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Timestamp: 2018-10-22 08:04:39
Document Index: 124325437

Matched Legal Cases: ['artículo 841', 'artículo 520', 'artículo 513', 'artículo 511', 'artículo 340', 'artículo 376', 'artículo 397', 'artículo 494', 'artículo 42', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 277', 'artículo 282', 'artículo 113', 'artículo 9', 'artículo 277', 'artículo 282', 'artículo 113', 'artículo 189', 'artículo 29']

Proceso n.º 36141 corte suprema de justicia sala de casación penal magistrado Ponente: alfredo gómez quintero
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Proceso n.º 36141
Aprobado Acta No. 273
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil once (2011)
Emite la Sala concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano JONNY LUIS DUARTE.
1. Demandada mediante Nota Verbal No. 1346 de junio 6 de 2006 por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Bogotá al de Colombia por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fines de extradición, la captura del ciudadano JONNY LUIS DUARTE para efectos de que comparezca en ese país a juicio por delitos federales de narcóticos, de conformidad con la acusación No. 04-20253 CR-MARTÍNEZ dictada el 23 de abril de 2004 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y realizada aquélla el 16 de enero del año en curso, el Estado requirente por medio de Nota Verbal No. 0603 de marzo 16 de 2011 solicitó formalmente la extradición de JONNY LUIS DUARTE, adjuntando en ese propósito, autenticada y traducida la documentación que sigue:
1.1. Declaración jurada en apoyo a dicha petición rendida el 4 de marzo del cursante año por Andrea G. Hoffman, Fiscal Federal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en la que precisa los hechos materia de acusación, indica el procedimiento del Gran Jurado y sus funciones como parte del poder Judicial de los Estados Unidos, los cargos y las leyes aplicables, da cuenta del estado del proceso adelantado en ese país en contra del ciudadano solicitado y explica el trámite surtido para obtener la documentación anexa como prueba a esta solicitud y su contenido.
1.2. Traducción de las normas que del país solicitante resultan aplicables al caso, esto es, de la Sección 3282 del Título 18, de las Secciones 812, 841, 846 y 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
1.3. Acusación de abril 23 de 2004 proferida en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, a través de la cual se imputa a JONNY LUIS DUARTE la comisión de los siguientes delitos:
“PRIMER CARGO. Desde el o alrededor del 26 de julio de 2003 y continuando hasta el o alrededor del 4 de agosto de 2003 en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el acusado JONNY LUIS DUARTE, a sabiendas e intencionalmente combinó, participó en asociación delictuosa, concertó y acordó con personas conocidas y desconocidas al Gran Jurado, de poseer con intento de distribuir substancia controlada de la Lista I, es decir, un (1) kilogramo o más de una mezcla y substancia conteniendo una cantidad detectable de heroína, en quebrantamiento del artículo 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo en violación de los artículos 846 y 841(b)(1)(A)(i) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos.
“SEGUNDO CARGO. En o alrededor del 31 de julio de 2003, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el acusado JONNY LUIS DUARTE, a sabiendas e intencionalmente distribuyó una substancia controlada de la Lista I, es decir, un (1) kilogramo o más de una mezcla y substancia conteniendo una cantidad detectable de heroína, en violación de los artículos 841(a)(1) y 841(b)(1)(A)(i) del Título 21 del Código de los Estados Unidos”.
1.4. Orden de aprehensión expedida el 23 de abril de 2004 en contra de JONNY LUIS DUARTE por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida.
1.5. Declaración rendida por Thomas W. Highsmith, Agente Especial de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, en la que da cuenta del conocimiento que tiene de la investigación adelantada en contra de JONNY LUIS DUARTE y otros por ser uno de las investigadores principales del caso. Señala los antecedentes de la investigación, afirma estar familiarizado con las pruebas y explica la forma como se obtuvieron y la información que se posee sobre la identificación e individualización del solicitado.
1.6. Tarjeta alfabética de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondiente a la cédula de ciudadanía No. 8.704.000 expedida a nombre de JONNY LUIS DUARTE.
2. Obtenido el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de que, por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano, se envió el asunto a esta Corporación por parte del Ministerio del Interior y de Justicia con oficio del pasado 22 de marzo del año que transcurre para efectos de rendir el concepto que en estos asuntos concierne a la Corte, dado que se “encuentran reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable”.
3. Proveído el requerido del correspondiente defensor y habiendo éste renunciado a términos, se negó a su vez en auto del pasado 29 de junio la práctica de pruebas deprecada por el Ministerio Público.
4. Acto seguido, se cumplió el traslado de alegaciones finales y en representación del Ministerio Público, el Procurador Segundo Delegado sugiere se emita concepto favorable a la extradición solicitada, toda vez que sin que exista óbice alguno en relación con los factores temporales y espaciales porque los delitos imputados fueron cometidos con posterioridad al Acto Legislativo No. 01 de 1997 y en el extranjero, la misma cumple con las exigencias que para éstos efectos demanda la Ley 600 de 2000, esto es, que la documentación aportada es formalmente válida, que se ha identificado a plenitud al requerido, que se cumple con el principio de la doble incriminación y que la acusación del país solicitante es equivalente a la dispuesta en nuestro ordenamiento.
Asimismo sugiere que en el evento en que el concepto de la Corte sea favorable se exhorte al Gobierno para que en caso de conceder la extradición, condicione la entrega a que el requerido no sea juzgado por hechos diversos a los que motivaron dicha solicitud, ni sometido a penas que la Constitución Política prevé como prohibidas.
Bajo el supuesto advertido por el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de que la normatividad que corresponde observar en este asunto por no existir Convenio que le sea aplicable, es la prevista en el Código de Procedimiento Penal, el examen de la solicitud de extradición formulada con el propósito de emitirse el concepto que a su turno concierne a la Sala, ha de sujetarse a las precisas materias a que se restringe el artículo 520 de la Ley 600 de 2000, así:
Validez formal de la documentación presentada.
Aportada por el país requirente a través de la vía diplomática la documentación necesaria y en los términos señalados por el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal, es evidente que -como lo precisa el Ministerio Público- se reúne a satisfacción dicha exigencia.
En efecto, la solicitud de extradición fue elevada por el Gobierno de los Estados Unidos en Nota Verbal No. 0603 del 16 de marzo de 2011 a través de su Embajada en Bogotá y por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando las razones en que se funda y la información necesaria para establecer la identificación de la persona reclamada.
Del mismo modo, al formalizarse el pedido de extradición el país solicitante adjuntó copia auténtica y traducida de la acusación proferida el 23 de abril de 2004 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en el caso No. 04-20253 CR-MARTÍNEZ mediante la cual se acusa a JONNY LUIS DUARTE de asociarse para poseer con la intención de distribuir uno o más kilogramos de heroína en los Estados Unidos, así como de distribuir la misma sustancia y en igual cantidad en dicho territorio, precisándose las circunstancias en que el solicitado intervino en su comisión.
Sobre la identidad del ciudadano requerido, las Notas Verbales originadas en el país solicitante especificaron datos tales como su fecha de nacimiento y documento de identidad, los cuales, aunados al aporte de su tarjeta alfabética permitieron determinar a aquél sin duda alguna.
De igual forma se anexó la trascripción de las disposiciones aplicables al caso, cuyo contenido, alcance e interpretación aparecen explicados por funcionarios de la Fiscalía de los Estados Unidos, quienes además precisaron su vigencia excluyendo la concurrencia del fenómeno de la prescripción de acuerdo con las leyes de ese país.
Tales documentos contienen los respectivos sellos de autenticidad y la firma del Secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Sur de Florida, mientras que Thomas C. Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, certificó sobre el contenido de las declaraciones rendidas por Andrea G. Hoffman y Thomas W. Highsmith, señalando que copias fieles de ellas reposan en los archivos del Departamento de Justicia en Washington D.C..
A su vez, su firma aparece atestada por Eric H. Holder Jr., Procurador de los Estados Unidos, quien expresa haber autorizado estampar el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que de su rúbrica diera fe el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, lo cual, evidentemente así se hizo.
Todo lo anterior fue ratificado por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary R. Clinton, quien por su parte ordenó imprimir el sello del Departamento de Estado y que Patrick O. Hatchet, Auxiliar de Autenticaciones suscribiera su nombre, siendo verificada la autenticidad de su firma ante Libia Mosquera Viveros, cónsul de Colombia en Washington D.C., respecto de quien el Ministerio de Relaciones Exteriores avaló su cargo y funciones, mientras que la Oficina de Legalizaciones del citado Ministerio imprimió su visto bueno.
En consecuencia, verificadas tales condiciones, se satisface el requisito de la validez formal de la documentación presentada por el país solicitante, siendo por ello idónea para efectos del trámite de extradición acá surtido.
2. Plena identidad de la persona solicitada.
Se cumple igualmente esta exigencia ya que, como se anotó, en las Notas Verbales remitidas por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada se aportaron todos los datos que permitieron establecer y verificar por parte de las autoridades colombianas la plena identidad de JONNY LUIS DUARTE, como que se trata de un ciudadano colombiano, nacido en La Dorada(Caldas), el 27 de noviembre de 1957 y portador de la cédula de ciudadanía No. 8.704.000, la misma con la que se identificó al momento de su aprehensión y proveer su defensa, identificación que además se corroboró por las autoridades que efectuaron la aprehensión quienes acompañaron reseña fotográfica del capturado.
Según términos del artículo 511.1 de la Ley 600 de 2000, para que pueda ofrecerse o concederse la extradición, es requisito que “el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”, lo cual implica cotejar los hechos en que se fundamenta el pedido extranjero con la legislación interna y así constatar si aquéllos encuentran adecuación típica en cualquiera de los delitos definidos por la ley nacional sin importar la denominación que se les asigne. Asimismo, corresponde confirmar si los punibles imputados tienen señalada pena privativa de la libertad cuyo mínimo exceda de los cuatro años.
En este asunto, los cargos por los cuales se pretende enjuiciar al requerido se sustentan fácticamente en que JONNY LUIS DUARTE “voló a Miami desde Colombia el 26 de julio de 2003 y se hospedó en el Courtyard Marriot en Aventura, Florida, donde él entregó tres kilogramos de heroína a Juan Manuel Villa el 31 de julio de 2003. De acuerdo con los registros telefónicos del hotel, Duarte hizo una serie de llamadas telefónicas desde su habitación entre el 28 de julio y el 31 de julio a los teléfonos utilizados por Villa y su cómplice, Joseph Motisi, para coordinar la entrega de la heroína. Villa y Motisi fueron arrestados el 4 de agosto de 2003, luego de vender un kilogramo de heroína a un agente encubierto de la DEA. Agentes de la DEA después descubrieron dos kilogramos adicionales de heroína en un apartamento pequeño que Villa había tomado en arriendo a Motisi. Estos tres kilogramos de heroína incautados por agentes de la DEA eran los tres kilogramos que Duarte entregó a Villa con anterioridad en dicha semana”.
Estos hechos, conforme a la legislación de los Estados Unidos tipifican los delitos imputados a JONNY LUIS DUARTE en los cargos formulados en la acusación que se le profiriera en el Tribunal de Distrito Sur de Florida como concierto para poseer con intención de distribuir heroína y distribución de la misma sustancia.
Los actos de asociación delictiva allí imputados están definidos en la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos como “el que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo”, valga decir el relacionado en la Sección 841 referido precisamente a la posesión con intenciones de distribuir una sustancia controlada de la Lista I, esto es, heroína así como a la distribución de dicha sustancia y que se describe como: “será ilegal que cualquier persona con conocimiento de causa e intencionadamente fabrique, distribuya o dispense, o posea con intenciones de distribuir o dispensar, una substancia controlada …”
Por consiguiente, la situación fáctica que motiva la acusación dictada en contra de JONNY LUIS DUARTE implica la concertación o acuerdo de voluntades entre varios sujetos, en este caso, para cometer delitos de narcotráfico así como la comisión propiamente dicha de este ilícito, hechos que en nuestra legislación interna aparecen descritos y penados en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 (modificado por los artículos 8º y 19 de las leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006, respectivamente) a la luz del cual se comete el delito de concierto para delinquir “cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos…” sancionándose con prisión que oscila entre 3 y 6 años, o entre 8 y 18 años cuando la finalidad del concierto sea la de cometer, entre otros ilícitos, los de narcotráfico.
Connota también ese supuesto fáctico el comportamiento de poseer y distribuir sustancias controladas, que por sí mismos se hallan sancionados en el ordenamiento patrio con pena privativa de libertad cuyo mínimo supera los 4 años de prisión según el artículo 376 del Código Penal, luego es claro que en este asunto las conductas que se le imputan a JONNY LUIS DUARTE, en tanto concierto para cometer delitos de narcotráfico y tráfico de estupefacientes están sancionadas en Colombia con un mínimo punitivo que excede dicho límite.
En este orden de ideas, queda claro que se cumple el requisito referido a la doble incriminación, pues, como se examinó, los hechos que motivan la solicitud se encuentran tipificados como delitos en la legislación nacional y tienen, además, señalada pena de prisión cuyo mínimo no es inferior a 4 años.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
Ninguna discusión ofrece en este asunto lo relativo a la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución acusatoria regulada en el derecho interno, pues, como lo tiene dicho de manera reiterada la Sala, a pesar de que se trata de sistemas procesales diferentes, el auto de procesamiento o acusación dictado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos satisface esta condición, como quiera que contiene una narración de la conducta investigada y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la especifican, se basa en las pruebas allegadas a la investigación y tal pieza constituye el punto de partida de la etapa del juicio, en donde el acusado puede controvertir las evidencias y los cargos que pesan en su contra, luego de lo cual se profiere el fallo de mérito.
La acusación dictada por los órganos judiciales de los Estados Unidos contra Duarte contiene así los requisitos de la resolución acusatoria previstos en el artículo 397 de la Ley 600 de 2000, pues en aquélla se consignan las circunstancias espacio temporales en que se ejecutó la conducta ilícita objeto de imputación, su descripción típica y las normas sustanciales aplicables al caso, para a partir de allí darse comienzo al juicio.
5. Verificado el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la Corte debe fundar su concepto y conforme lo solicita el Ministerio Público, la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición del ciudadano JONNY LUIS DUARTE por los hechos relativos al concierto para cometer delitos de narcotráfico en las modalidades ya precisadas y narcotráfico propiamente dicho.
Ahora bien, en caso de que el Gobierno Nacional acoja este concepto, le atañe, si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997 o diversos de los que motivan la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, o a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, y si la legislación del Estado requirente castiga con la muerte el injusto que motiva la extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden a lo contemplado en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.
Adicionalmente la Corte condicionará el concepto que ahora rinde a que el Presidente de la República en ejercicio de sus deberes constitucionales y de la función de dirigir las relaciones internacionales, disponga lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos antes referidos y a que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de libertad por virtud de este trámite.
El Gobierno Nacional debe, además, condicionar la entrega de JONNY LUIS DUARTE a que se le respeten -como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
A la par, el gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que la solicitada en extradición pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
Esto en cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacional colombiano entregado en extradición, por cuanto es misión del Estado, por medio del ámbito de competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten las mencionadas condiciones (artículo 9 y 226 de la Carta). Así, en primer orden, a través del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes oficinas consulares, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem), de lo cual, además, habrá de darse informes periódicos a la Corte, en virtud del principio de colaboración armónica entre los diferentes Poderes Públicos (artículo 113 de la Carta), con el fin de que todos los estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna.
Por consiguiente, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano JONNY LUIS DUARTE para que responda por los cargos que le fueron formulados a través de la acusación No. 04-20253 CR-MARTÍNEZ dictada el 23 de abril de 2004 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
En caso de acoger el presente concepto, se le advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de imponer las condiciones que estime convenientes, además de aquellas relativas a la prohibición de juzgar al requerido en extradición por hechos anteriores diversos a los que motivaron esta solicitud o al 17 de diciembre de 1997 y a que no se le haga objeto de penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, comoquiera que conforme a las normas sustantivas de ese país, de ser condenado, aquella podría enfrentar hasta la cadena perpetua, lo cual riñe con los preceptos constitucionales patrios, a que se haga un seguimiento detallado sobre el cumplimiento de las mismas y se informe al Estado requirente sobre la privación de libertad a que por razón de este asunto ha sido sometido el pedido en extradición.
Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor y al Ministerio Público, debiéndose hacer lo propio con la Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.
Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de ley,
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO E. SOCHA SALAMANCA
Al emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JONNY LUIS DUARTE, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos, la Sala, sobre la preservación de sus derechos fundamentales, manifiesta:
“Esto en cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacional colombiano entregado en extradición, por cuanto es misión del Estado, por medio del ámbito de competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten las mencionadas condiciones (artículo 9 y 226 de la Carta). Así, en primer orden, a través del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes oficinas consulares, con apoyo de la procuraduría General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem), de lo cual, además, habrá de darse informes periódicos a la Corte, en virtud del principio de colaboración armónica entre los diferentes poderes públicos (artículo 113 de la Carta), con el fin de que todos los estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio que les permita sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna.1”(Subrayas propias)
Comparto la decisión en punto del concepto favorable a la solicitud de entrega; sin embargo, considero necesario resaltar que no corresponde a la Corte efectuar seguimiento a las actividades desplegadas por las autoridades foráneas en torno al cumplimiento de los condicionamientos realizados por el Presidente de la República al país requirente al momento de conceder la extradición.
En efecto, en relación con los condicionamientos al Estado solicitante, la labor de la Corporación se circunscribe a indicar al Gobierno Nacional los derechos fundamentales que deben ser garantizados por la autoridad foránea respecto a la persona entregada en extradición. A modo de ejemplo, que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, por estar proscritos en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.
En ese contexto, advierto cómo la Sala excede su competencia reglada al asumir la tarea de supervisar el cumplimiento de las exigencias señaladas por el Gobierno Nacional a las autoridades foráneas, en tanto dicha labor no le compete por estar asignada al órgano ejecutivo del poder público.
Ello en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, por cuanto es el Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, quien debe realizar el respectivo seguimiento a las condiciones expresadas al conceder la extradición y determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.
Esta ha sido la postura asumida de tiempo atrás por la Corporación, sin que se observe razón para modificarla y menos aún para señalar que los informes periódicos solicitados en la providencia objeto de esta aclaración, permitirían a la Sala y demás estamentos con injerencia en el tema “sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna”, cuando lo cierto es que el trámite de extradición, como mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra el delito, debe adelantarse conforme a los precisos criterios fijados en la Constitución y en la ley, sin ser viable suspenderlo por razones de “conveniencia”, como se sugiere en el aparte trascrito.
Obviamente, conforme a las previsiones de los artículos 509 y 510 de la Ley 600 de 2000 y 491 y 492 de la Ley 906 de 2004, la concesión de la extradición es facultativa del gobierno nacional; sin embargo, se requiere el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, de lo cual se colige cómo el trámite de extradición en sus fases administrativa y judicial es obligatorio, de forma que sólo el Presidente de la República podría fundar su decisión en razones de “conveniencia”.
El punto de vista expuesto tiene fundamento en el principio de legalidad, aplicable también al trámite de extradición, como integrante del debido proceso reconocido expresamente en el artículo 29 de la Carta Política y en virtud del cual las competencias para desarrollar las diferentes etapas del trámite de extradición y del manejo de las relaciones internacionales del país se encuentra debidamente asignadas por normas del orden constitucional y legal.
En los anteriores términos dejo sentada mi aclaración de voto.
1 Ver folio 19 del concepto.