Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-172-de-marzo-2-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f0e4f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-18 02:31:41
Document Index: 118786062

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 38', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 156', 'artículo 3', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 162', 'artículo 8']

﻿ SENTENCIA C-172 DE MARZO 2 DE 2004
SENTENCIA C-172 DE 02 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:CONVENIOS INTERNACIONALES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS, ADOPTADO EN NUEVA YORK EL 25 DE MAYO DE 2000, ASÍ COMO LA LEY 833 DEL 10 DE JULIO DE 2003, POR MEDIO DE LA CUAL FUE APROBADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENIO INTERNACIONAL, CONFLICTO ARMADO, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD
Sentencia C-172 de marzo 2 de 2004
Ref.: Expediente LAT-246
Revisión de constitucionalidad de la Ley 833 del 10 de julio de 2003, “por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)”.
EXTRACTOS: «I.Texto
Dice así la ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 45.248 del 14 de julio de 2003.
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
Visto el texto del “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo del dos mil (2000), que a la letra dice:
ART. 1º—Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.
ART. 2º—Los Estados partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.
1. Los Estados partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3º del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.
5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1º del presente artículo no es aplicable a las escuelas gestionadas o situadas bajo el control de las fuerzas armadas de los Estados partes, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
ART. 5º—Ninguna disposición del presente protocolo se interpretará de manera que impida la aplicación de los preceptos del ordenamiento de un Estado parte o de instrumentos internacionales o del derecho humanitario internacional cuando esos preceptos sean más propicios a la realización de los derechos del niño.
2. Esa denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le incumban en virtud del presente protocolo respecto de todo acto que se haya producido antes de la fecha que aquella surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme du Protocole facultatif a la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armes, adopté par l’Assemblée genérale des Nations Unies le 25 mai 2000, et dont l’original se trouve déposé auprés du Secrétaire général des Nations Unies.
Pour le Secrétaire General Le Sous-Secrétaire General chargé du Bureau des affaires juridiques.
United Nations, New York 1º june 2000
Organisation des Nations Unies New York, le 1º juin 2000.
ART. 1º—Apruébase el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de la República de Colombia, tenemos el honor de someter a su consideración el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
Esta transformación se distingue por varias características: casi todos los grandes conflictos armados del mundo son hoy conflictos internos, los cuales son prolongados y duran años, si no décadas; el conflicto enfrenta a adversarios que se conocen bien, es decir, compatriota contra compatriota, vecino contra vecino; se caracterizan por la disolución social, la ilegalidad generalizadas, la proliferación de las armas pequeñas y las armas ligeras, el uso indiscriminado de minas terrestres antipersonales y la participación de muchos grupos armados a menudo semiautónomos.
Con la mayor falta de escrúpulos, se ha obligado a los niños a convertirse en instrumentos de guerra, siendo reclutados o raptados para convertirlos en niños soldados. Un elemento fundamental de esta lucha es la demonización de la llamada “comunidad enemiga”, que a menudo se define en términos religiosos, étnicos, raciales o regionales y la organización de campañas de odio feroces. En las condiciones intensas e íntimas de las guerras intestinas de hoy, la aldea se ha vuelto el campo de batalla y la población civil su blanco principal. Es la violencia del soldado contra el civil en una escala sin precedentes.
Además, los valores comunitarios de muchas sociedades expuestas a conflictos prolongados han sido radicalmente socavados, si no destruidos totalmente. Esto ha producido una crisis de valores, un “vacío moral” en el cual las normas internacionales se desconocen con impunidad y los sistemas de valores tradicionales han perdido su autoridad.
Estos excesos ya no son excepcionales, están muy difundidos en todo el mundo y ocurren hoy en unas 30 zonas de conflicto(1).
De conformidad con el artículo 3º del protocolo, los Estados partes se comprometen a elevar la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3º del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño(2) teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.
c) Esos menores están plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar, y
De igual manera, es de destacar que, de conformidad con el artículo 4º del protocolo, los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. Esta es una disposición claramente innovadora en los tratados sobre derechos humanos y representa la primera ocasión en que una cláusula de uno de estos instrumentos contempla obligaciones que quedan directamente radicadas en cabeza de un actor no estatal como los grupos irregulares, tal como sucede con las normas del derecho internacional humanitario, DIH, aplicables en conflictos armados sin carácter internacional.
La expedición de la Ley 548 del 23 de diciembre, de 1999, es uno de los desarrollos de dicha determinación. Además de los 618 menores de 18 años que fueron licenciados por el Ejército, en aplicación de dicha ley, más de doscientos soldados salieron de las demás Fuerzas Armadas.
Con posterioridad a dicha ley se han producido dos incorporaciones de auxiliares bachilleres y en ninguna de ellas fueron incluidos menores de 18 años. Tal prohibición se encuentra señalada de manera expresa en el Instructivo 08 del 19 de enero del año 2000, en el cual se establece que “(...) se requiere dar cumplimiento estricto a dicha ley, por lo cual no se incorporarán menores de edad a la prestación del servicio militar en la Policía Nacional”.
En la actualidad, el ICBF atiende a los niños, niñas y jóvenes que abandonan el conflicto armado, bien sea por captura o por deserción. En los últimos años ha atendido aproximadamente a 360 menores. A partir de noviembre de 1999, se cuenta con un programa especial de atención a esta población, así como con instituciones de recepción y observación, las cuales después de un diagnóstico especializado, definen la ubicación de estos niños con sus familias, en programas institucionales o de medio social comunitario.
“Presentan comportamientos agresivos, incluso contra sí mismos, incluyendo el suicidio; trastorno del sueño, como pesadillas, sueños interrumpidos; trastornos perceptivos como afectación de las capacidades de hablar con claridad, nerviosismo, sudoración, miedos, falta de apetito, depresión, problemas de identidad, debilitamiento de su personalidad, ruptura con los referentes culturales y con la transmisión de las tradiciones. En cuanto a problemas físicos más frecuentes, se relacionan la pérdida de visión, la pérdida de capacidad auditiva, la pérdida de brazos y piernas. La mayor parte de estas limitaciones físicas es causada por la explosión de minas antipersonales o por explosión de bombas o granadas”.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los niños son una población vulnerable que requiere una protección especial y que es necesario seguir mejorando su situación sin distinción alguna, es de importancia práctica y simbólica la ratificación de este tratado complementario de la Convención marco sobre los Derechos del Niño, donde quizás el aspecto más significativo, como ya se destacó, radica en la inequívoca y expresa prohibición a los diversos grupos armados, distintos a las Fuerzas Armadas del Estado, de reclutar o utilizar en las hostilidades a menores de 18 años. Además la ratificación de este instrumento estaría en perfecta coherencia con la reserva formulada por el gobierno a la convención, en lo relacionado con la edad que define la infancia, porque el presente protocolo establece la prohibición de no involucrar (sic) a los menores de 18 años en los conflictos armados.
Por las razones expuestas, nos permitimos solicitar al honorable Congreso de la República aprobar el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
ART. 1º—El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las comisiones segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al periodo legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
ART. 1º—Apruébase el “Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, hecho en Montreal, el primero (1º) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991)”.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
1. Carácter preventivo del control que hace la Corte sobre los tratados internacionales.
Conforme lo dispone el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. Se trata de un control completo y automático de constitucionalidad sobre el contenido material del protocolo y de su ley aprobatoria, así como de la regularidad de su trámite legislativo. El control tiene un carácter preventivo(1) en tanto que a pesar de ser posterior a la sanción de la ley respectiva, es previo al perfeccionamiento del instrumento internacional.
Se requiere, en razón del trámite ordinario, su publicación oficial previa; la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (C.P., art. 157); que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días; que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurran por los menos quince días (C.P., art. 160), y ser sancionado por el gobierno.
a) El protocolo objeto de análisis fue suscrito por el entonces Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, quien impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 15 de mayo de 2001, tal como consta en la certificación expedida por el coordinador área de tratados de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores(2).
Quiere decir lo anterior que el Estado colombiano estuvo debidamente representado, de conformidad con la Constitución y según las reglas de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados;
b) El proyecto de ley respectivo fue presentado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa(3);
c) El texto del proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso 466 del 19 de septiembre de 2001(4);
d) La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el honorable Senador Rafael Orduz Medina, cuya publicación se hizo en la Gaceta del Congreso 632 del 10 de diciembre de 2001(5);
e) Según certificación suscrita por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, el Proyecto de Ley 110 de 2001 Senado, 229 de 2003 Cámara fue aprobado en primer debate el 11 de diciembre de 2001 (Acta 07/2001)(6), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman esa comisión, con 12 votos a favor y 0 en contra(7);
f) La ponencia para segundo debate fue presentada por el honorable Senador Enrique Gómez Hurtado y publicada en la Gaceta del Congreso 67 del 2 de abril de 2002;
g) Tal como consta en la Gaceta del Congreso 188 del 7 de mayo de 2003, el Proyecto de Ley 110 de 2001 Senado, 229 de 2003 Cámara fue aprobado en segundo debate el 22 de abril de 2003 con el voto de 98 senadores;
h) Rindieron ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes los honorables representantes Jaime Ernesto Canal Albán y Jaime Darío Espoleta Herrera, cuya publicación se hizo en la Gaceta del Congreso 213 del 22 de mayo de 2003(8). Conforme obra en el expediente, el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su posterior publicación, autorizó el 21 de mayo de 2003 la distribución en fotocopia de la ponencia para primer debate(9).
Tal proceder no es inconstitucional en cuanto, como ya lo ha manifestado la Corte, el objetivo de dar publicidad a la ponencia se puede lograr de dos formas “(i) con su publicación previa en la Gaceta del Congreso, o (ii) con su reparto anticipado a los congresistas y su publicación oportuna con posterioridad al debate”(10). En el presente caso se optó por la segunda alternativa, que está considerada en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992;
i) El Proyecto de Ley 101 de 2001 Senado, 229 de 2003 Cámara, fue aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en sesión del 21 de mayo de 2003 con la asistencia de 19 representantes y fue aprobado por unanimidad(11);
j) Para segundo debate en Cámara, la ponencia fue presentada por los honorables representantes Jaime Ernesto Canal Albán y Jaime Darío Espoleta Herrera y fue publicada en la Gaceta 265 del 10 de junio de 2003(12);
k) Obra certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes, según la cual el Proyecto de Ley 110 de 2001 Senado, 229 de 2003 Cámara, fue aprobado en sesión plenaria del 18 de junio de 2003 (Acta 59) por mayoría de los presentes de 160 representantes, sin modificación alguna(13).
3.1. Contenido del protocolo.
3.1.2. Los artículos 1º y 2º contemplan precisamente ese deber para los Estados partes de adoptar todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años tenga participación directa en hostilidades e impone la obligación de velar por que ellos no sean reclutados obligatoriamente a las mismas.
3.1.3. El artículo 3º establece que con sujeción a los principios formulados en el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a la protección especial que tienen en ella los menores de 18 años, los Estados partes se comprometen a elevar la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas a sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada por el párrafo 3º del referido artículo 38. En esa medida y al ratificar el protocolo o adherirse a él, depositarán una declaración manifestando la edad mínima permitida, dejando claro las salvaguardas adoptadas para garantizar que el mismo no se realice por la fuerza o coacción. Dicha declaración podrá ampliarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
3.1.4. En el artículo 4º se consigna la prohibición para los grupos armados distintos, de las fuerzas armadas del Estado de reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años y el compromiso para los Estados partes de adoptar medidas tendientes a impedir y castigar tales prácticas, con la acotación de que ello no afectará la situación jurídica de las partes en el conflicto armado.
3.1.5. Según los artículos 5º, 6º y 7º las disposiciones del protocolo no se interpretarán contrariando preceptos contenidos en el ordenamiento de un Estado parte, ni en instrumentos internacionales o de derecho humanitario que sean más propicios para la realización de los derechos del niño. A los Estados partes se les impone la obligación de garantizar la aplicación y vigilancia del protocolo, de difundir y promover entre la población infantil sus disposiciones, de desplegar los mecanismos para desmovilizar a quienes hayan sido reclutados o utilizados en hostilidades contrariando lo allí consignado y de procurar su rehabilitación e integración social a través de la cooperación técnica y asistencia financiera.
3.1.6. El artículo 8º establece el compromiso para los Estados partes de presentar informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento a las prescripciones del protocolo.
3.1.7. Los artículos 9º, 10, 11, 12 y 13 se refieren a la firma del instrumento internacional, su ratificación y adhesión; la entrada en vigencia; su posibilidad de denuncia; las enmiendas que pueden proponerse y la autenticidad de los textos en distintos idiomas que se depositarán en los archivos de las Naciones Unidas.
3.2. La protección de los niños y niñas en el ordenamiento interno y en instrumentos internacionales.
Los adolescentes, por su parte, también tienen derecho a la protección y a la formación integral (C.P., art. 45).
3.2.2. Ese particular reconocimiento y protección se justifica en cuanto se trata de una población vulnerable, frágil, que se encuentra en proceso de formación y como tal se hace merecedora de una atención especial. Las razones de esa protección, según ha manifestado la Corte, son: “i) el respeto de la dignidad humana que, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución, constituye uno de los fundamentos del Estado social de derecho colombiano; ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de desarrollo de sus facultades y atributos personales, en su necesaria relación con el entorno, tanto natural como social, y, iii) el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, la educación y el bienestar de los mismos”(14).
En ese orden, el Convenio IV de Ginebra de 1949 (sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra) otorga una singular protección en favor de la población infantil(15) como personas civiles que no participan en las hostilidades, y aunque no establece la prohibición expresa sobre su reclutamiento e incorporación, lo cierto es que de sus disposiciones se desprende que tales conductas no están autorizadas.
Ese amparo es aun más efectivo en los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra (Protocolo I adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales(16) y Protocolo II adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional(17)), en los cuales se estableció la prohibición de su participación en hostilidades, ya sea directa o indirecta. Allí se compromete a los Estados partes a adoptar medidas para que los niños y niñas menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades y especialmente a no reclutarlos en sus fuerzas armadas, sin distinguir si la incorporación es voluntaria u obligatoria(18).
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada en Colombia mediante Ley 12 de 1991 define los derechos mínimos que los Estados partes deben garantizar a los niños y niñas para asegurarles un nivel de vida acorde con su condición y que les permita su desarrollo integral como personas. En su artículo 1º preceptúa que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. En el artículo 38 se impone a cada Estado el compromiso de adoptar las medidas posibles para que los niños y niñas que aún no hubiesen cumplido 15 años de edad no participen directamente en hostilidades y se les obliga a no reclutar en sus fuerzas armadas a quienes no hayan cumplido esa edad, con la advertencia que cuando sean reclutados mayores de 15 pero menores de 18, se dará prioridad a los de más edad. Nótese que cuando Colombia ratificó esa convención hizo reserva en el artículo 38 numerales 2º y 3º, y estableció en 18 años la edad mínima para el reclutamiento militar.
Ahora bien, respecto a la mayoría de edad en Colombia, el artículo 1º de la Ley 27 de 1997 establece que “para todos los efectos legales, llámese mayor de edad, o simplemente mayor, a quien ha cumplido diez y ocho (18) años”, y según el Código del Menor (D.L. 2737/89 “se entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años”.
Con la expedición de la Ley 418 de 1997 (art. 13) se prohibió el reclutamiento de menores de 18 años. Posteriormente, con la modificación introducida por la Ley 548 de 1999 (art. 2º) se eliminó, inclusive, la opción de que un menor de edad voluntariamente cumpliese con el deber de prestar el servicio militar, de forma tal que en la actualidad el servicio militar solo puede efectuarse a partir de los 18 años.
En relación con el tema de que se trata el Secretario General de la Asamblea General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentó informe el 17 de septiembre de 2001 sobre los niños y los conflictos armados(19) en el que consignó su preocupación por adoptar medidas para su rehabilitación, desmovilización y reintegración. Allí se sostuvo:
“50. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad han estado de acuerdo en muchas ocasiones en la necesidad de integrar la desmovilización, rehabilitación y reintegración de los niños soldados en todas las negociaciones de paz y en los acuerdos de paz resultantes, y además en la necesidad de realizar esas actividades durante los conflictos propiamente dichos. El reclutamiento de niños es una violación de sus derechos y no se debe esperar a que haya conversaciones de paz para resolverla. La desmovilización y la reintegración pueden ayudar a prevenir la continuación de los ciclos de violencia. La desmovilización y la reintegración de los niños soldados durante los conflictos y después de ellos sigue siendo un proceso complejo y difícil, y la comunidad humanitaria sigue tratando de integrar la experiencia adquirida en los procesos de desmovilización y reintegración en Camboya, El Salvador, Liberia, Mozambique, Rwanda y otras zonas de conflicto. El consejo ha pedido acertadamente a las partes en conflictos armados que dispongan lo necesario para una rápida desmovilización y reintegración, y también a los Estados miembros que obtengan recursos adecuados y sostenidos para la reintegración a largo plazo. No obstante, entre los principales problemas con que tropiezan los organismos y los donantes que tratan de planificar un programa adecuado de desmovilización y reintegración de niños soldados figura la desalentadora falta de información básica sobre las características principales de los niños que deben ser desmovilizados y las mejores maneras de lograr su reintegración. Como resultado de las primeras lecciones del programa de desmovilización y reintegración incorporado en el Acuerdo de Paz de Lomé de 1999 en Sierra Leona se observa que esos esfuerzos deben caracterizarse por un proceso aparte de desmovilización y reintegración para los niños en el marco del programa más amplio para todos los combatientes, el hincapié en la reintegración de los niños en sus comunidades de origen, y el apoyo a los valores y mecanismos culturales existentes como las curaciones tradicionales, la mediación comunitaria y la reconciliación”.
Ese interés por brindar protección a la población infantil y el compromiso de Colombia en adelantar las políticas correspondientes, también se ha visto plasmado con la aprobación mediante Ley 704 de 2001 del Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado por la Octogésima Séptima (87) reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, Suiza, el 17 de junio de 1999(20), según el cual el término niño designa a toda persona menor de 18 años(21), y con la aprobación en virtud de la Ley 765 de 2002 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000(22).
Organizaciones no gubernamentales también se han pronunciado al respecto, tal como recientemente lo hizo Watchlist on children and armed conflict, que es una red de organizaciones no gubernamentales locales, regionales e internacionales que trabajan para proteger la seguridad y los derechos de los niños en conflictos armados, en su informe “Colombia: la guerra en los niños y las niñas(23), según el cual entre 11.000 y 14.000 niños y niñas están vinculados al conflicto armado.
4. Constitucionalidad del protocolo.
4.1. La degradación del conflicto armado colombiano ha ocasionado que un grupo numeroso de niños, niñas y jóvenes se vean involucrados en ese ambiente hostil, en ese escenario aterrador y desolador de la guerra, ya como víctimas de ataques indiscriminados en donde hay masacres, genocidios, mutilaciones, desplazamiento, hambre, pobreza y una triste situación de desprotección, o participando activamente cuando se vinculan a los grupos armados ilegales.
En efecto, en situaciones de conflicto armado los niños y niñas resultan ser blanco de hostilidades y los efectos sicológicos y sociales son profundos. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a la confrontación armada vulnera sus derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión, a la educación, a la salud, a la familia y a la recreación, entre otros. Aquellos que deciden voluntariamente vincularse o adherirse a los grupos armados ilegales lo hacen por diversas causas, ya sea económicas, sentimentales o por defender a sus familias, y en el interior de esos grupos la población infantil resulta siendo víctima de violencia y esclavitud sexual(24).
4.2. El Protocolo objeto de estudio fija la edad mínima de 18 años para el alistamiento obligatorio y eleva la edad mínima para el reclutamiento voluntario por encima de la prescrita en el párrafo 3º del artículo 38 de la Convención sobre Derechos del Niño, no obstante Colombia ya determinó como edad mínima la de 18 años. Así mismo, prohíbe a grupos armados no gubernamentales el alistamiento y utilización en los enfrentamientos de menores de 18 años y exige que los gobiernos tomen medidas para desmovilizar, rehabilitar y reinsertar en la sociedad a niños y niñas que hayan estado vinculados a algún grupo armado.
Una cuestión que resulta de gran trascendencia es la exclusión de la posibilidad de que fuerzas armadas distintas a las de un Estado recluten o utilicen en hostilidades a menores de 18 años y el compromiso impuesto a cada Estado parte para que adopte medidas tendientes a impedir ese proceder. El Código Penal colombiano en su artículo 162 tipifica como delito el reclutar, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, a menores de 18 años u obligarlos a participar directa o indirectamente en hostilidades o en acciones armadas y señala una pena de 6 a 10 años y multa de 600 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998, aprobado mediante Ley 742 del 5 de junio de 2002(25), en su artículo 8º, 2, literal b), xxvi considera crimen de guerra el “[r]eclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”.
Así las cosas, encuentra la Corte que el protocolo, lejos de desconocer la Constitución Política, lo que hace es desarrollar sus preceptos y se ajusta plenamente al contenido de los artículos 9º, según el cual las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derechos internacional aceptados; y 226 que prescribe que el Estado debe promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia social. Por tales razones se declarará su exequibilidad, así como la de su ley aprobatoria.
(2) Folio 107 del cuaderno principal.
(3) Ello consta en la Gaceta del Congreso 466 del 19 de septiembre de 2001.
(4) Así lo informó el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República (fl. 112 cdno. ppal.).
(5) Así lo informó el secretario general de la Comisión Segunda (fl. 112 cdno. ppal.).
(6) Folios 115 a 149 del cuaderno principal.
(7) Folio 112 del cuaderno principal.
(8) Folio 103 del cuaderno principal.
(9) Folio 53 del cuaderno principal. Ello fue confirmado en el informe presentado por el secretario general de la Comisión Segunda (fl. 58 cdno. ppal.).
(10) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-915 del 29 de agosto de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(11) Folio 1 del cuaderno de pruebas 2 Cámara.
(12) Folios 79 a 81 del cuaderno principal.
(13) Folios 37, 38 y 63 del cuaderno principal.
(14) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-318 del 24 de abril de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(15) Artículos 14, 17, 23, 24, 38 y 50.
(16) Fue aprobado el 8 de junio de 1977 y entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, pero para Colombia el 1º de marzo de 1994, en virtud de la no improbación otorgada por la Comisión Especial Legislativa el 4 de septiembre de 1991.
(17) Fue aprobado el 8 de junio de 1977 y entró en vigor el 7 de diciembre de 1978, pero para Colombia el 15 de febrero de 1996, en virtud de la Ley 171 de 1994.
(18) Artículos 77 y 4º, numeral 3º, de los protocolos.
(19) A/56/342,S/2001/852.
(20) La Corte lo encontró ajustado a la Carta Política y así lo declaró en la Sentencia C-535 del 16 de junio de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(22) La Corte declaró su Constitucionalidad en Sentencia C-318 de 2003, ya citada.
(23) Febrero de 2004 en: www.watchlist.org./reports/colombia.report.es.pdf.
(24) Véase al respecto la página web de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado de Colombia www.coalico.org/marco/index.htm.
(25) Declarados exequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).