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Timestamp: 2019-10-23 12:48:25
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 23', 'artículo 95', 'artículo 28', 'artículo 28']

Este interesante estudio e interpretación sobre: La Relación Especial de Sujeción Distinguida del Abogado, nos clarifica un poco algunos conceptos propios del derecho disciplinario colombiano, lee con atención:
Como eje fundamental para comprender los fines del derecho disciplinario del abogado, es necesario dimensionar el alcance conceptual de la relación especial de sujeción, que se entiende como el vínculo que existe entre el sujeto y la administración.
Este aspecto incide el deber de someter toda su conducta a la constitución y a la ley, traducida como el acatamiento del conjunto de principios, valores y reglas que rigen en la sociedad y en el Estado de Derecho, de allí que se encuentra erigida «como una categoría dogmática superior del orden constitucional» (Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2007, p. 25).
Elemento dogmático que para el abogado no le puede ser extraño, cuya naturaleza es distinguida por las proximidades de su rol profesional y el impacto social que como colaborador de la justicia puede generar, también porque esa profesión está impregnada y sujeta de mandatos constitucionales y legales que resaltan de la condición de una persona particular o de otra profesión u oficio en Colombia.
TIPOS DE RELACIÓN DE SUJECIÓN
Primero esta la relación general de sujeción por medio de la cual están sometidas todas las personas y se consagra en el artículo 6 constitucional; segundo, la relación especial de sujeción propiamente dicha respecto de los funcionarios y servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas[1].
Para el caso particular de los miembros de la fuerza pública se habla de una relación especial de sujeción intensificada porque el catálogo de faltas guardan especial conexión con la función militar y policial «cuya comisión afecta directamente el servicio público encomendado» (Corte Constitucional de Colombia, 2004); existe dos clasificaciones más, la relación especial de sujeción degradada y la privada, la primera cuyos sujetos son los particulares que ejercen función pública pero solo son susceptibles de faltas gravísimas[2], y la segunda trata de las relaciones ético laboral o profesionales, verbi gratia: los médicos, contadores, ingenieros, etc.,.
Ahora bien, ¿cómo podemos denominar la relación especial de sujeción del abogado?, pues la hemos titulado como una relación especial de sujeción distinguida, distinción valga la redundancia por el carácter eminentemente resaltativo y meritorio que por voluntad soberana de la Constitución así le imprimió a esa actividad profesional, nótese que en principio bien pudiera encajar la profesión del abogado dentro de la relación especial de sujeción privada, pero no fue así, ni tampoco lo será, preámbulo que da paso a otro interrogante, ¿por qué esa distinción del resto de personas y profesiones del conglomerado social?, para comprenderlo conceptualmente desarrollaremos tres ejes temáticos, así: – La relación especial de sujeción distinguida dada por los preceptos constitucionales y los deberes funcionales de la Ley 1123 de 2007; – La función social del abogado y el impacto de su labor profesional en la sociedad, para finalmente contextualizarla con – la acción disciplinaria y la incidencia que pudiera tener el desistimiento del quejoso en el proceso disciplinario del abogado.
La relación especial de sujeción distinguida dada por el deber profesional constitucional y legal del abogado
Un camino muy angosto y oscuro. Es una forma de ilustrar lo que es, o podría decirse del ejercicio de la profesión del derecho en la vida práctica de todo abogado litigante, asesor del área pública o privada, del docente y con mayor relevancia del funcionario judicial, camino que solo podría ser recorrido con la proyección de la conducta a la luz de la Constitución y cuyos contornos del camino los daría el avistamiento de los deberes profesionales. Mantenerse allí y no salirse, solo puede ser logrado mediante el imperativo ético, pero por ahora abordaremos la injerencia del cómo surge la relación de sujeción especial distinguida dada la relevancia del deber ser de la conducta en el ejercicio de la profesión del abogado, contornos previstos por la Constitución, que se proyecta en cuanto a la libertad de escogencia profesional descrita en el artículo 26 y que se complementan con la parte orgánica del capítulo VIII «De la rama judicial» y con ello la persecución del orden justo del artículo 2 cuyos fines de Estado son «servir a la comunidad[3]» entre otros como la efectividad de las garantías de los derechos de la comunidad.
Etiológicamente, la relación de sujeción puede fincarse en la participación en cuanto al rol, papel u actos que devienen del abogado y que en principio deben alinearse a los fines del Estado Social de Derecho, en otras palabras, la conducta del togado debe irradiar a su comunidad dada la relevancia de las consecuencias de sus actos, de tal modo que, la relación especial de sujeción distinguida y diferenciada de las demás profesiones se fundamenta en el deber funcional que según (Dorado, 2014, p. 104) «es el eje dinámico para conseguir los fines y funciones que explican la existencia y justificación del Estado, y, particularmente, en el caso del ejercicio de la abogacía, se convierte en prenda de garantía para el cumplimiento de la función social», con ello, se puede identificar ese papel como una esencial fuerza moral, de suerte que su rol profesional no choque contra las mínimas garantías de los principios, derechos fundamentales y bienes jurídicos tutelados que la gente del común deposita en confianza legítima en el abogado.
Es preciso ahora identificar, que esa relación especial de sujeción distinguida se marca indiscutiblemente por la observancia de los deberes, es por eso que se dice que en «el campo de los abogados el objeto de protección del derecho disciplinario son los deberes profesionales» (Dorado, 2014a), aspecto que tiene conexidad con la antijuridicidad[4], ya que, no por la afectación como impropiamente lo señaló el legislador, sino por la inobservancia de los mismos, no llegando al extremo de la exigencia del deber profesional por el deber mismo, pues caería en el análisis vago de responsabilidad objetiva; lo que se pretende explicar es que, baste con la verificación que el deber profesional haya sido quebrantado sustancialmente para que proceda la acción disciplinaria, luego entonces los deberes del abogado se aúpan respecto de las demás profesiones como un mínimo imperativo donde exige que la conducta del togado se correlacione con la adecuada y correcta marcha de la administración de justicia (Barrera, 2008, p. 122).
Como se afirmó, los deberes profesionales son pieza angular en la conservación de la credibilidad y el bienestar común, primero porque son la expresión deontológica de la construcción de lo que se espera de la conducta del abogado en el intercambio mental y físico de las gestiones legales encomendadas por un particular o por una corporación; y segundo, entendiendo que esa sujeción partió de un precepto de libertad personal de escogencia de profesión, que a su vez es de naturaleza normativa constitucional[5] y que está fecundada por la teoría de los deberes, no en vano, el primer deber de ellos corresponde a identificar la norma de reconocimiento, así: «Observar la Constitución… y la ley[6]» la existencia previa de bienes jurídicos y de intereses socio económicos del conglomerado por proteger, hace que el legislador precaviera en el estatuto del abogado dar importante valor descriptivo a los verbos rectores de los deberes profesionales como: «defender, promocionar, conocer, respetar, conservar, colaborar» aplicados a predicados como: la seriedad, la mesura y la más relevante, a la dignidad.
La función social del abogado y el impacto de su labor profesional en la sociedad.
Ya se dijo en el capítulo anterior, la relevante condición de la relación especial de sujeción del abogado en cuanto a su distinción de las demás profesiones la cual está condicionada por la teoría del deber y el vínculo de naturaleza constitucional, ahora se identificará el impacto consecuente de la inobservancia de estos deberes hacia la sociedad, bien puede afirmarse que nuestra Carta se construyó con bases humanistas, liberales y porque no utilitarista, de allí que no es desacertado afirmar que la Constitución es el mejor y pacífico ejemplo del concepto deontológico para la proyección de las demás normas reguladoras (Anónimo, 2006) entre ellas el Estatuto del abogado. Con la finalidad de exponer la relevancia social del togado en esta sociedad, el punto de inicio es el alcance del artículo 95 superior, en donde uno de los deberes que más relevancia guarda con la sociedad es el de «Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia», toda vez que ese actuar colaborativo conlleva al orden jurídico justo de la nación, luego entonces la «la misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares» (Presidencia de la Republica, 1971)
Para ilustrar mejor, y en el campo del imperativo kantiano vamos a un ejemplo traído por Malishev (2014, p.13) citando a Kant «No tires el papel en el piso, piensa en qué se convertiría la escuela si todo el mundo tirara basura» ahora como pretexto pensemos hipotéticamente si tú como abogado no respetas, ni cumples con las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión[7], es decir, inobservas un deber de tú conducta profesional como abogado, deberes que por constitución se te han adherido a tú vida, deber que por ley estas en obligación de cumplir, pues bien, agravemos el asunto, supongamos que la cuarta parte de los abogados inscritos en un municipio decidieran violar ese deber, la respuesta es, acaso no volverían un caos la vigencia de la norma, ahora, imagínense a un fiscal, juez o abogado en vigor de sus funciones propias, ser contratista y a la vez litigando contra la Nación.
En ese orden, la Corte advirtió la peligrosidad de la inobservancia de los deberes profesionales, es de recordar que el régimen disciplinario del abogado no trata el componente de antijuridicidad material, lo que quiere decir que las conductas inobservantes del deber son materia del desvalor de acto, entre tanto que, en presencia de una falta a la misión y la función profesional, constituye de alguna manera una desmejora de los derechos e intereses de rango constitucional de terceros (Corte Constitucional de Colombia, 2008) como los derechos a la «honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia…etc.,.» es por eso la incidencia de la relevancia del abogado en el actuar social, también llamado como un «vínculo necesario[8]» lo que explica que el legislador allá sido explícitamente tan exigente, pues en juego está los enormes riesgos que conlleva la irresponsabilidad de algunos togados cuando se trata de las relaciones jurídicas, ya sea por la comisión de conductas que constituyan faltas de aptitud o actitud, cosa digna de reproche y de una sanción proporcional.
En definitiva, la profesión y vida del abogado tienen fuertes puntos de contacto, primero con la Constitución y la ley, a la que llamaremos un tejido deontológico, y, segundo, de sus actos y gestiones que se desarrollan en medio conglomerado y se unen a la sociedad para la perfección de los fines del Estado como colaborador de la administración de justicia y construir el concepto de la armonía, dando como resultado una inescindible relación entre abogado y la sociedad, simbiosis que se explica solo por el conocimiento de la esencia de su naturaleza, dicho de otra forma, el abogado es de tal dimensión estabilizadora que al inobservar sus deberes profesionales rompe la balanza de equidad y la justa medida dada por mandato constitucional, que torna difusa e inviable una sociedad, de allí que se predique que la profesión del abogado se fundamenta en la relevancia de un desarrollo correcto de una sociedad y sus máximos intereses de vivir en paz.
La acción disciplinaria y la incidencia que pudiera tener el desistimiento del quejoso.
El ejercicio del ius puniendi el Estado contempló aparte de las sanciones, mecanismos por las cuales renunciar, suspender, extinguir y/o desistir de la acción, para el derecho penal, la figura del desistimiento resulta plausible dependiendo del punible y de la política criminal, pero para el derecho disciplinario resulta irrelevante el desistimiento del quejoso, tanto para el régimen único, así como para la fuerza pública, tanto más para el régimen deontológico del abogado; bajo una primera impresión pareciera arbitrario que el ius puniendi no tenga esa medida contemplada para la contención de la fuerza del leviatán en materia de ética judicializada, podría decirse que al desaparecer el origen que motivó el ejercer o despertar de la acción disciplinaria (la queja) una consecuencia lógica sería la extinción de la acción al disciplinado, ese ejercicio lógico argumentativo, es una explicación que tiene poca o ninguna importancia mientras la profesión del abogado esté estrechamente ligada a los fines e incolumidad de los principios del Estado, y al ser esta profesión un vínculo necesario entre la sociedad y la realización de la efectividad de los derecho materiales de su conglomerado, tal posibilidad del desistimiento está vedada, es así que la acción disciplinaria queda en cabeza exclusiva del Estado oficiosamente.
Considerando que no son escasos las razones de incidencia social cuando se trata de la profesión del abogado, el legislador atendiendo a la coyuntura de la realidad y acudiendo a la cláusula especial de competencia, ha dispuesto de forma expresa en el parágrafo del artículo 23 Ley 1123 de 2007 en cuanto a la extinción de la acción disciplinaria que: «El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria» una consecuente interpretación paralela a esa disposición, es que el quejoso no es un sujeto procesal, tampoco el desistimiento tiene carácter de derecho, ni del quejoso y mucho menos del disciplinado, y por su carácter relevante en el ámbito social las faltas profesionales del abogado ascienden a la esfera de la naturaleza pública, razón por la cual, la acción disciplinaria solo es exclusiva del Estado, lo quiere decir que el operador disciplinario para extinguirla deba remitirse a las dos causales[9], de tal suerte que el abogado solo puede someterse al proceso del análisis que hace su juez natural, de un lado, la queja se podría desechar de plano por temería o en su defecto dar inicio a la acción disciplinaria, si hay mérito de ello.
El parágrafo at supra fue demandado por inconstitucional, no obstante, el examen que efectuó la Corte para verificar si era o no contrario a la Carta y en relación a los derechos fundamentales del abogado, abordó como problemática jurídica, si el desistimiento del quejoso por no extinguir la acción disciplinaria vulneraba los derechos a la igualdad, al debido proceso y al libre acceso a la justicia; llegando a la conclusión que el poder disciplinario fluye como una expresión de control y vigilancia, adujo que eran compatibles tanto los fines del Estado, el interés general con la profesión del abogado, es así que la mínima consideración del togado es que su rol se deba ajustar acorde a los valores y principios constitucionales en busca del bien social, por esa razón dijo que la extinción de la acción disciplinaria es un interés público no sometido a la voluntad del quejoso y necesariamente regido por el principio de oficiosidad, de manera que se declaró la exequibilidad de la norma.
Sin lugar a equivocación, categóricamente se puede decir que: «ningún otro profesional incide de manera tan determinante» en el desarrollo constitucional de un Estado como lo es el abogado (Corte Constitucional de Colombia, 2007), entonces como mensaje reflexivo, es adoptar como premisa que, la mejor norma de vida del abogado es honrar esta profesión, revalidando y reafirmando a diario el propósito de ejercer el derecho mediante una conducta inescindible con los deberes profesionales, no olvidar que la profesión del abogado se fundamenta en una relación especial de sujeción distinguida por la especial relevancia social y cuya importancia fue reconocida por la misma Constitución y la ley; finalmente recordar que la extinción de la acción disciplinaria se dan por fenómenos ajenos al desistimiento del quejoso, entendiendo que la acción deontológica cobra sentido puesto que el legislador pretendió proteger intereses superiores de carácter público y privado en donde convergen derechos fundamentales de terceros, por eso se dice que la acción disciplinaria es de carácter oficioso e irrenunciable.
Anónimo. (26 de octubre de 2006). www.deontologia.org. Obtenido de http://www.deontologia.org/deontologia-del-abogado/
Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C.: Panamericana ediciones Ltda.
Barrera, A. M. (2008). Códogo disciplinario del abogado comentado por uno de sus redactores. Bogotá D.C.: Doctrina y ley.
Congreso de la Republica de Colombia. (2007). Ley 1123. Bogotá D.C.: Leyer.
Corte Constitucional de Colombia. (2004). Sentencia C-431. Bogotá D.C.
Corte Constitucional de Colombia. (2007). Sentencia C-884. Bogotá D.C.
Corte Constitucional de Colombia. (2008). Sentencia C-290. Bogotá.
Dorado, R. F. (2014). Reflexiones sobre una dógmatica disciplinaria excluyente. Global iure, 96-110.
Instituto de Estudios del Ministerio Público. (2007). Lecciones de derecho disciplinario volumen II. Bogotá D.C.: IEMP ediciones.
Malishev, M. (2014). Kant, ética del imperativo categórico. La colmena84, 9-21.
Presidencia de la Republica. (1 de marzo de 1971). Decreto 196. Obtenido de https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/2045453/DECRETO+196+DE+1971+PDF.pdf/15a9ad5b-bd77-46dc-b957-5c75861744f5?version=1.2
Artículos 25 y 53 de la Ley 734 de 2002. Disposición que señaló los Sujetos disciplinables, dicho régimen lo extiende a los particulares, a los indígenas que se relacionen con la administración de recursos públicos. ↑
Un ejemplo: En principio las conductas que atañen a los notarios, consagrado en los artículos 60 y SS de la Ley 734 de 2002, son gravísimas. ↑
«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación» (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) ↑
Articulo 4 Ley 1123 de 2007. «Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes…» (Congreso de la Republica de Colombia, 2007) ↑
Es de resaltar lo señalado en el artículo 95 de la Constitución, «De los deberes y obligaciones» deberes que en el abogado se ven potencializados por la naturaleza cognitiva y relevancia social en la inobservancia de sus obligaciones. ↑
Deberes e incompatibilidades del abogado señalados en el artículo 28 del Estatuto del abogado Ley 1123 de 2007. ↑
Numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007. ↑
La Corte acertadamente acuña ese término: – «vinculo necesario», como expresión entre el ejercicio de la profesión del abogado y el concepto de la convivencia pacífica y el orden justo de la nación, sobre todo entratándose de la incursión de un nuevo deber como es la defensa y promoción de los derechos humanos. (Corte Constitucional de Colombia, 2007) ↑
Articulo 23 Ley 1123 de 2007: «Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:1. La muerte del disciplinable.2. La prescripción.» ↑
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