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Timestamp: 2017-09-23 23:50:17
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Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'Artículo 35', 'Artículo 99', 'artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 57', 'Artículo 37', 'artículo 58', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo 58', 'Artículo 93', 'Artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 42', 'Artículo 40', 'Artículo 108', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 112', 'Artículo 3', 'Artículo 122']

García-Avilés Derecho Constitucional III Completo - Nicolás Muñoz - Docs.com
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García-Avilés Derecho Constitucional III Completo - Nicolás Muñoz
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Profesores Ana María García – Víctor Manuel Avilés
Capítulo IV: Parte Orgánica y Reforma Constitucional
Prácticamente, este conjunto de órganos es un verdadero instrumento de gobierno. Se estudia el conjunto de instituciones, a través de las que se ejerce el poder supremo del estado y a través de los cuales se conduce el estado hacia los fines propuestos, órganos tales como el Ejecutivo, que encabeza el Estado. Es la primera constitución Chilena que antepone el Gobierno al Congreso, lo que revela la preferencia del constituyente sobre el Ejecutivo.
Además se estudian los requisitos para acceder a ellos, en cuanto a requisitos personales, como el caso de un Ministro que postula a la Cámara de Diputados, debe renunciar 1 año antes de la elección.
Forma de llegar al cargo, como la designación o la elección. Duración de los cargos en los órganos.
Atribuciones que tiene cada órgano en virtud de que se puede hacer sólo lo expresamente señalado, so pena de nulidad de derecho público.
Principio de responsabilidad, política, administrativa, jurídica que siempre está presente, etc.
No aparece explícitamente señalado que es un sistema presidencial. Se deduce de la forma que está estructurado el ejercicio del poder, todas las características que ofrece la constitución en doctrina se condice con el Gobierno Presidencial. La voz Presidente de la República se comienza a usar en 1826. Antes de eso se habla de Director Supremo. En la Constitución de 1833, incluso de 1925, se habla de Presidente, pero además se le considera como Jefe Supremo de la Nación, quedando eliminado con la Constitución de 1980.
En nuestro Ordenamiento siempre ha existido una clara tendencia a los gobiernos Presidenciales, con una duración determinada en el cargo y elegido por sufragio universal. Las CPR de 1833 y 1925 han sido Presidencialismos fuertes.
Sólo a través de una interpretación que se hace de la CPR de 1833 se muta el sistema presidencial por uno de carácter Parlamentario, existiendo un quiebre institucional, la Guerra Civil de 1891 y el derrocamiento de Balmaceda. Se permite que los parlamentarios puedan hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, exigiendo la renuncia y haciéndose habitual
En 1924, existiendo un gobierno militar, se decide cambiar la constitución. Existía un gobierno pseudo parlamentario, dado que faltaba la disolución del Congreso. Esa herramienta no existía, por lo que se debe optar por cambiar la Constitución a la de 1925.
La CPR de 1925 es presidencialista marcadamente, en base a la experiencia anterior. Se toman los resguardos para asegurar la separación de poderes. Además se contempla que los Ministros no tienen responsabilidad política ante las Cámaras, no necesitan la confianza de las cámaras para permanecer en sus funciones, sino que del Presidente de la República, a su antojo.
En 1943 una reforma le permite al Presidente tener iniciativa, y posteriormente iniciativa exclusiva para materias de gastos. Se establece que el Presidente es colegislador con el Congreso. Se regularizan los Decretos con Fuerza de Ley, hasta 1970 donde se Constitucionalizaron.
Características del Gobierno Presidencial
Rol del Ejecutivo: El Presidente de la República cumple con dos cargos, según el Art. 24 de la CPR
Jefe de Estado: Tiene a su cargo la representación de la Nación completa, por sobre los partidos, aglutinando las facciones del Estado, dando orientación general. En caso de Monarquías será el Monarca.
Jefe de Gobierno: Es el que lleva a cabo el programa de gobierno, en la construcción. Es cargo idéntico al Primer Ministro
Separación de Poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Hay contacto funcional entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la función colegisladora, pero el Ejecutivo gobierna con su equipo de Ministros, siendo responsables sólo ante el Presidente, no frente al Congreso, sin perjuicio de las Acusaciones Constitucionales.
Existe una Colaboración de Funciones en el Régimen Parlamentario: Para ser Ministro, hay que ser Parlamentario, siendo responsable políticamente ante las Cámaras, necesitando la confianza de dichas Cámaras para mantenerse en función. Si pierden la confianza, las Cámaras pueden obligarlos a dimitir.
En el Presidencial, existe una incompatibilidad entre ambos cargos, no necesitando la confianza recíproca.
Elección por Sufragio Universal: Además, los Parlamentarios se eligen de igual forma, siendo ambos igualmente legítimos, produciéndose algunos choques.
En el Gobierno Parlamentario, ni el Jefe de Estado ni el de Gobierno es elegido por sufragio. La única forma en que se genera un gobierno Parlamentario, es a través de la elección por parte de la ciudadanía, de los Parlamentarios, de los que se elige el Primer Ministro siendo el que tenga la Primera Mayoría.
Luego, el Primer Ministro debe elegir a sus Ministros, su gabinete, debiendo elegirlos de entre los Parlamentarios, porque es requisito. Hay algunos regímenes que tienen excepción a este principio.
Revisar CPR: Concordancias del Art. 24 - 26 - 33 - 52 N°1 a) - 57
Neo Presidencialismo
Democracia: Régimen político donde el poder se encuentra distribuido y se encuentra sujeto además a control.
Neo Presidencialismo: transición de facultades legislativas hacia el Presidente
Los dos grandes regímenes políticos serían la Democracia y la Autocracia, éste último, donde se concentra el poder sin sujeción a ningún tipo de control. Monarquía absoluta, Neopresidencialismo, Totalitarismos.
Totalitarismos: hay un manejo total de los medios de comunicación social, influencia cultural, unipartidismo, adhesión a una ideología única.
Artículos 24 al 45, Gobierno, Presidente de la República, Ministros. Principio de Responsabilidad. Facultades del Presidente de la República en casos de Estado de Excepción, limitando algunos derechos.
Cuando se habla de Gobierno, se debe concluir que el Constituyente ha concebido la expresión Gobierno en un sentido restrictivo o estricto. Del articulado se llega a la conclusión que Gobierno tiene que ver con el Presidente, sus colaboradores directos, como los Ministros y los subordinados al Presidente.
Para un gran sector de la doctrina sería más amplio, sino que también contemplaría el Congreso, Órganos Judiciales, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, etc.
Art. 24 entrega pautas generales:
Hay que advertir que dentro del orden de los órganos del estado, el que primero se desarrolla en la constitución es el Presidente de la República, por lo que el constituyente busca privilegiar este órgano sin duda. En la Constitución de 1925 siempre había sido el Congreso.
El Ejecutivo es Unipersonal, porque en el Presidente hay 2 calidades: Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, lo que no es así en otros regímenes de gobierno, como en el caso del Parlamentarismo.
Cuando se estudia la función ejecutiva, se contempla la función Política o de Gobierno, como Relaciones Internacionales, por ejemplo, siendo permanentes. La función administrativa busca aplicar la ley a situaciones concretas, que se realiza por la calidad de administrador.
Estas dos funciones se contemplan en el Inciso segundo del Art. 24, como atribución general, conservar el Orden Público Interior y Exterior, desglosándose en el Art. 32 posteriormente. Esta idea es permanente, no puede detenerse aún por estado de excepción, no así el Congreso.
El 21 de Mayo, el Presidente debe dar cuenta pública de los actos de gobierno. Relata lo que se ha hecho el año anterior y lo que se proyecta para el año siguiente. Con la reforma del 2005 recientemente se incorpora, aunque anteriormente se daba por Costumbre Constitucional. Hay una clara relación con el principio de probidad y de transparencia.
Análisis del Art. 25: se establecen 3 requisitos copulativos
Nacionalidad Chilena: de acuerdo a lo dispuesto a los números 1 y 2 del Art. 10. Caso de ius solis, ius sanguinis. Se reforma el 2005, eliminando la necesidad de nacer en el territorio chileno. Se exige que la ascendencia sea Chileno, porque debe existir un vínculo real y efectivo con el país. No se contempla la nacionalidad por gracia ni por carta de nacionalización
Edad: es criticado. En Latinoamérica abarca desde los 21 a los 45 años. Anteriormente en Chile fue de 30, luego de 40, pero se opta por fijarlo en 35 años de edad.
Demás calidades para ser ciudadano: No pueden serlo los inhabilitados condenados por pena aflictiva, interdictos, etc. Concordancia con el Art. 16.
Condena por delito que merezca Pena Aflictiva
Pérdida de la Nacionalidad, Art. 17
Inciso 2° del Art. 25: es muy criticado también. Es una materia conflictiva
CPR de 1833: 5 años con reelección inmediata
1871: se mantienen los 5 años, pero sin reelección inmediata
CPR de 1925: establece 6 años sin reelección inmediata
CPR de 1980: inicialmente establece 8 años sin reelección inmediata, pero que nunca se cumplió
Reforma de 1989: Se estima que era un período muy extenso y bastante "anti democrático", señalando que se necesita reformar. Se dicta una Disposición Transitoria que la persona electa en 1990 gobernara 4 años, siendo Aylwin el primer Presidente bajo esta disposición.
Reforma de 1994: Se señala que 4 años es un período muy acotado, dejándolo nuevamente 6 años, para los períodos de Frei y Lagos.
Reforma de 2005: se vuelve a retomar la idea de los 4 años de gobierno junto con la conveniencia de hacer simultáneas las elecciones parlamentarias. Además era una forma de prevenir el cambio de congreso, buscando permitir la gobernabilidad. Además se busca por el criterio económico.
Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Talca: da las razones para la simultaneidad.
Debate actual: volver a la reelección
Último Inciso del Art. 25
El Presidente debe comunicarle al Senado, aunque no señala la anticipación, debe ser un período respetable. El Presidente debe permanecer en el territorio, por lo que si sale de éste, debe comunicar al Senado y dejar un subrogante (El Ministro del Interior). El 2011 hay una serie de modificaciones.
Se establece un Sistema de Elección Directa, anteriormente se hacía por elección Indirecta por Electores. Hoy en día en los regímenes democráticos, mayoritariamente se ha considerado que debe ser Directa
Se establece la mayoría absoluta, a diferencia de la CPR de 1925 que, tomando a las 2 más amplias mayorías, decidía el Congreso. Fueron electos de esta forma Videla, Alessandri y Allende. Actualmente, en el caso de no alcanzar la mayoría absoluta (50%+1) se realizará una segunda votación con los 2 candidatos más votados. Se establece así para tener gobiernos estables y con mayorías identificables.
La elección de Presidente debe ser de una convocatoria, durante 1 día de un año específico.
Votos en Blanco y Nulos se considerarán como No Emitidos. Representan un síntoma de rechazo con los candidatos.
Últimos dos Incisos prevén un vacío constitucional: en caso de muerte de los candidatos, se convocará por el presidente a una nueva elección dentro de 10 días.
Tribunal Calificador de Elecciones: califica los votos válidamente emitidos y soluciona las controversias que pudieran suscitar, en 15 días para la primera elección y 30 para la segunda elección. Tiene el deber de Proclamar al Presidente Electo dando cuenta al Senado y resolviendo el TRICEL.
El día de cese del cargo el TRICEL proclama al nuevo presidente, donde se tomará Juramento o Promesa al electo y cesando las funciones del presidente anterior
Distinción Promesa y Juramento
El Juramento tiene un carácter o connotación religiosa, se hace ante dios, en cambio, en el caso de la promesa se hace en base a la ciudadanía
Subrogación y Reemplazo del Presidente de la República
Es distinto del sistema contemplado para el Congreso. Se regula por los artículos 26, 28 y 29 de la Constitución Política, sumado a la ley de Votaciones y Escrutinios, además de la Ley de Elecciones Primarias. Son leyes específicas y bastante reglamentarias.
El cargo está regulado por los Arts. 6 y 7, debiendo ser proclamada la persona según lo establecido. Se presentan 3 situaciones distintas
Candidato a Presidente de la República: se es candidato desde que la candidatura es inscrita por el SERVEL en el registro para tales efectos creado. Ley 18.700, en el Art. 19 establece que dentro de los 3 días siguientes de vencido el plazo de 5 días de la impugnación de candidatura, el Director del SERVEL procederá a inscribir las candidaturas en un registro especial. Desde ese momento se considera que los candidatos tienen tal calidad para todos los efectos legales.
Esto es complementado con la ley 20.640, de Elecciones Primarias que dispone en el Art. 35 que una vez efectuada la elección, el TRICEL declara un ganador en la elección primaria. Los candidatos nominados por el TRICEL o el Tribunal Regional, serán considerados por el SERVEL como candidaturas para todos los efectos legales, reconduciendo al Art. 19 de la ley 18.700.
Antes de la elección primaria, no será candidato, sólo es un ciudadano.
Presidente Electo: su proclamación se hace por el TRICEL como ganador, por lo que pasa a detentar esta calidad. Se regula en el Art. 27 de la CPR, que dispone que el TRICEL debe comunicar esto al Presidente del Senado para que tome juramento posteriormente a quien asumirá dicho cargo, el mismo día que cesare en sus funciones el presidente en ejercicio. En extenso se regula en el Art. 109 de la ley 18.700. Se es Presidente Electo hasta el juramento o promesa.
Presidente en Ejercicio: Usualmente el juramento se realiza el 11 de Marzo. Desde que el Presidente del Senado toma juramento, pasará a ser Presidente en Ejercicio. Su cargo expirará cuando cumpla el período de 4 años, o en caso de alguna inhabilidad sobreviniente.
La CPR regula 2 situaciones diferentes: caso de inhabilidad temporal, dando paso a la Subrogación; o Permanente, que da paso al Reemplazo.
Temporal: Ausencia del Territorio, Enfermedad, etc.
Permanente: Muerte, Inhabilidad por el Art. 19 N°15
Subrogación del Candidato a la Presidencia
Esta situación no está regulada en ninguna parte, ni en la CPR ni en la ley. Caso que "no salga a hacer campaña o se tome vacaciones". El único efecto que pudiese resultar sería un perjuicio político, por lo que no es de Interés político.
Reemplazo del Candidato
Presentar alguna inhabilidad para ser candidato, el caso sí está regulado, en el Art. 26 de la CPR. En el Inciso 4 dispone que en caso de muerte o inhabilidad absoluta, de uno o de ambos candidatos a la eventualidad de que en la elección no exista un vencedor, el Presidente en Ejercicio convoque a una nueva elección dentro del plazo de 10 días desde la inhabilidad, que se debe desarrollar dentro de 90 días. Para convocar, si el Presidente no puede, asume de vicepresidente el Presidente del Senado, Sino el Presidente de la Cámara de Diputados, o el Presidente de la Corte Suprema
Antes de la reforma de 2005, la Ley 18.700 entendía otra cosa, pero se entiende tácitamente derogada. Se podía reemplazar, por parte del Partido, por el candidato que ellos estimaran. Actualmente se debe convocar a un nuevo período eleccionario.
Ley 20.640 Dispone en su art. 38 que si un candidato nominado en el Registro del SERVEL fallece o renuncia a su candidatura por declaración ante notario y presentada en el SERVEL, se procederá como sigue:
Si es candidato a Presidente, el PP o Pacto Electoral quedarán libres para designar candidato según sus estatutos y conforme a la ley 18.700, pudiendo nominar a cualquiera de los candidatos que participaron en la elección o cualquier persona si así lo quisiere. Tiene un problema de Constitucionalidad con el Art. 19 N°15.
La ley establece que el resultado de la elección es vinculante. Luego en forma categórica, señala que el candidato que pierde no podría ir a la elección en Noviembre. La discusión al respecto no está zanjada. AMG: Señala que no se puede.
Subrogación del Presidente Electo
Hay una persona que ya ha sido proclamada como ganadora de la elección por el TRICEL. Tiene tan solo una atribución constitucional, que es Asumir como Presidente de la República. Si es que eventualmente este presidente electo se ve en una imposibilidad temporal, la CPR regula esto en el Art.28 Inc. 1, señalando que va a subrogarlo con el cargo de vicepresidente el Presidente del Senado; sino el Presidente de la Cámara de Diputados; o el Presidente de la Corte Suprema.
No pueden asumir Ministros de Estado, porque aún no existen desde el punto de vista formal. Además, como son magistraturas que deben ser asumidas conforme a una LOC, no tendrían atribuciones.
Reemplazo del Presidente Electo
Existencia de Imposibilidad Absoluta. Regulación en el Art. 28 Inc. 2. En este caso el cargo quedará vacante y será por tanto el Senado quien declara la inhabilidad de la persona para asumir como Presidente de la República, recibiendo la opinión del Tribunal Constitucional.
Presidente en ejercicio debe llamar a una nueva elección. Si se encuentra inhabilitado será subrogarlo con el cargo de vicepresidente el Presidente del Senado; sino el Presidente de la Cámara de Diputados; o el Presidente de la Corte Suprema. Se convoca dentro de 10 días posterior a la inhabilidad, para que la elección se haga dentro de 90 días o el domingo siguiente.
De esta nueva elección resulta un ganador. El Presidente Reemplazante durará en el cargo lo que habría durado el Presidente Inhábil.
Subrogación del Presidente en Ejercicio
Existe una persona que ejerce la magistratura. Rige el Art. 29 de la CPR, disponiendo que, ante una ausencia temporal del Presidente, éste se subrogará por el Ministro Titular según el orden de procedencia legal, no puede ser Subrogante (Un subsecretario). Está regulado por el DFL 7912 de 1927, modificado por la ley 20.502 de 2011 siendo esta ley la que contiene el orden de procedencia de los 20 ministerios
1° Interior y Seguridad Pública;
2° Relaciones Exteriores;
3° Defensa Nacional;
4° Hacienda;
5° Secretaría General de la Presidencia de la República;
6° Secretaría General de Gobierno;
7° Economía, Fomento y Turismo;
8° Planificación;
9° Educación;
10° Justicia;
11° Trabajo y Previsión Social;
12° Obras Públicas;
13° Salud;
14° Vivienda y Urbanismo;
15° Agricultura;
16° Minería;
17° Transportes y Telecomunicaciones;
18° Bienes Nacionales;
19º Energía, y
20º Medio Ambiente.".
En caso de que ningún ministerio pudiera subrogar, será subrogado con el cargo de vicepresidente el Presidente del Senado; sino el Presidente de la Cámara de Diputados; o el Presidente de la Corte Suprema.
Reemplazo del Presidente en Ejercicio
Presidente muere, por ejemplo, mientras estaba en el cargo. Regulado por el Art. 29 Inc. 2. Esta disposición establece que va a reemplazar el Ministro según el orden de procedencia legal que tendrá una misión específica, dependiendo del tiempo que faltara para la próxima elección
Menos de 2 años: será designado un vicepresidente, donde el Ministro del Interior convoca al Congreso pleno para elegir un nuevo Presidente que, dentro de 10 días de su designación, asumirá como Presidente de la República.
2 años o Más: El vicepresidente deberá convocar a una nueva elección, en 10 días desde la vacancia que se efectuará dentro de 120 días para elegir un nuevo Presidente de la República.
En ambos casos habrá un nuevo Presidente de la República, que durará en el cargo lo que habría durado el reemplazado, teniendo un período corto, pero que quedará inhabilitado para ser candidato a la elección siguiente, reelección.
No existe ninguna regulación, sólo limitándose a señalar la CPR que es un cargo honorífico vitalicio.
El Congreso tiene una gran importancia en su relación con el Poder Ejecutivo.
En el Sistema Parlamentario hay una gran correlación entre el Congreso Nacional y el Presidente.
Los sistemas parlamentarios obligan a consensuar al Presidente con las mayorías del Congreso, que se condiciona con el sistema electoral.
En el Sistema Presidencial, hay una clara separación de las funciones, donde se puede ejercer un rol fiscalizador del ejecutivo. Según el sistema de elecciones, para asegurar la gobernabilidad, se da la simultaneidad de elección de Presidente y Congreso, que la mayoría logre plasmar el programa de gobierno.
En Chile hay una exacerbación del sistema presidencialista, desmarcándose de EE.UU. Donde el Presidente tiene menos facultades legislativas que en Chile. En nuestro país tiene incluso el Derecho a veto, iniciativa legislativa, etc.
Normalmente se suele identificar al Congreso como un órgano político, no técnico. En Chile sí hay organismo técnico, que son los Comités Parlamentarios. Las leyes son más amplias, remitiendo la regulación de la materia al reglamento.
Es un órgano más del Poder Legislativo, pero no es el único, porque además interviene el Poder Ejecutivo. Además, el congreso no solo tiene facultades legislativas, sino que además puede realizar la función Fiscalizadora, como tramitar acusación constitucionales contra Ministros.
Además, se entiende que es el Poder Constituyente derivado, en ambas cámaras, de forma análoga a la aprobación de las leyes, se aprueban de igual forma las reformas constitucionales.
Objeción contra mayoritaria: el TC no sería representativo y sus funciones sin duda generan cambios sociales.
Una de las formas de dar supremacía a la CPR, en nuestro caso, es a través de los quórums, siendo de 3/5 y algunas materias es de 4/7. En el pasado fueron diferentes formas, como por ejemplo el Congreso Pleno que aprobaba y otorgaba dicha supremacía. También se podría realizar por realización de múltiples congresos.
El Congreso actúa en la función constituyente de forma similar a las materias legislativas. Además tiene funciones para resolver las Contiendas de Competencia entre poder ejecutivo y poder judicial, por ejemplo. Cada vez que se judicializa una materia, la Contraloría se abstiene.
Otra atribución de las Cámaras tiene que ver con el Derecho Internacional: tiene que ver con la aprobación de los Tratados Internacionales.
Debate Congreso Unilateral y Bicameral. En Chile hace poco se conmemoraron los 200 años de la Cámara de Diputados. Hasta 1823 el Congreso fue Unicameral, pero hoy en día es Bicameral, siendo la regla general en las Constituciones desde 1823.
En la población está la idea de que el Congreso sea más representativo de la ciudadanía, buscando mejorar la inclusividad y representatividad. Es complejo aprobar una reforma electoral, porque se hace por quienes han sido elegidos bajo ese sistema. Si se pretende agregar más representantes, crecerá el gasto.
Se dice que la estructura bicameral se centra en un Senado Técnico y una Cámara de Diputados fiscalizadora
La CPR de 1925 no señala un sistema electoral. Tampoco señala un número de parlamentarios, sólo encarga esto a la regulación de la ley. Sólo establecía un criterio, privilegiando la proporcionalidad, atendiendo a una igual representación de las unidades. Busca que cada voto tuviera un peso similar al otro, para equiparar los votos por Departamento.
Regulación del Art. 47, en materia de Diputados señala el número de 120 diputados. Se busca eliminar para que el debate se haga por la ley, que sería más flexible. Existe una DT N°3 que dispone 3/5 para reformar esta parte de la Constitución.
Las bases del Sistema Electoral están en la CPR. Los diputados se eligen por votación directa mediante los Distritos, donde se eligen 2 por cada colegio electoral, mediante el sistema Binominal. Desempodera a la ciudadanía, porque el debate se da en los Partidos.
Continuación-Congreso Nacional
Binominal: por cada colegio electoral, se eligen 2 personas. Genera efectos en las fuerzas políticas y su conformación. Además, se templa el debate político porque la pelea se da hacia el centro, lo cual daría mayor "estabilidad". En cuanto a lo negativo, las disputas se daría dentro de cada grupo y quienes se nieguen a participar de estos 2 grupos, quedarán eventualmente fuera del congreso.
El binominal, en su creación pareció concebir diferentes objetivos:
Competencia centrípeta, Creación de Grandes Bloques
El Presidente llega con una coalición amplia
El lado bueno fue lo que motiva a incorporarlo, por parte de quienes lo crearon. Hoy, pareciera que se aleja de los objetivos, sino que está catalizando lo contrario. El Congreso Nacional pierde valor junto con el modelo de Democracia Representativa, se cuestiona buscando dar paso a la democracia directa. Además, el problema de la representatividad pasa por el voto voluntario.
A veces, los gobiernos en vez de solucionar problemas, sólo responde a grupos pequeños que se movilizan. Avilés: "Es bueno avanzar en el cambio del Binominal, sin perder la proporcionalidad". Idea del sistema mayoritario: señalan algunos que podría ser incluso menos representativo
CPR de 1925 buscaba la igualdad. Cada 30.000 personas, 1 diputado. Caso de desproporcionalidad de Aysén-Santiago. El contra argumento es que busca frenar el poder de la centralización, hacerle el peso a las ciudades grandes como Santiago, Viña-Valparaíso, Concepción.
Cómo se eligen los Diputados en Chile:
Hay elecciones de Diputados cada 4 años, renovándose completamente.
Son re elegibles, indefinidamente. (Inserte debate aquí)
Reglas de la elección:
2 Personas por cada distrito
Si una lista duplica a la otra, elige a los 2 candidatos. El llamado Doblaje. Complica a las candidaturas, la campaña se hace donde el doblaje es factible.
Si no hay doblaje, se pasa a la regla 2: se determina cuáles son las listas más votadas, eligiendo al candidato más votado de la lista respectiva
Qué pasa cuando un cargo corresponde a 2 personas por igual derecho: Deberá hacerse por sorteo, según el Tribunal Electoral
No se condice con "Requisitos para Inscribirse" como en el intermedio cumplir la edad necesaria. Son:
Educación Media, o equivalente
Residencia de los 2 últimos años en la región. Pueden no residir en el distrito, no así la región. Es poco exigente en cuanto pide una Residencia, no el Domicilio.
El colegio electoral corresponde a “agrupaciones de provincias”, a través de un mecanismo en la CPR del 80’ se estableció la cifra de 50 senadores (con ánimo de mantener el número), se establecían además dos clases de senadores:
Senadores Designados: básicamente se les reconocía una capacidad técnica (regulados específicamente, eran nombrados por la institución de donde provenían, quienes además debían cumplir determinados requisitos establecidos para cada cupo)
Senadores Vitalicios: se establecía que debían ser Ex Presidentes de la República que hayan durado mínimo 6 años en su cargo. La única persona que ocupó el cargo fue Augusto Pinochet.
Cuando se reforma la constitución solo se establecen senadores electos por votación popular, el último senador se mantuvo hasta el 2006 por respeto al periodo, la institución de senadores designados comenzó en 1980 hasta el año 2006.
Hoy existen “38” (pueden ser 40) senadores, todos electos. La CPR encarga a una LOC regular la materia. El año 2005 se mantuvo la lógica de que cada región elige senadores, sin embargo, hoy aún no se crea la región de Parinacota, hay regiones que no se asimilan a una circunscripción, existiendo tales que la constituyen más de una región (Ej. Santiago) [la lógica para establecer circunscripción
El senado se renueva por parcialidades, regiones de número par, más la región metropolitana; regiones impares por otra parte. La reelección en este caso es indefinida.
Requisitos para ser electo senador:
Tener enseñanza media o equivalente.
Tener cumplidos los 35 años al momento de la elección. Antes del año 2005 el requisito era 40 años.
A diferencia de los diputados no se exige residencia en la región.
Vacancia. ¿Qué pasa cuando un diputado o senador seca en su función?
Los mecanismos que ha tenido nuestro país han sido bien distintos. Un mecanismo es que el partido al cual pertenecía presente una terna, otra es que se complete el cargo por la persona que iba en el pacto con quien hubiese sido electa, otra es simplemente no suplir la vacancia (se estima que deja en perjuicio a determinada zona del país, por no tener representante). La CPR del 80’ pasó de un sistema donde elegía automáticamente a la persona que iba en la lista a la designación por parte de la cámara, terna. Pero la CPR nunca ha contemplado una elección complementaria ej. “naranjazo”.
Antes del año 2005 se produjo el problema del senador Lavanderos (problemas penales), donde no se sabía qué regla aplicar ya que justo estaba en un momento de cambio de regla (averiguar cuál se aplicó finalmente), anteriormente se resultaba electa la persona que iba en el pacto, hoy se encuentra vigente el mecanismo por el cual el partido presenta a la persona quien realiza el reemplazo. El periodo se completa sumando el periodo ya transcurrido por el parlamentario anterior, es decir, no se parte de cero. Lo más razonable sería establecer una elección complementaria y que ésta coincida con otro proceso de elección. Revisar art. 60 sobre la renuncia posible de diputados/senadores.
¿Cómo trabaja el congreso?
Comité parlamentario: grupo de personas que tienen una idea política a fin (normalmente partidos políticos sumados algunos independientes que se suman), no están expresamente regulados en la CPR, en el fondo es un mecanismo para contratar asesores, crear un grupo orgánico que trabaje junto a los miembros que lo componen.
Comisiones: sí están previstas en la CPR, son de carácter técnico y fiscalizador, están conformadas por parlamentarios que no son de una misma ideología, por ejemplo hay comisiones permanentes: las comisiones son temáticas y generalmente tienden a coincidir con los Ministerios, una vez pasado el control de admisibilidad, se envía el proyecto a estas comisiones (donde se expone, discute, se van presentando indicaciones como por ejemplo errores), luego se establece un informe por la comisión que se devuelve a la cámara. Comisiones unidas: son aquellas donde se reúnen dos o tres comisiones permanentes que por su naturaleza tiene que ver con materia de distintas comisiones.
Comisiones mixtas: integradas por senadores y diputados, se presentan cuando existen discrepancias; sucede que a veces la cámara revisora rechaza íntegramente un proyecto que podría conllevar a establecer una comisión mixta. Comisiones investigadoras: han existido hace muchos años, han sido reconocidas recién en el 2005 en la CPR de forma expresa, lo cual fue importante acerca de su constitución, anteriormente debía haber un acuerdo por mayoría de la cámara –podía pasar que no se establecieran cámaras investigadoras por no tener dicha mayoría producto de incompatibilidad política con el gobierno de turno – permite que la minoría pueda tener la aprobación de la creación de una cámara de diputados (2/5 partes de los diputados en ejercicio), solo existen en la cámara de diputados, los senadores no están constitucionalmente habilitados para fiscalizar –lo que se quiera resguardar es que los senadores, como tribunales en algunas situaciones, no se vean influenciados producto de una posible investigación que realizan los diputados para que no suceda aquello.
Atribuciones exclusivas cámara de diputados.
La CPR antes del 2005 solo contemplaba una regulación genérica de las facultades para fiscalizar. Desde el año 90’ la cámara de diputados posee función de fiscalizar, anteriormente se realizaba a través de comisiones especiales o tribunales establecidos con anterioridad al proceso.
La fiscalización es centrada en los actos de gobierno, desde el punto de vista desde la teoría administrativa, hay una diferencia entre actos de gobierno (decisiones políticas, mucho más espacio a la discrecionalidad) y actos de administración (funcionamiento regular de los servicios públicos). En general se ha entendido que la función de fiscalización es amplia. La revisión que realiza la cámara de diputados más que política, es una revisión jurídica, a veces se establecen elementos valorativos en relación a la interpretación que se realiza –textura abierta- lo cual implica que el sistema no sea puramente jurídico, sino que tiene rangos de políticos.
Atribuciones de fiscalización de la cámara de diputados:
Pueden formular observaciones al presidente de la república, quien tiene obligación de responderlas (plazo de 30 días). Puede ser base para una posterior acusación constitucional. Se exige mayoría.
Solicitar antecedentes a los ministros a través de 1/3 de los diputados en ejercicio, el ministro debe responder por escrito.
Interpelar a un ministro, 1/3, no se puede hacer más de tres veces al año por cada ministro, salvo que exista mayoría donde se pueda interpelar una vez más –interpelación parlamentaria.
Capacidad para pedir antecedentes a todos los organismos de la administración del Estado.
Crear comisiones investigadoras – 2/5 partes.
Acusación constitucional –las anteriores constituyen medios para - la cámara actúa como acusador, pero no como tribunal. Una vez presentada la acusación quien tiene que estar firmada por no menos de 10 diputados y no más de 20 diputados. Se establece por causales especificas –no es abierta (aunque algunas causales tiene matices más abiertos)-, son contra personas determinadas. Una vez presentado el caso, se realiza un control formal (causales, diputados firmantes, persona acusable), finalmente se procede al sorteo de una comisión, ya que es esta que va a llamar, a citar a las personas a declarar, etc. finalmente se presenta un informe de la comisión al pleno.
Continuación: Presidente de la República
El Presidente no es responsable políticamente ante las cámaras. Tiene responsabilidad jurídica, constitucional pero no política. Mientras el presidente ejerza su cometido según la constitución, lo hará íntegramente. Cuando asume el Presidente electo, el que sale de su cargo se somete al estatuto de los Ex-Presidentes, cuyo cargo es honorífico, en el Art. 30 de la CPR. Lo trata como dignidad oficial.
Ser tratado con la dignidad de Ex Presidente
Según el Art. 61 se establece el Fuero: Es un beneficio que tienen los diputados y senadores. Una de las funciones de ellos es legislar, fiscalizar y deliberar, por lo que deben estar libres para ejercer sus funciones, pudiendo estar sometidos a acusaciones temerarias. "Lo que se diga en sala no puede ser objeto de injurias o calumnias".
Dieta: Es una remuneración equivalente a un Ministro de Estado. Es incompatible con cualquier otra remuneración del Estado, exceptuándose en el caso de la Docencia (en todos sus niveles). Es una norma que se agrega el año 2000
Haber completado el período íntegramente en el cargo.
Se asume por la plena disposición, ministerio, de la Constitución.
Quienes no tendrán este beneficio: la excepción sería la vacancia y el juicio político
Atribución Genérica: Art. 24 El Gobierno y la Administración del Estado, mantener el orden interno y externo. Sus límites son la misma Constitución y las Leyes, contemplándose el Art. 5 en el inciso segundo y el Artículo 19 N°26. El presidente además está obligado a respetar los tratados y de modificar la legislación interna para adaptarlos. Es en base a esto que se estableció el Nuevo Sistema Procesal Penal, y por otra parte también el tema de la Filiación Única
Son Especiales porque no es una enumeración taxativa, porque hay otras que no están en los 20 numerales, sino que están dispersas en la CPR, como el Decreto Supremo que cancela la nacionalidad en ciertos casos; así como también no está contemplada el Decreto de Insistencia.
Estas atribuciones son arrancadas directamente de la CPR, no de la ley. Actúa directamente. Atribuciones Administrativas: Numeral 6 del ejercicio de la potestad reglamentaria. Nombrar Ministros, Magistrados, Embajadores, etc. Incluso, en el numeral 16 se contemplan las atribuciones militares. La última función tiene que ver con la financiera, en virtud del numeral 20 elabora el presupuesto y destinar el 2% para las emergencias y catástrofes.
Atribuciones Constituyentes y Legislativas
Constituyentes: Corresponden al numeral 1 y 4. Debe concordarse con el Art. 46 Es atribución del Congreso y del Presidente. Debe concordarse además el Art. 127 sobre la reforma constitucional, que pueden ser iniciados por Mensaje o por Moción. Atribución del Poder Constituyente Derivado, aquel encargado y facultado para modificar la CPR. Según el Art. 128 puede consultar a la ciudadanía, a través de la convocatoria de Plebiscito para resolver la controversia entre el presidente y el congreso.
Se discute si en base a la actual CPR se puede llamar a Asamblea Constituyente.
Legislativas: El Presidente tiene enormes facultades:
Iniciativa: Los proyectos se pueden originar ya sea por moción del Congreso o por Mensaje del mismo Presidente. Debe concordarse con el Art. 65. Origen: cámara que discute primero, el inicio de la tramitación; Iniciativa: Autoría
Iniciativa Exclusiva: Son ciertas materias que no puede iniciar el congreso, sólo el Presidente. Ha sido una tendencia desde la CPR de 1925 en adelante. Puede aceptar, disminuir o rechazar, no pudiendo aumentar el presupuesto.
Intervención de los Ministros en debate: Es una posibilidad contemplada en las CPR de 1833, 1925 y en la actual. La interpretación de la de 1833 da la posibilidad de asistir, para ver si existía la confianza o no de las cámaras. Esta disposición fue reforzada mediante la incorporación de un inciso de 2005 que obliga en el caso de las materias de su respectiva Secretaría de Estado.
Puede tomar parte del debate, hacer uso de la palabra, no puede votar, puede rectificar conceptos, etc.
Puede solicitar Urgencia. Viene desde la CPR de 1833, donde dilataban la aprobación de las leyes, incluso del presupuesto y las consecuencias de Balmaceda. Se elimina la legislación ordinaria y extraordinaria
Simple Urgencia: 30 Días
Suma Urgencia: 10 Días
Despacho Inmediato: 3 Días
Ley de donación de órganos: todos somos donantes, sólo una declaración jurada podría establecer lo contrario.
Continuación: Atribuciones del Presidente de la República
Urgencia: es una institución creada en la CPR de 1925 con un sentido: busca superar la desidia o el entorpecimiento en el Parlamento, dentro del régimen pseudo parlamentario de fines de siglo XIX. Alessandri que es uno de los grandes gestores de la CPR, donde nombra la comisión consultiva, considera que era oportuno establecer el sistema de urgencias, para dar prisa a la tramitación de un proyecto de ley que estime necesario.
La urgencia, en un comienzo, no la calificaba el Presidente, no así bajo la actual constitución. Bajo la vigencia de 1925 seguía aumentando la iniciativa exclusiva del Presidente, como en 1970 sobre Seguridad Social, pero se comienza a dar un abuso de esta institución, lo que unido a las circunstancias del período extraordinario en materia legislativa, significaba un exceso de atribuciones. Los parlamentarios comenzaron a incorporar indicaciones al proyecto de ley, que muchas veces no tenían que ver con las ideas centrales, creándose las Leyes Misceláneas o Leyes "Arca de Noé".
Art. 74 concorde al 69: se señala que no se aceptarán indicaciones que no tengan que ver con las ideas matrices o centrales del proyecto de ley.
Facultades: Puede fijar la urgencia y calificarla. Si se pasa del tiempo, no se entiende aprobada tácitamente la ley.
Aprobación, Sanción del Proyecto y posterior Promulgación
La sanción puede ser de 3 tipos:
Expresa: si el presidente expresamente aprueba y ordena su aprobación
Tácita: si el presidente, pasado 30 días, no dice nada. Aquí se entiende que se aprueba.
Obligatoria: Cuando se insiste, como en el caso del Art. 73 Inc. Final.
Promulgación: se hace a través de un Decreto Supremo promulgatorio. Siempre se hace dentro del plazo de 10 días. Es un acto jurídico realizado a través de un DS, por tanto es solemne, certificando la existencia de una nueva ley y ordenar su cumplimiento. Debe ir a la Contraloría General de la República para que tome razón. En caso de rechazo, se podrá recurrir al Tribunal Constitucional.
En caso de duda de la constitucionalidad de una norma durante su creación, ya sea el Presidente o el Congreso, pueden recurrir al Tribunal Constitucional
Publicación: se debe realizar durante los 5 días siguientes. Los plazos pueden variar según la carga de trabajo. Se da a conocer el contenido de la ley. Desde ese momento nadie puede alegar ignorancia de la ley. El Diario Oficial data desde 1877.
Poder de Veto: no es total, es parcial y suspensivo. Si se desaprueba el proyecto, lo devolverá a la cámara de origen con las observaciones contenidas, que deben guardar relación con las ideas matrices del proyecto.
AMG: El parlamento está infravalorado en nuestra CPR, hay que fortalecerlo en sus funciones legislativas. Ya se hizo en 2005 con atribuciones fiscalizadoras.
Esta disposición viene a reforzar las cámaras del congreso: la función de Deliberación, para generar acuerdos. Pide que se citen a las ramas del Congreso. Hay una obligación de acoger la solicitud. Esta nueva facultad tiene una serie de contenidos para establecer un mayor equilibrio entre el presidente y el congreso. De alguna manera, pedir que se convoque a las cámaras, busca establecer una mayor interacción entre ambos y debatir asuntos de interés nacional.
Delegación de facultades legislativas, desde el Congreso al Presidente. DFL son normas que tienen rango de ley, al mismo nivel. Son normas que versan sobre materias de ley, dictadas por el Presidente de la República, en virtud de una delegación de facultades legislativas. Esta delegación opera con una ley delegatoria o habilitante.
Debe señalar los requisitos, las materias expresamente, y reservando una prohibición para algunas materias, contenidas en el Art. 64, como en materia de Derechos Fundamentales, Ciudadanía y Nacionalidad, Órganos del Estado como el Poder Judicial, Congreso, Contraloría, etc. Esta delegación sólo opera durante 1 año.
Estos DFL sólo se reconocen en 1970. Anteriormente se consideró como una Costumbre Constitucional.
Art. 64 contiene todo lo referente a los DFL. Se incorpora el Inciso 5. Es una atribución que se da al presidente para dictar estos textos en virtud de un DFL y no necesita ley habilitante: puede refundir, coordinar y sistematizar leyes, sin que exista ley delegatoria. Arranca de la CPR.
Refundir, Coordinar y Sistematizar: el derecho no siempre está ordenado, se encuentran muchas disposiciones o se dictan leyes que contrarían a las anteriores. Es una labor técnica, no busca crear normas, sino que busca ordenar normas dispersas para dar seguridad a lo que está vigente, apartando lo tácitamente derogado, sustituyendo a los anteriores. Se requerirá ley habilitante en caso de que se trate sobre materias constitucionales.
Refundir: colocar un conjunto de normas en un solo texto. Sistematizar es dar armonía, cohesión, unidad, eliminar repeticiones. A veces hay que separar incisos, párrafos, renumerar, etc.
Estas son las denominadas Atribuciones Políticas, que se da desde la CPR, sin necesidad de una ley.
Existen diversos estados de excepción: Asamblea, Sitio, Emergencia, Catástrofe.
Taller de mañana: Acusación Constitucional: se ha aplicado varias veces en los últimos años, caso de Harald Beyer, por ejemplo.
Conciliar idea de la Acusación Constitucional, dado que en el régimen presidencial no hay responsabilidad política ante las cámaras, frente a la de Responsabilidad en el régimen parlamentario.
Limitación al Poder
Cumplimiento con lo establecido en la Constitución y las Leyes
Son las 3 razones de fondo para justificar que el Parlamento pueda pedir explicaciones, acusar o incluso respecto del actuar en el ejercicio de sus funciones.
Art. 52 n°2 da razones para justificar la acusación. En el sistema Parlamentario esta se denomina la Moción de Censura.
Nace a raíz del Impeachment, contenido en el Bill of Rights de 1868, donde el monarca no podía tener incidencia en las leyes, si el parlamento no autorizaba. Busca que el Rey no se exceda de sus funciones, sometiéndolo al mismo estatuto que creaba. El Parlamento debería ser el que tuviera la injerencia en la creación de las leyes.
A raíz de Beyer: ¿Hay Acusación Constitucional o la redacción de la CPR daría paso a una Moción de Censura? En base al Art. 52 N°2 Letra B:
Comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación
Infringido la constitución o las leyes
Haber dejado sin aplicación la ley
Delitos de traición, concusión, malversación de fondos, colusión.
A diferencia de la A. Constitucional contra el presidente, aquí no lleva ningún calificativo. Nos deja más abierta la idea para acusar a los ministros de estado.
Como se lleva una Acusación Constitucional:
Ministro de Economía permitió un reglamento o emitió un decreto concediendo tributos especiales a un grupo no autorizado por la ley.
Se debe juntar un grupo de 10 a 20 diputados que presentan una acusación a la cámara.
En el caso de Beyer uno de los argumentos era no supervigilar los órganos a cargo, no cumplir obligaciones que la ley le imponía, no habría corregido los errores de la aplicación de la ley contra el lucro en la educación
Se presenta un escrito frente a la primera sesión ante la cámara. En esa misma sesión se sortean 5 diputados para que sean parte de la comisión investigadora.
Una vez formada la comisión, determinarán si es procedente o no la Acusación. Deben sesionar inmediatamente, haciendo todas las necesarias para estimar procedente o no la acusación. Se notifica en los 3 días al afectado. El Afectado tiene 10 días para comparecer en la comisión o contestar por escrito. La notificación se puede hacer Personalmente o Por Cédula, dejando copia íntegra del escrito al acusado.
La comisión tendrá 6 días para presentar su escrito de acusación. Sesionará a diario y puede citar a todo quien estime conveniente para el desarrollo de la acusación. Una vez cumplido el plazo de 6 días se sesionará en la cámara de Diputados y, por el solo hecho de presentarse el afectado a la sesión deberá comparecer. Haya o no escrito se realizará la sesión donde se votará si procede o no la acusación. Concurren La comisión, el afectado y los diputados
El Afectado, antes de la sesión de procedencia de la acusación, puede pedir que se declare la improcedencia de la Acusación por vicio de fondo. Es el único que puede solicitar la improcedencia. La cámara decide si acepta o rechaza. Nadie puede alegar de esta decisión, no pudiendo pedirse revisión ni interponer recurso alguno. Si se rechaza el recurso del acusado, se pasará a la sesión.
Exposición del Afectado: contestación a la alegación. Si no está él, puede hablar a su nombre un Diputado que esté a favor de no acusarlo.
Si se acepta, pasará al Senado. Se crea una comisión especial de 3 diputados que va a proponer y sostener la acusación ante el senado. Tiene un plazo de 24 horas para hacer llegar al senado el escrito de acusación, debiéndose entregar al senado en conjunto o al presidente del Senado.
En la primera sesión se va a decidir un día, que no podrá ser menor al cuarto ni mayor al sexto inclusive que se sesione al respecto. Por el solo hecho de tenerse presentada, todos los senadores quedan citados de pleno derecho a decidir sobre la acusación.
Además se cita a comisión a 3 diputados, al acusado y además se notificará a otro órgano del estado al que puede competerle la decisión.
El senado actuará como Jurado, apreciando todos los hechos y antecedentes en conciencia.
Hablará la comisión explicando los motivos
Podrá hablar el acusado, junto a un abogado representante
Todas las personas citadas por el Senado tienen derecho a opinión
La comisión, posteriormente, tiene derecho a réplica
El acusado podrá realizar una dúplica
El senado llama a una nueva sesión, fallando como jurado al día siguiente, debiendo cada uno explicitar los motivos por los que toma su decisión. Una vez que han votado, por mayoría absoluta se decidirá si es acusada o no la persona en cuestión.
El acusado no podrá volver a ejercer cargos durante los próximos 5 años, contados desde que se entabla la acción. Además queda sujeto a la responsabilidad civil y penal correspondiente.
Continuación: Congreso Nacional
Causales jurídicas: ocupan elementos valorativos. Acusación Constitucional se realiza por no más de 10 diputados, con argumentos de hecho y de derecho.
Personas que pueden ser objeto de una acusación:
Presidente de la Republica: Puede serlo durante su gobierno o posteriormente, durante los 6 meses siguientes al cese de su cargo. Lleva asociada una sanción de inhabilidad.
Afectar gravemente el honor o la seguridad nacional. Califica la Cámara de Diputados
Violar abiertamente la Constitución o las Leyes. Debe ser clara y explícita.
Ministros de Estado: Procede durante el ejercicio de sus funciones y de los 3 meses siguientes.
Violar la Constitución o las Leyes. No se requiere que sea abiertamente, tiene un umbral más bajo, que se condice con el impacto que causa.
Concusión, ejercicio de una facultad, arbitrariamente y en beneficio propio.
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia - Contralor General de la República
Se puede acusar por el Notable abandono de deberes, es valorativa, pero trata sobre un evidente incumplimiento de un deber, como un tribunal que se niega a resolver. No procede por el contenido de la sentencia.
Generales y Almirantes de Fuerzas Armadas y Carabineros, por comprometer gravemente el honor y la seguridad nacional, mientras esté en ejercicio o durante los 3 meses siguientes. Se discutió mucho a raíz de la inamovilidad de estos cargos.
Intendentes y Gobernadores, por iguales causales que los Ministros de Estado.
Cuando se presenta la acusación, ya no se puede salir del país. La votación se aprueba, en general por la mayoría de los presentes, salvo el Presidente de la República, donde exige la mayoría absoluta de los Diputados en ejercicio. Desde la aprobación, existirá suspensión del cargo del acusado y si se acoge finalmente la acusación, el acusado quedará destituido.
Trámite de la Acusación Constitucional en el Senado.
Una vez que se aprueba en la cámara pasará al senado, quien debe declarar si es culpable o inocente. Se emite el fallo como Jurado, es decir, aprecia la prueba por la sana crítica y falla en conciencia.
La regla general es que se resuelva por la mayoría de los Senadores en ejercicio, salvo en la del Presidente de la república, que requerirá de 2/3 del senado.
Cesión del Cargo
Inhabilidad para desempeñar cargos públicos, sean o no de elección popular, por los siguientes 5 años.
Una vez pronunciado el Senado, se remiten los antecedentes a la justicia ordinaria.
Puede recurrirse directamente por malversación contra un Ministro si la CPR señala que se hará posterior a una acusación Constitucional?
En general, se ha venido aumentando sus funciones en el tiempo. Entre otras razones, por la supresión del Consejo de Estado, que era de carácter consultivo, siendo asumido por el Senado.
Además participa en la Autogeneración Incompleta de los Ministros de Tribunales.
Tiene además atribuciones jurisdiccionales como la acusación Constitucional.
Resuelve contiendas de competencia entre las autoridades.
Facultades para autorizar determinados actos
Facultades para resolver materias
Pronunciarse si procede una acción civil de perjuicios contra un Ministro: Explícitamente hay un filtro, en el Art. 53 N°2 de la CPR sobre si un particular puede ejercer una acción civil.
Resolver Contiendas de Competencia entre autoridades administrativas y tribunales superiores. La contienda positiva se produce cuando ambos organismos aducen competencia sobre un tema. La contienda negativa se produce en el caso que se alegue incompetencia.
Rehabilitación de la ciudadanía Para el caso de quienes la han perdido por delito terrorista o narcotráfico que mereciera pena aflictiva, el senado hará dicha rehabilitación. Anteriormente todas éstas se hacían por el Senado.
Autorizar al Presidente en ausencias de más de 30 días o en los últimos 90 del mandato. Se prevé para el caso de aplicar una acusación constitucional.
Declarar la inhabilidad física o mental del Presidente de la República, para el desempeño del cargo o, fundadamente, aceptar su renuncia, previa escucha a lo señalado por el Tribunal Constitucional, que no es vinculante
Aprobar la sanción que aplique el TC al Presidente Electo o en Ejercicio, por infracción a lo dispuesto en el Art. 19 n°15
Aprobar por 2/3 los ministros de la CdA y de la CS, así como del fiscal nacional. Arts. 78 y 85
Emitir dictamen sobre alguna consulta que le sea presentada por el Presidente de la República.
El Senado no tiene atribuciones de Fiscalización, esto se da para la imparcialidad en el caso de conocer de acusaciones constitucionales, además de ser exclusiva de la Cámara de Diputados
Es objeto de reforma el año 2005. Se mantiene la potestad legislativa y constituyente. Se elimina la aprobación de la cuenta anual del Presidente de la República, además de reconocer la potestad del Presidente en materia Internacional. Se recoge desde los tratados a la CPR varias disposiciones de materia internacional. Finalmente, se reconoce expresamente que en el acuerdo sobre tratado internacional, se delegue la potestad al presidente para dictar DFL
Hasta el año 2005 había período Ordinario y Extraordinario, donde el presidente se entendía que podía manejar la tabla del congreso.
Actualmente se entiende convocado el Congreso durante todo el año, así como también en períodos de excepción, de pleno derecho. Puede funcionar con 1/3 de miembros presentes.
Vicio del Filibustero: "Ted Cruz, en Texas EE.UU. Habló durante 17 horas porque no existe la clausura del debate. En Chile no ocurre eso porque se puede clausurar el debate.
Normas Comunes a Diputados y Senadores
Son restricciones y sanciones que no se pueden aplicar por analogía, sino que restrictivamente, porque versan sobre materias que limitan derechos.
Art. 57 comprende las Inhabilidades, como la de no poder ser candidato. Quien se encuentra en un cargo, no puede postular a otro. Ejemplo de esto son los Ministros, como el caso de Luciano Cruz-Coke y el rechazo de su candidatura desde el TRICEL. No pueden volver al cargo, sino que tienen inhabilidad durante 1 año.
Art. 58 establece las Incompatibilidades. Es la prohibición de ejercer en conjunto 2 funciones. Se presenta nuevamente la idea de resguardar el ejercicio de la función, como tampoco puede tener un cargo remunerado fiscal o semifiscal, excepto la Docencia. Tampoco es posible ser parlamentario y director de empresas públicas o con participación del Estado.
Art. 59 contempla las Incapacidades, desde el momento que es proclamado electo por el TRICEL, el parlamentario no podrá ser nombrado en determinados cargos.
Causales de Cesación en el Cargo: Se busca resguardar no solo las funciones, sino que también ciertas funciones de otros grupos de la sociedad. El 2005 se amplían las causales.
Privilegios Parlamentarios: debiesen entenderse en el contexto, no de favorecer individuo, sino de resguardar el cumplimiento de las funciones.
Inviolabilidad Parlamentaria: la persona no va a ser sancionable por sus opiniones durante el ejercicio de su cargo.
Fuero: evitar que un parlamentario pueda ser perseguido penalmente. Busca la separación de los poderes del estado, frente a los Tribunales de Justicia. No es absoluto, además existe el Desafuero.
Delito Flagrante: se puede detener sólo para ponerlo a disposición de la CdA para que determine si ha lugar a la formación de causa
Trato: Honorable Diputado, Honorable Senador. Deben tratarse en tercera persona
Dieta Parlamentaria: 8 Millones Bruto, teniendo asignaciones como viáticos, secretaria, etc.
En Chile existe un colegislador, el Presidente de la República, presentando proyectos y manejando las urgencias. Puede dictar, previa delegación, los DFL y puede vetar proyectos presentados por el congreso, además desde 2005 poder Sistematizar los textos, y poder hacer cambios formales.
En cuanto a la materia, el Art. 53 y 55 señala el dominio máximo de ley. La taxatividad del artículo es muy relativa.
Formación de la ley: Ley 18.928 y la CPR. Parte con la Iniciativa, que tiene el Presidente o Parlamentarios (no más de 10 diputados o 5 senadores). El mensaje es el que presenta el Presidente.
Cámara de Origen: por regla general, pueden partir en cualquiera de las cámaras. Hay proyectos que sólo pueden tener iniciativa en la cámara, como impuestos, y la ley de presupuesto. En el senado, el caso de leyes de amnistía e indultos.
Aprobación: posterior a dos trámites constitucionales, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado.
Cómo se votan:
Se vota la idea de legislar, comenzando la votación general del proyecto. Cuando se rechaza un proyecto a este nivel, no se puede volver a presentar durante un año.
Se vota en particular, en detalle. Se vota el Articulado. El presidente puede proponer cambios, denominadas Indicaciones.
Para la ley de Presupuesto, debe ser enviada antes del último día de septiembre. El presidente tiene 30 días para vetar el proyecto. Si el congreso insiste con 2/3 partes del congreso, deberá promulgar el proyecto.
Nota: 22 de octubre, fue el primer control
Son atribuciones del presidente de ejercicio continuo para satisfacer las necesidades corrientes y el funcionamiento de los servicios públicos. Son lo más característico de la función administrativa.
Pueden resumirse en dos grandes atribuciones
Nombramiento de autoridades y funcionarios públicos
Potestad Reglamentaria Art.32 N°6
Facultad para dictar decretos, reglamentos e instrucciones para el gobierno y administración del estado, sobre determinadas materias en dos casos:
Cuando se trate de reglamentar la aplicación o ejecución de las leyes.
Cuando no se han entregado al dominio legal
Debemos tener en claro que son, genéricamente hablando, actos administrativos. Todas las normas que emanan del ejecutivo son controlados por la Contraloría General de la República, incluidos los Decretos con fuerza de ley, aunque estos no sean parte de la potestad reglamentaria.
La potestad reglamentaria reglamenta la aplicación o ejecución de las leyes, esta se denomina potestad reglamentaria de ejecución. Pero también hay ciertas materias que no se entregan al dominio legal, por lo que el Presidente puede regularlas, conocida como Potestad Reglamentaria Autónoma.
En Chile, la donación de órganos está regulada por un reglamento.
Reglamento: Son de carácter general, regula una organización completa o le da aplicación a una ley completamente. Caso dela ley de Urbanismo y Construcción y el reglamento que da la forma de aplicación de la ley.
Decretos: Se extinguen en cuanto cumplen su objetivo, como en el nombramiento de una persona. Es una orden escrita, pudiendo ser dictados por cualquier autoridad administrativa según su competencia.
Decreto Supremo: Esta orden escrita será Suprema cuando lo dicte el Presidente de la República. Existen dos tipos de DS
Reglamentario: es de carácter más particular.
Fondo: Deben dictarse de acuerdo a la Constitución y las Leyes.
Forma: Siempre deben llevar la firma del Presidente y del Ministro respectivo, sino será rechazado por la Contraloría. Artículo 35. En el caso de los propiamente tales, sólo firma el Ministro con la glosa por orden del Presidente.
Control de la Contraloría: Toma de razón, Artículo 99. Trámite que cumple el Contralor en cuanto a la legalidad de un decreto sobre su cumplimiento. Los Decretos Exentos son aquellos que no pasan por Contraloría para su revisión, como los Decretos Alcaldicios. El legislador le da facultades para dejar exentos para la toma de razón en determinadas materias, incluidas en una resolución dictada por Contraloría.
Control del TC: Art.93 N°9 y 16
En la CPR de 1925
Dominio mínimo legal: "Sólo en virtud de una ley se puede…" (Art. 44) La enumeración de las materias no era taxativa. La ley era la norma de clausura.
En la CPR de 1980
Dominio máximo legal: "Sólo son materias de ley…" Art.63. Determina en forma taxativa las materias de ley. Todo lo que no esté en la CPR puede ser regulado por el Presidente. Con esta facultad, permite que el Presidente tenga la Norma de Clausura.
Redacción: Art. 63 N°20 puede dejarle un campo al legislador.
Advertir Disposición Transitoria Quinta y sus Consecuencias: Cuando se dicta la CPR, muchas materias que quedan fuera del Art. 63 ya estaban reguladas por ley, seguirán por tanto vigentes siempre cuando no hayan sido derogadas por el mismo legislador.
Nombramiento de Determinadas Autoridades
Puede nombrar y remover a su voluntad:
Ministros de Estado: Colaboradores directos e inmediatos del Presidente, deben ser Chilenos, 21 años de edad y reunir requisitos generales para el ingreso a la administración pública. Son 21 Ministros
Subsecretarios: Colaboradores inmediatos del Ministro respectivo. Son 28.
Intendentes: Representante natural del Presidente, de su exclusiva confianza, para el gobierno de la región. (Art. 111) Son 15.
Gobernadores: órgano a cargo del gobierno y administración provincial, territorialmente desconcentrado del intendente. Son 50 gobernadores.
N°8: Designar embajadores, ministros diplomáticos y representantes ante organismos internacionales. Con ellos se conduce las relaciones internacionales. Se considera también una atribución de tipo gubernamental
N°9: Nombrar al Contralor General de la República, con previo acuerdo del Senado
N°10: Nombrar y remover a os funcionarios que la ley denomina de su exclusiva confianza y proveer demás empleos civiles conforme a la ley.
Libre Designación: los nombra el Presidente de la República, no pasan por los grados de la Administración pública. Son de su confianza
Designación Ordinaria: son la mayoría de los cargos. Se ingresa por concurso
N°12 Nombrar Magistrados y Fiscales judiciales de la CA/CS y jueces letrados
3 Miembros del Tribunal Constitucional
Magistrados y fiscales de la Corte Suprema, con acuerdo del senado.
Fiscal Nacional, a proposición de la Corte Suprema con acuerdo del senado.
Prácticamente todo el Poder Judicial se genera por el Presidente, pero con acuerdo del Senado y bajo la propuesta que le sea entregada.
N°13. Viene desde la CPR de 1925:
No puede tomar acción directa, sólo puede requerir. Se estima que violentaría la separación de poderes, donde el Poder Judicial debería ser completamente independiente.
Numerales 11 y 14. Declaran reconocen o concede un derecho aplicando la norma general a un caso particular.
Conceder jubilaciones (carácter patrimonial, para quien se retira), retiros, montepíos (reciben los herederos) y pensiones de gracia (entrega el ejecutivo en casos especiales por mérito) con arreglo a las leyes.
Indultos: es una forma de extinción de la responsabilidad penal. Es un beneficio que otorga, a un particular, el Presidente de la República. Se ha ido eliminando esta institución, son reminiscencias del Rey cuando perdonaba la vida. En nuestro ordenamiento permanece para el caso particular
Indulto General y Amnistía: Se hace por ley, según el Art. 63 N°16
El Indulto es el perdón o conmutación de la pena, terminado ya el proceso. Se reconoce existencia del delito.
Amnistía: tiene el efecto de borrar el delito.
AYUDANTE VMA
“Poder Judicial - Cap VI”
Recae la responsabilidad estatal de dar solución a conflictos de relevancia jurídica, resguardando con ello el respeto por los DDHH y la paz social. La CPR sigue denominándole “PODER”, concepto abandonado ya.
La CPR80 innova en lo siguiente:
Art. 1° COT se eleva a rango constitucional.
Se estableció expresamente que una LOC determinaría la organización de los tribunales.
Se estableció que se debía escuchar la opinión de la CS en la formación de tal LOC.
Se estableció garantías para los jueces.
Contempla el momento de ejecución.
Consagra la inaplicabilidad.
1997: incorporación del CAP VI-A, que establece la regulación del MP.
Reforma de 2005:
CS la superintendencia correccional y económica de los tribunales militares en tiempos de paz.
Contiendas de competencia: se resuelven por el TC.
Inaplicabilidad e inconstitucionalidad: al TC.
Art. 76: “La Jurisdicción Es el poder deber del estado, radicado preferentemente en los tribunales de justicia, para que éstos, como órganos imparciales, resuelvan de forma definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre partes, en el orden temporal y dentro del territorio de la república. (Definición de Mario Mosquera).
La jurisdicción no está definida en la ley.
Director Regional del SII, órganos administrativos que tiene facultades jurisdiccionales.
CPR de 1980 otorga facultad de IMPERIO al poder judicial.
Recaen otras facultades, tales como las conservativas (vgr. Acción de protección, Inaplicabilidad, Amparo, etc.).
También reconoce la INDEPENDENCIA del P. Judicial => Concreción del art. 7° CPR.
No obsta a que otros órganos tengan facultades jurisdiccionales: vgr. El Senado, en las acusaciones constitucionales.
Presidente/Senado que tiene injerencia en el nombramiento de los jueces.
LEGALIDAD de los tribunales, 19 N°3.
Se constitucionaliza el Art. 1 del COT. Se busca independizar la ejecución de las resoluciones judiciales de la administración, es decir, de influencias políticas. La única forma contemplada para crear tribunales es la Ley.
Caso del SII: Problema se genera porque existía una delegación de jurisdicción en los Directores Regionales de SII para conocer en materia tributaria.
Cosa Juzgada: tiene resguardo constitucional, para acción y excepción.
Hay controles al ejercicio de la facultad jurisdiccional.
Los tribunales se organizan por la Constitución, pero también por Leyes Orgánicas Constitucionales, donde debe ser oída la opinión de la Corte Suprema
Inexcusabilidad: El juez competente no se puede excusar de dictar un fallo o de conocer, ni aún a pretexto de inexistencia de ley al caso concreto.
Forma de Generación del Poder Judicial
Siempre se ha discutido el sistema, porque nunca hay uno perfecto, sino que buscan objetivos. Se está en una postura de Autogeneración y uno Exógeno.
El de autogeneración aboga por la carrera judicial, asegurar la independencia y hacer primar los criterios técnicos, pero se le hace una crítica importante, porque incluso estarían 'creando dogmas', donde existieran texturas abiertas los jueces podrían caer en arbitrariedades.
La generación exógena se divide en Puros y Mixtos. También existen las Elecciones Populares de los jueces, señalando que las ventajas que conlleva se da principalmente en que el trabajo sea conocido por la ciudadanía, lo evalúe y presupone además que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que hacen. El lado negativo se da por el Activismo Judicial, no pensando en aplicar la voluntad de la ley, sino que piensan de cara al efecto popular que su decisión tendrá.
Sistemas Heterogéneos: Existiría una politización de la carrera judicial, donde se afectaría el carácter técnico.
En Chile existía un sistema mixto, donde intervenía el Poder Judicial y el Presidente de la República. Durante la CPR de 1980 funcionó este sistema, pero se entendió poco democrático, reformándolo para que intervengan 3 poderes del Estado: Poder Judicial-Presidente-Senado
Al participar el Poder Judicial y el Presidente se busca hacer primar el carácter técnico, pero en el Senado se busca velar por los principios democráticos y el control de las normas que se aplican.
Generación de los [21] Ministros de la Corte Suprema
Los nombra el Presidente de la República, pero debe nombrarlos dentro de los propuestos en una Quina elaborada por la Corte Suprema. La formación de la quina se debe votar, donde cada ministro de la CS tiene 3 votos. De esta quina el Presidente elige, pero se da un Lobby Político, pero no es completamente autónomo en su decisión, sino que también pasa por el Senado, que requiere 2/3 partes de los parlamentarios en Ejercicio, por tanto el presidente deberá velar por que se asegure ese quórum, donde exista negociación.
Su ventaja teórica señalaría que se asegura un mínimo de pluralismo dentro de la corte suprema.
La quina tiene un derecho asegurado el Ministro de Corte de Apelaciones más antiguo que figure en la lista de mérito.
Generación de la Corte de Apelaciones
Aquí se simplifica el nombramiento, que hará el Presidente en base a una terna que le formula la Corte Suprema, no existiendo ese control político del Senado. Entra, por derecho propio, el Juez de Letras más antiguo y que se encuentre en la lista de mérito.
Existen otros mecanismos, que son las Suplencias, de máximo de 60 días provistas por la CS.
Abogados Integrantes, que serán extraños a la administración de Justicia y tener más de 15 años en el ejercicio o mérito académico o dentro de sus funciones. Se busca introducir especialistas en ciertas materias, dentro de la corte.
Control del Ejercicio de la Función Jurisdiccional
Los jueces tienen responsabilidad, ya sea Penal o Civil por los actos que ejecuten. Hay 2 reglas especiales que buscan resguardar la función jurisdiccional.
Hay responsabilidad ministerial, que pesa sobre los jueces, así como delitos (de sujeto calificado) que pueden sólo incurrir ellos.
Caso de las Implicancias, como causal de Prevaricación. Además pueden incurrir en el Cohecho, recibir dinero para fallar contra derecho y obviar funciones.
Querella de Capítulos: querella ante el tribunal superior del juez, para ver si procede dicha querella asociada al cargo. Existe para el resguardo de la función jurisdiccional.
Cámara de Diputados: Facultad de Acusar Constitucionalmente a los Magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia, según lo establecido por el Art. 52, Salvo el TRICEL, los tribunales electores regionales y TC.
Hay Tribunal desde que se faculta ejercicio de la Jurisdicción.
Recurso de Queja: se busca que sea excepcional. Se cambiará el fallo y se sancionará al Juez. Como deriva de la facultad correccional, no solo resguarda los derechos de los recurrentes, sino que cuida el ejercicio de la jurisdicción. La Queja nunca es renunciable, porque es de orden público.
Sólo la ley podrá establecer las bases del procedimiento, según el Art. 19 N°3, respecto del debido proceso.
Hasta el 2005 existía el recurso de inaplicabilidad de las leyes, que tenía por objeto el declarar que un precepto no se aplicara a una causa determinada, por manifiesta inconstitucionalidad, discutiéndose si se hacía de forma o fondo. Luego de la reforma, esta facultad queda radicada en el TC, desapareciendo dicho recurso.
En nuestro régimen presidencialista no se considera a la institución del gabinete (no existe); se considera a los ministros de forma individual.
La Constitución de 1980 añadió un párrafo en que los trata de forma especial.
Los Ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Presidente. Se definen así en el artículo 33 de la Const.
Los Ministros aparecen por primera vez en el reglamento constitucional Provisorio de 1812, en dicho reglamento se regularon de manera detallada, se indicó cuales debían existir y como debían funcionar. La Constitución de 1928 ya no detalló la regulación y dejó esa tarea a la ley. Hoy, esto se regula en el artículo 33 inc. 2º.
Hay servicios públicos cuyos Jefes de Servicio tienen rango de ministro; pero esos servicios no son ministerios y esos jefes no tienen todas las atribuciones de un ministro (No pueden firmar decretos con el Presidente por ejemplo); son ministros sin cartera.
La precedencia de los ministerios es importante para efectos de la subrogación del Presidente.
Los subsecretarios son ministros de fe, se nombran y remueven a voluntad del Presidente.
Las SEREMIS son órganos desconcentrados de los ministerios que los representan en cada región. No tienen SEREMIS los ministerios de Defensa y el de relaciones Internacionales.
El Artículo 34 fija los requisitos para ser ministro o subrogar a un ministro:
2.- Tener 21 años o más.
3.- Tener los requisitos comunes para entrar a la Administración del Estado (Estatuto Administrativo)
a) Servicio Militar (cumplir con las leyes de reclutamiento si es el caso).
b) No estar inhabilitado por acusación constitucional.
c) No estar procesado ni condenado por pena aflictiva.
d) Tener Enseñanza Media.
e) Salud compatible con el cargo.
f) Tener conocimientos suficientes.
Inhabilidades: Impiden acceder al cargo a una persona.
Artículo 57 n°1: Los ministros de Estado no pueden ser candidatos a parlamentarios
Artículo 37 bis: Varias Inhabilidades. Se remite al artículo 58.
Artículo 58: No pueden tener otros cargos que impliquen una segunda remuneración estatal.
Artículo 59: Las inhabilidades del artículo 58 no corren en tiempos de guerra.
Artículo 93 n°13: El TC debe velar por el respeto de estas inhabilidades.
Los ministros deben firmar los decretos del Presidente y pueden expedir reglamentos e instrucciones con su sola firma (Artículo 53).
La delegación de firma no se permite en los reglamentos, pero si se permite en decretos e instrucciones. Esto se usa para perseguir las responsabilidades correspondientes. Todos los actos generan responsabilidad (Arts. 6 y 7 CPol.)
La Repsonsabilidad puede ser de dos tipos:
1) Personal: (ej. Si el ministro atropella a alguien): Tienen fuero procesal, y sus casos no los ve en 1ª Instancia un tribunal oral, sino un ministro de la Corte de Apelaciones.
2) Puede ser solidaria: Cuando firman dos o más ministros (algunos ejemplos son: cuando se tratan materias de más de una cartera; en el decreto de insistencia; en el decreto de emergencia financiera y la declaración de guerra)
Responsabilidad Civil: Antes de perseguirse, el Senado debe decidir si el daño fue o no justificado y por ende es el senado el que debe decidir si debe desaforarlo o no.
Sentencia del TC: Análisis según los Arts. 48, 50 y 51 CPR.
Intervención de los Ministros en las Cámaras
Art. 37, viene desde la CPR de 1925, permite que los ministros asistan, tomen la palabra, y ratifiquen conceptos.
El Inciso segundo establece una obligación de asistir cuando se trata de asuntos que se relacionan con su competencia. Se crea una nueva especie de vínculo entre el Ejecutivo y las Cámaras, así como también se ratifica aún más las atribuciones e injerencias del presidente.
En concordancia, el Art. 52 establece las atribuciones de la Cámara, donde puede formular preguntas y observaciones al presidente, donde éste debe responder en un plazo de 30 días, respondiendo a través de los ministros de estado.
Las Cámaras pueden citar a los Ministros de Estado hasta 3 veces por año. La Interpelación puede encaminar una posible Acusación Constitucional.
Comisiones Investigadoras: anteriormente sólo tenían reconocimiento en el reglamento del Congreso, actualmente están reconocidas en la LOC del Congreso Nacional. Esta norma refuerza la labor del congreso, en relación con el Ejecutivo
Está contenido en un solo artículo, el Art. 38. Es una materia cambiante, que se ha tecnificado, donde en la CPR debería estar lo fundamental y regularse a través de la LOC.
Contempla 2 partes:
Todo lo que debe contener la LOC y el mandato del constituyente para tales efectos
Responsabilidad del Estado, cómo es efectivo que las personas tienen el derecho a reclamar cuando se vean lesionadas por el poder administrativo. Concordancias: Art. 1 Inc. 4, Art. 3, Art. 19 N°17, Art. 24.
La administración del estado comprende todos los órganos que ejercen dicha administración, donde se hace referencia al Art. 5
Ley 18.575: Ley de Bases Generales de la Administración del Estado
Art.1 señala cómo se compone la administración del Estado, con todos sus órganos. Rige para todos los órganos. El Art. 21 excluye determinados órganos que se rigen según su propia LOC. Establece la igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia al Servicio Público. Se le da importancia a la conducta funcionaria, velando por el bien común.
En 2006 se agrega una obligación de declaración de Intereses y Patrimonio.
La carrera funcionaria es importante en la Administración Pública. La doctrina la define como un conjunto de normas y técnicas que deben estar previstos en la ley y en cada servicio público, tendientes a asegurar que sólo la idoneidad, el mérito y la justicia prevalezcan en la Selección de quienes ingresan al servicio público; en el ingreso, en la permanencia en la función, calificación del desempeño y mérito.
Derecho a la Función: una persona que es injustamente tratada, no promovida, tiene derecho a reclamar no solo dentro de la administración, sino que cualquier particular por lesiones. Hace valer estos derechos contra la administración, amparado por la tutela judicial según el derecho de acción del Art. 19 N°3
Estatuto administrativo: Ley 18.834
Tribunales Contenciosos Administrativos: Su creación se remitía a la ley en la CPR de 1925. En el caso de la CPR de 1980, se contemplaron inicialmente, pero se reforma en 1989, temiéndose que no se dictara la ley, como bajo la constitución anterior, dejando la competencia a los tribunales ordinarios.
El Art. 38 se refiere fundamentalmente a las lesiones que la administración del estado pueda causar.
Sobre la evolución de la Responsabilidad del Estado
En relación con la responsabilidad del Estado (en cuanto obligación de indemnizar) para el caso de restringir el ejercicio de determinados derechos o libertades, cabe hacer presente que en una primera etapa la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional concluyeron que si un particular se ve limitado en el ejercicio de un derecho o libertad mediante una ley –y sea el motivo que fuere-, y si esta limitación afecta el contenido esencial del mismo, tiene derecho a ser indemnizado. En el caso “Galletué con Fisco”, la Corte Suprema resolvió:
“Que, dadas la naturaleza y entidad de los hechos que el fallo asienta y que recién se han sintetizado, forzosamente tenía que concluirse que la demanda era atendible: la prohibición del Decreto Supremo Nº 29 aunque loable y oportuna porque esos bellos, nobles e históricos árboles estaban en vías de extinción y aunque basada en la ley, redunda en graves daños para los propietarios de Gallatué que han acatado la decisión de la autoridad, no siendo equitativo que los soporten en tan gran medida sin que sean indemnizados por el Estado, autor de la decisión, conforme a los principios de la equidad y justicia” (el subrayado es nuestro).
Dicha sentencia, continúa advirtiendo que: “Que la razón de equidad enunciada se refuerza grandemente si se atiende a que la propia Constitución Política junto con reconocer determinados derechos fundamentales, entre los que se halla el derecho de dominio, los resguarda estableciendo la responsabilidad del Estado si ellos se vulneran por acto de la autoridad, de la administración o por los legisladores, aludiendo en algunos preceptos concretamente a la obligación del Estado de pagar los perjuicios; así, el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, después de consignar que nadie puede ser privado de su dominio o de algunos de sus atributos esenciales sino en virtud de una ley que autorice la expropiación, establece el derecho de los expropiados para cobrar al Estado los perjuicios por los daños patrimoniales causados; así, el artículo 19 número 7, letra 1 de la Carta, dispone que una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquiera instancia tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado si la Corte Suprema declara injustificadamente erróneo o arbitrario el acto de procesamiento o condena; y es particularmente interesante recordar que a pesar de que el artículo 19 número 26 de la Constitución Política acepta que las garantías constitucionales puedan sufrir limitaciones durante los estados de excepción, el artículo 41 en su número 8º [artículo 45 inciso segundo] prescribe que las requisiciones que se lleven a efecto en esos estados y que sean permitidas, darán lugar a indemnización en conformidad a la ley, añadiendo que también darán derecho a indemnización, las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio y con ello se cause daño, y si esto ocurre en dichos estados de excepción, con tanta mayor razón, por evidente equidad, la indemnización será procedente si la limitación al dominio es dispuesta por la ley o las autoridades en estado normal constitucional y no de excepción. Entre otros, los artículos 1, 5, 7 y 38 de la Carta Fundamental ponen cortapisas al legislador y a las autoridades respecto de las garantías constitucionales que ella establece en favor de los individuos y si éstas son sobrepasadas, claramente prescribe la responsabilidad del Estado”2 (el subrayado es nuestro).
Similar criterio tuvo el Tribunal Constitucional en el caso “Playas”, ya que las vías de acceso que se establecerían sobre los predios colindantes a las playas, “(…) causarían una privación parcial significativa de los atributos del ejercicio del derecho de propiedad, como son especialmente el uso y el goce del terreno”3 (el subrayado es nuestro). Dicha sentencia concluye que “En este caso no hay privación total del uso y goce pero si una limitación que hace ilusorio estos atributos del dominio y que es indudable que en la especie causa daño y que éste debe ser indemnizado”4(el subrayado es nuestro). En ambos fallos podemos concluir que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional advirtieron que no es necesario que exista privación del derecho de propiedad como un todo para que ésta cause daño y, por consiguiente, su titular tenga derecho a ser indemnizado. A dicha determinación llegaron luego de aplicar un régimen de responsabilidad extracontractual del Estado objetivo, bastando la privación de dichas garantías para tener por acreditado el daño, “(…) prescindiendo de elementos subjetivos de atribución de responsabilidad (…)5” -no fue necesario acreditar culpa por parte del Estado-, ya “(…) que tenía fundamento constitucional, en particular en la protección o indemnidad del patrimonio (…)”6.
Sin embargo, la recientemente jurisprudencia de la Corte Suprema optó por un nuevo sistema de responsabilidad del Estado, pasando “(…) de un sistema de responsabilidad constitucional, objetiva e imprescriptible [, como fue el criterio del caso “Galletué con Fisco”], a uno de carácter legal con imputabilidad por falta de servicio y prescriptible”7. Según este nuevo criterio jurisprudencial, la Corte Suprema concluye “(…) que el ordenamiento jurídico no encierra disposiciones de carácter general que establezcan responsabilidades objetivas para los particulares o el Estado y que, por ende, esta clase de responsabilidad requiere de una declaración explícita del legislador que describa las circunstancias precisas que pueden generarla, como ocurre, por excepción, v. gr., en las situaciones descritas en los artículos 2327 y 2328 del Código Civil y 155 del Código Aeronáutico. En el caso del Estado y sus organismos, entre otras, en las señaladas en los artículos 21 del Código de Minería, 8º del decreto ley Nº3.557, de 1981; 50 y 52 de la ley Nº18.302, 17 de la Ley Nº18.415 y 52 de la Ley Nº19.300 y 174 de la ley Nº18.390, modificado por el Nº 35 del artículo 1º de la ley Nº 19. 495, si bien esta última norma de la Ley del Tránsito establece propiamente una presunción de responsabilidad”8. En efecto, la Corte Suprema previene que los artículos 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución, “(…) al reconocer el principio de la responsabilidad del Estado, no establecen cual es la naturaleza de ésta, sino se remiten a la ley para determinarla, lo que hacen los artículos 4º y 44 [artículo 42] de la Ley Orgánica Constitucional Nº18 575, al señalar, en general, que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado y, en especial, respecto de los Ministerios y organismos regidos por el Título II del mismo cuerpo legal, que los órganos de la administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio y que, no obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal (…). Según lo entiende la doctrina, la falta de servicio que irroga directamente responsabilidad al Estado, en los términos del aludido artículo 44 [artículo 42] de la Carta Constitucional (sic [de dicha Ley Orgánica Constitucional]), se produce si sus órganos administrativos no actúan, debiendo hacerlo, si su actuación es tardía o si ellos funcionan defectuosamente, causando perjuicio a los usuarios o destinatarios del servicio público y que si bien éstos últimos no requieren individualizar ni perseguir al funcionario cuya acción u omisión personal origina la falta, en cambio, deben invocar y acreditar la existencia de esta falla en la actividad del órgano administrativo, y que ella es la causa del daño experimentado por el patrimonio de la víctima”9 10 (el subrayado es nuestro). En efecto, el concepto de falta de servicio es entendido como “(…) la culpa del servicio [, lo] que implica probar el mal funcionamiento del servicio o el no funcionamiento del mismo, [y por tanto] descarta la idea de responsabilidad objetiva”11. Lo anterior ha sido reafirmado por la misma Corte Suprema, dado que según el criterio de nuestro máximo Tribunal “(…) se advierte la ausencia u orfandad de normas [en la Constitución] que obliguen al Estado a responder en un caso como el planteado, lo que no es casual ni puede considerarse una inadvertencia, ya que deriva de la circunstancia de que, sencillamente, no existe dicha normativa (…)”12. Asimismo, en el caso “Palacio Pereira” la Corte Suprema descartó un régimen de responsabilidad objetiva y de rango constitucional, toda vez que “(…) no hay normativa que consagre la pretendida obligación indemnizatoria por infracción a los artículos 19 N° 20 y N° 24 de la Constitución Política y por tal razón la mención de los preceptos constitucionales en el recurso de nulidad de fondo atribuyendo su falta de aplicación por los juzgadores resulta injustificada”13. En consecuencia, según la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema, si el Estado restringe el ejercicio de determinados derechos o libertades afectando el contendido Este caso es conocido como “Agrícola Lolco con Fisco”.
Esencial de éstos, existe un derecho a ser indemnizado por el daño que se produjo. Sin embargo, el afectado deberá probar “(…) que el Estado haya actuado "en forma reprochable"; es decir, con falta de servicio”14.
Conclusiones. Por todo lo anterior, podemos concluir que el Estado tiene la obligación de proteger, por ejemplo, el medio ambiente libre de contaminación y, para cumplir con dicha obligación, se encuentra facultado para limitar derechos y libertades garantizadas por la Constitución, debiendo su titular asumir dicha carga sin derecho a indemnización. Por su parte, en caso que el Estado prive del ejercicio de un derecho o libertad, afectándose el contenido esencial de los mismos, su titular tiene derecho a demandar al Estado solicitando que se le indemnicen los daños, bajo el sistema de responsabilidad subjetiva (prueba de la falta de servicio) y de carácter legal (según la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Nº 18.575). Por su parte, en caso que el derecho lesionado o privado sea el de propiedad, existe además la alternativa de la existencia de una ley especial o general expropiatoria, con la correspondiente indemnización y de conformidad con el procedimiento indicado en la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones. En caso que no se cuente con una ley expropiatoria, el afectado podría demandar al Estado por el daño que se le causó (bajo el régimen de responsabilidad extracontractual subjetivo).
[Hubo Debate durante gran parte de la clase]
Se inserta dentro de la idea de la Constitución. Es el guardián de la supremacía constitucional.
Hoy no solo vela por la supremacía constitucional, sino que tiene diferentes potestades, como la inaplicabilidad por ejemplo. Tiene facultades preventivas como para el caso de las LOC. Tiene otras funciones como la declaración de incompatibilidad de parlamentarios, o resuelve contiendas de competencia. La tendencia en Chile es a ampliar la esfera de facultades del tribunal constitucional.
En Chile tenemos un sistema difuso de constitucionalidad, pero con tendencia a concentrarlo bajo el Tribunal Constitucional. El Art. 6 señala que todos los organismos son garantes de la institucionalidad y actúan según esta.
Tribunal Constitucional debe tener una generación democrática
Es importante que la CPR sea representante y democrática
Continuación: Tribunal Constitucional - Aspectos Orgánicos
En la actualidad se integra por 10 ministros. Originalmente eran 7. de estos 10, 3 los nombra el Presidente, 2 los nombra 2/3 partes del Senado, 2 los nombra 2/3 partes del Senado a propuesta de la cámara de diputados, los 3 restantes los nombra la CS.
Duran 9 años. La renovación se da en parcialidades de 3 años, lo que permite estabilidad y experiencia. Son inamovibles donde no aplica la acusación constitucional, tampoco siendo reelegibles, con excepción de un ministro reemplazante
Tener título por más de 15 años
Haberse destacado en el ámbito profesional o académico
Tener los demás requisitos para ser juez
No puede ejercer como abogado
Inhabilidades contempladas para las parlamentarios
Tienen un fuero especial, para formar una causa penal en su contra, debe pronunciarse la corte de apelaciones de Santiago, exceptuándose el delito flagrante.
El Presidente se elige cada dos años.
Funcionamiento en Pleno: 4 ministros. Resuelve contiendas de competencia, inconstitucionalidades, inaplicabilidades, etc. La CPR encarga a la LOC que fuera de estas materias, cuáles otras se conocerán por la sala, como la suspensión de la causa Funcionamiento en Sala: 3 ministros. Resuelve contiendas de competencia entre autoridades judiciales y administrativas que no conoce el senado.
Es un tribunal de Derecho, falla conforme a este. No procede recurso alguno respecto de los fallos, como regla general, excepto para el caso de recurso de reposición. No es superior jerárquico ni superior en cuanto al fondo, no revisa los fallos. Es completamente autónomo.
Se regula por la LOC 17.997. Con la reforma de 2005, el texto se contiene en el DFL N°5 de 2006.
Art. 93 N°1: Control Preventivo de Constitucionalidad. LOC, Interpretativas, Tratados LOC. Es responsabilidad de la cámara de origen el envío de este trámite al TC. Hay un juicio valorativo para determinar si el precepto legal debe ser o no enviado. El TC entiende sus funciones en forma acotada. Debe además fundamentar sus fallos.
Art. 93 N°2: cuestiones de constitucionalidad de A.A. de la CS, CA, TRICEL, etc. Resolver constitucionalidad en Proyectos de ley, reformas constitucionales y tratados.
Cuestión de Constitucionalidad: es el conflicto de la norma planteada y la constitución. Aquí no hay un conflicto de cómo debiere legislarse.
N°4 Conocer de las cuestiones de constitucionalidad respecto de los Decretos con Fuerza de Ley.
N°5 Resolver las cuestiones de constitucionalidad respecto de la convocatoria a plebiscito. Constituye un conflicto entre ejecutivo y legislativo.
Control de inaplicabilidad: es un control concreto. Evalúa si la aplicación del precepto tendrá un resultado contrario a la Constitución, obliga a considerar resultados de hecho. Determinar cuál es la norma, el precepto y demostrar el resultado inconstitucional. No se limita a lo abstracto.
Tienen acción: las partes y el tribunal que conoce la causa.
Que exista una gestión pendiente ante un tribunal en cualquier estado. Cualquier organismo dotado de jurisdicción, pero un juicio pendiente, sin sentencia definitiva.
No se puede recurrir por cualquier precepto legal, sino de los cuales su aplicación resulte decisiva para resolver la materia. Es similar a la casación en el fondo, debe acreditarse que la resolución sería "A" sin que existiera el precepto que hace fallar "B"
Fundamento plausible , razonablemente fundado
Qué se entiende por precepto legal: la doctrina y jurisprudencia entiende que es comprendida en sentido amplio, cualquier norma legal.
Declaración de Inconstitucionalidad:
Tiene efecto erga omnes
Debe existir previa inaplicabilidad
Es de acción pública
Unificación del poder del estado por medio de la coordinación de los distintos poderes estatales. Art. 7 de la CPR. Tiene además una fuente material, el mérito de las Constituciones actuales, que trata sobre la declaración de principios que rige en la sociedad, y que toda normativa con rango inferior debe respetar.
La rigidez constitucional se define como la constitución no puede ser modificada así nada más, a diferencia de la ley. Supra legalidad tiene dos vertientes: la formal, el procedimiento para modificar la constitución que es diverso en mecanismo y quórums; la material refiere a los fines y los valores que deben respetar las leyes.
Control Jurisdiccional: es un control residual que tiene supuestos específicos como el Recurso de Protección. Art. 38 Inc. 2 que es mas bien un mecanismo residual de protección a la CPR, que construye la nulidad de derecho público
Mecanismo Especial, ideado por Kelsen: El Tribunal Constitucional. Tiene conformación mixta en cuanto al método de seleccionar personas. Desde su creación en 1970 hasta la reforma de 2005 ejercía un control sólo preventivo y escasamente represivo. Posterior a la reforma, viene a tener un control igualitario, tanto represivo como preventivo.
Es una acción reconocida por la CPR que puede ser impetrada por una de las partes del juicio, o por el juez mismo que conoce del litigio.
Previo a la reforma de 2005, este recurso se conocía por la Corte Suprema, lo que podía tener ciertos resultados negativos, buscaba un análisis abstracto.
El objetivo de esta acción es la inaplicabilidad del precepto legal, una norma de jerarquía legal. Se admiten en ciertos casos los Tratados Internacionales. Debe ser un precepto específico.
Debe existir una gestión que se encuentre pendiente. Hay que distinguir:
Para las partes es necesario este requisito.
Juez puede solicitar la inaplicabilidad. Las razones las entrega la doctrina: cuando tiene duda si el precepto citado es constitucional.
Efectos Relativos: Art. 3 Inc. 2 del Código civil, sobre el efecto particular que tienen las sentencias, para el caso concreto. Sin embargo, la inaplicabilidad concede una acción pública que puede derivar en acción de inconstitucionalidad.
Respecto del plazo, se puede alegar la inaplicabilidad siempre cuando exista proceso y no exista sentencia con efecto de cosa juzgada.
No se encuentra desglosada en la CPR, encargándosela a la LOC.
Una sala de las dos del TC debe pronunciarse sobre la admisibilidad. En este examen debe verificar
Que exista un juicio pendiente, sin sentencia con efecto de cosa juzgada
Que el juez no se haya desasido de la causa sometida a su conocimiento
Si esta aplicación tiene repercusiones fundamentales en el fallo. La norma objetada, en cuanto a su aplicación debe resolver el juicio. Debe ser decisoria.
Que esté fundada y razonablemente. Señalar fundamentos de hecho y de derecho, argumentando cómo, de aplicar el precepto, se produce la inconstitucionalidad.
Demás requisitos que establezca la ley
Otra cosa que puede solicitar la parte es la suspensión de la vista de la causa, porque si en el tiempo intermedio podría dictarse sentencia y la inaplicabilidad no aplicaría.
En cuanto al modo de fallar no se es abstracto sino casuístico, a fin de determinar si es o no inconstitucional la aplicación de la norma. El TC conoce en pleno para fallar.
En cuanto a sus efectos, de ser estimatoria:
Tiene efecto relativo entre las partes para el caso concreto
Tiene efecto retroactivo.
La de inaplicabilidad no afecta a la norma. La de inconstitucionalidad -Art.93 n°7- busca, a diferencia de la inaplicabilidad, la derogación de una norma. Aquí además se comprenden los tratados internacionales, para adaptar las disposiciones
Las razones de inconstitucionalidad deben ser iguales a las cuales se declaró la inaplicabilidad. Cualquier persona puede solicitar la inconstitucionalidad. Existe de todas formas un examen de admisibilidad fijado en ciertos requisitos:
Que sea una persona natural o jurídica la que ventila la inconstitucionalidad
Señalar la(s) sentencia(s) que sirven de fundamento para la acción
Señalar argumentos de estas sentencias
Cumplir con los requisitos de la LOC
Será inadmisible:
Cuando no haya sentencia de inaplicabilidad
Que se sustente en argumentos distintos
Será conocido el recurso en Pleno, por 4/5 de los miembros del TC.
A diferencia de la inaplicabilidad, sus efectos son erga omnes
Son irretroactivos, no tienen efectos hacia el pasado, mira sólo al futuro.
Será derogada desde el momento de la publicación de la sentencia en el diario oficial.
Los sistemas políticos viven crisis, periódicamente. Deben buscarse formas de prever qué hará el gobernante en momentos de crisis y de alteraciones, de tal modo que no se produzca un quiebre definitivo, buscar el restablecimiento de la normalidad.
Es el último párrafo del título IV de la CPR. Son un conjunto de atribuciones extraordinarias que se conceden al gobernante -regularmente al Presidente- en situaciones apremiantes, de crisis, imprevistas para enfrentar debidamente y dentro dela institucionalidad, las necesidades que surjan. Implican una suspensión o restricción de ciertos derechos, por lo que es necesaria una regulación para evitar vulnerar derechos más allá de lo estrictamente necesario.
Estos estados no son una novedad, se vienen desarrollando después de la IIGM, apareciendo en la Declaración Universal de los derechos humanos, incorporándose durante el siglo XX en las CPR.
Tiene una regulación histórica, como el caso del Dictador Romano, cuando el orden público se ve alterado, durando este en sus funciones durante 6 meses. Estaba revestida de Honor: era de honor devolver el poder y el orden a Roma. Lo nombra el cónsul, a petición del Senado.
Se conocen los estados de excepción a través de la doctrina. Bodin los reconoce, por ejemplo
Estaban regulados
Eran temporales y transitorios
Tiene lugar sólo frente a situaciones graves, de extrema necesidad.
Antiguamente, siempre se favorecía más el restablecimiento del orden público, que los derechos de las personas, lo cual se mantuvo hasta hace poco.
En Chile se consagran tempranamente los estados de excepción, pero insuficientemente, de forma precaria. La Constitución de 1828 -que fue hecha a imitación de la de Cádiz- que fue muy bien lograda, contenía principios clásicos, etc. Prácticamente fue recogida por la CPR de 1833 que durara prácticamente un siglo. Es aquí donde se contempla el Estado de Sitio, dándole atribuciones especiales al Ejecutivo.
Señala esta CPR que se le concedía al Presidente facultades extraordinarias por plazo determinado. Se reconoce el estado de Sitio. Hay una norma que señala que se suspende el imperio de la Constitución Política en todo el Territorio. En 1872 la CS envía un oficio al presidente porque era una norma que contravenía el régimen democrático.
La reforma de 1874 da una nueva regulación a los estados de excepción: Se reforma el estado de Sitio y se crea el estado de Asamblea. Se agrega además una disposición respecto de las leyes excepcionales, donde se le da atribución al Ejecutivo.
En la CPR de 1925 la situación prácticamente se mantiene igual. Posteriormente se agregan, a través de leyes, otras disposiciones. Existe un desorden, una situación asistemática en estados de Excepción.
Previo a la CPR de 1980 existieron las Actas Constitucionales. Se regularon 4 estados de excepción: Asamblea -Guerra Externa-; Sitio -Alteración/Guerra Interna-; Emergencia; Catástrofe.
Existía una norma que se modifica tan pronto asume Aylwin en democracia, donde entran en vigencia las normas.
Por el simple peligro, el Presidente queda facultado durante 6 meses para tomar medidas. Estas medidas eran:
Expulsar personas del territorio
Prohibir ingresos
Trasladar personas a lugares determinados dentro del territorio.
Las medidas adoptadas no serían susceptibles de recurso alguno.
Reformas del Año 2005
Hasta ese año, existe mayor preocupación por resguardar el orden que por cuidar de los derechos fundamentales. Bajo la CPR actual hay varias características
Los Estados de Emergencia son regímenes jurídicos que contempla la CPR frente a determinadas situaciones. Las situaciones son circunstancias de hecho que se producen en la vida real, que habilitan a los órganos del estado para establecer un estado de excepción. Cada situación da origen a un Estado de Excepción.
Numerus Clausus: no pueden declararse otros estados que los establecidos en la CPR, y no pueden declararse por circunstancias diferentes. (?) Art. 39 CPR.
Es de tiempo limitado: anteriormente el de sitio y de emergencia se establecían por 90 días, actualmente no más de 15. El Estado de Asamblea no tiene plazo, así como los de catástrofe -no pueden ser más de 180 días-
Se declara por el Presidente, en acuerdo con el Congreso Nacional.
Principio garantista, se pueden interponer recursos en contra. Art. 45. Es un artículo completamente nuevo.
A partir de 2005, sólo en el estado de asamblea cabe la suspensión de derechos, no así en el resto de los estados , donde cabe sólo la restricción -como locomoción-.
Se pueden suspender: Reunión, Locomoción, Libertad de Trabajo.
Artículo 40.- El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de
sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el
Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración
deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.
Qué derechos suspender o restringir: Art. 43 se hace la distinción.
Próximo Control: Atribuciones Presidente [Restantes], Ministros de Estado, BAE, TC, Contraloría General de la República
Artículos 98 a 100. Ley 10.336.
Fue creada en 1927, por Norteamericanos que hacen un estudio de la legislación Chilena. Comisión Kemmer. O'Higgins en 1820 propone la creación del Tribunal Mayor de Cuentas, enviando un oficio al Senado.
En 1839 se crea la Contaduría Mayor. Nace el trámite del Tomar Razón. En este tiempo no solo los decretos, sino que se incluyen todas las normas que tienen por fin el movimiento de fondos públicos. Es originario del ordenamiento jurídico Chileno. Principio de Juridicidad, que se encuentra en los Arts. 6 y 7.
Tiene atribuciones Jurídicas, así como también Contables.
En 1943 una reforma constitucional le permitirá tener rango constitucional, incluyendo entonces un capítulo dedicado exclusivamente a su regulación en la CPR de 1925.
En la reforma del año 2005 no se tocó, salvo en los requisitos para ser designado Contralor.
Ley 10.336 de 1964. Tiene vigencia en la actual constitución. Adquiere rango de LOC bajo la Disposición Transitoria Cuarta de la CPR de 1980.
Se discute si este podría ser considerado como un cuarto poder del Estado.
Es un órgano autónomo, independiente de rango constitucional
Tiene potestad pública, facultades de decisión
Ejerce funciones jurídicamente distintas que la de otros órganos
Es un órgano contralor coadministrador
El acto de toma de razón permite que los actos administrativos nazcan a la vida jurídica. Con este tramite adquieren eficacia.
Integra la administración del Estado, fiscalizando el desempeño de las autoridades administrativa y la constitucionalidad de sus actos.
La CGR Fiscaliza y Controla, a diferencia de la Cámara de Diputados que sólo fiscaliza. Es un control técnico que abarca toda la administración pública y que además sanciona. Puede caer en conflicto de competencia con el Poder Judicial, que serán resueltos por el Senado [Estos suelen ocurrir]. Constituye un freno a los actos de la administración
Contralor General de la República (Art. 98)
Requisitos: 10 años de título de abogado, 40 años de edad mínima, ciudadano con derecho a sufragio.
Designación: se realiza por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado en 3/5 de sus miembros en ejercicio
Duración: de 8 años sin posibilidad de ser designado para el período siguiente
Cese: a los 75 años de edad si los cumple antes de los 8 años
Remoción: Acusación Constitucional por notable abandono de deberes. (Art. 52 N°2 y Ley 10.336 Art. 4)
Funciones: De dos tipos, Jurídicas y Contables. Art. 99.
Toma de razón: es una forma de fiscalización jurídica a la que deben someterse los actos de la administración antes de que surgan efectos. Consiste en el examen de constitucionalidad y legalidad de los decretos y resoluciones que deban tramitarse por la CGR y de los DFL.
Es un control previo, estrictamente jurídico objetivo. Corresponde sólo a los Decretos, no a las leyes, porque estos se someten al control del Tribunal Constitucional, de lo contrario esa aprobación podría ser penada con Nulidad de Derecho Público.
Representación: observar oficialmente las partes del texto que se estiman i inconstitucionales o ilegales, para devolvérselo al presidente. Si lo representa por ilegalidad, se puede insistir, no puede hacerse en el caso de Inconstitucionalidad, donde se deben enviar antecedentes al TC para que resuelva la controversia. No cabe la insistencia en un DFL o en un Decreto Promulgatorio.
Decretos Exentos: Art. 99. El legislador tiene atribuciones. A través de la ley 19.336 dio al contralor la facultad de eximir de la toma de razón a determinadas resoluciones. El contralor dictó la resolución 55 de 1992 sobre exención
Decretos Supremos: sólo pueden ser exentos los firmados por orden del Presidente de la República. La exención hoy es mucho más amplia y ha sido criticada por un sector importante de la doctrina.
Funciones Contables. Art.98
Fiscalizar ingreso y la inversión de los fondos del fisco, municipalidades, etc.
Examinar y juzgar las cuentas de personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades fiscalizadas.
Lleva la contabilidad de la nación
Desempeña el resto de las funciones encargadas por la LOC 10.336
Forma en que opera y se pronuncia:
Dictámenes (El conjunto de estos se conoce como Jurisprudencia Administrativa): Son instrucciones emitidas por la CGR. Por lo general, las emite a requerimiento de los Ministros de Estado, de los jefes de servicio y de otras autoridades, funcionarios e incluso por un particular. Tienen fuerza obligatoria una vez dictados, para el servicio involucrado. Son vinculantes para el resto de la administración pública.
Es un órgano de rango constitucional. Viene a romper el paradigma de la separación de poderes. Es una conquista del siglo XX en pos de la ciudadanía, a fin de garantizar sus derechos. El Art. 98 de la CPR crea este órgano que goza de nivel constitucional. Tiene funciones esenciales, como Ejercer control de legalidad, Fiscalizar los fondos del fisco, etc. Ley 10.336 con rango de LOC.
Control de los Actos de la Administración
Se busca garantizar la supremacía constitucional, en atención a los actos de administración, supremacía formal.
Toma de razón de decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley. Goza de rango constitucional, según el Art. 99. Es en base a esto que el acto puede continuar su tramitación y nacer a la vida jurídica. Es esencial este trámite.
Mecanismo ex-post es la Potestad dictaminante. Vinculante para los particulares y quienes trabajan con ella.
Se define por la doctrina y por Soto: es un juicio de conformidad a derecho que emite el contralor general de la república o su delegado, respecto de un decreto.
Recae exclusivamente sobre Decretos, Resoluciones y DFL.
Acto Administrativo: Son aquellas decisiones formales que emiten los órganos de la administración del estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad en ejercicio de una potestad pública.
Decretos Supremos: aquellas órdenes escritas que dicta un presidente sobre asuntos propios de su competencia.
Resolución Asuntos de análoga naturaleza.
La mayoría de los A.A. son sometidos a este trámite. Es criticado por la doctrina por el derecho a la buena administración. Existen ciertas resoluciones que están exentos de este trámite.
Es un control de juricidad: se contrasta el acto de administración con la legislación vigente. Desde que entra a la vida jurídica, un acto administrativo no puede derogarlo
Es un examen que busca las dos formas de supremacía constitucional: de forma (Art. 7) y de fondo, atendiendo a los valores que reconoce.
Este control no contempla un análisis del mérito o las ventajas del análisis. Se entiende que la función no es más que verificar la legalidad de sus actos.
Es una atribución excluyente de la CGR, sin que sea procedente en este trámite que intervengan otros órganos. [Salvo casos del Presidente-TC]
Permite la prosecución de los trámites del acto administrativo
Notificado un acto, se entiende que reúne los requisitos para tener la presunción de legalidad, Art. 3 Ley 18.880. Los actos gozan de imperatividad. Es una presunción legal [en contraposición a una de derecho] que sí admite prueba en contrario. Se puede solicitarla anulación.
En caso que se constate un vicio de legalidad, el Presidente puede dictar un Decreto de Insistencia, junto con la firma de todos sus ministros. Según este decreto, la CGR tiene la obligación constitucional de remitir los decretos al Senado, para hacer un control político. No se podrá insistir
DFL por contravenir la ley delegatoria
Decretos que excedan los límites constitucionales
Potestad Dictaminante de la CGR
El Art. 19 N°14 sobre el Derecho de Petición de la CPR.
Nota: el 26/11/13 fue el 2° Control
Justicia Electoral, Capítulo IX
No se concibe solo como calificación de elecciones, sino que también es de carácter gremial, dando paso a los grupos intermedios -que su génesis además concibe-, participa de elecciones de Gremios, Juntas de Vecinos, etc. Es un concepto amplio
En la CPR de 1833: La propia cámara calificaba las elecciones parlamentarias. Se sigue el principio de la revolución francesa de romper con los gremios. Calificaba y resuelve las elecciones, lo cual se tradujo en largas impugnaciones.
En 1925 cambia, considerando las críticas anteriores. Toma un carácter judicial, creándose un TRICEL de 5 miembros, 3 del poder judicial y 2 parlamentarios.
La CPR de 1980 sigue esta posición, primando lo jurídico por sobre lo político. Establece los tribunales regionales, que calificarán elecciones de otros grupos intermedios.
TRICEL: Tribunal Calificador de Elecciones
Califica las elecciones y los plebiscitos. Funciona con sede en Santiago. Sus atribuciones:
Hace el escrutinio general de la elección: comienza en cada mesa, continúa con el colegio escrutador. Las impugnaciones las conoce el TRICEL. Hacer el Escrutinio general
Calificación de las elecciones: que el proceso electoral sea legítimo y legal, que se cumpla con las condiciones que se establecen, como el voto secreto. La LOC del TRICEL señala que se hará al final del proceso de resolución de las reclamaciones.
Conocer de los reclamos en relación al proceso electoral. Caso del distrito 56 donde el TRICEL deberá zanjar la impugnación por el caso de doblaje
Informar y proclamar a los candidatos electos, como en el caso del Presidente de la República, donde notificará al presidente del Senado. El candidato posteriormente jurará.
Es un tribunal de segunda instancia en relación a las resoluciones del tribunal electoral regional
Otras funciones que señale la ley. Ley sobre financiamiento electoral: se establecen una serie de elementos, como cuánto es lo máximo a gastar en una campaña, de llevar una Contabilidad par a presentarla al final.
Como conoce el TRICEL
Es un jurado que falla conforme a derecho. La ley relevante al respecto es la 18.460, donde no procederá ningún recurso contra las resoluciones del tribunal, salvo el de reposición
Cómo se compone:
Son 5 miembros: 4 Ministros de la Corte Suprema electos vía sorteo, el 5° Ministro es un Ciudadano que haya ejercido como Presidente de la Cámara de Diputados por más de un año. No puede estar actualmente en ejercicio.
Se preside por el Ministro de Corte más antiguo. Estas personas duran 4 años en sus cargos, siendo reelegibles. Tienen algunas normas similares a los parlamentarios, en cuanto se les contempla un fuero equivalente -no pueden aprehenderse sin orden judicial, salvo delito flagrante; así como la inviolabilidad de las opiniones que emitan-
Tiene además una potestad reglamentaria para la dictación de autos acordados, son estos los que regulan importantes materias.
La CPR de 1980, además de judicializar el tribunal, abre la hipótesis de funciones para calificar elecciones gremiales. Esto es la principal innovación de la CPR. La ley orgánica que regula es la 18.543. Lo único que queda fuera de su competencia son las personas jurídicas con fines de lucro.
Calificar las elecciones de grupos intermedios
Es quien resuelve la incompatibilidad de cargos gremiales y de partidos políticos
Aquellas atribuciones que señale la ley:
Ley 18.695 LOC de Municipalidades: declarar el cese en el cargo de un Alcalde o Concejal.
Conocer de las impugnaciones de la presentación de candidaturas independientes.
Ley 19.175 Se relaciona con los gobiernos y administraciones regionales. Hasta la elección pasada, los CORE se elegían por votación indirecta, ahora se hace de forma directa. Manejan el presupuesto de la región.
Ley 19.418 que se refiere a las Juntas de Vecinos: organizaciones reconocidas y registradas en las municipalidades. Sus dirigentes son electos, donde en el caso que se presente un reclamo, el tribunal regional resuelve, así como también si un Alcalde disuelve una junta de vecinos.
Dónde Funcionan: En Santiago funcionan dos, existe uno por cada región
Cómo Conocen: como jurado, resolviendo conforme a derecho, donde los fundamentos los puede revisar el TRICEL
Cómo se Compone: Son 3 miembros, uno es Ministro de Corte de Apelación con competencia en la zona, elige la misma CS. 2 Ex-Ministros de Corte de Apelación, a elección del TRICEL. Duran 4 años en sus cargos, con posibilidad de reelección.
La Constitución resguarda la Autonomía del Banco Central. De la política fiscal se encarga el Ministerio de Hacienda, así como la Política Monetaria la maneja el Banco Central.
Luego de la crisis de 1929 surgen críticas al modelo liberal de organización. Se abandona el patrón oro de la moneda. Los bancos centrales comienzan a determinar la cantidad de circulante.
La comisión Kemmer planteó que este organismo debía ser autónomo. Se consagrará en la CPR de 1980 la Autonomía con rango constitucional.
Maneja además la política cambiaria, el tipo de cambio. Capacidad de regular la circulación de moneda extranjera.
Un enclave autoritario que ha pasado inhibido es el Banco Central. Es un órgano autónomo constitucionalmente. Si bien se forja con otros órganos públicos, no depende de ninguno de ellos, tales como el TC, Ministerio Público quien tiene el ejercicio exclusivo y excluyente del ejercicio de la Acción Penal Pública; COSENA -es un resabio de la dictadura-; CGR siendo un ente fiscalizador de los actos administrativos; SERVEL cuya independencia busca no prestarse para fraudes.
Enclave autoritario: se requieren los mismos quórums que para modificar las bases de la institucionalidad. Es evidentemente contra mayoritario.
Artículo 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará
una ley orgánica constitucional.
Requiere un quórum de 4/7 para alterar su organización.
Art. 109: busca separar la administración. La única limitación es que no pueden establecer normas diferentes o discriminatorias con personas o instituciones que realicen actividades de naturaleza análoga.
Tiene una LOC, que es la norma que regula el Banco Central. En el Art. 3 se comprenden las funciones fundamentales del organismo.
Artículo 3°. El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.
Presidente y Art. 24. En Chile la mayoría de las leyes son por mensaje
Arts. 110 a 126 bis de la CPR regulan la materia. Se distinguen 3 situaciones diferentes:
Debemos recordar conceptos anteriores, como los del Artículo 3:
La administración del estado será funcional y territorialmente descentralizada de conformidad a la ley.
Por su parte, el Art. 24 dispone que el gobierno y administración del estado corresponda, ambas, al Presidente de la república, quien además es jefe de estado.
Esto se refiere que el estado, como un todo, tiene sólo un centro de impulso de políticas globales. Existe sólo un aparato gubernamental para la toma de decisiones y para el cumplimiento de los fines del estado. Este único aparato estatal tiene competencia para regular, indistintamente, todo el territorio de la república sin que existan diferencias en materia de regulación en las regiones, con la excepción de que ese aparato estatal puede establecer diferencias para fortalecer la regionalización.
Existe un Presidente y un Congreso. No implica tampoco la existencia de un totalitarismo, existe un sistema político y gubernamental.
La oposición al estado unitario era el Estado Federal, donde existen distintos centros de adopción de posibilidades. Caso de EE.UU. Y sus estados, que regulan las materias de formas diversas.
Forma de organizar la actividad administrativa y la toma de decisiones. Bajo esta forma de organización, los agentes del poder público no solo se limitan a ejercer las decisiones del poder central, sino que también tienen atribuciones, al margen de éste. Tiene una sujeción jerárquica al poder central, siendo un representante de éste en el ámbito territorial. Caso de intendentes o jefes de servicios públicos.
Estos órganos descentralizados no tienen patrimonio ni personalidad jurídica, sino que actúan bajo el mandato de su mandante. SII, por ejemplo, ejerce sus facultades de fiscalización, pero entrega algunas facultades a sus directores regionales. No tiene atribuciones propias, sino las que le delegan.
Es otra forma de organización de las potestades públicas. Existe esto cuando el estado reconoce ciertos órganos que serán completamente independientes del poder central, dentro del ámbito de sus competencias específicas. Por ejemplo, una Municipalidad. No hay relación ni de jerarquía ni de dependencia -excepto algunos casos- Este órgano no tiene facultad normativa, sino resolutiva, porque este debe aplicar la ley que dicta el órgano del poder central. Puede ser de dos tipos:
Política: existen distintas fuentes de derecho, originaria. En este caso entonces existen estados diferentes, con funciones distintas a las del poder central, siempre dentro del ámbito de su competencia territorial
Administrativa: no hay estados distintos, sino que órganos específicos. Son jerárquicamente subordinados al poder central, por lo general, por medio de los Ministerios. Dependerá además de la contraloría que junto al ministerio ejercen una tutela.
Esta puede tener o no una base territorial.
FOSIS, Municipalidad de Santiago, Intendencia, etc.
El Art. 111 de la CPR es el que regula la materia. El gobierno de cada región reside en un intendente, de exclusiva confianza del presidente. Distingue dos conceptos
Gobierno regional: recae únicamente en la persona del Intendente. Es un funcionario de exclusiva confianza del presidente de la república, representándolo en éste ámbito, en la región.
Los requisitos para ser intendente están en la LOC 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional.
Tener derecho a Sufragio
Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos
No estar en quiebra
Que viva en la región
Es una desconcentración del poder central, actúa bajo el presidente, no tienen ni personalidad jurídica ni patrimonio propio. Recordar que el estado de Chile es unitario.
Las atribuciones del Intendente se encuentran en el Art. 112
Artículo 112.- Al intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.
El inciso final remite entonces al Art. 6 de la citada LOC, con una lista de atribuciones
Administración de la Región
No recae en el intendente, sino en el Gobierno Regional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Este poder es una manifestación de la descentralización administrativa.
GORE recae sobre el Intendente y el CORE. Tiene presupuesto anualmente, estableciéndose un fondo muy importante, destinado a fortalecer la regionalización: FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se busca con esto el desarrollo social, cultural y económico de la región
Consejo Regional, CORE
Es uno de los órganos que componen el gobierno regional. Sus funciones están comprendidas en el Art. 28 de la LOC. Es un órgano autónomo, con potestades normativas, fiscalizadoras y resolutivas.
Gabinete del Intendente
Estará integrado por los gobernadores provinciales y por los Secretarios Regionales Ministeriales. El intendente además puede disponer que su gabinete se integre por servicios regionales de servicios descentralizados. Está establecido en el Art. 65 de la LOC.
Las regiones además se dividen en provincias, que a su vez se dividen en comunas, para la administración local. Recaen ambas en la Gobernación.
La Gobernación es un órgano administrativamente desconcentrado, del intendente. Se le encomienda el ejercicio de ciertas facultades.
El cargo de gobernador provincial es de exclusiva confianza del presidente. Tiene por objeto la supervigilancia de los órganos públicos en el ámbito provincial.
La CPR en relación al gobierno y administración del estado, ha establecido 3 estatutos distintos:
Gobierno y Administración Comunal
Hablamos de administración comunal porque Chile es un Estado unitario, a cargo del gobierno del Presidente, que es el único que lo ejerce. En el caso de los intendentes, ellos ejercen facultades presidenciales, porque éstos son designados por el mismo Presidente.
Administración Comunal: Art. 118 y LOCM 18.695
La administración local de una comuna o agrupación de comunas recae en una municipalidad, que se constituye por el Alcalde, su máxima autoridad, y por el Concejo.
Municipalidades: Art. 118
En cuanto a sus funciones, se encuentran reguladas en los Arts. 3; 4 y 5 de la LOCM 18.695. Distingue entre funciones y atribuciones
Funciones Privativas o Exclusivas de las Municipalidades:
Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas:
a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales;
b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes;
c) La promoción del desarrollo comunitario;
e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes,
sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, y
Coordinación con Otros Organismos Públicos: Art. 4 LOC
Atribuciones: Art. 5 LOC.
La Municipalidad se compone de dos órganos: El Alcalde y el Concejo Municipal.
Es la máxima autoridad de la comuna y del municipio. Con ese rango -según el Art. 56 de la LOC- le corresponde la dirección y administración superior de la municipalidad, además de la supervigilancia de su funcionamiento. Es elegido por sufragio universal, dura 4 años en sus funciones, siendo reelegible.
Requisitos para ser alcalde: Requisito único: Tener 4° Medio. Además cumplir los requisitos del Art. 73 de dicha LOC. Este cargo es incompatible con cualquier otro cargo que reciba fondos del fisco, salvo el caso de la Docencia, con un máximo de 12 horas semanales.
Cesación en el Cargo: Art. 60 de la LOCM
Pérdida de la ciudadanía, que debe ser declarada por el tribunal electoral regional. Art.17 CPR:
Incapacidad sobreviniente, que debe ser solicitada por dos concejales ante el tribunal electoral
Impedimento para ejercer el cargo
Contravención a la probidad administrativa
Renuncia del Alcalde, aceptada por dos tercios del concejo municipal. Subrogará el concejal con mayor votación, dependiendo de cuánto tiempo falta para la próxima elección
Regulación de Facultades, Art. 63 de la LOC, como otorgar o renovar permisos, representar a la municipalidad, extrajudicialmente, etc.
Regulación de facultades en las que el alcalde requiere aprobación del Concejo Municipal, Art. 65: Aprobar plano regulador, plan comunal de desarrollo, etc.
De acuerdo al Art. 71 es el órgano normativo, resolutivo y fiscalizador de la comuna. Se eligen cada cuatro años y son reelegibles, bajo sufragio universal. Serán 6 concejales, si la comuna tiene hasta 70.000 electores. Si tiene más de 70.000 y hasta 150.000 serán 8. Si son más de 150.000 serán 10.
Los requisitos son aquellos que también corresponden al caso del Alcalde, salvo la excepción que no requieren 4° medio para ser candidatos. Cesan en el cargo:
Por incapacidad psíquica o física
Por renuncia voluntaria, aceptada por el concejo (5 miembros)
La inasistencia a más del 50% a las sesiones del concejo
Pérdida de algún requisito del Art. 73
Contravención grave a la probidad administrativa.
Sus atribuciones están reguladas en el Art. 79 de la LOCM. Además, su función específica del Art. 80 es a fiscalización de los actos del Alcalde.
Artículo 122.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos.
Se conforma este patrimonio, de acuerdo al Art. 13 de la LOCM. Este artículo y la CPR señala que existirá un fondo común municipal, del cual pueden usar fondos todas las municipalidades, pero también deben aportar obligatoriamente.
Providencia, Vitacura y Santiago son las comunas que más deben aportar al fondo común, en pos de financiar a las comunas más pobres.
Sin perjuicio de que la municipalidad es autónoma en la administración de sus fondos, está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, quien, de acuerdo a la disposición del Art. 98 de la CPR tendrá facultades para fiscalizar el ingreso y la inversión del patrimonio municipal. Puede realizar un examen de cuentas a las personas que tengan a su cargo ciertos bienes.
Plebiscitos Comunales, Según el Art. 99 en determinadas materias
Se llamará a plebiscito cuando lo solicite:
1/3 del Concejo
2/3 de los Concejales
10% de los ciudadanos
Será vinculante para las autoridades cuando participe más del 50% de los electores de la comuna, siendo de esta forma obligatoria para el alcalde y el concejo.
Caso Alcalde de Timaukel
Denuncia del Concejo: se presenta por 3 concejales de la comuna. Comienza estableciendo la competencia de la contraloría para conocer de este asunto, en virtud del Art. 28 de la CPR. Hace referencia al Art. 1 de la LOCBGAE por establecer las bases de la administración del estado.
Contraloría: no puede declarar responsabilidad ni remoción del alcalde, sino que por las instancias jurídicas, políticas y administrativas correspondientes.
Los concejales, además cumplirían su labor fiscalizadora, según el Art. 75 de la LOCM.
Argumentos del Concejo:
Adjudicación con Vicam, para compra de parkas North Face. El giro de la empresa a la que le compra dichas parkas correspondía al giro Automotriz.
Contrato de asesoría con una Consultora, se gastan 22 millones de pesos para impulsar nuevas políticas educativas, y el Concejo no lo aprueba. Acta del concejo jamás existió.
Proyecto de electrificación, Equipos Handy, contratación de RODAC. Una vez más se adjudica la opción más cara, la burda justificación señala que eran fondos regionales adjudicados por 30 millones.
Irregularidades en asignación de becas, a gente que no era de la comuna, excediéndose en su potestad.
Irregularidades de instrumentos y actas: alguien intercaló un texto en el acta
Uso indebido de usos municipales, con gente ajena a la municipalidad, con el beneplácito del alcalde.
Se ha usado indebidamente el inmueble municipal
Gastos indebidos: almuerzos por 500.000, Día del funcionario municipal por 4.500.000, etc.
Nombramiento ilegal de un funcionario que era inhábil.
Nepotismo, según Art. 54 d) LOCBGAE, se contrató a la cónyuge del alcalde.
Transferencia Irregular de recursos
Cometidos del alcalde fuera del territorio
Cobros de viáticos y subrogación legal
Falta de control sobre la gestión municipal
Incumplimiento del Art. 67 LOCM
Transgresión del Art. 82 a) de la LOCM
Falta de transparencia y publicidad
Revisión conceptos: Poder Constituyente Originario y Derivado.
Las asambleas constituyentes se tienden a auto regular, dado que existen normas previas que las regulen.
Poder Constituyente Derivado: es un poder constituido creado por el Constituyente Originario, está regulado. Sus límites son más ciertos. Carl Schmidt señala que se puede modificar todo, excepto las reglas mismas de la constitución. El mandato popular es seguir estas reglas prestablecidas.
Hay límites exógenos: tratados, declaraciones, etc. También hay endógenos, como la forma de tramitación de un proyecto, quórums, jerarquías normativas.
Cláusulas Pétreas: aquellas que no se pueden modificar. Francia: un artículo señala que no se puede modificar el sistema republicano, así como en Brasil, que no puede modificarse la constitución federal del estado.
CPR de Venezuela: Asamblea Nacional Constituyente
No está regulada la función misma de la Asamblea Nacional Constituyente. El Art. 350 tiene un límite ejercido por el pueblo, cuando la legislación, régimen o autoridad contrarié los principios de la constitución
Poder Pre Constituyente: el que llama a iniciar una asamblea Constituyente, por ejemplo el Presidente de la República en el caso de Chile. Debe existir una aprobación.
Asamblea Constituyente sin referendo posterior. Parecería razonable que siempre se sometiera a plebiscito.
Ventajas de la Asamblea Constituyente
Tiene efecto pacificador cuando la precede una revolución o una agitación social. Tiende a generar adhesión
Este debate transmite muchas ideas a la ciudadanía, que se ve más empoderada. Suele valorarse más, incluso, la actividad pública
Si realmente expresa el sentir ciudadano, suele darle bastante estabilidad a los organismos de toma de decisiones
Desventajas de la Asamblea Constituyente
Premio de consuelo a parlamentarios
No solucionaría ningún problema en realidad y sólo se incurre en gastos
Ejemplos: Aquellas que constituyen una república, como EE.UU. Y Francia.
Venezuela: Presidente, 2/3 de la Asamblea Nacional
Ecuador: Presidente o 2/3 de la Asamblea Nacional. Se aprueba vía plebiscito
Bolivia: Presidente o Mayoría Absoluta del Congreso; o iniciativa popular de 20% del electorado.
Sólo reconoce el poder constituyente derivativo y representativo, lo cual tiene la objeción de que son los parlamentarios, electos para legislar, los que modifican la misma constitución.
En Chile no existe la iniciativa popular, pero puede activarlo el presidente de la república, o por diputados o senadores, pudiendo tener origen en cualquiera de las cámaras
Cómo se tramita: la CPR señala que se tramitará igual que una ley. Dos elementos:
Puede contener indicaciones, pero con la misma limitación que la ley, manteniendo las ideas matrices.
Permite la creación de comisiones mixtas para destrabar el proyecto.
Quórums de Aprobación: Son 3/5 de aprobación general, salvo los 2/3 para Bases Generales, Derechos y Deberes, TC, Fuerzas Armadas, Consejo Seguridad Nacional, Reforma Constitucional. No es muy distinto del quórum de ingreso de la CPR de Venezuela.
Aprueba con colaboración del Presidente: debe promulgar el proyecto, pero también puede vetarlo, donde el proyecto volverá al congreso. Si insiste el congreso por 2/3, el presidente tiene dos vías
Promulga y publica
Llama a Plebiscito para solucionar el conflicto entre el Presidente y el Congreso. Se da sólo en el caso de que el presidente hace rebotar el proyecto.
Dictar Decreto Supremo
Plebiscito 120 días después, un día domingo -si no cae domingo, será el próximo después de los 120 días
Presidente tiene que aprobar 5 días después máximo
El TC puede pronunciarse sobre algunos temas de constitucionalidad, tanto de forma como los procedimientos a seguir, como los de fondo.
Fuerzas Armadas y Consejo de Seguridad Nacional
Es una novedad, desde el hecho de considerarlas en un capítulo especial en la CPR. Se establece con la constitución de 1980, anteriormente estaban dispersas en distintas leyes.
Se le debe dar un sustento que da el derecho político: son parte integrante del Estado, donde éste como institución está dotada de 3 elementos: Población, Territorio y Poder, este último tiene ciertas características que lo diferencian de otros poderes: es soberano, temporal -separándose de lo religioso o espiritual-, además es monopólico de la fuerza pública.
Ubicamos aquí a las FF.AA. Donde el estado institucionaliza, legitima y concentra la fuerza física y su monopolio. Weber define el Estado, prácticamente, en función del poder. Es una comunidad de personas asentadas en un territorio, y que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la fuerza física.
Desde que surge el estado moderno, se va concentrando el poder en la figura del monarca, expandiendo territorio, recaudando impuestos -lo que le significa concentra el poder económico-, hay una burocracia, y además el poder Militar se concentra en el monarca, para el tiempo, los Mercenarios, criticados por Maquiavelo por estar al servicio de quién pague mejor.
En el siglo XVIII se estima que los estados deben tener ejércitos permanentes, aunque no necesariamente nacional. Posteriormente se adoptara la visión de los ejércitos nacionales, subordinado al poder civil, según lo plantea el constitucionalismo clásico.
A partir de esto, comienzan a regularse en distintas leyes y posteriormente en la Constitución. No podemos dejar de reconocerlas, son de gran importancia en Latinoamérica, incluso actuando como Poder Político. Siempre se les considera un grupo de presión importante, dentro del constitucionalismo, aunque éste deba supeditarse al poder civil.
Qué señala la Constitución
No obstante que existe una LOC que regula la materia, hay otras tantas que pueden extraerse directamente
Se componen entonces:
Fuerzas Armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea.
Fuerzas de Orden y Seguridad: Carabineros, Policía de Investigaciones.
Función de Defensa: defensa de la patria y seguridad nacional. Cuando señala única y exclusivamente entendería que el monopolio de la fuerza pública la tiene el estado, no pudiendo contemplarse fuerzas armadas paralelas. El caso de Colombia y las FARC es un caso problemático. Su función se da en el campo bélico
Concepto de Seguridad Nacional: sobrepasa el concepto restringido que ha existido, en el sentido de que se trata de preservar el territorio, soberanía e integridad. Es un concepto más amplio. Debe velar por el desarrollo integral para el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales, previendo emergencias y hechos de distintas índoles.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad: constituyen la fuerza pública, tendrían como objetivo y funciones el dar eficacia al derecho, esto es, tiene imperio otorgado para dar cumplimiento a los mandatos judiciales. No tienen facultades para calificar los mandatos, ni legalidad ni constitucionalidad.
garantizar el orden público y la seguridad pública interior: Avisos alarmistas que perturben a la población por ejemplo, tomar medidas al respecto.
Son obedientes: Responden a la institucionalidad y a la Jerarquía: están divididos en grados, existiendo toda una cadena de subordinación jerárquica. En cuanto cuerpo armado no son deliberantes, por lo que no podrían opinar sobre decisiones políticas o gubernamentales, sino sólo en calidad de persona individual.
Limitante en el CJM: No pueden las fuerzas armadas afiliarse a algún partido político, esto, porque las FF.AA. Son las que se encargan de mantener el orden durante las elecciones.
Son profesionales: deben formarse dentro de sus escuelas. Su carrera se sigue año a año, de dedicación exclusiva.
Son jerarquizadas: verticalidad del mando, claramente manifestada. El inferior queda subordinado al superior, casi como en la Época Feudal.
Son disciplinadas: son esencialmente obedientes, cumplir con una disciplina. La obediencia es reflexiva, es decir, un subordinado no puede representar una orden que sea ilegal o inconstitucional.
Tienen escalafones: se incorporan a las plantas y dotaciones según sus respectivas escuelas; se incorporar al profesional los médicos, especialistas, etc.
Esta norma es nueva, es la primera vez que se incorpora una disposición sobre control de armas. Entrega la regulación a una Ley
Es una norma novedosa: anteriormente los jefes de las fuerzas armadas eran inamovibles. Respecto del designio hay un respeto a la antigüedad. Dentro de los 5 se elige uno, el resto son llamados a retiro. Durarán 4 años en sus cargos, no pudiendo ser renombrados.
Gozan de inamovilidad, pero no est total: el presidente puede llamar a retiro, pero debe hacerlo fundadamente por un decreto, informando previamente al Congreso -Diputados y Senadores. El control del decreto es discrecional. Puede ser el llamado con anterioridad a los 4 años de duración del cargo.
Se intentó modificar, sin éxito, en la reforma de1989. Representa la opinión respecto de cualquier decisión política. Tenía capacidad para auto convocarse. La reforma entonces, en ese momento, fue lo que se pudo hacer. Se comenzaría un régimen democrático, con gran presión de las fuerzas armadas.
Fue una larga, difícil y compleja negociación.
Se elimina la facultad de representar que tenía dicho consejo
Se elimina la imparidad entre civiles y militares
La gran reforma viene el año 2005. Se modifica totalmente.
De ser un órgano casi pretoriano, de vigilante del orden constitucional, se transforma en un órgano asesor y de tipo consultivo.
Se incorporó como miembro del consejo al Presidente de la Cámara de Diputados, dando mayoría de Civiles y no de Militares.
Se elimina la facultad para auto convocarse, sólo pudiendo hacerlo el Presidente de la República, siendo meramente consultivo y no pudiendo adoptar acuerdos
Ana María García y Víctor Manuel Avilés
Generación 2012sposición sobre control de armas. Entrega la regulación a una Ley
En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la e