Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-700959053
Timestamp: 2020-05-24 23:04:18
Document Index: 352519085

Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 24', 'artículo 440', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 52', 'artículo 440', 'artículo 155', 'artículo 164', 'artículo 24', 'artículo 440', 'artículo 440', 'artículo 164']

STC 137/2017, 27 de Noviembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 700959053
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 27 de septiembre de 2016, la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Gómez Sánchez, actuando en nombre y representación de don Nicolás Sauveur Tixeront Castellano, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
Don Jaime Reyner López como arrendador, y el demandante de amparo, en calidad de arrendatario, suscribieron el 3 de agosto de 2007 un contrato de arrendamiento de vivienda en el que se recogía el interés del arrendatario en la compra de la vivienda y la causa instrumental del contrato de arrendamiento “hasta en tanto se resuelva la situación de herencia”, poniéndolo en relación con un contrato de promesa de compraventa documentado entre las mismas partes el 7 de agosto de 2007. La conexión entre ambos contratos, arrendamiento y promesa de compra, se proyectaba a todas las estipulaciones.
Doña María Victoria y don Gabriel Reyner Torroella, hijos y herederos del arrendador, promovieron contra el arrendatario, el 17 de abril de 2015, un procedimiento de desahucio por falta de pago y de reclamación de rentas y gastos debidos. A efectos de notificaciones, en la demanda se señalaron como domicilios tanto la dirección de la vivienda objeto de arrendamiento, como el domicilio de la compañía Cadmax Systems, S.L., de la que era administrador el arrendatario.
La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 64 quien, mediante Auto de 1 de junio de 2015, declaró la incompetencia territorial del juzgado, designando a los juzgados de Alcobendas como territorialmente competentes. Remitidas las actuaciones a dicho partido judicial, la demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alcobendas, donde se admitió a trámite con el núm. 989-2015.
El 14 de enero de 2016 los demandantes presentaron dos escritos. En uno solicitaba la práctica de las diligencias de comunicación en el domicilio social de Cadmax Ingeniería, S.L., aportando la dirección de dicha empresa (mediante copia de la página web de una red social de empresas) cuyo administrador sería también el demandado. En el otro recordaba que el contrato de arrendamiento recogía expresamente un domicilio a efectos de notificación, por lo que estimaban innecesaria la comunicación a domicilios distintos, interesando en cambio que se tuviera al hoy recurrente en amparo por notificado y requerido o, subsidiariamente, se procediera a la comunicación por edictos.
El demandado en el juicio verbal de desahucio, y hoy recurrente en amparo, se personó en el procedimiento el 5 de mayo de 2016, solicitando testimonio de las actuaciones y promoviendo incidente de nulidad de actuaciones. Este se fundamentaba en el conocimiento efectivo por los demandantes de la falta de ocupación transitoria del inmueble, en las vicisitudes que acompañaron a la titularidad del bien tras el fallecimiento del primer arrendador y que impidieron la efectiva concreción de la compraventa, y en los errores en el domicilio aportado por los demandantes a efectos de notificación subsidiaria, que se acompañaron de falta de diligencia del órgano judicial respecto de la verificación de los datos aportados, y de la búsqueda de otros eventuales domicilios de conformidad con lo pautado en el artículo 156 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). La pretensión anulatoria se sostiene en la invocación del artículo 24.1 CE, con cita de las SSTC 30/2014 y 181/2015 .
El órgano judicial desestimó el incidente de nulidad de actuaciones mediante Auto de 19 de julio de 2016, al entender que la forma de llevar a cabo el requerimiento en el juicio de desahucio se adecuó al artículo 440.3 LEC en la redacción dada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, precepto que prevé que en los casos de notificación negativa al arrendatario en los domicilios a que se refiere el artículo 155.3 LEC, se ha de practicar la notificación por edictos en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sin necesidad de proceder a la averiguación de otros domicilios. El juzgado argumenta que del tenor literal de la ley y de la finalidad de la reforma se desprende que, en el ámbito del juicio de desahucio, no existe obligación legal de agotar los medios de averiguación del domicilio del demandando, siendo suficiente el intento en el domicilio del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 155.3 LEC, salvo que las partes hubiesen estipulado contractualmente otro domicilio de notificaciones. A mayor abundamiento el Auto imputa al demandado, y parte actora del incidente de nulidad, el haberse colocado en situación de indefensión al no haber notificado su ausencia del domicilio de notificaciones, ni facilitar nuevo domicilio a los actores, a pesar de conocer las controversias ligadas a la resolución del contrato.
En la demanda de amparo se denuncia la vulneración del derecho del demandante a un procedimiento con las debidas garantías y sin indefensión (art. 24.1 CE). Lamenta el recurrente en amparo que no se le notificara el procedimiento de desahucio personalmente, sino mediante edictos, a pesar de los datos que constaban en autos para facilitar su localización, poniendo énfasis en la crítica a la inexistente diligencia del juzgado a la hora de contrastar la correcta dirección del domicilio de la empresa de la que el recurrente era administrador.
Se considera, asimismo, en la demanda de amparo, que el Auto impugnado incurre en manifiesta arbitrariedad (art. 9.3 CE), y ello por no tener en cuenta las exigencias derivadas de la jurisprudencia constitucional respecto de las obligaciones del juzgado en materia de aseguramiento de los actos de notificación, particularmente relevantes en los procesos sumarios en los que las facultades de respuesta están más limitadas. La demanda cita y extracta, a los efectos de reforzar su argumentación, doctrina constitucional constante referida al proceso de ejecución hipotecaria (STC 28/2010 , de 27 de abril) o a los procedimientos arrendaticios (SSTC 30/2014 , de 24 de febrero, y 181/2015 , de 7 de septiembre).
Previa reclamación de las actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 989-2015 al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 Alcobendas, por providencia de 27 de febrero de 2017, la Sala Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que el mismo ofrece especial trascendencia constitucional, como consecuencia de que la doctrina de este Tribunal sobre el derecho fundamental que se alega, podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009 , FJ 2 e)]. Asimismo, se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alcobendas, a fin de que, en el plazo de máximo de diez días, emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento núm. 989-2015, excepto a la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Mediante escrito registrado el 21 de junio de 2017, el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco se personó en el presente recurso, en nombre y representación de doña María Victoria y don Gabriel Reyner Torroella. Por diligencia de ordenación, de 23 de junio de 2017, se les tuvo por personados y parte en el procedimiento, acordándose, asimismo, dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para la presentación de las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El recurrente en amparo presentó sus alegaciones el 28 de julio de 2017, insistiendo en los argumentos contenidos en la demanda, y reforzando los relativos a las vulneraciones asociadas al Auto resolutorio del incidente de nulidad, en tanto que este dota de validez el intento de comunicación en un domicilio inexistente.
El 31 de julio de 2017 se registró el escrito de alegaciones de doña María Victoria y don Gabriel Reyner Torroella, interesando la desestimación del recurso de amparo. Esta parte considera relevante la conducta incumplidora del recurrente en amparo previa al procedimiento de desahucio, atribuyéndole la finalidad de forzar una reducción sustancial en el precio de compra acordado con su fallecido padre; refieren haber mantenido diversas reuniones para resolver otras exigencias económicas del arrendatario, derivadas de obras acometidas en el inmueble, y consideran que ha actuado de mala fe, pues tenía conocimiento cabal de la posibilidad de que se ejercitaran acciones frente a él, teniendo en cuenta el incumplimiento continuado en el pago de las rentas, y a pesar de ello no ofreció una dirección alternativa para la formalización de notificaciones una vez dejó de vivir en el inmueble objeto del pleito. El escrito de alegaciones insiste en el hecho de que el domicilio principal pactado para las notificaciones era el de la finca objeto de arrendamiento, mientras que el de la sede social de Cadmax Systems, S.L., se propuso con carácter alternativo para asegurar el buen fin de los actos de notificación.
Según esta parte, la aplicación de la doctrina constitucional al presente supuesto no permite entender que en este caso haya existido indefensión del recurrente en amparo, al concurrir en su actuación mala fe, culpa o negligencia. Entienden que no puede imputarse al órgano judicial actuación alguna que menoscabe sus propios derechos y, si bien reconocen el carácter subsidiario de la comunicación por edictos, que solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del demandado, consideran que, en el supuesto analizado, se está en el caso de la excepción contemplada en las SSTC 30/2014 y 181/2015 , esto es en el supuesto de que la situación de incomunicación puede ser imputable a la propia conducta del afectado, por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de julio de 2017, solicitando la estimación del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE).
La Fiscalía advierte en su escrito sobre la dualidad de alegaciones de la demanda, puesto que la vulneración que denuncia no se imputa al Auto desestimatorio del incidente de nulidad, sino a la decisión de acudir a la notificación por edictos, que es previa y anterior en el procedimiento. Por su parte, en relación con el Auto impugnado, se identifica la denuncia con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por concurrir una motivación errónea. A continuación el escrito de alegaciones recuerda la tesis de la STC 101/2015 , de 25 de mayo, que exige atender a las circunstancias del caso concreto para decidir el orden de examen, optando por analizar los defectos denunciados en aquella resolución cuya posible declaración de nulidad provocare una retroacción mayor en el tiempo.
En síntesis, el Ministerio Fiscal entiende que el órgano judicial no cumplió con las exigencias derivadas de la doctrina del Tribunal Constitucional y que, una vez denunciada ante el mismo la posible vulneración de los derechos a través del incidente de nulidad de actuaciones, rechazó declarar la nulidad de lo actuado, impidiendo así al demandado acceder al proceso y ejercer en el mismo los derechos que le correspondían. Los razonamientos expuestos por el órgano judicial al resolver el incidente de nulidad acuden a una interpretación que no es conforme con la doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional, porque presentan la comunicación por edictos como obligatoria, y porque la finalidad de la reforma procesal en que se apoyan no está reñida con salvaguarda del derecho fundamental a la plena tutela judicial efectiva. Con cita de la STC 181/2015 , de 7 de septiembre, referida a la reforma de 2009 que afectó al proceso arrendaticio, el Fiscal manifiesta que el razonamiento allí contenido es trasladable al presente recurso, puesto que las reformas de 2011 y 2013 que han afectado a este tipo concreto de procedimiento, no alteran ni modifican la doctrina recogida en el fundamento jurídico 5 de la sentencia citada.
Por providencia de 23 de noviembre de 2017, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
El objeto del recurso de amparo es el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alcobendas, que desestimó, el 19 de julio de 2016, el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas seguido contra el recurrente. El Auto impugnado valida la notificación por edictos realizada en el juicio verbal, acto de notificación al que el recurrente imputa la lesión de su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 CE) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), sumando a esta denuncia la incursión en error patente del órgano judicial que valida, mediante el Auto impugnado y frente a la jurisprudencia constitucional relativa a los actos de comunicación procesal, dicha notificación por edictos (art. 24.1 CE). Por su parte, el Fiscal ha solicitado la estimación del amparo, por entender producida la lesión denunciada por el demandante, mientras que se ha opuesto al mismo la representación de doña María Victoria y don Gabriel Reyner Torroella, quienes consideran inexistente la lesión, al ajustarse la actuación del juzgado a las normas procesales y haber actuado el demandante de amparo con mala fe, culpa o negligencia.
La providencia de esta Sala de 27 de febrero de 2017 acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que el mismo ofrece especial trascendencia constitucional, como consecuencia de que la doctrina de este Tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o pudieran existir resoluciones contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009 , FJ 2 e)]. La opción por este motivo de especial trascendencia merece ser explicada, antes de entrar al análisis de fondo de la pretensión deducida por el recurrente, para hacer reconocibles los criterios que han sido empleados al efecto, y ello como respuesta a las exigencias de certeza y buena administración de justicia a que debe sujetarse este Tribunal (STEDH de 20 de enero de 2015, caso Arribas Antón c. España, § 46).
En el presente recurso de amparo, como se ha expuesto, se cuestiona la respuesta del órgano judicial cuyas resoluciones se impugnan, a su deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, y a su obligación de asegurarse de que dichos actos sirvan al propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso, comportando ello la exigencia del emplazamiento personal de los afectados, cuando sea posible, y la consiguiente limitación del empleo de la notificación por edictos a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero (en este sentido, STC 131/2014 , de 21 de julio, FJ 4). Esta cuestión ha sido objeto de numerosos pronunciamientos de este Tribunal, en un sentido siempre coincidente, de modo que se ha generado una doctrina constitucional de necesario acatamiento por los órganos judiciales. Confirman esta línea jurisprudencial las SSTC 106/2017 , de 18 de septiembre; 6/2017 , de 16 de enero; 5/2017 , de 16 de enero; 200/2016 , de 28 de noviembre; 151/2016 , de 19 de septiembre; 150/2016 , de 19 de septiembre; 181/2015 , de 7 de septiembre; 89/2015 , de 11 de mayo; 169/2014 , de 22 de octubre; 137/2014 , de 8 de septiembre; 131/2014 , de 21 de julio; 126/2014 , de 21 de julio; 59/2014 , de 5 de mayo; 30/2014 , de 24 de febrero, o 122/2013 , de 20 de mayo, limitándonos a citar sólo los pronunciamientos que resuelven recursos planteados tras la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.
Antes de entrar en el análisis de las quejas articuladas en la demanda, ha de efectuarse una consideración previa para la correcta delimitación del objeto del presente pronunciamiento. Consideración que fue efectuada, en términos prácticamente idénticos, en el fundamento jurídico 2 de las SSTC 181/2015 , de 7 de septiembre, y 30/2014 , de 24 de febrero, resoluciones ambas que estiman sendos recursos de amparo que planteaban vulneraciones y supuestos fácticos altamente coincidentes con los que ahora se traen a nuestro examen.
Este Tribunal se ha manifestado ya en numerosas ocasiones, como se recuerda en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia, y siempre de modo coincidente, respecto de la relevancia de la correcta constitución de la relación jurídica procesal, para garantizar el derecho de defensa y el desarrollo de procesos contradictorios (art. 24 CE), siendo esencial, en dicha constitución, la adecuada formulación de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, en particular la notificación.
En el fundamento jurídico 3 de las SSTC 30/2014 y 181/2015 , previamente citadas, se recuerda como “el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios distintos de su existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, ‘no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega’.”
Las razones anteriores avalan que pueda exigirse al órgano judicial el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, así como que se le pueda pedir que se asegure de que, dichos actos, sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Como reitera con insistencia en nuestra jurisprudencia previa, tal posibilidad comporta “la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación por edictos a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero. En este sentido hemos declarado que cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos” (STC 30/2014 , de 24 de febrero, FJ 3, y jurisprudencia allí citada).
Partiendo de la doctrina constitucional expuesta puede concluirse en el presente caso, como se hizo en los razonamientos de las SSTC 30/2014 y 181/2015 , que el órgano judicial no ha desplegado la actividad que le era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al objeto de notificar debidamente al demandante de amparo la existencia del procedimiento.
A la conclusión alcanzada no cabe contraponer, como sostiene el órgano judicial en el Auto desestimatorio del incidente de nulidad aquí impugnado, que las reformas del artículo 440.3 LEC introducidas por las Leyes 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, y 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, avalen la inexorabilidad de la notificación por edictos en los supuestos de notificación negativa al arrendatario en los domicilios consignados en el artículo 155.3 LEC.
Pero esta interpretación obvia el contenido de las SSTC 181/2015 , FJ 4, 30/2014 , FJ 5, y 122/2013 , FJ 4, que avalaban la conformidad constitucional de la notificación por edictos en procesos de desahucio o reclamación de cantidades debidas, prevista en el artículo 164.4 LEC, en la redacción dada por la Ley 19/2009 y que no ha sido modificada después, siempre que se realizara una interpretación de dicho precepto secundum constitutionem, “integrando el contenido de la reforma con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación por edictos, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación por edictos en todo procedimiento de desahucio sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado” (STC 181/2015 , FJ 5, y cita de referencia allí contenida a la STC 30/2014 ).
En los pronunciamientos referidos el Tribunal sostiene que resulta contradictorio con la jurisprudencia constitucional, entender que la reforma procesal introducida por la Ley 19/2009, permite dejar a salvo los derechos del inquilino “sin necesidad de acudir a las averiguaciones de domicilios contempladas en el art. 156 LEC, resultando evidente la contradicción entre la interpretación que estaba realizando de la reforma con la doctrina constitucional en materia de emplazamientos” (STC 181/2015 , FJ 4).
En el asunto resuelto por la STC 181/2015 , el Tribunal afirmó que el cambio normativo introducido en el año 2009 no supone una alteración de las exigencias que se derivan de la jurisprudencia constitucional en aplicación del artículo 24.1 CE. En aquel caso, además, el Tribunal pone el acento en la necesidad de insistir en esta línea jurisprudencial “habida cuenta de que la interpretación que, tanto en el caso resuelto por STC 30/2014 como en el que aquí se enjuicia, se realiza de la reforma introducida por la Ley 19/2009 pone de relieve que algunos órganos judiciales no siguen la doctrina de este Tribunal Constitucional en materia de emplazamiento y notificaciones, y se limitan a mantener una interpretación literal y restrictiva del precepto en relación con la labor y la diligencia que deben desplegar a la hora de realizar los actos de comunicación dirigidos a quienes están llamados a ser parte en el procedimiento. Por esa razón, se considera indispensable que este Tribunal siga profundizando en la línea marcada por la STC 30/2014 para configurar un importante cuerpo de doctrina que consiga evitar la reiteración en interpretaciones de la referida reforma legal como la que ha defendido el órgano judicial en el presente asunto. Por otro lado, no hay que perder de vista la trascendencia general de la cuestión, pues, debido a la crisis económica, se ha incrementado el número de los procedimientos de desahucio que se llevan a cabo en la actualidad, en los que los órganos judiciales habrán de aplicar las previsiones del art. 155.3 LEC, en su nueva redacción, de suerte que resulta fundamental que se fijen por parte de este Tribunal una pautas interpretativas acordes con la Constitución que garanticen la intervención en defensa de sus derechos de todos los interesados, en especial de los inquilinos que se vean ante dicha situación [STC 155/2009 , FJ 2 g)]” (STC 181/2015 , FJ 5).
La interpretación del artículo 440.3 LEC, en relación con los artículos 155.3 y 164 LEC, que realiza el Auto impugnado, obvia que la nueva redacción del artículo 440.3 LEC en nada modifica la previsión contenida en los artículos 155.3 y 164 LEC, y por tanto en nada altera la proyección de la jurisprudencia constitucional a estos preceptos, contenida en las SSTC 34/2014 y 181/2015 , de modo que en nada debe ser precisada de nuevo una jurisprudencia suficientemente clara y consolidada. Una jurisprudencia que, debe insistirse en ello, no se vio interferida por la reforma operada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios y, por tanto, menos aún ha de verse afectada por una reforma que no afecta directamente al artículo 164 LEC.
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alcobendas el 19 de julio de 2016, dictado en el juicio de desahucio núm. 989-2015, así como de todo lo actuado a partir de la diligencia de ordenación de 20 de enero de 2016, inclusive.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la diligencia de ordenación de 20 de enero de 2016, que acordó citar a la parte demandada por medio de edictos, para que se dicte nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental reconocido.