Source: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.2.html
Timestamp: 2016-12-11 13:50:59
Document Index: 240385700

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 67', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 267', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7']

El respeto de los derechos fundamentales en la Unión Europea | Fichas técnicas sobre la UE | Parlamento Europeo
Durante mucho tiempo, el fundamento jurídico de los derechos fundamentales en la Unión Europea ha residido esencialmente en la referencia hecha por los Tratados al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Así pues, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido contribuyendo de modo importante a velar por el respeto de los derechos humanos en la Unión. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales, ahora jurídicamente vinculante, amplía dicho fundamento jurídico.
La salvaguardia de los derechos fundamentales es uno de los principios básicos del acervo del Derecho de la Unión. Durante mucho tiempo, los Tratados europeos no incluyeron un catálogo escrito de estos derechos; se limitaban a hacer referencia al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Asimismo, los Tratados hacían referencia a los derechos fundamentales tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, como principios generales del Derecho de la Unión. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha contribuido notablemente con su jurisprudencia al desarrollo y el respeto de los derechos fundamentales.
Con la adopción del Tratado de Lisboa, a finales de 2009, la situación ha dado un cambio considerable, puesto que, desde entonces, la Unión cuenta con una Carta de los Derechos Fundamentales jurídicamente vinculante. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) dispone que la Unión «se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías».
El artículo 6 del TUE prevé, por su parte, lo siguiente:
«La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de […] 12 de diciembre de 2007 […], la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados».
«La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales».
«Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales».
El artículo 7 del TUE retoma una disposición del anterior Tratado de Niza por la que se establece un mecanismo preventivo para el caso de que exista «un riesgo claro de violación grave» por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE, así como un mecanismo de sanción en caso de que se constate «una violación grave y persistente» por parte de un Estado miembro de esos valores. El Parlamento Europeo cuenta a la vez con un derecho de iniciativa que le permite poner en marcha el primero de estos mecanismos y con un derecho de control democrático, ya que debe dar su aprobación a la ejecución de los mismos.
También se hace referencia a los derechos humanos y las libertades fundamentales en las disposiciones relativas a la acción exterior de la Unión (artículo 21 del TUE). El artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que «la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros».
Algunas disposiciones del Tratado también consagran derechos específicos. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 8 del TFUE, relativo a la igualdad entre el hombre y la mujer, y el artículo 10, relativo a la lucha contra la discriminación.
El artículo 15 del TFUE, que retoma una disposición del anterior Tratado de Niza, establece que toda persona física o jurídica de un Estado miembro tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. A su vez, el artículo 16 del TFUE consagra el derecho a la protección de los datos de carácter personal.
a.Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Desde hace mucho tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) viene destacando la necesidad de respetar los derechos fundamentales de todas las personas. Su abundante jurisprudencia fija unas normas de protección que se fundamentan en un conjunto de fuentes del Derecho: las disposiciones de los Tratados, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los convenios internacionales a los que hacen referencia los Tratados —en particular, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como la Convención de Ginebra de 1951 relativa al estatuto de los refugiados—, los derechos fundamentales tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y los instrumentos jurídicos internacionales de los que son parte los Estados miembros, así como aquellos de los que es parte la Unión.
El TJUE no solo examina la compatibilidad con los derechos fundamentales de la legislación de la Unión sino también la compatibilidad de las medidas adoptadas a escala nacional por los Estados miembros en aplicación o en cumplimiento del Derecho de la Unión.
La jurisprudencia del TJUE se ha desarrollado fundamentalmente en el marco de las decisiones prejudiciales (artículo 267 del TFUE).
b.Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
La Carta (1.1.6) fue proclamada por la Comisión, el Consejo y el Parlamento el 7 de diciembre de 2000, en el marco del Consejo Europeo de Niza, y fue posteriormente ratificada y modificada en 2007. Desde diciembre de 2009, tiene carácter jurídicamente vinculante y tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, de conformidad con el artículo 6 del TUE.
Los derechos que en ella se recogen no son nuevos: la Carta se basa en el «Derecho establecido», es decir, refunde en un mismo documento los derechos fundamentales reconocidos por los Tratados comunitarios, los principios constitucionales comunes de los Estados miembros, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y las Cartas Sociales de la UE y del Consejo de Europa. No obstante, el texto de la Carta presta especial atención a los problemas planteados por la situación actual y la evolución futura en campos como la tecnología de la información o la ingeniería genética al establecer derechos como la protección de los datos personales o los derechos asociados a la bioética. También responde a la demanda actual de transparencia e imparcialidad en el funcionamiento de la administración de la Unión, incorporando el derecho a una buena administración y el derecho de acceso a los documentos administrativos de las instituciones, sobre la base de los elementos fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este ámbito.
La Carta reúne en un mismo texto todos los derechos de las personas. De esta manera, aplica el principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales. Acaba con la diferenciación que los textos europeos e internacionales habían mantenido hasta entonces entre derechos civiles y políticos, por un lado, y económicos y sociales, por otro, y enumera los derechos agrupándolos en torno a una serie de principios básicos: la dignidad humana, las libertades fundamentales, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia.
La Carta solo cubre la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a la actuación de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros cuando apliquen los Tratados de la Unión. Un protocolo introduce una serie de excepciones para el Reino Unido y Polonia, cuyo ámbito de aplicación es, no obstante, confuso.
c.Adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)
Este Convenio, adoptado en el marco del Consejo de Europa en 1950 y completado por varios protocolos, constituye un texto esencial en materia de derechos fundamentales. Se divide en dos partes: una primera parte relativa a los derechos y libertades, que comprende 17 artículos, y una segunda parte que describe las modalidades de funcionamiento y las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Este Tribunal ha generado una abundante jurisprudencia, que define con mayor precisión los distintos derechos incluidos en el Convenio. Entre estos, se incluyen el derecho a la vida (artículo 2), la prohibición de la tortura (artículo 3) y la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (artículo 4).
La UE como tal no es parte del CEDH, a diferencia de todos sus Estados miembros, que sí son parte del mismo. El artículo 6, apartado 2, del TUE obliga a la Unión a adherirse al CEDH. Dicha adhesión tendrá como consecuencia el sometimiento de la Unión —como ocurre actualmente con sus Estados miembros—, en materia de respeto de los derechos fundamentales, al control de una jurisdicción ajena a la Unión, especializada en materia de protección de los derechos fundamentales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En particular, esta adhesión permitirá a los ciudadanos europeos, pero también a los ciudadanos de terceros países presentes en el territorio de la Unión, recurrir directamente ante este Tribunal, sobre la base de las disposiciones del CEDH, los actos jurídicos adoptados por la Unión, en las mismas condiciones que los actos jurídicos de sus Estados miembros.
Actualmente, la Unión Europea y el Consejo de Europa mantienen negociaciones sobre la adhesión de la Unión al Convenio. En julio de 2013, la Comisión pidió al Tribunal de Justicia que se pronunciara acerca de la compatibilidad del proyecto de acuerdo de adhesión con los Tratados. El 18 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia consideró que el proyecto de acuerdo de adhesión de la UE al CEDH no era compatible con el Derecho de la UE (dictamen 2/13).
d.Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
La Agencia ha sucedido al Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, creado en 1977. El objetivo principal de dicho Observatorio consistía en proporcionar a la Unión y a sus Estados miembros información objetiva, fiable y comparable a escala europea sobre los fenómenos del racismo, la xenofobia y el antisemitismo, para ayudarles a adoptar medidas o políticas apropiadas. La Agencia fue creada mediante un Reglamento del Consejo de febrero de 2007[1]. Con sede en Viena, comenzó a funcionar en marzo de 2007. El objetivo de la Agencia es proporcionar a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros ayuda y conocimientos especializados en materia de derechos fundamentales. La Agencia no está facultada para tratar reclamaciones individuales ni tomar decisiones en materia de regulación, ni para supervisar la situación de los derechos fundamentales en los Estados miembros según lo dispuesto en el artículo 7 del TUE. Un marco plurianual de cinco años define los ámbitos de acción de la Agencia. Entre sus funciones se cuentan la recogida, el análisis, la difusión y la evaluación de información y datos pertinentes, la realización de investigaciones y exámenes científicos, así como de estudios preparatorios y de viabilidad, y la publicación de un informe anual sobre los derechos fundamentales y de informes temáticos. Papel del Parlamento Europeo
a.Actitud general
El Parlamento Europeo siempre ha atribuido una gran importancia al respeto de los derechos fundamentales en la Unión. Desde 1993, celebra cada año un debate y adopta una resolución sobre este asunto, basada en un informe de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Además, también ha aprobado varias resoluciones sobre cuestiones específicas relativas a la protección de los derechos fundamentales en los Estados miembros.
b.Iniciativas específicas
El Parlamento hizo especial hincapié en la codificación de los derechos fundamentales en un documento jurídicamente vinculante. Fue el impulsor de la declaración de principios sobre la definición de los derechos fundamentales adoptada por las tres instituciones políticas de la Unión (Comisión, Consejo y Parlamento) el 5 de abril de 1977 y ampliada en 1989. En 1994 elaboró una relación de los derechos fundamentales garantizados por la Unión. Prestó asimismo especial atención a la elaboración de la Carta haciendo de ella una de sus prioridades constitucionales y especificando sus exigencias, en particular:
que la Carta fuera plenamente dotada de carácter jurídico vinculante por medio de su incorporación al Tratado de la Unión («una Carta de los Derechos Fundamentales que se redujera a una proclamación no vinculante y que, además, se limitara a una enumeración de derechos vigentes defraudaría las legítimas expectativas de los ciudadanos»); en consecuencia, pidió que la Carta se incorporase al Tratado de Niza y al nuevo Tratado constitucional;
que se reconociera la indivisibilidad de los derechos fundamentales, extendiendo el ámbito de aplicación de la Carta a todas las instituciones y órganos de la Unión, así como a todas sus políticas, incluidas las del segundo y tercer pilar, en el marco de las funciones y competencias que le atribuían los Tratados.
Por último, el Parlamento solicitó con regularidad la adhesión de la Unión al CEDH, insistiendo en que dicha adhesión no duplicaría la función de la Carta, ahora vinculante. También pidió en varias ocasiones la creación de la Agencia de los Derechos Fundamentales.
En dos resoluciones aprobadas en 2014, el Parlamento también solicitó la creación de un «mecanismo de Copenhague», a saber, una herramienta más eficaz que garantice que los Estados miembros respetan realmente los valores fundamentales de la Unión, así como los requisitos de democracia y Estado de Derecho.
[1]Reglamento CE nº 168/2007, de 15 de febrero de 2007 (DO L 53 de 22.2.2007).