Source: https://es.scribd.com/doc/177957732/Estructura-de-La-LOPNA
Timestamp: 2016-04-28 20:47:54
Document Index: 285314173

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 57', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 68', 'artículo 247', 'artículo 125', 'artículo 124', 'artículo 120', 'artículo 185', 'artículo 350', 'artículo 192', 'artículo 261', 'artículo 354', 'artículo 516', 'artículo 395', 'artículo 556', 'artículo 572']

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Exposición de Motivos I. Antecedentes En los últimos dos años Venezuela asiste a una intensa movilización, tanto de los poderes públicos como de la sociedad civil, en torno a un cambio legislativo que implica la derogación de la Ley Tutelar de Menores vigente desde 1980, y su sustitución por otra, radicalmente diferente. El origen de este cambio se remonta al 20 de Noviembre de 1989 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba, por unanimidad, la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (CIDN), que representa un hito importantísimo en las concepciones doctrinarias, en las construcciones jurídicas y en las estrategias fácticas relacionadas con la niñez. En todos estos aspectos, hay un “antes y un después” de la Convención, la cual, ciertamente, tendrá una gran incidencia en la calidad de vida de los niños de todo el mundo en los próximos años. La CIDN transformó necesidades en derechos, y este es el punto fundamental. Antes, el niño tenía necesidad de educación y salud. Después de la Convención tiene derecho a la educación y a la salud. La diferencia reside en la exigibilidad de esos derechos, es decir, la Convención reformuló de manera definitiva las relaciones entre la infancia y la ley. Se abandonó el concepto del niño como sujeto tutelado para adoptar el concepto del niño como sujeto de derechos, entendiéndose por tal la habilitación para demandar, actuar y proponer. Hoy se ve al niño como persona en desarrollo, con derechos y responsabilidades inherentes a todos los seres humanos. La Convención nos coloca frente a un cambio paradigmático que plantea una nueva forma de convivencia social, que reconoce a los niños y adolescentes como un sector fundamental de la población que debe recibir del adulto toda la atención necesaria para su pleno desarrollo, a la vez que se le garantiza el derecho a participar activamente en todo lo que le concierne. Venezuela ratifica la Convención y la hace ley de la República el 29-08-90 (Gaceta Oficial Nº 34.541) y, a partir de ese momento, asume con los niños y adolescentes del país el compromiso de brindarles protección integral, la cual se refiere a dos aspectos: protección social y protección jurídica. La protección social se logra a través de un conjunto de actividades dirigidas a propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad, para satisfacer las necesidades básicas y garantizar derechos fundamentales de la niñez y juventud. La protección jurídica implica legislar para hacer exigibles los derechos consagrados en la Convención, mediante la creación de instancias administrativas y judiciales que intervengan en caso de que estos derechos sean amenazados o violados.
II. El Cambio de Paradigma A partir del momento en que Venezuela ratifica la Convención, se vive en el país una realidad jurídica anómala: la vigencia simultánea de dos leyes, la Ley Tutelar de Menores y la Convención, totalmente antagónicas entre sí, regulando el mismo tema. Para superar esta situación y para honrar los compromisos internacionales que asumió, Venezuela se ve ante la necesidad de ajustar su legislación interna a los principios y normas contenidas en el mencionado tratado internacional. La Convención cambia el rumbo a seguir por las legislaciones para la infancia y juventud. Antes de su promulgación, más precisamente desde 1919 hasta 1989, en América Latina todas las legislaciones, incluyendo la nuestra, se sostenían en la doctrina o paradigma de la Situación Irregular. Después de la Convención, las nuevas leyes deben responder al paradigma de la Protección Integral. En efecto, la incorporación de la Convención a nuestro ordenamiento jurídico interno exige la erradicación de la vieja doctrina y la adopción de la nueva. Según la definición del Instituto Interamericano del Niño, situación irregular es “aquella en que se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra en estado de peligro, abandono material y moral o padece déficit físico o mental…Están en situación irregular “los menores que no reciben tratamiento, educación y los cuidados que corresponden a sus individualidades”. De acuerdo a esta definición pueden ser declarados en situación irregular y por ende ser objeto de cualquier medida estatal, el niño o adolescente que enfrente cualquiera de estas dificultades, independientemente de que las mismas puedan ser atribuidas o no a su voluntad. La característica esencial de la doctrina de la Situación Irregular, es que los niños no son sujetos de plenos derechos sino objeto de tutela por parte del Estado, representado por el Juez de Menores quien es la figura protagónica en este paradigma. Otros rasgos característicos son: 1) Negación explícita y sistemática de los principios básicos y elementales del derecho, incluso de aquellos contemplados en la propia Constitución de la República como derecho de todas las personas. 2)Centralización del poder de decisión en la figura del juez de menores con competencia omnímoda y discrecional. Se produce la judicialización de los problemas vinculados a la infancia en situación de riesgo, con la clara tendencia a patologizar situaciones de origen estructural. 3) Criminalización de la pobreza, disponiendo internaciones que constituyen verdaderas privaciones de libertad, por motivos vinculados a la mera falta o carencia de recursos materiales. 4) Impunidad, con base en una arbitrariedad normativamente aceptada, para el tratamiento de los conflictos de naturaleza penal. Esta impunidad se traduce en la posibilidad de declarar jurídicamente irrelevante los delitos graves cometidos por adolescentes. En el paradigma de la Situación irregular, “los menores son una suerte de categoría residual respecto a la categoría infancia, resultado de la marginación social. Son aquellos niños y adolescentes que tienen necesidad de tutela o de medidas socio-educativas porque no han gozado, como los niños y adolescentes sólidamente
niñas y adolescentes. las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing). abandonado. cuyo respeto se debe garantizar. es la formulación de la doctrina de la Situación Irregular. Tiene su antecedente directo en la “Declaración Universal de los Derechos del Niño”. de los derechos fundamentales que las Constituciones reconocen”. es la formulación de la doctrina de la Protección Integral. III. sin discriminación alguna como sujeto de plenos derechos. De la consideración del menor como objeto de compasión-represión y de tutela por parte del Estado. a la consideración de los niños y adolescentes como sujeto de plenos derechos. Se establece entonces. Si bien es cierto que desde el punto de vista técnico-jurídico menor es la persona que no ha llegado a la mayoría de edad. delincuente. adolescentes. menores. Estos instrumentos contienen disposiciones idóneas y suficientes que permiten construir un nuevo derecho para niños y adolescentes. La oposición entre el nuevo y el viejo paradigma podría enunciarse. La doctrina de la protección integral y el nuevo derecho para niños y Adolescentes Con el término “doctrina de la Protección Integral” se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que constituyen su marco referencial. El punto central de la Convención y por ende de la doctrina de la Protección Integral es el reconocimiento de todos los niños. etc. “todos los derechos para todos los niños”. a saber: la Convención Internacional de los Derechos del Niño. diferencias entre los sectores incluidos y excluidos en la cobertura de las políticas básicas: a los incluidos se les llama niños.
. así como la previsión de los canales idóneos para exigirlos. jóvenes y a los excluidos. convirtiéndolas en instrumentos eficaces de defensa y promoción de los Derechos Humanos específicos de todos los niños y adolescentes. no solamente los menores. las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Riyadh). el Convenio n°138 y la recomendación nº146 de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta de la UNESCO sobre la educación para todos. en la práctica el término está cargado de contenido estigmatizante y significa simplemente.insertos en el sistema escuela-familia. egresado de un orfanatorio o correccional. las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad. es lo que caracteriza el tránsito de una doctrina a otra. La doctrina de la Protección Integral rompe con la doctrina de la Situación Irregular y obliga a repensar profundamente el sentido de las legislaciones para la infancia. propiciar un cambio en las instituciones sociales a fin de activar ese derecho y pasar del reproche individual de la situación del niño a una consideración estructural del problema. según las convenciones legales de cada país. de la siguiente manera: “ningún derecho para muchos niños”. resumidamente. en el universo de la infancia. y se condensa en seis instrumentos básicos.
a no ser separado de sus padres (art. 28 y 29). 26). 24). 19). 14). 23). derecho a la educación (arts. a preservar su identidad (art.. c) Derecho a la Protección: La protección abarca todas las formas de explotación y crueldad (art. a la recreación y la cultura (art. 1. 22). 17).33). el interés superior del niño. a la seguridad social.El nuevo derecho. protección al niño mental o físicamente impedido (art. familia. económicos. 15). entre otros. al nombre y nacionalidad (art. adecuándolos a los niños y adolescentes como sujetos en formación. 13). b) Derecho al Desarrollo: Incluye entre otros. fundamentado en la doctrina de la Protección Integral debe respetar una serie de principios rectores que constituyen sus pilares fundamentales: el niño como sujeto de derechos. una justicia que respete los mismos derechos procesales consagrados para los adultos. correspondencia (art. a la libertad de pensamiento. d) Derecho a la Participación: Los derechos a la participación incluyen la libertad de expresión (art. a la seguridad social (art. además del derecho a desempeñar un papel activo en la sociedad en general. 18). 37 y 40).El niño como sujeto de derechos La nueva doctrina convierte las necesidades de niños y adolescentes en derechos civiles. 7). a que los padres tengan la asistencia debida para que puedan asumir su crianza (art. 9).
. a la participación. protección especial al niño refugiado (art. En el marco de esta nueva concepción jurídica y social se atribuyen derechos específicos a los niños y adolescentes pero no derechos especiales excluyentes. por ejemplo: el derecho a la libertad de opinión. conciencia y religión (art. asociación. a la salud (art. a un nivel de vida adecuado (art. 31). 34). 12). la participación y el rol fundamental de la familia en la garantía de los derechos de los niños y adolescentes. a expresar su opinión y ser escuchado en asuntos que le conciernen (art. a no ser objeto de injerencias en su vida privada. contra el uso ilícito de estupefacientes (art. 16). culturales. contra el abuso sexual (art. derecho a la libre asociación y libertad de celebrar reuniones pacíficas (art. 38). contra la venta o trata de niños (art. 27). políticos y sociales. el derecho a la vida (art. Asimismo se amplían para ellos una serie de nuevos derechos que antes sólo se reconocían a los mayores de edad. La especificidad implica reforzar los derechos otorgados a los seres humanos de cualquier edad. acceso a la información (art. la prioridad absoluta. 8). 6). a la protección en casos de conflictos armados (art. contra abusos en el sistema de justicia penal (arts. Los derechos fundamentales de la infancia reconocidos por la Convención se agrupan en cuatro categorías: a) Derecho de Supervivencia: Los derechos de supervivencia incluyen principalmente. así como garantiza para los adolescentes en conflicto con la ley penal. 35).
. ellos tendrán primacía en recibir atención y socorro en cualquier circunstancia. Cuando éstos no asumen la cuota de responsabilidad que les corresponde para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos del niño son ellos. de las familias. puesto que es una persona humana en condiciones peculiares de desarrollo. los tribunales.. las necesidades y derechos básicos de los niños. preferencia en la formulación de las políticas públicas. A tal efecto. los actores. Así. establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límite a la discrecionalidad de sus actuaciones.El rol fundamental de la familia La Convención desde su preámbulo y en varios de sus artículos se refiere al papel fundamental que debe desempeñar la familia en la garantía de los derechos del niño.Participación La Convención distribuye la responsabilidad de proteger al niño entre tres actores: el Estado. el niño está primero. porque cada niño es la continuidad de su familia. las autoridades administrativas o los órganos legislativos. en América Latina. Con la adopción del nuevo paradigma se privilegia la familia como el medio natural y primario donde se garantiza el desarrollo y la protección del niño y del adolescente. Este principio es la base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y los adolescentes. 3. de esa participación depende el éxito del nuevo paradigma.. En efecto. se han aplicado medidas de internamiento en instituciones como si fuesen medidas de protección. En el marco del nuevo derecho el niño emerge como prioridad absoluta debido a su valor intrínseco. etc. prioridad en el destino de recursos públicos. Sólo la observancia de este principio hace posible la creación de los mecanismos efectivos de exigibilidad que garanticen el cumplimiento de los derechos. debe crecer en el seno de la familia. La participación de la sociedad como corresponsable de la protección de la infancia. amor y comprensión”.Prioridad absoluta Muy conectado a lo anterior se encuentra este principio que implica atender prioritariamente antes que nada. que toman las instituciones públicas o privadas de bienestar social. una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. quienes estarán en situación irregular. que dice expresamente: “En todas las medidas concernientes a los niños. 4. el preámbulo dice expresamente que “el niño. Tradicionalmente.El interés superior del niño Premisa fundamental de la doctrina de la Protección Integral es el principio del interés superior del niño. Este principio genera cambios fundamentales en las políticas sociales dirigidas a niños y adolescentes. lo cual hace de él un ser humano completo en cada fase de su crecimiento y a su valor prospectivo.2. consagrado en el artículo 3 de la Convención. para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Los padres son los principales responsables de cuidarlos y educarlos. de su pueblo y de la especie humana. no sólo impone la adopción de una nueva ética social y de significativos cambios en la estructura institucional del Estado sino que. Para hacer efectivos los derechos que la Convención consagra es necesaria la plena participación y control de las personas. el Estado debe
. 5. precedencia en la atención en los servicios públicos. la Familia y la Comunidad. en un ambiente de felicidad. de las sociedades organizadas y del propio niño y adolescente. Simplemente..
en segundo lugar. que la ley consagra y reconoce expresamente a todos los niños y adolescentes la titularidad de un conjunto de derechos fundamentales. garantizándoles adicionalmente el ejercicio personal de los mismos en forma progresiva. Se contempla inequívocamente que la ley persigue asegurar a todos los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. finales y transitorias de la ley. Ante cualquier circunstancia. Separarlas implicaría el desmembramiento de todo el sistema propuesto como nuevo paradigma. la LOPNA está dividida en seis Títulos. • Título II define los derechos. éstos en Capítulos y la gran mayoría de los últimos en secciones. entendida en su sentido más amplio. • Título IV contiene las disposiciones relativas a las instituciones familiares.brindar a la familia la ayuda necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades. de forma concurrente pero diferenciada. El contenido de cada título se desprende claramente de su denominación. En cuanto a la estructura. su colocación en entidades de atención. • Título III define y norma la actuación del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente. Disposiciones Directivas Título I Establece las disposiciones directivas. se complementan necesariamente.
. el • Título I contiene las disposiciones directivas aplicables a toda la ley. por último. es decir. Así. la familia y la sociedad. • Título V construye el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente y. que la responsabilidad de lograr este propósito corresponde. luego los parientes más cercanos y sólo en casos excepcionales se aplicarán medidas como colocación en hogares sustitutos o adopción y. La primera disposición de este Título se refiere al objeto de la ley. la familia y la sociedad deben brindarles. estableciendo una triada responsable de todos los niños venezolanos. son interdependientes entre sí. en cuanto están referidas a niños y adolescentes. por medio de la protección integral que el Estado. Este principio obliga al Estado a evitar medidas que separen al niño de su familia. Es preciso subrayar dos ideas del contenido de esta norma: en primer lugar. aunque cada una de las partes que integran el proyecto estén cabalmente desarrolladas. y. se debe tomar en cuenta primero la familia. en último caso. Apoyando a la familia se estará apoyando al niño. desde el momento de su concepción. En conclusión. garantías y deberes de los niños y adolescentes. al Estado. sintetiza todos sus principios y finalidades. aquellas que prevén los principios y regulaciones fundamentales que son aplicables a toda la ley y que determinan las bases del desarrollo de su contenido. • Título VI contiene las disposiciones adicionales.
reconociéndoles de forma progresiva más potestades. Este principio se ratifica en muchas de las disposiciones de la ley cuando se emplea la palabra “todos” al referirse a los niños y adolescentes. Como se ha planteado a lo largo de esta exposición de motivos. que sean conducentes e idóneas para lograr el goce efectivo y pleno de los derechos consagrados y reconocidos en la ley. A tal efecto. responsables o familiares. se ha establecido el límite entre estos dos grupos etarios en los 12 años de edad. Asimismo. el artículo 4 establece expresamente que el Estado tiene la obligación indeclinable o irrenunciable de adoptar todas las medidas. como consecuencia necesaria de la aplicación de los principios
. de cualquier naturaleza. se reconoce que la sociedad tiene el derecho a participar directamente en esta materia. los cuales han sido adoptados de forma casi unánime en la legislación comparada.La Convención no hace distinción entre las personas con menos de 18 años. Recuérdese que en estas materias la Convención obliga a establecer un régimen que armonice el contenido de las mismas con el desarrollo del niño. Esta disposición desarrolla el mandato constitucional de considerar a la familia como la célula fundamental de la sociedad y persigue reforzar sus obligaciones y responsabilidades con el niño y el adolescente. tiene una función prioritaria en su protección y desarrollo. independientemente de los motivos que puedan originarlas e inclusive si la misma es producto a su vez de la discriminación en contra de sus padres. La finalidad perseguida con esta opción es regular con mayor sencillez las materias relativas al ejercicio de derechos y garantías. El principio de igualdad y no discriminación. Así pues. En este sentido. Esta decisión obedece a criterios pacíficos de la sicología evolutiva. inmediata e irrenunciable en la materia. En efecto. la familia y la sociedad. Esta disposición desarrolla el artículo 57 de la Constitución de la República. se reconoce que es ella la que está vinculada directamente al niño y al adolescente y. que por tanto. de diferente naturaleza. Todo esto obliga al Estado a tomar medidas. es el principio más importante para asegurar a los niños y adolescentes el pleno y efectivo ejercicio y goce de sus derechos y garantías. El artículo 5. que contempla lo que parte de la doctrina nacional ha llamado el “Deber de Solidaridad Social”. Esta disposición ordena la aplicación de esta ley a todos los niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo. al referirse al papel de la familia prevé que ésta tiene una responsabilidad prioritaria. al consagrar el deber de la sociedad de participar en el logro de la vigencia plena de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. deberes y responsabilidades hasta llegar a los 18 años de edad. a pesar de ello. se consideró imprescindible crear dos categorías dentro de este grupo erario: los niños y los adolescentes. al utilizar la frase “todos los niños y adolescentes” se persigue subrayar que la ley no admite en forma alguna la posibilidad de excluir de su ámbito de aplicación y protección a ningún niño o adolescente. para que la familia pueda asumir y cumplir apropiadamente las obligaciones y responsabilidades que se les reconoce. contemplado en el artículo 3. la Convención obliga a crear un sistema de protección en donde exista una participación del Estado. Los principios orientadores del papel de la sociedad se encuentran regulados en el artículo 6 de la ley. los deberes y las responsabilidades. representantes. Las obligaciones y responsabilidades de estos actores encuentran su fundamento inicial en las Disposiciones Directivas.
Es importante advertir que uno de los objetivos de esta disposición es limitar la amplísima discrecionalidad que existe en la Ley Tutelar de Menores en materia de toma de decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Una lectura rápida o superficial de este Título podría llevar a pensar que repite innecesariamente muchas disposiciones que ya se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico. de imperativo cumplimiento para el Estado. de una manera amplia. Sin embargo. El Interés Superior del Niño también ha sido regulado expresamente por el artículo 8. garantías y deberes El Título II Regula lo relativo a los derechos. se prevé un deber .
. esta percepción es equivocada. Como se observa. En consecuencia. sin llegar al extremo de impedir la posibilidad de adecuar la toma de decisiones a las circunstancias específicas de los niños y adolescentes en los casos concretos. Se optó por regular ampliamente los derechos. se establece claramente cual es la finalidad que debe perseguirse. El incumplimiento. Por este motivo. garantías y deberes de los niños y adolescentes por muchas razones. mencionada varias veces en esta exposición de motivos. manteniendo la tradición normativa sobre este particular. Se ha logrado una definición que obedece a su naturaleza. infracción o no apreciación de ellos conlleva responsabilidad y está protegido en los mismos términos que en el caso de la Prioridad Absoluta. El último artículo de este Título consagra el principio de gratuidad de las actuaciones. la familia y la sociedad en la toma de todas las decisiones relacionadas con niños y adolescentes. la familia y la sociedad en sus actuaciones que estén relacionadas con niños y adolescentes. de forma imperativa y en todo momento.democráticos. entre ellas: a) la obligación de consagrar expresamente los derechos específicos previstos en la Convención y otros tratados e instrumentos jurídicos internacionales. La Prioridad Absoluta. relativas a los asuntos de niños y adolescentes. aun cuando reconozcamos ser cierto que algunas disposiciones consagran derechos contemplados en la legislación sin diferencia alguna. Derechos. garantías y deberes de todos los niños y adolescentes. en cumplimiento absoluto de las obligaciones derivadas de la Convención.derecho de la sociedad en materia de protección de niños y adolescentes. De esta forma se cumple cabalmente con el contenido del artículo 3 de la Convención. por el Estado. con el objeto de garantizar el acceso universal de todos los niños y adolescentes al Sistema de Protección previsto en esta ley. indicando que es un principio de interpretación y aplicación de la ley. encuentra su desarrollo en el artículo 7. así como un conjunto de elementos y reglas que deben apreciarse obligatoriamente para determinar en casos concretos cuál es el Interés Superior del Niño. Al incorporarse expresamente en la ley esta premisa de la doctrina de la Protección Integral se transforma en una norma que debe ser acatada. está protegida a través de los órganos competentes y su incumplimiento conlleva responsabilidad.
sin remisiones a otras leyes o tratados internacionales difíciles de ubicar y entender. garantías y deberes sea simple. tanto en la ley como en la realidad. Adicionalmente. Esta es la primera vez que se reconoce en la legislación Venezolana estos dos caracteres propios de los derechos inherentes a la persona humana. Este régimen progresivo de derechos. ya que si estos derechos son interdependientes. Se establece expresamente que los niños y adolescentes son sujetos de derecho. Es imprescindible eliminar definitivamente la idea del niño como “objeto” de tutela estatal. este régimen progresivo no implica que el niño o el adolescente pueda ejercer de forma inmediata. Ahora bien. es imprescindible recordar que en la redacción de toda la ley se ha prestado especial atención a su finalidad pedagógica y a la necesidad de que la misma sea fácil de entender. por tanto. d) la necesidad de establecer una gama de garantías de los derechos de los niños y adolescentes. que es el axioma que subyace en la doctrina de la Situación Irregular. garantías y deberes es uno de los principios fundamentales de la doctrina de la Protección Integral. requieren precisiones específicas. así como en el cumplimiento de sus deberes. c) el imperativo de dotar de contenido y limites a los derechos y garantías de los niños y adolescentes para asegurar su vigencia plena y efectiva. luego es imposible dividirlos y respetar o reconocer algunos de ellos y otros no. Desde esta perspectiva es que cobra mayor importancia que la redacción de los derechos. especialmente de algunos derechos ya contemplados en la legislación nacional. la violación de uno de ellos implica seguramente la vulneración de otros. En este Capítulo se reconoce a niños y adolescentes el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías. La esencia de estos dos caracteres puede resumirse en una oración: para lograr el disfrute efectivo y pleno de todos los derechos inherentes a la persona humana es imprescindible el respeto y la garantía a su vez de absolutamente todos esos derechos. no consagrarlo expresamente implicaría una clara contravención a la Convención. implica que estos derechos dependen unos de otros y están vinculados estrechamente entre sí. El artículo 12 da contenido a la naturaleza jurídica de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. se consagra
. A pesar de que ello es así más allá de la disposición que contiene esta afirmación. Si se logra este objetivo. indicando expresamente sus caracteres. es la consecuencia del primero.b) la necesidad de adecuar los derechos consagrados en la Convención a la realidad nacional y el ordenamiento jurídico. El segundo. amplia y abarcante. y que sea de muy sencilla interpretación y aplicación. adolescentes. pareció necesario incorporarla debido a que en la historia reciente del país se ha negado a niños y adolescentes esta condición. todos sus derechos y garantías. reconocidos como tales en la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas. realizada en 1993. se estaría dando un paso importante en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. se busca que los niños. que no se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico. Por el contrario. sus familias y el ciudadano común). En efecto. Estos dos caracteres son complementarios: el primero. los adolescentes y sus familias tengan acceso a una ley de fácil lectura. interpretar y analizar por sus beneficiarios y usuarios (los niños. después de la vigencia de la ley. De todos ellos parece conveniente destacar dos: la interdependencia entre sí y la indivisibilidad. y.
no se trata de otorgar capacidad plena a los niños y adolescentes. Otro conjunto de derechos que luce novedoso. usualmente en aquellos vinculados a la defensa de otros derechos. inclusive en materia penal. nunca desechadas de antemano. Por tanto. se consagró los derechos y garantías en un orden cronológico que corresponde a la forma en que éstos cobran importancia en la vida y desarrollo del niño y del adolescente. de defender sus derechos. el cual va acompañado de un incremento progresivo de sus deberes y su responsabilidad. de acuerdo a su desarrollo. Adicionalmente. es necesario señalar que en ciertos derechos. A excepción de los derechos a participar y a defender sus derechos. Tal vez el derecho más novedoso de todo el Capítulo es el Derecho a opinar. dentro de los cuales encontramos los derechos de participar. se establecieron límites y restricciones adicionales. sin embargo se decidió regularlos porque era imprescindible establecer precisiones que los adaptaran a la condición específica de los niños y adolescentes. de petición. Este derecho se considera un medio idóneo para la formación de personas con capacidad y responsabilidad para ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. de libre asociación. obliga a todas las personas a tomar en cuenta sus opiniones.
. a que las opiniones que han expresado sean consideradas por las demás personas. por ello. se ha considerado pertinente establecer expresamente que a partir de determinada edad los niños o adolescentes pueden ejercerlos por sí mismos. son los derechos vinculados a la participación de los niños y adolescentes en la sociedad. se indica expresamente que los padres. conviene recordar que no consagrar expresamente los derechos vinculados a la participación de los niños y adolescentes implicaría una abierta contradicción con la doctrina de la Protección Integral y con los compromisos internacionales de la República. tienen derecho a expresar su forma de ver las cosas en todos los ámbitos de la vida y. representantes y responsables tienen el deber de orientarlos en el ejercicio de sus derechos y garantías de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación en la ciudadanía activa. de justicia. adicionalmente. el resto ya se encuentran previstos en la legislación a favor de todas las personas. ya que ello implica una garantía adicional de protección. En definitiva.un régimen en el cual el niño y el adolescente se le va reconociendo el ejercicio de sus derechos y garantías conforme a su desarrollo o evolución de sus facultades. Asimismo. representantes y responsables. Así. si no más bien de reconocer el ejercicio personal de sus derechos y garantías con la debida orientación. Se optó más bien por un orden que parece mucho más acorde con la materia que regula la ley. Este derecho garantiza a todos los niños y adolescentes la facultad de opinar en todos los asuntos que les conciernan y. dentro de los cuales se incluyeron aquellos derivados de las facultades legales que le corresponden a los padres. de reunión. Este Capítulo no organiza los derechos por categorías o tipos. de manifestar. Este derecho no intenta en modo alguno establecer que sus opiniones sean de obligatorio acatamiento o imperativas para las demás personas. En todo caso. si no más bien asegurar que los niños y adolescentes sean respetados como sujetos en desarrollo y que como tales tienen algo que decir y un lugar en nuestra sociedad. aunque en su totalidad no lo sean. Resultaba inconveniente que niños y adolescentes continuasen ejerciéndolos bajo las mismas regulaciones que los adultos.
Ahora bien. los cuales deben abordarse urgentemente. voluntaria y sin riesgo. debe ser abordado decididamente ante las alarmantes estadísticas que evidencian el alto índice de embarazos precoces y el aumento de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes. En este sentido. o que afecte negativamente su proceso educativo. Fundados en estas importantes limitaciones a este derecho. Para lograr estas finalidades era imprescindible modifica y derogar algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo referidas al trabajo de menores. a la libertad de expresión y a la información. La protección de los niños y adolescentes trabajadores es un tema de actualidad en nuestro país. A pesar de que el Convenio N° 138 establece como regla general que la edad mínima debería fijarse a los 15 años de edad. resulte nocivo para su salud o desarrollo integral. la posibilidad. inclusive el VIH y el SIDA. el trabajo de niños y adolescentes ha aumentado en la medida en que se ha incrementado la pobreza. y una paternidad y maternidad responsable. de nada sirve esta labor de prevención si los adolescentes no tienen acceso efectivo a servicios de salud y consulta en esta materia. tradicionalmente solapado por prejuicios sociales. que derivan de la Convención y el Convenio N° 138 sobre edad mínima de la Organización Internacional del Trabajo. También este titulo se refiere al Derecho de la Protección en Materia del Trabajo. buscar y utilizar todo tipo de información. debido a la realidad nacional en esa materia. Un tema como la salud sexual y reproductiva. Para complementar estas limitaciones se estableció algunas disposiciones para impulsar una política pública de producción de informaciones dirigidas específicamente a niños y adolescentes. que permiten hacerlo cuando así lo
. se optó por establecer una edad mínima inferior. por vía excepcional y previa autorización. Existe consenso entre la sociedad y las autoridades estatales sobre la gravedad del problema de los niños y adolescentes y la información a la que tienen acceso. se estableció en el artículo 68 que todos los niños y adolescentes tienen derecho a recibir. pero estableciendo claramente que ello debe realizarse de acuerdo al desarrollo de los niños y adolescentes y para inculcar valores sobre una conducta sexual. Se mantiene la edad mínima para trabajar en 14 años conservando. para lo cual se trató en la medida de lo posible de reformar el menor número artículos. debido a que por imperativo de la Convención se debe consagrar expresamente y proteger los derechos de la libertad de expresión y de la información. Con este Capítulo se da cumplimiento a las obligaciones fundamentales que ha asumido la República en materia de trabajo de niños y adolescentes. No obstante. el cual no ha sido abordado adecuadamente por la legislación ni por las autoridades estatales. esto hizo necesario establecer mecanismos y garantías que les aseguraran este acceso. de que adolescentes de 12 a 14 años de edad puedan trabajar. sana. A pesar que esta ley no es la llamada a solventarlo en su globalidad. Ante esta realidad. se consideró oportuno establecer algunas limitaciones en torno a al tema. Con sus disposiciones se busca la protección de niños y adolescentes contra todo trabajo que sea peligroso.Mención especial merecen los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva. representantes y responsables. se desarrolló una serie de restricciones al acceso a determinadas informaciones y medios. pero siempre que esta sea acorde con su desarrollo y bajo los limites que les corresponde establecer a los padres. se reconoció el derecho a ser informado y educados en esta materia. porque todos ellos responden a imperativos y necesidades que existen actualmente en nuestro país. en apego a las excepciones previstas en este tratado internacional.
se redujo el período de descanso dentro de la jornada de 2 a 1 hora. comerciales y mineros. 7 días más que los trabajadores mayores de 18 años. aumentando su ámbito de aplicación en relación al artículo 247 de la Ley Orgánica del Trabajo. lo cual ya está previsto en la Ley Tutelar de Menores y es una obligación derivada del Convenio Nº 138. representantes y responsables en la materia. cree vías efectivas a fin de garantizarlos. El Titulo III El hecho de que los niños y adolescentes sean sujetos de derechos exige que la nueva legislación. segundo. Todos los adolescentes para trabajar deben inscribirse en un Registro de Adolescentes Trabajadores. la recreación y. La innovación más importante de este Capítulo es reconocer a los dolescentes trabajadores los derechos a la sindicalización y de huelga. así como adecuar la legislación al contenido del Convenio Nº 138 que obliga a otorgar un período mínimo de 4 semanas de vacaciones. Al hacerlo se da cumplimiento a varias obligaciones derivadas de diversos tratados internacionales ratificados por la República. Para el caso de los adolescentes de 12 a 14 años se prevé que sólo pueden trabajar después de haber obtenido una autorización del Consejo de Protección. la educación. mediante el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente. se ha establecido límites al ejercicio de los mismos. Esto tiene como finalidad asegurarles el disfrute de los derechos al descanso y a la recreación. se prohibe expresamente el trabajo en horas extraordinarias. Ahora bien. se otorga a los adolescentes trabajadores medios idóneos para la defensa de sus derechos e intereses en el trabajo. y sobre todo. Es importante subrayar que se optó por atribuir estas competencias a un órgano municipal porque se consideró que tiene las condiciones necesarias para conocer en forma directa y cercana las circunstancias específicas de los casos sometidos a su consideración. Sistema de protección del niño y del adolescente. y.impongan las circunstancias específicas del Estado Parte. sobre todo. por ello estos derechos aparecen como garantías adicionales al resto de los derechos. pero se ha introducido dos modificaciones importantes: primero. además de reconocer y dar contenido a los derechos. Debe subrayarse que se fijó esta edad mínima para cualquier clase de trabajo. llevado por el Consejo de Protección. Un órgano local tiene mejores y mayores posibilidades para determinar la conveniencia o no de otorgar una autorización para trabajar. con el objeto de disminuir el tiempo del adolescente dedicado al trabajo de 8 a 7 horas y facilitar el disfrute de otros derechos como el descanso. y deja fuera otros trabajos como los agrícolas. por lo que se ha respetado la importancia que tienen las facultades legales que corresponden a los padres. pesqueros y de servicios. En materia de jornada de trabajo de los adolescentes se mantiene el número máximo de horas diarias y semanales establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. el cual se refiere única y exclusivamente a trabajos industriales. desarrollado en el Título III. estableció claramente:
. Para ello el proyecto. Se ha aumentado a 22 días hábiles el período de vacaciones remuneradas de los adolescentes trabajadores. con el objeto de facilitar al Ministerio del ramo la inspección y supervisión del trabajo. que se derivan de la condición específica de los adolescentes.
1. integrada por entes del sector público y del sector privado. reduce los márgenes de discrecionalidad y desjudicializa el proceso de imposición de las medidas de protección. En la práctica esto significa que una única autoridad (el juez). como en aquellos otros en los que son los niños y adolescentes quienes vulneran los derechos de los demás. coordinadoras. órganos. observada la descentralización político-administrativa. se encuentre éste en situación de abandono. acogiendo plenamente los mandatos de la Convención. Un conjunto de medidas sancionatorias para quienes. Se trata de las políticas. que por su alcance y consecuencias serán aplicadas por el juez. para los victimarios. Asimismo. con atribuciones planificadoras. en el segundo. salvo las de colocación familiar o en entidad y la adopción. para todo lo relacionado con el niño. Mención más detenida merecen las medidas de protección previstas en el artículo 125. A los primeros se les aplica las medidas de protección y a los segundos. sanciones con finalidad socioeducativa. Estrategias El proyecto concibe varias estrategias de protección. órganos administrativos que ejercen función pública y estarán ubicados en cada municipio del país. de peligro o sea infractor. De acuerdo a este paradigma. El artículo 124 enuncia un conjunto de programas de la más variada índole. no garanticen. Los programas son estrategias de protección por excelencia puesto que incluyen todas las acciones realizadas por individuos o entidades para desarrollar las políticas y ejecutar las medidas de protección previstas en la ley. 3. amenacen o violen dichos derechos. la judicial. controladoras y ejecutoras de modo de crear una red eficiente de atención. el proyecto diseña una estructura coherente. Las estrategias. El proyecto. 1. siguiendo el mismo procedimiento. a los Consejos de Protección. programas y medidas de protección. atribuye competencia para la imposición de las medidas. encontramos en este proyecto dos sistemas claramente diferenciados: • El Sistema de Protección para los Niños y Adolescentes que son víctimas y otro. Sea víctima o victimario. La moderna concepción de la protección integral obliga a conceder un tratamiento diferente a las dos situaciones antes mencionadas y en consecuencia. pero las posibilidades de crear otros son infinitas. Atendiendo al principio de la Participación. porque su concepción y desarrollo suponen la superación de una de las características más importantes de la doctrina de la Situación Irregular: la judicialización de todos los problemas de la infancia. • El Sistema Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente (Título V). Las primeras. previstas en el artículo 120. deliberativas.
. 2. actores. según el cual la sociedad en su conjunto es responsable de hacer efectiva la garantía de los derechos de los niños y adolescentes. el juez de menores tiene competencia para resolver problemas sociales y jurídicos. estando obligados a ello. En tal sentido. defensa y garantía de los derechos del niño y del adolescente. se explican por sí solas. En el primer caso interviene la autoridad administrativa. da soluciones similares tanto en los casos de niños y jóvenes a quienes se les ha vulnerado sus derechos. Los mecanismos que garanticen los fondos necesarios para brindar protección integral a los niños y adolescentes. siempre y cuando dichos programas se adecuen a las exigencias de la propia ley. instancias y procedimientos idóneos para lograr ese objetivo esencial.
debe tomarse en cuenta que no estamos creando una categoría nueva de derechos a favor de niños y adolescentes sino poniendo énfasis en el destinatario de la protección y por consiguiente en la violación o amenaza. Los Consejos de Derechos a nivel nacional. Con la creación de estos dos tipos de Consejos el proyecto se dispone a proteger tanto los derechos difusos y colectivos como los derechos individualmente considerados. se ocuparán de imponer medidas de protección cuando los derechos de un niño. Luego serán investidos de función pública para que sus decisiones tengan fuerza conminatoria. de un adolescente o varios de ellos hayan sido violados de forma individual. cuáles medidas de protección pueden aplicar. que dejaba a la libre voluntad del funcionario público la vida y libertad de un niño o adolescente. a través de la interpretación jurisprudencial se encargue de ello. escogidos por la propia sociedad. en cada municipio. genéricamente considerados. eliminándose con ello la absoluta discrecionalidad consagrada en la Ley Tutelar de Menores. según corresponda. y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. por lo que la existencia de los tres niveles obedece a la necesidad de coherencia en materia de protección al niño y al adolescente. a la del edil. estadal y municipal. judiciales y el Ministerio Público. estadal y municipal deben funcionar en forma coordinada. los Consejos de Derechos tendrían a su disposición dos instrumentos: la posibilidad de recomendar y efectuar sugerencias a otros órganos del sector público encargados de prestar distintos servicios a niños y adolescentes y la posibilidad de intentar la acción de protección. con miras a la preservación o restitución del derecho violado o amenazado. Los órganos administrativos son los Consejos de Derechos y los Consejos de Protección del Niño y el Adolescente y los judiciales son el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. o a un grupo de ellos. Los Consejos de Derechos han sido creados con la finalidad de proteger los derechos difusos y colectivos. Los Consejeros son funcionarios especialísimos. constituyéndose con representación y responsabilidad paritaria y compartida entre el sector público y la sociedad en ejercicio de la democracia participativa. son administrativos. Podríamos decir que son colectivos y difusos aquellos derechos y garantías consagrados en la ley cuando se refieren a los niños y adolescentes. Los Consejos de Derechos tienen dos vías para garantizar los derechos de los niños y adolescentes: la formulación de políticas de protección y atención y la actuación cuando se viola o amenaza sus derechos difusos y colectivos. a) Órganos Administrativos Consejos de Derechos y los Consejos de Protección. como mínimo. un recurso judicial al cual se hará referencia más adelante. servicios
. Aun cuando se haya optado por no definir tales derechos difusos y colectivos dejando que la propia dinámica de la norma. son órganos deliberativos y controladores. Esta figura tiene características similares.Tanto los Consejos de Protección como los Consejos de Derechos prestarán. presentes en tres ámbitos: nacional. tanto a los Consejos de Protección como a la autoridad judicial. en cuanto a su naturaleza. Los órganos a través de los cuales opera el Sistema de Protección. porque estando vinculados a la alcaldía. no son subordinados al alcalde en sus decisiones. Los Consejos de Derechos. Se prevé que cada Consejo de Protección esté integrado por tres consejeros. Los Consejos de Protección que funcionarán. dentro de su ámbito de competencia.se indica claramente. En esta última vía.
respectivamente. para conocer exclusivamente de los recursos de apelación. debidamente formalizados. Llevaran el registro y control de las entidades de atención. puesto que se ha eliminado la figura de la consulta. que deben orientar la creación y funcionamiento de estos novedosos órganos. para el cabal ejercicio de las funciones que les son propias. El hecho de que la Sala de Juicio esté integrada por cuantos jueces sean necesarios. concebidas como un servicio que debe prestarse en el ámbito municipal. Cada tribunal. así como para la obtención de datos fundamentales para la promoción y defensa de los interese legítimos de niños y adolescentes. permite que especialistas en las distintas materias. las causas según su naturaleza y de acuerdo a un programa preestablecido. órgano jurisdiccional especializado para conocer todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de niños y adolescentes. en algunas alcaldías y organizaciones no gubernamentales del país. a los fines de garantizar un análisis integral de los asuntos. para ejercer el control judicial sobre la actuación de los Consejos de Protección y de los Consejos Municipales de Derechos. conforme a la organización interna. debe contar con servicios propios o en su defecto presupuesto para servirse de médicos. la inscripción y funcionamiento de tales programas. trabajadores sociales y cualquier otro
. el proyecto las legitima y confiere rango a los Defensores que las integran. Esto evidencia la magnitud de la importancia del tribunal. quienes conocerán unipersonalmente los asuntos que se les encomiende. por lo cual al incluirlas en el Sistema de Protección. máxima expresión de la potestad jurisdiccional en materia de resguardo a los derechos colectivos y difusos del niño y del adolescente. con éxito. para la decisión sobre la acción de protección. que asegure la garantía del Juez legal y previo. patrimoniales y laborales. cuya regulación se encuentra en las secciones 1ª. las cuales son en definitiva las unidades primarias que estarán encargadas de la instrumentación de los programas de atención que se ejecuten en el respectivo municipio. en materia de familia. 2ª y 3ª del Capítulo VIII. La LOPNA hace especiales referencias a las Defensorías del Niño y del Adolescente. sociólogos. 2ª y 3ª del Capítulo VII y en el Capítulo XIII. Órganos Judiciales y Ministerio Público Se concibe al Ministerio Público como órgano fundamental dentro del sistema de protección.actualmente inexistentes en el país. se distribuyan. permite el máximo aprovechamiento de los recursos. Las directrices básicas de esta nueva forma de protección. integral y cabal protección. equitativamente. así como el manejo de los recursos de los Fondos de Protección del Niño y del Adolescente. Se prevé también Salas de Apelaciones que deben funcionar dinámicamente e integrarse con los jueces. se encuentran en este proyecto. lo que conlleva a un conocimiento puntual del asunto impugnado. son servicios que ya están operando. Puntal del nuevo sistema es la concepción del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. La integración del mismo en una Sala de Juicio y en una Corte Superior. todo ello de acuerdo a lo dispuesto en las Secciones 1ª. se les otorga amplias facultades de inspección y vigilancia. Obsérvese que las Defensorías. para la imposición de las sanciones civiles por infracciones a la protección debida y. Se prevé que cuente con fiscales especializados y. finalmente. pero formando parte del mismo tribunal. diseñado para una especial. psicólogos.
mediante la imposición al requerido de obligaciones de hacer o de no hacer. ha previsto un conjunto de acciones y procedimientos. Se contará asimismo con funcionarios ejecutores de medidas cautelares o definitivas. que asimila a la comisión. independientemente del requerido. c) la consagración legal de la figura de comisión por omisión. tanto administrativos como judiciales. tortura. b) la abolición de las instituciones del nudo hecho y el antejuicio de mérito. sólo si encontrara fundamento en el pedido. en caso de malos tratos. pudiendo hacerlo un resultado lesivo para el orden jurídico. para preservar la actuación de los jueces solo a los asuntos propiamente jurisdiccionales. de modo que éstos deben presentarle al Ministerio Público su pretensión y éste la hará valer. se ha dispuesto una sala encargada de efectuar oportunamente las citaciones y notificaciones necesarias para el eficaz desarrollo de los procesos. para eximirse de su propia responsabilidad. En este sentido son medulares los siguientes aspectos incluidos en la LOPNA: a) el carácter de acción pública de todos los hechos punibles cuyas víctimas sean niños y adolescentes. no evita. pero soslayando pronunciamientos idealmente correctos pero fácticamente incumplibles. de amplio arraigo en la doctrina penal. Se pretende. siempre que sea de posible cumplimiento. actos u omisiones de particulares. protectora de la cualidad del funcionario público y que han derivado en un obstáculo para la averiguación y sanción de los hechos punibles cometidos por abuso de autoridad y por ende fuente de impunidad. El proyecto contempla un conjunto de sanciones. Se otorga al Ministerio Público el ejercicio de la acción de protección cuando el solicitante sea la Nación. en abstracto. para exigir. de modo que el Ministerio Público. La idea es evitar judicialmente que los derechos y garantías consagrados en favor del niño y del adolescente. Entre las acciones se destaca. lesiones e incluso muerte de niños y adolescentes.experto. sancionar severamente a quienes. Infracciones a la Protección Debida. ante las instancias anteriormente mencionadas el cumplimiento de los derechos consagrados en esta ley. los estados o los municipios. entablen querellas unos contra los otros. con la inclusión de este nuevo tipo. aprovechando la
. la omisión de quien. órganos e instituciones públicas y privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos del niño y del adolescente. aplicables en caso de infracciones contra los bienes jurídicos más relevantes consagrados en favor de niños y adolescentes. Por ello. si el proyecto no contemplase los mecanismos procesales. Además. como uno de los institutos más novedosos de este proyecto la Acción de Protección contra hechos. Su finalidad es un mandato judicial de protección. estando en posesión de garante. Se pretende así evitar que. la Nación. d) la tipificación como delitos autónomos del uso de niños o adolescentes para delinquir y la inclusión de éstos en grupos criminales. en virtud del principio de la oficialidad. Acciones y procedimientos El Sistema de Protección estaría incompleto y sería del todo inoperante. está obligado a investigarlos. Sanciones. los estados o los municipios. puedan no concretarse por conducta activa u omisiva de quien tenga el deber de asegurárselos. tanto civiles como penales.
tales como. cuya instrumentación tampoco tendrá mayores repercusiones a nivel presupuestario. Se consideró importante establecer el concepto de familia de origen. siendo que el monto de tales remuneraciones será fijado de forma autónoma en cada municipio. Por ello. Así. En el caso del Consejo Nacional de Derechos. se aborda lo concerniente a la patria potestad y dentro de ella la guarda. obligación alimentaria.inimputabilidad de los niños y adolescentes. cosa que no se logra tomando como base para el cálculo. Instituciones familiares Título IV De las instituciones familiares. se define los Fondos de Protección como el conjunto de recursos vinculados a la ejecución de programas. lejos de producirse un incremento en el gasto público motivado por la creación de nuevos órganos.
. Recursos En relación con los recursos que serán necesarios para lograr la protección y atención integral a niños y adolescentes. Se trata de fondos que funcionan como servicios autónomos sin personalidad jurídica. se producirá una reducción y una reasignación de recursos. la función de Consejero de los Consejos de Derechos tiene carácter no remunerado. previstos en el Capítulo XIII del Título III. así mismo. incautaciones y restituciones. suspensiones. Así esta ley consagra lo que constituye un punto clave en la nueva concepción del recurso humano. y dentro de él como sector prioritario el de la niñez y la juventud. las cuales van desde el derecho reconocido al niño y al adolescente de ser criado y educado dentro de tal familia. lo cual pretende que la afectación del nivel de vida sea lo más igualitaria posible. f) la previsión de otras formas accesorias de sanción tales como: cierres. sumas determinadas o días salario. Al contrario. la ley ha creado un sistema de Fondos de Protección del Niño y del Adolescente a nivel nacional. se aborda la regulación de la familia sustituta. acciones o servicios de protección y atención al niño y al adolescente. con enfoques muy precisos sobre aquellos aspectos cuya regulación era imprescindible adecuar a los requerimientos de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. por su parte. se componen tan sólo de tres funcionarios cuyas remuneraciones afectarán los respectivos presupuestos municipales. concebida como familia nuclear. especialmente en las modalidades de colocación familiar y adopción. hasta el hecho de considerar excepcional la separación del seno familiar. al erigir su protección y atención en empresa básica de prioridad absoluta. estadal y municipal. visitas y autorizaciones para viajar. g) la disposición de que las multas impuestas reviertan en beneficio de los niños y adolescentes al destinarlas a los Fondos de Protección. se ha previsto la creación de la Dirección Ejecutiva. En relación a posibles problemas presupuestarios para la implantación de esta nueva organización administrativa es importante recalcar que se ha tenido especial cuidado en minimizar los gastos administrativos de los órganos a ser creados. Los Consejos de Protección. retiro de circulación. e) la fijación de multas por meses de ingreso. pues la misma es el centro de gravedad de una serie de disposiciones de la mayor importancia. se sirven de ellos en eventos criminales.
en caso de desacuerdo entre los padres. a los cuales deberá incluirse en un programa que ayude a resolver la problemática familiar. separación de cuerpos y nulidad de matrimonio se las considera extensivas a los casos en que los padres tengan residencias separadas. el haber consentido en la adopción del hijo. dejándose la intervención judicial como última posibilidad. con la imposibilidad de conceder la guarda.En el articulado referido a la titularidad de la patria potestad se ha incorporado algunas orientaciones que hagan posible. haga dicho reconocimiento dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del respectivo niño. Debido a la conveniencia de agrupar en el proyecto todas las disposiciones que se refieren a la patria potestad. no solo de oficio sino también a petición del hijo cuando tenga doce años o más. cuando el divorcio se solicita con base a la causal contenida en el artículo 185-A. dentro de las cuales se estimó importante que el juez tuviese en cuenta las previsiones de los cónyuges en materia de guarda. que éstos arriben a una solución conjunta en todo lo que concierne a los hijos. para ellos. y haya pronunciamiento judicial en la materia. reiteración. La guarda. Se incorporó una norma que sanciona. En el caso de los hijos habidos fuera del matrimonio (artículo 350) se estimó beneficioso. Las medidas sobre guarda en caso de divorcio. se hizo extensiva la titularidad y el ejercicio conjunto de la patria potestad a aquellos casos en que el progenitor que no hubiese podido concurrir con el otro a presentar o reconocer el hijo. evitando en lo posible el uso de adjetivos. separación de cuerpos o nulidad de matrimonio. el cual supedita la atribución de la titularidad conjunta de la patria potestad al establecimiento simultáneo de la filiación. se consagra la privación de la misma reformulándose algunas de las causales previstas en el Código Civil y añadiéndose otras. cuando tal negativa resulte injustificada. cuando
. se incorporó la previsión contenida en el artículo 192 del Código Civil en cuanto se refiere a las medidas en caso de divorcio. Como respuesta a la tendencia general y a la conveniencia de impedir la separación del niño o adolescente de la familia de origen solo por razones económicas. pues las situaciones que plantean con respecto a los hijos son similares. Además. visitas y obligación alimentaria. En tal sentido. entre las causales de la misma. colocándose. a fin de que el juez decida en cada caso con base en la gravedad. se considera que la solución es mantener al niño o adolescente con sus padres. arbitrariedad y habitualidad de los hechos. atenuar la rigurosidad del artículo 261 del Código Civil. lo cual posibilita decidir el lugar de residencia de los mismos. a la persona que ejerza la guarda y al Consejo de Protección. lo cual responde a la necesidad de algunas madres de confiar la guarda de los hijos al padre. en los casos de incumplimiento de la obligación alimentaria. En lo relativo a la afectación de la patria potestad. En tal caso. en el artículo 354 se afirma la improcedencia de la privación de la patria potestad por la falta o carencia de recursos materiales. Acorde con el compromiso de brindar una mayor protección a los niños y adolescentes. se faculta al Ministerio Público para interponer la acción de privación de patria potestad. cuyo contenido se amplia y se hace énfasis en el requisito del contacto directo con los hijos. Dentro de estas medidas se incorporó la posibilidad de que los hijos de siete años o menos no permanezcan con la madre a solicitud expresa de ella. se da contenido al enunciado de extinción de la patria potestad al cual alude el Código Civil.
En cuanto a la obligación alimentaria. Se ha considerado conveniente penalizar el retardo en el cumplimiento de dicha obligación. con inclusión de personas ajenas al círculo familiar. En cuanto a la responsabilidad solidaria que tradicionalmente se ha hecho recaer sobre el empleador o quien haga sus veces. Todo eso refuerza el procedimiento especial de alimentos. podemos encontrar: la referencia al contenido de la obligación alimentaria. los cuales pueden resultar afectados si el obligado se aprovecha de la inexperiencia de quien suscribe el convenio. el ajuste en forma automática y proporcional del monto. Se ha previsto la posibilidad de que la obligación alimentaria pueda ser cumplida a través de otros medios distintos al pago de una mensualidad. ejemplo de estos
. se introdujo importantes modificaciones con miras a hacer más efectivo su cumplimiento y dar respuesta más adecuada a los intereses en juego. No se trata con ello de equiparar la naturaleza de la obligación alimentaria con la patrimonial. la ampliación del número de personas obligadas. mediante el pago de intereses que serán calculados a la rata del doce por ciento anual. el depósito o la custodia de bienes pertenecientes al obligado. en el cual se propicia el convenimiento como primera solución (artículo 516). Entre estas modificaciones. Resultó también novedoso concederle fuerza ejecutiva al convenimiento homologado por el juez para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento. la tasa de inflación que se determine por los índices del Banco Central. por dejar de retener las cantidades que los tribunales les indican de los sueldos. o penales que ocasione su conducta. la fijación de la obligación alimentaria en salarios mínimos con miras a disponer de una referencia por todos conocida y de divulgación nacional.sean razones estrictamente personales y no de salud o de seguridad las que les impidan el ejercicio de la guarda. teniendo en cuenta. pero siempre dentro de los parámetros que constituyen la necesidad e interés de quien requiere el cumplimiento de la obligación y la capacidad económica del obligado. con la finalidad de desestimular el incumplimiento de la misma. El convenimiento para fijar el monto de la obligación tiene especial importancia. Asimismo se establece el deber para el juez de cuidar los intereses del niño o del adolescente. sin tener que acudir al procedimiento judicial. sino de concederle la importancia que tiene. tal y como sería el caso en aquellas colocaciones familiares donde se prevea tal obligación. bancos o instituciones financieras. salarios y otras remuneraciones del obligado. El término para que prescriba la obligación de pagar lo adeudado por concepto de obligación alimentaria se elevó a diez años. la declaratoria de subsistencia de la misma con independencia de la titularidad de la patria potestad o del ejercicio de la guarda. que tengan la administración. algunas de las cuales han venido siendo aplicadas por la jurisprudencia. todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles. como por ejemplo. para ello. la misma se hace extensiva a los administradores o directivos de personas jurídicas. siempre que ello suponga la entrega periódica de una cantidad de dinero que satisfaga las necesidades del solicitante. se permite la solución del caso entre las partes sin intervenciones de terceros o a través de las Defensorías y Defensores del Niño y del Adolescente. A la fijación por convenimiento de las partes se incorporó lo relativo al incremento automático del monto para evitar que las partes tengan que modificar el convenio solo con ese fin.
ya sea porque hay ausencia total de padres. para alertar al juzgador. Debido a que. Como modalidades jurídicas substitutivas del medio familiar se menciona la colocación familiar o en entidades de atención. La intervención judicial está prevista para aquellos casos en que exista desacuerdo entre las personas llamadas por ley a otorgar la respectiva autorización o se nieguen a darla. Dentro de las normas sobre visitas se incorporó a la previsión referida a la retención o sustracción del hijo por parte de un progenitor. o por el juez competente. en caso que las conceda. la cual surge cuando los niños y adolescentes son privados temporal o permanentemente de su medio familiar. afecto y educación. La familia substituta debe ser entendida como aquella que. de común acuerdo.medios son la constitución de un usufructo a favor del niño o adolescente. consecuencias económicas dirigidas a desestimular la cada vez más frecuente e indeseable práctica de desconocer las decisiones judiciales en materia de guarda y la afectación a los intereses del hijo. en especial. legitimándose al hijo. no siendo la familia natural del niño o el adolescente. Se consideró conveniente incluir esta definición del contenido de las visitas a fin de ocasionar menos discusiones al respecto y. pueden sus padres resultar privados de la patria potestad o de la guarda. En lo referido a las autorizaciones para viajar. el cual es tratado como un objeto cuya propiedad pareciera estar en discusión. o su designación como beneficiario de determinados intereses económicos. se previó un régimen de visitas. la tutela y la adopción. Al igual que en el caso de la guarda. si es un adolescente o al padre que autorice el viaje.
. o porque estos son afectados en la titularidad o ejercicio de la patria potestad o de la guarda sobre sus hijos. en interés de los hijos. se tuvo presente la importancia de conservar y favorecer los nexos del niño y del adolescente con su familia de origen. las cuales constituyen una materia muy delicada por su cercanía con el tráfico de niños. La familia sustituta puede estar conformada por una o más personas. El Capítulo III de este Título trata de la familia sustituta. se niega el derecho de visita al progenitor que incumple injustificadamente la obligación alimentaria. pese a habérsele impuesto judicialmente y a disponer de recursos económicos para ello. a sabiendas que la guarda del mismo ha sido conferida a otra persona. acerca de la extensión que les puede fijar. a fin de brindar una mayor protección a los niños y adolescentes se establecen más controles para los viajes al exterior que para los realizados al interior del país. En cuanto a las visitas. el cual puede hacerse extensivo a otros familiares y. aún a terceras personas. previstas en la Sección 4ª. lo acoge para que forme parte de la misma. cuyo contacto con el niño o adolescente se repute conveniente al mismo. sino también. como la facultad de llevarlo a un lugar diferente al de su residencia habitual. Estas visitas se las puede entender no solo como el derecho o la oportunidad de acceder a la residencia del hijo. para solicitar tal intervención. lo cual justifica las precauciones que se establecen en el proyecto. con la finalidad de suministrarle protección. por un período limitado de tiempo que se fijará entre las partes.
desarrollada en la Sección 3ª del Capítulo III. Para su regulación se mantuvo muchas de las normas de la Ley de Adopción.En cuanto a la eliminación de la declaratoria del estado de abandono. o solo para ciertos actos. lo cual se produce cuando la adopción plena no es posible. A los fines de propiciar los mejores resultados a través de la intervención de una familia sustituta. además. Estas evaluaciones pueden ser realizadas por la respectiva oficina de adopciones o por el equipo multidisciplinario del tribunal. se propone como última alternativa. En estos casos la guarda y representación de estos niños y adolescentes estaría confiada a los responsables de tales entidades u otras personas que trabajan en las mismas. se propone sustituirla por la privación y la extensión de la patria potestad para posibilitar así la decisión del juez acerca de la medida de protección que más convenga en el caso particular. La adopción. Se previó. estas personas solo podrán tener bajo su responsabilidad un número razonable de niños o adolescentes. en cada caso. pues tres meses resultaba muy poco tiempo para determinar con relativa certeza si la convivencia de adoptantes y adoptado resulta exitosa. el cual se elevó a seis meses como mínimo. Así mismo se eliminó el requisito de los tres años de casados que se exige a los cónyuges que desean adoptar. resultaría insuficiente. Es importante destacar que solo el funcionamiento de toda la estructura prevista en el proyecto hará posible la sustitución exitosa de la tutela del Estado y de la declaratoria del estado de abandono. pues. en el artículo 395 aparecen señalados los principios que deberá tener presentes el juez para decidir. por cuanto este requisito ha estado vinculado en nuestra legislación sobre adopción a dar oportunidad de tener una descendencia propia. Sin embargo. se modificaron algunas y se crearon otras. los mismos son similares a los de la guarda. Entre las principales modificaciones podemos mencionar la eliminación de la adopción simple. la modalidad más apropiada de familia sustituta. una vez que se eliminó la prohibición de adoptar para quienes tenían descendientes. Otra modificación se produjo en lo que se refiere a la duración del período de prueba. Para que pueda dar resultado la colocación. En cuanto a la representación. Entre las nuevas previsiones que se incorporaron en materia de adopción están referidas a supeditar la validez del consentimiento de la madre a que el niño haya nacido. siempre que satisfagan los requerimientos que se exijan para tal designación y se les controle adecuadamente. en tal caso. la colocación de los mismos en entidades de atención. constituye otra de las instituciones familiares que prevé el proyecto. la obligación de que se produzcan durante ese lapso no menos de dos evaluaciones acerca de los resultados de dicha convivencia. Por cuanto la colocación familiar podría también presentar algunas dificultades para la pronta y efectiva atención de algunos niños y adolescentes. exigir asesoramiento a todas aquellas personas cuyo
. considerada como parte de la patria potestad. ésta puede ser otorgada para todos los actos que conciernan al niño o adolescente. En cuanto al concepto y contenido de la guarda que constituye el objeto fundamental de la colocación familiar o en entidades de atención. tal requisito ya no se justifica y tampoco se justificaría si se pretende que el mismo sea un indicativo de la estabilidad de la respectiva unión matrimonial. por cuanto la misma había quedado reducida en la Ley de Adopción a permitir una adopción sin ruptura de nexos entre el adoptado y su familia de origen y sin constitución de vínculos entre adoptantes y adoptado.
exigir elaboración del correspondiente informe sobre el candidato a adopción. sin garantía alguna acerca de la información que suministran dichas personas para solicitar la adopción. igualdad de las partes y ampliación de los poderes del juez
. se aplica en asuntos patrimoniales. si los solicitantes desisten de la adopción después que el niño o el adolescente ya se encuentran en otro país. amplitud de los medios probatorios. con miras a determinar su adoptabilidad. Otro aspecto novedoso de la regulación en esta materia está constituido por las normas sobre adopción internacional previstas en la Sección 4ª. ni tampoco del seguimiento que debe realizarse durante el período de prueba o de lo que pueda pasar con el candidato a adopción. a la presentación de las solicitudes de adopción y a los responsables por los informes de seguimiento durante el período de prueba. comprendiéndose. gratuidad. obligaciones alimentarias y guarda. En tal sentido. un procedimiento para la adopción y un procedimiento para alimentos y guarda. La razón de tal exigencia está en la necesidad de proteger adecuadamente a los niños o adolescentes que son dados en adopción a personas que residen en otros países. Dicho procedimiento se enmarca dentro de una serie de principios rectores destinados a lograr una eficaz y pronta justicia en los casos en que se aplique. se utilizaría el recurso de la adopción internacional. se estimó necesario dar una definición de lo que debe entenderse por adopción internacional para lo cual se utilizó el concepto de residencia habitual de las partes. Otro aspecto importante de la adopción internacional es el referido a la subsidiariedad de la misma. Asimismo. en dicho informe a la familia y evolución personal y médica del posible adoptado. respectivamente. dentro de los que se incluyen los conflictos laborales. El procedimiento contencioso en asuntos de familia y patrimoniales resulta aplicable en asuntos de familia. prohibir la obtención de beneficios económicos o de cualquier otra clase para consentir en la adopción. Los tres últimos Capítulos del Título IV están dedicados a los aspectos procesales y comprenden. Se tuvo en cuenta que Venezuela puede ser tanto país de residencia habitual de los niños o adolescentes a ser adoptados. debiendo estas estar en países distintos con independencia de su nacionalidad. se incorporan algunas exigencias referentes a la habilitación de los solicitantes. a la autorización que debe obtenerse del Estado al cual va a ser trasladado el candidato a adopción para que el mismo pueda entrar y permanecer allí. si su interés lo hace aconsejable. Una previsión muy importante constituye la exigencia de tratados o convenios internacionales para que se pueda realizarse una adopción internacional. como de los solicitantes de la adopción. asimismo. así como elaborar el informe necesario que permita determinar la aptitud para adoptar de los solicitantes de la adopción. excepto la adopción. así como suministrar a estas personas información acerca de los efectos que tendrá dicha adopción. un procedimiento contencioso en asuntos de familia y patrimoniales. salvaguardar la confidencialidad del contenido de toda la información que conforme un expediente de adopción y hacer posible que el adoptado o su representante accedan a esta información. lo cual significa que se debe agotar primero las posibilidades de una adopción interna y solo si ello no es posible o no es lo más conveniente para quien va a ser adoptado. brevedad de los lapsos. para los cuales se prevén procedimientos especiales.consentimiento es necesario en una adopción. Como rasgos más relevantes de este procedimiento se pueden mencionar la oralidad.
Los requisitos mínimos para la construcción del nuevo sistema penal de responsabilidad son: a) la consideración del adolescente infractor como una precisa categoría jurídica. imponiéndoles una sanción que constituye una medida con finalidad educativa. en forma diferenciada respecto de los adultos. b) la aplicación de cualquier medida de seguridad. El antiguo paradigma de la Situación Irregular hace eco de la postura “compasiónrepresión”. que los adolescentes infractores tienen responsabilidad
. Se estimó innecesario recargar la LOPNA con una serie de procedimientos especiales aplicables a diversos asuntos. rectificación de los actos del estado civil. La más moderna doctrina aconseja incluso dejar a un lado los eufemismos y asumir. Dentro de este procedimiento se previó la procedencia de los recursos de revocación. La responsabilidad implica que a los adolescentes se les atribuya. autorizaciones para los padres y otros representantes. c) competencia ilimitada del juez para decidir ambas cosas (qué constituye hecho antisocial y qué medida aplicar) lo cual conduce a la impunidad o al exceso de rigor. Los menores de doce años como inimputables e irresponsables. hay ya un proceso de maduración que permite reprocharles el daño social que causen. motivo por el cual se limitó a hacer la remisión correspondiente. se incorpora al mismo algunas previsiones dirigidas a responder a la adopción internacional y a las nuevas disposiciones consagradas para la adopción en general. oposición o suspensión del matrimonio. independientemente de la infracción cometida. signifiquen la realización de una conducta definida como delito o falta. Sistema penal de responsabilidad del adolescente TITULO V La Convención y los demás instrumentos jurídicos que integran la Doctrina de la Protección Integral poseen todos los elementos para revertir el antiguo paradigma y construir un Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes que sustituya el binomio “compasión-represión” por el binomio “severidad-justicia”. b) la consideración de los menores de dieciocho y mayores de doce años como inimputables penalmente pero responsables. apelación y casación. los cuales se encuentran debidamente regulados en el Código de Procedimiento Civil. con las particularidades propias de cada uno de ellos. Sólo es infractor quien ha cometido actos previamente definidos como delito o falta según la Ley Penal. las consecuencias de los hechos que siendo típicos. pues aun cuando no esté plenamente presente en él la capacidad de entender y de obrar conforme a esa comprensión.para conducir el proceso. El procedimiento de adopción conserva los rasgos generales del procedimiento actualmente regulado en la Ley de Adopción. sin embargo. antijurídicos y culpables. según la pertenencia del “menor” a una determinada clase social. tales como. de una vez por todas. visto que se caracteriza por: a) la indefinición de lo que es hecho antisocial.
el Título V. inviolabilidad de la defensa. acatando el mandato de la Convención en el sentido de que el sistema penal de responsabilidad de adolescentes debe. legalidad. más aquellos inherentes a su especial condición. espacial y temporal de la ley. señalar sus integrantes y consagrar los principios básicos de Derecho Penal sustantivo: responsabilidad en la medida de la culpabilidad. como la reserva de su identidad y la confidencialidad de las actas del proceso. d) Reducción de los márgenes de discrecionalidad del juez. e) Concepción de la privación de libertad como una medida de naturaleza estrictamente judicial (salvo el caso de flagrancia) y excepcional (último recurso). se da pautas de interpretación. dignidad. adoptando todos los principios de la Convención: humanidad. ser tan garantista como el de adultos. g) Control judicial de las medidas impuestas al adolescente para garantizar sus derechos. inocencia. si bien atenuada. impuesta sólo en caso de infracciones graves. según se haya establecido su participación durante la investigación o el juicio. del procedimiento. jurisdiccionalidad. se ha incluido los principios de información clara y precisa de los motivos de la investigación. En este sentido. debido proceso y única persecución. impugnación y legalidad del procedimiento. Los estudios más reputados advierten sobre la gran importancia pedagógica de establecer un principio de responsabilidad para el adolescente y de no quedarse apegados a una visión asistencial de la justicia para la niñez y adolescencia. contradictorio. sobre el significado de las actuaciones procesales y las decisiones que se produzca. proporcionalidad. Seguidamente. que se hace más marcado a los catorce y que adquiere plenitud a los dieciocho años. lo que
. se precisa el ámbito de aplicación personal. c) Garantía del debido proceso. En otras palabras si el adolescente comete una infracción de la Ley Penal debe tener los mismos derechos y garantías previstas para los adultos. cuya ejecución debe cumplirse en la forma que ésta regula. así como los objetivos que se atribuyen a la sanción. por conducta típica y antijurídica y que lesione o ponga en peligro el bien tutelado. de la misma naturaleza que la del adulto. mediante la consagración de los principios de legalidad del acto. f) Previsión de una amplia gama de medidas educativas que permitan dar respuestas diferenciadas según el tipo de infracción y a la edad del infractor. con las particularidades de la especialidad en razón de la edad. defensa. en la Sección 2ª. La responsabilidad sólo puede ser declarada en juicio y la sanción sólo puede ser la prevista en la ley según el caso. derecho de ser oído. comienza por definir el sistema. Punto de sumo interés es la determinación de que un niño que incurra en un hecho punible no puede ser objeto de sanción penal sino de una medida de protección a cuyo efecto el fiscal del Ministerio Público o el juez. de la sanción y su ejecución. Se dispone así un régimen progresivo de exigencia de responsabilidad conforme a las enseñanzas de la sicología evolutiva sólo a partir de los doce años de edad. además de los principios de igualdad. Capítulo I. finalmente. como mínimo.penal. La ejecución de la medida privativa de libertad es de competencia exclusiva e indelegable del Estado. así como los casos de concurrencia de adultos y adolescentes en un hecho punible y. en su Sección 1ª. Así. con la finalidad de que el proceso sea absolutamente conocido y entendido por el adolescente. que sólo le quita al joven la conciencia de la responsabilidad de sus actos. La Sección 3ª consagra una serie de garantías fundamentales de orden sustantivo y procesal. notificará lo conducente al Consejo de Protección.
Así tenemos que por el principio de oficialidad. que utilizan adolescentes entre sus miembros. Por aplicación del principio de oportunidad puede darse al asunto soluciones distintas a la acusación. si transcurridos tres meses con el adolescente en prisión preventiva. la separación de adultos cuando se esté detenido y. sustituyéndola por otra medida cautelar. sin que ello signifique menoscabo del derecho de defensa. dirigido a la concientización de la responsabilidad. el juez que conozca el mismo la hará cesar. para la perpetración de crímenes de toda especie. con reducción de algunos plazos de modo de hacerlo lo más breve posible. contiene un sentido altamente pedagógico. Dichas soluciones son: a) la conciliación: fórmula mediante la cual el fiscal del Ministerio Público promueve un acuerdo que. Se consagra la confidencialidad de los datos del proceso. Se dispone que. La explicación ratifica una vez más el sentido educativo del juicio y la necesidad de que el adolescente comprenda el
. si es homologado por el Juez de Control. la excepcionalidad de la privación de libertad. fijándose un plazo breve para su redacción y publicación. excluyéndose únicamente aquellos hechos punibles que por su gravedad y repercusión social se estima deben ser enjuiciados. cuando se trate de establecer su responsabilidad penal. la consideración de los usos y costumbres de adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. éste es cabalmente satisfecho. que se solucionan favorablemente a las partes sin que se renuncie a la responsabilidad del adolescente por su acto. conlleva a la suspensión del proceso a prueba. concluido el debate. merecen especial consideración. procede el sobreseimiento.además del desarrollo del derecho de defensa que trae consigo. dándose una explicación sintética de sus fundamentos con lo cual queda notificada. La Sección 2ª prevé fórmulas de solución anticipada que. Se dispone que la sentencia se pronuncie verbalmente. La Sección 4ª regula el juicio oral. Esto tiene la gran ventaja de permitir la reparación individual o social del daño y al mismo tiempo pretende la concientización del adolescente a cuyo efecto se ordena su orientación y supervisión por el ente más idóneo. el juicio no ha concluido con sentencia condenatoria. algo de gran importancia. También como recompensa a una contribución decisiva en la investigación que permita evitar la comisión de otros hechos punibles. que se ha concebido según el modelo del Código Orgánico Procesal Penal. caso típico del crimen organizado y de las pandillas. Finalmente se evita llevar a juicio oral una significativa cantidad de asuntos. el fiscal del Ministerio Público tiene la obligación de investigar cuando tenga sospecha fundada de la existencia de un hecho punible. pero la confirmación de la sospecha por la investigación no necesariamente debe conducirlo a acusar al adolescente que lo cometió o participó. esclarecerlos o determinar la participación de otras personas. por lo novedosas en nuestra realidad procesal penal. y cuando no fuere posible su redacción total se leerá su dispositiva. b) la remisión: esta fórmula permite prescindir total o parcialmente del juicio en atención a lo insignificante del hecho (criminalidad de bagatela) o a la mínima participación del adolescente. Si durante el lapso determinado para el cumplimiento de las condiciones del acuerdo.
los de mayor significación social. El Capítulo III está referido a las sanciones. dar respuesta a la sociedad que exige seguridad y. pasando por formas graduales de restricción de derechos que comprende la imposición de reglas de conducta. dar la pauta para la aplicación de una auténtica sanción. cuestión que si bien puede ser importante. entendida como medio para lograr por una parte la concientización y reinserción en la sociedad del adolescente infractor de la ley penal y por la otra. La Sección 2ª define clara y precisamente cada una de las sanciones previstas y su forma de cumplimiento. corresponde a un enfoque determinista sociológico propio del área de prevención. se prevea en la legislación ordinaria pena privativa de libertad. servicios a la comunidad. La privación de libertad se admite como sanción únicamente cuando el adolescente haya resultado culpable de uno o varios de los hechos punibles taxativamente dispuestos que son. Esto. siendo el denominador común a todas las finalidades primordialmente educativas. o cuando fuere reincidente y el hecho punible objeto de la nueva sanción. da cuenta del absoluto respeto a la concepción de que se trata de una responsabilidad penal especialmente atenuada y que la privación de libertad como medida sancionatoria excepcional. su familia y su comunidad.significado de las razones legales y éticosociales de las decisiones que se produzca. incluso de iniciativa no gubernamental. los distintos supuestos de procedencia de esta sanción y se agrega que en ningún caso podrá imponerse al adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de pena establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente. bajo parámetros fundamentalmente objetivos. De fundamental importancia son las pautas para la determinación de la sanción aplicable. que debe separarse de lo que corresponde en esencia a una ley penal y ser tratado de un modo distinto. con lo cual se integra a la sociedad civil a esta tarea fundamental de rescate del adolescente infractor. dando preeminencia a nuevas formas alternativas a la privación de libertad y cabida a programas socio educativos. para ello. Se pretende ahora. por sus resultados. es amplio y va desde la amonestación hasta la privación de libertad. y de dos en caso de que tengan menos edad. para si mismo. que en su límite máximo sea igual o mayor a cinco años. sobre la base del reconocimiento de que la legislación penal versa sobre conductas y la posible aplicación de sanciones proporcionales a quien culpablemente las ejecutó y no cuestiones relativas a la personalidad o forma de vida del autor. sumado a que el lapso máximo por el que puede privarse de su libertad a un adolescente mayor de catorce años es de cinco años. sólo es procedente en casos muy graves y como
. contención del fenómeno criminal. caso en el cual se considera su internamiento como un presupuesto necesario para un programa socio-educativo eficaz. por regla general. libertad asistida y semi libertad. por la violencia que les es intrínseca o por la generalización del fenómeno y su vinculación con el crimen organizado. Se regula además con la mayor precisión el lapso mínimo y máximo que puede durar la privación de libertad según la edad del adolescente. o cuando incumpliere injustificadamente otra sanción que le haya sido impuesta.
para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. formación para el trabajo y recreación en los institutos de internamiento. Asunto trascendental es el plan individual de ejecución de la sanción de privación de libertad. En este contexto. La Policía de Investigación es el órgano encargado de auxiliar en la investigación de los hechos punibles y sus responsables y debe contar con personal especialmente capacitado para trabajar con adolescentes. Al Ministerio Público corresponde la investigación y el ejercicio de la acción penal pública. último del Título. de modo que atendiendo a sus especiales necesidades se atiende también a la prevención. además de la prohibición de condiciones penitenciarias crueles o degradantes. que deben ser establecimientos públicos y pertenecer al sistema previsto en esta Ley. La Sección 2ª regula al sujeto procesal imputado. se ha dispuesto la intervención judicial especializada que. El Derecho Penal ha comprendido que resulta incompatible la concepción de un sistema sustantivo y procesal garantista con la práctica de echar al olvido al condenado. La Sección 3ª regula lo concerniente a la ejecución de las sanciones. Es aquí y no en la determinación de la sanción. tal cual está concebida para los adultos. El Capítulo IV. Se dispone que los padres. debe revisar las sanciones impuestas por lo menos cada seis meses para verificar si están cumpliendo los objetivos que las fundamentaron. disponiéndose sus derechos y en especial la participación de su defensor desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso. donde cobra un rol significativo la personalidad del infractor. en cuya elaboración debe participar el adolescente y el cual atiende al estudio de los factores y carencias que incidieron en su conducta y al establecimiento de metas concretas y estrategias idóneas para fortalecer sus potencialidades y suplir o manejar sus deficiencias. lo que garantiza un régimen progresivo en los programas socio-educativos. La Sección 1ª regula la actividad del Ministerio Público en este campo y de la Policía de Investigación. debidamente registrados. El Capítulo culmina con la Sección 4ª que prevé el control judicial de la ejecución de las sanciones impuestas al adolescente. para garantizar su adecuado cumplimiento y el logro de su finalidad educativa. aspecto medular que explica cuestiones de tanta importancia como la exigencia de entidades y programas. diseña y estructura la justicia penal del adolescente. se resalta la necesidad de seleccionar cuidadosamente el personal según su capacitación. Otros cuerpos policiales también están facultados para aprehender adolescentes en cuyo caso deben ponerlos de inmediato a la orden de la policía de investigación. que destruyen la personalidad. lo que pretende hacer efectiva una auténtica especialidad.sustrato para la aplicación de un programa acorde con el objetivo pedagógico de la sanción. públicos o privados. Para el primer aspecto rige el principio de la oficialidad y para el segundo los criterios de oportunidad reglados a los cuales ya se ha hecho amplia referencia. entre otras atribuciones.
. Puede practicar aprehensiones pero en ningún caso disponer la incomunicación. este puede ser particular pero se prevé la defensa pública especializada. Esta debe siempre comunicarlo de inmediato al fiscal del Ministerio Público. Se dispone la obligatoriedad de la escolarización.
Culmina el Capítulo con la Sección 4ª dedicada a los órganos jurisdiccionales. la que de conformidad con la ley tiene amplia participación en el proceso. se ha concebido la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal. sobrepasa al directamente ofendido por el hecho punible. como órgano especializado tanto a nivel de la investigación como del proceso mismo y posteriormente en la etapa de ejecución de la sanción. equipo y personal. Hasta tanto. La definición de víctima. Disposiciones Transitorias y Finales TITULO VI Bajo este Título genérico encontramos tres tipos de normas: disposiciones que tienen carácter preparatorio. pudiendo incluso recurrir en apelación contra el sobreseimiento o la absolución. siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. otras con carácter verdaderamente transitorio y por último. Este tribunal se concibe asistido de un servicio auxiliar de equipos multidisciplinarios y de una sala de citaciones y notificaciones. Sobre este particular se impone comentar que por virtud de la organicidad. además. quedan derogadas todas las disposiciones que le son contrarias. aun cuando determinados órganos no estén debidamente instalados en toda la República. En busca de una economía de acciones que brinde la mayor eficiencia con el máximo aprovechamiento de los recursos. extendiéndose a otros afectados e incluso a asociaciones. Esta derogatoria puede
.representantes o responsables puedan intervenir en el proceso como coadyuvantes en la defensa sin perjuicio de su participación como testigos del hecho investigado. un tribunal penal. conforme dispone el artículo 556 y en los delitos de acción pública podrá adherirse a la acusación fiscal en el plazo establecido en el artículo 572. especialidad y posterioridad de esta ley. la víctima deberá ejercer la acción mediante querella. Esto permite la utilización del nuevo concepto funcional de la administración de justicia que prevé el Código Orgánico Procesal Penal y caracteriza el proceso de adolescentes dentro del marco que le es propio. La Sección 3ª está referida a la víctima. las disposiciones transitorias establecen que el primer Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos será quien desempeñe el cargo de Presidente del INAM para la época. Los órganos y la normativa complementaria estén dispuestos para hacer efectiva la protección a los niños y adolescentes. necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. el INAM. para evitar traumas y favorecer la continuidad administrativa. previstas en la ley. previstas en las leyes ahora vigentes. Vencido el plazo o finalizado el proceso de transferencia. previendo un lapso no mayor de un año para que concluya. Las disposiciones transitorias están concebidas especialmente para garantizar la protección. en caso de delitos que afectan intereses difusos o colectivos. Las disposiciones finales se circunscriben a las derogatorias expresas y tácitas. fundaciones y otros entes legalmente constituidos. dotado de instalaciones. seguirá funcionando como instituto autónomo. Las disposiciones transitorias obligan a la profundización del proceso de descentralización del Instituto. Para el enjuiciamiento de hechos punibles que requieren instancia privada. las finales. pero eso sí. aun no constituyéndose en querellante.
las previsiones legales no se han visto materializadas del todo. Además hay derogatorias expresas como los artículos 413 y 439 del Código Penal.003 • FUNDANA. en el cual el niño y el adolescente es un objeto de derecho y no sujeto. informática.org • O C E I.003
. que permitan la integración o reintegración de muchos niños y adolescentes a sus medios familiares.998 • El Nacional. no han formulado aún políticas de protección y atención a la familia. quedando vigente en lo relativo a adultos. obliga a los miembros del nuevo sistema de protección. Por otra parte el cambio de paradigma que supone esta ley. o parcial. a abandonar la política hasta el momento llevada a cabo. después de cinco años de vigencia de la mencionada Ley Orgánica. REFERENCIAS • Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. porque la trilogía familia. Índice y Entorno del Desarrollo Humano en Venezuela 1. cuando la disposición es enteramente sustituida. 2003) • Infancia Venezolana (CECODAP) • Proyecto Pobreza. 2. Lamentablemente. cuando sólo se sustituye en cuanto afecte a niños o adolescentes. Abril.fundana. 2.ser total.ve/ Derechos del Niño y del Adolescente
• Los derechos de los niños privados de su medio familiar (Ponencia P. Lamentablemente. no solo en Venezuela. los sistemas judiciales tienen con la infancia. el interés superior del niño y la prioridad absoluta son las dos grandes deudas que en general. LOPNA • Concejo Nacional de http://www. Sin padres ni hogar. http:// www.cndna. sociedad y Estado no ha funcionado adecuadamente. Araya. Universidad Católica Andrés Bello. Ello puede apreciarse en la carencia de directrices para el desarrollo de programas de fortalecimiento de vínculos familiares. que no han sido sustituidos por otros porque simplemente contenían una discriminación negativa inaceptable contra niños y adolescentes. Aun cuando existe un sistema rector nacional para la protección integral de los niños y adolescentes.
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