Source: http://www.slideshare.net/Lexnova/criminalidad-organizada-8779432
Timestamp: 2014-12-18 18:49:34
Document Index: 306407212

Matched Legal Cases: ['artÍculo 5', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 416', 'artículo10', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 416', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 416', 'artículo24', 'artículo 416', 'artículo 416', 'artículo 74', 'artículo 270', 'artículo 371', 'artículo 38', 'artículo 378', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 16', 'artículo 24', 'artículo 416', 'artículo416', 'artículo630', 'artículo 74', 'artículo 416', 'artículo 407', 'artículo 416', 'artículo 416', 'artículo 416', 'artículo 24', 'artículo 416', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 16', 'artículo416', 'artículo 24', 'artículo 133', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 200', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo416', 'artículo 240', 'artículo 322', 'artículo 270', 'artículo 322', 'artículo 600', 'artículo 648', 'artículo 2641', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 19']

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La criminalidad organizada.Una aproximación al derecho penal italiano,en particular la responsabilidadde las personas jurídicas y la confiscación
la criminalidad organiZada. una aproximación al derecho penal italiano, en particular la responsaBilidad de las personas jurÍdicas y la confiscación (*) raúl carnevali r. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho Penal y Director del Centro de Estudios de Derecho Penal Universidad de Talca (Chile) rcarnevali@utalca.cl resUmen aBsTracT la criminalidad organizada. organized crime. an approach to the italian una aproximación al derecho penal italiano, criminal law with particular reference to en particular la responsabilidad de las liability of legal persons and confiscation personas jurídicas y la confiscaciónel crimen organizado es una de las manifestaciones organized crime is one of the criminal manifesta-criminales que se han fortalecido dentro de la econo- tions that have been strengthened within the globalmía globalizada. italia por su experiencia con la ma- economy. italy for its experience with the mafia, hasfia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, developed various mechanisms, including the liabilityla responsabilidad del ente y la confiscación, que son of legal persons and the confiscation, which are mea-medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo sures aimed at preventing illicit profit, which is whatque motiva a estas organizaciones. motivates these organizations.palabras clave: criminalidad organizada, responsa- Key Words: organized crime, liability of legal per-bilidad de las personas jurídicas, confiscación. sons, confiscation. sumarioi. inTrodUcción.ii. el discUrso crÍTico al llamado derecho Penal de la emerGencia. ¿es PosiBle Un derecho Penal mÍnimo? (*) este trabajo se realizó durante mi período de investigación postdoctoral en el departamento de derechoPenal «cesare Beccaria» de la Universidad de milán. mi estancia fue financiada por Becas chile y por el centro deestudios de derecho Penal de la Universidad de Talca. agradezco los comentarios y sugerencias formuladas por el dr.Francesco Viganò (Universidad de milán). – 81 – 2.
revista de derecho penaliii. caracTerÍsTicas esenciales de la criminalidad orGanizada.iV. alGUnas medidas Para enFrenTar la criminalidad orGanizada, en es- Pecial la resPonsaBilidad de las Personas JUrÍdicas y la conFisca- ción. la exPeriencia iTaliana. 1. consideraciones preliminares. 2. otras medidas de carácter penal y extrapenal. 3. la responsabilidad del ente en los delitos de criminalidad organizada. a) el decreto legislativo número 231 de 2001 que regula la responsabilidad de las per- sonas jurídicas. B) ley número 94 de 2009 que introduce el artículo 24 ter —delitos de criminalidad organizada— al decreto legislativo número 231. 4. la confiscación. a) confiscación «clásica». B) confiscación por equivalencia. c) confiscación ampliada. d) confiscación como medida de prevención.V. consideraciones Finales.Vi. BiBlioGraFÍa.i. inTrodUcciónla primera dificultad que se presenta al tratar este tema es delimitar el objeto de análisis.en efecto, no resulta fácil precisar qué se entiende por criminalidad organizada (1). Justa-mente, una de sus particularidades es su capacidad para adaptarse a las nuevas realidadessociales, «descubriendo» dónde están sus grietas que permitan actuar. en el pasado, gruposmás o menos organizados actuaban en aquellas zonas rurales en donde el estado estabapresente sólo formalmente. así sucedió en los orígenes de la mafia siciliana. la expresión mafia se empleó por primera vez en 1865 en la relación del prefecto dePalermo Filippo Gualtiero al ministro del interior para referirse a una asociación delicti- (1) ya lo planteaba, Fiandaca, G., «criminalità organizzata», L’Indice penale, 1991, pp. 5 y ss.; cfr., además,di marTino, a., «criminalita organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l’attuazione in italia dellacd. convenzione di Palermo», Diritto penale e processo, 1, 2007, pp. 11 y ss.; insolera, G., Diritto penale e crimi-nalità organizzata, il mulino, Boloña, 1996, p. 37; zaFFaroni, e., «il crimine organizzato: una categoria fallita»,en moccia, s. (ed.), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, edizioni scientifiche italiane, nápoles, 1999,pp. 76 y ss.; roxin, c., «Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada», Trad. por anarte, e.,Revista Penal, 2, 1998, p. 65. sosteniendo la artificialidad del discurso, PaVarini, m., «lo sguardo artificiale sulcrimine organizzato», en Giostra, G./insolera, G. (ed.), Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi,Giuffrè, milán, 1995, pp. 75 y ss. – 82 – 3.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianova (2). en todo caso, en sus orígenes no puede afirmarse sin más que la mafia era una asocia-ción criminal, pues, de algún modo, se vincula con las particularidades sociales propias dela isla de sicilia: era una sociedad de orden feudal, donde el poderoso asumía el deber deproteger al débil, y éste hallaba en aquél protección y cuidado. Precisamente estas caracte-rísticas fueron aprovechadas por el estado italiano que se estaba formando, convirtiendo ala mafia en una especie de poder intermedio entre el estado y la sociedad. en ese momentocomenzó a relacionarse con el poder político (3). estas estructuras feudales vinculadas conla tierra, muy propia de la vieja mafia, empiezan a cambiar a fines del siglo xix y comien-zos del xx con la inmigración siciliana a los estados Unidos (4).y es que las posibilidadeseconómicas que ofrecía el país americano eran enormes. además, el inmigrante sicilianono sólo no perdía su vínculo con su antiguo terruño, sino que además trasladaba sus cos-tumbres, en cuanto a buscar protección con el poderoso, el don. de esta forma, se formaronnuevas asociaciones mafiosas en los estados Unidos, las que siguieron relacionadas consicilia. si bien el fascismo propinó duros golpes a la mafia con el trabajo de cesare mori,llamado el «prefecto de acero», se pudo recomponer y reorganizar a finales de la segundaGuerra mundial. en efecto, con el objeto de facilitar el desembarco de las tropas en siciliay combatir a los nazis y fascistas, los agentes norteamericanos se contactaron con la mafiaamericana de origen siciliano —en particular con lucky luciano—, quienes facilitaronsus relaciones en la isla. luego, los aliados americanos ubicaron en cargos políticos deciudades sicilianas a personas relacionadas con la mafia (5). hoy el mundo globalizado ofrece infinitas oportunidades a la criminalidad organiza-da, pues las mayores facilidades tecnológicas dificultan enormemente su persecución (6).Precisamente, la participación en un mundo económico «abierto» a través de empresasaparentemente legales facilita el encubrimiento de sus actividades ilícitas (7). la criminalidad organizada es quizás la manifestación más evidente de la nueva crimi-nalidad propia de la globalización. con ello no se quiere decir que antes no existían críme-nes asociados a organizaciones —basta tener presente el delito de asociación ilícita— sinomás bien, que los nuevos tiempos favorecen su conformación. (2) romano, s., Storia della mafia, mondadori, Verona, 1966, p. 139. sobre la historia de la mafia siciliana,cfr. también BlocK, a., The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960, Basil Blackwell, oxford, 1974, passim. sobre eldesarrollo histórico de la camorra napolitana, di Fiore, G., La camorra e le sue storie, Utet, Turín, 2005, passim.roViTo, P.l., «mentalità emergenziale e crimine organizzato: profili storici», en moccia, s. (ed.), Criminalità orga-nizzata e risposte ordinamentali, edizioni scientifiche italiane, nápoles, 1999, pp. 11 y ss., quien expone las manifes-taciones que tienen lugar en italia ya en el siglo xvi. (3) romano, Storia, cit. nota núm. 2, pp. 158 y ss. (4) romano, Storia, cit. nota núm. 2, pp. 231, 263 y ss. (5) romano, Storia, cit. nota núm. 2, pp. 297 y ss. (6) PaTalano, V., «Profili problematici della corruzione internazionale», en Patalano, V. (ed.), Nuove strategieper la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Turín, 2003, pp. 391 y ss.; zÚÑiGa rodrÍGUez,l., Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de organi-zación criminal, comares, Granada, 2009, pp. 61 y ss. (7) así lo destaca, BaraTTa, a., «mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale», enmoccia, s. (ed.), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, edizioni scientifiche italiane, nápoles, 1999, pp.104-105. – 83 – 4.
revista de derecho penal Una de las particularidades de las sociedades modernas es la incidencia que ha tenidola globalización. hoy ya no se discute que la trascendencia de este fenómeno no se limitaa la esfera económica, pues también se puede apreciar en el campo de las comunicacionesgracias a los avances tecnológicos. en este sentido, los estados han restringido sus limi-taciones comerciales, dando lugar a una ampliación de los mercados. Precisamente, enla consecución de este propósito se han impulsado a escala global una serie de políticasdirigidas a facilitar la libre circulación de determinados factores productivos, como son,por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios. en efecto, la mayorlibertad, y por ende los menores controles estatales para la circulación de estos factores,brinda enormes espacios de actuación a un tipo de criminalidad (8). Por lo anterior, en uncontexto de esta naturaleza dicha delincuencia es eminentemente económica. lo que noimpide claro está, que puedan verse afectados otros bienes jurídicos, como sucede, porejemplo, con el tráfico de personas, de estupefacientes, de armas. no obstante, en estoscasos lo que motiva en buena medida a la delincuencia organizada es el lucro (9). en todo caso, cabe advertir que también se puede estar frente a una criminalidad or-ganizada que persiga fines diversos a los económicos, como sucede con algunas manifes-taciones terroristas: el grupo se estructura y persigue fines ideológicos, políticos o inclusoreligiosos. sin perjuicio de ello y consciente de su gravedad, mi atención se dirigirá a lade carácter económico, que también tiene una importante incidencia en la vida económicay política de los estados. debe tenerse presente que los fenómenos económicos y sociales que tienen lugar porel proceso globalizador han permitido el surgimiento de nuevas formas de criminalidad,que se caracterizan por su organización, en algunos casos por su transnacionalidad yparticularmente, por su gran poder económico. es en este ámbito, donde debe situarse lallamada criminalidad organizada, cuyas particularidades recién citadas exigen prestarleespecial atención. en efecto, que sea organizada, pone de manifiesto que se trata de es-tructuras con algún grado de jerarquización, que dificultan una investigación criminal,pues en no pocos casos se presentan problemas para determinar la atribución de respon-sabilidad penal, dada la separación espacio-temporal entre la decisión de los jerarcas y laejecución del delito (10). a ello debe sumarse su gran capacidad económica, que les permiteincluso, desestabilizar las instituciones políticas de un estado a través de la corrupción desus funcionarios (11). Por otro lado, su carácter transnacional, obstaculiza de manera significativa su perse-cución, pues se requiere el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, por medio de (8) laUdaTi, a., «criminalità organizzata e riciclaggio», en Patalano, V. (ed.), Nuove strategie per la lotta alcrimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Turín, 2003, p. 219. (9) silVa sÁnchez, J.m.ª, La expansión del Derecho penal. Aspectos de política criminal en las sociedadespostindustriales, 2.ª ed., civitas, madrid, 2001, p. 83. (10) así lo deja claro, silVa sÁnchez, La expansión, cit. nota núm. 9, p. 87. (11) Para un examen amplio de la corrupción y sus consecuencias, caFerra, V.m., Il sistema della corruzio-ne. Le ragioni, i soggetti, i luoghi, laterza, roma-Bari, 1992; PaTalano, «Profili problematici», cit. nota núm. 6,pp. 391 y ss. – 84 – 5.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianopolíticas homogéneas y de cooperación judicial (12). actividades delictivas, como el tráficode armas, de drogas o de personas conforman un claro ejemplo de su perfil internacional.dada esta particularidad es que la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuen-cia organizada transnacional, conocida como convención de Palermo, se dirige a definirinstrumentos que permitan conformar una estrategia común entre los estados (13). Justamente, dicha convención, en su artículo 2, entiende por grupo delictivo organi-zado: «grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y queactúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipi-ficados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente,un beneficio económico u otro beneficio de orden material». Tales particularidades las distinguen de otras manifestaciones criminales, como pue-den ser los delitos cometidos por una pluralidad de sujetos. y es que su especial organiza-ción puede erosionar gravemente las instituciones del estado, poniendo en serio riesgo laestabilidad democrática (14). en efecto, tales formas de criminalidad no tienen pretensionespolíticas, ni buscan alcanzar el poder estatal. Por el contrario, su eficacia radica en actuaren la sombra, como una fuerza omnipresente tras el poder establecido. Para ello emprendenacciones dirigidas a corromper a determinados funcionarios. Probablemente, aquí radicauno de los mayores peligros de la criminalidad organizada, pues deslegitima a las insti-tuciones estatales ante los ciudadanos, generando percepciones de inseguridad pública,quebrantando con ello las bases de un estado de derecho. lamentablemente, varios paíseslatinoamericanos se ven afectados por la criminalidad organizada, debido, en parte, a susdebilidades institucionales. Por tal motivo se torna urgente adoptar medidas para fortalecerlas estructuras democráticas y sus medios de control, como una herramienta eficaz, aménde las punitivas, para combatir esta clase de organizaciones criminales. a este respecto, debe tenerse presente que dado su nivel organizacional, participa mu-chas veces dentro de la economía lícita, valiéndose de sus instrumentos. Basta citar en elcaso del tráfico de drogas las actividades de lavado de dinero (15). de manera que buena (12) Pisani, m., «criminalità organizzata e cooperazione internazionale», Rivista italiana di diritto e proce-dura penale, 1998, pp. 703 y ss. (13) Ver convención en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf (visitado el 4 de junio de 2010). Cfr.rosi, e. (ed.), Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, ipsoa, milán, 2007, passim; cfr.además, nUnzi, a., «la convenzione delle nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale», en Bas-siouni, c.m. (ed.), La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalitá organizata edel terrorismo, Giuffrè, milán, 2005, pp. 213 y ss.; miliTello, V., «le strategie di contrasto della criminalità orga-nizzata transnazionale tra esigenze di politica criminale e tutela dei diritti umani», en Parano, c./centonze, a. (ed.),L’attività di contrasto alla criminalità organizzata, Giuffrè, milán, 2005, pp. 249 y ss. (14) laUdaTi, «criminalità organizzata», cit. nota núm. 8, p. 217: «el crimen organizado constituye un peli-gro para las democracias modernas por la extraordinaria capacidad de acumular enormes riquezas y de contaminar ycondicionar las instituciones». (15) casTaldo, a./naddeo, m., Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, ce-dam, Padua, 2010, passim; Ferola, l., IL riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, Giuffrè, milán,2005, pp. 19 y ss.; scialoJa, a., Le nuove norme antiriciclaggio. Criminalità organizzata e riciclaggio, maggiolieditore, santarangelo di romagna, 2006, passim; cordero Blanco, i., El delito de blanqueo de capitales, 2.ª ed.,aranzadi, Pamplona, 2002, passim. – 85 – 6.
revista de derecho penalparte de su éxito se debe a su intromisión dentro del aparato estatal, ya sea por funcionarioscorruptos o simplemente, por la ausencia de elementos de control eficaces. Por cierto, diversas son las actividades en las que participan organizaciones criminalesorganizadas, las que se ven favorecidas, como se ha señalado, por las condiciones eco-nómicas actuales producto de la globalización. además del tráfico de drogas a que se hahecho referencia, puede citarse el tráfico de armas, que además aumenta en aquellas regio-nes donde el crimen organizado impera, pues requieren controlar territorios, desplazandoa otras organizaciones. ello, sin perjuicio de constituirse en fuente de financiamiento paraactividades terroristas (16). También intervienen en el tráfico de personas. entre las razonesque suelen argumentarse para el crecimiento de tan execrable actividad, suele citarse laapertura de los mercados, la mayor facilidad en el transporte y el fuerte crecimiento de-mográfico. esto último —de manera sobresaliente en los países africanos y del sudesteasiático—, unido a las mayores brechas económicas, ha generado demanda de fuerza detrabajo, la que se desarrolla en términos de explotación y de nueva esclavitud (17). Por últi-mo, tampoco puede dejarse de lado la llamada cibercriminalidad, considerando el impor-tante número de transacciones en las que se emplean nuevas tecnologías (18). el ciberespacio —espacio sin fronteras— ofrece oportunidades maravillosas para ladifusión de las ideas y del conocimiento, pero también es campo fértil para la criminalidaddada su especial vulnerabilidad. así como aumenta la calidad de vida al mismo tiempocrecen los riesgos. las principales características: a) la red no tiene una estructura je-rarquizada que permita establecer sistemas de control lo que dificulta enormemente la (16) Ver Convenio Internacional de las Naciones Unidas contra el financiamiento al terrorismo, en http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Cfinancsp.pdf (consultado el 5 de junio de 2010); BassioUni, c.m., «strumentigiuridici peri il contrasto del terrorismo internazionale: un’analisi di carattere politico», en Bassiouni, c.m. (ed.), Lacooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalitá organizata e del terrorismo, Giuffrè,milán, 2005, pp. 93 y ss.; BaUccio, l., L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici epratici, Giuffrè, milán, 2005, passim; laUdaTi, «criminalità organizzata», cit. nota núm. 8, p. 217. (17) cada año ingresan clandestinamente a europa unas 400.000 personas. hoy son cerca de 8.000.000 depersonas los inmigrantes ilegales dentro de la Unión europea, es decir, 1 de cada 3 inmigrantes ingresaron clandestina-mente. las mujeres que son objeto de tráfico y luego destinadas a la explotación sexual son casi 2.000.000. en relacióncon los niños, en asia cerca de 1.000.000 son explotados sexualmente, y buena parte de ellos se encuentran en Tailan-dia, conocido paraíso del turismo sexual. Cfr. GarcÍa arÁn, m. (coord.), Trata de personas y explotación sexual,comares, Granada, 2006, passim; PÉrez cePeda, a.i., Globalización, tráfico internacional ilícito de personas yDerecho penal, comares, Granada, 2004, passim; TineBra, G./cenTonze, a. (ed.), Il traffico internazionale dipersone, Giuffrè, milán, 2004, passim. (18) Cfr. romeo casaBona, c.m.ª (coord.), El cibercrimen: nuevos retos jurídico penales, nuevas respues-tas político criminales, comares, Granada, 2006, passim; morales GarcÍa, o. (dir.), «delincuencia informáti-ca: problemas de responsabilidad», en Cuadernos del Poder Judicial, 9, 2002, passim; ilarda, G./marUllo, G.(ed.), Cybercrime: conferenza internazionale. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Criminalità Informatica,Giuffrè, milán, 2004, passim; lUPÁria, l. (ed.), Sistema penale e criminalità informatica, Giuffrè, milán, 2009,passim; VUlPiani, d., «criminalità organizzata ed informatica», en Parano, c./cenTonze, a. (ed.), L’attivitàdi contrasto alla criminalità organizzata, Giuffrè, milán, 2005, pp. 187 y ss.; resTa, F., «Cybercrime e cooperazioneinternazionale, nell’ultima legge della legislatura», en Giurisprudenza di merito, 9, 2008, pp. 2147 y ss.; PicoTTi, l.,«la ratifica della convenzione Cybercrime del consiglio d’europa», Diritto penale e processo, 6, 2008, pp. 700 y ss.;herzoG, F., «straftaten im internet, computerkriminalität und die cybercrime convention», en Política Criminal,núm. 8, d1, 2009, pp. 1 y ss. (www.politicacriminal.cl visitado el 10 de junio de 2010); moiTra, s.d., «developingPolicies for cybercrime», en European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 13/3, 2005, pp. 435y ss. – 86 – 7.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianoverificación de la información que por allí circula; b) el creciente número de usuarios yla cada vez mayor facilidad de acceso, quienes pueden ser tanto víctimas como autores dedelitos. además, el anonimato de los llamados cibernautas facilita la comisión de delitosy las dificultades de persecución; c) la facilidad para poder acceder a la información ycon ello alterar datos, así como destruir sistemas informáticos, sin que los proveedores delservicio puedan hacer algo, y d) la capacidad de generar peligros globales es manifiesta,pues es perfectamente posible el empleo de la red para la comisión de delitos terroristas.la difusión de la información de manera rápida y a bajo costo permite a las organizacionesdelictivas perpetrar delitos con mayor facilidad.ii. el discUrso crÍTico al llamado derecho Penal de la emerGencia. ¿es PosiBle Un derecho Penal mÍnimo?Por todo lo expuesto, si se pretende enfrentar la criminalidad organizada con eficiencia nopuede seguir pensándose en las herramientas propias de un derecho penal pensado paralos problemas del siglo xix. en efecto, me parece que poco puede hacer un derecho penalconstruido esencialmente sobre la base del homicidio y de los delitos contra la propiedadcomo sus ejes centrales. en este sentido, debe reexaminarse si un derecho de tales ca-racterísticas puede enfrentar adecuadamente estos nuevos desafíos (19). no debe olvidarseque se trata de un derecho pensado para delitos cometidos por un autor individual, porlo general desamparado socialmente. dicho en términos simples, el derecho penal quesiempre hemos estudiado tiene, en términos generales, como soporte al delincuente pobre.en cambio, la delincuencia de la globalización comprende otros factores: se trata de agru-paciones, en algunos casos muy poderosas, que cometen delitos de naturaleza económica,pero que pueden repercutir en bienes de otra naturaleza y cuyas actividades pueden poneren serio riesgo la estabilidad democrática de un país, a través de la corrupción de políticosy funcionarios públicos. asimismo, la criminalidad organizada presenta conexiones cadavez más estrechas no sólo en el ámbito puramente económico sino también político, queles permite asegurar contratos con la administración pública. Un ejemplo, es el caso deltratamiento de los residuos tóxicos, que genera cuantiosas ganancias —en italia ya se hablade la ecomafia— (20). Por lo anterior, resultan discutibles las propuestas de quienes sostienen el discurso crí-tico al llamado derecho penal de la emergencia y de la excepcionalidad. críticas que pro-vienen principalmente de aquellos que sostienen propuestas político criminales cercanas aldenominado derecho penal mínimo (21). la realidad de nuestros tiempos parece demostrar (19) así lo sostiene, aleo, s., «criminalità transnazionale e definizione della criminalità organizzata: il re-quisito dell’organizzazione», en Patalano, V. (ed.), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale,Giappichelli, Turín, 2003, p. 10; silVa sÁnchez, La expansión, cit. nota núm. 9, pp. 83 y 99. (20) PlanTamUra, V., «ecomafia, reati associativi e diritto penale dell’economia», Rivista trimestrale didiritto penale dell’economia, 2007, pp. 73 y ss.; lo monTe, e., «ecomafia: il controllo penale tra simbolicità edeffettività», en Patalano, V. (ed.), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli,Turín, 2003, pp. 235 y ss. (21) FerraJoli, l., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Traducido por andrés ibáñez, P. et al.,Trotta, madrid, 1995, pp. 807 y ss. donde trata el subsistema penal de excepción. – 87 – 8.
revista de derecho penalque se trata de un problema creciente que se torna «ordinario» y, por tanto, que requiere deinstrumentos que respondan eficientemente (22). no puede sostenerse que toda intervenciónen esta área nos lleva a un derecho penal autoritario (23). en la línea del discurso mínimo FerraJoli se manifiesta crítico con los delitos aso-ciativos, estimando que es suficiente para abordarlos los delitos-objeto a cuya realizaciónse habría conformado la asociación. al respecto, señala: «de ahí se sigue que para el de-recho no deben existir delincuentes políticos sino sólo delincuentes comunes: en el doblesentido en el que ningún hecho no contemplado como delito común debe ser penalizadopor razón exclusiva de su carácter “objetivamente político” y ningún delito debe ser tratadode forma distinta que los demás por razón del carácter “subjetivamente político” de susmotivaciones. en el primer aspecto, toda penalización a título de delito “político” terminaen la tutela excesivamente anticipada de figuras de peligro abstracto o presunto en con-tradicción con el principio de lesividad o, incluso, como ocurre en los delitos asociativos,en una duplicación de la responsabilidad penal ya afirmada en los delitos comunes, comola tenencia de armas, los actos de violencia consumados o intentados o el concurso en sucomisión o preparación» (24). la postura de FerraJoli parece desconocer los riesgos manifiestos que representanlas organizaciones criminales, independiente de si cometen o no los delitos-objeto, puesen muchos casos su sola conformación representa un peligro que no se puede desconocer.como señalan marinUcci y dolcini no son pocos los casos en que la organización nisiquiera requiere cometer delitos: ya es suficiente la intimidación que su presencia generapara lograr su propósito (25). esperar que tales delitos se verifiquen supone, inexplicable-mente, renunciar a importantes herramientas para combatir manifestaciones de la crimi- (22) aleo, s., Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative, Giuffrè, milán, 1999,pp. 2-5. (23) zaFFaroni, «il crimine organizzato», cit. nota núm. 1, pp. 84 y ss.; moccia, s., «Prospettive non‘emergenziali’ di controllo dei fatti di criminalità organizzata. aspetti dommatici e di politica criminale», en moccia,s. (ed.), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, edizioni scientifiche italiane, nápoles, 1999, pp. 149 y ss. (24) FerraJoli, Derecho y razón, cit. nota núm. 21, pp. 832-833. en p. 833: «la misma argumentación valetambién, evidentemente, para las demás figuras de delitos y de delincuentes especiales, igualmente reconducibles afenomenologías criminales globales —el bandidaje, la mafia, la camorra— y, por lo demás, ni siquiera caracterizadaspor una especificidad en abstracto de los bienes jurídicos protegidos. También la expulsión del derecho penal de talestipologías de autor responde a una garantía de seguridad contra las perversiones sustancialistas e inquisitivas, ademásde a una elemental exigencia de igualdad. se trata, en efecto, de figuras informadas por el paradigma constitutivo y, portanto, contrarias al carácter exclusivamente regulativo que deben tener las normas penales. naturalmente, también enestos casos la naturaleza mafiosa o camorrista de un delito puede considerarse como un rasgo particularmente grave enel momento de la comprensión y la valoración equitativa del hecho. Pero ni siquiera en estos casos se justifican figurasde delito especial, como lo es típicamente, en nuestro ordenamiento, la asociación de tipo mafioso prevista por el ar-tículo 416 bis del código penal en lugar de la normal avocación para delinquir. También la mafia, como el terrorismo,debe y puede ser afrontada con los medios penales ordinarios». (25) marinUcci, G./dolcini, e., «diritto penale “minimo” e nuove forme di criminalità», en Rivista ita-liana di diritto e procedura penale, 1999, p. 817 (traducción al español de raúl carnevali en Revista de derecho penaly criminología, núm. 9, 2002, pp. 147 y ss.). Precisamente, el artículo 416 bis del código penal italiano al tipificar eldelito de asociación de tipo mafioso se comprende el aprovechamiento de su fuerza intimidatoria. sobre esto último,sPaGnolo, G., L’associazione di tipo mafioso, 5.ª ed., cedam, Padua, 1997, pp. 49 y ss.; de liGUori, l., «lastruttura normativa dell’associazione di tipo mafioso», en Cassazione Penale, 1988, pp. 1609 y ss. – 88 – 9.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianonalidad organizada. se otorgarían enormes espacios de libertad que contaminarían la vidaeconómica y política de un país (26). Parece evidente que conductas como las propias de la criminalidad organizada requie-ren de herramientas eficaces y ello se logra sólo a través de una intervención penal opor-tuna, sin que sea necesario esperar a estar frente a actos de ejecución de los delitos-objeto.afirmar lo contrario, tornaría inútil cualquier medida preventiva. lo expuesto podría ins-cribirse dentro de la llamada «teoría de la anticipación». en efecto, los delitos de organi-zación suponen que se está frente a dimensiones institucionales que favorecen la comisiónde delitos dentro de su contexto. en consecuencia, las sanciones de que se disponen paraactos vinculados a la organización se justificarían sobre la base de anticipar la protecciónde bienes jurídicos que se verían afectados por la comisión de los delitos fines de la orga-nización (27). es decir, dado el incremento de peligrosidad que representa la organización,es que se justificaría adelantar la intervención punitiva (28). Una cosa es defender principios básicos como ultima ratio —nadie discute su tras-cendencia—, pero ello no puede hacerse sobre la base de renunciar a priori al derechopenal o a una mayor intensidad de éste, argumentando como lo hacen los defensores delllamado derecho penal mínimo de que toda manifestación expansiva es perniciosa y anti-garantista (29). no siempre será una decisión errada huir al Derecho penal, si la protecciónde determinados intereses individuales o colectivos así lo justifica (30).iii. caracTerÍsTicas esenciales de la criminalidad orGanizadaPrecisamente, en los últimos veinte años se vienen sucediendo una serie de instrumentosnormativos internacionales que ponen de manifiesto la especial preocupación que existesobre el tema (31). en la esfera de las naciones Unidas comenzó a tratarse este tema a travésdel llamado Plan mundial de acción de nápoles contra la delincuencia organizada transna-cional de 1994, que luego fue aprobado por la asamblea General de las naciones Unidas (26) marinUcci/dolcini, «diritto penale», cit. nota núm. 25, p. 817. la respuesta a este artículo en Fe-rraJoli, l., «sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio marinucci e a emilio dolcini)», en Foro italiano, ParteQuinta, 2000, pp. 126 y ss. (27) así lo expone, silVa sÁnchez, J.m.ª, «la “intervención a través de organización” ¿una forma modernade participación en el delito?», en dolcini, e./Paliero, c.e. (ed.), Studi in onore di Giorgio Marinucci, T. ii, Giuffrè,milán, 2006, p. 1880; cfr. además, de Vero, G., Tutela penale dell’ordine pubblico, Giuffrè, milán, 1988, pp. 256y ss. (28) en estos términos se expresa, cancio meliÁ, m., «sentido y límites de los delitos de terrorismo», enserrano-Piedecasas, J.r./demetrio crespo, e. (dir.), Terrorismo y Estado de Derecho, iustel, madrid, 2010, pp. 389-390. (29) así lo cree, zaFFaroni, «il crimine organizzato», cit. nota núm. 1, pp. 85 y ss. al respecto, marinUc-ci/dolcini, «diritto penale», cit. nota núm. 25, pp. 819-820. (30) carneVali, r., «derecho penal como ultima ratio. hacia una política criminal racional», en carne-Vali, r., Problemas de política criminal y otros estudios, legal Publishing, santiago, 2009, pp. 3 y ss. (31) zÚÑiGa rodrÍGUez, Criminalidad organizada, cit. nota núm. 6, pp. 48 y ss.; nUnzi, «la convenzio-ne», cit. nota núm. 13, pp. 213 y ss. – 89 – 10.
revista de derecho penalel 23 de diciembre de 1994 (32). más adelante, tras una serie de reuniones y seminarios in-ternacionales se aprobó en 2000 la convención de Palermo, ya mencionada supra, la quecontiene importantes disposiciones. en efecto, amén de la definición de grupo organizado,se dispone, entre otras medidas, la responsabilidad de las personas jurídicas —artículo10— y el decomiso o confiscación —artículo 12—. Precisamente, estas dos medidas seránabordadas más adelante, pues constituyen importantes instrumentos para enfrentar la de-lincuencia organizada de carácter económico. así también, la Unión europea ha manifestado especial atención al fenómeno que seexamina. es así que el Tratado de Ámsterdam, en el título Vi sobre disposiciones relativasa la cooperación policial y judicial en materia penal, se hacía referencia a la criminalidadorganizada y la necesidad de establecer en este contexto acciones comunes. Justamente,en este marco se sitúa la acción común 1998/733/Jai para la tipificación penal de laparticipación en una organización delictiva (33). allí también se insistía en la necesidad deque los ordenamientos nacionales regularan la responsabilidad, incluso penal de las perso-nas jurídicas —artículo 3—. diez años después, se acuerda la decisión marco 2008/841/Jai sobre lucha contra la criminalidad organizada (34), dispuesta para lograr una adecuadaarmonización de las legislaciones de los estados miembros (35). al igual que en los instru-mentos anteriores, se reitera la necesidad de disponer de medidas para responsabilizar a laspersonas jurídicas —artículos 5 y 6—. También se pueden citar, aunque relacionadas con el terrorismo, la decisión marco2002/475/Jai (36), luego modificada por la decisión marco 2008/919/Jai (37), pues disponede normas relativas a organizaciones terroristas y qué se entiende por tales y sobre la res-ponsabilidad de las personas jurídicas. si bien, como se ha dicho, se presentan ciertas dificultades para delimitar un conceptode criminalidad organizada, sí es posible precisar sus entornos considerando sus rasgos (32) Ver http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/769/54/PDF/N9576954.pdf?OpenElement (con-sultado el 12 de junio de 2010). Cfr. michelini, G./Polimeni, G., «il fenomeno del crimine transnazionale e laconvenzione delle nazione Unite contro il crimine organizzato transnazionale», en rosi, e. (ed.), Criminalità organiz-zata transnazionale e sistema penale italiano, ipsoa, milán, 2007, pp. 8 y ss. (33) Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998F0733:ES:HTML (consultadoel 12 de junio de 2010). Cfr. Peccioli, a., Unione Europea e criminalità transnazionale, Giappichelli, Turín, 2005,pp. 131 y ss.; d’amaTo, a., «la cooperazione internazionale nell’esercizio della funzione giurisdizionale. dallerogatorie alle squadre investigative comuni in attuazione dei principi del “terzo pilastro” del Tratatto sull’Unione eu-ropea», en Patalano, V. (ed.), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Turín,2003, p. 119; salazar, l., «misure di contrasto alla criminalità organizzata elaborate dall’Unione europea», enBassiouni, c.m. (ed.), La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalitá organizatae del terrorismo, Giuffrè, milán, 2005, pp. 128 y ss. (34) Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:300:0042:0045:ES:PDF (consul-tado el 12 de junio de 2010). (35) Fornasari, G., «le strategie di contrasto alla criminalità orgnizzata: aspetti comparatistici nell’espe-rienza europeo-continentale», en Fornasari, G. (ed.), Le strategie di contrasto alla criminalità orgnizzata nella prospet-tiva di diritto comparato, cedam, Padua, 2002, pp. 173 y ss. (36) Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:164:0003:0007:ES:PDF (consul-tado el 12 de junio de 2010). (37) Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:330:0021:0023:ES:PDF (consul-tado el 12 de junio de 2010). – 90 – 11.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianomás característicos, algunos ya mencionados supra (38). Precisamente, la determinación desus elementos esenciales facilita la armonización de las legislaciones nacionales, que esuno de los caminos más eficaces para poder enfrentar la criminalidad organizada, sobretodo tomando en cuenta que algunos casos tienen un carácter transnacional (39). es cierto que sus presupuestos más elementales también pueden encontrarse en el de-lito de asociación ilícita, pero no son lo mismo y por tanto no deben confundirse. como seha expuesto supra, la mayor peligrosidad que representan estas clases de organizacionesjustifica la determinación de particulares medidas preventivas y sancionatorias (40). Que se hable de «organizada» pone de manifiesto que se está frente a ciertas estruc-turas que ofrecen una disposición jerárquica de distribución de funciones, ya sea que semanifiesten en empresas «lícitas» —por ejemplo, una sociedad de importación que sirvetambién para el tráfico ilícito de estupefacientes— o en composiciones directamente cri-minales (41). en este contexto, se pone de manifiesto que quienes participan en la organiza-ción persiguen fines que son comunes; es decir, toda la estructura jerárquica, la divisiónde actividades, la distribución de las funciones apuntan a la consecución de determinadosfines ilícitos, los que, atendiendo la clase de criminalidad organizada que estamos exami-nando, son, en definitiva, de carácter lucrativo. ahora bien, para lograr aquello pueden asu vez realizarse numerosas actividades, algunas de ellas pueden ser incluso lícitas —así,conformación de empresas—, como así también otras claramente ilícitas —por ejemplo,intimidar, corromper—. Pero el objetivo final, reitero, es el lucro de carácter ilícito (42). eneste sentido, no cabe exigir de la organización criminal un programa determinado; por elcontrario, es perfectamente posible sostener cierta indeterminación al menos parcial, puesconsiderando su complejidad es preferible establecer un marco más general que permitamayores espacios para la adopción de medidas preventivas. en todo caso, ello no impideal menos exigir que su estructura tenga la capacidad de cometer delitos graves (43). en de- (38) Para conocer el desarrollo histórico del crimen organizado en diversos países europeos, FiJnaUT, c./Pao-li, l. (ed.), Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond,springer, dordrecht, 2006, pp. 21 y ss.; cfr. cohen, a.K., «The concept od criminal organization», en British Journalof Criminology, vol. 17, 1977, pp. 97 y ss. (39) la europol, en el documento enfopol 161-reV-3, ha determinado 11 supuestos para determinar que seestá frente a delitos comprendidos dentro de la criminalidad organizada: a) más de dos personas; b) distribuciones defunciones; c) permanencia; d) control interno; e) sospecha de comisión de un delito grave; f) actividad internacional;g) violencia; h) uso de estructuras comerciales o de negocios; i) blanqueo de capitales; j) presión al poder público, yk) ánimo de lucro. así lo expone, zÚÑiGa rodrÍGUez, Criminalidad organizada, cit. nota núm. 6, p. 58; GUTiÉ-rrez rodrÍGUez, m., «la delincuencia organizada», en VVaa, Iurisperitorum digesta, Vol. i, ediciones Univer-sidad de salamanca, salamanca, 2000, p. 283. (40) así lo sostiene, zÚÑiGa rodrÍGUez, Criminalidad organizada, cit. nota núm. 6, p. 58. (41) silVa sÁnchez, La expansión, cit. nota núm. 9, p. 87; ziFFer, P., El delito de asociación ilícita, ad-hoc, Buenos aires, 2005, pp. 67 y ss.; aleo, «criminalità transnazionale», cit. nota núm. 19, pp. 15-16. (42) zÚÑiGa rodrÍGUez, Criminalidad organizada, cit. nota núm. 6, p. 128; FernÁndez crUz, J.Á.,«la “empresa criminal”: los “delitos de comercio” ilícito como factor de aparición del fenómeno del “blanqueo decapitales”», Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, 5, 2002, p. 90; szczaransKy, c., «el consejode defensa del estado y el control de la criminalidad organizada y del lavado de dinero», en Politoff, s./matus, J.P.(coord.), Gran criminalidad organizada y tráfico ilícito de estupefacientes, conosur, santiago, 2000, pp. 48-52. (43) expresamente lo señala la convención de Palermo, entendiendo por delito grave: «art. 2 b) Por “delitograve” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos – 91 – 12.
revista de derecho penalfinitiva, la organización debe ser lo suficientemente idónea para cometer delitos, si bienno expresamente determinados, sí determinables conforme al contexto en que ésta se de-sarrolla (44). asimismo, debe tratarse de una estructura organizativa que tenga un carácter perma-nente —lo exige también la convención de Palermo—, a fin de evitar confusiones conotras actividades delictivas de carácter plural, como pueden ser los casos de coautoría(45) . Una exigencia de esta naturaleza explica el porqué estas organizaciones disponen deciertos códigos de actuación a la que se someten sus integrantes: es la forma de asegurar supermanencia y proyección en el tiempo. no debe olvidarse que al tratarse de organizacio-nes delictivas, no pocos de sus integrantes conocen ciertas informaciones que no puedenser desveladas. Por ello no es extraño que se establezcan ritos de iniciación y un fiel cum-plimiento a la ley de silencio —como puede ser l’omertà, comprendida en el artículo 416bis del código penal italiano— (46). el otro elemento a considerar es la transnacionalidad. si bien no es un elemento esen-cial, sí está presente en algunas asociaciones criminales. es por ello que las convencionesinternacionales precedentemente citadas ponen de manifiesto tal característica, a fin dedisponer de medidas comunes que permitan enfrentar a la criminalidad organizada coneficacia, sobre todo teniendo en consideración las mayores facilidades que brinda una eco-nomía globalizada (47). la convención de Palermo establece en su artículo 3 cuándo el delito se entiendetransnacional: «a) se comete en más de un estado; b) se comete dentro de un solo estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro estado; c) se comete dentro de un solo estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado; o d) se comete en un solo estado pero tiene efectos sustanciales en otro estado». con esta norma se pretende disponer de una base mínima que agilice la cooperaciónentre los estados y con ello facilitar la persecución de los delitos que se cometan en estecuatro años o con una pena más grave». (44) caValiere, a., «Tipicità ed offesa nei reati associativi», en Patalano, V. (ed.), Nuove strategie per lalotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Turín, 2003, p. 86; aleo, s., «associazione, organizzazio-ne, concorso esterno», en Parano, c./centonze, a. (ed.), L’attività di contrasto alla criminalità organizzata, Giuffrè,milán, 2005, p. 180. (45) carneVali, r./FUenTes, h., «informe jurídico sobre la eventual aplicación del delito de asociaciónilícita establecido en el artículo 16 de la ley núm. 20.000», en Política Criminal, 6, d1, 2008, p. 8. (www.politicacri-minal.cl consultado el 14 de junio de 2010). (46) Omertà es una suerte de solidaridad, interna y externa, que por una parte garantiza protección a la organiza-ción y por otro se traduce en una impermeabilidad de todo lo que rodea a la organización. constituye una práctica quepone de manifiesto total incondicionalidad al grupo y a sus reglas, como asimismo rechazo al ordenamiento jurídicoestatal. Cfr. de liGUori, «la struttura normativa», cit. nota núm. 25, p. 1612; Becchi, a./rey, G.m., L’economiacriminale, laterza, Bari, 1994, p. 62, señalan que los riesgos evidentes que comportan actividades de esta naturalezaexigen una particular fidelidad de sus miembros. (47) silVa sÁnchez, La expansión, cit. nota núm. 9, p. 88. – 92 – 13.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianoámbito. es indudable que si hoy los mercados no presentan límites, se incentiva la librecirculación de capitales, personas, mercaderías y servicios, los medios de comunicacióny el ciberespacio actúan sin reconocer soberanías nacionales, entregar la persecución dela criminalidad organizada —que precisamente se ha desarrollado enormemente en estemarco— a la decisión unilateral de cada estado, no tiene sentido alguno y resulta comple-tamente ineficaz (48). Por lo demás, la transnacionalidad del derecho penal tampoco debeextrañar. desde hace muchos años se viene transitando por este camino, difuminando cadavez más el principio de territorialidad. sin ir más lejos, basta apreciar el proceso de integra-ción europea, donde ya se habla en sentido amplio de un derecho penal de la Unión euro-pea (49), como asimismo, el desarrollo de los principios de primacía y complementariedaden el derecho penal internacional (50).iV. alGUnas medidas Para enFrenTar la criminalidad orGanizada, en esPecial la resPonsaBilidad de las Personas JUrÍdicas y la conFiscación. la exPeriencia iTaliana1. consideraciones preliminaresatendiendo que mi análisis se centra en la llamada criminalidad organizada de caráctereconómico y no en aquella que persigue fines ideológicos o políticos —aunque ciertamen- (48) Cfr. rosi, e., «il reato transnazionale», en rosi, e. (ed.), Criminalità organizzata transnazionale e sistemapenale italiano, ipsoa, milano, 2007, pp. 67 y ss.; di marTino, «criminalita organizzata», cit. nota núm. 1, pp. 16 yss.; laUdaTi, a., «i delitti transnazionali. nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all’interno dell’Unioneeuropea», en Diritto penale e processo, 4, 2006, pp. 401 y ss.; ViGna, P.l., «le nuove sfide della criminalità organi-zzata», en Becucci, s./massari, m., Mafie nostre, mafie loro. Criminalità organizzata italiana e straniera nel Centro-Nord, edizioni di comunità, Turín, 2001, pp. 187 y ss.; miliTello, V./Paoli, l./arnold, J. (ed.), Il crimineorgnizzato come fenomeno internazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania eSpagna, ed. iuscrim, max Planck institut, Friburgo, 2000, passim. (49) conforme al Tratado de lisboa desaparece la distinción de los pilares. Por tanto, ya no es posible argu-mentar, para determinar la esfera de actuación en materia penal, entre las áreas de integración o de cooperación. entérminos muy generales, el nuevo Tratado introduce todo un capítulo relativo a la cooperación judicial en materiapenal —artículos 69 a a 69 e—. en él se dispone que el Parlamento europeo y el consejo podrán a través de directivasadoptadas conforme procedimiento legislativo ordinario —de codecisión—, establecer normas mínimas relativas a ladefinición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tenganuna dimensión transfronteriza. entre estos ámbitos delictivos se comprenden: el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas,el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, y la delincuencia organizada. asimismo, se contem-pla la creación de una Fiscalía europea, a partir de eurojust, para combatir las infracciones que perjudiquen a los intere-ses financieros de la Unión. competencia que se puede ampliar, si el consejo europeo así lo determina. Cfr. soTis, c.,«la novità in tema di diritto penale europeo», en Bilancia, P./d’amico, m. (ed.), La nuova Europa dopo il Tratatto diLisbona, Giuffrè, milán, 2009, pp. 145 y ss.; de Francesco, G., «internazionalizzazione del diritto e della politicacriminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali», en Diritto penale e processo, 1, 2003, pp. 5 y ss. (50) el principio de primacía se ha aplicado para determinar la competencia de los llamados tribunales penalesinternacionales ad hoc —así, para la ex yugoslavia e ruanda— y el de complementariedad respecto de la corte Penalinternacional. Cfr. el zeidy, m.m., «The principle of complementarity: a new machinery to implement internationalcriminal law», en Michigan Journal of International Law, vol. 23, 2001-2002, pp. 881 y ss.; BroWn, B., «Primacyor complementarity: reconciling the Jurisdiction of national courts and international criminal Tribunals», en TheYale Journal of International Law, vol 23, 1998, pp. 394 y ss.; sTiGen, J., The relationship between the InternationalCriminal Court and National Jurisdictions. The Principle of Complementarity, nijhoff Publishers, leiden-Boston,2008, pp. 74 y ss. – 93 – 14.
revista de derecho penalte pueden concurrir ambos— es que examinaré aquellas herramientas que, precisamente,apuntan en esa dirección; esto es, qué medidas pueden ser eficaces para prevenir el lucroilícito. como se apuntó supra, lo que motiva a la criminalidad organizada es obtener elmáximo de beneficio económico. Toda su estructura organizativa apunta hacia ello, porlo que aprovechan todos los espacios que las legislaciones nacionales pueden ofrecer. Portanto las medidas que se dispongan deben golpear el «brazo económico» de la organiza-ción criminal, que puede llegar a ser tan peligroso como el «brazo armado» (51). Por lo anterior analizaré dos instrumentos dispuestos en el ordenamiento italiano quetienen un claro «sentido económico», a saber, la responsabilidad de las personas jurídicasy la confiscación. Que mi mirada se dirija a la legislación italiana obedece a la perenne pre-sencia —como en ningún otro país europeo— del crimen organizado en la vida económicay política de italia. Por largo tiempo ha sufrido la violencia de las diversas formas de mafia.asimismo, la sociedad italiana fue testigo, durante la década del noventa, de importantescasos de corrupción —campaña llamada «manos limpias»—, tanto pública como privada,en las que se vieron involucradas connotadas autoridades, algunas de ellas acusadas deconnivencia con la mafia. Parece importante pues, estudiar la experiencia italiana y cuálesson las medidas necesarias para enfrentar la criminalidad organizada. si bien es cierto, la responsabilidad de las personas jurídicas fue introducida en lalegislación italiana en 2001 —decreto legislativo núm. 231—, respecto de un reducidonúmero de delitos, con los años este elenco se ha ido ampliando. es así, que en 2006,conforme a la ley núm. 146, concretamente el artículo 10, se extendió la responsabilidaddel ente a los delitos asociativos, entre los que se encuentra el delito de asociación detipo mafioso del artículo 416 bis del código penal italiano, dando cumplimiento con elloa la convención de Palermo contra el crimen organizado internacional (52). sin embargo,pronto, la doctrina se percató de que la ley núm. 146 de 2006 cumplía parcialmente elmandato dispuesto en la convención de Palermo, pues sólo se hacía cargo de los delitostransnacionales, mas no de aquellos casos en que el ente estuviera vinculado a un grupocriminal «interno» (53). Por lo anterior y a fin de evitar tal laguna legislativa, la ley núm. 94de 15 de julio de 2009 —conocida como il “pacchetto” sicurezza— introdujo el artículo24 ter al decreto legislativo núm. 231 relativo a los delitos de criminalidad organizada.de este modo, también se dio cumplimiento a la ya citada decisión marco 2008/841/Jaide la Unión europea sobre lucha contra la criminalidad organizada. Por su parte, la confiscación ha sido muy utilizada en esta esfera, tanto como medidapreventiva como sancionatoria. entre las diversas formas de confiscación se comprende (51) con estos términos, corVi, angela, “nuove risposte al crimine organizzato tra diritto penale e sanzioniammnistrative”, en mazza, oliviero/ViGanò, Francesco (ed.), Il “pachetto” sicurezza 2009, Giappichelli, Turín,2009, p. 375. (52) asTroloGo, annamaria, «Prime riflessioni sulla definizione di reato transnazionale nella l. n. 146/2006», en Cassazione Penale, 4, 2007, p. 1789 y ss.; di marTino, «criminalita organizzata», cit. nota n. 1, pp. 11y ss.; marenGhi, Francesco, «la responsabilità delle persone giuridiche nel crimine organizzato transnazionale»,en rosi, elisabetta (ed.), Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, ipsoa, milán, 2007, pp.259 y ss. (53) así lo destacan, d’amaTo, antonio, «art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146», en PresUTTi, adonella/Ber-nasconi, alessandro/Fiorio, carlo, La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legisl. 8giugno 2001 n. 231, cedam, Padua, 2008, p. 307; corVi, «nuove risposte», cit. nota n. 51, p. 366. – 94 – 15.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianola llamada confiscación ampliada —confisca allargata—, dispuesta especialmente paraluchar contra la criminalidad organizada. ya no sólo se apunta, como es tradicional, a losbienes provenientes del delito o a aquellos de valor equivalente —otros bienes de valorsimilar— sino a todos aquellos bienes respecto de los cuales se tiene serias sospechas de suorigen ilícito dada la desproporción que se presenta con los ingresos; es decir, tiene lugaruna incongruencia entre la posesión de estos bienes y los ingresos declarados.2. otras medidas de carácter penal y extrapenalademás de las ya señaladas —que se abordarán infra—, también existen otras herramien-tas de naturaleza penal para enfrentar la criminalidad organizada. en este sentido, los deli-tos asociativos han jugado un papel preponderante, pues considerando su función de tutelaanticipada, permiten sancionar la integración en la estructura organizativa de la asociacióncriminal, sin tener que acreditar la comisión de aquellos delitos que forman parte del pro-grama criminal. cabe destacar, entre los tipos específicos contemplados en el ordenamien-to italiano, el artículo 416 del código penal —asociación para delinquir—; artículo 416 bisdel código penal —asociación de tipo mafioso—; artículo 74 del decreto del Presidentede la república núm. 309 de 9 de octubre de 1990 —asociación para el tráfico ilícito deestupefacientes—; artículo 270 bis del código penal —asociación con finalidades terro-ristas—. asimismo, se ha prestado especial atención a los delitos que en esta esfera secometen, como son los delitos de corrupción, de tráfico de personas, blanqueo de capitales,sólo por citar algunos. en materia procesal y particularmente desde la perspectiva investigativa, se dispone deórganos dedicados exclusivamente a la persecución de esta clase de actividades. en italiaestá la Dirección Nacional Antimafia y el Procurador Nacional Antimafia —artículo 371bis del código Procesal Penal—(54). el papel de la Dirección Nacional Antimafia es la coordinación investigativa en materiade criminalidad organizada, tanto nacional como internacional. se compone del Procura-dor nacional y de veinte magistrados del ministerio Público —en italia no hay separaciónentre magistrados y ministerio Público, forman parte del Poder Judicial—. a su vez están las Direcciones Distritales Antimafia, veintiséis en todo el país, que sonlas que investigan y la Dirección investigativa antimafia que depende del ministerio delinterior, y en la que forman parte la Policía del estado, carabineros y la Guardia de Finan-zas, está encargada de coordinar la investigación preventiva de las actividades del crimenorganizado y realizar las indagaciones propias de la policía judicial. Todas las actividades emprendidas por estos organismos tiene como eje central: lacentralización y la especialización. es la única forma de enfrentar adecuadamente deter- (54) Cfr. Teresi, r., Direzione nazionale e Direzioni distrettuali antimafia, Giuffrè, milán, 1993, passim; Fe-rraJoli, l., «il coordinamento delle indagini nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata», en corso, P./insolera, G./stortoni, l. (coord.), Mafia e criminalità organizzata, T. ii, Utet, Turín, 1995, pp. 429 y ss.; laUdaTi, a.,«il coordinamento delle indagini nel crimine organizzato transnazionale. il ruolo della direzione nazionale antimafiaalla luce dei coordinamenti in sede europea», en rosi, e. (ed.), Criminalità organizzata transnazionale e sistema pena-le italiano, ipsoa, milán, 2007, pp. 373 y ss. – 95 – 16.
revista de derecho penalminadas estructuras organizativas de orden criminal. además, en el plano internacional sutrabajo se coordina con otras instituciones policiales y judiciales. la dimensión transna-cional a la que tanto se ha aludido, deja más que en evidencia la necesidad de una coordi-nación de esta naturaleza. Justamente, los instrumentos internacionales pretenden alcanzarla adecuada armonización legislativa entre las naciones, entendiendo que la existencia de«paraísos penales» o tratamientos penales diversos puede tornar ineficaz cualquier medidapreventiva que se quiera adoptar. es el caso de los llamados paraísos fiscales, en dondese ofrecen cuentas bancarias offshore —privacidad, secreto bancario, baja o nula tributa-ción— que pueden dificultar enormemente las investigaciones acerca del origen del dine-ro. lo llamativo es que varios países europeos permiten abrir cuentas bancarias offshore—reino Unido y suiza, entre otros— (55). en sede procesal y penitenciaria se han dispuesto las llamadas medidas premiales, estoes, toda una serie de instrumentos que se aplican a quienes colaboran de manera relevantecon la justicia —pentiti— (56). estos han mostrado ser eficaces en la lucha contra las asocia-ciones mafiosas, tomando en cuenta el especial papel que aquí le cabe a l’omertà, o ley delsilencio: una especie de reglas de solidaridad entre sus miembros, que torna impermeablea la asociación —para sus integrantes son más importantes las normas de la asociación quelas del estado—. asimismo, estas medidas cumplieron una relevante función en el des-mantelamiento de uno de los grupos terroristas más violentos que asolaron italia durantelos setenta y ochenta, como fueron las Brigadas Rojas. Pues bien, entre las medidas se dis-ponen: la protección a los colaboradores, la rebaja de penas, como así también excepcionesa los colaboradores para que puedan disfrutar de medidas alternativas a la pena —artículos4 bis, 58 ter del ordenamiento penitenciario—. es cierto que medidas de esta naturaleza pueden generar riesgos desde la perspectivade la información que se entrega, pues con el propósito de obtener beneficios ésta puedeser tergiversada. Pero ello es un riesgo inherente a toda colaboración con la justicia, la quedebe ser contrastada con otros antecedentes que obren en poder del ministerio Público odel juez en su caso. el sistema procesal cuenta con herramientas que le permiten confron-tar los dichos del colaborador. Tampoco me parece razonable plantear su rechazo desdeuna perspectiva ética, argumentándose que se trata de una práctica deleznable en la queno puede incurrir un estado de derecho. Por de pronto, las legislaciones de los estadosmás democráticos contemplan medidas de esta naturaleza. es indudable que tienen un ca-rácter eminentemente utilitarista, pues en definitiva lo que pretende es prevenir delitos deespecial gravedad «premiando» a quienes colaboran. si la finalidad del derecho penal esla prevención de delitos debe recurrir a instrumentos que tengan un menor costo social. espreferible que el estado renuncie a parte de la pena u otorgue beneficios —costo— si conello previene futuros delitos —beneficio—. Por otra parte, no debe olvidarse que puedelograse un beneficio adicional, a saber, la reinserción de los arrepentidos o pentiti. (55) Para conocer las diversas legislaciones, GrUndi, m./aParna, n., Offshore Business Centres: A worldSurvey, 8.ª ed., sweet & maxwell, londres, 2008, passim. (56) Bernasconi, a., La collaborazzione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a con-fronto con l’esperienza statunitense, Giuffrè, milán, 1995, pp. 79 y ss.; mUsco, e., «los colaboradores de la justiciaentre el pentitismo y la calumnia: problemas y perspectivas», Trad. por sánchez, Virginia, en Revista Penal, 2, 1998,pp. 35 y ss. – 96 – 17.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italiano en cuanto a las medidas de carácter extrapenal que se han dispuesto en el ordenamien-to italiano, pueden mencionarse, entre otras, las siguientes: a) la exclusión en la participación en los contratos públicos de concesión o sumi- nistros de servicios de aquellos empresarios que no han denunciado a la autoridad judicial hechos de concusión o de extorsión cometidos a través de métodos ma- fiosos o para facilitar la actividad de una organización de tipo mafiosos, y que por ello no ha podido participar en el concurso público de concesiones de contratos públicos —artículo 38 letra m ter del decreto legislativo núm. 163 de 2006 (lla- mado código de contratos públicos)—. se aplica para aquellos casos en que el empresario con su conducta, si bien no ha cometido un delito de favorecimiento personal —artículo 378 del código penal italiano—, tampoco se halla bajo una eximente —así, estado de necesidad— (57). se refiere a casos en que si bien una sanción penal puede resultar excesiva, sí en cambio puede constituir un efectivo disuasivo de aquellas conductas de carácter mafioso y a su vez, un incentivo para colaborar con la autoridad al eliminar de la competencia aquellas empresas que nada hacen al respecto (58). se trata de medidas dirigidas a evitar el peligro cierto de que organizaciones criminales tomen el control de las concesiones públicas —en el art. 416 bis del código punitivo que tipifica el delito de asociación de tipo mafioso hace expresa mención—. b) la otra medida apunta a los gestores de agencias que prestan servicios de trans- ferencia de dinero —los llamados money transfer—. es un mecanismo muy uti- lizado por ciudadanos extracomunitarios, pues no se requiere ser titular de una cuenta bancaria ni poseer una tarjeta de crédito y el trámite es muy simple: basta poseer un documento de identidad, entregar la suma de dinero que será transferi- da y los datos del destinatario. Por tal motivo, se puede prestar a ser empleada por la criminalidad organizada, a fin de reciclar dinero de origen ilícito. Precisamen- te, el decreto legislativo núm. 231 de 2007 —que actúa la directiva 2005/60/ce relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero con el propósito de reciclar lo que proviene de actividades criminales y de financiamiento del te- rrorismo— dispone de una serie de requisitos que deben cumplir tales agencias a fin de evitar tal propósito (59). entre ellas: a) informar de operaciones frecuentes; b) si bien ocasionales, pero de sumas igual o superiores a 15.000 euros; c) cual- quier suma transferida, pero de la que hay sospecha de reciclaje o financiamiento del terrorismo; d) hay dudas sobre la información proporcionada por el cliente. Toda esta información debe ser entregada a la Unità di informazione finanziaria (57) ViGanò, F., «mafia e imprenditori: una decisione coraggiosa in tema di stato di necessità», en Dirittopenale e processo, 10, 2004, pp. 1251 y ss. da cuenta del caso de un empresario que fue víctima de una tentativa deextorsión por parte de miembros de una organización mafiosa y que por efecto de las amenazas ocultó información a lapolicía. se resolvió eximirlo por concurrir un estado de necesidad. (58) así lo estima, corVi, «nuove risposte», cit. nota núm. 51, p. 350. (59) al respecto, PisTorelli, l., «la normativa antiriciclaggio introdotta dal d. lg. 21 novembre 2007, n.231», en Giurisprudenza di merito, 10, 2008, pp. 2468 y ss.; corVi, «nuove risposte», cit. nota núm. 51, pp. 358 yss. – 97 – 18.
revista de derecho penal per l’Italia (UiF), que le corresponde la tarea de «vigilar» el sistema financiero italiano. si bien se trata de una medida altamente positiva, ofrece importantes vacíos. Por depronto, no se aplica a los ciudadanos italianos, a los comunitarios y tampoco a los que po-seen un permiso de residencia. en definitiva, sólo se dirige a los extracomunitarios sin per-miso, por lo que parece más una medida contra la inmigración clandestina que a perseguirel reciclaje. sin embargo, lo más curioso es que se trata de una clásica norma que tiene unefecto criminógeno evidente. los inmigrantes ilegales recurrirán a vías clandestinas paraenviar dinero a sus familiares, abriéndose de esta forma un nuevo negocio para la crimi-nalidad organizada, que sí dispone de medios para materializar con éxito este «negocio».además, los riesgos son mínimos, pues sus clientes son inmigrantes ilegales, quienes difí-cilmente denunciarán a la autoridad tal práctica, si ello le significa dar a conocer su calidadde clandestino (60). Por último, tampoco se puede dejar de considerar la existencia de ciertos factores so-ciales —así, la pobreza, la marginalidad— y culturales —corrupción, democracias pocosólidas— que favorecen el desarrollo de la criminalidad organizada. Por tanto, si se preten-de enfrentarla seriamente, deben ser considerados. aun cuando ambos factores se puedenapreciar en conjunto, los expondré por separado a fin de facilitar la exposición (61). ya se comentó cómo una de las grandes consecuencias de la globalización es que nosólo ha surgido una especie de macro-criminalidad transnacional, asociada, entre otrasactividades delictivas, al blanqueo de capitales, al tráfico de armas y de drogas, es decir,una criminalidad de tipo económica. sin embargo, también el mayor movimiento de capi-tales y personas, ha ido generando una especie de micro-criminalidad. es así, que los flujosmigratorios, generalmente ilegales y de personas pobres, dan lugar, entre otros sucesos,a explotación laboral, a la prostitución, microtráfico, conformando bolsones de pobreza,gérmenes de marginalidad (62). Precisamente, son estos «nuevos pobres» o mejor dicho,personas que buscando nuevos horizontes, continuarán, en definitiva, manteniendo su con-dición, sirviendo a estas organizaciones, ya sea para cometer delitos —violencia, tráfico dedrogas— o ser objeto de delitos —explotación laboral, sexual, tráfico de órganos— (63). la convención de Palermo se hace cargo de esta cuestión, señalando la necesidadde adoptar medidas de prevención para abordar la pobreza y la marginalidad, pues sonfactores de los que se aprovecha el crimen organizado. Precisamente, el artículo 15.3 delProtocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementala Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional—convención de Palermo— señala: «cada estado Parte promoverá o reforzará, segúnproceda, los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional (60) con los mismos términos, corVi, «nuove risposte», cit. nota núm. 51, p. 362. (61) así también lo entiende, zÚÑiGa rodrÍGUez, Criminalidad organizada, cit. nota núm. 6, p. 104. (62) silVa sÁnchez, La expansión, cit. nota núm. 9, p. 83; GiasanTi, a., «marginalità sociale, periferieurbane, racket», en Bandini, T./lagazzi, m./marugo, m.i. (ed.), La criminalità organizzata. Moderne metodologie diricerca e nuove ipotesi esplicative, Giuffrè, milán, 1993, pp. 165 y ss. (63) al respecto, GarcÍa arÁn (coord.), Trata de personas, cit. nota núm. 17, p. 141. – 98 – 19.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianoe internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración y pres-tando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, a fin de combatirlas causas socioeconómicas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la pobre-za y el subdesarrollo». asimismo, el artículo 9.4 del Protocolo para prevenir, reprimir ysancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños de la misma Convencióndispone: «los estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes recurriendoen particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como lapobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas,especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata». como se destacó supra la criminalidad organizada crece y se desarrolla en países don-de sus instituciones democráticas son poco sólidas, como es el caso de algunos paísesde américa latina (64). en dicha región se aprecia una permanente inestabilidad política,constantes casos de corrupción donde se ven involucrados, incluso, altos representantesdel gobierno. Todo ello genera una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía hacialas autoridades, pues en no pocos casos no son sancionados, percibiéndose una especie decultura de la impunidad. Pues bien, si a la debilidad del estado de derecho se le agregala perenne desigualdad social imperante, el escaso respeto por los derechos humanos, losespacios que se le ofrecen a grupos criminales organizados son enormes. y es que las po-sibilidades de ser perseguidos y sancionados son mínimas, más aún si existe una suerte deconnivencia entre estos grupos y la autoridad pública (65).3. la responsabilidad del ente en los delitos de criminalidad organizadaen los últimos años el tradicional dogma societas delinquere non potest, muy presente enla cultura jurídico-penal continental, ha cedido su espacio y hoy la gran mayoría de dichaslegislaciones sí contemplan disposiciones que penalizan directamente a la corporación (66). como se ha indicado, diversos instrumentos internacionales, ya sea de las nacionesUnidas o de la Unión europea —en donde los principales destinatarios de sus normas son (64) roJas araVena, F., El crimen organizado internacional: una grave amenaza a la democracia en Amé-rica Latina y el Caribe, Flacso, san José de costa rica, 2006, passim. Ver en http://www.scribd.com/doc/2570755/El-crimen-organizado-internacional-amenaza-a-la-democracia (consultado el 20 de junio de 2010); solÍs, l.G./roJasaraVena, F. (ed.), Crimen organizado en América Latina y el Caribe, catalonia, santiago, 2008, passim. (65) zÚÑiGa rodrÍGUez, Criminalidad organizada, cit. nota núm. 6, pp. 110-114. (66) Para un examen histórico del tema, marinUcci, G., «la responsabilità penale delle persone giuridiche»,en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2007, pp. 445 y ss.; mir PUiG, s., Derecho penal. Parte General, 7.ªed., reppertor, Barcelona, 2004, pp. 197-198, expone que si bien en roma no se consideró la responsabilidad de laspersonas jurídicas, durante la edad media y la Época moderna sí se admitió. Pero, fue a fines del siglo xviii cuandoel principio societas delinquere non potest adquiere relevancia, fundándose en que para la imposición de penas sólopuede regir el principio de responsabilidad personal. durante el siglo xix surgieron una serie de teorías dirigidas aerigir las bases necesarias que permitieran sancionar penalmente a las personas jurídicas —así, la teoría de la realidadde Gierke—. el propio Von liszt fue partidario de su punición, como se aprecia en su famosa frase: «Quien puedeconcluir contratos, puede concluir también contratos fraudulentos o usurarios». consideraba que estos entes podían serun instrumento peligroso, del que podían servirse los agentes delictivos. – 99 – 20.
revista de derecho penalentidades colectivas— (67), disponen de la necesidad de adoptar medidas para hacer respon-sables a las personas jurídicas de los delitos que en ellos se indican (68). Un importante papel también le corresponde a la Convención OCDE sobre la luchaa la corrupción de los funcionarios públicos extranjeros en las operaciones económicasinternacionales de 1997 (69). en los artículos 2 y 3 también se dispone la responsabilidad delas personas jurídicas. si bien no se exige la imposición de sanciones penales, sí que éstasdeben ser eficaces, proporcionales y disuasivas (70). asimismo, puede destacarse la Conven-ción sobre criminalidad informática conocida como Convención de Budapest de 2001, queen los artículos 12 y 13 también se refiere a la responsabilidad de los entes (71). se entiende que la actividad empresarial ofrece eficaces herramientas para que puedaoperar la criminalidad organizada y el terrorismo. Por tanto, se ha estimado indispensableestablecer todo un sistema de imputación y tratamiento sancionatorio para el ente, distintoal que corresponde a las personas naturales. además, puede decirse que existe cierto con-senso, desde una perspectiva político criminal, que las nuevas realidades sociales y el rolcada vez más activo y determinante de las entidades colectivas en un mundo económicoglobalizado dejan ver la insuficiencia de sanciones penales únicamente dirigidas a las per- (67) como primeros trabajos en esta esfera, VVaa, La responsabilità penale delle persone giuridiche in Di-ritto comunitario, Giuffrè, milán, 1981. aquí se puso de manifiesto, que las divergencias en el tratamiento de estosentes podía dificultar el desarrollo de la comunidad europea, pues las empresas preferirían aquellos estados en losque su legislación nada disponga o establezca sanciones más leves. Por tanto, se concluyó la necesidad de reconocerla responsabilidad de estas entidades por violación al derecho comunitario. Pero, teniendo en cuenta las diferenciasexistentes entre las diversas legislaciones, se recomendó que cada estado elaborara un sistema represivo que com-prendiera sanciones, sean de naturaleza penal, administrativa o sui generis. Flora, G., «l’attualità del principio“societas delinquere non potest”», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1995, p. 14, considera queuna aproximación de las legislaciones en este punto es una exigencia vital para el futuro de la comunidad europea.así también, leiGh, l., «Possibilities for a european administrative Penal law», en sieber, U. (ed.), EuropäischeEinigung und Europäisches Strafrecht, colonia-Berlín-Bonn-munich, 1993, p. 114; casTellana, a.m., «dirittopenale dell’Unione europea e principio “societas delinquere non potest”», en Rivista trimestrale di diritto penaledell’economia, 1996, pp. 750 y ss. (68) amarelli, G., «la responsabilità delle persone giuridiche e la repressione della criminalità organizzatatransnazionale», en PaTalano, V. (ed.), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappi-chelli, Turín, 2003, pp. 32 y ss. (69) Ver convención en http://www.mecon.gov.ar/basehome/informes/convencion_cohecho_ocde.pdf (consulta-do el 21 de junio de 2010). (70) sacerdoTi, G., «la convenzione ocse del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficialistranieri nella transazioni commerciali internazionali», en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, pp. 1349y ss.; hUBer, B., «la lotta alla corruzione in prospettiva sovranazionale», en Rivista trimestrale di diritto penaledell’economia, 2001, pp. 467 y ss.; PaTalano, «Profili problematici», cit. nota núm. 6, pp. 394-396. en el caso dechile, la introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas —ley núm. 20.393— guardaestrecha relación con su propósito de incorporarse a la ocde. al respecto, cfr. hernÁndez, h., «la introducciónde la responsabilidad penal de las personas jurídicas en chile», en Política Criminal, vol. 5, 9, a5, 2010, pp. 207 y ss.(www.politicacriminal.cl consultado el 30 de septiembre de 2010); maTUs, J.P., «informe sobre el proyecto de leyque establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavados de activos, financiamiento delterrorismo y delitos de cohecho que indica, mensaje núm. 018-357», en Ius et Praxis, año 15, 2, 2009, pp. 285 y ss. (71) BellUTa, h., «Cybercrime e responsabilità degli enti», en lUPÁria, l. (ed.), Sistema penale e crimina-lità informatica, Giuffrè, milán, 2009, pp. 83 y ss. – 100 – 21.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianosonas físicas que obran en su nombre o representación (72). además, se trata de contextosdespersonalizados, en donde lo relevante no es tanto qué persona física en particular actúa,sino que lo hace por la persona jurídica —muchas veces son sujetos fungibles—. asimis-mo, tampoco puede prescindirse del carácter simbólico-comunicativo de las que gozan lassanciones penales, a diferencia de las sanciones administrativas —que generalmente seaplican a las personas jurídicas—, como para no decantarse en esta dirección (73). no pretendo acá entrar a examinar la conveniencia o no de introducir el principio so-cietas delinquere potest —del que sí soy partidario— y cuáles pueden ser las repercusionesque su incorporación pueda significar dentro del sistema propio de la teoría del delito yde qué modo hacerlo, sin que ello pueda suponer vulnerar ciertos principios (74). lo dejode lado, no porque su discusión carezca de importancia, sino más bien, porque el objetivoperseguido aquí es otro: analizar de qué forma la responsabilidad penal del ente colectivopuede convertirse en una herramienta eficaz para enfrentar la criminalidad organizada.A) El Decreto Legislativo número 231 de 2001 que regula la responsabilidad de las personas jurídicascomo me centraré en la experiencia italiana, por las razones expuestas supra, expondrésomeramente el sistema de imputación establecido respecto del ente. el decreto legislativo núm. 231 de 8 de junio de 2001 introdujo la responsabilidad delas personas jurídicas. esencialmente para dar cumplimiento a las convenciones europeas (72) Pronunciándose a favor de que las personas jurídicas respondan ex crimine, Paliero, c.e., «la societàpunita: del come, del perchè, e del per cosa», en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, pp. 1516 y ss. (73) silVa sÁnchez, La expansión, cit. nota núm. 9, p. 159. (74) es así, que se cuestiona la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva de la culpa-bilidad. objeción que no se manifiesta cuando se trata de imponer sanciones administrativas a los entes. si es así, llamala atención que se objete, en cambio, la posible imposición de sanciones penales, en circunstancia de que tratándose delas personas jurídicas, la entidad de ambas sanciones son muy similares. además tanto el derecho penal y el derechoadministrativo sancionador son expresiones que conforman lo que se ha dado en llamar un Derecho penal en sentidoamplio, pues ambos comparten una sustancia común. si bien existen diferencias entre estas ramas, en lo fundamentalconstituyen una manifestación de la reacción estatal principalmente represiva. asimismo, ambos sistemas tienen unavocación preventiva y se hallan «formalizadas», lo que otorga a los destinatarios de las normas el necesario grado deseguridad jurídica. Por lo anterior, para ambos rigen similares principios garantísticos, entre ellos, la culpabilidad. ParaPaliero, c.e./TraVi, a., La sanzione administrativa, Giuffrè, milán, 1988, pp. 89 y ss., p. 105, en la sanción admi-nistrativa se observa también una orientación preventiva general y especial propios de la pena criminal; carreTeroPÉrez, a./carreTero sÁnchez, a., Derecho administrativo sancionador, 2.ª ed., edersa, madrid, 1995, p.173, señalan que cualquiera de las características propias de la pena pueden aplicarse a las sanciones administrativas:finalidad preventiva general y especial, responsabilidad del autor frente al estado, protección de bienes jurídicos. Porotro lado, la característica fundamental que distingue las sanciones punitivas de las restitutorias, es que en aquéllas soninstrumentos preventivos orientados hacia la protección de bienes jurídicos, por tanto, la sanción para el autor de lainfracción, tiene un carácter aflictivo. en cambio, las medidas resarcitorias, pretenden la eliminación del daño causadoo del provecho obtenido. la moderna doctrina administrativista es consciente de la proximidad que existe entre ambasramas y que, en definitiva son expresiones de un mismo ordenamiento punitivo del estado. así, para nieTo GarcÍa,a., Derecho administrativo sancionador, 2.ª ed., Tecnos, madrid, 1994, pp. 167-168, la discusión no se centra en «si»deben aplicarse los principios de derecho penal, sino «qué» principios y «hasta qué punto». Bajo esta perspectiva, esteautor señala que deben imponerse los principios punitivos constitucionalizados, que se entienden comunes a todo elordenamiento punitivo del estado, aunque procedan del derecho penal. – 101 – 22.
revista de derecho penalya citadas, particularmente las relativas a la corrupción. en un principio el elenco de deli-tos que podían atribuirse al ente era bastante reducido, pero con el correr de los años se haido ampliando. es así, que hoy se comprenden delitos de diversa naturaleza. sólo por citaralgunos, delitos contra la administración pública, delitos societarios, abusos de mercado,homicidio o lesiones culposas en materia laboral, delitos con finalidad terrorista o de sub-versión, prácticas de mutilación de órganos genitales femeninos, esclavitud, prostituciónde menores o pornografía infantil. en 2009 se introdujeron los delitos de criminalidadorganizada —artículo 24 ter del decreto legislativo núm. 231—, sobre los cuales dirigirémi atención. como se aprecia, se trata de delitos, si bien diversos en cuanto su naturaleza,sí pueden ser cometidos por entes. algunos de ellos responden a las exigencias dispuestaspor la convención de Palermo para perseguir el crimen organizado transnacional, como esel caso de la trata de personas —esclavitud, prostitución de menores—. Todo indica que el catálogo se irá ampliando. Por de pronto, la directiva europea2008/99/ce (75) sobre la protección penal del medio ambiente, dispone en su artículo 6 laresponsabilidad de las personas jurídicas. normativa que los países miembros deben tras-pasar a sus ordenamientos internos. se ha discutido si la responsabilidad del ente es administrativa o penal. si bien es cier-to el decreto legislativo núm. 231 habla de responsabilidad administrativa, todo pareceindicar que es más bien penal (76). en efecto, se trata de responsabilidad por la comisión dedelitos; se establecen criterios de imputación que relacionan a una persona física que actúaen interés o para obtener una ventaja para la persona jurídica. Precisamente esto últimopermitiría salvar las objeciones que pueden provenir del art. 27 inc. 1 de la constituciónitaliana que dispone: «la responsabilidad penal es personal», por cuanto la responsabili-dad del ente y su culpabilidad se determina sobre la base de la conducta de un sujeto queactúa como «organización» (77); por último, es un juez penal el llamado a juzgar la respon-sabilidad del ente colectivo. en cuanto a los criterios de atribución de responsabilidad de la persona jurídica, sedeben distinguir dos: a) artículo 5. la infracción penal haya sido cometida en su interéso para su ventaja por quienes se encuentran en posición jerárquica superior o por sujetossubordinados a la dirección o vigilancia de aquéllos. no cabe imputar al ente, como es de (75) Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0028:0037:ES:PDF (consul-tado el 12 de junio de 2010). Cfr. arena, m./cassano, G., La responsabilità da reato degli enti collettivi, Giuffrè,milán, 2007, pp. 44 y ss. (76) amarelli, «la responsabilità», cit. nota núm. 68, pp. 26-27; para Fiandaca, G./mUsco, e., Dirittopenale. Parte generale, 5.ª ed., zanichelli editore, Boloña, 2008, p. 163, el calificar de administrativa la responsabili-dad de la persona jurídica sería más bien un fraude de etiquetas, pues sustancialmente tiene un carácter penal; Pado-Vani, T., «il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche»,en de Francesco, G. (ed.), La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia «punitiva», Giappichelli, Torino,2004, pp. 13 y ss. (77) al respecto, marinUcci, G./dolcini, e., Manuale di Diritto penale. Parte Generale, 3.ª ed., Giuffrè,milán, 2009, p. 144. en todo caso, estos autores son del parecer que la elección del legislador de llamar responsabilidadadministrativa no constituye un fraude de etiquetas (p. 145). Para de maGlie, c., L’etica e il mercato. La responsabi-lità penale della società, Giuffrè, milano, 2002, pp. 341 y ss. el artículo 27 de la constitución no impediría disponer laresponsabilidad penal del ente, pues cuando se habla de responsabilidad personal se refiere «a hechos propios» y lo quese prohíbe es responder «por hechos ajenos». Por tanto, no hay una exclusión a priori de las personas jurídicas. – 102 – 23.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianosuponer, si estos sujetos han obrado en exclusivo interés propio o de terceros (78); b) artícu-los 6 y 7. determinar la llamada culpa por organización, esto es, la carencia de elección ola actuación deficiente de un modelo de organización o de gestión que sean idóneos para laprevención de delitos. así también, cuando no se ha confiado la función de vigilancia o laobservancia de los modelos de organización a un organismo autónomo al ente (79). la culpa por organización no constituye ninguna novedad, pues ya había sido expuestaen 1988 por Tiedemann para fundamentar la capacidad de acción y de culpabilidadde las personas jurídicas (80). este autor sostiene que el hecho de que existan normas quese dirijan «directamente» a entes supraindividuales, se debe a que el legislador los estimacon capacidad para realizar aquellas conductas antijurídicas establecidas en la norma, esdecir, que pueden con su comportamiento lesionar un bien jurídico. el que materialmentela corporación lleve a cabo sus actuaciones a través de personas físicas —órganos o re-presentantes— nada impide que pueda sostenerse la capacidad de acción de la empresa.en efecto, mediante la teoría de la imputación de hechos ajenos a la persona jurídica, esposible atribuirle la actuación de sus órganos o representantes, pues en definitiva, la per-sona jurídica ha actuado a través de éstos, se trata de hechos que sólo, formalmente, le sonajenos (81). en lo que respecta a la capacidad de culpabilidad propia de los entes colectivos,Tiedemann la construye conforme a la llamada «culpabilidad de organización» (Orga-nisationsverschulden), la que se fundamenta en que la empresa, al no haber organizado suactividad —por medio de sus representantes u órganos— de acuerdo a lo que era exigiblepor el ordenamiento, ha generado las posteriores comisiones delictivas, que han tenidolugar al haber omitido tomar las medidas de cuidado que son necesarias para asegurar larealización de negocios ordinarios. esta clase de culpabilidad se estructura de una manera (78) selVaGGi, n., L’interesse dell’ente collettivo. Quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato,Jovene editore, nápoles, 2006, passim; Bernasconi, a., «art. 5», en Presutti, a./Bernasconi, a./Fiorio, c., Laresponsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legisl. 8 giugno 2001 n. 231, cedam, Padua, 2008,pp. 97 y ss.; PUliTanò, d., «la responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione», en Rivista italiana didiritto e procedura penale, 2002, pp. 425 y ss.; de Vero, G., «struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collet-tivo dipendente da reato», en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2001, pp. 1154 y ss.; marenGhi, «laresponsabilità», cit. nota núm., 52, pp. 276 y ss. (79) alessandri, a., «riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina», en VVaa, La responsabilità amm-nistrativa degli enti, ipsoa, milán, 2002, pp. 25 y ss.; el mismo, «note penalistiche sulla nuova responsabilità dellepersone giuridiche», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia. 2002, pp. 50 y ss.; Paliero, c.e., «laresponsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione», en alessandri, a. (ed.), Il nuovo dirittodelle società, ipsoa, milán, 2002, pp. 47 y ss.; sFameni, P., «la responsabilità delle persone giuridiche: fattispeciee disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo», en alessandri, a. (ed.), Il nuovo diritto delle società,ipsoa, milán, 2002, pp. 65 y ss.; TriPodi, a.F., «“situazione organizzativa” e “colpa in organizzazione”: alcuneriflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell’economia», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’econo-mia, 2004, pp. 483 y ss.; de maGlie, c., «Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità», en Dirittopenale e processo, 11, 2001, pp. 1348 y ss.; GarGani, a., «imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilitàpenale dell’intraneo: due piani irrelati?», en Diritto penale e processo, 9, 2002, pp. 1061 y ss.; manna, a., «la c.d.reponsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme», en Rivista trimestrale di dirittopenale dell’economia, 2002, pp. 507 y ss. (80) Tiedemann, K., «die ‘Bebußung’ von Unternehmen nach dem 2.Gesetz zur Bekämpfung des Wirt-schaftskriminalität», en Neue Juristische Wochenschrift, 1988, pp. 1169 y ss. (81) como subraya Tiedemann, K., Lecciones de Derecho penal económico (Comunitario, español, ale-mán), PPU, Barcelona, 1993. p. 234, la imputación de hechos ajenos se conoce en otras esferas del derecho penal. asítambién en el ámbito de la coautoría, o en la autoría mediata. – 103 – 24.
revista de derecho penalsimilar a como lo hace la culpabilidad por un hecho anterior —ya admitida para los casosde actio libera in causa—. si las infracciones que ha cometido la persona física al interiorde la empresa han tenido lugar por la no adopción previa de medidas necesarias dirigidas aevitar tales comportamientos posteriores, esto último le debe ser imputado al ente colecti-vo. se ha criticado la teoría de culpabilidad por organización de Tiedemann, en cuantopodría constituirse en un principio de responsabilidad que no admita prueba en contrario (82).esto es, como ha señalado Brender (83) —quien elabora el concepto de responsabilidadprincipal (Hauptverschulden) (84) para fundamentar la imputación de la persona jurídicauna vez establecido el hecho de contacto, es decir, el comportamiento ilícito de la personanatural—, al ser la noción de deficiencia en la organización o insuficiencias en los deberesde vigilancia por parte de la empresa, conceptos ficticios, el ente supraindividual deberáresponder, imputándole el ilícito, un vez comprobado el hecho de contacto. conforme aesta argumentación, no tendrá relevancia que la empresa alegue haber empleado todos losmedios necesarios de control y que aun así, nada pudo hacer para evitar la infracción, puesdeberá igualmente responder por las actuaciones de sus órganos o representantes. ahorabien, podría criticarse esta última construcción doctrinal, en que lo propio sería mantenerlas esferas de imputación diferenciadas y reconocer que existe una culpabilidad propia dela persona jurídica, cosa que, en definitiva, se niega con esta argumentación, pues el quese impute sin más al ente colectivo, una vez acreditado el hecho de contacto, nos estaríaindicando que sólo a la persona natural se le puede reconocer la culpabilidad. la respon-sabilidad de la persona jurídica deberá nacer de su propia conducta —sujeto activo de unilícito—, por haber quebrantado el deber de evitar la comisión de infracciones, obligaciónésta que emana del propio ordenamiento jurídico. la estructura de los modelos de organización o de gestión dispuestos en la legislaciónitaliana que se inspiran en la regulación norteamericana —conocidos como complianceprograms (85)— tienen como propósito, tanto la individualización de los ámbitos de riesgopara el ente en cuanto a la posible comisión de delitos, de modo de prevenirlos, comotambién disponer de mecanismos de actuación y de procedimientos a seguir por quienes seencuentran ya sea en posición superior o subordinada. la normativa italiana brinda especial atención e importancia a los aspectos organiza-tivos de las empresas: debe adoptarse y llevarse a cabo un modelo de gestión dirigido aimpedir la comisión de infracciones penales; la conformación de un organismo dirigido a (82) Cfr. al respecto, Tiedemann, «die ‘Bebußung’», cit. nota núm. 80, p. 1173. (83) Brender, m., Die Neuregelung der Verbandstäterschaft im Ordnungswidrigkeitenrecht, Friburgo, 1989,pp. 101 y ss. (84) Brender, Die Neuregelung, cit. nota núm. 83, pp. 110 y ss. (85) aldroVandi, P., «i “modeli di organizzazione e di gestione” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspettiproblematici dell’ “ingerenza penalistica” nel “governo” delle società», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’eco-nomia, 2007, pp. 460 y ss.; de maGlie, c., «sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa. crisi e innova-zioni nel diritto penale statunitense», en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1995, pp. 118 y ss.; de Vero,«struttura e natura», cit. nota núm. 78, pp. 1132 y ss.; BarTolomUcci, s., Corporate governance e responsabilitàdelle persone giuridiche, ipsoa, milán, 2004, pp. 8 y ss. – 104 – 25.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianovigilar el funcionamiento y la observación de este modelo, y la estructuración de un siste-ma disciplinario interno (86). Para los efectos probatorios —artículo 6— se debe distinguir si la infracción es come-tida por quien se halla en una posición apical o subordinada —distinción que obedece a ladistinta capacidad de influir en las políticas empresariales—. Tratándose de los primeros,la carga de la prueba recae en el ente. este debe acreditar la ausencia de culpa por organi-zación, es decir, debe probar, que aun cuando el modelo de organización era eficaz comomecanismo de control, la persona jurídica no tenía la capacidad de impedir la comisiónde delitos por parte de los sujetos en posición jerárquica superior. Éstos, como señala laletra c) del inciso 1 del artículo 6, han obrado «eludiendo fraudulentamente los modelos deorganización y de gestión». en cambio, respecto a las infracciones penales cometidas poraquellos sujetos subordinados a la dirección o vigilancia de otros —artículo 7—, la cargade la prueba recae en el ministerio Público, el que debe acreditar el funcionamiento inade-cuado del modelo de organización o, en su caso, de los organismos de control. como se ha señalado, la culpa por organización es uno de los criterios para poder atri-buir responsabilidad al ente. Pues bien, de lo anterior se desprende que como presupuestomínimo para poder imputar se admite la culpa —así por ejemplo, no haber obrado diligen-temente en el reconocimiento del peligro de comisión de un delito— (87). en algunos casos,la propia ley dispone la exigencia de una actuación dolosa del ente. en efecto, diversashipótesis delictivas consagradas en el decreto legislativo núm. 231 se refieren a aquelloscasos en que se aprecia una política de empresa de carácter criminal, esto es, hacia la comi-sión de delitos. es el caso, por ejemplo, de los artículos 25 quater sobre delitos con finali-dad de terrorismo o de subversión del orden democrático o artículo 24 ter sobre delitos decriminalidad organizada —que será examinado infra—. ambos contemplan el supuesto deque «el ente o su unidad organizativa es constantemente utilizado con el propósito único oprevalente de consentir o facilitar la comisión» del delito. en estos casos se contempla la sanción de interdicción definitiva del ejercicio de laactividad empresarial regulada en el artículo 16 inciso 3. sin embargo, este mismo artícu-lo dispone esta sanción para cualquier delito consagrado en el decreto examinado, si seaprecia el mismo comportamiento descrito más arriba: «el ente o su unidad organizativaes constantemente utilizado con el propósito único o prevalente de consentir o facilitar lacomisión». Por último, en este rápido examen del decreto núm. 231, cabe destacar que el elencode sanciones se encuentra en el artículo 9 (88). a) la sanción pecuniaria —artículos 10 (86) monesi, c. (ed.), I modelli organizativi ex D. Lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti,Giuffrè, milán, 2005, pp. 251 y ss.; Bernasconi, a., «artículo 6», en Presutti, a./Bernasconi, a./Fiorio, c., Laresponsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legisl. 8 giugno 2001 n. 231, cedam, Padua, 2008, pp.109 y ss. (87) así lo sostienen marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, p. 148; Paliero, c.e., «la respon-sabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici», en Palazzo, F., societas puniripotest, La responsabilità da reato degli enti collettivi, cedam, Padua, 2003, pp. 29 y ss. (88) Un examen de las sanciones en anGelini, m., «artículo 9», en Presutti, a./Bernasconi, a./Fiorio, c., Laresponsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legisl. 8 giugno 2001 n. 231, cedam, Padua, 2008, pp.173 y ss.; mUcciarelli, F., «le sanzioni interdittive temporanee nel d. lgs. n. 231/2001», en dolcini, e./Paliero, – 105 – 26.
revista de derecho penaly 11—, que se precisa de conformidad a cuotas. a fin de calcularlas el juez debe considerarla gravedad del hecho, el grado de la responsabilidad del ente y a la actividad desarrolladapara eliminar o atenuar las consecuencias del hecho o para prevenir la reiteración; b) lassanciones interdictivas, que pueden ser temporales o definitivas. respecto de las tempo-rales —artículos 13 y 14— pueden consistir, entre otras: interdicción del ejercicio de laactividad; suspensión o revocación de autorizaciones, licencias o concesiones; prohibiciónde contratar con la administración pública. la determinación de cuál de ellas se impondrála resuelve el juez conforme a criterios como reiteración de los ilícitos, provecho de enti-dad relevante por parte del ente si la infracción penal es cometida por sujetos en posiciónapical, graves carencias organizativas si el hecho es cometido por sujetos subordinados aotra dirección; las sanciones interdictivas definitivas —artículo 16— se aplican cuando elente ha obtenido un provecho de relevante entidad y ha sido ya condenado al menos en tresoportunidades en los últimos siete años a la interdicción temporal, o bien cuando el ente osu unidad organizativa es constantemente utilizado con el propósito único o prevalente deconsentir o facilitar la comisión de infracciones penales; prohibición definitiva de contra-tar con la administración pública o prohibición de publicitar bienes o servicios, aplicablecuando el ente ha sido condenado a la misma sanción al menos tres veces en los últimossiete años; c) la confiscación —artículo 19— del precio o del provecho del delito, siempreque se establezca en la sentencia de condena, salvo los derechos de terceros de buena fe.cuando no es posible confiscar el provecho o el precio, la confiscación tendrá por objetosumas de dinero, bienes u otra utilidad de valor equivalente al precio o al provecho de lainfracción penal; d) la publicación de la sentencia de condena —artículo 18—, el juezpuede disponerla cuando respecto del ente se le aplica una sanción interdictiva. Para marinUcci y docini (89) la eficacia disuasiva de este aparato sancionatorio esmás bien modesta, salvo para los casos en que se aplica una sanción interdictiva definitiva.las sanciones pecuniarias tendrían, de forma abstracta, una apreciable eficacia disuasiva,sin embargo, las hipótesis individuales de infracción penal atribuibles al ente prevén cuotasen número muy inferiores. en cuanto a las sanciones interdictivas temporales y definitivas,aun cuando son conminadas para las hipótesis individualizadas de delitos atribuibles alente, su aplicación con la sentencia de condena aparece sólo en presencia de condiciones,fácticas o temporales, que acontecen muy raramente, como la hipótesis de la constanteutilización del ente para facilitar la comisión del delito. Por ello la tendencia de la jurispru-dencia a aplicar por vía cautelar las sanciones interdictivas temporales.B) Ley número 94 de 2009 que introduce el artículo 24 ter —delitos de criminalidad organizada— al Decreto Legislativo número 231 como se resaltó precedentemente, si bien la ley núm. 146 de 2006 se hizo cargo de laresponsabilidad de la persona jurídica respecto de los delitos de criminalidad organizada,lo limitó a aquellos casos en que el delito tuviera un carácter transnacional. Por tanto, sec.e. (ed.), Studi in onore di Giorgio Marinucci. T. iii, Giuffrè, milán, 2006, pp. 2489 y ss.; GiaVazzi, s., «le sanzio-ni interdittive e la publicazione della sentenza penale di condanna», en VVaa, La responsabilità ammnistrativa deglienti, ipsoa, milán, 2002, pp. 119 y ss. (89) marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, p. 150. – 106 – 27.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianopresentaba un vacío cuando las actividades del ente sólo estuvieran vinculadas a la cri-minalidad organizada «interna» o nacional. Justamente la ley núm. 94 de 15 de julio de2009 —conocida en italia como el «paquete de seguridad 2009» (90)—, con la inclusión delartículo 24 ter en el decreto legislativo núm. 231, dispone las medidas necesarias a fin deque las personas jurídicas puedan responder por aquellos delitos en que ha participado enuna organización criminal. en todo caso, tampoco puede decirse que el decreto legislativo núm. 231 no con-templaba ya normas que pudieran comprender la imputación de la persona jurídica dentrode actividades propias de la criminalidad organizada. en efecto, el artículo 25 quater serefiere al financiamiento del terrorismo; el artículo 25 octies, entre otros, a la receptación,blanqueo de dinero de proveniencia ilícita. además y como ya se ha hecho presente, eldecreto en cuestión se hace cargo de aquellos casos en que el ente podría calificarse deintrínsecamente ilícito: el artículo 16.3 señala «si el ente o su unidad organizativa es cons-tantemente utilizado con el propósito único o prevalente de consentir o facilitar la comisiónde delitos». Para estos casos se dispone la sanción más rigurosa, a saber, la interdiccióndefinitiva. empero, el nuevo artículo 24 ter amplía el catálogo de delitos atribuibles a la personajurídica a los delitos asociativos y que se relacionan con la criminalidad organizada. al res-pecto, es preciso distinguir dos grupos de delitos-presupuesto: a) asociación para delinquirdirigida a la trata de personas, favorecimiento de la inmigración clandestina, entre otras—artículo 416 inciso 6.º del código penal italiano—; asociación de tipo mafioso —artículo416 bis del mismo código—; secuestro de personas con propósito de extorsión —artículo630 del código penal—; asociación para el tráfico ilícito de estupefacientes —artículo 74decreto del Presidente de la república núm. 309 de 9 de octubre de 1990—; b) asociaciónpara delinquir del artículo 416 con excepción del inciso 6.°; delitos en materia de armas—artículo 407 inciso 2.° letra a) núm. 5 del código procesal penal italiano—. ambosgrupos se distinguen fundamentalmente por la sanción, siendo menos severa respecto delsegundo grupo, por cuanto comprende un delito asociativo común. se trata de un elenco de delitos que fundamentalmente se relacionan por cuanto abar-can delitos particularmente graves, vinculados con actividades propias de la criminalidadorganizada. en este sentido, se subsumen supuestos asociativos en que se determina elobjeto del programa criminal —delitos-fines— como son los casos del tráfico ilícito de es-tupefacientes, de armas, secuestro con fines de extorsión. asimismo, se incluyen aquelloscasos en que se actúa para favorecer o facilitar las actividades de otras asociaciones crimi-nales, como se desprende del hecho que se comprendan los dos más importantes delitos- (90) cabe destacar que también en 2008 por ley núm. 125 de 24 de julio se establecieron «medidas urgentesen materia de seguridad pública». esta norma junto con la ley núm. 94 de 2009 conforman el llamado «paquete deseguridad». ambas contienen un heterogéneo conjunto de disposiciones que inciden en el derecho penal, procesalpenal, penitenciario. así, por ejemplo, en materia de inmigración, de tráfico vial, de delitos sexuales contra menores,de confiscación. Para un visión completa de ambas leyes, mazza, o./ViGanò, F. (ed.), Misure urgenti in materia disicurezza pubblica, Giappichelli, Turín, 2008, passim; mazza, o./ViGanò, F. (ed.), Il «pachetto» sicurezza 2009,Giappichelli, Turín, 2009, passim; corBeTTa, s./della Bella, a./GaTTa, G.l. (ed.), Sistema penale e «sicu-rezza pubblica»: le riforme del 2009, ipsoa, milán, 2009, passim; amaTo, G./sanToriello, c., Misure urgenti inmateria di sicurezza pubblica, Utet, Turín, 2009, passim. – 107 – 28.
revista de derecho penalmedio que conoce el ordenamiento penal italiano, a saber, la asociación para delinquir delartículo 416 y la asociación de tipo mafioso del artículo 416 bis. Precisamente esta última decisión legislativa, en particular respecto del artículo 416,ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina, pues ahora cualquier delito puede ser ob-jeto del programa criminal (91). con ello se amplía considerablemente los supuestos típicosque se le pueden atribuir al ente, excluyéndose sólo aquellos delitos que por su naturalezano pueden ser realizados en su interés o ventaja (92). a lo anterior debe agregarse la circuns-tancia relativa a la anticipación de la punibilidad que es consustancial a todo delito asocia-tivo. en consecuencia, puede plantearse que el ente responda por los actos preparatorios decualquier delito si se determina que es parte de un programa criminal de una asociación.en más, podría aplicarse la figura del artículo 24 ter, en lo que dice relación al artículo 416del código penal, cuando tres o más sujetos que se encuentran en una posición jerárquicasuperior dentro de una misma empresa deciden cometer, por ejemplo, delitos societarios eninterés del ente. este último puede ser sancionado aun cuando en rigor los delitos no hayanalcanzado la tentativa y sin que sea necesario tener que aplicar la figura del artículo 25 terya contemplada en el decreto núm. 231 (93). Por lo anterior es que esta figura pueda ser empleada, sin que se trate de delitos quepuedan tener alguna relación con la criminalidad organizada, desvirtuándose, de este modo,el sentido original que se pretendía con la incorporación del artículo 24 ter. a los anteriores cuestionamientos, debe agregarse la enorme dificultad que puederepresentar para las personas jurídicas la construcción de modelos de organización. enefecto, la circunstancia de incluir formas asociativas respecto de cualquier delito, tornaespecialmente ardua la búsqueda de reglas que permitan individualizar los riesgos de co-misión de delitos (94). al respecto, sólo puede pensarse que tratándose de empresas quepretenden cometer delitos dentro de la esfera de la criminalidad organizada difícilmentese han elaborado modelos de organización, o de haberlos implantado no los observaránni actuarán conforme a ellos. Por el contrario, la regla general es que son entidades queya nacen con propósitos ilícitos o con posterioridad pasan a serlo. es por ello que en es-tos casos no parece relevante determinar la culpa por organización, derechamente se estáfrente a un caso de dolo de la persona jurídica (95). Por lo demás, debe considerarse que elsentido original y toda la estructura de imputación regulada en el decreto legislativo núm.231 se ha entendido dirigida a empresas que persiguen fines lícitos y que eventualmente enel ejercicio de sus actividades cometen delitos. la comprensión de una empresa criminalresulta de algún extraño y cuando lo ha hecho, como en el caso del artículo 16.3 —«el enteo su unidad organizativa es constantemente utilizado con el propósito único o prevalente de (91) scoleTTa, m., «art. 24-ter, d. lgs. n. 231/2001», en corbetta, s./della Bella, a./Gatta, G.l. (ed.), Siste-ma penale e «sicurezza pubblica»: le riforme del 2009, ipsoa, milán, 2009, p. 375. (92) Para corVi, «nuove risposte», cit. nota núm. 51, p. 367, la responsabilidad de la persona jurídica de frag-mentaria pasa ahora a ser general. (93) así lo hacer ver corVi, «nuove risposte», cit. nota núm. 51, pp. 367-368. (94) scoleTTa, «art. 24-ter», cit. nota núm. 91, p 379. (95) corVi, «nuove risposte», cit. nota núm. 51, p. 375. – 108 – 29.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianoconsentir o facilitar la comisión de infracciones penales»— se ha entendido esencialmentepara los efectos sancionatorios. Por lo recién expuesto, es que los mayores problemas que se pueden presentar guardanrelación con aquellas personas jurídicas que sí persiguen fines lícitos pero que en el ejer-cicio de su actividad se aprovechan para la comisión de delitos de una organización crimi-nal. Por ejemplo, miembros de una empresa que ejercen una posición jerárquica superiorson además miembros de una organización criminal de tipo mafioso conforme al artículo416 bis. Pues bien, si se determina que aprovechándose de esta última asociación —porejemplo, ha empleado métodos de intimidación— han conseguido a favor de su empresaun contrato público que le genera importantes ganancias, la persona jurídica responderáconforme a lo dispuesto en el artículo 24 ter. También puede acontecer una situación inversa, esto es, que sea la persona jurídica«lícita» la que colabora con una organización de tipo mafioso. Por ejemplo, los miembrosde una sociedad que ocupan una posición jerárquica superior, sin ser miembros de la orga-nización criminal, le prestan toda su asesoría o asistencia para que tal organización puedaadjudicarse determinados contratos públicos, y ello a su vez le reporta un interés al ente porcuanto será contratada para futuros trabajos. este es uno de los casos más discutidos en la doctrina italiana, ¿cómo castigar a quie-nes no siendo miembros de la asociación ilícita colaboran con ella? en casos similaresrespecto de personas naturales se ha aplicado el llamado concurso externo en delitos aso-ciativos (96). hay dos casos emblemáticos en que se discutió la aplicación del concurso externo:Carnevale (97) y Mannino (98). respecto del primero, carnevale fue Presidente de la primerasección de la suprema corte de casación y durante los años ochenta se lo cuestionó porhaber absuelto, argumentando vicios de forma, a un importante número de acusados enprocesos seguidos en contra de la mafia. Fue sometido a proceso por concurso externo enasociación mafiosa y suspendido de sus funciones judiciales. si bien se lo absolvió en pri-mera instancia, en 2001 fue condenado por la corte de apelaciones de Palermo a la penade seis años de presidio. luego, en 2002 la corte de casación lo absolvió. en el segundocaso, mannino, que es un político que ha desempeñado en diversas oportunidades los car-gos de ministro de estado, fue arrestado en 1995 por un presunto acuerdo con la mafia. se (96) la literatura es abundante, sólo por citar algunos trabajos, PicoTTi, l./Fornasari, G./ViGanò, F./melchionda, a. (ed.), I reati associativi: paradigmi concettual e materiale probatorio, cedam, Padua, 2005, pas-sim; insolera, G., «ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi», en Rivista italiana di diritto eprocedura penale, 2008, pp. 632 y ss.; aleo, Sistema penale, cit. nota núm. 22, pp. 228 y ss.; VisconTi, c., «il con-corso esterno nell’associazione mafiosa: profili dogmatici ed esigenze politico-criminali», en Rivista italiana di dirittoe procedura penale, 1995, pp. 1303 y ss.; el mismo, «il concorso esterno tra aspetti di costituzionalità e prospettivedi riforma legislativa», en Diritto penale e processo, 6, 1998, pp. 751 y ss.; manna, a., «l’ammisibilità di un c.d.concorso “esterno” nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità», en Rivista italianadi diritto e procedura penale, 1994, pp. 1189 y ss.; mUscaTiello, V.B., «Per una caratterizzazione semantica delconcorso esterno», en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, pp. 184 y ss.; BerToroTTa, F., «concorsoeventuale di persone e reati associativi», en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, pp. 1273 y ss. (97) corTe de cassazione, Foro Italiano, ii, 2003, pp. 454 y ss. (98) corTe de cassazione, Foro Italiano, ii, 2006, pp. 80 y ss. – 109 – 30.
revista de derecho penalle imputaba que concedía favores a la mafia para obtener votos. si bien fue absuelto en pri-mera instancia, fue condenado en la segunda instancia a la pena de cinco años de presidio.sentencia esta última que fue anulada por la corte de casación. en definitiva, en octubrede 2008 fue absuelto por la corte de apelaciones de Palermo. en términos muy generales, la figura del concurso externo se ha aplicado en italiapara enfrentar la criminalidad de tipo mafioso y terrorista, castigando a aquellos sujetosque siendo extraños y no formando parte de la asociación criminal, cooperan con ella,favoreciendo con ello a la asociación criminal. la discusión se ha presentado por cuantoal no formar parte de la asociación no realiza en rigor una conducta típica: no es un «aso-ciado». Por tanto, no podría contribuir materialmente en la causación del hecho delictivoquien no forma parte de la asociación. al respecto, hay que tener presente que en italia seha optado por un modelo unitario de autor —artículos 110 y ss. del código penal—, por loque todos aquellos que concurren, cualquiera sea la contribución, a la causación del hechodelictivo responden como intervinientes de éste (99). ello no significa, claro está, que todosrespondan con la misma pena, sino que ésta se gradúa dentro de un mismo marco penal,precisándose para los distintos intervinientes conforme concurran o no ciertas circunstan-cias señaladas en el artículo 133 del código penal. señalan marinUcci/dolcini respecto a la adopción de un modelo unitario: «larazón político criminal de esta elección legislativa reside en el justo convencimiento que lapredeterminación de una pena en abstracto más elevada para el autor respecto al partícipechocaría violentamente con la realidad de las cosas: en particular, no tendría sentido san-cionar siempre y de todos modos al ejecutor del delito de forma más severa que el mandan-te, puesto que este último, en mucho casos, maneja los hilos permaneciendo en la sombra yasume la parte menos riesgosa, pero más importante de la empresa criminal» (100). Pues bien, tratándose los delitos asociativos, se ha señalado a favor del concurso ex-terno que quien ocasionalmente realiza actividades que refuerzan a la asociación crimi-nal, sí está facilitando su existencia; es decir, quien contribuye dolosamente a reforzar laasociación, sabiendo que su conducta tendrá esta eficacia favorecedora para la asociación,también concurre en la comisión del delito asociativo (101). la pregunta que surge es cómo debe responder la persona jurídica en estos casos. auncuando no se ha discutido mayormente el punto, se ha señalado que también podría apli-carse la regla del concurso externo102. en efecto, la responsabilidad del ente tendrá lugar,determinando en primer lugar si se está o no frente a un concurso externo, aplicando para (99) Cfr. dolcini, e./marinUcci, G. (ed.), Codice Penale commentato, T. i. 2.ª ed., ipsoa, milán, 2006,pp. 1104 y ss. (100) marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, pp. 410-411. (101) así lo entienden marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, p. 408 quienes agregan: «el pro-blema de la configuración de un concurso de personas en los delitos asociativos se advierte, sobre todo, con relacióna lo obrado por algunas categorías de profesionales (abogados, magistrados, empresarios) que supone una objetivafacilitación de las actividades de las asociaciones criminales. Para una correcta solución del problema es decisivodistinguir entre conductas que se comprenden en el ejercicio de las facultades o de los deberes inherentes a aquellasdiversas profesiones y conductas que, en cambio, están fuera. al respecto, en doctrina oportunamente se ha avanzadoen propuestas de reformas legislativas, que contengan la explícita enunciación del criterio distintivo». (102) corVi, «nuove risposte», cit. nota núm. 51, pp. 369-370. – 110 – 31.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianoello las reglas precedentes y que se han desarrollado respecto de las personas físicas —ar-tículos 110 y 416 ó 416 bis— para a continuación acreditar si aquello se ha realizado ensu interés o le ha reportado una ventaja —artículos 5, 6 y 7 del decreto legislativo núm.231—. dado que el artículo 24 ter es una disposición reciente —julio de 2009— no haymayores pronunciamientos por parte de la jurisprudencia que permita aquilatar cuán efi-ciente puede ser la imputación penal de los delitos de criminalidad organizada a la personajurídica. sin embargo, y como primera aproximación me merece un juicio positivo. ya sedestacó supra que la criminalidad organizada es eminentemente económica, su fin es el lu-cro, enriqueciéndose ilícitamente. Por tanto, en este contexto deben contemplarse medidasdirigidas a «dificultar» la consecución de tal propósito. en este sentido, sanciones comolas interdictivas bien pueden cumplir dicha misión. lo esencial es procurar disuadir a lasempresas «lícitas» a que trabajen en conjunto con entes criminales.4. la confiscacióncomo se ha destacado suficientemente, si se está frente a una criminalidad cuyo propósitofundamental es el lucro da carácter ilícito, debe disponerse de herramientas dirigidas a laablación de aquellos beneficios económicos que ha obtenido la empresa criminal (103). conello se pretenden perseguir dos objetivos muy claros: el primero y más inmediato, limitare incapacitar económicamente a la organización, dificultando con ello el desarrollo de susactividades criminales; el segundo y más amplio, impedir que las organizaciones crimina-les se infiltren en la economía lícita y de este modo, en la vida política del país (104). estesegundo propósito puede entenderse incluso, desde perspectiva de la seguridad y el ordenpúblico de un estado, pues en la medida en que la criminalidad organizada se infiltra en laeconomía lícita, adquiriendo poder, puede alterar las reglas del mercado y generar inestabi-lidad en la convivencia democrática. Supra se destacó los evidentes riesgos de corrupciónque se pueden presentar y con ello resquebrajar las bases de un estado de derecho. considerando pues, que la criminalidad organizada trabaja con la lógica empresarialy disfrutando del sistema capitalista, es elemental pensar que una de las herramientas aemplear en su contra debe tener un carácter patrimonial (105). Pues bien, entre estas medi- (103) Un examen de la criminalidad organizada conforme al análisis económico del derecho, manGione, a.,«“Law & Economics” e diritto penale: paradigma a confronto nell’analisi delle politiche di contrasto alla criminalitàorganizzata», en maUGeri, a.m. (ed.), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimime:reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Giuffrè, milán, 2008, pp. 147 y ss. (104) maUGeri, a.m., «relazione introduttiva. i modelli de sanzione patrimoniale nel diritto comparato», enmaugeri, a.m. (ed.), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimime: reciproco riconos-cimento e prospettive di armonizzazione, Giuffrè, milán, 2008, pp. 3-4; Gialanella, a., «diritto penale e contrastodi prevenzione alle richezze di mafia: utilitarismo “relativistico” e “ragionevalezza” garanstista», en Patalano, V. (ed.),Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Turín, 2003, pp. 193 y ss. (105) Fornari, l., Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzione pecuniarie nel dirittopenale «moderno», cedam, Padua, 1997, pp. 5 y ss.; manGione, a., La misura di prevenzione patrimoniale fradogmatica e politica criminale, cedam, Padua, 2001, pp. 457 y ss.; alFonso, r., «i problemi e le prospettive del se-questro e della confisca dei patrimoni mafiosi», en Parano, c./centonze, a. (ed.), L’attività di contrasto alla criminalitàorganizzata, Giuffrè, milán, 2005, pp. 207-208. – 111 – 32.
revista de derecho penaldas se encuentra la confiscación, que como se verá es de amplia utilización en el sistemaitaliano. los instrumentos internacionales también contemplan la confiscación, instando a losestados para que la introduzcan o, en su caso, la adecuen a las nuevas exigencias que im-pone enfrentar una criminalidad de esta naturaleza. es así, que la Convención OCDE sobrela lucha a la corrupción de los funcionarios públicos extranjeros en las operaciones eco-nómicas internacionales de 1997 en su artículo 3 se establece que: «3. cada Parte tomarálas medidas necesarias para que el instrumento y el producto del cohecho de un servidorpúblico extranjero o activos de un valor equivalente al de ese producto puedan ser objetode embargo y decomiso o sean aplicables sanciones monetarias de efectos comparables».Por su parte la Convención de Palermo, a la que tantas veces se ha hecho referencia, reguladetalladamente en los artículos 12, 13 y 14 la confiscación (106). Por último, también en elámbito de la Unión europea se han dictado normas en esta dirección. es así, que la deci-sión marco 2005/212/Jai se refiere al decomiso de los productos, instrumentos y bienesrelacionados con el delito (107) y la decisión marco 2006/783/Jai al reconocimiento mutuode las resoluciones sobre decomiso (108). Precisamente, en la propia motivación de la prime-ra de las indicadas se señala la necesidad de introducir instrumentos de esta naturaleza enel entendido que es un medio eficaz para combatir la criminalidad organizada (109). el ordenamiento italiano contempla diversas formas de confiscación, reguladas de ma-nera dispersa en numerosas leyes, además de que lo dispone el propio código penal. loanterior ha generado particulares dificultades en su interpretación y aplicación, pues noson pocos los casos en que se superponen. a lo anterior, debe agregarse los continuospronunciamientos de las sesiones Unidas de la corte de casación procurando ofrecer algode luz a esta materia, especialmente engorrosa (110). Por tal motivo y considerando que el (106) alFonso, r., «confisca e sequestro», en rosi, e. (ed.), Criminalità organizzata transnazionale e siste-ma penale italiano, ipsoa, milán, 2007, pp. 223 y ss.; Grasso, G., «Profili problematici delle nuove forme di confi-sca», en maugeri, a.m. (ed.), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimime: reciprocoriconoscimento e prospettive di armonizzazione, Giuffrè, milán, 2008, pp. 130 y ss. (107) Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0059:0078:ES:PDF (visita-do el 21 de junio de 2010). (108) Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0059:0078:ES:PDF (visita-do el 21 de junio de 2010). (109) «7. la motivación principal de la delincuencia organizada es la obtención de beneficios económicos. Porconsiguiente, todo intento de prevenir y combatir esta delincuencia debe centrarse, para ser eficaz, en el seguimiento,el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de los productos del delito. no basta simplemente con garantizarel reconocimiento mutuo dentro de la Unión europea de medidas legales temporales como el embargo preventivoy la incautación; el control efectivo de la delincuencia económica también exige el reconocimiento mutuo de lasresoluciones de decomiso de los productos del delito». Cfr. alessandri, a., «criminalità economica e confiscadel profitto», en dolcini, e./Paliero, c.e. (ed.), Studi in onore di Giorgio Marinucci, T. iii, Giuffrè, milán, 2006, pp.2114-2115; iUzzolino, G., «l’armonizzazione della confisca», en VVaa, Diritto penale europeo e ordinamentoitaliano, Giuffrè, milán, 2006, pp. 353 y ss.; maUGeri, a.m., «la lotta contro l’accumulazione di patrimoni illecitida parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia,2007, pp. 572 y ss. (110) así se aprecia en alFonso, r., «la confisca penale fra disposizioni codicistiche e legi speciali: esigenzedi coordinamento normativo e prospettive di riforma», en maugeri, a.m. (ed.), Le sanzioni patrimoniali come modernostrumento di lotta contro il crimime: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Giuffrè, milán, 2008, – 112 – 33.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianopropósito esencial de este trabajo es exponer las medidas que italia ha dispuesto en materiade criminalidad organizada, me limitaré a dar a conocer cuáles son las formas de confisca-ción y su alcance. cuatro son las formas de confiscación que se conocen en el derecho penal italiano: a)confiscación «clásica» del artículo 240 del código penal; b) confiscación por equivalencia—confisca per equivalente—; c) confiscación ampliada —confisca allargata—; d) confis-cación como medida de prevención —confisca come misura di prevenzione—.A) Confiscación «clásica»el código penal italiano la regula en el artículo 240 y la concibe como una medida deseguridad patrimonial. Precisamente, aquí surge la primera controversia, ¿cuál es su na-turaleza jurídica? Pues para parte de la doctrina, más que una medida de seguridad es unapena, ya que está completamente desvinculada a la peligrosidad social del condenado,como sí sucede con todas las otras medidas de seguridad. sin embargo, para gran parte dela doctrina italiana esta hipótesis de confiscación sí conformaría una medida de seguridad,pues su finalidad es la peligrosidad de la cosa. a fin de prevenir nuevos delitos se expropianaquellas cosas que provienen del delito y que pueden incentivar a la comisión de nuevoshechos delictivos (111). la discusión tiene especial interés por cuanto la praxis jurispruden-cial ha aplicado retroactivamente la confiscación al entenderla como medida de seguridadconforme al artículo 200 del código penal (112). la confiscación del artículo 240 puede ser facultativa u obligatoria. en términos ge-nerales, la facultativa se aplica en caso de condena y puede recaer sobre aquellas cosasque sirvieron o fueron destinadas a cometer el delito y de las cosas que son su productoo el provecho. como se aprecia, no difiere mayormente de los que se ha entendido tra-dicionalmente por comiso o confiscación. lo interesante es resaltar cuáles han sido lasnuevas orientaciones jurisprudenciales. en este sentido, particular atención debe prestarserespecto del alcance del término «provecho», que tradicionalmente se ha entendido comoaquellas cosas que representan la utilidad económica directa o indirectamente obtenidacon la comisión del delito. así, el dinero robado o aquel obtenido por la venta de las cosasobjeto del hurto o, incluso, con la venta de drogas (113). Pues bien, la actual orientación delos tribunales también ha comprendido las utilidades indirectamente derivadas del empleodel provecho del delito. Por ejemplo, el canon obtenido por el departamento adquirido conel dinero producto del delito; los intereses bancarios provenientes del dinero robado; eldepartamento adquirido con la permuta del inmueble adquirido con el dinero robado. Precisamente en las sesiones unidas de la corte de casación, sentencia núm. 10280de 25 de octubre de 2007, se señala expresamente que se sigue una interpretación exten-p. 234; moccia, s., «la confisca quale mezzo di contrasto alla criminalità organizzata», en Patalano, V. (ed.), Nuovestrategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Turín, 2003, pp. 349 y ss. (111) Cfr. por todos, dolcini/marinUcci (ed.), Codice Penale commentato, T. i, cit. nota núm. 99, p.1804. (112) al respecto, Grasso, «Profili problematici», cit. nota núm. 106, pp. 134 y ss. (113) marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, p. 650. – 113 – 34.
revista de derecho penalsiva (114). es así que «cualquier transformación que el dinero ilícitamente obtenido sufrapor efecto de la inversión del mismo debe ser considerada provecho del delito cuando seacausalmente vinculable al delito mismo y al provecho inmediato —el dinero— conseguidoy sea subjetivamente atribuible al autor del delito que ha querido tal transformación». es la propia corte de casación, en la sentencia en cuestión, la que reconoce que estainterpretación de la confiscación asume funciones disuasivas similares a la llamada con-fiscación por equivalencia —se pueden confiscar bienes de valor equivalente, aunque notengan un vínculo con el delito— (115). es decir, hacer ver al delincuente que ya no bastacon transformar o invertir el bien. Probándose los vínculos causales objetivos y subjetivospuede imponerse la confiscación que se examina. las dificultades que se pueden presen-tar se refieren a aquellos casos que las inversiones tienen lugar en actividades lícitas y nopueda acreditarse si el enriquecimiento se debe a dicha inversión o, simplemente, a ade-cuados manejos empresariales (116). Frente a ello, es que puede recurrirse a las otras formasconfiscación. con respecto a la confiscación obligatoria, el artículo 240 del código penal contemplados hipótesis: a) «las cosas que constituyen el precio del delito», esto es, el dinero u otrautilidad económica dirigidas a instigar o determinar a un sujeto a cometer el delito; b) lascosas «cuya fabricación, uso, porte, tenencia o enajenación está prevista por la ley comodelito», como sucede, por ejemplo, con las armas de guerra, productos alimentarios con-feccionados con componentes prohibidos por ley (117). con el correr de los años se han ido ampliado las hipótesis de confiscación obligato-ria. al respecto y para efectos de este trabajo, se puede citar la contemplada en el artículo416 bis inciso 7.° del código penal: serán objeto de confiscación todas aquellas cosas quesirvieron o fueron destinadas a cometer el delito y de las cosas que constituyen el precio,el producto, el provecho o que surgen de su realización. lo que se pretende es privar alcondenado por asociación de tipo mafioso de todos aquellos instrumentos que permitenllevar a cabo los fines de la agrupación, como asimismo, todo aquello que ha sido obtenidorealizando el programa criminal de la asociación (118). cabe destacar que esta forma de confiscación se inscribe en una estrategia más ampliaen contra de las actividades económicas de la criminalidad organizada. en efecto, a estamedida se debe agregar la confiscación ampliada y la confiscación como medida de pre- (114) Ver sentencia en Diritto penale e processo, 10, 2008, pp. 1295 y ss. al respecto, maUGeri, «relazioneintroduttiva», cit. nota núm. 104, p. 11. (115) sentencia citada núm. 114, p. 1299: «en efecto, el legislador siempre más consciente que para combatirel crimen es necesario eliminar la posibilidad para el agente de asegurarse el provecho del delito, desde el momento enque el objeto de gran parte de los más graves delitos es precisamente el enriquecimiento, ha pretendido construir todoun sistema que permita en primer lugar la confiscación del provecho inmediato, para después, siempre conforme alartículo 240 c.p. la confiscación del llamado provecho indirecto o mediato. es decir, de los bienes que sean causalmentereconducibles a la actividad del reo. en fin, para aquello que concierne a los delitos contra la administración pública,la confiscación por equivalencia de acuerdo al artículo 322 ter c.p.». (116) Cfr. lUnGhini, G./mUsso, l., «la confisca nel diritto penale», en Il corriere del Merito, 2, 2009, p. 10;Fornari, Criminalità del profitto, cit. nota núm. 105, p. 114. (117) marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, p. 651. (118) dolcini/marinUcci (ed.), Codice Penale commentato, T. ii, cit. nota núm. 99, pp. 3128 y ss. – 114 – 35.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianovención —analizadas infra—. Por lo anterior, no sólo puede ser objeto de la confiscaciónaquellos bienes que tengan vinculación con el delito, sino también aquellos que provienendel delito y que se hayan empleado para invertirlos o se hayan empleado con fines de ocul-tamiento. asimismo, podrá confiscarse los bienes que parecen no corresponder con losréditos declarados por el condenado (119). Tratándose de las asociaciones terroristas, conforme lo dispone el artículo 270 bisinciso 4.°, también procede la confiscación obligatoria. se aplica en los mismos términosrecién expuestos, esto es, serán objeto de confiscación todas aquellas cosas que sirvieron ofueron destinadas a cometer el delito y de las cosas que constituyen el precio, el producto,el provecho que surgen de su realización.B) Confiscación por equivalenciadadas las limitaciones que presenta la llamada confiscación «clásica» para enfrentar de-terminadas formas de criminalidad como la aquí examinada, es que se ha introducido laconfisca per equivalente —también llamada confisca di valore—. como se destacó, pocopuede hacer la «clásica» cuando el provecho del delito ha sido reinvertido o reutilizado,tornando difuso y difícil de acreditar el requisito esencial de la peligrosidad de la cosa, alno poder precisarse cuáles han sido los bienes que conforman el provecho inicial. Por talmotivo es que numerosas legislaciones han introducido esta forma de confiscación, respon-diendo a lo dispuesto en tratados internacionales, como por ejemplo, la convención ocdeo la convención de Palermo (120). se aplica subsidiariamente a la confiscación «clásica», cuando resulte particularmentecomplejo poder precisar los bienes que provienen del delito. es posible dirigirse a otrosbienes de valor equivalente a la medida del provecho o del precio del delito, sin atendersi su origen es o no lícito (121). cabe destacar que en el ordenamiento italiano no se con-templa una hipótesis general de confiscación por equivalencia, sino que se dispone paradeterminados delitos en particular —por tanto, conforme al principio de taxatividad operaexcepcionalmente—. es así, que los supuestos más importantes se encuentran con relacióna los delitos contra la administración pública —materializando así lo dispuesto en la citadaconvención ocde—, que es un área especialmente fértil para la corrupción. al respecto,el artículo 322 ter del código penal regula cómo y bajo qué circunstancias se aplica laconfiscación por equivalencia en estos delitos (122). dada la particular estructura que presenta esta forma de confiscación es que se ha idoextendiendo a otros delitos. entre otros pueden citarse los delitos de pornografía infantil (119) así, lUnGhini/mUsso, «la confisca», cit. nota núm. 116, p. 16. (120) maUGeri, «la lotta contro l’accumulazione», cit. nota núm. 109, p. 502; marra, G., «contrasto e pre-venzione della corruzione transnazionale», en rosi, e. (ed.), Criminalità organizzata transnazionale e sistema penaleitaliano, ipsoa, milán, 2007, pp. 128 y ss. (121) lUnGhini/mUsso, «la confisca», cit. nota núm. 116, p. 29; Fornari, Criminalità del profitto, cit.nota núm. 105, pp. 105 y ss.; marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, p. 652. (122) amaTo, G., «sì alla confisca “per equivalente” del profitto dopo la condanna per reati di corruzione», enGuida al Diritto, 47, 2005, pp. 52 y ss. – 115 – 36.
revista de derecho penal—artículo 600 septies del código penal—; blanqueo de capitales —artículo 648 quaterdel código penal— (123). así también, respecto de los delitos societarios se contempla en elartículo 2641 del código civil (124). en materia de intermediación financiera, se contemplapara los delitos de información privilegiada y manipulación del mercado la confiscaciónpor equivalencia como subsidiaria de la confiscación «clásica» —art. 187 sexies del decre-to legislativo núm. 58 de 1998—. en relación con la responsabilidad de las personas jurídicas —expuesta precedente-mente— el artículo 9 contempla la confiscación dentro de un conjunto de sanciones aaplicar. su regulación se halla en el art. 19 del decreto legislativo n. 231 disponiendo quela confiscación por equivalencia se impone de forma subsidiaria en caso de no ser posibleaplicar la confiscación «clásica» (125). en cuanto a su naturaleza y a diferencia de lo que ocurre con la confiscación «clásica»,no se trata de una medida de seguridad patrimonial sino derechamente de una sanción. adicha conclusión se ha llegado no sólo porque algunas disposiciones la consideran comotal —así, el citado artículo 19 respecto de la responsabilidad del ente—, sino que, además,como lo han reconocido los tribunales (126), no se aprecia —como sí acontece con la «clá-sica»— que los bienes confiscados sean peligrosos; es decir, no se configura una relacióndirecta e instrumental entre los bienes y el delito. Por el contrario, mediante su imposiciónse pretende restablecer una situación económica que ha sido modificada indebidamente afavor del condenado, a través de un sacrificio de carácter patrimonial. Por tanto, al tratarsede una institución que tiene un carácter puramente aflictivo y no de medida de seguridad,no puede a su vez aplicarse retroactivamente (127).C) Confiscación ampliadase trata de una medida dispuesta fundamentalmente para enfrentar a la criminalidad orga-nizada. en este caso, la confiscación ya no recae sobre los bienes que provienen del delito (123) BrUno, l.G., «il contrasto all’illecita accumulazione della ricchezza: dal sistema antiriciclaggio alleforme di confisca», en Diritto penale e processo, 3, 2009, pp. 351 y ss. (124) sciUmBaTa, G., I reati societari, 2.ª ed., Giuffrè, milán, 2008, pp. 156-157; dolcini/marinUcci(ed.), Codice Penale commentato, T. ii, cit. nota núm. 99, pp. 5219-5220. (125) maUGeri, a.m., Le moderne sanzioni patromoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffrè, milán, 2001,pp. 153 y ss.; la misma, «relazione introduttiva», cit. nota núm. 104, pp. 15 y ss.; Vizzardi, m., «artículo 19»,en Presutti, a./Bernasconi, a./Fiorio, c., La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legisl. 8giugno 2001 n. 231, cedam, Padua, 2008, pp. 228 y ss.; Fornari, l., «la confisca del profitto nei confronti dell’enteresponsabile di corruzione: profili problematici», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2005, pp. 63 yss.; alessandri, «criminalità economica», cit. nota núm. 109, pp. 2130 y ss. (126) entre otras, sentencia de la corte de casación penal, sez. iii, de 24 de septiembre de 2008, núm. 39172 queseñala: «la confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria dellasituazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di unsacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivoe da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessaqualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza»; corTe consTiTU-cional, ordenanza 2, núm. 97 de 2 de abril de 2009, en Foro Italiano, núm. 10, 2009, pp. 2595 y ss. (127) marinUcci/dolcini, Manuale, cit. nota núm. 77, p. 652; lUnGhini/mUsso, «la confisca», cit.nota núm. 116, p. 34. – 116 – 37.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianoo respecto de aquellos que tienen un valor equivalente, sino que se aplica sobre bienes quese presumen provienen de actividades ilícitas. ya no es relevante que estos bienes se iden-tifiquen con el delito por el cual es condenado, sino que se impone cuando se estima queson bienes de un presumible origen ilícito, al no corresponder, por ser desproporcionado,al rédito o actividades económicas desempeñadas por el condenado. se habla más bien deconfiscación al patrimonio, más que confiscación de bienes (128). la confiscación ampliada se introdujo por el decreto ley núm. 306 de 8 de junio de1992, convertido en ley núm. 356 de 7 de agosto de 1992 (129). el artículo 12 sexies señalaque en caso de condena o de aplicación de una sentencia negociada —patteggiamento—por determinados delitos se debe siempre disponer la confiscación del dinero, bienes outilidades que el condenado no puede justificar su proveniencia y que resulte despropor-cionado con su rédito o actividad económica. entre los delitos donde cabe su aplicación,se pueden citar los siguientes —algunos incorporados posteriormente—: delitos contra laadministración pública (130); asociación de tipo mafioso; terrorismo o subversión; trata depersonas; blanqueo de capitales, tráfico ilícito de estupefacientes. son varios los aspectos que llaman la atención. Por una parte, la carga de la pruebarecae sobre el condenado, por cuanto se parte de una presunción de que al haber despro-porción entre los bienes y el rédito tendrían, por tanto, un origen ilícito. Por otra parte, alno haber una previa determinación cuantitativa de lo confiscable —como sí se exige en losdos casos citados anteriormente— podría recaer sobre todo el patrimonio del condenado;es decir, la confiscación puede llegar a ser más alta que el provecho que se determinó enla condena. Por lo anterior, se puede presentar la situación paradojal de que un bien que puedeconfiscarse por equivalencia, no lo sea a través de la ampliada. es el caso de un bien he-redado lícitamente que resulta desproporcionado con su actual rédito (131). en todo caso,la ley dispone que en caso de no poder aplicarse la confiscación ampliada se imponga laconfiscación por equivalencia. Para estos casos no es relevante cuándo fueron adquiridos los bienes, pudiendo ha-ber ingresado en el patrimonio del condenado mucho antes de haber cometido el delito oincluso después. lo determinante, como se ha dicho, es la presunción acerca de la ilícita (128) lUnGhini/mUsso, «la confisca», cit. nota núm. 116, p. 43. (129) Fornasari, G., «strategie sanzionatorie e lotta alla criminalità organizzata in Germania e in italia», enRivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1994, pp. 762 y ss.; PoTeTTi, d., «riflessioni in tema di confiscadi cui alla legge 501/1994», en Cassazione Penale, 1995, pp. 1689 y ss.; maUGeri, a.m., «la sanzione patrimonialefra garanzie e efficienza», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1996, pp. 832 y ss.; Fornari, Crimi-nalità del profitto, cit. nota núm. 105, pp. 63 y ss.; alFonso, «la confisca penale», cit. nota núm. 110, pp. 234 y ss.;el mismo, «i problemi», cit. nota núm. 105, pp. 221 y ss.; moccia, «la confisca», cit. nota núm. 110, pp. 358 y ss. (130) acQUaroli, r., «l’estensione dell’art. 12 sexies l. núm. 356/1992 ai reati contro la Pubblica amminis-trazione», en Diritto penale e processo, 2, 2008, pp. 251 y ss. examina las críticas que ha generado la incorporación deeste delito, considerando que la idea original era disponer la confiscación ampliada respecto a la criminalidad organi-zada; maUGeri, «la lotta contro l’accumulazione», cit. nota núm. 109, pp. 497 y ss. (131) señalado por lUnGhini/mUsso, «la confisca», cit. nota núm. 116, p. 44. – 117 – 38.
revista de derecho penalacumulación patrimonial, que sólo puede desvirtuarse a través de la acreditación de lalicitud del origen de los bienes (132). Un problema particular se presenta con relación a su naturaleza, pues la jurispruden-cia ha sostenido que se trataría de una medida de seguridad patrimonial, por tanto, deaplicación retroactiva (133). en efecto, se ha sostenido que la suma de los bienes de valordesproporcionado es una realidad actual, de la que se deriva una situación de peligrosidadpresente, no siendo relevante el que hayan sido adquiridos con fecha anterior o posterioral delito. se trataría pues, de una medida de seguridad atípica que cumpliría una funcióndisuasiva como asimismo una medida de prevención antimafia (134). Para la doctrina nodeja de llamar la atención tal encuadramiento, en circunstancia que acá, al igual que en laequivalente, no es exigible que exista una relación entre los bienes y el delito. amén, de serimpuesta a través de una sentencia de condena o, en su caso, por sentencia negociada (135).D) Confiscación como medida de prevenciónse introdujo en el ordenamiento italiano por el artículo 14 de la ley núm. 646 de 13 de sep-tiembre de 1982, que agregó el artículo 2 ter a la ley núm. 575 de 31 de mayo de 1965 quedispone de medidas en contra de la mafia (136). en consecuencia, tiene una clara direcciónde lucha contra la criminalidad organizada. si bien tiene similitudes con la confiscaciónampliada en cuanto recae sobre bienes de valor desproporcionado con respecto al réditoy que no se justifican, la diferencia esencial dice relación con su aplicación. en efecto, enel caso que se examina no se requiere de sentencia de condena, y sólo puede imponersedentro del procedimiento dirigido a la aplicación de una medida de prevención antimafia—artículo 2 ley núm. 575— que pueden consistir en vigilancia especial u obligación deresidir en un cierto lugar. Pues bien, el tribunal puede llegar a confiscar cuando habiendoimpuesto la medida de prevención y sobre la base de que el sujeto no ha podido justificarla legítima proveniencia de los bienes o, en su caso, se manifiesta una desproporción entrela disponibilidad de determinados bienes y su rédito. cabe destacar que el tribunal puede (132) sentencia de la corTe de casación Penal, sez. ii, de 26 de febrero de 2009, núm. 10549; sentenciade corTe de casación Penal, sez. i, de 18 de febrero de 2009, núm. 10756. (133) Grasso, «Profili problematici», cit. nota núm. 106, pp. 134 y ss. (134) sentencia de la corTe de casación Penal, sez. un. de 19 de enero de 2004, núm. 920; sentencia dela corTe de casación Penal, sez. un. de 19 de julio de 2001, núm. 29022; sentencia de la corTe de casa-ción Penal, sez. un. de 27 de marzo de 2008, núm. 26654: «sulla base della tracciata evoluzione normativa, appareassai arduo, oggi, catalogare l’istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole peresempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella “speciale”, unanatura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo». (135) lUnGhini/mUsso, «la confisca», cit. nota núm. 116, p. 45; sobre los pronunciamientos generalmentefavorables de la corte europea de los derechos humanos acerca de la confiscación ampliada, maUGeri, a.m., «lariforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem?», en mazza, o./Viganò, F. (ed.), Misure urgenti in materiadi sicurezza pubblica, Giappichelli, Turín, 2008, pp. 181 y ss. (136) nicasTro, G., «la confisca nella legislazione patrimoniale antimafia», en maugeri, a.m. (ed.), Le san-zioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimime: reciproco riconoscimento e prospettive di armo-nizzazione, Giuffrè, milán, 2008, pp. 285 y ss.; cassano, F., Misure di prevenzione patrimoniali e amministrazionedei beni, Giuffrè, milán, 1998, pp. 153 y ss.; crítico, moccia, «la confisca», cit. nota núm. 110, pp. 353 y ss. – 118 – 39.
la criminalidad organizada. aproximación al derecho penal italianoincluso, durante el procedimiento en cuestión —antes de decidirse la aplicación de la me-dida— secuestrar los mismos bienes cuando existen indicios suficientes que provienen deactividades ilícitas o la disposición de ciertos bienes es desproporcionada a su rédito. como se puede apreciar, el mayor problema que enfrenta esta institución dice relacióncon la prueba. mientras la confiscación procede cuando no puede se justificar la legítimaproveniencia de los bienes, el secuestro se configura cuando hay indicios suficientes. Taldistinción ha llevado a la jurisprudencia ha disponer de estándar probatorios diversos segúnsea el momento de la imposición de la medida. Tratándose del secuestro es suficiente quehaya una razonable probabilidad acerca de la ilicitud del bien o sobre la desproporción deciertos bienes con el rédito del sujeto. en cambio, para imponer la confiscación se requie-re una demostración en donde concurren requisitos de gravedad, precisión y concordan-cia (137). a fin de evitar que se produzcan determinadas maniobras dirigidas a sustraer bienesque pueden ser objeto del secuestro o de la confiscación, se dispone lo que podría deno-minarse medida de prevención por equivalencia; es decir, el procedimiento también puederecaer sobre dinero o bienes de valor equivalente (138).V. consideraciones Finalescomo se ha destacado desde el inicio de este trabajo, las particularidades que hoy pre-senta la criminalidad organizada imponen a los estados la obligación de adoptar medidaspara enfrentarla. dentro de éstas, considerando que uno de sus propósitos fundamentaleses el lucro, se deben comprender las de carácter patrimonial. a través de ellas no sólo sepretende disminuir su poder de actuación, incapacitándola económicamente, sino tambiénimpedir que estas organizaciones se infiltren en la economía lícita de un país. los riesgosson evidentes, pues además de verse afectadas las reglas básicas del mercado —se trata deun competidor carente de toda ética—, se pueden generar serias fisuras en la base demo-crática de una nación, ya sea a través de la corrupción de los funcionarios públicos o actosde violencia para delimitar territorios de control. es indudable que las medidas de carácter económico, como son la confiscación y laresponsabilidad de la persona jurídica, deben ir unidas a otras como son las penas privati-vas de libertad. no se va a discutir aquí su innegable eficacia disuasiva. ahora bien, paraque ello sea así, es preciso delimitar muy claramente los delitos que son manifestación deesta forma de criminalidad. en este sentido, desempeñan un papel de particular relevancialos llamados delitos asociativos, pues permiten una eficaz e incisiva intervención de laherramienta punitiva, sin que requiera acreditar la comisión de los delitos que son finesde la asociación. a este respecto, podría explorarse la posibilidad de estructurar un tipo (137) maUGeri, «la riforma», cit. nota núm. 135, p. 160; la misma, Le moderne sanzioni, cit. núm. 125, pp.839 y ss.; mollace, F., «le modifiche in tema di normativa antimafia e di repressione delle organizazzioni mafiose»,en amato, G./santoriello, c., Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Utet, Turín, 2009, p. 176; Fornari,Criminalità del profitto, cit. nota núm. 105, pp. 216 y ss. (138) maUGeri, «la riforma», cit. nota núm. 135, p. 166. – 119 – 40.
revista de derecho penalpenal que recoja los elementos esenciales de la criminalidad organizada, de manera tal deir precisando cuál es el objeto principal de persecución. con la conformación de un tipode injusto, es posible disponer de penas especialmente altas respecto de quienes la dirigen,permitiendo a su vez distinguir a quien, no formando parte de la organización, sí colaboracon ella (139). en materia de investigación —tanto el ministerio público como la policía— se debecontar con organismos centralizados y especializados. es la forma más eficiente para po-der enfrentar adecuadamente estas estructuras organizativas de orden criminal, algunas deellas muy poderosas. lo anterior permite que en el plano internacional se trabaje coordina-damente, tanto con instituciones policiales como judiciales. sin perjuicio de las medidas penales, también es preciso contar con un arsenal de me-didas extrapenales que impidan a estas organizaciones ingresar en la actividad económica.Un ejemplo, son las disposiciones adoptadas por el legislador italiano en cuanto a impedirla participación en concursos públicos. Por último, no puede dejarse de lado el factorpobreza y marginalidad. no sólo quienes integran las organizaciones criminales lo venmuchas veces como su única salida a su condición, sino que también afecta a quienes sonvíctimas de éstas. en efecto, quienes son objeto de la trata de personas provienen de socie-dades pobres o fuertemente excluyentes, que impiden toda forma de integración social.Vi. BiBlioGraFÍaacQUaroli, r., «l’estensione dell’art. 12 sexies l. núm. 356/1992 ai reati contro la Pubblica amministrazione», en Diritto penale e processo, 2, 2008.aldroVandi, P., «i “modeli di organizzazione e di gestione” nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti problematici dell’ “ingerenza penalistica” nel “governo” delle società», en Rivista tri- mestrale di diritto penale dell’economia, 2007.aleo, s., «criminalità transnazionale e definizione della criminalità organizzata: il requisito dell’organizzazione», en Patalano, V. (ed.), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Turín, 2003.— «associazione, organizzazione, concorso esterno», en Parano, c./centonze, a. (ed.), L’attività di contrasto alla criminalità organizzata, Giuffrè, milán, 2005.alessandri, a., «criminalità economica e confisca del profitto», en dolcini, e./Paliero, c.e. (ed.), Studi in onore di Giorgio Marinucci, T. iii, Giuffrè, milán, 2006.— «note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche», en Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2002.— «riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina», en VVaa, La responsabilità ammnistrativa degli enti, ipsoa, milán, 2002.alFonso, r., «confisca e sequestro», en rosi, e. (ed.), Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, ipsoa, milán, 2007.— «i problemi e le prospettive del sequestro e della confisca dei patrimoni mafiosi», en Parano, c./ centonze, a. (ed.), L’attività di contrasto alla criminalità organizzata, Giuffrè, milán, 2005. (139) así también, zÚÑiGa rodrÍGUez, Criminalidad organizada, cit. nota núm. 6, pp. 280-281. – 120 – 41.
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