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Timestamp: 2018-02-22 02:58:19
Document Index: 371244861

Matched Legal Cases: ['artículo 133', 'artículo 75', 'artículo 133', 'artículo 116', 'artículo 217', 'artículo 133']

MAGISTRADO HORACIO LEÓN, DOCTOR EN DERECHO | TJAJAL - Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco
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Publicado en Ago 13, 2014 en Prensa y difusión
MAGISTRADO HORACIO LEÓN, DOCTOR EN DERECHO
En el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, el pasado 8 de agosto se llevó a cabo el examen doctoral del Magistrado Horacio León Hernández, con la integración del sínodo presidida por la doctora jefa de la división María Teresita Rendón Huerta, doctor Julio César Kala jefe de post-grado, doctor Pedro López Ríos como profesor honorario y director de tésis, doctor Dante Haro Reyes como sinodal, y doctor José Guillermo García Murillo.
Por Horacio León Hernández
Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Administrativo
El tema de investigación está intitulado el Ejercicio del control difuso previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Es un estudio que analiza el surgimiento, las diferencias, las ventajas, y las características del control difuso y del control concentrado como dos sistemas de revisión de la Constitución, su presencia determinante en el ámbito del Sistema Jurídico Mexicano, el ejercicio del control concentrado que han tenido históricamente los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, y al mismo tiempo la existencia de un espíritu para el control difuso por parte de todas las autoridades jurisdiccionales del país que es un asunto históricamente determinado ya desde la Constitución de 1917.
Pero porqué en el ámbito de los Contenciosos Administrativos ?, porque somos Tribunales que hemos caminado nada más en la revisión de la legalidad de los actos de autoridades, y hemos estado impedidos por vía de la jurisprudencia para el análisis de la constitucionalidad de los actos. Hoy día, se ha dicho en reiterados criterios, que la distinción entre el control concentrado y el control difuso es que solamente los órganos que tienen el atributo del control concentrado que son los del Poder Judicial Federal, pueden revisar la constitucionalidad y declarar en su caso la inconstitucionalidad de una norma. Mientras que el resto de los Tribunales del país, en el ejercicio del control difuso, solamente podemos determinar la violación, la transgresión a la norma, en este caso hoy afianzada por la Reforma al Artículo Primero Constitucional y en su caso advertir una violación a los Derechos Humanos o las garantías, se debe de hacer un pronunciamiento una argumentación que concluiría en la desaplicación del precepto en forma relativa de quien ha solicitado esta acción.
La tésis hace un análisis también del Sistema de Justicia Administrativa, hace un estudio comparado de los países que mayor influencia han tenido en el Sistema Mexicano como son Francia y España, para arribar al análisis concreto del caso Jalisco y de su estructura normativa, de cómo nosotros tenemos un amparo local que previó el legislador en el año 2000 en la fracción III del artículo 75, pero que este amparo local que permite la protección de los derechos subjetivos es ya un avance determinante para su asumir el control de la constitucionalidad local. Por eso, lo que falta para el ejercicio pleno de este artículo 133 es que este tipo de Tribunales que revisamos cuestiones de carácter público, también asumamos la revisión de la constitucionalidad en el ejercicio de la tutela judicial efectiva, y para ellos se propone que se reformen los artículos 103, 105, 107 constitucionales, para que los Tribunales Federales solamente conozcan de la transgresión a la norma constitucional derivada de actos y leyes federales, y también la Reforma al artículo 116 constitucional Fracción V, para que expresamente se determine que es facultad de los Contenciosos Administrativos locales la revisión de la constitucionalidad en el ámbito de leyes y actos estatales y municipales.
Finalmente, se propuso la Reforma al artículo 217 de la Ley de Amparo, para que la jurisprudencia que emitan los órganos del Poder Judicial Federal, sea obligatoria únicamente en relación a las normas y los actos federales para los Tribunales de esa naturaleza, y solamente la jurisprudencia del pleno de la Corte que resuelva sobre materias concurrentes a los estados, será aplicable también por estos. Así se debe construir un nuevo sistema para hacer realidad el artículo 133 Constitucional.
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