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Timestamp: 2018-12-13 01:00:33
Document Index: 247303172

Matched Legal Cases: ['artículo 261', 'artículo 27', 'artículo 261', 'artículo 88', 'artículo 27', 'artículo 261', 'artículo 88', 'artículo 32', 'artículo 27', 'artículo 41', 'artículo 261', 'artículo11', 'artículo 110']

Licenciado Mayid Martínez Calvo Encargado del Departamento de Gestión y Desarrollo Humano Consejo de Seguridad Vial - PDF
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Lidia Rivas Roldán
1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Licenciado Mayid Martínez Calvo Encargado del Departamento de Gestión y Desarrollo Humano Consejo de Seguridad Vial Estimado señor: Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos respuesta a su oficio DDGDH-1068 de fecha 1 de abril del 2005, recibidos por nosotros el día 5 del mismo mes y año, relacionado con el oficio emitido por este Asesoría Jurídica N mediante el cual se atendió consulta referida al plazo que debe cumplir la administración pública en los estudios de reasignación. Sirva la oportunidad nuevamente para manifestarle que si bien es cierto indicamos que tanto el Estatuto de Servicio como el Reglamento no establecieron expresamente un plazo a observar por parte de la administración en este tipo de gestiones, no obstante y para efectos de encontrar una adecuada interpretación sobre los posibles plazos, recurriremos fundamentalmente a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, quien ha venido delineando el tema sobre los plazos en algunos tipos de gestiones que se promuevan ante la administración. Siendo esto así, es importante considerar que la Sala Constitucional con atinado tono ha dado en distinguir entre peticiones puras y simples o simples solicitudes de información y las del artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública sea los reclamos administrativos o recursos administrativos, en cada caso, el plazo que opera, varía de conformidad con la naturaleza de la
2 Página No.2 gestión que se haya planteado, ello atendiendo a la comprobación, constatación o verificación de hechos que servirán de fundamento para dictar el acto administrativo final. En el caso de las primeras, el plazo de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política y el numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es de diez días para contestar la gestión. En el caso de la interposición de los recursos ordinarios 1 el plazo a observar es de un mes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 261 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, y finalmente se establece un plazo de dos meses el cual está regulado en el artículo 88 inciso a) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, y este plazo a observar en los casos de reclamos formulados con carácter inicial. Lo anterior en armonía con lo que ha ordenado la Sala Constitucional en su reiterada jurisprudencia, para citar alguna la Resolución N de las veinte horas con nueve minutos del cuatro de enero del dos mil, en el cual se indicó: El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta. De manera que, si todo ciudadano 1 Mediante Resolución N de las dieciocho horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil cinco, en el cual se resuelve una solicitud de aclaración y adición a la sentencia número de las 14:47 horas del 16 de noviembre del 2005, se indicó en el considerando único sobre el tema de los plazos: Esta sala ha aplicado en forma reiterada el plazo de un mes, previsto en el artículo 261, párrafo 2 de la Ley General de la Administración pública, para resolver los recursos ordinarios, el cual fue sobrepasado en el presente caso, No resulta aplicable el de dos meses, previsto en el artículo 88 inciso a) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que no se refiere a la fase recursiva sino a reclamos formulados con carácter inicial.
3 Página No.3 tiene la facultad de dirigirse por escrito a los órganos públicos, a fin de que éstos le informen o resuelvan asuntos de su interés, la Administración Pública necesariamente estará en la obligación de contestarle dentro de un plazo determinado, lo cual no supone en modo alguno que la contestación será favorable. (Sentencia número de las ocho horas cuarenta y dos minutos del tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco). Al respecto, el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece: "Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, entendidas las circunstancias y la índole del asunto". Sin embargo, cuando se trata de reclamos o recursos, procede aplicar el artículo 41 de la Constitución Política: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". Lo anterior por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras y simples, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes. En consecuencia, el plazo legal otorgado a la Administración para resolver estas gestiones, es el dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración
4 Página No.4 Pública, salvo norma expresa en contrario. (El subrayado no pertenece al original) No obstante lo anterior, a efectos de hacer una interpretación e integración del ordenamiento jurídico de forma más amplia, es conveniente también traer a colación lo que disponen los artículos 110, 111 inciso b) y 118 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, los cuales disponen: Artículo Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en un puesto se han dado, como consecuencia de modificaciones en los objetivos y / o procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos o servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente podrá gestionar ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación del puesto, o el estudio de clasificación que corresponda. Dicha oficina ejecutará los estudios respectivos considerando para tal efecto los objetivos, estructura organizacional avalada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), estructura ocupacional, funcionamiento, cobertura, procedimientos y otros aspectos básicos de organización que afecten la clasificación del puesto y obedezcan a un ordenamiento racional necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de la dependencia, por lo que las Oficinas de Recursos Humanos deberán conocer la citada información, así como controlar su constante actualización, de conformidad con los cambios y modificaciones que al respecto se suceda. De igual manera podrá proceder el servidor interesado titular del puesto, cuando compruebe que el jerarca o jefe autorizado no avala el tramite de reasignación de su puesto. (El subrayado no pertenece al original.)
5 Página No.5 Artículo En los casos previstos en los artículos 109 y 110 precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) (...) b) La Oficina de Recursos Humanos enviará al servidor titular del puesto al Jerarca o Jefe autorizado, en caso de plazas vacantes, una copia del resultado del estudio, para que, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, el titular del puesto pueda solicitar la revocatoria, presentando las consideraciones y objeciones que fundamenten el reclamo, las cuales serán resueltas en primera instancia, por la Oficina de Recursos Humanos, la cual determinará la procedencia de lo planteado. Si el resultado de la solicitud de revocatoria no satisface las expectativas del interesado, éste podrá, en segunda instancia, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibido de la segunda comunicación, apelar ante el Director General de Servicio Civil, quien resolverá, agotando la vía administrativa. Transcurrido el primer plazo señalado, sin que se hayan presentado objeciones por escrito, se emitirá la resolución que corresponda. (El subrayado no pertenece al original.) Los jefes de la unidades o dependencias en donde ocurran cambios en las tareas y responsabilidades de los puestos debe informar de ellos al jerarca o jefe autorizado de la institución, para que decida si deben consolidarse o volver al estado original dichas tareas y responsabilidades. Si se determina su consolidación, se debe comunicar a la oficina de recursos humanos para que analice la factibilidad de tramitar la reasignación del puesto,
6 Página No.6 conforme lo dispone el inciso b) del artículo11 de este Reglamento. Es claro y se desprende de las normas que anteceden, que en la administración al ocurrir variaciones o cambios sustanciales y permanentes en las tareas, actividades y responsabilidades y que afecten la clasificación de un puesto debe recurrir a verificar algunas situaciones que permitan llevar a cabo la reasignación, dichas constataciones, en la mayoría de los casos generan la elaboración de un estudio, el cual la administración o la oficina encargada de llevarla a cabo requiere de un plazo razonable para su debida elaboración. En virtud de lo anterior es claro, que la administración no está en presencia de una petición pura y simple, ya que como lo indica el artículo 110 del Reglamento aquí invocado se requiere:...dicha oficina ejecutará los estudios respectivos considerando para tal efecto los objetivos, estructura organizacional avalada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), estructura ocupacional, funcionamiento, cobertura, procedimientos y otros aspectos básicos de organización que afecten la clasificación del puesto y obedezcan a un ordenamiento racional necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de la dependencia... Así las cosas se desprende claramente en los casos de solicitud de estudios de reasignación, que no estamos ante la presencia del plazo que la Sala Constitucional ha establecido para la resolución de la peticiones puras y simples, por lo que en tal caso el plazo que debe operar para efectuar un estudio de clasificación, requiere ser un plazo razonable, que el requerido para resolver las simples solicitudes de información. Siendo esto así, la razonabilidad del plazo estará determinada en función de la verificación de los hechos, estudios u otras diligencias necesarias que sustentarán el motivo del acto final en este caso la
7 Página No.7 procedencia o no de la reasignación de un puesto. Es por ello que será la administración la llamada a establecer o determinar la razonabilidad del plazo, para llevar a cabo el estudio de clasificación, analizando las circunstancias que surjan en cada caso en particular. Atentamente, Original Firmado{Lic. Luis Enrique Castro Fonseca Lic. Luis Enrique Castro Fonseca ASESORÍA JURÍDICA
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (Aprobado en sesión 2434-11, 19/10/1977. Publicado en La Gaceta Universitaria 1, Año II, del 13/01/1978) (Adición de