Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2013_10_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-27 12:37:36
Document Index: 325208062

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo\n3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

El Yo Acuso Argentino: octubre 2013
Acotemos, al
respecto, que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la publicación
“Revista de la Cruz Roja” nos señala: “En debates recientes y actuales se ha planteado la
cuestión de saber si la actual dicotomía del DIH, según la cual los conflictos armados
están clasificados como internacionales y no internacionales, es suficiente para
abordar nuevas situaciones de hecho, y si hace falta una nueva clasificación de
los conflictos. Una vez más reiteramos que la distinción esencial entre conflicto armado
internacional y no internacional, es la calidad de las partes implicadas. Mientras que un CAI presupone el
uso de fuerza armada entre dos o varios Estados, un CANI implica
hostilidades entre un Estado y un grupo armado organizado no estatal (la parte no estatal), o entre grupos de
esta índole. En la práctica no hay, aparentemente, ninguna situación de violencia
armada entre partes organizadas que no pueda ser equiparada a una de las dos
clasificaciones antes mencionadas. Lo que sí se observa es que
predominan los CANI, y se puede decir que es una tipología que se ha extendido,
como se expondrá más adelante. Cabe recordar al menos dos criterios
concretos para que una situación de violencia pueda ser entendida como un CANI
según el artículo 3 común: i) las
partes implicadas deben tener cierto grado de organización, y ii) la violencia debe alcanzar cierto grado de intensidad.
Salvo en el caso mencionado más arriba, v. nota 1. Dado que, de conformidad con el Protocolo adicional II, en un CANI debe cumplirse ciertas condiciones que no están incluidas en las disposiciones del artículo
3 común y que, por consiguiente, no son consideradas comunes, no se
examinarán detenidamente en esta sección.
i) El artículo 3 común se refiere
expresamente a «cada una de las partes en
conflicto», dando a entender con ello que un requisito previo para su aplicación es
la existencia de dos partes, como mínimo. Normalmente
no es difícil establecer si existe una parte
estatal, pero determinar si un grupo armado
no estatal constituye una «parte» a efectos del
artículo 3 común sí puede plantear
dificultades sobre todo por la falta de claridad
en los hechos concretos y, en algunas
ocasiones, por la ausencia de voluntad política
de los Gobiernos de reconocer que están
implicados en un CANI. Sin
embargo, está ampliamente reconocido que por «parte no estatal en un CANI» se entiende un grupo armado con cierto grado de organización. La jurisprudencia
internacional ha elaborado elementos indicativos
que sirven de base para considerar el criterio de
«organización». ii) Estos incluyen la existencia de una estructura de mando,
de normas y mecanismos de disciplina dentro del grupo armado, un centro de operaciones, la capacidad de
procurarse, transportar y distribuir armas, la capacidad del grupo de planificar, coordinar y llevar a cabo
operaciones militares, incluidos los movimientos de las tropas y la logística,
capacidad para negociar y pactar acuerdos, por ejemplo un alto el fuego o un acuerdo de paz. Dicho de
otra manera, a pesar de que el nivel de violencia en una situación concreta
puede ser muy alto (en una situación de
disturbios masivos, por ejemplo), no se
puede hablar de CANI, a menos que una de las
partes sea un grupo organizado. ii) El segundo criterio al que se recurre habitualmente para saber si hay un
conflicto armado según el artículo 3 común es
el grado de intensidad que la violencia debe alcanzar. Éste es
también un criterio fáctico, cuya evaluación depende de un examen de lo que
ocurre sobre el terreno. Según la jurisprudencia
internacional, los elementos indicativos
para la evaluación incluyen el número de
enfrentamientos y la duración e intensidad de cada uno de ellos, el tipo de armas y de otros material militar utilizado, el número y el calibre de las municiones utilizadas, el número de personas y los tipos de fuerzas que
participan en los enfrentamientos, el número de
bajas, la extensión de la destrucción
material y el número de civiles que huyen de las
zonas de combate. Asimismo, la eventual intervención del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas puede dar una idea de la intensidad de un
conflicto. Según el Tribunal Penal Internacional
para ex Yugoslavia (TPIY), existe un CANI en el
sentido del artículo 3 común cuando hay una
violencia armada prolongada (sin cursiva en el
original) entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos, en el territorio de
un Estado. Las subsiguientes decisiones del Tribunal se han basado en esta definición, explicando que el
requisito de «prolongado» es, de hecho, parte integrante del criterio de intensidad. En este contexto, cabe señalar el Documento
de Opinión del CICR, publicado en 2008, en el
cual se definen los CANI como «enfrentamientos
armados prolongados entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno
o más grupos armados, o entre estos grupos,
que surgen en el territorio de un Estado [Parte
en los Convenios de Ginebra]. El
enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel
mínimo de intensidad y las partes que
participan en el conflicto deben poseer un
mínimo de organización». (EL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LOS DESAFÍOS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
CONTEMPORÁNEOS (Origen CICR – Revista de la Cruz Roja Internacional) Publicado por
Algo mas sobre el artículo 3 Común
Capítulo 653 - Consecuencias legales del leading case "Tadic" en el derecho internacional humanitario.
Debemos resaltar, nuevamente, que oportunamente señaló el Procurador
General de la Nación al proceder a calificar la conducta de los imputados y
sancionados penalmente con motivo de tal evento que, “como no puede acreditarse
que el PRT-ERP haya tenido control sobre alguna parte del territorio argentino
(ver punto III -B-), se debe concluir que las operaciones armadas llevadas
adelante por esta organización no son compatibles con el concepto de conflicto
armado interno - tal como
éste se consideraba a la época de esos hechos, de acuerdo
a las prescripciones de los artículos 3 común a todos los Convenios de Ginebra
y 1 del Protocolo Adicional (II) a esos Convenios-.”. O sea que el titular del Ministerio Público Fiscal, una vez más,
adhiere a la doctrina de la territorialidad, en cuanto se exige para poder
configurar el tipo penal investigado, que la organización imputada domine
parcialmente el territorio donde actúa bélicamente. Como hemos
referido en el capítulo 503 de este ensayo, el
Procurador General ha procedido a citar, en forma errónea “las conclusiones del fallo Tadic originado en el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el fin de sustentar la tesis de que, para que una organización guerrillera cometa crímenes de lesa
humanidad, es imprescindible que
tenga control sobre un territorio o pueda moverse libremente en él.
Desmintiéndolo, el Tribunal Internacional asignó al tipo penal
un alcance mucho más amplio, incluyendo
no sólo los actos cometidos por entidades que ejercen el control de facto sobre
un territorio particular, sino también los
cometidos " por un grupo terrorista o una
organización".”. Es evidente que posiblemente debido a alguna negligencia
de sus colaboradores, el magistrado pasa por alto, que el mismo tribunal nos
dice que el alcance del tipo penal es mucho mas amplio, abarcando a los delitos
internacionales cometidos por un grupo terrorista o una organización de tal
tipo. Mucho se menciona al caso “Tadic,” pero se lo hace citando partes puntuales
de la sentencia judicial, recaída en dichos autos que hacen a los derechos
tanto de los imputados como de las víctimas en causas judiciales. El CICR sin
embargo, va mas lejos y en un enjundioso estudio al respecto nos señala
taxativamente, que el Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia fue creado en 1993, siendo el primer
tribunal internacional creado por la ONU, luego
de la finalizar la Segunda Guerra Mundial. La creación del mismo allanó el
camino para que en 1994 se creara el tribunal internacional para Rwanda, hasta
que en 1998 se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Refiere el
CICR que “En 1995, la Sala de Apelaciones del TPIY pronunció
en la apelación interlocutoria de Dusko Tadic sobre la jurisdicción. En esta
decisión, la Sala de Apelaciones hizo descubrimientos que no siempre son
controvertidos, pero que sin duda desarrollan o aclaran el derecho
internacional en varios aspectos: que las resoluciones del Consejo de Seguridad están sujetas a
revisión judicial,
que el TPIY fue law fully establecido, que los conflictos en la antigua Yugoslavia fueron tanto de carácter internacional como de carácter no internacional, que el concepto de crímenes de guerra se aplica igualmente a los conflictos armados no internacionales,
y que un amplio corpus
del derecho internacional consuetudinario es aplicable en los últimos
describiendo que comportamientos constituyen un delito.” Sin duda
alguna, la tesitura sostenida por el Tribunal in re Tadic, constituye un antecedente
valiosísimo en cuanto se refiere a la aplicación de la ley más benigna, a favor
de eventuales imputados. En efecto, en ese caso no se hizo mención solamente,
como aparentemente lo expone el Fiscal, a la aplicación de la exigencia de
poder controlar parte o totalmente un territorio, sino que su fallo ha tenido
repercusiones muy intensas, ya que ha cambiado el punto de vista que se
sustentaba hasta ese momento en cuanto a ciertas exigencias como para poder
aplicarse el derecho internacional. Es decir, a partir de la sentencia
condenatoria de Tadic, el Tribunal reconoció, entre otras cuestiones dudosas u
opinables, una evolución en la forma de valorar el derecho consuetudinario, el
valor de la aplicación del mismo y la posibilidad de acudir a él en los CANI
De los términos de la resolución de la Sala de
Apelaciones del TPIY, surge que ese tribunal en su decisión respecto del
acusado citado, revocatoria de lo resuelto por la Sala de primera Instancia,
además de declarar lo anteriormente citado, tomó postura acerca del criterio de
distinción entre los CANI y los CAI, en derecho internacional humanitario. Manifestó su
disenso con la doctrina de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) vigente
hasta ese momento, en lo que se relaciona a tal punto. El fallo en cuestión
“extendió el concepto de
responsabilidad penal por la participación en un grupo, con un objetivo común,”
más allá de lo que los abogados de algunos sistemas de derecho civil conocen en
su legislación penal. Por último, aclaró el concepto de crímenes contra la
humanidad en relación con dos cuestiones importantes - en una de ellas
contradictorias, tanto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el
“La Sala de Primera Instancia condenó a
Dusko Tadic por las atrocidades que calificó de violaciones de las leyes y
costumbres de la guerra en virtud del artículo 3 del Estatuto del TPIY. Por los
mismos hechos que lo absolvió, sin embargo, de las acusaciones de graves
violaciones del derecho internacional humanitario en el sentido del artículo 2
del Estatuto del TPIY. En
adhesión a la casación por la Fiscalía, la Sala de Apelaciones revocó esta
Antes de explicar y comentar el
razonamiento bastante revolucionario que la Cámara adopta, puede ser oportuno recordar el concepto de
"infracciones
graves" a que se
refiere el artículo 2 de los Estatutos. Los
Convenios de Ginebra y el Protocolo I definen un cierto número de violaciones
como "infracciones
graves", y establece el principio de la
jurisdicción obligatoria nacional universal sobre las personas que
presuntamente hayan cometido esos crímenes. De acuerdo con el texto y el sistema de los Convenios de
Ginebra y sus Protocolos, el concepto de las infracciones graves no se aplica a violaciones del derecho de los
conflictos armados no internacionales. (CANI). Aunque existen algunos puntos de vista
divergentes, esto fue reconocido correctamente por la Sala de Apelaciones en su
En primer lugar, el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra y la totalidad del Protocolo II, o sea el derecho de los tratados
aplicables a los conflictos armados no internacionales, han hecho silencio en cuanto a la
criminalización de violaciones de los mismos. En segundo lugar, el ámbito de
aplicación de las disposiciones relativas a las infracciones graves está limitado por el artículo 2 común a
los Convenios de Ginebra, como lo es para todos los artículos de los Convenios de Ginebra,
sean las del artículo 3 común a los conflictos armados internacionales. En
tercer lugar, los
Convenios de Ginebra y el Protocolo I limitan el concepto de las infracciones
graves a los actos
personas o bienes protegidos por el presente Convenio", y el término "persona protegida"
es, por lo que se refiere a la población civil, limitan a “las personas... que
... se encuentran ... en las manos de una Parte en conflicto ... del que no son
nacionales ". En cuarto lugar, las infracciones graves se incluyen algunos
actos que ni
siquiera están prohibidos por el derecho internacional humanitario, si es cometido por un Estado contra sus
propios nacionales. Publicado por
Consecuencias legales del leading case "Tadic" en el derecho internacional humanitario.
Capítulo 652 - Versátil postura del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
que ciertos antecedentes, que a renglón seguido destacaremos, sirven
para una mejor comprensión de este discutido tema. “El
Presidente del 57º Período de Sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia,
párr. 5-6 y 10-11
(OHCHR/STM/01/02),
declaró “Considerando que el
respeto de los derechos humanos y la observancia del derecho
internacional humanitario cumplen un papel fundamental
el proceso para alcanzar una paz duradera, (…) Pide a los grupos
guerrilleros que respeten el derecho internacional humanitario y (…)
En otra ocasión, al volver a condenar los crímenes de guerra,
imputados a la guerrilla colombiana, señaló la Comisión:
Comisión condena inequívocamente todos
los actos de terrorismo y todas las violaciones del derecho
internacional humanitario cometidas
por los grupos guerrilleros.”.
con la más profunda preocupación que las
actividades de la guerrilla
estando dirigidas contra los civiles
particular la práctica totalmente inaceptable de
con amenaza de muerte entre nacionales o extranjeros, que
ni participan personalmente en el conflicto o su conducción
ni tienen ninguna responsabilidad al respecto)
ataques contra la infraestructura, incluidos los atentados con bombas
contra oleoductos, que han causado numerosas muertes, gran
sufrimiento entre la población civil y daños graves. Hondamente
preocupada por atropellos recientes como
el asesinato de tres defensores de los derechos humanos y el
secuestro de todos los ocupantes de un aparato aéreo, atribuidos a
grupos guerrilleros, pide
a esos grupos que respeten las normas del derecho internacional
humanitario, en
especial absteniéndose de cometer asesinatos y de toda agresión
contra la población civil,
de las matanzas indiscriminadas, la toma de rehenes y el uso
generalizado de minas terrestres antipersonal, y que cumplan sus
propias promesas de no reclutar a niños. (…).
lo expuesto, podemos agregar otro dato que creemos oportuno para
contribuir a una eventual investigación, y que no habría sido
tomado en cuenta por los investigadores, es que
1987 se realizó el VII Congreso del PRT en
el cual se resolvió “luchar por la conducción de las masas,
el uso de la propaganda y
la agitación en búsqueda
de la insurrección general”.
revela el Boletín aludido que
“Gorriarán
plasmó una reunión ese mismo año – 1986 - en la ciudad de
poder de los Sandinistas)
se creó el “Movimiento
Todos por la Patria” (MTP).
50 terroristas, entre los que estaban (…), la
mayoría integrantes
de organizaciones terroristas
que asolaron el país en la década del 70 y muchos otros subversivos
que ya activaban en los barrios, en los gremios y en la iglesia.
que, entre este grupo de sanguinarios subversivos, se encontraban
algunos terroristas que integraron el grupo que intentó apoderarse
del Cuartel Militar de La Tablada, evento al que aludimos
precedentemente. A ello siguió el apoyo
explícito de Raúl Séndic creador del Movimiento terrorista
Tupamaros en Uruguay. Según el propio Gorriarán también estuvieron
terroristas salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos.”.
sea que el propio líder guerrillero, reconoce la existencia de los
movimientos subversivos y terroristas denominados como
“ejército de liberación”,
en los sucesos donde él intervino,
subversivos que se remontan a la década del 60 y cuya etiología la
encontramos en las reuniones mantenidas en la ciudad de La Habana,
Cuba a instancias del terrorista internacional Fidel Castro. La
creación de la OLAS se debe al citado guerrillero subversivo. El
testimonio escrito de Gorriarán, relacionado
con los sucesos subversivos habidos en Latinoamérica,
incluida la Argentina por cierto, para la justicia argentina al
parecer, no merece fe.
sido oficialmente tachado de falsedad, sin que conozcamos las
causales de tal impugnación. No es el primer caso ya que ora se
acepta el testimonio de una sola persona, para condenar, o se acude a
la máxima de testis unus testis nulus. . Ver el caso de Astiz. O se
acepta un “testigo” con los ojos vendados, que “reconoció”
la voz de uno de sus captores…. 30
años después de los eventos en cuestión.
Lo que fue aceptado “ingenuamente” como prueba de cargo, por
nuestros ilustres tribunales, para viabilizar una condena anunciada.
Otro de los “ejemplos” que podemos traer a colación, es el caso
de un “testigo” que depuso ante la CONADEP, quien ante la
Justicia Federal en el juicio contra los que fueran Comandantes en
Jefe, en ocasión de reconstruirse el hecho que él refiere, señaló
el lugar donde estuvo privado de su libertad y sometido a presuntos
apremios ilegales. Lo patético del caso es que cuando el
“damnificado” fue capturado, fue vendado, atado de manos y pies y
tirado en el piso de un automóvil Falcon. Finalmente lo condujeron a
instalaciones militares, que distaban a más de una decena de
kilómetros, del lugar de su captura. Durante
el trayecto al lugar donde fue interrogado, no pudo ver nada ya que
no le sacaron la venda. Así y todo, mas de 5años después,
acostándose en el piso de un automóvil “guió” a los
funcionarios de la CONADEP hasta las instalaciones de un cuartel
militar, “donde estuvo privado de su libertad”. La justicia tomó
como prueba de cargo esta imputación tan poco solvente… “La
Com.I.D.H., como ya hemos referido en el Capítulo 358, tomó
intervención en lo que respecta al Ataque al Cuartel de La Tablada
del Ejército Argentino,
por cuanto sedicentes “víctimas” de delitos internacionales,
solicitaron su intervención contra el Estado Argentino. Reseñó:
la tesis sustentada en la ocasión, el
Estado argentino sostuvo taxativamente
que los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los
Protocolos Adicionales a ellos, debían ser aplicados única
en los casos de conflictos armados internacionales.”
sea la tesis
sustentada por la Corte Suprema de Justicia y por la propia Cámara
Federal de San Martín es a la que adhirió el gobierno argentino de
esa época.”.
debemos hacer a un lado que el estado Argentino, por medio de su
Poder Judicial, se comporta en forma harto arbitraria. Al parecer
cuando se trata de defender a los sanguinarios elementos subversivos,
actuantes en la Década del 760, adhiere a la tesis de que no existió
un conflicto armado no internacional, pero cuando los que están en
la picota son los integrantes de la fuerzas Armadas, que violaron
derechos humanos, no hesitan en apelar a figuras penales que, a la
época en que sucedieron los eventos aludidos, no tenían vigencia
alguna, en nuestro país. A tal punto es arbitraria la postura
argentina, al respecto, que la propia Comisión Interamericana de los
derechos humanos, no tiene más remedio que aclarar el punto,
haciendo notar cual es la tesitura ortodoxa sobre el ataque de
civiles armados con sofisticadas armas, a un cuartel, en este caso al
Cuartel Militar de La Tablada, Pcia. De Buenos Aires. El mismo Estado
Argentino que, contando con elementos de convicción que señalaban
que tal ataque había sido planificado en el exterior del país y
quienes lo hicieron, no investigó tal pista, a pesar de los
elementos convictivos rotundos que poseía. Señaló
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al tratar
el caso de La Tablada, que el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha estudiado y elaborado
en detalle el concepto de disturbios interiores y tensiones internas.
oportunamente que
los motines, ni
los actos de violencia aislados
y esporádicos ni
otros actos de naturaleza similar que entrañen, en particular,
arrestos en masa de personas por su comportamiento
u opinión política, pueden
ser calificados como conflictos armados no internacionales,
ya que “el rasgo principal que distingue las situaciones de tensión
grave de los disturbios interiores es
que comportan.” Añade
derecho internacional humanitario excluye expresamente de su ámbito
a las situaciones de
disturbios interiores y tensiones internas,
por no considerarlas como conflictos armados. (…) “el
concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan
grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que
de hecho lo hagan,
y de participar en
otras acciones militares recíprocas,
y que lo hagan”. Esta
definición puede ser aplicada a las confrontaciones armadas abiertas
y de poca intensidad, entre
fuerzas armadas o grupos relativamente organizados, que
ocurren dentro del territorio de un estado en particular. También
puede ser aplicada a situaciones en las cuales dos o más bandos
armados, se enfrentan entre sí, sin intervención de fuerzas del
Gobierno, cuando, por ejemplo el gobierno establecido se ha disuelto
o su situación es tan débil que no le permite intervenir.
(Capítulo 502). Los
conflictos armados no internacionales, son tratados por la Comisión,
como insertos dentro de las prescripciones del art. 3º Común a los
Convenios de Ginebra de 1949.
Advertimos que la
Comisión puso
énfasis en el art. 3 común de esos Convenios,
mas aun que al contenido del
Protocolo II Adicional (año 1977)
a los Convenios de Ginebra de 1949.
“Es importante comprender que la
aplicación del artículo 3 común no
requiere que existan hostilidades generalizadas y de gran escala,
o una situación que
se pueda comparar con una guerra civil en
la cual grupos armados de disidentes ejercen el control de partes del
Comisión observa que el Comentario autorizado del CICR sobre
los Convenios de Ginebra de 1949 indica que, a pesar de la ambigüedad
en el umbral de aplicación, el
artículo 3 común debería
ser aplicado de la manera
más amplia posible. Como
afirmó la CIDH,
ocasión de valorar el ataque a las instalaciones del Cuartel Militar
hechos “no
pueden ser correctamente caracterizados como una situación de
disturbios internos.
Lo que allí ocurrió no
equivale a demostraciones violentas en gran escala,
estudiantes que arrojan piedras a policías, bandidos
que toman rehenes para obtener rescate,
o el asesinato de funcionarios del gobierno por razones políticas,
ellas formas de violencia interna
que no reúnen las características de conflictos armados".
Versátil postura del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos