Source: http://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
Timestamp: 2017-03-23 20:03:09
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Ley de Defensa de la Competencia (Ley 16/1989, de 17 de julio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 126991
Publicado en:BOE Num. 170 (1989)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. TÍTULO I. De la libre competencia
CAPÍTULO I. De los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas
SECCIÓN 1ª. De las conductas prohibidas y de las autorizadas - arts. 1 a 8
SECCIÓN 2ª. De las sanciones - arts. 9 a 13
CAPÍTULO II. De las concentraciones económicas - arts. 14 a 18
CAPÍTULO III. De las ayudas públicas - art. 19
TÍTULO II. De los órganos de defensa de la competencia
CAPÍTULO I. Del Tribunal de Defensa de la Competencia
SECCIÓN 1ª. De la organización del Tribunal - arts. 20 a 23
SECCIÓN 2ª. De las funciones y facultades del Tribunal - arts. 24 a 29
CAPÍTULO II. Del servicio de Defensa de la Competencia
SECCIÓN 1ª. De la adscripción y funciones del Servicio - arts. 30 a 31.bis
SECCIÓN 2ª. De la colaboración de la Administración y de las facultades del Servicio de Defensa de la Competencia - arts. 32 a 34
SECCIÓN 3ª. Del Registro de Defensa de la Competencia - art. 35
CAPÍTULO I. Del procedimiento en materia de acuerdos y prácticas prohibidas y autorizadas
SECCIÓN 1ª. Del procedimiento ante el Servicio - arts. 36 a 38
SECCIÓN 2ª. Del procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia - arts. 39 a 44
SECCIÓN 3ª. De las medidas cautelares - art. 45
SECCIÓN 4ª. De las resoluciones del Tribunal - art. 46
SECCIÓN 5ª. De los recursos - arts. 47 a 49
CAPÍTULO II. Disposiciones comunes - arts. 50 a 57
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Adaptación al Reglamento (CE) nº. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PRIMERA. SEGUNDA. TERCERA. CUARTA. QUINTA. DISPOSICION DEROGATORIA. DISPOSICION FINAL. CONTENIDO
Norma citada en: 3079 sentencias, 786 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 2515 resoluciones administrativas, 3465 noticiasJUAN CARLOS I
Bajo el Título primero, 'De la libre competencia', se regula en el Capítulo primero, 'De los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas', un sistema de control flexible de los acuerdos que limitan la competencia en el mercado nacional, y se prohíbe tanto el ejercicio abusivo del poder económico como aquellas conductas unilaterales que por medios desleales sean capaces de falsear sensiblemente la competencia. En el Capítulo segundo, 'De las concentraciones económicas', se establece un régimen de control de aquellas que, por su importancia y efectos, pudieran alterar la estructura del mercado nacional en forma contraria al interés público. Y en el Capítulo tercero, 'De las ayudas públicas', se instituye un sistema que permitirá analizar éstas con criterios de competencia y, llegado el caso, prevenir sus efectos indeseables desde la perspectiva de los intereses generales.
Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:
Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el número 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley.
Los órganos de defensa de la competencia podrán decidir no iniciar o sobreseer los procedimientos previstos en esta Ley respecto de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia.
Artículo 1, apartado 3 añadido por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de Junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.Artículo 1, apartado 3, modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 1578 sentencias, 275 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 1438 resoluciones administrativas, 182 noticiasARTÍCULO 2
Conductas autorizadas por Ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá formular propuesta motivada al Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, para que adopte o inste a la autoridad pública competente, en su caso, la modificación o supresión de las situaciones de restricción de la competencia establecidas de acuerdo con las normas legales.
Artículo 2, apartado 1, segundo párrafo añadido por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de Junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.Artículo 2 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 320 sentencias, 91 artículos doctrinales, un formulario, 368 resoluciones administrativas, 22 noticiasARTÍCULO 3
Supuestos de autorización.
Se podrán autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1, o categorías de los mismos, que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización de bienes y servicios, o a promover el progreso técnico o económico, siempre que:
Artículo 3, apartado 2 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 139 sentencias, 87 artículos doctrinales, 457 resoluciones administrativas, 28 noticiasARTÍCULO 4
Autorizaciones singulares por el Tribunal.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1, en los supuestos y con los requisitos previstos en el artículo 3.
La autorización del Tribunal fijará la fecha a partir de la cual será efectiva, sin que pueda dicha fecha ser anterior a la de la solicitud de aquélla. Asimismo, determinará el período de tiempo por el que se otorga y podrá establecer modificaciones, condiciones u obligaciones, previa audiencia de los interesados y del Servicio de Defensa de la Competencia por un plazo común de diez días.
La autorización será renovada a petición de los interesados si, a juicio del Tribunal, persisten las circunstancias que la motivaron.
En el supuesto de que tres meses después de la presentación de la solicitud de autorización de acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas, el Tribunal no haya notificado ninguna decisión al respecto, las empresas partícipes podrán proceder a su aplicación provisional. Si los acuerdos no fuesen autorizados por el Tribunal, éste fijará en su resolución la fecha a partir de la cual ha de cesar dicha aplicación, sin que se puedan producir efectos retroactivos con respecto al acuerdo notificado por el período de aplicación provisional.
Artículo 4. La cláusula, contenida expresamente o por remisión, 'en todo o en parte del mercado nacional' es declarada inconstitucional hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias ejecutivas que la legislación estatal sobre defensa de la competencia establezca, por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 208/1999, de 11 de Noviembre de 1999.Artículo citado en: 108 sentencias, 38 artículos doctrinales, 466 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 5
Asimismo, mediante Reglamentos de exención, en que informará preceptivamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno podrá autorizar las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 3.2.
Artículo 5, apartado 1 modificado por la Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.Artículo citado en: 87 sentencias, 25 artículos doctrinales, 51 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 6
Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas:
La imposición, de forma directa o indirecta, de precios y otras condiciones comerciales o de servicio no equitativos.
La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una ante lación mínima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en caso de fuerza mayor.
Se aplicará también la prohibición a los casos en que la posición de dominio en el mercado de una o de varias empresas haya sido establecida por disposición legal.
Artículo 6, apartado 1 modificado; y apartado 2, letras f) y g) añadidas por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 493 sentencias, 115 artículos doctrinales, 618 resoluciones administrativas, 7 noticiasARTÍCULO 7
Cuando, a juicio del Servicio de Defensa de la Competencia, no concurran dichas circunstancias, procederá al archivo de las actuaciones.
Artículo 7. La cláusula, contenida expresamente o por remisión, 'en todo o en parte del mercado nacional' es declarada inconstitucional hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias ejecutivas que la legislación estatal sobre defensa de la competencia establezca, por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 208/1999, de 11 de Noviembre de 1999.Artículo 7 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 187 sentencias, 86 artículos doctrinales, 383 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 8
Corresponsabilidad de las empresas controladoras que ejercen influencia dominante.
Artículo citado en: 26 sentencias, 19 artículos doctrinales, 35 resoluciones administrativasSECCIÓN 2ª
Intimaciones del Tribunal.
Artículo 9. La cláusula, contenida expresamente o por remisión, 'en todo o en parte del mercado nacional' es declarada inconstitucional hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias ejecutivas que la legislación estatal sobre defensa de la competencia establezca, por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 208/1999, de 11 de Noviembre de 1999.Artículo citado en: 39 sentencias, 7 artículos doctrinales, 113 resoluciones administrativas, 3 noticiasARTÍCULO 10
Multas sancionadoras.
El Tribunal podrá imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas, que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de hasta 901.518,16 euros, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal.
La cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la importancia de la infracción, para lo cual se tendrá en cuenta:
Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 30.050,61 euros a sus representantes legales, o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.
No se impondrán multas por infracción del artículo 1, si se solicitare la autorización prevista en el artículo 4, por las conductas a que se refiere la petición realizadas en el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la decisión sobre la misma. Lo anterior no se aplicará cuando el Tribunal, tras un examen provisional de la solicitud, hubiera adoptado una decisión oponiéndose a la ejecución de los actos que constituyen su objeto.
Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, si el Tribunal de Defensa de la Competencia apreciara mala fe o grave temeridad en la actuación de alguna de las partes ante los órganos de defensa de la competencia, podrá imponerle una multa no superior a 30.050,61 euros.
Artículo 10. La cláusula, contenida expresamente o por remisión, 'en todo o en parte del mercado nacional' es declarada inconstitucional hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias ejecutivas que la legislación estatal sobre defensa de la competencia establezca, por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 208/1999, de 11 de Noviembre de 1999.Artículo 10, apartados 5 y 6 añadidos por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 10, apartado 1 modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes.Artículo 10, apartado 5 suprimido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Esta modificación entró en vigor a partir del día 1 de mayo de 2004.Artículo citado en: 560 sentencias, 35 artículos doctrinales, 391 resoluciones administrativas, 6 noticiasARTÍCULO 11
El Tribunal de Defensa de la Competencia, independientemente de las multas sancionadoras, podrá imponer a las empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de éstas, y agentes económicos en general, multas coercitivas de 60,10 a 3.005,06 euros al día con el fin de obligarlas:
Artículo 11. La cláusula, contenida expresamente o por remisión, 'en todo o en parte del mercado nacional' es declarada inconstitucional hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias ejecutivas que la legislación estatal sobre defensa de la competencia establezca, por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 208/1999, de 11 de Noviembre de 1999.Artículo 11 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 11 modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes.Artículo citado en: 15 sentencias, 18 artículos doctrinales, 27 resoluciones administrativasARTÍCULO 12
La prescripción también se interrumpe por los actos realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar los acuerdos sancionadores.
Artículo 12 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 65 sentencias, 15 artículos doctrinales, 64 resoluciones administrativasARTÍCULO 13
Otras responsabilidades y resarcimiento de daños y perjuicios.
La acción de resarcimiento de daños y perjuicios, fundada en la ilicitud de los actos prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por los que se consideren perjudicados, una vez firme la declaración en vía administrativa y, en su caso, jurisdiccional. El régimen sustantivo y procesal de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios es el previsto en las leyes civiles.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá, cuando le sea requerido por órgano judicial competente, emitir un informe sobre la procedencia y cuantía de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas.
Artículo 13, apartado 3 añadido por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 55 sentencias, 29 artículos doctrinales, 33 resoluciones administrativas, una noticiaCAPÍTULO II
Capítulo II modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.ARTÍCULO 14
Todo proyecto u operación de concentración de empresas deberá ser notificado al Servicio de Defensa de la Competencia por una o varias de las empresas partícipes cuando:
Como consecuencia de la operación se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 25 por 100 del mercado nacional, o de un mercado geográfico definido dentro del mismo, de un determinado producto o servicio.
El volumen de ventas global en España del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 40.000 millones de pesetas, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de ventas superior a 10.000 millones de pesetas.
A los efectos previstos en el apartado anterior se considerarán concentraciones económicas aquellas operaciones que supongan una modificación estable de la estructura de control de las empresas partícipes mediante:
Artículo 14 modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo citado en: 37 sentencias, 32 artículos doctrinales, 32 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 15
La notificación de las operaciones de concentración que entren en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la presente Ley deberá presentarse en el Servicio de Defensa de la Competencia previamente a su realización.
La operación de concentración no podrá llevarse a efecto, ni antes de ser notificada, ni antes de que la Administración manifieste, de forma expresa o presunta, su no oposición a la misma, o la subordine a la observancia de condiciones determinadas, en los términos establecidos en el artículo 17.
El hecho de la notificación será público.
Se determinará reglamentariamente la forma y contenido de la notificación en la cual constarán, en todo caso, los datos necesarios para poder apreciar la naturaleza y efectos de la operación.
Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá formularse consulta al Servicio sobre si una determinada operación supera los umbrales mínimos de notificación obligatoria previstos en el apartado 1 del artículo 14 de esta Ley.
La notificación de las operaciones de adquisición de acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, sea preceptiva la realización de una oferta pública de adquisición, será objeto de procedimiento específico determinado reglamentariamente.
Artículo 15, apartado 5 añadido por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de Junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.Artículo 15 modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo 15 modificado por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.Artículo 15, apartado 2, último párrafo modificado por la Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.Artículo citado en: 38 sentencias, 25 artículos doctrinales, 30 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 15 BIS
Remisión de expedientes al Tribunal y autorización tácita.
Se entenderá que la Administración no se opone a la operación si transcurrido un mes desde la notificación al Servicio, no se hubiera remitido la misma al Tribunal.
En el caso de que un proyecto u operación de concentración entre empresas que supera los umbrales establecidos en el artículo 14 de la presente Ley no hubiese sido notificado al Servicio, éste, de oficio, podrá requerir a las empresas para que efectúen la correspondiente notificación en un plazo no superior a veinte días a contar desde la recepción del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin haber sido presentada la notificación, el Director del Servicio, oídas las partes, podrá imponer la sanción prevista en el apartado 2 del artículo 18 de esta Ley, así como acordar la iniciación de oficio del expediente de concentración. No se beneficiarán de la posibilidad de una autorización tácita aquellas operaciones notificadas a requerimiento del Servicio.
En su caso, podrán entenderse comprendidas dentro de la operación determinadas restricciones a la competencia accesorias, directamente vinculadas a la operación y necesarias para su realización.
Cuando la operación analizada no reúna las condiciones establecidas en el artículo 14 de esta Ley, el Director del Servicio resolverá sobre si la operación debe ser tratada como un acuerdo de empresas con arreglo a lo previsto en el artículo 3 de esta Ley y sujeto, por tanto, al procedimiento previsto en el artículo 38 de la misma, en cuyo caso, no podrá beneficiarse de la autorización tácita.
Artículo 15 bis añadido por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo 15 bis, apartados 1 y 4 modificados por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.Artículo citado en: 3 sentencias, 12 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativasARTÍCULO 15 TER
Terminación convencional en expedientes de concentración.
Cuando de una operación de concentración, que no suponga la creación o el reforzamiento de una posición de dominio que pueda dificultar el desarrollo de la competencia en un mercado, puedan derivarse obstáculos a la competencia fácilmente subsanables, el Ministro de Economía y Hacienda, previo informe del Servicio de Defensa de la Competencia, podrá instar a las partes a presentar compromisos o modificaciones de la operación, la cual no se beneficiará del supuesto de autorización tácita. Las partes deberán contestar en el plazo de un mes a contar desde el momento en que sean instadas a la presentación de compromisos o modificaciones de la operación.
A la vista de los compromisos presentados y previo informe del Servicio de Defensa de la Competencia, el Ministro de Economía y Hacienda podrá resolver:
Artículo 15 ter añadido por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo citado en: una sentencia, 5 artículos doctrinalesARTÍCULO 16
Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Una vez remitido el expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia, éste deberá emitir su dictamen sobre la operación antes de dos meses. La apreciación de si un proyecto u operación de concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado se basará en un análisis de sus efectos restrictivos, previsibles o constatados, atendiendo principalmente a las siguientes circunstancias:
En los casos de empresas en participación se analizarán especialmente los posibles efectos restrictivos de la competencia derivados de la presencia de la empresa participada y de las empresas matrices en un mismo mercado o en mercados ascendentes, descendentes o próximos.
El Tribunal hará público su informe una vez recibido éste por el Ministro de Economía y tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido.
Artículo 16 modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo 16, apartado 1, primer inciso modificado por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.Artículo 16, apartado 3 modificado por el Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica.Artículo 16, apartado 3 modificado por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.Artículo citado en: 28 sentencias, 20 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativasARTÍCULO 17
El Tribunal de Defensa de la Competencia remitirá su dictamen al Ministro de Economía para que lo eleve al Gobierno, que en el plazo máximo de un mes podrá decidir:
Artículo 17 modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo 17 modificado por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.Artículo 17, apartado 1, párrafo b) modificado por el Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determina dos artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 17, apartado 1, párrafo b) modificado por la Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.Artículo citado en: 57 sentencias, 24 artículos doctrinales, 33 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 18
La falta de cumplimiento del deber de notificación será sancionada por el Director del Servicio de Defensa de la Competencia con multa de hasta 30.050,61 euros.
El Director del Servicio, independientemente de lo previsto en el apartado anterior, impondrá una sanción de hasta 12.020,24088 euros por día de retraso en la notificación cuando ésta haya sido requerida por el Servicio de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 15 bis.
El Servicio de Defensa de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 17; a tal efecto, y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá proponer al Gobierno la imposición de multas coercitivas de hasta 12.020,24088 euros, por cada día que transcurra sin ejecutar las obligaciones que procedan en cumplimiento del Acuerdo.
Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, el incumplimiento de lo ordenado en aplicación del artículo 17 podrá dar lugar a la imposición por el Gobierno a cada una de las empresas afectadas de multas de hasta el 10 por 100 de su respectivo volumen de ventas en España en el ejercicio en que se hubiera producido la operación de concentración.
Artículo 18 modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo 18, apartado 3 modificado y apartado 4 añadido por el Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determina dos artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 18, apartado 3 modificado y apartado 4 añadido por la Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.Artículo 18 modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes.Artículo citado en: 42 sentencias, 12 artículos doctrinales, 9 resoluciones administrativasCAPÍTULO III
El Tribunal de Defensa de la Competencia de oficio, o a instancia del Ministro de Economía y Hacienda, analizará los criterios de concesión de las ayudas públicas, en relación con sus efectos sobre las condiciones de competencia con el fin de emitir un informe que elevará al Consejo de Ministros. Dicho informe será público. El Consejo de Ministros, a la vista del contenido del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, decidirá, según los casos, proponer a los poderes públicos la supresión o la modificación de los citados criterios, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia. Todo ello sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden a la Comisión Europea.
Artículo 19 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 19 sentencias, 7 artículos doctrinales, 22 resoluciones administrativasTÍTULO II
Artículos 20 a 29
Naturaleza jurídica y fines generales.
El Tribunal de Defensa de la Competencia se configura como un Organismo autónomo, con personalidad jurídica pública diferenciada y autonomía de gestión en los términos establecidos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que, sin perjuicio de su adscripción administrativa, ejerce sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.
Tiene como fin general el de preservar el funcionamiento competitivo de los mercados y garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mismos, protegiéndola mediante el ejercicio de las funciones de resolución, informe y propuesta que la presente Ley le atribuye expresamente.
El Tribunal tiene su sede en la capital del Estado y su competencia, de acuerdo con la normativa sobre coordinación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, se extiende a todo el territorio español.
Para el desarrollo de sus fines, los recursos del Tribunal de Defensa de la Competencia estarán integrados por:
El Tribunal de Defensa de la Competencia elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo de Gobierno y posterior remisión a las Cortes Generales integrado en los Presupuestos Generales del Estado.
El Tribunal de Defensa de la Competencia está adscrito al Ministerio de Economía el cual ejercerá el control de eficacia sobre su actividad y se regirá por lo dispuesto en esta Ley y su normativa de desarrollo y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
El personal al servicio del Tribunal de Defensa de la Competencia será funcionario o laboral en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado y la contratación del Tribunal se regirá por las normas generales de contratación de las Administraciones Públicas.
Artículo 20 modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.Artículo citado en: 9 sentencias, 9 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativasARTÍCULO 21
El Tribunal de Defensa de la Competencia estará regido por el Pleno, integrado por un Presidente y ocho Vocales, nombrados mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio.
El Tribunal estará asistido por un Secretario.
Artículo 21 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 21, apartado 2 modificado por la Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.Artículo 21, apartado 1 modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.Artículo citado en: 6 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativasARTÍCULO 22
Incompatibilidades de sus miembros.
El Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerán su función con dedicación absoluta y tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la Administración del Estado.
Se exceptúa de lo anterior el desempeño ocasional de cargos o actividades en Organismos internacionales en representación o por encargo del Gobierno español, por los que no se percibirá retribución alguna salvo las dietas e indemnizaciones reglamentarias que pudieran corresponder.
Artículo 22, apartado 1 modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.Artículo citado en: un artículo doctrinal, 5 resoluciones administrativasARTÍCULO 23
Causas de cese y suspensión en el ejercicio del cargo.
Artículo citado en: una sentencia, 3 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativasSECCIÓN 2ª
El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia se entiende válidamente constituido con la asistencia del Presidente o Vicepresidente y cinco vocales.
El Tribunal podrá aprobar elaborar un reglamento de régimen interior en el que regule su organización y funcionamiento interno. Dicho reglamento interno se publicará en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Artículo 24 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 24, apartado 1 modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.Artículo citado en: 5 sentencias, 2 artículos doctrinales, 32 resoluciones administrativasARTÍCULO 25
Artículo 25, apartados a) y c). La cláusula, contenida expresamente o por remisión, 'en todo o en parte del mercado nacional' es declarada inconstitucional hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias ejecutivas que la legislación estatal sobre defensa de la competencia establezca, por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 208/1999, de 11 de Noviembre de 1999.Artículo 25 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 25, párrafo c) modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Esta modificación entró en vigor a partir del día 1 de mayo de 2004.Artículo citado en: 26 sentencias, 14 artículos doctrinales, 26 resoluciones administrativasARTÍCULO 26
El Tribunal informará los proyectos o proposiciones de Ley por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto legal, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.
Artículo 26 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 9 sentencias, 10 artículos doctrinales, 16 resoluciones administrativasARTÍCULO 27
Artículo 27 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 14 sentencias, 2 artículos doctrinales, 11 resoluciones administrativasARTÍCULO 28
El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente aquellas facultades que considere convenientes.
Artículo 28 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 22 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativasARTÍCULO 29
Sanciones por incumplimiento del deber de suministro de datos.
Toda persona natural o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con el Tribunal de Defensa de la Competencia, y está obligada a proporcionar a requerimiento de éste toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá imponer multas de hasta 6.010,12 euros a las personas físicas y jurídicas, quienes, deliberadamente o por negligencia, no le suministren datos o información o lo hagan de manera incompleta o inexacta.
Artículo 29 modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes.Artículo citado en: 4 sentencias, 5 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativasCAPÍTULO II
Artículos 30 a 35
Artículos 30 a 31.bis
Artículo citado en: 2 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativasARTÍCULO 31
Funciones del Servicio de Defensa de la Competencia.
Artículo 31 modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo 31 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 10 sentencias, 6 artículos doctrinales, 33 resoluciones administrativasARTÍCULO 31 BIS
Funciones del Director del Servicio de Defensa de la Competencia.
El Director del Servicio de Defensa de la Competencia ostenta la jefatura del mismo, pudiendo ejercer todas las competencias que la presente Ley atribuye al Servicio.
Artículo 31 bis añadido por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Artículo 31 bis modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: un artículo doctrinal, una resolución administrativaSECCIÓN 2ª
Artículos 32 a 34
Deberes de colaboración e información.
La cesión de datos o antecedentes de naturaleza tributaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria.
Artículo 32 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 10 sentencias, 7 artículos doctrinales, 30 resoluciones administrativasARTÍCULO 33
Funciones de investigación e inspección.
Los funcionarios debidamente autorizados por el Director del Servicio de Defensa de la Competencia podrán realizar las investigaciones necesarias para la debida aplicación de esta Ley.
Los funcionarios, en el curso de las inspecciones, podrán examinar, obtener copias o realizar extractos de libros, documentos, incluso contables, cualquiera que sea su soporte material y, si procediera, retenerlos por un plazo máximo de 10 días.
En sus inspecciones podrán ir acompañados de expertos o peritos en las materias sobre las que versen aquéllas.
La obstrucción de la labor inspectora podrá ser sancionada por el Director del Servicio con una multa de hasta el 1 por ciento del volumen de ventas del ejercicio económico inmediato anterior.
Artículo 33, apartado 2 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 33 modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes.Artículo 33, apartados 2 y 4 modificados por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.Artículo citado en: 4 sentencias, 8 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativasARTÍCULO 34
Investigación domiciliaria.
Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta Ley.
Artículo 34 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 18 sentencias, 7 artículos doctrinales, 22 resoluciones administrativasSECCIÓN 3ª
Carácter público del Registro y actos inscribibles.
Artículo citado en: 14 sentencias, 3 artículos doctrinales, 15 resoluciones administrativasTÍTULO III
Artículos 36 a 57
Artículos 36 a 49
Iniciado el expediente, se podrá publicar una nota sucinta sobre los extremos fundamentales del mismo, al objeto de que cualquiera pueda aportar información en un plazo que no excederá de quince días.
El Servicio dará cuenta al Tribunal de Defensa de la Competencia de las denuncias recibidas, del archivo de las actuaciones, de los acuerdos de terminación convencional y de las providencias de incoación de expedientes, sean de oficio o a instancia de parte interesada.
Artículo 36 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 196 sentencias, 24 artículos doctrinales, 357 resoluciones administrativas, 2 noticiasARTÍCULO 36 BIS
Supuestos de inadmisión y terminación convencional.
Artículo 36 bis añadido por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 6 sentencias, 4 artículos doctrinales, 13 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 37
Instrucción del expediente sancionador.
Cuando, tras la instrucción necesaria, el Servicio considere que no se ha acreditado la existencia de prácticas prohibidas, redactará la propuesta de sobreseimiento que se notificará a los interesados para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones oportunas. Posteriormente el Servicio, podrá acordar el sobreseimiento del expediente con archivo de las actuaciones. Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de esta Ley.
Artículo 37 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 158 sentencias, 14 artículos doctrinales, 313 resoluciones administrativasARTÍCULO 38
Instrucción del expediente de autorización.
En los supuestos a que se refiere el artículo 3.1 de esta misma Ley será preceptivo solicitar el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Artículo 38 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 42 sentencias, 10 artículos doctrinales, 182 resoluciones administrativas, una noticiaSECCIÓN 2ª
Artículos 39 a 44
Admisión a trámite del expediente.
Artículo citado en: 51 sentencias, 4 artículos doctrinales, 104 resoluciones administrativasARTÍCULO 40
Fase probatoria del expediente.
Si el Tribunal admitiese a trámite el expediente lo pondrá de manifiesto a los interesados por el plazo de quince días, dentro del cual podrán solicitar la celebración de vista y proponer las pruebas que estimen necesarias, sobre cuya pertinencia resolverá el Tribunal en el plazo de cinco días.
El Tribunal podrá disponer la práctica de cuantas pruebas estime procedentes, dando intervención a los interesados.
El resultado de las diligencias de prueba se pondrá de manifiesto a los interesados, los cuales podrán, en el plazo de diez días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance o importancia.
Contra las decisiones del Tribunal en materia de pruebas no se admitirá recurso alguno en vía administrativa.
Artículo 40, apartado 2 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 103 sentencias, 12 artículos doctrinales, 219 resoluciones administrativasARTÍCULO 41
Vista o escrito de conclusiones.
El Tribunal acordará la celebración de vista cuando lo estime necesario. En otro caso, concederá a los interesados un plazo de quince días para formular conclusiones.
La celebración de la vista será reservada y contradictoria, y en ella intervendrán los interesados, sus representantes y el Servicio de Defensa de la Competencia. El Tribunal podrá también requerir la presencia en la vista de aquellas personas que considere necesarias.
Artículo citado en: 26 sentencias, 6 artículos doctrinales, 113 resoluciones administrativasARTÍCULO 42
Después de la vista o transcurrido el plazo de formulación de conclusiones, y antes de dictar resolución, el Tribunal podrá acordar, para mejor proveer, la práctica de cualquier diligencia de prueba, incluso la de declaración de los interesados y la de reconocimiento, y recabar nuevos informes del Servicio o de cualquier otro Organismo, público o privado, y de autoridades o particulares sobre las cuestiones que el propio Tribunal determine.
La providencia que las acuerde establecerá el plazo en que deban practicarse, siempre que fuera posible fijarlo, y la intervención que los interesados hayan de tener.
Todas las pruebas acordadas como diligencia para mejor proveer se practicarán ante el Tribunal o ante el Vocal designado a tal fin.
Artículo citado en: 30 sentencias, 3 artículos doctrinales, 116 resoluciones administrativasARTÍCULO 43
Audiencia del Instructor y resolución del expediente.
El Tribunal, cuando lo estime conveniente, podrá convocar al Instructor para que le ilustre sobre aspectos determinados del expediente.
El Tribunal, conclusas las actuaciones, dictará resolución en el plazo máximo de veinte días.
Las resoluciones del Tribunal ponen fin a la vía administrativa.
Artículo citado en: 64 sentencias, 5 artículos doctrinales, 68 resoluciones administrativasARTÍCULO 44
Concurrencia con procedimiento ante los Órganos comunitarios.
El Tribunal podrá aplazar la resolución, a petición de parte, si se acreditase documentalmente que se está siguiendo un procedimiento por los mismos hechos ante los Órganos comunitarios. La suspensión se alzará, cuando se hubiese dictado por aquéllos resolución firme. La parte que hubiese alegado la excepción deberá comunicar al Tribunal la decisión adoptada, en el plazo de un mes a partir del día en que hubiese tenido conocimiento de aquélla.
Si se hubiera impuesto sanción por los Órganos comunitarios, el Tribunal deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que corresponda según la presente Ley, pudiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la infracción.
Artículo citado en: 8 sentencias, 6 artículos doctrinales, 22 resoluciones administrativasSECCIÓN 3ª
Clases y procedimiento para acordarlas.
El Servicio, una vez iniciado el expediente, podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y, en especial, las siguientes:
Ordenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere.
No se podrán dictar medidas cautelares que puedan originar perjuicios irreparables a los interesados o que impliquen violación de derechos fundamentales.
El Tribunal oirá a los interesados en el plazo de cinco días y resolverá en el de tres, sobre la procedencia de las medidas.
El Tribunal, por sí o a propuesta del Servicio, para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares, podrá imponer multas coercitivas con las garantías y en la cuantía previstas en el artículo 11.
El Servicio podrá proponer al Tribunal, de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento del expediente, la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieran ser conocidas al tiempo de su adopción.
La adopción de medidas cautelares en ningún caso podrá exceder de seis meses y cesarán, en todo caso, cuando se ejecute la resolución del Tribunal.
Artículo citado en: 20 sentencias, 8 artículos doctrinales, 86 resoluciones administrativasSECCIÓN 4ª
Contenido, aclaración y publicidad.
Las resoluciones del Tribunal podrán declarar:
Las resoluciones del Tribunal podrán contener:
La resolución que deniegue una solicitud de autorización intimará, en su caso, a los solicitantes y a los demás autores de las prácticas prohibidas que hayan sido parte en el expediente, para que desistan de las mismas, previniéndoles de que si con posterioridad a la notificación de la resolución desobedecieran la intimación, incurrirían en las sanciones previstas en el artículo 10.
El Tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Las resoluciones sancionadoras del Tribunal, una vez notificadas a los interesados, se publicarán en el 'Boletín Oficial del Estado' y, en la forma que aquél estime adecuada, en uno o varios diarios de ámbito nacional y de las provincias donde tengan el domicilio o realicen las prácticas las personas o empresas sancionadas. El coste de la inserción de las resoluciones correrá a cargo de la persona o empresa sancionada.
La desobediencia a las intimaciones del Tribunal será castigada conforme a lo establecido en el Código Penal.
Artículo citado en: 49 sentencias, 11 artículos doctrinales, 225 resoluciones administrativasSECCIÓN 5ª
Recurso contra los actos dictados por el Servicio de Defensa de la Competencia.
Artículo 47 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 45 sentencias, 22 artículos doctrinales, 420 resoluciones administrativasARTÍCULO 48
Trámites y resolución.
El recurso se presentará ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual ordenará al Servicio de Defensa de la Competencia que le remita el expediente con su informe en el plazo de cinco días.
En el caso de que el Tribunal aprecie que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo, lo rechazará sin más trámite.
Recibido el expediente lo pondrá de manifiesto a los interesados para que en el plazo de quince días aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Cumplido el trámite anterior, el Tribunal resolverá dentro de los diez días siguientes, sin que pueda exceder de tres meses el tiempo que transcurra desde la interposición del recurso hasta que se dicte y notifique la resolución. Cuando se interponga un recurso contra un acuerdo de sobreseimiento o de archivo del Servicio de Defensa de la Competencia, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso no podrá exceder de doce meses desde la fecha de interposición.
Artículo 48, apartado 1 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 48, apartado 4 modificado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.Artículo citado en: 12 sentencias, 7 artículos doctrinales, 358 resoluciones administrativasARTÍCULO 49
Recursos contra las resoluciones del Tribunal.
Artículo citado en: 104 sentencias, 15 artículos doctrinales, 360 resoluciones administrativas, 9 noticiasCAPÍTULO II
Supletoriedad de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 50 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 83 sentencias, 6 artículos doctrinales, 206 resoluciones administrativasARTÍCULO 51
Todas las Administraciones Públicas están obligadas a suministrar información o emitir los informes que se les soliciten.
El Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia, en cualquier fase del procedimiento, podrán recabar la colaboración de las Comunidades Autónomas. A tal efecto se les dará traslado de las actuaciones integrantes del expediente que sean relevantes para la adecuada prestación de la colaboración recabada.
Las Comunidades Autónomas, por su parte, podrán aportar las informaciones y observaciones que consideren oportunas, las cuales se unirán al expediente.
Artículo citado en: 82 sentencias, 3 artículos doctrinales, 62 resoluciones administrativasARTÍCULO 51 BIS
Artículo 51 bis añadido por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: una sentencia, un artículo doctrinal, una resolución administrativaARTÍCULO 52
Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o que conozcan tales expedientes por razón de profesión o cargo están obligados a guardar secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de ellos.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder a los infractores del deber de sigilo, la violación de éste se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Artículo citado en: 16 sentencias, 9 artículos doctrinales, 74 resoluciones administrativasARTÍCULO 53
Tratamiento de información confidencial.
Artículo citado en: 33 sentencias, 4 artículos doctrinales, 90 resoluciones administrativasARTÍCULO 54
El importe de las multas previstas en esta Ley se ingresará en el Tesoro Público.
Artículo 54 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo citado en: 6 sentencias, 3 artículos doctrinales, 14 resoluciones administrativasARTÍCULO 55
Prejudicialidad del proceso penal.
Artículo citado en: 6 sentencias, 4 artículos doctrinales, 13 resoluciones administrativasARTÍCULO 56
Plazos máximos del procedimiento.
Artículo 56 añadido por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.Artículo 56 modificado por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 56, apartado 1, párrafo añadido por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.Artículo citado en: 132 sentencias, 14 artículos doctrinales, 99 resoluciones administrativas, una noticiaARTÍCULO 57
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización del análisis y estudio de todo proyecto u operación de concentración de empresas que se lleven a cabo con arreglo al artículo 15 de la presente Ley.
No estará sujeta a la tasa la consulta previa prevista en el apartado 5º del artículo 14 de esta Ley.
El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo presente la notificación prevista en el artículo 15 de esta Ley, por la que se inicia la actividad o el expediente administrativo.
La cuantía de la tasa regulada en este precepto será:
La gestión de la tasa se llevará a cabo por el Servicio de Defensa de la Competencia en los términos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley, que podrán prever la obligación para los sujetos pasivos de practicar operaciones de autoliquidación tributaria.
El 50 por 100 de la recaudación obtenida por el pago de la presente tasa se afectará a los recursos del Tribunal de Defensa de la Competencia como ingresos propios.
Artículo 57 añadido por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.Artículo 57, apartado 5 modificado por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.Artículo 57 modificado por la Resolución 2/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General de Tributos, por la que se convierten, a euros las cuantías exigibles por las tasas y precios públicos cuya exacción corresponde al Ministerio de Economía y a sus organismos y entidades.Artículo 57, apartado 6 modificado y apartado 9 añadido por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.Artículo citado en: 2 sentencias, 9 artículos doctrinales, 25 resoluciones administrativasDISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Adaptación al Reglamento (CE) nº. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado
A efectos del cumplimiento del artículo 15 del Reglamento (CE) nº. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, los Juzgados y Tribunales remitirán al Servicio de Defensa de la Competencia, al mismo tiempo de su notificación a las partes, copia de las sentencias recaídas en los procedimientos judiciales civiles de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea a los que se refiere el artículo 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Disposición adicional única añadida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.Disposición citada en: una sentenciaDISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas comprendidas en el artículo 1 de esta Ley y existentes a la entrada en vigor de la misma, respecto de los cuales los interesados pretendan obtener la autorización a que se refiere el artículo 4, deberán ser comunicados al Servicio de Defensa de la Competencia, a los efectos establecidos en el artículo 38, en el plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente Ley en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Quedan exceptuados de la obligación establecida en el número anterior aquellos acuerdos y decisiones autorizados por el Tribunal de Defensa de la Competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 110/1963, de 20 de julio.
Disposición citada en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, 7 resoluciones administrativasSEGUNDA
Disposición citada en: 4 sentencias, 5 resoluciones administrativasCUARTA
Disposición citada en: una sentencia, un artículo doctrinalQUINTA
Disposición citada en: una sentencia, 2 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativasDISPOSICION DEROGATORIA
Disposición final, segundo párrafo añadido por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.Por tanto,
Ley Aplicable al Contrato de Seguro Internacional de Mercancías Ley de sanidad nacional de 25 noviembre 1944
Decreto 447/1996, de 26 de diciembre, por el que se establecen las bases para la homologación e integración funcional del personal transferido a la Xunta de Galicia de los centros sanitarios de las corporaciones locales, de personal perteneciente al Servicio Gallego de Salud con vínculo jurídico funcionarial de los cuerpos y escalas de la ...