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Timestamp: 2017-01-22 19:10:07
Document Index: 374478009

Matched Legal Cases: ['artículo 1071', 'Artículo 17', 'Artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 25', 'Artículo 13', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 153', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 333', 'artículo 44', 'artículo 83', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 19', 'Artículo 63', 'artículo 59']

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Sentencia T-325/14. Referencia: expediente T
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Juan Luis Santos Barbero
1 Sentencia T-325/14 Referencia: expediente T Acción de tutela instaurada por la señora Keila Guillin Bayona, en representación de su hija menor Evelyn Mariana Quintero Guillin, contra Seguros de Vida Suramericana S.A. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil catorce (2014). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Décimo Civil Municipal de San José de Cúcuta el veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), dentro de la acción de tutela promovida por la señora Keila Guillin Bayona. 1 I. ANTECEDENTES La señora Keila Guillin Bayona, actuando en representación de su hija Evelyn Mariana Quintero Bayona, interpuso acción de tutela en contra de Seguros de Vida Suramericana S.A., porque considera que esta entidad vulneró los derechos fundamentales de su hija a la vida, la salud y la seguridad social, al terminar su contrato de seguro argumentando que no se le informaron las patologías que padece la menor. Por su parte, Seguros de Vida Suramericana S.A. sostiene que no vulneró ningún derecho, porque su actuación se ajustó a las normas legales que regulan el contrato de seguro. Los hechos de la presente acción de tutela son los siguientes: 1 El expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del Auto del treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Uno.2 2 1. Hechos 1.1. Evelyn Mariana Quintero Guillin nació el cuatro (4) de octubre de dos mil diez (2010). 2 Al momento de su nacimiento, fué ingresada a la unidad de cuidados intensivos por mala adaptación neonatal, con diagnóstico prenatal de aneurisma de la vena de galeno El veintidós (22) de noviembre de dos mil diez (2010), el señor Yesid Evelio Quintero Isaza, padre de Evelyn Mariana Quintero Guillin, 5 un (1) mes y unos días después de nacida, la ingresó como beneficiaria de la póliza de salud Plan Clásico Global Familiar No , expedida por la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A La señora Keila Guillin Bayona, madre de la menor, afirma que la compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. ha venido cumpliendo sus expectativas con los diferentes tratamientos realizados a [su] hija. 6 Sin embargo, señala que mediante comunicación del veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), la compañía aseguradora accionada le informó que daba por terminado el contrato de seguro de salud de la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin, porque al momento de asegurarla no se le informaron las patologías que sufre la menor La señora Keila Guillin Bayona afirma que al momento de ingresar a la menor como beneficiaria del contrato de seguro de salud no tenían conocimiento de las enfermedades que padece Evelyn Mariana Quintero Guillin, porque estaba recién nacida, razón por la cual no le ocultaron información alguna a Seguros de Vida Suramericana S.A. Asimismo, señala que una funcionaria de la compañía aseguradora le informó, que luego de tres (3) años de vigencia del contrato de seguro, las prexistencias estarían cubiertas por la póliza Por las razones expuestas, la señora Keila Guillin Bayona considera que Seguros de Vida Suramericana S.A. no le puede retirar los servicios a [su] menor hija [ ] ni el tratamiento para la recuperación de su salud, ni ningún otro tratamiento que se requiera para mantener la estabilidad de su salud en su condición especial. 8 2 En el folio 25 del cuaderno principal, obra copia del Registro Civil de Nacimiento de Evelyn Mariana Quintero Guillin, documento en el que consta que la menor nació el cuatro (04) de octubre de dos mil diez (2010). En adelante, cuando se cite un folio debe entenderse que hace parte del cuaderno principal, a menos que expresamente se diga otra cosa. 3 En el expediente obra copia de la historia clínica de la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin al momento de su nacimiento (folios 46 61). La madre afirma que con el paso del tiempo la niña presentó hidrocefalia, epilepsia, pérdida visual y parálisis cerebral (folio 2). 4 Folio 2. 5 En el Registro Civil de Nacimiento de la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin se registra como padre el señor Yesid Evelio Quintero Isaza. (Folio 25). 6 Folio 1. 7 Folio 2. 8 Folio 3.3 En consecuencia, solicita que se tutelen los derechos fundamentales de la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin a la salud, la vida y la seguridad social, y que se ordene a Seguros de Vida Suramericana S.A. prestar el servicio de atención médica oportuna con los especialistas que se requieran y los respectivos tratamientos para salvaguardar la vida y la salud de [su] menor hija [ ] y que se cubra por parte de la entidad accionada todo cuanto sea necesario para su tratamiento y demás que se requieran Respuesta de la entidad accionada y la entidad vinculada 2.1. Informe presentado por Seguros de Vida Suramericana S.A Seguros de Vida Suramericana S.A. informó que el señor Yesid Evelio Quintero Isaza, tomador de la póliza Plan Salud Global Familiar No , diligenció la solicitud de vinculación y declaración de asegurabilidad de su hija Evelyn Mariana Quintero Guillin el tres (3) de febrero de dos mil once (2011), 10 documento en el que contestó negativamente todas las preguntas relacionadas con enfermedades anteriores a la vigencia de la póliza y manifestó que su hija [ ] gozaba de buena salud y no había sido diagnosticada anteriormente con alguna enfermedad o padecimiento médico No obstante, la accionada manifiesta que existía un diagnóstico prenatal de aneurisma de la vena de galeno, que este diagnóstico fue confirmado el catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010) luego de su nacimiento, por lo cual es inequívoco afirmar que los padres de la menor estaban al tanto del estado de salud de su hija para la fecha La compañía afirma que el señor Yesid Evelio Quintero Isaza omitió de mala fe declarar el estado del riesgo o de salud de la futura asegurada, razón por la cual, incurrió en reticencia, y por ende, vició el contrato de nulidad relativa Además, consideró que las enfermedades diagnosticadas a Evelyn Mariana Quintero Guillin, aneurisma de la vena de galeno y malformación de la vena de galeno, constituyen preexistencias no asegurables por tratarse de riesgos ciertos Teniendo en cuenta la reticencia del señor Yesid Evelio Quintero Isaza y las enfermedades preexistentes de la menor Evelyn Mariana Quintero 9 Folio Seguros de Vida Suramericana S.A. aportó copia de la solicitud y declaración de asegurabilidad para seguros individuales de personas suscrita por el señor Yesid Evelio Quintero Isaza. (Folios 63 y 64). 11 Folio Folio Folio 37.4 4 Guillin, Seguros de Vida Suramericana S.A. decidió revocar de forma unilateral el amparo de la póliza de salud a la menor, con base en la facultad consagrada en el artículo 1071 del Código de Comercio En concepto de la entidad accionada, con esta decisión no vulneró los derechos de la menor, sino que hizo uso de una facultad legal inherente al contrato de seguro Por otra parte, la entidad accionada señaló que el contrato de seguro de salud es un plan adicional de salud 16 que no hac[e] parte del régimen de seguridad social obligatorio y sus coberturas obedecen a lo estipulado en dich[o] contrat[o], diferente a lo establecido para las EPS que atienden el POS, [ ] en las condiciones que lo establece el régimen de seguridad social en salud. 17 Siguiendo este argumento, sostuvo que sus obligaciones frente al contrato de seguro son limitadas y que los riesgos que asumió están expresamente establecidos en la póliza suscrita, razón por la cual se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela por delimitaciones claras de coberturas y de [ ] las exclusiones previstas para el contrato de seguro de salud En el mismo sentido, consideró que su relación con la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin es eminentemente contractual de la esfera del derecho privado, que este contrato se rige por los principios de autonomía de la voluntad y buena fe, y que los riesgos y exclusiones están expresamente pactados, 19 razón por la que no pueden modificarse las estipulaciones contractuales por vía de tutela Asimismo, informó que la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin está afiliada al Régimen de Seguridad Social en Salud, razón por la cual puede ser protegida por medio de una orden a la EPS para que autorice aquellos 14 Código de Comercio. Artículo Revocación. El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito al asegurador. En el primer caso la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la del vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes. En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo. serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el artículo Folio Decreto 806 de 1998, por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. Artículo 17. Otros beneficios. Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud pueden prestarse beneficios adicionales al conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados como servicio público esencial en salud, que no corresponde garantizar al Estado bajo los principios de solidaridad y universalidad. Estos beneficios se denominan Planes Adicionales de Salud y son financiados con cargo exclusivo a los recursos que cancelen los particulares. Estos planes serán ofrecidos por las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades Adaptadas, las compañías de medicina prepagada y las aseguradoras. 17 Folio Folio Folio 43, párrafo Folio 41.5 5 servicios incluidos en el POS, y que los servicios adicionales que requiera la menor deberán ser financiados por sus familiares El representante legal de Seguros de Vida Suramericana S.A. sostuvo que el tomador de la póliza de seguro de vida no está en una situación de subordinación o indefensión frente a esa compañía, porque entre ellos existe una relación contractual de derecho privado, razón por la cual no es procedente resolver los conflictos que surjan al respecto por medio de la acción de tutela. Adicionalmente, señaló que la suscripción del contrato de seguro de salud no convierte al asegurador en el garante del derecho a la salud del asegurado, de lo que concluye que no está prestando el servicio público de salud ni está vulnerando ese derecho En el mismo sentido señaló que Seguros de Vida Suramericana S.A. asumió la obligación de indemnizar aquellos tratamientos médicos mediante rembolso o por autorización de servicios, indemnización que se encuentra limitada por las coberturas, exclusiones y límites pactados, de lo cual concluye que la acción de tutela objeto de estudio pretende el reconocimiento de una prestación económica, lo cual hace que este mecanismo sea improcedente y que la controversia deba ser resuelta mediante un proceso ordinario Por las razones expuestas, el representante de la compañía aseguradora accionada solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela por considerarlas sin fundamento jurídico a la luz del Contrato de Seguro y porque la empresa accionada no vulneró derecho alguno. 23 Asimismo, solicitó que se ordenara a Saludcoop EPS que le brinde atención integral a la niña Evelyn Mariana Quintero Guillin por ser la entidad a la que se encuentra afiliada la menor Informe presentado por Saludcoop EPS El Gerente Regional de Saludcoop EPS informó que las valoraciones médicas de la menor han sido realizadas por médicos no adscritos a esa EPS Adicionalmente, señaló que no le ha negado servicio de salud alguno a la niña Evelyn Mariana Quintero Guillin, razón por la cual no ha vulnerado los derechos de la menor y debe declararse la improcedencia de la acción de tutela Asimismo, dijo que la compañía aseguradora accionada deberá asumir los gastos médicos que se deriven del vínculo contractual existente, 21 Folio Folios 43 y Folio Folios 68 y 69.6 6 prescritos por parte de médicos tratantes adscritos a [esa] entidad del orden particular Sentencia de instancia El veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Décimo Civil Municipal de San José de Cúcuta declaró la improcedencia de la acción de tutela objeto de estudio. El juez de instancia consideró que la acción de tutela giraba en torno a establecer si hubo reticencia por parte del señor Yesid Evelio Quintero Isaza en la declaración de asegurabilidad de la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin o si la compañía aseguradora debe garantizar los servicio de salud que requiere la menor porque no realizó exámenes exhaustivos 26 para determinar su estado de salud. Sin embargo, consideró que la acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para este fin, porque se trata de una discusión que correspond[e] estrictamente a la esfera del derecho comercial. 27 Adicionalmente, consideró que en el caso concreto no estaba demostrado un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela, porque la madre de la menor no informó que la menor tenga pendiente algún servicio médico en específico y porque la menor está afiliada a una EPS que debe brindarle los servicios médicos que requiera. II. Actuaciones en Sede de Revisión 1. Mediante Auto del seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), se ordenó la práctica de algunas pruebas para establecer: i) cuál fue la fecha del primer diagnóstico de la niña Evelyn Mariana Quintero Guillin y cuáles son las enfermedades que padece; ii) cuáles son las condiciones generales y particulares de las pólizas de seguro de salud en la que aparece como asegurado el señor Yesid Evelio Quintero Isaza; iii) cuáles son los ingresos y gastos familiares de los padres de Evelyn Mariana Quintero Guillin. 2. La representante legal judicial de Seguros Generales Suramericana S.A. adjuntó copia de las condiciones generales de la póliza de Seguros de Salud Plan Salud Clásico 28 y de la póliza de Seguro de Salud Plan Salud Clásico Familiar No , cuyo tomador es una persona diferente al señor Yesid Evelio Quintero Isaza. 3. Por su parte, la señora Keila Guillin Bayona aportó copia de la Pólizas de Seguro de Salud Plan Salud Clásico Familiar No y Plan Salud 25 Folio Folio Folio Folios del cuaderno de revisión. 29 Folios del cuaderno de revisión.7 7 Global Familiar No , cuyo tomador es el señor Yesid Evelio Quintero Isaza. 4. Asimismo, la señora Keila Guillin Bayona aportó copia de la historia clínica de su hija Evelyn Mariana Quintero Guillin 31. De esta historia clínica es pertinente resaltar las siguientes anotaciones: - En consulta del dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), el médico neurólogo Juan José Vargas Gelvis indica: Paciente que nació con aneurisma de la vena de galeno, el cual fue embolizado a los 15 días de nacida, además presentó hemorragia después del procedimiento y crisis convulsivas generalizadas, por lo cual fue necesario tratarla en UCI por espacio de 16 días. Se yugularon sus crisis y salió con tratamiento de fenobarbital y epamin. Está en tratamiento de estimulación temprana. [ ] Sn. Alerta, se queja pero no llora, aún no sigue objetos, no sostiene la cabeza, la fontanella es normotensa, no se observa déficit motor, hipertonía generalizada. Dx. G403 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados En consulta del veinte (20) de diciembre de dos mil once (2011) con la médica oftalmopediatra Beatriz Blandón Berrío, se registra: Dx: Hidrocefalia por aneurisma cerebral congénito y ausencia de visión de origen neurológico. Requiere potenciales visuales evocados semestrales para revisión de impacto sobre corteza visual En consulta del veinte (20) de octubre de dos mil once (2011) con el Neurocirujano Eduardo Cortés Silva, se registra: Dx: Malformación de la vena de galeno embolizada. Hidrocefalia secundaria con válvula programable (120mmHg). Hematomas de sobre drenaje. Relata la madre que la niña ya intenta sostén cefálico, tiene llanto 30 Folios del cuaderno de revisión. 31 Folios del cuaderno de revisión. 32 Folio 110 del cuaderno de revisión. 33 Folio 63 del cuaderno de revisión.8 8 para expresar hambre, disconfor (sic), también relata mejoría de convulsiones. EF: Hemodinámicamente estable, alerta, isocorica, no fija la mirada, nistagmus horizontal, poco contacto con el medio, no parinaud, no VI par, moviliza 4 extremidades, hipotonía en miembros superiores y espasticidad grado 1 en miembros inferiores, fontanela de 0.5 x 0.5 cm, válvula funcionando, trayecto sano, intenta sostén cefálico En consulta del tres (3) de marzo de dos mil doce (2012) con el Neuropediatra Gabriel Sierra Rosales, se indica: Impresión diagnóstica 1. Malformación de la vena de galeno. 2. Secuelas neurológicas. 3. Epilepsia refractaria [,] antecedente de síndrome de West. Paciente con malformación aneurismática de la vena de galeno, intervenida en Medellín, por embolización transvenosa intracraneana a través de senos durales y seno falcino. Posoperatorio hemorragia y edema cerebral importantes. Requirió 46 días en UCIN. Asiste a terapia física. En manejo con Topamaz 25 mg. 1 cada 8 horas y vigabatrim 250 mg. cada 8 horas, con mejoría de espasmos, pero con crisis tónicas asimétricas diarias. Retraso desarrollo psicomotor, no sostén cefálico, no sedestación. [ ] Concepto. Lactante con diagnóstico anotado, con control parcial de crisis, se requiere terapia física de neurodesarrollo y control con EEG. 35 II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de Folio 69 del cuaderno de revisión. 35 Folio 86 del cuaderno de revisión.9 9 2. Problema jurídico. Los antecedentes expuestos le plantean a la Corte Constitucional el siguiente problema jurídico: Vulnera una compañía que presta Planes Adicionales de Salud PAS, (Seguros de Vida Suramericana S.A.) los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal y al desarrollo integral de una niña que padece parálisis cerebral (Evelyn Mariana Quintero Guillin), al revocar unilateralmente el contrato de seguro de salud respecto de esa usuaria, argumentando que el tomador de la póliza y padre de la menor no le informó el estado de salud de la niña en la declaración de asegurabilidad y que la menor padece una enfermedad congénita prexistente excluida de amparo? 3. El derecho a la salud de las niñas y los niños es fundamental. La Constitución Política establece que el derecho a la salud de las niñas y los niños es fundamental, cuenta con un carácter prevalente frente a los derechos de los demás y corresponde a la familia, el Estado y la sociedad garantizarles su desarrollo armónico e integral. 36 Con fundamento en estas reglas, la Corte Constitucional reconoció en la sentencia T-760 de que las medidas de protección especial de los menores deben buscar garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. En dicho fallo, la Corte manifestó que [e]l desarrollo de un menor es integral cuando se da en las diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, deportiva, social, cultural). El desarrollo de un menor es armónico cuando no se privilegia desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos En esa misma 36 Constitución Política de Colombia. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. // La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. // Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 37 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 38 Sobre los derechos de protección ha dicho la Corte: Los derechos de protección, a diferencia de los derechos de libertad, garantizan a las personas que el Estado adopte medidas de carácter fáctico y medidas de carácter normativo para protegerlos. Dentro de las primeras se encuentran aquellas acciones de la administración que suponen movilización de recursos materiales y humanos para impedir, por ejemplo, que la frágil vida e integridad de un niño recién nacido sea maltratada. Dentro de las medidas de carácter normativo se encuentran, entre otras, las reglas de capacidad o las edades a partir de las cuales se pueden realizar ciertas actividades como trabajar y las condiciones en que ello puede suceder. Cabe decir que el titular de un derecho de protección, puede ser cualquier persona (art. 2, CP), no sólo los sujetos de protección especial como niños, discapacitados o adultos mayores. Sin embargo, que la Constitución reconozca un derecho de protección especial a un tipo de sujeto determinado, como sucede con los menores, plantea la cuestión de cuál es el alcance específico de dicho mandato legal de protección, diferente del ámbito de protección del mandato10 10 oportunidad, la Corte reiteró el carácter fundamental del derecho de los niños a la salud, e indicó que debe ser protegido en forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que sea amenazado o vulnerado Complementario a lo anterior, este Tribunal se ha ocupado de interpretar el derecho fundamental de los niños a la salud, a la luz de los tratados internacionales en la materia 42 y ha considerado que la fundamentalidad del derecho a la salud de la niñez implica que los servicios de salud que deben brindarse son tanto aquéllos incluidos en los planes obligatorios de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado y en planes adicionales como aquéllas prestaciones contempladas en diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de conformidad con general que cobija a todas las personas. Para abordar esta cuestión es relevante el derecho internacional (art. 93, CP). Corte Constitucional, sentencia C-507 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis). 39 Sentencia T-760 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 40 Ver, entre muchas otras, las sentencias T-075 de 1996 MP. Carlos Gaviria Díaz, SU-225 de 1998 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-046 de 1999 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-117 de 1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra, T-093 de 2000 M. P. Álvaro Tafur Galvis, T-153 de 2000 M. P. José Gregorio Hernández Galindo y T-819 de 2003 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 41 Sentencia T-760 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 42 Sentencia T-037 de 2006, (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esta sentencia la Corte Constitucional estudió una acción de tutela instaurada por la madre de una niña de siete (7) años de edad, quien presentaba transtornos de aprendizaje, en contra de la EPS que le estaba negando un tratamiento ordenado por el médico tratante de la menor de terapia psicológica, ocupacional y de lenguaje, argumentando que dicho tratamiento no estaba incluído en el POS. En esa oportunidad, la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales de la menor y ordenó a la EPS la práctica de las terapias requeridas. Como fundamento de su decisión, la Corte consideró que el derecho a la salud de las personas menores de edad es fundamental y tiene carácter prevalente sobre los derechos de todos los demás, afirmación que fue sustentada en los artículos 13 y 44 de la Constitución Política de Colombia, y en los siguientes instrumentos internacionales: (1) Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 24 reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho, y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: ( ) b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;(2) Declaración de los Derechos del Niño que en el artículo 4 dispone que [E]l niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados ; (3) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas fijó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales algunos parámetros que propenden por la protección de los derechos fundamentales de los niños como por, ejemplo en el numeral 2 del artículo 12 del citado pacto se establece: a), es obligación de los Estados firmantes adoptar medidas necesarias para la reducción de la mortinalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños ; mientras que el literal d) dispone que se deben adoptar medidas necesarias para la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad ; (4) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 24 establece: Todo Niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado; (5) Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado ; (6) Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 25-2, establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales, y que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Esta sentencia ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia T-695 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y en la sentencia T-760 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).11 11 los cuales deben interpretarse los derechos constitucionales. 43 De las anteriores consideraciones debe reiterarse que el derecho fundamental de los niños y niñas debe ser atendido en forma inmediata y prioritaria, con miras a garantizar su desarrollo armónico e integral, de tal manera que sus necesidades sean cubiertas de manera eficaz. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin además de su condición de menor, tiene una condición que la hace sujeto de una protección especial, pues fue diagnosticada con hidrocefalia, epilepsia y pérdida visual, y requiere tratamiento de terapias de neurodesarrollo. Esta condición hace que la protección que le debe brindar su familia, la sociedad y el Estado para garantizarle su desarrollo armónico e integral sea mayor. Con base en los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, 44 entre otras disposiciones, la Corte Constitucional ha indicado que se debe garantizar el derecho a la igualdad de las personas con limitaciones de manera real y efectiva. Para la consecución de este objetivo, señala la jurisprudencia, se ordena al Estado adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, en especial aquellos que por su condición física o mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, lo que ha sido llamado por la jurisprudencia constitucional acciones afirmativas Ver sentencia T 799 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa oportunidad la Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta en nombre de un menor de edad con síndrome convulsivo, quien fue remitido a consulta médica especializada de neurología, pero la ARS le negó la autorización del servicio porque no estaba incluido en el POSS. La Corte tuteló el derecho a la salud del menor porque consideró que la obligación constitucional de brindar efectiva protección a los sujetos de especial protección hace que la exclusión de un tratamiento del plan obligatorio de salud no resulte una razón suficiente para negar su reconocimiento. 44 Constitución Política de Colombia, Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ( ) Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. 45 Un antecedente importante de esta protección reforzada se encuentra en la sentencia T-179 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), en la cual se estudió el caso de un grupo de niños a quienes el ISS había suspendido los tratamientos para diversos tipos de discapacidades ya que el contrato con la entidad que venía realizando el tratamiento había terminado y no fue renovado. La Corte ordenó al ISS prestar tratamientos adecuados y especializados a cada uno de los niños. En dicha providencia se señaló en cuanto a la protección de los niños discapacitados: ( ) a los niños discapacitados hay que darles el servicio eficiente, integral, óptimo en tratamiento y rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor éste que está en la Constitución y es una facultad inherente a todos los seres humanos, con mayor razón a aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan perspectiva de derrota de la dolencia. De todas maneras son seres humanos que tienen derecho a encontrarle un sentido a la vida. Y una manera para neutralizar la impotencia frente a las circunstancias es facilitar cuestiones elementales como por ejemplo crear en ese ser humano comportamientos efectivos de dignidad y autodefensa (aprender a vestirse, a cuidarse, a caminar, a reconocer a los padres y su entorno).. Esta jurisprudencia ha sido reiterada, entre otros, en los siguientes casos: T-134 de 2001 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-1158 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T- 225 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-706 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-801 de 200412 12 Las personas con limitaciones, transitorias o permanentes, cuentan con una protección reforzada por parte del ordenamiento jurídico. Esta protección reforzada, en relación con los menores, se traduce en el derecho que les asiste a la realización de un tratamiento integral con miras a lograr su integración social. 46 En este sentido se le deben ofrecer al menor todos lo medios posibles que permitan obtener dicha integración, teniendo en cuenta además, que este proceso puede tener ingredientes médicos y educativos ( ) Jurisprudencia sobre el principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud en la ejecución de planes adicionales de salud La Constitución Política establece que la seguridad social, de la cual hace parte la seguridad social en salud, es un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio que se debe prestar en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. 48 En desarrollo de esta norma constitucional, la Ley 100 de 1993 señala los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre los que se incluyen los de calidad y continuidad. 49 Al respecto, esta Corporación ha señalado que [e]l derecho constitucional de toda persona a acceder, con continuidad, a los servicios de salud que una persona requiere, no sólo protege el derecho a mantener el servicio, también garantiza las condiciones de calidad en las que se accedía al mismo. 50 En el mismo sentido, ha considerado que el principio de continuidad en el servicio también se predica de aquellos contratos que tienen por objeto la prestación de Planes Adicionales de Salud PAS Por ejemplo, en la sentencia T-181 de se estudió una acción (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-069 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-569 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-282 de 2006 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-518/06 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-201/07 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-1222 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil). 46 Ver Sentencia T-695 de 2007, (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), antes citada. 47 Ver Sentencia T-695 de 2007, (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), antes citada. 48 Constitución Política de Colombia. Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. [ ]. 49 El artículo 153 de la Ley 100 de 1993 establece: Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Son principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud: [ ] 3.8 Calidad. Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada. [ ] 3.21 Continuidad. Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad. 50 Sentencia T-760 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 51 MP. Rodrigo Escobar Gil.13 13 interpuesta en representación de un niño beneficiario de un contrato de medicina prepagada, que padecía una enfermedad congénita denominada síndrome de Sturge Weber. La compañía de medicina prepagada, se negó a continuar el tratamiento del menor, bajo el argumento de que se trataba de una enfermedad congénita excluida de la cobertura del contrato y que, aunque le había prestado al niño algunos servicios de salud, lo hizo porque para ese momento no estaba claro el diagnóstico de la enfermedad por él padecida. La Corte sostuvo que la interrupción abrupta de los servicios de salud por parte de la entidad accionada resulta contraria al principio de continuidad en el servicio derivado del mandato constitucional de prestación eficiente de los servicios públicos, lo que, en el caso concreto, además vulneraba el derecho a la salud del menor y constituía un cambio inesperado en la reglas pactadas en el contrato que desconocía el principio de confianza legítima. En este aspecto, dijo: Para lo que compete al análisis constitucional, ha de señalarse que cuando se rompe la continuidad en el servicio se afectan por igual los derechos constitucionales a la salud en conexidad con la vida, pues constituye una actitud arbitraria suspender un tratamiento ya iniciado, que se torna imprescindible para la vida en este caso de un menor cuyo derecho a salud tiene rango de fundamental. Luego la decisión abrupta de COLSANITAS al suspender la atención inicialmente prestada al menor [ ], encaja perfectamente en todas aquellas situaciones que la Corte ha rechazado por que revelan cambios inesperados en las reglas de juego 52 nacidas del contrato inicial y porque no se compadecen con la confianza legítima depositada en la entidad y que genera la certeza de que no puede suspenderse lo iniciado En consecuencia, ordenó a la compañía de medicina prepagada que continuara prestando todos los servicios de salud que el niño requiriera para el tratamiento de su enfermedad congénita En la sentencia T-724 de 2005, 55 la Corte se pronunció igualmente sobre la eficacia del principio de continuidad en el servicio en los contratos de medicina prepagada. En esa oportunidad, se estudió una acción interpuesta por una persona de setenta y cuatro (74) años de edad, beneficiaria de un contrato de medicina prepagada, a quien la compañía prestadora del plan adicional de salud se negó a renovarle el respectivo contrato, argumentando que esa 52 En un caso similar, se adoptó también igual razonamiento: Fuera de este modelo pro-forma, genérico para todos, no hay constancia de que específicamente se hubiera señalado como preexistente, en 1991, la radiculopatía lumbar. Esta apreciación médica surge con posterioridad, en un indudable cambio de las reglas de juego T-104 de 1998.M.P. Alejandro Martínez Caballero. 53 Sentencia T-572 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 54 Sentencia T-181 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil). 55 MP. Jaime Córdoba Triviño.14 14 decisión estaba amparada por el principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos privados y que los servicios de salud que requiriera la accionante podían ser prestados por la empresa promotora de salud a la que se encontraba afiliada. En esa oportunidad la Corte consideró que los servicios de salud pueden ser suministrados por el régimen de seguridad social en salud, o por medio de los planes adicionales en salud contemplados en el Decreto 806 de 1998 por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 56 Al referirse a los contratos de medicina prepagada, la Corte señaló que es una modalidad de plan adicional de salud, y como tal, se rige por los principios de libertad económica e iniciativa privada. Pero además, teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de contratos es la prestación del servicio público de salud, estos contratos i) están sujetos a la inspección, vigilancia y control del Estado; ii) en su ejecución le son aplicables las disposiciones constitucionales relativas al derecho a la salud; y iii) la acción de tutela es procedente en forma excepcional para la solución de las controversias que surjan de su ejecución, cuando puedan verse afectados algunos derechos fundamentales como la salud de los menores de edad. 57 Respecto de la aplicación de las normas constitucionales relativas al derecho a la salud, la Corte dijo: 3.2. Vigencia de las disposiciones constitucionales relativas al derecho a la salud en la ejecución de los contratos. La jurisprudencia constitucional también ha establecido que las diferencias relacionadas con la naturaleza jurídica, el vínculo contractual y método de financiamiento entre las instituciones del sistema general de seguridad social en salud y las entidades que ofrecen planes adicionales de salud, no son óbice para que tanto en uno como en otro caso resulten aplicables las disposiciones constitucionales sobre el contenido y alcance del derecho a la salud. Ello por la simple circunstancia que ambos sistemas están diseñados para permitir el ejercicio del mismo derecho constitucional. Por tanto, previsiones tales como la continuidad del servicio, el consentimiento informado de los pacientes y los principios de disponibilidad, no discriminación, asequibilidad económica, acceso a la información, aceptabilidad y calidad, entre otros, son exigibles 56 En el artículo 19 y siguientes del Decreto 806 de 1998 por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional, se consagra: Tipos de PAS. Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pueden prestarse los siguientes PAS: 1. Planes de atención complementaria en salud. 2. Planes de medicina prepagada, que se regirán por las disposiciones especiales previstas en su régimen general. 3. Pólizas de salud que se regirán por las disposiciones especiales previstas en su régimen general. [ ]. 57 Sentencia T-724 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).15 15 en el marco de los planes obligatorios, al igual que los ofrecidos por la medicina prepagada. De este modo, no resulta admisible la interpretación según la cual el contenido constitucional del derecho de la salud sólo es predicable en el caso del sistema general de seguridad social, en la medida en que los planes adicionales se regulan, de forma exclusiva, por sus previsiones contractuales reguladas por la legislación civil y comercial. En contrario, la posibilidad que entidades privadas presten el servicio de atención en salud, prevista por el artículo 49 C.P., contrae la obligación correlativa para esas instituciones de permitir el ejercicio efectivo del derecho constitucional en comento. Asunto distinto es que los contratos de medicina prepagada regulen, previa autorización estatal, el contenido de las prestaciones médico asistenciales que le son exigibles y establezcan determinadas exclusiones, pues, de cualquier forma, esta facultad carece de un alcance tal que permita restringir el contenido del derecho a la salud para el caso de los usuarios de esta clase de planes adicionales. En definitiva, la medicina prepagada tiene sustento en una relación de naturaleza civil, en la cual el contenido de las obligaciones de las partes está regulada, en un primer momento, por el derecho privado. No obstante, el objeto de ese contrato tiene una relación inescindible con la eficacia del derecho constitucional a la salud, por lo que la interpretación del alcance de las cláusulas contractuales está supeditada, en todo caso, a la necesidad de garantizar el ejercicio cierto de ese derecho. 58 En aplicación de las reglas descritas al caso que en esa oportunidad debía resolver, la Corte concluyó que las especiales condiciones de vulnerabilidad de la actora, derivadas de su avanzada edad y las enfermedades graves que padecía, hacían que la negativa de la compañía de medicina prepagada en renovar el contrato pusiera en riesgo los derechos fundamentales de la actora, e imposibilitara la eficacia del principio de continuidad del servicio de salud, que, como se señaló anteriormente, es aplicable tanto a los planes obligatorios como a los adicionales. 59 Asimismo, indicó que aunque la actora tenía acceso a los servicios médicos ofrecidos en el plan obligatorio de salud POS, este hecho no desplaza la obligación de la empresa de medicina prepagada de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, porque el Sistema General de Seguridad Social en Salud no tiene el deber de asumir las consecuencias de un ejercicio extralimitado de la autonomía privada, ya que, de aceptarse esa posición, se 58 Sentencia T-724 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). 59 Sentencia T-724 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).16 16 estaría justificando una conclusión constitucionalmente inaceptable que liberaría a las entidades que ofrecen planes adicionales de salud de sus obligaciones de protección del derecho a la salud de sus usuarios Los argumentos expuestos en la sentencia T-724 de fueron reiterados posteriormente por esta Corporación en un caso en el que se negó la renovación de un contrato de prestación de servicios de medicina prepagada familiar, del cual era beneficiario un menor de dos (2) años de edad, con problemas de salud derivados de su condición de haber nacido en forma prematura. En efecto, en la sentencia T-660 de se revisaron las sentencias proferidas dentro de una acción de tutela interpuesta por una persona que era beneficiaria, junto con su familia, de un contrato de medicina prepagada colectivo. Dicho contrato fue terminado por el empleador del actor, ante lo cual este solicitó a la empresa de medicina prepagada la afiliación de su grupo familiar. La empresa accionada expidió el contrato respectivo, pero posteriormente lo canceló, argumentando que la solicitud de afiliación había sido rechazada previamente por el estado de salud de los miembros del grupo familiar. La acción de tutela se interpuso solicitando la protección del derecho a la salud de los miembros del grupo familiar del actor, especialmente de su hijo menor, el cual estaba siendo tratado por las enfermedades que padecía derivadas de su condición de haber nacido en forma prematura. La Corte consideró que la acción de tutela era el mecanismo judicial procedente para la resolver esa controversia, porque había sido interpuesta para proteger el derecho a la salud de un niño con problemas de salud desde su nacimiento, que requería continuidad en la prestación de los servicios. Al respecto, se dijo: Es importante recordarle a las entidades de medicina prepagada que tienen el deber, sin que ello implique desconocer su autonomía, de garantizar la prestación de los servicios de salud de sus afiliados y beneficiarios, observando la función social que la Constitución Política, en su artículo 333, le imprime a toda actividad empresarial y que en cuanto se trate de menores de edad no pueden actuar desconociendo la categoría de fundamentales que la Constitución les dio directamente en su artículo 44, pues merecen una especial protección que dada su vulneración, en el caso en estudio, se concreta en la procedencia de la acción de tutela como mecanismo principal. 62 Al pronunciarse sobre la prosperidad de la acción de tutela, la Corte encontró 60 MP. Jaime Córdoba Triviño. 61 MP. Álvaro Tafur Galvis. 62 Sentencia T-660 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis).17 17 que el actor y su grupo familiar tenían derecho a la continuidad en el servicio, el cual, señaló, también es predicable de las entidades de medicina prepagada y de las entidades que ofrecen PAS, porque estas asumen la prestación del servicio público de salud. En consecuencia, se tutelaron los derechos fundamentales a la salud y a la continuidad en la prestación del servicio del menor y de su familia y se ordenó a la entidad accionada que restableciera el vínculo contractual En el mismo sentido, en la sentencia T-959 de la Corte se pronunció sobre la exigibilidad del principio de continuidad en la prestación del servicio en contratos de seguros de salud. En esa oportunidad se estudió la acción interpuesta por la beneficiaria de una póliza colectiva de salud, a quien la compañía de seguros le negó la autorización para que se le practicara una cirugía, argumentando que en la fecha en que se programó el procedimiento la póliza había perdido vigencia. En sus consideraciones, esta Corporación indicó que aunque las compañías de seguros no prestan directamente servicios de salud, cuando el contrato de seguro tiene por objeto la prestación de planes adicionales de salud se pueden ver involucrados derechos fundamentales como la vida, la salud e integridad personal. Por esta razón en la ejecución de ese tipo de contratos las actuaciones de las aseguradoras deben guiarse por los principios de continuidad e integralidad de los servicios médicos contratados. Textualmente, se dijo: [S]i bien las compañías de seguros no tienen el carácter directo de entidades prestadoras de servicios médicos, los particulares pueden contratar con estas el cubrimiento de planes adicionales en salud que pueden incluir servicios de hospitalización, cirugía etc. y por estar involucrados derechos de índole constitucional como la salud, la vida y la integridad personal sus postulados deben guiarse por la continuidad e integralidad de los servicios médicos contratados, y al igual que las Empresas Prestadoras de Salud o IPS les está prohibido argumentar razones de tipo administrativo, contractual para suspender, terminar o paralizar las ordenes médicas necesarias para restablecer el estado de salud quebrantado. Con fundamento en el postulado descrito y en otras consideraciones, la Corte concluyó que la compañía aseguradora había vulnerado los derechos a la salud y la integridad personal de la actora, porque le negó la prestación de un servicio médico para el tratamiento de una enfermedad, argumentando que la fecha en que se programó la cirugía estaba por fuera de la vigencia de la póliza, a pesar que ese riesgo se había concretado en vigencia de la misma. Asimismo, sostuvo que esa interpretación del clausulado contractual constituía 63 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.18 18 un abuso de la posición dominante y era contraria a los principios de continuidad e integralidad en la prestación de los servicios de salud. Por lo anterior, se ordenó a la aseguradora accionada que tomara las acciones pertinentes para que se continuara prestando el servicio médico de salud que requería la actora Del anterior recuento jurisprudencial se puede concluir que las empresas que prestan planes adicionales de salud, asumen el deber de garantizar la prestación del servicio público de salud a sus usuarios, de acuerdo con los principios de continuidad, calidad e integralidad, y cuando se desconocen estos principios, se pueden vulnerar o poner en riesgo los derechos fundamentales de los usuarios a la vida, la salud o la integridad personal, haciendo que la acción de tutela se constituya en un mecanismo judicial procedente para pronunciarse sobre la protección de estos derechos. 5. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la oposición de preexistencias por parte de entidades prestadoras de Planes Adicionales de Salud (PAS) La Corte Constitucional se ha pronunciado en muchas oportunidades sobre las reglas constitucionales que rigen los contratos privados que tienen por objeto la prestación de PAS. A continuación se estudiarán algunas sentencias en las que se desarrollan las reglas respecto de la oposición de preexistencias en la ejecución de este tipo de contratos Uno de los primeros fallos en los que la Corte asumió el conocimiento de este tipo de controversias fue la sentencia T-533 de En esta sentencia se estudió la acción de tutela interpuesta por una persona que se afilió a una compañía de medicina prepagada en mil novecientos noventa y tres (1993). En febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), un médico especialista adscrito a la compañía aseguradora le diagnosticó a la actora miomatosis uterina gigante, con un tiempo probable de evolución de cinco (5) años, y ordenó que se le practicara una cirugía en forma urgente. La compañía de medicina prepagada negó la autorización para la práctica de la cirugía requerida por la actora, porque sostuvo que la enfermedad había comenzado con anterioridad a la fecha de suscripción del contrato. Por lo anterior, la actora solicitó que se protegieran sus derechos a la salud y a la seguridad social, y que se ordenara a la empresa de medicina prepagada que autorizara la prestación de los servicios de salud por ella requeridos. En sus consideraciones, la Corte sostuvo que los contratos de medicina prepagada parten del supuesto de que la compañía prestadora del servicio cubrirá los riesgos en la salud del contratante y de los beneficiarios que se indiquen en el contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo. En este 64 MP. José Gregorio Hernández Galindo.19 19 sentido, indicó que los contratos de medicina prepagada son similares a los contratos de seguro, ya que no amparan aquellas enfermedades sufridas por el contratante al momento de la celebración del contrato. Sin embargo, señaló que en razón de la seguridad jurídica, desde el momento de la celebración del contrato debe haber certeza sobre los servicios médicos que se obliga a prestar la entidad de medicina prepagada. Por lo tanto, indicó que en el texto del contrato o en sus anexos debe dejarse expresa constancia sobre las enfermedades o padecimientos de los usuarios preexistentes a la celebración del mismo, de modo que las enfermedades y afecciones no comprendidas en dicha enunciación deben ser asumidas por la entidad de medicina prepagada con cargo al correspondiente acuerdo contractual. 65 En consecuencia, concluyó que las empresas de medicina prepagada desconocen el principio de la buena fe y ponen en peligro la salud y la vida de sus afilados, cuando se niegan a autorizar la prestación de servicios de salud requeridos por sus usuarios derivados de enfermedades preexistentes, si el amparo de dichas enfermedades no fue excluido taxativamente en la póliza o en sus anexos. Expresamente dijo: A juicio de la Corte, la compañía desconoce el principio de la buena fe que debe presidir las relaciones contractuales, y pone en peligro la salud y la vida de los usuarios cuando se niega a autorizar -a su cargo- la prestación de servicios, la práctica de operaciones y la ejecución de tratamientos y terapias referentes a enfermedades no incluídas en la enunciación de la referencia -que, se repite, es taxativa-, pues ella se entiende comprendida como parte integral e inescindible de la relación jurídica establecida entre las partes. Es evidente que lo expuesto elimina toda posibilidad de que, ya en el curso del contrato, la compañía modifique, en contra del usuario, las reglas de juego pactadas y pretenda, con base en dictámenes médicos posteriores, emanados de profesionales a su servicio, deducir unilateralmente que una enfermedad o dolencia detectada durante la ejecución del convenio se había venido gestando, madurando o desarrollando desde antes de su celebración y que, por tanto, pese a no haber sido enunciada como preexistencia, está excluída. Tal comportamiento resulta altamente lesivo del principio de la buena fe, inherente a todo servicio público (artículo 83 C.P.), y se constituye en peligroso instrumento contra los derechos fundamentales de las personas, quienes, en las circunstancias descritas -dada la unilateralidad de la decisión-, quedan totalmente a 65 Sentencia T-533 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).20 20 merced de la compañía con la cual ha contratado. 66 A partir de los argumentos expuestos y del análisis del material probatorio que obraba en el expediente, la Corte encontró que la empresa de medicina prepagada no le había practicado examen médico alguno a la actora previo a su afiliación y que en el contrato de medicina prepagada y en sus anexos no se había consagrado preexistencia alguna ni se hacía referencia a la enfermedad padecida por la actora. Por lo anterior, la Corte concluyó que la enfermedad padecida por la actora sí estaba cubierta por el contrato de medicina prepagada, razón por la cual ordenó a la entidad accionada que autorizara la práctica de la cirugía por ella requerida, con cargo al contrato de medicina prepagada Posteriormente, la Sala Plena de esta Corporación unificó su jurisprudencia respecto a la exclusión de preexistencias en los contratos de medicina prepagada por medio de la sentencia SU-039 de En ésta se estudió el caso de una persona de sesenta y cuatro (64) años de edad, que en mil novecientos noventa y cuatro (1994) contrató los servicios de medicina prepagada con la compañía a la que se encontraba afiliada al plan obligatorio de salud POS. En el contrato de medicina prepagada se estipularon taxativamente algunas preexistencias de la actora, entre las que se incluyó la artritis reumatoidea que la accionante padecía desde hacía veinte (20) años. En noviembre y diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), la actora fue hospitalizada por presentar pericarditis viral, insuficiencia renal y derrame pleural. Los gastos médicos de esta hospitalización fueron asumidos por la empresa accionada en virtud del contrato de medicina prepagada. En enero de mil novecientos noventa y siete (1997), la tutelante tuvo que ser hospitalizada nuevamente por las mismas enfermedades. Sin embargo, en esta oportunidad la compañía de medicina prepagada se negó a autorizar la hospitalización de la actora, argumentando que la pericarditis y el derrame pleural eran enfermedades que habían sido causadas por la artritis reumatoidea excluida en el clausulado del contrato, y que la insuficiencia renal era consecuencia del tratamiento prolongado de la artritis que había recibido la actora. Para resolver la controversia objeto de estudio, la Sala Plena de esta Corporación sostuvo que el contrato de medicina prepagada es de naturaleza privada, razón por la cual está regido por los principios de libertad económica e iniciativa privada. Además, sostuvo que el objeto de este tipo de contratos es el de prestar el servicio público de atención en salud, razón por la cual esta actividad económica tiene un interés social y está sujeta a la intervención, control y vigilancia del Estado. En el mismo sentido, señaló que los contratos de medicina prepagada son negocios jurídicos que deben desarrollarse bajo el 66 Sentencia T-533 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). 67 MP. Hernando Herrera Vergara, unánime. Mostrar más
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