Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552013000100008&lng=es&nrm=iso
Timestamp: 2019-10-19 23:15:07
Document Index: 130342541

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8']

Palabras clave: Concordatos – Concordatos latinoamericanos – Concordatos de Pío IX – Concordatos de León XIII.
Keywords: Concordats – Concordats – Latin American – Concordats of Pius IX – Concordats of Leo XIII.
Haití tiene una historia que la separa de la tradición hispánica y la acerca a la francesa, por lo que, a diferencia de los concordatos de Costa Rica y el primero de Guatemala, que habían seguido de cerca el concordato de Bolivia, el celebrado por la Santa Sede con la República de Haití siguió de cerca el modelo del concordato celebrado en 1801 por Napoleón[24], lo que quedaba expresado desde el primero de sus artículos que, según el modelo francés, afirmaba que: "la religión católica, apostólica y romana, que es la religión de la gran mayoría de los haitianos, estará especialmente protegida, así como sus ministros, en la República de Haití y gozará de los derechos y atribuciones que le son propios"[25]. Con todo, había normas de este concordato que se encontraban también en los concordatos latinoamericanos que ya se habían firmado, a saber, la libertad de los arzobispos y obispos para gobernar los seminarios (artículo 7), la libre comunicación de los obispos, clero y fieles con la Santa Sede y de los obispos con sus diocesanos (artículo 13), las oraciones al término de los oficios divinos por la república y el presidente, a las que se agregaba otra según la cual se pedía que Dios los escuchara el día que lo invocaran –"Et exaudi nos in die qua invocaverimus te" (artículo 15)–. Hay, sin embargo, particularidades que lo separaran de los concordatos anteriores.
También se aseguraba la libre comunicación con el Romano Pontífice, pero con un añadido: "por tanto ninguna autoridad secular podrá poner obstáculos al pleno y libre ejercicio de dicha comunicación, obligando a los obispos, al clero y al pueblo a servirse del intermedio del gobierno para ocurrir en sus necesidades a la Sede Romana, o sujetando las bulas, los breves o los rescriptos de ésta al exequátur del gobierno" (artículo 5). De la misma manera se aseguraba la libertad de los ordinarios eclesiásticos para gobernar sus diócesis y para convocar y celebrar concilios provinciales y diocesanos –instituciones que no aparecían en ninguno de los concordatos anteriores– sin que se pusieran embarazos a la ejecución de sus providencias. "Así pues, el gobierno del Ecuador dispensará su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos, en los casos en que lo soliciten, principalmente cuando deben oponerse a la maldad de aquellos hombres que intenten pervertir el ánimo de los fieles y corromper sus costumbres" (artículo 6).
En materia procesal, a diferencia de los concordatos anteriores, se abolían expresamente los recursos de fuerza, de manera que en cuanto a la ejecución y las sentencias pronunciadas por los jueces ordinarios eclesiásticos sólo se podría apelar de ellas a los tribunales superiores eclesiásticos o a la Santa Sede "según la disciplina establecida en el breve ‘Exposcit' del Sumo Pontífice Gregorio XIII[49] y conforme a las prescripciones canónicas, y particularmente en cuanto a las causas matrimoniales, a las que Benedicto XIV en la constitución ‘Dei miseratione'[50]o bien, hacer uso del recurso de nulidad o del de queja ante los mismos superiores". Por su parte, los jueces eclesiásticos pronunciarían sus juicios sin sujetarlos al dictamen previo de asesores seculares, a quienes, sin embargo, podrían consultar cuando lo creyeren oportuno, pudiendo desempeñar el oficio de asesores en estos juicios, los eclesiásticos que fueren abogados (artículo 7). En cambio, al igual que los concordatos anteriores, se afirmaba que las causas que miraban a la fe y sacramentos, incluidas las matrimoniales –las que no eran mencionadas en los concordatos anteriores– y las demás referidas a materias espirituales por razón de persona o materia, serían resueltas por los tribunales eclesiásticos, con excepción de las reservadas a la Santa Sede. "Lo propio se verificará en las causas civiles de los eclesiásticos y en las otras por delitos comprendido en el Código Penal de la República", con lo cual este concordato se separaba de los concordatos anteriores en cuanto a las causas criminales, en los que la Santa Sede aceptaba que fueren tramitadas ante los tribunales estatales. "En todos los juicios que sean de competencia eclesiástica, la autoridad civil prestará su apoyo y protección, a fin de que los jueces puedan hacer observar y ejecutar las penas y las sentencias pronunciadas por ellos" (artículo 8). Complementaba este artículo el intercambio de notas entre los plenipotenciarios, en el que, entre otros temas, el papa condescendía en que los eclesiásticos reincidentes quedasen privados del privilegio del fuero, concediendo a los jueces civiles las oportunas facultades para que pudieran aplicarles las penas impuestas en los cánones cuando cometieren algunos de los delitos como la embriaguez, concubinato, comercio u otros semejantes no expresados en el Código Penal del Estado.
Las relaciones entre Chile y la Santa Sede se iniciaron pronto después de la independencia y, con diversas vicisitudes, abordaron los principales temas de interés común[62]. La misión de mayor envergadura enviada por Chile durante el siglo XIX fue la Misión encabezada por Ramón Luis Irarrázabal entre 1847 y 1850. En calidad de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, presentó sus credenciales al nuevo pontífice Pío IX, el 22 de junio de 1847[63]. Las materias que debía abordar la misión eran amplias y alguna, como la preconización del nuevo arzobispo de Santiago, don Rafael Valentín Valdivieso, fue de fácil despacho; alguna otra, como la designación de Justo Donoso como obispo de Ancud, fue más laboriosa. El resto, por sugerencia de la misma Santa Sede, serían abordadas en un proyecto de concordato, entre las cuales se consideraban la concesión del patronato, el indulto de la bula de cruzada, una nueva organización de las sociedades religiosas de seglares, un tribunal eclesiástico de tercera instancia en Santiago, la reforma de las órdenes de regulares, diversas facultades para los obispos diocesanos, una jurisdicción castrense y un ambicioso plan de misiones para el sur del país, desde Arauco a Magallanes. Poco se pudo avanzar en el concordato, el que, a pesar de las dificultades por la que pasaba la Santa Sede –las que obligaron a Pío IX huir a Gaeta, donde viajó Irarrázabal– fue estudiado por una comisión de cardenales a petición del mismo Pontífice. Pero, aunque los cardenales estimaron que se podía conceder al presidente de la república el derecho de nominación de obispos y canónigos, entendían que no podían acceder al patronato en los términos propuestos por el representante chileno. Llegada a su fin la misión por decisión del Congreso chileno, la Santa Sede accedió a varias de las materias propuestas, como el tribunal de tercera instancia para Chile, la reforma de las órdenes religiosas, la jurisdicción eclesiástica castrense, la bula de cruzada, el traslado del ayuno en las témporas de septiembre y las organizaciones de seglares, pero la Constitución chilena de 1833 fue el obstáculo principal y, por lo mismo, no se pudo llegar a un acuerdo general. Resulta interesante, sin embargo, advertir que detrás de esta misión y, en general, de aquellas que perseguían obtener de la Santa Sede el reconocimiento del patronato, se puede advertir la falta de convencimiento de las autoridades chilenas de que la mera invocación de ser herederos de los derechos de la antigua monarquía española fuese título suficiente para justificarlo; de allí su interés de obtener un reconocimiento directo por la autoridad pontificia. Todos sus esfuerzos, empero, fueron en vano.