Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64624
Timestamp: 2018-05-27 07:44:23
Document Index: 224702375

Matched Legal Cases: ['artículo 900', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 229', 'artículo 900', 'ARTÍCULO 900', 'artículo 900', 'artículo 1513', 'artículo 900', 'artículo 13', 'artículo 229', 'artículo 900', 'artículo 1750', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 229', 'artículo 900', 'artículo 150', 'artículo 900', 'Artículo 871']

Sentencia C-934 de 2013 Corte Constitucional
SENTENCIA C-934 DE 2013
PRESCRIPCION DE ACCION DE NULIDAD DE NEGOCIO JURIDICO QUE HAYA SIDO CONSENTIDO POR LA FUERZA, EN CODIGO DE COMERCIO-Exequibilidad condicionada
Realizado el análisis doctrinario y jurisprudencial correspondiente, esta corporación, mediando el test de igualdad, advierte que los segmentos censurados del artículo 900 del Código de Comercio no encuadran dentro en una razón suficiente y de proporcionalidad que permita determinar su conformidad con los artículos de la carta política 13 (igualdad), 16 (autonomía de la voluntad) y 229 (acceso a la administración de justicia). Lo anterior, en consideración de que imponen circunstancia limitante, que no guarda un trato equivalente con una equiparable norma del Código Civil, que prevé contar el plazo de anulación del acto o contrato celebrado a partir del día en que la violencia haya cesado, y porque vencido el término de oportunidad para accionar, se restringe la posibilidad de acceder a la justicia y restaurar la autonomía de la voluntad, siendo que por igual supuesto de hecho, no existe justificación racional que aconseje y permita la desigualdad advertida. En esta medida, la Corte declara la exequibilidad condicionada de la norma que contiene los segmentos objeto de censura.
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Definición
La autonomía de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación.
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Antecedentes históricos
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Límites
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Es objetivo no formal
Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática.
DERECHO A LA IGUALDAD-Posibilidad de tratamiento diferente para sujetos y hechos que se encuentren cobijados bajo condición de razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique
La ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas. Ésta constituye la primera dimensión del derecho a la igualdad plasmada en el artículo 13 superior, cuyo desconocimiento se concreta cuando una ley se aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas. En otras palabras, sobreviene una vulneración del derecho a la igualdad al reconocer consecuencias jurídicas diferentes a personas cuya conducta o estado se subsume en un mismo supuesto normativo. Y si bien esta manifestación del derecho a la igualdad apunta a que la ley se aplique por igual a todos, no garantiza que, efectivamente, las personas reciban el mismo trato de la ley. Con miras a lograr este objetivo adicional, es necesario tener en cuenta la segunda dimensión del derecho a la igualdad consignado asimismo en el artículo 13 de la Constitución Política, esto es, la igualdad de trato, la cual se dirige a garantizar que la ley no regulará de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas igual ni que regulará de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente. La tercera dimensión del derecho a la igualdad prevista también en el artículo 13 constitucional busca que todas las personas reciban, en efecto, igual protección, algo que ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato pueden garantizar por sí mismas. Ello se obtiene en la medida en que se efectúen distinciones protectivas, esto es, en que se proteja a las personas de forma diferente. Este desarrollo de la igualdad propende porque todas las personas gocen efectivamente de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Tiene una connotación sustantiva pues parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual; es, también, positiva, pues si se presenta una situación de desigualdad que no pueda apoyarse en razones objetivas y justificadas relacionadas con el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales. Corresponde al Estado adoptar ‘acciones para garantizar la igual protección. A la luz de lo plasmado en el artículo 13 de la Constitución Política, no resulta, pues, suficiente saber que el derecho se aplicó de modo diferente en dos situaciones en las que se ha debido aplicar de la misma forma o si al aplicarse el derecho se establecen distinciones razonables. Se exige establecer que la protección conferida por las leyes sea igual para quienes necesitan la misma protección. En breve: se debe constatar si en efecto se ha propiciado la protección requerida y, en caso de existir desigualdades, ha de determinarse si se han tomado las medidas para superar este estado de cosas de manera que se cumpla con el mandato contemplado por el artículo 13 superior. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, las diferenciaciones por razón del género, y de cualquier otro referente como la raza, la condición, la opinión política o filosófica, están terminantemente proscritas –prohibición de discriminación directa–; a menos que se utilicen estas pautas para promover la igualdad de personas usualmente marginadas o discriminadas, esto es, acciones afirmativas. De lo anterior se deduce que cuando la Legislación utiliza un canon claramente indiciario de discriminación, se da paso a un juicio estricto de constitucionalidad a efecto de establecer: (i) si la medida adoptada busca una finalidad constitucionalmente imperiosa; (ii) si la medida resulta adecuada para obtener tal propósito; y (iii) si existe una proporción entre el sacrificio –de otros derechos y bienes jurídicamente tutelados– que surgen como consecuencia de haber adoptado la medida y el fin que se persigue con su aplicación.
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD-Apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darles una aplicación diferente/DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD-Tratamiento desigual que implica distinguir situaciones diversas otorgando un desarrollo disímil, mientras resulte razonable y proporcional
JUICIO O TEST DE IGUALDAD-Estructura analítica básica
Esta corporación ha modulado su intensidad, dependiendo del grado de amplitud de la potestad de configuración legislativa, la cual se determina por (i) la materia regulada; (ii) los principios constitucionales afectados por la forma en que dicha materia fue regulada; y (iii) los grupos de personas perjudicadas o beneficiadas con el trato disímil. De esta manera, un juicio será más estricto cuando el margen de configuración sea menor, y será leve o intermedio si el legislador goce de amplia configuración normativa.
La proporcionalidad del medio se determina, entonces, mediante una evaluación de su idoneidad para obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio de razón suficiente); necesidad, en el sentido de que no existan medios alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados; y proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que el fin que la efectividad del fin que se persigue se alcance en una medida mayor a la afectación de los principios que sufren restricción, y particularmente, del principio de igualdad.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Importancia/ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho fundamental de aplicación inmediata
El artículo 229 de la Constitución Política contempla de manera explícita el derecho de acceder a la administración de justicia, esto es, la posibilidad de acudir ante los órganos de investigación y los diferentes jueces, en condiciones de igualdad, para demandar la protección de derechos e intereses legítimos o el cumplimiento integral del orden jurídico, de acuerdo a unos procedimientos preestablecidos y con observancia plena de las garantías sustanciales y adjetivas contempladas en la ley. El derecho a la justicia es, pues, (i) uno de los pilares del Estado Social de derecho y (ii) un derecho fundamental de aplicación inmediata que forma parte del núcleo esencial del debido proceso que protege la carta política. En cuanto a lo primero, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, contribuye de manera decidida a la realización material de los fines esenciales e inmediatos del Estado tales como los de garantizar un orden político, económico y social justo, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas. Respecto a lo segundo por su importancia política, “adquiere un amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso”.
En virtud de la cláusula general de competencia, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales.
FUERZA COMO ELEMENTO QUE VICIA EL CONSENTIMIENTO-Código Civil Colombiano
El Código Civil dispone además que “la fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes a descendientes a un mal irreparable y grave” (art. 1513), circunstancia anómala creadora de actos y resultados adversos ante un estado de ánimo y de arbitrio personal compelidos y alterados.
TEST DE IGUALDAD ENTRE NEGOCIO JURIDICO CIVIL Y COMERCIAL, EXISTIENDO FUERZA O VIOLENCIA COMO VICIO COMUN-Aplicación
En ejercicio de la acción pública estatuida en los artículos 40-6 y 242-1 de la carta política, el ciudadano Jorge Eduardo Zamora Acosta instauró acción pública de inconstitucionalidad, contra el artículo 900 del Decreto 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”, que contempla la anulabilidad de un negocio jurídico que haya sido consentido por error, fuerza o dolo.
Enmendados los defectos advertidos, fue admitida con providencia de junio 19 de 2013, informándose la iniciación del proceso a los Presidentes de la República y del Congreso. También se comunicó a los Ministros del Interior, de Justicia y del Derecho y de Industria, Comercio y Turismo, y se invitó a las Superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio, a la Academia Colombiana Jurisprudencia, al Colegio de Abogados Comercialistas, a las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, a la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, y a las facultades de derecho de las Universidades Externado de Colombia, del Rosario, Pontificia Javeriana, de Los Andes, Nacional de Colombia, de Antioquia, Industrial de Santander y del Norte, para que emitieran su opinión sobre el asunto de la referencia.
“ARTÍCULO 900. <ANULABILIDAD>. Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil.
Esta acción sólo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos, y prescribirá en el término de dos años, contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la nulidad provenga de una incapacidad legal, se contará el bienio desde el día en que ésta haya cesado.”
A partir de la elaboración de un test de igualdad, considera en síntesis que, no obstante la existencia del elemento común de fuerza o violencia, (i) las normas civil y mercantil disponen un tratamiento diferenciado de la prescripción de la acción de nulidad para personas que se encuentran en esa misma condición fáctica; (ii) el legislador ha debido inclinarse por un término prescriptivo menor, que “se cuente desde que la violencia sobre la persona del contratante ha desaparecido”, más benéfico al afectado, para buscar la declaración de nulidad del negocio mercantil; y (iii) la diferencia de trato entre ambas legislaciones no realiza la norma acusada, puesto que es desproporcionado e injusto que, en aras de la celeridad y estabilidad de las relaciones comerciales, se corra la prescripción extintiva para esa persona, “muy a pesar de que continúe sometida a la fuerza externa que le impide actuar conforme a los dictados de su voluntad y con total libertad”, resultando potencialmente nugatorio o imposible ejercer las respectivas acciones judiciales.
Por último, advierte la prolongación de la fuerza más allá del término prescriptivo de dos años, que impide así “el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes” y favorece al que la impone, consintiendo que la prescripción sea propuesta luego como excepción en la acción de nulidad del negocio mercantil, de forma que el afectado no podrá obtener la protección judicial de la libertad contractual, lo cual afecta sustancialmente el derecho de acceso a la administración de justicia.
Así, anotan que no es lógico ni razonable que un mismo hecho perturbador haya sido regulado de manera distinta en lo civil y en lo mercantil, pues si el fin era proteger al comerciante, el legislador debió haber “diseñado y repensado” los momentos para aplicar el término allí previsto, que permitiera la efectiva defensa del derecho sustancial y la autonomía de la voluntad.
3. Cámara de Comercio de Bogotá
Mediante concepto N° 5619 de agosto 12 de 2013, el director del Ministerio Público solicita declarar la exequibilidad condicionada del artículo 900 del Decreto 410 de 1971, “en el entendido que el término de prescripción de dos años de la acción de anulabilidad del negocio jurídico” empiece a ser contado a partir del momento en que cese la fuerza.
Reseña el artículo 1513 del Código Civil, según el cual la fuerza vicia el consentimiento “cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomado en cuenta su edad, sexo y condición”, con el fin de establecer que la voluntad del comerciante no se encuentra libre, por lo que es válida la inconformidad que plantea el actor.
Informa que la remisión al Código Civil dispuesta en el artículo 900 del Código de Comercio, permite deducir situaciones similares en ambos ordenamientos, que reconocen la ocurrencia de nulidades de actos o contratos, acerca de lo cual la jurisprudencia[1] “ha precisado la exigencia de protección legal de forma igual para quienes necesiten idéntica protección”.
Le parece razonable conceder al sujeto compelido por la fuerza una protección constitucional especial, diferente a lo agotado con la celebración por error o dolo del negocio, tesis hacia la cual sigue las posiciones del doctrinante Robert Alexy, en cuanto solo pueden ser admitidas diferencias de trato que sean justificadas. Esto es, en palabras de la Corte Constitucional[2], “las autoridades pueden entonces, emitir regulaciones que impliquen ciertas diferencias de trato, siempre que esas decisiones estén soportadas en una razón suficiente, es decir, constitucionalmente legítima o admisible”.
En conclusión, el Ministerio Público advierte que “el término de prescripción de dos años debe ser aplicado y contado a partir del momento en que cese la fuerza, y no como lo dispone la norma, desde el momento de la realización del negocio jurídico, pues de lo contrario resultarían violados dos derechos constitucionales: el derecho a la igualdad (artículo 13 Constitución Política) al darse un trato diferente donde debía darse un trato paritario; y el derecho de libre acceso a la administración de justicia (artículo 229 Constitución Política) en tanto que la oportunidad para propender la acción de nulidad perdería toda eficacia, dejando ser un recurso judicial efectivo, en la medida que el transcurso del tiempo prescriptivo acontecería bajo el influjo de una fuerza que no se ha agotado y que, por lo mismo, mantiene la afectación del consentimiento en el negocio jurídico completo”.
Estima el actor que las expresiones “fuerza” y “contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo”, contenidas en el artículo 900 del Código de Comercio, vulneran los artículos 13, 16 y 229 de la carta política, en cuanto la prescripción de la anulabilidad de un negocio jurídico comercial “consentido por… fuerza”, que permanece en el tiempo, (i) tiene un trato diferente al contemplado en el artículo 1750 del Código Civil para una situación similar, donde el término de la acción no cuenta a partir de la celebración del acto o contrato, sino desde el día en que la fuerza hubiere cesado; (ii) por esa fuerza física o moral, impide ejercer los derechos del contratante, al estar prescrita la acción, quebrántandose la igualdad con relación al causante del vicio; y (iii) desconoce el acceso a la administración de justicia, no obstante la permanencia del vicio del consentimiento, lo que favorece a quien lo causó.
En cuanto al vicio del consentimiento “fuerza”, se observa de igual manera, de acuerdo con los razonamientos de la demanda, que su naturaleza jurídica tampoco ha sido objeto de cuestionamiento, sino por las consecuencias que genera en la oportunidad de la acción de anulabilidad del negocio mercantil, en comparación con aquella prevista en norma similar del Código Civil.
De manera reiterada, la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la garantía de las libertades individuales como uno de los pilares del Estado social de derecho (preámbulo y artículo 13 Const.), que a su vez se proyecta hacia el libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico (art. 16 ib.), lo cual se aúna en lo que la doctrina universal y el derecho privado denominan “autonomía de la voluntad privada”.
Al respecto, ilustra lo manifestado por esta corporación en la sentencia C-341 de mayo 3 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería[3]:
Por otra parte, desde el punto de vista económico, se partía de la base del postulado ‘laisser faire, laisser passer’(‘dejar hacer, dejar pasar) como principio rector de la actividad del Estado y se consideró que la autonomía de la voluntad privada era el mejor medio para establecer relaciones útiles y justas entre los individuos, teniendo en cuenta que ningún ser humano razonable prestaría su consentimiento a compromisos que le ocasionaran perjuicio y tampoco sería injusto consigo mismo; en este último sentido, uno de los exponentes de la doctrina jurídica de esa época expuso una fórmula célebre según la cual ‘qui dit contractuel dit juste’(‘quien dice contractual dice justo’).
Esta regulación sería modificada a partir del Acto Legislativo No. 1 de 1936, que consagró la función social de la propiedad (Art. 10)[4] y creó las bases para la intervención del Estado en las actividades económicas de los particulares Art. 11)[5].
“La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual gozan entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias esta Corporación lo ha señalado, aquellas libertades están sometidas a condiciones y limites que le son impuestos, también constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el interés público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas.”[6]
“Dicha autonomía se convierte en un derecho íntimamente ligado y vinculado a la dignidad de la persona humana, ya que se erige en el instrumento principal e idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas, mediante el poder que le otorga el ordenamiento positivo para regular sus propios intereses en el tráfico jurídico. De ahí que, en la actualidad, se estime que es indispensable conferir un cierto grado razonable de autorregulación a los asociados, a través del reconocimiento de un núcleo esencial de libertad contractual, destinado a suplir la imposibilidad física, técnica y jurídica del Estado para prever ex - ante todas las necesidades de las personas.”[7]
De tal manera, la concepción actual de la autonomía de la voluntad privada parte del “poder dispositivo individual”, regulado por la intervención del Estado en el deber de garantizar los fines sociales que le han sido encomendados (art. 2° Const.), de forma que la libertad de contratar, la protección y promoción individual y los derechos constituidos, deben acompasarse en función del interés público.
En suma, la autonomía de la voluntad privada debe entenderse como un principio que puede ser objeto de limitación por causa del interés general y del respeto a los derechos fundamentales, por lo que “lejos de entrañar un poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, como era lo propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la realización de la función social de la propiedad privada y de las necesidades básicas de la economía de mercado”[8].
5.1. La jurisprudencia constitucional ha reconocido la complejidad que rodea a la noción jurídica de igualdad. El punto de partida del análisis de tal derecho es la fórmula clásica, de inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”[9], enunciación filosófica que conlleva una noción de relatividad, fundada en la existencia de diferencias y el consiguiente tratamiento diverso.
“El actual principio de igualdad ha retomado la vieja idea aristotélica de justicia, según la cual los casos iguales deben ser tratados de la misma manera y los casos diferentes de diferente manera. Así, salvo que argumentos razonables exijan otro tipo de solución, la regulación diferenciada de supuestos iguales es tan violatoria del principio de igualdad como la regulación igualada de supuestos diferentes[11].”
“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática[12].”
Así, ha explicado que “no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable que justifique el trato divergente” y que “nada se opone a que el legislador prodigue un tratamiento idéntico a situaciones aparentemente distintas, pero que respecto de cierto factor, se encuentren en un mismo plano de igualdad”[15].
La igualdad, por tanto, es concepto relacional ligado a la protección de situaciones o factores individuales o grupales, que no siempre suponen una paridad mecánica o matemática[16], reflejándose en el ordenamiento jurídico a través de diversas dimensiones del derecho que la consagra. Sobre el tema, este tribunal manifestó en sentencia C-008 de enero 14 de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo:
“6.1. ‘La ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas’[17]. Ésta constituye la primera dimensión del derecho a la igualdad plasmada en el artículo 13 superior, cuyo desconocimiento se concreta cuando ‘una ley se aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas’[18]. En otras palabras, sobreviene una vulneración del derecho a la igualdad al reconocer consecuencias jurídicas diferentes a personas cuya conducta o estado se subsume en un mismo supuesto normativo. Y si bien esta manifestación del derecho a la igualdad apunta a que la ley se aplique por igual a todos, no garantiza que, efectivamente, las personas reciban el mismo trato de la ley[19].
6.2. Con miras a lograr este objetivo adicional, es necesario tener en cuenta la segunda dimensión del derecho a la igualdad consignado asimismo en el artículo 13 de la Constitución Política, esto es, la igualdad de trato, la cual se dirige a garantizar que la ley no regulará de forma diferente ‘la situación de personas que deberían ser tratadas igual’ [20] ni que regulará ‘de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente’[21].
6.3. La tercera dimensión del derecho a la igualdad prevista también en el artículo 13 constitucional busca que todas las personas reciban, en efecto, igual protección, algo que ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato pueden garantizar por sí mismas. Ello se obtiene en la medida en que se efectúen distinciones protectivas, esto es, en que se proteja a las personas de forma diferente. Este desarrollo de la igualdad propende porque todas las personas gocen efectivamente de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Tiene una connotación sustantiva pues ‘parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual’[22]; es, también, positiva, pues si se presenta una situación de desigualdad que no pueda apoyarse en razones objetivas y justificadas relacionadas con el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales. Corresponde al Estado adoptar ‘acciones para garantizar la igual protección’[23].
6.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, las diferenciaciones por razón del género, y de cualquier otro referente como la raza, la condición, la opinión política o filosófica, están terminantemente proscritas –prohibición de discriminación directa–; a menos que se utilicen estas pautas para promover la igualdad de personas usualmente marginadas o discriminadas, esto es, acciones afirmativas. De lo anterior se deduce que cuando la Legislación utiliza un canon claramente indiciario de discriminación, se da paso a un juicio estricto de constitucionalidad a efecto de establecer: (i) si la medida adoptada busca una finalidad constitucionalmente imperiosa; (ii) si la medida resulta adecuada para obtener tal propósito; y (iii) si existe una proporción entre el sacrificio –de otros derechos y bienes jurídicamente tutelados– que surgen como consecuencia de haber adoptado la medida y el fin que se persigue con su aplicación.”
5.2. Con el propósito de establecer si se está en presencia de una situación diferente, la Corte ha acudido al criterio de comparación. En este orden, ha sido abundante la jurisprudencia en torno a lo que ha denominado juicio de igualdad o “test de igualdad”[25].
En sentencia C-741 de agosto 28 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, esta corporación indicó que el juicio de igualdad es un método de análisis constitucional, mediante el cual se examinan tratamientos distintos dispuestos por el legislador en ejercicio de la potestad de libre configuración, para determinar cuándo un trato diferente resulta incompatible con el principio de igualdad. En otras palabras, dicho juicio “implica establecer cuáles son las situaciones o supuestos susceptibles de comparación con el fin de determinar qué es lo igual que merece un trato igual y qué es lo diferente que amerite un trato divergente”[26].
“13. Ahora bien, tanto el legislador como la administración tienen un margen de acción para adoptar decisiones políticas que, en alguna medida, pueden afectar la situación de unas personas y privilegiar la de otras en la sociedad, sin una justificación constitucionalmente razonable. Por eso, de acuerdo con la sentencia C-040 de 1993, la igualdad constitucionalmente protegida no supone una paridad ‘mecánica o aritmética’. Las autoridades pueden entonces, emitir regulaciones que impliquen ciertas diferencias de trato, siempre que esas decisiones estén soportadas en una razón suficiente, es decir, constitucionalmente legítima o admisible[28].
14. Las razones que resultan legítimas para adoptar tratos diferenciales deben procurar, además, restringir en la menor medida posible, tanto el derecho general a la igualdad, como los demás derechos y principios constitucionales que puedan verse involucrados (afectados, intervenidos) en la decisión. En tal sentido, las medidas deben ser razonables y proporcionales[29], juicio de igualdad de origen europeo[30], que ha constituido una herramienta analítica poderosa para la aplicación del concepto. Por esa razón, la Corte ha expresado que para que un trato diferenciado sea válido a la luz de la Constitución, debe tener un propósito constitucionalmente legítimo, y debe ser proporcional, en el sentido de que no implique afectaciones excesivas a otros propósitos constitucionalmente protegidos. La proporcionalidad[31] del medio se determina, entonces, mediante una evaluación de su ‘idoneidad para obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio de razón suficiente); necesidad, en el sentido de que no existan medios alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados; y proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que el fin que la efectividad del fin que se persigue se alcance en una medida mayor a la afectación de los principios que sufren restricción, y particularmente, del principio de igualdad’[32].
15. Con todo, como también expresó esta Corporación en las sentencias C-093 de 2001 y C-671 de 2001, ante la diversidad de materias sobre las que puede recaer la actuación del Estado, se encontró oportuno incluir en el estudio de la igualdad por parte del juez constitucional, herramientas hermenéuticas de origen estadounidense, que hacen posible realizar escrutinios con diferentes grados de intensidad. De tal suerte, el test de igualdad norteamericano se caracteriza porque el examen se desarrolla mediante tres niveles de intensidad. Con referencia particular a la ley, se ha dicho entonces que (i) por regla general se aplica un control débil o flexible, en el cual el estudio se limita a determinar si la medida adoptada por el legislador es potencialmente adecuada o idónea para alcanzar un fin que no se encuentra prohibido por la Constitución; (ii) el juicio intermedio se aplica a escenarios en los que la autoridad ha adoptado medidas de diferenciación positiva (acciones afirmativas). En este análisis el examen consiste en determinar que el sacrificio de parte de la población resulte proporcional al beneficio esperado por la medida frente al grupo que se pretende promover; (iii) por último, el examen estricto que se efectúa cuando el legislador, al establecer un trato discriminatorio, parte de categorías sospechosas, como la raza, la orientación sexual o la filiación política. En tal caso, el legislador debe perseguir un fin imperioso, y la medida debe mostrarse como la única adecuada para lograrlo.
Así, recogidos por este tribunal los planteamientos de la doctrina alemana[33], el juicio de igualdad que realiza el juez no parte de presupuestos idénticos ni de situaciones completamente diferentes, sino de igualdades y desigualdades parciales, con el propósito de determinar “si existen razones suficientes para mantener un trato igual frente a situaciones en alguna medida disímiles, o si existen razones suficientes para establecer un trato distinto entre situaciones con algún grado de similitud”[34].
6.1. El artículo 229 de la Constitución Política contempla de manera explícita el derecho de acceder a la administración de justicia, esto es, la posibilidad de acudir ante los órganos de investigación y los diferentes jueces, en condiciones de igualdad, para demandar la protección de derechos e intereses legítimos o el cumplimiento integral del orden jurídico, de acuerdo a unos procedimientos preestablecidos y con observancia plena de las garantías sustanciales y adjetivas contempladas en la ley. El derecho a la justicia es, pues, (i) uno de los pilares del Estado Social de derecho y (ii) un derecho fundamental de aplicación inmediata que forma parte del núcleo esencial del debido proceso que protege la carta política[35].
En cuanto a lo primero, conforme a la jurisprudencia de esta corporación[36], “contribuye de manera decidida a la realización material de los fines esenciales e inmediatos del Estado tales como los de garantizar un orden político, económico y social justo, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas”[37].
Respecto a lo segundo[38], por su importancia política, “adquiere un amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos[39]; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares[40]; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas[41], y que ella se produzca dentro de un plazo razonables[42]; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso[43]”.
“Ciertamente, en virtud de la cláusula general de competencia, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales.”
“… es posible que el legislador establezca unas condiciones previas de operatividad que conlleven limitaciones o condiciones para el ejercicio adecuado del derecho, tales como fijar determinados límites temporales dentro de los cuales debe hacerse uso de las acciones judiciales, o señalar requisitos de procedibilidad para poner en movimiento el aparato judicial, o condicionar el acceso a la justicia a la representación de abogado, o al cumplimiento de determinados presupuestos de técnica jurídica, o a una mínima información a partir de la cual la justicia pueda operar.
De ahí que la Corte haya señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad ‘pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto’. Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.
La Corte ha precisado específicamente que al legislador, dentro de las facultades de configuración legislativa que se derivan de las normas constitucionales ya mencionadas (arts. 29,150, 228 C.P.) también se le reconoce competencia para establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los referidos principios de razonabilidad y proporcionalidad.”
En suma, la facultad que correponde al Congreso de “expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposicioens” (art. 150-2 Const.), como expresión de la libertad de configuración e instrumentalización del acceso a la justicia, ha de acompasarse con los principios, los derechos y las garantías que la carta política consagra para todos los habitantes del territorio nacional, a efecto de asegurar la protección efectiva de los bienes juridicos instituidos. Adicionalmente, a partir de los mencionados principios de razonabilidad y proporcionalidad, “sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”[48].
6.1. El examen del juicio de igualdad en punto a las expresiones acusadas del artículo 900 del Código de Comercio, tiene como premisa el tratamiento otorgado por la ley al elemento denominado “fuerza” en la normatividad civil, aplicable al derecho comercial, en cuanto por expresa disposición del precepto mencionado, el negocio jurídico es anulable cuando sea consentido por error, fuerza o dolo, “conforme al Código Civil”.
Este mandato, como bien lo advierte el Procurador, torna necesario acudir al ordenamiento civil, que regula los actos y declaraciones de voluntad, siendo válidas aquellas cuyo consentimiento “no adolezca de vicio” (art. 1502), esto es, no se hallen sometidas a conductas perturbadoras de la expresión de voluntad, como el error, la fuerza y el dolo (art. 1508).
Dentro de tal propósito y como ya se refirió, el Código Civil dispone además que “la fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes a descendientes a un mal irreparable y grave” (art. 1513), circunstancia anómala creadora de actos y resultados adversos ante un estado de ánimo y de arbitrio personal compelidos y alterados.
En sentencia C-100 de febrero 27 de 2013, M. P. Mauricio González Cuervo, se indicó que el Congreso, “en ejercicio de la libertad de configuración reconocida por el artículo 150 de la Constitución y, en particular, por el numeral 2 de tal disposición, es el llamado a establecer en cada momento aquellas materias que deben ser objeto de codificación. Goza en esta materia de un amplio margen de configuración para precisar los asuntos que requieren encontrarse sometidos a esta técnica legislativa[50]”.
El caso que ahora examina la Corte trasciende en este principio, al revelar un tratamiento diferenciado entre un negocio jurídico civil y uno comercial, existiendo la fuerza o violencia como vicio común, situación desigual que no se encuentra razonable ni proporcional. Primero, por la fuente que nutre la legislación mercantil (“conforme al Código Civil”), donde lo fáctico a ambos regímenes, es tratado de manera diferente; segundo, porque la afectación de la voluntad a causa del vicio quiebra la autonomía privada, independiente de que los intereses individuales confluyan en el tráfico civil o comercial o que la persona ejerza determinado oficio o profesión, lo cual desvirtúa de plano alguna justificación de la diferencia establecida; tercero, debido al desequilibrio para acceder a la justicia en un área del derecho, en la medida que se reduce la oportunidad de reclamación judicial, más amplia en una codificación, no obstante existir un elemento perturbador común.
La anulabilidad de un negocio jurídico mercantil por vicios del consentimiento, “error, fuerza o dolo”, constituye una medida encaminada a garantizar la seguridad en las relaciones comerciales a partir del principio de buena fe[51], fin que compagina con el plazo de prescripción allí establecido, que pretende otorgar la estabilidad y agilidad que son propias de esta clase de actividades concertadas. Así, para esta corporación el mecanismo procesal y el medio temporal escogidos por el legislador, son idóneos, adecuados, legítimos y no prohibidos por la Constitución.
Por el contrario, el cómputo “a partir de la fecha del negocio jurídico”, se aparta de las finalidades de la anulación, puesto que, de permanecer el vicio de la fuerza, alegado en este caso, la persona que lo padece ve cercenada la oportunidad de demandar por causa del vencimiento del término de prescripción que prevé la norma. Este medio, por lo tanto, al ser en exceso restrictivo, no es el más idóneo ni benéfico para satisfacer la protección buscada, dado que existe otro alternativo, que, estando ligado por su naturaleza al tiempo de duración de la perturbación de la voluntad privada, resulta más coherente y garante de los derechos del afectado que protege la carta política.
(ii) El medio adoptado desencadena una desprotección de derechos fundamentales conexos, al impedir u obstruir por esa limitación la reivindicación de la autonomía de la voluntad, puesto que de continuar la fuerza, vencido el término de prescripción, la persona afectada pierde coetáneamente la oportunidad de acceder a la justicia y recuperar su dignidad mermada, beneficiándose con ello moral y “legalmente” quien dio lugar al vicio.
La condición de comerciante no puede representar una carga o justificación de diferencia de trato, bajo el supuesto de un mayor conocimiento, diligencia y pericia, “propio” de las actividades mercantiles, cuando precisamente el uso de la fuerza aparece normalmente asociado a factores múltiples, muy posiblemente impredecibles e insalvables, de los cuales no por esa especial condición o calidad personal se encuentran necesariamente exentos.
La Corte Constitucional debe declarar, en consecuencia, la exequibilidad condicionada del artículo 900 del Decreto 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código de Comercio”.
[3] Ver además T-338 de agosto 24 de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero; C-660 de noviembre 28 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz; C-738 de septiembre 11 de 2002, M. P. Marco Gerardo Montroy Cabra; T-468 de junio 5 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-993 de noviembre 29 de 2006, M. P. Jaime Araújo Rentería; C-1194 de diciembre 3 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-186 de marzo 16 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre muchas otras.
[4] “La propiedad es una función social que implica obligaciones.”
[5] “El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas publicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho.”
[6] SU-157 de marzo 10 de 1999, M. P. Alejandro Martinez Caballero. Ver además T-468 de 2003 y C-186 de 2011, precitadas.
[9] C-022 de enero 23 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Diáz: “Aristóteles, Política III 9 (1280a): ‘Por ejemplo, parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales.’”
[10] Cfr. C-229 de marzo 30 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[11] “Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992.”
[12] “Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-221 del 29 de mayo de 1992.”
[13] Cfr. T-629 de agosto 13 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez y C-609 de agosto 1° de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[14] “ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. //El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.// El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[16] C-040 de febrero 11 de 1993, M. P. Ciro Angarita Barón.
[17] “Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2004.”
[18] “Ibíd.”
[19] “Ibíd.”
[20] “Ibíd.”
[21] “Ibíd.”
[22] “Ibíd.”
[23]“ Ibíd.”
[24] C-609 de 2012, precitada. Ver además C-106 de febrero 10 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; C-748 de octubre 20 de 2009, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-431de junio 2 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo y C-643 de agosto 31 de 2011, M. P. Maria Victoria Calle Correa, entre otras.
[25] C-673 de junio 28 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta providencia la Corte realizó un detallado estudio del principio de igualdad y de los métodos de análisis empleados para la determinación de su posible vulneración, reafirmando la jurisprudencia nacional, comparada e internacional desarrollada en este ámbito. Ver además C-841 de septiembre 23 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-055 de febrero 3 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[28] “Cfr. T-422 de 1992, T-530 de 1993, C-1043 de 2006, C-075 de 2007, entre otras.”
[29] “Ver, sobre el principio de proporcionalidad, las sentencias T-015 de 1994, C-022 de 1996, C, T-230 de 1994, C-584 de 1997, C-309 de 1997. T-916 de 2002.”
[30] “Empleada inauguralmente por el Tribunal Constitucional Alemán y la Corte Europea de Derechos Humanos, según explicó la Corte en sentencias T-422 de 1992, C-026 de 1996 y C-093 de 2001.”
[31] “Cfr. Sentencia C-022 de 1996. Sobre el alcance del principio de proporcionalidad como herramienta hermenéutica, ver también los fallos T-015 de 1994, C-309 de 1997. C-475 de 1997, C-392 de 2002.”
[32] “Ibíd. Cabe señalar que la Corte en algunos de sus primeros fallos estudiaba la razonabilidad de las medidas dentro del subprincipio de idoneidad del juicio de proporcionalidad, mientras en otros, lo hacía en pasos separados. En realidad, el examen tiene los mismos pasos sin importar si se separa la legitimidad del fin de la idoneidad o adecuación de la medida.”
[33] Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994.
[35] Cfr. C-1177 de noviembre 17 de 2005, M. P. Jorge Córdoba Triviño.
[37] “Cfr. Sentencia C-426 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil.”
[39] “Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-597/92, MP, Ciro Angarita Barón, SU-067/93, MP, Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz; T-451/93, MP, Jorge Arango Mejía; T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell.”
[40] “Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, SU-067/93, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, T-275/94, MP: Alejandro Martínez Caballero, T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell, T-502/97, MP: Hernando Herrera Vergara, C-652/97, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, C-742/99, MP: José Gregorio Hernández.”
[41] “Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-399/93, MP, José Gregorio Hernández Galindo; C-544/93, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-416/94, MP, Antonio Barrera Carbonell; T-502/97, MP, Hernando Herrera Vergara.”
[42] “Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-399/93, MP, José Gregorio Hernández Galindo; C-544/93, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-502/97, MP, Hernando Herrera Vergara; C-1195 de 2001, MP, Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda.”
[43] “Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-046/93, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093/93, MP, Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, C-301/93, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544/93, MP, Antonio Barrera Carbonell, T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell., C-742/99, MP, José Gregorio Hernández.”
[44] Cfr. C- 426 y C-428, ambas de mayo 29 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil. Ver además C-1043 de agosto 10 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[45] Cfr. C-598 de agosto 10 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver además C-1195 d noviembre 15 de 2001, Ms. Ps. José Manuel Cepeda Espinosa Marco Gerardo Monry Cabra.
[46] Cfr. C-1177 de 2005, precitada. Ver además C-351 de agosto 4 de1 994, M. P. Herando Herrera Vergara.
[47] Cfr. C-204 de marzo 11 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Ver además C-314 de abril 30 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-662 de julio 8 de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yépes; C-372 de mayo 12 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-598 de 2011 precitada, entre otras .
[48] Cfr. C-925 de noviembre 18 de1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Ver además C-279 de mayo 15 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[49] Cfr. C-1032 de diciembre 5 de 2006 y C-520 de julio 11 de 2007, en ambas M. P. Nilson Pinilla Pinilla, y C-279 de mayo 15 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre muchas otras.
[50] “Esta postura ha sido reconocida por la Corte en diferentes oportunidades. Así por ejemplo, en la sentencia C-362 de 1996 se indicó que ‘[d]ado que los códigos constituyen ‘una técnica legislativa’, como es de aceptación general, es lógico que sea el órgano encargado de dictar las leyes el que precise cuál de éstas configura un código (…).’ A su vez, en la sentencia C-340 de 2006 se señaló que la consideración de una regulación como código demanda ‘que exista la manifestación expresa del legislador de erigir dicho cuerpo jurídico en código’.”
[51] Código de Comercio, “Artículo 871. Principio de buena fe. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”