Source: https://www.associaciodignitatisolidaritat.es/im%C3%A1genes/xx2-13-1/
Timestamp: 2018-06-21 00:20:38
Document Index: 15511262

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 3', 'Artículo 13']

ASSICIACIO DIGNITAT I SOLIDARITAT - XX2 13.1
Conclusión XXI-2 – Article 13-1
Documento original Conclusión XXI-2 – Article 13-1
Artículo 13 - Derecho a asistencia social y médica.
Párrafo 1: asistencia adecuada para todas las personas necesitadas.
El Comité concluye que la situación en España no está en conformidad con el Artículo 13.1 de la Carta de 1961 debido a que:
la elegibilidad mínima de ingresos está sujeta a un requisito de duración de la residencia en la mayoría de las Comunidades Autónomas;
la elegibilidad para ingresos mínimos está sujeta a los requisitos de edad (25 años);
el ingreso mínimo no se paga mientras persista la necesidad;
el nivel de asistencia social que se paga a una sola persona no es adecuado.
Tipos de beneficios terminan los criterios de elegibilidad
En su conclusión anterior (Conclusiones de 2013), el Comité consideró que la situación no estaba en conformidad con la Carta por varios motivos:
la elegibilidad mínima de ingreso estaba sujeta a un requisito de duración de residencia
la elegibilidad para ingresos mínimos estaba sujeta a los requisitos de edad (25 años)
el ingreso mínimo no se pagó mientras persista la necesidad.Por lo que se refiere al primer motivo, el Comité observa en el informe que, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, el requisito de la duración de la residencia es de 12 meses. Sin embargo, varias Comunidades Autónomas participan en la elaboración de acuerdos de reciprocidad que garantizarán que las personas que se desplazan a través de las regiones continúen recibiendo asistencia social sin estar sujetos a ningún requisito de duración de residencia. El Comité entiende que durante el período de referencia no ha habido ningún cambio en la situación en la que las personas que se desplazan a través de las regiones pierden su derecho a la asistencia social durante un cierto período de tiempo. Por lo tanto, el Comité reitera su conclusión previa de no conformidad por este motivo.
En cuanto al segundo motivo, el Comité observa en el informe que, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, el requisito de edad mínima es de 25 años como regla general, con algunas excepciones relacionadas con circunstancias específicas, como cuando el beneficiario tiene hijos o personas discapacitadas en su cuidado. El Comité considera que la situación que anteriormente consideró no conforme con la Carta no ha cambiado. Por lo tanto, reitera su conclusión previa de no conformidad por este motivo.En lo que respecta al tercer motivo, el Comité observa en el informe que la mayoría de las Comunidades Autónomas establecen un límite en la duración de la prestación, que suele ser de 12 meses. Las Comunidades Autónomas pueden prever la posibilidad de una extensión de la provisión de ingresos mínimos, siempre que se mantenga la situación que da lugar a la prestación. La duración del beneficio puede, por lo tanto, extenderse a entre 24 y 60 meses, o incluso ser ilimitada, como en el caso de Galicia y Murcia. En otras tres Comunidades Autónomas (Asturias, Castilla y León y Madrid) la asignación del beneficio no está limitada en el tiempo sino que está sujeta a una revisión anual. Además, según el informe, se avanza hacia una mayor interconexión entre estos servicios y la integración profesional, conocida como "inclusión activa", y algunas Comunidades Autónomas ya están considerando establecer un vínculo directo con los servicios de empleo. En el País Vasco, por ejemplo, la colaboración y coordinación entre los servicios sociales básicos y Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) se estableció en 2010 para la preparación, conclusión y seguimiento, con el fin de garantizar la continuidad y la coherencia de los caminos de inclusión.
El Comité recuerda que la asistencia social debe proporcionarse mientras persista la situación de necesidad y, por lo tanto, no puede estar sujeta a plazos. El derecho a la asistencia social debe estar condicionado solo al criterio de necesidad y la disponibilidad de recursos adecuados debe ser el único criterio según el cual la asistencia puede ser denegada, suspendida o reducida (España, 2006). El Comité considera que, a pesar de algunos avances positivos en algunas comunidades autónomas, la situación en la que no se paga la asistencia social mientras persista la necesidad no ha cambiado en todas las Comunidades. Por lo tanto, el Comité reitera su conclusión previa de no conformidad por este motivo.Asistencia medica
En su conclusión anterior, el Comité tomó nota de MISSOC que la asistencia médica cubría a todos los residentes con medios de subsistencia insuficientes. Solicitó al próximo informe que brinde información actualizada al respecto. El Comité toma nota de que, de conformidad con el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril de 2012, el derecho a la asistencia sanitaria es universal. Por lo tanto, las siguientes categorías de personas están cubiertas por el sistema de salud:
todos los trabajadores y sus dependientes, que están cubiertos por uno de los sistemas de seguridad social;
todos los residentes que tienen recursos insuficientes (menos de 100,000 por año)
El Comité observa en el informe que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de 2012, y sus reglamentos de aplicación han implicado claras mejoras en el acceso a la asistencia sanitaria para los desempleados de larga duración, que ya no tienen derecho a prestaciones de desempleo, recibir alguna otra forma de ingresos, así como para ciertos profesionales liberales (abogados, ingenieros, arquitectos) que anteriormente fueron excluidos del sistema de salud pública.
Para evaluar la situación durante el período de referencia, el Comité tiene en cuenta la siguiente información:
Beneficio básico: el Comité toma nota de que el MISSOC considera que la asistencia por desempleo es una prestación que se paga a las personas mayores de 16 años y que están en edad de jubilación ordinaria (cuyos ingresos no exceden el 75% del salario mínimo). Los ingresos de integración activa se pagan a personas desempleadas mayores de 45 años y menores de 65 años (cuyos ingresos no exceden el 75% del salario mínimo). Por lo que respecta a los importes concedidos, tanto la ayuda al desempleo como los ingresos de integración activa se situaron en el 80% de la tasa de ingresos públicos de efectos múltiples (IPREM), que ascendió a 425,6 euros en 2015.El Comité toma nota del informe según el cual los ingresos mínimos de integración son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Según el informe, se han logrado avances considerables en el marco legislativo de los beneficios, particularmente en el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a tales beneficios, como garantía de recursos mínimos para la subsistencia o como instrumento de inclusión social, con la introducción de las prestaciones sociales básicas para los ciudadanos, que se reconocen como tales en los nuevos estatutos de autonomía de determinadas Comunidades Autónomas, bajo diferentes denominaciones, como 'renta básica', 'renta garantizada', etc.
Según el informe, las condiciones que se deben cumplir (por ejemplo, el requisito de un período mínimo de residencia o una edad mínima), la duración del beneficio o su monto pueden diferir según las Comunidades autónomas. Sin embargo, la característica común es que están dirigidas a personas / familias que no tienen recursos financieros suficientes para satisfacer sus necesidades básicas a fin de proporcionarles los medios necesarios para superar esta deficiencia. El Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad compila anualmente en forma de informes los principales datos relacionados con los ingresos mínimos de integración.
La Comisión toma nota de que en 2014 el importe del ingreso mínimo varió entre 300 y 665,9 euros.
Beneficios adicionales: la Comisión toma nota de que el informe no responde a su pregunta anterior sobre los beneficios suplementarios regulares que se pagarían a las personas sin recursos, además de los ingresos mínimos garantizados. El Comité reitera su pregunta.
Umbral de pobreza (definido como el 50% del ingreso medio equivalente y calculado sobre la base del valor umbral de Eurostat en riesgo de pobreza): se estimó en 552 euros en 2014En su conclusión anterior, el Comité consideró que la situación no era conforme con la Carta, ya que el nivel de asistencia social que se pagaba a una sola persona era manifiestamente inadecuado (excepto en el caso del País Vasco y Navarra). El Comité observa ahora que, a excepción de Pais Vasco, el ingreso mínimo garantizado en todas las Comunidades Autónomas cae por debajo del 50% de la renta medianamente equiparada de Eurostat y, por lo tanto, no es adecuado.
Derecho de apelación y asistencia jurídica
El Comité recuerda que el derecho de asistencia no puede depender únicamente de la discreción de las autoridades administrativas: debe constituir un derecho individual establecido por la ley y estar respaldado por un derecho efectivo de apelación. El Comité solicita al próximo informe que proporcione información actualizada sobre el derecho de apelación y asistencia jurídica.
El Comité recuerda que, en virtud del Artículo 13§1, los Estados tienen la obligación de proporcionar asistencia médica y social adecuada a todas las personas necesitadas, tanto sus propios nacionales como los nacionales de los Estados Partes que residen legalmente en su territorio, en pie de igualdad . Además, con referencia a su declaración de interpretación de los artículos 13§1 y 13§4 (conclusiones de 2013) sobre el alcance de los artículos 13§1 y 13§4 en términos de personas cubiertas, el Comité considera que las personas en situación irregular en el territorio del Estado de que se trate también están comprendidos en el Artículo 13§1, y no en el Artículo 13§4, que anteriormente era su práctica.
En lo sucesivo, el Comité examina si los Estados que han aceptado el artículo 13§1 garantizan el derecho a:
asistencia social y médica adecuada para sus propios nacionales y para los nacionales de otros Estados Partes que residan legalmente en su territorio en igualdad de condiciones;
asistencia social y médica de emergencia a personas que se encuentren ilegalmente en su territorio.Nacionales de los Estados Partes que residen legalmente en el territorio
En lo que respecta a la asistencia social y médica a los nacionales de los Estados Partes con residencia legal en España, el Comité observa que tienen derecho a dicha asistencia en las mismas condiciones que los nacionales españoles. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Desde 2012, toda persona que resida legalmente en España y no tenga recursos financieros superiores a los 100 000 euros anuales tiene derecho subjetivo y garantizado a la asistencia sanitaria prestada por los servicios de salud pública como asegurados, lo que los coloca en un igualdad de condiciones con los trabajadores activos o pensionistas, que disfrutan de este derecho en virtud de su apego al sistema de seguridad social. Además, el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio de 2013, establece un mecanismo de acceso a la salud pública para una persona con ingresos suficientes pero sin acceso al sistema nacional de salud, que se estipula en un acuerdo especial, suscrito voluntariamente por dicha persona , que garantiza el acceso universal al sistema público de salud para todos los que lo deseen, mediante el pago de un impuesto público por la prestación de asistencia sanitaria.
Extranjeros presentes ilegalmente en el territorio
El Comité toma nota de la información contenida en los comentarios de la Confederación de Sindicatos de Galicia, así como de la adición al informe de España, en respuesta a estos comentarios, respecto del Artículo 11§1. El Comité recuerda que los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el territorio están cubiertos por el Artículo 13§1 de la Carta.
El Comité recuerda que las personas en situación irregular deben tener un derecho legalmente reconocido a la satisfacción de las necesidades materiales humanas básicas (alimentos, ropa, vivienda) en situaciones de emergencia para hacer frente a una necesidad urgente y grave. Además, un mecanismo de apelación en funcionamiento ante un órgano judicial independiente es crucial para la administración adecuada de la distribución de viviendas. Asimismo, los Estados deben garantizar que este derecho se haga efectivo también en la práctica (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA) contra los Países Bajos, Reclamación Nº 86/2012, decisión sobre el fondo de 2 de julio de 2014 ). El Comité solicita información actualizada sobre la prestación de asistencia social de emergencia para la presentación ilegal de ciudadanos extranjeros.En cuanto a la asistencia médica a extranjeros presentes ilegalmente en España, el Comité toma nota del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus servicios, qué proveedores en el Artículo 3b que los extranjeros que no están registrados como residentes o autorizados para residir en España recibirán atención médica en los siguientes casos:
en el caso de una emergencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea la causa, hasta su recuperación;
durante el embarazo, el parto y el período postnatal. En todos los casos, los extranjeros menores de 18 años reciben atención médica en las mismas condiciones que los nacionales.
Según el informe, además de estas acciones, que entran en el ámbito de los servicios de salud prestados por el sistema nacional de salud, las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias exclusivas de asistencia social, han tomado medidas para preservar la salud de los extranjeros en 18 años de edad que no están autorizados a residir en España o que no están registrados como residentes pero que están de facto en el territorio de una Comunidad Autónoma y no tienen recursos financieros suficientes para satisfacer sus necesidades de salud. En 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad consideró la posibilidad de establecer criterios mínimos para unificar los criterios de las Comunidades Autónomas y así racionalizar el acceso de las personas sin residencia legal al sistema de atención sanitaria a través de la atención básica ( como un complemento a la atención en los servicios de emergencia y atención integral para mujeres embarazadas y menores de edad). Para ello, se ha presentado una propuesta de acuerdo para unificar el nivel de protección de la salud de los extranjeros sin permiso de residencia, que se encuentra actualmente en estudio en las Comunidades Autónomas. El Comité solicita al próximo informe que brinde información actualizada al respecto.El Comité también toma nota de que, al momento del alta del departamento de emergencias, los pacientes en situaciones administrativas irregulares tienen derecho a la atención y el tratamiento requeridos por su condición hasta el final de la atención. Además, de conformidad con la Ley de salud pública general (Ley 33/2011 de 4 de octubre de 2011), los servicios públicos de salud del sistema nacional de salud incluyen medidas preventivas, de cuidado y de seguimiento con el fin de preservar la salud pública de la población y evitando los riesgos asociados con situaciones de alerta y emergencia de salud, cualquiera que sea la situación administrativa de las personas.
El Comité considera que la situación en España está en conformidad con el Artículo 13§1 en lo que respecta al ámbito personal.