Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A201-08.htm
Timestamp: 2017-11-22 10:54:35
Document Index: 244277448

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 152', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 86', 'Artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

A201-08
Auto 201/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Aplicación Decreto 1382 de 2000
JUEZ-No le es dado declararse incompetente para conocer acción de tutela
INCORA EN LIQUIDACION Y FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES-Entidades descentralizadas por servicios del orden nacional
JURISDICCION CONSTITUCIONAL-Respeto por los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
ACCION DE TUTELA CONTRA INCORA EN LIQUIDACION Y FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES-Conocimiento de Juzgado Laboral del Circuito
Referencia: expediente ICC-1255
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.
Acción de tutela promovida por Miguel Alfredo Tamara Paternina contra el Instituto Nacional de la Reforma Agraria - INCORA en liquidación y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
El señor Miguel Alfredo Tamara Paternina interpuso, el 7 de julio de 2008, acción de tutela contra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA en Liquidación y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición y debido proceso ante la omisión de la primera de las entidades tuteladas en dar respuesta a la petición que elevó el 1º de octubre de 2007 y respecto de la cual no ha obtenido respuesta.
La solicitud de protección constitucional fue repartida al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, el cual por auto del 8 de julio de 2008, inadmitió la acción de tutela interpuesta por falta de competencia señalando que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA en Liquidación es una autoridad del orden nacional. Por tanto, a su juicio, la competencia para conocer de las acciones de tutela en contra de esa entidad corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Tribunales Contencioso Administrativos y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura, conforme lo establece el artículo 1 numeral 1 del Decreto reglamentario 1382 de 2000. En consecuencia, dispuso enviar el expediente a la Oficina Judicial de Sincelejo para que efectuara el reparto correspondiente.
Cumplido lo anterior, el asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Sucre el cual mediante auto del 14 de julio de 2008 devolvió la actuación de la referencia al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo por considerar que al ser las dos entidades tuteladas establecimientos públicos descentralizados del orden nacional es a dicho despacho judicial al que corresponde conocer de la acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Decreto reglamentario 1382 de 2000.
Recibido por segunda vez el expediente, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo mediante auto del 16 de julio de 2008 consideró errada la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y en consecuencia dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que sea ésta la que determine el despacho judicial que debe conocer la solicitud de amparo constitucional impetrado.
Analizados los antecedentes expuestos, llama la atención de la Sala la insistente falta de interés del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo en asumir el conocimiento de la acción de tutela propuesta por el accionante puesto que a pesar de ser competente para conocer de cualquier acción de tutela que se promueva en el territorio colombiano y haber tenido la oportunidad, en dos ocasiones, de verificar los requisitos del escrito de tutela para proveer sobre si avocaba o no su conocimiento, decidió, sin justificación constitucionalmente válida, abstenerse de hacer el pronunciamiento que le correspondía como integrante de la jurisdicción constitucional.
Para la Sala casos como el de la referencia son muestra de la grave situación que representa la utilización perversa del Decreto reglamentario 1382 de 2000 para abstenerse de conocer de las acciones de tutela, no obstante ser en esta materia la competencia “a prevención”[2], y que, como ocurre en este asunto, dicha práctica transforma, sin justificación válida, el término constitucional máximo de diez 10 días, en varios meses, lesionándose de esa manera por el juez de tutela, la garantía efectiva (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem), a la tutela judicial efectiva (art. 86 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem). Sobre el particular es menester recordar[3] que:
“El Decreto 1382 de 2000 se ocupa de reglamentar el proceso administrativo del reparto de las acciones de tutela, entre los diferentes despachos judiciales que en virtud del artículo 86 de la Constitución Política son competentes. Así pues, el Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes.[4]”
En este sentido, la Corte Constitucional como máximo órgano de la jurisdicción constitucional debe reiterar[5] que el Decreto reglamentario 1382 de 2000 no faculta a ningún juez de tutela (ni individual ni colegiado) para declararse incompetente de conocer de una solicitud de amparo constitucional, puesto que como ya se ha indicado, dicho acto administrativo no establece reglas de competencia dado que éstas, en el sistema jurídico colombiano, sólo pueden ser establecidas por el Constituyente (art. 86 Superior) o por el legislador estatutario conforme lo ordena el artículo 152 literal “a” ídem, las cuales en la actualidad están contenidas en el artículo 37 del Decreto estatutario 2591 de 1991.
De esta manera, incluso si por la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA en Liquidación y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia el reparto se hubiera efectuado erradamente y se le hubiera remitido el expediente al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, éste en cumplimiento de su función, como juez constitucional, debía asumir el trámite del reclamo de protección inmediata de los derechos fundamentales del tutelante, puesto que como se ha expuesto se trata de una autoridad judicial con competencia.
Lo contrario sería admitir que los principios constitucionales que informan la acción de tutela como los de celeridad, eficacia y garantía de la efectividad de los derechos fundamentales pueden soslayarse para hacer prevalecer los efectos de una disposición reglamentaria de un asunto meramente administrativo y no judicial.
Adicionalmente, en el asunto de la referencia se soslayó por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo que la acción de tutela fue dirigida también contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia[6] y no sólo contra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA en Liquidación[7], en tanto que ésta última entidad finalizó el proceso de liquidación el 31 de diciembre de 2007 y por mandato del Decreto reglamentario 4986 de 2007 los asuntos de naturaleza pensional corresponden a dicho fondo.
Así, en el presente caso, el accionante, observando la regla de reparto[8], dirigió su acción a un Juzgado del Circuito por cuanto la naturaleza jurídica de las entidades tuteladas es la de entidades descentralizadas por servicios del orden nacional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 literal a) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998.
También detecta esta Corporación que el juzgado de tutela en sus providencias se limitó a afirmar que las entidades tuteladas eran del orden nacional sin brindar, siquiera un fundamento mínimo de ese aserto, por lo que es menester recordar que:
“(…) el juez de tutela no puede reducir su actuación a hacer afirmaciones sobre la naturaleza jurídica de las entidades accionadas, para abstenerse de avocar conocimiento de la solicitud de amparo, puesto que incluso esa decisión judicial, debe estar no sólo debidamente motivada sino fundamentada en la normatividad vigente.
Desde esta perspectiva, cuando simplemente se afirma que una entidad es del sector central o del descentralizado por servicios y no se trae el fundamento normativo que respalda esa posición, el soporte de la decisión no es razonable y consulta simplemente un criterio de autoridad que repugna al Estado social de derecho, en el cual todos los servidores públicos, incluyendo los jueces, deben motivar y sustentar jurídicamente, con argumentos razonables, las providencias que profieran.
La Corte debe precisar que este tipo de conductas pueden eventualmente constituir una dilación injustificada para la decisión de las acciones de tutela, lo cual atenta no sólo contra los principios de celeridad y eficacia que informan su trámite, sino que impiden que se brinde la protección inmediata a los derechos fundamentales del accionante cuando los mismos sean violados o amenazados por las autoridades públicas y los particulares.”[9]
De esta manera, no le asiste razón al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo para abstenerse de tramitar la acción de tutela de la referencia, por lo que se dispondrá que de forma inmediata, le imprima el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991.
La Sala precisa que los jueces que ejercen jurisdicción constitucional al adoptar las decisiones referentes a asumir o no el conocimiento de solicitudes de amparo, no pueden soslayar que Colombia se obligó mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” (art. 1-1) y que dentro de esos derechos, se encuentra el que tiene toda persona a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (art. 25-1).
Por lo anterior, los jueces de tutela deben adoptar dichas determinaciones conforme a las prescripciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano (art. 93 Superior)[10] cuyo incumplimiento (art. 121 ídem) puede generar eventualmente, responsabilidad internacional y por lo mismo se hace imperioso que se abstengan de generar colisiones de competencia meramente aparentes arguyendo las reglas del Decreto reglamentario 1382 de 2000, cuando en realidad se trata de despachos judiciales que cuentan con competencia para resolver sobre las acciones de tutela que les son presentadas.
Finalmente, en observancia de lo dispuesto en el artículo 41 Superior, por razones de pedagogía constitucional, se dispondrá que esta providencia sea comunicada al Tribunal Administrativo de Sucre para prevenir la ocurrencia de nuevas controversias violatorias de la Carta Política.
Primero.- ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, que de forma inmediata, le imprima el trámite a la solicitud de protección constitucional impetrada por el señor Miguel Alfredo Tamara Paternina, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.- Por Secretaría General, comuníquese al Tribunal Administrativo de Sucre, la decisión adoptada para los fines expuestos en esta providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 201 DE 2008
Referencia: ICC-1255
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.
[2] Cfr. Artículo 86 Superior y 37 del Decreto 2591 de 1991.
[3] Corte Constitucional. Auto 136 de 2005.
[4] Corte Constitucional. Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Corte Constitucional. Autos 340 de 2006 y 110 de 2007.
[6] Decreto 1591 de 1989, artículo 1 señala:”Créase el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de obras Públicas y Transporte.”
[7] Decreto 1292 de 2003, artículo 1: “SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA – INCORA.- Suprímese el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 135 de 1961 y reformado por la Ley 160 de 1994, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.”
[8] El artículo 1º numeral 1 inciso segundo del Decreto reglamentario 1382 de 2000 dispone: “A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.” (Resaltado fuera de texto)
[9] Cfr. Corte Constitucional. Autos 129 y 190 de 2003.
[10] Esta disposición en lo pertinente prescribe: “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” (Resaltado fuera de texto)