Source: http://meli.mapuches.org/spip.php?breve67
Timestamp: 2019-02-20 22:34:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 24', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 12', 'Artículo 21', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8']

Informe: Situación Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile. Elaborado (...) - Meli Wixan Mapu
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El presente Informe sobre Violación a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile, fue preparado por un equipo de trabajo de la Coordinación de organizaciones e identidades territoriales y contó con el apoyo de archivos y registros de la Agrupación Konapewman y de Mapuexpress – Informativo Mapuche.
El Informe también cuenta con aportes jurídicos en materias diversas materias desarrolladas por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, El área jurídica de la Fundación Instituto Indígena; el Programa de Derechos Humanos indígenas del la Universidad Arcis.
Sus contenidos, dan cuenta de una cruda y grave realidad en Chile que se encuentra invisibilizada, cuyo conflicto se origina en el incumplimiento del Estado respecto a sus obligaciones internacionales relativas al reconocimiento, resguardo y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos originarios, referidas al derecho a la vida, a la propiedad que legítimamente reivindican los Mapuche sobre sus tierras ancestrales y recursos; y a derechos políticos, culturales y económicos como conjunto de principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto de los derechos humanos de los indígenas y que en la actualidad no son considerados por el estado chileno.
Esta grave situación, impulsó a la Coordinación de organizaciones e identidades territoriales a trabajar en una propuesta y estrategia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a los equipos jurídicos anteriormente mencionados, donde también participaron en los procesos de discusión Codepu – Valdivia, la Asociación Americana de Juristas y la Asociación warranka, con el propósito de que CIDH examine la situación de los derechos humanos Mapuche en Chile, tomando en cuenta además, la información que dispone de los distintos órganos de las Naciones Unidas, como también el recogido por diversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales que han tenido misiones en Chile.
Al respecto, este informe, será presentado a la CIDH, junto a otros informes sobre violación a los Derechos Humanos Mapuche, tales como: El del Relator especial de las Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen; el del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Right Watch, El Observatorio de Derechos de los Pueblos indígenas en Chile; El informe del Servicio de Salud Araucania Norte sobre la comunidad José Guiñón de Ercilla, entre otros antecedentes.
Asimismo, en el marco de las presentaciones al sistema interamericano, la CIDH concedió audiencia para el día 3 de marzo, oportunidad en que intervendrán Adolfo Millabur, en representación de la peticionaria, Coordinación de Organizaciones e Identidades Terrotoriales Mapuche; Manuel Santander, werkén (vocero) del Consejo de Todas las Tierras y Nancy Yáñez, abogada del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile, en representación de los equipos de asesoría jurídica, cuya delegación es apoyada en su traslado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - IWGIA.
Coordinación de organizaciones e identidades Territoriales Mapuche:
Coordinadora Identidad Lafkenche, Identidad Lafkenche Tirúa, Cañete; Identidad Lafkenche Toltén; Consejo territorial Lafkenche (Huapi, Teodoro Schmidth); Consejo de Werkenes del Budi, Saavedra; Asociación Pu Lafkenche, Carahue; Consejo de Longko del Pikunwijimapu, La Unión, Lanco, Futrono, Río Bueno, Valdivia; Coordinadora de comunidades Mapuche de Panguipulli; Federación de Comunidades Williche de Chiloé; Identidad Nagche, Asociación Ñankuchew, Lumaco, Traiguén, Los Sauces; Asociación Newen Mapu de Ercilla; Corporación wenteche zona lacustre; Consejería indígena Urbana, Santiago; Asociación Warranka, Santiago; Wajontu Coj Coj Mapu de Chol Chol; Mapuche Pewenche de Melipeuco; Comunidades de Rulo, Nueva Imperial; Corporación Mapuche Kom Kelluhayün, Villarrica; corporación de comunicaciones Xeg Xeg; CDM Liwen; Casa de Arte Mapuche; Corporación de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo; Agrupación Mapuche de Temuco, Konapewman; Coordinación de comunidades afectadas por basurales, región de la Araucanía.
II.- ANTECEDENTES PUEBLO MAPUCHE EN CHILE
Aunque actualmente los mapuche habitan fundamentalmente en zonas urbanas, principalmente en la Región Metropolitana (producto de los desplazamientos), un porcentaje importante se concentra aún en lo que fue su territorio histórico (Octava, Novena y Décima regiones). Antes de la llegada de los españoles ocupaban un vasto territorio, que se extendía del sur hasta la zona central del país, y a comienzos de la república (mediados del siglo XIX) se expandieron entre el río Bío Bío y Chiloé, y cerca de la provincia de Buenos Aires, en la actual Argentina. Los mapuche han vivido fundamentalmente de la recolección, pesca y caza, además de la horticultura a pequeña escala, aunque durante los siglos XVII y XVIII generaron una importante actividad ganadera. Su relación con la tierra no era de propiedad, sino de usufructo comunitario, su organización básica tradicional es la familia ampliada o un grupo de ellas, que a su vez se organizaban a la llegada de los españoles en identidades territoriales o butalmapus, por zonas geográficas. A fines del siglo XIX, los mapuche son incorporados a los estados chileno y argentino, perdiendo más del 90 % de su territorio en Chile. El Estado chileno le entregó a su vez títulos comunitarios de dominio que en el curso del siglo XX por aplicación de diversas leyes, se fueron dividiendo...1.
Esta política de radicación conoció un cambio radical a partir del segundo tercio del siglo XX. Se impulsó entonces la división de las comunidades mapuche con el fin de integrar definitivamente al Mapuche en la sociedad “nacional chilena”. El desarrollo económico, la educación, la capacidad y libertad contractual individual del mapuche sobre su hijuela, constituyeron las herramientas de una nueva política que tuviera como meta "asimilar" definitivamente a los Mapuche. Fue el inicio de una política que buscará, a través de la desorganización de las estructuras políticas y sociales ancestrales y vía la penetración de la lógica comercial occidental el control absoluto de este Pueblo.
Durante 1970 y 1973, vía la reforma agraria, las tomas de terrenos y la promulgación de una nueva ley indígena, cerca de 100 000 hectáreas fueron traspasadas a comunidades, varias de ellas por medio de cooperativas “indígenas”.
El cuerpo normativo de esta, fue modificada sustancialmente por la dictadura militar que gobernó el país entre el año 1973 hasta el año 1989, y cuya aplicación trajo consigo una masiva división de las tierras de las comunidades mapuche y la perdida de cientos de hectáreas que fueron a dar a manos de particulares no indígenas.
El último momento que consideraremos en esta parte, empieza en 1989, con la firma de un acuerdo entre las organizaciones mapuche y la Concertación de Partidos por la Democracia. Pareciera iniciarse entonces una nueva época en las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. Sin embargo, como consecuencia de este acuerdo, se obtuvo la promulgación de una nueva Ley aprobado por el Congreso Nacional el 5 de octubre de 1993 (Ley No 19253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y vigente en la actualidad), pero los derechos que la actual Ley indígena consagra y todo la institucionalidad que ella estatuye, está muy por debajo del estándar internacional de los derechos de los pueblos originarios.
2.- Tratados y parlamentos en la Independencia Mapuche.
En efecto, con la política de los Parlamentos nace la frontera entre "dos naciones dentro de los cuales destacan el de Quilin de 1641 y 1647 y más tarde el de Negrete - 1726- , los que significan un reconocimiento del estatus independiente del Pueblo – Nación Mapuche y de su territorio. Los parlamentos coincidieron en reconocer la frontera en el Bío- Bío, la que ninguno podía cruzar sin el permiso del otro, diferenciando así los territorios y jurisdicciones de ambos pueblos. Se trataría entonces, de un tratado internacional entre naciones soberanas. En los últimos años ha sido apoyado por distintas instancias nacionales como internacionales.
Según la Comisión verdad histórica y nuevo trato, instancia creada por el Gobierno de Ricardo Lagos, cuyas conclusiones durante el año 2004, no han sido debidamente consideradas ni valoradas por el mismo Gobierno en la aplicación de sus políticas públicas, señala que los Parlamentos deben ser analizados como evidencia jurídica, que se trata de una relación reconocida y respetada y aunque aún no tengan valor “probatorio” en los tribunales debieran ser tomados en cuenta como un antecedente de la mayor importancia frente a situaciones de controversia contemporánea.
Sostiene el mismo, que el "Parlamento Jeneral de Negrete", es el último de 28 documentos del mismo valor y categoría celebrado entre España y Ragko Mapu y reúne todos y cada uno de los requisitos de los más modernos tratados internacionales -que por la brevedad de estos comentarios no precisaremos- en efecto, también reune los requisitos de una Corte Internacional, además de contener una brevisima história y recopilación de los 27 Tratados o Parlamentos Jenerales que le precedieron, incluyendo algunos aspectos trascendentales del modo de vida de los mapuche antes de la ocupación militar de nuestro territorio por el Estado chileno a fines del siglo pasado.
El propio Estado chileno suscribió un tratado con la Nación Mapuche. Este fue el parlamento de Tapihue el 1 de enero de 1825. siendo el aspecto más importante del tratado, el reconocimiento implícito de la autonomía mapuche por parte del Estado. De este modo, según el artículo 18: “Los gobernadores ó Caciques desde la ratificacion de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, Seguridad general y particular de estos nuevos hermanos.” Es decir, se reafirmaba la separación entre ambas sociedades como garantía de la paz en el mundo fronterizo, correspondiendo la presencia de cualquier chileno en territorio Mapuche, un acto claramente ilegal.
Se ha señalado, que dichos acuerdos por el Estado chileno, habrían sido abolidas por la aplicación de la Ley del 4 de diciembre de 1866, ante el traspasado de las tierras Mapuche antiguas al “Fisco”. Sin embargo, es importante señalar, que autores Mapuche (Toledo)xx, han sostenido que dicha interpretación no tiene fundamentos, ya que el Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Bio Bio. Más aun, la legislación reconocía los derechos de propiedad de los mapuche sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado. Lo que habría ocurrido, es que agentes estatales dispusieron de las tierras como si fuesen fiscales, en actos nulos de Derecho público de acuerdo a la propia legislación chilena. Las reclamaciones por las posesiones no reconocidas —las tierras antiguas- persiste hasta nuestros días.
3.-Antecedentes actuales
Posterior a la creación de la Ley Indígena “chilena” Nº 19.253 y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena "CONADI", actualmente vigentes, no se incorpora ninguna norma sobre protección de los recursos naturales, la protección que confiere a la tierra indígena es débil y desarticulada del resto de la legislación, y establece un sistema de consulta insuficiente que tampoco se ha implementado por falta de voluntad política. Dicha Ley no reconoce ningún derecho de autonomía administrativa ni política a los indígenas, y en general, carece de legitimidad, y se ha constituido generalmente en un instrumento del Estado para la aplicación de políticas de desarrollo impuestas desde arriba --- en el mejor de los casos --- y en un vehículo para la implementación de proyectos económicos en territorio Mapuche desde la perspectiva Estado – Nación.
Cabe mencionar, que antes de la entrada en vigencia de la actual Ley Indígena, desde 1991 a través de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas creada en 1990 por el primer gobierno de la Concertación, generó un proceso de consulta con las comunidades para elaborar un ante proyecto de ley que recogió las reivindicaciones con el fin presentarlo a los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, su aporte fue desestimado por las autoridades, principalmente por el parlamento chileno.
Quienes fueron testigos y autores de ese proceso en la creación del anteprotecto, ratifican lo señalado con respecto al desmantelamiento realizado por el Congreso de la República “Estas iniciativas no encontraron en los partidos de oposición representados en el Congreso Nacional la acogida que las organizaciones indígenas esperaban. El proyecto de ley indígena fue aprobado en el parlamento con importantes modificaciones que debilitaron considerablemente el reconocimiento de las demandas indígenas”2.
Surge desde el Estado una instancia para el "desarrollo" indígena en materias de subsidios y asistencialismo, sin reconocer los Derechos políticos de los Pueblos originarios, que de cierta forma generó una etapa de domesticación política a ciertos referentes Mapuche de la época que creyeron en la voluntad de instancias legales y administrativas como alternativa válida para dar solución paulatina a los problemas y conflictos históricos, entre ellos, los problemas de necesidad de tierra que afecta a numerosas familias y comunidades Mapuche.
Sin embargo, desde 1997 estalla una serie de movilizaciones al margen de estos procedimientos, transmitiendo una base política que cuestiona la legitimidad y legalidad del Estado chileno en el territorio Mapuche. Surge de este modo diversos referentes denominados “autónomos” por la reivindicación de derechos, con distintas formas de expresión y distintas estrategias en su forma.
Las movilizaciones sociales Mapuche ante la falta de entendimientos cada vez más iban en aumento y se radicalizaban aún más las posturas en pro de autonomía y recuperación territorial; y el Estado, por su parte, respondía con acciones de represión y judicialización, en pro de la consolidación del modelo unitario del Estado y la economía neoliberal, aumentando la reformulación del integracionismo institucional y una mayor intensidad de la asistencia social y económica, situación que deriva de la negación por parte del Estado, del Pueblo Mapuche como sujeto colectivo depositario de derechos políticos y que se proyecta hasta la actualidad.
Chile se encuentra por debajo de los estándares internacionales en materia de derechos de los Pueblo originarios, especialmente en el ámbito de su reconocimiento como sujeto colectivo y su derecho a decidir sobre sus asuntos. Si bien este no es un tema cuyos alcances se encuentren completamente resueltos en el ámbito internacional y comparado, existen aspectos que sí lo han sido y que determinan las políticas públicas de los países. Entre ellos, destaca el considerar a los indígenas como capaces para decidir en torno a su propio desarrollo y a resolver sus asuntos, y a considerar a las sociedades indígenas como sociedades en permanente evolución y que no están destinadas a desaparecer o integrarse a la nación dominante...3.
Durante el último año, en Chile la discusión se encuentra inmovilizada, básicamente reducida a la discusión constitucional a la que se ha hecho mención, la que, por lo demás, no pareciera estar dentro de la agenda política más urgente. La agenda pública se ha concentrado en la ejecución del Proyecto Orígenes, financiado con fondos internacionales, y que ha ocupado también la agenda de los líderes indígenas, dejando estos otros temas en un segundo plano, bajando la intensidad del conflicto, pero sin afrontarlo con profundidad.
4.- Datos demográficos y socio económicos
Según del Censo Nacional del año 2002, 692.192 personas (4.6% de la población total) pertenecen a Pueblos originarios, siendo los mapuche el grupo mayoritario con un 87.3%. En tanto la IX región concentra con un 33% la mayor cantidad de población mapuche del país, seguida por la región Metropolitana con un 30.3%.
Debe señalarse que según los datos de este mismo tipo de encuesta del 1992, se recensaban cerca de 1 millón de personas “indígenas”.
La población mapuche se asocia con altos índices de pobreza y discriminación, respecto de la población no mapuche. En Chile, el sistema de medición de pobreza utilizado oficialmente, corresponde a la llamada “línea de ingreso”. Este sistema, establece una “línea de pobreza” en base al ingreso familiar autónomo (idea de “canasta básica”). Las familias cuyo ingreso no alcanza esa línea, son consideradas “pobres”, en tanto que las familias que no alcanzan el 50% de la línea son consideradas “indigentes”.4
Respecto de la pobreza mapuche, el Relator Rodolfo Stavenhagen advirtió que
Sin perjuicio del acelerado crecimiento económico en Chile, todavía existe una gran brecha entre la sociedad chilena en general y los pueblos originarios. En este sentido, el Relator Especial recomienda al Gobierno que, en consulta con las comunidades indígenas y con la asistencia técnica necesaria por parte del sistema de las Naciones Unidas, establezca un programa para la reducción de la pobreza de las comunidades indígenas del país, en concordancia con el objetivo de desarrollo del milenio, y que contenga además metas específicas con respecto a las mujeres y los niños indígenas.
Respecto de la población mapuche y la discriminación, diversos estudios sobre discriminación y desigualdades recientes, entre ellos la encuesta realizada por la Fundación Chile XXI difundida en Mayo del corriente, señala que frente a un listado de sujetos tales como pobres, trabajadores, mujeres, viejos, empresarios, entre otros, “los grupos más discriminados de la sociedad chilena son los indígenas y los pobres”, que como señalábamos anteriormente viven situación de pobreza. Dentro de la categoría sujeto mapuche, el 42% de los encuestados señala que como el sujeto más discriminado en Chile es el sujeto mapuche.
Asimismo, el Informe de Desarrollo Humano en Chile de 2002 realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala textualmente: "La pobreza es característica de las comunidades indígenas tanto rurales como urbanas. Todas las estadísticas sociales y sanitarias muestran que las áreas de alta concentración indígena poseen índices negativos a la media del país. La pobreza tiene que ver con numerosos factores; en primer lugar, en la visión de algunos, las comunidades indígenas y en particular los mapuches sufrieron un proceso de reducción de sus tierras por parte del Estado a fines del siglo XIX y principios del XX, que los constituyó como una población potencialmente pobre. En segundo lugar se habría producido una pérdida de recursos, tanto por la pérdida de tierras como por la degradación de los recursos naturales. En tercer lugar, la pobreza rural indígena tendría relación con la crisis de la agricultura tradicional producto de la globalización y apertura de los mercados. Los campesinos productores, mapuches y no mapuches han visto caer los precios relativos en todos los bienes que tradicionalmente producían, tales como trigo, papas, legumbres, carne. En cuarto lugar, las comunidades mapuches, principalmente, se habrían encontrado cercadas por la expansión forestal del Sur de Chile, con graves consecuencias del medio ambiente por la desaparición de las fuentes de agua, sequías permanentes de los suelos y dificultades para el ejercicio de la agricultura"
III.- DERECHOS TERRITORIALES COLECTIVOS Y RECURSOS NATURALES EN RELACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El concepto mapuche de Tierra como parte de su territorialidad, engloba de manera integral incorporando todos los recursos: suelo, agua, riberas, subsuelo, bosques. En cambio, el concepto jurídico chileno desvincula estos elementos en distintos regímenes de propiedad y concesión a particulares. En relación al caso de los recursos naturales mapuche, sólo el suelo es protegido y considerado por la ley indígena (artículo 13º), sin embargo el resto de los recursos naturales se regulan indistintamente el Codigo de agua, Codigo de mineria, ley de pesca, constitución política, etc. 5.
Artículo 13º (Ley indígena Nº 19.253) ..- Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.....
La situación de desprotección de derechos Mapuche sobre sus recursos es grave, analizada desde una perspectiva de principios de territorialidad. Pero también lo es si se miran sus repercusiones en un enfoque pragmático de viabilidad y sustenibilidad de programas de desarrollo en Comunidades mapuches. Hasta ahora el subsuelo, aguas y riberas de los territorios indígenas, siguen regulados por las mismas normas que rigen en el resto del territorio chileno. Los derechos indígenas sobre esos recursos no están expresamente protegidos. En relación a las aguas, la Ley 19.253 tácitamente asume que los derechos sobre las mismas deben regirse por las legislaciones respectivas vigentes (Código de Aguas y Ley de Pesca), sin establecer un tratamiento especial. La Ley posibilita destinar recursos de los Fondos de Desarrollo para constituir y adquirir derechos de agua (Art.20.a, ley indígena), y financiar la obtención de concesiones de acuicultura (Art.23c., ley indígena), sin embargo han sido medidas insuficientes e inoperantes, por cuanto no existe un reconocimiento expreso, desvinculándose de la unidad natural de los Recursos para el mapuche. En la actualidad la mayoría de los Derechos sobre los recursos hídricos que adyacen a las comunidades se encuentran inscritos principalmente a nombre de empresas y latifundistas.
La situación de desprotección de las aguas es una de las que presenta las mayores consecuencias negativas para el desarrollo mapuche, basta mencionar las limitaciones para acceder a proyectos o programas destinados a la recuperación de suelos, programas de riego o microriego.
Sobre el acceso y protección del Borde costero, este punto está directamente relacionado con la Ley de Pesca, al respecto el movimiento identidad lafkenche ha sostenido en este sentido que el mar es un espacio mágico, religioso y productivo para el pueblo Lafkenche por lo que la alteración de uno de ellos, repercute necesariamente en el otro, como un gran sistema integrado. La afirmación guarda relación con la amenaza que para los Lafkenche implica la posibilidad de que sean grandes consorcios los que manejen el borde costero, acabando con una de los elementos ancestrales y constitutivos de su cultura.
Para los Lafkenche los recursos marinos tienen una multiplicidad de funciones, tales como el uso medicinal, agroecológico, artesanal y simbólico. Por tanto separar el elemento humano del componente de entorno implica no sólo el término del intercambio socioeconómico y cultural con otras familias, sino también la destrucción de toda una cultura, por cuanto se estaría acabando con la propia cosmovisión Lafkenche.
1.- Principales Conflictos territoriales en Chile6
a) Carretera Costera por la Isla Wapi, afecta territorio Mapuche. Región de la Araucanía.7
El conflicto comenzó en 1996 cuando se iniciaron los estudios del trazado para la construcción de la Carretera de la Costa en las Comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt. Las Comunidades Mapuche Lafquenche rechazaron la forma en que dichos estudios se realizaron por la empresa concesionaria del MOP "Ingeniería Cuatro Limitada", quien ingresó en los predios mapuche, sin previo aviso y sin consentimiento, destruyendo cercos vivos, dañando las siembras e instalando puntos de referencia en lugares considerados sagrados para los mapuche: dos "Nguillatues",centros ceremoniales de las Comunidades "Lafquenche", (uno de ellos de características únicas en el país), en un cerro "Treng Treng" y en un cementerio indígena,
Siete fueron en principio las Comunidades Mapuche Lafkenche que se opusieron al trazado de la carretera : Malawe, Yenewe, Peleco, Nomellangui (Isla Wapi) y Treguaco, Curileufú y Metremken (sector Hualpin). Ya en diciembre del año 2000 un 90% de las familias de ambas comunas declaran su férrea oposición al trazado de la carretera costera por la Isla Wapi y por tierras mapuche.
Las Comunidades rechazan la construcción de la carretera costera por sus territorios, cuestionando desde un principio la legalidad y legitimidad del proyecto por las siguientes razones:
1° Viola derechos ancestrales e inmemoriales como son el derecho a la tierra, y con ello a la vida y a la cultura del pueblo mapuche en sus territorios. Mapuche significa "Gente de la Tierra", la tierra en la cultura mapuche no es sólo un elemento material sino también un elemento simbólico lleno contenidos que aportan a la construcción de su historia e identidad así como al desarrollo de su cultura.
Esta situación tiene un cierto reconocimiento en la Ley Indígena, que ha considerado en su art. 13, que "Las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre Comunidades o personas de una misma etnia".
En virtud de este artículo las Comunidades mapuche lafquenche exigen al MOP un cambio del trazado.
2°, Las comunidades "Mapuche Lakquenche", poseedoras de una cultura que pone especial énfasis en el cuidado y resguardo del patrimonio ambiental de sus territorios, temen justificadamente que la construcción y operación de esta carretera provoque un daño irreparable a la biodiversidad biológica y cultural que existe en sus tierras, ya que está bien documentado que las rutas de acceso a nuevos territorios pueden causar grave deterioro de los ecosistemas regionales y cambios masivos en el uso del suelo.
Es conocido que esta carretera es una ruta de penetración de las empresas forestales, pesqueras y turísticas, lo que sólo provocará más pobreza al pueblo mapuche, considerando que los caminos no necesariamente implican una mejor calidad de vida para los habitantes de los territorios interconectados. Un camino conlleva progreso sólo si se diseña en el entorno de una política de desarrollo adecuada a la realidad de la zona que va a impactar.
Especialmente preocupante es la situación del Lago Budi, único lago salado de América del Sur, sitio declarado con prioridad II en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que acuna 180 especies de flora y 156 de fauna, algunas de éstas son vulnerables y otras en peligro de extinción.
Por estas razones e invocando la obligatoriedad que impone la Ley de Bases del Medio Ambiente a cualquier proyecto o actividad que pueda afectar áreas protegidas, o provoque reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico e histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural, deben ser ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por esto, las comunidades "Mapuche Lafkenche" exigen al MOP que someta el caso a la legislación ambiental.
Es preciso destacar que las Comunidades no se oponen a la construcción de la vía, sino que exigen un cambio de trazado. Respecto de estas modificaciones, los afectados han propuesto una alternativa elaborada por expertos, que no ha sido considerada por la autoridad.
El Cuerpo Militar de Trabajo encargado de realizar las obras en la zona, ha sido fuertemente cuestionado, ya que invadió ilegalmente terrenos indígenas botando cercos y amedrentando a las Comunidades indígenas.
Por ello las Comunidades "Mapuche Lafkenche" en un estado de espera activa y organizada, han realizado constantes llamados al MOP a terminar con su obsecación de construir la Carretera Costera por tierras indígenas, y a las autoridades nacionales y regionales a promover y apoyar un desarrollo mapuche, desde la óptica de las Comunidades.
Uno de los últimos hechos de tensión en el marco de este conflicto, fue el 12 de diciembre del año 2002, cuando dos mujeres lafkenches, dueñas de casa e integrantes de la comunidad Epu Budi, quienes junto a sus pequeños hijos impidieron el ingreso por la fuerza y sin autorización alguna de funcionarios estatales que habían irrumpido el lugar en un intento de iniciar trabajos de un supuesto ensanchamiento de camino, sin embargo lo que se pretendía ahí era generar una franja que se asimila a una carretera. Los funcionarios del Ministerio de obras públicas estaban acompañados por un cuerpo militar, ante esto, Catalina Marileo y Margarita Marileo detuvieron la intromisión, exigiendo a los funcionarios que se retiraran... Luego comenzaron forcejeos en medio de unos diez hombres, momento en que aparece Luis Aillapán defendiendo a su esposa y cuñada, pero sin producirse mayores incidentes. Posterior a esto, el Ministerio de obras públicas inicio un juicio en contra de las dos mujeres y de Aillapán, por agresión, y los medios de comunicación, falsamente, publicaban que “encapuchados mapuche” habían agredido a funcionarios.
b) Industria y conflicto forestal en territorio Mapuche8
El actual proceso de globalización comercial, caracterizado por una continua y creciente liberalización de mercados, de procesos de privatización y también de exportación y sobre explotación de recursos naturales, encabezada por grandes compañías y transnacionales, está estrechamente ligada a la situación que deben enfrentar los Pueblos originarios en sus Derechos y territorialidad y vastos sectores sociales.
Chile - en las negociaciones económicas internacionales, impulsadas por el gobierno , ha dado absoluta prioridad a las exportaciones forestales. Autoridades del ejecutivo han señalado que las exportaciones de ese sector que hoy suman unos US$2.500 millones, alcancen los US$6 mil millones al año 2010 y más aún, US$ 10.000 al año 2025, por lo que se requiere doblegar el actual patrimonio de las empresas a unas 5.000.000 total de hectáreas plantadas.9
Como consecuencia de esto, tanto el gobierno como las empresas realizan esfuerzos tendiente a aumentar el patrimonio forestal, intensificando acciones para incorporar especies exóticas en zonas de campesinos chilenos y comunidades mapuche. Voceros de gobierno han reconocido esta nueva estrategia señalando en cuánto a las cifras de forestación, estimó que para el período del Gobierno del Presidente Lagos la tasa de forestación ha venido en descenso, principalmente porque las grandes empresas ya consolidaron su patrimonio, además porque cada vez es más difícil encontrar grandes paños para forestar y que como Gobierno se han planteado el desafío de establecer cada año una mayor superficie de plantaciones en predios de los pequeños productores y campesinos. 10
Esta nueva ofensiva por la expansión forestal, que prácticamente se asume como política de Estado a través de la promoción que sectores privados y servicios públicos como INDAP, CONAF e INFOR, coludidamente, hacen de las plantaciones, cubierta por bonificaciones fiscales que otorga la Ley de fomento forestal hacia comunidades campesinas y Mapuche11, puede tensionar aún más las difíciles relaciones entre comunidades, organizaciones Mapuche y compañías forestales, principalmente ante la resistencia de diversos sectores Mapuche y sus reiteradas denuncias por los graves impactos ambientales, culturales y sociales a las reducciones mapuche que colindan con las plantaciones, como asimismo, ante la sequía progresiva de los recursos hídricos las que se han relacionado con la existencia de monocultivos, junto a la contaminación de las aguas y las tierras por el uso indiscriminado de plaguicidas, a lo que se agrega las reiteradas demandas por la falta de tierra productiva, el empobrecimiento y la pérdida de sus recursos naturales, como el Bosque nativo y la desaparición de flora y fauna.
Uno de los problemas más candentes que aqueja al Pueblo Mapuche tiene que ver con los impactos territoriales que enfrentan las comunidades a causa de la expansión forestal. De conformidad con la información ofrecida al Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen en su misión a Chile, por varios dirigentes mapuche y por especialistas, y de sus propias observaciones, esta situación presenta los siguientes problemas principales: 12
las tierras en propiedad de los mapuche son extremadamente escasas y están sobre explotadas;
como un efecto del desarrollo de las plantaciones forestales el suelo en que se encuentran las tierras de los mapuche han perdido sus fuentes de agua (para consumo y para riego);
ha disminuido o desaparecido la fauna silvestre (que hizo parte de su dieta) y la vegetación del sotobosque (tradicionalmente utilizada con fines rituales, medicinales y alimenticios);
el uso de herbicidas (para la plantación y crecimiento de nuevas especies forestales) y de plaguicidas (para el mantenimiento de los nuevos bosques), mediante fumigación aérea y otras prácticas fitosanitarias, afecta de varias maneras a la salud y a los cultivos;
las actividades de extracción forestal de bosques maduros provoca contaminación de los lagos, ríos y cursos de agua, con perdidas importantes de su potencial ictiológico (pesca).
Desde el punto de vista ambiental, diversos son los impactos atribuibles a las plantaciones industriales de pino y eucaliptus en Chile, como la pérdida de los recursos hídricos; cursos de agua se afectados por sedimentación, cambios de caudal, disminución de oxígeno disuelto y contaminación con agroquímicos.
También, se ha señalado que los suelos de las plantaciones se han afectados por erosión, compactación, deslizamientos y pérdidas de fertilidad, con pérdida de fósforo, nitrógeno y fosfato13.
Actividades forestales tales como la construcción y utilización de caminos de madereo, las cortas a tala rasa, la construcción de canchas de acopio para apilar los troncos cortados, el volteo y desramado, el madereo y la quema de desechos se denuncian como agentes erosivos de gran importancia en los suelos.
c) Basurales en comunidades mapuche y campesinos chilenos pobres, región de la Araucanía 14
Las miles de toneladas de basura que genera la llamada IX Región (región de la araucanía) mensualmente, implican múltiples impactos a su territorialidad tanto ambiental, social, cultural, sanitario y económico en las familias mapuche. Surge así un nuevo foco de conflicto, que llama la atención sobre otra forma de intervención en la vida de las comunidades, y que para las comunidades es una nueva expresión de la discriminación: el racismo ambiental, el que también afecta a varias familias de campesinos chilenos pobres.
Para las familias la basura llega principalmente a las escasas tierras que ocupan o reclaman, y se sitúan cerca o encima de sus centros ceremoniales, cementerios y escuelas. Los antecedentes que existen permiten apreciar y entender los efectos que la basura y la instalación de nuevos vertederos provocan en las comunidades mapuches.
En esta región, existen unos 19 vertederos están ubicados en comunidades mapuche, que representa un 70 % aproximado del total de recintos. Los demás basurales se ubican en sectores de campesinos chilenos pobres, lo que demuestra la forma de discriminación.
De las 16 mil toneladas que produce la Región, más de 11 mil toneladas van a parar a sectores cuyos vertederos están al interior o colindantes con comunidades mapuche
Las propias comunidades han insistido en señalar la gravedad que enfrentan en sus territorios, denunciando la contaminación ambiental a causa de los vertederos, especialmente de las aguas; la alteración de los sistemas de vida; el empobrecimiento y la violación al patrimonio cultural en varios lugares, además, se puede constatar que la totalidad de los vertederos emplazados en territorio mapuche, se encuentran en malas condiciones de infraestructura y carecen de una regulación y supervisión que es inadecuada por parte de los organismos técnicos.
Uno de estos recintos, ya cobró una víctima, la muerte del niño Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo víctima de la bacteria asesina en el sector Boyeco en agosto del año 2000, cercano al vertedero. El informe médico lo atribuyó a la bacteria asesina, situación que se relacionó inmediatamente con la existencia del basural que afecta a la zona de comunidades mapuche.
Asimismo, los basurales han implicado cambios en la vida de las familias, y algunas de ellas han hecho de la basura una forma de subsistencia y dependencia. También la marginación del lugar y las escasas posibilidades de desarrollo de los sectores aledaños, obligan a las familias y jóvenes en especial a emigrar y buscar nuevas posibilidades en otros lugares.
Los basurales, en su mayoría, llevan más de 10 años funcionando, sin cumplir todas las exigencias sanitarias y ambientales. La contaminación que ya se ha provocado es irreversible en algunos lugares y su sólo perfeccionamiento en el control e infraestructura, no garantiza la seguridad e integridad de las familias que están expuestas. Ante esto, la posición de las familias es absolutamente legítima: “Erradicar los basurales, terminar con los graves impactos y el racismo ambiental”, pero, a pesar de las múltiples peticiones, acciones y denuncias que en estos últimos años las comunidades y organizaciones Mapuche han realizado ante las autoridades, no ha existido ningún cambio sustancial ni voluntad para revertirlo, y los problemas continúan para cientos de familias Mapuche.
d) Borde costero, industria y legislación pesquera
Sobre el acceso y protección del Borde costero, se ha venido sostenido, como se señaló anteriormente, que para el caso de los Mapuche lafkenche y williche el mar es un espacio mágico, religioso y productivo por lo que la alteración de uno de ellos, repercute necesariamente en el otro, como un gran sistema integrado. La afirmación guarda relación con la amenaza que para los Mapuche Lafkenche implica la posibilidad de que sean grandes consorcios los que manejen el borde costero, acabando con una de los elementos ancestrales y constitutivos de su cultura.
Para los Mapuche Lafkenche los recursos marinos tienen una multiplicidad de funciones, tales como el uso medicinal, agroecológico, artesanal y simbólico. Por tanto separar el elemento humano del componente de entorno implica no sólo el término del intercambio socioeconómico y cultural con otras familias, sino también la destrucción de toda una cultura, por cuanto se estaría acabando con la propia cosmovisión Lafkenche.
Sobre la tramitación de la Ley de Pesca por parte del gobierno chileno, desde el mes de marzo del 2004, es un tema que afecta directamente a las comunidades lafkenche y williche, que atenta contra su identidad cultural, espiritual y sobrevivencia económica. La Ley de Pesca ha dejado fuera del acceso a los recursos marinos a los pueblos indígenas que por su tradicional e histórica forma de organización no podían inscribirse para explotar las riquezas del mar. Ante esto, los lafkenche recibieron el desaire del propio presidente Lagos al no acudir al encuentro que había sido fijado en Trawua Trawua en marzo pasado, negándose un compromiso que consistía en recibir una propuesta en relación al conflicto borde costero y Ley de pesca, que tenía programado entregar al gobierno, dicha propuesta para modificar la Ley de Pesca, y poder acceder legalmente a participar del uso y acceso a los recursos marinos.
Por otra parte, un grave problema son los sistemas de pesca industrial como los mayores agentes de depredación. La pesca de arrastre y por descarte, las salmoneras, la contaminación marina por petróleo, mercurio y contaminantes orgánicos persistentes va en continuo aumento, afectando a los ecosistemas marítimos y a la humanidad. Se suma a esto, la polución que la industria turística genera a través de los cruceros o transatlánticos y los riesgos del transporte nuclear.
No se trata de resguardar solo equilibrios ecológicos, sino de garantizar de manera sustentable la explotación de los recursos marinos por su contribución a la oferta alimentaria.
Hoy, ni siquiera hay una legislación pesquera acorde con el libre mercado, que garantice una leal competencia, sino que se protege a quienes depredan, en lugar de apoyar a quienes pueden hacer una explotación sostenible y contribuir a resolver las deficiencias alimentarias.
La legislación en Chile favorece a la industria pesquera en forma absoluta y en particular a dos grupos económicos: Angelini y Del Río. Ellos son grandes responsables de la crisis y miseria que viven los pescadores. De no haber entrado la industria pesquera de la manera que lo hizo
Según el Informe del Relator de las Naciones Unidas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, en la costa, numerosas familias lafkenche ven reducido su acceso anteriormente libre a sus tradicionales recursos de pesca y productos costeros por la inscripción de extensas áreas de costa a nombre de huincas (es decir, personas no indígenas) de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Pesca en perjuicio de las comunidades mapuches.
El Relator Especial durante el 2003, recibió información respecto de los problemas que enfrenta la Identidad Territorial Mapuche Lafkenche, en la región de la costa, que incluye la falta de consulta para la construcción de una carretera que afectaría a diez comunidades lafkenches así como los efectos de la aplicación de la ley de pesca y acuicultura de 1992 que obliga a la constitución de sindicatos para obtener áreas de manejo de los recursos del mar.
“Los entrevistados alegan que estas acciones vulneran los derechos enmarcados en la ley indígena en materia de consultas sobre asuntos que les afectan así como el tradicional derecho de las comunidades a utilizar esos recursos, y se ha limitado su acceso al mar”, señala en su informe el Relator. .
e) Represa Hidroeléctrica Ralco en territorio Mapuche Pewenche.
La presa se instaló en la cabecera del río Bío-Bío, en la cordillera de los Andes, en territorio de identidad territorial Pewenche, comunidad integrada en la cultura Mapuche que ha habitado estas tierras en los últimos cientos de años. Esta presa dará lugar a un embalse de 1.222 Hm3 e impacta a unas 3.460 has. de los valles del Bío-Bío, Lomín, Villucura y Lolco, la mayoría de bosques nativos de alta biodiversidad. La turbina tendría una potencia de 570 Mw con una producción anual media de 3.380 Gw, la inversión supera los 485 millones de dólares. Esta es la segunda represa en la cuenca del Bio Bio (la primera fue Pangue), que destruyen unos de los ecosistemas más valiosos del planeta, según se indica en el Informe de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, que califica estos proyectos de "Ecodesastres". El embalse inundará dos Comunidades pehuenches: Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, que están integradas por 92 familias y más de 500 personas.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue rechazado inicialmente por unanimidad por la CONAMA. Pero según ha declarado la que era entonces la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Sra. Viviana Blanlot, "a pesar de los informes técnicos contrarios y debido a una imposición de la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva de la CONAMA permite a ENDESA presentar un Addendum a su EIA". La Secretaría General de la Presidencia es el Ministerio del que depende la CONAMA. En las diligencias judiciales que se siguen por este caso constan declaraciones de altos cargos de este ministerio donde se relatan las presiones políticas para la aprobación del proyecto. Al final, la CONAMA aprueba el EIA en 1997, supeditado a una serie de medidas ambientales y al cumplimiento de la legislación indígena, hechos que no se están cumpliendo.
También fue rechazado por la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), supuestamente el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de la Ley Nº 19.253 de Protección de los Pueblos Indígenas, por afectar a territorios indígenas y vulnerar esta Ley. En el informe de CONADI se asegura que la realización del proyecto entrañaría la inevitable destrucción de la cultura pehuenche y su extinción como pueblo antes de una década, impacto que considera inaceptable y no podría "sino catalogarse de etnocidio". Hay que destacar que parte de los territorios que se inundarán por este embalse, 683 has, tienen la calidad jurídica de "tierras indígenas" protegidos por la Ley Protección de los Pueblos Indígenas. Ante el rechazo de la CONADI, fueron destituidos los dos Directores Nacionales, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo y Domingo Numuncura, nombrados por el Presidente de la República para dirigir este organismo, que fueron sustituidos por un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia. Además fueron removidos de sus cargos dos representantes del gobierno en la CONADI que habían mostrado públicamente su rechazo el proyecto Ralco. La CONADI ha terminado por aprobar el proyecto con la ausencia de los consejeros indígenas.
En los informes de la CONADI y de Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos se relatan las técnicas seguidas por ENDESA y por las administraciones chilenas para "persuadir" a las dos Comunidades pehuenches a dejar sus tierras y aceptar las permutas propuestas por ENDESA. Según la Ley Nº 19.253 las tierras indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia". La ley permite permutar tierras indígenas por otras de igual valor con el consentimiento de las Comunidades y el visto bueno de la CONAMA. El método correcto sería que se negociara con la totalidad de las Comunidades afectadas por estas permutas, que sólo tendrían valor si son aceptadas libremente por estas Comunidades. Pero ENDESA utilizó la táctica de negociar familia por familia, rompiendo la unidad de las Comunidades. La administración se inhibidó, por lo que ha tenido lugar una negociación desigual: técnicos y abogados de ENDESA frente a familias pehuenches, muchas de ellas analfabetas.
Según consta en el Informe de la CONADI presentado hace algunos años en el proceso de estudios de impactos, señala: "La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; significa un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche... En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad". este recolocación implicaría "un dramático cambio en sus modos de producción, lo que hace aún menos probable su subsistencia"..."La recolocación implica necesariamente la "Aculturación" de las comunidades".
Diversas manifestaciones en contra de la represa fueron violentamente reprimidas, una de ellas, en el mes de marzo de 2002, unos 200 mapuche que se manifestaban en Ralco fueron brutalmente reprimidos por carabineros, bajo la complicidad y promoción del Gobierno y de la propia empresa ENDESA, a lo que se agrega, que el episodio más cruel ha sido la destrucción deliberada de cementerios y lugares sagrados de los pehuenche.
El proyecto de ENDESA Central RALCO se localiza en Chile, en la zona centro sur a unos 120 km de la ciudad de Los Ángeles y a 30 km aguas arriba de otra gran central hidroeléctrica, la central PANGUE.
La obra principal de la central se basa en una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, que servirán para modificar el curso del río Bío-Bío en una zona de gran estrechamiento en su curso hacia el océano pacífico, donde constituye un aporte esencial a la ecología marina del golfo de Arauco, una de las zonas significativas de pesca artesanal de la región que lleva el mismo nombre del río: Bío-Bío.
La presa provoca un desfase temporal del caudal, al aprovechar su capacidad de regulación estimada en 797 millones de metros cúbicos al mes. Esto repercute principalmente en el caudal del periodo invernal y sobre todo en la fase de deshielo, con la consiguiente repercusión en las formas de vida acuática aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, ya ha causado una serie de inundaciones a poblados rurales.
Desde el punto de vista hidrológico el río Bío-Bío es el recurso hídrico más importante del país, tiene una longitud de 380 kilómetros y nace a 1.500 m.s.n.m, su extensa cuenca hidrográfica se subdivide en cinco subcuencas de las cuales la del Alto Bío-Bío, que es donde se localiza la central de ENDESA, representa el 30% del total. Su caudal varia entre 45 m3/segundo en verano y los 844 m3/segundo en invierno y en el periodo de deshielo. El acuífero es significativo y está a escasa profundidad, pues la zona de actuación es la zona de mayor estrechamiento del valle fluvial, estimándose la profundidad del freático a 9 metros.
El mayor impacto del proyecto Ralco lo constituye, según el propio estudio Estudio de impacto ambiental promovido por ENDESA, la relocalización de la población pewenche. La empresa cataloga este impacto, literalmente como " impacto negativo, de alta significancia, cierto, de acción directa, permanente e irreversible pero compensable". La compensación es monetaria y se realiza sin tratar el problema de forma colectiva, sino caso a caso, de forma individual. El informe promovido por ENDESA reconoce que el proyecto Ralco, al situarse en el interior de tierras pewenche tendrá un efecto "acelerador" hacia un cambio de la cultura tradicional, hacia el biculturalismo. Literalmente leemos que "el contacto sociocultural y estrecho entre dos culturas distintas, una predominantemente urbana y popular y la otra rural e indígena, significará un traspaso de valores urbanos a la población local, el que tendría un ritmo de cambio más rápido que el ocurrido espontáneamente", y por si fuera poco sigue y remata: " la asimilación de valores de la cultura nacional (chilena) conduciría a una aceleración de la pérdida o transformación de su cultura tradicional y probablemente del idioma. Este impacto es acumulativo respecto al proyecto "Pangue". Y claramente apunta este EIA promovido por la empresa ENDESA España que: "se estima que el proyecto Ralco (conjuntamente con la presencia del proyecto Pangue) estaría contribuyendo a aumentar la división interna de las comunidades mapuche".
Si bien, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile por la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional ENDESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre las partes, los efectos e implicancias son irreversibles. Uno de los últimos hechos de enorme gravedad, fue el ocurrido en mayo del 2004, en que, las familias pewenche tuvieron la inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco.
El cementerio guarda los restos de 56 personas, identificadas con nombres y apellidos por sus familiares. Estas personas fueron sepultadas a mediados del siglo pasado, de acuerdo a documentos y resoluciones de la CONADI, Monumentos Nacionales y las familias pewenche.
f) Etnobotánica, patentación de conocimientos colectivos y propiedad Intelectual.
La patentación de los procesos de síntesis de los compuestos derivados de las plantas medicinales en esta región, como ya ocurrió en varios casos, podría conllevar graves efectos para el sector en Chile, al obligar a productores y exportadores a pagar elevadas sumas a las compañías o laboratorios patentadores en el marco de las operaciones de exportación.
En la actualidad, a estas regiones en el sur, acuden investigadores, principalmente extranjeros a través de organismos no gubernamentales interesados en hacer investigación etnobotánica. Sin embargo, los resultados de sus estudios no son dados a conocer a las comunidades Mapuche. Sus resultados son entregados a los financiadores, que normalmente son fundaciones internacionales interesadas en obtener el conocimiento que tienen las comunidades sobre los recursos que aquí existen.
Compañías o laboratorios que se apropian ilegalmente de estos recursos comúnmente vinculadas a la actividad agropecuaria o farmacéutica, o ambas- introducen manipulaciones genéticas a los recursos obtenidos y obtienen patentes que "justifican" derechos de explotación monopólicos.
El material genético existente constituye para las compañías o laboratorios la materia prima central en sus proyectos. En sus investigaciones de prospección biológica frecuentemente obtienen esta información a partir del conocimiento de comunidades, entonces, ante esto, las organizaciones Mapuche están ante el legítimo derecho de la duda y la acción
Estos hechos, abren el debate sobre la incapacidad de los regímenes de patentes en reconocer y salvaguardar el conocimiento tradicional y las innovaciones de las comunidades, que carecen de recursos económicos para ganar y defender este tipo de procesos como medida de protección de sus recursos, como ha ocurrido a diferentes otros Pueblos originarios y comunidades rurales. Existen una serie de normas e instrumentos internacionales en este sentido que para nada ha sido considerado, como son la Declaración de Río de Janeiro, el Plan de Acción (Programa 21) y el Convenio sobre la diversidad biológica, aprobados en la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde se pone de relieve la necesidad de que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales protejan los métodos de conservación tradicional y los conocimientos de los pueblos indígenas. En el artículo 8 j) del Convenio sobre la diversidad biológica se enuncian las obligaciones jurídicas de los Estados Partes de respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas en relación con la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad. En este Convenio se reconoce también el derecho de los pueblos indígenas a compartir los beneficios económicos y sociales que se derivan de la aplicación más amplia de sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Asimismo, en la segunda Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la diversidad biológica, los participantes se comprometieron a estudiar la relación existente entre los objetivos del Convenio y el Acuerdo de la OMC (organización mundial del comercio). En colaboración con la OMC y los pueblos indígenas, los Estados examinarán si es posible, y de qué modo es posible, que los derechos de propiedad intelectual preserven y protejan la propiedad intelectual indígena y si se comparten equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de las prácticas y conocimientos tradicionales, sin embargo, para Chile, en esta materia, ha sido nula su aplicación.
El caso del Idioma Mapudungun y la industria Microsoft Office – Gobierno de Chile
En relación a los intentos de imposición de crear Windows y office en mapudungun (idioma del pueblo mapuche) promovido por la compañía Microsoft del magnate cibernético Bill Gates, el gobierno de Chile y la Universidad de la Frontera de Temuco, desde fines del año 2003, varias han sido las organizaciones Mapuche que han manifestado su rechazo por las siguientes razones:
Se rechaza el subsidio al monopolio que está haciendo el gobierno chileno sobre licencias software a la multinacional Microsoft imponiendo un nuevo instrumento de comercialización que promueve el lucro y la manipulación a costa del Pueblo Mapuche y su idioma de vida, exponiéndolo a la piratería y nueva forma de colonialismo.
Al respecto, se ha dejado claramente establecido, que en el caso de las organizaciones Mapuche que han rechazado esta iniciativa, estas no se oponen a las posibilidades de nuevos acceso a la tecnología, sin embargo, creen firmemente que estas iniciativas deben estar desarrolladas con el consentimiento y conocimiento de los propios mapuche y que se asegure efectivamente que los primeros beneficiados serán los propio mapuche. Por lo mismo, en un sentido amplio, Microsoft como monopolio no es ninguna alternativa para estos fines, ya que existen otros sistemas como LINUX con licencia GPL que es un conjunto de herramientas con códigos abiertos, libre y gratuito, que permite la libertad de uso, libertad de aprendizaje, libertad de modificación y libertad de redistribución, opciones que no costarían ningún peso y que para las organizaciones el gobierno lo oculta, lo que aseguraría además el patrimonio cultural e inmaterial mapuche, en un sistema informático ampliamente validado y que es una realidad desde hace bastante tiempo en varios países, principalmente europeos, poniendo fin al monopolio de Microsoft.
Organizaciones Mapuche consideran que para poder promover esta iniciativa a imponer educativamente en establecimientos y sistemas de enseñanza, el Fisco tendrá la obligación de destinar millones de pesos para el exclusivo pago de licencias software y gran parte del presupuesto destinado a la educación irá a los bolsillos del multimillonario estadounidense Bill Gates, hechos graves que ya han ocurrido en varios países de los denominados tercer mundista que por aceptar el monopolio de esta compañía un importante ítem de sus presupuestos van a parar al pago de estas licencias agudizando sus crisis financieras.
Por otra parte, las organizaciones han considerado absurdo y un doble estándar del gobierno, quien dice intentar promover el mapudungun a través de la computación, supuestamente para el sistema de enseñanza educacional bilingüe, siendo que los aparatos del Estado se han negado tajantemente a reconocer oficialmente el idioma mapuche. Por lo demás, les parece una falta de respeto imponer un sistema sin que ni siquiera esté consensuado un tipo de grafemario, ya que gran parte del movimiento mapuche promueve el grafemario raguileo, sin embargo los gobiernos han promovido distintos alfabetos para escribir la lengua Mapuche, distorsionadamente, que han atentado y desvirtuado la esencia fonológica mapuche. Ante esto, se ha emplazado en diversas oportunidades al gobierno de Ricardo Lagos a terminar con lo que se ha denominado transgresiones a los derechos como Pueblo, para que asuma temas de fondo y no con simples y patéticos simbolismos.
El mapudungun es el idioma del Pueblo Mapuche y la protección de este patrimonio de vida no solamente compete a una organización en particular sino al conjunto, porque deben ser los propios mapuche quienes decidan sobre la administración de sus conocimientos y a quienes se les debe consultar y debiendo ser tanto a los mapuche del gulumapu (Chile) como a los del puelmapu (argentina) ya que se trata de un solo Pueblo y un solo idioma, siendo necesario para diversas organizaciones, preservar y controlar la comercialización de las propiedades culturales e inmateriales en dominio público del Pueblo Mapuche.
Las organizaciones Mapuche que han manifestado activamente su rechazo al respecto, han sido, los equipos de trabajo de la Coordinación de organizaciones e identidades territoriales Mapuche; La Organización Consejo de Todas Las Tierras; La Agrupación Mapuche Konapewman; y la Coordinación de comunidades en conflictos ambientales.
El caso del Nguillatún y los intentos de los Gobiernos de Chile y Argentina de declararlo Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO.
Autoridades ancestrales Mapuche se reunieron en noviembre del año 2004 ante la imposición de Chile y Argentina por declarar patrimonio de la UNESCO, la ceremonia religiosa, espiritual y social “Nguillatún”, en la categoría de "Obra cumbre oral e inmaterial" y bajo el título de "El universo cultural mapuche: el Ngüillatún, ceremonia religiosa y espiritual en Chile y Argentina". La iniciativa que se promueve por los gobiernos de Chile y argentina para declararlo Patrimonio de la UNESCO, a través del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Presidencia de la república argentina, el Consejo de Monumentos nacionales en Chile y los respectivos órganos indigenistas de cada Estado, ha sido catalogada de “imposición”.
Esta gestión y postulación ha generado rechazo por parte de algunas organizaciones Mapuche en el último tiempo, cuya polémica además, ha sido asumida por las propias autoridades del Pueblo Mapuche quienes pretenden asumir una posición al respecto, ante la falta de consulta sobre esta materia y falta de información sobre eventuales desenlaces que tendría esta promoción.
Para Armando Marileo, Ngenpin, autoridad mapuche en la zona territorial lafkenche, en la Región de la Araucanía, dicha decisión por parte de los Estados es absolutamente arbitraria, señalando "Esto es sin duda otro de los nuevos atropellos a nuestra dignidad, puesto que todo el proceso que comenzó el año 2.000 hoy se está promoviendo sin previa consulta a nuestro pueblo Mapuche y sus autoridades y solo se está manejando en un pequeño circulo de personas".
Para Marileo, es fundamental que las propias autoridades mapuche estén debidamente informadas sobre las implicancias de esto ... "En realidad, no podemos determinar con precisión si esto es algo bueno o malo para el Pueblo Mapuche porque nadie ha explicado ni informado como corresponde, pero, lo que si es cierto, es que son las autoridades Mapuche las que tienen el legítimo derecho a proteger y controlar el patrimonio, por lo tanto, son a ellas a las que se les debe consultar y aquí, hay una grave falta de las autoridades chilenas y argentinas", señala Marileo.
En un Trawun (encuentro - reunión) de comunidades Mapuche, realizado el pasado 25 de octubre del 2004, en Nueva Imperial y convocado por la coordinación de organizaciones e identidades territoriales, autoridades Mapuche de la zona lafkenche de la comuna de Saavedra denunciaron que ante la promoción del Ngüillatún a la UNESCO, el único nivel de "consulta" que ha existido hacia las autoridades Mapuche es por medio de la recolección de firmas realizado por funcionarios de Estado, principalmente de CONADI, incluso, algunas de ellas, las habrían hecho firmar sin una debida información, existiendo absoluto desconocimiento sobre el verdadero sentido de esto.
Como una forma de revertir esto y de tomar posición, las Autoridades Originarias Ngenpin, Machi y Lonko de los Rewe de Pangku y Weicha, del Territorio Lafkenche del Budi, se convocaron al 1er "Reencuentro en la Sabiduría Ancestral, de Autoridades Originarias de la Nación Mapuche" los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2004, en el Rewe de Weicha, Sector Trawa-trawa, Territorio Lafkenche del Budi. (Comuna Saavedra, IX Región-Chile).
Los coordinadores de este encuentro, Armando Marileo y Jorge Pichiñual, señalaron en su convocatoria "los rangos de autoridades originarias que ostentamos son enarbolados, enaltecidos hasta venerados en los discursos de las esferas políticas winka (no mapuche) y hasta mapuche; muchos vociferan diciendo que éstas son las opiniones de nuestras principales autoridades mapuche, pero en la práctica para muchos ya no existimos, somos ignorantes o sin opinión política; la cultura, la espiritualidad, la filosofía de vida que defendemos, con ellas las comunidades no se alimentan, nos dicen. Pero más grave aún, es que nuestros ancianos, lonko, ngenpin, machi, rangiñelwe, ñidol, hoy las han transformado en unos simples mandados y/o solo para las fotos".
Agregan... "Uno de los grandes problemas que nos atañen hoy directamente como autoridades originarias responsable en velar y proyectar la cultura a las futuras generaciones, es el nguillatun, `nuestra espiritualidad y esencia del ser mapuche, el cual hoy está trastocados por elementos ajenos`... continúan preguntándose ¿Qué irá a ocurrir con nosotros los mapuche, cuando nuestra espiritualidad que es la esencia de nuestro ser y lo único más sagrado que nos va quedando nos las quiten?. Nos imaginamos lo que nos podría ocurrir, aunque los hermanos mapuche que avalan el proyecto dicen que, aquello traería beneficios económicos al pueblo mapuche..... Sin embargo las autoridades originarias de toda la Nación Mapuche deben informarse y emitir una opinión al respecto, pues es esa nuestra responsabilidad"....
Las Principales Autoridades Originarias que se reunieron en Trawa-trawa, decidieron levantar su voz y en sus conclusiones, categóricamente manifestaron que no están de acuerdo de dicha iniciativa sobre el Nguillatún, porque el nguillatun es patrimonio único y exclusivo de nuestra Nación Mapuche, además no se les ha consultado, no les han preguntado a los verdaderos representantes y miembros de este Pueblo. “Sabemos que han hecho firmar a más de 100 Autoridades Originarias en forma individual y con promesas; Nos preguntamos, siendo la CONADI institución de gobierno y que cuenta con recursos suficientes, porqué no convocó a las autoridades originarias para presentarle el proyecto, acaso dicha iniciativa en su trasfondo lleva intencionalidades de muerte para nuestro pueblo?”, señalan las autoridades
“Frente a éste nuevo atropello a nuestra dignidad y espiritualidad que es la esencia del ser mapuche, tanto las autoridades que participamos en el trawün de trawatrawa y aquellos que no alcanzaron a llegar, estamos dispuestos a luchar hasta el final, para conseguir que el Gobierno de Chile y Argentina se desistan de dicho proyecto. Si es necesario viajaremos a la UNESCO y todos los organismos internacionales que tengan relación o trabajen con los Pueblos Originarios para hacer nuestro reclamo”, sentencian las autoridades ancestrales reunidas en Trawua Trawua.
g) Carretera By Pass, territorio wenteche de Xuf Xuf
La carretera del By Pass, se construyó como una circunvalación en las proximidades de Temuco, para evitar la congestión vehicular en dicha ciudad de la Región de la Araucanía. Ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto afectó directamente a numerosas comunidades y centenares de familias de la Identidad territorial Wenteche, dividiendo los lazos comunitarios y familiares en la zona conocida como Licanco y Xuf Xuf. La idea de construir un "By-Pass" fue diseñada como una alternativa al paso de la ruta 5 sur por la ciudad.
En el caso del Bay Pass se habló de "expropiación pactada", de "plus cultural"; la naturaleza jurídica de la expropiación es por esencia una compraventa de carácter forzado, pero compraventa al fin y al cabo, por lo que no existe la forma de que pueda ser enajenada o vendida ya que la Ley Indígena lo prohíbe por el “interés nacional”. Su realización significa no solo la ilegalidad de estos procedimientos, sino de nulidad de Derecho Público.
En marzo del año 2002, la organización wenteche Ayjarewe de Xuf Xuf denunció graves omisiones en el proceso de construcción del by pass de Temuco.
La organización estimó que la construcción de la carretera de doble vía - que traviesa su territorio- está afectando de manera negativa al sector, ya que no considera su realidad cultural. El camino que va desde la localidad de Cajón a Vilcún, una vía habitual de tránsito de las personas del territorio de Xuf Xuf y de Llamulko, carece de cualquier tipo de pasos peatonales, al mismo tiempo excluye el medio de transporte habitual de la gente del sector, la carretela.
En medio de la construcción, a principios de noviembre del año 2000 y abril del 2001, se encontró restos óseos, artefactos cerámicos y ofrendas funerarias correspondiente a un cementerio Mapuche de una data de 2.500 años, el que fue profanado y destruido, trasladando algunas de estas piezas a los museos.
IV. ALGUNOS CASOS GRAVES SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
1.- Condena a Victor Ancalaf Llaupe por delito terrorista
Los hechos se enmarcan en una serie de ataques incendiarios perpetrados en contra de camiones y una retroexcavadora que desarrollaban faenas en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco los días 29 de septiembre de 2001 y 3 y 17 de marzo de 2002.
A raíz de esto se instruyó proceso por petición del Gobernador de la Provincia del Bío Bío, don Esteban Krausse Salazar por Ley sobre Conductas Terroristas Nº 18.314, dictada durante la dictadura militar, y fue condenado Víctor Ancalaf Llaupe por sentencia de primera instancia dictada el 30 de diciembre de 2003, a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias, sentencia modificada en segunda instancia el día 4 de junio de 2004, que condenó a Anacalaf a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y demás accesorias, por la quema ocurrida el día 17 de marzo de 2002.
El proceso que se siguió a Ancalaf adoleció de vicios procesales y además se le aplicó una legislación inadecuada. En efecto, los sentenciadores en faltas y abusos tan graves como son:
1) una equivocada valoración de la prueba, al apreciar los hechos “en conciencia”, en circunstancias que la apreciación de ella debió hacerse en conformidad al sistema de prueba tasada que exigen los artículos 456 bis y siguientes del Código de Procedimiento Penal, vigente a la fecha,
2) una equivocada convicción sobre la supuesta participación del señor Ancalaf en la quema de camiones en el Alto Bío Bío,
3) una aplicación indebida de la Ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, por cuanto no se dan en el caso los elementos subjetivos del tipo penal especial de terrorismo, como son la finalidad de producir temor en la población o de arrancar decisiones a la autoridad o imponerle exigencias, y porque la aplicación de dicha legislación, específicamente el numeral 4º de su artículo 2º, que sanciona como terrorismo el daño sobre las cosas, es claramente inconstitucional y contrario a la legislación y dogmática internacional.
Estas graves infracciones a las leyes procesales y a las garantías constitucionales fueron impugnadas mediante recurso de queja presentado a la Corte Suprema, tribunal que desechó la reclamación por resolución de fecha 22 de marzo de 2004 en una sentencia de siete líneas donde señaló que “se desprende que los sentenciadores no han incurrido en falta o abusos graves que se les reprocha susceptibles de ser enmendado por esta vía”, quedando a firme la condena por 5 años y un día.
Todo ello pese al cuestionamiento internacional de la aplicación de la legislación antiterrorista, y también de múltiples organizaciones mapuches y de la sociedad civil, a la aplicación de la legislación antiterrorista por parte del Estado de Chile, la sentencia simplemente rechazó el recurso de queja sin hacerse cargo de ninguno de los fundamentos hechos valer por la defensa.
2.- Condena a Aniceto Norín Catriman y Pascual Pichun Paillalao, lonko (autoridades ancestrales) de las comunidades ...
El proceso se inició a raíz de un incendio ocurrido el día 13 de diciembre del año 2001, en la casa del administrador del Fundo Nancahue, de propiedad de Juan Agustín Figueroa Yávar (ex ministro de Agricultura durante el primer gobierno de la concertación y actual miembro del Tribunal Constitucional), en la comuna de Traiguén (IX región). De este hecho es imputado Pascual Pichún.
Posteriormente, el día 16 de diciembre del año 2001 se produjo otro incendio en el interior del fundo San Gregorio, de propiedad de los hermanos Juan Rafael y Julio Sagredo Marín, que afectó a 10 hectáreas de pino insigne y que luego se expandió quemando aproximadamente a 80 hectáreas (también en la comuna de Traiguén). De este hecho es imputado como autor a Aniceto Norin Catriman, y además se le acusa de amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores de dicho predio.
Por requerimiento del Ministerio del Interior se inició proceso por ley antiterrorista en contra de los señalados mapuches Aniceto Norin y Pascual Pichun, y a la chilena Patricia Troncoso Robles como colaboradora. A la acción interpuesta por el Gobierno se sumó como querellante Particular el referido Juan Agustín Figueroa Yavar.
Durante todo la investigación los imputados estuvieron bajo prisión preventiva, alcanzando a permanecer en esta condición durante un año y tres meses.
El juicio oral respectivo se presentaron dos testigos sin rostro, sin que la defensa tuviese posibilidades de conocer su identidad, perjudicando claramente sus opciones de defensa.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol dictó sentencia absolutoria con fecha 14 de abril de 2003, por no haberse acreditado la participación de los imputados en los hechos.
Posteriormente, el Ministerio Público, los acusadores particulares privados y los representantes del Gobierno, presentaron un Recurso de nulidad.
Dicho recurso de nulidad fue conocido por la Corte Suprema (en circunstancias que era incompetente para ello), la que invalidó el fallo aduciendo que la sentencia correspondiente no se había hecho cargo de toda la prueba hecho valer en el juicio y que había omitido en consecuencia dar una explicación fundada por cada uno de los elementos de convicción acompañada por la parte acusadora .
De acuerdo al entender de la Corte Suprema el fallo era inválido ya que no se había fundado debidamente el fallo en relación a las razones que asistieron al tribunal para absolver a los imputados, violando de este modo la presunción de inocencia al exigir explicaciones y fundamentaciones detalladas para considerar a una persona inocente.
Producto de esta sentencia de nulidad, se llevó a efecto un nuevo juicio contra los imputados, los que fueron condenados en definitiva el 17 de diciembre de 2003, a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y demás accesorias, trasgrediéndose con ello la prohibición del non bis in idem
3.- Condena en contra de los dirigentes de la Comunidad de Temucuicui, Marcelo Catrillanca y José Naín, como autores del delito de incendio
José Naín y Marcelo Catrillanca, fueron acusados por el delito de incendio en plantaciones de la empresa Forestal Mininco S.A., perpetrado en el fundo Alaska el 2 de diciembre de 1999. Sobre esto, se les condenó a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Al respecto, es irracional que, habiendo desde 1998 negociaciones entre la comunidad y la institución de gobierno CONADI y entre ésta y la empresa forestal Mininco, con el propósito de adquirir la totalidad del fundo Alaska para la comunidad, hayan sido miembros de ésta los que destruyesen y causaren incendios. La condena contra ellos vulneró las normas reguladoras de la prueba y se ha valorado contradictoriamente en el fallo la declaración testimonial, dándole valor para acreditar algunos hechos y denegándolos en otros. Fueron además condenados por hechos inconexos, de no haber sido sometidos a proceso, acusados o siquiera condenados por el hecho que finalmente se les condenó, esto es como autores “indirectos” del incendio que habrían evitado que terceros intervinieran para apagar el fuego. Este caso, debe someterse a un recursos de revisión.
4.- Lista prisioneros políticos Mapuche - febrero 2005
Víctor Ancalaf - 5 años 1 día por incendio terrorista, 3 años y 1 día por secuestro y 3 años y 1 día por hurto madera.
Cárcel de Traiguen
Pascual Pichun Paillalao - condenado a 5 años y 1 día por amenaza terrorista. Pendiente resolución suprema sobre asociación ilícita terrorista.
Aniceto Norín Catriman - condenado a 5 años y 1 día por amenaza terrorista. Pendiente resolución suprema sobre asociación ilícita terrorista.
Juan Antonio Huenchun - condenado por hurto de madera a 800 días
Patricia Troncoso Robles - condenada a 10 años y 1 día por incendio terrorista. Pendiente sentencia por asociación ilícita terrorista.
Jaime Marileo Saravia - condenado a 10 años y 1 día por incendio terrorista
Patricio Marileo Saravia - condenado a 10 años y 1 día por incendio terrorista.
José Llanca Ailla - mas de 1 año y medio en prisión preventiva por agresión a carabineros, pendiente juicio en fiscalia militar. Pendiente sentencia por asociación ilícita.
Jorge Manquel - casi 1 año de prisión preventiva, acusado de incendio, juicio pendiente.
José Nain - 5 años y 1 día por incendio.
No habidos - Clandestinos (lista incompleta)
José Huenchunao - condenado a 10 años por incendio terrorista y procesado por asociación ilícita terrorista.
Juan Ciriaco Millacheo - condenado a 10 años por incendio terrorista y procesado por asociación ilícita terrorista.
Pascual Pichùn Collonao - condenado a 5 años y el pago de una indemnización de 3.000.000 de pesos por incendio.
Rafael Pichun Collonao - condenado a 5 años y el pago de una indemnización de 3.000.000 de pesos por incendio.
Marcelo Catrillanca - Condenado a 5 años y 1 dia por incendio.
José Llanquileo - procesado por incendio terrorista y asociaciones ilícita terrorista.
José Cariqueo - procesado por incendio terrorista y asociaciones ilícita terrorista.
Mireya Figueroa - procesada por incendio terrorista y asociaciones ilícita terrorista
Juan Antonio Colihuinca - procesado por incendio terrorista
Luis Amable Catrimil - procesado por incendio terrorista
Juan Carlos Huenulao - procesado por incendio terrorista
Angelica Ñancupil - procesada por asociaciones ilícita terrorista.
Bernardita Chacano - procesada por asociación ilícita terrorista.
Hector Llaitul - procesada por asociación ilícita terrorista.
** Varios de los señalados anteriormente, han sido integrantes de la organización Coordinadora Arauco Malleco, acusados por Asociación ilícita terrorista.
5.- Algunos casos de violenta represión e impunidad en contra de personas o grupos de personas del Pueblo Mapuche15.
En los últimos años numerosos casos de violencia y represión en contra de los Derechos humanos contra de personas o grupos Mapuche han quedado en absoluta impunidad, como también montajes orquestados para inculpar a personas Mapuche. A continuación, a modo de referencia señalaremos algunas que han sido de conocimiento público en los últimos años.
7/8/98. Alcalde Golpeó e insultó a Mujer profesional Mapuche. Este grave hecho de violencia y descabellado autoritarismo, fue realizado por el ex alcalde de Lumaco Rolando Flores, quien golpeó con los puños y azotó a Bernardita Calfuqueo contra los muros de su oficina. Las lesiones físicas provocaron hematomas y fractura de clavicula, contusiones que fueron certificadas en el consultorio de salud de Lumaco, posteriormente en el Hospital de Temuco y luego en el Instituto medico legal. Las iras del Alcalde de Lumaco se originaron debido a que Bernardita Calfuqueo, asistente social del consultorio de dicha comuna, en el mes de junio de 1998, interpuso una querella contra la Jefa de Personal del municipio, Nelba Kröll, por el delito de discriminación étnica del que había sido objeto ante testigos.
13/11/98. Funcionario del MOP (Ministerio de Obras Públicas) agrede a mujer Mapuche. María Isabel Curihuentro, dirigenta de la asociación de mujeres Mapuche Aukinko Zomo, sufrió la agresión física con golpe de puño por parte del antropólogo y funcionario del MOP (Ministerio de Obras Públicas), Luis Inaipil Saavedra, durante la clausura del Tercer Congreso Chileno de Antropología, realizado en la Universidad Católica de Temuco, en represalia por la denuncia hecha por organizaciones mapuche acerca del involucramiento de antropólogos en Estudios de Impacto Ambiental que avalan la construcción de megaproyectos (Carreteras, Represas, etc.) en territorios indígenas, vulnerando los derechos colectivos del pueblo Mapuche.
En el mismo año 99, la anciana, Machi María Claudina Ancamilla, autoridad tradicional, espiritual Mapuche, en el sector Temulemu, fue cobardemente agredida por carabineros, quien relataba: " ese día me encontraba cerca del aserradero cuidando mis animalitos cuando me vieron los Carabineros. Como cinco, me tiraron al suelo golpeándome con palos y patadas diciéndome ‘qué andas haciendo aquí vieja de m...!’ perdí el sentido y cuando lo recuperé le dije déjame vivir, no maten , quiero mi vida soy sola. Entonces no me apalearon más" (Informe CODEPU, 1999). El resultado de la brutalidad policiaca fué: traumatismo encéfalo-craneano, probables fracturas costales múltiples y fractura clavícular izquierda y, una contusión abdominal complicada y hematomas en glúteos y piernas.
El 21 de abril del año 2000, Miembros de la comunidad mapuche Pablo Quintriqueo denuncian ataques de guardias privados que trabajan para Forestal Bosques Arauco, los que habrían golpeado a miembros de la comunidad y contaminado el suelo con vertido de pesticidas.
16/9/2000 "Latifundista baléa a comunero Mapuche":Un latifundista en la localidad de Lautaro, hirió a balazos al comunero Juan Cheuquelén, residente en el sector Alto meco de Lautaro. El latifundista, propietario del Fundo Los castaños, con quien la familia Cheuquelén mantiene un juicio por recuperación de porción de terreno (1 hectárea aproximada), la que fue usurpada y donde existe un juicio pendiente. En un intercambio de palabras el comunero recibió dos disparos provocandole graves heridas en la pelvis y en el muslo.
23/11/2000.El abogado Jaime Madaraiaga, que representó al comunero mapuche Enrique Millalén Milla, presenta una demanda por "falsificación de documento público" en contra de dos Carabineros que, en el curso de una investigación de un atentado incendiario que afectó a una camioneta de Forestal Mininco en Collipulli, afirmaron que en el lugar del atentado habían encontrado el carnet de identidad del comunero mapuche. según el abogado, el carnet de Millalén le fue entregado a la policía por Francisco Boero, ABOGADO DE FORESTAL MININCO, varias horas después de registrarse el atentado. Los policías acusados son identificados como el Teniente Nelson Vilches Rodríguez y el Cabo Primero Héctor Badilla Jara.
27/11/2000. Un Juez de Collipulli dicta una orden de detención por "falso testimonio" en contra de dos personas que sirvieron de testigos al MINISTERIO DEL INTERIOR en un juicio en contra del comunero mapuche Marcelo Catrillanca, a quien se le acusaba de participar en un atentado incendiario al domicilio de un obrero forestal. Los "testigos" del Ministerio del Interior, identificados como Arturo Namuncura Montoya y Ricardo Namuncura Manquel, acusaron a Catrillanca de participar en este atentado, pero el acusado, el día de los hechos, SE ENCONTRABA ENCARCELADO EN COLLIPULLI.
16/1/2001"Daniela Ñancupil, de 12 años, hija una autoridad tradicional, fue cobardemente atacada por policías de carabineros en medio de un operativo por desalojar a comuneros que reivindicaban un predio forestal. Sin embargo, el hecho ocurrió distante al lugar de conflicto. La niña recibió numerosos balines en su cuerpo, agredida y casi fue arrollada por el bus policial.
17/1/ 2001"Brutal desalojo de mujeres mapuches desde edificio intendencia" Por orden de la Intedenta Berta Belmar y el Gobernador Isaac Vergara, fueron desalojadas violentamente por efectivos policiales una treintena de mujeres que intentaban entrevistarse con las autoridades en dicho edificio por la injusta y arbitraria detención de sus esposos desde el sector Quinahue (Galvarino) el 13 de enero 2001. Las mujeres fueron reprimidas y violentadas, continuando en el exterior del edificio los graves enfrentamiento, quedando varias mujeres con lesiones y una veintena de detenidas.
En enero del año 2001, el comunero Abraham Santi Calbullanca es víctima de violencia innecesaria por parte de carabineros de Chile, quien a raíz de las heridas recibidas perdió un ojo en un impacto de bala, en la zona de Lleu Lleu VIII Región..
23/2/2001. Cuatro mapuche de la Comunidad Temucuicui resultan heridos con balas de goma tras la represión de Carabineros destinada a desalojar un fundo de Forestal Minincol. De acuerdo a los mapuche, la ocupación se debe a que el Gobierno no cumplió su compromiso de restituir 405 hectáreas de territorio a la comunidad Temucuicui que se acordó con la Corporación de Desarrollo Indégena (CONADI). El lonko de la comunidad, Juan Catrillanca, denuncia que durante su Campaña Presidencial, Ricardo Lagos había asegurado que "la comunidad Temucuicui tendrá sus tierras cuando yo sea Presidente". Lagos asumió la Presidencia de la República en Marzo del 2.000.
En el mes mayo del 2001 en Tirúa, cuatro mapuche, Juan Bautista Liempi Marihuén,; Domingo Marihuén Marín,; Abel Marihuén Huenupil, y Hernán Albornoz Carilao, , todos de comunidades Mapuche rurales de Tirúa, fueron heridos de bala por funcionarios de la policía de investigaciones. Juan Bautista Liempi tuvo una fractura de la pelvis, producto de una bala, y estuvo a punto de que le amputen sus testículos.. . Los hechos ocurrieron en la misma comuna, mientras cientos de personas recibían el pago de subsidios estatales del INP. La persecución terminó en las afueras de la Escuela F-866, de Tirúa, con inminente peligro a los niños y niñas que estaban a esa hora en el establecimiento.
13/6/2001: Latifundistas se organizan y amenazan públicamente con armas en apoyo de Daniel Lichtenberg Rilling, latifundista en el fundo el temo, victoria. Al respecto fueron varios los Latifundistas que llegaron vestidos con ropa de camuflaje, otros exhibieron sus escopetas y revólveres con los cuales estarían dispuestos a utilizarlas ante cualquier ataque mapuche. Manuel Riesco, presidente del Consorcio Agrícola del Sur y de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo),. Amenazaba que esto iba a terminar mal.
19/7/2001. Violento desalojo sede Consejo de Todas Las Tierras. Un amplio operativo policial se realizó en cumplimiento de una diligencia ordenada por los fiscales Alberto Chifelle y Francisco Rojas, que pretendía incautar antecedentes y equipos. el inesperado accionar policial dejó como saldo a 6 mapuche heridos y una decena de detenidos.
Agosto del 2001: "Denuncian agresión a niña escolar Pewenche por razónes políticas": Yury Muñoz, una menor Pehuenche de 17 años que cursa su escolaridad en la Escuela - internado "Ralco" en el Alto de Bio Bío, fue brutalmente agredida por compañeras de establecimiento debido a razónes políticas. La agresión se cometió en un baño donde varias menores por discusiones confusas, la habrían acusado de violentista, activista, revolucionaria y hasta de comunista, haciendo una relación a la participación de esta niña Pewenche con su familia en la masiva marcha realizada en Temuko el 25 de julio y donde fueron detenidas 124 personas. El Consejo Pewenche, integrado por diversos dirigentes del Alto del BioBío, señalaron a los medios de comunicación que el incidentes había sido consecuencia de la atmosfera provocada por el cuerpo doncente de la Escuela y que generó una confrontación causando estos serios incidentes. La niña Pewenche agredida sufrió un tec cerrado, permaneciendo inconsciente por varios minutos, mostrando a la vez severas contusiones.
Noviembre 2001 Represión en contra de comuneros Mapuche en proximidades de fundo forestal. ... “Decenas de mapuches tirados en el suelo pidiendo ser atendidos, los gritos de niños y mujeres corriendo en busca de refugio, tras escuchar el ensordecedor ruido de las escopetas antimotines. A lo que se sumaba el polvo del camino que se levantaba para juntarse con los gases lacrimógenos, haciendo el aire irrespirable, mientras los indígenas seguían tirados entre la maleza sangrando de sus heridas” (redacción Diario Austral, Temuco, noviembre 15, 2001). Los hechos ocurrieron en las proximidades del fundo el Rincón, de la empresa Forestal Mininco, donde comuneros Mapuche, reivindican dicho predio, participación de gananciales y el rechazo absoluto por parte de las comunidades a la instalación de una tenencia provisoria de Carabineros al interior del fundo.
Los incidentes ocurrieron cerca de las 11 horas del 14 de noviembre, donde se desató la violencia. Alrededor de cien efectivos policiales, vestidos con trajes antimotines y portando escopetas lanza bombas lacrimógenas y balines, procedieron a despejar la ruta que había sido bloqueada por los comuneros para evitar que dos máquinas cosechadoras ingresaran a "El Rincón". La violenta acción arrojó numerosos heridos y una quincena de detenidos.
10/3/2002. "Dan cuenta de la existencia de Grupo Anti-Mapuche" La denuncia de un comando paramilitar antimapuche fue recibida por un medio periodístico de la comuna de Victoria, las noticias, a quienes informaron sobre la estructuración de un comando dispuesto a ejecutar todo tipo de "represalias contra los indígenas". "El comando va a defender a los agricultores, a las forestales y a las hidroeléctricas del ataque de indígenas radicalizados", dijo el informante, agregando que "con este anuncio empieza a funcionar el comando Hernán Trizano y todas las actividades que realice desde hoy en adelante, junto con adjudicárselas, se van a dar a conocer oportunamente a los medios de comunicación".
24/9/2002: Mapuche denuncia a Carabineros de hurto y apremio ilegal. El comunero mapuche del sector Xuf Xuf, Alberto Coliñir Painemil, presentó una denuncia en la Fiscalía Militar de Temuco contra Carabineros de la Tercera comisaría, por hurto y apremios ilegales. Según el afectado fue interceptado por dos pobladores en el camino Vilcún Cajón, sector Fundo Santa Ana. En el momento en que sujetos lo tenían reducido boca abajo, se presentaron dos carabineros del Reten de Cajón, quienes comenzaron a golpearlo con patadas y palos y el hurto de dinero. Cabe mencionar que en diciembre de 1999 Alberto Coliñir denunció haber sido víctima de torturas por parte de Carabineros de la 3ª Comisaría de Padre las Casas, dando origen a una causa en la Fiscalía Militar de Temuco por apremios ilegítimos que actualmente se encuentra en la Corte Marcial, sin que aún surta efecto.
12/10/2002.- Dos mujeres lafkenches, dueñas de casa e integrantes de la comunidad Epu Budi, quienes junto a sus pequeños hijos impidieron el ingreso por la fuerza y sin autorización alguna de funcionarios estatales que habían irrumpido el lugar en un intento de iniciar trabajos de un supuesto ensanchamiento de camino, sin embargo lo que se pretendía ahí era generar una franja que se asimila a una carretera. Los funcionarios del Ministerio de obras públicas estaban acompañados por un cuerpo militar, ante esto, Catalina Marileo y Margarita Marileo detuvieron la intromisión, exigiendo a los funcionarios que se retiraran... Luego comenzaron forcejeos en medio de unos diez hombres, momento en que aparece Luis Aillapán defendiendo a su esposa y cuñada, pero sin producirse mayores incidentes. Posterior a esto, el Ministerio de obras públicas inicio un juicio en contra de las dos mujeres y de Aillapán, por agresión, y los medios de comunicación, falsamente, publicaban que “encapuchados mapuche” habían agredido a funcionarios.....
12/11/2002. Fallece Alex Lemun Saavedra, asesinado por la policía. A las 6:15 de la mañana, Falleció Edmundo Alex Lemun Saavedra, el joven Mapuche de la coordinadora Aauarko Malleko, asesinado por la policía de carabineros, quien se mantuvo en estado agónico desde el jueves 07 de noviembre. , Alex Lemún, era un joven menor de edad de 17 años, de la comunidad Montutui Mapu, del sector Agua Buena, cuya comunidad reivindicaba el fundo forestal de la empresa Mininco, Santa Alicia, al momento del cobarde ataque.
25/11/2002. Ante aplicación de ley anti terrorista, Directora de Escuela desmiente que sean Mapuche quienes realizaron ataque incendiario en contra de su establecimiento. Directora acusa de atentado para inculpar a Mapuches. Ana María Garcés, directora de la Escuela Básica G-27 "Colonia Manuel Rodríguez" que fue destruida por un incendio terrorista, señaló a la prensa en relación a quiénes podrían ser los responsables de lo sucedido, precisando que sabe que hay gente cercana a la escuela que no puede ver a los mapuches. María Garcés dijo que había una persecución constante hacia los alumnos indígenas por gente interesada en dejarlos mal. Categóricamente señaló que los responsables no son ni mapuches, ni estudiantes ni profesores, habiendo manos oscuras en este atentado.
25/11/2002. Ante ataque incendiario contra Escuela, directora acusa de atentado para inculpar a Mapuches. Ana María Garcés, directora de la Escuela Básica G-27 "Colonia Manuel Rodríguez" que fue destruida por un incendio terrorista, señaló a la prensa en relación a quiénes podrían ser los responsables de lo sucedido, precisando que sabe que hay gente cercana a la escuela que no puede ver a los mapuches. María Garcés dijo que había una persecución constante hacia los alumnos indígenas por gente interesada en dejarlos mal. Categóricamente señaló que los responsables no son ni mapuches, ni estudiantes ni profesores, habiendo manos oscuras en este atentado.
04/12/2002. Ola de detenciones, principalmente contra integrantes de la Coordinadora Arauko Malleko. En amplios operativos policiales comienza una fuerte ofensiva por detenciones en contra de dirigentes Mapuche . Por una orden judicial, se instruyó a Carabineros la realización de diligencias que tiendan a la detención de integrantes Coordinadora Mapuche Arauko Malleko y simpatizantes de la causa Mapuche en diversos puntos de Temuko y la Región.
9/02/2003. Comunidad acusa de ser objeto de persecución y amedrentamiento. los dirigentes de la comunidad de Tricauco, comuna de Ercilla, denunciaron estar siendo sometidos a una campaña de amedrentamiento por parte de Carabineros y de guardias de la empresa Forestal Mininco S.A. este amedrentamiento se ha manifestado en la detención de dirigentes de la comunidad, el allanamiento a la casas, sustracción de instrumentos de trabajo y bienes personales.
13 de agosto de 2003 la corte de inmigración de Londres- Inglaterra acogía la petición de exilio político del ex cabo de carabineros Julio Cesar Pino Ubilla, quien había desertado a la institución motivado por una serie de persecución contra su persona y además por cuestionar los métodos policiales y violación a los Derechos Humanos por parte de la institución contra minorías sexuales, jóvenes y la Aplicación de Tortura contra miembros de comunidades mapuche.
El 12 de octubre del 2003, comuneros mapuche de la comunidad we choyum de la Comuna de Pitrufquen y especialmente el profesional Mapuche José Millalen Paillal fueron víctimas de apremios ilegítimos, negación de atención medica y posteriormente la aplicación de tortura en el calabozo de la comisaría de carabineros de Pitrufquén.
En el mismo mes y año, se efectuó una fuerte represión policial y apremios ilegítimos contra miembros de la comunidad José Gineo, del lugar Rofue del sector Likanko de la comuna de Temuco quedejó a una decena de personas heridas, incluída mujeres y niños
El 21 de febrero del 2004, el werkén del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, fue amenazado con arma de fuego por un Sub oficial del ejército identificado como Rubén Arias, que según denunció el propio Huilcamán, este corrió gravemente riesgo su vida, relatando a través los detalles que debió enfrentar por la tarde del sábado 21 de febrero en pleno centro en la ciudad de Temuco.
06/06/2004. Alejandra Cayul Yevilao, fue brutalmente baleada a quemarropa en un predio disputa, por el actual concejal Guido Barría en la comuna de Lonquimay (sector cordillerano, territorio pewenche). Este atentado se origino por un conflicto de tierras, en la comunidad de Lof Mapu, la cual viene siendo reclamada por mas de una década a través de un titulo de merced que ratifica la legalidad de la demanda.
En octubre 2004, Un Informe del Servicio de Salud Araucanía Norte, da cuenta de los efectos ocasionados por los múltiples allanamientos de carabineros a las comunidades mapuche para realizar detenciones, donde se señala que se continúa maltratando físicamente e insultando a los residentes, incluyendo a mujeres, niños y ancianos....... “A los niños les han amenazado, golpeado contra el suelo y la pared, dado culatazos con armas de fuego y les han hecho presenciar fuertes escenas en que sus padres, cuidadores o familiares son agredidos física y psicológicamente", señala textualmente en parte el Informe elaborado por el Servicio de Salud Araucanía Norte y que por primera vez -de parte de un organismo de Estado- reconoce y deja en evidencia el escenario de terror que viven a diario cientos de familias mapuche, hostigadas por la policía chilena. El Informe se llama “Diagnóstico y de Intervención Comunidad Cacique José Guiñón- Ercilla - servicio psiquiatria Programa de salud Mapuche”.
Diciembre del 2004. Habitantes de la comunidad mapuche Temucuicui de la zona de Ercilla, relatan que su vida se ha visto dramáticamente perjudicada a causa de los sucesivos allanamientos a cargo de Fuerzas Especiales de Carabineros. Dicen que los constantes operativos se han caracterizado por el uso de la fuerza. Añaden que los más afectados son los niños, pues han sido testigos de la violencia policial
6.- Algunos casos de torturas en democracia en contra de personas Mapuche16
“Según testimonios verosímiles, en la zona Mapuche estos últimos años, aparte de abusos y torturas contra detenidos -incluido el uso de electricidad-, se están llevando a cabo masivos allanamientos armados en las comunidades, amedrentamientos, golpizas contra comuneros, ancianos y niños e incluso un caso de secuestro por desconocidos y una muerte por disparo. "Como en los mejores tiempos de la CNI y la dictadura militar", lo grafica una declaración emitida el año recién pasado por las más importantes organizaciones políticas Mapuche”.17
Similares hechos habrían ocurrido, según el periodista de El Siglo Cristián Pavez, el 17 de noviembre del 2000, cuando "400 efectivos de Carabineros ingresaron a los terrenos de la comunidad (de Temucuicui).
Procedieron a disparar balines de goma, registrar viviendas y detener a comuneros indígenas. Testigos de la acción relataron que los policías profirieron diversos insultos: " Vamos a violar a estos indios. (&) V amos a hacerlos salsa a patadas" .
Respecto a esta última, quizás la más cruel, se señala que: "Todavía persiste su practica en cuarteles policiales, principalmente en aquellos ubicados al interior del territorio Mapuche.".
V.- CASOS INGRESADOS A LA CIDH.-[/b]
1.- Caso los 141 y el Estado chileno:18
Presentacion denuncia ante la CIDH:
18 de septiembre de 1996.
Los peticionarios argumentan la responsabilidad de la República de Chile (“el Estado”) por violaciones de derechos humanos en perjuicio de más de un centenar de personas pertenecientes al pueblo mapuche. En efecto, los afectados denuncian una “injusta persecución judicial” que se habría iniciado en junio de 1992 y culminado en marzo de 1996, como castigo por “hacer valer en forma pacífica derechos históricos relativos a su existencia y cultura”. Se refieren a los actos organizados y llevados a cabo por integrantes del Consejo de Todas las Tierras durante el mes de abril de 1992, como protesta por el quinto centenario de la llegada de los españoles al continente americano. Tales actos incluyeron la conformación de un “primer tribunal mapuche” y el llamado “proceso de recuperación de tierras”, en virtud del cual ocuparon varios terrenos aledaños a sus comunidades. Como respuesta, el Poder Judicial chileno nombró a un Ministro en Visita que tramitó diversas denuncias criminales presentadas por el Intendente de la IX Región de dicho país contra más de un centenar de mapuches y contra la organización Consejo de Todas las Tierras. Los procesos se llevaron adelante por usurpación de terrenos y se determinó que el Consejo de Todas las Tierras se había convertido en una asociación delictiva. La sentencia de primera instancia dictada el 11 de marzo de 1993, que condenó a 141 personas de la etnia mapuche, se confirmó por sentencia de 6 de septiembre de 1994 de la Corte de Apelaciones de Temuco. Finalmente, la Corte Suprema de Chile rechazó el 27 de marzo de 1996 el recurso de reposición presentado por los abogados de las presuntas víctimas.
• Derechos Vulnerados:
Derecho a la libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); libertad de asociación (artículo 16); e igualdad ante la ley (artículo 24).
Estado Tramitación:
Declarado admisible por la Comision Interamericana de Derechos humanos y evacuado informe condenatorio al estado Chileno con fecha 27 de febrero de 2002.
2.- familias pewenche – estado chileno – Endesa
El 10 de diciembre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recibió una petición presentada por Las familias Mapuche pehuenche opositoras a la represa, en la cual se alegaba la violación por parte del Estado de Chile de los derechos protegidos por los artículos 4, 5, 8, 12, 17, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con motivo del desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, llevado adelante por la Empresa Transnacional ENDESA. En la misma comunicación los peticionarios realizaron una solicitud de medidas cautelares, a fin de evitar daños irreparables a los derechos de las supuestas víctimas. Esta última solicitud estaba encaminada a evitar que la empresa procediera a inundar las tierras que ocupan las presuntas víctimas, como parte de la construcción de la represa.
la propia CIDH, reconoce la importancia de las medidas a las que se ha comprometido el Estado para el reconocimiento de los derechos de todo el pueblo mapuche en Chile. La Comisión, señala, que estará atenta y dará seguimiento al cumplimiento del acuerdo que se aprueba.
Entre uno de los puntos, está el asumido por el Gobierno de Chile quien se comprometió a insistir en una reforma constitucional ante el Congreso Nacional, para lo cual presentará un nuevo proyecto de ley, cuya iniciativa se acompañará de un amplio proceso de entendimiento en torno a su contenido, generando instancias de diálogo y convocando a las organizaciones y comunidades indígenas en cuanto directos interesados y al conjunto de la sociedad chilena, con la finalidad alcanzar un amplio consenso sobre su contenido.
Sin embargo, ante la reciente propuesta de Reforma Constitucional entregada por el Gobierno el pasado 16 de abril de 2004, y que es absolutamente desentonada, a espalda de los Pueblos originarios, el gobierno violó el acuerdo vinculante suscrito ante la CIDH, puesto que para la definición del contenido de su propuesta de Reforma no se realizó el proceso de dialogo, consulta y consenso con las organizaciones y comunidades que había sido establecida.
Otro de los puntos, es la ratificación del convenio 169 que tampoco se ha cumplido.
En el mismo orden, el Gobierno se comprometió a nombre del Estado chileno a asumir mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras que afectan a las comunidades Indígenas del sector del Alto Bío Bío, conflictos que en vez de resolverse se agudiza aún más. También, dentro de los acuerdos, estaba contemplado el de tomar mecanismos para asegurar que las comunidades indígenas sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, pero como respuesta a esto, las familias pewenche tuvieron recientemente la inundación cometida por ENDESA de su cementerio ancestral.
Otro de gran envergadura, es el que dentro de un plazo breve y urgente, se asumirían medidas respecto de las causas judiciales que afectan a dirigentes indígenas que han sido procesados por acciones relacionadas con la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, entre ellos, la del dirigente Víctor Ancalaf.
A continuación se extienden detalles de las obligaciones suscritas ante la CIDH – documento preparado - extracto 19
La realización de la Central Hidroeléctrica Ralco, en el sector del Alto Bío Bío, en la VIII Región del país, en tierras ancestrales del pueblo mapuche-pehuenche, y que inundó cerca de 638 hectáreas de propiedad ancestral, y que obligó a la relocalización de 98 familias indígenas que hubieron de abandonar su hábitat histórico, implicó un enorme impacto al sistema de vida de las comunidades indígenas de Ralco Lepoy y Quepuca Ralco y una abierta trasgresión a los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 4, Derecho a la Vida; su Artículo 5; Derecho a la Integridad Personal; su Artículo 12, Libertad de Conciencia y de Religión; y su Artículo 21, Derecho a la Propiedad Privada, tal como fue denunciado en petición Nº 4617/02, presentada a vuestra Comisión.
.....Como es de conocimiento de la Comisión, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile a raíz de la Central Hidroeléctrica Ralco ante el sistema interamericano de justicia, se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las familias mapuche pehuenche peticionarias del Alto Bío Bío, que fue suscrito por las partes el 13 de octubre de 2003, y aprobado por la CIDH el 11 de marzo de 2004. En él el Estado chileno se obligó —como una medida “de perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los Pueblos Indígenas y sus comunidades”— al “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas existentes en Chile, quienes conservan manifestaciones étnicas y culturales propias que enriquecen la identidad nacional, con el fin de elevar a rango constitucional principios que en el ámbito nacional e internacional Chile adhiere” y, también, a la “Ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT por parte de Chile”.
Para dar cumplimiento a ese aspecto del Acuerdo el Gobierno de Chile se comprometió a insistir en una reforma constitucional ante el Congreso Nacional presentando un nuevo proyecto de ley (todos los que se han presentado hasta ahora han sido rechazados). Pero, previo a plantear esa nueva iniciativa al Congreso, el Estado se obligó a acompañar la reforma constitucional de : a) “un amplio proceso de entendimiento en torno a su contenido”, generando para ello b) “instancias de diálogo”, y convocando c) “a las organizaciones y comunidades indígenas en cuanto directos interesados y al conjunto de la sociedad chilena”. Todo ello, como señala el instrumento, “con la finalidad de alcanzar un amplio consenso sobre su contenido”. Y para el cumplimiento de esos objetivo, el Gobierno se comprometió a arbitrar las siguientes medidas:
“1. Iniciar un proceso de diálogo con las organizaciones y comunidades indígenas, consistentes en seminarios y/o congresos regionales, respecto del contenido del reconocimiento constitucional.
2. Realizar un proceso de diálogo con todos los partidos políticos, de gobierno y oposición así como con las bancadas parlamentarias, antes y durante la discusión legislativa del proyecto de reforma.
3. Promover la toma de conciencia nacional sobre la importancia del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, a través de seminarios regionales y nacionales, así como por medio de una amplia difusión en medios de comunicación social.”
No obstante, transcurrido más de un año desde la suscripción del Acuerdo, ni el Ejecutivo, ni ningún órgano o poder del Estado de Chile, han desarrollado un proceso según prevé el Acuerdo. No ha existido, ni se ha iniciado, desarrollado y menos concluido, ningún proceso de consulta, “diálogo”, negociación, “entendimiento” o de búsqueda de “consenso” con organizaciones o comunidades indígenas, en los términos señalados en el Acuerdo, en orden a definir el contenido del reconocimiento constitucional. Y, más aun, pese a esa obligación contraída por el Estado de determinar en conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas el contenido de la reforma constitucional, el Ejecutivo ha anunciado que repondrá un proyecto de reforma constitucional cuyo contenido a definido él mismo. 20
Una situación similar sucede con la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT, al cual también está obligado internacionalmente el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuya ratificación sigue pendiente ante el Congreso y el Gobierno de Chile nada ha hecho para avanzar en ese sentido.
Este incumplimiento por parte del Estado de Chile a las obligaciones suscritas en el Acuerdo respectivo, constituye no sólo una gravísima falta a su palabra sino que también una violación inaceptable al Convenio Americano de Derechos Humanos y una burla a uno de sus principales órganos de protección de dichos derechos.
VI.- CASOS PRESENTADOS A LA CIDH – SUJETOS A ADMISIBILIDAD
Denuncia por el caso de Aniceto Norin y Pascual Pichun21.
1.- El caso de los lonkos es relevante porque se enmarca en un contexto de criminalización del movimiento mapuche, que se puede remontar en el tiempo a la persecución que sufrió el Consejo de Todas las Tierras en el año 1992. Este proceso, se caracteriza por la utilización de leyes especiales (Seguridad del Estado, Ley antiterrorista), de aplicación recurrente durante la dictadura, vulneración de derechos individuales básicos como la presunción de inocencia, derecho a comunicarse con su abogado sin interferencias, cosa juzgada, prueba ilícita (testigos sin rostro), prisión por deudas, etc. Un proceso que ha sido avalado desde distintos órganos del Estado, Ministerio Público, gobierno y Senado (por medio de informes y declaraciones)
El caso de los lonkos es un caso paradigmático en el proceso, pero no es un caso aislado.
2.- La denuncia se presentó concretamente contra la sentencia de la Corte Suprema que decidió anular el primer juicio (que absolvió a los lonkos). Se puede decir en todo caso, que todo el proceso seguido contra los lonkos, incluyendo por cierto el segundo juicio es violatorio de los DDHH, pero ya la decisión de la Corte Suprema lo había hecho.
3.- Este fallo vulnera dos derechos establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
3.1. Infracción del principio de presunción de inocencia. (Artículo 8.2)
“El fallo de la Corte Suprema anula la sentencia absolutoria y el juicio oral porque en su entender no se había fundado debidamente el fallo en relación a las razones que asistieron al tribunal para absolver a nuestro representado. De este modo el derecho a la presunción de inocencia es vulnerado meridianamente, ya que la Corte Suprema exige que para que la sentencia absolutoria dictada en su contra tenga validez, deben explicarse detalladamente las razones por las que es inocente. Lo anterior no es sino una abierta violación al principio de inocencia, puesto que la Corte parece olvidar que no es obligación dar explicaciones de la inocencia, ni probarla….”.
3.2. Infracción Al principio non bis in idem, no ser juzgado 2 veces por los mismos hechos ( Artículo 8.4 Convención Americana)
“El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos.”
Lo que hace la Corte Suprema al anular el primer juicio y ordenar la realización de un segundo, es que se realizara un segundo juicio. Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron juzgados por los mismos hechos, por los mismos cargos las 2 veces.
Las impugnaciones a las sentencias (apelaciones o nulidades) deben entenderse como derechos de los individuos para el caso de ser condenados; pero en cambio, no existe un derecho del Estado a renovar una acción en la que ya habían fracasado.
4. Nuevas infracciones en el segundo juicio.
En presentación del 22 de diciembre de informó la situación actual del caso; esto es, la realización del nuevo juicio, la respectiva condena, y su ratificación por la Corte Suprema.
En el segundo juicio no sólo se consolida la violación del principio non bis in idem, sino que adicionalmente se vulnera el derecho al debido proceso.
Este segundo juicio contiene una serie de atropellos:
falta de imparcialidad del Tribunal. En este segundo juicio, los jueces no sólo olvidan que la inocencia se presume, sino que derechamente presumen la culpabilidad.
Se juzga a los peticionarios por hechos que no son propios, sino del Pueblo al que pertenecen, eventualmente, de las comunidades.
Son sancionados por un delito que no se encuentra previsto en la legislación. Sólo pueden sancionarse conductas expresamente descritas por el legislador, y supuestas “amenazas terroristas” no son una conducta que la ley describa en forma alguna; lo que la ley sanciona son las “amenazas de atentados terroristas”.
Junto con la presentación de la denuncia se pidió como medida cautelar, que se ordenará la suspensión del nuevo juicio que la Corte Suprema había ordenado hacer. De esta manera se buscaba evitar la inevitable violación del derecho a no ser juzgado 2 veces. No importa que la segunda sentencia los hubiere absuelto, pues ya al ponerlos en riesgo de una condena se vulneraba un derecho. Por otra parte se pretendía evitar un perjuicio irreparable o difícil de subsanar, como resulta de la situación actual.
El contexto actual, llevaría a pensar que se requieren nuevas medidas inmediatas22.
Caso Rafael y Pascual Pichún, hijos del lonko Pascual Pichún
Ambos se encuentran No habidos, considerados por la justicia chilena como “prófugos” debido a que mantiene una orden de aprehensión por no tener dinero para pagar una indemnización de perjuicios de $ 6.000.000. El caso fue presentado a la CIDH durante el año 2004.
1 Informe Derechos Humanos de Los Indígenas, Universidad Diego Portales, 2003.
xx Toledo Llancaqueo, Víctor, Recopilación: Ponencia en el cuarto congreso de antropología - Universidad de Chile - El Segura y Perpetua Propiedad. Notas sobre el debate jurídico sobre derechos de propiedad indígena en Chile, siglo XIX - por Víctor Toledo Llancaqueo, acerca de la Ley del 4 de diciembre de 1866.-
2 Aylwin, José: Los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas. Instituto de estudios indígenas, 2000.
3 Informe Derechos Humanos de Los Indígenas, Universidad Diego Portales, 2003.
4 Aporte Castrillo María Isabel, área Jurídica Fundación Instituto Indígena. La medición se realiza cada dos años a través de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica. (CASEN) cuyos resultados orientan la inversión pública para la superación de la pobreza (1987, 1990, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003).Otro enfoque de pobreza, es el Enfoque de Desarrollo Humano, que se materializa en un Índice de Desarrollo Humano (IDH) que incorpora dimensiones cualitativas.
5 Víctor Toledo Llancaqueo, Todas las Aguas.
6 Recopilación Agrupación Mapuche Konapewman.-
7 Por Coordinadora de Defensa de las Comunidades Mapuche Lafkenche.
8 Seguel, Alfredo, Agrupación Konapewman.
9 Anuncios del Ministro de agricultura Jaime Campos al participar en el seminario “Implicancias de los Acuerdos de Libre Comercio en el Sector Forestal”, organizado por el Instituto Forestal, INFOR -30/10/2003 (agencia de noticias Minagri)
10 Los lineamientos estratégicos de CONAF para el período 2000 – 2006, señalan la incorporación de la actividad forestal en los sistemas productivos de los pequeños propietarios forestales mediante modalidad de Crédito de Enlace con INDAP; mediante modalidad Gestión Subsidiaria Participativa; mediante modalidad en Mediería con grandes empresas forestales; o mediante crédito Banco Estado. Conaf estima que en Chile existe unas 2.000.000 hectáreas de pequeños propietarios para la aptitud forestal.
11 Decreto Ley Nº 701. Bonificación que incentiva la forestación creada desde la dictadura militar desde el año 1974. Indap: Insitituto nacional de desarrollo agropecuario; Conaf, Corporación nacional forestal; Infor, Instituto Forestal.
12 Informe de la Misión a Chile del Relator de Derechos Indígenas de la ONU. 2003 – 2004
13 Impacto Plantaciones Forestales Pinus Radiata El Caso del Sector Rukañanco comuna de Contulmo. centro de desarrollo, medio ambiente y cultura mapuche-lafkenche.- Francoise Laigneau, Félix Gallet y Gacile Andrieux 1999.-
14 Seguel, Alfredo, Agrupación Konapewman.
15 Mapuexpress – Informativo Mapuche
16 Colaboración Cristian Opaso, ojos bien cerrados, Toruras en democracia, 2005.
17 Idem. Cristian Opaso, periodista, ojos bien cerrados, torturas en democracia. 2005
18 Redactado por Danko Jacard, abogado Observatorio de Derechos de los Pueblos indígenas.
19 Aporte Fuenzalida Sergio, abogado Programa de Derechos Humanos indígenas de la Universidad Arcis.
20 En efecto, el día 16 de abril de 2004, el Presidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar, junto al entonces Ministro de Planificación y Cooperación, Andrés Palma, en ceremonia pública, y con amplia cobertura periodística, dio a conocer al país su “Política de Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas”, titulado “Chile quiere poner fin a las injusticias, y dar oportunidades a todos, también al mundo indígena”, donde manifestó su decisión de presentar un proyecto de reforma constitucional a la brevedad ante el Congreso Nacional, para ser votado este año 2004.
En relación al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el Presidente Lagos, anunció la reposición de los proyectos de reforma constitucional la que en sus palabras a contendrá “en lo sustancial” :
• Se reconoce la existencia de los pueblos indígenas como parte de la nación y que poseen culturas e identidades propias.
• Que los pueblos indígenas son descendientes de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que les son propias.
• Que es deber del Estado garantizar el pleno respeto de los pueblos indígenas, con el objeto de preservar la diversidad cultural de la nación y el ejercicio de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas en un marco constitucional que asegure la unidad nacional.
Así, de concretarse el anuncio presidencial en una iniciativa legal, tal como se anuncia públicamente, el Gobierno de Chile faltará a la obligación convenida en el Acuerdo firmado ante la CIDH contenida en su título III.- “ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA”, numeral 1, letra a), ya indicada, en cuanto al dialogo, entendimiento y consenso previo que debe buscar con las comunidades y organizaciones indígenas para definir los términos de la reforma constitucional, siendo carga del Estado buscar la fórmula más adecuada para materializar este compromiso.
21 Aporte Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
22 Se anexa escrito – caso presentado a la CIDH 2004.-