Source: https://www.iberley.es/temas/cumplimiento-obligacion-legal-materia-proteccion-datos-62817
Timestamp: 2020-06-07 05:56:14
Document Index: 27861216

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 77']

Cumplimiento de una obligación legal en materia de protección de datos | Iberley
Tal y como indica el artículo 6.1 del RGPD el tratamiento solo será lícito si se cumple con algunas de las condiciones indicadas en dicho precepto, y entre ellas se incluye como letra c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Por ello y en base a dicho artículo, el tratamiento de datos personales sobre la base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable, se consideraría lícito, al ser esta una base legítima establecida conforme a Derecho, ya sea del RGPD o de otro derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Además el Considerando 10 indica que el tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal, los Estados miembros deben estar facultados para mantener o adoptar disposiciones nacionales a fin de especificar en mayor grado la aplicación de las normas del RGPD. Tambien se reconoce un margen de maniobra para que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive para el tratamiento de categorías especiales de datos personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros que determina las circunstancias relativas a situaciones específicas de tratamiento, incluida la indicación pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de datos personales es lícito.
Por lo que respecta a los derechos de los interesados, se hace especial mención en el artículo 17 en cuanto al derecho de supresión, en una doble vertiente:
- por un parte en cuanto a que los datos se tengan que suprimir para cumplir con una obligación legal (art. 17.1.e),
- por otra parte en cuanto a las excepciones, puesto que no será de aplicación dicho derecho cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable (art. 17.3.b)
Igualmente, la retención ulterior de los datos personales será lícita cuando sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.
A su vez, el Considerando 31 del RGPD estipula que las autoridades públicas a las que se comunican datos personales en virtud de una obligación legal para el ejercicio de su misión oficial (como las autoridades fiscales y aduaneras, las unidades de investigación financiera, las autoridades administrativas independientes o los organismos de supervisión de los mercados financieros encargados de la reglamentación y supervisión de los mercados de valores) no deben considerarse destinatarios de datos si reciben datos personales que son necesarios para llevar a cabo una investigación concreta de interés general, de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. Las solicitudes de comunicación de las autoridades públicas siempre deben presentarse por escrito, de forma motivada y con carácter ocasional, y no deben referirse a la totalidad de un fichero ni dar lugar a la interconexión de varios ficheros. El tratamiento de datos personales por dichas autoridades públicas debe ser conforme con la normativa en materia de protección de datos que sea de aplicación en función de la finalidad del tratamiento.
Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento no se requiere que cada tratamiento individual se rija por una norma específica. Una norma puede ser suficiente como base para varias operaciones de tratamiento de datos basadas en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Además, dicha norma podrá especificar las condiciones generales por las que se rige la licitud del tratamiento de datos personales, establecer especificaciones para la determinación del responsable del tratamiento, el tipo de datos personales objeto de tratamiento, los interesados afectados, las entidades a las que se pueden comunicar los datos personales, las limitaciones de la finalidad, el plazo de conservación de los datos y otras medidas para garantizar un tratamiento lícito y leal.
Para reforzar aún más el control sobre sus propios datos, cuando el tratamiento de los datos personales se efectúe por medios automatizados, debe permitirse asimismo que los interesados que hubieran facilitado datos personales que les conciernan a un responsable del tratamiento los reciban en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y los transmitan a otro responsable del tratamiento. Dicho derecho no debe aplicarse, cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario para cumplir una obligación legal aplicable al responsable o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.
Por lo que respecta a la LOPDGDD, se regulan las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el RGPD, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos reguladas por ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central de Información de Riesgos del Banco de España regulada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, o de los datos, documentos e informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras, cuando ello derive del ejercicio de potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal y solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el reglamento europeo, cuando derive de una competencia atribuida por la ley
Por lo que respecta al tratamiento de datos por obligación legal, el artículo 8.1 establece específicamente que el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del RGPD, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del RGPD.
Finalmente en cuanto al tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales, el artículo 19.3 de la LOPDGDD establece que los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos de contacto y los relativos a la función o puesto desempelado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, o los datos de empresarios individuales y profesionals liberales que se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas, cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias.
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Ley 44/2002 de 22 de Nov (Medidas de Reforma del Sistema Financiero) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 281 Fecha de Publicación: 23/11/2002 Fecha de entrada en vigor: 24/11/2002 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
D.F. 4ª. Elaboración de textos refundidos.