Source: http://docplayer.es/11043366-Tramite-de-insolvencia-para-persona-natural-no-comerciante.html
Timestamp: 2018-10-16 23:36:28
Document Index: 182351492

Matched Legal Cases: ['Artículo 531', 'Artículo 532', 'Artículo 533', 'artículo 538', 'Artículo 534', 'Artículo 533', 'Artículo 533', 'Artículo 535', 'Artículo 536', 'artículo 539', 'artículo 31']

Trámite de insolvencia para persona natural no comerciante. - PDF
Download "Trámite de insolvencia para persona natural no comerciante."
José Manuel Prado Ruiz
1 Presentamos a continuación las últimas noticias de Derecho Comercial que consideramos de su interés: Trámite de insolvencia para persona natural no comerciante. La Ley 1564 de 2012, mediante el cual se expide el Código General del Proceso, vigente desde el 1º de octubre de 2012, regula el trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante. En su Título IV, artículos 531 al 576, se consagra el procedimiento mencionado, según el cual la persona natural no comerciante podrá: 1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias. 2. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores. 3. Liquidar su patrimonio. 1 Es importante mencionar que la persona natural no comerciante que tenga la condición de controlante de una sociedad mercantil o forme parte de un grupo empresarial, debe sujetarse al régimen de insolvencia contemplado en la Ley 1116 de 2006 (reorganización o liquidación judicial) y en consecuencia, no le serán aplicables las disposiciones contenidas en el Título IV del Código General del Proceso 2. Las entidades competentes para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante serán: 1. Los conciliadores inscritos en las listas de los centros de conciliación ubicadas en el lugar de domicilio del deudor que hayan sido expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos Las notarías del lugar de domicilio del deudor, a través de sus notarios y conciliadores inscritos en las listas conformadas para tal efecto de acuerdo con el reglamento 4. 1 Artículo 531 del Código General del Proceso 2 Artículo 532 del Código General del Proceso 3 Artículo 533 del Código General del Proceso 4 Ibídem 1
2 3. El juez civil municipal del domicilio del deudor, en única instancia; quien también será competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial 5. En los casos en que no existan centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho ni notaría en el municipio del domicilio del deudor, éste podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial 6. Es necesario tener en cuenta que los abogados conciliadores no podrán conocer de estos asuntos, de tal manera que sólo podrán hacerlo a través de la designación que realice el correspondiente centro de conciliación 7. Se podrán tramitar gratuitamente los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas. Las expensas relacionadas con comunicaciones, remisión de expedientes y demás gastos secretariales, que se causen dentro de dichos procedimientos deberán ser asumidas por la parte solicitante, de conformidad con lo previsto en las reglas generales del Código General del Proceso. En los casos en que las expensas no sean canceladas, se entenderá que se ha desistido de la solicitud. 8 Los notarios y los centros de conciliación privados podrán cobrar por sus servicios, las tarifas serán reglamentadas por el Gobierno Nacional 9. Se debe mencionar que para que la persona natural no comerciante pueda acogerse a los procedimientos de insolvencia, es necesario que se configuren los supuestos de insolvencia contemplados en el artículo 538 del Código mencionado: - Que el deudor se encuentre en cesación de pagos, es decir, que la persona natural que como deudor o garante haya incumplido el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. - En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la 5 Artículo 534 del Código General del Proceso 6 Artículo 533 del Código General del Proceso 7 Artículo 533 del Código General del Proceso 8 Artículo 535 del Código General del Proceso 9 Artículo 536 del Código General del Proceso 2
3 verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. La solicitud de trámite de negociación de deudas podrá ser presentada directamente por el deudor o a través de apoderado judicial y a ella se le deberán anexar los documentos que se señala el artículo 539 del Código General del Proceso. La transformación societaria no implica necesariamente un cambio en el libro de registro de socios o acciones. La Ley 1258 de 2008, referente a las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), en su artículo 31 dispone que cualquier sociedad podrá transformarse en S.A.S., antes de la disolución, siempre y cuando, así lo decida la asamblea junta de socios mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas. El artículo mencionado, indica que la decisión correspondiente a la transformación debe constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil. De conformidad con el Oficio del 27 de Septiembre de 2012, emitido por la Superintendencia de Sociedades, se indica que sin perjuicio de la posición asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez se formaliza la transformación de cualquiera de los tipos societarios consagrados en la Ley, a sociedad por acciones simplificada, quien administra la nueva S.A.S., podrá cancelar el libro de registro de socios y proceder a inscribir uno nuevo en el cual se realice el registro de acciones de la S.A.S., o continuar con el que tenía desde antes de hacer la reforma estatutaria, de tal manera, que no siempre es necesario un cambio en el libro de registro de socios o acciones 10. Lo anterior, según el oficio emitido por la Superintendencia de Sociedades, se fundamenta en que la trasformación societaria, si bien involucra cambios en el funcionamiento de la persona jurídica, no implica que ésta se sustraiga de las obligaciones contraídas con anterioridad, como es el caso de llevar el libro de registro de socios o de acciones, debidamente registrado en el registro mercantil 11. En consecuencia, la persona jurídica continúa ejerciendo plenamente la titularidad de sus derechos y obligaciones. 10 Superintendencia de Sociedades. Oficio del 27 de Septiembre de Superintendencia de Sociedades. Oficio del 27 de Septiembre de
4 Nueva Ley 1581 de Habeas Data El pasado 17 de octubre se expidió la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Con la entrada en vigencia de la misma se otorga un plazo de 6 meses para que las entidades tanto públicas como privadas que manejen bases de datos personales, se adecuen a las disposiciones de la mencionada Ley, esto implica: 1. Establecer políticas internas de manejo de datos personales al interior de cada entidad. 2. La creación de procedimientos y mecanismos para la atención de peticiones, quejas y reclamos. 3. Ajustar todas las autorizaciones por parte del titular. 4. Los titulares de los datos pueden actualizarlos y rectificarlos gratuitamente y deben ser informados de su uso. Adicionalmente, la Ley 1581 de 2012 ofrece una especial protección a lo que denomina datos sensibles y los define como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. De igual forma, prohíbe el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos que sean de uso público. Está ley también contempla algunas excepciones al régimen de protección, estableciendo unos casos en los cuales no se requiere autorización del titular para el tratamiento de datos, estos son: a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; b) Datos de naturaleza pública; c) Casos de urgencia médica o sanitaria; d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. La vigilancia por el respeto de los principios, obligaciones, derechos y garantías establecidos en la Ley 1581 de 2012, está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura para la protección de datos personales. Dicha Delegatura tiene facultades sancionatorias de carácter personal e institucional dirigidas 4
5 a entidades y funcionarios que manejen datos personales; y para cumplir sus funciones cuenta con los recursos que le sean destinados por el presupuesto nacional. La Delegatura tendrá de este modo facultades para iniciar investigación de oficio o a petición de parte, y pueden disponer el bloqueo temporal de datos, cuando exista un riesgo cierto de vulneración a los derechos fundamentales. La Superintendencia de Industria y Comercio, podrá imponer las siguientes sanciones: a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; b) Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar; c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio; d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Se crea también el Registro Nacional de Bases de Datos, el cual será operado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos. Finalmente, se prohíbe la transferencia de datos personales a países que no cuenten con la normatividad adecuada para la protección de datos y los lineamientos así como los estándares del nivel adecuado de protección por parte de otros países serán establecidos por la Superintendencia de Industria y comercio. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Reciban un cordial saludo, ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales 5