Source: https://rightsincontext.eu/2011/02/08/inconstitucionalidad-de-la-ley-organica-32011-de-reforma-de-la-loreg/
Timestamp: 2018-08-20 02:39:15
Document Index: 80507571

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 67', 'artículo 44', 'artículo 23', 'artículo 41', 'artículo 44', 'artículo 49', 'artículo 108']

Inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2011, de reforma de la LOREG – RIGHTS in context DERECHOS en contexto
Inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2011, de reforma de la LOREG
08/02/2011 23/08/2012 ~ Rights in Context
El pasado 29 de enero, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. El objeto de esta reforma consiste en ir más lejos en las implicaciones electorales de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley Orgánica 6/2002). No voy a entrar ahora a valorar la oportunidad política de esta modificación legislativa (avalada por los dos principales partidos de España: el PSOE y el PP). Un análisis legal crítico, en mi opinión, manifiesta la clara inconstitucionalidad al menos de algunas de las novedades de esta reforma. Me referiré en concreto a tres. Seré breve:
1. ‘Incompatibilidad sobrevenida’. Se trata de una nueva causa de incompatibilidad para el ejercicio de un cargo público electo. De ahora en adelante, el segundo párrafo del artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) estipula que las personas electas en candidaturas de partidos declarados ilegales con posterioridad a la celebración de las elecciones incurrirán en incompatibilidad sobrevenida, a no ser que formulen, “voluntariamente, ante (la) Administración una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad del partido político o del partido integrante de la federación o coalición en cuya candidatura hubiese resultado electo; o, en su caso, del partido al que se hubiera declarado vinculada la agrupación de electores en cuya candidatura hubiere resultado electo”.
Debe recordarse que el artículo 67.2 de la Constitución prohíbe el mandato imperativo de los miembros de las Cortes Generales, prohibición que análogamente se extiende a los parlamentos autonómicos e incluso a las circunscripciones forales y locales. El Tribunal Constitucional ya afirmó en sus primeros años (STC 5/1983) que “el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud de sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido”. En la misma línea, el TC también ha señalado que “quienes han sido elegidos para el desempeño de funciones representativas (…) han solicitado y obtenido el voto de los electores para orientar su actuación pública dentro del marco constitucional en un sentido determinado” (STC 119/1990, FJ 4º). Una vez un candidato recibe el respaldo electoral de la ciudadanía, en cumplimiento de la legislación en vigor, dicha persona es representante del conjunto de la ciudadanía y su condición de representante político electo no debe verse alterada por el destino del partido político con el que concurrió en su día a las elecciones.
2. Contaminación de listas. Para discernir si una candidatura no busca sino suceder a un partido político previamente declarado ilegal, “se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen, representan, administran o integran cada una de las candidaturas” (artículo 44.4). Las palabras seleccionadas en esta cláusula son cuanto menos vagas e imprecisas, ya que parecen dejar la puerta abierta para que cualquier persona que en algún momento dado haya formado parte de alguna candidatura o partido declarado ilegal automáticamente ‘contaminará’ todo proyecto político en que se involucre en el futuro. Esto conduciría, por ejemplo, a la ilegalización de todo partido al que dieran su nombre las últimas personas de todas las listas históricas de HB, Batasuna, ANV, EH, etcétera, al consistorio de Donostia (27 concejales). Dicha interpretación constituiría un ataque al derecho de sufragio pasivo, reconocido en el artículo 23 de la Constitución.
3. Plazo de ilegalización y acceso a los censos. Con el fin de evitar los problemas generados en el pasado (caso Iniciativa Internacionalista en las elecciones al Parlamento Europeo en 2009), esta reforma de la LOREG prevé (artículo 41.5) que “las Juntas Electorales, mediante resolución motivada, podrán suspender cautelarmente la entrega de las copias del censo a los representantes antes citados cuando la proclamación de sus candidaturas haya sido objeto de recurso o cuando se considere que podrían estar incursas en alguna de las circunstancias” de ilegalización de la candidatura electoral (artículo 44). La vía contencioso-electoral (artículo 49) es extremadamente breve y no ofrece garantías procesales plenas: los candidatos tienen 2 días desde la publicación de las candidaturas aceptadas para interponer el recurso, en cuyo acto deben presentar las alegaciones de fondo que estimen necesarias además de los elementos de prueba correspondientes; la resolución judicial se dictará en 2 días, es firme e inapelable; el amparo deberá solicitarse en 2 días, y el TC resolverá en el plazo de 3 días. Además, de acuerdo con el nuevo artículo 108.4 bis de la LOREG, incluso tras la celebración de las elecciones puede incoarse una causa de ilegalización del partido político correspondiente ante el Tribunal Supremo en base al procedimiento de la Ley de Partidos. Durante el tiempo que dure este proceso, el nombramiento de los posibles elegidos quedará en suspenso y en caso de decretarse la ilegalización, los candidatos incurrirían en la mencionada ‘incompatibilidad sobrevenida’.
Esta reforma muestra un escasísimo rigor legislativo y una pasmosa indiferencia hacia el marco constitucional en vigor. El legislador comete el error de aceptar el ‘todo vale’ y parte de la base de que quien se verá afectado por la norma (Batasuna y sus primos-hermanos) no merece disfrutar de las garantías de que gozamos el resto de españoles. Sólo queda confiar en que alguno de los titulares de legitimación activa interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el TC para garantizar que la democracia prime sobre los partidismos.
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2 thoughts on “Inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2011, de reforma de la LOREG”
Anti-independentista says:
hay veces que hay que medio saltarse una clausula constitucional para asegurar el bien de España.. y aun asi estan los pasmarotes de Amaiur en los Ayuntamientos de medio Pais Vasco.. asi nos va en este pais.. con las mariconadas de la ley y las historias