Source: https://es.scribd.com/document/63822310/SAP-Madrid-8-de-Julio-de-2011
Timestamp: 2017-08-19 04:02:49
Document Index: 195830978

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 95', 'artículo 115', 'artículo 95', 'artículo 101', 'artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 100', 'artículo 95', 'artículo 55', 'artículo 7', 'artículo 106', 'artículo 217', 'artículo 104', 'artículo 3', 'artículo 171', 'artículo 115', 'artículo 218', 'artículo 368', 'artículo 122', 'artículo 48', 'artículo 110', 'artículo 48', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 7', 'artículo 172', 'artículo 254', 'artículo 34', 'artículo 236', 'artículo 217', 'artículo 123', 'artículo 133', 'artículo 75', 'artículo 79', 'artículo 115', 'artículo 394', 'artículo 398']

SAP Madrid 8 de Julio de 2011
Roj: Id Cendoj: Órgano: Sede: Sección: Nº de Recurso: Nº de Resolución: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolución: SAP M 9605/2011 28079370282011100198 Audiencia Provincial Madrid 28 564/2010 230/2011 Recurso de apelación ENRIQUE GARCIA GARCIA Sentencia
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28 MADRID SENTENCIA: 00230/2011 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID Sección 28ª t6 Rollo de apelación nº 564/2010 Materia: Sociedades. Impugnación de acuerdos sociales. Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid Autos de origen: juicio ordinario nº 344/2008 SENTENCIA Nº 230/2011 En Madrid, a 8 de julio de 2011. La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 564/2010, los autos del procedimiento número 344/2008, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid , el cual fue promovido por D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino contra IMRONDA SA, siendo objeto del mismo tanto el ejercicio de acciones de impugnación de acuerdos sociales como de reclamación de cantidad. Han actuado en representación y defensa de las partes, en esta segunda instancia, la procuradora Dª. María Rosalva Yanes Pérez y el letrado D. Carlos Lorenzo Romero por D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino , y el procurador D. Carlos Mairata Laviña y el letrado D. José Ricardo López-Laguna Guerrero por IMRONDA SA.
PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada el 9 de julio de 2008 por la representación de D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino contra IMRONDA SA en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia que contuviese los siguientes pronunciamientos: "1º) Declarar la nulidad e ineficacia de la Junta General Ordinaria de Accionistas de IMRONDA, S.A.
celebrada el 30 de mayo de 2008 por defecto en su convocatoria y, en su defecto, en su constitución y, en su consecuencia, la nulidad e ineficacia de todos los acuerdos sociales aprobados en ella. 2º) Subsidiariamente, para el caso de que se estime que la Junta General Ordinaria de 30 de mayo de 2008 fue regularmente convocada y, en su caso, constituida, declarar la nulidad e ineficacia de los acuerdos sociales aprobados al tratar los puntos del Orden del Día primero a décimo, ambos incluidos. 3º) Subsidiariamente del pedimento anterior, para el caso de que no se estime la nulidad radical, como contrarios a la ley, de los acuerdos sociales impugnados, declarar la anulabilidad de los mismos por haber sido tomados en contravención de los Estatutos Sociales y en perjuicio evidente para los intereses de la sociedad y de sus accionistas, en particular, de mis representados, procediendo en consecuencia a la anulación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria del 30 de mayo de 2008 al tratar los puntos primero a décimo del orden del día. 4º) Declarar igualmente nulos o anulables, según proceda conforme a los pedimentos anteriores, y carentes de efectos todos aquellos acuerdos sociales y actos que, posteriores a los que son motivo de impugnación en esta demanda, sean adoptados por la entidad demandada como consecuencia de los directamente impugnados, incluso si son adoptados en ulteriores Juntas Generales de Accionistas. 5º) Condenar a la sociedad demandada a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos así como el pago de las costas del litigio." SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 2 de diciembre de 2009 , cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª María Rosalva Yanes Pérez, en nombre y representación de D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino , debo absolver y absuelvo a la mercantil Imronda, S.A. de las peticiones deducidas en su contra; con expresa condena en costas a los actores". TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte, han dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. CUARTO.- La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 7 de julio de 2011. Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal. QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- Los apelantes, D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino , en su condición de socios de IMRONDA SA, impugnan los acuerdos adoptados en la junta general de dicha entidad celebrada, tras convocatoria judicial, el día 30 de mayo de 2008. La falta de éxito de sus pretensiones en la primera instancia les ha llevado al planteamiento de la presente apelación, en la cual aducen los siguientes motivos: 1º) defectos que afectarían a la convocatoria de la junta por no haberse respetado el plazo legal previsto para celebrar la ordinaria y por haberse tratado en ella asuntos propios de una extraordinaria; 2º) que habrían mediado defectos de constitución de la junta, por no haber permitido a D. Anselmo intervenir en la misma por 59.370 acciones y por haberse admitido, en cambio, la participación mediante representación insuficiente de las socias TEXCORP LLC y IAH LLC; 3º) la nulidad de los acuerdos aprobatorios de las cuentas anuales de los ejercicios 2003 a 2006 porque quien como administrador único las habría elaborado no tenía el cargo vigente; 4º) la posible vulneración de los derechos de deliberación en la junta y de información en el seno de la misma que les asistían a los recurrentes en su condición de socios; 5º) la existencia de irregularidades en las cuentas aprobadas y en la gestión social de cada uno de los ejercicios sociales que en la junta fueron tratados; 6º) la solicitud de que sean anulados por lesivos para el interés social los acuerdos de nombramiento de administrador del Sr. Luis Manuel y de ratificación general de las actuaciones por él realizadas hasta entonces; 7º) la impugnación por falta de motivación del acuerdo sobre autorización concedida al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias; y 8º)
la invocación de la procedencia de que fuesen anulados, en cualquier caso, los acuerdos adoptados por perjudiciales para la sociedad, aduciendo que los minoritarios habrían padecido una falta de transparencia en la gestión social que no ha revertido en beneficio de la entidad. Recordamos que los acuerdos adoptados en la junta general de IMRONDA SA celebrada el 30 de mayo de 2008, que fueron aprobados por mayoría del 68,04 % del capital social, fueron los siguientes: 1º) aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social 2003; 2º) aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003; 3º) aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social 2004; 4º) aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004; 5º) aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social 2005; 6º) aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005; 7º) aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social 2006; 8º) aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2006; 8º bis) nombramiento de administrador único, para lo que designó a D. Luis Manuel ; 9º) ratificación de la actuación del administrador único durante los ejercicios precedentes y hasta la celebración de esta junta; y 10º) autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, mediante compraventa, hasta un máximo del 10 % del capital social, por precio mínimo de 15 euros por acción y máximo de 45 y una duración de la autorización de 18 meses. Significamos que pese a que ya se hayan integrado en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , las citas legales que efectuaremos todavía vienen referidas, por razones cronológicas (principio "tempus regit actum"), al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (RDL 1564/1989, de 22 de diciembre ), que es el texto legal que, con las reformas correspondientes, resulta aplicable al litigio. SEGUNDO.- La parte apelante alega la existencia de defectos que afectarían a la convocatoria de la junta ya que no se habría respetado el plazo previsto en el artículo 95 del TRLSA (que exige su celebración en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio) y porque habiéndose convocado como ordinaria se trataron también asuntos propias de una extraordinaria (a los que se refiere el artículo 96 el TRLSA). Somos conscientes de que en lo relativo al tratamiento que merecían los acuerdos adoptados en una junta ordinaria celebrada fuera de plazo se ha producido un cierto vaivén jurisprudencial. Frente al criterio, en principio mantenido por la jurisprudencia ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 29 de marzo y 19 de abril de 1.960 , 4 de mayo y 13 de octubre de 1.961 , 10 de mayo de 1.967 y 27 de octubre de 1.983 ), que defendía, en contra del mayoritario en la doctrina, la nulidad de la junta de aprobación de cuentas celebrada fuera del plazo establecido en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas , porque ello entrañaría un acto contrario a la ley, susceptible de impugnación según el artículo 115 y porque esa junta sería extraordinaria y carecería por ello de competencia para tratar tales asuntos, el Tribunal Supremo modificó su postura para admitir la validez de la junta ya se considerase como extraordinaria (en este sentido sentencias de 31 de octubre de 1.984 , 18 y 30 de octubre de 1.985 , 6 de febrero 1987 y 20 de abril de 1.987 , con antecedente en la de 11 de noviembre de 1968 ) , ya como ordinaria ( sentencia de 25 de abril de 1986 ), sin perjuicio de la responsabilidad exigible a los administradores por el incumplimiento de la obligación de convocar y del derecho de cualquier socio a instar la convocatoria judicial. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó una sentencia con fecha 3 de abril de 2003 en la que retomaba la vieja jurisprudencia que había sido abandonada por la propia Sala 1ª y declaraba nula la junta general de una sociedad anónima celebrada pasados seis meses desde el cierre del ejercicio, en la que se aprueban las cuentas del ejercicio anterior, porque ya no podía tener carácter de ordinaria y sí sólo de extraordinaria sin que ésta esté facultada para al aprobación del balance y cuentas del ejercicio anterior, apartándose así del criterio mantenido en la de 25 de abril de 1986 y las anteriormente citadas que
rechazaban la nulidad. No obstante, la jurisprudencia que ya estaba consolidada no podía entenderse modificada por una sola sentencia posterior y además se produjo la reforma del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas , operada por la Ley de 14 de noviembre de 2005 , sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, que expresamente admitió la validez de la junta general aunque hubiese sido convocada o se celebrase fuera de plazo, lo que puede considerarse como una interpretación auténtica del precepto ante las dudas generadas por la sentencia de 3 de abril de 2003. En este sentido, la propia Sala 1ª del TS ha zanjado la controversia con su sentencia de 18 de noviembre de 2009 , en la que señala, a propósito de la reforma a la que acabamos de referirnos, que "El nuevo precepto legal (.) releva al Tribunal de tener que unificar la doctrina jurisprudencial existente, porque es el propio legislador el que ha establecido la norma a seguir, y (.) al tener la norma valor aclaratorio o interpretativo, debe atribuírsele efecto retroactivo, porque si bien el art. 2.3 CC dispone que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, la regla "tempus regit actum" que recoge tiene diversas excepciones y entre ellas cuando se trate de "normas interpretativas o aclaratorias" ( SS. 22 de octubre de 1.990 , 6 de marzo de 1.991 EDJ 1991/2438 , 9 de abril de 1.992 , 24 de noviembre de 2.006 EDJ 2006/319011 y 20 de abril de 2.009 , entre otras)". Por otro lado, no debería perderse de vista que la convocatoria de la junta lo fue por vía judicial (artículo 101 del TRLSA ), siendo ésta una solución cuya idoneidad nunca ha sido motivo de discusión para el tratamiento de aquellas materias propias de una junta ordinaria que no hubiera sido convocada en plazo por el órgano de administración. La convocatoria de la junta ordinaria por vía judicial solo cabe, precisamente, una vez que se ha superado el plazo de los seis primeros meses del ejercicio social (artículos 95 y 101.1 del TRLSA), pues de lo contrario el juzgado no estaría todavía llamado a suplir la inactividad de los administradores sociales. Como ya hemos explicado, el vigente artículo 95.2 del TRLSA avala la conclusión de que la junta no pierde su condición de ordinaria, si lo es por razón de su contenido, aunque se celebre fuera de plazo. Por lo que entendemos que la polémica suscitada por la parte recurrente resultaba baldía. Además, resulta lógico que se aprovechase la convocatoria judicial para incluir en el orden del día de la junta no sólo las materias propias de una junta ordinaria que no hubieran podido ser objeto del correspondiente acuerdo en el plazo legal (o que hubieran sido tratadas en acuerdos que hubieran resultado anulados con anterioridad y precisasen nueva decisión al respecto) sino también, por razones operativas, de todas aquéllas que resultasen precisas al tiempo de efectuarse la convocatoria. El TRLSA distingue dos tipos diferentes de problemas que podrían justificar que se solicitase, según las circunstancias concurrentes, la convocatoria judicial, en concreto: 1º) la junta general cuyo objeto es el propio de una junta ordinaria, es decir, la censura de la gestión social, el análisis de las cuentas anuales y la decisión sobre la aplicación del resultado, que es el supuesto previsto en el 100.1 del TRLSA; en este caso, si el órgano de administración, o de liquidación, de la sociedad no la hubiese convocado en el plazo legal (dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente), cualquier socio podrá pedir al juez la convocatoria, previa audiencia en el seno del propio expediente de los administradores; y 2º) la junta general cuyo objeto sea tratar cualesquiera otros asuntos (es decir, extraordinaria, a tenor del artículo 96 del TRLSA ) que quieran suscitar uno o varios socios, que signifiquen, al menos, el 5% del capital social, si los administradores, tras haber sido requeridos notarialmente para ello, desatendiesen, en el plazo de un mes, tal petición, que es el supuesto contemplado en el artículo 100.2 del TRLSA . Por lo tanto, no hay problema para que merced a una convocatoria judicial puedan tratarse, incluso en una única junta, asuntos propios tanto de una junta ordinaria como de una extraordinaria. La peculiaridad estribará en los requisitos que deberá examinar el juez al realizar la convocatoria, pues si la solicitud excede de la propia de una junta ordinaria (según lo que debe constituir el contenido de la misma, a tenor de lo establecido en el artículo 95.1 del TRLSA ) para poder acceder a ella comprendiendo todos los asuntos peticionados habrá tenido que exigir que se le acreditasen unos requisitos formales, temporales y de legitimación específicos referidos a la convocatoria de junta extraordinaria. Si se desease, por lo tanto, denunciar un defecto de convocatoria lo que debería alegarse sería el incumplimiento de los mismos, sin que baste, como aquí ha ocurrido, con aducir en la demanda que se entremezclaron en el orden del día asuntos propios de junta ordinaria con la extraordinaria, lo que resulta perfectamente posible si se cumplen con los requisitos procesales para que proceda la convocatoria de ambas, con independencia del nombre que se le asigne. Si la apelante no ha denunciado de modo expreso el incumplimiento de tales premisas, identificando cuáles fueron las omitidas, no habrá lugar a poner entredicho la legalidad de la convocatoria. TERCERO.- La parte recurrente denuncia asimismo que habrían mediado defectos de constitución de la junta, que concreta en los siguientes alegatos: a) por no haber permitido a D. Anselmo intervenir en la junta por 59.370 acciones que le corresponderían merced a la escritura de división y adjudicación de herencia que data de 27 de mayo de 1998, de las que figuraría como titular en el libro registro de acciones
nominativas y que como tal habría sido aceptado en juntas precedentes; y b) por haberse admitido la intervención en la junta mediante representación de las socias TEXCORP LLC y IAH LLC, merced a la presentación de documentos no fehacientes y sin acreditar que el firmante de las cartas de representación aportadas ostentase facultades suficientes para apoderar a los comparecientes; a lo que añade la no presentación por las mismas en la junta de la tarjeta de asistencia. En lo que respecta al número de acciones por las que se permitió actuar en la junta al socio D. Anselmo , al que hacemos notar que se le admitió su intervención como titular indiscutido de 10.795 acciones (1 % del capital social), pero no por otras 59.370 (5,51 % del capital social), por entender que no le pertenecían a él sino que formarían parte de la herencia yacente de su madre, no podemos censurar la decisión de la presidencia de la junta. Las razones son varias: 1º) porque la inscripción en el libro registro de acciones nominativas que esgrime en su favor la parte recurrente no era, en relación con esas 59.370 acciones, incondicional, sino que hacía expresa mención a la situación de pendencia judicial de un proceso por derechos sucesorios que afectaba a la titularidad de las mismas, por lo que no puede utilizarse ese contenido registral sólo en el sentido que interese a la parte impugnante, sino en su integridad, es decir, también en lo que pueda perjudicarle; 2º) porque al tiempo de la junta la polémica judicial se había inclinado en sentido adverso al socio D. Anselmo , pues existía una resolución judicial firme que acarreaba la nulidad del testamento de Dª Amanda de fecha 27 de noviembre de 1987 y un laudo arbitral que, como consecuencia de aquélla, consideraba inválida la división y adjudicación de herencia de 27 de mayo de 1998, de la que derivaría la adquisición de las referidas acciones por parte de aquél; 3º) es cierto que la sociedad ya podría haber esgrimido en juntas precedentes tal situación, pero la dejación de antaño, motivada por razones de la índole que fuese (pues en las entidades de sustrato familiar el equilibrio de poderes puede mudar en función del estado de las relaciones personales entre los socios), no permite desconocer que ya se habían producido acontecimientos que afectaban a la titularidad de las acciones (en función de hechos que contemplaba el propio libro registro) y que legitimaban una reacción al respecto, que en algún momento debía producirse, en el seno de la sociedad; no puede hablarse, en sentido estricto, de una contravención de actos propios, pues no estamos ante un pacífico reconocimiento de esta titularidad a favor de D. Anselmo , sino que el conflicto hereditario venía de atrás, subsistía entonces y perduró luego, pues mediante posterior sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid, en el seno de ulteriores acciones procesales que persiguen solventar definitivamente la situación, se ha insistido en que las referidas acciones son pertenecientes a la herencia yacente de la citada Dª Amanda ; y 4º) porque aun reconociendo la vigencia de la regla que vincula el reconocimiento por la sociedad de la condición de accionista conforme a la inscripción en el libro registro (artículo 55.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas ), consideramos que podría constituir un intento de abuso de derecho, que no debería merecer amparo (artículo 7 del C. Civil ), que un sujeto tratase de interferir en la vida social alegando una titularidad formal merced a una situación pretérita que habría cambiado y que ya no se compadecería con la real (especialmente si el propio libro registro advertía del condicionamiento de la titularidad que reflejaba al devenir de un litigio que a partir de determinado momento ya fue conocido). Con respecto a la denuncia de defectuosa composición de la junta "por vicio de las representaciones", pretextando los impugnantes la insuficiencia de las cartas de representación con las que comparecieron a ella los representantes de I.A.H. LLC (INTERNATIONAL ACQISITIONS HOLDING LLC) y TEXCORP LLC, en las que la parte recurrente aprecia que faltan firmas legitimadas, los correspondientes datos identificativos de las entidades representadas, el cargo societario de la persona que rubrica la carta y la referencia al sentido del voto o que se podía decidir con libertad de criterio, tenemos que decir: 1º) que la falta de la legitimación o autenticación fehaciente de la firma de los accionistas representados en los documentos en los que se otorga la representación no constituye defecto alguno, puesto que ello no es exigido ni por el artículo 106 TRLSA , ni por los estatutos sociales; 2º) que las sociedades que otorgan la representación están identificadas con su denominación social, que es justamente lo que sirve para reconocerlas en el tráfico jurídico; 3º) en cuanto al carácter representativo de las personas que en su nombre otorgaban la representación, la previsión legal y estatutaria de que no resulta preciso un poder notarial (en cuyo otorgamiento la calificación personal del notario respecto de los requisitos de validez del acto abarca el propio requisito de capacidad de las partes con valor de presunción "iuris tantum" sobre su suficiencia), puesto que basta con un escrito en el que se apodere especialmente para cada junta, o, tras la reforma operada por la Ley 26/2003 , incluso con una comunicación postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia con tal de que garantice debidamente la identidad del sujeto que la emita, supone una falta de formalismo en cuanto a la fehaciencia de quien emite el apoderamiento que casa mal con la exigencia de que, siendo el socio representado una persona jurídica, quien como su representante legal emite el apoderamiento tenga que acreditar en la junta la realidad, alcance y vigencia del mismo; ello no quita que tal representación legal pueda ser desvirtuada en el proceso judicial en el que se impugne el acuerdo social adoptado en la junta en la que se admitió tal actuación en nombre del socio, pero la parte impugnante no ha intentado siquiera desvirtuar la realidad del carácter representativo de las personas físicas que, como legales representantes de las sociedades accionistas, firmaron los
apoderamientos, sin que sea cierto que la carga de la prueba corresponda a la demandada en virtud del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , puesto que se trata de hechos constitutivos de la pretensión impugnatoria ejercitada en la demanda, no de hechos extintivos de la eficacia de los alegados como fundamento de tal pretensión. Y tampoco puede afirmarse que la sociedad demandada tenga una mayor facilidad probatoria respecto de tales extremos que la que tiene la parte actora, puesto que se trata de cuestiones que afectan no a la propia sociedad, sino a sus socios. Algunos de los extremos cuestionados constan en registros públicos españoles (por ejemplo, en el Registro Mercantil ha de constar quien sea el administrador de las sociedades españolas), sin que la parte actora haya intentado siquiera obtener prueba de tal registro público; y 4º) por lo demás, el hecho de que se reconozca que los hermanos de los apelantes ostentan el control de la sociedad demandada, por detentar la mayoría del capital social, por sí y a través de las "sociedades de su propiedad" I.A.H LLC (INTERNATIONAL ACQISITIONS HOLDING LLC) y TEXCORP LLC, siendo así que aquellos son los designados como representantes de estas últimas en las cartas de representación cuestionadas por la parte recurrente, habla bien a las claras de la inanidad del alegato. En cuanto a la alegación referente a la falta de aportación de las tarjetas de asistencia, se trata de un argumento que ya ha sido abordado por este tribunal en ocasiones precedentes ( sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 1 de diciembre de 2008 y 12 de abril de 2011 ), dictadas con ocasión de controversias surgidas en relación con otra sociedad del grupo (CUEVALOSA). Decíamos allí que la concurrencia de los accionistas sin tarjeta de asistencia no supone una infracción de los estatutos, puesto que tienen derecho a asistir a la junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a la junta (según la previsión estatutaria), por lo que la obtención anticipada de la tarjeta de asistencia se convierte en un medio de que el accionista no vea sorpresivamente denegada su asistencia a la junta al iniciarse ésta, pero no en un requisito para su asistencia. Todo ello resulta trasladable aquí, habida cuenta de la similitud de perfiles con que se plantea la cuestión. Por lo demás, no está de sobra recordar la atenuación por parte de la jurisprudencia del rigorismo en la aplicación del precepto a la realidad de las sociedades pequeñas o de carácter familiar, aspecto al que alude la sentencia de la Sala 1ª del TS de 4 de junio de 2009 : "El precepto (se hace referencia al artículo 104.1 TRLSA ), en efecto, es imperativo cuando señala los supuestos en que, malgré tout, no cabe impedir el ejercicio del derecho de asistencia a los titulares de acciones nominativas o a los tenedores de acciones al portador, pero no en el sentido que indica el recurrente. Por otra parte, no hay que olvidar que (.) estamos ante una sociedad que cuenta con un número relativamente pequeño de socios, que en general se conocen unos a otros, dato que, aún cuando no sustente una diferenciación que haya recogido la legislación, ha de tenerse en cuenta en la interpretación y aplicación de la norma, conforme a lo previsto en el artículo 3.1 del Código civil , pues constituye la "realidad social" sobre la que proyecta la disposición legislativa el sentido de su ordenación, su mandato imperativo". CUARTO.- Aducen los recurrentes que debería decretarse la nulidad de los acuerdos aprobatorios de las cuentas anuales de los ejercicios 2003 a 2006 porque el administrador único que las elaboró no tenía el cargo vigente y en esas condiciones ni podía reformular las de los ejercicios 2003 a 2005, aprobadas en juntas cuyos acuerdos habían sido declarados nulos con anterioridad por decisión judicial, ni podía formular las del ejercicio 2006. Consideramos preciso efectuar una distinción que ya se apunta en la propia argumentación que emplea la parte recurrente y que va a determinar la suerte de este motivo de impugnación. Por un lado, debemos contemplar las cuentas de los ejercicios 2003 a 2005, pues si fueron anulados los precedentes acuerdos de aprobación de las mismas es por defectos formales de la junta, no porque se declarase la existencia de deficiencias que afectasen a las propias cuentas. De ahí que bastase con volver a convocar y celebrar junta, esta vez con arreglo a todas las formalidades legales, para que pudiesen ser examinadas y aprobadas, o no, según decidiesen por mayoría los socios, los mismos ejemplares de las cuentas anuales que fueron llevados a las anteriores reuniones. No era precisa una reformulación de las mismas, como erróneamente argumenta la parte apelante, pues habían sido formuladas por quien en su momento era el administrador social. En cambio, las cuentas del ejercicio 2006, que no habían sido llevadas a junta hasta entonces, sí debían ser elaboradas ad hoc por el administrador social, que era el que debía formularlas y firmarlas (artículo 171 LSA ); lo que no cabe, como ocurrió en este caso, es que esa labor se realizase, según se explicó en el propio acto de la junta, por quien no era el administrador con cargo vigente de la sociedad, que es lo que debería haberse hecho según exige la ley. El reconocimiento de la figura del administrador de hecho tiene como finalidad evitar que pueda eludirse la exigencia de responsabilidades por quienes de facto hayan gestionado la entidad, pero ello no supone que el que esté desempeñando tal función pueda atribuirse el válido ejercicio de todas las competencias que la ley sólo reconoce al administrador de derecho de la sociedad. Por lo que si no se habían podido formular las cuentas del ejercicio 2006 por la anulación de la elección del administrador, lo procedente era la nueva designación del
mismo en la correspondiente junta y la formulación de las cuentas, si no se hubiesen elaborado y firmado en su momento como manda la ley, por el que entonces resultase designado como administrador de derecho. Obviar tal cauce, como ocurrió en este caso, supone que la formulación de cuentas no se atuvo a la exigencias legales, lo que acarrea una vicio que se transmite al ulterior acuerdo de junta aprobatorio de las cuentas formuladas sin sujeción a ley. Y no puede decirse que bastase el ulterior acuerdo de la junta general aprobatorio de las cuentas o de ratificación de la actuación del administrador de hecho para entender subsanado el defecto cometido, pues la formulación de las cuentas no es competencia de la junta sino del administrador, por lo que aquélla no puede salvar una deficiencia que afecta a las atribuciones de otro órgano social. En consecuencia, habiendo mediado una infracción legal que acabó afectando al acuerdo aprobatorio de las cuentas del ejercicio 2006, a la aplicación de resultados de esa anualidad (pues solo podrán aplicarse los resultados previamente fijados en las cuentas aprobadas) y al de la aprobación de la gestión de ese período (pues no puede producirse ésta, de modo consciente, sino sobre la base de la previa rendición de cuentas) resulta procedente decretar la nulidad de los mismos, a tenor de lo establecido en los nº 1 y 2 del artículo 115 del TRLSA . Ya que las cuentas anuales son objeto, tras su aprobación, de depósito en el Registro Mercantil (artículo 218 a 220 del TR de la LSA), causando los correspondientes asientos (artículo 368 del RRM ), procede librar un mandamiento a dicho organismo a los efectos previstos en el artículo 122 del TR de la LSA . QUINTO.- Alega la parte recurrente la vulneración de los derechos de deliberación en la junta y de información en el seno de la misma que asistían a los demandantes en su condición de socios. En cuanto a la supuesta infracción del derecho "a deliberar", lo primero que debemos remarcar es que el artículo 48 de TRLSA , que cita la parte apelante, no reconoce a aquél como algo distinto del derecho a asistir y votar en las juntas, de lo que no fueron privados los socios impugnantes, cuyo representante tuvo la posibilidad, según consta en el acta, de intervenir en múltiples ocasiones para expresar no sólo su voto, sino también su opinión y con ello la posibilidad de influir en el parecer de otros. Comprendemos que el interesado pueda albergar el sentimiento de que no se le concedió la palabra todo lo que él merecería, pero el ejercicio de las facultades de dirección que incumben al presidente de la junta (artículo 110 del TRLSA ) para conseguir que la misma avance de un modo eficaz no necesariamente implica que se esté coartando el derecho de un socio si no se le permite explayarse en su discurso, cuando resulta claro que no se interfirió en el ejercicio consciente de su derecho al voto por parte de los socios impugnantes. En lo que respecta al derecho de información, el debate ha quedado ceñido, aunque podría haber tenido otros matices (pues hay varias modalidades del derecho de información que con carácter general se reconoce en el artículo 48.2.d del TRLSA ), a si la información que fue proporcionada, a solicitud del representante de los demandantes, en la propia junta por quien había venido desempeñando la administración social debe estimarse que satisfizo materialmente el derecho que al socio reconoce el artículo 112.2 del TRLSA (derecho a preguntar y obtener respuesta en la propia junta o, de no ser posible proporcionarla en el acto a hacerlo en el plazo legalmente marcado), pues de lo que, en concreto, se quejan los recurrentes, aunque su solicitud se formalizase por escrito (lo que podría haber hecho pensar en el cauce informativo del nº 1 del artículo 112 del TRLSA ), es de que durante la junta se creó una mera apariencia de que se les informaba, sin que las respuestas proporcionadas satisficieran realmente dicho derecho. Pues bien, tras el análisis detenido del acta de la junta este tribunal alcanza la convicción de que aquéllas preguntas de los recurrentes que resultaban pertinentes, pues fue cribado con acierto aquello que no se refería propiamente a los asuntos del orden del día, recibieron una respuesta razonablemente suficiente para atender el derecho de información del socio. No debe perderse de vista que los apelantes propusieron nada menos que cuarenta y cinco preguntas, por lo que, dado el elevado número de cuestiones a tratar, el grado de detalle en la respuesta fue mayor en unos casos que en otros, pero, en términos generales, y si necesidad de entrar en detalles que podrían hacernos perder la perspectiva adecuada del problema, consideramos que lo respondido fue suficiente en todos los casos para atender el interés legítimo de los socios. No apreciamos evasivas en las respuestas y entendemos que las explicaciones ofrecidas resultan suficientes para poder comprender mejor aquellos aspectos de las cuentas sociales que, en definitiva, interesaban al preguntante. Por el contrario, la persistencia de la parte apelante en referirse a este aspecto como motivo de impugnación de lo acordado lleva a plantearse a este tribunal si lo que en la junta se estaba persiguiendo era, en realidad, buscar pretextos para una futura impugnación, de modo que las respuestas obtenidas eran lo de menos, pues las alegaciones de la parte apelante sólo pretenden buscar cualquier resquicio para tratar de encontrar excusas para desbaratar lo acordado por la mayoría. Eso supondría un ejercicio exorbitante del derecho de información, al que la jurisprudencia también ha marcado límites, señalando que debe ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe (artículo 7 del C. Civil -
sentencia del TS 4 octubre de 2005 ), por lo que deberán evitarse situaciones en las que se impida u obstaculice el funcionamiento normal de la sociedad y rechazarse los modos de ejercicio que resulten abusivos ( sentencias del TS de 31 de julio de 2002 , 8 de mayo de 2003 y 10 de noviembre de 2004 ), como ocurre cuando solo se persigue preconstituir un escenario como pretexto para luego impugnar. SEXTO.- También se aduce en el recurso la existencia de irregularidades en las cuentas aprobadas y en la gestión social de cada uno de los ejercicios sociales que en la junta fueron tratados (debate que aquí quedaría ceñido, a estas alturas, a los de los ejercicios 2003 a 2005, pues el acuerdo referente a 2006 ha resultado afectado por la causa de nulidad que ya hemos apreciado). Dado el tenor de los alegatos de la parte impugnante, que salvo por determinadas cuestiones de matiz contable, centra sus alegatos en su disconformidad con el modo en que se gestiona la sociedad, debemos enmarcar el ámbito de lo que puede ser objeto de impugnación en esta materia. La imagen fiel (artículo 172.2 del TRLSA , que pasa al artículo 254.2 de la nueva Ley de Sociedades de Capital ) es la resultante de la aplicación regular y sistemática de las normas de contabilidad y de los principios contables generalmente aceptados en los términos previstos en el artículo 34 del Código de Comercio, en el TRLSA (o la nueva Ley de Sociedades de Capital) y en la demás normativa reguladora de la contabilidad empresarial (especialmente el Plan General de Contabilidad -antes el PGC aprobado por RD 1643/1990 y con posterioridad, el nuevo PGC, aprobado por RD 1514/2007 y su versión adaptada, por RD 1515/2007, para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y microempresas-, que en ocasiones se complementan con las previsiones de las disposiciones fiscales). Si las cuentas anuales se redactan conforme a dichas exigencias normativas la legalidad habrá sido respetada, pues se habrá reflejado la imagen fiel de la realidad económica de la sociedad; en cambio, si fueran vulneradas o desconocidas (bien por contabilizar de modo incorrecto partidas trascendentes o bien porque se hubiesen dejado en el terreno de lo sumergido, contra la legalidad económica y fiscal) el acuerdo aprobatorio de las cuentas anuales sería nulo (artículos 56 de la LSRL y 115 del TRLSA) por infringir el principio de imagen fiel establecido en las citadas normas. Así comprendido el principio de imagen fiel, la realización de operaciones ilícitas o perjudiciales no justificaría el ejercicio de una acción de impugnación de acuerdos sociales de aprobación de cuentas anuales por el mero hecho de su contabilización, si ésta es la que correspondería a las mismas según la normativa contable -pues se estaría respetando el principio de imagen fiel-, sino que aquéllas deberían combatirse mediante acciones encaminadas bien a declarar la ineficacia de los negocios afectados o bien a exigir la restitución de las cantidades indebidamente dispuestas, pudiendo incluso ejercitarse las acciones de responsabilidad que procedieran contra los administradores que las llevaron a cabo, sin que la aprobación de las cuentas supusiera un obstáculo para el ejercicio de dicha acción, pues incluso aunque se interpretara que tal acuerdo de la junta pudiera refrendar de algún modo las disposiciones realizadas, el artículo 236.2 de la Ley de Sociedades de Capital prevé que "en ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general". Como ya tuvimos ocasión de señalar en las sentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 21 de mayo de 2010 y de 10 de diciembre de 2010 tampoco podría justificarse la impugnación de los acuerdos aprobatorios de las cuentas anuales con el argumento de que con la aprobación de las mismas se viniera a sancionar actuaciones de los órganos rectores de la sociedad reputadas lesivas para el interés social o abusivas en perjuicio del socio minoritario, lo que en definitiva supondría admitir la utilización de esa vía como medio indirecto para la impugnación de otros acuerdos previos de los órganos sociales, o para la obtención de tutela jurídica frente a los actos de aquellos que se reputen perjudiciales al margen de los cauces legales específicos establecidos al respecto, utilizando para ello como excusa el reflejo que los efectos de las citadas actuaciones hubieran podido tener en la contabilidad social. Por ello la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2006 señala que el acuerdo por el que se aprueban las cuentas anuales no es per se lesivo cuando se dirige a constatar que las cuentas reflejan fielmente la situación patrimonial de la sociedad, y nada añade a las actuaciones de la administración que hubieran podido resultar lesivas, llegando a afirmar: ".que el acuerdo ponga de relieve un abuso no puede significar que sea la causa del abuso. Si el socio minoritario entiende que tal abuso se produce, dispone de remedios que van más allá de dejar a la sociedad sin las cuentas aprobadas." Pues bien, consideramos que la parte recurrente, ya desde su demanda, no se ciñe a estos criterios, sino que aspira a poder justificar su apelación pretextando, entre otras cosas, su disconformidad sobre el volumen de los gastos en los que se incurre (porque considera desmedidos los gastos de personal por pagos a trabajadores, porque tacha de excesivas las retribuciones al administrador, etc) o sobre la rentabilidad que finalmente se obtiene. Pues bien, tales alegatos no justifican la impugnación porque esas operaciones no se habrían producido merced a las cuentas aprobadas, que simplemente reflejan una
determinada aplicación anterior de los fondos y dejan constancia de ello, sino, en su caso, mediante el acto mismo de empleo de ese dinero, en el momento en que verdaderamente tuvo lugar, lo que podría propiciar, si es que hubiera sido indebido, las acciones que procediesen para combatirlo, mas no puede justificar la impugnación de su mera plasmación contable, que es precisamente el mejor soporte para fundar reclamaciones al respecto. Aunque en el seno de la argumentación de la parte apelante se hace también una alusión al modo de reflejar en las cuentas determinadas partidas concretas en alguno de los ejercicios a los que nos referimos (pues se censura, entre otros aspectos, la clasificación contable que se ha asignado a determinadas inversiones y el modo en que se han calculado las provisiones por depreciación del inmovilizado) no se le ha demostrado a este tribunal (y se trata de una carga que incumbe satisfacer al impugnante, según el nº 2 del artículo 217 de la LEC ) que esas puntuales matizaciones revistiesen la entidad suficiente para que pudieran comprometer, haciéndolo del modo en el que se critica por los apelantes, la imagen fiel de la sociedad que las cuentas anuales deben proyectar en cada uno de los ejercicios afectados. Así, no se ha probado la trascendencia real que, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, pudieran implicar esos reparos contables a los que alude la parte recurrente para conseguir una interferencia significativa en el reflejo que se ofrece del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, lo que hubiera exigido la aportación de la correspondiente peritación u otro medio probatorio idóneo que así lo hubiera puesto en evidencia, ya que a tenor de las circunstancias de este caso debemos decir que esa relevancia es algo que no resulta manifiesto para este órgano judicial. La simple existencia de partidas en las cuentas anuales consignadas según criterios para su contabilización que pudieran ser susceptibles de discusión no supondría motivo bastante para justificar la nulidad del acuerdo aprobatorio de las mismas si no resultase patente que con ello se generaba una importante distorsión de la imagen fiel que la ley exige que se proporcione con aquéllas. Por otro lado, la impugnación de los acuerdos de aprobación de la gestión social obtuvieron el aval de la mayoría social, por lo que ningún reparo puede oponerse a su validez cuando, una vez cumplidos todos los requisitos de forma y aprobadas previamente las cuentas del correspondiente ejercicio, de lo que se trataba era de explicitar una valoración de la junta sobre la eficacia e idoneidad de las gestión social desempeñada en cada año por el órgano de administración. Es comprensible que la minoría pueda tener una opinión contraria y, en su caso, decidiera accionar como a su derecho conviniese, pero no bastará esa discrepancia de parecer para sustentar un reproche de ilegalidad ni de vulneración estatutaria hacia lo acordado. Debemos recordar que el juez no actúa en los procesos de impugnación de acuerdos sociales ni como un órgano fiscalizador del acierto económico de las decisiones empresariales ni como un dictaminador de lo que en cada momento haya de resultar conveniente para la sociedad ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1981 , 12 de julio de 1983 , 17 de abril de 1997 y sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de febrero , 12 de mayo y 18 de julio de 2008 y 30 de enero y 24 de septiembre de 2009 , entre otras), sino como garante del cumplimiento de la ley o de la normativa estatutaria o como límite al establecimiento por la mayoría de intolerables acuerdos abusivos o que sólo impliquen la indefendible consecuencia de perjudicar a la sociedad para lograr a su costa el provecho de otro. Pero la discusión sobre criterios de oportunidad, de optimización o de satisfacción empresarial no tiene cabida en este tipo de litigios. SEPTIMO.- Los recurrentes alegan la procedencia de que sean anulados por lesivos para el interés social los acuerdos de nombramiento de administrador del Sr. Luis Manuel y de ratificación general de las actuaciones por él realizadas hasta entonces, adoptados por la junta con los números octavo bis y noveno del orden del día. Los apelantes aducen que es improcedente tal acuerdo porque consideran que el designado para el cargo habría realizado anteriormente una nefasta gestión social y la deficiencia de su labor habría dado pie a la nulidad de acuerdos sociales precedentes. Pues bien, las irregularidades en la gestión que se imputan por los apelantes al administrador nombrado por la junta podrán determinar, si así lo estiman pertinente aquéllos, el ejercicio de acciones de exigencia de responsabilidad al que desempeñaba dicho cargo social (artículos 133 y 135 del TRLSA) , pero en modo alguno el acuerdo de elección puede estimarse, por sí mismo, lesivo para el interés social en beneficio de accionistas o terceros (pues ni el interés común de todos los socios de la misma - teoría contractualista- ni el de la propia empresa de la que ellos son partícipes - teoría institucionalista - resultan en principio conculcados por el mero hecho de la designación). La elección de nuevo administrador o la reelección del precedente es una competencia soberana de la junta de socios (artículo 123 del TRLSA ) que deposita su confianza según la regla de la mayoría del capital, siendo a posteriori cuando se podría reaccionar frente a ese nombramiento por otros motivos (incursión en prohibición legal, conflicto de intereses, etc) por el cauce que en cada caso correspondiese, mas no porque al minoritario, cuyo criterio no prevaleció, no le guste el designado.
Por razones similares, tampoco podemos anular la decisión mayoritaria de ratificar, en términos generales (al margen de incidencias particulares, como la ausencia originaria de facultades para la formulación de cuentas del ejercicio 2006 que, como ya hemos explicado, no ha podido salvarse, o la valoración de la gestión de ese período concreto que quedaría pendiente de la correspondiente rendición de cuentas), la actuaciones que se había venido realizando por el designado, pues eso simplemente implica que la mayoría social, a través de un procedimiento reglado para la conformación de su voluntad como órgano colegiado, considera que debía reconocer expresamente y avalar la labor hasta entonces realizada por el Sr. Luis Manuel , incluso como administrador de hecho (lo que, por cierto, arroja seguridad jurídica para terceros respecto a la atribución de responsabilidad por el ejercicio de dicho cargo), lo cual no impide que los disconformes puedan poner en marcha las iniciativas que estimen procedentes contra las concretas actuaciones de aquél que consideren censurables o merecedoras de exigirle responsabilidad (debe recordarse que el artículo 133.4 del TRLSA expresamente establece que en ningún caso exonerará a los administradores la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general). OCTAVO.- Se pretende también por la recurrente conseguir la declaración de nulidad del acuerdo sobre autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, que se corresponde al punto décimo del orden del día de la junta de la que venimos hablando. La apelante alega la falta de información sobre la finalidad del acuerdo y la ausencia de instrucciones al órgano de administración para llevar a cabo la adquisición autorizada, lo que, en el sentir de dicha parte, entrañaría la concesión de una carta en blanco al administrador, quien de ese modo quedaría exento de justificar su actuación en desarrollo de la autorización recibida. Tales alegatos no merecen, sin embargo, ser acogidos. Como expresamente se viene a reconocer en el escrito de recurso, el acuerdo cumple todos los requisitos impuestos por el artículo 75 TRLSA . Por lo demás, el control de la actuación del administrador en el ejercicio de la facultad conferida se encuentra asegurado a través de los mecanismos establecidos al efecto en el artículo 79 TRLSA, cuya norma 4ª especifica una serie de menciones mínimas que han de hacerse constar en el informe de gestión correspondiente al ejercicio en el que se hiciese uso de la autorización, entre ellas, el motivo de la adquisición, sobre el que hacen hincapié los apelantes en su argumentación. Aventurar que el administrador autorizado no va a dar cumplimiento a tales exigencias o que el acuerdo puede comprometer la supervivencia de la sociedad constituye simple especulación que no permite que prospere lo que se presenta como una reclamación del socio que estimamos, a tenor de tales alegatos, prematuramente planteada. NOVENO.- El recurso concluye con una invocación general a la procedencia de que fuesen anulados, en cualquier caso, los acuerdos adoptados por perjudiciales para la sociedad, aduciendo que los minoritarios han padecido una falta de transparencia en la gestión social que no ha revertido en beneficio de la entidad y a la que se pretende dar continuidad por la mayoría del capital. Dicha argumentación ni tan siquiera dota de contenido suficiente a una causa de impugnación de esta índole, pues para que los acuerdos mereciesen la calificación jurídica de, siquiera, meramente anulables, conforme al artículo 115, nº 2 , último inciso, del TRLSA, debería concretarse de qué modo su adopción ocasionaba una lesión para los intereses de la sociedad que entrañasen al tiempo un beneficio para otros socios o para tercero. Ese mecanismo no ha sido debidamente evidenciado en la argumentación de la parte recurrente. Por otro lado, basta con remitirnos a las consideraciones que hemos efectuado en los precedentes fundamentos para comprender que sólo deben utilizarse las acciones de impugnación de acuerdos cuando existe causa que lo justifique, no siéndolo la mera discrepancia del minoritario con la voluntad de la mayoría si ésta se conforma con arreglo a la ley, los estatutos y sin sacrificar el interés social para beneficiar con ello a otro. DECIMO.- No procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de la primera instancia, tal como prevé el nº 2 del artículo 394 de la LEC , al resultar la demanda parcialmente acogida. UNDECIMO.- En materia de costas de la segunda instancia nos atenemos a lo establecido en el nº 2 del artículo 398 de la L.E.C . para los casos de parcial estimación del recurso de apelación. Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal emite el siguiente
Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino contra la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en el juicio ordinario nº 344/2008 del que este rollo dimana, por lo que revocamos dicha resolución judicial y en su lugar decidimos: 1º) que procede la estimación en parte de la demanda planteada por D. Adolfo , D. Anselmo y D. Belarmino contra IMRONDA SA en el ejercicio de la acción de impugnación contra los acuerdos sociales adoptados en la junta general de la entidad demandada celebrada el 30 de mayo de 2008; 2º) que debemos declarar y declaramos nulos los acuerdos adoptados a los puntos séptimo y octavo del orden del día de la junta general de la entidad IMRONDA SA celebrada el 30 de mayo de 2008, relativos, respectivamente, al examen de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2006 y de la gestión del órgano de administración durante el mismo, por lo que deberá librarse mandamiento al Registro Mercantil para la cancelación del correspondiente asiento; 3º) que debemos desestimar y desestimamos la impugnación planteada contra los restantes acuerdos adoptados en la referida junta general; y 4º) que debemos declarar y declaramos que no procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de ambas instancias. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal. PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.
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