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Timestamp: 2020-02-21 09:13:59
Document Index: 105966444

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 339', 'Artículo 13', 'Artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 339', 'Artículo 6']

Concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital sobre el Plan de desarrollo de Peñalosa
Por ser un documento de principal interés para la participación y acción de los ciudadanos de esta comarca, Se presenta aquí la introducción del documento: Concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital sobre Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos. Este documento contiene las recomendaciones hechas por la instancia de participación. Es una herramienta fundamental para los ya próximos de Encuentros ciudadanos en los cuales se debe realizar, entre los habitantes de la localidad, un conjunto de recomendaciones y propuestas sobre los planes de desarrollo local.
El pasado 29 de Febrero de 2016 el Consejo Territorial de Planeación Distrital, recibió el Anteproyecto de Plan de Desarrollo de manos del Alcalde Mayor, doctor Enrique Peñalosa Londoño. De inmediato esta instancia, la máxima de la Planeación Participativa en la ciudad, se dio a la tarea de abordar su estudio.
Con una agenda intensa, limitada por el término legal de 30 días, reducido en esta ocasión a 20, por la Semana Santa, el CTPD, con nuevos integrantes, sin tener tiempo siquiera para conocerse, escuchó a los 13 sectores de la Administración Distrital y luego, una semana después, convocó a la ciudadanía, realizando 5 audiencias públicas denominadas “El CTPD ESCUCHA A LA CIUDADANÍA”, para luego entrar en la discusión interna del documento, por comisiones.
Bajo el enfoque metodológico de la Investigación, Acción Participativa - IAP, con el acompañamiento de la Universidad Nacional, se estudió el Anteproyecto de Plan de Desarrollo, su debate y reflexión, lográndose construir el concepto que hoy ponemos a consideración de la Administración y por supuesto de la ciudadanía, que recoge la expresión de los consejeros y consejeras, como representantes de la sociedad civil, y de la ciudad a través de sus diversas formas de organización.
El concepto, desde un primer momento y hasta el final, tuvo como eje de discusión y construcción, el establecimiento de ACUERDOS, DESACUERDOS Y APORTES frente al Anteproyecto de Plan de Desarrollo, puesto a consideración por la Administración Distrital. Con este parámetro, el concepto se rinde, de una manera integral y armónica, desde la mirada de las 5 comisiones, que integran el Consejo Territorial de Planeación Distrital, así:
Comisión Plan de Ordenamiento Territorial
Comisión de Desarrollo Regional, Descentralización y Desconcentración
Comisión Poblacional y de concertación conceptual de Mujer, Géneros Diversidad y Políticas Públicas.
Finalmente, el documento termina con unas conclusiones, previamente socializadas y consensuadas en Plenaria, realizada el 28 de los corrientes.
La participación de los consejeros frente a las diversas presentaciones que hicieron los 13 sectores de la Administración, al igual que las intervenciones de la ciudadanía, permitieron establecer varios temas que fueron objeto de discusión y análisis, partiendo de la estructura del Anteproyecto de Plan de Desarrollo, los cuales podemos sintetizar así:
EN CUANTO AL PLAN ESTRATÉGICO:
Se examinó la Visión, los pilares, proyectos estratégicos, los objetivos, metas e indicadores, la presentación técnica del documento y la coherencia del Anteproyecto con el Plan de Gobierno presentado por el Alcalde antes de ser elegido.
En términos técnicos, la revisión se concentró en lo establecido en el Artículo 4 del Acuerdo 12 de 1.994, esto es, su conformación: Una parte estratégica general y un Plan de inversiones a mediano y corto plazo, en cumplimiento del Artículo 339, de la Constitución Política y del Decreto 1421 de 1.993 Capítulo IX sobre Régimen Presupuestal y de Planeación. Esta última parte fue generadora de controversias, por lo que se solicitó a través de DERECHO DE PETICIÓN el Plan de Inversiones de manera desagregada, respuesta entregada al CTPD el 18 de marzo, en forma global.
En las tablas de METAS DE RESULTADO, SE ENCONTRARON VARIAS INCONSITENCIAS Y SE EVIDENCIARON MUCHAS AUSENCIAS, en lo relacionado con metas, indicadores y líneas base.
Los diagnósticos frente a las metas propuestas, no resultaron coherentes en muchos casos, con las necesidades sensibles de la población, su tamaño, el número de personas con NBI, debiéndose en este caso, dar cumplimiento al Artículo 13 de la norma en cita, es decir, dando prioridad al gasto público social, situaciones analizadas por las Comisiones Poblacional y Plan de Desarrollo, consideradas, como un obstáculo para la disminución de las brechas, la inclusión, la materialización de los enfoques y la garantía y efectividad de los derechos.
En este sentido, vale la pena tener en cuenta que el Proyecto del Plan de Desarrollo Distrital, ha debido presentarse al CTPD como documento consolidado para su análisis y discusión para rendir concepto y formular recomendaciones, como señala el 13 numeral 5 de la norma aludida.
En cuanto al objetivo central del Plan, dirigido a “propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuo, miembros de una familia y una sociedad”, se plantearon varias discusiones en el seno de las comisiones, en torno a este concepto, ligado al de bienestar y por supuesto al Índice de Desarrollo Humano. Si se tiene en cuenta los nueve componentes aplicados por Bután en 1.972, tales como: salud, en términos de calidad del servicio, educación, en cuanto calidad y nivel de la educación, Diversidad ambiental, ligada al proceso de arborización, más árboles, más oxígeno, Nivel de vida, articulado con la posibilidad de consumo y tener vivienda propia, gobernanza, esto es, credibilidad en las instituciones, seguridad, bienestar psicológico, uso del tiempo, cultura y vitalidad comunitaria, tendríamos que ligar estos componentes a los recursos destinados para su consecución en términos de presupuesto, particularmente en lo social y ambiental, encontrando que en el Plan de Inversiones el objetivo queda pendiente de ajustarse económicamente para su consecución, partiendo además de una realidad que se escapa a las decisiones de la Administración en términos de periodo de gobierno, eso sin contar con que la gran mayoría de las metas, porcentualmente se alejan de la posibilidad de materialización del objetivo, ya que muchas de ellas escasamente se incrementan en un punto por ciento, particularmente en lo social.
En el ejercicio de discusión y análisis del Anteproyecto, la Visión Quinto Centenario, capturó la atención de los consejeros y consejeras, partiendo del hecho de entender el Plan de Desarrollo en un periodo de cuatro años y no el proyectado a 2.038. Si bien el planteamiento formulado es ambicioso e ideal para algunos, también lo es que no consulta la intención de futuros gobernantes y plantea un nuevo ordenamiento del territorio, únicamente desde la mirada de la Administración, más no de la ciudadanía. Para que este sueño sea una realidad, debe ser fruto de una construcción social, respetuosa del ambiente, de las expresiones culturales, incluyente y sobretodo, garante efectivo de los derechos, con enfoque diferencial. La visión tiene que concretarse a los logros de esta administración para que esta sea el pilar del futuro y aquí empieza a discutirse analizar y reflexionar sobre la ciudad que quieren los habitantes del territorio, con miras a ser la ciudad de todas y todos, en donde el constituyente primario juega un papel definitivo desde ahora en la toma de decisiones, pues al final, el mejoramiento de la calidad de vida de quienes lo habitan es la justificación del planteamiento de la visión.
El análisis y la discusión del CTPD y la ciudadanía no fueron ajenos al tema ambiental, basados en la propuesta general del Anteproyecto de Plan de Desarrollo, concentrada en el Pilar Democracia Urbana y el eje Nuevo Ordenamiento Territorial. La ciudadanía se constituyó en una única voz en las Audiencias Públicas: advirtieron sobre los riesgos de intervenir la Reserva Van der Hammen, catalogada como el pulmón de la ciudad, cuna de especies de fauna, algunas de ellas endémicas, muchas en vía de extinción. Se habló de los beneficios biológicos de su presencia y de la necesidad de conservar este patrimonio ambiental para las nuevas generaciones. Se evidenció igualmente el papel de la CAR para dar paso a la propuesta de urbanizar parte de la reserva. Diferente fue la discusión al interior del CTPD, en donde algunos de los integrantes consideraron necesaria la intervención de áreas para dar el paso a la construcción de vías propuestas.
En varias de las audiencias, la ruralidad, su inclusión y tratamiento especial, fue evidenciada como una gran ausencia, teniendo en cuenta que constituye el 70% de nuestro territorio y no existen planteamientos claros y precisos sobre su futuro y mucho menos inversión para atender las necesidades del campo en diversos aspectos.
Se evidenció una necesidad de mayor coherencia en lo referente a sostenibilidad del territorio y adaptación al cambio climático, el objetivo debe ser reducir los riesgos asociados al cambio climático y ser coherente con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Entre las grandes ausencias del tema ambiental se mencionaron: la no creación de plantas de aprovechamiento de materiales de demolición, a pesar de plantearse enormes construcciones en la ciudad, no se propone un fortalecimiento de las medidas de responsabilidad empresarial frente al ambiente, tampoco una política de manejo y aprovechamiento de residuos, ni de gestión del agua y no se evidencia un enfoque de ordenamiento del territorio en torno a las cuencas.
A lo anterior se suma la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias referentes a Cerros Orientales y Río Bogotá, situación que no se materializa de manera concreta en los METAS DE RESULTADO planteadas en el Anteproyecto del Plan.
Si bien, muchos de los consejeros y consejeras encontraron en el Eje GOBIERNO LEGÍTMO FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA, una propuesta interesante en términos de la construcción de una ciudad moderna, que aplica la tecnología al crecimiento y transparencia y eficiencia de la función pública, las metas no se compadecen con los diagnósticos ni las necesidades, no expresan tampoco los planteamientos ambiciosos, mantienen el estado actual y la percepción de favorabilidad que ya venía.
La construcción de comunidad requiere la inclusión de las poblaciones, la aplicación del enfoque diferencial, de la materialización de la participación ciudadana más allá de la capacitación, de la destinación de recursos, del cumplimiento de los compromisos que se venían adelantando, como es el caso de los medios de comunicación comunitaria, mencionados en el diagnóstico pero no recogidos en proyectos y programas.
Este eje amerita una reestructuración que permita llevar a la ciudad a metas reales y atención de necesidades, de participación ciudadana incidente, del verdadero ejercicio de la democracia directa.
EN CUANTO AL PLAN DE INVERSIONES
En cuanto al Plan Plurianual de Inversiones, La ley 152 de 1994 establece en el Artículo 31º.- que “Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación, establecidos en la presente Ley”.
El Acuerdo 12 de 1994, “por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias”, dispone en el artículo 4º que el Plan de Desarrollo estará conformado por una parte estratégica general y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, de acuerdo a lo establecido al respecto por el artículo 339 de la Constitución Política, así como lo establecido en el Decreto 1421 de 1993, Capítulo IX, sobre Régimen Presupuestal y Planeación.
Los objetivos, metas y prioridades del Plan a nivel Distrital como Local.
Las estrategias y políticas generales y sectoriales.
Los programas para desarrollar las estrategias y las políticas adoptadas.
Cronograma de ejecución y organismo responsables de la misma.
El señalamiento de las normas, medio e instrumentos de coordinación de la planeación distrital con la planeación nacional, regional, departamental, local y sectorial.
El Plan de Inversiones Públicas, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales proyectos prioritarios yla determinación de los recursos financieros que garanticen su ejecución.
Al respecto, es pertinente revisar, para precisar el alcance del Plan de Inversiones, lo que dispone para el nivel nacional el Artículo 6º de la ley 152 de 1994, sobre Contenido del plan de inversiones:
Por tanto, consideramos que la información remitida el 18 de Marzo a esta instancia, mediante la radicación 2-1016-12517, es insuficiente por las siguientes razones:
No están especificadas las fuentes de recursos, de manera que no es posible analizar la viabilidad financiera del Plan. Es necesario que se especifique cuáles son las fuentes según ingresos corrientes, transferencias del nivel nacional, sistema nacional de participación y otras, y sobre todo, otro tipo de recursos para financiar proyectos estratégicos como la primera línea del Metro, las troncales de Transmilenio, la recuperación de la Avenida Caracas, o el programa de descontaminación del río Bogotá o la ejecución de programas sociales como la construcción de vivienda de interés prioritario o social y la atención a primera infancia, y otros.
Tampoco se especifica qué proporción del Plan se financiará con recursos de crédito o recursos de capital, con utilidades de las empresas de servicios públicos (dados los anuncios de privatización de las mismas, es fundamental conocer si se contará con recursos provenientes de utilidades o reservas o de la venta de activos o acciones, en cuyo caso la ciudad estaría perdiendo activos estratégicos y es preciso conocer con precisión la destinación de los recursos para hacer una evaluación costo-beneficio de las respectivas decisiones).
En lo que respecta a los recursos corrientes para el Consejo Territorial de Planeación y, por nuestro intermedio, para la ciudadanía organizada que representamos, es relevante conocer los recursos provenientes de tributos y dentro de ellos los impuestos, para conocer si la administración contempla un incremento de los impuestos, bien sea mediante tarifas o mediante la base gravable en el caso del impuesto predial, a través de actualizaciones catastrales adicionales.
Consideramos indispensable conocer si se recurrirá a tributos como la contribución de valorización, los cobros por congestión, los peajes, o las tasas retributivas por disposición de desechos líquidos y otros.
Es importante precisar si está previsto el uso de mecanismos no tributarios como los derechos de construcción o la edificabilidad básica y adicional para financiar ciertas inversiones en espacio público (que es un objetivo importante en el Plan) o la primera línea del Metro o las troncales de Transmilenio, como lo contemplaba el decreto 562 de 2014, que fue derogado por la administración.
Según se deduce de la comunicación arriba mencionada, para la administración la única diferenciación existente es la de con APP o sin APP, desconociendo la clasificación generalmente aplicada respecto a las fuentes de financiación pública, que se acaba de señalar.
Además, la administración parece suponer que las APP no deben contener fuentes de pago. Se acepta que se trata de recursos privados, pero que están sujetos a su recuperación mediante tarifas, peajes u otras formas de pago a cargo de la ciudadanía. Por tanto, no es de recibo la simplificación que se hace con esta clasificación.
Llama la atención que se contemple como fuente de financiación del programa de Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud, la Asociación Público-Privada (APP), en un monto equivalente a $ 2.5 billones. Queda la duda de cuál va a ser la fuente de pago de la o las APP a través de las cuales se va a construir o a mejorar dicha infraestructura, cuando la estructura financiera del sector salud se basa en aportes privados (de las empresas y los usuarios) y públicos (régimen subsidiado) a los sistemas de aseguramiento y, en algunos casos, los pagos (co-pagos o cuotas moderadoras) de los pacientes a los servicios médicos. Por tanto, la APP no parece ser una fuente cierta, realizable en el plazo del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”.
También aparecen $20.9 billones para Movilidad a través de APP y nos hacemos la misma pregunta: si es conocido que las tarifas que pagan los usuarios en una alta proporción, por no decir, casi en su totalidad, apenas cubren los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de transporte público, ¿cuál va a ser la fuente de pago de las APP? ¿Serán recursos del gobierno nacional, de crédito distrital o nuevos tributos?
De otra parte, el ante-proyecto de Plan solo contempla metas de resultado, que se definen como aquellas que reflejan los cambios producidos respecto a ciertos problemas sociales o ciertas posibilidades de acción pública.
En términos generales no hay metas de producto o de impacto que son aquellas que concretan la manera cómo se solucionará el problema o se alcanzará un determinado objetivo. En consecuencia de esta opción de presentación de las metas, tampoco hay –salvo algunas excepciones- indicadores de impacto o producto[1]. Como se observa en el ejemplo en el pie de página, las metas e indicadores de impacto o producto son las que permiten evaluar la coherencia y consistencia del Programa de Inversiones.
Finalmente, esperamos que la Administración recoja los desacuerdos y los aportes concertando con esta instancia su inclusión, con miras a hacer realidad su slogan: Bogotá mejor para todos y todas.
Martha Elizabeth Triana Laverde
Presidenta CTPD
[1] Lo anterior ha sido tomado de la Cartilla elaborada por el DNP en 2011 sobre “Orientaciones para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales”, la cual trae este ejemplo: en una vereda de un municipio se presenta el problema que el 40% de los niños en edad escolar no están asistiendo a los planteles educativos porque el más cercano, dadas las condiciones de las vías, queda a dos horas. El Objetivo del Plan es: Aumentar la cobertura bruta de educación básica. Meta de resultado: Alcanzar una cobertura bruta en educación básica del 90% en el periodo de gobierno. Indicador de resultado: Tasa de cobertura bruta en educación básica Meta de producto: Construir dos planteles educativos en la vereda durante el período de gobierno Indicador de producto: Número de planteles educativos construidos Metas de gestión: - Adquirir dos predios para la construcción de los planteles educativos - Elaborar un convenio con la gobernación para que cofinancie la construcción de la escuela Indicador de gestión: Número de predios con licencias de construcción aprobados; Convenio de cofin