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Timestamp: 2017-11-23 09:08:53
Document Index: 73951194

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 203', 'Artículo 195', 'Artículo 82', 'Artículo 191', 'Artículo 194', 'Artículo 202', 'Artículo 206', 'Artículo 208', 'Artículo 207', 'Artículo 379', 'Artículo 381', 'Artículo 382', 'Artículo 383', 'Artículo 407', 'Artículo 414', 'Artículo 417', 'Artículo 409']

Actividad probatoria 2015: "Informe Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes"
“Informe y Análisis Código Procesal Penal Vigente en la Provincia de Corrientes"
“Alumnos: Rodrigo, Magdalena Costa – Federico, Kaiser"
“Introducción” - "Aproximaciones"
El Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, vigente desde el año 1971, resume en su articulado, al igual que otros Códigos vetustos presentes en la Nación, diferentes rasgos inquisitoriales que se inmiscuyen en diferentes normas que lo integran, y dificultan, a su vez, la instauración de un adecuado debate oral, donde su principal premisa sea la vigencia del “contradictorio”.
El proceso penal, y más precisamente el debate, merece ser esgrimido como un “trayecto”, en el cual las partes deben necesariamente asumir, la responsabilidad de construcción de los hechos, objetos del procedimiento y la posibilidad de arribar a una “verdad”, verdad que sea alcanzada exclusivamente, mediante sus propias incorporaciones de los elementos de prueba.
Regulaciones como la simple facultad de las partes de proponer diligencias probatorias, y esperar a su realización, siempre que sean consideradas “útiles y pertinentes”, durante la etapa de instrucción preliminar o “formal”; o la concesión de facultades instructorias, absolutamente autónomas, en manos del Tribunal Oral; a su vez la carencia de un orden “prolijo”, acerca de la incorporación en el debate de los elementos de prueba ofrecidos; evidentemente ocasionan la bifurcación del proceso penal, en el sentido anteriormente argumentado. De esta forma, se lo dota de regulaciones sumamente insquisitoriales, o a través de normas que intentan limititar esa faz inquisitiva, pero que igualmente permiten la permanencia, en forma latente, de aquellos rasgos inquisitoriales y ocasionan el alejamiento de un modelo acusatorio, o de un modelo de “estricta jurisdiccionalidad” o quizás de un “modelo cognoscitivo”, en el cual las partes asuman el rol primordial en la incorporación de los elementos de prueba, y la posibilidad de construir ellas mismas, “el relato” y la “verdad”, a través de la vigencia del “contradictorio”, la estricta separación de funciones de acusar y juzgar, la primacía del principio de inocencia, del “Onus Probandi”, y el adecuado ejercicio de la defensa, concediéndole tiempos oportunos y razonables, para garantizar la plena capacidad de refutar las aserciones empíricas, integrantes de las hipótesis acusatorias.
“Procedimiento Inicial – Primeras Nociones”
El Código Procesal de la Provincia de Corrientes, establece que la Acción Penal será ejercida de oficio, por el Ministerio Público, en los delitos de Acción Pública, y en los delitos dependientes de instancia Privada, una vez instada la Acción (Artículo 5, 64)
El Procedimiento Penal, normado por el Código en estudio, contempla una etapa de investigación penal preparatoria o “Instrucción Formal”.
Acorde a lo dispuesto por el Artículo 203 del Código de rito, la instrucción formal se inicia en virtud del requerimiento fiscal (Artículo 195), querella (Artículo 82), investigación preliminar o información policial (Artículo 191).
El Agente Fiscal debe requerir instrucción formal siempre que tuviere conocimiento de un delito de acción pública, según lo dispuesto por el Artículo 194.
El Artículo 202 del Código en estudio, es conteste, al establecer que el Juez de Instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en la ciudad de su asiento.
El Ministerio Público podrá participar en todos los actos de instrucción y examinar en cualquier momento las actuaciones. A su vez, si el Fiscal hubiera expresado el propósito de asistir a un acto, será avisado verbalmente con suficiente tiempo y bajo constancia (Artículo 206).
Por su parte, el Artículo 208, establece que los defensores de las partes, partes tendrán derecho de asistir a los registros, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, siempre que por su naturaleza y características se deban considerar definitivos e irreproductibles; asímismo, a la declaración de los testigos que por enfermedad u otro impedimento sea presumible que no podrán concurrir al debate.
Resulta evidente que la la participación del Agente Fiscal y de la Defensa, durante el desarrollo de la actividad investigativa de la Instrucción, se encuentra seriamente limitada. El Agente Fiscal y el resto de las partes, sólo se encuentran facultados para proponer diligencias hacia el Juez encargado del desarrollo de la instrucción, conforme a lo dispuesto por el Artículo 207 de la norma procesal vigente. Dichas diligencia probatorias propuesta, por las partes, o el emprendimiento de determinada actividad investigativa, sólo podrá plasmarse en la realidad, y en consecuencia ordenarse, siempre que a su absoluto arbitrio, el Juez instructor lo autorice. El magistrado encargado del desarrollo de la actividad instructoria, sólo encomendará el desarrollo de las diligencias propuestas, cuando las considere “pertinentes y útiles” y su resolución será además irrecurrible.
“Incorporación y Regulación de Elementos probatorios en el Debate”
Resulta menester destacar que el órgano judicial interviniente durante la etapa de debate, no es el mismo que tuvo a su cargo el desarrollo de la instrucción.
Durante el plazo de citación a juicio establecido, por el Artículo 379 del Código de rito, las partes deben compenetrarse en las actas que conforman el expediente y de elementos probatorios incorporados en éste, además de ofrecer las pruebas “pertinentes y útiles”. A su turno, el Artículo 381 de la norma procesal, regula el ofrecimiento de prueba. Al ofrecer la misma, el Ministerio Público y las partes presentarán la lista de testigos y peritos, con indicación de los datos necesarios para su individualización. También podrán manifestar que se conforman con que en el debate se lean las declaraciones testificales y pericias de la instrucción.
Todo lo eventualmente ofrecido, se encontrará sujeto a la admisión y rechazo del presidente del Tribunal, según lo propuesto por el Artículo 382.
En sintonía con lo regulado por el Código procesal Penal de la Nación, actualmente en vigencia, la norma procesal de la Provincia de Corrientes, estipula que ante la ausencia de ofrecimiento de prueba , o “cuando lo creyere necesario”, el Presidente tiene la facultad de disponer la recepción de aquella pertinente y útil que se hubiera producido durante la instrucción, consignando en manos del tribunal oportunamente interviniente, una evidente facultad instructoria autónoma, otorgando al debate rasgos absolutamente inquisitoriales. Dichas facultades, se extienden aún más, al incluir en manos del Presidente o del Tribunal oral en turno, la posibilidad de una “Intrucción Suplementaria”. El Artículo 383, establece que el Presidente puede ordenar realizar toda la actividad investigativa que se hubieren omitido o fuere imposible cumplir en la audiencia, o recibir declaración a las personas que presumiblemente no podrán concurrir al debate.
“Regulación de los elementos de Prueba”
El Código Procesal Penal en estudio, no contiene una regulación, en la cual se pueda inferir un orden o la división de la producción de la prueba acusatoria, por una parte y la producción de los elementos probatorios, por parte de la Defensa, lo cual permitiría en el transcurso del debate, un mejor ejercicio y desempeño de una “óptima estrategia defensista” en aras a refutar las hipótesis acusatorias.
El Artículo 407 y subsiguientes de la norma procesal, regula la recepción de pruebas, durante el debate, estableciendo un orden según el tipo de medio de prueba. Es decir, la recepción de los elementos de prueba deberá realizarse de acuerdo al orden normado, según el tipo de medio de prueba de que se trate. A su vez, se confiere al Tribunal la facultad de alterar dicho orden preestablecido por las normas procesales, siempre que lo considere conveniente. Dicha situación no sólo limita claramente, la construcción de los hechos que conforman el relato, objeto del debate, a través de las partes, sino que además se contraía el derecho de defensa y la posibilidad de asegurarle al asistido una adecuada y oportuna defensa en la eventual refutación de las hipótesis acusatorias.
El Artículo 414 del Código Procesal de la Provincia de Corrientes, establece la facultad del Tribunal Oral de incorporar por lectura las declaraciones testificales, en los supuestos establecidos en dicha norma, tales como el supuesto de conformidad entre las partes o si el testigo hubiera fallecido. Dicha norma contraía, el derecho de defensa, el cual goza el imputado y más concretamente la posibilidad de controlar la prueba producida y de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, según lo dispuesto por Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía Constitucional (8.2.f, CADH, y 14.3.e., PIDCP), tal como lo ha establecido La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Benítez”.
A su turno, el Artículo 417 del Código en estudio, establece la facultad del Tribunal, interviniente en el debate oral, de ordenar, la producción de nuevos elementos de prueba considerados pertinentes por él mismo. Se encuentra habilitado para ordenar la recepción de nuevos elementos probatorios, en forma absolutamente autónoma. Cuando se disponen de oficio, se trata evidentemente de otra de “las facultades instructorias o de investigación” asignadas al Tribunal de Juicio interviniente.
Luego de ordenar la recepción del dictamen pericial, el Código en su Artículo 409, estipula que el Presidente del Tribunal procederá al examen de los testigos en el orden que estime conveniente, pero comenzando por el ofendido. A su vez, antes de proceder a declarar los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oir, o ser informados de lo que ocurra en la sala de audiencias. Después de hacerlo, el Presidente dispondrá si continuarán incomunicados en la antesala.
“Consideraciones sobre el Proyecto de Reforma del Código en estudio”
Actualmente, se encuentra en plena discusión el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, el cual tiene media sanción parlamentaria.
“El Estado Provincial tiene el deber de instaurar un sistema de administración de justicia criminal que se ajuste a los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que tienen su misma jerarquía normativa (art. 75 inc. 22 C.N.).” (Proyecto de Reforma, 28 de Septiembre, 2011).
“Las deficiencias de nuestro viejo sistema, hoy se vuelven gravemente notorias. La administración de justicia penal se ancló en una concepción marcadamente formalista, que ha priorizado el rito por sobre la necesidad de asegurar que el sistema de justicia penal garantice efectivamente un servicio que responda a las expectativas y necesidades de nuestra comunidad”. (Proyecto de Reforma, 28 de Septiembre, 2011).
Entre las características más salientes del proyecto en análisis, se pueden destacar algunos significativos, esbozados a continuación.
Se diseña un nuevo modelo de investigación penal a cargo del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal permitirá la presencia de las partes en los actos que practique. Cualquiera de ellas podrá proponer diligencias de investigación. El Ministerio Público Fiscal deberá realizarlas si las considera pertinentes y útiles y, en caso contrario, les comunicará las razones de su negativa.
En sintonía con las exigencias constitucionales, se sentaron las bases del juicio por jurados (art. 54, inc. 4). No obstante ello, las particularidades sobre su reglamentación han sido derivadas a la sanción de una ley especial, que trate integralmente el esquema de participación ciudadana en las decisiones judiciales.
Se regula la “audiencia oral” en todos los tramos del proceso, como metodología de discusión previa a la toma de las decisiones jurisdiccionales.
Se prevé una etapa intermedia para el control de la acusación. A tal efecto, en una audiencia oral, ante el juez de garantías, el Ministerio Público Fiscal o la parte querellante, deben precisar la acusación formulada en contra del imputado, el que deberá estar asistido por su defensor (art. 274). En esa oportunidad se tratarán las cuestiones planteadas, como por ejemplo excepciones, se circunscriben en esa misma audiencia, los actos preliminares del debate. En esa oportunidad las partes pueden ofrecer la prueba.
El juicio oral constituye la etapa central del proceso. Por ello, una de sus características principales es la identificación y separación de las funciones de acusar y juzgar en esa instancia. Para tal cometido, el Proyecto intenta limitar rasgos inquisitivos, estableciendo la prohibición a los jueces de suplir las actividades de las partes y de tomar contacto con la información que se hubiera producido en las etapas anteriores, dejando en manos de otro organismo, la Oficina Judicial, las cuestiones de naturaleza administrativa correspondientes (art. 278).
"Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes"
http://www.infojus.gob.ar/2945-local-corrientes-codigo-procesal-penal-para-provincia-corrientes-lpw0002945-1971-02-19/123456789-0abc-defg-549-2000wvorpyel
Publicado por Curso Prueba 2015 en 2:03
Etiquetas: Alumnos Rodrigo, Código procesal penal de la Provincia de Corrientes, Federico Kaiser, Magdalena Costa
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