Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-381-08.htm
Timestamp: 2018-10-18 00:59:49
Document Index: 140519379

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 151', 'artículo 63', 'artículo 13', 'artículo 2']

C-381-08
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.
En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241 No. 4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero solicita a la Corte Constitucional la declaración de inexequibilidad del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”
“Qué es lo que se demanda.
…el objeto de la demanda es declarar la inconstitucionalidad del literal 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, toda vez que al asignar competencia a la Jurisdicción Laboral para conocer de las controversias relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, al no hacer la norma distinción alguna respecto al tipo de controversia, hace que se tramiten ante …la Jurisdicción Laboral cualquier tipo de controversias que surjan …entre afiliados y beneficiarios con las entidades administradoras o prestadoras, incluidas las controversias relacionadas con la falla médica…cuya prescripción de la acción sería de 3 años, situación que viola el derecho a la igualdad de estas víctimas con relación a la prescripción de la acción que tienen las personas afectadas por una falla médica cuyo origen no se relacione con la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuya acción se tramita ante la Jurisdicción Civil y la prescripción es de 10 años.
Se concluye claramente que al conocer la Jurisdicción Laboral de las controversias relacionadas con fallas médicas, la prescripción de la acción es de 3 años, y las controversias por fallas médicas realizadas por fuera del Sistema de Seguridad Social en Salud, que se tramitan en la Jurisdicción Civil, la acción prescribe en 10 años; esta distinción entre la jurisdicción que debe conocer las controversias relacionadas con una falla médica (actos médicos contrarios a la Ley Artis) crea una desigualdad desproporcionada con relación a los términos de prescripción de la acción que tendría la víctima para hacer efectivo su derecho a la indemnización de perjuicios, cuando la mala praxis se suscita dado su afiliación al SGSSS con relación a los actos médicos contrarios a la mala praxis que no surgen de la afiliación o de la vinculación al SGSSS”[1].
Señala que la prescripción extintiva de obligaciones no depende del juez de conocimiento de la acción sino de las disposiciones sustantivas que regulen la materia por lo que el argumento conforme al cual el tiempo de prescripción con ocasión de una falla médica variaría atendiendo la jurisdicción que conozca del asunto (3 o 10 años) “corresponde a una interpretación errada del actor, pues la prescripción de estos asuntos dependería de las normas de carácter especial que regulen la materia, y no por el artículo 151 del C.P.L., pues el resarcimiento de los perjuicios a que haya lugar, no se desprenden de las normas acusadas”.
Expone que para los casos previstos por el Legislador en que se considere viable la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, no implica la violación del derecho a la igualdad al prever los procedimientos a seguir sin que ello quiera decir que deba existir comparación con la prescripción del procedimiento civil “porque se está hablando de jurisdicciones diferentes y en esto se distinguen las acciones que se deben invocar en caso de que cualquier ciudadano tenga que acudir ante el aparato judicial; por esta razón, el legislador establece la prescripción de las acciones en las diferentes jurisdicciones y con diferentes términos porque todos los procedimientos y actuaciones de los ciudadanos colombianos tienen que estar limitados por unas normas y dichas normas requieren de unos términos y requisitos mínimos, como en el caso presente”.
Considera que se presentan dos situaciones diferentes que se contemplan en disposiciones distintas “es decir, la que hace relación a los plazos para promover las acciones ante los organismos judiciales, de la que concierne a la asignación de competencia del organismo judicial a quien corresponde por ley definir la controversia, sin que la declaratoria de inexequibilidad de la última pueda servir de soporte para unificar los plazos para interponer aquellas, ni para hacer inexequible la disposición demandada”.
Concluye que “lo que genera una mala práctica médica es la acción civil patrimonial derivada de una conducta activa u omisiva atribuible a título de dolo o culpa -artículo 63 del Código Civil- para deducir responsabilidad civil extracontractual- de competencia de los jueces civiles ordinarios o administrativos- y, en consecuencia, mal podría entenderse que una norma del procedimiento laboral pueda modificar las reglas procesales de ordenamientos especializados como lo son los Códigos Civil, de Procedimiento Civil o Contencioso Administrativo, que reglan integralmente el régimen de la responsabilidad civil extracontractual, asunto que es de naturaleza distinta al objeto que se persigue con las leyes sociales que amparan el derecho a la seguridad social integral para cuya efectividad quiso el legislador, a través de una reforma, atribuir competencias a la jurisdicción ordinaria laboral”.
En opinión del accionante la competencia general establecida para la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, para conocer de “Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan” -segmento que acusa-, al no realizar distinción alguna hace que se tramiten ante dicha jurisdicción las controversias relacionadas por fallas médicas, lo cual considera que vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 superior) en cuanto al término de la prescripción de la acción, toda vez que para su conocimiento ante la Jurisdicción Laboral se instituye un término sólo de 3 años, mientras que para la Jurisdicción Civil es de 10 años, creando así una desigualdad desproporcionada para con la víctimas de tales controversias que no tengan origen en el Sistema de Seguridad Social en Salud.
“Las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[1] “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”[1] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[1]. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”[1]” (sentencia C-1052 de 2001).
Particularmente respecto a la carga argumentativa que debe exponer el actor al formular cargos por vulneración del derecho a la igualdad, esta Corporación ha sentado que no basta con sostener que las disposiciones acusadas establecen un trato diferente sobre ciertas personas que desconoce el artículo 13 superior, sino que resulta indispensable señalar las razones por las cuales dicha diferencia de trato es discriminatoria con argumentos que cuestionen el fundamento de la medida, toda vez que “la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales”[9].
De ahí que la Corte haya sostenido que el concepto de igualdad es relacional y, por tanto, el juicio de igualdad debe recaer sobre una pluralidad de elementos que se denominan “términos de comparación”[10]. De esta forma, se ha establecido que los cargos que refieren a la vulneración del derecho a la igualdad “deben señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas.[11]”[12].
Ni aún aplicando el principio de pro actione podría la Corte pronunciarse de fondo ya que el actor no estructuró en debida forma al menos un cargo de inconstitucionalidad que permitiera proceder a realizar el control de constitucionalidad.
[2] En la sentencia C-913 de 2004, la Corte sostuvo que: “La admisión de la demanda no obsta para que durante el trámite de la acción, mediante el estudio en detalle de los temas planteados por el accionante, las pruebas aportadas y las intervenciones de las autoridades públicas o privadas que participen en el proceso, la Corte Constitucional encuentre que las razones expuestas por el accionante en la demanda, no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, y decida por ello, inhibirse de conocer los argumentos planteados, por no cumplir con los requisitos exigidos”.
[3] C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”[4], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa”.
[5] “Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”[5]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[5] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[5].”
[6] “La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales[6] y doctrinarias[6], o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”[6]; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia[6], calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”[6] a partir de una valoración parcial de sus efectos.”
[7] “La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
[8] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] En relación con el carácter relacional de la igualdad, se pueden consultar entre otras las sentencias: T-422 de 1992, C-351 de 1995, T-530 de 1997, C-1112 de 2000 y C-090 de 2001.
[11] Entre otras sentencias, ver la C-673 de 2001 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa).
[12] Sentencia C-913 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.