Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00315-de-abril-3-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f98c0b335ddd0160e0430a0101510160&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 07:33:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 66', 'artículo 429', 'artículo 502', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 506', 'artículo 502', 'artículo 502', 'artículo 128', 'artículo 231', 'artículo 502', 'artículo 188', 'artículo 392']

﻿ Sentencia 2012-00315 de abril 3 de 2014
SENTENCIA 2012-00315 DE 03 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR LA LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN - IMPORTADOR. ES EN EL IMPORTADOR Y NO EN LA ADMINISTRACIÓN EN QUIEN RECAE LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL INGRESO DE LA MERCANCÍA A TERRITORIO NACIONAL ACREDITAN REALMENTE LA LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN COMERCIAL. PUESTO QUE, SI EL ORGANISMO QUE CONTROLA ENCUENTRA CONTRADICCIONES EN LA LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN, ESTA DEBERÁ SER DESVIRTUADA POR EL PROPIETARIO, YA QUE ES A ÉL A QUIEN CORRESPONDE SEÑALAR QUÉ PAPELES SOPORTAN LA PROCEDENCIA LEGAL DE LO ADQUIRIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, IMPORTACIÓN, DOCUMENTOS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA, AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN, ADUANA DE IMPORTACIÓN, DOCUMENTOS DE LA IMPORTACIÓN, OPERACIONES COMERCIALES
Sentencia 2012-00315 de abril 3 de 2014
Ref.: Expediente 20120031501.
Recurso de apelación contra la sentencia de 25 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Actor: Sady Gabriel Loaiza Pérez
En orden a estudiar el asunto que nos ocupa, la Sala analizará los siguientes puntos: 1) El contenido de los actos administrativos acusados; 2) El problema jurídico en la apelación; 3) La violación al debido proceso en el caso concreto; y, 4) La condena en costas y agencias en derecho en el caso concreto.
— El contenido de los actos administrativos acusados.
Los actos administrativos demandados, en lo pertinente, señalan:
“RESOLUCIÓN 3206 DE 2011”
‘Por medio de la cual se decomisa mercancía’
El jefe del GIT investigaciones aduaneras I de la división de gestión de fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, en uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto 4048 de 2008, en los artículos 1º, 4º, numeral 6º, de la Resolución 7, en el artículo 4º de la Resolución 9, ambas del 4 de noviembre de 2008, en el artículo 66 de la Resolución 11 de 2008, en los artículos 507 al 509 del Decreto 2685 de 1999, en el artículo 429 de la Resolución 4240 de 2000, y demás normas que lo modifican, adicionan o complementan, y
ART. PRIMERO.—Ordenar el decomiso administrativo a favor de la Nación, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, de la mercancía aprehendida mediante acta 1900-672 Fisca de 28 de marzo de 2011, aclarada mediante autos 1 90 201 238-01-48-00 0914 de 19 de abril de 2011, 1 90 201 238-01-48-00 1669 de 21 de julio de 2011 y 1 90 201 238-01-48-00 1821 de 3 de agosto de 2011, valorada en la suma de trescientos noventa millones seiscientos catorce mil trescientos cinco pesos m/l ($ 390’614.305), a nombre del señor Sady Gabriel Loaiza Pérez, identificado con la C.C. 71.723.074, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
“RESOLUCIÓN 724 DE 2012”
‘Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración’
La jefe de la división de gestión jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas Nacionales de Medellín, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 40 del Decreto 4048 de 22 de octubre de 2008, el artículo 1º, numeral 3º, de la Resolución 7 de 2008 y el artículo 2º de la Resolución 9 de 4 de noviembre 2008, y
ART. PRIMERO.—REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución 1-90-328-419-063600 3206 de 27 de septiembre de 2011, proferida por la división de gestión de fiscalización de esta dirección seccional, en el sentido de ordenar la entrega parcial de la mercancía al señor Sady Gabriel Loaiza Pérez, identificado con la C.C. 71.723.074, aprehendida mediante acta 1900-672 Fisca de 28 de marzo de 2011, aclarada mediante autos 1 90 201 238-01-48-00 0914 de 19 de abril de 2011, 1 90 201 238-01-48-00 1669 de 21 de julio de 2011, 1 90 201 238-01-48-00 1821 de 3 de agosto de 2011 y 1 90 201 238-01-48-00 2863 de 28 de noviembre de 2011, relacionada en los ítems 3, 38 al 41, 976, 1275, 1308, 1375, 1383, 1420, 1515, 1900, 2129, 2137, 2208 del DIIAM 389011011844 de 13 de abril de 2001, del Almacén General de Depósito Alpopular S.A., del municipio de Envigado, valorada en la suma de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos setenta pesos m/l ($ 4’457.570), por las razones expuestas en la parte motiva de este acto y de conformidad con el artículo 506 del Decreto 2685 de 1999.
ART. SEGUNDO.—CONFIRMAR PARCIALMENTE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, la Resolución 1-90-328-419-063600 3206 de 27 de septiembre de 2011, proferida por la división de gestión de fiscalización de esta dirección seccional, por medio de la cual se decomisó la mercancía aprehendida mediante acta 1900-672 Fisca de 28 de marzo de 2011, aclarada mediante autos 1 90 201 238-01-48-00 0914 de 19 de abril de 2011, 1 90 201 238-01-48-00 1669 de 21 de julio de 2011, 1 90 201 238-01-48-00 1821 de 3 de agosto de 2011 y 1 90 201 238-01-48-00 2863 de 28 de noviembre de 2011, relacionada en los ítems 3, 38 al 41, 976, 1275, 1308, 1375, 1383, 1420, 1515, 1900, 2129, 2137, 2208 del DIIAM 389011011844 de 13 de abril de 2001, del Almacén General de Depósito Alpopular S.A., del municipio de Envigado, valorada en la suma de trescientos cincuenta y nueve millones trescientos setenta y un mil seiscientos noventa y un pesos m/l ($ 359’371.691), a nombre del señor Sady Gabriel Loaiza Pérez, con C.C. 71.723.074, de conformidad con el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
— El problema jurídico en la apelación.
Considera la Sala que el problema jurídico que se plantea en sede de apelación, es el de determinar la ilegalidad de los actos administrativos enjuiciados, por ser violatorios de los derechos constitucionales al debido proceso administrativo y de defensa del demandante.
Por ello se asumirá el estudio, de conformidad con los reproches formulados por el recurrente en el texto de su recurso de apelación.
— De la violación al debido proceso en el caso concreto.
En el expediente, obran los siguientes documentos:
A. La Resolución 1-90-000-201 039 de 28 de marzo de 2011, por medio de la cual se ordena el registro de los locales 282 y 283 del Centro Comercial Pasaje Comercial Colombia, suscrita por la Directora Seccional de Aduanas de Medellín, con constancia de notificación personal al señor Sady Gabriel Loaiza Pérez (fl. 75, cdno. ppal.).
B. El Auto 1-90-201-238-423 141, por medio del cual se comisiona a unos funcionarios de la DIAN, para practicar la diligencia de control aduanero en la Calle 50 # 46-41. Piso 2. Bodega 282, en la ciudad de Medellín (Antioquia) (fl. 77, cdno. ppal.).
C. El Auto 1-90-201-238-423 142, por medio del cual se comisiona a unos funcionarios de la DIAN para practicar diligencia de control aduanero en el área metropolitana de Medellín (fl. 78, cdno. ppal.).
D. El acta de hechos 1-90-000-201 039 de 28 de marzo de 2001, en la que consta la diligencia de inspección aduanera de fiscalización y se describen todos y cada uno de los hechos ocurridos durante la misma (fls. 79 y 80, cdno. ppal.).
E. El acta de aprehensión 1900 672 Fisca de 28 de marzo de 2011, en la que se establece que se aprehende la mercancía debido a que no se encuentra amparada en la planilla de envío, facturación de nacionalización o declaración de importación, o no corresponde con la descripción declarada, o se encuentra una cantidad superior a la declarada, o presenta errores u omisiones en su descripción (fls. 82 y ss., cdno. ppal.).
F. El Auto 685 de 1º de abril de 2011, que dio inicio a la investigación administrativa a nombre del señor Sady Gabriel Loaiza Pérez, expediente administrativo identificado con el número DM-2011-2011-685.
G. Los autos 1 90 201 238-01-48-00 0914 de 19 de abril de 2011, 1 90 201 238-01-48-00 1669 de 21 de julio de 2011 y 1 90 201 238-01-48-00 1821 de 3 de agosto de 2011, a través de los cuales se aclara el acta de aprehensión 1900 672 Fisca de 28 de marzo de 2011 (fls. 95 a 98, 146 y 152, cdno. ppal.).
H. El escrito de fecha 10 de mayo de 2011, radicado ante el grupo interno de trabajo de documentación de la división de gestión administrativa y financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, a través del cual el actor presenta sus argumentos y documentos, con el propósito de que sean devueltas las mercancías que fueron aprehendidas por la demandada.
I. El Auto 190201238-1188 de 19 de mayo de 2011, que decretó el período probatorio, providencia que fue fijada por estado el 20 de mayo de 2011, desfijado el 24 de mayo de 2011, y en el que se dispuso, entre otras pruebas, “oficiar a los proveedores de la mercancía, relacionados en la documentación aportada por el señor Sady Gabriel Loaiza Pérez, con el fin de certificar las facturas aportadas, con sus respectivos asientos contables”.
J. La Resolución 3206 de 27 de septiembre de 2011, que resolvió ordenar el decomiso administrativo de la mercancía aprehendida mediante acta 1900 672 Fisca de 28 de marzo de 2011.
K. El escrito de fecha 19 de octubre 2011, presentado personalmente ante el grupo de trabajo interno de documentación de la división de gestión administrativa y financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, por el cual el señor Sady Gabriel Loaiza Pérez, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 3206 de 27 de septiembre de 2011.
L. La Resolución 1-90-201-236-408 2767 de 17 de noviembre de 2011, que ordenó la práctica de una inspección documental para que el señor Sady Gabriel Loaiza Pérez determinara en cuáles declaraciones de importación y en cuáles facturas de venta se encontraba amparada la mercancía decomisada.
M. El acta 1 90 201 238-01 4800 de 28 de noviembre de 2011, en la que se aclara el acta de aprehensión 1900 672 Fisca de 28 de marzo de 2011.
N. La Resolución 724 de 16 de marzo de 2012 expedida por la jefe de la división de gestión jurídica de la Dirección Seccional Aduanera en Medellín, que resolvió revocar parcialmente la Resolución 3206 de 27 de septiembre de 2011.
De los citados documentos, extrae la Sala que el demandante es el propietario de la mercancía aprehendida, y luego, decomisada, ya que así quedó plenamente establecido dentro del proceso. En ninguno de los escritos presentados por el actor dentro de la actuación administrativa, rehusó de su calidad de propietario y, aún más, la reconoció expresamente como suya. Es por ello que, conforme al acta de aprehensión se le endilgó tal calidad.
Así mismo, al demandante se le respetó su debido proceso, toda vez que las decisiones adoptadas fueron fruto del análisis de las pruebas allegadas a la actuación administrativa y que formalmente fueron conocidas por aquél, quien tuvo la oportunidad de pedir pruebas, de estar presente en la práctica de las mismas e interponer los respectivos recursos de ley.
Observa la Sala que una de las causales establecidas en el artículo 502, numeral 6º, del estatuto aduanero nacional, consiste en que:
“1.6… la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la declaración de importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º y 7º del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión”.
Y fue esta misma causal la que citó expresamente la DIAN al momento de expedir el acta de aprehensión 1900 672 Fisca de 28 de marzo de 2011, notificada personalmente al demandante dentro de la actuación administrativa.
Ahora, el derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses.
La administración debe garantizar al interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución.
Dicho derecho no se le vulneró al demandante dentro del procedimiento administrativo de aprehensión y decomiso, ya que, como se dijo, estuvo presente en todo momento para la interposición, trámite y sustanciación del recurso de reconsideración incoado. Además, aquél no demostró en la actuación administrativa, como tampoco en sede judicial, con los documentos de que trata el numeral 1.6 del artículo 502 del estatuto antes citado, la legal y correcta introducción de las mercancías decomisadas al territorio aduanero nacional. Y no es cierto, como lo pretende el recurrente, que la carga procesal de establecer con cuáles documentos se probaba la legal introducción de determinada mercancía, le correspondía a la entidad demandada, pues ello le compete única y exclusivamente a quien tiene poder de disposición sobre la mismas, es decir, al propietario, demandante en este caso, máxime si ya la entidad había analizado la documentación, con base en la cual solo logró determinar la legalidad de algunas mercancías respecto de las cuales revocó el decomiso.
— De la condena en costas.
Dispuso el tribunal de instancia, en la sentencia apelada, condenar en costas a la parte demandante, las cuales deberían ser liquidadas por secretaría, fijando como agencias en derecho la suma de $ 20’000.000, teniendo en cuenta que las diversas actuaciones desplegadas por la entidad accionada, estuvieron encaminadas a ejercer su derecho de manera efectiva durante la primera instancia y que el proceso tuvo un tiempo de duración de aproximadamente nueve meses y medio.
Al respecto, se tiene que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) establece, respecto de la condena en costas, que: “salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil” (destaca la Sala).
Al efecto, el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, prevé:
“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:
9. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
De los textos transcritos deduce la Sala que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, es siempre deber del juez disponer acerca de la condena en costas, lo cual no significa que deba condenarse en todos los casos a la parte vencida, pues es menester comprobar y verificar su efectiva causación dentro del respectivo proceso.
En el presente asunto, observa la Sala que el a quo condenó en costas a la parte demandante, pero no somete su decisión a criterios objetivos, verificables y comprobables que le permitan determinar una causa que justifique la condena a la parte vencida en esa instancia.
Por tal motivo, la Sala revocará la decisión adoptada por el tribunal de instancia respecto de este asunto y, en su lugar, dispondrá que no procede condenar en costas al actor. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.
1. CONFÍRMASE EL NUMERAL PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de junio de 2013, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
2. REVÓCASE EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar se dispone, NO PROCEDE CONDENAR en costas a la parte demandante.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.».