Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-03290-de-noviembre-16-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_8c52b7aa093a4068851f5e6b4b61e580&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 21:45:50
Document Index: 98953948

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﻿ SENTENCIA 2014-03290 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016
SENTENCIA 2014-03290 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ABOGADOS SERÁN SUSPENDIDOS POR ACORDAR, EXIGIR U OBTENER DEL CLIENTE O DE UN TERCERO REMUNERACIÓN O BENEFICIO DESPROPORCIONADO DE SU TRABAJO. SE ENFATIZA POR PARTE DE LA SALA QUE EL APROVECHAMIENTO DE LA NECESIDAD, LA IGNORANCIA O LA INEXPERIENCIA DE LOS CLIENTES POR PARTE DEL ABOGADO A LA HORA DE COBRAR SUS HONORARIOS ACARREARA SUSPENSIÓN PARA EL TOGADO. DICHA FALTA TAMBIÉN SE CONFIGURA AL ACONSEJAR, PATROCINAR O INTERVENIR EN ACTOS FRAUDULENTOS EN DETRIMENTO DE INTERESES AJENOS, DEL ESTADO O DE LA COMUNIDAD, LO ANTERIORMENTE ARGUMENTADO EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 33 Y 35 DE LA LEY 1123 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, HONORARIOS DEL ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, CLASES DE HONORARIOS DEL ABOGADO, LEY DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO
Sentencia 2014-03290 de noviembre 16 de 2016
Rad.: 050011102000201403290 01/A
Aprobado según Acta 104, de la misma fecha.
Bogotá D. C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelación interpuesto contra de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquia(10), el 30 de octubre de 2014, mediante el cual sancionó con dieciocho (18) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 15 SMLMV, al abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, y con doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 10 SMLMV, a la abogada Diana Soraya Trujillo Padilla, como autores responsables de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 1º del artículo 35, y numeral 9º del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, por faltar al deber de honradez profesional, consagrado en el artículo 35, numeral 1º y numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, cuyo texto es el siguiente:
“(…) ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: 1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. (…). ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: (…). 9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad (…)”.
En cuanto a la apelación presentada por el abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, se deduce del escrito de queja, como de su ampliación y las demás pruebas allegadas al proceso, que en efecto entre el abogado disciplinable, en representación del Helm Banco, promovió una demanda en contra de la señora María del Socorro Montoya Bermúdez, para un proceso de restitución de inmueble por incumplimiento de un contrato de Leasing, dentro del cual una vez pronunciada la sentencia, la señora consignó la suma de $ 295’044.360 de pesos, y adicionalmente $ 70 millones de pesos, que fue el cobro de honorarios que el doctor Velásquez Salgado, determinó cobrar a la demandada, valor que a todas luces resulta desproporcionado, no solo por no haber pactado con la demandada el mismo, sino porque dentro del contrato de Leasing, se determinaba de manera clara cuando debía cobrarse hasta el 10%, y solo era como producto de sentencia ejecutoriada, situación que en este caso no se presentó, ya que aunque hubo sentencia no fue producto de ella que la señora canceló; luego el valor que debía como máximo cobrar era lo estipulado en el contrato, pero del valor de lo recuperado, que para el caso fueron los $ 295’044.360 de pesos, sin embargo también debieron ser concertados con la demandada lo que nunca ocurrió, al no darse esas dos premisas, no son de recibo las exculpaciones ofrecidas por el disciplinable y por tal razón deberá confirmarse la falta endilgada al disciplinable y contemplada en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
De la misma forma el hecho de que se evadiera el cobro del impuesto, y que con posterioridad enmendó el disciplinable, sin embargo fue como resultado de la investigación que se adelantaba, aunque tardía para ser tenida en cuenta como atenuación de la misma, no resultan creíbles las argumentaciones esgrimidas por el disciplinable en el sentido que cuando se escribió el correo era para que no pagara el impuesto la quejosa, sino que era con el propósito de evadir el impuesto o no de otra manera se hubieran consignado en la cuenta personal de abogado, por lo que será objeto de confirmación la falta contemplada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.
Las faltas endilgadas al disciplinable descritas en el los dos párrafos anteriores, se califican a título de dolo, como acertadamente lo atribuyó el a quo, pues era de conocimiento pleno del disciplinable por su profesión y aun así procedió en forma contraria a la norma ética de los abogados, de un lado violando la norma de la honradez al cobrar honorarios desproporcionados y de la otra actuando con la intensión de defraudar al estado, a tratar de evadir los impuestos a que estaba obligado y de la otra coaccionando al cobro de los honorarios indicándole que no pagaría los impuestos conductas reprochables y que son ratificadas como dolosas.
En lo atinente a la dosificación de la sanción, dieciocho (18) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 15 SMLMV, atribuida al abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, será objeto de confirmación, ya que fue proporcionada a la magnitud de la falta, los antecedentes que reporta el disciplinado, el impacto negativo que estas conductas traen para la imagen de la profesión y la justicia, al cobra honorarios desproporcionados y pretender evadir el pago de los impuestos al Estado, tratando de defraudarlo, y la modalidad dolosa de la conducta, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.
En cuanto al encartada Diana Soraya Trujillo Padilla, se hace eco a su clamor, en la medida que su actuar fue como empleada de la firma Pedro Velásquez Asociados de Bogotá, nunca como abogada, por esa potísima razón no le es atribuible falta alguna y en segundo lugar por cuanto quien daba las instrucciones y ordenaba lo que debía hacer era el abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, quien tuvo siempre a su cargo el proceso, determinó los honorarios y así como la evasión de impuestos, por tal razón funcionaria Trujillo Padilla no podía ser objeto de sanción alguna; así pues, la faltas atribuidas y la sanción serán objeto de revocatoria como en efecto esta Sala decretará.
En cuanto a la solicitud de nulidad deprecada por los dos disciplinables, por cuanto consideran que no era competente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, dado que el objeto de la investigación era los honorarios y estos emanaban de la oficina de la ciudad de Bogotá, no tiene eco para el criterio de la Sala, ya que estos fueron causados por la atención de un proceso en la Ciudad de Envigado, cuyo inmueble era de esa ciudad, y con fundamento en ese proceso fue que se cometieron esas conductas, luego el competente es será el Seccional de Antioquia y no el de Bogotá.
1. Negar la nulidad solicitada por los disciplinables.
2. REVOCAR la sentencia en el sentido de terminar y archivar la investigación a la abogada Diana Soraya Trujillo Padilla, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. Confirmar en los demás la sentencia mediante la cual se sanciona con dieciocho (18) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 15 SMLMV, al abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, como responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 1º del artículo 35, y numeral 9º del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007 de conformidad con los argumentos descritos con anterioridad.
4. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de instancia, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.
5. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.
6. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.
10 Magistrados: Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez, Ponente y Martín Leonardo Suárez Varón.