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Timestamp: 2019-11-11 22:04:12
Document Index: 35491432

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 135', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 135', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 137']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 279-2051, de 04/12/2013
cve: BOCG_D_10_279_2051
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
El Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público supone continuar con el desarrollo del artículo 135 de la Constitución española con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pretende establecer mecanismos de control del endeudamiento, y específicamente de la deuda comercial, pero no sólo circunscritos a la Administración General del Estado sino que, desbordando sus competencias, el Estado también pretende controlar la deuda comercial de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Este Proyecto de Ley contempla distintas medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aplicará y que supuestamente están destinadas a garantizar el cobro de los proveedores. Sin embargo, muchas de las Comunidades Autónomas, y especialmente la Generalitat de Catalunya, no pueden afrontar el pago a los proveedores y ello no se debe a la falta de controles, mucho menos aún si estos provienen del Gobierno español. La centrifugación del déficit, el espolio fiscal y la falta de lealtad institucional que lleva a cabo el Gobierno español es lo que provoca la falta de liquidez y la incapacidad para afrontar dichos pagos. El Estado debería abordar estos problemas en lugar de continuar con su política nacionalista, centralizadora y homogeneizadora.
La aprobación de este Proyecto de Ley supone continuar con la oleada de leyes cuyo único objetivo es la defunción de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Se pretende sustraer el ámbito de decisión política de las mismas, centralizando la toma de decisiones. De hecho, es un paso más
del proceso centralizador iniciado mediante la última reforma constitucional. Se trata, pues, de imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica heterogénea.
A todo ello cabe añadir que el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria supone afectar gravemente a las políticas sociales. La disciplina presupuestaria está repercutiendo en la atención a las personas y, especialmente, en las más necesitadas. Pero además, la falta de recursos públicos que supone, sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales, afectando a su calidad y universalidad. Poner límites al déficit público, más cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política económica keynesiana y la aniquilación ideológica de la salida social a la crisis.
Por todo ello se presenta el siguiente veto de devolución del Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
Los objetivos de las administraciones deben ser compatibles con el cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como, con el cumplimiento de las obligaciones comerciales con los proveedores, ya que ello es garantía de lograr los fines sociales y de estímulos perseguidos por las mencionadas administraciones, para ello se debe diseñar un marco regulatorio que cumpla al menos tres reglas:
— El equilibrio de las finanzas públicas se debe lograr implicando a todas las administraciones públicas, respetando sus competencias. Es decir, hay que nivelar las cuentas públicas y pagar a los proveedores desde la aportación equilibrada de todas las administraciones, no puede recaer los compromisos en algunas de ellas y otras quedar libres de tales compromisos.
— Preservar la financiación del Estado del Bienestar, dado que la Constitución Española incluye entre sus fines la Estabilidad Presupuestaria pero sin menoscabar la cohesión social y las políticas de igualdad de oportunidades.
— Los instrumentos y la regulación que se diseñe para que las administraciones paguen las facturas debe ser eficaz, es decir, la norma debe ser de posible cumplimento práctico.
Sin embargo, el texto objeto del presente veto no cumplía ninguna de estas tres reglas en los términos en que fue remitido por el Gobierno al Parlamento. Pero, además, tras su paso por el Congreso de los Diputados, fruto de la introducción de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, dicho texto no sólo se ha visto empeorado acentuando el desequilibrio, la inseguridad jurídica y el desprecio al reparto constitucional de competencias en cuanto a la asunción de responsabilidades económicas por parte de las diferentes administraciones públicas, sino que, además, siguiendo una muy discutible técnica legislativa a la que, por otra parte, ya nos tiene acostumbrado, durante esta legislatura, este Gobierno y el grupo parlamentario que lo sostiene, el texto que llega al Senado viene a regular cuestiones absolutas ajenas y extemporáneas al objeto material de este texto. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
La rígida interpretación del Gobierno del PP de las políticas de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera está representando en la práctica la priorización de la reducción del déficit público por encima de las necesidades sociales y de relanzamiento económico que tiene España. Coherentes con la priorización de la deuda reflejada en la modificación del artículo 135 de la Constitución Española y obedientes a los dictados de la troika, el gobierno presenta este proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público que vuelve a priorizar, en este caso en el control de la deuda comercial, la estabilidad presupuestaria por encima de la salvaguarda de la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales. Por todo esto el senador Joan Saura y el senador Jordi Guillot presentan este veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
Los senadores y senadoras firmantes compartimos, como es lógico, el objetivo de preservar la estabilidad presupuestaria de nuestras administraciones públicas y su saneamiento financiero, necesario para contribuir a la recuperación económica de nuestro país. Sin embargo, consideramos que el proyecto de Ley no es un instrumento adecuado para alcanzar este objetivo.
El proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público, que rompe el consenso alcanzado con la modificación de la Ley de Morosidad de julio de 2010, establece unos procedimientos que aumentan la burocracia y disminuyen gravemente la capacidad de autogobierno de las CCAA, limita sus competencias de tutela financiera respecto de la administración local de su territorio y cercena la autonomía de nuestros ayuntamientos.
El proyecto no pretende suscitar la cooperación y la coordinación de las administraciones para alcanzar con éxito ese objetivo de disminuir la morosidad, sino que, en sentido contrario, agrede a unas administraciones cuya contribución activa es determinante.
Además, no establece un equilibrio entre los requerimientos de control entre el conjunto de las administraciones públicas, ya que sorprendentemente deja fuera de control a la propia Administración General del Estado. En efecto, las medidas de control, incluso de sanción, tan solo afectan a la Administración Local y a las CCAA. Y la perspectiva de una autoridad fiscal que debiera ser autónoma e independiente del ejecutivo, como prescribe la Directiva Europea, no parece que vaya a corregir esta situación.
Este proyecto, forma concordante con otros ya aprobados, pretende fundamentalmente limitar el espacio del autogobierno por parte de las CCAA y limitar la autonomía local.
El establecimiento de procedimientos más burocráticos, el desacuerdo con las administraciones territoriales y la complejidad de los mecanismos de registro, control y sanción, ponen en duda la eficacia del proyecto de Ley para alcanzar los objetivos anunciados en el mismo.
Por todo lo anterior, proponemos el veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.
Con este nuevo Proyecto de Ley el Gobierno pretende completar el proceso de control del endeudamiento público, reformando la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y equiparando el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera con el de sostenibilidad de la deuda comercial.
Desde CIU compartimos el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, así como los perjuicios que la morosidad de las administraciones públicas genera a los proveedores, al ocasionar retrasos en los pagos de facturas que se van extendiendo por la cadena de producción, causando sobrecostes y problemas de financiación. Por lo tanto, la articulación de un mecanismo de liquidez que permita a las CCAA cumplir con la directiva comunitaria de 2011 de lucha contra la morosidad, que fija en 30 días el plazo máximo para hacer frente a una factura con un proveedor debiera ser, sin duda, positivo y necesario.
Sin embargo, para acometer tal finalidad este proyecto de ley introduce el concepto de «periodo medio de pagos» y obliga a que todas las administraciones territoriales hagan público su periodo medio de pagos, vinculado a un sistema automático de corrección y de medidas coercitivas para garantizar el plazo legal de 30 días; y, por otra parte, fija un nuevo límite a las reducciones o deducciones mensuales que el Estado puede realizar en las transferencias a las comunidades autónomas en caso de incumplimiento del «periodo de medio de pagos».
Paralelamente, para los incumplimientos por parte de las corporaciones locales, el Gobierno plantea un procedimiento de control en manos del órgano interventor, que conlleve la tutela financiera para poder establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos o incrementos de ingresos para hacer frente a un exceso de plazo de pago, dejando abierta la puerta a llegar al extremo de retener recursos derivados del sistema de financiación.
Es decir, una vez más, el Gobierno pretende incrementar la burocratización de las administraciones territoriales, bajo el control y el intervencionismo de la administración general del Estado, pretende reducir la autonomía de corporaciones locales y Comunidades Autónomas, mediante el aprovechamiento de la dependencia financiera de estas administraciones respecto la Administración Central. De este modo, un mecanismo que «per se» debiera ser bueno para el funcionamiento de la economía y de las administraciones, está articulado en este Proyecto de Ley bajo la desconfianza, ignorando el principio de eficiencia y de simplificación. Si el artículo 137 de la Constitución dice que municipios y comunidades autónomas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, el presente Proyecto de Ley contribuye a instrumentar lo contrario, es decir, articula medios de dependencia financiera —y en consecuencia el control político— de ambas administraciones respecto la administración central.
Este proyecto de ley ahonda en las desigualdades jerárquicas entre niveles administrativos, en beneficio de la Administración Central, y lo hace a costa de generar más burocracia a las administraciones territoriales.
Se arrastran las mismas deficiencias y deslealtades que ya incorporó la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, realizada tan solo tres meses después de la aprobación de la ley. De este modo, si en la ley de estabilidad presupuestaria el reparto de esfuerzos entre niveles administrativos ya estaba desequilibrado, tanto por lo que refiere a la reducción del déficit como del nivel de endeudamiento, aquí se reproduce y ahonda en el error, en beneficio de la Administración General del Estado. Se exige a las administraciones territoriales una transparencia informativa y de publicidad que el Gobierno no ha tenido la valentía de aplicar también a la administración central.
No tiene sentido que el Gobierno pida más responsabilidad en la gestión de los recursos a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, que las que se autoimpone a la administración central, ya que el Gobierno del Estado tiene todas las competencias para modular sus ingresos y sus gastos, mientras que ello no ocurre con las administraciones territoriales, demasiado a menudo sometidas al precipitado dictado de la administración central, tal como le ha ocurrido a la Generalitat de Catalunya, con la precipitada retención de 1.700 M.¤ para 2013, comunicada oficialmente en la segunda quincena de octubre, lo cual sólo genera mala gestión de los recursos disponibles. Puede resultar coherente que el Gobierno exija a comunidades autónomas y corporaciones locales que se cumpla un plazo de 30 días en el pago de las facturas a proveedores, pero el mismo Gobierno debería haberse impuesto exigencias equivalentes respecto a sus deudas, ya que en estos momentos no muestra presteza en pagar deudas firmes, como es el caso de los 759 M.¤ de la Disposición Adicional 3.ª del Estatut en el caso de La Generalitat de Catalunya o como puede ser el caso del Fondo de Cohesión sanitaria que el Ministerio de Sanidad ha retenido a las comunidades autónomas deudoras, pero no ha pagado a las comunidades creditoras.
En definitiva, con el presente Proyecto de Ley el Gobierno sigue avanzando en su objetivo de erosionar la autonomía de las administraciones territoriales a través del establecimiento de una estrecha dependencia financiera de estas administraciones respecto la administración central, con lo que ello supone de burocratización de estas administraciones y sin generar simplificación ni mejoras de eficiencia para la economía, lo cual hace más que cuestionable que dicho «modus operandi» permita realmente impulsar el crecimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.