Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-11-de-2002?documento=legcol&contexto=legcol_75992041c967f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-24 02:47:39
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 18', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 277', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 115', 'artículo 3', 'artículo 27']

﻿ RESOLUCIÓN 11 DE 2002
RESOLUCIÓN 11 DE 18 DE ENERO DE 2002
CONTENIDO:COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL Y ASUNTOS ELECTORALES. SE CREA, SE CONFORMA Y SE LE SEÑALAN SUS FUNCIONES. DEROGA LA RESOLUCIÓN 376 DE 2001.
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 340 DE 2003 ARTÍCULO 18 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 11 DE 2002
"Por la cual el Procurador General de la Nación en uso de sus facultades constitucionales establecidas en los artículos 277, numerales 6º y 7º, en especial las que le confieren los numerales 2º, 6º, 7º, 8º, 16, 18, 34 y parágrafo del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, reemplaza en su totalidad la Resolución 376 de diciembre 12 de 2001, se dictan otras disposiciones y
(Nota: Derogada por la Resolución 340 de 2003 artículo 18 de la Procuraduría General de la Nación)
Que el Decreto 2267 de 1997 creó las comisiones de coordinación y seguimiento electoral a nivel nacional, departamental y municipal, que preside el Ministro del Interior y de la cual hace parte el Procurador General de la Nación; con el propósito que dentro del principio de separación de poderes pero con la colaboración armónica que exige la realización de los fines del Estado, se trabaje conjuntamente a fin de garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso electoral, el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones políticas.
Que para el año 2002 se ha convocado a elecciones de Congreso y Presidente de la República y se realizarán el día 10 de marzo, 26 de mayo y 16 de junio, segunda vuelta —si fuere necesario— respectivamente.
Que de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, le corresponde al Procurador General de la Nación crear las comisiones especiales que se requieran para ejercer las funciones de control preventivo y disciplinario a cargo del Ministerio Público.
Que con el fin de realizar un control adecuado al proceso electoral, se hace necesario crear la comisión nacional de control y asuntos electorales, así como los respectivos comités regionales, provinciales y distrital de Bogotá en cada una de las procuradurías desconcentradas en todo el territorio nacional; la primera para que se encargue de coordinar a nivel nacional la labor de la entidad durante el proceso preelectoral y electoral, de tal manera que las procuradurías competentes puedan actuar de manera eficiente y oportuna, para prevenir e investigar las irregularidades en que puedan incurrir los servidores públicos con ocasión del proceso electoral y las segundas para que hagan lo propio en los departamentos, distritos y municipios.
Que el presidente de la comisión nacional de control y asuntos electorales debe tener las facultades consignadas en los numerales 19 y 20 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000.
Que es necesario que las procuradurías competentes actúen de manera prioritaria en los asuntos y quejas por indebida participación en política de servidores públicos, desviación de recursos públicos con fines partidistas, contratación indebida para influir en el proceso electoral, y tomar las medidas preventivas a fin de evitar que de continuar el servidor público en el cargo siga incurriendo en las conductas irregulares.
Que se hace necesario fijar nuevas medidas que garanticen el cumplimiento adecuado de las funciones de la comisión nacional de control y asuntos electorales.
En merito de lo expuesto el Procurador General de la Nación,
ART. 1º—Creación. Créase la comisión nacional de control y asuntos electorales de la Procuraduría General de la Nación, que estará integrada por los siguientes miembros.
a) El Viceprocurador General de la Nación, quien la presidirá
b) Un asesor del despacho del Procurador General de la Nación, quien la coordinará
c) El jefe de la división de sistemas o su delegado
d) El delegado de la procuraduría para la vigilancia preventiva de la función pública
e) El delegado de la procuraduría para la descentralización y los entes territoriales
f) El delegado para la moralidad pública
g) El director nacional de investigaciones especiales
h) Los demás servidores que designe el Procurador General de la Nación
ART. 2º—Instalación y período de funcionamiento. La comisión nacional de control y asuntos electorales se instalará el 16 de enero de 2002 y funcionará hasta el 30 de septiembre del mismo año, fecha en la cual entregará al despacho del Procurador General de la Nación el informe sobre la gestión preventiva y disciplinaria adelantada con ocasión del proceso electoral.
PAR.—Una vez culmine el período por el cual se crea esta comisión, el Procurador General de la Nación podrá darle el carácter de permanente y en caso contrario, será el procurador delegado para descentralización y los entes territoriales quien ejercerá el control de los procesos electorales a nivel territorial que se convoquen en todo el territorio nacional, para elecciones de alcaldes y gobernadores por períodos individuales, o porque se presente separación del cargo por la concurrencia de una falta absoluta.
ART. 3º—Funciones especiales. La comisión nacional de control y asuntos electorales, tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar a nivel nacional el ejercicio de las funciones preventivas y represivas disciplinarias sobre conductas en materia electoral, requiriendo y solicitando informes a las procuradurías regionales y provinciales, así como a los comités regionales y provinciales de control y asuntos electorales para el ejercicio eficiente de las funciones del Ministerio Público.
b) Actuar como oficina de enlace entre el despacho del Procurador General de la Nación, la comisión nacional de control y seguimiento electoral y los comités interinstitucionales de vigilancia y control de los procesos electorales.
c) Velar por que la Registraduría Nacional del Estado Civil, realice de manera oportuna la distribución física de insumos y demás bienes y servicios que se requieran a nivel nacional para la realización del proceso electoral del año 2002.
d) Vigilar el proceso de distribución física y entrega de cédulas de ciudadanía por parte de la registraduría, con el propósito de que las que se encuentren pendientes de entrega estén disponibles para que los ciudadanos puedan ejercer de manera libre el derecho político al sufragio universal.
e) Velar por que la organización electoral adopte medidas de seguridad para el manejo de datos, listados, tarjetones y demás elementos que se requieran para el proceso electoral.
f) Coordinar con la fuerza pública, los organismos de seguridad del Estado y la Policía Nacional, la implementación de medidas a fin de controlar y prevenir el trasteo de ciudadanos de un círculo electoral a otro, evitando que éstos puedan sufragar en lugares distintos a donde legalmente les corresponde.
g) Verificar los procedimientos de designación del personal supernumerario que colaborará en los tres debates electorales del año 2002.
h) Requerir la colaboración de los personeros municipales, para que conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, realicen el control preventivo electoral y disciplinario en lo que sea de su competencia.
i) Analizar las quejas que se formulen en la sede central de la Procuraduría General de la Nación en materia electoral, y disponer la creación de comisiones especiales disciplinarias dada la trascendencia del asunto.
j) Solicitar informes a las procuradurías y a los comités de control y asuntos electorales regionales, provinciales y distrital sobre las quejas electorales que reciba, y crear las comisiones especiales disciplinarias si el asunto lo amerita.
k) Disponer las medidas preventivas en materia disciplinaria electoral contra servidores públicos por indebida participación en política dentro de los procesos que ella adelante.
l) Elaborar el plan de acción para el día en que se celebren los comicios electorales, el cual contendrá los procedimientos a través de los cuales los servidores de la Procuraduría a nivel nacional, tanto profesionales universitarios, como asesores, procuradores regionales, distritales, provinciales y procuradores judiciales, deberán intervenir en la función de control electoral.
m) Proyectar las circulares que se requieran para el cumplimiento de las políticas de control electoral fijadas por el Procurador General de la Nación.
n) Esta comisión coordinará con los procuradores regionales, distritales y provinciales demás servidores del Ministerio Público desconcentrados en la geografía nacional, la visita especial que deberán practicar a las instalaciones de la registraduría nacional, delegaturas departamentales y municipales, a fin de levantar al menos veinticuatro horas antes del día de cada elección, un acta que deberá suscribir junto con el registrador respectivo de las cédulas de ciudadanía que no reclamaron sus beneficiarios, para evitar que sean utilizadas por otras personas para el ejercicio del sufragio.
o) Tramitar las quejas que le remita por competencia el comité interinstitucional de vigilancia y control de los procesos electorales y a su vez remitirla por competencia a la procuraduría correspondiente por un medio ágil y adecuado, a fin de que se adelanten las diligencias disciplinarias con la debida prioridad, o crear para el efecto la comisión especial disciplinaria que se encargue del asunto.
p) Velar por que las actuaciones disciplinarias que adelante la Procuraduría General de la Nación por conductas electorales sean diligenciadas de manera prioritaria.
q) El presidente de la comisión podrá crear comisiones especiales disciplinarias para que conozca de las investigaciones por hechos relativos a conductas electorales en que incurran los servidores públicos, teniendo en cuenta la importancia de los mismos y su trascendencia, así como desplazar en cualquier estado de las actuaciones de primera instancia, al funcionario que venía conociendo de las mismas y atribuirle la competencia a una comisión especial, como también el ejercicio de la facultad consagrada en el numeral 20 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000.
r) Los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, así como las comisiones especiales disciplinarias podrán adoptar las medidas cautelares de suspensión provisional previstas en el artículo 115 del CDU, sin necesidad de delegación expresa del Procurador General de la Nación, previo visto bueno del presidente de la comisión nacional de control y asuntos electorales.
ART. 4º—De los comités regionales, provinciales y distrital de control y asuntos electorales. Créanse en cada procuraduría regional y provincial los comités regionales y provinciales de control y asuntos electorales, que estarán integrados así:
a) El comité regional de control y asuntos electorales, por el procurador regional quien será el coordinador y los procuradores judiciales II y los asesores G-24 que estén designados en esa sede.
b) El comité provincial de control y asuntos electorales, por el procurador provincial, quien será el coordinador, los procuradores judiciales I y los personeros de su jurisdicción.
c) En Bogotá se creará el comité distrital de control y asuntos electorales, integrado por el procurador primero distrital quien lo coordinará, el procurador segundo distrital, los procuradores judiciales administrativos con sede en Bogotá y los procuradores judiciales penales que requiera el comité. Estos últimos serán designados por el procurador delegado para el Ministerio Público en asuntos penales.
PAR.—Para el ejercicio de las funciones preventivas electorales en las dependencias públicas de las localidades del Distrito de Bogotá, se designará durante la etapa pre-electoral y electoral un procurador judicial por cada localidad un procurador judicial en cada una de ellas.
ART. 5º—Funciones de los comités regionales, provinciales y distrital. Los comités regionales, provinciales y distrital tendrán las siguientes funciones:
a) Velar por que los procesos disciplinarios que se adelanten por conductas electorales contra servidores de competencia de las procuradurías regionales, provinciales y distrital se adelanten con prioridad.
b) Adelantar las gestiones que expresamente les asigne la comisión nacional de control y asuntos electorales y rendir los informes que ésta le solicite.
c) Solicitar la colaboración de la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado y dela Fiscalía General de la Nación, cuando sea necesario, para garantizar la transparencia del proceso electoral.
d) Solicitar, recibir y evaluar los informes que deben enviarle los gobernadores, alcaldes y demás servidores públicos en relación con el manejo de la nómina de la entidad, ejecución del plan de contratación estatal, los contratos de prestación de servicios simples y profesionales, contratos suscritos con organizaciones no gubernamentales y cooperativas integradas por entidades territoriales, la inauguración de obras, y sobre otros aspectos sobre los cuales dé instrucciones la comisión nacional de control y asuntos electorales a partir del 1º de enero de 2002.
e) Implementar el plan de acción de control electoral para el día de las elecciones y el cumplimiento de la directiva unificada nacional 001 de diciembre 12 de 2001, emanada del despacho del Procurador General de la Nación.
f) Organizar y distribuir a los servidores de las procuradurías regionales, provinciales y distritales, en las diferentes localidades, municipios, entidades públicas, zonas y puestos de votación en que deben cumplir sus funciones de control y vigilancia en cada jornada electoral del año 2002.
g) Velar por que los funcionarios del Ministerio Público observen y presencien los escrutinios en cada uno de los municipios, y en aquellos donde no sea posible, el comité respectivo dará instrucciones especiales a los personeros municipales.
h) Impartir las instrucciones a los servidores del Ministerio Público que se requieran para el cumplimiento de las funciones de vigilancia electoral durante el proceso del año 2002.
i) Designar los servidores del Ministerio Público para efectos de dar cumplimiento al literal n) del artículo 3º de la presente resolución.
ART. 6º—Presentación y trámite de quejas disciplinarias sobre asuntos electorales. Los ciudadanos podrán presentar sus quejas disciplinarias por irregularidades electorales, en la sede central de la Procuraduría General de la Nación o en las oficinas de las procuradurías regionales y provinciales de la siguiente manera:
a) Por escrito. Las quejas deben ser presentadas personalmente, o remitidas vía de correo o por medio electrónico (www.procuraduría.gov.co) o por cualquier otro medio adecuado, dirigida a la comisión nacional de control y asuntos electorales, para lo cual deberá anexar las pruebas que considere pertinentes en caso de poseerlas, pero en todo caso el quejoso deberá identificarse.
b) Verbales. Pueden presentarse personalmente, ante el funcionario de la procuraduría regional o provincial, y en el caso de Bogotá se presentarán ante la Procuraduría Primera Distrital debiendo esta última remitirla diariamente a la comisión nacional de control y asuntos electorales.
c) A través de la línea telefónica nacional-gratuita 9800-910315 y para Bogotá la línea 2840472 de la Procuraduría General de la Nación, que funcionará 24 horas de acuerdo a las necesidades del servicio.
PAR. 1º—Las quejas que reciba la comisión nacional de control y asuntos electorales, serán evaluadas y remitidas a la dependencia competente, en el evento en que el presidente no decida crear para el efecto una comisión especial disciplinaria.
PAR. 2º—Los anónimos serán evaluados por la comisión, para determinar si se da aplicación al artículo 27, numeral 1º de la Ley 24 de 1992, que prohíbe al Ministerio Público tramitar quejas anónimas, o si por el contrario debe dársele trámite por estar acompañado de pruebas al menos sumaria que ofrezcan serios motivos de credibilidad, o que no obstante no anexarse la prueba, de su contenido se observe la credibilidad y seriedad de la misma.
ART. 7º—Solicitud de apoyo. La comisión nacional de control y asuntos electorales de la Procuraduría General de la Nación contará con el apoyo de la dirección nacional de investigaciones especiales, de la secretaría general de la entidad, de la veeduría y demás dependencias cuando para el adecuado ejercicio de sus funciones así lo requiera.
ART. 8º—De la línea anticorrupción electoral. La comisión contará con una línea telefónica especial gratuita, a fin de que pueda recibir las quejas de la ciudadanía a nivel nacional, de la cual hará amplia divulgación nacional. Así mismo, hará difusión de las líneas telefónicas de las procuradurías regionales y provinciales para que la ciudadanía igualmente pueda formular las quejas ante esas instancias.
ART. 9º—Del deber de promover investigaciones. La comisión deberá promover las acciones penales, disciplinarias y fiscales, cuando tenga conocimiento de irregularidades electorales, compulsando las copias correspondientes.
ART. 10.—Coordinación interinstitucional. Solicitar el apoyo de las autoridades que ejercen funciones de policía judicial, a fin de que se realicen las aprehensiones en flagrancia a que haya lugar, así como la incautación de elementos electorales en poder de personas que legalmente no están autorizadas para ello.
ART. 11.—Del personal que requiere la comisión para el cumplimiento de sus funciones. Para la recepción de las quejas ciudadanas relativas a asuntos electorales, el trámite de las mismas, y el cumplimiento de las funciones a que hace referencia el presente acto administrativo, el secretario general de la Procuraduría General de la Nación encargará a los funcionarios que se requieran, y si la necesidad lo exigiere el procurador general organizará turnos por fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
ART. 12.—De los informes a la comisión de coordinación y seguimiento de los procesos electorales. Una vez se designen los funcionarios miembros de la comisión, se le informará al señor ministro del interior y demás miembros de la comisión de coordinación y seguimiento electoral, a fin de coordinar las relaciones interinstitucionales.
ART. 13.—Del apoyo del secretario general de la Procuraduría General de la Nación a la comisión. Por secretaría general de la entidad, se divulgará y se dará a conocer a la ciudadanía y a los destinatarios las directivas y actos administrativos que expida el Procurador General sobre control y vigilancia electoral. Así mismo se encargará de la instalación de la línea gratuita nacional, de la asignación de los servidores públicos, de los bienes y servicios que requiere el funcionamiento de la comisión.
ART. 14.—La división administrativa enviará al despacho del Procurador General de la Nación la relación de los teléfonos de las procuradurías regionales, distritales y provinciales a nivel nacional en medio magnético, para que la comisión la remita a la comisión nacional de coordinación y seguimiento electoral para lo de su cargo. Así mismo, la secretaría general de la entidad remitirá el listado de los profesionales universitarios, asesores, procuradores judiciales, regionales, distritales, provinciales, servidores de la veeduría y dirección nacional de investigaciones especiales, con el objeto de solicitarle al Registrador Nacional del Estado se abstenga de designar los jurados de votación, en tanto deberán estar disponibles durante las tres jornadas electorales —la última si fuere necesario— haciendo el control respectivo.
ART. 15.—La comisión, solicitará al Registrador Nacional del Estado Civil, que a través de la empresa contratista que elaboró el kit electoral, suministre capacitación e instrucción especial a los servidores de la procuraduría sobre las condiciones técnicas y de seguridad de los documentos electorales, a fin de conocer y establecer en los operativos y durante la jornada electoral cuáles son las características propias de los mismos. Los funcionarios que se capaciten serán multiplicadores a nivel nacional.
ART. 16.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga en su totalidad la Resolución 376 de diciembre 12 de 2001.
Dada en Bogotá a 18 de enero de 2002.