Source: https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/contencioso-administrativo/resolucion-num-126292015-direccion-general-de-los-registros-y-del-notariado-madrid-27-10-2015-2016-05-07/
Timestamp: 2020-07-10 06:59:25
Document Index: 57588883

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 315', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 80']

Resolución núm. 12629/2015 Dirección General de los Registros y del Notariado Madrid () 27-10-2015 - Legal Today
10/07/2020. 08:59:25
MARGINAL: PROV2015274142
PROCEDIMIENTO: núm. 12629/2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD: INSCRIPCION: HIPOTECA: Fundamento doctrinal y jurisprudencial de la exigencia legal del art. 6 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo; IMPROCEDENCIA: Préstamo hipotecario para adquisición de vivienda habitual: falta de acompañamiento a la escritura de la expresión manuscrita del deudor exigida por el art. 6 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo. En el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la Registradora de la Propiedad de Vitoria número 5 por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario por razón de existir una cláusula suelo del tipo de interés ordinario sin constar haberse aportado la manifestación, la DGRN acuerdadesestimar el recurso y confirmar la nota de calificación impugnada.
Contra la nota de calificación original don Fernando Ramos Alcázar, notario de Vitoria, mediante escrito, de fecha 21 de julio de 2015, interpuso el día 30 de julio de 2015 recurso, ante la Dirección General de Registros y del Notariado, con base en los siguientes argumentos: «1.–Carácter legal y no de la cláusula contractual de la definición de intereses contenida en la cláusula financiera tercera relativa a intereses ordinarios. Que en la cláusula financiera tercera de la escritura de préstamo de referencia después de establecer el tipo inicial fijo para el primer año y el tipo que será de aplicación para cada anualidad a partir del vencimiento anterior formado por el tipo de referencia interbancario a un año (Euribor) y un diferencial que se le sumara se establece lo siguiente: Dada la naturaleza jurídica de esta operación y de acuerdo con los artículos 1.740 del Código Civil y 315 del Código de Comercio, el interés es la retribución a Bankinter por el préstamo concedido y por tanto solo puede devengarse a favor de Bankinter como prestamista. Por tanto, si en algún momento la suma del tipo de referencia y diferencial personalizado generara un resultado negativo, ello no podría nunca entenderse como un derecho del prestatario a percibir ningún importe como retribución o por cualquier otro concepto. Que el último párrafo del artículo 1.740 del Código Civil establece que el simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés y el segundo párrafo del artículo 315 del Código de Comercio establece que se reputara interés toda prestación pactada a favor de la acreedora. De conformidad con la regulación legal transcrita el interés es el precio del préstamo que el prestatario o deudor debe satisfacer al prestamista o acreedor. Que el párrafo de la escritura de referencia precedentemente transcrito define el contenido del contrato de préstamo y en concreto la prestación de pagar intereses por el deudor al acreedor de conformidad con las disposiciones legales que los regulan y no puede considerarse que revista el carácter de condición contractual predispuesta por la entidad prestamista. 2.–Inexistencia de interés fijo mínimo Que en el préstamo de referencia no hay estipulado un interés fijo mínimo que el prestatario deba satisfacer, pues si el valor negativo del índice de referencia Euribor es igual o superior al diferencial pactado el deudor no tendrá que pagar intereses. Que el número 1 del artículo 6 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo establece para los préstamos hipotecarios a los que se refiere el apartado 2 de dicho artículo que la escritura pública incluya la expresión manuscrita en los términos que ha fijado el Banco de España, por la que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato, y la formula ritual determinada por el Banco de España a tal fin es del siguiente tenor literal: «…he sido advertido por la entidad prestamista y por el notario actuante, cada uno dentro de su ámbito de actuación, de los posibles riesgos del contrato y, en particular de que… el tipo de interés de mi préstamo, a pesar de ser variable, nunca se beneficiará de descensos del tipo de interés de referencia por debajo del (límite de interés variable limitado)» Que de conformidad con lo anteriormente descrito, no se entiende de qué riesgos del contrato hay que advertir al prestatario si como consecuencia de que el tipo de interés interbancario fuera negativo (que es un mercado financiero distinto del de los préstamos hipotecarios para financiar la adquisición de viviendas a los particulares), el deudor no tendría que satisfacer intereses. Por todo lo expuesto solicito la rectificación de la calificación desfavorable».
El precepto objeto de debate -artículo 6 Ley 1/2013 (RCL 2013, 718) – dispone lo siguiente: «1. En la contratación de préstamos hipotecarios a los que se refiere el apartado siguiente se exigirá que la escritura pública incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, en los términos que determine el Banco de España, por la que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato. 2. Los contratos que requerirán la citada expresión manuscrita serán aquellos que se suscriban con un prestatario, persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir, en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad al alza; b) que lleven asociada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo de tipo de interés, o bien; c) que se concedan en una o varias divisas».
Cuestión distinta, por tanto, a la del control de contenido o abusividad es la relativa a la transparencia de las cláusulas contractuales. Sobre tal extremo el registrador, como señala la Resolución de esta Dirección General de 13 de septiembre de 2013, no sólo puede sino que debe comprobar si han sido cumplidos los requisitos de información establecidos en la normativa vigente, pues se trata de un criterio objetivo de valoración de dicha transparencia. En este sentido, la reiterada Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, reconociendo que corresponde a la iniciativa empresarial fijar el interés al que presta el dinero y diseñar la oferta comercial dentro de los límites fijados por el legislador, añade que «también le corresponde comunicar de forma clara, comprensible y destacada la oferta», a lo que añade la citada Sentencia que «el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE dispone que «La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato […] siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible», precepto del que extrae a «contrario sensu» que «las cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato se someten a control de abusividad si no están redactadas de manera clara y comprensible».
Esta obligación de claridad y transparencia se controla a través de un doble filtro. El primero es aplicable a todo contrato con condiciones generales de la contratación, con independencia de que en el mismo intervenga o no un consumidor, a través del llamado control de incorporación o inclusión de la cláusula al contrato (vid. artículo 7 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación). El segundo filtro, limitado al caso de los contratos con consumidores, se articula a través del control de transparencia, en relación con el cual la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 (RJ 2013, 3088) es elocuente al afirmar que «el artículo 80.1 TRLCU (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) dispone que «en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente […], aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa […]; b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido», lo que permite concluir que el control de transparencia «cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo». Añadiendo que «en este segundo examen, la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato».