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Timestamp: 2018-05-22 19:09:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 597', 'artículo 598', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 164', 'Artículo 164', 'Artículo 145', 'Artículo 156', 'Artículo 161', 'Artículo 140']

Página Jurídica: El Emplazamiento al Apoderado, a Propósito de una Reciente Sentencia del Tribunal Constitucional Perunao
EXP. N.° 04126-2006-PA/TCLIMA:
JOSÉ PATROCINIO RUITÓN CARRASCO
En Lima, a los 19 días del mes de julio del 2006, el pleno del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia.
Aduce que la demanda y el auto admisorio del aludido proceso de alimentos no fueron notificados válidamente a su representado en su domicilio real en Lima, pese a que el juzgado emplazado tenía pleno conocimiento de su ubicación por medio de documento público, desde el 25 de febrero de 2003. Asimismo, precisa que debido a esta falta de notificación su representado no se apersonó al proceso, siendo declarado rebelde, no notificándosele, además, la sentencia dictada con fecha 31 de octubre de 2003.Con fecha 13 de abril de 2004, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declara improcedente, in límine, la demanda por considerar que el proceso del que emanan las resoluciones impugnadas es regular, y que, de existir irregularidades, el recurrente debió hacer uso de los medios impugnatorios que la ley procesal prevé.
Al respecto, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción en caso de indefensión, y como principio de contradicción de los actos procesales cuando estos pudiesen repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes de un proceso o de un tercero con interés.En el caso de autos, este Colegiado considera que debe desestimarse la demanda, pues de la revisión de actuados se desprende que la respectiva demanda del proceso de alimentos y demás resoluciones le fueron notificadas a su apoderado –quien también lo representa en el presente proceso–, quien contaba con los poderes necesarios para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones; asistir a las audiencias, conciliación y prueba, desistimiento del proceso y de la pretensión; presentar en su nombre los recursos que fueran necesarios, entre otros actos, tal como consta en el “Poder General y Especial”, que obra a fojas 49 vuelta del cuaderno principal. En consecuencia, al no haberse generado estado de indefensión en el demandante, pues su apoderado ha admitido haber sido notificado con las respectivas actuaciones judiciales, la demanda debe ser desestimada.
Adicionalmente a lo expuesto y teniendo en cuenta la actuación del demandante, conviene precisar que el proceso judicial de alimentos tiene una naturaleza especial, toda vez que se relaciona con la prestación de aquello que es indispensable para la subsistencia, habitación, vestido o educación de los niños, entre otros aspectos, motivo por el cual requiere de los actores procesales y, principalmente, del responsable de la obligación alimentaria –cuando así lo determine el juzgador–, una urgente atención y no la utilización de medios que tienen como fin el retardo o ineficaz cumplimiento de tal obligación, más aún cuando, conforme se desprende del artículo 6 de la Constitución, es deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO: Declarar INFUNDADA la demandaPublíquese y notifíquese
SS. GARCÍA TOMA, GONZALES OJEDA, ALVA ORLANDINI, BARDELLI LARTIRIGOYEN, VERGARA GOTELLI, LANDA ARROYOEL ARTÍCULO:
De ordinario se ha afirmado que la declaración de voluntad (destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica) es obra del sujeto interesado, de modo que éste la realiza en nombre propio y obviamente produce efectos dentro de su esfera jurídica, o como refiere autorizada doctrina: “En tal caso, sujeto de la declaración de voluntad y sujeto del interés por el cual la declaración es emitida, coinciden”[1].Sin embargo, suele suceder, que, quien emite la declaración de voluntad y celebra el negocio jurídico no es el sujeto a quien se dirigen los efectos jurídicos, de modo que, en principio, el negocio jurídico puede ser celebrado directamente por el propio interesado, o por otra persona en nombre del interesado, la doctrina refiere “… la actuación del representante vale como si fuese el representado, en cuya cabeza se producen los efectos…[2]” o lo que es lo mismo, los negocios celebrados por el representante producen efectos y obligaciones para el representado.
Desde otra óptica se puede señalar que la actuación jurídico negocial es, generalmente, una actuación del interesado para sí, debido a que, el ordenamiento jurídico dota a los particulares de un poder para celebrar negocios jurídicos (autonomía privada), lo que significa la posibilidad de que dispone el individuo para crear por sí y en interés suyo, la más amplia gama de relaciones jurídicas o negocios jurídicos con otros individuos, no obstante, y como refiere el profesor Karl Larenz, “…en una economía de intercambio evolucionada se origina la necesidad imperiosa de hacer que otro actúe en lugar del interesado, de forma que aquél, el representante, pueda constituir efectos jurídicos para el representado del mismo modo que éste puede constituirlos para sí.[3]”Las necesidades por las cuales un sujeto de derecho requiere que otro, por él, manifieste su voluntad, son de la más variable índole, ausencia, imposibilidad material o simplemente por que no quiere concluir el negocio personalmente, o como refiere el profesor Aníbal Torres Vásquez, “Sin embargo, ocurre con frecuencia que el interesado, porque le falta capacidad o por motivo ajenos a su voluntad, no puede atender personalmente sus asuntos. Por estas razones, surge la necesidad de que el Derecho reconozca el poder de concluir actos jurídicos por cuenta del interesado, a personas que sí tienen capacidad y oportunidad.[4] En esa misma línea Fernando Vidal Ramírez[5].
Tanto a nivel de los formantes legislativo, doctrinal y jurisprudencial, solamente existen dos clases de representación, legal y voluntaria. La primera es aquella que nace de la norma, por ejemplo la representación de los incapaces (artículo 45 del Código Civil), de los desaparecidos y ausentes (artículo 597 del Código Civil), del hijo póstumo cuando la madre ha sido destituida de la patria potestad (artículo 598 del Código Civil), la representación de la sociedad conyugal (artículos 292 y 314 del Código Civil), etc. la segunda – representación voluntaria – en cambio es la que se origina en la declaración de voluntad, es decir tiene su origen en un negocio jurídico, por el cual una persona llamada representado otorga facultades de representación a favor de otra denominada representante (artículo 145 del Código Civil), entonces, la representación voluntaria se origina en un negocio jurídico, en la que el representado, ejerciendo su autonomía privada, designa a una persona, para que en su nombre e interés lo represente y celebre el negocio representativo.Conforme dispone el artículo 145 del Código Civil[8], el otorgamiento de la representación es un acto de autonomía privada, acto al cual la doctrina ha denominado, apoderamiento, acto de apoderamiento o poder de representación, nosotros utilizaremos la denominación “El poder de Representación”.
Wermer Flume, la define al poder de representación como “…. el poder de crear reglas jurídico-negociales para otro por medio de una actuación en su nombre si nos atenemos más a la terminología de la Ley, entonces podemos decir que es el poder de emitir o recibir declaraciones de voluntad por y en lugar de otro, en la inteligencia de que la regla jurídico-negocial lo sea del representado y no del representante[9].”Respecto del poder como documento, éste resulta irrelevante a efectos del trabajo planteado, en cambio el poder como conjunto de facultades constituye en si “El Poder de Representación”, el cual por regla general no requiere de una forma específica, salvo para aquellos actos de disposición del patrimonio[10], y en caso del a representación procesal, indistintamente podrá otorgarse mediante escritura pública o acta ante el Juez del proceso.
Sobre el tema Aníbal Torres Vásquez, señala con criterio que compartimos, que “el poder está destinado al representante y al tercero con quien aquél celebra el acto representativo, pero el tercero toma conocimiento de la existencia del poder gracias a la contemplatio domini[14].” (el subrayado no corresponde al texto original)El artículo 164 del Código Civil, y que citamos líneas arriba, nos permite apreciar, además, que el representado si fuera requerido se encuentra obligado a acreditar sus facultades, dicho de otro manera el tercero que celebra el negocio jurídico con el representante, una vez que este le comunique que obra en nombre de otro o por efecto de la contemplatio domini, puede requerirlo para que le exhiba el poder de representación o poder representativo, con el objeto claro está, de conocer los alcances, facultades e incluso su vigencia.
Si bien es cierto el representante no se halla vinculado a la representación que se le ha otorgado, ello en tanto la representación o poder representativo es un negocio jurídico unilateral y recepticio, por tanto para nacer requiere de una sola manifestación de voluntad, no es menos cierto que el representante amparado en la autorización que el concede el representado, al celebrar el negocio jurídico representativo, tiene el deber de: 1).- Obrar dentro de los límites del poder, y 2).- atenerse a las instrucciones del representado o actuar dentro de las facultades que se le han otorgado.Así, el ejercicio normal del poder de representación se produce, cuando el apoderado desarrolla su actividad dentro de los límites formales del poder y cuando la actuación del apoderado, tal cual es consustancial al concepto de representación, se realiza coincidiendo con el interés del representado.
Así, doctrina que estudiamos señala: “Quien sin poder de representación realiza un negocio jurídico en nombre ajeno o acepta que se realice frente a él (representación pasiva), actúa como representante sin poder de representación. Por la falta de poder de representación, el negocio celebrado por o frente al representante no será un negocio del representado[17].” (el subrayado no corresponde al texto original) Como fuera, la representación sin poder o el ejercicio anormal del poder de representación asume supuestos distintos los cuales en armonía con cierto sector de la doctrina y en discrepancia con otro[18] podemos enumerarlos en: 1).- Exceso en los límites de las facultades conferidas, 2).- La violación de las facultades conferidas, y 3).-
La ausencia de representación o poder.
El Código Civil, al referirse al exceso en el límite de las facultades, en realidad se refiere al exceso en los límites temporales del poder, por haberse extinguido, sea por revocatoria o por cumplimiento del plazo, de modo que el representante conociendo o no la revocatoria o al vencimiento del plazo, extiende su actuación más allá de los limites temporales señalados por el representado, al respecto autorizada doctrina refiere[20], ”Exceso implica sobrepasar los límites de los poderes, principalmente en sentido cuantitativo, “violación” es obrar en disconformidad con tales poderes, principalmente en sentido cualitativo, esto es, del contenido.”
Este supuesto se presenta únicamente cuando no ha existe relación representativa entre el falso representante y el representado, y si bien es cierto el representante busca celebrar actos en interés y por cuenta ajena, no es menos cierto que no se encuentra legitimado para ello, pues como se tiene dicho no existe poder para ello.Como señala Lohmann Luca de Tena al referirse al supuesto de falta de poder y el actuar del representante, “…. es aquella persona que, sin autorización de ninguna especie, utiliza el nombre de otro y actúa de manera ficticia como su fuera representante suyo[21]”.
Debe quedar claro que si el representante cumple con todos y cada uno de los requisitos de la representación y actúa en nombre e interés del representado (contemplatio domini), la eficacia del negocio jurídico representativo se desvía a la esfera del representado, como si este hubiera obrado por si mismo. Ospina y Ospina señalan: “… los vínculos jurídicos producidos por el acto se atan entre el representado y las personas que negocian con el representante, mientras que la órbita jurídica de este último permanece indiferente, al margen de la operación, lo que se explica suficientemente, por cuanto dicho representante no ha obrado para sí, sino para el representado.[23]” Sensu contrario, y aún cuando nuestra jurisprudencia y cierto sector de la doctrina no tienen claro, cual es la consecuencia jurídica del o los efectos del negocio realizado por el falsus procurator (en los tres supuestos del ejercicio anormal de la representación), nosotros concluimos, en opinión que compartimos con un grueso sector de la doctrina[24] que el acto realizado por el falsus procurator es ineficaz respecto del representado, dicho de otra manera no produce efectos jurídicos en la esfera del dominus, y para ser más claros aún, diremos que el negocio celebrado por el falsus procurator es válido, por tanto no es nulo ni anulable, sino ineficaz.
XI.- CASO EXP. N.° 04126-2006-PA/TC: JOSÉ PATROCINIO RUITÓN CARRASCO1.- Resumen de los hechos: El 12 de abril de 2004, don José Patrocinio Ruitón Salazar, en representación de don José Patrocinio Ruitón Carrasco interpone demanda de amparo contra el Segundo Juzgado de Paz Letrado de La Libertad, con sede en Trujillo, con el objeto de que se deje sin efecto las resoluciones judiciales expedidas por dicho juzgado en el proceso de alimentos seguido por doña Evelyn Rodríguez Matute contra su representado; y que por consiguiente se reponga el proceso a la etapa de emplazamiento.2.- Fundamentación jurídica de los hechos: Refiere el demandante que tales resoluciones emitidas en el proceso de alimentos seguido por doña Evelyn Rodríguez Matute vulneran su derecho al debido proceso, especialmente su derecho de defensa. Aduce que la demanda y el auto admisorio en el proceso de alimentos no le fueron notificados válidamente a su representado en su domicilio real en Lima, pese a que el juzgado emplazado tenía pleno conocimiento de su ubicación por medio de documento público, desde el 25 de febrero de 2003. Asimismo, precisa que debido a esta falta de notificación su representado no se apersonó al proceso, siendo declarado rebelde, no notificándosele, además, la sentencia dictada con fecha 31 de octubre de 2003.3.- Sustentación de la sentencia del Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional considero que la demanda debía desestimarse, pues afirma, que de la revisión del proceso se desprendía que la demanda, auto admisorio y demás actuados habían sido notificadas al apoderado del demandado, quien contaba con los poderes necesarios para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones; asistir a las audiencias, conciliación y prueba, desistimiento del proceso y de la pretensión; presentar en su nombre los recursos que fueran necesarios, entre otros actos, tal como consta en el “Poder General y Especial”, a reglón seguido el Tribunal concluye, que no se ha generado estado de indefensión en el demandante, pues su apoderado ha admitido haber sido notificado con las respectivas actuaciones judiciales.
Sin embargo, creemos que el tema no se agota, pues consideramos surgen varios supuestos, que merecen obviamente un breve análisis, veamos cada uno de ellos.1er. Supuesto: El apoderado judicial es emplazado con la demanda, no obstante carecer de facultades para ello y, como en el caso materia de análisis no se apersona al proceso ni contesta la demanda, así la notificación con la demanda no puede reputarse válida, nos queda claro que el Juez debe revisar nuevamente la relación jurídica procesal, incluso y excepcionalmente está facultad se traslada al acto de emisión de la sentencia.Aquí vale recordar, la representación no obligada ni exige una actuación del representante
Luego de de estos breves comentarios, podemos extraer las siguientes conclusiones:1º La representación voluntaria y dentro de ella la procesal, es un negocio jurídico unilateral y recepticio, nace con la sola manifestación de voluntad del representado, declaración que por cierto no obliga al representante o apoderado a celebrar el negocio representativo ni realizar actos procesales dentro un proceso.
* Magistrado Titular de la Corte Superior de Justicia del Cusco, profesor asociado de la Academia de la Magistratura, profesor contratado de la Universidad Tecnológica de los Andes, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo más importante padre de Franco y Leticia.** Mi agradecimiento a Fernando Murillo Flores, por todo el apoyo otorgado en la elaboración del presente artículo.
[7] Artículo 164.- Manifestación de la calidad de representanteEl representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que procede a nombre de su representado y, si fuere requerido, a acreditar sus facultades.[8] Artículo 145.- Origen de la representaciónEl acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley.
[10] Artículo 156.- Poder por escritura pública para actos de disposiciónPara disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad.[11] DIEZ PICASO, Luis, La representación en el derecho privado, Madird, Civitas, 1979, p. 133
[18] ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, ob. cit. p. 827. “Según lo que llevamos ya visto, queda claro que cuando se habla de representación sin poder, se laude a haberse celebrado un negocio representativo sin poder bastante para ello. Lo que ocurre cuando: 1° Nunca existió poder. 2°Exitió pero este ya se extinguió. 3° Existe, pero no comprende el negocio celebrado. MESSINEO, Francesco, ob. Cit. p. 426. “En el desarrollo de la actividad, el representante – además de no hacer saber a los terceros que obra en nombre del representado – puede: A) Excederse de los poderes que se le han conferido, o violar la procura; B) o bien obrar, cuando no es ya representado; C) o bien obrar sin haber sido – nunca – representante; D) o bien encontrarse en conflicto de intereses con el representado; E) o bien (caso de la representación legal) obrar sin las necesarias formas habilitantes”. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, op.cit. p. 370 “… no es posible la representación directa cuando una persona se presenta al exterior atribuyéndose una representación de la que realidad carece (falsus procurator – representante falso -), o cuando teniendo poder el representante se excede ene lo límites de su contenido, atribuyéndose facultades que no le han sido conferidas o violando las otorgadas, o bien se excede los límites temporales del poder por haberse extinguido.” En la misma línea VIDAL RAMÍREZ, Fernando, op. cit. p. 224.
[19] Artículo 161.- Ineficacia del acto jurídico por exceso de facultadesEl acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros.También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye.
[22] Artículo 140.- Noción de Acto Jurídico: elementos esencialesEl acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:
Publicado por Catedra Judicial en 19:50 21 comentarios
Publicado por Luis Manuel Castillo Luna en 17:18