Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-02325-de-septiembre-27-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ec2ef1e3e1300180e0430a0101510180&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-23 12:24:46
Document Index: 369071690

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 31', 'artículo 203', 'artículo 10', 'artículo 251', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 177', 'artículo 10', 'artículo 133', 'artículo 3', 'artículo 55', 'artículo 133', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 217', 'Artículo 217', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 52', 'artículo 177', 'artículo 774', 'artículo 772']

﻿ Sentencia 2002-02325 de septiembre 27 de 2013
SENTENCIA 2002-02325 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR RIESGO EXCEPCIONAL CON BASE EN LA CATEGORÍA DEL RIESGO- CONFLICTO. LOS ATENTADOS COMETIDOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO CONTRA ESTACIONES DE POLICÍA, CUARTELES MILITARES U OLEODUCTOS, PUEDEN SER ENDILGADOS A LA ADMINISTRACIÓN A TÍTULO DE RIESGO EXCEPCIONAL NO PORQUE ESTOS BIENES E INSTALACIONES SEAN PELIGROSOS EN SÍ MISMOS, SINO PORQUE LA DINÁMICA MISMA DEL CONFLICTO ARMADO IMPLICA QUE SU CERCANÍA A ELLOS GENERA PARA LOS CIVILES EL RIESGO DE SUFRIR AFECTACIONES EN SU VIDA Y MENOSCABO EN SU INTEGRIDAD PERSONAL Y PATRIMONIO, DADO QUE SON BLANCO DE CONTINUOS Y VIOLENTOS ATAQUES POR PARTE DE LA SUBVERSIÓN QUE LOS CONSIDERA OBJETIVOS MILITARES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, BIEN INMUEBLE, CONFLICTO ARMADO
Sentencia 2002-02325 de septiembre 27 de 2013
Rad. 25000232600020020232501
Exp. 29405
Actores: Adelaida Clavijo Orjuela y otros
Demandados: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otro
Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2013
8. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.
9. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por la parte demandante, la Sala se limitará a pronunciarse solamente respecto del objeto del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(2) del Código de Procedimiento Civil y con observancia del principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31(3) de la Constitución Política.
II. Validez de algunos medios de prueba aportados al proceso.
10. Establecida la competencia de la corporación para conocer el presente asunto, la Sala considera pertinente aclarar lo siguiente sobre la valoración del material probatorio obrante en el plenario.
10.1. La Sala no otorgará valor probatorio a la declaración extrajuicio rendida por Adriana Constanza García Ruiz y Enrique Ramírez sobre los hechos materia de la demanda (fls. 91-92 cdno. 2), ni siquiera como una declaración de parte, dado que su decir no fue ratificado al interior de este proceso en los términos del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil.
10.2. Por el contrario, sí se apreciará el dictamen pericial denominado “avalúo técnico y comercial 0958” allegado junto con la demanda, en consideración a que se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley 446 de 1998 para su valoración(4), dado que fue traído en un momento procesal oportuno para la aportación de material probatorio, fue elaborado por un profesional cuya idoneidad se acreditó debidamente(5) y de él se corrió traslado a la parte demandada en el auto del 16 de mayo del 2003 en el que se decretaron las pruebas del proceso, sin que la parte demandada se opusiera a dicho decreto o a la valoración del experticio.
10.3. También se estimarán, según el valor probatorio que les otorgue su confrontación con otros documentos y testimonios obrantes en el plenario, los recortes de prensa allegados junto con la demanda por la parte actora, de conformidad con lo decidido por la corporación en pleno en su sesión del 29 de mayo de 2012(6). Se reitera entonces que dichos informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente.
10.4. Por tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(7). Previamente, la misma Sala Plena había señalado que los recortes de prensa constituyen documentos en los términos del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no es razonable excluirlos prima facie del debate probatorio, aunque reconoció que corresponde al juez determinar si puede o no conferirles eficacia(8).
11.1. El día 7 de agosto del año 2002, aproximadamente a las 11:00 a.m., un artefacto explosivo detonó en el inmueble identificado con la nomenclatura carrera 49 Nº 99-99 apto 401 Bloque C, ubicado en el barrio La Floresta de Bogotá. Como consecuencia de la detonación el inmueble sufrió graves daños, incluso estructurales, y la mayoría de los bienes que se encontraban en su interior fueron destruidos (certificado de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá DPAE del 15 de agosto del 2002 —fl. 73 cdno. 2—; constancia de la administración del Edificio Rincón de la Floresta del 12 de agosto del 2002 -f. 74 c. 2-; testimonio de Angélica María Clavijo Aceldas —fl. 107 cdno. 2—; testimonio de María Emilse Camero Saldaña —fls. 103-104 cdno. 2—; testimonio Alba Lucía Barrera Gómez —fls. 108-109 cdno. 2—).
11.2. Para el momento de los hechos, el inmueble era propiedad de la señora Adelaida Clavijo Orjuela, mientras que su tenencia era ostentada por los señores Jorge Enrique Ramírez y Adriana Constanza García Ruiz, quienes lo ocupaban en calidad de arrendatarios (copia auténtica de la escritura 3094 de la Notaría 3ª del círculo de Villavicencio, correspondiente a la sucesión del señor Jorge Clavijo Álvarez —fls. 1-21 cdno. 2—; copia auténtica del registro civil de defunción del señor Jorge Clavijo Álvarez —fls. 22 cdno. 2—; certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con la nomenclatura carrera 49 # 99-99 apto 401 de la ciudad de Bogotá y con la matrícula inmobiliaria 50N-414431 —fls. 45-46 cdno. 2—; contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 49 # 99-99 interior 1 apto 401 del conjunto Rincón de la Floresta —fls. 80-85 cdno. 2—).
IV. Legitimación en la causa.
12. Previo a efectuar el examen correspondiente para dirimir la presente controversia, la Sala hará las siguientes precisiones respecto a la legitimación en la causa de las partes.
12.1. En primer lugar, la legitimación en la causa por activa de la señora Adelaida Clavijo Orjuela está acreditada en el proceso con base en los documentos que prueban que, para el momento de los hechos, el inmueble destruido era de su propiedad (ver supra párr. 11.2.).
12.2. También se encuentran legitimados para hacer parte del proceso como demandantes los señores Jorge Enrique Ramírez y Adriana Constanza García Ruiz, quienes ostentaban la tenencia del inmueble en calidad de arrendatarios y padecieron la destrucción de su lugar de habitación y los bienes que se encontraban en su interior (ver supra párr. 11.2.). Sus hijos, Michelle Ramírez García y Jorge Luis Ramírez García, están de igual manera legitimados en la causa, ya que su parentesco se probó con los correspondientes registros civiles de nacimiento, visibles en los folios 87 y 88 del cuaderno 2.
12.3. Sobre la legitimación en la causa por activa del señor Jorge Clavijo Orjuela, la Sala la negará, al igual que lo hizo el a quo, dado que no logró acreditarse ningún elemento que permita determinar para él algún tipo de afectación derivada del daño que sustenta la demanda patrimonial sub júdice, dado que el demandante no contaba con la propiedad ni la tenencia del inmueble destruido, no se allegó ningún tipo de material probatorio que permita concluir que con los hechos sufrió algún tipo de aflicción afectiva o de cualquier otro tipo con los hechos y no hay nada que permita presumir o inferir esa afectación.
12.4. Se reconoce la legitimación en la causa por pasiva(9) de la Policía Nacional, ya que esta entidad tiene la función, constitucionalmente puesta en cabeza suya(10), de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades de las personas que habitan el territorio nacional, es decir, le asiste un deber de protección a la ciudadanía mediante el mantenimiento de unas condiciones de orden público.
12.5. También se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva del Ejército Nacional, dado que, aunque dentro de sus funciones no se encuentra la de brindar protección a la ciudadanía(11), la instalación castrense contra la que habría sido dirigido el ataque se encontraba a su cargo (ver infra párr. 28 y s.s).
13. De acuerdo con los hechos señalados en el aparte correspondiente y en atención a los argumentos esgrimidos por los actores en la demanda y su apelación, la Sala debe determinar si se encuentran debidamente acreditados los elementos necesarios para la declaración de responsabilidad de la Policía Nacional en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, por la destrucción del inmueble ubicado en la carrera 49 Nº 99-99 interior 1 apto 401 del conjunto Rincón de La Floresta de la ciudad de Bogotá el 7 de agosto del 2002.
14. En materia de responsabilidad extracontractual de las entidades y autoridades estatales, esta Sección ha considerado que el modelo de responsabilidad consagrado en la Constitución Política de 1991 en su artículo 90 no privilegió ningún régimen específico, razón por la cual es deber de los falladores el motivar su fallo de una manera en la que se consulten los elementos fácticos y jurídicos que se hayan logrado acreditar en el proceso.
15. Parte de ese ejercicio se ha logrado desarrollar mediante el uso de diversos títulos de imputación, los cuales cumplen la función de encuadrar una realidad fáctica en unos parámetros de juzgamiento que permiten definir si un daño que se reputa antijurídico es, de alguna manera, endilgable al Estado. Sin embargo, vale reiterar la ausencia de un mandato constitucional que obligue al juez a usar un título particular de forma invariable frente a situaciones de hecho similares(12).
16. Claro ejemplo de esta libertad argumentativa sobre los regímenes aplicables, lo constituye el tratamiento otorgado por esta Sección al tema de la responsabilidad estatal derivada de actuaciones terroristas que afectan a la población civil.
17. La discusión no es pacífica, y es así como la jurisprudencia en situaciones fácticas similares ha aplicado diferentes tesis, estableciendo para este tema la teoría de la falla del servicio, así como los regímenes de riesgo excepcional y daño especial.
18. Para el caso de la falla del servicio, se requiere demostrar la previsibilidad del acto terrorista, bien por un conocimiento previo o porque una serie de hechos advertían la existencia de un ataque, siendo responsable el Estado por no tomar las medidas suficientes y necesarias para evitar o disminuir los daños(13).
19. Por otra parte, en ausencia de elementos que dictaminen la ocurrencia de una falla por parte de la administración, se ha endilgado el daño a las autoridades estatales demandadas mediante los títulos de riesgo excepcional y daño especial.
20. En particular, cabe anotar que aunque la posición de la jurisprudencia ha sido, históricamente, algo imprecisa sobre el uso de estos dos títulos de imputación, en el sentido de que aquellos casos en los que el daño demandado es producto de un ataque dirigido contra una instalación o autoridad estatal ha utilizado ambas teorías, en ocasiones de forma simultánea en una sola decisión(14), en reciente decisión de esta Sala se concluyó que aunque ambos son admisibles, el título más apropiado es el de riesgo excepcional con base en la categoría del riesgo- conflicto(15).
21. Históricamente, la jurisprudencia ha definido tres modalidades básicas de responsabilidad por riesgo: el riesgo —peligro(16); el riesgo-beneficio(17) y el riesgo—álea(18). Sin embargo, los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo, que no encaja dentro de las anteriores, y que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza.
22. Esta categoría de riesgo, desde aquella oportunidad denominada riesgo-conflicto, parte de reconocer que dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento del Estado de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra sus bienes e instalaciones(19).
23. Así, los atentados cometidos por actores contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser endilgados a la administración a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones sean peligrosos en sí mismos, sino porque la dinámica misma del conflicto armado implica que su cercanía a ellos genera para los civiles el riesgo de sufrir afectaciones en su vida y menoscabo en su integridad personal y patrimonio, dado que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la subversión que los considera objetivos militares.
24. Debe tenerse en cuenta que, desde un enfoque normativo, no todos los objetos “claramente identificables como Estado” pueden ser considerados como factores generadores de riesgo, sino solamente aquellos que, según las normas del derecho internacional humanitario, revisten carácter militar(20), pues ellos no están protegidos por la prohibición general de convertirlos en blancos de ataques o represalias, como sí lo están los bienes de carácter civil.
25. Ahora, mal podría inferirse que la proximidad a cualquier objeto claramente identificable como Estado genera para la ciudadanía, independientemente de cualquier otra consideración, un riesgo de carácter excepcional, dado que en tanto este riesgo se deriva de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, su aplicación a un caso concreto debe ser contextual, por lo que es necesario que el factor de imputación, esto es, el riesgo de que haya un ataque, exista realmente, lo cual puede acreditarse a través de distintos medios de prueba que den cuenta de la situación de orden público en la región, o también puede inferirse a partir de la existencia de antecedentes de ataques similares al mismo municipio o de municipios aledaños, de la noticia de la presencia de actores armados en la región, y de los medios que se utilizaron para perpetrar el ataque.
26. Aterrizando la dogmática esbozada al caso concreto que se resuelve, la Sala advierte que del material probatorio obrante en el proceso no es posible inferir la existencia de una falla del servicio que sea atribuible a las entidades demandadas, en tanto no logró demostrarse que hubieran incurrido en alguna conducta negligente u omisiva respecto de las funciones de protección a la población civil y de mantenimiento de las condiciones de orden público que se encuentran a su cargo.
27. En efecto, parte del argumento empleado en la demanda para sustentar la imputabilidad del daño a las entidades demandadas es la presunta previsibilidad del ataque y la falta de toma de acciones dirigidas a evitar su ocurrencia. Sin embargo, aunque la Sala concuerda con la parte demandante en el sentido de que la fecha en la que se produjo el ataque implicaba la existencia de un riesgo previsible de que la subversión ejecutara algún acto terrorista con el objeto de alterar el orden durante el día de la posesión del nuevo presidente de la República —asunto sobre el que se ahondará más adelante—, lo cierto es que la parte demandante no logró demostrar que las entidades demandadas faltaran a su deber de tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de la ocurrencia de los atentados, o los daños que se pudieran producir como resultado de estos, lo cual era una carga procesal que se encontraba en cabeza suya en razón a lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
28. Ahora bien, esta conclusión no obsta para que se configure la responsabilidad estatal deprecada a título de riesgo excepcional, dado que se reúnen los requisitos enunciados en apartes anteriores de esta decisión para su aplicación (ver supra párr. 20-25), ya que las pruebas obrantes en el proceso dan cuenta de que el atentado hizo parte de una oleada terrorista que tuvo lugar, precisamente, por la posesión presidencial que se desarrolló en la misma fecha, además de que tenía por objeto arremeter contra la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.
29. En primer lugar, debe advertirse que, tal como se indicó en el párrafo 11.1 de esta decisión, está plenamente probado la existencia del daño alegado por los demandantes consistente en la destrucción del inmueble ubicado en la carrera 49 Nº 99-99, conjunto Rincón de la Floresta, apartamento 401, así como de algunos bienes muebles que se hallaban en su interior.
30. Como se puede observar en aquel aparte, el material probatorio con el cual se logró acreditar este elemento está constituido por una serie de testimonios y documentos que dan fe de la detonación de un artefacto explosivo en el inmueble.
31. Ahora, es relevante destacar que esos documentos, especialmente la certificación del 15 de agosto del 2002 del director de prevención y atención de emergencias de Bogotá D.C., indicaron que el incidente se produjo como parte de una serie de atentados terroristas ocurridos en la ciudad el 7 de agosto del 2002 con ocasión de la posesión de Álvaro Uribe Vélez. En concreto, la citada certificación afirmó:
“El suscrito director de la dirección de prevención y atención y atención de emergencias, DPAE, de La Secretaría de Gobierno de La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., (...).
Que revisado el informe Defensa Civil Colombiana Dirección Seccional Bogotá del 12 de agosto de 2002, la señora Adelaida Clavijo, identificada con C.C.39.661.844, resultó afectada a causa de la oleada terrorista acaecida en la ciudad de Bogotá el día 7 de agosto de 2002.
Que la afectación fue: Destrucción apartamento 401, pisos muros, techos, enceres (...). (Se destaca).
32. Por su parte, la administración del conjunto Rincón de la Floresta, dijo en su constancia del 12 de agosto del 2002 (f. 74 c. 2):
Que el día de agosto de 2002 a eso de las once de la mañana, fecha en que también ocurrió la posesión como presidente de la República de Colombia del doctor Álvaro Uribe Vélez, explotó un artefacto presuntamente un rocket en el conjunto residencial “El Rincón de la Floresta” concretamente en el apartamento 401 de la carrera 49 Nº 99-99 de la ciudad de Bogotá D.C., de propiedad de la señora Adelaida Clavijo Orjuela, habitado por la familia Ramírez García, ocasionado el artefacto graves destrozos de considerable cuantía.
La presente declaración y constancia la efectúo en calidad de administradora del conjunto residencial, a petición de la propietaria del inmueble. (Se destaca).
33. De otro lado, el recorte de prensa del diario El tiempo del 8 de agosto del 2002 (fl. 75 cdno. 2), señaló sobre el particular en su nota “Rockets contra Casa de Nariño”:
“Hacia las 3 de la tarde de ayer, cuando Álvaro Uribe Vélez se preparaba para jurar como nuevo Presidente de Colombia ante el Congreso de la República, varios silbidos rompieron la tensa calma que se respiraba en el centro de Bogotá.
Tres explosiones alarmaron a los asistentes al acto. Una granada impactó en el tercer piso de la casa de Nariño, anexa al lugar donde se llevaba a cabo la ceremonia.
La detonación rompió marquesinas y casi un metro de cornisa, y ocasionó graves heridas al dragoneante de la policía Carlos Perilla, y aun sargento de apellidos Cárdenas Villar. Otros dos uniformados recibieron heridas leves.
Otro artefacto explotó en el Barrio La Estanzuela, donde murieron tres personas.
El tercer proyectil causó la mayor tragedia. Estalló en la calle 9, en El Cartucho, un sector donde habitan unos tres mil indigentes, drogadictos, recicladores y delincuentes. Allí quedaron los cadáveres de 11 personas.
Según las autoridades, los explosivos fueron lanzados desde el barrio santa Isabel, en la carrera 26B número 4-44, en el sur de Bogotá. En esa vivienda también encontraron 10 bultos de pólvora negra.
Allí el DAS halló ayer en la tarde 100 tubos usados como rampas para impulsar granadas de mortero, hechizas, de 120 milímetros.
Las rampas tenían un cordón detonante unido a un transistor y a una antena, y eran activadas por control remoto. Estaban colocadas en dirección hacia la Casa de Nariño.
A esa hora las autoridades permanecían en estado de alerta total, pues en la mañana se había desatado un ataque en el noroccidente de Bogotá, en el sector donde se encuentra ubicada la Escuela Militar de Cadetes. En esa guarnición cayeron dos granadas que solo dejaron daños materiales.
En los barrios vecinos, trece personas, entre ellas un niño de seis años y una niña de doce, resultaron heridas por las granadas lanzadas con morteros hechizos desde el patio trasero de una vivienda ubicada en una apacible calle de Pontevedra, un barrio de clase media alta.
Allí la policía encontró unos cien morteros fabricados con tubería de la que usa la industria petrolera, emplazados sobre la grama del patio interior.
Unos diez de estos tubos alcanzaron a lanzar sus granadas contra la Escuela Militar y calles y viviendas de los barrios La Alborada, La Floresta, San Fernando, Jorge Eliecer Gaitán y Julio Flórez.
Una falla en los circuitos, según la versión de un oficial de los organismos de seguridad del Estado, impidió la activación de los demás morteros. “Si no hubiera sido la falla las cien granadas hubieran salido en cosa de segundos, así como en las películas”.
“Es de las cosas más tremendas que he visto y yo he visto cosas berracas”, dijo otro oficial.
Un vecino dijo que frente a la casa permanecía parqueada una camioneta Chevrolet de color verde fosforescente, de modelo viejo.
Las autoridades dijeron que no se explican cómo pudieron entrar semejante arsenal sin levantar sospechas entre los vecinos, personas de nivel ejecutivo y amas de casa que salen a pasear sus perros por las aceras salpicadas de arbustos y enredaderas.
Otro vecino relató que la vivienda había sido arrendada hace pocas semanas a dos mujeres, “una gorda de pelo negro” y otra de cabello claro. “Llegaban carros lujosos y entraban cajas por las noches”, precisó.
Una de las granadas disparadas desde este lugar impactó en una calle del barrio Gaitán, frente a la comercializadora de madera Las Acacias. En el lugar aún se veían las huellas de sangre y un zapato de gamuza, desgarrado, de una niña de 12m años que resultó herida en sus piernas. Aquí también fue herida Esperanza Morales, una joven de 18 años que pasaba por el lugar.
A pocas cuadras, en un tercer piso, estalló otro artefacto que dejó herido a un niño de seis años y a Eliecer Castiblanco, de 42 años, Miriam Bohórquez, de 20, y Elsa Bohórquez, de 35.
Uno de los habitantes de la vivienda dijo que el artefacto había entrado por la ventana.
A unas veinte cuadras, en el barrio Julio Flórez, Esperanza Sierra, de 39 años, iba a salir de su casa cuando los vidrios de la puerta volaron en añicos por la explosión de una granada que estalló en mitad de la calle y dejó como un colador los portones cercanos. A ella la hirió en la cabeza.
Los ataques comenzaron después de las 11 a.m., cuando una granada cayó en el centro educativo El Hogar Gaitán. Cerca de allí, en la calle 98 con carrera 91, explotó otro artefacto.
En total, las autoridades contabilizaron 74 heridos en todos los ataques, 29 de ellos de gravedad.
34. En el mismo recorte de prensa, se encuentra la información periodística titulada “Ofrecen $ 200 millones de recompensa”, en la que se da cuenta de lo siguiente:
La Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá ofrecieron anoche una recompensa de 200 millones para quienes colaboren con las autoridades en la identificación de los autores de la ofensiva terrorista desatada contra la ciudad con motivo de la posesión del nuevo presidente, Álvaro Uribe Vélez.
Simultáneamente, el primer mandatario del país le dio vía libre al DAS para pagar recompensas a los ciudadanos que aporten información cierta relacionada con los atentados perpetrados en el norte y el centro de la capital y que dejaron 14 muertos.
El alcalde Antanas Mockus dijo que a los informantes se les garantizará su cambio de identidad y el traslado bajo total reserva a otro país si lo exigen.
Sin hacer una sindicación directa, dijo que los autores de la oleada terrorista tuvieron asesoría de grupos internacionales en la fabricación de las granadas de mortero hechizas que se dispararon desde el sector de Pontevedra contra la escuela Militar de cadetes, en el norte, y desde Santa Isabel, en el sur, contra la Casa de Nariño.
Los comandantes de la Policía Metropolitana, general Reynaldo Castellanos, atribuyeron la escalada terrorista a las milicias urbanas de las FARC.
“No hay duda de que detrás de los ataques está la asesoría del Ejército Republicano Irlandés (IRA)”, aseguró Castellanos (...)”.
35. Así las cosas, es evidente que nos encontramos ante una pieza de material probatorio que da fe de la ocurrencia de unos hechos el 7 de agosto del 2002, y que para la Sala ofrece credibilidad en muchos de los aspectos escritos, al confrontarse con testimonios y documentos obrantes en el proceso, pero mucho más importante, al contener información sobre unos sucesos que constituyen un hecho notorio que por sí mismos no requieren acreditación.
36. En efecto, aquellos atentados descritos en la información de prensa transcrita in extenso fueron de público conocimiento, y para el momento en que pasaron fueron del saber no solo de los miembros de esta Sala, sino del público en general(21), dado que tuvieron lugar en un momento en el que el grueso de la población se encontraba, en un día no laborable, en sus hogares, a la expectativa de novedades relativas a la ascensión al poder de un nuevo mandatario nacional, y que recibió la información de parte de los medios de comunicación casi de manera simultánea a su ocurrencia, además de, en muchos casos, ser su comunidad afectada por los mismos, tal como sucedió en la zona centro y noroccidente de la ciudad de Bogotá.
37. Por esta razón, la información periodística reseñada le merece credibilidad a la Sala en los aspectos generales reportados en ella, como la ocurrencia de los atentados, la hora y la forma en que se produjeron así como la ubicación de las detonaciones.
38. Estos elementos sugieren de forma clara que las explosiones fueron originadas mediante un dispositivo accionado a una distancia considerable del sitio en que ocurrieron —como una granada de mortero o rocket—, y que parte de ellas estaban destinadas a causar daño a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, lo que se infiere de la ubicación cercana a ella de los ataques reportados por el recorte de prensa.
39. Ahora, aunque el reporte periodístico citado no pueda servir como prueba directa de que la destrucción del inmueble cuyo menoscabo se determinó en la demanda como daño a reparar haya sido parte de la oleada terrorista que allí se comunicó, en una análisis acompasado con el ejercicio de la sana crítica no podría llegarse a una conclusión diferente, dadas las características comunes de ese evento con los restantes ataques terroristas que tuvieron lugar en esa oportunidad, tales como la ubicación cercana a la instalación militar (menos de tres kilómetros de distancia), el momento casi simultáneo en que ocurrieron y la forma a distancia a la que se dio la detonación, que guarda relación con las granadas de mortero o rockets utilizados en los otros atentados.
40. Sobre lo último anotado, cabe resaltar las versiones testimoniales recogidas durante el trámite procesal sobre la forma en la que se produjo la destrucción del inmueble, dentro de las que resulta especialmente relevante la de la señora Angélica María Clavijo Aceldas, quien residía en el mismo edificio del conjunto residencial Rincón de la Floresta, apenas un piso debajo del inmueble destruido, en el apartamento 301 (fl. 107 cdno. 1):
“Preguntado: (...) sírvase hacer un relato conciso de los hechos? Contestó: Yo estaba ahí en el apto del tercer piso, 301, y no recuerdo la hora exactamente, pero fue terrible, un estruendo, estaba en ese momento viendo televisión en la cama acostada, cuando sonó el Rocket que cayó, me levantó de la cama el impacto, no sé cuanto pero harto, no sabía qué hacer, si salir o no, y cuando me atreví a salir vinieron los vecinos, empecé a revisar el apto y al rato llegó la señora Adriana, que está viviendo en el apto de Adelaida como arrendataria, y pues todo entramos a ver qué había pasado y no había apto, nada, no había muros, las paredes en el piso y los muebles desbaratados, pedazos, ni vidrios ni nada”.
41. Así, la Sala concluye que existen una serie de hechos indicativos(22) —como la cercanía con la instalación militar atacada, la hora y fecha del atentado, y la forma en la que se produjo la detonación—, que permiten concluir válidamente y de forma lógica, que la destrucción del apartamento propiedad de la señora Adelaida Clavijo Orjuela, y habitado por los señores Jorge Luis Ramírez Carreño y Adriana Constanza García Ruiz y sus hijos Michelle Ramírez García y Jorge Luis Ramírez García se dio como resultado de una acción terrorista que tenía como último objeto el ataque de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, lo que lo hace endilgable a la administración a título de riesgo excepcional, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.
42. Es importante tener en cuenta que solo se declarará la responsabilidad del Ejército Nacional. Tómese en consideración que a pesar de que la Policía Nacional era la entidad que contaba con la función de protección a la ciudadanía en el momento en que ocurrió el incidente, ello resulta irrelevante para el caso concreto, ya que no se está declarando la responsabilidad estatal con ocasión a un incumplimiento a ese deber. Por el contrario, es el Ejército Nacional la entidad que creó el riesgo, al ser la atacada una instalación militar a su cargo.
43. De la demanda se desprende que la petición indemnizatoria de perjuicios morales a favor de los demandantes a quienes se reconoció legitimación en la causa, se deriva del menoscabo patrimonial que sufrieron por la destrucción de un inmueble del que contaban con la propiedad, en el caso de la señora Adelaida Clavijo Orjuela, o la tenencia, en el caso de Jorge Luis Ramírez Carreño, Adriana Constanza García Ruiz y sus hijos Michelle Ramírez García y Jorge Luis Ramírez García. Estos últimos, además, habrían visto perdidos gran parte de sus pertenencias por causa de la detonación.
45. La Sala advierte que no reconocerá suma alguna por estos perjuicios, dado que es posición de la Sala que, salvo prueba en contrario, no es procedente la indemnización de perjuicios morales por el daño ocasionado a bienes materiales.
46. Cabe advertir que a pesar de que en el expediente se encuentran algunos testimonios que hablan sobre la conmoción emocional que es episodio habría causado a los demandantes por el menoscabo que en su patrimonio se produjo, estos no tienen la capacidad de demostrar que esa conmoción hubiera tenido la envergadura suficiente para que se produjera una aflicción afectiva de tal proporción que merezca ser indemnizada(23).
47. De igual manera, es evidente que aunque los testimonios recogidos en el proceso dan cuenta de que los hechos pudieron causar una aflicción a los restantes demandantes, quienes habitaban el apartamento, ya no por la destrucción de sus pertenencias sino por haber evitado una afectación en su integridad física e incluso su vida, casi que por una casualidad, ya que se encontraban fuera del inmueble momentáneamente y quedaron sin un techo que pudieran llamar propio para vivir, lo cierto es que tampoco procede el reconocimiento de perjuicios morales a su favor, en cuanto ello implicaría un cambio en la causa petendi de la demanda, en la cual se esgrimió como fundamento único de esa solicitud “la destrucción de todos los enseres y muebles de hogar” (ver supra párr. 1).
48. En su demanda, la parte actora pidió el pago de los perjuicios materiales causados, los cuales corresponden, para la señora Clavijo Orjuela, a la suma de dinero a la que ascenderían los daños sufridos por el inmueble de su propiedad; mientras que para el caso de los restantes demandantes, al valor de los bienes muebles que se encontraban dentro del apartamento afectado y que fueron destruidos.
49. En relación con los daños sufridos por el inmueble, se cuenta con el dictamen pericial que sobre el particular elaboró el ingeniero civil y avaluador Valentín Castellanos Rubio, y que como se dijo anteriormente, será apreciado porque su aporte al proceso cumplió con los requisitos que para el efecto previó el artículo 10 de la Ley 446 de 1998 (ver suprá párr. 10.2.).
50. En este dictamen se hace un detallado recuento de los daños sufridos por el inmueble, indicando que a pesar de que quedaron en pie algunas paredes, la estructura del apartamento como tal se vio gravemente afectada, por lo que se hace necesaria una intervención a profundidad en él para que se garantice la seguridad de quienes allí habiten, lo cual, a efectos prácticos, sería equivalente a la reconstrucción total de gran parte del apartamento. Explicó posteriormente que los metros cuadrados que sería necesario reconstruir equivalen a 114,5 m2, labor que, en consideración al costo de los materiales necesarios, su disponibilidad de transporte en el sector, el valor del metro cuadrado en estrato cuatro y particularmente en la zona de la floresta en Bogotá, tendría un valor de $ 63 222 500, a razón de $ 550 000 el metro cuadrado.
51. Ante el grado de detalle y razonamiento de las conclusiones a las que se llega en el dictamen, que además no fue objeto de ningún tipo de pronunciamiento de la parte demandada y no ofrece duda sobre la idoneidad del profesional que lo elaboró, la Sala accederá al pago de la suma allí determinada, la cual será indexada desde el momento de la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la sentencia, de la siguiente manera:
52. Por lo tanto, se accederá a la indemnización de los perjuicios materiales sufridos por la señora Clavijo Orjuela, en una cuantía de $ 102 420 450.
53. Sobre los perjuicios materiales solicitados por los restantes demandantes, se pretenden acreditar con una serie de facturas(24) que dan cuenta de la adquisición, previa a la fecha del atentado, de un gran número de bienes muebles por parte de Jorge Luis Ramírez Carreño y Adriana Constanza García Ruiz.
54. Como se pudo observar en los testimonios recogidos durante el trámite procesal, la destrucción de los bienes de propiedad de estos demandantes fue prácticamente íntegra, por lo que en consideración a que la totalidad de los bienes descritos en las facturas corresponden a electrodomésticos y variados enseres de uso doméstico, se presume que fueron estos los efectivamente destruidos en la explosión del inmueble, por lo que se otorgará como indemnización de los perjuicios morales de estos demandantes la suma de $ 3 883 827 —equivalentes a la adición del valor de todos los artículos enunciados en las facturas—, la cual será indexada desde el momento de su destrucción hasta la fecha de esta sentencia, de la siguiente forma:
55. Por lo tanto, se accederá a la indemnización de los perjuicios materiales sufridos por los demandantes Jorge Luis Ramírez Carreño y Adriana Constanza García Ruiz, en una cuantía de $ 6 291 799.
56. Finalmente, la Sala advierte que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 133 de la Ley 1448 del 2011(25), al momento del pago de esta condena deberá descontar cualquier suma que a título de reparación administrativa eventualmente hubiera sido otorgada a los demandantes, en caso de que hubieran tramitado una solicitud en tal sentido, alegando su calidad de víctimas del conflicto armado en los términos del artículo 3º de dicha ley, y esa condición hubiera sido debidamente reconocida.
57. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
1. Revocar la sentencia del 9 de septiembre del 2004 de la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. En su lugar declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
3. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Jorge Clavijo Orozco.
4. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la detonación de un artefacto explosivo, el 7 de agosto de 2002, en el inmueble identificado con la nomenclatura carrera 49 Nº 99-99, apto 401 del conjunto residencial Rincón de la Floresta de la Ciudad de Bogotá, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
5. En consecuencia, condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a las demandantes Adelaida Clavijo Orjuela, Jorge Luis Ramírez Carreño, Adriana Constanza García Ruiz, Michelle Ramírez García y Jorge Luis Ramírez García, por concepto de los perjuicios por ellos sufridos, según la liquidación expuesta en la parte motiva de la presente providencia, las siguientes sumas de dinero:
— Por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, se reconocerá a favor de la señora Adelaida Clavijo Orjuela la suma de ciento dos millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 102 420 450).
— Por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, se reconocerá a favor de los demandantes Jorge Luis Ramírez Carreño y Adriana Constanza García Ruiz la suma de seis millones doscientos noventa y un mil setecientos noventa y nueve pesos ($ 6 291 799).
7. la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 133 de la Ley 1448 del 2011, al momento del pago de esta condena deberá descontar cualquier suma que a título de reparación administrativa eventualmente hubiera sido otorgada a los demandantes, en caso de que hubieran tramitado una solicitud en tal sentido, alegando su calidad de víctimas del conflicto armado en los términos del artículo 3º de dicha ley, y esa condición hubiera sido debidamente reconocida.
(1) En la demanda se estima el valor de la de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales a favor del señora Adelaida Clavijo Orjuela, en $ 63 222 500. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2002 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 36.950.000.
(2) “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
(4) “ART. 10.—Para la solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas:
1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente”.
(5) El dictamen fue elaborado por Valentín Castellanos Rubios, cuya pertenencia a la lonja nacional de Avaluadores (Lonjalap) y su calidad de ingeniero civil fueron acreditados con la copia simple del carné de Lonjalap y de la tarjeta profesional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (fl. 72 cdno. 2). Cabe anotar que De acuerdo con lo decidido por la Sección Tercera en pleno en su sesión del 28 de agosto del 2013, la Sala le otorgará valor probatorio a todos los documentos traídos al proceso en copia simple, siempre que su aporte se haya producido durante las oportunidades previstas por las normas procesales aplicables a los juicios de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no hayan sido tachados como falsos, en los términos de los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por la parte contra la cual se pretenden hacer valer (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero).
(6) Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
(7) Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.
(8) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 20 de mayo de 2003, Expediente PI-059, CP. Tarcisio Cáceres Toro.
(9) La entidad está legitimada en la causa por pasiva, tanto de hecho como materialmente. Al respecto, la Sección indicó en sentencia del 28 de julio de 2011, Expediente 19753, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”.
(10) “ART. 218.—La Ley organizará el cuerpo de policía. La policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.
(11) Las funciones del Ejército Nacional como órgano integrante de las fuerzas militares están previstas en el artículo 217 de la constitución política así: “Artículo 217.- La Nación tendrá para su defensa una fuerzas militares permanentes constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
A este respecto, resulta relevante también lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2015 del 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 27. Fuerzas Militares. Son organizaciones permanentes instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar, que tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Las fuerzas militares están constituidas por:
4. La Fuerza Aérea”.
En este orden de ideas, la Sala considera que los deberes del Ejército Nacional constitucional y legalmente establecidos como órgano integrante de las fuerzas militares, no tienen la relación aducida con la protección y garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, sino que están dirigidos a la salvaguarda de la soberanía de la Nación, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de abril del 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(13) Ídem cita.
(14) En varias decisiones, el Consejo de Estado no fue muy coherente al determinar el régimen de responsabilidad aplicable, pues invocó simultáneamente el daño especial y el riesgo excepcional. Por ejemplo, en sentencia del 30 de julio de 1992, Expediente 6828, C.P. Julio César Uribe, la Sección Tercera sostuvo lo siguiente: “Valorada la anterior realidad fáctica, el ad quem encuentra que la administración tiene el deber jurídico de indemnizar los perjuicios causados por el movimiento subversivo que llevó a cabo el atentado, con apoyo en la teoría del daño especial. Con esto se quiere significar que el comportamiento de la fuerza pública fue, desde todo punto de vista, lícito, pero el daño resulta anormal y excepcional, en relación con los que deben soportar los demás integrantes de la comunidad. El demandante es pues un damnificado más de los muchos que hay hoy en Colombia, que de la noche a la mañana ve disminuido su patrimonio como consecuencia del enfrentamiento que las fuerza del orden realizan para combatir a las del desorden, resultando equitativo que ese desequilibrio económico sea soportado por todos los colombianos y no por uno solo de ellos. En el caso sub-exámine no interesa determinar quién atacó primero a quién. El atentado iba dirigido contra el Ejército como ya se destacó en otro aparte de esta providencia, y todo indica que fue reivindicado por el Ejército de Liberación Nacional (...). La teoría del daño especial se torna más de recibo, para manejar el caso en comento, habida consideración de que el Ejército Nacional hacia el año de 1.983 decidió organizar sus instalaciones en un sector residencial de la ciudad colocando así a los habitantes del mismo, en especiales circunstancias de riesgo pues nadie osaría negar que, dada la situación de orden público que hoy registra el país, las instalaciones militares son centros apetecidos por la guerrilla para hacer sus confrontaciones de guerra”.
También constituyen muestra de esta tesis, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 13 de septiembre de 1991, Expediente 6453; del 09 de febrero de 1995, Expediente 9550, CP. Julio Cesar Uribe Acosta y del 08 de febrero de 1999, Expediente 10731, CP. Ricardo Hoyos Duque.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre del 2012, expediente 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(16) La imputación por riesgo-peligro procede en aquellos casos en los que la Administración interviene en la ocurrencia del daño, pero no por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, sino por haber creado consciente y lícitamente un riesgo a partir de la utilización de un objeto (p.e. armas, vehículos), una sustancia (p.e. combustibles, químicos) o una instalación (p.e. redes de energía eléctrica) que resulta en sí misma peligrosa, pero que es útil o necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado o para satisfacer demandas colectivas de bienes y servicios.
(17) Se incluye dentro de la categoría de riesgo-beneficio aquella actividad que, aunque no entrañe verdadera peligrosidad, “conlleva la asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia”. En este caso, el fundamento de la responsabilidad recae, no ya en el peligro creado por el Estado, sino en el provecho que este o la comunidad reciben como consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 16530, CP. Mauricio Fajardo Gómez.
(18) Es el riesgo que descansa en la probabilidad estadística de la ocurrencia de un daño, derivado de la ejecución de ciertas actividades o el desarrollo de algunos procedimientos, “quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles (...). En la jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad del Estado en esta suerte de casos cuando se emplean, por parte de la Administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia del denominado ‘riesgo estadístico’”. Ibíd.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18536, CP. Ruth Stella Correa.
(20) Según lo dispuesto en el artículo 52 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, los ataques se limitarán exclusivamente a los objetivos militares, los cuales comprenden “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”.
(21) “El hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tienen una mediana cultura, para que sea notorio” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno).
(22) Sobre la prueba indiciaria esta Sala ha sostenido: “Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos: -Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso. -Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento. -Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar.-El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental. (...) Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de feb. 8/2012, Exp. 21521, C.P. Ruth Stella Correa Palacio).
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril del 2009, Expediente 17000, CP. Ramiro Saavedra Becerra.
(24) La totalidad de los documentos cuentan con los requisitos previstos legalmente al momento de la presentación de la demanda para que sean considerados facturas cambiarias, es decir, aquellos previstos en el artículo 774 del Código de Comercio, por lo que tienen la virtualidad de probar, por si mismos, la celebración de un contrato de compraventa, en los términos del artículo 772 de la misma norma.
(25) “ART. 133.— Indemnización judicial, restitución e indemnización administrativa. En los eventos en que la víctima no acepte de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en los términos del artículo anterior, y el Estado sea condenado judicialmente a repararla, se descontarán de dicha condena la suma de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constituyan reparación. De igual forma, de la condena judicial se descontará el valor monetario de los predios que sean restituidos, de conformidad con la tasación monetaria que se realice de los mismos”.