Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20010135
Timestamp: 2019-07-23 15:31:18
Document Index: 198198488

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 243', 'artículo 158', 'Artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 140', 'artículo 363', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 250', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 243', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'Artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158', 'Artículo 158', 'artículo 13', 'artículo 250', 'artículo 150', 'artículo 158', 'artículo 243', 'artículo 8']

C-126 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020010135CC-SENTENCIAC126201102/03/2011CC-SENTENCIA_C_126__2011_02/03/2011200101352011Sentencia C-126/11 PROHIBICION DE JUZGAMIENTO EN AUSENCIA DE ADOLESCENTE SOMETIDO A PROCESO JUDICIAL POR RESPONSABILIDAD PENAL- Cosa juzgada constitucional AUSENCIA DE ADOLESCENTE SOMETIDO A PROCESO JUDICIAL POR RESPONSABILIDAD PENAL- Aumento de la prescripción de la acción penal REGIMENES JURIDICOS DE ORDEN PROCESAL PENAL ESTABLECIDOS PARA ADOLESCENTES Y PARA ADULTOS- Trato diferenciado COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Reglas jurisprudenciales/ COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Criterios para determinar su existencia Para determinar si se está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es preciso examinar cuatro elementos: 1. Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible. || 2. Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción. || 3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la 'reproducción' haya sido declarado inconstitucional por 'razones de fondo', lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma. || 4. Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad. || Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental". INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA- Procedencia TEST DE IGUALDAD- Jurisprudencia constitucional Referencia: expediente D-8186
Víctor Javier Velásquez GilCONSTITUCIONALIDADMaría Victoria Calle CorreaDemanda de inconstitucionalidad, parcial, contra el artículo 158 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1089 de 2006.D8186Identificadores20020010136true21785Versión original20010136Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad, parcial, contra el artículo 158 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1089 de 2006.
AUSENCIA DEADOLESCENTE SOMETIDO A PROCESO JUDICIAL POR RESPONSABILIDAD PENAL-Aumento de la prescripción de la acción penal
Para determinar si se está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es preciso examinar cuatro elementos: 1. Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible. || 2. Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción. || 3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la 'reproducción' haya sido declarado inconstitucional por 'razones de fondo', lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma. || 4. Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad. || Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental".
1. El 16 de junio de 2011, Víctor Javier Velásquez Gilpresentó acciónde inconstitucionalidad, parcial, contra el artículo 158 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1089 de 2006. Mediante Auto de 16 de julio de 2010, el Despacho sustanciador decidió que parte de los cargos de la demanda ya habían sido estudiados por la Corte Constitucional en sentencias que habían hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que debían ser rechazados. En cuanto a los demás, consideró que los mismos no cumplían con los requisitos necesarios para poder ser analizados en sede de constitucionalidad, por lo que debían ser inadmitidos para que pudieran ser corregidos por el demandante.
Artículo 158. Prohibición de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte."
1. A juicio del demandante, en virtud de la norma, "[…] el menor que inasiste justificadamente al proceso, gozará de la prerrogativa de la suspensión del juicio (igual que sucede si fuera mayor de edad), pero soportará una carga excesiva que consiste en el aumento del término de prescripción en una tercera parte." Considera que las garantías de (i) prohibir el juicio en ausencia y (ii) de ordenar la suspensión hasta que él no compareciera, tenían como carga (iii) el aumento del término de prescripción. Esas garantías y esa carga, sostiene, "[…] se previeron sin limitar el alcance del artículo estudiado a los casos de ausencias justificadas. || Sin embargo, la interpretación constitucional dad por la Corte que usted integra, dispuso que la única interpretación posible para la aplicación de esa norma es que 'la configuración del legislador es constitucional en la medida en que la ausencia del menor tenga justificación'. "[1]
"[…] considero que no existe cosa juzgada constitucional, pues como quedó explicado, la Corte Constitucional, en sentencia C-055 de [2010], en lo que se refiere al incremento del término de prescripción de la acción penal, sólo se pronunció para decir que era inoperante cuando el juicio se continuaba, por ser obedecer [sic] la ausencia del menor a rebeldía o contumacia."[2]
"[…] se debe hacer un estudio sobre la razonabilidad del trato discriminatorio en el caso específico:
Se debe iniciar la valoración por el análisis del fin buscado por la medida. De acuerdo con la redacción original del artículo 158 demandado, podría considerarse que el aumento del término de prescripción de la acción penal cuando se daba la ausencia del menor acusado, obedecía, precisamente, a la no exigencia de justificación alguna y era una carga soportada por el beneficio de la prohibición original -beneficio del que no gozaban los mayores de edad-. Es decir, el sentido de la norma original, antes de que se fijase su alcance mediante la sentencia de constitucionalidad 55 de 2010, era que no podía adelantarse juicio penal en contra de un menor que no estuviera presente en las audiencias, fuera su ausencia justificada o no, pero como carga por esa garantía, se aumentaría el término de prescripción en una tercera parte (sentido que comparte el actor, era inexequible por atentar contra los derechos de las víctimas.)
Sin embargo, habiendo cambiado las circunstancias originales de la norma a partir de la sentencia de control de constitucional referida, no se observa la existencia de algún fin que permita diferenciar el tratamiento en ausencia de los procesados de acuerdo a su edad."[3] (subrayas en el texto original).
"[…] para definir la proporcionalidad de la disposición normativa, se debe analizar el propósito seguido por la misma.
Como carga por la prerrogativa de la suspensión justificada del proceso, los menores de edad -paradójicamente no los mayores, quienes no soportan ninguna carga- se atienen al incremento del término de prescripción en una tercera parte.
En síntesis, el propósito de la medida es impedir que por las ausencias justificadas de los menores de edad que conlleven la suspensión del juicio, prescriba la acción penal en contra del imputado."[4]
Concretamente, el demandante considera que la disposición "[…]no es constitucional, pues la carga -aumento de la tercera parte del término de la prescripción- no resulta proporcional con el beneficio -suspensión del proceso, con justa causa-. || Es claro que si existe una justa causa acreditada para inasistir a alguna audiencia programada en el proceso en contra del adolescente y por ello se suspende el proceso mientras se logre la comparecencia suya, no hay ninguna razón de orden constitucional que justifique imponerle una carga. […] || Para aclarar el tema, se puede acudir a un ejemplo. Un menor de edad, padece una enfermedad terminal, la cual ha sido acreditada ante las autoridades judiciales, motivo por el cual habiéndosele citado, él no puede acudir, justificadamente, a la audiencia preparatoria programada para el mismo día en que se le iba a realizar un procedimiento médico inaplazable. Por ese motivo, el juez, dando aplicación al artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia, tendrá que aumentar el término de prescripción de la acción penal en la tercera parte." Para la demanda, el Estado antepone la finalidad de perseguir los delitos en un término ampliado, antes que la dignidad del procesado que justificadamente inasiste a alguna diligencia penal, conllevando su suspensión.
5. Finalmente, el demandante advierte que tener como constitucional la decisión legislativa de ampliar el término de prescripción en estos casos, resulta desproporcionado en tanto no hay un margen para que el juez penal prorrogue el término de prescripción. Significa eso que inexorablemente el operador de justicia deberá, sin considerar el tiempo que se haya debido suspender el proceso -un día o un año- aumentar el término de prescripción en la tercera parte. O sea que la prórroga de alguna audiencia procesal penal, por un día, impondrá al juez la obligación de incrementar el término de prescripción de la acción penal, que prácticamente consiste en el aumento mínimo de 1 año y 6 meses, cuando el delito investigado prescribe en 5 años -período mínimo de prescripción de la acción penal-.
"[en la sentencia se] declaró la constitucionalidad de la norma demandada en el sentido de interpretarla y aplicarla en los casos de ausencia del menor de edad que tenga justificación y no simplemente, cuando su ausencia se basa en la renuencia a comparecer o la contumacia, como forma de eludir las obligaciones contraídas con ocasión de la comisión del delito.
En dicha jurisprudencia, la Corte determinó, de manera previa, al revisar la constitucionalidad del artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que, de conformidad con la solicitud que hiciera la Procuraduría General de la Nación, estudiaría el cargo propuesto respecto de la totalidad del artículo 158 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del principio de unidad normativa."
2.1. Para el Ministerio, la demanda no reúne la 'suficiencia' requerida para producir una decisión de fondo, ya que "[…]el demandante se limita a afirmar que la norma acusada, al disponer el aumento de la prescripción de la acción penal del procesado en ausencia, vulnera el principio de igualdad, pues establece un tratamiento discriminatorio e injustificado para los menores de edad frente al tratamiento que la legislación procesal penal establece para los adultos, lo cual, a juicio de este Ministerio resulta insuficiente para realizar un estudio de constitucionalidad, pues para llegar a tal conclusión es preciso hacer una análisis del contenido y alcance de la norma impugnada, su interpretación dentro del contexto al cual pertenece, revisar los antecedentes legislativos que le dieron origen, todo lo anterior orientado a determinar de qué manera se desconocen las disposiciones constitucionales aducidas como vulneradas y ello no se hizo por el actor en el presente proceso. Por lo tanto, la falta de suficiencia del concepto de la violación alegada, implica que no se reunieron los requisitos mínimos que habilitan a la Corte para pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, motivo por el cual, lo procedente es la inhibición."
2.2. El Ministerio considera que en caso de que la Corte Constitucional decida estudiar de fondo la demanda de la referencia, se deberá concluir que se trata de una cuestión que ya fue analizada por la Corporación y que la norma es constitucional. A su parecer, "[…]el aparte de la norma impugnada se encuentra ajustado a la Constitución Política y no resulta violatorio del principio de igualdad, toda vez que el legislador, amparado en el trato diferenciado que le impone la Constitución, ha establecido el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, claramente especializado y diferenciado del sistema procesal penal común previsto para adultos, lo cual responde a finalidades distintas, basadas en la edad y condición del sujeto. || En ese sentido, como no resultan equiparables los regímenes jurídicos de orden procesal penal establecidos para adolescentes y para adultos, el cargo por violación del principio de igualdad esgrimido respecto del artículo 158 de la Ley 1098 de 2006, no resulta procedente pues el criterio de comparación empleado apela a situaciones notoriamente distintas."
1. Para el Procurador, después de que el artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia fue condicionado por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2010 adopta un trato desigual, mediante una medida innecesaria. Otorga un trato desigual a los adolescentes que son juzgados por el Sistema Penal Adolescente en comparación con el que se da a los adultos que son juzgados de conformidad con el Sistema Penal Acusatorio establecido en la Ley 906 de 2004, lo cual resulta más gravoso para los primeros, a pesar de la especial protección que merecen y del interés prevalente de sus derechos. Y adopta una medida innecesaria que, a su juicio, no puede sostenerse que sea la más idónea para alcanzar alguno de los fines constitucionalmente imperiosos que persigue el Código de la Infancia y la Adolescencia, como son los de garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño (artículo 140). Señala que ello es así, "[…]pues, aunque el logro de estos fines pudiera facilitarse con el aumento del término de prescripción, en todo caso existen otras alternativas con las cuales también se pueden lograr, sin dar el trato desfavorable a los menores, como puede ser, por ejemplo, suspender el término de prescripción o fijar un límite al término por el cual pueden suspenderse el proceso penal por inasistencia justificada del adolescente, vencido el cual el proceso pueda proseguir aún sin su presencia."
"[…] debe decirse que las normas son diferentes porque el demandante en el caso de la demanda C-055 de 2010 no distinguió entre la inasistencia injustificada y la justificada, lo que sí ocurre ahora, después de la sentencia condicionada de la Corte, en donde se exigió que para que procediera la suspensión del proceso penal la inasistencia debía ser justificada. Esta modificación altera el sentido de la norma, que en principio en nada dependía de que el adolescente fuera contumaz o persona ausente y tan sólo buscaba imponer una carga mayor para que las autoridades competentes del Sistema Penal Adolescente tuvieran que garantizar la comparecencia del adolescente al proceso penal, y conduce a una desigualdad de trato en beneficio del adolescente renuente o contumaz, por cuanto la prescripción de la acción penal se mantiene incólume frente al incremento de la misma para el adolescente contumaz, pero se aumenta para quien justifique debidamente su inasistencia."
A su parecer, los cargos por violación a la igualdad presentados en la demanda de la referencia, son diferentes a los cargos que se analizaron en la sentencia C-055 de 2010. Por eso señala que "[…]el asunto de la posible discriminación negativa y desproporcionada en contra de los adolescentes, que señala el actor de la presente demanda, no fue estudiado por la Corte en la citada sentencia. || En el presente […] se debe establecer si dar un trato diferente y desfavorable a los menores que no asisten de manera justificada al proceso penal, al ampliar el término de prescripción de la acción penal con respecto del trato que reciben los mayores de edad cuando se encuentran a la misma situación, es una discriminación injustificada. Aunque, no sin antes aclara que la no concurrencia de un adulto a un proceso por razones justificada, también puede hacer necesaria la suspensión del proceso."
"De un lado, podría sostenerse, como lo sugiere el actor, que el aparte acusado da un trato desigual a los adolescentes penalmente procesados, en razón de su edad, en contraste con el tratamiento que el Código de Procedimiento Penal da a los mayores de edad, quienes al tenor del numeral segundo del artículo 363 de la Ley 906 de 2004, pueden solicitar la suspensión de una audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que ello traiga consecuencia alguna respecto del término de prescripción penal, lo que podría considerarse sospechoso y determinaría la necesidad de realizar un test de razonabilidad estricto.
Sin embargo, esta apreciación no requiere siquiera de la aplicación de un test de igualdad pues, aún sin hacerlo, es evidente que si la persona que debe ser tratada de manera más favorable, en razón del derecho que tiene a una especial protección del Estado, es en la práctica sometida a un trato más desfavorable como el que se da a las personas que no gozan de dicha protección especial, se está incurriendo en una discriminación negativa injustificada."
2.1.La decisión adoptada por la Corte Constitucional respecto de la norma acusada
2.1.2. En la sentencia C-055 de 2010, la Corte resolvió entre otras cosas, declarar exequible el artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia, "bajo el entendido de que su interpretación será la expresada en los términos de los fundamentos jurídicos 82 y 83 de esta providencia."[8]
2.1.3. Vistos los apartados 82 y 83, ha de entenderse que la Corte Constitucional declaró el artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia constitucional, 'bajo el entendido de que la misma no incluye al infractor contumaz o rebelde' (C-055 de 2010).
2.1.4. El demandante acusó a los apartes mencionados del artículo 158 del Código de inconstitucionales, por violar el derecho a la igualdad, y desconocer el deber establecido en el artículo 250 constitucional para la Fiscalía, de perseguir el delito y acusar a sus responsables sin que se discrimine entre los responsables del mismo. No encontraba justificación para que el legislador hubiese "[…]incluido la regla de que la no comparecencia del menor infractor a la etapa de juzgamiento, fuerza a suspender el proceso y por tanto a extender el término de la prescripción de la acción en un tercio. Porque, en su opinión, el juicio en ausencia del menor no impide alcanzar el propósito de proteger al menor del ambiente de delincuencia, ni de orientarlo hacia el respeto de las normas de convivencia, y tampoco veda las opciones de ordenar como forma de establecer la responsabilidad, las medidas que resulten más convenientes al adolescente juzgado".[9]
2.1.5.1. La Corte encontró que la diferencia de trato que daba el artículo 158 en cuestión a las víctimas de delitos cometidos por adultos con relación a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes, al impedir que los juicios en contra de éstos últimos se dé en su ausencia, eraprima facie una diferencia razonable constitucionalmente. Consideró que se trataba de dos instituciones que, 'en principio', no son comparables, por cuanto pertenecen a regímenes jurídicos distintos, regulados dentro del margen de configuración reconocido constitucionalmente. Expresamente dijo la Corte,
"En estas condiciones, como quiera que en principio no resultan equiparables los regímenes jurídicos de orden procesal penal establecidos para adolescentes y para adultos, el cargo por violación del principio de igualdad esgrimido por el demandante respecto del artículo 158 del C.I.A., no resulta procedente, pues el criterio de comparación o tertium comparationis empleado apela situaciones notoriamente distintas."[10]
2.1.5.2. Adicionalmente, se consideró que,prima facie, no era una medida legislativa desproporcionada dicha diferencia de trato, puesto que implicaba restringir temporal y limitadamente la protección de los derechos de las víctimas de adolescentes, a favor de un cumplimiento más estricto de la 'regla general' según la cual el proceso penal debe ser en presencia de la persona,[11] no en su ausencia, a propósito del interés superior de sujetos de especial protección constitucional (los adolescentes).[12] Para la Sala, "[…] la previsión consagrada en el artículo 158 del C.I.A., dispuesta en el marco de potestad de configuración normativa reconocida al legislador, es constitucional como quiera que con ella se refuerzan las condiciones para que el adolescente acusado pueda ejercer su defensa material, contradecir las pruebas, participar en el juicio y expresarse libremente, a modo de reconocer su especial condición que justifica ampliar el ámbito del derecho al debido proceso, así como mayores exigencias para las autoridades, para asegurar que el menor goce efectivamente de tales garantías constitutivas de su derecho."[13] La Corte tuvo en cuenta que, de acuerdo con su propia jurisprudencia, 'la especial condición de los niños, las niñas y los adolescentes es el fundamento de mayores exigencias para las autoridades que han de crear las condiciones para asegurar el goce efectivo de las garantías constitutivas del derecho al debido proceso.'[14]
2.1.5.3. La Corte también consideró en la sentencia C-055 de 2010 que "[…] la disposición [art. 158, CIA] que crea como garantía para el adolescente infractor, que el juicio en su contra no pueda ser adelantado en su ausencia, forzando así a la suspensión del proceso, no es una medida arbitraria o irracional, sino que opuesto a ello, es consistente con las reglas generales del procedimiento y la procura de hacer efectivas las garantías connaturales a un debido proceso."[15]
2.1.5.4. No obstante, como se indicó, la medida no se consideró completamente constitucional. Para la Corte, algunos de los casos cobijados por la norma afectaban desproporcionadamente los derechos de las víctimas. A saber, el caso de los menores que dolosa y estratégicamente usan la regla para actuar de mala fe frente al proceso y frente a los derechos de las víctimas; es decir, adolescentes que pretenden beneficiarse de su propio dolo. Por ello decidió la Sala que "la configuración del legislador es constitucional en la medida en que la ausencia del menor tenga justificación y no obedezca, simplemente, a la renuencia a comparecer o a la contumacia como forma de eludir las obligaciones que ante sí mismo, las víctimas del delito, la sociedad y el Estado, contrajo con ocasión del delito."[16] A su parecer, lo irrazonable y desproporcionado sería restringir la protección de los derechos de las víctimas en tales situaciones.[17]
2.1.5.5. Por ello, en conclusión, decidió que 'los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia, bajo el entendido de que la misma no incluye al infractor contumaz o rebelde', e impartió indicaciones en sus consideraciones, para el correcto entendimiento por parte de los jueces de la decisión adoptada, así como de sus alcances y sus límites.[18]
2.2.Reglas jurisprudenciales básicas sobre cosa juzgada constitucional
2.2.1. La Corte Constitucional carece de competencia para conocer demandas en contra de normas sobre las cuales existecosa juzgada formal, esto es, normas respecto de las cuales "existe una decisión previa del juez constitucional",[19] que ya han sido objeto de control constitucional. Se trata pues, de asuntos ya decididos por la Corte, que no se pueden retomar, de acuerdo con el orden constitucional vigente. Ahora bien, cuando se trata de una norma que no es formalmente igual, pero que supone, en realidad, una cuestión constitucional que ya fue materialmente resuelta, se considera que existe una cosa juzgada material. En palabras de la jurisprudencia la cosa juzgada material es un fenómeno que se presenta "[…] cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera sí respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política. […]".[20]La jurisprudencia constitucional ha establecido cuatro criterios para determinar si existe o no cosa juzgada material en un determinado caso,[21] los cuales han sido reiterados en varias ocasiones.[22]
2.3.Problema jurídico de procedibilidad planteado por la acción de inconstitucionalidad
"Procede entonces integrar la unidad normativa pues el ciudadano ha demandado dos proposiciones jurídicas que no tienen un contenido deóntico unívoco, pues está claro que para entenderlas y aplicarlas, es imprescindible completar su contenido normativo con los demás apartes que no fueron acusados. Es decir que lo demandado del artículo 158 del C.I.A., no resulta comprensible como regla de derecho ni puede ser cotejado de modo razonable con la Constitución, más aún cuando el problema jurídico propuesto por el ciudadano las incluye bien directa (la 1ª), bien indirectamente (la 2ª y la 3ª). Además, las proposiciones que no han sido objeto de acusación no conservan un sentido útil para la interpretación y aplicación normativa, pues poseen una relación inescindible de conexidad con los demandados.
Así las cosas, la Corte constitucional integra la unidad normativa y en ese orden, estudiará el cargo propuesto respecto de la totalidad del artículo 158 de la ley 1098 de 2006."[24]
2.3.4. Así pues, la demanda de la referencia sostiene que suscita el siguiente problema jurídico: ¿puede la Corte Constitucional entrar a conocer de fondo una demanda de constitucionalidad en contra de una norma que fue estudiada y declarada exequible, condicionalmente, por no violar los principios de igualdad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que la nueva demanda acusa la misma norma, por violar los mismos principios, pero teniendo en cuenta el nuevo sentido condicionado del artículo, y no el que originalmente tenía y fue estudiado por la Corte
2.4.La demanda de la referencia no puede ser estudiada en sede de constitucionalidad
2.4.2.2. En esa oportunidad la Corte se ocupó por establecer si la diferencia de trato que la norma establecía entre dos grupos de víctimas (las afectadas por victimarios adultos y las afectadas por victimarios adolescentes) era razonable constitucionalmente. En la presente oportunidad, por otra parte, lo que pretende el demandante es que se reconozca como discriminatoria la diferencia de trato que conlleva la norma acusada para dos grupos de sindicados (las personas adultas acusadas de cometer un delito y las personas adolescentes en similares condiciones), de acuerdo con la interpretación fijada en la sentencia C-055 de 2010, a partir de la cual se excluyó de los efectos de la norma 'al infractor contumaz o rebelde'.
2.4.2.4. La demanda hace precisamente lo que la sentencia decide que no se puede hacer, siguiendo la jurisprudencia constitucional. Esto es, aislar dos instituciones similares de dos regímenes jurídicos claramente diferentes y compararlas, no integralmente, sino parcialmente. De acuerdo con la sentencia, "[…]en principio no resultan equiparables los regímenes jurídicos de orden procesal penal establecidos para adolescentes y para adultos, el cargo por violación del principio de igualdad esgrimido por el demandante respecto del artículo 158 del C.I.A., no resulta procedente, pues el criterio de comparación o tertium comparationis empleado apela situaciones notoriamente distintas[…]".[25] Los cargos de este estilo no demuestran la inconstitucionalidad de la norma acusada, por cuanto son reclamos puntuales, que comparan instituciones similares, parcialmente y no integralmente. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, las violaciones al principio de igualdad, cuando se refieren a la diferencia de trato que se da a dos instituciones jurídicas similares, pero inmersas en regímenes legales distintos, deben ser analizadas con precaución. No se puede comparar directamente las dos instituciones sin considerar las diferencias que las mismas tienen en el contexto normativo en el que cada una se inscribe.[26] Esta fue la jurisprudencia aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2010, decisión a la cual esta Sala debe ahora atenerse.
2.4.3.2. En virtud de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2010, el artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia dejó de producir el efecto contemplado 'al infractor contumaz o rebelde', y continuó produciendo el efecto respecto del resto de personas adolescentes. Es decir, el fin normativo acusado por el demandante en este caso es el mismo que la Corte analizó en aquella oportunidad. No es un efecto jurídico nuevo que se produzca a partir de la decisión de la sentencia C-055 de 2010 de condicionar el sentido de la norma en cuestión. Por tanto, la demanda no busca cuestionar la constitucionalidad de una regla legal que comenzó a existir, en estricto sentido, a partir de la sentencia de constitucionalidad que la estudió y delimitó su interpretación, sino la de una regla legal que existía en el momento en que la Corte analizó la norma.
2.5. En conclusión, los cargos de la demanda presentada contra un segmento del artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006- se dirigieron en contra de una norma legal que ya había sido declarada exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional en una sentencia previa (C-055 de 2010) en la cual, dichos cargos habían sido considerados y analizados. Se trata de dos cuestionamientos (el primero de ellos, por violación del principio de proporcionalidad y el segundo, por violación del principio de igualdad) respecto de los cuales ya se dio el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y, por lo tanto, la Corte no se puede pronunciar nuevamente sobre ellos, más allá de estarse a lo resuelto en la decisión judicial previa.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 158 LEY_1098_2006_08/11/2006
De acuerdo con la sentencia C-126 de 2011, un ciudadano no puede acusar de inconstitucionalidad una norma legal que fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, cuando el cargo planteado (i) cuestiona un aspecto que ya se regulaba antes de que la Corte adoptara la decisión de declararla exequible condicionalmente o (ii) cuando lo hace con base en un argumento que ya fue considerado por la Corte Constitucional en aquella ocasión. 1. El primero de los criterios, esto es, que la norma no puede ser acusada de inconstitucional cuando se cuestiona un aspecto de ésta que ya regulaba antes de que la Corte adoptara la decisión previa de declararla exequible condicionalmente, surge de la solución al segundo de los cargos de la demanda. Sobre el punto, la Corte decidió que ese cargo (por desconocer el principio de proporcionalidad) no podía ser analizado en sede de constitucionalidad, "por cuanto se refiere a un sentido del texto que éste ya contemplaba cuando fue estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2010 y que fue analizado en aquella oportunidad." 2. El segundo de los criterios, esto es, que la norma no puede ser acusada de inconstitucional cuando lo hace con base en un argumento que ya fue considerado por la Corte Constitucional en aquella ocasión, surge de la solución al primero de los cargos de la demanda. En tal sentido, la Sala Plena consideró que dicha acusación (por desconocer el principio de igualdad) no podía ser estudiada porque si bien se dirigía "contra el sentido de la norma que adquirió luego de ser declarada exequible, condicionalmente", fue un cargo que sí fue analizado por la Corte al haber abordado la cuestión en términos generales.
Demanda de inconstitucionalidad, parcial, contra el artículo 158 delCódigo de Infancia y Adolescencia, Ley 1089 de 2006.
1. En la sentencia C-126 de 2011 la Corte Constitucional resolvió estarse a lo resuelto "[…]en la sentencia C-055 de 2010, en cuanto a la declaración de exequibilidad del artículo 158 del Código Nacional del Código de la Infancia y la Adolescencia por considera que la medida es razonable constitucionalmente y que no viola el principio de proporcionalidad ni el de igualdad, por los cargos analizados en aquella oportunidad." La demanda analizada presentó dos cargos en contra de la norma legal mencionada, que ya habían sido considerados y analizados por la Corte Constitucional en la sentencia previa citada (C-055 de 2010), en la que la norma acusada había sido declarada exequible de manera condicionada. Para la Corte, al tratarse de dos cuestionamientos (el primero de ellos, por violación del principio de proporcionalidad y el segundo, por violación del principio de igualdad) respecto de los cuales ya se dio el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, no se puede pronunciar nuevamente sobre ellos, más allá de estarse a lo resuelto en la decisión judicial previa.
2.1. Concretamente, a partir de la demanda presentada, la Corte Constitucional consideró que se planteaba el siguiente problema jurídico: ¿puede la Corte Constitucional entrar a conocer de fondo una demanda de constitucionalidad en contra de una norma que fue estudiada y declarada exequible, condicionalmente, por no violar los principios de igualdad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que la nueva demanda acusa la misma norma, por violar los mismos principios, pero teniendo en cuenta el nuevo sentido condicionado del artículo, y no el que originalmente tenía y fue estudiado por la Corte
2.2. Aunque es cierto, como lo señala la Sala, que la demanda presentada y analizada en la sentencia, se funda en hechos y argumentos que, en realidad, no plantean el problema jurídico en los términos que sugiere la demanda, ésta pone sobre la mesa un debate constitucional respecto al cual la comunidad académica y profesional, así como los funcionarios judiciales, se tendrán que pronunciar. La cuestión, a saber, es la siguiente: ¿puede un ciudadano acusar de inconstitucionalidad una norma legal que fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, cuando el cargo planteado (1) se refiere al sentido que adquirió la norma a partir del condicionamiento contenido en la sentencia y (2) no fue considerado por la Corte al momento de adoptar la decisión de condicionar la norma
2.4.2. El primero de los criterios, esto es, que la norma no puede ser acusada de inconstitucional cuando se cuestiona un aspecto de ésta que ya regulaba antes de que la Corte adoptara la decisión previa de declararla exequible condicionalmente, surge de la solución al segundo de los cargos de la demanda. Sobre el punto, la Corte decidió que ese cargo (por desconocer el principio de proporcionalidad) no podía ser analizado en sede de constitucionalidad, "por cuanto se refiere a un sentido del texto que éste ya contemplaba cuando fue estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2010 y que fue analizado en aquella oportunidad."
2.4.3. El segundo de los criterios, esto es, que la norma no puede ser acusada de inconstitucional cuando lo hace con base en un argumento que ya fue considerado por la Corte Constitucional en aquella ocasión, surge de la solución al primero de los cargos de la demanda. En tal sentido, la Sala Plena consideró que dicha acusación (por desconocer el principio de igualdad) no podía ser estudiada porque si bien se dirigía "contra el sentido de la norma que adquirió luego de ser declarada exequible, condicionalmente", fue un cargo que sí fue analizado por la Corte al haber abordado la cuestión en términos generales.
2.5. El deber que tiene la Corte Constitucional de 'la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución' [art. 241, CP], implica, entre otras, la función de declarar la inconstitucionalidad de las leyes que desconozcan la Carta Política, cada vez que en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad así lo solicite un o una ciudadana. El mismo fundamento jurídico que impide a la Corte Constitucional pronunciarse de fondo respecto de una demanda que acuse de inconstitucional una norma sobre la cual ya se dio un pronunciamiento, podría ser el que justifique que en las circunstancias señaladas en el problema jurídico que persiste, la Corte sí se pronuncie de fondo, si no lo hizo previamente.
2.5.3. Cuando la Corte adopta una decisión de constitucionalidad condicionada, sabe que este efecto de alteración de su sentido tiene lugar. Por tanto, suele anticiparse a los posibles efectos que tendría este nuevo sentido en el ordenamiento. En tales casos, se pronuncia acerca de la constitucionalidad de la norma, no sólo en su versión original, sino también en la nueva. Aquella que tendrá a partir de que se dicte la sentencia de constitucionalidad. Se pueden presentar, por lo tanto, dos situaciones cuando algún ciudadano cuestiona el sentido normativo de un texto, declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional. Que lo haga con base en un argumento no estudiado previamente por la Corporación o, por otra parte, con base en un argumento que sí fue considerado. En el segundo caso, como ya lo establece claramente la sentencia C-126 de 2011, no hay razón para entrar a estudiar nuevamente la cuestión, y corresponde por tanto a la Sala estarse a lo resuelto. Pero en el primero de los casos, el cual no se respondió en la sentencia, ¿no hay razón para analizar la cuestión, a pesar de que se trata de dimensiones y aspectos de las reglas jurídicas que subsisten en el sistema, que no han sido objeto de control constitucional y que, por tanto, podrían eventualmente estar en contradicción con la Constitución
[5]Ángela María Mora Soto.
[7] Se subraya la parte demandada en la sentencia C-055 de 2010 del artículo en cuestión: 'Artículo 158.Prohibición de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte.'
[9] Corte Constitucional, sentencia C-055 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). Para la Corte, el problema jurídico planteado al respecto era el siguiente: "¿Viola la norma acusada el artículo 13 en consonancia con el artículo 250 de la Constitución política, por generar un trato desigual frente a los adultos y por limitar la obligación constitucional de perseguir el delito, al establecer que los adolescentes no pueden ser juzgados en su ausencia, imponiendo por consiguiente la obligación de suspender el proceso una vez proferida la acusación, así como la ampliación del término de prescripción de la acción penal en una tercera parte ".
[10] Corte Constitucional, sentencia C-055 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez). Se dijo: "No se puede olvidar que, cuando el legislador contempla procedimientos distintos, con garantías diferentes, ejerce, de manera legítima, como lo ha establecido esta Corporación, su potestad de configuración legislativa, que para el caso de lo previsto en el artículo 150-2 de la Constitución, permite autónomamente determinar la estructura del procedimiento judicial a emplear en los diferentes casos y frente a los distintos sujetos, sometido sí al estricto cumplimiento de la preceptiva constitucional. Como en múltiples oportunidades se ha reconocidoen cuanto a la fijación de formas procesales, de acuerdo a lo previsto en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, el legislador posee amplias facultades." En este caso se reiteró la jurisprudencia constitucional al respecto en los términos en que fue recogida, entre otras, en la sentencia C-227 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[11] Al respecto, dice la sentencia: "[…] se trata de una medida que refleja la disposición de un orden justo, en la que se plasma simplemente y como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte, la regla general según la cual, el juicio de responsabilidad penal se debe producir en presencia del procesado." Corte Constitucional, sentencia C-055 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[12] Al respecto, dice la sentencia: "[…] establecer la imposibilidad del juzgamiento en ausencia del adolescente y determinar en consecuencia la suspensión del proceso, recoge los principios constitucionales relacionados con el trato a los menores de edad. Es decir, que hay en esta disposición de talante garantista, una manifestación del reconocimiento del menor como sujeto de especial protección, con prevalencia, respecto de los bienes jurídicos subjetivos y objetivos que se persiguen en el procedimiento penal, de sus derechos de defensa material y debido proceso con plenitud de garantías, a través de asegurar un juzgamiento sólo con la presencia del mismo en el proceso." Corte Constitucional, sentencia C-055 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[14]Expresamente dijo la Corte: "[…] la especial condición de los niños, las niñas y los adolescentes no justifica reducir el ámbito del derecho al debido proceso, sino que por el contrario, es el fundamento de mayores exigencias para las autoridades que han de crear las condiciones para asegurar el goce efectivo de las garantías constitutivas de este derecho." Corte Constitucional, sentencia C-684 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) [en esta sentencia se declaró inexequible una norma en virtud de la cual se suprimían ciertas etapas en el juzgamiento los adolescentes sorprendidos en flagrancia; la Corte consideró lo siguiente: "[…] el real problema constitucional que debe ser resuelto en la presente decisión no es la ausencia de ciertas etapas procesales previstas en el C. P. P., sino si las reglas procesales previstas en el enunciado demandado dan lugar a una vulneración del derecho al debido proceso y de las garantías judiciales de los adolescentes, y esta cuestión ha de ser resuelta en sentido afirmativo. || En efecto, como antes se dijo el precepto acusado adolece de un alto grado de indeterminación normativa, resultado de su sucinta redacción, del cual se derivan importantes obstáculos para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los adolescentes sorprendidos en flagrancia y que en cierta medida también desnaturalizan la presunción de inocencia. (…)." ].
[17] Como se dijo, expresamente señaló la Corte: "En este evento [renuencia a comparecer o a la contumacia], estima la Corte constitucional, no hay derecho prevalente alguno, porque no existe ni puede existir el derecho de burlar la justicia y los derechos de las víctimas. Tampoco dicha actuación elusiva del infractor representa una forma propia del interés superior del menor que legitime materialmente suspender el proceso, no adelantar el juzgamiento y permitir que la acción prescriba con el paso del tiempo. Todo lo contrario. Amparar bajo los supuestos del artículo 158 del C.I.A. al adolescente que, a sabiendas, no quiere acudir al proceso, se convertiría en una manifestación irrazonable y desproporcionada de lo ordenado por el precepto." Corte Constitucional, sentencia C-055 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[18] Al respecto, como se dijo, señaló la sentencia: "Es decir que si la Fiscalía, conforme con las competencias que le corresponden (artículos 250 CP y 114 del C.P.P.), determina que el adolescente infractor, habiendo sido citado en debida forma al proceso, no ha comparecido al mismo sin causa por éste justificada así sea sumariamente, o hace saber que no desea participar de él, así deberá informarlo al juez competente. Este, en consecuencia deberá dar trámite a todas las etapas del proceso penal en su contra, incluida la investigación y el juzgamiento, sin que haya lugar ni a suspensión del proceso ni a la extensión del término de prescripción de la acción penal. En todo caso, deberá asegurarse la plenitud de garantías del derecho de defensa que le son predicables al menor, conforme lo previsto por la jurisprudencia constitucional, a través del apoderado, el defensor público y el defensor de familia en lo que a éste concierne." Corte Constitucional, sentencia C-055 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[21] Dijo al respecto la Corte en la sentencia C-228 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; AV Jaime Araujo Rentería): "De conformidad con la disposición constitucional citada, para determinar si se está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es preciso examinar cuatro elementos: 1. Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible. || 2. Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que elcontenido materialdel texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción. || 3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la 'reproducción' haya sido declarado inconstitucional por 'razones de fondo', lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma. || 4. Quesubsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad. || Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental."
[23]Por ejemplo, en la sentencia C-626 (MP José Gregorio Hernández Galindo) se resolvió, entre otras cosas, estarse a lo resuelto en la sentencia C-430 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz) que había declarado exequible condicionalmente el artículo 8 de la Ley 228 de 1995. Similares decisiones se tomaron en las sentencias C-381 de 1997 (Vladimiro Naranjo Mesa) [se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-310 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, AV Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero)]; C-783 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett) [se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-384 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo)]; C-1253 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) [se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-067 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez)]; C-102 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil) [se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-016 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis)]; C-462 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) [se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-311 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis)];C-262 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) [se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-691 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería)]; y C-070 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) [se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-968 de 2003 (Clara Inés Vargas Hernández)]; en todos estos casos, la sentencia a la que se siguió en la parte resolutiva, ya había declarado la exequibilidad de la norma acusada, condicionadamente.
[26] La jurisprudencia ha presentado esta línea jurisprudencial, en materia de prestaciones y beneficios social, por ejemplo, en los siguientes términos: "Para efectuar este juicio de constitucionalidad relativo al principio de igualdad la jurisprudencia constitucional, desde sus inicios, ha empleado como metodo­logía de análisis el test de igualdad, el cual tiene una estructura determinada y fija diferentes etapas en las que se aplican parámetros definidos, que varían según sea la intensidad del juicio. De hecho, esta Corporación ha considerado que esta es la metodología adecuada para analizar la constitucionalidad de las medidas contem­pladas en los regímenes especiales, cuando el punto de comparación es entre personas cobijadas por el mismo régimen (test de igualdad al interior del régimen especial), por oposición a los juicios que parten de una comparación entre personas cobijadas por regímenes distintos, caso en el cual el principio de igualdad exige un análisis constitucional encaminado a justificar que los que son diferentes deben ser tratados igual, lo cual sólo está constitucionalmente ordenado en circuns­tan­cias extraordinarias de manifiesta desproporcionalidad no compensada por otros beneficios." Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso se decidió, entre otras cosas, que los tratos diferenciales entre el régimen prestacional de los miembros civiles del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional contemplado en el Decreto Ley 1214 de 1990, por un lado, y el régimen de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional contemplado en el Decreto Ley 1212 de 1990, por otro lado, no constituyen una discriminación, por cuanto regulan situaciones de hecho diferentes que ameritan constitucionalmente un trata­miento legislativo distinto. En la sentencia C-080 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero) se indicó que en materia de prestaciones sociales "[…] existe una discriminación (i) si la prestación es separable y (ii) la ley prevé un beneficio inferior para el régimen especial, sin que (iii) aparezca otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la desigualdad frente al sistema general de seguridad social. Sin embargo, en virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad social, en principio éste es aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la Corte considera que estos requisitos deben cumplirse de manera manifiesta para que puede concluirse que existe una violación a la igualdad. Por consiguiente, (i) la autonomía y separabilidad de la prestación deben ser muy claras, (ii) la inferioridad del régimen especial debe ser indudable y (iii) la carencia de compensación debe ser evidente. […]"
[29] Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido, por ejemplo, lo siguiente: "De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, para que un cambio jurisprudencial no se considere arbitrario, éste debe obedecer a razones poderosas que lleven no sólo a modificar la solución al problema jurídico concreto sino que prevalezcan sobre las consideraciones relativas al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica que invitarían a seguir el precedente. Dentro de tales razones la Corte encuentra que, en este caso, las más pertinentes aluden a los siguientes puntos: 1) Un cambio en el ordenamiento jurídico que sirvió de referente normativo para la decisión anterior, lo cual también incluye la consideración de normas adicionales a aquellas tenidas en cuenta inicialmente. || 2) Un cambio en la concepción del referente normativo debido, no a la mutación de la opinión de los jueces competentes, sino a la evolución en las corrientes de pensamiento sobre materias relevantes para analizar el problema jurídico planteado. || 3) La necesidad de unificar precedentes, por coexistir, antes del presente fallo, dos o más líneas jurisprudenciales encontradas. || 4) La constatación de que el precedente se funda en una doctrina respecto de la cual hubo una gran controversia. [Alexy, Robert. Precedent in the Federal Republic of Germany. En Interpreting Precedents, MacComick D. N. & Summers R. S, Editores.Editorial Darmouth, 1997, páginas 52 a 59.] || Estos cuatro tipos de razones de peso justifican, en este caso, la modificación de la doctrina según la cual la víctima o perjudicado por un delito, sólo está interesada en la reparación económica del daño que se le ha ocasionado." Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; AV Jaime Araujo Rentería).