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Timestamp: 2017-09-23 18:18:55
Document Index: 291061969

Matched Legal Cases: ['artículo 1101', 'artículo 1265', 'artículo 1124', 'artículo 1269', 'artículo 121', 'artículo 123']

'Dieselgate': segunda sentencia que reconoce una indemnización a favor del comprador · Noticias Jurídicas
04/01/2017 09:42:30 | Patricia Esteban | DAÑO MORAL
La sentencia del Juzgado de Instrucción nº 22 de Palma de Mallorca, de 9 de diciembre de 2016, es la segunda que estima parcialmente las pretensiones de un consumidor afectado por el caso 'dieselgate', y condena a los demandados (SEAT, del grupo Volkswagen, y la empresa comercializadora) a abonar conjuntamente 500 euros de indemnización por daños morales.
El juez considera que esta cuantía es proporcionada y equitativa, y vendría a paliar la "desazón, molestias y zozobra" sufridos por el propietario del vehículo que había solicitado una indemnización de 5.585,01 euros. Tampoco estima su pretensión de declarar nulo el contrato o resolverlo por incumplimiento de la obligación del vendedor.
Esta es la segunda sentencia que acoge favorablemente alguna de las peticiones de aquellos que han decidido acudir a los tribunales, si bien es cierto que la primera resolución, sentencia 291/2016 de 25 de octubre, del juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid,, establecía una cuantía indemnizatoria mucho más elevada: 5.006,5 euros, el 10% del precio del vehículo. En este caso el juez acudió a otro tipo de cálculo para resarcir la pérdida de confianza en el consumidor (bien de naturaleza intangible), que habría de valorarse a partir de un tanto por ciento del valor del vehículo.
Hasta el momento, el balance en tribunales es favorable a la firma automovilística afectada por el conocido "fraude de las emisiones", una práctica engañosa que utiliza un "software" destinado a manipular los niveles de emisión de partículas NOX para burlar los controles de homologación.
Un asunto difícil de probar máxime cuando, como se recoge en alguna de las sentencias, la elección de un motor diésel "no revela precisamente una extrema preocupación por cuestiones medioambientales".
La demanda es estimada en cuanto all derecho de la compradora a ser resarcida por los perjuicios que le haya ocasionado el incumplimiento contractual: se le entregó un vehículo cuyas características no se ajustaban a lo publicitado ni declarado por el vendedor y el fabricante (artículo 1101 del Código Civil). Pero ¿qué conceptos y en qué cuantía?
Si admite la compensación de los "daños morales", cuya cuantificación fija en 500 euros. Argumenta en su decisión que nada tiene que ver el precio del vehículo con la real "desazón, zozobra o molestias" sufridas por el comprador, y que, por tanto, no puede establecerse la cuantía atendiendo al valor del utilitario.
Ante la falta de demostración de "circunstancias especiales" que aminoren o aumenten estos daños, considera "equitativo y proporcionado" fijar la indemnización en 500 euros más intereses, cuantía de la que deben responder solidariamente los demandados.
Así, considera que el contrato ni es nulo ni debe resolverse, porque, según argumenta, el artículo 1265 y siguientes del Código Civil exigen un error esencial para que pueda determinar la nulidad del contrato, y esto no se ha demostrado en el presente caso; y porque conforme al artículo 1124 del Código Civil no se ha confirmado un incumplimiento esencial, siendo así que tampoco se ha demostrado que la instalación del software fraudulento afectase a la conducción del vehículo ni a las condiciones de seguridad del mismo.
Admite, no obstante, que la actuación del fabricante puede calificarse de una "artimaña" constitutiva de "maquinación insidiosa" (artículo 1269 CC), siendo una actuación dolosa que, sin embargo, no es esencial para poder declarar nulo el consentimiento prestado.
En cuanto a la resolución del contrato, el juez argumenta que según establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (artículo 121), la resolución procede cuando no se pueda exigir la reparación o la sustitución (o no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable) y califica la instalación del programa informático como una "falta de conformidad de escasa importancia". En cualquier caso, señala, la acción se ha extinguido por prescripción conforme al artículo 123.4 de la Ley de defensa de los consumidores.
El juez toma en cuenta un informe pericial, basado en las comprobaciones de la policía judicial en el curso del procedimiento penal abierto, que valora por su imparcialidad, y que dice que no se ha detectado que la eliminación del software suponga perjuicio alguno en el funcionamiento posterior del automóvil. Este es un punto controvertido pues la sentencia admite que "los agentes reflejan ciertas diferencias" que entran "dentro del margen de error" de las mediciones.
El juez advierte en su sentencia que queda excluida la responsabilidad administrativa o incluso penal derivada del "ardid", al igual que las posibles infracciones de la Ley de Competencia Desleal, que no ha sido alegada por ninguna de las partes.
Tags: 'Dieselgate' Volkswagen emisiones software daño moral