Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-III/2013/as201330033L.html
Timestamp: 2020-03-30 18:27:10
Document Index: 39162826

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 150', 'artículo 120', 'artículo 163', 'artículo 1503', 'artículo 130', 'artículo 154', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 66', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 163', 'artículo 1503', 'artículo 130', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 273', 'artículo 252', 'artículo 258', 'artículo 252', 'artículo 271', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 258', 'artículo 272', 'artículo 252', 'artículo 42', 'artículo 8']

AUTO SUPREMO Nº 33-2013
AUTO SUPREMO Nº 033/2013
EXPEDIENTE: S.703/2008
PARTES: Patricia Claure Mendizábal y otros c/ Empresa Financiera Acceso S.A. F.F.P.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 231 a 232 y vuelta, interpuesto por Juan Carlos Rios Callejas representante legal de la Financiera Acceso S.A. F.F.P., y el recurso de fojas 238 y vuelta interpuesto por Franklin Navarro Salguero, del Auto de Vista No. 050/2008 SSA-II pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Patricia Claure Mendizábal y otros contra la empresa Financiera Acceso S.A. F.F.P.; los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Jueza de Partido Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 58/2003 de 10 de junio de 2003 (fojas 190 a 196), declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fojas 13 a 15 y vuelta de obrados respecto a los actores Patricia Claure Mendizábal, Francisco Santiago Albarracin Loza, Justa Consuelo Illanes Céspedes y Adolfo Laguna Machicado e IMPROBADA respecto al actor Franklin Navarro Salguero y 2) PROBADA en parte la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada de fojas 96 a 101 de obrados, disponiendo que la Financiera Acceso S.A. F.F.P., a través de su representante legal cancele a los actores de acuerdo al siguiente detalle:
1.- PATRICIA CLAURE MENDIZABAL
Fecha de ingreso: 1 de septiembre de 1995
Fecha de retiro: 3 de abril de 2000
Salario promedio indemnizable: Bs. 4.445,67
3 horas extras por semana de una gestión del
03-04-99 al 03-04-2000: Bs. 5.334,72
2.- FRANCISCO S. ALBARRACIN LOZA
Fecha de ingreso: 6 de Noviembre de 1997
Fecha de retiro: 12 de enero de 2001
Salario promedio indemnizable: Bs. 2.257,50
3 horas extras por semana de una gestión
12-01-2000 al 12-01-2001: Bs. 2.707,02
3.- JUSTA CONSUELO ILLANES CESPEDES
Fecha de ingreso: 6 de julio de 1998
Fecha de retiro: 13 de septiembre de 2001
Salario promedio indemnizable: Bs. 3.675,00
13-09-2000 al 13-09-2001: Bs. 4.410,00
4.- ADOLFO LAGUNA MACHICADO
Fecha de ingreso: 7 de marzo de 1995
Salario promedio indemnizable: Bs. 2.109,00
13-09-2000 al 13-09-2001: Bs. 2.530,80
En grado de apelación, por Auto de Vista Nº 050/08-SSA-II de 3 de marzo de 2008 (fojas 228 y vuelta), la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 058/2003 de 10 de junio de 2003.
Que, dicho fallo motivó los recursos de casación, conforme se sintetiza:
PRIMER RECURSO.-
Acusa que el Auto de Vista recurrido cometió error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, toda vez que en atención a los artículos 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, la empresa asumió la carga de la prueba pero no fue valorada correctamente por los juzgadores de primera instancia, es así que en el caso de:
Patricia Claure por las planillas de pago se demuestran que no percibía sumas de dinero por presuntas horas extras a la jornada ordinaria, añade que la actora no cuenta con una sola prueba que acredite que tenía autorizaciones para realizar horas extras, conforme el artículo 18 del Reglamento Interno de la Financiera Acceso S.A. concordante con la cláusula quinta del contrato de trabajo que firmó la demandante, que constriñe a obtener autorización escrita para la realización de trabajo en horario extraordinario, por lo que en esta instancia deberán valorar las pruebas documentales consistente en el Reglamento Interno, planillas y contrato conforme el artículo 150 de Código Procesal del Trabajo.
Refiere también que violaron el artículo 120 de la Ley General del Trabajo concordante con el artículo 163 del Decreto Reglamentario toda vez que el presunto pago de horas extraordinarias data del año 1999 hasta el año 2000 y con la demanda citaron a la empresa en el mes de abril del 2002, es decir más de dos años desde que se pudo hacer valer su derecho por lo que solicita se observe el artículo 1503 del Código Civil y el artículo 130 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto a Francisco Albarracin Loza, Justa Illanes Cespedes, Adolfo Laguna Machicado manifiesta que también se cometió error de hecho y de derecho, porque los demandantes estaban sujetos al Reglamento Interno de la Financiera Acceso S.A. y del contrato de trabajo, los mismos que establecían que necesariamente deben tener autorización de su supervisor para realizar trabajos en horas extraordinarias y en obrados no cursa ninguna prueba que acredite el trabajo en horas extras y que se debe valorar la prueba conforme determinan los artículos 150 y 66 del Código Procesal del Trabajo y que el Tribunal Supremo de la Nación deberá asignarles al Reglamento Interno, planillas y contrato el valor conforme el artículo 154 del Código Procesal del Trabajo.
Concluye el memorial, solicitando se CASE el Auto de Vista recurrido y declare IMPROBADAS las demandas presentadas.
SEGUNDO RECURSO.-
Arguye que, la Jueza A quo no ha revisado ni valorado detenidamente el cuaderno de antecedentes.
Manifiesta que, trabajó en la entidad financiera desde el 14 de julio de 1997 hasta el 13 de septiembre de 2001, que desde el 14 de julio de 1997 fue empleado de planta y posteriormente hasta el 13 de septiembre de 2001 desempeñó funciones como encargado de recursos humanos enterándose recién que estaba considerado como empleado de confianza.
Agrega que la entidad demandada debe pagarle la suma de Bs.19.080,50 por el tiempo trabajado como empleado de planta.
Concluye su memorial señalando “que previa compulsa de actuados y antecedentes se sirvan casar la sentencia y en su lugar disponer para que la institución demandada me cancele todos mis beneficios sociales que me corresponde y sea con las formalidades de ley.” (sic)
CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos de ambos recursos de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:
Para resolver el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, es menester recordar en principio que:
El error de derecho, doctrinalmente es entendido como una operación racional fallida engañosa del valor o la validez que otorga la ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio.
Conviene aclarar que en materia laboral no tiene mayor incidencia la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino el sistema de persuasión racional con arreglo al artículo 158 del Código Procesal del Trabajo; sin embargo, ello no supone la imposibilidad de incurrirse en error de derecho en la apreciación de la prueba, en la medida que, como se tiene expuesto, se puede incurrir en error de juicio sobre su admisibilidad, pertinencia y eficacia, es decir, se incurrirá en error de derecho en la apreciación de la prueba cuando el Juez admita prueba que, por su naturaleza y para su perfeccionamiento, exige determinada solemnidad, es decir, que debe ser sometida a determinadas formalidades de ley para su validez conforme determina el citado artículo 158 del Ritual Laboral.
Por su parte, el error de hecho constituye una operación racional fallida sobre, el contenido mismo del material probatorio, determinando en el juzgador la obtención de una significación distinta a las que ellas -las pruebas-, en el marco de la lógica, la razón y la experiencia informan; denominado también como juicio de convicción.
Visto desde esa perspectiva el caso conocido en casación, no tiene relación con el error de hecho ni con el error de derecho en cuanto a la prueba aportada.
En relación a la acusación de violación del artículo 150 del Código Procesal del Trabajo; es determinante tener en cuenta que el ordenamiento jurídico protege y tutela el trabajo y al trabajador, en consecuencia la relación de dependencia laboral entre el empleador y el trabajador; en ese entendido la ley establece la aplicación de principios que favorezcan al trabajador, dada la diferencia con el empleador logrando la igualdad jurídica de las partes en litigio; como el principio de la inversión de la prueba, que exime al demandante a probar lo que demanda, pero se debe tener presente que si bien se establece este principio por el carácter protector del derecho laboral, esto no significa que tenga validez absoluta motivo por el cual, el juzgador tiene amplias facultades en cuanto a la producción o apreciación y valoración de la prueba.
Respecto al pago de horas extraordinarias, la Jueza A quo al conceder el pago de las mismas, debido al reconocimiento que realizó la parte demandada, del trabajo en horas extraordinarias realizado por los demandantes señalando que fue por cuenta de los trabajadores, sin demostrar este extremo, actuó en estricto cumplimiento del artículo 150 en concordancia con el artículo 66, ambos del Código Procesal del Trabajo que señala: "En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente." Es decir, que en materia laboral, es facultativo al demandante el aportar pruebas o no, pues en aplicación del principio de inversión de la prueba, debe ser el demandado el que desvirtúe las pretensiones del demandante, disposición que encuentra su fundamento en el principio proteccionista del trabajador, expresado en disposiciones constitucionales y legales, así como en la jurisprudencia constitucional y ordinaria.
No obstante lo señalado en el acápite precedente, la libre apreciación de la prueba y la sana crítica no pueden agotarse en una expresión o en una disposición; sino, que más al contrario, deben considerar el conjunto de elementos que rodean a la relación de trabajo, su naturaleza y características, de modo que se otorgue una efectiva protección al trabajador, pero no en desmedro, o poniendo en desventaja al empleador. En este sentido, si bien el empleador reconoció que los actores desempeñaban funciones fuera del horario establecido, no se demostró la inexistencia de autorización o que el trabajo fuera desarrollado para corregir errores o concluir trabajos o compensar permisos.
En relación a la violación del artículo 120 de la Ley General del Trabajo, respecto a la prescripción de los derechos del trabajador, corresponde precisar que la prescripción liberatoria según Carlos Alberto Etala en su obra Contrato de Trabajo se define como "La extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inacción de su titular durante el lapso señalado por ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al acreedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que dos son los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) El transcurso del término legal preestablecido y, b) La inacción o silencio voluntario, del acreedor durante ese plazo".
La legislación nacional en material laboral, regula este instituto en el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, determinando que "Las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido ellas"; por su parte el artículo 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo establece: "Las acciones y derechos emergentes de la ley que se reglamenta se extinguirán en el término de dos años, a partir de la fecha en que nacieron. En caso de riesgo profesional, el término se computará a partir del día en que ocurrió el accidente o en el que el trabajador abandonó el trabajo, obligado por la enfermedad profesional".
En cuanto a la inobservancia del artículo 1503 del Código Civil y del artículo 130 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, es determinante considerar que en derecho laboral, la prescripción no se interrumpe por las mismas causas que en materia civil. Si bien el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, relacionado a la prescripción de los derechos laborales, dispone que los mismos se extinguen en el término de dos años a partir de la fecha en que nacieron, sin embargo, no es menos evidente que en virtud a la uniforme jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo, ha establecido que por el principio de protección y de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, se interrumpe la prescripción en materia social, por cualquier misiva, nota, dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo o la presentación de la demanda judicial no importando que ésta sea legalmente notificada al empleador, por cuanto se observa para su aplicación el principio proteccionista relacionado con otros principios como ser: el principio pro operario, expresado en la regla de aplicación de la norma más favorable y la regla de condición más beneficiosa; el principio de la irrenunciabilidad de los derechos; el principio de la primacía de la realidad; el principio de la razonabilidad; el de buena fe, entre otros; es decir, que en derecho laboral, la prescripción tiene su interpretación restrictiva, ya que previene la conservación del derecho, la subsistencia del derecho del trabajador y en definitiva, el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas y no a su pérdida por la vía de la prescripción, en ese entendido, los juzgadores de primera instancia consideraron acertadamente que la prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda el 27 de febrero del 2002.
La actora Patricia Claure prestó servicios hasta el 3 de abril del 2000 se puede advertir que la demanda fue interpuesta dentro de término, lo que lleva a la conclusión de que no es evidente la infracción del artículo 120 de la Ley General del Trabajo acusado en el recurso.
Consiguientemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas, corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
Que, la interposición del recurso de casación o nulidad se asimila por doctrina y jurisprudencia a la presentación de una nueva demanda, siendo imprescindible que el recurrente cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil.
En sub-lite, se advierte que el recurso se limita a enunciar la interposición de recurso sin acusar causal de infracción alguna conforme lo exigen los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo, limitándose a mencionar el tiempo que trabajó como funcionario de planta y como encargado de personal, no contiene fundamentación alguna que demuestre el error del Tribunal Ad quem, al extremo que no se sabe cuáles son los agravios inferidos, error que demuestra el desconocimiento del recurrente del instituto de la casación y al recurso de casación propiamente dicho, observándose impericia e insuficiencia de sustento del recurso a tiempo de su interposición, patentizándose su absoluto desconocimiento del ritual procesal cuando solicita; la “que previa compulsa de actuados y antecedentes se sirvan casar la sentencia y en su lugar disponer para que la institución demandada me cancele todos mis beneficios sociales que me corresponde y sea con las formalidades de ley” (sic.), solicitud alejada de las formas de resolución de un recurso de casación, las mismas que son señaladas por el artículo 271 del ya mencionado ritual procedimental, confundiendo al recurso extraordinario de casación con un proceso de primera instancia reservado para los tribunales de mérito y no para este alto Tribunal; debiendo el recurrente advertir de la lectura de los fallos, que tanto el Tribunal de primera instancia como el Tribunal de Alzada, basaron su razonamiento y fundamento, en mérito a las pruebas y evidencias aportadas por las partes.
Resulta necesario precisar que la casación en el fondo debe fundarse en errores (infracciones) "in judicando" en que hubiese incurrido el Tribunal de instancia al emitir su resolución, debiendo identificarse estas infracciones por separado y subsumirlas a las causales insertas en la norma prevista por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, aspectos no fundamentados ni identificados por el recurrente; mientras que para el recurso de casación en la forma, debe fundarse en errores (infracciones) "in procedendo", referidas a la violación de formas esenciales del proceso, por infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas por el Tribunal de instancia, especificadas en el artículo 254 de la misma norma legal, lo que no ocurre en el caso de análisis.
Que, de conformidad con la amplia jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo Liquidador Autos Supremos Nº 17/2012, Nº 35/2012 de 27 de abril del 2012 y Autos Supremos Nº 36/2012 y Nº 65/2012 de 4 de junio del 2012, entre otros, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos descritos por el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; deben fundamentarse de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos casos.
En este sentido, el recurrente se encuentra obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, demostrando en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa.
En el marco legal señalado, el recurso de fojas 238 y vuelta es insuficiente, haciendo inviable su consideración, pues impide a este Tribunal abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el inciso 2) del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, con referencia al recurso de fojas 231 a 232 y vuelta, declara INFUNDADO, e IMPROCEDENTE el recurso de fojas 238 y vuelta, sin costas por ser ambas partes recurrentes.