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Timestamp: 2017-12-11 13:17:02
Document Index: 235811290

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 17', 'Artículo 180', 'Artículo 180', 'Artículo 32']

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Imagen tomada de http://arami-reta.blogspot.com
Hola! Vuelvo a escribir aquí a los años.
No había escrito sobre la Consulta Popular porque no tenía claro cómo votar. Ahora que ya he escuchado y leído mucho, puedo escribir algo útil. Vamos pregunta por pregunta, porque creo que cada una merece un análisis separado.
¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la Función Judicial, como establece el anexo 1?
“La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente si por cualquier medio la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad de la ley”.
¿Qué se quiere cambiar?
El artículo 77 de la Constitución describe las garantías básicas que tiene una persona que ha sido puesta en prisión. Por ejemplo, nadie puede ser guardado sin orden escrita de autoridad competente, se le deben “leer sus derechos” al detenido (el típico “usted tiene derecho a guardar silencio, a una llamada, a la defensa con un abogado y si no puede pagarlo, el Estado le proveerá uno” que oímos en las películas), entre otros derechos.
El núm. 9 dice ahorita que ninguna persona puede ser detenida por más de 6 meses (si el delito es castigado con prisión) o más de un año (si el delito es castigado con reclusión, es decir, si el delito es más grave):
TEXTO ACTUAL DE LA NORMA QUE SE PRETENDE CAMBIAR
“Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.”
No quiero que pensemos en si nos cae mal o bien el gobierno. Más bien preguntémonos objetivamente, el cambio, ¿es útil o no? ¿es peligroso o no?
Utilidad del cambio
La caducidad de la prisión preventiva existe desde 1998, con la Constitución de Sangolquí. Es positivo que la prisión preventiva caduque, porque de lo contrario, una persona podría pasar en prisión todo el tiempo y no ser juzgada. Muchas veces la gente se quedaba (antes de 1998) tanto tiempo en la prisión preventiva que equvialía o superaba el tiempo de la pena misma. En más de una ocasión, gente que pasó guardada por años luego obtenía una sentencia absolutoria. Algunos fueron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo más de una vez que el Ecuador debe poner un límite a la prisión preventiva (no puede ser “de duración indefinida”).
Está demás decir que en cualquier país que respeta el sistema interamericano de DD.HH., las prisiones preventivas tienen un límite. Por tanto, la idea de “eliminar la caducidad de la prisión preventiva” no es viable.
Pensando en esto, la Asamblea de 1998 puso un límite para la prisión preventiva. El mismo límite fue repetido en la Constitución de 2008. Desde 1999 (que comenzaron a caducar las prisiones preventivas), los detenidos comenzaron a salir por no tener sentencia en el plazo de ley. Desde entonces, muchos detenidos no buscan alegar su inocencia o eliminar las incriminaciones que hace la Fiscalía, sino que buscan alargar y dilatar el trámite hasta que termine el plazo de la prisión preventiva y salir libres.
Según, El Universo, un informe del Consejo de la Judicatura del 2009 indica que de 24.958 audiencias, no se realizaron 6.854: 2.280 por “artificios legales”; 2.299 no especificaron el motivo; 963 por problemas de la Fiscalía; 820 por ausencia de testigos; 321 por inconvenientes de los centros de Rehabilitación; 156 por la función judicial; y, 15 por otros.
Para evitar estas maniobras, el Código de Procedimiento Penal dice que no se computan, para la caducidad, los días de demora cuando fueren provocados por el propio imputado o su abogado:
“Código de Procedimiento Penal. Art. 169.- Caducidad de la prisión preventiva.- La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión.
En ambos casos, el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectivo el auto de prisión preventiva.
Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez de garantías penales que conoce la causa.
Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas constitucionales y del Código del Procedimiento Penal y se produjere la caducidad de la prisión preventiva, concediéndose, como consecuencia de ello la libertad de quien se halle efectivamente privado de ella, el Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales competente, remitirá obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo de cada caso al Consejo Nacional de la Judicatura, órgano que llevará un registro individualizado de estos hechos.
Si no pudiera realizarse la audiencia de juzgamiento por inasistencia de los imputados, de los testigos considerados indispensables para la resolución del caso, de los peritos, de los intérpretes o de los abogados defensores de los acusados, es decir por causas no imputables a la administración de justicia, dicha inasistencia suspenderá ipso jure el decurso de los plazos determinados en este artículo hasta la fecha en que efectivamente se realice la audiencia de juzgamiento. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria constancia procesal respecto de la suspensión en cada expediente por parte del respectivo secretario.
No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de prisión preventiva cuando el imputado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva.
Lo señalado en los incisos precedentes comprende las actuaciones unilaterales del imputado o acusado cuando, con deslealtad procesal provoquen incidentes o dilaciones al trámite del proceso que no correspondan al derecho de impugnación a una resolución o sentencia, o incumplan en forma deliberada las disposiciones del Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales para que se presenten a las audiencias legalmente convocadas y notificadas, evidenciando la intención de retardar el desarrollo normal del proceso para beneficiarse de una futura declaratoria de caducidad.
Para la determinación de dicho plazo tampoco se computará el tiempo que haya transcurrido entre la fecha de interposición de las recusaciones y la fecha de expedición de los fallos sobre las recusaciones demandadas, exclusivamente cuando éstas hayan sido negadas.
Producida la caducidad de la prisión preventiva, en la misma providencia que la declare el juez de garantías penales dispondrá que el procesado quede sujeto a la obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales y la prohibición de ausentarse del país, o una sola de estas medidas si la estimare suficiente, para garantizar la inmediación del procesado con el proceso.
La pregunta obvia es: si ya la ley dice que los plazos no corren cuando el acusado demora el juicio, ¿para qué repetir lo mismo en la Constitución? Bueno, pues ocurre que muchos jueces comparaban el texto de la Constitución y el del Código de Procedimiento Penal y, como en la Constitución no establecía casos en que el plazo no decurre, aplicaban la norma “más favorable al reo”, y dejaban salir al imputado en un año (o seis meses), aún a pesar de que el propio imputado había demorado el trámite.
Es llamativo que en Cuenca, los jueces no han dejado caducar nunca una prisión preventiva (o de pronto habrá caducado una o dos), pero en otras ciudades, lo más común es prisiones que caducan y lo menos común son sentencias. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas razones, pero la principal es que los jueces que dejan caducar prisiones preventivas no corren ningún riesgo: nadie los sanciona y en los pocos casos en que hay sanción, es una pequeña multa o días de suspensión de labores (con sueldo!). Tal vez el Consejo de la Judicatura en Cuenca pone sanciones más severas o tal vez la sociedad morlaca sancionaría moralmente al juez que sea negligente en su trabajo. La pregunta vuelve más severa la sanción para los jueces que dejan caducar una prisión preventiva.
Peligrosidad del cambio
Se ha dicho que la reforma tiene espíritu “socialcristiano”. En realidad, el PSC siempre ha estado en contra de la caducidad de la prisión preventiva. De hecho, tras la Asamblea de 1998, el PSC impulsó una reforma legal en 2003 que creaba una figura llamada “detención en firme”, por la cual un imputado permanecía preso de manera indefinida aún antes de obtener sentencia. Este mecanismo fue declarado inconstitucional en 2006, porque violaba la Constitución de 1998, pero Cinthya Viteri propuso en 2009 una figura similar, la “detención obligada”, que básicamente pretendía que un imputado quede preso indefinidamente hasta que haya sentencia.
Se ha argumentado que con esta reforma, los detenidos van a quedarse detenidos indefinidamente o, al menos, que el plazo de caducidad será más largo, lo cual perjudica los derechos de protección del imputado.
Considero que el único imputado que se perjudicará será aquel que en efecto demore el proceso con maniobras. Es correcto quitar el incentivo a demorar el juicio. Por eso voto Si.
¿Cómo votarás tú EN ESTA PREGUNTA?
Texto de Diario El Comercio que explica la pregunta.
Historia de la prisión preventiva desde 1998 (y las propuestas de Cynthia Viteri para volver indefinida la prisión preventiva).
Otro blog que analiza esta pregunta.
Publicado en Asamblea, asambleas del pasado, consulta2011, derechos, penal | 1 Comment »
Los fines del Estado
1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Poner esto como prioridad demuestra cómo estaba desunido el país en esa época.
Publicado en Asamblea, asambleas del pasado, Constitución 2008 | 54 Comments »
Indice nuevo vs. Indice viejo
o se si sea muy común, pero creo que es importante analizar el Índice nuevo para compararlo con el de la Constitución vigente. Ambos se desarrollan en Títulos para englobar grandes temas y Capítulos dentro de cada uno. Es importante ver esta distribución para ver, panorámicamente, qué tan coherente resulta el nuevo texto.
La Nueva Constitución tiene estos títulos (en mayúsculas) y capítulos (con bullets). Dentro de algunos capítulos, podemos encontrar secciones:
Tit. 1: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO
Tit. 2: DERECHOS
Derechos del buen vivir. Secciones: 1) Agua y alimentación, 2) Ambiente sano, 3) Comunicación e información, 4) Cultura y Ciencia, 5) Educación, 6) Hábitat y vivienda, 7) Salud, 8) Trabajo y seguridad social
Derechos de las personas y grupos de atención prioritari. Secciones: 1) Adultas y adultos mayores, Jóvenes (mayores de edad, pero jóvenes), Movilidad Humana (esta sección protege derechos de los migrantes), Mujeres embarazadas, Niñas, niños y adolescentes (menores de edad), Personas con discapacidad, Personas con enfermedades catastróficas, Personas privadas de libertad, Personas usuarias y consumidoras
Responsabilidades (Este capítulo reemplaza al artículo de deberes de la Constitución de 1998).
Tit. 3: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Garantías jurisdiccionales. Secciones: 1) Disposiciones comunes 2) Acción de protección (reemplaza al amparo), 3) Acción de hábeas corpus 4) Acción de acceso a la información pública (antes aparecía en la Ley de Transparencia) 5) Acción de hábeas data 6) Acción por incumplimiento 7) Acción extraordinaria de protección (fue aprobado como “recurso” pero la comisión parece haberle puesto “acción”)
Tit. 4: PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER
Participación en democracia. Secciones: 1) Principios de la participación 2) Organización colectiva 3) Participación en los diferentes niveles de gobierno 4) Democracia directa 5) Organizaciones políticas 6) Representación política
Función Legislativa Secciones: 1) Asamblea Nacional 2) Control de la acción de gobierno 3) Procedimiento legislativo
Función Ejecutiva Secciones: 1) Organización y funciones 2) Consejos nacionales de igualdad (Elimina entes de protección sueltos y unifica su accionar) 3) Fuerzas Armadas y Policía Nacional 4) Estados de excepción
Función Judicial y justicia indígena Secciones: 1) Principios de la administración de justicia 2) Justicia Indígena 3) Principios de la Función Judicial 4) Organización y funcionamiento 5) Consejo de la Judicatura 6) Justicia ordinaria 7) Jueces de Paz 8) Medios alternativos de solución de conflictos 9) Defensoría Pública 10) Fiscalía General del Estado 11) Sistema de protección de víctimas y testigos 12) Servicio notarial 13) Rehabilitación social
Función de Transparencia y Control Social Secciones: 1) Naturaleza y funciones 2) Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 3) Contraloría General del Estado 4) Superintendencias 5) Defensoría del Pueblo
Función Electoral Secciones: 1) Consejo Nacional Electoral 2)Tribunal Contencioso Electoral 3) Normas comunes de control político y social
Administración pública Secciones: 1) Sector público 2) Administración pública 3) Servidoras y servidores públicos 4) Procuraduría General del Estado
Tit. 5: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Tit. 6: RÉGIMEN DE DESARROLLO
Soberanía económica Secciones: 1) Sistema económico y política económica 2) Política fiscal 3) Endeudamiento público 4) Presupuesto General del Estado 5) Régimen tributario 6) Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera (aquí está el artículo que señala que la moneda se fija en ley) 7) Política comercial 8) Sistema financiero
Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas
Trabajo y producción Secciones: 1) Formas de organización de la producción y su gestión 2)
Tipos de propiedad 3) Formas de trabajo y su retribución 4) Democratización de los factores de producción 5) Intercambios económicos y comercio justo 6) Ahorro e Inversión
Tit. 7: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Inclusión y equidad Secciones: 1) Educación 2) Salud 3) Seguridad social 4) Hábitat y vivienda 5) Cultura 6) Cultura física y tiempo libre 7) Comunicación social 8)Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 9) Gestión del riesgo 10) Población y movilidad humana 11) Seguridad humana 12) Transporte
Biodiversidad y recursos naturales Secciones: 1) Naturaleza y ambiente 2) Biodiversidad 3) Patrimonio natural y ecosistemas 4) Recursos naturales 5) Suelo 6) Agua 7) Biosfera, ecología urbana y energías alternativas
Tit. 8: RELACIONES INTERNACIONALES
Principios de las relaciones internacionales
Tit. 9: SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Este índice fue sacado del archivo “Constitución de Bolsillo” que fue subida recientemente a la página de la Asamblea Constituyente. Al parecer, los señores de Montecristi tienen bolsillos de payaso, pues la versión “de bolsillo” tiene nada menos que 218 páginas. ¡Y tienen la frescura de decir: “descargue e imprima”! ¡Cómo voy a imprimir 218 páginas!
El viernes pasado, circularon con Diario El Universo las impresiones de la Constitución. Para el lunes pasado, se esperaba que circulen con otros diarios, pero la impresión fue suspendida, debido a que la Asamblea sigue haciendo correcciones formales (en los términos definidos por Alberto Acosta) en el documento. El Universo no se hizo responsable por el contenido impreso.
Comparemos con la forma en que está estructurada la Constitución de 1998:
TÍTULO I :DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
TÍTULO II : DE LOS HABITANTES
TÍTULO III : DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
De los derechos económicos, sociales y culturalesSecciones: 1) De la propiedad 2) Del trabajo 3) De la familia 4)De la salud 5)De los grupos vulnerables 6)De la seguridad social 7)De la cultura 8)De la educación 9)De la ciencia y tecnología 10)De la comunicación 11)De los deportes
De los derechos colectivos Secciones:1)De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos 2) Del medio ambiente 3) De los consumidores
De las garantías de los derechos Secciones: 1) Del hábeas corpus 2) Del hábeas data 3) Del amparo 4) De la defensoría del pueblo
De los deberes y responsabilidades
TÍTULO IV: DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
De otras formas de participación democrática Secciones: 1) De la consulta popular 2) De la revocatoria del mandato
De los partidos y movimientos políticos
TÍTULO V: DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
De la Comisión de Legislación y Codificación
De las leyes Secciones: 1) De las clases de leyes 2) De la iniciativa 3) Del trámite ordinario 4)De los proyectos de urgencia económica 5) Del trámite en la Comisión
TÍTULO VII: DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
TÍTULO VIII: DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
TÍTULO IX: DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL
De la Contraloría General del Estado
De la Procuraduría General del Estado
De la Comisión de Control Cívico de la Corrupción
De las superintendencias
TÍTULO XI: DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN
Del régimen administrativo y seccional
Del régimen seccional dependiente
TÍTULO XII: DEL SISTEMA ECONÓMICO
De la planificación económica y social
Del Banco Central
Del régimen agropecuario
TÍTULO XIII: DE LA SUPREMACÍA, DEL CONTROL Y DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
De la supremacía de la Constitución
De la reforma e interpretación de la Constitución
¿Cual organización les parece más adecuada?
PS: Para no quedarnos sin comparar el preámbulo de la Constitución de 1998, aquí está el texto vigente:
inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria;
fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos desde los albores de la vida republicana,
proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas,
invoca la protección de Dios, y
en ejercicio de su soberanía,
establece en esta Constitución las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsan el desarrollo económico y social.
Etiquetas:Constitución 1998, Constitución 2008
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Congreso reapareció en la web… y en la realidad
El post anterior era sobre los plenos poderes que decidió asumir la Constituyente y cómo la Asamblea de hace 10 años hizo algo matizadamente parecido. La historia detrás es que no pude comprobar lo que decía porque la página web del Congreso (que tiene escaneadas las actas de TOOODAS las sesiones del legislativo y las de la asamblea pasada) simplemente desapareció de internet.
Pero parece que ha estado en receso, porque ahora la página ya existe.
1. Sobre el cierre del Congreso
El Congreso recuerda lo más triste de la democracia. En la foto, Luis Almeida.
No me voy a referir en detalle a los diputados que quieren volver a sesionar. En mi opinión, aunque puede discutirse si es o no jurídicamente apropiado cerrar el Congreso, no cabe duda que es políticamente indispensable que ello se haya dado, no para beneficio del gobierno, sino para evitar una crisis institucional. Veamos:
En 1998, la Asamblea de Ecuador había terminado el período para el cual fue elegida para hacer la Constitución, pero la Constitución no estaba lista. Como resultado de ello, Fabián Alarcón los sacó de la Academia de Guerra en Sangolquí y el Congreso cerró el presupuesto de la Asamblea. Resultado: la policía sacó casi a palos a los asambleístas, los medios sugerían que el poder constituyente (Hurtado y cía.) podría destituir al poder consituido (Alarcón, Moeller y Pico), etc. Las noticias de pugna de poderes salieron en la televisión internacional y se ahuyentó la inversión. Como resultado de la crisis política y del fenómeno del Niño (y de los bajos precios del petróleo), los años 97 y 98 fueron económicamente mediocres, eso por no mencionar que la Constitución así hecha no fue reconocida por varios grupos políticos. Por ejemplo, el PSC se retiró de la Asamblea antes de que se acabe de redactar la Carta Magna.
En 2006, la Asamblea boliviana dudó entre cerrar el Congreso o dejarlo abierto. Decidió no cerrarlo. Como resultado, entre ambos entes legislativos (uno regular, otro constituyente) se han dado unos buenos rounds. Ha habido protestas tanto a favor como en contra del proyecto de Evo Morales y las imágenes del caos y la crisis han dado la vuelta al mundo. Como resultado de aquello, la economía boliviana ha empeorado en 2006 y2007 y muestra peores índices de desempeño que la ecuatoriana.
Como se ve, la Asamblea ecuatoriana de 2007-2008 decidió curarse en sano: dejar abierto el Congreso hubiese supuesto un potencial peligro para cumplir la tarea que el pueblo le encomendó, la cual es redactar una Constitución y transformar un marco institucional. De otro lado, hay que recordar que la mayoría de asambleístas fueron elegidos con la campaña de cerrar al Congreso, así que puede interpretarse que existe un mandato político de la mayoría de votantes en el sentido de que debe cerrarse el Legislativo, de manera temporal.
2. Sobre qué pasa si se re-abre el Congreso
Andrés Páez, ID
El Presidente del Congreso, Jorge Cevallos, ha convocado a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional para el día lunes 8 de enero, en horas de la mañana. Esta sesión se realizará en la ciudad de Guayaquil. Al parecer, el plan es visitar una ciudad en cada sesión, donde los legisladores van a dar discursos.
A esta hora, es difícil predecir qué ocurrirá ese día: tal vez la fuerza pública a órdenes del Presidente Correa evite la reunión. Tal vez la reunión se de y luego la policía detenga a los diputados y los ponga “en receso” tras las rejas. Tal vez no concurran tantos diputados y no haya quórum para instalar la sesión.
En todo caso, creo que el Congreso pasará estos meses en una itinerancia tan azarosa, que no tendrán tiempo de aprobar ninguna ley, sino a lo lmucho de ofrecer discursos y emitir resoluciones rechazando la posición del Ejecutivo y la del Legislativo Constituyente. No hay mucho que comentar.
3. Historia: Cómo fue el comienzo de la Asamblea de 1997.
Asamblea 1997-98: Osvaldo Hurtado.
Ahora sí, como ya he podido investigar las actas de la Asamblea del 97-98, les cuento, en detalle, lo que comenté en el post anterior. El año pasado decía que aquella Asamblea, que fue convocada con el nombre de “Asamblea Nacional”, fue a declararse “Asamblea Nacional Constituyente”, para expresar que son poder constituyente y que están sobre los poderes constituidos. Esa decisión fue mocionada por Ricardo Noboa y aprobada por la mayoría PSC-DP.
Decía yo que, en ese momento, Oswaldo Hurtado se erigió como el hombre más poderoso del país, pero no lo dije de antojo, sino porque el mismo Hurtado dijo que, si la Asamblea quería, podía cambiar a los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero que tranquilos, que eso no iba a suceder.
Vamos, entonces, paso a paso:
El 7 de febrero de 1997, Bucaram fue echado del poder. Como sucedió Alarcón, muchos cuestionaban si estabamos o no bajo un Estado de Derecho. Alarcón no quería ser llamado dictador, pero el PRE en esa época era muy poderoso, y a diario hablaban los diputados roldosistas reclamando lo que se le hizo a su líder. Debe recordarse que, durante las protestas, los indígenas y grupos sociales pidieron Asamblea Constituyente. De hecho, uno de los candidatos que perdió en la elección de 1996, ofrecía convocar a una Asamblea, nos referimos a Freddy Ehlers.
En abril de 1997, Alarcón convocó a una Consulta Popular con 14 preguntas (mensaje subliminal: era 14 la lista del Presidente interino). En todo caso, se preguntó si el pueblo ratificaba la expulsión de Bucaram y la asunción de Alarcón. Después de esta consulta, Alarcón pasó de “Presidente Interino” a “Presidente Constitucional Interino”, pues el soberano le dio ese cargo.
En aquella consulta, la pregunta 3 decía: ¿Está usted de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Nacional con el exclusivo propósito de que reforme la Constitución Política de la República? También se preguntó si quería que todos los asambleístas sean elegidos por voto popular o sean 50-50: la mitad designados de gremios, sindicatos, etc.
Tal vez usted se pregunte, ¿Por qué Alarcón le puso Asamblea Nacional? Fácil: Si le ponía “Constituyente”, estaba aceptando que en febrero se rompió la Constitución, y si le ponía “Constitucional”, le protestaban los indígenas.
El 5 de junio de 1997 se proclamó los resultados de la Consulta Popular: El SI ganó con 64.58% en la pregunta sobre la Asamblea. También ganó la opción de que todos sean elegidos por voto popular. Otras cosas que decidió el pueblo fue: establecer límites al gasto electoral, elección por nombres y lista abierta, eliminación de partidos poco votados (menos del 5%), integración del TSE, elección de funcionarios de control, reforma judicial y revocatoria del mandato para TODAS las dignidades.
Hubo elecciones, posesión de asambleístas y la Asamblea se instaló en Ambato en diciembre de 1997. Se eligió Presidente a Osvaldo Hurtado, con votos tanto de la izquierda como de la derecha, puesto que representaba a un bloque de centro. En la derecha había casi tantos votos como en la izquierda, de modo que la DP se volvió decisiva: donde ella iba, habría mayoría.
ANTES de aprobar el Reglamento de funcionamiento de la Asamblea, Noboa mocionó que ésta se declarase Constituyente, veamos:
Intervención del Asambleísta Ricardo Noboa Bejarano, Transcripción del Acta del 6 de enero de 1998:
“…El día de ayer hemos aprobado un Reglamento que establece un procedimiento muy propio para reformar la Constitución, totalmente distinto a lo que establece la Constitución en vigencia. El día de ayer hemos aprobado el artículo 17 del Reglamento, que de hecho reforma el Artículo 180 de la Constitución, concediéndoles iniciativa para presentar proyectos de reformas a la Constitución a quienes no gozan de esa iniciativa de acuerdo al Artículo 180.- El día de ayer, hemos aprobado que se pueden publicar parcialmente las reformas a la Constitución al aprobar el Artículo 32 del Reglamento, lo que explica una reforma a la Disposición Transitoria décimo séptima de la Constitución. Es decir, señor Presidente y señores representantes, que el día de ayer, la Asamblea Nacional al aprobar una serie de disposiciones, ha establecido claramente el procedimiento a usarse para el caso. Entonces, yo les pregunto a los asambleístas, señor Presidente, ¿Qué somos nosotros? ¿somos Poder Constituyente o somos Poder Constituido? ¿Qué es lo que esta Asamblea tiene como denominador común en torno a su entidad? y permítame, señor Presidente, y con su venia, dar lectura muy brevemente a ciertos conceptos que van a aclarar más aún, este problema. el Doctor Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopoedia de la Política, al distinguir al Poder Constitiuente del Poder Constituido dice: ‘debe distinguirse dos circunstancias en que puede estar el Poder Constituyente: 1. En el lapso inicial de creación de un Estado, no es el caso. 2. En el cambio de organización de un Estado ya existente, sí es el caso. El poder Constituyente, dice Borja, es el ejercicio de la voluntad soberana del pueblo para reformar total o parcialmente un orden constitucional establecido anteriormente’. Permítame también dar lectura a los conceptos que en la revista que nos acaban de entregar publicada por CORDES en abril de 1997 en su página cuatro se dice: ‘El poder constitiuyente del Estado, también constituido o secundario lo ejerce el Congreso. La Asamblea Constituyente tiene dos caracterísitcas que se derivan de su función constituyente, la extraordinariedad y la temporalidad’. Yo creo que con estoas dos citas podemos colegir que esta Asamblea Constitucional no es lo mismo que el Congreso Nacional. El Congreso Nacional tiene el Poder Consittuido y tiene que someterse a los trámites de aprobación a las reformas constitucionales, a lo que dice la Constitución. La Asamblea Nacional no es un Poder Constituido, es un Poder Constituyente y consecuentemente, como Poder Constituyente que es, tiene plenas facultad para hacer lo que hicimos ayer, darnos un Reglamento Interno autónomo, que pueda extablecer un procedimiento clarísimo, insisto, para reformar la Constitución Política del Estado ecuatoriano y es así, con toda franqueza, con todo respecto, con toda decisión, pongámonos el nombre que nos corresponde, démosle al país el baño de verdad que el país necesita. Ésta es una Asamblea Nacional, no de abogados, no de redactores de la Constitución, es una Asamblea Nacional Constituyente y así tiene que pasar a la historia , con ese desafío y con esa denominación. Ahora bien, seamos una Asamblea Nacional Consitituyente responsable, respetuosa de los poderes del Estado, no seamos una Asamblea Nacional Constituyente que vaya a recortar los períodos del Presidente o del Vicepresdenten de la República, ¡no! No seamos una Asamblea Constituyente que plantee la disolución el Congreso Nacional o de la Corte Suprema de Justicia, ¡no! De ninguna manera, seamos responsables, pero al mimso tiempo que somos responsables, también seamos sinceros y llamémonos como debemos. Si en el frontispicio de la Academia de Guerra que nos ha acogido con tanta generosidad, hay una bella frase, que la acabo de anotar antes de entrar, dice: “ser más que parecer”. Seamos lo que realmente somos. Yo sometería a consideración de la Asamblea para que se le de lectura luego de que termine la lectura de los artículos del Reglamento Interno, una moción que dice lo siguiente, con su venia, señor Presidente: ‘La Asamblea Nacional, se denomina Asamblea Nacional Constituyente, se sujetará en su funcionamiento al Reglamento Orgánico y de Procedimiento debidamente aprobado, respetará la independencia del Honorable Congreso Nacionalo y demás funciones del Estado, los períodos de los actuales Presidente y Vicepresidente de la República, así como los de las respectivas autoridades del régimen seccional’. A consideración para que se de lectura y se ponga a consideración de la Asamblea, una vez que concluya la aprobación del reglamento…”
En contra de esta moción razonó Francisco Sevilla. Jacinto Kon razonó a favor e incluso quiso eliminar la parte de la moción que garantizaba los puestos al Ejecutivo y Legislativo. Nicolás Castro y Julio César Trujillo también estuvieron a favor, pero el representante Trujillo (Pachakutik) explicó que la Asamblea no es que tomaba plenos poderes, sino que su definición la hacía de plenos poderes:
“¿Es esta Asamblea, Asamblea Constituyente? Lo es, no porque aquí la vamos a declarar, sino por el poder de que se encuentra investida (…) mi apoyo total a la primera parte de esa moción, aunque, repito, no es por esta primera parte de la moción, que la Asambela es Constituyuente, sino por su naturaleza (…) Pero me parece que la segunda parte de esta moción, contradice la priemra parte, porque si es constituyente, se puede ella misma amputarse las atribuciones que en la primera parte está reconociéndo}se. No es que vayamos ahora, ni mañana, espero que a lo largo de todo el tiempo que demoren las deliberaciones de esta Asamblea, no es que vayamos, digo a irrespetar al Congreso Nacional, pero si se nos ocurre cambiar la actual organización del Congreso Nacional, en términos tales que implique la necesidad de reformar, sino de declarar cesantes a los actuales diputados, así tendremos que hacerlo; digo, que no es que vayamos a hacerlo, pero si hace falta y aquí hay un acuerdo de esta naturaleza, tenoms que quedar en posibilidad de hacerlo y no amputar las manos…”
Finalmente después del debate, fue dividida la moción de Ricardo Noboa en 2 partes:
‘La Asamblea Nacional, se denomina Asamblea Nacional Constituyente, se sujetará en su funcionamiento al Reglamento Orgánico y de Procedimiento debidamente aprobado’
Se aprobó con 43 votos de 66 presentes.
‘respetará la independencia del Honorable Congreso Nacionalo y demás funciones del Estado, los períodos de los actuales Presidente y Vicepresidente de la República, así como los de las respectivas autoridades del régimen seccional’
Se aprobó con 37 votos de 66 presentes.
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Congreso desapareció de la web
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