Source: https://www.scribd.com/document/161917986/Faraig-Dueno-del-vehiculo
Timestamp: 2018-03-24 11:20:52
Document Index: 230540463

Matched Legal Cases: ['artículo 1078', 'artículo 468', 'artículo 479', 'artículo 5', 'artículo 2412', 'artículo 2412', 'artículo 5', 'artículo 2362', 'artículo 2363', 'artículo 5', 'artículo 2506', 'artículo 1113', 'artículo 2601', 'artículo 2351', 'artículo 1026', 'artículo 1031', 'artículo 248', 'artículo 1424', 'artículo 1029', 'artículo 468', 'artículo 2412', 'artículo 208', 'artículo 402', 'artículo 413', 'artículo 468', 'artículo 315', 'artículo 192', 'artículo 413', 'artículo 1031', 'artículo 468', 'artículo 19', 'artículo 208', 'artículo 468', 'artículo 316', 'artículo 16', 'artículo 468', 'artículo 413', 'artículo 468', 'artículo 32', 'artículo 468', 'artículo 18', 'artículo 155', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 468', 'artículo 29', 'artículo 1078', 'artículo 468', 'artículo 1109', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 29', 'artículo 88', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 88']

SENTENCIA NÚMERO: VEINTIDÓS En la ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de abril de dos mil, siendo las
doce horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de los señores Vocales doctores Luis Enrique Rubio y Adán Luis Ferrer, a los fines de dictar Sentencia en los autos “Faraig, Jerónimo Eduardo y otro p. s. a. Homicidio culposo” (“F”, 17/98), con motivo de los recursos de casación interpuestos por el Dr. Julio Manzanares, en su carácter de apoderado del actor civil Carlos Alberto Gastón y por el demandado civil Juan José Navarro Torre, con el patrocinio letrado de los Dres. Jorge Romagnoli y Fernando Amitrano, en contra de la Sentencia Nº 7, de fecha 24/09/98 dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional de 4ª Nominación de esta Ciudad. Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: 1º) ¿Ha sido erróneamente aplicado el decreto ley 6582/58? 2º) ¿Es nula la Sentencia en cuanto a la conclusión de propiedad del motovehículo a cargo de Juan José Navarro Torre y Nakai Japan? 3º) ¿Es nula la Sentencia en el quantum de procedencia del rubro daño moral? 4º) ¿Ha sido erróneamente aplicado el artículo 1078 del Código Civil? 5º) ¿Han sido erróneamente aplicados los artículos 705, 1109 y concordantes del Código Civil? 6º) En su caso, ¿qué solución corresponde dictar? Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dra. María Esther Cafure de Battistelli, Dr. Luis Enrique Rubio y Adán Luis Ferrer. A LA PRIMERA CUESTIÓN: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI DIJO: I. Por Sentencia Nº 7, de fecha 24/09/98, el Sr. Juez en lo Correccional de 4ª Nominación de esta Ciudad resolvió, en lo que aquí interesa: “1) Declarar a Jerónimo Eduardo Faraig y Carlos Alberto Gastón, ya relacionados, coautores responsables de homicidio culposo e imponerles como pena la de 6 meses de prisión en forma de ejecución condicional y 5 años de inhabilitación especial disponiendo por el plazo de dos años las condiciones requeridas por el Ministerio Fiscal para mantener en suspenso el cumplimiento de la sanción corporal. Con oportuna comunicación y costas. 2) Hacer lugar, parcialmente, a las acciones civiles resarcitorias entabladas por Judith, Paola Alejandra y Karina Griselda Zomoza contra Jerónimo Eduardo Faraig, Juan José Navarro Torres y Nakai Japan condenando solidariamente a éstos a pagar a cada una de aquéllas la suma de $40.000, sin intereses en concepto de daño moral. 3) Hacer lugar, parcialmente, a la demanda civil incoada por Carlos Alberto Gastón, en nombre y representación de su hijo menor Daniel
Gabriel Gastón contra Jerónimo Eduardo Faraig, Juan Navarro Torre y Nakai Japan condenando “in solidum” a éstos a pagar al accionante la suma de $43.469 en concepto de lucro cesante pasado, lucro cesante futuro y daño moral. 4) Hacer lugar, parcialmente, a la demanda incoada por Carlos Alberto Gastón en nombre y representación de su hijo menor de edad Carlos Alejandro Gastón contra Jerónimo Eduardo Faraig, Navarro Torre y Nakai Japan condenando a éstos para que en forma solidaria abonen al primero de los nombrados la cantidad de $34.035 como lucro cesante pasado, lucro cesante futuro y daño moral. 5) Hacer lugar, parcialmente, a la acción civil instaurada por Juan Carlos Zomoza contra Jerónimo Eduardo Faraig, Juan Navarro Torre y Nakai Japan condenando a éstos para que de modo solidario, paguen al demandante $20.000 como reparación de daño moral. 6) Rechazar la acción deducida por Carlos Gastón contra Nakai Japan S.A. sin costas [...]” (fs. 353 vta./355). II. Contra dicha resolución recurre en casación Juan José Navarro Torre, con el patrocinio letrado de los Dres. Jorge Romagnoli y Fernando Amitrano. Invoca ambos motivos del artículo 468 del Cód. Proc. Penal, y expone puntuales reproches al decisorio, todos ellos en orden a desvirtuar la condena civil recaída en contra suya y de Nakai Japan. a) Propiedad del vehículo: solicitando un pronunciamiento de esta Sala sin reenvío —lo que permite presumir que lo hace bajo el motivo sustancial (artículo 479, Cód. Proc. Penal)— el recurrente arremete contra la afirmación de su carácter de propietario, y la consecuente negativa del de poseedor en el codemandado civil Faraig. Señala que el a quo ha reconocido que el rodado no estaba inscripto en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor, pero declara que Juan José Navarro Torre sí es propietario del vehículo “en base a todo el contenido del decreto-ley 6582/58, especialmente su artículo 5º, sumado a todas las demás leyes y decretos modificatorios, complementarios y concordantes”. El impugnante, por su parte, reconoció haber sido importador del bien, y por ende, propietario. Pero afirma luego haber transferido esta última calidad a Faraig, conforme surge del recibo de la motocicleta de fs. 13, el subdiario de ventas de Nakai Japan, el remito y la factura de compraventa. El yerro del sentenciante —denuncia— finca en haber hecho aplicable al caso bajo examen, en relación a un vehículo no inscripto, el régimen del decreto 6582/58. No ha distinguido el juzgador, pues, el carácter registrable de una cosa, de su efectiva registración. No cabe duda que la motocicleta es un bien registrable, pero tampoco que al momento del accidente era un bien no registrado aún. Antes de la inscripción, el régimen jurídico aplicable es el general de las cosas muebles, en especial el artículo 2412 del Código Civil. Solicita entonces el impugnante un pronunciamiento
Se presentó luego con toda la documentación para retirarla. uno objetivo ( corpus: disponibilidad física de la cosa) y otro subjetivo ( animus domini: intención de ejercer un derecho de propiedad). Ello significa que si en un conflicto determinado las presunciones de posesión y buena fe no son desvirtuadas. Probado el corpus. De ello surge que los dispositivos legales señalados no fueron aplicados. generan a su vez una tercera presunción: la de propiedad. toda vez que ante la falta de prueba el propio Código Civil presume esta última situación (artículo 2412).. Exige dos recaudos positivos —posesión y buena fe— y uno negativo —que la cosa no sea robada o perdida— (este último. posesión y dominio son instituciones diferentes. La posesión se configura cuando confluyen dos elementos. III. Al contestar la demanda nada dijo acerca de la documentación. Lo crucial . en base a todo el contenido del decreto ley 6582/58. Los importadores de bienes como el que nos ocupa son propietarios de los mismos por más que carezcan de titularidad registral./374 vta. señala el impugnante que también se ha desconocido el sistema de la ley civil para el dominio y transmisión de bienes muebles. la ley presume la existencia de posesión. 373 vta. Todo esto.. especialmente su artículo 5º. tenencia.). que es la misma que luego presentó el codemandado civil Navarro Torre. La buena fe también es objeto de una presunción legal. acepto su carácter de primer dueño en la Argentina. Por ende. y por ello resulta erróneo reputar a Faraig tenedor legítimo. En lo que a este extremo refiere. complementarios y concordantes.sin reenvío que declare la aplicación de dicha normativa (fs. y por ello solicita se resuelva sin reenvío conforme a ellos. b) Posesión del vehículo: descartada la aplicabilidad del decreto ley mencionado. y no poseedor de buena fe. como ya lo había hecho en sus libros de comercio. señala el impugnante que Faraig tenía en su poder la motocicleta en el momento del accidente. el a quo expuso que “tiene prioridad definir si Juan José Navarro Torre y Nakai Japan son propietarios del vehículo [. Concretamente. esta norma crea a favor del poseedor de buena fe de una cosa mueble no robada o perdida la presunción de propiedad. el artículo 2362 la dispone “ iuris tantum”. sumado a todas las demás leyes y decretos modificatorios. Aclaro que me refiero al primer espacio de tiempo en el cual la motocicleta de marras es arrojada a la plaza nacional de negocios. no tiene relevancia en el caso). quien también la ratifica en la audiencia de debate.] Concluyo que sí lo son. surge de la ley de fondo. conforme se desprende del artículo 2363. En el sub-examine. Volviendo al caso. Tal como lo destaca la resolución en crisis. destaca. tal hecho no ha sido negado por esta parte demandada.
13 ni el subdiario de ventas de Nakai Japan ni el remito y la factura de Navarro Torre a Faraig. es saber si hubo transmisión de éste en favor de Faraig. pues estamos hablando de los medios de prueba. 341/343).. Para este tramo de la Sentencia. pero no dueño pues son tres institutos distintos aunque convergen en una persona lo que no se acreditó “ in re” [. específicamente la documental. manteniendo dominio sobre la cosa [. El Tribunal no podrá evaluar el material descripto y decido que Navarro Torre y Nakai Japan continúan. Ni siquiera [.. que Faraig sea el poseedor del rodado. Navarro Torre y Nakai Japan tenían la oportunidad. Para terminar con esta parte de la evaluación afirmo que el Derecho únicamente puede exigir aquello que es humanamente razonable. Había dos soluciones que no se utilizaron.. precisos y concordantes que sean los indicios no alcanzan para integrar el elenco probatorio de la cuestión accesoria.. innegablemente.. en modo bastante implícito. Entonces. a la fecha del hecho. lo aplicable es el Cód.]” (fs. Legítimo en cualquiera de los casos. en el proceso penal. No estando prevista. la prueba documental que dejaría a Faraig como único dueño. se estima que los demandados civiles no deben atestiguar en causa criminal. pasando al terreno del olvido sus responsabilidades civiles como importadores al oscurecerse totalmente su calidad de propietarios. la prueba presuncional. por graves. Y esta carga probatoria correspondía a los terceros demandados.. Por lo expresado no hay forma de aportar a la libre convicción de quien resuelva. por no estar vedado legalmente. su carácter con respecto a la cosa mueble se ciñe simultánea o separadamente al de tenedor o usuario de la cosa.. Al margen que no queda claro si Faraig siendo poseedor de buena fe circulaba contraviniendo normas legales y contra la voluntad expresa o presunta de sus dueños lo que pareciera indicar que no tenía el “ animus domini” para cimentar “res sibi habendi” en el campo jurídico.] tienen valor de probanza para la cuestión penal so pena de inminente escándalo jurídico. Proc. El reconocimiento requerido es en ayuda de la sana crítica racional. de realizar ellos mismos la inscripción supliendo la omisión de Faraig. El certificado de aduana de fs. que debe emplear el Juzgador no para dilucidar si el documento es oponible o no a terceros. Pues bien.]. Pero nada empece a que declaren espontáneamente hasta sin exigencia de juramento. rara vez tratada por la doctrina era hacer comparecer a Navarro Torre al reconocimiento no obstante que. .] No se ha probado. No sucedió así y su responsabilidad civil como dueños de la cosa que crea riesgos a las personas ha quedado incólume [. más simple. Una más difícil era que al menos Faraig declarando en la audiencia reconociera al menos parcialmente la documentación [.para fijar el dominio. así y todo no pueden considerarse como elementos de convicción. no las leyes de fondo.] La otra. ni tampoco el recibo de la motocicleta obrante a fs.. 14 no ha sido cuestionado en su autenticidad. Penal. en manera alguna.. adquiriendo el derecho a repetir cuanto hubiese erogado al sustituir o subrogar al adquirente en su obligación..
JA Doctrina. p. Trigo Represas. en su segundo párrafo. . Nakai Japan) junto a Faraig.IV. en otros términos. no admite mayores dificultades. cfr. Más allá de su excesiva latitud (“todo el contenido del Dec.. conductor de la motocicleta adquirida a Nakai Japan al momento del hecho. La primera. Luis. el dueño o guardián. deberá demostrar que de su parte no hubo culpa. que la normativa registral no comienza a tener aplicación sino hasta que se efectúa la venta del automotor al primer usuario. entonces. establece —en relación a la responsabilidad por riesgo— que “en los supuestos de daños causados con las cosas. Civil. Ello reviste importancia. Responsabilidad civil en materia de accidentes de automotores . sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder [. su desarrollo debe comenzar por determinar si los importadores y luego vendedores de automotores pueden transferir su calidad de propietarios de los vehículos con prescindencia de la inscripción registral. y por ello quedó firme en cabeza de Jerónimo Eduardo Faraig. 132). mientras que la exclusión del primero dejará sólo a éste responsable frente a los actores civiles.. pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa. complementarios y concordantes) la remisión es equivocada toda vez que precisamente dicha normativa regula el régimen registral aplicable a los automotores. Ricardo y Moisset de Espanés. 1973-561). cuyo examen aquí se provoca. Félix. 1986.. si son aplicables a este supuesto las disposiciones del decreto-ley 6582/58.]” Son dos entonces las calidades atrapadas por la norma a los fines de la responsabilidad: la propiedad o la guarda. Cód.]” (Lloveras Cossio. para eximirse de responsabilidad.. Es más. “La propiedad de los automotores”. especialmente su artículo 5º. la del guardián— no ha sido discutida en autos. y nada dice del régimen al que están sometidos aquellos que no han sido aún inscriptos. La segunda —esto es. o si es necesaria ésta para que se configure la transferencia del dominio. 1. entonces... sumado a todas las demás leyes y decretos modificatorios. se trata del derecho real de dominio sobre la cosa (artículo 2506 y ss. ley 6582/58. Retomando el punto de análisis. El artículo 1113 del Código Civil. autorizada doctrina señala que ni siquiera al dictarse el decreto se previó “un verdadero sistema de derecho transitorio respecto a la propiedad de los automotores para el lapso que va desde la vigencia del mismo (mayo de 1958) hasta su real aplicación [. Los automotores no registrados y su régimen dominial: en este sentido cabe puntualizar el desacierto del a quo en la invocación del decreto ley 6582/58. Con corrección se señala. toda vez que desde que la conminación de responsabilidad es conjunta para ambas calidades. la confirmación de lo resuelto por el a quo importará la obligación in solidum de Navarro Torre (para el caso. “Ni el fabricante. RubinzalCulzoni. ni el importador.
y que entonces sólo puede circular excepcionalmente munido de placas provisorias. Rubinzal-Culzoni. t. 2. 1997. y lo incorpora al parque automotor (ob.. La solución en el caso: de acuerdo a las reglas sustantivas arriba expuestas. y por ello la cuestión referida a su dominio debe regirse según las disposiciones generales del Código Civil para las cosas muebles. y verificar si a la fecha del hecho había operado eficazmente la transferencia de dominio de la motocicleta por parte de Navarro Torre a Faraig. dentro de éste la tradición traslativa de la posesión es modo válido de adquisición del dominio (artículo 2601. aplicables a las cosas muebles en general [. p. 5. con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad”. mientras que el segundo importa “no reconocer en otro un señorío superior en los hechos” (Mariani de Vidal. inc.1. que antes de la venta al público el vehículo no está sometido a dicho trámite. En síntesis. El artículo 2351 del Código Civil define el instituto: “habrá posesión de las cosas. 1986... La posesión: así determinada la vigencia del régimen general de las cosas muebles. y 32 del decreto puede extraerse que es el primer adquirente quien debe solicitar la inscripción. cuando alguna persona. cit. Bueres. Luis. Marina. 3. Responsabilidad civil en materia de accidentes de automotores. Hammurabi.ni los concesionarios o intermediarios. de lo arriba expuesto puede concluirse que los vehículos no inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. ¿Es acorde a derecho esta exigencia? El artículo 1026 del Código Civil establece que “el . ps. de los artículos 20. debo volver a los hechos de la causa. 94).]” (Moisset de Espanés. sin embargo son dueños del vehículo y su propiedad deberá juzgarse por las disposiciones del viejo régimen del Código Civil. Código Civil y normas complementarias. a) La compraventa: el sentenciante menosprecia la documentación que se acompaña para acreditar la compraventa de la motocicleta. con total prescindencia incluso del eventual conocimiento de la ilegitimidad del título por el cual o la forma en que se posee. Retoma así la clásica composición de dicha figura en base a dos elementos: el corpus y el animus domini. 38/39). a. no están sometidos al régimen del decreto ley 6852/58. “e”. están obligados a inscribir —lo que significa que la cosa todavía no está sometida al régimen especial—. dirigido por Alberto J. por entender que era necesario el reconocimiento judicial de los comprobantes respectivos a los fines de su eficacia probatoria. Análisis doctrinario y jurisprudencial . puesto que es esta circunstancia la que lo saca del inicial circuito de comercialización. Asimismo. 35/36). ps. por sí o por otro. Civil). tenga una cosa bajo su poder. Señala el autor referido que de este modo se evidencia cómo la inscripción constitutiva va unida al uso del vehículo. El primero consiste en la mera tenencia o detentación física de la cosa. Cód.
En este sentido. Augusto Morello y Rubén S. 1984-A. consiste en que "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior. 186 y Navarro Torre a fs. 871. a. la que por lo demás coincide en un todo con su regulación procesal por la ley local. en cuanto ésta plasma la máxima venire contra factum propium non valet . quien los ofrece como prueba no debe hacerlo. Proc. y a la que esta Sala ha dado formal cabida en un reciente precedente (Sent. tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores”. Es más. 320 vta. "La doctrina del acto propio".instrumento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone. por lo que lógico resulta colegir que todos han aceptado su autenticidad. finalmente. de lo que da cuenta el acta de fs. De ello puede fácilmente derivarse que quien presenta determinada documentación se hace cargo de su validez. Nº 148. 150. respecto de la parte que lo ha presentado a juicio. ninguno de ellos opuso reparos a su incorporación en el debate. En el caso. Civil establece que “para la eficacia de los documentos privados se requiere que sean reconocidos por la persona contra quien se presenten o que el tribunal los declare tales”. el reconocimiento exigido por el sentenciante carecería de virtualidad. En efecto. lo dicho recibe apoyo adicional por parte de la denominada teoría de los actos propios. deliberada y jurídicamente eficaz" (acerca de la recepción a partir de un antiguo precedente del 8 de abril de 1869 y su amplitud en la jurisprudencia de la Corte. 70. Aplicada al caso. Stiglitz. “Angeloz”). Luego el artículo 1031 agrega que “todo aquel contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él. Conforme a su recepción en la fórmula acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El a quo entonces ha inobservado la norma sustantiva que dispone la eficacia probatoria del instrumento privado. ambas partes —actores civiles y demandados— han presentado similar documentación. está obligado a declarar si la firma es o no suya”. resulta claro que quien debe reconocer los documentos privados es la persona contra quien éstos se presentan. el artículo 248 del Cód. los Zomoza a fs.2. y que sólo respecto de aquél en cuya contra se la introduce al proceso. y 126/127. acompañada de la manifestación de voluntad de que sean admitidos como elementos de convicción. 29/12/99. importa un claro reconocimiento de su autenticidad. 872). Una vez más. LL. ya que respecto de ella su introducción al proceso. ps. toda vez que habiéndose configurado por las partes una primera conducta jurídicamente relevante y válida . los Gastón la ofrecieron como prueba a fs. a contrario. o declarado debidamente reconocido. se torna relevante su reconocimiento.
(formulada con discernimiento. firmado de conformidad por Jerónimo Eduardo Faraig (fs. el eventual desconocimiento de su autenticidad en un reconocimiento posterior. –Finalmente el remito de la motocicleta (Nº 0001-00000721). Guillermo. Ha sido probado entonces el pago del precio y la entrega de la cosa. b) La posesión: lo arriba expuesto se corrobora también toda vez que se ha acreditado —y no se ha controvertido— que al momento del accidente Faraig no sólo era el dueño sino que además era el poseedor de la cosa: –Corpus: este requisito ha quedado irrefutablemente establecido por la propia fijación del hecho: . En efecto. 143). 65). Nº 0001-00001964. Así entendida la aptitud probatoria otorgada por la ley de fondo —a lo que debe sumarse que ninguna de las partes negó su existencia— debe tenerse por perfeccionada la compraventa de la motocicleta. esto es. encabezado por Jerónimo Faraig. con la factura Nº 0001-00001964. de fecha 23/07/94. 1984-A. 865). –El subdiario de ventas de Juan José Navarro Torre. por un total de $3.3. p. 13). 136). fs. importaría una segunda conducta contradictoria o incompatible o incoherente con la primera. a. En síntesis. la presentación judicial de la documentación que respalda la compraventa. por un total de $3. Rubén S. de fecha 01/07/94. verificada entre partes idénticas. que acredita la entrega del motovehículo. –La factura emitida por Nakai Japan de Navarro Torre a favor de Faraig. 1979. acarrearía la inadmisibilidad de la segunda conducta toda vez que la regla venire contra factum propium limita los derechos por el deber de actuar coherentemente (Borda. 141). LL. intención y libertad. su resultado habría quedado igualmente vinculado a lo que constituyó la primera actividad de las partes respecto a ella: el presentarla en favor de su pretensión. en orden cronológico: –El recibo de pago de la suma de $100. es decir. y por ello. (07/06/94. Nº de motor 5V4-006635. aun habiéndose producido el reconocimiento judicial que pretende el a quo como requisito de validez de la documental incorporada.000 (fs. y agotado el cumplimiento de sus prestaciones. modelo XJ600. Nº de chasis 5V4-006635. debe tenerse por celebrada la compraventa. Y por aplicación de la teoría que aquí desarrollo. se han arrimado a juicio los comprobantes de las siguientes operaciones. marca Yamaha. traduce procesalmente el imperativo del sujeto de que "el hombre sea —debe serlo— fiel a sus propios actos (Morello Augusto y Stglitz. sin vicios de la voluntad —error. como reserva del motovehículo. donde se detalla la venta al contado de una “motocicleta usada. que ratifica lo anterior. p. "La doctrina del acto propio". en el estado en que se encuentra y a su entera satisfacción”.000 (fs. tal contraposición. de fecha 01/07/94.. correspondiente a las facturas “B” del mes de julio de 1994. Tratado de derecho civil. dolo o violencia—).
EL SEÑOR VOCAL DR. afirmativamente. La conclusión es inadmisible toda vez que. Por ello adhiero a su voto. LUIS ENRIQUE RUBIO DIJO: La señora Vocal preopinante da. por ende. debe revocarse. Como último detalle. Es decir que niega la intención dominial de Faraig basado en la conducción antirreglamentaria del mismo. la recepción de la motocicleta no admite en el adquirente otro estado subjetivo que la intención de comportarse como dueño. ya que la transferencia de la propiedad es la obligación consecuente del vendedor una vez que el comprador ha abonado su valor (artículo 1424. para compartir la carga de la indemnización ordenada no ha negado ser propietario de la motocicleta. y contra la voluntad expresa o presunta de quienes considera sus propietarios —Navarro Torre y Nakai Japan—. Civil). de ello se desprende el dominio que éstos atribuyen a Navarro Torre y Nakai Japan obedeció al yerro jurídico de considerar la falta de inscripción registral como obstáculo a la existencia del derecho real a favor del comprador. ni. por su parte. Y los actores civiles. instaron contra éstos en su carácter de propietarios. Voto. en nada se vinculan el animus domini con la conducción antirreglamentaria o no autorizada. sin que medie ninguna otra exigencia formal como ha quedado establecido supra. EL SEÑOR VOCAL DR. Cód. ya que ésta es perfectamente viable tanto en quien reconoce señorío ajeno como en quien no lo hace. por ello. y el propio sentenciante le adjudica la calidad de tenedor. –Animus domini: en relación a este aspecto. repárese en dos datos harto reveladores: Faraig. a mi juicio. y no a una diferente apreciación de la situación jurídica de la motocicleta en cuanto al perfeccionamiento de la compraventa de que ésta fuera objeto. La condena civil recaída contra el impugnante se sustenta entonces en una errónea aplicación del derecho sustantivo.era Faraig quien se conducía a bordo de la motocicleta. por lo . pero sin negar que la posesión se encontraba en cabeza Faraig. al sentenciante “no le queda claro si Faraig siendo poseedor de buena fe circulaba contraviniendo normas legales y contra la voluntad expresa o presunta de sus dueños lo que pareciera indicar que no tenía el “ animus domini” para cimentar “res sibi habendi” en el campo jurídico. ha puesto dicha calidad en Navarro Torre y Nakai Japan. pues. correctamente entendido. y. quien resultaría beneficiado al llamar a un codemandado in solidum. su carácter con respecto a la cosa mueble se ciñe simultánea o separadamente al de tenedor o usuario de la cosa”. expidiéndome en igual sentido. María Esther Cafure de Battistelli . las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. probada la existencia la compraventa y acreditado el pago del precio. Es más. ADÁN LUIS FERRER DIJO: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra.
Civil establece que las presunciones legales tienen valor probatorio conforme la ley de fondo les reconoce. El artículo 1029 del Código Civil dispone que la prueba que resulta del reconocimiento de los instrumentos privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra aquellos que los reconocen que contra aquellos que los presentaren. lo que no es exclusivo para dichos actos procesales sino que indica que en la resolución de las cuestiones civiles deben seguirse las reglas del proceso civil. Sin embargo. e invocando ambos motivos del artículo 468 —por tratarse una violación de normas de fondo y también procesales— alega el recurrente que el a quo también ha ignorado las normas de prueba referidas a los instrumentos privados. Presunciones: la resolución acepta que no han sido cuestionados en su autenticidad el recibo de la motocicleta obrante a fs. etc. 2362 y 2363 del Código Civil. En el caso ello ha ocurrido con las del artículo 2412. ambos contratantes presentaron dicha . boleto. y el 316 del Cód.). La compraventa comercial entre Navarro Torre y Faraig está debidamente acreditada en la forma prevista por el Código de Comercio. 3 del Cód. Proc. Ello equivale a la situación prevista por el artículo 208. A LA SEGUNDA CUESTIÓN: LA SEÑORA VOCAL DRA. la ley ritual penal remite a las disposiciones del CPC (artículo 402. Cód.que adhiero a la misma en un todo. de igual forma. afirma el impugnante. 1. 2. en consecuencia. votando. En el caso. los documentos (factura. en concordancia con los artículos 2351. en función del artículo 413. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI DIJO: I. de Comercio (documentos privados firmados por los contratantes). Invocando expresamente el motivo formal de casación. Penal). recibo. Empero. Proc. los contratos comerciales. el impugnante denuncia diversos defectos en la valoración de la prueba (artículo 468. Cód. en especial. inc. tanto para la demanda como para la contestación. Agrega que tampoco encuentra ningún principio que vede la aplicación en el proceso penal de los principios generales en materia de prueba. Proc. 13 ni el subdiario de ventas de Nakai Japan ni el remito. ni la factura de Navarro Torre a Faraig. El artículo 315 del Cód. 376/377). han sido debidamente reconocidos por ambos contratantes: Faraig los presentó para recuperar su motocicleta y Navarro Torre luego agrega copia junto a otra documentación. los descarta como prueba por no estar prevista en el Código de Procedimientos la presuncional. Penal). con relación a la acción civil tramitada en él. 4. inc. Civil (fs. 2. En efecto. Instrumentos privados reconocidos: en forma subsidiaria. Sería además inaceptable —y vulnerador de la defensa en juicio— que una demanda civil tenga éxito o fracase por la sola circunstancia de deducirse en el fuero penal o civil. Proc. inc.
ningún habitante está obligado a hacer lo que . si existiera alguna duda sobre la antedatación del contrato. Cód. bajo pena de darlos por reconocidos. la propia resolución reconoce que se ha agregado copia del subdiario de ventas (fs.documentación. existe la posibilidad de verificarla en otro elemento de convicción: su mención en los libros de comercio. prueba por excelencia en materia comercial. 2./380). el artículo 192 del Cód. 2. está obligado a declarar si la firma es o no suya. como única forma de despojarse de toda responsabilidad civil como importador. nula (fs. es obvio que la prueba de una sola de sus cláusulas (la fecha) debe seguir la misma regla. En este sentido. 3. precisos y concordantes —por no haberse cuestionado la autenticidad de la documentación. 5. 4. la resolución atribuye a Navarro Torre responsabilidad por la omisión de registrar el vehículo. Fecha cierta del contrato de compraventa: también a modo subsidiario y a través de ambos motivos casatorios. entre partes. todo aquél contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él. por ello. inc. que no ha sido planteada por ninguna de las partes. Penal): si bien no lo dice textualmente. Además. en la meritación de la presentación de la documentación por Faraig. de Comercio no distingue la eficacia probatoria sobre la existencia del contrato. y por ello debieron ser aplicadas en estos autos. por extinguirse la calidad de propietario. en función del artículo 413. 4. Proc. inc.). y con relación a terceros. su no desconocimiento al contestar la demanda. 378 vta. Por si ello no bastara. Ello. agrega el recurrente que conforme el artículo 1031 del Código Civil. si no se cumplimenta tal requisito. En este punto. Tal razonamiento es no sólo ilegal sino además inconstitucional. Presunciones judiciales (artículo 468. nada dijo sobre ellos (fs. 377/378). Faraig. 378 y vta. Entonces. Proc. la posesión de buena fe del vehículo. inc. Civil las autoriza como prueba. graves. al contestar la demanda. Civil establece que el demandado deberá reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen. concluye el recurrente. toda vez que conforme lo dispone el artículo 19 de la Constitución Nacional. La conclusión que excluye la prueba indiciaria configura un exceso ritual manifiesto y un verdadero agravio al derecho de defensa en juicio y al principio lógico de razón suficiente. Proc. pero reconoce estar en presencia de indicios. la Sentencia es contradictoria y. En el mismo sentido. señala el impugnante que el artículo 208 del Cód. Falta de inscripción (artículo 468. etcétera. Penal): El artículo 316 del Cód. El a quo niega esta posibilidad. Proc. Cód. debe tenérsela por reconocida. Y si todo el contrato puede probarse por este medio.
ni tampoco estipula a quien corresponde la obligación de matricular el vehículo. Proc. debió acreditarse que el importador autorizó al comprador a circular sin patente.). distribuidor o comerciante sólo están obligados a suministrar la documentación necesaria a tal efecto. En definitiva. 8. El fabricante. La carga de la prueba debió partir de la situación inversa. y tenerlo como poseedor de buena fe. concesionario. y de ello resulta obvio que dicha carga pesa exclusivamente al primer adquirente. También se violaría el principio de igualdad ante la ley (artículo 16. deben hacerse jugar las presunciones legales iuris tantum (artículos 2351. propietario (fs. limitándose a sostener que no se ha arrimado prueba al respecto. por último. Obvio resulta que debió indicar concretamente en qué carácter conducía la moticicleta Faraig. afirma el impugnante que las normas jurídicas deben ser interpretadas a la luz de la confrontación de sus efectos con el propósito que inspiró su elaboración. es decir./382). 4. Y de no acreditarse que era un simple tenedor. Penal): con Luis Recasens Siches. tenedor legítimo o usuario de la motocicleta. que quiera darle dicho destino. Proc. 2. Nacional). quien se había desprendido de todo poder real o jurídico sobre el vehículo protagonista del accidente. y en qué prueba se basaba para sostenerlo. Cód. Cód. Proc. y con Oliver Wendell Holmes agrega que los jueces deben ponderar las consecuencias sociales de su decisión. En el caso. inc. pero sí que en ninguno de los casos es dueño. Penal): la sentencia rechazó el argumento basado en que Faraig usó la cosa en contra de la voluntad presunta del dueño. toda vez que se equipararía el régimen de un coche inscripto a uno que no lo está. Const. Prohibición de circulación para vehículos no patentados (artículo 468. 7. la imposibilidad de patentar un vehículo sin tenerlo materialmente (debido a la verificación). decreto-ley 6582/58).no manda la ley. la falta de toda norma sancionatoria para la situación comprobada en autos — vehículo no inscripto entregado por el importador a un comprador— deja la conclusión carente de razón suficiente. inc. Cód. 2363 y 2412 del Cód. 381 vta. y en consecuencia. 6. y por ello nula (artículo 413. 381 y vta. Injusticia de los efectos de la resolución (artículo 468. no pasa inadvertida la injusticia de la resolución respecto de Navarro Torre. Tenencia legítima: el a quo ha señalado que no quedó claro si Faraig era poseedor. Sólo prohíbe circular por la vía pública a un vehículo no matriculado. El decreto-ley 6582/58 no regula la situación de los automotores no inscriptos. Penal). Agrega el recurrente que un vehículo que no está destinado a circular por la vía pública no es una cosa riesgosa en principio. 2. para responsabilizarlo. Su destino es comercialización y no circulación. Civil). importador. Se desconoce. . al menos hasta su inscripción (fs. La solución no ha tenido en cuenta que lo entregado por Navarro Torre a Faraig era un vehículo no autorizado para circular por la vía pública hasta tanto fuera registrado (artículo 32. inc.
Y no entregarlos hasta tanto sean inscriptos favorecería a los irresponsables para competir en forma desleal. 382/383). Así voto. el tratamiento de la presente deviene abstracto. Cód. toda vez que. sólo puede esperarse que efectivamente no se hagan distingos gratuitos. se repare de igual forma. Proc. ley 24. en su carácter de apoderado del actor civil Carlos Alberto Gastón. so pena de hacerlos potencialmente responsables por ello. Atento la forma en que se ha resuelto la primera cuestión que antecede. las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. 2 del Cód. Penal. y que si el dolor ha sido igual. la Sentencia expresa que no hay distingos gratuitos entre los hijos de una persona. Ello es así. en lo atinente a la solución arribada por el a quo para el rubro daño moral. 357 vta. agregando que el daño moral tiene un sentido ejemplarizador y no puede ser fuente de enriquecimiento (fs. con mayor razón si los Gastón han sido . imponer a los importadores la carga económica de inscribir los vehículos que venden. impediría la actividad. LUIS ENRIQUE RUBIO DIJO: La señora Vocal preopinante da. inc. en consecuencia.). expidiéndome en igual sentido. Julio Manzanares. a mi juicio. Es imposible. votando. EL SEÑOR VOCAL DR. equivale a una verdadera falta de juicio y acarrea la nulidad de la resolución por vicios formales (fs. denuncia el vicio in procedendo de fundamentación contradictoria (artìculo 413. Penal). además. II. afirma el recurrente. de igual forma. Proc. Expone su reproche desde diversos ángulos: a) Diferencia en el quantum asignado a los hijos: el defecto señalado finca en la contraposición entre lo decidido y los argumentos expuestos en su sustento. y en especial tratándose de vehículos de bajo valor económico. María Esther Cafure de Battistelli . A partir de tales premisas.441). por lo que adhiero a la misma en un todo. EL SEÑOR VOCAL DR. 4.Conforme la evolución y expansión de la industria automotriz. en el acápite correspondiente. A LA TERCERA CUESTIÓN: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI DIJO: I. que el dolor es el mismo y que los menores Gastón fueron beneficiarios casi exclusivos de los desvelos y cuidados de su madre. La falta de ponderación de tan nefastas consecuencias generales para todos los que intervienen en la comercialización de vehículos automotores. Invocando el motivo formal previsto en el artículo 468. la contratación de un seguro para un caso como el de autos (artículos 14 y 33. También recurre en casación el Dr. Por ello adhiero a su voto. ADÁN LUIS FERRER DIJO: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. inc.
359 vta.200.beneficiarios exclusivos del cuidado de su madre. c) Participación “de facto” en el proceso: si el daño moral es personalísimo. son los menores los que deberían percibir un monto ampliamente superior al de las hijas mujeres de la fallecida. Tal argumentación es completamente ajena al daño moral. mal puede inferirse que el monto fijado sea prudente y representativo del sufrimiento ocasionado. con un sustrato fáctico y un fundamento legal diferente. el hecho de que siempre convivieron con ella hasta su muerte. en función de haberse acreditado su corta edad. sin la actuación “de facto” de los Gastón. II. Ello no es así ya que el patrimonio de los menores Gastón no se ve incrementado en ningún momento a costa de los demandados. el a quo incurre en un razonamiento forzado y antojadizo cuando entiende que otorgar una suma igual por este rubro a los hijos varones daría lugar a un enriquecimiento sin causa.000 por este rubro (fs.)./360 vta. la suma de $8. so pena de contradicción (fs. quienes también actuaron “de facto” hasta la audiencia de debate. se hizo acreedor de la suma de $20. Sin embargo. el apego y cariño a su madre./361). Juan Carlos Zomoza. al abordar el rubro. las circunstancias en que se produjo el accidente (fueron testigos directos). 360 vta. está englobado el resarcimiento en los lucros cesantes”. más de cinco veces superior). El a quo. y explicó: “jamás haría. fijó para cada uno de los menores Gastón. Por el contrario. Es que en verdad. depreció inconmensurablemente su reclamo por daño moral. estar separado de la occisa por más de quince años. 357/359). etcétera. se pregunta el impugnante qué relevancia jurídica tiene que la participación sea “de facto”. o proporcional —siempre mucho superior— al asignado al anterior esposo de la víctima. Ello es contradictorio con lo resuelto en relación a las Zomoza. quien esto afirma. puesto que éste y el lucro cesante constituyen supuestos indemnizatorios bien distintos. A partir de ello. por haber entendido el sentenciante que lo asignado en concepto de daño moral queda englobado en el de lucro cesante. encontrándose cinco hijos en la misma situación. Asimismo. donde recién allí dos de las hijas —Karina Griselda y Paola Alejandra— continuaron actuando procesalmente separadas de su padre y su otra hermana. quien no obstante. el Juez dispone la indemnización por daño moral con gran diferencia entre ellos (para los mayores. b) Compensación con el lucro cesante: se agravia el recurrente por cuanto el juzgador ha explicado que la fijación de un monto “relativamente bajo” obedece a que “en cierta medida. la única conclusión posible hubiera sido el resarcimiento al menos en partes iguales entre los hijos. Y congruente a ello es la imposibilidad de compensarlos o confundirlos (fs. también ello debió ocurrir para las Zomoza. Es decir que. distingos gratuitos entre los hijos de una persona como .
poco menos que exclusivos. Ello por cuanto resulta una exigencia lógica que la decisión que pone fin al proceso tramitado en legal forma. cuando es judicialmente hecho lugar. las partes intervinientes en el proceso. aunque no sea ésta mi voluntad. Nacional. En el ámbito local. Asimismo. el contralor del razonamiento del sentenciante. viendo las pruebas que dan sustento a su pretensión de lucro cesante. Esto último. 2 y 413. de los desvelos. de facto. un agravio moral a sus legítimas afecciones. artículo 18. Penal. 4).casi tampoco los hace la ley. y que en el caso de estos actores civiles su participación es. por supuesto. Esto me lleva a fijar un monto reparatorio relativamente bajo pero que si se hace evaluación que en cierta medida está englobado el resarcimiento en los lucros cesantes. la Constitución de la Provincia de Córdoba en su artículo 155 específicamente alude a la exigencia aquí tratada imponiendo a los magistrados la obligación de dictar las resoluciones "con fundamentación lógica y legal". Cód. 344). de manera eficaz. El incumplimiento de la obligación expuesta. que constituye sinónimo del debido proceso. Const. . por cuanto la fundamentación es la única forma a través de la cual. Proc. Ello así.000 — sin considerar la concurrencia de culpas— basado en su prueba in re ipsa y a sus facultades de estimación discrecional (fs. 408. 4). Sin que se consagre ningún tipo de irritante compensación. pueden efectuar. no puede dejarse de lado que el daño moral. inc. se traduce en la inobservancia de uno de los requisitos trascendentales para la validez de la Sentencia. art 142 y 413. artículos 1°. la motivación de la Sentencia se halla impuesta en nuestro Código Procesal Penal de la Provincia (ley 8123). III. inc. Pero en el sub-iudice se han dado circunstancias que permiten morigerar el reclamo. 4). Los menores Gastón han tenido que sufrir como sus hermanos Zomoza. a lo largo de su articulado (artículos 142. que ellos han sido beneficiarios. Previamente. Proc. toda vez que ha quedado librado al arbitrio del Tribunal. una unidad sin caer en dicotomía con la concepción que el daño moral es personalísimo. lleva al juzgador a la necesidad de exponer y a la vez explicitar las razones de hecho y de derecho sobre las que finca su conclusión. afanes y sacrificios de su madre. que la ley procesal sanciona con nulidad (Cód. Penal. El dolor será siempre el mismo. había concedido a las hermanas Zomoza —por igual rubro— la suma de $50.). 142. Que no desconozco que puede llegar a parecer arbitrario. 345 vta. 408. halle sustento en pruebas de la causa. concluyo que lo que se manda a pagar es prudente (artículo 29. tiene un sentido ejemplarizador no escarmentador y que nunca puede ser fuente de enriquecimiento. inc. cuando instaura el principio del "juicio previo". Pero también es cierto. Penal […])” (fs.1. garantizando el derecho de defensa en juicio (Const. La fundamentación de la Sentencia constituye una exigencia establecida en forma implícita en la Const. Nacional —artículo 18—. 2. Provincial. inc. y 413. artículos 39 y 155 y Cód. inc.
del 19/XI/85. esta Sala ha dicho que la resolución contiene una fundamentación contradictoria. del 08/X/85. anuncia que no hará “distingos gratuitos entre los hijos de una persona”. N° 57.Fundamentar o motivar las resoluciones judiciales significa consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen (TSJ. A. del 12/XI/84. y que por ello el monto de $8. A. la fundamentación que deben observar las sentencias a la hora de precisar el daño moral. expone primero algunas pautas que se suponen rectoras de su razonamiento. Nº 42. Sent. “Sosa”.I. N° 77. no necesita de prueba alguna.I. “Garza”. toda vez que a la hora de exponer las razones del monto a resarcir en concepto de daño moral. Proc. En tal defecto ha incurrido el sentenciante. “Juárez”). Nº 156. al comenzar su argumentación acerca de la procedencia de la demanda en favor de los hermanos Gastón. esto es. A. pub. “Delgado”. está englobado el resarcimiento en los lucros . N° 66. N° 13. pub. En este sentido. pub. del 15/04/86. Sent. "González". del 06/XII/96. N° 61. admitiendo incluso que “puede llegar a parecer arbitrario”. Sala Penal. acepta que el daño moral por la muerte de la madre. artículo 468). infiere que ellos han sido los destinatarios de los desvelos y cuidados de su madre en sus últimos años de vida.I. SJ N° 599. sin embargo. invocado por el impugnante. Nº 1. Sala Penal. Una de las distintas formas. “Cesarín”. Ajustando estos conceptos a lo que constituye materia de agravio. en que se plasma el vicio denunciado. Más arriba. como lo es la determinación del monto del daño moral (TSJ. En efecto. SJ N° 612. Sent. 18/12/98. establece que los Gastón han sufrido “como sus hermanos”. y que su ponderación económica en función del lucro cesante importa una “irritante compensación”. Luego. se observa cuando la motivación padece de vicios lógicos.000 otorgados a cada hermana Zomoza. “Maggione”. "Urbano". pero luego concluye en forma adversa a ellas.I. A. Penal. lo que equivale a falta de motivación.I. SJ N° 599. o bien se aplica un distinto principio de derecho (TSJ. 17/05/96. SJ N° 567. al abordar idéntico rubro pero en relación a las hermanas Zomoza. este Tribunal tiene dicho que no es motivo legal por el que proceda el recurso de casación (Cód. cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho o viceversa y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado. 3.200 fijado para cada uno de ellos no es desatinado en relación a los $50. en cierta medida. 16/II/61). “si se hace evaluación que. “Faraud”. pero que “viendo las pruebas que dan sustento a su pretensión de lucro cesante”. la discusión del ejercicio —no arbitrario— de las facultades discrecionales del Tribunal de Sentencia conforme a la facultad delegada por el artículo 29 del Cód. siendo uno de ellos el de no contradicción. A.I. Penal. 11/03/98). A. que el dolor “será siempre el mismo”. Nº 15. 2.
Ramón Daniel. Mosset Iturraspe. 1990... Y el resultado de dicha operación es una nueva incongruencia: una notoria desproporción en los montos asignados a uno y otro grupo de hijos. Asimismo se contrapone la valoración del sufrimiento espiritual como lesión a reparar a título de daño moral. Responsabilidad por daños. Hammurabi. JA. ob. que sólo resguarda la pérdida o mengua de ingresos de la víctima a raíz del hecho ilícito. en el desenvolvimiento de su capacidad de entender. 1985. “han sido . Bajo tales premisas. Es decir que. En este aspecto autorizada y mayoritaria doctrina civilista ha expuesto que su carácter es “netamente resarcitorio”.. y anímicamente perjudicial” (Pizarro. Orgaz. para mensurar el sufrimiento espiritual —que en las jóvenes Zomoza dio por acreditado in re ipsa—. t. con el “sentido ejemplarizador” que —erróneamente. cfr. ps. ps. ps.. en función de la mayor acreencia —en comparación con sus hermanas mayores— por el segundo. 2-a. Lo resarcible como daño moral es “una modificación disvaliosa del espíritu. Pero lo más relevante es que partiendo de la premisa correcta de que no hay compensación posible —por su distinta naturaleza— entre daño moral y lucro cesante. Daños a las personas. como consecuencia de éste. consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial. 25/10/84. Zavala de González. “El daño resarcible”. que no se condice con la afirmación de que “los menores Gastón han tenido que sufrir como sus hermanos Zomoza”. “López”). por su entidad cualitativa y cuantitativa. Resarcimiento de daños. estimo que si el sentenciante valoró que Daniel Gabriel y Carlos Alejandro Gastón. 47. Sala Penal.. 105/107. p. t.” (Pizarro. Córdoba. TSJ. Daño moral. Nº 25. finalmente reduce lo resarcible en razón del primer concepto. cit. que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho. 726. La equiparación es insostenible.. además— le acuerda al rubro. 1985-I. Y ello en absoluto se condice con el contenido netamente económico del rubro lucro cesante. Zavala de González. toda vez que uno y otro rubro se diferencian en su concepto y fundamento. p. aquí recurre a la prueba rendida para otro rubro. el lucro cesante. importa sustentar una concepción disvaliosa que la propia realidad ha dejado atrás […]. IV. por pertenecer al grupo familiar conviviente de Josefa Elina Arias. “El concepto de daño moral”. Discriminar las posibilidades de reparación o la extensión del resarcimiento. Hammurabi. 200 y ss. y que por ello debe ponderarse “la situación de la víctima.cesantes”. cfr. que para más corresponde a la categoría opuesta en la clásica distinción del daño en material y moral. entre otros). 1980. querer o sentir. Sent. en función de la génesis del menoscabo. en función del menoscabo por ella experimentado […]. 1996. ps. que generalmente no varía en función de la mayor o menor malignidad que pueda asumir la conducta del dañador.111 y ss. 26 y ss. Marcos Lerner Editora Córdoba. Jorge. El daño debe siempre medirse objetivamente por lo que es. Ediar.
debió asignarles un quantum indemnizatorio mayor al de sus hermanas. LUIS ENRIQUE RUBIO DIJO: La señora Vocal preopinante da. A LA CUARTA CUESTIÓN: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI DIJO: I. María Esther Cafure de Battistelli . el impugnante denuncia erróneamente aplicado el artículo 1078 del Código Civil. A LA QUINTA CUESTIÓN: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI DIJO: I. afirmativamente. inc. de igual forma. Proc. LUIS ENRIQUE RUBIO DIJO: La señora Vocal preopinante da.). por lo que adhiero a la misma en un todo. correctamente invocado por el recurrente. EL SEÑOR VOCAL DR. EL SEÑOR VOCAL DR. se agravia el impugnante por . Cód. de los desvelos. como así también si dio por cierto que éstos fueron testigos directos del accidente en que su madre fallece —extremo alegado por el impugnante—. expidiéndome en igual sentido. a mi juicio. por lo que adhiero a la misma en un todo. Así voto. pues. a mi juicio. y así vulnera el principio de no contradicción. Cita el impugnante en su respaldo. poco menos que exclusivos. la reparación en montos significativamente inferiores inobserva las pautas de valoración asumidas por el mismo juzgador. las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Voto. votando. de igual forma. EL SEÑOR VOCAL DR. un perjuicio anímico de entidad superior. 361 y vta. las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto. Entenderlo del modo opuesto lleva a una condena meramente simbólica y sin sentido. afanes y sacrificios de su madre”. expidiéndome en igual sentido. EL SEÑOR VOCAL DR. 1. María Esther Cafure de Battistelli .beneficiarios. ya que las situaciones señaladas evidencian. indiscutiblemente. Por ello adhiero a su voto. autorizada doctrina civilista (fs. el tratamiento de ésta deviene abstracto. ADÁN LUIS FERRER DIJO: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. en tanto el a quo ha asignado a la indemnización por daño moral una función ejemplarizadora. ADÁN LUIS FERRER DIJO: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. II. Penal). Por el contrario. sino en ser compensatoria —suficiente e integralmente— del daño ocasionado. votando. Bajo igual motivo (artículo 468. Atento a la respuesta dada a la primera cuestión. en consecuencia. Desplazándose hacia el motivo sustancial. toda vez que la razón de ser del rubro en cuestión no finca en ello. en consecuencia.
EL SEÑOR VOCAL DR.0000) y a Carlos Alejandro Gastón.051. so pena de desnaturalizar la esencia del instituto. Por ello adhiero a su voto. mandándolos a pagar sólo el 60% de las sumas que proceden. pero nunca puede afectar a los actores (fs. al condenar in solidum a Jerónimo Eduardo Faraig. Juan Navarro Torre y Nakai Japan. pues. y en igual porcentaje la víctima Josefina Arias. Yerra el sentenciante. A la luz de dicha norma. corresponde: 1.051.49 (daño material. II. el artículo 1109 que dispone la solidaridad para las obligaciones derivadas de los cuasidelitos: en función de ella. las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. En síntesis. en consecuencia. solidariamente.33. de igual forma. y por ello casar parcialmente la Sentencia en cuanto condenó civilmente a éste y Nakai Japan por las . la cuestión relativa a su obligación in solidum con Jerónimo Eduardo Faraig ha devenido abstracta y así debe declararse. todos responden por el todo.000. daño moral: $50. 362/364). Señala que el a quo entiende que. expidiéndome en igual sentido. al condenar in solidum pero disminuyendo a la vez la responsabilidad de los demandados civiles. la distribución de culpas entre los demandados sólo es oponible entre ellos. y en función de todo lo expuesto.entender que se han aplicado erróneamente los artículos 705. A LA SEXTA CUESTIÓN: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI DIJO: I.). no era posible reducir la deuda. a raíz de lo cual se reenvía la condena civil en contra de Navarro Torre y Nakai Japan. por cargar el padre de los menores con el 20% de responsabilidad en el evento dañoso. no discutido: $23. LUIS ENRIQUE RUBIO DIJO: La señora Vocal preopinante da. del Código Civil. fs. Por tal motivo. Así voto.339. y luego pueden repetirse los coautores entre sí. el total de $67. María Esther Cafure de Battistelli . Atento al resultado de la votación que antecede. EL SEÑOR VOCAL DR. corresponde disminuir en dicho porcentaje (40%) el monto indemnizatorio de los hijos menores.33 (daño material.49. 364 y vta. a mi juicio. en cambio. pide el recurrente que se haga lugar a la impugnación deducida. Atento a lo resuelto en la primera y segunda cuestión que anteceden. no discutido: 17. Debió aplicarse. a pagar: a Daniel Gabriel Alberto Gastón la suma de $73. Hacer lugar al recurso de casación deducido por el demandado Juan José Navarro Torre. por lo que adhiero a la misma en un todo. daño moral: $50. votando. concluye.339. 1109 y cc. ADÁN LUIS FERRER DIJO: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. y se condene a los demandados.
disminuido en un 40%= 15. Vidal y de Guernica: a. cuando al abordar la cuarta cuestión dispuso para el primero la suma de $18. en contra de Juan José Navarro Torre y Nakai Japan. en lo que corresponda.339. y lo dispuesto por el artículo 29.).035 a Carlos Alejandro Gastón. cifras ambas que en conjunto arrojan la de $34. 4.90) y para el segundo.000. 346 vta. se advierte. Cód. y en consecuencia. . corresponde rechazar las acciones civiles deducidas por Judith. Conforme lo dispuesto en el punto I.074. Penal). Penal0). los Dres.1) En cuanto a la acción entablada en contra de Navarro Torre y Nakai Japan. de la lectura de la sentencia. esto es. anular también parcialmente la Sentencia en cuanto al monto a indemnizar por el rubro daño moral (puntos 3 y 4 de la parte resolutiva.200= $31. y en base a las sumas que corresponden. segundo supuesto.200= $25.38). 3. de la Ley Arancelaria. II. en representación de sus hijos menores Daniel Gabriel Gastón y Carlos Alejandro Gastón.87 (y no. al revisar las constancias de autos a tales fines.051.acciones resarcitorias entabladas (primera cuestión). Con los reparos arriba expuestos. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por el actor civil Carlos Gastón. en la forma que sigue: Para los abogados representantes de los actores civiles Zomoza. que el a quo ha incurrido en errores materiales y aritméticos al consignar los montos de procedencia de los distintos rubros reclamados por los actores civiles Gastón. Declarar parcialmente abstracto el recurso de casación en lo atinente a la segunda y quinta cuestión. Sin costas. en nombre y representación de sus hijos menores Daniel Gabriel Gastón y Carlos Alejandro Gastón. para que resuelva conforme a Derecho y con ajuste a las pautas expuestas. debe modificarse la regulación de honorarios profesionales en cuanto a la solución civil respecta. y atento al nuevo resultado del pleito dado por el rechazo de la demanda en contra de Juan José Navarro Torre y Nakai Japan.323. inc. Paola Alejandra. Cód.33 + daño moral $8. la de $34.33. como también equivocadamente se consigna a fs. es menester ahora modificar los honorarios profesionales en la Sentencia en crisis. 1.98 (lucro cesante $17. Karina Griselda y Juan Carlos Zomoza.750. 2. Sin costas (artículos 550 y 551.750. en razón de haber sido ésta rechazada. Proc. la de $15. Proc. con un aceptable margen de error de $0.469 a Daniel Gabriel Gastón y $34.49 + daño moral $8. Sin costas (artículos 550 y 551.49. En su lugar.90 (lucro cesante $23.60. Ascendiendo ésta a $175. 2.323.251.035. como así también por Carlos Alberto Gastón. toda vez que en la parte resolutiva otorga por todo concepto $43. 1.539. Sin embargo. Atento a lo dispuesto en el punto precedente. respecto de la suma total de rubros allí consignada). a su vez. debo tomar como base "un monto entre el diez por ciento y el treinta por ciento del valor del crédito o de los bienes motivo de la demanda". debe ordenarse el correspondiente reenvío al Tribunal de Origen. disminuido en un 40% por el grado de culpa= $18.
000. a. para los últimos estipulo 50% restante por su intervención en el debate ($18.218). a esta suma total la asigno en iguales proporciones a las arriba mencionadas: para el Dr.000. Vidal. Finalmente. debe partirse del monto de la demanda como base de cálculo ($309. Y en función del resultado negativo obtenido. un 42% —20% por la etapa previa y 22% desde la citación a juicio hasta el debate— esto es. 150 y fs. y encontrándose el monto cercano a este mínimo.462.155). equivalente a 57 unidades económicas. por ambas demandas hasta el debate. el artículo 34 fija un rango entre un 13% y un 30%. Bustos Senesi. su procedencia parcial remite al monto de la Sentencia como base regulatoria ($140. c) Los honorarios correspondientes por el patrocinio civil de Carlos Alberto Gastón. mientras que las hermanas Paola y Karina Zomoza revocan a favor de la Dra. primer supuesto).500.me inclino a un 15% ($26.584. es decir. y por ello el margen que para ella se determina entre entre un 7% y un 30% debe ser estipulado en un 10%. El artículo 34 establece un mínimo del 5% y un máximo del 30%. artículo 29. como así también los de la defensa civil de Jerónimo Faraig.2). 194— y una solicitud de copias —fs. Teniendo en cuenta el éxito parcial.106). atento al reenvío dispuesto supra (I. deberán ser recalculados por el a . desde que su actuación se restringió al patrocinio del letrado anterior en dos escritos —fs. de Guernica $3. Desde que este monto equivale a 10 unidades económicas. para aquella cifra que exceda las 100 unidades económicas. $15.250). que finalmente en atención al artículo 88 distribuyo en la siguiente proporción: para el primero. atento al rechazo de la acción incoada en contra de su representado. 1. como así también que dicha cifra se encuentra más próxima del mínimo que del máximo del rango determinado por la quinta graduación del artículo 34 (de 50 a 100 unidades económicas). por la acción ejercida en nombre y representación de sus hijos menores. inc. Amitrano y Romagnoli—. Moreno. atendiendo a la cuantía del asunto y la escasa complejidad y novedades de las cuestiones por ellos discutidas (artículo 36). Vidal $10. que intervino hasta el debate. tomo prudencialmente 12% ($37. y para la Dra. en conjunto y proporción de ley. de Guernica. $14. Siendo tal cifra de $4. finalmente. por configurarse idéntica situación.346) y por la de la segunda en el 25% restante ($1. para el segundo. y durante éste sólo por la de Juan Carlos y Judith Zomoza. b) Para los letrados que oficiaron en la defensa civil de Juan José Navarro Torre y Nakai Japan — Dres. impongo un 17% como honorarios totales por la actuación de ambos letrados. 276—.553).500. y conforme la distribución según las etapas de la intervención (artículo 88) y la distinta representación ejercida —el Dr. que representa 126 unidades económicas. asumiendo ésta a partir de la audiencia— fijo la retribución por la tarea profesional del nombrado en primer término en un 75% de aquella suma ($3.2) Por la demanda interpuesta contra Jerónimo Faraig.
Ya de neto corte jurídico. Sent. Sent. N° 45. Nº 464. “Ramallo López”. lo que permitió avizorar algún tipo de responsabilidad en cabeza del demandado mencionado. cuando en el primer fuero su admisión no sólo es ya indiscutidamente pacífica.. Nº 45. 331 vta. A. 550/551). Nº 175. pues tuvieron los actores civiles razón plausible para litigar. evidenciado cuando afirma que “debe quedar perfectamente aclarado que el suscribiente no da valor de prueba a las declaraciones prestadas por los imputados en cualquier etapa procesal” (fs. 13/05/99. “Esteban”. Proc. Daniel Ernesto Molinari Moyano— para que en sus próximas resoluciones evite incurrir nuevamente en los serios y persistentes errores materiales y jurídicos que evidencia su resolución. imponiendo sólo las de la acción civil entablada en contra de Juan José Navarro Torre y Nakai Japan. N° . entre otros). Penal. oportunamente. 26/10/98.I. N° 47. Sent. Nº 361.) (cfr. A. A. 20/12/99. estimo prudente efectuar una severa recomendación al sentenciante —Dr. por el orden causado. 344). atento la inexistencia de inscripción del vehículo usado en el Registro del automotor. 21/12/98. Sent. en virtud del éxito alcanzado (Cód. “Luna”. Sent./342). “Simoncelli”. TSJ. “Simoncelli”. que no guardan vinculación alguna con aquéllas.quo. antes de concluir. 29/07/98. Sin imposición de costas en esta sede.I. aunque sin éxito. Sala Penal. 22/04/99. sino que además ha sido expresamente aceptada por esta Sala (TSJ.I. 06/10/99. “Olmos”. Nº 122. –La negativa a la prueba presuncional tanto en el ámbito penal como en el civil (fs. tesis que se contrapone sin mayor fundamento que su mera invocación. Por último. Quedando subsistente el porcentaje estipulado en relación a los restantes.I. se destacan: –El desconocimiento de la reiterada jurisprudencia de esta Sala en cuanto al valor probatorio de la declaración del imputado —sin aportar nuevos argumentos que le permitan apartarse de ella y sostener su postura—. y de la jurisprudencia reiterada de este Tribunal. y las luego consignadas en la parte resolutiva. Corresponde igualmente casar parcialmente la imposición de costas dispuesta en el punto 8) de la parte resolutiva de la Sentencia impugnada. –Similar situación pero respecto de la no conminación de intereses por el rubro daño moral. III. A. Entre los primeros puede destacarse el de mayor significancia y peores consecuencias: la absoluta discordancia entre las sumas mandadas a pagar en los fundamentos de la cuarta cuestión a los menores Gastón. “por no tener el perjuicio sufrido contenido monetario” (fs. “Piassentini”. 341 vta. Sala Penal. “Bustos”. Nº 162. a la doctrina de este Tribunal (TSJ. entre otros). 28/07/98. conforme los nuevos montos resultantes. ser corregidos por el a quo. y que revelan un injustificado apartamiento de claras normas de derecho sustantivo y procesal. Tratándose de errores materiales deberán. IV.
Saturnino”. especulaciones sobre su futuro. 26/03/99. del que da cuenta a fs.I. o su reseña de estudiosos del Código de Comercio a la hora de determinar las costas (fs. resulta necesario efectuar la recomendación pertinente al sentenciante a los fines de solicitarle un mayor celo en el ejercicio de su función jurisdiccional. fs. A. 26/03/99. Nº 129. “Villarroel”. “Galeano”. entre muchos otros) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN. EL SEÑOR VOCAL DR. “Britos”. 11/08/98. Nº 146. 13/04/99. a mi juicio.). 340). A.I.I. LUIS ENRIQUE RUBIO DIJO: La señora Vocal preopinante da. 351 vta./352). de igual forma. Nº 61. entre otros). 340 vta. María Esther Cafure de Battistelli . “Sapei de Pieralisi”. En razón de todo lo expuesto. trazado. 10/03/99. expidiéndome en igual sentido. A. Y en lo civil el desconocimiento es de mayor envergadura. Nº 135. “Ferreyra”. “Brizuela”. toda vez que el Código de Procedimientos ha dedicado la Sección Séptima del Capítulo IV a la prueba de presunciones (artículos 315 y 316). A. por lo que adhiero a la misma en un todo. Fallos 311:948. 342).I.. etcétera (fs. por parte del propio presentante que la ofrece como prueba (fs. las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. se aprecian en la Sentencia extensas consideraciones acerca de cuestiones no jurídicas. lo que aparece a todas luces inexcusable es su expresa admisión de “un viejo hábito de los procesos correccionales que lo empuja a tratar de obtener resultados favorables a los terceros demandados […]”. A. RESUELVE: I) . Por ello adhiero a su voto. tema en el que excediendo el propósito de “determinar cuál debió ser la actitud aconsejable”. Nº 105. “Oviedo”. su localización —acompañada de una muy pormenorizada descripción de los barrios que atraviesa—. (cfr. Finalmente. ampliación. o al menos totalmente ajenas a lo que constituye objeto de la litis.) y luego sobre los orígenes de la ley orgánica del Poder Judicial al ordenar el depósito en el fondo especial para el Poder Judicial (fs.I. votando.). la responsabilidad de la Provincia en la construcción. el Tribunal Superior de Justicia. en consecuencia. Nº 107.I. 350 vta. –La exigencia del reconocimiento de la documental incorporada. 21/04/99. En este estado. 13/04/99.I. 19/04/99. 348 y vta.205. Igual calidad reviste su conmemoración del Dios Mercurio y sus bondades. “Charras”. Asimismo. se explayó acerca de las razones de su nombre. o los estudios de Spencer sobre el origen de las profesiones en sus investigaciones científicas de grupos tribuales en proyección de clanes prehistóricos (fs. por intermedio de la Sala Penal. ADÁN LUIS FERRER DIJO: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. A. como lo son sus comentarios sobre la Avenida Circunvalación. “Capdevila”. Nº 124. A. Así voto. A. EL SEÑOR VOCAL DR. “Martínez. etcétera. 04/03/99. 332/333 vta. Nº 49. 07/06/88.I.
Sin Costas (Cód. y establecer que los aranceles devengados conforme el nuevo resultado del pleito son los siguientes: para el Dr. José Luis Vidal. en su carácter de apoderado del actor civil Carlos Alberto Gastón. y con ajuste a los criterios vertidos en la primera. Penal. para que resuelva conforme a Derecho. Penal. $2. en lo que fuere pertinente). como así también por Carlos Alberto Gastón. en cuanto al monto de procedencia del rubro daño moral (puntos II y III de la parte resolutiva. dictada por el Sr. 550/551). Sin costas (Cód. 550/551). en los aspectos pertinentes (puntos II y III). corresponde rechazar las acciones civiles deducidas por Judith. de fecha 24/09/98. Juez en a cargo del Juzgado Correccional de Cuarta Nominación de esta Ciudad. Paola Alejandra. III) Disponer. V) Declarar parcialmente abstracto el recurso de casación deducido por el Dr. 550/551). 550/551). y en consecuencia casar parcialmente la Sentencia sólo en cuanto condenó civilmente a éste y Nakai Japan por las acciones resarcitorias entabladas (primera cuestión). Jorge Romagnoli y Fernando Amitrano. Penal. en contra de Juan José Navarro Torre y Nakai Japan. y para los Dres. II) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por el Dr. el reenvío de las presentes actuaciones al Tribunal de Origen. 1109 y concordantes del Código Civil. En su lugar. en lo atinente al agravio referido a la errónea aplicación de los artículos 705.968. tercera y cuarta cuestiones. para la Dra. $13. Alberto Bustos Senesi. en cuanto dispuso regular los honorarios de los letrados intervinientes.584. Sin costas (Cód. $15. VI) Modificar la Sentencia en su punto 12. Julio Manzanares. con el patrocinio letrado de los Dres. en nombre y representación de sus hijos menores Daniel Gabriel Gastón y Carlos Alejandro Gastón. en el agravio tratado bajo la tercer cuestión. Proc. Jorge Romagnoli y Fernando Amitrano. Penal. con el patrocinio letrado de los Dres. sin costas (quinta cuestión). (segunda cuestión). Proc. en lo atinente a la nulidad de Sentencia vinculada a la conclusión de propiedad de Navarro Torre. el Dr. Julio Manzanares. segunda. $4. Proc. IV) Declarar parcialmente abstracto el recurso de casación deducido por el demandado civil Juan José Navarro Torre.655. en su carácter de apoderado del actor civil Carlos Alberto Gastón. Karina Griselda y Juan Carlos Zomoza. Jorge Romagnoli y Fernando Amitrano. Cecilia de Guernica. anular parcialmente la Sentencia Nº 7. Proc.Hacer lugar al recurso de casación deducido por el demandado civil Juan José Navarro Torre.553 en conjunto y proporción de ley. $18.846. en representación de sus hijos menores Carlos Alejandro y Daniel Gabriel Gastón. Moreno. recordar al Juez del reenvío que deberá recalcularlos según . Sin costas (Cód. Orlando J. en representación de sus hijos menores Carlos Alejandro y Daniel Gabriel Gastón. Respecto al arancel profesional por el patrocinio civil del actor Carlos Alberto Gastón y del demandado Jerónimo Eduardo Faraig. y por ende. para el Dr.
1. . VIII) Recomendar al Sr. Juez Correccional Dr. Proc. Penal.los nuevos montos que estipule y previa corrección de los errores aritméticos señalados en el punto II. 550/551). Penal. Proc. previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias. el Secretario. imponiendo las de la acción civil entablada en contra de Juan José Navarro Torre y Nakai Japan. quedando subsistente el porcentaje estipulado en relación a los restantes. Daniel Ernesto Molinari Moyano un mayor cuidado en sus próximas resoluciones. Sin imposición de costas en esta sede en virtud del éxito alcanzado (Cód. Con lo que terminó el acto que. firman ésta y los señores Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. todo por ante mí. por el orden causado (Cód. 550/551). a fin de evitar en ellas incurrir nuevamente en los serios y repetidos errores materiales y jurídicos que evidencia la resolución de marras. VII) Casar parcialmente la imposición de costas dispuesta en el punto 8) de la parte resolutiva de la Sentencia impugnada. de lo que doy fe.
Documents Similar To Faraig Dueño del vehiculo
programa de derecho reales
Casación Nº 4136-2008-Lima-Resolución Del Contrato y Precario
(10) Adquisicion del Dominio.doc
DEFINICIÓN LEGAL DE POSESIÓN
Terceria Posesion 15720-2017
Exp Restitucion
Sentencia CSJ SC (2006-00335-01)
FDCP Derecho Civil IV 2016
JURISPRUDENCIAS - REIVINDICACION y Mejor Derecho Juntos - Extractos Actualizado
3. Título posesión Precaria = 6
LIBRO - Feliú Segovia, Juan - Manual de Estudio de Títulos_cropped
ACCIONES PROTECTORAS[1]
Bienes[1]
La Accion Plenaria
96453855 Demanda Desalojo Por Ocupacion Precaria Jjj
06 BIENES 2007[1]
Programa Reales Para Rendir Final
Interdictos y Un Recuento de La Posesion Para Hablar de Lo Primero Mencionado
Medios Preparatorios Inmueble Delfina Saavedra