Source: https://www.scribd.com/document/3930682/Anteproyecto-de-Ley-de-Procedimiento-Constitucional-Rep-Dominicana
Timestamp: 2018-09-22 03:45:25
Document Index: 44564648

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 188', 'Artículo 14', 'Artículo 8', 'Artículo 119', 'Artículo 3', 'Artículo 47', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13']

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Anteproyecto en discusión para la adpoción de la Ley para la justicia procesaL constitucional dominicana. Elaborado por un equipo de expertos en derecho constitucional. Editado por FINJUS y …Full description
Anteproyecto de Ley de Procedimiento Constituciona...
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Jurisdic Nac Supranacional
San Luis c Estado Nacional
PROCESO Y AMPARO.docx
Amparo Cuadro
Título Original: Anteproyecto Ley de Procedimiento Constitucional Consultor-Coordinador: Eduardo Jorge Prats Comisión de Expertos: Rafael Luciano
Pichardo Alejandro Moscoso Segarra Francisco Domínguez Brito Adriano Miguel Tejada Claudio Aníbal Medrano Pedro Balbuena Cristóbal Rodríguez Gómez Francisco Alvarez Luis Rivas Eric Raful Nassef Perdomo Andrés Marranzini Pérez Félix M. Tena De Sosa Edición al cuidado de: Román A. Jáquez Liranzo Luis Quezada
Esta publicación ha sido auspiciada por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) - Junio 2008 Diseño de portada, diagramación y arte final: Claudia Chez Communication Consulting (4cc) www.cuatrocc.com Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Existe amplio consenso en que la jurisdicción constitucional constituye el principal instrumento de garantía para la efectiva realización del principio de supremacía constitucional, de los supuestos básicos del sistema democrático y del orden de valores que conforman el Estado de Derecho. Cuando se analizan los procesos de transición hacia la democracia en diversos países, se destaca el especial interés que, en el rediseño de sus sistemas constitucionales, se ha prestado a la relevancia de la jurisdicción constitucional. A la carga histórica que ha significado la experiencia del autoritarismo, una de cuyas consecuencias más traumáticas ha sido la violación sistemática de los derechos fundamentales, es necesario oponerle una firme voluntad encaminada a generar las garantías que le permitan a la ciudadanía protegerse de los desmanes del poder. Es en ese tenor que uno de nuestros principales ejes de trabajo va dirigido al Fortalecimiento de la Justicia Constitucional, convencidos de que urge superar la idea
Fundación Institucionalidad y Justicia Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia
de que “la Constitución es un pedazo de papel”, cuyo efecto indeseable ha sido la de empañar toda nuestra institucionalidad, impidiendo captar el valor normativo fundamental de la Carta Magna. Una jurisdicción constitucional fuerte es la mejor opción para generar una contracultura basada en principios y valores constitucionales, que al echar raíces en la conciencia ciudadana, contribuyan a fortalecer nuestra democracia. Tras largas reflexiones y un ponderado análisis, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) se inclinan porque el mecanismo idóneo que articule esa jurisdicción constitucional lo constituya la creación de una Sala Especializada al interior de la Suprema Corte de Justicia. La escogencia de la Sala se debe a las ventajas que comporta desde el punto de vista político, del afianzamiento de la cultura de los derechos, de la consolidación del Poder Judicial y, en no menor medida, porque la misma se inscribe en líneas generales en la tradición en la que se ha conformado nuestra experiencia constitucional. Asimismo, en el marco del fortalecimiento de la jurisdicción constitucional, es absolutamente imprescindible contar con un instrumento normativo que sistematice todas
las garantías y mecanismos de protección de los derechos fundamentales: desde el clásico habeas corpus y el adolescente amparo, al menos conocido habeas data. La dispersión normativa no facilita el afianzamiento de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Es por esa razón que FINJUS y el CARMJ hemos aunado esfuerzos en la elaboración de este “Anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional”, que sometemos a la consideración de la comunidad jurídica. El interés de FINJUS y el CARMJ es que estas posiciones sean ampliamente conocidas por la ciudadanía interesada en los asuntos públicos y asimismo ponderadas por legisladores, funcionarios públicos y organizaciones sociales y profesionales, para respaldar, con ideas y argumentos convincentes, las aspiraciones de profundizar nuestra democracia y Estado de Derecho. En tal virtud, el primer borrador impreso que hicimos de este anteproyecto, fue presentado en un taller especializado, realizado el 6 de diciembre de 2007, donde participó un grupo de 40 participantes, que en 5 mesas de trabajo, hizo aportes significativos a este primer borrador. Más adelante, desde enero hasta mayo de 2008, una comisión de expertos se reunió periódicamente para discutir el borrador inicial, incorporar los aportes del taller y
producir un texto más elaborado, que es precisamente el que hoy ponemos en manos de la ciudadanía y de la comunidad jurídica nacional. Queremos agradecer los valiosos aportes realizados por los miembros de esta Comisión: Mag. Rafael Luciano Pichardo, Lic. Adriano Miguel Tejada, Lic. Francisco Domínguez Brito, Mag. Claudio Aníbal Medrano, Mag. Pedro Balbuena, Lic. Cristóbal Rodríguez Gómez, Lic. Francisco Álvarez, Lic. Eric Raful, Lic. Luis Rivas, Lic. Nassef Perdomo, Lic. Andrés Marranzini y Lic. Félix M. Tena De Sosa. En la materialización de este esfuerzo hemos contado siempre con la colaboración de personas de la más alta competencia y calidad humana. De un modo especial reconocemos el trabajo, constancia y profundidad que Eduardo Jorge Prats ha impregnado a este anteproyecto. Nuestro agradecimiento también a todas las personas que han contribuido y de seguro seguirán aportando para el éxito de éste y otros proyectos a favor de la institucionalidad democrática.
Vicepresidente Ejecutivo Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Artículo 1. Alcances. La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar, mediante los procesos constitucionales de control de constitucionalidad y de amparo, la supremacía de la Constitución y de los derechos en ella consagrados, y su uniforme interpretación y aplicación. La jurisdicción constitucional se ejerce por el Poder Judicial y a ella corresponde garantizar los derechos fundamentales y ejercer el control de la constitucionalidad de las normas y de los actos. Todos los poderes públicos están obligados a garantizar la supremacía de la Constitución en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 2. Infracción constitucional. Se tendrá por infringida la Constitución cuando ello resulte de la
confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación, con los valores, principios y reglas contenidos expresa o implícitamente en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el país. Artículo 3. Principios rectores. Los procesos regidos por la presente ley tienen como objetivo sancionar las infracciones constitucionales, a fin de garantizar, de la manera más efectiva y adecuada posible, la tutela de los derechos fundamentales, en función del sistema general de derechos fundamentales y de las especificidades de cada caso, con arreglo a los siguientes principios: a. Constitucionalidad. Corresponde a los jueces garantizar la eficacia de la Constitución y del bloque de constitucionalidad en los casos sometidos a su decisión, mediante la aplicación directa y preferente de sus disposiciones. b. Complementariedad. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos explicita o implícitamente en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por los poderes públicos y las interpretaciones que de éstos
hagan los órganos jurisdiccionales y consultivos supranacionales. c. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, y en razón del control difuso, debe adoptar de oficio todas las medidas requeridas a los fines de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales que explícita e implícitamente integran nuestro bloque de constitucionalidad, aunque no hayan sido invocadas por las partes o lo hayan sido erróneamente. d. Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas constitucionales y supraconstitucionales prevalecerá la que sea más favorable al sujeto de derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que normas del bloque de constitucionalidad prevalecerá aquélla aun sea de jerarquía inferior. e. Progresividad. La interpretación de la Constitución y el bloque de constitucionalidad tiene que adecuarse
a la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales. f. Accesibilidad. El acceso a la jurisdicción no debe tener obstáculos, impedimentos o formalismos que retarden o impidan su conocimiento y solución del conflicto. La urgencia que de la afectación actual o eventual deriva exige el inmediato acceso a la justicia constitucional. Las formalidades exigidas por la ley se adecuarán a los fines y valores que todo proceso de naturaleza constitucional reclama. g. Celeridad. Los procesos Constitucionales deben resolverse en plazos breves. Trámites innecesarios no deben dilatar la solución de fondo de los casos. h. Inconvalidabilidad. El quebrantamiento de normas y principios constitucionales está viciado de nulidad absoluta y se prohíbe su subsanación o convalidación; constatada su violación, en el control difuso, el acto lesivo se anula retroactivamente. En el control concentrado, la anulación retroactiva queda a la potestad de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, quien puede graduar sus efectos de acuerdo a la naturaleza de cada caso. i. Informalidad. La acción para interponer procesos constitucionales debe de estar exenta, en la mayor
medida posible, de los formalismos y rigores de la justicia ordinaria. Ni la forma, ni la hora o el día, ni formularios o sellos serán necesarios siempre que esté clara la pretensión o reclamo del accionante en justicia constitucional, salvo los que se exigieren para incoar acciones de inconstitucionalidad vía control concentrado. j. Gratuidad. La jurisdicción constitucional no puede estar condicionada a gastos, sellos, fianzas o costos de cualquier naturaleza que retarden o impidan el acceso a la justicia. Las actuaciones en los procesos constitucionales, salvo la excepción de constitucionalidad, están exentas de costas. k. Inderogabilidad. Los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los estados de excepción. Artículo 4. Precedente. Las sentencias de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando esta Sala resuelva, apartándose del precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia las razones por las cuales ha variado su criterio. Constituyen también precedentes vinculantes
las interpretaciones de los órganos internacionales en materia de derechos humanos instituidos en virtud de convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana y cuya competencia haya sido formal y expresamente aceptada por los poderes públicos nacionales. Artículo 5. Plazos. Los plazos establecidos en esta Ley son perentorios e improrrogables. a. Cualquier retardo en su cumplimiento es sancionado disciplinariamente sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario. b. No se interrumpen ni se suspenden por ningún incidente ni actuación que no esté preceptuado expresamente por la ley como suspensivo. c. Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se cuentan a partir del recibo de la gestión que los motive, y para las actividades de las partes desde la notificación de la resolución que las cause. d. Si los jueces no dictan la resolución correspondiente en los plazos establecidos en esta ley, el interesado puede presentar queja por retardo de justicia ante el tribunal inmediatamente superior. El tribunal que conoce de la queja resuelve directamente lo solicitado
o emplaza al juez o tribunal para que lo haga dentro de las veinticuatro horas de devueltas las actuaciones. Si es necesario para resolver, el tribunal puede ordenar que se le envíen las actuaciones. Si el juez o tribunal insiste en no decidir, son reemplazados inmediatamente, sin perjuicio de su responsabilidad personal. Artículo 6. Representación procesal del Estado. La representación del Estado en los casos de amparo contra la Administración se regirá por las leyes de lo contenciosoadministrativo vigentes. En los demás casos y materias, el Estado estará representado por el Ministerio Público o los abogados que éste tenga a bien designar. La no participación de los representantes del Estado no afecta el inicio, la continuación, la finalización ni la validez de los procesos constitucionales. Artículo 7. Acción de amparo. La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el país, salvo la libertad física que es tutelada
por la acción de habeas corpus. Estos actos u omisiones comprenden la privación de derechos, la obstaculización de su ejercicio, la restricción o desconocimiento de los mismos, y también cuando se amenaza con cualquiera de las anteriores vulneraciones. a. Legitimación procesal. Cualquier persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales mediante la acción de amparo. El Defensor del Pueblo y las agrupaciones privadas están indistintamente legitimados para proponer e impulsar la acción de amparo. Todas las personas pueden denunciar ante el Defensor del Pueblo, los hechos que permitan articular la acción de amparo. b. Inadmisibilidad. La acción de amparo no será admisible en los siguientes casos: 1) Cuando se trate de actos jurisdiccionales emanados de cualquier tribunal de los que conforman el Poder Judicial, salvo aquellos que no sean susceptibles de ser suspendidos o recurridos conforme procedimientos ordinarios, idóneos para la tutela de los derechos vulnerados, en tanto sencillos, sumarios y rápidos o cuando la vulneración del derecho fundamental pudiera convertirse en irreparable si se exigiere que
se agoten los recursos pertinentes contra estos actos jurisdiccionales, o cuando la resolución judicial atacada en amparo esconde en realidad una vía de hecho contra el titular del derecho. 2) Cuando se trata de leyes u otras disposiciones normativas, salvo que se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas autoejecutorias o de efecto automático, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o hagan aplicables al perjudicado. 3) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los doce (12) meses que sigan a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de sus derechos. Las violaciones continuadas prescriben a partir del último acto u omisión o los efectos de ese acto u omisión, siempre que hayan sido conocidos por el agraviado. c. Autonomía. El amparo constituye una acción autónoma, que no podrá suspenderse o sobreseerse para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial, de la naturaleza que fuere; ni tampoco se subordina al cumplimiento de formalidades previas, o al agotamiento de otras vías
de recurso o impugnación establecidas en la ley para combatir el acto u omisión que pretendidamente ha vulnerado un derecho fundamental. d. Competencia. Será competente para conocer la acción de amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar donde se haya manifestado el acto u omisión rechazado mediante este mecanismo de tutela de los derechos fundamentales. 1. En aquellos lugares en los cuales el tribunal de primera instancia se encuentre dividido en cámaras, se apoderará de la acción de amparo el juez cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho alegadamente vulnerado. 2. Los demás estamentos jurisdiccionales especializados existentes o los que pudieran establecerse en nuestra organización judicial, podrán conocer también acciones de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a ese tribunal, debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento especial instituido por la presente ley. 3. La jurisdicción contencioso-administrativa
conocerá las acciones de amparo contra los actos u omisiones de la Administración Pública. Los tribunales de primera instancia conocerán estas acciones en aquellas materias en que las leyes le han asignado transitoria o definitivamente competencia en asuntos contencioso-administrativos. 4. Cuando se trate de actos lesivos que emanen del Presidente de la República, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, así como de amparos interpuestos por entidades públicas, tiene competencia exclusiva para conocer el amparo en única y última instancia la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia. e. Incompetencia. En caso de que el juez requerido se declare incompetente para conocer de la acción de amparo, se considerará interrumpido el plazo de la prescripción establecido para la introducción de la demanda por el Artículo 7.b de la presente ley, siempre que la misma haya sido interpuesta en tiempo hábil. Cuando el juez originalmente apoderado de la acción de amparo se considere incompetente para conocer de la misma, éste deberá señalar expresamente la jurisdicción competente,
no pudiendo la que resultare apoderada rehusar estatuir en relación con la reclamación de amparo interpuesta bajo la pena de incurrir en denegación de justicia. La decisión mediante la cual el juez originalmente apoderado determina su competencia o incompetencia no será susceptible de ningún recurso. Incurre también en denegación de justicia el juez que declare su incompetencia para conocer de la acción de amparo, y no señale en consecuencia el tribunal que considere competente. Ningún tribunal podrá declarar de oficio su incompetencia material o territorial para conocer de una acción de amparo. f. Recusación, declinatoria o inhibición. En caso de recusación, declinatoria por sospecha legítima o seguridad pública o inhibición del juez apoderado, el presidente de la cámara o presidente de la corte de apelación correspondiente, deberá en un plazo no mayor de ocho (8) días pronunciarse sobre el tribunal que habrá de conocer la acción de amparo. g. Interposición de la acción. La acción de amparo se intentará mediante escrito dirigido por el reclamante al juez apoderado, y depositado en la secretaría del tribunal, el cual deberá contener: 1) la indicación del órgano jurisdiccional al que va dirigida, en atribuciones de tribunal de amparo; 2) el nombre,
profesión, domicilio real y menciones relativas al documento legal de identificación del reclamante; 3) el señalamiento de la persona física o moral agraviante, con la designación de su domicilio o sede operativa, si fuere del conocimiento del agraviado; 4) la enunciación sucinta y ordenada de los actos y omisiones que alegadamente han infligido o procuran producir una vulneración, restricción o limitación a un derecho constitucionalmente protegido del reclamante, con una exposición breve de las razones que sirven de fundamento a la acción; 5) la indicación del derecho fundamental conculcado o amenazado, y cuyo pleno goce y ejercicio se pretende garantizar o restituir mediante la acción de amparo; 6) la fecha de la redacción de la instancia y la firma del solicitante de protección o la de su mandatario, si lo tiene; en caso de que el reclamante no sepa o no pueda firmar, deberá suscribirlo en su nombre una persona que no ocupe cargo en el tribunal y que, a ruego suyo, lo haga en presencia del secretario, lo cual éste certificará. 1. La persona reclamante que carezca de aptitud para la redacción del escrito de demanda puede utilizar los servicios del secretario del tribunal o del empleado que éste indique, quedando sometida la formalidad de la firma a
lo prescrito en el artículo anterior. 2. El no cumplimiento de las formalidades establecidas en este literal g) no será causa de inadmisibilidad de la acción de amparo. h. Procedimiento. Una vez recibida la solicitud de amparo, el juez apoderado dictará un auto, en un plazo no mayor de tres (3) días, autorizando al solicitante a citar al presunto agraviante a comparecer a la audiencia que tendrá lugar para conocer de los méritos de la reclamación. 1. La fecha de dicha audiencia deberá señalarse expresamente en el auto y tendrá lugar dentro de los cinco (5) días, de su emisión, resultando indispensable que se comunique a la otra parte, copia de la demanda, y de los documentos que fueren depositados con ella, por lo menos con un (1) día franco antes de la fecha en que se celebre la audiencia. 2. En casos de extrema urgencia, el juez de amparo podrá permitir al solicitante citar al alegado agraviante a comparecer a la audiencia a hora fija, aún los días feriados o de descanso, sea en su propio domicilio con las puertas abiertas.
3. La audiencia del juicio de amparo será siempre oral, pública y contradictoria. i. Prueba. Los actos u omisiones que constituyen una lesión, restricción o amenaza a un derecho individual constitucionalmente protegido, pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido en nuestra legislación. j. Poderes del juez. El juez de amparo gozará de los más amplios poderes para celebrar medidas de instrucción, así como para recobrar por sí mismo los datos, informaciones y documentos que sirvan de prueba a los hechos u omisiones alegados, aunque deberá garantizar que las pruebas obtenidas sean comunicadas a los litisconsortes. Las personas físicas o morales a quienes les sea dirigida una solicitud tendente a recabar informaciones o documentos están obligadas a facilitarlos, sin dilación, dentro del término señalado por el tribunal bajo pena de incurrir en obstrucción de justicia. k. Medidas cautelares. El juez de amparo podrá ordenar en cualquier momento del proceso, de oficio o a petición del accionante, la adopción de cuantas medidas cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad del derecho fundamental cuya violación se alega. El juez adoptará la medida cautelar idónea siempre que: (a) pudieran producirse situaciones
que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en amparo; y (b) de las alegaciones y documentos aportados por el accionante, sin prejuzgar el fondo del asunto, parezca fundada la pretensión. El juez puede decretar medidas cautelares antes de la sustanciación del proceso cuando les hayan sido solicitadas en el escrito de demanda o incluso verbalmente por el agraviado. La resolución que disponga o deniegue las medidas cautelares no será recurrible separadamente a la sentencia de fondo, salvo que la decisión deje sin objeto el fondo de la petición. l. Comparecencia de las partes y producción de pruebas. El día y la hora fijados para la comparecencia de las partes, el juez los invitará a producir los medios de prueba que pretenda hacer valer para fundamentar sus conclusiones. 1. Cada una de las partes, en primer término el reclamante, tiene facultad para hacer sus observaciones en cuanto a las pruebas producidas y exponer sus argumentos respecto del objeto de la solicitud del amparo. La no comparecencia de una de las partes, legalmente citada, no suspende el procedimiento. 2. En el caso de que no sea suficiente una audiencia
para la producción de las pruebas, el juez debe ordenar su continuación en días sucesivos. 3. El juez, sin perjuicio de la substanciación del caso, procurará que la producción de las pruebas se verifique en el más breve término posible. m. Obstrucción de la justicia. Todo funcionario público que se negare a la presentación de informaciones, documentos o cualquier otro medio de prueba requerido por el juez, podrá ser constreñido mediante la ordenación del pago de una astreinte. Su acción será considerada obstrucción de la justicia, sancionable penalmente con las penas correspondientes al desacato a las órdenes judiciales conforme el artículo 188 del Código Penal. Con iguales penas, será sancionado todo aquel que obstruya o se oponga a las órdenes judiciales de protección de los derechos fundamentales dictadas en sede de amparo o habeas corpus. n. Finalización de los debates. El juez puede declarar terminada la discusión cuando se considere suficientemente edificado. Una vez finalicen los debates, el juez invitará a las partes a concluir al fondo y el asunto quedará en estado de fallo.
o. Incidentes. El juez suplirá de oficio cualquier medio de derecho y decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes, si los ha habido, excepto en lo relativo a las excepciones de incompetencia. p. Sentencia. Una vez el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión dentro de los cinco (5) días que sigan al momento del cierre de los debates y la presentación de conclusiones al fondo. 1. La sentencia emitida por el juez podrá acoger la reclamación de amparo o desestimarla, según resulte pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y una valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al debate. 2. En el texto de la decisión, el juez de amparo deberá explicar en base a la sana crítica las razones por las cuales ha atribuido un determinado valor probatorio a los medios sometidos a su escrutinio, haciendo una apreciación objetiva y ponderada de los méritos de la solicitud de protección que le ha sido implorada. q. Contenido de la decisión de amparo. La decisión que concede el amparo deberá indicar: 1)
la mención de la persona en cuyo favor se concede el amparo; 2) el señalamiento de la persona contra cuyo acto u omisión se concede el amparo; 3) determinación de lo ordenado a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su ejecución y plazo para cumplir con lo decidido; 4) en caso de necesidad, el juez puede ordenar que la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta; y 5) las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho constitucional conculcado al reclamante, o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio. Cuando la decisión que concede el amparo disponga medidas o imparta instrucciones a una autoridad pública, tendentes a resguardar un derecho constitucionalmente protegido, el secretario del tribunal procederá a notificarla inmediatamente a dicha autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene la parte agraviada de hacerlo por sus propios medios. Dicha notificación valdrá puesta en mora para la autoridad pública. r. Condenaciones y astreintes. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar condenaciones o astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado por el magistrado.
s. Recursos. La sentencia emitida por el juez de amparo no será susceptible de ser impugnada mediante ningún recurso salvo la tercería o la casación ante la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común. Las sentencias a favor del accionante en amparo no podrán ser suspendidas. t. Desestimación. Cuando una petición de amparo ha sido desestimada por el juez apoderado, no podrá llevarse de nuevo ante otra jurisdicción u. Amparos especiales. En los amparos que a continuación se reglamentan se siguen las normas generales especificadas en el presente artículo, salvo lo que se dispone en el presente literal: 1. Amparo informativo o habeas data. Cualquier persona física puede reclamar por vía de amparo una orden judicial para conocer las informaciones relativas a su persona que consten en registros o bancos de datos de entidades públicas, o privadas destinadas a proveer informes a terceros, así como el destino, uso o finalidad dados a esa información. A través del amparo podrá igualmente reclamarse la actualización de la información, la rectificación de errores, la eliminación
o suministro de información que vulnere derechos constitucionalmente protegidos. 2. Amparo electoral. Cuando se afecten los derechos electorales en elecciones gremiales, de asociaciones profesionales o de cualquier tipo de entidad no partidaria, se puede recurrir en amparo a fin de que de inmediato haga cesar las restricciones ilegales o arbitrarias. Cuando se trate de entidades partidarias conocerá exclusivamente el amparo la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, sin perjuicio de las atribuciones de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia. 3. Amparos colectivos. La defensa
jurisdiccional de los intereses colectivos comprende, conforme la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, de manera enunciativa y no limitativa, la tutela de la salud pública; la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora, y la protección del medio ambiente; la preservación del patrimonio cultural y de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos; la correcta comercialización de
mercaderías a la población, la competencia leal y los intereses y derechos del consumidor y del usuario de servicios públicos; en general, la defensa de valores similares de la comunidad y de cualesquiera otros bienes que respondan, en forma idéntica, a necesidades comunes de grupos humanos a fin de salvaguardar la calidad de la vida social. Esta acción procede tanto para asegurar la prevención de un grave daño actual o inminente o la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse como para exigir siempre que ello sea posible la reposición de las cosas al estado anterior del daño producido. 4. Amparo por mora de la Administración. Cuando la Constitución, la ley u otra norma con fuerza de ley imponga a un funcionario o entidad pública administrativa un deber concreto de cumplir en un plazo determinado y la administración fuere morosa en la tramitación de un expediente administrativo, toda persona afectada que fuere parte del mismo puede solicitar a la jurisdicción contencioso-administrativa que libre orden de pronto despacho.
a. Dicha orden es procedente cuando la autoridad administrativa ha dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubo una irrazonable demora en su tramitación sin emitir el dictamen o resolución de mero trámite o de fondo que requiere el interesado. b. Presentado el petitorio, la jurisdicción se expide sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estima pertinente requiere a la autoridad administrativa interviniente, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión es irrecurrible. c. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo haya evacuado, resuelve librar la orden para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que se establezca en atención a las circunstancias del caso. d. La desobediencia a la orden de pronto despacho es puesta en conocimiento de la autoridad superior correspondiente a los mismos a los efectos de la sanción
disciplinaria que proceda y a la justicia penal. Asimismo faculta a la jurisdicción a fijar, ya sea a petición de parte o de oficio, condenaciones a astreintes tendientes al cumplimiento de su decisión, cuyo importe es en beneficio de la parte perjudicada por el incumplimiento. e. La condena será graduada prudencialmente por la jurisdicción de acuerdo a las circunstancias del caso y a la entidad de la desobediencia, previa intimación, bajo apercibimiento por el término de cinco (5) días. 5. Amparo de rectificación o respuesta. La acción de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva del Artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o difamatorias emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley. El derecho de rectificación o respuesta se
ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y principios: a. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause. Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso del juez apoderado del amparo. No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su representante autorizados una única vez, y, en el caso de
una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. b. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiere incurrido. Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus representantes, con excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por el juez apoderado del amparo eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa injustificada a publicarla. c. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las contenidas en el resto de la presente Ley: (i) el interesado deberá formular
solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella; (ii) la rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo; (iii) el órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión; (iv) el tribunal apoderado del amparo, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes;
(v) si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de la publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), y se determinarán la forma y condiciones en que debe hacerse. 6. Amparo autosatisfactivo de efectividad anticipada e inmediata. En casos de extrema urgencia, para la salvaguarda de derechos fundamentales personalísimos, el tribunal de amparo, ante solicitud fundada de parte, explicando con claridad en qué consisten sus derechos y su extrema urgencia y aportando todos los elementos probatorios que fundamentan la petición y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, deberá ordenar medidas autosatisfactivas, según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente, pudiendo exigir la prestación de caución real o personal, determinando en estos casos la vigencia. Artículo 8. Control de constitucionalidad. a. Excepción de inconstitucionalidad. Todo tribunal apoderado del fondo de un asunto ante el
cual se alegue la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, como medio de defensa, tiene competencia y está en el deber de examinar y ponderar dicho alegato como cuestión previa al resto del caso. El fondo del proceso debe ser sobreseído hasta tanto se decida sobre la excepción de inconstitucionalidad. b. Poderes de casación de la Cuarta Sala. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia podrá conocer de los recursos de casación que se interpongan contra decisiones dictadas en única o última instancia cuando la materia principal de la discusión de las partes sea una infracción constitucional. La casación no será concedida cuando la sentencia recurrida esté conforme con la línea jurisprudencial de la Cuarta Sala, salvo el caso de que la Cuarta Sala vaya admitir el recurso a los fines de un cambio jurisprudencial. c. Inconstitucionalidad de oficio. El control jurisdiccional de constitucionalidad debe ejercerse por la justicia, aún sin petición de parte interesada, en aquellas causas llamadas a su conocimiento. Los jueces deben abstenerse de aplicar normas que, so pretexto de reglamentación, desvirtúen el ejercicio de los derechos fundamentales.
d. Control concentrado de constitucionalidad a iniciativa de parte interesada. 1. Objeto del control. La acción directa de inconstitucionalidad puede ser interpuesta: a. Contra las leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones normativas generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional; b. Contra los actos subjetivos de las
autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de habeas corpus o de amparo; c. Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en los reglamentos de las Cámaras Legislativas; d. Cuando se apruebe una reforma
constitucional con violación de normas
constitucionales de procedimiento o de las comprendidas en el Artículo 119 de la Constitución; e. Cuando alguna ley, decreto, reglamento u otra disposición general infrinja el Artículo 3 de la Constitución, por oponerse a un tratado o convenio internacional; f. Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, de los reglamentos de las Cámaras Legislativas. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia. 2. Parte interesada. Debe entenderse por parte interesada aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra
la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal o reglamentaria, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria. 3. Formalidades. El escrito en que se interponga la acción deberá exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. El escrito será presentado ante la Secretaría de la Sala. Además, con todo escrito o documento se acompañarán copias firmadas para cada uno de los magistrados de la Cuarta Sala y las necesarias para la Procuraduría General de la República. El accionante podrá solicitar la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas hasta tanto la Cuarta Sala falle definitivamente la acción directa en inconstitucionalidad. 4. Traslado a la Procuraduría y a la contraparte. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho
mérito, conferirá un plazo de quince días a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. La falta de dictamen del Procurador no impide la tramitación y fallo de la acción en inconstitucionalidad. 5. Publicación de avisos. Al mismo tiempo dispondrá que se publique en un diario de circulación nacional y en la página web de la Suprema Corte de Justicia la información de que esa demanda ha sido establecida. 6. Coadyuvancia activa o pasiva. En los quince días posteriores a la publicación del aviso que alude el párrafo 5) del presente artículo, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa. 7. Acumulación
planteadas antes o dentro del período
del aviso. Suspensión de las demás. Si después de la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones de inconstitucionalidad contra las mismas normas o actos, esas acciones se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación. Las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido presentadas anteriormente. 8. Vista. Una vez vencido el plazo, se convocará a una audiencia oral, a fin de que el accionante, las otras partes apersonadas y la Procuraduría General de la República presenten sus conclusiones. La no comparecencia de las partes no impide el fallo de la acción en inconstitucionalidad. 9. Plazo para dictar sentencia. La Sala debe resolver la acción de inconstitucionalidad dentro de un término máximo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que concluya la vista. El Presidente señalará, en cada caso, el término respectivo, de acuerdo con la índole y complejidad del asunto. 10. Sentencia denegatoria, contenido y efectos. Las resoluciones que denieguen la
acción deberán examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentarla. Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales. 11. Sentencia afirmativa, cosa juzgada, eliminación de la norma o acto impugnados, vigencia. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia. 12. Anulación por conexidad de otras normas y actos. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra norma o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión
o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados. 13. Notificación de la sentencia. Publicación de avisos y otras comunicaciones. Cualquiera que sea la forma en que se dicte el fallo, se notificará siempre al Procurador General, al recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además, la Secretaría de la Sala lo comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y los de las demás partes apersonadas, para que lo hagan constar en los autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en los medios que determine la Cuarta Sala. La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al Poder o Poderes, órganos o entidades que emitieron las normas o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes para su corrección o conversión. Además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en un diario de circulación nacional y en las publicaciones oficiales de los textos a que pertenecían la norma o normas anuladas. 14. Efecto declarativo y retroactivo de la sentencia anulatoria. La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo
y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme la legislación anterior tal como dispone el Artículo 47 de la Constitución. La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales. 15. Caso de indiciados o condenados en virtud de norma declarada inconstitucional. La sentencia constitucional anulatoria tendrá efecto retroactivo, en todo caso, en favor del indiciado o condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento sancionatorio. 16. Efecto retroactivo de la sentencia anulatoria no alcanza situaciones jurídicas consolidadas definitivamente. La disposición contenida en el numeral 14 del presente artículo no se aplicará respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren material o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe, todo lo anterior sin perjuicio de las potestades de la Sala, de conformidad con dicho artículo. 17. Efectos patrimoniales de la sentencia anulatoria. Los efectos patrimoniales continuos de la cosa juzgada, se ajustarán, sin retroacción, a la sentencia constitucional anulatoria, a partir de su eficacia. 18. Nulidad absoluta de actos
administrativos. Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la eliminación, por nulidad absoluta, de los actos administrativos, conforme con las leyes que rijan la Administración Pública y los procedimientos administrativos. 19. Sentencias interpretativas. La Cuarta Sala, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando
la constitucionalidad del precepto impugnado en la medida en que se interprete en el sentido que la Sala considera como adecuado a la Constitución, o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados. Del mismo modo, la Cuarta Sala podrá dictar sentencias que declaran expresamente la inconstitucionalidad parcial de un precepto, sin que dicha inconstitucionalidad afecte a su texto. Estas sentencias interpretativas podrán ser aditivas cuando se busca controlar las omisiones legislativas inconstitucionales, entendidas, en sentido amplio, como ausencia de previsión legal expresa de lo que constitucionalmente debía haberse previsto, o cuando se limitan a realizar una interpretación extensiva o analógica del precepto impugnado. e. Control preventivo a iniciativa de los funcionarios. 1. Casos en que procede. Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos y reglamentarios, en los siguientes supuestos:
a. Obligatoria y preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente Ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros; b. Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos administrativos, o de reformas a los reglamentos de las Cámaras Legislativas, o proyectos de reglamentos a ser dictados por el Presidente de la República o los órganos o dependencias del Poder Ejecutivo, sean centralizados, autónomos o independientes. 2. Legitimación. Los funcionarios legitimados para presentar la consulta de constitucionalidad son el Presidente de la República, en el caso de proyectos de decretos o reglamentos, que vaya a aprobar o proyectos de leyes, tratados internacionales o contratos administrativos que vaya a someter al Congreso o leyes que deba promulgar en el plazo constitucional para
la promulgación, y el Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados en relación a los proyectos de leyes, convenios o tratados internacionales, contratos administrativos o reformas a los reglamentos legislativos que se encuentren pendientes de aprobación en su Cámara Legislativa respectiva. 3. Oportunidad. La consulta deberá hacerse por los funcionarios legitimados en cualquier momento antes de que la norma o acto a impugnar hayan devenido actos firmes y definitivos. 4. Contenido de la consulta. Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el numeral 1.a del presente artículo, la consulta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. 5. Trámite de la consulta y efecto
suspensivo. Recibida la consulta, la Cuarta Sala lo comunicará al Congreso Nacional o al Poder Ejecutivo y solicitará la remisión del
respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos. La presentación de la consulta suspende provisionalmente los plazos constitucionales para la definitiva aprobación de los actos o normas cuya constitucionalidad se consulta. Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del proyecto o se procederá a la promulgación y/o publicación del acto o norma cuya constitucionalidad se consultó. 6. Pronunciamiento de la Sala. La
Cuarta Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional. El dictamen de la Sala será vinculante para el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Si las normas o actos cuya constitucionalidad se consultó son reputados constitucionales por la Cuarta Sala, esto no impide que, posteriormente, las normas o actos cuestionados puedan ser impugnados por los demás mecanismos de control judicial de constitucionalidad.
corresponde a la Cuarta Sala resolver los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, así como los que surjan entre cualesquiera de estos poderes y entes u órganos creados por la Constitución, las entidades descentralizadas, autónomas, municipios u otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, entre sí, salvo aquellos conflictos que sean de la competencia de otras jurisdicciones en virtud de la Constitución o leyes especiales. El conflicto será planteado por el jerarca de cualquiera de los poderes del Estado, órganos o entidades en conflicto, quien enviará a la Secretaría de la Sala, un memorial con expresión de todas las razones jurídicas en que se fundamente. El Presidente de la Sala le dará audiencia al jerarca del otro poder, órgano o entidad por un plazo improrrogable de ocho (8) días. Cumplido este plazo, aunque no se hubiere contestado la audiencia, la Cuarta Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez (10) días, salvo que se considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que ésta se haya evacuado. Artículo 10. Ejecución de sentencias. La Cuarta Sala será la única competente para resolver sobre las dificultades de ejecución de sus sentencias y de las sentencias de amparo dictadas en virtud de esta ley, y tendrá capacidad para fijar, en las mismas o en sentencias subsiguientes a petición de
parte interesada, las indemnizaciones que deberán recibir las partes gananciosas, por efectos del fallo principal o en los casos de incumplimiento de aquel. Aunque la sentencia no lo dispusiere, la parte condenada vendrá obligada al pago de intereses, conforme la tasa de los instrumentos emitidos por el Banco Central en sus operaciones de mercado abierto conforme la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, por todo el tiempo de atraso en la ejecución. La Cuarta Sala podrá dictar cuantas medidas cautelares sean necesarias para la ejecución de sus propias sentencias, las cuales pueden incluir, sin que esta lista sea limitativa sino solo enunciativa, embargos, secuestros o compensaciones forzosas, aún en contra del Estado. Las sentencias extranjeras que diriman aspectos vinculados con la protección de los derechos fundamentales y donde resulte condenado el Estado dominicano se ejecutarán mediante la presentación de éstas por la parte gananciosa ante la Cuarta Sala para que conceda el exequátur conforme las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. La Cuarta Sala podrá disponer medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de las sentencias extranjeras, en particular para asegurar el cumplimiento de la parte del fallo extranjero que disponga indemnización compensatoria. En caso de resultar condenado al pago de sumas líquidas en virtud de los procesos constitucionales regulados por la
presente ley, el Estado debe pagar prontamente estas sumas, indicando a la parte gananciosa los trámites que deberá seguir cuando no hubiere presupuesto. De no hacerlo, a petición de parte, la Cuarta Sala lo comunicará a la Secretaría de Estado de Hacienda para que se abstengan de aprobar nuevos presupuestos a la institución pública condenada. Artículo 11. Habeas corpus. Salvo lo expresamente consignado en la presente Ley, el procedimiento de habeas corpus se rige por lo dispuesto en el Código Procesal Penal. Articulo 12. Recurso de casación. La Cuarta Sala conocerá el recurso de casación contra aquellas sentencias remitidas por las demás salas de la Suprema Corte de Justicia, cuando éstas consideren que el asunto es primordialmente de carácter constitucional. Artículo 13. Disposiciones derogatorias. a) Disposición derogatoria general. Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. b) Derogaciones específicas. 1. Modificación de la Ley No. 25-91. Se modifican los artículos 1 y sus párrafos I y II, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 15 de la Ley No. 25-91, modificada anteriormente por la Ley No.
156-97 del 10 de julio de 1997, para que en lo adelante rijan los textos siguientes: “Art. 1. La Suprema Corte de Justicia estará integrada por veintiun (21) jueces, quienes deberán reunir las condiciones que establece la Constitución de la República, que serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, después del examen formal de su trayectoria profesional, ciudadana y pública. “Párrafo I. Cuando la Suprema Corte de Justicia sesione en pleno, el quórum será de un mínimo de dieciséis (16) jueces y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. “Párrafo II. En caso de empate, el voto del Presidente o de quien haga sus veces, será decisorio. “Art. 2. La Suprema Corte de Justicia se dividirá en cuatro (4) Salas que se identificarán como Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala y Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia. “Art. 4. Cada Sala estará compuesta por cinco (5) jueces, escogidos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, a propuesta de la última. “Art. 5. Al elegir los jueces de cada Sala, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, a propuesta de su Presidente,
dispondrá cuál de ellos ocupará la Presidencia de la misma. En caso de falta o impedimento del Presidente de una Sala, desempeñará esas funciones el juez, integrante de la misma, de mayor edad. Sin embargo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando lo juzgue conveniente, presidirá cualquiera de dichas Salas. “Art. 6. Cada Sala podrá intregrarse con tres (3) de sus miembros, y en este caso las decisiones deberán ser adoptadas a unanimidad. Sin embargo, cuando un recurso de casación sea conocido sólo por tres (3) jueces, podrá ser fallado por la totalidad de los jueces integrantes de una u otra Sala, siempre que el Presidente de la misma dicte un Auto, mediante el cual llame a dichos jueces a unirse a la deliberación y fallo del asunto de que se trate. En este caso, la decisión deberá ser adoptada por mayoría de votos. “Art. 7. La Primera Sala tendrá competencia para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez, en materia civil y comercial. “Art. 8. La Segunda Sala será competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal, atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Asimismo, tendrá competencia la Segunda Sala para conocer
y fallar los recursos que se interpongan por primera vez en materia penal. Art. 9. La Tercera Sala será competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez, en materia de tierras, laboral, contenciosoadministrativo, contencioso tributario y contencioso monetario y financiero. Art. 10. La Cuarta Sala será competente para conocer de las materias atribuidas por la Ley de Procedimiento Constitucional. Art. 13. Cada Sala tendrá un secretario y dos alguaciles de estrado y los demás empleados que fueren necesarios, nombrados por la Suprema Corte de Justicia. Art. 15. Las diferentes Salas que componen la Suprema Corte de Justicia, tendrán facultad de conocer el primer recurso de casación sobre cualquier punto. Sin embargo, cuando se trate de un segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, será competencia de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, o sea, la Suprema Corte de Justicia, en pleno, el conocimiento del mismo, excepto cuando haya sido conocido por la Cuarta Sala, actuando como tribunal de casación.
2. Denominación de Salas. En todas las leyes, resoluciones, decretos, reglamentos, ordenanzas, actos y formularios relativos a la Suprema Corte de Justicia en que se diga Cámara, se debe entender que dice Sala. 3. Derogación de la Ley de Amparo: Se deroga la Ley número 437-06 de Recurso de Amparo de fecha 30 de noviembre del año 2006.
Esta publicación “Anteproyecto Ley de Procedimiento Constitucional” fue terminada de imprimir en el mes de junio de 2008, con una tirada de 1,000 ejemplares.
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