Source: http://www.discapacidadenandalucia.es/?p=1582
Timestamp: 2019-06-16 03:22:54
Document Index: 173099052

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 10']

Novedades que aporta la Ley 8/2013, de 16 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE núm. 153, de 27 de julio, entrada en vigor: 28 de junio de 2013) | Discapacidad en Andalucía
Tal como se indica en el artículo 1, el objeto de esta Ley es regular las condiciones básicas que garanticen, entre otros, un desarrollo sostenible del medio urbano, mediante la rehabilitación de los edificios y tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a la ciudadanía una adecuada calidad de vida y su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Esta norma incide directamente en las personas con discapacidad en cuanto incluye expresamente la accesibilidad universal como principio a tener en cuenta entre los fines de las políticas públicas para garantizar un medio urbano sostenible. De esta manera, en el artículo 3.a) se establece que los poderes públicos formularán y desarrollarán políticas para posibilitar el uso residencial en viviendas de domicilio habitual en un contexto urbano accesible universalmente, entre otras condiciones; y en el apartado e) se establece la obligación de garantizar el acceso universal de la ciudadanía a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios, así como su movilidad.
Las medidas más relevantes para las personas con discapacidad son:
1.Modifica la definición de ajuste razonable general contenida en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) a los efectos de esta Ley. De esta manera, se consideran ajustes razonables las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Y, en concreto, especifica que en los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal se considera una carga desproporcionada las obras cuyo coste anual, una vez descontadas las posibles ayudas públicas, excedan de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. (artículo 2.4).
2.Se regula el Informe de Evaluación de los Edificios (en adelante IEE) que deberá incluir, entre otros extremos, la evaluación de las condiciones de accesibilidad universal de los edificios, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Están obligados a encargar la realización de este informe, las personas propietarias de:
Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva (se asimilan a éstos los hoteles o residencias) con una antigüedad superior a 50 años, en el plazo máximo de 5 de años desde que alcancen esta antigüedad. Están excepcionados los edificios que cuenten a la entrada en vigor de la Ley con una inspección técnica de edificios (ITE), que quedarán sujetos al IEE tras la primera revisión de la ITE si ésta se realiza antes de que transcurran 10 años vigencia de la Ley (antes del 28 de junio de 2023). En estos casos, el IEE deberá cumplimentarse sólo con los aspectos que estén ausentes de la ITE.
Los edificios cuyas personas titulares pretendan solicitar ayudas públicas para acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética.
El resto de edificios cuando así lo determine la normativa autonómica o municipal.
El personal técnico facultativo competente para realizar el informe podrá recabar de las asociaciones y entidades de personas con discapacidad, que tengan entre sus fines la promoción de la accesibilidad, su criterio experto sobre las exigencias de accesibilidad universal (artículo 6.1).
3. En caso de situaciones de realojamiento, las viviendas de sustitución de personas con discapacidad deberán ser accesibles o acordes a sus necesidades. (artículo 14.5)
4. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.
Se modifica el artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal. En concreto, se establece que tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios:
a) las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal.
b) las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior.
Este carácter obligatorio queda condicionado a que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Por otra parte, no eliminará el carácter obligatorio de las obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.
Por lo tanto, las obras que superen el límite de 12 mensualidades (las más significativas por su coste suelen ser las de instalación de ascensores) no son obligatorias para las comunidades y deben ser acordadas por la mayoría de los vecinos que representen la mayoría de las cuotas de participación. Si no se consigue el acuerdo, la persona solicitante puede instar judicialmente su realización siguiendo los trámites establecidos en la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. Pero, en este caso, debe correr de manera individual con todos los gastos. Como novedad frente a la regulación anterior:
Se recogen como obligatorios también los llamados “ajustes razonables de accesibilidad” distinguiéndolos de las actuaciones requeridas a instancias de las personas o mayores de 70 años. Entendiendo, en cualquier caso, como desproporcionadas aquellas actuaciones que descontadas las ayudas públicas excedan de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal. La ejecución de los ajustes razonables podrá arbitrarse a través del informe de evaluación de los edificios.
Se aclara que no elimina el carácter obligatorio de las obras el hecho de que el coste excedente de las 12 cuotas sea financiado mediante ayudas públicas o a cargo de las propias personas solicitantes.
Se elimina la posibilidad de que las unidades familiares con escasos recursos queden exoneradas del pago de las 12 cuotas.
Hay que recordar que antes de la reforma de 2013, esta materia en la Ley de Propiedad Horizontal se ha modificado en cuatro ocasiones:
En 1990(1), se consiguió que las obras de accesibilidad no necesitaran el acuerdo de todos los vecinos (unanimidad) y que bastara con la aprobación de una mayoría cualificada (3/5 de los vecinos que a su vez representen los 3/5 de las cuotas de participación)
En 1999(2), el consenso se suaviza y pasa de los 3/5 a la mayoría de los propietarios y de cuotas de participación.
En 2003(3), se establecen como obligatorias las obras que no superen 3 mensualidades ordinarias por cada vecino (las obras de mayor coste siguen teniendo que se aprobadas por el acuerdo mayoritario de los vecinos).
En 2011(4), se establecen como obligatorias las obras que no superen 12 mensualidades ordinarias por cada vecino (las obras de mayor coste siguen teniendo que se aprobadas por el acuerdo mayoritario de los vecinos). No obstante, quedaban exoneradas5 las unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (en 2013: 18.637,85 euros).
La redacción literal de la norma era confusa y podía dar lugar a una interpretación más restrictiva en la que se entendiera que bastaba con que un propietario no tuviera ingresos superiores 2,5 veces el IPREM para exonerar a toda la comunidad.
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Juan Rodríguez Baeza dijo:
17/05/2014 en 15:19
Conviene destacar que el límite de las 12 mensualidades es anual, con lo que -si la empresa instaladora del nuevo ascensor fracciona su pago en varios años- se salvaría el escollo de la mayoría, y la obra del nuevo ascensor, instada por los propietarios, sería obligatoria para todos los propietarios, y sufragada por el conjunto de la Comunidad.