Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Per%C3%BA12318sp.htm
Timestamp: 2019-12-14 23:50:51
Document Index: 14064569

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Perú - Petición 12.318 Inadmisibilidad
INFORME Nº 107/06
PETICIÓN 12.318
JORGE TEOBALDO PINZÁS SALAZAR
1. El 11 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o la "CIDH") recibió una petición presentada por el señor Jorge Teobaldo Pinzás Salazar (en adelante "el peticionario") en la cual se alega la responsabilidad de la República de Perú (en adelante "Perú", "Estado peruano" o "Estado") en vista del incumplimiento de la sentencia de amparo proferida por la Corte Suprema de Justicia de Perú en fecha 21 de agosto de 1992, la cual ordenó la reincorporación del señor Jorge Pinzás Salazar a la Policía Nacional de Perú restituyéndolo a la situación de actividad.
2. El peticionario alega que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 8 (garantías judiciales), 14 (derecho de rectificación y respuesta) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en concordancia con su artículo 1.1. Asimismo, el peticionario alega que su reclamo es admisible dado que habría agotado los recursos disponibles en la jurisdicción interna para el restablecimiento de sus derechos conculcados. El Estado, por su parte, solicitó a la CIDH el archivamiento de la presente petición alegando que se emitiría una Resolución Suprema con la finalidad de dejar sin efecto alguno la resolución que implicó el pase a retiro del señor Pinzás Salazar, por lo que la vigencia práctica de aquélla resolución determinaría que dejaran de subsistir los motivos de su reclamo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 48.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Tras analizar la información disponible, y verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión declaró el caso inadmisible debido a que el peticionario no agotó los recursos internos disponibles y que los hechos que expone no caracterizan una violación a la Convención Americana. Por lo tanto, con base en el artículo 47.a y 47.b de la Convención Americana, la CIDH decide que la petición es inadmisible; decide igualmente remitir el informe a las partes, publicarlo y ordenar su publicación en su Informe Anual.
4. Por lo tanto, decide que la petición es inadmisible bajo el artículo 47.a de la Convención Americana, transmite el informe a las partes y dispone su publicación en el Informe Anual de la Comisión.
5. La petición fue presentada ante la Comisión el 11 de noviembre de 1998. El 17 de agosto de 2000 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el número 12.318 y transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado peruano con un plazo de 90 días para que presentara información, de conformidad con las normas reglamentarias vigentes al momento de la transmisión de la referida comunicación.
6. El 29 de marzo de 2001 el Estado presentó su respuesta, la cual fue remitida a los peticionarios mediante comunicación de fecha 25 de mayo de 2001 con un plazo de 30 días para presentar observaciones.
7. Mediante comunicación de fecha 8 de junio de 2001, recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 28 de junio de 2001, el peticionario presentó su escrito de observaciones a la respuesta del Estado. Éste fue remitido al Estado el 14 de agosto de 2001.
8. El 13 de junio de 2005 y el 25 de julio de 2005 el peticionario presentó información adicional con respecto a los hechos relatados en su petición, de la cual se efectuó el correspondiente traslado al Estado mediante comunicación de fecha 27 de enero de 2006 con un plazo de 30 días para que presentara las observaciones que considerara oportunas. El Estado se abstuvo de presentar observaciones a la información adicional aportada por el peticionario.
9. El peticionario alega que siendo Comandante de la Policía Nacional del Perú el 31 de julio de 1990 fue pasado arbitrariamente a la situación de Retiro por causal de Renovación de Cuadros mediante la Resolución Suprema Nº 314-90-IN-DM.[1]
10. Ante la referida situación, el peticionario alega que interpuso un recurso de amparo y una solicitud de medida cautelar a fin de solicitar su reincorporación a la Policía Nacional. Efectuando un resumen del proceso judicial adelantado, el peticionario señala que en fecha 21 de agosto de 1992, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Perú dispuso su inmediata reposición en el cargo, ordenando que se le reconocieran todos sus derechos y prerrogativas. No obstante lo cual, el peticionario alega que la referida sentencia de la Corte Suprema no habría sido cumplida y que por ende, hasta el momento de elaboración del presente informe, no habría sido reincorporado en el puesto que detentaba como Comandante en la Policía Nacional y no se le habrían reconocido los derechos y prerrogativas pertinentes.
11. Del relato de la petición original[2] se desprende también que el peticionario considera que su despido tuvo como fundamento razones de naturaleza política y no legal. Concretamente, el peticionario alega que su despido constituyó un acto de represalia por parte de autoridades del gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori como consecuencia de diversas investigaciones y arrestos que realizó en perjuicio de autores de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, el peticionario señala que su carrera habría sido definitivamente truncada ya que a la fecha de su despido le faltaba escasamente un mes para dar exámenes de ascenso a la clase de Coronel. También señala que incluso aunque no hubiese presentado examen alguno su remuneración al momento de retirarse hubiese correspondido a la que es otorgada a aquellos que ostentan tal rango.
12. Mediante el suministro de información adicional[3] el peticionario puso en conocimiento de la CIDH la sanción de la Resolución Suprema No 722-2001-IN-PNP de fecha 10 de julio de 2001 mediante la cual se le reincorporó retroactivamente al servicio activo en la Policía Nacional con fecha 21 de agosto de 1992, dicha resolución también disponía que debía reintegrar al Estado todos los beneficios económicos que le habían sido otorgados en ese periodo más los intereses de ley por las percepciones recibidas en su calidad de retirado. Asimismo puso en conocimiento de la Comisión la emisión posterior de la Resolución Suprema No 737-2001-IN-PNP de fecha 11 de julio de 2001, mediante la cual se dispuso su pase a retiro por haber cumplido con la edad límite a tal efecto desde el 21 de julio de 1995.
13. Al respecto, el peticionario alega que se habría dirigido en persona en repetidas oportunidades a las distintas dependencias de la Policía Nacional a fin de que se le indicara qué haberes debía restituir al Estado a fin de que se diera cumplimiento a las referidas resoluciones. No obstante lo cual, el peticionario señala que mediante Resolución Directorial de la Policía Nacional No 5049-2002-DIRPER-PNP de fecha 12 de junio de 2002 se habrían declarado improcedentes sus peticiones, ante lo cual señala que hasta el momento, la sentencia de amparo de la Corte Suprema de fecha 21 de agosto de 1992 continuaría incumplida.[4]
14. El Estado peruano en sus observaciones[5] presentó el proyecto de una Resolución Suprema que dejaría sin efecto en parte la Resolución Suprema No. 0314-90-IN/DM, del 03 de julio de 1990, reincorporando a la situación de “Actividad” por mandato judicial al señor Pinzás Salazar de conformidad a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de fecha 21 de agosto de 1992.
15. En ese sentido, el Estado alegó que una vez publicada en el Diario oficial “El Peruano” la referida Resolución Suprema dejarían de subsistir los motivos de la presente petición dado que su vigencia práctica implicaría la restitución a la situación de “Actividad” del Comandante de la Policía Nacional Perú, Jorge Pinzás Salazar.
16. En consecuencia, en su comunicación el Estado solicitó a la CIDH, de conformidad al artículo 48.1.b de la Convención Americana de Derechos Humanos, el archivamiento definitivo del reclamo del peticionario alegando que con la referida Resolución habrían desaparecido las causales que dieron motivo a la petición.
17. Finalmente, corresponde señalar que con respecto a la información adicional remitida por el peticionario en cuanto a la falta de cumplimiento de las Resoluciones Supremas 722-2001-IN-PNP y 737-2001-IN-PNP mediante las cuales, en cumplimiento de la sentencia de amparo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 21 de agosto de 1992 se dejó sin efecto su pase a la situación de retiro por renovación de cuadros con el reconocimiento de los derechos y prerrogativas correspondientes y se dispuso su pase a la situación de retiro por límite de edad, respectivamente, el Estado se abstuvo de presentar observaciones.
18. La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana.
19. El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona física, respecto a quien el Estado peruano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Perú es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
20. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar bajo la jurisdicción del Estado. La Comisión tiene competencia ratione temporis para estudiar el reclamo por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado peruano en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
21. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.
22. En el presente caso, el peticionario sostiene que ha agotado los recursos de la jurisdicción interna y que en la práctica no se ha dado cumplimiento a la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema del 21 agosto de 1992 que ordenó su reincorporación a la Policía Nacional del Perú. Concretamente, el peticionario alega el incumplimiento continuado de la sentencia de la Corte Suprema de fecha 21 de agosto de 1992 dado que aun cuando posteriormente a aquella se habrían emitido dos Resoluciones Supremas de la Policía Nacional de fechas 10 y 11 de julio de 2001, respectivamente, ordenando su reincorporación y consecuente retiro por límite de edad, se habría emitido la Resolución Directorial N° 5049-2002-DIRPER-PNP de fecha 12 de junio de 2002, la cual habría establecido la imposibilidad de dar cumplimiento a aquellas resoluciones. El Estado por su parte, declaró que la Resolución Suprema del 10 de junio de 2001 daba cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema ordenando su reincorporación y que por ello resultaba procedente el archivamiento de la petición presentada ante la CIDH.
23. De los elementos de prueba obrantes en el expediente se desprende que el señor Pinzás Salazar fue puesto en situación de disponibilidad el 31 de julio de 1990 mediante la Resolución Suprema 314-90-IN/DM, la cual dispuso su pase de la situación de actividad a la situación de retiro por renovación”[6]. Con posterioridad, el señor Pinzás Salazar interpuso un recurso de amparo, el cual fue decidido en última instancia con una sentencia favorable de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de fecha 22 de julio de 1992 que declaró “inaplicable al accionante la ordenando por la Resolución Suprema 314-90-IN/DM “ y consecuentemente ordenó su restitución a la situación d actividad, reconociéndosele sus derechos económicos, prerrogativas y demás beneficios al grado en servicio activo”[7]
24. El 10 de julio de 2001 mediante Resolución Suprema No 722-2001-IN-PNP de fecha 10 de julio de 2001 y en cumplimiento a lo establecido en la sentencia judicial de la Corte Suprema se dejó sin efecto la Resolución Suprema No. 0314-90-IN/DM del 31 de julio de 1990. Dicha resolución ordenó la reincorporación del señor Pinzás Salazar al servicio activo de la Policía Nacional con fecha retroactiva al 21 de agosto de 1992, reinscribiéndosele en el escalafón respectivo y reconociéndosele sus derechos económicos, prerrogativas y demás beneficios inherentes al grado en Servicio Activo.[8] En aquella oportunidad, se le solicitó además al señor Pinzás Salazar que reintegrara al Estado todos los beneficios económicos que le fueron otorgados con motivo de su apartamiento de la situación de actividad más los intereses de Ley.[9] Con posterioridad, el 11 de julio de 2001 se emitió la Resolución Suprema No. 737-2001-IN-PNP, mediante la cual se dispuso el pase a retiro del señor Pinzás Salazar por haber cumplido con el límite de edad en el grado a partir de la fecha 21 de julio de 1995. [10]
25. Al respecto, la Comisión considera pertinente destacar que la emisión de la Resolución Suprema No. 722-2001-IN-PNP de fecha 10 de julio de 2001 dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema el 22 de julio de 1992 en lo sustancial dado que se dispuso la reincorporación de la presunta víctima al servicio activo. No obstante lo cual, también corresponde señalar que la situación de la presunta víctima se modificó a partir del 11 de julio de 2001 a raíz de la emisión de la Resolución Suprema No. 737-2001-IN-PNP en que se pasa al señor Pinzás Salazar al retiro por límite de edad.
26. Asimismo, la Comisión observa que el señor Pinzás Salazar persiguió hacer valer sus derechos en la jurisdicción interna al solicitar que se actualizará su pensión. Dicha solicitud fue rechazada mediante la Resolución Directorial Nº 5049-2002-DIRPER-PNP del 12 de junio de 2002, la cual con fundamento en los artículos 31 y 32 de la Ley de Pensiones Militar-Policial, concordantes con los artículos 56 y 57 de su reglamento, señaló para “reconocer servicios que generen pensión se requiere haber laborado a tiempo completo y estén debidamente remunerados”, presupuesto que se determinó no cumplía el señor Pinzás Salazar.[11]
27. La Comisión considera que para conocer de los hechos referidos a los derechos de pensión y/o retiro que pudieran corresponderle al señor Pinzás Salazar como consecuencia de su reincorporación al servicio activo de la Policía Nacional y su posterior retiro por límite de edad, aquél debiera de haber acudido preliminarmente a las instancias judiciales correspondientes de la jurisdicción interna para impugnar la referida resolución Directorial Nº 5049-2002-DIRPER-PNP del 12 de junio de 2002 agotando los recursos idóneos, situación que no se verificó en el presente caso.
28. En vista de las anteriores consideraciones, la Comisión considera que el peticionario no demostró el debido agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna, ni que su situación encuadrara bajo las citadas excepciones. En efecto, el peticionario no presentó información respecto a las razones por las cuales no procedió a impugnar la citada Resolución Directorial N° 5049-2002-DIRPER-PNP de fecha 12 de junio de 2002. Al respecto, la Comisión considera que la acción contencioso administrativo constituía un recurso disponible y eficaz, que no fue usado apropiadamente por el peticionario por razones que no involucran la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, el peticionario no utilizó oportuna y adecuadamente los recursos internos disponibles, dejando de cumplir con los requisitos exigidos para que la Comisión pueda admitir la presente denuncia de acuerdo con el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.
29. Por lo tanto, la Comisión concluye que el peticionario no utilizó oportuna y adecuadamente los recursos internos disponibles, dejando de cumplir con los requisitos exigidos para que la Comisión pueda admitir la presente denuncia de acuerdo con el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
2. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada internacionales
30. La Comisión entiende que la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce una petición ya examinada por este u otro organismo internacional. Por lo tanto, los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención se encuentran satisfechos.
31. La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que de ser comprobados no podrían caracterizar una violación los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 8 (garantías judiciales), 14 (derecho de rectificación y respuesta) ni al derecho a protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, así como a la obligación de respetar los derechos a que se refiere el artículo 1.1 de dicha Convención.
32. Al respecto, la Comisión observa que de la información aportada por las partes se desprende que el Estado, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia judicial de la Corte Suprema, dejó sin efecto la Resolución Suprema No 0314-90-IN/DM del 31 de julio de 1990 emitiendo el 10 de julio de 2001 la Resolución Suprema No 722-2001-IN-PNP, la cual ordenó la reincorporación del señor Pinzás Salazar al servicio activo de la Policía Nacional con fecha retroactiva al 21 de agosto de 1992.
33. Asimismo, corresponde agregar que la Comisión considera que el resto de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que no se habrían hecho efectivos sus derechos de pensión en reconocimiento de su reincorporación al servicio activo a la Policía Nacional, no pueden ser objeto de estudio por parte de la CIDH en el presente caso dado que como se estableció en la sección relativa al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, el peticionario no habría procedido a interponer aquellos con respecto a tales hechos denunciados.
34. La Comisión concluye que a la luz de lo anteriormente expuesto que los hechos alegados no tienden a caracterizar una violación de derechos reconocidos en la Convención Americana y por lo tanto la petición debe ser declarada inadmisible.
1. Declarar inadmisible el presente caso por falta de agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos y por falta de caracterización.
[1] Comunicación de peticionario de fecha 11 de noviembre de 1998.
[3] Comunicación del peticionario de fecha 31 de mayo de 2005, recibida en la Secretaría Ejecutiva el 13 de junio de 2005 y comunicación de fecha 8 de julio de 2005, recibida en la Secretaría Ejecutiva el 25 de julio de 2005.
[4] La Resolución Directorial No 5049-2002-DIRPER-PNP en su parte pertinente señala que:
“Que, efectuados los trámites administrativos el pedido del recurrente deviene en improcedente, por cuanto la RS precedente no indica reconocer el tiempo de servicios en que estuvo en la situación de retiro; y, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 31 y 32 del DL No 19846-Ley de Pensiones Militar-Policial, concordante con los Arts. 56 y 57 de su Reglamento para conocer servicios que generen pensión se requiere haber laborado a tiempo completo y estén debidamente remunerados, presupuesto que no reúne el referido Oficial”.
[5] Consejo Nacional de Derechos Humanos, Informe No 33-JUS/CNDH-SE, 27 de marzo de 2001.
[6] Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema del 22 de julio de 1992, anexa a la comunicación de peticionario de fecha 11 de noviembre de 1998.
[8] Resolución Suprema Nº 0722-2001-IN/PNP del 10 de julio de 2001.
[10] Resolución Suprema Nº 0737-2001-IN/PNP del 11 de julio de 2001.
[11] Resolución Directorial Nº 5049-2002-DIRPER-PNP del 12 de junio de 2002.