Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-2124-2005-17-05-2006-53481
Timestamp: 2018-08-16 23:21:22
Document Index: 111073251

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 9', 'artículo 116', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 43']

Resolución de TEAC, 00/2124/2005, 17-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2124/2005 de 17 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/2124/2005
No procede la rectificación de la autoliquidación de la tasa por emisión de informes de auditoría de cuentas ni la devolución de ingresos instadas en nombre de la entidad reclamante, ya que no se prueba que en la formalización de la autoliquidación se incurriera en error o defecto alguno y sin que el Tribunal Económico-Administrativo pueda entrar a examinar las alegaciones sobre inconstitucionalidad o legalidad de la tasa.
En la Villa de Madrid, a 17 de mayo de 2006 en la reclamación económico administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Central interpuesta por D.ª ... en nombre y representación de ..., S. L., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra resolución de la Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 18 de mayo de 2005, que declaró no haber lugar a la rectificación de autoliquidación de tasa por emisión de informes de auditoria de cuentas ni a la devolución de ingresos instadas en nombre de la entidad.
PRIMERO.- El 27 de abril de 2005 se certificó en Correos escrito dirigido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, formulado en nombre de la entidad citada, en el que se exponía que el Real Decreto 181/2003 vulnera el artículo 31.1 de la Constitución, en cuanto que el hecho imponible de la tasa a que se refiere toma en consideración los honorarios del auditor, y el principio de seguridad jurídica reconocido en su artículo 9.3 por denominar "tasa" a una figura tributaria que se basa en los ingresos del obligado a pagarla y que en realidad constituye un impuesto, y que atenta también a los artículos 26.1 a) de la Ley General Tributaria y 6 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, por cuanto se grava el ejercicio de competencias y, por lo tanto, servicios virtuales, sin observancia tampoco de las exigencias de cuantificación de las tasas, las cuales según las citadas Leyes deben tender a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible, pues al cuantificar la tasa de referencia en función de los honorarios del auditor en modo alguno se asegura la necesaria correlación entre lo que se cobra y lo que cuesta prestar el servicio por el que presumiblemente se cobra; y en base a ello, acompañando copia de la autoliquidación de tasa de control de la actividad de auditoría de cuentas correspondiente al primer trimestre de 2005 formalizada, con ingreso de su importe, el 20 del citado mes de abril, "y a los efectos de provocar el correspondiente acto administrativo para posibilitar su recurribilidad, vía artículo 116 del R.D. 391/1996... a efectos de proseguir su impugnación en vía contenciosa...", se solicitaba se rectificase la autoliquidación presentada "dejándola sin efecto, procediendo a la devolución del correspondiente ingreso indebido, con el interés de demora previsto en los artículos 155.1 de la Ley General Tributaria y el artículo 10 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes".
SEGUNDO.- La Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en resolución de 18 de mayo de 2005 notificada el 25 del mismo mes, declaró no haber lugar a la rectificación de la autoliquidación de la tasa ni a la devolución del ingreso argumentando que se impugnaban aquellos artículos del Real Decreto 181/2003 en los que se define el hecho imponible de la tasa que, sin introducir ninguna variación, se limitan a reproducir los términos con que se fijan los elementos esenciales del tributo en el artículo 23 de la Ley 19/1988, por lo que no cabe residenciar en la norma reglamentaria los supuestos vicios aducidos en la solicitud por provenir directamente de la Ley desarrollada por aquella, careciendo además la Administración de facultades para juzgar la posible inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, por ser asunto de la exclusiva competencia del Tribunal Constitucional.
TERCERO.- Disconforme la interesada, en su nombre se interpuso la presente reclamación mediante escrito certificado en Correos el 3 de junio de 2005 y, puesto de manifiesto el expediente conforme a lo solicitado, se dedujo nuevo escrito el 16 de febrero de 2006 en el que, tras exponer los hechos que anteceden, se transcribe el artículo 23 de la Ley 10/1988 (y el apartado 1 del 22 al que reenvía) para señalar que, conforme a lo prevenido en su apartado 6, se aprobó el Real Decreto 181/2003 cuyo artículo 2, relativo al hecho imponible, considera que los informes de auditoría de cuentas serán aquellos emitidos por los auditores de cuentas ejercientes y las sociedades de auditoría como consecuencia de la realización de los trabajos que tengan naturaleza de actividad de auditoría de cuentas; se insiste en la argumentación que fundamentó la solicitud inicial destacando que al considerar la norma que el sujeto pasivo realiza el hecho imponible en mayor medida cuanto mayores sean los honorarios percibidos por el informe de auditoría emitido, "lo cual supone, en una tasa que grava el ejercicio de unas competencias públicas de supervisión, desconectar los criterios de cuantificación del hecho gravado", vulnera el artículo 31.1 de la Constitución, resultando asimismo poco acorde con el principio constitucional de capacidad contributiva "el hecho de que existan dos tramos tan dispares para modular la intensidad con la que el sujeto pasivo realiza el hecho imponible", con quiebra por otra parte del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, en la medida en que "diferentes supuestos de hecho -informes de auditoría revisados por el ICAC e informes de auditoría no revisados-, tendrían la misma consecuencia jurídica", entendiendo asimismo contraria al principio de seguridad jurídica la utilización de una denominación (tasa) que genera confusión y vulnera el artículo 9.3 de la Constitución; y reiterando la conculcación por la norma reglamentaria de la Ley General Tributaria y de la Ley de Tasas y Precios Públicos, se aduce finalmente contravención del artículo 43 del Tratado de la Unión Europea, que prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento de ciudadanos de un Estado miembro en el territorio de otro, incluidas las discriminaciones fiscales, por desarrollar el Real Decreto 181/2003 "una tasa que se impone a los auditores de cuentas y profesionales de la auditoría"; y se concluye solicitando que se declare "la nulidad de la resolución impugnada".
PRIMERO.- Concurren en los supuestos los requisitos de competencia, legitimación y plazo que son presupuestos para la admisión a trámite de las reclamaciones formuladas.
SEGUNDO.- Con carácter previo a la determinación de las cuestiones planteadas se ha de resaltar la incongruencia que implica el hecho de que, tras evitar la recurrente cualquier mención a los fundamentos de las resoluciones impugnadas, concrete sus pretensiones en que se declare su nulidad, pues fue precisamente la carencia por la Administración de facultades para pronunciarse sobre las supuestas infracciones constitucionales y legales imputadas a la tasa, la que determinó el rechazo de sus solicitudes.
TERCERO.- Sentado lo anterior, resulta evidente que la cuestión a resolver es si la autoliquidación cuya anulación se pretende adolece de defecto o vicio alguno susceptible de afectar a su validez o eficacia o de error que haya dado lugar a la realización de un ingreso indebido.
CUARTO.- La interesada no prueba, ni siquiera alega, que en la formalización de la autoliquidación (comprensiva de 6 informes unitariamente liquidados a 80 euros, por no superar la facturación el límite de 30.000 euros, lo que determina el importe ingresado de 480 euros) se incurriera en error o defecto alguno y puesto que las normas, en tanto mantengan su vigor, obligan por igual a la Administración y al administrado, resulta evidente la imposibilidad de acoger la reclamación planteada sin que a ello obsten las alegaciones deducidas por versar sobre extremos que exceden de la competencia de este Tribunal, las cuales podrá reproducir al sustanciar la impugnación en vía contencioso administrativa, conforme al confesado propósito expuesto ya en la solicitud inicial.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la reclamación económico administrativa interpuesta en nombre y representación de ..., S. L.,contra resolución de la Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 18 de mayo de 2005, que declaró no haber lugar a la rectificación de autoliquidación de tasa por emisión de informes de auditoria de cuentas ni a la devolución de ingresos instadas en nombre de la entidad, ACUERDA: Desestimarla.
Ley 19/1988 de 12 de Jul (Auditoría de cuentas) DEROGADO
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 169 Fecha de Publicación: 15/07/1988 Fecha de entrada en vigor: 16/07/1988 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Sentencia Constitucional Nº 381/2005, TC, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 6999-2004, 25-10-2005
Orden: Constitucional Fecha: 25/10/2005 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 381/2005 Num. Recurso: Cuestión de inconstitucionalidad 6999-2004
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Orden: Administrativo Fecha: 15/01/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Frias Ponce, Emilio Num. Recurso: 5905/2006
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 4847/2006, 17-03-2009
Orden: Administrativo Fecha: 17/03/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Frias Ponce, Emilio Num. Recurso: 4847/2006
Sentencia Constitucional Nº 383/2005, TC, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 4757-2005, 25-10-2005
Orden: Constitucional Fecha: 25/10/2005 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 383/2005 Num. Recurso: Cuestión de inconstitucionalidad 4757-2005
Sentencia Constitucional Nº 382/2005, TC, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 7880-2004, 25-10-2005
Orden: Constitucional Fecha: 25/10/2005 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 382/2005 Num. Recurso: Cuestión de inconstitucionalidad 7880-2004
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