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Timestamp: 2019-01-19 12:57:08
Document Index: 384557822

Matched Legal Cases: ['Artículo 395', 'Artículo 411', 'Artículo 431', 'Artículo 62', 'Artículo 68', 'Artículo 70']

Estudio Final: Nicaragua
Managua, 12 de octubre de 2000
B. Propósitos de la CICC
La CICC fue suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. Entró en vigor, conforme a su artículo XXV, el trigésimo día a partir de la fecha en que fue depositado el segundo instrumento de ratificación, el 6 de marzo de 1997. Para Nicaragua, según el mismo artículo, la Convención entró en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que depositó su instrumento de ratificación. La CICC fue aprobada, por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, el 11 de noviembre de 1998 y el deposito del instrumento se efectuó el 6 de mayo de 1999. El 14 de julio de 1999 el Estado de Nicaragua recibió el acta de notificación de depósito del instrumento. El estudio pretende pues, analizar los esfuerzos y pasos que el Estado de Nicaragua, como Estado Parte de la Convención, ha llevado a cabo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio en materia de legislación penal sustantiva y procesal. Este estudio también incorpora las consideraciones y conclusiones del Taller "Análisis sobre la legislación penal nicaragüense y la Convención Interamericana contra la Corrupción", realizado en la ciudad de Managua, el 20 de septiembre del año 2000.
La CICC representa para América un Tratado inédito que unifica criterios y esfuerzos para luchar contra la corrupción. Antes de la suscripción de la CICC, cada Estado combatía de forma local y aislada el fenómeno de la corrupción. La CICC, supone un punto de referencia importante en el proceso legislativo de cada país para adecuar o considerar en su legislación de carácter penal, los fundamentos de la lucha contra la corrupción. Todo ello, por supuesto, en el marco del respeto al principio de legalidad constitucional.
La Convención consta de un Preámbulo y 28 artículos, cada uno de naturaleza diversa. Muchas de estas disposiciones son de carácter vinculantes para los Estados Partes.
El Proyecto consta de un Título Preliminar, y tres Libros. El Título Preliminar recoge las garantías penales constitucionales y temas de la aplicación de la ley penal; el Libro Primero aborda las disposiciones generales sobre delitos, faltas, penas, medidas de seguridad, consecuencias jurídicas accesorias de la infracción penal y de las personas penalmente responsables; el Libro Segundo, de los delitos en particular. La Comisión de Justicia, como lo expresa en su dictamen, mantiene, o trata de respetar en lo posible, el orden de la titulación del Código Penal de 1974, no obstante, incorpora una variedad de intitulaciones y tipos penales que hacen del mismo, un Libro radicalmente novedoso. El Libro tercero, regula las faltas penales.
Esta definición es amplia. Considera funcionario o empleado público no sólo a la persona designada o electa - como generalmente lo hace la mayoría de la legislación penal comparada -, sino también aquellas personas seleccionadas, designadas o electas para desarrollar funciones de carácter público. Es decir, amplía la definición de tal forma que considera al funcionario o empleado público antes de que tome posesión del cargo y ejerza sus funciones públicas. Esta cobertura de dicha definición más allá de lo convencional, se fundamenta, y con razón, en que un funcionario o empleado público una vez seleccionado o designado para el cargo público, puede de hecho desarrollar actividades que generen enriquecimiento o influencia al margen de la legalidad. Por tanto, los Estados Partes de la CICC entienden que incluir este supuesto a la definición del funcionario o empleado público, en la legislación penal y administrativa, permitiría sancionar a éstos que habiendo sido seleccionados, designados o electos para ocupar un cargo público se enriquezcan ilícitamente antes de iniciar el desempeño de sus funciones. Sin embargo, y como lo expresa la propia CICC, la inclusión de este concepto de funcionario público, deberá tomar en consideración y respetar los preceptos y principios constitucionales de cada Estado Parte, especialmente el principio constitucional de legalidad penal y sus requisitos.
Los funcionarios y empleados públicos son aquellos que participan en el ejercicio de funciones públicas. La expresión "participe en el ejercicio de funciones públicas", que utiliza el PCPRN a efectos penales, está referida para establecer o identificar cuándo un funcionario o empleado público está realizando o cometiendo un delito, y por tanto, considerar dichos hechos contra la función pública y cometidos, precisamente, por personas que se encuentran en disposición de atacarla desde dentro, esto es, cuando actúan desde su interior, cuando participan en el ejercicio de la función pública (GARCÍA ARAN, 1990, p. 26 y 27).
La provocación - que para unos es un acto preparatorio punible y para otros formas de participación intentada o formas punibles de la participación (Muñoz, 1993, p. 398)-, existe cuando directamente, o indirectamente pero por medios adecuados para su eficacia, se incita a la realización de un delito (Arto. 32, inc. 1); y se castiga exclusivamente en los casos en que la ley así lo prevea (Arto. 32, inc.
3). El PCPRN incluye la novedad de que si a la provocación hubiese seguido la ejecución parcial o total del delito, se castigará como inducción (Arto. 32 inc. 3), es decir como una forma de participación recordemos que, el PCPRN considera a efectos de pena al inductor como autor (Arto. 43 inc. 1)-.
Los incisos a) y b), c) y d) del artículo VI de la CICC describen y tipifican los delitos o actos de corrupción, estos constituyen el tema central de la Convención y vinculan a los Estados Partes.
La CICC establece que el sujeto activo (la persona que realiza el hecho típico o la conducta descrita en la norma jurídico penal) del delito de cohecho pasivo es el "funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas". Además del funcionario o la persona que ejerza funciones públicas, habrá que incluir, como lo indica el arto. I de la CICC, a las personas que han sido "seleccionadas, designadas o electas para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos".
En el PCPRN el sujeto activo es la autoridad, funcionario o empleado público, en los términos que precisa el arto. 395. También, como lo señala el inc. 5 del mismo arto., son sujetos activos el juez, magistrado, árbitro, fiscal, procurador público, secretario, perito o empleado judicial que participa en el ejercicio de funciones públicas.
El delito de cohecho activo en la CICC (inc. b, arto. VI, I) y en el PCPRN (Arto. 411) es un delito común, el sujeto activo puede ser cualquier persona.
La dádiva, según el Diccionario de la Real Academia Española (1992, p. 465) es "cosa que se da graciosamente", "acometer con dinero" (fr. fig.). La doctrina científica, discute si la dádiva ha de contener o no valor económico. La línea de pensamiento que el legislador sigue, es que el contenido económico de la dádiva en ambos delitos es irrelevante, la dádiva puede o no tener contenido económico, ya que la tipificación del cohecho responde simplemente a la preocupación del legislador por castigar al funcionario público o al particular que pretenda vender o comprar la función pública (ORTS BERENGUER, 1999, p. 759).
Por otra parte, el PCPRN castiga a los funcionarios públicos por aceptar dádivas para realizar un acto cumplido u omitido (Arto. 397), también sanciona a la autoridad o funcionario público que "admita dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente" (Arto. 398).
Decomiso: El arto. 401 del PCPRN establece que en los casos previstos de cohecho pasivo y activo, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso a favor del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, el Tít. V, del Libro II del PCPRN, establece otras consecuencias accesorias del delito y en el capítulo único, el decomiso y otras consecuencias. El arto. 112 expresa que toda pena "que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los instrumentos con que se haya ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que pudieran experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado y, si no lo son, se les dará el destino que corresponda y, en su defecto, se inutilizarán, salvo que se trate de armas de fuego o de guerra, éstas pasarán a disposición de la Policía Nacional (inc. 1). Y "cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se satisfagan completamente las responsabilidades civiles, podrá el juez o tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente" (inc. 2).
Propuesta de enmienda al PCPRN
Artículo 395. Cohecho de funcionario público
1. El funcionario público que, directa o indirectamente, requiera o acepte cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, incurrirá en la pena de prisión de tres a cinco años, multa de trescientos a quinientos días e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.
2.Si el funcionario es un procurador de justicia, fiscal, secretario judicial, juez o magistrado la pena será de seis a diez años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período.
Artículo. 396. Suprimir
Artículo. 397. Suprimir
Artículo. 398. Suprimir.
Nota: La descripción del comportamiento prohibido, establecido en los artículos suprimidos se consideran comprendidos en la redacción propuesta al Arto. 395.
Artículo 411. Cohecho del particular.
La persona que ofrezca, entregue u otorgue directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, será sancionado con la pena de prisión de dos a cuatro años.
El PCPRN contiene una serie de tipos penales que delinean y, por tanto, son compatibles a la obtención ilícita de beneficios que prescribe la CICC por ejemplo, el delito de abuso de autoridad (Arto. 376), Concusión (Arto. 382), Negociaciones incompatibles (Arto. 408), Negociaciones prohibidas (Arto. 409). Sin embargo, se considera positivo perfeccionar un tipo penal del PCPRN (el delito de Fraude) con la propuesta que ofrece la CICC la "realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero".
Articulo 406. Fraude
El funcionario público que, en los contratos, suministros, licitaciones, contratos, concursos de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial, defrauda a entes u organismos del Estado, concertándose con los interesados en los convenios, subastas, ajustes, liquidaciones o suministros, incurrirá en las penas de prisión de cuatro a siete años e inhabilitación absoluta de dos a doce años.
persona natural o jurídica, oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera dinero u objetos materiales o el producto del mismo y dé al dinero y a los bienes provenientes de actividad ilícita apariencia de legalidad (inc. b).
La interpósita persona, el propietario, el administrador o representante legal o encargado de establecimientos que autoricen, permita o realice las transacciones conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto (inc.a);
Propuesta de Enmienda al PCPRN de 1999
La persona que, a sabiendas y sin haber tomado parte como autor o cómplice compre o se aproveche de cosas provenientes de la comisión de delitos, incurrirá en prisión de uno a tres años y con multa de cien a doscientos cincuenta días.
Artículo 431. Delito de encubrimiento.
1.Será penada con prisión de seis meses a tres años la persona que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o partícipe, intervenga con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes:
Auxilie a los autores o partícipes para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito.
Oculte, altere o inutilice los bienes, efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento;
2.En ningún caso podrá imponerse pena de prisión que exceda de la señalada al delito encubierto. Si este estuviera castigado con pena de otra naturaleza, la pena de prisión será sustituida por la de multa de cincuenta a cien días, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta, en cuyo caso se impondrá al culpable la mitad del extremo mínimo de la pena que se aplique al delito principal.
3.Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aún cuando el autor del hecho encubierto esté personalmente exento de pena.
4.Los encubridores de su cónyuge o de personas a quien se hallen ligados en unión de hecho estable, de sus ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas están exentos de pena.
Arto. Soborno Internacional.
El funcionario público o cualquier otra persona que ofrece u otorga a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, será condenado con prisión de uno a cinco años, multa de cien a trescientos días e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.
2. Propuesta de enmienda al PCPRN
1.El funcionario público o cualquier otra persona que ofrece u otorga a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, será condenado con prisión de uno a cinco años, multa de cien a trescientos días e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.
2.Si el soborno internacional estuviere relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial, la pena será de cuatro a siete años de prisión, multa de doscientos o quinientos días e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.
Nota: Se presentan a consideración de los señores diputados dos estilos de tipificaciones, se considera que el Soborno Internacional sea incluido en el Libro Segundo, Título XXI, De los Delitos Contra el Orden Internacional
Parece que ésta descripción es más afortunada que la propuesta por la CICC. En la CICC se necesita que el funcionario público esté en el "ejercicio de sus funciones" y para el PCPRN basta sólo que el funcionario o empleado público haya "asumido" el cargo público. Es decir, el inc. d) del arto. 399 no requiere para que el delito de enriquecimiento ilícito se constituya que el funcionario o empleado público esté ejerciendo funciones públicas, sino basta que su patrimonio haya incrementado considerablemente a su patrimonio posterior a la "asunción de un cargo público".
El funcionario público que al ser debidamente requerido, no justifique razonablemente el incremento de su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, incurrirá en prisión de cinco a diez años, multa de doscientos a quinientos días e inhabilitación absoluta de dos a seis años.
1.El funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio para sí o para un tercero, incurrirá en la pena de prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientos días e inhabilitación absoluta de dos a cuatro años.
2.Si resulta grave daño para la Administración pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años, e inhabilitación absoluta de cuatro a seis años. A los efectos de este artículo, se entiende por información privilegiada toda información de carácter secreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada.
La acción que establece la CICC consiste en el uso o aprovechamiento indebido de cualquier tipo de bienes del Estado. El arto. 404 del PCPRN describe el comportamiento en la aplicación o utilización o uso privado de los bienes muebles o inmuebles de carácter público en beneficio del funcionario o empleado público o de una tercera persona.
El funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier entidad estatal o municipal, autónoma o de entes descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública u Organismos dependientes de algunas de ellas, puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de quinientos a setecientos días, e inhabilitación especial por tiempo de uno a cinco años.
El funcionario público que por sí o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado, incurrirá en las penas de prisión de cuatro a siete años, multa de cien a quinientos días e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
El particular que por sí o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado, será castigado con las penas de prisión de uno a tres años.
El funcionario público que destinare o le dé una aplicación pública distinta a las señaladas por la ley a los caudales, efectos o valores puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de dos a cuatro años de prisión y multa de trescientos a quinientos días, e inhabilitación absoluta de uno a tres años.
El procedimiento de oficio es la averiguación que hace el juez del delito o falta y del delincuente, excitado por noticias extrajudiciales o por queja de la parte agraviada, sin mostrarse parte (arto. 30 In), excepto los casos que la ley exigiere querella, denuncia o consentimiento de la parte agraviada, o de sus representantes legales, los jueces procederán de oficio a la averiguación y sanción de los delitos y faltas penales (arto. 31 In). Asimismo, los jueces procederán de oficio a tramitar las causas criminales remitidas por la policía, cuando ésta, en los casos permitidos por la ley, hubiere comenzado las investigaciones por denuncia de los particulares, por haber descubierto alguna evidencia, o por haber sorprendido al autor en el acto de cometer delito. Lo dispuesto en este artículo incluye a los delitos propios de los funcionarios públicos. (arto. 31 In) Es decir, el In. faculta a los jueces a conocer y perseguir criminalmente de forma oficiosa los delitos que los funcionarios o empleados públicos cometan en el ejercicio de sus funciones o cargo.
La denuncia es la manifestación que cualquier persona hace de forma escrita u oral al juez, del delito o falta cometidos, nombrando o no al delincuente, pero sin obligarse a la prueba. (arto. 32 y 33In). Si la persona hiciera la denuncia de forma oral, el judicial "recibirá declaración jurada al denunciante sobre el hecho, sus circunstancias y personas que lo presenciaron, y en seguida proveerá el auto cabeza de proceso" y si la denuncia la hiciera por escrito el juez "proveerá enseguida el auto cabeza de proceso, continuándose, en uno y otro caso, la causa como de oficio; salvo que el denunciante quiera y pueda mostrarse parte, que entonces se seguirá como por acusación. (arto. 33 In).
Esta asistencia y cooperación recíproca, deberá, lógicamente, desarrollarse en el marco del reconocimiento y respeto de las garantías del proceso debido a lo que establece la Cn.
Requerimiento o aceptación.
Ofrecimiento u otorgamiento.
Obtención ilícita de beneficios.
Aprovechamiento u ocultación.
Ofrecimiento u otorgamiento (transnacional).
Incremento del patrimonio.
Uso de información reservada o privilegiada.
Aprovechamiento indebido (de información reservada o privilegiada).
Uso o aprovechamiento (de bienes del Estado).
Influencia de funcionarios.
Desviación ajena a su objeto (de bienes del Estado).
Arto. 227 Receptación
Arto. 395 inc. 1 y 4 Cohecho de funcionario público
Arto. 396 Suprimir
Arto. 397 Suprimir
Arto. 398 Suprimir
Arto. 399 Enriquecimiento ilícito
Arto. 400 Influencia de funcionarios
Arto 413 Influencia particular
Arto. 403 Malversación de caudales públicos
Arto. 404 Aplicación privada de bienes de la administración pública
Arto. 406. Fraude
Arto. 411 Cohecho de particular
Arto. 431 Delito de encubrimiento
Tabla comparativa de adecuación y armonización entre la CICC y el PCPRN
Delitos o Actos de Corrupción CICC
Delitos equivalentes en el PCPRN
Cohecho pasivo Arto. 395
Arto. 395 inc. 1 y 4 Arto. 396, 397 y 398
Ofrecimiento u otorgamiento Arto. VI,1, b
Cohecho activo Arto. 411
Obtención ilícita de beneficios Arto. VI,1,c
Abuso de autoridad Arto. 376 Concusión Arto. 382 Fraude Arto. 406 Negociaciones incompatibles Arto. 408 Negociaciones prohibidas Arto. 409
Arto. 406
Aprovechamiento u ocultación de bienes Arto. VI,1,d
Encubrimiento Arto. 431 Receptación Arto. 227
Lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas Arto. 61
Arto. 227 y 431
Soborno transnacional Arto. VIII
Este tema se regula con base a los principios generales sobre la aplicación de la ley penal en el espacio, el tiempo y lugar de la comisión del delito Arto. 12, 13, 15 inc. d
Enriquecimiento ilícito Arto. IX
Enriquecimiento ilícito Arto. 399
Aprovechamiento indebido (de información reservada o privilegiada) Arto. XI,1,a
Uso prohibido de información secreta Arto. 410
Uso o aprovechamiento de bienes del Estado Arto. XI,1,b
Aplicación privada de bienes de la administración público Arto. 404
Influencia de funcionarios Arto. XI,1,c
Tráfico de influencia de funcionarios Arto. 400 Tráfico de influencia de particular Arto. 413
Arto. 400 y 413
Malversación de caudales públicos, Arto. 403. Aplicación privada de bienes de la administración público Arto. 404
Arto. 403 y 404
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Artículo 62. Incumplimiento de trabajo de utilidad públicaTC \l 4 "Incumplimiento de trabajo de utilidad pública ".
Artículo 68. Abono del término de prisión preventiva
Artículo 70. Suspensión de la pena privativa de libertad