Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20021404
Timestamp: 2019-12-15 05:21:38
Document Index: 158119970

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 92', 'artículo 53', 'artículo 40', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 44', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 52', 'artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 10', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 51', 'artículo 122', 'artículo 52', 'artículo 59', 'artículo 51', 'artículo 122', 'artículo 53', 'artículo 92', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 57', 'artículo 50', 'artículo 42', 'artículo 92', 'artículo 98', 'artículo 52', 'artículo 40', 'artículo 51', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 122', 'artículo 59', 'artículo 53', 'artículo 92', 'Artículo 92', 'artículo 122', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 23']

C-329 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020021404CC-SENTENCIAC329200329/04/2003CC-SENTENCIA_C_329__2003_29/04/2003200214042003SENTENCIA C-329/03 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Improcedencia COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -No configuración por tratarse de normas diferentes tanto en el texto como en el contenido normativo UNIDAD NORMATIVA -Integración y procedencia Procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Alcance para definir los delitos y las penas POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO -Límites constitucionales dentro de los cuales el legislador debe actuar SANCION PENAL -Objetivos La imposición de la pena, además de su carga sancionatoria y de cumplir una función disuasiva que inhiba a las personas de incurrir en conductas punibles con el fin de preservar la convivencia armónica y pacífica de los asociados, debe incorporar una dimensión resocializadora que permita reincorporar al autor del delito a la sociedad, para que pueda de nuevo ser parte activa de la misma una vez cumplida su pena, en iguales condiciones que los demás ciudadanos. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD -Compromisos internacionales sobre derechos humanos sujetan la actuación del legislador al definir sanciones penales POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Límites para imponer penas Cuando el legislador hace uso de su potestad para configurar las penas que deben imponerse a quienes cometen algún delito, se encuentra limitado por los principios constitucionales de la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos, la aplicación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad y las obligaciones internacionales contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS -Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS -Podrán ser impuestas como principales o accesorias PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS -Imposición obliga al funcionario a motivar su decisión INHABILIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS -Duración de la pena INHABILIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS -Características El legislador ha dispuesto que: i) el juez penal está obligado a imponer como pena accesoria la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, siempre que se imponga la pena de prisión; ii) la imposición de ésta sanción trae como consecuencia privar al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales, iii) la duración de la pena podrá ser la misma de la de la pena de prisión impuesta y hasta una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, -es decir 20 años- sin perjuicio de lo que prevé la Constitución para el caso de la condena por delitos contra el patrimonio del Estado. iv )la imposición de la pena exige una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la misma, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 599 de 2000, v) la persona condenada a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como consecuencia de haber recibido pena de prisión, puede solicitar su rehabilitación para el ejercicio de dichos derechos y funciones en los términos del artículo 92 de la Ley 599 de 2000. vi) de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 599 de 2000 la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se aplicará y ejecutará simultáneamente con la pena de prisión. DERECHOS POLÍTICOS -Fundamental Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y que, en ese orden de ideas, puede elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna y formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Límites al ejercicio de la participación en política DERECHO AL VOTO DEL INTERNO -Facultad de los detenidos no de los condenados DERECHO A LA PARTICIPACION POLITICA -Prerrogativas son atribuidas solamente a los ciudadanos CIUDADANO EN EJERCICIO -Condición previa e indispensable para ejercer derecho al sufragio CIUDADANO EN EJERCICIO -Condición para ser elegido y desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción CIUDADANIA -Suspensión del ejercicio e implicaciones La Constitución señala que en aquellos casos determinados por el legislador se podrá suspender el ejercicio de la ciudadanía mediante una decisión judicial. La Corte llama la atención sobre el hecho que la suspensión del ejercicio de la ciudadanía autorizada directamente por la Constitución, implica que el ejercicio de los derechos políticos ligados a la misma se suspende igualmente en esas circunstancias, con lo que las prerrogativas a que alude el artículo 40 superior no podrán ser ejercidas por aquellas personas sobre las que recaiga una decisión judicial en este sentido. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Imposibilidad de ser presentada por condenados a la pena de inhabilitación DERECHO AL SUFRAGIO -Prohibición para personas condenadas está acorde con la Constitución INHABILIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS -No vulnera el carácter democrático participativo y pluralista INHABILIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS -Imposición de la pena accesoria no resulta desproporcionada o irrazonable Referencia: expediente D-4276
Andrés Mauricio Vela CorreaCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 parcial de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.D4276Identificadores20020021405true36458Versión original20021405Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 parcial de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.
DEMANDA de inconstitucionalidad contra el artículo 52 parcial de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Andrés Mauricio Vela Correa demandó el inciso final del artículo 52 de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal".
Mediante auto del 26 de septiembre del 2002, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda en relación con la norma mencionada y la rechazó respecto del artículo 44 del mismo Código, teniendo en cuenta lo prescrito en el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991. Así pues, sobre lo admitido, dispuso correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista la norma acusada para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso, así como al Ministro de Justicia y del Derecho, al Fiscal General de la Nación y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a fin de que conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de estimarlo oportuno.
En todo caso, la pena de prisiónconllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51."
El accionante considera que la expresión "conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas" contenida en el tercer inciso del artículo 52 de la ley 599 de 2000, contraría los artículos 1º, 2º, 40 y 98 de la Constitución Política, como quiera que se restringe de manera definitiva la posibilidad de ejercer funciones públicas a quien resulta condenado en los términos del artículo acusado.
Considera que resulta necesario respetar la naturaleza política del hombre y preservarla de las sanciones puesto que "la castidad o abstinencia política, debilita el ánimo de cualquier sujeto, lo hace refractario e indiferente, mayormente resentido e incrédulo; bestializa, en últimas, lo que socialmente aún se puede aprovechar de él". En ese sentido, considera necesario que se adopte una "Política Social Criminal", que procure formar ciudadanos, pero ante todo, personas espiritualmente insertas en los beneficios que ofrece la sociedad, la cultura y la economía.
Señala que no encuentra la razón objetiva por la cual se restrinja el derecho a participar de los internos, y advierte que la norma acusada además de resultar desproporcionada no puede tener como "excusa" ni el delito ni la pena.
Concluye que de conformidad con la filosofía que sustenta el Estado colombiano, ni la dignidad ni los derechos pueden acabarse con la reclusión, y nadie puede decretar en términos absolutos la muerte física, civil, política, financiera, económica u otras. Así las cosas, considera que la violencia de los hombres se puede sublimar, mostrando las bondades de los mecanismos de participación política y que no pueden formarse ciudadanos comprometidos, si se les suspenden sus derechos políticos. Así afirma que "Si lo que el sistema quiere es promover el uso de las herramientas civilizadas para la expresión de la inconformidad, mal podría dentro de una estrategia pedagógica para formar ciudadanos, suprimir los conductos adecuados para encauzar el disenso frente a las condiciones sociales, económicas o culturales".
El señor Fiscal General de la Nación interviene en el presente proceso, y solicita a la Corte que se inhiba para pronunciarse sobre la demanda de la referencia. Para el efecto, señala que el libelo constituye, esencialmente, una crítica sociológica, política y filosófica a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, sin que en el mismo se especifiquen concretamente las razones por la cuales la norma demandada es contraria a la Constitución, requisito procesal exigido en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.
Justifica tal disposición manifestando que siempre se ha considerado que quien infringe las reglas de derecho incurriendo en conductas delictuosas se hace indigno de participar en la vida política, al infringir su principal postulado: la convivencia en comunidad. Dado que la primera expresión política de la condición de ciudadano tiene relación con el respeto a las instituciones legítimamente constituidas y con el acatamiento a las reglas de convivencia, quien infringe dicho postulado no puede exigir el ejercicio de un derecho político. Para reforzar su argumento, se pregunta ¿cuál es el fundamento moral de quien desconoce la Constitución y la ley al momento de cometer un ilícito para exigir el derecho a defender una y otra , ¿por qué debe garantizarse la participación democrática a quien infringe bienes jurídicos considerados valiosos por la sociedad y, ¿cuál es la idoneidad moral de un infractor de la ley penal para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos .
El Presidente de la Academia de Jurisprudencia atendiendo la invitación que para el efecto hiciera esta Corporación, remitió a la Corte el concepto preparado por el académico Juan Carlos Prías Bernal, en el cual se exponen los argumentos a favor de la constitucionalidad del precepto acusado que se sintetizan en seguida.
No obstante, se refiere a la aclaración de voto del Magistrado Manuel José Cepeda, quien sostuvo que el análisis de los cargos impetrados en esa ocasión por el accionante fue parcial, como quiera que solamente se ocupó de la competencia del juez y del legislador frente a la imposición de sanciones, y no respecto del sustrato de los derechos que se restringen en la norma acusada. En consecuencia, como éste tema es puesto de presente en la actual demanda, considera que la Corporación debe pronunciarse al respecto.
El Señor Procurador General de la Nación allegó el concepto número 3085, recibido el 19 de noviembre del 2002, en la Secretaría de la Corporación, en el cual realiza las consideraciones que se resumen a continuación.
En segundo lugar, la Vista Fiscal considera que, contrario a lo expresado en el auto admisorio de la demanda, en relación con el artículo 52 de la Ley 599 de 2000, parcialmente demandado, sí es procedente declarar la existencia de cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta que mediante la Sentencia C-393 de 2002, la Corte declaró exequible dicha norma. Señala que ese pronunciamiento se refiere a la potestad que tiene el legislador para establecer la pena de interdicción de derechos y funciones públicas como accesoria a la pena de prisión, sin que por ello se afecte el principio de legalidad y siempre que, al momento de su aplicación, se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena y los derechos fundamentales del condenado. Y ello solamente a partir del hecho que, eventualmente, dicho aspecto puede ser considerado como aquel al que se refiere el actor en su demanda.
En consecuencia, el señor Procurador General de la Nación, solicita a la Cortei) declararse inhibida para conocer de la demanda por ineptitud sustantiva de la misma; ii) en subsidio de lo anterior, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-393 de 2002, que declaró la exequibilidad del precepto parcialmente demandado; o, iii) en defecto de las dos solicitudes anteriores, declarar la exequibilidad de la disposición acusada.
Para el actor la expresión "conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas" contenida en el tercer inciso del artículo 52 de la ley 599 de 2000, contraría los artículos 1º, 2º, 40 y 98 de la Constitución Política, como quiera que se declara la "muerte política" del condenado al impedírsele de manera definitiva el ejercicio de funciones públicas.
El representante de la Academia de Jurisprudencia advierte, haciendo alusión a la aclaración de voto del Magistrado Manuel José Cepeda a la referida sentencia, que el análisis de los cargos impetrados en esa ocasión por el accionante fue parcial, como quiera que solamente se ocupó de la competencia del juez y el legislador frente a la imposición de sanciones, y no respecto del sustrato de los derechos que se restringen en la norma acusada. En consecuencia, como éste tema es puesto de presente en la actual demanda, considera que la Corporación debe pronunciarse al respecto.
La Corte considera que tal apreciación solamente resulta acertada en lo que se refiere a la expresión "derechos", contenida en la norma acusada, respecto de la cual el actor no sustenta su acusación a partir de "razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[1], sino que se limita a dar argumentos "vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales"[2]
En efecto, independientemente de que tenga o no razón en su apreciación, el actor considera que con la norma acusada se establece la "muerte política" del condenado a pena de prisión, en cuanto se le impide de manera definitiva el ejercicio de funciones públicas y en este sentido se vulnera de manera absoluta el derecho a la participación que le reconoce la Constitución "a toda persona, como titular de la soberanía popular", contrariando así el carácter participativo y pluralista de dicho texto superior.
Así las cosas, se tiene que en el presente caso, en vista de que se puede identificar un cargo de inconstitucionalidad, se considera que la demanda no es inepta y por tanto corresponde a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo respecto del segmento normativo"conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de(…) funciones públicas", acusado en debida forma por el actor.
En la sentencia C-393 de 2002[3] la Corte declaró la exequibilidad del tercer inciso del artículo 52 de la Ley 599 de 2000 por el cargo analizado en esa sentencia.
Al respecto la Corte advierte que el problema jurídico a que se refirió la Corte en esa ocasión, tal y como se señaló en el numeral 2º de las consideraciones del pronunciamiento referido, consistió en "establecer si al legislador le está permitido imponer la pena de interdicción de derechos y funciones públicas como accesoria a la de prisión o solamente lo puede hacer el juez de manera discrecional mediante decisión judicial".
"La argumentación del demandante involucra una inversión de los principios que rigen el derecho penal, estableciendo como regla general el arbitrio del Juez y como excepcional la intervención del legislador, con el argumento de que dicha determinación se toma "en virtud de decisión judicial". El significado de la expresión es diverso al manifestado por el demandante porque dicha acepción se refiere es al desarrollo del principio de la legalidad de la pena. Como vimos en la primera parte de esta providencia, el Juez solamente puede imponer la sanción luego de agotar un proceso en el que la sentencia es su culminación en la cual se justifica y fundamenta la responsabilidad penal y la dosificación de la sanción. De tal suerte que la decisión judicial lo que pretende es garantizar que las medidas restrictivas de los derechos del condenado, no sean tomadas por autoridades distintas de la jurisdiccional y que el poder judicial no se ejerza por fuera de los términos y condiciones especificados en la Ley.
"DECLARAREXEQUIBLE el inciso tercero (3) del artículo 52 de la ley 599 de 2000 únicamente por el cargo analizado, relacionado con la facultad del legislador para la imposición de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas como accesoria a la pena de prisión."
En ese orden de ideas, dado que la Corte en la referida Sentencia limitó el alcance de su decisión al cargo allí estudiado, y que en el presente proceso el actor acusa la expresión "conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de (…) funciones públicas", contenida en el tercer inciso del artículo 52 de la ley 599 de 2000, por razones diferentes, a saber, la imposibilidad en su concepto de restringir en el Estado Social de Derecho, "democrático, participativo y pluralista" los derechos políticos fundamentales de los condenados a pena de prisión, mal puede estarse a lo resuelto en dicha sentencia frente al cargo propuesto en el presente proceso.
Ahora bien, la Corte advierte que esta Corporación en la Sentencia C-581 de 2001 en la que declaró la exequibilidad por el cargo analizado en esa ocasión[4] del numeral primero del artículo 43 y del artículo 44 de la Ley 599 de 2000, en los que se establece la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, concluyó que no se vulnera la Constitución (arts 40 y 85 C.P.) como consecuencia de la restricción de los derechos políticos de quienes se ven impuesta dicha pena.
Por esta razón en el auto admisorio del presente proceso se rechazó la demanda contra el artículo 44 de la ley 599 de 2000, planteada por el actor con base en las mismas razones que invoca contra la expresión "conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de (…) funciones públicas", contenida en el tercer inciso del artículo 52 de la ley 599 de 2000.
Al respecto la Corte debe señalar que si bien la Corporación en la sentencia C-581 de 2001 ya se pronunció en el sentido de que la imposición de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que define el artículo 44 de la Ley 599 de 2000 no vulnera el artículo 40 superior, ello no implica que en relación con el cargo planteado por el actor en el presente proceso por las mismas razones, en contra de la expresión "conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de (…) funciones públicas", contenida en el tercer inciso del artículo 52 de la ley 599 de 2000, se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada material.
Por tratarse de normas diferente tanto en su texto como en su contenido normativo[5] no puede predicarse, en efecto, la configuración de dicho fenómeno.
"(...)la unidad normativa procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado"[6].
Ahora bien, en el presente caso, es claro que para efectuar el análisis del cargo planteado en la demanda contra las expresiones "conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de (…) funciones públicas", resulta indispensable integrar la proposición normativa[7] con el resto del inciso tercero del artículo 52 de la ley 599 de 2000 en el que ellas se contienen[8].
Al respecto cabe decir que no solamente el sentido del inciso está determinado por la frase "En todo caso, la pena de prisión " con la que éste comienza, sino que de llegarse a proferir una sentencia de inexequibilidad respecto de las expresiones acusadas, el texto resultante carecería de sentido.
Así las cosas, el examen del cargo planteado en la demanda se efectuará por la Corte frente a la totalidad del inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000, con excepción de la expresión "derechos", respecto de la cual como ya se señaló la Corte se inhibirá por ineptitud sustantiva de la demanda
La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en afirmar la potestad de configuración del Legislador en materia penal[9]. Es a él a quien corresponde establecer la política criminal del Estado y en este sentido es a él a quien la Constitución le confiere la competencia para determinar cuáles conductas constituyen delitos y señalar las respectivas sanciones[10].
Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del Legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la sentencia C-592/98 (M.P. Fabio Morón Díaz),"el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros"[11]
"Esta Corporación, en las oportunidades en que ha revisado la constitucionalidad de algunas normas de la ley 228 de 1998, ha considerado que compete al legislador, conforme a la cláusula general de competencia, trazar la política criminal del Estado y determinar cuáles conductas constituyen delitos y cuáles contravenciones. Sobre el particular expresó la Corte en la sentencia C-198/97[12], lo siguiente:
"Cabe anotar que la selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración"[13]..
Esta competencia, si bien es amplia, se encuentra necesariamente limitada por los principios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad y proporcionalidad a los que se ha referido igualmente de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporación[14]. Ha dicho al respecto la Corte lo siguiente
Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución o de las leyes (CP art. 6), requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva. Esto se desprende de la razón de ser de las propias autoridades, a saber, la de proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (CP art. 2). Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto"[15].
Dichas limitaciones encuentran adicional sustento en el hecho que en este campo están en juego, no solamente importantes valores sociales como la represión y prevención de delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso.[16]
En ese orden de ideas cabe señalar que el legislador también debe tomar en cuenta las finalidades constitucionales a que responde el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado. En ese sentido, la imposición de la pena, además de su carga sancionatoria y de cumplir una función disuasiva que inhiba a las personas de incurrir en conductas punibles con el fin de preservar la convivencia armónica y pacífica de los asociados, debe incorporar una dimensión resocializadora que permita reincorporar al autor del delito a la sociedad, para que pueda de nuevo ser parte activa de la misma una vez cumplida su pena, en iguales condiciones que los demás ciudadanos.[17]
"La pena tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas.
Por eso ha reconocido la Corte que "lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en sociedad"[18]."[19]
Adicionalmente, debe decirse que compromisos internacionales sobre derechos humanos asumidos de tiempo atrás por el Estado colombiano, y que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, sujetan la actuación del legislador a los principios mencionados, al momento de definir las sanciones penales.[20] Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[21] prescribe en el numeral 1º del artículo 10º que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así mismo, el literal a) de su numeral 2º, señala que los procesado deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y que deben ser sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Y por último, el numeral 3º establece que el régimen penitenciario que cada País establezca debe consistir en un tratamiento cuya finalidad esencial sea la reforma y la readaptación social de los penados.[22]
El artículo 43 del Código Penal[23] se refiere a "las penas privativas de otros derechos" y dentro de ellas incluye en su numeral 1° , la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Por su parte, el artículo 44 del mismo estatuto[24] define las consecuencias de la aplicación de dicha sanción, señalando que su imposición priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido y del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales. [25]
Los incisos 1º y 2º del artículo 51ibidem[26] señalan que la duración de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de cinco a veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo 122 de la Constitución y en el tercer inciso del artículo 52 del Código Penal.
Así mismo, la disposición mencionada obliga al funcionario que impone la pena accesoria a motivar explícitamente su decisión, cualitativa y cuantitativamente, de conformidad con el artículo 59del Código Penal[27].
En el tercer inciso, objeto del presente proceso, el mismo artículo dispone que, "en todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas" y señala que su duración es la del mismo tiempo de la de la pena de prisión impuesta y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, -es decir 20 años según el artículo 51 referido- , sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo 122 de la Constitución - es decir de aquellos casos en que se trata de un delito contra el patrimonio del Estado, caso en el cual la inhabilidad para el desempeño de funciones públicas será permanente.
De acuerdo con el artículo 53 del mismo Código la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se aplicará y ejecutará simultáneamente con la pena de prisión que haya sido impuesta[28].
Cabe recordar de otra parte que el artículo 92 del mismo estatuto[29] establece las reglas que deben aplicarse a la solicitud de rehabilitación que realice quien ha sido condenado a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como consecuencia de haber sido condenado a pena privativa de la libertad.
4.1.1 De conformidad con Preámbulo y con el artículo 1º de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana. Tales conceptos no constituyen, ha dicho la Corte, meros postulados filosóficos, sino que deben ser realizados por una actuación del Estado dirigida al cumplimiento de, entre otros fines esenciales, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y a facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.[30]
La participación se establece en el ordenamiento constitucional colombiano como principio y fin del Estado, influyendo no solamente dogmática, sino prácticamente, la relación que al interior del mismo, existe entre las autoridades y los ciudadanos, en sus diversas órbitas como la económica, política o administrativa[31]. En atención a dichos postulados, el Constituyente, dentro del Título de los derechos fundamentales en la Constitución, dedicó a los derechos políticos un artículo especial, tornándose así expresa la relevancia que en el marco institucional tiene la participación política de los ciudadanos.
En efecto, el artículo 40 Superior establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y que, en ese orden de ideas, puede elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna y formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Es decir, a la par que estableció el derecho de participación en el poder político, estableció una serie de prerrogativas a favor de los ciudadanos tendientes a garantizar su realización, en perfecta armonía con las disposiciones internacionales ratificadas por Colombia en la materia.[32]
4.1.2 No obstante, el ejercicio de dicho derecho de participación no tiene carácter absoluto[33].
Como en el caso de los demás derechos fundamentales, ha de tenerse en cuenta que el legislador, siempre y cuando no vulnere su núcleo esencial[34], puede limitar el derecho a la participación política. Así mismo debe recordarse que, en perfecta armonía con las normas internacionales en la materia[35], por razones de interés general[36] o para proteger otros derechos o libertades de igual o superior entidad la ley puede reglamentar el ejercicio del derecho a la participación, el cual necesariamente debe armonizarse con los demás derechos fundamentales y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta[37].
""La vida penitenciaria tiene unas características propias de su finalidad, -a la vez sancionatoria y resocializadora-, que hacen que el interno se deba adecuar a las circunstancias connaturales a la situación de detención. Como las leyes deben fundarse en la realidad de las cosas, sería impropio, e insólito, que al detenido se le concediera el mismo margen de libertad de que se goza en la vida normal. Se trata, pues, de una circunstancia que no es excepcional sino especial, y que amerita un trato igualmente especial. Existen circunstancias y fines específicos que exigen, pues, un tratamiento acorde con la naturaleza de un establecimiento carcelario; no se trata simplemente de una expiación, sino de un amoldamiento de la persona del detenido a circunstancias especiales, que deben ser tenidas en cuenta por el legislador.(…)
El artículo 57, referente al derecho al voto de los detenidos, es de claridad manifiesta: Si el detenido reúne los requisitos que exige la ley, podrá ejercer el derecho al sufragio en su respectivo centro de reclusión. El punto más controvertido por el actor es el de prohibir el proselitismo político al interior de las cárceles y penitenciarías, tanto de extraños como de los mismos internos. El proselitismo político es una manifestación de normalidad, no de excepción. Lo anterior no impide que pueda expresar el detenido, a otros, sus creencias íntimas acerca del devenir de la política. Lo que se prohíbe es el activismo proselitista público, es decir, la arenga, el tumulto, el debate propio de la plaza pública al interior de las cárceles y penitenciarías, porque riñe con la disciplina. Se repite que lo anterior no afecta el derecho que asiste a un recluso de profesar una ideología política o de militar en un partido o movimiento, ni tampoco la prudente transmisión de un contenido filosófico o doctrinario. Lo que se entiende aquí por proselitismo, es el convertir a las cárceles en un foro abierto y beligerante que pueda llevar al desorden. Los derechos políticos se tienen siempre, pero su ejercicio puede estar limitado y restringido en casos especiales por la Constitución y la ley, como es el de las cárceles. En otras palabras, la cárcel no es propicio para la agitación política, sino para la reflexión. Por tanto, en la norma acusada no se afectan ni la libertad de pensamiento ni la comunicabilidad natural de los hombres; simplemente se prohíben ciertas manifestaciones exteriores, en aras de la disciplina. Por ello será declarada exequible." [38]:
"La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos y éstos, a su vez, se traducen en la facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandatos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones de inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.P. arts. 40, 99, 103, 107, 241)."[39]
"Son derechos políticos el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía. Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida."[40]
De conformidad con lo estatuido en el artículo 50 del Código Penal, la interdicción de derechos y funciones públicas -pena accesoria, cuando no se establezca como principal, según lo establece el artículo 42Ibídem- "priva de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político (subraya la Corte), función pública u oficial y dignidades que confieren las entidades oficiales e incapacita para pertenecer a los cuerpos armados de la República".
En desarrollo de esa competencia, el artículo 92 del Código Penal (Decreto Ley 100 de 1980), declarado exequible por esta Corte mediante Sentencia C-087 del 26 de febrero de 1997 (M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz), dispone que las penas accesorias, entre las cuales se encuentra la de interdicción de derechos y funciones públicas (art. 42, numeral 3,Ibídem), pueden cesar por rehabilitación, pero agrega que "si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos dos años a partir del día en que se haya cumplido la pena".
La Corte no acoge el argumento del demandante, en el sentido de invocar como fuente de su derecho el que tiene toda persona para acceder a la administración de justicia, pues la misma Carta Política ha condicionado el acceso, en el caso de la acción pública de inconstitucionalidad, a la posesión actual del estado de ciudadanía y al requisito de no haber sido suspendido el ciudadano en el ejercicio de ella." [41]
"(…)el derecho político al sufragio no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien está afectado con la suspensión de la ciudadanía, ya sea de hecho, por no cumplir los requisitos exigidos, o en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley (C.P. Art. 98), está excluido de la posibilidad de elegir y ser elegido y de ejercer los derechos políticos allí consignados (…)
"La Constitución permite que la ciudadanía se suspenda en virtud de decisión judicial "en los casos que determine la ley", como es por ejemplo, el presente caso, en que ella se produce a título de pena por la comisión de un delito, por medio de sentencia debidamente ejecutoriada. En consecuencia, no encuentra fundamento el cargo de la demanda, pues las normas de rango legal objeto de censura simplemente son concreción de aquella norma constitucional."[42]
La Corte hace énfasis además en que, contrariamente a lo afirmado por el actor, la norma acusada no establece "la muerte política" del condenado a pena de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y en consecuencia el fin de su derecho político a ejercer dichas funciones, pues como se desprende de su texto, en este caso se esta es en presencia de una suspensión de la posibilidad de tal ejercicio, que desaparecerá una vez cumplida la pena y obtenida la rehabilitación en los términos del artículo 98 superior y 92 de la Ley 599 de 2000.
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado el tercer inciso del artículo 52 de la Ley 599 de 2000, salvo la expresión"derechos", respecto de la cual decide INHIBIRSE para pronunciarse de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
[1]Ver Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2]Ibidem Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa..
[3]M.P. Jaime Araujo Rentería
[4] En el aparte respectivo de la sentencia la acusación del actor en ese proceso se resumió de la siguiente manera. " (el demandante) señala que los artículos 43-1 y 44 de la ley 599 de 2000 violan el derecho fundamental consagrado en el artículo 40 superior, pues la pena accesoria de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, impide ejercer el derecho a elegir y ser elegido, derecho fundamental de aplicación inmediata; además, una disposición de menor rango que la Constitución no puede limitar derechos, aún frente a personas condenadas penalmente. Según él, "tal como están normados los derechos fundamentales en nuestro país, que se reitera son de aplicación inmediata, ninguna norma, que no sea de orden constitucional, expresa, clara precisa y referida a los condenados, puede válidamente y sin contravenir la Carta Política cercenar esos derechos políticos."
[5]Ver entre otras las sentencias
[6]Sentencia C-320/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7]Al respecto, ver la Sentencia C-128 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[8]En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51.
[9]Ver entre otras las sentencias C-070/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz , C-592/98 M.P. Fabio Morón Díaz , C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño , C- /02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett , C-551/01 y C-689/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[10]Ver Sentencia C- 1080/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[11]Sentencia C-1404/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis
[12]Sentencia C-198/97. M.P. Fabio Morón Díaz.
[14]En relación con el principio de proporcionalidad ver entre otras las sentencias C-591/93, C-070/96 y C-118/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[15]Sentencia C- 070/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz .
[16]Al respecto, ver la Sentencia C-1404 de 2000 MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis.
[17]Ver sentencia C-647 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[18]C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara
[19]Sentencia C-430/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[20]Ver Sentencia T-153 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[21]Aprobado por la Ley 74 de 1968
[22]En ese mismo sentido, pueden consultarse la Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. Además, las Resoluciones 43/110 y 43/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el marco del sistema Iteramericano, constituye fuente de dichos principios el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado por la Ley 16 de 1972 -inciso 6º del artículo 5º de la Convención-.
[23]Ley 599 de 2000, ART. 43.-Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos:
9. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros"
[24]Ley 599 de 2000, artículo 44: "La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales".
[25]El numeral 1º del artículo 43 y el artículo 44 fueron declarados exequibles en la Sentencia C-581 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, pero de forma relativa al cargo formulado en la demanda, referido a la vulneración del artículo 40 de la Constitución, por restringir el derecho a elegir y ser elegido. En esa oportunidad la Corte manifestó que: "La Constitución permite que la ciudadanía se suspenda en virtud de decisión judicial "en los casos que determine la ley", como es por ejemplo, el presente caso, en que ella se produce a título de pena por la comisión de un delito, por medio de sentencia debidamente ejecutoriada. En consecuencia, no encuentra fundamento el cargo de la demanda, pues las normas de rango legal objeto de censura simplemente son concreción de aquella norma constitucional.(…) Por todo lo anterior, el segundo cargo de la demanda no prospera, toda vez que los artículos 43-1 y 44 no violan la Constitución, pues la pena consistente en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como consecuencia de la comisión de un hecho punible, es una restricción legítima al derecho al sufragio y, por ende, al de elegir y ser elegido."
[26]Ley 599 de 2000, artículo 51: "Duración de las penas privativas de otros derechos. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52. Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política."
[27]Ley 599 de 2000, artículo 59: "Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena".
[28]Ley 599 de 2000 artículo 53."Cumplimiento de las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos concurrentes con una privativa de la libertad, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.
A su cumplimiento, el juez oficiosamente dará la información respectiva a la autoridad correspondiente".
[29]Ley 599 de 2000, artículo 92: "Artículo 92. La rehabilitación. La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:
No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política."
[30]Al respecto, ver la Sentencia C-179 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[31]Al respecto, ver entre otras, las Sentencias C-089 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-1338 de 2000 M.P: Cristina Pardo Schlesinger (E) y C-393/02 M.P. Jaime Araujo Rentería A.V. M. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32]Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que obligan al Estado Colombiano, reconocen los derechos políticos a favor de las personas. Así por ejemplo el PIDCP señala en su artículo 25 que "Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos ;b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.".
[33] "El absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juricidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en un antiderecho, pues ese sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello de los derechos de los otros y a los de la misma sociedad" Sentencia T-512/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[34]Sentencia C-045/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[35]En efecto, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José- señala al respecto: "Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2.La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal." (se subraya)
[36]Los derechos no se conciben en forma absoluta, sino que por el contrario, están limitados en su ejercicio para no afectar otros derechos y propender por la prevalencia del interés general. De esta manera, el legislador en aras de proteger el derecho que le asiste a la colectividad, puede limitar su acceso y prestación Sentencia C-329/00 M.P M Antonio Barrera Carbonell
[37]Sentencia C- 578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[38] Sentencia C-394 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[39]Sentencia C-511 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[40]Sentencia C-581 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[41]Sentencia C-536 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido, ver las Sentencias C-592 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz y C-581 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[42]Sentencia C-581/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.