Source: http://www.revistabolivianadederecho.org/tribuna-juridica/el-tratado-de-1904-frente-a-la-constitucion-boliviana
Timestamp: 2014-04-17 10:26:51
Document Index: 305934240

Matched Legal Cases: ['artículo 410', 'artículo 255', 'artículo 257', 'artículo 13', 'artículo 256', 'artículo 267', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 14']

El Tratado de 1904 frente a la Constitución Boliviana - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Alan E. Vargas Lima*
Llama poderosamente la atención, el nuevo capítulo de la larga historia de desencuentros entre Chile y Bolivia, que tras el reciente incidente fronterizo con tres soldados detenidos, ahora podría derivarse en la construcción de “confianzas recíprocas” sobre una agenda de 13 puntos.
Y es que ahora, el jefe de la diplomacia chilena (Canciller Moreno) considera que, bajo determinadas condiciones, es posible restaurar la relación bilateral y avanzar en aspectos de interés común, según se aprecia en la reciente entrevista que ha concedido dicho diplomático al matutino El Deber (10/03/2013), en donde ha argumentado que “tenemos muchísimo de qué beneficiarnos mutuamente”. Con esta afirmación, pareciera que la predisposición es clara, aunque se desconocen todavía las “condiciones” que generalmente acostumbran a imponer las autoridades chilenas, cuando se trata de dialogar abiertamente (caras vemos, intenciones no sabemos).
Hay muchos aspectos qué analizar y deducir de lo expresado en aquella entrevista. Sin embargo, por ahora quisiera detenerme en la siguiente preocupación de este Canciller: “También es importante el tema de la Constitución boliviana de 2009 que estableció el derecho irrenunciable de Bolivia del acceso a la costa y de un corredor que uniera esa costa con Bolivia y estableció un periodo transitorio de cuatro años que, según entendemos, podría vencerse este 2013. Creo que el presidente (Morales) se ha sentido apretado por esos plazos. Le pedimos que clarificara este punto; si la Constitución afectaba o no el Tratado de 1904. (…)”.
Ante todo, la preocupación no debería radicar en determinar si la Constitución boliviana, afecta el Tratado de “Paz y Amistad” del año 1904, sino al revés, es decir, si aquel Tratado con sus disposiciones (muchas de ellas leoninas), afecta o vulnera directa o indirectamente los mandatos establecidos por la voluntad del soberano, expresada a través de la Constitución refrendada y aprobada el año 2009; ello, en mérito a la gradación jerárquica que existe entre ambas normas.
Sobre éste aspecto, es necesario considerar que la Constitución boliviana es normativa, vale decir que se trata de la norma máxima que por ser la base del ordenamiento jurídico, tiene preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares obligados a su observancia, conteniendo un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías constitucionales, que en consonancia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos conforman el bloque de constitucionalidad, y que son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos emergentes de la relación entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí.
En este sentido, la misma Constitución (en el artículo 410 parágrafo II), además de declarar que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa–, establece el Principio de Jerarquía Normativa, por el cual, la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica, como principio y fundamento de todas las demás normas; y en segundo lugar se encuentran los Tratados Internacionales, que pueden ser suscritos en cualquier materia, respondiendo a los fines del Estado “en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255 parágrafo I constitucional), y que una vez ratificados, también llegan a formar parte del ordenamiento jurídico con rango de Ley (artículo 257 parágrafo I constitucional), salvo por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que una vez firmados o ratificados, prevalecen en el orden interno, dado que los derechos y deberes constitucionales, deben interpretarse conforme a ellos (artículo 13 parágrafo IV constitucional), y cuando estos tratados “declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, vale decir que los derechos reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256 constitucional).
En cuanto a la Reivindicación Marítima, es clara la voluntad del constituyente al manifestar expresamente que “declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”, a cuyo efecto reconoce que la solución efectiva al diferendo marítimo, únicamente puede prosperar “a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio” los cuales indudablemente constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado Plurinacional de Bolivia (artículo 267 constitucional).
Asimismo, en relación a los Tratados suscritos con anterioridad a la aprobación de la Constitución en Bolivia, la Disposición Transitoria Novena ha dejado establecido que aquellos que no la contradigan, se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley, con la salvedad de que “en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
De la norma citada se infiere, que habiendo transcurrido el plazo constitucionalmente establecido (2009-2013), ahora caben dos alternativas respecto a la vigencia del referido Tratado: la denuncia ante la instancia jurisdiccional correspondiente a nivel internacional, a cuyo efecto se debe verificar el cumplimiento de al menos tres condiciones: apertura de la jurisdicción internacional, competencia favorable del tribunal respectivo y la sumisión voluntaria de Chile a dicho tribunal (K. Longaric); o en su caso, la renegociación (en consonancia con el pronunciamiento de la Asamblea General de la OEA, que ha exhortado a Chile y Bolivia “a realizar negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”), en términos que necesariamente deben ser más favorables a nuestro país, a fin de mejorar las condiciones actuales en que nos encontramos a consecuencia del incumplimiento de Chile al Tratado suscrito de buena fe por parte de Bolivia.
A propósito de ello, el Gobierno boliviano ha denunciado públicamente en reiteradas oportunidades –aunque todavía no formalmente–, y ante varias organizaciones internacionales, el incumplimiento del Tratado de 1904, así como la ineficacia de muchas de sus cláusulas inobservadas principalmente por el Gobierno de Chile, y los daños económicos ocasionados al país a causa de ese incumplimiento, habiéndose formulado inclusive varios proyectos de Demanda Marítima, que ahora se pretende presentar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Cabe hacer notar, que ello se hizo con el único propósito de hacer conocer a toda la Comunidad Internacional, la efectiva existencia de un diferendo marítimo pendiente con Chile, ante la reiterada pretensión del Gobierno de aquel país, en sentido de mostrar la inexistencia de cuestiones pendientes con Bolivia, lo cual ya ha sido abundantemente refutado, inclusive por escritores chilenos.
Así por ejemplo, el tratadista chileno de Derecho Internacional, Andrés Bello, sostenía con buen criterio, que “cuando un Tratado por la mudanza de circunstancias llega a producir a una de las Potencias Contratantes un daño grave que no puede razonablemente preverse, obraría contra la equidad la otra Potencia, insistiendo en su cumplimiento”; y asimismo, dejó claramente establecido que “los Tratados se disuelven por la infidelidad de uno de los contratantes”. Este es el caso del Tratado de 1904.
Cabe recordar que el 20 de octubre de 1904 fue firmado el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Chile, actualmente en vigencia, que se amolda a los propósitos de Chile de enclaustrar a Bolivia, aunque dejándole una pequeña comunicación exterior mediante libre tránsito. Las compensaciones por el Litoral fueron magras, en realidad sólo beneficiaron a la industria minera, en pleno florecimiento, mediante la construcción de ferrocarriles a las minas –varias de las cuales giraban con capitales chilenos- desde Antofagasta y Arica (Raúl Botelho Gosálvez).
En todo caso, debe tenerse presente que el mencionado Tratado de 1904 se encuentra viciado de nulidad, principalmente por la ausencia de consentimiento libre, además de haber concurrido la fuerza y violencia, agravadas de dolo, y haber tenido una sanción legislativa insuficiente e ilegal, así como la lesión enormísima provocada por su excesiva onerosidad, en perjuicio de Bolivia. Asimismo, existen determinadas causas que ameritan su inmediata revisión, como ser la anexión de territorios sin justo título, el incumplimiento reiterado del Tratado por parte de Chile, así como la vigencia de obligaciones y compromisos asumidos por éste, como lo ha demostrado el Académico Rodolfo Becerra de la Roca, al calificar dicho Tratado como una Gran Estafa.
En conclusión –y siguiendo las ideas del Académico Manuel Frontaura Argandoña–, el Tratado de 1904 se debe a dos factores esenciales: la presión violenta ejercida por Chile y, la fragilidad humana de los elementos dirigentes de ésa época en Bolivia. Este tratado no fue jamás aceptado por los representantes del pueblo de Bolivia, sino más bien rechazado por su Cámara de Senadores. Chile ha violado el Tratado de 1904 al no dar cumplimiento al artículo 2º, y tampoco a las más amplias e irrestrictas facilidades de tránsito que nos debe (artículo 6º). Bolivia está en el derecho pleno y amplio ante el Consejo de Seguridad de plantear la violación del Tratado de 1904, de acuerdo al artículo 14 de la Carta, pero debe elegirse muy cuidadosamente el momento oportuno y preparar el ambiente diplomático.
Como se puede ver, éstos y otros aspectos pendientes de solución, motivan la controversia sobre la validez de dicho instrumento, constituyéndose en parámetros válidos para encaminar una justa renegociación de dicho Tratado, con carácter previo a su denuncia en la vía jurisdiccional.