Source: https://www.scribd.com/document/180331053/HL20402-pdf
Timestamp: 2019-08-22 08:12:18
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Decreto IMPLAN
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Nº 20.402
Crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al D.L. N°2.224, de 1978 y a otros c uerpos legales.
D. Oficial 03 de diciembre, 2009
La Presente historia de ley se ha terminado de confeccionar el día 31 de agosto del año 2007
1.1. Mensaje Presidencial
1.2. Informe Comisión de Minería y Energía
1.3. Informe Comisión de Hacienda
1.4. Discusión en Sala
1.5. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
2.1. Informe Comisión de Minería y Energía
2.3. Boletín de Indicaciones
2.4. Segundo Informe Comisión de Minería y Energía
2.5. Informe Comisión de Hacienda
2.6. Discusión en Sala
2.7. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
3.2. Discusión en Sala
3.3. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
4 Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados
4.1. Informe de Comisión Mixta
4.3. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
6.1. Ley Nº 20.402
Historia de la Ley Nº 20.402
Mensaje de S.E. La Presidenta de
la República. Fecha
Cuenta en Sesión 02, Legislatura 356.
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGIA, ESTABLECIENDO MODIFICACIONES AL DL. N° 2.224 DE 1978 Y A OTROS CUERPOS LEGALES. ______________________________
SANTIAGO, enero 16 de 2008.-
Nº 1293-355/
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer a esta H. Corporación un proyecto de ley que tiene por objeto crear el Ministerio de Energía, modificando el decreto ley Nº 2.224, de 1978 y otros cuerpos legales.
La energía como elemento prioritario en la labor de los Gobiernos en las próximas décadas.
La energía es un factor crítico para la vida económica de un país. Junto con constituir un bien cuyo consumo está directamente relacionado con la calidad de vida de la población, es un insumo esencial para la producción manufacturera, la agricultura, la minería y gran parte de los servicios que consumimos. En efecto, la energía es fundamental para el transporte, el calentamiento o la refrigeración de nuestros hogares, o el funcionamiento de nuestras fábricas, explotaciones agrícolas y oficinas.
En las últimas décadas, muchos países del mundo, incluido Chile, han optado por modelos económicos más abiertos, donde el sector privado ha ido ganando una participación importante en la provisión de servicios básicos, como el energético, y el Estado ha optado por intervenir, principalmente, a través de la regulación de esos mercados, corrigiendo las fallas que se producen en su funcionamiento. Para cumplir con dicho propósito, se han creado estructuras especializadas, encargadas de formular políticas de desarrollo para el sector y de
ejercer la regulación, tratando de optimizar así la competencia y la entrega de servicios del sector privado, beneficiando con esto a los ciudadanos.
La rapidez con que han sucedido estos cambios, ha requerido que el diseño de la institucionalidad existente se adecue a la realidad del sistema económico específico en el cual opera, lo que en la práctica no siempre ha sucedido. El cambio de las organizaciones y las competencias que éstas desarrollan, es un elemento clave cuando una institucionalidad dada no es coherente con el entorno en que desarrolla su accionar, sea este interior o exterior.
La primera década del nuevo siglo, ha instalado en la agenda de todos los Gobiernos el tema energético como uno de los temas principales para enfrentar en la acción gubernativa. Chile no está ajeno a este fenómeno, especialmente por ser un país con un sostenido crecimiento económico, que demanda de manera paralela más energía, como así también por ser un país altamente dependiente del extranjero en la estructura de su matriz energética.
El panorama energético nacional e internacional presenta desafíos como país, en ámbitos tales como la seguridad en el abastecimiento, la cooperación internacional, la eficiencia energética, el fomento de las llamadas “nuevas energías”, entre otras, que requieren analizar las fortalezas y debilidades de nuestro diseño institucional, a fin de evaluar la necesidad de modificaciones que permitan enfrentar los desafíos.
En efecto, el panorama internacional se caracteriza en los últimos años por tensiones de precios y crecimiento sostenido de la demanda. Según la Agencia Internacional de Energía, el petróleo, el gas natural y el carbón representan cerca del 85% del consumo actual y futuro, proyectándose un crecimiento de aproximadamente un 40% del consumo total de energía para el año 2025, respecto del año 2006.
Dado este panorama mundial, el tema de la seguridad en el abastecimiento de la energía ha pasado a ser un tema central en las agendas de los gobiernos de todo el mundo.
Por su parte, a nivel nacional, en los últimos años el panorama ha estado marcado por las restricciones al abastecimiento de gas, las alzas de precios de los combustibles y el alza de la energía eléctrica, cuestiones que han influido sobre los precios y la producción, y de manera más profunda sobre las expectativas de consumidores y productores.
Una breve mirada al sector energético chileno nos muestra que entre 1990 y 2006, el consumo de energía primaria por habitante en Chile creció en 64.7%. El desarrollo del país ha sido sustentado por una oferta y consumo de energía creciente, consistente con las necesidades que los procesos de modernización y desarrollo económico traen aparejadas.
Este mayor requerimiento ha acentuado la fuerte dependencia externa en el ámbito energético. En efecto, al año 2006, el 67.7% de los requerimientos de energía primaria del país se cubrieron con importaciones, proporción que ha ido
en aumento a través del tiempo. Esta dependencia externa, ha implicado un crecimiento en el gasto en energía importada (primaria y secundaria) de 140% en 3 años (2006 respecto a 2003), debido fundamentalmente a los mayores precios y la sustitución hacia fuentes de energía más caras (principalmente por las restricciones de gas argentino vigentes desde el 2004).
Enmarcados en este entorno, los objetivos básicos que orientan las políticas energéticas de los países desarrollados son la seguridad en el abastecimiento energético, la contribución de la energía al aumento de la competitividad de la economía y la integración de los objetivos medioambientales.
En el caso de Chile, podemos señalar que este último objetivo se relaciona
global, referido a la sustentabilidad del desarrollo
energético, tanto en lo referido a un uso eficiente de la energía, como en su
incidencia sobre el desarrollo social del país y el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
Dichos objetivos requieren, desde la mirada pública, adaptar nuestras instituciones para que respondan a las necesidades y desafíos que impone el presente y futuro del sector energético, en relación a su entorno nacional e internacional. Como lo señalamos, la energía es para Chile más que un tema coyuntural. Se trata de un determinante de nuestra capacidad para crecer establemente en el largo plazo, por lo que el Estado debe estar preparado para responder a los desafíos presentes y futuros en el ámbito energético.
Situación actual de los organismos públicos en Energía.
Para formular la presente propuesta, se han diagnosticado una serie de problemas que enfrenta la actual configuración de la organización y competencias en el sector público de energía.
Los Ministerios y servicios públicos que tienen a su cargo la rectoría, la regulación económica y fiscalización del sector energético, se estructuran de la siguiente manera:
Esta es un servicio público descentralizado, que tiene a su cargo “elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía”. La Dirección Superior de la Comisión corresponde a un Consejo Directivo, integrado por un representante del Presidente de la República (Presidente de la Comisión) y por los Ministros de Minería, Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Defensa Nacional, Secretario General de la Presidencia y de Planificación. El Presidente de la Comisión tiene el rango de Ministro de Estado.
competencias en la definición de
materia de hidrocarburos, energía nuclear y geotermia.
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.
En materia eléctrica le corresponde dictar los decretos de precios de los servicios eléctricos, otorgar concesiones, la determinación de los sistemas de transporte de la energía y racionamientos, entre otras materias.
Es un servicio público descentralizado, cuya función legal es la de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas sobre combustibles líquidos, gas y electricidad. Está sometida a la supervigilancia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
descentralizado, cuya función legal es el
desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear del país, debiendo atender las
materias relacionadas con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica. Está sometido a la supervigilancia del Ministerio de Minería.
Diagnóstico del modelo vigente.
En términos generales, la forma en que se ha organizado el Estado en la materia, dificulta una mirada integral del sector, dada la multiplicidad de organismos, la dispersión de competencias y el menor peso institucional de la Comisión Nacional de Energía frente a los restantes actores.
Deficiente asignación de responsabilidades institucionales. Falta de una autoridad clara en la materia.
En primer lugar, se evidencia la existencia de variadas autoridades, con diversas competencias y agendas diversificadas entre los sectores mineros, comerciales, productivos y energéticos.
Esta situación origina importantes costos de coordinación y conlleva el riesgo de dilución de las responsabilidades políticas e institucionales, ya que existen agendas y prioridades políticas diversas, lo que ha dificultado una mirada integral al tema energético en su conjunto.
Incoherencia entre responsabilidades y atribuciones. El modelo es excepcional en el concierto de la Administración Pública Chilena.
ley orgánica constitucional de
Administración del Estado, los
administración de sus respectivos sectores, para lo que deben proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.
En el caso del sector energía, el diseño institucional corresponde
excepción, ya que, por una parte, se le ha encomendado a un servicio público tareas propias de un Ministerio; y, por otra, las materias relacionadas con un sector (energía) no se encuentran entregadas a una sola autoridad, sino que se encuentran repartidas las competencias. Así pues, la Comisión Nacional de Energía, organismo encargado de formular las políticas sectoriales y preparar
normas, no cuenta con atribuciones
para impulsarlas, las
cuales recaen
esencialmente en los Ministerios de Minería y Economía, Fomento y
Focalización en la regulación económica del sector en desmedro de la generación de políticas públicas.
La labor de la Comisión Nacional de Energía en los últimos años ha estado enfocada en resolver aspectos coyunturales del sector energético y en el análisis y desarrollo de los procesos tarifarios, labor que ha sido cumplida de manera eficaz y eficiente.
Sin embargo, la Comisión no ha podido cumplir cabalmente con su rol de rectoría (generación de política pública, evaluación de éstas, coordinación sectorial e intersectorial, coordinación internacional), debido, entre otros factores, a la acotada presencia institucional dentro de la estructura del sector público, a raíz de su naturaleza jurídica. A eso se suma la creciente demanda de diversos y transversales sectores de la opinión pública, para que el Estado cuente con una visión más prospectiva y de largo plazo para el desarrollo del sector energético, que permita elaborar y ejecutar estrategias que posibiliten enfrentar los desafíos del área de la manera más eficiente posible.
supervigilancia del organismo rector en materia de Energía.
Los organismos responden a lineamientos estratégicos diversos. En efecto, si bien la Comisión Nacional de Energía tiene a su cargo elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía y velar por su cumplimiento, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se encuentra bajo la supervigilancia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que implica que no existe una interacción formal directa con el ente fiscalizador, cuestión que se replica en el caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Problemas del modelo de organización de la Comisión Nacional de Energía.
Respecto a la institucionalidad de
Nacional de Energía, se
observa una serie de dificultades en las condiciones actuales que esta debe operar. El Consejo de Ministros, como órgano rector de la Comisión, ha dejado de cumplir la función que inspiró su creación como unificador de criterios en torno a la política energética del país.
Aunque la instancia de un Consejo Directivo como órgano resolutivo, permite un cierto contrapeso de distintas visiones en torno al tema energético, en la práctica la menor especialidad de los Secretarios de Estado en materias de Energía y los problemas prácticos que se generan en la coordinación de las distintas agendas, ha significado que esta instancia no cumpla en la práctica con la misión que la ley le asigna.
Inexistencia de mecanismos formales de coordinación entre la política medioambiental y la política energética.
Dada la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Energía, ésta no tiene participación formal en la institucionalidad ambiental de Chile, no participando ni del Consejo Directivo de la CONAMA ni de los COREMAS.
Incapacidad de acción en el ámbito de la energía en regiones.
No existe una autoridad en ninguna región del país que pueda representar la actividad de energía, especialmente en la ejecución de programas y la coordinación intersectorial operándose a través de los respectivos Seremis de Minería o Economía, Fomento y Reconstrucción.
LAS BASES DE LA Nueva institucionalidad pública en el ámbito energético.
señalamos, la energía
estratégicos de las próximas décadas, y los problemas que presenta el modelo vigente dificultan enfrentar de manera correcta los desafíos para Chile. El tema no es coyuntural, por lo que estimamos que requiere y requerirá la atención permanente de la autoridad.
En este sentido, se hace necesaria una reforma a las instituciones que toman decisiones públicas en el ámbito energético, de manera de configurar correctamente las competencias y ámbitos de acción de cada una de ellas, que faciliten una mirada integral del tema para adoptar decisiones coherentes y de largo plazo.
La propuesta que se presenta ha considerado en el análisis el panorama energético nacional e internacional, los desafíos para Chile en la próxima década, el rol que cumple el Estado en materia de energía y la experiencia internacional relevante.
En primer lugar, debemos distinguir las cumplir en el ámbito energético:
funciones que el Estado debe
∑ La formulación y evaluación de políticas públicas. Estas son el conjunto de actividades de las instituciones de Gobierno que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. En este ámbito se encuentran contemplados los planes (“planificación indicativa”), los programas (fomento y apoyo a determinadas actividades para el cumplimiento de la política) y el establecimiento y aplicación de normas jurídicas, de rango legal o reglamentario, obligatorias para todos los actores, las que determinarán el marco global del funcionamiento de la actividad.
funcionamiento de la actividad económica, que tengan por objeto corregir las fallas del mercado. En este ámbito hablaremos de “regulación técnico - económica” y nos referiremos en específico al establecimiento de precios o tarifas y normas de calidad en el ejercicio de la actividad.
∑ La fiscalización del cumplimiento de sanciones.
normas y la aplicación de
∑ La resolución de conflictos entre agentes privados o entre éstos y el Estado.
En cuanto al tipo de organización, competencias y relaciones que deben tener las organizaciones estatales para el desarrollo de las potestades señaladas, debemos señalar que diversos especialistas y las tendencias internacionales en la materia aconsejan seguir los siguientes principios:
∑ Segmentación
objetivos, donde en general las correspondientes a la formulación de políticas sectoriales, la formulación de leyes y el monitoreo global del sector, corresponden a Ministerios (Gobierno Central) y las labores de regulación técnico - económica (fijación de tarifas, normas técnicas de calidad) y fiscalización son entregadas a agencias especializadas (Gobierno Descentralizado).
∑ Especialización e independencia del organismo a cargo de la regulación económica, que tienen por objeto mejorar la calidad de estos procesos y reducir el riesgo de captura tanto por parte de las empresas reguladas como de intereses políticos de corto plazo.
∑ Capacidad técnica de los organismos estatales. Uno de los principales desafíos que deben enfrentar estos organismos, se refiere a la asimetría de información que se produce entre las empresas y el Estado. Para moderar este problema, el nivel técnico de los organismos debe ser similar al de la empresa regulada. Los procesos de políticas públicas, regulación económica y fiscalización deben estar a cargo de equipos estables, de muy buen nivel que monitoreen
permanentemente a la industria regulada. Asimismo, los organismos deben contar con facultades para realizar auditorías técnicas de las empresas reguladas cuando lo requiera para verificar la información proporcionada por ellas.
∑ Instancias independientes de solución de controversias, que garanticen a los distintos intereses en juego que los procesos de fijación tarifaria no se desviarán de los objetivos que la ley contempló.
En este contexto, la propuesta de nueva institucionalidad energética, debe responder no sólo a las perspectivas y desafíos que presenta el panorama energético nacional e internacional, sino que también a los principios antes enunciados.
Los desafíos que se busca enfrentar.
objeto un
energía, para contar con organizaciones que efectivamente permitan impulsar un desarrollo seguro, eficiente y sustentable de la energía en nuestro país, estableciendo una correcta separación de funciones entre la elaboración de políticas, la regulación técnico - económica y la fiscalización en el ámbito energético.
Los desafíos que siguientes:
intenta satisfacer el diseño que se presenta son los
Facilitar la mirada integral del tema energético, unificando las
decisiones de política pública del sector energía.
Fortalecer una visión internacional del tema energético.
Mejorar la capacidad de rectoría y coordinación del Estado en
energía, para responder a los desafíos que existen en materia de:
∑ Información e
capacidades prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el área energética.
∑ Diseño de Instrumentos que favorezcan la diversificación de la matriz energética (seguridad abastecimiento), conciliando este objetivo con los de eficiencia del sistema.
∑ Definición y cumplimiento de objetivos en materia de eficiencia energética para la próxima década.
∑ Definición y cumplimiento de objetivos en materia de energización rural y social para la próxima década, de manera de asegurar el acceso a los servicios de energía a todos aquellos grupos sociales vulnerables o con bajo acceso a los mercados.
Fortalecer la capacidad regulatoria
técnica - económica del Estado Chileno, cumpliendo estándares internacionales ampliamente aceptados, de manera de garantizar estabilidad y transparencia al sector privado.
Mejorar los esfuerzos de coordinación
y compatibilización de la política medioambiental con la política
energética, de manera de asegurar un desarrollo energético dinámico y ambientalmente sustentable.
Mantener ciertas características
distintivas de la institucionalidad actual: altamente especializada y profesional, acorde con el sector en el que interviene.
Así pues, se presenta una propuesta que reestructura el sector energía, dándole una coherencia sectorial que no presenta en la actualidad, cuestión que dificulta la formulación de políticas públicas de largo plazo y con una visión integral del tema energético.
Esta nueva institucionalidad, permitirá responder de mejor manera los
En base al diagnóstico señalado, el contenido del presente proyecto es el siguiente:
Separación de funciones y creación del Ministerio de Energía.
El proyecto, en primer lugar, distingue las funciones de rectoría y regulación técnica - económica que hoy tiene por mandato legal la Comisión Nacional de Energía. Todas las competencias en materias de formulación de políticas, normas legales y reglamentarias, planes y programas son encomendadas a un Ministerio de Energía, el cual tendrá a su cargo la rectoría del sector energía en el país. Las funciones relativas a la regulación técnica - económica del sector (análisis de tarifas y determinación de normas técnicas y de calidad) se mantienen en la competencia de la Comisión Nacional de Energía, de la misma manera en que se desarrollan actualmente.
Visión integral del sector energía y fortalecimiento de la capacidad de rectoría.
Se le encomienda al Ministerio de Energía elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. En especial, deberá: a) preparar los planes y políticas para el sector energía; b) elaborar, coordinar, proponer y dictar, según corresponda, las normas aplicables al sector energía; c) estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía; d) desarrollar los estudios generales relacionados con el funcionamiento y desarrollo integral del sector; e) velar por el efectivo cumplimiento de las normas sectoriales.
Asimismo, como efecto de la creación del Ministerio, se trasladan las siguientes competencias radicadas actualmente en los Ministerios de Minería y Economía, Fomento y Reconstrucción, según corresponda:
∑ Suscripción conjunta con el Ministerio
Especiales de Operación de Hidrocarburos y sustancias nucleares.
∑ Todas las facultades contenidas en la ley de concesiones geotérmicas al Ministerio de Minería (gestión del sistema de concesiones).
∑ Determinación de
paridad contenidos en los
estabilización de precios del petróleo (ley 19.030 y 20.063).
∑ En general, todas las competencias que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción tenía asignadas en materia de gas y electricidad (concesiones definitivas; sistemas de transporte; explotación de servicios eléctricos y suministro; dictación de reglamentos), salvo en la determinación de los precios de los servicios eléctricos, lo que se hará de manera conjunta.
Organización del Ministerio de Energía.
La Dirección Superior del Ministerio corresponderá al Ministro de Energía. La administración interna y la coordinación de los servicios públicos sectoriales le corresponderá al Subsecretario de Energía. Se crean seis Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, las que representarán al Ministerio en una o más regiones, estableciéndose mediante Decreto Supremo las regiones que le corresponderá a cada una de ellas. Las Seremis de energía estarán focalizadas en la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, integrándose a la Corema; y en todas las acciones de diseño, coordinación y ejecución de los programas relacionados con la eficiencia energética y energización rural y social.
Coordinación de la política medioambiental y la política energética.
Con el objeto de establecer canales formales de comunicación entre ambos sectores, se incorpora el Ministro de Energía al Consejo Directivo de CONAMA; como asimismo los Seremis de Energía se integran a las COREMAS.
Coherencia sectorial de la acción de los Servicios Públicos del Sector.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, esto es todos los servicios públicos sectoriales, se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de Energía.
regulación técnica –
La Comisión Nacional de Energía se especializará en los procesos tarifarios y en la determinación de normas técnicas sectoriales. Acorde con la separación de
funciones y las tendencias internacionales, se le encomienda a la Comisión, como entidad técnica especializada, las funciones relativas a la regulación técnica - económica del sector.
La Comisión será un servicio público descentralizado, encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica.
Carácter técnico e independencia de la Comisión Nacional de Energía.
especialidad técnica e independencia de
intereses privados y políticos de corto plazo, se establece que la Comisión
Nacional de Energía quedará sujeta al sistema de alta dirección pública
Capacidad técnica y recursos humanos.
Finalmente, el proyecto, establece una facultad para que mediante la dictación de decretos con fuerza de ley se establezcan las plantas de personal del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de Energía.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
Créase el Ministerio
superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de
gobierno y administración del sector de energía.
Artículo 2º.- Modifícase el Decreto Ley Nº 2.224, de 1978, de la siguiente manera:
1. Reemplázase el epígrafe del Título primero por el
siguiente: “Del Ministerio de Energía”.
2. Suprímese el artículo 1º.
3. En el artículo 2º:
a) En el inciso primero, reemplázase la frase “a la
Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de Energía”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:
“Se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de
Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.”.
4. En el artículo 3º:
Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de Energía.
b) Agrégase, después de la palabra distribución,
las palabras: “consumo, uso eficiente”, precedidas por una coma (,)
5. En el artículo 4º:
Reemplázase la frase “a la Comisión” por
la siguiente: “al Ministerio”.
letra d), reemplázase la frase “y
proponer al Gobierno las normas técnicas” por la siguiente frase, precedida de
una coma (,) ”proponer y dictar, según corresponda, las normas”; y agrégase antes de la frase “la seguridad y adecuado funcionamiento” la frase: “la eficiencia energética”.
Reemplazáse, en
“técnicas a que se refiere la letra anterior” por la palabra “sectoriales”.
Reemplázase, la letra f) por la siguiente:
“f) Proponer al Presidente de la República y evaluar las políticas, planes y normas relativas a los contratos especiales de operación a que se refiere el inciso décimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política, tratándose de hidrocarburos o materiales atómicos naturales, lo que deberá
hacer en conjunto con el Ministerio de Minería.”
Suprímense las letras g) y h).
6. Suprímese el epígrafe del título II.
7. Reemplázase el Artículo 5º por el siguiente:
conducción del Ministerio
corresponderá al Ministro de Energía, en conformidad con las políticas e instrucciones que imparta el Presidente de la República. La administración interna del Ministerio corresponderá al Subsecretario de Energía, quién será el Jefe Superior del Servicio y coordinará la acción de los servicios públicos del sector.
El Ministerio de Energía contará con seis Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, las que representarán al Ministerio en una
o más regiones. Mediante Decreto Supremo se establecerán las regiones que le corresponderá a cada una de ellas, así como la ciudad en la que tendrá asiento el Secretario Regional Ministerial.”.
8. Incorpórase, antes del artículo 6º, el siguiente
epígrafe: “TITULO II De la Comisión Nacional de Energía”.
9. Reemplázase el artículo 6º por el siguiente:
“Artículo 6º. La Comisión Nacional de Energía será una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, que se relacionará con el Presidente de La República a través del Ministerio de Energía. Su domicilió será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que pudiera establecer. La Comisión será un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las
empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica. La Comisión estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N°19.882.”.
10. Reemplázase el artículo 7º por el siguiente:
corresponderá a la Comisión, en particular, las siguientes funciones y atribuciones:
a) Analizar técnicamente la estructura y nivel de
los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos, en los casos y forma que establece la ley;
indispensables para el funcionamiento y la operación de las instalaciones
energéticas, en los casos que señala la ley;
c) Proponer al Ministerio de Energía las normas
legales y reglamentarias que se requieran, en las materias de su competencia.
11. En el artículo 8º:
a) Reemplázase el párrafo que se encuentra entre
el punto seguido y el punto final por el siguiente: “Será nombrado por el
Presidente de la República mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previsto en el párrafo 3° del Titulo VI de la ley N° 19.882.”
12. En el artículo 9º:
a) Suprímense las letras a) y b).
b) Suprímese, en
someterlo al Consejo”.
c) En la letra d):
“Proponer al
Consejo” por la palabra “Disponer”.
ii. Suprímese el párrafo que comienza con la palabra “sancionando” y termina con la palabra “Comisión”.
d) Suprímese, en la letra e), la frase “sujetándose
a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte el Consejo”.
e) Suprímense las letras f) y g).
f) En la letra h), reemplázase la frase: “dando
cuenta de todo ello al Consejo” por la siguiente: “conforme la ley.”
g) En la letra i), suprímese la frase: “sujetándose
a los acuerdos e instrucciones del Consejo”.
13. Incorpórase, antes del artículo 11º, el siguiente
epígrafe: TITULO III Disposiciones Comunes.
14. Agrégase el siguiente artículo 12 nuevo:
“Artículo 12. En el cumplimiento de sus funciones, tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de Energía podrán requerir de los Ministerios, Servicios Públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, los antecedentes y la información necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando los
funcionarios que dispongan de dichos antecedentes e informaciones, obligados a proporcionarlos en el más breve plazo. El incumplimiento de esta obligación podrá ser administrativamente sancionado, en caso de negligencia, por la Contraloría General de la República, en conformidad a las reglas generales. Asimismo, podrán requerir a las entidades y empresas del sector energía, a las relacionadas que mantienen transacciones con aquéllas, y a los clientes finales de energía, la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones. Respecto de las empresas relacionadas, sólo podrá solicitar la información referida a las transacciones que hayan realizado con las empresas del sector energía. Las entidades o empresas requeridas en uso de la facultad señalada precedentemente, sólo podrán exceptuarse de entregar la información solicitada, invocando una norma legal vigente sobre secreto. El incumplimiento del requerimiento de información o de la obligación de proporcionarla sin mediar aquél, así como la entrega de información falsa, incompleta o manifiestamente errónea, serán sancionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a las normas establecidas en la ley Nº 18.410. Mediante resolución fundada, tanto el Ministerio como la Comisión podrán requerir a las empresas, bajo apercibimiento de multa que deberá cursar la Superintendencia, que efectúen auditorias para comprobar la veracidad y exactitud de las informaciones que le hayan proporcionado. La contratación y financiamiento de estas auditorias corresponderá a la empresa o entidad requerida. El auditor deberá elegirse de una lista de auditores autorizados, que formen parte de un registro público integrado por las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos y condiciones que determine el reglamento, el que indicará además las causales de exclusión del registro que se mantendrá actualizado por la Superintendencia. Los funcionarios de ambas instituciones y las personas que le presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación, deberán guardar reserva de los documentos y antecedentes señalados en los incisos precedentes, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción de esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan. Esta prohibición, en beneficio propio o de terceros, obliga hasta tres años después de dejar el cargo funcionario o haber prestado servicios.”.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º del DFL Nº 302 del año 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Ministerio de Minería, de la siguiente manera:
1. Suprímese la letra g).
2. En la letra i):
a) Suprímese el siguiente párrafo: “del Consejo
de la Comisión Nacional de Energía, tratándose de hidrocarburos”.
continuación del punto final: “Los contratos especiales de operación relativos a
hidrocarburos, serán suscritos conjuntamente con el Ministro de Energía”.
Artículo 4º.- Modifícase la ley Nº 16.319, Ley Orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de la siguiente manera:
1. Sustitúyese en el inciso tercero de su artículo 1º, la
palabra “Minería” por “Energía”.
2. Sustitúyese en la letra b) del inciso 3º del artículo 9º,
la palabra “Minería” por “Energía”.
Sustitúyese en la ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear
en todas las disposiciones en que se encuentran, la palabra “Minería”, por la expresión “Energía”.
Artículo 6º.- Modifícase la ley Nº 19.657, Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica, de la siguiente manera:
1. Sustitúyese, en todas
encuentran, la palabra “Minería”, por la expresión “Energía”.
2. En el inciso primero del artículo 8º, Reemplazase la
frase “la Comisión Nacional de Energía y” por el artículo “los”.
frase “, previo informe de la Comisión Nacional de Energía”.
4. Suprímese, en el inciso segundo del artículo 36, la
frase final “, y a la Comisión Nacional de Energía”.
frase final “, y a la Comisión Nacional de Energía”. Artículo 7º.- Sustitúyase en el inciso primero del artículo 11º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1986, del Ministerio de Minería, Normas sobre Contratos de Operación Petrolera, la palabra “Minería” por “Energía”. Artículo 8º.- Modifícase la ley Nº 20.063, que crea fondos de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, de la siguiente manera:
Sustitúyese en el inciso primero y segundo, la
palabra “Minería” por “Energía” y sustitúyase la frase “Comisión Nacional de
Energía” por “Subsecretaría de Energía”.
quinto la frase “Comisión Nacional de Energía” por “Subsecretaría de Energía”.
“Minería” por “Energía” y la frase “Comisión Nacional de Energía” por “Subsecretaría de Energía.
2. En el artículo 6º:
tercero la palabra
“Minería” por “Energía” y la frase “Comisión Nacional de Energía” por “Subsecretaría de Energía” las dos veces que aparece.
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3. En el artículo 8º:
“Minería” por “Energía”.
a) Sustitúyese
segundo, la palabra
Artículo 9º.- Modifícase la ley Nº 19.030, que crea el fondo de estabilización de precios del petróleo, de la siguiente manera:
“Minería” por “Energía” y la frase “Comisión Nacional de Energía” por
“Subsecretaría de Energía”.
“Comisión Nacional de Energía” por “Subsecretaría de Energía”.
c) Sustitúyese
2. En el artículo 5º:
tercero la
“Subsecretaría de Energía”. Artículo 10º.- Modifícase la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de la siguiente manera:
1. Sustitúyese en el inciso primero del artículo primero
las palabras “Economía, Fomento y Reconstrucción” por la palabra “Energía”.
2. Intercálase, en el numeral 6) del inciso 4º del artículo
15, después de la palabra “Superintendencia” las palabras “Ministerio de
Energía”, precedidas por una coma (,).
3. Sustitúyese en el inciso final del artículo veintitrés,
las palabras “Economía, Fomento y Reconstrucción” por la palabra “Energía” las dos veces que aparece.
Artículo 11º.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, del año 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas, de la siguiente manera:
1. Reemplázase, en el artículo 32°, las expresiones “el
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”, por las expresiones “los
Ministerios de Energía y Economía, Fomento y Reconstrucción”.
2. Sustitúyese, en las demás disposiciones en que se
encuentran las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la expresión “Energía”.
3. Suprímese, en el artículo 47°, las expresiones “bajo
la dependencia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” y la
coma (,) que les precede.
Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año
1979, del Ministerio de Minería, de la siguiente manera:
1. Sustitúyese, en todas las
disposiciones en que se
encuentran, las expresiones “Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la expresión “Energía”.
2. Reemplázase, en el artículo 6°, las expresiones
“conjunto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por las expresiones “del Ministerio de Energía”.
3. Suprímese el artículo 8º.
Artículo 13º.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del año 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos, de la siguiente manera:
1. Sustitúyese, en el artículo 9º, la expresión “al
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la siguiente oración:
“al Ministerio de Energía, el que actuará conjuntamente con el Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción en materias relacionadas con los precios y las tarifas contemplados en la presente ley, conforme los procedimientos establecidos en ella”.
2. Sustitúyese, en los artículos 11, 17, 25, 26, 29, 33,
59, 63, 74, 75, 137, 146, 163, 210, 212 inciso final y 220 las expresiones
“Economía, Fomento y Reconstrucción”, por la expresión “Energía”.
3. Intercálase, en
después de la palabra Ministerio, las palabras “de Energía”.
4. Sustitúyese, en los artículos 92
inciso primero, 94
inciso sexto, 112 inciso primero, 169, 178, 189, 203 y 206 la expresión “al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la frase: “a los Ministerios de Energía y Economía, Fomento y Reconstrucción”.
5. Sustitúyese, en los artículos 47 incisos 2º y 4º, 83,
94 inciso 5º, 115 inciso final, 147 letra d) del inciso final, 152, 184 inciso final
y 190, la expresión “el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la frase: “los Ministerios de Energía y Economía, Fomento y Reconstrucción”.
6. Sustitúyese, en los artículos 92 inciso segundo, 99
inciso final y 171, la expresión “el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la frase: “los Ministros de Energía y Economía, Fomento y Reconstrucción”.
7. Sustitúyese, en
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la frase: “a los Ministros
de Energía y Economía, Fomento y Reconstrucción”.
8. Sustitúyese, en los artículos 47 inciso 1º, 112 inciso
final, 151 inciso primero y segundo, 158 y 178 inciso final, la expresión “del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” por la frase: “de los Ministerios de Energía y Economía, Fomento y Reconstrucción”.
9. Agrégase, en el artículo 87°, a continuación de la
expresión “Reconstrucción”, las expresiones “uno del Ministerio de Energía”,
precedidas de una coma (,)”.
10. Sustitúyese, en los artículos 112 inciso segundo y
178 inciso segundo, la frase “El Ministro fijará” por la siguiente: “Los Ministros
fijarán”.
11. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 73, la
palabra “proponga” por la palabra “determine”.
12. Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 135º, la
frase “el Consejo Directivo de la Comisión podrá acordar” por la frase “los
Ministros de Energía y de Economía podrán disponer”.
13. Sustitúyese, en el inciso tercero del artículo 137, la
frase “de acuerdo a las normas y reglamentos que proponga la Comisión” por
la siguiente: “de acuerdo a las normas técnicas que determine la Comisión y la reglamentación pertinente”.
14. Sustitúyese, en los incisos tercero, cuarto y séptimo
del artículo 148, las palabras “la Comisión” por “el Ministerio de Energía”.
15. Suprímese, en el inciso segundo del artículo 150, la
frase “el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con informe de”.
16. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 170º, las
expresiones “la Comisión, previo acuerdo de su Consejo Directivo”, por las expresiones “los Ministerios de Energía y de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante resolución exenta fundada.”.
17. Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 211, las
expresiones “el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con
acuerdo del Consejo Directivo”, por las expresiones “los Ministros de Energía y de Economía, Fomento y Reconstrucción”.
18. En el artículo 212:
a) Sustitúyese en su inciso tercero las palabras “la
Comisión” por “la Subsecretaría de Energía”.
b) Sustitúyese en su inciso séptimo las palabras
“a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión” por “a la Subsecretaría de Energía”.
Artículo 14º.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 71 de la ley Nº 19.300, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, antes de las palabras “y Bienes Nacionales”, la palabra “Energía”.
Artículo 15º.- Las atribuciones que confieran las leyes y decretos supremos al Ministerio de Minería, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o a la Comisión Nacional de Energía, o al respectivo Ministro, en todas aquellas materias que son de la competencia del Ministerio de Energía en virtud de la presente ley, se entenderán conferidas al Ministerio o Ministro de Energía, según corresponda, por el solo ministerio de la ley.
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En especial, el Ministerio de Energía ejercerá todas las
competencias que en el sector energía tiene
Fomento y Reconstrucción, salvo en aquellas materias en las que expresamente la ley dispone la intervención de este último Ministerio, así como las que previamente tenía el Ministerio del Interior, en las materias a que se
refieren las siguientes disposiciones de rango legal: Decreto con Fuerza de Ley N° 323, de 1931; decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Minería, de
4, del Ministerio
Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del Ministerio de Minería, de
Artículo Primero.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Energía, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:
a) Fijar la planta de personal de la Subsecretaría
de Energía, el régimen de remuneraciones que le será aplicable, y las
asignaciones, beneficios u otros emolumentos que se les asigne. El encasillamiento en esta planta incluirá sólo a personal proveniente de la Comisión Nacional de Energía.
b) Modificar la planta de personal de la Comisión
c) Para ordenar el traspaso de funcionarios
titulares de planta y a contrata entre las instituciones señaladas en la letra a), sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, y el traspaso de los recursos que se liberen por este hecho. El traspaso del personal titular de planta, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo
grado que tenían a la fecha del traspaso. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen.
d) Establecer las normas complementarias al
artículo 15 de la ley Nº 18.834, respecto de los encasillamientos derivados de
las plantas que fije de conformidad con las atribuciones establecidas en este artículo.
e) Establecer los requisitos para el desempeño de
los cargos, sus denominaciones, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de la ley Nº 19.882 si correspondiere, las fechas de vigencia de las
plantas, las dotaciones máximas de personal y todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije y modifique de acuerdo a lo señalado en las letras a) y b).
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las facultades señaladas en este
artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al
que afecte:
- No podrá tener como consecuencia
ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión de
cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado y del que no se traspase.
empleo, disminución de remuneraciones, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado y del que no se traspase.
Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
funcionarios encasillados
conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
nueva planta que se fije y del encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder de la cantidad de $801.077 miles.
Artículo Segundo.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el presupuesto de la Subsecretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía y traspasará a la primera los fondos correspondientes al traspaso de personal necesario para que cumpla sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar las asignaciones, ítemes y glosas presupuestarias que sean pertinentes.”.
Artículo Tercero.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año se financiará con cargo a la partida presupuestaria de la Comisión Nacional de Energía. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.”.
Ministro Presidente Comisión Nacional de Energía
Ministro Presidente Comisión Nacional del Medio Ambiente (S)
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INFORME COMISIÓN MINERÍA
1.2. Informe Comisión de Minería
Cámara de Diputados. Fecha 21 de noviembre de 2008. Cuenta en Sesión 119, Legislatura 356.
INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA ACERCA DEL PROYECTO QUE CREA EL MINISTERIO DE ENERGÍA. BOLETÍN N°5.766-08.-
Vuestra Comisión de
informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. la
Presidenta de la República, que crea el Ministerio de Energía.
El proyecto en informe propone crear el Ministerio de Energía, para efectuar un reordenamiento del sector energía y con ello, contar con organizaciones que efectivamente permitan impulsar un desarrollo seguro, eficiente y sustentable de la energía en nuestro país, estableciendo una correcta separación de funciones entre la elaboración de políticas, la regulación técnico-económica y la fiscalización que se deberá efectuar en el ámbito energético. Con esta propuesta, el Estado de Chile estará en condiciones de responder de mejor manera a los desafíos que presenta el panorama energético en las próximas décadas, con el objetivo claro de que los chilenos sigan recibiendo la energía adecuada.
Para los efectos previstos en el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
Artículos nuevos: Se incorporaron los artículos cuarto y quinto transitorios. Indicaciones aprobadas: Se aprobaron trece
Indicaciones rechazadas: No hubo Normas de ley orgánica constitucional o de
quórum calificado: No las hay. Normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda: el proyecto de ley en su integridad, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Aprobación en general: El proyecto fue aprobado en general, por nueve votos a favor de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo; Aedo, don René; Encina, don Francisco; Espinosa, don Marcos; Leal, don Antonio; Rojas, don Manuel; Rossi, don Fulvio; Sule, don Alejandro, y Valenzuela, don Esteban y tres abstenciones de los Diputados señores Álvarez, don Rodrigo (reemplazó al Diputado Ward), Forni, don Marcelo y García-Huidobro, don Alejandro. Diputado informante: Sule, don Alejandro.
Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas, representantes de las instituciones que se indican:
Por la Comisión Nacional de Energía, el Ministro Presidente, señor Marcelo Tokman Ramos; el Ministro Presidente (S), señor Rodrigo Iglesias; los asesores señores Diego Vio; Andrés Romero, Gabriel Méndez e Ignacio Santelices.
Concurrieron además:
Por Chile Sustentable, la Directora Ejecutiva, señora Sara Larraín Ruiz-Tagle. Por Empresas Eléctricas A.G., el Director Ejecutivo, señor Rodrigo Castillo Murillo. Por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Investigadora del Programa Económico, señora María de la Luz Domper. Por la Fundación Chile 21, el Consultor, señor
Por ACERA A.G., el Vicepresidente, señor Mario Manríquez y el Director, señor Juan Walker. Por la CEPAL, el consultor de Asuntos Económicos, señor Manlio Coviello. Por la Empresa Consultora Synex, su Director, señor Sebastián Bernstein Letelier. La Consultora, señora María Isabel González. Los Consultores, señores Alejandro Jadresic, Miguel Márquez, y Gonzalo Martner.
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diagnóstico de la actual configuración de la organización y competencias en el sector público de energía, detectando una serie
de problemas, que con el presente proyecto se busca resolver.
En primer término, es necesario describir el
modelo institucional vigente, que
nacional, constatar cuáles son los ministerios y servicios públicos
la rectoría, la regulación económica
fiscalización del sector energético, los que siguiente manera:
La Comisión Nacional de Energía,
servicio público descentralizado, que tiene a su cargo “elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno, en todas aquellas materias relacionadas con
la energía”. La Dirección Superior de la Comisión le corresponde a un Consejo Directivo, integrado por un representante del Presidente de la República (Presidente de la Comisión) y por los Ministros de Minería, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda, de Defensa Nacional, del Secretario General de la Presidencia y del de Planificación. El Presidente de la Comisión, tiene el rango de Ministro de Estado.
Minería, es el organismo
que posee la competencia para definir las políticas, planes y normas en materia de hidrocarburos, de energía nuclear y de geotermia.
Economía Fomento y
Reconstrucción, es la institución encargada de establecer las
normas en materia eléctrica, por lo tanto, le corresponde dictar los decretos de precios de los servicios eléctricos, otorgar concesiones, determinar sobre los sistemas de transporte de la energía y racionamientos eléctricos, entre otras materias.
Combustibles, es el servicio público descentralizado, cuya función
legal es la de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas sobre los combustibles líquidos,
de gas y de electricidad. Su función está
supervigilancia del
sometida a la Fomento
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La Comisión Chilena de Energía Nuclear, es un organismo público descentralizado, cuya función legal es el desarrollo de la ciencia y de la tecnología nuclear del país, debiendo atender las materias relacionadas con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica. Este servicio está sometido a la supervigilancia del Ministerio de Minería. De acuerdo a lo descrito, se puede señalar que la forma en que se ha organizado el Estado en esta materia, dificulta una mirada integral del sector, dada la multiplicidad de los organismos, de la dispersión de competencias y el menor peso institucional que tiene la Comisión Nacional de Energía frente a los restantes actores, situación que produce, los siguientes problemas e ineficiencias:
7. 1°.-
responsabilidades institucionales, se produce debido a la falta de
una autoridad que tenga una clara visión sobre la materia, y a la existencia de variadas autoridades, con diversas competencias y agendas diversificadas entre los sectores mineros, comerciales, productivos y energéticos, lo que origina importantes costos de coordinación y conlleva el riesgo de dilución de las responsabilidades políticas e institucionales, ya que existen agendas y prioridades políticas diversas, lo que ha dificultado una mirada integral al tema energético en su conjunto.
8. 2°.-
incoherencia entre las
responsabilidades y las atribuciones de un modelo institucional que resulta excepcional dentro de la Administración Pública Chilena, que
Bases Generales de la Administración del Estado, pues, por una parte, se le ha encomendado a un servicio público (Comisión Nacional de Energía) tareas propias de un Ministerio y, por otra, las
competencias relacionadas con un sector (energía) no se encuentran entregadas a una sola autoridad, sino dispersas. Así pues, la Comisión Nacional de Energía, organismo encargado de formular las políticas sectoriales y preparar las normas, no cuenta con las atribuciones para impulsarlas, las cuales recaen esencialmente en los Ministerios de Minería y de Economía, Fomento y Reconstrucción. 3°.- Se produce una focalización casi exclusiva en la regulación económica del sector, en desmedro de la generación de políticas públicas, toda vez que la Comisión Nacional de Energía en los últimos años ha estado enfocada en resolver aspectos coyunturales del sector energético y en el análisis y
desarrollo de los procesos tarifarios, labor que ha sido cumplida de
eficiente. Sin embargo, la Comisión Nacional de
Energía, no ha podido cumplir cabalmente con su rol de rectoría (generación de política pública, evaluación de éstas, coordinación
sectorial e intersectorial, coordinación internacional), debido, entre
otros factores, a la acotada presencia institucional dentro de
estructura del sector público, a raíz de su naturaleza jurídica. A eso se suma la creciente demanda de diversos y transversales sectores
de la opinión pública, para que el Estado cuente con una visión más
prospectiva y de largo plazo para el desarrollo
energético, que permita elaborar y ejecutar estrategias que posibiliten enfrentar los desafíos del área de la manera más eficiente posible.
sectoriales no se encuentran bajo la supervigilancia de un
organismo rector en materia de Energía, por el contrario, responden a lineamientos estratégicos diversos. En efecto, si bien la Comisión
Nacional de Energía tiene a su cargo elaborar y coordinar
planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo
del sector energía y velar por su cumplimiento, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se encuentra bajo la supervigilancia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que
implica que no existe una
interacción formal directa del órgano
planificador con el ente fiscalizador, cuestión que se replica en el
caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Además, el modelo de organización de la
Comisión Nacional de Energía, presenta diversas dificultades en las condiciones actuales en que ésta debe operar. El Consejo de Ministros, como órgano rector de la Comisión, ha dejado de cumplir la función que inspiró su creación como unificador de criterios en
la política energética del país. Aunque
Consejo Directivo como órgano resolutivo, permite un cierto contrapeso de distintas visiones en torno al tema energético, en la práctica la menor especialidad de los Secretarios de Estado en materias de Energía y los problemas prácticos que se generan en la coordinación de las distintas agendas, ha significado que esta instancia no cumpla en la práctica con la misión que la ley le asigna.
formales de coordinación entre
existen los mecanismos
política medioambiental y la
política energética, toda vez que la Comisión Nacional de Energía no
tiene una participación formal en la institucionalidad ambiental de
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la CONAMA, ni
El proyecto considera la modificación de una gran cantidad de disposiciones legales vigentes, relativas al sector energético, en lo fundamental, con el propósito de incorporar en
ellas la figura del Ministerio de Energía, así como las autoridades y órganos asociados al mismo, asignándoles las respectivas competencias. Los cuerpos legales modificados son los siguientes:
1.- Decreto Ley Nº 2.224, de 1978, que crea la Comisión Nacional de Energía. 2.- DFL Nº 302 del año 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Ministerio de Minería.
16.319,
4.- Ley Nº 18.302, ley de Seguridad Nuclear.
Ley Nº 19.657,
6.- Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1986, del Ministerio de Minería, Normas sobre Contratos de Operación Petrolera.
19.030,
estabilización de precios del petróleo.
18.410,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 9.- Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, del año
1931, del Ministerio del Interior, ley de Servicios de Gas.
10.- Decreto con
1979, del Ministerio de Minería. 11.- Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del año 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos. 12.- Ley Nº 19.300, ley sobre Bases Generales
II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
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Para los efectos previstos en los artículos 66 y
primeros de los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como
lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en el mensaje. De acuerdo con esto último, la idea matriz es
crear el Ministerio de Energía, asignándole al nuevo órgano
responsabilidad de asumir la formulación
legales y reglamentarias, planes y programas relacionados con
energía. Simultáneamente, se ajustan las
legales que rigen el sector energético, asignando con precisión las
competencias a los demás organismos relacionados con la materia.
deficiencias operativas previamente
sector energía de un órgano centralizado que genere las políticas
fundamentales, así como distribuir razonablemente las competencias entre los demás órganos que actúan en el sector.
III.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO
NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
IV.- ARTÍCULOS DEL PROYECTO, QUE EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA CORPORACIÓN, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
El proyecto de ley en su integridad, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. Si bien gran parte de su articulado tiene por propósito modificar disposiciones legales vigentes, mediante la simple alusión al Ministerio o Ministro de Energía en sustitución de otros órganos y autoridades, ello podría implicar la afectación de la administración presupuestaria del Estado.
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V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL.
A la discusión en general del proyecto habida en el seno de vuestra Comisión, concurrió el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Marcelo Tokman, quien expuso el parecer del Ejecutivo respecto de la iniciativa en informe.
Explicó, que la energía es un factor crítico para la vida económica de un país, y que junto con constituir un bien cuyo consumo está directamente relacionado con la calidad de vida de la población, es un insumo esencial para la producción manufacturera, la agricultura, la minería y gran parte de los servicios que consumimos. En las últimas décadas muchos países del mundo, incluyendo Chile, han optado por modelos económicos más abiertos, donde el sector privado ha ido ganando una participación importante en la provisión de servicios básicos y el Estado ha optado por intervenir básicamente a través de la regulación de esos mercados, corrigiendo las fallas que se producen en su funcionamiento. Para cumplir con dicho propósito, se han creado estructuras especializadas, encargadas de formular políticas de desarrollo para el sector y de ejercer la regulación, tratando de optimizar así la competencia y la entrega de servicios del sector privado, beneficiando con esto a los ciudadanos. La rapidez con que han sucedido estos cambios, ha requerido que el diseño de la institucionalidad existente se adecue a la realidad del sistema económico específico en el cual opera, lo que en la práctica no siempre ha sucedido. Señaló, que en términos generales, se puede decir que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad y están compuestas por la normativa formal (leyes, reglamentos, ordenanzas) y, con igual rango de importancia, por las normas informales de comportamiento de los actores (códigos de conducta, convenios y procedimientos). Las instituciones y organizaciones son diferentes, pero son parte del mismo proceso: las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones son los jugadores. Es importante tomar en cuenta este elemento, ya que los agentes del cambio en el mundo son las organizaciones, que como actores compiten constantemente entre sí intentando cambiar o resistiéndose al cambio de las reglas institucionales. Por lo tanto, una cuestión importante a este respecto es la consideración de que las organizaciones deben dar cuenta de la realidad en la cual operan, es decir, deben ser funcionales al medio en el cual actúan. El cambio de las organizaciones entonces, es un
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elemento clave cuando una institucionalidad dada no es coherente con el entorno en que desarrolla su accionar, sea éste interior o exterior. Expresó, que en la primera década del nuevo siglo, se ha incorporado en la agenda de todos los Gobiernos el asunto energético, como uno de los temas principales para enfrentar en la acción gubernativa. Chile no está ajeno a este fenómeno, especialmente por ser un país con un sostenido crecimiento económico, que demanda de manera consecuente más energía, como así también, por ser un país altamente dependiente del extranjero en la estructura de su matriz energética.
En efecto, el tema energético se ha transformado en uno de los factores claves para asegurar el desarrollo sostenible de las sociedades, y para nuestro país, la energía no es sólo un tema coyuntural, ya que se trata de una situación determinante, de nuestra capacidad para crecer establemente en el largo plazo, por lo que el Estado, debe estar preparado para responder a los desafíos presentes y futuros, en el ámbito energético. Manifestó, que el panorama energético nacional e internacional presenta desafíos como país, en ámbitos tales como la seguridad en el abastecimiento, el desarrollo eficiente y sustentable de nuestra matriz energética, el perfeccionamiento de las capacidades prospectivas de parte del Estado, la cooperación internacional, la eficiencia energética, la energización rural, el fomento de las llamadas “nuevas energías”, entre otras, que requieren analizar las fortalezas y debilidades de nuestro diseño institucional, a fin de evaluar la necesidad de modificaciones que permitan enfrentar los desafíos. Señaló que para conseguir lo anterior, es fundamental establecer un fortalecimiento institucional, mejorar las organizaciones que en lo público toman decisiones en el ámbito de la energía. Agregó que la iniciativa propuesta, considera un análisis del panorama energético nacional e internacional y los desafíos que existen en materia energética para Chile en la próxima década. Asimismo, se considera el rol que debe cumplir el Estado en materia de energía, la experiencia internacional y un análisis de nuestras organizaciones públicas, sus configuraciones, competencias y niveles de coordinación. Por lo tanto, el proyecto contiene una propuesta que reestructura el sector energía, dándole una coherencia sectorial que no existe en la actualidad, cuestión que dificulta la formulación de políticas públicas coherentes, de largo plazo y con una visión integral del tema energético. En el diseño se tomó especial consideración, en identificar los distintos roles que el Estado cumple en el ámbito energético, distinguiendo la formulación de políticas, planes y normas
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legales y reglamentarias; de los ámbitos de aplicación o ejecución del marco legal, donde se encuentra la regulación técnico económica del sector (a través de la regulación tarifaria y la determinación de normativa técnica), y los procesos de fiscalización del cumplimiento de la normativa. Identificados los roles, se adoptó la decisión, siguiendo las tendencias internacionales y las recomendaciones de los expertos, de separar dichas funciones para cumplirlas por distintas instituciones, con características distintas.
Indicó que siguiendo esta lógica, se
creación de un Ministerio de Energía, como una instancia política que unifique las decisiones de política pública que Chile toma en el ámbito energético. A esta nueva institución, se le encomienda elaborar y coordinar las políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético, para lo que deberá desarrollar capacidades prospectivas, de coordinación gubernamental e
intergubernamental y de formulación de los instrumentos más adecuados para los desafíos que enfrentará el país en el largo plazo. Como efecto de la creación del Ministerio, se le trasladan en general las competencias radicadas actualmente en los Ministerios de Minería y Economía en la materia, así como la supervigilancia de los organismos vinculados al tema energético y que hoy se encuentran bajo responsabilidad de estos últimos, tales como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
capacidad de regulación técnica - económica del Estado, ya que acorde con la separación de funciones y las tendencias internacionales, se le encomienda a la Comisión Nacional de Energía, como entidad técnica especializada, el análisis de precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía. De la misma manera, para resguardar el carácter técnico e independiente de la Comisión Nacional de Energía, ésta operará bajo el sistema de alta dirección pública. Señaló estar convencido, que con este reordenamiento del sector energía, el Estado de Chile estará en condiciones de responder de mejor manera a los desafíos que presenta el panorama energético en las próximas décadas, con el objetivo claro de que los chilenos sigan recibiendo energía segura, eficiente y sustentable.
Finalmente planteó, que este es un primer paso de fortalecimiento de las instituciones en energía. Ordenado “el sector”, constituida la autoridad política y en el marco de las prioridades que el nuevo Ministerio de Energía fije, deberemos trabajar para concretar las
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mejoras institucionales que requieren tanto los otros organismos que forman parte del sector (Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)), como así también tendremos que estudiar la institucionalidad que requiere el país en temas tales como la eficiencia energética, el fomento a la investigación y el apoyo al desarrollo de nuevas energías y las potencialidades que tiene el país en el ámbito energético.
El Director Ejecutivo de Empresas
Eléctricas A.G., señor Rodrigo Castillo, indicó que el contenido del proyecto en estudio, se puede resumir en dos grandes aspectos:
En primer término, es necesario indicar que el área de la energía debe contar con un ministerio propio. En la actualidad, existe la Comisión Nacional de Energía, que es una institución dirigida por una persona que tiene rango de Ministro, pero que no es un Ministerio, por lo que en términos prácticos carece de la autonomía, para dictar un decreto ministerial, debiendo hacerlo por intermedio del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, situación que le resta agilidad a la toma e implementación de decisiones del Ministro de la Comisión Nacional de Energía. Además, existen múltiples organismos que tienen competencia en materias energéticas, los que a su vez, dependen de diversos órganos, por lo que se produce una institucionalidad dispersa, lo que en términos estrictamente prácticos, resulta inadecuado, y debe ser corregido. Destacó que la industria que representa, es partidaria de la existencia de una autoridad única en materia energética, que reúna la totalidad de las facultades, de forma de, con la agilidad necesaria, pueda hacerse cargo de los desafíos del sector. Un segundo aspecto es el relativo a la forma en que el proyecto distribuye o clasifica las facultades que se asignan al nuevo ministerio; así, por una parte, hay aspectos relativos a la fiscalización, hoy encomendada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un segundo ámbito relativo a la dictación de políticas sectoriales, o regulación y, por último, está el tema de la fijación de tarifas. Estos tres elementos pueden ser distribuidos en diversas formas, y modalidades que admiten una amplia discusión, no existiendo una respuesta única, aunque lo que propone el proyecto parece ser lo adecuado: que exista un Ministerio de Energía. Por lo tanto, las funciones que se establecen para el nuevo Ministerio, serán: preparar planes y políticas para el sector energía,
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elaborar las normas aplicables al sector energía, efectuar proyecciones de demanda y oferta nacional de energía, desarrollar estudios relacionados con el funcionamiento y desarrollo del sector, y velar por el cumplimiento de las normas sectoriales. Deberá además, coordinar la política medioambiental y la política energética, incorporando el Ministerio de Energía al Consejo Directivo de CONAMA, como asimismo a los SEREMIS de Energía y las COREMAS respectivas, aspecto que resulta especialmente relevante.
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Finalmente, manifestó el parecer favorable de las empresas agrupadas en la asociación que representa, que considera que el proyecto permite potenciar al sector energético nacional para enfrentar los desafíos que plantean los nuevos escenarios energéticos mundiales, siempre que el Ministerio que se crea mantenga el carácter técnico en sus decisiones, y no aumente la burocracia. Agregó, que en esa línea es necesaria la creación de la Subsecretaría de Energía, para que establezca las coordinaciones internas, que resuelvan las actuales coyunturas. Concluyó que Chile necesita, y con urgencia, un Ministerio de Energía, para que los actores del sector privado tengan la certeza de la existencia de una contraparte única, que reúna la totalidad de las facultades y responsabilidades políticas por sus decisiones.
La Directora Ejecutiva de Chile Sustentable,
señora Sara Larraín, señaló que a su juicio, la actual institucionalidad energética resulta insuficiente, por una excesiva dispersión de funciones, tanto, en el sector eléctrico, como en el transporte eléctrico, como en el tema de los hidrocarburos, en lo referente a la energía geotérmica, etc. Situación que constituye a la larga, una ausencia del rol del Estado en la orientación de la política energética. Esta situación se hace crítica, por cuanto los actores carecen de una información y prospectiva adecuada, dado que la Comisión Nacional de Energía
(CNE), que es la principal autoridad del sector, en la práctica se limita a ser un organismo que solo fija el precio de nudo, y no ha orientado ni establecido la política energética del país.
que en la actualidad enfrentamos
una crisis, motivada por, entre otros factores, la ausencia de criterios sociales, ambientales y de seguridad energética, ya que la doctrina que se ha seguido por las autoridades nacionales ha sido la de la neutralidad energética. Afirmó, que el Estado, no está planificando el futuro energético, generándose por lo tanto, una vulnerabilidad intrínseca de la institucionalidad energética, que es
posible revertir a partir de la creación de un Ministerio de Energía, como el que se propone crear.
proyecto en estudio resulta
interesante, pues contiene elementos adecuados para afrontar los desafíos, no sólo de abastecimiento energético sino el de seguridad energética. Al respecto, indicó que se soluciona la dispersión,
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unificando la capacidad regulatoria y la toma de decisiones, estableciendo una presencia regional, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, lo que resulta muy relevante para el desarrollo de los programas de electrificación rural, así como de eficiencia energética, como otro instrumento de manejo de la demanda, tan importante como la generación de energía. Por otra parte, si lo que se persigue es “limpiar” la matriz, haciéndola más autónoma, recurriendo a fuentes renovables no convencionales, la presencia regional de la autoridad también será un acierto. Además, es importante la incorporación de la autoridad energética en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para una mayor transparencia y el destrabe de ciertas descoordinaciones que hoy se presentan, así como conservar, como lo hace el proyecto, el rol técnico y económico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), ordenando su planta de personal. Sin embargo, por diversas razones el proyecto resulta insuficiente, pues, por una parte, no incorpora atribuciones para la seguridad energética, se omite la necesidad de un catastro de recursos energéticos nacionales, así como de generación de capacidad, prospectiva y planificación del desarrollo energético, con la que se pudiera orientar la inversión privada o su diversificación, rol que, en su opinión, debiera cumplir el Estado. Por otra parte, señaló que habría que corregir aspectos del proyecto, que tratan el tema de la regulación sobre la fijación de las tarifas y la elaboración de un plan indicativo de obras y la falta de transparencia, entre otras. Tampoco se incorpora una función para el manejo de la demanda, pues aunque se incluye el tema de la eficiencia energética, no se institucionaliza correctamente el Programa País Eficiencia Energética, de forma que se perpetúa, erradamente a su juicio, un enfoque concentrado en la generación de oferta. Por último, objetó el hecho de que no se incorpore la participación ciudadana en el proceso tarifario, ni la adecuada información al consumidor, para el uso eficiente de la energía, aunque reconoce el esfuerzo que se ha realizado por el Programa País Eficiencia Energética. Finalmente, y en vista de lo anterior, propuso incorporar como funciones necesarias para fortalecer una política de seguridad energética, lo siguiente: Establecer una función de información y prospectiva; crear una función de generación de políticas, planes y normas, con énfasis en manejo de la demanda; instituir la función de planificación, la que a su juicio, debería ser la más evidente dentro de las atribuciones del nuevo Ministerio; se
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debería también establecer una función de coordinación y sinergias respecto de otros sectores, como vivienda, transportes, obras públicas y agricultura (para el desarrollo de los biocombustibles); a su vez, faltan los mecanismos de fiscalización de desempeño, necesarios para satisfacer los requerimientos del mercado internacional, y, por último, no hay en el articulado propuesto, un ente que asegure la coherencia de la regulación nacional con la internacional.
Concluyó, que resulta necesario incorporar al proyecto, ciertos ajustes o correcciones en áreas fundamentales, que comprometió a deducir en su momento, a modo de indicaciones, tales como: que el programa país de eficiencia energética se transforme en Agencia o Comisión Nacional de Eficiencia Energética, o de gestión de la demanda, que se relacione, a través de la Subsecretaría, con los Ministerios de Transporte, Vivienda, Minería, Ambiente, Salud, Obras Publicas, Hacienda, etc., para priorizar una política de eficiencia que en Chile recién se inicia; en segundo lugar, que el Área de Medio Ambiente de la Comisión Nacional de Energía, se transforme en agencia o comisión para las energías renovables no convencionales; en tercer término, que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mantenga su autonomía respecto del Ministerio de Energía, aún cuando en coordinación con él; y finalmente, que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) se convierta en comisión o servicio de seguridad nuclear, bajo la dependencia del Ministerio de Salud, y en coordinación con el Ministerio de Defensa y Cancillería, tratándose de transportes nucleares.
La Investigadora del programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, señora María de la Luz
Domper, explicó que la iniciativa en estudio, tiene su fundamento en que hasta hoy, la Comisión Nacional de Energía ha venido centrándose en una función sólo reguladora, abandonando, a su juicio, la misión de formular planes, políticas y normas para el buen funcionamiento del sector con una visión de largo plazo, así como en la necesidad de coordinar las acciones que ejercen las distintas entidades que participan en el sector, tales como Comisión Nacional de Energía (CNE), Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), bajo la conducción del nuevo Ministerio de Energía, que se propone crear.
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Precisó, sin embargo, que cabe cuestionarse si es necesario crear una nueva institucionalidad, como argumenta el Ejecutivo en su mensaje, y concluye, que por el contrario, no se requiere una nueva institucionalidad, porque la Comisión Nacional de Energía, con su actual estructura, ha sido capaz de abordar tareas muy complejas, como la reforma del sector realizada en los años ´80, y la reciente crisis de gas argentino. Por lo tanto, opinó que la situación energética actual no justifica “per se” la creación de un Ministerio de Energía, y que la institucionalidad hoy vigente en Chile sí puede afrontarla. Argumentó en tal sentido, que justamente la lógica de abordar la institucionalidad para planear, formular políticas y establecer una acción normativa y reguladora del Estado en el sector, hizo necesario concentrar tales funciones en un organismo del más alto nivel del Gobierno, que fue precisamente la Comisión Nacional de Energía, a la cual, se le ha reconocido el carácter multisectorial que involucra el desarrollo de este sector. Por lo mismo, agregó, es que existe el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía, órgano donde se coordinan las acciones del Gobierno en el sector, y en que el rol fundamental recae en el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, función que, en su opinión, no desaparecería tras la creación de un Ministerio de Energía, aunque perdería su fisonomía al suprimirse el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía. Al respecto, señaló que en lugar de crear un nuevo ministerio y de suprimir el Consejo, lo razonable debiera ser que se reinstalara la concepción original, que el Consejo de Ministros tenga la labor de formular políticas y planes para el sector, apoyado por el staff técnico del Ministro y de la Comisión Nacional de Energía; a su vez, es el Presidente de dicho Consejo quien, en principio, tiene el rol de velar por la coordinación del resto de las entidades que el proyecto de ley quiere relocalizar en el Ministerio de Energía, respecto de la Comisión Nacional de Energía, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Afirmó, que en la práctica dicho Consejo no ha funcionado, lo cual amerita que se revise su composición y su razón de ser.
Por el contrario, explicó que
ministerio de energía, que centralice las funciones antes descritas, acarreará, en su opinión, al menos dos principales problemas: por una parte, la pérdida de sinergias, transformándose en fuente de descoordinación, esto, porque el proyecto debilita la institucionalidad vigente al traspasar la función de formulación de planes, políticas y normas desde una institución técnica y probadamente sólida, como es la Comisión Nacional de Energía, a una autoridad política como será el
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Ministerio de Energía que aquí se crea, siendo que, a su juicio, las modificaciones al sistema deben corresponder solamente a las necesarias y suficientes, pues el marco regulatorio requiere de estabilidad, por lo que propuso que las funciones descritas permanezcan en un organismo técnico como la Comisión Nacional de Energía. Agregó que al separar la acción de planificación prospectiva y de elaboración de políticas asignada al Ministerio, de la labor técnica de regulación, fiscalización y normalización del mercado asignada a la CNE, se sufrirá, una pérdida de sinergia, así como una eventual fuente de descoordinaciones, debido a que el organismo técnico, el que maneja en detalle las cifras (CNE), podría desconocer los planes, políticas y normas de largo plazo del sector, generados por un tercero como sería el Ministerio. Además, se establece que uno de los argumentos del proyecto de ley para reducir a la Comisión Nacional de Energía a una labor de regulación y formulación de normas técnicas, es la distinción que se hace entre la definición de políticas y la función técnica de regular. Lo primero lo deberá hacer la autoridad política a través, del futuro ministerio y lo segundo, la Comisión Nacional de Energía que es la entidad técnica, tomando como modelo los casos de España, Inglaterra, Colombia y Argentina, aunque, en todos los nombrados, la entidad reguladora está establecida como una entidad autónoma o autárquica, y en cambio, en este proyecto de ley, se crea un servicio de regulación tarifaria y de elaboración de normas técnicas (CNE), que será dependiente de los ministerios de Energía y de Economía para emitir las regulaciones tarifarias calculadas por la Comisión Nacional de Energía, que en consecuencia no será autónoma. Un segundo orden de problemas que, a su juicio, se derivarán tras la creación del nuevo ministerio, será la generación de mayor burocracia, en particular con la creación de la Subsecretaría de Energía, en la medida que las acciones de coordinación que se requieren entre la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y en el futuro entre la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se refieren a aspectos bien específicos que deben estar normados en las regulaciones, en circunstancias que resulta más eficiente, a su juicio, que esta labor de coordinación sea ejercida directamente por las entidades que deben coordinarse, y por el presidente del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía. Planteó, que hay otro aspecto que se argumenta para justificar la creación del Ministerio de Energía, que es la necesidad de representar la visión del sector energía en las entidades encargadas de dar la aprobación ambiental de los proyectos energéticos, aunque ello, puede resolverse simplemente disponiendo que el Ministro
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Presidente de la Comisión Nacional de Energía integre el consejo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), y que un representante, nombrado por él, integre las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA), y así, aseguró, se evitaría tener que establecer las seis Secretarías Regionales Ministeriales consideradas en el proyecto de ley, concebidas, a su juicio, con prácticamente el solo objeto de tener una representación en las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA). A raíz de lo señalado anteriormente, propuso a modo de solución alternativa, mantener la institucionalidad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), invistiendo a su Ministro Presidente con el rango de Ministro de Energía, asignándole una secretaría técnica, integrada por seis asesores de planta, una secretaria y chofer, rescatando su rol de coordinación ante el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía, estableciendo mecanismos de coordinación directa en el nivel técnico entre la Comisión Nacional de Energía y las demás entidades que intervienen en la regulación y fiscalización del sector, como la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Además, sería necesario actualizar la composición del actual Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía, dejando como integrantes de este Consejo sólo a los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Minería, de la Secretaría General de la Presidencia y de Energía (el Ministro Presidente de la CNE). También se debería dotar a la Comisión Nacional de Energía de los recursos humanos y financieros adicionales requeridos si, luego del diagnóstico de su capacidad actual, se concluyera que ello es necesario con el objeto de que refuerce su accionar en la formulación de planes, políticas y normas para el buen funcionamiento del sector, así como designar, tal como lo propone el proyecto de ley, mediante el sistema de Alta Dirección Pública, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y, finalmente, establecer, mediante la modificación legal, que el Ministro de Energía o Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía integre la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y un representante suyo integre las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA). A modo de conclusión, y resumiendo sus planteamientos, reiteró que, a su juicio, la propuesta de creación del Ministerio de Energía no va a solucionar los problemas que existen en la institucionalidad actual. La falta de planificación y emisión de normas con visión de futuro del sector no se soluciona traspasando dicha función a una entidad distinta al organismo encargado de la regulación del sector. Ello sólo va a generar problemas de coordinación y eventual
inestabilidad regulatoria a futuro, que terminará repercutiendo – precisamente - en el desarrollo energético. Agregó que se requiere, por tanto, alivianar la estructura de Ministerio de Energía propuesta en el proyecto, debido a que la política energética, por su ámbito y su impacto, tiene un alcance nacional, no es un bien de alcance local o regional, y por ello en Chile no existe una política regional de energía, no teniendo justificación la existencia de la Subsecretaría y las Secretarías Regionales Ministeriales, órganos que propuso eliminar del proyecto.
En definitiva, concluyó, que
Ministerio -con todo lo que ello representa- implica aumentar el tamaño del Estado, sin ninguna certeza de que se van a lograr los objetivos con mayor eficiencia que reforzando la institucionalidad actual.
Fundación Chile 21,
señor Eugenio Rivera, señaló que la creación del Ministerio de Energía, es un primer e importante paso, aunque objetó los fundamentos con que se justifica su necesidad, aludiendo a “problemas de gestión”, pues en tal sentido, podría parecer excesiva la creación de un nuevo ministerio. Agregó en cambio que, a su juicio, son otros los problemas que se presentan, de los que el mensaje del Ejecutivo no se hace cargo.
Indicó que al hacer un estudio respecto del objetivo del proyecto, se puede hacer un correcto diagnóstico de la situación que se busca resolver. En primer término, se plantea la crisis energética como problema internacional, también como un problema de relaciones vecinales, como un problema de función o rol político del Estado, y sólo como cuarto aspecto, los problemas de gestión, que no son los fundamentales. Al hacer un análisis de la crisis energética como un problema internacional, aludió al tipo de decisiones que se están tomando en el mundo, como por ejemplo, la decisión de Suecia, de eliminar por completo, de aquí al año 2020, el uso del petróleo, o la de Portugal de sustentar su matriz sólo en energías como la eólica, la solar, e incluso la mareomotriz, en un escenario de incremento sostenido del precio del petróleo, lo que nos llevará a preocuparnos de cómo se modifican los medios de transporte a futuro; desde el punto de vista de las relaciones vecinales, a propósito de la crisis del gas argentino, afirmó que se trata de un tema que implica establecer relaciones comerciales no sólo con Argentina, sino con Bolivia y en general con los países
vecinos, se trata, concluyó, de un trabajo propio de un ministerio con las facultades necesarias para poder plantear tales soluciones. Señaló que sin perjuicio de lo anterior, se debe reconocer, tal como lo hace el mensaje, ciertos problemas de organización o gestión de la actual institucionalidad, tales como la dispersión de competencias, la ausencia de facultades de ciertos órganos, la falta de una autoridad centralizadora, una preferencia por la regulación económica más que técnica, etc. Lo cierto es que no se puede sostener la situación actual, en que se reconoce que “Chile no cuenta con una política energética declarada o formal”, y en que tal como lo reconoce el Ejecutivo, “la diversificación de la matriz energética es en definitiva el resultado de las decisiones privadas, la política pública en este contexto, podrá establecer medidas que favorezcan algún tipo
de inversión…”; en tal contexto es claro que la actual institucionalidad pública se ha limitado a tomar los marcos de referencia definidos por el mercado, y aplicarles una política estrictamente regulatoria. Sin embargo, al efectuar un análisis del contenido del proyecto de ley, no se desprende una propuesta clara acerca de cuál ha de ser una política pública para el sector energético, la innovación al respecto es muy menor, pues aun cuando se crea una nueva autoridad, un ministerio, no se le dedica mucho del articulado y, en cambio, se detallan mucho más las atribuciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Por lo tanto, pareciera que no se necesita una política energética declarada, bastando sólo con respetar las señales de mercado, con lo volátiles que éstas son; donde parece que el real problema a resolver es, quién tomará las grandes decisiones sobre energía en Chile en los próximos años, como, por ejemplo, instalar o no energía nuclear, y dónde. En mérito de ello, se requiere formalizar seriamente una política pública, y un ministerio que lo asuma, y en esta lógica, afirmó, el proyecto de ley es defectuoso porque insiste que en la materia, al Estado sólo le cabe un papel regulador y subsidiario. Es fundamental, a su juicio, atendiendo a los problemas y desafíos energéticos que se afrontan y que requieren grandes decisiones, darle mucho más fuerza y énfasis a la formulación de políticas en estas materias, al menos como un primer paso. Agregó que para lograrlo, sería necesario que este fuese un ministerio del Siglo XXI, que desarrolle capacidades de interrelación, de coordinación que superen los compartimentos estanco que caracterizan a los actuales ministerios, siendo insuficiente, la incorporación del nuevo ministro en el consejo de la CONAMA, pues con ello no se resuelven los problemas de coordinación. Aprovechando la instancia de la creación de un nuevo ministerio, propuso, que éste debiera ser un ministerio que contemple mecanismos de colaboración con otros ministerios relevantes en el
sector, en particular, con los de medio ambiente, de transportes, y de relaciones exteriores, para lograr eficacia y eficiencia del aparato estatal y para dar solución a los problemas del sector energía. Finalmente indicó que, sin perjuicio que sea el Estado el que establezca el marco dentro del cual opera e invierte el privado, la coordinación y colaboración estatal con el sector privado, es algo crucial; es el Estado el que establece, revisa y actualiza la política pública a seguir, pero junto con ello, se debe oír a los distintos agentes que participan, en particular a los privados que serán los que realicen las inversiones respectivas.
El Director de la Empresa Consultora Synex,
señor Sebastián Bernstein, indicó que antes de comenzar el análisis del proyecto en estudio, es necesario recordar el origen de la actual institucionalidad rectora en materia de energía. Recordó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) se creó en el mes de mayo del año 1978, como organismo asesor del Ejecutivo, cuya misión principal es
“proponer y coordinar los planes, políticas y normas (legales y reglamentarias) para el buen funcionamiento y desarrollo del sector
energético”, entendiendo que dicho sector lo componen las diversas modalidades o fuentes de energía. En suma, a la Comisión Nacional de Energía, hasta hoy, le corresponde proponer las leyes y los reglamentos, o sus modificaciones, monitorear el funcionamiento actual y esperado del sector, regular los segmentos que lo requieran (aunque no estén precisados por la ley), revisar y controlar las inversiones de las empresas estatales (situación que fue relevante en su inicio, pues en ese momento eran estatales Chilectra, Endesa, Enacar y Enap). Precisó, que además le correspondió en el corto plazo, reformar el sector energético para alinearlo con la política económica-social general, en que el Estado jugaba un rol básicamente regulador y un papel subsidiario en lo empresarial, para crear y desarrollar mercados libres y competitivos, como se hizo por ejemplo, en el mercado de los combustibles y de generación eléctrica; además le correspondió participar en la regulación eficiente de segmentos monopólicos naturales, como la distribución o transmisión eléctrica, favoreciendo la participación privada, jugando a la vez un rol de apoyo subsidiario para aumentar la cobertura de energía, a favor de sectores de bajos ingresos, fueran rurales o urbanos (mediante subsidios a la extensión de redes). Recordó, que participó entre los años 1978 y 1990, en la generación de
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esa institucionalidad, sin perjuicio que hubo ciertos conceptos subyacentes, tales como concebir un sistema, entendiendo que la energía no es un problema de una sola entidad, sino que involucra a diversos organismos y ministerios: como el de Hacienda, Economía, Minería, Defensa, Planificación, etc., de forma que se requiere lograr un consenso entre todos ellos, para lo cual, se estableció el Consejo de Ministros, con el que se permitió alcanzar acuerdos sectoriales y aplicar un mecanismo de “check and balance”; necesitó además de un staff técnico pequeño que le permitiera concentrarse en los temas esenciales, y así fue posible concretar las reformas fundamentales en el sector, debiendo efectuarse las modificaciones legales pertinentes, con liberalización de precios y de mercados, atrayendo inversión privada (mucho antes que en la mayoría de los países desarrollados), adopción de importantes decisiones, como fue la de descartar el desarrollo de la energía nuclear, etc.
Explicó, que con la institucionalidad descrita, liderada por la Comisión Nacional de Energía, se han podido afrontar adecuadamente, en cada época, las contingencias y crisis que se han presentado, tal como hoy ha sido con la crisis del gas argentino, en que, a su juicio, la Comisión Nacional de Energía ha adoptado las medidas correctas, incluidas las iniciativas legislativas. Agregó, que a la Comisión Nacional de Energía, se le asignaron funciones tanto de políticas como reguladoras, -respecto de monopolios naturales- y los ha resuelto en forma exitosa hasta el presente, la fusión de ambos roles, y eso le es reconocido por todos los agentes del sector, con un alto grado de confianza, acatamiento, sin politización de los procesos. Explicó que, para cumplir adecuadamente la función de regulación, implica tener un conocimiento profundo y fino de cómo funciona y se proyecta el sector, y separar esa función reguladora de la función de generación de políticas es, a su juicio, un error. Además, la formulación de planes indicativos, para tener una visión del desarrollo del mercado de energía a largo plazo, también ha sido labor de la Comisión Nacional de Energía, y esa función que realiza, es intrínseca al rol de regulación del mercado. Señaló que en este escenario, surgió la idea de introducir un cambio a la estructura de la Comisión Nacional de Energía, y crear un Ministerio de Energía, lo que, a su juicio, no resulta prioritario, como sí lo son otros temas en energía, que son más candentes, tales como el desarrollar o no grandes centrales hidroeléctricas (Aysén), la definición de una posición de Chile sobre calentamiento global, la seguridad de suministro, el tema nuclear, etc. La actualización de aspectos de la política energética, para afrontar tales temas, afirmó, no justifica per-se crear un ministerio, y reiteró, que la
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Comisión Nacional de Energía, siempre fue capaz de generar nuevas políticas, o administrar los cambios que las crisis requirieron. Sin perjuicio de ello, se pueden reconocer ciertas razones prácticas para la creación de un ministerio, tales como ciertos problemas de coordinación, aludidos incluso en el mensaje que acompaña al proyecto, o que el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía no ha funcionado en los últimos 10 ó 15 años, debido a que los ministros sectoriales que componen el Consejo, han confiado en el Ministro de Economía, y ya no se sesiona con la continuidad con que se hacía en la primera época, por lo que cabe entonces cuestionarse si mantener la estructura del Consejo; también reconoció la existencia de ciertos desacuerdos puntuales entre los ministros de Economía y de Energía, especialmente en cuanto a competencias; por otro lado, se da una cierta dependencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) respecto del Ministerio de Economía, más que de la Comisión Nacional de Energía, lo que acarrea problemas de coordinación entre ambas autoridades (SEC con CNE); en otro aspecto, existe un área difusa de interacción con el Ministerio de Minería, aunque no llega a ser conflictiva, y, por último existen problemas de coordinación en temas medio-ambientales, lo que en algunos casos ha implicado que proyectos hidroeléctricos sufran retrasos. Por tanto, la creación de un Ministerio de Energía, como cabeza rectora única, tiene tanto aspectos positivos como negativos. Destacó como positivo el hecho de que se disminuiría un potencial conflicto Economía-Energía, lo que permitiría clarificar áreas de competencias compartidas entre Minería y Energía, así como traspasar organismos descentralizados (tales como SEC y CCHEN) al Ministerio de Energía, situación que podría mejorar la coordinación. La parte negativa, es que al crear este nuevo Ministerio de Energía, podría crear una imagen de que éste fuera un organismo más politizado que el actual Consejo de la Comisión Nacional de Energía. Por otra parte, están los aspectos negativos del proyecto, en cuanto a que, segmenta o separa las funciones de formulación de planes, políticas y normas, (radicándolas en el Ministerio de Energía) de las funciones de regulación (las que permanecen en la CNE, con fisonomía distinta); por otra parte, se crea una Subsecretaría para que se coordine con los organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), situación que se producirá en forma esporádica, por lo que, en su opinión, tal Subsecretaría resulta innecesaria; se crean además, Secretarías Regionales Ministeriales en seis regiones, lo que parece ser una burocracia local innecesaria, siendo suficiente, a su
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juicio, la coordinación entre las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Economía y del Ministerio de Minería, hoy existentes, con las que perfectamente se pueden abordar las demandas locales en temas tales como electrificación rural. Manifestó en consecuencia sus reservas, sobre la necesidad de crear este nuevo ministerio, y en caso que éste llegue a crearse, precisó que para el éxito de esa fórmula sería necesario no segmentar las funciones de regulación, de las de creación de políticas y normas, pues la experiencia demuestra que la función reguladora es clave para entender el funcionamiento, dinámica y proyección del sector, y por otra parte la generación de políticas, planes y normas, separada de la regulación, puede ser percibida como peligrosa por los agentes del mercado.
experiencia de países latinoamericanos, como Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, etc., en que las funciones de regulación y político- normativa, han sido formalmente separadas, y en que finalmente el manejo más profundo y especializado radica en el órgano regulador, en desmedro de los ministerios. Es decir, sugirió que al interior de un mismo órgano, en este caso el Ministerio de Energía, queden estrechamente vinculadas ambas funciones: la de regulación y la de generación de políticas y normas. En consecuencia, concluyó, que en tal estructura resulta innecesaria la creación de una Subsecretaría de Energía, así como crear más funciones y burocracia, como las representaciones regionales, bastando coordinarse con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Economía y de Minería. Finalmente señaló que a modo de síntesis, es necesario reiterar sus dudas respecto de la necesidad de crear, en este momento, el Ministerio de Energía, aún cuando la situación energética actual sea percibida como aguda, pero no es más que en anteriores episodios, y que con la actual estructura, se puede enfrentar tal situación. Ahora, si pese a ello, se insiste en incorporar un nuevo ministerio, debiera de reformularse este proyecto, intentando evitar que sea un ente excesivamente burocrático, y que mantenga esencialmente unidas las funciones de formulación de planes, políticas y normas con las de regulación.
El Consultor, señor Alejandro Jadresic,
afirmó que en los últimos diez años, se han producido importantes
institucionalidad del sector energético, tanto, en los
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procedimientos regulatorios, como en la definición de políticas para el sector, en pro de una mayor transparencia de los procesos, como el de la fijación de tarifas, el fortalecimiento del poder de fiscalización del Estado otorgando importantes atribuciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), así como un importante avance con el Panel de Expertos del sector eléctrico, mecanismo de resolución de controversias, entre la autoridad reguladora de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y los operadores privados. Como segunda observación, agregó que, a su juicio, la modificación de la institucionalidad energética, no debe ser entendida como una panacea, para resolver los problemas del sector. Tales problemas, pueden resolverse, a pesar de tener una institucionalidad imperfecta, si las autoridades tienen claridad de lo que debe hacerse, es decir, una cosa es la institucionalidad, y otra distinta es la política energética por aplicar. Señaló estar de acuerdo con los fundamentos y con los diagnósticos que se hacen en la parte expositiva del proyecto, a raíz que son coincidentes con el diagnóstico generado en el año 1998, por la Comisión de Modernización de la Institucionalidad Reguladora, y que le correspondió presidir. Especificó que hay tres aspectos en que se funda la propuesta institucional, y en que coincide plenamente, como son, la falta de coherencia entre la responsabilidad de la autoridad del sector (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía), y sus atribuciones, pues no firma reglamentos ni decretos tarifarios, y sin embargo carga con la responsabilidad política de conducción del sector; en segundo término, está la dirección colegiada de la Comisión Nacional de Energía, encomendada a un Consejo de Ministros, aseguró, hoy no se justificaría y por último, la vinculación de ciertos organismos del sector con ministerios distintos de la Comisión Nacional de Energía, caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, es algo que debe mejorarse. Respecto de las propuestas contenidas en el proyecto, señaló que en la actualidad aparece como necesaria la existencia de un ministro con dedicación exclusiva para el sector, reconociendo la plena libertad de cada Jefe de Gobierno de contar con tantos ministros como estime necesarios, así como de asignar entre ellos las diversas materias a realizar. Agregó que es necesario recalcar que la función de formulación de políticas y de promoción del desarrollo energético, es una función que debe asumirse, como lo hace hoy la Comisión Nacional de Energía, o bien, como se propone en el proyecto, la asuma un ministerio específico y en particular la subsecretaría correspondiente. Agregó, que esta es una opción que, a su juicio, tiene sentido pues resulta coherente con la estructura de gobierno, en que la
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formulación de políticas sectoriales se realiza por las secretarías de Estado o ministerios. Sin perjuicio de la denominación que se le asigne, el que asuma esta función debe ser un organismo eficiente, técnicamente muy calificado, tal como hoy lo es la Comisión Nacional de Energía, condición que debe mantenerse, sin que la nueva institución se burocratice o politice en exceso, evitando la duplicación de funciones y exceso de personal. Por lo tanto, se debe garantizar entonces la alta calificación técnica, un buen nivel remuneracional, a efectos de impedir la captura de los profesionales por parte del sector privado. Agregó, que es necesario revisar el tema de la representación regional, determinar con antelación, qué tanta dedicación se requiere para el análisis y resolución de conflictos en el ámbito regional, temas que, a su juicio, se pueden abordar con una mínima dotación e incluso recurriendo a los instrumentos y autoridades locales que hoy ya operan; consideró que sería un error que este nuevo ministerio comenzara a ejecutar políticas en el nivel regional, y señaló como ejemplo el hecho de que el programa de electrificación rural ha funcionado bien con la actual institucionalidad. Explicó, que en el proyecto también se propone mantener como institución a la Comisión Nacional de Energía, así como a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, además de la nueva Subsecretaría de Energía, y sin embargo, a su juicio, carece de sentido la coexistencia de estas tres instituciones. Agregó, que si se crea una Subsecretaría de Energía que, en lo esencial, asumiría las actuales tareas políticas de la Comisión Nacional de Energía, carecería de sentido y sería excesivo o redundante, conservar además una Comisión Nacional de Energía, y propuso entonces, radicar las funciones de definición de políticas en la subsecretaría, y la regulación o ejecución, como la fijación de tarifas, encomendárselas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Agregó, que tal situación la había propuesto en su oportunidad la Comisión de Modernización de la Institucionalidad Reguladora en su informe, hace ya diez años: en el que crearía una Superintendecia de Energía, con funciones fiscalizadoras, propias de una superintendencia, y también regulatorias (las que hoy cumple la Comisión Nacional de Energía), tales como la de fijación de tarifas. En suma, concluyó, que si se incorpora un nuevo Ministerio y una Subsecretaría de Energía, habría que adecuar las funciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y a la vez prescindir de la Comisión Nacional de Energía, la que quedaría muy debilitada, o bien, duplicaría funciones de los otros órganos. En tercer término, hizo un análisis de la propuesta contenida en el proyecto, de traspasar la tuición de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), a la Comisión Nacional
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de Energía (CNE), y coincidió en que podría mejorar la actual operatoria, pues posiblemente a la nueva Comisión Nacional de Energía le pueda quedar más tiempo para dedicarle a la temática nuclear, aunque, precisó es menor el avance que esto significaría; hoy la Comisión Chilena de Energía Nuclear no es un organismo que esté involucrado en temas de energía, es, en cambio, esencialmente un instituto tecnológico en materias nucleares, que produce isótopos, que es un compuesto químico radiactivo, para diversas aplicaciones en salud, industria o agricultura, mas no para la generación núcleo-eléctrica. Por último a modo de síntesis, concluyó que el proyecto de ley en cuestión parece correctamente inspirado, aún cuando habría que hacerle varios perfeccionamientos, para lograr un proyecto que tenga un impacto muy positivo en el desarrollo energético futuro del país.
********************** La Consultora, señora María Isabel González, señaló que la actual institucionalidad del sector energético es bastante dispersa: por una parte, la Comisión Nacional de Energía (CNE) que es la que propone las políticas, programas, calcula tarifas, y asesora al Presidente de la República en todas las materias relacionadas con el sector energético; además intervienen el Ministerio de Economía, dictando los decretos tarifarios según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Minería, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) como órgano fiscalizador autónomo, y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) que poca relación tiene con el sector energía. Agregó que esta institucionalidad, a pesar de coyunturas y crisis que se han producido, ha funcionado adecuadamente, el chileno es reconocido como un sector energético ordenado y operativo, y que tal como lo demuestra su estructura con un consejo de siete ministros en su dirección, es de mucha importancia para el legislador. Sin embargo, esa institucionalidad se debilitó al haberse nombrado como biministro, al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al Presidente de la Comisión Nacional de Energía, reduciendo de esa forma, la composición del consejo. Fue un modelo que fracasó a sólo un año de operación y debió corregirse, nombrando a un Presidente de la Comisión Nacional de Energía, en forma exclusiva. Lamentablemente en el gobierno siguiente, se nombró como triministro, al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, al de Minería y al Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, respecto de lo cual, no se puede culpar de erradas decisiones a la institucionalidad, por lo que aseguró, que el modelo original, con un ministro dedicado,
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funcionaba bien, aún cuando reconoció que esa estructura, tenía algunas debilidades, siendo fundamental, la falta de atribuciones de que adolece el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, pues de acuerdo a su ley orgánica, su única función, es la de presidir las reuniones del consejo, es un Ministro que no firma proyectos de ley, que no emite decretos ni resoluciones, etc., y tampoco tiene presencia en el Consejo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). En el mismo sentido, el proyecto de ley recoge como fundamento, una supuesta debilidad regional, en circunstancias que, a su juicio, es un punto que se soluciona muy fácilmente, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, que tienen presencia en todas las regiones; por lo tanto, si lo que se busca es tener representación en las COREMAS, no tiene sentido contar con sólo seis (6) Seremis, siendo que además, en la actualidad, es la SEC la que se integra a las COREMAS, cuando se trata de proyectos energéticos. En mérito de lo anterior, propuso que para superar las debilidades de la actual orgánica, en particular la falta de atribuciones del Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, es necesario darle por ley, las atribuciones que requiere, y vincular a la Superintendencia de Electricidad y Combustible con la Comisión Nacional de Energía, en un esquema en el que pareciera que sobra la Subsecretaría de Energía. Por lo que, consideró positiva la idea de integrar la institucionalidad del sector energía bajo un único organismo, pero, agregó que ese ya existe en la actualidad y es la Comisión Nacional de Energía, razón por la que es necesario considerar que el consejo de ministros es y ha sido un aporte positivo, y es más que un Ministerio, la energía es un sector tan relevante, que su conducción está entregada a este consejo de ministros. Destacó finalmente, que el Ministro de Energía, ya existe en Chile, y es necesario fortalecerlo.
Martner,
explicó que para analizar este proyecto de ley, es necesario plantear que la gestión pública tiene en sí problemas propios. Lo
primero que habría
indicar, es que
pública tiene una
racionalidad limitada, lo que obliga tanto a esforzarse en tomar buenas decisiones, como a evitar el rechazo de las que pueden ser buenas
decisiones, es decir, se requiere especialización, y a la vez, amplitud de criterio.
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Precisó, que en el caso del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía, lo positivo es que proporciona diversas visiones sobre cada punto, pero también tiene efectos negativos, en cuanto, a que en muchas oportunidades esa discusión detiene o entraba las decisiones, lo que obliga a buscar un punto de equilibrio, entre la especialización y el debate en las decisiones. Otro inconveniente de la gestión pública, es que en ella se presenta el fenómeno de los comportamientos estratégicos, o en otras palabras, el “peligro de corrupción”, una de cuyas manifestaciones es el fenómeno de la captura del regulador por el regulado, y entonces, al construir la institucionalidad hay que tratar de disminuir al máximo estos riesgos, disminuir los factores de corrupción, usando tanto las herramientas de castigo como de incentivos, para que al funcionario, al regulador, le resulte muy caro incurrir en corrupción. Un tercer problema a eludir en la gestión pública, es la tendencia a dictar políticas para la contingencia inmediata, procurando en cambio, diseñar políticas de largo plazo, especialmente en materias como la energía, en las cuales, las inversiones son a muy largo plazo; es lo que se denomina la consistencia ínter temporal, esto es, la idea de que las decisiones de políticas públicas, trasciendan la discusión y la presión política del momento. Indicó, que al asumir estos problemas y diseñar la estrategia para superarlos, se debe tomar una decisión con esos propósitos, pero estos deben hacerse apuntando a minimizar los costos de las medidas, según los recursos y tecnologías disponibles, sea tanto para afrontar el tema de autonomía del abastecimiento, como de eficiencia energética, y la eficiencia ambiental. Por lo tanto, ha quedado demostrado, en la discusión de este proyecto que el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, carece de las atribuciones y facultades necesarias para afrontar estos desafíos. Es por ello, que se requiere establecer una mayor rectoría, y en tal sentido, sostuvo, que se justifica una modificación institucional como la propuesta, siempre que no se genere una burocracia innecesaria. En términos generales, concluyó, que la nueva estructura propuesta está bien concebida y es equilibrada.
señor Miguel Márquez,
explicó que, en términos generales se trata de un proyecto positivo, que representa un avance en la constitución de una autoridad política
que hoy no existe cabalmente, que
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condiciones de profundos cambios de situación y condiciones complejas de la energía a nivel nacional e internacional, y agregó, que el proyecto cohesiona y coordina las funciones del Estado frente a mercados opacos, ineficientes y concentrados, lo que le pareció adecuado. Sin embargo, criticó el hecho de que el Ejecutivo, al presentar el proyecto, haga un diagnóstico y análisis de contexto, bastante limitado, tanto en lo nacional como en lo internacional, y proponga en consecuencia, un modelo que, a su juicio, no da respuesta a cuestiones previas como la definición de una política energética, que le permita al país afrontar las periódicas crisis que sufre el sector. Agregó, que el mensaje del Ejecutivo, excluye la necesaria discusión de las orientaciones políticas, que deben preceder toda reestructuración institucional; por otra parte, el concepto de sustentabilidad aparece desdibujado, hay definiciones imprecisas, falta de indicadores, parámetros, etc., todo lo que le resta operatividad a la propuesta, la que además adolece, de una escasa o nula reflexión respecto a problemática y soluciones locales. Es un proyecto que está basado, en una reestructuración de lo que ya existe, pero que excluye, una definición de los roles y de los actores y temas importantes que los nuevos desafíos demandan; que conserva, en su origen, uno de los aspectos que, en su opinión, causa o explica que Chile cada cuatro años sufra una crisis eléctrica o energética, es una percepción convencional que confunde una política de oferta energética, con una política energética, que incluya no sólo la oferta-demanda, sino también los problemas medio ambientales, los problemas de acceso y el funcionamiento de los mercados. Agregó que en el proyecto no se menciona ni existe intención alguna de abordar el tema del marco regulatorio para los derivados del petróleo, ni menos para la biomasa que representa cerca del 20% del consumo energético de nuestra matriz. Asimismo, se excluye toda mención a ENAP, en circunstancias que ésta es un regulador de facto, en el mercado de los derivados del petróleo. Además, el proyecto mantiene un modelo de desarrollo y gestión, que conoce crisis severas cada 4 ó 6 años en los últimos veinte años.
Por ACERA A.G., el Vicepresidente, señor Mario Manríquez, inició su exposición explicando que resulta indispensable para el país contar con un ministerio sectorial en un tema tan importante como lo es la energía, por lo cual manifestó el apoyo de su agrupación a esta iniciativa. Sin embargo, es necesario considerar la
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incorporación de algunos aspectos, tales como el de la seguridad energética, haciendo más explícitas las facultades de este nuevo ministerio para realizar todo tipo de catastros de los recursos energéticos nacionales, contando con la dotación y recursos que sean necesarios para tal efecto. Tal situación resulta fundamental en Chile donde toda la generación eléctrica está en manos del sector privado, lo que implica que los inversionistas demandan información de los recursos disponibles. Por otra parte, señaló que el nuevo Ministerio, debiera tener un departamento o una división especial, para el fomento y desarrollo de las energías renovables no convencionales, función que en la actualidad realiza la Corporación de Fomento (CORFO), en cuanto al fomento.
programas de energización y electrificación rural, por lo que sugirió, que también se debe contar en el nuevo Ministerio, con una unidad o sección
que se ocupe de esta temática. En los mismos términos, la eficiencia energética debiera tener un tratamiento similar, pues aunque el Programa País Eficiencia Energética (que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), ha dado excelentes resultados, sugirió que debiera estar radicado en el nuevo Ministerio de Energía, con su propia orgánica. Por último, se refirió a los recursos hídricos para generación eléctrica, en particular en la modalidad de pequeñas centrales. Al respecto indicó, que los interesados sufren las consecuencias del régimen de concesión de los derechos de agua no consuntivos, lo que opera como una traba a la asignación, y explotación de nuevos recursos y proyectos, y pidió que en esta nueva regulación se faciliten tales proyectos, concediendo facultades al nuevo ministerio. En suma, concluyó, que es necesario establecer la centralización de todas estas facultades, radicando en una única autoridad, la decisión sobre aspectos tan relevantes para el desarrollo del país, como es el tema energético.
El consultor de Asuntos Económicos de la
CEPAL, señor Manlio Coviello, señaló en primer término, que la energía es un elemento que trasciende su componente industrial, es “el eje” primario de desarrollo para un país como Chile, que es líder de la región, y aspira a seguir siéndolo. Agregó, que Chile está hoy en una senda de desarrollo acelerado, pero afrontando problemas serios de
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energía, que es un elemento que necesita el desarrollo de una política profunda, con visión de largo plazo que considere los recursos disponibles, las competencias y las necesidades de futuro. Afirmó, que para seguir siendo un líder regional, se requiere tener una visión integral del problema, una conducción oportuna, basada en establecer una competencia técnica, lo que, hasta la fecha, Chile no ha logrado alcanzar, por haber tenido hasta hoy una visión dispersa de la energía, asignando a distintos órganos competencias propias del sector energético. Por lo tanto, aseguró que un problema tan serio, no puede ser manejado, por razones de eficiencia, ya que cinco o más entidades trabajando de forma paralela pero transversal, son menos eficientes que una sola entidad, como de eficacia porque no se pueden definir la prioridades del país en el corto, mediano o largo plazo. Consideró muy sólidos y obvios, los análisis que se hacen respecto del proyecto de ley, si la finalidad que se desea es otorgar eficiencia y eficacia al manejo del sector, en formulación de políticas, regulación, fiscalización y, de ser necesario, resolución de conflictos, aspectos que, a su juicio, deben ser abordados centralizadamente y no en forma dispersa como sucede en la actualidad. Es del caso señalar, que a raíz de los cálculos realizados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), se estima que Chile requiere, en menos de doce (12) años aumentar la capacidad instalada para la producción de electricidad a 14.400 MW (megavatios), lo que implica más que duplicar todo lo que hasta hoy se ha construido, situación que significa realizar una tarea extremadamente compleja y ambiciosa, y demandará una total eficacia y eficiencia, para evitar que la curva de oferta pase por debajo de la curva de la demanda, a fin de evitar un altísimo riesgo de desabastecimiento en el futuro. Reconoció, que se ha efectuado un incremento importante en proyectos de inversión para generación, en los últimos dos años, han sido del orden de tres o cuatro veces superior, al de los años previos, los que estarían ya en marcha, con algunas trabas o dificultades, situación que lleva a preguntarse si en menos de doce años se podrá llegar a los 14.400 MW (megavatios) instalados que se necesitan; en todo caso, esto dependerá, de le eficiencia del Estado en orientar al sector energético, hacia el beneficio para el país. Agregó que, en esta tarea es necesario, tal como lo dice el mensaje, buscar la superación de la asimetría de información que existe entre empresas y Estado. En consecuencia, es necesario establecer la integración de políticas, buscar una buena regulación y fiscalización, lo cual, es la esencia de este proyecto. Sin embargo, manifestó dudas respecto a la coexistencia que se produciría entre las diferentes autoridades como es el caso del Subsecretario de
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Energía frente al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, sobre cuál será la interrelación que habrá entre ambas figuras, o cómo se distribuirán entre ellos ciertas competencias; aseguró, que esto no es trivial, es necesario aclararlo, pues si se quiere otorgar transparencia, orden y una visión integral, debe hacerse algo claro y que se determine una distribución de atribuciones entre las autoridades correspondientes. Finalmente, a objeto de analizar la oportunidad o conveniencia de que Chile cuente con un adecuado Ministerio de Energía, es necesario estudiar la organización sectorial que existe en 196 países adscritos a Naciones Unidas, siendo que Chile es entre ellos, el único país que no tiene un ministerio de energía, lo que, a su juicio, no tiene explicación.
justificada la
Energía. Resulta
evidente, que la estructura propuesta tiene sentido aún cuando puede perfeccionarse. Agregó que Chile necesita, con relativa premura, contar con una autoridad central, con visión integral, en la conducción del sector energético. Al respecto, existe en Chile un gran potencial geotérmico, el país posee el 10% de los volcanes del planeta, pese a lo cual aún se discute en el país si otorgar o no una concesión para su explotación, a una empresa con trayectoria industrial. Agregó, que el hecho de no contar en Chile con plantas geotérmicas que produzcan energía, es a su juicio, un desperdicio, y demuestra, la falta de una política clara al respecto, una ausencia de conducción y de visión energética, la que podría lograrse a través de una autoridad centralizada, dedicada al sector, como un ministerio. Por último, señaló que algo similar sucede con otras potenciales y alternativas fuentes energéticas como es la energía eólica o la biomasa. No hay duda, concluyó, que se requiere crear una conducción centralizada.
Diputados señores
don Francisco; Espinosa, don
Marcos; Leal, don Antonio; Rojas, don Manuel; Rossi, don Fulvio; Sule, don Alejandro, y Valenzuela, don Esteban y tres abstenciones de los Diputados señores Álvarez, don Rodrigo (Reemplazó al Diputado Ward); Forni, don Marcelo, y García- Huidobro, don Alejandro.
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1.- Principios orientadores del proyecto de ley.
a) Creación del Ministerio de
Energía. Se
crea un órgano superior para que colabore con el Presidente de la República en las funciones de gobierno y en la administración del sector energía. Este es el primer paso, urgente y necesario, para instalar una autoridad energética que tenga atribuciones efectivas en el país.
ordenar la institucionalidad del sector energía, para contar con organizaciones que impulsen un desarrollo seguro, eficiente y sustentable. Establecer una correcta separación de funciones entre la elaboración de políticas, la regulación y la fiscalización en el ámbito energético, y facilitar la necesaria coordinación entre la autoridad energética, los distintos servicios públicos involucrados y los gobiernos regionales.
2.- Modificaciones legales.
a) Modifica el decreto ley N°2.224, de 1978, que creó la Comisión Nacional de Energía, con la siguiente finalidad:
*Establecer el rol del Ministerio de Energía. *Crear una relación entre la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión de Energía Nuclear, con el Presidente de la República a través del Ministerio de Energía. *Definir el sector de energía. *Precisar el rol de la Comisión Nacional de
Energía y de la Comisión Nacional de Energía.
competencias del Ministerio de Minería al Ministerio de Energía:
*Modifica el decreto con fuerza de ley N°302, de 1960, del Ministerio de Hacienda, ley orgánica del Ministerio de
Minería, para establecer la suscripción conjunta de los Ministerios de Energía y Minería de los contratos especiales de operación en hidrocarburos.
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*Transfiere facultades al Ministerio de Energía, otorgadas en las leyes N°18.302, sobre Seguridad Nuclear; N°19.657, sobre Concesiones de Energía Geotérmica, y N°19.030, sobre Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
c) Modifica materias de la competencia del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, respecto de lo siguiente:
*Transfiere facultades al Ministerio de Energía, respecto de aplicación y/o control de las disposiciones contempladas en el decreto con fuerza de ley Nº 323, de 1931, ley de Servicios de Gas, y el decreto con fuerza de ley Nº1, de 1979, sobre personas que importen, refinen, distribuyan, transporten o expendan directamente al público petróleo, combustibles derivados del petróleo, gas natural y gas licuado. *Respecto del decreto con fuerza de ley, N°4, de 2006, ley General de Servicios Eléctricos, se establece lo siguiente:
Se dispone que el Ministerio de Energía, tendrá la exclusividad en el ámbito de concesiones, permisos, sistemas de transporte, y explotación de los servicios de energía eléctrica, y Se establece que los Ministerios de Energía y de Economía, Fomento y Reconstrucción, fijarán en forma conjunta los valores de los sistemas eléctricos, como es el valor de transmisión, de subtransmisión, las expansiones del sistema, los peajes por transporte en distribución, entre otros.
d) Se modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para incorporar al Ministro de Energía en el Consejo Directivo de la CONAMA.
e) Se establece una norma general, por la cual, se establece que las atribuciones que confieran las leyes y decretos supremos al Ministerio de Minería, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o a la Comisión Nacional de Energía, o al respectivo Ministro, en todas aquellas materias que son competencia del Ministerio de Energía, se entenderán conferidas al Ministerio o al Ministro de Energía, según corresponda, por el solo ministerio de la ley.
Articulado transitorio.
transitorias, se
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faculta al
para dictar decretos con fuerza de ley, con el fin de establecer la planta
del Ministerio de Energía, los requisitos de
remuneraciones y modificar la Energía.
Subsecretaría de Energía. *********************
estructura en dos grandes
bloques, por una parte, se crea el Ministerio de
precisión de sus atribuciones y competencias (artículo 1º y 15), y por otra, se modifican todas aquellas disposiciones legales vigentes
que regulen o se refieran a competencias Ministerio (artículos 2º al 14).
propias del nuevo
“Artículo 1º.- Créase el Ministerio de Energía, el que será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración del sector de energía.
Mediante este artículo, se crea el Ministerio de
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Seis votos a favor).
2.224, de 1978, de la siguiente manera:
-La Comisión acordó efectuar la votación de este artículo, separadamente por cada numeral que se incluye en él.
1. Reemplázase el epígrafe del Título primero por el siguiente: “Del Ministerio de Energía”.
numeral se reemplaza la
expresión “De la Comisión Nacional de Energía y sus Atribuciones”,
introduciendo un Título propio del nuevo ministerio.
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aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Siete votos a favor).
2. Suprímase el artículo 1º.
Mediante este numeral se suprime el artículo que creó la Comisión Nacional de Energía. La orgánica y funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), se regulan en el nuevo artículo 6°, y siguientes.
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Siete
votos a favor).
a) En el inciso primero, reemplázase la frase “a
la Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de
“Se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio
de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.”.
Por modificaciones, a saber:
numeral se efectúan dos
elaboración y coordinación de los planes, políticas y normas que ejercía
la Comisión Nacional de Energía se traspasan al nuevo Ministerio de Energía.
dependencia que tendrá la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la Comisión Chilena de Energía Nuclear será en adelante con el nuevo Ministerio de Energía.
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a) En el inciso primero, reemplázase la frase “a la Comisión Nacional de Energía” por la siguiente: “al Ministerio de Energía.
b) Agrégase, después de la palabra distribución, las palabras: “consumo, uso eficiente”, precedidas por una coma (,).
trasladan las
competencias que tiene la Comisión Nacional de Energía (CNE) al nuevo Ministerio de Energía y se incorpora como tema de política pública, el
i) Reemplázase la frase “a la Comisión” por
ii) En la letra d), reemplázase la frase “y
proponer al Gobierno las normas técnicas” por la siguiente
precedida de una coma (,) “proponer y dictar, según corresponda, las
normas”; y agrégase antes de la frase “la seguridad funcionamiento” la frase: “la eficiencia energética”.
iii) Reemplazáse, en
iv) Reemplázase,
siguiente: “f) Proponer al Presidente de la República y evaluar las
políticas, planes y normas relativas
los contratos especiales de
operación a que se refiere el inciso décimo del número 24 del artículo 19
de la Constitución Política, tratándose de hidrocarburos o materiales atómicos naturales, lo que deberá hacer en conjunto con el Ministerio de Minería.”
v) Suprímanse las letras g) y h).
Mediante este numeral, se efectúan las siguientes
En la letra i) se determina que las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Energía, le serán traspasadas al nuevo Ministerio de Energía.
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En la letra ii) se incorpora al nuevo Ministerio de
Energía, el tema de la eficiencia energética.
En la letra iv) se incorpora la facultad proponer al
Presidente de la República, las políticas, planes y normas relativas a los
contratos especiales de operación, en conjunto con el Ministerio de
establecidas en las letras g) y h). Más adelante se establecerán normas
comunes del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía, relativas a
la posibilidad de requerir información para el ejercicio de sus funciones.
(Nuevo artículo 12).
reemplazar el numeral v) por el siguiente:
9. “v) Reemplázase las letras g) y h) por las siguientes letras g), h) e i) nuevas, pasando la actual letra i) a ser j):
10. “g) Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya finalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía. Del mismo modo el Ministerio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas. 11. El Ministro de Energía, mediante resolución, nombrará uno o más representantes del Ministerio, los que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y de administración que contemplen los estatutos de las personas jurídicas que se constituyan en virtud de lo dispuesto en la presente disposición. 12. h) Establecer mediante resolución los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos, que deberán contar para su comercialización con un certificado de aprobación o la respectiva etiqueta de consumo energético, conforme lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 3° de la ley N° 18.410. 13. Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Energía, se establecerán los procedimientos, el sistema de etiquetado y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra.
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14. i) Fijar, mediante resolución, los estándares mínimos de eficiencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos para su comercialización en el país.
15. Los importadores, fabricantes y distribuidores,
según corresponda, de los bienes señalados en el párrafo anterior, que persigan su comercialización en el territorio nacional, deberán certificar para dicho efecto que cumplen con el estándar exigido, por intermedio de entidades autorizadas para ello y etiquetar los respectivos productos con las indicaciones del consumo energético de los mismos, cuando así se establezca de conformidad con lo dispuesto en la letra precedente. 16. Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Energía, se establecerá el procedimiento y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra.”.
La Comisión acordó posponer la votación de esta indicación y propuso al Ejecutivo sustituirla por otra, en la cual se deberán invertir el orden de las letras h) e i).
*El Ejecutivo formuló una nueva indicación, para reemplazar el numeral v) por el siguiente:
17. “v) Reemplázase las letras g) y h) por las siguientes letras g), h) e i) nuevas, pasando la actual letra i) a ser j):
18. “g) Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya finalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía. Del mismo modo, el Ministerio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas. 19. El Ministro de Energía, mediante resolución, nombrará uno o más representantes del Ministerio, los que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y de administración que contemplen los estatutos de las personas jurídicas que se constituyan en virtud de lo dispuesto en la presente disposición. 20. h) Fijar, mediante resolución, los estándares mínimos de eficiencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que
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utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su comercialización en el país.
21. Los importadores, fabricantes y distribuidores, según corresponda, de los bienes señalados en el párrafo anterior, que persigan su comercialización en el territorio nacional, deberán certificar para dicho efecto que cumplen con el estándar exigido, por intermedio de entidades autorizadas para ello y etiquetar los respectivos productos con las indicaciones del consumo energético de los mismos, cuando así se establezca de conformidad con lo dispuesto en la letra precedente. 22. Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Energía, se establecerá el procedimiento y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra. 23. i) Establecer mediante resolución los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos o que utilicen cualquier tipo de recurso energético, que deberán contar para su comercialización con un certificado de aprobación o la respectiva etiqueta de consumo energético, conforme lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 3° de la ley N° 18.410. Mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Energía, se establecerán los procedimientos, el sistema de etiquetado y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra.”.
-Puesto en votación el número 5, incluida la segunda indicación formulada por el Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Cinco votos a favor).
6. Suprímase el epígrafe del título II.
Por este numeral, se suprime el Título “De la Organización, Personal y Patrimonio”, para dar coherencia en relación a la creación del nuevo ministerio. Este título comienza en el proyecto de ley con el artículo 6° denominado “De la Comisión Nacional de Energía”.
Reemplázase el Artículo 5º por el siguiente:
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“Artículo 5º.- La conducción del Ministerio corresponderá al Ministro de Energía, en conformidad con las políticas e
instrucciones que imparta el Presidente de
administración interna del Ministerio corresponderá al Subsecretario de
Energía, quién será el Jefe Superior del Servicio y coordinará la acción de los servicios públicos del sector. El Ministerio de Energía contará con seis Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, las que representarán al
Ministerio en una o más regiones. Mediante
Decreto Supremo se
establecerán las regiones que le corresponderá a cada una de ellas, así
como la ciudad en la Ministerial.”.
asiento el Secretario Regional
Mediante este numeral, se reemplaza el artículo 5° del DL N°2.224, de 1978. En su inciso primero se determina la estructura básica del nuevo Ministerio de Energía y se elimina al Consejo Superior de la Comisión Nacional de Energía. En el inciso segundo, se establece la creación de Secretarías Regionales Ministeriales.
24. *El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar el inciso segundo del proyecto, por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:
25. “Las áreas funcionales que competerán al
Ministerio de Energía a través de las estructuras internas de su Subsecretaría, deberán contemplar, a lo menos, al mercado energético, energías renovables, eficiencia energética, desarrollo sustentable y medio ambiente, energización rural y social, y estudios y desarrollo energético. 26. El Ministerio de Energía contara con Secretarias Regionales Ministeriales, las que conforme con la ley representarán territorialmente al Ministerio en el país.".
28. El Ministro señor Tokman, explicó que con la indicación presentada por el Ejecutivo se incorpora un inciso segundo, nuevo, en el que se determinan las áreas funcionales del nuevo Ministerio
de Energía, y en el nuevo inciso tercero, se crean las Secretarías Regionales Ministeriales.
-Puesto en votación el número 7, incluidas las dos indicaciones formuladas por el Ejecutivo, fue aprobado
por cinco votos a favor y una abstención.
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Por este numeral se reemplaza al antiguo Título II. Este nuevo título versará sobre la Comisión Nacional de Energía.
aprobado por cinco votos a favor y una abstención.
será una persona jurídica de derecho público, funcionalmente
descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Energía. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que pudiera establecer.
encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y
distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica.
La Comisión estará
Dirección Pública establecido en la ley N°19.882.”.
Mediante este numeral, se reemplaza el artículo 6° del D.L. N°2.224, de 1978. En el primer inciso se establece lo relativo a la Comisión Nacional de Energía. En el segundo inciso, se determina la misión y función de la Comisión Nacional de Energía, y el inciso tercero, determina que el cargo de Secretario Ejecutivo debe ser nombrado por la Alta Dirección Pública.
30. *El Ejecutivo formuló una indicación para agregar en el inciso segundo del artículo 6º, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser coma (,), la siguiente expresión:
31. “y de asesorar al Gobierno, a través
del Ministerio de Energía, en todas aquellas materias vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo.”.
-Puesto en votación el número 9, incluida la indicación formulada por el Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Seis votos a favor).
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“Artículo 7º. Para el cumplimiento de su objetivo corresponderá a la Comisión, en particular, las siguientes funciones y atribuciones:
a) Analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos, en los casos y forma que establece la ley;
indispensables para el funcionamiento y la operación de las instalaciones energéticas, en los casos que señala la ley; c) Proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se requieran, en las materias de su competencia.
Por este numeral, se reemplaza el artículo 7° del D.L. N°2.224, de 1978. Se determinan las nuevas funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Energía limitándolas a la fijación de tarifas, a la fijación de normas técnicas para el buen funcionamiento de instalaciones energéticas y de asesoría técnica en materia de normativa legal y reglamentaria.
32. *El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir la letra c), del artículo 7°, por la siguiente:
33. “c) Monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético, y proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se requieran, en las materias de su competencia.”.
-Puesto en votación el número 10, incluida la indicación formulada por el Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Seis votos a favor).
a) Reemplázase el párrafo que se encuentra entre el punto seguido y el punto final por el siguiente: “Será nombrado por el Presidente de la República mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previsto en el párrafo 3° del Titulo VI de la ley N° 19.882.”
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Mediante este numeral se modifica la forma de nombramiento del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.
aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Seis
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a) Suprímanse las letras a) y b).
b) Suprímase, en
frase: “para
i. Reemplázase
Consejo” por la palabra “Disponer”. ii. Suprímase el párrafo que comienza con
la palabra “sancionando” y termina con la palabra “Comisión”.
d) Suprímase,
“sujetándose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte el
e) Suprímanse las letras f) y g).
g) En la letra i), suprímase la frase: “sujetándose
vinculadas al Consejo de la Comisión Nacional de Energía, órgano que se
elimina por esta ley.
Incorpórase,
siguiente epígrafe: TITULO III Disposiciones Comunes.
Mediante este numeral, se agrega un nuevo Título que establece disposiciones comunes tanto para el Ministerio de Energía, como para la Comisión Nacional de Energía.
funciones, tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de
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Energía podrán requerir de los Ministerios, Servicios Públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, los antecedentes y la información necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando los funcionarios que dispongan de dichos antecedentes e informaciones, obligados a proporcionarlos en el más breve plazo. El incumplimiento de esta obligación podrá ser administrativamente sancionado, en caso de negligencia, por la Contraloría General de la República, en conformidad a las reglas generales.
Asimismo, podrán requerir a las entidades y empresas del sector energía, a las relacionadas que mantienen transacciones con aquéllas, y a los clientes finales de energía, la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones. Respecto de las empresas relacionadas, sólo podrá solicitar la información referida a las transacciones que hayan realizado con las empresas del sector energía. Las entidades o empresas requeridas en uso de la facultad señalada precedentemente, sólo podrán exceptuarse de entregar la información solicitada, invocando una norma legal vigente sobre secreto. El incumplimiento del requerimiento de información o de la obligación de proporcionarla sin mediar aquél, así como la entrega de información falsa, incompleta o manifiestamente errónea, serán sancionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a las normas establecidas en la ley Nº 18.410. Mediante resolución fundada, tanto el Ministerio como la Comisión podrán requerir a las empresas, bajo apercibimiento de multa que deberá cursar la Superintendencia, que efectúen auditorias para comprobar la veracidad y exactitud de las informaciones que le hayan proporcionado. La contratación y financiamiento de estas auditorias corresponderá a la empresa o entidad requerida. El auditor deberá elegirse de una lista de auditores autorizados, que formen parte de un registro público integrado por las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos y condiciones que determine el reglamento, el que indicará además las causales de exclusión del registro que se mantendrá actualizado por la Superintendencia. Los funcionarios de ambas instituciones y las personas que le presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación, deberán guardar reserva de los documentos y antecedentes señalados en los incisos precedentes, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción de esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan. Esta prohibición, en beneficio
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propio o de terceros, obliga hasta tres años después de dejar el cargo funcionario o haber prestado servicios.”.
Mediante este numeral, se incorpora el artículo 12, nuevo, por el que se establece la posibilidad de solicitar información a otros organismos públicos y a instituciones privadas del sector energía.
En el inciso tercero se establece la alternativa de auditar la información entregada por las empresas para comprobar su veracidad y exactitud. El inciso cuarto, instaura la obligación de preservar la reserva de la información.
modificar el numeral 14, de la siguiente forma:
Reemplácese en el inciso segundo,
del nuevo artículo 12, la frase que comienza con la expresión “Asimismo” y que termina en el segundo punto seguido con la expresión “energía”, por la siguiente:
“Asimismo, podrán requerir la información
que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a las entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no sujetos a regulación de precios a los que se refiere el Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del año 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre Ley General de Servicios Eléctricos.”.
b) Elimínese el inciso tercero, pasando el
actual inciso cuarto a ser tercero.
-Puesto en votación el número 14, incluida la indicación formulada por el Ejecutivo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes. (Seis votos a favor).
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º del DFL Nº 302, del año 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Ministerio de Minería, de la siguiente manera:
1. Suprímase la letra g). 2. En la letra i):
a) Suprímase el siguiente párrafo: “del Consejo de la Comisión Nacional de Energía, tratándose de hidrocarburos”.
b) Incorpórase
el siguiente párrafo nuevo, a
continuación del punto final: “Los contratos especiales de operación
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relativos a hidrocarburos, serán suscritos conjuntamente con el Ministro de Energía”.
Mediante este artículo se modifica el artículo 5°
del DFL N°302, de 1960, del Ministerio de Hacienda, de la siguiente
Respecto de la letra g), se elimina del listado de
facultades del Ministerio de Minería la posibilidad de intervenir en la
formación de reservas, racionamientos, distribución, control y precios, si
procediere, de los combustibles para el abastecimiento de las
modificación planteada por la letra a), la aprobación por parte del
consejo de la Comisión Nacional de Energía como requisito previo para
suscribir los Contratos Especiales de Operación, y por la letra b),
concordante con la modificación al artículo 4, se establece la suscripción
conjunta, entre el Ministerio de Energía y Minería, de los contratos
especiales de operación.
1. Sustitúyase en el inciso tercero de su artículo 1º, la palabra “Minería” por “Energía”.
2. Sustitúyase en
artículo 9º, la palabra “Minería” por “Energía”.
La modificación que plantea este artículo 4°, es consistente con la modificación que se hace en el artículo 2°, que establece que, la relación con el Presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se efectuará a través del Ministerio de Energía.