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Timestamp: 2018-01-23 13:42:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 60', 'artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 24', 'artículo 21']

BOC - 2013/108. Viernes 7 de Junio de 2013 - Anuncio 3004
2013/108. Viernes 7 de Junio de 2013
BOC Nº 108. Viernes 7 de Junio de 2013 - 3004
3004 Secretaría General Técnica.- Resolución de 28 de mayo de 2013, por la que se dictan instrucciones relativas al procedimiento y a los criterios mínimos de valoración para la acreditación provisional de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad que se encuentren actualmente en funcionamiento y los trámites administrativos que deben sustanciarse en el Servicio de Inspección y Registro de Centros al amparo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 67/2012, de 20 de julio.
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BOC-A-2013-108-3004. Firma electrónica - Descargar
El Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias señala en su Disposición Transitoria Primera, que los centros y servicios de titularidad privada no incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para personas mayores y sus normas de régimen interno, y que a la entrada en vigor del citado Decreto se encuentren en funcionamiento como centros o servicios dirigidos a personas con discapacidad, dispondrán de cinco años contados desde la entrada en vigor del presente Decreto para adecuarse a este y al reglamento que aprueba.
Por otra parte, la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE nº 303, de 17 de diciembre), en su Acuerdo Octavo, señalaba igualmente que las Comunidades Autónomas articularán las fórmulas de habilitación provisional de los centros, servicios y entidades, hasta tanto dictaran las nuevas normas sobre acreditación adaptadas a aquellos criterios [...]. Esta previsión, efectivamente, se formalizó con la Orden de 8 de septiembre de 2009, de la extinta Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, por la que se establece el procedimiento de habilitación provisional de centros, servicios y entidades privados, para la atención a personas en situación de dependencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 182, de 16 de septiembre), si bien, dicha norma departamental no incluyó en sus previsiones a los centros y servicios de atención a personas con discapacidad que no se encontraran en situación de dependencia.
Pues bien, respecto de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad que se encuentren en situación de dependencia, dispone el apartado 4 de aquella Disposición Transitoria Primera del Decreto 67/2012, de 20 de julio, que dentro del plazo de cinco años previsto en el apartado 1, estos centros y servicios podrán obtener una acreditación provisional que adquirirá carácter definitivo desde el momento en que se justifique la adecuación a las condiciones y requisitos previstos reglamentariamente. A tal efecto, serán de aplicación las previsiones contenidas en la Orden de 8 de septiembre de 2009, de la anterior Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, por la que se establece el procedimiento de habilitación provisional de centros, servicios y entidades privados, para la atención a personas en situación de dependencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permanecerá en vigor en los términos previstos en la disposición derogatoria del citado Decreto.
Por tanto, aquellos centros o servicios dirigidos a personas con discapacidad en situación de dependencia que se hallaren en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias a la fecha del 14 de agosto de 2012, momento de la entrada en vigor del citado Decreto 67/2012, de 20 de julio, podrán obtener dicha acreditación provisional, y para ello, disponen del plazo de cinco años contados desde la entrada en vigor de dicho Decreto, es decir, de un plazo hábil hasta el 14 de agosto de 2017. Esta previsión transitoria se halla exclusivamente pensada para los centros de atención a la discapacidad, por lo que no se verá afectada por la derogación de la Orden de 8 de septiembre de 2009, prevista para el 14 de agosto de 2015, pues dicha derogación solo afectaría a las habilitaciones provisionales de los centros, servicios y entidades privados de atención a personas mayores en situación de dependencia, pues en dicha disposición general de 2008 expresamente se excluían de su aplicación a los centros y servicios de atención a personas mayores que no estuvieran en situación de dependencia por razón de su discapacidad, según se señala en el artículo 1, apartado 4 de la misma.
En el marco jurídico descrito y con el ámbito transitorio señalado, se dictan, pues, las presentes instrucciones a fin de conciliar los requisitos de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 67/2012, de 20 de julio, con los señalados en la Orden de 8 de septiembre de 2009, en orden a fijar el procedimiento y la valoración de los requisitos necesarios para obtener la acreditación provisional de los centros y servicios privados de atención a las personas con discapacidad, y por ende, para facilitar el registro de los mismos y el ejercicio de la potestad inspectora que le corresponde ejercer a esta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, cuya competencia radica en la Secretaría General Técnica a través del Servicio de Inspección y Registro de Centros con el auxilio de la Oficina Técnica del Departamento.
Por su parte, el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias establece que los órganos departamentales, en el ámbito de atribuciones que les sea propio, podrán dictar instrucciones y directrices a los órganos y unidades que dependan funcionalmente de los mismos. En ese caso, las instrucciones son obligatorias para sus destinatarios en todos sus elementos.
Por último, el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En el presente caso, razones de interés público por afectar a derechos e intereses de terceras personas aconsejan la publicación de las presentes instrucciones en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con las competencias otorgadas por el Decreto 2/2013, de 10 de enero,
Único.- Aprobar las siguientes instrucciones relativas al procedimiento y a los criterios mínimos de valoración para la acreditación provisional de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad en situación de dependencia.
Primera.- Objeto de las Instrucciones.
Las presentes Instrucciones tienen por objeto establecer el procedimiento y fijar los criterios en relación a la acreditación provisional de centros y servicios de titularidad privada de atención a las personas con discapacidad en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se hallaren en funcionamiento a la fecha de entrada en vigor del Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, para el ejercicio de las facultades que le corresponden a este Centro Directivo dentro de los procedimientos de acreditación, registro e inspección de los citados centros y servicios, por mandato del Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
A estos efectos, los servicios de la Oficina Técnica del Departamento y el Servicio de Inspección y Registro de Centros, a quien van dirigidas las presentes Instrucciones, verificarán las condiciones que afecten a los aspectos estructurales de los centros y a los aspectos funcionales de los centros y servicios, así como a la salud o seguridad de las personas usuarias de estos centros.
Segunda.- Datos y documentos exigibles.
1. Los datos y documentos que se exijan a los titulares de los centros y servicios de atención a la discapacidad para formalizar las solicitudes de acreditación provisional, serán los siguientes:
a) La solicitud de acreditación provisional, según modelo similar al establecido en el anexo de la Orden de 8 de septiembre de 2009, será formulada por el titular o representante legal del centro, servicio o entidad y se dirigirá a la Secretaría General Técnica (Servicio de Inspección y Registro de Centros). Se utilizará el modelo normalizado A2 que se puede descargar del siguiente enlace web:
http://www.gobiernodecanarias.org/tramites/descargas/3234/3234_20130404_0300_Solicitud_Acreditacion_Provisional_3234.pdf.
b) La solicitud deberá ir acompañada de copia compulsada del documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación que ostente.
En el caso de que ya no obrara en poder de la Administración en el momento de presentar la solicitud para el procedimiento de acreditación provisional, además, se deberá acompañar la siguiente:
c) En el caso de los centros, se aportará póliza de seguros con la cobertura establecida en el artículo 11, apartado g) del Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio. Los servicios no están obligados a presentar dicha póliza por no exigirlo así el Reglamento, si bien, si disponen de la misma, podrán presentarla voluntariamente.
2. En todo caso, la memoria explicativa señalada en la letra a) del epígrafe B) que adjunte a la solicitud, deberá contemplar, además, todos aquellos aspectos que dispone el anexo de la Orden de 8 de septiembre de 2009, completando los requisitos y demás requerimientos exigidos en su Disposición Adicional Única, y si procediese, lo señalado en el apartado c), si se tratase de un centro o servicio residencial o de atención diurna.
Tercera.- Procedimientos de acreditación provisional.
1. En todo caso, para la acreditación provisional seguirá el procedimiento excepcional, por analogía, previsto en la Disposición Adicional de la Orden de 8 de septiembre de 2009, correspondiendo a esta Secretaría General Técnica realizar los actos de trámite que corresponda en la fase instructora del procedimiento y dictar la resolución de acreditación provisional, en los términos que la citada Orden atribuye a la extinta Viceconsejería competente en materia de asuntos sociales.
2. En el caso de los centros ocupacionales se aplicarán los requisitos de los centros de día, adaptándolos en función del tipo de usuario y los programas que se oferten.
3. La Comisión Técnica, a que se refiere el apartado 7 de la Disposición Adicional Única de la Orden 8 de septiembre de 2009, informará cada expediente y elevará propuesta de resolución motivada al titular de esta Secretaría General Técnica.
Cuarta.- Criterios de instrucción de los expedientes de acreditación provisional.
1. Las verificaciones o comprobaciones que se hagan de los documentos y datos declarados por los interesados deberán responder a criterios de eficacia y celeridad.
2. Para la verificación y comprobación de los aspectos técnicos exigidos, regirán los siguientes criterios aplicables en cada uno de los expedientes:
- Deberá primar la confianza legítima sobre los datos declarados por los interesados.
- Las verificaciones o comprobaciones de datos y documentos aportados por los interesados deberán justificarse en razones objetivas determinantes de su necesidad.
- En caso de dudas o lagunas normativas, para dichas comprobaciones, se aplicarán por analogía, los requisitos de acreditación comunes a todos los centros y servicios y los específicos por tipología de servicios y centros previstos en los artículos 14, 15, 16 y 17 del Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio.
- En su incorporación a la red de centros y servicios se tendrán en cuenta de manera especial los correspondientes al Tercer Sector, de acuerdo con la previsión del artículo 16, apartado 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Para ello, se valorará como factor favorable a aquellos centros o servicios en los que colaboren de forma solidaria los ciudadanos con las personas en situación de dependencia, a través de la participación de las organizaciones de voluntarios y de las entidades del tercer sector.
3. Para emitir informe sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos de cada expediente, los servicios técnicos de la Secretaría General Técnica tendrán en cuenta los criterios mínimos de valoración señalados en los anexos I y II de esta Resolución.
4. De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 67/2012, de 20 de julio, será factible una acreditación temporal parcial, en cuyo caso, el cumplimiento de los requisitos de acreditación provisional se exigirá respecto de aquellas instalaciones o servicios que constituyan física y funcionalmente una unidad diferenciada destinada específicamente a personas dependientes.
Quinta.- Resolución de los procedimientos.
1. A la vista del informe-propuesta del Servicio de Inspección y Registro de Centros, y con el informe de la Comisión a que se refiere la instrucción Tercera, apartado 3, las resoluciones de cada procedimiento se dictarán y notificarán a las personas solicitantes, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Secretaría General Técnica.
Dicha comisión de estudio de los expedientes estará integrada por el personal técnico que se designe del Servicio de Inspección y Registro de Centros, de la Oficina Técnica y de los Servicios de Dependencia I y II, junto a las personas nombradas por el Servicio Canario de la Salud.
Su composición sería la siguiente:
El presidente, el Jefe del Servicio de Inspección y Registro de Centros, y suplente, un jefe de sección que designe de su Servicio.
Un titular y suplente de los Servicios de Dependencia I y II.
Un titular y suplente que se designe por el Servicio Canario de la Salud.
Un titular y suplente de la Sección de Programas Sociosanitarios.
Un titular y suplente de la Oficina Técnica.
Actuará como secretario y su suplente, un empleado público adscrito al Servicio de Inspección y Registro de Centros.
Sexta.- Vigencia de la acreditación provisional.
1. La acreditación provisional que en su caso se otorgue a los centros o servicios de atención a personas discapacitadas en situación de dependencia se otorgará por un período temporal que a todos los efectos concluirá el 14 de agosto de 2017.
2. Si llegada esa fecha, los centros y servicios acreditados provisionalmente justifican cumplir las condiciones y requisitos previstos en el Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio, podrán obtener la acreditación definitiva, sin perjuicio de las dispensas que en cada caso se les pudieran reconocer de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento.
Séptima.- Publicación oficial.
Para general conocimiento y por afectar a derechos e intereses de terceras personas, ordenar la publicación de las presentes instrucciones en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2013.- El Secretario General Técnico, Francisco Hernández Padilla.
CRITERIOS MÍNIMOS SOBRE CONDICIONES FÍSICAS O ARQUITECTÓNICAS PARA ACREDITACIÓN PROVISIONAL PARA CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Los centros dispondrán de Certificados de las Instalaciones Eléctrica, de Gas y de Medidas de Protección contra Incendios, cuando sean de nueva construcción y cuando no lo sean dispondrán de Certificados de Revisiones Periódicas, según la normativa vigente, de las tres instalaciones mencionadas.
Los centros dispondrán de un Manual de Autoprotección implantado, según establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Los centros serán accesibles desde la vía pública hasta cada una de las dependencias de uso común o convivenciales y tendrán al menos un aseo accesible en cada núcleo de aseos, próximo a las zonas comunes. El diez por ciento de los dormitorios de los centros residenciales será accesible.
El cálculo del número de plazas de los centros de día se hará tomando como referencia 8 m de superficie útil por usuario. Cuando haya plazas de día en residencias, se sumarán las superficies útiles de los espacios comunes para el desarrollo de actividades convivenciales y talleres, utilizados tanto por los residentes como por los usuarios de día, de la superficie resultante se descontarán los metros cuadrados necesarios para las plazas residenciales, y la superficie restante podrá ser usada por las plazas de día.
Se debe disponer de salas o talleres suficientes para las actividades que se desarrollen según el número de usuarios, estableciendo una proporción de 8 m de superficie útil por usuario, así mismo se deberá disponer de aseos accesibles diferenciados por sexos.
Las viviendas tuteladas y los hogares funcionales deben cumplir la normativa de habitabilidad vigente en el momento que se construyó la edificación que los alberga.
Criterios mínimos de valoración sobre aspectos funcionales para la Acreditación Provisional de Centros y Servicios de atención a personas dependientes en razón de los distintos tipos de discapacidad que estuvieran en funcionamiento a la entrada en vigor del Decreto 67/2012, de 20 de julio (BOC nº 158, de 13 de agosto).
Todos los centros y servicios para su acreditación provisional, al amparo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 67/2012, de 20 de julio, deberán disponer de los siguientes documentos y cumplir los siguientes requisitos mínimos:
1. Organigrama de funcionamiento del centro o servicio.
2. Reglamento de Régimen Interno, que incluya al menos derechos y deberes de los usuarios en los centros y servicios y órganos de participación. Asimismo, las normas de convivencia en el caso de los centros.
3. Plan General de Intervención. Es un documento en el que deben enmarcarse tanto los diferentes servicios ofertados por el centro o servicio por parte de los distintos profesionales que lo integran, como los programas específicos de intervención con los usuarios.
4. Hojas de quejas, reclamaciones y sugerencias de las personas usuarias.
5. Plan de Gestión de Calidad, que incluya el mapa de procesos, procedimientos y protocolos de actuación, referidos al usuario y a la familia, a los servicios, a los recursos humanos, e indicadores mínimos asociados. Como mínimo deberán disponer de protocolos en los siguientes términos:
Los protocolos identificarán los profesionales que han de realizar la tarea concreta, modo de asignar y ejecutar de manera correcta y frecuencia, así como las correspondientes hojas de registro de dichas tareas. Inicialmente, valdría el compromiso del titular de la solicitud en el que hace constar que van a implantar un Plan de Gestión de Calidad.
6. Protocolo de suministro de información a la Administración, que incluya, al menos, lo señalado en el artículo 21 del Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012.
7. Carta de Servicios, que exprese las prestaciones que ofrece y los compromisos con las personas en situación de dependencia y sus familiares en su caso.
8. Modelo de expediente personal del usuario, que incluya como mínimo una ficha personal, para el seguimiento de la evolución y que contenga el consentimiento informado.
9. Programa de atención individual. Se deberá tener elaborado el Programa de atención individual que recoja los objetivos, plan de trabajo interdisciplinar e intervenciones así como la evaluación de los resultados en cuanto a mejora de su calidad de vida.
10. Consentimiento informado, para el acceso al centro o servicio, resolución administrativa que lo autorice o resolución judicial que lo disponga.
11. Registro de personas usuarias. Como mínimo que el registro de usuarios recoja como el nombre, apellidos, D.N.I. o documento que lo sustituya, grado de dependencia, fecha y motivo de alta y baja.
12. Seguro de Responsabilidad civil. Todos los centros deberán contar con Póliza de seguro en vigor que cubra las responsabilidades civiles en que pudieran recaer y cualquier tipo de riesgo que pueda ser ocasionado a los usuarios o a terceros por la realización de sus servicios o por las contingencias derivadas de las instalaciones o el funcionamiento de los centros o servicios, con las coberturas y cuantías indicadas en el Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012.
13. Servicios obligatorios para centros de atención a dependientes (anexo I del Reglamento).
Ver anexo en la página 15005 del documento Descargar
14. Programas exigidos para Centros.
Ver anexo en las páginas 15005-15006 del documento Descargar
15. Programas exigidos para Servicios.
Ver anexo en la página 15007 del documento Descargar
Para el servicio de Teleasistencia se deberá cumplir como mínimo los apartados a), b), c) y d) del Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012, para el funcionamiento de este servicio.
Para el Servicio de ayuda a domicilio se deberá cumplir como mínimo con los apartados 2.a) y 3 del Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012, para el funcionamiento de este servicio.
16. Protocolos de atención.
Ver anexo en la página 15008 del documento Descargar
Al menos se deberán disponer del 50% de estos programas, valorando cada tipo de recurso de forma individualizada.
17. Contar con la autorización sanitaria, o documento administrativo que le sustituya, para elaborar y/o servir comidas. En su defecto, acreditación de la solicitud registrada en el Servicio Canario de la Salud.
18. Plantillas de personal.
Los centros deberán cumplir como mínimo con las siguientes ratios de personal según su tipología.
a) Ratio global habilitación corregida según el Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012.
Ver anexo en la página 15009 del documento Descargar
En el caso de usuarios que aún no tuvieran reconocido el grado de dependencia, se aplicarán, a efectos de exigencia de ratios de personal, la siguiente equivalencia con el baremo para necesidad de atención a tercera persona (NATP):
De 15 a 29 puntos: Grado 1 de dependencia.
De 30 a 44 puntos: Grado 2 de dependencia.
De 45 a 72 puntos: Grado 3 de dependencia.
Para usuarios reconocidos en el Grado I y no dependientes que pudieran coexistir en los centros, la ratio de personal se ajustará a la baja.
b) Dirección del centro o servicio: deberá tener titulación universitaria o poseer tres años de experiencia debidamente acreditada y, en todo caso, formación complementaria en áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia.
Inicialmente será suficiente aportar un compromiso de formación complementaria con un mínimo de 300 horas, dando un plazo hasta fin de 2015 para acreditarlo.
c) Requisitos de personal con titulación universitaria (anexo I punto 6). Se dispondrá al menos de un titulado universitario en áreas relacionadas con la promoción de la autonomía personal y funcional.
d) Ratios de cuidadores/gerocultores o similar adaptada según el Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012.
Ver anexo en la página 15010 del documento Descargar
En el caso de usuarios que aún no tuvieran reconocido el grado de dependencia, se aplicarán, a efectos de exigencia de ratios de personal, la siguiente equivalencia con el baremo para NATP:
e) Cualificación de los cuidadores o auxiliares. Los cuidadores o similares deberán disponer de alguno de los títulos de Formación Profesional "Técnico en cuidados auxiliares de enfermería", "Técnico en atención sociosanitaria", o el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en domicilio, según el caso, en el porcentaje que se indica más abajo.
En el caso de que se trate de la atención a discapacitados, además de lo anterior, también podrán acreditar técnico superior en integración social o titulación oficial de técnico o técnico superior en la especialidad adecuada al programa/s ocupacionales que desarrollen los centros.
Deberán contar con Técnicos de animación sociocultural (TASOC) u otra especialidad relacionada con los programas que se desarrollen en el centro (anexo I).
Estos porcentajes se podrán reducir en un 50% si se acredita que no hay demandantes de empleo en la zona que reúnan los requisitos. Esto no será aplicable a partir de 2015 siempre que se haya desarrollado el sistema de acreditación de la experiencia profesional previsto legalmente para la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad.
f) Planes de formación. Se deberán elaborar y desarrollar planes de formación para todos los trabajadores. La formación impartida deberá ser adecuada a los puestos de trabajo desempeñados a fin de facilitar la homologación o el acceso a las cualificaciones estipuladas en el Reglamento aprobado por el Decreto 67/2012. Inicialmente, será suficiente presentar un compromiso de elaboración de dichos planes, dando un plazo hasta final de 2015 para su acreditación.