Source: https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/decision/2014/2014694DC.htm
Timestamp: 2020-08-07 16:33:10
Document Index: 307174152

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 34', 'artículo 55', 'artículo 88', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 267', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 5', 'Artículo 1']

Sentencia n° 2014-694 DC de 28 de Mayo de 2014 | Conseil constitutionnel
Sentencia n° 2014-694 DC de 28 de Mayo de 2014
Ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado
Considerando que los senadores y los diputados recurrentes impugnan ante el Consejo Constitucional la ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado; que alegan que esta prohibición es contraria al principio de primacía del derecho europeo, a los artículos 55 y 88-1 de la Constitución y a las disposiciones de diversas directivas y reglamentos de la Unión Europea, en particular al artículo 23 de la citada directiva de 12 de marzo de 201 y al artículo 34 del citado reglamento de 22 de septiembre de 2003; que los senadores recurrentes hacen valer además que la prohibición definitiva y general impuesta por estas disposiciones desconoce el principio de precaución; que, según ellos, las disposiciones de esta ley, especialmente en cuanto no definen los términos “genéticamente modificado”, desconocen las exigencias de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley.
Considerando, en primer lugar, de una parte, que según el artículo 55 de la Constitución: “Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte”; que, si estas disposiciones confieren a los tratados, en las condiciones que definen, una autoridad superior a esta de las leyes, no imponen ni implican que el respeto a este principio deba ser asegurado en el marco del control de conformidad de las leyes a la Constitución; que el argumento vinculado a la falta de compatibilidad de una disposición legislativa con los instrumentos internacionales y europeos de Francia no podría ser visto como un motivo de inconstitucionalidad; que el examen de un tal argumento que se funda sobre los tratados o el derecho de la Unión europea corresponde a la competencia de las jurisdicciones administrativas y judiciales;
Considerando, de otra parte, que según el artículo 88-1 de la Constitución: “La República participa en la Unión Europea compuesta por Estados que han optado libremente ejercer en común algunas de sus competencias en virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, texto modificado por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007”; que , así, la trasposición en derecho interno de una directiva de la Unión europea deriva de una exigencia constitucional;
Considerando que corresponde al Consejo Constitucional, requerido en las condiciones previstas en el artículo 61 de la Constitución sobre una Ley que tiene por objeto trasponer al derecho interno una directiva de la Unión Europea, velar por el respeto de esta exigencia; que, sin embargo, el control que ejerce a este fin se somete a un límite doble; que, en primer lugar, la trasposición de una directiva no podría ir contra una regla o un principio inherente a la identidad constitucional de Francia, salvo que el constituyente lo haya permitido; que, en segundo lugar, debiendo resolver antes de la promulgación de la ley en el plazo previsto por el artículo 61 de la Constitución, el Consejo constitucional no puede requerir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoyándose en el artículo 267 del tratado sobre el funcionamiento de la Unión europea; que, en consecuencia, únicamente podría declarar no conforme con el artículo 88-1 de la Constitución una disposición legislativa manifiestamente incompatible con la directiva que pretende trasponer; que, en todo caso, le corresponde a las jurisdicciones administrativas y judiciales ejercer el control de compatibilidad de la ley a la vista de los compromisos europeos de Francia y, en su caso, requerir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a título prejudicial;
Considerando que en este caso la ley impugnada no tiene por objeto trasponer una directiva de la Unión europea; que, por ello, el argumento sobre el desconocimiento del artículo 88-1 de la Constitución debe ser descartado;
Considerando, en segundo lugar, que según el artículo 5 de la Carta medioambiental: “Cuando la producción de un daño, aunque incierta en el estado de los conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas velarán, mediante la aplicación del principio de precaución y en sus ámbitos de competencia, por la implantación de procedimientos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas provisionales y proporcionadas con el fin de prevenir la producción del daño”; que las disposiciones del parágrafo I del artículo único de la ley impugnada tiene por objeto prohibir, sin limitación temporal, el cultivo de las variedades de maíz genéticamente modificado; que resulta, por ello, inoperante el argumento de que la prohibición sostenible del cultivo de estas variedades desconoce el principio de precaución;
Considerando, en tercer lugar, que el objetivo de valor constitucional de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley, que deriva de los artículos 4, 5, 6, y 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, impone al legislador la adopción de disposiciones suficientemente precisas y de fórmulas no equívocas; que debe en efecto prevenir a los sujetos de derecho contra una interpretación contraria a la Constitución o contra el riesgo de arbitrariedad, sin trasladar a las autoridades administrativas o jurisdiccionales el cuidado de fijar las reglas cuya determinación únicamente ha sido confiada por la Constitución a la ley; que, contrariamente a lo que sostienen los senadores recurrentes, las disposiciones del parágrafo I del artículo único de la ley impugnada que prevé que “se prohíbe el cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado” no están contaminadas por ninguna ininteligibilidad; que, por consiguiente, el motivo debe ser descartado;
Considerando que resulta de todo lo que precede que las disposiciones del artículo único de la ley impugnada, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, deben ser declaradas conformes con la Constitución,
Artículo 1.- La ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado es conforme con la Constitución.
Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 28 de mayo de 2014 en la que estaban presentes: don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, las señoras Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL y doña Nicole MAESTRACCI.