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Timestamp: 2018-05-24 23:38:42
Document Index: 314275994

Matched Legal Cases: ['Artículo 210', 'Artículo 336', 'Artículo 4126', 'Artículo 5131', 'Artículo 6147', 'Artículo 7162', 'Artículo 817736', 'Artículo 917837', 'Artículo 10179', 'Artículo 11192', 'Artículo 12209', 'Artículo 13230', 'Artículo 14247', 'artículo 18', 'Artículo 11', 'Artículo 66', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 180']

CEDAW/C/ECU/8-9
Informes periódicos octavo y noveno que los Estados partes debían presentar en diciembre de 2012*
Abreviaturas y siglas4
I.Introducción1 – 96
II.Aplicación de los artículos de la Convención10 – 2587
Artículo 210 – 357
Artículo 336 – 125 12
Artículo 4126 – 13028
Artículo 5131 – 14629
Artículo 6147 – 16131
Artículo 7162 – 17634
Artículo 817736
Artículo 917837
Artículo 10179 – 191 37
Artículo 11192 – 20839
Artículo 12209 – 22942
Artículo 13230 – 24645
Artículo 14247 – 25548
Artículos 15 y 16256 – 25850
I.Aporte constructivo de las mujeres organizadas
II.Eliminación de la discriminación
III.Sistema de planificación
IV.Plan Igualdad de Oportunidades
V.Presupuestos
VI.Información estratégica
VII.Erradicación de la violencia
VIII.Transformación de patrones culturales
IX.Erradicación de la trata y explotación sexual
X.Participación
XI.Representación internacional
XII.Plataforma de Beijing
XIII.Salud
XIV.Igualdad en la vida económica
XV.Acceso vivienda
XVI.Mujeres rurales
XVII.Datos solicitantes y refugiadas
ACNUROficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AFORMACTAEAsociación Formal Revolucionaria de Mujeres Activas Revolucionarias
AGECIAgencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional
APAADESAsociación de Profesionales y Afines Afro
CALConsejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional
CDTComisión de Transición al Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género
CNNAConsejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
CONEPIAComisión Nacional de Estadística para Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos, y Montubios
COOTADCódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
DEVIFDepartamento de Violencia Intrafamiliar
DIHDerecho Internacional Humanitario
DINAPENDirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes
DINEIB Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
DPEDefensoría del Pueblo
EBJAEducación Básica para Jóvenes y Adultos
ECORAEEcodesarrollo Regional Amazónico
ECORAEInstituto para el Desarrollo Regional y Amazónico
EGBEducación General Básica
ENEMDUEncuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
ENIPLAEstrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar
ESFORSEEscuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”
EUTEncuestas del Uso del Tiempo
GADS Gobiernos Autónomos Descentralizados
GLBTIGays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Intersexuales
GPDMGrupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres
IAENInstituto de Altos Estudios Nacionales
INECInstituto Nacional de Estadísticas y Censos
MCPMinisterio Coordinador de Patrimonio
MCPGADMinisterio Coordinadora de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados
MIDUVIMinisterio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MSPMinisterio de Salud Pública
ODMUOficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia
PCICPrograma de Capacitación Integral Continuo con enfoque de Derechos Humanos
PEAPoblación Económicamente Activa
PENDESPlan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico
PNVEGPlan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres
SECAPServicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
SENAGUASecretaría Nacional del Agua
SENESCYTSecretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
SETECISecretaría Técnica de Cooperación Internacional
SPPCSecretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
TGFTasa Global de Fecundidad
El Estado ecuatoriano presenta sus informes periódicos consolidados octavo y noveno ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de conformidad con la recomendación formulada en el párrafo 50 de las observaciones finales del Comité a los informes periódicos consolidados sexto y séptimo del Ecuador (CEDAW/C/ECU/CO/7).
Los informes han sido elaborados en cumplimiento del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita por el Ecuador el 17 de julio de 1980 y ratificada el 19 de octubre de 1981 y en base a las Directrices del Comité para la elaboración de informes periódicos (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2). Para su preparación y validación, se contó con un equipo interinstitucional conformado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, además de aportes proporcionados por organizaciones de mujeres del país e instituciones estatales, mediante entrevistas y talleres.
La construcción del informe periódico combinado responde a la necesidad de realizar una valoración integral sobre la protección y promoción de los derechos de las mujeres, a cargo del Estado, en el marco de la Convención, y en función de las recomendaciones realizadas por el Comité.
El equipo interinstitucional presentó una hoja de ruta que fue diseñada de acuerdo a cinco momentos: el primero orientado hacia la coordinación interinstitucional, para la obtención de información que dé cuenta de la aplicación de la Convención y las recomendaciones realizadas por el Comité en el año 2008; el segundo momento, en el que se sistematizó la información brindada por los Ministerios Sectoriales y las Secretarias Técnicas del Estado, sobre las gestiones realizadas durante el período 2007-2011. Al respecto, el Estado reconoce que continúa siendo un desafío lograr una adecuada coordinación interinstitucional e interministerial, por medio de la cual se pueda obtener información estratégica, desagregada por sexo, de carácter analítico como lo establece el Comité y que dé cuenta de los progresos y obstáculos que persisten en lo que concierne a garantizar los derechos de las mujeres.
En el tercer momento, que tuvo lugar entre agosto y noviembre de 2012, se realizó un acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres. A fin de promover un verdadero proceso de participación e identificar los avances y desafíos en la garantía de los derechos de las mujeres, las entidades coordinadoras del informe entrevistaron a responsables de programas de género a nivel académico y a más de 28 lideresas de diferentes ciudades del país, a saber: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Ibarra, Machala, Portoviejo, Puyo, Napo, Riobamba, Zamora y Babahoyo.
Después de la realización de las entrevistas, el 26 de octubre de 2012 se organizó un taller de trabajo, en el que participaron mujeres afro-ecuatorianas, indígenas, mestizas, montubias, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, lideresas de diversa orientación sexual e identidad de género, pertenecientes a organizaciones no gubernamentales de diferentes regiones del país, dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
El taller contó con el apoyo de ONU Mujeres, organización que además proporcionó asistencia técnica a través de una consultora internacional quien, para la realización del encuentro, brindó elementos metodológicos orientados, por un lado, a socializar los avances y obstáculos revelados durante el proceso de entrevistas y, por otro, a promover la formulación de propuestas y desafíos que enfrenta el Estado en la materia. A su vez, realizó una valoración final al informe estatal. Producto del taller al que se hace mención, las lideresas identificaron una serie de propuestas, incorporadas en su mayoría como desafíos en el presente informe .
El cuarto momento estuvo orientado a la redacción de los informes, en el cual se consideraron los insumos generados durante el proceso de recolección de información, así como las propuestas proporcionadas por la sociedad civil. En vista de la gran cantidad de información y de la necesidad de reportar de manera organizada, en concordancia con el articulado de la Convención, se decidió incluir en cada uno de los artículos, además de la información relacionada al tema, la respuesta del Estado a las observaciones finales del Comité.
Finalmente, el informe consolidado fue validado por las tres instituciones responsables de su elaboración y enviado a la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, para su entrega al Comité.
II.Aplicación de los artículos de la Convención
1.Medidas de carácter normativo, adoptadas por el Estado del Ecuador, para eliminar la discriminación contra la mujer
La Constitución de la República del Ecuador (CRE), aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del 2008, amplía el reconocimiento de una serie de derechos y garantías para las mujeres, como respuesta a la lucha del movimiento que articula sus demandas a nivel nacional. De esta manera, a fin de eliminar la discriminación de cualquier tipo en contra de la mujer, el texto constitucional en el Artículo 11.2, sobre los principios de aplicación de los derechos, establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por razones de género.
Al respecto, si bien el texto constitucional de 1998 reconocía el principio de igualdad y no discriminación, el documento vigente agrega la igualdad material, en su Artículo 66.4, para proteger y promover la unidad en la diversidad, en busca de la igualdad real para grupos históricamente discriminados.
De igual forma, la Constitución desarrolla dicho principio a lo largo de su articulado. Así, en su Art. 70 determina que le corresponderá al Estado formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, incorporar el enfoque de género en planes y programas y brindar asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Asimismo, el Art. 68 establece un avance importante al reconocer los mismos derechos y obligaciones de los que gozan las personas que forman un matrimonio, a aquellas que forman una unión de hecho estable y monogámica, independientemente de su sexo. Además, en el Art. 69.3 el Estado garantiza la igualdad de derechos para la toma de decisiones en la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes, así como la corresponsabilidad materna y paterna, y la protección a quienes sean jefes y jefas de familia.
Por otro lado, atendiendo a la recomendación del Comité, respecto a que el Estado adopte rápidamente medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de la legislación vigente, de forma que no se discrimine a la mujer, la Asamblea Nacional ha emprendido un proceso de revisión de la normativa secundaria, para asegurar la plena compatibilidad de la legislación nacional con la Constitución. De esta manera, durante el período comprendido entre noviembre de 2008 y junio de 2012, en la Asamblea Nacional se aprobaron 80 leyes, de las cuales 43 contienen disposiciones para implementar el principio de igualdad, así como los derechos consagrados en la Convención.
2.Principales leyes aprobadas que desarrollan el principio de igualdad y no discriminación y otros derechos contenidos en la Convención
La legislación que regula la aplicación de las garantías jurisdiccionales ha ampliado las circunstancias en las cuales éstas podrían interponerse, al incluir, en la acción de protección, la vulneración de algún derecho constitucional por parte de particulares, cuando se produzcan situaciones de discriminación y/o subordinación.
El Código Orgánico de Organización Territorial (COTAAD), vigente desde octubre de 2010, plantea como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), la generación de políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio. Como parte de la estructura de los GADs, se establece la creación de Comisiones Permanentes de Igualdad y Género, las cuales se encargarán de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad y de fiscalizar que la administración respectiva cumpla con ese objetivo. Además, se contempla la creación de Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, que serán responsables de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales.
En lo concerniente a la planificación del desarrollo y las finanzas públicas, en la normativa específica se establecen espacios de coordinación, con el fin de incorporar el enfoque de género y reducir las brechas socioeconómicas.
En cuanto a la normativa que regula el derecho a la participación, se reconoce el principio de paridad de género y de alternabilidad entre hombres y mujeres en los procesos de elección. Igualmente, se ha avanzado en la garantía del derecho de la ciudadanía a participar de forma individual y colectiva en la vida pública, en base a principios de igualdad, interculturalidad y respeto a la diferencia.
En el ámbito del servicio público, se incorporó en la normativa correspondiente, como prohibición especial para el desempeño de cargos, función o dignidad en el sector público, la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación.
En el campo laboral, se han formulado nuevas disposiciones por las que se reconoce el trabajo no remunerado en los hogares, determinando la existencia de unidades económicas populares. Asimismo, se establece el permiso por paternidad remunerado, el servicio de guardería infantil y la corresponsabilidad en el cuidado, crianza, y alimentación de hijas e hijos. Adicionalmente, se extiende el período de lactancia a doce meses.
Por otro lado, el enfoque de género constituye un elemento transversal en todas las políticas públicas productivas, contempladas en la correspondiente normativa, garantizando, por ejemplo, el acceso de las mujeres a los factores de producción. De igual manera, se promueve la participación paritaria de hombres y mujeres en la elaboración de leyes y políticas relativas al régimen de soberanía alimentaria, que incorpora la Constitución.
En el ámbito educativo – intercultural, se estableció la igualdad de género como principio rector, lo que garantiza el derecho a una formación integral y científica y prohíbe cualquier sanción o discriminación por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad.
En lo que respecta al derecho de participación en actividades deportivas y de esparcimiento, se promueve el ejercicio efectivo de la igualdad de género en estas actividades, para lo cual se establece la derogación de las disposiciones estatutarias y de las organizaciones deportivas que sean discriminatorias, entre otros, por motivos de sexo, identidad de género, estado civil u orientación sexual.
En cuanto al matrimonio y relaciones familiares, existen avances sustanciales para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de alimentos, pues se establece la responsabilidad de padre y madre en el cumplimiento de esta normativa.
En lo que se refiere a la erradicación de la violencia y acceso a la justicia, se acuerda la creación de órganos de justicia especializada, que intervengan en la investigación y sanción de hechos que violen la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres. Igualmente, se dispone la inaplicabilidad de caución, mediación, arbitraje o fuero especial para los casos de violencia intrafamiliar, además de la creación de una defensoría pública especializada para mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia.
Finalmente, en las reformas incorporadas en el año 2009 al actual Código Penal, se incluyeron los Delitos de Odio, por los cuales se sanciona la violencia política, la desigualdad, la exclusión, el escarnio público y los maltratos o agresiones físicas, cuando éstos sean una expresión de homofobia, sexismo, machismo, racismo y xenofobia.
3.Proyectos de ley que desarrollan el principio de igualdad y no discriminación y otros derechos contenidos en la Convención
Se presentaron en la Asamblea Nacional dos Proyectos de Ley de Igualdad: el primero, entregado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de Mujeres y la Igualdad de Género (CDT), el segundo por la organización de la sociedad civil Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional los calificó, respectivamente, durante los meses de junio y julio de 2012, para la revisión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado dentro de la Asamblea Nacional. Actualmente, se contempla fusionar ambos proyectos en uno solo que pueda ser conocido por el pleno de la Asamblea Nacional.
Por otro lado, como parte de los proyectos de ley que han sido presentados, se encuentra aquel destinado a regular el funcionamiento de los Consejos Nacionales para la Igualdad, dentro de los cuales se encuentra el correspondiente a la Igualdad de Género, que fue calificado por el CAL para su tratamiento en julio de 2012 por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Existen varios proyectos de ley por los cuales se pretende garantizar el derecho a la salud, particularmente en el caso de las mujeres que se encuentran en una doble situación de discriminación. En cuanto a la salud reproductiva de mujeres indígenas y afro-descendientes, mediante el Proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado en el Sistema Nacional de Salud, se plantea el reconocimiento del parto intercultural como una opción garantizada por el Estado; al momento la CAL calificó el documento y existe el informe para el primer debate. A su vez, se presentó un Proyecto de Ley de Protección y Asistencia a las madres adolescentes, pendiente de calificación.
Por otro lado, se presentó un proyecto de ley que busca aumentar la protección a las familias en casos de partos múltiples y otro para el tratamiento y control del cáncer de mama. Ambos proyectos han sido calificados por la CAL.
En cuanto al derecho a la seguridad social, se han planteado dos proyectos de ley referentes a jubilación especial para las mujeres, y otro para aquellas dedicadas al trabajo no remunerado en hogares y actividades de cuidado. En los dos documentos se prevé el acceso a los beneficios de la seguridad social.
En lo concerniente al derecho a una vida libre de violencia, se presentó una iniciativa, enfocada a erradicar el discrimen, el acoso y la violencia política contra la mujer en el espacio público.
También se presentó un proyecto de ley en lo referido a la lucha contra la trata y la explotación sexual, que posiblemente será estudiado junto con el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por otra parte, en lo concerniente a erradicar estereotipos y eliminar patrones socioculturales que inferiorizan a la mujer, se ha propuesto una serie de reformas tendientes a garantizar la opción de decidir sobre el orden de los apellidos al momento de la inscripción en el Registro Civil. Además, se propone cambiar la categoría binaria sexo, por género, en el registro de datos de la cédula de identidad, para incluir a la diversidad sexo – genérica. Por último, se ha planteado un procedimiento administrativo que permite rectificar la información que consta en la cédula de identidad para hacerla coincidir con la identidad de género de su titular.
Con el fin de armonizar la normativa existente en materia penal con los preceptos constitucionales, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), en el año 2008, asumió la tarea de preparar el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales. Posteriormente, en octubre del 2011, se presentó el proyecto de Código Orgánico Integral Penal ante la Asamblea Nacional. Con el objeto de garantizar los derechos de las mujeres, en el proyecto se incorporaron nuevos tipos penales por los cuales se establecen sanciones a quienes incurran en los delitos de violencia intrafamiliar y femicidio. En contraste con la actual Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia, el proyecto de Código Orgánico sanciona la violencia de cualquier tipo cometida contra la mujer, sin limitarse solamente a lo físico. En lo concerniente al aborto, se contempla el aborto terapéutico en aquellos casos en los que la mujer haya sido víctima de violación, desapareciendo la causal de discapacidad intelectual.
En base a estos antecedentes y tomando en cuenta la recomendación realizada por el Comité respecto a que el Estado considere la violencia doméstica un delito, se han realizado importantes esfuerzos en lo concerniente a la tipificación de ciertas conductas que vulneran los derechos de las mujeres.
Paralelamente al debate sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, las organizaciones nacionales y regionales de mujeres que han participado en el mismo, han identificado la necesidad de reformar la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Entre las reformas que se plantean está la protección a la mujer contra la violencia cometida tanto en el ámbito público como en el privado.
El Estado ecuatoriano entró en un proceso de transformación, en concordancia con el nuevo paradigma constitucional denominado “Sumak Kawsay” o “Buen Vivir”, como alternativa al desarrollo tradicional, que demanda el fortalecimiento de lo público y la creación de nuevas funciones del Estado. A tal efecto, los esfuerzos se centran en potenciar la institucionalidad, recuperando sus roles en la planificación, enriquecida por la incorporación del enfoque de derechos humanos y los enfoques más específicos de igualdad de género, intergeneracional, intercultural, movilidad humana y de discapacidades.
1.Sistema de Planificación Nacional
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), creada en el año 2004, con el objeto de encargarse de la formulación de políticas, normas, metodologías e instrumentos técnicos que impulsen el desarrollo integral del país, presentó en el año 2007 el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. No obstante, con la entrada en vigor de la Constitución de 2008, que contempla la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de los recursos públicos y la coordinación de las competencias entre el gobierno central y los gobiernos autónomos, se elaboró el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) para el periodo 2009-2013.
En relación a la recomendación del Comité sobre la incorporación de la perspectiva de género en las políticas económicas y sociales, en el PNBV se incorporó un número importante de políticas y metas orientadas, tanto de manera implícita como explícita, a la protección de los derechos de las mujeres, en su diversidad. Estas políticas fueron construidas con la asistencia técnica del mecanismo de género del Estado. En lo concerniente a la observación formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sobre el fortalecimiento del sistema de indicadores sociales nacionales para incluir datos desglosados sobre la situación de las mujeres indígenas y afro-descendientes, el PNVB además de prever políticas específicas en el caso de mujeres indígenas, afro-descendientes y montubias, establece la necesidad de que se cuente con cifras desagregadas por sexo, a nivel de ciertos indicadores y metas.
De igual manera, en relación a los instrumentos estratégicos que ha desarrollado la SENPLADES para operativizar la gestión de lo público, se ha avanzado en la incorporación del enfoque de género. De esta forma, se ha incorporado el enfoque de género en instrumentos como: a) las normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública; b) la guía de formulación de políticas públicas sectoriales desde un enfoque basado en derechos humanos; c) la guía de participación ciudadana en la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; d) la guía metodológica de planificación institucional; e) la guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias.
Sin perjuicio de los esfuerzos que han sido especificados, en la última evaluación anual realizada al PNBV 2009-2013, en el año 2011, se pudo determinar que continúa siendo un desafío para el Estado la eliminación de brechas en el acceso por parte de la mujer a políticas sociales básicas, por lo que en el año 2012, el Consejo Nacional de Planificación resolvió integrar 7 nuevas estrategias dentro del PNVB, con el objeto de atender a los obstáculos fundamentales que fueron identificados. Entre las estrategias que fueron presentadas, consta la Estrategia Nacional para la Igualdad.
2.Institucionalidad a favor de los derechos de las mujeres
a.Mecanismo de Género del Estado
La Constitución de 2008 establece la creación de los denominados Consejos Nacionales para la Igualdad, en sustitución de los consejos nacionales de niñez y adolescencia, de discapacidades, de mujeres, de pueblos y nacionalidades indígenas, de afro-ecuatorianos y montubios. El proyecto de ley orgánica permitirá instrumentar los cambios y las nuevas competencias que la Constitución 2008 reconoce a los Consejos Nacionales de la Igualdad. Dando cumplimiento a esta nueva política de Estado, según el mandato constitucional que establece la creación de un mecanismo especializado para formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, se creó en el 2009, la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres (denominado como Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género [CDT]) que reemplaza al Consejo Nacional de Mujeres, creado en 1998.
A dicha Comisión se le otorgaron, entre otras atribuciones, diseñar la estructura institucional que se deba implementar para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, preparar los proyectos de reformas normativas para la creación del Consejo Nacional de Igualdad de Género, y expedir las resoluciones necesarias para el funcionamiento y organización de la Comisión y asumir los activos y pasivos del Consejo Nacional de las Mujeres.
b.Estatuto Orgánico y Ley de Igualdad
La CDT entregó en noviembre del 2010 a las autoridades pertinentes, el “Estatuto Orgánico del Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género” y la normativa jurídica que lo sustenta: “Proyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de diversa condición sexo genérica”. Para el efecto, el Pleno de la Comisión de Transición, dedicó varias jornadas de discusión y consultas sobre los contenidos y se trabajó en talleres específicos de construcción colectiva, con el apoyo especializado de profesionales expertos y expertas en la materia. En el proceso también se contó con la participación de cerca de 400 mujeres pertenecientes a más de 100 organizaciones a nivel provincial o nacional.
El proyecto de Ley de Igualdad contempla la creación de un Sistema Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica, en el marco del Sistema de Garantía de Derechos, que es parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad establecido en la Constitución. Esta propuesta que incluye por primera vez a las personas de diversa condición sexo – genérica, fue aprobada solo en su parte sustantiva, pues la CAL enfatizó que el diseño de la parte orgánica es una atribución de la Función Ejecutiva, la cual, como se mencionó anteriormente, ha presentado el Proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Actualmente la Asamblea analiza este proyecto de ley y otros presentados por la sociedad civil, para contemplarlos como una sola propuesta.
En relación a la recomendación del Comité sobre integrar funcionalmente el Consejo en la estructura del gobierno y que se le otorgue el mandato y la autoridad jurídica que resulten necesarios, mediante una legislación específica, tanto el Proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad como los Proyectos de Ley de Igualdad regulan la creación un mecanismo de género sólido, estructurado en base a la diversidad y a todos los enfoques de derechos.
Paralelamente, la Comisión ha impulsado procesos acordes a las reformas del Estado y a sus atribuciones institucionales. Así, en el 2010, el Directorio de la Comisión de Transición decide dar un salto conceptual y pasar del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2005-2009, al “Plan de Igualdad, no discriminación y buen vivir para las mujeres ecuatorianas”, por lo que en ese año se construye de manera participativa el “Marco conceptual, ruta metodológica y estrategia de transversalización 2010-2014”.
No obstante, la SENPLADES dispone que los Consejos de Derechos (futuros Consejos Nacionales para la Igualdad) construyan Agendas de Igualdad, como herramientas, que permitan transversalizar los distintos enfoques de igualdad en los instrumentos de planificación, política pública, programación y presupuesto de la gestión pública. Por esta razón, los insumos técnicos, conceptuales y metodológicos preparados para el Plan, pasaron a ser utilizados en el diseño y construcción de la Agenda.
c.Agenda Nacional para la igualdad, no discriminación y buen vivir de las Mujeres y Personas de Diversa Condición Sexo – Genérica en el Ecuador 2013-2017
En el 2011, la CDT, en coordinación con la SENPLADES, empezó la construcción de la Agenda, debido a que este instrumento forma parte del Sistema Nacional de Planificación del Estado. Para ello, se llevó a cabo un amplio proceso de participación, estructurado en 14 eventos que contaron con la asistencia de alrededor de 800 representantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos a nivel nacional. En el marco de la construcción de la agenda, estos encuentros se llevaron a cabo con el fin de conocer sus reivindicaciones, tanto nacionales como territoriales, así como sus propuestas de políticas públicas en los ámbitos de la salud, el empleo, la participación, la educación y la lucha contra la violencia de género. Esta herramienta, se deberá articular con la Estrategia Nacional de Igualdad e implementarse en coordinación con las instituciones públicas rectoras.
d.Agendas Locales
En el marco del nuevo mandato constitucional, y acorde a las competencias establecidas en el COOTAD, en el 2011, algunos gobiernos autónomos descentralizados (GADs) iniciaron procesos de construcción de agendas provinciales para garantizar los derechos de las mujeres. En el Gobierno Provincial de Loja se realizó un trabajo participativo con la asistencia técnica de la Comisión de Transición y representantes de la sociedad civil, quienes se encargaron de levantar la línea base para la construcción de la “Agenda de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir de las Mujeres de la Provincia de Loja”. De igual manera en la provincia del Azuay, se construyó una Agenda Provincial de Mujeres del Azuay, como un mecanismo participativo, que pretendió evidenciar las necesidades específicas de este grupo poblacional y promover la incorporación de estas necesidades en planes, programas y proyectos de los gobiernos locales de la provincia. Es un reto del Estado concretar estas iniciativas en el resto de GADs.
3.Institucionalidad de género en el resto del Estado
En el nuevo escenario del Estado, se han realizado esfuerzos tendientes a incorporar el enfoque de género en el sector público. No obstante, todavía es un desafío la generación de capacidades y destrezas para formular, implementar y evaluar políticas de igualdad en razón de género.
a.Función ejecutiva
A nivel del Estado central, y en base a la actual Constitución, dentro del período comprendido entre el 2008 y el 2011, en 4 Carteras de Estado se han realizado esfuerzos por mantener las direcciones o departamentos de género existentes.
En el Ministerio del Interior se mantiene la Dirección de Género, que tiene entre sus competencias la coordinación de Comisarías de la Mujer y la Familia (36), distribuidas en el territorio nacional. En el Ministerio de Educación se ha mantenido la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, para garantizar el derecho a una educación equitativa, de calidad y libre de violencia. En el caso del Ministerio de Relaciones Laborales, la Dirección de Atención Prioritaria continúa fiscalizando el cumplimiento de las normas laborales a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran las mujeres embarazadas.
En este último período, se han adoptado medidas para combatir el despido de mujeres a través de la inclusión del enfoque de género en los procesos de inspección y de la difusión de los derechos laborales de las mujeres y de la sensibilización y formación en género a inspectores. En diciembre del 2011, dentro del Ministerio de Finanzas, la Dirección de Género pasó a denominarse Dirección Nacional de Equidad Fiscal. Entre sus funciones consta la de formular y evaluar lineamientos y acciones de política fiscal y asignación de recursos públicos del Presupuesto General del Estado para el cierre de brechas de inequidad por razones de género, entre otras.
Por otro lado, se han creado direcciones y departamentos de género a nivel ministerial. En el año 2007, se creó en el Ministerio de Salud Pública (MSP) la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva, la cual se encargó de la elaboración de la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Por su parte, en enero del 2011, en el Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA) se creó la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Comando Conjunto de las FFAA de Ecuador. Anteriormente, esta Dirección existía solamente dentro del Ejército.
Adicionalmente, se han creado espacios que, si bien no cuentan con un nivel de institucionalización formal, responden a un esfuerzo para abordar la perspectiva de género. Así, en junio de 2011, se creó la Comisión de Trabajo en Género del MIDENA y las Fuerzas Armadas, como mecanismo para la transversalización de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas. Esta Comisión tiene como atribuciones facilitar, impulsar y garantizar la incorporación de las mujeres en la carrera militar, en igualdad de oportunidades que los hombres.
En relación a los esfuerzos de carácter interinstitucional, en agosto de 2010, se creó la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Género, integrada por la Comisión de Transición hacia el Consejo de Mujeres y la Igualdad de Género y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la que también participa la SENPLADES. Dentro de esta Comisión, la CDT ejerce la presidencia. Esta Comisión coordina, estandariza y transversaliza los conceptos y métodos de producción de información, de forma que expongan la situación de las mujeres y las desigualdades de género en los diferentes ámbitos de acción, mediante el trabajo conjunto de las instituciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional, facilitando la construcción de herramientas sistémicas y transparentes para una adecuada formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
En el ámbito de la cooperación internacional, también se han implementado iniciativas tendientes a incluir el enfoque de género. Es así que en el 2010, como resultado de la coordinación entre la Comisión de Transición y la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), se instaló la “Mesa de Género y Cooperación Internacional”, responsable de definir los lineamientos en el ámbito de la cooperación internacional en materia de género. A través de este espacio, se ha conseguido que parte de los recursos que lleguen al país, por vía de la cooperación internacional, sean destinados a las políticas de igualdad y no discriminación de la Agenda de las Mujeres y la Igualdad de Género.
La SETECI ha elaborado un plan de capacitación para su personal, con el objetivo de generar capacidades e incorporar el enfoque de género a nivel institucional y dentro de sus políticas, programas y acciones. Asimismo, su acción se ha enfocado en la verificación y evaluación de los proyectos de cooperación internacional e instrumentos para la aplicación de la política institucional.
b.Función legislativa
Mediante la promulgación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el año 2009, se creó la Unidad Técnica Legislativa, en reemplazo de la Comisión de Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia, que existía anteriormente, con el objeto de acompañar el proceso de formación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea un informe no vinculante que, entre otros temas, dé cuenta del uso de lenguaje no discriminatorio y del impacto de género.
En ese mismo año, se conformó el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres (GPDM) Ad Hoc, para garantizar la incorporación de la temática de género en las leyes y dentro de la Asamblea Nacional. Para tales fines, el Grupo, que se encuentra conformado por asambleístas de distintas líneas políticas, realiza capacitaciones, analiza proyectos de ley y recepta las propuestas y necesidades de la sociedad civil, además de otras entidades del Estado.
El Grupo Parlamentario desarrolló los días 18 y 20 de junio de 2012 el seminario: “Enfoque de Género en las Leyes”. Entre las temáticas abordadas en el evento constan: “Diferencias entre enfoque e impacto de género en las leyes, la experiencia de la Asamblea Nacional”, “Análisis de género en el fenómeno legal”; “La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entre otras.
c.Función de transparencia y control social
A partir del año 2009 se creó en la Defensoría del Pueblo (DPE) la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza. En el año 2011, dicha Dirección elaboró un proyecto para transversalizar el enfoque de género al interior de la institución y a nivel de las delegaciones provinciales. Así, en el marco del proyecto se plantea realizar un diagnóstico de relaciones de género al interior de la institución y luego establecer un proceso de sensibilización.
En el marco de sus funciones, la DPE lleva a cabo una serie de investigaciones que culminan con la publicación de informes temáticos sobre la situación de los derechos humanos en el país. En mayo de 2012, se inició la elaboración de un Informe Temático, referente al derecho a la igualdad, incluyendo el tema de género, con el objeto de identificar los estándares nacionales e internacionales en esta materia, aplicados a la publicidad y a la producción nacional de los medios de comunicación en el Ecuador.
En lo referente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se han desarrollado procesos de designación de autoridades, para que integren las instituciones de las distintas funciones del Estado, para lo cual se han contemplado acciones afirmativas, con el objeto de lograr la paridad en la conformación de distintos cuerpos colegiados como la Corte Nacional de Justicia. El propio Consejo está integrado de manera paritaria por hombres y mujeres.
d.Función judicial
En el año 2011, mediante consulta popular, se aprobó la reestructuración de la Función Judicial y se conformó el Consejo de la Judicatura de Transición. En el 2012 se constituyó una mesa de trabajo denominada “Mujeres y justicia”, en la que participa la CDT, a fin de incorporar la perspectiva de género en el sistema de justicia y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional. Esta mesa se encuentra a cargo, entre otros temas, del diseño de protocolos de atención, para evitar que exista una re-victimización de las mujeres que acceden al sistema judicial y del diseño de un sistema geo-referenciado de servicios para las instituciones involucradas, a fin de atender a mujeres víctimas de violencia.
Además, se encarga de acompañar al Consejo de la Judicatura de Transición en la implementación de los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia, y de las unidades técnicas especializadas que existan en su interior, conforme a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Estas unidades serán integradas por médicas, médicos, psicólogas, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales, entre otros profesionales.
Por otro lado, el Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) de la Policía Judicial, denominado hasta 2007 Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia (ODMU), implementa una serie de actividades, entre las cuales se encuentran brindar asesoría legal y psicosocial, realizar charlas de prevención de la violencia intrafamiliar y llevar a cabo operaciones policiales de intervención e investigación en los casos de Violencia Intrafamiliar, establecidos en la Ley 103 “Contra la violencia a la Mujer y la Familia”.
e.Ámbito local
En el COOTAD se establece un mecanismo de coordinación entre los Consejos Nacionales de Igualdad y los GADs, que consisten en la creación de Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, que tienen como atribuciones: la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos; articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Aunque hasta el momento se siguen conformando estos consejos, existen algunos gobiernos locales que ya han empezado a trabajar en el tema, como el caso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que a través de la Secretaría de Inclusión Social y la Comisión de Equidad Social y Género, se encarga de los temas de género, abordados sobre todo desde el ámbito de violencia.
4.Presupuestos destinados al cumplimiento de los derechos de las mujeres.
Siguiendo la recomendación del Comité, de generar políticas económicas y sociales y de inversión pública que tengan en cuenta la situación de la mujer, la CDT y el Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección de Equidad Fiscal, estableció varias estrategias para la incorporación del enfoque de género en la política fiscal. El primer acercamiento a los presupuestos públicos con enfoque de género, fue la implementación del factor J, posteriormente denominado función K, en la normativa presupuestaria nacional vigente para los períodos 2010 y 2011, cuyo objeto primordial era transparentar las asignaciones presupuestarias de gasto corriente que realizan las instituciones públicas, destinadas a políticas en favor de las mujeres, o de igualdad en razón de género.
La función K evolucionó en el “Catálogo de Orientación de Gastos, Políticas de Igualdad de Género”, de uso obligatorio para el sector público en el ejercicio presupuestario 2012. Este instrumento permitirá a las instituciones alinear sus planes, programas, proyectos y políticas institucionales, a 11 líneas estratégicas de políticas de igualdad de género, propuestas por la CDT y acogidas por la actual Dirección de Equidad Fiscal. El objetivo del actual Catálogo sigue siendo el mismo, evidenciar el presupuesto corriente que asignarán cada una de las instituciones públicas, para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Para el año 2010, se reportaron 8’365.843.60 dólares en la Función K, lo cual representaba el 0,04% del monto total del Presupuesto General del Estado (PGE), que para ese año ascendió a 21.282.062.278,62 dólares. En el año 2011, las asignaciones presupuestarias que se registraron en la Función K equivalieron a de 31.441.125,35 dólares, que corresponden al 0,13% del monto total del PGE, el cual para ese año fue de 23.950.249.957.03 dólares. Finalmente, para el año 2012 el presupuesto designado para proyectos alineados a políticas de igualdad de género fue de 1.363´743.747, dólares, lo cual equivale al 5,07% del total del presupuesto, que fue 26.916.000.000 dólares
Pese a ser una disposición expresa de la normativa presupuestaria destinar parte del presupuesto a políticas de igualdad, solo el 14% de instituciones han alineado sus proyectos a la equidad de género (457 instituciones de las 3210 que existen en el sector público). Sobre la base de esto, el Estado considera que a pesar de los esfuerzos realizados, sigue siendo un reto el implementar componentes claves como la capacitación en las áreas de planificación y presupuestos de las entidades públicas, para que se apropien del instrumento presupuestario, desde la comprensión de cada línea de política de igualdad, así como, el diseño de instrumentos metodológicos complementarios (normas, guías, manuales, instructivos, etc.), con pautas que guíen a las instancias respectivas en el proceso de asignación de presupuestos alineado a las políticas de igualdad.
A su vez, constituye un desafío para el Estado, el promover mecanismos de vigilancia que involucren a la sociedad civil, por los cuales se pueda observar la adecuada asignación de presupuestos participativos con enfoque de género en el espacio público. Por otro lado, a nivel de los GADs constituye también un reto para el Estado la conformación de Comisiones Permanentes de Igualdad que permitan transversalizar el enfoque de género en los planes y proyectos que se pretendan realizar a nivel local.
El mecanismo de género del país, durante el período 2007-2011, ha recibido las siguientes asignaciones presupuestarias, provenientes del PGE: en el 2007, la asignación presupuestaria fue de 2.774.451,45 dólares, correspondiente al 0,02% del presupuesto de ese año. En el año 2008, esta asignación fue de 2.303.513,64 dólares, lo cual representa el 0,02% del PGE de ese año. En el año 2009, la asignación fue de 3.335.875,92 dólares lo cual representa el 0,02% del PGE de ese año. Para el año 2010, la asignación se redujo a 3.163.317,76, lo cual corresponde al 0,01% del PGE de ese año. Finalmente en el año 2011, la asignación fue de 2.747.550,13 dólares, cuya relación con el PGE fue del 0,01%.
Por último, para el año 2012, la asignación fue disminuida en un 45,03%, y entregada únicamente para cubrir gastos corrientes con un mínimo porcentaje para el financiamiento de actividades encaminadas al diseño e implementación de políticas públicas. Esta disminución se realizó en el marco del período de transición en el que se encuentra actualmente el mecanismo de género, de conformidad con lo establecido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, referente a que si bien todas las instituciones en transición no ejecutan propiamente proyectos y programas de inversión, requieren de recursos menores hasta concretar sus atribuciones mediante la institucionalidad. Por consiguiente, todos los ministerios sectoriales tienen la obligación de implementar el enfoque de género dentro de sus políticas, con asesoría de la CDT, en el ámbito de sus competencias.
Dentro de la transición hacia la nueva estructura de los Consejos para la Igualdad, la CDT ha logrado cumplir sus objetivos y metas establecidos en sus planes operativos anuales, maximizando el uso de sus recursos y cumpliendo su rol constitucional.
5.Información estratégica
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Género, ha emprendido diversas acciones para responder a las constantes y cada vez más crecientes demandas de información con enfoque de género. Así, se ha emprendido la Estrategia de Desarrollo Estadístico en materia de género, dentro del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico (PENDES-septiembre de 2008) y el PNBV 2009 – 2013.
Un hito importante en la institucionalización del enfoque de género en la producción de estadísticas ha sido el desarrollo de las Encuestas del Uso del Tiempo (EUT) (2005, 2007, 2010 y noviembre del 2012). En el año 2007, la encuesta se realizó de manera independiente, ya que la anterior era parte de la encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo que periódicamente realiza el INEC. Con la información recabada en las EUT se han llevado a cabo algunas investigaciones como: “El Tiempo de Ellas y de Ellos – Indicadores de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2007”; “Economía del Cuidado, Trabajo Remunerado y No Remunerado en Ecuador” y “Valoración Económica del Trabajo no Remunerado y su aporte al PIB”. Estos estudios permiten evidenciar las contribuciones de las mujeres y los hombres en el hogar y la familia, los cuidados prestados, y el aporte social y económico del trabajo doméstico realizado por las mujeres.
Las EUT han permitido avanzar en el diseño de marcos legales que reconocen el trabajo no remunerado en los hogares como productivo, a la vez que han permitido identificar necesidades que resulten en la creación de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Adicionalmente, en el período 2011-2012, se ha trabajado en la creación de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado, como parte del Sistema de Cuentas Nacionales, para conocer el aporte de este tipo de trabajo al PIB.
A pedido de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Género y con el propósito de visibilizar la situación de las mujeres y las desigualdades de género, en el Censo de Población y Vivienda 2010, se incluyeron indicadores de género. Los indicadores integrados al Censo fueron: índices de feminidad y masculinidad, tasa de dependencia económica por hogar, indicadores por jefatura de hogar, adolescentes mujeres con hijos, mujeres en edad fértil, población afiliada y/o que aporta al IESS, entre otros. De igual manera, en el Censo Nacional Económico, desarrollado en el año 2010, se incluyeron variables que permiten conocer la participación de las mujeres en los establecimientos económicos pequeños, medianos y grandes, además de la distribución de hombres y mujeres remuneradas y no remuneradas. Finalmente, la información obtenida, fue procesada por el INEC para el diseño de políticas públicas.
En respuesta a la recomendación del Comité, de fortalecer el sistema de indicadores sociales nacionales para incluir datos desglosados sobre la situación de las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana, sobre todo en las zonas rurales, el Estado ha considerado los enfoques de género y etnia como transversales en la producción de estadísticas oficiales; para lo cual ha visto necesario avanzar en la especificidad de la información estratégica. Por tanto, en el año 2007 se conformó dentro del INEC la Comisión Nacional de Estadística para Pueblos indígenas, afro-ecuatorianos y montubios (CONEPIA). Por otro lado, el Sistema Nacional de Información ya incluye una serie de indicadores nacionales desagregados por sexo y etnia.
Uno de los logros más importantes de esta Comisión ha sido la inclusión de la pregunta de auto-identificación étnica en el Censo de Población y Vivienda 2010 y las subsiguientes encuestas y registros administrativos. Según este Censo, en el Ecuador habitan 14.483.499 personas, de las cuales el 50,5% son mujeres y el 49,5% son hombres. Del total de la población femenina, el 7,1% se auto-identifica como indígena, el 7,0% como afro-ecuatoriana, el 6,8% como montubia, el 72,6% como mestiza y el 6,1% como blanca. Asimismo, del total de la población masculina, el 7,0% se auto-identifica como indígena, el 7,4% como afro-ecuatoriana, el 7,9% como montubia, 71,3% mestiza como y el 6% como blanca.
Por otro lado, entre noviembre y diciembre del año 2011, la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Género llevó a cabo la primera Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Éste fue un trabajo conjunto entre la CDT, el INEC y el Ministerio del Interior, en el marco del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres. La Encuesta tuvo una cobertura nacional, urbano-rural y provincial, siendo consultadas mujeres de 15 años y más, en una muestra de 18.800 viviendas.
En respuesta al Comité, sobre la recomendación de adoptar medidas contra la discriminación de las minorías sexuales, en el 2012, la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Género, asumió el reto de realizar una investigación sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBT en el Ecuador. Se prevé realizar dicha investigación a través de las organizaciones dedicadas al trabajo con esta población en las provincias donde se encuentran las redes de organizaciones de personas, con distintas identidades de género y orientaciones sexuales, más representativas a nivel nacional.
6.Erradicación de la violencia de género
La actual Constitución garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, lo que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Por lo tanto, los avances se han visto enfocados en cumplir con este mandato para proteger a las mujeres, activando todas las instancias de garantía y protección de derechos. De esta manera, se ha buscado cumplir con las observaciones realizadas por el Comité en cuanto a la aplicación de una legislación adecuada para combatir la violencia y reforzar los mecanismos de protección de derechos. Uno de estos esfuerzos constituye el impulso del Proyecto del Código Integral Penal, en el que se están debatiendo temáticas impulsadas por el bloque de mujeres, para que se contemplen sus derechos.
a.Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas-Niños y Adolescentes
En el 2007, la lucha contra la violencia de género se plasmó como Política de Estado mediante un Decreto Ejecutivo que estableció el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual responde a la recomendación del Comité, en cuanto a la implementación de una estrategia global para combatir y erradicar todas las formas de violencia. Este Plan integra a los Ministerios del Interior, de Inclusión Económica y Social (incluyendo al Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INFA, adscrito a esta Cartera de Estado), de Educación, de Salud Pública, de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la CDT y al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA). Sus ejes estratégicos de acción son: a) Transformación de patrones socioculturales, b) construcción y fortalecimiento del Sistema de Protección Integral, c) acceso a la justicia; y d) construcción e implementación del Sistema Único de Registro e Institucionalidad.
Una de las acciones relevantes del Plan, dentro del eje de transformación de patrones socioculturales, consistió en la implementación de la Campaña “Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia”, llevada a cabo desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2010, basada en herramientas educativas y comunicacionales y en la difusión de mensajes en medios masivos de comunicación nacional y local y medios alternativos como festivales, concursos, teatro-debate, grafitis, gigantografías, etc. Posteriormente, se elaboraron insumos sobre la lucha contra la violencia, interculturalidad, y corresponsabilidad para ser incorporados en la segunda fase de esta Campaña masiva.
En el marco del eje del Sistema de Protección Integral de este Plan y en respuesta a la recomendación del Comité de brindar protección y asistencia a las víctimas, se ha priorizado la creación e implementación de casas de acogida y centros de atención a mujeres víctimas de violencia en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Al 2012, existen 15 centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que cuentan con un modelo de atención y equipos técnicos capacitados.
En lo que respecta a este punto, el Estado reconoce que es necesario el fortalecimiento de los procesos implementados, a fin de brindar una atención integral a las mujeres, adolescentes, niños y niñas victimas de todas las formas de violencia, mediante la incorporación de una capacitación continua y de apoyo permanente a los equipos multidisciplinarios estatales.
Durante el período 2007 – 2011, las Comisarías de la Mujer y la Familia han tenido conocimiento de un total de 319.748 casos por denuncias y demandas de violencia. Por su parte, la Policía Nacional, a través del DEVIF, ejecuta las decisiones emanadas de las Comisarías de la Mujer y otras dependencias policiales (como Migración y Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN).
En el año 2009, surgió la propuesta de creación e implementación del proyecto piloto denominado “Salas de primera acogida para víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar”. Estas salas consisten en espacios diseñados en hospitales públicos para dar atención integral y especializada de carácter médico, psicológico, social y jurídico, con calidad y calidez, a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar. Al 2011, existen 15 salas a nivel nacional y 11 a nivel provincial.
Por otro lado, dentro de las Unidades de Vigilancia administradas, por el Ministerio del Interior en coordinación con el MJDHC, se han incorporado servicios integrales de justicia y policía especializados.
Asimismo, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), los Centros de Protección de Derechos, regidos por dicha cartera de Estado, reciben denuncias y conocen casos de vulneración de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estos centros han desarrollado un proceso de fortalecimiento en lo que se refiere a mecanismos administrativos de solución de casos, como una medida alternativa al proceso judicial. Al 2012, se cuenta con 82 puntos de referencia para el tratamiento de estos casos y, de enero a diciembre del 2011, se atendieron 571 casos de violencia y acoso sexual, 6807 casos de violencia intrafamiliar y 3243 casos por juicios de alimentos, los mismos que han sido remitidos a los sistemas correspondientes como salud y/o justicia.
En el tercer eje estratégico del Plan, que se refiere al acceso a la justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en la construcción de procesos, de atención en peritaje integral, con el objetivo de acortar los tiempos del proceso y conocer la mayor cantidad de expedientes, evitando la impunidad. Además, realiza esfuerzos por integrar a especialistas con enfoque de derechos humanos. Por otro lado, en el MJDHC, se han creado 4 oficinas de atención a la ciudadanía, por medio de las cuales se brinda atención jurídica, psicológica y social, de manera gratuita, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Lago Agrio.
A fin de garantizar el acceso a la justicia, es importante lograr la desconcentración a nivel provincial y cantonal de los servicios de judiciales, para atender los requerimientos de mujeres refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes, mujeres rurales y víctimas de trata. De igual manera, consiste un desafío garantizar la capacitación permanente y especializada, en derecho procesal con enfoque de género y derechos humanos, al personal de la FGE, Policía Nacional y a operadores de justicia en general.
En atención a la recomendación del Comité, sobre la presentación de datos de los diferentes tipos de violencia, en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género se recoge información estadística sobre la prevalencia, incidencia y magnitud de los distintos tipos de violencia (física, psicológica, sexual) que sufren o han sufrido las mujeres, tanto en el ámbito público (escolar, laboral y social) como en el privado (hogar, familia, relación de pareja). Entre los resultados se encuentra que el 61% de las mujeres que viven en Ecuador son violentadas en razón de su condición sexo-genérica.
En el eje del Plan, referente a la implementación de un Sistema de Registro Único, se ha creado el Software de Comisarías, instrumento que facilita la recopilación y la información estadística sobre denuncias recibidas en las mismas. En cuanto al eje de institucionalidad, los Ministerios que son parte de la Secretaría del Plan, cuentan con instancias específicas para el tratamiento de la violencia, como la Dirección Nacional de Género en el Ministerio del Interior, la Dirección para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, el Programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género y la Violencia Sexual del Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría de Inclusión y Cohesión Social del MIES y las Direcciones de Relación con la Ciudadanía y Derechos Humanos del MJDHC. Sin embargo, aún es un reto para el Estado el consolidar una institucionalidad sostenible, activa y articulada para la continuidad del Plan.
El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia inicialmente no contó con un sistema de evaluación; sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el año 2012, acreditó al Foro de Mujeres de la sociedad civil, para que realice una veeduría al presupuesto del Plan y otra a los servicios en relación a mujeres víctimas de violencia, correspondiente al período 2008 - 2011. Desde inicios de 2012, la Secretaría del Plan encamina esfuerzos para articular el mencionado documento al Plan Nacional de Desarrollo, subsiguiente al PNBV 2009-2013.
b.Plan Integral para la Erradicación de Delitos Sexuales en el Sistema Educativo
En referencia a la violencia en el ámbito educativo y en atención a la recomendación del Comité, el Plan Integral para la Erradicación de Delitos Sexuales en el Sistema Educativo, modificado en el año 2011, incorpora los enfoques de género, generacional, intercultural, de discapacidad y de movilidad, a través de la participación, prevención, protección, atención, sanción y restitución efectiva de los derechos de los estudiantes en casos de violencia sexual y cualquier tipo de discriminación. La actualización del Plan, tuvo como objetivo adoptar medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de infracciones sexuales, así como reforzar los programas de sensibilización y formación continua sobre la problemática de la violencia sexual a docentes. A su vez, el Plan establece la obligación de que todas las unidades educativas a nivel nacional incorporen en sus políticas y en la actividad académica esta problemática, sobre la base del respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En el marco del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, se han desarrollado estrategias como la expedición de normativas para el tratamiento de la violencia de género y la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo, que comprende acciones como las siguientes: capacitación a docentes e inclusión de asignaturas sobre sexualidad en la formación del nuevo profesorado. Asimismo, se ha implementado un módulo de capacitación para el curso de formación a docentes “Si Profe” sobre género y erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo, cuyo objetivo es sensibilizar a docentes en su rol de garantes de derechos. Este módulo ha servido para capacitar en el año 2011 a 5.000 docentes en esta temática.
Entre las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Educación, conjuntamente con la FGE, se encuentra un programa denominado “Recorrido Participativo”, que tiene la finalidad de generar protocolos de investigación, detección y actuación en casos de violencia sexual. Por otro lado, el Ministerio de Educación, en coordinación con el MIES, elaboró y socializó Kits de recorrido participativo, que comprenden una serie de folletos, información y material didáctico sobre la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, con el objetivo de implementarlos dentro del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género.
En el año 2011, el CNNA, en coordinación con el Ministerio de Educación, Consejos Cantonales de Niñez y otras instituciones, ha trabajado en la construcción de códigos de convivencia, entendidos como un conjunto de principios que orientan los comportamientos personales y sociales y posibilitan una vida solidaria, equitativa y saludable. Estos códigos han sido instaurados en las entidades educativas a nivel nacional, con la participación de la comunidad educativa, en ellos se insta a denunciar casos de vulneración de derechos, como el derecho a la vida, integridad personal y a la dignidad. La inversión destinada a esta actividad asciende a 54.446 dólares. Por otro lado, en el mismo año, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos del CNNA, emitieron medidas administrativas de protección para casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Para este efecto, se ha capacitado a 192 miembros de las Juntas y se ha dado asistencia técnica a 158 juntas, con una inversión de 61.407 dólares.
En el marco del Programa de Atención Integral a la Violencia basada en el Género, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Salud Pública, se han desarrollado acciones de capacitación permanente, tales como: el primer proceso de capacitación regional sobre la Norma de Atención en Violencia en el año 2009, dirigido a más de 300 profesionales. En el año 2010, se realizó el adiestramiento en pericias médico psicológicas para personal de salas en 9 hospitales del país. En el 2011, se impartió el curso "Formación de facilitadores para la aplicación de la Norma de Atención en Violencia", por Internet, con una frecuencia cuatrimestral y ese mismo año se llevó a cabo el Curso Introductorio de Pericia Médico Legal, auspiciado por el Ministerio de Salud Pública y dirigido a personal de salud y policía especializada en el manejo de evidencias de violencia sexual en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La Comisión de Transición, desde enero hasta diciembre del año 2010, formuló y ejecutó el proyecto denominado: “Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Género para la Prevención y Protección del Derecho a una Vida Libre de Violencia”, que tuvo entre sus objetivos, contribuir al fortalecimiento del Estado en la lucha por la erradicación de la violencia de género. Para este fin, en coordinación con el MJDHC, el Consejo de la Judicatura y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), se creó el Diplomado denominado “Género, Justicia y Derechos Humanos”, el cual contó con 2 ediciones en las ciudades de Quito y Cuenca. De esa manera, se otorgaron 39 becas asignadas a juezas, jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos.
d.Investigaciones sobre violencia
La CDT realizó en el año 2011 una investigación sobre el “Femicidio en el Ecuador, desarrollada en las ciudades de Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil y Portoviejo. En el marco de dicha investigación, se elaboró un análisis sobre los fallos judiciales y las publicaciones de los medios de comunicación referentes al femicidio. Los datos obtenidos en dicha investigación, de manera general, expresan lo siguiente: la gran mayoría de los homicidios de mujeres son femicidios. Esta problemática que refleja datos alarmantes, representa un reto para el Estado. En este sentido, se ha establecido como primer paso para combatir el femicidio a nivel nacional, su inclusión como delito grave en el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Por otro lado, se ha elaborado una investigación para medir el impacto de la “Campaña Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia”. Esta investigación comprendió un estudio cuantitativo y cualitativo para determinar el grado de conocimiento y recepción del mensaje de la campaña comunicacional, así como los avances en relación a los patrones socioculturales que originan la violencia de género.
e.Acciones locales
Algunos GADs han ejecutado acciones tendientes a la erradicación de la violencia, en el marco de sus competencias. Un ejemplo son las medidas adoptadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que ha elaborado políticas públicas específicas, tendientes a fortalecer el sistema de administración de justicia, a fin de contrarrestar la impunidad en esta ciudad, accionando mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos, en atención a casos con infracciones menores.
En este marco, se fortalece el servicio de los Centros de Equidad y Justicia, espacios de atención integral que tienen como objetivo reparar y garantizar los derechos de la población, basados en enfoques de género, derechos humanos, integralidad en la intervención, trabajo interdisciplinario, criterios de territorialidad y trabajo en red. Asimismo los Centros desarrollan un trabajo donde intervienen la FGE, Policía Judicial, DINAPEN, Comisaría de la Mujer y la Familia, y la Junta Metropolitana de Protección a la Niñez y la Adolescencia. A noviembre 2012, existen 7 centros, distribuidos en las Administraciones Zonales. El presupuesto que los Centros ejecutaron en el año 2010 fue de 975.421,58 dólares y durante el año 2011 fue de 1.635.171,89 dólares.
Desde el año 2007 se regula la protección integral de las niñas, niños y adolescentes contra la explotación sexual en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). A inicios del 2012, se amplía el alcance de las políticas de violencia de género, incluyendo el espacio público como ámbito de acción municipal, además del espacio privado. Entre las disposiciones de mayor importancia están la declaración del 25 de noviembre como “El Día de la No Violencia hacia las Mujeres en el Distrito Metropolitano de Quito” y la consideración del maltrato sexual callejero contra la mujer, entendido como las acciones verbales o físicas no deseadas en espacios públicos o privados, estableciendo sanciones por este tipo de maltrato en medios de transporte público.
En este marco, el 08 de marzo de 2011, el Municipio del DMQ implementó la campaña “Quiero andar tranquila, calles sin acoso”, cuyo fin fue visibilizar la violencia de género en los espacios públicos de la ciudad, como un atentado a los derechos humanos de las mujeres y su derecho al pleno disfrute de la ciudad y concientizar a la comunidad sobre la necesidad de erradicar la violencia sexual en el espacio público. La primera fase de la campaña evidenció la problemática sobre la violencia sexual existente; en tal virtud, se inició el proceso de sensibilización al personal del Sistema de Transporte Metropolitano -Trolebús, a la Policía Metropolitana y a estudiantes secundarios de la ciudad de Quito. La segunda fase, en proceso de implementación, se encuentra orientada a emprender acciones institucionales en torno a la erradicación de la violencia sexual. Inicialmente, se destinó un presupuesto de 130.000 dólares para la campaña.
Otro de los proyectos en ejecución, es el denominado "Quito, ciudad segura para las mujeres y las niñas", que tiene un período de duración de 6 años (2008 – 2014). El objetivo de este proyecto es producir un modelo global de ciudades seguras, a través de la difusión de una serie de herramientas técnicas (comunicacionales, capacitación, entre otras), a los responsables de la toma de decisiones en espacios locales. El enfoque específico del modelo se centra en reducir la violencia, sobre todo sexual, en contra de las mujeres en los espacios públicos. El presupuesto establecido para la ejecución de este proyecto fue de 288.000 dólares.
7.Grupos de atención prioritaria
a.Mujeres en situación de movilidad
La Constitución de la República establece una sección sobre población y movilidad humana, destacando la obligación del Estado de velar por los derechos de las personas en movilidad. Por otro lado, en el año 2007, se crea la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), como entidad competente para ejercer la rectoría de la política migratoria del país y coordinar con los distintos niveles de gobierno la ejecución de planes, proyectos o acciones referentes a esta materia, para propiciar el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes.
En cuanto a la recomendación del Comité de garantizar la inclusión y la protección sistemática de las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, en el país se ha priorizado la protección a quienes soliciten refugio, a través de un trabajo interinstitucional. Con respecto a la determinación de la condición de refugiado, entre el año 2008 y el 2011, la Dirección de Refugio del MRECI, en coordinación con el Ministerio del Interior, aprobó las solicitudes de refugio de 19.487 mujeres y 20.879 hombres, de un total de 40.711 solicitantes mujeres y 49.411 hombres.
Entre las mujeres que obtuvieron el estatus de refugiadas, el 99% son de nacionalidad colombiana, mayoritariamente de entre 18 y 59 años de edad. Estas cifras han aumentado recientemente, puesto que hasta septiembre de 2012, más de 160.000 extranjeros (entre los que consta una significativa parte de mujeres) solicitaron refugio al Ecuador, de ellos, 56.000 personas de distintas nacionalidades obtuvieron esta condición.
Por otro lado, entre las acciones que se han impulsado en materia de Refugio, se encuentran las siguientes: la inclusión del enfoque de género dentro del Manual de Procedimientos de la Dirección de Refugio del MRECI, sobre todo para el tratamiento prioritario de casos de mujeres afectadas por tortura, mujeres en situación de riesgo, víctimas de violencia, mujeres cabeza de familia, mujeres embarazadas y niñas y niños no acompañados o separados de su núcleo familiar.
En coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el MSP, en el 2007, se impulsó un proyecto de difusión a nivel nacional, con el objetivo de sensibilizar a la población de acogida sobre la situación de la población refugiada y sus derechos, especialmente en zonas de frontera.
Adicionalmente, se han generado convenios de apoyo económico y logístico con casas de acogida temporal para solicitantes de refugio. Además, se han impartido charlas de capacitación a solicitantes, con énfasis en los mecanismos de protección que brinda el Estado, especialmente a las mujeres. También se realiza la identificación y remisión de casos de mujeres en situación de riesgo al ACNUR, para valorar la necesidad de llevar a cabo procesos de reasentamiento.
Otro avance importante, que garantiza el derecho al trabajo de las personas refugiadas, es el Certificado Provisional de Solicitantes de refugio, que permite a su titular realizar actividades económicas lícitas, independientes o bajo relación de dependencia, mientras esté vigente. De igual manera, se han implementado acciones tendientes a que exista una coordinación interinstitucional que garantice el derecho al debido proceso a la población solicitante de refugio.
El Estado ha invertido en la creación de oficinas para atender a personas solicitantes de refugio y refugiadas en Quito, Cuenca, Guayaquil, Lago Agrio, Esmeraldas, además de que continúa con el financiamiento para la operación de brigadas en lugares específicos.
Por otro lado, en el año 2008 se creó el “Plan Ecuador”, una política de Estado orientada a promover la paz y el desarrollo integral en la Frontera Norte. Dentro del Plan se elaboró el Programa de Fortalecimiento Institucional en el que se enmarca el Proyecto “Seguridad Humana y Cultura de Paz en la Frontera Norte”, que contempla la coordinación entre la Secretaría Técnica del Plan Ecuador (STPE) y las organizaciones de mujeres, a fin de promover los derechos fundamentales de las personas, combatir la violencia de género y propiciar una cultura de paz.
La STPE, durante los años 2010 y 2011, suscribió convenios de cooperación interinstitucional con la Federación de Mujeres de Sucumbíos, que hicieron posible la construcción de 7 “Casas Taller” para las organizaciones de mujeres socias de la Federación, que alcanzan un número de 1500. Estas “Casas” fomentan la participación y organización política de las mujeres; ofrecen capacitación en género y derechos humanos de las mujeres, iniciativas micro empresariales, gestión y administración de cajas de ahorro con enfoque de género; actividades culturales y deportivas; y ofrecen el espacio para que las Mujeres del Cantón de Sucumbíos establezcan un Sistema de Ahorro y Crédito Solidario.
La STPE suscribió un convenio con el MJDHC y la Federación de Mujeres de Sucumbíos, a fin de que, a través de la Dirección de Relación con la Ciudadanía, el MJDHC preste atención jurídica y psicosocial gratuita a las socias de la federación. Actualmente, se cuenta con una Oficina de Atención a la Ciudadanía coordinada por la Dirección de Relación con la Ciudadanía en la provincia de Sucumbíos.
Por el trabajo extraordinario que el Ecuador ha realizado en materia de refugio, en junio de 2012, el ACNUR lanzó a nivel mundial la campaña: “Gracias Ecuador”, por ser el país de América Latina que ha recibido a la mayor cantidad de refugiados, desde hace diez años.
b.Mujeres con discapacidades
El 30 de marzo de 2007 Ecuador ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con este antecedente, se logró integrar en la Constitución vigente a las personas con discapacidad, como parte de los grupos de atención prioritaria. De igual manera, se reconoce el trabajo de cuidado, brindado a personas con discapacidad severa, al incluir en la normativa las labores de auto-sustento y cuidado, como una de las modalidades de trabajo.
En coherencia con la normativa nacional e internacional, se elevó a política de Estado la atención y prevención de la discapacidad, delegando su ejecución a la Vicepresidencia de la República, a través del programa “Ecuador Sin Barreras”, que mantiene como filosofía propiciar la inclusión de personas con discapacidad a la sociedad y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Dentro de este programa se encuentra la Misión Solidaria Manuela Espejo, que nace en el año 2009, con la finalidad de estudiar y registrar geo-referencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional, para brindarles asistencia y atención adecuada. Desde el año 2009 al 2011, la Misión reportó que en Ecuador existen 293.743 personas con discapacidad, de éstas, 146.277 (49,8 %) son mujeres y 147.466 (50,2 %) son hombres.
En el año 2010, se creó el programa “Joaquín Gallegos Lara”, que establece un bono no reembolsable de 240 dólares como una retribución mensual para el familiar o responsable de los cuidados (mayoritariamente mujeres) de las personas con discapacidad intelectual o física severa. Hasta el 2012, 14.479 personas han recibido esta ayuda económica. Dentro del programa se contempla la entrega de medicinas y capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima. Las personas beneficiadas del programa reciben un seguro funerario gratuito, en caso del fallecimiento de la persona con discapacidad y, por otro lado, la persona cuidadora puede contar con un seguro de vida por un valor de 500 dólares.
Como avance normativo en cuanto a medidas de carácter temporal, se encuentra el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece que las instituciones públicas sujetas a esta ley, garantizarán que los procesos de selección e incorporación al servicio público promuevan políticas afirmativas de inclusión a grupos de atención prioritaria. En ese sentido, se han incorporado en el sector público acciones afirmativas para la inclusión de personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, además de personas que se autoidentifican como afroecuatorianas, indígenas y montubias, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, entre otras.
La Ley sobre Discapacidades determina de manera general la obligación del Estado de proteger a las personas con discapacidad en diversos ámbitos, especialmente en el laboral. En ese sentido, el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) establece que se debe contratar de manera progresiva a personas con discapacidad, empezando con el 1% en el año 2010 hasta llegar al 4% del total de las y los trabajadores de la empresa, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los años sucesivos hasta eliminar los niveles de discriminación. Para el cumplimiento de esa disposición legal, el Ministerio de Relaciones Laborales realiza inspecciones permanentes a empresas públicas y privadas. En caso de incumplimiento se imponen las respectivas sanciones.
Por otro lado, en el año 2009 se aprobó el Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, en el que se establece una política laboral de acción afirmativa para que todas las instancias del Estado incorporen a personas afro-ecuatorianas, indígenas y montubias en un porcentaje no menor a la proporción de su población. En ese sentido, en los concursos de merecimientos y oposición, a más de la experiencia y la formación profesional, se adoptaron criterios de valoración étnica, con el propósito de remediar situaciones de desventaja o exclusión de determinado grupo humano, a fin de llegar al nivel de inclusión esperado.
En aplicación de estas medidas afirmativas, la Cancillería ecuatoriana, por ejemplo, ha logrado incorporar a afro-ecuatorianos, montubios e indígenas, con paridad de género, al servicio diplomático ecuatoriano, en dos concursos realizados en el año 2012.
La paridad de género, ha sido observada en el contexto de la reforma judicial. Es así que el Consejo de la Judicatura de Transición, en agosto de 2011, convocó a un concurso para jueces y juezas para conformar la Corte Nacional de Justicia. En este proceso, la calificación de las mujeres tuvo 2 puntos adicionales por acción afirmativa, a fin de dar cumplimiento al principio de paridad de género.
Una de las medidas establecidas para la modificación de patrones socio culturales es la campaña “Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia”, que se enmarca en el Plan de Erradicación de la Violencia, enunciado en la respuesta al Artículo 3. Esta campaña de alcance masivo se impulsó con el fin de producir cambios estructurales y romper con estereotipos patriarcales que generan discriminación contra la mujer.
La campaña estuvo dirigida de manera específica a la población masculina y se llevó a cabo (en una primera fase) entre diciembre de 2009 y marzo de 2010; fue transmitida en medios masivos (televisivos y radiales) y se han desarrollado estrategias complementarias, con acciones alternativas de sensibilización, capacitación y motivación con sectores específicos de la población. Los mensajes que se abordaron, versaron sobre varias temáticas: exposición de situación en cifras, el machismo, Ecuador del futuro, ruptura de roles e interculturalidad, violencia sexual y corresponsabilidad. La CDT realizó un estudio de la mencionada campaña, que reveló que la misma ha logrado difundirse al 50% de la población a nivel nacional, de éste 50%, el 70% la ha valorado de manera satisfactoria. El éxito radica justamente en su difusión, por lo cual se considera una estrategia comunicacional potente, que ha logrado por medio de sus mensajes, sensibilizar y concienciar a la colectividad a fin de erradicar el machismo.
Otro avance significativo realizado por la DPE, a fin de modificar los patrones culturales discriminatorios en razón de género, consistió en la elaboración de un módulo de capacitación sobre diversidad y no discriminación que incluye un eje de abordaje sobre género y discriminación contra la mujer y será utilizado en un proceso de sensibilización en el año 2013.
En las Fuerzas Armadas se registró una importante transformación con respecto a los patrones socio – culturales hacia la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la institución. En ese sentido, en el año 2010 se reformó la normativa que recoge aspectos referentes a la maternidad dentro de las escuelas de formación y se eliminaron las disposiciones que ordenaban la baja directa por embarazo, durante el periodo de formación. Asimismo, en el año 2011, se promulgó el Reglamento de Disciplina y de Recompensas, el cual incorpora un enfoque de Derechos humanos y Género y está dirigido a quienes deseen ser parte de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas.
En el año 2011 se impartió una inducción en la temática de Género a todo el personal de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional y al servicio público, tanto a militares, como a civiles. En abril del mismo año, se realizó el Primer Encuentro de Mujeres del Ejército, el mismo que constituyó una iniciativa para la revisión de la situación de la mujer en el Ejército y sus avances.
Dicho Ministerio, celebró el 21 de septiembre de 2011 un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Defensa de la República Argentina, en el que se desarrolla un plan nacional de difusión y sensibilización para las Fuerzas Armadas sobre ciudadanía y derechos humanos, la creación del Observatorio sobre Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas del MIDENA, el intercambio de experiencias y documentación, asesoría y asistencia técnica.
En la formación de las fuerzas policiales en materia de derechos humanos, se ha implementado, desde finales del año 2009, el Programa de Capacitación Integral Continuo con enfoque de Derechos Humanos (PCIC) desde la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional. Este Programa constituye un proceso institucionalizado y sostenible, que brinda capacitación teórico-práctica en todos los Comandos Provinciales sobre procedimientos policiales respetuosos de derechos humanos, seguridad ciudadana y el uso progresivo de la fuerza. Además, se realizaron varios procesos de formación en movilidad humana, no discriminación, combate a la trata de personas y derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género.
La CDT, en cumplimiento de su rol de incidencia en las instancias estatales, ha desplegado una serie de acciones enfocadas a la formación del sector público, con el objeto de que el enfoque de género se transversalice en la estrategia política que dichas instancias emprenden, y a fin de que tengan un manejo conceptual de género en interrelación con otras categorías de análisis social (interculturalidad, generacional, movilidad, y discapacidades).
En este contexto, desde el año 2011, la CDT desarrolla la estrategia de transversalización de género en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), que a partir de la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, lleva adelante las siguientes acciones: construcción de una estrategia e institucionalización del enfoque de género, diseño y ejecución del curso “Género y políticas públicas: herramientas teóricas y metodológicas” y transversalización del enfoque de género en los contenidos de las mallas curriculares de las escuelas de Gobierno y Administración Pública, Derecho y Constitucionalismo, Relaciones Internacionales “José Peralta” y Seguridad y Asuntos Estratégicos.
Dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se establece la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, a fin de lograr un cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden. Se menciona también el derecho a recibir una formación integral y científica, respetando los derechos de quienes estudien y promoviendo la igualdad de género y la no discriminación.
Por otro lado, se ha dado un importante avance desde el punto de vista de la diversidad sexual, lo cual se traduce en la ampliación del principio de igualdad y no discriminación en la Constitución vigente. Se protege la identidad de género, la orientación sexual y los derechos sexuales y reproductivos; asimismo, se reconoce a las familias en sus diversos tipos y a la unión de hecho, entre dos personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, sin presumir una relación heterosexual como norma. Actualmente la homofobia, el sexismo, el machismo, el racismo y la xenofobia, se contemplan como crímenes de odio.
En concordancia con la norma constitucional, que reconoce diversos tipos de familia y garantiza los mismos derechos y obligaciones a los matrimonios y a las uniones de hecho, también entre personas del mismo sexo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en agosto del 2011, concedió por primera vez una pensión de viudez a una mujer lesbiana, por la defunción de su compañera. Ambas habían mantenido una unión de hecho durante 3 años y 10 meses.
De igual manera se han emprendido acciones tendientes a eliminar la violencia y la discriminación en los casos de las llamadas clínicas privadas de “des-homosexualización”, cuya existencia fue denunciada en el año 2009 por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) – Ecuador y en el 2011 por las organizaciones de la sociedad civil “Taller de Comunicación Mujer” y “Artikulación Esporádika”. Estos centros internaban a personas contra su voluntad, debido a su orientación sexual distinta, para ser sometidas a tratamientos de “reorientación”. Entre las acciones emprendidas se encuentra la incorporación en el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal de la sanción de este tipo de actividades.
Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública promulgó el Reglamento de Control, a través de una Comisión Técnica Interinstitucional- Multidisciplinaria, a los Centros de Recuperación de personas con adicción. Este Reglamento ha sido reformado, derogando el inciso que hacía referencia a fomentar la creación de centros para el tratamiento de pacientes duales (psiquiátricos adictos), adolescentes con trastornos conductuales y personas con trastornos en su identidad u orientación sexual primaria. Además, se incorporó un nuevo numeral al artículo 22 del mencionado reglamento, que señala que “ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento ni a permanecer confinada en un establecimiento médico, por motivo de su orientación sexual o su identidad de género (…)”.
En agosto de 2011, el Ministerio de Salud Pública ha emprendido acciones en relación a esta situación, clausurando alrededor de 30 clínicas ilegales que alegaban curar la homosexualidad. Adicionalmente, el MSP continúa realizando procesos de seguimiento, monitoreo, control y clausura de centros que vulneran derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT.
El CNNA ha realizado un trabajo de prevención, frente a la posibilidad de que los medios de comunicación masiva puedan constituir un espacio de promoción de la violencia y discriminación, para lo cual, realizó estudios de percepción a niñas, niños y adolescentes sobre series animadas de televisión y los patrones de conducta sociales que pueden violentar sus derechos.
El Plan Nacional, creado por Decreto Presidencial N.º 1981 de 2004, está a cargo del Ministerio del Interior, entidad que creó la Unidad Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en 2012. Este Plan se articula en base a cuatro ejes: prevención; promoción de derechos, investigación; sanción y protección; y reparación integral a las víctimas. Actualmente el Ministerio del Interior, conjuntamente con la SENPLADES, realiza un proceso de revisión del Plan, a fin de transformarlo en una política pública nacional que contemple el enfoque de género.
La información global cuantificable sobre el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual, que ha obtenido y sistematizado el Estado, forma parte del trabajo iniciado con la conformación de la comisión de trabajo interinstitucional en mayo de 2011, integrada por 19 dependencias estatales para la revisión del Plan Nacional.
El informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2010, refleja las siguientes cifras con respecto al delito de trata: el 66% de las víctimas de trata son mujeres, 13% niñas y 9% niños. De esos porcentajes, el 79% de las víctimas son destinadas a la explotación sexual. En el 90% de los casos, las mujeres son víctimas de violencia sexual en el transcurso, tránsito, y cotidianidad mientras dura la trata, el 70% de las víctimas viven bajo encierro y vigilancia, el 42% provienen de hogares con violencia, como causa de la trata; el 40% sufren de amenaza a sus familias y el 40% fueron captadas por engaños. Por otro lado, según datos de la Policía Judicial y Fiscalía General del Estado, en el período 2009 - 2010, las víctimas que tienen entre 15 a 19 años de edad superan en gran proporción al número de víctimas de otros grupos etáreos.
En respuesta a estas cifras, el Estado ha iniciado programas de denuncia de este delito. En ese sentido, en el año 2010, se han presentado un total de 84 denuncias por el delito de trata de personas a nivel nacional. De los mismos, se han dictado 10 dictámenes fiscales acusatorios y 4 sentencias condenatorias. Por otra parte, de enero a diciembre del 2011, se recibieron 115 denuncias, de las cuales, se dictaron 16 dictámenes fiscales acusatorios y una sentencia condenatoria. Estos datos han confirmado la necesidad de replantear la política pública que actualmente existe respecto a trata y tráfico de personas y abordar de manera urgente la actualización e implementación del Plan, respondiendo a la recomendación del Comité de aplicar dicho Plan, de la mano con una nueva normativa - Proyecto de Código Orgánico Integral Penal.
El MJDHC ha gestionado varias capacitaciones dirigidas a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y operadores de justicia. En el año 2010, se ha capacitado en derechos humanos, trata de personas, control migratorio y seguridad ciudadana a un total de 2500 miembros de la Policía Nacional. En el año 2011, se llevó a cabo un curso de formación en temas de Trata, dirigido a las y los funcionarios de la DPE, en particular a servidores que brindan atención directa a víctimas de Trata. Por otro lado, se ha desarrollado un programa de Capacitación Integral Continua de la Policía Nacional, que integra dentro de su malla curricular una materia orientada al estudio de la problemática que existe detrás de la trata de personas, lo cual representa un avance en materia de prevención.
Por otro lado, debido a la necesidad de tener una unidad especializada que pueda enfocarse, además de la protección y rescate de víctimas de trata, en aspectos técnicos de investigación en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en agosto de 2011, la Policía Judicial creó la Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, que será parte de los grupos élite de la Policía Nacional. Esta unidad es la encargada de realizar las estadísticas a nivel nacional dentro de la Policía, para trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; de esta manera, se puede medir el avance del país en estos temas, con datos estadísticos desagregados.
La FGE ha creado más unidades especializadas en violencia intrafamiliar, delitos sexuales, trata, violencia sexual, explotación sexual y pornografía, como la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en las provincias de Guayas, Galápagos, Pichincha, El Oro y Manabí.
La Dirección de Refugio del MRECI identifica a personas solicitantes de refugio que han sido víctimas de trata y/o explotación sexual, para remitir dichos casos a la entidad estatal competente, que brinda atención al respecto. Para este fin, desde la Dirección de Refugio se han fortalecido los canales cooperativos con el Ministerio del Interior, la FGE y la SENAMI, para la protección y tratamiento específico de víctimas de trata. En el caso específico de niñas, niños y adolescentes, separados o no acompañados, se coordina directamente con la DINAPEN.
En referencia a la explotación laboral, en cuanto al trabajo doméstico remunerado, en el año 2011 se inspeccionaron 298 hogares a nivel nacional, en los que se identificó a 185 niños, niñas y adolescentes, menores de 15 años, realizando este tipo de actividad. En la mayor parte de estos casos se ha procedido a imponer las sanciones correspondientes.
Otra de las acciones en curso por parte del CNNA, desde el año 2011, es la implementación y construcción de programas de restitución de derechos, con el fin de que se conozca el proceso legal contra este tipo de delitos en cada territorio. Como resultado de dichas políticas, se han construido 82 programas cantonales en base a un mapeo zonal y de servicios. Finalmente, y con el apoyo del Ministerio de Turismo, se construyeron rutas de restitución de derechos para niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual en actividades turísticas; adicionalmente, cabe mencionar que el Estado ecuatoriano forma parte del Grupo de Atención Regional de las Américas (GARA) y presidió el mencionado Grupo en el período 2010 -2011.
En el año 2011, se erradicó el trabajo infantil en basurales, actividad considerada como una de las peores formas de explotación laboral en el mundo. El Ministerio de Relaciones Laborales logró retirar a 2160 niñas, niños y adolescentes de los basurales, garantizando su acceso a programas de educación, salud y sana recreación, con el fin de restituir y asegurar el cumplimiento de sus derechos. El Ecuador es el primer país de la región sudamericana en cumplir esta meta.
En el marco de la reestructuración del Sistema de Justicia, el MJDHC, junto con otras instituciones del Estado, ha realizando reuniones continuas, concretando en el mes de mayo de 2012 el Encuentro Nacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En el marco de este encuentro, junto con la participación de organizaciones dedicadas a la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, se establecieron nuevos lineamientos para fortalecer la actualización del Plan.
El Ministerio del Interior actualmente lidera el sistema “INFOTRATA – ECUADOR”, un programa informático nacional de registro de información, que reporta casos de trata de personas, para denuncia y seguimiento de los mismos. Esta información es brindada por la Policía Judicial, FGE y el Consejo Nacional de la Judicatura.
Otro de los retos planteados desde el Ministerio del Interior, con el objetivo de descentralizar la atención brindada directamente desde la ciudad de Quito, es la creación de ocho Direcciones de Garantías Democráticas a nivel de gobernaciones. Las mencionadas direcciones trabajarán en la atención a la ciudadanía, enfocadas en los siguientes temas: protección de derechos, género, combate y prevención de trata de personas, y tráfico ilícito de migrantes.
La Asamblea Nacional prevé llevar a segundo debate en 2013 el proyecto de código orgánico integral penal, en el que se pretende aumentar las sanciones para este tipo penal y delitos conexos. Adicionalmente, se está clarificando la redacción de los mismos para que de esta forma se asegure que las o los tratantes no queden en la impunidad o que obtengan penas menores, por errores en la aplicación de la norma por parte de los jueces y juezas. Esta es otra forma de garantizar la protección y atención integral a las víctimas de trata.
La Constitución de la República garantiza los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres, en las elecciones pluripersonales. Asimismo, establece que “…el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión…adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados”.
Entre las leyes más relevantes aprobadas por la Asamblea Nacional en el año 2009, se encuentra la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que a más de regular la aplicación de la paridad entre hombres y mujeres en las listas para elecciones pluripersonales, establece los impedimentos para la inscripción de candidaturas. Asimismo, como medida de acción afirmativa dispone que, en la proclamación de dignidades electas, cuando exista empate por el último escaño entre un hombre y una mujer, se le adjudique el escaño a la mujer. Adicionalmente, promueve la representación paritaria en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, así como en los partidos y movimientos políticos.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como parte de la Función de Transparencia y Control Social, el Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados (MCPGAD), y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC) contemplan aspectos a favor de la igualdad y no discriminación en razón de género. A la fecha de elaboración del actual informe, las primeras autoridades de estas instituciones son mujeres, lo que responde a un notable incremento de la participación formal en las instancias de representación y decisión, del Estado a nivel nacional.
Dentro del período 2010-2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social alcanzó el porcentaje más alto de participación de mujeres, con un 57% entre las nuevas autoridades designadas para consejeros/as principales, así como en las nuevas veedurías ciudadanas.
En las elecciones populares de abril del 2009, la mujer alcanzó el 43% en las listas de candidatos a nivel nacional: en la Presidencia un 25%, en la Asamblea Nacional un 47%, en las Alcaldías un 12%, en las Concejalías un 46%, en las Prefecturas Provinciales un 13%, y en las Juntas Parroquiales un 42%. Sin embargo, en las dignidades electas por el pueblo ecuatoriano, las mujeres representan apenas al 23%. Se observa un 6,3% de alcaldesas, un 32% de asambleístas, un 28.6% de concejalas, un 60% en representantes para el Parlamento Andino que es el dato más significativo, un 8,7% de prefectas y un 22% de vocales en las juntas parroquiales.
En lo que respecta a la participación de la mujer en el ámbito local, el Estado reconoce la necesidad de generar mecanismos de participación, a través de las Juntas Parroquiales, en coordinación con todos los niveles y áreas de gobierno.
A noviembre de 2012, el Gabinete Presidencial está compuesto por 38 Ministerios y Secretarías Nacionales. En el 2008, la representación de las mujeres en el Gabinete fue del 38,2%, cifra que en abril del 2010 se aumentó al 42,1%.
Como resultado de la acción afirmativa explicada en el artículo 4, sobre el principio de paridad de género, el proceso llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura, culminó con una Corte Nacional de Justicia conformada por 12 hombres y 9 mujeres, un hecho histórico en la Función Judicial. Cabe señalar que es la primera vez que entre los magistrados y magistradas se cuenta con la presencia de una mujer indígena.
En la participación social y sindical, el entonces Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), legalizó hasta el año 2009 a 1.466 organizaciones de mujeres. Por otro lado, debido al cambio de competencias del ex CONAMU y el traslado de la legalización de organizaciones al MIES, sólo 27 organizaciones de mujeres se legalizaron hasta junio del 2010. En ese mismo año, la participación de mujeres en organizaciones y movimientos sociales en sitios de liderazgo y dirección fue del 27,2 %.
Como parte del accionar del Estado, a fin de responder a la recomendación del Comité, de adoptar otras medidas para garantizar la participación de la mujer, sobre todo para las mujeres indígenas y de ascendencia africana, se puede mencionar los avances generados desde el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), que promueve la contratación de personal de las diferentes nacionalidades en la institución. En la actualidad, se promueve la paridad de género en las Secretarías Técnicas Provinciales, de conformidad con el mandato constitucional y legal. A junio del 2012, el total de funcionarias dentro de esta institución representan el 42,2%. En cuanto a auto-identificación étnica, del 17,2% del personal que se auto-identifica como indígena, el 45,7% son mujeres.
En las Fuerzas Armadas se han realizado varios esfuerzos para viabilizar la participación de las mujeres en sus distintas ramas, así como en el Comando Conjunto. Es así que en el año 2010, en convenio con UNIFEM (hoy ONU Mujeres), se realizó un diagnóstico de género y una propuesta de política y estrategia para ser ejecutada en el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador. El diagnóstico arrojó un análisis cuantitativo y cualitativo de la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Se identificó el número de mujeres que han accedido y se han incorporado a la institución militar, sus posibilidades de formación, promoción y realización de carrera en condiciones de igualdad; las normas y prácticas existentes en cuanto a salud, la conciliación de la vida profesional y familiar, y las estrategias de reforma y adecuación de las diversas instalaciones militares para acoger a las mujeres, con miras a identificar los factores que favorecen u obstaculizan las oportunidades de integración.
Las Fuerzas Armadas cuentan con un equipo humano de 42.979 personas agrupadas en oficiales, personal de tropa y servidoras y servidores públicos, que al 2011 se distribuyeron de acuerdo al siguiente desglose: en la Fuerza Terrestre existen 2.793 oficiales hombres y 151 oficiales mujeres, en la Fuerza Naval 1.045 oficiales hombres y 82 oficiales mujeres, en la Fuerza Aérea 818 oficiales hombres y 47 mujeres. La cantidad de aspirantes admitidos a las escuelas de oficiales de las tres fuerzas en el 2011 fueron: a la Escuela Superior Militar (Fuerza Terrestre) 130 hombres y 50 mujeres, a la Escuela Superior Naval 122 hombres y 16 mujeres y a la Escuela Militar de Aviación 50 hombres y 14 mujeres.
En el año 2011, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a fin de dar seguimiento al proceso de incorporación de mujeres a la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa” –ESFORSE-, elaboró, aprobó y ejecutó un Plan de Actividades. Este Plan implica la incorporación progresiva de temas de género en las mallas curriculares de Derechos Humanos, las mismas que se imparten en los distintos niveles de formación, perfeccionamiento y especialización del personal militar, desde el año 2010.
Entre los principales avances en relación a la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas del Ecuador, es pertinente mencionar que en el año 2010 fue ascendida la primera mujer Infante de Marina. En el año 2011, se graduaron las primeras mujeres militares Especialistas de la Fuerza Terrestre, Oficiales de Arma y Servicios de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Observadoras Militares para Misiones de Paz y la primera mujer piloto del Ala Rotativa de la Fuerza Naval. La apertura de las Armas de Ingeniería y Artillería para las Mujeres en la Fuerza Terrestre, y de las Armas de Infantería de Marina y Aviación también es otro avance de considerable importancia. Para el año 2012 la Fuerza Aérea espera graduar a las primeras mujeres Infantes Aéreas.
En relación a la situación de maternidad, en el Reglamento Disciplinario y de Recompensas de quienes aspiren a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas, vigente des del año2011, se contempla un permiso especial por dos años para la aspirante que se embarace durante su periodo de formación, a fin de que la maternidad no constituya un obstáculo o limitación para acceder a la carrera militar. En cuanto al ejercicio del derecho a la salud con enfoque de género, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizó un Plan Piloto en el año 2011 para prevenir el cáncer de mama; además, dispuso la obligatoriedad de exámenes de mamas y próstata en las fichas médicas del personal militar.
El MRECI, con el fin de garantizar la inclusión de las mujeres como representantes del Estado en el plano internacional, y en cumplimiento de los enfoques de igualdad recogidos en la Constitución vigente, en diciembre del 2011 integra como Terceras y Terceros Secretarios a 70 personas, entre ellas 35 mujeres. En este proceso se ha considerado la inclusión de seis afro-ecuatorianas, seis montubias, tres migrantes, una mujer con discapacidad y nueve mujeres de distintas nacionalidades indígenas del país; evidenciando la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas en el servicio exterior. En la actualidad, representando al país en los distintos Consulados y Embajadas, se cuenta con 330 mujeres, de las cuales 2 son indígenas y 369 hombres de los cuales 4 pertenecen al pueblo indígena y al pueblo afro-ecuatoriano, con lo que la paridad de género y la inclusión étnica es una realidad en el servicio exterior.
En cuanto al marco constitucional que rige la actuación del Estado ecuatoriano en materia de nacionalidad, la Constitución vigente señala en su artículo 6 lo siguiente: la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. En ese sentido, queda claro que el Estado ecuatoriano otorga iguales derechos tanto a hombres como a mujeres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.
Según el Censo de Población y de Vivienda, del año 2010, el nivel promedio de escolaridad en la población de 24 años y más se situó en 9,6 años, a diferencia del Censo 2001, cuyo promedio se situaba en 8,17 años. Por otro lado, en el Censo del año 2010, se evidenció una diferencia a favor del área urbana, en la cual el promedio de escolaridad ascendió a 10,9 años, mientras en el área rural el promedio fue de 7,1 años. El Censo registró el promedio de aproximadamente 9,5 años de escolaridad para ambos sexos.
Ecuador se ha comprometido a alcanzar para el año 2015 el 100% de matriculación en la educación general básica (EGB), que involucra a los grupos de entre 5 y 14 años de edad. De acuerdo al II Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Ecuador 2007, el acceso a la educación en el país está cerca de cumplir la meta. Por otro lado, según la ENEMDU, en el 2010, la tasa neta de matriculación de niñas y niños se encontraba prácticamente en el mismo porcentaje, con 95,04 % para ellas y 94,2 % para ellos. En el año 2011, la tasa neta de matriculación de niños y niñas llegó al 97,2%.
Otro logro relevante tiene que ver con los esfuerzos realizados para contrarrestar el analfabetismo en el país, en el marco de la Campaña Nacional Alfabetización que se inició en el año 1990. En ese sentido, en el año 2008 se generaron nuevas estrategias de alfabetización con cobertura nacional y con elementos de género, como es el programa de “Educación Básica para Jóvenes y Adultos 2011-2013” (EBJA), dentro del Plan Decenal de Educación aprobado para el período 2006 – 2015.
Los resultados del Programa EBJA se evidenciaron en el Censo de Población y de Vivienda del año 2010, que registró una tasa de analfabetismo de 6,8 %, esto es, 2.2 puntos porcentuales menos que lo registrado en el Censo de 2001. El analfabetismo de las mujeres disminuyó del 13,8% en el año1990, al 7,7 % en el año 2010, lo que equivale a 6 puntos porcentuales menos; mientras el analfabetismo de los hombres disminuyó de 9,5 % en el año 1990, a 5,8 %, en el año 2010; es decir, aproximadamente 4 puntos porcentuales menos. Estas cifras denotan una disminución de la brecha de género en el analfabetismo en los últimos años.
Respondiendo al Comité en su observación de erradicar el analfabetismo de mujeres rurales de habla nativa, a partir del año 2007, auspiciado por el Ministerio de Educación, surge el Programa Nacional de Alfabetización de Jóvenes y Adultos “Dolores Cacuango”, con el objetivo de alfabetizar en la lengua nativa de las diversas nacionalidades indígenas del Ecuador, así como en idioma castellano. Los beneficiarios y beneficiarias de éste programa durante el año 2011 ascendió a 9.840 personas.
De igual manera, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, concebida bajo los nuevos estándares constitucionales, constituye una normativa relevante para la educación, sus principios son, entre otros, la universalidad y educación para el cambio. También contempla una educación en valores, que promueve entre otras cosas el respeto a los derechos, a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación, equidad e inclusión y justicia.
En respuesta a la recomendación del Comité, de garantizar el acceso a la educación de las mujeres indígenas, desde el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, se ha aportado significativamente para que las mujeres indígenas ejerzan el derecho a la educación. Es así que entre los años 2010 y 2011, en el nivel de Educación Infantil Familiar Comunitaria se formaron 5.638 niñas frente a 5.433 niños indígenas. Por otro lado, en el nivel de Educación General Básica, se registraron 64.041 niñas y 65.952 niños indígenas y en bachillerato la cifra de mujeres adolescentes formadas alcanzó a 75.298 y la de hombres a 78.383.
En la educación superior, como avance normativo se contempla la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), vigente desde el año 2010, que establece como derecho del estudiantado el acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación alguna, conforme sus méritos académicos; a acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades y el recibir becas y una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la igualdad de género. La Ley también establece que las universidades y escuelas politécnicas particulares están obligadas a destinar sus recursos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a quienes se matriculen en programas académicos de cualquier nivel, que por diversas razones, incluidas la de género, tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación.
Los datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), referentes al año 2011, evidencian la persistencia de brechas de género en el acceso a créditos y becas. En ese sentido, las beneficiarias de los programas nacionales de becas han sido en promedio un 35% frente al 65% de hombres. Este porcentaje respondería a la priorización de ciertas áreas del conocimiento para el otorgamiento de becas (ciencias de la vida, ciencias de producción e innovación, ciencias de los recursos naturales y ciertas áreas de ciencias sociales), áreas en las que las mujeres han participado en menor medida.
En atención a la observación del Comité, respecto de promover el acceso de la mujer a la educación superior, y con la finalidad de disminuir las brechas existentes, desde el año 2012, la SENESCYT impulsa y administra la oferta de becas para garantizar transparencia en la asignación de cupos. De igual manera, se ha previsto fortalecer los mecanismos de difusión y comunicación para incidir en la cantidad y calidad de postulaciones recibidas, promover el acceso de mujeres a carreras vinculadas con la ciencia y tecnología y su incorporación como profesoras e investigadoras en las instituciones de educación superior.
En el año 2010, se firmó un convenio entre la Corporación de Desarrollo Afro-ecuatoriano (CODAE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con el objetivo de formar profesionales afro-ecuatorianos. Este convenio constituyó una medida para disminuir la brecha étnica en la educación superior; en ese sentido, de todas las personas beneficiadas por este convenio, las mujeres constituyeron un 75%.
En cuanto a la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, dando cumplimiento a la observación del Comité, la LOEI incluye varios artículos que regulan el derecho a una educación libre de violencia, así como la protección y el apoyo a estudiantes en casos de violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier otro tipo de abuso. Además, la LOEI regula las prohibiciones a los y las docentes de violentar los derechos del estudiantado, su obligación de denunciar este tipo de casos, y las sanciones que se impondrán administrativamente frente a casos de violencia sexual en el ámbito educativo.
El Estado reconoce la necesidad de mejorar y fortalecer sus mecanismos de levantamiento de información en el campo de la educación, en especial en relación a la educación formal, a fin de obtener información pertinente y desagregada en relación a las múltiples variables de interés, tal como lo recomienda el Comité.
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional, a esa fecha ascendía a 6`093.173 de personas, de las cuales el 36,8 % eran mujeres y el 63,2 % hombres.
La ENEMDU 2011, muestra que las mujeres aún no alcanzan los niveles de participación de los hombres en el mercado de trabajo, pues representan el 34.5% de la PEA, en relación a los hombres que representan el 65.5%. Las mujeres que ingresan al sector estructurado con mayores ventajas son aquellas que poseen altos niveles de educación formal.
En cuanto a la remuneración, la brecha de género persiste. En el 2010, las mujeres que trabajaban en iguales condiciones que los hombres, incluso en sectores de concentración de la fuerza laboral femenina, percibieron, en promedio, remuneraciones inferiores a los hombres: entre el 13% y el 24%, en función de los modelos de cálculo utilizados. En el trabajo informal, por otro lado, las mujeres recibieron un 20% menos respecto a los hombres, y en el área de servicios domésticos, un 42% menos que los hombres.
Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, el 29,25% de las mujeres y el 24,8% de los hombres pertenecientes a la PEA estaban afiliados al seguro general del IESS. Sin embargo, los datos de afiliación total al IESS, que incluyen: seguro general, seguro campesino y seguro personal, alcanzan un promedio nacional de 31,4%, siendo ligeramente mayor para las mujeres con 32,96%, mientras que para los hombres es del 30,49%. La tipificación de la no afiliación de los y las trabajadoras al seguro social, como delito, fue aprobada por Consulta Popular en el año 2011.
A fin de superar las brechas existentes en el ámbito laboral, el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla acciones concretas como la Red Socio Empleo y programas de capacitación, a favor de la población en general y de manera especial, a favor de grupos que requieren de atención prioritaria. En este sentido, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), durante el período 2010 – 2011, capacitó, en la línea artesanal y de oficios, a grupos de jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus familiares, mujeres embarazadas, personas víctimas de violencia doméstica y sexual y personas privadas de libertad. El número de cursos impartidos durante los años 2010 y 2011 ascendió a 3.786, beneficiando a 73.802 personas.
1.Trabajo remunerado
a.Trabajo doméstico
Las personas que se dedican al trabajo doméstico históricamente han recibido un trato discriminatorio y excluyente, con remuneraciones inadecuadas, deducciones salariales y horarios que no se regían a la normativa laboral vigente. En el año 2010, existían 177.637 empleadas y empleados domésticos en el Ecuador, de éstos 36.246 se encontraban afiliados a la seguridad social. En el año 2011, se estima que el número de personas que trabajaban en este sector se redujo a 147.991, de las cuales 73.800 se encontraban afiliadas al IESS.
A inicios del 2010, se fijó un salario mínimo unificado equivalente a 240 dólares mensuales para quienes trabajen en el servicio doméstico, sector artesanal, sector agrícola y sector industrial. En el 2011, se incrementó a 264 dólares y en el 2012 a 292 dólares. Con el aumento salarial del año 2011, se ha recortado la distancia entre el costo de la canasta básica y el ingreso familiar promedio. Ello se refleja en un porcentaje de cobertura del ingreso familiar a la canasta básica que en 2011 se situó en 86.1%, mejorando del 73.4% en comparación del año 2008..
Con el fin de avanzar en la erradicación de la discriminación hacia las trabajadoras domésticas, el Ministerio de Relaciones Laborales generó el proyecto “Difusión de deberes y derechos en el mundo laboral”. El proyecto se ejecutó en los años 2010 y 2011 con 1.958 cursos dictados y un total de 38.892 mujeres capacitadas, lo que representó un monto de 843.569,33 dólares.
El objetivo de este proyecto consistió en concientizar tanto a trabajadoras nacionales y extranjeras, como a empleadoras y empleadores, sobre la importancia de las relaciones laborales fundamentadas en derechos y obligaciones de las partes. La intención fue promover el trabajo digno y sin discriminación alguna. En la actualidad se llevan adelante inspecciones domiciliarias, las mismas que generan mayor conciencia ciudadana, sobre las obligaciones de quienes contratan. De esta manera se da respuesta a la recomendación del Comité, de educar al público en general sobre el valor del trabajo de la mujer, así como de eliminar brechas entre hombres y mujeres en este ámbito, elevando salarios y haciendo evaluaciones de control..
En el marco de este proyecto, los resultados obtenidos se reflejaron en el incremento del porcentaje de empleadas domesticas afiliadas al IESS en un 34 % en el 2010, y un 4 % más 2011.
En lo que corresponde al trabajo doméstico, el Estado reconoce que constituye un desafío importante el garantizar a las trabajadoras domésticas, el respeto por parte de quienes las contraten, del goce efectivo de todos los beneficios laborales recogidos en el Código del Trabajo, tales como el pago de horas extras, los beneficios por enfermedad y por invalidez, entre otros.
b.Protección en salud y seguridad en período de maternidad.
El Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público garantizan el derecho fundamental de las mujeres embarazadas a tener estabilidad laboral durante su período de gestación y a las 12 semanas de licencia con remuneración, que puede ser tomada desde días o semanas antes del nacimiento. Adicionalmente, las mujeres tienen derecho a 2 horas diarias de permiso por lactancia durante 12 meses, contadas a partir de que haya concluido su licencia por maternidad. Estos avances normativos, responden a la observación del Comité sobre eliminar la discriminación contra la mujer en el lugar de trabajo.
Por otro lado, en el año 2009, se reformó el Código de Trabajo, regulando la licencia por paternidad por 10 días, con derecho a remuneración económica y un aumento de 5 días adicionales en caso de parto múltiple o por cesárea. Adicionalmente, se otorga una licencia de hasta 25 días en caso de que la madre sufra alguna complicación en el parto, si la niña o el niño nacen con alguna deficiencia o anormalidad en su salud, o si fallece. Esta regulación incluye a padres adoptivos, quienes podrán hacer uso de la licencia una vez que la niña o el niño llegan a su hogar. Con esta licencia se busca la integración familiar sobre la base de una relación de corresponsabilidad.
En cuanto a la obligación del Estado de proporcionar servicios de cuidado, como apoyo para la conciliación del trabajo remunerado y familiar, y para poder participar en la vida pública, se establece la obligación de las empresas públicas y privadas, con más de cincuenta trabajadores y trabajadoras, de proveer una guardería infantil para los hijos e hijas del personal. Este servicio deberá ser suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá los rubros de alimentación, infraestructura y todo relacionado con una adecuada prestación.
El MIES también provee servicios de atención en centros de desarrollo infantil y sistemas de atención a través de visitas domiciliarias y comunitarias, conocidas como “Creciendo con Nuestras Familias”. Estos programas permanentes pretenden fortalecer y cualificar el apoyo familiar a las personas con mayores necesidades de cuidado, en términos de igualdad y corresponsabilidad. La población atendida durante el período comprendido entre los años 2008 – 2011, se acerca a los 125.000 niñas y niños menores de 5 años en los Centros de Desarrollo Infantil, actualmente Centros Integrales del Buen Vivir, y a 275.000 niños y niñas menores a 5 años y sus familias en el marco del programa “Creciendo con Nuestras Familias”.
A partir del año 2011, el IESS extendió la cobertura de las prestaciones de salud para cónyuges o convivientes de los afiliados y las afiliadas, cuya aportación mensual esté registrada en el sistema de historia laboral del IESS. Entre los beneficios constan acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, recuperación y rehabilitación de la salud individual, además de la atención prenatal, parto y puerperio.
2.Trabajo no remunerado
Otras políticas públicas incipientes que están siendo impulsadas por la CDT y apoyadas por las entidades responsables de la generación de insumos técnicos (INEC, MIES, Banco Central, entre otras), se refieren a la valoración del cuidado y del trabajo no remunerado. Estos esfuerzos contemplan desde un sistema integral de protección pública para quienes lo realizan, hasta la contabilidad del trabajo no remunerado dentro de las cuentas nacionales. Las herramientas claves en este proceso son la Encuesta de Uso del Tiempo, que entrega información sobre la carga global de trabajo de mujeres y hombres, y la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares, para la valoración de la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres en el desarrollo del país.
El Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de los principios constitucionales de universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia y la perspectiva de género y generacional priorizó, durante el periodo 2008-2011, políticas relacionadas a: atención integral de las personas por ciclo de vida, extensión de la protección social en salud, maternidad gratuita y atención a la infancia, prevención y control del VIH/SIDA/ITS, micronutrientes, alimentación y nutrición.
El MSP ha creado espacios específicos para brindar atención especializada a mujeres y adolescentes, por ejemplo el área de Salud de la Adolescencia. El área mencionada ha implementado y fortalecido servicios de atención integral y diferenciada, con énfasis en salud sexual, salud reproductiva y prevención del embarazo no deseado (hasta julio de 2012, existen 36 servicios a nivel de país). De igual manera, se creó la Dirección Nacional de Interculturalidad, Derecho y Participación Social de la Salud, que mantiene protocolos y tratamientos adecuados por pertenencia étnica. En particular, en octubre de 2010, a través del Subproceso de Medicina Intercultural, se implementó la Política de Salud Intercultural para las mujeres rurales, lo cual representa un avance que da respuesta a la recomendación del Comité de velar para que las mujeres indígenas y de ascendencia africana tengan pleno acceso a los servicios de salud.
En el año 2008, el MSP incluyó el reporte de los temas de violencia en la historia clínica de los y las pacientes. De igual manera, implementó el eje transversal de prevención y atención integral de la violencia basada en el género y la violencia sexual contra niñas, elaborando normas y protocolos y acondicionando nuevos espacios para salas de primera acogida, en el marco del Plan de Erradicación de la Violencia.
En cuanto a este tema, y en lo que respecta al diseño de protocolos de intervención y atención para víctimas de violencia sexual, el Estado valora la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en este ámbito y considera pertinente generar esfuerzos conjuntos.
Pese a la existencia de políticas explícitas a favor de la mujer y de la gratuidad de los servicios de salud, entre las principales causas de morbilidad de las mujeres, con un porcentaje cercano al 50%, se registran las vinculadas a su sistema reproductivo, como el aborto, el falso trabajo de parto, las infecciones de vías genito-urinarias y las hemorragias durante el embarazo.
1.Salud sexual y reproductiva
En respuesta a esta situación, la mayoría de los esfuerzos realizados por el Estado en el tema de salud se han centrado en la salud sexual y reproductiva. Es así que todas las estrategias y acciones para el mejoramiento de la salud materna provienen del PNBV y del Plan de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal, que integra operativamente los componentes normativos materno neonatal, la Guía del Parto Culturalmente Adecuado, la Norma y Protocolo de Planificación Familiar, apoyados con la implementación del sistema de mejora continua de la calidad, mediante la medición de los estándares de calidad de la atención.
De manera general, la tasa global de fecundidad (TGF) en Ecuador evidencia una tendencia a la disminución, que de acuerdo al Censo del año 2010, alcanza un valor del 2,7. Sin embargo, esta tendencia no se ha reflejado en la tasa de mortalidad materna, pues persisten problemas estructurales como el analfabetismo, la violencia intrafamiliar, la falta de garantías para ejercer su pleno derecho a la libre elección sexual y reproductiva, el acceso limitado a programas de información, educación y comunicación, y las dificultades prácticas –restricciones económicas, geográficas, sociales y culturales– para acceder a servicios específicos de calidad. En el 2010, la tasa de mortalidad materna reportó la existencia de 110 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos (aunque se reconocen debilidades para el registro estadístico en esta problemática).
En cuanto a la incidencia que tiene la práctica de abortos en condiciones peligrosas en la tasa de mortalidad materna, sobre lo que ya se ha pronunciado el Comité, este es un aspecto cuya atención se encuentra aún pendiente por parte del Estado. Sin embargo, el Estado manifiesta que dentro del debate del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, se está tomando en cuenta esta problemática.
La Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, creada en el año 2002, contempla protocolos de atención, cuantificación de costos, metodología para el mejoramiento de la calidad de los servicios, instrumentos de medición de la calidad y cumplimiento de metas, y convenios de gestión. De manera concreta, en el marco de esta ley se financia aproximadamente el 75% del consumo nacional de métodos de planificación familiar, el incremento del parto institucional y la ampliación de las coberturas de control prenatal y del niño sano. Por lo que es necesario reforzar las actividades de esta unidad y de manera especial el papel de los Comités de Usuarias (para el 2007 se registraron 143 Comités).
Un aspecto a resaltar es la ampliación de la cobertura relacionada con la salud intercultural, mediante la aprobación en el 2008 de la Guía Técnica para la atención del parto culturalmente adecuado, dirigido a las mujeres de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianas y montubias. Desde este año hasta el 2011, se ejecutaron capacitaciones con enfoque intercultural en temas de salud, identidad, género y buen trato, llegando a un total de 4.934 procesos formativos. De manera paralela se crearon 65 unidades de salud a nivel de país, que atienden con partos culturalmente adecuados.
Por otro lado, se han realizado esfuerzos interinstitucionales con las adolescentes, como grupo de atención prioritaria, desplegando acciones en un marco intersectorial, posicionando el tema del embarazo en adolescentes en el debate público y logrando constituirlo en uno de los temas prioritarios de la agenda estatal. Si bien la tasa global de fecundidad ha disminuido, el embarazo adolescente y la maternidad temprana muestran una preocupante tendencia creciente. Según Estadísticas Vitales del 2009, el Ecuador tenía una tasa de fecundidad de 20,3% en mujeres de entre 15 y 19 años, siendo la segunda más alta tasa de fecundidad adolescente de la región, después de Venezuela.
Ante esta situación y en respuesta a la observación del Comité de tomar medidas para enfrentar los embarazos de adolescentes, en el año 2010, desde la Presidencia de la República se declaró como prioridad nacional erradicar el embarazo adolescente, disponiendo la ejecución de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA), cuyo objetivo general es garantizar el acceso permanente y efectivo a información, educación, consejería, inclusión, protección y servicios de salud para la toma de decisiones libres e informadas sobre sexualidad y reproducción, y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Es prioritario también para la ENIPLA la transformación de patrones socioculturales relacionados con la sexualidad y la planificación familiar, con el objetivo de que los hombres se involucren y corresponsabilicen en la salud sexual y salud reproductiva. La ENIPLA, para el 2012, como política pública, ha destinado 29 millones de dólares, inversión importante e histórica en materia de planificación familiar y prevención del embarazo adolescente.
2.Enfermedades catastróficas
En relación a la prevención de enfermedades catastróficas como el VIH/SIDA, el país cuenta con un Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/SIDA 2007-2015, que constituye el marco para la intervención estatal y de todos los sectores con el propósito de cumplir con el objetivo Nº 6 de los ODM y la recomendación que hace el Comité sobre reforzar el enfoque preventivo con respecto al VIH/SIDA.
Este plan, además de contar con un enfoque intercultural y de género, considera temas específicos relacionados al trabajo sexual y a la atención a las personas que viven con esta enfermedad. Un avance importante se produce en el 2011 con la prevención en la transmisión materno-infantil, a través de un procedimiento de tamizaje, con pruebas rápidas de diagnóstico de VIH para las mujeres embarazadas y un examen de diagnóstico por medio de carga viral ADN a los recién nacidos de madres sero-positivas. De manera general, a todas las personas que viven con VIH/SIDA se les brinda un tratamiento gratuito con antirretrovirales.
Si bien se pueden registrar varios avances en cuanto al enfoque preventivo respecto al VIH/SIDA, el Estado considera que aún sigue siendo un reto el contar con información desagregada por etnia.
Asimismo, el Estado considera como un desafío la creación de mecanismos para el procesamiento de información para la generación de datos permanentes del estado de salud de las mujeres indígenas, afro-descendientes y montubias, así como de herramientas de evaluación y control al sistema de salud, para que se respete las condiciones de calidad, calidez y el enfoque de derechos.
De igual manera, en cuanto a la prevención de algún tipo de discapacidad en recién nacidos, se realizan detecciones e intervenciones tempranas de trastornos del desarrollo, así como detección temprana y escolar de discapacidades auditivas.
Por otro lado, una problemática que en los últimos años ha ido visibilizándose es la prevalencia del cáncer, que en las mujeres tiene mayor relación con el sistema reproductivo, al ocupar los primeros lugares el cáncer cérvico-uterino y de mama. Durante el año 2011, se realizaron, en el MSP, 448.350 consultas de detección oportuna de cáncer de mama, sin embargo, esta enfermedad sigue siendo la tercera causa de muerte entre las mujeres del Ecuador.
Frente a este problema, y en respuesta a la recomendación del Comité de reforzar el enfoque preventivo con respecto al cáncer de cuello de útero y mama, el MSP contempla desde un enfoque integral esta problemática dentro del Plan Nacional de Lucha Contra el Cáncer, y orienta todos los servicios de la Red Pública de Salud hacia su prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento. En este sentido, se desarrollan campañas de prevención que incluyen el acceso de manera gratuita a las distintas unidades operativas distribuidas a lo largo de las 24 provincias del país, para chequeos médicos de detección temprana.
3.Acciones locales relevantes
El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, en el marco de sus programas y líneas de acción, ha impulsado y mantenido el programa de salud ambulatoria y transporte multimodal, promoviendo el transporte aéreo económico para las comunidades aisladas y vulnerables de la Amazonía ecuatoriana, priorizando a niños, niñas y mujeres, especialmente a aquellas en estado de gestación. Esta medida, que fue implantada en el año 2008, actualmente, beneficia a 284 comunidades amazónicas, logrando en el 2011 transportar un promedio mensual de 1.082 miembros de los pueblos y nacionalidades y a 1.672 profesionales para brindar servicios de salud preventiva en las comunidades. Por otro lado, para la atención de esta región plurinacional y multicultural, en el 2011 se han implementado 18 unidades de salud.
Por otra parte, el Estado considera que es un reto importante ampliar la garantía de los derechos de las personas con distintas identidades de género y orientaciones sexuales, estableciendo protocolos específicos de atención de salud para la comunidad LGBTI, de la mano de la sensibilización del personal del sistema de salud para una prestación adecuada de los servicios.
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), para el año 2011 la pobreza por ingresos disminuyó a nivel nacional a un 28,6%, llegando a un 50,9 % en la zona rural y al 17,4 % en la zona urbana. Si desagregamos este dato por sexo, las mujeres en situación de pobreza, a nivel nacional, alcanzan un 29,27% y los hombres un 27,98%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Informe Panorama Social de América Latina 2011 coloca al Ecuador como el segundo país de la región que más ha disminuido su tasa de pobreza.
Respecto a la recomendación del Comité, que insta al Estado a reforzar actividades que alienten las iniciativas económicas de las mujeres, como el Fondo Pro-mujeres, se puede mencionar avances como el otorgamiento de 4.051 créditos por un monto total de 1.031.322 dólares. Así también, el Fondo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, a partir del año 2007, ha venido ejecutando dos programas: el Llankari Warmi (mujer emprendedora) y el Kawsay (vida), los mismos que han otorgado un total de 2.790 operaciones de crédito a mujeres en situación de pobreza, por un monto de 7.830.813,41 dólares.
Adicionalmente, el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), en el año 2011, presentó una convocatoria para promover iniciativas productivas lideradas por mujeres viviendo con VIH/ SIDA, de las provincias de Pichincha y Guayas. Asimismo, brindó asistencia técnica para el fortalecimiento de 1.250 unidades productivas en diversas zonas del país. Se fortalecieron 29 estructuras financieras locales, en la Provincia de El Oro, brindando capacitación, asistencia técnica y financiamiento, beneficiando a un total de 580 mujeres fundadoras e integrantes de las Estructuras Financieras Locales como cajas de ahorro, bancos comunales, entre otros.
Por otro lado, el Ministerio de Industrias y Productividad, desde el año 2010, ha implementado políticas tendientes a otorgar créditos a mujeres y asociaciones dedicadas al trabajo en proyectos productivos y microempresas. A su vez, estas políticas viabilizan el equipamiento, mejoramiento de oferta y producción, además de la obtención de certificaciones de calidad que fortalezcan la rentabilidad.
Adicionalmente, el denominado Bono de Desarrollo Humano (BDH), que representa un gran avance para apoyar a las personas que se encuentran en los quintiles de pobreza más bajos, ascendió de 30 dólares en 2007, a 35 en el 2009. Este bono constituye para las madres un pago por su trabajo productivo no remunerado. Adicionalmente, se creó el Sub Programa de Pensión Asistencial para personas adultas mayores ubicadas en el 40% más pobre de esta población y para personas con discapacidad. Por otro lado, el 20 de noviembre de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Redistribución del Gasto Social, mediante la cual se incrementó el BDH de 35 dólares a 50 dólares, dicho incremento regirá a partir de enero de 2013.
Los datos de los años 2008 y 2009 indican que las mujeres representan el 89% y 86% del total de beneficiarios del BDH respectivamente. La transferencia se entrega a la madre jefa de hogar, pues se considera que a través de ella el beneficio se extiende a toda la familia, principalmente a sus hijos e hijas. A finales del 2008 se beneficiaron 1.3 millones de hogares con un monto total de 485, 2 millones de dólares (0,9% del PIB). Para el año 2011 el Ministerio de Finanzas reporta un monto de 756.288.673,97 dólares para atender a población de niveles críticos de pobreza. A esto se suma el subsidio para personas con discapacidades por un monto de 19.320.000 dólares.
Un nuevo beneficio que se estableció para las personas que reciben el BDH, es el Programa de Crédito Desarrollo Humano, que procura incorporar a mujeres en extrema pobreza, a procesos productivos sustentables micro-empresariales y que generen autoempleo, aumentando los ingresos familiares. Desde el año 2007, alrededor del 95% de beneficiarias del crédito son madres, el 4% son adultos y adultas mayores y el 1% personas con discapacidad. Para los años 2008 y 2009, las madres beneficiarias representan el 97% y el 95%, respectivamente.
El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y crédito financiero se contempla en la Constitución de la República y se vincula al derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna. Asimismo, la Constitución garantiza y prioriza el acceso a la vivienda de grupos de atención prioritaria como personas adultas mayores, desplazadas, víctimas de violencia y víctimas de maltrato infantil, además de jefas de hogar y personas de escasos recursos. En cuanto a la propiedad, la Constitución garantiza la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso a la misma y la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal.
Según el análisis comparativo inter-censal 2001-2010, se puede determinar que el acceso a la vivienda por mujeres cabeza de familia se ha incrementado, de 25,41% en el año 2001, a 28,69% en el año 2010. Así también se observa que la tendencia se mantiene en favor de los hombres con un mayor acceso a la vivienda, que registra valores porcentuales más altos, 74,59% en el 2001 y 71,31% en el 2010. Estos aspectos obedecen de alguna manera a razones genéricas, ya que se otorgan mayores oportunidades de crédito a los hombres para acceder a la vivienda, como también a la prevalencia de patrones culturales patriarcales, que privilegian la titularidad de los varones en cuestiones patrimoniales.
A partir del año 2006, se institucionalizó una política de crédito para vivienda con recursos fiscales del presupuesto nacional. En el 2008, el bono para vivienda se incrementó de 3.600 a 5.000 dólares y se unificó a nivel urbano y rural.
En este marco, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), desde al año 2010 impulsa varios programas como el de reasentamiento para atender a las familias damnificadas por desastres naturales, especialmente campesinas, indígenas y de escasos recursos; el programa dirigido a personas migrantes; y el Programa Manuela Espejo que otorga viviendas a las personas con discapacidad.
Entre los años 2006 y 2011, mejoraron las condiciones de habitabilidad, se incrementó el porcentaje de viviendas en condición aceptable y se redujo el porcentaje de viviendas irrecuperables. En el país, el 66% de la población tiene vivienda propia (Censo del 2010); sin embargo, factores de precariedad como vivienda con piso de tierra, afecta al 6% de las mujeres en general, al 33% de las mujeres indígenas y al 6% de la población afro-ecuatoriana.
Frente a esta situación, entre los años 2007 y 2011, el país invirtió cerca de 800 millones, a través de 240 mil bonos, de los cuales fueron beneficiadas 118 mil mujeres que representan el 55% del total. Asimismo, las mujeres han tenido mayor incidencia en algunos programas, representando el 78% de los bonos del Programa Socio Vivienda, el 62% en el caso de vivienda urbana y el 51% de los bonos para titulación. En el 2011, se entregaron 10.858 bonos de los cuales el 56% benefició a mujeres. De los bonos entregados a familias de personas con discapacidad, 48% correspondieron a mujeres, en el área rural el 58% y en el marco del Programa Socio Vivienda el 79% fue entregado a mujeres. Cabe resaltar que si el bono se ha asignado al esposo, la vivienda se transfiere como patrimonio familiar y ampara a la cónyuge y a su descendencia.
Paralelo al proceso de gestión del bono, acceso al crédito y a la titulación del suelo, el MIDUVI, en un trabajo interinstitucional, desarrolla intervenciones que mejoran la cobertura de agua y saneamiento en zonas rurales y prioritarias. En el sector de hábitat y vivienda se ha conformado el Consejo Ciudadano Sectorial de Hábitat.
Por otro lado, existen debilidades en cuanto a la agilidad en el registro de solicitudes de crédito para vivienda y en la coordinación interinstitucional para articular procesos de inclusión social, por lo que se busca generar bases de datos específicas que prioricen a los sectores de menores ingresos y grupos de atención prioritaria, que a su vez permitan la mejora del sistema de crédito.
El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural
El avance en el cumplimiento de este derecho, se refleja en programas del Ministerio de Cultura, que promueven expresiones culturales, incentivan la creación, producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales y artísticos. Adicionalmente, transversalizan en su accionar varios ejes basados en la interculturalidad, igualdad de género e inter-generacional.
Entre los proyectos importantes que se implementaron entre los años 2008 al 2010 se encuentra el Sistema de Fondos Concursables y el Sistema Nacional de Festivales que permiten la participación de gestoras y gestores culturales del país. El primero ha otorgado recursos a 250 proyectos de mujeres, de un total de 478, de los cuales existen al menos 7 mujeres por proyecto ejecutado que recibieron empleo. En el segundo, desde el año 2008 al 2011 se han ejecutado 274 proyectos, de los cuales 400 mil mujeres accedieron a productos y servicios culturales, de éstos, 5 mujeres por proyecto fueron empleadas.
La recomendación del Comité alienta al Estado a adoptar políticas, programas y medidas específicas para acelerar la mejora de las condiciones de vida de las mujeres indígenas y de ascendencia africana en todos los ámbitos de la vida, principalmente el velar por que estas mujeres puedan participar plenamente en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, una de las acciones relevantes ha sido la propuesta realizada por la CDT, en el marco de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que establece como tema prioritario a la mujer rural, como agente clave en erradicación de la pobreza y el hambre. El Ecuador fue el primer país de la región en proponer e impulsar esta aspiración de las mujeres indígenas, mediante la resolución individual operativa adoptada en Nueva York.
En el año 2010, el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP) aprueba la Política Sectorial de Género e interculturalidad 2011-2013, la cual está integrada por 7 políticas priorizadas. Las mencionadas políticas establecen metas como la eliminación de brechas de exclusión, racismo y de género; el fortalecimiento del diálogo intercultural con enfoque de derechos y género; el fortalecimiento de los sistemas y conceptos sobre salud en las nacionalidades y pueblos; la conservación de patrimonios naturales y sitios sagrados; la promoción de prácticas deportivas ancestrales; la promoción de conocimientos ancestrales para el manejo de biodiversidad; la participación social y política de mujeres y hombres en el sector patrimonial.
Actualmente, se encuentra finalizada la fase de implementación de la Política de Género e Interculturalidad en las diferentes entidades del Consejo Sectorial de Patrimonio. De igual forma, se han elaborado diversas estrategias a fin de implementar los enfoques de Género e Interculturalidad en la Guía para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales. Otra acción importante es la promoción del fortalecimiento organizativo e identidad política de las Organizaciones de base de las Mujeres de la provincia de Chimborazo, y el fortalecimiento de proyectos productivos culturales liderados por mujeres indígenas, afro-descendientes y montubias.
En el marco de esta política, en el año 2012 se firmó un convenio entre el MCP y la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (AMJUPRE), a fin de desarrollar actividades de promoción, fortalecimiento e implementación de los derechos y liderazgo de las mujeres rurales. En este marco, también se estableció la organización conjunta del III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales (III ENLAC), realizado en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en marzo de 2012, con la finalidad de visibilizar la problemática de las mujeres rurales y demandar acciones puntuales por parte de los Estados. En este encuentro regional se generó una declaración con las prioridades de cada país.
En julio de 2011, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, establece en su Estatuto Orgánico, planes, programas y proyectos orientados a apoyar emprendimientos a favor de la mujer y la familia campesina. Entre estos proyectos se puede mencionar la “Construcción e Implementación de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales en el Ecuador”, que se ejecutó en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el marco de este proyecto, concebido en el 2008 y retomado a fines del 2010, se realizó un proceso de capacitación y sensibilización en temas de género a funcionarios y funcionarias de la institución, así como talleres con mujeres rurales para el diagnóstico, capacitación y sensibilización; estos talleres contaron con una participación de alrededor de 1500 representantes de diversas organizaciones de mujeres rurales.
Por otro lado, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), creada en mayo del 2008, es la encargada de cuidar y distribuir el agua en el país. Esta institución conjuntamente con el MIDUVI, coordina el Programa Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el Ecuador, que contribuirá a la construcción de la gobernabilidad democrática y sostenible de los servicios de agua, promoviendo además la equidad social, territorial y de género. A partir de junio del 2009, la SENAGUA incorporó el enfoque de género en todos los documentos del Programa como el convenio, el marco de indicadores, el reglamento operativo y los términos de referencia. Además, ha priorizado las intervenciones en comunidades donde hay liderazgo femenino en la gestión de los servicios, para visibilizar los esfuerzos de las mujeres campesinas en la defensa de sus derechos. Otra parte de este proceso es la capacitación a lideresas, organizaciones de mujeres y funcionarias y funcionarios públicos en la aplicación del enfoque de género en el sector agua. Resulta importante resaltar que 70 comunidades rurales de las 3 demarcaciones hidrográficas del Guayas, Manabí y Esmeraldas han recibido estas intervenciones integrales con las organizaciones de mujeres.
La CODAE, entidad especializada en el desarrollo integral y sustentable del pueblo afro-ecuatoriano, procurando la erradicación del racismo y la discriminación, desarrolló políticas de apoyo a las economías de las familias afro-ecuatorianas. Entre estas políticas se encuentra el convenio con la Asociación de Profesionales Afines Afro (APAADES), para la implementación del Proyecto Gastronómico para Mujeres Profesionales Afro-ecuatorianas en la ciudad de Esmeraldas, para el período 2010 – 2011, que ha generado puestos de empleo para sus socias. Adicionalmente, se crearon las Granjas Integrales para Organizaciones de Mujeres Afro-esmeraldeñas que producen productos agrícolas para la red gastronómica.
En otro ámbito, el MIDUVI ha diseñado una política pública de educación, vivienda y desarrollo económico, basada en los diagnósticos participativos realizados por el pueblo afro-ecuatoriano a partir de los años 2003 y 2004. En la mayoría de planes, programas y proyectos que se encuentran en ejecución, se han priorizado a mujeres jefas de hogar de comunidades, de zonas rurales y urbano-marginales. Desde el 2008 hasta la actualidad, se encuentra en ejecución el proyecto de “Vivienda en Ciudad Bicentenario” , en convenio con el Consejo Provincial y Quito Vivienda, teniendo como beneficiarias a mujeres jefas de hogar, en su mayoría de la Asociación Formal Revolucionaria de Mujeres Activas Afro-ecuatorianas (AFORMACTAE).
De igual manera, desde el año 2012, en las comunidades de los cantones de Ibarra, San Lorenzo, Esmeraldas, Lago Agrio y Guayaquil, se han beneficiado 60 jefas de hogar con la dotación de viviendas de interés social y la legalización de 800 terrenos, de los cuales el 40% son de mujeres jefas de hogar.
Con respecto a la recomendación del Comité sobre derogar normas que discriminen a la mujer, incluida la disposición del Código Civil que consagra una presunción a favor del marido en la administración conyugal; es menester destacar que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67, establece que el matrimonio es la unión de hombre y mujer en igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal; por otro lado, su artículo 69 establece que el Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. En ese sentido, con la finalidad de armonizar lo que establece la Constitución con el Código Civil, en el año 2010, se presentó ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil, que contempló, entre otros temas la eliminación de la frase “a falta de estipulación, se presumirá que el administrador es el marido”, contemplada en el artículo 180.
Por otro lado, se encuentra en discusión el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que busca reformar patrones socioculturales, como la preponderancia del apellido del padre sobre el de la madre. En este sentido, se pretende que la elección del apellido de hijos e hijas pueda ser de orden opcional.
En cuanto a la responsabilidad común de hombres y mujeres en el ámbito familiar, la Ley Orgánica Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia presentado en julio 2009, realizó avances sustanciales para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de alimentos, tales como: un procedimiento corto y eficiente para la determinación y pago de las pensiones y una “Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas”. Se establece la fijación provisional de alimentos con la sola presentación de la demanda; la depuración de procesos judiciales inactivos; la determinación de medidas emergentes e inmediatas para impedir el retardo del pronunciamiento judicial. Con lo cual se determina un nivel de corresponsabilidad familiar, buscando la igualdad de mujeres y hombres en el cuidado de hijas e hijos.