Source: http://zdenkoseligo.blogspot.com/2009/
Timestamp: 2019-02-23 08:50:00
Document Index: 252595607

Matched Legal Cases: ['artículo 253', 'artículo 244', 'artículo 253', 'artículo 44', 'artículo 253', 'artículo 44', 'artículo 253', 'artículo 253', 'Artículo 483', 'artículo 44', 'artículo 327', 'artículo 250', 'artículo 49', 'artículo 63']

Derecho Procesal Penal Venezolano: 2009
Se viola el derecho a la libertad cuando una medida...
Se viola el derecho a la libertad cuando una medida (cualquiera que sea) sobrepasa el termino del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal; ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna.
El Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los principios que regulan la aplicación de las medidas de coerción personal, estableció el de la proporcionalidad –artículo 244- conforma al cual, las medidas de coerción personal, entre otras reglas, en ningún caso, podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos (02) años. Ello en razón de procurar la celeridad en el desarrollo del proceso y evitar las dilaciones injustificadas por parte de los órganos jurisdiccionales. A la par dicho principio protege a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones eternas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria definitivamente firme. Por tanto la privación y restricción del derecho a la libertad, como medida de excepción al juzgamiento en libertad, requieren del órgano jurisdiccional la diligente vigencia durante el curso del proceso de la duración de tales medidas, a fin de prevenir que las mismas se mantengan más allá del límite temporal establecido por la ley. En tal sentido la Sal Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 12-09-01 (Caso Rita Alcira Coy y otros) señaló: “Entre estas causas y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación con los relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio del juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder el lapso de dos años. Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas. Etimológicamente por medidas de coerción personal deben entenderse no solo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a la que es sometida cualquier persona, por lo que incluso, las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase. En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el termino del artículo 253 del Código Orgánico procesal penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la aprehensión, en principio, obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertirse la detención continuada en una privación ilegitima de libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional .A juico de esta, el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse a un periodo mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal penal”. La doctrina parcialmente transcrita ha sido reiterada por la Sala Constitucional en numerosas sentencias, en razón de los numerosos procesos de amparo incoados, con ocasión a la violación del principio de la limitación temporal de las medidas de coerción personal. (ver sentencias números 1626 del 17/07/02, 775 del 11/04/03 y 1825 del 04/07/03)
Publicado por Francisco Javier Vivas López
http://abogadoespecialista.blogspot.com/2009/12/se-viola-el-derecho-la-libertad-cuando.html
Publicadas por Zdenko Seligo el viernes, diciembre 18, 2009
Asamblea Nacional se dedicó en 2009 a imponer la reforma
La Verdad - José Gregorio Martínez - Maracaibo - 18/12/2009 00:01 18
Una vez aprobada la reelección indefinida en el referendo de la enmienda constitucional del 15 de febrero, a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) los mandaron a desempolvar la propuesta de reforma constitucional rechazada el 2 de diciembre de 2007 para imponerla hasta donde fuera posible, y así fue. No tardaron en comenzar a elaborar leyes que -no por casualidad- coinciden con modificaciones que estaban planteadas en la reforma, tales como el cambio de nombre a la Fuerza Armada Nacional, la incorporación de las milicias, la disminución de funciones a las gobernaciones y alcaldías, cambio en el funcionamiento del Banco Central de Venezuela, y el adoctrinamiento en el sistema educativo y limitaciones a la autonomía universitaria.
Fueron cerca de 48 leyes las que aprobó el Parlamento este año, de las cuales una buena parte imponen por la vía legislativa los cambios que habían sido sometidos a consideración del pueblo en referendo. "Yo no retiro ni una sola coma de esta propuesta", confesó el presidente Hugo Chávez luego de la derrota electoral del 2 de diciembre de 2007, y en la Asamblea Nacional le adelantaron el trabajo.
En el primer período de sesiones de 2009 fueron sancionadas 24 leyes, más la enmienda constitucional, entre ellas la ley Orgánica de Educación, que deja únicamente en manos del Estado la totalidad del sistema educativo, bajo una doctrina "bolivariana" que se enmarca dentro del proyecto político chavista; y la ley Orgánica de Procesos Electorales, que busca acomodar el sistema electoral para garantizar la permanencia aplastante del oficialismo en el Parlamento en las elecciones legislativas del próximo año, eliminando la proporcionalidad e instaura un sistema donde se impone la mayoría absoluta. Previamente ya había sido aprobada la ley del Poder Público Municipal, que permitió postergar las elecciones de concejales y juntas parroquiales para efectuarlas en 2010 bajo el nuevo método.
Consolidación del centralismo
La descentralización fue golpeada durante todo el año. Primero, con la aprobación de las reformas a la ley de Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público; ley General de Puertos; y ley de Aeronáutica Civil, que despojó a los estados de los recursos que percibían por la administración de puertos, aeropuertos, autopistas, carreteras, puentes y toda la infraestructura vial; y luego con la ley del Consejo Federal de Gobierno sancionada esta semana.
Las leyes de la Organización y Régimen del Distrito Capital; Presupuesto del Distrito Capital; Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital; y Régimen Municipal del Área Metropolitana a Dos Niveles, crearon el marco jurídico para disminuir en funciones y recursos a la Alcaldía Metropolitana, dejándola hasta sin sede para despachar.
La Fuerza Armada Nacional pasó a llamarse Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una nueva ley elaborada por el Ejecutivo el año pasado por la vía habilitante, y que este año fue reformada para definir las funciones de las milicias e incluir a los empleados del Estado en unas unidades militares que denominaron comando de combatientes. También fue reformada la ley de Conscripción y Alistamiento Militar.
El Gobierno avanzó en todos los sectores con la legalización de las expropiaciones. La más polémica fue la ley de Tierras Urbanas, que deja a discreción del Ejecutivo la confiscación de terrenos considerados sin uso en las zonas donde funcionen todos los servicios públicos, así como el monto a pagar por los mismos.
Chávez no legisló
Este año la Asamblea Nacional aprobó más leyes que en 2008 y 2007 juntos. La figura de la urgencia reglamentaria por solicitud del Ejecutivo y las sesiones extraordinarias así lo permitieron. José Albornoz, segundo vicepresidente del Parlamento, destacó además que este año no hubo habilitante, lo cual les permitió ejercer en su totalidad su función de legislar y aprovecharon para "pisar el acelerador".
Para el próximo período no promete haber muchos cambios en la directiva. Albornoz adelanta que no está entre sus planes repetir como segundo vicepresidente, ya que en un año electoral prefiere dedicarse por completo a atender el partido (PPT), sin embargo, asoma la propuesta del PSUV de continuar con Cilia Flores en la presidencia y Saúl Ortega en la primera vicepresidencia, siendo el cuarto mandato consecutivo para Flores, de concretarse esta fórmula.
El resto de las leyes aprobadas en el año fueron la ley Orgánica del Sistema de Justicia; reforma a la ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; Código de Ética del Juez; ley de Prohibición de Videojuegos y Juguetes Bélicos; ley de Emolumentos para Altos Funcionarios del Poder Público; ley de Protección de Animales; ley de Bancos; Reforma al Código Orgánico Procesal Penal; y presupuesto y endeudamiento 2010 y reformas al presupuesto y endeudamiento 2009; así como una ley derogatoria de la Designación y Destitución de Contralores Estadales, dejando estas funciones en manos del máximo representante de la Contraloría General de la República.
Reforma a cuentagotas
Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público
Ley de Organización y Régimen del Distrito Capital
Ley de Presupuesto del Distrito Capital
Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital
Ley del Régimen Municipal del Área Metropolitana a dos Niveles Hidrocarburos
La ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas
Ley de Consejo Federal de Gobierno
Reforma de la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=25745
Prohibido despilfarrar el agua en San Juan de los Morros
Alcaldía y Concejo Municipal de Roscio emitieron decreto de emergencia
Jueves, 17 diciembre a las 23:51:13
Los autolavados serán los principales afectados, ya que les serán retiradas las conexiones a la red de agua potable
Ante la gravedad que presentan las reservas de agua potable de las que se surte San Juan de los Morros, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Franco Gerratana y los concejales de esta jurisdicción, promulgaron ayer el decreto 034-009, mediante el cual se prohíbe el despilfarro de agua potable, imponiendo sanciones que van desde arrestos que pueden durar entre cinco y treinta días hasta multas comprendidas entre 20 a 30 Unidades tributarias, sanciones que serán aplicadas tomando en cuenta lo establecido en el Artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal.
Y es que las fuentes naturales del vital líquido que surten a la capital guariqueña se encuentran por debajo de sus mínimos históricos, como reseñáramos en nuestra edición del miércoles, situación que padecen los embalses de Tierra Blanca, Camatagua y El Dique en el sector El Castrero, lo que ha obligado a la hidrológica a extremar el racionamiento que ya venían padeciendo los sanjuaneros, llevando el agua sólo una vez por semana a todos los sectores de ésta ciudad.
El decreto de emergencia establece la prohibición de utilizar el agua potable en el riego de jardines y lavado de autos particulares o a través de empresas que presten este servicio, que en San Juan asciende a 40 registradas ante la Alcaldía, aún cuando extraoficialmente se conoce la existencia de más de cien establecimientos de este tipo, a los cuales les serán desconectadas las aducciones a la red de aguas blancas, mientras dure la situación de emergencia. Por lo pronto, los autolavados sólo podrán prestar servicio durante tres horas al día, y con agua suministrada a través de camiones cisternas, captadas en pozos que serán recuperados por la autoridad municipal.
Quienes incumplan esta disposición serán objetos de sanciones que pueden ir desde multas de entre 20 a 30 unidades tributarias, según la gravedad del despilfarro del vital líquido, a arrestos de entre 05 y 30 días en caso de reconectar sin autorización la toma de agua potable. La medida comenzará a ser aplicada a partir del lunes 21 de diciembre y se extenderá hasta que se normalice el servicio de agua potable, cuestión que no se vislumbra hasta la entrada de la temporada de lluvias en abril o mayo del próximo año.
Texto Nancy Martínez
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1124
El jurista considera que la detención de la juez Afiuni “mató” la autonomía del Poder Judicial.
“Estamos en la hora menguada del Poder Judicial”, aseguró el abogado penalista Juan Raffo Malavé, al expresar su opinión con respecto a la detención de la juez María Lourdes Afiuni Mora, señalada por estar presuntamente implicada en irregularidades que habrían permitido la libertad del empresario Eligio Cedeño, el jueves pasado.
“En este momento, todos los jueces de la República estarán pensando en la doctora cada vez que revisen un expediente”. Para Malavé el momento de la aprehensión de la magistrada es considerado “un día negro para el Poder Judicial”.
Malavé calificó de “atroz” las acciones contra la juez Afiuni, por considerar que afecta gravemente la autonomía del Poder Judicial. Explicó que, a su juicio, la magistrada actúo apegada a las leyes y a lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 44, según el cual “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.
Recordó que cuando un magistrado toma una decisión, los fiscales del Ministerio Público (MP) o los que se sientan afectados, pueden ejercer una serie de recursos contemplados en la ley, recurso de revocación, de apelación o de casación. “Esos son los canales regulares para impugnar las decisiones judiciales, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal”.
El abogado lamenta entonces que los venezolanos tengan que vivir en un sistema “parapolicial”, en el que los fiscales del Ministerio Público no solamente cuentan con los recursos señalados en la ley, “sino también con el recurso de denuncia y manejo de los cuerpos policiales a su antojo”.
Malavé insiste en que la juez Afiuni actúo apegada a la ley, argumentando que la autonomía le otorga la potestad a los magistrados de decidir las condiciones en las que una persona debe ser juzgada en libertad.
“En la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal se estableció que las penas privativas de libertad no pueden ir más allá de dos años, a menos que exista una prórroga solicitada y aprobada por un tribunal y en el caso que nos ocupa, la persona tenía detenida más de dos años”.
De acuerdo con Malavé una persona no puede ser detenida de manera indefinida sin ser juzgada, porque en ese caso se estaría violando lo establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
“Yo supongo que la doctora Afiuni, actuando de manera constitucional y pensando en los pactos internacionales, tomó la decisión de otorgar una libertad, cumpliendo con lo establecido en el propio Código Orgánico Procesal Penal”.
El especialista en Procesal Penal también critica los delitos por los cuales imputaron a la magistrada. “Se trata de un abuso de autoridad, hicieron un popurrí de delitos, hicieron una mescolanza de leyes distintas”.
Malavé denuncia que en el país existe una componenda entre fiscales y jueces y señala que los jueces se han convertido en ejecutores de políticas represivas. Ante la inseguridad jurídica el jurista recomienda a los ciudadanos organizarse para combatir los excesos, las aberraciones y los desmanes judiciales.
Según la información publicada en el portal del Ministerio Público (MP), la juez 31° de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni Mora está imputada por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, previstos en la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
http://www.correodelcaroni.com/content/view/143606/112/
México - Estudian criterios y conductas de los jueces
Por: Alberto Medina Espinosa, Miércoles, 16 de Diciembre de 2009
Para adentrar mejor a los juristas al libre estado de derecho y conozcan criterios que se aplican en la Corte, el Magistrado Abraham Calderón Díaz llevó a cabo plática.
Para adentrar mejor a los juristas al libre estado de derecho y conozcan los criterios que se aplican en la Corte, el Magistrado Abraham Calderón Díaz del Poder Judicial Federal llevó a cabo una plática en la ciudad con respecto a los criterios y conductas de los jueces.
La cita fue en la Casa de la Cultura Jurídica donde habló de la jurisprudencia en todo su esplendor.
, donde habló desde lo que es fraude, inexistencia de él, , tratándose de un contrato privado.
no se puede atribuir al incumplimiento carácter penal, si no se prueba la existencia del engaño en la época en que se celebró el contrato hasta sus límites.
Que por cierto en ciertos casos separan al derecho penal y al derecho civil son tan sutiles que pueden determinar la desfiguración del derecho privado para servir, desafortunadamente, a quienes merecen la represión del derecho penal; pero, también por la misma sutileza de las fronteras que median entre ambas disciplinas, puede acontecer lo contrario.
Dijo que en en efecto, es explicable que a veces los Jueces Penales, al estudiar cuestiones de esta naturaleza, incurran en el error de considerar conductas meramente civiles como delictuosas, desvirtuando en esa forma el derecho penal, el cual queda por ello al servicio de intereses particulares, como son los del contratante que se dice víctima del engaño y que al contratar aceptó el riesgo de que su contratante no cumpliera, lo cual puede suceder y de hecho sucede frecuentemente, a pesar de que la parte que no cumple haya celebrado el contrato con la suficiente buena fe y la intención de cumplir.
Adoptar criterio distinto conduciría sin esfuerzo a la consideración de que todos aquellos que incumplan con los contratos serían delincuentes, por lo que debe advertirse con claridad en todo caso, la existencia del elemento engaño al celebrarse el contrato para que pueda proceder la represión penal.
Lo anterior en este tema pero amplió su plática con los juristas, ya que en las sociedades conviven sistemas normativos, es decir, distintos ordenamientos de la conducta humana.
Entre éstos encontramos a la moral, los convencionalismos sociales, las religiones y por supuesto, al derecho.
Todos estos prescriben conductas.
“Las normas de derecho se distinguen, también por su manera de conformarse, es decir, de formalizar y con ello incorporar o desincorporar sus contenidos normativos.
Éstas se formalizan por una serie de procesos o actos determinados expresamente en cada sistema de derecho positivo en las llamadas normas sobre producción jurídica”.
Así la identificación de las normas que constituyen el derecho requiere, de un proceso formal por el que la autoridad signa ciertas normas o prescripciones de conducta catalogándolas como jurídicas.
Por ello se le conoce como derecho a los procedimientos y actos de identificación o formalización - validación de las normas jurídicas con el nombre de fuentes formales.
Y los contenidos normativos que se incorporan al sistema jurídico se denominan fuentes materiales o reales del derecho.
A los documentos o textos de derecho positivo no vigente que sirven de inspiración o antecedente para la formalización del derecho, se les denomina fuentes históricas.
“El objetivo de las fuentes formales del derecho, era establecer con claridad los procesos artificiales de elaboración del derecho, ya que su origen natural se hallaba en el espíritu de los pueblos”.
Y la elaboración de normas jurídicas corre a cargo tanto de la autoridad (a través de sus óranos legislativos, ejecutivos o judiciales) como de los particulares ( a través de la costumbre jurídica o sus contratos privados).
Dichas normas jurídicas según sean sus fuentes, adquieren la forma de ley, jurisprudencia, costumbre jurídica o normas jurídicas individualizadas.
Por lo que Abraham Calderón Díaz, citó que es urgente que los juristas se adentren cada vez más a los raciocinios del derecho y estos vean las necesidades de prepararse cada vez más en los criterios que se aplican en las cortes.
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=360279
Publicadas por Zdenko Seligo el jueves, diciembre 17, 2009
Argentina - "Se habla mucho de los derechos y poco de las obligaciones"
Los intelectuales / Ricardo Guibourg
¿Qué consecuencias tiene la crisis legislativa?
Está llevando a una situación un tanto caótica. Por un lado, los ciudadanos están perdiendo la confianza en la legislación y en los legisladores. Esto no sólo pasa en la Argentina: es un fenómeno mundial. La gente vota, pero no se siente representada. Es más: tiende a pensar mal de los representantes que elige. Entonces va a reclamarles a los jueces. No es que confíe en ellos, pero hay una peculiaridad del Poder Judicial, y es que un juez no puede "cajonear" nada. Si usted le presenta una demanda a un juez, él está obligado a contestarla, a decirle que sí o que no. Ningún legislador está obligado a eso. Por eso la gente va a los jueces.
¿La Justicia está dando las respuestas que debería dar el Poder Legislativo, entonces?
Si yo convenzo al juez de que tengo un derecho, el juez se considera obligado a reconocérmelo como preexistente. Pongo un ejemplo: la Corte Suprema de Justicia ordenó sanear el Riachuelo. La Corte no debería hacer eso, porque lo tendrían que hacer el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Ahora, claro, si nadie lo hace y, mientras tanto, hay una Constitución que dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano, no habrá más remedio que la Corte Suprema. Pero esto es un defecto del sistema jurídico, no una virtud de la Justicia. La Justicia no tendría que verse precisada a meterse en el tema. Esto se está dando en el mundo, no es sólo un problema político argentino.
¿Está mal que los jueces tengan tanta presencia pública?
Los jueces deben ser activos para garantizar los derechos de los individuos, pero no deberían gobernar. No lo digo porque no tengan la capacidad para hacerlo, porque a lo mejor la tienen, pero la visión del juez no es colectiva, sino particular. Al juez le someten un expediente, un caso particular, no el de al lado. En cambio, el legislador sí puede resolver ese caso junto con todos los demás. Pero como el legislador no lo hace, los jueces se ven obligados, porque no tienen más remedio. Yo, como juez, también tengo que hacer lo mismo, pero no está bien que no tengamos más salida que actuar así.
Es necesario unificar el sistema, y hay dos maneras de hacerlo. La primera, la que más me gusta, es por medio de acuerdos judiciales, que me parece que podrían funcionar bien. La otra es unificarlo por el lado del poder político, pero con esto se echarían por tierra una cantidad de garantías que los ciudadanos venimos atesorando desde hace doscientos años.
¿Los medios de comunicación afectan la actitud que las personas tienen acerca de la administración de justicia?
Afectan mucho. Las personas, en general, tienden a pensar que el que comete un delito tiene que estar preso, no importa si con sentencia o sin ella. Pero si no hay sentencia, ¿cómo se sabe quién cometió el delito? La gente dice entonces: "Pero si todo el mundo sabe quién cometió el delito". Claro, todo el mundo lo sabe quiere decir: lo dicen los medios...
Usted se refiere a que hay algunos casos que no tienen sentencia judicial, pero sí de la opinión pública.
La gente ve la realidad como si fuera una novela policial, y elige su culpable. A lo mejor está en lo cierto y a lo mejor se equivoca. ¿Quién puede saberlo? Para eso están los jueces, y a veces los jueces tampoco lo saben...
¿Hay una diferencia entre cómo la gente común concibe el derecho penal y cómo lo entienden los penalistas?
?Hay un divorcio notable. Por un lado, observo, como jurista, que casi ningún penalista cree en el derecho penal. Piensan que no sirve para nada. Por otro lado, cuando las personas examinan la situación frente al delito, hay algunos delitos que les parecen terribles y otros no tanto. Los que les parecen más terribles son los que están seguros de que nunca van a cometer y de los que pueden ser víctimas. Cuando es al revés, su posición cambia completamente. Hay un penalista alemán, Günther Jakobs, que habla del derecho penal del enemigo. Es decir: hay una cantidad de seres que son enemigos del sistema. Entonces, para ellos se propugna que debe haber menos garantías. La gente, en general, piensa en quiénes están de su lado y quiénes del otro. Para los que están de su lado tiene mucha contemplación, pero no para los otros. Como decía un presidente argentino, "para los amigos, todo; para los enemigos, ni justicia".
¿La Justicia puede dar una respuesta para que los ciudadanos tengan más seguridad?
?Hay dos sectores muy distintos: uno es la justicia penal y otro es la justicia no penal. La no penal tiene un montón de problemas, pero da respuestas, funciona. En cambio, la justicia penal no tiene posibilidad de funcionar, porque no da abasto. Hay una enorme cantidad de actos que son definidos como delitos por el Código Penal, y solamente una ínfima cantidad de ellos llegan a juicio. De éstos pocos tienen condena. Son demasiados delitos: la sociedad no está preparada para investigar y sancionar todos los delitos que se cometen.
¿El sistema está colapsado?
Yo creo que sí. Hay un colapso en el sistema, pero no sólo en el sistema jurídico, sino también en el sistema social. Una de las fuentes más fecundas del delito es la desigualdad social. No la pobreza. Como nuestra sociedad no tiene miras de obtener mayor igualdad social, tampoco tiene miras de dejar de fomentar el delito.
¿Usted tiene esperanzas de que la situación mejore?
Yo tengo la esperanza de que se piense con más claridad en el problema. Hoy, lo que hace difícil encontrar soluciones es la oscuridad del pensamiento sobre la cuestión legal y judicial. Como decía Wittgenstein: "Todo lo que merece ser dicho merece ser dicho claramente". Creo en hablar con claridad, no en japonés, como hacen muchos filósofos, sino en lenguaje llano. Tratar de entendernos los unos a los otros. A veces no sabemos distinguir el significado de las palabras que usamos. Este es un problema de la filosofía, y de la filosofía del derecho en especial, que estamos tratando de eliminar.
RICARDO GUIBOURG especialista en filosofia del derecho
Nació en: Buenos Aires, el 18 de agosto de 1938.
Cargo: es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Publicaciones: lleva publicados quince libros y más de 200 artículos sobre filosofía del derecho, lógica, epistemología, ética y administración de justicia.
Potencia: sobre su disciplina, afirma: "La Argentina es apreciada mundialmente en esta área. Casi en ninguna parte hay tantos especialistas. Somos una potencia".
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1212118
Abogado asegura que Leocenis García es un perseguido político
Caracas, diciembre 14 (REDACTA).- El abogado defensor de Leocenis García, Pedro Aranguren, reiteró este lunes que contra el periodista “se utilizan los tribunales como una venganza política” y fustigó que no se le dé un juzgamiento en libertad.
“El artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la audiencia preliminar se da entre 10 y 15 días después de la acusación que se hizo el 27 de mayo de 2008, y fue hasta hace unos días, una semana, que esa audiencia se dio, es decir, que lo tuvieron un año y seis meses sin la audiencia preliminar, sin trasladarlo a los tribunales, sin el debido proceso”, según reseñó Unión Radio.
Aranguren pidió a los venezolanos no olvidar el caso de García, a quien considera un preso político. “Es un periodista que es un perseguido político y que se están utilizando los instrumentos de poder para mantenerlo callado”. Aspira a que en el país la justicia llegue a todos los ciudadanos por igual.
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a151209f08&id=t151209-f08
El presidente llamó "bandida" a la jueza, lo cual provocó el rechazo de la oposición y de algunos expertos legales, según los cuales el caso es un indicio más de la influencia que Chávez ha adquirido sobre el Poder Judicial.
"Se trata de una presión inadmisible del poder ejecutivo en el poder judicial", dijo Alberto Arteaga Sánchez, profesor de derecho penal de la Universidad Central de Venezuela. "Es un caso realmente que pone en evidencia la debilidad del sistema democrático venezolano".
El Colegio de Abogados de Caracas dijo que la decisión de la jueza de dejar en libertad al banquero mientras aguarda juicio era conforme a la ley. La presidenta del colegio, Yvett Lugo, dijo a la prensa que "se evidencia la quiebra del estado de derecho y del principio de la separación de poderes".
Chávez se mostró furioso el viernes, antes del anuncio de los cargos, al decir en un discurso televisado: "Yo exijo dureza contra esa jueza". Dijo que había discutido el caso con un juez de la corte suprema.
"Es mucho, mucho, mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo", dijo Chávez. "Habrá que meterle pena máxima a esta jueza, y a los que hagan eso. ¡Treinta años de prisión!, pido yo a nombre de la dignidad del país. Esa jueza tiene que pagar, con todo el rigor de la ley, lo que ha hecho".
http://www.telemundo51.com/noticias/21972776/detail.html
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota∋d=33610
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=210308≤e=4
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=210271≤e=2
PDVSA incurre en "apropiación indebida" de los tributos municipales
web@laverdad.com - Daniela García - Maracaibo - 24/11/2009 00:01 24
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene un mono enorme con la Alcaldía de Maracaibo. La industria no está transfiriendo a las arcas del ayuntamiento los recursos que cobró a las contratistas petroleras por concepto de impuesto municipal.
Oscar Atencio, gerente general de Servicio Autónomo Municipal de Administración Aduanera y Tributaria (Samat), denunció que la empresa nacional le adeuda 14 millones de bolívares fuertes a Maracaibo.
El funcionario aseguró que desde el mes de octubre de 2008 Petróleos de Venezuela practica retenciones de impuestos de las contratistas y "no las entera al municipio".
"PDVSA fue notificada en el mes de julio que fue excluida del sistema de agentes de retención, pero aun así continuó reteniendo impuestos de todas las contratistas domiciliadas en Maracaibo".
Atencio recordó que el Código Tributario establece que cuando el agente de retención no entera la cantidad de los impuestos recabados, pasa a ser objeto de sanción por el delito de "apropiación indebida", el cual está penalizado por el Código Orgánico Procesal Penal.
El representante del Samat explicó: "El agente de retención, persona natural -en este caso el gerente de Finanzas de PDVSA-, puede ser castigado con sanciones penales de hasta cinco años de prisión".
En el caso de las apropiaciones indebidas, no sólo existen castigos penales sino administrativos. "Las sanciones pecuniarias en esta materia son las más onerosas, según el Código Tributario. La sanción puede llegar a 500 por ciento de la cantidad no entregada al fisco municipal".
Ada Raffalli, concejala de Maracaibo, aseguró que adicional a la deuda de 14 millones de bolívares fuertes que tiene PDVSA con el municipio, están los pagos pendientes que tienen las empresas mixtas, cuyas mayorías accionarias están en manos del Estado.
La edil agregó que las firmas de capital compartido Petroregional del Lago, Petroboscán y Petroindependiente le adeudan 54 millones de bolívares fuertes al ayuntamiento por concepto de regalías.
Las empresas mixtas le deben al municipio las ventajas económicas especiales correspondientes a los últimos dos meses de 2008 y todo el año 2009.
Raffalli aseguró que la Alcaldía necesita que tanto PDVSA como las compañías de capital compartido se pongan al día con el pago de los tributos. El dinero se requiere para cumplir compromisos laborales y ejecutar obras.
Ayer la Cámara Municipal de Maracaibo realizó una sesión extraordinaria para tratar el punto de las deudas que tienen con Maracaibo las empresas petroleras.
El concejo decidió exhortar a Daniel Ponne, alcalde encargado, a que gire instrucciones a la Sindicatura Municipal para que realice las denuncias correspondientes ante los tribunales y la Fiscalía General de la República.
En Maracaibo están domiciliadas tres empresas mixtas, cuyas mayorías accionarias están en manos del Estado a través de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), en representación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y la minoría en manos de transnacionales.
Las empresas de capital compartido que funcionan en el ayuntamiento son: Petroboscán (60 por ciento de CVP y 40 por ciento de Chevrón), Petroindependiente (75 por ciento de CVP y 25 por ciento de Chevrón) y Petroregional del Lago (60 por ciento de CVP y 40 por ciento Shell).
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=24347
Zuloaga: “Chávez me quiere preso bajo cualquier pretexto”
web@laverdad.com - José Gregorio Martínez - Caracas - 19/11/2009 00:01 19
Alerta pero de pie y con la frente en alto, así está Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, ante la información que trascendió de que en los próximos días le dictarían medida privativa de libertad. “Tenemos una denuncia muy grave de la que nos hemos enterado por fuentes fidedignas que nos merecen toda confianza. Nos hemos enterado que el presidente Hugo Chávez dio la instrucción de que me quiere preso bajo cualquier pretexto”, advirtió ayer Zuloaga en rueda de prensa desde la sede del canal en La Florida.
Perla Jaimes, representante legal, precisó que el próximo 4 de diciembre vence el lapso de seis meses que tiene la Fiscalía para presentar el acto conclusivo por el presunto delito de usura genérica que le fue imputado al presidente de Globovisión por la permanencia de 24 vehículos de su empresa ToyoClub en su residencia en la urbanización Los Chorros. Zuloaga alertó que el Ministerio Público, siguiendo instrucciones del Ejecutivo, estaría haciendo “diligencias apresuradas” para cumplir con la orden de meterlo preso antes de la fecha establecida por la ley.
“No se exactamente para cuando lo tengan pensado, pero lo que sí tenemos, por fuentes cercanas a donde fueron dadas las instrucciones, es que el deseo es que me metan preso, por eso tenemos esta urgencia de que por lo menos la gente, si aparezco preso mañana, sepa porque fue”.
En el acto conclusivo el Ministerio Público debe decidir si acusa y pasa el caso a juicio, sobresee la causa por falta de elementos o declara archivo fiscal para reabrir la causa cuando cuenten con las pruebas suficientes. Zuloaga teme que en caso de no tener pruebas para enjuiciarlo pase con él lo mismo que con Nelson Mezerhane por el caso Anderson. “A mi socio lo tienen cuatro años con un archivo fiscal, como revolver cargado ahí listo por si te portas mal te vuelvo a sacar el expediente”.
Como una prueba más de que en Venezuela se utiliza el sistema judicial para perseguir a quien piensa diferente o critica al Gobierno, calificó el presidente de Globovisión la presunta medida que se estaría ejecutando en los próximos días en su contra. Dijo sentir “un poquito de miedo y angustia” más no temor a ir a la cárcel por mantener informada a la población sobre los problemas que enfrentan diariamente los venezolanos.
Guillermo Zuloaga aseguró que el temor está del otro lado. Considera que no se trata de una acción contra Guillermo Zuloaga sino contra el presidente de Globovisión y contra la libertad de expresión para que no se siga informando al país sobre los altos índices de inseguridad, la escasez de agua y los apagones, por ejemplo. Sin embargo, garantiza que “Globovisión no dejará de cumplir con su compromiso y razón de ser, que es mantener a Venezuela y gran parte del mundo informado de la triste realidad que hoy en día vivimos”.
Según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), las medidas privativas de libertad se dictan cuando hay obstrucción a la investigación o peligro de fuga. Zuloaga precisó ayer que ha cumplido con 18 presentaciones y seguirá dando la cara. También dejó claro que no está en sus planes irse del país, pues no se ve viviendo en otro país que no sea Venezuela.
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=24050
Publicadas por Zdenko Seligo el domingo, noviembre 22, 2009
Privaron de libertad 11 GNB y 6 civiles por evasión de ex futbolista de El Dorado
A solicitud del Ministerio Público (MP) fueron privados de libertad once efectivos de la Guardia Nacional y seis funcionarios civiles del Centro Penitenciario Región Oriental "El Dorado", por su presunta responsabilidad en la evasión de un interno de ese penal, ocurrida entre los días 7 y 8 de este mes.
En la audiencia de presentación, los fiscales 68° nacional (e), Juan Rodolfo Martínez, y su auxiliar, María Navarro; además de los fiscales regionales 2° auxiliar, Edgar Millán, y 4°, Mayerling Acosta, imputaron al capitán Albino Blandín, comandante del Destacamento 55 ubicado en El Dorado; a Luis Aranguren, director del referido centro penitenciario, y a los militares Luis Girón, Luis Rodríguez y José Rafael Pinto por los delitos de evasión de detenido, desaparición forzosa de personas, corrupción impropia y asociación para delinquir.
Mientras, los funcionarios de la GNB, Andrés Sarmiento, Adelio Fernández, Pedro Veliz, Eleazar Marcano, Rafael Rodríguez, Benigno Sánchez y Jorge Mariño, y los funcionarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia José Villamizar, Rogelio Martínez, Álvaro Bueno, Ismel Córdova y Enmanuel Gómez, fueron imputados por los mencionados delitos con excepción de desaparición forzosa.
Los referidos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Contra la Corrupción, reseñó un comunicado de prensa del MP.
El Tribunal 4° de Control de Puerto Ordaz dictó la medida de privación de libertad. En ese sentido, ordenó la reclusión de los militares en la sede del Comando Regional N° 8; mientras los custodios permanecerán en la Comisaría de la Policía en Guaiparo.
Los días 7 y 8 de noviembre, las autoridades verificaron que el interno Eduardo Natera, no se encontraba en el recinto penitenciario. El MP fue notificado el pasado lunes 9 y, por consiguiente, se inició la investigación.
El fiscal Martínez, en conjunto con el fiscal de Ejecución de Sentencia del estado Bolívar, Carlos Alberto De Sa, solicitó las órdenes de aprehensión en contra de los militares y los civiles el jueves 12, de acuerdo con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp). La misma fue acordada por el Tribunal 3° de Control de Puerto Ordaz.
Vale recordar que Eduardo Natera, quien era delantero del equipo de fútbol profesional de Minerven, fue condenado a 14 años de prisión, por ser el responsable del robo de un fusil automático liviano (FAL), hecho ocurrido el 27 de mayo de 2008, en Puerto Ordaz.
http://globovision.com/news.php?nid=133476
Fiscalía imputó a 5 funcionarios de PoliSucre por caso de muerte de ex boxeador Félix Lara Guzmán
El Ministerio Público imputó a cinco funcionarios de la Policía del estado Sucre, por estar presuntamente relacionados con la muerte del ex boxeador Félix Lara Guzmán, hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado 05 de octubre, en Cariaco, municipio Ribero de la mencionada jurisdicción.
El fiscal 8° de Cumaná con competencia en materia de derechos fundamentales, Juan Pablo Bencomo, imputó al funcionario Félix Ramón Zabala, por los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de reglamento.
Los funcionarios Víctor Julio Ruiz, Carlos Julio Cova, Edgar José Alcalá y Jesús Enrique Payares fueron imputados por encubrimiento y simulación de hecho punible.
Con el acto de imputación los presuntos responsables adquieren los derechos contemplados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos de los imputados.
La muerte de Lara Guzmán ocurrió cuando al parecer éste sostuvo un incidente con funcionarios de la Policía Regional, en las adyacencias de la comandancia policial en Cariaco. Lara Guzmán fue herido, motivo por el cual fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció.
http://globovision.com/news.php?nid=133626
Ha lugar pretensión de radicación del caso de los GN por la presunta comisión del delito de sicariato.
11 de noviembre de 2009.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de su presidente, el magistrado Eladio Aponte Aponte, declaró ha lugar la pretensión de radicación propuesta por Tutankamen Hernández Rojas, Fiscal Quinto del Ministerio Público con Competencia ante las Salas de Casación y Sala Constitucional del TSJ, referente a la solicitud de radicación interpuesta por dicho ciudadano, y que se relaciona con la causa seguida al imputado Gonder Manuel Moros Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de porte ilícito de arma de fuego, robo agravado, resistencia a la autoridad, coautor material en la comisión del delito de sicariato y asociación a un grupo de delincuencia organizada para cometer el delito de vicariato, en perjuicio de dos Guardias Nacionales.
Dictada la decisión, se ordenó la remisión inmediata del expediente contentivo de la causa Nº 6C-10437-09 a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que proceda a su respectiva distribución.
De acuerdo a los hechos planteados por el Ministerio Público, que fundamentan la pretensión radicatoria, se señala que el 02 de noviembre de 2009, el funcionario Sub-Inspector Lcdo. Jhon Jaimes, adscrito al Departamento de Investigaciones de esta Sub-Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se encontraba en la sede de dicha Sub-Delegación, cuando siendo aproximadamente las 2:40 horas de la tarde, recibió una llamada telefónica de parte delAgente Saye Colmenares, destacado en la red de emergencia 171, informando que en el Punto de Control Móvil de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la Plaza Bolívar de la Parroquia El Palotal, se encuentran dos efectivos castrense del género masculino, sin signos vitales.
En virtud de estos hechos, se procedió a constituir una comisión del CICPC que se trasladó al lugar, constató el suceso y pudo recoger algunas informaciones de un grupo de vecinos que testificaron sin dar su identificación y manifestaron que los sujetos que actuaron en el hecho son conocidos en el sector como integrantes del Grupo Subversivo paramilitar “paracos”, quienes responden a los apodos de “el shakira”, “el fósforo”, “el gato”, “el plátano”, “el chavo”, “el zaraguro” y “el payaso”, según señala el texto.
Posteriormente, durante un operativo realizado en la frontera por parte de la GN venezolana, se logró la detención de Moros Rodríguez Yonder Manuel, de nacionalidad venezolana, quien al parecer está involucrado en el caso, de acuerdo a experticia balística comparativa practicada al arma de fuego que éste portaba al momento de su detención.
Sobre el caso, el Ministerio Público se pronunció advirtiendo que “resulta palmario y evidente las situaciones que han mantenido en zozobra a la población de Pedro María Ureña en el estado Táchira, y a toda los residentes de las poblaciones fronterizas con Colombia que se encuentran ubicadas en las adyacencias, por la conmoción que ha causado el presente caso y la connotación que le han brindado los medios de comunicación y difusión social respecto del múltiple homicidio perpetrado en esa región de nuestro territorio en perjuicio de los ciudadanos Zambrano Zambrano Gerardo y Segnni López Buyssi Semidey, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana”.
Ante la solicitud, la Sala de Casación Penal recordó que con el ánimo de resguardar los derechos y garantías constitucionales, ha consentido la posibilidad de radicar la causa a un Circuito Judicial Penal distinto al que inicialmente conoce, cuando en la comisión de delitos graves que causen conmoción pública, se reflejen circunstancias que pongan en peligro la buena marcha del sistema de justicia penal o la seguridad e integridad de alguna de las partes involucradas en el proceso.
Observó la Sala que el representante del Ministerio Público acompañó su escrito con una serie de copias fotostáticas de reseñas aparecidas en diversas fuentes de comunicación social, regionales, nacionales e internacionales, que muestran detalles del hecho sucedido en la frontera.
En consecuencia, con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de todas las partes involucradas en el presente proceso, la transparencia judicial, la imparcialidad de los jueces y el respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal; en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala consideró procedente declarar: ha lugar la radicación de la presente causa al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su pronta distribución y continuación del proceso.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Noviembre/556-51109-2009-R09-406.html
http://www.aporrea.org/actualidad/n145357.html
España - Piden que el alcohol sea un agravante en el maltrato
Hasta ahora sólo lo es en delitos de seguridad vial
El Congreso de los Diputados pidió ayer que el consumo de alcohol o drogas pase a ser un agravante específico en delitos relacionados con la violencia de género. Así se recoge en el informe de conclusiones de la subcomisión que lleva nueve meses estudiando en qué se podría mejorar la Ley Integral contra la Violencia de Género. El documento, apoyado por PSOE, PP, CiU y BNG, será votado el próximo martes.
Aunque un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial puso de manifiesto que sólo en cuatro sentencias de 530 la adicción a estas sustancias actuó de eximente, un gran número de abogados defensores lo ven como recurso. Para Lola Aguilar, directora del Centro de Recuperación Integral para Mujeres y Meno res Víctimas de Violencia de Género, se debería ampliar el alcohol como agravante a "cualquier delito en que su uso aumente la peligrosidad".
Alicia Rodríguez, experta en derecho penal y violencia en el ámbito familiar, considera positivo este nuevo agravante, como ya lo son "perpetrar la violencia doméstica en presencia de menores, usando armas, o en el domicilio común".
http://www.adn.es/impresa/lavida/20091111/NWS-0209-Piden-agravante-maltrato-alcohol-sea.html
España - La peligrosa aplicación del 'derecho penal del enemigo' a los maltratadores
LA UNANIMIDAD política conseguida en torno a la reforma del Código Penal para que el consumo de alcohol y drogas sea un agravante en los casos de maltrato contra las mujeres es inquietante y dice mucho acerca de con qué facilidad se apuntan los partidos a lo políticamente correcto. Si el Gobierno hace caso al Congreso y reforma la Ley contra la Violencia de Género en este sentido, se estará aprobando de hecho un Código Penal paralelo destinado únicamente para determinados hombres: los maltratadores, quienes de esta forma carecerán de las mismas garantías jurídicas que tienen los otros delincuentes en nuestro Estado de Derecho, por abominables que sean sus crímenes. Es decir, se aplicaría a los maltratadores el llamado derecho penal del enemigo, acuñado por el jurista alemán Günter Jakobs y considerado por la mayoría de los penalistas como una aberración jurídica, ya que parte de la base de que en la sociedad hay «personas», a las que se aplica la legislación penal general, y «enemigos o no personas», cuya peligrosidad está en su propia existencia, aun antes de que cometan un delito. Huelga decir a qué extremos se ha llegado en la Historia aplicando este tipo de derecho, del que Guantánamo es el último caso denunciado. No se trata de negar que el maltrato es una lacra que es necesario combatir. Pero el hecho de que ninguno de los partidos con representación parlamentaria haya valorado el alcance de lo que están proponiendo es más que preocupante.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/11/opinion/20430936.html