Source: https://iadpi.com.ar/index.php/2018/10/25/la-constitucion-de-oficio-del-domicilio-electronico-y-su-ineficacia-procesal-en-el-proceso-civil-bonaerense/
Timestamp: 2019-09-17 19:29:39
Document Index: 237477265

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 143', 'artículo 16', 'artículo 59', 'artículo 133', 'artículo 41', 'artículo 40']

Han transcurrido más de siete años desde que se produjeran las reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y a la ley 11.653 -que regula el procedimiento laboral en la justicia provincial-, ambas establecidas a través de la ley 14.142. Dicha modificación introdujo cambios sustanciales en la normativa de forma al establecer, en una primera fase, la aplicación de las nuevas tecnologías en el marco del proceso civil y comercial bonaerense.
Acompañando este nuevo paradigma, y por expresa delegación normativa, el Superior Tribunal de la provincia fue emitiendo -paulatina y progresivamente- una serie de reglamentaciones sobre la materia que, al confluir con la mencionada reforma legislativa, dieron nacimiento a nuevas conceptualizaciones hasta entonces inéditas en la jurisdicción provincial, tales como el domicilio electrónico y las notificaciones electrónicas.
Así, desde nuestra actividad laboral, tanto desde el interior del Poder Judicial como desde el ejercicio liberal de la profesión, hemos advertido que algunos organismos judiciales entienden que el domicilio procesal electrónico puede ser constituido oficiosamente, a partir de la indagación o rastreo del casillero electrónico oficial asignado al letrado que asiste al litigante, dentro de la base de datos de certificados digitales de la Suprema Corte de Justicia. Y vale señalar, asimismo, que no son pocos los letrados que pretenden remitir comunicaciones electrónicas a los casilleros electrónicos de los abogados que patrocinan o representan a la parte contraria, sin que tales casilleros hayan sido previamente denunciados como domicilios constituidos en un determinado proceso, conforme esta posibilidad existente.
Hemos sostenido a través de trabajos anteriores que, tradicionalmente, se ha entendido al domicilio como un lugar dentro del ámbito geográfico territorial, que la ley atribuye como asiento jurídico de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Y específicamente, el domicilio procesal es aquél que corresponde a los sujetos que intervienen en un expediente judicial, con alcances limitados desde que se ciñen al juicio en donde se lo constituye, a fin de canalizar allí las notificaciones que requieran efectuarse mediante cédula durante el transcurso del procedimiento.
Ahora bien, a través de las sucesivas reformas y reglamentaciones a las que nos refiriéramos en el introito del presente, a la tradicional concepción del domicilio procesal le fue añadido el factor informático o electrónico, gestándose así el domicilio procesal electrónico, al cual hemos oportunamente definido como aquel lugar, espacio o casillero virtual que las personas involucradas en un proceso judicial -partes, letrados, auxiliares de justicia en general- constituyen a fin de recibir allí las notificaciones canalizadas por medios informáticos cursadas a lo largo de un pleito, con la característica particular y específica de que el mismo es intangible y no físico.
Camps, con agudeza ha señalado sobre esta nueva concepción que ha venido a insertarse al proceso como medio para facilitar al anoticiamiento de determinados actos procesales, siendo claro que tal forma de notificación depende de una implementación que, desde un punto de vista técnico, garantice tanto la fidelidad en el contenido de los correos como la certeza de la identidad del remitente y destinatario y la fecha de recepción.
La carga de su constitución, en el marco del proceso civil bonaerense, emana en primer término del artículo 40 del C.P.C.C.B.A., y es reiterada en el “Reglamento para la notificación por medios electrónicos” aprobado por el Acuerdo 3845/17 dictado por el Alto Tribunal provincial.
Alvarado Velloso define al acto procesal -o acto procedimental- como a todo aquel que realiza un sujeto con el objeto de iniciar, continuar o extinguir el desarrollo de esa serie procedimental, con miras a lograr la emisión de una sentencia heterocompositiva del litigio.
En efecto, la constitución del domicilio procesal o ad litem -y en forma específica, conexa e interdependiente la del domicilio procesal electrónico-, debe ser clasificado como una carga procesal que pesa sobre todo litigante en su propio interés, de suma trascendencia para regular el curso del proceso desde que importa un centro jurídico de conexión entre los justiciables y el órgano jurisdiccional, pues allí se diligenciarán todas las notificaciones que no deben serlo en el domicilio real.
Frente a la exigencia legal y reglamentaria de constituir un domicilio procesal -tanto físico como electrónico-, la parte debe expresar una conducta voluntaria a efectos de optar por cumplir o no con aquélla; en el caso de no manifestar una conducta positiva, deberá atenerse a las consecuencias normativamente contempladas para tal supuesto.
Y ello sólo puede entenderse así, pues -como acertadamente se ha sostenido- las cargas procesales tienen su punto de partida en el respeto a la libertad de la persona, que decide si las asume o no, cuyo carácter lícito la sitúa fuera del círculo de la coacción con prescindencia de la conducta que despliegue el sujeto. El ejercicio del derecho de defensa en juicio debe adecuarse a las normativas procedimentales, y es en ese plano donde la parte enfrenta la posibilidad de asumir o no ciertas cargas procesales determinantes en el ulterior desarrollo de la actividad que repercutirán en medida importante en el efectivo ejercicio del derecho de defensa.
Pues bien, volviendo a la regulación legal de esta carga, y en lo que respecta a su oportunidad de constitución, cuadra señalar que los litigantes deben hacerlo en la primera actividad que se despliegue en el proceso, ya sea mediante un escrito judicial o verbalmente en la audiencia a la que se concurra. Para un tercero de intervención voluntaria, la primera actividad será al requerir su ingreso al proceso; para un tercero de intervención forzosa, será al comparecer a estar a derecho una vez notificado de la citación; para un auxiliar de justicia (perito, martillero, etc.), será al aceptar el cargo.
Destacamos que el mismo debe ser manifestado en forma precisa, categórica, inequívoca y concreta, no dejando lugar a ningún tipo de dudas acerca de su efectiva intención y con la designación que permita su perfecta individualización.
El domicilio procesal electrónico, al igual que el físico, debe ser único. Ello importa decir que las partes sólo pueden indicar un solo domicilio o casillero electrónico, independientemente de la cantidad de letrados que la asistan. Aclaramos que este domicilio electrónico es válido para actuar a lo largo de toda la Provincia de Buenos Aires y que el mismo subsiste durante toda la sustanciación del pleito mientras no se constituya y notifique uno nuevo, por aplicación del art. 42 del C.P.C.C.B.A.
Analizando su perfil informático, cada domicilio electrónico se asocia inescindiblemente con la persona titular del certificado de firma electrónica -ya sea física o jurídica-, permitiendo su segura individualización.
Tales son pues, las características del domicilio procesal electrónico, cuya constitución viene impuesta no sólo por la norma procesal -art. 40 del C.P.C.C.B.A.-, sino por las Acordadas dictadas por el Superior Tribunal de la Provincia en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el art. 8 de la ley 14.142, mediante las cuales se ha establecido el marco para la implementación obligatoria del Sistema de Notificaciones Electrónicas y cuyo funcionamiento presupone, necesariamente, que se cumpla con la carga de constituir un domicilio procesal electrónico.
En suma, el actual Reglamento sólo exige que el domicilio electrónico sea único; por ello, y con la salvedad apuntada en cuanto a la ausencia de una plena sujeción a lo dispuesto en el código adjetivo, coincidimos con la previsión reglamentaria por cuanto brinda mayor flexibilidad y garantiza la libertad de las partes para fijar su domicilio constituido .
Sin embargo, formular una asimilación semejante entre el casillero electrónico de un profesional con el domicilio constituido electrónico, sería tanto como afirmar que sería posible vincular inescindiblemente el domicilio del letrado que obra registrado en el padrón de abogados elaborado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con el domicilio procesal físico que el litigante al que asiste debe constituir en el marco de cada expediente del que tome calidad de parte. Empero, como es sabido, no existe normativa o reglamento que autorice a los organismos jurisdiccionales a obtener de tal base de datos -o listado de inscripción forzosa- la información que permita tener por constituido de oficio el domicilio procesal físico de las partes, ni es posible admitir que un litigante notifique a la contraria un acto procesal en el domicilio físico registrado de su letrado, a menos de que éste hubiera sido expresamente constituido en un proceso judicial.
Distinto ha sido, en cambio, lo acontecido en el ámbito del Poder Judicial de la Nación en cuanto a la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas. En esa jurisdicción, fue la ley 26.685 la que vino a autorizar, entre otros aspectos, el uso de domicilios, comunicaciones y notificaciones en todos los procesos judiciales y administrativos de trámite ante la citada jurisdicción, con idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. La reglamentación e implementación de tales herramientas fueron delegadas a la Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación.
Pues bien, en ejercicio de la facultad atribuida legalmente, la Corte Suprema de la Nación dictó la Acordada 31/11, mediante la cual se dispuso que toda persona que litigue por propio derecho o en ejercicio de una representación legal o convencional deba constituir domicilio electrónico, para las causas judiciales que tramiten ante el cimero Tribunal nacional. Asimismo, se determinó que si no se cumpliere con lo antedicho, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 41, 1º Párrafo, del C.P.C.C.N.
Asimismo, y en igual sintonia, la Provincia de Entre Rios compartio esta postura al dictaminarse el Acuerdo General 15/18 titulado “Nuevo reglamento para la notificacion electronica en el Poder Judicial de Entre Rios”, que entrara en vigencia, por etapas, a partir del 1 de octubre de 2018. En los fundamentos de dicho Acuerdo, se dispone expresamente respecto al domicilio electronico, que se descarta la exigencia de su constitucion expresa conforme la automaticidad que admite la herrmienta informatica, y con la finalidad de evitar la masiva presentacion de escritos a ese fin en los proceso en tramite, circunstancia que, consencuentemente, producira una sobrecarga de trabajo en los organismos de esta provincia.
En otras palabras, el domicilio electrónico nunca debe presumirse y siempre debe ser constituido conforme las reglas procesales conocidas, esto es en forma voluntaria, expresa clara y precisa. Ejercer esa inferencia, y por fuera del loable propósito que presumiblemente persigue -v.gr., practicidad, celeridad, eficacia, agilidad-, podría provocar consecuencias jurídicas en clara violación del derecho de defensa para las partes. La falta de constitución de un domicilio electrónico, sólo puede traer como consecuencia la aplicación efectiva de la sanción que prevé el art. 41 del C.P.C.C.B.A., que no es otra que tener a la parte renuente por constituido su domicilio en los estrados del juzgado o tribunal, tal como certeramente ha sido exhortado por la Suprema Corte de Justicia provincial.
Esta norma, promulgada mediante el Decreto 1065/10 del 08/07/2010, modificó los artículos 40 y 143 del C.P.C.C. e incorporó a dicho cuerpo legal el artículo 143 bis, contemplando la notificación por medios electrónicos en el proceso civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo, incluyó esa herramienta tecnológica para las notificaciones relativas al procedimiento laboral en la Provincia de Buenos Aires, a través de la modificación del artículo 16 de la ley 11.653.
El art. 8 de la ley 14.142, establece que “La Suprema Corte de Justicia reglamentará el uso del correo electrónico como medio de notificación y uso obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia”.
Nos referimos al Ac. 3540/11 S.C.B.A, hoy parcialmente derogado por el Ac. 3845/17 S.C.B.A., “Reglamento para la notificación por medios electrónicos”, dictado el día 22 de marzo de 2017 y que entrara en vigencia a partir del 2 de mayo de 2017. Esta última normativa vino a actualizar el anterior régimen, a fin de facilitar la utilización de la notificación electrónica; asimismo, estableció el uso obligatorio de esta herramienta para todos los operadores judiciales que confluyen dentro de los procesos civiles y comerciales, de familia, laborales, contenciosos administrativos y de amparos regulados por la ley 13.928.
Solo a título de ejemplo, citamos el temperamento adoptado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 7 de Morón, que ante el incumplimiento de la carga de indicar un domicilio procesal electrónico, procede a constatar en el listado de certificados digitales informados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (https://firmadigital.scba.gov.ar/CertificadosEmitidos.aspx) si el abogado que asiste al litigante cuenta con un casillero electrónico. En caso afirmativo, tiene a la parte por constituido oficiosamente el domicilio electrónico en el referido casillero; de no contar con un certificado, procede a tenerle a la parte por constituido el domicilio procesal en los estrados del Juzgado. Ver al respecto causa “Santelli, José Reinaldo c/ Lopez Tome Silvia Elena s/ Desalojo”, expediente número MO-9861-18, proveído del 20/03/18.
BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., “Derecho procesal informático”. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2017, p. 95.
BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., “El nuevo régimen de notificaciones electrónicas en el proceso judicial bonaerense”, publicado el 29/03/2017. Citar: elDial DC22BF.
CAMPS, Carlos E., “Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Anotado, comentado y concordado”. Editorial Abeledo Perrot, T. I,. p. 151.
El art. 40 del C.P.C.C.B.A. (texto actualizado por la ley 14.142) dispone que “Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal, juntamente con una casilla de correo electrónico, que será la asignada oficialmente al letrado que lo asista, donde se le cursarán las notificaciones por cédula que no requieran soporte papel y la intervención del Oficial Notificador. Estos requisitos se cumplirán en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real”.
Conforme el art. 3 del Anexo I de la Ac. 3845/17 S.C.B.A., “De conformidad a lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C.C., toda persona que tenga que constituir domicilio en un proceso judicial deberá indicar su domicilio electrónico”.
ALVARADO VELLOSO, Adolfo A., “Lecciones de derecho procesal”. Editorial Astrea, 2015, p. 223.
Conf. Cám. Civ. y Ccial. de Mar del Plata, Sala Segunda, en autos “Dominguez, Florentino y Terrén, Ester s/ Quiebra”, resol. del 30/11/2010.
Según el art. 41 del C.P.C.C.B.A., “Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente citado, quedará automáticamente constituido el domicilio legal en los estrados del juzgado o tribunal, salvo el caso del segundo párrafo del artículo 59°. Allí se practicarán las notificaciones de los actos procesales que correspondan, en la forma y oportunidad determinadas por el artículo 133°”.
CALVINHO, Gustavo A., “La carga procesal y el dinamismo de la norma procedimental”, disponible para su consulta online a la fecha de la publicación del presente mediante el acceso al siguiente link: https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/1079/861.
GOZAÍNI, Osvaldo A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado”. Editorial La Ley, 2009, T. I, p. 59.
COMAS, Paula y SOSA, Toribio E., “Notificaciones al domicilio en el proceso civil de La Pampa”, publicado en: LLPatagonia 2014 (diciembre). AR/DOC/4459/2014.
Específicamente, el Ac. 2514/92 S.C.B.A. establece que cuando los profesionales actúen en representación de terceros o por derecho propio, al comienzo de cada escrito deben consignar, con claridad, “…indicación expresa del domicilio constituido…” Asimismo, se establece que: “La mención precisa de las personas representadas y el domicilio constituido debe ser consignada en cada escrito que se presente y únicamente podrá ser sustituida con la referencia expresa de la foja de la causa en la que constan tales circunstancias”.
BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., “El nuevo régimen de notificaciones electrónicas en el proceso judicial bonaerense”, ya citado.
ORDOÑEZ, Carlos J., “Aspectos procesales de las presentaciones y notificaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires”, publicado en LLBA. Número 6 de julio 2016. Cita on line: AR/DOC/1836/2016.
Conf. Cám. Civ. y Ccial. de Mar del Plata, Sala Tercera, en autos “Leguizamon Laura Alejandra Daniela c/ Alvarez Graciela Rosana y otro/a s/ repeticion sumas de dinero”, sent. int. del 11/04/2017.
BIELLI y NIZZO, “Derecho Procesal Informático”, ya cit., p. 104.
A través del sitio web https://firmadigital.scba.gov.ar/CertificadosEmitidos.aspx, e ingresando datos tales como nombre, apellido, DNI o CUIT de una determinada persona, se puede obtener rápidamente cuál es su casillero electrónico oficial.
Publicado del sitio web del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: http://200.51.40.211/matora/index.php y em base a las estipulaciones que establece la ley 5.177 en sus articulos 4, 41 y 42 y articulo 137 de la sección reglamentaria.
Sancionada el 01/06/2011, promulgada el 30/06/ 2011 y publicada en el B.O. del 07/11/2011.
El art. 2 de la ley 26.685 establece que “La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación”.
Dictada el 13/12/2011.
Posteriormente se estableció el uso obligatorio y exclusivo del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) a todas las causas en trámite, sin importar la fecha de inicio de aquéllas (Ac. 3/15 C.S.J.N.).
Acuerdo General 15/18, emanado con fecha 29 de mayo de 2018.. Fundamentos del Anexo I. Articulo tercero.
La Resolución 582/16 S.C.B.A. establece: “Que en esta situación se observa conveniente hacer saber a los magistrados la necesidad de aplicar la consecuencia que deriva del artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial, frente a la inobservancia de las obligaciones previstas en la primera parte del artículo 40 de! aludido código, que no es otra que la constitución del domicilio en los estrados del juzgado o tribunal”.