Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/92871
Timestamp: 2020-02-26 16:42:43
Document Index: 190325799

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 34', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 23', 'Artículo 34']

Gaceta: LXIV/1SPO-115/92871
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA, de conformidad con la siguiente:
Una de las tareas pendientes en materia ambiental es hacer compatible la actividad minera nacional con el cuidado de nuestros recursos naturales, para propiciar un verdadero desarrollo sustentable, ya que hasta hoy dicha actividad ha provocado en muchos casos un profundo impacto para el capital natural de nuestro país.
Dentro de las causas que han originado este problema se reconoce que un factor fundamental es que la legislación federal ha propiciado que una parte considerable de las actividades de extracción minera de competencia federal haya dado como resultados un gran impacto negativo al medio ambiente y generado altos costos sociales y ambientales que no son resarcibles, en virtud de que no existe la base para hacer una vinculación adecuada de la materia productiva con la ambiental, no obstante el carácter transversal de ésta.
Mediante la presente Iniciativa se propone una serie de medidas legales para hacer de las actividades mineras de competencia federal que deseen realizarse una industria viable, competitiva, respetuosa y protectora de los derechos humanos y del medio ambiente y los recursos naturales como el agua, la tierra y la biodiversidad.
Como es de todos sabido, la industria minera en casi todas sus formas es, junto con la industria de los hidrocarburos y la de generación de energía eléctrica, una de las más contaminantes, riesgosas y dañinas que existen a nivel global para nuestros ecosistemas, sin dejar de reconocer que existen casos exitosos donde las actividades mineras han permitido el cuidado del entorno, porque se ha cumplido con la normatividad ambiental, como es el caso de la producción salinera en Baja California Sur.
En México, los desastres ambientales y las afectaciones de los derechos de los obreros y de las poblaciones, causados por las actividades mineras han dejado saldos tan negativos que al día de hoy siguen en espera de ser resueltos en su totalidad por los responsables y el gobierno de la Nación.
En los últimos quince años los accidentes en minas han descubierto que la regulación ambiental, laboral y de derechos humanos debe de replantearse con una lógica garantista de seguridad y protección de las personas y el medio ambiente y sus recursos naturales para disminuir los riesgos, antes que avalar el lucro y la rentabilidad de ese tipo de negocios.
Las legisladoras y los legisladores somos responsables de que la regulación legal sea eficaz para asegurar que la población y los trabajadores se desarrollen social, cultural y económicamente con paz, plenitud y seguridad. No hacer nada en nuestra esfera de atribuciones constitucionales, viendo cómo pasan tragedias como la de Pasta de Conchos o la del Río Bacanuchi en Sonora, donde se derramaron 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre de una mina propiedad de Grupo México, nos puede hacer copartícipes por omisión de esos lamentables eventos.
Las actividades mineras están reguladas, en la parte productiva, por la Ley Minera, fuente legal que rige las concesiones y asignaciones, y en lo ambiental por diversas leyes que aplican de manera previa o bien, durante la operación de esos proyectos, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en temas como impacto ambiental, riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera y áreas naturales protegidas; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de cambio de uso del suelo en terrenos forestales; la Ley General de Vida Silvestre respecto de la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En la actualidad un proyecto minero pasa por diversos filtros regulatorios antes de llevarse a cabo, cuyas finalidades son, primero, garantizar su viabilidad técnica, jurídica y económica y, en segundo sitio, su control ambiental antes y durante la realización del proyecto de interés. De esta manera, las actividades de la minería se someten a la Ley Minera para su concesionamiento o asignación y, obtenidas la concesión o asignación, evaluar los impactos y riesgos ambientales que conlleva la ejecución de la mina, sea subterránea o a cielo abierto.
Este escenario nos lleva a una importante reflexión acerca de la realidad de todos los proyectos mineros que se ponen a consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para ser evaluados y, en su caso, autorizados: todo proyecto minero llega a los diversos procesos de evaluación ambiental con una concesión o asignación previamente otorgadas por la Secretaría de Economía, de manera que generan una presión fuerte a la SEMARNAT para ser autorizados “a toda costa” en todos los rubros ambientales aplicables (impacto y riesgo ambiental, cambio de uso del suelo en terrenos forestales, áreas naturales protegidas, emisiones a la atmósfera, concesiones de uso y aprovechamiento de agua subterránea o superficial, residuos, etc.) debido a la expectativa de derecho formalizada y amparada en un acto jurídico poderoso como lo es la concesión o asignación para realizar obras y actividades de exploración y explotación minera.
En este sentido, es visible -y lamentable- que la protección ambiental queda relegada a un segundo o tercer plano, supeditada a intereses económicos bien focalizados y, lo que es peor, “vencida” por factores políticos, técnicos, económicos y de rentabilidad plasmados mediante la figura de concesiones y asignaciones.
Este hecho genera en el empresario minero y en las autoridades encargadas de la administración de los recursos del suelo y el subsuelo, una visión de “autorización ambiental obligatoria” justificada en el progreso nacional, ya que la minería ha sido y es una de las actividades económicas más importantes para el país por la generación de empleos bien remunerados, el pago de contribuciones, el desarrollo urbano, de comunicaciones y servicios asociados, la mejoría del nivel de vida de la gente, entre otros beneficios.
En la mayoría de los proyectos, el problema para el empresario es precisamente la gestión ambiental de los proyectos mineros, con toda esa carga abultada y pesada de privilegios individuales y sociales que, de negarse el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones ambientales, no contribuirán al concierto de actividades públicas y privadas a favor de los pobladores, las empresas y la economía del país en general.
Además, si agregamos que varios proyectos mineros actuales pretenden realizarse en áreas naturales protegidas de competencia federal -como Los Cardones, en la Sierra La Laguna, Baja California Sur, o El Arco, en el Valle de los Cirios, Baja California- sin importar su vocación y estado de preservación natural y pretendiendo alterar su régimen de protección como células fundamentales del desarrollo de las personas y del propio entorno, en aras de la generación de riqueza privada, se entiende que el contexto de la derrama económica prevalece sobre los fines de protección, conservación y preservación ambiental de más largo alcance de tiempo y de vida para las generaciones presentes y futuras.
El desarrollo sustentable debe dejar de ser una aspiración constitucional y una utopía obstaculizada por los intereses privados apoyados por los gobiernos y transformarse en una meta cumplible en niveles crecientes en el devenir de nuestra evolución como nación. Para ello, se propone en este instrumento legislativo adicionar y reformar la Ley Minera conforme a lo siguiente:
Que en los concursos y bases para competir por el otorgamiento de nuevas concesiones y asignaciones mineras, los interesados tengan la obligación de aportar todas las autorizaciones ambientales que les son aplicables, constriñendo a los promoventes a sujetarse, primeramente, a la regulación ambiental aplicable en las materias de impacto y riesgo ambiental, cambio de uso del suelo en terrenos forestales, áreas naturales protegidas, emisiones a la atmósfera, concesiones de uso y aprovechamiento de agua, manejo integral de residuos y, una vez resueltos todos los pormenores ambientales, proceder a la solicitud de la concesión o asignación, para lo cual se modifican los artículos 13 y 13 BIS de la Ley Minera.
Este mismo proceso se deberá observar tratándose de reducción, división, identificación o unificación de superficies en donde pretendan realizarse obras y actividades distintas a las originales que puedan generar diferentes o mayores impactos y riesgos ambientales a los evaluados y considerados en las autorizaciones de protección al ambiente obtenidas originalmente. En este sentido se modifica el artículo 22 de la Ley Minera.
En la transmisión de la titularidad de una concesión también deberán transmitirse al beneficiario las obligaciones ambientales a cargo de la empresa que transfiere, para lo cual la SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrá expedir, a petición y costa de parte interesada, una constancia de cumplimiento de obligaciones ambientales a la fecha de la transmisión de la concesión, modificándose para ello el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley Minera.
Establecer la obligación a los titulares de concesiones y asignaciones mineras de contar con un responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales previstas en la regulación ambiental aplicable y en las autorizaciones en materia de protección al ambiente, quien se cerciorará de que las empresas mineras referidas tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y situaciones de riesgo o de daño ambiental.
Esta es una oportunidad histórica para cambiar la visión de desarrollo de México, para hacer un país más justo y próspero. Hay que cambiar con urgencia la lógica de evaluación y decisión de los proyectos mineros, en aras del progreso integral, sustentable y competitivo real, tangible y socialmente palpable, ese que con tanta pompa y circunstancia hemos formalizado en el texto del artículo 25 de nuestra Carta Magna.
Basta ya de Cananeas, Pastas de Conchos y Bacanuchis que nos exhiben como una nación retórica, corrupta y atrasada, con pocos resultados de sustentabilidad que ofrecerle al pueblo mexicano y al mundo civilizado. Basta ya del otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras sin conocer sus impactos ambientales. El urgente cuidado que debemos a nuestro capital natural demanda que la política nacional minera obligue a los sujetos interesados a la observancia y cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental que le sean aplicables.
Por lo anterior, la presente reforma propone un nuevo esquema para la expedición de las concesiones en materia minera, de tal manera que antes de que éstas se expidan, cumplan con la normatividad ambiental, con lo cual se logrará que la política nacional en materia minera se vincule con la política nacional de conservación, protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y respete los derechos esenciales de los pueblos y comunidades indígenas.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA, al tenor de los siguientes:
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un último párrafo al artículo 13; un nuevo inciso e) a la fracción II del artículo 13 BIS, y un nuevo segundo párrafo al artículo 22; y se reforman el primer párrafo, los incisos b), c) y d) de la fracción II y la fracción III, del artículo 13 BIS; el segundo párrafo del artículo 23, y el artículo 34, todos de la Ley Minera, para quedar como sigue:
Los interesados en obtener una concesión o asignación minera deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables al proyecto minero de que se trate, previo a la tramitación de la concesión o asignación pretendida, de conformidad con esta Ley y su Reglamento, la regulación federal, estatal o municipal de protección al ambiente que corresponda y la convocatoria y bases del concurso respectivas.
Artículo 13 BIS. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas y de sustentabilidad para el Estado, y se realizarán conforme a lo siguiente:
II.- …
a) a d)…
e) Un informe detallado de las autorizaciones en materia de protección al ambiente obtenidas de manera previa a la realización del proyecto minero, al que se acompañe copia certificada del texto íntegro de las autorizaciones ambientales expedidas por las autoridades competentes y se indique, al menos, lo siguiente:
Las obras y/o actividades que actualizan la obligación de contar con cada autorización ambiental, señalando su fundamento jurídico;
Los principales términos y condicionantes establecidos en dichas autorizaciones;
Las autorizaciones ambientales a tramitar y, en su caso, obtener, una vez iniciada la operación del proyecto minero, y
La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que el interesado ha obtenido todas las autorizaciones ambientales aplicables al proyecto minero de su interés.
III.- Las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en las bases y presente la mejor propuesta económica y de sustentabilidad, para lo que se tomará en consideración la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofrecidas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales que garanticen que el proyecto minero se realizará con respeto a los derechos humanos de las personas y a la normativa de protección del medio ambiente y sus recursos naturales.
Para el caso de que la reducción, división, identificación o unificación de superficies conlleve la realización de nuevas obras y actividades que puedan generar diferentes o mayores impactos y riesgos ambientales a los evaluados y considerados en las autorizaciones de protección al ambiente obtenidas originalmente, los interesados deberán obtener las autorizaciones o actualizaciones correspondientes de las autoridades competentes, las cuales se integrarán a las solicitudes respectivas en los términos establecidos en el inciso e) de la fracción II del artículo 13 BIS de la presente Ley.
Artículo 23.- ….
Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la misma, así como en los derechos y obligaciones de las autorizaciones en materia de protección al ambiente, incluyendo sus actualizaciones si las hubiere, de conformidad con la regulación aplicable para cada autorización. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión y las autorizaciones ambientales se encuentran vigentes y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán expedir, a petición y costa de parte interesada, constancia de lo anterior.
Artículo 34. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar un responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas que sea ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos, así como un responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales previstas en la regulación ambiental aplicable y en las autorizaciones en materia de protección al ambiente.
Los responsables deberán dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas y obligaciones, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y situaciones de riesgo o de daño ambiental y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones pertinentes al Reglamento de la Ley Minera.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a cinco de marzo de 2019.