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Timestamp: 2018-08-14 19:51:25
Document Index: 298791781

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 37', 'Artículo 137', 'artículo 78', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 78', 'artículo 1', 'artículo 78']

Puntos de Acuerdo Archivos - Angelica de la Peña Gómez
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a varias autoridades en materia electoral a intensificar las medidas de prevención de la violencia política en contra de las mujeres; a investigar dicha violencia conforme la debida diligencia; así como, a garantizar la debida y efectiva protección de las mujeres que en este proceso electoral contienden por un cargo público
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO.
Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a varias autoridades en materia electoral a intensificar las medidas de prevención de la violencia política en contra de las mujeres; a investigar dicha violencia conforme la debida diligencia; así como, a garantizar la debida y efectiva protección de las mujeres que en este proceso electoral contienden por un cargo público, al tenor de las siguientes:
Con una diferencia de menos de 24 horas, el pasado 2 de junio, en este país asesinaron a Juana Maldonado, candidata a una diputación local en Puebla por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y a Pamela Terán Pineda, regidora con licencia y candidata como a Concejal en Juchitán, Oaxaca, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Junto con ellas fueron asesinadas las siguientes personas: Erika Cázares, Adelfo Guerra Jiménez y María del Sol Cruz Jarquín.
También debemos mencionar el caso de Liliana García, candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que contendía por una regiduría en el Municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y quien fue asesinada el domingo 6 de mayo. Así como, el caso de Maribel Barajas Cortés, quien buscaba la diputación local por el distrito 22 de Múgica, Michoacán, apoyada por el PVEM también se suma a la lista de mujeres asesinadas. Ella fue hallada sin vida el 11 de abril[1].
En este proceso electoral suman 17 las mujeres políticas que aspiraban a un cargo de elección popular que han sido asesinadas[2]. Además, de las personas asesinadas en los mal llamados “daños colaterales”. Resulta que, participar en la política local de México es un oficio altamente peligroso, puesto que no existen mecanismos eficaces de protección[3]. De acuerdo con, la iniciativa Justice in México, en nuestro país, una o un presidente municipal tiene 12% más de probabilidad de ser asesinado que un ciudadano común[4].
Por su parte, de acuerdo con un recuento de la consultora Ettelekt cuando arrancó el proceso electoral 2018, hasta el pasado sábado 2 de junio, se registraron 110 asesinatos contra políticas y políticos de todo el país. De éstas y éstos, 41 aspiraban a un cargo de elección popular: 28 eran precandidatos y 13 ya estaban registrados. Del total de los 110 asesinatos, diecisiete corresponden a mujeres[5].
Ilustración 1 Etellekt Consultores, Indicador de Violencia Política en México 2018.
Además, según cifras de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de mujeres[6].
Pero, ¿por qué la violencia política contra las mujeres por razones de género es doblemente grave? De acuerdo con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, aumenta también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia desafía el statu quo y obliga a la redistribución del poder[7]. Es decir, la violencia política por razones de género es parte de la violencia estructural a la que nos enfrentamos las mujeres por el hecho de ser mujeres cuando desafiamos al sistema.
En este siglo, no debiera extrañarnos la siguiente idea:
Dado que las mujeres representamos a la mitad de la población, sólo si estamos representadas de forma paritaria en espacios de toma de decisión política se puede garantizar que nuestros intereses, preocupaciones y prioridades puedan ser tenidos en cuenta a la hora de identificar, planificar y ejecutar las políticas públicas[8].
Y aunque, la experiencia ha mostrado que la presencia y participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política ha contribuido a que se incorporen temas tradicionalmente olvidados, que repercuten en beneficio de toda la sociedad, como la custodia parental, legislación contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, medidas para generar empleo y autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua, etc.[9] En el momento, en que exigimos nuestra participación en espacios de decisión política para avanzar hacia una cultura política democrática efectiva y real que contribuya al buen gobierno y al logro de un desarrollo sostenible, las mujeres sufrimos violencia política por razones de género.
Entre las situaciones de discriminación y violencia que enfrentamos las mujeres que incursionamos en la política destacan las siguientes[10]:
Los estereotipos y un prejuicio generalizado en la sociedad en su conjunto de que la política y lo público es cosa de hombres, mientras que el ámbito de lo doméstico y lo privado sería el espacio natural de lo femenino (prejuicios predominantes en ámbitos más tradicionales y locales);
La realidad cotidiana que dificulta la implicación de la mujer en actividades políticas, debido a la falta de tiempo, horarios poco adaptados a las necesidades de las mujeres dada su dedicación al cuidado de la familia (consecuencia de la falta de corresponsabilidad por parte de los hombres);
La falta de apoyos familiares, del propio cónyuge y la presión social contraria a la participación de la mujer en ámbitos de representación política; en ocasiones, algunas religiones adversas a lo público y a la participación de mujeres en ese ámbito;
La maternidad precoz, embarazos adolescentes, con el consiguiente abandono de la formación y la vulnerabilidad en el empleo y la autonomía económica;
El acoso, violencia y discriminación que sufren las mujeres en general, y en política en particular;
Los obstáculos relacionados con las desigualdades del orden socioeconómico, las brechas de ingresos económicos y los distintos niveles de educación de las mujeres respecto de los hombres, con mayor énfasis en mujeres indígenas;
La estructura y cultura machista de los partidos políticos, a menudo inaccesibles para las mujeres, sobre todo en las estructuras directivas, en todos los niveles desde lo local a lo estatal;
Un acceso restringido de las mujeres a los medios de comunicación para poder presentar ofertas políticas y obtener visibilidad a la par que los hombres, así como una presentación sexista de las mujeres por parte de los medios;
Menores oportunidades para acceder a redes de contactos y apoyos que se requieren para poder movilizar financiación y construir apoyos para las candidaturas;
Carencias en la formación para la gestión pública;
Falta de autoestima y de asertividad; entre otras.
De acuerdo con Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, edición 2017[11], dicho protocolo busca responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia.
Constituye una medida emergente, a la espera de la aprobación de las reformas legislativas necesarias para brindar una mejor atención, sanción y reparación integral ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que, a partir de la unificación de criterios, conceptos y procedimientos, un protocolo de actuación sirve para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instituciones[12].
En ese sentido, el Protocolo tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de debida diligencia. Así, los objetivos de este instrumento son[13]:
Favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales, para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género; y
De acuerdo con dicho protocolo, la violencia política contra las mujeres:
“comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”[14].
Además, establece lo siguiente:
Ilustración 2 Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, edición 2017
De acuerdo con el Protocolo en comento, para identificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco elementos[15]:
se dirija a una mujer por ser mujer,
tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o
las afecte desproporcionadamente.
Algunas de las manifestaciones de violencia política, de acuerdo con el artículo 6º de esta Ley modelo, son:
Artículo 6.- Manifestaciones de la violencia política. Son ‘actos de violencia política contra las mujeres’, entre otros, aquellas acciones, conductas u omisiones que:
(Femicidio/feminicidio57) Causen la muerte de la mujer por participar en la política.
Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde se desarrolla la actividad política y pública.
Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan.
Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.
Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos.
Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones de género, o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres.
Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.
Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo a la normativa aplicable.
Dañen, en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.
Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata y designada, con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.
Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos. t. Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones.
Proporcionen a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa y/u omitan información que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.
Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo a la normativa aplicable y en condiciones de igualdad.
Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición, que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política.
Si bien, algunos de los incisos describen expresiones discriminatorias y/o potencialmente consideradas violentas, no todos los actos señalados constituyen en automático o de manera aislada actos ´perseguibles’ de violencia política contra las mujeres en razón de género Sin embargo, no hay que perder de vista que muchas de estas manifestaciones de violencias están tipificadas en la ley y, por tanto, son delitos que deben denunciarse y perseguirse.
Además la Ley Modelo establece las siguientes medidas de protección:
Artículo 37. Los órganos competentes, incluyendo al órgano electoral cuando corresponda, ante el riesgo inminente de un daño grave, determinarán las medidas de protección y las medidas cautelares que correspondan, que podrán incluir, entre otras:
a) Restringir el acceso de los agresores a los lugares en los que normalmente se encuentra la víctima;
b) Otorgar escoltas a la mujer en situación de violencia y a sus familiares cuando se requiera;
c) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
d) Impedir el acceso a armas al agresor;
e) Retirar la publicidad en campaña al agresor;
f) Retirar la campaña violenta, haciendo públicas las razones. Dicha publicidad deberá ser financiada por quien resulte responsable de la violencia;
g) Retirar un porcentaje del financiamiento público electoral al agresor;
h) Suspender la candidatura electoral al agresor;
i) Suspender la elección de un candidato;
j) Suspender de empleo o cargo público al agresor;
k) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer en situación de violencia y sus familiares.
Hay que clarificar que, si bien no existen aún un marco jurídico específico, el Código Nacional de Procedimientos Penales si establece medidas de protección para las víctimas de un delito, en los siguientes términos:
Artículo 137. Medidas de protección. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:
Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, a un refugio o albergue temporal;
Reingreso de la víctima o la persona ofendida a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.
Ahora bien, tratándose de la prevención de la violencia política es donde, desde mi punto de vista, se requiere un mayor involucramiento de las instancias responsables. En ese sentido, hay que partir de las razones que pudieran explicar por qué hay cierta reticencia por parte de muchas mujeres para denunciar la violencia política en su contra. Entre estas razones se encuentran[16]:
No existe un conocimiento socializado respecto de la violencia política, sus alcances y las formas de sancionarla.
No hay un marco jurídico que las respalde.
Hay quienes desconocen este concepto, sus prácticas y sus afectaciones a nivel sociocultural.
No identifican que viven este tipo de violencia puesto que consideran que deben ‘aguantar’ y que es ‘normal’ lo que les pasa. Esta idea, en muchas ocasiones, se refuerza por el medio político y por sus colegas.
No existe claridad sobre la vía jurídica, ni la autoridad a la cual acudir.
Existe temor de que su denuncia resultará contraproducente para sus aspiraciones políticas.
A consecuencia de la denuncia, pueden ser clasificadas y estigmatizadas como conflictivas y juzgadas por no ajustarse a la institucionalidad del partido.
Puede generar vergüenza asumirse públicamente como víctima y, en algunos casos, hablar de lo que les sucedió.
En ese sentido, a menos de un mes de las elecciones, las autoridades competentes deben intensificar sus acciones de prevención de la violencia política contra las mujeres, así como garantizar la adecuada protección de las mujeres aspirantes a cargos públicos. No queremos que exista ninguna otra mujer asesinada por ejercer su derecho de participación política, de la misma manera que no queremos que existan más víctimas indirectas de este tipo de violencia.
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que en el marco de las actuales elecciones, implemente medidas de protección adecuadas para las mujeres candidatas que ha denunciado alguna manifestación de violencia política; así como a coordinarse con las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a fin de implementar acciones prevención efectivas.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que en el marco de las actuales elecciones, intensifique las acciones de prevención de la violencia política contra las mujeres por razones de género, tales como acciones dirigidas a la sensibilización y concientización de la ciudadanía sobre el problema y particularmente entre las y los servidores públicos que tienen a su cargo la aplicación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar la adecuada protección de los derechos políticos electorales de las candidatas que han sufrido algún tipo de violencia política por razones de género, así como coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, a la adecuada implementación de medidas de prevención.
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, así como a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, a investigar con la debida diligencia todos los actos de violencia política contra las mujeres constitutivos de delitos, particularmente tratándose de feminicidios.
Ciudad de México, a los 06 días del mes de junio de 2018.
[1] VELÁZQUEZ, Iris, Matan a 17 candidatas en proceso electoral, AM Edición León, 3 de junio de 2018. Disponible en Internet: https://www.am.com.mx/2018/06/03/mexico/matan-a-17-candidatas-en-proceso-electoral-479006
[2] ROBLES, Isaías, 17 candidatas asesinadas en el actual proceso electoral; urgen poner fin a violencia de género, Aristegui Noticias, 4 de junio de 2018. Disponible en Internet: https://aristeguinoticias.com/0406/mexico/17-candidatas-asesinadas-en-el-actual-proceso-electoral-urgen-poner-fin-a-violencia-de-genero/
[3] Véase. JAIME, Edna, ¿Violencia política o política violenta?, El Financiero, 9 de marzo de 2018. Disponible en Internet: http://mexicoevalua.org/2018/03/09/violencia-politica-politica-violenta/
[5] Op. cit. ROBLES, Isaías, 4 de junio de 2018. También: Etellekt Consultores, Indicador de Violencia Política en México 2018, (Actualización 2 de Junio de 2018). Disponible en Internet: http://www.etellekt.com/presencia-medios.html
[7] Violencia contra las Mujeres en el ejercicio de sus Derechos Políticos, Proyecto Conjunto: Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México: por el fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Auspiciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, 2012. Disponible en Internet: http://bit.ly/2E6Pgft
[8] Guía Estratégica Empoderamiento Político de las Mujeres: Marco para una Acción Estratégica. América Latina y el Caribe (2014 – 2017), ONU Mujeres, 2014, pp. 30. Disponible en Internet: https://bit.ly/2B64FMm
[10] Ibidem, pp32 y 33.
[11] Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, edición 2017, pp. 19. Disponible en Internet: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf
[14] Ibidem, pp. 41.
[15] Ibidem, pp. 49.
[16] Ibidem, pp. 73 y 75.
Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, concluyan la construcción del “Colector Jamapa” del Fraccionamiento Valle de Aragón, Tercera Sección, en Ecatepec de Morelos.
Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México para que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, concluyan con la construcción del “Colector Jamapa” del Fraccionamiento Valle de Aragón, Tercera Sección, en Ecatepec de Morelos, al tenor de las siguientes:
Valle de Aragón es una zona que comprende parte de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México; así como, parte de la Delegación Gustavo A. Madero, perteneciente a la Ciudad de México.
Valle de Aragón, Primera y Segunda Sección: las cuales se encuentran en el municipio de Nezahualcóyotl y colindan con la colonia San Felipe de Jesús perteneciente a la Ciudad de México en la Delegación Gustavo A. Madero; y
Valle de Aragón, Tercera Sección: perteneciente al municipio de Ecatepec.
La Zona Metropolitana del Valle de México reúne las condiciones necesarias para que grandes cantidades de agua fluyan durante la temporada de lluvias, generando considerables inundaciones en algunos municipios.
El Valle de México es una cuenca natural de agua, en cuya parte central desembocan los sistemas acuíferos desde hace siglos. El oriente de la Ciudad de México y municipios de la zona conurbada reviven inundaciones constantes debido a los hundimientos que han provocado que sistema de drenaje no desahogue las aguas residuales.
Dichos hundimientos también han provocado la ruptura de canales que cada año se convierten en la amenaza para miles de hogares.
El municipio conurbado de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, cuenta con condiciones ambientales de contrastes socioespaciales. Por un lado, existen sitios de progreso y estabilidad socioeconómica y, por el otro, predominan los barrios populares y la inequidad en cuanto al acceso a los servicios, como el agua. En algunas áreas se erigen centros comerciales y continúa la actividad industrial, mientras que, en otras aumentan los asentamientos irregulares, las unidades habitacionales populares, o áreas de insuficiencia de servicios, etc.[1]
Esto cambia el paisaje ambiental del municipio, lo que antes eran áreas naturales se transmutan en espacios invadidos por la industria y la población. El ecosistema ha sufrido una mutación radical, se ha desarrollado una ocupación urbana poco más del 50% del territorio municipal para usos industriales y habitacionales. Las áreas verdes son escasas y no existen programas formales de forestación urbana, por lo que se estima un fuerte rezago en áreas verdes.[2]
Por otra parte, Ecatepec es atravesado por cuatro grandes canales de aguas negras a cielo abierto:
el Drenaje General del Valle México,
el Canal de Sales y
Todos estos canales ayudan al desalojo de aguas residuales, domésticas e industriales del Valle de México. Estos canales cruzan zonas habitacionales e industriales, por lo que representan una amenaza en términos de salubridad además de las inundaciones y desbordamientos constantes.
El territorio en el que se instalaron las industrias, las unidades habitacionales o los asentamientos son antiguas fracciones del lago de Texcoco, es decir, poco apropiados para la construcción. La composición del terreno es porosa y, por lo tanto, susceptible a cambios morfológicos que modifican físicamente el lugar y alteran su regeneración natural.[3]
Esto es evidente en el uso de los recursos hídricos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el mantenimiento de la infraestructura de abasto. Por un lado, la perforación de pozos por parte de las industrias y las unidades habitacionales, quebrantan el ciclo hidrológico impidiendo la filtración del agua y su constante renovación. Por otro lado, el peso de las construcciones de acero de las grandes fábricas, el concreto y otros materiales con los que se construyen las viviendas de todo tipo, generan hundimientos y modifican la red hidráulica y del drenaje.[4]
En consecuencia, la población registra condiciones de vulnerabilidad socioambiental. El proceso de industrialización y los asentamientos humanos coadyuvan a la formación de dicha vulnerabilidad.
Un tipo específico de vulnerabilidad son las inundaciones, fenómenos frecuentes en la época de lluvias, según una estimación gubernamental, en un lapso de once años (2002 a 2013), las personas afectadas por las inundaciones fueron alrededor 75,191. Esta vulnerabilidad repetida se convierte en una condición de desastre, ya que la población tiene que hacer usos de sus escasos recursos para enfrentar estas inundaciones de manera sistemática en temporadas de lluvia.[5]
Las inundaciones afectan a miles de familias, las casas se inundan por las aguas negras provocando la pérdida de bienes, ya que el agua ha llegado a alcanzar hasta un metro de altura. Cada año al llegar la temporada de lluvias, las personas quienes viven en esta zona se ven afectadas de manera grave, pues las inundaciones a las que se tienen que enfrentar son de aguas negras, basta con revisar las notas periodísticas que dan cuenta de lo que ha venido sucediendo desde hace varios años.
Las lluvias históricas ocurridas provocaron miles de damnificados y de afectaciones en al menos mil viviendas por las inundaciones y desborde de ríos de aguas negras. (febrero 2010)
Datos de Conagua señalaron que en el Estado de México se registraron precipitaciones de 160 mil metros, cuando el record era de 98.4 en 1979.
Fuente:http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1638:se-desborda-rio-de-los-remedios-miles-afectados&catid=139:noticias-nacionales&Itemid=779
Se desborda río de los Remedios, provoca inundaciones en Nezahualcóyotl y Ecatepec, rupturas en al menos cinco puntos, más de 250 viviendas evacuadas y 200 anegadas. (Julio 2011).
El agua inundó vías y casas de Plazas de Aragón. Las autoridades intentaron en vano reparar las fisuras. Elementos del Ejército llegaron para ayudar a colocar costales, reforzar bordos y aplicar el plan DN-III.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos, ocurrió en Ecatepec un tercer desbordamiento, de mayor magnitud, que afectó a varias colonias.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/07/01/estados/032n1est
El gobierno local detecta siete zonas propensas a inundaciones durante la temporada de lluvias: San Cristóbal Centro, San Agustín Xalostoc, San Agustín, Ciudad Azteca y Valle de Aragón, las cuales comprenden 37 comunidades con más de 50 mil personas.
Fuente:http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/06/27/ubican-7-zonas-de-inundacion-en-ecatepec
En julio de 2017, en algunos puntos de Ecatepec alcanzó hasta 50 centímetros de altura el nivel del agua por la lluvia que se registró y prolongó durante un día.
Fuente:https://www.debate.com.mx/mexico/Inundaciones-en-Ecatepec-por-cuatro-horas-de-lluvia-20170725-0408.html
Aunado a lo anterior, los vecinos organizados del Fraccionamiento de Valle de Aragón, 3ª Sección, Zona Poniente, CC Miguel A. Herrera Olvera y firmantes quienes preocupados por su seguridad física y la de sus hogares, me hicieron llegar una carta en la que señalan la grave problemática a la que se enfrentan año con año; mencionan que se encuentran en una situación insostenible, ya que cada temporada de lluvias se ven amenazados sus hogares, su patrimonio, su salud e inclusive su vida.
Refieren que, el área más afectada del Fraccionamiento se encuentra ubicada en el polígono de la Avenida Central a Valle de Perdido y de Avenida Valle de Iguala hasta Avenida Tecnológico, en el que habitan un total de 35 mil personas con un aproximado de 7 mil casas, también cuenta con tres escuelas:
1) Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz,
2) Kínder Juan Amos Comenio y
3) Instituto Simón Bolívar.
Mencionan que, desde hace más de tres décadas han padecido severas inundaciones de aguas negras al interior de sus casas; esto derivado del nulo interés y omisión de las y los funcionarios responsables del Estado de México, de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y del Municipio de Ecatepec, lo que se traduce en problemas de salud y perdidas de sus patrimonios año con año.
Otra de las preocupaciones que externan es que, derivado de las inundaciones en las últimas dos décadas (1990-2016), las y los alumnos de las escuelas antes mencionadas han perdido clases, ya sea porque la afectación en sus hogares es grave o bien porque las escuelas al igual que las casas inundan, y se encuentran en condiciones poco óptimas e insalubres para que el alumnado asista a clases.
Indican que la población que habita en el fraccionamiento es de edades variadas, sin embargo, quienes más padecen de esta situación son niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores o personas con algún tipo de discapacidad que se tienen que enfrentar a vivir en las partes altas de sus casas o hay quienes aún con la inundación deben quedarse en las partes bajas de sus casas, padeciendo de la contaminación, malos olores y posibles enfermedades que pueden traer las inundaciones por aguas negras. El anexo fotográfico a esta propuesta, da cuenta de la situación en que viven miles de familias.
En ese sentido, refieren que las y los ciudadanos se organizaron y a través de diversas gestiones lograron que se elaborara un proyecto ejecutivo por conducto de la Comisión de Agua del Estado de México en el año 2013. Dicho organismo es el responsable de solucionar el problema al que se enfrentan y a través de la construcción del “Colector Jamapa” del Fraccionamiento Valle de Aragón, Tercera Sección, en Ecatepec de Morelos podrá dar solución a dicho problema.
El Colector Jamapa, debe ser construido con 1400 metros lineales, lo que beneficia a una población de más de 35 mil habitantes y tiene un costo aproximado de 34.5 millones de pesos.
Sin embargo, desde 2014 que se solicitaron los primeros recursos a CONAGUA por un monto de $10, 685,747.36 más la aportación del gobierno del Estado de México para dar un total de $20, 000,000, se construyeron solo 420 metros lineales hasta el año 2015, los cuales no tienen ningún efecto a solución del problema, ya que se continúan inundando las casas y las afectaciones a la salud y la integridad física de sus patrimonios sigue latente en cuanto las temporadas de lluvia comienzan.
En los años 2016, 2017 y en lo que va del 2018 se ha omitido solicitar los recursos que corresponden a esos años con la finalidad de concluir el proyecto, tal y como lo establecen las reglas de operación del programa PROAGUA que se indica a continuación:
Artículo 5.3.1.2. Procedimiento de selección.
La propuesta se integrará conforme al siguiente orden de prioridad:
Acciones convenidas formal y previamente entre los gobiernos federal y estatal.
Acciones de captación de agua de lluvia y saneamiento básico.
Incremento de cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario.
Obras y acciones para recuperar o incrementar la producción de agua potable.
Las demás acciones consideradas en el Anexo III.
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o alcantarillado impacten directamente en el “Indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda” determinado por CONEVAL, y que atiendan la pobreza extrema.
Localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de agua de hasta 20%.
Obras iniciadas en ejercicios anteriores que requieran continuidad.
Las localidades consideradas por la SECTUR como destinos turísticos prioritarios o Pueblos Mágicos.
Obras que coadyuven en la prevención y mitigación, de daños a la población, derivados del cambio climático.
Obras derivadas de un acuerdo internacional. Incluyendo las obras que incrementan la cobertura de drenaje pluvial.
Acuíferos con déficit por explotación que son fuentes de abasto de agua potable.
Las asignaciones federales que se otorguen no podrán ser utilizadas para la operación y mantenimiento de la infraestructura, a menos de que se trate de operación transitoria posterior a la construcción de una, potabilizadora o desaladora, y que sea por un plazo no mayor a 12 meses y hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio.
En este sentido es relevante recordar que cada año durante los meses de mayo a octubre las lluvias son constantes en nuestro país, se prevé que en este año las precipitaciones durante junio estén arriba de lo normal, de acuerdo con meteorólogos americanos, se podrían formar en el Pacífico ciclones tropicales que se verían traducidos en una mayor cantidad de precipitaciones.[6]
Es por ello que, resulta de vital importancia que se concluya a la brevedad la obra que se ha dejado en un abandono y desinterés total, ya que con esto se generarán las condiciones necesarias de salud, certeza económica, jurídica y social.
Además el artículo 4° de la Constitucional establece, entre otras cosas, los siguientes derechos:
Es este sentido es evidente que la situación en la que viven las familias en este fraccionamiento transgrede lo establecido en el artículo constitucional antes mencionado y vulnera sus derechos humanos, ya que no viven en condiciones óptimas, pues en todo momento su salud, integridad, patrimonio y vida se ven en riesgo.
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México para que gire instrucciones a la Comisión del Agua del Estado de México a fin de que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, a la brevedad posible se destinen los recursos necesarios para concluir los trabajos de construcción del “Colector Jamapa”, así como la restitución de las atarjeas del Fraccionamiento Valle de Aragón, Tercera Sección, en Ecatepec de Morelos.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México para que gire instrucciones a la Comisión General de Protección Civil a fin de que tome las medidas necesarias para garantizar, en esta temporada de lluvias, la seguridad e integridad de las personas que habitan y transitan por el Fraccionamiento Valle de Aragón, Tercera Sección, en Ecatepec de Morelos. De igual forma tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a las escuelas de las y los estudiantes de dicho lugar, siempre y cuando no se pongan en riesgo su integridad y salud, de conformidad con el Interés Superior de la Niñez.
[1] Véase. CARAVACA, Inmaculada y Ricardo MÉNDEZ. 2003. “Trayectorias industriales metropolitanas: nuevos procesos, nuevos contrastes” Eure n. 87: 37-50.
[2] Véase. CASTILLO, Oropeza, Oscar Adán y DE ALBA, Murrieta, Felipe Estrategias sociales de adaptación frente a las inundaciones en la metrópolis de México, Ponto Urbe [En línea], 20 | 2017, Publicado el 30 junio 2017, consultado el 04 julio 2017. URL : http://pontourbe.revues.org/3471
[6] Véase. https://www.meteored.mx/noticias/prediccion/temporada-de-lluvias-2018.html
Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que informe a esta asamblea las razones por las cuales dio por concluidas las investigaciones de 69 quejas interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por irregularidades cometidas entre 2013 y 2014, durante el periodo de Rosario Robles.
Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Recientemente, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de recursos que asciende a mil 311 millones de pesos, a través de pagos realizados a empresas fantasmas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante las gestiones de Rosario Robles. Lo anterior fue revelado en tres auditorias forenses realizadas por la ASF respecto a los ejercicios de 2014 y 2015. Además, tras la auditoria se detectó que para el desvío de recursos, las instituciones subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasma.
El desvío realizado en la SEDESOL, habría sido por medio de la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, con quienes firmó contratos en marzo, mayo y septiembre de 2014, y en enero y febrero de 2015. Una parte de los mil 311 millones de pesos fueron transferidos a Monex y a CI Banco, para luego distribuirse en cuentas domiciliadas en diferentes países, según la Auditoría.
Asimismo, se detalla que del total de la cantidad desviada, 37.1 millones de pesos se destinaron a Monex, dinero que se utilizó para comprar dólares y transferirlo a cuentas en otros países como China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos. Todas ellas a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. Mientras que 28.9 millones de pesos depositados en CI Banco se utilizó para el mismo fin y los dólares fueron depositados a cuentas de America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.
En este sentido, es preciso señalar que de acuerdo con la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0277 277-DS realizada a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la Secretaría de Desarrollo Social para que fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento para garantizar que en la adjudicación de servicios formalizados con entidades públicas se asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad, transparencia y demás circunstancias pertinentes.
Asimismo, la ASF recomendó a la Secretaría de Desarrollo Social para que fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento con el propósito de vigilar que en la formalización de contratos, convenios y actos jurídicos que se efectúen al amparo del artículo 1°, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sea el propio titular de esa dependencia el único servidor público que suscriba, como facultad indelegable, dichos instrumentos jurídicos.
En este sentido, la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 121,600,000.00 pesos (ciento veintiún millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Politécnica de Chiapas subcontrato con un proveedor de servicios la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015 y el Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015, consistentes en el Servicio Integral de Supervisión, Monitoreo, Control y Mejora de los Comedores Comunitarios del Estado de México en diversos municipios, de lo cual recibió como pago 400,000,000.00 pesos (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) por la presentación del primer entregable y ésta, a su vez, pagó al proveedor que realizó el servicio encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 278,400,000.00 pesos (doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
Además, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 62, 877,192.00 pesos (sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Intercultural del Estado de México subcontrato con dos prestadores de servicio la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el convenio de coordinación núm. UCD/33901/010/2015 consistentes en el Servicio integral de aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas para la identificación y localización de pobres extremos alimentarios, en las 32 entidades federativas del país, conforme a los términos y condiciones indicados en su anexo técnico por lo cual recibió como pago la cantidad de 124, 100,000.00 pesos (ciento veinticuatro millones, cien mil pesos 00/100 M.N.) y ésta a su vez pagó a los prestadores del servicio que realizaron el trabajo encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 61,222,808.00 pesos (sesenta y un millones doscientos veintidós mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.).
Adicionalmente, la ASF observó deficiencias en las adjudicaciones de servicios a la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Universidad Autónoma de Chiapas, y con la Radio y Televisión Hidalgo en virtud de no haber acreditado que las mismas aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que tres de estas instituciones declararon contar con la capacidad técnica, material y humana para realizar los trabajos, lo cual no ocurrió ya que subcontrataron la totalidad de dichos trabajos erogando la SEDESOL 316,285.9 miles de pesos más de lo que las tres universidades pagaron a los proveedores que realizaron los trabajos; de dos no se demostró que se realizaron los servicios conforme a lo establecido en los convenios formalizados a las cuales se les pagaron servicios por 76,610.4 miles de pesos, y de una no se formalizó un convenio de terminación anticipada.
Por otro lado, también se determinaron deficiencias en la adjudicación y contratación de los servicios, y en la comprobación de la solicitud y recepción de los correspondientes al arrendamiento de vehículos terrestres y aéreos, toda vez que no se acreditó la solicitud y recepción de dichos servicios para la transportación de personal y de servicios turísticos por 26,747.7 miles de pesos, de los cuales, 8,265.1 miles de pesos, tampoco proporcionaron las facturas que amparen el gasto.
Además se pagaron cancelaciones de vuelos por 703.3 miles de pesos sin haber contado con un instrumento jurídico en el que se establecieran las condiciones de los servicios, ni tampoco se acreditó la selección del prestador de servicios, ni la solicitud y justificación de dichas cancelaciones; por último se formalizó un nuevo contrato de arrendamiento de vehículos cuando el anterior aún se encontraba vigente por el mismo concepto, sin justificar la nueva adjudicación.
Además, respecto de los servicios de Difusión de Mensajes sobre programas gubernamentales, no se contó con la evidencia de la adjudicación de 6 contratos y 8 pedidos; de 6 contratos no se acreditó la adjudicación bajo los supuestos señalados; y 24 contratos y 3 pedidos no se registraron en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
En consecuencia, la ASF determinó 20 observaciones, de las cuales 1 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 19 restantes generaron: 21 Recomendaciones, 16 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones.
Aunado a lo anterior, recientemente se dio a conocer en medios de comunicación nacional que la Secretaría de la Función Pública cerró la investigación de 69 quejas interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de la Secretaría de Desarrollo Social por irregularidades cometidas entre 2013 y 2014, periodo en el que Rosario Robles era la titular de la dependencia.
De este modo, el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEDESOL desechó las carpetas, entre las que se encuentran las relacionadas con el caso de la Estafa Maestra, sin ser turnadas al Área de Responsabilidades, la cual se encarga de tratar los expedientes de responsabilidad administrativa. Dichos expedientes habían derivado tras 15 auditorías practicadas por la ASF, mediante las cuales se descubrió el desvío de al menos 2 mil 224 millones de pesos. Dinero que habría sido entregado por parte de la SEDESOL a empresas fantasma.
Derivado de lo anterior, la SFP argumentó que los expedientes fueron cerrados por falta de elementos para sancionar, no obstante, el único que sí llegó al Área de Responsabilidades fue uno relacionado con la triangulación de recursos a través de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero ahí fue desechado. Se justificaron diciendo que la facultad para imponer la sanción ya había caducado. Pese a la actuación de la SFP al respecto, actualmente hay en la Procuraduría General de la República 24 denuncias contra la gestión de Rosario Robles en SEDESOL.
Por estas razones, y con base en los resultados que dan cuenta de la manera en la que la ejecución del gasto público de la SEDESOL se ha orientado hacia actividades proclives a desvío de recursos, abuso del poder, uso indebido de atribuciones, así como incumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, entre muchas conductas que será necesario deslindar, resulta necesario conocer las acciones que se han emprendido para coadyuvar con los procesos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, así como exhortar a las autoridades competentes para que den celeridad a las investigaciones iniciadas en la materia. Por tanto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que informe a esta asamblea las razones por las cuales dio por concluidas las investigaciones de 69 quejas interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por irregularidades cometidas entre 2013 y 2014, durante el periodo de Rosario Robles.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR) que de celeridad a las investigaciones correspondientes en torno al desvío de recursos públicos y otras conductas constitutivas de delitos detectadas en la Secretaría de Desarrollo Social por la Auditoria Superior de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 13 días del mes de junio de 2018.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que informe a esta Asamblea si hay alguna investigación a propósito de la asignación de contratos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el uso de recursos de la Federación en los que podría haber uso indebido de los mismos; y si hay un proceso de investigación, informar el estado que guarda este asunto; y se determine si se ha emprendido responsabilidades de los funcionarios o exfuncionarios de las instituciones involucradas.
De acuerdo con una investigación publicada por Animal Político, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó 248 contratos por un total de 674 millones de pesos a una red de seis empresas proveedoras de equipo e instrumental médico, que son propiedad de una misma familia. Esta red simuló competir en licitaciones sin que el IMSS lo objetara y regaló viajes a funcionarios para obtener favores[1].
La relación comercial de estas compañías con el IMSS inició en 2012 y ha seguido hasta 2018. En esos años, el Instituto estuvo dirigido por José Antonio González Anaya, actual secretario de Hacienda, y por Mikel Arriola, ahora candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI. A pesar de las irregularidades, el IMSS informó que aún no investiga a ninguna de las empresas de la red o a sus representantes y no se sabe cual es la razón por la que no se emprende esa investigación.
Preocupa incluso que estas empresas siguieron como proveedores del IMSS aún cuando aparentemente se comprobó que falsificaron registros sanitarios de los equipos médicos que vendían, tal como confirmó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Las empresas se dedican a la venta de equipo médico de alta especialización. Como Unidades de rayos x, electrocardiógrafos, camas, camillas, unidades de monitoreo de signos vitales y unidades de anestesia para atender a los pacientes del IMSS.
En este sentido, de acuerdo con dicha investigación, Dacega Corporation, DCG Technology, Carimed Equipos, MED Prime, International Equipment JCB e Innovación MEC forman la red que administra María Isabel Camacho; y en la que participan sus hijos, una hermana, sobrina, empleados y exempleados, según consta en actas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Estas empresas, que fueron fundadas apenas unos meses antes de que empezaran a ganar contratos, obtuvieron 489 millones de pesos sin competir con nadie, ya sea con procedimientos de adjudicación directa o por invitación a tres proveedores, en los que participaban las mismas integrantes de la red, pero en total la red ha cobrado del IMSS 674 millones de pesos[2].
De esta manera, Dacega ha vendido 98.9 millones de pesos al IMSS en 76 contratos, la empresa JCB ha vendido al IMSS equipos por 121.6 millones de pesos, según información del sistema Compranet. Dacega, la primera empresa mencionada, y JCB han competido en licitaciones cerradas en cinco procedimientos. Otras empresas que tienen registrado el mismo domicilio de Dacega son Carimed Equipos y Distribuidora Ceppi, esta última fue proveedora del IMSS hasta 2010, año en que dejó de licitar a la dependencia tras ser inhabilitada por tres meses por incumpliento de un contrato.
Asimismo, se señala que la empresa que más ganancias ha traído a la red por la venta de equipo médico al IMSS es MED Prime, que ha obtenido 324 millones de pesos con sólo 17 procedimientos, de los cuales solo cuatro fueron por licitación abierta. Asimismo, la red también ha vendido equipo al IMSS en varias entidades del país como Veracruz, San Luis Potosí y Oaxaca.
Un ejemplo de las irregularidades que deben aclararse, es la licitación E367-2016. Ahí el IMSS invitó a “competir” a todas las empresas de la red: MED Prime, JCB, DCG, Dacega, Carimed e Innovación MEC, aun cuando cinco de las seis empresas tienen como apoderada legal a María Isabel Camacho, dos de ellas comparten oficinas y en otras dos, los socios son sus hijos. También existe constancia de que los funcionarios que asignaron los contratos recibieron boletos de regalo para viajar a Miami y a Pekín. Tres funcionarios del IMSS, quienes firmaron casi la mitad de los 248 contratos, viajaron en 2014 a Miami con boletos pagados por las empresas.
Adicionalmente, la investigación refiere que la red de empresas proveedoras de equipo e instrumental médico que funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solaparon no sólo simuló competencia y pagó favores a los responsables de otorgar los contratos, también falsificó registros sanitarios para seguir vendiendo equipo y utilizó el nombre y los documentos oficiales de una empresa para participar en licitaciones.
Además, se detalla que de los 248 contratos por un total de 647 millones de pesos que entregó el IMSS a una red de seis empresas que simulaban competencia y pertenecen a una misma familia, 119 procedimientos se dieron durante la gestión de José Antonio González Anaya y 77 con Mikel Arriola Peñalosa, de acuerdo con la fecha de los contratos. De diciembre de 2012 a diciembre de 2015, la administración de González Ayala le otorgó 62 procedimientos a esta red por adjudicación directa o invitación a tres (cerrados) y 57 fueron procedimientos abiertos, que juntos suman un total de 424 millones 537 pesos. En tanto, de febrero de 2016 a diciembre de 2017, la administración de Mikel Arriola Peñalosa otorgó 77 procedimientos, de los cuales 58 fueron por adjudicación directa o invitación a tres (cerrados) y 19 licitaciones abiertas, que suman un total de 144 millones 444 mil pesos.
Las seis empresas de la red ganaron contratos, destacando Innovación MEC (empresa que fue usada sin autorización de su propietaria) en 2015 con 32 licitaciones abiertas; y MED Prime, que ganó 239 millones en 2014.
Por tal motivo, el pasado jueves 07 de junio, el IMSS informó que interpuso una denuncia ante la PGR por presuntas irregularidades en la venta de equipo médico por parte de esta red, y expresó que “bajo ninguna circunstancia tolerará conductas de servidores públicos que vulneren los avances logrados en los procesos licitatorios”.
Para Max Kaiser, Director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si bien la simulación de competencia por parte de una misma red de empresas no es un delito tipificado, es evidente que con esta acción se transgrede el principio constitucional de libre competencia para garantizar que el Estado adquiera los mejores productos y servicios. “El IMSS no puede argumentar que desconocía esta red si es que hizo bien su trabajo, ya que antes de adjudicar o invitar directamente a una empresa, debe realizar un estudio de mercado y ahí es donde debió detectar que varias empresas de la red pertenecen a las mismas personas[3]”.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que según el Instituto Mexicano para la Competitividad el IMSS es la tercera institución pública con mayor riesgo de corrupción. En este sentido, cabe destacar que en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, 7 de cada 10 contratos firmados con los principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)[4].
En la revisión de los contratos de 2012 a 2016 de la plataforma de Compranet, se encontraron variables que alertan riesgos de corrupción. En el caso de IMSS y el ISSSTE el 21% las compras de gobierno las realizan a sólo dos proveedores. Ambas instituciones ejercieron de 2012 a 2016 un gasto de 548 mil 683.2 millones de pesos y la mayoría de esos recursos se los llevaron Grupo Fármacos Especializados, que obtuvo 81 mil 476 millones de pesos, y Farmacéuticos Maypo, que facturó 33 mil 857 millones de pesos.
En este contexto, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad las 10 dependencias o entidades más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación Nacional de Prospera, LICONSA, S.A de C.V., la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)[5].
Frente a este panorama, es claro que existe un riesgo de corrupción cuando nos enfrentamos a falta de competencia, falta de transparencia y anomalías en el cumplimiento de la ley, motivo por el cual consideramos fundamental que las autoridades competentes realicen las investigaciones relativas al otorgamiento de contratos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que informe a esta Asamblea si hay alguna investigación a propósito de la asignación de contratos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el uso de recursos de la Federación en los que podría haber uso indebido de los mismos; y si hay un proceso de investigación, informar el estado que guarda este asunto; y se determine si se ha emprendido responsabilidades de los funcionarios o exfuncionarios de las instituciones involucradas.
[1] https://www.animalpolitico.com/imss-empresas-contratos-corrupcion/
[2] El IMSS otorga contratos millonarios a red de empresas propiedad de una misma familia https://www.animalpolitico.com/imss-empresas-contratos-corrupcion/
[3] https://www.animalpolitico.com/imss-empresas-contratos-corrupcion/
[4] Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas. https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/
Punto de Acuerdo por el que se solicita al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República un informe de los avances realizados en las investigaciones que el ministerio público federal realiza sobre las denuncias promovidas por la Auditoria Superior de la Federación en torno a las irregularidades detectadas en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, que involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su vez triangularon el recurso con universidades o instituciones públicas, las cuales se entregaron a empresas privadas que simulan servicios – caso denominado como estafa maestra-
Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME DE LOS AVANCES EN TORNO A LAS INVESTIGACIONES DEL CASO DENOMINADO “ESTAFA MAESTRA”, al tenor de las siguientes:
La estafa maestra es el nombre con el que se dio a conocer una investigación periodística realizada por el portal de noticias mexicano Animal Político en coordinación con la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad , la cual fue publicada el 5 de septiembre de 2017, y cuyo tema central es sobre una presunta red de desfalco y peculado en la que estarían involucrados diversos servidores públicos de distintos gobiernos del país, universidades y empresas llamadas “fantasma”, sin experiencia previa en las asignaciones oficiales que recibieron y que cuentan con documentaciones dudosas y de difícil comprobación.
Dicho reportaje significó un gran escándalo político, pues la exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados; esta situación motivo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de su entonces Auditor Superior, Juan Manuel Portal, denominara a dicha red de desvío como “fraude”, además de calificarla como “corrupción”.[1]​ Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), inició una investigación que al principio involucró a 38 empresas, de las cuales 8 ya eran investigadas cuando se publicó La Estafa Maestra en agosto de 2017; 9 más fueron incluidas en la lista del SAT desde el 16 de octubre de ese año y las 21 restantes fueron incluidas al último corte del 16 de noviembre del 2017.[2]
Si bien es cierto que la ASF es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la función de fiscalización -exclusiva de la Cámara de Diputados- debe ser ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad no solo al auditar a los entes públicos, sino también estos principios deben regir en sus relaciones con las y los servidores públicos que desempeñan esta importante función dentro de la propia ASF y con la propia ciudadanía de México.
Es por ello que más allá de las coyunturas electorales y de las múltiples y variadas acusaciones entre los diversos actores políticos resulta importante conocer de los avances de las auditorias programadas sobre la Cuenta Pública 2017, mismas que fueron anunciadas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero del año en curso, incluyendo las que están bajo la responsabilidad del área a la que estaba adscrita la C. Buchahin, así como el informe integral sobre el trabajo de fiscalización realizado desde 2012 hasta la fecha sobre las contrataciones de entes de gobierno con universidades públicas, de igual manera es de vital importancia para abonar en la transparencia y rendición de cuentas, que la Procuraduría General de la República (PGR) informe sobre las investigaciones que tiene abiertas en este tema. No hay que olvidar que las denuncias presentadas por la ASF señalan un esquema de triangulaciones financieras, en donde los funcionarios que participaron en su operación permanecen en total impunidad.
Los resultados de la ASF: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.
Las dependencias involucradas son: Petróleos Mexicanos; Secretaría de Desarrollo Social; Fondo de la Vivienda del ISSSTE; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Economía; y el Instituto Nacional para la Educación de las Adultos.
Sin embargo, a pesar de las denuncias interpuestas por ASF, hasta el momento no existe ningún funcionario consignado, y, en muchos casos, ni siquiera se ha citado a funcionarios involucrados a declarar ante el ministerio público federal en calidad de probables responsables. Esto a pesar de que se ha dado a conocer que la propia ASF entrego a la PGR un dictamen técnico que identifica a los servidores públicos que tuvieron responsabilidad en el manejo y desvío de tales recursos.
“Las denuncias de la Auditoría no solo señalan irregularidades específicas, sino un esquema de simulación que se repite y permanece impune. Las empresas contratadas en su mayoría son irregulares o fantasma que – al igual que las universidades que sirven de comparsa- no tienen ninguna infraestructura para cumplir con los servicios que se les asignen de forma totalmente discrecional”[3].
En la mayoría de los casos las dependencias o las universidades e instituciones que fueron auditadas entregan expedientes que supuestamente prueban que los servicios se cumplieron, sin embargo, la ASF señala que es información falsa, una fabricación de entregables y que el dinero no se sabe en realidad dónde está.
En mérito de lo expuesto propongo la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República un informe de los avances realizados en las investigaciones que el ministerio público federal realiza sobre las denuncias promovidas por la Auditoria Superior de la Federación en torno a las irregularidades detectadas en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, que involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su vez triangularon el recurso con universidades o instituciones públicas, las cuales se entregaron a empresas privadas que simulan servicios – caso denominado como estafa maestra-.
[1] https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/auditor-si-es-fraude.html
[2] https://www.animalpolitico.com/2017/11/estafa-maestra-empresas-sat/
[3] https://www.animalpolitico.com/2018/02/estafa-maestra-pgr-averiguaciones/