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Timestamp: 2020-02-24 00:41:25
Document Index: 357875540

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 28', 'artículo 44', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 44']

1. El recurso contencioso-administrativo será admisible en relación con las disposiciones y los actos de la Administración que hayan puesto fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Los actos de las Corporaciones e Instituciones a que se refiere el artículo 1, párrafo 2, apartado c), podrán ser objeto directamente del recurso contencioso-administrativo, salvo que, de modo expreso, fueran susceptibles de recurso en vía administrativa ante cualquier otro organismo o entidad.
3. La impugnación de disposiciones de carácter general se atendrá a lo previsto en el artículo 39.
1. Cuando se formulare alguna petición ante la Administración y ésta no notificare su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá denunciar la mora, y transcurridos tres meses desde la denuncia, podrá considerar desestimada su petición, al efecto de formular frente a esta denegación presunta el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición.
2. En todo caso, la denegación presunta no excluirá el deber de la Administración de dictar una resolución expresa, debidamente fundada.
1. Las disposiciones de carácter general que dictare la Administración del Estado, así como las Entidades locales y Corporaciones e Instituciones públicas, podrán ser impugnadas directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez aprobadas definitivamente en vía administrativa.
2. También será admisible la impugnación de los actos que se produjeren en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
3. No obstante, serán asimismo impugnables, en todo caso, las disposiciones de carácter general que hubieren de ser cumplidas por los administrados directamente, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o sujeción individual.
4. La falta de impugnación directa de una disposición o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiere interpuesto no impedirán la impugnación de los actos de aplicación individual, fundada en el supuesto previsto en el párrafo 2.
No se admitirá recurso contencioso-administrativo respecto de:
Los actos que sean reproducción de otros anteriores que sean definitivos y firmes y los confirmatorios de acuerdos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
Los actos dictados en ejercicio de la función de policía sobre la radio.
Las Órdenes ministeriales que se refieran a ascensos y recompensas de Jefes, Oficiales y Suboficiales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, por merecimientos contraídos en campaña y hechos de armas.
Las resoluciones que pongan término a la vía gubernativa como previa a la judicial.
La parte demandante legitimada conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 podrá pretender, además de lo previsto en el artículo anterior, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
1. La Jurisdicción Contencioso-administrativa juzgará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición.
2. No obstante, si el Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.
1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones que no sean incompatibles entre sí y se deduzcan en relación con un mismo acto o disposición.
2. Lo serán también las que se refieran a varios actos o disposiciones, cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.
1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los requisitos señalados por el artículo anterior.
2. Si el Tribunal no estimare pertinente la acumulación ordenará a la parte que interponga por separado los recursos, en el plazo de treinta días, y si no lo efectuare, se tendrá por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado.
1. Si antes de formalizarse la demanda se dictare algún acto o disposición que guardare la relación a que se refiere el artículo 44 con otro que sea objeto de un recurso contencioso-administrativo en tramitación, el demandante podrá solicitar la ampliación del recurso a aquel acto administrativo o disposición, dentro del plazo que señala el artículo 58.
2. Solicitada la ampliación se suspenderá la tramitación del proceso en tanto no se publiquen, respecto de la ampliación los anuncios que preceptúa el artículo 60 y se remita al Tribunal el expediente administrativo a que se refiere el nuevo acto o disposición.
Interpuestos varios recursos contencioso-administrativo con ocasión de actos o disposiciones en los que concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 44, el Tribunal podrá, en cualquier momento procesal, y previa audiencia de las partes decretar la acumulación de oficio o a instancia de alguna de ellas.
Contra el auto del Tribunal denegando o accediendo a la acumulación o ampliación no se dará recurso alguno.
1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo se fijará en el escrito de interposición.
2. Cuando así no se hiciere el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, requerirá al demandante para que fije la cuantía concediéndole al efecto un plazo no superior a diez días, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Tribunal, previa audiencia del demandado.
3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo expondrá por escrito al Tribunal dentro de los cuatro días primeros del plazo concedido para contestar la demanda, tramitándose el incidente con arreglo a lo dispuesto para estos casos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Contra el auto que dicte el Tribunal no se dará recurso alguno; pero la parte perjudicada podrá, en su día, fundar el de queja en la indebida fijación de la cuantía, si no se admitiere el de apelación.
1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor de la pretensión objeto del mismo.
2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor de la pretensión deducida por cada uno de ellos y no a la suma de todos.
3. En los supuestos de acumulación la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla; pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de apelación.
1. Para fijar el valor de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil con las especialidades siguientes:
Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad.
Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la cuantía vendrá determinada:
Primero, por el valor íntegro del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.
Segundo, por la diferencia del valor entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiere reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.
2. En todo caso se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales y los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre sus derechos económicos o sobre sanciones valorables económicamente.