Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl17912-2016-45639-de-noviembre-16-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_121f09d4249144ceb2dc3d6a458e9056&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-12 17:09:44
Document Index: 51457894

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 48', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7']

﻿ SENTENCIA SL17912-2016/45639 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016
SENTENCIA SL17912-2016 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:CONTEO DE SEMANAS COTIZADAS DEBE INCLUIR PERIODOS DONDE PAGO ESTÁ EN VERIFICACIÓN Y DONDE SE REPORTE MORA DEL ESTADO EN PAGO DEL SUBSIDIO. LOS PERIODOS IDENTIFICADOS CON LA OBSERVACIÓN “PAGO EN PROCESO DE VERIFICACIÓN” Y “DEUDA POR NO PAGO DEL SUBSIDIO POR EL ESTADO”, EN EL RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS, SÍ DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA EFECTOS PENSIONALES. SEGÚN EL ALTO TRIBUNAL, ES OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES SUMARLOS AL TOTAL DE LAS COTIZACIONES, PUES LAS SUPUESTAS DEUDAS QUE PUEDA TENER EL ESTADO POR EL NO PAGO DEL SUBSIDIO NO PUEDEN PERJUDICAR AL AFILIADO. IGUALMENTE, NEGAR LA PENSIÓN DE VEJEZ POR NO TENER EN CUENTA LAS SEMANAS QUE SE RELACIONAN EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DESCONOCE QUE SON LOS FONDOS DE PENSIONES LOS ENCARGADOS DE ACREDITAR LOS PAGOS, LO QUE IMPIDE DEJAR AL AFILIADO EN UNA TOTAL INCERTIDUMBRE SOBRE ESE ASPECTO. RESULTA INEXPLICABLE QUE UN HECHO QUE DEPENDE DE LA ENTIDAD RESULTE PERJUDICANDO AL PROPIO ASEGURADO Y, AL MISMO TIEMPO, BENEFICIANDO A LA MISMA OBLIGADA AL PAGO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL ASEGURAMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, CÓMPUTO DE SEMANAS DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:543 DE MARZO DE 2017, PÁG.437
Sentencia SL17912-2016/45639 de noviembre 16 de 2016
Rad.: 45639
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y acceda a las súplicas de la demanda.
Con tal propósito formula tres cargos que fueron oportunamente replicados, y que se decidirán conjuntamente, pues aun cuando se presentan por distinta vía se valen de igual o similar argumentación y persiguen un mismo fin.
La sentencia acusada violó indirectamente por aplicación indebida los artículos 33 de la Ley 100 de 1993; 9º, 18 de la Ley 797 de 2003; lo que condujo a la infracción directa de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 7º de la Ley 71 de 1988; 1º, 2º, 3º del Decreto 813 de 1994; 4º, 6º, 8º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994; 25 del Decreto 1160 de 1989; 21 del CST; 25 de la Ley 100 de 1993; en relación con los artículo (sic) 48 y 53 de la Constitución Politica;16 de la Ley 446 de 1998; 8º de la Ley 153 de 1887.
Le atribuye al sentenciador los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que Carlos Julio García Ramírez tenía un total de semanas cotizadas de 950.42.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que “aún (sic) teniendo en cuenta el tiempo que se señala en proceso de verificación (51.5 semanas) y que arrojan como resultado 1001.92 semanas, las cuales tampoco son eficaces, toda vez que cotizó y se está teniendo en cuenta aportes del año 2007”.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante debía acreditar como mínimo 1100 semanas de cotización.
4. No dar por demostrado, estándolo, que Carlos Julio García Ramírez tenía más de 40 años de edad a primero de abril de 1994, por lo que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 Ley 100 de 1993.
5. No dar por demostrado, estándolo, que el Instituto de Seguros Sociales, se equivocó en la sumatoria de las semanas cotizadas por mi mandante, lo que llevó a ese instituto a concluir que mi acudido tenía menos de mil semanas cotizadas (20 años).
6. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante reunió más de mil semanas cotizadas durante toda su vida laboral.
7. No dar por demostrado, estándolo, que mi mandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión reclamada, junto con sus aumentos legales, mesadas adicionales e indexación.
Yerros que dice se originaron por la errónea apreciación del registro civil de nacimiento (fl. 26), la resolución 7412 del 31 de julio de 2006 (fls. 7 a 10), el resumen de semanas cotizadas (fls. 17 y s.s del cuaderno del tribunal), el reporte de semanas donde aparecen algunos meses en mora, así como los aportes de enero a diciembre de 2001, que aparecen en proceso de verificación, y por la inobservancia del reporte de semanas cotizadas por el actor (fls. 12 a 13 y 63 a 64 del expediente), el certificado del consorcio prosperar - Fondo de solidaridad pensional (fls. 14 y 65), y los comprobantes de pago de autoliquidación de aportes (fls. 15 a 25 y 51 a 61).
En la demostración del cargo, luego de copiar los argumentos del tribunal, dijo:
Entre los documentos apreciados por el tribunal se encuentra registro civil de nacimiento del demandante (fl. 26), donde se observa la fecha de nacimiento de Carlos Julio Garcia Ramirez. Ese documento fue mal valorado por que del mismo claramente emerge que como mi mandante nació el 6 de noviembre de 1944, a primero de abril de 1993 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993) tenía más de 49 años de edad. Nótese que el tribunal no dedujo que mi acudido al contar con una edad superior a 40 años para el 1º de abril de 1994, era beneficiario del régimen de transición pensional.
Agregó que la resolución 7412 de 31 de julio de 2006, también fue mal estimada, por lo siguiente:
porque del mismo si bien se observa tanto el reporte de tiempo de servicio cotizado por mi mandante en el sector público es de 3594 días, que convertido a semanas equivale a 523.42 y en el sector privado 358 que equivale a 436.85; no dedujo que esa resolución no contiene toda la información de la historia laboral del accionante, sino que en ese documento únicamente comprende la información a partir del 1º de enero de 1995, y la del sistema de facturación hasta antes del 31 de diciembre de 1994, sin precisar desde cuándo.
Entre las documentales ignoradas por el sentenciador de segundo grado se encuentra el reporte de semanas cotizadas por mi mandante al ISS (flsl (sic) 12 a 13 y 63 a 64 del expediente); de haber estimado esa probanza se habría percatado que Carlos Julio García Ramírez entre los años 1987 a 1993 efectuó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales por un período de 1891 días, que convertido en semanas equivalen a 270.14 y que esas semanas debían ser contabilizadas para efectos pensionales del demandante.
Señala que el tribunal pasó por alto que el consorcio prosperar certificó que el actor estuvo vinculado a dicho fondo - subcuenta de solidaridad, en calidad de trabajador independiente urbano, desde el 1º de octubre de 1997 hasta el 26 de diciembre del 2002, con una segunda afiliación como trabajador independiente urbano, desde el 1º de enero de 2004 al 16 de febrero de 2005, fecha de expedición del documento.
Indica que de haber valorado ese documentos, se habría concluido que el actor realizó aportes al ISS, por conducto del consorcio prosperar, en un primer momento por espacio de 5 años, 2 meses y 25 días, y después de 1 año, 1 mes y 15 días, para un total de 6 años, 4 meses y 10 días, que se traducen en 331.42 semanas; que esas cotizaciones encuentran soporte con los comprobantes de pago de autoliquidación de aportes de folios 15 a 25 y 51 a 61.
Con lo anterior, indica que reunió una densidad de 1551,83 semanas, que convertidos a años, equivalen a 25.
Lo planteó en iguales términos al de la acusación anterior, solo que lo dirigió por la vía directa, para lo cual relacionó como violadas, las mismas normas legales.
Para la demostración del cargo, manifiesta que comparte las conclusiones fácticas del Tribunal, en cuanto a que el demandante nació el 6 de noviembre de 1944; que cumplió 60 años de edad el 6 de noviembre de 2004; y que reunió una densidad de cotizaciones de 1001.92 semanas, tal como se contabilizó en el numeral 4.5.3 de la sentencia de segunda instancia.
En cuanto a la falta de cumplimiento del requisito de 1100 semanas para acceder a la pensión de vejez, anota lo siguiente:
Ese análisis lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, toda vez que fue al amparo de esa disposición que resolvió el litigio, sin tener en cuenta, que nunca ha estado en discusión que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para la entrada en vigencia de la ley de seguridad social (1º de abril de 1994), contaba con más de 40 años de edad (aproximadamente 49).
Agrega que esa omisión condujo al sentenciador de alzada a la infracción directa de las disposiciones que se mencionan en la proposición jurídica, ya que «si hubiera aplicado el susodicho artículo 36, habría concluido que de cara a las cotizaciones efectuadas por el demandante durante toda su vida laboral (tanto en el sector público como en el privado), la norma reguladora de la prestación es el 7 de la Ley 71 de 1988, que consagra la pensión de jubilación por aportes (…)», con lo que se hubiese percatado que el actor acreditó más de 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, y que cumplió 60 años de edad el día 6 de noviembre de 2004.
la sentencia acusada violó directamente por interpretación errónea el artículo 7º de la Ley 71 de 1988; lo que a su vez condujo a la aplicación indebida los artículos 33 de la Ley 100 de 1993; 9º, 18 de la Ley 797 de 2003; y llevó al tribunal a la infracción directa de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 1º, 2º, 3º del Decreto 813 de 1994; 4º, 6º, 8º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994; 25 del Decreto 1160 de 1989; 21 del CST; en relación con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política; 16 de la Ley 446 de 1998; 8º de la Ley 153 de 1887.
Luego de rememorar lo que dijo el tribunal en la sentencia impugnada, y compartir sus fundamentos fácticos, aseguró que además de aplicar indebidamente el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, “también lo condujo a la interpretación errónea del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, de cara a las cotizaciones efectuadas por el demandante durante toda su vida laboral (tanto en el sector público como en el privado) porque la norma reguladora de la prestación es el que consagra la pensión de jubilación por aportes”. Agregó que el tribunal no dijo nada distinto respecto de esa disposición, pues simplemente la mencionó al principio “sin tener en cuenta que no solamente era mencionarla en su decisión, sino interpretarla en debida forma de cara al expediente de la referencia”.
Finalmente sostiene que de haber efectuado el sentenciador de alzada un concienzudo análisis del artículo 7º de la Ley 71 de 1986 y,
de no haber cometido la infracción y la aplicación indebida que se le enrostra al sentenciador de segundo grado, esa corporación se habría percatado que mi mandante acreditó más de 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, y que como nació el 6 de noviembre de 1944, cumplió 60 años de edad el mismo día del mismo mes de 2004, mi acudido tiene derecho al reconocimiento y pago de jubilación por aportes, razón por la cual se debe acceder a lo solicitado en las pretensiones del libelo primigenio.
Advierte que aun cuando el recurrente estructura su primer cargo por la vía indirecta, al momento de desarrollarlo, hace referencia a la infracción directa de un cúmulo de normas, modalidad que es propia de la vía de puro derecho, e informa que lo pretendido con la demanda de casación, relacionado con la aplicación del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en atención a que el demandante es beneficiario del régimen de transición pensional, se constituye en un hecho nuevo, pues a lo largo del proceso no se pretendió el reconocimiento de esa prestación económica.
Respecto a los otros cargos, estructurados por la vía indirecta, informa que al momento de desarrollarlos se hizo alusión a argumentos de índole fáctico, situación ajena a la senda escogida por la censura, y que en todo caso el accionante no tendría derecho al reconocimiento de la pensión consagrada en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en tanto no acreditó 20 años de servicios.
No asiste razón a la réplica en los reparos que le formula a los cargos, pues en el primero se aludió a la aplicación indebida del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, así como de los artículos 9º y 18 de la Ley 797 de 2003, modalidad de violación propia de la vía indirecta, y aun cuando allí se señaló que como consecuencia de esa vulneración se incurrió en la infracción directa de un cúmulo de normas, entre ellas, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, es una situación que no impide a la corporación acometer el estudio de los cargos, pues en su conjunto, es claro que el mismo se erigió por la vía de los hechos, tanto así que se señalaron los supuestos yerros cometidos por el juzgador, se individualizaron las pruebas, que por su errónea apreciación o por su no valoración, condujeron, según informa la censura, a cometer los dislates imputados al fallo, y se achacó, como con anterioridad se señaló, la modalidad de aplicación indebida.
Además, no es un hecho nuevo el pretender por parte de la demandante, que se determine si en segunda instancia se erró al no percatarse que era beneficiaria del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, pues aun cuando es cierto que en la demanda se solicitó el reconocimiento de una pensión de vejez, con sustento en la Ley 100 de 1993, no lo es menos, que al presentar los hechos y omisiones con los que sustentó ese requerimiento, indicó que había reunido tiempo como servidor público no cotizado al Instituto de Seguros Sociales, semanas con destino a esa entidad, así como el efectuado al consorcio prosperar, circunstancias que permitían al tribunal establecer si la accionante era merecedora de la pensión de jubilación por aportes, ello en atención al principio iura novit curia, que permite a los jueces la posibilidad de apartarse de los argumentos expuestos por las partes, y en su lugar, verificar de forma correcta el derecho, con el objeto de discernir los conflictos litigiosos y resolverlos conforme a la normativa vigente, siendo de su carga calificar la realidad de los hechos y subsumirlos en las normas jurídicas que lo rigen.
Superado lo anterior, se debe decir que el tribunal en su sentencia, pese a señalar que el señor García Ramírez había nacido el 6 de noviembre de 1944, no se percató que para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley de Seguridad Social Integral, contaba con más de 49 años de edad, situación que lo hacía beneficiario del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que permite la acumulación de tiempos de servicio en el sector público, sin que sea necesario verificar si fueron o no cotizados a cajas de previsión o de la seguridad social, con las semanas cotizadas al ISS, tal como se dijo, entre otras, en sentencia de casación CSJ SL 13678 2016 radicación 56314.
En esa medida, tal como lo reporta la Resolución 7412 del 31 de julio de 2006 (fl. 7 a 10), el demandante tiene un tiempo acreditado como servidor público no cotizado al ISS de 3594 días, que equivalen a 9 años, 11 meses y 24 días, esto es, 513,4285 semanas.
De igual forma, según el reporte extraído de la historia laboral del asegurado, el cual milita a folios 12 a 13, 63 a 64 del cuaderno principal y 17 a 19 del cuaderno del tribunal, entre el 9 de julio de 1987 al 2 de agosto de 1993, figura con un total de semanas cotizadas a dicha calenda de 270,1429.
Por su parte de las documentales que obran a folios 15 a 25, emerge que el demandante realizó pagos al Instituto de Seguros Sociales por el sistema de autoliquidación de aportes entre el 1º de enero de 2004 al mes de diciembre del mismo año, y según la documental de folio 17 del cuaderno del Tribunal, entre el 1º de octubre de 1997 al 30 de septiembre de 2007, hizo un total de aportes de 120 semanas, lo cual arroja 903,5714 semanas.
De otro lado, en la documental que obra a folios 18 y 19 del cuaderno del Tribunal, y que contiene la relación de pagos efectuados a partir del año 1995, figuran varios periodos que no fueron contabilizados por el Instituto de Seguros Sociales, unos con la observación de “pago en proceso de verificación”, y otros por “deuda por no pago del subsidio por el Estado”, que sí debieron ser colacionados para los efectos pensionales, en tanto era deber de la demandada sumarlos al total de las cotizaciones, pues las supuestas deudas que pueda tener el Estado por el no pago del subsidio no puede perjudicar al afiliado, máxime en este caso en el que no existe noticia sobre los motivos del no pago del subsidio a cargo del Estado, como tampoco del cumplimiento por parte del Instituto sobre la obligación que tenía de informar a prosperar sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar, como lo tiene precisado la Corte en la sentencia CSJ SL 13542 – 2014, en la que además, al fijar el alcance del artículo 24 del Decreto 3771 de 2007, se dijo en un asunto de similares características al que es objeto de debate, lo siguiente:
En concreto, en lo que a la subcuenta de solidaridad concierne, el objeto del fondo de solidaridad pensional es subsidiar las cotizaciones al sistema de pensiones de trabajadores subordinados o independientes de los sectores rural y urbano de los grupos de población más desprotegidos, que por su especial situación de insuficiencia de recursos no pueden realizar íntegramente el aporte.
Es uno de los desarrollos del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y se encuentra regulado por el Decreto 3771 de 2007, en cuyo precepto 13 consagra los requisitos para hacerse merecedor de los beneficios de la subcuenta de solidaridad, a saber: (i) Ser mayor de 35 años y menor de 55 si se encuentran afiliados al ISS; o menores de 58 años si se hallan en los fondos de pensiones, siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima y contar con doscientas cincuenta (250) semanas, previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan. (ii) Ser mayores de 55 años si se encuentran afiliados al ISS o de 58 si lo están a los fondos de pensiones, siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima y contar con quinientas (500) semanas como mínimo, previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan y (iii) Estar afiliado al sistema general de seguridad social en salud.
El artículo 23 del mismo decreto, consagra la posibilidad de suspender la condición de beneficiario cuando, durante un tiempo, adquiera capacidad para sufragar el aporte completo o «cuando suspenda voluntariamente la afiliación por no contar con recursos para realizar el aporte», pero podrá reactivar su calidad, avisando a la entidad que administra los recursos del fondo.
Según el artículo 24 ibídem, se pierde el derecho al subsidio, cuando se adquiere capacidad para pagar íntegro el aporte, cuando cese la obligación de cotizar, se cumpla el plazo máximo para devengar el subsidio, o se deje de cancelar durante 6 meses el aporte correspondiente, caso en el que «la administradora de pensiones correspondiente, tendrá hasta el último día hábil del sexto mes para comunicar a la entidad administradora del fondo de solidaridad pensional sobre tal situación, con el fin de que esta proceda a suspender su afiliación al programa. En todo caso, la administradora del fondo de solidaridad pensional deberá verificar que no se haya cobrado el subsidio durante este período».
Significa lo anterior que ni la suspensión, ni la pérdida del derecho al subsidio operan en forma automática y de pleno derecho, sino que es indispensable que el Instituto informe a prosperar sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar.
Para la Sala es claro, especialmente en situaciones que involucran la afectación de un derecho de una connotación esencial como el de acceder a la pensión de una persona de la tercera edad, la necesidad de brindar la posibilidad de ponerse al día en el pago de la fracción de la cotización a su cargo, lo cual impone que la eventual falta de pago sea puesta en conocimiento del interesado para que adopte la conducta que estime pertinente en perspectiva de no comprometer su condición de beneficiario del esquema solidario y no poner en riesgo el acceso a la pensión de vejez. En todo caso, para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, que en esta ocasión fue menoscabado por la enjuiciada, en la medida en que no adelantó alguna diligencia para notificar al demandante de la supuesta irregularidad en el pago de sus aportes; es decir, le aplicó una sanción sin enterarlo sobre las razones que la inspiraron.
Se revela, entonces, palmaria la indebida aplicación del artículo 24 del Decreto 3771 de 2007, en tanto le hizo producir efectos sin detenerse a verificar si se había cumplido el trámite que supone la adopción de una medida sancionatoria de tal significancia que podía llevar a la pensión de una persona de la tercera edad, en manifiesta situación de precariedad económica. En consecuencia, el cargo es fundado.
A lo anterior debe agregarse, que la observación que hace la entidad de seguridad social demandada para no tener en cuenta algunas de las semanas que allí se relacionan, con el argumento de que el pago está en “proceso de verificación”, tampoco constituye un fundamento válido para proceder a desconocer ese lapso como cotizado, y por ende, descontar las semanas reportadas en esos interregnos, pues es al ISS al que le correspondía acreditar que hizo la verificación de su no pago, y no dejar al afiliado en una total incertidumbre sobre ese aspecto, máxime que tales anotaciones corresponden a periodos de marzo y junio de 1998, abril de 1999, enero a diciembre de 2001, así como junio, noviembre y diciembre de 2002, y diciembre de 2004. Ello por cuanto, resulta inexplicable que un hecho que depende de la entidad, cual es la de verificar unos pagos de tantos años atrás, resulte perjudicando al propio asegurado, y de contera, beneficiando a la misma obligada al pago de la prestación económica objeto del aseguramiento.
En consecuencia, al sumar los períodos que aparecen en el informe que obra a folio 18 y 19 del cuaderno del Tribunal, que como se dejó visto, deben ser adicionados por las razones ya expuestas, estos ascienden a 1020 días, que convertidos a semanas nos da un sub total de 145,7143 cotizadas, las cuales sumadas a las anteriores (903,5714), dan como resultado 1049,2857 semanas, que equivalen a 20,12328739726 años.
Por lo visto, sí incurrió el sentenciador de alzada en los dislates fácticos que se le endilgan en el cargo, al no tener en cuenta que el demandante era beneficiario del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; se le aplicaba lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, y reunía los requisitos para ser merecedor de la prestación económica regulada en esa preceptiva.
En tal virtud resultan fundados los cargos propuestos.
Tal como se dejó precisado en la Resolución 7412 del 31 de julio de 2006, y se corrobora con el registro civil de nacimiento que obra a folio 26 del expediente, el natalicio del actor se produjo el 6 de noviembre de 1944, por lo que al 1º de abril de 1994, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad, y por ende, era beneficiario del régimen de transición a que alude el artículo 36 de la mencionada ley.
La misma información permite inferir que los 60 años de edad fueron cumplidos por el demandante el 6 de noviembre de 2004, y que al sumar el número de semanas cotizadas al ISS con el tiempo de servicios al sector público que no fue objeto de cotización, tal como se dedujo al despachar los cargos (903,5714 y 145,7142), arroja un total de 1049,2857 semanas, densidad que resulta ser suficiente para merecer el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por aportes de que trata el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, por ser esta la normativa que regula la prestación económica pretendida.
La mesada pensional será otorgada a partir del 1º de octubre de 2007, teniendo en cuenta que según la documental que obra a folios 17 a 19 del cuaderno del Tribunal, el demandante estuvo afiliado y haciendo aportes hasta el 30 de septiembre de ese mismo año. El monto de la misma mesada pensional inicial será de $ 433.700, que corresponde al salario mínimo de dicha anualidad, en atención a que el salario con el cual se aportó al ISS siempre fue con esa remuneración, y por virtud de la prohibición de que las pensiones sean inferiores a ese monto.
De igual forma, por concepto de mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 1º de septiembre de 2007 hasta el 31 de octubre del presente año (2016), con sus correspondientes mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, se dispondrá el pago de la suma de $ 71.276.505 y una indexación de $ 13.762.636,75. Así mismo, la mesada pensional que deberá seguir cancelando la entidad de seguridad social demandada, a partir del 01 de noviembre de 2016, corresponde a la suma de $ 689.455, según aparece esquematizado en el cuadro siguiente:
Ninguna de las mesadas pensionales deducidas se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción, por cuanto la demanda fue presentada en el mismo año 2007, anualidad en que se tornó exigible el derecho a la pensión de vejez por aportes. De ahí que se declarará no probada tal excepción, así como los demás medios exceptivos propuestos, para lo cual sirven de fundamento las mismas consideraciones que se dejaron consignadas al despachar el recurso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Carlos Julio García Ramírez contra el Instituto de Seguros Sociales.
En sede de instancia se revoca la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, en cuanto absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, y en su lugar, se condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor del demandante Carlos Julio García Ramírez la pensión de vejez por aportes, a partir del mes de 1º de septiembre de 2007, en cuantía inicial de $ 433.700. Así mismo, se condena a la demandada a pagar la suma de $ 71.276.505, por concepto de mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el mes de septiembre de 2007 hasta la 31 de octubre de 2016, con sus correspondientes mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, y una indexación de $ 13.762.636,75. Así mismo, la mesada pensional que deberá seguir cancelando la entidad de seguridad social demandada, a partir del 31 de octubre de 2016, corresponde a la suma de $ 689.455. Se declaran no probadas las excepciones formuladas por el instituto convocado al proceso.