Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00092-de-julio-3-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e1d1a68fa2840264e0430a0101510264&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 06:47:57
Document Index: 405823837

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 321', 'artículo 323', 'artículo 323', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 232', 'artículo 5', 'artículo 48', 'artículo 232', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 232', 'artículo 5', 'artículo 48']

﻿ Auto 2013-00092 de julio 3 de 2013
AUTO 2013-00092 DE 03 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:RÉGIMEN LEGAL DE TRANSPORTE. ABANDONO DE RUTAS HACIENDOLA ACREEDORA A UNA SANCIÓN DE REVOCATORIA DEL PERMISO Y REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD TRANSPORTADORA, CON LA APERTURA DEL CONSURSO CORRESPONDIENTE. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 198 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁNSITO, TRÁMITE EN LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
Auto 2013-00092 de julio 3 de 2013
Rad.: 11001 0324 000 2013 00092 00
Actor: Jorge Ignacio Ortiz Burgos
Demandado: Nación-Presidencia de la República-Ministerio de Transporte.
Asunto: solicitud de suspensión provisional del artículo 5º del Decreto 198 de 2013.
Se decide sobre la solicitud de suspensión provisional presentada por el señor Jorge Ignacio Ortiz Burgos respecto del artículo 5º del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013 proferido por la Nación-Presidencia de la República-Ministerio de Transporte, “por el cual se suprimen, trasladan y reforman trámites en materia de tránsito”.
“DECRETO 198 DE 2013
ART. 5º—Modificase el artículo 44 del Decreto 171 de 2001, el cual quedará así:
1.1. A juicio de la parte actora, con la expedición de la disposición acusada se violan los artículos 6º, 29, 113, 114, 121, 122 inciso primero, 150 numerales 1º y 23, 189 numeral 11 y 365 de la Constitución Política y el artículo 48 de la Ley 336 de 1996, los cuales dicen textualmente:
“ART. 6º—Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”
“ART. 114.—Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.”
“ART. 121.—Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”
“ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
“ART. 48.—La cancelación de las licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte, procederá en los siguientes casos:
a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la realidad una vez vencido el término, no inferior a tres meses, que se le conceda para superar las deficiencias presentadas;
Nota: El presente literal fue modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 321* del Ministerio del Interior. El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-923 de 1999.
h) Adicionado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 323* del Ministerio del Interior.
i) Adicionado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 323* del Ministerio del Interior.
Nota: es de tener en cuenta que el Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-923 de 1999”.
1.2. Señala que el acto acusado estableció una modalidad de sanción no prevista en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996(1), al determinar como causal de revocatoria del permiso, reducción de la capacidad transportadora y apertura del concurso correspondiente cuando se abandone una ruta durante treinta (30) días consecutivos, es decir, cuando la empresa de transporte disminuya injustificadamente el servicio autorizado en más de un 50%.
El actor resalta que el artículo 48 de la mencionada ley solo se refiere a la revocatoria del permiso cuando se compruebe “…la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora.” (Subrayado fuera de texto).
Visto así, para el demandante existe una gran diferencia entre cesación que es la conducta prevista en la ley y disminución que consagra el artículo 5º del Decreto 0198 de 2013, y en esa medida se está excediendo la potestad reglamentaria de la que es titular el ejecutivo.
De otra parte, sostiene que el artículo 232 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) no habilita al Presidente de la República para modificar el régimen jurídico de transporte, luego tampoco con fundamento en tal norma puede invocarse su legalidad.
Mediante auto del 22 de mayo de 2013 se corrió traslado al Ministerio de Transporte de la solicitud de suspensión provisional(2), sin que dicha entidad se hubiera pronunciado sobre el particular.
Los artículos 229(3), 231(4) y 233(5) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indican que la solicitud de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo puede ser solicitada en la demanda o en cualquier estado del proceso; por escrito o en audiencia; y que procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
3.2. El acto administrativo cuya suspensión se solicita es el artículo 5º del Decreto 0198 del 12 de febrero de 2013 proferido por la Nación-Presidencia de la República-Ministerio de Transporte, “Por el cual se suprimen, trasladan y reforman trámites en materia de tránsito y de transporte”.
3.3. Por su parte, las normas que se consideran infringidas son los artículos 6º, 29, 113, 114, 121, 122 inciso primero, 150 numerales 1º y 23, 189 numeral 11 y 365 de la Constitución Política y el artículo 48 de la Ley 336 de 1996.
3.4. Ahora bien, visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada y una vez confrontadas las disposiciones demandadas con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, el despacho advierte que son dos las censuras del actor respecto del Decreto 198 de 2013: la primera tiene que ver con el exceso en la potestad reglamentaria al crear una conducta sancionable no prevista en la Ley 336 de 1996 ni en la Ley 105 de 1993; y la segunda, que el artículo 232 de la Ley 1450 de 2011 no habilitó al Gobierno para modificar el artículo 48 de la Ley 336, y por lo tanto no puede ser invocado como sustento para expedir el acto acusado.
3.4.1. Examinado el asunto este despacho advierte que el Decreto 198 impugnado excede la potestad reglamentaria en que funda su expedición, toda vez que crea una conducta no prevista en el régimen legal de transporte(6) consistente en el abandono de rutas haciéndola acreedora a una sanción de revocatoria del permiso y reducción de la capacidad transportadora, con la apertura del concurso correspondiente.
Para llegar a tal conclusión es preciso atender al contenido del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, pues es allí donde se describen de manera taxativa los casos en que procede la cancelación de las licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte. La parte pertinente es del siguiente tenor:
(…)”. (Subrayado fuera de texto).
De la lectura de la disposición se desprende que dichas sanciones tienen lugar cuando se compruebe la cesación injustificada de actividades o de los servicios que se han autorizado a la empresa transportadora. No se advierte allí la presencia de ninguna de las conductas puntuales de las que trata el artículo 5º del acto que se acusa tales como que transcurra un periodo de tiempo determinado y que se disminuya en un porcentaje preciso la prestación del servicio. En efecto, la decisión impugnada sanciona a la empresa de transporte cuando compruebe que durante treinta (30) días consecutivos ha disminuido de forma injustificada en más de un 50% el servicio autorizado o cuando la empresa no inicia la prestación del servicio, llegando a concebir de manera detallada conductas merecedoras de reproche.
Esta corporación ha sido clara, uniforme, reiterada y enfática en señalar que la competencia para la creación de regímenes sancionatorios, radica de manera exclusiva en cabeza del legislador en atención y observancia del principio de reserva legal que debe verse reflejado no solo en cuanto a la conducta sancionable sino también en cuanto a su consecuencia adversa. En ese sentido, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:
“10. Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no solo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa(7). Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta corporación ya lo había señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir “también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas”(8).
11. Las sanciones administrativas deben entonces estar fundamentadas en la ley, por lo cual, no puede transferírsele al Gobierno una facultad abierta en esta materia…”(9).
“No obstante lo anterior, la Sala debe señalar en forma categórica que el precitado Ministro de Transporte, si bien está facultado para proferir ese tipo de reglamentos derivados o de segundo grado, no lo está para proferir normas en materia sancionatoria, las cuales se encuentran reservadas al legislador, quien como es sabido definió el régimen de sanciones en materia de transporte en el título IX de la Ley 336 de 1996.
La Sala, mediante providencia de fecha 17 de julio de 2008, proferida dentro del expediente 11001 0324 000 2004 00092 01, consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, al referirse al tema señaló:
“En ese orden, la misma ley tiene ya tipificadas las faltas y señaladas sus respectivas sanciones para todos los modos, de tal forma que a la luz de la norma en comento, lo que le corresponde a las autoridades competentes es verificar si una determinada conducta o situación generada por cualquiera de los referidos sujetos, constituye o no violación de alguna norma de transporte, y si la Ley 336 de 1996 o cualquiera otra norma de rango legal no le asigna una sanción específica y distinta a multa, esa conducta será sancionable con esta, es decir, pecuniariamente, dentro de los rangos precisados en el parágrafo atrás transcrito del comentado artículo 46 de la Ley 336. “[…] tal artículo 46 tipifica las conductas que constituyen faltas que deben ser sancionadas con multa, dentro del rango que él señala, pues eleva a falta toda violación de normas del transporte, y dicha sanción la hace extensiva o la circunscribe a todas esas faltas que no tengan señalada una sanción distinta o específica. Por eso, además, es una norma que ha de integrarse con otras, según lo precisó la Sala en sentencia de 3 de mayo de 2007”. Así las cosas y como quiera que en el ordenamiento jurídico colombiano el régimen sancionatorio en materia de tránsito es del resorte exclusivo del legislador, ha de concluirse que al no encontrarse tipificada en el capítulo IX de la Ley 336 de 1996 la conducta de que trata el artículo 6º de la Resolución 3666 del 9 de mayo de 2001, habrá de decretarse su nulidad, no sin antes señalar que ninguna de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre ni de la Ley 336 de 1996 le atribuyen facultades al ejecutivo para tipificar infracciones y menos aún para determinar las sanciones respectivas”(10).
También en sentencia del 26 de noviembre de 2009, esta sección, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, reiteró el anterior criterio:
“El municipio demandado remitió al proceso, en copias auténticas, los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas (fls. 55 a 69 del cuaderno principal) (…) Los documentos anteriores permiten concluir que para cancelar las rutas 1 y 2 que había otorgado a la empresa demandante, la alcaldía municipal de San Vicente de Chucurí se limitó a establecer, mediante la práctica de una visita, que aquella no tenía sede en la dirección registrada en el certificado de existencia y representación legal, conclusión que confirma plenamente la declaración jurada de la directora de tránsito de la época Elizabeth Mora González que obra a folios 108 a 110, testimonio que merece la credibilidad de la Sala en vista del conocimiento directo de los hechos que le proporcionó el ejercicio de su cargo y su participación en el procedimiento señalado. (…) Los medios de prueba examinados demuestran de modo fehaciente que el municipio demandado no siguió las etapas del procedimiento administrativo reglado por los artículos 51 y 52 de la Ley 336 de 1996 porque no dictó auto de apertura de investigación motivado con los fundamentos fácticos y jurídicos del caso; no relacionó las pruebas aportadas o allegadas que demostraran la existencia de los hechos; no dio traslado entre diez y treinta días al presunto infractor para que por escrito respondiera los cargos formulados y solicitara pruebas y no le permitió por tanto solicitarlas oportunamente y participar en su práctica. Aunque el municipio demandado le dio a la demandante la oportunidad de interponer un recurso de reposición contra la decisión de primera instancia, no le permitió ejercer oportunamente su defensa, por lo cual violó los artículos 50 y 51 de la Ley 336 de 1996 y el derecho al debido proceso administrativo garantizado por el artículo 29 constitucional. Las circunstancias anotadas constituyen razón suficiente para declarar la nulidad de las resoluciones acusadas(11).
3.4.2. Resulta también pertinente validar la posición del actor en lo atinente a la invocación del artículo 232 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), pues de su lectura no se desprende ningún fundamento para la expedición del Decreto 198 de 2013. La norma legal es del siguiente tenor:
“ART. 232.—Racionalización de trámites y procedimientos al interior de las entidades públicas. Los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial, procederán a identificar, racionalizar y simplificar los procesos, procedimientos, trámites y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las organizaciones.
Los organismos y entidades del orden nacional deberán definir una meta relacionada con la racionalización de trámites internos con su correspondiente indicador en el sistema de seguimiento a metas Sismeg y prever su incorporación en el plan de desarrollo administrativo sectorial e institucional. Las autoridades del orden departamental, distrital y municipal deberán reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del sistema único de información de trámites SUIT, los procesos, procedimientos, trámites y servicios racionalizados”.
La autorización legal se orienta a facilitar los trámites, no faculta al Ejecutivo a establecer conductas reprobables y a asignarles una sanción.
DECRETAR la suspensión provisional del artículo 5º del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013 proferido por la Nación-Presidencia de la República-Ministerio de Transporte.
Guillermo Vargas Ayala.
(1) Esa norma junto con la Ley 105 de 1993 constituyen el régimen jurídico del servicio público de transporte.
(2) Folio 9 de este Cuaderno.
(3) ART. 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
(4) ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
(5) ART. 233.—Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
(6) Ley 336 de 1996 artículo 48.
(7) Ver, entre otras, las sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 12.
(8) Sentencia C-417 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Consideración de la Corte 3. En el mismo sentido, ver Sentencia C-280 de 1996.
(9) Corte Constitucional. Sentencia C-1161 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(10) Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia del 29 de julio de 2010. Proceso 2002-00249.
(11) Proceso 1999-00342.