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Timestamp: 2019-01-23 21:04:19
Document Index: 30337027

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 49', 'artículo 262', 'artículo 540', 'artículo 35', 'artículo 540', 'artículo 34']

Actualidad Normativa N.º 22 (2018) - Lexology
Actualidad Normativa Coordinadora: Rosana Hallett Of counsel de GA_P N .º 222018 2 © Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2018. Todos los derechos reservados. Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. Diseño y maquetación: José Á. Rodríguez y Ángela Brea • Edición y corrección: Cristina Sierra de Grado Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 Sumario I. Medio ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 II. Agroalimentario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 III. Tributos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 IV. Contabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 V. Mercantil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 VI. Inmobilario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VII. Laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 VIII. Propiedad intelectual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 IX. Tecnologías de la información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 X. Energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 XI. Sector ferroviario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 XII. Telecomunicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 3 I. Medio ambiente En esta materia consideramos de interés las siguientes nuevas normas: 1. El Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. El desarrollo de nuevos productos fertilizantes, el establecimiento de tipos genéricos para prever la heterogeneidad de especies con eficacia fertilizante, la preservación de la confidencialidad de los procesos industriales y el incremento del dinamismo de la investigación son los motivos por los que ha sido necesario revisar y modificar el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 2. El Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos de Cataluña. El texto revisa, con base en los nuevos avances tecnoló- gicos, los procedimientos de clasificación, codificación y gestión de residuos, y determina los que deben considerarse peligrosos. Paralelamente, prevé la confección de una guía técnica que detallará las operaciones de gestión admitidas para cada residuo. 3. La Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. El objeto de esta orden es modificar el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, en el que se identifican las actividades potencialmente contaminantes del suelo. Adicionalmente, se añaden algunas actividades nuevas al listado y se introducen elementos para agilizar la tramitación administrativa de las obligaciones de información en materia de suelos contaminados. 4. La Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2 mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad en el plazo de uno y dos años, respectivamente, desde la entrada en vigor de la presente orden. Ignacio Álvarez Serrano y Paloma Tuñón Matienzo Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 4 II. Agroalimentario Destacamos aquí el Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. Esta norma incorpora a nuestro ordenamiento las novedades introducidas por el Reglamento Delegado (UE) 2017/1155, de la Comisión, de 15 de febrero del 2017. Cabe destacar, en particular, los cambios que afectan a los pagos para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y, específicamente, a los siguientes extremos: 1) la diversificación de cultivos; 2) los requisitos que deben cumplir las superficies de interés ecológico (SIE) y 3) la información que los Estados miembros deben transmitir a la Comisión Europea en relación con estos pagos. Asimismo, se incluyen algunas novedades en el Real Decreto 1075/2014: 1) se aclara, para ciertos supuestos, el concepto de ’actividad agraria’; 2) se añade una nueva situación de riesgo, a los efectos de controlar si la superficie declarada se dedica efectivamente a una actividad agraria, y 3) se establece la no admisibilidad de las parcelas que están declaradas en barbecho desde hace más de cinco años (por el elevado riesgo de abandono). José Luis Palma Fernández y Yago Fernández Darna III. Tributos Se han aprobado las siguientes normas de relevancia en el ámbito tributario: 1. Resulta destacable la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero del 2014. Mediante esta ley, se incluyen las siguientes medidas de carácter fiscal: 1) se aclara la naturaleza jurídica de las tarifas abonadas por los usuarios por la utilización de obras y la recepción de servicios tanto en los supuestos de gestión directa como en los casos de gestión indirecta: son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario; 2) se aclara la no sujeción al impuesto sobre el valor añadido de determinadas operaciones efectuadas por entes públicos, así como el concepto de ‘subvención vinculada a precio’ a los efectos de su inclusión en la base imponible del impuesto; 3) se reconoce la obligación de actualizar la lista de países y territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, y 4) se alcanza el compromiso de modificar al artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, relativo a la información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas, respecto de la información país por país que determinadas entidades Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 5 han de suministrar cuando el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea superior a los 750 millones de euros. 2. Igualmente, reseñamos la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, mediante la cual se introducen dos medidas respecto del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el método de estimación directa: 1) se determina la deducibilidad de los gastos de suministro en aquellos casos en los que el empresario afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de su actividad económica; 2) se establece la deducibilidad de los gastos de manutención del contribuyente en los que incurra en el desarrollo de la actividad económica siempre que se produzcan en establecimientos de restauración u hostelería y se abonen utilizando un medio electrónico de pago, operando los límites establecidos para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores. 3. En el territorio histórico de Gipuzkoa, la Orden Foral 467/2017, de 7 de noviembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del impuesto sobre el valor añadido a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 4. En el territorio histórico de Bizkaia, destaca el Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 3/2017, de 20 de junio, por el que se modifica la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 5. En la Comunidad Foral de Navarra, el Decreto Foral 91/2017, de 4 de octubre, para el impulso de los medios electrónicos en la gestión del impuesto sobre el valor añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril; el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario; el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el cual establece en su artículo primero la modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido; regula, entre otras cosas, un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del impuesto sobre el valor añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra. 6. En el ámbito internacional, por su importancia, destacamos el Acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio de informes país por país, hecho en París el 27 de enero del 2016. Este acuerdo nace de la acción 13 del Plan de Acción OCDE‑G20 contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) y obliga a las empresas multinacionales a presentar anualmente un informe que contenga información relacionada con Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 6 a) la distribución global de sus rentas; b) impuestos pagados, y c) determinados indicadores relativos a la ubicación de la actividad económica desarrollada en las distintas jurisdicciones en las que opere la empresa. 7. Por último, en el ámbito europeo, destacamos la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre del 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, que pretende establecer un sistema, en el marco de la Unión, que garantice la resolución de los litigios relacionados con la interpretación y aplicación de los convenios fiscales para evitar la doble imposición o del Convenio de Arbitraje de la Unión Europea. Esta directiva se encuentra en vigor desde el 3 de noviembre del 2017 y resultará de aplicación a las reclamaciones presentadas a partir del 1 de julio del 2019 relativas a cuestiones litigiosas sobre rentas o patrimonios obtenidos en ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Sin embargo, los Estados podrán acordar su aplicación desde una fecha anterior. Mariana Díaz-Moro Paraja y Enrique Santos Fresco IV. Contabilidad En esta área debemos tomar en consideración las cuatro siguientes normas: 1. En el ámbito comunitario, los Reglamentos (UE) 2017/1989 y 2017/1990, de 6 de noviembre, de la Comisión, que modifican el Reglamento (CE) núm. 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las normas internacionales de contabilidad 12 y 7, respectivamente. En el primero, se aclara la forma de contabilizar los activos por impuestos diferidos relacionados con instrumentos de deuda valorados por su valor razonable. Mientras, la relativa a la Norma Internacional de Contabilidad 7 añade matices a la información referida a los cambios en los pasivos derivados de actividades de financiación. 2. Asimismo, hay que destacar los Reglamentos (UE) núm. 2017/1988, de 3 de noviembre, y núm. 2017/1986, de 31 de octubre, de la Comisión, que modifican el Reglamento (CE) núm. 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las normas internacionales de información financiera 4 y 16, respectivamente. El primero permite que las entidades que desarrollen predominantemente actividades de seguros puedan aplazar la fecha de vigencia de la Norma Internacional de Información Financiera 9 hasta el 1 de enero del 2021, de modo que estas entidades puedan Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 7 continuar informando con arreglo a la norma vigente, esto es, la Norma Internacional de Contabilidad 39. La segunda modificación —relativa a la Norma Internacional de Información Financiera 16— supone diversas modificaciones en la interpretación y aplicación de las normas internacionales de información financiera y de las normas internacionales de contabilidad. Mariana Díaz-Moro Paraja y Enrique Santos Fresco V. Mercantil En materia de derecho mercantil, destaca el Real Decreto Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, del 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Transpone en nuestro ordenamiento la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre del 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos e información sobre diversidad por parte de las sociedades anónimas cotizadas. Las nuevas obligaciones de divulgación de información no financiera se aplican a las sociedades (o grupo de sociedades), incluidas las sociedades de capital, consideradas «entidades de interés público» por la legislación de auditoría de cuentas cuyo número medio de trabajadores (de la sociedad, o, en su caso, del conjunto de sociedades que integran el grupo) sea superior a quinientos y que, a su vez, sean consideradas «grandes empresas». El real decreto ley añade los nuevos apartados 6, 7 y 8 al artículo 49 del Código de Comercio y da nueva redacción al apartado 5 del artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital. Agrega además un nuevo apartado 6 que regula el contenido del estado de la información no financiera que debe incluirse, respectivamente, en el informe de gestión de las cuentas anuales consolidadas e individuales, o bien en un informe separado, correspondiente al mismo ejercicio, con el mismo contenido y sometido a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión. El estado de la información no financiera debe incluir una breve descripción del modelo de negocio de la entidad (o del grupo) y de las políticas aplicadas y su impacto en cuestiones medioambientales y sociales, así como sobre el personal, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno; procedimientos y medidas para la identificación y evaluación de riesgos y de verificación y control; los resultados de esas políticas y los principales riesgos vinculados a esas Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 8 cuestiones junto con indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta. La información deberá basarse en marcos normativos nacionales, de la Unión Europea o internacionales reconocidos, debiendo especificarse en qué marcos se ha basado. En España podrá utilizarse el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), que está adaptado a nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, el real decreto ley modifica la redacción del subapartado 6.º del artículo 540.4c de la Ley de Sociedades de Capital añadiendo la obligación de las sociedades cotizadas de incluir en el informe anual de gobierno corporativo una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo de administración que comprenda cuestiones como la formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y el género. Asimismo, el real decreto ley modifica el artículo 35 de la Ley de Auditoría de Cuentas indicando que, respecto al estado de la información no financiera, el auditor deberá comprobar únicamente que dicho estado se encuentre en el informe de gestión o, en su caso, que se haya incorporado en éste la referencia correspondiente al informe separado y, con relación al informe anual de gobierno corporativo, el auditor deberá comprobar que consta en él la información contenida en el artículo 540.4 de la Ley de Sociedades de Capital . En caso de que no fuera así, se indicará en el informe de auditoría. Inés Fontes Migallón y José María Álvarez Arjona VI. Inmobilario El Ejecutivo aprobó en noviembre del 2017 el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo es reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar la transparencia. Entre otras novedades, se prevé la obligación del prestamista en la fase precontractual de entregar al cliente, con una antelación mínima de siete días respecto de la firma del contrato, documentación detallada sobre la oferta vinculante para la entidad, la existencia de cláusulas potencialmente sensibles, los escenarios de evolución de cuotas en función de previsiones, los tipos de interés y también los seguros asociados. Además, durante esos siete días previos a la firma del contrato, el notario asesorará de forma gratuita al consumidor y verificará mediante acta que éste ha recibido y comprende las consecuencias jurídicas y económicas del contrato que va a firmar. Por otra parte, se prohíben con carácter general las denominadas ventas vinculadas, es decir, aquellas que obligan al consumidor a aceptar una serie de productos financieros como condición para obtener la hipoteca. Asimismo, con el nuevo proyecto, para que se pueda iniciar la Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 9 ejecución de un préstamo hipotecario, es necesario que durante la primera mitad de la vida de éste se hayan producido nueve impagos mensuales o del 2 % del capital concedido. Una vez que se apruebe el proyecto, analizaremos con más detalle las novedades que se deben tener en cuenta. Marina Martínez Plaza VII. Laboral En el ámbito laboral también se han aprobado normas que merecen especial atención: 1. La ya mencionada Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, ha introducido una esperada (y urgente) reforma en el trabajo autónomo, siguiendo con el interés manifestado por el Gobierno por fomentar, promover y mejorar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia. Se trata de una norma compleja que modifica numerosas leyes vigentes y en la que destacan dos bloques normativos por su interés. Por una parte, las mejoras relacionadas con la Seguridad Social, en las que se mezclan medidas ya adoptadas recientemente con otras de nueva creación, y, por otro lado, algunas novedades en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. En cuanto a las medidas de la Seguridad Social, se introducen, ordenan e implementan las siguientes: a) extensión de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia; b) cotización en supuestos de pluriactividad de trabajadores autónomos; c) mejoras en la cotización de los trabajadores autónomos; d) bonificación por la contratación de familiares del trabajador autónomo; e) encuadramiento de hijos menores de treinta años y mayores con discapacidad; f) bonificaciones por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos; g) modificaciones en torno a las altas y bajas en el régimen, mediante la modificación del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social; h) modificación sobre las reglas de cotización y liquidación, mediante la modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación; i) modificación en materia de recaudación, mediante la reforma del Reglamento general de recaudación; j) equiparación a efectos de contingencias derivadas de accidente de trabajo in itinere, y k) compatibilidad del trabajo por cuenta propia con la jubilación. Por lo que se refiere a las medidas de conciliación de la vida laboral y personal, la reforma integra algunas ya existentes e introduce nuevas ventajas. Así, se establece: a) bonificación Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 10 por cuidado de menores y familiares; b) bonificación durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural; c) bonificación de las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos, y d) base reguladora de las prestaciones económicas por maternidad y paternidad. Además de lo indicado, introduce importantes medidas en relación con los derechos colectivos del trabajador autónomo y aclara las medidas fiscales que se han de aplicar. 2. Junto con esta importante reforma, destacan asimismo dos normas más en este periodo. En primer lugar, el Real Decreto Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Podrán beneficiarse de este programa las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo que, dentro del periodo comprendido entre el día 16 de agosto del 2017 y el 30 de abril del 2018, ambos inclusive, hayan agotado o agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la ley General de la Sguridad Social, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, debiendo dichas personas cumplir en el momento de la solicitud, además, los requisitos explicitados en la norma. La financiación de esta ayuda se efectuará con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, para lo cual se habilitarán los créditos que sean necesarios. Conviene precisar que, en virtud de la disposición adicional primera de esta norma, hasta el 31 de diciembre del 2018 se aplicará una reducción del 20 % en las cotizaciones devengadas por la contratación de personas que presten servicios en el hogar familiar. 3. Finalmente, la Resolución de 9 de octubre del 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. Recoge, como cada año, la relación de fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las que tienen el carácter de nacional, no sustituibles por las comunidades autónomas, y aquellas en las que las comunidades pueden optar entre celebrarlas en su territorio o sustituirlas por otras que, por tradición, les sean propias. Lourdes López Cumbre VIII. Propiedad intelectual En esta materia destacamos que el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, obliga a las partes contratantes a que establezcan excepciones o limitaciones a Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 11 los derechos de autor y derechos afines para la producción y difusión de ejemplares en formatos accesibles de determinadas obras y otras prestaciones protegidas, así como para el intercambio transfronterizo de dichos ejemplares. Precisamente por ello la Unión Europea tenía que introducir en su regulación una excepción imperativa y armonizada para los usos, las obras y los beneficiarios recogidos en ese tratado. Eso se ha hecho en la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre del 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Asimismo, se ha aprobado el Reglamento (UE) núm. 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre del 2017, sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Ángel García Vidal IX. Tecnologías de la información En relación con este ámbito, la Unión Europea se viene preocupando de luchar contra los contenidos ilegales en internet. En ese contexto, el 28 de septiembre la Comisión Europea presentó el documento «Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‑ Tackling Illegal Content Online Towards an enhanced responsibility of online platforms [COM(2017) 555 final]». En síntesis, en este documento se insiste en lo siguiente: — En la necesidad de una rápida detección y notificación de los contenidos ilícitos. Para ello se indica que las plataformas en línea deben cooperar más estrechamente con las autoridades nacionales competentes. También se anima a las plataformas a que inviertan en tecnologías de detección automática y a colaborar con los llamados alertadores fiables: entidades especializadas en determinar cuándo un contenido es ilícito. — En la eliminación rápida y efectiva de los contenidos. A este respecto se anuncia que la Comisión fijará plazos más adelante y también se alerta de que las empresas de internet deben también introducir garantías que eviten el riesgo de eliminación abusiva. Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 12 — En la adopción de medidas para evitar que se reintroduzcan los contenidos eliminados, instando la Comisión a que se desarrollen e instalen herramientas automáticas que impidan la reaparición de contenidos eliminados anteriormente. Ángel García Vidal X. Energía En el sector energético, las novedades más significativas son las siguientes: 1. El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, desarrollado por la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, y complementado por la Resolución de 15 de noviembre del 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. Según la nueva normativa, son los consumidores vulnerables quienes podrán beneficiarse del bono social. Se definen tres tipos de consumidores vulnerables en función del tipo de renta o de otras circunstancias independientes del nivel de renta: consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo y consumidor (vulnerable severo) en riesgo de exclusión social. El descuento es del 25 % sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor para los consumidores vulnerables y del 40 % para los consumidores vulnerables de grado severo, pero el bono social no se aplicará a la totalidad de la energía consumida, sino sólo hasta el límite fijado reglamentariamente. El resto será facturado al precio voluntario para el pequeño consumidor. Además, el reglamento regula el procedimiento de interrupción del suministro de energía eléctrica —aplicable con carácter imperativo tanto a los suministros en el mercado regulado como a los suministros en el mercado libre— a personas físicas en su vivienda habitual con potencia contratada igual o inferior a 10 kilovatios. 2. La Resolución de 11 de octubre del 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018. 3. La Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2017, se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 13 a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 4. La Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 14 de noviembre del 2017, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre del 2017, por el que se determina la obligación de presentar ofertas de compra y venta a los operadores dominantes en el sector del gas natural. Para garantizar la liquidez del mercado de gas, el Gobierno obliga a los comercializadores de gas natural que tengan la calificación de operadores dominantes a presentar ofertas de compra y venta en el mercado organizado de gas (MIBGAS) por un volumen determinado y a unos precios determinados. La Resolución de 11 de diciembre del 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen las condiciones para la prestación del servicio de creador de mercado obligatorio por parte de los operadores dominantes del mercado de gas natural; establece la metodología para la presentación de dichas ofertas por parte de los operadores dominantes obligados a ello. Ana I. Mendoza Losana XI. Sector ferroviario En el sector ferroviario son de especial relevancia estas normas: 1. El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión, de 22 de noviembre del 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos; detalla el procedimiento y los criterios que deben seguirse para facilitar a las empresas ferroviarias (o a otro tipo de empresas en función de la normativa de cada Estado) el acceso a los servicios prestados en las instalaciones de servicios recogidas en los puntos 2, 3 y 4 del anexo II de la Directiva 2012/34/UE. 2. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado la Resolución del 20 de septiembre del 2017 por la que se aprueban los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación con la prueba de objetivo principal de un nuevo servicio de transporte internacional de viajeros. Esta resolución establece los criterios para diferenciar entre transporte nacional (no liberalizado aún) e internacional (liberalizado). Ana I. Mendoza Losana Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Actualidad Normativa N .º 22 | 2018 14 XII. Telecomunicaciones Debemos al menos reseñar: 1. La Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 2. La Resolución de 31 de octubre del 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece y publica la relación de operadores que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, tienen la consideración de principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. Ana I. Mendoza Losana