Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc738_06.html
Timestamp: 2020-01-23 14:08:29
Document Index: 394406822

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 38', 'artículo 145', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 150', 'artículo 73', 'artículo 72', 'artículo 307', 'Artículo 154']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-738_2006]
La Sala coincide con lo señalado por la Vista Fiscal en cuanto a la proporcionalidad de la sanción por temeridad. Considera que la tasación de la multa no ofrece visos de desproporción, pues la misma es claramente más grave para el responsable de acoso laboral que para el quejoso temerario, independientemente de que el máximo de la multa por temeridad pueda ser superior, según el caso, al mínimo de la multa por acoso laboral. En este escenario, la Corte reitera que el monto de las sanciones corresponde determinarlo al legislador, en ejercicio de su libre potestad de configuración, y que más allá de la tasación que en este caso ha dispuesto, la Corporación no observa una vulneración evidente de las proporciones entre lo que ha sido fijado para una y otra conducta. No obstante, en cuanto a la falta de criterios establecidos para la tasación de la multa, la Corte discrepa de la posición jurídica de la Procuraduría. Ciertamente, la Vista Fiscal indica que si bien se establece que la multa oscilará entre medio y tres salarios mínimos, no hay criterios para la tasación de la multa que tengan en cuenta la conducta. Para la Corte es claro que, aunque la norma no lo indique expresamente, la tasación de la multa por temeridad debe hacerse de acuerdo con los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, todos ellos aplicables a la valoración que sobre la conducta haga el funcionario correspondiente, y respecto de la cual, además, caben los respectivos recursos.
Esta Sala considera que la forma en que debe hacerse el descuento de la multa por temeridad es contraria al principio de igualdad, por no ser necesaria en términos de protección del derecho y por establecer un tratamiento más drástico en contra de quien comete una conducta de menor envergadura. Lo anterior porque la Ley 1010 prescribe en su artículo 10 que la sanción por acoso laboral podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva, pero para la acusación temeraria, la ley ha dispuesto un procedimiento de ejecución directa, desprovisto de las garantías propias de la jurisdicción coactiva. La informalidad a que se somete el cobro de la multa a quien presenta una queja temeraria contrasta con la preservación de las garantías del debido proceso que se ofrecen al sancionado por acoso laboral, al permitirle someterse al proceso de jurisdicción coactiva. La circunstancia de que la multa por temeridad no siempre es inferior a la multa por acoso laboral, aunada al hecho de que la disposición acusada habría conferido un trato más garantista al sancionado por acoso laboral que al multado por temerario, obliga a la Corte a considerar que el método de descuento para el quejoso temerario no encuentra justificación alguna y, por el contrario, dispensa consecuencias más severas para quien incurre en la falta menor. La drasticidad de la medida para quien temerariamente presenta una queja se evidencia, además, en el hecho de que la sanción imponible debe ser descontada directamente de su salario, mientras que al sancionado por acoso laboral puede serlo de bienes de distinta procedencia, dado que la jurisdicción coactiva permite a la autoridad ejecutante perseguir recursos patrimoniales del ejecutado que no necesariamente están vinculados con su salario.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes
" LEY 1010 DE 2006
La conducta sancionada ("presentación de queja de acoso laboral sin fundamento fáctico o razonable o formulación de más de una queja con base en los mismos hechos")
La autoridad competente para imponerla ("el juez laboral en el caso de trabajadores particulares, el Ministerio Público frente a los funcionarios públicos y el Consejo Superior de la Judicatura respecto de los funcionarios judiciales.")
La cuantía de la multa ("entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales.")
La forma de cobro ("descuento por nómina durante los seis meses siguientes a su imposición")
Y la destinación de la multa ("entidad a que pertenece la autoridad que la impuso.")
4. Libertad de configuración del legislador en aspectos procedimentales –límites a la regla general-
Así, en la Sentencia C-927/00[1] se dijo en relación a la libertad de configuración del legislador en materia procesal:
Por lo tanto, como lo tiene establecido la doctrina constitucional, el órgano legislativo tiene una importante "libertad de configuración legislativa", que le permite desarrollar plenamente su función constitucional y, en ese orden de ideas, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial."[2]
Posteriormente, en la Sentencia C-1104/01[3] se hizo énfasis en que si bien existía un amplio margen de libertad de configuración del legislador en lo relativo a la fijación del procedimiento, esta facultad debía ser ejercida con respeto a los principios y valores constitucionales y debía ser razonable y proporcional. Dijo la Corporación:
"La jurisprudencia de esta Corporación ha sido constante en manifestar que conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 150 y 228 de la Carta Política, el legislador se haya investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. [4]
?	El legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso -reposición, apelación, u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio. [5]
?	Corresponde al Congreso fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir. Sin embargo, en esta labor el legislador tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en su obligación de atender los principios y fines del Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.[6]
?	La radicación de una competencia en una determinada autoridad judicial, no configura una decisión de índole exclusivamente constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del legislador, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado.[7]
?	Compete al legislador regular lo concerniente a los medios de prueba. Como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos; y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.[8]
Especialmente, al legislador también se le reconoce competencia para establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos."[9]
Igualmente, en la Sentencia C-642/02[10] se recordó que si bien existía un amplio margen en la libertad de configuración del legislador ésta tenía límites en la proporcionalidad de lo legislado. Dijo la Corte:
"si bien Legislador, por mandato constitucional, tiene una amplia potestad de configuración legislativa para evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial[11], éste no puede desconocer las garantías fundamentales consagradas en la Constitución, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad con el fin de asegurar precisamante la primacía del derecho substancial (art. 228 C.P.) así como el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)."
Con posterioridad, en la Sentencia C-736/02[12] la Corporación en relación con la amplia facultad de configuración legislativa en lo procedimental[13] dijo:
A la luz del principio de libertad de configuración del legislador en materia procesal, la Corte ha llegado a sostener, incluso, que la ley puede no consagrar recursos contra algunas decisiones judiciales. Así, en la Sentencia C-788/02[14] se dijo:
"Por regla general, la regulación de los diversos procedimientos judiciales en la medida en que no haya sido efectuada directamente por el constituyente, corresponde al legislador en ejercicio de su libertad de configuración. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, "la doble instancia, cuya especial trascendencia en el campo penal es evidente, no es sin embargo, forzosa en todos los asuntos que son materia de decisión judicial, pues el legislador, dentro de la facultad que tiene de regular su trámite, bien puede decidir en cuáles procede la segunda instancia y en cuáles no, siempre y cuando con esa determinación no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales de las partes procesales".[15]
En virtud de este principio, el legislador puede también instituir recursos diferentes al de apelación para la impugnación de las decisiones judiciales o establecer, por razones de economía procesal, las circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso, tal como lo ha reconocido esta Corporación en la sentencia C-005 de 1994, [16] donde expresó lo siguiente:
Aunque en principio –como se ha dicho- las decisiones legislativas que determinan la estructura y diseño de los procedimientos son autónomas, por lo que su cuestionamiento no le está permitido hacerlo al juez constitucional, aquellas resultan susceptibles de reproche jurisdiccional cuando por su conducto se quebrantan principios y garantías constitucionales. Es así como la eliminación de una institución procesal puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo.
(7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes [17]."[18]
"(...) las excepciones introducidas por el Legislador al principio de doble instancia deben respetar en cualquier caso el derecho constitucional de defensa. Así, en la sentencia C-040 de 2002 se precisó que "aunque el Legislador puede establecer excepciones a la doble instancia y tiene una amplia libertad de configuración para establecer los distintos procesos y recursos, sin embargo es claro que debe garantizar en todos los casos el derecho de defensa y la plenitud de las formas de cada juicio... un proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre y cuando, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia adversa, las partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y oportuno derecho de defensa[19]". (subrayas ajenas al texto)
En consecuencia, bien puede el Legislador señalar que una determinada causal de nulidad sólo puede ser alegada en una determinada etapa procesal; sin embargo, tal disposición legal debe ser interpretada y aplicada razonablemente, en forma tal que, entre otros, (i) se respete plenamente el derecho de defensa en el curso del proceso como tal sin someter su ejercicio a cargas irrazonables, (ii) no se afecte la facultad del juez del proceso de declarar de oficio las nulidades que vicien lo actuado en cualquier momento del trámite, y (iii) se respete, en cualquier caso, la disposición constitucional según la cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso" – puesto que éste mandato expreso del constituyente no puede ser restringido en ningún caso por la ley."[20] (subrayas ajenas al texto)
En el mismo sentido, en la Sentencia C-670/04[21] en relación con el respeto al derecho de defensa se dijo:
"El legislador tiene libertad de configuración para diseñar los procedimientos judiciales así como la regulación específica de ciertas pautas procesales, así como que dicho margen de discrecionalidad no es absoluto sino que encuentra límites en los principios y derechos constitucionales cuyo núcleo esencial tiene el deber de salvaguardar y garantizar, y por lo tanto, las normas procedimentales que expida deben ser razonables y proporcionadas a fin de salvaguardar tales propósitos. Es por ello que el diseño de los procedimientos judiciales debe propugnar por el derecho de defensa y el debido proceso, la primacía del derecho sustancial y así mismo garantizar el principio de imparcialidad[22].
En la Sentencia T-287/03[23] se hizo énfasis en la relación inescindible entre debido proceso y garantía del derecho a la defensa. Como consideraciones generales que enmarcaron el estudio del caso dijo la Corte:
En efecto, el conocimiento del adelantamiento de la actuación -es decir, la notificación- es indispensable para poder ejercer el derecho de defensa y así garantizar plenamente el debido proceso. En este orden de ideas, en la Sentencia T-1263/01[24] dijo la Corte:
"La relación existente entre el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento necesario que le permite al interesado controvertir, aportar o solicitar las pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté debidamente enterada de las decisiones que en particular comprometen sus derechos, es un deber indeclinable de las autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la administración cumple con el principio de publicidad y garantiza con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa. En un Estado de derecho no se pueden considerar como válidas las decisiones que se tomen a espaldas de los interesados. (...)
En la Sentencia C-640/02[25], con relación a la trascendencia de la notificación para el respeto al debido proceso –y en particular el derecho de defensa- dentro del procedimiento administrativo dijo la Corte:
"...durante el desarrollo de un determinado proceso, las partes actúan, no frente a la persona del juez, la cual amerita respeto, sino ante el pueblo soberano que ha depositado en aquel la facultad que le es propia de impartir justicia, lo que hace que la relación no sea simétrica, entre ciudadanos, sino asimétrica, entre éstos y la majestad misma de la justicia, a la cual se someten y le deben el máximo respeto y consideración; de ahí la gravedad de aquellos comportamientos que impliquen irrespeto, pues no sólo se están desconociendo los derechos del juez como individuo, sino los del pueblo soberano representado en él; ello, por sí solo, justificaría la constitucionalidad del poder disciplinario que se le otorga al funcionario a través de las normas impugnadas, poder cuestionado por el actor, para quien dicha facultad atenta, en el marco de un Estado Social de Derecho, contra el derecho fundamental al debido proceso."[26]
"7. Acudiendo a lo previsto en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil, se ha reconocido en materia de tutela, las sanciones susceptibles de ser interpuestas cuando se ejerce de forma temeraria la acción de amparo constitucional. Para dichos fines sancionatorios, se ha dicho que es posible establecer una multa de entre 10 y 20 salarios mínimos[27], sin perjuicio de la responsabilidad civil atribuible al actor por los daños que se ocasionen a la contraparte por el actuar temerario o de mala fe[28].
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Esta ha sido la posición reiterada y uniforme de esta Corporación, a partir de la interpretación del tenor literal de la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: "Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemte todas las solicitudes"[29]. (subrayas ajenas al texto)
"La Corte aprecia que por su cuantía las multas previstas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre son, en ciertos casos, sanciones rigurosas. Las multas más cuantiosas corresponden al equivalente de treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir a un salario mínimo legal mensual.[30] Si se tiene en cuenta que al tenor del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario mínimo "es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural", respecto del cual la Corte ha dicho que es "la contraprestación menor aceptable para la jornada legalmente establecida, de las labores que no requieren calificación alguna"[31], debe concluirse que para aquellos conductores de vehículos automotores que sólo alcanzan este nivel de ingresos, las multas previstas por la comisión de las infracciones más graves son ciertamente sanciones severas, y que su pago, en esos casos, sólo puede lograrse afectando el mínimo vital de subsistencia del conductor sancionado y de su familia.
Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que de manera general no sea posible al legislador consagrar medidas coactivas para lograr el pago de las multas y la efectividad de las sanciones, con miras a asegurar la obligatoriedad del orden jurídico, ni que esas medidas legislativas no puedan ser diferentes al proceso de ejecución coactiva. Dentro de su libertad de configuración puede diseñar medios para lograr el pago forzado de las sanciones de multa, que bien pueden ser de la naturaleza de los que en la norma acusada se describían. Empero, en el diseño de estos mecanismos coactivos debe respetar parámetros de proporcionalidad que ponderen adecuadamente los fines de interés general perseguidos, frente a la limitación de derechos fundamentales a través de la cual pretenden conseguirse. Estos últimos derechos no pueden verse excesivamente limitados, con afectación de su núcleo esencial, so pretexto de proteger el interés colectivo." (subrayas ajenas al texto)
No obstante, el Procurador General encuentra que, a pesar de la legitimidad en la sanción por temeridad –derivada de los artículos 6, 95 y 124 constitucionales-, el artículo acusado presenta un vacío procedimental que podría derivar en la inconstitucionalidad de la disposición acusada. Indica la Vista Fiscal que, a pesar de que el artículo reúne varios elementos del debido proceso -a saber, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta sancionable y la sanción imponible - no consagra la forma en que se podrá ejercer el derecho de defensa por parte del sancionado, qué recursos podrá ejercer contra la imposición de la sanción ni de qué manera se tasará la multa.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 21 de la ley 734 de 2002 el Código Disciplinario Único debe aplicarse privilegiando los principios establecidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia[32], y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.
A pesar de que con acudir al Código Procesal del Trabajo y al Código de Procedimiento Civil no se llena el vacío denunciado por el demandante, la Sala observa que al ir a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, aplicable a todos los jueces que, según su competencia[33], conozcan de quejas de acoso laboral, tal vacío es llenado parcialmente. En efecto, la LEAJ establece en sus artículos 58, 59 y 60.
4. <Numeral adicionado por el artículo 8 del Decreto 2637 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se presentan escritos o recursos manifiestamente improcedentes o con fines dilatorios, como en los casos de recursos inexistentes, o de asuntos ya resueltos en la causa o proceso, o de aquellos que de conformidad con la jurisprudencia reiterada del superior son material o procesalmente improcedentes. La decisión se adoptará mediante resolución motivada contra la cual solamente procede el re curso de reposición..
Considerando el aparte subrayado, la Sala observa que las quejas por acoso laboral conocidas por los Consejos Seccionales de la Judicatura, Sala Disciplinaria, o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, deberán aplicar los parámetros señalados por el parágrafo 2 para el respeto del debido proceso. Tal normatividad es aplicable independientemente de que a ésta no haga remisión la Ley 1010 pues el Código Disciplinario Único –aplicable a funcionarios judiciales- se refiere, sin excepción, a la imposición de sanciones de multa por temeridad.
De allí que la doctrina también sostenga que "una vez ordenadas las infracciones se advierten las sanciones dentro de un sistema consecuencialmente flexible, en forma que es la administración a la que le compete señalar la pena, atendiendo a las previsiones de gravedad o de levedad del ilícito (...) Todo lo anterior lleva a que las sanciones son el fruto de un acto reglado y no de la libre elección de la Administración, lo que implica, a su vez, que la administración debe situarse rigurosamente en el límite de la norma autorizante y obrar prudentemente, con el albedrío de la discrecionalidad racional que le brinda la ley al momento de aplicar la sanción correspondiente"[34].
Por lo dicho anteriormente, esta Corporación no considera que la norma que permite la imposición de una multa de medio a 3 salarios mínimos legales mensuales por queja temeraria constituya una vulneración del principio del debido proceso, pues definidos el mínimo y el máximo imponibles –que de todas formas se ofrecen en un margen muy estrecho de acción-, la fijación de la multa queda a juicio de la valoración concreta que se haga de la conducta.
"Aunque en principio –como se ha dicho- las decisiones legislativas que determinan la estructura y diseño de los procedimientos son autónomas, por lo que su cuestionamiento no le está permitido hacerlo al juez constitucional, aquellas resultan susceptibles de reproche jurisdiccional cuando por su conducto se quebrantan principios y garantías constitucionales. Es así como la eliminación de una institución procesal puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo.
La informalidad a que se somete el cobro de la multa a quien presenta una queja temeraria contrasta con la preservación de las garantías del debido proceso que se ofrecen al sancionado por acoso laboral, al permitirle someterse al proceso de jurisdicción coactiva. En este sentido, la Sala observa que el precepto acusado –sin justificación visible- trata con mayor severidad a quien incurre en temeridad –conducta de evidente menor envergadura que la de acoso laboral- que a quien directamente propicia el acoso.
Para la Corte es claro que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión en comento habilita adelantar el cobro de la multa por queja temeraria mediante el mecanismo de la jurisdicción coactiva, promovida según el caso por el Ministerio Público o por el Consejo Superior de la Judicatura, en donde el sancionado tendrá los mismos derechos y garantías de oposición que el sancionado por acoso laboral, contando siempre con la garantía adicional de inembargabilidad de los salarios en las proporciones establecidas en la ley[35].
[1] En este fallo se analizaba la constitucionalidad del hecho de que en el procedimiento civil se pudieran cambiar las preguntas del interrogatorio únicamente hasta antes de la audiencia, sólo pudieran plantearse de forma oral las nuevas preguntas y su número fuera limitado.
[2] En este orden de ideas, la Corte estimó que las formas procesales cuestionadas en la demanda encajaban dentro del amplio margen de actuación del legislador y, por tanto, eran exequibles. Además, consideró que el límite de preguntas no contrariaba el ánimo de buscar la verdad en el proceso pues a las hechas por la parte podían sumarse las que el juez considerara necesarias. Por otra parte, la oralidad del interrogatorio sólo era una posibilidad, que no una obligación, que se daba cuando el interrogado acudía a la audiencia.
[3] En esta sentencia se analizaba si la posibilidad de declarar la perención del procedimiento civil así no se hubiera notificado a todos los demandados o citados vulneraba el debido proceso.
[4] En sentencia C-555 de 2001 dijo la Corte al respecto: "...el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso". También en sentencia C-927 de 200º se dijo: "De conformidad con lo preceptuado por el artículo 150-2 del Ordenamiento Constitucional, le corresponde al Congreso de la República "Expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones", es decir, goza el Legislador, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial. Por lo tanto, el órgano legislativo tiene una importante "libertad de configuración legislativa", que le permite desarrollar plenamente su función constitucional y, en ese orden de ideas, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial". Esta doctrina ha sido vertida en múltiples pronunciamientos: C-803 de 2000, C-742 de 1999, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000
[5] Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 200 entre otras
[9] En el mismo sentido, ver la Sentencia C-573/03 en la cual se encontró exequible la disminución, en la tercera licitación, de la base de la licitación hasta en un 40% contemplada para los procesos ejecutivos.
[10] En esta ocasión la Corte declaró inexequible, por desproporcionada –en virtud de la carencia de fin legítimo claro-, la exigencia de presentar personalmente la demanda ante lo contencioso administrativo únicamente ante el secretario del Tribunal competente –a diferencia de otros procesos en los cuales se permitía que la presentación personal se hiciera ante notario o ante otros secretarios judiciales-.
[11] Ver entre otras las sentencias C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-927 de 2000, C-1717 de 2000
[12] En esta ocasión, la Corte declaró exequible la disposición que señalaba que no estaba permitida la reforma de la demanda de revisión, puesto que al hacer uso de la libertad de configuración en materia procesal, en esta ocasión, el legislador había respetado los límites que a ésta le impone la Constitución. En efecto, la demanda podía ser corregida, en el resto de recursos no procedía la reforma del mismo y la simple consagración del recurso extraordinario de revisión era, per se, una garantía al acceso a la administración de Justicia.
[13] En el mismo sentido, en la Sentencia C-296/02 se encontró que el hecho de que el servidor público al ser capturado en flagrancia fuera dejado en libertad a diferencia de los particulares en general no desbordaba el ámbito de configuración del legislador pues con esto se pretendía garantizar el ejercicio de la función pública y además, en la ley estaba previsto que el dejarlo en libertad se daría siempre que prestara las garantías suficientes para que no eludiera la justicia. En esa sentencia se reafirmó el principio general de libertad de configuración del legislador en materia procesal y sus límites en la proporcionalidad. Igualmente, en la Sentencia C-1075/02 la Corte encontró que el hecho de que los mecanismos consagrados en la Ley 600 de 2000 para que el tercero civilmente responsable ejerciera su derecho de defensa dentro del proceso penal, a pesar de ser diferente a aquéllos consagrados en el procedimiento civil, sí garantizaban el derecho de defensa y no vulneraban el derecho a la igualdad. En esta ocasión, la conducta del legislador se vio como una actuación válida dentro de su libertad de configuración y el margen que a ésta le prevé la Constitución. Recalcando la libertad de configuración del legislador, en esa ocasión en el establecimiento del término de prescripción de la acción civil dentro del proceso penal, ver la Sentencia C-570/03. Ver también la Sentencia C-309/02.
[14] En esta ocasión se consideró que el hecho de que no se concediera ningún recurso contra la decisión de revisión de legalidad por parte del juez de la medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado no era contrario a la Carta. Lo anterior, pues "tal limitación no impide cuestionamientos a otras decisiones distintas de la del control de legalidad que puedan afectar sus derechos", "cumple una finalidad legítima, constitucionalmente relevante, cual es, asegurar la eficacia de la justicia y la celeridad del proceso", "el control de legalidad establecido en la norma cuestionada es adicional al control interno que ejerce la propia Fiscalía" y "como quiera que los fiscales pertenecen a la rama judicial, el control regulado es ejercido por un juez externo a la Fiscalía respecto de la providencia proferida por otro funcionario judicial".
[15] Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1995, MP: Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte declaró la exequibilidad de una norma que establecía la no procedencia de ciertos recursos en el proceso verbal sumario y en el proceso de ejecución de mínima cuantía. Ver también la sentencia C-377 de 2002, MP: Clara Inés Vargas Hernández, en la que la Corte declaró la exequibilidad de una norma que establecía que el auto que inadmitía la demanda de una acción popular era inapelable. En esta sentencia salvaron el voto 4 magistrados: Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Clara Inés Vargas Hernández.
[16] Corte Constitucional, Sentencia C-005 de 1996, MP: José Gregorio Hernández Galindo, fallo en el que la Corte declaró la exequibilidad de varias normas de que establecían la improcedencia de recursos contra ciertas providencias judiciales.
[17] Sentencia T-301 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18] La tutela solicitada se negó por parte de la Corte pues esta Corporación encontró que acreditada "no sólo la existencia del reglamento interno sino también la previsión en él tanto de las faltas disciplinarias como de las sanciones y del procedimiento aplicable, sin que se observe transgresión alguna de sus disposiciones, como tampoco del derecho fundamental invocado al debido proceso"
[19] Sobre los criterios que puede usar el legislador para el establecimiento de las formas propias de cada juicio pueden consultarse las sentencias C-1512 de 2000, T-323 de 1999 y C-502 de 1997.
[20] Con base en las consideraciones expuestas al analizar el caso concreto estimó que "(b) al limitar [el recurso de apelación] no incurre en una actuación irrazonable, puesto que el objetivo perseguido es uno de economía procesal, y en cualquier caso subsisten las demás oportunidades procesales establecidas en la ley para hacer valer el derecho de defensa."
"(...) la disposición acusada del último inciso de la norma demandada, para ser respetuosa de la Constitución, debe ser interpretada y aplicada en forma razonable, de tal manera que quien no puede cumplir con la carga procesal en ella impuesta por circunstancias objetivas y justificadas, ajenas a su voluntad, que le hacen imposible estar presente al inicio de la diligencia, pueda alegar dicha circunstancia ante el juez comisionado o ante el de conocimiento, en un momento posterior al de la iniciación de la diligencia, de forma tal que dicho juez pueda evaluar si es o no aceptable la invocación de la nulidad de lo actuado por falta de competencia territorial en un momento diferente al indicado en el inciso final acusado, concretamente, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordena agregar el despacho diligenciado al expediente."
[21] En esta ocasión se determinó que el hecho de que en un proceso de restitución de inmueble arrendado arrendadores, arrendatarios, codeudores y fiadores, que tenían el deber de indicar en el contrato, la dirección en donde recibirán las notificaciones judiciales y extrajudiciales relacionadas directa o indirectamente con el contrato de arrendamiento, no pudieran alegar ineficacia o indebida notificación sustancial o procesal era contrario al debido proceso por coartar de manera plena el ejercicio del derecho de defensa frente a el demandante que sabiendo la dirección de notificación pudo haberla omitido.
[22] Sentencia C-925 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[23] En esta ocasión, el actor alegaba que el derecho de defensa se le había vulnerado porque el recurso de apelación le había sido negado por falta de sustentación sin tener en cuenta que esto se había debido a que en el momento en que le fue notificada la sentencia condenatoria su apoderada había renunciado. La Corte consideró que si bien la apoderada había presentado renuncia el juzgado no se la había aceptado. Esto implicaba que no fuera alegable en sede de tutela la vulneración del derecho de defensa cuando debió haberse ejercido idóneamente dentro del proceso ordinario.
[24] En esta ocasión se analizaba si la DIAN había vulnerado el debido proceso al no haber notificado a la nueva dirección allegada. La Corte encontró que, en primer lugar, la parte afectada con la medida administrativa sí podía haber estado al tanto de lo hecho por la DIAN y que ésta había notificado de acuerdo a lo previsto por la Ley; además, que se había acudido a la tutela dejando vencer el término para interponer la acción de nulidad, motivo que la hacía improcedente.
[25] En esta sentencia, la Corte declaró exequible una disposición que establecía que el acto de registro no implicaba notificación de éste, al entender que si bien era imprescindible la notificación dentro de todo procedimiento administrativo, la finalidad de ésta podía verse cumplida cuando el afectado, por haber tenido conocimiento del procedimiento previo del cual derivó el acto registrado, conocía o podía conocer también del registro mismo.
[26] Sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz
[27] Dispone, al respecto, el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil: "Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior y la de pagar las costas del proceso, incidente, trámite especial que lo sustituya, o recurso. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
[28] Determina el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil: "Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide en la forma prevista en el inciso cuarto del artículo 307, y si el proceso no hubiere concluido, los liquidará en proceso verbal separado.
[30] De conformidad con lo prescrito por el Decreto 3232 de 2002, a partir del primero (1º) de enero del año 2003 regirá como salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de trescientos treinta y dos mil pesos ($ 332.000).
[31] Sentencia SU-995 de 1999. M.P Carlos Gaviria Díaz
[32] Al respecto deben tenerse en cuenta las precisiones hechas por la Corporación en sentencia C-067 de 2003, a propósito del bloque de constitucionalidad.
[33] Jueces laborales como magistrados del Consejo Seccional o Superior de la Judicatura en caso de que quien se acuse de acoso sea un empleado judicial.
[34] "Derecho Administrativo Sancionatorio, Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía". Ossa Arbelaez, Jaime. Editorial Legis. 2000. Página 565
[35] Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 11 de 1984. Artículo 154 "Regla general.- No es embargable el salario mínimo legal o convencional".
2. En los demás casos, solamente es embargable la quinta parte de lo que excede del valor del respectivo salario mínimo legal".