Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-D-676.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-25 04:22:49
Document Index: 210969362

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 8', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 189']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 676, de 01/06/2015
cve: BOCG-10-D-676
161/003744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las obras de mejora en la accesibilidad de los edificios residenciales ... (Página3)
161/003728 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el reconocimiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han prestado servicio en el País Vasco y Navarra ... (Página4)
161/003737 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración de un Plan Integral de Incorporación Laboral dirigido a los militares profesionales de tropa y marinería ... (Página5)
161/003743 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de mejorar el servicio de Correos Postal y aumentar el personal a fin de cumplir lo establecido en la legislación ... (Página6)
161/003731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar una Formación Profesional Dual para la mejora del empleo ... (Página7)
161/003736 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018 ... (Página8)
161/003746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes de reindustrialización y de turismo en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, compuesta por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla ... (Página10)
161/003729 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el etiquetado del vino y chaptalización ... (Página11)
161/003730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al cultivo y a la rentabilidad del cultivo de la patata ... (Página12)
161/003732 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio de zonas marinas susceptibles de ser declaradas Parques Nacionales ... (Página13)
161/003733 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan integral para resolver el problema de contaminación del río Gállego ... (Página14)
161/003734 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención y gestión de la basura marina ... (Página14)
161/003738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prevención de avenidas en la Región de Murcia ... (Página16)
161/003739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impago de ayudas e indemnizaciones por riadas en la Región de Murcia ... (Página16)
161/003742 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar los daños causados por el granizo en Castilla-La Mancha ... (Página17)
161/003735 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la inclusión de la vacuna del meningococo B en el calendario de vacunas ... (Página18)
161/003741 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) de las prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a tratamientos para cáncer ... (Página20)
161/003745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Marco de Actuación para las Personas Mayores ... (Página21)
161/003740 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa a las medidas para favorecer y promover el uso de la bicicleta ... (Página22)
181/003343 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de la intervención de los medios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio que ha afectado a los municipios de Pego, Vall d?Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar y L?Atzúbia, así como valoración de la coordinación con la Generalitat Valenciana en relación con el mismo ... (Página24)
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2015.?P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003744
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las obras de mejora en la accesibilidad de los edificios residenciales, para su debate en Comisión de Justicia.
En el Estado español se están desarrollando numerosos proyectos que pretenden la mejora de la accesibilidad de los edificios residenciales en virtud de las previsiones de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en virtud de lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Otra cuestión que afecta de manera determinante a los propietarios de los locales comerciales y de hostelería son las sentencias de los tribunales a la hora de interpretar la Ley de Propiedad Horizontal. La falta de un desarrollo detallado de esta ley y la necesidad de una actualización de la misma, ya que se aprobó en los años sesenta pensando en la configuración de los edificios de la época, están generando interpretaciones contradictorias por parte de los jueces en relación con los objetivos que pretende la ley, que en muchos casos penalizan de nuevo a los propietarios de los locales en edificios residenciales.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda al desarrollo de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con el objeto de aclarar los conceptos relacionados con la aplicación de la Ley y su espíritu, actualizando los conceptos a los tipos edificatorios actuales para evitar una interpretación contradictoria con su espíritu y propósito por parte de la Administración de Justicia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2015.?Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/003728
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han prestado servicio en el País Vasco y Navarra, para su debate en la Comisión de Interior.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Su despliegue por todo el territorio nacional, su servicio a los ciudadanos y su capacidad para hacer frente a las principales amenazas que acechan a nuestra sociedad, hacen que gocen de un reconocido prestigio internacional alcanzando un nivel de eficacia homologable al de las policías de los países más avanzados del mundo. No en vano, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil son de las instituciones mejor valoradas por los españoles.
Una de las reivindicaciones de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía ha sido el reconocimiento al trabajo realizado, por los efectivos destinados en el País Vasco, en condiciones hostiles durante mucho tiempo, que dejaron su salud, y en muchas ocasiones la vida, por defender la libertad de todos frente al terrorismo.
Esta iniciativa parlamentaria pretende el reconocimiento moral y la dignificación profesional del trabajo realizado. En definitiva, una compensación justa y proporcional al esfuerzo desarrollado de manera continua y sacrificada sin queja alguna. Siendo merecedores por igual de este reconocimiento los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Los partidos democráticos debemos estar siempre del lado de la ley, del lado de la Constitución y en apoyo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que el Estado ha dado la responsabilidad de defender nuestros derechos y libertades.
1. Reconoce y valora el trabajo realizado durante tantos años por los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que, en condiciones adversas, arriesgaron su vida en el País Vasco y Navarra en defensa de nuestra libertad y en la lucha contra el terrorismo.
2. Insta al Gobierno a estudiar la articulación concreta de un reconocimiento profesional simbólico a todos aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que arriesgaron su vida en el País Vasco y Navarra en la lucha contra el terrorismo de ETA, en defensa de nuestros derechos y libertades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2015.?Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003737
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan Integral de Incorporación Laboral dirigido a los militares profesionales de tropa y marinería, para su debate en la Comisión de Defensa.
Las políticas de personal en el ámbito del Ministerio de Defensa son absolutamente necesarias para la planificación estratégica de la seguridad y defensa. Para su adecuada configuración ha de atenderse a decisiones de muy diversa naturaleza, muchas de ellas con alcances temporales diferentes. Precisamente por ello, la atención a los ciudadanos que optan por establecer una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas es absolutamente imprescindible para poder disponer de suficientes efectivos que permitan que las unidades sean plenamente operativas en todo momento y circunstancias. Los procesos de captación, de integración, de carrera profesional y, en su caso, de finalización de la relación profesional deben además preparar a los que deban abandonar las Fuerzas Armadas, de tal manera que puedan integrarse en empleos ordinarios que les permitan poner en valor la preparación y experiencia adquirida en el tiempo que mantuvieron activa su condición de militar.
Por otra parte, es un hecho conocido y notorio que gran parte del personal que abandonará su relación profesional con las Fuerzas Armadas en los próximos años, desde las Escalas de Tropa y Marinería, lo hará en virtud de disposiciones legales, vigentes en la actualidad, que les otorgan la condición de reservistas de especial disponibilidad, sin que por ello tengan resueltas sus expectativas de trabajo. Desde otro ámbito, las políticas de empleo activo para este número importante de ciudadanos deben poner en valor la formación y experiencia adquirida en la actividad profesional en las Fuerzas Armadas y también las especiales y exigentes condiciones de trabajo en las que han sido desempeñadas, para su traslación a los empleadores privados y públicos, que son, en definitiva, los que pueden hacer efectiva ofertas de empleo para estos ciudadanos.
Lo cierto, sin embargo, es que desde el Ministerio de Defensa no se ha establecido una acción coordinada, con un diseño eficiente y eficaz al respecto, que contemple una auténtica política activa de empleo al respecto. Por ello, consideramos que es absolutamente necesario configurar de manera urgente un plan de carácter integral que contenga medidas concretas y específicas para facilitar la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería, tal y como se prevé en el artículo 21 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, al mercado laboral. Este mandato legislativo no ha tenido desde el año 2006, ninguna concreción a pesar de las continuas reivindicaciones de los componentes de la citada Escala y de la precariedad y dificultad del mercado laboral. Por otra parte, ha de regularse con rango de ley un nuevo estatus de militar de carrera de los componentes de las Escalas de Tropa y Marinería y, en todo caso, aumentar las garantías de los procedimientos administrativos para salvaguardar la imparcialidad de los intervinientes en los mismos y la objetividad plena de estos procesos.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que:
1. En el plazo de seis meses proceda a la elaboración de un Plan Integral de Incorporación Laboral dirigido a los militares profesionales de tropa y marinería, que desarrolle las previsiones del artículo 21 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Dicho Plan será presentado en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, y será previamente informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y por el Observatorio de la Vida Militar
2. En el mismo plazo se procederá a la remisión al Congreso de los Diputados de un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, que deberá establecer los procesos de adquisición de la condición de militar de carrera del personal militar que pertenezca a la Escala de Tropa y Marinería del Ejercito de Tierra, Ejército del Aire y de la Armada que voluntariamente manifiesten su voluntad al respecto. Dicho Proyecto de Ley procederá a una nueva regulación de los procesos de
ampliación y renovación de los compromisos iniciales y de larga duración que dote a estos de garantías de objetividad y de pleno respeto a la imparcialidad, en relación con quienes intervengan en la tramitación y resolución de los expedientes administrativos que hayan de incoarse.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2015.?Álvaro Sanz Remón, Diputado.?José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003743
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de mejorar el servicio de Correos Postal y aumentar el personal a fin de cumplir lo establecido en la legislación, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
El servicio postal de Correos ha ido deteriorándose en los últimos años de manera alarmante, especialmente después del proceso de liberalización emprendido por el Gobierno.
El incumplimiento de la legislación en materia postal es evidente porque no se están respetando ni siquiera los mínimos exigidos por la Ley Postal de 2011, que al igual que normativas anteriores establece que se trata de un servicio universal, y estipula la obligatoriedad de repartir el correo postal durante los cinco días laborales de la semana.
Correos, como operador designado para prestar el servicio público universal, está obligado por ley a que las entregas se efectúen al menos todos los días laborables, de lunes a viernes.
A pesar de que en el ejercicio 2013, Correos cerró con superávit de 45 millones de euros, los recortes en la contratación y el empeoramiento de las condiciones laborales, la precariedad y la falta de personal y medios, han provocado que actualmente se reparta el correo postal con demoras de más de dos días.
Sin embargo, lo cierto es que se han suprimido secciones de reparto (20), sobrecargando así al resto de la plantilla. Además, no se cubren las ausencias por vacaciones o días libres, ni tampoco las bajas. Lo cual recarga a la actual plantilla de trabajadores que trabaja en unas condiciones de estrés y de precariedad que le lleva al límite de sus posibilidades.
El hecho es que los carteros y carteras están saturados, no pueden llegar en tiempo y forma a todos los puntos de reparto que se les asigna. Las entregas no se pueden realizar a diario, incumpliéndose de ese modo la ley por circunstancias ajenas a los trabajadores. Al no haber suficiente personal resulta imposible cumplir con los criterios establecidos en la normativa.
De hecho, en el actual contexto de crisis económica, han aumentado significativamente las notificaciones y certificaciones postales procedentes del ámbito de la Administración pública, judicial o bancaria.
Las entregas con retraso de este tipo de notificaciones provocan importantes perjuicios a los ciudadanos.
La falta de personal necesario problematiza el reparto postal. En el Estado español se eliminaron 15.000 plazas que quedaron vacantes por fallecimiento o jubilación sin que fuesen restituidas. Y en relación a Galiza la supresión de plazas por estos motivos alcanzó la cifra de 1.500.
La situación es todavía peor, si cabe, en las zonas rurales donde las demoras son todavía mayores. En Galicia afecta especialmente debido a la alta dispersión poblacional existente. El bajo nivel de personal y el cierre de oficinas postales complica todavía más la situación. E igual de grave resulta en las áreas metropolitanas y en las poblaciones más grandes.
Otro factor que contribuye a empeorar la calidad del servicio es que antes se llevaban las unidades de reparto de urgentes porque sus características así lo requieren, ahora los asumen las unidades de reparto
ordinario, provocando que se excedan los plazos de entrega estipulados por la misma empresa. Con lo cual Correos está incumpliendo también con el usuario que ha pagado más por ese servicio que debería ser más rápido.
Desde la Administración no se están utilizando las Bolsas de Contratación del personal eventual para suplir las vacantes y las bajas que se van produciendo.
Para cumplir la ley y con los parámetros de calidad adecuados a un servicio público, el Gobierno debería dotar a las unidades de reparto del personal necesario para atender las obligaciones a las que está sujeto Correos.
La política del Gobierno de desmantelamiento de los servicios públicos debe terminar. La población no puede asumir más recortes, ni más limitaciones ni más sacrificios porque está en el límite. No hay derecho a este deterioro del servicio público, y no hay derecho a que se asfixie hasta la extenuación a miles de trabajadores, en este caso del sector de Correos.
? Incrementar el personal en el servicio de Correos de modo que se cubran las vacantes, las ausencias y las bajas en tiempo y forma.
? Utilizar la bolsa de contratación de personal eventual a fin de suplir las vacantes.
? Convocar oferta pública de empleo en el Servicio de Correos para restituir las 15.000 plazas vacantes en el Estado español por jubilación, fallecimiento u otras causas, 1.500 de ellas en Galiza.
? Mejorar la calidad del servicio postal, actualmente muy deteriorado, y que no cumple con lo establecido en la Ley Postal puesto que Correos como operador designado para prestar el servicio público Universal debería realizar entregas postales al menos todos los días laborables, de lunes a viernes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2015.?M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.?Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003731
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reforzar una Formación Profesional Dual para la mejora del empleo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La OCDE ha valorado positivamente las reformas de la formación profesional en España emprendidas por la Ley Orgánica 8/2012, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que ofrece una formación básica, media y superior (postsecundaria).
El informe de la OCDE «Competencias más allá de la escuela» destaca los buenos resultados de las iniciativas emprendidas, al comprobar que entre 2013 y 2014 el número de contratos anuales de aprendizaje se incrementó en un 40 %, el número de centros y el número de estudiantes que eligió esta vía se duplicó y además, el número de empresas participantes se triplicó.
La OCDE ha calculado que entre 2010 y 2020 cerca de dos tercios del crecimiento del empleo tendrá lugar en la categoría «técnicos y profesionales de nivel», la categoría más vinculada a la formación profesional postsecundaria.
Y según datos de Eurostat correspondientes al tercer trimestre del año 2014, la población entre quince y sesenta y cuatro años con un bajo nivel de cualificación en España alcanzaba la cifra del 44 %, frente al 27 % de media en la UE-28, en los niveles medios de cualificación la cifra es del 23,95 % en España y del
46,71 % en la UE. Por el contrario, en la enseñanza terciaria estamos por encima de la media de la UE, con un 31,86% de la población en posesión de una titulación superior, frente al 28,21 % de la UE.
Estos datos permiten concluir que se debe mejorar la cualificación media de los ciudadanos para reducir el número de personas con un bajo nivel de cualificación y mejorar su empleabilidad.
Si hablamos de Formación Profesional, el número de titulados en Formación Profesional en España (33,3 % año 2012) se encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE (39,7 %) y por debajo de la media de los 21 países de la OCDE que forman parte de la UE (46,1 %).
En el curso 2013/2014 un 66,38 % de los alumnos cursan estudios de bachillerato frente al 33,62 % que lo hace en FP de grado medio.
En definitiva, en la actualidad son todavía pocos estudiantes españoles los que estudian Formación Profesional y en particular en la Formación Profesional Dual, tal como lo hacen sus homólogos europeos, y así lo concluye el informe de la Estrategia Nacional de Competencias para España, que actualmente se está elaborando en cooperación con la OCDE.
Por ello, el mismo informe recomienda que las iniciativas adoptadas por España han de mantenerse y potenciarse más porque a pesar de los esfuerzos por facilitar la comunicación entre empresas y centros de Formación Profesional, el aprendizaje basado en el trabajo no es tan común como podría serlo.
Para alcanzar este objetivo es necesario garantizar también que el aprendizaje basado en el trabajo sea sometido a evaluaciones, otorgue créditos y garantizar su calidad.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a desarrollar y reforzar la Formación Profesional Dual, que combine la formación en el centro educativo y la presencia en la empresa, como opción de aprendizaje atractiva y ocupación cualificada. A tal efecto, se reforzará:
? El impulso a las acciones de difusión de la Formación Profesional Dual como forma de aprender y removiendo los obstáculos de los agentes participantes que permita incrementar su participación y oferta.
? La identificación de nuevas ocupaciones y perfiles profesionales para responder a las necesidades de los sectores emergentes y a los cambios tecnológicos y organizativos
? La coordinación entre administraciones y el sector empresarial en los niveles de calidad de la formación.
? La formación para tutores de empresa, en su labor formativa y orientadora.
? El intercambio de buenas prácticas desarrolladas en FP Dual en los países que lo han implementado en Europa.»
161/003736
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, abajo firmante, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La minería del carbón ha venido sufriendo un agudo proceso de reducción en la producción nacional y, consecuentemente, en la actividad económica vinculada en las comarcas mineras, especialmente, en el empleo.
Tras el traumático proceso vinculado a los incumplimientos por parte del Gobierno de España del anterior Plan 2005-2012, especialmente los relativos a la producción y por consiguiente a la propia actividad minera,
que derivó en una intensa conflictividad laboral, se ha abierto un proceso de negociación que culminó en el acuerdo suscrito por el Ministerio de Industria, los sindicatos mineros y las empresas del sector: «Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 20132018».
Conscientes de la finalización de la vigencia del Real Decreto 134/2010, el 32 de diciembre de 2014, dentro del citado acuerdo se incorporó el procedimiento a seguir para asegurar el consumo del carbón nacional en unas cantidades que permitieran el mantenimiento de la actividad extractiva de la minería del carbón.
Las razones para el mantenimiento de la producción nacional se deben, por supuesto, a la preservación de la actividad económica y el empleo en las comarcas mineras, pero también a un interés estratégico de país.
Como es bien conocido, el carbón nacional, junto con las energías renovables, constituyen las únicas fuentes energéticas autóctonas, siendo ambas fuentes de suministro de energía complementarias dentro del mix energético nacional. El mantenimiento de esta fuente energética, en un país que sigue manteniendo una enorme dependencia de terceros países, constituye un elemento estratégico no solo para las comarcas y regiones mineras sino de interés general.
Y lo es más aún, una vez conocidos los resultados de las investigaciones sobre posibles hallazgos de otro tipo de combustibles fósiles (petróleo, gas esquisto).
En consecuencia, tanto por la dependencia energética como por su propio comportamiento en el sistema de generación energética, garantizando la seguridad de suministro y en el mecanismo de producción de precios de la electricidad, es necesario el mantenimiento de la actividad minera del carbón. Y lo es también la garantía de consumo del carbón nacional.
Para asegurar este consumo, el acuerdo recogido en el Marco citado 2013-2018, se recoge el establecimiento por Red Eléctrica Española (REE) de un hueco térmico suficiente para el carbón nacional, a partir del 1 de enero de 2015, fijando las producciones estimadas para este periodo.
Recientemente se ha conocido el borrador de Orden ministerial en desarrollo de este acuerdo. Las cifras de producción y consumo que contemplan incumplen flagrantemente los acuerdos firmados por las partes, lo que vuelve a situar este sector productivo del país en una situación de incertidumbre para el mantenimiento de la actividad.
Ante esta amenaza y por estos motivos, se presenta la siguiente
1) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento en todos sus términos a los acuerdos firmados por el Ministerio de Industria con los sindicatos mineros y las empresas del sector en el «Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 20132018».
2) De forma específica, proceder a dictar las normas precisas para dar cumplimiento exacto al compromiso acordado sobre el consumo de carbón nacional y que se concreta en 6,7 millones de toneladas para el 2015.
3) Teniendo en cuenta lo avanzado del ejercicio y la acumulación de carbón por falta de consumo que ha tenido como consecuencia la suspensión de actividad en algunas empresas mineras, proceder de forma inmediata a establecer el procedimiento adecuado que alcance a la producción de todo el ejercicio 2015.
4) Concretar las medidas que impidan el cierre de la empresa ELCOGAS y garanticen su futuro y viabilidad.
5) Redactar la Orden de «Pagos por Capacidad» que regule el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y que sustituya al Real Decreto 134/2010, de Restricciones por Garantía de Suministro, según las alegaciones presentadas por los sindicatos mineros, asegurando la adquisición por parte de las eléctricas de las producciones estimadas en el Marco de Actuación.
6) Convocar de inmediato la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2015.?Gaspar Llamazares Trigo y Álvaro Sanz Remón, Diputados.?José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003746
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los planes de reindustrialización y de turismo en la comarca del noroeste de la Región de Murcia, compuesta por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, para su debate en la Comisión de industria, Energía y Turismo.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sufrido un acelerado deterioro de su tejido industrial y empresarial, agravado con muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en los últimos tres años. Medidas como la reforma laboral, que facilitó el incremento en la destrucción de empleo y ha elevado hasta cotas desconocidas la precariedad, o como la aprobación de incrementos indiscriminados de impuestos y tasas, como el IVA en todas sus tipologías, han propiciado que nuestras empresas perdieran competitividad.
Según los últimos datos disponibles, la comarca del noroeste de la Región de Murcia, formada por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, cuenta con un total de 7.262 personas desempleadas. El análisis de esta cifra por sectores arroja que el 50 % de las personas desempleadas corresponde al sector servicios (a nivel autonómico esta cifra asciende hasta el 60 %), mientras que un 20 % corresponde al sector de la industria (a nivel regional solo es el 10 %), un 10 % al sector de la agricultura (a nivel autonómico es el 7,6 %) y un 11 % al sector de la construcción (a nivel autonómico es del 11,8 %).
Estas diferencias en los datos comarcal y autonómico encuentran su explicación, en buena parte, en la desaparición durante los años de dura crisis económica de una parte importante del sector industrial que existía en los citados municipios, aunque también ha afectado a todos los sectores, como los servicios, la agricultura o la construcción.
La situación de los municipios de la comarca del noroeste requiere que se adopten decisiones desde las diferentes administraciones para corregir esta situación de forma urgente, con el objetivo de reducir la cifra de parados/as, reactivando el sector industrial e impulsando el sector turístico en una zona con altas capacidades para desarrollo del mismo (por historia, patrimonio cultural, natural y gastronómico, entre otros).
Entre las decisiones a tomar habría que apostar por actuaciones para la reindustrialización y reconversión, para impulsar la actividad económica, en base a un estudio que analice las potencialidades la misma, para relanzar sectores importantes ya existentes en la zona ?como la industria vinícola, la industria del mármol, el sector de la flor cortada, el sector de la madera (que deberá ser complementado con un plan para garantizar el abastecimiento de materia prima, especialmente de madera de chopo, con ayudas directas para el cultivo del mismo, pues actualmente hay datos que apuntan a un desabastecimiento), el sector de la marroquinería y del calzado y el sector de la conserva y productos alimentarios, entre otros?, así como para la búsqueda de nuevos sectores proclives a crecer en la zona por las potencialidades de la misma.
El impulso que también puede tener el sector turístico en la zona, buscando la calidad en el servicio, en las actividades y productos ofrecidos, para lo que será necesario impulsar la formación, puede ser también un dinamizador claro de la economía de la zona.
1. Declarar a la zona de la comarca del noreste de la Región de Murcia, formada por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como área específica en la que concurran circunstancias que aconsejen una actuación singular.
2. Establecer una dotación presupuestaria en los próximos ejercicios para las políticas de reindustrialización y reconversión en zonas desfavorecidas, destinada a los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla en la Región de Murcia, con el fin de poner en marcha un plan de reindustrialización en base a un estudio de potencialidades de la zona.
3. Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a impulsar un plan de turismo comarcal, que incluya un estudio de las potencialidades de la misma, en colaboración con la administración autonómica y las locales, y el establecimiento de una dotación presupuestaria en los próximos ejercicios para la realización de acciones con el objetivo de impulsar el turismo rural, con la creación de empresas y empleo ligado al mismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2015.?María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003729
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el etiquetado del vino y chaptalización, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Durante los últimos meses en diversas instancias de la Unión Europea, Comisión y Parlamento Europeo se viene trabajando en la elaboración de diversas estrategias sobre el consumo de alcohol y especialmente en la modificación de las normas sobre etiquetado.
Las nuevas propuestas sobre el etiquetado plantean incorporar a las etiquetas normas nutricionales, requisitos sobre ingredientes y la inclusión de advertencias sanitarias sobre el consumo.
Es evidente que una sociedad cada vez más exigente y cada vez mejor informada merece que las etiquetas informen adecuadamente sobre los productos que adquieren, pero las normas deben ser equilibradas y evaluar los beneficios que las mismas comportan.
En este caso, es preocupante la falta de sensibilidad de algunos legisladores en relación a la problemática del vino y a su consideración de alimento que consumido con moderación es beneficioso para la salud.
El vino debe tener en todas estas nuevas normas una «especificidad» que recoja sus valores culturales, sociales y ambientales y que reconozca sus diferencias en relación con otros productos que contienen alcohol.
Si finalmente van a modificarse las normas de etiquetado de vino, España debe exigir como condición irrenunciable para cualquier acuerdo que las mismas incluyan la «chaptalización», adición de azúcar exógeno en el vino en el proceso de elaboración. España tiene que exigir que los consumidores europeos y del resto del mundo sepan qué vinos han sido sometidos a la práctica de la «chaptalización» y cuáles no. Esta es una práctica que está prohibida en España pero que se utiliza frecuentemente en otros países europeos, como Francia o Alemania.
? Establecer una estrategia nacional respecto de las propuestas de modificación del etiquetado de vino. Dicha estrategia comprometerá una acción común de las autoridades de los distintos ministerios, Agricultura, Sanidad, Asuntos Exteriores, Comercio, etc.
? Exigir que si finalmente van a aprobarse nuevas normas sobre etiquetado de vino, se incluya la obligatoriedad de incluir si el vino ha sido elaborado mediante la práctica de la ?chaptalización?.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2015.?Alejandro Alonso Núñez, Diputado.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003730
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo al cultivo y a la rentabilidad del cultivo de la patata, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El cultivo de la patata en nuestro país atraviesa una situación difícil. Por un lado, la rentabilidad de su explotación se ve seriamente amenazada a la vista de los bajos precios percibidos por los agricultores en los últimos ejercicios, y muy especialmente en la campaña pasada ?oscilaron entre los 20 y los 60 euros/ tonelada? muy por debajo de los costes de producción; y por otro, el consumo de patata nacional disminuye, pese a que se mantiene el consumo global, puesto que esta bajada ha sido sustituida por un incremento de las importaciones de patatas foráneas.
La patata es un cultivo de gran tradición, y muy importante en determinadas CC.AA., además de ser especialmente útil para los agricultores en las obligadas rotaciones de cultivo en los regadíos. Hay que tener en cuenta que aún mantiene unos ingresos medios en los últimos ejercicios que rondan, de promedio, los 450 millones de euros, tiene una amplia difusión en todo el territorio nacional y son más de 75.000 hectáreas que aún se están cultivando, lejos de las 95.000 del año 2005 y sumamente distanciadas de las 270.000 hectáreas que se alcanzaron en 1990.
Es un cultivo que merece la atención de las Administraciones, especialmente en el objetivo común de alcanzar unos precios lo suficientemente rentables que no solo cubran los costes de producción, que en este cultivo son elevados, sino que además permitan al agricultor obtener un beneficio razonable, a la par que se garantice que la producción llegue al consumidor de una manera asequible a sus posibilidades.
En colaboración con las CC.AA. y las asociaciones agrarias, en especial el sector de la patata, a la adopción de las medidas necesarias para recuperar, tanto la rentabilidad del cultivo como el incremento de su consumo, con las adopciones de las siguientes medidas:
1. Dentro de las producciones hortícolas, la patata debe tener consideración de cultivo prioritario dado su potencial económico y social relevante.
2. Fomento de las agrupaciones de productores de patata para fomentar la concentración de la oferta y conseguir mayor valor añadido en origen.
3. Impulso a la contratación entre los productores y los industriales y almacenistas con especial sujeción a lo dispuesto en la Ley 12/ 2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
4. Constitución de la Organización lnterprofesional Agroalimentaria de la Patata Nacional que, entre otras medidas, promocionará su consumo, mediante las oportunas campañas de publicidad y divulgación, incidirá en la mejora tecnológica del cultivo y en la acción formativa tanto de los agricultores en su adaptación a las nuevas variedades preferidas por los consumidores como en el perfeccionamiento de los canales de comercialización.
5. Especial énfasis en el cultivo de la patata ecológica como adaptación a la demanda creciente de los consumidores hacia estos cultivos.»
161/003732
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el estudio de zonas marinas susceptibles de ser declaradas Parques Nacionales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, establece como objetivo primordial garantizar como legado para las generaciones futuras la conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales españoles, en especial una lista de sistemas naturales terrestres y marinos españoles concretos que deben estar representados en la Red de Parques Nacionales.
Tras la aprobación de la Ley 7/2013, de 25 de junio, por la que se aprueba la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Red Española ha quedado integrada por quince espacios, ubicados en doce comunidades autónomas y en diecinueve provincias españolas. Todos los parques nacionales forman parte de la Red Natura 2000, 10 de Reserva de la Biosfera, 4 son Patrimonio de la Humanidad y 3 cuentan con el Diploma Europeo del Consejo de Europa a la Conservación.
De los quince Parques Nacionales de la Red, solo dos tienen carácter de marítimo-terrestre, ocupando zonas naturales tanto costeras como de la plataforma continental, y ninguno tiene carácter exclusivamente en aguas marinas. La Red supone el 0,75 % del territorio español, con 382.036 hectáreas, de las cuales 366.048 son terrestres y 15.988 marinas.
De los 40 sistemas naturales terrestres y marinos españoles que deben estar protegidos en la Red de Parques Nacionales y que aparecen en el anexo de la Ley de Parques Nacionales, 38 están representados en la Red (27 terrestres y 11 marinos). Faltarían por estar representados dos sistemas marinos.
Con estos datos queda de manifiesto la poca superficie marina que forma parte de la Red y la todavía ausencia de representación de algunos sistemas naturales marinos. Resulta paradójico que un país de tradición marítima ha estado de espaldas a la conservación del medio marino.
La gran apuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la conservación de nuestro patrimonio natural queda de manifiesto con la declaración, el pasado mes de julio, de 39 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) marinas españolas y la propuesta a la Comisión Europea de la inclusión de cuatro grandes espacios marinos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000.
El artículo 8.8 de la Ley 30/2014 se establece que: «En el caso de parques nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, la iniciativa para la declaración corresponde al Gobierno de la Nación, que la formalizará mediante la aprobación inicial de la correspondiente propuesta.» Además, se reconoce que corresponde a la Administración General del Estado la gestión de los parques nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, bajo los criterios establecidos en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, realizar un estudio e inventario de zonas marinas susceptibles de ser declaradas Parques Nacionales, para su posterior propuesta de protección.»
161/003733
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un plan integral para resolver el problema de contaminación del río Gállego, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La contaminación producida por la actividad de la empresa INQUINOSA, en la población de Sabiñánigo, entre los años 1975 y 1989, produjo uno de los mayores desastres medioambientales de la provincia de Huesca.
El pesticida HCH Hexaclorocicloexano, conocido comúnmente como Lindano, es el contaminante de los terrenos en los que se encuentra ubicado el antiguo vertedero de Bailín, el vertedero de Sardás y la antigua fábrica de INQUINOSA, además de en el fondo del río Gállego.
Gracias a un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con el Gobierno de Aragón, se iniciaron los trabajos, según la autorización ambiental integrada, para trasladar los residuos del antiguo vertedero de Bailín a un nuevo vaso estanco en el propio barranco.
A fecha de hoy quedaría pendiente el traslado del resto de los suelos contaminados a un nuevo vertedero seguro y descontaminar el río Gállego.
El traslado de los residuos es una obra compleja, única en España y que tiene que contar con la participación de varias administraciones como son Gobierno de Aragón, competente en materia medioambiental, Confederación Hidrográfica del Ebro, competente en materia de cuencas, y los Municipios.
Seis municipios captan agua de boca del río Gállego y todos los agricultores aguas abajo toman el agua del mismo.
El río Gállego es uno de los afluentes más importantes del Ebro cuyo entorno es un paraje único que añade valor a la provincia de Huesca, referente en turismo de naturaleza y deportes al aire libre.
1. Elaborar, de manera conjunta con el Gobierno de Aragón, un plan de actuaciones que aborde el problema de la contaminación del río Gállego.
2. Garantizar, junto con las autoridades autonómicas y municipales, el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente a las poblaciones afectadas.»
161/003734
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la prevención y gestión de la basura marina, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se considera basura marina a una amplia gama de materiales que no aparecen de forma natural en los ecosistemas marinos, aunque el término se suele emplear para designar los residuos, desechos de origen antropológico, que han sido directa y deliberadamente arrojados al mar o que han llegado transportados desde fuentes terrestres a través de los ríos, escorrentía superficiales o por la acción del viento.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año, aproximadamente 10 millones de toneladas de basura van a parar a los mares y océanos del mundo.
La lista de materiales es amplia, pero son los plásticos, y en particular los residuos de envases de plástico, el tipo de basura más habitual en el medio marino.
Este problema, conocido desde hace años, ha alcanzado unas dimensiones que lo convierten, no es solo en un problema estético, sino en una amenaza sobre los organismos marinos y los hábitat, sobre la salud humana y la seguridad y un importante impacto en la actividad socioeconómica ligada al mar.
En 2008, la Unión Europea adoptó una nueva y ambiciosa Directiva sobre la Estrategia Marina para salvar los mares y océanos de Europa y fomentar su uso sostenible. La Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, tiene el objetivo de proteger y restablecer los ecosistemas marinos europeos, establecer que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para alcanzar o mantener el «buen estado ambiental» de las aguas marinas bajo su jurisdicción, y garantizar la viabilidad ecológica de las actividades económicas relacionadas con el medio marino antes del año 2020.
Así se establecían unos objetivos y principios comunes para toda la Unión Europea, pero su gestión y puesta en práctica se plantea diferenciando cuatro grandes regiones marinas: Mar Mediterráneo, el Mar Báltico, el Mar Negro y el noroeste del Océano Atlántico. Los Estados miembros deberán evaluar las necesidades de las zonas marinas de su competencia para, posteriormente, elaborar y aplicar planes de gestión coherentes en cada región y garantizar su seguimiento. Los instrumentos esenciales de planificación del medio marino serán las estrategias marinas.
La Directiva se enmarca en un contexto de trabajo y colaboración internacional más amplia, en la que se lleva años trabajando y en el que existen numerosos convenios internacionales dedicados a la protección del medio marino y la lucha y prevención de la contaminación marina. En el caso de España, el Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo aprobó en su COP XVIII, celebrada en París en diciembre de 2013, el Plan Regional sobre la Gestión de los Desechos Marinos en el Mediterráneo y el Convenio OSPAR para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste ha aprobado en la reunión de sus Partes Contratantes de 2014, celebrada en Cascais en junio de 2014, el Plan de Acción Regional para la prevención y gestión de la basura marina en el noreste Atlántico.
La trasposición de la Directiva al ordenamiento español se produjo mediante la Ley 41/2010, de protección del medio marino, que contó con el consenso político e institucional, y asimismo se han ido realizando los trabajos científicos y técnicos relacionados con las estrategias marinas.
Los objetivos ambientales de las estrategias marinas, junto con la definición de buen estado ambiental, para las cinco demarcaciones marinas en las que se subdivide el medio marino español, con casi un millón de kilómetros cuadrados, se aprobaban por Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2012, una vez finalizados los trabajos técnicos de los primeros pasos de la elaboración de las estrategias marinas: Evaluación inicial, definición del buen estado ambiental e identificación de objetivos ambientales.
El Ministerio ha anunciado la finalización de la propuesta de programas de seguimiento de las estrategias marinas, se han creado tanto la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas como los Comités de Seguimiento de las estrategias marinas y, paralelamente, se ha comenzado a trabajar en el diseño de la propuesta del programa de medidas, última fase del primer ciclo de las estrategias marinas, que deberá terminarse a más tardar en 2015. También, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, durante 2013 y 2014 ha puesto en marcha un programa de seguimiento de basuras marinas en playas.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, aprobar e impulsar, dentro de las estrategias marinas, las actuaciones para el establecimiento de un programa de medidas de basuras marinas en línea con los planes regionales sobre la gestión de los desechos marinos planteados en el seno de los convenios internacionales.»
161/003738
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención de avenidas en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Ebro durante los primeros meses de 2015 han devuelto a la mente de muchos murcianos y murcianas las trágicas riadas que se produjeron en septiembre de 2012 en la Región de Murcia.
Las riadas provocadas por las lluvias torrenciales desgraciadamente no son un fenómeno desconocido ni ajeno durante largos periodos de tiempo en la Región de Murcia, se producen periódicamente. Por ello, tras los graves episodios de riadas que habían afectado a la Región de Murcia durante los años setenta los gobiernos socialistas de nuestro país impulsaron el Plan de Avenidas. Este Plan supuso la realización de importantes obras, como el encauzamiento en ramblas situadas en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras, sin las que, sin duda, las consecuencias de las riadas de 2012 se podrían haber visto agravadas.
El desarrollo urbanístico producido desde entonces ha reducido en muchos lugares la anchura de ramblas, que han llegado incluso a desaparecer en algunas zonas existiendo construcciones realizadas en lugares poco adecuados ante el riesgo de avenidas e inundaciones.
Se hace necesario evaluar la situación, así como valorar la necesidad de nuevas inversiones por parte de las administraciones con el fin de adecuar los distintos cauces, de tal forma que cuando se produzcan avenidas las aguas puedan fluir por los ríos y las ramblas, evitando daños como los que desgraciadamente se produjeron en 2012 en la Región de Murcia.
? Revisar el protocolo de actuación ante avenidas en la Región de Murcia.
? Dotar presupuestariamente y ejecutar un plan ante avenidas en la Región de Murcia, que incluya la realización de todas aquellas actuaciones necesarias para el encauzamiento de las aguas de lluvia en los municipios de la Región de Murcia, de forma coordinada con los ayuntamientos, a fin de evitar nuevas catástrofes cuando se produzcan nuevo episodios de lluvias torrenciales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2015.?María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre impago de ayudas e indemnizaciones por riadas en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Ebro durante los primeros meses de 2015 han provocado que retomaran repercusión pública las importantes riadas producidas durante 2012 en la Región de Murcia.
Las lluvias torrenciales e inundaciones acontecidas a finales de septiembre de 2012 en el sureste de España provocaron numerosos daños personales y materiales en la Región de Murcia.
En esa ocasión, la pérdida de vidas humanas fue la consecuencia más grave. Nada podrá reponer la pérdida a familiares y amigos de las víctimas.
Pero además hubo cuantiosos daños materiales que afectaron a 1.460 viviendas, 495 comercios e industrias y 405 automóviles. Las inundaciones produjeron grandes destrozos en una amplia zona rural, afectando gravemente al sector primario, arrasando cultivos de hortalizas y frutales, así como en torno a 9.000 cabezas de ganado ahogadas. El 99 % de los agricultores y ganaderos damnificados por la riada carecían de seguro agrario.
Los municipios más afectados en aquella ocasión fueron Puerto Lumbreras, Lorca y Totana. En el caso de Lorca este desastre se sumó a los graves daños provocados por el seísmo que afectó a la ciudad el 11 de mayo de 2011.
Hemos asistido durante las últimas semanas a la denuncia pública por parte de los afectados por las riadas e inundaciones del impago de las ayudas e indemnizaciones anunciadas por el Gobierno tras las mismas.
? Evaluar el estado de ejecución de las ayudas comprometidas por el Gobierno para los colectivos y sectores afectados por las importantes riadas producidas durante septiembre de 2012 en la Región de Murcia, en el plazo máximo de un mes tras la aprobación de esta proposición.
? Hacer efectivas las ayudas aún no materializadas pero comprometidas para los colectivos y sectores afectados por las riadas de 2012 en el plazo máximo de dos meses tras la aprobación de esta proposición.
? Revisar las ayudas concedidas por las inundaciones de septiembre de 2012 para asimilarlas a las concedidas por las inundaciones del Ebro en el año 2015.»
161/003742
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños causados por el granizo en Castilla-La Mancha, para su debate la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El pasado 19 de mayo, en torno a las 19:00 y durante una hora, se produjo, en un amplio territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha, una fuerte tormenta de granizo, que, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, permitieron recoger, según zonas, entre 18 y 22,6 litros por metro cuadrado. Esta tormenta afectó, principalmente, a las localidades de Cuenca, como Las Pedroñeras, Las Mesas, Mota del Cuervo, Casas de Haro, Pozoarmago, Casas de Fernando Alonso, Casas de los Pinos, Santamaría de los Llanos, El Perdernoso, Vara de Rey, El Provencio, o San Clemente; de Albacete, como Albatana, Ontur, Tobarra, Fuente Álamo, Hellín, Casas de Juan Núñez, Pozohondo, Chinchilla, Higueruela, Pozo Cañada, Villarobledo o Mahora; de Ciudad Real, como Pedro Muñoz, o de Toledo, como El Toboso (Toledo), entre otras.
Según las organizaciones agrarias, se han visto afectados, según las zonas, entre el 2 5 % y el 100% de los cultivos (principalmente de ajo, cebolla, leguminosas, albaricoque y melocotón, almendra, girasol y viña), que han quedado completamente arrasados, en una superficie superior a 75.000 hectáreas.
Aun siendo pronto para evaluar exhaustivamente los daños causados en las explotaciones agrarias, sí se puede constatar que las más afectadas son las dedicadas al ajo temprano, cuya campaña de recogida estaba a punto de iniciarse.
La Administración del Estado no puede quedar al margen de la adopción de medidas de compensación y reparación por los daños provocados. Ante este tipo de situaciones provocadas por catástrofes naturales, el Gobierno, en el marco del principio constitucional de solidaridad, con la mayor celeridad posible, debe actuar poniendo a disposición de los afectados y de las demás administraciones competentes los medios necesarios para proceder a la reparación de los daños producidos y adoptando medidas extraordinarias que permitan paliar los mismos como son las relativas a la agilización de la evaluación de los daños producidos, las ayudas contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, o garantizar la percepción de las ayudas PAC. Medidas que ya han venido siendo adoptadas con ocasión de otras catástrofes precedentes y que deben adoptarse también en este caso.
Es también absolutamente necesario reclamar la recuperación de la aportación estatal al Plan Nacional de Seguros Agrarios para garantizar el nivel de cobertura de las explotaciones ante las catástrofes naturales.
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que en relación a los daños producidos en explotaciones agrícolas por la tormenta de granizo que afectó a amplias zonas de Castilla-La Mancha el pasado 19 de mayo:
a) Poner en marcha todas las medidas necesarias para agilizar la tarea de evaluación de los daños producidos, especialmente en las explotaciones agrarias.
b) Actuar, de forma inmediata, para poner en marcha las ayudas ?que como mínimo serán las establecidas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo?, que permitan paliar los daños materiales producidos y recuperar la capacidad productiva de esta zona. En especial deberá arbitrar las medidas relativas a exenciones y otros beneficios fiscales, establecer una línea preferencial de créditos ICO para los afectados con periodo de carencia y al 0% de interés y la moratoria en los pagos a la Seguridad Social por parte de los afectados.
c) Arbitrar las medidas necesarias para garantizar que los pagos de las ayudas de la PAC no se vean afectados por la imposibilidad de comercializar las cosechas como consecuencia de una causa de fuerza mayor como es esta catástrofe natural o, en su caso, arbitrar medidas económicas sustitutivas de estas ayudas.
d) Recuperar los niveles de aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios que hagan viable el seguro agrario para todos los sectores del campo español.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2015.?Alejandro Alonso Núñez, Isabel Rodríguez García, Luis Carlos Sahuquillo García, José María Barreda Fontes, María Guadalupe Martín González y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003735
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio de Sanidad incluya la vacuna del meningococo B en el calendario de vacunas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En Galiza muchos padres y madres se están viendo obligados a desplazarse hasta Portugal para adquirir la vacuna del meningococo B, causante de la mayoría de las meningitis, debido a la decisión del Ministerio de Sanidad de restringirla a un uso hospitalario. Los progenitores no pueden comprarla libremente en las farmacias.
Una iniciativa a la desesperada que también están adoptando progenitores de otras CC.AA. como de Extremadura, de Andalucía o de Castilla y León, de Euskadi o de Catalunya, viajando a los países limítrofes para poder comprar esta vacuna.
La razón que lleva a muchos padres y madres a adquirir la vacuna se debe a que no está incluida en el calendario de vacunas. Es el Ministerio de Sanidad el que tiene la competencia de incluir la vacuna del meningococo B en el calendario oficial.
Razón por la que el Parlamento gallego aprobó instar a la Xunta a realizar esta demanda al Ministerio. Desde el Gobierno gallego se asegura haber trasladado la petición al Ministerio de Sanidad para que reconsidere la situación actual según la cual solo se puede distribuir en los hospitales. Además de que se introduzca en el calendario de vacunas.
Existe un gran malestar social y de profesionales de la sanidad por la imposibilidad de adquirir esta vacuna en las farmacias.
El meningococo B causa actualmente el 80% de los casos de meningitis, una enfermedad muy grave. Se calcula que si el Ministerio introdujese la vacunación masiva contra el meningococo B, podrían evitarse 631 casos de esta enfermedad cada cinco años en niños y niñas menores de cinco. Una predicción que consta en la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones del propio Ministerio de Sanidad.
Además, habla de las ventajas preventivas en relación a las secuelas que la meningitis B deja en el 20 % de los casos.
La vacuna tiene una cobertura de casi el 70 % de los casos. Según un estudio, estarían recogidos el 68,7 % de las cepas analizadas que estarían cubiertas. Países como Reino Unido o Portugal la han incluido en el calendario inmunológico, y otros permiten su venta en las farmacias.
Aunque el Ministerio alegue problemas basados en que la dosificación de la vacuna a lactantes de menos de un año causa efectos secundarios, la cuestión es que la vacuna está recomendada por pediatras. Tendemos a pensar que la exclusión de la vacuna del calendario oficial se debe realmente a criterios económicos. Es un recorte más de los muchos practicados durante la presente legislatura.
En cuanto a la incidencia de la enfermedad, debemos destacar que Galiza es una de las zonas más afectadas del estado. Datos del año 2013 testimonian que en general se observa una mayor incidencia de esta enfermedad en comunidades del norte.
Es verdad que en el periodo 2011-2012 se observa una tendencia descendente de la incidencia de la enfermedad, aunque no es un hecho para confiarse porque los mismos pediatras advierten que los ciclos epidémicos tienen picos y valles.
Consideramos que las autoridades sanitarias responsables, el Ministerio de Sanidad, deberían incorporar esta vacuna al calendario vigente, siguiendo las instrucciones del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Mientras no se proceda a lo fundamental, su inclusión en el calendario de vacunación, el Gobierno debería liberar su venta en las farmacias.
No podemos obviar que esta decisión del Ministerio está ahondando las desigualdades. Aquellos progenitores con posibilidades económicas se trasladan a países limítrofes a comprar la vacuna, y los que se encuentran en peores condiciones económicas no pueden acceder a la vacuna.
El uso exclusivamente hospitalario de la vacuna del meningococo B es una decisión unilateral de la Agencia Española del Medicamento, por eso es quien debe solucionar los problemas que está causando una decisión errónea.
? Incluir cuanto antes la vacuna del meningococo B en el calendario de vacunación.
? Mientras tanto, liberar su venta en las farmacias para evitar que miles de progenitores preocupados tengan que viajar a países limítrofes, como Portugal y Francia, para adquirir las dosis de vacuna.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2015.?Rosana Pérez Fernández, Diputada.?Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003741
En nombre del Partido Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre incorporación a la cartera de servicios del SNS de las prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a tratamientos para cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En el abordaje integral de cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres, con unos 22.000 nuevos casos cada año en España, defendemos en primer lugar los programas de educación sanitaria y promoción de la salud, así como los programas de detección precoz que sean accesibles a todas las mujeres de edades de mayor riesgo (50-69 años), gratuitos y que se realicen con directrices de las mejores evidencias posibles, para que se garanticen unos resultados de calidad y un uso adecuado de los recursos públicos.
Asimismo, consideramos que los tratamientos deben de realizarse con las mejores evidencias y sin discriminación por razones socioeconómicas.
Pero, además, en ese abordaje integral se tendrá en cuenta la situación psicológica de la mujer por las repercusiones derivadas de su enfermedad en ella y en su familia.
Las peores experiencias que refieren las mujeres, según un estudio realizado en 2012, por la Asociación Española contra el Cáncer, están relacionadas con el temor a los efectos secundarios derivados del tratamiento, en un 56,9 % y al momento de comunicarlo a sus familiares en un 42,7 %.
La quimioterapia destruye las células cancerosas debido a que los medicamentos atacan las células que se dividen rápidamente. Pero las células normales en la sangre, la boca, el tubo digestivo, la nariz, las uñas, la vagina y el cabello también se dividen de forma acelerada. La mayoría de los efectos secundarios de la quimioterapia desaparecen rápidamente después de haber completado el tratamiento. Sin embargo, algunos pueden persistir durante varios meses o más hasta que desaparecen completamente. Uno de los síntomas secundarios que más preocupa a los enfermos que comienzan un tratamiento oncológico es la caída del cabello.
Una intervención psicológica específica se justifica, tanto por la presencia de cuadros psicopatológicos, como por la necesidad del manejo de ciertas reacciones como, por ejemplo, la dificultad para el manejo de ciertos efectos secundarios de la cirugía (cicatrices, pérdida de la mama), de los tratamientos coadyuvantes (pérdida del cabello, fatiga, náuseas vómitos,...), así como de los efectos secundarios disfuncionales que pueden producir (deterioro de la imagen corporal, sexualidad afectada, náuseas y vómitos, dolor...).
La caída del cabello es uno de los síntomas más frecuentemente como consecuencia del tratamiento oncológico, llegando a provocar en ocasiones un importante malestar psicológico. Una vez terminada la quimioterapia, el cabello empieza a crecer aproximadamente a los cuarenta días después del último ciclo de tratamiento. Pero es necesario el uso de complementos, pañuelos y/o pelucas, durante unos 3-4 meses más.
El Informe del Defensor del Pueblo 2011, publicado en abril de 2012, ya incluía la actualización y ampliación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, para incluir en dicha cartera las prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a tratamientos de quimioterapia. Entre otros fundamentos, los interesados reseñan que los cambios asociados a tratamientos oncológicos, entre ellos la pérdida de cabello, conllevan indefectiblemente serias repercusiones de índole psicológica.
El diagnóstico de cáncer supone un cambio radical en la vida de una persona, y las mujeres que padecen esta patología transmiten la preocupación por el tiempo, aproximadamente un año, en el que deben someterse a un tratamiento de quimioterapia, con la pérdida de cabello asociada a este último.
En la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se establecen ayudas económicas para el suministro de pelucas y sujetadores adaptados. Estas ayudas están recogidas en el apartado de ayudas asistenciales, es decir, aquellas que pueden recibir los mutualistas cuando se encuentran en un determinado estado de necesidad y carecen de los recursos indispensables; contemplando expresamente la adquisición de prótesis capilares para enfermos oncológicos afectados de alopecia secundaria. En la actualidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (16/2003, de 28 de mayo), preconiza el establecimiento de unas condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado.
La posibilidad de acceder a una prótesis capilar durante el tratamiento de quimioterapia ha de entenderse como una prestación con singular relevancia para la calidad de vida de quienes padecen la pérdida de cabello como consecuencia de la misma. La mejora de la apariencia física incide en el mantenimiento de la autoestima y ha de tener necesariamente consecuencias positivas para el bienestar psicológico, el cual sin duda redunda en la manera de afrontar los tratamientos y la propia enfermedad.
Esta situación viene además condicionada por un singular matiz de género, pues, aunque no dudamos que la alopecia secundaria puede resultar igualmente hiriente para los pacientes oncológicos varones, lo cierto es que por hábitos culturales e históricos, el cabello ha venido constituyendo un símbolo estético asociado a la imagen del sexo femenino.
En la propuesta de resolución del Parlamento Europeo en noviembre de 2012 ya se solicita a los Estados que consideren la lucha contra el cáncer de mama una prioridad de política sanitaria y elaboren y apliquen estrategias eficaces para una mejor prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y examen posterior del cáncer de mama, a fin de asegurar a escala europea la mejor calidad en el tratamiento del cáncer de mama, así como el reembolso de los gastos de pelucas de pelo artificial y rellenos de sujetador, así como de drenajes linfáticos en la fase posterior al tratamiento.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer, en el contexto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), las medidas necesarias para que, las personas afectadas de alopecia secundaria al tratamiento de quimioterapia puedan acceder a las prótesis capilares cuando sus recursos económicos no les permitan adquirirlas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2015.?Gracia Fernández Moya y María del Puerto Gallego Arriola, Diputadas.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003745
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un Marco de Actuación para las Personas Mayores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) define la esperanza de vida como «el número medio de años que esperaría seguir viviendo una persona de una determinada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada edad) actualmente observado». El propio INE fija en 82,2 años (79,4 para los hombres y 85,1 para las mujeres) la esperanza de vida al nacer existente en España, lo que nos sitúa entre los países con mayor longevidad de toda la Unión Europea. Asimismo, según los
últimos datos publicados por este organismo, el porcentaje de población española mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser del 24,9 % en 2029 y del 38,7 % en 2064.
Por lo tanto, el progresivo aumento de la esperanza de vida registrado en nuestro país, además de ser considerado como uno de los principales logros sociales de la historia reciente de España, supone un importante reto presente y futuro para la sostenibilidad de los servicios sociales. Por ese motivo, y ante el contexto descrito, los poderes públicos deben redefinir sus políticas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, reforzar la protección de los derechos de estas y garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar.
Consciente de esta realidad, el Gobierno ha hecho suyo el compromiso de impulsar una cultura del envejecimiento activo, entendido como el «proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida, con el objetivo de extender la calidad y esperanza de vida a edades avanzadas» (OMS).
Asimismo, el Ejecutivo no solo ha impulsado medidas específicas dirigidas al fomento de un envejecimiento saludable, como el Programa de Turismo Social o el Programa de Termalismo Saludable para personas mayores del IMSERSO, sino que desde el primer momento ha trazado una política transversal con el objetivo de tener en cuenta las necesidades de este colectivo en el diseño de todas sus políticas. Además, cabe destacar que el Gobierno ha asegurado y garantizado la sostenibilidad de las pensiones.
No obstante, y a pesar de valorar positivamente los resultados cosechados, es necesario seguir trabajando para mejorar el bienestar de las personas mayores, así como su plena participación en la sociedad.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un marco de actuación para las personas mayores, consensuado con los representantes de las personas mayores en España, al objeto de orientar las actuaciones de los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, dirigidas a promover, para las personas mayores, una vida activa, saludable, independiente y participativa, así como promover la igualdad de oportunidades y no discriminación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2015.?Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad y Movilidad Sostenible
161/003740
Los Diputados abajo firmantes, en nombre de sus respectivos Grupos Parlamentarios, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con las medidas para favorecer y promover el uso de la bicicleta, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Las políticas de movilidad y seguridad vial que vienen desarrollando desde hace un tiempo las administraciones locales persiguen dos objetivos principales: de un lado, la pacificación del tráfico urbano y, de otro, el fomento de la bicicleta como medio de transporte preferente e integrado en sus políticas de movilidad sostenible.
Estimular el ciclismo urbano y metropolitano es una medida efectiva y ecológica para dar respuesta a muchas necesidades de desplazamiento, resolviendo al mismo tiempo distintos problemas de saturación de tráfico de vehículos motorizados y medioambientales, a la vez que se puede lograr un ahorro importante en gasto sanitario.
La bicicleta es un medio de transporte flexible para la movilidad en espacios urbanos e interurbanos, así como para la práctica deportiva, el ocio y el turismo. No contamina, es silenciosa, rápida en pequeñas y medianas distancias, no ocupa mucho sitio, económica, fácil de usar y beneficiosa para la salud, la mejora de la calidad ambiental y la creación de empleo. No en vano más de 1.000 millones de personas optan por utilizarla en sus desplazamientos cotidianos en nuestro planeta, siendo en consecuencia el vehículo más empleado por la Humanidad.
Por tanto, desde amplios sectores sociales e instituciones se considera que es preciso apostar por una nueva lógica de funcionamiento ?en el ámbito de las políticas de ordenación territoriales, del modelo de ciudad y de la movilidad general? que cuestione a través de intervenciones tangibles la hegemonía del automóvil.
Dicha lógica debería estar basada en:
a) Una concepción urbanística de las ciudades y de la accesibilidad que reduzca la generación de necesidades de desplazamiento;
b) La disminución en la utilización en vehículos motorizados, así como de su velocidad;
c) Y la potenciación de los desplazamientos peatonales, ciclistas y en transportes colectivos, sin que ello produzca merma alguna para el acceso de las personas a los bienes y servicios que les sean necesarios.
El impulso definitivo a la cultura de la bici en España requiere la creación de un marco normativo adecuado, tanto a nivel legislativo como reglamento y de ordenanzas, sin olvidar los procesos de consulta y participación ciudadana, así como de un proceso político de apoyo que permita el incremento del uso seguro de la bicicleta en sus distintas vertientes (como medio de transporte cotidiano, deportiva o recreativa). Pero, además, la bicicleta ha de estar combinada y resultar accesible con los sistemas de transporte público.
Existe un enorme potencial para el desarrollo de la bicicleta en nuestro país y múltiples son las ventajas desde el punto de vista de la salud, función social, reducción del consumo de energía, mejora medioambiental, desarrollo económico, atracción de turismo o la calidad de vida en nuestras ciudades. Nadie pone en duda las virtudes de la bicicleta y los citados beneficios de su uso. Además, su presencia en las calles las hace más humanas y transitables, ayudando a sacar el vehículo del centro y ganar espacio para los peatones.
Las bicicletas han comenzado a ser habituales en las calles de la mano de políticas de movilidad sostenible que contribuyen a recuperar espacios para la convivencia y no pongan en situaciones de riesgo a los peatones. Por ello es importante regular la tipología de las vías ciclistas, extender las zonas 30 de velocidad máxima para los vehículos en determinadas arterias de las ciudades y activar los registros de las bicicletas.
Resulta evidente que las competencias para la promoción de la bicicleta están repartidas entre los distintos niveles territoriales de las administraciones públicas, pero hay aspectos importantes que corresponden al ámbito estatal. Por ejemplo: la elaboración de un plan estratégico estatal de la bicicleta de carácter estratégico, en línea con los existentes en otros países europeos; la existencia de una instancia para el análisis, seguimiento, consulta y debate de las grandes cuestiones que afecten a la bicicleta; la revisión del marco normativo y en especial de la Ley de Movilidad Sostenible y de su Reglamento; la garantía de la intermodalidad de la bicicleta con los medios de transporte público, el apoyo a la economía del sector y la deseable menor fiscalidad o la coordinación de actuaciones entre ministerios y con las administraciones locales y autonómicas.
En base a las anteriores razones y para colocar la bicicleta en las agendas institucionales se ha constituido un Grupo Interparlamentario de la Bicicleta formado por diputad@s de todos los partidos políticos del Parlamento, con la colaboración y participación de las entidades representadas en la Mesa Nacional de la Bicicleta y abierto a quienes deseen contribuir con sus aportaciones.
En base a las anteriores consideraciones, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan de modo conjunto la siguiente.
1. Considerar la bicicleta como un medio de transporte que debe favorecer e integrar en sus políticas de movilidad y seguridad vial, teniendo en cuenta la transversalidad competencial para incrementar su uso en España en las mejores condiciones.
2. La elaboración de un plan estratégico estatal de la bicicleta que contemple, a modo de directrices de alcance estratégico, iniciativas normativas, actuaciones programáticas sectoriales, coordinación interadministrativa y recomendaciones que sirvan, en conjunto, para promover el uso habitual de la bici como una alternativa de movilidad dentro de una política de transporte integral y sostenible.
3. Trabajar y concienciar en los distintos ámbitos de la sociedad, como es en el seno de las administraciones públicas, organizaciones sociales y económicas, partidos políticos y operadores de transporte, para que se formalicen compromisos programáticos en favor de la bicicleta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2015.?Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.?Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).?José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.?Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.?Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).?Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, la siguiente pregunta oral al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión que se indica, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/003343
¿Cree el Gobierno que ha sido adecuada la intervención de los medios del MAGRAMA y la UME en el incendio que ha afectado a los municipios de Pego, Vall d?Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, y L?Atzúbia, que ha calcinado más de 1.715 hectáreas?
¿Cómo valora el Gobierno la coordinación con la Generalitat Valenciana con relación al incendio que ha afectado a los municipios de Pego, Vall d?Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar y L?Atzúbia, que ha calcinado más de 1.715 hectáreas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2015.?Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.