Source: https://www.scribd.com/doc/47993540/19751218-Program-A
Timestamp: 2016-10-21 10:37:12
Document Index: 66492751

Matched Legal Cases: ['Artículo 123', 'Artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 41', 'Artículo 89', 'artículo 123']

19751218-Program-A
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicPrograma del Partido de la Revolución DemocráticaPartido de la Revolución Democrática, Benjamín Franklin No.84, Col. Escandón, Delg. Miguel Hidalgo
PROGRAMA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA INTRODUCCIÓN El objetivo fundamental del Partido de la Revolución Democrática es la conquista de una sociedad democrática con igualdad social, en el marco de la independencia nacional y el respeto a la diversidad humana, a la equidad entre los géneros y a la naturaleza. El instrumento programático del PRD, para llevar a cabo su objetivo fundamental, es la instauración en México de un Estado democrático y social de derecho. El Estado democrático y social de derecho garantiza las libertades plenas del ciudadano pero propicia la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico que suprima la explotación de las personas, fomentando la participación pública, social y privada sobre los medios de producción. El Estado democrático y social de derecho se basa en la capacidad del pueblo mexicano para instaurar las instituciones y crear los derechos que aseguren una convivencia democrática, una sociedad cada vez más justa y una economía en desarrollo permanente. El Estado democrático y social, basado en la libertad política para todas las mexicanas y mexicanos y en las instituciones públicas democráticas, será el medio político para la realización de las reformas sociales necesarias para combatir la desigualdad y garantizar la expansión sostenida y sustentable de la economía. El Estado democrático y social será el medio para garantizar una creciente igualdad económica con base en la utilización sustentable de los recursos naturales y la capacidad productiva del trabajo social de las mexicanas y mexicanos en beneficio de todas y de todos. El Estado democrático y social utilizará la planeación democrática con el propósito de lograr la intervención de la sociedad en el establecimiento de las metas y en la realización de las mismas. El Estado democrático y social de derecho será un instrumento para lograr el pleno reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones. Asimismo, será la forma para llevar a cabo la realización de los derechos políticos y culturales de los pueblos indios de México, dentro de una entidad pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Una nueva constitucionalidad será la expresión jurídica fundamental del Estado democrático y social, en la que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales y de solidaridad, tanto como de sus derechos civiles y políticos. La defensa de los derechos de opinión, reunión y asociación; al trabajo, a la vivienda, a la alimentación adecuada y al agua potable, a la salud, a la educación de calidad, a la libre planificación familiar, a la información eficaz; a la paz y la justicia, a un ambiente adecuado para la salud y al desarrollo sostenible logrado a través de la preservación y disfrute de los recursos naturales deben ser garantizados legalmente, pudiendo ejercer estos derechos, en el marco de la soberanía e independencia nacional. Todos los mexicanos y las mexicanas, sin distingo de sexo, orientación sexual, expresión e identidad sexogenérica, edad, religión, condición económica, social o étnica, no serán discriminados. El Estado democrático y social será el instrumento para que México participe en los procesos de integración económica, política y cultural de los Estados, los pueblos y las naciones del mundo, sobre la base de la lucha contra la expoliación de unos países por parte de otros y en favor de la igualdad entre los Estados, la cooperación internacional, la paz y la solidaridad.
El Estado democrático y social será obra de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y el campo, de la intelectualidad y las capas medias de la sociedad, a través de la lucha política y reivindicativa. El Partido de la Revolución Democrática presenta su Programa al pueblo de México, como una convocatoria a la acción común tendiente a la conquista de altos objetivos nacionales y populares. Este Programa es de carácter obligatorio para los mandatarios del Partido y los legisladores estatales y federales, y para todos los órdenes de gobierno emanados del PRD. I. DERECHOS INDIVIDUALES, SOCIALES Y COLECTIVOS. 1.- El Partido de la Revolución Democrática pugna por el reconocimiento y la aplicación de todos los derechos humanos y su carácter universal e inalienable, progresivo e integral, indivisible e interdependiente y por superar las limitaciones actuales que obstaculizan su ejercicio y plena vigencia. Los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y colectivos, medioambientales, de minorías y de diversidad, estarán garantizados plenamente para todas las mexicanas y todos los mexicanos para toda persona de otra nacionalidad que viva o transite por nuestro país. Su reconocimiento, vigencia y cumplimiento son fruto de las luchas populares y sociales, de mujeres y de hombres, en todo el mundo, países y regiones, durante procesos históricos de cientos de años. En este sentido debe diseñarse el proyecto de nación. El objetivo fundamental del PRD en materia de derechos humanos es su exigibilidad, defensa y concreción orientadas a su plena realización en todos sus niveles y ámbitos. Los derechos humanos conocidos hasta la fecha y todos aquellos que se puedan ir generando al cabo de la historia por razones propias de las luchas sociales, del desarrollo de las sociedades, su reconocimiento, aceptación y aplicación, serán valor fundamental del Estado mexicano, sustentado en una observación permanente de la sociedad, donde los derechos humanos de la sociedad serán vértice y de ahí se radiquen a los individuos. La justa repartición del ingreso y de la riqueza de la nación, dará base a una nueva sociedad., ya que son marco y condición de una nueva sociabilidad. 2.- Exigibilidad de los Derechos Humanos El reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos individuales, colectivos, sociales y culturales, de diversidad y de minoría, son producto de un amplio proceso histórico universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales, que han sido suscritos y ratificados por nuestro país, incluyen consensos básicos que la humanidad ha reconocido como derechos inalienables y que obligan a la adopción de medidas, hasta el máximo de recursos de que disponga, encaminadas a lograr progresivamente y por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos. El cumplimiento de estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes que de ella emanan, posibilita la igualdad social real y su exigibilidad individual y colectiva. Por ello, una tarea inmediata es la adecuación normativa, en los términos de los artículos 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las reformas constitucionales conducentes y a las legislaciones y reglamentaciones federales y estatales. El ejercicio de los derechos humanos se promoverá y protegerá mediante la acción de los mecanismos de la justicia, la administración pública y la legislación, así como a través del proceso educativo, la perspectiva de equidad de género y la promoción de una cultura acorde al respeto de tales derechos. El mecanismo concreto que guía la exigibilidad de los derechos humanos es el universalismo básico, que significa el establecimiento de los mínimos indispensables que todo mexicano y mexicana puede exigir el acceso inmediato a una vida digna. El universalismo básico es una herramienta que tiene en el horizonte la exigibilidad de los derechos sociales mediante indicadores claros, debajo de los cuales ninguna persona en ejercicio de su condición ciudadana, debe vivir.
3.- Derechos Humanos y Poder Público Se debe condicionar el ejercicio de todo poder público, incluido el judicial, a la reconstrucción del tejido social y el desempeño de la economía al pleno respeto y garantía de estos instrumentos de derecho internacional y nacional y reconocerlos como vinculatorios en nuestra legislación. Los derechos humanos tienen primacía sobre todos los poderes, incluido el del Estado que debe garantizarlos y puede reglamentar su ejercicio y cumplimiento pero no derogarlos y el del mercado, que debe satisfacerlos pero no anularlos. El Partido de la Revolución Democrática propone y aspira a la construcción de un Estado democrático y social de Derecho, que actúe como garante de los derechos humanos integrales de la población; un Estado que garantice ciertos mínimos sociales, que expresen el reconocimiento jurídico, formal y práctico de la ciudadanía no sólo política, sino también económica, social y cultural de todas las mexicanas y todos los mexicanos. El compromiso con la construcción de esta nueva forma de Estado nos diferencia de manera radical del pensamiento neoliberal y conservador. Es responsabilidad fundamental del Estado mexicano implementar los cambios y crear las condiciones necesarias, mediante reformas legislativas, políticas públicas eficientes y eficaces y el ejercicio protector del poder judicial, para que el goce y disfrute de estos derechos sea real y vigente. Al respecto, tiene una doble responsabilidad frente a los derechos humanos: en primer lugar, la de no escatimar esfuerzos ni recursos disponibles para brindar constantemente las mejores condiciones para su pleno ejercicio y disfrute entendiéndolos de manera integral y con perspectiva de género; en segundo lugar, la de crear los mecanismos más eficientes para que todas las personas puedan hacer valer estos derechos y puedan disfrutar de ellos. El PRD pugnará en todo momento ante el gobierno federal, así como ante los gobiernos estatales y municipales por la implementación de políticas públicas especificas, encaminadas a la protección y salvaguarda de los llamados grupos vulnerables de la sociedad, a través de programas viables y permanentes que garanticen los derechos proclamados en nuestra Constitución Política, las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos signados y ratificados por nuestro país. 4.- Derechos Humanos y PRD Por su parte, el PRD el compromete a la difusión, promoción, defensa, protección y exigibilidad de los Derechos Humanos dentro de un marco jurídico que los reconozca a plenitud y que obligue a su absoluta observancia. En este sentido, el PRD lucha en lo inmediato por impedir y combatir la reversibilidad de los ya reconocidos formal y jurídicamente. Pero su actividad no se reduce a ello, también se involucra en su ampliación y desarrollo tanto en el ámbito internacional como en el que cabe dentro de las fronteras nacionales. En este período, destacan por el peligro y realidad de su reversión, entre otros, los de alimentación, empleo, salud, vivienda y educación, de seguridad social y el sistema de pensiones. 5.- Derecho a Nivel de Vida Digna Nuestro partido en materia de derechos humanos no debe tener limitaciones. Desde ahora las bases de esta sociedad serán educar, enseñar y crear la cultura amplia en las mujeres y los hombres pugnando por construir una sociedad más justa, equitativa, libre, incluyente, propositiva y democrática, en donde los seres humanos sean lo más importante. Urge elevar a rango constitucional el derecho humano a un nivel de vida digna, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como hacerlo exigible y organizar la economía y regular el mercado para que sea ejercido por todas las mexicanas y todos los mexicanos. Se establecerá el Seguro de Desempleo con la obligación de garantizar la capacitación de los desempleados, así como la obligación de que éstos acudan a ella. Además, se instituirán subvenciones en alimentos básicos a los más pobres, especialmente a las niñas y niños, a las madres solteras y a las personas de la tercera edad, hasta la erradicación de la pobreza. En caso de las regiones con pobreza extrema, se deben integrar los programas de asistencia social y de combate a la pobreza, a las necesidades y características de cada comunidad, teniendo en cuenta las características socioculturales y étnicas de la comunidad.
6.- Vivienda Todas las mexicanas y mexicanos podrán exigir ante el Estado el cumplimiento del derecho constitucional de toda familia para disfrutar de una vivienda digna, decorosa y de calidad. El Estado organizará un sistema nacional integrado, el cual regulará los precios de la vivienda de interés social de tal forma que el ciudadano o la ciudadana pague el costo real de éstas, de acuerdo a los ingresos económicos que se obtienen, recibiendo espacios de calidad que garanticen el bienestar de sus habitantes, cumpliendo los estándares emitidos por la Organización Mundial de la Salud para conseguir el desarrollo físico y psicológico que garantice la calidad de vida que merecemos las y los mexicanos. 7.- Derecho a la Alimentación y al Agua Potable El derecho a la alimentación y al agua potable será garantizado por el Estado, mediante políticas públicas que integren tanto a la subvención en alimentos y servicios, como la planeación y ejecución de programas de salud que permitan la debida nutrición de los más pobres, especialmente a las niñas y niños y a las personas de la tercera edad. Para lograrlo se instrumentarán campañas informativas para combatir la baja cultura alimenticia que persiste en la sociedad mexicana. 8.- Derecho al Agua El PRD se pronuncia por el derecho humano al agua, como derecho social y por elevar este derecho a rango constitucional. Para disfrutar del derecho al agua es indispensable preservar gestión pública del agua basada en el manejo equitativo y sustentable, con nuevas políticas hidráulicasy legislaciones secundarias nacionales, regionales y locales, observando de manera irrestricta el respeto y la aplicación de los tratados internacionales en materia ambiental, apoyándose todos los proyectos sustentables que tiendan a la mejora del medio ambiente y la evaluación de la calidad de vida. 9.- Derecho a la Educación Todo mexicano y mexicana, por el hecho de serlo, tendrá derecho a una educación pública gratuita, laica, democrática y humanista, sustentada en principios sociales, científicos y éticos, en todos sus niveles: desde preescolar hasta posgrado. Así será la que se imparta en las escuelas, centros educativos y el sistema escolar públicos. La educación será obligatoria desde preescolar hasta la educación media superior y buscará desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano., incluida la educación de la sexualidad integral. En consecuencia, el PRD promoverá elevar a rango constitucional el derecho a la educación de la sexualidad integral, laica y científica, con el propósito de contribuir a eliminar la misoginia, el machismo, la homofobia, la deserción escolar por embarazos no deseados y la violencia intrafamiliar. 11.- Derecho al Acceso a la Cultura y los Derechos Culturales El PRD reivindica la cultura como un derecho social universal y como un espacio para la construcción de identidades en la diversidad y la libertad. Todas y todos deben tener acceso al disfrute de los bienes culturales, en tanto factores para un desarrollo social e individual plenos. El Estado es el responsable del cuidado, investigación y promoción de nuestros bienes culturales, tanto espirituales, artísticos, intelectuales, sociales y materiales. El patrimonio cultural es un componente esencial de nuestra gestión de soberanía nacional. Las políticas educativas, turísticas y culturales deben promover y garantizar la salvaguarda de este patrimonio. En este sentido, el PRD se pronuncia por la plena aplicación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y por que el Estado destine los recursos suficientes para ello. El PRD considera el trabajo artístico e intelectual como parte fundamental del desarrollo del país, por lo que debe ser apoyado por el Estado con pleno respeto a la autonomía y libertad creativas. Por todo ello, el PRD no claudicará en su exigencia por retirar de las industrias culturales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para garantizar con ello condiciones de equidad en la difusión del trabajo artístico y creativo de las y los mexicanos.
12.- Derechos de los Trabajadores y Productores del Campo Las campesinas y campesinos tendrán el derecho a la tierra y las aguas, y a la organización productiva bajo su propia dirección. El Estado garantizará que los precios de los productos básicos campesinos se mantengan su competitividad y se responsabilizará de que sus productos lleguen al consumidor a precios razonables, combatiendo eficazmente los monopolios y oligopolios en la distribución, garantizando de esta manera el abasto popular. El Estado promoverá un plan de emergencia de inclusión al desarrollo del campo, para garantizar la seguridad alimentaria y su viabilidad. 13.- Derechos de los niños y las niñas Se pugnará porque el derecho Constitucional de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, sea cabalmente cumplido. En el mismo sentido, se velará por los derechos de los menores, pugnando, por que se apliquen la legislación secundaria vigente y se harán propuestas para mejorarla, conforme a los tratados internacionales que México ha suscrito. La sociedad se organizará para promover el bienestar y la libertad de las niñas y los niños, con equidad de género, y se prevendrá y castigará el maltrato en sus diferentes formas, la explotación y la discriminación de los menores, utilizando penas mayores en los casos de que dichas formas de violencia sean ejercidas por personas cercanas a ellos o que ejerzan una fuerte influencia moral sobre ellas. 14.- Jóvenes Las y los jóvenes, por el hecho de serlo, tendrán derecho a la educación, la cultura, la salud sexual y reproductiva, el esparcimiento, el deporte, la recreación, la consideración y atención emocional, a ser escuchados, a participar en el Partido y los órganos del Estado, la información, sin que ninguna autoridad pueda impedir u obstaculizar el ejercicio de tales derechos; el Estado creará y desarrollará permanentemente y las condiciones necesarias para su disfrute. El Estado creará, desarrollará y garantizará la pluralidad y las condiciones necesarias para la vida productiva de los jóvenes por medio de instituciones creadas para este fin. El Estado y los particulares no podrán rechazar o combatir las formas de expresión de las y los jóvenes. La ciudadanía se obtendrá a partir de los 16 años Las organizaciones juveniles disfrutarán del derecho colectivo de ser escuchadas por las autoridades y órganos del Estado, antes de que estas asuman decisiones que afecten directamente a los jóvenes, quienes podrán participar en las discusiones y debates sobre los temas de la vida nacional en general. 15.- Personas Adultas Mayores El PRD defiende el derecho de nuestras personas adultas mayores, mujeres y hombres, a partir de los 55 años las primeras y 60 los segundos, a que se les garantice el acceso a los servicios médicos y sanitarios; a un ingreso mínimo permanente, a una pensión vitalicia, tanto contributiva como no contributiva, y a la jubilación; a facilidades y apoyos específicos que les garanticen una vida digna, en justa compensación por los esfuerzos que realizaron durante su vida laboral activa, así como un trato digno tanto en el seno familiar y comunitario, como en el ámbito social, y a participar en actividades socioeconómicas, políticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, que les permitan elevar su autoestima y calidad de vida, así como combatir la discriminación que sufren por motivos de edad. El derecho a la salud y a la incorporación al desarrollo del país de las personas adultas mayores será garantizado por el Estado mediante políticas públicas que integren la capacitación del personal de salud, la investigación de las características de envejecimiento y la elaboración de nuevos proyectos de vida y organización de su tiempo libre. Por ende, se fomentará la convivencia intergeneracional, la ayuda mutua y su autonomía.. El servicio urbano de transporte colectivo y los servicios básicos necesarios de agua potable, luz y gas a niveles de consumo básico serán gratuitos para todas las personas mayores de 60 años, quienes además gozarán de descuentos significativos en todos los demás servicios de transporte y en el acceso a los lugares de arte y cultura del país.
16.- Personas con Discapacidad El PRD defenderá el ejercicio de los derechos de las mujeres y los hombres con discapacidad y promoverá acciones que contribuyan a elevar su calidad de vida bajo los principios de impulsar su trabajo digno, promover el acceso a los servicios básicos, equiparar las oportunidades y su plena integración al desarrollo equitativo. En los Estados y a nivel federal deberá legislarse en materia de integración de personas con discapacidad y se crearán institutos de atención a estas para garantizar la atención requerida. El Estado, junto con la sociedad, se organizará para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en rehabilitación, transporte, traslado y trabajo. Además, con el concurso de las diversas organizaciones de personas con capacidades diferentes, se establecerá una estricta normatividad y vigilancia acerca de las condiciones físicas necesarias para la realización de sus actividades. Mediante acciones afirmativas, las oficinas públicas y las empresas emplearán obligatoriamente a personas con discapacidad. El lenguaje de señas y los sistemas de lectura de los invidentes, así como los mecanismos de comunicación desarrollados por la ciencia, deberán ser introducidos en los medios de comunicación masivos y en la vida pública del país, dándose prioridad y solidaridad del sector privado en aquellos espacios de carácter laboral donde existan ciudadanos con esta condición. El PRD impulsará políticas públicas para que el diseño arquitectónico contemple espacios y acceso de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad. 17.- Desigualdad y pobreza La pobreza y la desigualdad, especialmente las que padecen las mujeres, son problemas estructurales originados por la dinámica social y economía, que no se resuelven de fondo con programas asistenciales. Por lo tanto, el Estado, por mandato constitucional y por una responsabilidad ética impostergable, tendrá un papel protagónico en el combate a la pobreza por medio de la reorientación de los recursos públicos y una profunda reestructuración de las políticas públicas, en particular la política económica y la política social, de modo que se elimine la dicotomía entre ambas y se instituya estrategia congruente que ataque, por un lado, la desigualdad y la pobreza y, por el otro, fomente el crecimiento económico. El PRD propondrá, reforzará o aplicará en los lugares donde sea gobierno, la adecuada articulación de la política económica y social, bajo el enfoque del disfrute de los derechos ciudadanos. Para lograr lo anterior, fortalecerá las instituciones públicas y retomará el vínculo con las organizaciones civiles que han demostrado alta eficacia en el impulso de programas sociales, incluyendo una instancia de monitoreo independiente y de composición ciudadana que revise los avances reales en materia social., en especial la erradicación de la pobreza y el abatimiento de la desigualdad. 18.- Transversalidad y Paridad de género La transversalidad y la paridad de género deben ser políticas de Estado en respuesta al compromiso adquirido por nuestro país al firmar y ratificar tratados y convenciones internacionales que incorporan las acciones afirmativas como instrumento fundamental para tomar todas las medidas políticas, administrativas, legislativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales, a través de la armonización de leyes y de políticas públicas de aplicación obligatoria que garanticen el acceso de todas las mujeres y las niñas al pleno goce de todos sus derechos, así como el avance en el ejercicio de su ciudadanía y sus libertades. Por lo anterior, el PRD y sus gobiernos deberán asegurar la igualdad de oportunidades, el trato igualitario y la no discriminación contra las mujeres a través de las siguientes políticas públicas: *transversalidad de la paridad de género en el diseño de políticas y acciones públicas en las distintas esferas del quehacer público; en la actuación de la administración pública y en los diferentes órganos de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como en el ámbito legislativo, en los órganos constitucionales autónomos e instituciones educativas, desde la fase de diagnóstico, evaluación, hasta la planeación, decisión, ejecución y control.
*institucionalización de la perspectiva de equidad entre los géneros mediante políticas y acciones del Estado encaminadas a garantizar la existencia de instituciones sociales de respaldo para las mujeres, tales como estancias infantiles, seguro de desempleo, centros de atención infantil y centros de atención a la maternidad. *potenciar la participación real de la sociedad en el respeto, defensa y vigencia de los derechos humanos de las mujeres mediante políticas educativas, acciones afirmativas y leyes federales y estatales que combatan y eliminen todos los estereotipos e imágenes sexistas y discriminatorias a través de una transformación cultural apoyada en campañas educativas que promuevan los valores de paridad, respeto y tolerancia. *integrar en la reforma del estado la perspectiva de género, especialmente en lo referente a los derechos de la tercera y cuarta generación. Será obligatorio para el PRD y sus gobiernos;: *asegurar la paridad alterna en los espacios de toma de decisiones, de las dependencias públicas y en las puestos de representación popular. Serán declarados fuera de la ley los requisitos de trabajo o actividad tendientes a discriminar a las mujeres, así como a quienes ejerzan cualquier tipo de explotación sexual. *erradicar y sancionar todas las formas de discriminación contra las mujeres y armonizar las leyes nacionales y estatales para prevenir, sancionar y eliminar todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, entre otras, el hostigamiento sexual, la violencia en los ámbitos público y privado, el incesto, el estupro. *proteger , respetar y garantizar el derecho de las mujeres al pleno goce y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos que aseguren el consentimiento informado y el derecho a decidir libre y responsablemente sobre sus cuerpos y garantizará el acceso a los servicios para la interrupción legal del embarazo. *promover que en las reformas a la ley federal y leyes estatales se integre la paridad alterna en las candidaturas a puestos de elección popular de todos los partidos políticos. *capacitar a las y los funcionarios de todos los niveles de gobierno en el diseño y aplicación de políticas públicas de transversalidad y paridad de género. *promover la transversalidad de género en las reformas al sistema de justicia del país. *apoyar la educación en salud sexual y reproductiva y se impulsarán los servicios para la instrumentación de programas de esta materia con una perspectiva de género. *asegurar la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y las prestaciones sociales a las que tienen derecho, en condiciones de igualdad. asimismo deberá contabilizarse la aportación de las mujeres al producto interno bruto, a través del trabajo doméstico. *incoporar en los planes de desarrollo de todos los niveles, la transversalidad y paridad de género, de los cuales se derivarán programas, políticas públicas y acciones de gobierno tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres y las niñas. *impulsar leyes, programas y políticas públicas dirigidas a eliminar y erradicar la feminización de la pobreza 19.- Diversidad social Los grupos humanos tendrán derechos de carácter colectivo a la protección legal de sus costumbres, culturas, lenguas e identidades propias. El Estado garantizará el derecho a la diferencia y combatirá toda forma de discriminación y segregación y; al mismo tiempo, proveerá lo necesario para la existencia y libre expresión de la diversidad. Las autoridades no podrán prohibir o impedir formas de vestir o expresiones artísticas bajo consideraciones morales correspondientes a un individuo, grupo de individuos o cualquier religión 20.-Diversidad sexual Se promoverá el respeto a la identidad y expresión sexogenérica y los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual por lo que se impulsarán reformas legales y la creación de instituciones como un centro especializado en la defensa de este sector El PRD promoverá el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo y las diferentes formas de cohabitación que los particulares elijan entre si.
También promoverá la penalización de la discriminación y los crímenes de odio. Asimismo, reconocerá al 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Impulsará elevar a rango constitucional el derecho a la identidad y expresión sexogenérica. Será eliminada de las leyes y reglamentos administrativos toda norma tendiente a reprimir o condenar las preferencias sexuales. 21.- Libertad de expresión y Derecho a la Información El ejercicio de ciudadanía requiere de información veraz, oportuna, comprobable y no discriminatoria. Este derecho estará garantizado por el Estado y por una legislación eficaz. En tal virtud, la ley regulará su práctica. Entre otras medidas, se impulsarán las siguientes: *Resguardar los derechos de las y los profesionales de la comunicación y los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de acceso a la información, réplica, rectificación y aclaración. *Crear un Consejo Nacional de Comunicación Social, que entre sus funciones incluirá la aprobación de concesiones de radio y televisión, así como dictar políticas en la materia. *El derecho a la información estará consagrado en un sólo artículo constitucional que lo separe de la libertad de expresión y de imprenta. *Promover una reglamentación que garantice el derecho a la información sobre el estado de los recursos naturales de la Nación y en particular, a las trabajadoras y los trabajadores, sobre las actividades productivas contaminantes. *Impulsar la concesión de medios electrónicos a instituciones de educación pública y a grupos comunitarios, a efecto de posibilitar la ampliación de la oferta de carácter cultural y educativo en la radio y en la televisión. *Las mexicanas y los mexicanos tendrán derecho a recibir información de los asuntos públicos. La libertad de prensa no tendrá restricciones, sin menoscabo de las responsabilidades establecidas por las prescripciones civiles y penales que garantizan derechos y persiguen la comisión de delitos. *Abrogar la actual Ley de Imprenta y establecer disposiciones congruentes con las garantías constitucionales. *Garantizará la confidencialidad de las comunicaciones privadas entre las personas, sin impedir las actividades de carácter judicial, y penalizar la publicación de las comunicaciones ilegalmente obtenidas. *Obligación del Estado a informar ampliamente a la sociedad sobre los resultados de los programas de beneficio universal y focalizados para la atención de la extrema pobreza en la sociedad. *Establecer una legislación clara que diferencie los medios propiedad del Estado respecto de los medios administrados por el gobierno; que además regule, organice y garantice el acceso de la sociedad a los medios públicos de comunicación, su democratización e independencia de intereses particulares, su diversidad, objetividad y pluralidad de contenidos, así como el mantenimiento de la cohesión social y con ello el sentimiento de pertenencia a una comunidad determinada, siempre en beneficio de la nación. 22.- Derechos de los Pueblos y Naciones Indias. La diversidad cultural enriquece al país, y el fortalecimiento de las formas de expresión de las culturas locales, indias y de las comunidades afrodescendientes, contribuyen a reconstruir el tejido social que el capitalismo ha destruido al someter a las distintas sociedades a su criterio de modernidad y mercantilización universal. Las naciones indígenas tienen derecho a la libre determinación expresada en la autonomía, por lo que tienen el derecho en cuanto tales a su territorio y al uso, conservación y disfrute colectivos de sus recursos naturales, a ser beneficiarios directos de los recursos generados en las zonas y sitios arqueológicos de sus regiones, a sus sistemas normativos y a sus formas especificas de organización y participación política. El PRD pugna por que se apliquen los derechos establecidos en todas las constituciones, leyes y normas reglamentarias, así como en los instrumentos internacionales, especialmente los instituidos en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y en el
Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas adoptado por el Consejo de Derechos Humanos del organismo el 29 de junio de 2006. El PRD impulsará el reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas como sujetos de Derecho Público en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los naciones indias gozarán de autonomía, garantizada por la Constitución Política, y por lo tanto tendrán derecho a constituir sus propias instancias de gobierno en los territorios que habitan, por voluntad mayoritaria de la ciudadanía de esas regiones. La autonomía deberá entenderse como el régimen jurídico-político creado dentro del Estado nacional mexicano con el objeto de hacer posible que las naciones indias decidan sobre sus propios asuntos, disfruten de garantías para el desenvolvimiento de sus culturas, tomen parte del desarrollo económico y social, intervengan en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales y en los beneficios de los mismos, y puedan participar con auténtica representación en la vida política tanto local como nacional, Los derechos ciudadanos y políticos, económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos, de las naciones indias de México serán plenamente reconocidos. El Estado reconocerá su derecho al desarrollo y respetará y promoverá las tradiciones, culturas, formas de expresión y lenguas de las naciones indias , al mismo tiempo, apoyará los medios para que éstas puedan manifestarse efectivamente y con libertad. Bajo ningún concepto la cultura puede ser utilizada para discriminar a ninguna persona. Se buscará el pleno reconocimiento de las naciones indias y su identidad cultural en forma equitativa justa y democrática. Los derechos de las y los indios deberán instituirse con el reconocimiento legal de las prerrogativas que les corresponden en tanto pueblos. Los derechos específicos de las y los indios deberán expresar, efectivamente, el reconocimiento de que la nación mexicana tiene una composición multiétnica, pluricultural y plurilingüe. En las ciudades con presencia india se instrumentarán derechos y políticas publica diferenciadas. La ley determinará con precisión la forma en que las naciones indias de México, tanto los originarios como los migrantes, tendrán representación propia en los poderes legislativos de los estados y la federación, así como en los ayuntamientos de los municipios donde dichos pueblos sean minoritarios. En el ámbito municipal donde exista población mayoritariamente india se pugnará por una remunicipalización que garantice el ejercicio pleno de la autonomía y derechos políticos. La legislación garantizará y promoverá el uso de los idiomas de las naciones indias en todos los ámbitos, de manera especial en el sistema educativo nacional, los órganos de procuración e impartición de justicia y los medios de comunicación. Se aprovecharán los espacios que tiene el gobierno en los medios masivos de comunicación, para la difusión de la cultura y la publicación y difusión de obras indias. Asimismo se crearán instituciones educativas indígenas en los estados. Se apoyará la revitalización de las culturas locales, populares y de las naciones indias mediante su incorporación a la currícula académica y revalorará el papel de las artes y las humanidades. 23.- Derechos de las Trabajadoras y los Trabajadores Las trabajadoras y trabajadores asalariados de la ciudad y el campo ejercerán el derecho a la libre sindicalización sin injerencias gubernamentales o patronales en la vida interna de sus propias organizaciones. No se permitirá la afiliación colectiva y forzosa de los miembros de sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones o frentes a un partido o agrupación política nacional o estatal. La libertad sindical será respetada: los trabajadores podrán ejercer, por decisión propia, el derecho a la asociación sindical y la contratación colectiva. El principio de la democracia sindical regirá el funcionamiento de tales organizaciones, en las que toda dirección y representación será producto del sufragio directo, secreto y universal de los miembros de las organizaciones sindicales. La toma de nota desaparecerá y el gobierno se limitará a reconocer a los dirigentes sindicales. Los tribunales del trabajo serán instancias de pleno derecho, integrados en el poder judicial. Se fortalecerán las instancias de conciliación tanto individual como colectivas. Los derechos de sindicación, contratación colectiva y huelga no podrán ser negados o limitados por ley alguna; los trabajadores y trabajadoras del Estado gozarán de estos mismos derechos. Se promoverá una reforma al Artículo 123 constitucional, que elimine los apartados A y B, y proponga su reforma
integral. Se instituirá, asimismo, un organismo público descentralizado defensor de los derechos de los trabajadores. La jornada laboral máxima será de 40 horas semanales con pago de 56, como primera etapa en la conquista de la jornada de 35 horas, sin menoscabo de las reducciones conferidas a las mujeres en la lactancia, lo que será válido en todo el territorio nacional. El Congreso de la Unión establecerá el salario mínimo general y los mínimos profesionales, a través de una ley que desaparecerá a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y normará, además, el seguro de desempleo, el cual será integrado dentro de la seguridad social, con aportaciones de las empresas, y una recuperación salarial que amplié la diferencia entre el salario medio y el ingreso mínimo asegurado de cada desempleado. Los derechos laborales serán respetados sin excepción y se garantizarán aquellos suscritos por México en diversos tratados internacionales. En las leyes laborales se introducirá la perspectiva de equidad de género. Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a crear libremente empresas cooperativas, cuyo régimen interno será democrático. El Estado promoverá, mediante asesoría técnica y financiamiento, la creación y desarrollo de las cooperativas. 24.- El PRD en el gobierno y su política laboral. El PRD gobierna importantes entidades en el país y municipios donde confluyen industrias y trabajadores en el campo y la ciudad, por lo que esta obligado a ejercer una política laboral y sindical que lo distinga de los otros partidos políticos y que esté orientada al ejercicio de la justicia pronta y expedita. Los tribunales laborales manejarán con transparencia todos los asuntos que se litigan en ellos poniendo en Internet los contratos colectivos de trabajo depositados bajo su competencia, fechas de revisión de los contratos, el registro de los sindicatos locales y nacionales acreditados en su jurisdicción y su documentación como estatutos, padrón de socios, informe de cuotas, actas de asamblea y acta de elección, etc. Se debe impulsar el cumplimiento de la ley de capacitación en y para el trabajo, el funcionamiento real de las comisiones de seguridad e higiene, la inspección del trabajo y los centros laborales, la protección a las mujeres y en general vigilar el cumplimiento de la ley. Se debe fortalecer la procuraduría de defensa del trabajo y los programas para los cooperativistas y trabajadores no asalariados. En el caso de los municipios se crearán oficinas para el apoyo y la atención a las relaciones laborales y sindicales. Los gobiernos estatales y municipales encabezados por el PRD mantienen relaciones contractuales con los trabajadores al servicio de la administración publica y están obligado a una relación en la que sea consecuente con su concepción social y política de partido y con el respeto absoluto a los trabajadores. Respetará el derecho a la organización y a su libre sindicalización, y los convenios que regulen la relación obreros patronales. Explicará a los trabajadores todo lo relacionado al presupuesto, para determinar los recursos con los que se cuentan para pagar a sus trabajadores salarios y prestaciones, el partido esta obligado a educación abierta con sus trabajadores la capacitación y la formación cívico-política así como a vincularlos a la necesidad de ser eficiente y eficaces en la administración publica. El mundo laboral y sindical forma parte del campo natural en el que se desenvuelve el partido. Las tareas productivas del campo y la ciudad, los empresarios y los trabajadores forman parte de los factores de la producción que permiten generar riquezas, bienes, servicios y empleos. Como partido de izquierda apoya de manera precisa y especifica la lucha de los trabajadores en contra del corporativismo sindical quien a impedido por décadas la democracia de la organizaciones de trabajadores, una verdadera lucha por sus reivindicaciones y la participación política de su preferencia. Como partido de izquierda apoyamos firmemente las conquistas laborales y sociales de los trabajadores, arrancadas al Estado y patrones mediante la lucha sindical organizada. Por esto, el PRD debe tomar un papel activo y de primera línea en la lucha por la derogación de las reformas a la ley del ISSSTE y otras modificaciones legales que atentan contra los derechos adquiridos de los trabajadores.
25.- Nueva economía Frente a la crisis del modelo económico actual, se promoverá una nueva economía social basada en el desarrollo sostenido, sustentable e incluyente, en el marco de un proceso de redistribución del ingreso, que tenga por objetivo el combate de las inequidades. El desarrollo sostenible, sustentable e incluyente estará centrado en un modelo de consumo responsable y redistributivo, que permita a todos y todas el acceso eficaz a servicios básicos universales como el agua, la energía, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y la cultura, sin menoscabo de la perspectiva de desarrollo de las futuras generaciones. La sustentabilidad y la sostenibilidad requieren de una planeación democrática del desarrollo que permita: redefinir el papel del Estado y el del mercado; relaciones de colaboración mutua entre las ciudades y el campo; rescatar el ingreso popular y reestablecer los mecanismos del financiamiento productivo. Para lograr un modelo de desarrollo sostenible y sustentable es necesario e indispensable la reducción de la pobreza, asumiendo el Estado la responsabilidad principal de dicha tarea, creando las condiciones de equidad necesarias para cerrar la brecha entre ricos y pobres. La concentración excesiva de la riqueza produce inestabilidad y de desperdicio excesivo de recursos. La característica incluyente del modelo de desarrollo sostenible, cambiara radicalmente la economía del país, pasando de un modelo económico basado en la especulación financiera y en la exportación, a uno basado tanto en la producción de bienes, servicios e conocimiento, como en la fortaleza del mercado interno. Esto significa transitar de una economía dominada por los poderosos intereses financieros hacia una economía productiva; establecer un nuevo equilibrio entre el sector de exportación y el mercado interno; propiciar nuevas relaciones con el exterior; impulsar un crecimiento económico respetando la naturaleza y garantizando su sustentabilidad; introducir la planeación democrática del desarrollo; definir nuevos vínculos entre el campo y la ciudad; rescatar el ingreso popular; reestablecer los mecanismos de financiamiento productivo; y redefinir el papel del Estado y el que deba corresponder al mercado, por lo que se debe fortalecer la función regulatoria del Estado y la creación de nuevas empresas públicas conjuntamente con el fortalecimiento de las ya existentes en áreas estratégicas y prioritarias como minería, bancos, telecomunicaciones y otros, así como revisar las concesiones en carreteras, puertos y aeropuertos. Todo lo anterior con el objetivo de impulsar el desarrollo independiente del país. Instrumentar esta estrategia requiere articular las políticas de crecimiento con las de regulación del sector externo y financiero para evitar la inestabilidad y el desequilibrio macroeconómico, así como sentar las bases de una nueva economía que sustituya el modelo actual de crecimiento insuficiente e inestable, generador de pobreza y desigualdad. En la nueva economía es esencial controlar la inflación y tener bajo déficit, pero también impulsar el crecimiento y no generar desaliento o pesimismo en la inversión productiva con la aplicación de políticas de estabilización. En particular, cualquier reducción del déficit fiscal se debe hacer con la reducción del gasto corriente y no de la inversión pública, y menos por periodos tan prolongados como ha sucedido en los últimos veinte años. La nueva economía regionalizará los programas de desarrollo para superar los desequilibrios existentes y promover el desarrollo de acuerdo a las condiciones particulares de cada zona geográfica del país. Para todo ello, se promoverá la introducción del concepto de democracia económica, a través de una reforma de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política que incluya la creación de un Consejo Económico de Estado con participación de los diferentes órdenes y niveles de gobierno, de los actores económicos y de la sociedad. Para construir esta economía productiva y un desarrollo sustentable, justo e igualitario, se requiere la movilización y la participación de la sociedad y la definición y la ejecución de políticas públicas encaminadas hacia este objetivo. La sociedad y el Estado, decidirán las medidas necesarias para ordenar y regular el mercado con el objeto de fortalecer el aparato productivo, elevar los niveles de productividad y distribuir equitativamente los beneficios. Se trata de que la sociedad comande el mercado, convierta la anarquía financiera y el despojo en orden productivo e inclusión social, en orden monetario y equilibrio fiscal, en desarrollo económico y social, en autodeterminación política y progreso
compartido, y no, como hasta ahora, que fomenta un desarrollo en el que el mercado destruye las bases de la convivencia social e impide la elevación del nivel de vida de las mexicanas y de los mexicanos. El PRD, a través, de las acciones de gobierno y de la participación de la sociedad, debe construir un sistema económico que propicie el desarrollo de las fuerzas productivas y la resolución de las contradicciones entre el capital y el trabajo. En el marco de la nueva economía se requiere llevar a cabo una revisión y renegociación de la deuda externa, así como la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el fraude del FOBAPROA, esto permitirá rescatar miles de millones de dólares para el desarrollo independiente y sustentable del país. El PRD se pronuncia por la reglamentación del articulo 28 constitucional y una Ley de Precios Competitivos para acabar con los exagerados cobros de bienes y servicios Otra condición para una desarrollo sostenible y sustentable, es una política ambiental coherente y sistemática que permita el aprovechamiento óptimo racional y la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables; privilegie proyectos productivos con bajo impacto ambiental; incluya los costos y los beneficios ambientales y de salud como parámetro de planeación; y promueva el desarrollo científico y técnico en esta materia. Las políticas de conservación de los recursos deberán de basarse en los siguientes lineamientos: *Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. *Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 26.- Productividad del trabajo y del capital El manejo de las variables fundamentales de la economía en su conjunto debe orientarse hacia un crecimiento sostenible con aumento del empleo para mujeres y hombres y con la utilización plena de la capacidad productiva instalada. El eje del programa económico requiere la elevación constante y generalizada de la productividad del trabajo, del capital y del desarrollo científico y tecnológico; éstos serán los cimientos de la recuperación del crecimiento económico y del empleo. 27 Papel del Estado El papel del Estado en el ámbito económico consistirá en el impulso a la creación de una nueva economía plural y diversificada, el fomento de la inversión productiva y el empleo, y la regulación eficaz de los agentes económicos. En la constitución de un Estado activo económicamente los lineamientos a seguir serán: *mantener reservadas, bajo propiedad y control estatal, las áreas estratégicas para el desarrollo integral y sustentable que fortalezcan la soberanía nacional y su régimen democrático: tierras, subsuelo, aguas, espacio aéreo, correos, espectro de radiofrecuencias, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad, comunicación vía satélite, vías de comunicación, ferrocarriles, banca central, emisión de moneda, fijación de tipo de cambio, intermediación y servicios financieros, biodiversidad y otros recursos que deban permanecer bajo el control de la nación. *utilizar los recursos energéticos para el logro de un desarrollo nacional, proporcionándolos a precios que permitan una mayor competitividad a las empresas mexicanas. * una nueva estrategia en la cual la inversión privada y social se complementen con la inversión pública para generar empleos e impulsar sectores prioritarios como el sistema financiero; la infraestructura; el sector agropecuario, silvícola, forestal y pesquero; la vivienda de interés social; el turismo y la actividad inventiva . Se propone un Estado que genere condiciones para el desarrollo en las áreas mencionadas mediante la inversión y un nuevo marco legal e institucional que fomente su desarrollo. *responsabilidad social que ubique las áreas en que el mercado no puede generar los incentivos y condiciones que el país requiere para homogeneizar su ritmo de crecimiento, para que mediante su intervención normativa y de inversión puedan equilibrarse los niveles de desarrollo y bienestar
del país en su conjunto produciendo efectos compensatorios en las regiones y los sectores rezagados. *sustituir el trato discriminatorio a la producción nacional frente a la producción del exterior, con apoyos a la base productiva mexicana que la equilibren con aquellos que los Estados extranjeros dan a sus propias bases productivas; *vincular las condiciones de competitividad de los mercados financieros nacionales con los internacionales, con el objeto de reducir las tasas de intermediación en beneficio de ahorradores e inversionistas productivos; *recuperar el poder adquisitivo del salario; • sustituir la protección oficial a la monopolización creciente de los mercados más dinámicos y su transferencia a empresas controladas desde el exterior por el impulso a la pequeña y mediana empresas que constituyen la base más vigorosa para la expansión de la producción, el empleo y la competitividad internacional; *apoyar a las empresas nacionales en la innovación y adaptación de tecnologías productivas y ambientalmente sanas; *promover la inversión extranjera productiva; y *apoyar la creación de tecnología mexicana y defender la soberanía tecnológica., declarando prioritarios aquellos proyectos de personas físicas o morales mexicanas tendientes a reducir el consumo de energéticos y agua, ya sea por su ahorro o su reuso: y el uso de tecnologías limpias; y Para todo lo anterior, se promoverá la introducción del concepto de democracia económica, a través de la reforma de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política. 28.- Ingreso, gasto e inversión pública La factibilidad de la reestructuración productiva depende de un marco institucional de planeación que imprima racionalidad, coherencia, responsabilidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la inversión públicos, y que elimine la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el manejo de las finanzas públicas. La base para la planeación democrática es la ampliación de las facultades del Congreso y la asunción práctica de sus responsabilidades para captar, asignar y fiscalizar los recursos presupuestales, en consonancia con los requerimientos regionales y estatales de infraestructura y desarrollo, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria, industrial y de servicios. Se modificará integralmente el sistema de planeación, presupuesto, control, vigilancia y fiscalización, democratizando la gestión económica del Estado. La participación de los sectores productivos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se reglamentará con precisión para evitar la discrecionalidad del gobierno en su elaboración y para integrar las propuestas y potencialidades del aparato productivo. El Poder Legislativo tendrá la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. Lo anterior permitirá adoptar una política de ingreso y gasto publico que revierta el traspaso de fondos, servicios y propiedades públicas estratégicos y de beneficio social a manos privadas. En este mismo sentido se promoverá el crecimiento económico, la generación de empleos y realice obras de infraestructura productiva y beneficio social que converjan con la inversión privada. El aumento de la inversión pública en infraestructura deberá financiarse de manera que haga compatible el crecimiento con la estabilidad de precios. 29.- Política fiscal La política fiscal es un instrumento poderoso para orientar la economía. Durante los últimos años del siglo XX, el Estado sacrificó cinco puntos del PIB, mediante concesiones y adecuaciones fiscales, tendientes a promover el modelo financiero de economía. El Estado asumirá plenamente sus responsabilidades económicas fundamentales, consistentes en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas, culturales y de salud de la fuerza de trabajo, las cuales constituyen el núcleo para el incremento sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y su inserción competitiva en el mercado mundial. Para lograr lo anterior, se realizará una profunda reforma hacendaría integral sobre las siguientes bases:
* hacer realidad los principios constitucionales de de equidad y progresividad tributaria; * revisión de todo el sistema impositivo y su administración con el propósito de incidir significativamente sobre la equidad social, gravando más a quienes más tienen y combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales. * establecimiento de mecanismos de tributación eficaces que permitan lograr mayor eficiencia y aumentar capacidad recaudadora para asegurar el financiamiento sano del gasto público; * eliminación del sistema fiscal que se aplica como régimen simplificado a medianas y grandes empresas agropecuarias y del transporte; * eliminación del sistema de consolidación fiscal que aplican las controladoras de empresas; * progresión adecuada en el sistema, fortaleciendo la capacidad redistributiva del impuesto sobre la renta por medio de una diferenciación mayor de las tarifas según los niveles de ingreso; * oposición a la aplicación de impuestos regresivos aplicados al consumo de alimentos básicos, medicinas, libros, transporte popular, etcétera, que dañen la economía de los sectores más desprotegidos de la población. *El PRD no permitirá que se cobren más impuestos a los pobres a las clases medias ni que se mantengan los privilegios fiscales a los potentados e influyentes; * simplificación del sistema fiscal para dar estabilidad, certeza jurídica y transparencia; *ampliación de la base de contribuyentes con la incorporación al régimen fiscal de sectores informales de la economía; * gravamen, en rango competitivo internacional, de las actividades especulativas; * superación gradual de la excesiva dependencia petrolera de las finanzas públicas; *descentralización de algunos impuestos a estados y municipios fortaleciendo el federalismo; * redistribución de los impuestos federales mediante una nueva Ley de Coordinación Fiscal incrementando la participación de municipios y estados. * vigilancia para que las participaciones de la federación hacia los estados y municipios sean transferidos en su totalidad y en los tiempos que marca el presupuesto de egresos que anualmente aprueba la Cámara de Diputados. *establecimiento y definición de los derechos de los contribuyentes con objeto de darles facilidades para su regularización y fortalecer la información, transparencia y rendición de cuentas del gobierno y del sector público. 30.- Austeridad y Combate a la Corrupción Para establecer las condiciones que nos permitan construir una administración pública menos costosa para el pueblo, más eficiente y más transparente, estimamos de urgente necesidad realizar cambios en el corto y en el mediano plazo, en el marco de un proceso de rediseño de la estructura administrativa. Entre otras medidas, habremos de * Reducir el costo del gobierno mediante la disminución de los sueldos de los altos funcionarios, la eliminación del gasto improductivo y establecer el principio de austeridad como criterio rector del servicio público. * Elevar a rango constitucional el combate a la corrupción y la austeridad republicana. *Eliminar los recursos destinados a gastos onerosos, ilegales, poco transparentes, ineficientes o de baja prioridad, con el propósito de elevar las asignaciones a los rubros que conducen al logro de las metas de desarrollo incluyente y el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado *Cancelar los bonos y remuneraciones injustificadas de altos funcionarios; *Se destinará el ahorro que por concepto de estos ajustes se acumule, a la atención de las necesidades básicas de la población del país. *Revertir el aumento desmedido que ha tenido el gasto burocrático de los años recientes. *Generar ahorros para ser utilizados de manera más eficiente en programas sociales e inversiones que la economía necesita para generar mayor empleo y bienestar. *Implantar un nuevo modelo de la gestión pública: no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre ni el gobierno puede ser la vía para que los empleados lleguen a ser ricos y a escalar hacia los estratos de ingreso más altos. *Erradicar el carácter electorero y clientelar de las políticas sociales y de combate a la pobreza. *Fortalecer la participación de la sociedad en la vigilancia de los actos de gobierno mediante el establecimiento de contralorías ciudadanas.
*Promover la revisión de la legislación penal para que se castiguen, con mayor eficacia, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en todas las esferas del poder público *combatir frontalmente la corrupción y la confluencia ilegítima de los intereses del poder económico con el poder público; *promover en el ámbito internacional, junto con los demás deudores, un nuevo acuerdo global sobre la deuda externa de los países en desarrollo que incluya principios como la corresponsabilidad, la ampliación de los plazos de pago, la fijación del pago de intereses de acuerdo a la capacidad de pago de cada país y quitas al principal; *promover la reducción y estabilización de las tasas internas de interés; *reestablecer sobre bases financieramente sanas el sistema solidario de jubilaciones; Con estas medidas y con un déficit fiscal manejable, se dispondrá de más recursos públicos que se orientarán al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la nueva estrategia económica, lo que significa: *priorizar el gasto y la inversión pública en ciencia y tecnología, seguridad social, salud y educación públicas, y en bienestar social, con el propósito de aliviar, primero, la devastación social crítica y, ulteriormente, para el cambio estructural en condiciones sociales que permitan el incremento sostenido del empleo y la productividad; *elevar la inversión en infraestructura productiva, desarrollo agropecuario, fomento de las industrias estratégicas y en la mediana y pequeña empresas, en complemento y apoyo de la privada, para reanimar el mercado interno con el objeto de recuperar tasas de crecimiento que permitan absorber el desempleo, enfatizando los requerimientos regionales y de protección ambiental en el cambio en el patrón de desarrollo; *fortalecer la capacidad de inversión de los estados y municipios para el desarrollo regional; *instrumentar en el corto plazo la elevación de los salarios reales de los empleados públicos, programas de capacitación y servicio civil de carrera; y *fortalecer y ampliar la infraestructura de comunicaciones y transportes. 31.- Política monetaria y financiera La nueva estrategia económica incluye la política monetaria y financiera como medio, no como fin. Para llevar a cabo esta estrategia, es necesario recuperar la política monetaria como instrumento del crecimiento. Esto implica garantizar la soberanía monetaria y revisar el papel del Banco de México en la conducción de la política económica. La soberanía monetaria requiere del control sobre los flujos de capital y el tipo de cambio, lo que sólo se logrará elevando las funciones del Estado en el control financiero y monetario. La política financiera tendrá el propósito de dar sustento a la economía productiva en expansión y generar las condiciones de acumulación y pago. Esto significa reorientar la política crediticia y de endeudamiento gubernamentales, reduciendo los costos de intermediación, acercando gradualmente las condiciones de financiamiento y las tasas de interés con las internacionalmente competitivas y manteniendo un estricto control presupuestal de los niveles de endeudamiento público no inflacionario para financiar el gasto público. La reforma financiera tendrá como propósitos: • regular las operaciones de la banca comercial para recuperar su función de promotora del crédito; • evitar prácticas especulativas y vincular las operaciones bancarias a la esfera productiva; • recuperar el papel de la banca de desarrollo como promotora del desenvolvimiento de sectores económica y socialmente estratégicos; • regular las operaciones de la Bolsa de Valores, para que cumpla su papel de mercado extrabancario de capitales complementarios; • garantizar una adecuada y rigurosa supervisión pública para eliminar prácticas anómalas e ilícitas. La política cambiaria debe usarse, en combinación con otras medidas de regulación flexible de la balanza de pagos, para desvincular las tasas internas de interés de los movimientos especulativos del mercado internacional. Es necesario abandonar la práctica de mantener tasas reales muy por encima de las del mercado internacional y tipos de cambio sobrevaluados, porque se coloca en desventaja a los productores nacionales y se impide la realización de una política de desarrollo. El descenso en las tasas de interés no provocará una fuga de capitales si se acompaña de un aumento en la productividad interna del capital.
Las reservas monetarias internacionales de México deben de ser utilizadas prioritariamente para el beneficio del pueblo mexicano en lugar de servir para apoyar las economías de los países en que se encuentran resguardadas dichas reservas. 32.- Inserción provechosa en la economía mundial. Para defender y promover los intereses de las mexicanas y mexicanos en sus niveles de ingreso, ahorro e inversión capaces de sostener un proceso de desarrollo en la economía global, lo primario es la construcción de una capacidad productiva, organizativa y negociadora nacional para actuar con eficiencia en el entorno global. Se transformará nuestra desastrosa inserción en la economía mundial mediante el reconocimiento de las profundas asimetrías existentes entre las naciones, una articulación interna y externa en beneficio del pueblo mexicano y la reforma democrática de las instituciones financieras y comerciales mundiales. Como parte de una estrategia soberana de inserción de México en la economía mundial se revisará la política económica de nuestro país, en particular las cuestiones financieras, comerciales y tributarias, así como otros compromisos internacionales para encausar las inversiones extranjeras a las metas del desarrollo nacional. El PRD promoverá a través de sus grupos parlamentarios y entre las diferentes fuerzas políticas las reformas constitucionales para que el Congreso de la Unión no sólo apruebe los acuerdos comerciales internacionales, sino que además tenga facultades para intervenir en las negociaciones y controversias, dejando de ser estar materias potestad exclusiva del poder Ejecutivo. Esta reforma deberá incluir la participación de la ciudadanía mediante mecanismos de consulta como el plebiscito o el referéndum. En consecuencia, se buscará la revisión de los tratados comerciales sobre las siguientes bases: *Retirar del TLCAN el sector de granos básicos, así como otros productos agropecuarios y pesqueros, lo que permitirá mantener una política de apoyo al sector agropecuario, pesquero y alimenticio; *Recuperar las compras del sector público como palanca de la política industrial; *Adecuar las reglas de la inversión extranjera directa a los requisitos de desempeño relacionados con valor al agregado nacional y la balanza comercial, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC); *Restablecer las medidas de excepción por dificultades de balanza de pagos; *Modificar diferenciadamente la duración de las patentes y reducir su amplitud; *Democratizar el sistema de propiedad intelectual, impulsando una política de créditos para que cualquier persona o pequeña empresa pueda registrar patentes nacionales e internacionales. • incluir el tema de la movilidad de la mano de obra, en el marco del respeto a los derechos humanos, y; • establecer fondos compensatorios dirigidos a proyectos de desarrollo regional, educación, ciencia, tecnología e infraestructura que contribuyan a reducir el efecto de las asimetrías; *Concretar tratados económicos internacionales equitativos, fomentadores de la producción nacional, consecuentes con la solidaridad y contribuidores a la integración latinoamericana. 33.- Ciencia y tecnología La construcción de las capacidades científico-tecnológicas requeridas para garantizar un cambio cualitativo en las fuerzas productivas del país es una responsabilidad histórica del poder público. Este esfuerzo nacional de largo alcance sólo puede realizarse bajo la planeación y coordinación del Estado y mediante un conjunto de políticas públicas formuladas en función de un proyecto de nación. Debe abarcar e integrar las instituciones educativas y de investigación y desarrollo tecnológico, así como inventores independientes y los distintos agentes económicos. Del éxito de este esfuerzo depende no sólo la viabilidad de México como nación soberana y productiva, sino también la posibilidad de garantizar a todos los mexicanos y las mexicanas su derecho a un trabajo digno, creativo y remunerativo que aporte al bien colectivo. Hacia este propósito se deberá Hacia este propósito se deberá: · identificar y dar prioridad a áreas de investigación claves para el desarrollo científico nacional en función de las prioridades del desarrollo productivo, social, regional, ambiental y político, así como áreas particulares, donde es posible alcanzar alta competitividad internacional, con base en el uso innovador de los recursos naturales;
· desarrollar un marco legal, institucional y ejecutivo que otorgue el adecuado rango a la ciencia y la tecnología y que permita la interacción del sector público, la comunidad científico-universitaria y la comunidad empresarial, sin lesionar la autonomía universitaria; · incrementar el gasto público en ciencia y tecnología y establecer mecanismos para garantizar la continuidad racional de los esfuerzos y los recursos dedicados a ellas; · fomentar y comprometer con inversión la participación del sector privado en el esfuerzo nacional de desarrollo científico-tecnológico, con la incorporación de la innovación y de la adaptación científicotecnológica en las empresas, adecuando y revisando el régimen de propiedad industrial y de patentes; · desarrollar un programa nacional de apoyo y divulgación científico-tecnológica dirigido a la pequeña y mediana empresa industrial, agropecuaria y pesquera; · desarrollar, en interacción con los sectores privado y social y con los gobiernos de los estados y municipios, un marco regionalizado participativo para la descentralización de la actividad científicotecnológica y su orientación a las necesidades y condiciones locales de desarrollo. 34.- Desarrollo Rural Sustentable El Estado mexicano ha abandonado sus responsabilidades de proteger y desarrollar la producción agropecuaria, garantizar la suficiencia alimentaria y elevar el ingreso rural. Este abandono explica que este sector sólo participe con un 7 por ciento del producto interno bruto –a pesar de concentrar una cuarta parte de la población económicamente activa– y que tenga una productividad media muy baja. La magnitud que ha alcanzado la crisis agropecuaria como resultado de la política neoliberal, se expresa en la imposición de precios relativos y marcos de comercialización ruinosos, y en la reducción de la inversión y el gasto públicos en infraestructura productiva, en crédito preferencial y en educación y apoyo técnico. En consecuencia, se abastece la demanda de consumo nacional de granos básicos con importaciones en más del 40 por ciento, con un incremento peligroso de la dependencia alimentaria La crisis del campo mexicano pone en riesgo los principios de soberanía, democracia, equidad, crecimiento y sustentabilidad de nuestra Nación. Los problemas del campo, en áreas tan importantes como el empleo, la producción de alimentos y los recursos hidrológicos, han llegado a ser tan agudos que representan un asunto de soberanía nacional. Se requiere de un nuevo modelo de desarrollo equitativo y sustentable, que permita la producción nacional suficiente y la disponibilidad y acceso a alimentos sanos, nutritivos y diversos para todos los mexicanos, entendiendo que la alimentación y el trabajo son derechos humanos que el Estado y la sociedad en su conjunto, debemos garantizar. Para lograr un campo digno y progresista, se requerirá, además del fortalecimiento de los derechos de propiedad, conceptualizados más ampliamente que la tenencia de la tierra, la reducción de los costos de transacción en la aplicación de políticas y en las relaciones productivas y de servicios en el campo; el establecimiento de sistemas de arbitraje que proporcionen un marco de certidumbre a las relaciones entre particulares y con los órganos de gobierno de diversos ordenes; completar y mejorar el marco jurídico y normativo que rige la vida en el campo: reconocer las representaciones de los productores como entidades de interés publico; integrar las cadenas productivas para expandir las oportunidades en el campo y retener el valor de la producción; tomar en cuenta la preponderancia creciente de las mujeres en los procesos rurales; proporcionar un entorno económico favorable para la pequeña producción y las empresas agropecuarias y forestales, el mejoramiento tecnológico, el uso eficiente de agua de riego, fertilizantes, energía eléctrica, diesel y gas; prestar atención especial a grupos más desfavorecidos como los jornaleros, las mujeres y los ancianos y, particularmente, combatir desde sus causas el trabajo infantil. Producción, fomento y comercialización. Urgen una serie de medidas que rescaten la economía agrícola y la relancen con criterios de crecimiento, empleo y bienestar. Para ello se propone: * Un Plan de Emergencia enfocado hacia ramas de impacto social, productos básicos y estratégicos y regiones que más lo ameritan. * Un esquema puntual de política de subsidios sobre la base de la productividad por hectárea. Revisión con sentido de equidad, de los precios de diversos insumos agrícolas, particularmente de fertilizantes químicos y abonos orgánicos y de energía eléctrica, diesel y gas LP.
* Ordenamiento de la propiedad rural, así como la creación de un programa emergente de conciliación agraria. Programas para la solución de los problemas agrarios que involucren comunidades y pueblos indígenas con respeto de los usos y costumbres. * El rescate de tierras laborales que se encuentran improductivas, organización y capacitación de núcleos campesinos. *La elaboración de un programa de reforma estructural con horizonte para el año 2030. * Garantizar el acceso al crédito por parte de todos los agricultores; solucionando con equidad el problema de la cartera vencida y erradicando las trabas del buró de crédito, estableciendo tasas preferenciales para la producción en el campo y disposición oportuna del crédito. * Realizar de inmediato una campaña intensiva para promover el consumo de productos nacionales: “Por una alimentación sana para todos”. * dignificar la vida en el campo y la ciudad, contando el mundo rural con los mismos servicios e infraestructura social. * Incluir en la Ley de Capitalización de Procampo a los pequeños productores con cartera vencida. * Investigar y sancionar prácticas comerciales especulativas. *Implementar un programa intensivo de generación de actividades no agropecuarias para los productores sin viabilidad económica en el sector y ofrecer respaldo preferencial a las regiones con mas alto índice de pobreza. * Utilizar los diversos mecanismos establecidos en el propio TLCAN, como el combate eficaz al contrabando, la triangulación comercial, la elusión y la evasión de impuestos arancelarios y no arancelarios y diversas infracciones a los procedimientos aduanales; el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de cuotas compensatorias, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, la certificación de país de origen, la verificación de precios mínimos estimados. * Acudir a los recursos de defensa contra prácticas desleales de comercio, la imposición de salvaguardas, la no extralimitación de los cupos aprobados de importación y la aplicación de cuotas antidumping. * Exigir el cumplimiento de requerimientos mínimos de calidad y de sanidad, de normas de inocuidad y fitosanitarias y de protección de los recursos naturales; la implementación de salvaguardas; la negociación de acuerdos paralelos al TLCAN. * Usar el recurso a los derechos reconocidos en el Protocolo de Adhesión de México al GATT, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que lo considera como país en vías de desarrollo. * El presupuesto se ejercerá desde enero de cada año, no después de transcurridos varios meses del año, lo cual deja a los agricultores paralizados en momentos cruciales. *Los de ingresos fiscales extraordinarios o no presupuestados, como los del petróleo, serán destinados en el Congreso en favor del campo. *Atención a regiones pobres con sistemas de apoyo financiero compensatorio y solidario. *Modificación constitucional con el objeto de establecer la naturaleza multianual de los presupuestos y la participación de los productores del agro y la definición de proyectos y programas. * Establecimiento de un mínimo de condiciones para que los productores mexicanos estén en igualdad con nuestros socios del TLCAN. 35.- Política Industrial El puntal para el crecimiento sostenido de la productividad es la industrialización, ambiental y regionalmente equilibrada. La nueva política industrial tendrá como objetivo resolver los problemas estructurales de la economía mexicana que las fuerzas del mercado no pueden corregir. Su propósito es modernizar la industria para disminuir su dependencia de las importaciones, dinamizar el mercado interno, corregir desequilibrios regionales y alcanzar una inserción favorable de México en el mercado mundial. Un requisito para lograr este objetivo es establecer un marco institucional de interacción funcional público, privado y social que tenga como propósito identificar las ventajas comparativas y competitivas para la estabilidad del proceso de industrialización, sus requerimientos de infraestructura, de educación técnica y capacitación, de investigación y desarrollo tecnológico, financiero y de comercialización.
Los ejes articuladores y las condiciones de la política industrial son: * reconstrucción de las cadenas productivas para articular la estructura industrial, disminuir la dependencia de insumos intermedios importados e impulsar a la mediana y pequeña empresas que, en condiciones de equilibrio, han mostrado tener una gran flexibilidad para ajustarse a los mercados nacionales e internacionales y, con ello, dar lugar a un crecimiento sostenido con generación de empleo, sin caer en un déficit externo incontrolable; *consolidación del sector paraestatal estratégico, en especial de energéticos, petroquímica y obras de infraestructura, con el propósito de conservar la soberanía nacional y de utilizarse como motor del desarrollo nacional dinamizar el crecimiento; *desarrollo de ramas industriales prioritarias productoras de bienes de capital y algunos insumos intermedios, identificadas y promovidas por el Estado tal como ha ocurrido en todas las economías exitosas, dando un énfasis especial a los productos, procesos y tecnologías mexicanas tendientes a reducir el consumo de energéticos y de agua, ya sea por su ahorro o su reuso.. 36.- Energía El sector energético es estratégico para la conquista de un desarrollo sostenido, sustentable e incluyente. Su gestión debe ser democrática, en el interés del pueblo y la Nación. Con el fin de fortalecer nuestra soberanía y la independencia energética, se mantendrá la propiedad y exclusividad de la Nación sobre la industrias petrolera y eléctrica, tal y como están definidas en la Constitución Política. Se impulsará una política energética bajo los siguientes lineamientos: Restituir el orden constitucional en diversas leyes secundarias del sector. Disminuir la carga fiscal de las empresas públicas del sector y dotarlas de autonomía técnica, presupuestal y de gestión. Al mismo tiempo, instaurar mecanismos eficientes de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. Los PIDIREGAS deben ser reconocidos como deuda pública. Impulsar decididamente la investigación y el desarrollo científico y tecnológico a través de la recuperación presupuestal y operativa de los institutos del sector (IMP´, IIE e ININ). Introducir nuevos mecanismos e instrumentos de regulación del sector, como la figura de “contrato plan”; junto con la obligación de las empresas públicas energéticas de mejorar su planeación estratégica y conducirse conforme a las mejores prácticas de la industria. Preservar el capital intelectual y humano de las empresas del sector y detener la exacerbación del contratismo. Reintegrar Petróleos Mexicanos en una sola empresa para aprovechar al máximo las economías de escala y de red, disminuir el costo de su alta burocracia y eliminar los artificiales precios de transferencia interorganismos. Aumentar la inversión en exploración para reconstruir las reservas de hidrocarburos. La exploración y explotación en aguas profundas se realizará en forma exclusiva por PEMEX. En el caso de los yacimientos trasfronterizos, se deben realizar los tratados internacionales necesarios para que su unitización y explotación sean óptimos. Diversificar el destino de las exportaciones de petróleo e impulsar la coordinación con otros países productores para mantener los niveles adecuados del precio del crudo. Esto incluye la articulación de México con los esfuerzos de los gobiernos de América Latina por recuperar y desarrollar sus industrias energéticas; así como analizar la conveniencia de que nuestro país ingrese en la OPEP. Se requiere detener el dispendio de nuestros recursos no renovables energéticos, que nos ha hecho importadores crecientes de petrolíferos y petroquímicos. Ampliar la capacidad de refinación hasta obtener, al menos, la autosuficiencia en destilados. La nueva capacidad de refinación debe ser diseñada para vincularse con la generación de electricidad a través de la cogeneración. Recuperar la producción de petroquímicos, aprovechando la capacidad instalada, hoy ociosa, tomando en cuenta la nueva coyuntura de precios relativos entre las distintas cadenas de valor. Terminar con el empleo de las figuras inconstitucionales de productor independiente de energía eléctrica y sociedades de autoabasto. Diversificar la matriz energética y, en particular, evitar la construcción de nuevas plantas de ciclo combinado para reducir la dependencia frente al gas natural.
Propiciar que el Estado asuma un papel protagónico en el impulso de las fuentes renovables y alternativas de energía. Eliminar el carácter recaudatorio de los precios y tarifas del sector, a fin de que puedan ser determinados con criterios técnicos, económicos medioambientalistas y sociales. Planificación integral del sector, considerándolo como un todo que comprenderá hidrocarburos, electricidad, energía nuclear y fuentes renovables alternativas. En los proyectos hidroeléctricos se debe incorporar en forma adecuada a las comunidades involucradas. Integrar la industrialización e los recursos energéticos para crear valor agregado con base en la tecnología adecuada y los recursos suficientes. Prohibir la quema de gas a la atmósfera, privilegiando su reinyección en los yacimientos para lograr la máxima recuperación de los hidrocarburos. Cancelar los contratos de servicios múltiples que otorgó PEMEX en la Cuenca de Burgos. Educación La educación es el instrumento óptimo para el proceso y desarrollo de una Nación. Asimismo, es el mayor reto de todas las sociedades para abatir la pobreza y el atraso. Para encarar este reto es preciso elaborar y emprender una reforma en todos sus niveles con la participación de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la investigación científica y tecnológica, y en la promoción y difusión de la cultura y las artes. Es responsable el Estado financiar, promover y apoyar la educación pública de toda la sociedad, así como la investigación científica y tecnológica, la creación artística y cultural en beneficio de la nación mexicana. La educación pública es una función de las educadoras y los educadores, organizados de manera democrática, y de los propios educandos. Es impostergable el Estado destine los recursos necesarios para financiar proyectos de investigación públicos que tengan como objetivo el desarrollo nacional. El Estado destinará como mínimo el 8 por ciento del producto interno bruto para el financiamiento a la educación pública en los términos de la Ley General de Educación; el 1 por ciento del producto interno bruto para la investigación científica (en ciencias exactas, naturales y sociales) y tecnológica y el 1% del producto interno bruto para las políticas de fomento a la creación artística y la defensa del patrimonio cultural, de tal manera que se garantice la gratuidad en el sistema educativo y se fomente el trabajo de investigadores, creadores, artistas y difusores de la cultura, mujeres y hombres en beneficio de la nación. El Estado no financiará por ningún medio la educación privada y garantizará que la educación pública sea laica y gratuita, con oportunidades igualitarias para todas las niñas y los niños así como para las y los jóvenes El Estado será responsable de la infraestructura educativa en lo concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo de los planteles escolares. Estará también obligado a crear las adecuaciones arquitectónicas pertinentes en los edificios escolares para facilitar el acceso de personas con discapacidad. El Estado garantizará que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios hasta culminarlos, mediante los apoyos económicos necesarios en todos los niveles de la educación pública. Los sistemas de becas abarcarán a todos los estudiantes de escasos recursos. Los libros de texto serán gratuitos en los niveles de primaria en todos los tipos de educación, y en secundaria y bachillerato en la educación pública. Se requiere instituir y garantizar un programa integral educativo, dirigido a los sectores de la población excluidos de la educación, la cultura y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que promueva, además, una cultura de protección del medio ambiente que incluya el cuidado de los recursos naturales y la defensa activa de las especies de flora y fauna, sobre todo las que se encuentren en peligro de extinción. Se reformará el Artículo 3° constitucional para recuperar el carácter laico y la total gratuidad de la educación pública, establecer una gestión democrática y enriquecer su ideario agregando temas de nuestro tiempo como la educación pluriétnica y pluricultural y el nuevo humanismo, Además, se requiere: • elevar los niveles científicos y técnicos; • introducir la pedagogía de avanzada;
• reorganizar los ciclos educativos; • hacer de tiempo completo la actividad escolar; • introducir la educación artística y el deporte; • incluir la educación sexual en los programas escolares • convertir a la escuela en un espacio de encuentro de la comunidad; • promover el espíritu crítico y de investigación; • ejercer y educar en la democracia participativa, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la paz; • promover la conciencia nacional en la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la solidaridad internacional. El Estado promoverá la educación de personas adultas y la capacitación sistemática de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y el campo. Esta educación será desarrollada con la participación de los sindicatos. Los sistemas de evaluación de la educación siempre serán públicos y dirigidos directamente por las instituciones participantes, sin interferencia de otras entidades ni de particulares. Las y los profesores, investigadores, técnicos y estudiantes a partir de la enseñanza media, tendrán acceso gratuito a la red internacional (Internet) y se definirán subsidios para promover la adquisición de los equipos personales de las alumnas y los alumnos. En toda biblioteca pública y escuela del país se contará con acceso a la Internet. Las naciones indias tendrán derecho a la educación bilingüe. En todas las escuelas del sistema educativo nacional se impartirán cátedras del o los idiomas originarios propios de los pueblos indios de la región en que se encuentren asentadas las instituciones educativas. Estas asignaturas tendrán carácter optativo. 38.- Educación superior Las universidades públicas son instituciones estratégicas para el desarrollo económico, social y cultural del país, así como para el fortalecimiento de la soberanía nacional. En la creación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura, que son sus funciones básicas, es fundamental la autonomía universitaria y la libertad de cátedra e investigación. El Estado cumple su responsabilidad, respetando esos principios y conquistas, y dándoles a las instituciones públicas de educación superior los recursos necesarios y suficientes para realizar con excelencia sus labores, sin mayor condicionamiento que la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los mismos. La autonomía pertenece a toda la comunidad universitaria por lo que la participación y la democracia en el gobierno universitario es su mejor forma de ejercerla y cuidarla de la intromisión de los grupos de poder externos en favor de sus intereses particulares, así como para fortalecer la academia frente a las inercias burocráticas que la ahogan y subordinan. La revolución democrática de la educación superior revertirá la tendencia a favorecer la educación privada en detrimento de la educación pública y recuperará el prestigio de las universidades públicas y, para ello, se: *restablecerá el carácter constitucional público y gratuito de la educación superior y se apoyará con los recursos necesarios a una nueva expansión de la universidad pública; *respetará escrupulosamente la autonomía universitaria y el compromiso constitucional de dotar a la universidad pública de recursos suficientes para su funcionamiento y expansión y, promoverá que los propios universitarios ejerzan un control estricto y transparente sobre el uso de los recursos. Los poderes legislativos de los estados y el de la Unión expedirán solamente las leyes de autonomía de las instituciones de educación superior, y éstas podrán aprobar libre y democráticamente sus propios estatutos orgánicos y demás reglamentos internos; • concederá un lugar prioritario a la educación superior en la política de desarrollo y asignará a la universidad pública el papel de centro orientador de la investigación científica nacional, conectada con la investigación internacional según las necesidades globales del país; • recuperará plenamente su función de medio de relación de la cultura mexicana con la de América Latina, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo; • experimentará nuevos modelos, apoyados en las nuevas tecnologías educativas y de comunicación, para crear redes universitarias inclusivas y amplias, flexibles,
diversificantes y promotoras de altos niveles de calidad y excelencia; • creará y fortalecerá universidades estatales y regionales como centros universitarios orientados hacia los problemas y perspectivas del desarrollo regional; • responderá a las demandas del mercado de trabajo y contribuirá a modelar este mercado y la oferta y distribución nacional y regional de saberes, técnicas y profesionales; • democratizará todas las relaciones de la comunidad universitaria y de sus órganos de gobierno y reconocerá a los estudiantes como los sujetos del proceso educativo y a los académicos, como los ejes culturales y organizadores de ese proceso; *respetara la pluralidad ideológica, étnica y de credo tanto de maestros como de estudiantes; • reducirá los espacios de poder de la burocracia y ampliará los espacios de discusión y creación de las comunidades universitarias, de profesores, investigadores y estudiantes; • incrementará los gastos para la enseñanza y la investigación y disminuirá radicalmente los de la burocracia; y • elevará los salarios y prestaciones del personal docente y de investigación para recuperar su dignidad y prestigio, y detener la pérdida de recursos humanos calificados. Estas transformaciones demandarán una consistente y gradual elevación del nivel académico. La investigación científica y técnica será de alta prioridad en todos los aspectos de su desarrollo. Las investigadoras e investigadores tendrán acceso directo a las decisiones que afecten su propio trabajo y recibirán la remuneración adecuada a su nivel y desempeño. El CONACyT se convertirá en una institución bajo la exclusiva dirección de los representantes de las investigadoras e investigadores de todo el país. Se creará el Instituto del Inventor y un instituto tecnológico por cada entidad para fomentar y canalizar las investigaciones y esfuerzos de investigadores e inventores independientes, con el objetivo de elevar el número de patentes de nacionales, tanto en México como en el extranjero. 39 Medio Ambiente En el horizonte de una devastación de la naturaleza a escala planetaria, México enfrenta un deterioro ecológico y ambiental de grandes proporcione. El desarrollo sustentable debe ser entendido como la modalidad de desarrollo capaz de utilizar los recursos naturales para satisfacer las necesidades esenciales de la población, como forma de elevar la calidad de vida de esta generación y de las futuras. El objetivo fundamental es elevar la calidad de vida, manteniendo, enriqueciendo y transformando positivamente los ecosistemas mediante tecnologías adecuadas a estos fines y con la activa participación protagónica de la población en las decisiones fundamentales del desarrollo. Para impulsar un desarrollo sustentable se requiere también terminar con el centralismo y la visión tecnocrática de la planeación. Se promoverá una planeación descentralizada que tenga como referente la regionalización física, biológica y social del país, y se garantizará que dicha planeación sea integral, incluyente y democrática, asumiendo compromisos los sectores público, privado y social. Se requiere superar la contradicción entre el crecimiento económico y el deterioro de la naturaleza, así como, abandonar las concesiones económicas ecológicamente destructivas. El fortalecimiento de la planta productiva, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del recurso genético y la generación de empleos y divisas, deben ser considerados en el marco de la planeación ambiental en dos aspectos: el primero, inherente a la división internacional del trabajo y a la relación que México guarda con ésta; el segundo aspecto se refiere al potencial productivo que tiene nuestro territorio en el ámbito regional. La planeación ambiental regional será concebida en función de los límites naturales y no estrictamente en función de demarcaciones administrativas y políticas. Así, las cuencas hidrológicas, las unidades geomorfológicas o unidades de paisajes, dependiendo de la aptitud productiva o de conservación que tenga, deben ser la base para la definición de políticas de aprovechamiento de los recursos naturales y de uso del suelo. Por tanto, deberán establecerse las coordinaciones intermunicipales e interestatales necesarias para una administración democrática y equitativa. La planeación ambiental incidirá de manera amplia en toda actividad, proyecto o plan de desarrollo, a través de los estudios de manifestación de impacto ambiental.
Se brindará mayor atención a los problemas de contaminación del agua, el aire y el suelo; al monitoreo del movimiento de residuos y sustancias peligrosas; y a la conservación de las especies amenazadas o en peligro de extinción. Para hacer compatible la conservación de la biodiversidad y el desarrollo se requiere de un gran esfuerzo y de la participación democrática de los diferentes sectores y actores sociales. En la agenda ambiental se debe: · revisar el TLCAN y demás acuerdos comerciales internacionales y de inversión extranjera, para establecer fondos compensatorios para la recuperación ambiental. Así como, también, establecer una relación equitativa entre los países y regiones respecto a la extracción y transformación de las materias primas y el tratamiento de residuos peligrosos, lo que debe incluir mecanismos fiscales; · promover el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar… *fomentar pequeñas y medianas industrias no contaminantes y generadoras de empleo, dando un especial énfasis a aquellas que generen tecnologías, productos o servicios tendientes a reducir el consumo de recursos naturales y energéticos; *impulsar una legislación especial que regule el almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, reutilización, reciclaje, incineración y disposición final de sustancias y residuos peligrosos generados por la industria, así como fomentar la reducción en la producción de éstos y prohibir su importación al territorio nacional para evitar que el país se convierta en un basurero de contaminantes industriales. * impulsar el monitoreo del movimiento de residuos y sustancias peligrosas en el país; castigar severamente el empleo ilegal de éstos y promover su utilización mínima en la planta industrial. *impulsar la producción y el uso de medios de transporte no contaminantes, eficiente y baratos; *impulsar tecnologías de reciclaje de desechos sólidos y combatir la cultura del desperdicio; *apoyar propuestas en los ámbitos nacional, regional y local para racionalizar el uso, distribución y reciclaje del agua y garantizar su conservación; * reglamentar la emisión de sustancias contaminantes industriales, domésticos y de los medios de transporte e introducir alternativas limpias; * promover políticas y programas de manejo de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) que hagan compatible su conservación y su aprovechamiento sustentable; *impulsar políticas orientadas a la conservación y administración de áreas naturales protegidas con la participación directa de las comunidades involucradas; *promover la defensa activa de las especies de flora y fauna, especialmente de aquellas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. *aportar soluciones integrales para el uso y disposición final de rellenos sanitarios. *impedir la instalación de basureros nucleares en el país. * incorporar a la legislación ambiental mexicana, la aplicación de fondos sociales, a la industria maquiladora de exportación por los graves riesgos ocasionados a la salud de los trabajadores y trabajadoras, al medio ambiente y el equilibrio ecológico. * lograr que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PRPFEPA), sea un órgano autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que desempeñe la procuración de justicia ambiental pronta y expedita. *declarar una moratoria en la utilización en gran escala de productos transgénicos animales y vegetales hasta la solución de los problemas que esta técnica ha provocado. *rechazar la ejecución del Plan Puebla Panamá e impulsar programas regionales e integrales para el desarrollo sostenido y sustentable de la región sur-sureste de México. Estos programas deberán ser diseñados y consensuados con las comunidades y municipios correspondientes. El agua es un elemento fundamental para la calidad de vida y un factor determinante para el desarrollo, por ello hay que desarrollar una política de uso racional del recurso hídrico que tome en cuenta tanto los aspectos macroeconómicos como los macroeconómicos, de los cuales surgirá una nueva cultura del agua. Es función del gobierno cumplir con 8 compromisos básicos para racionalizar el uso del agua: *proteger las reservas naturales; *diseñar y aplicar las políticas que sean necesarias para que en el país se usen las tecnologías que aseguren el uso racional y sostenible del agua en todos los sectores usuarios del recurso;
*mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos de agua y saneamiento; *tratar y reciclar las aguas de uso domestico y municipal; e) aplicar una política de administración del agua que obligue a los usuarios no domésticos a tratar y reciclar las aguas servidas, antes de descargarlas en los cuerpos receptores; *promover el intercambio de agua entre sectores, de forma que se asegure el ahorro del recurso; *promover el uso de formas de aprovechamiento del agua que estén encaminadas a su uso más racional y que preserven su disponibilidad y calidad para el futuro; y *cobrar el uso del agua con criterios racionales (quien usa más que pague más). También es indispensable proyectar en forma integral en el corto, mediano y largo plazo, la sostenibilidad en el suministro de agua para el campo y las ciudades a partir de la disponibilidad del agua y no de su demanda. Es necesario promover la modernización de los sistemas de riego del país que representan el 85 por ciento del consumo del agua nacional y que es posible reducir, ahorrando por lo menos el 50 por ciento de lo que ahora utilizan. Para fomentar el intercambio de agua entre sectores y lograr reducir su desperdicio se propone la creación de un organismo (FIDA) que financie el desarrollo de tecnologías que reduzcan significativamente el consumo del vital líquido. El elevado crecimiento de las áreas metropolitanas, que comparten problemas comunes, requiere de actividades para solucionar conjuntamente dichas problemáticas, por lo que se propone la creación de una Ley Federal para organismos de planeación y coordinación metropolitana. Estos programas deberán ser diseñados y consensuados con las comunidades y municipios correspondientes. 40.- Nueva constitucionalidad El Partido de la Revolución Democrática lucha por una nueva constitucionalidad en la que se establecerá un Estado federal, representativo y participativo; pluriétnico, multilingüe y pluricultural; nacional y democrático. Entre los temas que destacan en esta nueva constitucionalidad se encuentran: la reforma económica y social; el nuevo régimen político; el papel rector del Estado; la preservación del medio ambiente así como el impulso al desarrollo sustentable, y la vigencia del principio de soberanía nacional frente al nuevo contexto internacional. El Estado será laico y se mantendrá la separación entre éste y las Iglesias, garantizándose la libertad religiosa de todos los individuos y grupos humanos. Se requiere la incorporación de una gran cantidad de innovaciones que en el constitucionalismo mundial se han producido y que en México no se han tratado adecuadamente como son: las garantías efectivas a los derechos sociales; la ampliación de los derechos humanos; un marco democrático y moderno al derecho a la información, a los medios de comunicación y a la cultura; adecuación de las reglas del control constitucional en un sentido democrático y abierto; el carácter multicultural y pluriétnico de la nación mexicana a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas; un esquema constitucional adecuado para la relación de la sociedad civil con el estado; el tratamiento sistemático a los órganos constitucionales autónomos; la urgencia de enfrentar los problemas de gobernabilidad en materia de presupuesto, veto, nombramiento de los miembros del gabinete, moción de censura, comisiones de investigación, entre otros. 41.- Régimen Político La forma de gobierno será republicana, democrática, representativa y participativa, y federal. El sistema político será de carácter semipresidencial, con base en una presidencia democrática con equilibrio de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el presidente o la presidenta de la República será jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas y responsable de la política internacional; el Poder Ejecutivo será colegiado y se constituirá mediante sanción parlamentaria; todas las resoluciones del Congreso de la Unión serán obligatorias para el Ejecutivo.
Se instituirá la figura consistente en la elección de un Jefe de Gabinete electo por el Poder Legislativo, quien será responsable de construir acuerdos y consensos para lograr acciones de gobierno en un marco de gobernabilidad democrática.
Los miembros del gabinete del Poder ejecutivo serán nombrados, a propuesta del Presidente de la República, por el Congreso de la Unión según los ámbitos de cada Cámara.
El Poder Legislativo Federal será bicameral. Los estados y municipios se organizarán conforme al sistema parlamentario unicameral. El Distrito Federal será convertido en un estado de la Unión. 41 Relación Estado-Ciudadano El modelo democrático se adoptará en los tres órdenes de gobierno e implicará un control permanente por parte de las ciudadanas y los ciudadanos sobre los representantes y gobernantes, el fortalecimiento de los mecanismos de la democracia representativa y participativa. Asimismo, implicará el derecho a la información, a la deliberación pública y abierta. Se crearán canales de participación y de deliberación para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas a sus gobernantes y a los partidos políticos así como en la auditoría, contraloría y lucha contra la corrupción y la malversación de fondos. Se modificará el artículo 39 de la Constitución para incluir que la soberanía popular se ejerce a través de la participación política de la ciudadanía. También se reformará el artículo 41 de la Constitución para incluir que la soberanía popular se ejerce no sólo por medio de los poderes de la Unión y de las entidades federativas, sino también a través de la participación política de la ciudadanía. Para que se involucre a los usuarios beneficiarios o actores sociales en la planeación, gestión y evaluación de servicios públicos y en el diseño de políticas de mediano y largo plazo. En este sentido, se promoverá la participación ciudadana en organismos públicos mediante la creación de consejos consultivos en las dependencias gubernamentales. Serán reconocidos como derechos políticos de los ciudadanos el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. La federación, entidades federativas y municipios, adoptarán estos instrumentos de democracia participativa, expidiendo las leyes de participación ciudadana que garanticen la intervención de sus residentes en los asuntos públicos a través de su organización y el ejercicio de derechos colectivos conferidos a las comunidades urbanas y rurales. El Instituto Nacional de Elecciones será el órgano responsable de organizar el referéndum y el plebiscito. Los cambios constitucionales que se refieran a cuestiones estratégicas de la vida nacional, deberán ser aprobados mediante referéndum ciudadano. El instituto encargado de la organización de los comicios y consultas populares será de carácter nacional, así como el tribunal de la materia que seguirá siendo parte del poder Judicial de la Federación. La composición de los congresos de los estados y de los ayuntamientos será establecida en las constituciones de los estados Se promulgará una sola legislación electoral para todo el país, que reconozca al Instituto Nacional de Elecciones como el responsable de organizar las elecciones, ampliando sus facultades de fiscalización sobre el ingreso y gasto de los partidos, aun en precampañas 42.- Federalismo El carácter federativo del Estado mexicano será profundizado, de tal manera que las entidades federativas tengan la libertad de imponer contribuciones que hoy se encuentran condicionadas u obstaculizadas por la Federación. Los recursos fiscales totales serán distribuidos gradualmente a efecto de que se alcance un 40 por ciento para la Federación y el resto para los estados y municipios. Se construirá un federalismo auténtico en el que se reivindique el carácter libre y soberano de los estados como entidades creadoras del Pacto Federal, para lo cual deberán redefinirse los ámbitos de competencia de cada orden de gobierno y deberá observarse el principio constitucional por el cual quedan reservadas a los estados aquellas facultades no conferidas a los poderes federales. Así se logrará una recuperación paulatina de competencias por parte de los estados y municipios que, conforme a la evolución de las instituciones, garantizará la protección de las atribuciones, derechos y obligaciones de cada orden de gobierno. El nuevo Federalismo comprenderá: * Ampliación de los márgenes constitucionales de concurrencia entre la federación y el nivel estatal, especialmente en lo que respecta a la planeación (el Plan Nacional de Desarrollo podría ser ratificado por el Congreso, el Senado o las legislaturas estatales), así como la distribución de
fondos federales a las entidades, que podría ser aprobada por el Senado, debido a su representación casi igualitaria de los estados. * Garantía constitucional de fondos federales compensatorios para el desarrollo de entidades menos favorecidas, así como de un porcentaje del presupuesto al conjunto de éstas. Requisitos constitucionales más estrictos en materia electoral y de integración de los congresos locales, que serían análogos a los presupuestos para la Cámara de Diputados, y que se desarrollarían en una ley general de instituciones y procedimientos electorales de las entidades. * Integración del ayuntamiento bajo la figura de un órgano colegiado, electo por representación proporcional pura, que fiscaliza al presidente municipal y a sus colaboradores, además de aprobar el nombramiento de éstos; estos principios deben ser desarrollados por las legislaturas locales. * Facultar al ayuntamiento para participar de modo más extenso y decisivo en la orientación de las políticas nacionales y estatales, así como en la legislación en su ámbito de competencia. * Facultar al ayuntamiento para elaborar su propia carta municipal sancionada por la legislatura local, desarrollando las bases constitucionales y legales de su gobierno. * Garantizar al nivel municipal un porcentaje mínimo de los presupuestos federales y estatales. * Fortalecer las instituciones republicanas y el Estado de derecho, para dar cauce democrático cierto a la vida política local y fincar nuevos avances en la pluralidad de gobiernos estatales y municipales. * Fortalecer el papel de los estados y de los municipios en el esquema de distribución de competencias, los recursos y las responsabilidades; intensificando la coordinación, profundizando la descentralización e impulsando las condiciones para que los órdenes estatal y municipal de gobierno asuman plenamente sus respectivas soberanía y autonomía. * Establecer la equidad entre federación, estados y municipios en la distribución de los ingresos fiscales e impulsar la capacidad de los poderes locales para generar mayores ingresos propios. * Impulsar el desarrollo municipal y mejorar la capacidad de administración, gestión, prestación de servicios y ejecución de proyectos de los distintos órdenes de gobierno. La construcción de un federalismo real en México requiere de un nuevo pacto entre las entidades de la República que garantice la autonomía de los poderes de cada una de ellas respecto del poder central. Esto incluye en primer lugar el acotamiento preciso de las funciones de la institución presidencial para que en el nivel federal el Ejecutivo esté claramente separado de los poderes legislativo y judicial, que se respeten escrupulosamente las atribuciones de los niveles estatales y municipales de gobierno y que esta desconcentración del poder permita su autonomía, con un reparto equitativo de los recursos de la nación. A su vez, las entidades de la República cumplirán el compromiso de fortalecer a la federación con el funcionamiento democrático de sus instituciones, para evitar los cacicazgos políticos y con la aportación de sus recursos a fin de abatir las desigualdades socioeconómicas en el país a través de mecanismos compensatorios para el desarrollo de las regiones más atrasadas. Regular la competencia entre regiones implicará también desarrollar una estrategia nacional para aumentar la inversión productiva generadora de puestos de trabajo y potenciar las ventajas de cada una de las regiones del país, a fin de que podamos competir con el éxito de un nuevo entorno económico y atraer inversiones en condiciones de mayor estabilidad. Se permitirán diversas modalidades de asociación entre los estados y se reglamentarán de manera expresa las formas horizontales de vinculación entre gobiernos estatales o municipales, especialmente en zonas metropolitanas y limítrofes. Se definirán los propósitos y objetivos de los órdenes intermedios de gobierno entre la Federación y los estados, entre los estados y los municipios, y entre éstos las y los ciudadanos, así como las asociaciones horizontales entre estos órdenes de gobierno y las necesidades de formas de gobiernos y acuerdos metropolitanos El Distrito Federal se convertirá en un estado de la Federación; se impulsará la adopción de una Constitución local que otorgue a esta entidad su plena autonomía política y establezca a cabalidad sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin menoscabo de que se establezcan mecanismos, políticos, fiscales, que atemperen las aguadas desigualdades entre sus distintas zonas y comunidades. Fortalecimiento del Municipio.
El municipio libre será el núcleo de la democracia mexicana por ser el nivel de gobierno más próximo al ciudadano y donde éstos pueden ejercer con mayor eficacia sus derechos a la participación en decisiones que les atañen directamente, así como la vigilancia de las autoridades. Se reconocerá la naturaleza originaria de los ayuntamientos como expresión de autogobierno democrático de la sociedad. Se fijarán parámetros claros de la autonomía municipal y se reconocerá la diversidad de formas orgánicas de gobierno y administrativas adecuadas a las particularidades culturales y regionales del país. Se fomentará la participación de los ayuntamientos en la orientación de las políticas nacionales y estatales, y se garantizará el derecho de los municipios sobre sus recursos naturales. Se integrará al ayuntamiento bajo la figura de un órgano colegiado y se facultará a la legislatura local para definir su organización en tres funciones de gobierno diferenciadas: ejecutiva, normativa y judicial. Se desarrollarán programas de formación y capacitación de los miembros del ayuntamiento y se buscará que las leyes locales posibiliten que los municipios establezcan el servicio civil de carrera en sus respectivos ámbitos, aplicando medidas afirmativas para alentar la participación de la mujer. Se establecerán en la Constitución Federal criterios generales para la creación de nuevos municipios, y conforme a dichos criterios, deberán realizarse estudios para determinar la viabilidad de su desarrollo y no condenar a los nuevos municipios a la dependencia excesiva y a la marginación. Asimismo se fijarán normas de coordinación metropolitana. Se homologarán las referencias al “municipio” que aparecen en diversos artículos de la Constitución, de manera que prevalezca la definición que establece que el Estado Nacional es la suma de tres órdenes de la misma jerarquía: la Federación, los Estados y los Municipios y se ampliarán las facultades del cabildo para iniciar leyes ante los Congresos estatales. Se realizará un proceso amplio para constituir un nuevo pacto fiscal y hacendario, que redefina el pacto federal en materia de ingresos, egresos, transferencias, deuda y patrimonio entre los tres ámbitos de gobierno. 43 Control Constitucional El control de la Constitución son los actos realizados por las instituciones competentes, destinados a garantizar el apego a las normas constitucionales de todas las acciones llevadas a cabo por cualquier autoridad u órgano del Estado. Se trata de que existan instancias capaces de anular cualquier acto, sea de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial, que contravenga a la Constitución Política. La institución jurídica del Juicio de Amparo será sometida a un proceso de reforma estructural para actualizar su verdadera vocación de protectora de las Garantías del gobernado. En materia del juicio de Amparo, proponemos suprimir el principio de relatividad de las sentencias para que estas sean de carácter general y no se aplique únicamente en los casos en los que el Poder Judicial Federal declare inconstitucional una ley o decreto, a fin de que todas las ciudadanas y los ciudadanos afectados por esa ley o decreto sean beneficiados por la resolución. Se establecerá un Tribunal Constitucional con un carácter altamente profesional, instituido como órgano constitucional autónomo, para garantizar que las leyes y actos del poder público sean congruentes con la Constitución Política. Los magistrados que integren a este órgano serán propuestos por la sociedad civil organizada y serán nombrados por el Senado de la República mediante mayoría calificada de dos tercios Asimismo, se fortalecerán los medios jurisdiccionales para desahogar las controversias constitucionales entre poderes públicos, las acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo. 44 Justicia La construcción de la sociedad democrática a la que aspira el PRD demanda certeza jurídica en todos los ámbitos, en especial en el relativo a la procuración e impartición de justicia. Las mexicanas y los mexicanos necesitamos vivir en un ambiente de seguridad, entendida como la
confianza de accionar sin temor a la delincuencia y como la conciencia de que los órganos encargados de impartir justicia lo harán de manera eficaz, es decir, de manera pronta y expedita. Esta seguridad invita a las y los ciudadanos a la participación y crea credibilidad y legitimidad en las funciones del Estado. Las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán nombrados directamente por el Senado de la República, mediante mayoría calificada de dos tercios, a propuesta de poderes judiciales locales y organizaciones gremiales y académicas. Toda persona contará con la asistencia necesaria para tener acceso a la justicia, por lo que el Estado sostendrá y desarrollará la ayuda jurídica necesaria para alcanzar este propósito. La defensoría de oficio será organizada para dar servicio eficaz a toda persona que lo requiera. Se crearan mecanismos para que las victimas o sus familiares puedan reclamar justicia, sin importar su condición económica, social o de género. Es el Estado el responsable primigenio de la salvaguarda de las garantías del gobernado por lo que toda su actuación invariablemente se apegará el principio de legalidad, el amparo de la federación dejará de ser sólo individual y podrá serlo también de carácter social y colectivo. Se propone que se adicione al articulo octavo constitucional la "positiva ficta" como una figura jurídica que obligue a los gobernantes en todos los ámbitos, a dar respuesta a los ciudadanos de manera fundada y motivada. Impartición de Justicia. La Constitución debe establecer garantías suficientes para la carrera judicial, como la inamovilidad, salarios dignos y nominaciones exclusivamente por acumulación de méritos; igualmente deben instituirse medios de control y supervisión imparciales sobre el desempeño de los jueces. Finalmente debe fortalecerse la conciliación, defensoría de oficio y establecer las condiciones, alcances y límites de la oralidad de los procedimientos, a fin de reducir sensiblemente el tiempo que consumen ciertos procesos. Se vigorizará la justicia local, dotando a los poderes judiciales de los estados de las atribuciones para interpretar la legalidad y, eventualmente, la constitucionalidad en el nivel local. Se precisará claridad en los criterios que determinan el ejercicio de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se explicitarán sus mecanismos. Se avanzará hacia la unidad de jurisdicción, esto es, como consecuencia del principio de división de poderes, deben formar parte del Poder Judicial las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para los burócratas, los Tribunales Contencioso Administrativos, los Tribunales Electorales, los órganos que juzgan sobre los delitos cometidos por menores y las instituciones que deciden sobre las preliberaciones de quienes son sentenciados a prisión. Por lo que respecta a la justicia penal, en México debe cambiarse el proceso penal inquisitorial, que es violatorio de los derechos humanos, contrario a los compromisos internacionales contraído por nuestro país y perjudicial para las personas de menores recursos, por un proceso penal acusatorio, en el que la parte acusadora, el defensor y el juez desempeñen únicamente esa función, evitando que el Ministerio Público, además de la función de acusar y de ofrecer las pruebas de la acusación al juez, tenga la de desahogar, ante sí, las pruebas que motiven la sentencia del juez.. Lo anterior, en tanto desaparece la institución ministerial pública y se renueva totalmente el sistema judicial penal. El Ministerio Público se transformará en un Órgano Constitucional Autónomo que contará con el servicio civil de carrera, independiente de la administración pública, cuyo titular será nombrado directamente por el correspondiente órgano legislativo mediante mayoría calificada. La policía judicial o ministerial o cualquiera que sea su nueva denominación será de carrera y sus funciones se limitarán a las investigaciones y demás actividades que se deriven. Ell ministerio público será sustituido por otra institución investigadora y no gozará del monopolio de la acción penal. La policía judicial o cualquiera que sea su nueva denominación será de carrera y sus funciones se limitarán a las investigaciones y demás actividades que se deriven de su subordinación a la autoridad investigadora y el auxilio de los jueces. Se formulará una ley que establezca las bases de coordinación entre los distintos estados, a través de un Sistema Nacional de Procuración de Justicia, que conlleve la creación, en el mediano plazo, de un órgano especializado en la investigación criminológica que sustituya a las actuales policías judiciales o ministeriales.
Se revisará integralmente y con perspectiva de género la legislación penal a efecto de redefinir competencias, reclasificar los delitos, homologar criterios en toda la República y buscar al máximo la reparación del daño de la parte ofendida. El nuevo sistema penitenciario cambiará su inspiración punitiva de clase por otra verdaderamente rehabilitadora. Toda persona contará con la asistencia necesaria para tener acceso a la justicia., por lo que el Estado sostendrá y desarrollará la ayuda jurídica necesaria para alcanzar este propósito. La defensoría de oficio será organizada para dar servicio eficaz a toda persona que lo requiera. Se revisarán las funciones de las procuradurías administrativas, con el propósito de integrarlas y de constituir un solo órgano de defensoría social. Los organismos estatales y el nacional de derechos humanos o defensorías del pueblo podrán pronunciarse sobre asuntos de carácter laboral y electoral; sus titulares y los consejos que los compongan serán nombrados por el Poder Legislativo y ante éste rendirán sus informes. 45.- Gobiernos Los gobiernos, ya sea en el orden federal o local, respetarán el carácter laico del Estado mexicano e impulsarán un ejercicio de gobierno que desate procesos de transformación en favor de la mayoría de la población y que se apoye en ella para lograrlo. Pugnarán porque las leyes y normas que nos rigen sean en beneficio de la población; sus acciones tenderán a fortalecer la democracia en sus vertientes tanto representativa como directa; que se maneje en un ámbito de gobernabilidad democrática pero que proteja con éxito la seguridad pública; un gobierno integrado por funcionarios que realicen sus actividades con eficiencia, eficacia y profesionalismo; que sea capaz de recibir y asimilar la crítica, modificando su actuar en consecuencia; que demuestre en los hechos su compromiso. Sus políticas, acciones y resultados concretos serán medibles y evaluables ante la población. Los gobiernos, en primer lugar los impulsados y apoyados por el PRD, se comportarán de acuerdo a un estricto código de ética y basarán su fuerza en el involucramiento masivo y organizado de la población; es fundamental convencer y demostrar cotidianamente que su accionar surge a petición, para el bienestar y con la aprobación de dicha población. Por ello es necesario que el gobierno impulse la organización ciudadana autónoma y laica, esto es, que facilite el surgimiento de nuevos liderazgos y formas de organización alejados del clientelismo, la aglutinación coyuntural, el utilitarismo individual, la manipulación de creencias y la injerencia de jerarquías religiosas en el ámbito político, pero al mismo tiempo el gobierno debe vencer la tentación de controlar o dirigir a las organizaciones ciudadanas y sociales emergentes. Los gobiernos serán transparentes, con rendición de cuentas y ajustados a la revocación del mandato; con políticas públicas que confronten la terrible desigualdad económica, política y social imperante en nuestro país. La población debe ser capaz de decidir cuales son las mejores o más necesarias acciones de gobierno en su entorno inmediato: barrio, colonia, región, municipio; para de ahí pasar a las propuestas que ataquen problemáticas más complejas y globales. Pero los gobiernos trazarán una ruta con iniciativas premeditadas que impulsen a la ciudadanía a transitar de la demanda inmediatista e individual a las propuestas ciudadanas consensadas y factibles, a que dé un salto de la petición personal a la contrapropuesta social de políticas públicas fundamentadas. Dichas iniciativas también fomentarán la capacitación ciudadana en los temas relativos a la administración pública, otorgando con ello herramientas para una mejor decisión colectiva, mostrando al mismo tiempo la potencialidad y limitaciones del gobierno popular. Pero la formación ciudadana no sólo debe ser técnica, ya que es importante que la organización ciudadana de nuevo cuño crezca sana, en consecuencia se deben fomentar prácticas de pluralidad, tolerancia y toma de decisiones democráticas así como facilitar una mejor comprensión de la situación política imperante. Las políticas públicas de los gobiernos serán intencionadas para que la población no sólo reciba si no que participe en ellas, decida sobre ellas, conozca más y las mejore. Haciéndolo, la sociedad necesariamente se organiza, aprende y toma conciencia de su capacidad de acción. Los gobiernos que accedan al poder ejecutivo y, principalmente, al legislativo debe fijarse como prioridad la transformación radical de la legalidad dentro del marco legal en beneficio de las
mayorías, deben evaluar ese compromiso con el grado de avance que logren durante su gestión. En consecuencia, no deben limitarse a expedir, sino tiene la obligación de cuidar la reglamentación, medir su efecto real y modificarlas cuantas veces sean necesarias. En el ejercicio de la transparencia se irá ir más allá de lo que las leyes y normas demandan, así como evitar estancarse en la difusión simplemente propagandística, es necesario demostrar la voluntad política de desterrar la corrupción, los acuerdos clientelares y el manejo discrecional. Para ello la información periódica y detallada a la ciudadanía es indispensable, especialmente en lo relacionado al presupuesto y el ejercicio del mismo, sin embargo dada la complejidad técnica y normativa que llega a tener la administración pública, es importante presentar dicha información de manera sencilla así como brindar las herramientas necesarias para desentrañarla. La rendición de cuentas romperá de manera tajante con las ceremonias rituales y nada evaluativas que se han acostumbrado. Al inicio de cada año, de manera similar a lo que exigen los procedimientos normativos, se presentará de manera pública los objetivos y metas a alcanzar en los próximos 12 meses, que siguiendo el planteamiento de transparencia, deberán ser pormenorizados. Además durante este lapso se facilitará el acceso de la ciudadanía al monitoreo de los avances, cambios y problemática de las acciones gubernamentales, estableciendo mecanismos claros y expeditos para la recepción y resolución de los señalamientos que surjan de dicho monitoreo. Para arribar al final del año en una confronta detallada entre lo propuesto y lo realizado, así como el grado de avance de la plataforma política. Se gobernará con eficacia, eficiencia y profesionalismo, contando con un cuerpo de funcionarios con estas características y comprometido con un proyecto de izquierda sólo se puede construir de cara a la población. Para iniciar, la selección de cuadros debe ser con reglas claras y de manera pública, después se debe mantener una evaluación periódica sobre su actuar mediante una rendición de cuentas real así como a través de mecanismos internos premeditados, finalizando con una evaluación global de lo logrado en su periodo. Para ello, se crearán mecanismos claros y públicos de evaluación. La capacitación y formación periódica deben convertirse en un requerimiento para los aspirantes a cargos así como para los militantes en funciones gubernamentales, la gama de temas a cubrir debe ser amplia, abarcando tanto temas técnicos de la administración pública, especialmente la relativa a su encargo, como elementos de análisis y discusión política. Los gobiernos se enriquecerán con las experiencias de gobierno anteriores y de otras latitudes, que den continuidad a los procesos exitosos. Se deben impulsar instancias efectivas de intercambio de conocimientos entre gobiernos y aprovechar la experiencia adquirida por militantes que ya transitaron por encargos similares. Los representantes populares y funcionarios de gobierno deberán mantener la discusión política permanente con el partido en donde se evalúe el avance del gobierno sobre los objetivos políticos en juego, no obstante, la discusión y los resultados que surjan de ella en ningún momento subordinarán la autonomía e independencia que deben mantener una y otra instancia. Las administraciones públicas de la Federación y de los estados contarán con el sistema de servicio civil de carrera. Las leyes para la profesionalización de los trabajadores al servicio del Estado, las normas de estímulos y recompensas, así como la ley de responsabilidades de los servidores públicos, deben ser reformadas con la finalidad de que se establezcan reglas claras para el ingreso, permanencia, promociones y remuneraciones de acuerdo al desempeño y de conformidad con los objetivos de las instituciones y necesidades de la población. Las modificaciones propuestas deben incluir indicadores de desempeño, capacitación y el retiro del servidor público. Funcionarán bajo los principios de honradez, eficiencia, disciplina, probidad, responsabilidad y sin discriminaciones por motivos de género. 46.- Seguridad Pública La seguridad pública será organizada por la Federación, los estados y los municipios, a través de la carrera política. Las corporaciones de seguridad pública estarán al servicio de la sociedad y auxiliaran al Ministerio Publico y al Poder Judicial, pero no podrán ser usadas por las y los gobernantes para su beneficio, seguridad personal o para reprimir manifestaciones de inconformidad social. La seguridad pública debe de contar los recursos suficientes para enfrentar tanto a la delincuencia común como al crimen organizado.
El responsable de la seguridad pública a nivel federal debe ser un civil, evitando que las fuerzas armadas realicen labores policíacas. 47 Derecho a la información Las y los mexicanos tendrán derecho a recibir información de los asuntos públicos; el Estado estará obligado a informar públicamente sobre los aspectos principales de su desempeño. Para que el derecho a la información sea ejercido de manera eficiente, no bastará con que las autoridades u organismos públicos independientes proporcionen información a quien la solicita, sino que ésta deberá de ser presentada de forma tal que permita ser analizada y procesada en forma fácilmente por la persona u organización que la solicitó. Será eliminado el secreto bancario de las operaciones pasivas. No podrá haber partidas secretas o de uso discrecional en los presupuestos de ningún nivel de la administración pública central y descentralizada ni de las instituciones públicas independientes o autónomas. La ley establecerá el carácter público de los archivos históricos y protegerá la documentación de todos los archivos de ese mismo tipo; los servidores públicos no podrán disponer de los documentos que deban archivarse. Las informaciones reservadas conforme a la ley no podrán mantenerse con ese carácter por más de 20 años. Se creará un órgano autónomo que podrá coordinarse con las entidades federativas y municipios para llevar a cabo un sistema nacional de archivos, con pleno respeto a la autonomía y ámbito de competencias locales. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); se convertirá en un organismo autónomo en su funcionamiento, cuyo titular será nombrado por una de las cámaras legislativas. Las y los legisladores tendrán la facultad de obtener información veraz de cualquier dependencia pública; toda persona requerida estará obligada a comparecer ante las comisiones legislativas bajo protesta de decir verdad. 48.- Política Exterior de Estado. Proceso de formulación, ejecución y toma de decisiones. La política exterior es una de las más importantes funciones que tienen los estados y los gobiernos. Sin embargo, en los sistemas presidenciales como el nuestro, el diseño y la ejecución de la política exterior es una de las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo. Pero la política exterior, particularmente en este período de redefiniciones en el nivel global, afecta directamente a toda la población, es un asunto de interés nacional. La coyuntura actual, tanto nacional como internacional, entendida como un periodo de redefinición obligatoria, es inmejorable para que nuestro país y nuestro partido, avancen y evolucionen en su papel y su influencia en el juego político nacional e internacional. Para ello, sostenemos que el objetivo y fin último de toda política exterior es la satisfacción del interés nacional. Sin embargo, la historia de la política exterior mexicana ha demostrado que el proceso de formulación y toma de decisiones en esta actividad, ha respondido a los intereses del gobierno en turno y no del Estado mexicano. Lo anterior, aún por encima de las facultades constitucionales del Poder Legislativo, particularmente las del Senado de la República, relativas al análisis de la política exterior y a la aprobación de los convenios y tratados nacionales e internacionales. El PRD propone actuar en consecuencia, y adaptar inmediatamente a los nuevos tiempos de democracia y pluralidad, todo proceso de toma de decisiones en esta materia. De esta forma, y en virtud del que la política exterior afecta directamente a todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas, consideramos que la forma en la que se desarrolle la política exterior es un asunto de interés nacional que debe ocupar inmediatamente un lugar preferencial y prioritario en la agenda de la sociedad. Para el PRD, la vigencia y el sustento de la política Exterior del Estado Mexicano están comprendidos en nuestra Constitución (Artículo 89 fracción X), en la Carta de las Naciones Unidas y otros convenios internacionales, que incorporan los principios rectores de nuestro actuar en el exterior. En la relación internacional, el ejercicio de las soberanías nacionales, que pueden en su propio ejercicio imponerse limitaciones a sí mismas, no sólo debe desestimarse, sino que debe reconocerse que es el ejercicio de las soberanías de cada nación el que establece las normas y regula los ámbitos de convivencia y los intercambios internacionales. Esto es particularmente válido en la construcción de “otra” globalidad diferente a la dominante, la globalidad de la
solidaridad, el bienestar y la democracia con más libertad y más igualdad, es decir, una nueva globalidad síntesis de democracia, justicia y soberanía. Sin perder de vista la defensa de la soberanía y el interés nacional, nuestra política exterior debe coadyuvar a relaciones internacionales multilaterales justas, igualitarias y democráticas. En este sentido, el Estado y los sectores sociales y económicos afectados deben estar involucrados en las negociaciones internacionales que conduzcan a reforzar el sistema multilateral de defensa de los derechos humanos y la impartición de justicia, y un nuevo pacto que incluya mecanismos expeditos para resolver conflictos subordinados a un nuevo derecho internacional. Así, México debe representar en la Asamblea General y en su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la defensa del derecho internacional con posturas propositivas que contribuyan a ofrecer opciones de solución a los temas de la actual agenda internacional. Para que los principios de política exterior respondan a las necesidades, capacidades y anhelos de las mexicanas y los mexicanos, el pueblo debe, ejercitar democráticamente en todo momento, la soberanía sin limitación alguna, para decidir sus destinos como tal y los de la nación, y ésta, a través de sus poderes, debe hacerlo para promover un bienestar social creciente, la expansión sostenida de la economía, la garantía de un medio ambiente sano y el establecimiento de un orden internacional justo y equitativo, de cooperación y paz. Para ello, se requiere, ente otras, las siguientes medidas: * La creación de un Consejo Nacional de Política Exterior que tenga como objetivo el diseño de una política exterior de Estado, integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo; los partidos políticos; representantes de los sectores empresarial, laboral y campesino; la academia especializada y organizaciones no gubernamentales sin financiamiento externo. * Impulsar una reforma integral en materia de política exterior que permita la redefinición de las facultades del Congreso de la Unión en esta materia. Una participación más activa del Poder Legislativo en los procesos de negociación comercial y financiera; en la revisión de la constitucionalidad de los instrumentos comerciales, interinstitucionales, memoranda y convenciones diplomáticas celebrados por escrito entre los Estados Unidos Mexicanos y uno o más sujetos de derecho internacional, cualquiera que sea su denominación, * La facultad de analizar la política exterior desarrollada por Ejecutivo se trasladará al Congreso de la Unión en su conjunto y se le otorgarán atribuciones de definición en materia internacional previa a la toma de cualquier decisión que implique obligaciones para nuestro país. 49.- Impulso a la vigencia de los derechos humanos en todo el mundo. El PRD trabajará en al ámbito internacional para hacer realidad la plena vigencia de los derechos humanos. Para ello tendrá como propósitos los siguientes: * Impedir y sancionar el genocidio, la impunidad de los regímenes dictatoriales que violan sistemáticamente los derechos humanos, las acciones militares “preventivas” y el terrorismo de estado. El PRD acepta plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y propone el fortalecimiento de sus atribuciones. * Apoyar los esfuerzos internacionales para la total abolición de la pena de muerte en todo el mundo. * El fortalecimiento y extensión de acuerdos destinados al reconocimiento de las diferentes nacionalidades, etnias y culturas, y a la autonomía de los pueblos indígenas dentro de los estados nacionales. * Pugnar por la defensa y disfrute de todos los derechos humanos, económicos, civiles, culturales, medioambientales y sociales. Pondrá especial énfasis en los derechos laborales, particularmente los que sean de seguridad social y de las pensiones en el ámbito internacional. * Persistir en la lucha contra toda forma de racismo y discriminación. Desplegar esfuerzos en el nivel internacional para vigilar la aplicación de sanciones penales contra los crímenes perpetrados por razones de raza, religión, nacionalidad, etnia, género o preferencia sexual. * Exigir la vigencia y aplicación de la Doctrina Estrada como marco normativo de relación entre las naciones. * Condenar el terrorismo en todas sus modalidades incluyendo el practicado por estados poderosos en contra de pueblos indefensos, con el pretexto de actuar en defensa de su seguridad nacional.
*Rechazar tajantemente la intenciones de los Estados Unidos por quebrantar nuestro estatuto como país neutral y logrear la integración militar de México a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) o a través de cualquier mecanismo de cooperación de la lucha de Estados Unidos contra la delincuencia organizada como el llamado Plan México. Un desarrollo sustentable a escala planetaria. El PRD busca que el desarrollo económico se realice con el criterio de sustentabilidad, por lo tanto la producción, la distribución y el consumo de los agentes económicos debe realizarse conservando la reserva de la biosfera para las siguientes generaciones mexicanas, enfrentando los efectos depredadores de la naturaleza ante los efectos de la globalización. *Para hacer frente a los efectos depredadores de la naturaleza, producidos por las presiones sobre la estructura económica desde el fenómeno globalizador, se recomienda realizar las acciones siguientes: * Apoyar y fortalecer el papel del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) *Elaborar un inventario de recursos naturales no renovables de México, cuyas reservas tienen un tiempo acotado de existencia. *Elaborar un inventario de especies animales en extinción. Un primer paso es preparar un documento ejecutivo para recomendar a la población, a las organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras en materia ecológica, a los organismos internacionales de ecología, para realizar un proceso abierto para influenciar en la política ecológica del gobierno sobre especies en extinción. * Lanzar un llamamiento específico para la total aplicación del Protocolo de Kyoto, que incluye un compromiso con el fin de reducir las emisiones contaminantes. Todos los días, varias especies desaparecen de la tierra. Por tanto, el partido lanza un llamamiento a todos los países para que respeten los compromisos adquiridos como partes firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica. Defensa de la Independencia, la paz, el multilateralismo y la soberanía de los Estados. El mundo vive una nueva era, marcada por el poderoso fenómeno de la globalización. Esta etapa se distingue, entre otras cosas, por el crecimiento del comercio internacional de mercancías y servicios, la expansión sin precedentes de los flujos financieros y monetarios y la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, una mayor interrelación de las diferentes culturas y la pérdida de autonomía de la política en el nivel nacional. Dentro de este fenómeno, se privilegia el predominio de los postulados neoliberales, los cuales han provocado resultados desastrosos para la mayoría de la humanidad: crecimiento de la pobreza, polarización entre ricos y pobres, incremento del desempleo, disminución de los mercados internos, agotamiento de fuentes de materias primas y desastres ecológicos, exclusión del desarrollo y el bienestar a millones de personas, aumentan las desigualdades económicas entre los países y las regiones del mundo y se provoca una mayor inestabilidad económica, crisis recurrentes y exacerbación de conflictos nacionales y regionales que amenazan constantemente la paz y seguridad mundiales. El desarrollo capitalista mundial, en su fase actual de capitalismo monopolista trasnacional, ha permitido que los avances tecnológicos sean utilizados para profundizar la transferencia de riqueza y recursos naturales a favor de las elites de los países ricos. Ello ha fortalecido la posibilidad de que dicho sistema sea el que hegemonice en la escala planetaria y lleve las grandes decisiones políticas hacia las esferas económicas, debilitando la democracia representativa. Esto último ha permitido que las grandes contradicciones inherentes al sistema hoy se agudicen al extremo de comprometer la supervivencia de la especia humana. Por lo tanto, el PRD convoca a gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales, particularmente latinoamericanos, a la discusión de una agenda mundial que unifique esfuerzos mundiales y regionales para luchar juntos por un nuevo orden mundial. La solidaridad y la cooperación son la clave de estos esfuerzos por conformar una sociedad democrática y justa en el nivel mundial. Como parte de esta agenda, el PRD propone cuatro ejes centrales:
* Vigencia mundial de todos los derechos humanos, * La construcción de un nuevo sistema económico y financiero mundial, * Un desarrollo sustentable a escala planetaria, y * La conquista de la paz, el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los estados nacionales. Debemos trabajar por transformar integralmente el sistema cuya ineficacia se ha hecho dramática y trágicamente patente. La idea central es construir un nuevo orden mundial con prioridades distintas, nuevas instituciones y reglas diferentes: una globalización de la solidaridad, la democracia y el bienestar, una globalización alternativa que conduzca al desarrollo sustentable, la equidad, la justicia, el respeto y la realización de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la paz mundial. Resulta indispensable construir otro mundo, con nuevos y eficientes instrumentos legales internacionales para mantener y defender la paz mundial, entre las naciones y dentro de ellas. Esto exige una intensa actividad multilateral, el respeto al derecho a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos. Como un paso concreto hacia el logro de esta tarea, el PRD promueve: la reforma y democratización de la Organización de las Naciones Unidas consistente en: Terminar con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad; Dotar de facultades a la Asamblea General para que sea el máximo órgano de decisión representación de la comunidad internacional, otorgándole mayores facultades en materia de seguridad y desarrollo económico; Aumentar el número de integrantes del Consejo de Seguridad para equilibrar la representación norte–sur y este-oeste. La seguridad del planeta compete a todos los pueblos y no nada mas a las grandes potencias que actúan casi siempre como reguladoras de la inestabilidad en su propio beneficio. Repudiamos el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y nos pronunciamos en contra de las modalidades de realineación política y militar, que aumentan los riesgos y vulneran los principios de autodeterminación e integridad territorial de los Estados. Demandamos la revisión del concepto de seguridad colectiva sobre la base de una visión integral que no sólo comprenda el quebranto de la paz por medios militares, sino las causas profundas de las confrontaciones. Es preciso incluir en la concepción de la seguridad el respeto al derecho internacional, la salvaguarda efectiva de la soberanía de las naciones, la cooperación para el desarrollo, la protección de los recursos naturales del planeta y la garantía de su utilización soberana por los pueblos a los cuales pertenecen. El desarme general y completo es un objetivo y una prioridad que tiene un valor permanente. No bastan los acuerdos unilaterales ni la reducción de los armamentos nucleares, ni siquiera la multiplicación de las zonas desnuclearizadas y la proscripción de todas las armas mortíferas, convencionales y no convencionales; se requiere la regulación estricta del trafico de armamentos y la reducción efectiva de los presupuestos militares en todos los países, bajo el control riguroso de la ONU. Construcción de un nuevo sistema económico financiero mundial. Es necesario, no sólo aminorar las consecuencias negativas de la globalización neoliberal, sino proponer una alternativa viable. Debemos buscar cómo aprovechar la globalización con creatividad y no someternos a ella pasivamente. Debemos construir una globalización desde los pueblos. No nos oponemos a la existencia de reglas para el comercio y la inversión regional o internacional. Nuestra crítica a la globalización dominante e impuesta no significa que pretendamos volver al pasado, cerrar y proteger nuestras economías y pugnar por un aislacionismo comercial. Ningún país puede ni debe permanecer aislado de la dinámica de la economía mundial, pero esto no significa que la orientación neoliberal sea la única, ni mucho menos la mejor forma de insertarse en la globalización. México debe construir proyectos nacionales de desarrollo sustentable para insertarse adecuadamente en la dinámica económica mundial. Cualquier alternativa al modelo neoliberal incluye como un aspecto sustancial una reorientación de la política económica; una expansión del mercado interno, del empleo, del ingreso y de la planta productiva; el fomento a sistemas agrícolas e industriales adaptados a nuestras condiciones nacionales y en el equilibrio con el medio ambiente; y, en suma, una forma distinta de articulación de nuestra economía con la economía mundial.
En una economía mundial la respuesta sólo puede consistir en la globalización de la propia regulación. Para que la globalización constituya un elemento de progreso deberá estar regulada. A la globalización de la actividad económica debe corresponder nuevas instituciones internacionales que regulen a las corporaciones multinacionales y defiendan los derechos humanos. Una efectiva regulación global requiere definir criterios de transparencia que nos salven de la tendencia ciega de un sistema financiero opaco y sin regulación. Ello proporcionará a las instituciones financieras una mayor legitimidad y la capacidad para trabajar sobre la base de objetivos claros. Regular la globalización requiere también de instituciones regionales no sólo orientadas al libre comercio, como pretende el neoliberalismo, sino verdaderamente dedicadas a la integración social, política y económica. Deben ser capaces de cooperar en un mundo donde cada región sea capaz de salvaguardar su propio modelo social y fomentar el desarrollo económico dentro de un marco de regulaciones En esta dirección centraremos nuestros esfuerzos a nivel internacional alrededor de las siguientes tareas: * La refundación del Banco Mundial considerando sus objetivos y propuestas iniciales, así como, la revisión de la Organización Mundial de Comercio. La creación de un Organismo Internacional que sustituya al Fondo Monetario Internacional cambiando su estructura y equilibrando el papel de los países miembros en el proceso de la toma de decisiones del mismo. * La creación de un Consejo de Seguridad Económica dentro del marco de las Naciones Unidas para buscar soluciones a temas como el de la estabilidad monetaria, los flujos de capitales, la evasión fiscal, y el fomento y la ayuda oficial al desarrollo. * Alentar la inversión productiva y desalentar la especulación, a través de medidas del tipo del impuesto “Tobin” y la vigilancia de las operaciones financieras en los llamados paraísos fiscales. Ello impedirá también operaciones como el blanqueo del dinero del narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata internacional de blancas, la corrupción de menores y el terrorismo internacional. * Una nueva política de ayuda y financiamiento a los países y zonas más pobres a través de la ampliación de las aportaciones a los países desarrollados, acompañada por la promoción de una lucha frontal contra la corrupción y el mal gobierno. La inclusión de cláusulas sociales, de observancia obligatoria, en los tratados y negociaciones comerciales. Para ello se crearán fondos compensatorios para el desarrollo social, la promoción del empleo, la creación de infraestructura y la protección del medio ambiente. * La adopción de códigos de conducta de observancia obligatoria en materia de respeto a las normas laborales aplicables a las empresas trasnacionales y a los países receptores de trabajadoras y trabajadores migrantes. Fortalecimiento de la Organización Internacional del Trabajo dándole atribuciones para la promoción y vigencia de estas normas. * Un esquema que permita la cancelación definitiva de la deuda externa, de carácter bilateral y multilateral, de los países más pobres y el refinanciamiento o reestructuración de los países en desarrollo. * Adaptación de criterios y normas de cooperación internacional y regional que apoyen el desarrollo tecnológico, productivo y financiero de los países y regiones más atrasadas, que prohíban, impidan y sancionen los bloqueos económicos impuestos unilateralmente. * Apoyar la adopción, por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de una cláusula social que favorezca a los países menos desarrollados. La cláusula social debería, por lo menos, incluir fondos compensatorios para el desarrollo social y la promoción del empleo, prohibir los trabajos forzados y el trabajo de menores, mecanismos para la protección del medio ambiente y garantizar la total libertad sindical, incluyendo los derechos de libre asociación y la negociación colectiva. * Alentar a la OIT para que fortalezca sus acciones en la promoción de los derechos de los trabajadores, la creación de más y mejor empleos, la previsión social y el crecimiento sustentable, a la vez que se promueve la adopción de códigos de conducta de observancia obligatoria en materia de respeto a las normas laborales aplicables a las empresas trasnacionales y a los países receptores de trabajadoras y trabajadores migrantes;
* Establecer un código de conducta y de responsabilidad social a las empresas multinacionales, con el objeto de salvaguardar los derechos laborales, ambientales, de género, culturales y el adecuado papel del Estado en la conducción económica. El regionalismo es un elemento central en la construcción de un edificio global multilateral y más equilibrado. Debemos impulsar, sin descuidar nuestra intensa relación económica con Estados Unidos, que América Latina sea un actor en la construcción de las instituciones mundiales que exige la globalización, tanto en el terreno económico, como el ambiental, social, político y cultural. Estas instituciones deben no sólo garantizar una regulación adecuada de los mercados mundiales sino también superar las asimetrías y garantizar que los beneficios de la globalización estén equitativamente distribuidos. Dicho esfuerzo debe partir, además, del desarrollo de instituciones regionales y subregionales más fuertes que permitan construir la Comunidad Latinoamericana de Naciones, apoyando los actuales esfuerzos de integración que se están llevando a cabo en la Región, particularmente la Alternativa Bolivariana de las Americas. La tarea de construir la Comunidad Latinoamericana de Naciones y apoyar los actuales esfuerzos , está directamente vinculada con la definición de una estrategia de desarrollo alternativo, que reestructure y reactive la producción, fortalezca el mercado interno, nos incorpore adecuadamente a los mercados internacionales a través de cadenas productivas intersectoriales. Y que, permita un crecimiento que satisfaga en forma prioritaria las necesidades y el bienestar de los pueblos latinoamericanos y una adecuada relación entre los hombres y nuestro entorno ecológico. Además, desde este espacio que se defina con la Comunidad Latinoamericana se puede emprender la negociación conjunta de convenios migratorios internacionales, para acabar con la sistemática violación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios de los países en vías de desarrollo que emigran a los países desarrollados. Consolidación y Diversificación de Nuestras Relaciones Internacionales América Latina En el rediseño de nuestras relaciones internacionales, la integración de América Latina y el Caribe, emerge como el gran objetivo estratégico de nuestros pueblos, para hacer confluir una política de bienestar y desarrollo y, además, una política de seguridad regional basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos. Por ello, en el marco de un proceso de construcción de bloques económicos y políticos regionales, la mejor alternativa es mantener un papel significativo en el ámbito regional a través de la integración de una Comunidad Latinoamericana de Naciones sustentada en la democracia y en la promoción del desarrollo económico y social. La Comunidad Latinoamericana de Naciones, permitirá contar con el espacio propio para definir nuestras prioridades de integración en el presente y futuro. Y redefinir con un nuevo marco de derecho internacional y armonizar los distintos esquemas de integración vigentes. Proponemos como primer paso hacia la conformación de la CLAN la elección directa, por medio de voto universal, de los representantes nacionales en el Parlamento Latinoamericano. Una relación equitativa con América del Norte. Aspiramos a una relación amistosa y fructífera con América del Norte., que sólo puede fundarse en el respeto mutuo, la igualdad de derechos y la búsqueda honesta de cordialidad y trato justo por ambas partes, pero, antes que nada, en el ejercicio efectivo de la soberanía de cada país. Las relaciones entre México y América del Norte deben basarse en una genuina cooperación y en la preservación de los intereses de ambas partes. Cuando se presenten diferendos, estos deben solucionarse por medio del dialogo y el derecho internacional. En caso de que esto no sea posible, se resolver n mediante el acatamiento mutuo de lo que opinen o fallen órganos creados por la comunidad de naciones. Proponemos superar las abismales desigualdades económicas, sociales, tecnológicas y productivas en ambos lados de la frontera, con la instrumentación de una nueva política económica que permitan cerrar las asimetrías y favorezcan una relación basada en una mayor equidad y justicia social y en la búsqueda de altos estándares laborales y ambientales.
Europa. El espacio europeo es propicio para la búsqueda de contrapesos y de diversificación en nuestras relaciones internacionales. Coincidimos con los países europeos en que es inconveniente e incluso sumamente peligrosa la concentración del poder y, por ello, en la necesidad de estimular y mantener equilibrios en la política mundial, en el interior de las naciones e incluso en la vida cotidiana. A los antiguos lazos con habría que agregar ahora otros campos de interés como el que representan los avanzados procesos de articulación y federalización a escala regional. Incrementaremos las relaciones de México y Europa con el propósito de abrir perspectivas de intercambio cultural. Procuraremos conocer y aprovechar sus experiencias en materia de integración en los más diversos campos. Buscaremos puntos de convergencia en asuntos como el ecológico, el desarme, la renegociación de la deuda externa, el desarrollo sustentable, el intercambio científico y tecnológico, con el objetivo de establecer una participación corresponsable de todos los países del orbe. Desafortunadamente, al negociar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM), las élites del poder convinieron en constreñir nuestras relaciones al campo del comercio y de las inversiones. Demandamos de Europa un trato recíproco, equilibrado y justo en beneficio del pueblo de México, de sus trabajadores, de sus empresarios, bajo normas sociales y ambientales que sean del interés de la Nación. Por lo tanto se requiere renegociar aquellas normas del TLCUEM que violan el orden jurídico interno y el interés de los productores de la Nación. Asia. China, Japón, la India y los países de reciente industrialización representan un agrupamiento que pone en relieve la importancia, en nuestros días, del desarrollo educativo, científico y tecnológico, como prerrequisito para el liderazgo mundial en todas las esferas del poder, mas allá de su dotación original de recursos. En esta zona se encuentran diversos países que apoyan y son partidarios del nuevo movimiento reivindicativo del Sur y del esquema de relaciones Sur-Sur. Nos pronunciamos decididamente por la cooperación y el acercamiento con estos países, que se traduzcan en un vigoroso impulso a la creación de alternativas de desarrollo, a partir de una visión propia y la recuperación de foros, organizaciones y grupos de concertación mediante el diseño de un modelo propio que tome en cuenta nuestra dotación de recursos. África Tenemos la oportunidad de estrechar lazos con los países africanos para lograr mayorías en el ámbito multilateral para la transición a un nuevo orden mundial. Proponemos como eje de las convergencias la lucha por el mejoramiento de la vida de nuestros pueblos y la creación de un clima internacional propicio al desarrollo de las potencialidades productivas y de florecimiento humano. En particular, estableceremos lazos de solidaridad activa e intercambio con los movimientos democráticos y progresistas de los pueblos del mundo. Las relaciones internacionales del PRD. En el ámbito de nuestras relaciones internacional el PRD desplegara un activismo político en los Estados Unidos con sectores migrantes, políticos, económicos y sociales reconociendo que el 20% de nuestros ciudadanos laboran y viven en esa nación de América del Norte, bajo esquemas de marginación, explotación y violación de sus derechos humanos, civiles y políticos. Impulsaremos las relaciones políticas y sociales con los partidos políticos, particularmente con el Partido Demócrata de Estados Unidos de América, sus legisladores y gobiernos estatales y de condados, organizaciones sociales, empresarios y organizaciones de migrantes con la finalidad de crear liderazgos mexicanos que habrá espacios de diálogo e influencia ante los órganos de gobierno de esa nación. Impulsaremos una política de repatriación de capitales económicos de aquellos migrantes mexicanos con posibilidades de inversión directa en México, particularmente en aquellas ciudades de donde fueron expulsados. Buscaremos influir desde los ámbitos legislativos y partidista la consecución de una reforma migratoria integral que contemple la legalización de los migrantes.
La defensa de los Derechos Humanos y laborales de los mexicanos en el extranjero es prioritaria para nuestro partido. También lo es la demanda del respeto a los derechos humanos y laborales de los migrantes centro y latinoamericanos que laboran, viven y cruzan por nuestro País. Es necesario mantener y acrecentar el diálogo político con los pueblos y partidos progresistas de América Latina y el Caribe, y ampliarlo a los ámbitos económicos y de gobierno de manera verdadera con la finalidad de confluir en temas de coyuntura regional y de intercambio de experiencias y formación de dirigentes medios. El PRD no tiene por qué cargar con las ineficiencias del gobierno respecto a las deterioradas relaciones que tiene con la hermana República de Cuba, y con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Nicaragua. El diálogo con los gobiernos y los partidos progresistas de estas naciones es sano y constructivo. Tenemos que mantenerlo, influir en la política mexicana para su normalización desde el Congreso e impulsar nuestra política partidista que coadyuve e impulse los intercambios políticos, culturales, económicos y sociales de experiencias de gobierno. Es urgente tender puentes de comunicación con los partidos de izquierda y socialdemócratas, trabajando con las fundaciones de estos partidos. 62 Derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias. Los trabajadores internacionales son parte del proceso de globalización económica, lo que obliga a intensificar acciones en defensa de su integridad, identidad y cultura. No aceptamos que los migrantes mexicanos sigan siendo tratados como intrusos en sociedades a las que han contribuido de manera fundamental. Es tarea fundamental promover y defender los derechos humanos, sociales, culturales y políticos de los trabajadores mexicanos y sus familias. Por ello, el PRD promueve: * Reforzar en la Constitución la obligación del Estado mexicano de velar por los derechos de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero. Para tal efecto, proponemos, entre otras medidas, incluir en el artículo 123 constitucional los tratados de derechos humanos, con jerarquía superior a la de los tratados en general. * Redactar una Carta de los Trabajadores Migrantes, la cual deberá estipular las responsabilidades de los países receptores y los derechos de los migrantes, incluyendo el derecho a un proceso legal para los que hayan llegado a un país sin previa autorización. Dicha carta debería ser adoptada por la ONU y por los organismos especializados pertinentes, tales como la OIT, con miras a incrementar la cooperación internacional En la medida en que existe un vínculo evidente entre los flujos de inmigrantes y la globalización de la economía, los gobiernos deben comprometerse a incluir junto con los temas de comercio y de desarrollo, los esfuerzos que tendrían que desplegar en el campo de la inmigración. En este orden, se requiere, particularmente, programas relativos a los trabajadores estacionales inmigrantes menos calificados. El PRD ve con preocupación y lamenta que las remesas constituyan la segunda fuente de ingresos de la economía mexicana, pues esto demuestra el fracaso histórico del sistema político mexicano para crear las fuentes de empleo que el país requiere. * Modificar la Ley General de Población y su Reglamento, a efecto de ofrecer plena seguridad jurídica a los migrantes dentro del país. Estas modificaciones deberán armonizar los compromisos internacionales de México en la materia. * Hacer respetar y promover la adhesión de todos los países de la comunidad internacional a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como de otros Convenios sobre la materia. * Promover la creación de comisiones binacionales para la protección de las trabajadoras y los trabajadores migrantes integradas por gobiernos, congresos, empleadores y trabajadores para generar iniciativas legales y conocer de denuncias sobre violaciones a sus derechos. * Exigir a las procuradurías de los estados fronterizos, crear fiscalías especializadas que reciban, integren y resuelvan denuncias presentadas sobre violaciones de los derechos humanos de los migrantes que constituyen delitos del fuero común. * Impulsar estrategias encaminadas a lograr que el Gobierno Federal entienda la problemática de la violación de los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos que van hacia Estados Unidos así también como de los migrantes que entran a nuestro territorio.
* Garantizar plenamente los derechos políticos, como el voto cuantificable en México, de los mexicanos que viven en el exterior, a fin de construir en nuestra nación una democracia sin sectores excluidos. *luchar contra el racismo y la discriminación que sufren los trabajadores inmigrantes y sus famillas. Desplegar un esfuerzo a nivel internacional para llevar a cabo acciones judiciales severas contra los crímenes perpetrados contra los inmigrantes por razones de raza, de religión o de nacionalidad. Reducir las barreras legales y administrativas con el fin de facilitar así la obtención de la ciudadanía y, al mismo tiempo, desarrollar programas con el propósito de incrementar la participación de los inmigrantes y de los nuevos ciudadanos en la vida cívica, social y cultural de sus nuevos países. El PRD se opone a la construcción del muro fronterizo y el maltrato que ello representa a nuestros connacionales.
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