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Timestamp: 2020-08-06 07:30:08
Document Index: 178694748

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 24', 'artículo 122', 'artículo 117', 'artículo 14', 'artículo 24']

¿Jurado Popular o Juez Ordinario? 1ª Parte: Aspectos jurídicos
3 julio 2013 Derecho Penal
El Tribunal del Jurado se presenta hoy día como una institución muy controvertida y de dudosa utilidad. Su regulación se encuentra contenida en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado 5/1995, de 22 de mayo, en desarrollo del artículo 125 de la Constitución Española que consagra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia a través de la institución del Jurado.
La Exposición de Motivos de la citada Ley considera que el precepto constitucional aludido puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional español; cada período de libertad ha significado la consagración del jurado y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos.
Establece, además, que la función de Jurado Popular se aparece como un derecho-deber del ciudadano, lo que tiene reflejo en el texto legal al adoptar medidas coercitivas (sanciones) que aseguren el cumplimiento de la obligación y, consiguientemente, el establecimiento de aquellas otras encaminadas a mitigar, en lo posible, la excesiva onerosidad del cumplimiento del deber, a través de la retribución de la función y la indemnización de los gastos ocasionados por su ejercicio.
Pero la institución del Jurado Popular es al mismo tiempo, y de forma complementaria, una manifestación del artículo 24 de la Constitución que declara que todos tienen derecho al Juez Ordinario predeterminado por la Ley; no se trata de instaurar una justicia alternativa en paralelo y menos aún en contradicción a la de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el artículo 122 de la Constitución, sino de establecer unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la función constitucional de juzgar.
Así entendido el Jurado parece innegable su utilidad, si bien hoy encontramos más sombras que luces en torno al mismo:
i) Si la instauración del Jurado no se opone al derecho al Juez Ordinario predeterminado por la Ley, ¿por qué sólo en algunos casos es posible que sea un Tribunal de Ciudadanos y no un Juez Ordinario y, por ende, integrante del Poder Judicial, quien decida sobre la culpabilidad o la inocencia en delitos como?:
o la malversación de caudales públicos, entre otros (art. 1.2 LOTJ)
El artículo 117.1 de la Constitución también establece que la justicia se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
ii) El artículo 14 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y tal igualdad no se da cuando unos son juzgados por un Tribunal Profesional y otros por ciudadanos muy posiblemente influenciados y abrumados por la presión social.
iii) La función de juzgar y, por ende, la potestad jurisdiccional se otorga a personas duchas en derecho, sobradamente preparadas y acostumbradas a valorar pruebas y a tener que decidir sobre la vida de las personas encausadas, por lo que encomendar esta importantísima misión a personas a las que no se le exigen más requisitos que los de: ser español mayor de edad; encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos; saber leer y escribir; ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido; y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado (art. 8 LOTJ); no parece que sea lo más conveniente e igualitario para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
iv) Además de esta aparente vulneración de derechos fundamentales, otra cuestión que nos planteamos es la utilidad práctica del jurado en cuanto que su única función es la de votar sobre si resultan o no probados los hechos y, a continuación, sobre si es o no culpable el encausado, a la vista del escrito que contiene el objeto del veredicto y que les entrega el Magistrado-presidente, con toda la información que han de tener en cuenta para decidir.
Esta anecdótica función no se corresponde con el coste que supone para el Estado tener que sufragar la retribución diaria, gastos de viaje y de alojamiento y manutención de cada uno de los jurados titulares y suplentes, además de todo lo que conlleva el proceso de selección y nombramiento.
Lo anterior sin perjuicio del coste que supone para el ciudadano tener que abandonar su vida diaria para cumplir con un derecho-deber impuesto por la ley y que debe cumplir sí o sí, bajo pena de ser sancionado.
¿Donde está aquí el derecho si no puedes escoger entre ejercer o no como jurado popular?.
En definitiva y, si bien, lo anterior no es más que una exposición anecdótica de lo que entraña la institución del jurado, cabe preguntarse si ¿es realmente un derecho para el ciudadano o, por el contrario, una carga más que se nos quiere imponer bajo el velo de ser una manifestación de libertad y participación ciudadana?.
Su establecimiento en la época de la promulgación de la Constitución pareció responder a la necesidad de dar voz a la ciudadanía, tanto tiempo callada, en paralelo al reconocimiento de sus derechos y libertades.
Ahora bien, casos que analizaremos en próximos artículos como los de “Arnaldo Otegi”, “Francisco Camps” o, el más reciente, de “los niños de Córdoba, Ruth y José” y, sobre todo, el de “Rocío Wanninkhof”, nos hacen dudar de la utilidad de esta institución y de la conveniencia de que los ciudadanos decidan la culpabilidad o inocencia en casos tan mediatizados.
El Tribunal del Jurado puede ser entendido como una apuesta por la participación ciudadana en las instituciones democráticas, pero la cuestión que hoy se nos plantea, ante la gran repercusión de casos como los mencionados, es si “jurados legos”, es decir, ciudadanos no especialistas en derecho, pueden tener la fundamental misión de juzgar, al margen de sus convicciones y sin dejarse influenciar por el constante bombardeo de información en los medios.