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Timestamp: 2017-12-17 17:46:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 118', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 139']

Sentencia A.N. de 23 de abril de 2009. Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Derechos federativos. Rendimientos del trabajo. Obligación de retener - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.N. de 23 de abril de 2009
Impuesto sobre la Renta de No Residentes: impugnación de liquidación relativa a retenciones a cuenta del Impuesto en la que se modifican las bases declaradas en concepto de derechos federativos. Rendimientos de trabajo de jugadores no residentes: se califican como tal las cantidades entregadas en concepto de derechos federativos puesto que tienen su origen y fundamento en derechos propios del jugador como consecuencia de su trabajo y por tanto, están sometidos a retención.
Madrid, a veintitres de abril de dos mil nueve.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo 646/2005 que ante esta Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador FRANCISCO MIGUEL VELASCO MUÑOZ-CUELLAR, en nombre y representación de REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA, S.A.D., frente a la Administración del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 19.06.03 sobre IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús Nicolás García Paredes.
Primero.-Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado en fecha 23.12.2005 contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión a trámite por Providencia de fecha 12.01.2006 con reclamación del expediente administrativo.
Segundo.-En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda mediante escrito presentado en fecha de 05.06.2006, en el cuál, trás alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
Tercero.-El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 10.11.2006 en el cual, trás alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso, y confirmación del acto impugnado.
Quinto.-Por providencia de esta Sala de fecha 05.03.09 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 16.04.09 que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Primero.-En el presente recurso se impugna la resolución de fecha 30.9.2005, dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Central, que confirma el acuerdo de liquidación de fecha 27.2.2002, del Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, relativo a retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, período 1999, por importe de 1.629.466,93, según Acta de disconformidad de fecha 27.2.2002, en la que se modificaban las bases declaradas por el concepto de derechos federativos, correspondientes a los pagos efectuados por el Club al contratar a un jugador, no residente en España, que califica como rendimientos de trabajo de jugadores no residentes, sujetos a retención conforme al art. 30 de la Ley 41/98, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
La entidad fundamenta su impugnación en el siguiente motivo: Improcedencia de considerar que los pagos efectuados a entidades no residentes por la cesión de los derechos económicos derivados de los derechos federativos de determinados jugadores deben imputarse a éstos como rendimientos del trabajo personal, pues no existe limitación en la normativa aplicable a que los derechos federativos sean objeto de transmisión entre personas distintas de SAD o clubes de fútbol; y aún en el supuesto de que dichos derechos puedan ser objeto de transmisión, los importes pagados a terceros por el Club constituyeron la contraprestación por la adquisición de los derechos económicos dimanantes de los derechos federativos, derechos incluidos en los llamados "derechos de adquisición de jugadores" y sobre los cuales es posible realizar negocios jurídicos diversos. Manifiesta que la propia Administración los califica como derechos de contenido económico. Cita sentencias de diversos Tribunales en apoyo de esta pretensión, alegando que la presunción realizada por la Inspección de que dichos importes deben imputarse como pagos dentro de la relación laboral es improcedente.
El Abogado del Estado apoya los argumentos de la resolución impugnada.
Segundo.-Se ha de señalar que, la Sala en la Sentencia, entre otras, de fecha 28 de junio de 2007, en el Rec. N.º 71/04, interpuesto por la misma entidad en relación con los pagos realizados a otros jugadores, declara: "En cuanto a la cuestión de fondo debatida, opone la actora la improcedencia de considerar que los pagos efectuados a terceros por la cesión de los derechos económicos derivados de los derechos federativos de determinados jugadores deben imputarse a estos como rendimientos del trabajo personal, haciendo alusión a la relación laboral especial de los futbolistas profesionales, la posibilidad de que los derechos federativos sean objeto de transmisión entre sujetos distintos de las sociedades anónimas deportivas o clubes de fútbol y que los importes pagados por el Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. a terceros constituyeron la contraprestación por la adquisición de los derechos económicos dimanantes de derechos federativos y no de los propios derechos federativos, de lo que extrae la improcedencia de la presunción realizada por la Inspección conforme a la cual los pagos deben reputarse de la relación laboral.
La Sala ya ha analizado esta cuestión en anteriores pronunciamientos, referidos a otras entidades deportivas y al propio R.C.D. Mallorca, S.A.D., en el repetido recurso n.º 73/2004, por lo que dado la sustancial identidad de los supuestos planteados, nos remitimos a cuanto en tales sentencias se ha dicho, entre otras en la reciente sentencia de 1 de febrero de 2007 (recurso 244/2004), así como en la que ha sido mencionada con anterioridad.
"El fondo del asunto queda limitado, en la demanda, al tratamiento fiscal de los derechos federativos -en realidad, las cantidades que en tales conceptos perciben determinados jugadores del Club a través de determinadas sociedades gestoras residenciadas en el extranjero- Se denuncia, así, la improcedencia de considerar que los pagos efectuados a terceros por la cesión de los derechos económicos derivados de los derechos federativos de determinados jugadores deban imputarse a éstos como rendimientos de trabajo personal".
"En relación a esta cuestión, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 4.ª) se ha pronunciado muy recientemente, en la sentencia de 1 de diciembre de 2006 (recurso 253/05), en relación con otro Club de fútbol, en sentido desestimatorio de una pretensión idéntica a la ahora planteada, en relación con la consideración de los derechos económicos derivados de los derechos federativos como rendimientos propios del trabajo personal, con todas sus consecuencias y, entre las más significadas, la de la sujeción a retención de las cantidades correspondientes. Señala la citada sentencia:
"El siguiente motivo por el que se impugna la liquidación, viene circunscrito a la improcedencia de considerar que los pagos efectuados a terceros por la cesión de los derechos económicos derivados de los derechos federativos de determinados jugadores deben imputarse a estos como rendimientos de trabajo personal".
"En relación a esta cuestión, la Inspección hace un pormenorizado estudio de los pagos efectuados a entidades o personas distintas del club de origen de determinadas cantidades satisfechas en concepto de derechos federativos (folio 414 y ss), con fundamento en el Dictamen 145/2001 de 21 de marzo de 2001 de la Subdirección General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y del Informe de 13 de junio de 2001 del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria".
"Así, aclara que los hechos, sobre los que no existe discrepancia, consisten en que se efectuaron unos pagos a determinadas personas o entidades con ocasión de la contratación de ciertos jugadores por el concepto de adquisición de los derechos federativos o denominaciones similares. Con una sola excepción, no constan en el expediente los contratos con causa en los cuales se efectuaron los referidos pagos; constan las facturas que los documentan así como las transferencias bancarias que justifican los pagos. En las facturas no se menciona expresamente el término "derechos federativos" sino derechos de contratación o derechos de cesión, compensación y formación. La entidad sostiene que se trata de derechos federativos".
"Los mencionados derechos federativos -dice la Inspección- de acuerdo con el Dictamen a que se ha hecho mención, y a tenor de los establecido en el artículo 1 Libro V del Reglamento de la LNFP, está integrado por la inscripción del jugador a favor de un club y por la licencia que le habilita para jugar con carácter exclusivo a favor del club en el que está inscrito; tales derechos son susceptibles de ser cedidos temporal o definitivamente, previo consentimiento del jugador e indemnización (artículos 173.1, 185,191 y 186.1 Rto. de la LNFP). No obstante, esos derechos federativos únicamente pueden pertenecer a una SAD o club de fútbol y no pueden ser objeto de cesión a favor de personas físicas o jurídicas diferentes".
"A su vez, argumenta, tales derechos solo tiene razón de ser en el marco de las relaciones entre jugadores y clubes y entre clubes entre sí, por lo que es fácil concluir que la transmisión de ese derecho sólo puede tener lugar entre clubes, dado que únicamente en el club está inscrito el jugador puede ser titular de esos derechos, y únicamente puede cederlo a otro club. Por tanto, sólo en calidad de mediador puede intervenir un tercero en la operación de cesión de derechos federativos".
"Sentado lo anterior, y el hecho de que la regularización afecta a cinco jugadores (folio 421) que prestan sus servicios, y que se efectuaron pagos a terceras entidades que no son clubes, han de analizarse los referidos pagos a la luz de la relación contractual que une a los jugadores y calificarlos como rendimientos de trabajo, en cuanto utilidad que proviene directa o indirectamente del trabajo personal (artículo 24 Ley 18/91), y por tanto, sujetas a retención en la fuente".
"Este es en síntesis el razonamiento de la Administración, y sobre cuya base se practica la regularización (folio 426)".
"La Sala comparte el razonamiento, puesto que lo que constatamos es la existencia de un conjunto de pagos, que se detallan en la liquidación, efectuados a favor de sendas entidades y que deben imputarse a los jugadores, en concepto de retribución como parte de la retribución, derivada de la cesión entre clubes. Sobre este particular debe abundarse en los razonamientos expuestos más arriba acerca de la conceptuación que merecen estos pagos, dado que no pueden vincularse sino a la previa existencia de una relación laboral y a la cesión de los derechos a favor de otro club, de modo que deberían integrar la retribución, como uno de los conceptos de la misma".
"DÉCIMO.- Como señala la resolución del TEAC aquí impugnada, en relación con la naturaleza y titularidad de los denominados derechos federativos, cabe reseñar lo que se expone en su fundamento jurídico quinto (en el asunto que nos ocupa, el F.J. cuarto: "conviene concretar en que consisten los llamados "derechos federativos" y que no es otra cosa que la inscripción, a efectos de la obtención de la correspondiente licencia para que el jugador pueda participar en partidos y competiciones oficiales, del jugador a nombre del club con el que mantiene la correspondiente relación laboral, según se desprende de la normativa reguladora, en concreto, diversas resoluciones del Consejo Superior de Deportes que aprobaron los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, a través de la cual se recoge, igualmente, la normativa establecida por los organismos internacionales F.I.F.A. y U.E.F.A. y el Reglamento General de la misma, cuyo libro XII, regula la materia; así, y por lo que aquí interesa, de la citada normativa se desprende (artículos 15 y 16 del Título II, 25 del Titulo V y 63 y siguientes del VII) que los titulares de los derechos federativos son, exclusivamente, los clubes mientras dure la relación laboral con el jugador, que los mismos pueden ceder o transmitir, temporal o definitivamente, dichos derechos a otro club, siempre con consentimiento del jugador, y que, de la cantidad percibida por la cesión o traspaso, el futbolista tendrá derecho a un porcentaje que no podrá ser inferior al 15 por 100, extinguiéndose en el momento de la cesión o traspaso la relación laboral entre el jugador y el club cedente".
"SÉPTIMO: Resta, ahora, determinar cual sea la calificación, a efectos tributarios, de las cantidades pagadas por la reclamante en concepto de adquisición de derechos federativos en la parte que excede de la cifra convenida, a tal efecto, con los clubes de origen del jugador, titulares de los citados derechos; así, y teniendo presente que, según la normativa española e internacional ya citadas, sólo los clubes o sociedades anónimas deportivas pueden ser titulares de los derechos federativos, esta Sala entiende que dicho exceso pagado sólo puede tener una razón, una causa, y esta no es otra, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 28.2 de la Ley General Tributaria (redacción Ley 25/95) y resultando aplicable, a juicio de la Sala la prueba de presunciones contemplada en el artículo 118 del mismo Texto legal, que la de satisfacer, por vía indirecta, retribuciones laborales a los distintos jugadores (las cantidades satisfechas realmente por el club cesionario al cedente tendrán su correspondiente tratamiento fiscal, en su caso, en la vigente normativa referente al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes); y ello es así por cuanto que la adquisición de los citados derechos tiene su razón de ser, y está íntimamente ligada, a la existencia, coetánea, de una relación contractual de carácter laboral entre el club o sociedad anónima deportiva y el jugador, y sin que, de los datos y documentación obrantes en el expediente, pueda deducirse la existencia de otra posible causa jurídica que pudiera justificar dichos abonos a las citadas personas o entidades no residentes, de tal modo que, como se ha señalado en el Fundamento de derecho duodécimo (sic) de esta resolución, al producirse el traspaso, la cesión, del jugador a otro club, se extingue "ipso facto" la relación laboral que ligaba al club y al jugador; a ello no obsta, como se aduce por la reclamante, que los abonos se hayan realizado a terceras personas físicas o jurídicas no residentes en España pues, como se ha dicho, dichas personas o entidades no pueden ser titulares de los repetidos derechos, siendo su actuación, si se quiere, la de meros intermediarios en el pago de las cantidades citadas. A ello debe añadirse, como más adelante se explicitará, que en alguno de los casos contemplados en el presente expediente, las comparaciones entre las cantidades percibidas en nómina por determinados jugadores de la misma plantilla y los que aquí se contemplan, en principio, los más prestigiosos, deportivamente hablando, resulten, cuando menos, curiosas".
"La Sala comparte la consideración de los cobros efectuados por los jugadores profesionales, por mediación de terceros residentes en el extranjero, como rendimientos del trabajo personal, pues tiene su causa y razón de ser, precisamente, en la relación laboral que vincula al futbolista con la entidad pagadora, habida cuenta de la naturaleza de tales derechos federativos, sólo susceptibles de titularidad, con arreglo a las disposiciones de derecho deportivo, por los clubes, de suerte que las sumas percibidas, en lo que exceda de los límites a que se contrae el porcentaje que, en caso de traspaso, puede percibir el jugador, no pueden tener otra consideración que la de retribución por razón del trabajo personal, en los términos del articulo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores, a cuyo tenor "1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso el salario en especie podrá superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador".
"Bien es cierto que la alusión, en la resolución del TEAC que examinamos, a los artículos 25 y 28 de la LGT (de 1963), introduce un factor de confusión, pues parece hacer referencia, con ello, a que estamos en presencia de un negocio simulado, lo que permite a la entidad recurrente, en el escrito de demanda, argumentar copiosamente sobre la falta de concurrencia, en el caso que nos ocupa, de negocio simulado alguno, así como sobre los requisitos que necesariamente han de estar presentes para que pueda hablarse de contrato simulado, para ponderar que, en este caso, no concurren".
"Aún compartiendo, en términos generales, lo que la parte recurrente afirma, la Sala considera que resulta innecesario, para la cuestión que nos ocupa, que no es otra que la procedencia de regularizar determinadas retenciones sobre pagos que tienen su origen en derechos federativos (o, para ser más precisos, en cantidades abonadas en exceso sobre los límites previstos en las normas de Derecho deportivo que disciplinan tales derechos y la participación de los jugadores en ellos), fundamentar su exigibilidad en la existencia de un negocio simulado. A tal fin, la sentencia de la Sección Cuarta que se ha dictado, y que nosotros compartimos íntegramente, califica adecuadamente la cuestión, no sólo en lo que respecta a la naturaleza económica de los derechos federativos -que, teniendo como destinatario final al jugador, sólo pueden ser tenidos como retribuciones derivadas del trabajo-, sino también, en afirmación que resulta conexa con la anterior, de la posición del tercero no residente en la relación jurídico-económica que sirve de título a los abonos, como mero mediador, esto es, como mandatario del jugador en virtud de la relación interna que regule ese mandato, lo que convierte en innecesaria, incluso perturbadora, la apelación al concepto de simulación, pues no hay en este caso contrato simulado alguno, sino una relación en que su apariencia formal y la realidad económica y jurídica que subyacen a ella son coincidentes, lo que elimina conceptualmente la simulación, que únicamente puede basarse en la discordancia entre una y otra".
"Además de lo anterior, esta Sala ha considerado, en reiteradas ocasiones, que los pagos a terceros (generalmente, sociedades gestoras domiciliadas en el extranjero) de la remuneración por parte de los clubes de derechos de imagen a los jugadores profesionales de fútbol -y, ocasionalmente, de otros deportes- constituyen para el perceptor último rendimientos propios del trabajo personal y, como tales, están sometidos a retención, sin que el hecho de que los pagos sean efectuados a terceros desvirtúe esa calificación y la consiguiente obligación de retener e ingresar lo retenido. A tal efecto, cabe citar la Sentencia de 13 de junio de 2002 (dictada en el recurso n.º 115/2000) cuyos fundamentos hemos venido manteniendo en otras sentencias posteriores (Sentencias de 4 de julio de 2002, recurso n.º 1294/1999 y de 24 de febrero de 2003, dictada en el recurso n.º 862/2000) y en la Sentencia de 24 de junio de 2004 (recurso n.º 1184/02) y a los que la Sala se atiene una vez más, pues no existen razones para cambiarlos y que tanto en aplicación del principio de seguridad jurídica como del respeto al de unidad de doctrina".
"Aun cuando en ellos no se resuelva cuestión alguna respecto de la eventual simulación contractual (que obedece a un error de calificación por parte del TEAC), se infiere de modo patente que la regularización de las retenciones se entiende con el pagador al margen de que el perceptor de las rentas correspondientes sobre la que ha de recae la retención sea un tercero en la relación jurídico laboral, conclusión para la que resulta innecesario acudir a la figura de la simulación, que no concurre en modo alguno, y que es extensible, no sólo a los pagos de derechos de imagen como al abono de derechos económicos sobre derechos federativos, pues la misma razón hay en uno y otro caso para descartar la simulación y, aun así, considerar correcta y procedente la regularización".
Tercero.-En dicha sentencia también se argumenta: "En el caso presente, dos son las líneas de argumentación que se observan en la demanda, a propósito del tratamiento fiscal de los abonos efectuados, a efectos de la exigibilidad sobre ellos de la retención que les corresponde sobre la controvertida calificación como rendimientos del trabajo. La primera de ellas, profundamente argumentada en la demanda, viene a concluir con la afirmación de que no todas las operaciones y negocios jurídicos que tengan como fondo o justificación última, directa o indirectamente, los derechos económicos que surgen de los derechos deportivos (los denominados federativos) suponen una manifestación de la relación laboral que une al club, cuya condición de pagador es indiscutible, con el jugador o técnico titular de aquéllos derechos, puesto que cabe la posibilidad de cesión a terceros de estos derechos económicos, en tanto que susceptibles de tráfico jurídico, lo que daría lugar a operaciones desligadas a la pura relación laboral y que, además, darían explicación suficiente y razonada acerca del cobro de las cantidades por un tercero, que normalmente es un no residente, sin que haya constancia de que éste sea un simple mediador o gestor del pago o del contrato que lo hace posible, sino que no es descartable la posibilidad de que el perceptor de las cantidades las obtenga en virtud de un derecho propio y distinto del que posee el jugador. La segunda vertiente del problema es, obviamente, la prueba sobre la naturaleza de los pagos.
(...).- En cuanto a la primera de las cuestiones debatidas, que en la demanda se ilustra con diversos ejemplos extraídos de la vida económica que gira en torno al deporte, la Sala no considera necesario profundizar en ella, esto es, dilucidar con valor de cosa juzgada si los negocios jurídicos que tengan por objeto o finalidad los derechos federativos, en su dimensión económica, son sólo susceptibles de ser integrados bajo la rúbrica de pagos en concepto de rendimientos del trabajo personal obtenidos por el jugador o deportista, los haya percibido de manera directa o a través de sociedades radicadas en el extranjero. Y no es preciso resolver tan intrincada cuestión jurídica porque la Sala acepta que la presunción de que las cantidades satisfechas integran unos rendimientos que tienen su base y fundamento en derechos propios del jugador y, por tanto, pertenecen a la categoría de los rendimientos derivados de su trabajo, sometidos por tanto a retención, no es una presunción absoluta e irrebatible, sino que admite prueba en contrario, cuestión que nos relega, de modo final, al examen acerca de si la parte recurrente ha alzado la carga que sobre ella pesaba (artículo 114 de la L.G.T. de 1963, aplicable al asunto), acreditando la naturaleza e índole del pago.
(...).- Nada de esto ha ocurrido. Debe señalarse, a este respecto, que la entidad sometida a regularización no ha sido un modelo, precisamente, de colaboración. Ello no significa que no pueda resistir, siempre que lo haga pasivamente, los embates de la Administración, sino que si quiere sustraerse del deber que se le impone, relativo a la retención de determinadas cantidades abonadas, por razón de la específica naturaleza de los rendimientos que para el perceptor traerían causa de su vinculación del orden laboral con el club, está obligada positivamente a probar la naturaleza de tales pagos, el contenido de los contratos de los cuales son ejecución y, en suma, cuál es el derecho del tercero a percibirlos -y la correlativa obligación del club a satisfacerlos- y en qué medida se trata de negocios ajenos o desvinculados de la relación de servicios retribuidos entre el club y sus deportistas profesionales.
Tales abonos, en el caso que nos ocupa, se caracterizan por su opacidad. Consta ya expresado que la entidad inspeccionada no facilitó la documentación que le había sido requerida a efectos de justificar el origen de los pagos y, en suma, todos los datos precisos para identificar el contrato, las obligaciones que nacen de él, las partes que lo integran y la naturaleza fiscal que cabe atribuir a tales rendimientos, desde el punto de vista de quien los obtiene y, a efectos de la posible retención sobre el íntegro de las cantidades debidas, de quien los satisface.
Por el contrario, falta aquí toda acreditación, siquiera sea mínima, de que las cantidades pagadas a terceros en concepto, precisamente, de derechos federativos, obedezca a un título distinto del de pagos a los jugadores o técnicos, a través de terceros, de una de las modalidades pactadas de la retribución laboral, cual es su participación en el traspaso o en el precio satisfecho entre clubes para hacerse con los servicios de los diferentes jugadores. Habría sido preciso, por tanto, interesar el recibimiento del recurso a prueba -lo que no se ha llevado a cabo- y justificar la improcedencia de las retenciones exigidas sobre la base de una naturaleza jurídica de las relaciones que dan lugar a los abonos distinta de la observada por la Inspección. Esa carga pesa indiscutiblemente sobre el obligado tributario, no sólo porque el artículo 114 de la LGT dispone que "quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo", esto es, la esencia última de las relaciones entre el pagador y los perceptores de los rendimientos, del que derivaría su derecho a no ser gravado con la obligación de retener e ingresar lo retenido, sino porque sobre la anterior presunción se sobrepone otra, la de validez de los actos administrativos, que obliga a los perjudicados por tales actos no sólo a impugnarlos jurisdiccionalmente, y a otras cargas consustanciales, como las de alegar y probar, sino, en definitiva, a poner de manifiesto el desacierto de la actuación sometida a enjuiciamiento.
Llevadas estas consideraciones al asunto presente, la parte recurrente no ha acreditado, como era carga para ella, ni la naturaleza de la relación jurídica para cuyo cumplimiento se instrumentaron los pagos, ni la justificación sobre la presencia de diversas entidades y personas en los contratos, ni la razón última de por qué entidades que son ajenas a las partes contractuales de la relación laboral perciben retribuciones que guardan relación con aquélla -los derechos federativos- sin ser puros y simples mediadores en los pagos a los jugadores de tales cantidades, pues a menudo ocurre, y esta Sala lo ha constatado repetidamente, que las sociedades domiciliadas en el extranjero pertenecen a los propios jugadores o a los clubes de procedencia o destino y son meros mediadores en los pagos cuya existencia se justifica en el intento de sustraerse al cumplimiento de las obligaciones fiscales de unos y otros."
Aplicando este mismo criterio es procedente la desestimación del recurso.
Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, no se aprecian méritos que determinen la imposición de una especial condena en costas, por no haber actuado ninguna de las partes con temeridad o mala fe en defensa de sus respectivas pretensiones procesales.
Que DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo formulado por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de la entidad REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA, S.A.D., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 30 de septiembre de 2005 (R.G. 2509/2002), DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que dicha resolución es conforme a Derecho; sin hacer mención especial en cuanto a las costas.
Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente en la misma. Ilmo. Sr. D. JESUS N. GARCIA PAREDES estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.