Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=666916
Timestamp: 2019-05-21 07:39:10
Document Index: 13261533

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 34', 'artículo 28', 'artículo 226', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 161', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 216']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°132
CREACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE REDES ASISTENCIALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11015-11)
INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
REBAJA DE QUORUM DE APROBACIÓN DE LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10225-07)
HABILITACIÓN A CONSEJEROS REGIONALES PARA SER CANDIDATOS A DIPUTADO O SENADOR (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10641-06, 10792-06, 10916-06)
Sesión 132ª, en jueves 2 de marzo de 2017
(Ordinaria, de 10.34 a 12.26 horas)
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 19
CREACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE REDES ASISTENCIALES
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11015-11) ...................................................... 20
REBAJA	DE	QUORUM	DE	APROBACIÓN	DE	LEYES	ORGÁNICAS
CONSTITUCIONALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10225-07) ................ 45
HABILITACIÓN A CONSEJEROS REGIONALES PARA SER CANDIDATOS A DIPUTADO O SENADOR (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10641-06,
10792-06, 10916-06) ................................................................................................................. 47
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 50
1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10315-18) ............................. 50
2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10126-15) ............................. 50
3. -OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10687-06) ............................. 50
4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10683-06) ............................. 50
5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° N° 9541-15).......................... 50
6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10277-06) ............................. 50
7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10783-04) ............................. 50
8.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10937-15) ............................. 50
9.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9239-12, REFUNDIDO CON BOLETÍN N° 9239-12)................................................................................................................. 50
10.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10125-15) ....................................................................... 50
11.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE,
CON URGENCIA “DISCUSIÓN INMEDIATA”, QUE “CREA UNA ASIGNACIÓN DE FORTALECIMIENTO
DE REDES ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 11015-11) ................... 50
12.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR SCHILLING, QUE “MODIFICA LA
CARTA FUNDAMENTAL PARA REDUCIR EL MONTO DE LA DIETA PARLAMENTARIA”. (BOLETÍN
N° 11124-07) ............................................................................................................................ 51
13.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR ANDRADE, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE NACIONALIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS”. (BOLETÍN N° 11125-13) ............................. 51
De los diputados señores Mirosevic ; Espinosa, don Marcos, y Trisotti, y de la diputada señora Núñez, doña Paulina , por la cual retiran de su tramitación el proyecto que “Modifica la ley General de Servicios Sanitarios, en materia de estándares y medidas de construcción de redes de agua potable y alcantarillado en suelo salino”. boletín N° 9548-14.
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el 1 de marzo de 2017, y hoy, 2 de marzo, por medio día.
Del jefe de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana por la cual informa que se procedió a elegir a la diputada señora Vallejo y al diputado señor Carmona
, como jefa y subjefe de la bancada, respectivamente.
Del diputado señor Carmona
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 15 de febrero de 2017, para dirigirse a Bogotá, Colombia.
3.- Licencias médicas:
Otorgada al diputado señor Chávez
por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de catorce días, a contar del 27 de febrero de 2017.
Otorgada a la diputada señora Carvajal
por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de nueve días, a contar del 1 de marzo de 2017.
Orgada a la diputada señora Pascal
por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de diez días, a contar de hoy, 2 de marzo de 2017.
De la Corte de Apelaciones de Santiago por el cual remite las actas de las visitas realizadas a las cárceles por la Comisión correspondiente de dicho Tribunal, a partir del año 2015, en las que se da cuenta de la situación que afecta al sistema penitenciario y de la necesidad de estudiar la posibilidad de implementar herramientas legales que den una respuesta eficaz y urgente a dicha situación. (189/2017).
Del Presidente de la Corte Marcial de la Armada por el cual comunica que, a contar del 2 de marzo del año en curso, y durante el próximo trienio, dicho Tribunal estará presidido por el ministro señor Raúl Mera Muñoz e integrado por los Ministros señora Teresa Figueroa Chandía ; el Vicealmirante señor Julio Leiva Molina , y el Contraalmirante JT, señor Cristián Araya Escobar (1595/25).
Respuestas a Oficios Cuenta
Diputada Turres doña Marisol , Solicita disponer una investigación a Gendarmería de Chile, a nivel nacional, de todos los funcionarios que ejercen cargos de tipo sindical y aquellos que son destinados en Comisión de Servicio, indicando la legalidad de las actuaciones y las remuneraciones percibidos por dichas personas. (2027 al 22583).
Diputado Sandoval , Solicita que informe sobre el estado de avance en que se encuentra el desarrollo del Plan Intercomunal de la ciudad de Coyhaique. (4582 al 2523).
Diputado Rincón, Solicita informar sobre el desempeño del departamento jurídico del Servicio de Salud de O'Higgins. (5797 al 24704).
Diputado Monckeberg don Nicolás , Tome conocimiento de una querella presentada por doña Verónica Montecinos , Secretaria General de la Corporación de Desarrollo de Quinta Normal, en contra del municipio, por eventuales irregularidades en el manejo financiero. Asimismo, solicita investigar los hechos denunciados en dicha presentación, iniciando al efecto una investigación sumaria a la Municipalidad de Quinta Normal. (6174 al 2783).
Diputada Girardi doña Cristina , Solicita que inicie una investigación sobre la presunta asociación ilícita al interior de la Corporación Municipal de Quinta Normal, la cual sería responsable de la pérdida de millonarios recursos destinados a la educación de miles de niños vulnerables de la comuna (6175 al 2748).
Diputado Robles , Solicita que adopte las medidas necesarias a fin de anular el concurso efectuado para proveer el cargo de director de administración y finanzas del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama, informando a esta Cámara el resultado de sus gestiones. (6283 al 22616).
Diputada Núñez doña Paulina , Solicita se sirva pronunciar respecto a si corresponde otorgar los beneficios otorgados en la Ley N° 20.922, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a la funcionaria de la Municipalidad de Antofagasta, señora Jeannette Salinas Romero , en los términos que señala. (6463 al 2618).
Diputado Campos, Solicita remitir los antecedentes y resoluciones del sumario instruido en la municipalidad de Talcahuano, por eventuales irregularidades en la adjudicación de la licitación de un software para mejorar la gestión a la empresa Abex Tecnology (6679 al 25276).
Ministerio de InteriorDiputado Rivas , Informar a esta Cámara sobre el “Fondo Rotativo de Abastecimiento” establecido por la ley N° 16.356, remitiendo los balances de los últimos tres años y los antecedentes que requiere. (3017 al 22016).
Diputado Boric , Requiere información respecto a la situación que afecta a ex trabajadores del carbón de la comuna de Lota, relacionada con la entrega de una pensión de gracia, en los términos que señala. (3021 al 24151).
Diputado Sandoval , Solicita informar a esta Cámara sobre la posibilidad de interceder para que se declare comuna de emergencia a la de Aysén, con el propósito de adoptar las medidas que sean necesarias para mitigar los efectos del incendio que consumió las instalaciones de la empresa pesquera Friosur y que afecta directamente a 1.200 trabajadores y a un número importante de sus habitantes por las externalidades negativas que genera. (3842 al 25013).
Diputada Hernando doña Marcela , Remita un informe ejecutivo respecto de convenios suscritos entre su repartición y la Municipalidad de Antofagasta, en especial aquellos relacionados con los recursos transferidos y ejecutados y la evaluación realizada por esta Subsecretaria sobre cada uno de los proyectos que indica, en los términos que señala. (475 al 24355).
Diputado Urízar , Solicita que se sirva informar respecto a las observaciones realizadas al informe del Servicio de Evaluación Ambiental, respecto del Proyecto Central de Respaldo Doña Carmen , Central Termoeléctrica ubicada en Quebradilla de la Ligua, en los términos que señala. (518 al 25323).
Diputado Rocafull , Requiere información sobre la posibilidad de iniciar un proceso de desafectación o restitución de las 3,5 hectáreas de terreno entregadas en comodato a Bolivia, en virtud del pronunciamiento emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante el oficio Nº 10.849 (136 al 24702). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva remitir antecedentes acerca de la entrega de recursos del Fondo de Desarrollo de las Ferias Libres a 599 feriantes de 15 ferias libres en la Región de Los Lagos, en los términos que señala. (015 al 25668).
Diputado Chávez , Solicita informe sobre la posibilidad de revisar, en conjunto con los operadores de turismo, la situación de los puntos de partida de los viajes dispuestos para los clubes del adulto mayor, en los términos que propone. (88 al 25143).
Diputado Arriagada , Solicita informar la efectividad de las denuncias efectuadas en su contra por el señor Gino Lorenzini , según las cuales habría realizado un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica para sostener una reunión con la empresas aseguradoras internacionales Metlife y Principal, sin dar cumplimiento a los establecido para este tipo de actividades en la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. (8 al 24682).
Diputada Girardi doña Cristina , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las matrículas, dotación de docentes y asistentes de la educación, recursos traspasados y desagregados por tipo de subvención en los colegios de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, en el período
2006 a 2016. (147 al 20144).
Diputado Farcas , Solicita informar los criterios que se han utilizados para determinar la localización de los nuevos establecimientos educacionales dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, particularmente porque en la zona norte de la Región Metropolitana de Santiago se han utilizados terrenos que estaban destinados a áreas verdes. (439 al 25734).
Diputado Pilowsky , Solicita informe a esta Cámara sobre el uso de brazaletes electrónicos. (739 al 26015).
Diputado Núñez , Solicita que se sirva informar respecto al costo que reporta para las Fuerzas Armadas y al Estado de Chile, el envío de oficiales a los cursos de instrucción impartidos por el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, ubicado en los Estados Unidos de América. (31083 al 26210).
Diputado Rincón, Diputado Chávez , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de iniciar una exhaustiva fiscalización, a fin de determinar si las instituciones Armadas y de Orden estarían cumpliendo el mandato expreso de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con el párrafo 3° sobre “Declaración de Intereses”, informando a esta Corporación si las declaraciones publicadas que se indican se ajustan a las directrices dadas por la legislación y de existir alguna irregularidad, ordenar los sumarios administrativos correspondientes, a fin de establecer responsabilidades y las medidas pertinentes para corregir dicha situación. (5832 al 19286).
Diputado Flores, Requiere informe de la veracidad de las denuncias efectuadas por la empresa constructora Azvi en relación con ese Ministerio, particularmente en cuanto se habrían modificado los costos asociados a la reconstrucción del Puente Cau Cau y adulterado el respectivo estudio técnico. (173 al 25285).
Diputado Flores, Requiere informe de la veracidad de las denuncias efectuadas por la empresa constructora Azvi en relación con el ministerio de Obras Públicas, particularmente en cuanto se habrían modificado los costos asociados a la reconstrucción del Puente Cau Cau y adulterado el respectivo estudio técnico (173 al 25286).
Diputado Morales, Estado de los trabajos de mantención del camino que corre desde el cruce las Higueras a la localidad de Llico, en la comuna de Vichuquén, y acerca del diseño de su futura pavimentación o sellado asfáltico. (174 al 25107).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Solicita informar los proyectos de construcción de caminos que se han programado para las comunas de Chimbarongo, Nancahua , San Vicente y Pichidegua , particularmente en los sectores que se individualizan en la intervención adjunta, indicando los plazos estimados para la ejecución de las obras. (175 al 25081).
Diputado Berger , Requiere información sobre la posibilidad de que el Puente CauCau se mantenga operativo para el tránsito de vehículos, con el objetivo de descongestionar vialmente la ciudad de Valdivia (176 al 25068).
Diputado Urrutia don Ignacio , Solicita información sobre la posibilidad de instalar una barrera de seguridad vial en la Villa San Sebastián, de la comuna de Cauquenes (177 al 25072).
Diputado Jaramillo , Solicita informar el estado de avance de las obras de un camino de doble vía para unir las comunas de La Unión y Río Bueno. (178 al 25114).
Diputado Berger , Solicita que se pronuncie respecto a las acciones pertinentes que pudieran incorporarse a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, por las presuntas irregularidades en el diseño y ejecución del Puente Cau-Cau, ubicado en la comuna de Valdivia. (179 al 24339).
Diputado De Mussy , Requiere información sobre el estado actual del Proyecto de Pavimentación de la Ruta U-205 Chifin Bajo Cancura, de la comuna de Río Negro (183 al 25557).
Diputado Campos, Requiere informar los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a la sentencia dictada por el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso, en causa rol C1397-2016, caratulada Tapia con Constructora Indico Limitada. (184 al 24979).
Diputado Sabag , Pavimentación de la Ruta M-31 desde la Sub Comisaría de Carabineros de San Fabián de Alico hasta la localidad de La Punilla en la comuna de San Fabián. (185 al 25350).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita informar a esta Cámara sobre los daños ocasionados a puentes y caminos por la actividad de transporte forestal y el costo que significa para el Estado su reparación. (186 al 24993).
Diputado Mirosevic , Requiere informar el estado de avance de las obra de reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Chacalluta , indicando si se han cumplido originalmente establecidos para la ejecución de las obras. (225 al 25754).
Diputado Pérez don José , Solicita disponer la pronta conclusión de las obras de asfaltado, de la ruta que une las comunas de Curanilahue con Nacimiento, indicando las líneas de acción que se utilicen para este objetivo. (311 al 25765).
Diputado Espejo, Solicita que se sirva informar respecto a la planificación de obras de agua potable rural para el periodo 2017-2018, en los términos que señala. (312 al 25946).
Diputado Espejo, Solicita que se sirva informar sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso al suministro de agua potable a los vecinos del sector Rincón de Los Ubilla, comuna de Lolol, en los términos que señala. (313 al 25945).
Diputado De Mussy , Estado del pavimento del camino Las Lomas de la comuna de Puerto Varas y del puente de madera unidireccional instalado en el tramo sin pavimentar, indicando las medidas que se adoptarán para mejorar dicha vía. (314 al 25580).
Diputado Silber , Solicita remitir, en su calidad de integrante de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, los antecedentes que justificaron la aprobación del proyecto CICLOS, para la construcción de un vertedero de residuos sólidos en el sector de Rungue de la comuna de Tiltil. (83 al 25710). Ministerio de AgriculturaDiputado Rocafull , Solicita que informe a esta Cámara el destino de uso de suelo del predio ubicado en el sector La Ponderosa, sitio Nº1 del Valle de Lluta, de la Región de Arica y Parinacota, en los términos que señala. (013 al 26309).
Diputada Núñez doña Paulina , Requiere información sobre la posibilidad de suspender la evaluación ambiental del proyecto Complemento Modulo RAM, hasta que la Contraloría General de la Republica emita un pronunciamiento formal sobre su procedencia (042 al 26255).
Diputado Robles , Solicita informe de qué manera la dictación del reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos, podría vulnerar las obligaciones internacionales que nuestro país contrajo al ratificar el Convenio de Basilea y su enmienda prohibitoria. (118 al 25549).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita remitir la información individualizada en la solicitud adjunta, en relación con la implementación y ejecución del “Programa de desarrollo de negocio asociativo ganadero en la agricultura familiar campesina” en la Región de los Lagos. (154 al 25658).
Diputada Álvarez doña Jenny , Solicita que remita antecedentes acerca de los resultados del programa piloto que desarrolla modelos de crianza de terneros machos de lechería, ejecutado desde el año 2015 en la comuna de Chiloé, en los términos que señala. Asimismo, sírvase informar respecto del concurso especial para la provincia de Chiloé con el objetivo de apoyar la reconversión laboral entre los afectados por la Marea Roja. (155 al 25646).
Diputado Flores, Solicita disponer las medidas que sean necesarias para permitir que los pequeños productores de leche de nuestro país puedan obtener precios de mercado, equivalentes al valor internacional, de la leche que venden a las grandes empresas del rubro. (170 al 2731).
Diputado Rathgeb , Efectividad de que, en su ministerio, se aplicarán descuentos de remuneraciones o compensaciones por las horas no trabajadas durante la movilización de los trabajadores efectuada con ocasión de la discusión del reajuste de remuneraciones del sector público. (55 al 25256).
Diputado Rathgeb , Reitera oficio N° 25.256, de fecha 13 de diciembre de 2016, cuyo texto se adjunta. (55 al 26108).
Diputado Poblete , Solicita informe sobre las fiscalizaciones realizadas a las empresas de la Provincia del Biobío, cuyo objeto ha sido determinar las condiciones en que laboran los trabajadores temporeros. (102 al 26077).
Diputado Godoy , Efectividad de que el señor Roberto Enrique Rojas Montoya percibe una pensión estatal y las causas que la justifican. (116 al 14063).
Diputado Poblete , Solicita informe sobre las fiscalizaciones realizadas a las empresas de la Provincia del Biobío, cuyo objeto ha sido determinar las condiciones en que laboran los trabajadores temporeros (215 al 26079).
Diputado Berger , Se sirva informar sobre la veracidad de las denuncias emitidas por el abogado señor Samuel Saavedra por una eventual persecución efectuada por la Inspección del Trabajo de Lanco contra pequeños empresarios. (23375 al 23375).
Diputado Flores, Diputado Morano , Diputado Rincón, Diputado Lorenzini , Diputado Chahin , Diputado Ojeda , Diputado Vallespín , Diputada Provoste doña Yasna , Diputado Chávez , Solicitan que se sirva informar acerca de las supuestas inversiones ilegales, que habrían realizado las Administradoras de Fondo de Pensiones Cuprum, Planvital , Santa María , Capital y Provida , con los fondos de pensiones de propiedad de sus cotizantes, en los términos que señala. (3076 al 25822).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva remitir copia de la carpeta de fiscalización que lleva adelante esa Dirección, con el propósito de establecer las causas y responsabilidades en el accidente ocurrido el pasado 25 de octubre en la construcción de una estación bencinera en la comuna de Puerto Varas, lugar en el que fallecieron 4 trabajadores. (418 al 25178).
Diputado Monsalve , Solicita información sobre las medidas a adoptar ante la situación que afecta al señor Domingo Aguayo Jara , quien tras ser despedido por la empresa constructora Héctor Medina S.A., no ha percibido el pago de las cotizaciones previsionales ni del correspondiente finiquito. (51 al 25155).
Diputado Monsalve , Requiere información sobre las medidas a adoptar ante la situación que afecta al señor Carlos Aguayo Jara , quien tras ser despedido por la empresa constructora Héctor Medina S.A., no ha percibido el pago de las cotizaciones previsionales ni del correspondiente finiquito. (51 al 25156).
Diputado Monsalve , Solicita información sobre las medidas a adoptar ante la situación que afecta al señor Segundo Aguayo Jara , quien tras ser despedido por la empresa constructora Héctor Medina S.A., no ha percibido el pago de las cotizaciones previsionales ni del correspondiente finiquito (51 al 25157).
Diputado Monsalve , Solicita información sobre las medidas a adoptar ante la situación que afecta al señor Juan Aguayo Jara , quien tras ser despedido por la empresa constructora Héctor Medina S.A., no ha percibido el pago de las cotizaciones previsionales ni del correspondiente finiquito (51 al 25158).
Diputado Rathgeb , Solicita que informe respecto a ciertas materias relacionadas con licitaciones públicas efectuadas por la Subsecretaría de Salud, en los términos que señala. (637 al 23320).
Diputado Rathgeb , Reitera el oficio Nº 23.320, de fecha 27 de septiembre de 2016. (637 al 25383).
Diputado Monsalve , Solicita información relacionada con la situación del señor José Suazo Morales , quien requiere agilizar los tiempos de espera para la toma de exámenes, en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, de la ciudad de Concepción (750 al 26244).
Proyecto de Resolución 664, Solicita a S.E. la Presidenta de la República se sirva ordenar al Ministerio de Salud incluir dentro de las especialidades médicas a la medicina del dolor. (317). 2504.
Proyecto de Resolución 693, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la presentación de un proyecto de ley para facultar a la Central Nacional de Abastecimiento para vender medicamentos e insumos médicos directamente a organización de pacientes. (565). 2503.
Proyecto de Resolución 757, Solicita a S.E. la Presidenta de la República adoptar las medidas necesarias tanto legales como administrativas para que el Estado asuma los estudios de la composición nutricional de los alimentos y del etiqutado, en el caso de los productores artesanales de alimentos. (569). 2505.
Proyecto de Resolución 751, Solicita a S.E. la Presidenta de la República incluir la fibromialgia en al Plan AUGE. (575). 2501.
Proyecto de Resolución 766, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir a los ministerios de Hacienda y Salud para efectuar las modificaciones legales necesarias para incorporar al catálogo de prestaciones de salud la Endoscopia Digestiva Alta (EDA). (58). 2502.
Diputado Espinosa don Marcos , Solicita que informe sobre el estado del cierre temporal de la faena minera “Mantos de la Luna”, ubicada en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, en particular el detalle sobre el plan de cierre, y la situación en que se encontrarían los trabajadores que prestan servicios en dicha faena. (51 al 24418).
Diputado Rathgeb , Reitera oficio N° 25.260, de fecha 13 de diciembre de 2016, cuyo texto se adjunta. (149 al 26112).
Diputado Espinoza don Fidel , Informe a esta Cámara sobre los hechos ocurridos en 2012 al detectarse por el Ministerio de Salud una eventual infracción a las normas de protección de radiaciones ionizantes que afectaron a la técnico-paramédico de la Fuerza Aérea de Chile, señora Eva Catalán Valdés , quien se desempeñaba en la unidad de rayos X de la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei , precisando las medias y procedimientos adoptados, el resultado de las investigaciones sumarias que se efectuaron, remitiendo los demás antecedentes que solicita. (3 al 26089).
Diputado Meza , Remite copia de su intervención en la que expresa su adhesión a las 70 propuestas formuladas por la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía a fin que implemente las medidas que correspondan dentro de la esfera de sus atribuciones. (75 al 2802).
Diputado Chahin , Informe sobre la situación que afecta al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía, señor Jorge Saffirio , quien se encontraría suspendido en sus funciones en virtud de una resolución dictada en un sumario administrativo calificado como irregular por la Contraloría General de la República y cuyo dictamen estaría siendo vulnerado por la autoridad responsable, disponiendo una investigación y adoptando las medidas correspondientes ante la existencia de un eventual desacato. (80 al 26026).
Diputado Santana , Solicita que se sirva informar respecto al estado de avance, calendarización y destinación de recursos en el marco de acciones programas para el periodo de mayo de 2016-2017 señalados en el pasado discurso presidencial del 21 de mayo, en los términos que señala. (260 al 25805).
Diputado Núñez , Solicita que informe sobre las funciones desempeñadas por la señora Magdalena Piñera Morel entre 2010 y 2014 y las dependencias del Palacio de la Moneda en las que cumplía dichas labores. (73 al 25615).
Diputado Sandoval , Solicita que se sirva informar respecto a las medidas a tomar para la instalación de un proyecto de electrificación rural, solicitado por el Comité de Desarrollo, Productivo y Electrificación Rural Lago Largo, en los términos que señala. (079 al 26298).
Diputado Kast , Solicita información relacionada con el cumplimiento de las bases, criterios y plazos establecidos para el concurso “100 murales” y para la encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud a través de la plataforma EVoting sobre temas valóricos (122 al 25676).
Diputado Verdugo, Informe a esta Cámara sobre la implementación del Programa Abriendo Caminos, en los términos que indica. (174 al 26141).
Diputada Álvarez doña Jenny , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de facilitar apoyo técnico a los municipios de la provincia de Chiloé, a fin de agilizar el trámite del Registro Social de Hogares, para que las personas puedan registrarse y acceder a los beneficios dispuestos en el marco de la marea roja. (181 al 20773).
Diputado Verdugo, Para que, en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las acciones y medidas contempladas -paralelas e independientes al plan de inviernodesarrolladas por vuestra entidad y demás instituciones dependientes del mismo, para las personas en situación de calle durante el presente año, específicamente en el periodo de invierno. (231 al 20852).
Diputado Monsalve , Informar a esta Cámara sobre los motivos que impidieron otorgar el beneficio al trabajo de la mujer, a la señora Johanna Sepúlveda Rojas , de la comuna de Los Álamos. (233 al 21840).
Diputado Campos, Avances en la dictación del reglamento del artículo 28 y primero transitorio de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, relativo a la accesibilidad a los edificios públicos y acerca de las demás interrogantes que plantea. (328 al 26084).
Diputado Verdugo, Informe a esta Cámara sobre la implementación del Programa Abriendo Caminos, en los términos que indica. (78 al 26128).
Diputado Kast , Diputado ALVARADO , Para que, en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el número de hogares de adultos mayores existentes en nuestro país, señalando el número de personas internas en dichas dependencias, desglosado por región, provincia y comuna, pronunciándose respecto de las demás interrogantes y solicitudes que plantea. (89 al 20610).
Proyecto de Resolución 665, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la inclusión de la cama o catre clínico en las ayudas técnicas que entrega SENADIS a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de dependencia severa. (226). 2499.
Diputada Turres doña Marisol , Solicita disponer una fiscalización a la empresa conservera de mariscos Cocosa , en la comuna de Calbuco, para determinar si posee los permisos necesarios y si cuenta con una planta de tratamiento para tratar el agua antes de verterla en el mar. (1705224 al 26064).
Diputado Kort , Solicita información sobre las medidas a adoptar ante la contaminación acústica que afecta el correcto funcionamiento del preuniversitario Laderman , en la comuna de Rancagua (521 al 25792).
Diputado Rathgeb , Efectividad de que, en su ministerio, se aplicarán descuentos de remuneraciones o compensaciones por las horas no trabajadas durante la movilización de los trabajadores efectuada con ocasión de la discusión del reajuste de remuneraciones del sector público. (52 al 25250).
Diputado Pérez don José , Tome conocimiento de su preocupación por la situación que afecta a los trabajadores de la mina Santa Ana, en la comuna de Curanilahue, e informe a esta Cámara sobre la posibilidad de intervenir a fin de otorgarles una pronta solución. (54 al 25531).
Diputado De Mussy , Estado del pavimento del camino Las Lomas de la comuna de Puerto Varas y del puente de madera unidireccional instalado en el tramo sin pavimentar, indicando las medidas que se adoptarán para mejorar dicha vía. (314 al 25579).
Diputado García don René Manuel , Proyecto de mejoramiento y construcción de la Ruta S-911, S-973, ribera oriente del lago Caburga, para unir Río Blanco con el poblado de Paillaco. (46 al 25367).
Diputado Rathgeb , Solicita informe del estado de avance de las obras de construcción de una plaza y un centro médico en la comuna de Renaico. (485 al 25921).
Diputado Kast , Informe a esta Cámara el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (128 al 24553).
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. (160 al 24783).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Requiere informar los proyectos de construcción de caminos que se han programado para las comunas de Chimbarongo, Nancahua , San Vicente y Pichidegua , particularmente en los sectores que se individualizan en la intervención adjunta, indicando los plazos estimados para la ejecución de las obras. (175 al 25082).
Diputado Hernández , Solicita que se sirva informar respecto a las posibilidades técnicas, administrativas y presupuestarias que permitan contar con un estudio de factibilidad de Agua Potable Rural, para el sector de Pichi Pichil ubicado en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos. (182 al 25308).
Diputado Pérez don José , Solicita disponer la pronta conclusión de las obras de asfaltado, de la ruta que une las comunas de Curanilahue con Nacimiento, indicando las líneas de acción que se utilicen para este objetivo. (311 al 25766).
Diputado Carmona , Solicita remitir información relacionada con la posibilidad de conformar una alianza con la Empresa Nacional de Minería, con el propósito de permitir a pequeños mineros acceso a ciertos yacimientos, ubicados en la Región de Atacama, remitiendo determinadas estadísticas relacionadas con los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en los términos que se solicita. (007 al 22554).
Diputado Farcas , Solicita informe de la existencia de un registro público de las armas que posee su institución, indicando el número de ellas que han sido reportadas como hurtadas, robadas o extraviadas. (1248 al 25048).
Diputado Espinosa don Marcos , Solicita que se sirva informar respecto a la existencia actual de una investigación respecto a las irregularidades denunciadas por los vecinos de la Población Pacífico Norte, comuna de Tocopilla, respecto al ex vertedero de Tocopilla, cerrado en 2015. (464 al 25741).
Diputado Espinosa don Marcos , Solicita informar los antecedentes técnicos que se tuvieron a la vista para aprobar, mediante una Declaración de Impacto Ambiental, el proyecto “Complemento módulo Ram” de la Recicladora Ambiental Limitada en la ciudad de Calama, en consideración a que la magnitud de esta obra haría necesario un Estudio de Impacto Ambiental. (465 al 26311).
Diputada Núñez doña Paulina , Requiere información sobre la posibilidad de suspender la evaluación ambiental del proyecto Complemento Modulo RAM, hasta que la Contraloría General de la Republica emita un pronunciamiento formal sobre su procedencia (64 al 26250).
Diputado Schilling , Para que, en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan, disponga una investigación e informe a esta Cámara sobre la omisión en que habría incurrido la municipalidad de Quilpué respecto de una serie de denuncias formuladas por la Juta de Vecinos N° 81, Héroes del Mar, por la instalación irregular de una bomba de bencina en la calle Uribe con aviador Acevedo y Estero de Quilpué. (2878 al 21607).
Diputado Schilling , Para que, en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan, disponga una investigación e informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilpué ante la orden de desalojo de su sede expedida por el Director del Departamento de Desarrollo Comunitario de la municipalidad respectiva. (5523 al 21609).
Proyecto de Resolución 753, Solicita a S.E. la Presidenta de la República tomar las medidas necesarias para adoptar un plan de contingencia frente a la sequía. (365).
-Concurrio, además, la ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher.
-En misión oficial: El diputado señor Daniel Farcas Guendelman.
-Con permiso constitucional: El diputado señor Patricio Vallespín López.
-Con licencia médica: Las diputadas señoras Loreto Carvajal Ambiado, Denise Pascal Allende, y el diputado señor Marcelo Chávez Velásquez.
-Con impedimento grave: La diputada señora Clemira Pacheco Rivas.-
El acta de la sesión 122ª se declara aprobada.
Hago presente a sus señorías que hoy sesionarán simultáneamente con la Sala la Comisión de Deportes y Recreación, de 10.45 a 12.00 horas; la Comisión de Ética y Transparencia, de 11.00 a 12.00 horas; la Comisión Especial Investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos relacionados con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios, de 11.00 a 13.00 horas.
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica.
Diputados informantes de las comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Juan Luis Castro y Alejandro Santana , respectivamente.
-Mensaje, sesión 109ª de la presente legislatura, en 14 de diciembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 129ª de la presente legislatura, en 25 de enero de 2017. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 11 de este boletín de sesiones.
En reemplazo del diputado señor Juan Luis Castro , rinde el informe de la Comisión de Salud el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Salud viene en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica.
La idea matriz o fundamental del proyecto es crear una asignación de fortalecimiento, de carácter mensual, de redes asistenciales para el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que indica.
Para lograr dicho objetivo, la iniciativa está estructurada a base de cinco artículos permanentes y dos transitorios.
Durante el análisis del proyecto, la comisión contó con la colaboración de la subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Ana Gisela Alarcón Rojas .
Fundamentos del proyecto de ley contenido en el mensaje
La normativa de salud establece la separación de la función asistencial respecto de la autoridad sanitaria. La función asistencial debe ser ejercida por el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y abarca tanto la articulación como el desarrollo de la red asistencial del sistema.
Atendido lo anterior, el gobierno, a través de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, junto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, formó una mesa de trabajo, que contó con la participación de los representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud (Afuminsal), con quienes acordaron establecer una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales y la fijación de un plan institucional y de rendición de cuentas, cuyo propósito es el fortalecimiento de la función de articulación de la red asistencial, objetivo que se concreta a través de esta iniciativa de ley, que además tiene por finalidad robustecer la atención integral a las personas y la regulación de las prestaciones y acciones de salud.
1.- La creación y regulación de la asignación de fortalecimiento para el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que indica, esto es, para los funcionarios de planta y a contrata que desempeñan labores en dicha institución. Con ella se pretende beneficiar a los funcionarios profesionales hasta el grado 5°, inclusive; a los técnicos, a los administrativos y a los auxiliares, siempre que se rijan por las normas del Estatuto Administrativo y de la escala única de sueldos.
Dicha asignación tendrá un componente fijo y otro proporcional. Este último se aplicará sobre el sueldo base y las asignaciones sustitutiva y profesional, según corresponda. En régimen, el componente fijo ascenderá a 100.000 pesos brutos mensuales, en tanto que el componente proporcional corresponderá al 10 por ciento de las remuneraciones antes indicadas.
A contar del 1 de diciembre de 2017, los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares llegarán al régimen antes indicado. En el caso del estamento de profesionales hasta el grado 5°, inclusive, dicho régimen operará en su totalidad a partir del 1 de diciembre de 2019.
2.- El establecimiento de un plan institucional y de rendición de cuentas. Para estos efectos, en diciembre del año previo a su ejecución, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá definir, anualmente, un plan institucional que deberá enviar a las comisiones permanentes de Salud y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados. De igual modo, durante marzo de cada año deberá remitir a dichas comisiones un informe de gestión que contenga el grado de cumplimiento del plan institucional del año anterior.
3.- Financiamiento. En este ámbito se incorpora una norma referida a la imputación del mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en proyecto. Así, durante el primer año presupuestario de su vigencia, el costo se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y, en lo que faltare, con cargo a la partida Tesoro Público. Los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Durante la discusión general del proyecto se escuchó la exposición de la subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Ana Gisela Alarcón , quien hizo referencia expresa a lo señalado en los considerandos y fundamentos del mensaje, lo que aparece reflejado en el acápite anterior.
Cabe hacer presente que esta iniciativa legal fue estudiada y votada en una sesión.
En términos generales, los diputados valoraron la iniciativa del Ejecutivo y la circunstancia de llegar a acuerdos con los gremios de la salud afectados. Destacaron, además, que lo importante no es avanzar en bonos, sino remunerar en forma justa el trabajo de los funcionarios de la salud, de modo que haya un aumento real de su poder adquisitivo.
Votación general del proyecto
La comisión, tras compartir los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en el mensaje, y luego de recibir las explicaciones de la representante del Ministerio de Salud, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tendrán las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señora Marcela Hernando y señores Castro , Macaya , Rathgeb y Torres , esto es, cinco votos a favor.
Durante la discusión particular que tuvo lugar en este primer trámite reglamentario, la comisión aprobó, sin mayor discusión, las disposiciones propuestas en el mensaje, en los mismos términos en que fueron presentadas.
El señor SANTANA (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica, en primer trámite constitucional, con discusión inmediata y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.
En razón de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido fueron abordados por quien me precedió en el uso de la palabra, basaré este informe fundamentalmente en los aspectos presupuestarios del proyecto, al tenor del correspondiente informe financiero.
Sin perjuicio de lo señalado, hago presente que el proyecto de ley se sustenta en tres ideas centrales:
3.- Financiamiento. En este ámbito se incorpora una norma referida a la imputación del mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley. Así, durante el primer año presupuestario de su vigencia, el costo se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y, en lo que faltare, con cargo a la partida Tesoro Público. Los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos del Sector Público.
En cuanto a los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal, el informe financiero N° 143, de 7 de diciembre de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuestos, señala que la aplicación de esta iniciativa legal implica el siguiente costo máximo anual, por estamentos, en las fechas y por los ítems que se señalan a continuación:
En total se beneficiará a 230 funcionarios profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Por tanto, para 2017 ello supondrá un costo total de 273 millones de pesos; para 2018, de 370 millones de pesos; para 2019, de 568 millones de pesos, y para 2020, de 732 millones de pesos.
Por su parte, el informe financiero sustitutivo N° 14, de 1 de marzo de 2017, elaborado por la Dirección de Presupuestos, que acompaña una indicación del Ejecutivo, señala que la correspondiente modificación no irrogará mayor gasto fiscal, por cuanto mantiene el gasto proyectado, que en régimen alcanzará a 732,5 millones de pesos, estimados con los siguientes supuestos:
a) Considera un universo de 230 funcionarios que serán beneficiarios de esta futura ley, autorizados para 2017, en la ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Público para 2017.
b) Para el cálculo del componente proporcional, considera una remuneración base promedio mensual de 1.654.041 pesos para dicha dotación.
c) Proyecta otorgar el beneficio a contar del mes siguiente a la fecha de publicación de la ley. d) Considera gradualidad en la implementación. Además, su aplicación varía según el estamento al cual pertenece el funcionario, conforme lo señala la ley en proyecto.
De esta forma, el gasto máximo anual por estamento, con la nueva gradualidad, es la siguiente:
Como señalé, señor Presidente, un total de 230 funcionarios beneficiados representan un gasto proyectado no para 2020, sino que se anticipa al 2019, de 732.515.000 pesos en régimen.
El mayor gasto que irrogue el proyecto de ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Salud, y en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplirlo con recursos que se traspasen de la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años siguientes, los recursos se consultarán en la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.
Durante el debate, y como consecuencia del compromiso adoptado por el Ejecutivo con los integrantes de la Comisión de Hacienda en orden a modificar la gradualidad de la puesta en régimen del proyecto de ley, se acogen dos indicaciones:
La primera de ellas, al artículo 3, reemplaza el año 2020 por 2019, lo cual afecta la fecha de reajuste del componente fijo señalado en dicho artículo.
La segunda, que es consecuencia de la anterior, modifica la gradualidad establecida en el artículo primero transitorio, reduciendo las anualidades de cuatro a tres años.
Finalmente, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad las normas sometidas a su competencia, esto es la totalidad del articulado, junto con las indicaciones del Ejecutivo ya explicadas, por lo que recomienda a la Sala su aprobación en la misma forma.
Es todo cuanto puedo informar sobre la materia.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la presencia de la señora ministra de Salud y la preocupación que demostró en la elaboración del proyecto de ley que hoy estamos tratando.
Señor Presidente, con el permiso de los colegas, solo quiero aclarar algunas cosas que a veces los diputados informantes de las comisiones no precisan.
Por ejemplo, no se ha dicho que este es otro proyecto que se debe a los acuerdos entre las asociaciones de funcionarios, no solo de salud, como sucede en este caso, sino de las distintas instituciones del Estado, y el gobierno.
También es bueno decir que en la Comisión de Hacienda hemos estudiado 27 proyectos de esta índole, que otorgan beneficios para los funcionarios de los distintos estamentos del sector público.
El informe de la comisión técnica no hace referencia a la totalidad de opiniones que pudieron entregar las respectivas asociaciones en la Comisión de Hacienda, que debieron ser parte de dicho informe, ya que solo recibimos las más importantes, las que nos permitieron entender algunas cosas.
El informe tampoco expresa que la iniciativa para anticipar la fecha de entrega de estos beneficios nació en dicha comisión, ya que fue parte del trabajo que realizamos todos los diputados que la conformamos.
Señor Presidente, como ha explicado el diputado informante, la implementación de estas medidas se realizará el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, hasta el 30 de noviembre de 2017, fecha en que entrará en régimen. ¡Fíjese lo interesante que fue el trabajo de la Comisión de Hacienda, pues logramos anticipar la fecha de entrada en régimen del pago del beneficio para el estamento de profesionales hasta el grado 5°, inclusive, al 1 de diciembre de 2019, en lugar del 2020!
Los representantes de los funcionarios hicieron otro gran aporte en la Comisión de Hacienda, ya que informaron a los miembros de dicha instancia algo que no comentaré porque no compete al proyecto mismo, pero es un antecedente que recibimos de parte de esos trabajadores.
Por lo tanto, reitero que a veces se nos escapa decir cuánto se trabaja en las distintas comisiones y lo relevante que es esa labor.
Señor Presidente, debo decir una vez más que es un buen proyecto y que hace justicia a esos trabajadores, por lo que lo votaré a favor.
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra de Salud, que se encuentra presente en la Sala.
Señor Presidente, me parece muy oportuno este proyecto de fortalecimiento de las redes asistenciales, ya que logra compensar la situación de inequidad que, según entiendo, viene dándose desde 2015 en el Ministerio de Salud, con motivo de la tramitación de la ley N° 20.865, mediante la cual se entregó a los funcionarios de salud la asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, pero se excluyó a los 230 funcionarios de redes de asistenciales.
No obstante lo idóneo que me parece el proyecto, creo que la ocasión es propicia para hacer un llamado destinado a revisar el sistema de remuneraciones de los funcionarios públicos, con miras a que de una vez por todas se establezca un sistema un poco más homogéneo, en lugar de ir aprobando mejoras de una en una.
Por otro lado, el proyecto debería contemplar sanción o incentivo en caso de incumplimiento o cumplimiento, respectivamente, del plan institucional propuesto por el proyecto, ya que no figuran en su redacción.
Me llama la atención que la asignación busque aumentar las remuneraciones de los funcionarios para mejorar la calidad de atención de los mismos, pero no veo ninguna norma en el articulado del proyecto que asegure ese mejoramiento de la atención. Me quedo con esta duda, que vale la pena revisar.
En fin, haciendo la salvedad de estas interrogantes que son relevantes, considerando que los informes financieros expuestos en la Comisión de Hacienda dan cuenta de la factibilidad presupuestaria y atendido el tiempo que llevan esperando los funcionarios de la Subsecretaría de Redes para equipararse con los de la Subsecretaría de Salud, se hace necesario acelerar la aprobación del proyecto.
Señor Presidente, la bancada de la Democracia Cristiana concurrirá con su voto favorable a esta iniciativa, que, como dijo el diputado Jaramillo , y tiene razón, se circunscribe en el marco de una política de acuerdos y de trabajo impulsada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con los gremios del sector, a través del Ministerio de Salud. Se trata de una estrategia que ha traído una serie de mejoras debido a ese trabajo y a ese diálogo mancomunado, los que hoy permiten que discutamos este proyecto de ley, que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica.
Es bueno aclarar que la iniciativa se refiere al personal de planta y a contrata de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y beneficia a los estamentos de profesionales hasta el grado 5°, inclusive; técnicos, administrativos y auxiliares, que se encuentren regidos por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Es importante destacar que esta asignación se pagará mensualmente y tendrá el carácter de imponible y tributable. Valoro el hecho de que sea tributable porque, a veces, los beneficios que se otorgan no son imponibles, caso en el cual, si bien generan -valga la redundancia un beneficio económico, merman la posibilidad de aumento de fondos previsionales.
Reitero: esta asignación, que será pagada mensualmente, tendrá un componente fijo y uno proporcional, y carácter imponible y tributable.
La Comisión de Hacienda solicitó al Ejecutivo que presentara una indicación para adelantar la entrada en régimen de los beneficios, lo cual fue acogido y votado a favor.
Considero que se trata de un buen proyecto de ley. No obstante lo anterior, no puedo dejar de señalar que en el sector Salud se pueden realizar mejoras con recursos que se encuentran en el propio sector. Sé que alguien podría señalar que eso también ocurre en otras áreas del Estado; pero en este sector se pueden recuperar, por ejemplo, los dineros de las licencias médicas. En la Región de O’Higgins, a uno de cuyos distritos represento, que tiene alrededor de 4.000 funcionarios en el sector Salud, ¿qué cantidad de dinero se recupera de las licencias médicas? Sé que, por lo menos en el Servicio de Salud O’Higgins, se hace un esfuerzo por recuperar los montos de esas licencias médicas.
En todo Chile se hace necesario recuperar una mayor cantidad de recursos en el sector Salud. Me refiero a recursos que están en Fonasa, en isapres, en cajas de compensación, en seguros obligatorios escolares o de accidentes de tránsito. Todos esos seguros se pagan y sus montos son recuperables. Se trata de miles de millones de pesos.
¿Qué tiene que ver esto con el proyecto? Que se trata de recursos del sector Salud, y el proyecto que hoy discutimos se refiere a la entrega de recursos, los que -por cierto aprobaremos gustosos, porque constituyen un reconocimiento al buen trabajo de los funcionarios de la salud y un reconocimiento al diálogo como mecanismo de generación de acuerdos políticos destinados a crear políticas públicas que mejoren la situación de los funcionarios.
La implementación de esta iniciativa necesita recursos, por lo que es bueno que el sector Salud desarrolle una política mucho más incisiva en la recuperación de fondos que le pertenecen. Es bueno recordar que los impuestos no son la única forma de recaudar dineros.
¿Cuál es la política que se implementará para recuperar los dineros de las licencias médicas? Consideremos que solo en la Región de O’Higgins, que es pequeña, se podrían recuperar más de 2.000 millones de pesos.
Gustosos concurriremos con nuestro voto a favor de esta iniciativa, pero hacemos esta invocación, porque el Estado no puede seguir perdiendo dinero. No podemos seguir creyendo que la única forma de conseguir recursos es a través de la recaudación de impuestos, en circunstancias de que hay miles de millones de pesos que no han sido recuperados.
Por otra parte, quiero referirme a un tema sensible: las listas de espera. Sé que a la ministra le preocupa este tema, por lo que creo que es necesario tener claridad respecto de cuánto se hace para sincerar realmente las listas de espera, porque una cosa es tenerlas y otra es tener la certeza absoluta de que realmente corresponden a la realidad.
Finalmente, no se puede seguir externalizando servicios y contratando a terceros sin ningún control. Soy abogado, no médico, pero la lógica sirve en cualquier parte de la administración. Una cosa es derivar a un paciente a otro lugar para practicarse exámenes porque no se cuenta con la capacidad para hacerlo, y otra distinta es no tener control respecto de lo que se hace afuera.
¿Qué consecuencias tiene la externalización indiscriminada y sin control? La existencia de cuentas abultadas, mucho mayores que las que debieran pagarse, porque no se ha controlado la realización de exámenes ni sus resultados.
La gestión financiera en salud está pendiente en Chile. No es responsabilidad de la ministra, sino que es un problema del Estado. De una vez por todas, debemos instalar este tema, porque es de política pública transversal en cualquier país. Todos pueden ser convocados a resolver este problema.
Tengo la convicción de lo que significa esta iniciativa para muchos funcionarios. En especial, destaco a los buenos funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins, que cuenta con buenas asociaciones y excelentes dirigentes, que, dicho sea de paso, están esperando una reunión con la ministra, quien legítimamente estaba de vacaciones.
Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .
El señor MONSALVE.
Señor Presidente, saludo a la ministra de Salud, quien nos acompaña en esta sesión.
Sin duda, la bancada del Partido Socialista va a respaldar este proyecto de ley.
Ahora bien, al leer el título del proyecto -”crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica”-, quienes siguen la transmisión de la sesión mediante el canal de televisión de la Cámara, se preguntarán de qué se trata.
A saber, existe una Subsecretaría de Redes Asistenciales, que cuenta con 270 funcionarios y cumple roles determinantes para la sociedad y para la salud pública, cual es coordinar y desarrollar las redes asistenciales en Chile, que, en la práctica, son los hospitales públicos del país.
Pero no solo coordina y desarrolla la red asistencial hospitalaria, sino también cumple la función de articular y supervisar la atención primaria que prestan los municipios de Chile.
El 80 por ciento de la población chilena se atiende en las redes asistenciales públicas. Por lo tanto, discutir respecto de cómo se fortalecen dichas redes es discutir sobre la salud pública.
Me parece un buen proyecto de ley, porque premia el buen desempeño de las redes asistenciales. Es bueno que la iniciativa sea el fruto de un acuerdo con los funcionarios. Hay tareas radicadas estratégicamente en las redes asistenciales.
Una de las tareas centrales de la salud pública es aumentar la dotación de camas. Chile tiene una dotación de 1,9 camas por cada mil habitantes. Al revisar las cifras de los países de la OCDE, podemos observar que esa oferta de camas es de 2,4 o 2,5, lo que explica por qué en períodos de crisis sanitarias en Chile hay adultos mayores, niños y madres que esperan en los pasillos, debido a que nuestra red hospitalaria no tiene la dotación ni la oferta de camas necesarias para satisfacer las necesidades sanitarias de la población.
Construir hospitales no es una tarea de Obras Públicas; es una obra sanitaria que busca responder a necesidades sanitarias de la población, y esa tarea está estratégicamente radicada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Se han mencionado las listas de espera y siempre se hace alusión a los números, pero en una lista de espera está incorporada una persona que eventualmente está esperando un diagnóstico, que puede ser oportuno o inoportuno. Si es inoportuno, tal vez cambie drásticamente su pronóstico de vida. Llegar tarde al diagnóstico de cáncer gástrico o a la endoscopía que la diagnostica determina el pronóstico de vida de ese chileno.
Por lo tanto, cerrar la lista de espera no es solo una discusión estadística; también es una discusión sanitaria. El enfrentamiento estratégico de la lista de espera también está radicado en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, primero, porque ahí está radicado el plan de formación de médicos especialistas. Chile tiene un déficit de 3.800 médicos especialistas. El gobierno se ha comprometido a formar 4.000. Ya se han formado 2.600, pero la formación de médicos especialistas y la gestión de las listas de espera constituyen tareas estratégicas para la salud pública en Chile y para su población, que está radicada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Muchos chilenos se levantan muy temprano para conseguir una consulta de morbilidad, pero no la encuentran. Y reclaman por ello, porque es su derecho. Esa imposibilidad de obtener la consulta radica en la carencia de médicos en la atención primaria de salud.
La Dirección de Atención Primaria también está radica en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y está llevando adelante un plan de ampliación de los médicos que están en la etapa de destinación y formación establecida en la ley médica, justamente para aumentar la dotación de médicos que estén radicados en los municipios, para resolver las demandas de atención primaria de nuestra población.
Al final de este gobierno habrá 1.500 médicos que van a cambiar la relación médico población, desde un médico por cada 3.700 chilenos a un médico por cada 2.800 chilenos en la atención primaria de salud.
El rol de las redes asistenciales es determinante en Chile, y por eso quiero decir a la señora ministra -por su intermedio, señor Presidente que me parece muy bien que se fortalezca, y este proyecto de ley está orientado justamente a fortalecer el rol de las redes asistenciales y, por lo tanto, a fortalecer también la salud pública.
Además, no se trata solo de un aumento de remuneración, porque está vinculado a un plan institucional y, por consiguiente, a metas de mejoras en estas políticas que he mencionado. Por ello, me parece que este es un buen proyecto.
Ayer, en la Comisión de Hacienda lo discutimos y hemos llegado a un acuerdo para disminuir el tiempo en los cuales estos beneficios van a llegar a los funcionarios de las redes asistenciales públicas.
Finalmente, felicito al gobierno y a los dirigentes, porque han llegado a un buen acuerdo. Espero que este se traduzca en mejorar la salud pública que reciben los chilenos.
Señor Presidente, señora ministra de Salud, doctora Carmen Castillo, hay etapas que es importante recordar, para la historia fidedigna de la ley, porque han sido parte del proceso legislativo.
Este proyecto de ley -no me cabe la menor duda de que lo vamos a aprobar por unanimidad, porque es de mucha justicia, debido a que existía una discriminación que ahora se está corrigiendo ingresó a trámite legislativo el 13 de diciembre de 2016. Obviamente, en la comisión técnica -la de Salud se discutió y se analizó profundamente y, al final, el informe se aprobó por unanimidad.
Posteriormente, la iniciativa llegó a la Comisión de Hacienda, en que también se estudió con mucha seriedad. De hecho, cuando escuchamos a los gremios -hay una frase que dejé anotada y creo que es bueno que quede registrada-, estos plantearon, en su presentación por escrito, que apoyan en forma absoluta y están completamente de acuerdo con este beneficio que se otorga a los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y también agradecen al Ministerio de Salud, encabezado por la doctora Carmen Castillo , y a la subsecretaria de Redes Asistenciales, porque la mesa técnica se conformó y llegó a acuerdo rápidamente.
A los que llevamos muchísimos años en esta Corporación -nos dicen que somos parte de la historia, pero yo deseo que a las nuevas generaciones les vaya muy bien en la próxima elección, con la consiguiente responsabilidad que ello implica nos alegra mucho cuando se alcanzan acuerdos entre el gobierno y los gremios. Especialmente, quiero recordar que hemos sido parte de la discusión de la ley que creó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, porque respecto de tal creación planteamos una normativa en salud en cuanto a separar la función asistencial respecto de la autoridad sanitaria. La función asistencial será ejercida, como se estableció en la ley, por el personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Obviamente, ello comprende la articulación y desarrollo de la red asistencial del sistema.
Este proyecto de ley significa crear una asignación de fortalecimiento, de carácter mensual, de redes asistenciales para el personal antes mencionado. La iniciativa contiene cinco artículos permanentes y dos transitorios. En los artículos 1 al 4 se crea y regula la asignación de fortalecimiento para el personal de planta y a contrata que desempeña labores en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Ministerio de Salud. Esta asignación beneficiará a los funcionarios de los estamentos de profesionales hasta el grado 5° inclusive y a los técnicos, administrativos y auxiliares que se encuentren regidos por el Estatuto Administrativo y la Escala Única de Sueldos.
Esta asignación va a tener un componente fijo y otro proporcional. Este último se va a aplicar sobre el sueldo base y las asignaciones sustitutiva y profesional, según corresponda.
En régimen, el componente fijo de la asignación ascenderá a 100.000 pesos brutos mensuales y el componente proporcional será de 10 por ciento de las remuneraciones antes indicadas. Vale decir, a contar del 1 de diciembre de 2017, los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares llegarán al régimen antes indicado.
En el caso del estamento de profesionales, hasta el grado 5°, inclusive, llegará a dicho régimen el 1 de diciembre de 2019. Quiero detenerme un poco en este punto.
Nosotros analizamos el tema en la Comisión de Hacienda y escuchamos a los gremios y al Ejecutivo. Hicimos muchas consultas y nos dimos cuenta de que este proyecto se podría arreglar, pero con una indicación que tuviera el patrocinio del Ejecutivo. Esto se efectuó exactamente el miércoles 25 de enero pasado.
Ahora retomo el punto respecto del cual nadie se dio cuenta. En enero no hubo semana distrital; hubo cuatro semanas legislativas, de manera que nuestra producción de proyectos de ley fue bastante alta. Estamos haciendo lo que nos corresponde, porque es nuestra obligación y deber. Ojalá que la prensa destaque que durante el mes de enero del presente año legislamos durante cuatro semanas y aprobamos un número importante de proyectos, en primer, segundo y tercer trámite constitucional. Quiero destacar aquello.
¿Qué pasó? En la sesión de la Comisión de Hacienda llevada a cabo el miércoles 25 de enero, varios diputados solicitamos al Ejecutivo -recién lo planteó mi amigo Enrique Jaramillo adelantar la puesta en régimen del proyecto. En uso legítimo de sus atribuciones, algunos diputados presentan indicaciones que saben que son inadmisibles o inconstitucionales y, si hay una votación y se aprueban, cada uno asume su responsabilidad. Pero, como es la norma de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en este caso pedimos el patrocinio del Ejecutivo.
En la penúltima y última sesiones de la Comisión de Hacienda, llevadas a cabo en enero y ayer, 1 de marzo, el gobierno se comprometió a presentar una indicación, la cual está en mi poder y firmada por nuestra Presidenta de la República, nuestra ministra de Salud y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés . Se trata de una indicación muy importante, pues en el artículo 3 se modifica la gradualidad de la puesta en régimen del proyecto de ley, la cual se adelanta un año. En efecto, la indicación tiene como objeto reemplazar el guarismo “2020” por “2019”. Asimismo, en el artículo primero transitorio se reemplaza el guarismo “2019” por “2018”.
¡Hemos cumplido! El trabajo legislativo de verdad existe, pues se perfeccionan los proyectos. Ese rol lo cumplen todas las comisiones de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay que reconocer esa situación.
En el fondo, ¿qué significará la implementación de la futura ley? Tal como se ha expresado en la Sala, 230 funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales obtendrán el beneficio, lo cual irroga un mayor costo fiscal en régimen de 732.515.000 pesos.
La iniciativa constituye un avance y apunta en la dirección de la justicia social, pues no se puede dejar a algunos sectores de un ministerio sin los beneficios que obtienen otras áreas del mismo.
Por lo tanto, creo que es el momento de apoyar la indicación de Ejecutivo.
Cabe esperar que el Senado despache rápidamente la iniciativa en segundo trámite constitucional y que, luego, a más tardar en los últimos días de abril, se convierta en ley de república.
Por eso, con mucha fuerza, vamos a aprobar el proyecto en comento, el cual hemos despachado después de trabajar horas extraordinarias, lo que por lo demás es parte de nuestra labor.
Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio quiero saludar a la ministra de Salud, Carmen Castillo .
Se han planteado algunos elementos que dan cuenta de lo importante del presente proyecto de ley, cuyo objetivo no es otro que emparejar la cancha en la materia a que se refiere.
Es relevante recordar lo anterior por la necesidad de que todos los funcionarios del Ministerio de Salud gocen de igualdad de condiciones al momento de enfrentar ciertas tareas, lo cual no estaba ocurriendo, porque hace varios meses se aprobó y está siendo aplicada la ley que fortalece la Subsecretaría de Salud Pública.
Considero que la asignación de fortalecimiento que, de alguna manera, pone el foco en otorgar mayores herramientas e incentivos a los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, no podía diferenciarse de lo aplicable a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a cada uno de sus funcionarios.
Lo descrito causó tensiones entre los funcionarios del Ministerio de Salud. Ello para nadie es un secreto, y, evidentemente, tal situación requería de las urgencias necesarias para resolverse.
Por lo demás, la iniciativa en debate surgió de una serie de acuerdos impulsados por el Ministerio de Salud y trabajados con distintas organizaciones sociales y gremios de la salud, a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del área.
Todos sabemos que en el sector público el 80 por ciento de los trabajadores debería estar encasillado en planta y el 20 por ciento contratado a plazo fijo. Se trata de una deuda vigente que tenemos como país y Estado. Cuando se establecen asignaciones que fortalecen las condiciones laborales de los trabajadores estamos dando un paso adelante y contribuyendo en dicha dirección, pero sin resolver el problema de fondo.
Por eso, valoro y agradezco la buena voluntad del Ministerio del Salud durante todo este periodo no solo para dialogar, sino, además, para cumplir los compromisos y los acuerdos asumidos en las mesas de negociación.
En más de una ocasión la Comisión de Salud ha sido mediadora de procesos de conversación; a dicha instancia, los gremios han llegado a plantear su opinión. Por ello, quiero destacar una cuestión que no ocurre con todos los ministerios -perdón que lo diga tan abiertamente-, esto es, que el Ministerio de Salud siempre ha tenido la voluntad de recoger las opiniones que se han emitido desde la Comisión de Salud, e incluso de revisar las modificaciones de los proyectos de ley que nos propone legislar.
Señor Presidente, la iniciativa tiene dos líneas: el fortalecimiento de la red asistencial y la fijación de un plan institucional y de rendición de cuentas. No solo nos tenemos que fijar en las asignaciones. Tal como lo dijo el colega Ricardo Rincón , afortunadamente en esta oportunidad no se trata de bonos, sino de asignaciones que son incorporadas de forma permanente y, en este caso, implementadas de manera progresiva en la remuneración de los trabajadores.
Valoro el hecho de que se redujera el tiempo de implementación de la futura ley. La asignación, que inicialmente se estableció para 2020, se fijó para 2019. Considero que dicha modificación es una muestra de las voluntades existentes dirigidas a que el Poder Legislativo y, en particular, la Cámara de Diputados y sus comisiones permanentes, no sean buzones del gobierno, sino que, por el contrario, sean actores capaces de recoger las demandas de los movimientos y de las organizaciones sociales, y trasladarlas, transmitirlas y hacerlas parte del debate, condicionando la tramitación del proyecto.
Partiendo de una base de 100.000 pesos, la asignación va a variar conforme al reajuste de remuneraciones del sector público para el caso de los técnicos, administrativos y auxiliares. En el caso de los profesionales, hasta el grado 5°, inclusive, el aumento del componente fijo aumentó de 60.000 pesos a 100.000 pesos. Como consecuencia de una indicación presentada en la Comisión de Hacienda, ello se aplicará desde 2018.
Nos parece relevante que los cambios implementados en la Comisión de Hacienda permitan adelantar la vigencia de ciertas asignaciones, aumentar los montos en el caso de las asignaciones profesionales y precisar las fechas de entrada en vigencia de las mismas.
Cabe valorar que la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa por unanimidad. Espero que la Sala se pronuncie en esa misma línea.
Siempre es destacable que se concreten mejoras para los trabajadores del sector público, en este caso, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Mediante el diálogo entre las asociaciones de trabajadores y el Ministerio de Hacienda, se logró arribar a los puntos de encuentro mencionados. Es de esperar que aquella sea la forma de resolver las diferencias suscitadas respecto de las demandas de trabajadores que cumplen una función de primer orden y que la ciudadanía valora por ser, precisamente, la primera cara del Estado chileno y de cualquier gobierno de turno.
También es un buen precedente que la referida asignación no se entregue en forma de bono. Ello, reitero, es muy importante, porque los bonos son pasajeros, tienen límites, lo que no sucede con las remuneraciones. Por ello, es importante mejorar en forma permanente las asignaciones, más aún aquellas que son incorporadas en el salario de los trabajadores, porque de esa manera vamos mejorando su condición de vida y la de sus familias.
Nuestra bancada va a apoyar el presente proyecto de ley.
Estamos muy contentos de que se haya avanzado en cuestiones sustanciales y de que se esté emparejando la cancha, porque no puede ser que en un mismo espacio existan trabajadores que desarrollen funciones muy similares, pero que tengan remuneraciones y beneficios distintos.
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Salud, quien nos acompaña en la Sala.
Felicito que haya existido diálogo en torno a esta iniciativa. Me parece importante que los trabajadores del sector de salud hayan tenido éxito en obtener mejoras salariales en los últimos dos o tres años, lo cual ha sido el resultado de diálogos fructíferos con la actual administración.
El proyecto equipara la situación de los trabajadores que se desempeñan en las redes asistenciales con la de aquellos que laboran en la Subsecretaría de Salud Pública.
Ahora bien, es muy importante hacer un llamado a la reflexión respecto de lo que se está haciendo en materia de remuneraciones en el aparato público en general. En particular, lo ocurrido en el sector de salud nos puede llevar a esa reflexión.
No sé si mis colegas alguna vez han tenido la oportunidad de ver una liquidación de remuneraciones de un trabajador del sector público de salud. Si lo han hecho, seguramente se han dado cuenta de la gran cantidad de asignaciones que figuran en ella por concepto de diversos componentes y leyes. En verdad, cuesta mucho entender esa información. Incluso, a los propios trabajadores del sector salud les cuesta entender qué asignaciones en su liquidación son imponibles y cuáles no lo son. Lo que hará el proyecto será agregar una glosa más a la liquidación de remuneraciones de esos trabajadores. Probablemente será la duodécima o decimotercera asignación que figure en ella. Seguramente dirá: “Asignación ley N°...” -no sé cuál será el número de esta futura ley-. Ello obviamente contribuirá a que la liquidación siga siendo difícil de entender.
No tengo dudas de que el diálogo con el sector de salud ha sido importante. No obstante, quiero hacer un llamado a la reflexión, puesto que dicho diálogo ha sido desordenado, un poco disperso y no ha tenido una sistematización o un orden que permita entender la lógica que hubo detrás de las negociaciones. En definitiva, si el único componente de gestión será la entrega de un plan institucional que no tendrá aparejada ninguna sanción en contrario, nos encontraremos con una asignación más, que solo engrosará o se agregará al listado de asignaciones que figuran en la liquidación de remuneraciones de los trabajadores del sector salud, lo que evidentemente puede generar un problema adicional.
Recojo lo planteado por el diputado Rincón: es muy importante reflexionar en si estas asignaciones permitirán que mejore la calidad de la atención que reciben quienes se atienden en el sistema público de salud. Debemos reflexionar en cómo reducir de manera significativa las listas de espera, en cómo mejorar la gestión en salud y en cómo cambiar la percepción que tiene la ciudadanía que se atiende en el sistema público de salud. En mi opinión, debe haber un estudio más acabado. Debemos tomarnos más en serio esta cuestión.
Ayer pregunté a personeros de la Dipres si existe algún estudio comparativo entre las remuneraciones del sector público de salud y las del sector privado. Me respondieron que estaban iniciando un estudio al respecto. No existe un estudio comparativo. No se sabe cuál es la diferencia real entre las remuneraciones de los trabajadores de ambos sectores en materia de salud. Es relevante que ese estudio se haga en serio.
Los diputados de la UDI hemos votado a favor cada uno de los proyectos que ha enviado esta administración en materia de mejoras salariales para los trabajadores del sector público de salud, y esta iniciativa no será la excepción. Nos mantendremos en esa línea: la votamos a favor en las comisiones de Salud y de Hacienda y también lo haremos en la Sala. Sin perjuicio de ello, es muy importante que hagamos la reflexión que he señalado y que nos pongamos en el lugar de las personas que hoy acuden a un hospital o a un consultorio. Esas personas quieren ver que los proyectos aprobados mejorarán la calidad de la atención que reciben en salud.
Si para uno es difícil entender de qué manera están compuestas las remuneraciones de los trabajadores del sector salud, para ellos es aún más complicado entenderlo. Por lo mismo, permanentemente se hacen consultas jurídicas. No sería malo que se aclare en qué consisten las remuneraciones de esos trabajadores y qué componentes constituyen derechos adquiridos. La idea es simplificar las remuneraciones de los trabajadores del sector salud. Debemos analizar de qué manera podemos lograr que se incorporen todos los conceptos como asignaciones imponibles. Debemos hacer una reflexión sobre esta materia, pues tiene que ver con la modernización del sector público de salud y con su sistema de remuneraciones.
Finalmente, es importante que el Ministerio de Hacienda, en particular la Dirección de Presupuestos, mejore los informes financieros. Desde luego, le hemos hecho esa crítica en la Comisión de Hacienda. Comparto la idea de que es positivo que se haya hecho un cambio en la gradualidad con que se entregará el beneficio, lo cual fue fruto de las negociaciones realizadas específicamente en la comisión. Pero el informe financiero establece que el proyecto seguirá costando 732 millones y fracción en régimen, y no se hace cargo -por lo menos, no lo establece de esa manerade lo que ocurrirá al adelantar su puesta en vigencia a 2018. Solo señala que el proyecto no implicará un mayor costo fiscal en régimen. Pero si se adelanta la aplicación del beneficio, es evidente que en el año uno empezará a tener un mayor costo, el que solo se nivelará en régimen en 2018. El informe financiero de la Dirección de Presupuestos no hacía mención a ello. Solo señaló -reiteroque el cambio no significaría un mayor costo fiscal. Ello en relación con el informe financiero entregado antes respecto del que se entregó este mes de marzo, lo cual es útil que sea corregido. Por cierto, esa observación fue hecha por todos los miembros de la Comisión de Hacienda.
Reitero a la Sala y a la ministra de Salud que es importante hacer una reflexión en esta materia. Debemos analizar de qué manera estos proyectos, más allá de la existencia de un plan institucional específico, se ponen en el lugar de las personas que se atienden en el sector público de salud, y de qué manera cada una de las asignaciones y legítimos beneficios que se entregan a los trabajadores del sector público de salud, las cuales votaremos favorablemente, se traducen en resolver de manera sustancial e importante los problemas de atención de salud y las brechas existentes en cuanto a listas de espera.
Señor Presidente, en primer lugar, se ha hablado bastante sobre el contenido del proyecto; en consecuencia no tiene mucho sentido ahondar en ello. Los informes de los diputados informantes fueron bastante prolijos.
En segundo lugar, cabe señalar que este proyecto concita el acuerdo casi unánime de la Corporación, por lo hacer un alegato para conseguir adherentes puede ser innecesario. Esto me permite hacer una reflexión de distinta naturaleza.
Durante el mandato del la Presidenta Bachelet se han aprobado más o menos veintisiete o tal vez más acuerdos con gremios del sector público, lo que ha significado mucho dinero y, por ende, mucho compromiso financiero. Todos ellos han sido respaldados en el Congreso Nacional, como señaló el diputado Javier Macaya . Es decir, ha habido unanimidad respecto de la justeza, justicia y pertinencia de esos acuerdos.
Pareciera ser que la afirmación de que el Estado es el peor empleador es una falacia. Basta observar cómo se producen las mejorías. En el Estado no existe trabajo infantil, como sí lo hay en el sector privado. En el sector público no existen brechas salariales entre hombres y mujeres, como sí las hay en el sector privado. En el Estado tampoco hay sobretiempos impagos ni salarios mínimos. En Chile hay aproximadamente 600.000 o 700.000 trabajadores que ganan el ingreso mínimo; eso no existe en el sector público. Es bueno reconocer aquello, sobre todo cuando se instalan sentidos comunes que a veces vale la pena refutar porque, si uno no lo hace, se transforman en verdades inexcusables. Me parece importante mencionarlo y por eso quise intervenir.
Sin perjuicio de aquello, además de felicitar la iniciativa y de establecer mi intención de votarla a favor, quiero hacer un llamado a mi gobierno y al sistema político. El proyecto que vamos a aprobar es resultado de una negociación colectiva del sector público. De alguna manera se llegó a este acuerdo.
Hubo uno o varios gremios que se presentaron ante el gobierno, y le dijeron: “Mire, estas son nuestras pretensiones.”. El gobierno respondió a través del ministro correspondiente; se abrió a la creación de una mesa de negociación en la que se instaló un diálogo laboral y se llegó a un resultado.
Excúsenme, pero en todas partes, y, por cierto, también en Chile, eso se llama negociación colectiva. Sin embargo, en este país, en que a veces las hipocresías son tan fuertes, no podemos hablar de esto en dichos términos porque “no hay negociación colectiva en el sector público”. Es más, muchas veces esos diálogos llevan a paralizaciones de actividades, pero no podemos hablar de huelga en el sector público porque eso está vedado. Es una terminología que no se puede usar, aun cuando todos la empleamos cotidianamente.
Es tiempo de terminar con esta falacia en la que nos vemos todos involucrados. En tal sentido, le pido a mi gobierno -todavía tiene un año de ejercicio que se haga cargo de esta realidad a la que él mismo concurre. A lo menos en veintisiete ocasiones se ha hecho negociación colectiva en el sector público, lo cual se ha traducido en los compromisos económicos que nosotros hemos ratificado. Sin embargo, cuando hablamos de negociación colectiva del sector público hablamos de algo que no existe. Pero, perdónenme, sí existe. Y no solo existe, sino que todos nosotros formamos parte de aquello cuando votamos favorablemente los proyectos de ley que se presentan en consecuencia, como bien lo dijo el diputado UDI que me antecedió en el uso de la palabra.
Fíjese, señor Presidente, que con la derecha no se puede hablar de negociación colectiva del sector público, y, sin embargo, todas las semanas votamos algún proyecto que es resultado de ella.
Entonces, me gustaría que el gobierno se hiciera cargo de eso.
Quiero agregar algo más: son negociaciones ramales. ¡Qué vamos a decir que se puede hablar de negociaciones ramales en Chile! ¡Eso sí provocaría una hecatombe! Estoy esperando que el Presidente de Estados Unidos de América diga algo al respecto, y después habrá que ver si le hacen caso.
Por último, le pido a mi gobierno que asuma la realidad que él mismo construye cotidianamente. Eso significa que, de una vez por todas, regulemos la negociación salarial del sector público con un mecanismo que contemple el derecho a huelga y la negociación. Si eso lo hace el sector privado, por qué no lo va a hacer el Estado, que al menos es mejor empleador que algunos particulares.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .
Señor Presidente, quiero tomar un par de palabras vertidas por el diputado que recién intervino respecto de la calidad de empleador del Estado y los particulares.
Muchas veces el Estado exige a los privados ciertas condiciones que ni siquiera él cumple. Por ejemplo, en el sector privado la segunda renovación automática de los contratos de plazo fijo los transforma en indefinidos. En cambio, el Estado muchas veces tiene personas contratadas eternamente, cuyos contratos nunca se transforman en indefinidos, sino que sencillamente son de plazo fijo.
Para qué hablar de la “ley de la silla”, de mil novecientos y tantos, que establece que los dependientes tienen derecho a sentarse a descansar a ciertas horas del día. Eso se les exige a los privados. Sin embargo, el Estado impone obligaciones tremendas a los funcionarios, particularmente a los de las Fuerzas Armadas, como la de estar de pie eternamente sin tener siquiera la posibilidad de sentarse a descansar.
Ahora bien, esa es una discusión que por supuesto corresponde a otro tipo de proyecto, porque no estamos para analizar esa situación en la presente iniciativa.
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a este proyecto, al igual como lo manifestó el diputado Bernardo Berger . Comprometo también los votos positivos de nuestra bancada de Renovación Nacional para que la iniciativa se convierta finalmente en ley y con ello beneficiar a los funcionarios públicos mediante la creación de la asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica.
Así se estará cumpliendo con el otorgamiento de un beneficio a esos funcionarios, con el mejoramiento de sus condiciones laborales y también de la atención que deben prestar a los usuarios del sistema. No obstante, hay algunos compromisos que no se han cumplido, como la meta autoimpuesta por el actual gobierno sobre la construcción de hospitales, por lo que no mejorará la atención a los usuarios o pacientes.
Además, por desgracia, Salud se ha transformado en una caja pagadora de favores políticos. Así lo denuncian distintos gremios en diferentes regiones, particularmente en la de La Araucanía, en los servicios de salud Araucanía Norte y Araucanía Sur .
Lo más grave de esto es que las personas que llegan a ocupar cargos en esos servicios tienen grados superiores a los que llevan años laborando en ellos. Eso también genera un mal clima laboral, porque el funcionario que por años ha estado ejerciendo sus labores, sacándose la mugre y entregando lo mejor de sí, ve que no lo premian a él, sino a otra persona que ha llegado favorecida políticamente al cargo respectivo. Ese mal clima laboral lleva a que los funcionarios presenten licencias médicas, situación que hace que la atención a los pacientes, al público, a la ciudadanía disminuya. Eso también genera una crítica hacia el sector Salud.
Hemos conversado innumerables veces esa situación en la Comisión de Salud, organismo del cual formo parte, y, evidentemente, uno quisiera que se pudiera mejorar, en particular en lo relativo a la conducción de los hospitales y al clima laboral. Debiera respetarse el tiempo que las personas llevan en el servicio público y no incorporar a otras a las que se les está pagando un favor político, pues, reitero, ello genera un mal clima laboral en todo lo vinculado con la atención en salud en nuestro país.
En todo caso, manifiesto mi voto favorable a la presente iniciativa, porque hoy estamos apoyando a los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el objeto de que ello reporte una mejor atención en salud para todos los chilenos.
Señor Presidente, como reza el dicho: “Una golondrina no hace verano.”.
Todavía pienso que en Chile el talón de Aquiles de las políticas públicas sigue siendo Salud. Siempre estamos dirigiendo la mirada hacia los usuarios. Obviamente, en esa materia el consenso es muy amplio. Pero, ¿cómo logramos que cada uno de los proyectos, de las políticas públicas que se proponen beneficie a los usuarios, a los enfermos, a la gente que llega a atenderse en los servicios públicos de salud? En este sentido, por supuesto que la creación de la asignación de fortalecimiento de redes asistenciales es fundamental.
Por otra parte, sigo insistiendo en que el Estado no es el mejor patrón. No es ese el punto aquí, pero es bueno decirlo: el Estado chileno no es el mejor patrón.
De otro lado, también hay que hacerse cargo de un debate que tenemos a nivel nacional, cual es que algunos quieren un Estado más chiquito, mientras que otros queremos un Estado rector que se haga cargo de los problemas de la gente.
Durante muchos años se nos dijo que el mundo giraba en torno a privatizar todo, pero eso era mentira porque en el mundo desarrollado el Estado británico sigue siendo un Estado que entrega salud gratuita y es benefactor, al igual que los países nórdicos, con toda la influencia que tienen del neoliberalismo.
Por tanto, aquí existe una polémica que no es menor: los que queremos tener un Estado fuerte, eficiente, transparente y probo versus aquellos que quieren que el Estado privatice, concesione. Concesionada la salud en Chile, por una ampolleta que hoy vale quinientos pesos mañana se cobrarán cincuenta mil.
Eso es lo que no le decimos a la gente: cuál es la diferencia entre una política pública y otra. Reitero, señor Presidente: Salud sigue siendo el talón de Aquiles en nuestro país.
La creación y regulación de la asignación de fortalecimiento para el personal de planta o a contrata que desempeña funciones en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud beneficia, por supuesto, a los funcionarios, a los profesionales, a los técnicos y a los auxiliares de dicha repartición. ¡Qué bueno, porque, efectivamente, aquí hay una deuda pendiente que es necesario saldar, a fin de que los usuarios de esos servicios, que es en quienes finalmente tenemos puesta la mirada, resulten beneficiados!
El gran sueño que se planteó hace tres años era lograr educación gratuita y de calidad y una atención digna en salud. En educación estamos avanzando, pero no ocurre lo mismo en el ámbito de la salud.
Si siguiéramos lo expresado por El Mercurio el fin de semana, deberíamos decir que el Ministerio de Salud ha sido inoperante y que no se hace cargo de sus incapacidades; pero como felizmente lo dijo El Mercurio, no le doy tanto crédito. Sin embargo, considero importante que el Estado de Chile sea cada día un mejor patrón, un mejor empleador, porque de esa manera, indirectamente, serán los usuarios del sistema de salud los beneficiados como consecuencia de la aplicación de buenas políticas laborales, de buenas políticas públicas y, sobre todo, de buenas políticas de salud.
Saludo a la ministra de Salud y agradezco su presencia en la discusión de este importante proyecto, que, como expresaron algunos colegas, tiene la virtud de haberse consensuado a través del diálogo y de los acuerdos, por lo cual vamos a aprobarlo con una inmensa mayoría.
Para que haya una buena atención en salud debe haber funcionarios que se sientan reconocidos, motivados, incentivados; en caso contrario, las personas que no pueden acudir a una clínica privada, que no pueden dejar un cheque en garantía, que no tienen dinero seguirán pagando las consecuencias.
La iniciativa es muy importante para la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos que concurren día a día a los servicios del sector público en busca de atención a sus problemas de salud.
En consecuencia, como bancada votaremos a favor este proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .
Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto mi alegría por la aprobación de una asignación para las funcionarias y los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ya que equiparará sus condiciones con las de los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, las que alcanzaron a través de las negociaciones de 2015.
En ese sentido, este proyecto hace justicia, pues otorga un trato igualitario a trabajadores que cumplen funciones similares. Así, los trabajadores del Ministerio de Salud, específicamente los de su administración central, obtendrán equidad en sus remuneraciones, lo que, sin lugar a dudas, es positivo.
En segundo lugar, quiero expresar una preocupación. Si bien todos concordamos en que el aspecto económico es importante, me preocupa que en el Ministerio de Salud las relaciones laborales se den en un ambiente adecuado, sano.
En ese sentido, debemos poner atención a las denuncias de discriminación, hostigamiento, maltrato y acoso laboral que se han hecho dentro de esa institución, en particular en la subsecretaría que lidera el señor Jaime Burrows , pues el gremio de funcionarios de dicha repartición pública ha manifestado su molestia a causa de situaciones de hostigamiento laboral de diversas jefaturas, las que quedan de manifiesto en una encuesta aplicada entre los trabajadores por encargo, si no me equivoco, de la propia ministra. Según los resultados de ese estudio, cerca del 40 por ciento de los funcionarios reconoce haber sufrido hostigamiento laboral.
Eso, en el Estado, es sumamente preocupante, por lo que llamo a las autoridades de la subsecretaría que lidera Jaime Burrows a poner atención en el trato laboral al interior de sus dependencias.
En tercer lugar, el diputado Osvaldo Andrade , como siempre hace, propone un debate interesante a la Cámara, pues ha aprovechado esta ocasión para hablarnos de la regulación de la negociación colectiva en el sector público. Sin lugar a dudas, quienes somos de izquierda concordaremos en la necesidad de terminar con la prohibición constitucional de la huelga en dicho sector. Sin embargo, en materia de regulación de la negociación colectiva hay un dicho muy interesante de los gringos: “If it´s not broke, don´t fix it”, es decir, si no está roto, no lo arregles. Debemos tenerlo en consideración.
¿A qué me refiero con eso? A que el gobierno, antes de legislar en esa materia, dado que de facto existe la negociación colectiva ramal en el sector público, debe conversar en profundidad con los trabajadores.
Por esa razón, solicito al Ejecutivo que no envíe al Congreso Nacional ningún proyecto de ley relativo a esta materia sin antes haberlo consensuado con la mesa del sector público que lidera Carlos Insunza , porque nuestro sindicalismo, en particular el que se refiere a ese sector, lleva años de tradición, de autotutela y de generar una cultura de negociación colectiva que le ha traído enormes avances y beneficios. Por lo tanto, avanzar hacia una regulación que no tome en consideración esa experiencia y que se haga mediante una suerte de tecnocracia, una legislación que limite la negociación colectiva que de facto existe hoy, sería un perjuicio y un retroceso para los trabajadores públicos de Chile.
En consecuencia, antes de que la propuesta del diputado Osvaldo Andrade se haga realidad -entiendo que la actual ministra del Trabajo, Alejandra Krauss , ya ha manifestado su intención de presentar un proyecto de ley en ese sentido-, lo llamo a conversar con los trabajadores. Asimismo, espero que no citen a Clapes UC para que terminen proponiendo una legislación restrictiva de los derechos que, gracias a movilizaciones y organización, han ganado los trabajadores del sector Salud.
Señor Presidente, el diputado Javier Macaya , que me antecedió en el uso de la palabra, fue claro al señalar nuestro apoyo, como bancada de la UDI, al proyecto de ley en debate. Por consiguiente, no redundaré en esa materia y aprovecharé esta intervención para referirme al interesante debate propuesto por el Presidente de esta Corporación, el diputado Osvaldo Andrade , respecto de la necesidad e importancia de avanzar hacia el establecimiento de un sistema de negociación colectiva en el sector público.
Sin duda, sorprende que el llamado se haga en estos momentos, porque, como recordarán, esa propuesta forma parte del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet.
En efecto, como también recordarán los integrantes de esta honorable Cámara, en 2015, como resultado del conflicto laboral suscitado en el Servicio de Registro Civil e Identificación, la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco , firmó un acuerdo, al que además concurrieron la entonces ministra Ximena Rincón , en ese momento titular de la cartera del Trabajo, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, en uno de cuyos puntos se establecía que se llevaría adelante un proceso que debía terminar en un proyecto de ley sobre negociación colectiva en el sector público.
En el acuerdo, que tenía 19 puntos, se mencionaba la necesidad de institucionalizar modalidades eficaces de negociaciones en el sector público, considerando mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades. Otro de los puntos del acuerdo establecía que se abordarían las prohibiciones legales y constitucionales vigentes en este ámbito.
¡Pero con la Nueva Mayoría y con el gobierno no pasa nada en esta materia! Por eso digo que sorprende escuchar el airado llamado de Osvaldo Andrade clamando a su gobierno para que, de una vez por todas, avance en el establecimiento de la negociación colectiva en el sector público. Lo hace porque el gobierno, al igual que la CUT, no quiere avanzar en estos asuntos. En el caso de la multigremial, no les interesa avanzar porque no quiere que se acaben las prebendas de los cargos en el sector público, los pitutos, los nombramientos, los traslados.
Por consiguiente, le pregunto al gobierno y a la Nueva Mayoría, ¿qué pasó con el proyecto de negociación colectiva del sector público? ¿Por qué no han hecho nada en todos estos años?
El senador Hernán Larraín , entonces presidente de la UDI, fue autor del proyecto de reforma constitucional, en trámite en el Senado, que otorga rango constitucional a la negociación colectiva. El expresidente de la UDI avanza sobre la necesidad de servicios mínimos garantizados y sobre el reemplazo de trabajadores en el sector público, en lugar de mantener esta situación de paros ilegales en la administración pública, que hemos vivido y que seguiremos viviendo, los que generan un enorme daño a la ciudadanía. No obstante, no se avanza en nada sobre esto.
Hace bien el diputado Andrade en recordar más de veinte acuerdos de una especie de negociación colectiva del sector público, las que no se han dado solamente en área de la Salud, ya que también las hemos visto en el Servicio de Registro Civil e Identificación, y en Educación. Como miembro de la Comisión de Hacienda, me ha tocado visar y apoyar cada uno de esos proyectos.
Entonces, seamos serios en el debate, y ojalá avancemos de una vez por todas en esta materia.
El gobierno de la Presidenta Bachelet perdió la gigantesca oportunidad de legislar sobre ese tema con ocasión de la controvertida reforma laboral; pero nada hicieron al respecto en el marco de la reforma laboral, que ya sabemos que fue un completo desastre y que dejó absolutamente de lado al sector público.
El airado llamado que hizo hoy el diputado Andrade tiene valor, pero es inconsecuente respecto de la forma en que su propio gobierno ha actuado en esta materia. Perdieron la oportunidad de hacer la modificación en la reforma laboral y en el acuerdo consignado por la entonces ministra Javiera Blanco con la ANEF, que en uno de sus puntos contemplaba el tema que comentamos. No han avanzado nada al respecto, pero hoy lo plantean.
El senador Hernán Larraín , expresidente de la UDI, le ganó el punto al gobierno, porque en 2014 presentó la reforma para llevar adelante la negociación colectiva; es decir, estamos tratando esta materia desde ese año. Es posible que el diputado Andrade esté preocupado desde antes.
Me parecen interesantes las reflexiones a las que nos invita el Presidente de la Cámara, pero también me parece interesante que veamos los factores propios del sector público:
¿Cómo está la productividad de los trabajadores públicos en el servicio que entregan al resto de los chilenos, dados los enormes esfuerzos financieros que hacemos por aumentarles el sueldo?
Digamos también que los trabajadores del sector público tienen desde hace mucho tiempo ingresos y salarios superiores en promedio a los del sector privado, además de que gozan de mayor estabilidad.
¿Cómo andan las evaluaciones de los funcionarios en el sector público? ¿Son tan buenos que todos están en lista uno? No existe un sistema objetivo de evaluación que mida como corresponde el rendimiento de esos trabajadores, su cumplimiento de los horarios y la forma en que atienden al público. Se les paga con plata de todos los chilenos para que atiendan bien a las personas.
¿Nos importa la productividad? ¿Nos importa la eficiencia?
¿Cómo andan las licencias médicas? Está claramente establecido que los profesores y los trabajadores del sector Salud presentan la mayor cantidad de licencias. Para qué decir lo que vimos en Gendarmería, organismo en que se presentan licencias falsas, con las que vulneran y engañan al Estado. ¿Quién le pone atajo a eso? En el sector privado echan a un trabajador por ese tipo de conductas, pero en el sector público los mantienen y hacen oídos sordos al respecto.
Entonces, no puedo estar más de acuerdo con la invitación que hizo el Presidente de la Cámara para avanzar en un proceso de negociación colectiva regulado. Tendremos que conversar si se debe incorporar en ese mecanismo el derecho a huelga y ver los elementos propios del sector; pero tenemos que hacer un trabajo serio, porque el país no resiste más paros ilegales de este sector -aunque la evidencia demuestra que seguirá la tendencia-, que generan un enorme daño a la ciudadanía. Y para qué decir el enorme daño que todos vimos que generan los paros portuarios, de la salud y de la educación, que le cuestan miles de miles de millones de pesos al Estado de Chile y que, al final, terminan en negociaciones colectivas en el Parlamento y en aumentos de sueldos. Frente a eso, ¿quién va a votar en contra de un proyecto de esa naturaleza?
La reflexión está planteada.
Por otra parte, la deuda que tiene el gobierno de la Nueva Mayoría en esta materia es gigantesca, el incumplimiento de su programa es total y ha hecho oídos sordos al respecto.
Por consiguiente, en un año en que el gobierno llega a su término, ojalá tengan el coraje y la decisión de buscar un acuerdo para llevar adelante una iniciativa en esta materia.
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Salud, señora Carmen Castillo , y a los funcionarios de las redes asistenciales de nuestro país.
Señor Presidente, valoro el proyecto, porque, en síntesis, establece una asignación para el personal dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la que asciende a 230 personas, en reconocimiento a la responsabilidad con que desarrollan sus funciones.
Recordemos que la Subsecretaría de Redes Asistenciales, creada hace cuatro o cinco años, tiene a su cargo toda la infraestructura hospitalaria y de salud del nivel central y municipal, los samus, los sapus, en fin, tan relevante para la ciudadanía. De ahí que es de justicia que ellos también reciban estas asignaciones, que son similares a las que obtienen los demás funcionarios del sector salud.
Esta iniciativa surge a partir de una mesa de trabajo desarrollada el año pasado entre los representantes de los funcionarios, la subsecretaria de Redes Asistenciales y autoridades de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Contempla un bono mensual fijo de 100.000 pesos, además de un componente variable de 10 por ciento sobre el sueldo, para el personal de planta y para el que se encuentra a contrata hasta el 5° grado, aunque sujeto al cumplimiento de un plan de trabajo anual.
De acuerdo con el proyecto, se beneficiarán 230 funcionarios, con un costo total para el primer año de 273 millones de pesos, suma que iría ascendiendo a lo largo de cuatro años, hasta llegar a un gasto anual de 732 millones de pesos en 2020, lo que se explica por la aplicación paulatina de la asignación proporcional, que se inicia en 4 por ciento, y de la fija, que es diferenciada para profesionales y administrativos.
A diferencia de proyectos anteriores similares, en esta ocasión se precisa que el plan de trabajo debe contemplar áreas como el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y su equipamiento, el perfeccionamiento del control presupuestario y financiero de los servicios de salud, la gestión de los recursos humanos en la red asistencial y la permanente mejoría del funcionamiento del Plan AUGE, así como que el plan deba ser remitido a las comisiones permanentes de Salud y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados en el mes de diciembre del año anterior al de su ejecución, junto con un informe de gestión que señale el porcentaje de las metas cumplidas, los resultados obtenidos y las medidas correctivas que correspondan.
Señor Presidente, valoro el proyecto, porque otorga justicia a los funcionarios de salud, en este caso, a los de las redes asistenciales. Además, me hago eco de lo señalado por nuestro Presidente, el diputado Osvaldo Andrade , respecto de que también es necesario avanzar en un proceso de negociación colectiva del sector público regulado por ley, que permita llevarlas por un cauce normal, en lugar de que se suspendan servicios de primera necesidad para la población, lo que en algunos casos ha significado suspender intervenciones quirúrgicas y poner en riesgo la vida de las personas.
Por eso considero de la mayor relevancia el planteamiento del diputado Osvaldo Andrade , por lo que espero que exista la voluntad política para avanzar en esa materia durante el presente año.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Se dejará constancia en el acta de los votos a favor de los diputados Marcelo Schilling , Lautaro Carmona , Cristián Monckeberg y José Antonio Kast .
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de solicitudes de votaciones separadas, queda aprobado también en particular, con la misma votación, con la salvedad de las normas que han sido modificadas por la Comisión de Hacienda, que se votarán a continuación.
En votación particular el artículo 3, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Corresponde votar en particular el artículo primero transitorio, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe ;
El mío también, señor Presidente.
Se dejará constancia en el acta de los votos favorables de los diputados Fidel Espinoza , Felipe Letelier , Rodrigo González , Ramón Barros y Jaime Pilowsky .
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica el artículo 66 de la Carta Fundamental, para rebajar el quorum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto .
-Moción, sesión 55ª de la legislatura 363ª, en 5 de agosto de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 131ª de la presente legislatura, en 1 de marzo de 2017. Documentos de la Cuenta N° 10.
El Orden del Día termina a las 12.30 horas. En consecuencia, sugiero que el diputado señor Leonardo Soto rinda el informe, pero como se han presentado indicaciones al proyecto, propongo enviarlo de vuelta a la comisión técnica.
Señor Presidente, ¿queda pendiente la discusión general del proyecto?
El señor SOTO (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el artículo 66 de la Carta Fundamental, para rebajar el quorum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales.
La iniciativa se inició en moción de la diputada señora Rutilar , doña Karla , y de los diputados señores Andrade, don Osvaldo ; Auth, don Pepe ; Espinoza, don Fidel ; Gutiérrez, don Hugo ; Jackson, don Giorgio ; Rincón, don Ricardo ; Saffirio, don René , Soto, don Leonardo , y Walker, don Matías .
Este proyecto tiene por objeto rebajar el quorum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales de cuatro séptimos a mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
Agrega la moción que exigir un quorum de tal naturaleza afecta una de las reglas básicas de la democracia, si no la primordial, cual es que las decisiones se adopten por mayoría.
Menciona que el quorum de supramayoría fue incorporado recién por la Constitución de 1980, dado que nuestra historia constitucional no registraba ese tipo de exigencias para la aprobación, modificación o derogación de leyes.
Durante la discusión general, algunos señores diputados plantearon que más que rebajar de manera general el quorum exigido a las leyes orgánicas constitucionales, debiera analizarse el catastro de las materias regidas por este tipo de leyes, a fin de determinar cuáles realmente debieran mantener ese carácter. Junto con ello, estimaron que debiera considerarse la revisión de las atribuciones conferidas al Tribunal Constitucional en el control preventivo de constitucionalidad.
Sometido a votación en general el proyecto se aprobó por la mayoría de los diputados presentes.
Cabe señalar que durante la discusión particular, el artículo único del proyecto se rechazó por 4 votos a favor y 5 en contra.
Tal como se señaló, debido al acuerdo alcanzado el proyecto vuelve a comisión con las indicaciones presentadas, por lo que queda pendiente su discusión general.
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica el numeral 2) del artículo 57 de la Constitución Política de la República, habilitando a los consejeros regionales para ser candidatos a diputado o senador.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Juan Antonio Coloma.
-Proyecto del Senado, sesión 95ª de la presente legislatura, en 10 de noviembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 131ª de la presente legislatura, en 1 de marzo de 2017. Documentos de la Cuenta N° 9.
Debido al poco tiempo que resta para que finalice el Orden del Día, propongo a la Sala aplicar el mismo procedimiento utilizado en el proyecto anterior, esto es, una vez rendido el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, dejar pendiente su discusión general.
Señor Presidente, respecto de su propuesta, tal vez se podría votar por lo menos en general el proyecto.
Señor diputado, este proyecto requiere para su aprobación el voto favorable de tres quintas partes de los diputados en ejercicio.
Por otro lado, el tiempo destinado al Orden del Día está próximo a cumplirse, por lo que propongo rendir el informe y dejar pendiente la discusión y votación del proyecto.
Señor Presidente, creo que nuestra obligación es votarlo. El señor ANDRADE (Presidente).- Escuchemos primero el informe.
El señor COLOMA (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el numeral 2) del artículo 57 de la Constitución Política de la República, habilitando a los consejeros regionales para ser candidatos a diputado o senador.
La iniciativa se originó en las siguientes mociones refundidas:
1.- Del honorable senador señor Alejandro Navarro , que modifica el numeral 2) del artículo 57 de la Constitución Política de la República, habilitando a los consejeros regionales para ser candidatos a diputado o senador (boletín N°10641-06).
2.- De los senadores señores Carlos Bianchi , Alberto Espina , Alejandro Guillier , Rabindranath Quinteros y Andrés Zaldívar , que modifica el artículo 57 de la Carta Fundamental, con el objetivo de permitir que los consejeros regionales, concejales y dirigentes que indica puedan ser candidatos a diputado o senador (boletín N° 10792-06).
3.- Del senador señor Alejandro Guillier , que modifica el numeral 2) del artículo 57 de la Carta Fundamental, a fin de habilitar a los consejeros regionales para ser candidatos a diputado o senador (boletín N°10916-06).
Este proyecto tiene por objeto eliminar las inhabilidades de los consejeros regionales y concejales para ser candidatos a diputado o senador.
El proyecto despachado por el Senado consta de un artículo único que modifica el artículo 57 de la Constitución Política de la República, disminuyendo el tiempo que deben dejar de servir sus cargos los concejales y consejeros regionales en el evento de que quieran postular como candidatos al Congreso Nacional.
Al efecto, reemplaza el que tengan que renunciar a ejercer tales cargos con un año de antelación a la fecha de inscribir su candidatura, a cambio de que deban renunciar a ellos al momento de tal inscripción.
Para mayor claridad, se dispone que el momento de inscripción sea aquel relativo al proceso electoral definitivo, y no aquel eventual de las elecciones primarias.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por diez votos a favor y uno en contra, aprobó la idea de legislar.
Durante la discusión general, algunos integrantes de la comisión manifestaron la necesidad de abordar en el futuro una reforma que analice todas las inhabilidades que la Constitución establece para postular a cargos de elección popular.
Por otra parte, si bien la mayoría estuvo de acuerdo en legislar sobre el tema, algunos manifestaron sus aprensiones respecto de la aparente injusticia que se produce hacia quienes ya presentaron su renuncia al cargo para postular a diputado o senador, cumpliendo con el mandato constitucional.
Por esta razón, durante la discusión particular se presentó y se aprobó, por mayoría, una indicación para agregar un artículo transitorio que establece que la entrada en vigencia de la reforma constitucional será a partir del 1 de enero de 2018.
El término del Orden del Día está previsto para las 12.30 horas y hasta este momento hay siete parlamentarios inscritos para intervenir.
Por lo tanto, una alternativa es iniciar el debate y suspenderlo a las 12.30 horas; la otra es dejar pendiente el debate hasta una próxima sesión.
Señor Presidente, como ya hay diputados inscritos, sugiero iniciar el debate, suspenderlo cuando se cumpla el término del Orden del Día y continuar en una próxima sesión.
Quiero advertir que cada intervención tiene un máximo de 15 minutos y quedan 12 minutos de sesión.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo planteado por el diputado Ulloa . Debemos iniciar el debate y suspenderlo cuando finalice el Orden del Día.
Señor diputado, lo que pasa es que quien comience el debate no podrá hacer uso de todo su tiempo.
Señor Presidente, mi impresión es que no habiendo disponible quince minutos para una intervención, ningún diputado podrá hacer pleno ejercicio de su derecho a intervenir.
Así es. No puedo pedir a un diputado que hable menos de lo que reglamentariamente le corresponde.
Señor Presidente, ¿cuántos diputados hay inscritos?
Hay trece diputados inscritos hasta este momento.
Lo más práctico es realizar las votaciones y posteriormente desarrollar el debate como corresponde.
-Se levantó la sesión a las 12.26 horas.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR SCHILLING QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL PARA REDUCIR EL MONTO DE LA DIETA PARLAMENTARIA”. (BOLETÍN N° 11124-07)
1. Fundamentos.- La función legislativa o de creación de normas jurídicas es realizada por medio del parlamento, como órgano representativo de la voluntad ciudadana. Es por eso, que no es casual que el Código de Bello, defina la ley como “una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Como explica la doctrina, “a través del parlamento, el sistema político democrático permite integrar a todas las fuerzas políticas significativas que acepten los procedimientos y principios básicos de la democracia, donde las diferencias se resuelven utilizando la razón y la regla de las mayorías y no la imposición por la fuerza o el exterminio de los adversarios, representándose en él las diversas opiniones de la sociedad” [1], lo que expresa la función representativa o integradora de este organismo.
En este contexto, el Congreso Nacional como ente es un órgano del Estado, que representa un poder del estado. Consecuencia de lo cual, sus remuneraciones, asignaciones y demás ingresos que provienen de su función parlamentaria, emanan directamente de fondos públicos, es decir, son desembolsados por el Estado, representado por el Fisco de Chile, y contemplados íntegramente por la ley de presupuesto que se aprueba todos los años en el Congreso Nacional. En este sentido se puede conceptualizar la dieta parlamentaria como “la remuneración recibida por los parlamentarios por el desarrollo de sus respectivas funciones” [2]. Desde su incorporación en nuestro sistema jurídico, se sostuvo que “la función parlamentaria requiere una dedicación jornada completa, por lo cual, si el congreso debe ser un órgano representativo de todos los sectores de la sociedad y un órgano de integración política y social, no puede ser el cargo parlamentario gratuito, ya que ello marginaría de la función parlamentaria a amplias capas sociales del cuerpo político, las cuales solo pueden ejercer la función parlamentaria si ella tiene remuneración que les posibilita solventar el sustento familiar, además de los gastos de previsionales y de salud. Ello es conforme a la igualdad de oportunidades básicas para participar en la vida política del país, de lo contrario, la función parlamentaria sólo a aquellos ciudadanos que pudieran ejercer la función parlamentaria y vivir de sus rentas, lo que es imposible de sostener en una república democrática” [3].
En esta perspectiva, la dieta parlamentaria no es objeto de cuestionamiento en cuanto a su legitimidad, sino precisamente por su cuantía, atendiendo el promedio de remuneraciones de la mayoría de los ciudadanos del país. Lo anterior, pese a que la Constitución buscó establecer un parámetro objetivo para su determinación en relación a la remuneración de un Ministro de Estado, este ha sido objeto de críticas por su monto. Adicionalmente y conforme a las enmiendas introducidas por la ley 20.840 en el sistema de votaciones que sustituye el sistema binominal, éste conlleva el aumento de parlamentarios por la reconfiguración de los distritos de 120 a 155 en el caso de la Cámara y de 38 a 50 en el caso del Senado. Es precisamente este ámbito el que obliga a efectuar una revisión en la materia y establecer una fórmula que permita una solución racional a los cuestionamientos así como también, de optimización de los recursos para hacer frente a la nueva composición del parlamento, lo que justifica la presente moción.
2. Historia Legislativa y Derecho Comparado. La Constitución de 1925 incorporó la idea de la dieta parlamentaria, luego de un debate amplio y controvertido, atendido que la Constitución de 1833 nada decía al respecto, y sólo mediante una reforma constitucional en el año 1892 se estableció que la función parlamentaria era gratuita. La carta de 1925 “precisó que sólo en virtud de una ley se podía fijar la remuneración de que gozarían los diputados y senadores. Las modificaciones a ellas sólo regirían en el período legislativo siguiente al de su aprobación. En definitiva, la Constitución de 1925 le entregó a legislador la facultad de fijarse la remuneración sin indicar un monto. Un importante tratadista de dicha Constitución como fue don Carlos Andrade Geywitz, señaló, en su obra Elementos de Derecho Constitucional Chileno, que aparentemente el monto de la Dieta que reciben los parlamentarios era alto; sin embargo, puntualizaba, ellos deben concurrir al mantenimiento de diarios y publicaciones de sus partidos políticos, gastos de campañas electorales, cuotas al partido y las demás peticiones que les demandan los ciudadanos de la provincia o zona que representan” [4].
En un proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Diputados el año 1965 -texto que no prosperó finalmente- se establecía que “Los diputados y senadores sólo recibirán como sueldo base la remuneración de los ministros de la Corte Suprema y percibirán como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo una suma equivalente al 50% de su dieta”. Aparece de esta manera un primer intento por definir el referido monto. La Constitución de 1980 optó por homologar la dieta parlamentaria con los ingresos que percibe un Ministro de Estado incluyendo todas sus asignaciones, en opinión del profesor Zapata “en esta norma constitucional hay un reconocimiento de una dieta parlamentaria cuyo monto se estima suficiente y una estrategia para evitar que sea el propio Parlamento el que defina el monto de la misma. De esta manera se fija un máximo, es decir, se establece un control cuantitativo” [5].
El debate de la historia constitucional no es ajeno a las mociones que se han presentado, como la que se desprende del Boletín 9.304-07 que busca reformar la Constitución a objeto que sea una ley la que determine el monto de la dieta parlamentaria. En otro sentido, la reforma presentada por el ex Diputado Orpis mediante Boletín 2.031-07 establece que “Los diputados y senadores percibirán una dieta por sesión la que en su conjunto durante el mes no podrá superar a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos corresponda”, más recientemente el Boletín 9.502-16 que busca establecer un límite ético a la dieta parlamentaria, a objeto que no supere veinte ingresos mínimos mensuales, de la que son autores las diputadas Fernández, Sepulveda, Carvajal, y Diputados Aguiló, Boric, Jackson, Mirosevic, Rocafull y Poblete.
3. Ideas matrices. Coherente con los planteamientos antes señalados, teniendo presente la permanente necesidad de legitimación en esta importante institución, y a objeto de precaver dificultades en áreas relevantes del interés nacional, al percibir la dieta como un privilegio y que podrían ser entendida como una afectación del principio de igualdad ante la ley es que se requiere una nueva fórmula para su determinación. Además, resulta necesario, una adecuación presupuestaria que permita la instalación de los nuevos cargos parlamentarios sin representar un costo adicional a los presupuestos aprobados. Es por eso que la propuesta configura una regla específica, que establece como parámetro la remuneración del Ministro, empero con un límite de sus dos terceras partes, de ahí que se permite reducir el monto y evitar las diferencias de remuneraciones, conforme a las regulaciones del derecho comparado.
Art. Único.- Intercalase en el art. 62 a continuación de la expresión , la siguiente frase “los dos tercios de”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR ANDRADE, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE NACIONALIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS”. (BOLETÍN N° 11125-13)
Nuestro país no se encuentra ajeno al fenómeno mundial de las migraciones ni de sus impactos sociales, laborales, económicos y culturales. Estamos frente a un conjunto de desafíos regulatorios que sin duda ponen a prueba la solidez institucional de los países, básicamente porque en el siglo XXI las migraciones no necesariamente constituyen mecanismos de incentivo al desarrollo que los países implementan para la potenciación de una u otra zona de su territorio, o de diversas actividades comerciales específicas, sino que se presentan como consecuencia de guerras formales, conflictos armados informales, desastres humanitarios producto de catástrofes naturales o como ´producto del abandono de países a consecuencia de severas restricciones económicas o crisis de abastecimiento y de empleo.
Respecto a esta última variable, nuestra legislación laboral es particularmente vaga en materia regulatoria del trabajo de extranjeros, determinando únicamente una proporción de personal foráneo que puede contener la planilla de una empresa de más de 25 trabajadores, su forma de cálculo y el hecho de que gozan de los derechos laborales todos los trabajadores dependientes, sin distinción de su nacionalidad. Vale decir, no existe norma alguna relativa a procesos de inmigración masiva que afecte la composición de nuestro empleo.
La presente propuesta Legal, se fundamenta en los cambios que ha experimentado el fenómeno de la migración, mostrando comparativamente el progresivo aumento actual de población extranjera que hace ya más de una década se ha presentado en el territorio nacional, y las características de los procesos migratorios que históricamente se han dado en nuestro país.
Al remarcar dichas diferencias entre estos dos procesos, se remarca que uno de los principales aspectos necesarios de regular adecuadamente, es el referido al empleo, que consiste en una propuesta legal de modificación al Código del Trabajo que apunta a dar cuenta de la realidad laboral que implica el creciente proceso migratorio acaecido en el país.
Creemos que el Estado tiene la obligación de actualizar la legislación laboral a las diferentes realidades que una sociedad va experimentando; muestra de ello es la evolución de las diversas formas de contratación que han implicado la necesidad de elaborar estatutos especiales para trabajadores que se desempeñan como trabajadores de casa particular, en artes y espectáculos, deportistas profesionales, portuarios, agrícolas y tripulantes de vuelo y de cabina; todas estas actividades han adquirido con el transcurso del tiempo una fisonomía especial que pone en tensión dos ejes fundamentales: el desarrollo eficiente de una actividad productiva y comercial, y el respeto y resguardo de los derechos del trabajador en la relación laboral. En el caso de los inmigrantes, si bien nos e trata de actividades especiales, sino que de la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral, estamos frente a un fenómeno masivo que no se puede resolver simplemente a través de la actual normativa del artículo 19.
De esta forma, nos asiste el convencimiento que el proceso migratorio pone frente a la legislación laboral un conjunto de desafíos relevantes, que es necesario abordar a partir de una regulación adecuada, pero también a través de instancias de diálogo social como la creada en la Ley 20.940, el Consejo Superior Laboral, que siendo de carácter consultivo, puede y debe ilustrar al Estado sobre las mejores alternativas de políticas públicas para el desarrollo de un mercado del trabajo sano que permita la asimilación de un fenómeno nuevo como lo es la inmigración de personas que incidirán inevitablemente en los equilibrios de nuestro sistema laboral.
1.	Caracterización de la Migración Actual en Chile.
Siguiendo en esta materia un acucioso trabajo elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, a través de su sección de Información Territorial sobre la base de las cifras del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, durante la primera mitad de esta década, las cifras reafirman la permanencia de ciudadanos que provienen principalmente de las naciones fronterizas y otras también andinas, y se trata de personas cuya permanencia se concentran en las regiones de mayor dinamismo demográfico y económico.
Tanto en las solicitudes de permanencias definitivas otorgadas, como de visas de permanencia, no se trata de un conteo tipo censo o catastro de los inmigrantes, sino que de actos administrativos que los ciudadanos extranjeros deben cumplir para permanecer en el país, y aun cuando una persona puede generar más de un acto administrativo durante su permanencia, la declaración de nacionalidad y lugar en que se generó la solicitud permiten hacerse una idea y dimensionar esta temática.
De esta manera, es posible señalar que la inmigración actual en Chile se caracteriza por poseer una predominancia de personas provenientes de Sudamérica, principalmente los países fronterizos, aun cuando se ha experimentado una creciente alza de provenientes de países con los cuales Chile no posee frontera común, como Colombia o Ecuador. Adicionalmente, a fines de 2013 y con más fuerza cada año, se observa una creciente presencia de ciudadanos haitianos, concentrados principalmente en la Región Metropolitana.
La revisión del número de las permanencias definitivas otorgadas (2005-2015), permite diferenciar el flujo migratorio real, de aquellos flujos turísticos o los visados temporales, cuya dimensión responde a situaciones informales, dado que las políticas públicas en materia migratoria en general y laboral en particular, debe considerar precisamente aquellas personas que ingresan al país con un ánimo de permanencia y de radicar en nuestro territorio su domicilio.
Entonces, combinando las variables país de origen y solicitudes de permanencia definitiva, la BCN ha construido el siguiente gráfico:
Evolución de las permanencias definitivas 2005-2015, según país, y según porcentaje.
Afirma la BCN, al analizar el gráfico anterior, que se puede observar que en la década 2005-2015 existe una importante presencia de ciudadanos peruanos que han sido autorizados con permanencia definitiva, encontrando su máxima expresión en el año 2009, para posteriormente comenzar a decaer hasta acercarse a tasas similares a la de los otros países predominantes. En contraposición, se puede observar que a fines del período analizado, tanto Bolivia como Colombia han incrementado su presencia en la obtención de permanencias definitivas, inflexión que se desarrolla a partir del año 2011 con mayor fuerza y visibilidad.
•Perú, con 109.764 otorgamientos (40,4%);
•Bolivia con 35.482 (13,1%)
•Colombia con 29.802 (11%).
•Cabe destacar que ésta última nación ha desplazado del tercer lugar a Argentina que posee 18.043 (6,6%).
Hasta aquí las menciones al trabajo de la BCN. De las consideraciones señaladas, es posible indicar que la migración actual en Chile presenta tres características relevantes:
a)	Se trata de una migración cuya causa es exógena, en razón a que los inmigrantes arriban al país en busca desde países que no les ofrecen buenas expectativas de empleo, remuneraciones o beneficios. Por lo tanto no es Chile el que busca esta inmigración, por ejemplo por falta de mano de obra, sino que al igual que en otros países, la causa es externa.
b)	No se trata de una inmigración planificada, sino que ha sido impuesta al país por los hechos, por lo que la institucionalidad debe hacer un esfuerzo de adaptación extraordinario ante el acaecimiento de una circunstancia no prevista ni buscada.
c)	Se trata de una inmigración que impacta en las estructuras sociales ligadas a la salud, la educación, la seguridad social y especialmente en el empleo, al tratarse no de un refugio temporal buscado en condiciones de urgencia, sino que se trata de una inmigración que con claridad busca la permanencia y el domicilio de extranjeros por largo tiempo y ello impacta en las dimensiones de nuestro mercado de trabajo.
Esta conclusión no es arbitraria, sino que se demuestra fehacientemente si observamos el estudio "Migración en Chile 2005-2014" publicado en 2014 por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que señala que "desde el retorno de la democracia en Chile, a comienzos de la década del 90, este país se convirtió en un importante destino para la migración internacional, ligado principalmente al fortalecimiento de la economía, su crecimiento y estabilidad política, además de la consolidación institucional, hechos que pueden ser antecedentes relevantes a la hora de decidir emprender un proyecto migratorio".
Consecuente con ello es útil poder observar la composición del empleo de extranjeros en Chile, conforme el siguiente diagrama:
2. ¿Por qué enfocarse en el empleo como impacto del fenómeno de la inmigración?
Básicamente porque un proceso de inmigración sin un marco regulatorio adecuado puede crear, objetivamente, inestabilidades regionales y sectoriales en el empleo, pero también debemos entender que la falta de regulación laboral alimenta mitos y resentimientos entre la fuerza laboral activa ante los ciclos económicos difíciles, ante los cuales se puede llegar a responsabilizar injustificadamente a los trabajadores extranjeros.
Interesante punto de vista encontramos en un trabajo de los economistas Dante Contreras y Jaime Ruiz Tagle del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, quienes junto a Paulina Sepúlveda economista del BID, publicaron en junio de 2012 el documento “Migración y Mercado Laboral en Chile”:
“Una de las principales preocupaciones respecto a los procesos migratorios en los países de acogida son los efectos en el mercado laboral. En especial, se teme que la inmigración al menos en el corto plazo, pueda tener efectos negativos en las oportunidades en el mercado laboral de la población residente en el país. En efecto, según el modelo económico básico un aumento en la oferta laboral, producto del arribo de inmigrantes, podría disminuir los salarios en la economía o aumentar el desempleo de los trabajadores residentes, particularmente a aquellos trabajadores que cuentan con los mismos niveles de calificación. Si el proceso migratorio está concentrado principalmente en migración de trabajadores de baja calificación, entonces los trabajadores residentes de baja calificación teóricamente se debieran ver afectados por la migración, disminuyendo sus salarios y aumentando sus tasas de desempleo.”.
Respecto a esto, y sobre la base de un trabajo de Okkerse (2003), podemos señalar que “la mayoría de los estudios empíricos en temas de inmigración utilizan análisis de área, en que se correlaciona, a través de los mercados del trabajo locales, salario y tasas de empleo con la inmigración. Éstas correlaciones espaciales sugieren, que un 10% de participación de inmigrantes en el sector reduce el salario de los trabajadores nativos en cerca de un 1%.”.
Por su parte, Borjas (2003) focalizándose en la correlación de grupos de diferente calificación (utilizando educación y experiencia cómo indicadores de habilidad), encuentra que “un incremento en el tamaño del grupo de inmigrantes de un 10% baja los salarios de los trabajadores en ese grupo en 2 a 3% y reduce las horas trabajadas a la semana en 2%.”. Mientras que Card (2001), encuentra que en ciudades con mayor concentración de inmigrantes (con una concentración del 10%) se reducen los salarios de los trabajadores no calificados nativos entre un 1y 3%.”.
Con todo, debemos reconocer que en Chile no existen estudios focalizados en este problema que permitan predecir un impacto concreto, lo cual aumenta exponencialmente la necesidad de regular preventivamente las diferentes posibilidades de aumento de migrantes en nuestro mercado de trabajo.
3. Las Tendencias de la Inmigración a Chile.
Una primera mirada necesaria a la historia de las migraciones en nuestro país debe ser a los Españoles provenientes de Navarra y el país Vasco, dando origen a la denominada inmigración castellano-vasca, hacia.
En el siglo XVIII, buena parte de los españoles que llegaban a Chile a trabajar en la administración colonial o el comercio eran vascos. Gracias a su carácter austero y a los vínculos comerciales que tenían con la península, muchos de estos inmigrantes amasaron fortunas considerables, comenzando a establecer lazos matrimoniales entre estos y la élite local, dueña de grandes extensiones de tierras y poseedora de prestigio social.
Este grupo se consolidó rápidamente como dominante en la segunda mitad del siglo XVIII, conservando su posición durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Como forma de consolidar su poder, era frecuente en este grupo la compra de títulos de nobleza u órdenes de caballería, así como el establecimiento de mayorazgos, lo que les permitió conservar grandes propiedades sin la necesidad de dividirlas.
Los movimientos migratorios han sido una constante a través de la historia. Chile no ha sido la excepción. En efecto, desde la independencia a la fecha distintos grupos de inmigrantes han llegado al país. Una de las principales políticas dirigidas a aumentar la llegada de los migrantes fue La Ley de Inmigración Selectiva de 1845, medida formulada por el gobierno con el fin de atraer a personas de origen europeo a la zona sur de país. Se trata de un caso importante que representa a la inmigración como política pública de un Estado a fin de desarrollar una zona geográfica determinada, la cual no pudo haberse potenciado sin la concurrencia de extranjeros cuya dedicación exclusiva a dicha zona permitió la creación de asentamiento económica y socialmente sustentables.
Como resultado, de dicha política se establecieron en el país tanto inmigrantes alemanes, austríacos, italianos, franceses, holandeses y croatas, poblando principalmente la región de la Araucanía y de Los Lagos.
Es interesante el análisis de este caso como ejemplo, primero, de un tipo de inmigración planificada y con un objetivo de política pública, y, segundo, por sus efectos cuando enfrenta un esquema nacional desregulado; así lo expresa el trabajo “Colonización Alemana en Valdivia y Llanquihue” (Biblioteca Nacional, 2016):
“En las dos últimas décadas del siglo XIX, los colonos lograron desarrollar una pequeña industria. En Valdivia se constituyó un sector dedicado a la elaboración de cerveza, curtiembres, astilleros y aserraderos; en las orillas del lago Llanquihue y en los llanos de Osorno, las actividades agropecuarias se desarrollaron en función del abastecimiento de insumos para el enclave valdiviano y en Puerto Montt prosperó el comercio con Hamburgo, lo que contribuyó al aumento de la demanda para la producción de los colonos alemanes.
Sin embargo hacia 1870, ya se reflejaba el impacto de la colonización sobre las comunidades mapuche y huilliche habitantes de la zona. Debido al aumento de población en la región, surgió la necesidad de expansión hacia nuevas tierras debido a una economía principalmente agraria, lo que supuso una serie de irregularidades para ocupar terrenos que, tradicionalmente y desde tiempos prehispánicos, pertenecían a las comunidades indígenas que vivían ahí. Bajo un sistema impune y desregularizado la colonización supuso una ocupación a través de medidas ilícitas y fraudulentas de tierras mapuche, relegándolos a zonas geográficas marginales y destruyendo su unidad de organización básica: la comunidad, lo que a largo plazo implicaría el desarrollo de importantes conflictos entre los habitantes de la región.”.
A principios del siglo XX, un grupo importante de inmigrante árabe, en su mayoría palestino, arribó el país instalándose principalmente en Santiago. Este importante proceso inmigratorio fue producto de la opresión desatada en el imperio Otomano y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante varios años, Chile detentó la mayor colonia de inmigrantes palestinos. En este caso estamos frente a otro tipo de inmigración, producto de guerras o conflictos armados que no permiten prever efectos en la economía y en la sociedad; cuando en estos casos la inmigración es masiva, los problemas en el mercado de trabajo tienden a potenciarse de manera significativa.
Mientras que, a mediados del siglo XX luego del estallido de la Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial una segunda oleada de migrantes europeos arribó al país. A fines del siglo XX, con el término del gobierno militar y los altos niveles de crecimiento del país, los procesos migratorios sufrieron un gran cambio. La mejora en los ingresos, el aumento del empleo, la disminución de la pobreza y la estabilidad política del país, incentivaron la migración de países limítrofes hacia Chile (Perú, Bolivia y Argentina), proceso que se ha prolongado hasta principios del siglo XXI con la incorporación de otros países de Latinoamérica no limítrofes. Las características de esta última oleada de inmigración son su masividad y la clara disposición a su asentamiento y participación en el empleo del país.
4.	Contenidos de la Iniciativa.
Como se dijo, el Código del Trabajo no aborda de manera suficiente el fenómeno de la inmigración, limitándose únicamente en sus artículos 19 y 20 a regular el porcentaje límite de extranjeros que pueden prestar servicios en una empresa, y, los criterios de especialización que permiten excluir a algunas personas de la base de cálculo de dicho porcentaje.
Esta norma es absolutamente insuficiente frente al fenómeno migratorio que enfrenta el país. Tampoco, entendemos, se trata de intentar arbitrariamente de aumentar este porcentaje (15%) para proteger las fuentes de trabajo para connacionales que eventualmente se pudieren ver perjudicados en sus oportunidades de empleo.
Una adecuada política pública en la materia implica observar con atención los sectores en los que transitoriamente son más demandantes de mano de obra, las zonas geográficas en las que un exceso de mano de obra puede ser absorbido, y, fundamentalmente, que la legislación proteja adecuadamente los derechos laborales de todos los trabajadores sin distinción de su nacionalidad.
Los criterios que conforman esta propuesta son los siguientes:
a)	Ratificación de la protección de los derechos laborales individuales y colectivos delos trabajadores extranjeros;
b)	Aplicación selectiva del porcentaje máximo de contratación de extranjeros en diversas actividades productivas, y,
c)	Regulación de la base de cálculo del porcentaje máximo de contratación de extranjeros.
De esta manera, se proponen los siguientes contenidos:
1.	En lo formal, se propone reemplazar el Capítulo III del Título I del Libro I del Código del Trabajo.
2.	Rebajar a dos años la residencia que permite ser excluido del cálculo del porcentaje máximo de contratación de extranjeros.
3.	Adecuación del estado civil que se relaciona con el cálculo citado, incorporando a los contrayentes de Acuerdo de Unión Civil.
4.	Regulación de casos en los que no se aplica el porcentaje máximo de contratación de extranjeros.
Conforme lo señalado en los fundamentos de esta iniciativa legal, tengo la honra de proponeros el siguiente:
Artículo Único.- Modifícase el Código del Trabajo de la siguiente manera:
1)	Reemplázase el epígrafe del Capítulo III del Título I del Libro I, por el siguiente:
“DE LA NACIONALIDAD DE LOS TRABAJADORES Y PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS”
2)	Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:
“Artículo 19.- El ochenta y cinco por ciento, a lo menos, de los trabajadores contratados en una empresa, deberán ser de nacionalidad chilena.
Para computar la proporción señalada en el inciso anterior, se seguirán las siguientes reglas:
1.	Si la empresa se divide en dos o más establecimientos, cualquiera fuere su ubicación, el porcentaje señalado en este inciso se calculará sobre la suma de los trabajadores que laboran en ellos.
2.	Se excluirán de este límite aquellos trabajadores que ejecuten alguna especialidad técnica o profesional y que su calidad de tal sea debidamente acreditada en el respectivo contrato de trabajo mediante el título o certificado correspondiente. En este caso, el trabajador deberá desempeñar como función aquellas derivadas de su especialidad.
3.	Se excluirá, asimismo, a los extranjeros que sean cónyuges de chilena o chileno, o que hubieren celebrado un Acuerdo de Unión Civil aún cuando el cónyuge o el conviviente civil, en su caso, hubieren fallecido. También se excluirá de este cálculo al extranjero que tuviere hijos chilenos.
4.	Para efectos del cálculo señalado en el inciso primero, se considerarán chilenos a los extranjeros residentes en chile durante 20 meses en un lapso de 24 meses, contados hacia atrás desde el momento en que se efectúe el cálculo.
5.	No se considerarán como trabajadores extranjeros de la empresa principal o usuaria, en su caso, aquellos extranjeros contratados en conformidad a lo dispuesto en el Título VII del Libro I.
El porcentaje de contratación de extranjeros señalado en el inciso primero, podrá ampliarse en casos de aumentos ocasionales de actividad, requerimientos productivos y comerciales urgentes o imprevistos, y faenas agrícolas de cosecha y embalaje. En estos casos el empleador podrá contratar un número mayor de extranjeros al permitido, a condición que durante el período en el que se extiendan las circunstancias especiales mencionadas, no se produzca el despido de trabajadores nacionales por las causales contenidas en el artículo 161 de este Código.”.
3)	Para reemplazar el artículo 20 por el siguiente:
“Artículo 20.-	Los trabajadores extranjeros gozarán de todos los derechos individuales y colectivos contemplados en este Código.
Los estatutos de las organizaciones sindicales no podrán contener normas que impliquen el rechazo de la afiliación de un extranjero que cumpla con los requisitos generales de afiliación. Asimismo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 216 de este Código, los trabajadores extranjeros podrán constituir organizaciones sindicales que los agrupen en su calidad de tal”.