Source: https://es.scribd.com/doc/53895967/TrabajoFinal
Timestamp: 2016-10-24 22:23:53
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Maestro: Lic. Pedro Valente Cano Flores
Martín Octavio Návar Rivera, Sexto Bimestre
GENERALIDADES DEL DERECHO PROCESAL PENAL.
Diferentes denominaciones otorgadas a las disciplinas de derecho procesal penal. La denominación correcta, en el sistema procesal mexicano debería ser derecho de procedimientos penales, ya que desde el inicio de la averiguación previa hasta la ejecución de la sentencia, en términos del Código Federal de Procedimientos Penales, incluye una serie de procedimientos. Las denominaciones que la doctrina le asigna a esta materia son varias: práctica forense, procedimientos judiciales, procedimientos criminales, materia criminal forense, práctica criminal, derecho rutinario, derecho formal, derecho objetivo, derecho procesal penal, entre otras.
Definición de derecho de procedimientos penales. El Derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada caso.
Contenido y fin de proceso penal Para Leopoldo de la Cruz el contenido del procedimiento punitivo es el conjunto de normas procesales vigentes que se aplican durante la secuela procedimental, ya sea que se trate de un juicio ordinario o incidente cuyo objetivo o fin es hacer efectivas las penas y medidas de seguridad del derecho penal o sustantivo. El maestro Colín Sánchez complementa esta definición al señalar que el contenido está constituido por las normas procedimentales vigentes, cuyo fin es hacer efectivo el derecho penal sustantivo.
Características del derecho de procedimientos penales con otras disciplinas. Relación del derecho del procedimiento penal con otras disciplinas: * Derecho constitucional Derecho constitucional: la Constitución de cada Estado es la que fija las bases y los límites a los que el Derecho penal deberá sujetarse (limitaciones al ius puniendi), con principios como el de presunción de inocencia, debido proceso, entre otros. * Derecho penal sustantivo. El Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica.
Derecho Procesal Penal, Lic. Pedro Valente Cano Flores Martín Octavio Návar Rivera, Sexto Bimestre, Escuela de Derecho
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Cuando se habla de Derecho penal se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o procesal penal. El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como código penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas. * Criminología. La criminología es una ciencia de carácter multidisciplinar que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y la antropología social, tomando para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal. La criminología estudia las causas del crimen y preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. * Política Criminal. Es la ciencia que se encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente". * Criminalística. La criminalística es un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de sus autores y víctimas. La criminalística se vale de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias forenses. * Derecho Civil. Derecho civil: muchas de las nociones que se utilizan en el Derecho penal provienen o son definidas en el derecho civil. Para que haya adulterio, por ejemplo, debe haber matrimonio, y este es un concepto civil; o para que haya robo, debe haber propiedad. * Derecho procesal civil. Derecho procesal civil: Estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso por cuyo medio el estado ejercitando la función jurisdiccional asegura, declara y realiza el derecho. * Derecho internacional. El derecho internacional está integrado por acuerdos entre estados –tales como tratados internacionales (denominados tratados, pactos, convenios, cartas, memorándum o memoranda (según el caso), intercambio de notas diplomáticas, enmiendas, anexos y protocolos de tratados, entre otros– como también por la costumbre internacional, que se compone a su vez de la práctica de los Estados, que éstos reconocen como obligatoria, y por los principios generales del derecho.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS * Filosofía Jurídica. La filosofía del Derecho es una rama de la filosofía y ética que estudia los fundamentos filosóficos que rigen la creación y aplicación del Derecho. Filosofía del Derecho es toda aproximación al hecho jurídico, el acercamiento a un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde su aparición, puesto que la ley y el derecho constituyen una constante histórica que ha incidido de una manera general y constante en la gente y en los modelos sociales y políticos. 1.2.6 Diferencia entre procedimiento, proceso y juicio. Los conceptos de procedimiento, proceso y juicio con frecuencia son confundidos, en su connotación jurídica real, y no es raro observar que tanto en la legislación como en el uso general del idioma, se les otorga una sinonimia que continuamente conduce a errores. El procedimiento consiste en el conjunto de normas jurídicas generales que regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. El concepto de proceso es más complejo que el de procedimiento; no siempre que hay procedimiento existe un proceso. La confusión entre ambos es histórica; pero el Derecho procesal se ocupa del proceso y no del procedimiento, ya que si se emplea el término "procedimiento" se pueden producir algunos inconvenientes: Pero el término “proceso” engloba una realidad más amplia; además del procedimiento legalmente previsto, incluye también las relaciones entre los sujetos intervinientes, las relaciones entre éstos y el objeto del proceso, etc. El proceso, además, aspira a una finalidad, que es la terminación o justa composición del litigio, y para llegar a ella emplea el procedimiento como medio. Todo proceso implica la existencia de un procedimiento; pero puede que exista un procedimiento sin que haya proceso alguno. En cuanto al término juicio, se emplea muy a menudo en la legislación procesal, y ello se debe a la tradición histórica, ya que en el derecho medieval juicio equivalía a sentencia. Hoy en día, juicio y proceso aluden al mismo fenómeno, pero mientras que el juicio se refiere a la acción de juzgar, el proceso se refiere al medio empleado para ello. Dentro del proceso existe un juicio, pero no todo juicio puede identificarse con el proceso. Solamente son ambos términos equivalentes cuando la acción de juzgar la desarrollan órganos investidos de potestad jurisdiccional. El artículo 23 constitucional indica: “ningún juicio deberá tener más de tres instancias, o sea, que el proceso debe llevarse a cabo en su desarrollo en un tiempo determinado”. El Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo primero establece que este código comprende los siguientes procedimientos: averiguación previa, preinstrucción, instrucción, primera instancia, segunda instancia, ejecución de sentencia y “los relativos a inimputables, a menores y a quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos”.
UNIDAD II ANTECEDENTES Y TEORIA DEL PROCESO
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 Terminología procesal penal. Naturaleza Jurídica del proceso penal. Tesis sobre el objeto y los fines del proceso penal. Escuela clásica. Carrara apuntóó que el juicio penal siempre será llevado a cabo para prevenir los delitos a través de aplicar la ley a quienes deben responder de sus actos por ser sujetos de libre albedrío. El fin mediato del juicio es la represión del desorden, mientras que su fin inmediato es el descubrimiento de la verdad. 2.2.3.2 Escuela positiva. Para esta escuela, el proceso necesariamente conduce a la imposición de la pena como medio de defensa social, de manera que su fin es el restablecimiento de la igualdad de derechos y garantías entre los individuos delincuentes y la sociedad. El objetivo del juicio penal consiste en realizar un examen físico del delincuente, es decir no del grado de su responsabilidad moral, sino qué tan peligroso es, ya que los delincuentes no presentan una unidad de tipo abstracto y es necesario estudiarlos según la temibilidad deducida de los factores naturales del delito cometido. 2.2.3.3 Escuela política criminal. El fin del proceso es la aplicación de las penas y medidas de seguridad, como medio de lucha para combatir el delito Mientras que el objeto del proceso es el delincuente como sujeto imputable, cuyo comportamiento social debe estar normado por la ley y por aquellos actos que ocurren en la sociedad. 2.2.4 Diversos puntos de vista sobre el objeto del proceso penal. En este enfoque se distingue el hecho puro del hecho jurídico. Orbaneja manifiesta que el objeto de cada proceso es un hecho y no una determinada consecuencia penal. Fenech argumenta que el objeto del proceso debe entenderse como aquello sobre lo que recae la actividad que en el mismo desarrollan sus sujetos. Carnelutti señala que el delito, la pena y el proceso se complementan, de manera que al excluir uno, no pueden darse los otros dos. 2.2.5 Clasificación del objeto del proceso penal. Desde la perspectiva de Florian, el objeto fundamental del proceso es la materia o tema que se discute en el proceso mismo y se decide por medio del juez. El objeto del proceso se clasifica en principal y accesorios:
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 2.2.6 Fines del proceso penal. El maestro Rivera Silva argumenta que los fines son remotos o mediatos e inmediatos. El fin mediato se refiere a sujetar la aplicación de la ley al caso concreto. El fin inmediato se refiere a sujetar la aplicación de la ley a determinadas reglas, con lo cual se invalida cualquier confusión que se pudiera presentar en la propia aplicación. Los fines específicos se refieren a la ordenación y desenvolvimiento del proceso y por ello se definen como los métodos que deben seguirse para la consecución del fin general inmediato y son: la verdad histórica y la personalidad del delincuente. 2.2.7 Sistemas procésales. En el tiempo y el espacio son tres los sistemas de procesamiento criminal practicados: inquisitivo, acusatorio y mixto. 2.2.7.1 Inquisitivo. Sus antecedentes datan del derecho romano de la época de Diocleciano, después se propagó por los emperadores de Oriente en toda Europa, hasta alcanzar institucionalidad en el siglo XII, bajo los auspicios de Bonifacio VIII y en Francia, en 1760, por el rey Luis XIV. Por ultimo pasó cas 2.2.7.2 Acusatorio. Es considerado como la forma primitiva de los juicios criminales debido a que, históricamente, mientras prevaleció el interés privado, sólo se iniciaba el juicio previa acusación del ofendido o de sus familiares. Después, esta atribución se delegó a la sociedad en general. 2.2.7.3 Mixto. El maestro Piña y Palacios es plantea que el sistema mixto, por su simple significado, es posible entenderlo como un sistema compuesto por dos sistemas procesales (inquisitivo y acusatorio), de manera que participa en mayor o menor grado tanto de uno como otro. Está formado por los elementos que proporcionan los otros dos sistemas, por lo que sus características son: a) acusación reservada a un órgano del Estado; b) instrucción escrita; c) debate público; d) debate oral 2.2.8 Sistema procesal mexicano, importancia y ventajas. El proceso penal en México, según Franco Sodi y González Bustamante, es de tipo acusatorio. Sin embargo la mayoría de los autores consideran que nuestro sistema es mixto, sin que sea posible determinar cuál de los sistemas predomina sobre el otro. 2.2.9 Principios. Principio de dispositivo y de oficiosidad. El primero de ellos consiste en la prerrogativa que tiene la víctima de un delito para poner en conocimiento del órgano investigador un probable hecho delictuoso que se persigue exclusivamente a petición de una parte. El segundo concepto es la obligación por parte de los órganos del Estado encargados de la investigación de los delitos de iniciar una averiguación previa en los delitos, que conforme a la ley sustantiva se persiguen de oficio, aunque es necesario que para la regularización de la averiguación previa, a efectos de cumplimentar el artículo 16 constitucional.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Bilaterabilidad de la audiencia. Este principio consiste en que la autoridad tanto investigadora como judicial debe escuchar a ambas partes. Presentación por las partes e investigación judicial. En este punto es necesario recurrir al principio de la llamada “máxima de debate”, la cual consiste en que el órgano jurisdiccional al resolver en sentencia definitiva de un proceso penal, debe basarse únicamente en la acusación que hace el Ministerio Público y fundamentar la misma sólo en las pruebas y hechos presentados o invocados por las partes, así como de sus alegatos. Impulso del proceso por las partes e impulso judicial. Las partes tienen la necesidad de cuidar el procedimiento por medio de la presentación de pruebas, recursos etc., apegándose a los términos que establece la ley para tales efectos, a fin de determinar en el menor tiempo posible el procedimiento. Prueba formal y de apreciación. Los códigos adjetivos le dan valor probatorio a determinados tipos de pruebas, como en el caso de la documentación pública y en la gran mayoría permiten al órgano jurisdiccional la valoración libre de prueba. Oralidad y escritura. Lo que pudiera considerarse contradictorio, como el principio de oralidad y por el otro la escritura, definitivamente no lo es, ya que rl procedimiento penal, conforme a las leyes mexicanas, es de carácter oral; por ello, las audiencias, peticiones y comparecencias deben ser en forma oral, pero es necesario que todos los sucesos procesales se transcriban a efectos de que se puedan valorar en su momento procesal oportuno, ya que en caso contrario sería difícil para la autoridad que realiza estas diligencias recordar con exactitud las declaraciones, comparecencias, etc. Inmediación y mediación. Este principio tiene gran similitud con el anterior, ya que consiste en que las diligencias se hagan por parte de la autoridad que las ordena y las partes en el procedimiento, que sería el de inmediación. En tanto, el concepto de mediación es cuando las diligencias son realizadas por un sujeto intermediario, como los secretarios del Ministerio Público o del juzgador. Publicidad y secreto. No obstante que en la ley opera el principio de publicidad, es necesario señalar que en gran parte se da el secreto. Esto se puede observar en la Constitución Política, en su numeral 20, en el cual se garantiza al inculpado la información de quién lo acusa. El delito por el que es investigado, se le permite ofrecer pruebas y, para su defensa, hasta se le autorizan todas las constancias de la indagatoria. Continuidad y concentración. Se refieren a que en nuestro sistema, el procedimiento penal se divide en diversas etapas, con lo que el fin de una de ellas marca el nacimiento de otra, de esta manera el término constitucional de formal prisión da origen a la instrucción, posteriormente al cierre de ésta, después se pasa al periodo de juicio y así sucesivamente. El concepto de concentración consiste en tratar de realizar en una sola audiencia todo el procedimiento, lo cual en México, hasta en los procesos sumarios tanto del fuero común como del federal, es prácticamente imposible. Principio de la unidad de resultados de las actividades de los sujetos procesales. Consiste en la utilización de los actos de una de las partes por la otra. A la petición que haga una de las parte debe por lo general, dársele vista a la otra parte para que señale lo que a su derecho convenga.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 2.2.10 Formas formalidades y solemnidades de los actos procésales. Oficiosidad o instancia. Todo el procedimiento penal es de oficio, el civil no. Tramitación legal o convencional. La aplicación penal es de rigurosa interpretación, lo cual significa que la sentencia que se dicte en un proceso tiene que estar fijada dentro de los límites que establece la propia ley penal sin que sean posibles deducciones, componendas, transacciones, etc. En cambio en materia civil, procede la transacción o el desistimiento, asimismo es posible conceder esperas, quitas, daciones en pago, prórrogas, etc. Lo cual no es aplicable en materia penal. Jurisdicción forzosa o prorrogable. En materia penal la jurisdicción penal es forzosa e improrrogable. Sujetos individuales o morales. En el derecho procesal penal de México, únicamente las personas físicas pueden ser sujetos de derecho penal en su calidad de sujetos activos de un delito. En materia penal, en caso de ejercitarse la acción penal, ésta se hace en contra del representante legal o los componentes de la persona moral. Coactividad corporal o patrimonial. En materia penal se caracteriza por el uso inmediato de la coacción. En cambio en materia civil se hace uso de ella hasta la ejecución de la sentencia. El procedimiento de rebeldía. Sólo en materia procesal civil se puede seguir un proceso en ausencia del demandado, en el caso de haber sido emplazado legalmente a juicio y no quiso o pudo apersonarse en el mismo, lo cual no puede ocurrir en materia procesal penal.
UNIDAD III LA NORMA PROCEDIMENTAL Y LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL PENAL.
3.2.1 Concepto de norma jurídica y de norma procesal. En términos jurídicos, la norma es un conjunto de reglas jurídicas. La norma procesal, en sentido amplio, es también la norma jurídica que disciplina la declaración de certeza de la peligrosidad y las responsabilidades civiles conexas con el delito. 3.2.2 Fuentes de producción y de conocimiento de la ley procesal penal. Las fuentes de producción se refieren a la voluntad de quien dicta las normas jurídicas, y las de conocimiento a la forma en que el derecho objetivo se asume en la vida social. Fuentes del conocimiento: La ley, cuya finalidad es la regulación de los actos del procedimiento, ya sea en su conjunto o en los actos particulares que lo gobiernan. El reglamento, es el proceso reglamentario, que es ley en sentido material por más que no lo sea en el formal, o bien, al procesao reglamentario que se sustenta en el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal. La jurisprudencia, Por algunos autores no es aceptada como fuente del derecho penal procesal porque consideran que no es función de los tribunaes legislar sino aplicar el
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS derecho, sin embargo la jurisprudencia ayuda a la interpretación frente a la oscuridad de la ley. Convenciones internacionales, De conformidad con el artículo 133 de la Constitución federal, se deben elevar a ley suprema los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores. La doctrina, es universal y puede ser contraria a una ley en particular, pero debe tomarse en cuenta porque influye en la formación tanto del funcionario judicial como del legislador. La equidad, no debe ser contraria al espíritu de la norma, aunque el artículo 52 del Código Penal establece que el juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito. 3.2.3 Interpretación: autentica, doctrinal y judicial de la ley. Es un proceso de indagación, de búsqueda del sentido de una cosa, así como la explicación del significado de una ley. Autentica. Está a cargo del legislador mediante una ley simultanea o posterior, es interpretativa y soluciona el problema. Doctrinal. Es la realizada por los tratadistas y los científicos, no obliga a naie puesto que no produce consecuencias jurídicas. Judicial. La llevan a cabo los órganos jurisdiccionales del aplicar el derecho como tarea previa y necesaria, para hacer posible el cumplimiento de sus funciones. Si no se encuentra el sentido de la ley, ésta deberá resolver lo más favorable al reo (in dubio pro reo). 3.2.4 3.2.5 Integración de la ley y lagunas de la ley general. Aplicación de la ley procesal penal en el tiempo y en el espacio. En lo que se refiere al tiempo, principio tiene validez y obligatoriedad únicamente durante su vigencia y así lo indica el artículo 14 constitucional, al establecer expresamente “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”; sin embargo, interpretándolo a contrario sensu, se concluye que que es posible aplicar la retroactividad de una ley en beneficio del inculpado pero nunca en su perjuicio. En ámbito espacial de las leyes, llamado, de manera inadecuada, conflicto de leyes, está circunscrito al lugar donde ejerce su soberanía el poder del Estado que las dictó y rige para todos los sujetos que se coloquen dentro de la hipótesis de la norma, cualquiera que sea su nacionalidad, ya que le ley procesal es territorial. 3.2.6 Los sujetos de la relación procesal. Los destinatarios son todos los sujetos procesales que intervienen en el procedimiento, mientras que el titular siempre será el Estado. Como es el Ministerio Público, inculpado, defensor, juez, etcétera. 3.2.7 La naturaleza jurídica de la relación procesal. La naturaleza del proceso en el sentido de la teoría del proceso, es importante precisar que es una relación jurídica procesal que nace una vez que el órgano jurisdiccional recibe una consignación por parte del Ministerio Público.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 3.2.8 Auxiliares de la relación procesal. Auxiliares directos. Agencia Federal de Investigaciones Los servicios periciales. Auxiliares suplementarios. Policía Federal Preventiva Los Agentes del Ministerio Público del fuero común. Terceros. Son los que intervienen en el proceso y cooperan en el desenvolvimiento de la relación jurídica, sin devenir en sujetos, en partes o en auxiliares de los sujetos y los clasifica en interesados, es decir, la víctima o los ofendidos del delito, y no interesados, por ejemplo, los testigos. 3.2.9 Situación del ofendido en el proceso penal. La víctima, en México, es la persona física o moral que sufre de violencia través de la conducta de un delincuente que transgrede las leyes, mientras que el ofendido es la persona o personas que por razones afectivas, sentimentales o por dependencia económica con la victima resultan afectados por la ejecución del ilícito. El ofendido o víctima es un sujeto procesal que tiene derechos que debe deducir, así lo reconoce la ley y las exigencias del procedimiento. 3.2.10 Actividades que puede realizar el ofendido en el proceso penal. El ofendido tiene facultades para presentar denuncias o querellas, también para aportar , ya sea ante el Ministrio Público o ante el juez, los elementos de prueba que estén a su alcance, deducir derechos contra terceros con respecto a la reparación del daño e interponer recursos como el de apelación.
UNIDAD IV EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y SU ESTRUCTURA.
4.2.1 Concepto de jurisdicción. Entendemos la jurisdicción como una función soberana del estado, realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. La idea de jurisdicción hace pensar en la unión o amalgama de cinco elementos: notio, vocatio, coertio, juditium y excecutio. Notio. Gracias a este elemento el juez puede conocer el litigio. Vocatio. Es la obligación de las partes de comparecer ante el órgano jurisdiccional. Coertio. El juzgador provee en forma coactiva al cumplimiento de sus mandatos.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Juditium. Es la facultad para que el órgano jurisdiccional dicte una sentencia. Excecutio. Consxiste en el apoyo de la fuerza jurisdiccional para lograr la ejecución de sus resoluciones. 4.2.2 4.2.3 Tutelares de la función jurisdiccional. Función de órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional debe tener jurisdicción en sentido amplio, lo cual se refiere a conocer de un asunto, dictar una resolución en el mismo y ejecutar o hacer efectivo el cumplimiento de la misma. El Estado delega la función jurisdiccional en el juez, por lo tanto, se vale de este órgano para llevarla a cabo. Además, es un sujeto de primordial importancia en la relación procesal: “es el representante monocrático o colegial” que actúa como órgano jurisdiccional del Estado, y se encarga de ejercer dicha función en un proceso penal determinado. Es aquel sujeto investido de legalmente por el Estado para declarar el derecho en cada caso concreto, es decir, a través de la jurisdicción se manifestará la actividad judicial. 4.2.4 Finalidad de la actividad jurisdiccional. Esencia de la actividad jurisdiccional. EL juez va a conocer de los hechos por medio del expediente de la averiguación previa que le emite el Ministerio Público al ejercitar la acción procesal penal, con ello surge la segunda actividad, que consiste en clasificar la conducta para estar en condiciones de que de dé la tercera actividad que es la de resolver. Finalidad que se persigue con la jurisdicción. En esencia, se trata de aplicar la ley al caso concreto para individualizar la pena. En el sistema penal o procedimental mexicano, el marco o norma general que tiene un juez es el mínimo y el máximo cuando se trata de una pena privativa de libertad. Órgano que realiza la jurisdicción. El juez deberá disponer de un derecho y con ello de un deber. El derecho lo tiene mediante la designación, protesta y discernimiento del cargo y el deber surge con la misma asignación y aceptación del cargo, debido a que está llamado a juzgar. 4.2.5 Clasificación general de la jurisdicción. En México, la clasificación de la jurisdicción se encuentra de la siguiente manera: Ordinaria. Es la que prevalece y se subdivide en: Común. La que tiene una existencia de derecho instituida por el artículo 14 constitucional y de acuerdo con la organización actual del país, se divide en constitucional, federal y común o local. Particular. Ya sea privativa o privilegiada, se da en razón del sujeto, de su investidura u ocupación y se clasifica en militar y para menores. Especial. Obedece a la situación de hecho y es ocasional, razón por la cual la prohíbe el artículo 13 constitucional. Existe un privilegio procesal en materia peal que se otorga con el fin de proteger no a la persona, sino al ejercicio de la función pública que tienen a su cargo los servidores públicos de alta jerarquía, y consiste en no proceder penalmente
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ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS contra el funcionario sin la autorización precia de la Cámara de Diputados, denominada Declaración de procedencia. Quienes son sujetos de juicio político está claramente establecido en el artículo 110 y la Declaración de procedencia en el 111, ambos de la Constitución federal. 4.2.6 Órganos de la jurisdicción en la república mexicana. En el orden federal. En el artículo 94 constitucional señala que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, y en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estarán a cargo del Consejo dela Judicatura Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno son los 11 Ministros Primera sala conocerá de las materias penal y civil. Segunda sala conocerá de las materias administrativas y del trabajo. Tribunal electoral. Es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Funcionará con una sala integrada por siete magistrados electorales y tendrá su sede en el Distrito Federal, el presidente será elegido por los magistrados que la conforman, durará en su encargo cuatro años, puede ser reelecto y sus sesiones acerca de resoluciones serán públicas. El tribunal cuenta con cinco salas regionales, cada una integrada por tres magistrados. Tribunales colegiados de circuito, se componen de tres magistrados, un secretario de acuerdos, secretarios actuarios y el número de empleados que determine el presupuesto. Juzgados de Distrito, conformados por un juez, secretarios, actuarios y el número de empleados que determine el presupuesto. Jurado Federal de Ciudadanos, competente para resolver, por medio de un veredicto, las cuestiones de hecho que les someta el juez de distrito, se formará de siete individuos designados por sorteo, en términos del Código Federal de Procedimiento Penales. Consejo de la Judicatura Federal. Está integrado por siete miembros, delos cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; además de tres consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de ocho votos de los magistrados de circuito y jueces de distrito; dos consejeros designados por el Senado y uno por el presidente de la República. El consejo funcionará en pleno o en comisiones y, salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Comisiones. El Consejo de la Judicatura contará con aquellas comisiones permanentes y transitorias de composición variable que determine el pleno. Cada comisión se formará por tres miembros; uno proveniente del Poder Judicial y los otros dos serán designados por el Ejecutivo y el Senado. Secretariado Ejecutivo. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un secretariado ejecutivo, integrado cuando menos por los siguientes secretarios: Secretario ejecutivo del pleno y carrera judicial. Secretario ejecutivo de administración. Secretario ejecutivo de disciplina. Los órganos auxiliares: Instituto Federal de Defensoría Pública. Instituto de la Judicatura. Visitaduría Judicial. Contraloría del Poder Judicial de la Federación. En el fuero militar. Supremo Tribunal Militar Se compone de un presidente, un general de brigada, un militar de guerra y cuatro magistrados, generales de brigada y de servicios auxiliares. Consejo de Guerra Ordinaria. Se integra con militares de carrera y se compone de un presidente y cuatro vocales, el primero con grado de general y los segundos con este mismo grado o de coronel. Consejo de Guerra Extraordinario. Esté órgano se compone de cinco militares que por lo menos deberán ser oficiales y, en todo caso, de igual o superior grado que el acusado. Jueces. Los juzgados militares se componen de un juez general brigadier o auxiliar, un secretario, teniente coronel de servicio militar, un oficial mayor y los subalternos que se sean necesarios. En el Distrito Federal. Jueces de paz. Esta jurisdicción la ejercen, a través de procedimientos breves y sencillos, los jueces de paz en aquellos litigios que, por su escaso valor económico, son considerados mínima cuantía. De forma tradicional, los jueces de paz han tenido competencia para conocer y resolver litigios civiles y controversias penales, por lo que en el sistema jurídico del Distrito Federal se les denominara mixtos. En la actualidad estos jueces son unitarios, es decir, conocen de una materia, ya sea civil o penal. Juzgados penales. Los juzgados penales tienen la competencia y atribuciones que les confieren las leyes y estarán en turno mediante el control que lleve la dependencia respectiva, la fecha existen 69 juzgados penales, 28 en el reclusorio
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS norte, 28 en el oriente y 10 en el sur. Además hay tres juzgados especializados en delitos cometidos por mujeres y se encuentran en el reclusorio femenino de Santa Marta. Cada juzgado se compone de un juez, dos secretarios de acuerdos y los servidores públicos de la administración de justicia que determine el presupuesto de egresos. Jueces de Justicia para Adolescentes. Fueron creados mediante las reformas al artículo 18 constitucional y les corresponde entre otras: I Conocer las causas instauradas en contra de las personas a quienes se imputen la realización de un acto tipificado como delito en las leyes locales, cuando tengan entre 12 años cumplidos y 18 no cumplidos; II Promover la conciliación entre quien ejerza la patria potestad yo, en su caso, represente al adolescente y la victima u ofendido; III Resolver asuntos cometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y términos previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal; etc. Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, designó a los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal y por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se estableció que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal estará compuesto por siete licenciados en derecho, de los cuales el presidente del Tribunal de Justicia fue designado como presidente de este Consejo; tres miembros del Poder Judicial, uno es magistrado, un juez de primera instancia y uno de paz que fueron electos por insaculación; dos más elegidos por la Asamblea de Representantes y, el último, por designación del Jefe del Departamento del Distrito Federal. En las entidades Federativas. La jurisdicción común en las entidades federativas está a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los jueces mixtos o unitarios de primera instancia, de los jueces de paz, menores o conciliadores y de los tribunales para menores. 4.2.7 4.2.8 Características del órgano jurisdiccional. Concepto de competencia. La capacidad es el conjunto de atributos señalados por la ley para que una persona pueda ejercer el cargo de juez. La capacidad en materia penal abarca diversos aspectos, por lo que se clasifica en subjetiva y objetiva. 4.2.9 La competencia del juzgador. Con respecto a la capacidad objetiva del juez, si la jurisdicción consiste en declarar un derecho, este atributo tiene limitaciones, porque un juez no puede conocer de todo tipo de delito, ni en todo lugar donde se haya cometido debido a la división política que rige al país. 4.2.10 La capacidad subjetiva en abstracto. Son los requisitos que debe reunir el sujeto para ejercer el cargo de juez y que se establecen en la ley en la materia.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 4.2.11 La capacidad subjetiva en concreto. Se refiere a que el órgano jurisdiccional no está impedido por la ley para juzgan un asunto. 4.2.12 Los criterios sobre la competencia.
Materia. La competencia se determina a partir de la distinción realizada por el legislador en cuanto al orden común, federal, militar.
Territorio Se determina en base al lugar donde se haya cometido el delito, de acuerdo a la división política del país.
Grado Primera y Segunda Instancia.
* 4.2.13
Órganos jurisdiccionales especializados. * Tribunal Federal. Tribunales colegiados de circuito, se componen de tres magistrados, un secretario de acuerdos, secretarios actuarios y el número de empleados que determine el presupuesto. Juzgados de Distrito, conformados por un juez, secretarios, actuarios y el número de empleados que determine el presupuesto. * Jurado popular Jurado Federal de Ciudadanos, competente para resolver, por medio de un veredicto, las cuestiones de hecho que les someta el juez de distrito, se formará de siete individuos designados por sorteo, en términos del Código Federal de Procedimiento Penales. * Tribunales Políticos Tribunal electoral. Es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Funcionará con una sala integrada por siete magistrados electorales y tendrá su sede en el Distrito Federal, el presidente será elegido por los magistrados que la conforman, durará en su encargo cuatro años, puede ser reelecto y sus sesiones acerca de resoluciones serán públicas. El tribunal cuenta con cinco salas regionales, cada una integrada por tres magistrados. Tribunales colegiados de circuito, se componen de tres magistrados, un secretario de acuerdos, secretarios actuarios y el número de empleados que determine el presupuesto.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS * Tribunales militares. Supremo Tribunal Militar Se compone de un presidente, un general de brigada, un militar de guerra y cuatro magistrados, generales de brigada y de servicios auxiliares. Consejo de Guerra Ordinaria. Se integra con militares de carrera y se compone de un presidente y cuatro vocales, el primero con grado de general y los segundos con este mismo grado o de coronel. Consejo de Guerra Extraordinario. Esté órgano se compone de cinco militares que por lo menos deberán ser oficiales y, en todo caso, de igual o superior grado que el acusado. Jueces. Los juzgados militares se componen de un juez general brigadier o auxiliar, un secretario, teniente coronel de servicio militar, un oficial mayor y los subalternos que se sean necesarios. * Consejo titular para menores infractores. Está por reformarse la Ley Organica del Poder Judicial de la
UNIDAD V EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA ACCIÓN PENAL.
5.2.1 El ministerio público El Diccionario Jurídico Mexicano, defina al Ministerio Publico como la institución unitaria y jerárquica dependiente del organismo ejecutivo, que posee como funciones esenciales la persecución de los delitos u el ejercicio de la acción penal; asimismo, interviene en otros procedimientos judiciales, de ausentes, menores e incapacitados y, al final, funge como consultor y asesor de los jueces y tribunales. 5.2.1.1 Antecedentes. Dentro de las funciones de justicia aparece el fiscal, un funcionario importado del derecho español, que se encargaba de promover la justicia y perseguir a los delincuentes, formó parte de la audiencia en 1527, el promotor fiscal era el que llevaba la voz acusatoria en los juicios de la Inquisición. A partir de la Constitución de Apatzingán, se reconoció a los fiscales auxiliares de la administración, uno para el ramo civil y otro para lo criminal. Su designación estaba a cargo del Legislativo a proposición del Ejecutivo y duraban cuatro años en su puesto. En los años 1880 y 1894 surgieron los Códigos de Procedimientos Penales, en los cuales se concibe al Ministerio Público como “una magistratura instituida para pedir y auxiliar la pronta administración de la justicia en nombre de la sociedad y para defender ante los Tribunales los intereses de ésta”. También se menciona a la policía judicial para la investigación del delito y reunión de pruebas. La ley Orgánica del Ministerio Público de 1903 pretendió dar relevancia a éste e inspirándose en la organización de la institución francesa, le otorgó la personalidad de parte de juicio.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Con la Constitución de 1917, s unificaron las facultades del Ministerio Público, convirtiéndolo en una institución, un organismo integral para perseguir el delito con independencia absoluta del Poder Judicial. 5.2.1.2 Concepto. Dentro del campo doctrinario se considera al Ministerio Público como una representante de la sociedad en el ejercicio de las actuaciones penales. 5.2.1.3 Naturaleza jurídica. En el derecho mexicano no es posible concebir al Ministerio Público como un órgano jurisdiccional, ya que no está facultado para aplicar la ley, ésta es una atribución exclusiva del juez, por lo que a continuación se cita el artículo 21 constitucional: La imposición de las penas es propia de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mano inmediato. 5.2.1.4 Clases. a) 5.2.1.5 Ordenamientos jurídicos relativos.
Atribuciones y funciones. Derecho Penal. Su función es prevenir a la sociedad del delito, ejercitar las acciones penales con las siguientes funciones específicas: Investigación Persecutoria Promover la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito. Ejecución de sentencias. Derecho Civil. En esta maeria, el Ministerio Público tiene encomendada una función derivada de leyes secundarias en aquellos asuntos del interés del Estado en que debe de manifestarse para la protección de ciertos intereses colectivos, o cuando por su naturaleza, estos mismos requieran de una tutela especial. En materia de derecho familiar tiene una considerable participación en casos de alimentos, sucesiones, adopciones, entre otros. Juicio de amparo y como consejero auxiliar del Ejecutivo. El procurador de Justicia del Fuero Común en algunas entidades federativas también tiene la función de consejero jurídico del Ejecutivo Local, así como en materia de amparo el Ministerio Público Federal es parte. Intervención en cuestiones de constitucionalidad. De acuerdo con el artículo 102 constitucional, el Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones referidas en el artículo 105 del mismo ordenamiento, como son las acciones de inconstitucionalidad que tengan como objetivo plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
Principios característicos. De conformidad con la ley y la doctrina, se desprenden los siguientes principios del Ministerio Público:
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Jerarquía. El Ministerio Público está organizado de manera jerárquica bajo la dirección y responsabilidad de un procurador general. Las personas que lo integran no son más que una prolongación del titular, motivo por el cual reciben y acatan las órdenes de éste, ya que la acción y el mando en esa materia son de competencia exclusiva del procurador. Indivisibilidad. Quienes actúan no lo hacen en nombre propio sino representándolo, de manera que, aun cuando varios de sus agentes intervengan, éstos representan en sus diversos actos a una sola institución y el hecho de separar a la persona física de la función específica que le está encomendada, no afecta ni menoscaba lo actuado. Independencia. El Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo ya sea federal o estatal, pero debe guardar independencia con el Legislativo y Judicial. Irrecusabilidad. De conformidad con las leyes orgánicas tanto de la Procuraduría General de la República como del Distrito Federal, se establece que cuando exista un impedimento que la ley señale para las excusas de los magistrado y los jueces federales, servirán para que el procurador se excuse de los negocios en que intervenga. Imprescindibilidad. Una vez que inicia la relación procesal tanto para el Ministerio Público como para la defensa, la presencia del órgano de la acusación como parte es imprescindible para continuar el proceso, ya que en caso de ausencia procedería una reposición del procedimiento. En otra situación, para la legalidad del procedimiento es inminente la presencia del órgano de la defensa. Buena fe. Algunos autores como Julio Acero establecen que la misión del Ministerio Público es de buena fe en el sentido de que no es su papel el de ningún delator, inquisidor, ni siquiera perseguidor o contendiente forzoso de los procesados. Pero en la práctica se ha convertido en un investigador de delitos y siempre trata al inculpado como u sujeto responsable de un delito y no como lo es, probable responsable. Además su función no es tratar de consignar como lo hace en todas las averiguaciones previas que conoce, sino procurar justicia, es decir, consignar cuando procede y archivar cuando es conducente. 5.2.2 5.2.2.1 El ministerio público del fuero común. Organización y funcionamiento. CAPITULO TERCERO DE LA INTEGRACION Artículo 7.- Conforme al artículo 1 de la Ley, la Procuraduría se integrará con las siguientes unidades y servidores públicos: I.- Procurador General de Justicia del Estado, titular de la Dependencia y de la Institución del Ministerio Público del Orden Común; II.- Subprocuraduría General de Justicia; III.- Subprocuraduría Jurídica; IV.- Dirección General de Asuntos Internos y Contraloría; V.- Dirección General Administrativa; VI.- Dirección de análisis y Diseño de Estrategias;
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS VII.- Dirección de Comunicación y Promoción Social; VIII.- Subprocuradurías de Zona; y IX.- Las demás unidades orgánicas y servidores públicos que legalmente sean designados por el Procurador para desempeñar funciones encomendadas a la Procuraduría, de acuerdo a las necesidades de la Dependencia, a lo que determine el Presupuesto de Egresos y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Ley. Artículo 8.- El Procurador, para el despacho de los asuntos de su competencia contará con el personal especializado, técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. XVII Legislatura Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de B.C. Artículo 9.- La Subprocuraduría General de Justicia, para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Subprocurador General de Justicia dependiente del Procurador y, se integrará de la siguiente manera: I.- Comandancia Auxiliar de la Policía Ministerial. Contará con un Comandante Auxiliar de la Policía Ministerial y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Para ser Comandante Auxiliar de la Policía Ministerial, deben reunir los requisitos señalados en las fracciones I, IV y V del artículo 7 de la Ley y, además contar con una edad mínima de treinta años y poseer, con antigüedad mínima de cinco años al día de su designación, título de Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad facultada para ello, debidamente registrado y por lo menos tres años de ejercicio profesional. II.- Dirección de Servicios Periciales. Contará con un Director de Servicios Periciales y dispondrá de un área de laboratorio especializada integrada por: peritos, personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al presupuesto de Egresos. Las Jefaturas de Servicios Periciales asignadas a cada Subprocuraduría de Zona dependerán operativamente del Director de Averiguaciones Previas y normativamente del Director de Servicios Periciales, disponiendo de las siguientes áreas: médica, físicoquímica-biológica, criminalística, identificación y archivo, grafoscopia, tránsito terrestre y, el personal técnico administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Cuando la Procuraduría no cuente con peritos en la disciplina, ciencia o arte de que se trate o, en casos urgentes, podrá habilitar a cualquier persona que tenga los conocimientos prácticos requeridos. Bajo circunstancias anteriormente descritas, estos peritos no podrán formar parte del servicio de carrera de la Procuraduría. III.- Dirección de Coordinación y Supervisión. Contará con un Director de Coordinación y Supervisión, jefes de departamento en cada Subprocuraduría de Zona, y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. IV.- Dirección de Normatividad.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Contará con un Director de Normatividad y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. V.- Dirección de Orientación Social y de Coordinación Gubernamental. Contará con un Director de Orientación Social y Coordinación Gubernamental y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Artículo 10.- La Subprocuraduría Jurídica, para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Subprocurador Jurídico dependiente del Procurador y, los siguientes servidores públicos: I.- Agentes del Ministerio Público adscritos a las Salas del Tribunal Superior de Justicia; II.- Agentes del Ministerio Público necesarios para atender las áreas de: estudios y normatividad, actuaciones ministeriales y asuntos jurídicos-contenciosos; y III.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Artículo 11.- La Dirección General de Asuntos Internos y Contraloría, para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Director General de Asuntos Internos y Contraloría dependiente del Procurador y, los siguientes servidores públicos y unidades administrativas: I.- Subdirector del Área de Responsabilidades; II.- Subdirector del Área de Contraloría Administrativa; III.- Direcciones de Asuntos Internos y Contraloría adscritas a cada Subprocuraduría de Zona, dependiendo directamente del Director General de Asuntos Internos y Contraloría; y IV.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Artículo 12.- La Dirección General Administrativa, para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Director General Administrativo dependiente del Procurador y, se integrará de la siguiente manera: I.- Dirección de Informática. Contará con un Director de Informática y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Las Jefaturas de Informática asignadas a cada Subprocuraduría de Zona dependerán operativamente del Director Administrativo y normativamente del Director de Informática, asimismo; contará con un Jefe de Informática y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. II.- Dirección de Recursos Humanos. Contará con un director de Recursos Humanos y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS III.- Dirección de Recursos Financieros y Materiales. Contará con un Director de Recursos Financieros y Materiales y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. IV.- Instituto de Capacitación y Formación Profesional. Contará con un Director del Instituto de Capacitación y Formación Profesional, con representaciones adscritas a las Subprocuradurías de Zona y el personal académico, técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Corresponde a las representaciones del Instituto, adscritas a las Subprocuradurías de Zona, realizar las actividades del Instituto en el ámbito de su competencia; y V.- Áreas especializadas en: planeación y desarrollo organizacional, seguimiento al programa de modernización y el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Las Direcciones Administrativas adscritas a cada Subprocuraduría de Zona dependerán operativamente del Subprocurador de Zona y normativamente del Director General Administrativo y se coordinarán con las direcciones y unidades que depende de éste, y contará con el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Artículo 13.- La Dirección de Análisis y Diseño de Estrategias, para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Director de Análisis y Diseño de Estrategias dependiente del Procurador y, las siguientes unidades administrativas: I.- Departamento de Enlace de Cuerpos Policiacos y de Seguridad Pública Municipal, Estatal, Federal y del Extranjero; II.- Departamento de Análisis e Investigación; y III.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Artículo 14.- La Dirección de Comunicación y Promoción Social, para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Director de Comunicación y Promoción Social dependiente del Procurador y, las siguientes unidades administrativas: I.- Departamento de Comunicación y Difusión; II.- Departamento de Promoción Social y Atención a la Ciudadanía; III.- Departamento de Promoción y Participación Ciudadana; y IV.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Los Departamentos de Promoción y Participación Ciudadana asignados a cada Subprocuraduría de Zona dependerán operativamente del Subprocurador de Zona y normativamente del Director de Comunicación y Promoción Social; se coordinarán con los departamentos y unidades que dependen de éste, asimismo; contará con el personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Artículo 15.- La Procuraduría contará con tres Subprocuradurías de Zona, las cuales operarán bajo el régimen de desconcentración operativa, pero directamente subordinadas al Procurador y al Subprocurador General de Justicia o a quien legalmente los sustituya. Las tres Subprocuradurías son: Subprocuraduría de Zona Mexicali, con jurisdicción territorial en el Municipio de Mexicali. Subprocuraduría Zona Tijuana, con jurisdicción territorial en los Municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito; en el caso de éstos dos últimos municipios, cuando las necesidades del servicio lo requieran y para el mejor desempeño de sus funciones, por acuerdo del procurador se nombrará Coordinador de Agentes del Ministerio Público, pudiendo depender del Subprocurador de Zona o directamente del Procurador y del Subprocurador General de Justicia. Subprocuraduría de Zona Ensenada, con jurisdicción territorial en el Municipio de Ensenada. Cada una de las Subprocuradurías de Zona para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Subprocurador de Zona y las siguientes unidades administrativas: I.- Dirección de Averiguaciones Previas; II.- Dirección de Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados; III.- Dirección Administrativa contando con las siguientes áreas: Recursos Financieros y Materiales, Recursos Humanos, Administrativa de la Policía Ministerial y de Mantenimiento e Intendencia; y IV.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades delservicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Artículo 16.- La Dirección de Averiguaciones Previas para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Director de Averiguaciones Previas dependiente del Subprocurador de Zona, y los Subdirectores de Averiguaciones Previas que se requieran para las necesidades del servicio y, las siguientes unidades administrativas: I.- Comandancia de Zona de la Policía Ministerial; II.- Jefatura de Servicios Periciales; III.- Agencias del Ministerio Público Investigadoras de Delitos del Orden Común; IV.- Agencias del Ministerio Público Especializadas en la Investigación de Delitos, atendiendo a la tipicidad de uno o varios delitos y a las necesidades propias del servicio a la ciudadanía, las que funcionarán como Unidades Orgánicas cuando cuenten con el auxilio de la Policía Ministerial y Servicios Periciales, mismas que estarán bajo autoridad y mando inmediato del Agente del Ministerio Público; y V.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Para ser Subdirector de Averiguaciones Previas, se deben reunir los requisitos señalados en el artículo 10 de la Ley, para el Director de Averiguaciones Previas.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Las Agencias del Ministerio Público Investigadoras de Delitos y las Agencias del Ministerio Público Especializadas en la Investigación de Delitos, funcionarán en cada Subprocuraduría de Zona de acuerdo a los requerimientos que se presenten y habrá tantas como sean necesarias en virtud de la incidencia delictiva de cada localidad o zona, previo acuerdo del Procurador. Las Agencias anteriormente señaladas, conocerán de los asuntos en función de la organización y equidad del trabajo, a fin de brindar un servicio más eficiente, sin que lamisma se entienda como limitación a la competencia de cada Agencia, ya que cada una de ellas podrá conocer de cualquier asunto del orden común en los términos de la ley. Artículo 17.- La Dirección de Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados para el despacho de los asuntos de su competencia contará con un Director de Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados dependiente del Subprocurador de Zona y, los siguientes servidores públicos: I.- Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados Penales; II.- Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares; III.- Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Paz Penal, Civil y Mixtos; y IV.- El personal técnico y administrativo que se requieran para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Artículo 18.- Las Agencias del Ministerio Público Investigadoras de Delitos y las Agencias del Ministerio Público Especializadas en el Investigación de Delitos, para el despacho de los asuntos de su competencia podrán contar con un Coordinador de Agentes del Ministerio Público dependiente del Subdirector de Averiguaciones Previas y, los siguientes servidores públicos: I.- Agentes del Ministerio Público; II.- Secretarios de Acuerdos; III.- Secretarios de Acuerdos Conciliadores; IV.- Canalizadores; V.- Agentes del Ministerio Público-Jefes de Grupo de la Policía Ministerial; VI.- Agentes Investigadores Especializados; VII.- Agentes Investigadores de Apoyo; VIII.- Peritos; y IX.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. El desempeño como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial estará invariablemente a cargo de un Agente del Ministerio Público. Artículo 19.- Las Comandancias de Zona de la Policía Ministerial para el despacho de los asuntos de su competencia contarán con un Comandante de Zona, quien dependerá
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS operativamente del Director de Averiguaciones Previas y normativamente del Comandante Auxiliar y, los siguientes niveles de mando y áreas especializadas: I.- Sub-Jefe Operativo de Zona; II.- Sub-Jefe Operativo de Grupo; III.- Agente Investigador Especializado; IV.- Agente Investigador de Apoyo; y V.- El personal técnico y administrativo que se requiera para las necesidades del servicio, de acuerdo al Presupuesto de Egresos. Los Agentes de la Policía Ministerial podrán participar en todo tipo de investigaciones del orden común bajo la autoridad y mando del Ministerio Público. Para ser Comandante de Zona de la Policía Ministerial, se deben reunir los requisitos señalados en las fracciones I, IV y V del artículo 7 de la Ley y, además contar con una edad mínima de veintiocho años y poseer con antigüedad mínima de tres años al día de su designación, título de Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad facultada para ello, debidamente registrado. Artículo 20.- La División en Seguridad Personal para el ejercicio de sus atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia que le atribuyen sus propio Reglamento, estará adscrita y subordinada a cada una de las Subprocuradurías de Zona. 5.2.3 5.2.3.1 El ministerio público del fuero federal. Organización y funcionamiento. Artículo 2. Para el cumplimiento de los asuntos de la competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes: I. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; II. Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; III. Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; IV. Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales; V. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad; VI. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; VII. Oficialía Mayor; VIII. Visitaduría General; IX. Agencia Federal de Investigación; X. Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional; XI. Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías; XII. Coordinación General de Delegaciones; XIII. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud;
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS XIV. Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; XV. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; XVI. Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; XVII. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; XVIII. Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos; XIX. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; XX. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; XXI. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos ycontra la Administración de Justicia; XXII. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales; XXIII. Unidad de Operaciones; XXIV. Dirección General de Comunicación Social; XXV. Dirección General de Asuntos Jurídicos; XXVI. Dirección General de Constitucionalidad; XXVII. Dirección General de Normatividad; XXVIII. Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica; XXIX. Dirección General de Cooperación Internacional; XXX. Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; XXXI. Dirección General de Control de Procesos Penales Federales; XXXII. Dirección General de Amparo; XXXIII. Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección; XXXIV. Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos; XXXV. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; XXXVI. Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; XXXVII. Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales; XXXVIII. Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales; XXXIX. Dirección General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales; XL. Dirección General de Seguridad Institucional;
Derecho Procesal Penal, Lic. Pedro Valente Cano Flores Martín Octavio Návar Rivera, Sexto Bimestre, Escuela de Derecho 24 de 67
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS XLI. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; XLII. Dirección General de Recursos Humanos; XLIII. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; XLIV. Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones; XLV. Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales; XLVI. Dirección General de Servicios Aéreos; XLVII. Dirección General de Visitaduría; XLVIII. Dirección General de Inspección Interna; XLIX. Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación; L. Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución; LI. Dirección General de Planeación Policial; LII. Dirección General de Investigación Policial; LIII. Dirección General de Análisis Táctico; LIV. Dirección General de Despliegue Regional Policial; LV. Dirección General de Operaciones Especiales; LVI. Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol; LVII. Dirección General de Intercepción; LVIII. Dirección General de Planeación e Innovación Institucional; LIX. Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional; LX. Dirección General de Formación Profesional; LXI. Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; LXII. Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales; LXIII. Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; LXIV. Centro de Evaluación y Desarrollo Humano; LXV. Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal; LXVI. Delegaciones, y LXVII. Agregadurías. Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: I. Agencia: La Agencia Federal de Investigación; II. Agregadurías: Las Agregadurías de la Procuraduría General de la República en el extranjero;
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS III. Consejo: El Consejo de Profesionalización a que se refiere la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; IV. Delegaciones: Las Delegaciones de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas; V. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; VI. Policía: Policía Federal Investigadora; VII. Procuraduría: La Procuraduría General de la República; VIII. Procurador: El Procurador General de la República, y IX. Servicio de Carrera: El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. Artículo 4. Son agentes del Ministerio Público de la Federación: I. El Procurador; II. Los Subprocuradores; III. El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales; IV. El Visitador General; V. El Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías; VI. El Titular de la Coordinación General de Delegaciones; VII. Los titulares de las Unidades Especializadas; VIII. Los Directores Generales: a) De Asuntos Jurídicos; b) De Constitucionalidad; c) De Normatividad; d) De Extradiciones y Asistencia Jurídica; e) De Control de Averiguaciones Previas; f) De Control de Procesos Penales Federales; g) De Amparo; h) De Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos; i) Jurídico en Materia de Delitos Electorales; j) De Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales; k) De Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales; l) De Visitaduría; m) De Inspección Interna; n) De Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación, y
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS ñ) De Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, IX. Los titulares de las Delegaciones, y X. Aquellos servidores públicos a los que el Procurador confiera dicha calidad mediante Acuerdo. 5.2.4 5.2.4.1 5.2.4.2 5.2.4.3 Acción penal. Concepto. Características y principios. Extinción.
UNIDAD VI LOS SUJETOS DEL DELITO Y LA DEFENSA.
6.2.1 Derechos y obligaciones del sujeto activo del delito. En las primeras enseñanzas del derecho penal se estudió que, para la existencia de un delito, es vital la presencia de un probable sujeto activo, pero también es importante saber usar su terminología dentro del procedimiento penal, así como los diversos derechos y obligaciones de que este sujeto procesal y parte en el proceso goza. Dentro del proceso el sujeto activo es el Ministerio Público y el pasivo el inculpado. En la actualidad, el hombre es el único o posible autor del delito, ya que anteriormente entre los árabes y los hebreos, los animales y difuntos eran considerados sujetos autores del delito. 6.2.3 6.2.4 Antecedentes de la defensa. Concepto de la defensa. La palabra defensa en derecho tiene diversas acepciones: a) el acto de repeler una agresión injusta, y b) los hechos o razones jurídicas que hace valer el demandado para destruir o enervar la acción del demandante. Los hechos o argumentos que hace valer en el juicio el demandado con el propósito de destruir la acción o impedir su ejercicio. 6.2.5 Naturaleza jurídica actual del defensor y su objeto. En un sentido etimológico, la pabra defensor proviene del latín, densoris y significa “el que defiende o protege”; a su vez, el vocablo defender significa amparar, proteger o abogar a favor de alguien. El defensor se le considera un representante del procesado o mandatario asesor, auxiliar de la justicia y un órgano imparcial de ésta. En materia penal sí puede hablarse de defensa, ya que en el proceso adquiere un carácter obligatorio, puesto que la Constitución no lo consagra como un derecho sino como una garantía (artículo 20, apartado A, fracción IX constitucional).
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 6.2.6 Clases de defensores en el derecho mexicano. Los actos de defensa están regidos por un amplio sistema de libertad y son realizados por el sujeto activo del delito, la persona o personas de su confianza, ambos y el de oficio. El procesado puede por sí mismo llear su defensa, pero esta institución debe estar a cargo de técnicos en la materia. El procesado está facultado para designar a persona o personas de confianza para la defensa. En materia penal, el acusado podrá ser oído en defensa por sí mismo por medio de personas de su confianza designados como defensores, que de no ser abogados se le invitará a que nombre uno con título y de no hacerlo así le será nombrado uno de oficio (artículo 28 de la Ley de Profesiones). El artículo 160 del código Federal de Procedimientos Penales establece, entre otras cosas, que en caso de que la designación de defensor recaiga sobre quien no tenga cédula profesional de licenciado en derecho o autorización de pasante, el tribunal dispondrá que además del designado, se nombre al de oficio que oriente al defensor y al propio inculpado en todo lo relacionado a su defensa. Existen el defensor particular y el defensor de oficio. 6.2.7 Momento del nombramiento del defensor. De acuerdo con el artículo 20, fracción IX, de la Constitución Federal y el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se designará defensor en la diligencia donde se tome la declaración preparatoria al indiciado. Conforme al espíritu de la ley, el nombramiento debe realizarse antes de que se tome la declaración preparatoria del indiciado y no después, como en forma inexacta lo señala la Carta Magna. En el artículo 127 bis del Código de Procedimientos Penales, establece como un avance importante que toda persona que rinda una declaración en averiguación previa, tendrá derecho a ser asistido por un abogado nombrado por él, quien podrá impugnar las preguntas que se hagan al declarante si éstas no están formuladas conforme a derecho, pero no puede inducir las respuestas de su defenso. 6.2.8 Designación del cargo, aceptación y renuncia del mismo. Para que los actos de defensa tengan vigencia, el defensor debe aceptar su nombramiento y a partir de ese momento se obliga a cumplir con los compromisos inherentes a su cargo. Cuando el defensor renuncie a su cargo, unque la ley no especifica nada al respecto y en caso de que el procesado no designe a otro defensor particular de inmediato, el juez le nombrará uno de oficio. 6.2.9 Designación de un representante común como defensor. El procesado puede designar uno o varios defensores, y afin de evitar una anarquía en los actos de defensa nombrará un representante común y de no hacerlo lo hará el juez (artículo 296, CPPDF). Este criterio no es exclusivo de los particulares, sino que también aplica para los defensores de oficio.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 6.2.10 Nombramiento del defensor de oficio. Cuando el procesado no señale persona alguna de su confianza para que lo defienda, el juez está obligado a nombrarle uno de oficio. La defensoría de oficio tiene el objetivo de patrocinar a todos los procesados que carezcan de un defensor particular. 6.2.11 Deberes técnico-asistenciales del defensor. Es necesario que el defensor esté presente en la declaración preparatoria, que solicite cuando proceda la libertad caucional o bajo fianza, realice los trámites hasta lograr la excarcelación, promueva las diligencias necesarias dentro del término constitucional y esté presente en las mismas para que pueda interponer los recursos procedentes en contra de los autos o resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional; asimismo es necesario, que promueva diligencias tanto en primera como en segunda instancia, ofrezca pruebas, acumule procesos, desahogue visitas y formule conclusiones. 6.2.12 Sujeto pasivo del delito. La víctima, en México es la persona física o moral que sufre de violencia a través de la conducta de un delincuente que transgrede las leyes. De esta manera la víctima esta ligada a las consecuencias producidas por un delito. 6.2.13 Situación jurídica del ofendido en el procedimiento penal. En el procedimiento penal mexicano, el ofendido o víctima es u sujeto procesal que tiene derechos que debe deducir, así lo reconoce la ley y las exigencias del procedimiento. 6.2.14 Carácter de coadyuvante del ofendido. El ofendido tiene facultades para presentar denuncias y querellas, también para aportar, ya sea ante el Ministerio Público o ante el juez, los elementos de prueba que estén a su alcance, deducir derechos contra terceros con respecto a la reparación del daño e interponer recursos como el de apelación.
UNIDAD VII PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL (AVERIGUACIÓN PREVIA)
7.2.1 Concepto de averiguación previa. De conformidad con el maestro Hernández Acero, es el conjunto de actividades que desarrolla el Ministerio Público para comprobar la existencia de los delitos y llegar a saber quién o quiénes los realizaron y sí está en posibilidad jurídica de solicitar la intervención del órgano jurisdiccional para el efecto de que éste, mediante un proceso, imponga las penas. 7.2.2 Tiempo en que sucede la averiguación previa. Desde que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictivo, ya sea por denuncia o por querella, independientemente de que las leyes adjetivas señalan que al tratarse de delitos que se persigna de oficio, el Ministerio Público debe iniciar la
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS averiguación previa. Sin embargo, necesita formalizarla con un requisito de procedibilidad, que es la denuncia, la cual puede ser efectuada por cualquier persona, sea o no la víctima u ofendido. EL Ministerio Público también debe preparar lo que se denomina el ejercicio de la acción penal. Durante la averiguación previa, el Ministerio Público debe realizar todas y cada una de las diligencias para acreditar el ahora nuevamente denominado cuerpo del delito y la probable o presunta responsabilidad del indiciado, antes de ejercitar la acción penal o procesal penal; o bien, de no reunir los elementos del cuerpo del delito, resolver el no ejercicio de la acción penal. El artículo 16 de la Constitución establece la obligación la obligación de la policía judicial de poner de inmediato al indiciado a disposición del juez o tribunal que libró la orden de aprehensión, pero esto es únicamente una obligación para los agentes captores, asimismo establece que ningún indiciado podrá se retenido por el Ministerio Publico por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevé como delincuencia organizada. 7.2.3 Concepto de denuncia del delito. Colín Sánchez la define como un medio informativo que es utilizado para hacer del conocimiento del Ministerio Público lo que se sabe acerca del delito, ya sea que el propio portador de la noticia sea el afectado, o bien, que el ofendido o víctima sea un tercero. A manera de resumen, la denuncia es el acto donde una persona física pone en conocimiento a el órgano investigador en forma oral o escrita, la realización de un probable hecho delictivo, ya sea que se haya cometido en su perjuicio o de un tercero, con el fin de que esta autoridad tome cocimiento de los hechos narrados e inicie la averiguación previa, así como la preparación del ejercicio de la acción penal. 7.2.4 7.2.5 Los elementos de la denuncia. Sujetos que pueden presentar la denuncia la forma y los efectos de la misma. La denuncia puede ser presentada por cualquier persona, sin importar que la misma provenga de un procesado, sentenciado, nacional, extranjero; tampoco sexo o edad será obstáculo, salvo excepciones previstas por la ley. Puede hacerse por escrito o verbalmente ante el Ministerio Público o cualquier funcionario o agente de la Policía judicial. 7.2.6 Concepto de querella y naturaleza jurídica de la misma. Relación de hechos expuesta por el ofendido ante el órgano investigador, con el deseo manifiesto de que se persiga al autor del delito. 7.2.7 Elementos de la querella. a) Una relación de hechos b) Que esta relación sea hecha por la parte ofendida. c) Que se manifieste la queja, así como el deseo de que se persiga al autor del delito. 7.2.8 La formulación del derecho de querella.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Con respecto a la querella existen dos tendencias, la primera la sitúa dentro del aspecto general de la materia considerándola como condición objetiva de punibilidad, y la segunda como instituto procesal. Si bien es cierto que la querella fragmenta la actividad del Ministerio Público y que es contraria al artículo 21 constitucional, en el sentido de que es facultad exclusiva de esta autoridad la persecución de los delitos, esto no es exacto, ya que como es un derecho protestativo de la víctima de un delito poner en conocimiento un probable hecho delictivo, al no hacerlo, la citada autoridad aunque esté presente en la comisión del mismo está impedida para actuar hats aque nose haga formalmente de su conocimiento. Debe existir querella, ya que con ello se contribuye a la despenalización de delitos no graves, lo cual también ayuda a que se aligere el sistema penal, se dé la libertad provisional, se garantice la reparación del daño de la víctima y se descargue el exceso de problación en las cárceles o reclusorios. La formulación legal, se basa en el artículo 115 del Código Federal de Procedimientos Penales. 7.2.9 Extinción del derecho de querella por perdón. El perdón es el acto mediante el cual el ofendido por el delito, su legítimo representante o el tutor especial, manifiesta ante la autoridad correspondiente que no desean que se persiga a quien lo cometió. 7.2.10 Los requisitos de procedibilidad. Son condiciones que legalmente deben satisfacerse para proceder en contra de quin ha cometido un hecho delictivo. Sin estas condiciones, el Ministerio Público, al realizar la averiguación previa y ejercitar la acción penal, no podrá llevar a cabo el desarrollo normal del procedimiento. En el derecho procesal mexicano los requisitos de procedibilidad son; querella, excitativa y autorización, además de la denuncia con sus características especiales. 7.2.11 Los requisitos prejudiciales. Para Colín Sánchez, las condiciones objetivas de punibilidad, son exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador, para que la pena tenga aplicación, por ejemplo la declaración de quiebra o para poder seguir el delito de quiebra fraudulenta. Como ejemplo de lo anterior, el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal (derogado) establecía que en los casos de rapto, calumnia y, en general, en todos aquellos que la laey exija una declaración judicial previa, deberá presentarse con la querella, una copia de la sentencia irrevocable en que se haga dicha declaración. 7.2.12 La excitativa y la autorización. No se podrá proceder contra el autor de una injuria, difamación o calumnia, sino por queja de la persona ofendida. La excitativa es la petición que hace el representante de un país extranjero para que se proceda penalmente en contra de quien ha proferido injurias al gobierno que representa o contra sus agentes diplomáticos. 7.2.13 Diligencias en la investigación de los delitos.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Las diligencias sirven para el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, se hacen en cumplimiento del mandato del Ministerio Público. Fracción II del artículo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales. 7.2.14 7.2.15 7.2.16 Diversas determinaciones que se dan con relación a las actas de policía judicial. Improcedencia de la acción penal. La reserva del acta de averiguación previa.
8.2.1 Auto de radicación.
Ésta es la primera resolución que dicta el órgano de la jurisdicción y con la cual se manifiesta en forma clara el inicio de la relación procesal; tanto el Ministerio Público el inculpado quedan sujetos a partir de ese momento a la jurisdicción de un tribunal determinado. A este auto también se le denomina auto de inicio o auto de incoación (apertura o iniciación de un procedimiento judicial). Radiación diferida, se conceden dos días. Radiación inmediata, Se hará cuando venga al caso alguno de los delitos designados como graves por el artículo 194. 8.2.1.1 Requisitos. Artículo 142.- Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes. El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación. Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación. Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Artículo 143.- Siempre que un tribunal del orden común inicie diligencias en auxilio de la justicia federal, deberá dar aviso inmediato al federal competente y éste, a su vez, lo hará saber al Agente del Ministerio Público de su adscripción. 8.2.1.2 8.2.2 Efectos. Orden de aprehensión. La orden de aprehensión es una situación jurídica, un estado, un modo de lograr la presencia del imputado en el proceso. 8.2.2.1 Precedencia y requisitos. Para que el juez pueda librar una orden de aprehensión se requiere: a) que el Ministerio Público la haya solicitado, b) que se reúnan los requisitos del artículo 16 Constitucional. (195, 196, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales) 8.2.3 Orden de comparecencia. En los casos que no proceda la aprehensión, ya sea porque el consignado se encuentre en goce de su libertad provisional concedida por el Ministerio Público, o bien, el delito por el cual se consigna no lo amerite, a petición del Ministerio Público, el juez librará una orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su declaración preparatoria, siempre que estén acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 8.2.3.1 Procedencia. En el caso de infracciones penales que por su levedad se sanciones con apercibimiento, caución de no ofender multa o pena alternativa, el Ministerio Público ejercitará la acción penal sin detenido ante el juez de paz, solicitándole se le cite para tomarle su declaración preparatoria. Si los requisitos legales del pedimento están satisfechos, el juez mandará citar a comparecer al indiciado y de no acudir será presentado por la policía judicial. En caso de que al término constitucional se le considere responsable, se le dictará auto de sujeción a proceso, pero jamás de formal prisión debido a las características del delito y en cumplimiento de los artículos 16 y 18 constitucionales. 8.2.4 Declaración preparatoria. Dentro de las 48 horas contadas a partir de que el indiciado queda a disposición de la autoridad judicial encargada de practicar la instrucción, se procederá a tomarse su declaración preparatoria, la cual será efectuada en forma oral o escrita por el inculpado y en presencia de su defensor para que le proporcione la asistencia jurídica que requiera. El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hace, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios inculpados por los mismos hechos, se les tomará la declaración por separado en una cola audiencia. 8.2.4.1 Requisitos. Esta diligencia se practicará en un local donde el público pueda tener libre acceso, con excepción de cuando se trate de un delito contra la moral o cuando en el proceso sea ésta atacada, la audiencia tendrá lugar a puerta cerrada, sólo podrán entrar al lugar las personas que intervienen oficialmente en ellas. En ningún caso y por ningún motivo la autoridad podrá emplear la incomunicación, intimidación o tortura para lograr la declaración del indiciado o para otra finalidad.
Derecho Procesal Penal, Lic. Pedro Valente Cano Flores Martín Octavio Návar Rivera, Sexto Bimestre, Escuela de Derecho 33 de 67
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS La declaración preparatoria comenzará por las generales del indiciado, en las que también se incluirán los apodos que tenga, el grupo étnico al que pertenece, en su caso, si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho a una defensa adecuada por sí mismo, por un abogado o por una persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo designa , el juez le nombrará uno de oficio. A continuación se informará en que consiste la denuncia, acusación o querella, así como los nombres de sus acusadores, denunciantes o querellantes y de los testigos que declaren en su contra. También se le preguntará si es su voluntad declarar y, en caso de que así lo desee, se le examinará con respecto a los hechos consignados. Si el inculpado decide no declarar, el juez respetará su voluntad y dejará constancia de ello en el expediente. También se le harán saber las garantías que le concede al artículo 2º constitucional. Se realizará el interrogatorio. 8.2.4.2 Efectos. La declaración preparatoria culmina con el auto de término constitucional de las 72 horas, que puede ser de formal prisión, sujeción a proceso o falta de elementos para procesar. Este puede ser ampliado a otras 72 horas, a petición del inculpado y su defensor, con el fin de que este pueda ofrecer pruebas para lograr su libertad. 8.2.5 Auto de formal prisión. La resolución que debe dictar el órgano jurisdiccional dentro del término constitucional debe ser de formal prisión, sujeción aproceso o libertad por falta de elementos para procesar. En los dos primeros se debe de establecer e delito o delitos por los cuales se va a seguir el proceso al ahora ya prcesado, y el tipo de proceso, esto es, sumario u ordinario. 8.2.5.1 Requisitos constitucionales. a) Cuerpo del delito.
*Concepto. Corpus delicti. Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en caso de que la descripción típica los requiera. *Diferencias entre tipo y cuerpo del delito. El tipo delictivo y el cuero del delito son conceptos muy relacionados entre sí; por ejemplo, el tipo delictivo se refiere a la conducta previamente considerada antijurídica por el legislador, y el cuerpo del delito corresponde a la realización del delito. En consecuencia para que pueda darse el cuerpo del delito, deberá existir previamente el tipo delictivo correspondiente, razón por la cual se hará referencia ala doctrina del tipo en los aspectos conducentes al fin propuesto. *Medios legales para comprobar el cuerpo del delito. Ejemplos de medios para comprobar el cuerpo del delito. Según el Código Federal de Procedimientos Penales.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Homicidio. Artículo 171.- Si se tratare de homicidio, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará la inspección del cadáver, describiéndosele minuciosamente y se recabará el dictamen de los peritos médicos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarde el cadáver y las causas que originaron la muerte. Si hubiere sido sepultado, se procederá a exhumarlo. Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando tanto Ministerio Público, o el tribunal en su caso, estimen que no es necesaria. Artículo 172.- Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Lesiones. Artículo 169.- Cuando se trate de lesiones externas éstas serán objeto de inspección con asistencia de peritos médicos, describiéndolas pormenorizadamente y se recabará dictamen de aquellos peritos, que las describa y las clasifique en orden a su naturaleza, gravedad, consecuencias y cualquier otra circunstancia atendible para ese fin. Artículo 170.- En el caso de lesiones internas, envenenamiento u otra enfermedad proveniente del delito, además de cualesquiera de otras diligencias que resulten procedentes, se practicará inspección haciéndose constar las manifestaciones exteriores que presentare la víctima y se recabará el dictamen pericial en que se expresarán los síntomas que presente, si existen esas lesiones y si han sido producidas por una causa externa. En caso de no existir manifestaciones exteriores, se hará constar esta circunstancia, agregándose el dictamen pericial. b) Presunta responsabilidad penal.
Éste es otro de los requisitos de fondo exigidos por la Constitución para que proceda legalmente la orden de captura o el auto de formal prisión (artículos 16 y 19 constitucionales). Responsabilidad probable o presunta son sinónimos y significan lo fundado en razón de lo prudente, de lo que se sospecha por tener indicios. En consecuencia, existe una probable responsabilidad cuando hay elementos suficientes para suponer que una persona ha tomado parte en a concepción, preparación o ejecución de un acto típico, por lo cual debe ser sometido al proceso correspondiente. 8.2.5.2 Requisitos procésales. I) Se dictará dentro del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial. II) Que se haya tomado la declaración preparatoria l inculpado en los términos de ley, o bien, conste en el expediente que se negó a emitirla. III) Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba seguírsele proceso.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS IV) Que el delito sea sancionado con pena privativa de la libertad. V) Que no esté acreditada alguna causa de licitud. VI) Que de lo actuado aparezcan daros suficientes que hagan probable la responsabilidad del indiciado. VII) Los nombres y firmas del juez que dicte la resolución y del secretario que autorice. El auto de formal prisión debe hacerse por escrito y reunir los siguientes requisitos: inicia con la indicación de la hora y la fecha en que se pronuncia, el número de la causa y el nombre de la persona cuya situación jurídica va a determinarse 8.2.5.3 Efectos. El sujeto, al quedar sometido a la jurisdicción del juez, justifica la prisión preventiva pero no revoca la libertad provisional concedida, excepto cuando así se determine expresamente en el propio auto (artículo 166 del Código Federal de Procedimientos Penales); precisa el delito porque se le debe seguir proceso, pone fin a la primera parte de la instrucción e inicia la segunda fase de la misma. 8.2.6 Auto de sujeción a proceso. Es la resolución dictada por el juez, en la cual se trate de delitos sancionados con pena no privativa de libertad o alternativa, previa comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, se resuelve la situación jurídica del indiciado, fijándose la base del proceso que debe seguírsele. (Artículo 162 del Código Federal de Procedimientos Penales). 8.2.6.1 8.2.6.2 Procedencia. Requisitos. Que se cumplan las 72 horas y el Ministerio Público no haya presentado las 8.2.6.3 Efectos. La falta de esos requisitos provoca esta determinación; sin embargo, si el Ministerio Público posteriormente aporta nuevos datos que satisfagan las exigencias legales, se procederá de nueva cuenta en contra del supuesto sujeto activo del delito, se ordenará su captura y otra vez se observarán las prescripciones de los artículos 19 y 20 constitucionales. 8.2.7 Auto de libertad por falta de elementos para procesar. También llamado auto de libertad por falta de méritos, es la resolución dictada por el juez al vencerse el término constitucional de 72 horas; en ella se ordena que el procesado sea restituido en el goce de su libertad, en virtud de no estar integrado el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, o que habiéndose dado lo primero, no exista lo segundo. 8.2.7.1 8.2.7.2 Procedencia. Requisitos. Que no esté integrado el cuerpo del delito, ni la probable responsabilidad, o que habiéndose dado lo primero, no exista lo segundo. Que se haya cumplido el término constitucional.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 8.2.7.3 Efectos. Que el inculpado o indiciado, quede en libertad.
UNIDAD IX EL PROCESO PENAL (LA PRUEBA EN LA INSTRUCCIÓN)
9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.4.1 Auto que abre el periodo de ofrecimiento de pruebas. Auto que abre la instrucción y clase de procedimientos. Término para ofrecer pruebas en los procedimientos sumario y ordinario. La prueba. Concepto. En la rama procesal se refiere a suministrar el conocimiento de cualquier hecho. 9.2.4.2 Elementos (medio, órgano y objeto). Es necesario diferenciar entre los medios de prueba, que son la prueba en sí, él órgano de la prueba, que es el portador de la misma, y en especial el objeto de la prueba, que es el convencimiento de ésta para dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. 9.2.4.3 Problemática de la carga de la prueba. La llamada por los civilistas carga de la prueba se traduce en la obligación de probar (actori incumbit probatio). El Proceso penal es una relación jurídica entre varios intervinientes, por lo que es necesario determinar si esta obligación opera en esta disciplina y de ser así sobre quiénes recaerá. Se afirma que en derecho penal no existe carga de la prueba sino una obligación de probar. 9.2.4.4 Sistema de valoración de pruebas (libre, tasado y mixto). De conformidad con las características de la prueba, existen diversos sistemas probatorios que tienen su propia clasificación, misma que a continuación se describirá: Libre. Tiene su fundamento en el principio de la verdad material, se traduce en la facultado otorgada al juez para disponer de los medio de prueba conducentes a la realización de los fines específicos del proceso; además debe valorarlos conforme a los dictados de su conciencia y a la responsabilidad que debe tener en el cumplimiento de sus funciones, lo cual reduce a dos aspectos básicos: libertad de medios de prueba y libertad de valoración. Tasado. Este sistema (históricamente llamado “de las pruebas legales”) se sustenta en la verdad formal, dispone sólo de los medios probatorios establecidos por la ley, para cuya valoración el juez está sujeto a las reglas prefijadas legalmente. Mixto. Es una combinación de las anteriores; la ley señala las pruebas; sin embargo, el funcionario encargado de la averiguación puede aceptar todo elemento que se le presente como prueba, si a su juicio puede constituirla, constatando su autenticidad por el caminio legal pertinenete.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 9.2.4.5 Sujeto que valora la prueba. La prueba puede estudiarse en relación con el efecto que produce en la mente y por este aspecto equivale a la certeza y a la probabilidad; por otro lado, la prueba puede considerarse en cuanto a la naturaleza y a su presentación. Existen tres aspectos esenciales en la prueba en cuanto a su contenido, en cuanto al sujeto del cual emana, o bien, en cuanto a la forma en que se presenta. Si se analiza la prueba en cuanto al sujeto del cual proviene, se deduce que sólo hay dos sujetos posibles. Como productora de la prueba puede presentarse una persona o una cosa ante la conciencia de quien debe hacer la comprobación, que en materia penal es el juez del conocimiento, quien esta investido de las facultades para absolver o para condenar, o en otros términos, el juez de la audiencia. Por lo tanto, con respecto al sujeto, la prueba también se divide en dos clases: a) prueba personal o testimonio de persona, y b) prueba real o testimonio de cosa. 9.2.4.6 9.2.4.7 La aplicación de la duda. Medios probatorios establecidos en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. a) * La confesión. Concepto. El artículo 136 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal señala que la confesión es la declaración voluntaria hecha por persona no menor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, sobre hechos, propios constitutivos del cuerpo del delito materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20, apartado A, fracción II constitucional. * Requisitos de la Legislación mexicana. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 287.- La confesión ante el Ministerio Público y ante el juez deberá reunir los siguientes requisitos: I.- Que sea hecha por persona no menor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento, y sin coacción, ni violencia física o moral; II.- Que sea hecha ante el Ministerio Público o el tribunal de la causa, con la asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que el inculpado esté debidamente informado del procedimiento y del proceso; III.- Que sea de hecho propio; y IV.- Que no existan datos que, a juicio del juez o tribunal, la hagan inverosímil. No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. La Policía Judicial podrá rendir informes pero no obtener confesiones; si lo hace estas carecerán de todo valor probatorio. Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Judicial Federal o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquéllas. * Momento procedimental en que puede darse. La confesión es admisible en cualquier etapa del proceso, hasta antes de pronunciarse la sentencia definitiva. Desde la averiguación previa hasta antes de que cause estado la sentencia definitiva, ya que puede darse hasta la segunda instancia en el recurso de apelación. * Clasificación. La confesión judicial es la que se rinde únicamente ante los órganos jurisdiccionales, lo que se aclaró en recientes reformas al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal en su artículo 136. La declaración extrajudicial, misma que se realiza ante cualquier órgano distinto del jurisdiccional (policía judicial Ministerio Público, etc.). Para que tenga valor, esta confesión debe estar ratificada ante un funcionario de la policía judicial. La confesión ante notario público no tiene valor probatorio pleno, debido a que éste no es un funcionario público, pero debido a su carácter singular, su efectividad en el orden probatorio estará condicionada a muchos otros factores. La confesión rendida ante un Notario Público se considerará como una prueba documental y una vez que se ratifique ante la presencia judicial por el confesante, tendrá valor de confesión. * Formas o modalidades. Pura o simple. Cuando el confesante llanamente manifiesta haber participado de alguna manera en los hechos delictivos. Espontánea. Si el sujeto motu proprio se presenta a emitirla. Provocada. Cuando el funcionario de la policía judicial o el juez logran obtenerla por medio del interrogatorio. Confesión calificada. Es aquella que no comprende el crimen en toda su extensión o no señala ciertos caracteres del hecho acriminado, o también que encierra ciertas restricciones que impiden sus efectos en lo concerniente a la aplicación de la pena y tiene por objeto provocar una menos rigurosa. * Retractación. La confesión, para algunos autores, es el reconocimiento que hace el inculpado de su propia culpabilidad, mientras que la retractación es el desconocimiento expreso de la culpabilidad. * Confesión ficta. Para el maestro José Hernández Acero es una confesión supuesta o figurada, que no tiene cabida en el procedimiento penal, toda vez que en éste, la confesión debe ser espontánea, razón por la cual en la fracción II del artículo 20 constitucional se prohíbe que se use por cualquier medio coercitivo para que el sujeto declare o confiese.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS * Valor probatorio de la confesión. El artículo 287 del Código de Procedimiento Penales establece en su último párrafo: no podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. La policía judicial podrá rendir informes pero no obtener confesiones; si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio. b) * Los documentos. Concepto. La prueba documental es una prueba polifacética de gran importancia dentro del procedimiento penal, ya que no es exclusivamente un documento o instrumento que puede consistir en su contenido, alteración o falsificación * Momento procedimental en que se aportan. La documentación puede presentarse an la averiguación previa por cualquier persona y en las demás etapas del procedimiento por las partes o a iniciativa del órgano jurisdiccional. * Clasificación. Públicos. El Código Federal de Procedimientos Civiles expresa: que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de fe pública y de los expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Administrativos. Cuando proceden de funcionarios del poder Ejecutivo en ejercicio de sus competencias. Judiciales. Los que provienen de la función judicial. Notariales. Los que se derivan de la autorización de los notarios públicos. Mercantiles. Los que otorgan en este campo algunas personas investidas de fe pública, como son los corredores. Privados Las pruebas documentales de carácter privado pueden ser los vales, pagaré, libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las partes o de su orden y que no estén autorizados por escribano o funcionario competente. Los documentos también se clasifican de acuerdo con sus modalidades, mismas que pueden ser: Documentos autentico. La legalización es sustituida por una apostilla o prolongación del mismo documento, cuyo fin es certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que actuó la persona que emitió el documento y en su caso, la identidad del sello o timbre que el mismo ostente. Documentos falsos. Son los que encierran algún defecto por atribuirse a un persona de quien no proceden, porque en ellos se asentó un hecho que no ocurrió por alteraciones posteriores, de su contenido, etc.
Derecho Procesal Penal, Lic. Pedro Valente Cano Flores Martín Octavio Návar Rivera, Sexto Bimestre, Escuela de Derecho 40 de 67
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Documentos originales. Son los objetos idóneos donde en primer lugar se inscribió o manifestó formalmente el hecho o la idea. Copias o testimonios. Son reproducciones fidedignas de los originales. * Correspondencia particular del procesado. Es de suma importancia la correspondencia del procesado para el conocimiento de la verdad histórica, ya sea anterior o posterior a la comisión de un delito, pero el legislador ha omitido reglamentar su uso dentro de la averiguación previa, únicamente se enfocó al problema dentro del proceso en lo que se refiere al procesado. Los códigos de procedimientos tanto Federal como del Distrito Federal manifiestan que si el Ministerio Público considera que pueden encontrarse pruebas en la correspondencia del procesado, solicitará al juez que se recoja la misma, la que abrirá en presencia de las partes(Ministerio Público, procesado y su defensor), por parte del órgano jurisdiccional asistido de su secretario de acuerdos; una vez leída por el juez y si tuviere alguna relación con el hecho materia del juicio, éste comunicará su contenido al procesado y mandará agregar el documento al expediente. * Autenticidad de los documentos y la objeción.
Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá pedirse y decretarse el cotejo de letras o firmas, que se practicará conforme a las siguientes reglas del Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 239.- Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento podrá pedirse y decretarse el cotejo de letras o firmas, que se practicará conforme a las siguientes reglas: I.- El cotejo se hará por peritos, pudiendo asistir a la diligencia respectiva el funcionario que esté practicando la averiguación, y en ese caso se levantará el acta correspondiente; y II.- El cotejo se hará con documentos indubitables, o con los que las partes de común acuerdo reconozcan como tales; con aquellos cuya letra o firma haya sido reconocida judicialmente, y con el escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique. El juez podrá ordenar que se repita el cotejo por otros peritos. * Valor probatorio de los documentos.
Los documentos públicos hacen prueba plena, los documentos privados sólo harán prueba plena contra su autor si fueren judicialmente reconocidas por él o no las hubiere objetado. Mientras tanto el Código Federal de Procedimientos Penales los considera meros indicios. c) * Los peritos. Concepto.
La palabra pericia proviene de la voz peritia, que significa sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o un arte.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Perito. Es toda persona a quien se atribuye capacidad técnico-científica o práctica de una ciencia o arte. Peritación. Es el procedimiento empleado por el perito para realizar sus fines. Peritaje. Es la operación del especialista, traducido en puntos concretos, en inducciones razonadas y operaciones emitidas, como generalmente se dice, de acuerdo con su “leal saber y entender”, y en donde se llega a conclusiones concretas. * Clasificación de los peritos: por su especialidad, por la procedencia de su designación. Los peritos deberán tener título oficial de la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el que deben dictaminar, si la profesión o arte están legalmente reglamentadas; en caso contrario, el juez nombrará a personas prácticas. Por su especialidad. Pueden hacerse tantas clasificaciones de le peritación como especialidades existan. Antropología, Arquitectura, Balística, Cerrajería, Computación, Contabilidad, Criminalística, Criminología, Dactiloscopia, Documentoscopía, Fotografía, Genética, Hematología, Incendios y Explosiones, Ingeniería Civil, Ingeniería topográfica, Mecánica, Medicina, Odontología, Patología, Plomería, Poligrafía, Psicología, Psiquiatría, Química, Retrato Hablado, Sistema automatizado de Identificación, Tránsito, Valuación, Veterinaria, etc. Por la procedencia de su designación. Que puede ser: Oficial. Cuando el perito es designado por los elementos integrantes de la administración pública. Particular. Cuando ha sido propuesto por los particulares integrantes de la relación procesal (probable autor del delito o defensor). * Momento procedimental para practicar la peritación. Como acto procesal, la peritación puede darse a partir de la consignación, pero es más frecuente en la segunda etapa de la instrucción en donde se manifiesta con mayor plenitud, ya sea a iniciativa del Ministerio Público, del procesado o de su defensor, también por orden del órgano jurisdiccional. * La forma y contenido de la prueba pericial. El dictamen contendrá los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento al mismo. Conforme a los manuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los dictámenes o informes formulados y presentados por los peritos de la especialidad requerida serán válidos siempre y cuando contengan los nombres y firmas de los peritos, y que hayan sido extendidos en papel oficial de la institución. En la formulación del dictamen pericial deben considerarse los siguientes apartados:
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Antecedentes Análisis documental Trabajo de Campo. Análisis y confrontación documental y de campo. Conclusiones. d) * Los testigos. Concepto. En Derecho, el testigo es una figura procesal. En Derecho el testigo es la persona que declara voluntariamente ante el tribunal sobre hechos que son relevantes para la resolución del asunto sometido a su decisión, dicha declaración recibe el nombre de testimonio. * Capacidad para ser testigo. Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser examinada como testigo siempre que pueda aportar algún dato para la averiguación del delito y el Ministerio Público o el juez estimen necesario para su examen. En el artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, se establece que: no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder: Artículo 243 Bis.- No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder: I. Los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión; II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten; III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado; IV. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo oficio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional, y V. Los médicos cirujanos o especialistas y psicólogos clínicos, respecto de la información concerniente a la salud de sus pacientes, que conozcan con motivo de su ejercicio profesional. En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso de quien les confió el secreto, información o
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio. La reserva de información que, por disposición de la propia ley, deben guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente. Al servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 215 del Código Penal Federal, pero si el delito es cometido contra la administración de justicia, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 225 del mismo ordenamiento. * Clasificaciones. Directos. Cuando por sí mismo han tenido conocimiento de los hechos. Indirectos. Si el conocimiento proviene de información de terceros u otros medios. Judiciales y extrajudiciales. Conforme realicen sus declaraciones fuera o dentro del proceso. De cargo o de descargo. Ya sean testigo que declaren en contra o a favor del inculpado. * Disposiciones legales para asegurar la colaboración de testigos. En razón de la obligatoriedad para testificar, cuando los testigos no comparecen espontáneamente ante los órganos de la justicia es necesario citarlos por cédulas o telefonemas, que deben contener algunos requisitos como es llevar el nombre del tribunal ante el cual el testigo deba presentarse, nombre y domicilio del testigo, fecha para comparecer, sanción en caso de incumplimiento y firmas de los funcionarios que citan. * Formas legales para examinar testigo. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 246.- Los testigos deben ser examinados separadamente y sólo las partes podrán asistir a la diligencia, salvo en los casos siguientes: I.- Cuando el testigo sea ciego. II.- Cuando sea sordo o mudo. III.- Cuando ignore el idioma castellano. En el caso de la fracción I el funcionario que practique las diligencias designará a otra persona para que acompañe al testigo, la que firmará la declaración después de que éste la haya ratificado; en los casos de las fracciones II y III se procederá conforme lo dispone el Capítulo III del Título Primero de este Código.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS * Requisitos previos al examen de testigos. Antes de que empiecen a declarar los testigo, el Ministerio Público o el juez los instruirá de las sanciones que impone el Código Penal para los que se producen con falsedad o se niegan a declarar o a otorgar la protesta de ley. De acuerdo al artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 247.- Antes de que los testigos comiencen a declarar se les instruirá de las penas que el Código Penal establece para los que se producen con falsedad, o se niegan a declarar. Esto podrá hacerse hallándose reunidos todos los testigos. A los menores de dieciocho años en vez de hacérseles saber las penas en que incurren los que se producen con falsedad, se les exhortará para que se conduzcan con verdad. * Contenido del testimonio. En el sentido psicológico, el testimonio se traduce en la experiencia sufrida por el testigo sobre la conducta o hecho motivo de la averiguación; sin embargo no siempre es así, también importa a los fines procedimentales la conducta generalmente observada por el probable autor del delito antes de la ejecución del hecho delictuoso; igualmente la del sujeto pasivo.
Valoración de la prueba testimonial. La disposición testimonial no se considera como prueba decisiva en ningún caso; antes bien, se deben valorar y tomar en cuenta las posibilidades de error, de exageración, o falsedad que le sean propias. Para apreciar la declaración de un testigo, el Ministerio Público, el juez o el tribunal tendrán en consideración (de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales): Artículo 289.- Para apreciar la declaración de un testigo el tribunal tendrá en consideración: I.- Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto; II.- Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; III.- Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro; IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y V.- Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS * Careo: -Concepto El careo no es precisamente un medio de prueba sino un medio complemenatario de prueba, debido a que es necesaria la existencia de una declaración de cargo en contra del inculpado. Es una garantía constitucional pero no es un medio de prueba, aun cuando conduce al conocimiento de la verdad. Asimismo, es un acto procesal a cargo del juez y de los sujetos principales de la relación procesal (excepto Ministerio Público y peritos que no pueden ser careados). Y para que pueda darse se necesitan por lo menos dos declaraciones contradictorias. -Dinámica Conforme a las leyes de la materia, el careo se lleva a cabo cuando están frente a frente dos sujetos cuyas declaraciones son contradictorias, el objetivo es que discutan y pueda conocerse la verdad, ya sea porque se sostenga lo que antes afirmaron o modifiquen sus declaraciones. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: CAPITULO VII Careos Artículo 265.- Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrará si el procesado o su defensor lo solicita, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Artículo 266.- El careo solamente se practicará entre dos personas y no concurrirán a la diligencia sino las que deban ser careadas, las partes, y los intérpretes si fueren necesarios. Artículo 267.- Los careos, salvo los exceptuados en el artículo 265, se practicarán dando lectura a las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando la atención de los careados sobre sus contradicciones, a fin de que discutan entre sí y pueda aclararse la verdad. Artículo 268.- Cuando, por cualquier motivo, no pudiere obtenerse la comparecencia de alguno de los que deban ser careados, se practicará careo supletorio, leyéndose al presente la declaración del otro y haciéndole notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él. Si los que deban carearse estuvieren fuera de la jurisdicción del tribunal, se librará el exhorto correspondiente.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS -Clases (Constitucional, legal y supletoria). El artículo 20, apartado A, fracción IV de la constitución, establece como garantía que todo procesado, siempre que lo solicite, será careado en presencia del juez con quienes depongan en su contra (careo constitucional), con las excepciones de la última reforma, cuya diferencia con el procesal es que el primero debe darse entre el procesado y los testigos, con independencia de que exista o no contradicción y en el segundo las contradicciones dan origen al careo, siempre y cuando en el proceso consten dos declaraciones contradictorias, a criterio del juzgador, aun cuando uno de los sujetos que deba ser careado no esté presente; entonces ocurre el careo supletorio. e) * La inspección. Concepto La prueba de inspección es de gran importancia, porque el Ministerio Público en la indagatoria y posteriormente el juez de la instrucción al realizarla en forma directa, se percatan del punto del que trata la misma, esto es sobre personas, lugares u objetos; tiene mayor valor probatorio como es lógico, la del órgano jurisdiccional al dictar sentencia definitiva. En su sentido etimológico, el término inspección proviene del latín inspectiotionis, que significa acción y efecto de inspeccionar y ésta a su vez, equivale a examinar o reconocer una cosa con detenimiento. * Objeto. La inspección se realiza durante la averiguación previa como en el proceso; los lugares en que se realiza pueden tener, en cuanto a su acceso, carácter público o privado. En el caso del primero, no existen mayores limitaciones que impidan la realización de la diligencia, pero si son privados y existe posición de quien habitare el lugar, será necesario satisfacer determinadas exigencias legales para penetrar en los mismos. * Clasificación. En términos generales existen dos tipos de inspección, la extrajudicial y la judicial. La extrajudicial es la que hace el Ministerio Público durante la averiguación previa. En tanto que la inspección judicial es la que realiza el juez de la causa durante la instrucción. * Dinámica. Judicial. Puede practicarse de oficio o a petición de parte; pueden concurrir a ella los interesados y hacer las observaciones que estimen pertinentes. Extrajudicial. Se lleva a cabo por el Ministerio Público auxiliado por su personal técnico necesario, se pueden levantar planos y fotografías del ligar, así como de las personas víctimas del delito. Artículo 209 del Código Federal de Procedimientos Penales.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS * Reconstrucción de hechos. -Momento en que sucede. La inspección se practicará en la averiguación previa, durante la instrucción y aun en segunda instancia según las exigencias del caso. -Sujetos que intervienen. Se necesitan las personas para la integración y comprobación del cuerpo del delito en los casos de lesiones, homicidio, violación y estupro. * Valor probatorio de la inspección. La inspección, así como el resultado de las visitas domiciliarias o cateos servirán de prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos de ley. Artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales. f) * Las presunciones. Concepto de presunciones. En el sistema procesal mexicano no existe prueba alguna que se pueda considerar como “la reina de las pruebas”, lo anterior quedó claro a partir de las reformas constitucionales de 1993 y procesales de 1994, donde a la confesional, que era considerada como tal, se le establecieron diversos requisitos como: que no sea aislada, que cuando es realizada ante Ministerio Público o juez y en presencia de un defensor, pierde esta característica. * Concepto de indicio. El término indicio tiene su raíz etimológica en la voz latina indicuim, que significa señal o signo aparente y probable de que exista una cosa. Mientras que en el concepto indicium significa indicar, señalar, mostrar o hacer, o conocer algo. También se entiende por indicio un signo o señal, un rastro o una huella. Entre los griegos, el signo se denominaba tecmaria, si era inequívoco, y semeia si era equívoco. En el campo procesal los indicios son los signos, señales, rastros o huellas que sirven para presumir que un hecho o acto pudo suceder o ha sucedido; en otras palabras, toda acción o circunstancia relacionada con el hecho que se investiga y que permite inferir su existencia y modalidades es un indicio. Así todo hecho, que guarde relación con otro puede ser llamado indicio. * Clasificación de las presunciones (legal humana). Las presunciones se clasifican en: legales, que son las establecidas por la ley, y humanas que son el resultado que infiere el hombre al razonar los indicios. * Valor de las presunciones. La ley penal señala que el Ministerio Público, los jueces y tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena. Artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Artículo 286.- Los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.
UNIDAD X CONCLUCIONES, AUDIENCIA Y SENTENCIA.
10.2.1 10.2.1.1 Conclusiones. Concepto. Las conclusiones se formulan una vez cerrada la instrucción en el proceso, el cual inicia con el Ministerio Público, a fin de establecer su posición definitiva con respecto a la existencia y clasificación del delito y después por la defensa, quien si no las llegara a realizar, se tendrán rendidas como no acusatorias. Artículos 291 al 297 del Código Federal de Procedimientos. 10.2.1.2 10.2.1.3 Relaciones entre la conclusión del ministerio público y la acción penal. Momento procedimental y tiempo dentro del cual deben de formularse las conclusiones. Las conclusiones de la defensa pueden ser presentadas hasta antes de la vista de sentencia y , por lo general, su contenido va dirigido a exculpar al procesado. En materia federal se conceden al Ministerio Público 10 días para formular sus conclusiones, que es la única diferencia con el de fuero común. 10.2.1.4 Clases de conclusiones del ministerio público. Las conclusiones se clasifican en provisionales y definitivas, independientemente de que sean acusatorias o inacusatorias. Las conclusiones acusatorias se dan por medio de la exposición fundamentada, en el sentido jurídico y doctrinario de los elementos instructivos del procedimiento en los cuales se apoya el Ministerio Público para señalar los hechos delictuosos por los que acusa, el grado de responsabilidad del acusado, la pena aplicable, la reparación del daño y demás sanciones previstas legalmente para el caso concreto. Mientras que las conclusiones inacusatorias son la exposición fundamentada, jurídica y doctrinaria de los elementos del procedimiento en el cual se apoya el Ministerio Público para fijar su posición legal justificando la no acusación del procesado y la libertad del mismo, ya sea porque el delito no haya existido o si existe no es imputable al procesado, o porque se dé a favor de éste alguna de las causas de justificación u otra eximente prevista en el Código Penal o en los casos de amnistía, corresponde a la prescripción, el perdón o el consentimiento del ofendido. 10.2.1.5 La forma y el contenido y los efectos de las conclusiones del ministerio público. Las conclusiones se sujetarán de conformidad con la ley en cuanto a forma y contenido, que variarán según sean acusatorias o inacusatorias. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales:
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS Artículo 293.- En el primer caso de la parte final del artículo anterior, deberá fijar en proposiciones concretas, los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y perjuicio, y citar las leyes y la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deberán contener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad, así como las circunstancias que deban tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida. Para este último fin, el Ministerio Público considerará las reglas que el Código Penal señala acerca de la individualización de las penas medidas. Artículo 294.- Si las conclusiones fueren de no acusación, el juez o tribunal las enviará con el proceso al Procurador General de la República, para los efectos del artículo 295. Se tendrán por conclusiones no acusatorias, aquéllas en las que no se concretice la pretensión punitiva, o bien, ejercitándose ésta, se omite acusar: a) Por algún delito expresado en el auto de formal prisión; o b) A persona respecto de quien se abrió el proceso. Las consecuencias jurídicas son inmediatas. 10.2.1.6 Forma contenido y efecto de las conclusiones de la defensa. Estas tienen como antecedente necesario las conclusiones del Ministerio Público, que deberán ser acusatorias. 10.2.2 10.2.2.1 Audiencia final. Desarrollo. Una vez exhibidas las conclusiones de la defensa o , en su caso, se tengan por formuladas las de inculpabilidad, el juez fijará día y hora para la celebración de la vista, que se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes. Las partes deben estar presentes en la audiencia; pero, en caso de que no concurran el Ministerio Público o la defensa, se citará para una nueva audiencia dentro de los tres días siguientes. Si la ausencia fuera injustificada se aplicará una corrección disciplinaria al defensor particular y se informará al procurador y al jefe de defensoría del oficio, en su caso, para que impongan la corrección que proceda a sus respectivos subalternos y puedan nombrar un sustituto que asista a la nueva audiencia. Después de recibir las pruebas que legalmente puedan presentarse, de la lectura de las constancias que las partes señalen y los alegatos de las mismas, el juez declarará visto el proceso con lo cual se determinará la diligencia, y se citarán a las partes para oír la sentencia definitiva, que será pronunciada dentro del término establecido en la ley. 10.2.2.2 Efectos. Una vez que el órgano jurisdiccional cita para oír sentencia definitiva, empieza a correr para éste, un término fatal que depende del tipo de proceso, ya sea ordinario o sumario, y por ello no tiene justificación legal para no cumplir, ya que la culminación del proceso es cuando se dicta la sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria, su objetivo es resolver el fondo del proceso.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 10.2.3 10.2.3.1 Sentencia. Concepto. La sentencia penal es la decisión del órgano jurisdiccional que declara de manera imperativa y en las formas establecidas por la ley, el derecho sustantivo para resolver el conflicto de derechos subjetivos que se agitan en la pretensión jurídica, deducida en el proceso, y que agota de forma definitiva el fin de la jurisdicción en relación con la fase procesal en la cual se pronuncia. 10.2.3.2 Clasificación. Conforme al momento procesal en que se dictan, las sentencias pueden ser interlocutorias o incidentales, que son resoluciones dictadas durante el proceso para resolver algún incidente, pero también están las definitivas. Por sus efectos pueden ser declarativas, constitutivas y de condena. También están clasificadas de acuerdo con sus resultados, por lo que pueden ser absolutorias y condenatorias. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia dela Nación prescribe que por sentencia definitiva en materia penal debe entenderse la que resuelve el proceso, y la ejecutoria es aquella que no admite recurso ordinario alguno. 10.2.3.3 Requisitos, fin y contenido. El objeto en sentido amplio abarca diversos aspectos: la pretensión punitiva estatal, la pretensión del acusado a la declaración de inocencia o el encuadramiento de su conducta dentro de una especia o modalidad del tipo, así como la pretensión de la víctima u ofendido a ser resarcidos del daño. En sentido estricto, el objeto se reduce a los hechos motivadores del ejercicio de la acción penal, mismos que tomará en consideración el órgano jurisdiccional relacionándolos, con todas las diligencias practicadas durante el procedimiento, para así resolver la situación jurídica del sujeto a quien se atribuyen. El fin de la sentencia es la aceptación o negación de la pretensión punitiva y para ello será necesario que el juez, mediante la valoración procedente, determine la tipicidad o atipicidad de la conducta, la suficiencia o insuficiencia de la prueba, la existencia o inexistencia del nexo causal entre la conducta y el resultado, así como la capacidad de querer o entender del sujeto, para así establecer la culpabilidad, la operancia o no de la prescripción o de alguna otra causa extintiva de la acción penal. La forma de la sentencia debe hacerse por escrito, de acuerdo con determinadas normas de redacción como son: Prefacio. En él se expresan aquellos datos necesarios para sngularizarlos. Resultandos. Son formas adoptadas para hacer historia de los actos procedimentales (averiguación previa, ejercicio de la acción penal, desahogo de pruebas, etc.). Considerandos. Aquí se califican y razonan los acontecimientos. Parte decisoria. Donde se expresan los puntos concretos a los que se llegue.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 10.2.3.4 La individualización de la pena y el arbitrio judicial. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, individualizar o individuar significa especificar algo, tratar de ello con particularidad y por menor. Determinar individuos comprendidos en una especie. La palabra arbitrio, deriva del vocablo latino arbitrum, que significa sentencia del árbitro o poder de decidir. Es probable que haya aparecido en el español a través del francés arbitrae, debido a que la palabra española proviene directamente del arbitratium que significa albedrío. En términos jurídicos, se comprende por arbitrio lato sensu a la facultad de elegir entre dos o más opciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. Y arbitrio en Stricto sensu es la facultad concedida al juez por la norma jurídica para valorar de manera discrecional las diferentes circunstancias que se presentan en el desarrollo de los procesos y decidir la sanción aplicable. Diversos criterios jurisprudenciales. Pena, individualización de la, arbitrio judicial. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo, dentro de los máximos y mínimos señalados pen la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización. Pena, individualización, de la. Resulta violatorio de garantías la cuantificación de la pena si el juzgador no toma en cuenta las circunstancias exteriores del delito y las peculiares de los delincuentes, además de no relacionar el grado de peligrosidad de los propios delincuentes, en función del daño causado, aun cuando al determinarla no rebase los linderos legales. 10.2.3.5 La imposición de la pena y la reparación del daño. Cesar Beccaria considera que el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. El objetivo no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a los ciudadanos y retraer los demás de la comisión de otros iguales. Para Ignacio Villalobos, la pena tiene como fines últimos la justicia y la defensa social, pero, como mecanismos para su eficacia o como fines inmediatos debe tener las siguientes características: Intimidatoria, Ejemplar, Correctiva, Eliminatorias, Justas. La reparación del daño comprende lo siguiente: i. ii. La restitución del objeto por el delito y, si no fuera posible, el pago del precio del mismo. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que como consecuencia del delito sean ncecesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de violencia familiar, además se comprenderá el pado de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden: a) el ofendido, b) en caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge supérstite o concubino, hijos menores de edad, a falta de
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS éstos, los demás descendientes y ascendientes que dependieran económicamente de él al momento del fallecimiento. 10.2.3.6 Efectos de la sentencia. En relación con el procedimiento de apelación, termina la primera instancia y da lugar, previa interposición del recurso, al inicio de la segunda instancia, o bien, a la resolución que le da el carácter de cosa juzgada. En cuanto a los sujetos de la relación procesal, los efectos repercuten en éstos y se traducen en obligaciones para el órgano de la defensa, derechos para el ofendido y obligaciones para los sujetos secundarios o auxiliares. En juez está obligado en el acto a informar a las partes mediante notificación, sobre todo al autor del delito, del derecho de inconformarse a lo resuelto, lo que debe sesr personal en especial el auto de formal prisión, vista de sentencia y sentencia definitiva, independientemente de que tenga autorizado al defensor para oír y recibir notificaciones en su nombre. Otro efecto de la sentencia es que debe haber una publicación especial de sentencias, la cual consiste en la inserción total o parcial de la sentencia en uno o dos periódicos que circulen en la localidad. El juez escogerá los periódicos y resolverá la forma en que debe hacerse la publicación. Es obligación del juez proveer otros aspectos necesarios para el cumplimiento de la sentencia, como el comunicar a Prevención y Readaptación Social, poner a disposición de esas autoridades al sentenciado, informar el pago de multa, etcétera.
UNIDAD XI LOS RECURSOS.
11.1.1 Concepto. Los medios de impugnación son el género y los recursos son la especia, debido a que existen medios de impugnación que no son recursos, aun que así lo señalen las leyes, como es el caso de la queja. Los recursos, para algunos autores, deben desaparecer, ya que se considera que son una forma de retardar los procedimientos de alguna de las partes que tenga interés en ello, tanto en el derecho procesal penal como en el civil. 11.1.2 Objeto y finalidad. La terminación normal del procedimiento de impugnación es la sentencia: resolución judicial en que se resuelve la situación jurídica planteada, ya sea para confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada, y cuta consecuencia, entre otras es la terminación de la instancia. 11.1.3 Sujetos que pueden impugnar las resoluciones judiciales. El acto procesal en el que se manifiesta la inconformidad con la resolución judicial debe realizarse, en el caso de los recursos ordinarios, ante el juez instructor o el tribunal
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS superior. Si el medio de impugnación es extraordinario, será ante el juez superior o la autoridad federal correspondiente. El Ministerio Público, el procesado, acusado o sentenciado, defensor y en, algunos casos, el ofendido están facultados para hacer uso del derecho de impugnación, de manera que si lo interpone un tercero ajeno no le será admitido. 11.2.4 Clasificación de los medios de los recursos. Los medios de impugnación pueden ser clasificados por la autoridad en su carácter de devolutivos o no suspensivos, es decir, no suspenden el proceso, mientras que los no devolutivos o suspensivos, si lo suspenden. 11.2.5 11.2.6 11.2.6.1 Principios. Revocación. Concepto y naturaleza. El vocablo revocación proviene de revoco, revocare, revocatio, revocationis, cuyo significado es cancelar, rescindir anular, retractarse, invalidar, contraordenar, derogar. DE acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín revocare, revocación que significa: dejar sin efecto una concesión; acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por voluntad del otorgante. En un derecho para el indiciado, procesado o acusado, defensor. Ministerio Público, víctima y ofendido. Asimismo, es una obligación para el órgano jurisdiccional del auto contra el cual se interpone, con el fin de que lo reconsidere y de sero procedente reponga o confirme el auto impugnado. 11.2.6.2 Objeto y fin. Es la reparación de las violaciones legales que sólo es posible lograr a través de la modificación de la resolución impugnada, para lo cual deberá dictarse otra qe resuelva lo procedente. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada. 11.2.6.3 Ante quien se interpone la revocación. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 362.- El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas, se escuchará a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede recurso alguno. Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 11.2.6.4 Tiempo para interponer la revocación. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 361.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia. 11.2.6.5 Sentencia del recurso. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 362.- El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas, se escuchará a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede recurso alguno. Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia. 11.2.7 11.2.7.1 Apelación. Concepto. La palabra apelar deriva del latín apellare, cuyo significado es invocar, referirse a cierta cosa particular para predisponerle a conceder algo que se le pide; y de la palabra apellatio, que significa llamamiento o reclamación. 11.2.7.2 Objeto. Es la reparación de las violaciones legales cometidas que sólo es posible lograr a través de la modificación de la resolución impugnada, para lo cual deberá dictarse otra que resuelva lo procedente. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada. 11.2.7.3 Resoluciones judiciales apelables. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales son apelables: Artículo 366.- Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción. Artículo 367.- Son apelables en el efecto devolutivo: I. Las sentencias definitivas que absuelven al acusado, excepto las que se pronuncien en relación con delitos punibles con no más de seis meses de prisión o con pena no privativa de libertad, en los términos del primer párrafo del artículo 152; II.- Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones III a VI del artículo 298 y aquéllos en que se niegue el sobreseimiento.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS III.- Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación; III bis.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; IV.- Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. V.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público. VII.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica; VIII.- Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio a que se refiere el artículo 436, y IX.- Las demás resoluciones que señala la Ley. 11.2.7.4 Sujetos que tienen derecho a apelar. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales tienen derecho a apelar: Artículo 365.- Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, de inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de primera instancia, como coadyuvante del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla. 11.2.7.5 Tiempo para interponer el recurso de apelación. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 368.- La apelación podrá interponerse en el acto de la notificación o por escrito o comparecencia dentro de los cinco días siguientes si se tratare de sentencia, o de tres días si se interpusiere contra un auto. 11.2.7.6 Forma de interponer el recurso. Por escrito. 11.2.7.7 La sustanciación del recurso. Una vez interpuesto el recurso ante el juez autor de la resolución impugnada, de plano y sin sustantación alguna admitirá si procediere. Contra este auto no se da recurso alguno. Cuando no sea admitido puede interponerse dentro del término de ley el recurso de denegada apelación.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 11.2.7.8 Expresión de agravios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, señala que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea materia apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real u no de carácter simplemente subjetivo. 11.2.7.9 Quién resuelve la apelación. El tribunal de segunda instancia. 11.2.7.10 11.2.8 11.2.8.1 Reposición del procedimiento y su trámite. Denegada apelación. Concepto y naturaleza jurídica. Es un medio de impugnación ordinario, cuyo objeto inmediato es la manifestación de inconformidad del agraviado, con la resolución del órgano jurisdiccional que niega la admisión de la apelación o del efecto devolutivo en que fue admitida; es procedente en ambos efectos. Por lo tanto denegar significa no conceder lo que se pide o solicita. Este recurso tiene una estrecha vinculación con el recurso de apelación, como antes se señaló, es ordinario, devolutivo y se promueve ante el mismo juzgado donde se dicta la resolución recurrida. 11.2.8.2 Objeto y finalidad. El objeto de este recurso es la conducta omisa, el silencio, la indiferencia o la falta de actuación del juez ante un pedimento concreto o el cumplimiento de un acto procesal que le obliga una norma jurídica. Su objeto es, en esencia, el que los órganos jurisdiccionales se ajusten a los términos o plazos dentro de los cuales deben resolver, cumplan con las formalidades y despachen los asuntos ajustándose a lo ordenado por la ley. 11.2.8.3 Casos en que procede. Es válido cuando no se dicten las resoluciones judiciales dentro de los plazos correspondientes; o cuando no se señale la práctica de diligencias dentro de los términos indicados por la ley. También, en el momento en que no se cumplan las formalidades procesales y cuando no se despachen los asuntos, de acuerdo con lo establecido por la ley.
UNIDAD XII LOS INCIDENTES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.
12.2.1 Concepto de incidentes. Durante el proceso surgen cuestiones que son ajenas al fondo del asunto y que el órgano jurisdiccional debe resolver con el procedimeinto establecido en las leyes adjetivas. Se trata de los incidentes que sólo van a resolver la cuestión planteada. 12.2.2 Clasificación de los incidentes.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, se pueden clasificar como sigue: a) Competencia.
b) Suspensión del procedimiento. c) Incidentes criminales en el juicio civil.
d) Acumulación de procesos. e) f) g) Separación de procesos. Impedimentos, excusas y recusaciones. Reparación del daño exigible a terceros.
h) Incidentes de libertad como son: libertad bajo protesta, libertad bajo caución y libertad por desvanecimiento de datos. i) 12.2.3 Incidentes no especificados.
Incidentes de libertad. a) b) c) d) e) Requisitos. Momento de procedencia dentro del procedimiento penal. Sujetos facultados para solicitarla. Elementos para fijar la caución. Obligaciones del sujeto.
Libertad bajo protesta. b) Justificación. Este derecho, instituido por las leyes, es encomiable debido a que atiende, entre otros factores, a la situación ruinosa que en el orden económico guardan muchos procesados por delitos leves, quienes podrán gozar de este beneficio ante la imposibilidad de cubrir garantías necesarias para ese objeto. c) Elementos para obtenerla.
Requisitos. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 418.- La libertad bajo protesta podrá decretarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: I.- Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión. Tratándose de personas de escasos recursos, el juez podrá conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda de cuatro años. II.- Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS III.- Que éste tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en donde se sigue o deba seguirse el proceso, o dentro de la jurisdicción del tribunal respectivo; IV.- Que la residencia del inculpado en dicho lugar sea de un año cuando menos; V.- Que el inculpado tenga profesión, oficio, ocupación o modo honesto de vivir; y VI.- Que a juicio de la autoridad que la conceda no haya temor de que el inculpado se substraiga a la acción de la justicia. La libertad bajo protesta se substanciará en la forma establecida para los incidentes no especificados. Serán aplicables a la libertad bajo protesta, las disposiciones contenidas en el artículo 411. d) Dinámica. Hecha la petición por el interesado, el juez citará a una audiencia dentro del término de cinco días. En dicha audiencia se oirá a las partes y sin más trámite dictará resolución que proceda dentro de las setenta y dos horas. Cuando en opinión del Ministerio Público se hayan desvanecido los datos que sirvieron para dictar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, no podrá expresar opinión en la audiencia sin previa autorización del procurador, quien deberá resolver dentro de cinco días de formulada la consulta. Pero si no resuelve en ese plazo el Ministerio Público expresará libremente su opinión. e) Momento procedimental en que opera. Se puede solicitar en cualquier etapa del proceso en que aparezca que se han desvanecido los fundamentos que hayan servido para decretar la formal prisión o sujeción a proceso, podrá decretarse a libertad del procesado, por el juez a petición de parte con audiencia del Ministerio Público a la que éste no podrá dejar de asistir. f) Causas de revocación. Este derecho se revoca cuando se violan las disposiciones del artículo 421 del Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 421.- La libertad bajo protesta se revocará en los casos siguientes: I.- Cuando el inculpado desobedeciere sin causa justa y probada la orden de presentarse al tribunal que conozca de su proceso. II.- Cuando cometiere un nuevo delito, antes de que el proceso en que se le concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria. III. Cuando por sí o por interpósita persona, amenazare o intimidare a la víctima u ofendido o a algún testigo de los que hayan depuesto o tengan que deponer en su proceso o tratare de cohechar o sobornar a alguno de
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS estos últimos, a algún funcionario del tribunal, o al Agente del Ministerio Público que intervengan en su proceso; IV.- Cuando en el curso del proceso apareciere que el delito merece una pena mayor que la señalada en la fracción I del artículo 418. V.- Cuando dejare de concurrir alguna de las condiciones expresadas en las fracciones III, V y VI del artículo 418. VI.- Cuando recaiga sentencia condenatoria contra el inculpado y ésta cause ejecutoria. 12.2.3.3 Libertad de desvanecimiento de datos. |a) Requisitos. Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 422.- La libertad por desvanecimiento de datos procede en los siguientes casos: I.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión aparezca plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, o II.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y sin que hubieren aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido plenamente los considerados en el auto de formal prisión para tener al detenido como presunto responsable. b) Momento oportuno del planteamiento. Se puede solicitar en cualquier etapa del proceso en que aparezca que se han desvanecido los fundamentos que hayan servido para decretar la formal prisión o sujeción a proceso, podrá decretarse a libertad del procesado, por el juez a petición de parte con audiencia del Ministerio Público a la que éste no podrá dejar de asistir. c) Sujetos que pueden promoverla. Pueden solicitarla el procesado, el defensor y el Ministerio Público ante el juez instructor de la causa. Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 424.- La solicitud del Ministerio Público para que se conceda la libertad por desvanecimiento de datos no implica el desistimiento de la acción penal. En consecuencia, el tribunal puede negar dicha libertad a pesar de la petición favorable del Ministerio Público, salvo que se esté en el caso previsto por el artículo 138. d) Carácter de las pruebas para su procedencia. La legislación solamente exige se desvanezcan plenamente los datos que sirvieron para comprobar el tipo delictivo o la probable responsabilidad. Según lo establece el artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS e) Dinámica. Hecha la petición por el interesado, el juez citará a una audiencia dentro del término de cinco días. En dicha audiencia se oirá a las partes y sin más trámite dictará resolución que proceda dentro de las setenta y dos horas. Cuando en opinión del Ministerio Público se hayan desvanecido los datos que sirvieron para dictar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, no podrá expresar opinión en la audiencia sin previa autorización del procurador, quien deberá resolver dentro de cinco días de formulada la consulta. Pero si no resuelve en ese plazo el Ministerio Público expresará libremente su opinión. 12.2.4 12.2.4.1 Substanciación de las competencias. Incompetencia “oficiosa”. La incompetencia puede ser declarada por el mismo órgano jurisdiccional, a partir de que se dé cuenta de que no debe continuar con el asunto, para cuyos efectos después de haber practicado las diligencias más urgentes y de haber dictado si procediere, el auto de formal prisión, remitirá de oficio las actuaciones al competente. Si la autoridad a la que se remite se considera incompetente, lo remitirá al Tribunal Superior de Justicia para que señale la vista que será dentro de los ocho días siguientes y dentro de los cinco posteriores dictará sentencia. 12.2.4.2 Incompetencia promovida por las partes. Ésta se hará por inhibitoria o por declinatoria. La incompetencia inhibitoria se promueve ante juez o tribunal que se considere competente, pidiéndole gire oficio al juez que se estime no serlo para que inhiba de seguir conociendo y remita los autos al competente. La incompetencia declinatoria se promueve ante el juez o tribunal que se considere incompetente para que deje de conocer del proceso y remita las actuaciones al que se considere. 12.2.4.3 Dinámica de la competencia. Recibida la recusación por quien deba calificarla, se abrirá a prueba el incidente por setenta y dos horas y se citará a las partes para audiencia que se verificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, en la que se pronunciará el fallo. Se considerarán partes a quienes promovieron el incidente y al juez o magistrado recusado, contra la sentencia no procede recurso alguno, pero las partes podrán exigir la responsabilidad correspondiente. Si la sentencia desechará la recusación, el promovente del incidente pagara una multa de cinco a cincuenta pesos. 12.2.4.4 Momento procedimental para plantear la excusa. 12.2.4.5 Dinámica para la excusa. 12.2.4.6 Concepto de recusación. Desde la perspectiva de Colín Sánchez, es un acto procedimental por el cual alguna de las partes solicita al órgano jurisdiccional que se abstenga de seguir conociendo del proceso porque existe algún impedimento de los señalados en la ley.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 12.2.4.7 Sujetos que promueven la recusación en contra de quién. La facultad de recusar reside exclusivamente en la voluntad de las partes interesadas, así como la de excusarse del conocimiento en un móvil personal del juzgador. Cualquiera de las parte puede promoverla y son susceptibles de recusarse los jueces, jurados, defensores de oficio, secretarios, Ministerio Público; sin embargo los jueces o magistrados a quienes toque calificar la recusación o excusa son irrecusables. 12.2.4.8 Momento procedimental para promover la recusación. Si al notificarse la excusa, la parte se opusiera a ella, se iniciará el procedimiento de recusación, suspendiéndose el procedimiento y se remitirá la causa a a autoridad superior para que resuelva el incidente de excusa dentro de las setenta y dos horas siguientes. 12.2.4.9 D 12.2.5 Dinámica de la recusación. Incidente de suspensión de procesos. Desde siempre se ha pretendido que el procedimiento penal se desenvuelva ininterrumpidamente, para que en el menor tiempo posble se defina la pretensión punitiva estatal. Esto no se logra si el proceso se suspende y aunque las leyes adjetivas establecen que iniciado el procedimiento no podrá suspenderse, existen excepciones con respecto a esto. Considerando lo expresado en el Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 468.- Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en los casos siguientes: I.- Cuando el responsable se hubiere substraído a la acción de la justicia. II.- Cuando se advierte que se está en alguno de los casos señalados en las fracciones I y II del artículo 113. III.- Cuando enloquezca el procesado, cualquiera que sea el estado del proceso. IV.- Cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a proceso y se llenen además los requisitos siguientes: a).- Que aunque no esté agotada la averiguación haya imposibilidad transitoria para practicar las diligencias que resulten indicadas en ella; b).- Que no haya base para decretar el sobreseimiento; y c).- Que se desconozca quién es el responsable del delito. V.- En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del procedimiento. La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y III no impide que, a requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o sus representantes, adopte el juzgador medidas precautorias patrimoniales en los términos del artículo 149.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 12.2.5.1 12.2.5.2 Consideraciones sobre sus causas. Sujeto que puede solicitarla. El Ministerio Público y el defensor pueden hacer esta solicitud, no obstante que el órgano jurisdiccional lo decretara de plano sin sustanciación alguna cuando proceda. Artículo 472 del Código Federal de Procedimientos Penales. 12.2.5.3 Momento procedimental en que procede. Claramente establecido en el artículo 468 del Código Federal de Procedimientos Penales. 12.2.5.4 12.2.6 Dinámica. Incidente de acumulación de procesos. La acumulación de procesos, es decir, de procedimientos, de trámites, como materia formal, es algo muy distinto de la acumulación de penas, suma o condensación de sanciones sustantivas. Algunas veces la prieria hace posible la segunda, pero esta facilidad no es su meta principal. Su objeto es la reunión material y procesal de los expedientes bajo la dirección de un solo juez y para un fallo único con alteración de la ordinaria competencia, téngase o no que imponer penas acumuladas. 12.2.6.1 Etapa procedimental para la substanciación. De acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California: TITULO SEGUNDO Incidentes CAPITULO I Substanciación de competencias Artículo 362. Cuestiones de competencia.- Las cuestiones de competencia podrán promoverse por declinatoria o por inhibitoria. Las partes podrán optar por cualquiera de estos medios, pero una vez que hayan ejercido la opción, precluirá su derecho para hacer valer el medio no utilizado. La declinatoria y la inhibitoria podrán promoverse en cualquier etapa del proceso, hasta antes de que el Juzgador emita su sentencia 12.2.6.2 Casos en que procede. Siempre y cuando exista conflicto de competencia del juzgador.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 12.2.6.3 Sujetos que pueden promoverla. El inculpado, Procesado. Su abogado. 12.2.6.4 Dinámica. De acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California: Cuando es declinatoria, el juzgador mandará dar vista de la solicitud a las otras partes por el plazo de tres días comunes y resolverá lo que corresponda dentro de los seis días siguientes. Si el Juzgador resuelve que se declara competente, continuará conociendo del asunto. En caso de que el Juzgador que se declara incompetente, remitirá el expediente al que estime competente. Este último dará un plazo común de tres días a las partes para que se manifiesten sobre su competencia y resolverá en el plazo de seis días si reconoce aquélla. Si no la reconoce remitirá las actuaciones al tribunal que deba conocer del conflicto de competencia conforme al Artículo 16 de este mismo Código, comunicándolo al juzgador que hubiere enviado el expediente. 12.2.7 Incidente de separación de procesos. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 483.- El juez que conozca de un proceso seguido contra varios sujetos, ordenará la separación de procesos, únicamente cuando alguno de aquéllos solicite el cierre de la instrucción, en tanto que otro se oponga a ello. Artículo 487.- El incidente sobre separación de autos se substanciará por separado, en la misma forma que el de acumulación sin suspender el procedimiento. Artículo 488.- Cuando varios tribunales conocieren de procesos cuya separación se hubiere decretado, el que primero pronuncie sentencia ejecutoria procederá en los términos del artículo 477. 12.2.7.1 Casos que procede. Que se pida por parte legítima antes de que se concluya la instrucción. Que la acumulación se haya decretado en razón de que los procesos se sigan contra una sola persona por delitos diversos e inconexos. Que el juez o tribunal estime que, de seguir acumulados los procesos, la instrucción se demoraría o dificultaría gravemente con perjuicio del interés social o del procesado. 12.2.7.2 Dinámica.
ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS 12.2.8 12.2.8.1 Incidente de reparación del daño. Su objeto. De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales. CAPITULO VI Reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado Artículo 489.- La acción para exigir la reparación del daño a personas distintas del inculpado, de acuerdo con el artículo 32 del Código Penal, debe ejercitarse por quien tenga derecho a ello ante el tribunal que conozca de la penal; pero deberá intentarse y seguirse ante los tribunales del orden común, en el juicio que corresponda, cuando haya recaído sentencia irrevocable en el proceso sin haberse intentado dicha acción, siempre que el que la intente fuere un particular. Esto último se observará también cuando, concluida la instrucción, no hubiere lugar al juicio penal por falta de acusación del Ministerio Público y se promueva posteriormente la acción civil. Cuando promovidas las dos acciones hubiere concluido el proceso sin que el incidente de reparación del daño esté en estado de sentencia, continuará conociendo de él tribunal ante quien se haya iniciado. Artículo 490.- A la falta de disposición expresa de este Código, en la tramitación de los incidentes sobre reparación del daño exigible a persona distinta del inculpado, supletoriamente se aplicará, en lo conducente o en lo que determina la ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos incidentes se tramitarán por separado. Las notificaciones se harán en la forma que señala el capítulo XII del Título Primero de este Código. Artículo 491.- Si el incidente llega al estado de alegar antes de que concluya la instrucción, se suspenderá hasta que el proceso se encuentre en estado de sentencia, la que se pronunciará resolviendo a la vez sobre la acción penal y sobre la reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado, produciéndose los alegatos en la audiencia del juicio penal. Artículo 492.- En los casos previstos en las fracciones I y III del artículo 468, se continuará la tramitación del incidente hasta dictarse sentencia. Artículo 493.- Las providencias precautorias que pudiere intentar quien tenga derecho a la reparación, se regirán por lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden al Fisco para asegurar su interés. 12.2.8.2 12.2.8.3 Dinámica. Restitución al ofendido en el goce de sus derechos.
Derecho Procesal Penal, Tercera Edición. Editorial Mc Graw Hill, Carlos Barragán Salvatierra. El Procedimiento Penal, Editorial Porrúa, Manuel Rivera Silva. Código Federal de Procedimientos Penales, Agenda Penal Federal 2011, Editorial ISEF. Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, Colección Leyes y Códigos, Anaya Editores, S.A. INTERNET, Wikipedia.
Trabajo presentado por Martín Octavio Návar Rivera al Maestro Lic. Pedro Valente Cano Flores.
Dando cumplimiento al requisito para presentar examen final de la clase de Derecho Procesal Penal, del sexto bimestre, de la carrera de Licenciado en Derecho. Universidad Humanitas, Campus Tijuana.
Tijuana, Baja California a 14 de Abril del 2011.
TrabajoFinalUploaded by Martín Octavio Návar Rivera16K visitaDescargaInsertarDescription: Derecho Procesal Penal, Guia de EstudioSee MoreDerecho Procesal Penal, Guia de EstudioCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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