Source: http://grupoadela.org/legales/resumen02.html
Timestamp: 2017-06-25 17:16:59
Document Index: 304192985

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 7', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 50', 'in dubio']

Situación en el aspecto legal, 2002
El informe final con recomendaciones elaborado por la dhr, en febrero del 2001, recomendó a las Municipalidades de los cantones de Limón y Talamanca colaborar en los procesos de información a la población, promoviendo y divulgando la información técnica y general que le sea remitida con el fin de hacer efectivo el derecho de participación ciudadana aludido en el presente informe. También recomendó a setena solicitar a la compañía una addeuda al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Harken Costa Rica Holdings para la construcción de una plataforma en la fase 2 de las exploraciones petroleras en el Caribe, con la finalidad de completar algunas omisiones del citado eia, así como incluir dentro del expediente del eia la información obtenida del proceso de participación ciudadana con las comunidades indígenas de Talamanca, y a cada una de las comunidades que serán afectadas y los grupos organizados que las representan, incorporando la participación de las Municipalidades de la zona.
Actuaciones de setena
En atención a las recomendaciones emitidas por la Defensoría y las observaciones realizadas por un selecto grupo de la comunidad científica al “segundo estudio de impacto ambiental” setena solicitó a la empresa la addeuda mencionada, que el cual fue presentado en marzo del 2001. Nuevamente a ese agregado se le realizaron varias observaciones por medio de dictámenes que fueron remitidos a setena por científicos de la sociedad civil. Con un expediente de mas de mil folios y las presiones de los ambientalistas, en agosto del 2001 setena decide convocar a audiencia pública. Con varios inconvenientes y en forma desordenada, la audiencia pública se lleva a cabo el 19 de setiembre en las instalaciones de Recope, en Limón Centro, con la participación de unas 700 personas aproximadamente (dicha audiencia no es vinculante para la resolución de setena).
Más documentos y observaciones fueron presentados a setena demostrando la poca viabilidad económica y ambiental del proyecto. setena solicitó mas aclaraciones a la empresa y se realizaron audiencias privadas con diverso sectores. Además de esto, el 21 de diciembre del 2001 la Sala constitucional declara con lugar un segundo recurso de amparo por haber omitido el minae y setena su deber de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 de la Constitución Política. En este recurso de amparo principalmente se alegó la violación al artículo 7 de la Constitución Política que establece la supremacía de los convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica sobre la ley nacional. Principalmente se alegó que con la concesión otorgada por minae y la aprobación del primer EIA se estaba violando la aplicación de tratados internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestres (cites), la Convención sobre Humedales Internacionales como hábitat de aves acuáticas (Convencion de ramsar), el Convenio para la protección y el desarrollo del Medio Marino de la región del Gran Caribe, la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y la violación al principio precautorio contemplado en la Declaración de principios de Río sobre ambiente y desarrollo.
Con base en una revisión de la actual Ley y el Voto de la Sala 6240-93, en el que se consultó el proyecto de ley de hidrocarburos, Justicia para la Naturaleza, apoyada por elaw-cr (Red de derecho ambiental por sus siglas en inglés) presentó el 21 de diciembre del 2001, una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, por omisión de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo de cumplir con deberes constitucionales, en virtud de que esa Sala, mediante resolución número 6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, atendiendo consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, declaró inconstitucional el párrafo segundo del artículo 41 del Proyecto de Ley de Hidrocarburos, y pese a ello el actual artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, mantuvo el texto de dicho artículo, el cual deviene en inconstitucional. En el caso de las concesiones en el Caribe, en ningún momento se solicitó a las empresas concursantes la presentación previa de un Estudio de Impacto Ambiental completo, el cual también en forma previa al otorgamiento de la concesión y firma del contrato, debía ser aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (setena), y no en la forma en que se ha manejado el presente asunto, donde los Estudios de Impacto Ambiental se han presentado posteriormente al otorgamiento de la concesión, y en el caso de mkjxplorations Sucursal Costa Rica, y Harken Costa Rica Holdings l.l.c, el eia para abrir un pozo exploratorio fue presentado con posterioridad a la firma del contrato, lo cual resulta inconstitucional, ya que el texto del artículo 41 es contrario al criterio jurisprudencial que la Sala en su momento consideró.
Al respecto, la Sala Constitucional el 7 de febrero del 2002 acogió con lugar la acción de inconstitucionalidad de este artículo 41. La integralidad de la sentencia se encuentra en redacción; sin embargo la parte dispositiva de este voto indica que: “(...) Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo (...)”
Rechazo de setena
Seguido a la resolución de la Sala Constitucional de declarar inconstitucional el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, el Consejo Técnico de setena, en sesión ordinaria durante la última semana de febrero, decide entrar finalmente a resolver el Estudio de Impacto Ambiental para la fase 2 del proyecto de exploración y explotación petrolera en la Plataforma Caribe de Costa Rica, consistente en la perforación de un pozo exploratorio.
Por no ser viable ambientalmente setena rechaza el eia y su anexo y ordena archivar el expediente administrativo bajo el cual se conocía este proyecto. Este eia fue presentado por la empresa en julio del 2000.
Dentro de las consideraciones jurídicas expuestas por setena en la Resolución N° 146-2001-setena de las 12 horas 25 minutos del 28 de febrero del 2002, se resalta que con base en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad los estudios de impacto ambiental deben ser presentados en forma integral y que, en este caso, inicialmente lo que se aprobó fue un estudio geofísico de reflexión sísmica marina, y ahora un segundo estudio para la construcción de una plataforma, lo cual pone en evidencia una violación a este principio de que toda actividad humana deberá ser valorada previamente de manera integral.
Consideran, dentro de su resolución, el artículo 50 Constitucional (derecho a un ambiente sano) los convenios internacionales ratificados por Costa Rica que deben tomarse en cuenta para esta resolución: Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias (Ley 5566), Convenio sobre la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su Protocolo de Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos (7227), y Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, (Ley 7224) conocida como Convención de ramsar.
Aluden al principio in dubio pro natura contenido también en la Ley de Biodiversidad, indicando que "se aplica cuando en caso en que el ente de decisión carezca de pruebas que brinden absoluta certeza sobre el asunto a tratar, deberá resolver entonces a favor del ambiente". En este sentido mencionan también la Declaración de Río (principios 15 y 17).
Finalmente, indican que “setena, en su afán por tratar de establecer los criterios técnicos y operacionales de la actividad, ha recurrido a diferentes especialistas en diversos temas, obteniendo información valiosa que sirve de sustento técnico para compensar y completar aquellas disciplinas que son aplicables a este proyecto, tanto desde el punto de vista de la actividad, como de las consecuencias al nivel de los impactos positivos y negativos que se generan. El número de personas y organizaciones consultadas ha sido amplio, permitiendo definir con propiedad cuáles deben ser los elementos determinantes para este proyecto, visto en forma individual como fue presentado, pero analizado en forma integral tal como lo dispone la lógica y la métrica de este tipo de proyectos, que en su caso está definido en el marco legal ambiental costarricense, y ratificado y comprometido en diversos convenios internacionales”.
Al haberse notificado a la compañía sobre la resolución de setena, presentó una apelación ante la Ministra de Ambiente, quien como una de las últimas acciones de su mandato rechazó dicha apelación.
Más que resolver un caso concreto queda por trabajar por la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos la cual fue presentada en el mes de febrero como un proyecto de ley con la finalidad de declarar el territorio costarricense libre de cualquier exploración y explotación petrolera sin la existencia de una ley que así lo permita.
Además, todavía está pendiente el proceso con las exploraciones en el Norte de nuestro territorio a cargo de la empresa Mallon Oil Company. La Coordinadora Antipetrolera presentó un recurso de nulidad absoluta ante la Sala iv y al cierre de esta edición quedaba pendiente la resolución de setena sobre el “estudio de impacto ambiental” presentado por la empresa que fue catalogado por las organizaciones ecologistas como un “compendio de información sin respetar casi ninguna de las exigencias para un Estudio de Impacto Ambiental serio”.
Si bien, desde el punto de vista legal, el aporte y la eficiencia del movimiento ambiental, han sido elementales para esta “victoria momentánea” en la campaña contra las petroleras, debemos estar alertas, ya que el poderío de las trasnacionales petroleras seguirá acechando sobre países y gobiernos que se crean su cuento de inversiones millonarias y no atinen a defender su soberanía y su gente de la amenaza de una industria moribunda.