinen y realizar la actividad solicitada en las concretas condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento ALEGACIÓN: El artículo 9.3 de la Constitución Española impone la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, lo que choca frontalmente con la redacción del presente artículo. La discrecionalidad en los actos de la administración acaba derivando en una falta de motivación de los mismos, lo que sitúa a los administrados en un plano de grave indefensión. El cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ordenanza para obtener la autorización de ocupación del dominio público, debería conllevar el otorgamiento de la autorización sin necesidad de la aprobación discrecional del Ayuntamiento. De esa forma, no sólo se conseguiría evitar abusos, sino que podría mejorar la imagen que el ciudadano actualmente tiene de la administración pública, al permitirle conocer los motivos por los que cualquier solicitud resulta denegada. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la supresión de la expresión son actos discrecionales municipales ALEGACION nº: 5 ARTICULO nº: 9 TEXTO ARTÍCULO: Criterios rectores de la utilización del dominio público. ALEGACIÓN: Los poderes públicos están sometidos a la Constitución y a los valores que la misma predica. Si bien dicha afirmación debería ser suficiente en muchos casos para evitar que se amparasen actos formalmente admisibles y lícitos, pero que esconden manifestaciones racistas, machistas o contrarias a los principios que deben regir nuestro ordenamiento, la experiencia ha demostrado que no siempre es así. De esta forma, y con el fin de evitar la ocupación de bienes de dominio público mediante solicitudes formalmente correctas, pero que atentasen contra los valores por los que debe regirse nuestro ordenamiento y los poderes públicos, así como seguridad de las personas, se propone la inclusión de un apartado 5:8 9.5. En ningún caso se concederán autorizaciones de ocupación de bienes de dominio público que supongan un peligro manifiesto para la vida o integridad física de las personas, o supongan una violación de derechos fundamentales, las libertades públicas o los valores constitucionales ALEGACION nº: 6 ARTICULO nº: 15.2 TEXTO ARTÍCULO: 2. Cuando la naturaleza de la ocupación así lo aconseje, el Ayuntamiento podrá exigir a la persona o entidad solicitante de la misma, garantía en metálico, en aval o cualquier otro medio admitido en derecho, que sea suficiente para garantizar la retirada de instalaciones y enseres una vez finalizado el periodo de ocupación, así como los posibles daños que puedan producirse en el dominio público. ALEGACIÓN: Dada la actual redacción del artículo, existe no sólo una clara vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, sino también del derecho fundamental a la igualdad, al permitir casos en los que de manera injustificada no sea necesario prestar caución. A lo largo de la Ordenanza, y sobre todo en el Anexo I, se realiza una enumeración de tipos de ocupaciones, pudiendo diferenciar aquellas que por las circunstancias que las rodean pueden llevar a la prestación de garantías por parte de su organizador. A la vista de estos tipos de ocupaciones, la prestación de garantía debería ser obligatoria cuando supusiera ciertas condiciones que derivasen en que fuese previsible la necesidad de una actuación posterior a la actividad/instalación por el titular: necesaria destrucción o deterioro de bienes de dominio público, previsión de concurrencia de cierto número de personas (a efectos de limpieza) etc. Por ello, se solicita la modificación del artículo, proponiendo el siguiente texto: 2.Para la concesión de la autorización el Ayuntamiento exigirá a la persona o entidad solicitante de la misma, garantía en metálico, en aval o cualquier otro medio admitido en derecho, que sea suficiente para garantizar la retirada de instalaciones y enseres una vez finalizado el periodo de ocupación, así como los posibles daños que puedan producirse en el dominio público.9 En ningún caso se exigirá la prestación de garantía para aquellas ocupaciones que no impliquen el uso de instalaciones con anclajes o en las que, por la propia naturaleza del acto, no sea previsible el deterioro de dominio público ALEGACION nº: 7 ARTICULO nº: 15.3 TEXTO ARTÍCULO: 3. Si la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleva aparejado el deterioro o la destrucción del dominio público, la persona o entidad titular de la autorización o concesión, sin perjuicio del pago de la tasa o canon a que hubiere lugar así como de posible sanción que pudiera recaer, estará obligada a la reposición de los bienes dañados. A tales efectos, comunicará al Ayuntamiento que va a proceder a realizar las obras necesarias para reponer el dominio público a su estado original, aportando una propuesta de actuación que habrá de ser informada favorablemente por el servicio competente. Si no lo hiciese así, el Ayuntamiento efectuará la reconstrucción o reparación con cargo a la garantía prestada. En el caso de que ésta no cubra el coste total de los gastos de las obras ejecutadas, la persona o entidad titular de la autorización o concesión procederá a abonar al Ayuntamiento la diferencia. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes dañados. ALEGACIÓN: En principio, el artículo incurre en diversas incoherencias. Si la autorización lleva aparejada la destrucción o deterioro del dominio público y aún así se ha concedido la licencia, no se puede sancionar por ello. A eso hay que añadirle que si el titular se excede en la destrucción o deterioro incumpliendo las condiciones de la autorización, se le podrá aplicar el art j. Además, del texto parece desprenderse que la comunicación de reposición del dominio público no es coetánea a la solicitud de autorización de ocupación. Por ello, se propone el siguiente texto: 3. Si la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleva aparejado el deterioro o la destrucción del dominio público, la persona o entidad titular de la autorización o concesión, sin perjuicio del pago de la tasa o canon a que hubiere lugar así como de posible sanción que pudiera recaer, estará obligada a la10 reposición de los bienes dañados. A tales efectos y para el cálculo de la garantía, en la solicitud de autorización de ocupación del dominio público se comunicará al Ayuntamiento que va a proceder a realizar las obras necesarias para reponer el dominio público a su estado original, aportando una propuesta de actuación, el plazo en que se efectuarán y su valoración que habrá de ser informada favorablemente por el servicio competente. Si no lo hiciese así, el Ayuntamiento requerirá al solicitante su presentación, y si no se cumplimentare el requerimiento, se denegará la autorización de ocupación de dominio público solicitada. En todo caso, el Ayuntamiento efectuará la reconstrucción o reparación del dominio público con cargo a la garantía prestada si el solicitante no la efectúa en el plazo que se había comprometido. En el caso de que ésta no cubra el coste total de los gastos de las obras ejecutadas, la persona o entidad titular de la autorización o concesión procederá a abonar al Ayuntamiento la diferencia. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes dañados ALEGACION nº: 8 ARTICULO nº: 16.1 TEXTO ARTÍCULO: Las personas o entidades titulares de la autorización o concesión responderán directamente de los daños que, con motivo de la utilización del dominio público, se produzcan en los bienes o en las personas, en los términos descritos en los diferentes Títulos de la presente ordenanza, según el objeto de la autorización o concesión, para cuya cobertura se podrá exigir la correspondiente póliza de responsabilidad civil y la acreditación de su contratación con carácter previo a la expedición del título habilitante para la ocupación. ALEGACIÓN: Siendo que la Ordenanza se aplica a diversidad de actividades o instalaciones que conllevan la ocupación de dominio público, puede ser que la persona o entidad titular no sean responsables directos de los daños (por ejemplo, daños provocados por asistentes). Con el fin de no responsabilizar al titular de la autorización de los daños sobre el dominio público o lesiones a personas, causadas por personas ajenas al titular, su empresa u organización o11 que dependan directa o indirectamente del mismo, se propone la inclusión de un segundo párrafo: En el mismo sentido, el titular de la autorización responderá de los daños o lesiones que causen las personas sujetas a su dirección, empresa, asociación u organización o que de cualquier otro modo dependan directa o indirectamente del titular. Los titulares de las autorizaciones de ocupación del dominio público no responderán de los daños sobre los bienes o lesiones a personas que sean causados por personas ajenas a su dirección, empresa, asociación u organización ALEGACION nº: 9 ARTICULO nº: 17 TEXTO ARTÍCULO: Las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para ocupar el dominio público u opten a una concesión demanial, deberán estar al corriente en los pagos al Ayuntamiento por cualquier concepto, no pudiendo tener deudas de ninguna naturaleza que se encuentren en periodo ejecutivo, debiendo mantener esa condición durante todo el periodo de ocupación, dando lugar el incumplimiento de dicha obligación a la extinción del título habilitante. ALEGACIÓN: Para el otorgamiento de la autorización de ocupación, establece el artículo que no se puede tener deudas con el Ayuntamiento de ninguna naturaleza que se encuentren en período ejecutivo. Si bien a priori nada se tiene que objetar, cabría tener en cuenta de haber llegado a acuerdos de aplazamiento o planes de pago con el ayuntamiento por deudas que se hallasen en período ejecutivo, así como si la deuda está recurrida ante la propia Administración o ante el Juzgado. Cierto que los actos administrativos son ejecutables, pero cierto también que no es lo mismo tener una deuda firme que haber formulado un recurso contra la misma. En base a lo anterior, se propone la actual redacción: No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la deuda con el Ayuntamiento esté siendo objeto de recurso administrativo o judicial, el solicitante de la autorización podrá prestar garantía suficiente que cubra el importe de la deuda para la tramitación de la solicitud. La obligación contenida en el presente artículo no se aplicará a solicitantes de acreditada insolvencia, pero si la ocupación del dominio público estuviera12 destinada al desarrollo de una actividad económica que produzca beneficios, el solicitante deberá rendir cuentas al Ayuntamiento de su actividad cada 2 días, y pagar al Ayuntamiento entre un 10% y un 20% de los ingresos producidos por la actividad en dichos plazos hasta cubrir el importe de la deuda ALEGACION nº: 10 ARTICULO nº: 18 TEXTO ARTÍCULO: Las autorizaciones y concesiones para la ocupación del dominio público no podrán ser transmitidas ni cedidas a terceros, salvo que el Ayuntamiento haya otorgado su consentimiento expreso. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será causa de extinción de aquéllas. ALEGACIÓN: Siendo que la autorización está concedida en base a una concreta ocupación y circunstancias objetivas, no resulta lógico hacer depender de la voluntad del Ayuntamiento el que la autorización sea explotada por una u otra persona. Se propone la siguiente redacción: Las autorizaciones y concesiones para la ocupación del dominio público podrán ser transmitidas o cedidas a terceros en las mismas condiciones y requisitos por las que fue otorgada, previa comunicación fehaciente al Ayuntamiento. El incumplimiento de la comunicación será causa de extinción de aquéllas ALEGACION nº: 11 ARTICULO nº: 19 TEXTO ARTÍCULO: Las autorizaciones de ocupación reguladas en la presente ordenanza se conceden a precario y podrán ser denegadas, modificadas, suspendidas temporalmente o revocadas en cualquier momento por el Ayuntamiento de Valencia por razones de interés público.13 ALEGACIÓN: En el artículo se equipara la denegación de una solicitud con la modificación, suspensión o revocación de las mismas, cuando la naturaleza de dichos actos difiere sustancialmente. La denegación no crea ningún derecho ni perjuicio económico. Sin embargo, la modificación, suspensión temporal o revocación podría causar de forma inmotivada un perjuicio económico al solicitante. Por ello, se propone la siguiente redacción del art. 19: Las autorizaciones de ocupación reguladas en la presente ordenanza podrán ser denegadas, modificadas, suspendidas temporalmente o revocadas en cualquier momento por el Ayuntamiento de Valencia por razones motivadas de interés público. En estos supuestos, se incoará expediente administrativo, con audiencia del interesado, para el establecimiento de los daños y perjuicios que puedan causarse al titular de la autorización ALEGACION nº: 12 ARTICULO nº: 22.1 TEXTO ARTÍCULO: 1. Las ocupaciones del dominio público mediante carpas u otras estructuras o instalaciones análogas de carácter eventual, portátil o desmontable, estarán sujetas al otorgamiento de previo título habilitante municipal y deberán reunir las condiciones necesarias que garanticen la seguridad de personas y bienes; la solidez, resistencia, estabilidad y flexión de las estructuras e instalaciones; la prevención y protección contra incendios y otros riesgos; la salubridad, higiene y las condiciones de accesibilidad ALEGACIÓN: La expresión estarán sujetas al otorgamiento de previo título habilitante municipal genera y ampara un concepto oscuro e incoherente con el texto de la ordenanza. En la misma no aparece el previo título habilitante, por lo que se desconoce a que se debe este concepto de previo. (art. 6 Ordenanza). Para la instalación de carpas se deberá tener la autorización, entendiendo que antes de conocerse la misma el funcionario encargado procederá a comprobar si se dan los14 requisitos. Si se instala sin la autorización, nos encontraremos con una infracción en todo caso. Por ello, se propone la supresión de la expresión resaltada, pues toda ocupación está sujeta al otorgamiento de autorización ALEGACION nº: 13 ARTICULO nº: 22.3 TEXTO ARTÍCULO: 3. La documentación que se presente incluirá proyecto de instalación suscrito por técnico competente y ajustado a las exigencias que establezca la normativa vigente que resulte de aplicación; salvo en los supuestos de instalaciones de escasa complejidad técnica o que por sus características no lo requieran, en cuyo caso el citado proyecto se sustituirá por: ALEGACIÓN: El concepto escasa complejidad técnica es oscuro y da lugar a interpretaciones totalmente arbitrarias, por lo que se propone se modifique clarificando bajo qué criterios se considerará de escasa complejidad o bien reseñando una lista de los proyectos que cumplen tales criterios ALEGACION nº: 14 ARTICULO nº: 22.5 TEXTO ARTÍCULO: 5. El Ayuntamiento valorará, en cada caso concreto y en función de las características de la ocupación solicitada, la exigencia de constituir garantía en cantidad suficiente para responder de los posibles daños que pudieran derivarse mediante este tipo de instalaciones. ALEGACIÓN: Se propone la supresión de este apartado, por no suponer más que la reiteración de lo que ya venía previamente establecido en el art. 15 de la Ordenanza15 ALEGACION nº: 15 ARTICULO nº: 24.1 TEXTO ARTÍCULO: Las autorizaciones y concesiones reguladas en la presente ordenanza se extinguen por las siguientes causas: 1. Fallecimiento o incapacidad sobrevenida de la persona física o extinción de la personalidad jurídica de las personas o entidades autorizadas o concesionarias. ALEGACIÓN: Con el fin de evitar la desigualdad entre la persona física y la persona jurídica (en la que se permite la transmisión de la autorización en caso de fusión, absorción o escisión previo consentimiento del Ayuntamiento), se propone añadir un segundo párrafo al apartado 1: No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los herederos del titular fallecido podrán seguir haciendo uso de la autorización con las mismas condiciones y requisitos por las que fue otorgada, previa acreditación del fallecimiento y comunicación de transmisión de la autorización al Ayuntamiento ALEGACION nº: 16 ARTICULO nº: 24.4 TEXTO ARTÍCULO: Las autorizaciones y concesiones reguladas en la presente ordenanza se extinguen por las siguientes causas: 4. Rescate de la concesión o revocación de la autorización. ALEGACIÓN: Respecto al apartado 4, así como el rescate de la concesión implica indemnización, respecto a la revocación de la autorización no se dice nada en la Ordenanza. Al respecto, se debería hacer constar que la revocación de la autorización por interés público conllevará la oportuna indemnización que comprendiera gastos para la solicitud, gastos para la ocupación, daños y perjuicios etc.16 ALEGACION nº: 17 ARTICULO nº: 24.7 TEXTO ARTÍCULO: Las autorizaciones y concesiones reguladas en la presente ordenanza se extinguen por las siguientes causas: 7. Tener deudas con el Ayuntamiento, de cualquier naturaleza, que se encuentren en periodo ejecutivo, durante el periodo de ocupación autorizado. ALEGACIÓN: Respecto a dicho epígrafe, reiterarnos en lo señalado en relación a las deudas en la alegación referida al art. 17. En lugar de suponer una extinción automática, podría imponerse la obligación de prestar fianza. De esta forma se aseguraría la deuda y no se generaría la destrucción innecesaria de negocios que requieran la concesión (y, por ende, se salvaguardarían puestos de trabajo) ALEGACION nº: 18 ARTICULO nº: 25.1 TEXTO ARTÍCULO: 1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a la persona o entidad solicitante que reúna los requisitos o condiciones que se establezcan para cada supuesto concreto, si bien el cumplimiento por aquéllos de dichos requisitos, no implica derecho alguno a su favor, pudiendo el Ayuntamiento conceder o denegar las peticiones libremente, atendiendo de forma especial al interés general frente el particular. ALEGACIÓN: En relación con la Alegación sobre la discrecionalidad en el otorgamiento de autorizaciones (Art. 9.1 Ordenanza), este artículo viene a ser17 una reiteración de aquél. Con el fin de salvaguardar el interés general, y garantizar la seguridad jurídica del administrado se propone la supresión del texto en negrita y la inclusión de un segundo párrafo: Por razones de interés público, las autorizaciones podrán ser concedidas con las limitaciones que se incluyan expresamente en la autorización ALEGACION nº:19 ARTICULO nº: 34 TEXTO ARTÍCULO: Si, llegada la fecha prevista para el inicio del periodo de ocupación solicitado, o transcurrido el plazo de tres meses desde el día siguiente al que la solicitud tuvo entrada en el Ayuntamiento, no se hubiera notificado resolución expresa a la persona o entidad solicitante, aquélla se entenderá desestimada por silencio administrativo. Régimen del silencio administrativo. ALEGACIÓN: La propuesta de considerar desestimada por silencio administrativo una solicitud de autorización ( ) llegada la fecha prevista para el inicio del periodo de ocupación solicitado provoca que el ejercicio de los eventuales recursos que pueda interponer el administrado se sustancien durante el hipotético plazo de ocupación, de tal modo que un administrado que tenga razón en su alegación se verá perjudicado por la inactividad de la administración. Incluso, esta previsión convierte de facto al silencio administrativo en una modalidad de rechazo sin impugnación de uso arbitrario para el Ayuntamiento mediante la cual impedir - con carácter absoluto - toda opción de ejercicio del derecho de ocupación y del derecho al recurso, únicamente dejando transcurrir el plazo hasta el día solicitado, lo que podría excluir, por vía de hecho, toda posibilidad de ejercicio del derecho y de revisión del acto, cercenando las posibilidades de recurso o subsanación.18 El silencio negativo debería considerarse con plazo suficiente para la interposición de recursos administrativos. Siendo que el plazo de 30 días establecido en el art. 31 se presume escaso para la obtención de una resolución expresa. De hecho, se le está trasladando al administrado las consecuencias del mal funcionamiento de los servicios municipales. Dicha situación se podría subsanar mediante el silencia administrativo positivo. Dado que si a posteriori se detectase que la autorización concedida por silencio positivo adolecía de defectos que pudiesen invalidar la misma, se podrá revocar la autorización, parece una solución perfectamente coherente y que no genera ningún tipo de percance ALEGACION nº: 20 ARTICULO nº: 36 TEXTO ARTÍCULO: El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo cuando el concesionario sea otra administración pública, una entidad sin ánimo de lucro o una confesión religiosa y en los demás supuestos establecidos en la legislación patrimonial, con los requisitos que allí se marquen. ALEGACIÓN: Las concesiones deben otorgarse siempre en régimen de concurrencia, pues se está ocupando un bien que pertenece a la totalidad de los ciudadanos. Siendo que la Administración Pública sirve al interés público y que las entidades sin ánimo de lucro pueden cumplir un fin social, se podría asumir una preferencia en la concesión previa valoración de circunstancias. Por otra parte, ninguna confesión religiosa puede tener tratamiento privilegiado respecto a cualquier ciudadano. Se propone la redacción del siguiente artículo: El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. Previa valoración de las circunstancias y necesidades del municipio, podrá concederse preferencia en el otorgamiento de la concesión a otra administración pública, entidad sin ánimo de lucro o asociación con fines sociales19 ALEGACION nº:21 ARTICULO nº: 39.1 TEXTO ARTÍCULO: 1. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa o canon de la concesión por dicha utilización privativa o aprovechamiento especial. ALEGACIÓN: Siendo que la concesión causa un beneficio al municipio, la misma sólo debería ser gratuita para entidades sin ánimo de lucro y asociaciones con fines sociales. De otra forma, se estaría vulnerando el principio de igualdad, y se podría dar pie a prácticas en vía de hecho, desviación de poder o directamente a actos de corrupción. Dado que hay casos en que puedan existir motivos por los que resulte recomendable su gratuidad, se propone la siguiente redacción del apartado 1: 1. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa o canon de la concesión por dicha utilización privativa o aprovechamiento especial. Únicamente podrán ser gratuitas cuando el concesionario sea una entidad sin ánimo de lucro o asociación con fines sociales ALEGACIÓN Nº 22 ARTÍCULO: Art TEXTO DEL ARTÍCULO: La persona o entidad titular de la actividad podrá solicitar al Ayuntamiento, una vez al año como máximo, la modificación de la superficie ocupada por la terraza y, en su caso, de los toldos y elementos generadores de calor y frío. ALEGACIÓN: El que sólo se pueda solicitar al Ayto. la modificación de la20 superficie una vez al año como máximo parece plenamente insuficiente. Pueden darse circunstancias especiales o excepcionales que requieran excepcionalmente, en el curso de un año, o cada año la modificación de la superficie ocupada por la terraza en más de una ocasión. Como por ejemplo durante la festividad de las fallas; fechas estivales; modificaciones en la superficie disponible para ocupación por terraza... Por ello se solicita la supresión de la limitación ALEGACIÓN Nº23 ARTÍCULO: Art TEXTO DEL ARTÍCULO: El arrendamiento de la explotación o la cesión temporal del título habilitante para la apertura del establecimiento o local a terceras personas por parte de quien ostente la titularidad de la actividad no supondrá modificación alguna en la autorización de ocupación de la terraza. ALEGACIÓN: La modificación del espacio ocupado por la terraza dependerá de la superficie exterior y las necesidades de la persona que explota el establecimiento o local, así como de la ocupación que a la miosma se le pretendiera dar. La redacción actual podría derivar en fraudes de ley, abusando de la posibilidad de arrendamiento de explotación de las terrazas para conseguir realizar actividades no amparadas por el presente título o que precisen de otro tipo de autorización. Por ello, consideramos que debería añadirse in fine la siguiente aclaración: Salvo que la actividad no sea idéntica y/o se pretenda cambiar la superficie de la terraza ALEGACIÓN Nº 24 ARTÍCULO: Art.58.1 TEXTO DEL ARTÍCULO: La superficie máxima de terraza que se podrá autorizar a cada establecimiento o local en el dominio público se establecerá en relación al aforo interior del mismo, a razón de 1 75 m2 de superficie de terraza por cada persona aforada en el interior ALEGACIÓN: Tomar como único criterio el de aforo interno, sin atender a otras circunstancias como el ancho de la fachada, puede llevar a abusos o incoherencias. En tal sentido, debería modificarse el criterio de forma que locales que no tengan casi fachada pero puedan disponer de gran aforo (v.gr, por constar Mostrar más
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