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Timestamp: 2020-04-08 10:28:40
Document Index: 223587812

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 13', 'artículo 194', 'artículo 13', 'artículo 194', 'artículo 333', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 181', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 193', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 25', 'artículo 47', 'artículo 51', 'artículo 3', 'artículo 82', 'artículo 47', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 193', 'artículo 97', 'artículo 185', 'artículo 185', 'artículo 185']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 108, de 22/02/2017
cve: BOCG-12-D-108
162/000200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil.
Aprobación con modificaciones ... (Página6)
162/000296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público bancario. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmienda formulada ... (Página7)
172/000022 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo ... (Página8)
172/000023 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales ... (Página9)
172/000025 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres ... (Página10)
173/000013 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil.
173/000014 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página14)
Aprobación con modificaciones ... (Página22)
173/000015 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página23)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en la Comisión de Interior... (Página28)
184/005607 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Situación de abandono en la que se encuentra el Pazo de Goiáns (Boiro-A Coruña) ... (Página28)
184/008027 Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Medidas llevadas a cabo en los últimos cinco años desde el Gobierno para mejorar la situación de las mujeres y de los derechos humanos de Arabia Saudí ... (Página31)
184/008771 Autor: Martín Llaguno, Marta
Críticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos al teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ... (Página32)
162/000200
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 36, de 21 de octubre de 2016.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Enric Bataller i Ruiz, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Sustituir el único punto, por un punto 1:
1. Promover la reforma del Código civil español para que pase a considerar a los animales como integrantes de la categoría de seres sintientes, y dotarlos en tal calidad de un régimen jurídico específico y diferenciado del propio de los bienes o cosas."
El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), califica de forma rotunda y contundente a los animales como seres sensibles, proporcionando con ello una clara e ineludible pauta interpretativa de la legislación de protección animal en los Estados miembros.
Añadir un punto 2, en el sentido original de la Proposición no de Ley:
"2. Promover cuantas reformas legales sean necesarias para el reconocimiento de la naturaleza extrapatrimonial de los animales de compañía y, en su consecuencia, que resulten inembargables, irrealizables en situaciones de extinción de comunidad e intransferibles en negocios a título oneroso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva las reformas legales necesarias para modificar el Código Civil con el objetivo de:
1. Instaurar la consideración de los animales como seres sintientes que están bajo la protección de las leyes, eliminando su naturaleza de bienes en función de la propiedad de los mismos.
2. Crear una categoría especial que ubique a los animales de compañía fuera de la masa patrimonial a todos los efectos legales, de forma que resulten inembargables, absolutamente indivisibles en situaciones de comunidad, e intransferibles en negocios onerosos. Y, en consecuencia, que se reconozca la naturaleza extrapatrimonial de los animales de compañía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-en Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente un Proyecto de Ley Marco de Bienestar Animal, consensuado y trabajado con la sociedad civil que incluya:
1. La modificación del Código Civil con el objetivo de instaurar la consideración de los animales como seres sintientes que están bajo la protección de las leyes, eliminando su naturaleza de bienes en función de la propiedad de los mismos; y crear una categoría especial que ubique a los animales de compañía fuera de la masa patrimonial a todos los efectos legales, de forma que resulten inembargables, absolutamente indivisibles en situaciones de comunidad, e intransferibles en negocios onerosos. Y, en consecuencia, que se reconozca la naturaleza extrapatrimonial de los animales de compañía.
2. La protección de los animales, prohibiendo y sancionando el abandono y maltrato a los mismos.
3. Avanzar hacia el sacrificio cero de animales sanos en centros de protección animal en todo el territorio español.
4. Realizar las modificaciones legislativas necesarias que garanticen la mejora de las condiciones de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos, priorizando los métodos alternativos a la experimentación animal.
5. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para cambiar el modelo de los parques zoológicos y delfinarios a partir de criterios científicos y pedagógicos.
6. Eliminar las subvenciones para los espectáculos con animales que no aseguren el bienestar de estos de acuerdo al Convenio Europeo sobre Protección de los Animales.
7. La eliminación de las figuras de patrimonio cultural, artístico o patrimonial de los espectáculos taurinos, incluyendo la modificación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural."
El objeto de la modificación del Código Civil español (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil), es el cambio del estatuto jurídico que permita considerar a los animales como seres sintientes, abandonando la actual calificación legal de éstos como bienes muebles sobre las que las personas ejercen el poder como propietario (que les faculta para "gozar y disponer de una cosa"), tal y como se desprende de la redacción y de la ubicación del articulado del Código Civil que regula las relaciones entre los animales y las personas 1.
Este planteamiento es sumamente obsoleto ya que en las últimas décadas la concepción de los animales ha cambiado de manera significativa, después de amplios debates acerca de nuestra relación con los animales, basados en fundamentos científicos, éticos, filosóficos y culturales, que han evolucionado hacia una concepción del animal como ser sintiente.
Los avances y conocimientos alcanzados desde una perspectiva meramente científica, están aportando datos que permiten avanzar en un reconocimiento más amplio en la defensa jurídica de los animales, propiciando un cambio en el sistema jurídico y en el estatus legal que dicho sistema les concede, de "cosas o bienes" a "seres sintientes". Actualmente estamos presenciando una creciente sensibilización de la sociedad internacional sobre la necesidad de defender a los animales. Esta corriente, que pretende garantizar la protección legal de los animales de acuerdo a sus necesidades biológicas y etológicas y a sus características como especie y como individuo, no permite asimilar a los animales a una cosa u objeto.
En este momento, gran parte de la sociedad se sorprende de que la legislación aún siga tratando al animal como un mero objeto del dominio de las personas. De allí que diversos ordenamientos jurídicos del mundo hayan aprobado iniciativas legislativas para reconducir esta situación. Así, los Códigos Civiles de Austria (1988), Alemania (1990), Suiza (2000), Cataluña (2006), la República Checa (2012), Francia (2014), Colombia (2015) y Portugal (2016) ya han excluido a los animales del concepto de cosa del Código Civil para considerarlos seres sintientes, mientras que durante los años 2015 y 2016, Australia, Nueva Zelanda y Perú han reformado sus leyes de protección animal para modificar la calificación jurídica de los animales a seres vivos dotados de sensibilidad. A nivel de la Unión Europea, debemos resaltar que el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Unión Europea -Tratado de Lisboa- reconoce que los animales son "seres sensibles" (o seres sintientes) un cambio en el estatus legal de los animales de "cosas o bienes" a "seres sintientes" merecedores de la protección social y legal adecuada a dicho reconocimiento.
Por todo lo expuesto, y en atención a que los animales son seres sintientes y que no deben considerarse cosas y ser tratados jurídicamente como tales por el ordenamiento jurídico, los animales no pueden permanecer por más tiempo como meros objetos en el sistema jurídico español.
Así mismo, entendemos de la necesidad de que las diferentes legislaciones autonómicas encuentren un marco común estatal, que establezca unos mínimos comunes, por todo ello, planteamos la creación de una nueva Ley estatal de protección animal que refleje los avances en esta materia que ya se dan en algunas Comunidades Autónomas y que establezca unas líneas generales en las materias de protección animal, donde se actualice la legislación Estatal al sentir mayoritario de la ciudadanía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Sara Carreño Valero, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil.
1 Artículos 333, 334, 335, 348, 355, 357, 465, 499, 610, 612, 1491-1499,1905.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva las reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil como un artículo 333 bis que cree una nueva categoría distinta a las previstas en el 333, referida a los animales, donde se les definan como seres vivos dotados de sensibilidad, así como de movimiento voluntario. Además deberá prever que en el caso de los animales de compañía estos no pueden ser objeto de embargo en ningún procedimiento judicial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil.
Se propone la adición de un nuevo apartado, que quedará redactado como sigue:
1. Que promueva las reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil que ubique a los animales de compañía fuera de la masa patrimonial a todos los efectos legales, de forma que resulten inembargables, absolutamente indivisibles en situaciones de comunidad, e intransferibles en negocios onerosos. Y, en consecuencia, que se reconozca la naturaleza extrapatrimonial de los animales de compañía, entendiéndose por estos los animales domesticados que conviven en el domicilio de su propietario con el único propósito de brindar compañía y que no suponen para este, beneficio económico alguno. En todo caso quedarían excluidos del concepto de animales de compañía los animales de laboratorio, los de crianza o ganado, los utilizados para transporte y para el deporte, o cualquier otro de naturaleza similar.
2. Estudiar las medidas necesarias, incluidas las de tipo sancionador, para evitar situaciones de abandono de los animales de compañía, así como reforzar las iniciativas de lucha contra el tráfico ilegal de animales."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 36, de 21 de octubre de 2016, en los siguientes términos:
1. Promover las reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil distinta a las ya previstas, referida a los animales, donde se les defina como seres vivos dotados de sensibilidad.
2. Prever las reformas legales necesarias para que los animales de compañía no puedan ser objeto de embargo en ningún procedimiento judicial."
162/000296
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público bancario, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 91, de 24 de enero de 2017.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público bancario.
1. Apoyar la fusión de las entidades de crédito Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) si aporta valor a los accionistas y, por tanto, contribuye a recuperar las ayudas públicas concedidas y no proceder a la venta individualizada de ninguna de ellas.
2. No proceder a la desinversión parcial o total en Bankia y BMN o de la entidad fusionada entre ambas resultante, a un precio que no permita recuperar la totalidad de las ayudas públicas concedidas a las citadas entidades.
3. Comparecer en la Comisión competente del Congreso de los Diputados con carácter urgente en relación con cualquier proceso de desinversión total o parcial de las participaciones del FROB en Bankia o BMN.
4. Aumentar sustancialmente los recursos económicos y humanos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que se potencie su carácter de banco público de inversiones en la financiación de proyectos de infraestructuras y equipamientos, proyectos empresariales estratégicos, y proyectos de PYMES, emprendedores y autónomos.
5. Analizar los fallos de mercado existentes en el actual sistema financiero español y habilitar líneas de financiación especiales para evitar la exclusión financiera de personas, colectivos o sujetos económicos con dificultades de acceso al crédito."
172/000022
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Joan Baldoví Roda de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo, para debatir en el Pleno de la Cámara.
Según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sólo el 35 % de las inversiones previstas en la Comunidad Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 han sido llevadas a cabo. Igualmente, pese a los distintos anuncios de la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Castelló realizados por el Ministerio de Fomento la realidad es que va a acabar el año 2016 y seguirá sin estar en marcha el tramo Valencia-Castellón.
El último informe de la Comisión Europea exponía que el Corredor Mediterráneo ferroviario, que pertenece a la red transeuropea de transporte estaba realizándose a su paso por la costa Mediterránea (Tarragona-Almería), a pesar de que sólo se trata de la colocación de un carril extra que permita el tránsito, y no de un nuevo corredor ferroviario. En cambio el pasado mes de noviembre la asociación de empresarios valencianos (AVE) presentó un informe visual realizado desde un helicóptero este otoño en el que se podía constatar que no existe ninguna obra en marcha en los tramos Tarragona-Castellón o Villena-Alicante. Esto supone que pese a que según los informes del Ministerio la infraestructura avanza, la realidad es muy diferente y los plazos para la puesta en marcha de una conexión de ancho europeo entre la frontera francesa y Murcia, prevista para 2016, no tiene visos de estar finalizada, y no se puede dar una fecha para su puesta en marcha.
El Corredor Mediterráneo, que conectaría las comunidades autónomas de Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, los tres principales puertos de España, Valencia, Algeciras y Barcelona, y más de 17 millones de personas, sigue sin tener una programación de ejecución real y es imposible saber si se va a realizar ni en qué condiciones. Esto supone dejar desconectados al 48 % de la población, el 45 % del PIB estatal, el 50 % de las exportaciones y el 47 % de las empresas, en un momento en el que son precisamente las comunidades autónomas mediterráneas las que están impulsando la recuperación de la economía.
Por otra parte el Ministerio de Fomento ha rechazado cualquier compromiso de planificación de obras conjunta con las comunidades autónomas, igualmente se opone a que exista un coordinador técnico de
cada uno de los corredores de transporte pertenecientes a la red europea (Mediterráneo y Atlántico), tal y como tiene la Comisión Europea. Esta figura es la encargada de informar a los Estados, en el caso estatal seria a las comunidades autónomas, y reunir trimestralmente a las administraciones involucradas en el proyecto, como puertos, empresas ferroviarias, regiones, etc... Esta coordinación y seguimiento de las obras y proyectos es básica para que se pueda llevar a cabo en los próximos años este proyecto, cumpliendo así las exigencias que la Comisión impone a los Estados respecto a la red transeuropea de transporte.
Por todo ello, ante tan grave situación, el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Joan Baldoví Roda, de Compromís, presenta la siguiente interpelación urgente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000023
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de lo dispuesto en el articulo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales, para su debate en Pleno.
La Dirección General del Catastro activó el procedimiento de regularización catastral para el periodo 2013-2017 con el objetivo de detectar nuevas construcciones y ampliaciones existentes no declaradas en el catastro, tanto de rústica como de urbana. No obstante el despliegue de ese procedimiento parte de una valoración errónea y excesiva de algunas construcciones rústicas, y es que la Ley 16/2012, que modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece que mientras no se apruebe la ponencia de valores a la rústica se debe tomar como vigente la ponencia que se determine en cada municipio para la obtención del valor de la urbana.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación urgente sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2017.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
172/000025
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 6 de septiembre de 1983, presentar la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, para su debate en la próxima sesión plenaria.
Los resultados definitivos de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, publicada por el INE el 28 de octubre de 2016 sobre datos de 2014, nos muestran prácticamente un estancamiento en la corrección de la brecha salarial entre hombres y mujeres. El salario promedio anual femenino en 2014 fue el 76,7 % del masculino, un 23,3 % inferior al de los hombres. Es mayor el número de mujeres que ganaron menos de 15.000 euros anuales que el número de hombres. Es mayor el número de mujeres que recibe un salario "low pay rate", índice que mide la proporción de personas trabajadoras con ganancia por hora por debajo de los 2/3 de la ganancia media por hora: el 63,8 % de las mujeres frente al 12,9 % de los hombres. Es decir, un 59,9 % más de mujeres que de hombres cobra por debajo de lo que se considera una ganancia baja. Por encima de estas ganancias, cuanto más alto es el nivel salarial, el número de mujeres es inferior al de los hombres. Las mujeres trabajadoras en España para percibir de media la misma retribución que los hombres tienen que trabajar 79 días más al año.
Esta desigualdad salarial también sitúa a las mujeres en peor posición en el sistema de protección social, donde esta brecha alcanza el 39 %.
Son muchos los factores que inciden de forma importante en esta brecha salarial, fundamentalmente laborales y los derivados del desigual reparto de tareas en el ámbito privado y en el cuidado de los otros.
La mayor precarización del empleo femenino respecto del masculino no sólo se manifiesta por esta desigualdad retributiva. También lo constata una menor tasa de actividad, una menor tasa de ocupación y una tasa de paro más elevada.
Hoy, según la Encuesta de Población Activa del 4.º trimestre de 2016, la mujer representa casi el 46 % del total de ocupados, casi 8,5 millones de mujeres trabajando. Pero también ostenta la más alta tasa de paro, el 20,25 % frente al 17,22 % de los hombres, y el record en trabajo a tiempo parcial que, en su total, lo desarrollan el 75,5 % de mujeres.
España se encuentra entre los países con menor contribución femenina al empleo. Según esa misma Encuesta, sólo el 53 % de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el cuarto trimestre de 2016, frente al 75 % de los hombres, y en continuo descenso. España se encuentra a casi 25 puntos del objetivo 20/20 en tasa de actividad. Para alcanzar ese objetivo, en España se tendrían que crear en torno a 3 millones de empleos ocupados por mujeres hasta 2020.
Alcanzar esa mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo y corregir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en la retribución y, por tanto, en el acceso al mercado de trabajo y en las condiciones laborales, es una cuestión de justicia y equidad. Y también es acuciante para conseguir un mayor ritmo de crecimiento económico, dada la infrautilización de la fuerza de trabajo de las mujeres, a pesar de su mayor y mejor formación.
En 2015, entre otros, un informe elaborado en el marco de la reunión del G20 fundamentaba una propuesta en reducir la brecha entre la participación de hombres y mujeres en los países que lo conforman en un 25 % para 2025, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, para sumar a más de 100 millones de mujeres a la fuerza laboral, aumentar significativamente el crecimiento global y disminuir la pobreza y la desigualdad.
El mayor desempleo, la asunción de responsabilidades familiares, aún muy feminizadas y que actúa como un lastre en el poder de negociación de la mujer en el ámbito laboral, los recortes en los servicios y prestaciones propios del Estado de Bienestar son una trampa que impide a las mujeres el regreso a la actividad laboral, y la pérdida de una fuerza de trabajo insustituible y demandada por todas las instituciones, si no se adoptan políticas decididas que sitúen a la mujer en el ámbito público o denominado productivo en condiciones de igualdad.
Reducir esta brecha exige un mayor empeño en la remoción de los obstáculos que impiden la igualdad real entre hombres y mujeres. Y no tan solo por una cuestión económica como alertan las organizaciones internacionales.
Es por ello que se presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000013
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente al Ministro del Interior sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil.
Desde su creación, el 13 de mayo de 1844, la Guardia Civil ha venido realizando una excelente labor en favor de los ciudadanos, la libertad, y la democracia. Como resultado, y fruto del reconocimiento a su buen hacer y voluntad por velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, la Guardia Civil sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los españoles.
Sin embargo, este respeto y admiración a la Institución siguen sin verse reflejados en la compensación retributiva, pues los niveles salariales en los que se encuentra la Guardia Civil actualmente quedan muy por debajo de los de otros cuerpos policiales, especialmente de los niveles salariales de policías autonómicas y locales, siendo los salarios de estos últimos mucho mayores. En algunas ocasiones, esta diferencia salarial llega a ser incluso del 30 %, provocando así un gran desánimo entre los agentes de la Guardia Civil, quienes siguen adhiriéndose al Cuerpo a pesar del sacrificio personal y familiar que ello conlleva.
Tal es la diferenciación retributiva que, además de las reclamaciones relativas a la falta de efectivos, el mal estado de las dependencias, la falta de medios y autoprotección adecuados -especialmente a la anatomía femenina-, o la falta de formación y de medios para la correcta prestación del servicio, todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen coincidiendo en la urgente necesidad de
equiparar los salarios respecto del resto de cuerpos policiales, de cara a no agudizar aún más la precaria situación que vienen viviendo los agentes de la Guardia Civil y sus familias.
Sin embargo, resulta evidente que el Gobierno no está cumpliendo con esta obligación pues la diferencia salarial existente entre ambos cuerpos policiales no sólo se ha reducido, sino que se ha visto incrementada. Solo hace falta observar la diferencia retributiva que existe entre los cuerpos policiales que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo los agentes de la Guardia Civil los que perciben un menor sueldo respecto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A esto se suma el hecho de que, durante este mes de enero, con motivo de un error contable por parte de la Dirección General de la Guardia Civil respecto de las retribuciones a los agentes en concepto de productividad y nocturnidad que se produjo entre abril de 2015 y junio de 2016, muchos de los agentes tras haberse hecho la correspondiente computación salarial que compensaba lo percibido de más durante los meses anteriores, han acabado percibiendo la mitad de su sueldo. Independientemente de la pertinencia de esta computación salarial, lo cierto es que dicho mecanismo de compensación debería haberse realizado de forma prorrateada, para así evitar que muchos agentes se hayan encontrado con un sueldo por debajo del sueldo mínimo interprofesional.
Por otro lado, además de los problemas salariales descritos anteriormente, la Guardia Civil está afrontando una serie de problemas relacionados con la falta de integración de la mujer en el Cuerpo.
Problemas tales como la falta de conciliación familiar que desemboca en el reducido número de ascensos femeninos así como en un pronunciado absentismo; la falta de medios de autoprotección adaptados a la anatomía femenina; o la todavía poca representación de la mujer dentro del propio cuerpo de la Guardia Civil, representando tan sólo 5.200 del total de 75.400 de agentes que conforman el Cuerpo, son todo cuestiones urgentes de abordar.
Por último, es importante recordar la constante aplicación del Código Penal Militar a un amplio número de delitos que hoy día no tiene sentido aplicar, salvo en situaciones extraordinarias que por su propia naturaleza exigen la sujeción al Código. En este sentido, es necesaria la aplicación de un Régimen Disciplinario para todos los casos, salvo en situaciones excepcionales, tales como: casos de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integra en Unidades Militares.
Tengamos en cuenta además, que todas estas necesidades y falta de modernización, no solamente afectan a la propia Guardia Civil sino al conjunto de la sociedad española pues, por más que agentes y mandos pongan de su parte, es inevitable que la precariedad acabe repercutiendo negativamente en el servicio que los ciudadanos reciben.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
"1. Promover un Acuerdo Marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base a marcos competenciales homologables entre ellos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia CiviI.
"1. Promover un Acuerdo Marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base a marcos competenciales homologables entre ellos, y en base a un estudio técnico previo de las condiciones salariales y de prestación del servicio."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil.
1. Promover un acuerdo marco [...] entre ellos.
2. Convocar, en un plazo máximo de quince días, un Pleno Extraordinario del Consejo de la Guardia Civil para tratar los errores producidos en el abono de la nómina de los miembros de la Guardia Civil y el modo en que se le va a hacer frente, asumir las responsabilidades que procedan, y acordar el modo de llevar a cabo la regularización, que en todo caso, deberá producirse sin perjudicar los derechos de los miembros del Cuerpo y sin dañar los recursos públicos."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil.
1. Poner en marcha las actuaciones necesarias para mejorar las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adecuando los complementos específicos singulares a los puestos de trabajo que vienen desempeñando, eliminando las desigualdades retributivas y avanzando en la promoción de condiciones de trabajo y de conciliación laboral basadas en la equidad y la igualdad.
2. Continuar con el proceso de incremento gradual de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado convocando las correspondientes Ofertas de Empleo Público para ello."
Compartimos con el Grupo que presenta la Moción la importancia de reconocer el gran trabajo que realizan todos los miembros de la Guardia Civil y al mismo tiempo proceder a mejorar sus condiciones laborales.
Y de forma prioritaria, entiende el Grupo Popular, que es necesario promover un estudio orientado a la revisión de los complementos específicos singulares del catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil y así identificar de forma actualizada situaciones no bien resueltas en el actual catálogo de puestos de trabajo, especialmente en aquellos referidos a singularizar los puestos de especial responsabilidad, como son los jefes de determinadas unidades, y dar respuesta a la especial peligrosidad, penosidad o dificultad técnica de otros, y con carácter general revisar los puestos de trabajo de los complementos específicos singulares más bajos, que son los primeros que habrá que atender. Por tanto, consideramos que se hace necesario reactivar las actuaciones necesarias que permitan mejorar las retribuciones de los guardias civiles, adecuando los complementos específicos singulares de los puestos de trabajo desplegados en las diferentes unidades de la Guardia Civil, especialmente en aquellos más bajos, así como en los correspondientes a mandos intermedios y a determinadas especialidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil, ha acordado lo siguiente:
1. Promover un Acuerdo Marco que mejore las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adecuando los complementos específicos singulares a los puestos de trabajo que vienen desempeñando, eliminando las desigualdades retributivas, y avanzando en la promoción de condiciones de trabajo y de conciliación laboral basadas en la equidad y la igualdad.
2. Incluir en el orden del día del Consejo Ordinario de la Guardia Civil que se celebrará en el mes de marzo, un punto en el que se traten los errores producidos en el abono de la nómina de los miembros de la Guardia Civil y el modo en que se le va a hacer frente, y acordar el modo de llevar a cabo la regularización que aún resta, sin perjudicar los derechos de los miembros del Cuerpo."
173/000014
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno de España para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.
El marco jurídico internacional establece el derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vivienda, que se desarrolla en las Observaciones generales n.º 4 y n.º 7 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para garantizar una vivienda digna y el establecimiento de medidas de protección legal contra el desalojo forzoso. Del mismo modo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) plantea que el derecho a la vivienda se encuentra sujeto al derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por su parte, el artículo 47 de la Constitución Española establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".
En los últimos años se ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la vivienda digna en nuestro país, situación que se ha agravado especialmente durante la crisis económica. Según el Consejo General del Poder Judicial, desde 2008 se han producido más de 600.000 procedimientos de ejecuciones hipotecarias, al tiempo que España acumula el 30 % de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas), tal y como ha recogido Amnistía Internacional en sucesivos informes. Adicionalmente, distintos Relatores Especiales para una vivienda adecuada de las Naciones Unidas, como Miloon Kothari y Raquel Rolnik, han hecho hincapié en la crisis de la vivienda en nuestro país, provocando que la vivienda deje de ser un derecho en España.
Otro factor que se suma a esta situación es el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, tales como:
- La sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11) del caso Aziz, que declaró que la legislación española de ejecución hipotecaria no se ajusta a la normativa europea y provoca una situación de indefensión para el deudor, al no poder alegar cláusulas abusivas del préstamo hipotecario en el procedimiento de ejecución hipotecaria ni que este se suspenda para ir al procedimiento declarativo ordinario correspondiente en el que tendría una tutela judicial efectiva adecuada;
- La sentencia de 17 de julio de 2014 (asunto C-169/14) del caso Sánchez Morcillo y Abril García, que dictaminó que la Ley 1/2013 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, y que el Gobierno de España había acentuado el desequilibrio entre el banco y el consumidor al no poder acudir, este último, a instancia superior para apelar la resolución judicial de cláusulas abusivas en el procedimiento de ejecución hipotecaria, mientras que el banco sí podía apelar;
- La sentencia de 29 de octubre de 2015 (asunto C-8/14) del caso Peñalva, señalando que la Ley 1/2013 provoca que los consumidores afectados no puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial, al haber sido notificada por el "Boletín Oficial del Estado" la posibilidad de instar un incidente extraordinario de oposición alegando cláusulas abusivas en los procedimientos hipotecarios en marcha a la entrada en vigor de dicha Ley, en el plazo preclusivo de un mes;
- La sentencia de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C154/15, C307/15 y C-308/15) sobre la nulidad de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, así como la retroactividad en la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por parte de las entidades financieras; y,
- La sentencia de TJUE de 26 de enero de 2017 (asunto C-421/14), en relación a las cláusulas abusivas de vencimiento anticipado de los contratos hipotecarios, y la revisión de las sentencias del TJUE en caso de tener resolución judicial con fuerza de cosa juzgada.
En 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la Comunicación N.º 2/2014 instando a España a "adoptar medidas legislativas pertinentes para garantizar que el procedimiento de ejecución hipotecaria y las normas procesales establezcan requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes de que se proceda a una subasta de una vivienda o a un desalojo, en observancia del Pacto
y tomando en cuenta la Observación general N.º 7 del Comité", ante la falta de acceso efectivo a los tribunales para proteger el derecho a una vivienda adecuada.
La garantía del derecho a la vivienda no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoles que han permitido prácticas abusivas de las entidades financieras hacia los deudores hipotecarios. La Constitución Española establece en el artículo 51 que "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos", recogiendo el principio general "pro consumatore". Las corporaciones disponen de una gran serie de recursos y medios que generan una situación de desequilibrio respecto a los consumidores, y es por ello obligación del Estado proteger y actuar a favor de los consumidores. Sin embargo, tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este principio se está incumpliendo.
En la fase pre-contractual estas entidades han producido una serie de conductas perjudiciales y engañosas para los consumidores, como la falta de información, la opacidad en la subcontratación de intermediarios, engaños en la suscripción de la escritura pública y la inclusión de productos financieros accesorios al contrato hipotecario, entre otros.
En la fase contractual la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios por parte de las entidades financieras ha sido una constante, vulnerando el artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE y el artículo 82 del Real Decreto-ley 1/2007. A las ya mencionadas cláusulas suelo y cláusulas de vencimiento anticipado, se han sumado otros abusos como la inclusión del índice IRPH para establecer el tipo de interés de las hipotecas a tipo variable; la imposición a los consumidores de los gastos de constitución de las hipotecas (declarados abusivos por el Tribunal Supremo en Sentencia 705/2015 de 23 de diciembre de 2015); el interés moratorio impuesto unilateralmente por la entidad financiera; el anatocismo, por el cual se permite que los intereses ya vencidos y no pagados se suman al capital e incrementen nuevamente los intereses en perjuicio del deudor; los avales cruzados y los avales encadenados; la responsabilidad universal del deudor hipotecario; la multidivisa, que conlleva una falta de claridad en la dimensión jurídica y económica que le supone al consumidor en relación al sacrificio patrimonial; los avales abusivos, por los que se renuncia a los beneficios de orden, excusión y división, tal y como dictaminó la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en su sentencia 180/2015 o las titulizaciones, que suponen una práctica abusiva con la consecuente falta de legitimación activa en cualquier procedimiento al no quedar acreditado el verdadero acreedor de la deuda.
Estas prácticas han sido permitidas gracias a la impunidad de las entidades financieras, generando una situación de emergencia social y una vulneración sistemática del derecho a la vivienda digna en nuestro país. Las consecuencias han sido dramáticas: centenares de miles de desalojos forzosos sin alternativa habitacional, deudas perpetuas y un profundo déficit de vivienda pública en alquiler, convirtiendo a España en el segundo país de la Unión Europea con el porcentaje de vivienda social más bajo.
1. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para poner fin a la impunidad financiera, garantizando el cese inmediato de las violaciones de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los principios internacionales de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
2. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios de reforma de los procedimientos de ejecución hipotecaria, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios y sus familias. Para este efecto, es necesario cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España, concretamente la sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11) del caso Aziz; la sentencia de 17 de julio de 2014 (asunto C169/14) del caso Sánchez Morcillo y Abril García; la sentencia de 29 de octubre de 2015 (asunto C-8/14) del caso Peñalva López; la sentencia de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C-154/15, C307/15 y C-308/15) del caso Gutiérrez Naranjo; y la sentencia de 26 de enero de 2017 (asunto C421/14) del caso Banco Primus vs Gutiérrez García.
3. Adaptar la legislación española a los estándares exigidos por la legislación europea en materia de derechos de consumidores, y cumplir de esta manera con las disposiciones contenidas en las Directivas Comunitarias sobre esta materia. Puntualmente se insta al Gobierno a cumplir con la obligación de transposición de la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo y de la Directiva 2014/17/UE sobre medidas de protección de consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios.
4. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General n.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.
5. Reformar el Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, para garantizar en favor de los consumidores que en todos los contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar con las entidades financieras, se establezca como general y obligatoria la garantía de responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados.
6. Adoptar los mecanismos legislativos necesarios para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus viviendas vacías a las administraciones públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión.
7. Cumplir la Observación general n.º 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, adoptando los mecanismos legislativos necesarios para garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas en los hogares vulnerables, aplicando el Principio de Precaución para evitar cortes de suministros sin el conocimiento previo de la situación de las personas y familias afectadas.
8. Reformar la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para ampliar la condición de consumidores a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas en su relación con las grandes corporaciones.
9. Instar al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que al amparo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, adopte normas para la protección de los derechos del consumidor de los clientes de las entidades financieras que mantienen contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar, y en concreto la adopción de normas relacionadas con: información pre-contractual, transparencia de las condiciones básicas de comercialización y contratación, principios y criterios de la actividad publicitaria de los productos hipotecarios y garantías para la adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias (tasación del bien inmueble).
10. Informar al Congreso de los Diputados si actualmente se encuentra en marcha algún procedimiento de sanción a España por el incumplimiento reiterado de la normativa europea, en particular la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según acreditan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2017.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.
1. Impulsar la modificación de la vigente Ley Hipotecaria del año 1946 para que, en caso de hipoteca sobre vivienda, se altere el principio de responsabilidad universal, recayendo ésta sólo sobre los bienes hipotecados.
2. Promover los cambios legislativos, normativos y regulatorios necesarios para que, en caso de garantía hipotecaria, sean los bienes hipotecados los que respondan de la obligación asegurada, al menos cuando se den las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de una hipoteca constituida para garantizar préstamos o créditos destinados a financiar la adquisición.
b) Que se trate de un préstamo o crédito que haya sido concedido por un financiador profesional, tenga o no la condición de entidad de crédito.
3. Reactivar con el próximo Plan de Vivienda que se iniciará en 2018 el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española que señala que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
Respondiendo al mandato constitucional y con el objetivo de conseguir un buen Plan de Vivienda, el Gobierno propiciará el consenso entre partidos políticos, administraciones públicas, organizaciones sociales y sectoriales con objeto, entre otros aspectos, de incorporar ayudas específicas a las personas desahuciadas y colectivos más vulnerables y, asimismo:
- Aumentar los recursos públicos dirigidos al alquiler protegido en las políticas de vivienda, y favorecer la promoción pública y privada de la vivienda protegida en alquiler intensificando las ayudas públicas.
- Favorecer un cambio en la mentalidad de las personas hacia la cultura de la vivienda de alquiler, mediante campañas de información y de concienciación, la difusión de los beneficios del alquiler.
- Impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y especialmente el "alquiler con opción a compra", ya que permite acceder a la propiedad desde el alquiler.
- Crear parques públicos de vivienda en alquiler, a través de fórmulas de concesiones o gestión de servicios y fomentar la cultura del alquiler sin descartar la idea de la vivienda en propiedad para facilitar la transición de la mentalidad de la compra hacia el alquiler.
- Elaborar programas que permitan la incorporación de los jóvenes al entorno rural mediante la recuperación de construcciones en el medio rural poniendo en marcha iniciativas de rehabilitación, de recuperación e implantación de nuevos usos, de asentamiento poblacional, de mantenimiento de caminos tradicionales, de medidas que faciliten la vida en el entorno y no que la dificulten, superando los efectos negativos de medidas urbanísticas y medioambientales desconocedoras de la realidad rural.
- Evitar el traslado de los mayores a lugares alejados de la realidad de su familia, su entorno y amigos a través de ayudas para acondicionamiento de las viviendas a las necesidades del mayor.
4. Emprender reformas que traten de simplificar la legislación sobre el acceso a la vivienda ante la especial complejidad que deriva del enorme número de normas que la componen, de los cambios a los que dichas normas están sometidas y del número de fuentes normativas que inciden especialmente en la regulación del derecho urbanístico; dada la pluralidad de los entes públicos competentes en una materia en la que todas las Comunidades Autónomas han asumido como competencia exclusiva "la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda", y en la que los Ayuntamientos han asumido las competencias de gestión y ejecución urbana que la legislación sobre régimen local les atribuye especialmente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.
"3. Adaptar la legislación española a los estándares exigidos por la legislación europea en materia de derecho de consumidores, y cumplir de esta manera con las disposiciones contenidos en las Directivas Comunitarias sobre esta materia. Puntualmente se insta al Gobierno a cumplir con la obligación de transposición de la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo y de la Directiva 2014/17/UE sobre medidas de protección de consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, respetando las competencias de las comunidades autónomas."
"5. Reforma el Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, para garantizar en favor de los consumidores que en todos los contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar con las entidades financieras, se establezca como general y obligatoria la oferta a los consumidores a optar por limitar la garantía de responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados."
"9. Instar al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que al amparo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, adopte normas para la protección de los derechos del consumidor de los clientes de las entidades financieras que mantienen contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar, y en concreto la adopción de normas relacionadas con: información precontractual, transparencia de las condiciones básicas de comercialización y contratación, principios y criterios de la actividad publicitaria de los productos hipotecarios y garantías para la adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias (tasación del inmueble), respetando las competencias de las comunidades autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno de España del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.
Supresión de los apartados 1, 5 y 6 de la parte propositiva de la Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno de España.
"1. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para poner fin a la impunidad financiera, garantizando el cese inmediato de las violaciones de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los principios internacionales de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
5. Reformar el Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, para garantizar en favor de los consumidores que en todos los contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar con las entidades financieras, se establezca como general y obligatoria la garantía de responsabilidad limitada al importe de los bienes hipotecados.
6. Adoptar los mecanismos legislativos necesarios para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus viviendas vacías a las administraciones públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión."
Se suprime la totalidad de los apartados debido a imprecisiones e incorrecciones de tipo jurídico, como son la referencia genérica a la impunidad financiera, la obligatoriedad de la garantía de responsabilidad limitada del deudor y, por último, la obligatoriedad de los grandes tenedores de vivienda de ceder sus viviendas vacías al margen de los mecanismos legalmente existentes en el actual ordenamiento jurídico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.
1. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para mejorar los derechos y la protección de los consumidores en los contratos de crédito garantizados con hipoteca y la gestión responsable de la deuda, para evitar el comportamiento irresponsable de determinadas entidades de crédito que puede socavar los cimientos del sistema financiero, lo que debilita la confianza de todos los interesados, en particular los consumidores, y puede tener graves consecuencias sociales y económicas.
2. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios de reforma de los procedimientos de ejecución hipotecaría, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios y sus familias. Para este efecto, es necesario cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España, concretamente la sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11) del caso Aziz; la sentencia de 17 de julio de 2014 (asunto C169/14) del caso Sánchez Morcillo y Abril García; la sentencia de 29 de octubre de 2015 (asunto C-8/14) del caso Peñalva López; la sentencia de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C-154/15, C307/15 y C-308/15) del caso Gutiérrez Naranjo; y la sentencia de 26 de enero de 2017 (asunto C-421/14) del caso Banco Primus vs Gutiérrez García.
3. Adaptar la legislación española a los estándares exigidos por la legislación europea en materia de derechos de consumidores, y cumplir de esta manera con las disposiciones contenidas en las Directivas Comunitarias sobre esta materia. Puntualmente se insta al Gobierno a cumplir con la obligación de transposición de la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo y de la Directiva 2014/17/UE sobre medidas de protección de consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios. En el marco de la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, reforzar la transparencia y mejorar los requisitos de información tanto en la fase precontractual, que incluya las oportunas advertencias específicas de riesgo, como en el momento de la firma del préstamo del hipotecario ante Notario y potenciar el control de legalidad sobre el contenido del contrato. Se elaborará un modelo estándar de información que garantice la información efectiva al consumidor tanto del significado de lo que firma como de la incidencia en los derechos y obligaciones que puede generar."
4. Establecer una auténtica ley segunda oportunidad que facilite a personas, familias y autónomos endeudados, que no pueden hacer frente a sus pagos, un procedimiento para que puedan rehacer sus vidas, exonerando una parte de sus deudas y evitar en lo posible la liquidación de su patrimonio conservando su vivienda habitual, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrán satisfacer. Este procedimiento se aplicará a colectivos en situaciones económicas especialmente adversas, como son aquellas unidades familiares con hijos o dependientes a cargo, cuyos ingresos no superen un determinado nivel de renta, han sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y la cuota hipotecaria sobre su única vivienda supera un determinado nivel de sus ingresos netos.
5. Prorrogar, hasta el 15 de mayo de 2020, la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables prevista en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
6. Establecer convenios de colaboración entre la SAREB y las entidades locales o comunidades autónomas para la cesión de viviendas destinadas a arrendamiento social para personas o unidades de convivencia en riesgo de pobreza o exclusión social.
7. Aprobar con carácter urgente el reglamento que desarrolla la prohibición de suspensión del suministro de energía eléctrica a los consumidores vulnerables severos aplicando el principio de precaución y reformar el bono social para mejorar la efectividad redistributiva en relación a la renta per cápita del hogar y la cobertura de protección a los consumidores vulnerables.
8. En el marco de la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, extender el nivel de protección de los consumidores también a los autónomos ya que se establece su aplicación a toda operación en la que el prestatario sea persona física, al igual que las normas vigentes de protección al cliente de servicios financieros.
9. Al amparo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, adoptar normas para la protección de los derechos del consumidor de los clientes de las entidades financieras que mantienen contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar y, en concreto la adopción de normas relacionadas con: información precontractual, transparencia de las condiciones básicas de comercialización y contratación, principios y criterios de la actividad publicitaria de los productos hipotecarios y garantías para la adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias (tasación del bien inmueble).
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España, ha acordado lo siguiente:
1. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios de reforma de los procedimientos de ejecución hipotecaria, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios y sus familias. Para este efecto, es necesario cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España, concretamente la sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11) del caso Aziz; la sentencia de 17 de julio de 2014 (asunto C169/14) del caso Sánchez Morcillo y Abril García; la sentencia de 29 de octubre de 2015 (asunto C-8/14) del caso Peñalva López; la sentencia de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15) del caso Gutiérrez Naranjo; y la sentencia de 26 de enero de 2017 (asunto C-421/14) del caso Banco Primus vs Gutiérrez García.
2. Adaptar la legislación española a los estándares exigidos por la legislación europea en materia de derechos de consumidores, y cumplir de esta manera con las disposiciones contenidas en las Directivas Comunitarias sobre esta materia. Puntualmente se insta al Gobierno a cumplir con la obligación de transposición de la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo y de la Directiva 2014/17/UE sobre medidas de protección de consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios.
3. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General n.º 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.
4. Instar al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que al amparo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, adopte normas para la protección de los derechos del consumidor de los clientes de las entidades financieras que mantienen contratos hipotecarios para la adquisición de la primera vivienda y/o vivienda familiar, y en concreto la adopción de normas relacionadas con: información precontractual, transparencia de las condiciones básicas de comercialización y contratación, principios y criterios de la actividad publicitaria de los productos hipotecarios y garantías para la adecuada e independiente valoración de las garantías inmobiliarias (tasación del bien inmueble).
5. Informar al Congreso de los Diputados si actualmente se encuentra en marcha algún procedimiento de sanción a España por el incumplimiento reiterado de la normativa europea, en particular la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según acreditan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea."
173/000015
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana.
1. Mejorar los sistemas de coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado y con el resto de Administraciones públicas en el desarrollo de funciones dirigidas a asegurar la vialidad en la Red de Carreteras del Estado, en casos de nevadas y otros fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar a la citada Red.
2. Evaluar y corregir las deficiencias en la aplicación de los Planes de actuación frente a contingencias invernales de hielo y nieve en carreteras y ferrocarril, de forma que se garantice el tránsito seguro ante situaciones de intensas nevadas.
3. Incrementar la dotación de medios mecánicos, materiales y humanos en los Planes de actuación frente a contingencias invernales de hielo y nieve.
4. Mantener las instalaciones del Centro V-2 de Conservación y Explotación de la A-3, y mejorar la dotación de medios mecánicos, materiales y humanos para el ejercicio de las labores de conservación y explotación que tiene encomendadas.
5. Analizar las necesidades de aparcamientos de vialidad invernal en el territorio español e iniciar los trámites para la construcción de aparcamientos de emergencia para vialidad invernal en la A-3 en la provincia de Valencia y en la A-31 en la provincia de Albacete.
6. Adoptar urgentemente las medidas necesarias para hacer efectivas las ayudas, compensaciones y beneficios comprometidos a los afectados por temporales, inundaciones y otras circunstancias similares, así como para la reparación de infraestructuras, no sólo a las relativas a los últimos meses, sino también las que queden por abonar de los últimos años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2017.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana.
"7. En relación a los temporales que han afectado a la costa catalana:
1. Actuar por el procedimiento de urgencia para que las actuaciones destinadas a corregir o reparar los daños derivados de los temporales meteorológicos de este invierno queden arreglados antes de Semana Santa.
2. Denunciar que en febrero de 2015, el Gobierno español se comprometió a invertir 32 millones de euros en un plazo de 15 años, en la denominada Estrategia de Protección de la Costa del Maresme, con importes anuales que variarían entre 1,5 y 2 millones de euros. Transcurridos dos años, no hay proyecto alguno de obras aprobado, por lo que urge al Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos y, dada la gravedad del temporal del mes de enero, atender de manera urgente los municipios de Malgrat de Mar y Pineda de Mar por haber quedado muy afectados.
3. Establecer un plan urgente para la regeneración de las playas de las comarcas de Tarragona y para preservar las bahías del Fangar y els Alfacs, a la vez que garantizar el acceso a la bocana del río Ebro, en el contexto de una estrategia de ejecución de contención y preservación de la costa del Delta del Ebro y, especialmente, de los puntos donde la erosión es más acentuada como es la costa de Deltebre (Riumar, Baja Arena y Marquesa) y Sant Jaume d'Enveja (Illa de Buda).
4. Instar al Gobierno a traspasar las competencias en materia de ordenación y gestión del litoral catalán, especialmente en cuanto a las funciones de fijación y recaudación del canon por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
"8. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre los diferentes planes de emergencia de las CCAA afectadas y los planes de la Administración del Estado que ante situaciones de riesgo permitan la adopción de medidas anticipadas que eviten la exposición de la ciudadanía a situaciones de riesgo."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con
ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se añade un segundo párrafo al punto cuatro de la moción, con la siguiente redacción:
"Estudiar, a la luz de la reciente experiencia, la conveniencia de mantener los dos centros de conservación existentes en la A-3, en la provincia de Valencia, sectores V-2 y V-6."
Después de comprobar las consecuencias de la ola de frío sobre las carreteras españolas, creemos que sería necesario realizar un estudio, con la información que tenemos actualmente a la luz de la reciente experiencia, sobre la adecuación o no de mantener los dos centros de conservación existentes en la A-3, en la provincia de Valencia: sectores V-2 y V-6.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencia que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana.
Se propone la modificación del actual punto 4, quedando redactado como sigue:
"4. Mantener los dos centros de conservación, sectores V-2 y V-6, existentes en la A-3 en la provincia de Valencia con contratos y licitaciones independientes, para lo cual es necesario una modificación de la situación contractual actual que permita la desvinculación administrativa del sector V2 y el sector V6. También es necesario mejorar la dotación de medios mecánicos, materiales y humanos para el ejercicio de las labores de conservación y explotación que tienen encomendadas."
Se propone la modificación del actual punto 5, quedando redactado como sigue:
"5. Analizar las necesidades de aparcamientos de vialidad invernal en todo el territorio español e iniciar los trámites para la construcción de aparcamientos de emergencias para vialidad invernal en las zonas con una menor protección actualmente, en particular en la A-3 en la provincia de Valencia y en la A-31 en la provincia de Albacete, determinando adecuadamente la autoridad para imponer el uso de los citados aparcamientos a los usuarios en caso de necesidad hasta que se pueda garantizar la circulación en condiciones seguras, por ejemplo señalando el papel de los responsables del protocolo de viabilidad invernal y el de la Guardia Civil de Tráfico."
Se propone la adición de un nuevo punto 7:
"7. Realizar una evaluación general del cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias de los pliegos de condiciones que se redactan para realizar las licitaciones y posteriores adjudicaciones de los contratos de las carreteras de titularidad estatal; planificar revisiones periódicas de que todos los medios humanos y mecánicos recogidos en los pliegos de condiciones y/o ofertados por las empresas, estén en todo momento a disposición del contrato y de manera presencial en los centros de trabajo; así como realizar un informe anual publicando las incidencias en la gestión de dichos contratos así como de cualquier gasto originado por trabajos extraordinarios o no previstos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2017.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana.
1. Analizar y, en su caso, actualizar los sistemas de coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado y con el resto de Administraciones públicas en el desarrollo de funciones dirigidas a asegurar la vialidad en la Red de Carreteras del Estado, en casos de nevadas y otros fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar a la citada Red.
2. Analizar los Planes de actuación frente a contingencias invernales de hielo y nieve en carreteras y ferrocarril para, en la medida de posible, reforzar los protocolos para estar más preparados ante hechos imprevistos, de forma que se garantice el tránsito seguro ante situaciones intensas de nevadas.
3. En el caso de que, como consecuencia del análisis y de la revisión de los protocolos, sea necesario, dotar a los nuevos Planes de actuación y/o contingencia frente a contingencias invernales de hielo y nieve con los recursos necesarios para su aplicación.
4. Mantener los centros de conservación y explotación de carreteras; y continuar asegurando su dotación de medios mecánicos, materiales y humanos necesarios para el ejercicio de las labores de conservación y explotación que tienen encomendadas.
5. Revisar la operatividad y mejora de la señalización de los aparcamientos de emergencia ya existentes; analizar las necesidades de aparcamientos de vialidad invernal en el territorio español; y, en el caso de aquellos aparcamientos que se consideren necesarios, iniciar los trámites para la construcción de los mismos a la mayor brevedad posible en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
2. Evaluar y corregir las deficiencias en la aplicación de los Planes de actuación frente a contingencias invernales de hielo y nieve en carreteras y ferrocarril, de forma que se garantice el tránsito seguro ante situación de intensas nevadas.
Palacio del Congreso de los Diputado, 15 de febrero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/004695.
Núm. registro: 9841.
Objeto iniciativa: Policía política.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000072.
Núm. expte.: 184/005109.
Núm. registro: 11054.
Objeto iniciativa: Publicación en exclusiva por la hija del Comisario Jefe de la Comisaría General de Información de noticias e informaciones de dicha Comisaría.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000073.
Núm. expte.: 184/005110.
Núm. registro: 11055.
Objeto iniciativa: Disminución de las infracciones penales en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000074.
Núm. expte.: 184/005111.
Núm. registro: 11056.
Objeto iniciativa: Apertura de un fichero restringido de casos "especiales" por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO).
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000075.
Núm. expte.: 184/005113.
Núm. registro: 11058.
Objeto iniciativa: Actuaciones preventivas para evitar la situación de la frontera de Ceuta.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000076.
184/005607
Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Fernández Bello, Miguel Anxo Elías (GCUP-EC-EM)
Reformulación de su pregunta sobre situación de abandono en la que se encuentra el Pazo de Goiáns (Boiro-A Coruña).
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez y Miguel Anxo Fernán Vello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente pregunta escrita al Gobierno, relativa a la situación de abandono en la que se encuentra el Pazo de Goiáns (Boiro-A Coruña).
La torre de Goiáns, situada en el municipio de Boiro, es un símbolo del señorío que en el siglo XV regía buena parte del territorio interior y marítimo barbanzano. En el año 1999, sus actuales propietarios, descendientes del marqués de Revilla, pusieron a la venta tanto la construcción más emblemática que derribaran los irmandiños, como los inmuebles que a lo largo de los siglos fueron levantándose a su alrededor, así como los más de cien mil metros cuadrados de la finca donde se asienta el complejo arquitectónico.
Tanto el Pazo como la parcela fueron adquiridos por el grupo Eroski antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal de Boiro (año 2003). Antes de la aprobación en esta finca no se podía edificar, pero este plan facilita la operación urbanística en la parcela y el Pazo de Goiáns. Aquí se pretendía construir en la zona una gasolinera, un centro comercial y una urbanización de adosados con vistas al río Coroño. Así el Pazo quedaría con un uso hostelero según los planes iniciales de este grupo empresarial.
El Plan General de Ordenación Municipal de Boiro lo aprobó el Partido Popular en el año 2003, cuando ya perdieran las elecciones, y el Gobierno local estaba en funciones. A esto hay que añadir que este PGOM no contaba con el informe preceptivo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, un defecto de forma claramente "intencionado" que llegó incluso a ser el motivo de que el Plan General de Ordenación Municipal de Boiro fuera suspendido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Tras el cambio de gobierno local después de las elecciones municipales de 2003, el nuevo ejecutivo realiza una modificación parcial en el PGOM en la zona del Pazo de Goiáns para evitar que el grupo Eroski pudiera ejecutar su plan de destrozo urbanístico que tenía proyectado para la zona.
El problema fue que, en ese momento, el grupo Eroski ya tenía unos derechos urbanísticos que le reconocía el propio Plan General de Ordenación Municipal, por lo que el grupo propietario de la finca de Goiáns pretendía una fuerte indemnización económica. Durante varios años el gobierno municipal intentó llegar a un acuerdo con el grupo Eroski y permutar el Pazo y la finca de Goiáns por una parcela municipal que estaba más céntrica del casco urbano de Boiro para evitar la indemnización que el ayuntamiento tendría que pagar y que repercutiría en todas las vecinas y vecinos, que verían mermados los ingresos públicos para el beneficio del pueblo.
Finalmente, en el año 2010 el Gobierno central, vía una enmienda parcial presentada a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobó una partida económica por importe de 4.000.000 de euros, que permitió la compra del Pazo y la finca de Goiáns. En el verano de 2010 el Ayuntamiento de Boiro y el Ministerio de Cultura firmaron un convenio para su adquisición para fines culturales y patrimoniales. Desde ese momento el Pazo de Goiáns es propiedad pública.
Un año después, en 2011, se vuelve a aprobar una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado, esta vez de 500.000 euros, para poder ejecutar las medidas inmediatas de protección y seguridad del Pazo (cubrición de techos y substitución de puertas y ventanas). Incluso se
había conseguido la aprobación del proyecto de rehabilitación del Pazo por parte de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.
Pero en junio de 2011, tras la celebración de las elecciones municipales, el Partido Popular vuelve a acceder al gobierno local y, por un lado, el citado proyecto cae en saco roto, y por el otro, la enmienda que ya se había aprobado en el Congreso de los Diputados nunca se llega a ejecutar. El Partido Popular, una vez más, se permitió el lujo de no reclamar un dinero que era del pueblo de Boiro y para el pueblo de Boiro.
Durante todo este tiempo el Partido Popular de Boiro no gestionó ni un solo euro para la rehabilitación del Pazo de Goiáns. Su intención es encontrar un modelo de gestión privada para explotar el edificio y la parcela -aunque afortunadamente se encuentran con la limitación de la incompatibilidad entre el uso cultural blindado en el convenio que en su día firmó el Ayuntamiento con el Ministerio de Cultura- y una explotación de tipo económico.
Estos años de abandono se han hecho notar en el saqueo interior del pozo, la caída de tejados, la invasión de maleza en la extensa finca, la rotura de elementos decorativos del exterior y preocupantes heridas en los muros de la mismísima torre.
Da la sensación de que el actual ejecutivo local pretende conseguir la declaración de ruina del inmueble para volver a negociar con él. Un ejemplo más de esta actitud de dejadez, quizás intencionada, es que varios accidentes automovilísticos derrumbaron parte del muro exterior de la finca, y el ayuntamiento ni siquiera ha reclamado su arreglo a las compañías aseguradoras de los causantes del daño.
Estamos ante un atentado patrimonial y paisajístico de una zona que es propiedad de las vecinas y los vecinos de Boiro, no del alcalde, y es para el uso del pueblo para el que debemos recuperar y rehabilitar este inmueble.
Debemos señalar que existe un Reglamento de Disciplina Urbanística, que se aplica a todo el mundo, y que indica que cualquiera que tenga un inmueble u otro tipo de edificación en un estado de abandono similar al que se encuentra en estos momentos el Pazo de Goiáns, sería automáticamente sancionado. Sin embargo, aquí no sucede eso, y los que tienen que velar por el cumplimiento de las normas actúan en sentido contrario, parece que ellos no tienen que ser ejemplares.
Asimismo, el actual alcalde de Boiro, el popular Juan José Dieste Ortigueira, ha llegado a afirmar en los Plenos de la Corporación Municipal que la rehabilitación del Pazo de Goiáns sería inasumible porque su coste superaría los 6 millones de euros, una mentira más, ya que no existe ningún proyecto que indique que el coste se acerca a esa cantidad.
Sin embargo, sí existen informes técnicos que valoran la rehabilitación del inmueble en torno a 1.400.000 euros, casi cuatro veces menos del coste indicado por el regidor boirense.
El Gobierno del Partido Popular se empeña en abandonar una joya urbanística, patrimonial e incluso social, de forma reiterada, a conciencia, sabiendo lo que hacen, lo que supuso un paulatino y constante deterioro de este patrimonio municipal. Queda claro, con esta forma de proceder que, en lugar de anteponer el interés general, el PP se somete, una vez más, a las directrices de intereses claramente privados.
En la actualidad, el Pazo de Goiáns sólo se abre una vez al año, con motivo de la Romería das Letras Galegas que organiza la Asociación Cultural Barbantia. El resto del año permanece cerrado al público.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez y Miguel Anxo Fernán Vello, presentan las siguientes
1. ¿Conoce el Gobierno el estado de abandono en el que se encuentra el Pazo de Goiáns y su parcela, después de que éste se adquiriera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con una partida de 4 millones de euros?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno colaborar con las instituciones locales y autonómicas gallegas para la rehabilitación del Pazo de Goiáns, y poder así destinarlo al uso y disfrute social del pueblo de Boiro?
Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2017.-Yolanda Díaz Pérez y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.
184/008027
Autor: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM)
Medidas llevadas a cabo en los últimos cinco años desde el Gobierno para mejorar la situación de las mujeres y de los derechos humanos de Arabia Saudí.
1. En cuanto a la solicitud de que se adjunte una serie de listados, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 20062, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000557).
Al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, don Pablo Bustinduy Amador, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, plantea al Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta por escrito.
Los pasados días 14 a 16 de enero de 2017 se realizó una visita oficial a Arabia Saudí encabezada por el Jefe del Estado, Felipe VI, que ha generado una fuerte crítica por parte de algunas organizaciones no gubernamentales y varios partidos políticos -Podemos entre ellos-, tanto por la situación de derechos humanos en ese país como por algunos de los temas que se iban a abordar durante esa visita y, muy especialmente, las negociaciones para un millonario contrato para la empresa pública Navantia -valorado inicialmente en más de 2.000 millones- para la construcción de cinco corbetas.
Se trata de la tercera vez en el último año en el que estaba prevista esta visita a un país en el que las mujeres sufren una discriminación sistemática en todas las facetas de su vida (familiar, laboral, para conducir, etc.), los defensores y las defensoras de los derechos humanos sufren una represión continua, al igual que el colectivo LGBTI, las personas trabajadoras migrantes y la comunidad chií. También ha aumentado la represión de la libertad de expresión y la disidencia con la excusa de la lucha contra el terrorismo, así como los encarcelamientos arbitrarios, los procesos injustos, la tortura y los castigos degradantes e inhumanos. Se trata además de uno de los tres países con más ejecuciones, más de 330, en los últimos tres años.
Arabia Saudí lleva también en la actualidad una política exterior muy agresiva, liderando, entre otras, una coalición regional en Yemen que ha desencadenado un grave conflicto armado y una creciente crisis humanitaria. Según diversas organizaciones de derechos humanos, Arabia Saudí, al igual que otros actores, ha causado en Yemen graves violaciones del derecho internacional humanitario con bombardeos aéreos sobre la población civil, etc.
Por esos motivos, Podemos se ha posicionado públicamente en contra de esa visita oficial y ha exigido que se revise el marco general de la relación bilateral con Arabia Saudí, de forma que, en lugar de
priorizarse ciertos intereses económicos y geopolíticos, se ponga en el centro los derechos humanos de la población de dicho país y de los países vecinos.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores en el Senado del pasado 11 de enero el Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, declaró que "estamos tratando de trabajar seria y constructivamente" para mejorar la situación de las mujeres en Arabia Saudí y que evocarían ese tema durante la visita con sus contrapartes saudíes.
Por todo ello, este Diputado plantea al Gobierno las siguientes
1.ª ¿Cuáles son las medidas concretas que se han llevado a cabo en los últimos cinco años desde el Gobierno para mejorar la situación de las mujeres de Arabia Saudí? [...]
2.ª ¿Cuáles son las medidas concretas que se han llevado a cabo en los últimos cinco años desde el Gobierno para mejorar la situación en otros ámbitos de los derechos humanos (tortura, pena de muerte, LGBTI, defensoras y defensores), etc.? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.
184/008771
Autor: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Críticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos al teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1. En cuanto a la solicitud de que se adjunte el pliego de condiciones técnicas a que se refiere el punto 2 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 20045, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000556).
Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las críticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos al teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos ha emitido un comunicado en el que critica los servicios especializados de psicología que se pueden ofrecer desde el teléfono contra el acoso escolar puesto en marcha recientemente desde el Gobierno.
En concreto, el comunicado señala lo siguiente:
"En contra de lo que se ha dado a entender públicamente desde el Ministerio, y de lo que se ha transmitido por muchos medios de comunicación, el funcionamiento que se ha previsto no garantiza realmente que se preste un servicio de atención psicológica como tal, ni que éste sea de calidad. El pliego de prescripciones técnicas no exige las titulaciones correspondientes para ello, no establece unos requisitos adecuados sobre cómo debe prestarse la asistencia psicológica y, según hemos tenido conocimiento, los contratos que suscriben las personas que atienden las llamadas no son como psicólogos.
Consideramos que un servicio de esta naturaleza, a través del cual se atiende a víctimas de violencia psicológica y física, debería incorporar profesional cualificado para estas situaciones, como es el caso de los psicólogos educativos, que cuentan, precisamente, con la formación especifica para el abordaje del acoso escolar. Esperamos que, pese a las deficiencias en el diseño del servicio y en la contratación que se está realizando, la atención que se preste sea adecuada. No obstante, tal y como se está poniendo en marcha, lamentamos que no haya suficientes garantías de que sea así."
Unas declaraciones que nos preocupan dada la necesidad de atención especializada en un problema de esta magnitud y relevancia.
En relación a lo anterior, se formulan las siguientes
1. ¿Qué tipo de formación concreta se está dando a las personas que atienden este teléfono? ¿De qué manera se imparte esta formación?
3. ¿Cuántas personas han utilizado ya el teléfono desde su puesta en marcha?
4. ¿Qué protocolo se sigue una vez un caso de acoso es detectado por los profesionales que atienden el servicio telefónico?
5. ¿Se da traslado a los centros escolares de la información que se recaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2017.-Marta Martín Llaguno, Diputada.