Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6554
Timestamp: 2017-11-21 00:41:18
Document Index: 329863287

Matched Legal Cases: ['Artículo 337', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 748', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 95', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 9133', 'artículo 91', 'artículo 221', 'artículo 218', 'artículo 42', 'artículo 25', 'artículo 83', 'artículo 33', 'artículo 218']

Sentencia C-1287 de 2001 Corte Constitucional
SENTENCIA C-1287 DE 2001
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Improcedencia por continuación de producción de efectos jurídicos en derogación de norma
PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION- Alcance/PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION- Asuntos objeto de aplicación
DIGNIDAD HUMANA EN EL PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION- Protección
ANTINOMIA DE LA VOLUNTAD Y LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION- Protección
FAMILIA EN EL PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION- Protección
ADOPCION PLENA- Conservación/ADOPCION- Parentesco civil
IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS- Procreación natural, con asistencia científica o adoptados
ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Diferencias jurídicas con fundamento en el origen familiar/ANTINOMIA CONSTITUCIONAL EN EL PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION- Parientes adoptivos y biológicos
ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Análisis en la doctrina jurídica
ORDENAMIENTO JURIDICO EN ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Connotación
ORDENAMIENTO JURIDICO- Connotación de sistema
ANTINOMIA- Significado
ANTINOMIA- Criterios tradicionales de solución
VALOR, PRINCIPIO Y REGLA CONSTITUCIONAL- Distinción según la filosofía jurídica contemporánea
VALOR CONSTITUCIONAL- Contenido esencial en la doctrina/VALOR CONSTITUCIONAL- Objeto
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL- Objeto
VALOR Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL -Distinción
REGLA CONSTITUCIONAL- Significado
REGLA Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL- Distinción
VALOR Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL- Ponderación en caso de conflicto/CONSTITUCION POLITICA- Métodos de interpretación para la coherencia interna práctica
VALOR Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL- Reconocimiento en nuestra Constitución/VALOR Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL- Referente hermenéutico
Es clara la existencia de normas que reconocen valores y de normas de principios dentro de nuestra Constitución, cuya ubicación inicial dentro de su texto y la forma abierta de su redacción, no dejan duda acerca de su papel como referente hermenéutico, que determina el sentido en que deben ser interpretadas todas las demás normas del texto superior y del ordenamiento jurídico en general, en cuanto señalan, con diverso grado de concreción, los fines esenciales por los que propende el Estado.
DERECHO A LA IGUALDAD- Fundamental
IGUALDAD- Carácter de valor, principio y derecho fundamental
DERECHO A LA IGUALDAD- Alcance/IGUALDAD- Valor y principio constitucional
FAMILIA DE ADOPCION- Igualdad sobre la constituida por matrimonio y unión libre/IGUALDAD ENTRE LAS FAMILIAS
CONSTITUCION POLITICA- Lectura integral de disposiciones
REGLA CONSTITUCIONAL- Colisión con otra
PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION EN HIJO ADOPTIVO- Restricción
ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Armonización/ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Ponderación
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL- Armonización por colisión con otro
PRINCIPIO Y NORMA CONSTITUCIONAL- Armonización
PRINCIPIO DE NO INCRIMINACION EN FAMILIA DE ADOPCION- Extensión de la excepción
ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Integración sistemática de normas
Ver arts. 267 y 337, Ley 600 de 2000
conformada por los magistrados Doctores Alfredo Beltrán Sierra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Uprimny Yepes, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido la presente sentencia de acuerdo con los siguientes
"Artículo 337. Reglas para la recepción de la indagatoria. La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a informar al sindicado el derecho que le asiste de guardar silencio y la prohibición de derivar de tal comportamiento indicios en su contra; que es voluntaria y libre de todo apremio; no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera permanente; le informará la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente y el derecho que tiene a nombrar un defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo, se le designará de oficio. Pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo.
Adicionalmente, tratándose de normas que han perdido vigencia durante el trámite de la acción pública de inexequibilidad, como sucede en este caso1, la jurisprudencia ha estimado que la Corte, en aplicación del principio de la "perpetuatio jurisdictionis" acogido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cuando ejercía el control de constitucionalidad de las leyes2, y adoptado igualmente por esta Corporación3, no debe inhibirse para fallar de fondo.
En efecto, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, "al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano."4
Ahora bien, a pesar de que la redacción el artículo 33 de la Carta pareciera dar a entender que la garantía que contiene resulta aplicable a cualquier tipo de declaraciones en juicio, la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en la interpretación histórica de la norma, y en otros argumentos complementarios, ha precisado que su alcance se restringe a las declaraciones que deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. En efecto, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 202 y 203 del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), referentes al interrogatorio y careo de las partes por decreto oficioso del juez y al interrogatorio a instancia de parte, respectivamente, dentro del proceso civil, la Corte, en la Sentencia C-426 de 19975, descartó el cargo de inconstitucionalidad esgrimido en contra de dichas normas por desconocimiento del artículo 33 de la Constitución, considerando que esta disposición superior no resultaba aplicable a tal procedimiento. En sustento de esta conclusión formuló las siguientes consideraciones:
"¿ y ninguno será admitido ni obligado en juramento, ni contra sí mismo, en causa criminal; ni tampoco lo serán recíprocamente entre sí los ascendientes y descendientes, y los parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad".
En la misma Sentencia antes transcrita, esta Corporación recordó como la h. Corte Suprema de Justicia, habiéndose presentado durante la vigencia de la Constitución anterior una demanda contra el artículo 748 del Decreto 624 de 1989, examinó esa norma a la luz del artículo 33 de la Constitución ya vigente al momento de dictarse la sentencia, y determinó que la garantía constitucional sólo regía en asuntos criminales, correccionales o de policía.6 Además llevó a cabo consideraciones fundadas en principio de la buena fe (C.P art. 83) y en su aplicación dentro del procedimiento civil, que la llevaron igualmente a afirmar que la garantía de no incriminación a que se refiere el artículo 33 de la Carta, opera únicamente en materia penal, correccional y de policía.7
4. Como antes se dijo, el texto de esta norma superior, constituye una excepción al deber de declarar, deber que emana de la obligación general de colaborar con la justicia a que se refiere el numeral séptimo del artículo 95 de la Constitución.8 Como toda norma exceptiva, es de interpretación restringida, por lo cual debe entenderse que sólo se está eximido de declarar en los casos taxativamente enumerados por la disposición, es decir contra uno mismo o contra el "cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil."
A juicio de Bobbio, "un ordenamiento jurídico constituye un sistema porque en él no pueden coexistir normas incompatibles. Aquí, "sistema" equivale a validez del principio que excluye la incompatibilidad de las normas. Si en un ordenamiento existieren dos normas incompatibles, una de las dos, o ambas, deben ser eliminadas. Si esto es verdad, quiere decir que las normas de un ordenamiento tienen cierta relación entre sí, y que esta relación es un relación de compatibilidad, que implica la exclusión de la incompatibilidad."....en este sentido, no todas las normas producidas por las fuentes autorizadas serían normas válidas, sino sólo aquellas que fuesen compatibles con las demás"9
En virtud del anterior postulado, Bobbio afirma que "el derecho no admite antinomias", entendiendo por antinomia, propiamente hablando, aquella situación en la que se dan dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen a un mismo ordenamiento y tienen un mismo ámbito de valide10. Para resolver las antinomias acude entonces a ciertos criterios tradicionales, entre los cuales menciona el cronológic11, el jerárquico12 y el de especialidad13. Sostiene enseguida, que tratándose de normas del mismo nivel, es decir del mismo rango en la escala normativa y contemporáneas, es decir que ninguna es posterior a la otra, con igual grado de generalidad, debe admitirse que ambas tienen igual validez, en el sentido de que ambas están validamente incorporadas al sistema; Empero, las dos no pueden ser contemporáneamente eficaces, es decir, no pueden ser aplicadas simultáneamente. En este caso, y sólo en este, la coherencia no sería condición de validez, mas si de eficacia14. Bobbio llama a este tipo de antinomias, antinomias insolubles15.
6. Por fuera de la perspectiva de esta analítica jurídica de corte positivista, otros sectores de la doctrina jurídica contemporánea hacen un análisis descriptivo del ordenamiento distinguiendo en él la presencia de distintos tipos de normas. Así por ejemplo, Dworkin, dentro del clásico debate que sostuvo con Hart, expuso que el ordenamiento jurídico no se agota en estándares que funcionan como reglas, sino que en él es posible encontrar otros que operan como "principios, directrices políticas y otros tipos de pautas"16, a los cuales llamó genéricamente "principios." Estos tipos de estándares jurídicos, o bien proponen objetivos que han de ser alcanzados, o bien contienen exigencias de justicia, equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.17
La diferencia entre principios y reglas es para Dworkin un diferencia lógica. Las reglas son aplicables "a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula una regla están dados, entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión."18 En cambio los principios no "establecen consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente cuando se satisfacen las condiciones previstas"19, puesto que ellos sólo enuncian razones pero no exigen decisiones particulares.
En lo que concierne a la noción de valores constitucionales, es posible apreciar un acuerdo en cuanto al contenido esencial de dicha noción en los autores que abordan el tema. En primer lugar la doctrina coincide en considerar que las normas que reconocen valores son de naturaleza abstracta e inconcreta; para algunos son normas que orientan la producción e interpretación de las demás normas, y que en tal condición fijan criterios de contenido para otras normas; para otros, las normas que reconocen valores al igual que las que consagran principios, determinan el contenido de otras normas, y aquéllas sólo se diferencian de éstas por su menor eficacia directa, aplicándose estrictamente en el momento de la interpretación. Lo cierto es que en todas las anteriores formulaciones subyace la idea de que las normas que reconocen valores condicionan las demás normas, y tienen un contenido abstracto y abierto, es decir, están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento.20
1.1.2. Frente a las disposiciones que reconocen valores, las que consagran los principios también serían normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción y por lo tanto de eficacia, alcanzando por sí mismos proyección normativa. Así, finalmente la distinción entre principios y valores, sería una diferencia de grado de abstracción y de apertura normativa. Las normas que reconocen valores serían normas más abstractas y abiertas que las que consagran principios. Éstas, por ser más precisas, tendrían proyección normativa, es decir aplicabilidad concreta o eficacia.21
1.1.4. En lo que concierne a las reglas, tales serían las disposiciones jurídicas en las que se "define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues, derechamente construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social"22 Es decir, virtud de esta estructura lógica, las reglas operan como silogismos.
2. Sobre la distinción entre reglas y principios, Alexy señala que "las reglas son normas que, cuando se cumple el tipo de hecho, ordenan una consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se cumplen determinadas condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo definitivamente o autorizan definitivamente hacer algo. Por lo tanto pueden ser llamadas "mandatos definitivos". Su forma de aplicación característica es la subsunción. En cambio, los principios son mandatos de optimización. En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizados en diferente grado y que la medida de su realización depende no solo de las posibilidades fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a más de por las reglas, por los principios opuestos. Esto significa que los principios dependen de y requieren ponderación. La ponderación es la forma característica de la aplicación de principios".23 (Destaca la Corte)
4. Por su parte, para este mismo autor, la diferencia entre valores y principios viene dada porque los primeros tienen un carácter axiológico al paso que los segundos lo tienen deontológico. En tal medida, los principios entendidos como conceptos deontológicos, expresan un deber ser y se manifiestan bajo la forma de mandatos, prohibiciones, permisiones o derechos. Los valores, como conceptos axiológicos expresan en sí mismos algo bueno. Por ello afirma que "lo que en el modelo de los valores es prima facie lo mejor es, en el modelo de los principios, prima facie lo debido; y lo que en el modelo de los valores es definitivamente lo mejor es, en el modelo de los principios, definitivamente lo debido". 24
5.1.1.7. La Constitución Política no es exclusivamente un catálogo de reglas jurídicas en el sentido explicado. Ella obedece a una axiología claramente definida especialmente en su Preámbulo, en donde se reconocen explícitamente como valores fundamentales la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, la democracia, la unidad nacional, la participación, etc. Además, la Constitución incluye un título que bajo el epígrafe "Principios Fundamentales" enuncia cuales son las bases de la organización política, los fines esenciales del Estado, la misión de las autoridades constituidas, el concepto de soberanía que determina el ejercicio del poder, la primacía de los derechos inalienables de las personas, etc. De otro lado trae un catálogo no taxativo de derechos fundamentales, normas que por su carácter deontológico deben ser entendidas también como expresiones de principios fundamentales.
Es clara pues la existencia de normas que reconocen valores y de normas de principios dentro de nuestra Constitución, cuya ubicación inicial dentro de su texto y la forma abierta de su redacción, no dejan duda a cerca de su papel como referente hermenéutico, que determina el sentido en que deben ser interpretadas todas las demás normas del texto superior y del ordenamiento jurídico en general, en cuanto señalan, con diverso grado de concreción, los fines esenciales por los que propende el Estado. Esta realidad ha sido admitida sin ambages por la jurisprudencia25, que en lo que concierne a la fuerza normativa de las disposiciones superiores que consagran valores o principios, ha dicho lo siguiente:
"Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico26 pueden tener consagración explícita o no; lo importante es que sobre ellos se construya el fundamento y la finalidad de la organización política.
Pero la igualdad no solamente se erige en la Constitución como un derecho fundamental, y por lo tanto como un principio, sino que es también un valor superior. Desde el mismo preámbulo, la Carta enuncia que ella se promulga con el fin, entre otros, "de fortalecer la igualdad"; y más adelante, el artículo 5° refuerza el carácter de principio que tiene la igualdad, cuando establece como tal el de la no discriminación en la primacía de los derechos inalienables de la persona.27 Dicha disposición, ubicada en el Título de los "Principios Fundamentales", a continuación del "Preámbulo", literalmente expresa lo siguiente:
"El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona..."
"en los principios se aprobó un derecho a la igualdad que fue considerado, según tengo entendido, en la Comisión Codificadora, y no se tuvo en cuenta el que había elaborado la Comisión Primera como derecho. Entonces, en ese sentido, el doctor Carlos Lleras de la Fuente pide que este artículo que presentamos en este momento no sea tenido en cuenta porque ya figura en los principios. La Comisión Accidental estudió este planteamiento, del delegatario Lleras, y llegó a la conclusión de que es un derecho sumamente importante y es la manera como va a recibir la protección del recurso de tutela. O sea que se decidirá si queda en principio y en derechos, pero la comisión solicita que quede en derechos..." 28
Aceptada como principio y como valor, la igualdad no sólo exige que las leyes sean aplicadas a todos los casos que caen bajo sus supuestos de hecho, (igualdad ante la ley en sentido estricto), sino que implica también que la igualdad debe estar presente en la formulación del derecho29. Esto hace que, dirigida al legislador, la igualdad le imponga no establecer diferenciaciones arbitrarias. Estas son aquellas en las cuales no existe una razón de rango constitucional para establecer la diferencia de trato. El mismo artículo 13 superior enuncia algunos de los criterios de diferenciación que pueden considerarse arbitrarios, cuando dice que todas las personas "gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica," enumeración de motivos discriminatorios fundados en cualidades humanas inmutables como el sexo o la raza, o en otras razones históricas de discriminación, como la religión o la particular postura política o religiosa .
"Siendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y deberes."30
Visto entonces que la igualdad, como principio y como valor constitucional prohibe establecer diferencias legales de trato fundadas en motivos arbitrarios, y que el artículo 43 superior concreta en una regla la prohibición de discriminación por el origen familiar, no obstante lo cual el artículo 33 superior lo hace en relación con la aplicación del principio de no incriminación de familiares, pasa la Corte a realizar el examen de constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
5.1.7. En el presente caso, la Corte aprecia una colisión entre dos reglas constitucionales. De un lado está la contenida en el artículo 33 superior, el cual, aunque está ubicado dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, se estructura como una típica regla de derecho, y no como un valor o principio. Su tenor literal indica que "(n)adie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil." Como puede verse, la disposición contempla: i) un supuesto de hecho ser pariente en los grados de consanguinidad, afinidad o parentesco civil que se mencionan, y haber sido requerido por la autoridad judicial para declarar en contra de tales parientes-, y ii) una consecuencia jurídica que es la imposibilidad en que están las autoridades de obligar a declarar en tales circunstancias. En tal virtud responde exactamente a la definición doctrinaria de regla, que tiene por tal a aquella disposición que "define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues, derechamente construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social"31
Frente a esta regla está la del inciso 4° del artículo 42 de la Carta, según el cual, "los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes". Regla esta que también contempla un supuesto de hecho - la presencia de hijos de cualquier categoría de las enunciadas y una consecuencia jurídica cual es la titularidad de los mismos derechos en cabeza de ellos.
11. No es la primera vez que la Corte armoniza distintos principios constitucionales implicados en la aplicación de las normas jurídicas. Así lo hizo, por ejemplo, en la Sentencia C-225 de 199532 cuando ponderó el principio de obediencia debida de los militares a que se refiere el inciso segundo del artículo 9133 de la Constitución, con los principios también superiores de dignidad e integridad de la persona humana. En esa ocasión se expresó de la siguiente manera:
"Estas consideraciones muestran que no se puede interpretar el artículo sobre la obediencia militar debida (CP art. 91) en forma aislada, sino que es necesario determinar su sentido de manera sistemática. Es pues necesario poner en relación este principio con los otros principios, derechos y deberes consagrados por la Carta, y en particular se requiere armonizar su alcance con las obligaciones mínimas impuestas a las partes en conflicto por el derecho internacional humanitario con el fin de proteger, en todo momento, la dignidad y la integridad de la persona humana, puesto que la obediencia militar no puede ser ciega frente a órdenes claramente contrarias a estos valores. Ya esta Corporación había señalado que la fuerza irradiadora de los derechos fundamentales, "por el lugar prioritario que ocupan en el orden político, económico y social justo, limita entre otros, el alcance del artículo 91 de la Constitución"34.
"Ante casos como éste la Corte debe dar aplicación al denominado "principio de armonización"35, para lograr mediante una interpretación sistemática hacer congruentes los distintos preceptos constitucionales que regulan el asunto materia de debate, teniendo en cuenta que, aún ante la incongruencia anotada, la Corporación no puede desconocer el contenido del artículo 221 Superior, disposición que no resulta irreconciliable con la contenida en el artículo 218 ibidem que consagra el carácter civil de la Policía Nacional.
De otro lado, cabe aclarar al demandante que la teoría alemana de las "antinomias constitucionales"36, que considera la posibilidad de que existan normas constitucionales inconstitucionales, no tiene cabida en este proceso, pues ella se funda en la jerarquía entre disposiciones constitucionales (v.g. supremacía de normas dogmáticas sobre normas orgánicas), y está destinada a aplicarse sólo en aquellos casos extremos en los que la contradicción normativa impide al intérprete aplicar el principio general de armonización."37
ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Armonización por aplicador de la ley (Salvamento parcial de voto)
NORMA CONSTITUCIONAL- Incompetencia para determinar interpretaciones ajustadas o no a la Constitución (Salvamento parcial de voto)
NORMA CONSTITUCIONAL- Reproducción por norma legal/NORMA CONSTITUCIONAL- No señalamiento de exequibilidad (Salvamento parcial de voto)
NORMA CONSTITUCIONAL- No existencia de interpretaciones que la contradigan (Salvamento parcial de voto)
ANTINOMIA CONSTITUCIONAL- Resolución por el aplicador de la norma frente al caso concreto (Salvamento parcial de voto)
3. Al afirmar que en la aplicación de las normas legales demandadas "se deberá hacer una integración de las mismas con lo previsto en el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política", la Corte confundió el problema de la constitucionalidad de las normas con el de su aplicabilidad.
Aquí no se trata de que una norma sea verdadera y la otra falsa, pues no se aplican las reglas de la lógica formal. Como lo afirma Kelsen, "un conflicto entre normas no es una contradicción lógica ni ninguna otra cosa que pueda compararse con ésta." Citando a Arthur Drew, agrega que "el principio de no contradicción expresa una relación entre dos juicios. (...) De dos juicios de los cuales uno afirma aquello que el otro niega, uno de los dos debe ser falso." Y concluye que "el principio de no contradicción sólo es aplicable a la relación entre juicios, no a la relación entre normas".38
1. La presente demanda fue presentada el 15 de mayo de 2001, antes de la pérdida de vigencia del decreto 2700 de 1991, cosa que ocurrió el 24 de julio siguiente.
2. Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia No. 15 de marzo 3 de 1987 y sentencia No. 71 de mayo 31 de 1990, entre otras.
3. Cf. Sentencia C-541 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara.
4. Sentencia SU-062 de 1999. M.P Vladimiro Naranjo Mesa
5. M.P Jorge Arango Mejía.
6. Cf. Sentencia 129 de octubre 17 de 1991, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. En esta sentencia la Corte Suprema de Justicia hace un pormenorizado examen de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, que la llevan a afirmar lo siguiente: "Las publicaciones reseñadas no le permiten a la Corte concluir que hubiese en el Constituyente el ánimo de modificar el texto del antiguo artículo 25 y dejar abierta la posibilidad de aplicar la prohibición de declarar a asuntos distintos." (Se refiere a asuntos distintos de los penales, correccionales y de policía.)
7. Sobre el particular la Sentencia en comento hizo , entre otras las siguientes consideraciones: "Pues bien: sería un contrasentido sostener que a pesar de que el artículo 83 de la Constitución impone a todos la obligación de actuar de buena fe, alguien se escudara en el artículo 33, para basar la estrategia de su defensa en el ocultamiento de la verdad. Quien actúa de buena fe en un proceso civil, ¿cómo podría negarse a responder preguntas relativas a la cuestión controvertida, preguntas que se suponen encaminadas a establecer la verdad?
8.Quien omite declarar la comisión de un delito ajeno, estando obligado a ello, puede incurrir en uno de los delitos que contempla el Título XVI del Nuevo Código Penal Ley 599 de 2000-, cuales son los de omisión de denuncia de particular, falso testimonio o encubrimiento.
9. Bobbio, Norberto. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO. Ed. Temis, Santa Fe de Bogotá, 1994, pág. 183.
10. Se refiere a ámbitos de validez temporal, espacial, personal y material, es decir a que las normas se apliquen en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a las mismas personas y regulen la misma materia.
11. La norma posterior prevalece sobre la anterior.
12. La norma superior prevalece sobre la inferior
13.La norma especial prevalece sobre la general
15. En este tipo de antinomias, Bobbio sugiere que el interprete tiene la posibilidad de eliminar una de las normas, eliminar las dos, o conservar las dos, acudiendo principalmente al principio de favorabilidad.
17. Cf. Ibídem
18. Dworkin, Ronald. LOS DERECHOS EN SERIO. Ed. Arial, S.A. Barcelona 1995, pág. 75
20. Cf. Parejo Alfonso, Luciano. CONSTITUCIÓN Y VALORES DEL ORDENAMIENTO. Artículo incluido en ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO GARCÍA DE ENTRERRÍA. Tomo I págs 122 y siguientes. Ed. Civitas, Madrid 1991. En este artículo, el autor analiza las posiciones doctrinales de Eduardo García de Entrerría, Gregorio Peces Barba, A. Pérez Luño, M. Aragón, L. Prieto Sanchiz, y Ronald Dworkin.
21. Cf. Ibídem
22. Parejo Alfonso, Luciano. CONSTITUCIÓN Y VALORES DEL ORDENAMIENTO. Artículo incluido en ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO GARCÍA DE ENTRERRÍA. Tomo I págs 123
23. Alexy, Robert. EL CONCEPTO Y LA VALIDEZ DEL DERECHO. Editorial Gedisa, S.A. Barcelona 1994. pág 75
24. Alexy, Robert. TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,1997.
25. Sobre la naturaleza jurídica de los valores y principios constitucionales, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-406 de 1992, C-546 de 1992, T- 079 de 1995, C- 445 de 1999, C-690 de 1996 y C-126 de 1998
26. R. Dworkin, Questioni di principio; Il Saggiatore, Milano 1985, p. 5 y ss
27. Sobre el sentido de la prohibición de discriminación, la Corte ha hecho ver que dicho principio "es identificado con el perfil negativo de la igualdad, puesto que, ante todo, se destaca su carácter eminentemente prohibitivo de tratos injustificados;" Sentencia C-410 de 1994, M.P Carlos Gaviria Díaz.
28. María Mercedes Carranza Coronado, Plenaria Primer Debate, 14 de junio de 1991. Tomado de Cepeda E. Manuel José. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991. Ed. Temis, Bogotá 1997.
29. Cf. Alexi, Robert. . TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,1997.
30. Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria. Gaceta Constitucional No. 85. Pág. 5.
31. Parejo Alfonso, Luciano. CONSTITUCIÓN Y VALORES DEL ORDENAMIENTO. Artículo incluido en ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO GARCÍA DE ENTRERRÍA. Tomo I págs 123
32. M.P. Alejandro Martínez Caballeo
33. "ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.
34. Sentencia T-439/92. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
35. Cf. Klaus Stern, Derecho del Estado de la República Federal Alemana. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1987. p. 291-192: "Una norma constitucional no debe ser interpretada de forma aislada; la constitución constituye una unidad...Las normas constitucionales están en una relación de tensión recíproca, tienen que ser ¿armonizadas¿, ser puestas en concordancia la una con la otra...De la unidad de la constitución se deduce la tarea de optimización o armonización de las normas constitucionales..."
36. La teoría es defendida en la actualidad especialmente por Peter Häberle. Una exposición sucinta de su contenido se encuentra en Klaus Stern, op. cit. p. 293.
37. Sentencia C-444 de 1995. M.P Carlos Gaviria Díaz. En esta Sentencia la Corte examinó unas disposiciones de los Decretos 041 de 1994 y 2550 de 1988 que extendían el fuero penal militar a los miembros de la Policía Nacional, normas que habían sido acusadas de contrariar la naturaleza civil que la Constitución le reconocía a esa institución en el artículo 218.
38. KELSEN, Hans. Teoría General de las Normas. Editorial