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Timestamp: 2020-02-19 22:21:36
Document Index: 167856026

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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 270, de 02/09/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 270
Sesión plenaria núm. 256
- Aprobación, por el procedimiento de lectura única, de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 329-1, de 26 de agosto de 2011. (Número de expediente 100/000001.) ... (Página2)
Aprobación, por el procedimiento de lectura única, de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso ... (Página2)
En defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, interviene el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Barkos Berruezo y Díez González y los señores Salvador Armendáriz y Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Ridao i Martín y la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Barkos Berruezo para retirar sus enmiendas.
La señora secretaria, Villalobos Talero, da lectura a las dos enmiendas transaccionales presentadas.
Intervienen los señores Llamazares Trigo y Duran i Lleida.
Varias señoras y señores diputados abandonan el salón de plenos.
Se someten a votación las enmiendas presentadas, siendo todas ellas rechazadas.
Votación de conjunto ... (Página19)
Sometido a votación de conjunto el texto de la modificación constitucional, se aprueba por 316 votos a favor y cinco en contra.
- APROBACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO DE LECTURA ÚNICA, DE LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 100/000001.)
Aprobación, por el procedimiento de lectura única, de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española, presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso. Para defender las enmiendas tiene en primer lugar la palabra, en defensa de las suyas, el señor Jorquera.
Señorías, como ustedes saben, el BNG nunca ha compartido el confesionalismo constitucional que profesan los grupos mayoritarios de esta Cámara. Aspiramos a que en el futuro sea posible una reforma profunda de la Constitución que reconozca el carácter realmente plurinacional del Estado; una reforma que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y que permita profundizar en la democracia y avanzar en la igualdad y en la justicia social. Sin embargo el camino que ustedes nos proponen es el inverso; ustedes nos proponen una contrarreforma, y lo hacen con total desprecio a las más elementales formas democráticas: sacrificando la soberanía de la política, al rendir la democracia al chantaje de los especuladores; sacrificando la soberanía de este propio Parlamento, al que poco menos que se le insta a aprobar por decreto lo que pactaron el señor Zapatero y el señor Rajoy a espaldas de esta Cámara, limitando incluso al máximo las posibilidades de debate hasta el extremo de inadmitir a trámite muchas de las enmiendas presentadas; sacrificando la soberanía popular al pretender eludir la celebración de un referéndum; sacrificando el autogobierno de las comunidades autónomas al mermar su autonomía financiera, sin haberlas incluso consultado. (Rumores.)
Señorías, toda Constitución debe hacer posible la aplicación de distintas políticas en función de las mayorías decididas por la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Jorquera.
Por favor, les ruego tengan la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones, y si pueden sentarse estarán más cómodos. Un momento. (Pausa.) También vale para la otra zona, (Rumores.) sin haber mencionado ninguna más que con la vista.
Adelante, señor Jorquera. Tiene la palabra.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo. Yo creo que un tema de esta trascendencia exigiría un debate donde todos estemos atentos a la expresión de todas las opiniones, aunque se pueda discrepar lógicamente de ellas.
Señorías, toda Constitución debe hacer posible la aplicación de distintas políticas en función de las mayorías decididas por la sociedad, como antes les decía, y en cambio ustedes con esta propuesta de reforma pretenden imponer el pensamiento único en lo económico. Esta contrarreforma atenta contra la autonomía política de los futuros gobiernos, ya sean gobiernos del Estado, ya sean gobiernos de las comunidades autónomas, al limitar el uso de las políticas presupuestarias para alcanzar sus objetivos de política económica. Con esta contrarreforma y el acuerdo que la acompaña ustedes pretenden imponer unos límites de déficit que el Estado español tan solo ha conseguido cumplir en los cuatro años de mayor bonanza económica; unos límites de déficit que han sobrepasado todos los grandes Estados de la Unión Europea en la mayoría de los ejercicios presupuestarios de los últimos veinte años; unos límites de déficit cuyo cumplimiento aboca al desmantelamiento de las políticas sociales y a la precarización y privatización de los servicios públicos; unos límites de déficit, señorías, que hacen imposible la convergencia real en niveles de desarrollo y de bienestar social entre los Estados del centro y norte de Europa y el sur de Europa, la periferia europea, y hacen imposible la convergencia real en niveles de desarrollo y bienestar entre los distintos pueblos del Estado español. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Eso en un Estado donde el gasto público por habitante es el más bajo de la Europa de los Quince, donde el gasto social por habitante apenas representa el 74 por ciento de la Europa de los Quince, en un Estado, eso sí, que es campeón de Europa en fraude y evasión fiscal, y donde el uno por ciento más rico apenas contribuye la quinta parte de lo que lo hace el uno por ciento más rico en Suecia.
Señorías, de prosperar esta contrarreforma, el modelo social definido por la Constitución será solo papel mojado. Y frente a esta contrarreforma hay otros caminos posibles, como desarrollar una política tributaria justa y equitativa, que asegure el mantenimiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales y los fortalezca; como llenar de contenido el artículo 128 de la Constitución, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y estipula que toda la riqueza, en sus distintas formas y fuera cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general; como reformar y desarrollar el artículo 131, que establece que el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, atribuyéndole este papel también a las comunidades autónomas con una doble finalidad: equilibrar y armonizar el desarrollo territorial y sectorial, estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza, así como su más justa distribución. Señorías, este es el camino que propone nuestra enmienda a la totalidad. Manifestamos desde esta tribuna nuestro total y absoluto rechazo a la propuesta de reforma en trámite por su contenido y por las formas total y absolutamente antidemocráticas que pretenden imponerse, y nuestra demanda de que se convoque un referéndum.
El pasado martes expresábamos desde la tribuna que esta reforma que nos proponen hoy los grupos parlamentarios Socialista y Popular en su fase de enmiendas no nos gustaba ni en el fondo ni en la forma. Hoy nos gusta todavía menos en la forma. A estas horas de la mañana los portavoces nos seguimos cuestionando si efectivamente las enmiendas que hemos presentado, aquellas que no han sido vetadas, han sido aceptadas o no aceptadas en su reformulación. Se me comunica a esta hora de la mañana que efectivamente, en el caso de Nafarroa Bai, la enmienda número 22 reformulada en torno al mantenimiento de las competencias de las haciendas navarras, vizcaína, guipuzcoana y alavesa ha sido admitida a trámite, pero repito que este es el escenario, el espacio de juego en el que se está tramitando una reforma constitucional. Nos parece absolutamente vergonzoso, y desde aquí quiero afirmar, manifestando la posición de Nafarroa Bai, el desagrado, el disgusto con el que formalmente estamos viviendo un proceso de estas características. Decía que ha sido aceptada esta enmienda, que lo que pretende no es otra cosa que preservar la independencia fiscal de las haciendas forales, cuya defensa -aunque confieso que soy poco optimista ante al resultado que se va a producir en la votación posterior- debería darse esta mañana en esta Cámara.
No ha sido la única enmienda presentada por Nafarroa Bai. Hemos planteado otra para solicitar la sanción, en referéndum de la ciudadanía, de esta reforma constitucional, enmienda que ha sido vetada junto con las que en el mismo sentido han presentado otros grupos, por lo que quería expresar el desagrado con el que hemos vivido, como digo, estas últimas horas en torno a la que es la única reforma constitucional de calado que se ha producido en los treinta últimos años, el único acuerdo que en los últimos ocho años hemos vivido entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno socialista y el Grupo Popular, en el que la decisión no ha sido otra que llevar a cabo una reforma constitucional no de consenso, sino de exclusión, y si acaso -y únicamente- de disciplina de voto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno, cuando presenté las enmiendas ayer a mediodía me planteaba a mí misma cómo abordar este debate, y cómo explicar a sus señorías que lo que España necesita es una reforma de la Constitución para mejorar la calidad de nuestra democracia. Hoy, después de lo que han perpetrado ustedes, el grupo PP-PSOE, no solamente se pone en evidencia la necesidad de reformar la Constitución para mejorar la democracia y su calidad, sino que hace falta reformarla para proteger la Constitución y la democracia del grupo PP-PSOE, para protegerla de ustedes, que se han atrevido a no admitir enmiendas decidiendo que las mismas van en contra de la Constitución, convirtiéndose ustedes mismos en el Tribunal Constitucional, proclamando ante todos que efectivamente son ustedes los que mandan, también en el Tribunal Constitucional, porque se han atrevido a explicar que no nos admiten determinadas enmiendas porque van -por ejemplo la del referéndum- contra el título X de la Constitución. ¿Pero quiénes se creen ustedes que son para decir que no se puede tramitar una enmienda porque va contra el título X de la Constitución en este caso? ¿Pero ustedes quiénes se creen que son? El grupo PP-PSOE ha expropiado la Constitución y la democracia española. (Rumores.- Una señora diputada: ¡Bueno, bueno! ¡Por favor!) Sí, el grupo PP-PSOE ha expropiado... (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, señorías.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hombre, no me dejarán debatir las enmiendas, pero déjenme que utilice el turno de palabra. Déjenme que utilice el turno de palabra porque también eso lo contempla un artículo de la Constitución, esa que ustedes han manoseado, expropiándola, utilizándola para su uso particular: el artículo 23, el derecho a la participación política, que ustedes nos han negado al no admitir las enmiendas; el derecho a la participación política. Por cierto que hay precedentes del Tribunal Constitucional que ha echado abajo sus decisiones, decisiones de prohibir determinados debates rechazando la admisión de las enmiendas; hay precedentes en ese sentido y por tanto iremos al Constitucional, sí, en amparo, para defender el derecho a la participación política, un derecho básico reconocido en esa Constitución que ustedes, el grupo PP-PSOE, manipulan.
Sí, hay que reformar la Constitución; hay que reformar la Constitución para mejorar la calidad de nuestra democracia, para impedir que ustedes la manipulen, para impedir que ustedes la expropien, para protegerla de ustedes, para mejorar la calidad de la democracia reformando aquellos artículos de la Constitución que son básicos para garantizar esos otros artículos que son innegociables, porque representan y defienden derechos fundamentales, el derecho a la libertad y a la igualdad. Para proteger y hacer efectivos esos derechos proclamados en los artículos de nuestra Constitución, que insisto en que como los de toda Constitución democrática del mundo son innegociables, hay que reformar a fondo nuestra Constitución; hay que reformarla para hacer una ley electoral que sea justa y que garantice la igualdad de voto de todos los ciudadanos para impedir este atropello del grupo PP-PSOE una vez más en esta Cámara. Para eso hay que cambiar la Constitución: para conseguir la igualdad de voto de todos los ciudadanos, que es un derecho básico proclamado en la Constitución y después burlado por ustedes, por sus leyes y por sus acuerdos PP-PSOE, como si fueran un único grupo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En lo fundamental son ustedes como la Visa y la MasterCard, absolutamente iguales; sirven para los mismos objetivos, aunque tengan un color distinto.
También para proteger la igualdad hay que reformar a fondo la Constitución, para que todos los ciudadanos sepan que en España hay separación de poderes, que hay una justicia independiente que no actúa al mandato del Partido Popular y del Partido Socialista.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Por último, también para reformular el modelo territorial del Estado, para que la educación y la sanidad sean competencias del Estado y garanticen la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante el ejercicio de sus derechos. Para todo eso hace falta una reforma a fondo; para todo eso y para proteger la Constitución y la democracia del grupo PP-PSOE.
Señor Salvador. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, hemos estado repasando las enmiendas una a una y, ¿qué quieren que les diga? No podemos hacernos más trampas en el solitario. O nos enfrentamos a esta situación crítica todos juntos y trabajamos sinceramente para que así sea o aquí, señorías, no se salva nadie. Este es el momento y la oportunidad. Es verdad que esta reforma ha abierto muchos debates -se ve en las enmiendas- pero, señorías, qué pocas han cuestionado la necesidad de llevar a cabo una profunda revisión de nuestra manera de administrar. Me temo que ninguna. Es verdad que la presentación de esta iniciativa no ha sido la perfecta, pero, señorías, no exageremos. Otros
cambios legales de muy dudosa constitucionalidad se han aprobado en esta Cámara con muchos menos votos, sin consenso, y desde luego sin referéndum. Me refiero a que hoy pueda ser reconocido como un derecho sin límites eliminar la vida de un ser humano no nacido -alguien como cualquiera de nosotros en esa fase de desarrollo- y nadie pidió un referéndum; y saben ustedes que generó una contestación muy importante. También es verdad que ponernos a trabajar en una reforma de la Constitución nos recuerda que hay aspectos de esta Constitución que no gustan a todos. Unión del Pueblo Navarro ha manifestado su oposición a la disposición transitoria cuarta -siempre lo hemos hecho-, y desde luego mantenemos viva la reivindicación de su supresión. Pero hoy entendemos la urgencia, la gravedad y el momento histórico singular que nos obligan a apoyar esta reforma con responsabilidad.
Mi partido saludó el acuerdo y fue el único que alabó el sentido de Estado de los dos grupos firmantes. Seguimos confiando en la utilidad de la propuesta y pensamos honradamente que no es el momento para introducir debates y reivindicaciones legítimas, por supuesto, pero que en nada pueden ayudar a hacer más visible el compromiso de mayor disciplina que debemos asumir. Hoy toca exclusivamente trasladar un mensaje claro a la sociedad española, que es nuestro compromiso firme de que debemos gestionar mejor y de que vamos a gestionar mejor. Como los datos y la imagen que los demás tienen de nosotros parecen indicar que no lo hemos hecho así, y para que este compromiso resulte creíble, es muy conveniente fijar en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria. Como no puede ser de otra manera estaremos atentos al desarrollo de esta reforma por ley orgánica. Estamos convencidos de que su tramitación no será aprovechada ni para alumbrar una mutación competencial que nadie quiere, y que desde luego no está en la letra ni en el espíritu del acuerdo que han sellado los grandes partidos, ni para contravenir el principio de subsidiariedad, ni mucho menos por lo que respecta a la Comunidad Foral de Navarra para enmendar el espíritu de la disposición adicional primera de la Constitución española o para trastocar las relaciones entre administraciones que fija el artículo 64 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, porque si así fuera ya anuncio que no podría contar con nuestro apoyo, como ya hemos comunicado a los dos grandes partidos. Señorías, esta reforma debe interpretarse en coherencia con el resto de artículos y disposiciones de la Constitución -como no puede ser de otra manera- que en nada se han modificado, empezando desde luego por la disposición adicional primera.
Termino, señorías, pero antes de ello no quisiera dejar pasar este momento sin hacer una mención a la enmienda número 2, presentada por Nafarroa Bai. Ya sabíamos que su aprecio por nuestra estructura institucional autónoma y singular era bien poco, pero rebajar la Hacienda foral navarra a un ente de naturaleza local, como lo son las diputaciones vascas, supera con mucho nuestra capacidad de asombro. ¿Qué quieren que les diga? A confesión de parte, sobran pruebas. No podían, señorías, haber sido más elocuentes en su desprecio por nuestro régimen foral. Ustedes y su grupo tendrán que explicar a los navarros por qué han decidido rebajar el estatus de Navarra en la Constitución, como comunidad autónoma, en este caso a un mero ente local. ¿O es que Navarra debe recaudar y Vitoria gestionar? ¿Es eso lo que ustedes quieren?
Señorías, deseamos sinceramente que este acuerdo y esta reforma supongan el preludio de una nueva época de concordia. No estamos irremediablemente abocados a repetir los mismos errores del pasado; hagamos de la necesidad virtud, porque solo así podremos comenzar a reedificar una España más próspera y más orgullosa de sí misma.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS RULL: Gracias, señor presidente.
Señorías, Coalición Canaria se abstuvo en la toma en consideración de esta reforma constitucional porque, pese a que consideramos que la Carta Magna requiere una profunda modificación, la que se nos presenta no es necesaria ni oportuna, ni formal ni materialmente. Por la forma, porque se ha querido ignorar al resto de formaciones políticas y por ende a los ciudadanos, excluyéndonos del consenso constitucional. Por el fondo, porque estérilmente su finalidad es elevar a dogma universal la necesidad del equilibrio presupuestario, sucumbiendo a la mercadocracia, esto es, al desgobierno de los mercados, que ni tienen legitimidad democrática ni precisamente defienden el interés general, sino los suyos propios.
Coalición Canaria presenta dos enmiendas parciales. La primera persigue, por un lado, propiciar la participación de las comunidades autónomas en la fijación del déficit y la deuda, y por otro, que su distribución entre las mismas no sea lineal, sino que tenga en cuenta determinadas circunstancias, como la situación económica de cada comunidad, su nivel de endeudamiento o las necesidades objetivas de desarrollo, de equipamiento e infraestructuras derivadas de la lejanía o la insularidad. La otra enmienda va dirigida a conseguir el reconocimiento constitucional a las singularidades canarias en similares términos a como ya lo hacen los tratados constitutivos de la Unión Europea, de tal manera que se eviten ciertos olvidos ocurridos en el pasado; reconocimiento constitucional por cierto solicitado por el presidente canario, y apoyado tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista.
Señorías, Canarias como archipiélago atlántico es una nacionalidad integrada en el Estado español y en la Unión Europea. Su situación geográfica es determinante en la conformación de un estatus que consolide nuestro
autogobierno mediante el reconocimiento de las singularidades derivadas de nuestra condición archipielágica, lo que nos permitirá incrementar la participación en la toma de decisiones de muchas de las cuestiones que nos afectan directamente. El objetivo es lograr un marco jurídico, compuesto por el Tratado de la Unión Europea, la Constitución española y el estatuto de autonomía, que reconozca plenamente un estatus singular en el que esté configurado nuestro ámbito territorial, compuesto por las islas y el mar que nos circunda, así como determinar un sistema competencial capaz de contener, además de las competencias de régimen común, aquellas otras directamente relacionadas con nuestra lejanía e insularidad. Parte fundamental de ese estatus es el régimen económico y fiscal, el tradicional fuero canario existente desde que Canarias se incorpora a la Corona de Castilla al principio del siglo XVI, que necesita de una garantía constitucional para que no se pueda modificar sin el acuerdo de las instituciones representativas del Archipiélago. Así mismo, el REF ha de incluir, además de los mecanismos propios de nuestro acervo histórico, un sistema de financiación que ha de tener en cuenta circunstancias específicas, como la de territorio insular alejado y escaso; me refiero a la ausencia de recursos naturales, a la necesidad de protección del medio ambiente o al incremento poblacional.
Señorías, acabo expresando la vana esperanza de los nacionalistas canarios en que alguna de estas propuestas sea aceptada por los grupos proponentes o que ambas formaciones expresen su compromiso firme ante los ciudadanos de que a partir de enero de 2012 se abrirá una profunda reforma que adapte la Constitución a la realidad social española tras más de treinta años de vigencia. Como no va a ser así, nos opondremos a esta reforma constitucional. En cualquier caso, Coalición Canaria solicitará que la reforma sea sometida a referéndum, para que el pueblo, como poder soberano, se pronuncie sobre una modificación que tiene como finalidad calmar a los mercados, el nuevo Leviatán del siglo XXI.
Señorías, ya he tenido ocasión estos días de expresar en nombre de Esquerra Republicana las tres razones por las que nuestro grupo rechaza de forma rotunda esta reforma. Es una reforma no solo adoptada mediante un procedimiento antidemocrático sino también antisocial, profunda y rabiosamente centralista. Pero es que, señorías, la actitud de PP y PSOE, PSOE y PP, tanto monta, monta tanto, durante todo este proceso, que ha culminado estas últimas horas con una decisión de la Mesa del Congreso de ambos grupos para impedir el debate de la mayoría de nuestras enmiendas, nos ratifica en el argumento democrático contra esta deleznable reforma. Es una reforma que supone no la enmienda a un artículo de la Constitución sino una auténtica enmienda a la totalidad, a lo que debería ser una concepción del Estado social y democrático de derecho, que es lo que ustedes se están cargando, lo que ustedes están liquidando en una semana, con menos garantías que en un decreto, sin debate, sin consulta ciudadana, y todo ello, señor Zapatero, para recibir ayer mismo el aplauso entusiasta de la señora Merkel. A ver cómo, por cierto, explican ustedes a la gente que está cerca del Congreso esta mañana en qué quedan sus compromisos de mayor transparencia institucional, de mayor participación democrática, proclamados hace poco en relación con el movimiento 15-M ante las justificadas críticas que recibe nuestro sistema democrático.
Esta reforma constitucional, señorías, es, además, antisocial. No hay nada neutro en esta reforma, del tipo hay que gastar lo que se tiene. Es una reforma ideológica y, además, muy conservadora, que hace seguidismo del paradigma neocon y que elimina un instrumento fundamental de política económica que justifica la intervención en la economía de cualquier Estado, que es favorecer el crecimiento económico en periodos de crisis o de recesión económica, y que, por tanto, va a atentar de forma rotunda y frontal contra el Estado del bienestar y a provocar, sin duda, mayores recortes sociales y la privatización de más servicios públicos.
Créanme, señorías, que es triste ver en todo esto a PP y PSOE enarbolar el mismo estandarte neoliberal, la doctrina del déficit cero, la doctrina de la autoridad masoquista que, por cierto, es la auténtica responsable de que se esté en este momento alargando innecesariamente la crisis y que, además, amenaza en el futuro con acabar con el mismo proyecto político europeo y el euro. Además, señorías, esta reforma es rabiosamente centralista, constituye una auténtica agresión y un atentado no solo contra el autogobierno sino también contra la autonomía financiera de comunidades autónomas y corporaciones locales a las que, por cierto, finalmente ustedes han conseguido, con el pretexto y con la coartada de la crisis, atar más corto, embridar más estrechamente. Permítanme que les diga, señorías, que para Cataluña esta reforma no es solo eso; es una reforma letal, mortal de necesidad, porque constituye un nuevo golpe de estado constitucional que sigue la estela de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut; un nuevo desgarro, un nuevo intento de arrebatarnos un pedazo de nuestro poder político y económico. Señorías, ahora resulta que no solo nos van a quemar el carbón de la locomotora, que es Cataluña, expoliándonos el 10 por ciento de nuestra riqueza, sino que además le van a exigir al tren que llegue puntualmente a la estación, que no se endeude, que no genere déficit. Por eso, señorías, a través de una enmienda planteamos la reivindicación del concierto económico para poder recaudar todo nuestro esfuerzo fiscal, porque la asfixia financiera que padece Cataluña hipoteca el bienestar de nuestra gente, nuestro desarrollo económico y además nos obliga, señorías, a
vivir muy por debajo de nuestras posibilidades y de nuestras necesidades. Señorías, como catalán -y también de izquierdas- les digo que el concierto económico no es una querella de nacionalistas, no es una demanda de independentistas, sino que es básicamente una cuestión de equidad y de justicia social. El déficit fiscal- y más en periodos de crisis- lo que hace es acentuar la exclusión, la precariedad laboral y la injusticia social.
Finalmente, señorías, señor presidente, nuestro grupo parlamentario, y singularmente Esquerra Republicana, había introducido una enmienda relativa al derecho a la autodeterminación que ustedes han fulminado y no nos van a permitir votar. Porque, ¿qué quieren que les diga, señores diputados? Si se abre el melón de la reforma constitucional, abrámoslo y hagámoslo sin ningún tipo de tabúes, sin vetos, sin miedo; pero no, ustedes conciben la Constitución como una especie de jaula colectiva y por eso ya Esquerra no votó en su día la Constitución, como tampoco ahora piensa votar esta reforma ausentándonos de la Cámara para no legitimarla. Señorías, nosotros -todo el mundo lo sabe- queremos la independencia de Cataluña, como la quiere una amplia mayoría -hace muy poco una encuesta de la Generalitat decía que el 40 por ciento de catalanas y de catalanes-, pero antes incluso que independentistas somos demócratas y, por tanto, defendemos el derecho a la autodeterminación, que no es otra cosa que el derecho a decidir democráticamente. El único sujeto de soberanía, el único que puede decidir legítimamente nuestro futuro político en paz y en libertad es el pueblo catalán. Dicho de otro modo, señorías, una auténtica y efectiva democracia no es ni será posible en España sin la restitución previa de la soberanía a las naciones que la integran. El respeto a la soberanía, señorías, quiere decir en una palabra el derecho a la autodeterminación. Y estas no son mis palabras, es una cita textual, señorías, de lo que desde esta misma tribuna dijo mi antecesor Heribert Barrera recientemente fallecido y a quien con estas palabras quiero rendir un homenaje sentido a lo que fue su dignidad, su compromiso y también, por qué no, su clarividencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao.
Señorías, en primer lugar quiero mostrar nuestra indignación por la inadmisión a trámite de nuestra enmienda, impidiendo un debate plural y democrático en esta Cámara. Se nos negó la participación en el inicio de la propuesta y se nos sigue negando hoy en el debate parlamentario; así es como ustedes entienden la democracia. Nuestro Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo para poner de manifiesto nuestro rechazo frontal a la propuesta de reforma que propugnan los grupos parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Popular, por razones de forma y de fondo. Entendemos que los principios democráticos que inspiraron nuestra Constitución en el año 1978, donde se reconocía un Estado social y democrático de derecho cuya soberanía popular reside en el pueblo y el establecimiento de una democracia avanzada, son absolutamente contradictorios con un procedimiento de reforma constitucional como el pactado y decidido por el Partido Socialista y el Partido Popular. La aprobación del mecanismo de lectura única que evita un trabajo serio, una negociación real en búsqueda de consensos, y el intento de evitar que el pueblo pueda pronunciarse sobre la reforma propuesta a través de un referéndum vinculante son razones de forma que afectan de manera radical al fondo. El procedimiento elegido por los grupos parlamentarios, Partido Socialista y Partido Popular, lo convierte en ilegítimo y a nuestro entender probablemente inconstitucional si finalmente se decide esta reforma.
Además nosotros estamos en desacuerdo no solo por las formas sino también por el fondo con la propuesta de reforma. Entendemos que supone un duro golpe a la Constitución actual, abriendo un periodo de restauración y de involución democrática dictado por gobiernos e instituciones extranjeras no refrendadas democráticamente por nuestra ciudadanía, al sustituir en la práctica la soberanía del pueblo por la soberanía de los mercados financieros, a quienes se transfiere de facto, de hecho, el poder constituyente. Asimismo esta reforma es profundamente antisocial cuando propone que los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones gozarán de prioridad absoluta. Es decir, primero los bancos y después las personas; primero pagar a los bancos, después los servicios públicos; se anteponen los intereses económicos a los intereses de la ciudadanía.
La propuesta pretende incorporar un determinado enfoque ideológico de la política económica en la Constitución, vulnerando a nuestro entender el espíritu del consenso constitucional que ha configurado la Carta Magna desde el año 1978 como un texto abierto que permite la realización de diferentes opciones políticas en el marco democrático, pues se pretendió que el máximo de ciudadanos de opciones políticas se sintiera a gusto con el marco de convivencia definido constitucionalmente. Pero ahora con esta petrificación de la regla de estabilidad en un texto constitucional, con la fijación de porcentajes arbitrarios en una posterior ley orgánica, se encorseta a las administraciones públicas y pone en grave riesgo los recursos necesarios para la protección del medio ambiente y el sostenimiento de las prestaciones públicas del Estado social como son la educación, la sanidad, la Ley de Dependencia, etcétera. Por otro lado, la reforma que nos proponen limita también la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, rompiendo igualmente en este sentido los equilibrios territoriales que aun con importantes déficits se han mantenido desde la aprobación de la Carta Magna. Este ataque se acompaña en la propuesta de reforma con el compromiso de mayor dureza contra
las comunidades autónomas y las corporaciones locales, abocadas a una situación dramática por el incumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación de las haciendas locales y a las que además se pretende imponer la regla draconiana del déficit cero. En definitiva, señorías, a nuestro entender la propuesta de reforma constitucional es innecesaria, ineficaz a los fines pretendidos y perjudicial para el mantenimiento y mejora de las condiciones de vida de las y los ciudadanos de nuestro país y además, como decía anteriormente, es totalmente antisocial e injusta.
Resulta obvio que la crisis económica en la que nos encontramos con sus negativas consecuencias en la vida de las personas ha sido provocada por un mal funcionamiento de los mercados y no por el déficit presupuestario de las administraciones públicas. La economía especulativa que se ha desarrollado con escasa intervención y control público ha generado la actual crisis, ha agravado la desigualdad en la distribución de la riqueza y ha puesto en peligro el mantenimiento y mejora del Estado de bienestar. Los mismos mercados que han generado la crisis ahora vienen exigiendo recortes sociales y garantías para seguir especulando a costa de la deuda pública y una disminución del papel de las administraciones públicas en la economía. El peligro real consiste en que finalmente sean esos mercados poderosos los que dicten las decisiones a los gobernantes, a los gobiernos de los diferentes países. Por ello se convierte en una actuación imprescindible la reafirmación de la condición de nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho cuya soberanía reside en el pueblo. Y para ello -en este sentido presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo- es necesario que la Constitución española sea reformada en el sentido de garantizar al Estado los recursos suficientes para cumplir con la satisfacción de los derechos y necesidades de la ciudadanía mediante un sistema impositivo realmente progresivo y justo, evitando al mismo tiempo la repetición de situaciones como la vivida en los últimos años, en los que la economía se ha puesto al servicio de la especulación y no al servicio de las personas. Un Estado social y democrático de derecho en el que la soberanía resida en el pueblo requiere que se adopten medidas por las que se garantice que los intereses de la mayoría primen sobre los intereses de la minoría. Por eso, en la enmienda alternativa se introducían mandatos claros para conseguir mayores garantías en la efectividad del respeto de los derechos sociales. Un Estado social y democrático de derecho en el que la soberanía resida en el pueblo requiere que los representantes del pueblo no se sometan a los dictados del mercado, por lo que resulta imprescindible reforzar la calidad democrática mediante un sistema electoral realmente proporcional y mediante la garantía de que reformas constitucionales como la que hoy se nos propone aquí por parte del Partido Socialista y del Partido Popular siempre han de pasar el trámite del referéndum popular vinculante. En definitiva, lo que se busca con esta enmienda alternativa no es tranquilizar los mercados financieros sino favorecer una reforma constitucional ciudadana que devuelva la soberanía al pueblo y a sus legítimos representantes, haciendo de la economía ese instrumento que ha de poner por encima de todo los intereses de la mayoría, satisfacer las necesidades humanas y garantizar una calidad de vida digna a toda la población que habita en España. La voluntad de nuestro grupo, Izquierda Unida- Iniciativa per Cataluña, no solo de mantener sino de ampliar el consenso constitucional, lleva a proponer a través de la enmienda a la totalidad la introducción en la Constitución española de aquellas modificaciones que suponen respuesta real a las necesidades sociales y una profundización de la democracia cuyos déficits han quedado patentes durante los años de vigencia de la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, no a esta reforma, sí a un referéndum, y nosotros también nos vamos a ausentar. No nos sentimos cómplices de esta Cámara después de lo sucedido durante todo el trámite. (Aplausos.)
Señorías, el martes de esta semana -hace tan solamente tres días- debatíamos en esta misma sede la toma en consideración de la proposición de ley por la que los grupos parlamentarios Socialista y Popular pretenden modificar el artículo 135 de la Constitución con el propósito de poner riguroso techo al déficit y al endeudamiento de las administraciones públicas. Ya tuvimos ocasión de exponer entonces las razones de todo orden -económicas, políticas y también jurídicas- que abonan nuestra actitud contraria a esta reforma; no es cuestión pues de repetirlas ahora incurriendo en enojosas e innecesarias repeticiones. Creo que resulta suficiente con hacer notar que durante estos tres últimos días nada ha cambiado en el ánimo de los promotores de la reforma, absolutamente nada. Antes al contrario, todo parece indicar que se empecinan en el error, que se reafirman en sus posiciones tanto en el planteamiento de fondo, en sostenella y no enmendalla, como en la firme determinación de persistir en el atropello manipulando a su antojo las reglas de juego y los procedimientos en detrimento evidente no solo de las minorías de la Cámara sino también de la limpieza del juego democrático.Y ante la pétrea inamovilidad de los proponentes, también nosotros nos mantendremos inmóviles y nuestra posición de hoy, por tanto, seguirá siendo tan contraria a la reforma que pretenden introducir en el texto constitucional como lo fue al principio del procedimiento.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco había registrado dos enmiendas de muy diferente naturaleza y condición. La primera de ellas, admitida a trámite por la Mesa, pretende corregir un grave defecto del texto consensuado entre el Partido Socialista y el Partido Popular,
un grave defecto que en caso de persistir, en caso de no ser rectificado, podría lesionar gravemente la capacidad financiera y fiscal de los territorios forales vascos. Si los grupos promotores de la reforma hubiesen optado por tramitarla a través de un procedimiento más abierto, transparente y participativo, este defecto probablemente no existiría porque habría sido corregido ya en la fase de consultas previas, bien por el Grupo Parlamentario Vasco o bien por la Comisión Mixta del Concierto Económico, pero como las negociaciones se han producido en secreto, a puerta cerrada y de espaldas no ya a los ciudadanos sino al resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara e incluso al conjunto de las instituciones a las que afecta la reforma, el texto final acusa deficiencias que, de no corregirse ahora, pueden acabar siendo fatales para los territorios forales.
La segunda enmienda tenía por objeto -enseguida aclararé por qué me refiero a ella en pretérito indefinido- trasladar a la Cámara una reivindicación secular del nacionalismo vasco pero también de otros sectores sociales y políticos de Euskadi que, no siendo nacionalistas, sin embargo suscriben y avalan plenamente el derecho del pueblo vasco a decidir libremente su futuro como expresión del principio democrático, hombres y mujeres que no reivindican el derecho de autodeterminación a fuer de nacionalistas sino a fuer de demócratas. Sin embargo, señorías, esta segunda enmienda ha sido inadmitida por la Mesa de la Cámara con argumentos pseudojurídicos que no tengo empacho en calificar de peregrinos; pero el pretexto que se ha aducido, señorías, es lo de menos, lo importante es la voluntad política que se oculta tras él, y la voluntad política es clara: era la de vetar esta enmienda. La decisión, por tanto, constituye un atropello, uno más de los muchos que salpican ya el carrusel de arbitrariedades en el que se ha convertido esta reforma. El Partido Socialista y el Partido Popular nos aplican la ley del embudo, la parte ancha para ellos y la parte estrecha para los demás, la parte ancha para ellos con esa interpretación laxa y flexible que han hecho del ordenamiento jurídico, que les permite tramitar nada menos que una reforma constitucional con la facilidad y con la ligereza con la que se modifican las órdenes ministeriales o las circulares administrativas, y para los demás, para las minorías de la Cámara, la parte estrecha del embudo, con la más rigurosa e inflexible aplicación del Reglamento.
Señorías, que en un procedimiento como este, que se ha tramitado con tantas alegrías, con tanta manga ancha a favor de los grandes grupos de la Cámara, se hayan impuesto de repente los rigores y las apreturas, justo en el momento de decidir si habían de admitirse a trámite o no las enmiendas más molestas y enojosas, da mucho que pensar, permite sospechar que hay asuntos que sencillamente tienen vetada su entrada en esta Cámara, que el hemiciclo no está al parecer lo suficientemente maduro como para abordarlos y que se impide, con unos pretextos o con otros, que puedan ser sometidos al debate con normalidad. Hace unos años se le dio un portazo al lehendakari Ibarretxe sin apenas tomar en consideración su propuesta; hoy ni tan siquiera se admiten a trámite nuestras enmiendas. Todo un abuso, todo un exceso, toda una desproporción, un alarde de sectarismo y de exclusión. Pero no quisiera agotar mi intervención con esta denuncia, señor presidente, no quisiera dejar pasar mi turno sin hacer referencia y defender siquiera mínimamente la enmienda que ha sido admitida a trámite y explicar -cuando menos explicar, ya que no se me permite defender- la enmienda vetada. Vayamos con la primera.
En la redacción que nos proponen los impulsores de la proposición sometida a examen, el artículo 135 de la Constitución se refiere al Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, pero no hace un sola referencia a los territorios forales y, sin embargo, señorías, en el mapa institucional que dibuja la Constitución con carácter general no solamente existen estos tres tipos de entes públicos territoriales, no solamente existen el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, existen también los territorios forales a los que se refiere la disposición adicional primera de la Constitución cuando ampara y respeta sus derechos históricos, que no son propiamente ni comunidades autónomas ni tampoco entidades locales y que por tanto no pueden considerarse subsumidos en ninguna de estas dos categorías porque no son ninguna de las dos. El problema es que, al no citarlos, el artículo 135 de la Constitución tampoco dice nada con respecto al régimen que les será de aplicación en el ámbito del déficit público y del endeudamiento. No se dice si se asimilarán a las comunidades autónomas, si se asimilarán a las entidades locales o disfrutarán de un régimen específico distinto al de ambas. Sencillamente no dice nada, lo cual genera una incertidumbre notable.
Señorías, es abundante la jurisprudencia que rechaza la equiparación de los territoriales forales a las entidades forales. Son muchísimas las resoluciones judiciales que podría citar aquí para avalar esta tesis, desde la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 76/1988, que definió el perfil institucional de los territorios forales como algo singular y específico distinto al de los restantes niveles institucionales tanto en lo organizativo como también en lo competencial, hasta un largo listado de sentencias del Tribunal Supremo que podría citar para justificar este planteamiento. La enmienda por ello propone incorporar una referencia explícita a los territorios forales en los apartados 2 y 3 del artículo 135, una referencia que se añadiría a la que estos dos apartados hacen al Estado y a las comunidades autónomas para que quede terminantemente claro que los territorios forales no son entidades locales y que, por tanto, no les es de aplicación el déficit cero rigurosamente establecido para estas por el artículo que nos proponen los socialistas y los populares. El rechazo de esta enmienda, señorías, sumiría a los territorios forales en una especie de limbo jurídico en todo lo que tiene que ver con el régimen aplicable al déficit público y al endeudamiento. Por el contrario, su
aceptación constituiría una importante aportación a la seguridad jurídica y a la clarificación del panorama fiscal y financiero en el que pueden desenvolverse estas instituciones.
La segunda enmienda, señorías, pretendía, como ya decía antes, plasmar en el texto constitucional una reivindicación histórica del nacionalismo vasco pero no solamente de él. Me refiero al derecho de autodeterminación, cuya defensa es secundada más allá del universo nacionalista vasco por otros muchos sectores sociales y políticos en Euskadi que no siendo, como no son, nacionalistas vascos consideran que el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco ha de ser proclamado y reconocido porque así lo exigen las más elementales reglas de la democracia. Señorías, hasta ayer la reforma constitucional era anatema, era una cuestión tabú. Hoy, sin embargo, las dos grandes formaciones de la Cámara la han convertido en algo banal, algo que puede acometerse a uña de caballo, como si fuera una cuestión menor, en pleno mes de agosto y entre los estertores agónicos de la legislatura. Por eso nos hemos decidido a presentar también esta enmienda. Si el Partido Socialista y el Partido Popular tienen propuestas para la reforma constitucional, también nosotros tenemos las nuestras, aunque ya veo que, en virtud de la ley del embudo, las suyas se pueden defender y las nuestras se pueden explicar pero no se pueden defender porque son inadmitidas a limine. La enmienda recogía en lo esencial la declaración que el Pleno del Parlamento vasco hizo el año 1990 a favor del derecho de autodeterminación. Y digo que recoge lo esencial de aquella declaración y no su literalidad porque se trataba de enmendar un texto que nace -nacía- con la vocación de incorporarse a una norma constitucional, y no todo en aquella declaración del Parlamento vasco del año 1990 era susceptible de encajar en una norma de estas características. En cualquier caso, señorías, quiero dejar constancia de que la enmienda -la enmienda vetada- tenía una paternidad clara: era directamente tributaria de aquella declaración del Parlamento vasco que fue aprobada con un amplísimo respaldo de la Cámara vasca tras un trabajoso esfuerzo de consenso. Alguien podrá preguntarse por qué tomábamos como referencia precisamente la declaración del Parlamento vasco del año 1990 y no otras que podíamos haber tomado como referente de inspiración. Señorías, la respuesta es clara: porque estamos convencidos de que, en todas las iniciativas que tengan que ver con la defensa de los derechos colectivos del pueblo vasco y sus aspiraciones al autogobierno, el punto de arranque inexorable han de ser las instituciones representativas vascas y los consensos alcanzados en su seno y no los planteamientos individuales de cada partido político o coalición. Lo particular debe ceder en estos casos ante lo colectivo, y los proyectos compartidos deben prevalecer frente a los privativos. Nosotros podríamos haber hecho un planteamiento propio distinto al que hemos formulado, nacido, por ejemplo, de nuestra historia, de nuestra tradición y de nuestras propias reflexiones internas como partido nacionalista que somos, literalmente volcado en el empeño de que el País Vasco sea cada vez más dueño de su propio destino; incluso podríamos haber incorporado a la enmienda reivindicaciones vinculadas con los territorios históricos, los derechos históricos y su actualización, que forman parte de nuestro acervo histórico como partido que tiene una presencia histórica en las Cortes Generales, pero de haberlo hecho así, señorías, hubiésemos traído a la Cámara una reclamación privativa del Partido Nacionalista Vasco, y no era esa nuestra intención. Nuestra intención era la de hacer partícipe al hemiciclo de una ambición colectiva que supera con mucho las fronteras partidarias del Partido Nacionalista Vasco, una ambición que nace de un sentimiento profundamente arraigado en el alma vasca para ser compartida en Euskadi por amplísimos sectores sociales y políticos. Por eso habíamos optado por hacer nuestra una declaración que fue consensuada y aprobada en el seno del Parlamento vasco hace más de veinte años con el apoyo de varios grupos parlamentarios. Pido a los grupos mayoritarios de la Cámara que, más allá de las inercias, más allá de las poses calculadas e incluso haciendo abstracción del hecho de que la enmienda no haya sido admitida por la Cámara, estudien con cuidado su texto y consideren seriamente la posibilidad de asumir sus postulados, que entrañan una extraordinaria potencialidad de cara a encauzar definitiva e irreversiblemente lo que en el lenguaje político español viene siendo conocido como la cuestión vasca.
Ya no vale la obsoleta argumentación de que el derecho de autodeterminación solo es aplicable a las colonias, está ampliamente superada por la realidad. Durante las últimas tres décadas el mapa europeo se ha transformado radicalmente en virtud del ejercicio de este derecho. La Unión Europea, de hecho, está integrada por Estados que sencillamente ni tan siquiera existirían si no hubiesen ejercido en su día el derecho de autodeterminación. Piensen, señorías, en Malta o en Chipre; piensen en Estonia, Letonia y Lituania; piensen en Chequia y Eslovaquia; piensen en Eslovenia o piensen sencillamente en la propia Alemania, cuya ley fundamental proclama en el preámbulo que los alemanes han consumado su unidad y su libertad en libre determinación. Pero lo ocurrido no solamente es pasado, en el futuro el mapa europeo puede continuar evolucionando también en virtud del ejercicio de este derecho. Piensen en Escocia con respecto al Reino Unido o en Groenlandia con respecto a Dinamarca. Señorías, les pido una reflexión: aunque la Mesa impida votarla hoy, los principios de esta enmienda serán igualmente válidos mañana que en la próxima legislatura, y la cuestión vasca seguirá ahí viva como al principio, esperando una decisión valiente y comprometida por parte de los poderes públicos.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, a pesar de que las bancadas del Grupo Popular y del Grupo Socialista, como muy bien dijo nuestro portavoz el martes pasado, han excluido de la negociación de esta reforma constitucional a nuestro grupo parlamentario, han expulsado a nuestro grupo parlamentario del consenso constitucional del año 1978 y han agredido a nuestra formación política tanto en las formas como en el fondo, a pesar de estas circunstancias lamentables, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a lo largo de estas últimas cuarenta y ocho horas ha trabajado intensamente con una serie de enmiendas, concretamente ocho, para intentar resolver esta situación. Lamentablemente, también hemos de manifestar que ha existido diálogo, pero no ha existido negociación.
¿Cuál es el sentido o cuáles son los aspectos más relevantes de las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? En primer lugar, estas enmiendas pretenden recuperar el consenso constitucional del año 1978, que ustedes, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, en cuatro días del mes de agosto han dinamitado y seguramente han superado aquellas grandes reticencias que durante treinta y tres años de vida constitucional parecía una misión imposible. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por tanto, estas enmiendas van en la dirección de recuperar este consenso constitucional. En segundo lugar, nuestras enmiendas van en la dirección de recuperar dentro del ámbito constitucional la seriedad política, la ética política, que ustedes, señores del Partido Socialista y señores del Partido Popular, en una actitud políticamente irresponsable desde nuestro punto de vista, han hecho añicos presentando esta reforma constitucional. En tercer lugar, las enmiendas de Convergència i Unió van en la dirección de sustituir este consenso vertical entre el Partido Socialista y el Partido Popular por un consenso transversal, que es un consenso similar al que se produjo en la Constitución del año 1978. En cuarto lugar, estas enmiendas van en la dirección de evitar dentro de lo posible, a pesar de que sabemos que va a ser muy difícil, que se consume hoy la ruptura constitucional del año 1978. Vamos a intentar evitar que se consuma esta ruptura constitucional, este consenso constitucional; evitar la expulsión de formaciones políticas como la nuestra, la de Convergència i Unió, y la de otras formaciones políticas, a las que se nos ha excluido voluntariamente de la negociación; y evitar al mismo tiempo la agresión política a la que nos hemos visto sometidos para que esto no llegue a males mayores. En quinto lugar, queremos evitar que el Partido Socialista y el Partido Popular se apoderen de la Constitución, que, como ustedes saben perfectamente, es patrimonio de todos los ciudadanos del Estado, y evitar que la Constitución se convierta en una finca particular del Partido Socialista y del Partido Popular. En sexto lugar, queremos sinceramente que los señores del Partido Socialista y los señores del Partido Popular abandonen posiciones radicales y políticamente irresponsables desde nuestro punto de vista y recuperen finalmente la centralidad política, incorporando y aceptando las enmiendas que hemos presentado los diferentes grupos parlamentarios ante este trámite parlamentario.
Ustedes, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, han apelado durante estas últimas veinticuatro horas a la responsabilidad de Convergència i Unió, a la responsabilidad y a la moderación de Convergència i Unió, para adherirnos a este acuerdo que han planteado en esta reforma que hoy estamos discutiendo. Creemos sinceramente en Convergència i Unió que el patrimonio de la responsabilidad y la moderación se demuestra andando, como lo ha hecho nuestro grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura. Podríamos poner muchos ejemplos de responsabilidad de Convergència i Unió, pero no los vamos a plantear porque ustedes los conocen perfectamente. Al mismo tiempo, también podríamos plantear muchas actitudes irresponsables de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, pero tampoco lo vamos a hacer. Creemos sinceramente que hoy ustedes, señores del Grupo Popular y del Grupo Socialista, tendrían que actuar responsablemente y con la máxima generosidad política para hacer un esfuerzo y aceptar las diferentes enmiendas que hemos presentado los distintos grupos parlamentarios. Ustedes, señorías, saben perfectamente que Convergència i Unió comparte el principio de estabilidad presupuestaria; lo estamos ejerciendo en el Gobierno de la Generalitat desde hace algunos meses. Al mismo tiempo, Convergència i Unió es partidaria de plantear el rigor presupuestario. Asumimos perfectamente que no se puede gastar más de lo que ingresamos, y lógicamente estamos de acuerdo en que diferentes cuestiones que afectan a la estabilidad presupuestaria nos vengan marcadas por la Unión Europea. A pesar de estas circunstancias, hoy, con la actitud del Partido Socialista y del Partido Popular, que pretenden que sea una Constitución más fuerte, conseguirán exactamente lo contrario. Desgraciadamente, si en el trámite que queda de negociación no podemos conseguir un consenso con las diferentes formaciones políticas, hoy va a salir una Constitución muchísimo más débil que la actual, ya que al menos dos, tres, cuatro o cinco formaciones políticas que participamos activamente en el consenso parlamentario del año 1978, en cuanto al consenso constitucional, vamos a ser expulsados de esta Constitución. Por tanto, ustedes se van a encontrar con una gran realidad y es que la Constitución que van a aprobar para el siglo XXI va a ser muchísimo más débil que la Constitución del siglo XX.
Señorías, voy a referirme y a detallar cuáles son las enmiendas más relevantes que ha planteado mi grupo parlamentario. En primer lugar, damos una importancia muy relevante a la enmienda número 17, que pretende evitar que esta reforma de la Constitución lamine o vulnere la autonomía financiera de las comunidades autónomas
y que sean justamente los parlamentos autonómicos los que, a través de sus órganos legislativos, aprueben sus respectivos límites máximos de déficit estructural. Esta es una cuestión muy importante para Convergència i Unió y con esta modificación, en caso de prosperar, ustedes van a laminar y a disminuir la capacidad financiera de las comunidades autónomas para que puedan fijar sus respectivos déficits estructurales. Otra enmienda importante, señorías, es la número 16, en la que, aprovechando que se han puesto de acuerdo para reformar la Constitución, queremos que también se puedan fijar los límites del déficit fiscal territorial estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada comunidad autónoma no se pierda la ordinalidad previa a sus aportaciones por renta per cápita al producto interior bruto de cada comunidad autónoma respecto a las posiciones finales de renta per cápita disponible al final del proceso. Por tanto, queremos que de una vez por todas, aprovechando esta reforma de la Constitución, sea posible fijar los límites de la solidaridad de cada comunidad autónoma respecto a sus aportaciones al producto interior bruto global de la economía española, sin que se pierda la ordinalidad, y que una vez hechas estas aportaciones no se pierdan posiciones en el ranquin. Esta es también una enmienda muy importante para Convergència i Unió, en la que instamos al Estado a que, aprovechando esta reforma, fije los límites de los déficits fiscales territoriales estructurales.
Otra enmienda importante -todas lo son, pero quizás estas tres sean las más relevantes- es la número 13, que pretende que las cuestiones que hacen referencia a las emisiones de deuda por parte de las comunidades autónomas o a los créditos que puedan contraer las comunidades autónomas sean autorizados por los respectivos órganos legislativos de cada comunidad autónoma. Esta es una cuestión que en la reforma constitucional que nos presentan el Partido Popular y el Partido Socialista va en dirección contraria a lo planteado por Convergència i Unió, por lo que también damos relevancia a esta enmienda número 13.
Asimismo, no deja de ser importante la enmienda número 14, en la que Convergència i Unió plantea la posibilidad de que cualquier comunidad autónoma en una situación de catástrofe o de gran recesión económica pueda llegar a superar los límites de déficit estructural o de deuda pública... (Rumores.)
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Y que los respectivos órganos legislativos de cada comunidad autónoma sean los que decidan si se pueden superar o no los límites a los que antes me he referido: los déficits estructurales o la deuda pública de las diferentes comunidades autónomas.
Otra enmienda que resume algunos de los aspectos más relevantes de esta reforma constitucional que han presentado el Partido Popular y el Partido Socialista es la número 15, en la que definimos cuáles tendrían que ser los principios que deberían regular el desarrollo de la ley orgánica que va a plasmar la modificación de la Constitución en el primer semestre del año 2012. Queremos definir cuál va a ser la metodología de la distribución de los déficits estructurales y de las deudas de las diferentes administraciones públicas. Ustedes solamente hablan de distribución y Convergència i Unió quiere profundizar en la metodología porque creemos sinceramente que va a ser muy importante para poder fijar la distribución de los déficits estructurales y de las deudas de las diferentes administraciones públicas, lógicamente del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Queremos que en esta reforma de la Constitución queden fijados única y exclusivamente los límites de los déficits estructurales máximos que se pueden permitir al Estado y no queremos que se incorporen, como he dicho al inicio de mi intervención, los déficits estructurales de las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, queremos implementar los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de la deuda por parte del Estado y no que estén reflejados en la ley orgánica, como ustedes pretenden en su modificación. Y al mismo tiempo planteamos una cuestión que para Convergència i Unió es importantísima: los déficits estructurales que tendrían que aplicarse a las diferentes corporaciones locales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Uno puede llegar a la conclusión de que, si se aprueba la reforma tal y como ustedes la han planteado, seguramente van a estrangular muchísimas corporaciones locales porque no dejan claro si va a ser un déficit observable, un déficit cíclico o un déficit estructural para las entidades locales y ustedes solamente plantean el equilibrio presupuestario sin dar más explicaciones. Por tanto, desde esta óptica queremos que la aplicación de los objetivos de déficit estructural a las entidades locales también quede perfectamente reflejada en esta ley orgánica que se va a tramitar en el primer semestre del año 2012. Señorías, este es el resumen de las enmiendas que ha presentado Convergència i Unió.
Quiero lamentar una vez más que, aunque hay que reconocer que ha existido diálogo para intentar modificar la Constitución, no ha existido negociación. Al mismo tiempo quiero manifestar abiertamente que, a pesar de las singularidades que afectarán de una manera importante a las relaciones que puedan establecerse en el futuro entre los diferentes grupos parlamentarios que han presentado esta reforma de la Constitución y sus enmiendas y Convergència i Unió, y a pesar de que hemos sido agredidos, no consultados y expulsados de este consenso constitucional, hemos trabajado intensamente durante estas últimas veinticuatro horas para intentar resolver este conflicto. Desgraciadamente, pensamos que al final no lo vamos a conseguir. La Constitución que saldrá aprobada hoy, seguramente con los votos mayoritarios del Grupo Popular y del Grupo Socialista, va a ser una Constitución cualitativamente
mucho más débil que la Constitución actual fruto del consenso del año 1978.
Señorías, la fortaleza de una nación se demuestra en épocas de dificultad e incertidumbre. Cuando una sociedad es puesta a prueba por la magnitud de los acontecimientos, es el deber de sus responsables políticos afrontar con determinación los problemas y elegir con coherencia las respuestas más eficaces. Los ciudadanos llevan mucho tiempo pidiendo medidas útiles frente a la crisis y, francamente, después de lo que hemos vivido en los últimos años, nadie negará que ellos tienen el derecho a hacerlo y nosotros el deber de atender a sus demandas. Este -y no otro- es el debate que nos convoca hoy y la reforma constitucional que planteamos es la respuesta desde el consenso que ofrecemos a la sociedad española. Es un acuerdo que da la medida de la gravedad de la situación en la que se encuentra España, pero que también es expresión de la responsabilidad con la que en este momento afrontamos la defensa del bien común y del interés general.
Señores diputados, defendemos hoy esta reforma con la misma convicción con que don Mariano Rajoy la propuso hace más de un año, pero ahora con más motivos. Entonces era muy conveniente, ahora es imprescindible. Este verano hemos vivido la crisis de deuda más grave de la historia de la Unión. Las instituciones europeas han tenido que reaccionar y siguen reaccionando con determinación ante el riesgo que supone esta situación. De la misma manera tenemos que responder desde España. ¿No les parece suficiente razón para ponernos de acuerdo? ¿Qué puede haber más sensato para nuestro país? ¿Hay algún debate más urgente en este momento? Para el Partido Popular sin duda no lo hay. Si para alguna de sus señorías sí, creo que hoy no es el día. (Aplausos.)
Esta semana hay quien ha planteado algunos asuntos que nada tienen que ver con el objeto de la reforma y a esta Cámara han llegado algunas enmiendas que se escapan totalmente de la materia que tratamos. ¿Por qué convertir el debate que nos ocupa en otro? ¿Qué pretenden con ello? No podemos perder la oportunidad de abordar una solución al principal problema que en estos momentos pesa sobre el conjunto de la economía española. El Grupo Parlamentario Popular ha demostrado su voluntad de acuerdo. No hemos escatimado esfuerzos. Hemos aportado a esta reforma la seguridad que ofrece la reflexión serena desde hace más de un año, reflexión de un año de trabajo. Por eso, les sigo invitando hoy a que se sumen a este acuerdo. ¿No se dan cuenta de que este es el momento de la responsabilidad? ¿No son conscientes de la gravedad de la situación? De lo que estamos hablando, señorías, es de si empezamos a salir de la crisis o nos hundimos más en ella; hablamos de que la crisis no se salde con más paro y más pérdida de bienestar social; hablamos de cómo recuperar la estabilidad económica y la credibilidad como país. Todo eso, señorías, es lo que está en juego en este debate, porque la reforma que presentamos es imprescindible para la recuperación económica, clave para financiar el Estado de bienestar y esencial para restaurar la confianza en nuestro país. Supone la respuesta más oportuna a la convulsión financiera y a la incertidumbre económica que hemos vivido este mes de agosto, la condición básica para no repetir los errores y excesos que se han producido estos años y el claro mensaje de credibilidad que necesita nuestro país para reforzar su solvencia exterior.
Señorías, sabemos desde hace ya muchos años que las decisiones que conjuntamente adoptamos en las instituciones europeas afectan directamente a nuestra vida y a nuestro bienestar, pero conviene que no olvidemos que las decisiones que se toman en nuestro país también repercuten en el espacio que compartimos con nuestros socios europeos. En definitiva, señorías, Europa sigue siendo la mayor de las oportunidades, pero por eso mismo Europa también es una de nuestras principales responsabilidades. Somos conscientes de ello, sabemos que es el momento de lanzar un mensaje de certidumbre y de confianza en nosotros mismos y en Europa. Hoy una amplia mayoría de esta Cámara asumimos el reto con un acuerdo político que sienta las bases para la recuperación económica y que refuerza nuestro compromiso con la Unión Europea y con su futuro. Con esta reforma España contribuye a la estabilidad del euro. Nos colocamos a la vanguardia de la Unión Europea y demostramos así que queremos volver a estar entre los países más decisivos de Europa. La inmensa mayoría de nosotros, quienes apoyamos esta reforma, creemos que la estabilidad presupuestaria es un requisito ineludible para la prosperidad de nuestro país.
Señorías, sin estabilidad presupuestaria no se sostiene el Estado de bienestar; sin orden en las cuentas públicas no hay recursos para el crecimiento económico; sin equilibrio entre gastos e ingresos no es posible la creación de empleo y la generación de riqueza, porque se daña la actividad emprendedora, y ese es el motor de nuestra economía. Las personas que abren negocios, las que amplían los que tienen, los que crean puestos de trabajo, los que con su esfuerzo y el de los trabajadores que contratan han hecho que España sea uno de los países que más ha avanzado económica y socialmente en los últimos treinta años. Sin embargo, cuando las cuentas públicas se descuadran y crece el déficit y la deuda, entonces escasea la financiación y se pierde competitividad si la austeridad se empieza con subidas repentinas e injustas de impuestos y se sigue con recortes sociales indiscriminados. En definitiva, sin estabilidad presupuestaria el horizonte siempre es de estancamiento
económico, de destrucción de empleo y de pérdida generalizada de bienestar.
Lo que pretendemos con esta reforma es frenar esta dinámica perversa poniendo límite al déficit y al endeudamiento, y lo hacemos en nuestra Constitución, sí, porque en ella reside el soporte institucional de la actuación política, de la gobernanza económica y de la convivencia social. Nos marcamos unas reglas más estrictas para garantizar y proteger mejor nuestros derechos y ponemos límite al déficit y al endeudamiento para que no se traduzca en más recortes y en peores servicios. Asegurar la estabilidad presupuestaria significa también garantizar los recursos suficientes para la creación de empleo y la mejora del bienestar, y viendo lo que hemos visto hoy estamos muy necesitados de ellos. Significa que el endeudamiento de las administraciones públicas no volverá a suponer un freno para el crédito de las familias, de las pymes y de los autónomos, significa no volver a trasladar a las generaciones futuras los errores de los gobiernos actuales. Con esta reforma damos una oportunidad a España; una oportunidad a casi 5.000.000 de españoles que buscan un empleo; una oportunidad a todos esos emprendedores a los que les sobran ideas y les falta financiación; una oportunidad a los jóvenes que quieren trabajar por nuestro país y no tener que marchar fuera a encontrar un empleo. A todos ellos va dirigida esta reforma, porque a ellos representamos, a ellos nos debemos y por ellos asumimos este compromiso. Por eso agradezco sinceramente, se lo agradezco, señor Salvador, el sentido de Estado y la responsabilidad política con su país que demuestran quienes se suman a este compromiso colectivo. Y quiero reconocer el papel de los que aun no sumándose su acuerdo han aportado una visión distinta sobre el asunto que nos ocupa. Pero entenderán, señorías, que todo esfuerzo de negociación tiene como límite preservar la esencia del objetivo que persigue. Dejar al arbitrio de cada comunidad autónoma la fijación de los límites de su déficit es acabar teniendo diecisiete límites que difícilmente cuadran (Aplausos.), cuando les recuerdo que el objetivo de esta reforma es precisamente que cuadren las cuentas. Mal cumpliríamos los límites europeos que quieren respetar si incorporamos una pretensión tan alejada de la exigencia que acordamos en el Consejo Europeo de marzo de este año, una ley marco única para cada Estado. Estamos haciendo un esfuerzo el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista con nuestra propuesta de transacción para, preservando los principios básicos de este acuerdo, implicar aún más la colaboración y participación de las comunidades autónomas en un esfuerzo que tiene que ser compartido. Les invito a que analicen y reflexionen sobre ello.
Hoy asistimos a un cambio importante en la forma de afrontar la crisis, un paso importante, el primero en el camino que nos queda por recorrer, porque hoy aprobamos una de las primeras reformas que reclama la recuperación económica y la creación de empleo, pero ni es la única ni será la última. Ponemos a disposición de la sociedad española un pacto político que responde estrictamente al interés de los ciudadanos. Estamos hablando de incluir en el texto constitucional una garantía de solidaridad, la garantía de solidaridad que supone asegurar la sostenibilidad del Estado del bienestar y la integridad de las políticas sociales, porque solo es posible hacerlo desde la estabilidad presupuestaria; la solidaridad de las generaciones actuales con las futuras, a las que no se les volverá a legar una pesada carga de intereses que comprometa sus derechos; la solidaridad del conjunto de las administraciones públicas entre sí para que ninguna ponga en riesgo la solvencia y la credibilidad de todas. Eso es lo que vamos a votar a continuación. Por ello es el momento de supeditar la visión de partido al sentido de Estado y hacerlo con grandes dosis de realismo político y de sentido común, desde la moderación, porque la moderación es ese espacio político en el que por encima de la postura particular de cada uno es posible el encuentro. Así ha nacido el consenso, al que les pido que se sumen, y a ese consenso apelo para solicitar su voto favorable a esta reforma de la Constitución.
Tiene la palabra don José Antonio Alonso.
Señoras y señores diputados, el martes yo decía en este Congreso, en representación del Grupo Socialista, que toda Constitución democrática establece un marco jurídico y político de convivencia entre los ciudadanos y que las reglas de la misma están pensadas para que el conjunto de las personas que conforman la sociedad puedan ejercer, en la seguridad del derecho, sus libertades, disfrutar de su bienestar y cumplir con sus obligaciones. También hablaba, señorías, de la necesidad sustantiva de hacer esta reforma constitucional, habida cuenta de la existencia de una crisis en absoluto episódica, de hecho, la peor crisis de los últimos ochenta años de la historia del mundo que, después de un desarrollo dilatado en más de tres años extremadamente duros, se está desenvolviendo en forma de fortísimas tensiones en los mercados de capitales, con un impacto directo, como recordaba el martes, sobre el coste de financiación de la deuda de miles de millones de euros -hablamos de miles de millones de euros-, al punto, señorías, de generar una situación insostenible si se prolonga en el tiempo, porque sin duda el coste de financiación pondría en serio riesgo las políticas sociales y el bienestar de la presente generación y de las futuras.
Ante ello, señorías, varios Estados miembros de la Unión Europea, como Italia y Francia, ya han anunciado la inclusión de reglas fiscales en sus constituciones, similares a la que hoy proponemos a nuestro Parlamento; Alemania, de hecho, ya la ha introducido en su propia
Constitución. Obviamente, esto no es algo casual. La integración económica y fiscal de la eurozona exige a los socios que compartan los criterios de déficit estructural y deuda para ganar en conjunto solvencia europea. Una solidaridad europea, señorías, para garantizar la estabilidad del conjunto de la zona euro y el Estado del bienestar.
Señor presidente, señoras y señores diputados, al igual que todos esos países, España debe consolidar la sostenibilidad de los ingresos y gastos públicos a lo largo del tiempo, dejar clara su solvencia como país y, por tanto, la confianza que los fundamentos de nuestra economía objetivamente merece. Señorías, también dije el martes día 30 -y quiero repetirlo hoy- que en la voluntad de los socialistas y, por tanto, en la negociación y en la redacción de la reforma ha estado presente la necesidad de mantener la estabilidad financiera de nuestro país, justamente para preservar de modo inquebrantable algo esencial para nosotros, para los socialistas: el nivel de conquistas sociales por el que tanto hemos luchado a lo largo de la historia, al que tanto, tantísimo, hemos contribuido, el que hemos mantenido a lo largo de esta durísima crisis y el que seguiremos manteniendo en el futuro a diferencia de otros.
Señorías, no nos podemos permitir deber en exceso, por la sencilla razón de que si ello ocurre tendremos que trabajar para pagar los intereses de lo que debemos y no tendremos recursos para hacer lo que es propio de los socialistas: mejoras progresivas y solidarias en la educación pública, en la sanidad pública, en las pensiones y en el conjunto de los servicios sociales que son esenciales para el bienestar colectivo. Por eso el principio de estabilidad con sus límites de déficit estructural y de deuda, y por eso que este principio -recuerdo- vaya acompañado de la posibilidad de exceder esos límites en casos de catástrofe natural, recesión económica o emergencia extraordinaria cuando quede perjudicada la sostenibilidad económica o social. Además, señorías, no es cierto que la estabilidad presupuestaria conlleve recortes sociales, no lo es en absoluto, para nada. Si en alguna administración se producen recortes en el futuro ello se deberá a la evolución de la economía y a las decisiones políticas de sus responsables. Recuerdo que los socialistas hemos mantenido el nivel de conquistas sociales a pesar de la crisis, durísima crisis; esa es nuestra legitimación, y lo seguiremos haciendo porque esa es nuestra seña de identidad.
Señoras y señores diputados, ahora, en nombre de los socialistas, quisiera analizar las posiciones de los diferentes grupos, mostrar nuestra opinión acerca de las mismas y, en consecuencia, el sentido de nuestra propia posición. Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ofrecen dos aspectos básicamente. Uno lo podríamos definir de carácter normativo y otro de contenido que apela más a los recursos económicos. Desde la primera perspectiva, las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, francamente, romperían el principio de unidad si fueran aceptadas en el establecimiento de los límites de déficit estructural y de deuda por parte del conjunto de las administraciones públicas, porque según esas enmiendas correspondería a cada una de las comunidades autónomas la aprobación por ley de su respectivo límite máximo de déficit estructural. Resulta claro que de aceptarse ese planteamiento la reforma perdería toda su fuerza como exponente del compromiso de España con el principio de estabilidad presupuestaria, pues la actuación independiente de los distintos niveles de las administraciones públicas no solo comprometería la necesaria imagen y práctica de rigor y unidad sino que haría dicho principio de difícil o incluso -que es lo que me temo- imposible consecución en la práctica debido a los diferentes intereses en juego. Además, las enmiendas de Convergència i Unió eliminan la obligación de equilibrio presupuestario para las entidades locales, lo que debilita aún más la finalidad de la reforma.
Señorías, desde la segunda perspectiva -y quiero decírselo a los representantes de Convergència i Unió-, la de los recursos económicos, destaca la previsión que hacen en el apartado 5, letra g), del artículo 135 respecto de lo cual tengo que señalarles algo muy sencillo. La referencia textual que hacen al déficit fiscal -dicen-, territorial -dicen- y estructural -dicen- reabre sin duda el viejo debate de las balanzas fiscales. Querer garantizar, como hacen ustedes, una posición previa al cumplimiento de las obligaciones derivadas del principio de estabilidad presupuestaria conllevaría tanto reducir el esfuerzo fiscal de una determinada administración como minorar la disponibilidad de recursos para otras, tratando además -que es lo que ustedes desean- que sea el Estado el que amplíe sus obligaciones y aportaciones a la reducción del déficit estructural global del conjunto de las administraciones públicas, lo que evidentemente no puede ser. En consecuencia, con estas enmiendas se intenta abrir un aspecto muy específico, el de la financiación autonómica, al hilo de una reforma que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria, que es predicable del conjunto de las administraciones públicas, sea cual sea el sistema de financiación que exista en un momento dado, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, además de reabrir por supuesto la cuestión sensible y de enorme trascendencia de la solidaridad y junto a ella de la garantía de recursos de que han de disponer las diferentes administraciones públicas, los diferentes niveles de gobierno de los ciudadanos. En definitiva, ustedes tienen que responder a una pregunta al hacer esta vinculación del sistema de financiación con la asistencia de déficit estructural, al establecer o resucitar el debate de las balanzas fiscales. La cuestión es qué nos proponen ustedes. ¿Que el Estado pague un déficit excesivo de otras administraciones públicas o que consintamos que haya un déficit estructural mayor de esas administraciones públicas, haciendo inviable en cualquier caso la orientación que quiere la reforma -insisto-, que es introducir confianza en la estabilidad, en la solvencia y en la fiabilidad del conjunto del Estado, del conjunto de
las administraciones públicas? Está claro que ambos aspectos de las enmiendas son completamente ajenos al motivo por el que se necesita reformar la Constitución, que es -repito- consolidar el principio de estabilidad presupuestaria estructural para reforzar la confianza en nuestro país y reducir los costes de financiación de la deuda pública del mismo, como hacen otros países en la Unión Europea, en el marco de esa solidaridad europea para garantizar la estabilidad de la zona euro y el Estado del bienestar. Lo que los países europeos queremos conseguir es la introducción en las constituciones de principios financieros importantes, principios admitidos generalmente, desde siempre, en la Unión Europea; principios dotados de una alta voluntad de permanencia y que encuentran en la Constitución su ubicación necesaria, lo que -repito- ya hizo en su día Alemania y harán Francia e Italia. La estabilidad es un valor importante para las generaciones presentes y más que lo va a ser para las generaciones futuras, y a ellas también tenemos que mirar, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Señoras y señores diputados de Convergència i Unió, ustedes saben que hemos hablado estos días y que les hemos ofrecido hasta cinco enmiendas transaccionales que son coherentes con el espíritu y el sentido de la reforma constitucional, y esperamos que ustedes tengan a bien aceptarlas. Lo esperamos y lo deseamos de todo corazón. Por consiguiente, queremos preservar sin duda alguna ese espacio de consenso con ustedes y espero que dada la solvencia y coherencia de esas transaccionales ello sea posible.
Al representante de Coalición Canaria tengo que de decirle -y tengo que repetirlo porque es muy importante- que las situaciones extraordinarias que permiten superar los límites de déficit estructural no deben someterse a una decisión diferenciada de cada comunidad, pues ello implica consecuencias para los objetivos y compromisos generales de déficit del conjunto de todas las administraciones públicas españolas; de las locales, de las comunidades autónomas y del Estado. Nuestros compromisos, exactamente igual que los compromisos de otros países, lo son en relación o en referencia al conjunto precisamente del país, al conjunto de los países que son los sujetos de derecho y de obligación. Eso sé que ustedes lo tienen claro o tienen que tenerlo porque es algo absolutamente razonable y de sentido común. Por tanto, ese carácter excepcional debe derivar de una comprensión general del conjunto de las administraciones públicas, debe evitarse una utilización como forma de cobertura de otro tipo de déficit y sé que ustedes están en el fondo de acuerdo con esto. La previsión de una ley orgánica, que es lo segundo que plantean básicamente, con mayoría de tres quintos en la Comisión General de las Comunidades Autónomas es una forma normativa totalmente nueva, completamente desconocida en nuestra Constitución, ajena a la regulación constitucional del procedimiento legislativo, que no tiene nada que ver con lo que estamos proponiendo y que no tiene sentido introducir en la Constitución española. Los criterios de reparto del límite de déficit de las comunidades autónomas, que es lo tercero que les quería decir, deben dejarse por consiguiente a la ley orgánica, que tiene la suficiente flexibilidad -y en cuya discusión esperamos que ustedes, como el resto de la Cámara, estén presentes- como para tenerlos en cuenta sin prejuzgarlos en la Constitución. Por otra parte, los criterios propuestos tienen su lugar en el sistema de financiación de las comunidades autónomas y hoy ya están recogidos en él, como usted sabe perfectamente, y no en la regulación -como decía antes al Grupo de Convergència i Unió- del acceso a la deuda y al déficit.
En cuanto a Nafarroa Bai y al Partido Nacionalista Vasco, respecto a la enmienda que tiene relación con el objeto del debate porque tiene relación con el objeto de la reforma, quería decirles una cosa muy clara a los representantes de ambos grupos políticos, y es que los regímenes forales tienen ya la mayor protección posible, que es aquella que les otorga la Constitución en su disposición adicional primera al amparar y respetar los derechos históricos de los territorios forales. Junto a ello, está claro que los elementos propios del régimen específico de las diputaciones no deben alterar la aplicación general al País Vasco de los límites de déficit estructural previstos en la reforma, que, insisto, son límites referidos al conjunto de las administraciones públicas. Este límite general se distribuirá en su caso en el interior del País Vasco y en las relaciones entre la comunidad autónoma y las diputaciones del modo que corresponda con arreglo al sistema de financiación de concierto. Por tanto, protección constitucional máxima y ningún problema, con lo cual no hay ninguna necesidad de referirse a la foralidad en esta reforma constitucional.
Señoras y señores diputados, quiero apelar a la capacidad de diálogo que hemos tenido, porque a lo largo de estos días hemos hablado con todo el mundo; quiero apelar al esfuerzo, que es cuestión de voluntad política de consenso, y quiero apelar a la dimensión institucional de lo que somos: representamos a los ciudadanos de nuestro país y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Podemos tener opiniones distintas, y entiendo que la de los socialistas está absolutamente fundada, a la vista, repito, del coste de financiación de la deuda y del peligro que para el Estado del bienestar supone un exceso de la magnitud del considerado de miles de millones de euros en ese coste. Ahora bien, también tengo que decirles que hemos vivido una durísima crisis; que estamos viviendo tensiones extremas de deuda en diferentes países; que necesitamos esta reforma para garantizar el bienestar de los ciudadanos, y que nuestra voluntad política, acreditada, repito, por el hecho de que a pesar de la crisis hemos mantenido los compromisos sociales, son las claves de una reforma que tiene que producirse ya, en este momento, porque, como sabemos, en España y en el conjunto de la Unión Europea no podemos permitirnos dilación alguna.
Se suspende la sesión durante cinco minutos, después de los cuales se iniciarán las votaciones. Las enmiendas eventualmente transaccionales que deban presentarse tendrán que estar en poder de la Presidencia de la Cámara antes de que se reanude la sesión dentro de cinco minutos.
Por favor, tomen asiento. Vamos a iniciar las votaciones. (El señor Jorquera Caselas pide la palabra.)
¿Señor Jorquera?
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, para una cuestión de orden. Quiero comunicar que el BNG retira de la votación la enmienda a la totalidad presentada dado que discrepamos profundamente con el método, con la inadmisión de una serie de enmiendas y, por lo tanto, nos vamos a ausentar de las votaciones.
El señor PRESIDENTE: En definitiva, señor Jorquera, lo que hace es retirar su enmienda. ¿Es eso? (Asentimiento.-La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
¿Señora Barkos?
La señora BARKOS BERRUEZO: En el mismo tono retiro la enmienda...
El señor PRESIDENTE: ¿En el mismo tono y en el mismo sentido retira su enmienda?
La señora BARKOS BERRUEZO: Retiro la enmienda presentada por Nafarroa Bai.
Pueden sentarse porque este no es el momento de hacer explicación alguna de la retirada o de la presentación; si desean ausentarse, este es el momento de hacerlo. Vamos a iniciar las votaciones. Antes de que los ujieres cierren las puertas, si alguien desea ausentarse, está en su derecho de hacerlo. (Rumores.) No, no, perdón: si alguien desea ausentarse es el momento porque se cerrarán las puertas y no se podrá entrar ni salir. Señora Villalobos, tenga la bondad de leer las dos enmiendas transaccionales que han sido repartidas.
La señora SECRETARIA (Villalobos Talero): Los grupos parlamentarios abajo firmantes se dirigen a esta Mesa con el fin de presentar las siguientes enmiendas transaccionales a la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Enmienda transaccional a la enmienda 17, de CiU. El apartado 6 del artículo 135 de la Constitución queda redactado como sigue: Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y en el marco de la autonomía financiera reconocida en esta Constitución, adoptarán las disposiciones que procedan para el desarrollo y aplicación de los mecanismos para el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria dentro de los límites a los que se refiere este artículo. Enmienda a las enmiendas 18 y 19, de Convergència i Unió, de adición de una nueva letra c) al apartado 5 del artículo 135 de la Constitución, pasando la actual letra c) a letra d). La letra c) del apartado 5 queda redactada como sigue: Los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el apartado 3 anterior. Y, en consecuencia, la disposición adicional única pasa a ser disposición transitoria décima de la Constitución española con el siguiente contenido. Disposición transitoria décima: 1. Los límites del déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución española entrarán en vigor a partir de 2020. La ley orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución española deberá ser aprobada antes del 30 de junio del año 2012.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
Señor Llamazares, ¿qué desea?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero expresarme para vetar esta transacción. Es una tomadura de pelo...(Rumores.-El señor Ridao i Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No, no, señor Llamazares, su señoría tendrá la palabra cuando se le dé y ahora no la tiene porque el trámite en el que estamos en este momento es el de iniciar las votaciones. Para quienes deseen ausentarse del salón de sesiones este es el momento, tal y como me han anunciado antes del inicio de la sesión. Señores ujieres, cierren las puertas. Vamos a iniciar las votaciones. (Varias señoras y señores diputados abandonan el salón de plenos.-Pausa.) Dejen salir a quienes quieran salir y cerciórense de que nadie que no lo desee quede fuera.
Vamos a iniciar las votaciones, considerando retiradas la de la señora Fernández Davila y señor Jorquera, del Grupo Mixto, y la de la señora Barkos, también del Grupo Mixto. En primer lugar, vamos a votar la enmienda número 8, de la señora Oramas y el señor Ríos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 13; en contra, 318.
Enmienda número 9, de la misma señora diputada y señor diputado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 12; en contra, 319.
Enmiendas de la señora Díez, doña Rosa. En primer lugar, votamos la enmienda número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, tres; en contra, 318; abstenciones, 10.
Enmienda número 22, en los términos de la aclaración que la señora diputada ha presentado en el Registro de la Cámara con número 179360.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, uno; en contra, 328; abstenciones, dos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, tres; en contra, 317; abstenciones, 11.
Por último, enmienda número 24, de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 14; en contra, 317.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos la enmienda número 7, en los términos de la reformulación presentada mediante escrito que ha entrado en el Registro y al que ha correspondido el número 179358.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 10; en contra; 318; abstenciones, dos.
Grupo Vasco, PNV. Enmienda número 10 de este grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 18; en contra, 319.
Del Grupo Catalán de Convergència i Unió votamos en primer lugar su enmienda número 12.
Votamos a continuación la enmienda número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 10; en contra, 319; abstenciones, dos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, nueve; en contra, 320; abstenciones, dos.
A la enmienda 17 ha sido presentada una enmienda transaccional que ha leído la señora secretaria de la Cámara. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) El señor Llamazares. En consecuencia, no puede tramitarse la transaccional. (El señor Duran i Lleida pide la palabra.)
¿Señor Duran?
El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, desearía saber si es una oposición personal o de todo el grupo y por tanto también de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Señor Duran, comprendo su deseo de saber, pero basta con la oposición de un solo diputado para que no pueda tramitarse. En consecuencia, seguro que el señor Llamazares, al acabar la sesión plenaria, tendrá la cortesía de informar a su señoría de lo que le interesa.
Votamos, por tanto, la enmienda número 17, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Rumores.)
A las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió números 18 y 19 se ha presentado otra enmienda transaccional. ¿Algún grupo o diputado se opone a su tramitación? (Pausa.) El señor Llamazares se opone. En consecuencia, votaremos las enmiendas originales. En primer lugar, la 18, del Grupo Catalán. (El señor Llamazares Trigo abandona el escaño.-Rumores.)
Hagan el favor. Yo creo que debemos mantener la calma. El señor Llamazares no va a poder salir del salón de sesiones. (Risas.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 13; en contra, 317.
El señor PRESIDENTE: Señorías, esta Presidencia ha observado que en el párrafo 3.º del artículo 135.3 del contenido de la propuesta que ahora va a someterse a votación se incluye una expresión que dice: "en relación al producto interior bruto del Estado". Comprobado el diccionario usual de la Real Academia y puesto en contacto con el director de la misma, el señor Blecua, ha contestado por escrito que se trata de una incorrección lingüística formal. Propongo que se diga, sin cambiar en absoluto el contenido ni el sentido de la propuesta: "en relación con el producto interior bruto". ¿Aceptan sus señorías esta corrección? ¿Alguien se opone? (Pausa.) Queda aceptada.
En estos términos, vamos a pasar a votación de conjunto el texto de la modificación constitucional. Como saben sus señorías, para poderse tramitar y remitir al Senado han de alcanzarse 210 votos, que son los tres quintos de los miembros de derecho de la Cámara.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 316; en contra, cinco.
El señor PRESIDENTE: El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. (Aplausos.)