Source: http://blogdelcnelbellorin.blogspot.com/2014/11/
Timestamp: 2018-04-26 16:52:20
Document Index: 180406123

Matched Legal Cases: ['Artículo 264', 'Artículo 270', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 264', 'Artículo 263', 'Artículo 263', 'Artículo 37', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 255', 'Artículo 73', 'Artículo 7', 'Artículo 49', 'Artículo 44', 'Artículo 9', 'artículo 9']

El Blog del Coronel Bellorín: noviembre 2014
1) Del Comité de Postulaciones Judiciales
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial Nro. 36860 del 30 de Diciembre de 1999, existen dos disposiciones fundamentales relativas al Comité de Postulaciones Judiciales. La primera de ellas, el Artículo 264:
“Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional” (Subrayado nuestro)
Como puede evidenciarse en el párrafo final del artículo, el constituyente se refiere al Comité de Postulaciones Judiciales como un órgano diferente a la Asamblea Nacional, es decir, dos instancias diferentes. En el medio de ella existe otra instancia que se le atribuye al Poder Ciudadano, por lo que se puede concluir que el procedimiento de elección de magistrados se debe realizar en tres instancias:
a) Una primera preselección a cargo del Poder Judicial,
b) Una segunda preselección a cargo del Poder Ciudadano
c) Una selección final a cargo del Poder Legislativo.
La segunda disposición sobre el Comité de Postulaciones es más explícita sobre esta afirmación de “instancias diferentes”, y la encontramos en el Artículo 270 del texto constitucional:
“El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley”.
Sin entrar a discutir en este trabajo la conformación esencial de dicho comité,tratado en ensayo anterior,no hay que pasar por alto el “pequeño detalle” que el artículo citado se encuentra encuadrado en el Capítulo II “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia” en su sección tercera denominada “Del gobierno y de la Administración del Poder Judicial”, lo cual ratifica, sin ninguna duda, que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor bajo el gobierno y administración del Poder Judicial, diferente a las instancias que pudieran existir tanto en el Poder Ciudadano como en el Poder Legislativo, que como poderes autónomos deben gobernar y administrar sus respectivas instancias a través de sus respectivos órganos.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, la norma legal aplicada para los procesos de selección es el de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo publicada en Gaceta Oficial Nro. 39522 del 01 de Octubre del 2010, en cuyo Artículo 64, violando la Carta Magna, se puede leer lo siguiente:
El Comité de Postulaciones Judiciales dictará su Reglamento Interno de organización y funcionamiento”
El legislador, cambiando en forma violenta el texto constitucional, no sólo adscribe arbitrariamente al Poder Legislativo una institución de rango constitucional que según la Carta Fundamental pertenece al Poder Judicial, sino que también lo “secuestra” para gobernarlo al establecer en su Artículo 65 ejusdem, que cinco (5) de sus miembros principales serán elegidos del seno de la Asamblea, tal como de hecho ocurre con el órgano en cuestión, presidido actualmente y en selecciones anteriores, por un diputado de la Asamblea Nacional con sede en el propio edificio de ese órgano.
Según estas consideraciones, es indiscutible que la selección definitiva de los magistrados a integrar el Supremo Tribunal, a la luz del Artículo 264 de la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional, pero también es indiscutible según la exégesis constitucional que todo el proceso de preselección está repartido única y exclusivamente entre el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, de manera tal que el listado final de los postulados que llega al Poder Legislativo sea producto de un trabajo técnico y no político elaborado bajo un procedimiento especial, no contaminado con la intervención en la preselección de ese poder al que corresponde la selección final ,( como de hecho ocurre) Al apoderarse el Poder legislativo de todas las fases señaladas vicia de nulidad todo el proceso negando así la objetividad, transparencia e imparcialidad, ordenada por la Constitución como ya fue analizado y desvirtuando con vicios políticos partidistas el procedimiento especial para designar un Poder Judicial bajo el espíritu, propósito y razón del constituyente, planteado en la Exposición de Motivos de nuestra Carta Magna de la siguiente manera:
“Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia durarán en ejercicio de sus funciones doce años, no pudiendo ser reelectos A los efectos de su elección, se prevé la postulación correspondiente ante el Comité de Postulaciones Judiciales y un procedimiento especial que tiene por objeto una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos”.
2) De los Requisitos para ser Magistrado
Sobre este aspecto, nuestra Carta Magna, en su Artículo 263 expresa lo siguiente:
“Artículo 263.Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:
4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley”.
Sin dejar de considerar los demás requisitos y a los fines de brevedad específica, centraré este análisis solo en su numeral tercero, donde se establecen las únicas fuentes actuales desde donde pueden surgir los candidatos para Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia .Estas fuentes o supuestos son requisitos mínimos alternativos o no concurrentes entre ellos y son: El ejercicio de la abogacía por un mínimo de 15 años, la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un mínimo de 15 años con la categoría de profesor titular, y la del Juez Superior con un mínimo de 15 años en la carrera judicial. La Ley del TSJ vigente en su Artículo 37, no profundizó sobre el particular, no generó otras fuentes primarias, ni estableció alternativas que permitan sumar años de unos cargos o carreras a otros.
Es el primer supuesto: “ Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica” y está relacionado directamente con la Ley de Abogados, fuente de esta redacción.
Respecto a este supuesto,además de la buena reputación, el constituyente se refiere al” ejercicio de la abogacía”, un concepto antiguo, conocido entre los profesionales del derecho y previsto en la Ley de Abogados que es obligatoria para interpretar este supuesto. Según ella, este ejercicio es incompatible con el ejercicio de la función pública. El supuesto constitucional prevé también “reconocida competencia”, la cual se puede demostrar con los resultados positivos en el ejercicio de la abogacía, es decir, con sentencias favorables a sus actuaciones, y exige además, en este caso, “título universitario de postgrado en ciencia jurídica”, el cual por lógica debe estar relacionado con la Sala para la que se postule. (Nótese que es el único supuesto que exige postgrados ya que como veremos en los otros dos supuestos Constitucionales los postgrados son implícitos)
Al no solicitarse medios de prueba del cumplimiento de este requisito, además de violar el mandato legal, se busca confundir 15 años de graduado con 15 años de ejercicio de la abogacía, lo cual nos obliga a reproducir los textos de Artículos 11 y 12 de la Ley de Abogados vigente:
“Artículo 11: A los efectos de la presente Ley se entiende por “actividad profesional” del abogado el desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una Ley especial a un egresado universitario en Derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos.
Se entiende por “ejercicio profesional” la realización habitual de labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial alguna.” (Resaltado Nuestro)
“Artículo 12: No podrán ejercer la abogacía los ministros de culto, los militares en servicio activo ni los funcionarios públicos. Se exceptúan de esta inhabilitación los que desempeñan cargos ad honorem y funciones judiciales accidentales; y los que sirvan empleos académicos, asistenciales, electorales, docentes o edilicios, salvo que estos últimos cargos exijan por la naturaleza de sus funciones o por las leyes o reglamentos que las rijan, dedicación a tiempo completo.
Los abogados Senadores y Diputados, incorporados a las Cámaras, no podrán ejercer la abogacía en asuntos judiciales contenciosos ni realizar gestiones profesionales directas o indirectas ante la Administración Pública o ante empresas en las cuales tenga participación mayoritaria el Estado Venezolano; tampoco podrán intervenir profesionalmente como representantes de terceros, en contratos, negociaciones o gestiones en las cuales sea parte la Nación, los Estados, los Municipios, los Institutos Autónomos o empresas en las cuales dichos organismos tengan participación”.
Los abogados incorporados a las Asambleas Legislativas de los Estados o a sus Comisiones Permanentes, no podrán ejercer la abogacía en su jurisdicción durante las sesiones de dichos Cuerpos. Tampoco podrán ejercer, los abogados que presten sus servicios profesionales a tiempo completo en organismos oficiales nacionales, estadales o municipales o en institutos autónomos, salvo que actúen en representación de tales entes”.
Los artículos anteriores diferencian claramente la Actividad Profesional de Abogado que puede realizar cualquier profesional del derecho en cargos públicos, del Ejercicio de la Abogacía que establece la Constitución y que se refiere a la actividad jurídica privada. Según ellos, sacerdotes, militares, diputados, y cualquier funcionario público con título de abogado no puede alegar el tiempo que ha tenido cumpliendo “actividades profesionales públicas” como tiempo de “ejercicio de la abogacía”, es decir pudiera existir, una persona con 30 años graduado de abogado que jamás ha ejercido la abogacía. Otorgarle un significado diferente, es violar la Carta Magna.
Es el segundo supuesto, “Haber sido profesor o profesora universitaria en ciencias jurídicas durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de Profesor o Profesora Titular “y está relacionado directamente con la Ley de Universidades, fuente de esta redacción.
El Constituyente, orientado hacia la excelencia, no se lo dejó al legislador y estableció en forma directa y sin interpretaciones complacientes la máxima Jerarquía del Docente Universitario: Profesor Titular, y los aspirantes al TSJ incursos en este supuesto, deberán haber alcanzado esta máxima jerarquía académica en cualquier universidad, pública o privada..
La Ley de Universidades establece en su Art. 87 las categorías docentes, desde “Instructor” hasta “titular”, exigiendo requisitos académicos de pregrado, títulos de postgrado, trabajos de ascensos, así como lapsos mínimos en las diferentes categorías, de tal manera que con 15 años como mínimo,un docente sobresaliente ya se puede alcanzar la categoría de “Titular". Al hacerlo ya debe tener obligatoriamente títulos de “Especialidad”, “Maestría” y “Doctorado”, ya que este último grado académico es requisito legal para alcanzar la categoría de Asociado,que es previa a la de Titular.
La Constitución, además de la categoría de Titular, exige haber impartido cátedra en ciencias jurídicas por un mínimo de 15 años (continuos o discontinuos) lo cual también es diferente” a 15 años de graduado”. Evidentemente, son requisitos que deberá demostrar el postulado bajo este supuesto , como cumplirse también el requisito legal (no constitucional) de ser abogado y que alguno de sus títulos de postgrados sea en Ciencias Jurídicas y en el area que se postula.
3.3) Tercera Fuente:
Es el tercer y último supuesto, previsto en el numeral tres del Art. 263 Constitucional como requisito para ser magistrado: “Ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones" y está relacionado directamente con la Ley de Carrera Judicial, fuente de esta redacción.
La Ley de Carrera Judicial desarrolla el Artículo 255 Constitucional, y en su Art. 10 rige el ingreso de los abogados al ejercicio de dicha carrera judicial, regulando el escalafón judicial, incluyendo en la categoría “A” los jueces de las cortes de apelaciones o juzgados superiores y sus equivalentes, referidos en el supuesto constitucional aqui analizado. Según esa norma, pudiera existir jueces superiores que ingresen a dicha categoría “A” provenientes de otras fuentes diferentes a la carrera judicial.. El supuesto establece taxativamente, además de la jerarquía y la especialidad, el mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial,requisito totalmente diferente a 15 años de graduado,exigiendo además un reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones en esa carrera,no en otra. En la práctica, un juez superior además de ser abogado, ya debe de tener título de postgrado en el área de desempeño, sin embargo, el Art. 37 LOTSJ lo exige. Según este supuesto técnico, el postulado deberá demostrar cumplir los tres requisitos que aquí concurren de ser juez superior o de corte de apelaciones (penal), con 15 años de carrera judicial y reconocido prestigio.
3) Baremo y Preselección de Postulados
Como último aspecto de este análisis, y no por ello menos grave, está el relativo al baremo, tal concepto debe definirse en esta aplicación según Larousse como: “Conjunto de normas que sirven para evaluar algo”, en este caso, los expedientes de los postulados. Sobre el particular, el Artículo 73 de la LOTSJ establece lo siguiente:
“El Comité de Postulaciones Judiciales aprobará, por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de los postulados o postuladas. El Comité de Postulaciones preseleccionará, entre los postulados o postuladas, un número no inferior al triple de los cargos de Magistrados o Magistradas del Tribunal, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de preseleccionados con sus respectivos expedientes”.
Es propio de la naturaleza humana que la gran mayoría de las personas nos podamos creer o sentirnos superiores de lo que realmente somos, pero aquellos que se distinguen lo hacen por ser realmente los mejores; mejores calificaciones, aptitudes, actitudes, estudios, obras, condiciones, etc. Para eso existen los baremos, los requisitos mínimos y los concursos, para que, a partir de esos mínimos requisitos, sean seleccionados los que tienen máximos requisitos, es decir, los que tienen más méritos y eso puede medirse. No cumplir esta función de los concursos y no aplicar baremos diferenciadores es un fraude a la Constitución y a la razón. Manipular a la opinión pública y justificar acomodaticias designaciones como “decisiones políticas” es parte de esa hipocresía social que nos consume. Es como si para asistir a una competencia mundial de 100 metros planos, con marca mínima exigida de 10,08 segundos, a pesar de tener corredores con marcas de 9.5, mandamos al “pana” que a duras pena llegó a 10,08, (requisito mínimo) o peor aún, al camarada que “una vez corrió en el colegio”, y por pana, le invento requisitos que no tiene y no podrá tener nunca ya que lo que “natura non da Salamanca non presta”.
Según esto, la sociedad debería formularse una interrogante: ¿Tenemos a los ciudadanos más distinguidos en nuestro Poder Moral y Poder Judicial?, ¿Están legitimados moral y constitucionalmente? ¿Cumplen al menos los requisitos mínimos?
Este debate sí interesa a la Moral Republicana más ahora que al momento de escribir estas notas, es noticia de primera plana que un mediático diputado que funge como Presidente del secuestrado comité de postulaciones judiciales encargado por su partido de nombrar nuevos magistrados al TSJ en este año 2014,, expresa ante los medios, como una gran hazaña que “se han entrevistado a 110 postulados”, mostrando, sin ningún pudor su supina ignorancia al confundir “años de graduado de abogado con años de ejercicio de la abogacía”. Los periodistas involucrados en dichas entrevistas legitiman el circo al no hacerle pertinentes preguntas sobre los baremos, los requisitos aquí explicados o sobre el contenido y razón de ser de esas entrevistas y los méritos de los entrevistadores. No esta demás recordar que para evaluar la moral y los méritos de los demás hay que tener mucha moral y mucho más mérito que el evaluado y eso ni se compra en botica ni se otorga por una decisión de nuestra gloriosa Asamblea Nacional.
Publicado por Angel Alberto Bellorín en 10:51 4 comentarios:
Presunción de Inocencia y Juicio en Libertad: Caso Leopoldo López.
El debate que hoy se observa en los diferentes medios de información y expresión en torno a la situación jurídica del Sr. Leopoldo López es motivo de interesante estudio, ya que pueden evidenciarse opiniones de toda índole que van desde afirmaciones categóricas contradictorias e incoherentes, hasta declaraciones apologéticas alarmantes, como una que atribuida a un reconocido economista que coloca al pretendido “Descendiente del Libertador” a los altares de los “grandes pensadores políticos del siglo”.
Dicen que “cada ladrón juzga por su condición” y puede que eso en muchos casos sea cierto. Al respecto, cada vez que escribo mis apreciaciones trato de hacerlo de la forma más imparcial posible, atendiendo a la lógica, a la racionalidad, y a la interpretación de la norma mediante recursos académicos producto de una larga preparación, con lo que intento evitar a todo trance la emisión de juicios erróneos, infundados o complacientes.
Con motivo al informe remitido al Gobierno de Venezuela y publicado en internet relativo a las opiniones sobre el caso de Leopoldo López, mismas adoptadas por el “Grupo de Trabajo sobre la Detención arbitraria”, organismo adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU; he efectuado a través de las redes sociales algunos breves comentarios jurídicos sobre las normas relacionadas con dicha situación, y en respuesta a ellos he recibido algunas observaciones, hasta ofensivas, que hacen pertinente el refrán citado al inicio y me obligan a explicar mis opiniones en forma más extensa y explicita para que sean juzgadas por la implacable historia.
No se le puede negar la razón a la Juez 28 de Juicio en su decisión del día Martes 18 de Noviembre del 2014, al afirmar que dicha opinión no es vinculante, pues las únicas decisiones vinculantes de la ONU son las de su Consejo de Seguridad (del cual Venezuela es flamante miembro) y estas normalmente se cumplen a sangre y fuego. Lo que “no recordó” la juez es que nuestra Constitución sí es “vinculante” y norma suprema (Leer Artículo 7 entre otros que lo ordenan) y esto es tan cierto que el grupo de trabajo, en su opinión solo analizó la norma de allá (de la ONU), también consagrada de la misma forma,acá en nuestra "Soberana" patria.
Sin entrar a discutir el fondo de dicho informe, examinemos nuestras memorias con noticias de un pasado reciente, disponibles al público, para recordar la causa y origen de la detención del Sr López, tal como pude extraerse de este párrafo del 14 de Febrero del 2014, publicado por un diario de clara tendencia pro-gobierno:
“El dirigente del partido de derecha Voluntad Popular es acusado de ser el responsable de las tres muertes y más de 60 heridos ocurridas el pasado 12 de febrero, en disturbios en el centro de Caracas y en Chacao tras una manifestación convocada y liderada por él, con el objetivo de exigir “la salida” del gobierno revolucionario La noche de ese mismo día miércoles 12 de Febrero, un tribunal de Caracas emitió una orden de aprehensión en contra de López”
Ahora bien, cuando se revisa la orden de aprehensión Nro 0007-14 del 12 de Febrero, puede observarse que el apresurado documento, firmado por una juez de nombre Ralenis J. Tovar Guillén solo incluye a las dos primeras víctimas (y no tres) de ese mismo día, lo que indica que al momento de dicha firma todavía no había ocurrido la muerte del joven en Chacao.
Debe también considerarse que cuando Leopoldo López se entregó, el 18 de Febrero del 2014 (Seis días después), ya se le acusaba públicamente por los tres muertos y heridos ocurridos hasta ese día en la ciudad de Caracas, ellos fueron: Roberto Redman, asesinado en Chacao; Bassil Da Costa, muerto en Parque Carabobo; y Juan Montoya, también fallecido en Parque Carabobo. Sobre estas muertes, a pocas horas de ocurridas, el propio Presidente de la República efectuó declaraciones que señalaban datos sobre armas utilizadas por el fascismo, sin embargo, para ahondar más el análisis, me permitiré transcribir informes públicos y notorios sobre estas tres muertes, extraídas de esas noticias pasadas.
PRIMERO: “Roberto Redman (28 años), 12 de febrero. Chacao (este de Caracas), estado Miranda. Manifestante opositor, muy conocido en las redes sociales por su pseudónimo “EscualidoReload”. Estuvo en la marcha que derivó en hechos violentos en la Fiscalía General de la República y ayudó a transportar el cuerpo de Bassil Da costa una vez fue herido. Posteriormente, en horas de la noche, participaba en una protesta violenta en el municipio Chacao, al este de Caracas. Testigos atribuyen su muerte a civiles armados en motocicleta, que le dispararon impactándole en la cabeza.”
SEGUNDO: Bassil Da Costa (24 años), 12 de febrero. Parque Carabobo, Caracas. Joven trabajador que participaba en la primera marcha opositora hasta la Fiscalía General, que se inició pacíficamente y se tornó violenta en las puertas de dicho ente. Cae en la misma calle que Juan Montoya, con pocos minutos de diferencia y, según denunció el alto gobierno, por disparos realizados por los mismos sospechosos.
TERCERO: “Juan Montoya (40 años), 12 de febrero. Parque Carabobo, Caracas. Dirigente de la popular zona del “23 de Enero”, en el oeste de Caracas, identificado con el chavismo. Se había reunido con el presidente Nicolás Maduro en un acto público en agosto de 2013, actuando como vocero de movimientos sociales que entregaron sus armas de fuego, como parte de las iniciativas gubernamentales para el desarme de la población civil. Muerte por herida de arma de fuego en circunstancias actualmente investigadas y atribuidas a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que incumplieron la orden de acuartelamiento. Los funcionarios involucrados ya fueron puestos a la orden de la Fiscalía General de la República. El general Manuel Gregorio Bernal, quien era director del SEBIN hasta ese momento, fue relevado de su cargo”.
Leída la cita anterior, extraída de una fuente informativa afecta al gobierno, queda claro para cualquier analista serio y competente, nacional o internacional, que los tres asesinatos ocurridos no los cometió ni intelectual ni materialmente Leopoldo López, por lo cual debe necesariamente inferirse que el Ministerio Público y la juez actuante privaron de libertad a un inocente, culpándolo temerariamente de los hechos señalados como delitos.
Pero el absurdo continúa. Con el “supuesto responsable preso” (en lugar de ser asumido como “presunto inocente”), las “guarimbas” o manifestaciones callejeras continuaron en los dos meses siguientes, y el número de muertes y hechos violentos aumentaron en diferentes sitios del país hasta llegar a un total de 41. Sin embargo, a pesar de estar López ya detenido e incomunicado en una cárcel militar, los fiscales y jueces involucrados fueron modificando las calificaciones de delitos iniciales, atribuyéndole con fines políticos y mediáticos la responsabilidad por todos los hechos ocurridos,incluyendo los sucesos posteriores, como si los hubiese dirigido o ejecutado desde su reclusión con poderes mentales desconocidos por los mortales.
Para tal fin, el gobierno cree legitimar su actuación mediante la activación de un supuesto comité de víctimas seleccionadas, que nos bombardean en las radios y canales de propaganda repitiendo discursos y leyendo en reuniones políticas televisadas, los escritos que alguien le elabora para mediatizar en forma inmoral un asunto tan delicado y atribuírselo al político preso.
Todos los dolientes tienen que conocer quiénes mataron a sus muertos, y en un Estado de Justicia, es este,( Estado) el obligado a demostrar eficientemente la culpabilidad de los responsables que deben presumirse inocentes. Demostrada en juicio, mas allá de la duda, esa culpabilidad, los jueces deben aplicar las penas y castigar a los asesinos,especialmente a los materiales que normalmente son los más evidentes. En este caso,es notorio que la mayoría de ellos estan en libertad, como es cierto que López aún sigue preso, sin juicio, y sin forma "legítima" de probar ningún tipo de participación suya en los delitos por los cuales lo mantienen privado de su libertad, por lo que han diferido infinidades de veces la audiencia que, a mi categórico parecer, es un grotesco fraude a la Constitución y a las normas internacionales que regulan la materia.
Aunque los fanáticos, ciegos y sordos gracias al “extremismo ignorante”, no quieren (o no pueden) entender que la Constitución es para todos los venezolanos, y en especial para regular los excesos u omisiones de los gobernantes y demás funcionarios de turno, es necesario recordarles que jamás deben excluir de su agenda de vida la probabilidad existente que en algún momento, cualquiera de ellos, puede requerir de las protecciones allí establecidas y que hoy se niegan a aceptar, ver o entender. En tal sentido, el numeral 2 del Artículo 49 constitucional establece que “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario” (El genérico “Toda persona” incluye al peor asesino sin importar la clase social ni el color de la boina). Esto es lo que se denomina "presunción de inocencia”, y esa misma premisa fundamental se encuentra regulada por todos los pactos internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado Venezolano, incluyendo por supuesto el pacto que regula la materia en las Naciones Unidas desde 1966, que sirvió de fuente primordial para la elaboración de dicho Artículo de nuestra actual Carta Fundamental.
De acuerdo a esa norma suprema,cualquier ser racional tanto en Vzla como en la Patagonia, debe inferir obligatoriamente que todos los que inicialmente acusaron a López de aquellas dos muertes violaron este principio el mismo 12 de febrero2014, pues como ahora sabemos, pruebas contundentes acusan a otras personas vinculadas más al gobierno, que al político opositor preso. Por tal razón, cumplir eso no requiere,ni es, inherencia de ningún imperio, la norma está allí, en nuestra Constitución "soberana."
Ahora bien, ¿Dónde queda la Responsabilidad Constitucional de esos funcionarios? En referencia específica a la interpretación jurídica de la Presunción de Inocencia, estimo por demás oportuno traer al análisis lo decidido por la Sala Político-Administrativa de nuestro máximo Tribunal de Justicia en Sentencia Nro. 1248 de fecha 21 de Octubre de 1.999. Allí se expresó lo siguiente:
“…La presunción de inocencia constituye una garantía fundamental e indispensable de seguridad de la persona humana. Esta garantía requiere que la acusación aporte la prueba individual de culpabilidad más allá de la duda… Con dicha lesión se vulnera también, consecuentemente, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”
Volviendo al caso del Sr López, le pregunto a los simpatizantes del gobierno, y a todo aquel que repite de manera insistente argumentos sin fundamento: ¿No les parece una torpeza política victimizar a un líder opositor, teniéndolo preso más de nueve meses sin pruebas contundentes “más allá de la duda”, retardando las audiencias y postergando indefinidamente el juicio? ¿No es otra torpeza innecesaria enfrentar también a la ONU, luego de salir del Sistema de DDHH regional de la OEA y de adquirir el tan importante asiento no-permanente del Consejo de Seguridad? ¿Cómo quieren que esas torpezas sean avaladas u obviadas en cualquier estudio del caso?
¡Defender la constitución no es defender a Leopoldo López, es defender a todos los venezolanos!
Por la necesaria y obligada concatenación con la norma anterior, tratemos ahora de interpretar racionalmente el Artículo 44 Constitucional. Su encabezamiento ordena: "La libertad personal es inviolable, en consecuencia”: (El mandato que expresa “es inviolable” constituye una orden precisa, regla general indiscutible de esta norma). Siendo esto así, debe entenderse que el contenido de su numeral primero, establece la “primera consecuencia” para que se cumpla estrictamente el mandato de la regla general citada:
1.- “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad (Regla General) excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” (Estas razones son la excepción, no pueden ser inventadas para evadir y violar la regla general)” (Contenido en paréntesis nuestro)
Cuando la Constitución le concede al Poder Judicial la facultad de otorgar “una orden judicial” para privar de su libertad a cualquier ciudadano,( como excepción a la regla general) por supuesto que se refiere a un Poder Judicial independiente, con jueces imparciales, cumpliendo todos los requisitos que la misma Constitución ordena para que ejerza sus funciones con suficiente y garantizada competencia profesional y poder cumplir con una tutela judicial efectiva y una justicia expedita.
El gastado argumento relativo al "peligro de que López huya del país" como la genérica y trillada excepción usada para evadir la regla general citada, es un sinsentido, pues de ser verdad tal supuesto, al gobierno políticamente le convendría su realización ya que con dicho exilio se acabaría de raíz con el pretendido "liderazgo” del convertido ahora,en emblematico simbolo de la injusticia en Venezuela
Retomando el tema de las Naciones Unidas, es necesario advertir que las observaciones e informes de esta organización internacional y sus dependencias, desde la perspectiva gubernamental, han sido hasta ahora “buenísimas y brillantes”, llegando a ser referencias obligatorias del discurso oficial porque han expresado comentarios favorables al gobierno: “Erradicamos el analfabetismo”, “superamos las metas del milenio”, “nos ahogamos de felicidad”, el coeficiente ideado por el estadístico italiano Corrado Gini, demostró que “nuestras riquezas se reparten en la forma más equitativa de todos los países del mundo”, etc. Resulta interesante observar que ahora el mismo organismo sea considerado “de lo peor” y violador de nuestra soberanía cuando se atreve a "opinar" algo que no sea alabanzas al gobierno y que le pone el cascabel al gato, como ya explicamos.
En este sentido, y sin entrar a discutir las vinculaciones constitucionales de dichas normas internacionales, (Artículos 23 y 31 ) me permito transcribir el artículo analizado por el Grupo Contra La Detención Arbitraria de la ONU, que guía su actuación en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, firmado y hecho Ley por Venezuela. Su Artículo 9 previsto en dicho Pacto, establece lo siguiente:
“ 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
Como expresé anteriormente, el fanatismo nubla el raciocinio. La norma transcrita, de obligatorio cumplimiento por parte de los países firmantes, fue subrayada en aspectos fundamentales que, bajo cualquier análisis, se han violado en su contenido, al igual que nuestra Carta Magna. Por coincidir en su esencia con nuestra Constitución, son inexplicables e inaceptables los argumentos incoherentes y complacientes esgrimidos por algunos funcionarios públicos, que rechazan el trabajo de la Comisión sin recordar que esa misma norma está en nuestra Constitución.
Además y para rematar, causa repulsión ver como esa misma norma internacional ahora vetada, fue alegada en forma extremadamente rápida e interesada por el TSJ venezolano cuando ocurrió la detención del General Carvajal en Aruba, tal como se evidencia en sentencia del 25 julio del 2014, número 937, Expediente 14-0770 que aquí me permito citar:
“Que es por ello, que pretender mantenerlo privado de su libertad constituye la violación de sus Derechos Humanos, y a tenor de los establecido en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe ser inmediatamente puesto en libertad, ya que la ‘prisión preventiva’ de las personas, no es ni debe constituir la regla, como se dijo anteriormente, en el caso que nos ocupa el referido sujeto no está notificado de proceso alguno en su contra, por lo tanto no está justificada a la luz de los instrumentos internacionales su detención”.
Es decir, aquí se aplica acomodaticiamente aquello del pavo y la pava. Estas contradicciones no pueden ser obviadas en el análisis por personas serias que se consideren respetables y respetuosos de nuestra Constitución. Sinsentidos como los revisados socavan la existencia del propio Estado en el concierto de naciones, al alegar a todo gañote un supuesto intervencionismo, que como vimos no es tal, y que generan más divisiones y enfrentamientos innecesarios para nuestra nación.
El balón está en la cancha de aquellos que crean que estoy equivocado en estas apreciaciones. Espero seriedad en sus planteamientos a los que se atrevan a hacerlos.
Dr. Ángel Alberto Bellorín.
Publicado por Angel Alberto Bellorín en 17:11 No hay comentarios: