Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-200-02.htm
Timestamp: 2019-08-19 08:12:14
Document Index: 111597740

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 2', 'Artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 29', 'artículo 43', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 93', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 29', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 29', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 27', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 9', 'Artículo 14']

En el Estado de derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder. En este sentido ha dicho esta Corporación “no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley”.
La jurisprudencia ha señalado que para imponer sanciones penales, “no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar esas conductas”. Para que se pueda sancionar penalmente a una persona, no es suficiente que el Congreso defina los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable y un juez o tribunal competente claramente establecidos. Para esta Corporación la exigencia contenida en el artículo 29 en este aspecto hace relación a la existencia de un juez independiente e imparcial al cual el ordenamiento jurídico le haya atribuido la competencia para decidir sobre la conducta de la persona acusada de un hecho punible, juez o tribunal que deberá observar la plenitud de las “formas propias de cada juicio”, establecidas igualmente por el legislador.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Pablo Anaya Santana, demandó los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887, “que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
Mediante auto del 5 de septiembre de 2001, el Magistrado Ponente admitió la referida demanda una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2o. del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
Artículo 43: La ley preexistente prefiere a la ley expost-facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40.”
Luego de recordar los antecedentes históricos y el alcance jurídico de los principios de legalidad y de favorabilidad en materia penal, se detiene en el análisis de lo que denomina el principio de legalidad procesal, “en virtud del cual nadie podrá ser castigado sino como consecuencia de un juicio formal ante sus jueces naturales, y tras un proceso en que se respeten las garantías establecidas en la ley”.
Para el actor dicho principio implica que “las reglas de procedimiento o las formas o las formalidades legales, o formas propias de cada juicio (art 29, inciso 2° C.P.) sean reguladas previamente por el legislador ordinario definiendo las etapas mínimas del proceso”, al tiempo que “la competencia de los tribunales o jueces ha de ser preexistente al hecho punible”. El fundamento constitucional de su afirmación la encuentra en algunos apartes de los artículos 28 y 29 de la Constitución[1], con base en los cuales concluye que “el juez competente, las forma propias de cada juicio, la descripción del delito y la fijación de la pena, deben establecerse en la ley con anterioridad a la ocurrencia de los hechos”.
Invoca además el texto del artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica para recalcar que “el tratado internacional es claro cuando dice que ‘toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente establecido con anterioridad por la ley’ ”, y que la expresión “ser oída” implica que el procedimiento mediante el cual se garantice el derecho a la defensa y el debido proceso “deba ser señalado previamente por el legislador”.
El ciudadano Ernesto Rey Cantor, coadyuva la demanda para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “los tribunales” contenida en el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, así como la constitucionalidad condicionada de la expresión “el procedimiento” contenida en el mismo artículo, con fundamento en las siguientes consideraciones.
En esa medida advierte que “ las reglas del procedimiento con las cuales se juzgará a una persona en un caso determinado, deben regularse por el legislador ordinario con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, de forma tal que de manera previa estén establecidas las reglas del procedimiento que integraran el debido proceso, entendidas como las formas propias de cada juicio. El mismo sentido se le debe dar a la consagración del juez natural o tribunal competente, el cual ha de ser determinado de manera preexistente al hecho reprochable.”
En este sentido concluye que la necesidad de una ley preexistente se debe predicar “no solo ‘del acto que se le imputa’ sino también del ‘juez o tribunal competente’” por lo que en su concepto la expresión “los tribunales” del artículo 43 de la ley 153 de 1887 es inconstitucional.
En cuanto al término “procedimiento”, afirma que sería constitucional pero sólo de manera condicionada “en el entendido de que una nueva ley procesal que establezca normas de procedimiento (formas propias de cada juicio) diferentes a aquellas con las cuales se viene juzgando a una persona, empezará a regir de inmediato, siempre y cuando que no sea restrictiva o desfavorable para el reo, porque si lo es, el juez o tribunal competente tendrá el deber de aplicar ultractivamente la vieja ley procesal, a través de la cual se juzga, a fin de garantizar el derecho humano al debido proceso”.
Así las cosas, concluye que dichas normas no vulneran la Constitución dado que: “Las disposiciones acusadas, al establecer la aplicación inmediata de las leyes procesales, con excepción de las actuaciones ya iniciadas que se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación, es consecuente con la realidad en la medida en que no es ajena a los efectos de las situaciones anteriores que se extienden después de la vigencia de la ley nueva, que conlleva a la aplicación retroactiva de la ley penal para modificar efectos ya realizados de un derecho, sino a la aplicación del efecto inmediato, cobijando las consecuencias o efectos de una situación jurídica nacida bajo el imperio de la ley anterior, sin que sea retroactiva.”
En relación con el principio del juez natural señala que en virtud del mismo no es posible designar jueces especiales para juzgar hechos ocurridos con anterioridad a su posesión en los cuales “esté interesado el gobierno de turno”. Indica que actualmente dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución, disposición que “comporta una asignación por parte de la ley de las materias que son asignadas a los jueces y tribunales legalmente constituidos”.
En esa medida señala que el principio del juez natural podría afectarse si el tribunal o juez competente fuese alterado en su origen o en su composición, para hacerlo “especial”.
Aclara sin embargo que “ una cosa es la figura del juez natural a quien se le asigna con antelación el juzgamiento y otra muy distinta es la redistribución de competencias dentro de la misma rama de la jurisdicción”. En su concepto, dicho principio se vería vulnerado si el juzgamiento de un caso concreto que corresponde a la rama judicial pasa “a manos de tribunales especiales que no tiene precisamente la función judicial (militares), así se les denomine tribunales”. Pero señala que cuando el juzgamiento de un asunto está asignado con antelación a un “órgano de la función judicial en una de sus especialidades y dentro de esta se reasignan las competencias de manera general para todos los procesos” no es posible hablar de desconocimiento del principio de juez natural, máxime cuando el cambio del juez “no se hace de manera individual para un caso en particular sino para todos los asuntos que se encuentran en las mismas condiciones”.
En relación concretamente con el artículo 43 de la ley 153 de 1887 considera oportuno, partiendo del principio de conservación del derecho, que esta Corporación precise el alcance de la norma y si es el caso condicione su interpretación a que “la legislación procesal posterior no podrá ser cambiada para reasignar jueces a casos únicos o especiales ni trasladar las competencias a órganos distintos de la rama judicial, de quienes se predica el cumplimiento de la función judicial”.
Sobre el principio de legalidad del procedimiento, señala que éste tiene diferentes matices, que van desde la correcta interpretación de la primacía del derecho sustancial, pasando por el respeto de los términos judiciales y del principio de celeridad, pero que para el asunto que estudia la Corte tiene especial relevancia el hecho de que “las etapas procesales no agotadas de un procedimiento pueden tomar la vía nueva asignada en una nueva ley dándole un carácter de aplicabilidad inmediata a la ley procesal”.
Apelando nuevamente al principio de conservación del derecho, señala entonces que “ha de entenderse que la nueva ley procesal ordenará la adecuación de los procedimientos a ésta, sin que ello, desde luego, implique la violación del debido proceso y en especial del derecho de defensa”. Y, en ese orden de ideas, solicita a esta Corporación, condicionar la constitucionalidad de la norma a la interpretación según la cual “las modificaciones a los procedimientos y su adecuación a una nueva ley procesal operará en la medida en que no se violen los derechos fundamentales de las partes que litigan en los procesos”.
Recuerda que el debido proceso, el principio de legalidad y la seguridad jurídica son elementos fundamentales del Estado de Derecho, en el que las funciones públicas se ejercen “a través de competencias y procesos con base en normas preexistentes ajustadas al orden constitucional vigente”. Que en este marco toda actuación judicial “se debe adelantar de acuerdo con leyes prexistentes, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (artículos 28,29,228,229 y 230 constitucionales)” .
El Ministerio Público afirma que las formas propias de cada juicio son las reglas establecidas directa y exclusivamente por el Legislador (art. 150 numerales 2 y 10 C.P.) quien de conformidad con la naturaleza del asunto determina “cada una de las etapas que le son propias y que a su vez constituyen las garantías de defensa y seguridad jurídica para los intervinientes en el respectivo proceso”
En relación con esta última característica destaca que en la demanda se plantea precisamente el problema del tránsito en el tiempo de las normas de procedimiento penal, materia en la que si bien cabe aplicar la regla general de la aplicación inmediata de las mismas, debe tenerse en cuenta que “excepcionalmente, la ley de procedimiento punitivo derogada, o aún más, declarada inexequible, puede tener efectos ultraactivos en lo que sustancialmente beneficie al procesado”[4].
Explica esta circunstancia en la vigencia del principio de favorabilidad en materia penal, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, aplicado en este caso “con el fin de proteger derechos sustantivos fundamentales, básicamente debido proceso y derecho a la defensa”.
Recuerda al respecto que el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) aplica este principio al señalar que “ la ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
En este sentido constata que las normas atacadas consagran “lo relacionado con la irretroactividad de la ley procesal penal, pero no la excepción de ultraactividad de la norma procedimental derogada en lo atinente a sus aspectos sustanciales cuando le favorezcan al procesado, frente al cambio de legislación que cubra su situación jurídica procedimental.” Por lo que “en defensa del derecho fundamental al debido proceso”, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y de la frase “pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento” contenida en el artículo 43 de la misma ley, “bajo el entendido que excepcionalmente se aplicará en forma ultraactiva la ley procesal penal derogada en los procesos que se vinieren adelantando durante el cambio de legislación, si ésta fuere más favorable al procesado”.
El demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, así como de la frase “pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento”, contenida en el artículo 43 de la misma ley, dado que en su concepto permiten que mediante ley posterior a la ocurrencia de los hechos, se establezcan los tribunales y los procedimientos que han de seguirse para juzgar al autor del delito, con desconocimiento de los dictados de los artículos 29 y 93 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El ciudadano Ernesto Rey Cantor coadyuva la demanda aduciendo similares argumentos, para solicitar, en defensa del derecho fundamental al debido proceso, la declaratoria de inexequiblididad de la expresión “los tribunales” contenida en el artículo 43 de la ley 153 de 1887, al tiempo que solicita que se condicione la declaratoria de exequibilidad de la expresión “el procedimiento” contenida en el mismo artículo, a la aplicación ultractiva de la ley procesal anterior en caso de ser más favorable.
El demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de la totalidad del artículo 40 de la ley 153 de 1887, así como de la frase “pero no a aquellas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento” contenida en el artículo 43 de la misma ley.
En relación con esta última disposición la Corte considera necesario integrar la proposición jurídica completa con la expresión “las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40” contenida en la misma disposición. Cabe recordar que en el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones[5].
“(...)la unidad normativa procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado.”[6]
Ahora bien, para entender el sentido de la frase demandada, no solamente es necesario leerla en el contexto de la totalidad del artículo 43, sino que se hace indispensable tener en cuenta el aparte subsiguiente “las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40” a que se ha referido la Corte. Es por ello que esta Corporación integrará la proposición normativa en los términos señalados y en consecuencia, el examen de constitucionalidad comprenderá las siguientes expresiones del artículo 43 de la Ley 153 de 1887: “pero no a aquellas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40”.
“(...) de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de constitucionalidad, que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control constitucional de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la Constitución”[13], como sucede con ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo 93 superior, precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales ‘prohiben su limitación en los Estados de Excepción’, es decir que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los Estados de Excepción”[14], caso en el cual se trata de principios y reglas de verdadero valor constitucional que deben ser respetados por el legislador”[15].
Esta Corporación debe precisar al respecto sin embargo que tanto el artículo 27-2 de la Convención, como el artículo 4° de la Ley estatutaria sobre estados de excepción, señalan que no podrán ser suspendidas las “garantías judiciales indispensables” para la protección de los derechos enunciados en cada uno de dichos artículos, por lo que sobre el particular esta Corporación considera oportuno recordar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos del Hombre, en la opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, sobre el tema de las garantías judiciales en estados de emergencia[20].
40. Debe reconocerse que no es posible ni sería aconsejable que la Corte, en la presente opinión consultiva, trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles “garantías judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el artículo 27.2, que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento jurídico y la práctica de cada Estado Parte, de cuáles son los derechos involucrados y de los hechos concretos que motiven la indagación. Desde luego y por las mismas razones, la Corte tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de otros instrumentos internacionales (art. 27.1) que pudieren ser aplicables en casos concretos.”[21]
30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión.”[23]
En el Estado de derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder. En este sentido ha dicho esta Corporación “no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley”[26].
En materia penal dicho principio comporta varios elementos que la doctrina especializada reconoce como “los principios legalistas que rigen el derecho penal”[27], los cuales define de la siguiente manera:
“ ...nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal.”[28]
Esto quiere decir que para poder legítimamente aplicar sanciones por parte del Estado[29], y como salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, deben respetarse estas garantías fundamentales del debido proceso, destinadas a “proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal”.[30]
“13- El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué “motivos pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”[34]. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29)[35].
15- Esta reserva legal es entonces una importante garantía para los asociados. Pero no basta, pues si la decisión legislativa de penalizar una conducta puede ser aplicada a hechos ocurridos en el pasado, entonces el principio de legalidad no cumple su función garantista. Una consecuencia obvia del principio de legalidad es entonces la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que crean delitos o aumentan las penas. Por ello esta Corporación había precisado que no sólo “un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley que así lo señale” sino que además la norma sancionadora “ineludiblemente debe ser anterior al hecho o comportamiento punible, es decir, previa o preexistente.[36]”
16- La prohibición de la retroactividad y la reserva legal no son sin embargo suficientes, pues si la ley penal puede ser aplicada por los jueces a conductas que no se encuentran claramente definidas en la ley previa, entonces tampoco se protege la libertad jurídica de los ciudadanos, ni se controla la arbitrariedad de los funcionarios estatales, ni se asegura la igualdad de las personas ante la ley, ya que la determinación concreta de cuáles son los hechos punibles recae finalmente, ex post facto, en los jueces, quienes pueden además interpretar de manera muy diversa leyes que no son inequívocas. Por eso, la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacionales, han entendido que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad[37], según el cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. Según esa concepción, que esta Corte prohija, sólo de esa manera, el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal”[38]
La jurisprudencia ha señalado igualmente que para imponer sanciones penales, “no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar esas conductas (CP arts. 28 y 29)”[39]. Por ende, para que se pueda sancionar penalmente a una persona, no es suficiente que el Congreso defina los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable y un juez o tribunal competente claramente establecidos.
La exigencia de un juez competente, independiente e imparcial remite necesariamente a la noción de “juez natural”, que tiene en el ordenamiento jurídico colombiano un significado preciso, esto es, “aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto”[40].
Este principio de carácter normativo definido por la Constitución, comprende una doble garantía en el sentido de que asegura en primer término al sindicado el derecho a no ser juzgado por un juez distinto a los que integran la Jurisdicción, evitándose la posibilidad de crear nuevas competencias distintas de las que comprende la organización de los jueces. Además, en segundo lugar, significa una garantía para la Rama Judicial en cuanto impide la violación de principios de independencia, unidad y "monopolio" de la jurisdicción ante las modificaciones que podrían intentarse para alterar el funcionamiento ordinario”[43]. (subrayas fuera de texto)
“El canon de la retroactividad de la ley penal favorable o permisiva, y por lo tanto, el de la no retroactividad de la ley desfavorable al sindicado está erigido por nuestra Carta en un principio supralegal, en una garantía constitucional, como uno de los derechos supremos reconocidos a la persona humana frente al poder del Estado, es decir, como uno de aquellos derechos que integran la personalidad inviolable de todo ciudadano, que no puede ser desconocido por ninguna norma legislativa, cualquiera sea la naturaleza de ésta.”[46]
Por su parte quien coadyuva la demanda hace una diferencia entre la expresión “los tribunales” contenida en el artículo 43, que considera inconstitucional por violar los artículos 8° de la Convención Americana de Derechos del Hombre y XXVI de la Declaración Americana de derechos y deberes del hombre, y la expresión “el procedimiento” que considera constitucional solamente bajo el entendido que se aplique el principio de favorabilidad.
“La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, la cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40. (Resalta la Corte)”[48].
“Ciertamente, la Constitución permite al legislador -ordinario o extraordinario- distribuir las competencias entre los organismos que administran justicia dentro de la estructura del Estado; además, lo habilita para establecer los correspondientes procedimientos, con las garantías constitucionales señaladas, que precisamente en materia penal aparecen reforzadas en favor del sindicado o procesado, por virtud de los principios de la preexistencia normativa o de la tipicidad penal, del juez competente, y los demás principios incorporados en el artículo 29 constitucional en comento.
Queda así claro que bajo los supuestos que se han indicado en materia de garantías constitucionales en el proceso penal, la regulación de las materias relacionadas con las características de cada proceso corresponden al legislador y éste bien puede proveer al respecto(...).”[50]
“Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia." (sent. C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)”[51]
6. Con todo, dentro del conjunto de las normas que fijan la ritualidad de los procedimientos, pueden estar incluidas algunas otras de las cuales surgen obligaciones o derechos substanciales. En efecto, la naturaleza de una disposición no depende del lugar en donde aparece incluida, como puede ser por ejemplo un código de procedimiento, sino de su objeto. Si dicho objeto es la regulación de las formas de actuación para reclamar o lograr la declaración en juicio los derechos substanciales, la disposición será procedimental, pero si por el contrario ella reconoce, modifica o extingue derechos subjetivos de las partes, debe considerarse sustantiva. Para no contrariar la Constitución, la ley procesal nueva debe respetar los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de este tipo de disposiciones materiales, aunque ellas aparezcan consignadas en estatutos procesales”[52] .(subrayas fuera de texto)
“18- Una lectura aislada y literal del artículo 116 parecería indicar que la ley puede atribuir funciones judiciales a cualquier autoridad administrativa, puesto que esa disposición constitucional no establece que el funcionario a quien se le confieran esas competencias jurisdiccionales deba reunir determinados requisitos. Sin embargo, una interpretación constitucional sistemática lleva a la inevitable conclusión de que para que un funcionario administrativo pueda ejercer funciones jurisdiccionales debe contar con ciertos atributos de independencia e imparcialidad. En efecto, la Carta es clara en señalar que las decisiones de la justicia son independientes (CP art. 228), mientras que las normas internacionales de derechos humanos, conforme a las cuales se deben interpretar los derechos constitucionales (CP art. 93), indican que toda persona tiene derecho a ser oída, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1 Convención Interamericana y art. 14-1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). En tales condiciones, es necesario armonizar la posibilidad que confiere el artículo 116 de la Carta de conferir funciones judiciales a las autoridades administrativas con los requisitos de imparcialidad, predeterminación e independencia que deben tener las personas que ejercen funciones jurisdiccionales. Una conclusión se impone: La ley puede conferir atribuciones judiciales a las autoridades administrativas, pero siempre y cuando los funcionarios que ejercen concretamente esas competencias no sólo se encuentren previamente determinados en la ley sino que gocen de la independencia e imparcialidad propia de quien ejercita una función judicial.”[55]
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la frase “pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40”, contenida el artículo 43 de la Ley 153 de 1887.
[1] “...y por motivo previamente definido en la ley” (artículo 28 C.P.); “ ...conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa...” (artículo 29 ibidem).
[2] “ Artículo 8. Garantías judiciales
1.Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (...).”
[3] “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes (...)”.
[4] Ilustra su afirmación al respecto transcribiendo apartes de la Sentencia C- 171 de 1993 mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Decreto 264 de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la justicia”.
[5] Sentencia C-320/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[6] Sentencia C-320/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[7] Entre otros los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y que prohiben su limitación es los estados de excepción. (C-358 de 1997), los tratados limítrofes (C –191 de 1998) y los convenios 87 y 88 de la O.I.T ( T- 568 de 1999).
[8] Ver Sentencias C-191 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-774-2001 M.P. Rodrigo Escobar.
[9] Sentencias C-600A de 1995, C-287 de 1997, C-337 de 1993.
[10] Sentencias C-179 de 1994, C-578 de 1995.
[11] Sentencia C-358 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[12] Al respecto puede consultarse las sentencias C-195 de 1993 y C-179 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[13] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias No. C-225 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[14] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-295 de 1993. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
[15] Sentencia C- M.P. Fabio Morón Díaz
[16] “Artículo 8.- Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída , con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden laboral, o de cualquier otro carácter (...)”.
[17] Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Oda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las leyes preexistentes, y a que no se le impongan penas crueles, infamantes e inusitadas”.
[19] - Artículo 4o. "Derechos Intangibles. De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles; el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño, a la protección por parte de su familia; de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al Habeas Corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados.
[20] Ver A.V. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa a la Sentencia C- 774-2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Corte I.D.H., Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrs. 38-40.(Subrayado agregado al texto)
[22] Ver A.V. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa a la Sentencia C- 774-2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[23] Corte I.D.H., Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrs. 29-30.
[24] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[25] Artículo 15.
[26] Ver Sentencia C-710/01 M.P. Jaime Cordoba Triviño
[28] Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal. Tomo II Filosofía y Ley Penal”, Edit. Losada, Buenos Aires Argentina, 1950.
[29] Al respecto debe recordarse que dichos principios se aplican de manera general en el derecho sancionador. Ver Sentencia C-708/99, MP: Alvaro Tafur Galvis.
[30] Ver Sentencia C-653/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31] "Artículo 15-1 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." (subrayas fuera de texto)
[32] "Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." .(subrayas fuera de texto).
[33] Ver, entre otras, las sentencias C-127 de 1993, C-344 de 1996 y C-559 de 1999.
[34] Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz. Consideración de la Corte No 3. Ver igualmente, entre otras, las sentencias C-127 de 1993. C-2465 de 1993 y C-344 de 1996.
[35] Ver igualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15-1 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 9, aprobados por nuestro país mediante las leyes 74 de 1968 y 16/72, respectivamente.
[36] Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz. Consideración de la Corte No 3
[37] Al respecto, ver por todos, Luigi Ferrajoli. Razón y derecho. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995, párrafos 6.3., 9 y 28.
[38] Sentencia C-559/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[40] Ver la Sentencia C-429-01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[41] "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (subrayas fuera de texto).
[42] La jurisprudencia ha señalado en efecto que la competencia judicial tiene las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio iurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general. Ver al respecto, entre otras, la Sentencia C-111/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[43] Sentencia C-208/93 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[44] Ver Sentencia C-597/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[45] Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[46] Sentencia C.S.J. Sala de Casación Penal Marzo 15 de 1961.
[47] Ver entre otras las Sentencias C-252/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-922/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[48] Sentencia C- 619/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[50] Sentencia C-208/93 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[51] Sentencia C-402 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[52] Sentencia C- 619 de 2001 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] Artículo 14
[54] Ver, entre otras, las sentencias C-592 de 1992, C-212 de 1994, C-037 de 1996 y C-384 de 2000.
[55] Sentencia C-1641 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[56] Ver, entre otras, las sentencias C-592 de 1992, C-212 de 1994, C-037 de 1996 , C-384 de 2000, C-1641 de 2000 y C-649 de 2001.
[57] Sentencia C-649/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.