Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-292-16.htm
Timestamp: 2017-10-23 04:24:19
Document Index: 236577578

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 16', 'artículo 44', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 36', 'Artículo7', 'Artículo 32', 'Artículo 13', 'Artículo 371', 'Artículo 38', 'Artículo 18', 'Artículo 1', 'Artículo 22', 'Artículo 39', 'artículo 25', 'artículo 19', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 13']

T-292-16
Sentencia T-292/16
PROTECCION CONSTITUCIONAL A LA FAMILIA-Importancia
La familia es una institución sociológica derivada de la naturaleza del ser humano, “toda la comunidad se beneficia de sus virtudes así como se perjudica por los conflictos que surjan de la misma”. Entre sus fines esenciales se destacan la vida en común, la ayuda mutua, la procreación, el sostenimiento y la educación de los hijos. En consecuencia, tanto el Estado como la sociedad deben propender a su bienestar y velar por su integridad, supervivencia y conservación. Lineamientos que permearon su reconocimiento político y jurídico en la Constitución de 1991. El constituyente reguló la institución familiar como derecho y núcleo esencial de la sociedad en el artículo 42 Superior. De acuerdo con esta disposición, la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. En todo caso, el Estado y la sociedad deben garantizarle protección integral.
CONCEPTO DE FAMILIA-Jurisprudencia constitucional
FAMILIA-No puede restringirse exclusivamente a las conformadas en virtud de vínculos jurídicos o biológicos
Entre otras formas de composición familiar que se vislumbran en la sociedad actual se denotan las originadas en cabeza de una pareja, surgida como fruto del matrimonio o de una unión marital de hecho , cuya diferencia radica en la formalización exigida por el matrimonio, ambas tienen iguales derechos y obligaciones, y pueden o no estar conformadas por descendientes. También existen las familias derivadas de la adopción, nacidas en un vínculo jurídico que permite “prohijar como hijo legítimo a quien no lo es por lazos de la sangre” ; las familias de crianza, que surgen cuando “un menor ha sido separado de su familia biológica y cuidado por una familia distinta durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre [este] y los integrantes de dicha familia” ; las familias monoparentales, conformadas por un solo progenitor y sus hijos y las familias ensambladas.
IGUALDAD DE LA FAMILIA INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN-Prohibición de discriminación fundada en la naturaleza de la filiación
Resulta contrario a los fines estatales brindar un trato discriminatorio a las familias en razón a su forma de composición cuando, precisamente, por medio de su conformación, se busque cumplir el deber de protección y asistencia a los menores de edad. De esta manera, la protección y el respeto debido sobre la familia por parte del Estado se fundamenta en que “su desconocimiento significa, de modo simultáneo, amenazar seriamente los derechos constitucionales fundamentales de la niñez”, a pesar del interés superior del que son titulares los niños, niñas y adolescentes.
INTERES SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR-Hijos biológicos e hijastros
Al existir diferentes clases de composición familiar, existen diferentes formas a través de las cuales llegan los hijos a las familias. En paralelo a las formas de composición familiar mencionadas, jurisprudencialmente, se han diferenciado los hijos “matrimoniales extramatrimoniales y adoptivos”. Igualmente, se han distinguido los hijos provenientes de las familias de crianza y los provenientes de las familias ensambladas, a quienes se les ha denominado hijos aportados. Los hijos aportados, quienes revisten especial interés para el asunto bajo estudio, se entienden como aquellos integrados al matrimonio o a la unión marital de hecho por uno de los cónyuges o de los compañeros permanentes provenientes de una relación diferente. A estos, al igual que a cualquier otro tipo de hijos, se les debe garantizar por parte de la familia, la sociedad y el Estado una igualdad de trato (i) frente a su núcleo familiar, lo que comprende a sus hermanos, en caso de haberlos, ya sea que tengan su misma calidad de aportados o sean hijos comunes de la pareja, consanguíneos, adoptivos o de crianza, (ii) frente a la sociedad en general y (iii) frente al Estado.
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR-Desarrollo jurisprudencial respecto a hijastros o hijos aportados
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR-Orden de afiliar a salud y educación a hijastros o hijos de crianza
Referencia: expedientes T-5.273.833 y T-5.280.591 (Acumulados)
Demandantes: Juan José Montenegro y Andrés Felipe Martínez Candamil
Como medida de protección a la intimidad de la menor de edad involucrada en el Expediente T-5.273.833, la Sala ha decidido suprimir de la providencia su verdadero nombre, así como algunos datos e información que permitan su identificación[1].
1. Revisión metodológica del presente pronunciamiento
Juan José Montenegro, en representación del adolecente William Villamizar Guerrero y de la niña Juliana Pérez Guerrero, y Andrés Felipe Martínez Cadamil, en representación del niño Nicolás Peláez Martínez, presentaron acción de tutela contra la Empresa XX y el Banco de la República, respectivamente, por haber vulnerado, presuntamente, los derechos fundamentales a la igualdad, a la familia y a la seguridad social de sus representados, al no permitir su acceso a determinados beneficios, en virtud de su condición de hijos aportados.
3.1. Juan José Montenegro convive con Juana María Guerrero, desde el 21 de febrero de 2013, y se encuentran casados desde el 9 de marzo de 2015[2] (T-5.273.833). Por su parte, Andrés Felipe Martínez Cadamil convive, en unión marital de hecho, con Elba Lucero Martínez, desde abril de 2007[3] (T-5.280.591).
3.2. Juana María Guerrero es madre biológica de William Villamizar Guerrero, de 14 años de edad, y de Juliana Pérez Guerrero, de 5 años de edad (T-5.273.833). Elba Lucero Martínez es madre biológica de Nicolás Peláez Martínez, de 12 años de edad (T-5.280.591). Los menores de edad provienen de relaciones anteriores y fueron aportados a la nueva unión.
3.4. En el primer caso, el actor, según manifiesta, se encarga de asumir todas las obligaciones económicas del hogar, como la alimentación, educación, vivienda, salud, entre otras (T-5.273.833)[4]. Obligaciones que asumió en su totalidad porque su esposa no se encuentra trabajando y los padres biológicos de los menores de edad aportan cuotas esporádicamente. Los ingresos del núcleo familiar corresponden a $2'000.000.
3.5. En el segundo, el actor asevera que se encarga de los gastos económicos en conjunto con su compañera permanente con la cual tiene un hijo biológico común de 4 años de edad (T-5.280.591). Los ingresos de la pareja corresponden a $10'000.000. Según se desprende de la visita social, que más adelante se relaciona, el padre biológico del hijo aportado consigna una cuota mensual de $1'180.000.
3.6. Los demandantes están vinculados a las entidades accionadas, las cuales proveen beneficios para ellos y su núcleo familiar[5]. En tal virtud, solicitaron que a sus hijos aportados se les permitiera el acceso a:
b. Auxilios de educación y servicios de salud prestados a los familiares de los trabajadores del Banco de la República[6] (T-5.280.591). La solicitud se presentó en el 2011 y en el 2013 de forma verbal y, en el 2015, de forma escrita, tras la publicación de la Sentencia T-070 de 2015, a través de la cual, en un caso similar, se accedió a las pretensiones y se determinó que “los hijos de crianza y los hijos aportados, se encuentran en igualdad de condiciones, con respecto a los hijos biológicos y adoptivos”.
3.7. En ambos procesos, la respuesta fue negativa[7] y fundamentada en que “los hijastros” no son beneficiarios de lo pretendido. De manera específica, la Entidad XX advirtió que era necesario allegar el “documento de reconocimiento” de los hijos extramatrimoniales para poderlos incluir como beneficiarios. A su turno, en el Expediente T-5.280.591, el Banco de la República respecto del precedente citado (Sentencia T-070 de 2015), consideró que tiene efectos inter partes, por ende, no le es obligatorio.
5. Pruebas que obran en los expedientes
· Copia simple de la cédula de ciudadanía de Juan José Montenegro y de Juana María Guerrero (folio 8 y 9, Cuaderno 2).
· Copia simple de la declaración extrajuicio ante notario realizada el 29 de mayo de 2014, en la que Juan José Montenegro y Juana María Guerrero manifiestan, bajo gravedad de juramento, que conviven en unión libre desde el 21 de febrero de 2013, que junto con ellos viven William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez Guerrero, y que Juan José Montenegro se encarga del sostenimiento y la manutención de ese núcleo familiar (folio 10, Cuaderno 2).
· Copia simple del Registro Civil de Matrimonio de Juan José Montenegro y Juana María Guerrero (folio 11, Cuaderno 2).
· Copia simple de la tarjeta de identidad de William Villamizar Guerrero y del Registro civil de nacimiento de Juliana Pérez Guerrero (folio 14 y 15, Cuaderno 2).
· Copias simples de oficios emitidos por la Entidad XX, en el que se informa que la petición presentada por el actor fue resuelta de forma negativa (folio 12 y 13, Cuaderno 2).
· Informe de visita domiciliaria realizada por el ICBF Regional Valle del Cauca a la casa del accionante, del 15 de marzo de 2015 (folios del 41 al 43 y del 100 al 109 Cuaderno 1).
· Informe de entrevista psicológica realizada a William Villamizar Guerrero y a Juliana Pérez Guerrero, por el ICBF Regional Valle del Cauca, el 10 de abril de 2015 (folios 85 al 99, Cuaderno 1).
· Copia simple de la cédula de ciudadanía de Andrés Felipe Martínez Candamil y de Elba Lucero Martínez Galvis (Folio 1, Cuaderno 2 y folio 32 Cuaderno 1, respectivamente).
· Copia simple de la declaración bajo juramento del 24 de agosto de 2015, por medio de la cual Andrés Felipe Martínez Candamil y Elba Lucero Martínez Galvis manifiestan que conviven en unión marital de hecho desde abril de 2007 y que con ellos viven los menores de edad Sebastián Martínez Martínez, hijo en común, y Nicolás Peláez Martínez, aportado por la compañera permanente (Folio 2, Cuaderno 2).
· Copia simple de la Escritura Pública No. 03964, del 6 de agosto de 2010, por medio de la cual se registra la adquisición de un bien inmueble por Elba Lucero Martínez Galvis y se deja constancia de la unión marital de hecho con Andrés Felipe Martínez Candamil (Folios 5 al 7, Cuaderno 2).
· Copia simple del registro civil de nacimiento de Nicolás Peláez Martínez (Folio 3, Cuaderno 2).
· Copia simple de escrito dirigido por Andrés Felipe Martínez Candamil al Banco de la República el 29 de julio de 2015, en el que solicita el acceso a los beneficios convencionales pretendidos (Folio 10, Cuaderno 2).
· Copia simple de oficio emitido, el 21 de agosto de 2015, por el Banco de la República, que resuelve negativamente la petición (Folio 24, Cuaderno 2).
· Informe de visita domiciliaria realizada por el ICBF Regional Bogotá a la casa del accionante, el 15 de marzo de 2015 (folios 48 al 51 Cuaderno 1).
· Informe de entrevista psicológica realizada a Nicolás Peláez Martínez por el ICBF Regional Bogotá, el 15 de marzo de 2016, (folios 46 y 47, Cuaderno 1).
6.1. Entidad XX (T-5.273.833)
El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali, a su vez, vinculó a la Entidad YY. Este entidad aclaró que “actúa como accionada”. De acuerdo al reglamento[8] de la Entidad XX, Entidad YY se encuentra autorizada para ejercer su representación legal.
Sostiene que está acreditado que el tutelante se encuentra a cargo del sostenimiento económico de su esposa e hijos y están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud “en condición de hijastros”. Adicionalmente, “el padre de los menores también aporta cuota económica” [sic]. En consecuencia, gozan del derecho “a tener una familia, a la salud y […] lo necesario para su congrua subsistencia”; por ende, gozan de la protección de la niñez, de la vida digna, la salud y la seguridad social.
Se resalta que el reglamento de la Entidad XX, en el Artículo 12, No. 2º, viñeta 2º, señala entre los hijos beneficiarios a los “legítimos, legalmente adoptados y extramatrimoniales reconocidos, que dependan económicamente del afiliado, siempre que sean solteros (as) y menores de 18 años”. Igualmente, se destaca que en el Artículo 13, se determinan los requisitos específicos para la afiliación de los hijos, entre los cuales se incluyen las categorías de “hijos”, “hijos discapacitados y/o especiales” e “hijastros legalmente adoptados”.
6.2. Banco de la República (T-5.280.591)
Alega que la acción de tutela no cumple con los requisitos de procedencia, pues lo debatido obedece a asuntos de índole económico y existen otros medios ordinarios de defensa judicial. Sostiene, además, que no se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable. Al respecto advierte que el accionante devenga $3'289.082; y tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, pues el demandante comenzó a trabajar para la entidad en el 2011, fecha desde la cual pudo acudir a la jurisdicción ordinaria.
1. Expediente T-5.273.833
1.2. Segunda instancia
El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali, a través de sentencia proveída el 2 de septiembre de 2015, decidió revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó el amparo deprecado. Argumenta que en el reglamento de la Entidad XX se determinan los requisitos para acceder a sus servicios y, en particular, para la afiliación, la cual no contempla a los hijos aportados sino a los “hijastros legalmente adoptados” (Artículo 13, No. 6º).
2. Expediente T-5.280.591
Cuestionó que el Tribunal haya adelantado un estudio de fondo bajo el argumento de estar en vilo la “satisfacción” de los derechos fundamentales de un menor de edad. A su parecer, ese desarrollo desconoció que es el juez laboral[9], quien tiene competencia para conocer los conflictos jurídicos derivados del contrato de trabajo, del cual hace parte la convención colectiva, también debe aplicar las garantías constitucionales del juez de tutela, en específico, las relacionadas con la protección a la familia, la igualdad de trato entre sus integrantes y el interés superior del niño.
En adición, afirmó que no se probó la vulneración del derecho fundamental a la salud, al no demostrarse que el niño Nicolás Peláez Martínez estuviese excluido del Sistema General de Salud.
Respecto de la Sentencia T-070 de 2015, adujo que, en virtud del artículo 48, Numeral 2, de la Ley 270 de 1996, “tien[e] carácter obligatorio únicamente entre las partes” y que los supuestos facticos difieren de los del presente caso, en atención a la parte pasiva, a la Convención Colectiva fuente de las prestaciones requeridas y a la “tempestividad” con la que fue presentada la demanda de tutela.
“PRIMERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Director Regional del Valle del Cauca del ICBF, Dr. Jhon Arley Murillo, con el fin de que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, designe a quien corresponda, para realizar una visita social domiciliara al hogar conformado por los señores Juan José Montenegro, Juana María Guerrero y los menores Juliana Pérez Guerrero y William Villamizar Guerrero, quienes se encuentran domiciliados en la Calle 00 No. 00 - 00 con el fin de indagar sobre el vínculo de afecto, respeto, solidaridad y protección, surgido entre los miembros que componen dicho núcleo familiar.
Así mismo, se requiere realizar una entrevista sicológica a los menores Juliana Pérez Guerrero y William Villamizar Guerrero con el propósito de explorar la relación que mantienen con su padre biológico.
SEGUNDO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al señor Juan José Montenegro, quien actúa como demandante dentro del expediente T-5.273.833, para que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, aporte Registro Civil de Nacimiento legible del menor William Villamizar Guerrero.
TERCERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Directora Regional de Bogotá del ICBF, Dra. Diana Patricia Arboleda Ramírez, con el fin de que, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, designe a quien corresponda, para realizar una visita social domiciliara al hogar conformado por los señores Andrés Felipe Martínez Cadamil, Elba Lucero Martínez y el menor Nicolás Peláez Martínez, quienes se encuentran domiciliados en la Calle 67 No. 59 - 40, Modelo Norte, Bogotá, con el fin de indagar sobre el vínculo de afecto, respeto, solidaridad y protección, surgido entre los miembros que componen dicho núcleo familiar.”
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de escrito allegado a la Secretaría General de esta Corporación, el 15 de marzo de 2016, remitió los informes de las visitas domiciliarias efectuadas por funcionarios de las Regionales Valle del Cauca y Bogotá, así como la entrevista psicológica realizada a Nicolás Peláez Martínez (T-5.280.591). La entrevista psicológica de Juliana Pérez Guerrero y William Villamizar Guerrero fue entregada, en la misma dependencia, el 28 de abril siguiente (T-5.273.833).
2.1 Informe ICBF Regional Valle del Cauca
Del informe realizado por el ICBF Regional Valle del Cauca (T-5.273.833)[10], se desprende que el núcleo familiar de Juan José Montenegro está compuesto por él, su compañera permanente y los dos hijos que ella aportó, a saber, William Villamizar Guerrero, de 14 años, y Juliana Pérez Guerrero, de 5 años. Conviven desde hace dos años, uno de ellos después de la celebración del matrimonio católico entre la pareja[11].
Se advierte la existencia de lazos armoniosos bajo la autoridad conjunta de la pareja. Los dos menores de edad se encuentran estudiando y están afiliados al Sistema General de Salud por medio de Comfenalco Valle EPS-S. El núcleo familiar depende económicamente del accionante, cuyo ingreso mensual es aproximadamente de $2'000.000, “distribuidos en el pago del arriendo, pago de servicio público, recreación del núcleo familiar, pago de salud, vestuario y alimentación” [sic].
Resalta que “el medio familiar” garantiza “al adolecente William Villamizar Guerrero y a la niña Juliana Pérez Guerrero, el derecho a la salud, el derecho a la educación, vivienda digna, recreación y a tener una familia. Esto muestra que […] garantiza el cumplimiento de los derechos de la niñez, se evidencia que la familia presenta factores de protección y de cuidado hacia el adolescente y la niña”.
2.1.1. Entrevista psicológica realizada a Juliana Pérez Guerrero y a William Villamizar Guerrero. Extractos
En el se afirma que William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez Guerrero tienen “buen comportamiento y capacidad para expresar sus ideas y sentimientos y que la madre es su principal referente afectivo, quien desde hace 3 años convive con su actual esposo, el señor William Villamizar Guerrero, de 49 años, de profesión empleado público”. Su custodia está en cabeza de su madre biológica.
Reconocen en William Villamizar Guerrero una autoridad, le guardan respeto, acatan sus órdenes y son conscientes de la dependencia económica que tienen frente a él. Igualmente, reconocen su “rol paterno” y el afecto, respeto y protección que les proporciona.
De la entrevista psicológica realizada a Juliana Pérez Guerrero se destaca que se refiere al accionante como “tío”, según informa, por sugerencia de su madre, a fin de “evitar conflictos con el padre biológico” de quien esta se separó por “diferencias personales y por conflictos a nivel de vida en pareja”[12]. Sin embargo, comprende que Juan José Montenegro es esposo de su progenitora, confirma que convive bajo su mismo techo, los lazos de afecto y la dependencia económica.
Frente a la relación con su padre biológico Omar Pérez, se advierte que la niña es consciente de su vínculo paterno y, frente a él, también manifiesta expresiones de afecto y obediencia. No obstante, se indica que ha incurrido en conductas violentas, las cuales insinúan la intromisión de este en la familia ensamblada, lo que le ha generado a la niña, de acuerdo al informe, estados de estrés y ansiedad.
En efecto, en el transcurso de la entrevista, la niña mencionó el disgusto que siente su padre biológico frente a su relación con el esposo de su madre. Afirma que Omar Pérez pelea con su mamá, porque quiere que viva con ellos, pero no tiene trabajo y no puede encargarse de sus estudios.
Señala que la agredió físicamente, al pegarle con un casco, lo que ocasionó que “su tío Juan lo golpeara”, puesto que él “la defiende”. A la par, adujo: “mi papá Omar está con mi abuela Belén, yo visito a mi abuela porque mi papá no va a volver a la casa de mi mamá porque pelean mucho y a mí no me gusta que le peguen a mi …”, momento en el cual la niña guarda silencio, según se reporta.
Al hacerle la pregunta “¿a quién le pegan?”, la niña respondió “todos se pegan, porque mi papá quiere que yo me vaya con él y mi tío Juan, mi hermano y mi mamá dicen que no tengo permiso para irme con mi papá, pero ellos no quieren estar juntos. Mi tío Juan me dice que no llore que conoce un niño que los papas se separaron y el niño decidió vivir con su abuelita, yo le dije que yo quería estar con ellos” [sic].
Al indagarle sobre el padre biológico de William Villamizar Guerrero informó que este falleció.
De la entrevista psicológica realizada a William Villamizar Guerrero se desataca el concepto favorable que tiene frente al accionante, “a quien identifica como su protector y generador de afectos y de calidad de vida, por los medios económicos que les suministra a su medio familiar (…)”. Es consciente de que se está tramitando su afiliación a la entidad accionada para acceder a beneficios de salud. Precisa que tiene un tratamiento odontológico pendiente, que implica un gasto elevado para su mamá y su “padrastro”.
“él va a la casa a hacer escándalos, el quiere sacar a la niña y llevársela, que día peleamos todos con él porque se la quería llevar a las 11 p.m. y eso no está bien, tan tarde sacarla, y mi padrastro se enojó y le dijo que no se la dejaba llevar… mi hermana le dice a mi padrastro tío, porque mi mamá le dijo que le diera así para evitar problemas con Omar, pero mi hermana se la lleva muy bien con mi padrastro, yo a veces quiero decirle papá a Juan pero me da pena, es que el nos quiere mucho, el paga el arriendo, compra la comida, le da plata a mi mamá para nuestros colegios, nos compra ropa y nos cuida como si fuéramos sus hijos” [sic].
2.2. Informe ICBF Regional Bogotá Expediente T-5.280.591
Del informe realizado por la Regional Bogotá[13], se resalta que el accionante, Andrés Felipe Martínez Cadamil, tiene una familia “recompuesta”, integrada por él, su compañera permanente, un hijo común biológico de 4 años y por el niño Nicolás Peláez Martínez, aportado por la compañera. La convivencia entre el accionante y su compañera viene desde hace nueve años. Los ingresos mensuales de la pareja, según el informe, son de $10´000.000 y los egresos, en promedio, son de $9´500.000.
“Se encuentra una familia recompuesta, con fuerte vínculo afectivo, relaciones adecuadas, buenos canales de comunicación, la pareja quiere mucho a los hijos, Andrés Felipe trata a Nicolás como un hijo, es un grupo familiar consolidado en el que se identifican sentimientos y valores positivos que permiten a la familia una buena convivencia y la construcción de una familia estable y garante.”
“Es importante resaltar que no obstante lo anterior, Nicolás tiene buena relación con su padre biológico Juan Carlos Peláez, quien responde económicamente por él, lo visita cada quince días y comparte temporadas vacacionales, y hay permanente contacto telefónico entre padre e hijo existe fuerte y positivo vínculo afectivo, la relación paterno filial se mantiene a nivel afectivo y de responsabilidades legales” [sic].
2.2.1. Entrevista psicológica realizada por el ICBF regional Bogotá a Nicolás Peláez Martínez. Extractos
El informe de la entrevista realizada a Nicolás Peláez Martínez se allegó a esta Corporación el 15 de marzo de 2016. Según se indica, el niño identifica en su núcleo familiar a la señora Elba Lucero Martínez Galvis, su hermano Sebastián Martínez Martínez y a Andrés Martínez Candamil, a quien menciona como “mi papá o sea mi papá no biológico”, respecto del cual manifiesta lazos de afecto propios de una relación paternal. Igualmente, mantiene lazos afectivos con su padre biológico, quien cumple con sus responsabilidades legales, lo visita cada 15 días y, de acuerdo con su madre, aporta una cuota mensual de $1´180.000. Tras la entrevista realizada se emitió el siguiente concepto:
“Se evidencian vínculos afectivos fuertes con su progenitor, Juan Carlos Peláez Mendoza quien ha estado al tanto de sus cuidados y sus necesidades pese a que nunca ha vivido con él, se observa que Nicolás le considera una figura paterna adecuada y se siente cómodo tanto cuando se genera comunicación entre ellos, como cuando están en una visita. Se observa que el progenitor Juan Carlos Peláez Mendoza mantiene una relación adecuada con Nicolás y en cuanto a los aspectos de personalidad que menciona el menor se observa estabilidad emocional y responsabilidad a la hora de ejercer un rol paterno adecuado, lo cual se observa en conductas tanto recreativas, como el apoyo académico que realiza el progenitor, el cual es bien recibido por el menor. En relación con el núcleo familiar paterno no se observan factores de riesgo; se observan factores de protección teniendo en cuenta que el menor siente que es un espacio agradable, en el cual nunca se le ha aislado y se le ha integrado en las actividades familiares; así mismo, se observa que la relación con la familia externa paterna es adecuada” [sic].
El Banco de la República, por su parte, a través de escrito entregado en esta Corporación el 17 de mayo de 2016, además de reiterar los argumentos expuestos en el libelo de contestación, destacó la cercana relación filial entre Nicolás Peláez Martínez y su padre biológico, enfatizando en el reconocimiento del vínculo paternal por parte del menor de edad hacia este y la ayuda emocional y económica que le brinda.
Resaltó que la institución familiar del accionante está integrada por el hijo aportado y un hijo común de la pareja, entre quienes, según afirma, no existe igualdad de condiciones; pone de presente que el ingreso del núcleo familiar del accionante es de $10'000.000 a lo que se suma $1'180.000, aportados por el padre biológico del representado, por lo que concluye que tienen la capacidad suficiente para brindarle los beneficios de salud y educación que requiere.
2. Expediente 5.280.591
Juan José Montenegro y Andrés Felipe Martínez Candamil se encuentran legitimados para actuar en representación de sus respectivos hijos aportados por cuanto se trata de sujetos de especial protección constitucional, por su minoría de edad, quienes se encuentran bajo su responsabilidad, a quienes, presuntamente, se les están vulnerando sus garantías fundamentales.
Se resalta que esta Sala, en un caso similar[14], consideró que los accionantes estaban legitimados para actuar por las “obligaciones alimentarias” que le asisten. “[D]icha obligación comprende “todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, educación o instrucción (…)”.[15]
La Entidad XX, demandada en el Expediente T-5.273.833, fue creada para prestar servicios de salud especiales NO POS a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la EMPRESA NN, así como a sus beneficiarios[16].
El Banco de la República, demandado en el Expediente T-5.280.591, es un organismo estatal de rango constitucional, el cual ejerce las funciones de banca central. Está organizado como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio[17].
3.3 Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela fue regulada en el artículo 86 de la Constitución Nacional como un mecanismo judicial autónomo[18], subsidiario y sumario, que le permite a los habitantes del territorio nacional acceder a una herramienta de protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por las autoridades públicas, o los particulares, según lo determinado en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
Para que proceda este medio privilegiado de protección se requiere que dentro del ordenamiento jurídico colombiano no exista otro medio de defensa judicial[19] que permita garantizar el amparo deprecado o que, existiendo, se promueva para precaver un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio.
De esta manera, en el marco del principio de subsidiaridad, cabe afirmar que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca remplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos impuestos [dentro] de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”.[20]
En todo caso, cuando en la acción de tutela se alegue la vulneración o amenaza de derechos fundamentales de menores de edad, siguiendo el artículo 42 constitucional y el numeral 9º del Decreto 2591 de 1991, se torna como el medio idóneo para garantizar la protección oportuna que corresponda[21]. En este sentido, la Corte ha señalado, entratándose de derechos prestacionales, que “la acción de tutela procede cuando se interpone en favor de un menor de edad, sin necesidad de que la relación causal entre la vulneración del derecho prestacional y el perjuicio del derecho fundamental quede demostrada”[22].
“En el presente caso habida consideración de que el derecho fundamental cuya protección se solicita es precisamente el de la educación de unas menores en condiciones de igualdad con otros menores integrantes de una misma familia, no obstante las implicaciones patrimoniales subyacentes, cabe considerar que la acción de tutela es el medio idóneo para dirimir el asunto en vista de que, a no dudarlo, el trámite y la decisión del juez ordinario no garantiza una pronta y eficaz solución al conflicto, lo cual redundaría en perjuicio de las menores involucradas, cuyo proceso lectivo podría afectarse drásticamente.”
“Para la Sala resulta censurable la decisión del Tribunal que, sin examinar de manera sistemática los derechos fundamentales involucrados y la situación de la menor dentro del núcleo familiar, las relaciones de afecto, protección, solidaridad y prohijamiento que se presentan en este caso y que hacían procedente la protección que se reclama, hizo prevalecer lo meramente formal sobre lo sustancial y desconoció el deber de garantizar a los ciudadanos unas condiciones mínimas de justicia material.”[23]
En los casos bajo estudio, la vulneración alegada gravita en torno a que a los hijos aportados, pertenecientes a dos núcleos familiares diferentes, se les impide acceder a beneficios convencionales en razón de su filiación. De modo que la presunta transgresión se mantendría, al menos, mientras perdure la exclusión. En consecuencia, la acción de tutela resulta procedente, pues la causa de la violación alegada aún continua.
4. Protección de la familia
La familia es una institución sociológica derivada de la naturaleza del ser humano, “toda la comunidad se beneficia de sus virtudes así como se perjudica por los conflictos que surjan de la misma”[24]. Entre sus fines esenciales se destacan la vida en común, la ayuda mutua, la procreación, el sostenimiento y la educación de los hijos[25]. En consecuencia, tanto el Estado como la sociedad deben propender a su bienestar y velar por su integridad, supervivencia y conservación[26]. Lineamientos que permearon su reconocimiento político y jurídico en la Constitución de 1991[27].
Los lineamientos jurídicos a nivel internacional han sido reiterativos en señalar que el Estado debe brindar a la familia respecto, protección y asistencia, así como en hacer un llamado para adoptar medidas tendientes a la igualdad y protección de los hijos que la componen. Entre los instrumentos jurídicos internacionales se destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos[28], artículo 16, ordinal 3º; la Convención Americana sobre Derechos Humanos[29], artículos 11, 17 y 19; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[30], artículos 7º, 10 y 11; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[31], artículos 17, 23 y 24.
El concepto de esta institución social puede estudiarse, entre otras, desde dos ópticas, por lo general, complementarias entre sí. La primera, concibiéndola como un conjunto de personas emparentadas por vínculos naturales o jurídicos, unidas por lazos de solidaridad, amor y respeto, y caracterizadas por la unidad de vida o de destino[32], presupuestos que, en su mayoría, se han mantenido constantes. La segunda, se puede desarrollar en consideración a sus integrantes, desde esta perspectiva el concepto de familia se ha visto permeado por una realidad sociológica cambiante que ha modificado su estructura[33]. En este sentido se ha señalado que “el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo”, porque “en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial”[34].
Entre otras formas de composición familiar que se vislumbran en la sociedad actual se denotan las originadas en cabeza de una pareja, surgida como fruto del matrimonio o de una unión marital de hecho[35], cuya diferencia radica en la formalización exigida por el matrimonio, ambas tienen iguales derechos y obligaciones, y pueden o no estar conformadas por descendientes. También existen las familias derivadas de la adopción, nacidas en un vínculo jurídico que permite “prohijar como hijo legítimo a quien no lo es por lazos de la sangre”[36]; las familias de crianza, que surgen cuando “un menor ha sido separado de su familia biológica y cuidado por una familia distinta durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre [este] y los integrantes de dicha familia”[37]; las familias monoparentales, conformadas por un solo progenitor y sus hijos y las familias ensambladas.
Esta última, se comprende como “la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijos provenientes de un casamiento o relación previa”[38]. Este último tipo de composición familiar va en aumento por la gran cantidad de vínculos afectivos disueltos[39]. Al respecto, la Corte en la Sentencia T-519 de 2015, resaltó que estas familias merecen toda la protección constitucional, pues, “cambiadas, asediadas, fracturadas y/o reconstruidas, las familias siguen siendo, y lo serán por mucho tiempo, los lugares donde se crían los humanos, donde se incorporan pautas de socialización y modos relacionales que luego son transferidos a los contextos sociales más amplios.”[40]
En Colombia se predica la igualdad en la protección de las diferentes formas de composición familiar, de hecho, desde la construcción de la Constitución de 1991 se determinó que “tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia […]”[41].
Ahora, si bien a la familia se le debe brindar protección en igualdad de condiciones, indistintamente de los miembros que la conformen, lo cierto es que cuando está integrada por niños, niñas o adolescentes su protección debe ser reforzada[42]. Se resalta que para este sector poblacional el derecho a tener una familia, en virtud del artículo 44 Superior, es de carácter fundamental, pues se erige como la cuna de formación del ser humano, donde se le debe proporcionar la asistencia, protección, cuidado y preparación necesarios para forjarse como seres integrales aptos para desenvolverse en sociedad.
Resulta contrario a los fines estatales brindar un trato discriminatorio a las familias en razón a su forma de composición cuando, precisamente, por medio de su conformación, se busque cumplir el deber de protección y asistencia a los menores de edad. De esta manera, la protección y el respeto debido sobre la familia por parte del Estado se fundamenta en que “su desconocimiento significa, de modo simultáneo, amenazar seriamente los derechos constitucionales fundamentales de la niñez”[43], a pesar del interés superior del que son titulares los niños, niñas y adolescentes.
4.1. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes como principio orientador ante la presunta vulneración de un derecho fundamental. Alcance. Reiteración de jurisprudencia
“Artículo 8º. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes: Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.
“Artículo 9º. Prevalencia de los Derechos[44]: En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.”
A nivel internacional se han desarrollado diferentes mecanismos para la protección del interés superior del menor, sin embargo, es en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989[45] donde se consolidó la doctrina integral internacional de su protección[46]. En dicho instrumento se dispuso que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”[47].
Este principio “transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad”[48], a partir de su incorporación se abandona su concepción como incapaces para, en su lugar, reconocerles la potencialidad de involucrarse en la toma de decisiones que les conciernen[49]. Así las cosas, “de ser sujetos incapaces con derechos restringidos y hondas limitaciones para poder ejercerlos, pasaron a ser concebidos como personas libres y autónomas con plenitud de derechos, que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”[50].
La aplicación del interés superior del niño, como principio, depende de cada situación en concreto, por lo que se ha determinado que su significado “únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular”. Su naturaleza real y relacional implica, de acuerdo a esta Corporación que “sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad”[51].
En todo caso, no se trata de un principio absoluto, por ende, si bien la Corte Constitucional ha determinado que debe guiar a los operadores judiciales, a las entidades públicas y privadas y a la sociedad en general, se han establecido diferentes criterios para orientar su aplicación, entre ellos se vislumbran algunos de carácter fáctico y otros de carácter jurídico[52].
Los criterios fácticos se refieren a “circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar” que rodean cada caso individualmente considerado. Imponen a las autoridades y a los particulares “la obligación de abstenerse de desmejorar las condiciones en las cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión”[53].
Por su parte, algunos criterios jurídicos[54] son:
(i) Garantizar el desarrollo integral del niño: lo que implica, “como regla general, asegurar el desarrollo armónico e integral”[55]. “El desarrollo es armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano (intelectual, afectiva, social, cultural, política, religiosa, etc.); y es integral cuando se logra un equilibrio entre esas dimensiones o cuando al menos no se privilegia ni se minimiza o excluye desproporcionadamente alguna de ellas”[56].
(ii) Garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales: los derechos fundamentales de los niños además de los que tiene toda persona comprende los especificados en el artículo 44 Superior, a saber, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Esta premisa implica “una interpretación de las normas que procure maximizar todos sus derechos.”[57]
(iii) Protección ante riesgos prohibidos: implica la protección “frente a condiciones extremas que amenacen [el] desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la explotación económica o laboral y, en general, el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas”[58]. Esta premisa debe estudiarse en concordancia con la segunda parte del inicio primero del artículo 44 mencionado, el cual ordena “la protección a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”[59].
(iv) Equilibrar sus derechos y los derechos de sus familiares: “la prevalencia de los derechos e intereses de los niños no significa que […] sean absolutos o excluyentes”. No obstante, si se altera dicho equilibrio, debe adoptarse la decisión que mejor satisfaga sus derechos.[60]
(v) Garantizar un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor de edad: “se le debe proveer una familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los deberes derivados de su posición, [de tal forma que] le permitan desenvolverse adecuadamente en un ambiente de cariño, comprensión y protección”[61].
(vi) La exigencia de una argumentación contundente para la intervención del Estado en las relaciones paterno y materno filiales.[62]
5. Precisiones sobre el derecho a la igualdad entre los hijos, indistintamente de su forma de vinculación familiar
De acuerdo con el mencionado artículo 42 de la Constitución Política, todos los “hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”. Precepto que se aplica en concordancia con el artículo 13 Superior. Bajo tales premisas, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en manifestar que está proscrita cualquier forma de discriminación en razón de la forma de filiación[63].
En este sentido, en la Sentencia C-105 de 1994 se indicó que “así como antes la desigualdad y la discriminación se transmitían de generación en generación, ahora la igualdad pasa de una generación a la siguiente. Basta pensar en los sentimientos de los hombres, para entender por qué la discriminación ejercida contra el hijo afecta a su padre, como si se ejerciera contra él mismo. (…) Es evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado.”
Ahora, al existir diferentes clases de composición familiar, existen diferentes formas a través de las cuales llegan los hijos a las familias[64]. En paralelo a las formas de composición familiar mencionadas, jurisprudencialmente, se han diferenciado los hijos “matrimoniales[65] extramatrimoniales[66] y adoptivos[67]”. Igualmente, se han distinguido los hijos provenientes de las familias de crianza y los provenientes de las familias ensambladas, a quienes se les ha denominado hijos aportados.
6. Proscripción de la vulneración del derecho a la igualdad de las familias ensambladas y de los hijos aportados. Desarrollo jurisprudencial
A pesar de que el desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial vigente impone la igualdad entre las diferentes formas de composición familiar y sus miembros, lo cierto es que la discriminación contra las familias ensambladas ha sido constante. A menudo se les imponen fórmulas de exclusión social para impedirles acceder, en igualdad de condiciones, a prerrogativas de las cuales gozan familias tradicionales. Ello resulta contradictorio, pues sus miembros guardan entre sí iguales obligaciones, resultantes de los lazos de solidaridad que se forman naturalmente en un núcleo familiar[68]. Frente a esa mala praxis la Corte Constitucional ha amparado, en reiteradas ocasiones, el derecho a la familia y a la igualdad, haciendo un llamado institucional para que cese ese proceder.
En otra oportunidad, a través de la Sentencia T-1502 de 2000, la Corte revisó, el caso de una familia integrada por una pareja unida en unión marital de hecho, compuesta por un hijo común en gestación y dos aportados por la compañera permanente, a estos últimos se les impedía el acceso al servicio de salud por su clase de vinculación familiar con el afiliado, su padre, quien presentó la acción de tutela. El demandante manifestó que los niños dependían económicamente de él y solicitó, entre otras cosas, ordenar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al respecto la Corte determinó que “[b]asta […] que el afiliado cotizante pruebe que [los representados] hacen parte de la familia, son menores, discapacitados o estudian, para que el amparo familiar de la seguridad social les cobije.”
Se precisó que a “la Corte no le corresponde modificar las condiciones de atención y acceso acordadas convencionalmente, salvo que […] comporten la violación de los derechos fundamentales de los asociados y, en particular, de los menores de edad, en cuanto estos prevalecen y deben guiar el ejercicio del derecho a la negociación colectiva […]”.
Así, se determinó que “imponer la adopción de la niña para ser considerada como hija del accionante, como lo sugiere la empresa, es coaccionarla […] a renunciar a la filiación con la familia de su padre biológico ya fallecido, como condición para reconocer el vínculo afectivo y emocional que se ha formado de manera natural […] durante los años de convivencia.”
La Corte advirtió que el concepto de hijos incluye los comunes nacidos del matrimonio o de la unión marital de hecho, así como los descendientes de uno de los integrantes de la pareja y los hijos de crianza “que de manera permanente hacen parte del núcleo familiar […]. En este sentido, otorgar el auxilio educativo a los padres que tienen hijos biológicos y adoptivos, y no hacerlo a aquellos padres, que como es el caso, tienen a su cuidado hijos que han sido aportados al núcleo familiar, constituye una actuación contraria a preceptos constitucionales.”
Frente al derecho a la educación resaltó que debía protegerse en sede de tutela porque la igualdad, que debe entenderse en todos los hijos, permeaba todas las áreas y “la correcta protección y promoción de este derecho, garantiza un adecuado nivel de vida”[69].
Recientemente, en la Sentencia T-233 de 2015, la Corte estudió el caso de una señora a quien la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas le impedía acceder a la reparación administrativa por la muerte de su padre, a la cual consideraba tener derecho por su condición de “hija de crianza”. La actora alegaba que su madre biológica “desarrolló vida marital con el fallecido durante 19 años”[70] y dependió de él durante toda su vida a nivel afectivo y económico. En esta oportunidad la Corte Constitucional, tras advertir la vulneración del derecho a la igualdad de la accionante, dispuso rehacer la actuación administrativa y ordenó:
“[…] dejar sin efectos cualquier acto administrativo que haya resuelto de manera negativa y definitiva la situación de Viany Lilley Moreno Gómez, en el marco del proceso de reparación administrativa, por el hecho de no ser hija biológica o adoptiva del señor Castaño Zapata. En consecuencia, deberá estudiar nuevamente la solicitud teniendo en cuenta los mandatos constitucionales de protección a la familia y a los hijos de crianza en los términos que han sido interpretados por la Corte Constitucional […].”
7.1. Expediente T-5.273.833
Según se logró acreditar, Juan José Montenegro y Juana María Guerrero conviven en unión marital de hecho desde el 21 de febrero de 2013 y contrajeron matrimonio el 9 de marzo de 2015. Juana María Guerrero aportó a dicha unión al adolescente William Villamizar Guerrero, de 14 años de edad, y a la niña Juliana Pérez Guerrero, de 5 años de edad.
El núcleo familiar depende económicamente de Juan José Montenegro, cuyos ingresos corresponden, según se informó en la visita social, a $2´000.000. Los dos menores de edad reconocen esa dependencia económica, así como los lazos afectivos y la autoridad que este ejerce basada en el respeto.
William Villamizar Guerrero lo reconoce como su figura paterna. A pesar de que el tutelante en la demanda señaló que el padre de los niños aportaba económicamente de forma ocasional, haciendo entender que los padres biológicos de los dos representados se encontraban con vida, lo cierto es que, de acuerdo con el informe reportado por el ICBF Regional Valle, el padre biológico de William Villamizar Guerrero falleció antes de su nacimiento, su abuelo paterno lo reconoció al momento de realizar su registro civil de nacimiento y no tiene ningún contacto con su familia biológica paterna.
Juliana Pérez Guerrero reconoce frente al accionante la existencia de fuertes lazos de amor, respeto y solidaridad, así como la dependencia económica, sin embargo, se refiere a él como “tío” por sugerencia de su madre, “a fin de evitar disgustos con su padre biológico”. La niña es consciente de su vínculo familiar paterno con su padre consanguíneo, de hecho, hace manifestaciones de afecto frente a él y también le reconoce autoridad. El padre biológico aporta cuotas económicas de manera esporádica.
La custodia de los niños está a cargo de la señora Juana María Guerrero.
Juan José Montenegro se encuentra vinculado laboralmente a la Empresa NN, es miembro de la Entidad YY y, en consecuencia, es beneficiario de la Entidad XX, creada en virtud de una convención colectiva, a través de la cual se prestan servicios de salud adicionales al Plan Obligatorio de Salud, POS. De la Entidad XX pueden ser beneficiarios, además de los trabajadores, sus padres, esposa o compañera permanente e hijos. Dentro de los hijos que pueden afiliarse se encuentran los legítimos, adoptados y extramatrimoniales reconocidos.
El reglamento, al señalar los requisitos de afiliación, hace referencia a estos últimos como hijastros legalmente adoptados, y entre los requisitos para afiliarse están: (i) registro civil anterior y actual del niño; (ii) afiliación a una EPS; (iii) certificado de estudio si está entre los 18 y 25 años de edad; (iv) constancia médica si es discapacitado y (v) visita domiciliaria realizada por un funcionario de la Entidad XX[71].
En trámite de contestación, la accionada reiteró que solo era procedente la afiliación de los hijos señalados en el reglamento. Adicionalmente, indicó que no resulta viable, financieramente, “afiliar a todos los menores hijos de las compañeras o esposas de los afiliados”. Añade que los niños están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud[72] como beneficiarios del actor, aunado a ello cuentan con el apoyo de su padre biológico quien aporta cuotas económicas de acuerdo a lo manifestado por el accionante y, en consecuencia, concluye que no se encuentran amenazados sus derechos fundamentales.
En consecuencia, se trata de un núcleo familiar que se ha recompuesto por la ruptura de lazos familiares previos y, al igual que cualquier otro, debe ser ampliamente protegido por el Estado y por la sociedad en general. Ahora, al estar integrado por menores de edad la protección es reforzada, con el fin de que pueda brindárseles el cuidado, la protección y la asistencia necesarios para que logren una formación integral. Ello, con especial cuidado frente a la situación de Juliana Pérez Guerrero, pues cuenta con apenas 5 años y su desarrollo se ha visto alterado por la relación entre su familia ensamblada y su padre biológico.
Bajo supuestos facticos similares, en los que se ha evidenciado dependencia afectiva y económica, así como una convivencia conjunta, esta Corporación ha mantenido una postura proteccionista frente al derecho a la igualdad y, en consecuencia, ha ordenado el amparo de la familia y de los hijos[73]. No existe justificación para proceder de forma diferente en esta oportunidad.
Se resalta que, según lo señalado por el ICBF regional Valle del Cauca, los ingresos del núcleo familiar corresponden a $2´000.000, destinados a sufragar sus necesidades básicas, por consiguiente, no es posible afirmar que los representados pueden acceder a servicios de medicina prepagada o complementaria, a diferencia de sus padres, quienes cuentan con la posibilidad de acceder a especiales servicios de salud prestados por la demandada. Lo que implica la existencia de desigualdad entre los integrantes de un mismo núcleo familiar, en la que los perjudicados son sujetos de especial protección constitucional, circunstancia contradictoria frente al Estado Social de Derecho.
Así las cosas, se procederá a tutelar los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia de los niños William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez Guerrero y, en consecuencia, se revocará la sentencia proferida, el 2 de septiembre de 2015, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali y, por consiguiente, se confirmará el fallo dictado el 23 de julio de 2015, por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Cali, dictado dentro del Expediente T-5.273.833.
Seguimiento especial a la situación de la niña Juliana Pérez Guerrero
El magistrado sustanciador, por Auto del 9 de marzo de 2016, con el fin de recaudar los elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión de fondo, dentro del Expediente T-5.273.833, ordenó a la Dirección Regional del Valle del Cauca del ICBF, la realización de una visita domiciliaria al hogar del núcleo familiar del accionante y, además, la requirió para “realizar una entrevista psicológica a los menores Juliana Pérez Guerrero y William Villamizar Guerrero para explorar la relación que mantienen con su padre biológico”.
El informe de la entrevista psicológica realizada a los menores de edad fue entregado, el 28 de abril de 2016, en la Secretaría General de esta Corporación. Según se desprende de este, Juliana Pérez Guerrero sufre episodios de ansiedad y estrés por la mala conducta de su padre biológico.
En efecto, de la entrevista psicológica realizada a la niña se destaca que se refiere al accionante como “tío” por sugerencia de su madre, a fin de “evitar conflictos con el padre biológico”. Lo que denota temor de su madre hacia el padre biológico. De la misma forma señala, sin especificar una fecha ni precisar un espacio temporal, que su padre biológico se enfrenta con su madre, hermano y con el demandante, por pretender que viva con él. Situación que es puesta en conocimiento también por el adolescente William Villamizar Guerrero [74], al momento de su entrevista.
Igualmente, la niña, indicó que Omar Pérez incurrió en una agresión física contra ella, al pegarle con un casco, lo que ocasionó que Juan José Montenegro, el accionante, entrara a defenderla.
En consecuencia, se procederá a ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca que, por medio de la Defensoría de Familia, investigue si la niña Juliana Pérez Guerrero ha sido agredida física o psicológicamente por su padre biológico, Omar Pérez, y, en el evento en que se constate esa situación, adelante las gestiones que sean pertinentes ante las autoridades competentes en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de la menor de edad.
7.2. Expediente T-5.280.591
Según se logró constatar, Andrés Felipe Martínez Cadamil y Elba Lucero Martínez conviven en unión marital de hecho desde hace nueve años, tienen un hijo en común de 4 años de edad, y uno aportado por la compañera permanente, Nicolás Peláez Martínez, de 12 años de edad. Según lo informó el ICBF, Regional Bogotá, tras visita social, los ingresos mensuales del núcleo familiar corresponden a la suma de $10'000.000 y los gastos a $9'500.000.
En este núcleo familiar hay fuertes lazos de amor, respeto y solidaridad. Sin embargo, el niño Nicolás Peláez Martínez reconoce como figura paterna tanto a Andrés Felipe Martínez Cadamil como a su padre biológico, quien mensualmente aporta una cuota mensual de $1'180.000, lo visita cada 15 días y con quien comparten temporadas vacacionales. En adición, su relación con su familia paterna biológica es buena.
Igualmente, se destaca que si bien el padre biológico del menor de edad Nicolás Peláez Martínez se encuentra vivo y cumple con las obligaciones económicas y afectivas que le corresponden, lo cierto es que, en virtud del interés superior del menor, se debe propender, no por garantizar un mínimo de derechos a los niños, sino un máximo y de manera progresista. Por consiguiente, cuando un niño este bajo el amparo de una institución familiar con acceso a ciertas dadivas debe tener derecho a ellas en igualdad de condiciones que los demás integrantes que la componen. Situación que, valga decir, no exonera la obligación de su padre o madre biológica respecto a sus responsabilidades de ley.
Bajo estos considerandos, se tutelara los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia del niño Nicolás Peláez Martínez y, en consecuencia, se revocará el fallo proferido, el 26 de octubre de 2015, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y, por consiguiente, se confirmará el fallo dictado, el 9 de septiembre de 2015, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dictado dentro del Expediente T-5.280.591.
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia de los niños William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez Guerrero y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia proferida, el 2 de septiembre de 2015, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali y, por consiguiente, CONFIRMAR el fallo dictado el 23 de julio de 2015, por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Cali, dictado dentro del Expediente T-5.273.833.
SEGUNDO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca que, por medio de la Defensoría de Familia, investigue si la niña Juliana Pérez Guerrero ha sido agredida física o psicológicamente por su padre biológico, Omar Pérez, y, en el evento en que se constate esa situación, adelante las gestiones que sean pertinentes ante las autoridades competentes en aras de salvaguardar los derecho fundamentales de la menor de edad.
TERCERO.- COMPULSAR copias de la presente providencia con destino a la Procuraduría Judicial de Familia, para los fines del cumplimiento de la presente decisión.
CUARTO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia del niño Nicolás Peláez Martínez y, en consecuencia, REVOCAR el fallo proferido, el 26 de octubre de 2015, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y, por consiguiente, CONFIRMAR el fallo dictado, el 9 de septiembre de 2015, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dictado dentro del Expediente T-5.280.591
QUINTO.- LÍBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, en cada uno de los procesos, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
A LA SENTENCIA T-292/16
DISCRIMINACION Y NECESIDAD DE PROTECCION DE LA DIGNIDAD HUMANA POR PARTE DEL LENGUAJE JURIDICO-Jurisprudencia constitucional (Aclaración de voto)
DISCRIMINACION POR EL LENGUAJE-No es adecuado utilizar los adjetivos “fracturadas” o “ensambladas” para calificar a las familias/DISCRIMINACION POR EL LENGUAJE-No es adecuado utilizar los adjetivos “hijos aportados” o “tipos de hijos” (Aclaración de voto)
Mi reflexión apunta entonces a que los jueces constitucionales reconozcamos que, debido a que el lenguaje jurídico es una herramienta de creación de estándares de conducta, debemos omitir o modificar aquellos conceptos que tienen una carga de exclusión o que califican ciertas conductas como adecuadas y otras como imperfectas. Bajo los postulados constitucionales de igualdad, de dignidad y de diversidad, más que ahondar en las diferencias y calificarlas es necesario reconocer las situaciones que merecen protección, sin perpetuar una discriminación a través del lenguaje que utilizamos. Máxime, cuando se reproduce un patrón de discriminación contra personas que merecen especial protección constitucional.
Referencia: expedientes T-5.273.833 y T-5.280.591, acumulados.
Acciones de tutela presentada por Juan José Montenegro y Andrés Felipe Martínez Candamil contra la Entidad XX (Entidad YY) y el Banco de la República.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento brevemente las razones que me condujeron a aclarar el voto en la sentencia de la referencia, proferida por la Sala Cuarta de Revisión, el 2 de junio de 2016.
La sentencia T-292 de 2016 estudió dos expedientes de tutela con hechos y pretensiones similares. Los elementos fácticos coincidían porque en los dos casos los accionantes eran hombres, que trabajaban en entidades públicas y pretendían afiliar a los hijos biológicos de sus parejas, que eran hijos de crianza suyos, como receptores de los beneficios en salud y educación que ofrecían las entidades en las que laboraban. Los accionantes actuaban como agentes oficiosos de los menores de edad, quienes hacían parte del nuevo hogar.
En los dos casos, los accionantes solicitaron la afiliación de todos los hijos de la familia como beneficiarios de los servicios especiales a los que tenían acceso por ser trabajador en determinada entidad. Sin embargo, las entidades negaron las peticiones de los hijos de sus parejas porque estimaban necesario aportar un documento de reconocimiento de hijos extramatrimoniales o consideraban que los beneficios eran únicamente para hijos biológicos.
A su turno, las decisiones de tutela fueron diferentes en cada uno de los expedientes y en cada una de las instancias. En líneas generales, los jueces de primera instancia ordenaron la afiliación de los menores de edad a los servicios de salud y educación por considerar que, en efecto, el trabajador era su padre de crianza y, aunque los niños y niñas no fueran sus hijos biológicos o adoptivos, eran miembros de una familia y merecían protección de forma igualitaria. Los jueces de segunda instancia, declararon improcedente las solicitudes de amparo y expusieron argumentos según los cuales no era necesaria la afiliación de los niños a los servicios requeridos porque ellos no estaban excluidos de la prestación en salud, además no estaba probada la falta de capacidad económica de los padres biológicos de los menores de edad para proveerles servicios especiales de salud, ni se demostró que aquellos se opusieran a la adopción de los niños por parte de la nueva pareja de sus madres.
En sede de revisión, el magistrado sustanciador consideró que hacían falta pruebas para emitir un juicio de fondo en el caso concreto. Ofició al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que adelantara una visita domiciliaria y una entrevista a los niños representados, con el fin de verificar la relación entre los menores de edad y los accionantes de cada una de las tutelas. Como resultado de las entrevistas, se verificó que los niños tenían una buena relación y lazos estrechos con la pareja de su madre. En consecuencia, podía considerárseles hijos de crianza de estos últimos.
Finalmente, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la Sala de Revisión amparó el derecho a la igualdad y a la familia de los menores de edad representados y ordenó su afiliación como hijos de los accionantes para recibieran los beneficios en salud y educación que ofrecían las entidades accionadas.
Estoy de acuerdo con la sentencia T-292 de 2016 y comparto plenamente la decisión tomada. Sin embargo, decidí aclarar mi voto porque discrepo de los términos utilizados en la providencia para ilustrar el problema jurídico y la situación de los niños representados.
A lo largo de la decisión judicial se hace referencia a los hijos aportados que hacen parte de las familias ensambladas para enfatizar que aquellos tienen igualdad de derechos, como todos los hijos de una familia. Asimismo, se presentan consideraciones sobre los tipos de hijos[75], al hacer referencia a la clasificación que hizo la sentencia T-519 de 2015 y se retoma el concepto de familias fracturadas[76], expuesto por un artículo académico citado en la providencia. Considero que estos conceptos tienen una carga idiomática de exclusión, que no debería perpetuar la Corte Constitucional. En mi criterio, son expresiones ofensivas, que generan una discriminación porque acentúan una distinción irrelevante basada en una idea histórica producto de un estereotipo de familia.
Para respaldar mi opinión, a continuación haré una breve mención a la carga valorativa que se le ha reconocido al lenguaje y a la forma a través de la cual la Corte Constitucional ha abordado los problemas de constitucionalidad de expresiones normativas discriminatorias. Finalmente, expondré por qué considero que, particularmente, algunos de los conceptos utilizados en la sentencia de la referencia no deberían ser utilizados por esta Corporación.
Para empezar, es importante tener en cuenta que el lenguaje no es únicamente una herramienta para crear símbolos e interpretarlos. Su alcance no se limita a la descripción de hechos ni a ser un medio de comunicación formal. También tiene capacidad de crear realidades, pues la cultura y el poder se moldean, en muchas ocasiones, desde los términos en los que se desarrolla una expresión y los discursos[77], y a la vez, la cultura y el poder definen el lenguaje. En ese sentido, expertos de la comunicación y lingüistas han identificado que determinados discursos tienen una carga valorativa, que crea privilegios o que excluye y discrimina.
El académico Teun Van Dijk ha estudiado la especial relación que existe entre el lenguaje y la discriminación. Él sostiene que el lenguaje “no es simplemente un instrumento de comunicación entre individuos anteriores a él (…), [p]or el contrario, posee (…) un papel fundante dado su potencial creativo y ordenador”[78]. Bajo esa premisa, explica que la desigualdad puede venir de las mismas expresiones lingüísticas que se presentan como descripción de la realidad abstraída de cualquier influencia. Así, considera que “la coartada discriminatoria induce a concebir las desigualdades como resultado de la naturaleza y no como construcción cultural.”[79] En ese sentido, resalta que la realidad no tiene identidad con la construcción simbólica de lo que en el lenguaje se expresa como una descripción de la realidad, pues la utilización de determinados símbolos o palabras puede tener una carga valorativa para llevar a cierto resultado. En palabras del académico, “debería plantearse que entre lo real y lo que el sujeto percibe como su realidad se ubica precisamente una mediación simbólica a partir de la cual se inducirán, entre otras, las discriminaciones negativas(…)”[80]. A su juicio, esa carga valorativa del lenguaje, ha sido determinante para que en ciertas épocas un concepto, una condición o una característica se torne inferior, diferente o meritoria de exclusión.
Varios estudios han relacionado el lenguaje con la reproducción de la desigualdad del racismo y el sexismo. Con respecto al discurso racista se ha sostenido que lo que se considera consenso social está atravesado por determinadas ideologías dominantes[81]. Y sobre el lenguaje sexista, algunos autores han expuesto que al ignorar a las mujeres o al homologarlas a los hombres, el lenguaje que “excluye u oscurece a algunos sujetos sociales, no sólo representa lingüísticamente la negación de los mismos, sino que contribuye a la reproducción y permanencia de prejuicios comunes”[82].
En la jurisprudencia constitucional, esta Corporación ha señalado que el lenguaje no se reduce a efectuar una labor de descripción, pues tiene dos funciones más. La sentencia C- 066 de 2013 precisó que el lenguaje normativo tiene una función de tipo valorativo, a través de la cual se categorizan situaciones, se promueven, se rechazan o se distinguen de otras. Asimismo, tiene una función de validación, enmarcada en la función general del derecho relativa a crear estándares de conducta.
Para la Corte Constitucional ha sido de especial relevancia que el lenguaje jurídico no abrigue una exclusión de grupos o actividades por la posible afectación de derechos que de ello podría derivarse y porque tales expresiones no son respetuosas de los principios y valores constitucionales. La sentencia C-037 de 1996 declaró inexequible la expresión “recursos humanos” de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia porque estimó que era contrario a la dignidad humana concebir a una persona como un medio para un fin. Consideró que aunque el uso de la expresión fuera cada vez más común, era deplorable y señaló que " es deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga”[83]. Igualmente, la sentencia C-478 de 2003[84], al estudiar la constitucionalidad de términos jurídicos del Código Civil que hacían referencia a las personas con discapacidad, declaró inexequibles varios apartados normativos por ser discriminatorios y contrarios a la dignidad humana.
Más recientemente, la sentencia C 458 de 2015 estudió la constitucionalidad de varias expresiones contenidas en normas, que eran acusadas de ser discriminatorias. En las consideraciones, la providencia explicó que “[n] o cabe ninguna duda del poder del lenguaje y más del lenguaje como forma en la que se manifiesta la legislación, que es un vehículo de construcción y preservación de estructuras sociales y culturales”[85]. En el análisis de las expresiones demandadas, la Corte consideró que aunque algunos términos podían tener implicaciones inconstitucionales, ofrecían una protección legal a una población, por esa razón, las declaró exequibles y condicionó su constitucionalidad a una comprensión ajustada a la normatividad internacional, que no contiene cargas discriminatorias.
En relación con la sentencia T-292 de 2016 respecto de la cual decidí aclarar mi voto, es mi propósito reflexionar sobre el contenido valorativo que tienen algunos conceptos de la providencia.
La sentencia de la referencia utiliza los conceptos de hijos aportados, familias ensambladas, tipos de hijos y familias fracturadas. En mi criterio, el propósito de la sentencia en relación con la creación de la línea jurisprudencial es enfatizar en la igualdad de derechos entre hijos y demostrar que son odiosas las diferenciaciones y exclusiones en razón de la forma en la que se integran a la familia. El derecho a la familia y el derecho a la igualdad implican que los hijos, más cuando se trata de menores de edad, no deben tener un trato especial en virtud de la historia emocional de sus padres y las formas en las que el derecho las califica.
No hace mucho tiempo, el ordenamiento jurídico colombiano denominaba a los hijos extramatrimoniales, “hijos naturales”, al tiempo que les concedía menos derechos que a aquellos hijos nacidos después del contrato de matrimonio suscrito por sus progenitores. En la actualidad, dicha diferenciación no existe. Los lazos que se construyen alrededor de la familia surgen por las relaciones de apoyo y afecto entre los miembros. En ese camino, la jurisprudencia ha reconocido igualdad de derechos a los miembros de las familias, sin importar la identidad sexual de quienes la conforman, ni la forma en la que los hijos hacen parte de ella. No se privilegia una forma de constituirla, ni se considera que exista un modelo a seguir u otros que se desprecian.
Por lo anterior, no considero adecuado utilizar adjetivos como “fracturadas” o “ensambladas” para calificar las familias. Esta caracterización no necesariamente es relevante, ni es cierta, pues es incompatible con la concepción constitucional de familia, que se fundamenta en la existencia de afectos. Las múltiples formas en que surgen lazos entre las personas únicamente tienen relevancia jurídica para identificar la existencia de una familia, pero no para juzgar su pasado, ni para marcar a sus miembros con los juicios de valor sobre lo normal, lo adecuado o lo fracturado.
Asimismo, el adjetivo de “aportados” que utiliza la jurisprudencia para calificar a los hijos, y la misma referencia a los “tipos de hijos”, es contraria a la igualdad porque pretende resaltar diferencias irrelevantes en un contexto en el que las particularidades no deben tener injerencia en el trato que merece cada persona, ni en los derechos que surgen por ser un miembro de la familia.
[1] T-1042 de 2010 “En numerosas ocasiones esta Corporación cuando ha advertido la afectación de algunos de los derechos fundamentales de un niño, niña, o adolescente como consecuencia de la publicación de la información que se ventila dentro del trámite de la acción de tutela ha decidido suprimir de la providencia sus nombres verdaderos y los de sus familiares, al igual que los datos e informaciones que permitan su identificación con el propósito de mantenerlos en reserva. Véanse, entre otras, las sentencias: T-523 de 1992, T-442 de 1994, T-420 de 1996; SU-337 de 1999, T-941 de 1999, T-1390 de 2000, T-510 de 2003, T-639 de 2006, T-794 de 2007, T-900 de 2007, T-302 de 2008, T-912 de 2008 y T-572 de 2010”.
[2] Anexa registro civil de matrimonio, Indicativo Serial No. 4230987, del 9 de marzo de 2015. La unión marital de hecho se certifica mediante declaración extrajuicio ante notario, radicada en Acta No. 1186, del 29 de mayo de 2014.
[3] Para probar la unión marital de hecho el accionante adjunta escritura pública de adquisición de un inmueble por parte de su compañera permanente, en la que afirma su convivencia con él e igualmente, adjunta declaración bajo juramento, firmada el 24 de agosto de 2015, al tenor del Decreto Ley 019 de 2012, en cuyo Artículo7o se “prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento.”
[4] El accionante manifiesta que los menores representados se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de beneficiarios suyos (folio 10, Cuaderno 2).
[5] En el Expediente T-5.273.833, el actor aclara que se encuentra vinculado a Empresa NN y es miembro del sindicato Entidad YY, de lo cual se deriva su acceso a los beneficios de salud que presta la accionada.
[6] Banco de la República, Convención Colectiva de Trabajo de 1997, Artículo 32, 33, 34, 36, 37, 39 y 40.
[7] La Entidad XX, en respuesta emitida el 23 de abril de 2015, reiterada el 15 de mayo siguiente, señaló que los hijos beneficiarios eran solo “los hijos legítimos, legalmente adoptados y extramatrimoniales reconocidos (…)”, por ende, para la afiliación era necesario “el documento de reconocimiento (…)” de los “hijastros”. De manera concreta, en la segunda respuesta se determinó que en el Reglamento de la Entidad XX, Artículo 13, No. 6º, se hace referencia entre los requisitos para afiliación a “hijastros legalmente adoptados” (T-5.273.833).
[8] De acuerdo al preámbulo del reglamento de la Entidad XX:
Teniendo en cuenta que la Entidad YY, organización sindical mayoritaria de primer grado y de rama de actividad económica con personería jurídica No. 247 del 10 de diciembre de 1973 con domicilio en Cali, según consta en la certificación expedida por el ministerio de protección social de fecha 15 de mayo de 2009 No 0000183 y firmada por el coordinador del grupo de archivo sindical del Ministerio de Protección Social y la Entidad OO organización de primer grado y de gremio con Personería Jurídica No. 2596 de julio de 1969, según certificación expedida por el Ministerios de Protección Social de fecha 22 de octubre de 2008 No 002510 quienes son las entidades que vienen administrando la Entidad XX desde noviembre de 2005 como entidades jurídicamente reconocidas por los organismos de ley para realizar los actos jurídicos como lo vienen haciendo según contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, pagos e inversión no. 3-1-1472 celebrado entre el sindicato de trabajadores de Empresa NN- Entidad YY, LL. Empresa NN y OO, como fideicomitentes y la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y modificado mediante otro si del mismo contrato quedando como fideicomitentes Entidad YY y OO”. (Negrillas fuera del texto).
[9] “Numeral 1º del precepto 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
[10] Folios 41, 42 y 43 del Cuaderno 2.
[11] Extracto del informe realizado por el ICBF, Regional Valle: “el grupo familiar del señor Juan José Montenegro se encuentra conformado por la señora Juana (esposa del señor Juan), el adolescente William Villamizar Guerrero de 14 años de edad (hijo de crianza del señor Juan), la niña Juliana Pérez Guerrero de 5 años de edad (hija de crianza del señor Juan), el señor Juan es la persona que se hace cargo de suplir las necesidades del grupo familiar, pues en su rol de jefatura y proveedor económico del núcleo familiar.
Se observa en el grupo familiar del señor Juan José Montenegro buenas prácticas de crianza, una comunicación asertiva que contribuye a una sana interacción entre los integrantes de este núcleo familiar. Quien tiene en cuenta las opiniones y percepciones de la señora Juliana Pérez Guerrero.
El adolescente William Villamizar Guerrero y la niña Juliana Pérez Guerrero provienen de una familia recompuesta pues la señora Juana María Guerrero tuvo otra pareja anterior”.
[12] Folio 96, Cuaderno 1.
[13] Folios 44 al 51 del Cuaderno 2.
[14] T-519 de 2015.
[15] C-873 de 2003, citada en la Sentencia T-519 de 2015.
[16] “La Entidad XX por la naturaleza de la entidades que lo componen, Entidad YY y OO, es un órgano privado, sin ánimo de lucro y de espíritu solidario que tiene como objetivo la administración de recursos aplicables para atender eventos de salud no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), para sus afiliados aportantes y sus beneficiarios como también atender las necesidades relacionadas con los eventos de promoción de salud que defina el comité para el bienestar del afiliado y sus beneficiarios, de acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento, garantizando la financiación de los gastos de funcionamiento e inversiones necesarias para el cumplimiento del objeto social presupuestado anualmente.” Reglamento de la Entidad XX.
[17] Artículo 371, Constitución Política.
[18] T-583 de 2006: “Esto significa que no es recurso dentro de otro proceso judicial”.
[19] Al respecto, revisar entre otras, las sentencias T-661 de 2007, T-556 de 2010, T-404 de 2010.
[20] Al respecto, revisar entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010, T-1043 de 2010, T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-627 de 2013, T-502 de 2015 y T-575 de 2015.
[21] T-070 de 2015.
[22] T-070 de 2015.
[23] T-606 de 2013.
[24] T-071 de 2016.
[25] C-241 de 2012 y C-026 de 2016.
[26] C-371 de 1994 reiterada en la Sentencia C-577 de 2011 y T-071 de 2016, entre otras.
[27] C-289 de 2000, reiterada en la Sentencia C-577 de 2011.
[28] Su vinculación no es obligatoria, pero se ha aplicado en virtud de la costumbre internacional, la cual constituye una fuente del derecho internacional según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 38.1, precepto reiterado, entre otras, en la Sentencia T-070 de 2015.
[31] Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969.
[32] C-271 de 2003.
[33] “En este sentido, esta Corporación ha sostenido “el concepto de familia no incluye tan solo la comunidad natural compuesta por padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía incorporando aun a personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando faltan todos o algunos de aquellos integrantes, o cuando, por diversos problemas, entre otros los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los padres, y obviamente los económicos, resulta necesario sustituir al grupo familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda, con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar al niño un ámbito acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico”. T-049 de 1999, C-577 de 2011 y C-026 de 2016.
[34] C-572 de 2009, C-278 de 2014, C-577 de 2011 y T-071 de 2016.
[35] En este punto, se destaca que “la familia que surge de la unión libre” también es merecedora de protección constitucional y la Constitución la pone en un plano de igualdad con la que tiene su origen en el matrimonio, porque el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, “independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales” y, por lo mismo, la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables, “sin tener en cuenta el origen de la misma familia”, C-577 de 2011.
[36] C-831 de 2006.
[37] T-292 de 2004 y T-459 de 1997. Al respecto también consultar la Sentencia T-233 de 2015.
[38] T-577 de 2011.
[39] CECILIA P. GROSMAN e IRENE MARTINEZ ALCORTA, Familias ensambladas, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2000. Pág. 35 Cita en la Sentencia C-577 de 2011.
[40] VERÓNICA LORENA CONTRERAS, Familias Ensambladas. Aproximaciones histórico-sociales y jurídicas desde una perspectiva construccionista y una mirada contextual. http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwibnoOnw5DIAhWNuB4KHXN3DAs&url=http%3A%2F%2Frabida.uhu.es%2Fdspace%2Fbitstream%2Fhandle%2F10272%2F531%2Fb1520121.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNHZfTmJ7Hhx4Q3 -gReZh8TMritGsw&sig2=qpTOfXN_UbzwdBbt21Semg&bvm=bv.103388427,d.dmo. Cita en la Sentencia T-519 de 2015.
[41] T-606 de 2013 y T-070 de 2015.
[42]En la Convención sobre los Derechos del Niño, se determina que la protección a la familia se funda:
“(…) Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (…)”
En este sentido, en el Artículo 18 de ese instrumento, se determinó que el Estado debe velar por la protección de la familia: “[a] los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.”
En el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, se determinan diferentes disposiciones relacionadas, entre ellas, el Artículo 1º, según el cual su finalidad se centra en “garantizar a los niños, niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia (…)”. En su Artículo 22, se reitera el derecho de estos sujetos de especial protección constitucional a tener una familia y a no ser separados de ella. Seguidamente, en el Artículo 39 se señalan las obligaciones de la familia, se indica que esa institución tiene la “obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto reciproco entre todos sus integrantes (…)”.
[43] T-887 de 2009.
[44] “El sentido mismo del verbo “prevalecer” implica, necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y demás personas relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés superior del menor”. C-664 de 2006.
[45] Ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
[46] “Aunque es la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, la que consolida la doctrina integral de protección de la niñez, incluyendo como principio orientador el interés superior de las y los niños, el primer instrumento internacional que hizo referencia a ese postulado fue la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño. Después fue reproducido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25. 2°), la Declaración de los Derechos del Niño (Principio 2º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19).” T-955 de 2013, citada en la Sentencia T-119 de 2016.
[47] Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño de 1989, Artículo 3.1. Igualmente se determinó que “los Estado Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos”. Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales se dispuso que “los Estados Partes adoptarán las medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan”. Adicionalmente, se señaló que deben garantizar al máximo el desarrollo del menor de edad. Artículo 6º.
[48] T-408 de 1995.
[49] Por medio de la Sentencia T-408 de 1995 “la Corte tuteló el derecho invocado por una abuela materna en nombre de su nieta, para que se le garantizara a la menor el derecho a visitar a su madre, recluida en prisión, ya que el padre de la menor le impedía hacerlo. Allí también se explicó lo siguiente: “La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor”.
[50] C-355 de 2006.
[51] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003. En sentido similar pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-397 de 2004, T-572 de 2010, T-078 de 2010, C-840 de 2010 y C-177 de 2014.
[52] T-510 de 2003.
[53] Al respecto, revisar entre otras, las sentencias T-510 de 2003 y C-683 de 2015 y T-119 de 2016, entre otras.
[58] T580A de 2011.
[59] C-740 de 2008.
[60] Al respecto, revisar entre otras, las sentencias T-510 de 2003 y C-683 de 2015 y T-119 de 2016, entre otras.
[61] T-510 de 2003.
[62] T-510 de 2003, T-397 de 2004, T-572 de 2010, C-683 de 2015 y T-119 de 2016.
[63] T-071 de 2016: “el concepto de filiación, proviene del latín “filius”, el cual significa ‘hijo’, y ha sido definido por la doctrina como “el estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas de las cuales una es el hijo (a) y otra el padre o la madre del mismo”. MORENO R., J.A., “Derecho De Familia”, Asunción, Paraguay: Ed. Intercontinental, 3ra, 2009, página 519 Tomo II.
[64] Expresión empleada, entre otras, en la Sentencia T-519 de 2015.
[65] T-071 de 2016: los hijos matrimoniales son los nacidos después de celebrado el matrimonio y, se presumen como tales, los nacidos 300 días después de disuelto. Ese vínculo filial, y su presunción, se extienden a quienes hayan nacido en unión marital de hecho declarada. Ley 1060 de 2006, Artículo 1º.
[66] T-071 de 2016: “vínculo que se contrae por fuera del matrimonio o de la unión marital de hecho declarada (…) a menos que por vía de legitimación se entiendan como matrimoniales”.
[67] T-071 de 2016: vínculo que nace después de surtidos los trámites de adopción entre adoptante y adoptado. Después de lo cual estos adquieren un vínculo filial. Se integra una familia por lazos jurídicos, exentos de consanguinidad.
[68] T-071 de 2016.
[69] Se precisó que la relación paternal del accionante con su hijo se probaba con su convivencia superior a cinco años, porque lo tenía registrado como beneficiario en el sistema de salud y la realización de su inscripción en el colegio.
[70] Párrafo 2º, Caso Concreto, T-233 de 2015.
[71] Artículo 13, Reglamento de la Entidad XX.
[72] De acuerdo a la visita realizada por el ICBF Regional Valle, se encuentran afiliados a Comfenalco Valle, EPS-S.
[73] T-403 de 2011, T-606 de 2013, T-070 de 2015, T-233 de 2015 y T-519 de 2015.
[74] Folios 93, 95 y 96, Cuaderno 1.
[75] En la página 27 se retoma la expresión de “tipos de hijos” de la sentencia T-519 de 2015.
[76] En la página 21 se hace referencia a un artículo académico para sostener que todas las familias merecen especial protección aunque sean “cambiadas, asediadas, fracturadas y/o reconstruidas”.
[77] Leach, Edmund. Cultura y comunicación: la lógica de la conexión de los símbolos. México: Siglo Ventiuno Editores, 1985.
[78] Van Dijk, Teun A. El lenguaje y el status quo en Lenguaje y Discriminación, de Islas Azaïs, Héctor.
[79] Van Dijk, Teun A. Lenguaje, cultura y discriminación. Teun Van Dijk.
[80] Van Dijk, Teun A. El lenguaje y el status quo en Lenguaje y Discriminación, de Islas Azaïs, Héctor.
[81] Van Dijk, Teun A. Discurso y racismo en Persona y sociedad, 2001.
[82] Tapia-Arizmendi, Margarita; Romani, Patrizia. Lengua y género en documentos académicos. Revista de Ciencias Sociales, vol. 19, núm. 59, mayo-agosto, 2012, pp. 69-86 Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México.
[83] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[84] Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[85] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.