Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/DERECHO%20A%20UNA%20FAMILIA%20Y%20AL%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20DE%20LA%20MISMA.php
Timestamp: 2018-07-21 11:56:00
Document Index: 174806167

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 34', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 314', 'artículo 9', 'artículo 113', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 9', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 136']

DERECHO A UNA FAMILIA Y AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MISMA
C-595/96
Código Civil arts. 383947 y 48. Consanguinidad y afinidad. Igualdad entre los hijos. Exequibles salvo arts. 39 y 48.
C-034/99
D-2122
Ley 82/93. Art. 2 parcial. Normas para apoyar a la mujer cabeza de familia. Exequible
C-082/99
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140, numeral 7 del Código Civil. Matrimonio celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice. Inexequible.
C-800/00
Código Civil art. 217 parc. Impugnación de la filiación por parte del marido dentro de los 60 días siguientes al conocimiento del parto. Legitimidad. Exequible salvo una expresión
C-184/03
Ley 750 de 2002. Art. 1. Prisión domiciliaria y trabajo comunitario a mujer cabeza de familia y padres cabeza de familia. Medida de apoyo especial. Ejecución pena privativa de la libertad. Principio de igualdad y familia de hombres recluidos en prisión.
Código civil arts. 34 y 140 (parciales). Impúber. Casos en que el matrimonio es nulo y sin efectos. Inhibición de la corte constitucional para resolver el cargo en contra del artículo 34 del código civil. Capacidad de contraer matrimonio de los niños
C-722/04
Ley 861 de 2003 arts. 1 2 y 5. Disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia. Apoyo y protección especial a la mujer cabeza de familia en beneficio de sus hijos menores existentes
Ley 790 de 2002 art. 13 (parcial) y ley 812 de 2003 art. 8 literal d (parcial). Disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la república.
Ley 812 de 2003 art. 8 literal d (parcial). Aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006 hacia un estado comunitario. Descripción de los principales programas de inversión. Renovación de la administración pública. Cosa juzgada respecto del artículo 8
C-476/05
Ley 721 de 2001 arts. 3 y 8 (parcial). Se modifica la ley 75 de 1968. Prueba de ADN y casos en que puede recurrirse a otras pruebas para dictar sentencia. La igualdad el estado civil la investigación y declaración judicial de la paternidad. La prueba pericial en los procesos de filiación. Los marcadores genéticos en el examen de ADN así como pueden ser indicativos de un índice de probabilidad de la paternidad o la maternidad superior al 99.9% sirven igualmente para descartar por completo la relación paterno-filial o materno-filial cuando son negativos. El artículo 3 de la ley 721/01 no puede ser interpretado como si en él se instituyera una prueba única para decidir los procesos de investigación de la paternidad o la maternidad. Exequibles
C-534/05
Código Civil arts. 34 143 431 432 445 526 630 1018 1027 1061 1062 1196 1502 al 1504 1527 1602 1625 1740 1741 1851 1957 2243 2285 2368 2412 2439 2470 y 2515 (parciales); código de comercio (decreto 410 de 1971) arts. 12 103 104 899 900 1000 y 1137 parciales); código del menor (decreto 2737 de 1989) art. 89; y código de procedimiento civil (decreto 1400 de 1970) arts. 44 45 y 195. La demanda comprende la expresión "doce" contenida en el artículo 34 del código civil la cual fundamenta la distinción entre niños y niñas respecto de su llegada a la pubertad con los efectos jurídicos que ello comprende. Respecto de la incapacidad absoluta. Integración normativa entre el artículo 34 del código civil con las demás disposiciones demandadas y la expresión que configura la discriminación. Capacidad jurídica de los menores y las menores de edad. Capacidad de derecho y capacidad de hecho. Protección de los y las menores de edad mediante la declaratoria de incapacidad y de nulidad de algunos de sus actos. Protección jurídica igualitaria de menores de edad respecto del género. Prohibición de discriminación por razón sexo. Discriminaciones directas e indirectas. Permisión de tratos normativos diferenciados como fundamento de acciones afirmativas o discriminaciones positivas. Fin buscado por la diferenciación demandada del artículo 34 del código civil al declarar púberes a los niños y a las niñas en edades diferentes. Identificación de la norma jurídica inconstitucional derivada del artículo 34 y posibilidades de otras interpretaciones del mismo. Configuración del legislador para determinar edad a partir de que se pueden obligar las personas y alcance de la resolución de la corte. Inexequible e inhibida
Ley 100 de 1993 articulo 33 parágrafo 4 inciso 2 expresión "madre" modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003. Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Las demandantes afirman que la expresión acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución Política pues desconoce el carácter general y vulnera el derecho a la igualdad de los hombres que se encuentran en la misma situación de la madre. Ausencia de cosa juzgada constitucional absoluta en relación con la decisión adoptada en la sentencia c-227 de 2004. Las acciones afirmativas especiales previstas para los sujetos de especial protección constitucional como es el caso de las personas discapacitadas y de las madres cabeza de familia no implican un desconocimiento del principio constitucional a la igualdad. La extensión de los beneficios previstos por el legislador a favor de las madres cabeza de familia a los padres que se encuentren en las mismas circunstancias tiene por exclusiva finalidad la protección de los hijos menores discapacitados. Exequible en el entendido que el beneficio pensional previsto en dicho artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia con hijos discapacitados que dependan económicamente de él.
C-154/07
Ley 906 de 2004 articulo 314 numeral 5º (parcial). Se expide el código de procedimiento penal. Sustitución de la detención preventiva por la del lugar de residencia cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o que sufriere incapacidad mental permanente siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. Detención domiciliaria. El actor considera que la disposición demandada vulnera los artículos 13 44 y 93 de la Constitución Política .derechos fundamentales de los niños. Los derechos y garantías de los niños son prevalentes. Legitimidad del trato diferencial. El esquema de protección de los derechos de los niños no es igual en todas las edades no es rigurosamente equivalente para el que tiene un año que para el que tiene dieciocho; por el contrario admite graduaciones modulaciones y matices sensibles al proceso de desarrollo del individuo que en todo caso deben ser estudiadas por el juez en las circunstancias concretas de la norma. Descripción de los objetivos de la norma demandada. Razonabilidad y proporcionalidad de la medida legislativa acusada. Apoyo constitucional especial del estado a la mujer cabeza de familia. La corte reitera su posición en el sentido de afirmar que las diferencias de trato que la ley puede otorgar a los menores de edad por razón de su grado de madurez solo son legítimas si persiguen enfatizar una modalidad peculiar de protección jurídica o están encaminadas a integrar progresivamente al menor al escenario social mas no si pretende reducir el esquema de protección dispuesto por la carta. La medida en la norma que se estudia abre una amplia brecha de desamparo para el menor de edad que ya cumplió doce años pues le impide contar con la presencia de su madre o su padre en una etapa crucial para su desarrollo individual. El criterio matemático y formal de la edad del menor debe ser sustituido por el criterio material factico y concreto del interés superior del menor por lo que la responsabilidad reposa en el juez competente. Situación del hijo discapacitado. Inexequibles las expresiones "de doce (12) años" y "mental" contenidas en el numeral 5º del artículo 314 de la ley 906 de 2004.
Ley 797 de 2003 artículo 9o parágrafo 4º (parcial). Se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. Excepciones de los requisitos para obtener la pensión de vejez. El demandante considera que las expresiones impugnadas vulneran el preámbulo y los artículos 2 13 47 y 48 de la Constitución. Cosa juzgada constitucional. Estarse a lo resuelto en c-989 de 2006
Derecho a la unidad familiar a tener una familia y a no ser separado de ella en el caso de una pareja que tiene una menor y que fueron condenados por el punible de trafico fabricación o porte de estupefacientes siendo la compañera permanente trasladada de Neiva al guamo y negadas las peticiones de traslado que han formulado hecho que le ha impedido disfrutar de las visitas de la hija al igual que las visitas conyugales que disfrutaban. Solicita se ordene el traslado de la compañera permanente del guamo a Neiva. Procedibilidad de la acción de tutela para amparar los derechos de los niños así como el deber del estado la sociedad y la familia en procura del desarrollo integral de los menores. Garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad. Los establecimientos carcelarios deben posibilitar hasta donde ello resulte posible que el interno mantenga contacto permanente con su grupo familiar máxime si dentro del mismo existe hijos menores a través de visitas y comunicaciones frecuentes con el propósito de preservar la unidad familiar y de esta manera alcanzar el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes. Visitas conyugales o intimas en establecimientos carcelarios. El derecho a la intimidad en la modalidad del derecho a la visita conyugal en cabeza de la persona privada de la libertad depende para su realización efectiva del aseguramiento de condiciones locativas sanitarias de privacidad y seguridad.
Derechos a la dignidad, unidad familiar, salud, vida e integridad personal demandados a favor de interna del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar que, de acuerdo con el dicho de su madre, se encuentra en un estado de deterioro y confinamiento, pues ha sido recluida en un calabozo aislado en razón de las amenazas de las que ha sido víctima por parte de otras compañeras. La madre reclama a su nombre el traslado de establecimiento. Protección del goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Además de las restricciones derivables de la situación de singular sujeción frente al estado en la cual se encuentran las personas recluidas, se ha admitido su merecimiento de un tratamiento que atienda a ello, es decir, un deber positivo en cabeza del estado, del cual estos gozan. En consonancia, las medidas que adopten dichos establecimientos en ejercicio de sus facultades deben ser razonables y proporcionadas.
Una vez evaluada la particular condición de la interna, la sala determino la irrazonabilidad y desproporción de la medida adoptada, pues las autoridades pueden acudir a otras medidas de más idoneidad a fin de proteger los derechos de la mujer en cuestión. Así, se ordenó de manera inmediata la suspensión de la situación de aislamiento en la que se encuentra la interna.
D-8367 Y D-8376 ACUMULADOS
Demanda de inconstitucionalidad en contra de algunas expresiones contenidas en el artículo 113 del código civil, en el inciso 1º del artículo 2º de la ley 294 de 1996 y en el inciso 1º del artículo 2º de la ley 1361 de 2009. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Básicamente los actores se enfocan en atacar las expresiones “un hombre y una mujer” y “procrear” contenidas en los artículos demandados. Frente a los primeros vocablos, se hace un cuestionamiento al hecho de que se restringe el matrimonio a las parejas conformadas por personas homosexuales, reservándolo a las parejas integradas por heterosexuales. .con respecto al segundo término, se alega que la procreación implica una imposición a los contrayentes, quienes no podrían en ningún caso, sustraerse de ella. En las demandas se aduce una omisión legislativa y violación a los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía reproductiva, a la autodeterminación voluntaria, a la intimidad ya a la dignidad humana. El análisis de la corte giró en torno de la interpretación del alcance del inciso primero del artículo 42 de la carta política, para determinar si el matrimonio, en la forma como se define por el artículo 113 del código civil, desconoce derechos constitucionales de las parejas que se integran por personas del mismo sexo, precisando que de conformidad con la norma constitucional, la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos “vínculos naturales o jurídicos”, según lo previsto en el precepto superior, no siendo la heterosexualidad una característica predicable de todo tipo de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como lo demuestra la familia de crianza. Para la corte, no existen razones jurídicamente atendibles que permitan sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando se profesan entre personas heterosexuales, mas no cuando se trata de parejas del mismo sexo, concluyendo que la protección a las parejas homosexuales no puede quedar limitada a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, pues hay un componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia. La corte concluyó que al no existir en el ordenamiento jurídico colombiano una forma específica para formalizar las uniones con vocación de permanencia entre personas del mismo sexo, se constata la existencia de un déficit de protección de sus derechos que en primera instancia y en armonía con el principio democrático, debe ser atendido por el legislador, dentro del ámbito de su competencia para desarrollar la constitución política y adoptar medidas que garanticen el goce efectivo de los derechos de las parejas del mismo sexo. Es así como exhorta al congreso de la república para que de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que afecta a las mencionadas parejas. En cuanto a las acusaciones en contra de la expresión “de procrear”, contenida en la misma disposición legal, la corte se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo, dado que la interpretación ofrecida por los actores no es atribuible al precepto acusado. Se declara exequible por los cargos analizados, la expresión un hombre y una mujer contenida en el artículo 113 del código civil e inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión procrear contenida en el mismo artículo de la precitada norma. Así mismo, se declara inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “de un hombre y una mujer” contenidas en los artículos 2 de la ley 294 de 1996 y 2º de la ley 1361 de 2009, por cuanto estas normas legales reproducen preceptos constitucionales y, respecto al exhorto hecho al congreso de la república, se establece como término límite el 20 de junio de 2013, fecha para la cual, si no se ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual
T-001/12
T-2801782
Tener una familia y no ser separada de ella, acceso a la justicia. La acción de tutela se interpuso en contra del instituto de bienestar familiar (regional Guainía) y del señor Eduar medina, en su condición de capitán de la comunidad Yuri, por unos hechos relacionados con un acta de conciliación donde quedó consignado un acuerdo mediante el cual se determinó que la custodia y cuidado de la hija de la actora, estaría en cabeza de padre y abuelos paternos y que con éstos estaría durante veintitrés días al mes, mientras que con la progenitora pasaría los siete días restantes, cuando los abuelos permanecieran en puerto Inírida, eventos en los que la demandante tendría que asumir los gastos derivados del viaje y alojamiento de éstos. Los argumentos para impugnar el acuerdo de conciliación fueron: 1º. Falta de autonomía para firmar el acuerdo, ya que se le presionó por parte del capital de la comunidad. 2º. Imposición de una carga económica que no tiene como asumir. 3º. Aplicación de una norma de un lugar al que ella no pertenece y respecto del cual desconoce sus usos y costumbres y 4º. Dificultad para cumplir su derecho de visitas, lo que generó la imposibilidad de ver a su hija durante varios meses. Por otra parte, los accionados alegaron que la actora se mostró conforme con las decisiones tomadas en la reunión y que corroboró su aceptación con la firma voluntaria del acta de conciliación. La sala reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la diversidad étnica y cultural, las limitaciones a la jurisdicción indígena, los criterios para la determinación del fuero, la renunciabilidad de éste y la regulación del interés superior del niño indígena. La sala evidenció una serie de irregularidades y omisiones en el acta de conciliación atacada, lo que generó que la accionante no supiera a qué instancias acudir ante el incumplimiento de lo pactado; que no se hubiera dado cumplimiento al régimen de visitas dispuesto y que no hubiera podido la madre estar con su hija. Al tiempo de tutelar los derechos de la actora y de su hija, la sala imparte una serie de órdenes conducentes a determinar la situación de la menor; a realizar una nueva conciliación en la que se garantice el régimen de visitas o de custodia de la madre y en la que se observe el trámite dispuesto para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.
T-247/12
T-3274071
Trabajo en condiciones dignas, debido proceso, unidad y estabilidad familiar. Se alega en la acción de tutela la vulneración de derechos fundamentales por parte de la administración temporal del servicio educativo del departamento del choco, en tanto decidió trasladar a la accionante a una institución educativa que se encuentra lejos de lugar de su residencia, sin valorar en debida forma su particular situación de madre cabeza de familia, lo cual generó la ruptura del vínculo familiar a raíz de la falta de atención y cuidado a que debió someter a sus hijos adolescentes. La sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que ordenan traslados de servidores públicos. 2º. La jurisprudencia en relación con el ejerció del ius variandi en el caso de estos servidores. 3º. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no ser separados de ella y 4º. El concepto de la mujer cabeza de familia como sujeto de especial protección constitucional. Se concede en forma transitoria el amparo solicitado y se ordena a la entidad accionada reubicar provisionalmente a la actora en una institución del municipio de Quibdó o de un municipio cercano, hasta tanto la vulneración sea superada. . Se advierte a la demandante que debe hacer uso de los mecanismos judiciales ordinarios de defensa para impugnar el acto administrativo que confirmó la decisión de traslado, so pena de que la protección dispuesta en esta decisión finalice.
En este caso la sala de revisión entró a determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana, entre otros, fueron vulnerados por el accionado, al parecer, por haberla extraído de su casa cuando era una niña de aproximadamente siete años de edad, por haberla forzado a realizar trabajo doméstico
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la ley 1257 de 2008. El actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la mujer en la jurisprudencia de la corporación y, 5º. El control social y las sanciones sociales en el estado social de derecho. La corte concluyó que las medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho internacional de los derechos humanos. Exequible
A-009/15
T-653010
Se hace seguimiento a las órdenes segunda y tercera del Auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación y, a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género, en el marco del Conflicto Armado y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas. Lo anterior, en virtud de la persistencia de la violencia sexual contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores desplazadas, con ocasión de su condición de género e identificación de factores contextuales e individuales que aumentan la concreción del este riesgo.
La Corte resolvió dos problemas jurídicos: en primer lugar, si las reglas sobre la adopción conjunta, ejercida por compañeros permanentes con una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años, violaban el derecho de las parejas conformadas por personas del mismo sexo a la no discriminación y a constituir una familia (arts. 13 y 42 CP). En segundo lugar, si las normas sobre adopción complementaria o por consentimiento, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales se adopta el hijo o hija biológica del compañero o compañera permanente, con la anuencia de éste, desconocían el derecho de las parejas constituidas por personas del mismo sexo a la no discriminación y a conformar una familia (arts. 13 y 42 CP). 3.3. En lo relativo a la adopción conjunta (núm. 1º del art. 64 y núm. 3º del art. 68 la Ley 1098 de 2006), la Corte consideró que las expresiones impugnadas no desconocían la prohibición de discriminación por orientación sexual (art. 13 CP), ni lo atinente a las normas que en el artículo 42 de la Constitución se refieren a la familia. Sobre el particular, consideró que es facultad del Congreso determinar los efectos de la adopción estableciendo quiénes pueden ser adoptantes. Precisó además que la extensión del nuevo concepto jurisprudencial de familia contenido en la sentencia C-577 de 2011 no implica una extensión automática y uniforme para todos los efectos legales y mucho menos para la adopción, en la cual debe atenderse al interés superior del menor de edad y que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. La Sala sostuvo que la institución de la adopción conjunta, en las normas acusadas, está concebida y diseñada para suplir las relaciones de paternidad y maternidad, razón por la cual – según la opción actual del Legislador- sólo pueden acudir a esta institución las parejas conformadas por hombre y mujer, lo cual no contradice ni el derecho a la igualdad, ni los preceptos del artículo 42 Superior que se refieren a la familia. Ello no implica que la Corte haya dicho que exista prohibición constitucional para que el legislador reconozca el derecho a adoptar por parte de las parejas del mismo sexo, sino que la opción legislativa actual en las normas demandadas, es constitucionalmente permitida. La Corte tuvo también en cuenta que de los 19 países del mundo que han permitido la adopción por parejas del mismo sexo, muchos de ellos lo han hecho por decisión del órgano de representación popular. En consecuencia, declaró exequibles, por los cargos analizados, las expresiones impugnadas de la Ley 1098 de 2006 que regulan la adopción conjunta por compañeros permanentes, así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990. 3.4. Con referencia a la adopción complementaria o por consentimiento (núm. 5º del art. 64, art. 66 y núm. 5º del art. 68 de la Ley 1098 de 2006), la Corte sostuvo que cuando el Estado se abstiene de reconocer las relaciones familiares entre niños que tienen una única filiación, y el compañero(a) permanente del mismo sexo de su progenitor, con el(la) que éste último comparte la crianza, el cuidado y la manutención del menor de 18 años, pueden verse comprometidos los derechos de los niños, niñas o adolescentes. En estos eventos, la falta de reconocimiento jurídico del vínculo familiar, amenaza el derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 44 de la Constitución a no ser separados de su familia. Por lo anterior, la Corte consideró necesario condicionar la exequibilidad de estas normas, en el entendido que dentro de su ámbito de aplicación también están comprendidas las parejas del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. 3.5. En este contexto, consideró la Corporación que no cabía incluir en el condicionamiento la adopción consecutiva, esto es, la que se da en relación con el hijo o hija adoptivo del cónyuge o compañera o compañero permanente, debido a que el asunto reviste unas particularidades que, en principio, remiten a una configuración legislativa del mismo.
SU-659/15
Consideran los demandantes que sus derechos fundamentes fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada, al declarar probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa en aplicación del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. En su criterio, no se valoraron las particularidades del caso que imponían aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la norma aplicada y hacer procedente la acción de reparación directa instaurada. Se aborda la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El requisito de subsidiariedad y el recurso extraordinario de revisión. 3º. La configuración de la causal del defecto sustantivo. 4º. Jurisprudencia constitucional sobre la caducidad de la acción de reparación directa. 5º. Obligaciones internacionales del Estado frente a violaciones contra los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y, 6º. El contenido del derecho fundamental a la igualdad. La Corte concluyó que la sentencia atacada incurrió en un defecto sustantivo por no haber aplicado un enfoque constitucional fundado en la salvaguardia de los derechos fundamentales, tomando en cuenta las especiales circunstancias que rodearon el caso concreto. Para la Sala, el que se pretendiera que la madre de la niña que fue víctima de agresión demandara administrativamente desde el momento en que ocurrieron los lamentables hechos, resulta desproporcionado e implica que ella, además de asumir la muerte de su hija, tuviera que aceptar que el causante de la tragedia fuera su esposo, quien adicionalmente defendía su inocencia. Considera la Sala, que para cualquier persona es una desdicha la muerte de una hija, pero que esta situación se agrava si se exige que asuma –innecesariamente- que el responsable es su esposo y padre de la menor.
T-241/16
T-5310907
Se analizan los siguientes temas: 1º. Las medidas de protección eficaces y recurso judicial efectivo de las mujeres víctimas de violencia. 2º. La protección constitucional de las mujeres. 3º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 4º. El defecto fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material probatorio. Se TUTELA el derecho al debido proceso, se revoca la sentencia impugnada, se confirma la decisión de la Comisaría de Familia y se previene a los comisarios de familia, a los jueces civiles, promiscuos municipales y a los jueces de control de garantías, para que ciñan sus actuaciones en casos similares de violencia familiar, de manera estricta a la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, y a la Ley 1257 de 2008, con un enfoque de género.
T-184/17
T-5853839
Protección a la mujer frente a todo tipo de violencia. Caso en que víctima de violencia domestica solicita no asistir a audiencia de fijación de cuota alimentaria al tiempo con el agresor. La vulneración de derechos por parte del despacho judicial accionado se atribuye a la decisión adoptada dentro del proceso de alimentos presentado por la accionante en favor de sus hijos, consistente en negar la fijación de una fecha, hora y lugar diferente para recibir su interrogatorio de parte, pues, en su condición de víctima de violencia intrafamiliar, no estaba en condiciones de enfrentarse con su agresor. El operador jurídico argumentó que el carácter concentrado de la audiencia inicial impedía realizar otra audiencia para recibir el interrogatorio de parte a la actora. Se reitera jurisprudencia relacionada con la legitimación por activa del agente oficioso, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, los requisitos generales y específicos de procedibilidad y la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por exceso ritual manifiesto. Igualmente, se analiza el marco normativo y jurisprudencial sobre la protección a la mujer contra cualquier tipo de violencia y los instrumentos internacionales para combatir la violencia contra la mujer. Para la Corte, la peticionaria fue víctima de obstáculos que impidieron acceder a una administración de justicia eficaz, a un recurso judicial efectivo y a la protección especial frente a los hechos de violencia sufridos. Se CONCEDE el amparo solicitado.
T-264/17
T-5805697
Protección de la mujer frente a todo tipo de violencia. El Defensor del Pueblo Seccional Magdalena Medio, promovió la acción de tutela como agente oficioso de una mujer víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su compañero sentimental. Alega el actor que los derechos fundamentales de su agenciada fueron vulnerados por parte del despacho judicial accionado, en virtud de su omisión de dar trámite a la solicitud de medidas de protección urgentes solicitadas, dentro del término estipulado y en atención a las competencias establecidas en las normas legales sobre la materia, lo que generó que fuera nuevamente agredida por su excompañero sentimental. Se analiza temática relacionada con la protección de la mujer contra la violencia y el derecho a un recurso judicial efectivo. Se confirma la decisión de segunda instancia que CONCEDIÓ el amparo solicitado y se adiciona la misma con órdenes encaminadas a investigar los hechos que generaron que la accionante desistiera de la denuncia que interpuso por el delito de lesiones personales, y a mantener la protección otorgada a ella y a sus hijos frente a futuros ataques por parte del agresor.