Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com/2012/02/el-organo-competente-para-ejecutar-las.html
Timestamp: 2018-07-15 21:13:17
Document Index: 129372578

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 545', 'artículo 45', 'artículo 85', 'artículo 549', 'artículo 551', 'artículo 545', 'artículo 61', 'artículo 550', 'artículo 243', 'e contrario']

Dispone el artículo 61 LEC, que salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare. Pero la interpretación del citado artículo 61 LEC no es pacífica y como ahora veremos, entiendo muy acertada la doctrina que afirma que solo la ejecución de la sentencia compete al órgano de la primera instancia, mientras que la de las demás resoluciones (entre otros, autos o decretos aprobatorios de las tasaciones de costas y las juras de cuentas) corresponderá al órgano que las haya dictado.
Paradigma de esta postura lo encontramos en el AAP GUADALAJARA, 22/2003, Sección 1ª, 1 de octubre de 2003 (ROJ: AAP GU 174/2003) que considera que conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 61 LEC, tanto los Juzgados como las Audiencias Provinciales y demás Tribunales conocerán de las ejecuciones de las providencias y autos que dictaren. Y siendo obvio que la ejecución de las sentencias se llevará a cabo en los Juzgados que las hayan dictado, las demás decisiones dictadas por otros Tribunales, como las dimanadas del pleito o recursos, tales como juras de cuentas, tasaciones de costas, etc., deberán ser ejecutadas por cada uno de los que dicta la resolución.
Nos encontramos, por tanto, con una de las vertientes de la competencia funcional, cuya finalidad es acumular ante el mismo órgano judicial que dicta una resolución el proceso de ejecución de dicha resolución; por lo que, si es la Audiencia Provincial el tribunal que dicta la resolución que se pretende ejecutar, es dicho órgano judicial el competente para seguir el proceso de ejecución. Así pues, no será posible que otro Tribunal ejecute lo que la Audiencia acordó ya que el nexo lo es con la decisión de la Audiencia Provincial y no con la del Juzgado y, por lo mismo, llevará a cabo las ejecuciones de las juras de cuentas y de las tasaciones de costas causadas en la segunda instancia, pues derivan y guardan relación con la sentencia dictada en su momento en la segunda instancia.
Por último y en tercer lugar, es concorde esta postura con el artículo 545 LEC, pues se refiere este precepto al tribunal en general, pudiéndose considerar que es la Audiencia Provincial el tribunal que conoció en primera instancia de la resolución judicial que aprueba la tasación de costas y, en consecuencia, quien tiene la competencia para la ejecución de dicha resolución judicial.
Razones en sentido contrario también las hay, pero de menor peso. Dicen los artículos 545.1 y 61 LEC que la competencia para conocer de la ejecución de las resoluciones judiciales viene atribuida al juez que conoció del asunto en primera instancia y en la Ley de Enjuiciamiento Civil la ejecución ha quedado configurada como un procedimiento totalmente autónomo, que comienza mediante demanda y que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 LEC compete al Juez de Primera Instancia, salvo que por disposición expresa se hallen atribuidos a otros Tribunales. Y digo de menor peso, porque el artículo 85.5 LOPJ no atribuye expresamente la competencia a los Juzgados de Primera Instancia para la ejecución de los autos o decretos aprobatorios de las tasaciones de costas.
Tampoco es obstáculo el hecho que no podría plantearse recurso de apelación, por ejemplo, frente al auto denegando el despacho de ejecución o resolviendo la oposición a la ejecución. En tal sentido dice la Audiencia de Guadalajara que partimos del hecho que la ejecución de la resolución judicial que aprueba la tasación de costas practicada en la segunda instancia se ha de sustanciar en única instancia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549.2 LEC;
“siendo necesario destacar las diferencias tan notables que existen entre la ejecución de títulos jurisdiccionales, y el resto de ejecuciones basadas en títulos extrajurisdiccionales, en donde la oposición a la ejecución es lógicamente más amplia, pudiéndose presentar un verdadero incidente declarativo, que revisa la bondad del título, lo cual no es susceptible de suceder en la ejecución de títulos judiciales; por otro lado, no todas las resoluciones que pueden dictarse en ejecución son susceptibles de recurso, en concreto el auto que ordena el despacho de la ejecución es irrecurrible, de conformidad con el artículo 551 LEC”.
En la misma línea que atribuye competencia al órgano que dicta el decreto y no al Juzgado que ejecuta, se encuentra también el AAP BARCELONA, Sección 1ª, 20 de diciembre de 2006 (ROJ: AAP B 6884/2006) del que se reproduce, parcialmente, uno de sus fundamentos de derecho:
El examen de las actuaciones pone de manifiesto que la demanda de ejecución instada por la representación de Hostomisa SA tenía como objeto la ejecución del auto dictado por el Tribunal Supremo en fecha 28 de junio de 2004, en el que aprobaba la tasación de costas devengada en el recurso de casación número 3416/1997, y la fijaba en la cantidad de 6.911,99 euros.
Por consiguiente, la referida demanda de ejecución no podía plantearse ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Arenys de Mar sino que debía serlo ante el Tribunal Supremo porque así lo dispone el artículo 545 LEC al señalar que será competente para la ejecución de resoluciones judiciales el tribunal que conoció del asunto en primera instancia, reiterando lo asimismo preceptuado en el artículo 61 del mismo texto legal conforme al cual, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de las sentencias.
Prueba de lo indicado es que el artículo 550-1 de la LEC que exige la presentación del título que se pretenda ejecutar, junto con la demanda de ejecución, excluye tal requisito cuando se trata de la ejecución de una resolución judicial definitiva, lo que se explica por el hecho de que el juzgado ante el que se interpone la demanda de ejecución, es el mismo que ha dictado la resolución de que se trata y que dispone por tanto de la misma.
Ante esta situación de clara incompetencia funcional, la demanda de ejecución resulta ser un acto inútil y no autorizado por la ley, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la LEC , no puede devengar costas, ya que si bien el indicado precepto está inicialmente concebido para excluir determinadas partidas, no se observa obstáculo legal alguno para que pueda aplicarse en aquellos casos en que el devengo de costas sea improcedente y se deniegue en su totalidad la práctica de la tasación, como ocurre en el caso de autos, por resultar contrarias a la ley las actuaciones que supuestamente habrían devengado las costas.
En suma, en estos casos se impone la apreciación de oficio de la falta de competencia funcional del Juzgado (artículos 61 y 545 LEC), lo que implica que deba denegarse en la Primera Instancia la ejecución de los decretos aprobatorios de las tasaciones de costas dictados por otros órganos (Audiencia Provincial y Tribunal Supremo).
Audiencia Provincial Auto Ejecución civil LEC Recurso revisión Tasación costas
gatoscuro 25 de febrero de 2012, 11:07
Pues en Madrid seguimos erre que erre. La AP no ejecuta sus propias costas ni a tiros.
Alberto Martinez de Santos 26 de febrero de 2012, 15:42
Es lo más sencillo.De hecho, hasta hace dos telediarios en Alguna Audiencia del Sur obligaban a tasar parte de las costas de la apelación en los Juzgados de la Instancia.
Anónimo 12 de noviembre de 2013, 20:00
¿Y el Supremo qué hizo? ¿se ha puesto a ejecutar sus propias costas? No me lo creo....
Alberto Martinez de Santos 12 de noviembre de 2013, 20:15
No tengo ni idea, pero de lo que se trata (o trato) es de reformular el debate y abrir otras vías interpretativas. Seguramente estaré solo en esto o acompañado de dos más, pero se lo que hay.
Salvador J. Tena Mingarro 17 de julio de 2014, 12:26
El Tribunal Supremo no ejecuta sus propias costas, remite el Juzgado competente...
Anónimo 5 de agosto de 2014, 9:36
EN MI CASO, INTERESO OBTENER SIMPLE COPIA DE LA TASACIÓN REALIZADA, EN ESTE CASO ¿A QUÉ ÓRGANO DEBO PEDIR DICHA COPIA? AL QUE EMPEZÓ LA DEMANDA O AL QUE LA FINALIZÓ, IMPONIENDO COSTAS? POR SI SIRVE DE GUIA, TRATA DE UN ASUNTO EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.-
Alberto Martinez de Santos 10 de agosto de 2014, 13:54
La copia/testimonio del decreto al órgano que aprobó la tasación de costas.
Rafa López 8 de enero de 2015, 10:58
La Sala Tercera del Tribunal Supremo sí ejecuta sus tasaciones de costas. La Sala Primera no lo sé, pero me voy a enterar pronto. Me acaban de notificar una Diligencia de Ordenación por la que me dan traslado por cinco días del escrito presentado de contrario interesando un aplazamiento en el pago de las costas tasadas y declaradas firmes. En ese mismo procedimiento tengo interesado un testimonio de la tasación de costas para proceder a su ejecución (supongo que ante el Tribunal de Primera Instancia -era un pleito de divorcio- ya que la resolución que aprobaba la tasación de costas apremiaba a la condenada al pago para que la hiciera efectiva en el plazo de 20 días y si no lo verificaba expediría el testimonio de la tasación y el decreto que la aprobaba definitivamente. Ya digo, no sé que pasará, pues aprovechando el traslado que he recibido voy a solicitar la ejecución ante el Supremo.
Alberto Martinez de Santos 8 de enero de 2015, 18:47
No se en otras cuestiones, pero la lógica con la que la Sala 3ª solventa algunos asuntos llama gratamente la atención.
Anónimo 19 de febrero de 2015, 22:29
Vano comentario. La inmensa práctica procesal de este país ejecuta las tasaciones del Supremo y de las AAPP en el juzgado de instancia...Además, personalmente, lo prefiero: si ya cuesta mover un juzgado "a mano" para que hagan embargos, trámites, actuaciones, diligencias, oficios a registros,...no me quiero ni imaginar los retrasos en el TS para ejecutar algo y apremiar como se apremia en instancia...y que encima no esté en Madrid.
Anónimo 29 de septiembre de 2015, 23:12
¿Y a quién le pido la ejecución de unas costas impuestas y tasadas por la Sala Segunda del TS?. ¿Al juzgado de instrucción que conoció en Barcelona?
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