Source: https://vlexvenezuela.com/vid/heemsen-interpone-suspension-fecha-406605494
Timestamp: 2020-02-21 05:04:44
Document Index: 374797638

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 115', 'artículo 18', 'artículo 236', 'artículo 115', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 11', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 106', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 5']

Sentencia nº 01362 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Noviembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 406605494
Número de Expediente: 2012-1251
MAGISTRADA PONENTE: E.M.O. EXP. Nº 2012-1251
Mediante escrito presentado en fecha 9 de agosto de 2012 los abogados A.H.V., L.O.Á. y J.C.O.B., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.144, 55.570 y 117.791, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SUCESIÓN HEEMSEN, C.A., inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal el 11 de septiembre de 1944, Asiento N° 2.086, cuya última modificación estatutaria fue inscrita en fecha 27 de septiembre de 2011 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el N° 41, Tomo 250-A SDO de los libros de dicho Registro; interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, contra el Decreto Presidencial N° 8.838 de fecha 13 de marzo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 de la misma fecha, por el cual “se afectan los bienes muebles e inmuebles, así como las bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado La Salina, ubicado en el Municipio Puerto Cabello”.
El 14 de agosto de 2012 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de decidir sobre la admisibilidad del recurso de nulidad y la acción de amparo.
En fecha 18 de septiembre del mismo año los abogados A.H.V., L.O.Á. y J.C.O.B., antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la actora, presentaron escrito de reforma del recurso de nulidad incoado.
El 20 de septiembre de 2012, el abogado J.C.O.B., apoderado judicial de la parte actora, consignó el documento que acredita la propiedad de la Sucesión Heemsen, C.A. sobre el terreno objeto de expropiación.
En esa misma fecha, el mencionado abogado sustituyó apud acta el poder que le fue conferido por la referida sucesión, en los abogados J.L., Catherina Gallardo, Aaron Cohen, Julimar Sanguino y M.R., inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 144.603, 137.383, 173.055, 110.679 y 173.220, respectivamente.
El 16 de octubre de 2012, la abogada Catherina Gallardo, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil recurrente, consignó copia certificada del documento que acredita la propiedad de la actora sobre el terreno objeto de expropiación.
En la oportunidad para decidir pasa la Sala a hacerlo, previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:
Mediante escrito presentado en fecha 9 de agosto de 2012, reformado el 18 de septiembre del mismo año, los abogados A.H.V., L.O.Á. y J.C.O.B., actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Sucesión Heemsen, C.A., interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, contra el Decreto Presidencial N° 8.838 de fecha 13 de marzo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 de la misma fecha, por el cual “se afectan los bienes muebles e inmuebles, así como las bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado La Salina, ubicado en el Municipio Puerto Cabello”.
En su escrito, los apoderados actores manifiestan que su representada es propietaria de un lote de terreno de aproximadamente 6.909.200,00 metros cuadrados, ubicado al Noroeste del Municipio Puerto Cabello, Estado Carabobo, entre el Distribuidor El Palito y la Urbanización Cumboto, el cual antiguamente formaba parte de la denominada “Hacienda La Salina”.
Afirman que el mencionado terreno constituye un área de resguardo o protección para una gran cantidad de especies vegetales y animales.
Exponen que mediante la Resolución dictada el 2 de noviembre de 1982 por el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.042 del 8 de noviembre del mismo año, se estableció el Plan Rector de Desarrollo Urbano para el Área Metropolitana de Puerto Cabello y Morón, Distrito Puerto Cabello y Mora del Estado Carabobo, según el cual los terrenos integrantes de la antigua “Hacienda La Salina” tendrían asignada la zonificación ND-2, esto es, Nuevos Desarrollos de Densidad Media, a los fines de ejecutar Conjuntos Residenciales, con una densidad bruta de 150 a 250 habitantes por hectárea.
No obstante, agregan que en el mismo Plan se prevé que el referido uso “…dependerá de las condiciones de desarrollo que se establezcan en el Plan de Desarrollo Urbano Local” y que “…Las Áreas en proceso de urbanización o construidas se regirán por las respectivas autorizaciones para urbanizar que hayan sido otorgadas por las autoridades competentes”.
Sostienen que en el oficio N° 074/10 del 1° de marzo de 2010, el Jefe de División de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Puerto Cabello estableció que“…la Zonificación de dichos terrenos es: NDR-RT,3 = Nuevos Desarrollos Residenciales, Recreacionales y Turísticos, con Categoría 3, con una Densidad de hasta 200 Hab/Ha…”, lo cual fue ratificado mediante los actos dictados por la Dirección Estatal del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda del Estado Carabobo bajo los Nos. DE-EC-DPI-N° 00635 y DE-EC-DPI-N° 00286 de fechas 16 de diciembre de 2009 y 28 de junio de 2010, respectivamente, relativos al Proyecto de Plan de Ordenación Urbanística del Área Metropolitana de Puerto Cabello-Morón.
Resaltan que tanto el mencionado oficio N° 074-10 como el Proyecto de Plan de Ordenación Urbanística, acogen la propuesta contenida en un Plan Especial denominado Plan de Desarrollo Las Salinas, que fue presentado ante las autoridades del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y que “…tiene validez conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística…”.
Expresan que el referido Plan de Desarrollo Las Salinas contemplaba la ejecución de obras residenciales y recreacionales en el sector, centros deportivos, establecimientos de salud, zonas de comercio independiente, un aeroclub, una marina, instalación de industrias de servicios, áreas verdes y de protección, conservando el valor paisajístico y el equilibrio ambiental.
En la ejecución del mencionado Plan, alegan haberse construido en el extremo suroeste de los terrenos, en un área aproximada de 49,78 hectáreas, el “Parque Residencial Vista Mar”, que es un complejo con más de 1.200 unidades de vivienda para la clase media baja, actualmente habitadas, incluyendo parcelas educacionales, comerciales, deportivas y áreas verdes, lo que, en definitiva, pone de manifiesto la clara vocación urbanística de los terrenos para “…la consolidación de la ‘ciudad’ mediante la construcción de viviendas y de equipamientos urbanos…”.
Denuncian que mediante el Decreto N° 8.838 del 13 de marzo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 de la misma fecha, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ordenó la expropiación de 6.435.961,32 metros cuadrados de terreno que conforman el inmueble propiedad de su representada, así como los bienes muebles existentes en dicho terreno, a los fines de construir la obra “Nueva Terminal de Contenedores de Puerto Cabello”.
Indican que a pesar del objeto del Decreto, su mandante participó en la fase del arreglo amigable celebrada el 17 de mayo de 2012 en la sede de la Procuraduría General de la República, con la participación de representantes de ese órgano y de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, a cargo del cual se encuentra la ejecución del aludido Decreto expropiatorio.
Señalan que luego de haberse designado a los respectivos miembros de la Comisión de Avalúos, le fue entregada a su representada un Acta de Arreglo Amigable contentiva, a su decir, de los supuestos acuerdos alcanzados durante la reunión celebrada el 17 de mayo de 2012.
Manifiestan no haber estado de acuerdo con algunas de las cláusulas previstas en la referida Acta, habida cuenta que implicaban la renuncia tácita de cualquier acción judicial destinada a impugnar la legalidad del Decreto expropiatorio y la ocupación “anticipada” del inmueble y sus bienhechurías, por lo cual solicitaron la modificación de dichas cláusulas.
Aducen que la mencionada solicitud fue rechazada tanto por la Procuraduría General de la República como por el Ministerio encargado de la ejecución del aludido Decreto, informándosele a su representada que de negarse a firmar el Acta de Arreglo Amigable, se pondría fin a esa fase y se procedería a tramitar la solicitud judicial de expropiación.
Afirman que en fecha 6 de junio de 2012 se presentaron en los terrenos integrantes de la “Hacienda La Salina”, funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Aéreo y Acuático, acompañados de supuestos empleados de la empresa “China Harbour Engineering Company”, a la cual se le encomendó la construcción de la obra objeto del Decreto, a los fines de realizar una inspección en el predio, sin haberle sido informado a su poderdante la existencia del proceso judicial de expropiación.
Expresan que el 30 de julio de 2012 su mandante tuvo conocimiento de que cursa ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo un expediente en el que se tramita una solicitud de “medida cautelar anticipada de ocupación como posesión o uso”, formulada por la representación de la República, la cual fue acordada por la mencionada Corte en sentencia N° 2012-1000 del 4 de ese mismo mes y año, sin que en ningún momento le fuera notificada a su mandante.
Exponen que el fundamento de la medida acordada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, es la existencia de elementos suficientes para presumir que “…en los actuales momentos es de urgente necesidad la ocupación, posesión y uso por parte de la República Bolivariana de Venezuela de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías [de la recurrente] para garantizar la necesidad de materializar acciones que coadyuven en la reconstrucción económica y social del país…”.
Sostienen haberse opuesto a la referida medida, sin que hasta el momento de interponer la presente acción, dicha oposición haya sido decidida.
Denuncian la violación del principio de proporcionalidad pues -a su decir- el Decreto de expropiación ordena la adquisición de la totalidad de los terrenos de su representada, pese a que la ejecución del proyecto requiere una porción menor, lo que contraría la correspondencia que debe existir entre la causa expropiandi y los bienes y derechos a ser expropiados.
Indican que la expropiación ordenada en el mencionado Decreto no está destinada al fin de utilidad pública que debería perseguir, habida cuenta que los terrenos objeto de la expropiación no son idóneos, ni aptos para la edificación de instalaciones portuarias sino para urbanismos, conforme al uso que les fue asignado por el Plan Rector de Desarrollo Urbano para el Área Metropolitana de Puerto Cabello y Morón, Distrito Puerto Cabello y Mora del Estado Carabobo de 1982.
Igualmente denuncian el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 7 numeral 2 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, al no contener el Decreto expropiatorio las razones por las cuales es “indispensable” dicha medida. Igualmente afirman, que de acuerdo a la información divulgada por las autoridades, los terrenos a expropiar tienen una superficie mayor a la necesaria para construir el nuevo terminal de contenedores del Puerto Marítimo de Puerto Cabello.
Aluden al impacto que generaría la expropiación en el presupuesto de la República, señalando que en términos de racionalidad económica, la expropiación de más de 6.200 hectáreas en exceso no es una alternativa razonable para satisfacer el interés público perseguido con la expropiación.
Manifiestan que al ordenar la expropiación de una gran extensión de terreno, la República no ponderó adecuadamente la protección de otros intereses constitucionalmente protegidos, tales como la conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente y, la ordenación territorial y urbanística.
Alegan que el Decreto N° 8.838 es de inconstitucional e ilegal ejecución pues los terrenos de su mandante no son expropiables tomando en consideración que el fin de la medida es la construcción de un terminal de contenedores de puerto marítimo, lo que contraría lo previsto en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el principio de precaución ambiental consagrado en el artículo 4 numeral 3 de la Ley Orgánica del Ambiente.
Señalan que la ejecución de la expropiación causaría graves daños a las zonas ambientales existentes en los terrenos, protegidas tanto por la Constitución como por la referida Ley.
Agregan que el Plan Rector de Desarrollo Urbanístico para el Área Metropolitana de Puerto Cabello Morón, Distrito Puerto Cabello y Mora del Estado Carabobo permite la ejecución de proyectos habitacionales con la premisa de que estos deben integrarse con las áreas verdes y de conservación.
Denuncian, asimismo, la violación de los artículos 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 3, 16 numeral 4, 46, 66 y 69 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio; 3, 4, 5, 7 y 16 numeral 4 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística; y “183 de la Ordenanza de Zonificación del Distrito Sucre” y afirman que en el supuesto negado de que la expropiación del inmueble de su mandante fuere compatible con la legislación ambiental, la expropiación es de ilegal ejecución.
Manifiestan que “…Mal puede el Ejecutivo Nacional pretender expropiar los terrenos pertenecientes a [su] representada sin demostrar, (…), que existe algún acto de efectos generales que derogue o modifique válidamente el [mencionado] Plan Rector de Desarrollo…” (Subrayado del texto).
Señalan que la referida modificación debería someterse a los requisitos de consulta, información y aprobación previstos en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y que además deberían establecerse los servicios públicos que la zonificación exija.
Denuncian la violación del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 115 del Texto Constitucional por la imposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República y del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Terrestre, de cláusulas en el Acta del arreglo amigable, las cuales implican “(i) la renuncia tácita de cualquier derecho a recurrir el Decreto expropiatorio; y (ii) la tolerancia de medidas de ocupación sin alguna clase de límites temporales y/o materiales”.
Igualmente, denuncian la violación del principio de participación ciudadana, consagrado en los artículos 62 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , en concordancia con lo previsto en los artículos 10 numeral 5 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, 4 numeral 8 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y 4 de la Ley Orgánica del Ambiente, e indican que la ejecución de la obra no fue consultada con alguna autoridad local u organización del sector pese a que conlleva a la “virtual” derogación del Plan Rector de Desarrollo Urbano para el Área Metropolitana de Puerto Cabello y Morón, Distrito Puerto Cabello y Mora del Estado Carabobo, y “…una modificación integral de la realidad urbanística del sector, lo que afecta directamente a las comunidades aledañas…”. Agregan que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo acordó una medida anticipada de ocupación, posesión y uso sin proponer un mecanismo que facilitara el control de la ejecución de la obra y la participación de los sujetos afectados por ésta.
Alegan la violación del artículo 18 del Texto Constitucional toda vez que -a su decir- es un hecho público y notorio que el Presidente de la República no se encontraba en el país sino en la ciudad de La Habana, Cuba, para la fecha en la cual se dictó el Decreto de Expropiación.
Sostienen que el ordenamiento jurídico no permite que el Presidente de la República autorice su firma por medios mecánicos o electrónicos para la realización de actos presidenciales como lo es el “ejecútese” de un Decreto, y aún cuando ello fuese posible, no existe un decreto ejecutivo previo que permita la firma por los referidos medios, lo cual en todo caso, se reservaría para actos administrativos “frecuentes, reiterados y repetitivos”.
Resaltan el hecho de que el acto impugnado se dictó y publicó el mismo día, esto es, el 13 de marzo de 2012, lo cual -según afirman-“es imposible”.
Solicitan el decreto de un amparo cautelar a los fines de suspender el acto recurrido y señalan que el fumus boni iuris “…emana prístinamente de los argumentos de inconstitucionalidad e ilegalidad formulados precedentemente, desde que existen fundados y contundentes indicios de violación directa a los derechos fundamentales relativos a la propiedad privada y ambiente. Resulta claro (…), que el Presidente de la República, prevaliéndose de una causa de utilidad pública, como lo es la construcción de instalaciones portuarias, expropió áreas con vocación urbanística para la construcción de viviendas, sin medir las consecuencias que dicha expropiación acarrea para el disfrute de derechos fundamentales cuya protección ha sido declarada especialmente por el Legislador Nacional de utilidad pública e interés social”. Agregan que el periculum in mora se configura con la sola verificación del fumus boni iuris.
Subsidiariamente, piden una medida cautelar de suspensión de efectos del Decreto impugnado, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, e indican que el fumus boni iuris emana de los argumentos de inconstitucionalidad e ilegalidad denunciados, mientras que el periculum in mora deriva de la gravedad de la ejecución de dicho Decreto para su representada, la cual “…sufrirá una serie de perjuicios producto de la privación desproporcionada e ilegal de su derecho de propiedad…”, así como para la población del sector “…quienes se verán afectados por la alteración inconsulta y de facto del instrumento urbanístico de ordenación aprobado para su sector, con los consecuentes impactos sobre los servicios y la vialidad. Asimismo, existirán impactos irreversibles sobre el medio ambiente, en tanto se destruirán lagunas, humedales, manglares, y flora y fauna típica del lugar, y se producirán modificaciones radicales del entorno medioambiental…”.
Finalmente, solicitan se admita la presente acción, se decrete el amparo cautelar, se declare con lugar en la definitiva el recurso incoado y, en consecuencia, se anule, con efectos ex tunc, el Decreto N° 8.838 del 13 de marzo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 de esa misma fecha.
Mediante el Decreto N° 8.838 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 del 13 de marzo de 2012, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela afectó los bienes muebles, inmuebles y las bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado “La Salina”, perteneciente a la sociedad mercantil Sucesión Heemsen, C.A., para la ejecución de la obra “Nueva Terminal de Contenedores de Puerto Cabello”, y ordenó la adquisición forzosa de los referidos bienes, en los siguientes términos:
…Decreto N° 8.838 13 de marzo de 2012
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado Venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numeral 2 y 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo previsto en el artículo 115, ejusdem, en concordancia con lo establecido en los artículos 8° de la Ley General de Puertos; y 5° y 14 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, en C.d.M.,
Que el Estado Venezolano, a través de la empresa Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., en aras de consolidar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, llevará a cabo la ejecución del proyecto de Modernización y Ampliación del Puerto de Puerto Cabello, mediante la Construcción de la ‘Nueva Terminal de Contenedores de Puerto Cabello’ fuera de la bahía de Puerto Cabello, al oeste de la misma, con dos (2) atraques para buques portacontenedores Post-Panamax de hasta 70 Mil Toneladas de Peso Muerto (6.200 Teus) y capacidad de diseño de 700,000 Teus anuales, para lo cual, requiere de la disposición inmediata de un espacio estratégico que permita mejorar las condiciones de operación portuaria, y maximizar los días de operación, reduciendo los costos para la importación y exportación, lo que se traduce en bienestar para el pueblo,
Que en la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo, existe un lote de terreno denominado ‘La Salina’, ubicado en el Municipio Puerto Cabello, Parroquia J.J.F., que detenta un gran potencial para la ejecución del proyecto de la Construcción de la ‘Nueva Terminal de Contenedores de Puerto Cabello’, por cuanto constituye un área situada fuera de la zona urbana de la ciudad de Puerto Cabello, que permite la construcción de dos (2) muelles especializados para carga contenedorizada para el atraque de buque portacontenedores de hasta 70 Mil Toneladas de Peso Muerto, equipados con tecnología de última generación, adaptada a los nuevos diseños de los vehículos de transporte marítimo, con calado máximo 15,2 metros, ubicada frente a aguas abiertas, protegidas por un rompeolas de 736 metros de largo, lo cual, amplía la capacidad de maniobra de buques de mayor porte dentro de una amplia área que potencia y posibilita el desarrollo de una zona de logística para el apoyo de las operaciones.
Artículo 1°. Se afectan los bienes muebles e inmuebles, así como las bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado La Salina, ubicado en el Municipio Puerto Cabello de la ciudad de Puerto Cabello, Parroquia J.J.F.d. estado Carabobo, presuntamente perteneciente a la Sociedad Mercantil Sucesión Heemsen, C.A., requerido para la ejecución de la Obra: ‘Nueva Terminal de Contenedores de Puerto Cabello’, en consecuencia se ordena la adquisición forzosa de los mencionados bienes.
La referida obra, será ejecutada de conformidad con las disposiciones legales pertinentes; para lo cual, fue designado como ente ejecutor, la empresa del Estado Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo.
Los Bienes objeto de adquisición forzosa a los que refiere el encabezamiento del presente artículo, son los siguientes:
Un lote de terreno y todas las bienhechurías sobre él construidas, el cual consta de un área aproximada de Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Un Metros Cuadrados con Treinta y Dos Decímetros Cuadrados (6.435.961,32 m2), ubicado en el Municipio Puerto Cabello de la ciudad de Puerto Cabello, Parroquia J.J.F.d. estado Carabobo, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: desde el punto A-1A hasta el punto P-13D se sigue por la línea de costa en el M.C.; Oeste: desde el punto P-13-D hasta el punto P-13A, que comprende terrenos de PDVSA; Sur-Oeste: desde el punto P-13A hasta el punto P-12C que comprende terrenos pertenecientes a la urbanización Vista Mar y autopista Valencia-Puerto Cabello; Sur: desde el punto P-12C hasta el Punto P-8 que comprende terrenos del Aeropuerto General B.S.; Sur-Este: desde el punto P-8 hasta el punto P-5 que comprende terrenos pertenecientes al Centro Corporativo Caribe; y Este: desde el punto P-5 hasta el punto P-1A, que comprende terrenos de las empresas MMS, C.A., IMOSA y VOPAK. Dicho lote de terreno conforma una poligonal cerrada definida por coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercato, Huso 19, Datum SIRGAS-REGVEN.
Todos aquellos bienes muebles, que se encuentren dentro de las coordenadas indicadas en el numeral 1 del presente artículo, necesarios para la ejecución de la Obra: ‘Nueva Terminal de Contenedores de Puerto Cabello’.
Artículo 2°. Los bienes expropiados pasarán libres de cualquier gravamen o limitaciones al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.
Artículo 3°. Se califica de urgente realización la ejecución de la Obra: ‘Nueva Terminal de Contenedores de Puerto Cabello’, mediante el uso y aprovechamiento de los bienes indicados en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 4°. La Procuraduría General de la República iniciará y tramitará el procedimiento de expropiación previsto en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, hasta la transferencia del derecho de propiedad de los bienes indicados en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 5°. La Ministra o Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.
Artículo 6°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela…
. (SIC). (Resaltado del texto).
Precisado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos. A tal efecto, se observa:
En primer lugar debe señalarse, de acuerdo a la jurisprudencia pacífica de esta Sala, que cuando el recurso contencioso administrativo de nulidad es ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, medida de suspensión de efectos, estos últimos, es decir, la acción de amparo y la medida requerida subsidiariamente, se convierten en accesorios de la acción principal, en virtud de lo cual la competencia será determinada conforme a las reglas aplicables al recurso principal.
En el caso de autos, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Sucesión Heemsen, C.A., ejercieron un recurso contencioso administrativo de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra el acto de efectos particulares contenido en el Decreto N° 8.838 de fecha 13 de marzo de 2012 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 de la misma fecha, por el cual “se afectan los bienes muebles e inmuebles, así como las bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado La Salina, ubicado en el Municipio Puerto Cabello”, propiedad de la mencionada empresa, como bien lo determina el mencionado Decreto y lo afirma la parte actora en el escrito contentivo del recurso incoado.
El mencionado Decreto expropiatorio fue dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de las atribuciones conferidas, entre otras, en el artículo 5 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 5. El decreto de expropiación consiste en la declaración de que la ejecución de una obra requiere la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o varios bienes, o de parte de los mismos. Dicha declaración le corresponderá en el orden nacional, al Presidente de la República, en el orden estadal al Gobernador y en los municipios a los Alcaldes.
Ahora bien, a los fines de determinar la competencia de esta Sala para conocer el recurso interpuesto, se debe acudir a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que prevé lo siguiente:
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal. (Destacado de la Sala).
Dicha norma asimismo está reproducida en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Conforme a tales disposiciones, corresponde a esta Sala Político Administrativa el conocimiento de los recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros o Ministras.
De manera que, al tratarse el caso de autos de la impugnación de un Decreto de Expropiación dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Político Administrativa es la competente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, medida cautelar de suspensión de efectos. Así se declara.
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA EL TRÁMITE DEL AMPARO CAUTELAR
Como punto previo al pronunciamiento sobre la procedencia del amparo cautelar ejercido por la parte actora, resulta necesario reiterar en esta oportunidad algunas consideraciones en torno al procedimiento a seguir en la tramitación de las solicitudes de amparo formuladas conjuntamente con un recurso de nulidad, y en tal sentido cabe destacar que mediante sentencias Nos. 1.050 y 1.060 del 3 de agosto de 2011, esta Sala Político-Administrativa estimó que el trámite de las solicitudes cautelares en los procedimientos de naturaleza contencioso administrativa (con excepción de aquellas dictadas dentro del procedimiento breve) previsto en los artículos 103 y 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa “…no resulta el más idóneo para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva (…) tomando en consideración las exigencias de brevedad y no formalidad, contempladas en el artículo 26 [de la Constitución] para restablecimiento, de forma inmediata, de la situación jurídica infringida…”. Así pues, se advirtió que al estar vinculado dicho amparo a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, debe examinarse y decidirse de manera expedita (sin dilaciones indebidas), con el objeto de restablecer la situación jurídica que hubiere sido lesionada, conforme al principio de tutela judicial efectiva.
Por tal motivo, la Sala consideró necesario aplicar nuevamente el criterio por ella sostenido en la sentencia N° 402 del 20 de marzo de 2001 (caso: M.S.V.), antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, respecto al procedimiento que debía seguirse en los casos en que se solicitara un amparo constitucional conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de nulidad.
Así, se reiteró en los aludidos fallos Nos. 1.050 y 1.060 lo siguiente: i) cuando se interpusiere un recurso de nulidad conjuntamente con un amparo constitucional, este Órgano Jurisdiccional deberá pronunciarse provisionalmente sobre la admisibilidad de la acción principal con prescindencia del análisis de la causal atinente a la caducidad del recurso ejercido, debiendo resolver de forma inmediata la pretensión de amparo cautelar formulada; ii) de decretarse el amparo cautelar y oponerse la contraparte al mismo, deberá seguirse el procedimiento previsto en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y iii) en el supuesto de declararse improcedente el amparo cautelar requerido, se remitirá el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de que emita el pronunciamiento correspondiente a la caducidad como causal de inadmisibilidad del recurso principal.
En consecuencia, siguiendo el procedimiento que esta Sala ha aplicado en casos similares al de autos, en los que se ha interpuesto el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con una solicitud de amparo constitucional, esta M.I. admite provisionalmente el mencionado recurso cuanto ha lugar en derecho. Así se declara.
Artículo 8. Se declara de interés público la materia portuaria, El Ejecutivo Nacional tendrá a su cargo todo lo relativo a la elaboración de las políticas portuarias nacionales, y a la supervisión y control de todos los puertos y construcciones de tipo marítimo, fluvial y lacustre existentes o que se construyan en el territorio de la República, en los términos establecidos en esta Ley.
Artículo 14. Se exceptúan de la formalidad de declaratoria previa de utilidad pública las construcciones de ferrocarriles, carreteras, autopistas, sistemas de transporte subterráneo o superficial, caminos, edificaciones educativas o deportivas, urbanizaciones obreras, cuarteles, hospitales, cementerios, aeropuertos, helipuertos, los terrenos necesarios para institutos de enseñanza agrícola y pecuaria, las construcciones o ensanche de estaciones inalámbricas o conductores telegráficos; así como los sitios para el establecimiento de los postes, torres y demás accesorios de las líneas conductoras de energía eléctrica; acueductos, canales y puertos; los sistemas de irrigación y conservación de bosques, aguas y cualquiera otra relativa al saneamiento, ensanche o reforma interior de las poblaciones; la colonización de terrenos incultos y la repoblación de yermos y montes. Asimismo, las caídas de agua para instalación de plantas hidroeléctricas y construcciones anexas, únicamente en beneficio de la República, de los estados, del Distrito Capital, de los territorios federales y de los municipios, con el fin de proveer de fuerza y alumbrado eléctrico a sus poblaciones…
Una ley especial establecerá la unidad políticoterritorial de la ciudad de caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno.
Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabido abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad
Sobre la base de los principios de Estado democrático y social, establecidos en el artículo 2; y de soberanía, prefijado en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en su preámbulo, el cual ‘propugna un conjunto de valores que se supone que han de quedar reflejados en el texto en general, en la realización política, en el ordenamiento jurídico y en la actividad concreta del Estado’ (M.A. A.P.. Introducción al Sistema Político y Constitucional Español, Barcelona, Editorial Ariel, 7ma. Ed. 1994, pág. 55), donde se señala cono fin supremo ‘establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural’, surge el principio de participación , el cual informa a la estructura y la actuación del Estado y sirve al objetivo de legitimar al poder, así como también ‘da un nuevo contenido a la funcionalidad de la soberanía popular, principalmente mediante la multiplicación de centros de decisión pública en los que se incorpore la voluntad social’ (Tomás Font i Llovet, Algunas Funciones de la Idea de Participación. Revista Española de Derecho Administrativo n° 45, Enero-Marzo, Madrid, Editorial Civitas, 1985, págs. 45 y ss.).
Se trata de un derecho político (aparte del hecho de encontrarse en el Capítulo IV del Título III de la Constitución vigente, el cual se denomina ‘De los Derechos Políticos y del Referendo Popular’), pues considera al individuo en tanto que miembro de una comunidad política determinada, con miras a tomar parte en la formación de una decisión pública o de la voluntad de las instituciones públicas. Se trata, pues, de un derecho del ciudadano ‘en el Estado
, diferente de los derechos de libertad ‘frente al Estado’ y de los derechos sociales y prestacionales (cf. Carl Schmitt. Teoría de la Constitución. Madrid, Alianza, 1982, pág. 174).
DECISIÓN Sobre la base de los razonamientos expresados, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
- COMPETENTE para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y, subsidiariamente, medida cautelar de suspensión de efectos, por la representación judicial de la sociedad mercantil SUCESIÓN HEEMSEN, C.A., contra el Decreto Presidencial N° 8.838 de fecha 13 de marzo de 2012 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.882 de la misma fecha.
- ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.
- IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional cautelar ejercida.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales pertinentes. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
En catorce (14) de noviembre del año dos mil doce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01362.
Decisión de Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 27 de Junio de 2005
Decisión nº 265 de Tribunal Segundo de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Junio de 2007