Source: https://es.scribd.com/document/6338438/3-Regimen-Disciplinario-en-Prevencion-de-Riesgos-Laborales
Timestamp: 2017-11-19 03:43:09
Document Index: 156816854

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 14', 'artículo 50', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 51', 'artículo 40']

Prevención Patologíasde riesgos
El artículo 24 de la Ley 31/95 establece que, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de distintas empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, estableciéndose para ello los medios de coordinación necesarios relativos a la protección y a la prevención, así como dar la información a sus respectivos trabajadores. La obligación legal de desarrollar reglamentariamente esta materia se lleva a cabo mediante la aprobación del RD. 171/2004, de 30 de enero sobre coordinación de actividades empresariales.
A los efectos de esta materia, será centro de trabajo cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o acceder por su trabajo; empresario titular, la persona que puede poner a disposición y gestionar el centro de trabajo; y empresario principal, el que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios relativos a la propia actividad de aquél y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. La coordinación deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: • La aplicación de los principios de la acción preventiva por las empresas concurrentes en el centro de trabajo - en el caso que nos ocupa, explotación ganadera y actividad veterinaria, por ejemplo -. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por esas empresas concurrentes. El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas sobre todo cuando pueden crear riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en la explotación ganadera actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. La adecuación entre los riesgos existentes que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes, y las medidas aplicadas para su prevención.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen sus actividades dos o más empresas, deberán cooperar en la aplicación de las normas de prevención. Este deber será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes, existan o no relaciones jurídicas entre ellos, como es el caso de las explotaciones ganaderas que requieran los servicios de un veterinario. Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que se desarrollen en la explotación ganadera y que puedan afec-
tar a los trabajadores de las otras empresas, sobre todo, de los que puedan verse agravados por la concurrencia de actividades. La información será suficiente y se facilitará antes de que se inicien las actividades, cuando se produzcan cambio en las mismas o se haya producido una situación de emergencia. Se dará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos graves o muy graves. También tendrá que comunicarse de inmediato toda situación de emergencia que pueda afectar a la salud y seguridad de los trabajadores de las empresas concurrentes. Para establecer los medios de coordinación se tendrá en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas concurrentes y la duración de la concurrencia de las actividades. Cuando exista un empresario titular del centro de trabajo, informará a los otros empresarios de los riesgos existentes en éste y dará las instrucciones adecuadas relacionadas con las medidas de protección, prevención y emergencia correspondientes, para que las trasladen a sus respectivos trabajadores. Los empresarios concurrentes, tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, cumpliendo con las instrucciones dadas por el empresario titular. En el caso de que la concurrencia se produzca cuando exista un empresario principal, además de lo anterior éste deberá vigilar por el cumplimiento de la normativa de prevención por los contratistas de obras o servicios, como es el caso de los veterinarios. En la explotación ganadera pueden confluir las actividades de trabajadores pertenecientes a diferentes empresas, además de los trabajadores de la explotación: empresas
Régimen Disciplinario en Prevención de Riesgos Laborales
contratadas para hacer una actividad puntual (que se desarrolla dentro de los límites de la explotación), subcontratas para hacer labores concretas o profesionales autónomos, como es el caso de veterinarios que prestan sus servicios de manera puntual. En estos casos, la Ley 31/95, en su artículo 24 sobre “Coordinación de actividades empresariales”, establece que “estas deberán cooperar” en la aplicación de la Ley. Corresponde al empresario de la explotación ganadera adoptar “las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen sus actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes”. Se consideran medios de coordinación, entre otros, el intercambio de información y comunicaciones entre empresas concurrentes; la celebración de reuniones periódicas; las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud, si no se tienen, de los empresarios con los delegados de prevención; la impartición de instrucciones; el establecimiento conjunto de medidas específicas; o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de la prevención. La iniciativa para acordarlos corresponderá al empresario titular o, en su defecto, al principal. Además, siempre será obligación del empresario de la explotación ganadera vigilar que en su empresa se cumplan las normas de prevención por parte de dichos contratistas y subcontratistas, así como por otros empresarios concurrentes como pueden ser los veterinarios. Además de la información que el empresario está obligado a dar a los representantes de los trabajadores (según las características de su empresa, véase el epígrafe “Organización de la prevención”) y con el fin de cumplir con el deber de protección, éste debe informar a cada trabajador, o sus representantes, si cuentan con ellos en la empresa, sobre: • • Los riesgos que existen para la seguridad y la salud tanto en toda la explotación ganadera como, sobre todo, de los riesgos específicos que afectan a su puesto o función. En general, las medidas y actuaciones de protección y prevención que se aplican a la explotación y, de manera particularizada, las que se aplican a su puesto de trabajo.
• Lo que debe hacer en los casos de emergencia.
Deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a los mismos. Por otra parte, el empresario está obligado a consultar a los trabajadores, o sus representantes, sobre las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo, de forma que se permita su participación para que estos puedan hacer propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de la empresa. También deberá consultar sobre: • Las consecuencias que la planificación y organización del trabajo, así como la introducción de nuevas tecnologías puedan tener para la seguridad y la salud de los trabajadores derivadas de la elección de equipos, la determinación y adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de factores ambientales en el trabajo. Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud y prevención, incluyendo la designación de los trabajadores encargados de éstas o la concertación de un servicio de prevención externo. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. Los procedimientos de información y documentación ya citados, así como la formación en materia preventiva. Cualquier otro extremo con efectos relevantes sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
La participación de los trabajadores en materia de prevención se establece como un derecho en la Ley 31/95. Cuando la empresa tenga seis o más trabajadores, se llevará a
cabo mediante sus representantes. En esta materia ejercerán competencias en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control, y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. La Ley 31/95 prevé órganos específicos de representación en materia preventiva, que son los delegados de prevención y los Comités de Seguridad y Salud. Los delegados de prevención: Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y serán designados por y entre los representantes del personal según la siguiente escala:
TRABAJADORES De 6 a 50 trabajadores De 50 a 100 trabajadores De 101 a 500 trabajadores De 501 a 1000 trabajadores De 1001 a 2000 trabajadores De 2001 a 3000 trabajadores De 3001 a 4000 trabajadores De 4001 en adelante
Nº DE DELEGADOS 1 2 3 4 5 6 7 8
En las empresas de hasta 30 trabajadores el delegado de prevención será el delegado de personal. Sus competencias son colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva; promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la aplicación de las normas de prevención, ser consultados por el empresario en todas aquellas materias reseñadas al inicio de este epígrafe y vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención. También tendrán atribuidas las competencias del Comité de Seguridad y Salud, cuando en la empresa éste no exista, en virtud del número de trabajadores. Podrán: acompañar a los técnicos en las evaluaciones preventivas y a los inspectores de trabajo en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo, pudiendo formular observaciones; tener acceso a la información y documentación sobre condiciones de trabajo necesarias para el ejercicio de sus funciones, y sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que hubiesen sido conocidos; realizar visitas a los lugares de trabajo para llevar a cabo su labor de vigilancia y control; recabar del empresario medidas preventivas y para mejorar los niveles de protección; proponer al órgano de representación la adopción de paralización de las actividades, cuando no se adopten las medidas necesarias. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación para la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Se constituirá cuando la empresa tenga 50 ó más trabajadores y estará formado por los delegados de prevención de un lado, y, de otro, por el empresario y sus representantes, en igual número al de los delegados de prevención. En sus reuniones participarán con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de prevención en la empresa que no forme parte de él. Se reunirá trimestralmente y previa solicitud de una de las partes. Adoptará sus propias normas de funcionamiento. Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención y promoverá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias. Está facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando las visitas que estime oportunas; para conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como los daños producidos en la salud o integridad física de los trabajadores para valorar sus causas y proponer medidas preventivas y para conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de prevención.
Aquí se pueden incluir:
Consiste en controlar que se cumplan las medidas de seguridad adoptada y reglamentariamente obligatorias; y en vigilar el estado de salud de los trabajadores, tanto al empezar la relación laboral, como periódicamente mientras dure esta relación, poniendo en su conocimiento los resultados de los mismos y respetando su confidencialidad.
Este deber tiene dos posibilidades. Por un lado, está el deber de coordinar los medios materiales y humanos con que cuenta la empresa en lo relacionado con el trabajo. Y, por otro, coordinar las diferentes actividades empresariales que, como ya se ha visto en apartados anteriores, puedan concurrir en un mismo centro de trabajo, cuando se efectúen por diferentes empresas de forma coetánea (artículo 24 de la Ley 31/95). Aquí se incluyen a los trabajadores que, como autónomos, realicen sus actividades en la empresa, en su condición de empresarios (por ejemplo, los veterinarios en explotaciones ganaderas).
Para poder controlar eficazmente que se cumple con las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, el empresario deberá elaborar y conservar adecuadamente
los documentos que ya se relacionaron con anterioridad en este capitulo y que se desarrollarán a lo largo del capitulo II.
RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
La responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales viene definida en la propia Ley, en su artículo 42, y en el RD Legislativo 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El artículo 42 de la LEY 31/95 citado establece el concepto de responsabilidad cuando dice que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”. En las administrativas, sólo el empresario puede ser responsable, pudiendo imputarse a personas físicas o jurídicas. En la penal, además del empresario, pueden ser responsables otras personas, pudiendo imputarse sólo a personas físicas. En cuanto a la responsabilidad civil, se dará cuando, no sólo se haya incumplido una norma civil, sino que también se haya causado un daño. No se pueden imponer dos o más sanciones por un mismo incumplimiento, aunque si se pueden reclamar al mismo infractor estos tres tipos de responsabilidades. Sólo se puede pedir responsabilidad administrativa al empresario, en virtud de lo establecido en el mencionado artículo 42.1 de la Ley, y no al trabajador o a terceros. Aquí, el concepto de empresario es más amplio que el del Estatuto de los Trabajadores, ya que no es sólo aquél para quien prestan sus servicios los trabajadores dentro de la empresa, sino que también se incluye aquel para quienes prestan servicios contratistas y subcontratistas, siendo responsable solidario; lo mismo ocurre con las empresas de trabajo temporal, siendo responsable, en este caso, en materia de seguridad e higiene, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo del empresario principal. El incumplimiento de la obligación genérica de protección eficaz y de las específicas recogidas en el artículo 14. de la Ley, dan lugar a responsabilidad. La existencia de servicios de prevención internos o externos, no exime al empresario de su responsabilidad. También responderá de los daños que se produzcan por los trabajadores a otros trabajadores de la empresa o, incluso a terceros, de forma solidaria. Esta responsabilidad puede ser: 1.- Laboral: frente a sus trabajadores, que podrán instar la extinción de su contrato (artículo 50.1 c) Estatuto de los Trabajadores), con derecho a indemnización. Está no cabrá sólo en el caso de el incumplimiento se produzca por “fuerza mayor”. 2.- Civil: que puede ser contractual, cuando el artículo 42.1 de la Ley 31/95 establece expresamente “.... por daños y perjuicios” y que consiste en el deber de indemnizar el daño producido por el trabajador, ya que el daño deviene del incumplimiento del empresario de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, y que, a su vez, dimanan del contrato de trabajo; o, extracontractual, derivada del deber general de “no dañar a otro”. Es la forma a la que se acude más frecuentemente y se deriva del daño producido, no del contrato de trabajo, de lo pactado. Ha de existir nexo causal entre la conducta del responsable y el resultado dañoso. Caso especial de ésta, es la que existe entre el empresario principal y los trabajadores al servicio de un contratista o subcontratista vinculado a aquél, en la que el empresario principal responderá solidariamente durante el periodo que dure la contrata siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario. En cuanto a los trabajadores de empresas de trabajo temporal que realizan sus funciones en la empresa “principal”, el empresario
principal será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Cualquier pacto que suponga eludir, en fraude de ley, las responsabilidades anteriores, será nulo y no producirá efecto alguno. 3.- Administrativa: El empresario (entendido en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 Estatuto de los Trabajadores) que incumple sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, según lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 31/95, incurre en responsabilidad administrativa, exigible a propuesta de la Inspección de Trabajo, mediante la incoación del oportuno expediente sancionador.
Las infracciones en materia de prevención se establecen en la propia Ley cuando, en su artículo 45 dice que “Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los empresarios, las de las entidades que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a las empresas, así como las de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud laboral sujetas a responsabilidad conforme a la presente Ley”. Los artículos siguientes (46, 47 y 48) determinaban las distintas clases de infracciones dividiéndolas en leves graves y muy graves respectivamente, siendo derogados por el
Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Lo mismo ocurre con las sanciones establecidas en la Ley 31/95. Según establece este Real Decreto, las infracciones serán leves (artículo 11 RDL) graves (artículo 12 RDL), y muy graves (artículo 13 RDL) en materia de prevención de riesgos laborales. En el artículo 11 establece cinco infracciones leves, como son: falta de limpieza del centro de trabajo que no suponga riesgo para la salud o integridad física; no dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad de los accidentes y de las enfermedades profesionales, cuando estos sean leves; no comunicar a la autoridad laboral la apertura de un centro de trabajo o la reanudación de las actividades después de efectuarse alteraciones, siempre que no sean industrias calificadas como peligrosas, insalubres o nocivas por los elementos, procesos o sustancias que manipulen; incumplimientos de la normativa de prevención cuando no sean graves para la integridad física o la salud; y, las que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas y que no estén tipificadas como graves o muy graves. En el artículo 12 del Real Decreto se recogen como graves veintisiete infracciones, entre las que se encuentran, no cumplir con la obligación de implantar y aplicar un plan de prevención en las empresas, según los preceptos legales; no realizar evaluaciones de riesgos, sus actualizaciones y revisiones, así como controles periódicos de las condiciones de trabajo, o no realizar las actividades de prevención necesarias según los resultados de lo anterior; no hacer los reconocimientos médicos que procedan o no comunicar los resultados a los trabajadores; no comunicar a la autoridad laboral los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales calificados como graves, muy graves o mortales, o no realizar una investigación si se producen daños a la salud, o se sospecha que las medidas preventivas no son suficientes; no registrar y archivar los datos de las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes establecidos en la Ley de Prevención; la no realización de la planificación de la actividad preventiva que deriva de la evaluación de riegos o no hacer su seguimiento; adscribir a trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales, o no teniéndose en cuenta su capacidad en materia de seguridad y salud, salvo que sean infracción muy grave; incumplimiento en materia de formación e información suficiente y adecuada; no adoptar las medidas en materia de primeros auxilios, incendios o evacuación, etc. Especial mención merece cuando dice “no adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen sus actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia, según establece la normativa de prevención”. El artículo 13 tipifica quince infracciones muy graves, entre las que se encuentran no cumplir con las normas de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia; no cumplir las normas sobre seguridad y salud de menores; la no paralización o suspensión inmediata por orden de la Inspección de Trabajo de los trabajos que se realicen sin cumplir las normas de prevención que implique un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores; la adscripción de los trabajadores a puestos cuyas características personales conocidas sean incompatibles con aquellos, o dedicarlos a tareas sin tener en cuenta sus capacidades en materia de seguridad y salud, cuando de ello derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores; faltar a la confidencialidad en cuanto a los datos relativos a la vigilancia de la salud. Destacar que los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, (como el veterinario) que trabajen en un mismo centro no adopten las medidas de cooperación y coordinación necesarias cuando sean actividades consideradas reglamentariamente peligrosas o con riesgos especiales, se incluye como falta muy grave, así como que el empresario titular de un centro de trabajo que no adopte las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que trabajen en él, reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando así mismo, sean actividades peligrosas. El RDL. 5/2000, prevé para las infracciones anteriores, un régimen de sanciones que se establecen en los artículos 39 y siguientes. En esta materia éstas se graduarán según los siguientes criterios:
a) b) c) d) e) f) g) h) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. La gravedad de los daños producidos o que se hubieran podido producir por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. El número de trabajadores afectados. Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por él con respecto a la prevención. El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos establecidos en el art. 43 de la LEY 31/95. La inobservancia de las propuestas hechas por los servicios de prevención u otros órganos para la corrección de las deficiencias legales existentes. La conducta general seguida por el empresario en lo relativo a la estricta observancia de la legislación en materia de prevención.
Tanto el acta de la Inspección de Trabajo que inicie el expediente sancionador, como la resolución administrativa que recaiga, deberán determinar los criterios de graduación de la sanción que han sido tenidos en cuenta de entre los señalados anteriormente. Si no concurren, la sanción se impondrá en el grado mínimo en su tramo inferior.
Ésta institución jurídica supone la “no imputación” de una infracción cometida por el mero transcurso de determinados periodos de tiempo. En materia de prevención, las infracciones leves prescriben al año; las graves, a los tres años; y, las muy graves, a los cinco. Todos ellos contados a partir de la fecha de la infracción, según establece el artículo 51 de la LEY 31/95. Y el RDL 5/2000 tan mencionado.
Se sancionará con el máximo toda infracción consistente en la persistencia continuada de su comisión.
La cuantía de las sanciones previstas en el RDL, se regulan en su artículo 40.2 y son y en base a las tablas reguladas en la Resolución de 16 de octubre de 2001: LEVES GRADO MÍNIMO GRADO MEDIO GRADO MÁXIMO GRAVES GRADO MÍNIMO GRADO MEDIO GRADO MÁXIMO MUY GRAVES GRADO MÍNIMO GRADO MEDIO GRADO MÁXIMO De 60.050,61 € a 120.202,42 € De 120.202,43 € a 300.506,05 € De 300.506,06 € a 601.012,10 € De 1.502,54 € a 6.010,12 € De 6.010,13 € a 15.025,30 € De 15.025,31 € a 30.050,61 € De 30,05 € a 300,51 € De 300,51 € a 601,01 € De 601,02 € a 1.502,53 €
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente. Cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior, en el plazo de los 365 días siguientes a la notificación de ésta, concurre la reincidencia; aquí es necesario que la primera resolución sancionadora sea firme. Si se aprecia la reincidencia, la cuantía de la sanción se podrá incrementar hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder de las cuantías máximas previstas para cada clase de infracción.v
Documents Similar To 3 Régimen Disciplinario en Prevención de Riesgos Laborales
Expo de Formacion
articles-84655_recurso_1.doc
Acta de la reunión del 4 de Noviembre de 2009
Articulos Sobre Derechos Humanos Laborales
Contrato de Trbajo