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Timestamp: 2017-07-21 00:44:23
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PREPARACIÓN ESCALA BÁSICA CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: eficacia de las normas
TEMA 8. EFICACIA GENERAL DE LAS NORMAS. Eficacia general de la norma: ignorancia de ley y error de derecho; la exclusión voluntaria de la ley aplicable. Eficacia sancionadora de la norma: la sanción general de nulidad; actos contrarios a la ley y actos en fraude a la ley. Referencia a la llamada eficacia constructiva de la norma.
1. LA EFICACIA DE LAS NORMAS.
1.1 La función ordenadora de las normas.
Las normas jurídicas persiguen ordenar la organización de la convivencia, estableciendo los cauces por los que deben discurrir las relaciones sociales de los hombres y dictando los criterios, más adecuados y justos, que deben ser aplicados para la resolución de las controversias. Cumplen, pues, una función de ordenación social, imprescindible para que la vida en comunidad sea posible.
Desde el punto de vista social, el sentido de las normas se mide precisamente por su capacidad para desempeñar adecuadamente esa función ordenadora. Eso quiere que, además de lo más justas posibles y lo más idóneas, las normas deben sintonizar con las exigencias sociales imperantes y brindar soluciones adecuadas a los problemas que una determinada sociedad padezca.
En otros términos, las normas deben de ser eficaces, deben ser aplicadas y observadas por sus destinatarios.
El aparato del Estado debe procurar que las normas legales sean efectivamente cumplidas y debe él mismo cumplirlas; por eso es un Estado de Derecho, que actúa sometido al dictado de las normas jurídicas. las normas jurídicas de origen extraestatal (como la costumbre) también deben ser impuestas y aplicadas por los poderes públicos.
1.2. La eficacia obligatoria, sancionadora y constitutiva de las normas.
Los aspectos relativos al deber general de cumplimiento de las normas suelen identificarse teóricamente mediante la expresión eficacia obligatoria de las normas, mientras que, por su parte, la llamada eficacia sancionadora de las normas estaría referida al conjunto de medidas represivas previstas por ellas para los supuestos de incumplimiento.
Se habla de eficacia constitutiva de la norma para tratar de resaltar que cualquier relación o problema socialmente identificable se convierte en un entramado de derecho y de deberes, esto es, en una relación jurídica) precisamente a causa de la aplicación del conjunto de normas correspondiente.
2. EL DEBER GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.
2.1. Los destinatarios de las normas.
La fórmula habitual de promulgación de las Leyes reza así: “A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed...”; cerrándose al final del texto de la Ley con las siguientes palabras: “Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley”.
A pesar de que en su encabezamiento parece que la Ley solamente se aplicaría a los sujetos que la pueden entender, en la segunda parte de la fórmula queda claro que son todos los españoles los que quedan vinculados por la Ley en cuestión, la entiendan o no.
Además, da la impresión que las leyes dictadas en España solamente van dirigidas a los españoles y esto no es cierto con carácter general, pues si las leyes españolas tienen por finalidad ordenar la convivencia en nuestro país, es claro que se deben aplicar, con carácter general y teniendo en cuenta las oportunas matizaciones, a cuantos están de hecho integrados en la comunidad social española, posean o no la nacionalidad de nuestro país.
De todas formas, no escasean las ocasiones en las cuales no todos los españoles son efectivamente los destinatarios de determinadas normas jurídicas. Así, habrá que atender al órgano legislador para saber la comunidad que queda afectada por sus decisiones. Así, las ordenanzas municipales solamente tienen por destinatarios a los habitantes de la ciudad, así también, las normas de las Comunidades Autónomas, en principio, sólo se aplicarían a los sujetos que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidades Autónomas en cuestión.
Así, cabe afirmar que son destinatarios de las normas jurídicas, los sujetos integrados en la comunidad para la que se dictan tales normas, además también hay que tener en cuenta la posibilidad de que los destinatarios de una norma concreta no sean todos los miembros de la comunidad, sino que la norma esté dirigida a una categoría o grupo de sujetos.
2.2. La ignorancia de la ley.
El deber general de respeto, desde un punto de vista exclusivamente lógico, parece que debiera ir precedido de un previo deber de conocimiento de las normas. Difícilmente puede respetarse lo que se ignora. Sin embargo, desde el punto de vista práctico es imposible que un sujeto pueda efectivamente conocer todo el conjunto de normas que componen el Ordenamiento jurídico.
El problema que se aborda ha de ser enfocado desde la óptica de la efectividad del ordenamiento, han de organizarse las cosas de forma que las normas sean efectivamente aplicadas, por eso, debe prescindirse del conocimiento real de las normas por su destinatario. En otro caso, se estaría dejando al capricho del sujeto la aplicabilidad de la norma, pues bastaría con alegar la ignorancia para que uno quedara a salvo del deber de cumplir y observar la norma.
Este problema es abordado y resuelto por nuestro sistema jurídico sobre las siguientes bases. En primer término, las normas deber ser objeto de publicidad. Así lo recoge expresamente el artículo 9.3 de la Constitución, si bien ha de entenderse que esta publicidad formal va referida a las normas legales.
Esta publicidad formal implica la teórica posibilidad de que cualquiera pueda tener acceso a la norma en cuestión. Pero con ello no se resuelve el problema, pues un ciudadano corriente, enfrentado con el Boletín Oficial del Estado tendrá seguramente muchos problemas para averiguar con exactitud el sentido de una Ley, en caso de que la encuentre. Por eso, sobre la base de esa publicidad formal, se establece la regla de la efectividad del ordenamiento y deber de cumplimiento de las normas, sea conocido o ignorado su contenido. Éste es el significado de la expresión contenida en el artículo 6.1 del Código Civil, cuando dice que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”.
Por consiguiente, aun sin que exista el deber de conocer las normas y sin que éstas sean efectivamente conocidas, sí existe el deber general de cumplimiento.
2.3. La exclusión voluntaria de la ley aplicable.
Las normas deben ser cumplidas, ya se conozcan ya se ignoren. O, lo que es lo mismo, el cumplimiento de las normas es obligado, sin que los ciudadanos pueden decidir a su capricho si cumplen o no los mandatos normativos. En caso contrario se dejaría en manos de los ciudadanos la efectividad del Ordenamiento y bastaría con no quererse someter a las normas para que estas no puedan aplicarse.
Sin embargo, y si se atiende a una de las reglas que se desprenden del artículo 6.2 del Código Civil, parece que sí cabe excluir voluntariamente la aplicación de las normas, dentro de ciertos límites y condiciones. En efecto, “la exclusión voluntaria de la ley aplicable sólo será válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros”.
La posibilidad de excluir voluntariamente la aplicación de una norma, exige poner este asunto en relación con la distinción entre normas de Derecho imperativo y normas de Derecho dispositivo. Pues junto a las normas que se imponen absolutamente siempre con o contra la voluntad y deseos de sus destinatarios (normas de Derecho imperativo o necesario), es frecuente que las normas autoricen a los propios interesados a reglamentar las situaciones que les afectan privadamente, estableciendo un conjunto de reglas particulares que traen su fuerza de la llamada autonomía de la voluntad de los particulares o autonomía privada.
Cuando esto sucede, la regulación contenida en la norma jurídica solamente entra en juego en defecto o ausencia de regulación convencional por parte de los interesados.
Cuando, por el contrario, la norma es imperativa, la voluntad o deseo de los destinatarios de la misma de excluirla es absolutamente irrelevante.
3. LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS Y SU SANCIÓN.
3.1. La infracción de las normas.
Las normas jurídicas son reglas que están dictadas para su acatamiento por parte de las personas, pero partiendo de la base de que esas personas pueden acomodar su conducta a la norma, o pueden contravenir el mandato normativo, en el ejercicio de su libertad.
Esto quiere decir que el sujeto es libre de acatar la norma o desobedecerla, pero no que las consecuencias de obedecer o desobedecer sean las mismas. Antes bien, si no se cumplen las normas, se da pie para la correspondiente reacción del Ordenamiento jurídico, el cual normalmente prevé la imposición de las oportunas sanciones al infractor.
Las modalidades básicas de infracción vienen distinguidas en los apartados 3 y 4 del artículo 6 del Código Civil.
3.2. Actos contrarios a las normas imperativas.
El artículo 6.3 contempla la modalidad más sencilla de la infracción de las normas: la realización de actos contrarios a lo dispuesto en ellas. Así la observancia de una conducta, un acto aislado o un comportamiento omisivo que vaya en contra de lo dispuesto por una norma, constituye una infracción del Ordenamiento y producirá las oportunas consecuencias de toda índole. Las hipótesis imaginables son casi infinitas. 3.3. Actos en fraude de ley.
Junto a esta modalidad de comportamiento directamente contrario a las normas, cabe que se realice una conducta que produzca un resultado contrario al ordenamiento, pero que, aisladamente considerada, sin atender a ese resultado, sea en sí conforme con las normas jurídicas. de esa forma se oculta la realización de un comportamiento que persigue infringir el ordenamiento establecido, bajo la apariencia de que las normas se cumplen adecuadamente. El tales casos se habla de actos de fraude a la Ley, caracterizados por el artículo 6.4 del Código Civil como “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él”. Formalmente la ley se cumple, aunque realmente se pretende su violación.
Es clásico el ejemplo de la celebración de un matrimonio con la finalidad exclusiva de obtener la nacionalidad de un país. No es ilícito que un extranjero contraiga matrimonio con una española, tampoco lo es que, mediante un año de residencia, ese extranjero adquiera la nacionalidad española, pero el resultado que realmente se persigue sí lo es: eludir la aplicación de las normas que regulan la composición de los equipos de futbol.
En supuestos como los descritos, el ordenamiento reacciona, no conformándose con la observancia formal de sus mandatos, sino yendo al fondo del asunto, para perseguir las conductas fraudulentas que, de esta forma, quedarán sometidas a las consecuencias establecidas por la norma que se ha pretendido defraudar.
3.4. La sanción por la infracción de la norma.
Cuando se observan conductas directa o fraudulentamente contrarias a las normas, el Ordenamiento jurídico reacciona en consecuencia, imponiéndose una sanción al infractor. El término sanción es así sinónimo del de reacción del sistema jurídico ante la violación padecida. Y lo mismo que las modalidades de conductas contrarias a las normas son diversas, las modalidades de sanción también lo son.
Cabe distinguir algunas categorías elementales de sanciones:
 Hay sanciones de carácter punitivo o penas. Su ejemplo más claro se encuentra en el Derecho penal, consisten básicamente en que el ordenamiento reacciona ante una violación generando un mal al infractor como pago por su comportamiento ilícito.
En el ámbito del Derecho privado también existen sanciones por el incumplimiento de deberes jurídicos o la observancia de conductas consideradas poco deseables.
 Hay un segundo término de sanciones resarcitorias o reparadoras, hablándose entonces de resarcimiento del daño, que persiguen eliminar las secuelas dañinas de cualquier acto ilícito.
 Hay también sanciones que pudieran llamarse neutralizantes, y que pretenden impedir que el autor del acto ilícito consiga el resultado que pretendía al cometerlo.
3.5. La sanción general de nulidad.
El Código Civil dispone que “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”.
Como se desprende, este precepto solamente prevé la sanción que corresponda a actos contrarios a norma imperativa. Nada dice sobre actos contrarios a las dispositivas, por la evidente razón de que este tipo de normas solamente se aplica en defecto de reglamentación sustitutoria y diferente creada por los interesados.
La sanción general que se establece es la de la nulidad de pleno derecho que es una categoría específica de la ineficacia de los actos jurídicos. La nulidad implica que el propósito perseguido por el infractor del ordenamiento, mediante su conducta ilícita, es eliminado, o pretende ser eliminado, como si el acto ilícito no se hubiera efectivamente realizado.
Aunque hay que tener en cuenta que la nulidad es una sanción solamente aplicable a actos jurídicos en sentido estricto.
Para evitar que opere la sanción de nulidad de pleno derecho, basta con que la norma infringida establezca la sanción diferente de la nulidad.