Source: https://www.slideshare.net/osvil1000/tomo-72-proteccin-de-los-dh-en-la-polica
Timestamp: 2017-03-27 06:47:20
Document Index: 389909102

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 71', 'artículo 28', 'artículo 67', 'artículo 3', 'artículo 302', 'artículo 207', 'artículo 29', 'artículo 207', 'artículo 71', 'artículo 74', 'artículo 2', 'artículo 126', 'artículo 28', 'artículo 67', 'artículo 29', 'artículo 140', 'artículo 100', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 201', 'artículo 8', 'artículo 113', 'artículo 477', 'artículo 380', 'artículo 779', 'artículo 230', 'artículo 15', 'artículo 193', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 197', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 33', 'artículo 448', 'artículo 188']

by Wilfredo Figueroa
by vanessamarinbedoya
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by Cris Meneses Jaur...
Osvaldo Manuel Hernandez, TECNICO LOGISTICA AEREONAUTICA
at AREA DE AVIACION
roberto_pacheco_
Gabriel Enrrique Valle Flores
EN EL SERVICIO DE POLICÍA
PRESENTACIÓN ............................................................................................. 7
Génesis y reseña histórica .......................................................................................... 11
Objetivos generales.....................................................................................................12
Objetivos específicos...................................................................................................12
Criterios generales ......................................................................................................12
A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.......................................... 15
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y A LA CIRCULACIÓN ...............17
La retención transitoria y la conducción .......................................................20
Transporte de capturados o de retenidos.....................................................21
La captura como medio de policía y diligencia de policía judicial ................22
Actuación policial con extranjeros ................................................................25
DERECHO A LA AUTONOMÍA.....................................................................25
Registro personal primario y secundario ......................................................26
Registro de vehículos ...................................................................................27
Examen de embriaguez ...............................................................................28
Análisis de riesgo, grado de amenaza y atención a víctimas.......................29
DERECHO A LA INTIMIDAD ........................................................................31
Ingreso, penetración, registro y allanamiento de domicilio ..........................31
Interceptación de comunicaciones ...............................................................35
Registro de correspondencia preventiva y penal .........................................37
Recolección y tratamiento de datos personales...........................................37
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ...................39
DEBERES SOCIALES DE LOS PARTICULARES .......................................39
DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN ...............................................40
HABITANTES DE LA CALLE Y MENDICIDAD ............................................40
MEDIOS COERCITIVOS .................................................................. 43
Salas temporales de privación de la libertad................................................18
USO DE LAS ARMAS DE FUEGO ..............................................................45
En retenes de policía (puestos de control) ...................................................46
Protección de los Derechos Humanos en la Policía Nacional
Durante la custodia de personas detenidas o condenadas .........................46
Armas convencionales prohibidas................................................................47
ARMAS DE LETALIDAD REDUCIDA...........................................................47
LA PROPORCIONALIDAD Y EL ESTADO DE NECESIDAD.......................48
En legítima defensa (DD. HH.) .....................................................................49
DEBER DE COLABORACIÓN DE LOS PARTICULARES...........................50
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL .................. 53
LA ACTIVIDAD DE POLICÍA COMO CAUSAL DE FUERZA MAYOR
EN MATERIA CIVIL ......................................................................................54
LA ACTIVIDAD DE POLICÍA COMO FUENTE DE RIESGO
EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ......................................54
CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN Y DE INCULPABILIDAD
EN MATERIA PENAL ...................................................................................55
PROCEDIMIENTOS CON MENORES DE EDAD ............................ 57
APREHENSIÓN DE MENORES DE EDAD .................................................58
RESCATE DE MENORES DE EDAD...........................................................58
PREVENCIÓN DE SUMINISTRO DE DROGAS
A MENORES DE EDAD ...............................................................................59
CON MENORES DE EDAD .........................................................................59
PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
DE MENORES .............................................................................................59
EN COMUNIDADES ESPECIALES ................................................. 61
MARCO CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN
DE COMUNIDADES ESPECIALES .............................................................62
AFRODESCENDIENTES, ETNIAS Y COMUNIDAD LGTB. ........................63
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, EJERCICIO DE LA
AUTORIDAD Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS...... 67
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................... 71
Aprobación:05-11-2010
La protección de los derechos humanos, como valor universal y elemento constitutivo
del Estado Social de Derecho, guarda en la Policía Nacional no solo su protección, a
partir de la garantía de derechos y libertades públicas como establece la Constitución
Política, sino que los promueve en desarrollo de la actividad de policía, regulando las
conductas sociales e incidiendo en ellas para garantizar la convivencia democrática.
Bajo esta premisa, se ha concentrado un amplio esfuerzo doctrinal desde la formulación
de política institucional y particularmente de los siete lineamientos, con el fin de fijar
criterios sostenibles para la actuación de los integrantes de la Policía Nacional, que en
materia de protección de los derechos humanos, se configuran con base en el aporte
legal y procedimental que otorga el presente tomo, adoptándose como líneas estratégicas de acción, en su protección o restricción.
De esta forma, se describen los mínimos de acción institucional normativos y procedimentales, que en materia de derechos humanos comprometen la actuación de la Policía
Nacional como ejecutores de la ley o al excederla por extralimitación o la omisión del
ejercicio de funciones, en aspectos trascendentales como la afectación jurídica a los
derechos fundamentales, el empleo de medios coercitivos, la ausencia de responsabilidad institucional y el marco de actuación de los derechos humanos con menores de
Establecer un catálogo de preceptos en lenguaje claro y ajustado al desempeño cotidiano de cada policía en desarrollo de su actividad, permite continuar fijando los criterios
generales de respeto a los derechos humanos en el marco del séptimo lineamiento
de política sobre control institucional y veeduría para el mejoramiento del servicio,
además de sentar doctrina y, por ende, constituir costumbre, para elevar el respeto de
este precepto superior en la democracia contemporánea, como un código axiológico de
actuación y deber en cumplimiento de la función pública que le compete a la Institución.
Protección de los Derechos Humanos en el Servicio de Policía
La Policía Nacional, en cumplimiento de su misión constitucional, debe proteger los
derechos humanos y, paralelamente, restringirlos dentro del concepto de daño jurídico,
cuando esa limitación está acorde con los principios de proporcionalidad, razonabilidad
y necesidad, entendiendo que el objeto de policía es permitir el más amplio y vigoroso
ejercicio de las libertades ciudadanas con una mínima restricción de derechos (Corte
Constitucional Sentencia C-825 de 2004).
Desde este postulado se plantea la necesidad de argumentar con suficiencia jurídica y
deontológica el alcance de la función y la actividad de policía en el contexto del servicio
de policía, para evitar la extralimitación o la omisión en el ejercicio de la función pública,
máxime cuando el policía es un ser que impulsado por la presión misma de los hechos
(sentencia C-024 de 1994), actúa en consecuencia bajo un criterio que construye basado
en la experiencia, el conocimiento adquirido y los valores que alberga.
La política de protección de los derechos humanos en la Policía Nacional, constituye
el mecanismo para entender la existencia de unos límites y criterios generales dentro
de los cuales el policía debe desenvolverse, incluso afectando derechos humanos sin
lesionar su núcleo esencial. No es otra cosa que mostrar los mínimos y máximos para
que el policía no dude en el procedimiento, ni abuse de su autoridad bajo el sofisma de
que el fin justifica los medios. Para ello, dispone de una argumentación basada en el
análisis de los principales derechos humanos que son lesionados jurídicamente, el uso
de la fuerza como medio de policía y la ausencia de responsabilidad derivada de un
actuar conforme a derecho.
Es el cuerpo de Policía Nacional la Institución presente de manera permanente en
el medio social, considerada la primigenia forma de contacto entre el ciudadano y el
Estado. Esa presencia infinita hace que en el desarrollo de su actividad conozca hechos
y conductas que pueden poner en peligro la convivencia democrática, no solo desde el
ámbito de lo contravencional, sino también desde la misma actividad criminal.
No es de recibo la tesis de que sólo es posible afectar los derechos fundamentales
de las personas previa orden de autoridad judicial competente, salvo que se hable del
debido proceso penal, en el que evidentemente, como lo reza el Código de Procedimiento Penal, se requiere de unas formas precisas y bien definidas para que con ellas,
la afectación de la persona que se presume autor o partícipe de una conducta punible
delictiva, goce de las garantías procesales mínimas para ser vencida en juicio, acepte
un preacuerdo o los cargos formulados en su contra.
La Constitución Política de Colombia promueve en su parte dogmática las bases de la
convivencia, en la que reconoce los derechos fundamentales y libertades públicas que
deben ser garantizadas por las autoridades (art. 2º). Por sí misma llama a los residentes
en Colombia a promover los valores de entendimiento bajo el aforismo de que “se deben
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
Los principios fundamentales contemplan formas básicas y pactos sociales que se
deben cumplir por el solo hecho de ser nacional colombiano (por nacimiento o por
adopción) o extranjero (o en tránsito) residente en Colombia. En caso de que esa moti-
vación no opere, se aplican las previsiones del derecho de policía, del derecho civil, del
derecho administrativo y por último las del derecho penal. Luego, entonces, el personal
uniformado de la Policía Nacional debe conocer, tanto los lineamientos básicos del
derecho de policía, como las minucias del derecho penal para obrar en consonancia con
el debido proceso que se extiende para la protección de los derechos y libertades. Es
ahí donde entra a operar la interpretación de la Corte Constitucional, para encarar las
dos formas de derecho, sin que el uno invada al otro y sin que exista un rechazo en el
momento de apoyar el aparato jurisdiccional desde lo policial, obedeciendo a las facultades otorgadas, que sin ser de la órbita penal, trazan la línea para el avance exitoso a
Un elemento conceptual de necesaria referencia, para el despliegue y explicación de la
política de derechos humanos en la Policía Nacional, es el de la omisión o extralimitación
que surge del desconocimiento de las atribuciones dadas al cuerpo de Policía Nacional,
motivo por el cual una descripción y explicación acertada a nivel de política institucional,
es fundamental para un adecuado ejercicio procedimental de acuerdo a la naturaleza
preventiva de la Institución o cuando por las circunstancias propias del devenir de la
sociedad le corresponde actuar en márgenes de disuasión y control de delitos y contravenciones.
Al respecto, cabe mencionar lo dicho por la Corte Constitucional en su Sentencia T-112
de 1994: “Cuando las normas resultan insuficientes para garantizar dicha tranquilidad,
u otros derechos fundamentales, o si las autoridades correspondientes ejercen negligentemente sus competencias o se abstienen de utilizarlas, la sociedad y cada uno
de sus miembros en particular se exponen a sufrir las consecuencias negativas de la
conducta oficial.” “Consecuente con lo expresado, en términos generales puede aceptarse, que se integra al núcleo esencial de cualquier derecho constitucional cuya efectividad se demanda, la pretensión de la exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de las
competencias legales atribuidas a las autoridades administrativas, cuando su actuación
se juzga indispensable para proteger el bien jurídico que tutela el derecho, cuya omisión
es susceptible de generar riesgos y peligros inminentes que la norma configuradora del
derecho ha querido precisamente prevenir o evitar”1.
En este contexto la política de derechos humanos para la Policía Nacional de Colombia,
define, enmarca y establece los criterios generales de actuación en desarrollo de la
función y la actividad de policía, pretendiendo sentar bases de doctrina, para regular
acertadamente y ajustado al derecho, las actuaciones del ser policía en procura de
cumplir su fin constitucional y legal: la convivencia democrática.
GÉNESIS Y RESEÑA HISTÓRICA
La doctrina de protección de los derechos humanos en la Policía Nacional ha tenido un
desarrollo focalizado en la enseñanza de la existencia de un catálogo de preceptos, la
Corte Constitucional, Sentencia T-112 de 1994.
formulación de textos que recogen las normas del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, con poco pragmatismo a la hora de
ser asimilada por los ejecutores de la ley. Los esfuerzos se han concentrado en transcribir las normas y diseñar programas de capacitación para justificar una política en la
materia, sin que ello impacte realmente en el servicio.
Conocer el espectro de las facultades constitucionales y legales que amparan el ejercicio
de la ciencia de Policía, como ente encargado de garantizar la convivencia y permitir el
ejercicio de derechos y libertades públicas, buscando el equilibrio con la facultad de
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares, misionalidad que
en ocasiones alberga la probabilidad de afectar derechos fundamentales jurídicamente.
Parametrizar el concepto de los límites mínimos y máximos respecto a la afectación de
derechos humanos, para que el servicio de policía en sus diversas modalidades y especialidades, se desarrolle entendiendo que la violación de derechos humanos se produce
por la extralimitación o la omisión del ejercicio de funciones.
Describir las formas jurídicamente aceptadas para afectar aquellos derechos
humanos que con mayor frecuencia son objeto de limitación en el servicio de policía.
Armonizar el modelo del uso de la fuerza como medio de policía, con los lineamientos
de la teoría del riesgo y el concepto jurídico de la proporcionalidad y el estado de
Suministrar los elementos deontológicos y jurídicos para disminuir en el personal
uniformado de la Policía Nacional, los niveles de incertidumbre frente a la teoría del
daño antijurídico y del daño jurídico.
La Policía Nacional, en relación con los derechos humanos, tiene una doble responsabilidad: en primer lugar, protegerlos de la vulneración sin causa justificada y, en segundo
lugar, cumplir con las facultades jurídicas otorgadas por normas internacionales, constitucionales, legales y reglamentarias, para que en procura de garantizar la convivencia,
se contraríe a la persona que ha abusado de sus derechos causando detrimento a los
Bajo esta óptica, hay que entender que el catálogo, las definiciones, conceptos y normas
alrededor de la promulgación y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, no son elementos mediáticos o de consumo protocolario, ni
Talanqueras que impidan la actuación del policía, sino que entrañan una verdadera posibilidad
de ejercer la función pública de policía, por cuanto su objeto es garantizarlos en su
mayor amplitud, sin desconocer que jurídicamente pueden ser vulnerados durante el
desempeño policial, lo cual no deriva reproche por acto arbitrario, siempre que se haga
cumpliendo los procedimientos establecidos en la ley o en el reglamento, tal y como lo
prevén los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución Política.
Los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la circulación, la autonomía, la libertad, la intimidad y la confianza legítima, son los más proclives a ser afectados por la Policía Nacional durante el cumplimiento de su misión. Luego el esfuerzo se
debe orientar a buscar que el personal uniformado comprenda, integralmente, el ordenamiento jurídico que lo faculta para entrar en la esfera personal y así evitar el abuso o
La preservación de la convivencia (otrora orden público), no puede lograrse mediante
la supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el
desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades
ciudadanas.2 En una democracia constitucional, fundada en el respeto de los derechos
y de la dignidad de las personas, el orden público no es un valor en sí mismo ya que,
tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en múltiples oportunidades, es “un
valor subordinado al respeto a la dignidad humana”, por lo que, “la preservación del
orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es entonces
compatible con el ideal democrático”. Por ello el orden público debe ser entendido como
el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos.
Para mantener esa convivencia democrática, que resulta de la armonía social, el respeto
recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, la Policía Nacional debe actuar
bajo un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario
y de apoyo a la Rama Judicial (artículo 2º Ley 62/93).
Retomando lo anterior, en el ejercicio de la función y la actividad de policía consagradas
en las normas de policía, los servidores públicos uniformados de la Policía Nacional
tienen la facultad de proteger derechos fundamentales de las personas, bajo la premisa
de que ninguna actividad de policía podrá contrariar a quien ejerza un derecho sino a
quien abuse de él (artículo 6º Código Nacional de Policía y artículo 3º Ley 62 de 1993).
La privación del derecho a la circulación, la autonomía, el domicilio y la libertad personal,
no es exclusivo del ámbito penal. La Corte Constitucional lo denomina el juicio de proporCionalidad, según el cual, es posible que autoridades de policía afecten derechos fundamentales sin que medie orden de autoridad judicial.
Ha dicho la corte: “El juicio de proporcionalidad parte de la base de que el Estado sólo
puede restringir los derechos fundamentales –como el derecho a la libertad personal–
cuando tiene razones constitucionales suficientes y públicas para justificar su decisión.
En efecto, en un Estado constitucional de Derecho, el poder público no es el titular de los
derechos. Por el contrario, el Estado constitucional existe, esencialmente, para proteger
y garantizar los derechos fundamentales de los cuales son titulares, en igualdad de
condiciones, todas las personas”.
“En este sentido, ningún órgano o funcionario público puede restringir los derechos
fundamentales sino cuando se trata de una medida estrictamente necesaria y útil para
alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa y cuando el beneficio en términos
constitucionales es superior al costo que la restricción apareja. Cualquier restricción
que no supere este juicio carecerá de fundamento constitucional y, por lo tanto, debe
ser expulsada del mundo del derecho. Según el principio de proporcionalidad, una
restricción de los derechos fundamentales podrá considerarse constitucionalmente
Afectación Jurídica a los Derechos Fundamentales
aceptable siempre y cuando no vulnere una garantía constitucional específica (como
por ejemplo la prohibición de la pena de muerte o el derecho a una defensa técnica en
materia penal) y supere el test o juicio de proporcionalidad”.
“Este juicio quedará superado cuándo: 1) tal restricción persiga un fin constitucionalmente legítimo; 2) constituya un medio idóneo para alcanzarlo; 3) sea necesaria, al no
existir otro medio menos lesivo y que presente una eficacia similar para alcanzar el fin
propuesto; 4) exista proporcionalidad entre los costos y los beneficios constitucionales
que se obtienen con la medida enjuiciada”. 3
La Corte Constitucional en su análisis jurisprudencial ha recordado que sólo la Ley
puede expedir normas que limiten el ejercicio de derechos y libertades, generar prohibiciones, establecer contravenciones y fijar medidas correctivas 4. Luego los gobernadores, alcaldes, concejos o asambleas departamentales, no pueden expedir normas de
prohibición o reglamentar derechos y libertades, salvo que expresamente hayan sido
autorizados por la ley, en función de policía.
La política de protección de los derechos humanos en la Policía Nacional se direcciona
con estas dos dimensiones: en primer lugar amparar el ejercicio de derechos y libertades
y en segundo lugar asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares,
en cuyo propósito, el poder de policía –atribuido al Congreso de la República– ha dotado
a las autoridades de policía de facultades para que, sin afectar su núcleo esencial, se
limite su ejercicio en beneficio de la convivencia, cuando con esa limitación se logre el
equilibrio entre derechos y deberes.
1.1. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
Según la Constitución Política, toda persona nacional o extranjera es libre, y su libertad
sólo puede ser afectada, en materia penal, en dos situaciones: 1) captura por orden de
autoridad judicial5 y 2) captura por ser sorprendido en flagrancia de la comisión de una
conducta delictiva6.
La privación de la libertad no sólo se produce en el ámbito de lo penal, también en el ejercicio constitucional y legal del derecho de policía, el personal uniformado de la Policía
Nacional puede privar transitoriamente de ese derecho a la persona en los siguientes
eventos: 1) cuando ha tipificado en flagrancia una conducta contravencional, para el solo
efecto de conducirla ante el inspector de policía competente para imponer la medida
correctiva7; 2) hasta por doce horas para lograr su identificación cuando esta se ha dificultado, en procura de establecer si se encuentra solicitada por autoridad judicial 8; 3)
Corte Constitucional, Sentencia C-720 de 2007.
Corte Constitucional, Sentencia C-593 de 2005.
Constitución Política de Colombia artículo 28 inciso primero.
Ibídem artículo 32.
Código Nacional de Policía, artículos 69, 70 y 228. Corte Constitucional sentencia C-237/05.
Código Nacional de Policía, artículo 71. Corte Constitucional Sentencia C-024/94.
detención preventiva administrativa por la existencia de motivos fundados9; 4) para ser
trasladada a un establecimiento de salud por embriaguez aguda o alteración síquica 10 y
5) para retirar del lugar público o abierto al público a quien consume estupefacientes en
presencia de menores de edad.11
En materias distintas al derecho penal, un juez de otra jurisdicción tiene igualmente la
facultad de ordenar la conducción de personas para que cumplan con el deber de colaborar con la administración de justicia, por ejemplo en el caso de suministrar un testimonio en un proceso civil, en el cual, el personal de la Policía Nacional deberá prestar el
apoyo que sea requerido para su comparecencia.
No procede la privación de la libertad de las personas bajo la figura del acompañamiento
voluntario ante ninguna autoridad, ni por motivos distintos a los expresados.
Mantener a una persona contra su voluntad por un periodo de tiempo que supere el razonablemente necesario para determinar situaciones rutinarias como el registro personal
de policía, el registro de vehículos, la verificación de identidad, de documentos, de
mercancías, de automotores o como forma de castigarla por un acto desarrollado por
ella, configura los elementos estructurales del tipo penal de privación ilegal de la libertad,
constituyendo, a su vez, falta disciplinaria sancionada con destitución. Ante la necesidad de prolongar jurídicamente ese estado de privación de la libertad, para verificar
situaciones o hechos específicos a fin de establecer la posible presencia de conductas
punibles, se debe acudir a la figura de la detención preventiva administrativa, cuyos diez
requisitos han sido fijados por la Corte Constitucional, dentro de los cuales se consagra
el garantizar los derechos del capturado.
No menos grave es la sanción penal y disciplinaria cuando un miembro de la Policía
Nacional deja en libertad a una persona que ha tipificado una conducta punible, sin
que exista la facultad para hacerlo. El policía no tiene la atribución de resolver sobre
la libertad de una persona que presuntamente ha cometido un delito, así se trate de
un delito perseguible por querella en flagrancia, por ser de competencia exclusiva del
fiscal delegado competente de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Penal.12
Salas temporales de privación de la libertad
Las estaciones y subestaciones de policía cuentan con infraestructuras para mantener
en custodia las personas capturadas, mientras se surte el trámite ante la autoridad
judicial que ha solicitado su comparecencia, se conduce ante el fiscal delegado en caso
de captura en flagrancia o se verifican los motivos fundados que originaron su detención
preventiva administrativa. No es posible, por lo tanto, utilizarlas como sitio de reclusión
de personas retenidas, por la inexequibilidad de esta figura.
Ibídem, artículo 28 inciso segundo. Corte Constitucional, Sentencias C-024/94 y C-176/07. Código Nacional de Policía, artículo 67.
Corte Constitucional Sentencia C-720/07.
Ley 745 de 2002, artículo 3º.
Código de Procedimiento Penal, artículo 302 inciso cuarto.
Si bien estas denominadas salas de retenidos tuvieron su origen en la década de los
años setenta para facilitar la aplicación de la medida correctiva de retención transitoria,
con el tiempo y ante la dificultad carcelaria, se fueron convirtiendo en salas de detenidos
(personas con medida de aseguramiento) y hasta de condenados (personas condenadas), lo cual fue rechazado por la Corte Constitucional en el año 2000 13, al argumentar
que las salas y el personal de la Policía Nacional, no estaban adaptadas ni entrenados,
respectivamente, para atender población carcelaria (detenidos) o penitenciaria (condenados).
Ante la inexequibilidad del artículo 207 del Código Nacional de Policía, las exigencias
de la Corte Constitucional para regular la retención transitoria y la naturaleza misma de
la medida, las salas de retenidos en la Policía Nacional deben tener una estructura diferente a las salas de capturados. No es correcto utilizar la expresión salas de reflexión,
por contrariar flagrantemente el principio constitucional de presunción de inocencia 14 y
ser una forma peligrosista de incitar a la vulneración de otros derechos como el de la
honra y buen nombre de las personas privadas de la libertad, quienes sólo en el caso
de ser condenadas, recibirían una pena que tendría por función la prevención general,
la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección misma al
En consecuencia, sólo en las salas de capturados de la Policía Nacional deberán permanecer las personas imputadas de conductas delictivas; no podrán mezclarse detenidos
o condenados con personas que hasta ahora están siendo objeto de indagación; el
tiempo máximo de permanencia en estas salas es de treinta y seis horas, al cabo de las
cuales deberán ser dejadas en libertad o ser recluidas en establecimientos, acorde con
su condición (cárceles o penitenciarías). El fiscal, juez o el INPEC cuando incumplan
esta previsión constitucional, podrán ser objeto de acción de tutela por parte del comandante de estación o subestación respectiva.
En el caso de las salas de capturados de las seccionales de investigación criminal, la
Corte Constitucional impone las mismas reglas, no siendo posible extender la prolongación de la privación de la libertad más allá de las treinta y seis horas. Entendiendo
que existen casos especiales que obligan a mantener por más tiempo a determinadas
personas, el jefe de la respectiva seccional deberá observar las reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos y procedimientos establecidos en la convención de Ginebra
de 1955, adoptados por las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a la
regulación de visitas, alimentos y sanidad a cargo del INPEC y disfrutar de un periodo
En todo caso, se debe propender por construir y mantener estas salas con materiales
que faciliten su aseo, que no puedan ser usadas para autolesionarse o lesionar a otros,
que no mantengan una apariencia antiestética e insalubre que refuerce sicológicamente
Corte Constitucional, Sentencia T-847 de 2000.
Constitución Política, artículo 29 inciso cuarto.
la condición criminal, sino que corresponda con la majestad de las instalaciones de
quienes cumplen y hacen cumplir la ley.
Las personas encargadas directamente de las salas de capturados, tienen la responsabilidad de garantizar que quienes sean recluidos, reúnan los requisitos que impone la
ley para la privación de su libertad. En caso contrario, quedarían expuestos a la sanción
penal prevista para los delitos de detención arbitraria especial o prolongación ilícita de
La Policía Nacional asume la posición de garantía sobre las personas recluidas temporalmente en las salas de capturados, desde el momento de su captura hasta que sean
puestas en libertad o trasladadas a un establecimiento carcelario o penitenciario bajo el
ritualismo del Código de Procedimiento Penal. Esa garantía se extiende a la protección
de los derechos a la vida, la integridad personal, la presunción de inocencia, el buen
nombre y todos los demás derechos inherentes; sólo pierden transitoriamente los
derechos a la libertad y a la circulación. Luego, cualquier daño que se genere sobre la
persona privada de la libertad, debe ser reparado, con la posibilidad de que el agente
sea llamado en garantía para indemnizar el injusto.
La retención transitoria y la conducción
La retención transitoria como medida protectiva consagrada en el Código Nacional de
Policía, no puede ser ejercida por la Policía Nacional en los términos del artículo 207, de
acuerdo a lo previsto por la Corte Constitucional15, quien retiró esta facultad a los comandantes de estación o subestación de policía, ante el reiterado abuso y distorsión de este
valioso mecanismo de prevención, ordenando su regulación por medio de la ley, para
que incorpore los siguientes requisitos:
La retención tiene por objeto proteger a la persona que se encuentra en estado de
Alteración, incapacidad o especial vulnerabilidad.
El retenido debe ser informado de las razones de la retención, de los derechos y
Garantías constitucionales que lo asisten (no auto incriminarse, llamar a quien lo
Pueda asistir, tener asistencia legal).
Debe informarse al Ministerio Público.
La persona retenida debe ser objeto de atención especializada según el estado en el
La retención tendrá lugar mientras la persona supera el estado de vulnerabilidad o de
peligro o hasta que una persona responsable pueda asumir la protección requerida,
sin superar las 24 horas.
Los retenidos no deben ser ubicados en salas de capturados ni mezclados por género.
No es de recibo la tesis de recluir a una persona por veinticuatro horas en comisarías,
unidades permanentes de justicia, coliseos, estaciones o subestaciones de policía, con
base en una presunta embriaguez o un estado de excitación, bajo previsiones de normas
departamentales, distritales o municipales, máxime cuando la Corte declaró inexequible
la contenida en la norma legal.
Al respecto la Corte Constitucional16 estableció: “No pueden las asambleas departamentales, en consecuencia, dictar normas de policía que establezcan sanciones diferentes a
las previstas o autorizadas por el legislador nacional, dado que las medidas correctivas
de policía, por su naturaleza, función e implicación, constituyen limitaciones o restricciones de derechos constitucionales”. Respecto a los concejos estableció que las facultades constitucionales otorgadas no pueden entenderse como “una potestad autónoma
o residual para establecer limitaciones o restricciones a los derechos constitucionales,
entre ellas sanciones policivas, que no han sido previstas por el Congreso de la República”.
La conducción solo tiene validez cuando es ordenada por una autoridad de la Rama
Judicial en ejercicio de sus funciones. Ninguna autoridad de la Rama Ejecutiva o Legislativa o del Ministerio Público, está facultada para ordenar la privación de la libertad de
una persona. No es posible jurídicamente que un inspector de policía, un alcalde, un
secretario de gabinete departamental o municipal, un personero, un procurador o integrantes de la Policía Nacional, dispongan que una persona sea trasladada contra su
voluntad a una dependencia oficial para que atienda una citación que no ha cumplido,
como erróneamente se impone por parte de algunos, bajo la deformación de la figura de
la conducción17. No existe la orden administrativa de privación de la libertad.
Cuando la Policía Nacional priva de la libertad a las personas, estas pierden la posibilidad de auto protegerse, quedando en manos del personal uniformado las restantes dos
formas de protección de los bienes jurídicos; es decir, la posición de garantía y la intervención del Estado.
Los capturados deben ser trasladados en vehículos adecuados que ofrezcan condiciones de seguridad y mediante técnicas de conducción apropiadas para evitar que, en
caso de accidentes de tránsito, resulten lesionados o muertos en circunstancias que van
más allá del riesgo tolerado o permitido.
Ese riesgo natural de movilizarse en un vehículo se convierte en desaprobado o
prohibido, cuando la Policía Nacional desplaza a los capturados en las partes de las
camionetas o camiones reservadas para el transporte de carga. Asimismo, cuando la
persona es obligada a caminar o correr delante de una motocicleta en marcha, lo cual
Corte Constitucional, Sentencia C-237 de 2005.
puede generar un esfuerzo físico mayor al que pudiera soportar la persona, desencadenando descompensaciones fisiológicas traducidas en lesiones o la muerte.
Los expertos en investigación criminal recomiendan que los capturados deben ser
conducidos por separado, para evitar que entre ellos se produzcan diálogos que afecten
el curso de las indagaciones, se constriñan entre sí o se generen afectaciones físicas
como retaliación o para evitar delaciones.
Los capturados no deben ser trasladados en la parte delantera del vehículo al lado
del conductor, ni esposados con las manos en frente de ellos, para evitar que puedan
realizar maniobras peligrosas que afecten la seguridad misma del desplazamiento.
Tampoco deben ser desplazados junto con sustancias tóxicas o elementos peligrosos,
que puedan afectar su salud o ser usados en contra del personal policial.
La Corte Constitucional18 ha reconocido la necesidad de trasladar a las personas que se
encuentren en estado de alteración, incapacidad o especial vulnerabilidad, bajo la figura
de la retención transitoria, siempre y cuando esta se encuentre regulada por la ley. La
retención debe ser analizada desde el ámbito de la protección de los derechos humanos,
en el entendido que debe preferirse el transporte medicalizado o con la compañía de
profesionales en áreas de la salud para la prestación de los primeros auxilios físicos o
sicológicos o, en su ausencia, debe darse un tratamiento especial que no puede ser el
de un capturado, teniendo siempre el cuidado de no desestimar la posibilidad de que la
persona pueda atacar a los servidores públicos, a terceras personas o a bienes patrimoniales.
La captura como medio de policía y diligencia de policía judicial
El concepto de captura tiene una doble connotación: cuando obedece a procedimientos
de policía o cuando se desarrolla en materia penal. En el primer caso opera como medio
de policía para el desarrollo de batidas y redadas policiales o capturas momentáneas 19;
asimismo, para conducir al contraventor de policía, quien en flagrancia ha tipificado una
conducta contravencional de competencia del alcalde o el inspector de policía 20, casos
en los cuales, jurídicamente es posible afectar la libertad y circulación de las personas
para ser llevadas ante estos a fin de proceder a la aplicación de la medida correctiva, sin
que tenga efectos en materia penal.
En el segundo caso, la captura se encuentra asociada a la tipificación de conductas
delictivas, ya sea por orden judicial o por las tres modalidades de la flagrancia.
Frente al concepto de flagrancia, debe existir la claridad del concepto legal de delito
perseguible de oficio o por querella, cuyo conocimiento se traduce en la posibilidad de
acceder al derecho fundamental a la justicia. Los miembros de la Policía Nacional ante
informaciones que den cuenta de la existencia de conductas delictivas catalogadas
Corte Constitucional, Sentencia C-199 de 1998 y C-720-07.
Código Nacional de Policía, artículo 71. Corte Constitucional, Sentencia C-024/94.
Código Nacional de Policía, artículos 69, 70 y 228. Corte Constitucional, Sentencia C-237/05.
como oficiosas, deben iniciar de inmediato las acciones que permitan verificar su existencia, sin que se retarde o niegue ese actuar con la excusa de la falta de denuncia, so
pena de incurrir en el delito de prevaricato por omisión o de tipificar la misma conducta
informada pero en omisión.
En el caso de los delitos catalogados por el Código de Procedimiento Penal 21, como
perseguibles por querella de parte, la actividad de la Policía Nacional debe procurar
atender a los afectados, regresando la tranquilidad provocada por el injusto y orientándolos para que el querellante legítimo (titular del bien jurídico o persona ofendida)
presente la querella y se de inicio a la acción penal. En el caso de que estas conductas
sean conocidas bajo una de las tres modalidades de la flagrancia, el policía debe actuar
conforme a los parámetros establecidos para la persecución oficiosa, sin que le sea
exigible al afectado instaurar la querella.
La captura no es solamente el acto físico de la aprehensión, sino que de él emanan
efectos jurídicos de gran trascendencia para la sociedad, las víctimas y el propio indiciado. Esta señala el momento mismo en el que empieza a contabilizarse el tiempo en
que la Policía Nacional, la Policía de Investigación Criminal y el fiscal delegado, deben
concurrir ante el juez penal municipal con función de control de garantías, para que
este se pronuncie sobre la legalidad de la actuación dentro de las treinta y seis horas
siguientes a la privación de la libertad. De no pronunciarse el juez antes de esas treinta
y seis horas, la Corte Constitucional ha señalado que debe declararse la ilegalidad 22.
Igualmente, con la captura el indiciado también adquiere la condición de imputado, si
esta ocurre primero que la formulación de imputación, bajo lo previsto en el Código de
Procedimiento Penal23.
La captura obedece a la necesidad de poner inmediatamente a disposición del fiscal
delegado a la persona que ha tipificado una conducta descrita en el Código Penal como
punible, ya sea por la orden emitida previamente o por desarrollarse la flagrancia en
cualquiera de sus tres modalidades. Pero existen especiales circunstancias en las
que confluyen hechos que de acuerdo con la regla de la experiencia pueden revestir
la categoría de delito, sin que exista el elemento pericial que lo confirme o desvirtúe,
o que se requiera la práctica de actividades paralelas que obliguen a extender en el
tiempo la privación de la libertad sin que exista técnicamente la flagrancia, siendo necesaria su comprobación sumaria durante el lapso de horas. En estos casos, la persona
tiene derecho a conocer el motivo de la afectación a los derechos de libertad y circulación, que no es otro que la verificación de unos motivos fundados que surgen de lo
que se palpa o percibe por los sentidos, en el marco de lo que la Corte Constitucional
denomina detención preventiva administrativa24, con las mismas previsiones en materia
de protección de los derechos humanos de los capturados.
Código de Procedimiento Penal, artículo 74. Corte Constitucional, Sentencia C-425/08.
Código de Procedimiento Penal, artículo 2. Corte Constitucional, Sentencia C-163/08.
Código de Procedimiento Penal, artículo 126.
Constitución Política, artículo 28 inciso segundo. Corte Constitucional, Sentencias C-024/94 y C-176/07. Código Nacional de Policía, artículo 67.
La Policía Nacional está en la obligación de colaborar con la Rama Judicial, cuando
la privación de la libertad sea ordenada por una de sus autoridades. En materia penal
procede la privación de libertad, cuando un fiscal que dirige la investigación bajo los
lineamientos de la Ley 600 de 2000, expide la orden a la Policía Judicial para que el
imputado sea capturado o conducido con fines de vinculación al proceso (indagatoria) o
para asegurar su comparecencia (medida de aseguramiento). Asimismo, con la Ley 906
de 2004, cuando un juez penal municipal con función de control de garantías ordena la
captura de quien ha sido indiciado de la tipificación de una conducta delictiva. Excepcionalmente, ante la ausencia de un juez, un fiscal puede ordenarle a la Policía Judicial
realizar la captura. Los jueces de conocimiento o los de ejecución de penas, también
pueden ordenar la captura de los acusados o condenados.
En caso de oposición a las instrucciones impartidas a la persona por la policía para
lograr su captura, el Código Nacional de Policía 25 autoriza el uso de la fuerza necesaria
y limitada a la suficiente para vencer su resistencia.
La persona capturada debe ser tratada humanamente y no ser sometida a tratos crueles
o degradantes, ni a ser objeto de imputaciones deshonrosas, más allá de la notificación
del motivo de su captura.
El capturado no debe ser obligado a declarar en su contra, ni de sus parientes más
cercanos o de su cónyuge o compañero permanente, bajo el engaño de que es mejor
hablar que guardar silencio.
El derecho a la defensa opera desde el mismo momento de la captura, luego lo ideal
es asegurar la presencia de un defensor desde ese primer instante de privación de la
libertad. Se recomienda en operaciones policiales especiales, coadyuvar con la administración de justicia asignando profesionales del derecho de manera oficiosa, para que
garanticen la defensa técnica de manera inmediata.
En PROCEDIMIENTOS CON CONGRESISTAS procede la captura en flagrancia, teniendo en
cuenta la inmunidad y el fuero parlamentario26, el cual implica que el representante a la
Cámara o el senador capturado, debe ser dejado a disposición no del fiscal delegado,
sino del presidente de la respectiva corporación (Cámara o Senado).
El concepto jurídico de la RECAPTURA opera exclusivamente para los casos de evasión
de internos ya sea del establecimiento carcelario o penitenciario, durante su remisión
o cuando se encuentra con permiso. En estos casos no se requiere orden judicial para
su aprehensión, sino que basta con la solicitud de apoyo presentada por el director del
El acto jurídico de la captura en flagrancia delictiva debe ser realizado, salvo en los
casos donde se compruebe la existencia de inmunidad diplomática.
Código Nacional de Policía, artículo 29.
Ibídem, artículos 185 y 186.
Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) artículo 140.
Actuación policial con extranjeros
Los extranjeros residentes en Colombia, ya sea en tránsito o con domicilio, gozan de
los mismos derechos y obligaciones, salvo los políticos para elecciones departamentales o nacionales28, de tal manera que en su protección confluyen las mismas premisas
expuestas para los nacionales. En materia contravencional y penal, los extranjeros que
no conocen el idioma castellano deberán ser asistidos por un traductor acreditado o
simplemente reconocido por el juez.
Los extranjeros que gozan de inmunidad diplomática, no pueden ser capturados. En
el evento de tipificar conductas delictivas, la Policía Nacional debe recolectar la mayor
cantidad de información para asegurar las evidencias y la individualización del presunto
autor o autores, que permitan solicitar a las autoridades del país de origen, el inicio de
las acciones consecuentes con los hechos. Esto no impide que, en caso de ponerse en
riesgo la vida de una persona por la acción de un extranjero con inmunidad diplomática,
la Policía actúe anulando las intenciones de vulneración.
La retención de extranjeros por razones asociadas a la legalidad de su ingreso y permanencia en territorio colombiano, obedece a lo regulado en el decreto 4000 de 2004.
Cuando la Policía Nacional descubra la presencia de extranjeros cuyo ingreso o permanencia ha violado las normas de migración, debe proceder a dejarlas a disposición del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, quien tiene la facultad de retenerlos
hasta por treinta y seis horas y disponer medidas especiales de seguimiento y control,
sin que medie la intervención de autoridades judiciales. Jurídicamente un extranjero que
ha ingresado o que su permanencia es ilegal, no adquiere la condición de capturado,
pero deben garantizarse los derechos de toda persona privada de la libertad.
1.2. DERECHO A LA AUTONOMÍA
La Policía Nacional es el bastión que protege la convivencia democrática, por ser la
institución que hace posible el cumplimiento de la ley y constituye el soporte de las
autoridades para el desarrollo de sus funciones, situación que es aceptada y pregonada
por la Corte Constitucional en sus reiterados pronunciamientos, argumentando que los
poderes globales de policía deben ser eficaces dentro de la normalidad, ya que la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía condenaría al país
a permanecer en un estado de excepción permanente 29.
La Policía Nacional en el desarrollo del cumplimiento de su deber constitucional de
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas y asegurar la convivencia de los habitantes del territorio, debe superar los
tropiezos que surgen con algunos funcionarios de la Rama Judicial, argumentando bajo
los postulados del derecho constitucional aplicado a los procedimientos de policía, y
Constitución Política, artículo 100 y Ley 1070 de 2006.
Corte Constitucional, Sentencia C-024/94.
evitar que se presenten decisiones apartadas del ordenamiento jurídico con nefastas
consecuencias en contra de la eficaz y recta impartición de justicia.
Los miembros de la Policía Nacional, tienen el deber jurídico de actualizar su conocimiento para evitar que la rigidez del esquema mental penal que casi siempre acompaña
sus actuaciones, los lleve a tipificar el delito de prevaricato por omisión, cuando desconociendo esas mismas facultades, torpedean el desarrollo de procedimientos policiales
inherentes a su actividad con origen constitucional, dejando de realizar actividades jurídicas de policía que benefician el mantenimiento de la convivencia, con la excusa de que
con ellas se afecta la autonomía personal.
Previamente habría que indicar, que la Corte Constitucional concluyó que los cuerpos
de policía están habilitados constitucionalmente para realizar el registro de personas
y de vehículos, siempre con miras a favorecer la convivencia y a asegurar la tranquilidad e indemnidad de la comunidad, en adecuado respeto de los derechos, labor que
es de mera ejecución y no de realización autónoma. Pero no están autorizados para
efectuar, en ejercicio de esa misma actividad, inspecciones corporales, procedimiento
que requiere autorización judicial previa, ya que implica mayor afectación y restricción de
El registro personal de la Policía Nacional, es un mecanismo preventivo que afecta jurídicamente la autonomía de la persona, es decir, ninguna persona residente en Colombia,
salvo las que gozan de inmunidad diplomática, puede sustraerse a su práctica. Ello
exige la observación de protocolos especiales para no lesionar este derecho fundamental, por encima del límite establecido. El registro personal no conlleva una afectación
o restricción de derechos fundamentales que amerite la intervención judicial, a fin de
determinar su racionalidad y proporción.
La Corte Constitucional30, reconoció que la Policía Nacional tiene la facultad de practicar registros a personas, afirmando que se trata de “requisas o cacheos realizados
en lugares públicos, que implican la inmovilización momentánea de la persona y una
palpación superficial de su indumentaria para buscar armas o elementos prohibidos con
el fin de prevenir la comisión de delitos, o para garantizar la seguridad de los lugares
y de las personas”. La misma Corte31 define el término registrar “como sinónimo de
‘tantear’, ‘cachear’, ‘auscultar’, ‘palpar’ lo cual indica que la exploración que se realiza
en el registro personal, es superficial, y no comprende los orificios corporales ni lo que
se encuentra debajo de la piel. El empleo de la expresión ‘persona’, permite inferir que
el registro personal supone una revisión superficial del individuo y de la indumentaria
misma que porta y excluye cualquier exploración de cavidades u orificios corporales.
Este registro puede comprender además el área física inmediata y bajo control de la
persona, donde pueda ocultar armas o esconder evidencia”.
Corte Constitucional, Sentencia C-822/05.
Corte Constitucional, Sentencia C-789/06.
El registro personal primario es el que da inicio a toda actuación del policía, quien
velando por la seguridad del ciudadano, de transeúntes y la suya, procede a establecer
que la persona no alberga elementos con los cuales pueda generar daño a la vida, la
integridad o el patrimonio, constatando, paralelamente, la ausencia de elementos de
posesión ilícita.
El registro personal secundario opera durante el traslado y reclusión en las salas de
capturados, mientras es dejado a disposición de la autoridad que resolverá sobre la
prolongación de esa privación de la libertad. En este evento, la Corte Constitucional 32
ha permitido las requisas visuales o cacheos superficiales, sobre los internos y quienes
ingresan a visitarlos, como también sobre los elementos que unas y otras poseen o
pretenden ingresar a los reclusorios.
La Corte ha rechazado las injerencias visuales o por contacto sobre los cuerpos desnudos
de internos y visitantes, así como las intervenciones, comprobaciones e inspecciones
corporales, en aras de garantizar el respeto de los derechos fundamentales que tales
procedimientos comprometen. En este sentido, la Policía Nacional deberá garantizar
que durante el desplazamiento de capturados o su permanencia en instalaciones policiales, no porten elementos que puedan utilizar para autoinflingirse lesiones o atacar a
otros capturados o a los uniformados.
Una tercera forma de registro personal corresponde al realizado por la policía de investigación criminal de la Policía Nacional en cumplimiento a lo dispuesto por el fiscal
delegado y autorizado por el juez con función de control de garantías, para obtener
elementos materiales probatorios o evidencia física dentro del curso de un proceso
penal, el cual no implica inspección corporal ni tocamientos indignantes, sino la simple
verificación de la existencia del elemento que será aportado al proceso.
La Corte Constitucional33 confirmó que la Policía Nacional está facultada para realizar
el procedimiento preventivo de registro de vehículos sin acudir a la orden de autoridad
judicial, argumentando que “no tiene alcances de investigación penal ni de policía judicial
con miras al esclarecimiento de delitos; sólo son actos elementales de rutina, para identificar al conductor y a los pasajeros, constatar las características y la propiedad del
vehículo, al igual que la naturaleza, procedencia y legalidad de los objetos transportados”.
El registro de vehículos afecta el derecho a la circulación y a la autonomía de las
personas, quienes no pueden oponerse a su realización, por ser un acto de autoridad de
Si en el desarrollo de registros de vehículos la Policía Nacional encuentra elementos
materiales probatorios y evidencia física, que den lugar o sean conducentes en inves-
Corte Constitucional, Sentencia T-690/04.
tigaciones penales, deberá protegerlos e iniciar la cadena de custodia de los mismos,
procediendo a realizar las incautaciones y capturas correspondientes.
La Corte Constitucional frente al registro de personas, registro de vehículos y la
inspección corporal, afirmó que la Policía Nacional en desarrollo de la función preventiva,
puede acudir a mecanismos magnéticos, radiológicos o electrónicos, o a la ayuda de
animales especialmente adiestrados, que sin afectar de manera innecesaria ni desproporcionada la dignidad humana y la intimidad, con características preferibles a las del
cacheo, permitan determinar si el individuo lleva objetos o sustancias cuyo porte constituya en sí mismo delito (v. gr. armas, explosivos, sicotrópicos), y pueda poner en riesgo
bienes jurídicos de especial connotación, como la vida, la integridad personal, la salud,
la seguridad pública y la tranquilidad ciudadana. Esta previsión tiene especial realce, por
ejemplo, en el acceso e ingreso a lugares donde se celebren espectáculos, deportes,
esparcimiento, centros educacionales, asistenciales, culturales, cuarteles, establecimientos carcelarios y penitenciarios, otros edificios públicos, terminales de transporte y
acercamiento o abordaje a vehículos de movilización colectiva, en particular si acusan
mayor vulnerabilidad, como ocurre con el transporte aéreo.
El licor produce una intoxicación etílica aguda, socialmente aceptada. Esto implica que
la palabra “embriaguez”, se asocia a la ingesta de alcohol etílico, desconociéndose que
otras sustancias también causan embriaguez en el individuo que las consume.
En los códigos Penal, de Procedimiento Penal, de Tránsito y Nacional de Policía, se hace
referencia al estado de embriaguez, es decir, no se sanciona el consumo de alcohol, sino
la alteración del sistema nervioso central por la presencia de sustancias tóxicas que
acompañan comportamientos contrarios a derecho, como consecuencia de administrar
fuentes de riesgo sin el control absoluto de las facultades sicomotoras, en donde se
reducen la capacidad de reflexión, de atención y observación.
Lo que interesa a la ley y por ende a la Policía Nacional, es el estado de las alteraciones neurológicas que incapacitan más seriamente a un individuo para realizar labores
de responsabilidad y de cuidado, como sería conducir un vehículo automotor, portar
un arma de fuego o ejercer cualquier actividad de servicio público, lo cual puede ser
causado por cualquier droga ya sea alcohol etílico, derivados de la cocaína, la marihuana y los barbitúricos. De allí la importancia de la acción preventiva de la policía en
procura de reducir estas prácticas comunes de combinar actividades peligrosas con
sustancias embriagantes.
Los borrachímetros o alcohosensores, son métodos indirectos para determinar exclusivamente la alcoholemia, es decir, que en caso de que la alteración o embriaguez sea
producto de una sustancia distinta a la droga alcohólica, no podrá determinarse el riesgo.
En el evento de que una persona se niegue a realizar el mal llamado examen de alcoholemia por considerarlo una violación a sus derechos fundamentales, no es posible que la
Policía Nacional utilice la fuerza para obligarlo a configurar lo que, en efecto, constituiría
una autoincriminación, de acuerdo con lo previsto en la norma constitucional. Esto no
significa que la Policía Nacional se abstenga de ejercer su facultad constitucional y legal
de verificar estados de embriaguez de manera rutinaria, en personas que voluntariamente han asumido la posición de garantía sobre fuentes de riesgo, como la conducción
de vehículos. Ello obliga a que en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, se capacite al personal uniformado de la policía de vigilancia,
de tránsito y transporte en la realización de exámenes clínicos de embriaguez.
El procedimiento científico más objetivo para establecer la existencia del riesgo
desaprobado de embriaguez, es a través del examen clínico, que consiste en observar
los signos de alteración neurológica y los generales, traducidos en lo que científicamente
se conoce como incoordinación motora, nistagmos postural, polígono de sustentación,
disartria, aumento del diámetro de las pupilas (midriasis), ojos rojos (vasodilatación
conjuntival), rubicundez facial (vasodilatación cutánea), que considerados en conjunto,
sirven como apoyo para el diagnóstico de la embriaguez, sin importar la sustancia introducida en el cuerpo.
El alcohol etílico es una droga depresora del sistema nervioso central socialmente
aceptada salvo para la venta, compra o consumo de menores de edad.
Análisis de riesgo, grado de amenaza y atención a víctimas
Frente al constreñimiento ilegal, la tortura sicológica y demás formas atentatorias contra
el derecho fundamental a la autonomía personal, la Corte Constitucional ha analizado el
concepto de riesgo, sentando jurisprudencia en los siguientes términos:
El régimen constitucional ordinario no puede desconocer las tensiones propias de
la vida en comunidad y los roces producto de la promoción de la convivencia entre
grupos humanos que optan por distintas cosmovisiones. Por lo tanto, lo que regula
no es una pasividad social inexistente sino una vida social agitada, palpitante; una
vida social que se dinamiza en búsqueda de su propio sentido y en procura de su
Cuando una persona se encuentra en peligro y considera amenazados derechos
fundamentales como la vida y la integridad personal, es necesario que el Estado
dirija su accionar a evitar que se materialice el daño en concreto, y dicho accionar
sólo podrá estar precedido por una comprensión particular de los diversos factores
de riesgo que rodean a la persona35.
No hay lugar a suposiciones abstractas de riesgo cuando se han sufrido actos de
violencia y persecución.
Los niveles de riesgo se clasifican en: mínimo, ordinario, extraordinario y extremo.
Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2002.
Corte Constitucional, Sentencia T-976 de 2004.
Las características del riesgo extraordinario deben ser: específicas e individualizables,
concretas, presentes, importantes, serias, excepcionales, desproporcionadas, claras y
Ha de tenerse en cuenta cuál es el papel que una persona en riesgo desempeña
dentro de la sociedad, con el objeto de establecer si a determinado individuo se
le puede exigir que soporte una determinada carga de riesgo al que se encuentra
De acuerdo con el deber de solidaridad establecido en el numeral 2º del art. 95 de
la Carta Política, los ciudadanos deben asumir las cargas públicas inherentes a la
El nivel de riesgo ordinario es causado por el hecho de vivir en sociedad. La amenaza
se produce por factores externos, tales como la acción del Estado y la convivencia
La población que se encuentra en nivel de riesgo ordinario no puede solicitar medidas
especiales de protección, por cuanto el Estado, dentro de su finalidad, debe establecer medidas ordinarias y generales encaminadas a proteger a los asociados.
La Policía Nacional es la entidad responsable de adelantar los estudios de nivel de riesgo
y grado de amenaza36, de la persona que solicita protección al Ministerio del Interior y
de Justicia, por encontrarse en situación de riesgo cierto, inminente y excepcional, como
consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas,
públicas, sociales o humanitarias.
Los análisis de riesgo dirigidos a proteger a víctimas, testigos o intervinientes en procesos
penales, son competencia de la Fiscalía General de la Nación 37.
No existe equivalencia entre el riesgo y el grado de amenaza producidos en calidad de
víctimas, testigos o intervinientes en procesos penales –cuyo conocimiento y protección
son de competencia de la Fiscalía– frente a los que resultan del ejercicio de actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, asignadas al Ministerio
del Interior y Justicia y a la Policía Nacional.
La Policía Nacional, sólo a través de la policía de investigación criminal, será la encargada
de realizar las actividades tendientes a asistir y proteger a las víctimas, en el marco de
un programa metodológico y como consecuencia directa de las órdenes impartidas a
la Policía Judicial, sin que en su cumplimiento concurran los comandantes de departamento o policías metropolitanas.
Ante peticiones elevadas por la Fiscalía General de la Nación para la asistencia,
protección y evaluación del riesgo de víctimas, testigos o intervinientes en procesos
penales, la Policía Nacional debe aclarar que carece de competencia para adelantar
Decreto 1740 de 2010, artículos 5º, 25 y 26.
Ley 1106 de 2006, artículo 4º y resolución No. 5101 de 2008.
el procedimiento, con fundamento en la Ley 1106 de 2006 y la Resolución No.5101 de
2008, informando que las medidas de policía aplicables al caso concreto, serán las que
ordinaria y generalmente se cumplen en el servicio de policía, encaminadas a proteger a
los asociados, en cumplimiento a la sentencia T-976 de 2004 de la Corte Constitucional.
Cuando la Fiscalía General de la Nación remita a la Policía Nacional denuncias sobre
contravenciones de policía por amenazas, estas deben ser tramitadas por competencia
de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, al
comandante de la estación del respectivo municipio o localidad, para que aplique las
medidas correctivas establecidas en el artículo 201 del Código Nacional de Policía.
La Policía Nacional tiene una especial participación en la responsabilidad de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en
situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo,
dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo 38.
El Gobierno Nacional ha regulado la manera en que ciertas instituciones de la Rama
Ejecutiva deben prestar la protección a ex presidentes y ex vicepresidentes de la República39, correspondiendo a la Policía Nacional realizar el estudio de nivel de riesgo,
mantener un servicio de seguridad permanente, suministrar los medios logísticos apropiados y permitir a sus familiares utilizar los servicios de las instalaciones administrativas, hospitalarias, sociales y recreativas de la Policía Nacional, cuando lo requieran.
1.3. DERECHO A LA INTIMIDAD
La Corte Constitucional40 definió el derecho a la intimidad como el espacio exclusivo de
cada uno, como aquella órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe
gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia
de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano. Es el área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con
el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en
ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley.
La misma Corte ha sentenciado que son tres las maneras de vulnerar el derecho a la
intimidad. La primera de ellas es la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada
persona se ha reservado; la segunda, consiste en la divulgación de los hechos privados; y
la tercera, mediante la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales.
Ingreso, penetración, registro y allanamiento de domicilio
La Corte Constitucional41 considera que la privacidad del domicilio es una consecuencia
necesaria de la libertad individual, objeto de especial protección, expresándose con referencia a lo dicho por el profesor Alfredo Constaín quien, citando a Sansonetti manifestó:
Decreto 1737 de 2010, Por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el
Decreto 3570 de 2007.
Decreto 1700 de 2010, Por el cual se dictan unas disposiciones sobre protección y seguridad para los señores ex presidentes y ex vicepresidentes
Corte Constitucional, Sentencia T-696 de 1996.
Corte Constitucional, Sentencia C-1.024 de 2002.
“en la legislación inglesa el hombre más pobre puede despreciar en su cabaña todo
el poder de la corona aunque ella se arruine, aunque su techo cruja, aunque el viento
penetre en su interior y aunque se estremezca al choque de las tempestades, el entrar
en ella está prohibido al rey de Inglaterra. Todos los poderes del Estado están obligados
a detenerse respetuosamente ante el umbral de aquella cabaña destrozada”
La definición constitucional42 de domicilio excede la noción civilista y comprende,
además de los lugares de habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos
aislados en los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia
vida privada, separada de los terceros y sin su presencia.
El ejercicio del derecho a la intimidad en el propio domicilio no es absoluto, debido
a que la norma constitucional y la ley, otorgan facultades a ciertas autoridades de la
Ramas Judicial y Ejecutiva para ingresar a ellos, aun en contra de la voluntad de su
morador, dependiendo de especiales circunstancias y finalidades. Corresponde a la
Policía Nacional conocer estas facultades, por cuanto la mayoría de ellas se encuentran
asociadas a las modalidades del servicio de policía, siendo su obligación constitucional,
legal y reglamentaria acudir en apoyo de las autoridades con esa competencia y desarrollar las otorgadas para su aplicación de manera directa.
Para la protección de los derechos humanos, los miembros de la Policía Nacional
cuentan con diversas herramientas jurídicas asociadas al domicilio, las ciales han sido
declaradas constitucionales por la Corte Constitucional, quien mediante sentencia C-256
de 2008, hizo especial mención a las otorgadas a los alcaldes. En el siguiente cuadro
se resumen las circunstancias y las facultades jurídicas de actuación, en las que cualquier integrante del cuerpo de la Policía Nacional puede ingresar a lugares considerados como domicilios, ya sea por iniciativa propia o por orden de autoridad distinta a la
C-024 de
en Persecución de
El acceso al domicilio o a sitio
Para realizar revistas rápidas que
permitan asegurar que desde un
donde se ejerza trabajo o recreación inmueble no se va a atentar contra
bienes o personas que se encuentren
familiar, requiere del consentimiento
fuera de ellos. Así mismo para facide su dueño o de quien lo ocupe,
litar la realización de procedimientos
es decir que existe una habilitación
policiales desde el interior de estos.
informal, que puede ser verbal para
Acceso a domicilio por personal de la
Policía, en persecución de persona
que ha desarrollado una conducta
típica penal en flagrancia. A diferencia de la Ley 906/04, el policía
puede ingresar a cualquier domicilio,
capturando por favorecimiento a
quien se oponga a su ingreso.
Para lograr el ingreso a inmuebles
luego de que una persona que ha
cometido un delito se refugia en
un inmueble, sin importar que sea
propio o ajeno. El código y la Corte
no exigen la orden, a cambio se
de la flagrancia delictiva del tenedor
que se opone, por entorpecer la labor
de las autoridades de policía.
Registro y allanamiento por orden del
Jefe de policía (entiéndase alcalde o
gobernador) en los siguientes casos:
a) Capturar a persona a quien se
le haya impuesto por funcionario
competente pena privativa de la
b) Aprehender a enfermo mental peligroso o enfermo contagioso.
c) Inspeccionar algún lugar por
motivo de salubridad pública.
Puede ser empleado para contra-
rrestar la proliferación de los mal
llamados clubes sociales, como
estrategia para evadir el control del
horario establecido por la autoridad
d) Obtener pruebas sobre la existencia de casas de juego o establecimiento que funcione contra la
Como mecanismo jurídico de asedio
a las organizaciones encargadas del
e) Cuando sea necesario indagar
sobre maniobras fraudulentas en microtráfico, mediante la permanente
incautación de sustancias insalubres
las instalaciones de acueducto,
energía eléctrica, teléfonos y otros dentro de los domicilios utilizados
para su almacenamiento, tenencia o
f) Practicar inspección ocular
ordenada en juicio de policía.
g) Examinar instalaciones de energía
eléctrica y de gas, chimeneas,
hornos, estufas, calderas, motores
y máquinas en general y almacenamiento de sustancias inflamables o explosivas con el fin de
prevenir accidente o calamidad.
Permite penetrar a domicilio
por imperiosa necesidad en los
a) Para socorrer a alguien que de
alguna manera pida auxilio.
C-176 de
por imperiosa
b) Para extinguir incendio o evitar
su propagación, o remediar inundación, o conjurar cualquier otra
En cualquiera de estas circuns-
tancias, el policía de vigilancia o
cualquier miembro uniformado de la
Policía Nacional en aplicación del
d) Para proteger los bienes de
artículo 8º de la Ley 62 de 1993,
personas ausentes, cuando se
podrá ingresar a un domicilio por
descubra que un extraño ha pene- imperiosa necesidad.
trado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de las
c) Para dar caza a animal feroz.
e) Cuando desde el interior de una
casa o edificio se proceda por la
vía de hecho contra persona o
propiedad que se halle fuera de
Penetración a Permite ingresar a un predio rústico
En caso de requerir pasar a través de
cerrado, sin hacer obligatoria una
un predio rústico, la Policía Nacional
autorización del dueño administiene la autorización para hacer uso
trador, sugiere a la Policía “procurar”
contar con esta.
fundados de
La Corte Constitucional al analizar la
de quien se opone a requerimiento
existencia de la detención preventiva
administrativa (captura administrativa), hizo mención a diez requisitos, dentro de los cuales rechazó
que esta fuera utilizada como excusa
para ingresar a domicilios, salvo que
la persecución se iniciara desde
el exterior para aprehender a una
persona, que sin haber cometido
delito, emprendiera la huida ante
requerimiento de la Policía.
El comisario de familia puede
La Policía Nacional prestará el apoyo
Ingreso a domicilio en persecución
C-256 de
ingresar a un domicilio si existe un
peligro grave para la vida o
Constitucional de un menor de edad que justifique
allanamiento con fines de rescate.
y allanaCódigo de
Procedimiento persecución
sin orden en
Procedimiento materia penal
Permite el acceso de la Policía
Judicial a un domicilio en casos de
flagrancia delictiva, condicionando
que ante inmueble ajeno se requiere
el consentimiento del propietario o
tenedor o en su defecto la orden de
allanamiento o las voces de auxilio o
coacción del tenedor.
No se necesita orden de
de un fiscal cuando exista consentimiento del propietario, tenedor u otro
al comisario o defensor de familia
para el ingreso a domicilio con el
fin de rescatar a menores cuya integridad se encuentre amenazada.
Este procedimiento es exclusivo de
las unidades de la Policía Nacional
que cuenten con funciones de Policía
Judicial de acuerdo a lo establecido
en la ley 906 de 2004.
Este es el verdadero sentido del
mal llamado registro voluntario, que
obliga a que no existan vicios en el
consentimiento de quien autoriza,
de manera que entienda que de su
decisión, se puede generar una autoincriminación.
No se necesita orden de allanamiento de un fiscal cuando no
exista expectativa razonable de intimidad. Se considera que no existe
dicha expectativa cuando el objeto
se encuentra en campo abierto, a
plena vista, cuando se encuentra
abandonado o pueda visualizarse
con equipos técnicos, más allá del
alcance de los sentidos.
Esta medida de aplicación exclusiva
de la Policía Judicial, puede ser
empleada para obtener elementos
materia de prueba dentro del desarrollo de una investigación penal o
determinar la presencia en un domicilio de quien debe ser capturado.
El derecho civil43 prevé el allanamiento por decreto del juez o del funcionario comisionado de domicilios, naves y aeronaves mercantes, para efectuar el secuestro de
bienes, asegurar su entrega, inspección, exhibición judicial o examen de peritos, caso
en el cual la Policía Nacional debe prestar el apoyo de su fuerza.
El Código Penal Militar44 asigna al juez la facultad de ordenar el allanamiento de un
bien inmueble, nave o aeronave, para cumplir orden de captura o para rescatar a una
persona víctima de un delito o para encontrar las armas, instrumentos o efectos con que
se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución.
El Estatuto Tributario45 faculta al administrador de impuestos y aduanas nacionales y al
subdirector de fiscalización de la dirección de impuestos y aduanas nacionales a ordenar
el registro de establecimientos comerciales e industriales de empresas para obtener o
impedir que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento.
Adicionalmente, la policía judicial de la Policía Nacional deberá cumplir con el diligenciamiento de las órdenes de allanamiento y registro expedidas por los fiscales delegados
en el marco de procesos penales, bajo lo establecido en el Código de Procedimiento
Penal46.
La Constitución Política47 garantiza la protección del derecho a la intimidad de las
personas mediante la protección de sus comunicaciones, las cuales son inviolables
salvo orden emitida por la Fiscalía General de la Nación.
El derecho fundamental a la intimidad se ve afectado o se pone en peligro por la práctica
recurrente de ofrecer, vender o comprar instrumentos aptos para interceptar comunicaciones privadas entre personas, situaciones que por sí solas configuran delito 48 y, por lo
Código de Procedimiento Civil, artículo 113.
Código Penal Militar, Ley 522 de 1999, artículo 477. Corte Constitucional, Sentencia C-928 de 2007 y Ley 1407 de 2010 artículo 380.
Estatuto Tributario, decreto 624 de 1989 artículo 779-1. Corte Constitucional, Sentencias C-505 de 1999.
Constitución Política, artículo 230 numeral 2º, Código de Procedimiento Penal, artículos 219 y subsiguientes.
Constitución Política artículo 15, Sentencia C-626 de 1996.
Código Penal, artículo 193.
tanto, el personal de la Policía Nacional debe disponer de acciones que conlleven a su
neutralización, capturando e incautando.
Todo equipo electrónico conocido como escáner o receptor que sea portado y no cuente
con el respectivo permiso expedido por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 49,
debe ser incautado y puesto a su disposición para fines de decomiso.
La Policía Nacional en sus diversos procedimientos cuando recolecte como evidencia o
elemento materia de prueba equipos electrónicos transmisores o receptores de señales
como radioteléfonos, escáneres, interceptores, teléfonos móviles celulares o equipos
troncalizados y buscapersonas, que hayan sido utilizados para la comisión de conductas
delictivas, deberán asegurar que los capturados sean notificados del presunto delito de
utilización ilícita de equipos transmisores o receptores50, en concurso con la conducta
principal objeto de la captura.
La Constitución Política protege la inviolabilidad de correspondencia salvo orden judicial,
pero atendiendo los parámetros constitucionales, puede la Policía Nacional realizar la
revisión de paquetes bajo los límites propios de las labores preventivas, sin vocación
probatoria en el ámbito penal.
Establece la Corte51 que la Policía Nacional en desarrollo de la función preventiva, puede
acudir a mecanismos magnéticos, radiológicos o electrónicos, o a la ayuda de animales
especialmente adiestrados, sin afectar de manera innecesaria ni desproporcionada la
dignidad humana y la intimidad, como se había mencionado anteriormente en el acápite
de registro de vehículos.
El Derecho a la intimidad también garantiza que la información personal no puede ser
conocida o divulgada de manera arbitraria.
Una de las fortalezas de la Policía Nacional es el conocimiento que produce a partir de
los datos obtenidos de la administración de diversas fuentes y procedimientos autorizados constitucional y legalmente, descritos en los reglamentos institucionales, que
exigen un riguroso proceso de tratamiento. Labor que corresponde misionalmente a las
dependencias de la Policía Nacional que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia en el marco de la Ley 1288 de 2009.
En interpretación de la Corte Constitucional 52, esta recolección, más que una facultad,
es una obligación de los organismos de inteligencia, por lo que sus integrantes deben
entrar en permanente contacto con los hechos, lugares, elementos, personas y tiempos
Ley 1106 de 2006, artículo 1º que prorroga el artículo 34 de la Ley 782 de 2002.
Código Penal, artículo 197.
Corte Constitucional Sentencia C-789/06.
Sentencia T-444 de 1992.
que den origen a nuevas formas de conocimiento para vislumbrar escenarios prospectivos incidentes en la convivencia democrática. Pero esa recolección no puede ser el fin
último, por el contrario, es apenas el inicio de una tarea constitucional que deben desarrollar diversos actores en una serie sucesiva de fases que implican, necesariamente el
El punto de quiebre frente a la protección de los derechos fundamentales a la intimidad,
el buen nombre, la honra y el debido proceso lo constituye el conocimiento que de
la información recopilada tengan personas o instituciones ajenas al servicio de inteligencia que las recopila. Luego los mecanismos de autocontrol deben operar, desde el
momento mismo de la recopilación de la información extendiéndose infinitamente hasta
su destrucción o durante su almacenamiento, pasando a un nivel de mayor protección
cuando esta ha salido del organismo de inteligencia, bajo lo que la misma Corte Constitucional ha definido como “el principio tácito de colaboración y reserva de información
entre instancias del Estado”. Exige la Corte que ante requerimientos de otras instancias
oficiales de la información que reposa en la base de datos del organismo de seguridad,
sólo podrá suministrarse aquella que constituya antecedente penal o contravencional,
si del cruce de la información se infiere la probabilidad que sea aportada a un proceso
penal o sea debatida en una sesión en el Congreso de la República.
Afirma la Corte que en la recopilación de información los organismos del Estado están
facultados ampliamente y su límite lo constituye el respeto por los derechos humanos,
el debido proceso y la reserva absoluta. En tal sentido, las informaciones recopiladas
no podrán ser aportadas para que hagan parte de procesos penales, por cuanto su
producción no atiende los lineamientos del Código de Procedimiento Penal.
En lo que respecta a la información que la Policía Nacional recolecta en el marco del
proceso misional de inteligencia, esta no puede ser protagonista en el campo probatorio
con actuaciones de naturaleza judicial. En tal sentido, una vez obtenida la información
relativa a la comisión de una conducta punible, las actividades iniciales del servicio de
inteligencia se circunscriben a informar a la Policía Judicial, mas no a desarrollar paralelamente diligencias investigativas, por cuanto no tendrán fuerza probatoria vinculante.
Las autoridades de la Rama Judicial y la Policía de Investigación Criminal, insisten en
requerir de los organismos de inteligencia, información relacionada con órdenes de
batalla o componentes orgánicos para que hagan parte dentro de procesos penales
seguidos contra estructuras criminales. Al respecto, es necesario aclarar, que esta información no puede ser suministrada salvo que se trate de antecedentes penales o contravencionales de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política.
La Corte Constitucional53 para clasificar la información desde un punto de vista cualitativo en función de su publicidad y la posibilidad legal de obtener acceso a la misma,
estableció cuatro tipos: la información pública o de dominio público, la información semiprivada, la información privada y la información reservada o secreta.
La información pública puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna, sin importar
si la misma es general, privada o personal. La información semiprivada versa sobre
información personal o impersonal no pública y para acceder a ella o conocerla hay un
grado mínimo de limitación, derivado de una orden de autoridad administrativa en el
cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de
datos personales. La información privada sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden
de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. La información reservada
versa sobre información personal y tiene una estrecha relación con los derechos fundamentales del titular –dignidad, intimidad y libertad– no puede ser obtenida ni ofrecida ni
siquiera por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones, como por
ejemplo los llamados “datos sensibles” o relacionados con la ideología, la inclinación
sexual, los hábitos de la persona.
La base de datos del servicio de inteligencia de la Policía Nacional, está excluida de la
regulación establecida por la ley estatutaria de habeas data 54.
1.4. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
La defensa del espacio público es un deber constitucional de las autoridades administrativas y judiciales, que es afectado con frecuencia por la presencia de vendedores
informales. Estos comerciantes informales hacen uso del derecho al trabajo, que goza
de protección constitucional, colocándolo en conflicto con el deber de controlar, vigilar y
preservar el espacio público.
La Corte Constitucional55 ha dispuesto que el desalojo del espacio público está permitido
constitucionalmente, mediante un proceso judicial o policivo que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo y que se dispongan políticas
de protección, siempre y cuando el vendedor tenga a su favor el amparo de la confianza
legítima, que surge como consecuencia de la negligencia u omisión de las autoridades
quienes con sus actuaciones permisivas anteriores a la orden de desocupar, permiten
concluir en el imaginario del invasor que su conducta es jurídicamente aceptada, ante
la inexistencia de reproche que le haga ver la ilegalidad de su acto, legitimándolo tácitamente56.
Alude la Corte que los comerciantes informales que no se encuentren amparados por el
principio de la confianza legítima, pueden ser retirados del lugar, cuando las autoridades
no fueron complacientes con esta invasión.
El personal de la Policía Nacional debe asegurar que en cada procedimiento de
protección del espacio público, se dejen las constancias que a futuro demuestren que no
hubo complicidad con sus omisiones en la invasión del espacio público.
Ley 1266 de 2008, inciso tercero, artículo 2º, Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
Corte Constitucional, Sentencia T-617 de 1995.
Sentencia SU-360 de 1999.
1.5. DEBERES SOCIALES DE LOS PARTICULARES
La Policía Nacional en procura de los derechos humanos, debe asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales de los particulares. Para ello, en el marco de sus funciones, sus
integrantes deben conocer que por norma constitucional57, todos los habitantes del territorio colombiano están en la obligación de respetar los derechos ajenos y no abusar de
los propios; obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
respetar y apoyar a las autoridades; defender y difundir los derechos humanos como
fundamento de la convivencia; propender al logro y mantenimiento de la paz; colaborar
con la administración de la justicia; proteger los recursos culturales y naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano.
Los miembros uniformados de la Policía Nacional, en casos de urgencia, están facultados legalmente58 para utilizar, incluso por la fuerza, toda clase de bienes privados que
requieran, tales como vehículos, lugares privados, alimentos o drogas. El miembro de la
Policía no será responsable disciplinaria, penal o administrativamente por la afectación
causada, por cuanto se trata de un típico caso de estado de necesidad previsto por la
ley, en el marco del concepto del daño jurídico. El policía deberá informar a su superior
jerárquico qué elementos o bienes utilizó y la forma como los empleó, para demostrar el
grado de lesión causado, el cual deberá ser indemnizado por el Estado.
1.6 DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN
La Constitución Política59 garantiza el derecho a la reunión y a la asociación, salvo las
prohibiciones que establezca la ley. El Código Nacional de Policía regula el derecho a la
reunión de las personas.
Durante el desarrollo de la huelga, la Policía Nacional debe vigilar el curso pacífico
del movimiento y evitar que los huelguistas, los empleadores o cualquier persona en
conexión con ellos, excedan las finalidades jurídicas de la huelga o intenten aprovecharla para promover desórdenes, contravenciones o delitos.
El personal uniformado de la Policía Nacional debe tener la claridad de que mientras
la mayoría de los trabajadores de una empresa persista en la huelga, las autoridades
garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al
trabajo de grupos minoritarios de trabajadores aunque estos manifiesten su deseo de
hacerlo60. Está prohibida la huelga en los servicios públicos, pero no le corresponde a la
Policía Nacional declarar su legalidad o ilegalidad.
Constitución Política, artículo 95.
Código Nacional de Policía, artículo 33.
Constitución Política, artículos 37 y 56.
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 448.
1.7 HABITANTES DE LA CALLE Y MENDICIDAD
Las personas que ejercen la mendicidad merecen una especial atención de la Policía
Nacional, por cuanto detrás de ella puede configurarse el presunto delito de trata de
personas61, cuando es determinada por un tercero que se aprovecha de esta condición
Ha establecido la Corte Constitucional62 que la mendicidad de manera autónoma y
personal, sin incurrir en la intervención de un agente intermediario a través de la trata de
personas, no es una conducta punible delictiva o contravencional.
La Policía Nacional no está autorizada para disponer que los habitantes de la calle sean
obligados a cambiar de apariencia física, por ir en contravía de lo expuesto constitucionalmente63 en torno al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Campañas de aseo corporal, higiene, peluquería, incluso de atención en salud, están
proscritas por iniciativa institucional, salvo que sea el resultado de un proceso adelantado
al interior de otras instituciones, sin vulnerar la autonomía decisional de las personas,
en concordancia con lo expresado por la Corte Constitucional 64: “En Colombia, las políticas perfeccionistas no son de recibo, por cuanto no es admisible que en un Estado
que reconoce la autonomía de la persona y el pluralismo en todos los campos, las autoridades impongan a través de sanciones un determinado modelo de virtud o de excelencia humana. Este tipo de políticas hacen que el Estado admite exclusivamente una
determinada concepción de realización personal, lo cual es incompatible con el pluralismo. Además, en virtud de tales medidas, las autoridades sancionan a un individuo
que no ha afectado derechos de terceros, únicamente porque no acepta los ideales
coactivamente establecidos por el Estado, con lo cual se vulnera la autonomía, que es
la facultad de cada persona de darse sus propias normas. Las medidas de protección
no son incompatibles con la Carta. Sin embargo, ello no significa que cualquier medida
de esta naturaleza sea admisible, puesto que, en ocasiones, el Estado o la sociedad,
con el argumento de proteger a la persona de sí misma, terminan por desconocer su
“Cada quien es libre de decidir si es o no el caso de recuperar su salud. Ni siquiera bajo
la vigencia de la Constitución anterior, menos pródiga y celosa de la protección de los
derechos fundamentales de la persona, se consideraba que el Estado fuera el dueño
de la vida de cada uno y, en armonía con ella, el Decreto 100 de 1980 (Código Penal)
no consideraba la tentativa de suicidio como conducta delictual; mucho menos podría
hacerse ahora esa consideración”.
Código Penal, artículo 188A.
Corte Constitucional, Sentencia C-1068 de 2002.
Corte Constitucional, Sentencia C-040 de 2006.
Corte Constitucional, Sentencia C-040 de 2006 y C-221 de 1994.
El orden público o convivencia democrática, es el subconjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad, prosperidad, ecología, solidaridad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos.
El derecho a la libertad sólo podrá ser afectado en materia penal, en dos situaciones; 1)
captura por orden judicial y 2) captura por ser sorprendido en flagrancia de la comisión
de una conducta punible delictiva.
El personal de la Policía Nacional puede privar transitoriamente de la libertad en los
siguientes eventos; 1) para conducir al autor de una conducta contravencional descubierta en flagrancia hasta el inspector de Policía. 2) Hasta por un lapso máximo de doce
(12) horas para lograr la identificación del individuo. 3) Detención preventiva administrativa por la existencia de motivos fundados. 4) Para trasladar al sujeto en estado de
embriaguez o alteración síquica a un establecimiento de salud. 5) Para retirar del lugar
público o abierto a quien consuma estupefacientes delante de menores de edad.
Ante la necesidad de prolongar la privación de la libertad para verificar la presunta
comisión de una conducta punible, se debe acudir a la figura de detención preventiva
administrativa, siempre y cuando se cumplan los diez (10) requisitos establecidos por la
Corte Constitucional; el hacer caso omiso es motivo de sanción penal y/o disciplinaria.
La Corte Constitucional habilita la actuación del funcionario de Policía en su labor cotidiana, cuando se trate de registro a personas y vehículos, pero no cuando se trata de
inspecciones corporales, procedimiento que para realizarse requiere autorización judicial
previa en el marco de la acción penal. El uso de dispositivos radiológicos en aeropuertos
está permitido, para efectos de prevención exclusivamente.
Declaracion universal de derechos humanos vanessamarinbedoya