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Timestamp: 2019-05-19 06:56:49
Document Index: 81530469

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 75', 'artículo 58', 'artículo 214', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 165', 'artículo 12', 'artículo 157', 'artículo 16', 'artículo 411']

﻿ SENTENCIA 12812/1993-4561 DE NOVIEMBRE 28 DE 2002
SENTENCIA 12812 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LAS OBLIGACIONES FRENTE A LOS RETENIDOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DESAPARICIÓN FORZADA, CONVENCIÓN CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA, VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:375 DE MARZO DE 2003, PÁG.470
Sentencia 12812 de noviembre 28 de 2002
RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
LAS OBLIGACIONES FRENTE A LOS RETENIDOS SON DE RESULTADO
EXTRACTOS: «I. Se afirma en la demanda que el señor Gerson Jairzinho González Arroyo fue retenido por agente del DAS el 20 de noviembre de 1991, en un vehículo Toyota, de color blanco, en la avenida Las Peñitas del municipio de Sincelejo y que desde esa fecha no se volvió a tener noticia suya.
En otros términos, se pretende la reparación de los perjuicios causados a los demandantes con la desaparición forzada a que fue sometido Gerson Jairzinho González Arroyo por miembros del DAS, en ejercicio de sus funciones.
II. La desaparición forzada de personas es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad porque compromete no sólo los intereses de la víctima sino, además, la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la humanidad y por lo tanto, cualquier Estado puede pretender que se investigue y sancione al infractor de la misma.
Dicha conducta está proscrita en disposiciones de orden internacional ratificadas por el Estado, como en el artículo 2º del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), realizado en Ginebra el 8 de junio de 1977, incorporado a la legislación interna por la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994 y por el artículo 75 del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), instrumento que no improbó la comisión especial legislativa el 4 de septiembre de 1991 (1) . A este respecto ha dicho la Corte Constitucional:
(1) La Corte Constitucional declaró exequible el Protocolo I, mediante sentencia C-574 de 1992. Posteriormente, se expidió la Ley 11 de 1992, aprobatoria del mismo convenio, pero la Corte Constitucional, en sentencia C-88 de 1993 la declaró inexequible por considerar que “tanto el Congreso como el Presidente de la República desbordaron sus competencias constitucionales al pretender expedir —el primero— y sancionar —el segundo— leyes sobre materias que, sustraídas expresamente de los procedimientos ordinarios de actuación de tales poderes, el constituyente sometió a un especialísimo proceso de gestación, tal como el previsto en el artículo 58 transitorio respecto de los tratados y convenios internacionales que, al momento de entrar a regir la nueva Carta Política ya hubiesen sido aprobados por una de las dos Cámaras. En esas condiciones, mal podían el Senado y el Presidente de la República hacer caso omiso del mandato constitucional citado, y proseguir con el trámite de aprobación y de expedición de la referida ley. Dicho proceder comporta ostensible trasgresión a la disposición transitoria Nº 58 de la Carta”.
“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. Esto significa que, como ya lo señaló esta corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo “al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens” (2) . Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la fuerza pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas “consideraciones elementales de humanidad”, a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex post facto” (3) .
(2) Sentencia C-574 de 1992.
(3) Ver sentencia de la Corte Constitucional C-225 de 1995.
El artículo 2º de la Convención interamericana sobre la desaparición forzada define esta conducta como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” (4) .
(4) En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, aprobado mediante Ley 742 de 2002, se amplió el tipo delictivo y se incluyó como sujeto activo a las organizaciones políticas. “Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
Debe destacarse además que “de acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992 ninguna orden o instrucción de autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada, y en consecuencia, toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla (art. 6.1.)” (5) .
(5) A este respecto, ver sentencia de la Corte Constitucional C-551 de 2001.
De igual manera, en la legislación nacional, el artículo 12 de la Carta Política establece que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y en el artículo 165 de la Ley 599 de 2000 —Código Penal— en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país, tipificó el delito autónomo de desaparición forzada en estos términos:
“El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1000) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años”.
Al margen de que la conducta de desaparición forzada hubiera estado o no regulada en la legislación nacional o en el derecho internacional al tiempo de cometerse el hecho objeto de este proceso, dado que dicha conducta involucra la violación de derechos fundamentales del retenido y sus parientes como los de la libertad, el debido proceso, la integridad física y la vida, entre muchos otros, siempre que el hecho sea atribuible a un agente del Estado, éste deberá responder patrimonialmente ante las víctimas, por ser constitutivo de una falla del servicio y, además, está en el deber de devolver a la persona al seno de la sociedad, o devolver el cadáver y sancionar a los responsables del delito.
En decisiones anteriores, la corporación ha condenado patrimonialmente al Estado en eventos de desaparición forzada. En tales providencias se ha destacado que las autoridades públicas no están legitimadas para aplicar sanciones extrajurídicas a los infractores de la ley. Quien sea sorprendido en flagrancia o capturado en virtud de orden de autoridad judicial como sindicado de la comisión de un delito debe ser puesto a disposición de los jueces competentes para que se decida su situación, con el respeto de todas las garantías procesales:
“En varias oportunidades la corporación ha sostenido que cuando las autoridades en ejercicio de sus funciones retienen a un ciudadano, adquieren la obligación para con él, de una parte, de velar por su seguridad e integridad personal, y de otra, la de regresarlo al seno de su familia en similares condiciones a las que se encontraba al momento de ser privado de la libertad, todo lo cual implica tratarlo dignamente por su mera condición de persona sin que valga alegar excusa alguna como puede ser el hecho de sus antecedentes delictuales para vulnerar sin temor a la ley sus derechos fundamentales. Menos puede asumir la fuerza pública dicha conducta con aquellos delincuentes que son sorprendidos en flagrancia, pues su primer deber radica en brindar protección y preservar su integridad personal y en modo alguno aplicar justicia por su propia mano, por cuanto corresponde a los jueces naturales determinar luego de adelantar la respectiva investigación, si es del caso absolver o condenar a la respectiva pena al infractor del ordenamiento jurídico vigente, en otras palabras, la fuerza pública no está autorizada para juzgar ni para sancionar al infractor capturado en flagrancia o en otros eventos.
Cabe reiterar que las fuerzas estatales, so pretexto de conservar o restablecer el orden público y en cumplimiento de otras tareas afines a sus funciones, no pueden desconocer los derechos fundamentales de quienes obran al margen de la ley. Dichos infractores, también según nuestro ordenamiento jurídico tienen el derecho a que se les enjuicie por los conductos regulares y con plena garantía de los principios que consagran el debido proceso. Nada excusa que las fuerzas estatales actúen por vías de hecho y menos imponiendo “penas” como la desaparición forzada, sanción que por lo demás proscribe la Carta Política, en cuyo artículo 12...” (6) .
(6) Sentencia del 11 de septiembre de 1997, expediente 11.600. En el mismo sentido, sentencias del 16 de abril de 1993, expediente 10.203, 2 de diciembre de 1996, expediente 11.798 y del 28 de enero de 1999, expediente 12.623, entre otras.
Debe destacarse además, que frente a quien haya sido retenido, la jurisprudencia ha considerado que existe una obligación de resultado.
En providencia del 21 de agosto de 1981, consideró la corporación que frente al retenido el Estado adquiere las obligaciones propias de la figura del “depósito necesario de personas”. Así se afirmó en el fallo citado:
“El artículo 157 del Código Civil, al regular el divorcio, antes de la reforma de la Ley 1ª de 1976, traía entre las medidas cautelares que debía tomar el juez de la causa, la del “depósito necesario” de la mujer, en forma similar a como lo prevén, en ciertos casos, las normas protectoras del menor o de los alienados.
El depósito necesario de personas no es, pues, ajeno al derecho colombiano y quizá el más común y frecuente y menos estudiado y regulado, es el que se configura en el momento en que las autoridades de la República, como personeras de la Nación, capturan al ciudadano y lo ponen, contra su voluntad y la de sus parientes y amigos, bajo su guarda y vigilancia, para los efectos legales pertinentes, convirtiéndose los captores y guardadores en el depositario que debe responder —con obligación de resultado— del supremo bien de la vida, para cuya garantía están instituidas esas autoridades de la República a tenor del artículo 16 de la Constitución Política y que, como derecho “inherente a la persona” en los términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6º) ratificado por Colombia por la Ley 74 de 1968, es la primera causa y razón de la existencia y organización del Estado.
O la autoridad comprueba que devolvió al ciudadano al seno de la sociedad, sano y salvo, o compromete su responsabilidad en forma que sólo se exonera demostrando fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima” (7) .
(7) Sentencia de agosto 21 de 1981, expediente 2750.
No obstante, la asimilación de la figura del depósito necesario fue posteriormente rechazada y se consideró que la obligación del Estado con los retenidos era de “carácter legal ligada a las garantías constitucionales”. En la sentencia donde se hizo dicha rectificación se afirmó:
No es un caso de depósito necesario, figura desafortunada utilizada por la Sala en asunto similar al fallado hace algunos años. No, es sólo el cumplimiento de un deber legal. Toda autoridad militar o de policía en su misión de reprimir la delincuencia debe capturar a las personas cuando sobre ellas pesa alguna sindicación. No nace con esa aprehensión una relación contractual para mantenerlo con vida. Es una obligación legal, ligada ga las garantías constitucionales mismas” (8) .
(8) Sentencia del 6 de diciembre de 1988, expediente 5187.
En síntesis, frente a los retenidos el Estado tiene una obligación específica de protección y seguridad, porque éstos se encuentran en una situación de particular sujeción, en razón de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad y por lo tanto, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.
En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén relacionados con la medida cautelar, así como los de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos, son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.
Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo de la retención, inclusive cuando haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado (9) .
(9) La Sala ha señalado que en los eventos de falta de atención médica requerida por los detenidos se aplica el régimen de presunción de falla del servicio.
III. Antes de entrar en el análisis de la prueba en el caso concreto, debe anticiparse que la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja. Regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios.
IV. En relación con la desaparición de Gerson González Arroyo se adelantaron las siguientes investigaciones, de las cuales obran en el expediente las pruebas que fueron trasladadas:
Considera la Sala que estas pruebas son suficientes para afirmar que agentes del DAS retuvieron al señor Gerson González, quien no fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y de quien no se volvió a tener noticia desde entonces.
Existe certeza de que el señor Adolfo Macareno (a. Roger) fue víctima del delito de extorsión en el cual participó Gerson González y que en razón de la denuncia que formuló, los funcionarios del DAS idearon un operativo para identificar los autores del hecho, consistente en rastrear las llamadas. Ese hecho fue suficientemente acreditado con las versiones del denunciante y de los agentes del DAS que participaron en el operativo, las cuales ya fueron relacionadas.
Igualmente, existe certeza de que la última llamada realizada al señor Adolfo Macareno se realizó desde un teléfono ubicado al frente del hospital local. Hecho que fue confirmado no sólo con el testimonio de uno de los autores del mismo, el señor Jorge Salgado, sino además, con la inspección realizada a las oficinas de Telecom.
Los agentes del DAS se abstuvieron de detener a los autores de las llamadas extorsivas, a quienes sorprendieron en flagrancia, pero desde ese momento comenzaron a seguirlos, lo cual fue confirmado por Jorge Salgado y se puede inferir del hecho de que el señor Donaldo Arias, a quienes se señala como el organizador de la extorsión, haya huido desde esa misma fecha.
Según los testigos que manifestaron haber presenciado la retención de Gerson González, los agentes del DAS se lo llevaron en una camioneta blanca de propiedad de la entidad y efectivamente, para la época de los hechos el DAS, seccional Sucre, contaba con una camioneta Mazda, de color blanco. Adicionalmente, resulta bastante comprometedor que los agentes del DAS hubieran dejado constancia en el libro de minuta diaria de que el vehículo fue llevado al taller el día de los hechos, afirmación que aparece desvirtuada por la declaración de su propietario.
Si bien el testimonio de cada una de las personas que afirmaron haber presenciado la retención de Gerson González puede ser criticado, así: el del señor Jesús Santiago Salazar por las contradicciones en las versiones rendidas ante la Fiscalía, en relación con el color del vehículo y la descripción de los autores del hecho; el del señor Toni Noriega Baquero porque el padre de la víctima, señor Luis Adolfo González Espinosa, manifestó que éste le había dicho que en realidad no había presenciado el hecho, pero que había declarado porque todo el pueblo conocía la realidad pero nadie quería comprometerse, y el de Jorge Enrique Salgado González porque fue coautor de la extorsión, era pariente del desaparecido y además, no afirmó ese hecho desde el inicio de las investigaciones. Hay coincidencia en el hecho de que todos los testigos aseguren con firmeza que la retención de Gerson González fue realizada por agentes del DAS, lo cual se ve reforzado por la insistencia del señor Luis Adolfo González de que se investigara el hecho y haberle reclamado a los señores Jacobo González y Rafael Méndez por negarse a declarar en los procesos.
En síntesis, la persistencia del señor Adolfo González para que se investigara la desaparición de su hijo desde el mismo momento en que ésta se produjo; la sindicación que hizo a los agentes del DAS desde el comienzo en razón de la información que recibió; el hecho de que los agentes del DAS no hubieran realizado la detención de los autores de las llamadas extorsivas, a pesar de haberlos sorprendido en flagrancia y además, pretender demostrar la inutilización del vehículo durante las horas en que se produjo la retención de Gerson González, aunado a las pruebas testimoniales, que aunque ameritan críticas de manera individual, en su conjunto son unánimes al manifestar que aquél fue retenido por agentes del DAS en una camioneta blanca de la entidad, proporcionan a la Sala suficientes elementos de juicio que permiten afirmar que el Estado debe responder por la desaparición forzada de que fue víctima Gerson González porque agentes de seguridad a su servicio, prevalidos de esa condición, utilizando un vehículo de propiedad de la entidad demandada y en ejercicio de sus funciones resolvieron retenerlo y no lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales competentes para que lo juzgaran por su actuación, respetando todas las garantías procesales.
Es cierto que la prueba testimonial no es contundente y la mayoría de los testigos citados niegan haber tenido conocimiento directo del hecho, pero el fallador no puede perder de vista, de acuerdo con las reglas de la experiencia, que en este tipo de eventos los testigos asumen esa actitud por temor, porque no quieren comprometer su integridad ni sufrir la misma suerte frente a quienes demostraron infringir impunemente la ley y desconocer los derechos fundamentales de las personas.
No obstante que las investigaciones penal y disciplinaria que se adelantaron con el fin de establecer la identidad de los autores del crimen han resultado infructuosas, porque las dudas existentes han sido resueltas a favor de los inculpados, esta situación no es óbice para que se condene al Estado porque la falla del servicio es anónima, es decir, no se requiere que exista certeza sobre la identidad del servidor público causante del daño, ya que basta con que se acredite que éste es imputable al Estado.
Recuérdese que la procuraduría delegada para los derechos humanos consideró que existía certeza de que la retención y posterior desaparición de Gerson González fue realizada por agentes del DAS y esto es suficiente para condenar al Estado por el daño causado a sus parientes.
V. La indemnización de perjuicios.
Se aportó certificados de los registros civiles del matrimonio de Luis Adolfo González Espinosa y Yadira Ester Arroyo Hurtado y del nacimiento de Gerson Jairzinho, Luis Adolfo, Yadira Ester, Raúl Antonio, María Bernarda, Adolfo Rafael, Luzmila Bernarda, Emilia Bernarda, Edu Dalacerna y Yazmín Bernarda González Arroyo, hijos de los primeros nombrados, así como del nacimiento de Ermelina Esther González, hija de María Bernarda González Arroyo (fls. 28-39, c. 1), con los cuales quedó acreditado que los demandantes son los padres, hermanos y sobrina de la víctima.
En relación con los perjuicios morales sufridos por los demandantes con la desaparición del señor Gerson González, declararon los señores Ángel Rafael Pereira Peñate (fls. 118-120, c. 2), María Cristina Suárez Acosta (fls. 121-122, c. 2), Martín Guillermo Llerena Henríquez (fls. 123-124, c. 2), Adolfo Juan Montes de Oca (fls. 202-203, c. 2), Manuel María Sarmiento Gazabón (fls. 204-205, c. 2), Emperatriz López Bertel (fls. 226-227, c. 2).
Además, tal como consideró la Sala en decisión reciente (10) , con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los eventos de desaparición forzada se presume el daño moral de los parientes más próximos:
(10) Sentencia del 7 de febrero de 2002, expediente 21.266.
“...con respecto al daño moral sufrido como consecuencia de la vulneración a derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que dicho daño se presume, dada la naturaleza misma de las violaciones, así como el hecho de que es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes experimente un sufrimiento moral. Se ha entendido también, que en la medida en que las víctimas hayan sufrido, sufrirán también sus familiares, de allí que la gravedad e intensidad del sufrimiento causado a las víctimas, constituyen criterios determinantes para valorar el perjuicio sufrido por aquellos”.
Se reconocerá en el caso concreto el valor máximo que la jurisprudencia ha concedido en relación con el daño moral en consideración a la gravedad del sufrimiento padecido por los demandantes (11) , pero con la limitación de las pretensiones formuladas en la demanda para no vulnerar la prohibición de la reforma en peor (CPC, art. 375).
(11) A este respecto, sentencia del 11 de septiembre de 1997, expediente 11.600.
En consecuencia, se reconocerá a los padres de Gerson González, quienes se considera que sufrieron el mayor dolor, el equivalente en pesos de mil gramos oro porque esa fue la pretensión y dicho valor es inferior a 100 salarios mínimos legales, que es el máximo reconocido por la jurisprudencia para este tipo de eventos (12) .
(12) En sentencia de la sección del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, se fijó en cien salarios mínimos legales mensuales el valor del perjuicio moral, en los eventos de mayor intensidad.
En efecto, el valor del gramo oro a la fecha de la sentencia es de $ 27.201,51, por lo que mil gramos de oro equivalen a $ 27.201.510, en tanto que el valor del salario mínimo legal es $ 309.000 y en consecuencia, 100 salarios mínimos legales equivalen a $ 30.900.000.
A los hermanos, de acuerdo con el último criterio jurisprudencial adoptado por la Sala, puede reconocérseles hasta 50 salarios mínimos legales mensuales, que equivalen a $ 15.450.000, suma inferior a la pretendida en la demanda que fue de 1.000 gramos oro, esto es, $ 27.201.510.
No se reconocerán perjuicios morales a favor de la sobrina porque no se demostraron. El mismo demandante Luis Adolfo González Espinoza (fls. 8-9, c. 4) y su hermana la señora Judith Esther González Espinosa (fls. 62-63, c. 4), afirmaron que Gerson González no residía en la casa de sus padres sino en la de esta última, por lo cual no hay razón para presumir el dolor sufrido por su sobrina.
Tampoco se reconocerán perjuicios materiales a favor de los padres porque no está demostrado el daño, es decir, no se acreditó que el desaparecido atendiera a su subsistencia (13) .
(13) Ha considerado la Sala que en relación con los padres y hermanos de la víctima no se presume el lucro cesante y que tanto su existencia como su cuantía deben ser probados por la parte actora, a diferencia de lo que ocurre con los hijos menores y el cónyuge en relación con los cuales ha aceptado que opera una presunción en virtud de la obligación alimentaria que establece el artículo 411 del Código Civil. Ver, por ejemplo, sentencias del 10 de septiembre de 1998, expediente 10.820 y del 6 de noviembre de 1998, expediente 10.565».
(Sentencia de 28 noviembre de 2002. Expediente 12.812. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).