Source: https://www.scribd.com/document/343248798/STC-4989-HC-docx
Timestamp: 2018-12-11 19:42:19
Document Index: 339377821

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LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL_.pptx
Casación N° 842-2015-Lambayeque
HABEAS CORPÚS.docx
02792 2010 HC Resolucion
Interposición de Demanda de Hábeas Corpus Por Exceso de Carcelería
LOS HONORARIOS DEL ABOGADO EN CAUSAS DE INTERÉS PÚBLICO EN MATERIA AMBIENTAL Por José Alberto Esain - Revista La Defensa Nº 12 Octubre de 2017
TAREA 5 Practica Juridica II Yazmin Burdier
REO EN CARCEL.doc
DICCIONAIO JURIDICO
° 4989-2006-PHC/TC
JOHN MC. CARTER
En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, el Pleno del Tribunal Constitucional,
con la asistencia de los magistrados, García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, con el voto en discordia de los
magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Avendaño Valdez a favor de John
Mc. Carter y otros contra la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 908, su fecha 27 de Abril de 2006, que declara
infundada la demanda de Habeas Corpus de autos.
Con fecha 9 de Agosto del 2005, se interpone demanda de hábeas corpus a favor
de John Mc. Carter, Jorge Montes, Joseph A. Pompei , Cesar Ausin de Irruarizaga,
Hugo Silva, Nelson Gurman, Manuel Lopéz, Richard Stonesifer, Dennis Carey,
Robert Reid, John Welch , Jeffrey Imelts, Dennis Damerman, James Harman,
Robert Nardelli, Dennis Williams, John Opie, James Mohn, James Campbell, Dave
Cote, Donald Fontaine, Steve Reidel, Steve Sedita, David Blair, Helio Mattar
ejecutivos de la empresa General Electric Company, contra la Cuarta Sala Penal de
la Corte Superior de Justicia de Lima (Reos Libres) Mediante la presente acción de
garantía se solicita la anulación del auto de fecha 26 de abril de 2005 (Expediente
N° 1178-2004) dictado por la sala penal demandada que, sin motivación alguna,
ordena la apertura de instrucción penal contra los beneficiarios; asimismo, se pide
la anulación del auto de apertura de instrucción con mandato de detención emitido
por el Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima (Expediente N° 357-2005),
don Herrera Cassina, contra los favorecidos.
Realizada la investigación sumaria, el Juez demandado rinde su declaración explicativa
sosteniendo que mérito a su resolución de fecha 26 de Abril del 2005 ordenó abrir instrucción
penal contra los beneficiarios ordenando medida de detención, lo que constituye una decisión
jurisdiccional enmarcada dentro de sus atribuciones legales. Por su parte, el promotor de la
demanda al rendir su declaración indagatoria sostiene que la cuestionada resolución de la sala
penal demandada carece de motivación.
Resolución de segunda instancia La recurrida reforma la apelada declarándola infundada. Analizados los argumentos de la demanda. Determinación del objeto del proceso constitucional de hábeas corpus 5. toda vez que tales cometidos . responsabilidad penal de los inculpados. este Tribunal considera que la controversia. Al respecto. que desestimó la demanda señalando que la decisión judicial de detención adoptada por el juez emplazado no tenía la calidad de firme y definitiva que esta requiere para ser revisada en la vía constitucional. ni tampoco la calificación del tipo penal en que estos hubieran incurrido. a fojas 625. se debe precisar primero la aplicación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional. se ha establecido que el Tribunal Constitucional no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe. que si bien uno de los requisitos para cuestionar mediante un hábeas corpus una resolución de carácter jurisdiccional es que tenga la calidad de firme. en la sentencia recaída en el Expediente N° 6081-2005-HC/TC (Caso Alonso Esquivel Cornejo. En reiterada jurisprudencia. El Tribunal entiende que hay una cuestión preliminar en la que debe detenerse a fin de evaluar correctamente el sentido de la pretensión. 2. § 2. toda vez que contra esta resolución no procede ningún medio impugnatorio mediante el cual se pueda cuestionar lo alegado en este proceso constitucional. fundamentalmente gira en torno a la legitimidad misma del proceso penal instaurado contra los beneficiarios mediante el cuestionado auto de apertura de instrucción. lo que no se condice con el respeto de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. por estimar que no se ha fundamentado debidamente el mandato de detención dictado contra los beneficiarios. tratándose del auto de apertura de instrucción no corresponde declarar la improcedencia de la demanda. FUNDAMENTOS §. En efecto. Siendo así. y es que tratándose de un hábeas corpus contra una resolución judicial. o no. declaró fundado el proceso constitucional de habeas corpus. en el presente caso. 1. 4. el auto de apertura de instrucción constituye una resolución que resulta inimpugnable por ausencia de una previsión legal que prevea un recurso con este fin. que prescribe la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes. el Tribunal Constitucional no comparte la tesis de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. como es el auto de apertura de instrucción. conforme a lo previsto en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. argumentando que el caso examinado no puede ser amparado debido a que la resolución emitida por los vocales no vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. emitida por este Supremo Tribunal. FJ 3). resolución respecto de la cual este Tribunal ha establecido. de fecha 23 de Diciembre del 2005. una alegación como la planteada en la demanda contra este auto se volvería irresoluble hasta el momento de la finalización del proceso penal mediante sentencia o por alguna causal de sobreseimiento. Cuestión procesal 1.El Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima . 3.
debe quedar plenamente establecido que si bien el juzgador constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario. los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas. tales como las que establecen el juez natural. de la Constitución Política del Perú. Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y. termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario. Particularmente. 8. a la vez. que solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados. sin lugar a dudas. se tiene –porque el ordenamiento lo justifica–. se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales. en cambio. en los términos que aquí se exponen. ambos previstos en el artículo 139. una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción. principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. el procedimiento preestablecido. habida cuenta de que las . violación del contenido no esencial o adicional. por sí mismas. el derecho al debido proceso. la garantía de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional. en el presente caso. en todo caso. dos expresiones: una formal y otra sustantiva. Sin embargo. Al respecto. inciso 3. de pronto. que no son. Puntualizado queda. contrarias a la Constitución sino al orden legal. al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se le reconoce. dentro de dicha noción. a su vez. se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. ante la circunstancia de un proceder inconstitucional. son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos al interior de cada proceso. sino. El debido proceso tiene. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresión subjetiva y específica. No se trata naturalmente de que el juez constitucional. la motivación. en su faz sustantiva. pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución. significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado. el derecho de defensa. el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los expedientes 2192-2002-HC/TC (FJ 1). 7. estaremos ante un proceso inconstitucional. dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales. y ante un contexto donde. estaremos. la posibilidad de reclamar protección especializada en tanto es ese el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado constitucional de derecho. 2169-2002-HC/TC (FJ 2). y 3392-2004-HC/TC (FJ 6). quedando totalmente descartado que. 6. es decir. en la de carácter formal. resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la Constitución. específicamente. si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. En el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados.
vulneraciones aducidas no solo implican la observancia del derecho al debido proceso. expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia. se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y. La falta de motivación del auto de apertura de instrucción. que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Análisis del caso materia de controversia constitucional 9. cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan. al mismo tiempo. En efecto. Al respecto. 10. el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales (modificado por la Ley N° 28117). garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver. que estriba principalmente en la ausencia de fundamentación de la vinculación de la imputación judicial que se hace a los beneficiarios con los hechos que constituirían delito de estafa. la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado. por desconocer los hechos concretos respectos de los cuales debían defenderse. Mediante ella. ratione materiae. el Tribunal Constitucional tiene competencia. para evaluar la legitimidad constitucional de los actos considerados lesivos. por otro lado. § 3. motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y. uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada. sino que incidiría de manera razonable y proporcional en el ejercicio de la libertad individual de los beneficiarios. el Juez Especializado en lo Penal sólo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito. la orden al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben practicarse en la instrucción”. por un lado. 12. asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley. un derecho constitucional de los justiciables. por la falta de motivación que se alega en la demanda. 11. la motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real. El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados. regula la estructura del auto de apertura de instrucción. y en su parte pertinente establece que: “Recibida la denuncia y sus recaudos. garantiza que los jueces. se debe analizar en sede constitucional si es arbitrario el auto de apertura de instrucción dictado contra los beneficiarios. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental. pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. generándoles con ello una situación de indefensión. § 4 Falta de motivación del auto de apertura de instrucción. los elementos de prueba en que se funda la imputación. En el caso de autos. En suma. que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe. .
como la Constitución y la ley procesal penal citados. comprender que nada más lejos de los objetivos de la ley procesal el conformarse en que la persona sea individualizada cumpliendo sólo con consignarse su identidad (nombres completos) en el auto de apertura de instrucción (menos aún. no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le dirigen.b) Comunicación previa y detallada de la acusación formulada”. de la que pareciera desprenderse que el derecho del imputado se limita al momento de su propia detención. 175/180). a pesar del tenor de esta norma constitucional.13. lo cierto es que esta toma de conocimiento. el artículo 8°. No cabe duda que el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales ofrece los máximos resguardos para asegurar que el imputado tome conocimiento de la acusación que contra él recae. literal “b” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. esto es. es el artículo 139°. 16. la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción. que a este respecto. sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta. la imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados. Se debe señalar que. controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal. no implícita. inmediatamente y por escrito. al prescribir que : “El auto sera motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados. numeral 3). a las garantías mínimas:. los elementos de prueba en que se funda la imputación. numeral 2). y no como en el presente caso en que se advierte una acusación genérica e impersonalizada. de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. 15. sino que. literal “a” de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.. en plena igualdad. constituye la primera exigencia del respeto a la garantía constitucional de la defensa que acompaña a lo largo del proceso en todas las resoluciones del mismo.. esto es. una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan. es posible afirmar que tal resolución no se adecúa en rigor a lo que quieren tanto los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. que limita o impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa. es decir. la indicada individualización resulta exigible en virtud del primer párrafo del artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. en un idiona que comprenda y en forma detallada . En otras palabras. Con similar predicamento. la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado”. obligación judicial que este Tribunal considera que debe ser efectuada con criterio de razonabilidad. toda persona acusada de un delito tendrá derecho. “contra los que resulten responsables”. Examinado el cuestionado auto de apertura de instrucción (fs. Reflejo de este marco jurídico supranacional. sino. toda persona tiene derecho. hasta la dación de la modificación incorporada por el Decreto Legislativo N° 126 publicado el 15 de junio de 1981). comienza por reconocer que: ” Durante el proceso. en plena igualdad. que ha establecido: “El principio que toda persona debe ser informada. clara y expresa. por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada. Esta interpretación se condice con el artículo 14°. 14. a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora. dispone que: “Durante el proceso. de las causas o razones de su detención”. de conformidad con la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución. al momento de calificar la denuncia será necesario. como se hacía años antes. precisa. Como se aprecia. inciso 15) de nuestra Norma Fundamental. .
contra todos y cada uno de los beneficiarios. a su vez. por ello. ha infringido el deber constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. Este Tribunal ya se ha encontrado en diversas ocasiones (cf. más aún . que este Tribunal estima se suma al acto cuestionado en ella. 18. habida cuenta de que dicho derecho no fue alegado en la demanda y tampoco fue refutado en el contradictorio. lo que denota una ausencia de individualización del presunto responsable. que el contradictorio constitucional no gire en torno a ellos. Como en aquellos casos se sostuvo. están reconocidos por disposiciones constitucionales. FJ 4) frente a una situación semejante. 21. al haber omitido el Juez penal la formalización de cargos concretos. respecto del cual precisa evaluar si tiene competencia para pronunciarse sobre tal punto. 20. resulta legítimo analizar si en el presente caso se ha violado el derecho constitucional a la motivación resolutoria. corresponde decidir al Juez de la constitucionalidad (artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). toda vez que. § 5 Iura nóvit curia y contradictorio en el proceso de hábeas corpus 19. no es óbice para pronunciarse sobre esos y otros derechos. 23. referidos a la motivación de las resoluciones judiciales y de defensa. esencialmente. el principio iura nóvit curia constitucional no tiene los mismos alcances que el que rige en otro tipo de procesos. no existen razones para que aquí se cambie de criterio. debe agregarse lo siguiente. STC 2868–2004–AA/TC. consecuentemente. En este sentido. en función del artículo 139°. Los alcances del iura nóvit curia constitucional no tienen por efecto alterar el contradictorio en el seno de un proceso constitucional de la libertad. debidamente especificados. al no tener éstos la posibilidad de rebatir los elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les atribuye. 22. más allá de que no hayan sido invocados. lesionando el derecho de defensa de los justiciables. En consecuencia. cuya aplicación. STC 0905–2001–AA/TC. puesto que el que no se aleguen determinados derechos y. De modo que. inciso 5 de la Constitución Política del Perú. en los términos anteriormente expuestos. o no se hayan identificado correctamente. cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena abrir instrucción. en estos procesos se juzga al acto reclamado. la presente demanda debe ser estimada al haberse acreditado que las resoluciones cuestionadas dictadas por los magistrados emplazados vulnerando los derechos constitucionales de los beneficiarios de esta demanda. es la vulneración del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. Por lo anteriormente expuesto. de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. pues los derechos subjetivos constitucionales. tampoco existe una alteración del contradictorio que podría dejar en indefensión a alguna de las partes. como pusiéramos en evidencia en la STC 0976-2001-AA/TC. resultando de aplicación el artículo 2° del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237). Un aspecto no contemplado en la demanda. En todas ellas ha sostenido un principio de congruencia no absoluto. A lo dicho.17. FJ 11. por tanto. no existiendo alteración del comportamiento juzgado como inconstitucional (acto reclamado). a juzgar sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional. reduciéndose la labor del Juez constitucional. ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado. sino relativo.
tales como el derecho a la vida (artículo 2. de la Constitución). en la que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda por los mismos hechos que son materia del presente expediente. desde una perspectiva restringida. el derecho a la libertad de comunicación (artículo 2°. publicada el 25 de enero de 2006. 27. de la Constitución) y a la integridad personal (artículo 2°. FJ 4). el Tribunal Constitucional tiene competencia.h. si contribuye a crear convicción sobre este aspecto la sentencia recaída en el Expediente N° 8125-2005-HC/TC. ratione . el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece: El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. bajo el canon de interpretación constitucional del principio in dubio pro hómine (artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).Vulneración del principio ne bis in ídem como contenido del derecho al debido proceso 24. si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. de la Constitución). STC 2840-2004-HC.1. el hábeas corpus se entiende vinculado. una cuestión que estimamos pertinente precisar es que el hábeas corpus es un proceso constitucional autónomo. a la protección del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de derechos fundamentales que se concentran en torno a dicho derecho. tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva. y a favor de la misma persona que hoy es el beneficiario de esta causa constitucional. 3. el derecho al debido proceso (artículo 139°. 11. 26.” 25. en el presente caso. Sin embargo. 1.. especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. en el caso concreto. al señalar que “Conforme a reiterada jurisprudencia de este Colegiado. únicamente. habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora.. tales como el derecho a la seguridad personal (artículo 2. a priori y en abstracto. No obstante. De ahí que se puede afirmar que también. 4.” 28. 24.. el derecho de residencia (artículo 2°. El artículo 25° del Código Procesal Constitucional ha acogido esta concepción amplia del habeas corpus cuando señala que “[. ni tampoco excluirlos. inclusive. claro está siempre que.. exista conexión entre este y el derecho fundamental a la libertad personal.] también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual. en el cual el Juez constitucional asume una función tutelar del derecho fundamental a la libertad personal y de los derechos conexos a él (artículo 200°. a la libertad de tránsito –ius movendi et ius ambulandi– (artículo 2. de la Constitución). de la Constitución) e. 11. de la Constitución). Así lo ha establecido también este Tribunal en anteriores oportunidades (Cf. no es razonable establecer un numerus clausus de derechos conexos a la libertad personal a efectos de su tutela. de la Constitución). § 6 . dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus.). 24. Al respecto. se debe señalar que. pues muchas veces el derecho a la libertad personal es vulnerado en conexión con otros derechos fundamentales. es posible que el Juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso. En concordancia con ello. de la Constitución). (.
Prima facie. el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada". en primer lugar. el indulto. como puede ser el artículo 8. FJ 39. para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos”. y. No solamente porque en el dictado de dichas disposiciones se ha evitado circunscribir el ámbito de protección solo al caso de las sentencias. de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (vid. "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [. de terceros o. por efectos del principio de unidad de la Constitución. mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable. Dicha disposición constitucional debe interpretarse. En los términos de dicho precepto constitucional. ni modificar sentencias ni retardar su ejecución (. sobre la “vulneración” al derecho fundamental al debido proceso y al principio ne bis in ídem.. sea por actos de otros poderes públicos.)". ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarlas. STC 4587-2004-HC/TC.. STC 4587-2004-HC/TC. 32... a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición. debe absolverse por este Tribunal en sentido afirmativo. La amnistía. no pueda ser dejado sin efecto ni modificado.] 2) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.. en el caso concreto. Caso Santiago Martín Rivas). y se ha comprendido también a los autos que ponen fin al proceso (al referirse. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada.)13. es del caso analizar si.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. a la luz de dichas disposiciones de derechos fundamentales. el Tribunal Constitucional debe pronunciarse. FJ 38. el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. por los órganos de protección de los derechos humanos en nuestra región (cf. en segundo lugar. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. por ejemplo. sino también porque ese es el sentido interpretativo que se ha brindado a una disposición aparentemente más limitativa de su ámbito de protección. Al respecto. 30. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. la determinación de si una resolución que no constituye una sentencia definitiva (pero que ha puesto fin al proceso penal) se encuentra también garantizada por este derecho. a las resoluciones que importen el sobreseimiento definitivo de una causa). a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios. Bajo estas precisiones. incluso. ni cortar procedimientos en trámite. materiae.. Caso Santiago Martín Rivas. 31. 29. dentro del proceso constitucional de hábeas corpus. En opinión del Tribunal Constitucional. de conformidad con el inciso 13 del mismo artículo 139 de la Ley Fundamental. . el cual prevé que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (. 33.
En efecto.]”.) la expresión "sentencia firme" en el marco del artículo 8. la Convención Americana utiliza la expresión los mismos hechos. en materia del principio ne bis in idem. Hemos dicho. FJ 41. inciso 4. en el caso de Crespo Bragayrac (vid.7. de la interpretación de esta disposición con otras disposiciones constitucionales con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de la Constitución). En este contexto. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. que el contenido esencial constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental no solo ha de extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce. en el Informe 1/95. el artículo 8. STC 0217-2002-HC/TC). Así.. por ejemplo. el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. "sentencia" debe interpretarse como todo acto procesal de contenido típicamente jurisdiccional. este Tribunal sostuvo que "De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. y "sentencia firme" como aquella expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada" (cf. Caso Santiago Martín Rivas). en diversas oportunidades. mediante sentencia contenciosa de fecha 17 de setiembre de 1997. que es un término más amplio. Asimismo.006 Alan García Pérez c/ Perú. artículo 14. 37. Caso Santiago Martín Rivas).. es decir limitada al significado que se le atribuya en el derecho interno de los Estados. resulta ilustrativo –aunque no directamente aplicable al presente caso-. en efecto.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 36. en el caso Loayza Tamayo. los derechos y libertades reconocidos en la Constitución . sino que comprende también a la jurisprudencia que sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección de los derechos humanos (Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) (cf. Sobre el valor que pueda tener la referida jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos para la comprensión del ámbito protegido por los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. no debe interpretarse restrictivamente. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos (por ejemplo. Caso 11. sino también bajo los alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 35.. FJ 44. que “(..34. en beneficio de la víctima [. ha sostenido que "(. este Tribunal tiene dicho que este último concepto no se restringe solo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte (IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución). STC 4587-2004-HC/TC.. lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.) Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos.. es decir. este Tribunal ha destacado su capital importancia. En relación con los alcances del término "sentencia firme" que utiliza la referida disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. que se refiere al mismo delito). STC 4587-2004-HC/TC.
por un lado. ahora es preciso remarcar que. puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador. Con ello se impide. si bien el principio ne bis in ídem no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental de orden procesal. pues. este Tribunal señaló que el contenido esencial constitucionalmente protegido del ne bis in ídem debe identificarse en función de sus dos dimensiones (formal y material). una adhesión a la interpretación que. que al ejercer su ius puniendi debe tener una sola oportunidad de persecución. tanto la repetición del proceso como una doble condena o el riesgo de afrontarla. Lo que pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal. FJ 45. Pues bien. implícitamente. la dualidad de procedimientos (por ejemplo. el Tribunal ha declarado que. Desde esta vertiente. Caso Santiago Martín Rivas). que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o. si se quiere. Por su parte. guardián último de los derechos en la Región" (cf. conforme con los tratados sobre derechos humanos. en el ámbito penal. despejada la duda en torno a si una resolución de sobreseimiento definitivo puede alcanzar la calidad de cosa juzgada. hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y. STC 4587-2004-HC/TC. impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto. En su vertiente procesal. uno de orden administrativo y otro de orden penal) y. Esa eficacia negativa de las resoluciones que pasan a tener calidad de cosa juzgada. pues. en la STC 2050-2002-AA/TC. tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos». FJ 46. . STC 4587-2004-HC/TC. por otro. por ejemplo). el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. de los mismos. configura lo que en nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem). simultánea o sucesiva por la misma realidad histórica atribuida. Lo inadmisible es. a su vez. al desprenderse del derecho reconocido en el inciso 2 del artículo 139° de la Constitución (cosa juzgada). es decir. uno de los efectos que se deriva de haberse alcanzado dicha autoridad de cosa juzgada es la prohibición de que por los mismos fundamentos se pueda volver a juzgar a la misma persona. contiene. el enunciado según el cual «nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho». expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción. Su aplicación. dicho principio presupone la interdicción de un doble proceso penal por la misma conducta. En tal sentido. En relación con este derecho. en particular. hecho y fundamento. 38. sostuvimos que en su formulación material. deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Peruano. con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento. se trata de un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso (cf. Tal interpretación. el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos o dos procesos penales con el mismo objeto. contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. que se inicien dos procesos con el mismo objeto. lo cual se yergue como límite material frente a los mayores poderes de persecución que tiene el Estado. Caso Santiago Martín Rivas).
fraude en la administración de las personas jurídicas) que fueron materia de las denuncias de parte. lo que demuestra que en el presente caso ha habido una indebida doble valoración de los presupuestos que configurarían la conducta ilícita atribuida a los beneficiarios. las mismas que fueron materia de distintas resoluciones fiscales y judiciales de clausura de la persecución penal. pues del examen de autos . Carter y otros. no obstante lo cual resulta finalmente instruido por el delito de estafa por el cuestionado Juez de la Cuarta Sala Penal de la Corte superior de Lima. verificar la existencia o no de una persecución penal múltiple requiere la conjunción de tres identidades distintas: identidad de la persona perseguida (eadem persona). Por lo anteriormente expuesto. sobre la base de los mismos hechos cuya delictuosidad fue oportunamente desvirtuada por diversas instancias de persecución penal nacional. que el ne bis in ídem procesal supone básicamente dos persecuciones. por cuanto el fundamento de los ilícitos supuestamente realizados por los beneficiarios están referidos en su totalidad a bienes jurídicos patrimoniales. por las siguientes razones: a) En cuanto al primer elemento de la identidad de las personas perseguidas penalmente (identidad subjetiva) en varios procesos. 40. identidad del objeto de persecución (eadem res) e identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi). el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. 42. que nos indica que la imputación ha sido idéntica tanto en las persecuciones anteriormente archivadas por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima (f. HA RESUELTO . y tiene que ver con los límites que es preciso imponer en un terreno en el cual una de las partes –el Estado– va a tener atribuciones asimétricas frente al procesado. este Tribunal afirma que se ha lesionado el principio ne bis in ídem procesal. 83). en todos los casos existió una identidad fáctica (si bien distintas calificaciones jurídicas). 79) y la Sala Corporativa de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. la identidad de la causa de persecución es un presupuesto que resulta también verificado en el presente caso. se advierte que la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió abrir instrucción a los beneficiarios por el delito de estafa. y de las resoluciones de archivo dictadas tanto en sede fiscal como judicial. 41. Visto el caso sub exámine. desde la perspectiva del test de triple identidad. Esto no limita la obligación del Estado de perseguir el presunto delito. c) Por último. un mismo comportamiento atribuido a los beneficiarios. b) Este Tribunal considera que el elemento denominado identidad del objeto de persecución (identidad objetiva) también se cumple en el presente caso. apropiación ilícita. se aprecia que se trata de los mismos imputados: John Mc. Esto es. Esto es. entonces. Ahora bien. como así se aprecia de los delitos (estafa. como en el auto de apertura de instrucción dictado por el emplazado de la Cuarta Sala Penal De la Corte Superior de Justicia de Lima . sino que lo ordena bajo parámetros constitucionales con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la libertad. aparecen comprendidos en diversas denuncias promovidas por el denunciante Guillermo Gonzales Neumann. que los beneficiarios. en su calidad de altos ejecutivos de la General Electric Company. Es menester puntualizar.
James Campbell. John Opie. dispone la suspensión de la orden de captura librada contra los afectados John Mc. por consiguiente. expedida por La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Steve Reidel. James Mc. James Mohn. Nermey. y NULA la resolución de fecha 2 de agosto de 2005. Jeffrey Imelts. Publíquese y notifíquese. James Harman. David Blair y Helio Mattar. Robert Reid. Joseph A. expedida por el Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima en el proceso penal 357-2005. NULA la resolución de fecha 26 de abril de 2005. César Ausin de Irruarízaga.Declarar FUNDADA la demanda. Nelson Gurman. Dave Cote. Steve Sedita. Dennis Williams. Carter. Dennis Damerman. John Welch. Donald Fontaine. mediante el cual se abre instrucción a los beneficiarios y se dicta mandato de detención contra ellos. Jorge Montes. En consecuencia. SS. Robert Nardelli. Pompei . GARCÍA TOMA GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI LANDA ARROYO . que ordenó abrir instrucción penal contra los beneficiarios de esta demanda.
.. prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus siempre que se cumplan ciertos presupuestos procesales. segundo párrafo. decimos que la procedencia. Dr. b) Exista Vulneración MANIFIESTA c) Y que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Avendaño Valdéz a favor de Jonh Mc. argumentando que dicho auto vulnera el principio constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. que declara infundada la demanda de autos. Consecuentemente. El código Procesal Constitucional. en el Artículo 4°. De ello se infiere que la admisión a trámite de un hábeas corpus que cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando: a) Exista resolución judicial firme.EXP.”). César Herrera Cassina. CARTER Y OTROS VOTO EN DISCORDIA DE LOS MAGISTRADOS BARDELLI LARTIRIGOYEN Y VERGARA GOTELLI Emitimos el presente voto con el debido respeto por los fundamentos siguientes: 1. Carter y otros cuestionando la resolución que manda abrir instrucción emitida por la sala penal emplazada y el auto que abre instrucción por el delito de estafa. quien ha dictado mandato de detención contra los favorecidos.° 4989-2006-PHC/TC LIMA JOHN MC. El recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de Jonh Mc. con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. emitido por el Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima. 3.. Así taxativamente se precisa que: “El hábeas corpus procede cuando un resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”. Ley 28237. Carter y otros contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal para Procesados con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. en su tercera exigencia (c). acumula libertad individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta también al comienzo del propio artículo 4° cuando trata del amparo (“resoluciones judiciales firmes dictadas. N. 2.
segundo párrafo. caso contrario estaremos convirtiendo a este Supremo Tribunal en una suprainstancia capaz de revisar todos los autos de apertura de instrucción evacuados por la jurisdicción ordinaria a nivel nacional. con la resolución que cuestiona el demandante en sede Constitucional. en el voto singular evacuado en el proceso de Hábeas Corpus iniciado por demanda de Jeffrey Immelt y otros. como su nombre lo indica. Por ello también. que contraviene una norma que previamente ha calificado de ilícito tal comportamiento en sede penal y que ha causado un doble daño que es menester castigar y reparara. atribuida a una persona determinada. El sentido de “resolución judicial firme”. o si c) No se agravia la tutela procesal efectiva. la . no puede medirse por la posibilidad legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o recursos. prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de hábeas corpus siempre que se cumplan 2 presupuesto: 1) que se trate de una resolución judicial firme y 2) que la vulneración a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta. sino a través de la contradicción o defensa que constituye el ingrediente principal de la tutela judicial efectiva. previa denuncia del Fiscal adscrito a tal competencia. STC N. El artículo 2° exige para la amenaza en hábeas corpus (libertad individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización.° 8125-2005-PHC... constituyendo así solo el instrumento del que se sirve el Estado para decir el derecho al momento de la solución. tratándose del auto de apertura de instrucción.) “El Código Procesal Constitucional. precisamente. obviamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera ser debido –en expectativa ordinaria. mediato e indirecto a la sociedad. 4. b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta. Esto nos lleva a considerar que el auto de apertura de instrucción dictado por el Juez competente. es decir. para solucionar dicho conflicto. normal. se expresó que: (. Debemos tener en cuenta primero que tratándose del cuestionamiento al auto que abre instrucción con el argumento de una indebida o deficiente motivación. en el artículo 4°. Por tanto. recién comienza. el hábeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: a) La resolución judicial no es firme. no puede ser la “resolución judicial firme” que vulnere manifiestamente la libertad individual que. Ley 28237. para legitimar el ingreso del Tribunal Constitucional a la revisión de una resolución judicial que en este caso constituye la expresión misma de la autonomía del Juez y la independencia del Poder Judicial debe acreditarse fehacientemente el cumplimiento de dichos presupuesto. Consecuentemente. Y es que el proceso penal se instaura frente al conflicto que implica la denuncia de la concurrencia de una conducta. El mismo artículo no dice qué debemos entender por tutela procesal efectiva. daño concreto. El proceso se abre para ello. inmediato y directo que tienen como agraviado al directamente afectado y daño abstracto. que en cualquier momento puede convertirse en una violación real. común o racional–.
en puridad.C.. El recurrente afirma que el auto de apertura de instrucción carece de motivación suficiente pues no expone las razones que el Juez ha tenido en cuenta para imputar la comisión del delito de estafa a cada uno de los instruidos. Sin perjuicio de lo anterior creo pertinente considerar que si bien es cierto la normatividad procesal penal no ha previsto expresamente un medio impugnatorio para cuestionar el auto de apertura de instrucción. Este mandato se emite en función a otros presupuestos procesales. En consecuencia consideramos que si se denuncia que el juez ordinario. se estaría acusando la violación del debido proceso ya sea este formal o sustantivo. Siendo así los recurrente tuvieron a su alcance el remedio previsto en el artículo 171° del C. en su defecto. abusando de sus facultades. es decir afirma que el acto procesal no cumple con los requisitos mínimos de validez.P. puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad”. de la revisión de autos consideramos que no existe tal manifiesta vulneración que como presupuesto requiere el segundo párrafo del artículo 4° del Código Procesal Constitucional . los requisitos mínimos que deben concurrir para su procedencia. En cuanto a la exigencia referida q que la vulneración a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta. abre instrucción contra determinada persona cometiendo con ello una arbitrariedad manifiesta. ni los hechos por los que tendrían que responder individualmente durante la investigación judicial. que no son los mismos que los exigidos para el auto que abre instrucción establecidos en el Artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. también lo es que de existir vacíos en el tratamiento por dicho ordenamiento procesal. taxativamente. no está vinculada directamente con la medida cautelar de naturaleza personal que se dicta al interior de dicha resolución. medida contra la que la ley procesal permite la apelación. La medida coercitiva de naturaleza personal sí incide directamente sobre la libertad. señalando el Artículo 135° del Código Procesal Penal. en cuanto le sea aplicable. empero. para lo que resulta vía idónea la del amparo reparador.. éste se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil. a través de la formulación de la nulidad del referido acto procesal y lograr en sede ordinaria la corrección del vicio que se acusa o. encontramos que en el Artículo 171° del referido complexo legal se prevé que la nulidad de un acto procesal “. contra esta medida existen medios impugnatorios previstos en la ley procesal penal que tendrían que agotarse para obtener la firmeza de la resolución en lo referente a la detención preventiva u otras limitaciones a la libertad personal.pretensa vulneración no puede ser conocida a través del hábeas corpus sino del amparo puesto que el auto de apertura. Si esto es así. conseguir la resolución firme que lo habilite a recurrir a la vía excepcional y sumarísima del extraordinario proceso de urgencia. según la previsión de la Primera Disposición Complementaria y Final del aludido Código que a la letra dice: “las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su naturaleza”.
lo que. Y para ambos casos –penal y civil– todo imputado y todo emplazado tendrán los “argumentos” necesarios para exigir el mismo tratamiento. Por tanto. b) mediante los fundamentos de la resolución superior y de la resolución cuestionada se motiva claramente las razones por las que la Sala y el Juez emplazado consideran que la actuación de los funcionarios de la Empresa General Eléctric Cómpany encuadra en el delito que se les imputa a todos ellos. por los siguientes argumentos: a) las consideraciones que ha tenido el juez emplazado para dictar el auto de apertura han sido en función a lo dispuesto por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal –Reos Libres– de la Corte Superior de Justicia de Lima. de motu propio. Por las precedentes consideraciones no encontramos capacidad en el Tribunal Constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y convertirse.P. nuestro voto es por la IMPROCEDENCIA de la demanda. y c) la invocación de la alegada vulneración del principio de motivación es prematura. por resolución de fecha 26 de abril del 2005. En consecuencia. . Es preciso dejar sentado que el imperio del Estado delegado a sus jueces ordinarios para que en su representación hagan posible el ius puniendi no puede ser desconocido con la afirmación de que dicha facultad se está ejerciendo arbitrariamente para sustraerse de la jurisdicción. obviamente aún no existe una sentencia firme que sindique a los accionantes como responsables de la comisión del delito instruido. con el mismo derecho por la misma puerta. pues tratándose de un proceso penal en etapa inicial. constituyendo una materia que compete de forma exclusiva al juzgador penal. permaneciendo inalterable su presunción de inocencia. como vía alterna suficiente para sancionar. En todo caso existe el proceso de responsabilidad civil de los jueces previsto en el Artículo 509° y siguientes del C. máxime cuando estando a lo que el miércoles cuatro del mes de enero del dos mil seis el diario Gestión. que constituye expresión de la soberanía. no resultando posible determinar el grado de participación de cada uno de ello. a los representantes jurisdiccionales del Estado que en el ejercicio de su autonomía causan agravio insuperables. ley procesal que no ha previsto la vía recursiva para cuestionar la decisión del Juez que d origen a un proceso ordinario. otros miles de emplazados recurrirían también al proceso constitucional cada vez que un Juez Civil admita a trámite una demanda de acuerdo al Artículo 430° del C. en el ultra revisor de lo determinado por Juez competente en un proceso regular en trámite. lo que además significaría abrir las puertas a muchos miles de imputados que vendrían al Tribunal con iguales impugnaciones cada vez que un juzgado penal dé trámite a la denuncia del Fiscal abriendo el correspondiente proceso. en su página veinte. para ingresar al análisis de fondo. informa de una multiplicación de procesos de hábeas corpus por demandas de cada uno de los imputados en distintos juzgados.C. lo que será materia precisamente de la investigación en el proceso judicial. por dolo o culpa. al poco tiempo la carga procesal sería inmanejable para este Tribunal ampliando sus facultades cuando hoy las viene reduciendo. Procesal Civil. Pero algo más. mediante el cual se le ordena abrir instrucción contra los recurrentes. no existe la manifiesta vulneración a la libertad individual ni a la tutela procesal efectiva. a no dudarlo.
a los fundamentos del voto en discordia de los Magistrados Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli. parcialmente. N.° 4989-2006-PHC/TC LIMA JOHN MC. CARTER Y OTROS FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ Emito el presente fundamento de voto adhiriéndome. complementándolo con el siguiente razonamiento: . BARDELLI LARTIRIGOYEN VERGARA GOTELLI EXP.Sres.
Por otro lado. debe entenderse que ello sólo es posible si es que se trata de una situación de total indefensión. 2. Sr. Lo que no sucede con el auto apertorio que es materia del presente hábeas corpus.1. no comparto las opinión de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli en el sentido de que el Código Procesal Civil pueda ser norma de aplicación supletoria a los procesos penales. ni a los procesos de hábeas corpus. en particular. Cuando el artículo 4º del Código Procesal Constitucional establece que procede el hábeas corpus contra una resolución judicial firme que vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. pues eso significaría convertir a este Colegiado en un tribunal de alzada capaz de analizar todos los autos apertorios de los jueces penales. 3. Si bien es verdad que el auto apertorio de instrucción es una resolución judicial contra la cual no cabe medio impugnatorio alguno. pues el justiciable puede hacer valer su derecho de defensa en sede del proceso judicial ordinario y desvirtuar las imputaciones del Ministerio Público. considero que el proceso de hábeas corpus no puede ser vía adecuada para impugnarlo. en general. MESÍA RAMÍREZ .
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