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Timestamp: 2019-12-08 11:33:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 84', 'artículo 115', 'artículo 121', 'artículo 71', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 76', 'artículo 79', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 84', 'artículo 87', 'artículo 27', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 71', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 84', 'artículo 27', 'artículo 111', 'e contrario', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 27', 'artículo 109', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 140', 'artículo 149', 'artículo 115', 'artículo 19', 'artículo 40', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'artículo 132', 'artículo 71']

DS. Senado, Comisiones, núm. 232, de 13/11/2013
Sesión celebrada el miércoles, 13 de noviembre de 2013
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se reanuda la sesión.
Comenzamos con nuestro trabajo donde lo habíamos dejado ayer en la tarde-noche, en el cuarto bloque de apartados.
Apartados cincuenta y cinco a sesenta y dos, correspondiente al título II, de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. La defensa de las enmiendas se hará por un tiempo de diez minutos, como saben sus señorías.
Al Grupo Parlamentario Mixto, que no está presente, le correspondía defender las enmiendas números 116 a 118, 185, 217 y 218, 300 a 302 y 390.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la señora Martínez Muñoz para la defensa de las enmiendas números 649 a 651.
Voy a intervenir brevemente porque solo hemos presentado tres enmiendas en este cuarto bloque, dos de ellas a instancias del Cermi, que lo que pretenden exclusivamente es garantizar que en el texto se contemplen las características y especificidades del colectivo de las personas con discapacidad, y una enmienda propia, en este caso, la número 649 en la que pedimos, en coherencia con lo establecido por el Consejo de Estado a la hora de fijar los criterios de admisión de los alumnos en las educaciones post-obligatorias, el rendimiento académico constituya un 10% del proceso de admisión de estos alumnos. Como digo, es una enmienda que presentamos en coherencia con el Consejo de Estado porque entendemos, además, que el rendimiento académico tiene que tener una valoración justa en las calificaciones finales y en los procesos de admisión de los alumnos en las educaciones postobligatorias.
Estas tres enmiendas son las que ha presentado mi grupo, que someto a consideración de la comisión para su votación posterior.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la señora Sequera para defender las enmiendas números 444, 447, 548, 549, 551 y 553.
La señora SEQUERA GARCIA: Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, las da por defendidas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo Lloan, para defender la enmienda número 749.
El señor ALTURO LLOAN: Gracias.
Primero quiero hacer una consideración previa. Nuestra enmienda número 776 hace referencia al apartado Cincuenta y siete, artículo 82.2, de la LOE, relativa a la igualdad de oportunidades en el mundo rural, pero no sé si la tengo que defender ahora o después en el capítulo final de adiciones. Repito, es una enmienda al artículo 82.2 de la LOE, que se refiere a los comedores y al transporte escolar.
La señora PRESIDENTA: Me informa el señor letrado que se tratará en el bloque sexto.
El señor ALTURO LLOAN: De acuerdo, la defenderemos en el bloque sexto.
La enmienda número 749 pretende eliminar el último inciso del apartado 3, del artículo 84, que señala lo siguiente: «A estos efectos, los centros deberán justificar de forma objetiva y razonada la elección de dicho sistema, así como la implantación de medidas académicas para favorecer la igualdad». Consideramos que no es necesario imponer cargas adicionales que dificulten una forma de ejercicio de los derechos fundamentales que el propio precepto declara legítima y que no debe implicar desventaja alguna.
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, LOE, ya contempla dos instrumentos en los que el titular del centro ha de explicar la opción por la educación diferenciada y las medidas para hacer efectiva la igualdad de hombres y mujeres que son el carácter propio, artículo 115 de la LOE, y el proyecto educativo, artículo 121. Este proyecto educativo del centro debe incorporar el tratamiento transversal en las áreas,
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas y respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la LOE y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, que incluyen el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Por lo tanto, nosotros pedimos, con esta enmienda, la supresión de la parte que hace referencia a esta igualdad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, senador Alturo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender las enmiendas 839 a 842, tiene la palabra la senadora Flores.
La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero pedir disculpas porque me he despistado por completo en el despacho y he llegado casi justita.
Después de debatir ayer los tres primeros bloques, si algo ha quedado claro, por lo menos a mí, es que cuando se habla de equidad el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado no hablan de lo mismo. A nuestro juicio, equidad en el sistema escolar se refiere a cómo se trata a los más débiles, a los más desfavorecidos para mejorar sus condiciones y no puede haber equidad si no hay igualdad de oportunidades; lo mismo que no hay igualdad de oportunidades si no hay equidad y eso desde el inicio del proceso educativo hasta el final del mismo, garantizando por lo tanto una educación inclusiva desde el principio y ayudando a que todos terminen en las mejores condiciones, como les decía antes. Por eso, cuando hablamos de calidad de la enseñanza no podemos olvidar la equidad que tiene que impregnar todo el sistema, ¿o solo nos interesa, señorías, el alumnado de excelencia? El Grupo Parlamentario Socialista cree, por supuesto, que no.
Si partimos de ese concepto de equidad, que no es el del ministro ni el del Gobierno, está claro que este proyecto de ley acaba con él, a pesar de que PISA reconoce que España, en general, y las comunidades autónomas están a la cabeza de Europa con otros países en lo que a equidad se refiere. Por eso, no entendemos por qué este proyecto de ley lanza un ataque frontal contra ella.
Además de las autoemiendas que introdujo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en el Senado también introducen otras dos que justifican para salvar contradicciones con otros artículos, facilitar estudios a distancia a personas adultas y así lo que hacen es dar vueltas de tuerca a su ley cuando nosotros creemos que la mejor autoenmienda que pueden presentar es retirar este texto y empezar de nuevo.
Como decía la presidenta, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este bloque estas cuatro enmiendas y todas ellas son de supresión. Ayer se criticó que nosotros presentáramos enmiendas de supresión. ¿Saben por qué? Pues porque nosotros seguimos defendiendo la LOE. Su articulado nos parece más apropiado y no compartimos en absoluto lo que ustedes proponen porque, a nuestro juicio, es discriminatorio y, desde luego, no garantiza la igualdad de oportunidades y de trato. Por eso, con estas enmiendas de supresión queremos que se vuelva al texto de la LOE.
Desde ayer estamos escuchando cosas que a mí me resultan increíbles, por calificarlas de manera suave. Se están retorciendo argumentos con medias verdades para intentar desvirtuar o, mejor dicho, camuflar lo que de verdad subyace en este proyecto de ley, que es ni más ni menos que elitismos, segregación, preeminencia de la privada sobre la pública y educación de excelencia para quien tenga, desde luego, posibilidades económicas y para los demás lo que quede. Con el argumento del esfuerzo y del rendimiento se cargan el principio de igualdad de oportunidades y, por tanto —como les decía antes—, la equidad, eliminan becas —por cierto, y perdone que le haga un inciso, pero vaya papelón el del ministro Wert ayer con las Erasmus—, los estudios se están convirtiendo en una carrera de obstáculos y, además, se elimina profesorado. En definitiva, la educación ya no será un servicio público para todos y todas y ya no habrá —repito— equidad.
En cuanto a la educación diferenciada ya tuve ocasión de preguntar al ministro que dejó claro lo que piensa el Gobierno y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular. Ustedes se saltan las sentencias de los tribunales, interpretan a su manera las recomendaciones del Consejo de Estado para hacer lo que en realidad pretendían: financiar con fondos públicos los minoritarios y exclusivos centros de élite en manos casi siempre de la Iglesia católica. Le repito lo que dije entonces, yo no discuto el derecho de estos centros a existir con su propio ideario, lo que discuto y a lo que mi grupo se opone es a que se financien con fondos públicos, dinero de todos y todas para unos pocos.
No es de recibo, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que en época de recortes y dificultades económicas se dedique el poco dinero que hay a financiar estos centros en lugar de destinarlo a conseguir que nadie se quede fuera, que nadie se quede en la cuneta. Eso no es equidad. El Estado, señorías, tiene la obligación de garantizar una educación adecuada al consenso democrático y de igualdad, justo lo contrario que hace su ley, suya porque al final se han quedado solos.
Hemos presentado estas enmiendas porque nuestra voluntad es defender la igualdad en la escuela, la educación pública sostenida con fondos públicos con arreglo a nuestra legislación, que ustedes cambian para atender sus compromisos partidarios. La equidad de nuestro sistema educativo y la consecución de los objetivos de Europa 2020 es lo que nos interesa, objetivos que nosotros compartimos y que con esta ley y los recortes ya practicados cada vez, a nuestro juicio, están más lejos.
Su defensa de la libre elección de centro por la familia por fin la vemos clara. Nos parece que es al revés, que los centros elijan a los alumnos. Pero lo que está sobre la mesa es que los de siempre hagan un negocio también con la educación. Ustedes no retocan la LOE, señorías, le dan la vuelta con la excusa del abandono escolar temprano y del elevado fracaso escolar que, por cierto, con su itinerario y las nuevas titulaciones de FP van a lograr bajar estos datos, aunque sea a costa de manipularlos.
Por último, esta contrarreforma es injusta, muy injusta y muy regresiva, también puramente ideológica y nos hará más desiguales primando los intereses de una minoría sobre los derechos de todos los españoles y españolas. Hagan caso, si no a los grupos parlamentarios, que ya veo que no, a la comunidad educativa. Creo que están a tiempo y que podemos buscar juntos la solución a los problemas que, sin duda, tiene nuestro sistema educativo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Flores.
Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Haro.
La señora DE HARO BRITO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero señalar que este grupo había presentado las enmiendas 696 y 697 a este bloque de artículos y que, por tanto, quedan ya incorporadas al texto.
En este turno en contra tenemos que señalar que debemos tener en cuenta que estamos tratando los apartados cincuenta y cinco a sesenta y dos de la LOMCE y de los artículos 71 a 90 de la LOE. Estamos hablando de 18 artículos. A este bloque se han admitido cinco enmiendas. Previamente, en la ponencia se había admitido la enmienda 185 del Grupo Parlamentario Mixto, que daba una nueva redacción al apartado 2 del artículo 71, y también la enmienda 226, por la que se pretende incorporar una disposición transitoria que vendría a ser la segunda. Señora presidenta, aceptamos la enmienda 390, también del Grupo Parlamentario Mixto, que da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 84. Esto supone que, por ello, dos enmiendas de otros dos grupos a este mismo bloque, concretamente la 217 del Grupo Parlamentario Mixto y la 749, al apartado 3 del artículo 84, a la que se ha referido el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, no se admiten dado que —repito— aceptamos la nueva redacción que se propone en la enmienda 390 del Grupo Parlamentario Mixto.
Tenemos que destacar que en este bloque, de aproximadamente 40 enmiendas, además de tener estas cinco admitidas, muchísimas son —como ha señalado la senadora Flores— de supresión y, por tanto, no se admiten porque su aceptación supondría precisamente volver al texto de la Ley Orgánica de Educación. Esto mismo ocurre con numerosas enmiendas de otros grupos; concretamente son de supresión las enmiendas 117 y 118 de Izquierda Unida, las números 445, 548 y 549 de Entesa, la 302, del Grupo Parlamentario Mixto y las números 839 y 840 del Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, como todas ellas son enmiendas de supresión, entendemos que el texto que propone la LOMCE es mucho más adecuado a la actual situación de la educación en España. Por consiguiente, no las asumimos porque es una vuelta a la LOE.
También es muy curioso y llama la atención que en algunas de las enmiendas se proponga la supresión de una serie de artículos y, a continuación, se presenten otras con las que se pretende la modificación de esos mismos artículos, es decir, son enmiendas casi contradictorias entre sí. Por ejemplo, esto sucede con las enmiendas 444 y 445 de Entesa o con algunas de Izquierda Unida.
Señorías, me llaman la atención igualmente algunas aseveraciones que se hacen en varias justificaciones a algunos artículos. En este sentido, es llamativo que en la enmienda 116, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a Izquierda Unida, se pongan en duda procesos de admisión que hasta ahora han tenido validez y que se establecen en la Ley Orgánica de Educación, correspondiendo al
artículo 84. En algunas ocasiones incluso se parte de un concepto erróneo de la libre elección de centros. En la enmienda 152 se señala que previamente no hay un derecho a respetar la libertad de elección de centros, lo cual para este grupo resulta sinceramente llamativo.
Por otro lado, tengo que destacar que también es llamativo que Izquierda Unida presentara una enmienda por la que se quería eliminar la posibilidad de concertada en la tramitación de la Ley Orgánica de Educación en el año 2006 que el Grupo Parlamentario Socialista, mayoritario en aquel momento, no tuvo en cuenta y, en cambio, en las enmiendas al texto que ahora tratamos, a la LOMCE, para nada habla de esta característica.
Respecto a la enmienda 776, que señalaba el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, aunque se tratará en el bloque sexto, se pretende —creíamos— la modificación del artículo 82.2, y se corresponde con alguna de las mociones que se han presentado tanto en el Congreso, por el mismo grupo, como en el Senado y que han sido rechazadas por la mayoría, representada en esas mociones y, en este sentido, entendemos que en el artículo 82.2 aparece bien defendida la posibilidad para los alumnos o alumnas de las zonas rurales y, por tanto, entendemos que la redacción que se mantiene en el artículo 82.2 es la más correcta para las necesidades actuales.
Nada más, señorías. Señora presidenta, seguiré en el turno de portavoces.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senadora De Haro.
El señor ALTURO LLOAN: Intervengo muy brevemente para hacer constar que ya me han respondido a una enmienda que todavía no he defendido. Ya empezamos mal.
Tiene la palabra la senadora Flores.
La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Voy a ser muy breve. Al final se consuma lo que nos temíamos. Ustedes aceptan la enmienda 390, de Unión del Pueblo Navarro, del Grupo Mixto, lo que significa que los colegios que separan por sexos, lo que ustedes llaman la enseñanza diferenciada, ya no tendrán que justificar que garantizan la igualdad. A eso, que a nosotros nos parecía que por lo menos ponía un freno y que el Consejo de Estado se lo había recomendado, ustedes dicen que no, simplemente se les da el dinero y punto. A nosotros nos parece mal. Seguimos pensando que eso no está bien y que, por lo menos, habría que justificarlo, como salió del Congreso, de forma razonada. Ya no se razona, simplemente se da el dinero. Ustedes tienen la mayoría, así que ustedes sabrán.
Además de lo dicho antes y de esta puntualización, yo quisiera apuntar otras cinco notas que abundan en nuestra posición de rechazo a este proyecto de ley. Como le decía al principio, el truco estadístico de la FP; la cara oculta de la reválida, que nos parece fundamental reseñarlo; la invasión de competencias de las comunidades autónomas y relacionado con este punto los líos que han formado con las lenguas, creando problemas donde no los había. El otro tema importante es la financiación. Nosotros nos preguntamos —y no solamente nosotros, sino también el Consejo de Estado y la Unión Europea— de dónde va a salir el dinero para implantarla. Ahora nos hemos enterado de lo que todos sabíamos, pero ahora es cuando nos ha dicho el ministro que va a ser cara. ¿Quién la paga? Se lo dijo, como le apuntaba, el Consejo de Estado y la comisaria de Educación, la señora Vassiliou, le dijo textual que necesitarán importantes recursos presupuestarios. ¿Dónde están? Desde luego, en los Presupuestos para el 2014 no. ¿Pagan las comunidades autónomas? ¿Quién paga esto?
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Flores.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora De Haro.
La señora DE HARO BRITO: A la vista de las manifestaciones de los senadores de los dos grupos que han intervenido, me referiré, en primer lugar, al senador Alturo. Usted mismo ha hablado de la enmienda 776. Como usted sabe, también ha mencionado que se refería al artículo 82.2, que es uno de los artículos incluidos en este título pero, independientemente de que ya he señalado que dicha enmienda se tratará en el bloque correspondiente, usted o su grupo en la enmienda 776 presentan una justificación y, en base a ella, es por lo que esta senadora ha hecho brevemente una consideración, teniendo en cuenta que este tema ya se ha tratado, como usted sabe perfectamente, tanto en el Congreso como en el Senado y en esta Comisión de Educación en el debate de diferentes mociones. Solamente quería hacer esta puntualización.
En cuanto a la senadora Flores, quiero manifestar respecto a la financiación que ya el señor ministro en la Comisión General de las Comunidades Autónomas mencionó y dijo una vez más, después de cinco conferencias sectoriales con los representantes de las diferentes comunidades autónomas, que la financiación se está estudiando por un grupo de trabajo y que, por tanto, se van a tener en cuenta tanto las manifestaciones que hagan las comunidades autónomas como lo que resulte de este grupo de trabajo.
Estamos tratando un bloque que ya sufrió modificaciones en el Congreso. Entró en el Congreso con los apartados cincuenta y tres a cincuenta y siete y ahora en el texto, en el Senado, aparecen como apartados cincuenta y cinco a sesenta y dos del título II de la Ley Orgánica 2/2006, que, como todos saben, se trata de la equidad en la educación y que comprende 4 artículos referidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo, a la compensación de las desigualdades en educación y, entre ellos, aparece el artículo 82.2, que antes mencionábamos, la escolarización en centros públicos y privados concertados y, por último, en el capítulo IV, premios y concursos. Pues bien, de los 19 artículos, con sus correspondientes apartados, tan solo se reforman parcialmente, si bien de una manera importante, algunos de los apartados de 4 artículos —los números 71, 84, 86 y 87—, se modifica el texto de uno en su totalidad, que es el artículo 76, y se añade un nuevo artículo, que es el artículo 79 bis. Ejemplo, por tanto, de lo que este partido ha señalado reiteradamente, y es que se trata de la anterior ley, de introducir las mejoras que se entienden necesarias en la Ley Orgánica de Educación, a diferencia de lo que hizo el Partido Socialista en el año 2004, cuando derogó de manera inmediata, sin posibilidad de ver los resultados, la LOCE.
Pues bien, en la ley en general y en este bloque en particular, aunque se nos acuse de no ser dialogantes, se han admitido, como he dicho en mi anterior intervención, enmiendas de otros grupos. Lo que sí está claro y lo que destaca es que el Partido Socialista siempre habla de que el Partido Popular no tiene diálogo, que este grupo no dialoga, que el ministerio tampoco dialoga, y esto se dice desde esa concepción que entendemos que tiene la izquierda de que no hay diálogo, ni espíritu de consenso si no se aceptan enmiendas pero, desde luego, no lo hay si no se aceptan las del Grupo Socialista. En el Congreso, si no me equivoco, se admitieron enmiendas, entre ellas, al artículo 76, de Unión del Pueblo Navarro, y en la ponencia, como ya he señalado, se admitieron las enmiendas 185 y 226 del Grupo Parlamentario Mixto y en este acto hemos admitido la 230, del mismo grupo.
Señorías, las modificaciones realizadas en este bloque son de las que más se han hablado en relación con la reforma, que pretende la LOMCE, de la Ley Orgánica de Educación y recordemos que consisten, básicamente, en que en el capítulo I se regulen los extremos relacionados con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, existe una muy ligera modificación del artículo 76 de la LOE para introducir el objetivo de permitir al alumnado con altas capacidades intelectuales desarrollar al máximo sus capacidades en los planes de actuación de las Administraciones educativas. En el capítulo III, que se refiere a la escolarización en centros públicos y privados concertados, se modifican el artículo 84, apartados 2 y 7, y el artículo 87, apartado 2. Se incluye el criterio del rendimiento académico entre los puntos a tener en cuenta en los procedimientos de admisión a la enseñanza postobligatoria, con el límite del 20% de la puntuación asignada a las solicitudes de admisión y con la posibilidad importante de reducir o modular este porcentaje cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de cohesión del sistema. Igualmente, se introduce expresamente la posibilidad de suscribir conciertos educativos en los centros de educación diferenciados por sexos por entender que esta forma de organización educativa no es discriminatoria.
Esto no lo dice el Partido Popular ni el ministerio, sino la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, que, como todo el mundo sabe, es de 14 de diciembre de 1960, y siempre que se cumplan ciertos requisitos y exista una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación, así como que estén previstas medidas para favorecer la igualdad. Además, este supuesto ha sido analizado recientemente en una sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2012, es decir, del año pasado.
También se regula la posibilidad de que los centros públicos y privados concertados reserven plazas destinadas a los alumnos afectados por movilidad forzosa de los padres, tutores legales o por cambio de residencia derivados de actos de violencia de género, al tiempo que aumentar el número de alumnos por aula para la escolarización de alumnos de incorporación tardía o por incorporaciones ocasionadas por traslados forzosos.
Mucho se ha hablado, señorías, sobre si la nueva regulación conculca los principios de libertad de enseñanza, libre elección de centro o que va contra el principio de igualdad o, mejor dicho, equidad en la educación. Yo les digo ya que no, puesto que se garantiza el derecho de acceso a la educación en las condiciones previstas en el artículo 27 de la Constitución, la libertad de elección para los padres como principio constitucional, posibilitando que las familias puedan elegir que sus hijos e hijas acudan a los centros concertados. Entre estos centros además se encuentran aquellos que se prevén en el artículo 84, apartado 3, párrafo segundo, en la redacción dada en esta ley que ahora estamos analizando, la LOMCE. En este punto tengo que destacar la sorpresa por la insistencia en la crítica de la educación diferenciada. Tengo que señalar que esta educación se estima que ocupa tan solo el 0,7% en toda España.
También estos grupos critican los centros privados, pero tenemos que señalar que hasta en la LOE se tuvo que reconocer, como se señala expresamente en su exposición de motivos, la necesidad de que existiera educación privada concertada por mandato derivado de la propia Constitución. Tenemos que recordar que en la tramitación de la LOE Izquierda Unida presentó una enmienda, como he señalado anteriormente, para eliminar conciertos con centros privados, que no fue admitida por el Partido Socialista. Pero obras son amores y la realidad, señores del Partido Socialista, es que ustedes en las comunidades que han gobernado han llevado a cabo conciertos o han mantenido los que existían, como ha sucedido en Andalucía y Asturias, que conoce bien el senador Álvarez Areces, así como en otras comunidades autónomas.
Igualmente curioso resulta que Izquierda Unida no presente enmiendas en el sentido de eliminar la educación concertada mediante modificación de los artículos de la LOE, como pidió en la tramitación de la ley en 2005, porque equidad —se ha dicho reiteradamente— no es igualar por debajo, sino posibilitar el acceso en las mismas condiciones, y este principio, señorías, les digo que está garantizado. Resulta claro que las medidas adoptadas no suponen una vulneración, no porque lo diga el Partido Popular, no. Así, el artículo 84. 3 en la redacción que propone este proyecto de la LOMCE reseña que no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención que ya he mencionado anteriormente, relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada por conferencia general de la UNESCO el 14 de diciembre.
Como muy bien reseña el informe del letrado de esta comisión, en la Convención de la UNESCO de 1960, en su artículo 2, se preveía que los Estados firmantes admitieran las enseñanzas diferenciadas por sexos, como es el caso de España. A estos efectos, su artículo 1 entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza; en una palabra, entiende por discriminación el trato desigual que persigue o genera segregación. Además, dispone que la enseñanza diferenciada por sexos no constituirá discriminación en este sentido siempre y cuando reúna los requisitos expresados en su artículo 2, a la que, como hemos visto, alude también el precepto recién citado del proyecto. Además tenemos que recordar —importantísimo— el artículo 10.2 de la Constitución, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España. De ahí la sorpresa manifestada anteriormente, en el turno en contra de las enmiendas, de que algún grupo político presentara una enmienda poniendo en duda la validez o la constitucionalidad de la mencionada convención de la UNESCO. Por otro lado, tal artículo también se debe interpretar a la luz del
párrafo primero del artículo 84.3 que hemos establecido en el texto de la LOMCE, que dice que en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Por último, quiero recordar que el Tribunal Constitucional ha resaltado en múltiples ocasiones el hecho de que, aunque la cláusula del artículo 14 garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación, en ningún caso implica que prohíba cualquier trato desigual. Por tanto, trato desigual no es sinónimo de trato discriminatorio. Al respecto, figuran, entre otras, la sentencia 22/1981, fundamento jurídico tercero, y, más reciente, la sentencia 87/2009, fundamento jurídico séptimo. Recomiendo además por lo que se refiere al tema de la equidad un interesante estudio de la OCDE, Diez pasos hacia la equidad en la educación, muy aclaratorio y relacionado con el asunto que tratamos.
Detrás de este ataque a la reforma, en la exposición de la senadora Flores, del Grupo Socialista, se hablaba de que lo que se pretende es apoyar a la privada, frente al trato de lo público. Pues bien, entendemos que detrás de este ataque a la reforma se esconde una vez más el enfrentamiento que algunos propugnan, señoría, entre la escuela pública y la concertada y la privada. Ambas conviven pacíficamente en la práctica, como saben, y basta con observar los últimos datos de los que disponemos para ver que la enseñanza pública sigue siendo mayoritaria en nuestro país: representa el 68,3%, mientras que la concertada ocupa un 25% y, aproximadamente, un 7% la privada, opciones absolutamente legítimas siempre que se elijan con absoluta libertad, que es lo que nosotros defendemos.
Señorías, hasta en esto se nos acusa de llevar a cabo una reforma ideológica, una reforma que parte de una ley aprobada bajo Gobierno socialista, la LOE, que fue una reforma de reformas, es decir, una contrarreforma. Tengamos en cuenta que fue la cuarta ley bajo mandato socialista, después de suspender de manera inmediata la LOGSE. En este punto debemos recordar el dictamen del Consejo de Estado número 1125/2005, de 14 de julio, en el expediente relativo al anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación, que, tras destacar la falta de consenso sobre el mismo, señalaba de modo claro el carácter profundamente ideológico.
Y respecto al título II de la LOE que ahora estamos analizando, también el Consejo de Estado se refería ampliamente a una serie de defectos entonces establecidos, que esta reforma de la LOMCE, artículo 71 a 90, pretende mejorar. Señalaba que los artículos 81.3 y 82.2 no dejaban claro si la gratuidad y la oferta necesaria de un puesto escolar se impone solo para la educación primaria o también para la educación secundaria; señalaba que los apartados 2 y 3 del artículo 83 no dejaban claro qué función iba a corresponder al Estado y cuál a las comunidades autónomas; señalaba también respecto a los artículos 84.2 y 86.1 que no quedaba clara la determinación sobre quién regularía el régimen de admisión de alumnos; respecto al artículo 84.2, del que ya hemos hablado, señalaba que se añadiera una parte final; señalaba la necesidad de establecer con mayor claridad el peso que tenía el expediente académico en las admisiones en las enseñanzas de bachillerato, que establecía el artículo 85.1; y señalaba que de la lectura de los artículos 84.2 y 86 se desprendía que no habría desarrollo reglamentario estatal para los criterios de admisión regulados en el artículo 84 y siguientes. Pues bien, señorías, todos estos defectos respecto al título II se señalaban en aquel dictamen del Consejo de Estado y ahora, con esta modificación de la LOMCE, se pretenden corregir.
Por ello, resulta a esta senadora, sinceramente, sorprendente las afirmaciones que se realizan por partidos que llevaron a cabo una normativa en la que hay aspectos francamente mejorables y que se pretenden corregir para hacer realmente efectivos los principios constitucionales en materia de educación, así como los contenidos previstos, entre otros, en los artículos 1 y 71 de la LOE, que ahora también modificamos en algún aspecto pequeño, pero también en el artículo 27 de la Constitución.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora De Haro.
Damos por finalizado este cuarto bloque.
Entramos en el quinto, apartados 63 a 81, correspondiente al título IV, centros docentes, y título V, participación, autonomía y gobierno de los centros de la Ley Orgánica 2/2006; disposición adicional segunda del proyecto, disposición transitoria única del proyecto y disposición final segunda del proyecto.
Para la defensa de las enmiendas, tienen la palabra los grupos parlamentarios.
En primer lugar, correspondería al portavoz del Grupo Mixto, que no está presente, para la defensa de las enmiendas números 119 a 138, 173 a 177, 187 y 188, 219 y 220, 303 a 317, 375, 385 a 386.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez Muñoz para la defensa de las enmiendas 652 a 658 y 674.
Mi grupo ha presentado ocho enmiendas a este apartado, un bloque importante porque hace referencia, primero, a las funciones del consejo escolar y también a las funciones que va a desempeñar el director, así como a su proceso de selección.
Casi todas nuestras enmiendas, quitando un par de ellas, hacen referencia a la inclusión de especificaciones respecto de las personas con discapacidad y que hemos presentado a instancia del CERMI. El resto de enmiendas, como decía, se van a centrar en estas cuestiones. Voy a empezar a hacer una defensa pormenorizada de todas y cada una de ellas.
En el caso de la número 652, mi grupo lo que está proponiendo es una mejora pedagógica del texto modificado por la LOMCE, incluyendo un párrafo en el que se diga que las administraciones educativas podrán favorecer el ejercicio de la función directiva en los centros docentes, dotando a los directores de la necesaria autonomía de gestión para impulsar y desarrollar las acciones de calidad educativa. Para explicar esta enmienda es necesario conocer que mi grupo, además, está pidiendo la supresión de los artículos que modifican las funciones del consejo escolar y del director. ¿Por qué? Porque entendemos que, si bien es cierto que estamos de acuerdo en que los centros tienen que tener mucha más autonomía, así como que la figura del director y del equipo directivo es fundamental para garantizar una correcta autonomía de los centros docentes, eso — la autonomía de los centros docentes y el incremento de las responsabilidades del equipo directivo — no está reñido con el mantenimiento de la actual capacidad decisoria respecto de la política y la gestión de los centros docentes en los consejos escolares.
Por lo tanto, pedimos la supresión del apartado que regula las nuevas funciones del consejo escolar, porque entendemos que la minoración de sus responsabilidades es negativa, va contra el principio democrático, va contra el modelo de escuela y contra el modelo educativo que mi grupo parlamentario defiende y, además, entendemos, como decía, que eso no está reñido con dotar a los directores y al equipo directivo de una mayor autonomía. Por eso hemos incluido esta enmienda, en la que decimos explícitamente que las autoridades educativas dotarán a los equipos directivos y al director, en este caso, de cuantos instrumentos sean necesarios para garantizar su autonomía.
Del mismo modo, entendemos que la función del director como cabeza de un equipo directivo es fundamental. Por lo tanto, tenemos también enmiendas en las que lo que venimos a pedir es que en el concurso de méritos para optar a la plaza de director se tenga en cuenta, y mucho, la opinión del profesorado. No recuerdo en este momento cuál es el porcentaje exacto, pero dentro de este comité que se crea para organizar las candidaturas y fijar cuáles son los méritos para la función de director, lo que pedimos es que el peso del claustro de profesores, en este caso, y el peso de los representantes que puedan venir del consejo escolar, sea superior al que marca la ley.
Entendemos también que dentro de lo que es el reparto competencial —y hay una enmienda que se refiere específicamente a este aspecto— es fundamental establecer los criterios que permitan mayor estabilidad al conjunto del profesorado y al claustro dentro de los centros educativos. Y, además, dentro de lo que es el establecimiento del ámbito competencial entre las administraciones educativas y el ministerio, entendemos que otra vez hay una invasión de competencias. Se está valorando la función pública docente y se está pidiendo un mínimo de cinco años, pero nosotros lo que venimos a decir es que, además, se tenga en cuenta la prestación de servicios en la función pública docente en el ámbito de la Administración educativa convocante de la plaza de director, en este caso. Entendemos que eso favorece, primero, la estabilidad del personal docente de los ámbitos educativos. Y, segundo, es mucho más respetuoso con el reparto competencial. Porque de nuevo tenemos que decir que la LOMCE invade competencias una y otra vez, ninguneando a las autoridades educativas. Se lo dije al ministro en la conferencia de comunidades autónomas, que pretende que el Ministerio de Educación se convierta en autoridad educativa, pues está asumiendo funciones que son propias de ellos. Quiere llegar hasta el nivel de tener que establecer cuáles han de ser los criterios básicos de las funciones del director de los centros docentes. Entonces, ¿qué papel les queda a las autoridades educativas en todo este proceso? ¿Qué capacidad vamos a tener de gestionar nuestros propios centros? Absolutamente ninguna.
Y en el caso de comunidades autónomas que han demostrado, además, que con un sistema común a todas las comunidades autónomas han sido capaces de gestionar eficazmente sus centros docentes, a tenor de los resultados no solo educativos o de informes como el de PISA, sino en valoraciones y homologaciones de calidad de la gestión educativa. Hay centros en los que es evidente que hay excelencia, y algo de responsabilidad tendrán las autoridades educativas en esa gestión.
Por lo tanto, una ley que pretende erigir al ministerio en autoridad educativa, ninguneando, en este caso, a las comunidades autónomas, se va a tener que encontrar siempre con la oposición de este grupo.
Estas son las enmiendas que, a nuestro juicio, solventan, primero, ese gap competencial, así como esa asunción de competencias que no le son propias. Y, segundo, son medidas que van a garantizar que la mayor autonomía de los centros no sea a costa de reducir el valor democrático de la participación en los consejos escolares de los diferentes actores de la comunidad educativa.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, en concreto, la señora Sequera García, que es su portavoz, tiene las enmiendas números 448 a 459, 487 a 491, 550, 552, 554, 571, 595, 600 y 603.
La señora PRESIDENTA: Las da por defendidas. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene las enmiendas 750 a 758, 777, 780 y 784. Tiene la palabra el senador Alturo.
Nosotros, en este bloque que se refiere a los centros docentes y a la participación, autonomía y gobierno de los centros, hemos presentado bastantes enmiendas. En primer lugar, voy a hacer referencia a una enmienda en la que pedimos la supresión del artículo 111 bis nuevo, que pretende regular materias como las tecnologías de la información y la comunicación, vulnerando nuevamente en este proyecto las competencias de las comunidades autónomas en este ámbito. Fíjense, señorías, el nivel al que llegamos, pues pretenden regular temas como las tecnologías de la información, que son competencia de las comunidades autónomas, y, en definitiva, el nivel de recentralización es tremendo, ya que es evidente que llegar a este nivel de concreción muestra una gran voluntad de recentralizar competencias.
La enmienda número 752 propone la supresión del segundo y tercer párrafo del apartado 3, porque su contenido pone en cuestión la finalidad última de la evaluación de los centros, que no es otra que su mejora en clave de procesos y de resultados. Los estudios internacionales, OCDE, McKinsey, etcétera, indican que el ejercicio de la autonomía por parte de los centros debe ir acompañada siempre de los correspondientes mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad educativa y a la propia Administración.
En relación con los recursos complementarios, proponemos en una enmienda que la aprobación la efectúe el consejo escolar y no el director, tal y como establece el redactado actual. De hecho, es el consejo escolar del centro el órgano de participación de la comunidad educativa en su gobierno, y, por lo tanto, le compete el control de los aspectos vinculados a la gestión económica.
Un grupo de enmiendas, las números 755, 756, 757 y 758, juntamente con las números 777 y 780, sobre la selección del director, requisitos para ser candidato a director, procedimiento de selección y nombramiento, planteamos su supresión y, en consecuencia, el retorno a la LOE. Consideramos más adecuado el sistema actual que el que proponen en esta ley.
Por último, la enmienda número 784 a la disposición final segunda pretende su eliminación, por no considerar oportuna la modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, puesto que las administraciones educativas de las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias, orientan y asesoran a los centros en relación con su gobernanza. Además, los centros, en virtud de su autonomía, ajustan la composición de sus estructuras y órganos de gobierno a las necesidades de sus alumnos y de sus familias, así como las del entorno.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, senador Alturo.
Tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 843 a 862, 885, 889 y 892, su portavoz, el senador Álvarez Areces.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días. Hago uso de la palabra en este bloque quinto con la defensa de una serie de enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, desde mi punto de vista, de gran trascendencia en lo que significa el debate político en torno a la LOMCE.
En realidad, a lo largo de todo el debate parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado —y esta Cámara ha jugado un papel importante al activar ese debate con una serie de planteamientos nuevos, como ha sido la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se pusieron de manifiesto por primera vez los posicionamientos totalmente contrarios a la ley, en virtud de su sistema competencial, por parte de algunas comunidades autónomas— hemos visto posiciones que, desde nuestro punto de vista, reflejan claramente un profundo y radical planteamiento de la LOE, que es lo que en realidad significa la LOMCE.
Nosotros hemos basado nuestras enmiendas generalmente en la supresión de los párrafos de la LOMCE que a nuestro juicio empeoraban la LOE, la vuelta a la LOE y en algún caso, de forma muy específica en este bloque que voy a presentar, incluso la modificación de algunos aspectos de la LOE. Pero en mi intervención voy a tratar de llamar la atención sobre tres puntos importantes de este bloque de enmiendas.
El primero de ellos corresponde a las enmiendas 844 y 845, donde planteamos el debate en torno al artículo 109. En una de esas enmiendas planteamos la supresión de todo el texto de la LOMCE y en la otra la modificación incluso del texto LOE, y lo hacemos en función de lo que a nuestro juicio ha significado la ruptura clara del pacto constitucional en materia educativa. Por eso pedimos en la enmienda 844, de modificación al apartado sesenta y cuatro del artículo 109, que quede redactado como enuncio aquí. Planteamos en la enmienda una lectura del artículo 109 y, sobre todo, añadimos de forma explícita que en todo lo que concierne a la escolarización de los alumnos y a los procesos de admisión de alumnos se tendrá en cuenta, en primer término, la red existente de centros públicos en el territorio en el que se ejercen sus competencias y, en segundo término, la red existente de centros privados sostenidos con fondos públicos para completar las necesidades de escolarización. Añadimos y restituimos la palabra público. Continúa: Asimismo, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. ¿Por qué decimos esto? Porque desde nuestro punto de vista el proyecto de ley que aquí se somete a debate, la LOMCE, supone, como dije ya en mi intervención con motivo de la comparecencia de la secretaria de Estado, que estamos viviendo el momento más difícil de la educación pública en nuestro país, de la escuela pública, y también un ataque sin precedentes a la educación pública al tratar de subordinarla a la privada.
Nuestro grupo parlamentario considera que de forma irresponsable se rompe el pacto educativo de la LODE, que se había respetado hasta entonces. Se instaura un modelo basado en una auténtica segregación o proceso selectivo gradual que afecta socialmente a capas de la población muy sensibles desde el punto de vista económico. Se está supeditando la admisión del alumnado a criterios selectivos que van en detrimento de una planificación educativa que siempre se ha considerado previa al carácter de la decisión de los propios padres en la elección de los centros, que existe. Y esa libre decisión de los padres se ha puesto en práctica en nuestro país hasta el punto de que prácticamente el 90% tienen el centro que desean, y el resto elige en función de criterios de admisión objetivos y de una planificación educativa que tiene en cuenta los recursos existentes, las diversas zonas del territorio para asegurar la igualdad en el acceso, etcétera; después de esa planificación, se practica la decisión voluntaria de los padres. Pues bien, eso se rompe y nosotros consideramos que, al romperse, también la igualdad de oportunidades se está resintiendo en su razón de ser, que es precisamente la escuela pública.
Nosotros creemos que en la ley actual, en la LOE, se establecía una garantía de existencia de plazas públicas a la hora de programar la oferta de plazas en la educación obligatoria. Pero este proyecto pretende sustituir esta garantía por la existencia de plazas suficientes eliminando la palabra pública, lo cual quiere decir claramente que se está favoreciendo que la enseñanza sostenida con fondos públicos, la denominada enseñanza concertada, avance en una dirección, interpretable muy claramente cuando se ve que a ese criterio explícito se añaden otros que simbolizan los pasos que se van a dar. Sin duda, los pasos que se van a dar están favoreciendo toda una serie de planteamientos en torno a la ampliación del período de conciertos, a la zonificación, al ranking entre centros —por cierto, la LOE lo prohíbe expresamente— y a toda una serie de medidas que claramente son tendentes al impulso de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos en detrimento de la enseñanza pública. Desde nuestro punto de vista, con los recursos disponibles, cada vez más escasos, se va a derivar a una parte importante hacia centros concertados y sostenidos con fondos públicos, de manera que la escuela pública va a quedar convertida a medio plazo en una red residual para escolarizar a los alumnos más vulnerables por su condición económica, social y territorial.
Este proyecto practica de esta manera una especie de selección a la inversa: terminarán siendo los centros los que seleccionen a sus alumnos, de modo que será exclusivamente la red pública la que integre a los estudiantes más vulnerables o en riesgo de exclusión. Y esto no solamente lo decimos nosotros. La propia OCDE advierte en sus estudios esa segregación o decisión temprana de escoger itinerarios y encaminarlos hacia otra serie de elementos formativos. Dice: Proporcionar plena libertad de elección de la escuela a los padres puede resultar en segregación, según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. El planteamiento de la doble red pública y concertada lleva funcionando bien y en equilibrio en España y es de nuevo la propia OCDE —figura en el informe de este año 2013, en el que examinan la proporción público— privada en Europa— la que señala que España es un país singular por la presencia de una red privada mucho más importante que en otros países europeos. Ese equilibrio, más o menos un promedio de 70/30, aunque no es igual en todas las comunidades, se ha venido manteniendo, pero ahora se rompe claramente ese deseo y voluntad política plasmada en la LODE en su momento. Se acabará convirtiendo, por tanto, en inviable el difícil equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que era lo que pretendía y sigue pretendiendo el artículo 27 de nuestra Constitución.
El proyecto de ley, además de ir arbitrando un sistema que selecciona y segrega alumnos mediante el establecimiento de reválidas, evaluaciones y elección de itinerarios en los diversos niveles educativos, desde nuestro punto de vista, olvida que la educación es un derecho. Y es que al introducir esas pruebas de reválidas en las diferentes etapas, queda excluido del sistema el alumno que no pueda superarlas y provoca además que la función del profesorado quede reducida también a una mera labor preparatoria; parece que lo que se pretende es salir airosos todos de esos exámenes o reválidas que se van a plantear, obviando los verdaderos contenidos del proceso de aprendizaje y desvirtuando la evaluación continua. En España ya existen evaluaciones de diagnóstico pero el diseño del proyecto se dirige, lógicamente, en otra dirección. Creo que esas evaluaciones y reválidas están concebidas para alimentar de alguna manera un sistema de rankings cuya publicación —y ahora se va a hacer— ha demostrado su ineficacia en aquellos países que lo han intentado poner en práctica desde hace más de quince años. Este modelo está orientado claramente a favorecer la existencia de un mercado educativo, supone concebir la educación como una mercancía y el proceso educativo como un proceso productivo bajo la apariencia de otorgar más autonomía a los centros sin que ello mejore la calidad educativa del proyecto de ley, tal y como enuncia su título, que constituye una de las razones de ser a pesar de que desde nuestro punto de vista no lo cumple.
Por si no quedan claras las modificaciones de este artículo 109, voy a resumirlas en cuatro puntos. En primer lugar, se amplía de cuatro a seis años el período de concertación en la educación primaria; esto, efectivamente, va orientado a favorecer las renovaciones automáticas. En segundo lugar, se establece la demanda social, un concepto difuso de difícil concreción y materialización, como criterio para programar la red de centros; esto, sin duda, va en detrimento de la planificación educativa y favorece una litigiosidad que en estos momentos ya anuncio que va a ser considerable.
En tercer lugar, en las zonas de nueva población, donde antes había la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes, se elimina el adjetivo públicas y se abren puertas a la construcción de centros privados en las nuevas zonas urbanas. En algunas comunidades autónomas ya se ha dado el caso de que hasta se añade suelo público para esos conciertos, y algunas autoenmiendas que se han introducido van exactamente en la misma dirección. La LOMCE se ha endurecido en el proceso de debate en el Congreso y se está endureciendo en el proceso de debate en el Senado porque se están introduciendo autoenmiendas que ya no solamente anuncian este camino sino que lo refuerzan y lo consolidan, como estamos viendo en las autoenmiendas en el Senado en los conciertos con los centros que segregan por sexo. Y este círculo se cierra con la publicación de las clasificaciones de centros o rankings, que es una medida pensada para estimular la demanda de determinados centros, produciendo un trasvase del alumnado con más dificultades a la enseñanza pública.
En otro bloque de nuestras enmiendas a este epígrafe hablamos de la autonomía de los centros. Estamos convencidos de que tenemos que avanzar en la autonomía de los centros, todos los expertos y también las evaluaciones internacionales lo consideran como un elemento positivo —por cierto, evaluaciones que están recogidas perfectamente en la LOE—, pero, desde nuestro punto de vista, algunas de las posibilidades que plantea la reforma no van en la buena dirección sino justo en la contraria.
Desde luego, avanzar en la autonomía los centros no tiene por qué significar dar pasos atrás en participación y democracia ni en la cohesión del sistema educativo. Lo indicábamos en el denso informe
que presentamos ante la Comisión de Comunidades Autónomas, aquí, en el Senado; lo justificábamos adecuadamente. Lo expusimos en el debate que hubo tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Comunidades Autónomas ante el ministro y ante la secretaria de Estado. Y lo reiteramos hoy en este bloque. El deseable refuerzo de las tareas de dirección no es incompatible con los componentes más democráticos de su elección. En consecuencia, debemos establecer una mayor participación de los representantes del centro en la comisión de selección de la dirección.
Lo mismo decimos de las funciones de los consejos escolares: la implicación de las familias es un factor clave de la vida de los centros y en el progreso educativo de sus hijos. Consideramos que tienen que preservarse íntegramente las competencias de los consejos escolares para no dar marcha atrás en la implicación de los padres y las madres en el control social de los resultados. Y, desde luego, con las modificaciones que se pretenden introducir en materia de participación y gestión de centros el contenido del derecho de participación democrática de la comunidad educativa en la toma de decisiones se ve mermado con un carácter muy restrictivo de lo que dispone el artículo 27.7 de nuestra Constitución acerca de los derechos de los profesores, de los padres y, en su caso, de los alumnos, que habla explícitamente del derecho a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. Se rompe así uno de los grandes principios sobre los que se asentó la LODE en su momento, en el año 1985, y por tanto el consenso —como decía— de ese pacto constitucional que estuvo funcionando desde esa época hasta ahora.
El consejo escolar con este proyecto pasa a ser un órgano de simple informe y propuesta, en tanto que pierde sus competencias ejecutivas y decisorias, que quedan convertidas en competencias de mera evaluación, informe, propuesta, valoración o conocimiento —es una especie de convidado de piedra—, en tanto que se trasladan al director, una figura que adquiere un extraordinario refuerzo de carácter gerencial, las capacidades que ahora tiene el consejo para una participación corresponsable en la toma de decisiones.
Y sin duda un apartado referido a la especialización de los centros es también motivo de rechazo y de presentación de nuestras enmiendas cuando se refiere a esa especialización en los ámbitos curricular, funcional o según las características del alumnado. Se señala que las acciones de calidad deben ser competitivas y que los directores dispondrán de autonomía para adaptar los recursos humanos a las necesidades derivadas de las mismas. Es decir, estamos interviniendo ya en una función del director que siempre defendimos como liderazgo del proyecto pedagógico y educativo de los centros, pero se le está dando ese carácter gerencial, incluso con intervención en temas de personal tremendamente delicados que van a chocar claramente con algunos elementos que regulan la función pública.
Estas medidas, aplicadas sin que se tengan en cuenta las diferencias de partida que presentan el alumnado y los centros que las acogen, van a potenciar diferencias, diferencias entre alumnos y centros, precisamente en uno de los puntos fuertes del sistema educativo español, que tanto se ha puesto de manifiesto en todos los informes que se han citado aquí y que mis propios compañeros y compañeras han puesto de relieve, cuando la OCDE nos considera uno de los países con más equidad en el conjunto de los países de la OCDE y particularmente en Europa.
El proyecto de ley también pone su acento en la competitividad entre centros, permite la transferencia de alumnado con bajo rendimiento escolar o con problemas de comportamiento de unos a otros, una transferencia que sobre todo va a estar asociada a causas de segregación socioeconómica y va a contribuir a perpetuar las diferencias sociales, cuando de lo que se trata es de mejorar la calidad y que no se vaya en detrimento de la equidad; y esos factores deben estar inequívocamente asentados en un avance del conjunto de nuestro sistema.
Desde nuestro punto de vista, todas estas medidas van a permitir avanzar en la privatización de la enseñanza, en la consideración de la educación como una mercancía sometida, como decía, a leyes del mercado, y con esta redacción se atenta contra el derecho de todos a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Finalmente, hago referencia a un hecho en nuestra opinión difícilmente justificable, como es el reconocimiento del derecho al concierto sostenido con fondos públicos de aquellos colegios que condicionan la admisión del alumnado por razones de sexo. No ponemos en cuestión que se puedan desarrollar proyectos educativos, pero sí que sean sostenidos con fondos públicos. Y cuando se dice que eso se hizo en el pasado no se puede obviar que se hizo con un nivel de litigiosidad enorme. Y desde hace muchos años —también lo quiero poner aquí de manifiesto— cuando a esos centros se les retiraban los conciertos se producían recursos en los que los tribunales superiores de justicia dictaminaron en
muchos casos a favor de los centros, luego no quiere decir que haya habido una coexistencia pacífica. Hoy mismo, en Asturias, cuando la administración educativa los retira el tribunal de justicia se pronuncia, pero hay sentencias del Supremo —y es en lo que nos basamos— que consolidaron que era procedente la retirada de esos conciertos. Es a partir de ahí donde se establece una posición clarísima, y esa posición clarísima establecida en sentencias del Supremo se quiere retomar ahora en este nuevo proyecto de ley, pero no solo se quiere retomar, sino que se quiere favorecer aún más con las autoenmiendas, algunas de las cuales estamos viendo que están pactadas como transaccionales en esta comisión.
Como voy mal de tiempo y hay un segundo turno, completaré este epígrafe en la segunda parte, que ya es más breve.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Álvarez Areces. Ha utilizado casi veinte minutos.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Seré más breve en el segundo.
La señora PRESIDENTA: He sido generosa con todos, y lo mantengo también con usted, por supuesto. Faltaría más.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Popular en el Senado. Hay unas enmiendas que me imagino que habrán sido incorporadas. No sé, señoría, si quiere decir algo sobre ellas —son la 689, 692 y 699 a 700— o si pasamos al turno en contra, si es que lo quiere hacer.
El señor PERAL GUERRA: Con permiso de la presidenta, me gustaría referirme a ellas.
Y quisiera decirle a don Vicente Álvarez Areces que, dentro de su habitual intervención catastrofista, ha dicho algo que no refleja en absoluto la realidad: que esta ley quiere considerar la educación pública como algo subsidiario. Mire usted, la persona a la que en este momento le toca hacer oposición a lo que usted defiende fue consejero de la Comunidad de Madrid, y en tres años y medio se crearon en la Comunidad de Madrid 185 nuevos centros públicos: 74 escuelas infantiles, 87 colegios de educación infantil y primaria y 24 institutos. Y 90 de esos centros públicos creados, y otros que ya existían, se incorporaron a un plan de centros públicos prioritarios. Esa construcción de nuevos centros públicos luego fue continuada por la consejera Lucía Figar con el mismo ritmo, de forma que en la Comunidad de Madrid desde el año 2004 se han creado 373 colegios públicos frente a 53 concertados; y entre los 53 concertados, a pesar de todo lo que usted nos diga aquí, figura uno convocado por concurso público en el municipio de Parla y otro convocado por concurso público en el municipio de Rivas. Asturias tiene un sexto de la población de la Comunidad de Madrid; a lo mejor usted creó 31 nuevos colegios públicos en el período 2004-2007. Si así fuese, yo le felicitaría y le diría que usted se ha comprometido tanto con la creación de nuevos centros públicos como yo me comprometí cuando estuve al frente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Espero sus informaciones.
Y entrando concretamente en las enmiendas del Partido Popular, la enmienda 689 lo es simplemente a la corrección de una errata: donde pone rotacional hay que poner dotacional. Aunque esto al señor Álvarez Areces le parece una autoenmienda.
La enmienda 690 supone la vuelta al proyecto que vino del ministerio, pues, tras las negociaciones entre la FERE y los sindicatos FSIE y USO, ya no se reclama la modificación de este texto. Digamos que la FERE está conforme con el proyecto que vino del ministerio.
La enmienda 691 añade a la normativa aplicable la laboral, a petición del sindicato FSIE.
La enmienda 692 supone una mejora técnica sobre el personal, previendo la prórroga de las comisiones de servicio de los funcionarios y el mantenimiento de los interinos, siempre que estén cumpliendo satisfactoriamente en los proyectos de calidad. Es decir, si alguien desarrolla sus funciones a plena satisfacción, vamos a darle la oportunidad de seguir haciéndolo.
Finalmente, la enmienda 699 establece que es el titular del centro quien debe aprobar las aportaciones de los padres y no el director. Y la número 700 propone que el director sea nombrado por el titular, previo informe del consejo escolar, pero no por mayoría absoluta de sus miembros, lo que podría dar lugar a una situación de bloqueo en algún caso, sino por mayoría de los miembros asistentes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Peral.
Senador Peral, tiene la palabra.
Vamos a ver si soy capaz de analizar las ciento once enmiendas —quitando las cinco o seis del Partido Popular, que acabo de leer—, que me he leído de cabo a rabo.
Al apartado sesenta y tres, que se refiere a los centros docentes públicos españoles en el exterior, el Partido Socialista presenta la enmienda 843, de supresión. Quieren seguir con su LOE.
En el sesenta y cuatro, relativo a la programación de la red de centros, Izquierda Unida resalta el carácter subsidiario —para ellos— de los centros concertados y algo innecesario: el derecho a la enseñanza laica, algo que existe desde siempre porque la enseñanza religiosa es optativa. Y desaparecen, por supuesto, los derechos de padres y tutores.
La enmienda 448, de Entesa pel Progrés de Catalunya, va en la misma línea.
La enmienda 303, de Esquerra Republicana de Catalunya, supone la supresión y le sigue gustando el texto de la LOE.
La enmienda 844, del Partido Socialista, resalta el carácter subsidiario —para ellos— de los centros concertados; y en lo demás, la vuelta a la LOE.
La enmienda 845, del PSOE, propone la supresión. Aquí convendría que el Partido Socialista se aclarase, es decir, si piden la vuelta a la LOE o ir más allá de la LOE en la limitación de los centros concertados.
Al apartado sesenta y cinco, de tecnologías de la información y la comunicación, se presenta la enmienda 120, de Izquierda Unida. Dice Izquierda Unida que no le gusta por ser genérica, pero al ser de supresión no aporta las mejoras que alega.
En cuanto a la enmienda 304, de Esquerra Republicana de Catalunya, no le gusta el texto propuesto y alega invasión competencial, lo mismo que alega la enmienda 750, de CiU.
La enmienda 449, de Entesa pel Progrés de Catalunya, propone el mismo texto que Izquierda Unida.
La enmienda 846, del Partido Socialista, elimina al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de establecer, previa consulta a las comunidades autónomas, los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de interoperabilidad utilizados en el sistema educativo español, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007. Era en aquel momento presidente del Gobierno de España don José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, que aquí tenemos una prueba más de esta peculiar forma de concebir la pasión por España que representa que no intervenga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ni siquiera en el desarrollo de una ley aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y que las comunidades autónomas se organicen como puedan entre ellas.
En el apartado sesenta y seis, relativo a los conciertos, la enmienda 121, de Izquierda Unida, establece más dificultades para la iniciativa social en la educación. Todo esto sería mucho más creíble si no hubiera un centro concertado sobre suelo municipal en Rivas, un centro denominado Hipatia, que incluso va mucho más allá de los habituales concursos para centros concertados sobre suelo dotacional porque en este caso ha sido el ayuntamiento el que ha construido el centro. Es decir, se ha construido un centro, se ha financiado la construcción con fondos públicos, y se ha adjudicado la gestión a una entidad privada. Sin embargo, hay que reconocer a Izquierda Unida coherencia, en el apartado 9 de esta enmienda, con lo que pidieron en la LOE y que laminó el PSOE, es decir, que no se pudieran concertar centros concertados de educación diferenciada. El señor Álvarez Areces nos podrá hablar ahora de todo tipo de sentencias, pero cuando tuvieron la ocasión de echar abajo algo que ahora les parece tan mal no lo hicieron.
El punto 10 de esta enmienda es un punto sancionador, y me temo que hay una errata en la propia enmienda. Todos cometemos errores, ¿verdad, señor Álvarez Areces? (Rumores.) Ya, pero como usted dice que yo cometo muchos errores, pues también los demás.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Pido a la Presidencia que tenga en cuenta que estoy haciendo uso de una paciencia ilimitada, porque, en vez de hacer referencia a las enmiendas que se presentan se están haciendo referencias personales continuamente desde que iniciamos esta comisión.
El señor PERAL GUERRA: Pero no ofensivas.
El señor ÁLVAREZ ARECES: No, no, de la manera que sea.
El señor ÁLVAREZ ARECES: No ofensivas para usted. Para mí, sí.
El señor PERAL GUERRA: No ofensivas.
La señora PRESIDENTA: Senador Álvarez Areces, tendrá su turno para replicar debidamente.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Luego no se extrañen de que lo pida.
El señor PERAL GUERRA: Bueno, tiene la piel fina, pero no le he ofendido en ningún momento. Y si le he ofendido, le pido disculpas.
El punto 10 es un punto sancionador, y yo creo que tiene una errata, porque la sanción se refiere a lo que se dispone en el punto 9, no en el punto 7, que se refiere a los PCPI. Sinceramente, no sé qué hay que sancionar en relación con los PCPI.
La enmienda 122, de Izquierda Unida, insiste en lo mismo, pero vuelve a querer sancionar a quien incumpla lo relativo a los PCPI.
La enmienda 187, de Unión del Pueblo Navarro, es una enmienda que nos parece razonable, pero no se ha querido ir más allá, a pesar de lo que nos digan en la regulación de los conciertos.
La enmienda 305, de Esquerra Republicana de Catalunya, propugna la vuelta a la LOE.
La enmienda 450, de Entesa pel Progrés de Catalunya, propone el mismo texto que Izquierda Unida. Y lo mismo hace la enmienda 451.
La enmienda 847, del Partido Socialista, rechaza este artículo concreto y, al igual que otras muchas enmiendas, expresa: queremos volver a nuestra LOE.
La enmienda 219, del Foro, establece que el concierto tendrá una duración de siete años en primaria y de cuatro años en el resto. No nos ha parecido adecuado aceptar esta propuesta.
En el apartado sesenta y siete, que se refiere a los gastos de personal de los centros concertados, la Unión del Pueblo Navarro propone que se tenga en cuenta la razón económica prevista en el Estatuto de los Trabajadores en caso de pérdida de concierto o reducción de unidades concertadas. Esto es algo que no se ha aceptado, porque FERE ya no lo reclama tras hablar con los sindicatos FSIE y USO.
La enmienda 848, del Partido Socialista, propone la supresión. Realmente, esta enmienda es innecesaria, porque la enmienda del Partido Popular número 690 propone la vuelta al texto de la LOE. A nosotros hay cosas de la LOE que también nos parecen bien.
En el apartado sesenta y ocho, que se refiere al consejo escolar, la enmienda 123, de Izquierda Unida, propone la vuelta a la LOE. No se quiere potenciar la figura del director. Se habla de modelo ideológico autoritario, algo inexistente, como todos sabemos, en los países que gobiernan o han gobernado los comunistas; allí todo es o eran formas democráticas y participadas de funcionamiento.
La enmienda 306, de Esquerra Republicana de Catalunya, propone la supresión y la vuelta a la LOE.
La enmienda 452, de Entesa pel Progrés de Catalunya, es exactamente igual que la de Izquierda Unida.
La enmienda 751, de CiU, propone la supresión y la vuelta a la LOE.
Y la enmienda 849, del PSOE, propone la supresión y la vuelta a su LOE.
En el apartado sesenta y nueve, sobre autonomía de centros y rendición de cuentas, la enmienda 124, de Izquierda Unida, se opone a la publicidad de los resultados de los centros considerados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del entorno. Así viene, para precisamente poder resaltar el valor añadido en la educación, en el texto propuesto por el Gobierno. Y se opone también a la rendición de cuentas. Es decir, que la sociedad no debe conocer el valor añadido en la educación en un centro, algo defendido incluso en el Reino Unido por los Gobiernos laboristas. Es una enmienda paradigma del oscurantismo educativo de la izquierda política y pedagógica.
La enmienda 307, propone la vuelta a la LOE. No se ha enterado, al parecer, Esquerra Republicana de Catalunya de que el apartado dice que las administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los centros. Y Esquerra Republicana de Catalunya añade los habituales improperios: centralista, clasista, chantajista y con injerencia ideológica.
La enmienda 453, de Entesa pel Progrés de Catalunya, es exactamente igual que la que he citado de Izquierda Unida.
La enmienda 752, de CiU, es verdaderamente sorprendente. Se opone a la publicación de los resultados y a los planes de mejora de los centros públicos. Sin duda sus electores no compartirán esta falta de trasparencia que ustedes están defendiendo con esta enmienda.
La enmienda 850, del Partido Socialista, propone la vuelta a su LOE.
La enmienda 220, del Foro, solicita una mayor implicación del ministerio en el impulso a la autonomía de centros.
En el apartado setenta, proyectos educativos, la enmienda 125, de Izquierda Unida, va en contra de la especialización curricular. Les recomiendo visitar el instituto que existe en Manchester denominado Wythenshawe High School, en el barrio más pobre de Inglaterra. Es un instituto especializado en las artes y que, gracias a un equipo directivo extraordinario, ha conseguido mejoras espectaculares en los resultados. Yo lo visité con diputados del Partido Popular y del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid. Hay otros casos de buenas prácticas en el área de Manchester: formación profesional dual, City Academies, proyectos de colaboración público-privada, el programa Excellence in the Cities… Izquierda Unida no quiso asistir por si acaso se contaminaba.
Entesa pel Progrés de Catalunya propone la misma enmienda que Izquierda Unida.
El Partido Socialista Obrero Español propone la enmienda 851, de supresión. Tampoco les gusta que en los centros se establezcan proyectos educativos y que los hagan públicos. No les gusta la especialización curricular, al contrario de lo que ocurre con los laboristas británicos.
Al apartado setenta y uno Izquierda Unida propone la enmienda 126. No quieren centros con proyectos educativos propios de calidad. Lo llaman darwinismo escolar.
El Partido Socialista, en su enmienda 852, no quiere centros con proyectos educativos propios.
El apartado setenta y dos se refiere a los recursos. La enmienda 127, de Izquierda Unida, no quiere rendición de cuentas de los mayores recursos que puedan recibir los centros por sus proyectos o por la población que escolarizan ni que los centros puedan obtener recursos complementarios.
La enmienda 308, de Esquerra Republicana de Catalunya, propone la vuelta a la LOE.
La enmienda 753, de CiU, pide que los recursos complementarios que obtengan los centros sean aprobados por el consejo escolar y no por el director. Afortunadamente, en este caso no enmienda la rendición de cuentas.
La enmienda 853, del Partido Socialista, propone la supresión y la vuelta a su LOE.
En el apartado setenta y tres, acciones de fomento de la calidad, la enmienda 128, de Izquierda Unida, no está mal; lo reconozco. Entra a detallar diversas medidas, pero el problema es que si esto se incorporase a la LOMCE tendríamos nuevas protestas nacionalistas por invasión de competencias. Esta enmienda me recuerda bastante al plan de centros públicos prioritarios de la Comunidad de Madrid, que yo puse en marcha, y del que se beneficiaron casi 90 centros. En fin, es un ejemplo de enmienda trabajada y constructiva.
Todo lo contrario ocurre con la enmienda 309, de Esquerra Republicana de Catalunya, que simplemente pide la supresión y la vuelta a la LOE.
La enmienda 455, de Entesa pel Progrés de Catalunya, pide exactamente lo mismo que Izquierda Unida. Hay una gran coincidencia, como verán ustedes, entre muchas enmiendas de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya Verds. Sinceramente, no sé quién prepara las enmiendas o si alguno se está apropiando de la plusvalía parlamentaria de los otros. A lo mejor las han preparado los cuatro senadores juntos; yo les felicito por ello porque lo han trabajado bastante.
La enmienda 652, del PNV, no favorece la autonomía del director para adaptar los recursos humanos a las necesidades de las acciones de calidad.
La enmienda 854, del PSOE, propone la supresión y la vuelta a su Ley Orgánica de Educación.
Básicamente, verán que hay muchas enmiendas de este tipo e incluso en las acciones de fomento de la calidad, y el comentario que se me ocurre es que lo que no se le ocurre al Partido Socialista no merece la pena existir.
En el apartado setenta y cuatro, planes de convivencia y autoridad del profesor, la enmienda 129, de Izquierda Unida, está bien trabajada, aunque peca un poco de buenismo y es algo redundante, pues el proyecto de ley habla específicamente del carácter educativo y recuperador de las medidas correctoras. Y entra en un detalle que motivaría la denuncia nacionalista por invasión de competencias.
A Izquierda Unida no le gusta que se considere autoridad pública a los docentes ni que los hechos constatados por ellos tengan valor probatorio y presunción de veracidad iuris tantum.
Por increíble que parezca, el Partido Socialista, en su enmienda 855, plantea la supresión por no compartir lo propuesto; es decir, no comparte que se considere autoridad pública a los docentes ni que los hechos constatados por ellos tengan valor probatorio y presunción de veracidad iuris tantum. A lo mejor, si consultaran más a los docentes se darían cuenta de lo importante que es esta mejora.
La enmienda 310, de Esquerra Republicana de Catalunya, propone la supresión por invasión competencial.
En el apartado setenta y cinco, referente al consejo escolar, el Partido Socialista, en su enmienda 856 propone la supresión; una vez más, quiere volver a su LOE. No le debe gustar que los profesores elegidos por el claustro representen al mismo.
En el apartado setenta y seis, sobre las competencias del consejo escolar, Izquierda Unida propone que el consejo escolar sea quien elija al director o la directora. Lo que pasa es que cuando hay un problema en un centro la oposición pide cuentas a la administración educativa, no al consejo escolar, y así ocurre con Izquierda Unida en las quince comunidades autónomas donde ellos no forman parte del Gobierno.
La enmienda 131, de Izquierda Unida, quiere que el consejo escolar decida sobre la admisión de alumnos y participe en la resolución de conflictos disciplinarios.
La enmienda 132, de Izquierda Unida, quiere potenciar un consejo escolar, pero no que promueva la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar. Es decir, el consejo escolar no tiene por qué ocuparse del estado del colegio; ya está la Administración —el ojo vigilante de los funcionarios— para resolver cualquier problema que allí ocurra.
La enmienda 311, de Esquerra Republicana de Catalunya, propone que el consejo escolar apruebe el presupuesto del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas. Esta enmienda sí que se la ha trabajado Esquerra Republicana de Catalunya.
La enmienda 312, también de Esquerra Republicana de Catalunya, propone la supresión. Como tenemos dos enmiendas y una propone unas cosas bastante razonables y la otra, la supresión, sería interesante que nos aclarasen cuál es la buena.
La enmienda 456, de Entesa pel Progrés de Catalunya, es exactamente igual que la de Izquierda Unida. Y también la 457.
La enmienda 653, del PNV, introduce unas mejoras sobre discapacidad que se considera que ya están adecuadamente atendidas y que no es necesario especificar.
En relación con la enmienda 654, del PNV, al igual que con otra que citaré después, senadora Rut Martínez, no he conseguido apreciar las diferencias con el proyecto que supongan un mayor respeto al principio democrático. A lo mejor es que me he levantado muy pronto y estaba con la cabeza un poco mal, pero, sinceramente, comparando esta enmienda y el texto no he sido capaz de descubrir esas diferencias que tanto van a incrementar el mayor respeto al principio democrático. Los textos coinciden.
La enmienda 857, del Partido Socialista, propone la supresión y la vuelta a su Ley Orgánica de Educación.
En el apartado setenta y siete, referente al director, la enmienda 133, de Izquierda Unida, no quiere reforzar la figura del director. Exactamente igual es la enmienda 458, de Entesa pel Progrés de Catalunya.
La enmienda 655, del Partido Nacionalista Vasco, introduce algunos matices en relación con la discapacidad que se consideran adecuadamente atendidos.
En relación con la enmienda 656, del Partido Nacionalista Vasco, le digo lo mismo: no he conseguido apreciar las diferencias que supongan un mayor respeto al principio democrático porque, entre otras cosas, no he sido capaz de ver las diferencias con el texto del proyecto presentado por el Gobierno.
La enmienda 754, de CiU, no quiere que el director apruebe la obtención de recursos complementarios. Debe hacerlo el consejo escolar.
La enmienda 858, del Partido Socialista, propone volver a la Ley Orgánica de Educación.
El apartado setenta y ocho se refiere a la selección del director mediante concurso de méritos. La enmienda 134, de Izquierda Unida, propone su elección por el consejo escolar. Ya he dicho antes que, normalmente, cuando hay un problema con el centro no se piden cuentas al consejo escolar sino a la Administración competente.
La enmienda 313, de Esquerra Republicana de Catalunya, la enmienda 755, de CiU, y la enmienda 859, del Partido Socialista, proponen la vuelta a la LOE.
En el apartado setenta y nueve, de los requisitos para participar en el concurso de méritos para poder presentarse a la plaza de director, Izquierda Unida, en su enmienda 135, dice que no le gusta que hayan superado un curso de formación sobre desarrollo de la función directiva. En cambio, en su enmienda 136 exige que tengan por lo menos durante un año un destino definitivo en el centro en cuestión. Aquí estamos ante un problema de endogamia, y que no llegue nadie de fuera.
La enmienda 314, de Esquerra Republicana de Catalunya, propone la supresión, la vuelta a la LOE, y con su habitual estilo ofensivo habla de directores paracaidistas que refuercen el perfil ideológico diseñado por la Administración. Esto me recuerda a algunas cosas que están pasando en Cataluña.
La enmienda 315, de Esquerra Republicana de Catalunya, pide que se acredite conocer el catalán. Habla de la lengua cooficial pero, evidentemente, es el catalán.
La enmienda 657, del Partido Nacionalista Vasco, pide que los candidatos a director estén en un centro público con una antigüedad mínima de un año.
La enmienda 756, de CiU, y la enmienda 860, del Partido Socialista, proponen la vuelta a la LOE.
En el apartado ochenta —Procedimiento de selección de director—, la enmienda 137, de Izquierda Unida, habla de que el director, si se aprueba el texto propuesto, va a ser una —entre comillas— correa de transmisión del partido dominante. ¿Les suena a ustedes este lenguaje de correas de transmisión, tan utilizado por los partidos comunistas al hablar de las organizaciones sociales afines?
La enmienda 316, de Esquerra Republicana de Catalunya, propone la supresión, la vuelta a la LOE, y añade los inevitables improperios de clientelismo, chantaje ideológico, depuración directa de directores que hayan participado en movilizaciones, etcétera.
La enmienda 658, del Partido Nacionalista Vasco, propone que el porcentaje de los representantes de centro en la elección del director pueda llegar hasta el 66%.
La enmienda 757, de CiU, y la 861, de PSOE, proponen la vuelta a la LOE. En el apartado ochenta y uno —Nombramiento del director—, Izquierda Unida insiste en que el director sea elegido por el Consejo Escolar y les diré que Entesa pel Progrés de Catalunya, Esquerra Republicana, CiU y PSOE en sus enmiendas 317, 758 y 862, respectivamente, piden la vuelta a la LOE.
La disposición adicional segunda —Requisito de los concursos de méritos para selección de directores de centros públicos—, tanto Esquerra como CiU, como PSOE proponen la vuelta a la LOE.
La señora PRESIDENTA: Senador Peral, ya llevamos veinte minutos, y le agradecería, igual que antes al senador Álvarez Areces, que, si le queda mucho más, lo dejara para el turno de portavoces.
El señor PERAL GUERRA: Me queda muy poco, señora presidenta, pero lo dejo para portavoces.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Peral.
Entramos, entonces, en el turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto sigue sin estar presente.
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Quiero hacer dos matizaciones a la intervención que ha hecho el señor Peral respecto de nuestras enmiendas.
Creo que en la exposición que he hecho hoy de las mismas he sido fehacientemente clara cuando he dicho que si pedimos la supresión de los apartados que regulan las nuevas competencias del Consejo Escolar y las funciones del director es porque no compartimos la idea de que una mayor competencia de los equipos directivos sea en detrimento de las competencias que ya contienen los consejos escolares. Entendemos que la autonomía que tanto predica el Partido Popular respecto de los centros educativos es perfectamente compatible con el mantenimiento del Consejo Escolar como un órgano no consultivo sino directivo, como el órgano que realmente rija la gestión de los centros educativos.
Respecto de la responsabilidad del funcionamiento de los centros educativos le diré que no es que vayamos a eximir a las administraciones educativas de la responsabilidad que tienen, sino que compartimos esa responsabilidad con los consejos escolares. Ese es el modelo que nosotros estamos defendiendo, porque además entendemos que es el que mejor se adecua a la implantación del sistema democrático en todos los ámbitos de la vida y también en el educativo. Los consejos escolares hoy en día están formados por las administraciones locales, por los ayuntamientos —que tienen y tenemos mucho que decir todavía respecto del funcionamiento de nuestro centros—; por el profesorado, por el alumnado, por el equipo directivo, por el claustro, es decir, es un órgano en el que todos los ámbitos de la comunidad educativa presentes en la escuela tienen algo que decir y tienen algo que aportar a la gestión de las propias escuelas. Por lo tanto, lo tenemos que decir.
Otra cuestión que tengo que comentar —porque, si no, reviento—, porque me ha llamado mucho la atención, es que utilice la supuesta queja de los grupos nacionalistas como argumento para rechazar las enmiendas de Izquierda Unida, me parece paradójico; repito, me parece paradójico. Yo creo que de todo el argumentario que usted puede encontrar —estoy segura de que tiene recursos más que suficientes para encontrar argumentos—, que utilice precisamente este, cuando ustedes no han sido en absoluto sensibles a ninguna de las reivindicaciones de carácter competencial que le hemos hecho, al menos desde mi grupo parlamentario, me resulta casi casi de recochineo. Lo tengo que decir.
¿La portavoz o el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones.)
Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, senador Alturo, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones.) Tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Voy a completar la intervención anterior y a hacer un breve comentario general.
Estábamos analizando nuestra discrepancia —manifestada en las enmienda también— sobre el reconocimiento del derecho al concierto, sostenido con fondos públicos, de aquellos colegios que condicionan la admisión del alumnado por razones de sexo, lo que se llama educación diferenciada pero que en realidad, para nosotros, es una educación segregadora por razones ideológicas y que se va a realizar además con financiación pública, y que pretende ampararse en el artículo 2 de la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza en 1960, un acuerdo internacional de mínimos para poder lograr en su día un amplio nivel de ratificaciones, incluidos los países no democráticos, y ya inadecuado en estos tiempos. Es verdaderamente asombroso que se recurra a una norma del año 1960, que hay que analizarla precisamente en aquel contexto.
Nosotros consideramos que la enseñanza diferenciada es un modelo discriminatorio y, por lo tanto, no debería legitimarse. Cuando se hacen esas referencias personales —que yo sinceramente no voy a responder por razones de economía de tiempo—, cuando se analizan enmiendas y estas se acompañan de comentarios siempre interpretativos, ideológicos y muy singulares del senador que lo interpreta, cuando creo que debería de analizarse el fondo de lo que se rebate, verdaderamente me parece abusivo.
Le digo a título personal también que en mi primera responsabilidad en la Administración educativa española, el 4 de febrero de 1983 —han pasado más de treinta años—, una de las primeras medidas que tomé fue una norma que hizo mixtos todos los colegios públicos de Asturias. Por tanto, no encuentro ninguna incoherencia entre lo que estoy diciendo ahora y lo que hice hace treinta años; exactamente ninguna.
La consideración de que es bueno que niños y niñas estudien de forma separada solo puede justificarse por una premisa previa basada en la consideración de su desigualdad, al tiempo que una educación diferente para nosotros desde luego indica que tiene o tendrá en el futuro realidades y funciones también diferentes. Y es bueno recordar que la Conferencia General de la UNESCO aprobó dicha convención para proteger a las mujeres de los varones en países en los que no se garantizaba su seguridad. (No hay más que ver, además, en la convención qué países la firmaron. Está en un contexto totalmente diferente de lo que hoy se está debatiendo.) La convención se firmó con el propósito de protegerlas de esos abusos, y con ese espíritu nuestro país y muchos otros de su entorno se adhirieron.
Recurrir a esta convención para legitimar la escolarización diferenciada por sexos es una regresión que, además de pretender legitimar la discriminación, es una manipulación evidente. Por el contrario, el modelo coeducativo mayoritario en los países occidentales se asienta en el fomento de la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, idea que se recoge en la disposición adicional vigésimo quinta de la LOE y que no se contrapone al tratamiento de la diferencia, sino que busca tratar la igualdad desde el respeto a la individualidad de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, ya sea por capacidades cognitivas, por origen socioeconómico o por estilo personal de aprendizaje.
Y, desde luego, eso de que existen excelentes o buenos resultados en la enseñanza segregada por sexos no es cierto. La escuela mixta implantada de modo generalizado en España solo a partir de los años setenta del siglo XX ha sido un instrumento que propició un salto educativo de la mujer, que hasta entonces participaba escasamente en la educación. Si tenemos en cuenta que en el año 1982 el número de mujeres con estudios universitarios apenas representaba el 42% del de los hombres y hoy en día las
mujeres representan el 53% de la población con estudios universitarios, difícilmente se puede poner en duda el éxito y la eficacia de la educación mixta.
No están claro los buenos resultados de la educación separada por sexos. El principal argumento esgrimido por los defensores de la escuela diferenciada es una supuesta mejora de los resultados académicos, y desde luego nada más lejos de la realidad. No existe ningún estudio riguroso que así lo avale. Hay un artículo publicado en el año 2011 bajo el título de Pseudociencia de la escolarización por sexos, publicado por la revista Ciencia —Science—, que señala que los datos de mejora académica no son sólidos, que las diferencias cerebrales entre sexos no justifican una educación dual y que esta lleva a que se incremente el sexismo y los estereotipos —y leo literalmente la cita de dicha revista—. Esta investigación publicada en esta revista Ciencia, así como muchos estudios de la OCDE y de la propia UNESCO coinciden en que un entorno separado no favorece que los niños interioricen ideas de igualdad entre sexos. Incluso en Estados Unidos, donde hace una década se empezó a permitir algunas escuelas públicas con separación de sexos, se ha demostrado que en nada han mejorado el resultado y, en cambio, han reaparecido problemas de reproducción de comportamientos sexistas. Lo que sí está demostrado es que en los países con mejores resultados en PISA apenas existe educación diferenciada, y en ningún caso el Estado financia este tipo de educación. Además, en los países donde pueda llegar a existir, la realidad es que se trata de una opción absolutamente minoritaria, donde ese tipo de colegios —en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido— suponen el 7% de la enseñanza. Y cada vez más, la evaluación de sus resultados demuestra que en nada son eficaces.
Educar separadamente solo tiene sentido si se parte de la idea de que cada sexo ha de tener una distinta función social, y, por lo tanto, de que mujeres y hombres no deben gozar de las mismas posibilidades. Hombres y mujeres estamos llamados a compartir la vida y para nosotros es mucho mejor una educación conjunta desde cualquier punto de vista que se la examine.
Finalizo mi intervención haciendo unas breves consideraciones, pues este turno es la última ocasión que tendré de hablar antes de producirse la votación.
La entrada de la ley en el Senado ha sido muy reveladora, pues demuestra que en esta Cámara todas las formaciones políticas trabajan intensamente sobre los proyectos de ley, que se examinan con rigor, que se incorporan importantes modificaciones —aunque sea para la denuncia de las leyes que vienen aquí— y se desarrollan iniciativas políticas, tal y como hemos hecho en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en las que hemos podido poner de manifiesto los importantes problemas que esta ley acarrea en todos los ámbitos: desde el ámbito estrictamente educativo, pero también en el ámbito económico y competencial. En esta ley han coincidido todos los grupos de la oposición parlamentaria, pero también númerosísimas organizaciones sociales y profesionales, que, como hemos podido ver a la entrada del Senado, ni siquiera han podido resolver sus problemas en el Congreso, sino que han visto cómo se han agravado.
Llama la atención, por ejemplo, que las sociedades científicas y de economistas no solo en el caso de las Matemáticas —asunto que yo he analizado en mi primera intervención— nos pidan al Senado que encontremos una solución, sino también desde otros ámbitos, como, por ejemplo, el de la Historia de la filosofía, y diputados muy relevantes en el Congreso de los Diputados que forman parte del Partido Popular, tal y como se contempla en los artículos recientemente publicados.
Señorías, estamos viendo que toda la organización curricular se ha realizado con una improvisación y una falta de rigor que produce verdadera preocupación en numerosísimos sectores, incluso dentro del Partido Popular, y no lo digo por especular, sino por la manifiesta y explícita declaración por escrito, en la que se pide al Senado que intente arreglarlo, no solo en cuanto al ámbito de las Matemáticas, sino también en el de Historia de la filosofía. ¿Nosotros qué respondemos? Que no se hace caso a ninguna enmienda y que las pocas a las que hicieron caso, cosa insólita, las retiraron —no recuerdo en la historia del Senado caso semejante. A lo mejor alguien con más veteranía nos puede recordar algo parecido—: que un día acepten a nuestro grupo parlamentario cinco enmiendas y otras cinco a Entesa y prácticamente unos días después, se nos retiren. Es algo insólito. Pero no solo es que se retiren, sino que se están añadiendo —y lo estamos viendo— enmiendas transaccionales —razón por la cual me extendí un poco más en la cuestión de la segregación por sexos— que van en dirección contraria a lo que opina la mayoría, no solo de esta Cámara sino de la sociedad española. Estamos viendo día tras día cómo el ministerio cada de vez que toma medidas vulnera algún derecho, y cuando toma medidas y vulnera derechos, contingentes de miles de personas se incorporan a la oposición, como es lógico, frente a unas medidas educativas que forman parte muy importante del esqueleto mismo del Estado de derecho y de lo que significa la educación para el progreso de nuestro país, desde el punto de vista individual de las personas,
de su formación integral, pero también de lo que necesitamos hoy para hacer frente a una crisis tan importante y global que nos exige una gran inmersión en la sociedad del conocimiento, que sin la educación no vamos a poder hacer.
Por tanto, considero que tenemos sobradas razones para pedir que esta ley no se lleve a la práctica.
Les diré la última consideración. Ustedes hacen una memoria económica que trata de decir que el coste de todo esto es de 408 millones de euros —que nadie se lo cree, pero ni el propio ministerio—, incluso nos dicen que casi la mitad de los 408 millones de euros van a ser financiados con fondos europeos. Primero, los fondos europeos tienen un destino específico y finalista y es imposible que vayan a atender a un gasto estructural del sistema. Pero es que la realidad es que ustedes están derivando el coste económico a las comunidades autónomas y les están imponiendo un calendario de implantación inaplicable.
Decía el Consejo de Estado —y termino con esto ya-: «Llama la atención que se pretenda en dos años…» —ustedes han rectificado después y han añadido un año más— «… implantar una reforma tan profunda como la proyectada. Como ya ha sido observado, la aplicación completa del nuevo modelo exige, además de aprobar los decretos básicos de desarrollo y los decretos de las comunidades autónomas de adaptación de los centros y de los libros…» —dice el Consejo de Estado— «… una inversión ingente, a asumir en tres ejercicios presupuestarios.» El Consejo de Estado habla de una inversión ingente —que desde luego no son 408 millones de euros, la mitad de ellos financiados por Europa—. ¿Quién lo va a pagar? Las comunidades autónomas. ¿Ustedes creen que con la presión que está habiendo, con la escasez de recursos, con la obligación de favorecer la implantación y gestión de los servicios públicos esenciales se va a poder implantar esta reforma pacíficamente en las administraciones autonómicas? Eso es imposible.
Ante todo este cúmulo de irracionalidades, este debate en el Senado —cada uno defendiendo como mejor proceda las ideas que considera conveniente, ideas que después manifestaremos en el Pleno, porque si no se nos aceptan muchas de esta enmiendas, como se prevé, las llevaremos al debate plenario— ha servido para que podamos estar orgullosos de que los representantes de los ciudadanos españoles —que no solo actúan como parlamentarios representantes de las formaciones políticas, sino como personas que representan a sus territorios— estemos cumpliendo con nuestro deber al denunciar lo que consideramos que no es bueno para la sociedad y para la educación española.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez Areces. Tiene la palabra el senador Luis Peral.
Continúo con todo lo que me faltó decir en la intervención anterior.
Quiero decir en cuanto a la disposición transitoria que la enmienda 226, de Unión del Pueblo Navarro, ha sido aceptada. La enmienda 780, de CiU, propone la vuelta a la LOE. La enmienda 781, de CiU, propone que si la consolidación fiscal afecta a las necesidades presupuestarias de la LOMCE, se pueda modificar el calendario de aplicación. La enmienda 889, del PSOE, propone la vuelta a la LOE. Por último, la disposición final segunda que establece la modificación de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación. La enmienda 173, de Izquierda Unida, propone que en el consejo escolar de los centros haya un representante de la administración educativa y un representante del ayuntamiento. (Cuando esto se introdujo en la LOE es lo que llamábamos en broma, lógicamente, el comisario «Controlenko».)
La enmienda 174, de Izquierda Unida, establece que en el consejo escolar de los centros concertados que impartan formación profesional haya representación de los agentes sociales, entre ellos los sindicatos, naturalmente. La enmienda 175, de Izquierda Unida, insiste en que el director sea elegido por el consejo escolar. La enmienda 176, de Izquierda Unida, establece algo verdaderamente pintoresco: que las vacantes del personal de los centros concertados sean cubiertas por la Administración con los interinos que se hayan presentado a las pruebas de la pública. La enmienda 177, de Izquierda Unida, quiere recalcar —aquí sí— el carácter sancionador a los centros concertados, pudiendo llegar a perder el concierto en determinados casos. La enmienda número 178 expresa una manifestación que no nos sorprende nada y que dice textualmente: «Se dejará de concertar progresivamente,…», salvo por urgencia y excepcionalidad. Probablemente no tuvieron en cuenta estos criterios en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado durante toda la democracia por Izquierda Unida, si no me equivoco, donde el centro concertado Hipatia, construido con fondos municipales, fue adjudicado mediante concurso público a la Fundación Hogar del Empleado.
La enmienda 179, de Izquierda Unida, redunda en la desconfianza hacia los centros concertados, concretamente hacia la desconfianza de que no se cumplan allí los derechos sindicales reconocidos por el artículo 28 de la Constitución.
La enmienda 193, de Unión del Pueblo Navarro, que no ha sido aceptada, propone una clarificación de las sanciones a los centros concertados.
La enmienda 674, del Partido Nacionalista Vasco, propone que en las vacantes de personal de los centros concertados no exista discriminación, lo cual nos parece innecesario porque, en principio, en ningún centro concertado ni público de España se producen discriminaciones y, cuando se producen, se denuncian inmediatamente.
La enmienda 784, de Convergència i Unió, y la enmienda 892, del Partido Socialista, proponen la vuelta a la LOE.
Y como todavía me sobra algún tiempo, quisiera contestar a la intervención de don Vicente Álvarez Areces, diciéndole en primer lugar que me ha sorprendido lo extenso de su intervención, referida a la oposición a la educación diferenciada. La educación diferenciada fue tratada en el bloque anterior y fue adecuadamente —pienso— combatida por la senadora que intervino en este bloque. En todo caso, sí quisiera decirle algunas cosas.
Si le parece que no es aplicable por razón de su antigüedad la Convención de la UNESCO de 1960, me gustaría conocer su criterio sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es del año 1948, y sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es del año 1950. Parece mentira que, teniendo usted la edad que tiene —más o menos la mía, o a lo mejor un poco más—, tenga este concepto propio de la LOGSE de que todo lo que no ha ocurrido durante los últimos tres años no tiene importancia y son cosas de personas mayores que no merecen ningún tipo de respeto.
Pero, bueno, ya que habla usted de educación diferenciada, sí quiero recordarle algunas cosas: que Gobiernos socialistas concertaron 30 de los 102 colegios concertados con educación diferenciada que hay ahora en España: 12 en Andalucía, 3 en Aragón, 8 en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura y 5 en Madrid. (En la Comunidad de Madrid llegaron a concertar 8, pero después dos de ellos se convirtieron en mixtos y otro en privada.) Sinceramente, para una persona como yo, cuyos hijos han ido a colegios mixtos, y, como he dicho muchas veces, no me hubiera gustado que me impusieran lo contrario, no cabe otra conclusión sino que el Partido Socialista tiene un problema freudiano con estos colegios y quiere dar una patada en nuestro trasero a sus padres concertadores. Le voy a recordar a usted la ocasión que tuvieron ustedes en el año 2006 para aniquilar la concertación de la educación diferenciada.
El día 17 de noviembre de 2005 el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verts presentó la enmienda 1066 al articulado de la LOE. Esa enmienda —que se llamaba coeducación; lo decía claramente el artículo al que se refería— dice: «Para favorecer, y en coherencia con el principio educativo I, establecido en el artículo 1 de la presente ley, la escolarización del alumnado en los centros públicos y privados concertados se atendrá en todas las etapas, niveles, grupos y aulas al principio de coeducación. Motivación: Sería insólito que se financiaran desde fondos públicos opciones educativas que entran en contradicción o, al menos, obstaculizan la realización de un principio de nuestro sistema educativo y los objetivos contenidos en la Ley de Igualdad.» La enmienda fue votada y obtuvo 6 votos a favor, 314 en contra y 4 abstenciones. Evidentemente, entre los 314 estaba el Grupo Socialista en pleno.
No se convenció Izquierda Unida de sus argumentos, y volvió a presentar, a través del señor Cuenca, la misma enmienda en el Senado y exactamente con los mismos argumentos. Incluso decía el señor Cuenca Cañizares: La número 459 es una enmienda que pretendemos que se vote por separado. Se refiere a la coeducación en centros sostenidos con fondos públicos. Para que nos entiendan sus señorías: Con esta enmienda queremos evitar casos como el del centro Monte Tabor, de Madrid, que separa niños y niñas.» (Yo añado que solamente en las aulas.) «Recientemente hemos visto en prensa una noticia sobre este centro que dice: Un centro concertado que segrega por sexos pide 1700 euros por plaza. Esto es lo que pretendemos evitar con nuestra enmienda, pero no solo eso, sino que, además, algún dirigente, en este caso del Partido Socialista, y compañero mío senador, anuncia que retirará las ayudas a los colegios que separen por sexos. Votando la enmienda se soluciona todo. Lo más adecuado para evitar que estas cosas ocurran es votar esta enmienda.» Pues bien, llegó la votación con el siguiente resultado; votos a favor, 21; votos en contra, 216 —incluyendo los del Grupo Socialista—; abstenciones, 7. Pues, señorías, ya ven ustedes que una cosa es predicar y otra dar trigo.
También quiero decirle al señor Álvarez Areces que de momento no se ha firmado ninguna enmienda transaccional; lo que se ha hecho ha sido aceptar algunas enmiendas propuestas por grupos tan respetables como el suyo.
El Partido Nacionalista Vasco tiene en sus manos acordar dos enmiendas que se refieren a problemas específicos de la formación profesional en el País Vasco. La primera se refiere a que las administraciones podrán acordar que se imparta el primer curso de los ciclos de formación profesional básica en entidades locales, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones empresariales y sindicales, que en estos momentos están impartiendo los programas de cualificación profesional inicial. Al parecer es un tema importante para el País Vasco. Y la segunda enmienda transaccional que les proponemos solicita que en el acceso a ciclos formativos de formación profesional superior se establezca el siguiente criterio —uno más—: superar los procedimientos de admisión al centro docente que establezcan las administraciones educativas de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.
La disposición de aceptar estas enmiendas transaccionales por parte del Grupo Parlamentario Popular no supone una invasión de competencias sino todo lo contrario, una sensibilidad hacia una administración educativa que tiene una formación profesional de alta calidad y que quiere seguir reforzándola.
La señora PRESIDENTA: Gracias, a usted, senador Peral.
Entramos en el sexto bloque de apartados. Apartados ochenta y dos a ochenta y seis, correspondiente al Título VI de la Ley Orgánica 2/2006, de evaluación del sistema educativo. Resto de apartados correspondientes a disposiciones de la Ley Orgánica 2/2006, números noventa y uno, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, ciento uno y ciento dos. Resto de disposiciones del Proyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa: disposición adicional cuarta, disposición adicional quinta, disposición derogatoria única, disposición final cuarta, disposición final quinta y disposición sexta. Enmiendas que proponen apartados o disposiciones nuevos, es decir, no previstas en el proyecto. Enmiendas relativas al título del proyecto y al conjunto. Por último, preámbulo del Proyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa.
Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, el representante del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) No está.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la señora Martínez Muñoz para la defensa de las enmiendas números 608 a 611, 659 a 663, 667, 672 y 676.
Inicio mi intervención en relación con el último bloque de enmiendas apelando de nuevo a su generosidad y a su flexibilidad respecto del tiempo porque son muchas las cosas que quiero decir ya que esta es la última intervención en el turno de defensa. Quiero hacer un discurso más o menos coherente, por lo que es probable que me exceda un poco en el tiempo, aunque espero que no sea mucho.
Por partes. Ya que el señor Peral ha mencionado las dos enmiendas transaccionales que el Grupo Parlamentario Popular nos ha ofrecido, les he comunicado, señorías, antes que el Partido Nacionalista Vasco —en este caso, mi grupo parlamentario— no está dispuesto a aceptarlas, y ahora le voy a explicar por qué.
La primera enmienda de las transaccionales reconoce a las autoridades educativas la capacidad de permitir a órganos educativos distintos… No la tengo aquí delante, con tanto papel estoy totalmente perdida, pero habilitada a los ayuntamientos a organizar e impartir los cursos de formación profesional básica, que es lo que viene a sustituir a los PCPI. En primer lugar, esa enmienda lo que haría sería concertar una realidad que ya existe, porque no solamente en Euskadi, sino también en Castilla y León son los ayuntamientos los que están impartiendo hoy en día los cursos de capacitación profesional inicial. Por tanto, eso redunda sobre una realidad ya existente. Una segunda cuestión: se sigue insistiendo en el calendario de implantación para el curso 2014-2015. Independientemente de que sean los ayuntamientos los que vayan a seguir impartiendo esa formación, ese calendario es imposible puesto que no se trata exclusivamente de cambiar de nombre a los PCPI transformándolos en programas de formación profesional básica; es que los itinerarios, el currículum y los contenidos son totalmente distintos. Una tercera cuestión que nos obliga a rechazar esa enmienda es que solo afecta al primer curso de formación profesional básica, no a los dos, con lo cual, quedaría ahí una especie de alegalidad, en la nebulosa lo que no contempla la enmienda transaccional, lo que sucede con el segundo curso de formación profesional básica. He aquí las razones por las que mi grupo parlamentario no está dispuesto a aceptar esa enmienda.
Respecto de la segunda enmienda, como usted bien ha dicho, recoge la posibilidad de que los centros docentes establezcan pruebas o criterios de admisión particulares para el acceso a la formación profesional de ciclo superior. Esa enmienda se hace colgándose de otra enmienda nuestra, la número 644, enmienda cuya aceptación en su totalidad es fundamental para nosotros, porque no solamente blinda, por decirlo así, el acceso a la formación profesional de grado superior con unos criterios de conocimiento suficientes, sino también el acceso al grado medio desde la formación profesional básica, así como las llamadas pasarelas horizontales, que nos permitirían ofrecer a los alumnos que están en formación profesional un reenganche hacia la opción de educación secundaria obligatoria por opciones académicas. Si la aceptación de esta enmienda transaccional supone también la aceptación por nuestra parte de que no se blinde el grado medio, que, como hemos comentado reiteradamente, es para nosotros la joya de la corona, lo más importante del itinerario de la formación profesional, es evidente que no podemos aceptarla porque, como digo, supone renunciar a seguir intentando por todos los medios posibles negociar con ustedes el blindaje del grado medio. De ahí que nosotros no podamos aceptar ninguna de las dos enmiendas transaccionales que nos proponen.
Y paso ya a la defensa de las enmiendas que son propiamente del bloque sexto. En este bloque tenemos presentadas un total de doce enmiendas —una cosa así— que hacen referencia a tres cuestiones fundamentales: a las evaluaciones y a las competencias que les corresponderían a las autoridades educativas a este respecto; y a la cuestión de la discapacidad, que se introduce fundamentalmente en el preámbulo, incorporando términos como igualdad de oportunidades en especial atención a las personas con discapacidad, equidad, etcétera; y luego una última cuestión que también es fundamental para nosotros: junto con la enmienda número 644 sobre formación profesional, a la que acabo de hacer referencia, esta enmienda, la número 668, es la gorda, es nuestro órdago a mayor en toda la negociación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa: la inclusión de una disposición adicional nueva.
Por lo tanto, voy a empezar por esta última, porque creo que me va a servir muy bien para hacer un resumen final de cuál es la postura de mi grupo parlamentario respecto de este proyecto de ley. Lo que venimos a decir es que con esta disposición adicional lo que nosotros queremos hacer es salvaguardar el sistema educativo vasco. ¿Por qué? Sinceramente, porque no creemos que la aplicación de la LOMCE nos vaya a traer nada bueno ni vaya a servir, efectivamente, para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, y cualquier cambio general, como el que se está proponiendo con esta ley, va a afectar al conjunto del sistema, tanto desde el punto de vista pedagógico, como organizativo y económico. Hay que tener en cuenta que esta sería la séptima modificación de la legislación educativa.
Desde el principio pedimos un análisis riguroso, exhaustivo y honesto que justifique de modo fehaciente la necesidad, la idoneidad y la oportunidad de las medidas propuestas. ¿Hay algún estudio que diga que, efectivamente, los problemas detectados en cuanto a abandono y fracaso escolar se van a solucionar con las medidas incluidas en la LOMCE? ¿En qué datos se basa? No nos parece razonable que lo que se esté planteando sea una reforma basada única y exclusivamente en las ideas. Por eso, muchas veces hemos calificado esta reforma de ideológica, porque no hay razones pedagógicas, ni siquiera razones estadísticas que unan diagnóstico con medidas propuestas, sino simplemente el ideario del Partido Popular reflejado en una medida educativa.
Los resultados educativos, en todos los ámbitos y en todas las comunidades autónomas son siempre mejorables, también en la comunidad autónoma de Euskadi. No queremos caer en la autocomplacencia diciendo siempre que nuestros datos son buenos, que las cosas nos van bien, porque somos conscientes de que todavía tenemos muchos ámbitos en los que mejorar. Tanto en la escolarización, como en lo relativo al éxito académico, al bajo fracaso escolar y a la empleabilidad, nuestros resultados son mejores, pero eso no quiere decir que nosotros renunciemos a reformar nuestro sistema ni a mejorarlo; todo lo contrario. Y lo mismo sucede con la formación profesional. Estamos muy orgullosos y muy contentos de nuestro modelo porque nos ha costado mucho trabajarlo; nos ha costado mucho a las administraciones educativas y nos ha costado mucho en cuanto a la implicación de las empresas. Por lo tanto, lo vamos a defender con uñas y dientes, y entendemos que con esta ley se pone en riesgo la continuidad en la mejora de la formación profesional.
En cuanto a los objetivos reales de la reforma, lo que nosotros vislumbramos a lo largo de todo el anteproyecto, que ya lleva más de un año de tramitación y que se ha convertido en un proyecto de ley, es que lo que realmente se está buscando es mejorar única y exclusivamente las estadísticas, los resultados de PISA y de McKinsey. Esto no es mejorar la calidad educativa, esto es única y exclusivamente maquillar indicadores, y ahí no nos van a encontrar a nosotros.
Se ve claro en la exposición de motivos, en el preámbulo de la propia ley que lo que quieren hacer es mejorar los resultados estadísticos en fracaso escolar, derivando o segregando una importante parte del alumnado hacia otras vías, dándoles acceso a una formación profesional mediante la formación profesional básica, con una reducción de conocimientos y de recursos educativos que va a afectar a la consecución de niveles de cualificación requeridos, en este caso por el sector industrial vasco; y por ahí no pasamos.
Así pues, no vemos que realmente vaya a haber una mejora en el conjunto del sistema, que mejore las competencias de todo el alumnado mediante modelos de aprendizajes que sean acordes con el siglo XXI. En este sentido, entendemos que es una reforma regresiva.
Y vamos a entrar ya en las medidas concretas. Me estoy extendiendo tanto porque en la disposición adicional tratamos todas estas cuestiones y pretendemos salvaguardar el modelo educativo vasco —vuelvo a repetirlo—. Eso es lo que queremos, porque lo estamos haciendo bien y queremos hacerlo todavía mejor, y para eso no necesitamos ningún tipo de tutelas.
Respecto a las lenguas, el proyecto de ley jerarquiza las lenguas, y el euskera no puede estar subordinado al castellano. No aceptamos cambios a peor, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario: promover, proteger y adecuar el euskera. La lengua cooficial es tratada de forma discriminatoria en todo el proyecto de ley respecto a la lengua castellana. En varios artículos de la ley se comete el error de confundir el objetivo con el instrumento o con el medio, y lo explico.
El medio, lo que se entiende por la proporción razonable de ambas lenguas, no puede ser un objetivo en sí mismo, porque así no se resuelve la situación de desigualdad tanto en la propia comunidad autónoma como entre diferentes comunidades con medidas similares. El texto debe prestar especial cuidado a la consecución del objetivo de conocimiento de ambas lenguas. En cambio, se empeña en regular la proporción de cada lengua vehicular, esto es, el medio de aprendizaje, y no el objetivo. Confunden otra vez las churras con las merinas, y jerarquizan y supeditan unas lenguas a otras. Nosotros creemos que cada Administración educativa debe determinar las lenguas vehiculares de su sistema educativo en atención a su realidad sociolingüística y a su estado de normalización lingüística.
Ustedes no asumen como lenguas del Estado las que no son el castellano. Para ustedes las lenguas cooficiales, las lenguas oficiales en las comunidades autónomas que tienen además una lengua propia, son un elemento añadido, siempre y cuando no se perjudique al castellano, que es lo único que a ustedes les interesa salvaguardar. Por lo tanto, no nos establezcan una relación de superioridad. Queremos una relación de convivencia, no una relación de mera coexistencia de ambas lenguas. Solamente reparan en la posibilidad de excluir al castellano, y se olvidan de citar la imposibilidad de excluir la lengua cooficial, y lo hacen constantemente, a lo largo de todo el texto. Tenemos un montón de enmiendas que persiguen corregir este error y esta equivocación en todo el texto, enmiendas a las que ustedes han hecho siempre caso omiso.
Entendemos también que para un acomodo, para una cohabitación sin subordinación, el Grupo Popular haría una contribución enorme si lengua y literatura cooficiales pasasen del bloque de asignaturas específicas al bloque de asignaturas troncales, que es donde les corresponde estar. Además, deberían dar pasos para garantizar el plurilingüismo en el Estado mediante una disposición que permita al alumnado experimentar un acercamiento a otras lenguas cooficiales. Incluso es posible incluir una materia, o parte de ella, donde se explique la diversidad lingüística del Estado, el cual, siendo plurilingüe, en la práctica funciona como si fuera exclusivamente monolingüe.
Respecto a la distribución de competencias, que es otra cuestión que abordamos también en esta disposición adicional, pedimos un respeto a la realidad de nuestra comunidad autónoma, con competencias exclusivas en materia educativa, frente a la invasión competencial y recentralización que se plantea. Sé que tampoco le gusta la palabra recentralización, pero me remito a los hechos, no solamente en lo que se refiere a esta ley, sino a todo el rosario de leyes que han venido aprobando sistemáticamente; en pocas de ellas han contado con el apoyo de otros grupos parlamentarios en lo que vamos de legislatura. Para ello, consideramos necesario modificar la redacción del artículo 6 bis, que se refiere a la distribución de competencias. Además —he tenido ocasión de extenderme en ello en las enmiendas parciales—, se deja a un lado la fórmula de los porcentajes, nos dejan sin competencias para definir las asignaturas troncales, cuyos contenidos y estados mínimos corresponden al Estado, o para definir los estándares evaluables de los contenidos del bloque de asignaturas específicas, o para determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes a cada una de ellas en relación con los contenidos de los bloques de las asignaturas troncales y específicas.
En cuanto a las evaluaciones —y ya vamos al grano de algunas otras enmiendas, aparte de la disposición adicional, correspondientes a este bloque—, hemos presentado las enmiendas números 659, 660, 663 y 610. Por ejemplo, en la 659, respecto de la evaluación general del sistema educativo, decimos que al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde establecer cuáles tienen que ser los criterios básicos de esa evaluación, pero no establecer todos los criterios de evaluación. ¿Para qué estamos, si no, las autoridades educativas?
Lo mismo ocurre en la enmienda número 661, respecto a las evaluaciones individuales, donde hay una cuestión todavía más grave. No es solo que ustedes hacen caso omiso de las competencias de las administraciones educativas, ni siquiera nos dejan complementar las evaluaciones individuales, sino que además en la calificación de las pruebas ustedes permiten la entrada de personal docente que no es de la función pública, es decir, de profesores que no sé si serán de la concertada o de la privada. Lo consideramos un absoluto error, por lo que pedimos que la calificación y la práctica de estas pruebas se hagan por profesorado de la función pública docente.
Respecto a la publicación de los resultados de la evaluación, entendemos que parte de un concepto de evaluación completamente erróneo y ajeno al nuestro. Muchas veces he escuchado decir a miembros del ámbito educativo del Partido Popular que los del PNV siempre estamos en contra de las evaluaciones, y nos preguntan por qué. No estamos en contra de las evaluaciones. Es más, si hay un sistema que está sometido a evaluaciones constantes es el sistema educativo vasco. A lo que no estamos dispuestos es a que mediante las evaluaciones se pretenda minar la capacidad de establecer un currículo educativo por parte de las autoridades educativas vascas. A eso es a lo que nos oponemos. Y nos oponemos también a que las evaluaciones sean utilizadas como un mecanismo para fomentar la competitividad mal entendida entre los diferentes centros educativos.
Por lo tanto, estamos en contra de que se establezcan evaluaciones finales al término de cada ciclo educativo, porque centran al alumnado y al profesorado en los conocimientos que deben mostrar en una prueba final y eclipsan en gran medida las posibilidades de una educación individualizada, centrada en las competencias, aglutinante del conocimiento y de las capacidades, actitudes y aptitudes para evolucionar como personas y aportar valor a la sociedad, porque infravalora y cuestiona el trabajo del profesorado, —cuando en Euskadi, además, tenemos que decir que contamos con un profesorado muy bien formado, en una formación constante—, ya que resta valor a sus evaluaciones a lo largo del ciclo, que aunque sean positivas, han de ser certificadas siempre por pruebas externas que ustedes van a realizar; porque coarta además la creatividad del profesorado para establecer nuevas metodologías de aprendizaje, valores como el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos y el aprendizaje en colaboración, y además va a ser altamente desmotivador para su tarea. Nosotros no estamos en contra de las evaluaciones, estamos en contra del modelo de evaluaciones que está planteando su proyecto de ley, que es una cuestión muy muy distinta.
Por último, respecto a la formación profesional, vuelvo a repetir que para nosotros es fundamental, es básica. Entendemos que la formación profesional es una formación no de segunda, sino de primera, y por lo tanto, tenemos que decir que los llamados PCPI, los Programas de Cualificación Profesional Inicial, hasta ahora tienen dos itinerarios que se complementan, uno dirigido a la profesionalidad del alumnado, para que pueda cursar una profesión que le permita desarrollar un trabajo autónomo por cuenta ajena con un nivel de cualificación 1, y, a la vez, permite cursar un itinerario académico para conseguir el título de ESO y así avanzar por círculos de grado medio e incluso continuar hacia el bachillerato. Es decir, con la nueva formación profesional actual lo que se va a hacer es retroceder en este camino que ya habíamos avanzado. Excepcionalmente, además, se va a permitir acceder a formación profesional básica en segundo de la ESO. ¿Qué nivel van a tener si después acceden a la formación profesional de grado medio directamente, sin ningún tipo de criba interna? En su enmienda transaccional, vuelvo a repetirlo, ustedes planteaban pruebas de acceso solamente para la formación profesional de grado superior. Pero ¿qué ocurre con el grado medio cuando el 40% de los perfiles demandados hoy en día por el sector industrial en la comunidad autónoma vasca son titulaciones de grado medio? Esta ley no solo no asegura las competencias que demandan los sectores productivos, la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional, sino que las reduce y las elimina. Además, es inadmisible que se permita acceder a ciclos de grado medio y superior con una formación profesional básica y con la superación de una prueba de admisión, pues así lo que van a conseguir es que la verdadera formación profesional se acabe yendo al traste.
Y respecto a la formación profesional dual —ayer lo mencionaba el portavoz del Grupo Socialista—, traer aquí el modelo alemán o el modelo austriaco e implantarlo sin más es totalmente imposible. Nosotros defendemos el modelo en alternancia, que va mucho más allá de una diferencia exclusivamente de términos. No es lo mismo la formación profesional dual que la formación profesional en la alternancia. Y no es viable, porque económicamente no existe un interés empresarial para la formación dual que se quiere implantar, salvo en las grandes empresas; y corremos un riesgo —lo comentaba ayer el portavoz del Partido Socialista—, que las grandes empresas muchas veces quieren utilizar este mecanismo de formación para conseguir contratar mano de obra barata. Por lo tanto, pedimos que la formación profesional dual no sea el único sistema, y que se permita una formación profesional en alternancia, porque es mucho más flexible y más acorde a las características y necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que, al fin y al cabo, son las que realmente aportan valor añadido a esta formación profesional.
Resumo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo que mi grupo parlamentario demanda a través de la enmienda número 668, que propone una nueva disposición adicional, es una relación bilateral y respetuosa entre la Administración española y la vasca en materia educativa, una relación bilateral, que sea respetuosa con las competencias y la especificidad del sistema educativo vasco. En este sentido pedimos respeto a la legislación y a la normativa vasca, en general, y a la normativa lingüística muy en particular; que no sea discriminatoria, de tal manera que el castellano no esté a un nivel superior de las lenguas cooficiales, incluida la vasca; con una autonomía real para adoptar propias recetas, para adoptar las medidas más adecuadas para el avance y la mejora en la educación y no para el retroceso; para la mejora continua y la búsqueda de excelencia en el sistema educativo vasco. No debemos olvidar las necesidades y el punto de partida de la comunidad autónoma vasca en este caso, pero entiendo que es igual en el resto de las comunidades autónomas. Lo que pedimos es una relación bilateral que permita realmente mantener los niveles de calidad, y mejorarlos, evidentemente, mejorarlos, que es el objetivo que nosotros nos planteamos.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Alturo para defender las enmiendas 702, 735 a 739, 759 a 763, 766, 733 a 744, 776, 781 a 782, 786 y 787.
El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta. Muchas gracias.
Tenemos un bloque importante de enmiendas a este capítulo y a algunas de ellas los portavoces del Partido Popular ya han dado respuesta. Yo voy a continuar defendiéndolas, y luego, en el turno de portavoces, también me referiré a ellas.
Voy a empezar por la enmienda 759, que pretende suprimir el apartado ochenta y dos del referido texto. Nosotros consideramos oportuno mantener el redactado actual del apartado 2 del artículo 140 de la LOE, en el que se establece que la finalidad de la evaluación no podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de centros. Aquí quiero contestar al señor Peral, que ha dicho que nosotros nos oponíamos a no se qué, pero en realidad hay que diferenciar: una cosa es la evaluación de los alumnos, otra es la evaluación del profesorado, otra es la evaluación de los centros y otra es la evaluación del sistema educativo. Y lo que no se puede hacer es que, a través de una evaluación del sistema educativo, vayamos a organizar rankings de centros o a dar valoraciones de los alumnos a nivel individual. Por tanto, estamos mezclando cosas y estamos diciendo cosas que no obedecen a la realidad. El sistema de evaluación es muy importante, es algo muy serio en el sistema educativo, y merece un respeto y que se sepa de lo que se está hablando, porque, en principio, es la base del progreso y el fundamento de nuestra sociedad.
En la enmienda 766 pedimos la supresión de la disposición adicional trigésimo cuarta, sobre becas y ayudas al estudio, en cumplimiento de la Sentencia 188/2001, de 20 de septiembre, del Tribunal Constitucional. Esta enmienda es reiterativa y habitual. Se trata de una competencia que debe ser transferida a las comunidades autónomas, y nuestra enmienda va en esa línea.
Las enmiendas 773 y 774 tienen relación y coherencia con enmiendas presentadas con anterioridad; con la enmienda al preámbulo, en la que pedíamos la supresión y por tanto el retorno de la LOE, es evidente.
Las enmiendas 735 y 736 pretenden reforzar de manera expresa la educación vial atendiendo a la importancia que tiene en la formación. Es un tema que ya hemos comentado en algunas mociones, pero es importante que figure en los procesos educativos.
Y otro grupo de enmiendas de nueva introducción pretenden incluir en la LOE el grado de las enseñanzas artísticas para su adaptación al espacio europeo, o bien de la educación superior.
Y quiero hacer referencia a una de las enmiendas que consideramos importante, la 776, de modificación del artículo ochenta y dos, apartado 2 de la LOE. En este sentido, se establece que vincular los servicios de la obligación de desplazamiento de alumnos a un municipio diferente del de la residencia, a veces queda distorsionado por las características y condiciones geográficas de cada municipio. Así, en determinados casos, hay alumnos que, sin cambiar de municipio, se ven obligados a recorrer distancias largas desde su domicilio hasta el centro educativo, esto sucede en numerosas zonas urbanas, y puede ocurrir que familias con una renta muy alta entren en desplazamientos de cambio de municipio y, por tanto, de gratuidad, y familias con una renta socioeconómica en una situación muy precaria, por el hecho de que su pueblo esté dentro del propio municipio, es decir por desplazarse dentro del mismo municipio resulta que no puede tener acceso a esta gratuidad de transporte y de comedor. Por tanto, proponemos esta revisión. Esto es justo que se mire, es equidad del sistema, y lamento que la portavoz ya haya dicho que no en este sentido, que está mejor tal como están las cosas, cuando en realidad, lo que está negando a estas familias que, por razones geográficas de un municipio determinado, se encuentran con el hecho de la movilidad dentro de ese mismo municipio, no puedan tener derecho a este transporte o a este comedor de forma gratuita. Lamentamos muchísimo esto y pedimos una reconsideración, ya que aún hay tiempo, de aquí a la semana que viene.
Voy a comentar una de las enmiendas más relevantes para nosotros en este bloque, la número 786, que hace referencia al calendario de aplicación de esta ley. Ustedes han presentado una enmienda, que ya figura en la ponencia, de modificación inicial de la aplicación del calendario. La verdad es que hay mucho que hablar y mucho que decir en este sentido. Los precedentes de las leyes orgánicas reguladas del sistema educativo aprobadas por Cortes Generales, la LOGSE, la LOCE, la LOE, establecen en cada caso un plazo global para el calendario de aplicación, siendo regulada posteriormente la concreción de dicho calendario mediante reales decretos correspondientes. Nunca han figurado en el texto de la ley —y podríamos hablar de cada uno de ellos, porque tenemos los reales decretos—, cuándo se publicaron, en qué sentido y, en definitiva, el tiempo en el que se aplicaron las distintas leyes. El mecanismo de implementación adoptado en todos los casos es similar, lo cual indica que no se trata de una decisión condicionada por una opción ideológica determinada sino más bien de un criterio técnico compartido por diferentes legisladores, que se aplica de manera generalizada.
Permítanme que les comente lo que el Consejo de Estado, en su dictamen número 172/2013, sobre el proyecto de la LOMCE, señala. Dice así: «Llama la atención que se pretenda en dos años implantar una reforma tan profunda como la proyectada. Como ya ha sido observado, la aplicación completa del nuevo modelo exige, además de aprobar los decretos básicos de desarrollo, los decretos de las comunidades autónomas de adaptación a los centros, de los libros y de la inversión ingente a asumir en tres ejercicios presupuestarios. Al margen de lo anterior, cabe destacar que el calendario de implantación nunca se ha fijado en una norma de rango legal, sino que siempre ha habido una remisión a la aprobación del Gobierno en decretos posteriores. Lo único que se ha previsto en las sucesivas leyes ha sido la duración total de la implantación gradual: diez años para la LOGSE; cinco años para la LOCE y para la LOE. Aun cuando la disposición final en la que se incluye este régimen no tiene carácter orgánico sino ordinario, quizá debiera considerarse tanto el plazo que en el mismo se establece para su implantación como su inclusión en una norma de rango superior.» Esto lo dice el Consejo de Estado en relación con la aplicación de esta ley.
En este sentido, la implementación de la formación profesional básica prevista para el curso 2014/2015, que forzosamente presentará un notable incremento presupuestario a las comunidades autónomas, supone un doble inconveniente, atendiendo a que la inadecuada cuantificación de su puesta en marcha se une a la premura del calendario que imposibilita la correcta previsión presupuestaria para el año 2014. En este sentido, debe tenerse en cuenta también lo manifestado por el Consejo de Estado, que dice: «Aun cuando, en definitiva, se ha llevado a cabo una adecuada tramitación de la norma en proyecto, no puede dejar de observarse la insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación.»
Las actuaciones de aplicación de esta ley han de contemplar, entre otros, los siguientes procesos: desarrollo normativo por parte del Gobierno del Estado, que debe establecer contenidos básicos; desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas para regular el ejercicio de sus competencias correspondientes a los contenidos de la enseñanza; adaptación de los centros al nuevo escenario mediante instrucciones para su organización y funcionamiento; adaptación de las plantillas docentes; formación del profesorado; adecuación de la oferta y regulación de procesos de preinscripción y matriculación; adecuación de producción del sector editorial para actualizar contenidos en materiales didácticos, libros de texto, etcétera. Todo ello hace que sea prácticamente imposible cumplir el calendario que ustedes están planteando; se han dado mucha prisa en implantar esta ley.
La disposición derogatoria única pretende derogar la capacidad de las comunidades autónomas que tengan reconocida competencia en materia educativa. Por ello hemos presentado la enmienda número 782, de supresión, y la 787, que modifica la entrada en vigor de la ley en el sentido siguiente: «La presente ley orgánica entrará en vigor el uno de enero del primer ejercicio presupuestario en el cual el Estado Español cumpla con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de manera que el conjunto de las administraciones públicas mantengan un déficit público inferior al 3% del PIB.» ¿Quieren cumplir con los objetivos de déficit? Pues bien, es evidente que hay que tenerlos en cuenta a la hora de implantar esta ley y que, en definitiva, las administraciones correspondientes puedan adaptar los calendarios en función de cómo evolucione la situación económica.
Por tanto, doy por defendidas todas las enmiendas incluidas en este grupo y, evidentemente, entendemos que, desde el punto de vista de la ley, el calendario es un tema importante. Consideramos que debería negociarse, que no es posible aplicarla el curso que viene por las razones que ya hemos expuesto. En definitiva, pedimos al Grupo Popular que sea sensible a esta realidad. Una cosa son las cuestiones técnicas y otras las ideológicas, sobre las cuales ya hemos hablado en este debate.
Antes, cuando he dado la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios, me salté al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. No sé si la senadora Sequera quiere hacer uso de la palabra.
La señora SEQUERA GARCÍA: Doy por defendidas las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Las da por defendidas.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas números 788, 789, 863 a 867, 871, 877, 879, 881, 882, 887, 888, 890 y 894 a 896, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.
La señora FERNÁNDEZ PENA: Buenos días, presidenta.
Permítanme que empiece la defensa de este bloque de enmiendas haciendo un análisis del preámbulo, ya que su lectura me ha generado una serie de dudas que quiero plantear en esta comisión. Una parte del mismo recoge expresamente este párrafo: «La transformación de la educación no depende solo del sistema educativo, es toda la sociedad la que tiene que asumir un papel activo. La educación es una tarea que afecta a empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y de manera muy particular a las familias. El éxito de la transformación social en la que estamos inmersos depende de la educación; ahora bien, sin la implicación de la sociedad civil no habrá transformación educativa.» A la vista del párrafo mencionado, si el legislador estaba tan convencido de la realidad de esa premisa como para llegar a plasmarla en la exposición de motivos, tal y como está siendo contestada por esa misma sociedad, que teóricamente tiene que implicarse para lograr la transformación educativa, es difícil entender cómo esta ley ha podido llegar hasta el Senado. Es imposible entender cómo, a pesar de tener a toda la comunidad educativa y a las familias en contra, el PP continúa con la tramitación de esta ley.
Al seguir con la lectura, entre párrafos que hablan de emprendimiento, de economía, de esfuerzo, de recompensa, de liderazgo, de empleabilidad, etcétera, mi cabeza, inconscientemente, se evade hacia una aula de infantil, y siento lástima por esos niños y niñas para las que el Partido Popular diseñó un nuevo modelo con el que pretenden educarlos como si estuvieran en un centro clasificador de personas según sus capacidades, en vez de en una escuela en la que se les oriente y se les informe en el principio de
cooperación y no en el de competición, para que sepan que el futuro es de todas y todos y no solo de aquellos que se van eligiendo reválida tras reválida, como hace cuarenta años; y sí, digo reválida y no evaluación, y lo hago de forma consciente, a pesar de que el ministro Wert ha dicho textualmente que utilizar la palabra reválida para referirse a las evaluaciones al final de cada ciclo educativo es un truco facilón para descalificar mirando al pasado. Yo creo que más bien es el PP el que usa el término evaluación como un eufemismo facilón con el que quiere ocultar o endulzar la realidad.
De ahí que mantengamos también en este bloque, con las enmiendas números 863 a 866, 877 y 876, la misma postura que se adoptó en el resto del texto legislativo: supresión de todos los apartados que hacen referencia a las reválidas y retorno al articulado LOE en el que sí existen evaluaciones, pero evaluaciones para diagnosticar el sistema educativo y optimizarlo, no para crear un ranking discriminatorio; evaluaciones que nos den los instrumentos necesarios para actuar con eficacia donde tengamos que hacerlo y aportar recursos donde sea necesario; evaluaciones para ayudar a los alumnos en sus expectativas y no para truncarlas. Pero no, ustedes quieren con esta ley retrotraernos al pasado con estas reválidas excluyentes. Y fíjense, señorías, si tienen ustedes prisa en devolvernos a políticas retrógradas, donde el amparo de la Conferencia Episcopal es el sustento ideológico que permite la división económica y social, que quieren hacer entrar en vigor esta ley en tan solo veinte días. Una prisa innecesaria y contraproducente, tanto a nivel organizativo como educativo, incluso económico.
Por eso pedimos la modificación de la disposición final sexta con la enmienda 896. No tiene sentido que digan que esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación. Ustedes saben que es necesario un período de tiempo mayor para la adaptación curricular, económica y social. Aún así, lo acortan porque saben que al ser esta una ley impuesta tienen miedo de no poder darle cumplimiento en esta legislatura. Por eso le proponemos con esta enmienda que la entrada en vigor se produzca a los doce meses, un plazo razonable y razonado para una ley que afectará al futuro de los jóvenes de este país.
Con este mismo criterio pedimos la supresión de la disposición final quinta con la enmienda 895 sobre el calendario de aplicación. Han presentado ustedes una autoenmienda a esta disposición en la que alteran el calendario fijado en el Congreso con una única premisa: diferir costes un año. Así lo exponen directamente en la justificación de esta enmienda. Usan razones económicas cuando ni siquiera tienen claro ni quién ni cómo van a pagar la implantación de esta ley. Y se confunden, este plazo, el plazo de implantación, tiene que ser necesariamente más amplio, pero por más motivos que el meramente económico: debe consultarse con las comunidades autónomas y después aplicar un calendario pactado que no debe imponerse por ley y que permita tener capacidad de resolución económica suficiente. La experiencia así lo recomienda y no debemos forzar la maquinaria administrativa y económica que pueda llevarnos al caos en un asunto tan importante como la educación.
Su propuesta de ampliación de plazos adolece de sentido común y viéndola solo parece ser un parche para acallar a los consejeros populares que pedían más plazos por motivos económicos y seguir manteniendo así una postura afín al dogma del partido. Esos mismos consejeros y consejeras que en la Comisión General de las Comunidades Autónomas —y según las palabras que ayer recordó la senadora Haro— no solo no defendieron el recorte competencial que va a suponer esta ley en los distintos territorios, sino que les molestó que se hablara de competencias en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, foro territorial por excelencia para hablar precisamente de competencias y no para dedicarse durante una tarde entera a lanzar loas partidistas a una ley como esta.
Este ataque a las competencias autonómicas, aunque fueran ampliamente defendidas en otros bloques, vuelve a aparecer en las disposiciones finales cuarta y tercera, que pedimos que se supriman con las enmiendas 893 y 894, ya que dejan en un segundo plano el desarrollo normativo de las comunidades, alteran la cohesión territorial y hacen, eso sí, un nuevo ejercicio de apoyo económico a los centros privados en contraprestación con los recortes que les están aplicando a la educación pública.
Y qué mejor ejemplo de recortes para ilustrar lo dicho que la enmienda 887, que presentamos a la disposición adicional quinta, sobre el sistema de préstamo de libros de texto. La sustitución del término promover por garantizar cambia el sentido completo de este artículo. Los socialistas pedimos que se garantice que todos los alumnos y alumnas tengan las mismas posibilidades de acceso a los libros. Un sistema de préstamo de libros aporta, además de una mejora económica a las familias, un aprendizaje basado en los principios de solidaridad y compromiso con lo público, que debe formar parte de la educación. Solo se entiende que mantenga la palabra promover en el ansia de dejar caer en el olvido este sistema, como ya han hecho en varias comunidades autónomas que gobiernan, como la gallega, y como están también dejando caer en el olvido las enseñanzas para ser hombres y mujeres comprometidos con
ideales y con ideas, abandonando la enseñanza de valores e imponiendo reglas de juego basadas en el adoctrinamiento socialcatólico, y me estoy refiriendo a la enmienda 878, a la disposición cuadragésima primera, en la que pretenden articular un mini resumen para educar a los estudiantes en la resolución pacífica de conflictos y en los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos.
Estando de acuerdo con la necesidad de estudiar esos valores, entre los que está la prevención de violencia de género, lo cierto es que ustedes solo han querido poner en un papel una exigua justificación para la intencionada supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que trataba todos estos conceptos; una asignatura necesaria para aprender valores sociales como la igualdad; una asignatura que, de haber existido durante ese período oscuro de España al que el señor Peral ayer no pudo ponerle nombre pero que recordó con cariño, les hubiera permitido seguramente tener principios básicos más sólidos que les hubieran impedido aprobar las enmiendas de UPN para los centros que segregan por sexo. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres queda en entredicho con esta ley.
¿Qué tipo de educación están planteando? Yo les respondo: educación sectorizada por nivel económico y, después de esta comisión, también por sexo. Y tengan cuidado porque a este ritmo, en breve, la Conferencia Episcopal les propondrá como libro de cabecera para las niñas el libro publicado por el arzobispado de Granada, Cásate y sé sumisa, en el que se dice que ha llegado la hora de aprender la obediencia leal y generosa que es la sumisión, porque la sumisión es un término que le va al dedillo al fondo ideológico de la LOMCE. El PP quiere formar ciudadanos obedientes y sumisos, cuando lo que necesita una sociedad de futuro son ciudadanos libres y críticos.
Sobre el resto de las enmiendas de este bloque, que corresponden a las números 889, 886, 881, 870 y 871, todas ellas de supresión, ya ni entro en detalle, ya que han sido suficientemente debatidas por los compañeros que me precedieron y con las que simplemente pedimos volver a la LOE.
Y termino no sin antes pedirles, ya que el ministro Wert ha puesto tan de moda el término rectificar, señorías, que lo hagan suyo y rectifiquen. Siéntense a negociar de nuevo esta semana las enmiendas planteadas con seriedad, sin errores y, si no lo hacen, sí estarán cometiendo un grave error o, si lo prefiere el señor Peral, un gran malentendido, porque este sí que será realmente un gran malentendido, no estarán entendiendo lo que la ciudadanía quiere o más bien no estarán entendiendo lo que la ciudadanía no quiere, y es que no quiere la LOMCE.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senadora Fernández Pena.
A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular.
Figuran aquí unas enmiendas que, como en los anteriores casos, deben estar ya incorporadas, 677 y 694, 695 a 698, 701.
Tiene la palabra el senador Sastre.
El señor SASTRE ÁLVARO: Presidenta, uno esta intervención al turno de portavoces.
La señora PRESIDENTA: Este es otro turno. Ahora vendría el turno en contra. ¿No hace uso de él?
El señor SASTRE ÁLVARO: Quiero acumularlo al turno de portavoces.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Entramos entonces en el turno de portavoces.
El representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió no está en este momento.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿usted, senadora Fernández Pena, que acaba de intervenir, quiere hacer uso del turno de portavoces?
La señora FERNÁNDEZ PENA: Sí, por supuesto.
La señora FERNÁNDEZ PENA: Es difícil utilizar el turno de portavoces si nadie te da la réplica. A lo mejor es porque mis argumentos eran lo suficientemente fuertes como para que nadie los contradijera. (Protestas.)
Yo les he escuchado con atención y, sinceramente, después de haberles escuchado, he de decir que cada vez tengo más claro que el problema de que defiendan esta ley tal y como está redactada es porque se olvidan ustedes de para quién están legislando. Si lo recordaran, ustedes mismos se darían cuenta de la importancia que tiene que de aquí saliera una ley consensuada en la que no existieran diferencias ideológicas ni programáticas, porque, señorías, legislamos para los que serán los ciudadanos y ciudadanas de mañana, y a pesar de ello y de ellos están diseñando una estrategia educativa sin sentido para el futuro de este país, están ustedes defendiendo una ley inclusiva que pretende crear individuos uniformizados en vez de ciudadanos plurales, que es lo que la sociedad necesita. Un modelo del que saldrán preparados para ir a la universidad una élite que no se medirá por su capacidad intelectual, sino más bien por su capacidad económica, mientras que quedarán por el camino cientos de miles de ilusiones, jóvenes a los que con sus votos en esta Cámara les estarán negando el futuro que se merecen. Una ley que sustituye el ideal de educar ciudadanos y ciudadanas por el de crear mano de obra para el mercado laboral. Están ustedes defendiendo una ley que se olvida de evaluar el propio sistema educativo en búsqueda de errores para corregir fracasos, mientras se evalúa constantemente a los alumnos en búsqueda de aquellos que serán eliminados del sistema porque deben fracasar. Sería, pues, como legislar en materia sanitaria y culpabilizar a los enfermos por los errores del sistema, excluyéndolos injustamente de sus posibilidades de curación. Toda la oposición, toda la comunidad educativa, familias, asociaciones, sindicatos, ONG, incluso muchos, muchísimos militantes de base del PP dicen que esta es una ley clasista, segregadora y excluyente. Sé que no les gustan estos términos y les molesta, como les molestó ayer, que les digamos que están ustedes solos. Ayer se revolvían en sus asientos, porque las verdades, cuando no gustan, duelen. Pero es así, están ustedes solos. Están defendiendo a un ministro al que ha abandonado hasta la comunidad internacional. Están solos en la aprobación de una ley redactada a medida de las directrices que marca la troika, endulzada con planteamientos ideológicos de la Conferencia Episcopal y con el visto bueno de la FAES para reactivar el negocio de la educación privada. Un sector que empuja, y mucho, a que hoy ustedes se vean obligados a truncar el futuro de cientos de miles de estudiantes.
Están solos y deberían pensar por qué. Algo estarán haciendo mal. Y ese algo es que el PP se carga con la LOMCE el derecho a una educación igualitaria. Han fabricado una ley en la que el ideario del Partido Popular golpea con saña en aquellos elementos que siempre diferenciaron a las sociedades progresistas, como el libre pensamiento, la igualdad y la lengua propia. La lengua propia, la seña de identidad de los gallegos, los catalanes o los vascos. No saben lo que duele a los que tenemos y queremos una lengua propia ver cómo la supeditan a un papel menor fuera de las asignaturas troncales.
El PP decidió romper de forma unilateral un consenso recogido tanto en el texto constitucional como en los estatutos de autonomía al atacar el eje de las políticas lingüísticas de los territorios con lengua oficial propia, que se basan en la no segregación del alumnado en razón de la lengua y en el desarrollo de una doble competencia, semejante en ambas lenguas oficiales e imprescindible para asegurar su libertad de elección.
Con la LOMCE, el estatus de la lengua propia de Galicia, así definida en su estatuto de autonomía, queda en absoluta inferioridad, no solo frente al castellano, sino también frente a la primera lengua extranjera. Volvemos a los tiempos preconstitucionales á nosa lingua, a la nostra llengua, gure hizkuntza. Volvemos a tiempos preconstitucionales en la educación, con reválidas excluyentes. Volvemos a los tiempos preconstitucionales en la igualdad de oportunidades. Y aunque algunos como usted, señor Peral —no sé si está todavía en esta sala—, lo añoren, la sociedad no quiere volver atrás.
Para terminar, les dejo una reflexión, simple, pero reflexión al fin. Ya que el ministro ha tenido que dar marcha atrás dos veces en poco más de una semana, y sin dimitir, a ver si conseguimos que la tercera sea la vencida: que dé marcha atrás a esta ley y que dimita. Eso es lo que espera toda la comunidad educativa, esa misma comunidad que, como decía al inicio de esta intervención, es quien tiene que liderar la transformación educativa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.
Se ha incorporado el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el senador Alturo Lloan, y me dice que desea intervenir, con lo cual, tiene la palabra.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta. Pido disculpas por haberme ausentado en el momento en que me tocaba intervenir.
Quisiera aprovechar este turno para hacer un pequeño balance de lo que ha sido el debate de enmiendas en el dictamen de la comisión correspondiente. Mi grupo ha querido mantener una actitud positiva, constructiva y de diálogo, y hemos defendido todas las enmiendas en el sentido positivo. Enmiendas de diferente ámbito. Enmiendas que afectan al ámbito competencial, al ámbito lingüístico, al ámbito económico, a cuestiones que vemos que no pueden funcionar de ninguna manera, como es el caso del calendario escolar al que hice referencia. Y lo hemos hecho por respeto a la comunidad educativa, por respeto a los alumnos, por respeto al profesorado, por respeto a la sociedad en general, por respeto a nuestra profesión y por respeto a una ley que es uno de los pilares importantes del bienestar de la sociedad. Y lo hemos hecho muy a pesar de la actitud del Partido Popular, en concreto de su portavoz, que lamento que no esté ahora aquí, quien por su actitud, valoraciones y calificaciones, invita más bien a hacer lo contrario.
No hemos querido mezclar una cosa con la otra. No he querido entrar en ninguna valoración, porque quiero que quede claro que la defensa de las enmiendas que hemos planteado, aunque sean críticas a una ley, puesto que tiene que ser así, dado que nosotros vemos que esta ley invade competencias de manera brutal y atenta contra la lengua catalana y contra la cohesión social en Cataluña, ha sido en tono constructivo y de diálogo, con argumentos.
Digo esto porque no son palabras vacías o por decir. Ustedes tienen prisa; tienen prisa en aplicar esta ley. Forma parte de su programa electoral y tienen prisa. Pero para aplicar esta ley se requiere tiempo. Y para aplicarla bien hace falta tener unos mínimos para poderla implantar. La urgencia solo puede obedecer a intereses ideológicos y de partido, porque creo que los argumentos están claros, todo el mundo puede entenderlos y la sociedad, en general, lo va a ver así.
Ustedes han querido demostrar que aceptan enmiendas —por cierto, ninguna de CiU hasta el momento— para hacer ver que negocian, que son capaces de mantener diálogo con determinadas fuerzas. Hemos visto, como han comentado los portavoces principalmente afectados, que ha habido enmiendas que les aceptaron en su momento y que luego han tenido que ser, entrecomillado, desaceptadas. Un espectáculo que no sé cómo calificar el que hemos vivido aquí en ponencias. Pero no quiero hacer público ahora ese debate, porque, en definitiva, creo que es lamentable.
Hemos hablado, hemos razonado, hemos puesto al servicio de la sociedad en general nuestros argumentos y nuestros motivos. Lamentablemente, estamos viendo que esta actitud de diálogo no se manifiesta ni se transforma, sino que simplemente se trata de aparentar un querer hacer.
Y ya lo que faltaba en estos días, hablando del tema de las becas. Mi grupo le hizo una interpelación al ministro Wert al respecto. Salió a la luz pública el recorte de las Erasmus y el lamentable espectáculo de que Europa tenga que tirar de las orejas al ministro Wert por una reducción que luego rectificó en las citadas becas. Esto es hacer el ridículo, permítanme que se lo diga así de claro.
Déjenme que les diga que por parte del Partido Popular hace falta realismo, humildad y un diálogo sincero. Entendemos que en muchas ocasiones sobra prepotencia y hay que cuidar las formas como también el fondo.
Finalmente, permítanme que haga mención a una materia de la cual yo hasta ahora no había hablado, pero que es importante ponerla de manifiesto antes de que se debata en el Pleno. Es el tema de las matemáticas en el bachillerato de las Humanidades y de las Ciencias, que no figura en el ámbito troncal, sino como optativa. Pues bien, señorías, el 70% de los alumnos de magisterio acceden al bachillerato por esta vía, por lo que puede ser incomprensible que no hayan cursado matemáticas en el bachillerato. Por lo tanto, les hago esta consideración para que de aquí al día del Pleno se tenga en cuenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Alturo.
Tiene la palabra el senador Sastre, por el Grupo Popular.
El señor SASTRE ÁLVARO: Gracias. Buenos días, señora presidenta, señorías.
En primer lugar, agradezco a todos los intervinientes sus aportaciones al debate de esta comisión. Antes de nada haré tres pequeñas salvedades, si me lo permiten, en primer lugar a la senadora Martínez, del Grupo Vasco, a quien tenemos que decirle que nos felicitamos todos por los logros conseguidos en la mejora del sistema educativo vasco. Por otro lado, sentimos que no acepten las transaccionales ofrecidas por el Partido Popular, y lo siento porque lo que ustedes pretenden es blindar la FP de grado medio.
Nosotros, en lugar de blindajes y portazgos —el PNV pide una prueba de acceso desde la FP básica a la FP media y desde la media a la superior—, lo que queremos es crear pasarelas que acaben con los callejones sin salida de la LOE; queremos, por lo tanto, permeabilidad entre todas las opciones educativas del alumno, de forma que ninguna sea irreversible.
Al senador Alturo, una vez más, y espero poder seguir diciéndoselo muchas veces desde cualquier sillón, desde cualquier comisión, ponencia o en el Pleno, gracias por su actividad constructiva, nunca hemos esperado menos de ustedes, y les voy a decir dos o tres cositas que también sirven para los demás portavoces.
Nosotros no es que tengamos prisa, ustedes son los que tienen prisa en que esta ley no se aplique; se ha reunido cinco veces a las conferencias sectoriales desde el principio de esta legislatura y lo único que pretenden y siguen haciendo es dilatar, dilatar y dilatar. Tomo nota igualmente de su sugerencia sobre las matemáticas como asignatura troncal en el bachillerato para ver si de aquí al Pleno pudiéramos llegar a algún acuerdo.
Y paso ya, señorías, a hablar de este bloque sexto, que es en el que estamos. Voy a empezar, lógicamente, por debatir el apartado relativo a la disposición final quinta, la enmienda 701, que ha presentado el Grupo Popular en el Senado. Con esta enmienda se solicita la modificación del calendario de implantación de la LOMCE, que si bien comenzará en el curso 2014-2015, se hará de una forma más gradual para facilitar a las administraciones educativas, a los centros docentes y a los equipos directivos la adaptación del contenido modificado o añadido por la LOMCE, a la vez que hacerlo compatible con la situación económica de las comunidades autónomas, difiriendo en un año los costes más elevados, como son los de la ESO. Pero, señorías, una cosa es diferir en un año para mejorar la implantación y otra cosa muy distinta entrar en el juego de los portavoces de los distintos grupos, que con enmiendas edulcoradas lo que persiguen no es la mejora de la ley, sino su no aplicación.
No podemos olvidar —y lo tengo aquí, señorías (El señor Sastre Álvaro muestra un documento a la comisión.)—, el acuerdo, el pacto firmado en esta Cámara —se celebraban aquí las reuniones del Congreso porque estaba en obras— donde, junto con el resto de los partidos, incluido Amaiur —esta foto les va a acompañar durante mucho tiempo—, ustedes acordaron derogar esta ley en cuanto pudiesen. Ustedes no quieren mejorar esta ley, no les importa avanzar en educación, quieren que siga siendo un juguete, su juguete, o herramienta —escojan la palabra que quieran— para, pese a las debilidades demostradas, seguir y conseguir formar en la rancia política de izquierdas o en la excluyente política nacionalista. Gráficamente podría decirse que si la educación en España está al borde de un precipicio, alejándose cada día más del resto de los países de nuestro entorno, que están muy bien asentados en tierra firme, sus señorías se han aliado, se han puesto de acuerdo para dar un paso al frente y despeñarnos.
Señores, no por mucho insistir en una mentira se convierte en verdad. Esta ley no nace en soledad porque ustedes no representan a toda la sociedad, no representan a todos los colectivos, no todos los sindicatos ni todas las familias están en contra de la ley, de toda la ley, solo los voceros y agitadores de la calle, que solo se representan a sí mismos, azuzados por esa izquierda que cuando no gana en las urnas quiere ganar en la calle de cualquier manera, ya que no conciben que la educación es de todos, que el derecho a elegir la educación de nuestros hijos corresponde a los padres, y ellos y solo ellos son los que tienen que decidir la educación que quieren para sus hijos, los valores y la lengua vehicular para que esa enseñanza, si es en castellano, sea en castellano.
Otra vez más les repito algo que ya se les ha dicho muchas veces desde esta bancada: bendita soledad la del Partido Popular, que cuenta solo, solo, solo con el apoyo de once millones de españoles, lo que no tienen el resto de los partidos. (El señor Álvarez Villazán: Ya se os fueron unos cuantos.) Bueno, más se os han ido a vosotros. (Risas.)
En el escaso tiempo de que dispongo para rebatir todas sus alegaciones, por no llamarles invenciones sobre la LOMCE, me centraré en aquellos apartados en los que más han incidido sus señorías. Así, en los apartados ochenta y dos y ochenta y seis, Evaluación, debo recordarles que las evaluaciones externas se llevan a cabo en veinticuatro de los treinta y cuatro países de la OCDE, entre ellos diecisiete de la Unión Europea, pruebas que suponen en este caso mejoras de hasta dieciséis puntos —en España con esos dieciséis puntos estaríamos ahora en la media europea o un poco por arriba—. Quiero señalar igualmente que el Consejo de Estado —al que cuando quieren hacen mención; ese órgano que atacan o alaban según les interesa— ha dejado claro que las evaluaciones externas son un mecanismo para diagnosticar y corregir los problemas del sistema educativo e incentivar el esfuerzo de los alumnos.
Señorías, ¿qué tienen contra la transparencia y la libertad? ¿Qué problema hay en establecer un sistema de señalización claro de los objetivos y las competencias? ¿O es que prefieren el actual sistema ciego, que solo evalúa a los alumnos en la selectividad al salir del sistema? ¡Ah!, como pedagógicamente no son atacables las evaluaciones externas —lo acabamos de escuchar a la portavoz del Grupo Socialista—, las cargan de ideología, les dan una mano de barniz populista y, ¡zas!, dicen que son reválidas —palabra negativa porque la unen a una etapa anterior— y ya está. Pues bien, las evaluaciones externas no son reválidas porque no regulan la demanda, no regulan el pase; su orientación es de señalización, no son punitivas, no son prueba de conocimiento, sino de capacidades y por mucho que lo digan no buscan el ranking, porque las evaluaciones externas buscan incrementar el sentido del esfuerzo, buscan incrementar el sentido de la exigencia —tan denostado y tan poco conseguido en la LOE—, buscan el compromiso de toda la comunidad educativa de extraer consecuencias de los resultados de la adquisición de competencias. Si no, fíjense en dos casos recientes y significativos: Portugal en el año 2000 estaba detrás de España en el informe PISA y en el correspondiente informe 2009 nos ha superado y ya está por encima de España. No creo que ponerles de ejemplo Portugal sea como para decir que está como Finlandia, en otra liga; no, no, la liga de al lado nuestro, nuestro vecino. O Gales, que decidió no publicar los resultados y su nivel de competencias del alumnado bajó; hoy día ha vuelto, lógicamente, a publicar los resultados y a subir.
Voy a terminar este apartado con una frase de alguien de quien también he oído hablar, del padre del informe PISA, al que tanto citan, Andreas Schleicher: Si hay evaluaciones externas, hay valor añadido.
Por ir centrándome en los apartados más mencionados, se han referido al apartado ciento uno, a la disposición adicional quinta, de la Ley Orgánica 2/2006, relativo al título competencial. Debería dirigirme a los grupos nacionalistas, cuyas enmiendas tratan de impedir que el Estado regule ciertas materias, pero el Grupo Socialista, antiguo PSOE, ayer nos manifestó a través de su portavoz en ese momento, el señor Álvarez Areces —si no es así le pido disculpas, pero esperemos que de todas formas así lo diga el Diario de Sesiones—, que en la Constitución Española se pensó en la evolución de las comunidades autónomas hacia la federación. Yo no lo sabía, y creo que los constitucionalistas siguen sin saberlo, de hecho algunos todavía siguen manteniendo que nuestro sistema descentraliza más competencias que un Estado federal.
Señorías, la distribución de competencias en materia educativa está recogida en nuestra Constitución en el artículo 149.1, en sus apartados 1.º, 18.º y 30.º En cuanto al concepto de materia, alrededor del cual se han producido las disquisiciones teóricas sobre la que han estado formulando durante toda la tramitación de esta ley en ambas Cámaras, ha quedado perfectamente fijado que es por el Tribunal Constitucional —sentencias a las que no les gusta acercarse, pero yo las voy a citar—, entre otras en la sentencia del Tribunal Constitucional 39/1982 o la 123/1984, al entender el concepto de materia como el conjunto de actividades, funciones o institutos jurídicos relativos a un sector de la vida social. Y sigo: Dejando claro asimismo que la competencia del Estado alcanza a todos los aspectos que puedan considerarse esenciales de esa materia en relación con el sistema educativo o no esenciales —subrayo— que concreten el contenido del derecho a la educación para que el Estado pueda —doble subrayado— asegurar que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Cerraré este apartado señalando que el informe del Consejo de Estado no aprecia en el texto de la LOMCE ninguna invasión de competencias respecto a las comunidades autónomas.
En cuanto al apartado ciento dos, carácter de ley orgánica, vale todo lo dicho para el apartado ciento uno.
Terminaré haciendo mención a la entrada en vigor. Señorías, las enmiendas 607 de Entesa pel Progrés de Catalunya, la 787 del Grupo Catalán Convergència i Unió o la 896 del Grupo Parlamentario Socialista, solo son salvas de distracción. Al pedir que se retrase la entrada en vigor, en el mejor de los casos doce meses, haciéndola coincidir con el día 1 de enero de 2015, lo que están pensando es a ver si tienen suerte y se cumple lo soñado en el pacto escenificado, al que ya hemos aludido antes.
El respeto que merece el tema que tratamos, la educación, el futuro de nuestro país, debería obligarles a no plantear este tipo de enmiendas de obstrucción para seguir con más de lo mismo: su igualdad a medida, a nivel de mediocridad, nunca de excelencia. ¿Cómo pueden pedir que una norma empiece su andadura en enero, y no en septiembre, con el principio de curso?
No quiero terminar sin hacer una mención a lo que ha dicho durante toda su intervención la senadora que ha defendido este bloque de enmiendas del Partido Socialista. Ideología, ideología… son ustedes. Si quiere, se lo digo en forma poética, mirándola a los ojos, clavando mi pupila en su pupila: ustedes sí que son ideología; rancia ideología.
Señora presidenta, señorías de los grupos de oposición, para pactar la mejora de esta ley, para avanzar en los retos educativos del día a día, siempre nos encontrarán, con o sin gripe; pero para dejar a España anclada en el pasado, sin hacer nada, a sabiendas de las debilidades de nuestro sistema, nunca podrán contar con nosotros.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Sastre.
Tal y como habíamos preanunciado, procede ahora la reunión de la ponencia, que dispondrá de quince minutos.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Habíamos quedado en que tendríamos conocimiento de si se está planteando alguna enmienda transaccional, para saber sobre qué vamos a votar.
La señora PRESIDENTA: Esta Mesa no tiene conocimiento de que en este momento haya ninguna enmienda transaccional.
El señor ÁLVAREZ ARECES: De acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, vamos a suspender la sesión, que se reanudará a las 12:55 horas, para proceder a continuación a la votación.
Se reanuda la sesión a las trece horas y cinco minutos.
Se han incorporado al informe, por mayoría, tras la celebración de la ponencia, la enmienda número 390, de UPN, Grupo Parlamentario Mixto, y las siguientes enmiendas técnicas con carácter de propuestas de modificación, que la secretaria primera va a proceder a leer a continuación.
La señora SECRETARIA PRIMERA (González García): Los portavoces de los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado, presentan las siguientes enmiendas en relación con el informe de la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
Se propone añadir a la disposición final séptima de la Ley Orgánica 2/2006, en su redacción conforme al apartado ciento dos del proyecto de ley, la mención de los artículos 18.3, 18.4 y 18.6 entre los preceptos que deben tener carácter de ley orgánica, quedando redactada como sigue: «Ciento dos. La disposición final séptima queda redactada de la siguiente manera: «Tienen carácter de ley orgánica el capítulo I del título preliminar, los artículos 3; 4; 5.1, 5.2; el capítulo III del título preliminar; los artículos 16; 17; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 y 18.6; 19.1; 22; 23; 23.bis; 24; 25; 27; 30; 38; 68; 71; 74; 78; 79.bis (nuevo); 80; 81.3 y 81.4; 82.2; 83; 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8 y 84.9; 85; 108; 109; 115; el capítulo IV del título IV; los artículos 118; 119; 126.1 y 126.2; 127; 128; 129; las disposiciones adicionales decimosexta, decimoséptima, trigésima tercera y trigésima sexta; la disposición transitoria sexta, apartado tercero; la disposición transitoria décima; las disposiciones finales primera y séptima, y la disposición derogatoria única.
Se propone añadir un nuevo apartado cien bis al artículo único del Proyecto de Ley con la siguiente redacción: «Cien bis (nuevo): Se suprime la disposición transitoria décima novena.»
Se propone suprimir la disposición derogatoria única y añadir su texto como apartado siete de la disposición final segunda, pasando el actual apartado siete a ser el nuevo apartado ocho, en los términos siguientes: «Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. (…)
Ocho, esta disposición tiene carácter de ley orgánica.»
Se propone añadir un nuevo apartado nueve bis al artículo único del Proyecto de Ley con la siguiente redacción: «Nueve bis (nuevo): Se suprime el apartado 2 del artículo 19.»
Se propone que la disposición final novena que el Proyecto de Ley añade a la Ley Orgánica 2/2006 pase a ser disposición final séptima bis: «Ciento tres. Se añade una nueva disposición final séptima bis, con la siguiente redacción: Disposición final séptima bis. Bases de la educación plurilingüe. El Gobierno establecerá las bases de la educación plurilingüe desde segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato, previa consulta a las comunidades autónomas.»
Se propone la adición de un nuevo subapartado 1.c) procedente del inciso segundo del subapartado 1.b) del artículo 40: «Treinta y dos. El artículo 40 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 40. Objetivos.
c) (nuevo). Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
2. Los ciclos de formación profesional básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias de aprendizaje permanente.
3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo y a incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía.»
Al artículo único. Apartado setenta y siete. Se propone que la letra o) del artículo 132 pase a ser ñ); que la letra p) pase a ser o); y que la letra q) pase a ser p).
Se propone modificar el apartado cincuenta y cinco del artículo único del Proyecto de Ley con la siguiente redacción: «Cincuenta y cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo 71 quedan redactados de la siguiente manera: …(el resto queda igual al texto resultante del informe de la Ponencia.)»
Procede ahora votar el informe de la ponencia con la enmienda 390 y todas las enmiendas técnicas que se han incorporado al informe y que acaba de leer la secretaria primera.
El Letrado me pide que antes de proceder a la votación, le deje confirmar la asistencia de los senadores.
El señor LETRADO: Gracias, señora presidenta.
Entiendo que solamente hay cinco sustituciones, dos corresponden al Grupo Parlamentario Socialista: A la senadora Moreno Ruiz la sustituye el senador Ruiz Santos, y al senador Gil García, la senadora Diego Castellanos; y tres al Grupo Parlamentario Popular: al senador Chiquillo Barber le sustituye el senador Ortiz Pérez; a la senadora Durán Vadell, la senadora Armisén Pedrejón y al senador Galván Porras, el senador Fernández Pérez. En cuanto a los demás miembros, señora presidenta, están todos. Por lo tanto, hay veintiséis votos computables.
Aquellas enmiendas que no estén incorporadas permanecen vivas y podrán defenderse como votos particulares ante el Pleno, como saben ya los portavoces de los grupos parlamentarios.
Procedemos, por lo tanto, a votar.
Ha sido, por lo tanto, dictaminado por esta comisión el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Queda como último punto la designación del miembro de la comisión para la defensa en el Pleno. (Varios señores senadores: La señora presidenta.)
Si no hay otra propuesta, asumiré, como presidenta, esa tarea.
Antes de levantar la sesión, esta Presidencia quiere agradecer a todos los grupos parlamentarios el largo, a veces difícil y, por qué no decirlo, en ocasiones también tenso trabajo realizado a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley, de una manera muy especial a los portavoces y al equipo más directo que con ellos han estado trabajando.
Por lo tanto, gracias de nuevo.