Source: http://tuteladelaejecucionjudicial.blogspot.com/2014/06/de-tutela-medidas-cautelares.html
Timestamp: 2018-05-22 23:22:26
Document Index: 303712635

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 21', 'artículo 137', 'Artículo 585', 'Artículo 588', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 588', 'artículo 119', 'Artículo 159']

http://portuguesa.tsj.gov.ve/DECISIONES/2014/ABRIL/1145-15-PC01-X-2014-000004-PJ0042014000065.HTML
Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial
Guanare, quince (15) de abril de dos mil catorce. (2014).
ASUNTO Nro.-: PC01-X-2014-000004.
RECURRENTE: ADMINISTRADORA LLMCC,CA.
APODERADO JUDICIAL DE LA RECURRENTE: Abogado LUIS GERARDO PINEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.- 110.678.
RECURRIDA: INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)..
MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR.
Obra por ante esta alzada el presente expediente en virtud de demanda DE NULIDAD, CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR incoada por el abogado: LUIS GERARDO PINEDA, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil, ADMINISTRADORA LLMCC,CA, contra la Providencia Administrativa Nro.- PA-US-PCB-0016-2012, de fecha 28/05/2013, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL).
Primeramente, considera necesario e imperativo éste juzgador reseñar que la mayoría de la doctrina, cuando se refiere a la competencia, establece que ella es la medida de la jurisdicción que puede ejercer el Juez.
Algunas de las definiciones dadas por la doctrina consideran que es “la capacidad del Órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional” como la propone el autor Lescano. Igualmente Hugo Alsina expresa que es “la aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado”.
De conformidad con la doctrina, considera necesario este Tribunal pronunciarse en relación a la competencia para conocer de la presente causa y, a tales fines, de manera concatenada se invoca la sentencia emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Nro.- 27, publicada en fecha 26/07/2011, con carácter vinculante para las todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, la cual señala:
“En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, el tribunal competente para conocer de la presente causa es el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así se declara.” (Fin de la cita).
De lo anteriormente transcrito, este juzgador evidencia que, de conformidad con el examen efectuado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en la referida decisión, es forzoso para ésta alzada declarar que es COMPETENTE para entrar a conocer y decidir la presente causa. Así se señala.
SECUENCIA PROCEDIMENTAL ANTE ESTA ALZADA
Consta en autos que en fecha 12/02/2014, fue presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa, sede Guanare, DEMANDA DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR interpuesto por el abogado LUIS GERARDO PINEDA, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA LLMCC,CA. contra la Providencia Administrativa Nro.- PA-US-PCB-0016-2012, de fecha 28/05/2013, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL).la cual, corresponde su conocimiento a este Juzgado Superior del Trabajo, quien procedió a su admisión en fecha 12/02/2014 ordenándose las notificaciones conducentes y ordenándose la apertura del presente cuaderno separado signado con la enumeración PC01-X-2012-000079, a los fines de tramitar la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
De cara a lo anterior, pasa ésta alzada a motivar, reproducir y publicar, en forma escrita y estando dentro de la oportunidad que prevé la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, los motivos de hecho y derecho para decidir la solicitud de medida cautelar, lo cual realiza de la manera siguiente:
CONSIDERACIONESPARA DECIDIR
El maestro Piero Calamandrei, en su obra, establece que la ley no contiene una regulación general de las providencias cautelares, las cuales se hayan diseminadas en los diversos Códigos, como providencias conservatorias o interinas o como una categoría sistemática bajo el perfil de una acción asegurativa o cautelar, dirigida a la emanación de una de estas providencias o bien bajo el perfil de un proceso cautelar, a través del cual se construye una de estas providencias o bien bajo el perfil de la providencia en sí misma que se distingue por sus propios caracteres de todas las otras providencias jurisdiccionales.
De los tres puntos de vista anteriores, Calamandrei sostiene el tercero, por cuanto en su opinión, no debe existir medida cautelar sin la existencia en forma autónoma de un juicio del cual, las cautelares son homogéneas pero no idénticas al petitorio de fondo, superando así la problemática que se genera al existir identidad entre el proceso cautelar y el proceso de cognición o de ejecución.
Ahora bien, siendo claro que las Medidas Cautelares son otorgadas por el juez sobre la base de un juicio probabilístico y no de certeza mediante el análisis de los requisitos exigidos para su decreto, es menester señalar que en materia contencioso administrativa estos requisitos son, en primer término, el fumus bonis juris, es decir, la apariencia del buen derecho que debe derivar de la narrativa libelar y de las pruebas aportadas, las cuales deben ser apreciadas por el tribunal no mediante un juicio de certeza sino de probabilidad, en segundo lugar, el periculum in mora que procede en la forma antes señalada, en tercer término, el periculum in damni, que consiste en que el daño sea irreparable o de difícil reparación por la definitiva, y finalmente, la ponderación de los intereses particulares y los colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular.
Al respecto, José Antonio Muci Borjas ha sostenido lo siguiente:
En igual sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro.- 00416, dictada en el expediente Nro.- 2003-0782, en fecha 04/05/2004, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, estableció lo siguiente:
“Las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar.
Para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora). Además de estas importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad.
La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.” (Fin de la cita).
En este orden de ideas, el ilustre autor Devis Echandía nos explica que:
“... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal.” (Fin dela cita. Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pág. 145 y ss.)
Igualmente, la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02/06/2004, bajo ponencia de la Magistrada Dra. Yolanda Jaimes Guerrero, caso Servicios Auxiliares de Aviación Ves-Was Internacional, S.A. vs. Ministerio de Infraestructura, expediente Nro.- 2004-0162, a expuesto:
“Ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que la medida precautelativa de suspensión de efectos prevista en el artículo 136 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora dispuesta en el artículo 21, párrafo 22 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, constituye desde el punto de vista objetivo una incidencia procesal mediante la cual a instancia de parte y como una excepción a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos de efectos particulares, se puede dejar sin eficacia temporal el acto impugnado si su ejecución pudiera producir efectos irreparables o de difícil reparación en la sentencia definitiva; y desde el punto de vista subjetivo, dicha medida reviste una garantía de que la eventual declaratoria de nulidad del acto impugnado, efectivamente restablecerá la situación jurídica infringida y que no producirá efectos formales inejecutables, lesivos a los derechos fundamentales del acceso a la justicia y al debido proceso.” (Fin de la cita).
Conforme lo antes expuesto, tenemos que el Dr. Rafael Ortiz Ortiz, en su obra “El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas”, al referirse al periculum in mora, señala lo siguiente:
“Este peligro –que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallo- no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio, de modo que puedan utilizarse todos los medios de pruebas previstos en las leyes procesales e incluso el sistema de libertad de prueba consagrado en el Código de Procedimiento Civil vigente. Este requisito probatorio está sustentado por una clara orientación legislativa: el peligro de daño supone una conducta poco correcta y de manera desleal, y en esta materia la buena fe debe presumirse siempre, mientras que la mala fe debe probarse, además, esta circunstancia debe constar en el expediente para que el Juez pueda decretar la medida cautelar de que se trate”. (Fin de la cita).
El autor citado señala que el periculum in mora debe probarse de manera sumaria, prueba que debe ser, a lo menos, una presunción grave, constituyendo esa presunción un contenido mínimo probatorio, por lo cual, el solicitante de la medida tiene que aportar al proceso, o bien prueba de estos hechos, o por lo menos indicios a partir de los cuales el Juez pueda decretar la medida cautelar innominada solicitada. Así se estima.
Ahora bien, dado que las medidas de suspensión de los efectos de los actos administrativos, poseen en cuanto a su naturaleza similitud con las medidas cautelares previstas en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de su procedencia, procede este Tribunal a determinar si se encuentran verificados en forma concurrente los requisitos fumus boni iuris (presunción grave del buen derecho que alega el recurrente) y el periculum in mora (la necesidad de la medida para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación).
Así las cosas, este tribunal de alzada para decidir la solicitud efectuada por la representación judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA LLMCC, CA. debe observar que los decretos de Medidas Cautelares son decisiones de carácter preventivo que dictan los Jueces para asegurar a las partes el resultado definitivo del proceso o para evitar daños irreparables, en razón del peligro que entraña la necesaria demora de los trámites judiciales.
Las medidas cautelares innominadas constituyen un tipo de medidas preventivas de carácter cautelar cuyo contenido no ésta expresamente determinado en la ley sino que constituyen el producto del poder cautelar general de los jueces quienes, a solicitud de parte, pueden decretar y ejecutar las medidas adecuadas y pertinentes para evitar cualquier lesión o daño que una de las partes amenace infringir en el derecho de la otra y con la finalidad de garantizar tanto la eficacia como la efectividad de la sentencia definitiva y de la función jurisdiccional misma. Las cautelas innominadas están diseñadas para evitar que la “conducta” de las partes pueda hacer inefectiva el proceso judicial y la sentencia que allí se dicte.
 Medidas Anticipadas: Consideradas como aquellas que adelantan provisionalmente la satisfacción de la pretensión deducida; es decir, dirime interinamente la relación controvertida en espera de que a través del proceso principal posterior se perfeccione la decisión definitivamente. Su mayor peculiaridad consiste en que satisface provisionalmente el derecho subjetivo de fondo, cosa que no sucede en los otros tipos de medidas cautelares.
Ahora bien, nuestra legislación adjetiva faculta a los Administradores de Justicia para decretar Medidas Cautelares, con la finalidad de evitar que se haga ilusoria la pretensión del fallo, siempre que exista presunción grave del derecho que se reclama, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Pero la misma ley adjetiva laboral permite aplicar de forma analógica otras disposiciones que se encuentren en el ordenamiento jurídico venezolano, y que estén relacionadas con el asunto tratado, de tal manera que el caso que nos ocupa, es conveniente traer a colación lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 585: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Artículo 588: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1.- El embargo de bienes muebles;
2.- El secuestro de bienes determinados;
3.- la prohibición de enajenar y grabar bienes inmuebles;
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión…”. (Fin de la cita).
La emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, está condicionada al cumplimiento concurrente de varios requisitos, a saber, que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; que exista riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva y, por último, específicamente para el caso de las medidas cautelares innominadas, que existiere el temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni). Además, por disposición expresa de tales artículos “el solicitante de la medida tiene la carga de acreditar ante el juez, haciendo uso de los medios de pruebas que confiere el ordenamiento, la señalada presunción”. Así se estima.
En concordancia con lo anterior, debe acotarse respecto de las exigencias mencionadas, que su simple alegación no conducirá a otorgar la protección cautelar, sino que tales probanzas deben acreditarse en autos. En este sentido, habrá el juzgador de verificar en cada caso, a los efectos de decretar la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, la existencia en el expediente de hechos concretos que permitan comprobar la certeza del derecho que se reclama, el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo y, por último, que el peligro de daño o lesión sea grave, real e inminente, pues no bastarán las simples alegaciones sobre la apariencia de un derecho, o sobre la existencia de peligros derivados por la mora en obtener sentencia definitiva y de grave afectación de los derechos e intereses del accionante.
Otro punto importante que debe ser tomado en consideración en la presente decisión lo constituye la Idoneidad ó Pertinencia de la medida innominada solicitada, que no es más que la aptitud de la medida para cumplir su finalidad preventiva, esto es, que se presente de tal manera que pueda precaver la futura ejecución del fallo o la efectividad de la sentencia dictada y, al mismo tiempo, que sea suficiente para garantizar que el daño temido y denunciado no se concrete en la realidad fáctica o jurídica de las partes en el proceso. Esta aptitud o idoneidad puede ser de dos tipos:
1.-) Cuando la medida es lo suficientemente apta como para prevenir la ocurrencia del daño o lesiones irreparables en la esfera subjetiva de las partes, en cuyo caso puede denominarse “adecuación de la medida”.
2.-) Cuando la medida es suficiente para garantizar las resultas del proceso (ejecución del fallo y efectividad de la sentencia) garantía ésta que se refiere a la vinculación entre la medida cautelar solicitada y los derechos debatidos en el asunto principal, en cuyo caso puede denominarse “pertinencia de la medida”.
Dicho requisito de Idoneidad ó Pertinencia es de vital importancia para poder decretar una medida cautelar innominada, ya que al depender estas de la discrecionalidad del órgano judicial, por disponerlo así el contenido del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil que establece que el Juez “podrá” acordar las providencias que considere adecuadas; es de deducirse que las medidas innominadas solicitadas en un determinado proceso judicial deben ser lo suficientemente idóneas para reestablecer la situación jurídica infringida o para evitar que se consuma el riesgo o temor fundado de violación de los derechos constitucionales del solicitante, aunque sea de modo temporal. Así se señala.
En este orden de ideas, resulta menester traer a colación que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 27/01/2003, con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta (caso Instituto Universitario De Tecnología Antonio José De Sucre), ratificada en sentencia 07/10/2003, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando (caso Servicio Nacional Integrado De Administración Aduanera Y Tributaria) estableció la posibilidad de decretar medidas cautelares en segunda instancia, a los fines de evitar que se haga nugatoria una eventual sentencia favorable a la pretensión de la apelante.
En el caso objeto de estudio, se advierte que, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el asunto principal signado con la nomenclatura PP01-N-2014-000004, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) en fecha 28/05/2013 dicta providencia Administrativa Nro.- PA-US-PCB-0016-2012, mediante la cual procede a declarar CON LUGAR la propuesta de sanción presentado por el funcionario adscrito a la DIRESAT, Portuguesa y Cojedes, ciudadano Gustavo Torres, en contra de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA LLMCC, C.A acordándose imponer multa por la cantidad de Bs. 1.023.883,00, por la comisión de las INFRACCIÓNES estipuladas en el artículo 119, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, C0ndiciones y Medio Ambiente del Trabajo (L.O.P.C.Y.M.A.T.) en virtud de que quedo demostrado dichos supuestos fácticos; expidiéndose, en consecuencia, la correspondiente planilla de liquidación, a fin de que la multada se sirva pagarla en cualquiera de las oficinas de Banco Industrial de Venezuela dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación.
Observa esta alzada, que el representante judicial de la recurrente solicitan la suspensión de los efectos de la referida decisión aduciendo que, a su decir, existe el vicio de nulidad absoluta por Imposibilidad Material en el objeto de la ejecución toda vez que las astronómicas multas impuestas a la sociedad mercantil, jamás podrán ser cumplidas porque el capital de esta es ínfimo ante dichas cuantías inejecutables.
Ahora bien, del examen exhaustivo de los alegatos expuestos por el representante judicial de la Sociedad mercantil ADMINISTRADORA LLMCC CA así como de la revisión de las copias fotostáticas certificadas que se adjuntan al escrito de recurso de nulidad, se evidencia que, efectivamente, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). en fecha 28/05/2013, dicta Providencia Administrativa Nro.- PA-US-PCB-0016-2012 mediante la cual procede a declarar CON LUGAR la propuesta de sanción presentado por el funcionario adscrito a la GERESAT, Portuguesa y Cojedes, ciudadano Gustavo Torres, en contra de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA LLMCC, C.A, acordándose imponer multa por la cantidad de Bs. Bs. 1.023.883,00, se encuentra en etapa de ejecución, lo cual, constituye presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), ya que, de resultar procedente el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto, la materialización de la ejecución causaría gravamen irreparable así como algún daño económico a la parte recurrente. Así se señala.
Determinado lo anterior, observa esta superioridad que en el presente caso se encuentran suficientemente demostrados los requisitos legales necesarios para decretar la medida cautelar solicitada por la parte recurrente. Así se establece.
Todo lo antes expuesto, permite concluir a esta superioridad que la actuación judicial desplegada por el funcionario administrativo, aun y cuando está enmarcada dentro de sus facultades y atributos conferidos por disposición legal, amenaza con causar a la parte recurrente daños de imposible reparación, por lo que estima esta alzada que tal situación configura uno de los elementos que condicionan la procedencia de toda providencia cautelar, como es el caso de “el fumus boni iuris”. De esta forma queda igualmente determinado “el pelicum in mora”, pues verificado el primero de los elementos señalados, por la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, el mismo debe preservarse ipso facto, ante el riesgo inminente de causar perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. Así se decide.
Como deducción a todo lo antes expuesto, este Tribunal Superior ordena la suspensión de todos los efectos que devienen de la Providencia Administrativa Nro.- PA-US-PCB-0016-2012, de fecha 28/05/2013, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), y en consecuencia, deberá el funcionario administrativo abstenerse de ejecutar la misma hasta tanto este Tribunal Superior Jerárquico, decida la controversia surgida con ocasión al RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD planteado contra la misma por la parte recurrente. Así se resuelve.
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: PROCEDENTE, la solicitud de MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS PARTICULARES requerida por el abogado LUIS PINEDA, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa administradora LLMCC C,A. contra la Providencia Administrativa Nro.- PA-US-PCB-0016-2012, de fecha 28/05/2013, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL).
SEGUNDO: SE ORDENA remitir, a la brevedad posible, copia fotostática certificada de la presente decisión al INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). para que el mismo se abstenga de ejecutar la Providencia Administrativa de fecha 28/05/2013 signada con la nomenclatura PA-US-PCB-0016-2012, hasta tanto este Tribunal Superior Jerárquico, decida la controversia surgida con ocasión al RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto contra la misma.
TERCERO: SE ORDENA notificar a la empresa recurrente ADMINISTRADORA LLMCC C,A o cualquiera de sus apoderados judiciales de conformidad con lo establecido en el articulo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publicada en el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, actuando en sede Constitucional, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil catorce. (2014).
El Juez Superior del Trabajo,
Abg. Osmiyer José Rosales Castillo
Abg. Yamileth Aguirre.
En igual fecha y siendo las 04:08 p.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el Artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000 y su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.
Abg. Yamileth Aguirre
OJRC/BRENDA.-
Publicado por Bello Castillo en 13:47