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Timestamp: 2019-08-18 23:48:31
Document Index: 16717654

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 113', 'artículo 124', 'artículo 16', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 57', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 103', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 130', 'artículo 193', 'artículo 149', 'artículo 104', 'artículo 32', 'artículo 130', 'artículo 86']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 58-3, de 04/11/2013
cve: BOCG-10-A-58-3
Núm. 58-3
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, tramitado con competencia legislativa plena.
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, integrada por los Diputados don Juan José Matarí Sáez (GP), don José Alberto Martín-Toledano Suárez (GP), don Rafael Merino López (GP), don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (GS), don José Ignacio Sánchez Amor (GS), don Carles Pàramo i Ponsetí (GC-CiU), doña Ascensión de las Heras Ladera (GIP), doña Rosa María Díez González (GUPyD), don Aitor Esteban Bravo (GV-EAJ-PNV) y doña Onintza Enbeita Maguregi (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente
La Ponencia acuerda, por consenso, incorporar al texto la enmienda número 426 con las correcciones apuntadas por el Grupo Parlamentario Popular.
El texto del Proyecto de Ley que resulta de la enmienda incorporada en fase de Ponencia se refleja en el Anexo que acompaña al presente Informe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2013.-Juan José Matarí Sáez, José Alberto Martín-Toledano Suárez, Rafael Merino López, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, José Ignacio Sánchez Amor, Carles Pàramo i Ponsetí, Ascensión de las Heras Ladera, Rosa María Díez González, Aitor Esteban Bravo y Onintza Enbeita Maguregi, Diputados.
Con este respaldo constitucional, el Estado ejerce su competencia de reforma de la Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. En este sentido, se enumera un
listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una serie de garantías para su concreción y ejercicio. Las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Por tanto, solo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. De igual modo, la estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de convenios entre administraciones y la eliminación de duplicidades administrativas.
Por otra parte, la Ley incluye quince disposiciones adicionales, y diez disposiciones transitorias.
a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se incrementará en 0,10.
Seis. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 16, en los siguientes términos:
Siete. Se incluye un nuevo artículo 24 bis, con la siguiente redacción:
e) Pavimentación de las vías
f) Tratamiento de residuos.
Doce. Se introduce un nuevo artículo 32 bis, con la siguiente redacción:
Diecisiete. Se incluye un nuevo artículo 57 bis, con la siguiente redacción:
Dieciocho. Se introduce un nuevo artículo 75 bis, con la siguiente redacción:
300.001 a 500.000 ;Secretario de Estado - 10%.
150.001 a 300.000 ;Secretario de Estado - 20%.
75.001 a 150.000 ;Secretario de Estado - 25%.
50.001 a 75.000 ;Secretario de Estado - 35%.
20.001 a 50.000 ;Secretario de Estado - 45%.
10.001 a 20.000 ;Secretario de Estado - 55%.
5.001 a 10.000 ;Secretario de Estado - 60%.
2.001 a 5.000 ;Secretario de Estado - 70%.
1.001 a 2.000 ;Secretario de Estado - 80%.
4. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo. 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año."
Diecinueve. Se introduce un nuevo artículo 75 ter, con la siguiente redacción:
Veinte. Se modifica el artículo 84 bis, que queda redactado como sigue:
Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 85 ter, que queda redactado como sigue:
No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de la presente Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente.
Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones
contenidas en el apartado 1.b) de este artículo, será precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales.
Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis, con la siguiente redacción:
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de veinnte días."
Treinta. Se incluye un nuevo artículo 116 bis, con la siguiente redacción:
Treinta y uno. Se añade un nuevo artículo 116 ter, con la siguiente redacción:
Treinta y dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 130, que queda redactado como sigue:
"3. El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario".
Treinta y tres. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional quinta, que queda redactado como sigue:
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá
como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de pérdidas en dos ejercicios contables consecutivos.
Treinta y cinco. Se modifica la Disposición adicional duodécima, que queda redactada como sigue:
"Disposición adicional duodécima. Retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo de miembros de los órganos de gobierno
Uno. Se incluye un nuevo artículo 193 bis, con la siguiente redacción:
Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia..
Cuatro. Se añade una nueva Disposición adicional decimoquinta, con el siguiente contenido:
2. Esta Ley se aplicará a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1. La organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla se adecuará a lo previsto en la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta; la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y a las normas de desarrollo que hayan sido dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas.
2. Corresponde a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta; la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y de las normas reglamentarias dictadas en su desarrollo, determinar la forma de gestión de los servicios públicos con respeto a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursos públicos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.
1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto.
Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevén como propias del Municipio relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales.
1. Con fecha de 31 de diciembre de 2015, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.
La disolución, en todo caso, conllevará:
Lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, será de aplicación a la entrada en vigor de esta Ley.
El régimen previsto en el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, será de aplicación a los nombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Lo previsto en el apartado tercero del artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será de aplicación a los nombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para incluir una nueva disposición adicional, la vigésima, con la siguiente redacción:
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
"2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos en el número anterior referidos a la conveniencia del régimen de monopolio y se recabará informe de la autoridad
de competencia correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado d) deberá ser optado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.