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Timestamp: 2017-09-25 18:44:41
Document Index: 313616941

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'Artículo 86', 'Artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 26', 'artículo 13', 'artículo 89', 'artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 115']

Planteamientos de FAPUV ante el MPPEU | bolUDO.com.ve
Billy Michael PastenaJulio 15, 2013 3:50 pm 0
Documento entregado ayer al MPPEU.
No hubo respuesta a las solicitudes formuladas.Se acordó que FAPUV y AVERU presente una agenda para próximos encuentros. Estamos preparando esa agenda
POSICION DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE
VENEZUELA SOBRE EL ACTUAL CONFLICTO UNIVERSITARIO
La Constitución es la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico (CRBV, Articulo 7)
El conflicto universitario actual tiene varios años de gestación. Su núcleo principal lo constituye la pretensión de aniquilar la autonomía universitaria y el carácter democrático, plural y libre de la universidad venezolana. La Autonomía es un atributo fundamental de la universidad, y así lo reconoció el Constituyente de 1999, al darle rango constitucional, artículo 109 de la CRBV.
Gravitan como periferia de este núcleo, entre otros, los siguientes factores: Déficit presupuestario recurrente de las universidades; agresiones a la comunidad universitaria y a las dependencias universitarias; imposibilidad para que las universidades puedan darse sus propias formas de gobierno, organización y administración, de conformidad con la Ley (Ley de Universidades); incumplimiento de obligaciones laborales; pérdida por parte de la Universidad, de su condición de patrono o empleador; deterioro de la calidad académica y de la investigación; deterioro de las instalaciones físicas; dificultades financieras para mejorar el bienestar de la población estudiantil; desconocimiento e incumplimiento de un instrumento normativo laboral (Normas de Homologación), creado por el Estado en el año 1982, el cual venía rigiendo, con sus imperfecciones, lo relacionado con el ajuste salarial del profesorado y demás beneficios socio-económicos; y desconocimiento de la organización gremial que agrupa mayoritariamente al profesorado universitario de Venezuela, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), que desde su aprobación discutió la correcta aplicación de las Normas de Homologación, cada dos años, con la representación del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
La cara visible del conflicto, o, mejor dicho, el detonante del conflicto, en lo que al personal docente y de investigación se refiere, tiene cuatro expresiones muy concretas, a saber: El desequilibrio financiero crónico de las universidades y su minusvalía como empleador o patrono; el incumplimiento de las Normas de Homologación; las amenazas sobre la pérdida o interferencia del régimen de seguridad social del Profesorado Universitario, y el paralelismo sindical y desconocimiento de la genuina representación gremial del profesorado universitario de Venezuela.
Desconocimiento de la Autonomía Universitaria
En la Primera Convención Colectiva Única, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria usurpa competencias que le corresponden a los Consejos Universitarios y, a través de este acto, pretende sustituir a las autoridades universitarias en la condición de patronos, sin que ninguna ley lo autorice y sin tener un mandato de los órganos de dirección universitaria. Por ello, si un órgano externo a la Universidad, que no ha sido expresamente facultado por la ley, adopta decisiones que corresponden al ámbito autonómico en sustitución de las autoridades legítimas de la institución, estaríamos en presencia de una violación de la autonomía universitaria y como lo establece la Constitución, “Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no produce efecto alguno” (Art. 89, numeral 4).
Violación de los Derechos Laborales Progresivos
En la Primera Convención Colectiva Única, se retrocede en derechos laborales fundamentales contenidos en las Normas de Homologación y que por cláusula de extensión se han aplicado al conjunto de los trabajadores universitarios y constituyen derechos adquiridos. Al respecto destaca el cálculo del ajuste salarial sobre la base de la inflación acumulada en los dos años anteriores, según cifras del Banco Central de Venezuela, y la aprobación de ajustes cada dos años, establecida en las Normas de Homologación y aplicada desde 1982. El período que corresponde es 2012-2013 y no 2013-2014.
Debemos subrayar, además, que con la CCU se estaría iniciando una discriminación entre activos y jubilados también violatoria de los derechos progresivos del personal jubilado y pensionado, que en el caso de los docentes, forma parte por Ley del personal académico de las Universidades, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 86 de la Ley de Universidades.
Vigencia de las Normas de Homologación
Las Normas sobre Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales(en adelante, Normas de Homologación) están vigentes y los beneficios contemplados en ellas constituyen un derecho adquirido del profesorado que no puede ser desmejorado bajo ningún concepto, en aplicación de los principios laborales, tal y como lo establece el Artículo 19 de la Constitución Nacional al afirmar: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.”
Las Normas de Homologación no fueron dictadas por una Resolución Ministerial, como lo ha aseverado el titular del Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria (MPPEU), sino que fueron producto de una negociación entre el Ejecutivo Nacional, representado por el Ministro de Educación, y las Universidades Nacionales, representadas por sus Rectores y posteriormente ratificadas por la Corte Suprema de Justicia.
De esas Normas se desprende un beneficio laboral para los profesores universitarios y ese beneficio no ha sido derogado ni podría serlo, porque de acuerdo con la Constitución (Art. 89) se garantiza que: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias” y que: “Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) reitera estas disposiciones.
Por otra parte, la sentencia del 2 de noviembre de 2010 (EXP. N° 2010-0533) del Tribunal Supremo de Justicia, deja claramente establecidas las competencias del CNU, al transcribir el artículo 20, ordinal 3 y artículo 26 ordinal 18 de la Ley de Universidades y confirmar que en ejercicio de tales atribuciones dictó las Normas de Homologación, reconociendo que “La norma antes transcrita (artículo 13) establece, ciertamente, la obligación para el Consejo Nacional de Universidades (CNU) de revisar cada dos años las tablas de sueldos y beneficios adicionales del personal docente y de investigación de las universidades nacionales“.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela es la Representante Legítima del Profesorado Universitario
El artículo 89, numeral 8 del texto constitucional prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. A pesar de ello, nuestra Federación ha sido reiteradamente discriminada, al negarse los Ministros del Despacho a responder nuestras comunicaciones, atender nuestras solicitudes e incluir nuestros planteamientos como punto de agenda del CNU, todo ello contraviniendo el artículo 51 del texto constitucional que estipula que: “toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.”
Bajo el argumento de no tener la condición de sindicato, nuestras asociaciones y nuestra Federación no fueron invitadas a participar con los derechos que nos corresponden a la Reunión de Normativa Laboral, contraviniendo el Artículo 52 de la CRBV, el cual establece que: “toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”.
La representación de los profesores universitarios en la defensa de sus derechos laborales corresponde en cada Universidad a la respectiva Asociación de Profesores, y en su conjunto a la FAPUV. En este sentido, se dispone en el artículo 115 de la Ley de Universidades que “Para representar a los miembros del personal docente y de investigación ante las autoridades universitarias, las Asociaciones de Profesores Universitarios solicitarán el reconocimiento ante el Consejo Universitario respectivo”.
La Convención Colectiva Única, suscrita recientemente por un grupo de organizaciones sindicales, sin duda importantes, en representación de todos los trabajadores universitarios, incluyendo a los miembros del personal docente y de investigación de las universidades nacionales, carece de la debida representación de todos los sectores universitarios, toda vez que al excluir a un significativo sector del profesorado universitario de Venezuela mal puede imponerse su contenido a dicho sector por cuanto éste no ha participado en sus deliberaciones.
Los profesores universitarios sobre la base de los argumentos expuestos, tienen derecho a que se revise cada dos (2) años por el CNU y la FAPUV, los sueldos y beneficios adicionales que les corresponden, es un derecho adquirido que no puede ser desconocido por ley, ni por sentencia, ni por una Convención Colectiva posterior.
El actual conflicto universitario y sus consecuencias han podido evitarse si hubiese mediado el interés y la voluntad para ello, para lo cual es indispensable el reconocimiento de la representación gremial, legal y legítima, del profesorado universitario de Venezuela.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y sus dieciocho Asociaciones Federadas constituyen la representación auténtica del profesorado universitario. Esta representación ha sido ignorada por el MPPEU, que ha pretendido sustituirla por el paralelismo sindical que tanto daño hace a la causa laboral. Un llamado al diálogo sincero, real, y el reconocimiento del gremio profesoral, reducirían significativamente la temperatura del conflicto universitario, el cual se potencia porque no encuentra soluciones justas y beneficiosas para las partes. En lo que compete a la FAPUV no hay intolerancia, ni planes ocultos. La lucha es gremial, en defensa de los derechos académicos y laborales del profesorado universitario del país.
Solicitamos una reunión de FAPUV con el Ministro de Educación Universitaria, profesor Pedro Calzadilla, como inicio del diálogo franco y sincero que venimos demandando.
Es importante que como producto de dicha reunión, quede plasmada en un acta la garantía de la actualización y aplicación de los derechos progresivos del personal docente y de investigación activo, jubilado y pensionado. Al mismo tiempo, es pertinente el nombramiento de los representantes del CNU para una Comisión Técnica, que conjuntamente con el gremio discuta el instrumento vigente (NH) y la posibilidad de un cambio del mismo, que a futuro oriente las relaciones laborales.
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