Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=295&lang=es
Timestamp: 2017-07-24 20:44:25
Document Index: 294376189

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1']

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Derechos económicos, sociales y culturales, Garantías judiciales y procesales, Igualdad ante la ley, Protección judicial Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 23 (Derechos políticos) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
Carta Democrática Interamericana Otros Instrumentos:
Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura – Naciones Unidas Hechos
- Fecha de presentación de la petición: 06 de abril de 2004 - Fecha de informe de admisibilidad (24/05): 08 de marzo de 2005
21. El Estado sostuvo que “las presuntas víctimas no ha[bían] agotado los mecanismos legales pertinentes de la jurisdicción interna y por ende incurr[ían] en […] falta de interés procesal”. (…) 24. En el presente caso, la Corte constata que el Estado no interpuso la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos sino hasta después del informe de admisibilidad, a través de un escrito allegado durante la etapa de fondo. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado renunció en forma tácita a presentar esta defensa en el momento procesal oportuno.
Derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Garantías judiciales de jueces provisorios 43 .La Corte observa que los Estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean independientes y, por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la provisionalidad no equivale a libre remoción. (…) En similar sentido, la Corte considera que la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. Además, no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente. (…) 44. Esta Corte ha destacado con anterioridad que los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces como para su destitución. Sobre este último punto, el Tribunal ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. (…).
1.2. Competencia 50. El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “un tribunal competente […] establecido con anterioridad a la ley”. Esto implica que las personas “tienen derecho a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos”, razón por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. (…)
1.4. Derecho de las victimas a ser oídas 72. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención, el derecho a ser oído exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones.
1.5. Deber de motivar la sanción de destitución 77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
1.6. Falta de independencia del Poder Judicial venezolano en general y de la CFRSJ en particular. 108. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte sólo puede constatar que, en efecto, se aumentó el número de magistrados del TSJ y que hubo ciertas declaraciones de funcionarios públicos o de miembros del Poder Judicial. Sin embargo, lo anterior no permite a la Corte tener conclusión alguna respecto a la existencia de una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial en su conjunto. Tampoco queda probado en el expediente del presente caso que el Poder Judicial haya sido “depurado” ideológicamente. Por estos motivos, con las pruebas obrantes, la Corte no encuentra demostrado que el Poder Judicial en su totalidad carezca de independencia.
195. La Corte observa que existió una diferencia de trato entre los tres magistrados víctimas que fueron destituidos y las magistradas Marrero y Morales, cuya sanción, en el primer caso nunca se impuso y, en el segundo, fue revocada. (….) 196. La Corte constata que las víctimas de este caso no cumplían con las exigencias de edad y años de servicio requeridos para acceder a la jubilación. En este sentido, podría pensarse que las víctimas, (….) no se encontraban en una situación de igualdad que justificara que se las tratara de forma similar.
209. (…) [L]a Corte considera que los alegatos del representante no deben analizarse bajo la óptica del artículo 24 convencional, sino bajo la obligación general de no discriminación contenida en el artículo 1.1 de la Convención. La diferencia entre los dos artículos radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, mientras que el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna, violaría el artículo 24. (…) 215. La Corte constata que las alegaciones presentadas en ambos recursos de nulidad son diversas, puesto que la magistrada Morales, entre otros alegatos, solicitó se revoque su sanción por cumplir los requisitos para jubilarse, lo cual es ajeno al recurso interpuesto por las víctimas. (…) En definitiva, se trata de dos procesos diferenciados. Por ello, la Corte estima que no se violó la cláusula general de no discriminación contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el derecho sustantivo a ser oído dentro de un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de dicho tratado
- La Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación. - El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la misma.
- El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos. - Supervisará la ejecución íntegra de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
- Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado, La Corte declara que,
- El Estado no violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un tribunal competente. - El Estado no garantizó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma.
- El Estado violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un tribunal independiente, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma. - El Estado violó el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras.