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Timestamp: 2016-10-25 16:02:34
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⭐ÍNDICE. Introducción. Anexo 1: Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Juan Antonio Felipe Duarte Ortíz
1 2 ÍNDICE Introducción Capítulo Primero: La protección de la maternidad en nuestro ordenamiento jurídico preventivo 1. Normativa de carácter general en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 2. Normativa específica a) Normativa en función del Riesgo. b) Normativa en función de las condiciones de trabajo c) Normativa en función de los colectivos. Capítulo Segundo: La protección de la maternidad en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Qué dice el artículo 26 LPRL? Obligaciones de la empresa 1. Identificación y evaluación de riesgos. 2. Planificación de la prevención. 3. Medidas preventivas y soluciones a aplicar. a. Eliminación del peligro. b. Adaptación de las condiciones de trabajo. c. Cambio de Puesto de trabajo. d. Suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Capítulo Tercero: La protección de la maternidad en el marco de la Ley General de la Seguridad Social. 1. Prestación por maternidad. 2. Prestación durante el embarazo y la lactancia natural. a. Prestación por riesgo durante el embarazo. b. Prestación por riesgo durante la lactancia. 3. Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Capítulo Cuarto: La protección de la maternidad en el marco de Estatuto de los Trabajadores. Adaptación del tiempo de trabajo. Excedencia. Permiso de maternidad. El despido. Anexo 1: Ley de Prevención de Riesgos Laborales3 INTRODUCCIÓN Las primeras normas que surgieron en materia de protección a los trabajadores frente a los riesgos del trabajo, vienen caracterizadas por la delimitación en cuanto a su ámbito subjetivo de aplicación, estando dirigidas a los grupos de trabajadores considerados más débiles: mujeres y menores. Por una parte, se justificaba la necesidad de protección de las mujeres y los menores por entender que la explotación masiva de los mismos acarrearía a la sociedad a medio plazo un grave agotamiento de la salud. De otra parte, razones benéfico- morales obligaban al legislador a intervenir en las condiciones de trabajo de los trabajadores. En este contexto fue dictada la Ley de 13 de marzo de 1900, y su Reglamento de aplicación de 13 de noviembre del mismo año, modificada y ampliada por la Ley de 8 de enero de 1907 de protección de la maternidad. El origen de esta medida normativa se encuentra en el VIII Congreso de la Unión General de Trabajadores, que se celebró en Madrid entre los días 16 y el 19 mayo de 1905, en el cual una obrera de Bilbao del sector del calzado, Virginia González, exigió al Instituto de Reformas Sociales la modificación del art. 9 de la ley reguladora del trabajo de mujeres y niños, así como del art. 18 del reglamento que la desarrolla. Con tal fin, el 18 de enero de 1906 se presentó al Instituto de Reformas Sociales una moción firmada por F. Mora, F. Largo Caballero y R. Serrano, en calidad de representantes de la clase obrera, requiriendo la reforma de los referidos artículos con diferentes justificaciones. Se motivaba esta solicitud en la propia condición de la mujer durante el periodo anterior y posterior al alumbramiento, por las condiciones perniciosas del trabajo para los hijos, y por comparación con la legislación extranjera. En este sentido, se indicaba que el trabajo de la mujer durante el embarazo trae consigo enfermedades ginecológicas y causa mayor mortalidad infantil, abortos, y partos prematuros. Todo ello causa un perjuicio de trascendencia social, y que afecta a la propia continuidad de la raza. La moción de la representación obrera es aprobada por el pleno del Instituto de Reformas Sociales el 11 de mayo de 1906.y aprobada por el Senado y el Congreso, es convertida en Ley el 8 de enero de La Ley, al igual que la de 13 de marzo de 1900, extiende su ámbito de protección de la maternidad a las obreras de todas las industrias, sin excluir a las de la agricultura que trabajan a jornal. 34 Según la nueva redacción dada al artículo 9 de la Ley de 13 de marzo de 1900, queda prohibido el trabajo a las mujeres durante cuatro a seis semanas después del parto. Este plazo nunca podrá ser inferior a cuatro semanas, y se extenderá a cinco o seis presentando un certificado médico que constate que la madre no está en condiciones de reanudar su trabajo sin menoscabo de su salud. Durante todo este tiempo, la trabajadora tiene derecho a que el patrono le reserve su puesto de trabajo en la fábrica. Junto a esta medida protectora, se establece que la mujer que entre en el octavo mes de embarazo pueda solicitar la suspensión del trabajo, la cual le será concedida previo informe favorable del médico, en cuyo caso se le reservará su empleo. Suponía esta reforma un gran avance frente a la redacción primigenia del art. 9 de la Ley de 13 de marzo de 1900, y del art. 18 de su reglamento de aplicación. De las tres semanas obligatorias de descanso tras el parto, se pasa a las cuatro, y de la semana ampliable a criterio médico contenida en el art. 18 del reglamento, se pasa a las dos semanas, hasta poder alcanzar un total de seis semanas. Se adapta en este punto la normativa española a lo que se había señalado en la Conferencia de 15 de marzo de 1890, convocada por el emperador de Alemania y suscrita por quince países europeos, en la que por unanimidad se determinó que las mujeres no podrán ser admitidas en el trabajo sino cuatro semanas después de haber dado a luz, criterio que fue ratificado por la Socièté Obstreticale de Francia en Por otra parte, se cambia la redacción del segundo párrafo del artículo 9 de la ley y se sustituye por el redactado del primer párrafo del artículo 18 del reglamento. En virtud de ello, la trabajadora embarazada tiene la posibilidad, a partir del octavo mes de embarazo, de ausentarse de su puesto de trabajo, debiéndosele reservar por parte del patrono (tal y como señalaba el párrafo 1º del artículo 18 del Reglamento de 13 de noviembre de 1900). La anterior redacción de la Ley sólo se refería que este derecho podía ser ejercitado por la trabajadora por causa de próximo alumbramiento, pero sin delimitar de un modo claro el tiempo de inicio. De este modo, la nueva redacción daba seguridad jurídica en el ejercicio del derecho a la mujer embarazada, y ponía en concordancia ley y reglamento. A pesar de la reforma operada, desde el mundo obrero no encontró satisfacción total esta medida, ya que se entendía que la misma debía ser complementada con un sistema indemnizatorio que permitiera a la mujer sobrevivir durante los meses en los que se ausentara de su trabajo con motivo de la maternidad. Así, a la vez que resolver el indudable problema higiénico, es necesario resolver el problema económico, que lleva consigo esta forzosa disminución de ingresos al hogar de la obrera. Esta moción sobrepasaba con mucho el alcance de la reforma operada por el Instituto, que sólo alcanzó a comprometerse a iniciar una investigación, que sirviera de base para la organización de una o varias cajas de maternidad, destinadas a socorrer a las obreras obligadas 45 legalmente a la supresión de su contrato de trabajo por causa de parto, y privadas por tanto de su salario. Con todo, y pese a la insatisfacción parcial del mundo obrero, esta norma fue considerada como extraordinariamente avanzada en la época, a la vez que constituyó un ejemplo para otros países de nuestro entorno. Vemos como el interés estatal nace de la ideología higienista y pronatalista de la época, por lo que se preocupa de una manera más filantrópica de las madres trabajadoras y sus criaturas dotándolos de un tiempo legal de descanso en torno al nacimiento, pero no de una protección económica durante ese tiempo de descanso, ya que el salario de las trabajadoras se consideraba un complemento al salario del varón, el padre o el cabeza de familia. No es hasta 1923 cuando se crea el subsidio de maternidad, consistente en la entrega a la madre de 50 pesetas. El subsidio podía cobrarse siempre que la madre estuviese afiliada al régimen obligatorio del retiro obre, no abandonase al hijo y se abstuviese de trabajador durante las 2 semanas posteriores al parto. El Estado se limitó a financiar los subsidios de maternidad hasta la aprobación de la ley del seguro obligatorio de maternidad en Este seguro se creó en base a un sistema de cotización de trabajadoras, patronal y con financiación sin determinar del Estado. La gestión se encargaba al Instituto Nacional de Previsión y a las Cajas colaboradoras creadas para el retiro obrero. Uno de los aspectos más interesantes del periodo republicano fue el proyecto de Unificación de los seguros sociales entre los que se incluía el seguro de enfermedad y el de maternidad. Tras la guerra civil el proyecto unificador de los seguros sociales se archivó. En las primeras décadas del Franquismo se continuó gestionando los seguros de forma desintegrada. Resulta innovador el establecimiento durante esta época, del seguro obligatorio de enfermedad (1941) que protege a los trabajadores, sus cónyuges, y condicionadamente a los ascendientes y descendientes, en casos de enfermedad común incluyendo la asistencia sanitaria (médica, hospitalaria y farmacéutica) en casos de maternidad. No será hasta la Ley de Seguridad Social de 1963 cuando en España se intentará enmendar este complejo y arcaico sistema de seguros sociales. La legislación actual sobre protección de la maternidad obedece a intereses distintos, contemplado un amplio abanico de formas de protección social que se han ido incorporando, bien por exigencia de la UE a través de la transposición de su marco normativo, bien por el 56 propio desarrollo de la sociedad y sobre todo, el sustancial cambio del papel de la mujer en el mundo, provocado fundamentalmente por su incorporación al mercado de trabajo. La protección de la maternidad en el marco de las empresas toma como punto de partida la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). En ella se establecen un conjunto de medidas encaminadas a la protección de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, al considerarse por muchos motivos, un grupo expuesto a riesgos especialmente sensibles, obligando a los Estados miembros a dictar las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma. En España, la transposición de esta directiva se realiza a través de la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, incumpliendo el plazo de 2 años otorgado por la UE para ello. Además no hubo una plasmación literal de su contenido, al no incorporarse sus anexos I y II a la normativa nacional. Esta incorporación se ha producido 14 años más tarde con la aprobación del Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 1 supone un giro copernicano en la concepción de la seguridad e higiene en el trabajo que pasa de un enfoque reparador a uno preventivo, de políticas aisladas y finalistas a políticas integradas e integrales donde el epicentro de la intervención ya no es el trabajador (aunque si el beneficiario), sino el puesto de trabajo y el entorno. La protección de la maternidad en el marco de esta norma se proyecta en el artículo 26, donde se establecen las obligaciones preventivas que debe cumplir el empresario para asegurar la protección de la maternidad en el centro de trabajo. Esta especial protección se debe a que si bien el embarazo y la lactancia no son estados de enfermedad, si pueden constituir un problema para un grupo de trabajadoras especialmente vulnerables a algunos riesgos laborales, debido a que los cambios biológicos que se producen durante el embarazo y la lactancia, acentúan algunos riesgos presentes en los lugares de trabajo, incrementado la posibilidad de dañar la salud de las criaturas que van a nacer y la de las recién nacidas. Para UGT la protección de la maternidad y la lactancia es una prioridad que debe estar 1 en lo sucesivo LPRL 67 presente en la agenda política de cualquier Gobierno, estatal y autonómico, en aras de conseguir ambientes de trabajo seguros y saludables, donde los trabajadores en general, y las mujeres trabajadoras en particular, puedan desarrollar su labor con las debidas garantías, al tiempo que puedan compatibilizar adecuadamente su función laboral con la personal y familiar. Los riesgos laborales para las mujeres embarazadas y lactantes, no son un problema interno o de empresa sino que trascienden al ámbito social, por lo que la protección de las mismas es una cuestión de máxima importancia social y forma parte de la estrategia sindical. Para profundizar en ello, hemos decidido elaborar esta publicación, con la finalidad de servir de guía no sólo a aquellas mujeres que se encuentren en estado de gestación o lactancia, sino además, para nuestros delegados y delegadas de prevención, quienes han de velar porque en sus empresas se respete el derecho a un ambiente de trabajo exento de riesgos. La legislación en prevención de riesgos laborales forma parte del ordenamiento jurídico laboral, por lo que inevitablemente está íntimamente relacionado con otros ámbitos legislativos de los que damos cuenta en esta publicación. Así, la legislación laboral y la de seguridad social, están llamadas a proteger la maternidad y la lactancia en el ámbito laboral y prestacional, constituyendo junto a la normativa en prevención de riesgos laborales, un entramado normativo que tutela principalmente los derechos de la mujer trabajadora en el seno de las relaciones laborales. De ahí que esta guía se haga eco de la protección de la maternidad y lactancia tanto en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como en el marco de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores. 78 CAPÍTULO I La protección de la maternidad en nuestro ordenamiento jurídico preventivo El ordenamiento jurídico español, en el ámbito de la protección de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia, se conforma a partir de la aprobación de numerosas disposiciones de carácter general así como de reglamentos específicos en la materia, los cuales han ido desarrollando y modificando dicho sistema normativo, adaptándose, con ello, a la normativa europea que le es de aplicación. Con este capítulo, se pretende reseñar la normativa existente sobre protección de la maternidad desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, en el ámbito nacional. Para una mejor visión de la misma, ésta se estructura en dos partes: 1. General: engloba la normativa que garantiza la seguridad y salud en el trabajo, la regulación de las distintas responsabilidades en caso de incumplimiento de la misma así como la protección de los derechos en materia de protección social (prestaciones económicas de seguridad social, permisos, excedencias, etc.). 2. Específica, atendiendo: Al riesgo al que están expuestas las trabajadoras. A las características de determinados lugares de trabajo. A colectivos específicos a los que pertenezcan. 1. Normativa de carácter general en el ámbito de la prevención de riesgos laborales En cuanto a la normativa de carácter general, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, el embarazo o el parto reciente son situaciones especialmente protegidas en la normativa, de forma que mediante su regulación se garantiza la seguridad y salud tanto de la trabajadora como la del feto o del niño o niña. La LPRL contempla el deber de protección de la maternidad, concretamente, en su artículo 26, incorporando, de este modo, al ordenamiento jurídico español el contenido de la Directiva 92/85/ CEE referida en la introducción de esta publicación. El literal del artículo 26 establece: 1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las tra- 89 bajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d del estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, de- 910 clararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo. 5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. Este artículo ha sido modificado por dos leyes de enorme trascendencia social, como son la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La primera, crea una nueva figura jurídica denominada suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo con la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social. En un principio, esta contingencia tenía la consideración de común de tal suerte que le eran exigibles los requisitos de acceso, contenido, duración y demás características de las contingencias comunes. En concreto, el RD 1251/2001 estipulaba una prestación económica equivalente al 75% de la base de cotización de la mujer trabajadora embarazada. No contemplaba la prestación para casos de mujer trabajadora en período de lactancia natural. Y además, era preciso que la mujer trabajadora embarazada hubiese cotizado al menos 180 días en los últimos 5 años para tener derecho a percibir dicho subsidio Con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se mejora el régimen jurídico de tutela y de la protección social, tanto para la situación de riesgo durante el embarazo como para la situación de riesgo durante la lactancia natural. Algunas de las mejoras fueron: Reconocimiento de la lactancia natural como causa de suspensión con derecho a prestación. Considera esta situación como contingencia profesional, lo que conlleva dos efectos: Incremento del subsidio al 100% de la base reguladora de la ITCP. Elimina el periodo de carencia exigido para el acceso a la prestación, al considerar ambas situaciones contingencias profesionales. Otra norma que mejora la protección de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, es el RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 1011 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Este reglamento incorpora los anexos I y II de la Directiva 92/85/CEE, añadiendo una lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. En concreto se incorporan por un lado aquellos agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural y por otro, aquellos agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural. Entre los primeros se encuentran: A.Agentes. 1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un desprendimiento de la placenta, en particular: a) Choques, vibraciones o movimientos. b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares. c) Ruido. d) Radiaciones no ionizantes. e) Frío y calor extremos. f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 2. Agentes biológicos. Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la clasificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII. 3. Agentes químicos. Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto 1112 o del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII: a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46, R 49, R 68, R 62 y R63 por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H351, H350, H340, H350i, H341, H361f, H361d y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, en la medida en que no figuren todavía en el anexo VIII. b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. c) Mercurio y derivados. d) Medicamentos antimitóticos. e) Monóxido de carbono. f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea. B. Procedimientos. Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Y entre los segundos se encuentran: A. Trabajadoras embarazadas. 1. Agentes. a) Agentes físicos: Radiaciones ionizantes. Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión, submarinismo. b) Agentes biológicos: Toxoplasma. Virus de la rubeola. Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización. c) Agentes químicos: 1213 Las sustancias etiquetadas R60 y R61, por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H360F, H360D, H360FD, H360Fd y H360Df por el Re glamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciem bre de 2008, sobreclasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas en el Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que no haya valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento. Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano. 2. Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos. B. Trabajadoras en período de lactancia. 1. Agentes químicos: Las sustancias etiquetadas R 64, por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas en el Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que no haya valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento. Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano. 2. Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos Esta norma modifica el RD 39/1997, de 17 de enero de los Servicios de Prevención, en concreto su artículo 6 que queda redactado de la siguiente manera: 1314 Artículo 6: Contenido general de la evaluación 1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos. Para ello, se tendrán en cuenta: a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el apartado 7º del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. En particular, a efectos de lo dispuesto sobre la evaluación de riesgos en el artículo 26.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el anexo VII de este real decreto incluye una lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición. En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con las conclusiones obtenidas de la evaluación de riesgos, ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del feto. Igualmente la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar actividades que supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en la lista no exhaustiva del anexo VIII, parte B, cuando de la evaluación se desprenda que ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del niño durante el período de lactancia natural. En los casos previstos en este párrafo, se adoptarán las medidas previstas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de evitar la exposición a los riesgos indicados. En relación con el incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas señaladas en el artículo 42 de la LPRL que pueden recaer en caso de tal incumplimiento, cabe destacar el artículo 13, apartado 1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelante, LISOS), que tipifica como infracción muy grave No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 1415 Por último, respecto a la regulación en materia de protección social, citar el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En particular, hay que señalar sus artículos 37, apartados 4, 4 bis y 6, que regulan los permisos de maternidad para ausentarse del trabajo así como de reducción de jornada. Por su parte, también cabe destacar los artículos 45.1.d y 48, que abordan el derecho a la suspensión del contrato de trabajo en caso de maternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses. Del mismo modo, hay que citar el artículo 46.3, que permite el disfrute de un periodo de excedencia por cuidado de hijos. A efectos de regulación de la acción protectora de la seguridad social en esta materia, cabe señalar el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. A través del mismo se regulan los subsidios por maternidad (tanto en su naturaleza contributiva como no contributiva), por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural. Entre las numerosas cuestiones que aborda este real decreto destacan, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, las situaciones protegidas de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural (concepto de situación protegida, beneficiarias, procedimiento para el reconocimiento del derecho, etc.-). 2. Normativa específica Una vez comentada la regulación general existente en la materia, a continuación se indica la normativa específica de desarrollo de la misma en la que en su articulado se hace una referencia explícita a la protección de la maternidad. a) Normativa en función del riesgo. En primer lugar, en relación con la normativa existente en función de la exposición de las trabajadoras embarazadas a determinados riesgos laborales, cabe citar las siguientes disposiciones: El Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y el Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, que en sus artículos 4.3.f y 4.4.c, respectivamente, disponen que el empresario al realizar la evaluación de riesgos deberá prestar especial atención a los efectos o riesgos adicionales para aquellos trabajadores especialmente sensibles expuestos al riesgo, incluidas las trabajadoras embarazadas. El Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (modificado por Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, pasando a nom- 1516 brarse Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas) cuyo anexo III contiene las frases R 61, 63 y 64 que indican riesgos o posibles riesgos durante el embarazo de efectos adversos para el feto así como para los lactantes. Del mismo modo, también hay que citar el REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 que en sus frases H también tiene indicaciones sobre tales riesgos. El Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en cuyo Anexo I. Disposiciones Generales para la evaluación de las sustancias y la elaboración de los informes sobre la seguridad química. Punto Etapa 4. Identificación de los niveles sin efectos obtenidos (DNEL) se establece que puede resultar necesario identificar diferentes DNEL para cada sector pertinente de la población ( ) y, posiblemente, para determinados subsectores vulnerables (por ejemplo, niños y mujeres embarazadas). El Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (RPSRI), que en su artículo 10 regula la protección durante 10. Véanse fichas específicas. el embarazo y la lactancia. Básicamente, su contenido se resume en las siguientes premisas: La protección del feto deberá ser comparable a la de los miembros del público. Las condiciones de trabajo de la mujer embarazada serán tales que la dosis equivalente al feto sea tan baja como sea razonablemente posible, siendo improbable que dicha dosis exceda de 1 msv al menos desde la comunicación de su estado hasta el final del embarazo. No se le asignarán trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación radiactiva. En tales supuestos deberá garantizarse una vigilancia adecuada de la posible contaminación radiactiva de su organismo. Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, en el que en su artículo 19 se establece la obligatoriedad de implantar en todas las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico un Programa de Protección Radiológica que tendrá como objetivo garantizar que las dosis que pudieran recibir los trabajadores y el público se man- 1617 tienen en niveles tan bajos como razonablemente sea posible alcanzar y que, en todo caso, quedan por debajo de los límites de dosis establecidos en la legislación, considerando específicamente las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas en formación y los estudiantes. Instrucción IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural, en la que se establece el valor 1mSv/año, como umbral de referencia para el que no es necesario aplicar ninguna medida de control. En el caso del radón, el nivel de referencia es de 600 Bq/m3 de concentración media anual, estableciendo un nivel de intervención e 300 Bq/m3 de concentración media anual. En el anexo se relacionan las actividades (listado no exhaustivo) cuyos titulares deben realizar los estudios requeridos en el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI). El Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas, que en su artículo 8. Protección radiológica de las personas que ayuden voluntariamente a pacientes sometidos a exposiciones médicas excluye del mismo a las madres gestantes. El Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo, en su artículo 6 regula que, cuando en el reconocimiento médico se detecte el estado de gestación de la solicitante, el médico reconocedor determinará la aptitud teniendo en consideración, por una parte, la condición biológica de ésta y, por otra, las limitaciones impuestas por el puesto de trabajo a desempeñar a bordo. Si la interesada recibe la calificación de «no apta» o «apta con restricciones», y siempre que se trate de una tripulante en activo, el médico reconocedor lo pondrá en conocimiento del médico responsable de iniciar el trámite a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Por otra parte, en su anexo II, punto 2.15, se establece que podrán ser aptas con restricciones las trabajadoras con informe favorable del especialista, posibilidad del adecuado seguimiento del embarazo, ausencia de exposición a riesgos físicos, químicos o biológicos, cuando no sea incompatible con el desempeño de las tareas habituales. En todo caso, la fecha de caducidad del reconocimiento será anterior a las 14 semanas previas a la fecha probable de parto. No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta otras disposiciones en las que, aun no regulando explícitamente la protección de la maternidad en el caso de exposición a determinados riesgos laborales, sí la contemplan indirectamente al contener artículos que hacen mención a trabajadores especialmente sensibles, tal es el caso, entre otros, del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra os riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (artículo 3); del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 1718 los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (artículo 6); o del Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (artículos 4.4 y 6.4.c). Por último, aunque no se trata de normativa propiamente dicha, es importante citar algunas Guías Técnicas del INSHT que contienen aspectos concretos de protección de la maternidad. A modo de ejemplo, se señalan: La Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, que, con objeto de lograr una mayor protección de la seguridad y salud de las mujeres, recomienda que el peso máximo de la carga no supere los 15 kg. Asimismo, la Guía aconseja que aquellas mujeres embarazadas que manejen habitualmente cargas en su puesto de trabajo dejen de manejarlas durante este tiempo, realizando otras actividades más livianas, teniendo especial cuidado durante el embarazo y hasta tres meses después del parto, debido a los efectos perjudiciales en la trabajadora embarazada que puede producir la manipulación de cargas. La Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al ruido, que en el comentario al artículo 4.5 incluye, dentro de los trabajadores sensibles al ruido, a las trabajadoras embarazadas y dispone que, por tanto, pueden requerir medidas especiales de protección en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la LPRL. Asimismo, comenta posibles efectos perjudiciales para la salud de la trabajadora embarazada como consecuencia de la exposición al ruido. b) Normativa en función de las condiciones de trabajo. Una vez mencionada la normativa que aborda la protección de la maternidad en función del riesgo al que están expuestas, en segundo lugar, se indican aquellas disposiciones que regulan las características de determinados lugares de trabajo y en las que en su articulado, con objeto de proteger la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas y madres lactantes, se determina que se deberán habilitar zonas en las que puedan tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. Tal es el caso: del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (anexo V, parte A. Punto 3), del Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (anexo, parte A., punto 17), del Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (anexo, parte A, punto 19); y del Real Decreto 1819 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (anexo IV, punto 17). c) Normativa por colectivos. Por último, cabe hacer referencia a la reglamentación de determinados colectivos específicos en los que también existe una protección expresa, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, de la maternidad. Éste es el caso, entre otro del Real Decreto 179/2005 sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil (art.10), Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (art.11), Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las fuerzas armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa (art.15) y ORDEN FOM/1267/2008, de 28 de abril. Requisitos de las licencias de la tripulación de vuelo de aviones y helicópteros civiles, relativos a la organización médico-aeronáutica y la autorización de los centros médico-aeronáuticos y médicos examinadores. 1920 CAPÍTULO II LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL MARCO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES La protección de la maternidad es una manifestación específica de la protección de la procreación que a su vez forma parte de la protección de los trabajadores especialmente sensibles (art. 25 LPRL). La reproducción es un proceso que requiere un equilibrio anatómico y fisiológico. Este equilibrio puede verse alterado por múltiples factores laborales y extralaborales. Entre los factores laborales, es preciso señalar, por ejemplo, la utilización o presencia de agentes cada vez más potentes en los procesos industriales (en la lógica búsqueda de unos mayores rendimientos), pero de cuya acción directa o indirecta sobre el trabajador tenemos muchas veces nula o escasa información. En la población trabajadora, muchos de estos factores pueden afectar de forma negativa la salud reproductiva tanto del hombre como de la mujer, materializándose el daño en la persona expuesta, en su pareja o en el producto del embarazo. A veces los efectos no son evidentes hasta que los trabajadores deciden tener descendencia, a los dos o tres años del nacimiento de su bebé o incluso más tarde. Un agente ya sea químico, físico, biológico, ergonómico o psicosocial, puede actuar sobre las distintas fases de la reproducción humana y en distintos momentos de la etapa reproductiva. Las interferencias pueden afectar el sistema endocrino de hombres y mujeres, el ciclo menstrual femenino, el desarrollo del espermatozoide y del óvulo, la fecundación e implantación del huevo fecundado, el crecimiento y desarrollo fetal, al niño o niña o a la lactancia. Los efectos de estos agentes pueden presentarse en la etapa preconcepcional (disminución del deseo sexual, impotencia, infertilidad, esterilidad, desórdenes menstruales), gestacional (aborto, prematuridad, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, cáncer, alteraciones del desarrollo), durante la lactancia materna (intoxicación, infecciones, disminución o supresión de la producción de leche materna) o en la infancia o etapas posteriores (cáncer, alteraciones de la capacidad reproductiva). Estas interferencias y efectos van a depender del tipo de agente, del nivel de exposición, de la duración de la misma, del momento de la exposición en relación con el proceso reproductivo, de la susceptibilidad individual, de variables sociodemográficas, nutricionales, genéticas y de salud y de una posible acción combinada de los diferentes factores de riesgo laborales y extralaborales. Durante el embarazo, el periodo más crítico, por el desconocimiento de la situación por 20 Mostrar más
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