Source: http://www.eumed.net/rev/cccss/20/yst3.html
Timestamp: 2014-12-21 06:09:58
Document Index: 31895941

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 117', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 34']

LA PRESUNCI�N DE INOCENCIA Y LA CARGA DE LA PRUEBA
Yoruanys Su�ez Tejera (CV)
ysunez@ucf.edu.cu Universidad de Cienfuegos
RESUMEN: La razón de ser del Derecho a la Presunción de Inocencia es la seguridad jurídica y la necesidad de garantizarle a todo acusado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción y demuestren su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria en su contra. El presunción de inocencia se confunde en ocasiones con el principio in dubio pro reo. La primera opera en todos los procesos, considerándose inocente al procesado mientras no exista medio de prueba convincente que demuestre lo contrario. Luego de practicadas las pruebas, la segunda actúa como elemento de valoración probatoria, puesto que en los casos donde surja duda razonable, debe absolverse. A través de la carga de la prueba se quiere resolver las dificultades probatorias. Uno de los extremos que deben cumplirse, para no violar la presunción de inocencia, consiste en que la verdad iuris tantum sólo puede desvirtuarse por una prueba de cargo, aportada por la parte acusadora. Dicha prueba debe ser suficiente para excluir la presunción de que goza el inculpado durante todo el proceso penal; de manera que, concatenada con otros indicios, determine la culpabilidad del sujeto.
PALABRAS CLAVES: Derecho, presunción, Inocencia, acusado, y pruebas. Para citar este art�culo puede utilizar el siguiente formato:
Su�ez Tejera, Y.: "La presunci�n de inocencia y la carga de la prueba
", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Junio 2012, www.eumed.net/rev/cccss/20/
Según Manzini Vizenzo 1 la presunción de inocencia establece la calidad jurídica de no culpable penalmente, es inherente a la persona. Su pérdida debe ser acreditada con elementos empíricos y argumentos racionales, por los órganos que ejercen la función represiva del Estado, cuando un individuo lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos que la sociedad estima valiosos, dignos de protección por la potestad punitiva de aquel.
La presunción de inocencia, según Binder2 significa que nadie tiene que construir su inocencia; que sólo una sentencia declarará esa culpabilidad jurídicamente construida que implica la adquisición de un grado de certeza. Presupone además, que nadie puede ser tratado como culpable, mientras no exista una declaración judicial, es decir, que toda persona se considera inocente hasta que no sea reconocida como responsable del ilícito penal, mediante una decisión que es adoptada por el órgano competente para ello; y que no puede haber ficciones de culpabilidad ya que la sentencia absolverá o condenará.
Mientras tanto, el concepto de estado de inocencia, Nogueira Alcalá3 lo desarrolla como un principio informador del procedimiento penal. Le da una nueva perspectiva a partir de dos presupuestos que son inherentes a todo sistema procesal penal. El primero es el de la carga y valoración de la prueba, elementos necesarios para formar la convicción del juzgador. El segundo es el de la sentencia fundada o motivada, que le exige contar con razonamientos o consideraciones, en torno al establecimiento de los hechos por los medios de pruebas existentes en el proceso como la invocación de la aplicación al caso de las normas decisoria de la litis.
La presunción de inocencia para el aludido autor constituye una referencia central en la información del desarrollo del proceso, que permite resolver las dudas que se presentan en su curso y reducir las injerencias desproporcionadas. De conformidad con este criterio, los actos procesales y el proceso en su conjunto adquiere un cariz diferente que depende si el inculpado se trata como si fuera inocente como ocurre en el sistema acusatorio o si se le trata como si fuere culpable como ocurre en el sistema inquisitivo.
Por su parte Martínez Remigio plantea que: “La presunción de inocencia extiende su vigencia más allá de la fase del juicio oral, para gozar de virtualidad en el momento de la investigación. Influye en el terreno valorativo, pero trasciende de éste para encuadrarse en el aspecto objetivo de la prueba. Es un principio general de directa aplicación por los órganos jurisdiccionales”. 4 También se manifiesta como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. Otro alcance que presenta es en el ámbito probatorio. Conforme a este, la prueba de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la responsabilidad penal no queda demostrada.
Por su parte, Cárdenas Rioseco señala que: “la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”. 5
La referida afirmación parte de considerar que el derecho como ciencia, es una creación humana, impuesta por la necesidad social de contener ciertas conductas indeseables, y reconocer ciertos derechos naturales, anteriores a la formación del estado, y que surgen con la persona misma. La presunción de inocencia pertenece a los derechos fundamentales de la persona y sobre ella se erige el proceso penal. Por ello, toda persona imputada, de acuerdo con Velarde,6 debe reconocérsele el Derecho Subjetivo de ser considerado inocente, permitiéndole conservar un estado de no autor en tanto no se expida una resolución judicial firme. 7 Mientras, la presunción de inocencia, calificada por Oré 8 como un estado jurídico,9 constituye un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos de ser un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal insoslayable, que le otorga seguridad jurídica a la persona y le permite ser considerada inocente durante todo el proceso. Maier 10 afirma que las Garantías Procesales son las seguridades que se otorgan para impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales sea conculcado por el ejercicio del poder estatal, ya sea limitando ese poder o repeliendo el abuso. Por ello, de acuerdo con Cubas Villanueva, 11 en el desarrollo del proceso penal se invocan garantías procesales, principios y derechos para la administración de justicia. Aunque no se encuentren expresamente estipulados por ley, basta su vigencia en la Constitución de la nación, norma máxima que tiene primacía sobre cualquier otra. Pueden invocarse además, normas contenidas en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el país.
Cualquiera que sea la concepción que se asuma en relación a la presunción de inocencia, como principio, derecho o garantía, existe un elemento común en todas. Este radica en que se ha de apreciar hasta tanto no se dicte un fallo condenatorio basado en las pruebas practicadas. Por tanto, las pruebas constituyen el eslabón fundamental del concepto de presunción, de ahí, que resulta importante establecer los vínculos existentes entre ambos. Antecedentes históricos de derecho a la presunción de inocencia.
En el Antiguo Oriente, al existir la necesidad de centralizar las fuerzas productivas, por la aparición de un plus-producto o un excedente, condicionado además por la división social del trabajo, surgen las diferencias sociales entre la clase trabajadora y la ociosa. Esto propicia que se dicten normas jurídicas organizadoras de dicho régimen de clase, presentándose la obligación para la clase dominante de dictar normas coercitivas, que establecieran penas contra los infractores de las reglas del orden social. En el orden jurídico, se redacta el Código Hammurabi. 12 Contiene 282 artículos, de ellos 101 tratan la materia penal, los cuales se orientan, sobre la base de la ley del talión,13 y condenan de forma cruel a la persona que cometa un delito. Este código, como un elemento progresista, admite atenuantes, propiciando una primigenia atención al delincuente y la apreciación de circunstancias concurrentes en el hecho. No contiene ningún precepto que disponga que una persona, al incurrir en un delito, se considera inocente hasta que una decisión indique lo contrario.14 Según Ferrajoli 15 los antecedentes del principio de presunción de inocencia se encuentran en el Derecho Romano. En Roma, la primera manifestación del Derecho escrito es la Ley de las XII Tablas, 16 la cual surge como resultado político- jurídico de las luchas sociales entre los patricios y plebeyos. Este texto jurídico constituye un tipo especial de ley, al ser un instrumento que expresa la voluntad de la clase dominante así como el resultado de una paulatina separación de las concepciones religiosas y el derecho. Según dicha ley, las penas establecidas tienen un carácter brutal y se imponen por los más simples motivos. Lo anterior significa que se condena a una persona con independencia del motivo que lo conlleve a cometer el delito y que se considera culpable desde el mismo momento en que se sospeche de su participación.
Luego se redacta el Corpus Juris Civile,17 el cual surge en un período de decadencia social, económica, jurídica y científica, en el que se requiere la adopción de medidas que organicen el disperso e inestable orden jurídico vigente. Bulté18 considera que este es el texto jurídico que marca el inicio de la apreciación como inocente a la persona inculpada por la comisión de un delito. En esta obra Ulpiano expresa que “nadie puede ser condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente”. 19
Uno de los cuerpos que integró el Corpus Juris Civile fue el Digesto, 20 en él se dispone la decisión de los juzgadores de absolver al justiciable cuando no se pruebe plenamente su culpabilidad. Este precepto no reconoce de forma exacta la presunción de inocencia del acusado en el proceso penal, tal y como en la actualidad se concibe. A pesar de ello, es un paso de avance ya que reconoce que la culpa de una persona debe estar debidamente fundada y probada, pues de lo contrario, debe ser absuelta de los crímenes que se le imputan.
El Código de las Partidas,21 expresa en la partida tercera relativa a los medios de prueba, que los hechos deben ser probados espaladinadamente y las pruebas deben ser claras como la luz, de manera que no pueda existir sobre ellas duda alguna. Plantea además, que el pleito criminal debe probarse por testigos o por cartas o por admitir el acusado su participación, y no por sospechas solamente, prohibiéndose la condena por señales o presunciones.22 Beccaria, en su obra De los delitos y las penas, publicada en 1764, plantea que la presunción de inocencia es un postulado fundamental de la ciencia procesal, e invoca a considerarlo como un presupuesto de las demás garantías reconocidas en el proceso penal. Considera que la presunción de inocencia es necesaria, y en tal sentido manifiesta que: “…un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida”.23 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano celebrada en Francia en 1789,24 define por primera vez, en su artículo 9, la presunción de inocencia en los siguientes términos: “Debe presumirse a todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona, debe ser severamente reprimido por la ley”. 25 En la misma se enfatiza que debe considerarse inocente al acusado hasta tanto no exista sentencia condenatoria. Se excluye la presunción de culpabilidad que durante tanto tiempo condenó a hombres inocentes bajo procedimientos inquisitorios secretos, caracterizados por la ausencia absoluta de la garantía de audiencia y del derecho de defensa.
En el mismo sentido, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales aprobado en Roma, de fecha 4 de noviembre de 1950, precisa en su artículo 6.2: “Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,26 establece en el artículo 14.2: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
De lo anterior se infiere que cuando una persona realiza una acción o una omisión que tipifique un delito, se considera inocente durante todo el proceso hasta que su culpabilidad no sea probada mediante el cumplimiento de los requisitos que para ello establece la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 27 celebrada en Perú dispone en el artículo 11.1: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
La aludida formulación entorno a la presunción de inocencia produce serias confusiones. Se entiende que se inicia una causa penal justamente porque se presume la culpabilidad del imputado.28 Es decir, desde que se comienza una investigación sobre hechos presuntamente delictivos, se considera, al pretenso culpable, como responsable de los hechos acaecidos.
Montesquieu 29 aboga por la protección de los inocentes sin excepción, como una calidad que tiene todo individuo antes de una condena criminal. Este autor fundamenta el nexo entre libertad y seguridad del ciudadano, y en relación con esto escribe: “La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en creer que se tiene la seguridad. Esta seguridad no esta nunca más comprometida que en las acusaciones públicas o privadas. Por consecuencia, de la bondad de las leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano”.30 Según Olmedo, la presunción de inocencia “ha sido formulado desde su origen en el Derecho Romano, y debe entenderse, como un poderoso baluarte de la libertad individual para poner freno a los atropellos de dicha libertad y proveer a la necesidad de que la persona tenga seguridad jurídica”. 31
La presunción de inocencia se toma como un estado de pureza absoluta y, según Benavente Chorres 32las personas al nacer llegan al mundo inocentes y ese estado tiene que pervivir en su existencia hasta la muerte. En el proceso penal esta idea se mantiene con la misma intensidad ya que en este, solo una sentencia emitida por un juez puede variar ese estado de inocencia y declarar al acusado como culpable de los delitos imputados. Hasta que dicha resolución no se expida, la persona se encuentra investida de una seguridad jurídica que permite que su condición de inocente no sea derribada.
2. Análisis de la regulación jurídica de la presunción de inocencia en otros textos normativos.
La consideración de una persona como inocente durante el proceso penal, es uno de los temas más discutidos en la actualidad y se regula de diversas formas en los distintos cuerpos procesales.
El tema relativo a la presunción de inocencia es poco explorado en la doctrina mexicana; tampoco la Constitución Federal y los ordenamientos punitivos de dicha nación se refieren a la misma como garantía jurídico-penal del inculpado. Sin embargo en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la presunción de inocencia, como garantía individual, está implícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.33 Ambas legislaciones reconocen que el acusado en un proceso penal tendrá las garantías que se establecen para el desarrollo de un debido proceso, entre ellas la de ser considerado inocente hasta que un Tribunal decrete lo contrario.
Son los nuevos códigos procesales penales los que pretenden proteger a los imputados e incorporan la presunción de inocencia en sus textos. En este caso se encuentra la Constitución de Bolivia, 34 y la Constitución de Paraguay.35 En los procedimientos inquisitivos, le corresponde al propio tribunal demostrar la culpabilidad del imputado, por lo que no permiten que opere la presunción de inocencia ya que el juez omnipotente investigador y acusador limita el margen de defensa del imputado. La Constitución de Bolivia, determina en su artículo 29 inciso 4 que: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Penal boliviana36 dispone que a todo imputado se le considera inocente hasta que una Corte de Justicia no declare su culpabilidad en sentencia. Regula además, que en todo momento procesal, el acusado debe ser tratado como inocente. Entre tanto, la Ley de Procedimiento Penal de Paraguay37 regula en su artículo 4 el principio de inocencia de un imputado, considerando que se presume hasta que no se dicte una sentencia que declare su punibildad. Con este precepto, la ley reafirma lo establecido por la Constitución de paraguaya en su artículo 117.1, la cual señala que en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia. El Código de Procedimiento Penal Colombiano reconoce en su artículo 3, la presunción de inocencia, al establecer que: "Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoria". El mencionado texto reconoce que cuando a un ciudadano se le acuse de haber cometido un hecho delictivo regulado en sus respectivas leyes, tiene que ser tratado como inocente. De acuerdo con lo analizado antes, la presunción de inocencia solo será desvirtuada por las pruebas presentadas por la parte acusadora. Sustentadas en estas, el Tribunal dictará una sentencia que condenará a la persona que, hasta ese momento, es considerada inocente. En el artículo 11, plasma que el juez debe tener en cuenta, durante la interpretación de la ley, las garantías que tienen las personas que intervienen en un procedimiento en calidad de acusado.
El Código Procesal Penal de Guatemala38 regula en su artículo 14 el tratamiento que se le debe dar a un procesado disponiendo que el mismo ha de ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad. Mientras, el Código Procesal de Argentina establece que “Nadie será considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza…”39 El Código Procesal Penal de la República de Nicaragua es otro de los cuerpos legislativos americanos que regulan en su contenido la presunción de inocencia como garantía del acusado.40 La Constitución de ese país reconoce en su artículo 34 inciso a) la imposibilidad de restringir derechos sin una sentencia que así lo declare. El estado de inocencia, según dicho cuerpo legislativo, es una garantía procesal mediante la cual el imputado es inocente mientras no sea declarada su culpabilidad. La Constitución de Colombia, 41 la de Ecuador 42 y la de Perú coinciden en sus preceptos 29, 24.7, y 2.24, respectivamente, al disponer que toda persona involucrada en un proceso penal debe presumirse inocente hasta que su culpabilidad no se decrete mediante una sentencia judicial. El derech