Source: http://derechointernacionalcr.blogspot.mx/2014/01/
Timestamp: 2018-05-21 05:14:41
Document Index: 217983854

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3']

Derecho Internacional Público. Costa Rica: enero 2014
PERÚ CHILE: DECISIÓN DE LA CIJ EN DISPUTA MARÍTIMA / ICJ DECISION BETWEEN PERU AND CHILE / DÉCISION DE LA CIJ ENTRE LE PÉROU ET LE CHILI
Este 27 de enero, se dio lectura a la esperada sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la demanda interpuesta por Perú contra Chile en enero del año 2008 (ver texto en inglés y en francés).
Línea establecida por la CIJ el 27 de enero del 2014 para delimutar los espacios marítimos entre Perú y Chile, a solicitud de Perú.
Pese al nerviosismo detectado semanas atrás entre estos dos Estados andinos (ver nota), la línea de delimitación establecida por la CIJ intenta satisfacer a ambos Estados: reportamos al lector al juego de mapas al final del resumen del fallo disponible aquí, indicando que el último mapa refiere a la línea finalmente establecida por la CIJ que hemos reproducido. A pesar del carácter poco extenso de la decisión (69 páginas en total en cada uno de los dos idiomas), lo cual denota el carácter relativamente sencillo desde el punto de vista jurídico de la controversia en discusión, el fallo viene acompañado de una larga lista de opiniones disidentes, aclaraciones, votos adjuntos de varios jueces: algunos son de carácter individual, otros son firmados de manera colectiva por varios de los integrantes de la CIJ. Todo ello evdiencia el poco consenso interno, y exhibe así de manera estrepitosamente ruidosa (y algo inoportuna en nuestra modesta opinión) el debate interno del órgano colegial. Esta falta de acuerdo puede explicar que la CIJ se haya tomado más de un año para proceder al "délibéré", que usualmente es de 4 a 6 meses después de concluidas las audiencias orales: ello convierte esta decisión entre Perú y Chile en una de las más largas en dictaminarse en toda la historia de la CIJ (Nota 1).
Como lo indicamos en un artículo reciente sobre este caso, "No existen criterios claros para explicar la variabilidad del plazo de tiempo que se auto otorga la CIJ, el cual empieza a correr a partir del final de las audiencias orales y culmina con la lectura del fallo de la CIJ. Podemos inferir que este plazo depende en alguna medida del grado de dificultad del fallo a elaborar, del nivel de acuerdo (o de desacuerdo) imperante entre los miembros del Comité de Redacción de la decisión; así como de la capacidad de este Comité de Redacción de recoger las opiniones de los 15 jueces de la CIJ (cuyo número aumenta a 17 en caso de ser designados 2 jueces ad hoc por cada una de las partes como es lo usual). Puede también influir la capacidad del Presidente de la CIJ en ejercicio de lograr (o no) un consenso mínimo con sus demás 14 o 16 homólogos. La carga de trabajo que pueda tener la misma CIJ también deber ser tomada en consideración.Por ejemplo, la regla de los 6 meses para elaborar, discutir y acordar una versión definitiva del fallo se dio para el fallo del 19 de noviembre del 2012 entre Nicaragua y Colombia (último día de audiencias el 4 de mayo del 2012), el fallo del 20 de abril del 2010 entre Argentina y Uruguay (último día de audiencias el 1 de octubre del 2009), el fallo entre Nicaragua y Honduras del 8 de octubre del 2007 (último día de audiencias el 23 de marzo del 2007). En algunos casos, con un nivel de complejidad mucho mayor, este plazo se extendió como en el caso del fallo de la CIJ entre Honduras y El Salvador del 11 de septiembre de 1992 (últimas audiencias celebradas el 14 de junio de 1991) o el fallo del 27 de junio de 1986 entre Nicaragua y Estados Unidos (último día de audiencias celebrado el 20 de septiembre de 1985). Al contrario, y por razones poco claras, la Corte puede decidir adelantar abruptamente su decisión, como ocurrió en el caso del fallo del 13 de julio del 2009 entre Costa Rica y Nicaragua (audiencias últimas celebradas el 12 de marzo del 2009): esta decisión ha sido calificada por un especialista como el profesor Philippe Weckel (Francia) como “una de las peores decisiones jamás redactada por la CIJ” (Nota 3)".
El disenso interno exhibido de esta manera por los jueces de la CIJ en el fallo entre Perú y Chile puede también evidenciar la capacidad de convencimiento de los jueces ad hoc escogidos por cada uno de los Estados; o bien la falta de liderazgo (y de persuasión) del Presidente de la CIJ para lograr un consenso entre sus pares. O bien una combinación de ambas cosas. Según se lee en la parte final de la decisión pronunciada en La Haya ante los representantes de Perú y de Chile, son 12 (de los 17 magistrados) los que se han sentido obligados en dar a conocer sus apreciaciones personales. Se lee en el último párrafo de la decisión de la CIJ que "Los jueces TOMKA, presidente, y SEPÚLVEDA-AMOR, vice-presidente, adjuntan sus declaraciones con el fallo; el juez OWADA adjunta la exposición de su opinión individual; el juez juge SKOTNIKOV adjunta una declaración al fallo; la jueza XUE, los jueces GAJA y BHANDARI así como el juez ad hoc ORREGO VICUÑA adjuntan la exposición de su opinión disidente colectiva; la jueza DONOGHUE y el juez GAJA adjuntan sus declaraciones al fallo; la jueza SEBUTINDE afjunta al fallo su opinión disidente; el juez ad hoc GUILLAUME adjunta una declaración al fallo; el juez ad hoc ORREGO VICUÑA adjunta al fallo la exposición de su opinión individual en parte concordante y en parte disidente".
Recordemos que para este caso, Perú designó como juez ad hoc al jurista francés Gilbert GUILLAUME, ex juez y Presidente de la CIJ, mientras que Chile designó al jurista chileno Francisco ORREGO VICUÑA (Nota 2). Ya habíamos en alguna oportunidad explicado el extremo cuidado que deben de tener los Estados a la hora de escoger a un juez ad hoc (ver artículo) y, en una nota más extensa analizado la inusual práctica de Costa Rica sobre este preciso aspecto procesal en sus litigios llevados ante la CIJ contra Nicaragua.
Nota 1: Según el Presidente de la CIJ Mohammed Bedjaoui, el fallo más largo en elaborarse fue el que la CIJ dictaminó entre Nicaragua y EEUU en 1986: véase BEDJAOUI M., "La "fabrication" des arrêts de la Cour Internationales de Justice", Mélanges Michel Virally, Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, Pedone, 1991, pp. 86-107, p. 105. Este fallo entre Nicaragua y Estados Unidos (edición en ambos idiomas y opiniones adjuntas y disidentes adjuntas) consta en total de más de 1100 páginas.
Nota 2: Sobre la práctica (y la ética) de los jueces ad hoc de la CIJ, remitimos al análisis de Nicolas Valticos: VALTICOS N, "La pratique et l´éthique d´un juge ad hoc a la Cour Internationale de Justice", Liber amicorum Judge Shigeru Oda, disponible aqui: en este análisis, el ilustre jurista griego, con la agudeza y la fineza que siempre lo caracterizaron, desmenuza de manera muy sutil los factores que influyen en las inclinaciones que pueda tener un juez ad hoc hacia los demás integrantes de la CIJ durante el "délibéré", hacia el Estado que lo designó y hacia sus propias convicciones.
Líne established by ICJ between Peru and Chile in its decision of January 27, 2014.
Today ICJ has made public its decision between Peru and Chile (request filed by Peru in January 2008) (see text in English and in French).It is probably the longuest "délibéré" of ICJ in its whole history, if we take into consideration that oral pleadings took place in The Hague in December 2012 (Note 1)
The line drawn by ICJ seems to intent to give partially satisfaction to both States. However, we read a the end of the decision that many judges have decided to join their personnal views, an extremely inusual fact (12 judges from 17 did so). This "collection of opinions" (some of them are individual, others collective) can be considered as a lack of consensus among the judges, a lack of leadership and persuasion of ICJ current President (or something in between) and can also explain the very long time (more than 12 months) taken by ICJ to elaborate a decision of 69 pages only (English version printed): "President TOMKA and Vice-President SEPÚLVEDA-AMOR append declarations to the Judgment of the Court; Judge OWADA appends a separate opinion to the Judgment of the Court; Judge SKOTNIKOV appends a declaration to the Judgment of the Court; Judges XUE, GAJA, BHANDARI and Judge ad hoc ORREGO VICUÑA append a joint dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judges DONOGHUE and GAJA append declarations to the Judgment of the Court; Judge SEBUTINDE appends a dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judge ad hoc GUILLAUME appends a declaration to the Judgment of the Court; Judge ad hoc ORREGO VICUÑA appends a separate, partly concurring and partly dissenting, opinion to the Judgment of the Court" (Note 2)
Note 1: According to former ICJ President Mohammed Bedjaoui, the longuest délibéré was the Nicaragua/USA historical case and decision of June 27, 1986: See BEDJAOUI M., "La "fabrication" des arrêts de la Cour Internationales de Justice", Mélanges Michel Virally, Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, Pedone, 1991, pp. 86-107, p. 105. This decision once edited in both official languages, including dissent and individual opinions, takes more than 1100 pages.
Note 2: On judge ad hoc practice (and ethics) at ICJ, we refer to Nicolas Valticos´s analysis: VALTICOS N, "La pratique et l´éthique d´un juge ad hoc a la Cour Internationale de Justice", Liber amicorum Judge Shigeru Oda, available here: Valticos shows in this extremely usefull article the different factors that can influence judge ad hoc´s mind during the délibéré "inter pares" at ICJ.
Ligne établie par la CIJ le 27 janvier 2014 entre le Pérou et le Chili.
La Cour Internationale de Justcie (CIJ) a rendu son verdict, fort attendu du reste, entre le Pérou et le Chili ce Lundi 27 janvier. Sollicitée par le Pérou en janvier 2008, il doit s´agir du délibéré le plus long de l´histoire de la CIJ: 13 mois exactement si l´on considère que la "fabrication" des arrêts de la CIJ - pour faire usage de l´expression du Président Mohammed Bedjaoui (Note 1) - commence dès la fin des plaidoiries orales, qui se sont tenues début décembre 2012 dans cette affaire. Dans son article, le juge Bedjaoui indiquait que le délibéré le plus long de toute l´histoire de la CIJ fut celui de l´arrêt sur le fond rendu entre le Nicaragua et les Etats-Unis du 27 juin 1986, long de plus de 1100 pages dans l´édition bilingue officielle (Note 2). Chiliens et péruviens auront attendu davantage.
La ligne retenue par la CIJ essaye de faire la part des choses (et des arguments) entre les deux Etats: ni ligne équidistante ni direction générale de la frontière terrestre mais un savant mélange qui donnera sûrement lieu à bien des commentaires de la part de la doctrine et des spécialistes. S´agissant d´une décision de 69 pages seulement (édition dans une seule des langues officielles de la CIJ), on se trouve en présence d´une décision qui au premier abord ne semble pas soulever de difficulté majeure au plan juridique. On est alors en droit de se demander ce qui a bien pu mener la CIJ à prendre autant de temps pour se décider sur des choses aussi simples en apparence. La myriade d´opinions individuelles, dissidentes, certaines écrites à titre individuel, d´autres collectif, semble indiquer que le consensus n´a pas été vraiment de mise dans les débats internes: sur 17 juges, 12 se sont senti presque obligés de faire connaitre leurs appréciations personnelles sur la décision finalmente adoptée. Cet aspect des choses peut indiquer un Président peu enclin à parvenir avec ses collegues à un accord de base, ou bien alors, une capacité inusitée des juges ad hoc en vue de persuader les juges titulaires du bien fondé de leur position. Exhiber de cette facon le désaccord interne n´aide malheureusement pas toujours la CIJ à asseoir son autorité, s´agissant notamment de questions de délimitation toujours délicates. On lit en effet à la fin de la décision de la CIJ que: " MM. les juges TOMKA, président, et SEPÚLVEDA-AMOR, vice-président, joignent des déclarations à l’arrêt ; M. le juge OWADA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge SKOTNIKOV joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge XUE, MM. les juges GAJA et BHANDARI ainsi que M. le juge ad hoc ORREGO VICUÑA joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune ; Mme la juge DONOGHUE et M. le juge GAJA joignent des déclarations à l’arrêt ; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge ad hoc GUILLAUME joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc ORREGO VICUÑA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle en partie concordante et en partie dissidente".
On rapellera que pour cette affaire le Pérou avait désigné comme juge ad hoc l´ancien juge et Président francais de la CIJ, Gilbert GUILLAUME, tandis que le Chili avait désigné le juriste chilien Franciso ORREGO VICUÑA. Sur la pratique (et l´éthique) des juges ad hoc à la CIJ, la plume fine et pénétrante du grand juriste grec Nicolas Valticos permet d´éclairer le lecteur sur les avatars, les joies, et les débats intimes de tout ordre d´un juge ad hoc lors de son séjour à La Haye (Note 3). Dans un modeste article récemment publié, nous avions eu l´occasion de faire part du grand soin que doivent avoir les Etats lors de la désignation de leur juge ad hoc (voir article en espagnol).
Note 2:Ibidem, p. 105
La presente nota fue publicada el 27/01/2014 en Cambiopolitico.
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CORTE IDH. CASO DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DESPLAZADAS DE LA CUENCA DEL RIO CACARICA (OPERACIÓN GÉNESIS) VS. COLOMBIA, SENTENCIA DEL 20//11/2013
Víctimas y familiares de víctimas presentes durante la audiencia realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Foto del servicio de prensa de la CorteIDH (ver sitio).
Autora: Dra. Karine Rinaldi, especialista en derechos humanos. Consultora independiente
Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia
Esta sentencia, del 20 de noviembre de 2013 –notificada el 27 de diciembre–, declara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el desplazamiento forzado de varias comunidades, consecuencia de una acción coordinada entre paramilitares y el Ejército. La responsabilidad del Estado es también declarada por la ejecución de Marino López Mena, campesino decapitado por los paramilitares que luego “jugaron con su cabeza como si fuese un balón de fútbol” para instaurar el terror entre la población (párr. 109).
Varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son declarados violados. La Corte Interamericana declara en primer lugar la violación, en perjuicio de los miembros de las comunidades desplazadas, del derecho a la integridad personal (artículo 5, en relación con el artículo 19 en perjuicio de los niños desplazados así como de aquellos que nacieron en situación de desplazamiento), del derecho de circulación y residencia (artículo 22, que contiene en virtud de una interpretación evolutiva el derecho a no ser desplazado de manera forzada y el derecho a la asistencia humanitaria y a un retorno seguro), así como del derecho a la propiedad privada colectiva (artículo 21 de la Convención). La Corte declara también la violación en perjuicio del señor Marino López Mena y de sus familiares del derecho a la vida (artículo 4) y a la integridad personal (artículo 5). Por último, el estado es declarado responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención).
Este caso fue la ocasión para el tribunal interamericano de aplicar el concepto jurídico de territorio colectivo a las comunidades afrodescendientes (1) y de enriquecer la jurisprudencia regional en materia de desplazamiento forzado con ciertas reflexiones sobre la asistencia humanitaria y el retorno sin riesgo al lugar de origen, y sobre la protección de los bienes de personas desplazadas (2).
1. Aplicación del concepto jurídico de territorio colectivo a las comunidades afrodescendientes
Hasta ahora, en derecho interamericano, la aplicación de los derechos diferenciados de los pueblos indígenas había sido extendida a los pueblos tribales (según la terminología empleada por la Organización Internacional del Trabajo, de donde emana el único texto internacional jurídicamente vinculante sobre los derechos de estos pueblos). Los pueblos tribales se distinguen “de otros sectores de la colectividad nacional, y [son] regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial” (artículo 1.a del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales). Los pueblos tribales (descendientes de esclavos africanos) comparten así todos los elementos de definición con los pueblos indígenas del continente americano, salvo el de la anterioridad de ocupación de un territorio con relación a una colonización proveniente de otra parte del planeta.
La Corte Interamericana había en efecto encontrado un contexto común para reconocer a los pueblos tribales los mismos derechos que a los pueblos indígenas en materia de derecho de propiedad, ya que estas dos realidades requieren de medidas especiales de protección para garantizar, conforme a sus tradiciones y costumbres, el pleno ejercicio de su derecho a la propiedad. En este sentido, “la jurisprudencia de esta Corte en relación con las comunidades indígenas y sus derechos comunales a la propiedad […] debe también aplicarse a los miembros de la comunidad tribal que residía en Moiwana: su ocupación tradicional de la aldea de Moiwana y las tierras circundantes […] debe bastar para obtener reconocimiento estatal de su propiedad” (Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, párr. 133; ver también Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam). Por consiguiente, y dado que la historia está hecha de migraciones, este derecho diferenciado a la propiedad colectiva encuentra su fundamentación más en una justificación cultural que en la primera ocupación de un territorio ante todo proceso de colonización.
Por primera vez, en el Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica, la Corte Interamericana emplea la terminología de comunidad afrodescendiente en vez de comunidad tribal: este caso concierne a “comunidades afrodescendientes que han habitado ancestralmente territorios de la cuenca del Cacarica” (párr. 81). La Corte precisa que se trata de descendientes de esclavos africanos asentados en la cuenca del Cacarica desde la abolición de la esclavitud, a mediados del siglo XIX (párr. 85 y 345). En los casos precedentes sobre derechos de los pueblos tribales, la Corte desarrollaba en sus sentencias los elementos que permitían definir a las víctimas como miembros de pueblos tribales para poder justificar la aplicación de los derechos diferenciados de las sociedades tradicionales. No fue así en el presente caso, sin duda porque la legislación del Estado demandado se encarga de hacerlo: estas comunidades son definidas por la legislación colombiana como dueñas de una cultura, de tradiciones y costumbres propias que las distinguen de otros grupos étnicos; además, la ley reconoce a las “comunidades negras” el derecho a la propiedad colectiva de los territorios que ocupan de manera ancestral (párr. 131 y 347).
Por consiguiente, la Corte Interamericana solo retoma aquí la terminología empleada por la legislación nacional, haciendo sin embargo esta precisión: “la Convención protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas y otras comunidades o pueblos tribales, como pueden ser las afrodescendientes, guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos” (párr. 346. El resaltado no pertenece al original).
No obstante, retomar sin más precisiones a nivel interamericano esta terminología de afrodescendiente y ya no de tribal podría llevar a confusión. En efecto, no hay que perder de vista que no todas las personas afrodescendientes pertenecen a comunidades tribales y que, por consiguiente, no todos los cúmulos de personas afrodescendientes pueden aspirar al mismo derecho diferenciado al territorio ancestral.
2. Consideraciones de la Corte Interamericana sobre el desplazamiento forzado
En cuanto al desplazamiento forzado, este caso permitió a la Corte la interpretación de los artículos 22 y 5 de la Convención Americana, acerca de garantizar la asistencia humanitaria y el retorno sin riesgo al lugar de origen (2.1). La Corte también trató la protección de los bienes de las personas desplazadas (2.2). Sin embargo, las implicaciones diferenciadas del desplazamiento forzado sobre una comunidad afrodescendiente (o tribal) no son analizadas en el presente caso (2.3).
2.1. Asistencia humanitaria y retorno sin riesgo al lugar de origen
Las condiciones de vida en los refugios se caracterizaban por la ausencia de atención por parte del gobierno: amontonamiento, malas condiciones para dormir, falta de privacidad (incluso para “hacer sus necesidades” o para dar a luz), falta de alimentación y de agua; lo anterior provocó enfermedades físicas y mentales en los desplazados, quienes, además, continuaron siendo objeto de amenazas y violencias por grupos paramilitares (párr. 117 a 121).
En cuanto al retorno de algunos desplazados a su lugar de origen, se firmaron acuerdos con el Gobierno que preveían la construcción de viviendas y la presencia del Defensor del pueblo. Sin embargo, estos acuerdos no fueron implementados en su totalidad.
Así, a pesar de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno, de la amplia gama de derechos fundamentales afectados y de las circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas (párr. 315), las medidas de asistencia proporcionadas por el Estado fueron insuficientes en relación con los estándares mínimos exigibles. En este sentido, el “hacinamiento, la alimentación, el suministro y manejo del agua, así como la falta de adopción de medidas en materia de salud evidencian incumplimiento de las obligaciones estatales de protección con posterioridad al desplazamiento, con la consecuencia directa de la vulneración del derecho a la integridad personal de quienes sufrieron el desplazamiento forzado” (párr. 323).
Por ende, el Estado no implementó su obligación de garantizar la asistencia humanitaria y el regreso seguro y digno de los desplazados, en el marco del derecho de circulación y de residencia enunciado en el artículo 22 de la Convención Americana, y del derecho a la integridad personal enunciado en el artículo 5 del mismo instrumento (párr. 324). Esta obligación implicaba para el Estado el deber de adoptar las medidas necesarias para permitir que la población desplazada pudiera retornar a su lugar de residencia habitual o reasentarse de manera voluntaria en otro lugar, garantizando para esto la participación de la persona desplazada en la planificación y la gestión de su regreso (párr. 220).
2.2. Protección de los bienes de las personas desplazadas
El Tribunal recuerda que en virtud del derecho humanitario, un bien de carácter civil no puede ser objeto de ataques militares, y que los derechos de propiedad de las personas desplazadas deben de ser respetados (párr. 349). Recordemos que a las comunidades víctimas en este caso se les reconoció el derecho de propiedad colectiva sobre los territorios que ocupan de manera ancestral: “las comunidades de la cuenca del río Cacarica gozaban, para el período abarcado en el marco fáctico, de la protección especial a su derecho a la propiedad colectiva” (párr. 347). A pesar de lo anterior, durante su desplazamiento, el Estado otorgó concesiones sobre sus territorios a empresas forestales para la explotación de madera, en violación al artículo 21 de la Convención (párr. 132).
Por otro lado, la Corte observa que la destrucción de las viviendas, además de constituir una gran pérdida de carácter económico, causa una pérdida en las condiciones básicas de existencia de esta población, “lo cual hace que la violación al derecho a la propiedad en este caso sea de especial gravedad” (párr. 352).
2.3. Ausencia de análisis del elemento cultural
Ya que este caso concierne el desplazamiento de comunidades tribales, el elemento de la identidad cultural podría haber sido analizado por los representantes de las víctimas, por la Comisión Interamericana o por la Corte. Si bien es cierto que la Corte observa que la falta de acceso al territorio tradicional puede impedir a las comunidades utilizar los recursos naturales necesarios para su subsistencia, acceder a sus sistemas tradicionales de salud y otras funciones socioculturales (párr. 354), el Tribunal no sacó, sin embargo, todas las consecuencias jurídicas de lo anterior, contrariamente a otros casos en los cuales ha sido reconocido que la violación del artículo 22 de la Convención provocaba, en los miembros de sociedades tradicionales, una ruptura particularmente importante con su identidad cultural, pudiendo implicar a su vez la violación de otros artículos de la Convención Americana.
En este sentido, la Corte ya había observado que los miembros de una comunidad indígena o tribal desplazada vivían una situación de desorganización social y familiar, que implicaba, en particular –sobre el fundamento del artículo 5 de la Convención–, la violación del derecho a la integridad espiritual (ver Caso de la Comunidad Moiwana). Asimismo, retomando un peritaje que afirmaba que “la conexión energética con la tierra tiene una importancia fundamental en la cosmovisión maya”, la Corte estimó que “el desplazamiento forzado afectó de forma particularmente grave a los miembros de la familia Chitay Rodríguez por su condición de indígenas mayas”, y que “el abandono de la comunidad no solo ha sido material para las familias que tuvieron que huir, sino que también significó una gran pérdida cultural y espiritual” (Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 145). Además, en el Caso Río Negro, el Tribunal había considerado que el desplazamiento forzado de pueblos indígenas fuera de sus comunidades podía colocarlos en una situación de “especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural […], genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico” (Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, párr. 177). En este mismo caso, el desplazamiento forzado había implicado la violación del artículo 12 de la Convención Americana (libertad de conciencia y de religión) por dos razones. En primer lugar porque, aunque la Convención “no contempla explícitamente el derecho de enterrar a los muertos”, las víctimas desplazadas estuvieron en la incapacidad de enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias y tradiciones. En segundo lugar, el desplazamiento forzado implicó la violación del artículo 12 por la pérdida de los guías espirituales y de los lugares sagrados.
NOTA: El mismo comentario en francés fue publicado por la autora en el Boletín 372 de la Sentinelle de la Société Francaise pour le Droit International, disponible aquí.
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SAN JUAN RIVER: COSTA RICA AND NICARAGUA AT INTERPOL
Figure indicating the localisation of caño "Google" or Caño "Pastora" excavated by Nicaragua in Isla Portillos in October 2010 in blue colour. In red colour, the "disputed territory" as defined by ICJ in March 2011 (Chart elaborated by Dr. Allan Astorga).
Last December 18, Costa Rica announced (see press note) that it has requested to International Police Organization INTERPOL an arrest warrant against Eden Pastora and that it had been successfully accepted by INTERPOL. Eden Pastora is the top official of Nicaragua in charge of the dredging of San Juan river in its terminal sector (dredging operation initiated by Nicaragua in October 2010) . A note of December 17, 2013 refers to INTERPOL acceptance (see declarations of Vice Minister Celso Gamboa from Costa Rica).
It must be recalled that in December 2010, national office of Prosecutor of Pococi opened a criminal case against Pastora for usurpation of public property and breach of environmental law (Forestry Act), following the environmental damage caused in Isla Portillos. As known, INTERPOL is a political neutral body with 190 member States, based since 1982 in Lyon (France) with a quite peculiar structure if compared with other international organizations from the perspective of public international law (Note 1). Costa Rica is member of INTERPOL since 1954, and Nicaragua since 1985. It goes without saying that Article 3 of INTERPOL’s Constitution explicitly refers to forbidding INTERPOL from "engaging in matters of political, military, religious and racial character".
Nicaragua, on December 23 2013 (see press note) sent an official letter to INTERPOL requesting the order be removed, arguing, among others reasons, that Pastora was acting in “performance of his duties” as an employee of the Government of Nicaragua, the dredging work was done on Nicaraguayan territory and that no damage was caused to Costa Rica. It also argued that the sovereignty on Isla Portillos region is being analyzed by the International Court of Justice (ICJ), which has declared itself in March 2011 in its Order on Provisionnal Measures that Isla Portillos must be considered as a "disputed territory " beetween the two San Juan river riparian States (see ICJ pres release of March 8, 2011).
On January 3, Interpol’s General Secretariat informed the Organismo de Investigación Judicial (OIJ) – from Costa Rica’s judicial police – that it had cancelled the request (see press note). Despite the international arrest warrant requested by Costa Rica against Edén Pastora was lifted, following the request of Nicaragua, the OIJ confirmed that Pastora is still a wanted man in Costa Rica (Note 2).
Sea Shepherd captain and founder Paul Watson has been arrested in Germany in 2012 due to an INTERPOL warrant arrest ordered by Costa Rica. This arrest provoked an embarassing political and diplomatical situation for Costa Rica authorities. In July 2012, top diplomatic official met him in Stuttgart personnally in order to try to find a solution if eventually the deportation to Costa Rica was effective, given him, among others guarantees, some insurances not to be extradited to third countries extremely interested in having him under their respective jurisdiction. In October 2013, a note of Tico Times indicated that red alert ordered by Costa Rica against him has been dropped. One montn after another note of Tico Times said that: " A spokeswoman for Costa Rica’s judicial branch confirmed on Wednesday the request had been sent via diplomatic channels to the U.S. government. The U.S. has not yet formally responded to the request, and Watson has not been arrested."
Note 1: See PEZARD A., " L'Organisation internationale de police criminelle et son nouvel accord de siège", AFDI (Annuaire Français de Droit International), 1983, Vol. 29, pp.564-575. Full text available here.
Note 2: "Supreme Court spokeswoman Melania Chacón denied Friday afternoon that the country's judicial branch had revoked any of its charges against Pastora", (see Tico Times press note)
Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 22:05 No hay comentarios:
Foto del edificio que alberga la sede central de INTERPOL en Lyon (Francia).
El pasado 18 de diciembre, se anunció en Costa Rica que sus autoridades habían solicitado formalmente a la INTERPOL colocar en la lista de personas buscadas por este organismo internacional al señor Eden Pastora, responsable oficial del dragado realizado por Nicaragua desde el 2010 en la parte terminal del Río San Juan (ver nota de prensa). Una nota del 17 de diciembre indica que fue ese día que INTERPOL aceptó la solicitud hecha por Costa Rica (ver declaraciones del Vice Ministro Celso Gamboa de Costa Rica). Si bien existe una acción penal abierta en los tribunales de Costa Rica desde octubre del 2010 contra el señor Pastora (por varias infracciones a la legislación ambiental) no es sino hasta estas fechas de diciembre del 2013 que las autoridades de Costa Rica decidieron acudir a este peculiar organismo policial (Nota 1).
Costa Rica es miembro de esta organización desde 1954, mientras que Nicaragua lo es desde 1985. El acuerdo sede con Francia suscrito en 1982 (y modificado en el 2008) reconoce a la INTERPOL el estatuto de entidad internacional a la que se le concede el régimen de privilegios e inmunidades con algunas peculiaridades muy propias (Nota 2).
La carta constitutiva de la INTERPOL (textos de su Estatuto y Reglamente General disponibles aqui) incluye un artículo 3 que le garantiza cierta neutralidad para no inmiscuirse indebidamente en asuntos de tipo político, militar, religioso o de carácter racial (ver nota del sitio oficial de INTERPOL) y que se lee así: "Artículo 3 Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial". España en el 2005 intentó limitar el alcance de la interpretación a dar al Artículo 3, aduciendo que limitaba sustancialmente su lucha contra el terrorismo. Bolivia contabiliza dos solicitudes formales a INTERPOL en el 2013 para que ordene la captura de Roger Pinto, senador boliviano de oposición refugiado en la Embajada de Brasil en Bolivia durante varios meses (el ultimo intento es de octubre del 2013, posterior a su salida de la embajada brasileña, con rumbo desconocido a la fecha).
La INTERPOL puede también ser solicitada para el caso de personas responsables de violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado, y que son buscadas por la justicia. En septiembre del 2011, INTERPOL procedió a inscribir en sus listas al derrocado lider de Libia Mouammar Kadhafi, su hijo Saïf al Islam y el jefe de los servicios de inteligencia libios, Abdallah al Senoussi a solicitud de la Corte Penal Internacional (CPI). En agosto del 2011, la Policía de El Salvador (PNC) fue solicitada para apresar a los militares salvadoreños responsables del asesinato de padres jesuitas acaecido en los años 80, requeridos por la justicia española. La PNC procedió a "engavetar" la solicitud unos días, según se informó en medios de prensa. En el mes de octubre de 1998, el ex dictador de Chile Augusto Pinochet fue apresado en Londres debido a una orden de captura solicitada a la INTERPOL por la justicia española, dando así inicio a una larga saga política y judicial que terminaría con su vuelo de regreso a Santiago de Chile en marzo del año 2000: para esta ocasión, Amnesty International había solicitado los servicios de uno de los más aguerridos especialistas de la ciencia del derecho internacional, el británico Sir Ian Brownlie - quién no es del todo ajeno a la imposibilidad que tiene desde el 2009 Costa Rica de vigilar las aguas del San Juan (Nota 3).
Ante la petición hecha por Costa Rica a INTERPOL, Nicaragua alegó que, siendo este un tema que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y considerando que el territorio de Isla Portillos fue calificado desde el 8 de marzo del 2011 como "territorio en disputa", la petición de Costa Rica no era de recibo. La petición formal de Nicaragua a INTERPOL se dió el pasado 23 de diciembre (ver nota de prensa). INTERPOL decidió retirar de dicha lista al señor Eden Pastora el pasado 3 de enero del 2014 (ver nota de prensa).Se lee en un cable de la agencia de prensa EFE que: "La Secretaría General de INTERPOL después de realizar una cuidadosa y exhaustiva revisión de la nota roja referida concluyó que se ha tenido en cuenta el estatus de la persona en cuestión, cuyos actos fueron realizados en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, se lee que se evaluó "la posición expresada por el Gobierno de Nicaragua y el contexto general del caso, prestando particular atención al litigio pendiente entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ". Y finalmente que "Interpol comunicó esta decisión a las autoridades costarricenses informándoles que de ahora en adelante no será posible utilizar los canales de Interpol para cooperar o tramitar pedidos relativos a este caso". Una nota publicada en El Pais (España) da cuenta de las reacciones de las autoridades de Costa Rica a esta decisión de INTERPOL así como las del señor Pastora. Usualmente, es el Estado que solicitó la inscripción de los nombres en la lista roja quién solicita a la INTERPOL el retiro de los nombres, tal como le ocurrió a Colombia con dos integrantes de las FARC en octubre del 2012.
Algunos sectores, en particular las organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos, han criticado duramente a la INTERPOL por permitir que activistas de derechos humanos y lideres sociales contestatarios sean inscritos en sus listas a petición de las mismas autoridades de su país de origen (ver nota). En otros casos, personas con orden de captura internacional de la INTERPOL han sido llamadas a ejercer funciones ministeriales, como ocurrió en el 2009 con la designación del Ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahadi, requerido por las autoridades de Argentina por el caso del atentado ocurrido en Buenos Aires en 1994 (caso AMIA). Guinea Ecuatorial celebró hace poco el retiro de la orden de captura contra Nguema Obiang Mangueun, quién funge como Vice Presidente (ver comunicado oficial), persona requerida por la justicia francesa.
En mayo del 2012, el señor Paul Watson, reconocido lider ecologista, fue aprehendido por las autoridades policiales de Alemania debido a una antigua orden de captura internacional vigente, solicitada por la justicia de Costa Rica: las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica decidieron reunirse con él en Alemania para encontrar una solución en caso de que fuera deportado hacia Costa Rica. En noviembre del 2013, se indicó que Watson regresó a Estados Unidos después de 15 meses, y que la orden de captura de INTERPOL fue retirada.
Más allá de este nuevo episodio entre ambos Estados ribereños del San Juan (que al parecer no tiene precedentes en la INTERPOL en cuanto a solicitar sus servicios para aprehender a un alto funcionario de un Estado vecino con el que se tiene una controversia fronteriza), permanece la duda de conocer cuál habrán sido los motivos que llevaron a las autoridades de Costa Rica a activar una alerta contra Eden Pastora a mediados de diciembre del 2013 (tratándose de una acción penal de la Fiscalía de Pococí abierta contra el ex “Comandante 0” desde el mes de octubre del 2010). Días antes, la CIJ había dado a conocer (13 de diciembre del 2013) su última decisión de no indicar medidas provisionales a Costa Rica solicitadas por Nicaragua en relación a la denominada "trocha fronteriza" (ver nota).
-------------------------------------------------------------------------------------- Nota 1: INTERPOL es una organización policial internacional, creada en 1923 por iniciativa del señor Johannes Schober, Presidente de la policía de Viena, el cual creo la Comisión Internacional de Policía Criminal (CIPC), con sede en Austria. Hoy esta organización tiene su sede en Lyon (Francia) y cuenta con 190 Estados Miembros (Estados Partes a su carta constitutiva): a solicitud de sus Estados miembros, tiene la facultad de colocar nombres y fotografías de personas buscadas por la justicia en aras de facilitar su captura internacional, en una lista "Wanted Persons" hoy disponible en la red (ver lista).
Nota 2: Véase PEZARD A., " L'Organisation internationale de police criminelle et son nouvel accord de siège", AFDI (Annuaire Français de Droit International), 1983, Vol. 29, pp.564-575. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 3: "Una de las últimas dagas del jurista Ian Brownlie puede leerse en los alegatos orales finales que presentó en marzo del 2009 ante la CIJ sobre las características propias del tratado Cañas-Jerez de 1858 entre Costa Rica y Nicaragua y los derechos soberanos de Nicaragua en el Río San Juan en materia de vigilancia (Vèase audiencias orales, 5 de marzo 2009, disponibles en: http://www.icj-cij.org/docket/files/133/15069.pdf). La solidez de la argumentación resistió incólume a todas las objeciones de la parte contraria, y fue aceptada sin mayor contemplación por parte de la CIJ en forma unánime por sus 14 integrantes (ver párrafo 156, decisión de la CIJ del 13 de julio del 2009 (nota 5): a partir de esta fecha, Costa Rica quedó formalmente impedida de navegar con policías por las aguas del río San Juan, sean estos armados o desarmados, sea en tareas de vigilancia policial o en simples tareas de abastecimiento por el río de los puestos de control en tierra, sea con la autorización previa de Nicaragua o sin ella": véase modesta nota obituaria, BOEGLIN N., "La muerte de Sir Ian Brownlie: El mundo del derecho internacional público en duelo" publicada en ElPais.cr, así como BOEGLIN N., "Sir Ian Brownlie: in memoriam", publicada en La Nación (Costa Rica) en el 2012 al conmemorarse dos años desde su trágico accidente ocurrido en Egipto. En la Revista Judicial de Costa Rica (Vol. 97, 2010), se publicó una nota similar.
La presente nota fue publicada el 7/1/2014 en la Revista AMAUTA, el 8/01/2014 en ALAINET, el 10/1/2014 en Perioditas-es.com y el 14/01/2014 en Informa-tico.
Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 9:09 1 comentario: