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Timestamp: 2019-09-16 16:42:55
Document Index: 24050125

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 25', 'artículo 37', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL14339-2017/56737 DE AGOSTO 29 DE 2017
SENTENCIA SL14339-2017 DE 29 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE LA APELACIÓN. SE PRECISA POR EL MÁXIMO ÓRGANO JUDICIAL QUE LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA DE APELACIÓN SE ESTABLECE POR CUATRO RAZONES CENTRALES: I) QUE EL BOLETÍN DE DESPIDO, SOLO DEMUESTRA TAL ACONTECIMIENTO, II) QUE EL DEMANDANTE NO RECONOCIÓ SU RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS QUE SE LE ENDILGARON PARA LA RESCILIACIÓN DE SU CONTRATO, III) QUE EL DESPIDO DEL ACCIONANTE ES INJUSTO PORQUE NO SE CUMPLIERON LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA LABORAL Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, Y IV) QUE EN EL PROCESO NO APARECE CARTA ALGUNA DE DESPIDO, QUE ES FUNDAMENTAL EN ESTE TIPO DE JUICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO PROCESAL, RECURSO DE APELACIÓN, JUEZ, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, DERECHO PROCESAL, CRITERIO DEL JUEZ
Sentencia SL-14339-2017/56737 de agosto 29 de 2017
SL14339-2017
Rad.: 56737
Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil diecisiete
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Luis Alfonso Rico Cárdenas contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de marzo de 2012, en el proceso que instauró al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Luis Alfonso Rico Cárdenas llamó a juicio al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para el reconocimiento y pago de la Pensión Restringida de Jubilación o Pensión Sanción prevista en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, debidamente indexada de acuerdo con el IPC, a partir del 14 de mayo de 2009.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que a partir del 1º de julio de 1992, cuando acaeció la extinción definitiva de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la demandada es la encargada, como sustituto legal, de asumir su pasivo laboral; que siempre ostentó la calidad de trabajador oficial; que su vinculación laboral con la empresa de ferrocarriles trascurrió del 13 de julio de 1970 al 30 de diciembre de 1982, cuando fue despedido sin causa justa; que ocupó como último cargo el de jefe de estación II transportes; que su último salario promedio consolidado fue de $ 20.252.19 mensuales; que la empresa no le comunicó personalmente la decisión unilateral de despido, pues se limitó a dejar constancia de ello en el Boletín de Personal Nº 1281 del 28 de diciembre de 1982; que en los días previos al despido unilateral, la demandada no le dio la posibilidad de rendir descargos; que al momento del despido, o en momentos previos, no se le abrió ni radicó ningún expediente de investigación disciplinaria; que la empresa tampoco le oficializó su despido a través de resolución administrativa, como lo exige el Reglamento Interno de Trabajo; que estuvo sindicalizado, por lo que es beneficiario de las prerrogativas extralegales; que nació el 14 de mayo de 1949, lo cual significa que el 14 de mayo de 2009 completó 60 años de edad (fls. 2 a 4, cdno. ppal.).
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos expuso que son ciertos los relacionados con la liquidación de la empresa ferrocarrilera, la calidad de trabajador oficial del actor, los extremos de la relación laboral alegada, el tiempo de servicio, y la reclamación administrativa; indicó que los otros no son ciertos. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, falta de título y causa para demandar, cobro de lo no debido, buena fe y la declaratoria de otras excepciones (fls. 38 a 39, cdno. ppal.)
El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 28 de junio de 2010, dispuso absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones solicitadas por el accionante, a quién condenó a pagar las costas del proceso (fls. 338 a 350, cdno. ppal.).
Ante el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de fallo del 30 de marzo de 2012, confirmó la sentencia proferida en primera instancia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que analizado el caudal probatorio se observa que la empresa demandada tomó la decisión de cancelar el contrato de trabajo al demandante, por las siguientes razones: no dar cumplimiento a lo establecido por la orden de Gerencia Nº 22 de mayo 28 de 1979, negligencia en el desempeño de sus funciones, al omitir elaborar correctamente los documentos de la empresa, iniciar el descargue del cargamento del vagón 15229 el día 4 de abril de 1982, sin el lleno de los requisitos exigidos en el reglamento del personal que interviene en el transporte de carga.
Precisó que una cosa es la ilegalidad del despido, cuando no se cumple con el procedimiento previamente establecido, y otra cosa muy distinta es el despido con justa causa, en donde la causal invocada se encuentra amparada dentro de las establecidas en la ley, reglamento, convención colectiva o pacto; que revisado el plenario, estableció que la demandada había presentado diferentes memorandos al actor, y lo escuchó en descargos, en los cuales este aceptó su responsabilidad en los hechos que motivaron su despido, lo cual es indicativo de que realizó un procedimiento previo, y que tuvo una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, en la medida que los motivos invocados para el efecto, están previstos en el Reglamento Interno de Trabajo, en su artículo 42, motivo por el cual no hay lugar a reconocer la pensión impetrada (fls. 17 a 25, cdno. ppal.).
IV. Recurso de casación.
Se pretende que la Corte case totalmente la sentencia proferida por el Tribunal, y que en sede de instancia revoque la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, y en su reemplazo dicte sentencia que conceda las pretensiones de la demanda, proveyendo en costas como corresponda (fl. 6 del cuaderno de la Corte).
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado oportunamente.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 1º, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 488 y 489 del CST; 2º, 11, 36 y 49 de la Ley 6 de 1945; 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; 2º de la Ley 65 de 1946; 1º, 2º y 6º del Decreto 1160 de 1947; 8º de la Ley 171 de 1961; 11, 21 y 22 del Decreto 1611 de 1962; 27, 28, 29 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 68, 72, 73 y 74 del Decreto 1848 de 1969, transgresiones estas a las que fue compelido el Ad quem al cometer violación de medio de los artículos 177, 194 y 195 del CPC y 60, 61 y 145 del CPTSS.
Indica que las violaciones las cometió Tribunal, porque incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:
A. No dar por demostrado estándolo que a mi procurado los Ferrocarriles Nacionales de Colombia lo despidió sin justa causa.
B. Haber dado por demostrado sin estarlo que los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, despidieron con justa causa a mi procurado.
Afirma que a estos yerros arribó el Ad quem por haber apreciado indebidamente los siguientes documentos:
La demanda inicial (fls. 2 a 9), la contestación de la demanda (fls. 26 a 40); el boletín de personal (fls. 18 a 48); la acusación formulada el actor (fl. 45); el boletín de ingreso (fl. 46); la amonestación al demandante (fl. 47); las suspensiones del demandante (fls. 49 a 51); la solicitud de elaboración de boletín en contra del accionante (fl. 52); la solicitud de explicación dirigida al reclamante, sobre por qué no contestó el teléfono para la orden de vía al tren Nº 302 (fl. 53); la acusación al actor por no contestar el teléfono, que produjo un retraso de 23 minutos en el tren 302 (fl. 54); el memorando que aconseja aplicar suspensión por 15 días al demandante (fls. 55 a 57); la remisión del expediente disciplinario al petente (fl. 59); la constancia de terminación de investigación administrativa (fl. 60); la solicitud de visita a la estación de Armero - Tolima (fls. 62-63); los descargos efectuados por el demandante (fls. 84, 92 a 93); el auto cabeza de proceso de la investigación disciplinaria (fl. 141); la diligencia de descargos rendida por el demandante (fls. 155 a 157); el Reglamento Interno de Trabajo de la empleadora (fls. 224 a 251), y la Convención Colectiva de Trabajo de 1978 (fls. 277 a 299); toda la foliatura corresponde al cuaderno principal.
Plantea que el Tribunal solo soportó la sentencia denegatoria de la pensión sanción, en el aserto de que el demandante fue despedido con base en una justa causa; que incluso en procesos sobre pensión sanción al trabajador, solo le corresponde a este demostrar el hecho del despido, mientras el empleador tiene la carga de probar la justeza del mismo; que si el tribunal hubiese analizado y estimado la demanda y su contestación, el reglamento interno de trabajo, la convención colectiva de trabajo y la diligencia de descargos, habría inferido que lo único cierto es que el demandante fue despedido de manera injusta, porque el boletín de retiro de folios 18 y 48 del plenario, solo demuestra el hecho del despido, pero no la justa causa del mismo, pues los motivos endilgados no quedaron insertos en dicho boletín de retiro.
Agrega que el ad quem erró al considerar que el actor aceptó la responsabilidad en los hechos que se le imputaron; que la demandada no cumplió con las formalidades para el despido del accionante, previstas en la convención colectiva de trabajo y en el reglamento interno de trabajo, y que en el plenario brilla por su ausencia la carta de despido, que es la más importante carga de un empleador para probar la justeza del despido. (fls. 6 a11 cuaderno de casación).
Aduce que el recurso extraordinario está llamado a fracasar, puesto que los argumentos de la censura, concernientes con el boletín de despido, no corresponden a la realidad procesal, toda vez que en ese documento sí se expresaron los motivos de la terminación de la relación contractual, al decir:
Cancelación unilateral del Contrato de Trabajo por negligencia en el desempeño de sus funciones. Es reincidente en esta clase de faltas expedientes SG 1-1-374/82 del Departamento de Supervisión Administrativa y según Memorando DCTR-694 de diciembre 23/82 del Departamento de Transportes. Nota: Memorando citado anexo al boletín del sr. Levigildo Reyes.
Aduce que el recurrente pasa por alto la existencia del Expediente 374 de 1982, allegado al plenario; que además se encuentra en este, el recurso de apelación interpuesto por el sindicato de trabajadores (fl. 110 del cuaderno del juzgado), en contra de la decisión de terminación de la relación laboral; que también aparece el Acta 014 del Comité de Personal de la demandada, en la que se resuelve el recurso de apelación citado, en la que se confirmó la cancelación unilateral del contrato de trabajo del actor; que igualmente obra en el instructivo el acta de descargos rendida por el demandante, así como otra investigación administrativa seguida al demandante por faltante de recaudos, contenida en el Expediente SG-1-1-199, que obra a fl. 61 y siguientes del primer cuaderno, así como varios memorandos por llamados de atención o sanciones de suspensión del contrato de trabajo del accionante.
Sostiene que la manifestación de la censura en cuanto a que el boletín de retiro no es la comunicación que debió entregarse al demandante, para expresar la decisión de terminación laboral con justa causa, es errónea, dado que dicho boletín corresponde a un acto administrativo generado por la entidad mencionada, expedido conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Reglamento General de Trabajo del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, el cual expresamente señala la investigación administrativa adelantada, en donde resultó involucrado el demandante, y en la que se estableció la falta grave en que incurrió, hecho que fue estudiado detenidamente por el Ad quem en su decisión, y que le llevó a la convicción de la existencia de la justa causa en la terminación del contrato laboral (fls. 18-24 cuaderno casación).
El Tribunal, al resolver el recurso de alzada puesto a su consideración, argumentó que una cosa es la legalidad del despido cuando no se cumple el procedimiento previamente establecido para el efecto, y que otra cosa muy diferente, es la justificación del mismo, mediante la aducción de causales o motivos, que debe estar establecidas en la ley, el reglamento, la convención o el pacto. A partir de esa premisa jurídica, asentó que al trabajador reclamante se le habían presentado diferentes memorandos, llamados de atención, y se le escuchó en descargos, en los que aceptó su responsabilidad en los hechos que precipitaron la extinción de su vínculo contractual laboral, lo que lo condujo a concluir, por un lado, que al actor se le realizó un procedimiento previo a su despido y, por el otro, que la entidad sí tuvo justas causas para dar por terminado el contrato, las cuales están contempladas en el artículo 42 del Reglamento Interno de Trabajo de la empresa de ferrocarriles para la que laboró el demandante, consistentes en la negativa sistemática en el cumplimiento de sus obligaciones, y en la reincidencia en la comisión de faltas (fl. 233 cuaderno del juzgado).
La acusación, sin embargo, sospecha de la legalidad de la sentencia del juzgador de la apelación, por cuatro razones centrales: i) que el boletín de despido, solo demuestra tal acontecimiento, ii) que el demandante no reconoció su responsabilidad en los hechos que se le endilgaron para la resciliación de su contrato, iii) que el despido del accionante es injusto porque no se cumplieron las formalidades previstas en la convención colectiva laboral y en el reglamento interno de trabajo, y iv) que en el proceso no aparece carta alguna de despido, que es fundamental en este tipo de juicios.
Sin embargo, no encuentra la Corte fortaleza demostrativa en el cargo, para desquiciar la sentencia que auspicia quebrar, por las siguientes razones:
1) Siendo responsabilidad ineludible de la censura, no se advierte que haya destruido todos los soportes de la sentencia de segunda instancia, pues a pesar de que el Tribunal dijo en su fallo que el accionante admitió en la diligencia de descargos, algunas de las faltas que se le imputaron para despedirlo, también lo cimentó en que halló probado que el trabajador incumplió sistemáticamente sus obligaciones y fue reincidente en la comisión de varias faltas, con lo cual trasgredió el artículo 42 del Reglamento Interno de Trabajo de la empleadora, aspectos sobre los cuales la acusación omite formular cuestionamiento, circunstancia que mantiene incólume la sentencia recurrida, en tanto que no fue destruida la presunción de legalidad y acierto, que protege a las sentencias judiciales. En este escenario, es oportuno recordar que inveterada e iteradamente, la jurisprudencia de la Corte ha resaltado que las sentencias judiciales están protegidas por la presunción de su legalidad y acierto, la cual no se desvirtúa, cuando entre una pluralidad de razones expuestas por el juzgador para sustentar su decisión, como acontece en el caso concreto, el acudiente en casación, no las ataca todas. En efecto, en la sentencia CSJ SL4281-2017, la Corporación orientó:
2) Allende lo anterior, también ocurre que aunque la censura cuestiona el fallo del ad quem, porque, dice, no se percató que el despido del trabajador acaeció sin sujeción a las formalidades establecidas en la convención colectiva laboral y el reglamento interno de trabajo, dicha objeción parte de la premisa, jurídicamente falsa, de que despido injusto y despido ilegal devienen en lo mismo, no obstante que en la sentencia atacada se hace una clara diferenciación entre ambas figuras, respecto de lo cual nada acota, dejando también indemne tal elemento de la estructura de la segunda sentencia. Sin embargo, si se pasara por alto el anterior aspecto de técnica del recurso, en ningún caso podría predicarse que el Tribunal se equivocó gravemente al colegir que el accionante fue despedido con el cumplimiento de los requisitos formales previos, pues tal conclusión la podía obtener razonablemente de la diligencia de descargos de folios 155 a 157 del expediente.
3) Adicionalmente, no se atiene a la realidad del proceso, la aseveración del extremo recurrente de que en este brilla por su ausencia la carta de despido del accionante, pues indefectiblemente el Boletín 1281 de folios 18 y 48 del expediente, hace las veces de tal, en cuanto del mismo emerge la inequívoca voluntad de la empleadora del accionante, de darle por terminado su contrato laboral, por los motivos que allí mismo aduce, debiendo apuntar la Sala que tanto es ello así, que en el mismo ataque, como previamente se relató, el censor alude que ese documento sólo acredita el acto de despido, circunstancia que hacer ver sorprendente el argumento que en dirección contraria, paralelamente, presenta el recurrente. Además, en el mismo contexto, no deja de reparar la Sala que en el artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1973 (fl. 254 del cuaderno del juzgado), se hace referencia al boletín de personal como el instrumento en el que se dan a conocer las sanciones a los trabajadores, entre las cuales, el reglamento interno de trabajo de la empleadora, involucra al despido, conforme se constata en su artículo 37, a folio 234 del plenario.
4) Lo anterior no obsta, para que la Corte puntualice a la impugnación, que si lo que pretende es cuestionar que la decisión de despido del demandante, para que tuviera eficacia jurídica, ha debido ser consignada en un documento de una estirpe diferente al boletín sobre el que se discurre, ese debate, por su contenido, es típicamente jurídico, por ende, extraño a la vía indirecta, acogida para atacar el fallo de segunda instancia.
Las costas corren a cargo de la parte recurrente, para cuyo efecto se fija como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000) m/cte., con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Alfonso Rico Cárdenas al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Magistrados: Santander Rafael Brito Cuadrado—Cecilia Margarita Durán Ujueta—Carlos Arturo Guarín Jurado