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Timestamp: 2019-08-20 00:41:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 671', 'artículo 3', 'artículo 671', 'artículo 24', 'artículo 670', 'artículo 671', 'artículo 670', 'artículo 100', 'artículo 322', 'artículo 123', 'artículo 19', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 100', 'artículo 671', 'artículo 671', 'artículo 655', 'artículo 671', 'artículo 671', 'artículo 671', 'artículo 670', 'artículo 671']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-11018
Documento BOE-A-2019-11018
«BOE» núm. 179, de 27 de julio de 2019, páginas 81867 a 81875 (9 págs.)
BOE-A-2019-11018
En el recurso interpuesto por don A. O. B., procurador de los tribunales, en nombre y representación de la entidad «Harri Hegoalde 2, S.A.U.», contra la negativa de la registradora de la propiedad de Posadas, doña Marta Ruiz Rocamora, a inscribir un decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas se tramitó el procedimiento de ejecución número hipotecaria 278/2015 en el que se dictó decreto, de fecha 19 de septiembre de 2018, por el que se adjudicó la finca, por cesión de remate, a «Harri Hegoalde 2, S.A.U.». Dicha adjudicación se verificó a instancias del ejecutante, después de que la subasta hubiera quedado desierta y considerando que la finca hipotecada no constituía vivienda habitual del ejecutado, por la totalidad de lo adeudado por todos los conceptos, de conformidad con lo previsto en el artículo 671, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La finca estaba tasada a efectos de subasta en 120.453,75 euros, y la adjudicación se verificó por la cantidad de 58.658,57 euros, es decir, un 48,70 % de dicho valor.
Presentado testimonio del citado decreto en el Registro de la Propiedad de Posadas, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Asiento de present. 966/155 Juzgado 1.ª Instancia n.º 2 de Posadas.
Fecha presentación: 11/02/2019 Autos: Ejecución hipotecaria 278/2015.
Con fecha 18 de febrero de 2019, Marta Ruiz Rocamora, registradora de la propiedad de Posadas, ha emitido la siguiente nota de calificación negativa en relación al documento anteriormente referenciado.
Primero. Presentado a las 12:29 horas del día 11 de febrero del corriente testimonio firmado en Posadas el 4 de febrero de 2019 por don S. L. G., Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número dos de Posadas, relativo al Decreto de adjudicación dictado en Posadas el 19 de septiembre de 2018, en los Autos de Ejecución hipotecaria 278/2015, que motivé al asiento 966 del tomo 155 del Diario.
En el día de la fecha el citado documento ha sido objeto de calificación negativa por la Registradora que suscribe, apreciando la existencia de defectos que impiden la inscripción solicitada.
Segundo. Tal y como resulta del Decreto cuyo testimonio se presenta, en el procedimiento de ejecución hipotecaria de referencia se celebró la subasta de la finca registral 4.813 de Fuente Palmera, que quedó sin efecto por falta de licitadores. El ejecutante, Cajasur Banco, S.A.U., solicitó la adjudicación de la misma por la cantidad que se le adeudaba por todos los conceptos. Una vez aprobada la liquidación de intereses y tasación de costas y cedido el remate a le entidad Harri Hegoalde 2, S.A.U., se dicta Decreto por el que se aprueba dicha cesión de la adjudicación por la cantidad de cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos.–Dicha cantidad se corresponde con un porcentaje de 48,70 % del valor de tasación fijado, que ascendía a 10.453,75 euros.
En base a los principios generales recogidos en el artículo 3 del Código Civil, la interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de realizaras conjuntamente con los artículos 651 y 670,4 de dicho cuerpo legal, de tal manera que, aunque el ejecutante solicite la adjudicación de la finca por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación no podrá realizarse nunca por una cantidad inferior al 50 % del valor de tasación de la finca.
En otro caso, se rompería el equilibrio que el legislador estableció entre los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito) y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La interpretación literal del articulo 671 no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte y el enriquecimiento de la otra. Así lo exigen les exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
El artículo 670,4, pera el caso de que sí hubiera postores y las posturas fueran interiores al 70 % de la subasta, prevé la posibilidad de aprobar el remate por una cantidad inferior al 50 % de valor de tasación, siempre que cebra, al menos, la cantidad por la que se despachó ejecución, incluyendo la previsión de intereses y costea. Ahora bien, en este caso, como garantía complementaria, la Ley atribuye al Letrado de la Administración de Justicia la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes oídas las partes y establece que, en el caso de que ole realice el remate en dichos términos, existirá la posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto de adjudicación. Esta norma especial con sus garantías adicionales parece que debe integraras igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que, en esta hipótesis, seré preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 670.4.
Primero. La calificación registral de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitaré a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro (artículo 100 del Reglamento Hipotecario).
Segundo. En relación con el defecto señalado en el anterior antecedente segundo. Artículos 24, 117 y 118 de la Constitución española, 1, 18, 129, 130 y 132 de la Ley Hipotecaria, artículos 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Resoluciones da la Dirección General de loa Registros y del Notariado de 20/09/2017, 16/02/2018, 23/03/2018, 20/04/2018, 6/09/2018 y 15/11/2018, enero otras.
Vistos los artículos citados y denles disposiciones de pertinente aplicación, el registrador que suscribe resuelve:
1) Calificar desfavorablemente el documento presentado el defecto que resulta del anterior antecedente segundo.
2) Suspender la práctica de la inscripción solicitada hasta la subsanación de citado defecto.
3) Notificar esta calificación al presentador del documento y a la autoridad judicial que lo ha expedido, de conformidad con el artículo 322 de la Ley Hipotecaria.
De conformidad con el artículo 123 de la Ley Hipotecaria, queda prorrogado automáticamente el asiento de presentación por un plazo de sesenta días contados deuda la última notificación a que se refiere el párrafo anterior.
La presente nota de calificación (…).
Posadas, 18 de febrero de 2019.–La Registradora de la Propiedad, Fdo. Marta Ruiz Rocamora.»
Conforme a lo establecido en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, el presentante solicitó calificación sustitutoria, que, con arreglo al cuadro de sustituciones, correspondió a la registradora de la propiedad de Córdoba número 1, doña María Elena Calvo Fernández, quien resolvió confirmar la calificación de la registradora sustituido, según acuerdo de fecha 22 de marzo de 2019.
Contra la nota de calificación sustituida, don A. O. B., procurador de los tribunales, en nombre y representación de la entidad «Harri Hegoalde 2, S.A.U.», interpuso recurso el día 15 de abril de 2019 atendiendo a los siguientes argumentos:
Tercero. Ante esta manifiesta indefensión que se crea a esta parte por imposibilitarse la inscripción del dominio, nos vemos obligados a interponer el presente recurso gubernativo.
Entiende esta parte que el registrador de la propiedad debe cumplir las sentencias y demás resoluciones de Jueces y Tribunales como dispone el artículo 118 de la Constitución Española.
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto y debe de inscribir el dominio y derechos reales salvaguardados por los Tribunales salvo inexactitud de lo establecido en la Ley como dispone el artículo 1 de la Ley Hipotecaria:
A mayor abundamiento, el artículo 100 del Reglamento Hipotecaria establece que la función del registrador se limitará a examinar la corrección de la competencia del Juzgado, del procedimiento y resto de formalidades extrínsecas.
El registrador se ha permitido la licencia de hacer una interpretación tan extensiva que nos lleva a pensar que ha re legislado la norma establecida en el artículo 671 LEC, ya que no se desprende su literal en ningún caso, la adjudicación para el supuesto que nos ocupa por el 50 % del tipo, dado que mi representada tiene la libre opción de pedir la adjudicación por el importe total del adeudo.
Se ha efectuado una interpretación amplia y errónea del artículo 671 LEC (subasta sin posterior que es el caso que nos ocupa), junto con los artículos 670 LEC –subasta con posteriores, y artículo 655 LEC– subasta de bienes muebles, estos dos últimos preceptos no aplicables a nuestro supuesto. Ya que estamos ante supuesto de subasta sin posteriores de bienes inmuebles-local comercial, por lo que la adjudicación por el importe de total adeudo, se ha efectuado a favor de mi mandante conforme a la legislación establecida.
Para el supuesto que nos ocupa, entendemos que no ha lugar a la aplicación del precitado artículo del Código Civil, dado que hay legislación reciente y en concreto la Ley 1/2013 de 14 de mayo, la cual entró en vigor como se recoge en su exposición de motivos, para adecuar la Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria a la realidad social de crisis económica que vive actualmente España y para proteger los intereses de los deudores hipotecarios. En la citada Ley 1/2013 se incluyen numerosas medidas protectoras del deudor hipotecario, entre las cuales se destacan:
1. Reducción del aval para la puja en subasta por terceros del 20 % del tipo de subasta al 5 %.
3. Se limita en caso de vivienda habitual el porcentaje de costas al ejecutado, fijando un límite máximo del 5 % del importe reclamado.
4. Se aumenta el límite mínimo de adjudicación en subasta judicial de las viviendas habituales, del 50 % al 60 % o 70 % del tipo de subasta, según el caso.
Pues bien, el supuesto que nos ocupa el propio legislador ha modificado el artículo 671 LEC en la Ley 1/2013 y de su literal no se desprende lo fundamentado por el registrador en su calificación negativa, ya que si lo pretendido fuera lo alegado por el registrador lo hubiera hecho constar el citado literal con la eliminación del literal adjudicación «o por la cantidad que se deba por todos los conceptos», pero no se ha verificado esta eliminación en la nueva redacción del artículo 671 LEC introducida por la Ley 1/2013 de 14 de mayo.
Cuarto. Del mismo modo tenemos que indicar que ya el TS en Sentencia de fecha 21 de noviembre de 2017 recurso 1209/2015 vino de decir que la «función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución juridicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es, no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal.
Lo que aquí se pretende por el registrador es amparar a los deudores hipotecarios, los cuales como parte del procedimiento judicial han tenido posibilidad de protegerse en sede judicial y el Tribunal ha velado por la tramitación del procedimiento dentro de la legalidad vigente e imposibilidad de indefensión de los mismo, por lo tanto, la calificación recurrida por esta parte, únicamente pretender entrar en el fondo del título que pretendemos inscribir».
La registradora de la propiedad de Posadas, doña Marta Ruiz Rocamora, emitió informe, en el que mantuvo íntegramente su calificación y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
1. El objeto de este expediente es la calificación registral de un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados en el que la finca objeto de adjudicación había sido tasada a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en la cantidad de 120.453,75 euros. Celebrada la correspondiente subasta, esta quedó desierta, solicitando el ejecutante la adjudicación de las fincas (que no constituyen vivienda habitual) por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que asciende a 58.658,57 euros, es decir, un 48,70 % de dicho valor.
La registradora, aparte de otro defecto que no ha sido recurrido, se opone a la inscripción al entender que la interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de hacerse de forma conjunta con otros preceptos del mismo cuerpo legal conforme a la doctrina de este Centro Directivo. Ello significa que, no tratándose de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación no podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca, sin cumplir los trámites previstos en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurrente considera que la adjudicación se ha ajustado estrictamente a lo establecido en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.