Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-674-de-noviembre-30-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_a1209134d07b482888b5e5d9476907f8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 15:16:16
Document Index: 9859649

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 33', 'artículo 86', 'Artículo 44', 'Artículo 47']

﻿ SENTENCIA T-674 DE NOVIEMBRE 30 DE 2016
SENTENCIA T-674 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:SERVICIO DE TRANSPORTE Y LAS CUOTAS MODERADORAS PUEDEN CONSTITUIR BARRERAS PARA EL ACCESO EFECTIVO AL SERVICIO DE SALUD. SE ACLARA QUE LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR A UN TRATAMIENTO CORRESPONDE, EN PRIMER LUGAR, AL PACIENTE Y A SU FAMILIA. PERO, SI SE TRATA DE UN INVÁLIDO Y ADEMÁS DE UN NIÑO Y SI LA FAMILIA NO TIENE RECURSOS PARA CONTRATAR UN VEHÍCULO APROPIADO, NO TIENE EXPLICACIÓN QUE NO SE PRESTE EL SERVICIO DE AMBULANCIA POR PARTE DE LA CORRESPONDIENTE EPS. LA MOVILIDAD PERSONAL HACIA EL LUGAR DONDE EL NIÑO INVÁLIDO VA A SER ATENDIDO DEPENDE DE LOS MEDIOS QUE TENGA A SU DISPOSICIÓN. NO ES ACEPTABLE EXIGIRLE A UN NIÑO INVÁLIDO, QUE TOME TRANSPORTE PÚBLICO PARA IR Y VENIR A LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA. LAS DIFICULTADES SON ENORMES Y LAS SECUELAS, AL USAR TAL MEDIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, PUEDEN SER CATASTRÓFICAS. EL SOLO HECHO DE TOMAR EL VEHÍCULO OFRECE MÚLTIPLES PROBLEMAS. AUN CUANDO SE CONSIDERA QUE TALES EXIGENCIAS ECONÓMICAS SON VIABLES LEGALMENTE, LO CIERTO ES QUE, EN DETERMINADOS CASOS, ATENDIENDO TAMBIÉN LA INSOLVENCIA FINANCIERA DEL AFILIADO Y DE SU FAMILIA, SU EXIGENCIA PUEDE TORNARSE GRAVOSA CUANDO NO CUENTAN CON EL DINERO PARA PAGARLOS Y, POR LO MISMO, RECIBIR EL TRATAMIENTO, PROCEDIMIENTO O SERVICIO REQUERIDO PARA EL MANEJO DE SU ENFERMEDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SERVICIO DE SALUD, SERVICIO DE TRANSPORTE, CUOTA MODERADORA, EXENCIÓN DE LA CUOTA MODERADORA, PAGO DE LA CUOTA MODERADORA, ACCESO AL SERVICIO DE SALUD
Sentencia T-674 de noviembre 30 de 2016
Ref.: Expediente T-5.671.104
Demandado: XXX EPS
En la revisión del fallo proferido por el juzgado XXX de Valledupar, en el trámite de la acción de tutela promovida por la señora E.C.R.V., en representación de su hijo, M.R.G.R., en contra de XXX EPS.
El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección Ocho por medio de auto del 11 de agosto del 2016 y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
La demandante, E.C.R.V., en representación de su hijo, M.R.G.R., interpuso la presente acción de tutela contra XXX EPS, con el fin de que le fueran protegidos los derechos fundamentales de su pequeño, a la vida en condiciones dignas, a la salud, y los derechos de los niños, los cuales considera que le son vulnerados por dicha entidad (i) al negarle el suministro del servicio de transporte urbano para acudir a las terapias que se le practican, así como también (ii) con el cobro de copagos y cuotas moderadoras para la prestación de los servicios de salud requeridos para el cuidado de las múltiples patologías que padece, dentro de las que se destacan, entre otras, autismo, trastorno de espectro autista, trastorno de hiperactividad, déficit de atención, trastorno de comportamiento secundario y de lenguaje.
2.2. El pequeño padece de “autismo, trastorno de espectro autista, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, trastorno de comportamiento secundario y trastorno de lenguaje secundario”(1), por lo que fue calificado con el grado III de complejidad.
2.4. Sin embargo, para la práctica de los precedidos tratamientos, constantemente deben trasladarse en taxi a los centros de salud y cubrir los valores exigidos por la EPS como contraprestación del servicio, los cuales, a su juicio, tienen un “costo elevado”.
Lo anterior, a no dudarlo, ha imposibilitado que el niño acceda al tratamiento médico de manera constante pues (i) no cuenta con los recursos económicos para cubrir los pagos exigidos comoquiera que renunció a su trabajo a efectos de dedicarse de tiempo completo al menor, por la complejidad de su cuadro clínico y, además, (ii) porque tampoco puede reducir los gastos de traslado toda vez que en su barrio no existe ninguna ruta de autobús que cubra las proximidades de las instituciones que le prestan el servicio y es imposible movilizarlo caminando durante largos trayectos.
La demandante solicita el amparo de los derechos fundamentales de su hijo M.R.G.R., a la vida digna, a la salud y los derechos de los niños y, como consecuencia de ello, se ordene a XXX EPS, brindar el servicio de transporte urbano para la asistencia de su pequeño a las diferentes terapias prescritas y la exoneración del pago de cuotas moderadoras y copagos durante su tratamiento médico.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora E.C.R.V. (fl. 5, cdno. 2).
— Fotocopia del registro civil de nacimiento del representado (fl. 6, cdno. 2).
— Fotocopia de la historia clínica de M.R.G.R. (fls. 7 y 8, cdno. 2).
— Certificación expedida por la especialista en neurología pediátrica en la que consta el diagnóstico clínico del menor de edad (fl. 9, cdno. 2).
— Copia de la prescripción de las terapias integrales de neurodesarrollo prescritas al niño (fl. 10, cdno. 2).
— Copia de la historia clínica proferida por el departamento de psiquiatría pediátrica de la IPS XXX (fl. 11, cdno. 2).
— Copia del acta de la junta que le realizó la EPS accionada al paciente M.G. (fls. 12 al 14, cdno. 2).
— Copia de la historia clínica del menor de edad expedida por la especialización de neurología infantil (fls. 15 al 18, cdno. 2).
— Copia de la autorización de servicios médicos por parte de la entidad demandada (fls. 19 y 20, cdno. 2).
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente el operador judicial de instancia notificó(2) del contenido de la demanda a la EPS XXX a efectos de que ejerciera su derecho a la defensa. Sin embargo, la referida entidad guardó silencio.
Mediante sentencia del 1º de marzo de 2016, el juzgado XXX con funciones de control de garantías de Valledupar, negó el amparo pretendido al considerar que la exoneración de los copagos que señala el artículo 7º del Acuerdo 260 de 2004, solamente aplica para los pacientes que padecen (i) de una enfermedad catastrófica o ruinosa, (ii) las que demandan de atención con urgencia porque son trasmisibles y, por último, (iii) las que atienden al programa de atención materno infantil. Lo que se echa de menos pues lo que padece el niño no es considerado como padecimiento catastrófico según la definición que se consagró en la Resolución 5261 de 1994.
En lo referente al suministro de “pasajes urbanos para acudir a las terapias” diarias, el juzgador señaló que no se puede acceder a lo pretendido comoquiera que, si bien el servicio de transporte y traslado de pacientes se encuentra incluido dentro del POS(3), a partir del 1º de enero de 2010, lo cierto es que ello no aplica cuando el servicio se requiera dentro de la misma ciudad.
En consonancia con la norma superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991(4), establece lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o atravésderepresentante. Los poderes se presumirán auténticos (...)” (subrayado por fuera del texto).
XXX EPS, es una entidad de carácter privado que se ocupa de prestar el servicio público de salud, por tanto, de conformidad con el numeral 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio, en la medida en que se le atribuye, la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión.
Como lo señala el artículo 44 de la Carta Política(5), el derecho a la salud de los niños tiene carácter fundamental y, además, con soporte en preceptos superiores y en instrumentos de derecho internacional, son considerados sujetos de especial protección constitucional y acreedores de un acentuado amparo en sede de tutela, en tanto que sus derechos prevalecen sobre las prerrogativas de los demás, por ende, deben ser tratados con preferencia.
Protección que se acrecienta cuando el pequeño padece algún tipo de discapacidad o enfermedad que le suponga sufrir la merma en su capacidad física, por lo que, de conformidad con las directrices contenidas en los artículos 13 y 47(6) superiores, le corresponde al Estado adelantar políticas públicas tendientes a buscar su rehabilitación e integración social y, de esa manera, es su deber brindarles la atención especializada que requieran.
Ahora, importante resulta garantizarle a los niños con disminuciones físicas las condiciones de accesibilidad al componente médico que requieran, para que disfruten del más alto grado de salud. Tal exigencia se deriva de la observación general 14 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la Organización de Naciones Unidas. La cual, en lo que resulta importante a efecto de resolver el caso concreto, señaló:
ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/sida (...). Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades.
iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos (...)”.
5. El servicio de transporte y las cuotas moderadoras pueden constituir barreras para el acceso efectivo al servicio de salud.
Como esta Corte lo ha indicado en varias ocasiones, el transporte, en sí mismo, no puede ser considerado como un servicio de salud(7). Sin embargo, en sede de tutela se ha aclarado que, en determinadas ocasiones, la imposibilidad de algunos pacientes en materializar su traslado puede repercutir en la afectación del derecho fundamental referido.
Lo anterior no desconoce que el primer obligado a asumir tal carga económica es el paciente mismo y, seguidamente su familia. Sin embargo, cuando no puedan realizarlo se le ha impuesto la carga a la entidad prestadora del servicio, en tanto que se pretende evitar un riesgo para la vida del paciente, la continuidad del tratamiento, su integridad física y estado de salud(8).
A modo de ilustración cabe señalar que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-1158 de 2001(9), estudió un caso en el que un menor que padecía una discapacidad y su familia no tenía la posibilidad financiera de cancelar el valor del servicio de transporte urbano. En tal ocasión, este tribunal consideró que al niño se le debía suministrar el servicio requerido por cuanto no era aceptable exigirle a una persona con alto porcentaje de discapacidad, que acudiera a los medios públicos de movilización.
“Claro que la obligación de acudir a un tratamiento corresponde, en primer lugar, al paciente y a su familia. Pero, si se trata de un inválido y además de un niño y si la familia no tiene recursos para contratar un vehículo apropiado, no tiene explicación que no se preste el servicio de ambulancia por parte de la correspondiente EPS. La movilidad personal hacia el lugar donde el niño inválido va a ser atendido depende de los medios que tenga a su disposición. No es aceptable exigirle a un niño inválido, con 84.9% de incapacidad, que tome transporte público para ir y venir a las sesiones de fisioterapia. Las dificultades son enormes y las secuelas, al usar tal medio de transporte público, pueden ser catastróficas. El solo hecho de tomar el vehículo ofrece múltiples problemas (...)”.
La postura encaminada a garantizar el servicio urbano de transporte ha sido reiterada en varias sentencias, dentro de las que se destacan, entre otras, la T-161 de 2013(10), T-012 de 2015(11), T-650 de 2015(12).
Del mismo modo, nuestro sistema exonera de tal costo a las personas que padecen una de las enfermedades catalogadas como catastróficas, planteamiento que fue reafirmado por esta Corte desde la Sentencia T-760 de 2008(13).
El niño M.R.G.R., se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social en salud, por intermedio de la EPS XXX, en calidad de beneficiario y padece múltiples enfermedades, entre otras, autismo, trastorno de espectro autista, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, trastorno de comportamiento secundario y de lenguaje.
Debido a ello, la madre del pequeño acudió nuevamente a la tutela en procura de obtener (i) la exoneración de copagos y cuotas moderadoras y (ii) el suministro del servicio de transporte urbano por parte de la entidad demandada pues, por las complejas condiciones físicas que enfrenta su hijo y los constantes cuidados que requiere, se vio en la necesidad de renunciar a su trabajo para dedicarse tiempo completo a su cuidado, quedando desprovista de un ingreso económico mínimo fijo que le permita asumir tales erogaciones.
Tal solicitud fue estudiada por el juzgado XXX con funciones de control de garantías de Valledupar el cual, mediante sentencia del 1º de marzo de 2016, decidió denegar el amparo pretendido por cuanto, a su juicio, la enfermedad que padece M.R. no puede ser considerada como catastrófica y, por ende, no es viable acceder a su pedimento.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el servicio de transporte urbano para asistir a las terapias, el juzgado consideró que, aunque el suministro requerido se encuentra incluido en el POS desde el 1º de enero de 2010, lo cierto es que ello no aplica en tratándose de traslados dentro de una misma ciudad.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 1º de marzo de 2016, por el juzgado XXX con funciones de control de garantías de Valledupar y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, y los derechos de los niños, de M.R.G.R.
2. ORDENAR a XXX EPS, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que si no lo ha realizado, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia suministre el servicio de transporte urbano al menor de edad M.R.G.R. y su acompañante para la asistencia a las terapias y sesiones prescritas para el tratamiento de su enfermedad y, del mismo modo, se le exonere del pago de las cuotas moderadoras o copagos que se generen para la prestación del tratamiento que le fue ordenado.
1 Folio 1 del cuaderno 2.
2 Visible a folio 45 del cuaderno 2.
3 De conformidad con los artículo 33 y 34 del Acuerdo 8 de 2009.
4 Decreto 2591 de 1991: “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5 Constitución Política de Colombia. Artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, (...)”.
6 Constitución Política de Colombia. Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
7 Por ejemplo, así ha sido indicado, entre otras, en la Sentencia T-012 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
8 Así ha sido indicado, entre otras, en la Sentencia T-161 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
12 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.