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Timestamp: 2019-09-16 20:37:07
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﻿ SENTENCIA 18232 DE MARZO 18 DE 2003
SENTENCIA 18232 DE 18 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN PENSIONES. NORMAS APLICABLES A SERVIDORES PÚBLICOS TERRITORIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE PENSIONES, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, PROCEDIMIENTO LABORAL, SERVIDOR PÚBLICO TERRITORIAL
PONENTE:TORO CORREA, LUIS GONZALO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:377 DE MAYO DE 2003, PÁG.814
Sentencia 18232 de marzo 18 de 2003
NORMAS APLICABLES A SERVIDORES PÚBLICOS TERRITORIALES
Magistrado Ponente: Luis Gonzalo Toro Correa
Radicación Nº 18232
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Libardo de Jesús Giraldo Cardona contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 5 de octubre de 2001, en el proceso que le sigue a la Empresa Antioqueña de Energía S.A. “EADE“ y otros.
Libardo de Jesús Giraldo Cardona demandó a la Empresa Antioqueña de Energía S.A. —EADE—, al Instituto de Seguros Sociales, al departamento de Antioquia, así como los municipios de Medellín, de Itagüí, y de Bello, para que fueran condenados de manera solidaria, conjunta o separada al pago de la pensión de jubilación a partir del 27 de noviembre de 1998, fecha en la cual dejó de trabajar en EADE y a las costas del proceso.
En sustento de su pretensión afirmó que nació el 20 de diciembre de 1942; que en diferentes épocas ha cotizado al ISS, al cual le solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero se la negó mediante Resolución 8600 del 20 de agosto de 1998, contra la cual interpuso los recursos de reposición y de apelación, desconociendo a la fecha que este último hubiese sido desatado; laboró para la dirección de la rama judicial de Antioquia del 1º de abril de 1969 al 15 de enero de 1970; al municipio de Medellín del 5 de noviembre de 1970 hasta el 1º de agosto de 1978 y del 27 de julio de 1993 al 8 de marzo de 1994; al departamento de Antioquia del 3 de marzo de 1979 al 19 de septiembre de 1982, del 25 de marzo de 1983 al 5 de diciembre de 1984, del 1º de octubre de 1985 al 1º de junio de 1987 y del 14 de marzo de 1994 al 28 de marzo de 1995; al Intra del 20 de septiembre de 1982 al 16 de marzo de 1983; al municipio de Itagüí del 28 de marzo de 1988 al 27 de julio de 1992; a la Fiscalía General de la Nación del 1º al 25 de julio de 1993; al municipio de Bello entre el 27 de julio y el 17 de diciembre de 1995; a la Empresa Antioqueña de Energía S.A. del 30 de septiembre de 1996 al 27 de noviembre de 1998; que por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio le asiste el derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de jubilación; que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó que quienes hayan prestado el servicio a entidades del orden territorial durante 20 años, tienen derecho a ser pensionados al cumplir los 50 años de edad; agotó la vía gubernativa; la entidad que debe satisfacer la pensión es EADE, quien fue su último empleador, y repetir contra los otros.
Los demandados respondieron la demanda, así:
Instituto de Seguros Sociales: (fls. 50 a 52, c. ppal.). Aceptó las cotizaciones y haber negado la pensión de vejez solicitada; de los demás hechos afirmó que no le constan o son apreciaciones del actor. En su defensa propuso las excepciones de falta de afiliaciones y cotizaciones para causar derecho a la pensión de vejez, prescripción, y falta de legitimación por activa y pasiva.
Municipio de Medellín: (fls. 54 a 56, c. ppal.). Se opuso a las pretensiones de la demanda; frente a los hechos manifestó que deberían demostrarse. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de agotamiento de la vía gubernativa, inexistencia, prescripción, compensación, y en general la que se llegare a probar.
Empresa Antioqueña de Energía: (fls. 57 a 61, c. ppal.). Se opuso a las peticiones de la demanda; aceptó la vinculación, pero afirmó que el actor estuvo afiliado, durante ese tiempo al ISS, para pensiones, así como que no le ha dado respuesta a la solicitud de pensión de vejez; respecto a los demás hechos, adujo que unos no lo son y que otros no le constan. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación y de la entidad demandada.
Municipio de Itagüí (fls. 99 a 101, c. ppal.). Se opuso a las pretensiones del actor. Indicó que la pensión debe satisfacerse por EADE; sobre los demás hechos expresó que unos no lo son y que los otros no le constan. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación por pasiva, y falta del cumplimiento de requisitos legales para la causación del derecho.
Municipio de Bello: Señaló que afilió al trabajador al ISS y por tanto no tiene a su cargo la pensión reclamada. Propuso las excepciones de ausencia del derecho sustancial e inexistencia de la obligación, falta de legitimidad por pasiva, prescripción y compensación.
Departamento de Antioquia: (fls. 131 a 134, c. ppal.). se opuso a las pretensiones del demandante. Respecto a los hechos manifestó que no le constaban; en su defensa propuso las excepciones de prescripción y de petición antes de tiempo con relación a los hechos y a las pretensiones no incluidos en el agotamiento de la vía administrativa.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 30 de julio de 2001 (fls. 192 a 199, c. ppaI.), condenó al ISS a pagar al actor la pensión de jubilación en cuantía de $ 1. 495.991, a partir del 1º de diciembre de 1998 con los incrementos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre y los derechos médico asistenciales, quirúrgicos y demás que disfrutan los pensionados; que deberán contribuir al pago de la pensión: el municipio de Medellín, en un 36.330%, el departamento de Antioquia, en un 32.69%, y el municipio de Itagüí, en un 17.79%; impuso costas al ISS.
Apelaron el actor, el ISS y el departamento de Antioquia; el Tribunal Superior de Medellín, por fallo del 5 de octubre de 2001 (fls. 222 a 234, c. ppal.), absolvió a los demandados de la pensión solicitada; se declaró inhibido para pronunciarse sobre la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, por falta de integración del litis consorcio necesario; sin costas en las instancias.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que la Ley 6ª de 1945 estableció la pensión de jubilación a los 50 años de edad y 20 de servicio; que el actor cumplió aquella edad el 20 de diciembre de 1992 (fl. 25), estando vigente la Ley 33 de 1985, la cual consagró un régimen de transición para los trabajadores que al iniciar su vigencia tuvieran 15 años de servicio o más, elevando la edad a los 55 años; que al no completar el mínimo de 15 años de servicio antes del 29 de enero de 1985, fecha en que empezó a regir la Ley 33 de 1985, el actor no era beneficiario del régimen de transición en ella previsto, y por tanto no tenía derecho a la pensión de jubilación referida en la Ley 6ª de 1945. Que aunque al demandante le era aplicable la Ley 33 de 1985, no había lugar a la condena decretada por el a quo, porque además de no haber sido pedida, no se había integrado en debida forma el contradictorio, conllevando el pronunciamiento de una sentencia inhibitoria, ello debido a que no fueron llamadas a juicio la rama judicial, el Intra y la Fiscalía General de la Nación, donde también prestó sus servicios el demandante.
El recurso extraordinario
Fue interpuesto por la parte actora y concedido por el tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.
Alcance de la impugnación.
Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia impugnada y en sede de instancia se confirme la proferida por el a quo; que se provea sobre costas.
Con tal propósito formula dos cargos que no fueron replicados y que enseguida se estudian.
Acusa la sentencia de violar directamente, por aplicación indebida, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en relación con el 12 de la Ley 6ª de 1945 y el 1º de la Ley 33 de 1985.
En la demostración dice que discrepa de la conclusión del ad quem porque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra el régimen de transición para los servidores públicos, del cual es beneficiario el demandante, es necesario determinar cuál es el régimen pensional aplicable al caso antes de la vigencia de la citada Ley 100, estimando que el previsto en la Ley 6ª de 1945 y no el de la Ley 33 de 1985, ya que se entiende que ésta no derogó el régimen pensional establecido en aquélla, concerniente a los servidores del orden territorial, porque la Ley 6ª de 1945 es una normatividad especial para los servidores públicos del orden territorial, situación que no quedó regulada por la mencionada Ley 33. Que en forma reiterada el Consejo de Estado “ha explicado que la situación pensional de los servidores públicos del orden territorial beneficiarios del régimen de transición se ha de regular por los preceptos de la Ley 6ª de 1945 y no por las disposiciones de la Ley 33 de 1985“ (fl. 22, c. Corte). Transcribe en su apoyo apartes de la sentencia del 10 de junio de 1999, expediente 3004-98, de la Sección Segunda, concluyendo que “.... al tener el demandante más de 40 años de edad al entrar a regir la Ley 100 de 1993 y al completar actualmente más de 55 años de edad y un tiempo al servicio de entidades del orden municipal y departamental superior a 20 años de edad —sic— cumple los requisitos exigidos por la Ley 6ª de 1945 para el reconocimiento de la pensión de jubilación“.
Acusa la sentencia de violar directamente, por infracción directa, el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 en relación con el 36 de la Ley 100 de 1993 y el 1º de la Ley 33 de 1985.
En el desarrollo del cargo presenta las mismas argumentaciones que expresó en el primero.
Se estudian en conjunto estos dos cargos, dado que ambos se encaminan por la vía directa, acusan similares disposiciones y persiguen idéntico fin.
La controversia gira en torno a establecer si el actor, encontrándose en el régimen de transición regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no estaba cobijado por la Ley 33 de 1985, porque, según lo alega la censura, esta normatividad no derogó el régimen pensional señalado para los servidores públicos del orden municipal, por ser especial y, en consecuencia, aquél se podía pensionar a los 50 años de edad y 20 años de servicios, conforme a lo previsto por la Ley 6ª de 1945.
Para resolver el punto resulta útil transcribir las normas antes señaladas, con la aclaración de que si bien se acusa el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, dado el contenido de lo alegado, la Sala asume que fue un lapsus calami y, que el controvertido es el 17 ibídem, cuyo tenor, en lo que aquí concierne es el siguiente:
“Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (...).
b) Pensión vitalicia de jubilación cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo ...”.
A su vez el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en lo pertinente, consagra lo que sigue:
“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”.
Corresponde verificar entonces si el régimen de los servidores municipales que consagró la Ley 6ª de 1945, podría catalogarse como “especial de pensiones”, acorde con lo señalado en el inciso segundo del precepto último antes transcrito, pues es claro que no se discutió dentro del presente proceso la actividad supuestamente desarrollada por el actor que justificara la excepción.
A juicio de la Sala, en manera alguna podría considerarse que el régimen de pensiones que la Ley 6ª de 1945 estableció en el artículo 17 ya anotado, en lo que tiene que ver con los servidores territoriales, fuera de carácter especial, por las razones que a continuación se explican:
1. La Ley 6ª de 1945, en la sección III “De las prestaciones oficiales“, al ocuparse del tema de las pensiones, no fue específica en regular la situación de los trabajadores del orden municipal o departamental, dado que señaló como sus destinatarios a “Los empleados y obreros nacionales“. Sin embargo el Decreto 2767 de 1945 en su artículo 1º, sí los incluyó al consagrar que “con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al servicio de un departamento, intendencia, comisaría o municipio tienen derecho a la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945...“.
2. El artículo 1º de la Ley 33 de 1985, inciso primero, se refirió en forma genérica al “empleado oficial” como el titular de la pensión a los 20 años de servicio y 55 años de edad, esto es, sin especificar que fueran determinados servidores oficiales, pero por ello no puede alegarse que en dicho concepto no estuvieron incluidos los de los órdenes nacional, departamental y municipal.
3. Aun cuando el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, al fijar el pago de la pensión a cargo de las “respectivas cajas de previsión”, no singularizó si serían las de la Nación, el departamento o el municipio, más adelante, aclaró al respecto en su artículo 13 que “Para efectos de esta ley se entiende por cajas de previsión las entidades del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, que, por ley, reglamento o estatutos tenga entre otras la función de pagar pensiones a empleados oficiales de cualquiera de dichos órdenes. Así mismo para efectos de esta ley, se entiende por empleados oficiales los empleados públicos, nombrados o elegidos, los trabajadores oficiales y los funcionarios de seguridad social”, quedando entonces así despejada la duda, ya que una interpretación sistemática y armónica de las dos disposiciones comentadas conduciría a concluir que el legislador, al referirse a los empleados oficiales, quiso involucrar no sólo a los nacionales, sino a los departamentales y municipales, dentro de ellos los del Distrito Especial de Bogotá y aun los que para aquella época laboraban en las intendencias y comisarías. Ello es así porque de lo contrario no hubiera existido razón para que identificara a las cajas de previsión en los órdenes que detalla el texto de la transcripción.
4. Debe entenderse que cuando la Ley 33 d 1985, inciso segundo, respetó los regímenes especiales de pensiones vigentes a su expedición, a juicio de la Corte se refirió a aquellos que en forma específica y singular regulaban la pensión de ciertos servidores oficiales, obviamente en cuanto tenían que ver con el tiempo de servicios y/o a la cuantía, como sería el caso, para ese momento, del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, Decreto 2247 de septiembre 11 de 1984, artículos 95 y 96; personal de la rama jurisdiccional y Ministerio Público, Decreto 546 de 1971, artículos 6º y siguientes; servicio orgánico y consular, Decreto 2016 de 1968, artículo 75; miembros de Congreso; etc.
Entonces, conforme con lo que se ha venido diciendo, es imperioso afirmar que la Ley 33 de 1985, sí modificó el sistema pensional de los servidores territoriales, que es lo que para el caso en estudio importa, excepción hecha de aquellos servidores que se encontraban bajo los supuestos previstos por los parágrafos 2º (inc. primero) y 3º, del artículo 1º, y dentro de los cuales no se hallaba el actor, dado que a 29 de enero de 1985, fecha de expedición de la citada ley, él no había cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, ni tampoco llenado los requisitos, a esa fecha para disfrutar de la pensión de jubilación, aspectos estos que no fueron objeto de controversia por la censura.
Así las cosas, surge con evidencia que en ninguna equivocación jurídica, como lo preconiza la parte recurrente, incurrió el sentenciador de segundo grado.
Por tanto, los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 5 de octubre de 2001 por el Tribunal Superior riel Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le adelanta Libardo de Jesús Giraldo Cardona a la Empresa Antioqueña de Energía S.A. “EADE“ y otros.
Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Luis Gonzalo Toro Correa—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.