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Timestamp: 2019-05-20 05:26:34
Document Index: 48806998

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 18', 'artículo 79', 'artículo 61', 'artículo 127', 'artículo 77', 'artículo 24', 'artículo 77', 'artículo 77']

Resolución de TEAF Gipuzkoa, 26.346, 24-11-2005 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, 26.346 de 24 de Noviembre de 2005
ART.18 NF8/1998
ART.77, 79 NF1/1985
IRPF 2002. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. GASTOS: inclusión de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social.
SANCIÓN por dejar de ingresar parte de la deuda tributaria. Ausencia de culpabilidad: no hay ocultación y se declaran los rendimientos del trabajo certificados por la entidad pagadora de los mismos.
ESTIMAR EN PARTE
SESIÓN: 24 de Noviembre de 2005
FALLO: 26.346
En la ciudad de Donostia-San Sebastián, VISTA por el Tribunal Económico-Administrativo Foral la reclamación número 2004/0348 interpuesta por D. **********, con DNI **********, contra los Acuerdos de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 6 de abril de 2004, por los que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002, y se impone la sanción derivada de la misma.
PRIMERO.- Con fecha 7 de julio de 2004 se interpuso la presente reclamación, mediante escrito en el que la parte reclamante manifiesta su disconformidad con la liquidación provisional practicada, en lo relativo a la no inclusión entre los gastos del trabajo de la cantidad abonada en concepto de cotización a la Seguridad Social por importe de 163,51 euros, correspondiente a su relación laboral con **********., que no fue incluida en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del citado ejercicio, al igual que los rendimientos del trabajo imputados por el Servicio de Gestión, debido a un error informático sufrido por dicha entidad financiera, solicitando la anulación de la liquidación practicada.
En lo que respecta a la sanción impuesta por no declarar la totalidad de los rendimientos del trabajo percibidos, alega que parte de los mismos no fueron incluidos en la declaración como consecuencia de que el modelo 10-T que le fue entregado por la mencionada entidad estaba incompleto, debido al error informático al que se ha hecho referencia, por lo que también solicita su anulación.
SEGUNDO.- Una vez obró en poder de este Tribunal el expediente administrativo, le fue puesto de manifiesto a la parte reclamante, quien presentó con fecha 8 de septiembre de 2004 escrito comprensivo de alegaciones, en el que se ratifica en las formuladas con ocasión de la interposición de la reclamación.
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que establece que la revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado, con fecha 1 de septiembre de 2005 se notificó al reclamante la apertura de un plazo de audiencia de quince días, habiendo presentado el interesado el día 16 del mismo mes un escrito en el que manifiesta que no tiene ninguna alegación que realizar al respecto.
PRIMERO.- Este Tribunal es competente por razón de la materia para conocer de la presente reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996, habiendo sido interpuesta por persona legitimada y en plazo hábil con arreglo a lo previsto en los artículos 30 del citado Reglamento y 164.1 de la Norma Foral 1/1985, de 31 de enero, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la presente reclamación se impugnan los Acuerdos de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 6 de abril de 2004, por los que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002, y se impone la sanción derivada de la misma.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que el reclamante presentó la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 2002, en su modalidad ordinaria y tipo de tributación individual, en la que incluyó unos rendimientos íntegros del trabajo por importe de 38.748,16 euros.
Posteriormente, con fecha 6 de noviembre de 2003, el Servicio de Gestión de Impuestos Directos practicó liquidación provisional, en la que se incluyeron los rendimientos del trabajo no declarados por importe de 5.012,13 euros percibidos de **********., correspondiendo 4.995,59 euros a rendimientos dinerarios y 16,54 euros a rendimientos en especie.
Del mismo modo y como consecuencia de la liquidación practicada, el citado órgano procedió a comunicar al reclamante el inicio de expediente sancionador, por dejar de ingresar parte de la deuda tributaria.
Con fecha 2 de enero de 2004, el interesado presentó escrito comprensivo de recurso de reposición contra la referida liquidación provisional, así como de alegaciones al expediente sancionador, formulando en ambos alegaciones idénticas a las esgrimidas ante esta instancia, siendo desestimados tanto el recurso como las alegaciones, mediante los Acuerdos adoptados por la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos con fecha 6 de abril de 2004, ahora impugnados.
CUARTO.- El artículo 18 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que tendrán la consideración de gastos deducibles, entre otros, las cotizaciones a la Seguridad Social, así como las cotizaciones a mutualidades generales obligatorias de funcionarios, las detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los colegios de huérfanos o instituciones similares, y las cantidades que satisfagan los contribuyentes a las entidades o instituciones que, de conformidad con la normativa vigente, hayan asumido la prestación de determinadas contingencias correspondientes a la Seguridad Social.
Por tanto, de la citada normativa se desprende sin lugar a dudas que las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas por el trabajador constituyen un gasto deducible para éste.
En el caso analizado en la presente reclamación, de los documentos que obran en el expediente, en concreto de los boletines de cotización a la Seguridad Social modelos TC-1Â correspondientes a los meses de febrero a septiembre, resulta que las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas directamente por el reclamante en el ejercicio ascienden a 4.688,56 euros, y en el certificado 10-T emitido por **********., se hace constar que el gasto deducible en concepto de Seguridad Social correspondiente a los rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio por el reclamante asciende a 163,51 euros. Así, el gasto total en concepto de Seguridad Social asciende a 4.852,07 euros, cantidad coincidente con la consignada por el reclamante en su declaración.
El reclamante, por contra, alega que en la liquidación provisional practicada, el Órgano de Gestión omite la inclusión del gasto deducible en concepto de Seguridad Social por importe de 163,51 euros que se hace constar en el certificado 10-T complementario emitido por ********** con posterioridad a la práctica de la citada liquidación, en el que se consignan asimismo los rendimientos del trabajo no declarados. No obstante, en el expediente obra documentación relativa a los dos resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de trabajo, actividades económicas y premios, modelos 190, presentados por dicha entidad financiera en relación con el ejercicio 2002 Âuno por cada uno de los certificados 10-T presentadosÂ, de la cual resulta que la cuantía total del gasto deducible para el reclamante en concepto de Seguridad Social por las cotizaciones pagadas por la citada entidad financiera asciende a 163,51 euros. Por lo tanto, dado que esta cantidad ya estaba incluida dentro del importe de 4.852,07 euros consignado por el reclamante en su declaración en concepto de gasto de Seguridad Social, tal y como se ha señalado en el párrafo anterior, no podemos atender su pretensión, y procede confirmar el resultado de la liquidación practicada por el Órgano de Gestión.
QUINTO.- En cuanto a la sanción impuesta, resulta que de acuerdo con la letra a) del artículo 79 de la Norma Foral 1/1985, de 31 de enero, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, constituye infracción grave, entre otras, la conducta consistente en dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 61 de esta Norma Foral o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 127 también de esta Norma Foral.
En este caso, y como consecuencia de no haber incluido en la declaración-liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2002, parte de las rentas del trabajo que había obtenido en dicho ejercicio, el reclamante dejó de ingresar parte de la deuda tributaria, actuación que conforme al contenido del mencionado artículo da lugar a la comisión de una infracción tributaria grave.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la imposición de sanciones requiere junto al requisito objetivo señalado, la existencia de una conducta infractora en los términos del artículo 77.1 de la misma Norma Foral General Tributaria, según el cual son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Normas Forales, a lo que se añade que las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. Debe señalarse, en este sentido, que de acuerdo con jurisprudencia asentada, que parte de la Sentencia 76/1990 del Tribunal Constitucional, de 26 de abril, no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias, pues se señala ÂFundamento Jurídico 8Â, que "toda resolución sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la par certeza de los hechos imputados, obtenida mediante pruebas de cargo, y certeza del juicio de culpabilidad sobre esos mismos hechos, de manera que el artículo 24.2 de la Constitución rechaza tanto la responsabilidad presunta y objetiva como la inversión de la carga de la prueba en relación con el presupuesto fáctico de la sanción". Asimismo, existen numerosos pronunciamientos del Tribunal Supremo, a los que precisamente hace referencia el propio Tribunal Supremo en sentencia de 16 de julio de 2002, en la que recuerda el consolidado criterio jurisprudencial, según el cual, "toda la materia relativa a infracciones tributarias, como inscritas en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, ha de resolverse desde la perspectiva de los principios de culpabilidad y tipicidad". Y en esta misma línea argumental, resulta esclarecedora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 12 de abril de 2002, en cuyo Fundamento Cuarto se dice lo siguiente: "(...) la Administración al sancionar deberá señalar en la resolución sancionadora los elementos de la conducta del sujeto pasivo en los que funde su juicio de imputabilidad, de manera que queden perfilados, y de ellos pueda inferirse bien el dolo, bien la negligencia del sujeto pasivo. Al no haber hecho así, ha convertido un sistema culpabilista y de imputabilidad en un sistema objetivo en el que las sanciones se imponen en función de actos, pero al margen de la actitud subjetiva del sujeto sancionado".
Así las cosas, resulta evidente que en el citado artículo 77.1 de la Norma Foral General Tributaria sigue rigiendo el principio de culpabilidad en la imposición de sanciones, bien sea por vía de dolo, que implica consciencia y voluntariedad, o por vía de culpa o negligencia, que exige la omisión de cautelas, precauciones o cuidados de una cierta entidad, o la no adopción de las medidas precisas para evitar un resultado antijurídico previsible. Es decir, que tal principio excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente, lo que, en los términos recogidos en la referida Sentencia del Tribunal Constitucional, significa, de un lado, que dicho precepto está dando por supuesto la existencia de culpabilidad en los grados de dolo y culpa o negligencia grave y, de otro, que más allá de la simple negligencia los hechos no pueden ser sancionados.
En este sentido, el artículo 77.4.d) de la citada Norma Foral contempla una serie de supuestos en los que las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria, entre los que se encuentra el alegado por el reclamante, esto es, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, entendiéndose que se da este supuesto cuando se haya presentado una declaración veraz y completa y se haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma. En este caso, las alegaciones del reclamante se centran en la ausencia de culpa por su parte, al actuar conforme al certificado de retenciones remitido por la entidad pagadora, y a la vista de los hechos concurrentes, en particular del certificado señalado, así como de otro certificado emitido por la misma entidad, en el que se hace constar el error informático cometido en dicho certificado de retenciones, debemos concluir que en el presente caso no apreciamos en la conducta del reclamante el citado elemento subjetivo de culpabilidad, necesario para configurar la existencia de una infracción tributaria.
En efecto, ni se produce una conducta que pudiera calificarse de negligente, ni ha existido ocultación de datos, puesto que el reclamante presentó la documentación necesaria para confeccionar la declaración correctamente, aportando los certificados de retenciones emitidos por las entidades pagadoras de los rendimientos de trabajo, entre los que se encuentra el certificado erróneo en cuestión emitido por **********., que además es entidad colaboradora de la Hacienda Foral. Es decir, que a nuestro entender, no se ha producido en este caso uno de los elementos que definen la culpabilidad, cual es lo que la doctrina denomina como "infracción del deber de cuidado" que resulta exigible al autor, y que se produce en aquellos supuestos en los que la prestación ha quedado por debajo de lo normalmente exigible y que permite que el hecho antijurídico pueda reprocharse al autor, por lo que debe tenerse en consideración lo alegado por el reclamante.
Como consecuencia de todo lo expuesto, no cabe sino anular el expediente sancionador.
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda ESTIMAR EN PARTE la reclamación número 2004/0348 interpuesta por D. **********, con DNI **********, confirmando el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 6 de abril de 2004 y la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002, y anulando la sanción relativa a la misma.
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