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Timestamp: 2020-01-25 07:23:47
Document Index: 227739216

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'artículo 37', 'artículo 223', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 51']

LaviabilidadSobreunComercio | Estado (política) | Naciones Unidas
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TAREA 1 DIP
Arnellazo Largo (Final)
2332001 Derecho Internacionalresumen de Internacional Publico
D. I. Publico II, 2° parcial
MANUAL+TRATADOS
2.- El Estado en el DIP
ensayo derecho internacional.docx
La Viabilidad de un Tratado sobre Comercio de Armas. ejercicio de análisis jurídico
F981-v
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano La Viabilidad de un tratado sobre comercio de armas :
ejercicio de análisis jurídico / Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. – 1ª. ed. – San José, C.R. : Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2008. 64 p. ; 28 x 21 cm
ISBN 978-9977-17-166-1
1. Armas de juego – Industria y comercio.
2.Armas – Tratados internacionales. I. Tìtulo.
Compilación de textos: Ana Yancy Espinoza
Argentina: Darío Kosovsky, INECIP Brasil: Rebeca Pérez, Viva Rio Bolivia: Juan José Lima, CEJIP Colombia: Jimena Sierra Chile: Gonzalo Aguilar Cavallo y Daniela Méndez Royo Ecuador: Xavier Flores Paraguay: Jenny Victoria Villalba Perú: Oscar Sandoval Uruguay: Luis Pedernera
Diseño de portada: Pixelab Design Diagramación e impresión de portada: Editorama S.A.
Hacia un Tratado de Comercio de Armas:
la perspectiva de los países de América Latina
De cómo un Código de Conducta entró en la ruta de un tratado internacional
Latinoamérica y el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) Argentina Bolivia Brasil Chile
Bases para la elaboración del análisis comparativo
Metodología Matrices comparativas para el análisis de países Análisis comparativo de los estudios elaborados para la implementación del trabajo sobre comercio de armas en algunos países latinoamericanos Matriz de situación de vigencia de los instrumentos internacionales / referencia jurídica
Análisis comparativo a partir de los casos – países presentados. (propuesta de análisis relizada por la abogada Jenny Villalba) Resultados de la escala realizada, en gráficos
Síntesis de recomendaciones dadas por los expertos locales
El futuro de una normativa global que establezca controles efectivos al comercio y a las transferencias de armas viene aumentando sus posibilidades de éxito y acercándose más que nunca a su concreción.
El apoyo internacional al Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) ha tomado un semblante diferente
desde la aceptación, por una aplastante mayoría, de la Resolución 61/89 de las Naciones Unidas apoyando dicha iniciativa. El Secretario General Ban Ki-moon enfocó la viabilidad y el alcance del TCA de dos maneras. Utilizó documentos presentados por representantes de casi todos los estados miembros con el fin de alcanzar consensos en torno a la iniciativa, mientras que al mismo tiempo comisionó a un Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE por sus siglas en inglés) analizar el alcance, viabilidad y parámetros de un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre las transferencias de armas convencionales.
La ausencia de estándares de talla internacional en el comercio de armas, siendo éste un mercado sin regulación, es un factor que permite y acentúa las consecuencias negativas de los conflictos, los desplazamientos de personas, el crimen y el terrorismo. La falta de control en la proliferación de armas perpetúa los enfrentamientos y agrava sus costes tanto en términos de vidas humanas, como en términos de oportunidad para un potencial progreso de los países en vías de desarrollo.
El GGE se reunió este año en tres ocasiones presentando al Secretario General cuatro recomendaciones
fundamentales. En primer lugar, sugirió que fuera creado un grupo de las Naciones Unidas para llevar adelante discusiones de duración indefinida para establecer la viabilidad de dicho tratado y saber
lo que exactamente debería incluir. En segundo lugar, enfatizó que el tratado debe enfocarse en los
mecanismos para prevenir el desvío de armas del mercado legal al ilegal, especialmente aquellas
armas con riesgo de ser utilizadas para actos terroristas, acciones del crimen organizado o para otras actividades ilegales. Luego, recomendó que el TCA debería regular todas las armas convencionales
y otras categorías como municiones, explosivos y componentes a través del Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas, y en último lugar, siendo el aspecto más importante, el GGE reconoce que un TCA solamente es posible si existe voluntad política para adoptarlo con apoyo en los estándares nacionales de control más rigurosos que actualmente existan.
Algunos países y regiones han dado pasos alentadores hacia el control del comercio de armas y
la prevención del flujo de equipo militar hacia posibles violadores de los derechos humanos. Estos son pasos de suma importancia y que deben ser tomados como ejemplos. No obstante, debido a
la naturaleza internacional de este mercado, las armas que un Estado restringe pueden provenir de
otro Estado menos responsable, y por esta razón es esencial que todos los mecanismos de control estén contenidos en un instrumento de aplicación universal, garante que los controles impuestos por un Estado o región no sean socavados por otros proveedores. La idea es que la adopción e implementación de un tratado pueda servir como un efecto disuasivo para aquellos implicados en el tráfico ilegal y en el uso impropio de las armas; además, un TCA reduciría la necesidad de otros futuros acuerdos, facilitando la coordinación y aplicación de estándares compartidos por todos los países.
Esta publicación es el resultado de un profundo análisis comparativo sobre las normas legales y políticas actualmente vigentes en América del Sur en relación con los principios consagrados en el TCA. Se trata de un ejercicio de análisis jurídico con el objetivo de contrastar la legislación nacional y los principios que la propuesta de la sociedad civil presenta en materia de control de transferencias de armas, siendo la continuación de un análisis similar preparado para la región centroamericana y publicada en 2006 1 .
La información aquí sistematizada recoge el análisis, uno a uno, de los principios globales a la luz de la legislación nacional en vigencia en cada país sudamericano. Se ponen de manifiesto las condiciones jurídicas necesarias para llevar a la práctica el TCA en cada uno de dichos países, el fundamento legislativo del tratado con respecto a las constituciones nacionales y las leyes locales, la aplicación de convenciones relacionadas y el posible apoyo nacional que tendría una iniciativa de tanta necesidad y trascendencia.
Existen interesantes y novedosos aportes de los consultores nacionales, como el de la abogada paraguaya Jenny Villalba, quien realiza una categorización por la “calidad” de armonización normativa, conforme a los indicadores 2 elaborados y relacionados con las leyes vigentes por país y a su vinculación con el TCA. La suma de puntajes obtenida como resultado del análisis comparativo ubica a cada país en gráficos, según sus posibilidades de adaptación o armonización interna en referencia al TCA, tomando como
la calificación general los antecedentes, mecanismos internos implementados efectivamente, normativa internacional de referencia vigente y capacidad para el control de transferencias.
Las recomendaciones dadas por los expertos nacionales demuestran que cada país sudamericano posee las mínimas condiciones necesarias para adoptar el TCA, y que si hace unos meses el futuro de una reglamentación global que establezca controles efectivos a las transferencias de armamentos parecía casi utópico y que las perspectivas para regular el comercio de armamentos parecen bastante más abiertas ahora que hace solo unos años, todavía queda mucho camino por recorrer con el fin de restringir/reducir la proliferación de armas, tarea absolutamente impostegable.
La Fundación Arias ha trabajado arduamente sobre este tema junto con otras organizaciones alrededor del mundo constituyendo una poderosa fuerza de apoyo al TCA. El continuo respaldo financiero de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) refleja su compromiso por asegurar sociedades más seguras y pacíficas, que la Fundación Arias también comparte.
1 El Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) y el ordenamiento jurídico de Centroamérica, Serie: Desarme, Legislación y Paz,
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, San José, Costa Rica, 2006.
2 Indicador 1: Situación de sistemas internos para el control y seguridad jurídica en los circuitos de autorización. Indicador 2: Capacidad y seguridad jurídica para prohibir o no autorizar. Indicador 3: Implementación-estructura mínima para el control/escenario jurídico y apoyo político interno favorable.
De cómo un Código de Conducta entró en la ruta de un tratado internacional.
En 1997, en la Ciudad de New York, el Dr. Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz 1987, propuso un Código Internacional de Conducta sobre Transferencia de Armas, con el apoyo de otros galardonados con esta misma distinción (1).
Esta iniciativa reunió, en el año 2000, a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, lo que dio origen a la creación de un Comité Director a favor del Código. Este órgano directivo colaboró con profesionales en derecho del Lauterpacht Centre for Internacional Legal Research de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, para traducir los principios consagrados en el Código Internacional de Conducta en el formato de un borrador de tratado. Así es como surge el Tratado sobre Comercio de Armas ( TCA ), como un modelo de acuerdo internacional legalmente vinculante, que establece un conjunto de criterios básicos para regular las transferencias de armas convencionales. Se fundamenta en un principio simple: los comerciantes de armas tienen la responsabilidad de no proporcionar estos instrumentos frente al indicativo que puedan ser utilizados para cometer violaciones graves al derecho internacional. Su objetivo es establecer un marco normativo, preciso y armonizado para guiar la conducta de los Estados en el mercado internacional de armas, mediante el establecimiento de estándares fundamentales comunes para las transferencias, los cuales, no impedirán el establecimiento de controles nacionales o regionales más fuertes.
En este sentido,es imperativo señalar que elTCA no impondrá un marco normativo completamente nuevo sobre la conducta de los Estados en este tema. Más bien, reafirmará y aclarará las responsabilidades existentes de los Estados de acuerdo con el derecho internacional, y les otorgará la fuerza de un renovado compromiso por medio de un mecanismo que asegure su aplicación consistente y eficaz
La propuesta que avala un Tratado sobre Comercio de Armas y cuyos principios globales rezan:
• Los Estados deben adoptar y aplicar un mecanismo que exija que las transferencias de armas solamente pueden autorizarse mediante el uso de licencias.
• Los Estados no deben autorizar aquellas transferencias de armas que resulten contrarias
obligaciones vigentes del derecho internacional, cuando se trata de armas específicas
la transferencia de éstas a usuarios finales específicos.
• Los Estados no deben autorizar transferencias de armas, en circunstancias que resulte prever, razonablemente, que tales transferencias son contrarias o pueden llegar a ser contrarias a la Carta de las Naciones Unidas; porque pueden ser utilizadas para cometer graves violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Humanitario Internacional, para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad, o que tales transferencias de armas puedan ser desviadas para esos propósitos.
• Los Estados deben ser conscientes del impacto que tienen las transferencias de armas en la seguridad regional y en el desarrollo sostenible.
• Los Estados deben comunicar sus transferencias de armas a una autoridad internacional establecida para tales efectos.
En este contexto, surge la necesidad de abordar un análisis regional, a iniciativa de la Fundación Arias de Costa Rica, que interesada en conocer los procesos de transferencia de armas en la región, resolvió la realización de un Ejercicio de Análisis Jurídico relativo al Tratado sobre Co- mercio de Armas (TCA) y su aplicación a nivel nacional, el cual ha de culminar con un análisis comparativo de los procesos y realidades de los países involucrados en este, y avanzar sobre el marco regional y sub- regional.
Existen aportes interesantes de los consultores nacionales, sobre la aplicabilidad del TCA, uno de especial referencia es en relación a la figura del TCA como INSTRUMENTO DE DERECHOS HUMANOS. Esa es la clave de su obligatoriedad y de su aplicabilidad, ese es el principio rector del instrumento, su universalidad por ser para la protección de derechos humanos y fortalecer la prevención de conflictos armados internacionales o brotes de violencia, con las graves con- secuencias sociales que éstas implican, así como los sufrimientos humanos provocados por las manos, los transportes y los controles que logran pasar las armas, con o sin las autorizaciones de nuestros estados, armas creadas para promover la violencia, no para la paz.
Latinoamérica y el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA)
Se realizó un Ejercicio de análisis Jurídico para contrastar la legislación nacional y los principios que la propuesta de la sociedad civil en materia de control de transferencias de armas propone. La estructura de los estudios nacionales pretendía analizar, uno a uno, los principios globales a la luz de la legislación nacional vigente en cada país, y analizar las ventajas o desventajas de adoptar un TCA. A continuación incorporamos los resúmenes ejecutivos de los estudios realiza- dos en los países de América del Sur 1 .
Argentina mantiene un sistema de licencias y autorizaciones para cada actividad de exportación, importación y tránsito internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materia- les relacionados, para ello se requiere disponer de la categoría de legítimo usuario comercial registrado ante el Registro Nacional de Armas (RENAR). Se hace prevalecer el Principio de Anti- cipación según el cual, toda actividad a realizarse con el material controlado, debe contar con la respectiva licencia, según el caso, y la autorización estatal previa.
Asimismo, se impone la obligación de verificar que los países importadores y de tránsito hayan otorgado las licencias o autorizaciones necesarias. La vigencia de registros incorpora entre otros, marcas de fábrica y números de serie.
La ratificación de un Tratado sobre Comercio de Armas, con las características de ser legalmente vinculante, será de cumplimiento obligatorio en el ordenamiento jurídico interno, dado que la jerarquía constitucional de los tratados es superior a la de las leyes nacionales, razón por la cual tiene la obligación de adoptar las medidas legislativas 2 o de otro carácter, para hacer efectivos los derechos y garantías establecidos por el plexo axiológico jurídico.
Sobre las limitaciones basadas en el uso de armas, Argentina ha previsto someterse a las mismas a partir de su adhesión al Acuerdo de Wassenaar y a sus directrices 3 . El Acuerdo requiere que los Estados participantes aseguren, a través de sus políticas nacionales, que las transferencias de dichos materiales no contribuyan al desarrollo y mejoramiento de las capacidades militares, de manera tal que minen la seguridad y la estabilidad internacional y regional, y que no sean diferidas para apoyar tales capacidades. Las directrices apuntan a la necesidad de adoptar le- gislación y asegurar su implementación en áreas tales como la evaluación de exportaciones de
1 Véase los documentos originales producidos por los respectivos consultores en: www.arias.or.cr
2 “Una de las consecuencias obligadas de la incorporación de los tratados aludidos al texto de la Constitución de Argentina, es la necesidad
lo que “ha sido reconocido ya por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación” (SCJN, “Ekmekdjian c/ Sofovich”, L:L l99.C-547), la Comisión I.D.H. (Caso l0.970, Recomendación 4,
de la adecuación permanente de las leyes y otras normas jurídicas a lo allí establecido”
l995) y la Corte I.D.H. (OC -13/93 del l6-VII-93)” l IIDH).
3 Ver “Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons” en http://www.wassenaar.org/guidelines/index.html
armas; licencias de exportación; reexportar/retransferir; fabricación sin licencia; requerimientos
a los potenciales receptores de armas; marcaje, mantenimiento de registros y cooperación. La
presentación del Certificado de Destino Final funciona como un resguardo, el mismo debe ser emitido por la autoridad del país en cuestión y ser validado por el consulado argentino en el país de destino de este tipo de mercancía. Las licencias y / para autorizaciones de exportación e importación tienen fecha de caducidad.
Como país exportador de armas, Argentina creó la Comisión Nacional de Control de Exportacio-
nes Sensitivas y Material Bélico. Al ratificar el Protocolo de las Naciones Unidas, el país se com- prometió a “garantizar el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la informa- ción relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa
a sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas
de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades.” Más específicamente en el inciso b) del Artículo 7° se obliga a mantener cierta información sobre las transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones:
“las fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así como la descripción y la cantidad de los artículos.
Asimismo en la CIFTA, Argentina se comprometió a mantener “por un tiempo razonable, la in- formación necesaria para permitir el rastreo y la identificación de armas de fuego que han sido
fabricadas o traficadas ilícitamente” a los efectos de cumplir con las obligaciones de intercambio de información, entre otras cosas, “sobre productores, comerciantes, importadores, exportadores
y, cuando sea posible, transportistas autorizados de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”.
Argentina apoya plenamente la elaboración de un Tratado sobre Comercio de Armas que sea legalmente vinculante y favorece la creación de instrumentos multilaterales que identifiquen parámetros comunes a nivel global a fin de facilitar un entendimiento común respecto de cuáles son los factores y circunstancias que los Estados deberán tener en cuenta a la hora de evaluar las autorizaciones de transferencias de armas convencionales, con el objetivo de evitar su des- vío hacia actores o usos no autorizados por el derecho internacional vigente. De esta forma se complementaría el nivel de control que el país implementa en correspondencia con acuerdos políticos y jurídicos previamente asumidos y fortalecería de paso, la implementación de la propia legislación interna. En síntesis, daría coherencia a la instrumentación y mantenimiento de con- troles, unificando criterios en espacios donde ya se están ejecutando medidas de control, pues los aspectos propuestos por el sistema de principios del TCA no contradice los compromisos, tanto políticos como jurídicos que Argentina ha adquirido en esta materia.
Bolivia no cuenta con una ley que regule el comercio de armas ni interna ni externamente. El control en este sentido se encuentra actualmente a cargo del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional sin un marco legal claro respecto a este control, el cual es ejercido en base de normas inferiores administrativas.
Actualmente se encuentra en el Congreso un Proyecto de “Ley de Armas y Munición, Explosi- vos y Agentes Químicos de Doble uso” el cual no tuvo mayor avance a partir de la discusión existente entre las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional (que mantienen mandos diferentes) sobre cual debería ser la institución a cargo del control de las armas en el país.
La importación de armas, municiones, y material bélico requiere autorización previa del Ministe- rio de la Defensa Nacional, no obstante no establece limitaciones, condiciones o procedimientos previos al otorgamiento de permisos en este tipo de actividades.
Por resolución Ministerial N° 00665 de 24 de mayo de 2000 se crea el “Reglamento para la Im- portación, Transporte, Comercialización y Empleo de Explosivos, Armas y Municiones del Minis- terio de Defensa Nacional.”Este crea un registro que es el encargado de regular las actividades de importación, almacenamiento y transporte.
• El Registro otorga un certificado, tomando en cuenta los siguientes criterios:
Si su aceptación conviene a los intereses del país.
Si su aceptación no vulnera la seguridad y defensa nacional.
La calidad de los productos a importar y comercializar.
La idoneidad de los interesados, sobre el punto de vista moral, técnico, financiero y político - social.
El cumplimiento correcto o no de contratos o compromisos anteriores con el Estado.
• La importación de explosivos, armas y municiones también debe ser autorizada y regis- trada por el Ministerio de Defensa Nacional.
• La importación de explosivos debe limitarse a aquellos que tengan como destino obras
relacionadas con la minería, hidrocarburos, obras civiles o similares y no puede realizarse
a través del servicio postal.
• El Reglamento también norma el transporte y almacenaje de explosivos, armas y muni- ciones, estableciendo normas administrativas y de seguridad para estas actividades. La única referencia al tránsito de estos materiales con destino a un tercer país es la exigen- cia de que se cuente con el registro respectivo y se cumplan las medidas administrativas
y de seguridad establecidas en el Reglamento.
En el caso boliviano, el Ministerio de Defensa, como organismo político y administrativo de las Fuerzas Armadas de la Nación, tiene la potestad de autorizar la transferencia de armas y tiene la autoridad de realizar el control sobre toda la cadena del comercio de armas.
Las autorizaciones para realizar las transferencias internacionales de armas y municiones son otorgadas por escrito a través de su Unidad de Material Bélico.
Los procedimientos de importación y reexportación no se encuentran expresamente reatados a
la legislación internacional, pero ello no se observa como un obstáculo.
Bolivia como parte de la ONU acepta las obligaciones establecidas en la Carta de las Naciones
Unidas. Entre estas obligaciones se encuentran el cumplimiento de las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad y las que determinen el embargo de armas, la prohibición del uso
o amenaza de la fuerza, la prohibición de intervenir en asuntos internos de otros estados. En
consecuencia, la limitación de exportación, reexportación, transporte o trasbordo que viole esta Carta, se encuentra vigente en Bolivia. Tampoco podrá dar esta autorización en caso de que exis- ta la posibilidad de que las armas puedan ser empleadas para violar alguna regla de derecho consuetudinario sobre el uso de la fuerza.
Bolivia, como cualquier otro estado, se encuentra reatada a los principios de derecho consue- tudinario del derecho humanitario y a aquellas normas jurídicamente vinculantes que aplican estos principios. Asimismo no puede autorizar las transferencias de armas que pudiesen violar la Carta de Naciones Unidas.
Bolivia suscribió y ratificó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, (mediante Ley 3061 de 30 de mayo de 2005), el Estatuto de Roma para la Corte Penal Interna- cional ( por ley 2398 del 24 Mayo 2002), por lo que está obligada a no autorizar transferencias de armas que podrían ser empleadas en la comisión de crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra o agresión.
Bolivia no tiene fábricas de armas (únicamente se cuenta con una fábrica de municiones) por lo que no existe ningún grupo económico que pudiese obstaculizar el tratamiento del tema.
Brasil constituye un país de vital importancia de cara a la posible adopción de un tratado inter- nacional sobre el comercio de armas, no sólo porque está gravemente afectado por la violencia armada, sino porque además es un importante productor de armas y municiones; es, después de Estados Unidos, el segundo productor y exportador de armas pequeñas y munición del Conti- nente Americano; cuyas exportaciones anuales ascienden a $127 millones de dólares y tiene una producción anual de 104 millones de dólares. La introducción de un TCA en el caso brasileño reforzaría el cumplimiento de acuerdos jurídicos vinculantes adoptados, como el Protocolo de Armas de la ONU.
Brasil dispone de un sistema de autorización previa que considera todas las actividades señala- das en el TCA, a saber, importación, exportación, re-exportación y tránsito y para cada una de
estas actividades se exigen licencias individuales. Dicha responsabilidad recae sobre el Ejército
a través de la Dirección de Fiscalización de Productos Controlados (DFPC), bajo el área del Mi- nisterio de Defensa.
La legislación internacional está por encima de la legislación nacional, lo que implicaría la ade- cuación de las leyes nacionales en correspondencia con el texto de un eventual TCA. De igual manera, Brasil se ha sometido al cumplimiento de otras decisiones internacionales como respe- tar la Carta de las Naciones Unidas, respetar los embargos establecidos por el Consejo de Segu- ridad, algunos instrumentos sobre el uso de armas que producen daño indiscriminado sobre la población civil y los instrumentos referidos a la Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Brasil aplica el Certificado de Destino Final en todas sus actividades de transferencia, lamen- tablemente son pocos los países que disponen de este certificado y, además, no suelen tener
mecanismos de seguimiento para garantizar que los datos sean fidedignos. Para una adecuada aplicación, se requiere que los Estados Parte tengan en cuenta los efectos negativos que las ar- mas pueden provocar, en especial en tres aspectos: exacerbar una situación de violencia extrema
o de conflicto armado, menoscabar los esfuerzos a favor del desarrollo sostenible y provocar la
inestabilidad regional. Esta disposición no existe como norma expresa en la jurisprudencia bra- sileña, pero se asume como existente desde otros instrumentos adoptados.
La introducción de un TCA en el ámbito internacional no supondría una contradicción con res- pecto a la legislación brasileña vigente.
• La propuesta del TCA podría ser adoptada sin la necesidad de introducir grandes modi- ficaciones en la actual legislación nacional, ya que teniendo en cuenta sus compromisos actuales en materia de Derecho Internacional se podría asimilar con facilidad un tratado internacional que regule las transferencias de armas a escala internacional y que incluya aspectos claros de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional vigente.
• El caso de Brasil, que recientemente modificó de un modo amplio y comprensivo su marco legislativo sobre armas y municiones, debe ser tomado en cuenta por la región, sobre todo porque esa modificación legislativa ya ha logrado una reducción en la cifra de homicidios con armas de fuego en el país.
• Las discrepancias entre los marcos legislativos nacionales sobre el comercio y la pose- sión de armas facilitan la labor de los traficantes y el tráfico de armas transfronterizo. Por ello, Brasil y sus vecinos deberían armonizar sus legislaciones nacionales sobre con- trol de armas para una efectiva implementación de los principios del TCA.
• Para una buena implementación de la normativa es muy importante tener acceso a los documentos legales que los países van adoptando. Por ello cabe destacar como nota positiva que Brasil dispone de una página web a través de la cual se puede acceder de forma fácil y directa a estos documentos.
• La ratificación de los tratados internacionales que expresan limitaciones al uso de cier- tas armas, así como todos los tratados de promoción y protección de los Derechos Hu- manos y del Derecho Internacional Humanitario, deberían ser ratificados por los Estados de forma inmediata. En el caso de Brasil, la gran mayoría de estos tratados ya han sido ratificados, por lo que su implementación no debería ser un problema a nivel legal. Sería vital, además, poder conocer de forma clara cuáles son aquellas prácticas que Brasil considera como aplicables dentro del Derecho Consuetudinario Internacional.
Al analizar la normativa nacional vigente respecto a la transferencia y comercio de armas se desprende que dicha normativa se encuentra centrada en el control de las armas, más que en su comercio, siendo las principales normas sobre esta materia la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas 4 , y su reglamento complementario 5 .
En cuanto al análisis del marco jurídico internacional vigente en Chile en materia de transfe- rencia de armas, resulta visible que existe una amplia gama de instrumentos internacionales ratificados por Chile que se refieren a este tema, siendo la principal fuente convenios interame- ricanos, como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales relacionados y su Anexo 6 y la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales. 7
Los principios contemplados en el Tratado son armónicos con la posición que ha mantenido Chi- le con respecto a la transferencia de armas. Además, constituyen un aporte novedoso, especial- mente los principios 3º y 4º, que refuerzan el criterio de considerar la finalidad real o probable del uso de las armas adquiridas antes de autorizar una transferencia internacional.
La Ley de Control de Armas y su reglamento complementario establece que el control y fiscaliza-
ción de armas pequeñas, es de responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de Movilización Nacional. Esta dirección tiene además funciones de registro
y autorización de exportación e importación de armas.
La ley y el reglamento le otorgan a la DGMN, dependiente del Ministerio de Defensa, amplias facultades para el control de las armas, y por lo tanto, cualquier empresa o persona, nacional o extranjera, que desee comercializar armas en Chile o exportar armas desde territorio nacional, debe contar con su autorización, correspondiéndole a la DGMN, además, facultades de fiscaliza-
ción, una vez realizada la autorización. La DGMN tiene una conexión con los tribunales de justicia
y otros organismos del Estado para velar por el cumplimiento de estas disposiciones, y denunciar
su respectivo incumplimiento. Esta tarea también es reforzada por las funciones que se le enco- miendan a las autoridades fiscalizadoras, lo cual establece un control estricto a la exportación de material bélico, exigiéndose, además de los requisitos establecidos a los particulares para exportación de armas, un Certificado de Destino Final.
4 Publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de abril de 1978. La última modificación realizada a esta ley fue realizada con fecha 10 de septiembre de 2005, a través de la Ley Nº 20.061.
5 Publicada en el Diario Oficial a través del Decreto Nº 77, del Ministerio de Defensa Nacional, con fecha 14 de agosto de 1992.
6 Adoptada en Washington con fecha 14 de noviembre de 1997.El Instrumento de Ratificación fue depositado ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos con fecha 23 de octubre de 2003. Promulgado a través del Decreto Nº 288, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial con fecha 18 de Febrero de 2004.
7 Adoptada en la Ciudad de Guatemala, con fecha 7 de octubre de 1999. Entró en vigor el 28 de febrero de 2006. Promulgado a través del Decreto Nº 49, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de Junio de 2006.
Se debe destacar que, en este contexto y en esta materia, la posición oficial del Estado de Chile es de contribución y compromiso total con la seguridad internacional, lo que incluye el tema de
la transferencia y comercio de armas. Como podemos ver, Chile ha asumido un compromiso ac-
tivo en el control del comercio y transferencia de armas de fuego, respaldado por declaraciones provenientes de organismos oficiales del Estado. Este compromiso se ha cumplido, ya que el Estado de Chile efectivamente ha emitido los informes correspondientes, comunicando sobre el comercio de armas tanto a la ONU como a la OEA 8 .
Las exportaciones de armas y material de uso bélico deben ser autorizados por la Comisión de
Exportación de Armas del Ministerio de Defensa, la cual recibe semestralmente, desde el Mi- nisterio de Relaciones Exteriores, un listado con países que tienen restricciones a la compra de armamento, dentro del cual se incluyen las resoluciones de embargo de armas establecidas por las Naciones Unidas. También se ratificaron los Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Ginebra, que consagran los principios de la prohibición de armas que causen males superfluos
o sufrimientos innecesarios y la prohibición de armas que sean incapaces de distinguir entre
combatientes y civiles, prohibiciones que se encuentran consagradas, además, en el Derecho Internacional Consuetudinario, de incorporación y aplicación automática en la jurisprudencia chilena.
Este principio, que consagra la obligación de los Estados de considerar el uso real o probable de las armas antes de autorizar la transferencia se denomina “Principio de Finalidad”- se encuentra consagrado en la normativa chilena a través del artículo 37 del reglamento complementario de
la Ley de Control de Armas, que señala la facultad de la Dirección General y las Autoridades Fis-
calizadoras de exigir los antecedentes que estimen necesarios relativos a la idoneidad personal de los solicitantes, y a las características y finalidad de la operación de la cual se trata, pudiendo
denegar, suspender o condicionar las autorizaciones.
En otras palabras, incluye dentro de su criterio el Principio de Precaución en materia de Derecho Humanitario. En definitiva, el principio 3º corresponde con las actuales obligaciones interna- cionales contraídas por el estado de Chile, las cuales forman parte del derecho interno chileno. Este principio, de alguna forma, ya se encuentra previsto en el sistema jurídico, lo cual facilitaría indudablemente, la aceptación y adopción del TCA por parte de Chile.
Podemos concluir en este ámbito que no existe regulación exhaustiva de los factores señalados en el principio 4º, por lo que es un gran avance la incorporación de este principio en el proyecto de TCA. Como se puede apreciar de lo precedentemente señalado, las obligaciones internaciona- les asumidas por Chile, incorporadas en el ordenamiento interno y, por lo tanto, vinculantes al interior del Estado, son totalmente coincidentes con los contenidos del principio mencionado, lo que, en definitiva, facilitaría la adopción del TCA.
8 Ver la página web del Registro de Armas de las Naciones Unidas, http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf, visitado con fecha 23 de septiembre de 2007 y la página web de la OEA, http://www.oas.org/csh/spanish/armasconvencionales.asp, visitado en la misma fecha.
En consecuencia, el Estado de Chile ya cumple con el Principio de Transparencia y de fomento de la confianza, con lo que el principio establecido en el borrador del TCA se encuentra en total sintonía con las actuales obligaciones internacionales de Chile, lo que, una vez más, facilitaría la negociación, la adopción y la ratificación del TCA.
Con respecto a un TCA en Chile no habrían problemas en razón del contenido del mismo, ya que los principios consagrados en este proyecto son armónicos con la posición que el país ha mantenido en materia de control de armas, teniendo presente que ha sido proclive a un fuerte control y regulación por parte del Estado respecto al comercio y transferencia de armas por parte de particulares.
Pese a que aún no ha firmado ni ratificado el Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabrica- ción y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas, y componentes y municiones, que entró en vigor el 3 de julio de 2005, un grupo de parlamentarios ha efectuado una solicitud formal al gobierno para que se proceda a iniciar los trámites de su ratificación, lo que permite augurar, al menos desde la perspectiva política, un escenario favorable.
Una de las características esenciales del Estado Social de Derecho es el monopolio de la coacción legítima del Estado, que consiste en “detentar exclusivamente los medios de coerción, con lo cual se garantiza que las reglas de derecho sean cumplidas por todos los asociados”. Esta carac- terística se ve reflejada en el principio de exclusividad de la Fuerza Pública y en el del monopolio de las armas en cabeza del Estado, consignados en los artículos 216 y 223 de la Constitución de 1991. Igualmente, del artículo 223 de la Constitución de 1991 se deriva que el Estado tiene el monopolio sobre la importación, y la fabricación: “el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”.
Para hacer efectivo el principio que se deriva del artículo constitucional 223, según el cual el Estado tiene el monopolio sobre la importación, fabricación y distribución de armas, municiones y explosivos, en Colombia solo se pueden realizar transferencias de armas, a través del Ministerio de Defensa y de la Industria Militar (INDUMIL).
Las bases de un TCA están dadas y se han validado en instrumentos regionales, subregionales, multilaterales e internacionales sobre la materia.
Colombia estima que este Tratado tendrá posibilidades de aplicabilidad únicamente si incluye todos los puntos de vista, intereses, necesidades, derechos y obligaciones de todos los actores que participan en la cadena del comercio legal de armas. Este Tratado debe dar cuenta de las responsabilidades que asisten a cada uno de estos actores para evitar que el mercado legal de armas se desvíe a uno ilegal.
Un aspecto que mejorará la viabilidad de un TCA es la consideración de las diferentes formas de violencia e inseguridad que afecta de manera interna a las naciones. Un Tratado de Comercio de Armas no puede afectar la obligación del Estado de responder a las necesidades de seguridad de su población y control de su territorio. Todos los Estados están sujetos a diferentes manifesta- ciones de violencia armada, ya sea rural, urbana, étnica, religiosa, política, social, económica, etc. En consecuencia, el TCA garantiza que el Estado pueda tener acceso al mercado legal de armas con el fin de enfrentar de manera legítima estas manifestaciones de violencia.
Es el tráfico ilegal el que ocasiona, en la mayoría de los casos, las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario; por esto, es imperativo que el Tratado contemple la maximización de los controles de las transferencias para evitar este tráfico mortal y su terrible impacto y costo humanitario. Todos aquellos controles que busquen evitar las violaciones de los Derechos Humanos deberán ser aplicados de manera objetiva y bajo criterios en los que la transparencia y los mecanismos de intercambio de información y de consulta sean una norma que garantice su credibilidad, su legitimidad y, por ende, su efectividad.
Un Tratado sobre Comercio de Armas debe incluir un sistema integral de control del movimien- to internacional y transfronterizo de todas las armas convencionales, repuestos, municiones, explosivos y piezas afines, y demás accesorios complementarios con su respectiva tecnología. Esto debe abarcar la importación, exportación, las transferencias, el tránsito, el transporte, el transbordo, y el corretaje o intermediación de todas las armas convencionales, como: armas pesadas, armas pequeñas y armas ligeras, sus piezas y componentes, sus repuestos y accesorios complementarios, municiones (incluidos explosivos), tecnología utilizada para fabricar armas convencionales, armas utilizadas para la seguridad interna, y bines de doble uso que vayan a utilizarse con fines militares, policiales o de seguridad.
Un TCA debe favorecer la creación de procedimientos nacionales claros para regular las transfe- rencias internacionales de armas; debe impedir y combatir las transferencias ilícitas de armas; debe incluir un mandato que permita hacer respetar los embargos impuestos por la ONU; debe establecer los mecanismos para impedir la desviación de armas, municiones y explosivos a grupos armados ilegales o actores no estatales al margen de la ley; debe prohibir las transferencias que contravengan las obligaciones legales contraídas en virtud del derecho y las normas internacionales.
Un TCA debe prohibir las transferencias cuando existan evidencias contundentes sobre sus efec- tos negativos respecto a la seguridad interna de un Estado o sobre su utilización en crímenes de lesa humanidad o graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Es necesario balancear esta prohibición, con el derecho a la legítima defensa de los Estados consagrado en la Carta de la ONU y reconocida por la Resolución 61/89 así como por la respon- sabilidad de los Estados de proveer seguridad a sus connacionales de acuerdo con las diferentes condiciones de violencia que los afecten.
Un TCA debe considerar un capítulo sobre solución pacífica de controversias en previsión de situaciones específicas, como cuando ya exista un contrato de compra-venta de armas y surjan dudas sobre la aprobación de la transferencia o de la importación. Debe establecer de manera taxativa las sanciones aplicables al país comprador que permita el desvío de las armas al mer- cado ilegal cuando haya agentes del Estado involucrados en ello y comprometer a los Estados a sancionar con medidas acordes a su gravedad, a los agentes del Estado que hallen responsables de participar en el tráfico ilegal de armas y municiones.
El TCA debe respetar los criterios existentes, basados en tratados internacionales pertinentes
y en el Derecho Consuetudinario Internacional, en principios reconocidos por la ONU, como el
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en
los artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Los Estados son responsables de todas las transferencias ilícitas de armas dentro de su jurisdicción
y deben regularlas.
Un TCA reafirmaría la vigencia y aplicación de los instrumentos jurídicos ratificados por el Estado colombiano, que protegen los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario y que a su vez fun- damentan el TCA. Al establecer un procedimiento internacional que registre las transferencias de armas convencionales entre Estados, se permitiría visualizar el porcentaje de armas que tiene cada Estado, identificar cuáles son los Estados a los que va dirigido la mayor parte del armamen- to. Ese registro que debería implementarse de manera responsable y bajo ciertos criterios para que no represente una intervención en los asuntos internos de los Estados, constituiría una he- rramienta pertinente para contrarrestar la violencia armada en Colombia, pues permitiría evaluar aspectos como la correspondencia entre el porcentaje de armas adquirido por cada Estado y las necesidades razonables que tengan para la defensa; el porcentaje de armas que se desvía de las personas habilitadas para hacer uso de las mismas (agentes oficiales y particulares autorizados); la procedencia y los destinatarios del desvío, etc.
De adoptarse controles estrictos en el marco del TCA para la transferencia, importación y expor- tación de armas convencionales, podrían llegarse a alinear los intereses políticos de países en situación de conflicto armado interno como Colombia con los intereses de países exportadores de armas.
Si se implementan controles estrictos en el marco del TCA que paralelamente se adopten medi- das suficientes y complementarias para enfrentar el tráfico ilícito de armas, el TCA podría traer un efecto en Colombia contrario al pretendido por dicho instrumento. Esto, porque en lugar de disminuir la proliferación de las armas convencionales y su uso indebido, podría de manera indirecta llegarse a estimular el tráfico ilícito de armas. Esta situación representaría un riesgo previsible para todos los países que adopten el TCA, pero sería mayor para los países que sufren una situación de conflicto armado interno, pues al estimular de manera indirecta el tráfico ilícito de armas, se agudizaría la situación de conflicto armado interno, lo cual se explica al tener en cuenta que los grupos armados ilegales que participan en el conflicto se abastecen de armas por esa vía.
La Constitución Política de Ecuador está en armonía con los principios que establece el TCA; como Estado firmante de la CIFTA, la República del Ecuador tiene normativa adecuada a los parámetros que impulsa el Tratado, así como otros instrumentos de alcance universal y regional que ya están
La primera y principal ventaja para el proceso de adopción del TCA radica en que el ordenamien- to jurídico vigente no contiene ninguna disposición que contraríe alguno de los artículos de la iniciativa del TCA. La adopción del TCA no requiere de ninguna reforma jurídica que lo viabilice; sólo hace falta voluntad política para concretarla.
El proceso de adopción del TCA garantiza un control más preciso y efectivo, en armonía con las leyes vigentes en el país (en particular, con la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento).
La adopción del TCA contribuye a la concreción de los principios de Derecho Internacional y los derechos fundamentales que el Estado ecuatoriano se obliga a respetar.
Como obstáculo se observa el posible rechazo o bloqueo de la propuesta por parte de distintos sectores: en particular, entre los/las empresarios/empresarias que importan armas y los políticos conservadores en virtud del desconocimiento del objeto del TCA y del lenguaje en que está redactado este instrumento, que puede parecerles muy especializado. Por supuesto, esta des- ventaja se puede superar con recomendaciones acerca de la difusión del TCA.
Paraguay, es considerado un país de tránsito en las transferencias irregulares de armas, íntima- mente ligadas a la imagen que lo ubica entre los países con mayor índice de corrupción pública. Se rescata en este informe la necesidad de generar un marco político propicio para la aplicación de principios del TCA, fundado en la transparencia y control efectivo a la corrupción.
Uno de los problemas para la aplicabilidad de principios guarda relación con la articulación interinstitucional entre las instituciones públicas actoras y competentes en todo el proceso de transferencia de armas, las que desarrollan prácticas y políticas de gestión “estancos”, desde sus roles orgánicos.
Convendría pronosticar entonces, la posibilidad de escenarios conflictivos tras el choque de in- tereses universales sobre los intereses comerciales, escenarios de corrupción, burocracia estatal local, confusión de roles, funciones y competencias superpuestas, las cuales localmente aún no están del todo armonizadas jurídicamente.
Se reconoce la supremacía constitucional y se determina un orden de prelación ubicando a los tratados internacionales, aprobados y ratificados en un orden jerárquico por debajo de la Cons- titución y por encima de las demás leyes sancionadas. El Tratado de Comercio de Armas, en este orden y conforme la naturaleza jurídica proyectada, quedará integrado en este orden referido y respecto al procedimiento de denuncia, en su calidad de tratado relacionado a Derechos Huma- nos, se equipararía –sobre la posibilidad de una denuncia- a un rango cuasiconstitucional pues deberá ser por vía de procedimiento de enmienda constitucional.
Las instituciones públicas y privadas se encuentran coordinando distintos esfuerzos para imple- mentar acuerdos multilaterales, firmados con anterioridad y directamente vinculados a las trans- ferencias de armas; contexto que puede ser aprovechado para difundir los Principios rectores del TCA y como valor añadido, acompañar e incidir en el fortalecimiento de la implementación de otros tratados, los que transversalmente inciden en los objetivos del control del tráfico ilí- cito de armas y la protección de derechos humanos universales. Como ejemplo, se citan a las Convenciones de lucha contra la corrupción, el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, en otras; de los ámbitos: universal, regional y sub-regional inclusive.
Paraguay dispone de legislación que incluye la gestión de autorizaciones, mantenimiento de registros, y de los instrumentos internacionales, de los cuales se contabilizan y listan al menos veinticinco vigentes y ratificados, los que transversalmente pueden incidir en aspectos concretos para implementar el TCA.
Existen autoridades e instituciones identificadas con los roles necesarios para cumplir a cabali- dad lo establecido en la normativa local e internacional, entre estos se señalan a Agentes Fisca-
les especializados en tráfico de armas; la Dirección de Material Bélico (DIMABEL); la Dirección General de Aduanas; la Policía Nacional; el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras. Sus leyes orgánicas permiten concretas participaciones de éstas, en todo el proceso de transferencias internacionales de armas.
No hay plazos ciertos para cada paso en el proceso de aprobación interna, más bien se deben hallar estrategias, alianzas parlamentarias; primero para la inclusión en el orden del día, luego en el tratamiento del tema en las sesiones y posteriormente en el “cabildeo” parlamentario para cada “Bancada 9 ” partidaria para las aprobaciones finales.
Se deberán aprovechar las reuniones de debate de las leyes del sistema penal paraguayo, para incluir tipos penales más claros para la persecución penal de los casos más graves de tráfico de armas; además se debería incluir en el debate legislativo del TCA, la incorporación de las nuevas tecnologías en las transferencias internacionales de armas, esto a través del comercio electróni- co -e-commerce-.
Paraguay ha reiterado su convicción por lograr un instrumento jurídicamente vinculante, no sólo con el fin de garantizar la eficacia del objetivo, sino que también sentaría un importante pre- cedente para las siguientes cuestiones sobre armas pequeñas y ligeras, que debería negociarse en el marco de las Naciones Unidas. No obstante, se siente plenamente comprometido con el documento resultante” 10 .
En general, los Principios del TCA son armonizables al sistema jurídico vigente y su proceso de debate no será un problema de índole jurídica, sino más bien de voluntades políticas en la gestión para su efectiva aplicación, que sumadas a cuestiones de carácter funcional que se irán indicando, complejizan el escenario de cumplimiento de estos principios.
Concordar el marco jurídico paraguayo a estos principios, requerirá de estrategias en el aspecto político para aspirar a la implementación efectiva con la conexión de las normas orgánicas, la sistematización de las prácticas internas conforme la propuesta del TCA, propuestas operativas o modos que deberán partir de posibilidades abiertas que se desprendan de la misma redacción de la Propuesta del Tratado y de las medidas de seguimiento para el cumplimiento efectivo.
Sería conveniente, realizar participativamente una hoja de ruta de las transferencias internacionales de armas, en encuentros de instituciones involucradas en todo este proceso y donde conforme sus roles se articulen significativamente e identifiquen sus responsabilidades, delimiten las competen- cias de cada una de las instituciones y establezcan un “check list” de las necesidades operativas
9 Bancadas o bloques políticos: En ambas Cámaras se conforman grupos diferentes que reúnen a legisladores por partido, afinidades e intereses comunes.
10 PARAGUAY. Informe Nacional sobre la Implementación del Programa de Acción 2001 de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos del período 2001—2005. V. Organizaciones Internacionales y No-Gubernamentales, 3. Organización de las Naciones Unidas (III, ¡8; 1, c, 2,a) Pág. 22
priorizadas y del conocimiento de todos los puntos focales. Conocer transparentemente paso por paso todo el proceso en las transferencias de armas, y las responsabilidades de cada institución con un lenguaje armonizado entre lo administrativo, militar balístico y penal, que concluya en un ins- trumento práctico como un mapa de funciones, dará el reconocimiento interinstitucional necesario para la implementación del TCA.
El mayor reto para Paraguay corresponde a los avances en la lucha anti-corrupción y de trans- parencia gubernamental, que pueden incidir directamente en la aplicación correcta de los meca- nismos de gestión e implementación de controles y su respectiva verificación.
El estado peruano ha demostrado una postura favorable a la existencia de controles estrictos sobre las transferencias de armamento a través de la ratificación de los instrumentos internacio- nales sobre la materia existente en la región.
Manifestaciones gubernamentales señalan la importancia de que un eventual TCA sea jurídica- mente vinculante, exhaustivo y amplio, a fin de abarcar dentro de su ámbito de aplicación a todos los tipos de armas pequeñas, armas ligeras y armamento convencional, incluyendo las municiones para cada diferente categoría de armas, sus componentes, piezas, repuestos y otros materiales relacionados. No obstante ello, debe dejarse abierta la posibilidad de incorporar nuevas moda- lidades de materiales de guerra en el futuro, así como la tecnología de doble uso - civil y militar.-
La viabiliad de solicitar la autorización de todas las transferencias de armas es una norma que se cumple en el Perú, en este caso la normativa peruana que regula las transferencias interna- cionales de armas distintas a las de guerra ha tenido un mayor desarrollo que la que regula las transferencias de armas de guerra. La importación y exportación de armas distintas a las de guerra es autorizada por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municipios y Explosivos de uso Civil, contando con la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Desde esa perspectiva, es necesario regular el procedimiento de adquisición de armamento por parte de las Fuerzas Armadas de una forma que favorezca la transparencia y permita la rendición de cuentas, toda vez que en la actualidad cada una de las instituciones armadas determina sus necesidades de adquisición de armamento y las tramita ante el Ministerio de Defensa con carác- ter de secreto militar, lo cual impide verificar el tipo y la cantidad de armas adquiridas.
La posesión y uso de armas de guerra está prohibida para los civiles en el Perú. Si bien la Cons- titución peruana señala que la ley regulará la producción de armas de guerra por parte de la industria privada, dicha regulación no ha sido creada debido a que el Perú no cuenta en la actua- lidad con empresas privadas de producción de armas de guerra. Por otro lado, la posesión y uso
de armas distintas a las de guerra está regulada por la DICSCAMEC, quienes expiden licencias a quienes cumplen con los requisitos de Ley.
Deberían realizarse esfuerzos para incluir aspectos como el marcaje y la eliminación de exceden- tes de armas de fuego, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Perú. No obstante, no hay indisposición previsible para incorporar estas actividades dentro de los rangos de control.
No existe en la actualidad una base de datos centralizada en la que figuren todas las armas, municiones y explosivos que son importadas o exportadas por el Perú, pero visto el apoyo que el gobierno ha manifestado, no se observa este elemento como un inconveniente, al contrario, permitiría fortalecer las expectativas de control que el Estado busca.
Las limitaciones expresas plasmadas y las limitaciones basadas en el uso también son compati- bles con las obligaciones internacionales contraídas por el Perú en materia de Derecho Interna- cional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, son compati- bles con los compromisos asumidos por el Perú como miembro de la Organización de Naciones Unidas. No obstante ello, a la fecha dichas limitaciones no han sido plasmadas de forma expresa como requisitos para transferencias de armas en la normativa peruana sobre armas de fuego.
Respecto de los factores condicionantes de la autorización de eventuales transferencias de ar- mas, la normativa peruana sobre armas de fuego no los ha recogido de manera expresa; sin em- bargo, son compatibles con la política del Estado de prevenir y combatir el crimen transnacional
y de promover el desarrollo sostenible mediante la reducción de la violencia armada.
La postura del Perú con respecto de la aprobación de un tratado internacional sobre transfe- rencias de armas ha sido expresada a través de declaraciones de sus representantes en foros internacionales, así como su opinión respecto de la Resolución 61/89 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Dicha postura es, en líneas generales, favorable al establecimiento de controles más estrictos respecto de la comercialización de armamento que alcancen a todos los Estados.
Al interior del Estado peruano existen ciertas entidades que han apoyado de manera abierta
y decidida la aprobación del TCA, tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras
que otras como el Congreso de la República no ha mostrado interés en el tema, mientras otros actores no han expresado abiertamente su apoyo u oposición al mismo.
La posición nacional en el contexto regional e internacional ha estado marcada por una claridad meridiana que indica una postura de apoyo a un tratado que regule las transferencias internacio- nales de armas de fuego, sus partes y municiones. Uruguay presenta un alto grado de aceptación y ratificación de los instrumentos nacionales y/o regionales de Derechos Humanos, los problemas generalmente se derivan muchas veces en lo que tiene que ver con su implementación.
En Uruguay está establecido por ley el requisito de autorización previa para efectuar la trans- ferencia. Dicha competencia reside en el Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo al Decreto 91/993 y del Decreto 2605/943. Se basa en un sistema de autorización previa donde el Mi- nisterio de Defensa Nacional debe autorizar siempre al Departamento de Aduanas para realizar operaciones con armas, o explosivos partes y municiones.
El TCA establece una ligazón entre el control de transferencias y el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario, la paz y el desarrollo sostenible. En la normativa analizada vigente en el país no se pudo visualizar que el control esté atravesado por consideraciones de dicha índole, seguramente por la vetustez de algunas normas que priorizan lo administrativo- burocrático por sobre cuestiones como el desarrollo, las paz o los derechos humanos. El hecho de que Uruguay haya ratificado los tratados indica que debería estar presto a su respectiva implementación.
En materia de controles cobra fundamental importancia el conocimiento del destino final de la transferencia del arma, en Uruguay este aspecto está contemplado por la legislación vigente. Sin descontar los esfuerzos crecientes del Estado por acompasar el trabajo a los estándares internacionales, uno de los puntos débiles para la implementación del TCA, es el desarrollo de estructuras de la administración pública con recursos suficientes, optimizados y gestionados de forma coordinada.
Respecto a la creación de un Registro Internacional de Transferencias así como la conexión entre los registros nacionales, Uruguay tiene una vasta experiencia en el tema del registro de armas (creado en 1945) y llevado adelante por el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional. Mediante el decreto 91/993 sobre “Certificados de autorización de importa- ción de explosivos, armas de fuego, etc.” debe remitir el listado de armas, municiones y explosi- vos que efectivamente ingresaron al país
En Uruguay no existen resistencias hacia el proceso del tratado sobre comercio de armas. La posición oficial es de apoyo y facilitación del proceso buscando una posición de bloque regional (especialmente dentro del MERCOSUR). Se puede concluir que:
Es necesario reforzar la cooperación internacional y el intercambio de información para conocer las autoridades competentes nacionales y los respectivos puntos de contacto.
No se deberían autorizar transferencias internacionales de armas que vulneren las dis- posiciones de los tratados y organismos internacionales aunque algunos de los Estados participantes no formen parte de los mismos.
Se deben tomar medidas adecuadas para que las transacciones autorizadas no generen perjuicio a situaciones particulares que presenten en dicho momento los Estados de destino final o tránsito de las armas, requiriendo siempre el consentimiento previo de los mismos.
Ningún embarque de armas puede ser autorizado a abandonar el país de exportación sin que la autoridad nacional se cerciore previamente que han sido extendidas las res- pectivas autorizaciones de los países de tránsito y de destino final mediante licencias oficiales. La misma regla debería observarse para los componentes que se exportan para el ensamblado o fabricación de armas en terceros países en lo que corresponda.
Necesidad de que sea jurídicamente vinculante, que establezca sanciones para aquellos que sean declarados responsables de la violación de sus preceptos, luego de una instan- cia que garantice la oportunidad de expresar descargos y producir prueba.
Las disposiciones del Tratado no podrán ser interpretadas de forma que cercenen o limiten el derecho de los Estados de satisfacer sus necesidades de defensa, sin perjuicio del control sobre todos los materiales involucrados que los Estados tienen el derecho y la obligación de llevar. La decisión de autorizar o no autorizar una transacción es un derecho soberano de los Estados que queda reservado a su ámbito nacional.
Necesidad de adopción de medidas nacionales que establezcan en forma concreta y determinada puntos únicos de ingreso y egreso de las armas a los países como forma de viabilizar el control internacional de las transferencias y evitar el desvío hacia el tráfico ilícito 11 .
11 Extraído del primer borrador de respuesta al Secretario General
Sobre los objetivos y criterios
Objetivo del Análisis Comparado
Realizar un análisis comparado de los hallazgos de las investigaciones nacionales en torno al TCA.
Sistematizar y comparar los aportes que las investigaciones nacionales plantean con respecto a los Principios Globales del TCA.
Identificar y analizar los principales desafíos que un instrumento como el TCA podría enfrentar en la región.
Definir categorías entre los países analizados y los argumentos de cada categoría.
2.2. Criterios de las investigaciones:
Utilizar el sistema de tablas o matrices en relación con cada principio global de TCA y elaborar el análisis que retome el principio en cuestión y sus especificidades.
Definir y explicar las categorías construidas a partir de los estudios de los países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
A. 3. Metodología:
Es un ejercicio de análisis – jurídico, cuya fuente principal proviene de la compilación de investi- gaciones nacionales, y la comparación en materia de aplicabilidad del TCA de los países:
1. Argentina: Dario Kosovski.
2. Bolivia: Juan José Lima Magne.
3. Brasil: Rebeca Pérez.
4. Chile: Gonzalo Aguilar Cavallo, Daniela Méndez Royo.
5. Colombia: Jimena Sierra.
6. Ecuador: Xavier Flores Aguirre.
7. México:
8. Perú: Oscar Sandoval.
9. Paraguay: Yeny Villalba.
10. Uruguay: Luis Pedernera.
11. Venezuela:
Finalmente, los trabajos de México y Venezuela no fueron realizados en tiempo para ser incor- porados en este análisis.
A los efectos prácticos, en las matrices comparativas utilizaremos las abreviaturas indicadas.
Se ha construido una escala referencial que categoriza a los Estados de estudio, como parte de la medición de indicadores elaborados sobre la base del contenido de la propuesta del TCA. Cada indicador tiene una breve explicación de los criterios que han sido utilizados para el análisis comparativo.
Para la comparación, que indicará una categorización y medición de la aplicabilidad, se han elaborado 3 indicadores principales que contienen los bloques de armonización necesarios para los países, en la probabilidad de implementación del TCA. Estos indicadores son:
1. Autorización, refiere al sistema de verificación con venia internacional en materia de proliferación de armas y que se contempla en los artículos 1 y 5 del TCA. Pretenden medir:
la definición de parte de los Estados -en el derecho interno- de mecanismos y licencias- así como los circuitos de control eficaz de las transferencias y emisión de licencias y las exigencias pertinentes en cada caso. Estados soberanos autorizarán.
2. Prohibición: son las restricciones o no autorizaciones para las transferencias, comtem- plados en los artículos 2,3 y 4 del TCA. Este indicador pretende medir la limitación -restric- ción- de las transferencias de armas que se sospeche contribuyan a la comisión de viola- ciones graves de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Habrá presunción en contra de la autorización.
3. Implementación de: la estructura y adecuación en transparencia del registro y control, a partir de la ratificación o internalización del instrumento jurídico en los países de estu- dio, (artículo del 6 al 10 del TCA). Pretende medir: la Convención como estándar mínimo, difusión y aceptación de los términos de definición de “armas” conforme la Convención; establecimiento de un Registro Internacional de transferencias internacionales de armas (cada Estado Parte informará periódicamente mediante publicación de un informe anual internacional sobre transferencias internacionales de armas con base a este registro) y el proceso de control y regulación abierto a la posibilidad de acuerdos futuros adicionales.
En ese sentido, se describen tales indicadores para la medición de aplicabilidad en los países de la región según los siguientes criterios:
¿Qué indican los informes presentados por los expertos locales en cuanto a los siguientes artículos?
Autorización: De transferencias de armas y emisión de licencias: Artículos 1 y 5 del TCA.
PARTE I Artículo 1. [Autorización de transferencias internacionales de armas] Las Partes Contratantes adoptarán y aplicarán, de acuerdo con sus leyes y procedimientos nacionales, una exigencia en el sentido de que todas las transferencias internacionales de armas sean autorizadas mediante la emisión de licencias.
PARTE III Artículo 5. [Medidas nacionales] Las Partes Contratantes establecerán mecanismos de licencia y autorización bajo sus le- yes nacionales según haga falta, para garantizar que se apliquen eficazmente las demandas de esta Convención, de acuerdo con los estándares mínimos establecidos …(…)
Prohibición: no autorización de transferencias internacionales que violen otras obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e Internacional Humanitario: Artículos 2, 3 y 4.
PARTE II Artículo 2. [Limitaciones expresas] Una Parte Contratante no autorizará la transferencia internacional de armas que viole sus obligaciones bajo el derecho internacional. Estas obligaciones incluyen las que resulten de o estén de acuerdo con:
a. La Carta de las Naciones Unidas, incluyendo decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
b. Tratados internacionales por los cuales esa Parte Contratante esté obligada.
c. La prohibición del uso de armas que sean incapaces de distinguir entre combatientes y civiles o que sean de una naturaleza tal que causen lesiones superfluas o sufrimiento innecesario y
d. El derecho consuetudinario internacional.
Artículo 3. [Limitaciones basadas en el uso]
Una Parte Contratante no autorizará transferencias internacionales de armas en circunstancias en que tiene conocimiento o sospecha razonable de que las armas del tipo en consideración que se transfieran:
a. Sean usadas para quebrantar la Carta de las Naciones Unidas o reglas correspondientes del Derecho Consuetudinario Internacional, en particular las de la prohibición de la ame- naza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
b. Sean usadas para cometer violaciones graves a los Derechos humanos.
c. Sean usadas para cometer violaciones graves al Derecho humanitario Internacional apli- cable en conflictos armados internacionales o no internacionales.
d. Sean usadas para cometer genocidio o crímenes contra la humanidad.
e. Sean desviadas y usadas para cometer cualquiera de los actos a los que se hace referen- cia en los subpárrafos anteriores de este Artículo.
Artículo 4. [Otras consideraciones] Al considerar si se puede autorizar alguna transferencia internacional de armas de acuerdo con el Artículo 1 de esta Convención, las Partes Contratantes tomarán en cuenta si es probable que las transferencias de armas del tipo en consideración:
a. Sean usadas para facilitar la comisión de crímenes violentos.
b. Perjudiquen la estabilidad política o la seguridad regional.
c. Perjudiquen el desarrollo sostenible o
d. Se desvíen y se usen en forma contraria a los subpárrafos precedentes.
Y en tales circunstancias habrá presunción en contra de la autorización.
Implementación: Sistema de registro internacional e informes estatales de monitoreo al TCA; Artículos 6, 7, 8, 9 y 10. Los artículos 7 y 8 establecen el marco mínimo de referencia conceptual para los Estados Parte a la hora del cumplimiento e implementación.
Artículo 6. [Medidas internacionales]
1. Se establecerá un Registro Internacional de transferencias internacionales de ar- mas.
2. Cada Parte Contratante presentará al Registro Internacional un informe anual sobre las transferencias internacionales de armas desde su territorio o a través de él o sujetas a su autorización, de acuerdo con los requisitos de esta Convención.
3. El Registro Internacional publicará un informe anual y otros reportes periódicos sobre transferencias internacionales de armas, según sea apropiado.
PARTE IV Artículo 7. [Definiciones]
Para el propósito de esta Convención, el término “armas” se referirá a:
i) Todos los ítems enumerados en la lista de municiones del Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual Use Goods and Technologies (Acuerdo Wassenaar sobre controles de exportación para armas convencionales y bienes y tecno- logías de uso doble).
ii) Armas pequeñas, incluyendo revólveres y pistolas de autocarga, rifles y carabinas, suba- metralladoras, rifles de asalto y ametralladoras ligeras.
iii) Armas ligeras, incluyendo ametralladoras pesadas, lanzagranadas de mano y montados, cañones antiaéreos portátiles (a veces montados), cañones antitanque portátiles, rifles sin retroceso (a veces montados), sistemas portátiles de lanzamiento de misiles y cohetes antitanque (a veces montados), sistemas portátiles de lanzamiento de misiles antiaéreos y morteros con calibres inferiores a los 100 mm.
iv) Municiones y explosivos incluyendo cartuchos (con balas) para armas pequeñas y cas- quillos y proyectiles para armas ligeras; contenedores móviles con proyectiles o granadas para sistemas antiaéreos y antitanque de tiro a tiro, granadas de mano antipersonal y antitanque; minas terrestres y explosivos.
Artículo 8. [Relación con otras normas e instrumentos] Esta Convención se aplicará como estándar mínimo, sin perjuicio de cualquier norma, instru- mento o requisito nacional, regional o internacional más estricto.
Artículo 9. [Protocolos]
1. Esta Convención se puede complementar con uno o más protocolos.
2. Será requisito que la participación en cualquier protocolo de esta Convención estará abierta únicamente a las Partes Contratantes de esta Convención.
3. Una Parte Contratante de esta Convención no está obligada por un protocolo a menos que se convierta en Parte del Protocolo de acuerdo con las cláusulas del mismo.
Artículo 10 Firma, ratificación y entrada en vigencia [
12 Extraído de PEREZ M. (2007). Hacia un tratado internacional de control de transferencias de armas pequeñas y ligeras. Una mirada desde el MERCOSUR. Viva Río – Swefor. Pág. 72-73.
MATRIZ A.4.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS EN ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS.
IMPLeMeNTACIÓN – eSTRUCTURA MÍNIMA PARA eL CONTROL. Art. 6 al 10
¿Resulta factible la implementación de los registros
unidades de control interestatales?
Las autoridades locales tendrán la capacidad y fac-
tibilidad para la internalización de la norma que ins-
tale, mantenga vigente y coopere con la información
sobre los registros y avances del control de transfe-
rencias lesivas a los Derechos Humanos.
Es una prioridad la instalación de mecanismos de
articulación interestatales y mantenimiento de la
comunicación internacional para el control y registro
refieren a algún factor favorable o contrario en la
posición política del Estado, en alguna pre-opinión
sobre la adhesión o no al TCA.
CAPACIDAD Y SeGURIDAD JURÍDICA PARA PROHIBIR O NO AUTORIZAR. Art. 2 al 4
Sobre la tipología del “producto de inter- cambio económico – comercial internacio-
“herramientas para violaciones de
nal” o
los Derechos Humanos”:
¿Existe disposición interna de prohibición que esté vigente y que pueda representar un antecedente interno para las prohibiciones? ¿Hay alguna referencia en cuanto al com- portamiento del Estado en las transferencias
internacionales que lo hagan especialmente
como actor en las operaciones
prohibitivas?
A.4. MATRICES COMPARATIVAS PARA ANÁLISIS DE PAÍSES
SITUACIÓN De SISTeMAS INTeRNOS PARA eL CONTROL Y SeGURIDAD JURÍDICA eN LOS CIRCUITOS De AUTORIZACIÓN. Art. 1 y 5
¿Qué tipología tienen las armas para los Estados de estudio?:
Las transferencias internacionales de armas son consideradas como 1-) productos lesivos a Derechos Humanos 2-) productos de la actividad económica. ¿Son los controles vigentes señalados sobre la base de disposiciones netamente administrativas
tributarias, o como una cuestión de productos
peligrosos que lesionan los Derechos Humanos?
¿Se considera la posibilidad de escenarios de co-
rrupción para las autorizaciones administrativas
comerciales que se presenten?
irregulares. EN LA ARGENTINA. Ref. Disposición de la
directos SOBRE
DE UN TRATADO
de responsables
DE el LA rastreo
FUNDACIÓN de ARIAS.
La cuestión D. de (2007).
RENAR 13/99
La internalización de la norma adquirirá rango cua- si-constitucional. Existe legislación vigente de referencia para el regis- tro e intercambio de información. ACTOR ESTATAL: PODER LEGISLATIVO – CONGRESO DE LA NACIÓN. Transparencia en Materia de armamentos: Vigente la Resolución 46/36 L sobre Transparencia en Mate- ria de Armamentos, donde desde el año 1992 crea un Registro de Armas Convencionales (ONU). Vigente un Mecanismo Conjunto de Registro de comparadores y vendedores de armas de fuego, mu- niciones, explosivos y otros materiales relacionados. MERCOSUR ( 1998) Decisión 15/04 Memorando de Entendimiento MER- COSUR. Intercambio de información (2004) La posición nacional sobre transferencia de armas es favorable al TCA. Es signatario de la Convención Interamericana en materia de transparencia en la adquisición de armas convencionales.
Abundante legislación aplicable para el con- trol. CIFTA: Obliga a tener una línea política de adopción de medidas más estrictas que las previstas. Ley Nº 25.449 Cuenta con la Ley Nacional de Armas y Ex- plosivos. Control conjunto entre el Instituto de Inves- tigaciones Científicas y Técnicas de las Fuer- zas Armadas (CITEFA), la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Defensa. Certificación y PROHIBICIÓN DE RE-EXPOR- TACIÓN sin previa autorización del RENAR. Para el control de material bélico se creó una Comisión Nacional de Control de Exportacio- nes Sensitivas y Material Bélico, conformada por Ministros de Defensa, de Relaciones Ex- teriores y de Economía. En su caso un repre- sentante de la Autoridad Regulatoria Nuclear en los casos de Exportaciones de Tecnología Nuclear y otras dependencias con funciones determinadas orgánicamente. Las sanciones de competencia del RENAR:
Suspensión temporal de permisos y autori- zaciones, retiro definitivo (solo después de transcurridos 5 años pueden volver a solici- tar la rehabilitación) Ley Nacional de Armas: art. 1.
Tipología mixta: Perspectiva económica pero con restricciones. Iniciativa de la transferencia: categoría LEGÍTIMO USUARIO COMERCIAL (Persona física o jurídi- ca 13 ). Control del Circuito de autorización: ESTADO. La normativa de referencia que revela el estudio categoriza las transferencias ilícitas en el marco de la responsabilidad estatal ante el sistema in- ternacional de protección de los Derechos Huma- nos. ACTORES INSTITUCIONALES: RENAR 14 , ADMINIS-
DE DEFENSA, FUERZAS ARMADAS (Importación de Material Bélico Secreto) Las Directrices de Wassenaar (1996) y UNPoA (2001) son referencias importantes. Será necesario conocer los alcances del TCA en cuanto al manejo conceptual y de control para las
ADUANAS, MINISTERIO
GENERAL DE DE IMPUESTOS
TRACIÓN FEDERAL
Los datos de la PNEMEM sobre material bélico son secretos, por lo que se dificulta la transparencia.
No cuenta con Ley especial. Administrativamente, es competencia del Ministerio de Defensa Nacional la aplicación del “Reglamento para la Importación, Transporte, Comercialización y Empleo de Productos Explosivos, Armas y Municio- nes. Operativamente es la Unidad de Material Bé- lico. Existe una mención en dicho reglamento, de un Re- gistro de empresas relacionadas con la Importación, Almacenamiento, Comercialización y Empleo de Productos Explosivos, Armas y Municiones. Proceso de reforma constitucional.
La propuesta del TCA podría ser adoptada sin la
en la actual legislación nacional brasileña, ya que teniendo en cuenta sus compromisos actuales en materia de Derecho Internacional, se podría asimilar con facilidad un tratado internacional que regula las
transferencias de armas a escala internacional que incluya aspectos claros de respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional vigente. Políticamente se presenta favorable. Es signatario de la Convención Interamericana en materia de transparencia en la adquisición de armas convencionales.
Proceso de reforma constitucional. Actualmente existen conflictos por superpo- sición de funciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En el Código Penal se tipifica la fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosi- vas, asfixiantes, no así para el tráfico o la tenencia ilegal de armas. Se sanciona la exposición al peligro de las personas.
Las discrepancias entre los marcos legislati- vos nacionales sobre el comercio y la pose- sión de armas facilitan la labor de los trafi- cantes y el tráfico de armas transfronterizo. Por ello, Brasil y sus países fronterizos debe- rían armonizar sus legislaciones nacionales sobre control de armas para una efectiva implementación de los principios del TCA. Sobre todo para el control desde el punto de vista que las armas vulneran derechos humanos.
Tipología de instrumento que vulnera derechos humanos. Las especificaciones para otorgar autorizaciones de transferencia están señaladas en el Reglamen- to vigente de control interno boliviano. Ministerio de Defensa define “la conveniencia”
de autorizar o no la operación de armas, materia-
lizadas en el otorgamiento de un certificado que
debe especificar la operación.
Tipología mixta.
Se definen los controles en un marco comercial
también es cuestión de seguridad y derechos
Para las transferencias de armas, actualmente se
requiere autorización previa por parte del Sistema
de Comercio Exterior (SISCOMEX) y en el caso de
que sean de carácter militar están sujetas a la Di-
retrizes Gerais da Política Nacional de Exportação
de Material de Emprego Militar (DG/PNEMEM) 15
(art. 177).
Tratados internacionales tienen carácter “supralegal
infraconstitucional”.
Ley Nº 17798 sobre Control de Armas del 13 de
abril de 1978 y Modificada el 10 de septiembre de
2005,a través de la Ley 20.061. Reglamento Com-
plementario a través del Decreto Nº 77, del Ministe-
rio de Defensa Nacional con fecha del 14 de agosto
Regula la importación, fabricación, comercialización,
almacenamiento o distribución de armas. órgano de control es la Dirección Nacional de Mo-
Abundante normativa internacional en materia de
vilización Nacional (DGMN).
Derecho Internacional de los Derechos Humanos in-
ternalizada al ámbito chileno.
En materia de transparencia en las adquisiciones
de armas convencionales es signatario de la Con-
vención Interamericana en esta materia específica,
desde el año 2006, con la exigencia de un informe
anual e intercambio de información sobre las impor-
taciones y exportaciones de armas convencionales
Abundante legislación internacional internalizada en
materia de registro y mecanismos de control.
De manera expresa refiere a la prohibición a “personas físicas o jurídicas” en la transfe- rencia sin autorización de la autoridad com- petente. La Ley de Control de Armas, prevé una san- ción de “delito de tenencia ilegal de armas de fuego”, bajo el bien jurídico de “segu- ridad de la sociedad”. Asimismo en la Ley sobre Seguridad de Estado: Delitos de orden público (1975). Asimismo sanciona con “pena de presidio” quienes a sabiendas vendieren municiones cartuchos sin contar con autorización res-
Además prevé la sanción (de pena privativa
de libertad) en los casos al comercio de ar-
mas y que “fabrique, arme, transforme, im-
porte, exporte o celebre convenciones sobre
armas sin las autorizaciones…” Pasibles de
sanción: “Cualquier persona” con la excep-
ción de específicas instituciones públicas.
La Dirección Nacional de Movilización Nacio-
nal (DGMN), tiene la función de denunciar
ante las autoridades judiciales la trasgresión
Ley aduanera: alcance a través de la declara- ción de mercancía no comprendida en el có- digo aduanero. Cuenta con restricciones de mercancía subastable y transferible, en virtud de decomisos judiciales por contrabando.
El Ministerio de Defensa Nacional o un organis- mo de su dependencia ejerce la supervigilancia y control de armas, a través de la Dirección Na- cional de Movilización Nacional (DGMN), estas facultades tienen alcance inclusive fiscalización post- transferencia. La Constitución política ubica a las armas como instrumento de “resguardo fundamental para la población y como el instrumento más efectivo en contra del terrorismo”. Al Estado le corresponde el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Las empresas comerciales extranjeras quedan ba- jo la tutela jurídica chilena. El sistema de control establece la posibilidad de inscripción de importadores, comerciantes o con- sumidores habituales según el caso. En el proceso de compra se establece un exhaus- tivo procedimiento previo a la transferencia, que incluye una “orden de Compra que caduca en el término del plazo de diez días hábiles” y una solicitud de “internación” de la mercadería cuya importación ha sido autorizada.
Está vigente la Convención sobre prohibición
convencionales que puedan considerarse ex-
cesivamente nocivas o de efectos indiscrimi-
Se emplea a través de la aplicación de la Ley
Armas, el control más estricto de las armas
fueras del país, con el instrumento que debe
concederse: Certificado de destino final.
internacional y aplicación de las normas in-
ternacionales e internalizadas en materia de
sanción a personal militar por violación de
Resoluciones de ONU de embargo de armas
-a Croacia- y una efectiva coordinación in-
ternacional para detectar el contrabando de
Cuenta con una policía de investigaciones y
una Brigada Investigadora del Crimen Orga-
nizado, que depende de la INTERPOL. Chile ratificó los Protocolos Adicionales I y II
los Convenios de Ginebra que consagran
los principios de la prohibición de armas que
causen males superfluos o sufrimientos inne-
cesarios y la prohibición de armas que sean
incapaces de distinguir entre combatientes y
nados, desde el año 2004.
Existe una Dirección de Política Especial del Mi- nisterio de Relaciones Exteriores encargada de prestar asesoría y ejecutar las políticas nacionales a nivel bilateral o en los foros multilaterales: des- arme, seguridad internacional en materia cientí- fico técnica, tráfico de drogas y estupefacientes, crimen trasnacional organizado, corrupción de agentes públicos, lavado de dinero, seguridad humana, sociedad de la información y temas par- ticulares de la agenda global. Es el enlace entre los órganos nacionales especializados y los orga- nismos internacionales.
La posición oficial ( políticamente) del Estado Co- lombiano sobre el TCA es favorable. Argumenta la viabilidad y expone que es necesario el análisis de actores y responsabilidades en el comercio legal y sobre la probabilidad del desvío de lo legal al tráfico de armas, la necesidad asimismo, de hacer un análi- sis de tipos de violencia e inseguridad de los países en relación al coste humanitario por las infracciones y violaciones de normas de control.
ción colombiana y Convenios de Derecho Internacio- nal Humanitario suscritos. Las transferencias se realizan bajo el control de la Industria Miliar, INDUMIL. Existe un registro de “afiliados” ciudadanos colombianos, extranjeros re- sidentes en Colombia, personas jurídicas de derecho privado en el Departamento Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. La autorización de esta dependencia tiene vigencia de un año. Este registro pasa al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
en relación a los controles de países importadores, embarques de armas o elementos relacionados, con las respectivas licencias o autorizaciones. El TCA revestirá de un Control de la Corte Constitu- cional. Sólo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Conforme el estudio realizado, el TCA se ajusta a la constitu-
Jurídicamente lo respalda la vigencia de la
Dado el conflicto armado interno colom- biano, las armas pueden ser compradas por la vía excepcional - compra directa- no con llamado a concurso público y licitatorio- por el factor de la necesidad de inmediatez. La ley ampara estas vías excepcionales de transferencias, así como las compras para seguridad nacional “de carácter reservado”. Para compras por parte de particulares, se hacen las transferencias con la aprobación del Departamento de Comercio Exterior de la INDUMIL. Para las sanciones de conductas tales como fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones sin permiso de autoridad, con- forme la ley 599 del año 2000, son privativas de libertad de 1 a 4 años. En caso de tratarse de armas de uso privativo de la fuerzas arma- das, el tráfico, fabricación y otras conductas de uso, venta ilegal armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la pena privativa de libertad es de 3 a 10 años.
indican las reco-
crear un sistema integral de control del•
movimiento transfronterizo de todas las armas convencionales, repuestos, muni- ciones, explosivos.
En la posición estatal, se
mendaciones de:
Tipología de mercancía para seguridad y defensa nacional.
titución desarrolla la política general del gobierno en materia de importación, fabricación y comercio de armas, municiones, explosivos, sus elementos accesorios y elementos complementarios, así co- mo la explotación. Libre de tasas impositivas por la venta de las ar- mas para defensa nacional. La proliferación de armas se da a partir de proble- máticas de control a particulares y proliferación de grupos de seguridad privada. Contexto de violencia sociopolítica y manifesta- ciones graves de violencia armada, violaciones sistemáticas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, incumplimiento de ins- trumentos internacionales de Derechos Humanos
terio de Defensa y de la Industria Militar. Esta ins-
Según denuncias de las organizaciones sociales
de derechos humanos, las estructuras de gru-
pos paramilitares “lejos de desaparecer, estarían
Transferencias solo a través de INDUMIL:
transformándose y legalizándose”.
Se ve importante la transparencia en el registro, pa- ra controlar la correspondencia entre el porcentaje de armas adquirido por el Estado y las necesidades razonables para su defensa, personas habilitadas y destinatarios. Existe una regulación vigente en materia de control y restricciones del destino final de las armas y uso:
Certificación de destino final y reexportaciones en materia de transferencia de armas convencionales. Le reexportación está permitida, con el control de la Aduana y Comunicación al Comando General de las Fuerzas Militares. El derecho de particulares a usar armas no reviste de carácter constitucional, ni está igualado jurídica- mente a un derecho humano, según la Corte Cons- titucional. Abundante legislación vigente en materia de control de armas, y normativa jurídica internalizada, que apoyan los fundamentos del TCA. Se ve importante la transparencia en el registro, para controlar la correspondencia entre el porcentaje de armas adquirido por el Estado y las necesidades razonables para su defensa, personas habilitadas y destinatarios.
estatales que participen en el tráfico. Indica en general que no obstante que los Estados son responsables de todas las transferencias ilícitas de armas den-
Favorecer la creación de procedimientos• nacionales claros que regulen transfe- rencias, impidan y combatan las trans- ferencias ilícitas. Deben ser prohibidas las transferencias• cuando existan evidencias sobre sus efectos negativos respecto de la segu- ridad interna de un Estado o sobre su utilización en crímenes de lesa huma- nidad o graves violaciones del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos, pero se debe realizar un balance con el derecho a la legítima defensa de los Es- tados. Resulta interesante la propuesta oficial• de posibilitar en las controversias co- merciales especialmente, una resolución pacífica de controversias de situaciones con contrato de compra – venta de ar- mas y surjan dudas sobre la aprobación de la transferencia o de la importación.
tro de su jurisdicción y que éstas deben estar reguladas. Acompañar campañas de desarme civil• voluntario y reducir la proliferación.
acordes a su gravedad”
Ley Reformatoria al Código Penal y a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
Contexto de reforma constitucional. Se presenta el proceso de adopción del TCA, como factible jurídicamente, el factor más importante sien- do la “voluntad política” para iniciar e implementar
establecido en el TCA.
Para el registro y la certificación, cuentan con una
Ley Especial: Ley de Fabricación, Importación, Ex-
portación, Comercialización y Tenencia de Armas,
Municiones, Explosivos y Accesorios; Registro Oficial
311 del 07 de Noviembre de 1.980 y Reglamento
Están vigentes la CIFTA y la Convención Interameri-
cana en materia de transparencia en la adquisición
de armas convencionales, entre otras; no obstante,
los instrumentos de regulación están dispersos.
El Código Penal Ecuatoriano contiene abun- dantes sanciones relevantes y dispersas en el tema de control de armas. Especialmente porque definen como conductas que vulne- ran el bien jurídico de la seguridad nacional. Está tipificado asimismo el delito de “abuso de armas”. En la Ley Reformatoria, se sanciona “Art. 31.- Los que con violación a las normas de esta Ley, fabricaren, suministraren, adqui- rieren, sustrajeren, arrojaren, usaren, trans- portaren o tuvieren en su poder armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación serán reprimidos con reclusión menor de 3 a 6 años con multa de un mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, sin pre- juicio del decomiso de las armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios; materias primas que constituyan la infracción” 16 .
Tipología regulada en el marco de la seguridad pública. Cuenta con una dependencia pública de control de Armas: Jefatura Nacional de Control de Armas www.controlarmas.gov.ec Empresarios que importan armas y los políticos conservadores, en virtud del desconocimiento del objeto del TCA y del lenguaje en que está redac- tado este instrumento, puede parecerles muy es-
Cuestión superable con la difusión
adecuada y el seguimiento. Existe un control a las empresas privadas de seguridad: “Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de Orga- nizaciones de Seguridad Privada”. Decreto Ejecu- tivo No. 2697, publicado en el Registro Oficial No.
765 del 09 de septiembre de 1991.
El TCA es favorable política y jurídicamente de im- plementación en el estado peruano. Existe basta normativa en materia de control de ar- mas, prevención y sanción de graves violaciones a los derechos humanos. Perú está obligado conforme las disposiciones del CIFTA y ha logrado avances de reformas en materia penal para el tráfico o delitos conexos al comercio ilegal de armas. Existen regulaciones vigentes, diversas, muy regla- mentaristas y descriptivas con la especificidad de la ciencia balística, con los procedimientos y requisitos para la comercialización y transferencias en el orden aduanero, comercial, de seguridad pública y privada. Este indicador puede ser un factor positivo en algu- nos casos, pero en otros, puede limitar las nuevas situaciones que se presenten para intervenir por el órgano contralor o con los avances tecnológicos que presenten nuevas características o elementos híbri- dos en la composición de las armas. Diversidad de instituciones y actores que intervienen en el control y los circuitos o guías procedimenta- les, lo que puede ser un indicador de necesidad de mayor control de las responsabilidades y de segui-
articulaciones interinstitucionales al
momento de la aplicación del TCA.
El articulo 279º-A del Código Penal 17 , tipi- fica el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos de guerra. Según este párrafo, el que ilegítimamente se dedique a la fabrica- ción, importación, exportación, transferen- cia, comercialización, intermediación, trans- porte, tenencia, ocultamiento, usurpación, porte y use ilícitamente, armas, municiones, explosivos de guerra y otros materiales rela- cionados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años. La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta y cinco años si a conse- cuencia del empleo de las armas descritas en el párrafo precedente se causare la muerte o lesiones graves de la víctima o de terceras personas 18 . La diversidad de normativa complejizaría la articulación interinstitucional para delimitar la competencia del orden del derecho admi- nistrativo, comercial y en materia penal. Es el código penal que en el estudio de los países de la región del informe, que tipifica y contiene una mayor descripción y mención de conductas ilícitas en materia de seguri- dad y tráfico de armas.
de 1996. Complementaria de la Ley 28627 publicada el 22 de mayo de 2005.
Existe una clasificación constitucional que ha en- contrado sus limitantes al momento de la inter- pretación, pues reviste de un concepto genérico de “armas de guerra” y “armas distintas a las de la guerra”, con excepciones como las armas de características de guerra, pero de uso civil para seguridad, denominadas: “armas de uso restrin- gido”. El trámite de las transferencias en general, se realiza a través del Ministerio de Defensa, el cual aprueba las transferencias de armas y equipo mili- tar, mediante Resolución Suprema de importación de material de guerra. En dicha resolución se indi- ca si el procedimiento de adquisición se realizará de forma pública o mediante el procedimiento de adquisiciones que gozan de secreto militar. El Co- mando Conjunto de las Fuerzas Armadas no emite directivas sobre la adquisición de armamento sino solamente sobre la utilización del equipo militar. Por su parte, los proveedores de armas atienden el pedido de acuerdo a las especificaciones de la institución armada que los solicita. El informe revela que no existe normativa especí- fica que regule el tránsito de armas, municiones y otros materiales relacionados a través del terri- torio del Perú con destino hacia otro Estado. La única referencia sobre
6º Disposición
20 de la octubre
publicada el según
26672,
Es signatario de la Convención Interamericana en materia de transparencia en la adquisición de armas convencionales.
transporte de armas se encuentra en el TUPA de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explo- sivos de Uso Civil DICSCAMEC, donde se señala que la expedición de guías de circulación para el traslado de armas y municiones distintas a las de guerra, se obtiene presentando una solicitud in- dicando la cantidad, características, número de la licencia y/o autorización de venta, lugar de origen y destino de las armas y/o munición, así como el medio de transporte a emplearse. En la práctica, para realizar las operaciones de tránsito de armas de guerra y de aquellas que no son de guerra, se coordina entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada del Estado correspondiente. Por otro lado, los transportistas de armas de fuego, municiones y explosivos están sujetos a la regulación general de la actividad de transporte dentro del territorio nacional, regulada por el ministerio de Transportes y Comunicacio- nes.
recopilación y coordinación de estadísticas y otra información relacionada con las drogas”… (…) “el país no cuenta con un mecanismo formal para evaluar su capacidad para recopilar datos y enfrenta dificultades vinculadas a la falta de recursos huma- nos y financieros. Es signatario de la Convención Interamericana en materia de transparencia en la adquisición de armas convencionales.
Ya en la evaluación de la CICAD (2003-2004), sobre el sistema, el Paraguay informaba: “El país no cuen- ta con una oficina centralizada para la organización,
1910/2000.
Las sanciones son débiles en el orden penal. En cuanto a las sanciones que se aplican actualmente son más bien de orden admi- nistrativo. En algunas investigaciones penales se inves- tigan la portación y tenencia ilegal de armas, conjuntamente con otros delitos conexos, como secuestros y robo agravado.
“La autoridad competente para el registro y habi- litación tanto de personas físicas como jurídicas, es la DIMABEL – Dirección de Material Bélico- dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, es punto focal o representante para la coordina- ción de la información y autorizaciones de parte del Poder Ejecutivo, concentra la información de necesidades en la adecuación operativa - legal, a través de su Asesoría Jurídica, conectada a su vez con la Dirección General de Aduana, la Poli- cía Nacional y el Ministerio Público” .
De tipología mixta. La autorización la otorga la Dirección de Material Bélico: Ley N° 1910/2002 y en su Decreto regla- mentario 3625/2004, se establecen estos proce- dimientos especiales para la emisión de licencias:
Se ha buscado una posición política común en el bloque del MERCOSUR. Cuerpo jurídico disperso e inorgánico, factibilidades de aprobación a nivel local pero débil implementa- ción. No existe una ley especial marco en materia de ar- mas. Se revela que Uruguay tiene una vasta experiencia en el tema del registro de armas (creado en 1945) llevado adelante por el Servicio de Material y Arma- mento del Ministerio de Defensa Nacional. Mediante el Decreto 91/993 sobre “Certificados de autoriza- ción de importación de explosivos, armas de fuego, etc.” debe remitir el listado de armas, municiones y explosivos que efectivamente ingresaron al país (art. 4) Aplica como Miembro del MERCOSUR la Decisión 7/98 que creó un mecanismo conjunto de registro de compradores y vendedores de armas de Fuego, integrado por las bases de datos de los organismos competentes de los Estados Miembro. Es signatario de la Convención Interamericana en materia de transparencia en la adquisición de armas convencionales.
seguimiento de los compromisos del POA con relación a prevenir, combatir y eliminar
tráfico ilícito de armas pequeñas. Articula los Ministerios de Relaciones Exteriores,
En materia de sanción penal, hay descono- cimiento de la discusión de la incorporación de tipos penales vinculados a tráfico de ar- mas y delitos conexos en el proceso de mo- dificación de la ley penal uruguaya. En materia aduanera existen sanciones co- mo el contrabando y otros, que indican san- ciones de índole arancelaria y de fiscaliza- ción de productos, es decir; sanciones por la comisión de ilícitos aduaneros.
funciona como Autoridad Nacional que co- ordina políticas e investigación, así como el
Interior, Defensa, Economía y Finanzas, Ga-
nadería Agricultura y Pesca.
Oficialmente se identificó a las armas y las trans- ferencias como un tema de seguridad pero de alta envergadura económica y de problemática que vulnera derechos humanos y derecho al de- sarrollo. Se repite la problemática de la privatización de la seguridad, como en la mayoría de los países de la región. Las autoridades responsables de la emisión de certificación y licencias de transferencias, son esencialmente el Ministerio de Defensa Nacional, con reportes favorables del Servicio de Material y Armamento y Jefatura de Policía. De esta au- torización final del Ministerio de Defensa opera Aduanas. Decreto 91/993: establece facultades al Minis- terio de Defensa (Dirección de Logística) quien emite los certificados de despacho y/o descarga de acuerdo a la solicitud del interesado y el cer- tificado importación expedido por el Servicio de Material y Armamento. Decreto 2605/943: establece que las solicitudes para exportación, reembarco con destino al inte- rior removido e importación será resueltas previo informe del Servicio de Material y Armamento y la Jefatura de Policía del departamento de Mon- tevideo.
reproducir estructuras similares
El destino final de las armas queda bajo la tutela del Servicio de Material y Armamento, según Decreto 114/998 que reglamenta su organización y funciones. En el informe de país, se ha indicado que uno de los riesgos que podrían debilitar la implementación del TCA, es el desarrollo de estructuras de la administración pública con recursos suficientes, optimizados y gestio- nados de forma coordinada. Muchas veces, ha sido un defecto de la política pública en
en diferentes dependencias del estado ge- nerando superposición de recursos, esfuer- zos, burocracia excesiva y a veces con cierto
bajo nivel de desarrollo tecnológico para el
“…[…]
institucional”…
“raquitismo
Uruguay el
Situación de los Estados analizados sobre la de ratificación y adhesión de instrumentos internacionales de referencia
A.4.2. MATRIZ DE SITUACIÓN DE VIGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES / REFERENCIA JURÍDICA
Nivel 2: Instrumentos 2.1. Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado en Nueva York el 16
de diciembre de 1966 y entrada en vigor el 23 de marzo de 1976.
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de
diciembre de 1966 y entrada en vigor el 3 de enero de 1976 de acuerdo al artículo 27.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Ley 400 del
– Convenio de Palermo. Entrada en vigor el 29 de septiembre de 2003.
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas,
componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar
el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos. Conferencia de las
Naciones Unidas en fecha 9 al 20 de julio de 2001. UNPoA.
2.1.7.Acuerdo de Wassenaar: Criterios para el control de posibles acumulaciones excesivas de
armas convencionales y Directrices sobre Mejores Prácticas para el Control de Exportaciones
Resolución 46/36 L sobre Transparencia en Materia de Armamentos adoptada en el
año 1991, para el Registro de Armas Convencionales.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aprobada por la Asamblea
26 de agosto de 1994.
Programa de Acción de las
de Armas Pequeñas y Ligeras. Año: 1996.
General en el año 2003.
supervivencia, limitando para ello la libertad de los contendientes a la hora de elegir sus métodos y medios de guerra. Las situaciones y DIH aplicable es: a) conflictos armados internacionales: Los
cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I; b) conflictos armados internos: El artículo 3 común a los cuatro Convenios y el Protocolo Adicional II; c) Tensiones y disturbios internos: El artículo
Recordando el concepto de Derecho Internacional Humanitario: Conjunto de normas, de origen convencional o consuetudinario, aplicable en conflictos armados, internacionales o no, por lo que es
3 común a los cuatro Convenios, y los derechos humanos inderogables conforme el Derecho internacional de los Derechos Humanos PÉREZ DE ARMIÑO, K. Y OTROS. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. HEGOA -ICARIA. 2002. Pág. 158.
denominado también “derecho de los conflictos armados o derecho de la guerra. Tiene por objeto el alivio del sufrimiento de las víctimas, y la protección de éstas y de los bienes esenciales para su
Roma. Vigente desde el 1 de julio de
2.1.10. Estatuto de la Corte Penal Internacional -
2.2. Derecho Internacional Humanitario - DIH 19
Protocolos Adicionales (I Y II) a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949.
Adoptados en Ginebra el 8 de Junio de 1977.
2.2.2. Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados
(y Protocolos I, II y III).
2.3. Internacional – Regional
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. Washington D.C., 14 de noviembre
de 1997. CIFTA.
2.3.2. Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas
Convencionales Guatemala.
Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. CICAD.
Reglamento modelo de la CICAD, que propone prohibiciones como realizar actividades
de corretaje de armas que vulneren los derechos humanos o el derecho internacional
Declaración de La Antigua, Guatemala de la Conferencia Regional para la Revisión de
los Progresos Realizados por América Latina y el Caribe en la Implementación del Programa
de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos.
2.4. Internacional – Sub Regional
Protocolo Adicional al Tratado de Asunción / Protocolo de Ouro Preto. MERCOSUR
2.4.2. Decisión 07/98 del MERCOSUR, para un Mecanismo Conjunto de Registro de
Compradores y Vendedores de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Memorando de Entendimiento para el Intercambio de Información sobre la Fabricación
y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados
entre los Estados Partes del MERCOSUR.
2.4.4.Arancel Común del MERCOSUR.
Protocolo relativo al Código Aduanero del MERCOSUR. Firmado: Ouro Preto, 16 de
Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en materia contractual.
Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales. MERCOSUR.
2.4.8.Acuerdo Marco Sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional Entre los Estados
Partes del MERCOSUR.
Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.
Acuerdo para facilitar el control del comercio ilícito de armas entre la República del Paraguay
Establecimiento de Normas Sobre Adquisición, Fabricación, Tenencia, Transporte y Todo Acto
Entre Bolivia y Paraguay: Comunicado Conjunto de los Ministros de Relaciones Exteriores
para Iniciar Negociaciones Tendientes a la suscripción de Acuerdos para El Combate al Tráfico
llícito de Armas de Fuego y Sobre el Tratamiento a Procesados o Condenados por el Crimen
Constituciones Nacionales favorables a la adopción del ATT/TCA
las armas y su
2.9. Ley o Código de control financiero y tributario que da tratamiento o
Ley comercial que restrinja específicamente o mencione en especial a las
Ley de comercio electrónico u operaciones comerciales a través de internet
Acuerdos Bilaterales relevantes
y la República Federativa del Brasil.
Jurídico Relacionado con las Armas de Fuego, Pólvoras, Explosivos y Afines.
de Secuestro de Personas. 2007
Ley interna o regulación especial para el tratamiento de armas.
2.8. Ley o Código Aduanero que da tratamiento especial a
transferencias o carga, depósito, etc.
imposición tributaria diferenciada en temas de armas.
que restrinja su compra-venta o prohíba de manera expresa.
B. Análisis comparativo a partir de los casos – países presentados (propuesta de análisis relizada por la abogada Jenny Villalba)
Escala de categorías dadas a países, conforme los indicadores elaborados, relacionados a las leyes vigentes y su vinculación al TCA: 1 al 5
muy alta armonización normativa: país de alerta para iniciar las negociaciones de aprobación. Proceso de armonización, articulación institucional y funcional más compleja.
Categoría 4: alta armonización normativa: país de alerta para iniciar las negociaciones de aprobación y armonización con la normativa vigente. Categoría 3: media armonización normativa: país con buenas probabilidades de avanzar a una armonización adecuada.
baja armonización normativa: país prioritario para las acciones de incidencia.
muy baja armonización normativa: país prioritario para las acciones de incidencia.
Categorización A
SITUACIÓN DE SISTEMAS INTER- NOS PARA EL CONTROL Y SEGU- RIDAD JURÍDICA EN LOS CIRCUITOS DE AUTORIZACIÓN.
CAPACIDAD Y SE- GURIDAD JURÍDICA PARA PROHIBIR O NO AUTORIZAR.
IMPLEMENTACIÓN – ESTRUCTURA MÍ- NIMA PARA EL CON- TROL/ ESCENARIO JURÍDICO Y APOYO POLÍTICO INTERNO FAVORABLE.
Suma y relación en las posibilidades de adaptación o armonización interna en referencia al TCA, según puntaje obtenido por cada país en la tabla anterior:
Estado que tiene aprobado el 100% del total de la normativa de referencia-base.
Estado que tiene aprobado hasta aproximada-
mente el 86% de la normativa de referencia- base.
Estado que ha aprobado hasta aproximada-
mente el 73 % de la normativa de referencia- base.
Estado que ha aprobado hasta aproximada- mente el 50% del total de la normativa de referencia, política interna incierta a la imple- mentación efectiva del ATT.
Estado que ha aprobado hasta aproximada- mente el 40% del total de la normativa de re-
ferencia, política interna adversa y resistente al ATT vulnerable y con intermitentes focos de violencia.
B.2. Resultados de la escala elaborada, en gráficos:
Indicador 1: SITUACIÓN De SISTeMAS
INTeRNOS PARA eL CONTROL Y
SeGURIDAD JURÍDICA eN LOS CIRCUITOS
Indicador 2: SITUACIÓN De
SISTeMAS INTeRNOS PARA
eL CONTROL Y SeGURIDAD
JURÍDICA eN LOS CIRCUITOS
Indicador 2: CAPACIDAD Y SeGURIDAD
JURÍDICA PARA PROHIBIR O NO AUTORIZAR
Indicador 2: CAPACIDAD Y
PROHIBIR O NO AUTORIZAR.
Indicador 3: IMPLeMeNTACIÓN-
eSTRUCTURA MÍNIMA PARA eL CONTROL/
eSCeNARIO JURÍDICO Y APOYO POLÍTICO
INTeRNO FAVORABLe
eSTRUCTURA MÍNIMA PARA
eL CONTROL/eSCeNARIO
JURÍDICO Y APOYO POLÍTICO
Total de la suma de los puntajes de los tres indicadores.
De la calificación señalada, tomando los aspectos principales del análisis, cabe indicar que Chile cuenta con buena calificación de estructura de control interno, lo que facilitaría la implementación del TCA, pero cuenta con un presupuesto letal que es la oposición a la ratificación del Instrumento por parte de parlamentarios conservadores, como fue la experiencia con la Corte Penal Interna- cional y la oposición de parlamentarios de tendencia conservadora, por justificación de temas de soberanía.
El segundo país calificado es Argentina, único que aplica las directrices de Wassenaar. Cuenta con capacidad de controles internos y políticamente ya ha presentado su posición política favo- rable a la aprobación del ATT/TCA. Por otro lado, Argentina es el tercer país productor de armas en Latinoamérica.
El caso de Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador aunque hayan ratificado la mayoría de los instru- mentos internacionales en materia de control de armas, la capacidad para control y articulación interna, superposición de funciones y con ley especial en materia de control de armas, el nivel que alcanzan en la calificación dada es de nivel medio a bajo por la complejidad de la articula- ción entre actores o leve superposición de funciones de actores estatales que intervienen en el circuito de control.
Bolivia no cuenta con una ley especial en materia de tratamiento de armas y al igual que Ecua- dor se encuentra en proceso de reformas estatales profundas.
Brasil y Uruguay, cuentan con un mismo nivel, pero existen otros factores que no han entrado en un análisis más profundo, como el factor de la densidad poblacional de Brasil que hace que en la práctica, la cuestión del control interno se complejice. Es alta la capacidad de cabildeo internacional de Brasil, así como la participación de sectores sociales en el análisis. Brasil es uno de los principales productores de armas en la región.
En el caso de Colombia, ha revelado nivel de prioridad, por la crisis sociopolítica compleja y vulnerable a la violencia.
Venezuela y México, países claves en la visión regional, no han reportado datos.
C. SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES dadas por los expertos locales:
 Analizar la viabilidad de un TCA a través de un proceso transparente e inclusivo, pro- moviendo conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, un entendimiento común. El borrador del TCA no incluye mención alguna al rol de la sociedad civil. Incluir al menos, un rol consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
 Definir el término transferencias de un modo amplio a los efectos de incluir las activida- des de exportación, importación, intermediación, tránsito y trasbordo de armas conven- cionales en el territorio de un Estado.
 Incluir a todos los actores posiblemente intervinientes en operaciones internacionales.
 Socializar la propuesta del TCA a los Poderes Legislativos.
 Cubrir transferencias entre gobiernos (para fuerzas armadas y/o fuerzas de seguridad); entre gobiernos y particulares y entre particulares, a fin de evitar que algún tipo de transacción quede fuera del alcance del mismo.
Homologar criterios para la autorización de transferencias.
Determinar una autoridad de aplicación del TCA conformada democráticamente.
Prever la obligación de un mecanismo rápido de consulta a organismos de las Naciones Unidas y/o regionales para el chequeo previo de la situación del país de destino de los materiales (al menos una vez por año).
Prever la creación o designación de una Autoridad de Aplicación o un ente específico para la interpretación del Tratado en los casos en que fuera necesario, ya sea para el seguimiento del cumplimiento de las medidas nacionales e internacionales a adoptar por los obligados o para las divergencias de criterio de dos partes respecto del texto del Tratado para su aplicación a una situación concreta. Se sugiere incluir la designación de un ente, al menos con facultades de supervisión y control sobre las cuestiones atinentes al Tratado.
Crear espacios de trabajo y debate que involucren a quien sería la Autoridad de Aplica- ción a nivel nacional en caso de aprobarse el TCA. Contribuirá al debate y facilitará la futura implementación.
Incidir en los procesos de reformas legales a nivel interno de los Estados y en las ratifi- caciones pendientes de normativa internacional de referencia y que complementan la iniciativa del TCA/ATT.
Realizar una campaña dirigida a la sociedad civil sobre el problema del mercado negro de armas que trascienda el enfoque exclusivo de los grupos políticos armados.
Tomar a Brasil como país productor como buen ejemplo a seguir para otros países productores que se muestran escépticos ante este proceso debido al impacto que este instrumento pueda tener en sus países a escala militar, económica y política.
Armonizar sus legislaciones nacionales sobre control de armas para una efectiva imple- mentación de los principios del TCA.
Sería deseable que el resto de países también facilitará el acceso a esos materiales, documentos legales a través –como ejemplo- de páginas web actualizadas.
 Los países del MERCOSUR deberían acordar una candidatura común para entrar a for- mar parte en el Grupo de Expertos Gubernamentales que redactará la propuesta del TCA, que debe formarse de cara a 2008.
 Establecer en este proyecto de tratado en forma concreta, cuáles serían específicamente estas normas comunes o este sistema común de control que deben respetar los Esta- dos.
 Recomendar la firma y ratificación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas, y componentes y municiones, que entró en vigor en julio de 2005, como complemento necesario a la implementación del TCA/ATT.
 Organizar un diálogo franco y abierto, con una asesoría técnica internacional, bajo la forma de rondas de consultas y de información en el nivel político, para los efectos de intentar convencer o disolver cualquier temor que pudiera existir respecto a la eventual ratificación e incorporación al Derecho Interno del Estatuto de Roma, por el cual se crea la Corte Penal Internacional.
 Efectuar seminarios locales o regionales explicativos de los principios que se contienen en el TCA, ya que, el documento de propuesta no contiene un desarrollo exhaustivo, también como estrategia de sensibilización a las autoridades gubernamentales y po- líticas sobre la necesidad de adoptar el TCA y de incorporar sus principios y normas al ordenamiento jurídico interno.
 Tener en cuenta para la adopción y aplicación, el contexto sociopolítico y las políticas nacionales adoptadas en materia de control de armas.
 Adoptar medidas suficientes y complementarias dirigidas a contrarrestar el tráfico ilícito de armas, paralelamente a la implementación de controles sobre la transferencia, impor- tación y exportación de armas convencionales.
 Tener presente la posible consecuencia indirecta de la implementación de controles muy estrictos sobre la transferencia de armas en el marco del TCA.
 Adoptar medidas que sean necesarias, para garantizar el respeto por el derecho inmanente de legítima defensa de todos los Estados consignado en el artículo 51 de la carta de la ONU, y para establecer un equilibrio entre dicho derecho y las obligaciones generales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos.
 Crear un mecanismo estrechamente ligado al sistema de Naciones Unidas, que garan- tice la imparcialidad y la objetividad en la evaluación de las condiciones para aplicar restricciones en las transferencias de armas, como en los casos en que el Estado incum- pla los compromisos internacionales; que exista una grave situación de violaciones a los derechos humanos; o que se presente otra situación que esté contemplada de manera expresa y taxativa por el TCA y que dé lugar a dicha restricción.
 Evitar que se utilicen las restricciones sobre las transferencias de armas, como un instru- mento de control político o como un mecanismo de coerción de unos Estados frente a otros, que vulnere la prohibición de la injerencia en los asuntos internos de los Estados
y en su soberanía.
 Incorporar en el TCA medidas que prohíban a los Estados firmantes del instrumento, la
adopción de políticas internas que contraríen el propósito principal del tratado. Esta- blecer disposiciones expresas en el marco del instrumento, que obliguen a los Estados
a mantener una coherencia entre la adopción de las políticas internas sobre control de armas y los objetivos del TCA.
 Adoptar medidas complementarias en el marco del TCA, orientadas a restringir la dispo- sición de armas por particulares.
 Elaborar el TCA y promoverlo como un instrumento multilateral incluyente para garan- tizar su efectiva adopción y aplicación, y que en consecuencia, tenga en cuenta las par- ticularidades de la situación de violencia armada que presentan algunos países como Colombia.
 Promover un proceso de consulta con la sociedad civil bajo unas condiciones que garan- ticen su real y oportuna participación.
 Propiciar políticas de seguridad que eviten la utilización de civiles en actividades de inteligencia y control territorial y que prescindan de la delegación de las tareas oficiales de patrullaje y vigilancia en particulares, con miras a fortalecer el monopolio del uso de las armas en cabeza del Estado e impedir la proliferación de armas en manos de agentes no estatales, como una apuesta para ambientar la adecuada implementación del TCA.
 Tener en cuenta las recomendaciones propuestas en el documento presentado por al- gunos representantes de la sociedad civil al Comité de Coordinación Nacional para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, sobre los parámetros de un proyecto de un instrumento amplio y jurídicamente vinculante que establezca normas internacionales para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales”.
 Llamar a los Estados a fortalecer campañas integrales de desarme ciudadano con el propósito de dotar de sentido educativo los planes de vinculación jurídica, recolectar las armas que están circulando y reducir la proliferación.
 Implementar campañas de desarme voluntario. Es una oportunidad para que el tratado las regule y establezca medidas y procedimientos claros de recolección, almacenamien- to y disposición final de las armas.
 Desarrollar procesos de recolección de las armas que ya están en circulación y prevenir la recirculación de las mismas, contribuyendo a aumentar la credibilidad en los estados.
 Crear una autoridad que sirva de garante para el control futuro de las armas de manera coercitiva y proyectos que ayuden a disminuir la demanda desde la educación y la con- ciliación con grupos delincuenciales comunes.
 Establecer claramente una serie de condiciones que los Estados deben cumplir al exa- minar cualquier tipo de transferencia internacional de armas convencionales. Mediante esta codificación de las responsabilidades contraídas por los Estados en virtud del dere- cho internacional, las transacciones autorizadas por los gobiernos pueden distinguirse claramente del tráfico ilícito y, de este modo, regularse de un modo efectivo. Esto ayu- dará a evitar las transferencias irresponsables de armas convencionales, la desviación de estas armas al “mercado paralelo” y el constante uso indebido de las armas que proceden de él.
 Incluir un sistema integral de control del movimiento transfronterizo de todas las armas convencionales, municiones y piezas afines, tecnología y material. Esto debe abarcar la importación, la exportación, las transferencias, el tránsito, el transporte, el trasbordo y el corretaje o intermediación de todas las armas convencionales.
 Considerar la necesidad de balancear la prohibición con el derecho a la legítima defensa consagrado en la Carta y reconocida por la Resolución 61/89 y desarrollar instancias jurídicas claras que impidan la aplicación inconsulta de esta prohibición en detrimento de las labores de provisión de seguridad para las personas por parte de los Estados afectados por situaciones complejas de violencia armada.
 Considerar un capítulo sobre solución pacífica de controversias en previsión de situaciones específicas, como cuando ya exista un contrato de compra-venta de armas y surjan dudas sobre la aprobación de la transferencia o de la importación. Debe establecer de manera taxativa las sanciones aplicables al país comprador que permita el desvío de las armas el mercado ilegal cuando haya agentes del Estado involucrados en ello y comprometer a los Estados a sancionar con medidas acordes a su gravedad, a los agentes del Estado que hallen responsables de participar en el tráfico ilegal de armas y municiones.
 Difundir el TCA entre profesionales y académicos/as; políticos/as y empresarios/as; pú- blico en general.
 Realizar cursos de capacitación, talleres informativos y de divulgación popular y publica- ciones en prensa escrita y radio, coloquios con actores clave para la adopción del TCA.
 Coordinar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que presionen, de manera razonada y persistente, por la adopción del TCA.
 Presentar la necesidad de aprobación del TCA, en los informes de otros tratados internacio- nales de Derechos Humanos firmados con anterioridad y en donde el Estado está obligado
a su cumplimiento –especialmente en el ámbito regional y sub-regional- . Esto posibilitará
concienciar a los actores públicos sobre la importancia y la especificación de este nuevo Tratado jurídicamente vinculante, documento que resulta una oportunidad ante necesida- des específicas locales y transnacionales, y que fortalecerá todo el sistema jurídico en su abordaje general.
 Aprovechar el contexto de lucha contra la corrupción pública e incluir a las instituciones actoras principales en las transferencias internacionales de armas en ese contexto.
 Elaborar una agenda de capacitación conjunta entre los puntos focales institucionales, será una oportunidad para construir participativamente un mapa funcional y de todo el proceso de transferencias internacionales de armas.
 Sobre el supuesto que los encuentros de agentes estatales en un mismo nivel participativo puedan lograr un instrumento de acción conjunta en concreto, podría generar no sólo el reconocimiento institucional, sino además la valoración del involucramiento personal de cada uno de los agentes en los procesos de trabajo conjuntos.
 Un instrumento concreto elaborado, podría convertirse en un manual operativo – práctico interinstitucional para el control e investigación de casos de transferencias internacionales
de armas, en un lenguaje intermedio entre las diferentes formaciones, las militares, jurídicas administrativas, aduaneras y jurídico penales. Este sería, además de un instrumento concre-
to de trabajo, un proceso conjunto de intercambio de experiencias y conocimientos.
 Aprovechar las reuniones de debate de las leyes del sistema penal paraguayo para incluir tipos penales más claros para la persecución penal de los casos más graves de tráfico de armas.
 Incluir en el debate del TCA, la incorporación de las nuevas tecnologías en las trans- ferencias internacionales de armas, esto es el comercio electrónico -e-commerce-; en especial con las compras a través del gobierno electrónico y de contrataciones públicas, para identificar restricciones sobre el comercio de armas a civiles y los procedimientos a través de las nuevas tecnologías de manera clara.
 Aprovechar y rescatar el contenido de los informes tributarios de las empresas importado- ras y los informes financieros y de gastos conforme obliga la ley a las instituciones públicas, como fuente de control alternativo y de cruzamiento de datos en el registro internacional, además de los establecidos legalmente en la legislación especial de armas.
 Acompañar desde la sociedad civil al Estado, para que refleje en los informes internacio- nales, los avances reales y las dificultades sobre imposibilidades políticas y financieras concretas.
 Buscar medios de sensibilización y difusión de las experiencias sistematizadas en todo el proceso de debate público, para lograr la aprobación y la implementación del TCA con acompañamiento de la opinión pública.
 Identificar las clasificaciones internas de armas, para tener claro el alcance de las mis- mas respecto a la determinación del régimen jurídico final de aplicación.
 Regular el procedimiento interno de adquisición de armamento para favorecer la trans- parencia y rendición de cuentas, en especial para el control de demandas y adquisicio- nes de armamento.
 Verificar la normativa y penalización de la posesión y comercialización ilícita de armas de fuego, la prohibición de comercialización de armas prohibidas y de la intermediación ilícita en materia de armas