Source: https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=008265/2008&L=1
Timestamp: 2020-08-06 10:43:40
Document Index: 406923267

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 37', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 19', 'Artículo 3', 'artículo 19', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 28', 'Artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 16', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 20']

DECRETO 93/2008, de 4 de julio, del Consell, por el que se desarrolla la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana. [2008/8474]
(DOGV núm. 5801 de 08.07.2008) Ref. Base Datos 008265/2008
Fecha de entrada en vigor: 09.07.2008
Fecha fin vigencia: 22.04.2018
LEY 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana. [2007/3726]
DECRETO 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. [2018/5490]
ORDEN de 31 de julio de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan las bases de convocatoria de la prestación Renta Garantizada de Ciudadanía. [2008/9754]
Temáticos: prestación social, prestación familiar, política familiar, ayuda a los necesitados, ingreso mínimo de subsistencia, protección de la familia, pobreza, reinserción social, reinserción profesional, administración local , LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, órgano colegiado
El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establece las competencias que corresponden a la Generalitat. Entre ellas, las de promover las condiciones para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos sean objeto de una aplicación real y efectiva, estableciendo, del mismo modo, como uno de los principales ámbitos de actuación, la defensa integral de la familia.
El Estatut d'Autonomia también establece, en su artículo 15, que, con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la Ley.
Dicho mandato estatutario fue desarrollado mediante la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, que supuso un avance social importante respecto a las anteriores prestaciones económicas regladas, aprobadas dentro del Plan de Medidas de Inserción Social en la Comunitat Valenciana, como una subvención de contenido económico y carácter temporal dirigida a personas físicas o unidades de convivencia que carezcan de medios suficientes de subsistencia, y cuya cuantía es proporcional a los recursos económicos y cargas familiares del beneficiario.
Para la adecuada implantación de la renta garantizada de ciudadanía, la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, autoriza al Consell, en su disposición final primera, para realizar el desarrollo reglamentario en varias materias de la misma, en especial, las características de las actuaciones y los programas de inserción, las características y requisitos del Plan Familiar de Inserción, y las comisiones mixtas creadas entre representantes de servicios sociales y empleo.
Por otra parte, la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, de Servicios Sociales, establece en su artículo 37 la prestación económica reglada como una prestación de carácter personal, dirigida a las familias o a un núcleo convivencial dado, y autoriza para exigir a los beneficiarios y beneficiarias la realización de actividades tendentes a la normalización de sus hábitos y a su plena integración social, a través de la formación o de la cooperación social que se determine en la propuesta de concesión. Dicha prestación económica reglada ha pasado a denominarse y ser la nueva renta garantizada de ciudadanía, tal y como dispone la disposición adicional tercera de la citada Ley 9/2007.
Este decreto se estructura en tres títulos. El título preliminar contiene las disposiciones generales, y en ellas se concreta el objeto del Decreto.
El título I regula diversos aspectos de la inserción sociolaboral en cuatro capítulos. El capítulo I desarrolla el Plan Familiar de Inserción. El capítulo II desarrolla las actuaciones básicas, los programas de inserción y las acciones de inserción. El capítulo III regula las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía y el capítulo IV la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El título II regula el procedimiento en tres capítulos. El capítulo I establece las disposiciones generales del procedimiento en materia de renta garantizada de ciudadanía, el capítulo II las particulares del procedimiento de concesión y el capítulo III el procedimiento de modificación, suspensión y extinción.
El título III desarrolla el régimen sancionador en materia de renta garantizada de ciudadanía.
Finalmente, las disposiciones adicionales determinan la habilitación a la Conselleria competente para regular, mediante Orden, determinados aspectos necesarios para conceder la prestación, la posibilidad de utilizar como informe social el mismo del Sistema Informático de Información de los Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), y los ingresos que se consideran no computables.
Por ello, a propuesta del conseller de Bienestar Social, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 4 de julio de 2008,
El presente Decreto tiene por objeto desarrollar reglamentariamente la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana.
El derecho a la renta garantizada de ciudadanía se reconocerá conforme con las condiciones, requisitos y alcance establecidos en la citada Ley, en el presente Decreto y en sus disposiciones complementarias.
DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Artículo 2. Plan Familiar de Inserción
1. El Plan Familiar de Inserción definido en el artículo 6 de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, será elaborado por la entidad local conforme al procedimiento establecido en el presente Decreto, y comprenderá la aplicación directa o coordinada de todas o algunas de las actuaciones básicas.
El Plan Familiar de Inserción deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
1.1. Datos básicos de la unidad familiar:
b) Diagnóstico de la situación personal de cada destinatario y de la familiar.
c) Situación del acceso de los destinatarios a los servicios básicos, en el momento en que se elabora el Plan.
d) Intervención previa realizada por el equipo social para prevenir la exclusión o conseguir la inclusión social de los destinatarios, en su caso.
e) En el supuesto de renovaciones de la renta garantizada de ciudadanía, evaluación de las actuaciones realizadas.
1.2. Datos económicos de la unidad familiar:
a) Actuaciones realizadas para que los destinatarios tengan acceso a las pensiones y/o prestaciones a las que tenga derecho.
b) Medios económicos de los destinatarios.
1.3. Propuesta de intervención. Esta propuesta deberá realizarse de forma individualizada para cada miembro de la unidad familiar susceptible de ello, e incluirá:
a) Objetivos que pretenden alcanzarse, metodología que va a seguirse y evaluación prevista.
b) Periodicidad de la relación de los destinatarios con el equipo de intervención de servicios sociales.
c) Concreción de las actuaciones básicas o servicios de intervención, de los programas de inserción, y de las acciones a realizar, en su caso, con la previsión temporal de duración.
1.4. Propuesta de renta garantizada de ciudadanía. Esta propuesta estará referida, como mínimo, a los aspectos económicos de la prestación, a su duración y a sus condiciones, y, en su caso, a los motivos de denegación. También describirá, cuando proceda, el estado actual de la renta garantizada de ciudadanía.
1.5. Instar, si procede, la realización de un Plan de Inserción Laboral, que se elaborará por la Comisión Mixta de Renta Garantizada de Ciudadanía. En ese caso se recogerá una valoración de la situación laboral, así como un diagnóstico individualizado de las posibilidades de inserción laboral, según las capacidades de los destinatarios.
Si se prevé la imposibilidad de realizar un Plan de Inserción Laboral, se motivarán las causas que impiden realizarlo.
1.6. Observaciones que realiza el equipo social, en su caso.
2. La propuesta de intervención y la propuesta de renta garantizada de ciudadanía, contenidas en el Plan Familiar de Inserción, deberán estar suscritas en la forma determinada en el artículo 19.3 de este decreto.
Artículo 3. Excepciones al establecimiento del Plan Familiar de Inserción
En los supuestos especiales de difícil reinserción establecidos en el artículo 19 de Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, podrá no establecerse el Plan Familiar de Inserción.
En caso de que no se establezca dicho Plan, será necesario realizar un informe social donde se harán constar los datos básicos del destinatario que esté en dicha situación, así como las circunstancias que dificulten gravemente la posibilidad de inserción. Dicho informe se renovará periódicamente, al menos con cada propuesta de modificación, renovación o suspensión, o cuando exista un cambio en las condiciones que dieron lugar a dicho Plan.
Artículo 4. Plan de Inserción Laboral
El Plan de Inserción Laboral, elaborado por las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía previstas en el capítulo III del presente título I, podrá contener todo tipo de medida cuyo objeto sea la inserción laboral de aquellos destinatarios que cumplan los requisitos para ello.
Cuando el Plan de Inserción Laboral prevea actuaciones que se desarrollen mediante acciones promocionadas o ejecutadas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), los destinatarios que deban realizarlas deberán incluirse dentro de los criterios de prioridad existentes para ser admitidos en las mismas.
Una vez determinado por las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía, el Plan de Inserción Laboral será de obligado cumplimiento para los beneficiarios a los que afecte, y se incorporará al Plan Familiar de Inserción como una de las actuaciones básicas propuestas.
DE LAS ACTUACIONES BÁSICAS, PROGRAMAS
DE INSERCIÓN Y ACCIONES DE INSERCIÓN
Artículo 5. Actuaciones básicas, programas de inserción y acciones de inserción
1. Las actuaciones básicas, también llamadas servicios de intervención, y los programas de inserción, son los definidos en el artículo 7 de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana.
Las actuaciones básicas o servicios de intervención podrán incluir programas de inserción, y éstos acciones de inserción, que irán dirigidas tanto a evitar los procesos de exclusión como a favorecer la inclusión social, laboral, profesional, ocupacional y educativa de los destinatarios.
Los Planes Familiares de Inserción y los Planes de Inserción Laboral podrán establecer que se realicen acciones o medidas de inserción correspondientes a más de un servicio de intervención.
Las actuaciones básicas y los programas de inserción de índole social serán concretados por el ámbito social, y los de índole laboral por las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía.
2. Se consideran actuaciones básicas o servicios de intervención, de apoyo a la inserción social y/o laboral, los siguientes:
2.1 Información, orientación y asesoramiento. Esta actuación tiene como objeto informar, orientar y asesorar a los destinatarios acerca de sus derechos, de cómo ejercerlos y de los recursos sociales adecuados para resolver sus necesidades, consiguiendo los objetivos de prevenir y resolver los procesos de exclusión social e impedir su cronificación.
Esta actuación básica incluirá los siguientes programas de inserción:
a) Información y orientación sobre sus derechos y sobre el acceso a recursos destinados a la protección y participación social. Podrá incluir acciones de inserción generales de tipo divulgativo, dirigidas a los destinatarios de la renta garantizada de ciudadanía.
b) Asesoramiento, acompañamiento y seguimiento social.
c) Apoyo al desarrollo personal, mediante la realización de acciones de inserción, tales como:
- Desarrollo de habilidades sociales y personales.
- Desarrollo de actitudes y hábitos necesarios para la adquisición de nuevos conocimientos, educativos y formativos.
- Promoción de la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la inserción social.
- Adquisición de hábitos prelaborales.
d) Cualquier otro que esté contemplado dentro de los objetivos de la actuación básica o servicio de intervención.
2.2. Apoyo a la integración social. Esta actuación tiene como objeto promover, por un lado, la convivencia familiar y, por otro, la convivencia social, mediante el impulso y fomento de la participación en actuaciones de iniciativa social, asociacionismo y voluntariado social, con los objetivos de prevenir o resolver la desestructuración familiar, y de conseguir o mejorar la integración en la comunidad, respectivamente.
a) Promoción de la convivencia familiar. Entre las acciones de inserción a realizar se incluirán:
- Rehabilitación personal y familiar.
- Superación de desajustes convivenciales, derivados de limitaciones personales, problemáticas familiares, o propiciadas por su entorno.
- Intervención familiar de carácter educativo, social o psicológico, a través de los servicios que correspondan, cuando su objetivo sea prevenir o resolver los problemas derivados de la desestructuración familiar.
b) Promoción de la convivencia social. Entre las acciones de inserción a realizar se incluirán:
- Integración en la comunidad, y mejora de las relaciones de los destinatarios con su entorno personal y social.
- Participación en proyectos de integración y de desarrollo comunitario.
- Participación en programas de colaboración cívica y voluntariado.
- Participación en programas sociales.
c) Cualquier otro que esté contemplado dentro de los objetivos de la actuación básica o servicio de intervención.
2.3. Formación de adultos.
Esta actuación básica incluirá cualquier programa de inserción que contemple dicha formación.
2.4. Apoyo a la inserción laboral realizada, preferentemente, a través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Este apoyo se realizará a través de los programas de inserción laboral, orientación laboral, formación para el empleo y fomento de empleo. La participación en estos programas será concretada por la Comisión Mixta de Renta Garantizada de Ciudadanía.
2.5. Participación en programas de rehabilitación o terapia. Esta actuación tiene como objeto realizar una intervención especializada en personas o grupos de alto riesgo, o con alteraciones que requieran este tipo de intervención, con el objetivo de prevenir su deterioro, evitar su empeoramiento o resolver su situación, posibilitando su normalización social.
a) Intervención domiciliaria especializada.
b) Desinstitucionalización e integración social de menores, enfermos mentales, ex-reclusos y víctimas de violencia.
2.6. Acceso a los servicios básicos, tales como servicios sociales, sanidad, educación, justicia y vivienda. Esta actuación tiene como objeto favorecer el acceso normalizado a los servicios básicos de la comunidad, con el objetivo de conseguir una adecuada inserción social.
a) Acceso a los recursos sociales adecuados, cuando existan carencias en los medios de subsistencia.
b) Acceso normalizado al sistema de salud.
c) Acceso normalizado a los servicios educativos.
d) Acceso normalizado al sistema judicial, cuando así sea necesario.
e) Acceso normalizado a la vivienda habitual.
f) Cualquier otro que esté contemplado dentro de los objetivos de la actuación básica o servicio de intervención.
2.7. Otras actuaciones que, no estando contempladas en este artículo, estén definidas como tales en el plan nacional o el plan autonómico para la inclusión, y cuyo objetivo sea la inserción social o laboral.
2.8. Cualquier otra actuación cuyo objetivo y finalidad puedan incluirse dentro de las definidas en la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana.
Artículo 6. Criterios para la selección de las acciones de inserción
Se seleccionarán las acciones de inserción que se consideren adecuadas al objeto de la inserción social de los destinatarios.
Podrán seleccionarse acciones de inserción distintas para cada uno de los destinatarios, o las mismas para toda la unidad familiar. No obstante, se procurará que sean individualizadas y adaptadas a la situación personal de cada destinatario.
Las acciones básicas deberán procurar la inserción social a medio o largo plazo, salvo que la situación de la unidad familiar no permita otra actuación. En todo caso, si las que se plantean no tuvieran este objetivo, el informe social deberá motivarlas adecuadamente e incluir una planificación, que permita la mejora de la situación de la unidad familiar y la realización de acciones de inserción más adecuadas al objeto de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana
DE LAS COMISIONES MIXTAS DE RENTA GARANTIZADA
Artículo 7. Las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía
Se crean las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía, como órganos colegiados de carácter técnico, formadas por representantes de los servicios sociales y de empleo correspondientes, que tienen como objeto la elaboración del Plan de Inserción Laboral individualizado, que incluirá un itinerario de inserción laboral destinado a aquellos miembros de la unidad familiar que sean susceptibles de realizarlo.
Artículo 8. Funciones de las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía
Las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía tendrán las siguientes funciones:
1. Elaborar el Plan de Inserción Laboral, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.
2. Proponer la modificación o suspensión de los Planes de Inserción Laboral que se estén realizando, cuando existan causas motivadas para ello.
Artículo 9. Composición y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía
1. Se constituirá una Comisión Mixta de Renta Garantizada de Ciudadanía en cada provincia de la Comunitat Valenciana, que estará integrada por:
a) Dos representantes nombrados por la correspondiente Dirección Territorial competente del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
b) Dos representantes nombrados por la Dirección Territorial competente en materia de renta garantizada de ciudadanía.
c) Un representante nombrado por la entidad local donde resida el solicitante de la renta garantizada de ciudadanía.
Podrán nombrarse titulares y suplentes de cada uno de los miembros de la Comisión.
2. A las Comisiones Mixtas podrán asistir, con voz pero sin voto, los técnicos que se consideren necesarios por razón de la materia a tratar.
3. Actuarán como Presidente y Secretario los representantes de la Dirección Territorial competente en materia de renta garantizada de ciudadanía.
El régimen jurídico de las Comisiones Mixtas se regirá de acuerdo con lo dispuesto, para el funcionamiento de órganos colegiados, en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad del Presidente.
Las Comisiones Mixtas se reunirán a iniciativa de su Presidente, o de la mitad de sus miembros.
DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
Artículo 10. La Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía
Se crea la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que estará formada por representantes de la Generalitat, de las entidades locales y de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunitat Valenciana.
1. La Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía tendrá las siguientes funciones:
a) Elaboración de un informe anual no vinculante sobre la renta garantizada de ciudadanía.
b) Proponer medidas que mejoren la renta garantizada de ciudadanía.
2. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía podrá solicitar informes a entidades o agentes externos que tengan un conocimiento especializado de la materia, cuando los temas reúnan especial complejidad o así se considere necesario. Asimismo podrá solicitar informe a las Consellerias allí representadas, en razón de la materia de que se trate.
3. El informe anual se remitirá, tras su elaboración, a los titulares de las Consellerias que tengan las competencias en renta garantizada de ciudadanía y en medidas de fomento del empleo.
Artículo 12. Composición y funcionamiento
1. Existirá una única Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, de ámbito autonómico, que estará integrada por:
a) Cuatro representantes de la Generalitat, con rango de director general, nombrados por los titulares de las Consellerias que tengan la competencia en materia de renta garantizada de ciudadanía y de empleo, a partes iguales.
b) Un representante propuesto por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
c) Un representante propuesto por el conjunto de las organizaciones empresariales que gocen de capacidad representativa, con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Las organizaciones empresariales deberán tener implantación autonómica.
d) Dos representantes propuestos por el conjunto de las organizaciones sindicales que hayan obtenido la condición de más representativas en la Comunitat Valenciana, en proporción a su representatividad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
e) Dos representantes de los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, elegidos entre los que tengan un mayor número de beneficiarios de renta garantizada.
f) Dos representantes de las entidades sin fin de lucro, elegidos a propuesta del conseller de Bienestar Social entre las que contemplen, como uno de sus objetivos básicos, la atención a las personas en situación de exclusión social. La entidad deberá tener implantación autonómica.
g) Un funcionario de la Conselleria que tenga la competencia en materia de renta garantizada de ciudadanía, con voz pero sin voto, que actuará como Secretario.
2. Actuará como Presidente uno de los representantes de la Conselleria que tenga la competencia en materia de renta garantizada de ciudadanía.
3. El régimen jurídico de la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía se regirá de acuerdo con lo dispuesto, para el funcionamiento de órganos colegiados, en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad del Presidente.
La Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía se reunirá a iniciativa de su Presidente, o de una tercera parte de sus miembros.
Artículo 13. Nombramiento de los miembros
Los representantes de la Generalitat en la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía serán nombrados por los titulares de las Consellerias respectivas.
El resto de miembros serán nombrados y cesados mediante Resolución del conseller con competencias en materia de renta garantizada de ciudadanía, a propuesta de las entidades respectivas.
Artículo 15. Órganos competentes para tramitar
Artículo 16. Solicitud
Artículo 18. Ordenación e instrucción
Artículo 19. Remisión del expediente por la entidad local
Artículo 20. Tramitación y propuesta de resolución por la Dirección Territorial competente
Artículo 21. Resolución de la prestación por la Generalitat
Artículo 22. Resolución de la prestación por la entidad local
Artículo 23. Denegación de la solicitud
Artículo 25. Elaboración del Plan de Inserción Laboral
PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN,
Artículo 27. Modificación, suspensión y extinción
Las infracciones y sanciones en materia de renta garantizada de ciudadanía son las tipificadas en el capítulo VI de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana.
Artículo 29. Consideraciones generales
Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción del oportuno expediente, conforme a los procedimientos regulados en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 30. Órganos competentes en el procedimiento sancionador
Será competente para incoar y resolver los expedientes por presuntas infracciones tipificadas en el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, el titular de la Dirección Territorial competente en materia de renta garantizada de ciudadanía.
Artículo 31. Inicio del procedimiento
1. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo del órgano competente para incoar y resolver el expediente, de oficio, previa denuncia o a propuesta de la entidad local o del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, el órgano competente para incoar y resolver el expediente podrá realizar actuaciones previas con objeto de determinar, con carácter preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran.
3. Cuando se inicie a propuesta de la entidad local o del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), deberá remitir al órgano competente para incoar y resolver el expediente un informe de los hechos que den lugar a la posible sanción, junto con los documentos que se consideren convenientes.
4. El acuerdo de inicio tendrá el contenido mínimo siguiente:
d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
5. El acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al presunto infractor. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 32. Medidas de carácter provisional
De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el órgano competente para iniciar el procedimiento o el órgano instructor podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.
Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión temporal de la renta garantizada de ciudadanía o de las actuaciones básicas que se estén realizando. No obstante, si al finalizar el procedimiento no procediera sanción, o la sanción no previera efectos sobre la renta garantizada de ciudadanía, deberá realizarse el pago, con efectos retroactivos, de los meses suspendidos.
Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto.
Artículo 33. Instrucción del procedimiento
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al servicio o unidad administrativa del órgano competente para incoar y resolver el expediente que determine el titular éste.
2. Instruido el procedimiento, el Instructor formulará propuesta de resolución al órgano competente para resolver, en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, se determinará la infracción que aquellos constituyan, la persona o personas que resulten responsables, la sanción a imponer y el pronunciamiento sobre las medidas provisionales que se hubieran adoptado en su caso.
Cuando de la instrucción practicada se derive la inexistencia de infracción o responsabilidad, el Instructor propondrá el desistimiento del procedimiento.
3. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento, concediéndoles un plazo de diez días para el trámite de audiencia, a cuyo término el expediente quedará visto para resolución.
Artículo 34. Resolución del procedimiento
1. La resolución se adoptará por el órgano competente para resolver el procedimiento, en el plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la propuesta de resolución y de todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el expediente sancionador.
La resolución será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
La resolución podrá establecer, en su caso, la obligación de reintegrar las cuantías indebidamente cobradas y, si la sanción consiste en apercibimiento verbal o escrito, que el mismo pueda realizarse por la entidad local.
2. Contra las resoluciones dictadas por el órgano competente para resolver los expedientes sancionadores, imponiendo la sanción o declarando la no existencia de infracción o responsabilidad, podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada ante su superior jerárquico, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del título VII de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Primera. Habilitación a la Conselleria competente
Respetando lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, y en este decreto, se autoriza a la Conselleria competente en la materia para que, mediante Orden reguladora, efectúe las convocatorias de la renta garantizada de ciudadanía, con determinación del procedimiento específico, los modelos de solicitud y otros documentos a utilizar, y establezca, en su caso, la documentación que sea procedente para acreditar los requisitos necesarios.
Segunda. Informe social
El informe social que se recoge en este decreto podrá ser el mismo que se realiza a través del Sistema Informático de Información de los Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). No obstante, para ser válido, deberá recoger los distintos criterios y requisitos que se establecen en este decreto para dicho informe social.
Tercera. Ingresos no computables
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, para el cómputo de los ingresos no se computarán como tales las prestaciones, periódicas o no, concedidas por cualquier entidad, cuyo objeto sea ayudar a sufragar gastos imprescindibles, tales como ayudas de emergencia, becas de comedor, escolares y pensiones alimenticias en caso de separación o divorcio, si se perciben efectivamente por la persona solicitante y este extremo se acredita en el informe social.
Tampoco se incluirán los ingresos que se obtengan por la participación en los programas formativos de los talleres de formación e inserción, empleo público de interés social, escuelas taller, casa de oficio, talleres de empleo y otros de índole similar.
Valencia, 4 de julio de 2008