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Timestamp: 2017-10-19 06:59:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 36', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 4', 'artículo 4']

Diez objeciones político-constitucionales a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. | El derecho y el revés
Diez objeciones político-constitucionales a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
Publicado en julio 1, 2015 por Miguel Ángel Presno Linera
Primera.- En la Exposición de Motivos de la Ley se afirma que “…los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo”. Sin embargo, no se especifica qué cambios sociales se han producido ni ante qué nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y tranquilidad ciudadanas nos encontramos. Y, lo que quizá resulta más relevante, no parece evidente la existencia de esas demandas sociales de tutela de nuevos contenidos. Tal vez lo que ocurra es una apuesta no por la tutela de nuevos bienes que han de ser protegidos sino por la vieja represión de ciertos movimientos sociales.
Segunda.- En relación con lo anterior, se encuentran en la Ley rasgos típicos del derecho sancionador del enemigo: se castigan conductas antes de que exista una lesión de la seguridad ciudadana, se imponen sanciones económicas muy altas y se suprimen o relativizan garantías procesales. A continuación se analizarán algunos de estos rasgos.
Tercera.- Según el artículo 4.3 de esta Ley, “la actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso… susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas”. Con esta redacción, muy poco fundamentada, se avalan sanciones, y no triviales, por la posibilidad de provocar la mera vulneración de una norma del ordenamiento jurídico. El ataque a la libertad en nombre de la eficacia policial ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional (TC) que, en la STC 341/1993, avaló la primacía de la libertad sobre la eficacia.
Cuarta.- El artículo 19.2 prevé la aprehensión de los efectos procedentes de un delito o infracción administrativa. Si se conecta con el artículo 36.23 (uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) nos podemos encontrar ante el secuestro administrativo de imágenes informativas siendo así que, según la STC 187/1999, únicamente los jueces y tribunales, con la debida cobertura legal, pueden ordenar la incautación de ese material. Fuera de estos casos, el secuestro carece de cobertura constitucional porque únicamente cabe un sistema “represivo” de restricción de sus derechos fundamentales, no preventivo.
Quinta.- Conforme al artículo 35.1 “son infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo,…” Aquí se equiparan dos situaciones muy diferentes: las reuniones no notificadas con las prohibidas, lo que vulnera el principio de que la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la infracción.
Sexta.- El artículo 36.1 considera falta grave “la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal”. Aquí tampoco hay graduación ni, por tanto, respeto al principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, de manera que cualquier perturbación de la seguridad ciudadana, sea o no grave, sería infracción grave.
Séptima.- El artículo 36.4 prevé, como infracción grave, “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”. Con esta tipificación se prevé la sanción de, entre otras, las actuaciones que han tratado de frenar o demorar los desahucios pero no queda claro qué tipo de actos se sancionarán. Hay que recordar al respecto que es doctrina reiterada del TC (SSTC 69/1989 y 137/1997) que las normas sancionadoras deben usar términos razonablemente claros y precisos con el propósito de impedir que jueces y Administración suplanten al legislador, invadiendo e infringiendo la reserva de ley sancionadora, creando infracciones donde el legislador no las estableció.
Octava.- El artículo 36.23 sanciona con carácter general e indiscriminado el uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Este precepto puede vulnerar el artículo 20.2 CE, al establecer una suerte de censura previa administrativa: la STC 72/2007 avaló la toma de imágenes a una agente de policía en el ejercicio de su función: “estamos ante un documento que reproduce la imagen de una persona en el ejercicio de un cargo público y la fotografía en cuestión fue captada con motivo de un acto público (un desalojo por orden judicial), en un lugar público (una calle de un barrio madrileño), por lo que en modo alguno resulta irrazonable concluir” que la reproducción está amparada por la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Novena.- Según el artículo 37 “son infracciones leves: 1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores. El pasado 14 de octubre de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos (TEDH) publicó su sentencia en el caso Yılmaz Yıldız and Others v. Turkey, que trae causa, en pocas palabras, de una multa de 100 liras turcas (62 euros) impuesta a los demandantes por haber participado en diversas concentraciones pacíficas ante varios hospitales para protestar por un cambio en la gestión de los centros de salud. El TEDH recuerda varias cosas: 1.- el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y, con la libertad de expresión, uno de los pilares de ese tipo de sociedad; por ello, no debe interpretarse de forma restrictiva; 2.- como principio general, toda concentración o manifestación en un lugar público provoca ciertas molestias en la vida cotidiana y es importante que las Autoridades muestren cierto nivel de tolerancia ante esas reuniones si son pacíficas, pues de otro modo el artículo 11 se vería privado de sentido; 3.-la imposición de sanciones administrativas por participar en una manifestación pacífica resulta desproporcionada y no necesaria para mantener el orden público; 4.- la sanción de estas conductas puede tener un efecto desaliento y actuar como un desincentivo para participar en reuniones semejantes.
Décima.- Con esta Ley se adiciona una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conforme a la cual “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España…” Formalmente se modifica una Ley Orgánica mediante una enmienda en otra Ley sin que haya conexión material entre ambas; según la STC 119/2011 no cabe aprobar enmiendas que pretendan introducir contenidos materialmente desconectados del objeto de la iniciativa legislativa porque tal cosa defrauda el proceso parlamentario y el ius ad officium de los parlamentarios garantizado en el artículo 23.2 CE.
En cuanto al contenido material de la disposición, hay que recordar que los convenios internacionales prohíben las deportaciones o expulsiones masivas, que es lo que en definitiva encubre la reforma; además, si la devolución ahí prevista lleva aparejada la prohibición de entrada durante tres años supondría una sanción sin la previa aplicación de los derechos de audiencia, motivación y asistencia legal y al recurso.
Texto publicado en el diario.es el 1 de julio de 2015.
8 pensamientos en “Diez objeciones político-constitucionales a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.”
Jezo en julio 2, 2015 en 1:29 am dijo:
Lo primero para empezar este debate, seria ponernos de acuerdo en si usted considera la L.O. 1/92 como una ley constitucional. Yo si, y el TC también ya que solo anulo 1 articulo, creo recordar, la famosa patada en la puerta.
Pues partiendo de la base de que ambos consideramos esta Ley como legal, quisiera aclararle que en ella en su articulo 23, punto C) se tipifica como infracción grave lo mismo que usted expone en el punto nueve, del presente decálogo.
Según entiendo usted cree que ese punto podría llegar a ser anticonstitucional, pero no recuerdo que ni usted ni nadie, ni el TC en su momento, se haya quejado del articulo del que hago referencia, cuando si los compara son exactamente iguales.
En el punto cuarto, veo que a usted le parece mal lo establecido en el art. 19.2, cuando esto mismo venia recogido en la LO1/92 en su articulo 36.2 opción a.
Podría explicar porque en el año 92 estaba bien y ahora en el 2015 esta mal?,
Podría explicarme que debería hacer un Agente que incauta un arma blanca a una persona en un lugar de ocio tras una reyerta, por poner un ejemplo. Se la devuelve al infractor?, La tira a una alcantarilla?. Por que por lo que se desprende del punto 4 a usted le parece mal que se aprenda los útiles que se han utilizado para la comisión de un delito o una infracción.
En el punto tercero, cuestiona los procedimiento de las FFyCC de Seguridad, alegando que se trata solo de una posibilidad de provocar la mera vulneración de una norma. Pues déjeme recordarle que en la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, en sus artículos 18 y 19, ambos pasados por el filtro del TC, ya se abalaba esas intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En lo que se refiere al punto sexto, no termino de entender a que se refiere, ya que ese mismo supuesto viene recogido en la 1/92 en su articulo 23 n) y 26 i).
Me inclino a pensar que se refiere usted precisamente a esto, a la distinción que se realiza en la 1/92 entre la gravedad de los desordenes, distinción que no se realiza en la 4/15.
Miguel Ángel Presno Linera en julio 2, 2015 en 6:49 am dijo:
Lo que me parece inconstitucional de la Ley 4/2015 también me lo parece, como es obvio, de la Ley 1/1992 pero lo que analizamos ahora es la Ley 4/2015 pues es la que acaba de entrar en vigor y contra la que se puede presentar recurso de inconstitucionalidad. No me ocupé en 1992 del análisis de dicha Ley por una serie de circunstancias vitales que no viene al caso explicar, lo que no invalida que ahora comente el contenido de la Ley 4/2015; sí me he ocupado de manera crítica, por ejemplo, del contenido de la Ley reguladora del Derecho de Reunión (de 1983), de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985) o de la legislación de partidos (1978, 1987); en mi opinión, no se trata de enjuiciar el presente (Ley 4/2015) para absolver el pasado (Ley 1/1992) sino de no repetir errores, dejando claro, por si no lo estuviera, que el primero en incurrir en errores soy yo mismo y que este blog pretende el debate con quien no está seguro de tener razón; yo no lo estoy.
En relación con el punto 9, considero que no debe sancionarse económicamente el incumplimiento de los requisitos formales que prevé la Ley reguladora del derecho de reunión; es probable que dicha previsión, como la hasta ahora vigente, sea constitucional, lo que no la hace por ello deseable; yo hago objeciones político-constitucionales: en unos casos la nueva Ley me parece inconstitucional y en otros me parece que cabría una respuesta legislativa mejor; por eso menciono la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (de 2014, no de 1991) que avala mi apreciación y que, de acuerdo con el artículo 10.2 de nuestra Constitución, tendría que ser tenida en cuenta a la hora de desarrollar legislativamente el artículo 21, evitando el efecto desaliento del ejercicio de derechos fundamentales.
A propósito del punto 4, su comentario omite que yo lo conecto con el artículo 36.23 de la vigente Ley 4/2015, que no estaba incluido en la Ley 1/1992; es, precisamente, esa conexión la que me parece criticable, no por el hecho de que se pueda acordar la incautación de una navaja sino de fotografías tomadas a los agentes de la autoridad (ahí está la conexión con el artículo 36.23); así lo digo –creo que de manera clara- en mi comentario.
En el punto 3 no cuestiono lo que usted dice sino el contenido del artículo 4.3, que, a diferencia de lo que usted sostiene, no tiene una dicción similar a lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley 1/1992. Tampoco se corresponde con la realidad que dichos preceptos hubieran sido avalados por el Tribunal Constitucional, ya que este órgano nos los enjuició: si no me equivoco, los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad afectaron a los arts. 20.2, 21.2, 25, 26, 37, 38 y Disposición derogatoria (STC 341/1993, incluida en el comentario).
En el punto sexto me refiero a que no es lo mismo una manifestación no comunicada que una que ya ha sido prohibida pues se supone que en este segundo caso la autoridad gubernativa ya ha apreciado que pueden producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, cosa que no ha ocurrido todavía en el primer caso; si las acciones son distintas las consecuencias sancionadoras también deben serlo; es lo que digo en ese punto.
Un saludo muy cordial, Miguel Presno.
Jezo en julio 2, 2015 en 2:56 pm dijo:
Lo primero que querria dejar claro es que no soy jurista, soy un simple “usuario” de la Ley, asi que pocas referencias pordre hacer a sentencias de los diferentes tribunales, y las que haga seran de “oidas”
Como es logico no se trata de defender aqui a la 1/92, total, ya no esta en vigor, pero si de hacer ver que si un precepto es constitucional en esta ley, tendra que serlo tambien en la 4/95, ya que la constitucion no ha cambiado.
En ningun momento he pretendido insinuar que su opinion sobre esta ley no sea valida, sino poner un punto de partida comparando ambas leyes, teniendo en cuenta que una de ellas ya ha pasado el filtro del TC, si usted lo ha entendido asi, mis disculpa, me he debido expresar mal.
Usted dice que considera que debe sancionarse economicamente el incumplimiento de una ley, y yo le pregunto, para que vale una ley no sancione su incumplimiento?, conoce muchas leyes que no lo hagan?.
Que hacemos, reformamos, otra vez, el Codigo Penal y cambiamos las penas por tirones de orejas? permitame la ironia.
Por otra parte, yo creia que esta conversacion iba sobre si esta ley en particular era “legal” (constitucional) y no sobre si sus obeciones politicas, pienso que son temas totalmente diferentes.
Una cosa es que sea “legal” y otra es que sea politicamente correcta.
en lo que refiere al punto 4 no omito nada, solo que me quedo con lo sustancial, usted pone en duda que se pueda aprenhender los efectos que se han utilizado para la comision de un delito, falta o infraccion y yo se lo rebato.
Que a usted le preocupa mas que esos efectos sean una imagines que un chuchillo, por seguir con el ejemplo, eso es otra cuestion.
Particularmente yo lo tengo claro, no es funcion del Agente discerrnir sobre que esta bien o mal, sino cumplir y hacer cumplir la Ley. Si esta lo considera unutil para la comision de un ilicito, pues se interviene.
En todo caso deberia poner en entredicho el articulo en el que se considere infraccion tomar imagenes de los Agentes, no el articulo en el que se da la potestad para su intervencion.
En el punto 3, yo si considero avalados los articulos 18 y 19 de la LO 1/92, por una cuestion muy sencilla, nadie los recurrio en su momento, por lo tanto se consideran constitucionales a todos los efectos.
Estos articulos al igual que ahora el 4.3, dan la potestad a los Agentes para realizar las actuaciones (identificiones, cacheos, etc) que consideren necesarias para evitar la posibilidad de situaciones de riesgo.
En el punto sexto estoy de acuerdo con usted, a situaciones diferente sanciones diferentes, pero estara usted de acuerdo conmigo en que ambas situaciones son merecedoras de sancion.?
Sin mas que añadir me despido con un cordial saludo.
Miguel Ángel Presno Linera en julio 2, 2015 en 3:20 pm dijo:
Muchas gracias; por supuesto el hecho de que no sea jurista no es motivo alguno que impida participar en el debate.
Respecto a las cosas que comenta: no digo en ningún momento que no deba sancionarse económicamente sino que no debe multarse por la no notificación de una manifestación; no digo que no deba haber sanción para otras muchas de las infracciones que prevé la Ley (que, en general, me parecen muy altas; también lo eran en la Ley 1/1992);
el título del texto es objeciones político-constitucionales; es decir, sobre el desarrollo legislativo y los límites a derechos fundamentales; en unos casos la opción del Legislador me parece inconstitucional; en otros una mala opción legislativa.
Sería de agradecer que no me atribuya lo que yo no digo (si me preocupa, o no, lo del cuchillo, por ejemplo).
Pongo en entredicho la toma de imágenes; está explicado en el punto 8.
El hecho de que una norma no se haya recurrido no impide cuestionar su constitucionalidad; un órgano judicial puede hacerlo en cualquier momento si tiene que aplicarla para resolver un caso concreto. Las normas tienen presunción de constitucionalidad pero la misma puede ser desvirtuada.
Lo que critico es la poca precisión de, entre otros, el artículo 4.3; la exigencia de tal precisión en estas normas no es una ocurrencia mía, sino una exigencia constitucional.
En el punto sexto lo que cuestiono es que no se diferencie el castigo a conductas distintas.
Jezo en julio 7, 2015 en 5:56 pm dijo:
Insiste usted en que no debe sancionarse la no comunicacion de una manifestacion, lo que me ha pensar dos cosas,
Primera, para que comunicarlo sino me va pasar nada?
segunda, sabe usted cuales son los motivos por los que se pide la comunicacion?
Respecto a la primera, dejeme decirle que en toda sociedad hay unas normas y que estas se deben cumplir porque de lo contrario podria terminar dejenerando en la ley del mas fuerte, vamos un “lo hago porque me sale de los huevos” y haber quien es el guapo que me lo impide.
Respecto de la segunda, igual que usted tiene el derecho constitucional a reunirse o manifestarse, el resto de ciudadanos tiene el derecho a la libre circularcion, por ejemplo. Si usted, haciendo uso de la primera cuestion, “porque me sale de los huevos” hace una manifestacion sin comunicarla a la autoridad competente, esta se encuentra con la imposibilidad de no poder planificar rutas alternativas para el resto de ciudadanos, por seguir con el ejemplo.
Tampoco podra planificar los servicios de seguridad para que su manifestacion discurra con trranquilidad y seguridad, para usted y para el resto, no podra planificar el corte de las calles a fin de evitar que los atropellen, no podra planificar el recorrido de “otra” manifestacion de ideologia contraria a la suya, etc.
Pero si usted piensa que no hay que comunicarlo, no sancionar la no comunicacion al final llevaria a no comunicarlo, pues nada, que empiece la fiesta y que gane el mas fuerte o rapido, como en el viejo oeste de las peliculas de Holiwood.
Miguel Ángel Presno Linera en julio 7, 2015 en 6:13 pm dijo:
Yo insisto en que no debe sancionarse económicamente, máxime si la sanción es muy cuantiosa y produce un efecto desaliento del ejercicio de derechos. Hay otro tipo de sanciones como, por ejemplo, los trabajos para la comunidad que pueden resultar menos disuasorios y cumplir, en su caso, la función de reparar el daño causado.
Entiendo, por supuesto, la lógica de la notificación, que es permitir que se puedan adoptar medidas que permitan el ejercicio de ese derecho y, al tiempo, impliquen las mínimas perturbaciones para otros, pero no es lo mismo la consecuencia de no notificar una concentración en un lugar donde no hay circulación de vehículos que en otro que sí la hay.
La última conclusión, como ha ocurrido con comentarios anteriores, es suya, no mía. En ningún momento digo lo que usted me atribuye.
José Ignacio en julio 5, 2015 en 7:03 pm dijo:
Gracias por tu post. Creo que en esta legislatura el PP ha sufrido una acusada tendencia a hacer la “guerra preventiva” a través de su legislación. No solamente está la norma que ahora comentas, si nos fijamos en la reforma laboral, por ejemplo, podemos observar también este rasgo cuando la ley ha pasado a permitir la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (incluido el salario, claro está) por parte del empresario basada en una simple PREVISIÓN de pérdidas. Naturalmente, en caso de reducción salarial ante la expectativa de pérdidas, la norma podía haber tratado esto que en definitiva es una financiación forzosa de la empresa por parte de los trabajadores como una especie de cuentas en participación y haber previsto que, en caso de que la temida situación económica no llegue a producirse o, producida, se supere, no sólo se levantará la medida impuesta, sino que se remunerará a los trabajadores por la financiación prestada. Habría sido lo justo, pero de eso nada. Y es que “al enemigo ni agua”.
José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre en julio 26, 2015 en 12:48 pm dijo:
Muchos de los aspectos que has comentado en tu artículo lo dejé expresado en mi muro del facebook, entre otras cosas la desproporción de las sanciones que se imponen y la ambigüedad que supone la utilización de la palabra “perturbar”. Adolece claramente de unas deficiencias legislativas que pueden dar lugar a actuaciones arbitrarias por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Delegación del Gobierno, que sancionará según la apreciación del agente de los hechos denunciados.
Pero esta reforma, que no está justificada bajo ningún concepto, viene unida a la chapuza legislativa en forma de nuevo Código Penal, en el que al suprimir los Juicios de Faltas, que no se entiende muy bien por qué los ha suprimido, ya que los delitos leves van a ser enjuiciados por el el Juez de Instrucción, como venía haciendo con anterioridad en los propios juicios de Faltas. Ahora, hechos que eran calificados como faltas, como pudiera ser una amenaza leve o un maltrato o agresión, han pasado a ser delitos leves, con mayor sanción y con la consiguiente anotación en la hoja histórico penal del reo. Lo que se puede traducir en que una pelea, en la que no resulta nadie lesionado, puede acabar con una persona en prisión si el reo, por ejemplo, ya tiene una condena por conducir bajo los efectos del alcohol.
Este tipo de chapuzas legislativas se cometen cuando el político de turno se deja llevar, primero, por el oportunismo electoral, y, en segundo lugar, por la torpeza de no consultar con los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados) para que puedan tener idea de lo que sucede en la Administración de Justicia y de las soluciones que se pueden dar a los problemas.