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Timestamp: 2019-12-13 14:22:22
Document Index: 243605440

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 89', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo18', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 18']

Primera sentencia de nulidad de prueba de videovigilancia por incumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos Primera sentencia de nulidad de prueba de videovigilancia por incumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos
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Primera sentencia de nulidad de prueba de videovigilancia por incumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos
La sentencia (la primera en España que recoge estos argumentos) anula la prueba de video vigilancia aportada por la empresa. El juicio se había planteado por despido disciplinario del trabajador por haber agredido a otros empleados en dependencias de la empresa. El empleador presentó dos pruebas de tal agresión: a) la grabación de las cámaras de videovigilancia, y b) el testimonio de dos trabajadores que presenciaron el acto. El Juez de lo Social entiende que no puede dar validez a la prueba de videovigilancia aportada por la empresa al haberse incumplido el Reglamento Europeo de Protección de Datos, por no haber informado a los trabajadores de que las grabaciones podían utilizarse con fines sancionadores.
Según la sentencia: «La dificultad para encontrar un criterio pacífico se explica en parte porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han construido la mayoría de sus criterios examinando la incidencia de la videovigilancia en los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE). Pero cuando se invoca la vulneración del derecho a la protección de datos en los casos de videovigilancia (art. 18.4) el conflicto jurídico adquiere otra dimensión, precisamente por la exigencia estructural de este derecho de que se cumpla necesariamente el deber informativo a los trabajadores como único medio de conseguir una protección eficaz del derecho de autodeterminación informativa inherente al derecho a la protección de datos«.
La Sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona, número 52/2019, Rec 875/2018 (ECLI:ES:JSO:2019:281) es extensa y meticulosa en la argumentación para desestimar la prueba de videovigilancia.
LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 29/2013)
El Tribunal Constitucional estableció doctrina sobre este aspecto a través de la Sentencia 29/2013. La Sentencia del Tribunal Constitucional la resume el Juzgado de lo Social de la siguiente forma:
i. La habilitación legal para recabar los datos personales sin necesidad de consentimiento en el ámbito de las relaciones laborales no exime del derecho de información del trabajador , dado que es complemento indispensable del derecho fundamental del artículo 18.4 CE la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo. Una cosa es la necesidad o no deautorización del afectado y otra, diferente, el deber de informarle sobre su poseedor y el propósito deltratamiento.
ii. El derecho de información solo podría venir limitado por Ley y en el ámbito de las relaciones laborales no existe habilitación legal expresa que permita su omisión ni tampoco puede justificarse la misma en el control de la actividad laboral.
iii. El derecho de información no puede ser suplido o subsanado por la existencia de anuncios sobre la instalación de las cámaras o porque se hubiera notificado la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos.
iv. Lesiona el artículo 18.4 CE la utilización para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de medios encubiertos que niegan al trabajador la información exigible.
v. Alcance del deber informativo :
· Será necesaria una información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que la captación podía ser dirigida. A nadie se le escapa que en la redacción del artículo 89 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, está muy presente esta doctrina al regular la videovigilancia de los trabajadores en los centros de trabajo.
· Información que debe concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse. Esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos.
· Explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo.
Sin embargo, esta doctrina que sentaba la Sentencia del Tribunal Constitucional 29/2013 sería modificada en 2016 por el pleno del Tribunal Consitucional.
MODIFICACIÓN DE LÍNEA DOCTRINAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 39/2016)
A través de la Sentencia 39/2016, el Tribunal Constitucional decide modificar la doctrina establecida anteriormente, delimitando el alcance del deber informativo a los trabajadores, que considera cumplido cuando la empresa coloca distintivos informativos en las condiciones que establece la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
También la Sentencia del Juzgado de lo Social de Pamplona recoge este hecho, resaltando los aspectos más relevantes de la STC 39/2016:
· La empresa a raíz de instalar un nuevo sistema de control informático de caja, detectó que en la caja de la tienda donde prestaba sus servicios la demandante existían múltiples irregularidades, de lo que podría desprenderse una apropiación dineraria por parte de alguno de los trabajadores que trabajaban en dicha caja, entre ellos la demandante.
· Por ello encargó a una empresa de seguridad la instalación de una cámara de videovigilancia que controlara la caja registradora.
· La cámara se instaló sin que se comunicase a los trabajadores , si bien en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo correspondiente.
· En la carta de despido se imputaba a la trabajadora la apropiación de efectivo de la caja de la tienda, en diferentes fechas y de forma habitual.
· En concreto, se señalaba los días y horas en los que se había apropiado del importe de 186,92 euros, habiendo realizado para ocultar dicha apropiación las operaciones falsas de devoluciones de venta de prendas.
En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 2 de León, que entendió el caso, desestimó la demanda y declaró procedente el despido. Consideró probados los hechos con las declaraciones del responsable de recursos humanos y de la dirección de la empresa. En lo referente a la instalación de la cámara de videovigilancia la sentencia considera: «…en la instalación y grabación se cumplió escrupulosamente la normativa al respecto. (…) Concurría la situación precisa para el control oculto, esto es sin notificar expresamente la colocación de la cámara a los trabajadores, porque era, en principio, el único medio posible para satisfacer el interés empresarial de saber fehacientemente quien estaba realizando los actos defraudatorios de los que indiciariamente ya se tenían conocimiento».
La trabajadora, después de recurrir en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desestimó a través de la Sentencia del 24 de julio de 2013, accedió al amparo constitucional invocando vulnerados varias artículos de la Constitución Española.
Finalmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016 establece la siguiente doctrina sobre el control empresarial a través de la videovigilancia y los derechos a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal:
i. El derecho fundamental a la protección de datos personales comprende el derecho del afectado a consentirla recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos.
ii. Para hacer efectivo ese contenido resulta esencial el reconocimiento del derecho del afectado a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos (sigue aquí la doctrinade la STC 292/2000 ).
iii. Aunque el consentimiento del afectado es el elemento definidor del sistema de protección de datos decarácter personal, la propia LOPD/1999 excepciona los supuestos en que concurra habilitación legal para que los datos puedan ser tratados sin dicho consentimiento, como ocurre precisamente en el ámbito de las relaciones laborales (conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LOPD/1999 ).
iv. La dispensa del consentimiento abarca a los datos necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación laboral, incluyendo a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo ( artículo 6.2 de la LOPD/1999 ) . Por ello, un tratamiento de datos dirigido al control de la relación laboral debe entenderse amparado por la excepción, pues está dirigido al cumplimiento de la misma. Por el contrario, el consentimiento de los trabajadores afectados sí será necesario cuando el tratamiento de datos se utilice con finalidad ajena al cumplimiento del contrato.
v. Aunque no sea necesario el consentimiento en los casos señalados, el deber de información sigue existiendo , pues este deber permite al afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y conocer la dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, del representante ( Art. 5 LOPD ).
vi. Para valorar si se ha vulnerado el derecho a la protección de datos por incumplimiento del deber de información, la dispensa del consentimiento al tratamiento de datos en determinados supuestos debe ser un elemento a tener en cuenta dada la estrecha vinculación entre el deber de información y el principio generalde consentimiento.
vii. En todo caso , el incumplimiento del deber de requerir el consentimiento del afectado para el tratamientode datos o del deber de información previa sólo supondrá una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos tras una ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada.
viii. El empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conformecon el artículo 20.3 ET .
ix. La relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de videovigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto; a saber, por un lado, el derecho a la protección de datos del trabajador y, por otro, el poder de dirección empresarial imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, que es reflejo de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 33 y 38 CE .x. El deber informativo previo al trabajador se entiende cumplido con la colocación de los distintivos informativos previstos en la Instrucción 1/2006 , de 8 de noviembre, de la AEPD, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
xi. Cuando se cumple con la exigencia de la información previa de la instalación de las cámaras devideovigilancia a través del correspondiente distintivo informativo no puede entenderse vulnerado el artículo18.4 CE , y el control que debe realizarse consistirá en determinar si la instalación y empleo de medios decaptación y grabación de imágenes por la empresa ha respetado el derecho a la intimidad personal , de conformidad con las exigencias del principio de proporcionalidad (cita expresamente las SSTC 186/2000 y 98/2000 ).
Por todo ello, el Tribunal Constitucional entendió cumplido el deber de información que obligaba a la empresa, ya que la cámara se encontraba situada en el lugar donde se desarrollaba la prestación laboral, enfocando directamente a la caja y en el escaparate del establecimiento, en lugar visible, se colocó el distintivo informativo exigido por la mencionada Instrucción 1/2006 de la AEPD.
La Sentencia 39/2016 del Tribunal Constitucional cuenta con el voto particular de un magistrado que llama la atención sobre lo que considera la «mutación constitucional» derivada de la STC de 3 de marzo de 2016 sobre el contenido esencial del derecho que reconoce el artículo 18.4 CE y la ausencia de motivación sobre las razones del cambio en la jurisprudencia constitucional.
Es decir, tal y como menciona la actual Sentencia del Juzgado de lo Social de Pamplona, «con la nueva doctrina del Tribunal Constitucional queda rebajada la exigencia informativa de la libertad de autodeterminación informativa que deriva del derecho de protección de datos de carácter personal, al menos tal y como la entendió la Sentencia del Pleno del Tribunal Consituticonal 292/2000, de 30 de noviembre y la STC 39/2016 al determinar el contenido esencial del derecho fundamental».
EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LA VIDEOVIGILANCIA ENCUBIERTA
La Sentencia del Juzgado de lo Social que estamos analizando trae a colación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con dos objetivos:
Recordar la doctrina de este tribunal a través de la Sentencia «López Ribalda y otras versus España», y
Recordar la vinculación que tienen los jueces y tribunales españoles respecto de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que debe llegar incluso a la revisión de sentencias españolas firmes que contradigan lo declarado por el TEDH.
El Tribunal de Estrasburgo apunta una serie de exigencias que extrae del derecho a la vida privada (art. 8 del Convenio de Roma), condiciona la validez de estas medidas a que se cumpla con rigor el deber informativo previo al trabajodr de la finalidad de la instalación de las cámaras, excluyendo expresamente la licitud de las grabaciones encubiertas o no informadas.
La Sentencia del TEDH del caso «Lopez Ribalda y otras versus España», de 9 de enero de 2018, declara la vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Estado español en la utilización de sistemas de videovigilancia y extrae las siguientes conclusiones:
La videovigilancia encubierta de un empleado en su lugar de tabajo debe ser considerada como una importante intromisión en su vida privada.
Adoptar un sistema de video vigilancia sin informar previamente al tabajador supone «una intrusión considerable en su vida privada, y una ilegítima privación del derecho a disponer de los propios datos, ya que le trabajdor se ve privado de saber si le están grabando y qué se hace con esas imágenes, perdiendo todo poder de control y disposición sobre sus propios datos».
La videovigilancia llevada a cabo por el empresario no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos (la antigual Ley de Protección de datos de 1999).
Se incumplió la obligación de informar previamente a los interesados de modo expreso, preciso e inequívoco sobre la existencia y características particulares de un sistema de recogida de datos de carácter personal.
Las demandantes tiene derecho a ser inforamdas «prevamente de modo expreso, preciso e inequívoco» de la «finalidad de la recogida de los datos y de los destinatarios de la información, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y de la identidad y dirección delresponsable del tatamiento, o en su caso, del representante».
La vinculación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega hasta el punto de que cabe revisar una sentencia española firma que haya vulnerado eun derecho fundamental conforme a lo declarado por el TEDH.
EL DEBER DE INFORMAR COMO REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LA VALIDEZ DE LAS GRABACIONES AUDIOVISUALES Y OTROS MEDIOS DE CONTROL EMPRESARIAL
La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos impone el carácter absoluto del deber informativo vinculado a las garantías del derecho a la protección de datos en los términos en los que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDyGDD), y en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento 2016/679, sobre tratamiento de datos personales y su libre circulación (RGPD).
Por tanto, tal y como dice la Sentencia del Juzgado de lo Social de Pamplona, «cabe entender que es necesario volver al origen de la doctrina del Tribunal Consitucional, que quedó plasmada en la STC 29/2013 y exigir en el control empresarial un deber informativo previo, concreto y preciso, que incluya la finalidad del sistema implantado».
Finalmente, la sentencia que estamos analizando se pronuncia sobre toda esta regulación se acomoda a las exigencias del derecho fundamental a la privacidad y a la protección de datos personales conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si respeta las exigencias del deber informativo que impone el Reglamento Europeo de Protección de Datos personales.
Recuerda que «actualmente la normativa directamente aplicable no es otra que el Reglamento Europeo, sin que la norma española pueda contradecir sus mandatos esenciales, entre los que se encuentra, sin duda alguna, el preceptivo deber informativo y las exigencias de transparencia del tratamiento, no exceptuadas para las relaciones laborales cuando el empleador utiliza medidas de control de la actividad laboral».
Después de todo lo anteriormente expuesto cabría preguntarse: «Entonces, ¿cómo puede actuar la empresa ante las sospechas fundadas de la comisión de actos ilícitos por parte del trabajador (hurtos a clientes o empleados)? El deber de transparencia no debería amparar, ni facilitar al trabajador la comisión de un acto ilícito y tampoco hacer imposible la comprobación de actos ilícitos».
Quienes defienden esta tesis piensan que debe prevalecer el interés público de la sociedad y las salvaguardias contra la ilegalidad, y con ello admitir la posibilidad de un control oculto mediante cámaras cuando tiene un carácter defensivo.
Sin embargo, como defiende la Sentencia del Juzgado de lo Social de Pamplona, «conviene no confundir la legitimidad del fin con la constitucionalidad del medio para su consecución (…), cuando lo cierto es que cabe proclamar la legitimidad de aquel propósito pero, del mismo modo, declara que lesiona el artículo 18.4 CE la utilización para llevarlo a cabo de medios encubiertos que niegan al trabajador la información exigible»
No se estima aplicable la doctrina que cita la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, porque el deber informativo sobre el alcance de las medidas de videovigilancia (incluyendo la finalidad sancionadora) es una exigencia que se impone en todo caso, más allá de la mera colocación del cartel informativo.
No se establece excepción alguna al deber de transparencia e informativo en materia de protección de datos aplicable a las relaciones laborales.
Sin embargo, valora positivamente la prueba testifical practicada en el acto del juicio, que fue clara, al haber declarado dos testigos las circunstancias en las que se produjo la agresión del demandante y del otro trabajador.
Considera acreditados los hechos alegados por la empresa (gracias a la prueba testifical, al no haber dado validez a las grabaciones), y dicta sentencia declarando procedente el despido.
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