Source: https://www.scribd.com/doc/138932942/Trabajo-de-Proce-Admi
Timestamp: 2017-04-27 14:24:35
Document Index: 98833180

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 219', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'Artículo 50', 'artículo 162', 'artículo 225', 'artículo 223', 'artículo 461', 'artículo 224', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 222', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 222', 'artículo 224', 'artículo 228', 'artículo 227', 'artículo 226', 'artículo 225']

Trabajo de Proce Admi
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinTrabajo de Proce AdmiUploaded by Maricielo Saba Calle Cisneros0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL Y SU APLICACIÓN EN LA LEY DEL PROCEDIMINTO ADMINISTRATIVO GENERAL Uno de los procedimientos más novedosos comprendidosen la Ley 27444, denominada Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, la LPAG), es el desarrollo del Procedimiento Administrativo Trilateral (PAT). En realidad, la novedad de este tipo de procedimiento no se encuentra en su elaboración conceptual (pues de una u otra forma existían numerosos procedimientos especiales en los cuales se podía reconocer con anterioridad a la vigencia de la Ley 27444, este tipo de procedimiento) sino en su incorporación en una ley de ámbito general y expansivo en forma supletoria a todo tipo de procedimientos administrativos. En este contexto, la reciente entrada en vigencia de la LPAG constituye un notable esfuerzo por dotar al país de normas que regulen sistemáticamente el procedimiento administrativo, buscando esencialmente con ello canalizar adecuadamente la función servicial de los intereses generales que tienen las Administraciones Públicas; establecer mecanismos de garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración; y dar vigencia efectiva a los postulados del principio de sometimiento de la actuación de la administración pública al ordenamiento constitucional y jurídico en general, esto último, como resultado concreto de la sumisión de la Administración al principio de legalidad . La estructura básica de la LPAG, inspirada básicamente en la legislación española sobre la materia , regula en primer lugar, un logrado catálogo de principios fundamentales aplicables a todo el ámbito de actuación de la administración sometida al Derecho Administrativo. A partir de ello, se desarrolla el denominado régimen jurídico de los actos administrativos, la regulación del procedimiento administrativo común o tipo; y finalmente los procedimientos administrativos especiales y la responsabilidad de la administración pública y el personal a su servicio. Uno de los puntos más relevantes dentro de la sistemática de la sistemática de la LPAG, es que ordena, de un lado, lo que denomina el procedimiento administrativo común, y del otro, dos procedimientos administrativos denominados “especiales” (el Trilateral o Triangular, y el Sancionador). A primera vista, esta división de los procedimientos establecida en la LPAG, parecería indicar que existe una materia procedimental administrativa, “especial” que sería contrapuesta a lo “general” . Sin embargo, esta contradicción es sólo aparente, tal como afirma GONZALEZ NAVARRO. Al respecto, es necesario indicar, conforme lo hace la doctrina más autorizada, las divergencias existentes entre aquello que se debe entender por procedimiento general, y aquello supuestos que califican la existencia de diversos procedimientos especiales, y hasta dónde puede llegar la oposición entre ambos, y si es que existe razón para tal diferenciación. Sobre el particular, son muy ilustrativas las acotaciones que realiza Francisco GONZALEZ NAVARRO, respecto de la aparente oposición entre los procedimientos administrativos generales y especiales. Dicho autor, señala que, “No hay un procedimiento general, sino varios, una pluralidad de procedimientos formalizados que, en ocasiones, y para ciertos supuestos, pueden admitir específicas desviaciones o diferenciaciones en la realización de uno o varios trámites, desviaciones que pueden a veces ser tan importantes que alteren la íntima estructura del procedimiento formalizado utilizable normalmente para el cumplimiento de una determinada finalidad administrativa, en cuyo caso, y sólo entonces, se podrá hablar de procedimiento especial, pues de lo contrario –y es lo que ocurre casi siempre- estaremos en presencia de una simple especialidad procesal y no de un verdadero y propio procedimiento especial” (resaltado, agregado).
en lo referido al procedimiento administrativo general. la regulación normativa del procedimiento administrativo trilateral. se aplica a: a) Los procesos administrativos que se siguen ante las diversas entidades de la Administración Pública que resuelven cuestiones contenciosas entre dos o más particulares. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL. pues es totalmente ajena a la relación jurídica discutida. que finalmente son derivados en última instancia a los organismos reguladores en sede administrativa. pero modernamente. como los de defensa de la competencia (Decretos Legislativos 701 y 807) y los diversos procedimientos de reclamaciones de usuarios de servicios públicos. En el Perú. otorgándose el carácter definitivo a la resolución que emita la Administración en sede administrativa. Esta afirmación se sustenta en los alcances de la modificatoria que. al mismo tiempo.La presente ley rige la actuación de orden administrativo de las entidades de la Administración Pública. coincidimos en el presente caso con lo señalado por Sebastián MARTÍN-RETORTILLO. ha sido normalmente concebido adoptando una estructura lineal (donde la Administración es. Precisamente en este aspecto. en el que se introduce normativamente por primera vez. sino que es el reconocimiento de una realidad preexistente. trata de los principios o normas que definen la estructura general del íter procedimental que ha de requerirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración..
. estableciendo la nueva redacción de la norma lo siguiente: “Artículo 1. pues la Administración aparece decidiendo un conflicto entre administrados. sobre el artículo 1° del Decreto Supremo 006-67-SC (antiguo Reglamento General de Procedimientos Administrativos). quien entiende que el denominado procedimiento administrativo común. de manera que carece en absoluto de la condición de parte. ya antes de la entrada en vigencia de la LPAG existían procedimientos trilaterales. juez y parte). MORON precisa que es partir del Decreto Ley 26111. siempre que por leyes especiales no se establezca algo distinto: En consecuencia. Tradicionalmente. Siendo ello así. esto es. El tema de los procedimientos especiales no es una creación de la LPAG. efectuara el Decreto Ley 26111. entre éstos y la Administración Pública o entre entidades de ésta última. En tal sentido.En nuestro ordenamiento jurídico. la posición sui generis de la Administración. entendemos que la regulación de la LPAG. que aparece decidiendo un conflicto producido entre dos o más administrados. Este es el llamado procedimiento trilateral o triangular recogido en la LPAG y que es materia del presente artículo. se acepta que el procedimiento pueda tener una fisonomía triangular. el procedimiento administrativo. indica los principios y reglas básicas que deben asegurar la eficacia y las garantías del desarrollo del procedimiento administrativo. la precisión efectuada por el citado autor español. es el conjunto de técnicas y preceptos que constituyen los principios generales del procedimiento administrativo. el procedimiento administrativo común comprende las cuestiones verdaderamente nucleares al servicio directo del establecimiento de un común denominador normativo suficiente para garantizar una igualdad básica de trato. Así. es en el que cabe efectuar una diferenciación.Sin embargo. Justamente en este tipo de procedimientos es en el que se configura la característica esencial de los procedimientos trilaterales. no desconoce que la regulación procedimental “común” o “general”.
Y justamente la esencia de dichas actividades es la intervención administrativa en la economía para arbitrar las conductas de los particulares en el mercado. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL. aún antes de la dación del Decreto Ley 26111. puedan resolver este tipo de controversias. En rigor. En efecto. es posible encontrar en la naturaleza misma de este tipo de procedimiento algunas características especiales. En realidad. La LPAG no establece cuando nos encontramos con un tipo de procedimiento como el señalado. b) La materia de dicho procedimiento debe corresponder a una propia de la Administración Pública. como es la defensa de la competencia. como las constituían la defensa de la competencia. creemos que los procesos de reforma del Estado. No obstante lo señalado por MORON. ya se había consagrado legislativamente la posibilidad de que existan conflictos en sede administrativa entre dos o más partes. si se arbitran conductas. conforme a los supuestos antes descritos. es necesario establecer algunas pautas o parámetros para reconocer este tipo de procedimientos. las mismas que por imperio de la ley. la propiedad intelectual o la regulación de los servicios públicos. Este requisito es de vital importancia por cuanto el conflicto de intereses suscitado entre los administrados o la administración pública y un administrado.Tal como se puede advertir de la lectura de la modificatoria introducida por el Decreto Ley 26111. dado a nivel de una materia especial. la protección al consumidor. lógicamente es que puedan presentarse contiendas entre los administrados. hicieron necesaria la creación de organismos especializados en materias consideradas como nuevas.-
Tal como hemos venido indicando en el presente documento. sin embargo. consideramos que deben de concurrir condiciones explícitas para estimar que estamos frente a un procedimiento trilateral: a) En primer lugar. debe tratarse de un procedimiento especial. La tarea de reconocimiento de este tipo de procedimiento no es sencilla. en las cuales podrían estar involucradas tres tipos de cuestiones contenciosas: a) Las controversias entre dos particulares ante la administración pública b) Las controversias entre un particular y la administración pública. desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 701. existía el reconocimiento expreso que podían suscitarse controversias en sede administrativa. son resueltas en vía administrativa por organismos especializados de la Administración Pública. tal como señala GONZALEZ NAVARRO. que desarticularon la estructura de intervención del aparato estatal de aquel entonces. En este contexto. controlistas y restrictivas de la libre competencia. iluminada por visos de desregulación y liberalización de las estructuras administrativas. aquél tipo de procedimiento que ha sido pensado para una hipótesis particular y concreta cuyo contenido aconseja una tramitación distinta de la general”. Nos parece que este es el antecedente más claro de la regulación del procedimiento administrativo trilateral. o entre administraciones
. esto es. se había ya previsto la posibilidad de que determinadas autoridades en sede administrativa. y c) Las controversias entre dos entidades públicas. norma que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas.
que denominaremos tesis restrictiva. En tal sentido. en su artículo 50º define el concepto de administrado. el PAT constituye una modalidad de actuación administrativa diseñada con el propósito de que la administración actúe como tercero imparcial resolviendo conflictos entre los administrados. y de otro lado. son de un lado. puesto que se asume la conceptualización del administrado como una persona física o jurídica considerada desde su posición privada (activa o pasiva) frente a la
. tiene una finalidad específica predeterminada por la norma que le da origen . Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Debe tratarse además de una materia singular. una Administración Pública que actúa zanjando el conflicto suscitado. los sujetos intervinientes en dicho procedimiento. pues implica romper la indisoluble condición que se genera en el trámite de los procedimientos administrativos. coincidiremos en afirmar. sugiere siempre una controversia respecto de la actuación de una entidad pública o de un asunto de interés público. En tal sentido. define al procedimiento trilateral como aquel “procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la presente Ley”. donde la Administración actúa como un tercero imparcial. Si a ello. LA NOCIÓN JURIDICA DE ADMINISTRADO: LOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL. poseen derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse”. entre la autoridad que resuelve una controversia y que a la vez es parte de la decisión. donde el objetivo a conseguir mediante el desarrollo del procedimiento administrativo especial. Este tema es de vital importancia para el desarrollo de este tipo de procedimiento.1. dos o más administrados que concurren ante ésta administración. a raíz de la existencia de un conflicto de intereses entre ambos. creemos que la imparcialidad es uno de los requisitos que configura a un procedimiento como trilateral. 2. Aquellos que. zanjando un conflicto suscitado entre dos o más particulares. y dado que la LPAG en su artículo 219. existe una posición según la cual el procedimiento administrativo sería únicamente aplicable cuando la administración decide respecto de conflictos suscitados entre administrados.públicas. entendiendo a éstos como cualquier persona física o jurídica considerada desde su posición privada respecto a la Administración Pública o a sus agentes . La LPAG. ésta posición. señalando que “Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto: 1. podemos señalar que conforme a la definición dada del procedimiento administrativo trilateral. concibe al procedimiento administrativo trilateral como aquélla clase de procedimiento administrativo contencioso. le agregamos las debilidades e incoherencias de nuestros sistemas de selección de personal y la falta de autonomía presupuestal. pues tal como precisa SANTOFIMIO. sin haber iniciado el procedimiento. c) Las autoridades que resuelven las controversias propias de este tipo de procedimientos deben ser imparciales. que este requisito es de muy difícil cumplimiento. No siempre es fácil garantizar el cabal cumplimiento de este requisito por las particularidades que exhibe nuestra frágil organización administrativa del Estado. Sin embargo. En principio.
mediante la garantía del proceso contencioso administrativo. la ejecución. la mal denominada “jurisdicción primaria”. En esencia. se establece una competencia prioritaria o previa. la administración resuelve un conflicto suscitado entre particulares. Debe considerarse. la sustanciación.” En nuestra opinión. no transfiere una competencia exclusiva a los organismos administrativos en detrimento de los tribunales. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado. respecto de una relación jurídica respecto de la cual la administración no es parte. y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio. el procedimiento administrativo trilateral está diseñado para resolver las siguientes clases de conflictos o controversias: a) Conflictos entre administrados: La definición contenida en la LPAG concibe al procedimiento administrativo trilateral como uno de carácter contencioso. entre la administración y administrados. puesto que podrían ser materia de composición por la vía del procedimiento trilateral. se entiende por sujetos del procedimiento a: 1. habilita de manera expresa la denominada tesis amplia. como GONZALEZ NAVARRO y MARTÍN MATEO. cualquiera sea su calificación o situación procedimental.. Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo. Aquí se aplica lo que en doctrina administrativa se conoce como la denominada “jurisdicción administrativa primaria” o “jurisdicción retenida”. tanto conflictos existentes entre dos o más administrados.Administración. a diferencia del típico procedimiento bilateral en el que la Administración es al mismo tiempo. En efecto. y entre entidades de la administración. Esta tesis es tributaria de las esbozadas en su oportunidad por destacados autores españoles. bajo cualquier régimen jurídico. los tribunales deben abstenerse de intervenir hasta tanto el ente se haya pronunciado. se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades o deberes que los demás administrados. 2. la disposición contenida en el artículo 50. La idea central es que el concepto de administrado contenido en el artículo 50º LPAG. nosotros sostenemos la tesis que denominaremos amplia. En este orden de ideas. Administrados: la persona natural o jurídica que. sin embargo. En la doctrina nacional esta tesis es adoptada abiertamente por DANOS ORDÓÑEZ. agotando la vía administrativa. o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos.
. doctrina que indica que cuando una ley crea un ente gubernamental y le atribuye competencia para resolver en instancia administrativa cierto tipo de casos. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que. En contraposición a los argumentos sostenidos por los autores citados en el párrafo precedente. la resolución. Simplemente. el artículo 50º LPAG prescribe lo siguiente: “Artículo 50. es seguida en nuestro país por MORON URBINA. se puede acudir a los tribunales para que controlen la actividad administrativa. la instrucción. participa en el procedimiento administrativo. quien refiere que “el procedimiento administrativo trilateral es aquel en el que la Administración Pública aparece decidiendo en un conflicto entre dos particulares. Sin embargo. juez y parte”. que la relevancia del conflicto sometido a la competencia de la entidad.1 de la LPAG. se encuentra íntimamente relacionada con el interés público presente en la resolución del conflicto de intereses suscitado entre dichas partes. Una vez que el organismo administrativo dicta resolución.Sujetos del procedimiento. incluya también a entidades de la administración pública. que entre otros.
al plantearse la posibilidad de que un administrado cuestione o impugne la decisión inicialmente expedida por una entidad pública. el rol de parte y autoridad de la administración y la inexistencia de una relación subordinada entre la entidad llamada a resolver la controversia y la entidad pública que ha emitido el acto materia de impugnación. señala que la aplicación de ésta doctrina sólo posterga el ejercicio de la jurisdicción por los órganos del Poder Judicial y no indica la falta de jurisdicción por parte de éstos últimos. la entidad pública cuya decisión es materia de impugnación. Partiendo de la premisa de que dichas entidades pueden participar en un procedimiento administrativo sin ninguna prerrogativa especial. y su posterior denegatoria por parte de la Administración. En este último caso. dicha actuación previa puede haberse generado en función del papel que debía cumplir una entidad pública como encargada de resolver una pretensión planteada por el administrado en un típico procedimiento administrativo común. En este caso. Sin embargo. no podrá invocar ninguna clase de prerrogativa ni privilegio en el trámite del procedimiento. es el procedimiento de reconocimiento de créditos concursales seguido ante INDECOPI (donde se presenta una controversia entre los acreedores y una empresa insolvente. Según LINARES. esta situación puede darse: • Por la formulación de una petición por parte de un particular. lo constituye el caso de procedimientos administrativos de selección de contratistas que llegan mediante el recurso de revisión ante el Tribunal Administrativo del CONSUCODE. cuya resolución será de competencia de una autoridad superior a la que inicialmente emitió la decisión impugnada. el postor que participa en el respectivo procedimiento..Al respecto. y la Comisión de Reestructuración Patrimonial actúa como entidad decisoria).
. Se ha pretendido objetar los alcances de esta postura. Inicialmente. se delimita con absoluta certeza. COMADIRA. Un ejemplo claro de este tipo de controversias. decisión favorable del órgano resolutivo y la ulterior oposición de un tercero. o los procedimientos seguidos por los usuarios de servicios públicos. tiene la posibilidad de impugnar la decisión de la entidad pública de origen ante el referido Tribunal Administrativo. c) Conflictos entre entidades públicas. en el cual. En rigor. la autoridad inicial pasa a tener la condición de emplazado dentro de un procedimiento administrativo (sujeto). basándose en el hecho de que las entidades públicas no poseen derechos sino competencias y que a partir de dicha delimitación. no existiría inconveniente para sustentar que tiene la condición jurídica de administrados y en consecuencia. b) Conflictos entre una entidad pública y un particular.. • Por la resolución de oficio tomada por un órgano y la impugnación de ésta por parte de un administrado. la contienda se produce entre el órgano que emitió la decisión y el administrado. • Formulación de una petición por parte de un administrado. pueden ser sujetos de este tipo de procedimientos.Una tercera clase de controversias que pueden suscitarse en este tipo de procedimientos. son las que se entablan entre diversas entidades públicas entre sí. Un ejemplo concreto de conflicto entre administrados.Este tipo de controversia se suscita con motivo de una actuación previa efectuada por una entidad pública.
en caso de conflictos entre entidades públicas. por ello. que en virtud de la prescripción contenida en el Art. debe observar necesariamente una actitud de imparcialidad. que debe guardad compatibilidad con la naturaleza de los derechos sometidos a su decisión. Ella no puede crear ventajas a una parte interviniente en el procedimiento en desmedro de otra y está obligada a respetar el principio de contradicción en el procedimiento. A partir de ello. En este contexto. en el marco de un procedimiento para obtener un pronunciamiento de una autoridad administrativa. es que se adaptan algunos de los postulados básicos del reglamentarismo procesal. la vía para resolverlos es mediante la figura del conflicto de competencias. Así.
. en el desarrollo de los procedimientos trilaterales o triangulares. así como la vigencia del principio de contradicción en el desarrollo del mismo. asume un rol arbitral. pero sin perder de vista la esencial característica del informalismo del procedimiento administrativo como garantía a favor de los administrados.Una de las características de la denominada “judicialización del procedimiento administrativo”. Asimismo. ésta sumisión de una entidad pública a otra. La realidad sin embargo. Pues bien. Esta competencia es definida como la aptitud legal de una entidad administrativa para ejercer potestades administrativas. lo que evidencia que existe una tercera clase de conflictos que pueden desarrollarse bajo el marco legal del procedimiento trilateral: los conflictos entre entidades de la administraciones públicas cuando actúan en sede administrativa como administrados. El hecho mismo que una entidad pública se someta al desarrollo de un procedimiento administrativo trilateral no enerva ni despoja a dichas entidades de sus propias competencias.1º de la LPAG.no existirían fundamentos para extender el procedimiento administrativo a este tipo de controversias. una entidad pública puede actuar como administrado en un procedimiento sin que ello implique desnaturalizar la esencia de aquel. La imparcialidad es una calidad inherente a la persona del juzgador en los procesos judiciales. En el procedimiento administrativo trilateral. no sería viable el procedimiento trilateral basado en la controversia existente entre dos entidades. Ello es entendido así por GARCIA DE ENTERRIA. o similar al que desarrollan los órganos jurisdiccionales cuando resuelven un conflicto de intereses con relevancia jurídica. la entidad que asume el rol de instrucción y resolución del mismo. pero es igualmente aplicable a la autoridad administrativa resolutora en el procedimiento administrativo trilateral. predeterminadas previamente por una norma habilitante. la Administración asume o debe asumir en el cumplimiento de esta actividad una actitud de rigurosa neutralidad. garantiza el respeto de la igualdad de las partes en su posición en el procedimiento. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA QUE SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO. exactamente la misma que han de adoptar los órganos judiciales en los procesos civiles” . nos demuestra que esta posición no toma en cuenta. 50. “es predominante el interés o derecho del particular que está en causa. cuando señala que el principio de legalidad de la Administración implica que los entes públicos no pueden entrar en el tráfico jurídico ilimitadamente. en la medida en que la imparcialidad. No obstante ello. se afirma que la capacidad jurídica de una entidad pública coincide con el conjunto de potestades que le han sido atribuidas por el ordenamiento. cuando la administración actúa decidiendo respecto de un conflicto suscitado entre administrados. deben asegurarse el respeto de los derechos correspondientes al debido procedimiento administrativo. No cabe duda que en esta situación se presenta una contienda entre dos entidades de la administración pública que actúan en dicho procedimiento trilateral como “administrados”. puede dar también lugar a que se genere una controversia con otra entidad pública respecto del procedimiento incoado . Por ello.
la carga de la prueba. en dicha clase de procedimientos. en principio. En efecto. hacen que sobre la Administración también recaiga un deber específico de realizar las actuaciones necesarias para obtener la convicción suficiente que le permite emitir un pronunciamiento. mientras que el demandado debe probar los hechos impeditivos o extintivos. Sin embargo. la aplicación de los principios de verdad material. puesto que emite resolución respecto de la petición del administrado. y de búsqueda de la verdad material . en los procedimientos administrativos lineales. bajo pena de
. Por ello es que en el desarrollo de los procedimientos trilaterales. Sin embargo. la carga de la prueba recae básicamente en la Administración. como en los procedimientos administrativos los interesados no siempre asumen posiciones formalmente diferenciadas. a nuestro entender. Sin embargo. en que la Administración asume una posición de neutralidad entre dos partes enfrentadas. la Administración debe asegurar la participación igualitaria de los interesados. el actor debe probar los hechos constitutivos del derecho que reclama. En tal virtud. dado que ésta asume un rol decisorio de los casos. cuando en un procedimiento un administrado formula una petición. Es así.EL VALOR DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL: LÍMITES EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL. que la doctrina entiende que corresponde a los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo. esto es. y de impulso de oficio en el procedimiento administrativo. la carga de la prueba recae en los administrados intervinientes en el mismo. deberá matizarse esta regla de reparto en función de las circunstancias del caso. mediante el cual se indica que “quien afirme un hecho debe probarlo”. la carga de la prueba debe repartirse en términos análogos al proceso civil. El indicado carácter inquisitivo del procedimiento y la posición que en él ostenta la Administración. realizar las diligencias tendientes a la averiguación de los hechos que fundamentan la decisión. Dicha posición es la asumida en sede nacional por el artículo 162 de la LPAG. por lo que básicamente. implica como lógica consecuencia que recaiga sobre ella esa carga”. PARADA señala que “en los procedimientos arbitrales o triangulares. La aplicación en la práctica de este principio. por aplicación de la posición neutral de la Administración. DIEZ SÁNCHEZ señala que “Corresponde básicamente a la Administración verificar y probar los hechos que no tenga por ciertos. la autoridad administrativa no sólo debe ajustarse a las pruebas ofrecidas y actuadas por las partes. el principio de verdad material se ve atenuado. la situación varía en el caso del procedimiento administrativo trilateral. ello no enerva la aplicación del principio general de la carga de la prueba en materia procesal.” Esta situación se da. sino que debe también atender a los principios de impulso de oficio . o absuelve el cargo de una denuncia formulada en su contra. debe acompañar las pruebas que sustenten los hechos alegados en su pretensión frente a la Administración. que en virtud del principio de verdad material . donde el principio contradictorio en sede procedimental administrativa se hace más evidente en la tramitación del mismo. En sintonía con dicha tendencia. y también asume un rol de parte interesada. En tal sentido. por la vigencia irrestricta del principio contradictorio en el procedimiento administrativo trilateral. al principio de la carga de la prueba en sede procesal civil donde el Juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal).En el desarrollo del procedimiento administrativo general se asume. En todo caso. de forma que. normalmente. implica que se presume que las partes actúan en igualdad de condiciones en el desarrollo del procedimiento trilateral. en virtud de su función de servicio de los intereses generales.
siempre y cuando se encuentren en posición de igualdad. El principio del contradictorio. como entidad servicial de los intereses generales. SANTAMARÍA PASTOR . como verdadero árbitro mediador. De no ser ello así. En virtud de la posición sostenida por este sector doctrinario. en posición de igualdad. para no sustituir el deber probatorio de las partes. GARCIA DE ENTERRIA Y FERNÁNDEZ . es de resaltar la prescripción contenida en el artículo 225 de la LPAG. Sin embargo. ejerza su facultad de ordenar y producir pruebas cuando exista un interés público inherente a la resolución del procedimiento. la autoridad administrativa está facultada a trasladar el peso de la carga de la prueba a aquél administrado que tenga mejor capacidad de soportarla. por último. Por tanto. entre la que podemos destacar los comentarios de PARADA . la falencia de esta posición doctrinaria es considerar que los órganos de la administración pública pueden ser equiparados con los árbitros. ello no obsta para que cuando se presente una desigualdad entre las partes (un caso de protección al consumidor.ilegitimidad de la decisión a ser tomada. En este tipo de procedimiento la autoridad debe ser lo suficientemente cautelosa. BERMEJO VERA . debe tenerse presente que debe garantizarse la posibilidad de que ambas partes ejerzan su derecho a ofrecer y producir las pruebas posibles. que señalan la existencia de una “actividad arbitral de la Administración”. Existe un determinado sector de la doctrina (particularmente española). entre otros autores. ello no implica que la autoridad administrativa ante la cual se desenvuelve el PAT.” . señalando que en virtud de ésta la Administración “decide o arbitra” entre pretensiones contrarias de los particulares. tal como lo estima la Sentencia del Tribunal Constitucional Español 145/1990. (para el caso de los procesos judiciales) al señalar que el referido principio implica “que los contendientes. También. MARTÍN MATEO . pero sin que se considere de manera alguna que la Administración renuncie al deber de verificar la verdad de los hechos propuestos por las partes cuando su pronunciamiento pueda revestir una afectación al interés público. se señala que los órganos administrativos encargados de la instrucción y resolución en los procedimientos trilaterales. en cuanto el procedimiento trilateral participa de la esencia del jurisdiccional. es así. A nuestro entender. un derecho derivado de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. o de barreras de acceso al mercado) la Administración distribuye el peso de la carga de la prueba hacia quien esté en mejor posición de asumirla.
. dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimaren conveniente con vistas al reconocimiento judicial de sus tesis”. Sin embargo. ARIÑO . Sin embargo. en cuanto ésta consagra la posibilidad de que la Administración prescinda de la actuación de cualquiera de las pruebas ofrecidas por las partes. ocupan una posición semejante a la que ocupan los árbitros en un procedimiento arbitral común y corriente. por consiguiente. actuando. esta disposición de la LPAG no implica otro significado que el de señalar la atenuación del principio de verdad material en el desarrollo del procedimiento trilateral. en caso de existir acuerdo unánime de éstas al respecto. Así. la aplicación del principio de verdad material debe estar atenuada. al operar la presunción de igualdad entre las partes intervinientes en el procedimiento trilateral. DIFERENCIAS ENTRE EL ARBITRAJE DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL. por afectar la imparcialidad que ella debe guardar en el trámite .
que la diferencia esencial entre la “actividad administrativa arbitral” y el arbitraje de Derecho administrativo. es poco feliz. cuando por imperio de la ley. explícita e implícitamente.GONZALEZ NAVARRO. es que en la primera la Administración es la que resuelve la controversia surgida entre dos particulares. Baste con citar la circunstancia de que en caso de rebeldía del reclamado ante la interposición de una reclamación administrativa. las partes. mientras que en los procedimientos triangulares. implica por su propia naturaleza. el procedimiento administrativo trilateral. entre un particular y la Administración. mientras que en el segundo. la Administración es una de las partes en conflicto y el árbitro es un tercero a cuya decisión ambas partes se han sometido para dirimir su conflicto de intereses. agrega TRAYTER. en el momento en que la otra formula la oportuna petición o denuncia. lo que por supuesto. En tal sentido. señala las diferencias. o entre dos entidades de la Administración Pública actuando como administrados en un determinado procedimiento. la entidad pública ante la cual se desarrolla el procedimiento deberá tener por aceptadas o merituadas como
. y ejerciendo facultades propias de la jurisdicción retenida. se podría agregar que el trámite del procedimiento administrativo trilateral. ante la Administración. • Aún. el término “actividad administrativa arbitral”. la inexorable obligación de agotar la vía administrativa. • En el arbitraje. entre los rasgos definidores del arbitraje y los del procedimiento trilateral o triangular: • En el arbitraje. es el cauce que permite la actuación de la Administración. señalado para específicos casos por ley. y genera un alto grado de confusión con el verdadero arbitraje de Derecho Administrativo. debe hacerse la salvedad de que las partes que someten la solución de sus divergencias a arbitraje. Sobre dicho particular. se obligan a estar y pasar por la decisión del árbitro. en que la intervención de la Administración está predeterminada en la norma y es controlable judicialmente como las restantes manifestaciones de la actividad administrativa. existe una autoridad administrativa que resuelve imparcialmente una contienda surgida entre dos particulares. y donde la particularidad es que una de las partes que se somete al arbitraje es una entidad de la Administración Pública . pueden optar porque éste sea de equidad. lo que impide a los jueces y tribunales conocer de la controversia sometida al fallo arbitral si se invoca la correspondiente excepción. capitales. En realidad. mientras que en el procedimiento administrativo triangular la Administración debe resolver conforme a Derecho. la sumisión de ambas partes a la decisión del árbitro es voluntaria. es necesaria o forzosa para una de ellas. circunstancia que no acontece en el caso de los procesos arbitrales. no ocurre en los procedimientos triangulares.En función de las disposiciones contenidas en los artículos 221° a 224° de la LPAG puede hablarse de una excesiva judicialización o formalismo presente en la regulación del procedimiento administrativo trilateral. donde los árbitros resuelven de acuerdo a su leal saber y entender. A lo expuesto. EXCESIVA JUDICIALIZACIÓN Y FORMALISMO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL. cuando quiera tomar la figura del arbitraje como analogía. que por su naturaleza. implican la emisión de un laudo definitivo sobre la controversia discutida bajo la competencia de los árbitros.
ciertamente tiene un excesivo rigor formal que no se encuentra en sintonía con la vigencia del principio del informalismo a favor del administrado en la tramitación de los procedimientos administrativos.1 de la LPAG. Asimismo. o la ocurrencia del alguna circunstancia que tenga incidencia en el desarrollo del procedimiento. puede constituirse en fuente de arbitrariedades. o que en todo caso. la imposibilidad del reclamado de reunir ciertos documentos imprescindibles para formular la contestación a la reclamación. que como señalamos. Otra fórmula que a nuestro parecer. toda vez que se habilita a recibir la contestación del reclamado luego que se haya vencido el plazo establecido. disminuirá la peligrosidad de haber establecido una excepción como la contenida en el artículo 223.3 de la LPAG. norma que prohíbe la réplica a las contestaciones de las reclamaciones. consagra un excesivo margen de discrecionalidad a favor de la entidad de la Administración ante cuya autoridad se desarrolle el procedimiento trilateral. Sin embargo. debería haberse previsto la posibilidad de permitir la alegación de nuevos hechos sobrevinientes a la reclamación. que se rige por una combinación de factores dispositivos e inquisitivos. En tal sentido. no se deduce algún indicio de qué debemos entender por “apropiado y razonable”. Esta circunstancia procedimental inclusive tiene un rigor mayor que la prescrita en sede procesal civil. el empleo de los criterios señalados. la regulación del procedimiento administrativo trilateral. Justamente en casos como éste. es que se denota la excesiva formalización del procedimiento trilateral. conforme lo señala el artículo 461° del Código Procesal Civil. es la contenida en el artículo 224° de la LPAG. permitiéndose la utilización de mecanismos
. Para el específico caso del procedimiento administrativo. circunstancia que sería utilizada en contravención del principio de actuación imparcial de la autoridad administrativa a cargo del procedimiento trilateral. siempre que la entidad lo considere “apropiado y razonable”. Creemos que. o una puerta abierta para romper la vigencia del principio de trato igual a las partes intervinientes en el procedimiento trilateral. su propia naturaleza instrumental hace que se atenúen las exigencias formales en aras de salvaguardar el interés público presente en su desarrollo. un parámetro eficiente para la aplicación de esta regulación excepcional. por lo que existe una puerta abierta para la arbitrariedad o la ruptura del equilibrio de la igualdad entre las partes. tales como. lo constituiría la exigencia de que el reclamado formule un pedido de ampliación de plazo para contestar la denuncia en su contra. por ejemplo.3 de la LPAG. sería apropiado configurar algunos criterios que permitirían aplicar la excepcional circunstancia contenida en el artículo 223. En tal sentido. puesto que a nuestro entender en algunas de las disposiciones comentadas se estaría rompiendo con la elemental exigencia de concebir al procedimiento administrativo como un cauce flexible de los intereses generales a los que sirve la administración. creemos firmemente en que las disposiciones que prescriben una excesiva formalización del procedimiento deberán ser aplicadas cautelosamente al procedimiento trilateral.3 de la LPAG. la regulación del artículo 223. En los términos planteados. En tal sentido. consagra el excesivo formalismo del procedimiento trilateral. a diferencia del proceso judicial. en todo caso. donde la rebeldía de una de las partes tiene como sanción la de causar “presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda”. De la prescripción anotada. encontramos que el artículo 223. entre otras causas. pudo haber contenido disposiciones que atenúen el formalismo de sus preceptos.ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la reclamación formuladas por la parte reclamante . En nuestra opinión. hecho que va en detrimento de la vigencia del informalismo y la flexibilidad en el desarrollo del procedimiento administrativo. se puede afirmar que en líneas generales. comunique a la autoridad administrativa la circunstancia objetiva que le impida efectuar su contestación a la reclamación dentro del plazo establecido.
La identificación del expediente de la materia..1. la administración deberá notificar al reclamado de las imputaciones que se le hacen. fecha.. 4. el reclamante deberá ofrecer las pruebas y acompañar con anexos aquellas que disponga. firma o huella digital. -La contestación debe contener la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho en la reclamación. INICIO DELPROCEDIMIENTO: RECLAMACION Existen dos posibilidades de emprender un procedimiento trilateral: Mediante la presentación de una reclamación por parte de un administrado reclamante.Lugar. éste señalamiento surte efectos desde su indicación y se presume subsistente mientras no se comunique algún cambio expresamente. es decir: 1.El petitorio. los fundamentos de hecho y de derecho de ser el caso. 2. De otro lado. para los efectos del procedimiento se entenderán aceptadas o merituadas como ciertas por la administración. -Las cuestiones se proponen en conjunto y únicamente al contestar la reclamación o réplica.Nombres y apellidos completos. una vez que se admite a trámite la reclamación. debe cumplir las siguientes pautas. con el fin de que presente el descargo respectivo. según el artículo 223º. es la prohibición de réplica a las contestaciones de las reclamaciones. 6. Un asunto adicional al tema de la contestación. CONTESTACION -La contestación de la reclamación. disponiendo como requisitos la presentación del nombre y dirección del reclamado. o en su caso.. donde se recibirán las notificaciones del procedimiento.1. cabe indicar que la administración podrá declarar rebelde al reclamado de no presentar la contestación en el plazo estipulado. la entidad o la autoridad a la cual es dirigida el reclamo. como lo dispone el artículo 222. indicados en el TUPA.
..-La relación de los documentos y anexos que acompaña el reclamo. la calidad de representante y de la persona a quien representa. 3. sin que ésta circunstancia opere como una camisa de fuerza que les impide ejercer los mismos ante el yugo de formalismos asfixiantes. 5.La dirección del domicilio legal. 7. De cualquiera de las formas. La reclamación deberá ceñirse a lo requerido por el artículo 113º de la ley. los nuevos problemas que surgieran en esta etapa serán considerados como materia controvertida y resueltos en su oportunidad. puede permitir que el reclamado entregue la contestación después de vencido el plazo. empero la administración en ejercicio del principio de ampliación.. -La contestación debe cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 113º de la ley. En cuanto a las formalidades señaladas.2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO TRILATERAL 2. se la contestación no negara las alegaciones y hechos relevantes de la reclamación. De oficio por parte de la administración pública.La indicación del órgano. -Se debe presentar la contestación dentro de los 15 días contados a partir de notificada la reclamación.excepcionales que permitan a las partes ejercer sus derechos dentro del desarrollo del procedimiento. y siempre que lo considere apropiado y razonable.2. domicilio y número de documento oficial de identidad.. A lo que se agrega lo dispuesto en el artículo 222. tratándose de procedimientos ya iniciados. así como los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa. Asimismo. 2. en caso de no saber firmar o estar impedido. Estas serán resueltas en la resolución final. Como dispone el artículo 224º de la ley.
la autoridad instructora preparará un informe final que contendrá los puntos centrales y un resumen del procedimiento trilateral. d) Más allá de lo señalado en el punto a.a) PROHIBICIÓN DE RESPONDER A LAS CONTESTACIONES La norma precisa que realizada la respuesta a las reclamaciones. g) Los peritos que se pudiera determinar necesarios. además del análisis de la prueba instruida y la formulación de un proyecto de resolución. La estructura recursal en los procedimientos trilaterales tienen connotaciones particulares: Cancelación del recurso de reconsideración (se limita en vía excepcional para casos en los cuales no exista autoridad superior). mediante la presentación de documentos e informes. respecto a la prueba se regirán por lo dispuesto en los artículos del 162º al 180º de la ley.-PROBANZA EN EL PROCEDIMIENTO TRILATERAL Los procedimientos trilaterales. y vinculantes o no vinculantes. Son los comentarios a la ley general de procedimientos administrativo de Juan Moron Urbina 2. Para los efectos. Esto no obsta para que los administrados aporten las pruebas. cuando estos hayan sido conocidos en primera instancia en los regulados. la autoridad administrativa que conoce de la reclamación. h) Los terceros deberán colaborar con la probanza de hechos que involucren sus derechos constitucionales. En base al criterio de concentración procesal. los dictámenes e informes se entenderán facultativos y no vinculantes. deberán expresarse sobre los contenidos técnicos para los que previamente fueron requeridos. b) Las pruebas sobrevinientes. e) Los informes administrativos en general pueden ser obligatorios o facultativos. que podría entenderse como las pruebas que no pudieron ser presentadas al momento de plantearse la reclamación y la contestación. la Administración va a tener que estructurarse de modo tal que cree espacio para el recurso de apelación. propuesta de pericias. fenece la bilateralidad para precisar los términos de la Litis. c) La administración que conoce de la reclamación. del artículo IV que señala para estos efectos la obligación de las autoridades administrativas de dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización de actos dirigidos al esclarecimiento y resolución de la materia controvertida en la reclamación y contestación. Todo aspecto que pueda plantearse en la contestación del denunciante ameritara su consideracion dentro del procedimiento para determinar la materia controvertida. o aducir alegaciones. inspecciones y demás diligencias. i) En caso de que la autoridad administrativa instructora y autoridad competente para resolver sean distintas. podrá solicitar a las partes la comunicación de informaciones. así como su colaboración para la práctica de otros medios de probanza. A grandes rasgos se dispone: a) La carga de la prueba se reirá por el principio de impulso de oficio dispuesto en el inciso 1.3. la administración de pruebas. podrá solicitar documentos a otras autoridades los documentos que considere necesarios para la resolución de la materia controvertida.3. Por la particularidad de los reclamos en materia de servicios públicos. testimonios. que serán presentadas en un plazo no mayor de tres días o lo que disponga la administración siempre que no tenga por ciertos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija. la presentación de documentos o bienes. f) La administración podrá solicitar informes cuando estén permitidos por la normativa o en el caso de que estos informes se entiendan indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver. el sometimiento a inspección de sus bienes.
• La elevación del recurso impugnatorio al superior jerárquico.
. • La absolución de la apelación por la otra parte. Se podrán dictar de oficio o a pedido de parte . la ley señala: • La apelación debe presentar en un máximo de tres días contados a partir de la notificación de la resolución que otorgue la medida cautelar. Respecto a los plazos que se aplican para la impugnación de la medida cautelar. el artículo 228º de la ley. Las medidas cautelares también son pasibles del recurso impugnatorio de apelación.. siempre que se determine esto de un acuerdo unánime de las partes. La presentación de la apelación no significará la suspensión de la ejecución de la medida cautelar. III. que será resuelto por el superior jerárquico o en sede judicial si no existiere. • La autoridad administrativa conocerá la materia de la impugnación en un plazo de diez días contados a partir de la fecha que se notifica la absolución de la apelación. siempre que se haya recibido la absolución de la otra parte o vencido el plazo que se señala en el punto anterior. en un plazo de quince días desde que se recibió el expediente por el superior jerarquico. siempre antes de que se notifique la resolución final. la administración podrá aprobar acuerdos. El recuero de apelación se impondrá al superior jerárquico de la entidad que resolvió la controversia. pero siempre con resolución motivada . según el artículo 227º de la ley. ya sea mediante ejecución coactiva o subsidiaria. 2.IMPUGNACIÓN Los recursos impugnatorios aplicables a la resolución final de un procedimiento trilateral. a menos que así lo establezca una norma especial o la autoridad administrativa así lo disponga. Para tal efecto.RESOLUCION AUTONOMA DE LA CONTROVERSIA La autoridad administrativa deberá favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia a lo largo del procedimiento trilateral. se concederá un plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se le corrió traslado de la impugnación. • La elevación del recurso de apelación al superior jerarquico se realizara en un plazo máximo de dos días contados desde la fecha de concesión del recurso.4.-MEDIDAS CAUTELARES El artículo 226º de la ley dispone la posibilidad de adoptar medidas cautelares en caso de que sin su realización se arriesgue la eficacia de la resolución por emitir. el obligado de la medida cautelar. que deriven de una transacción extrajudicial o conciliación. incumpliera ésta. • Se correrá traslado a la otra parte. • La administración resolverá la apelación en un plazo máximo de treinta días siguientes a la fecha de realización de la audiencia señalada. se hará en un plazo máximo de un día. 2. se aplicará la ejecución forzosa del caso. pactos. • La autoridad encargada de resolver el recurso deberá hacerlo en un plazo máximo de cinco días. para cuyos efectos se entenderán los siguientes plazos: • Para la interposición del recurso de apelación y reconsideración se establece un plazo máximo de quince días desde la notificación de la resolución final.. Conforme lo disponen los artículos del 192º al 200º. son el recurso de apelación y el recurso de reconsideración. con elementos de juicio suficientes y bajo la responsabilidad de la autoridad competente.El artículo 225º agrega que la autoridad administrativa podrá prescindir de la actuación de pruebas ofrecida por cualquiera de las partes.5. convenios o contratos de los administrados. multa coercitiva o compulsión sobre las personas.
pondrán fin al procedimiento trilateral y hasta dejar sin efecto las resoluciones que se hubieran emitido. estos compromisos deberán constar por escrito y establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia de la transacción. en dos situaciones: • En caso del análisis de los hechos la administración encuentra que podría afectarse derechos de terceros. pero con la condición de que la transacción se recoja en una resolución administrativa. • cuando la materia de la controversia sea de interés general. Además. efectos y régimen jurídico específico del caso particular.La administración aprobara estos arreglos.
. La autoridad administrativa se exceptuará de éste precepto. Estos compromisos. siempre que se cumpla con los requisitos.
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