Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-470-11.htm
Timestamp: 2019-03-21 01:56:01
Document Index: 261328928

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 86', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 45', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 86', 'artículo 43', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 15', 'artículo 63', 'artículo 1535']

En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, las ciudadanas Laura Orjuela Albarracín, Diana Estefany Segura Castañeda y Sandra Lucía Tovar Reyes presentaron ante esta corporación demanda de inconstitucionalidad contra el texto de los artículos 45, 47 y 48 de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
“Por la cual se adoptan medidas en materia
de descongestión judicial.”
“ARTÍCULO 45. El artículo 5° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 3° de la Ley 712 de 2001, quedará así:
Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente.”
Sobre lo primero, comienzan por recordar que esta corporación ha admitido la posibilidad de que una norma legal se declare inexequible a partir de su disconformidad con el preámbulo constitucional, respecto de lo cual citan la sentencia C-477 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño). A continuación, afirman que el artículo 47 aquí demandado no contribuye a asegurar la justicia e igualdad de quienes integran el pueblo de Colombia, ni tampoco a garantizar un orden político, económico y social justo, según el mandato contenido en el preámbulo, sino por el contrario, es abiertamente injusto y desproporcionado. Lo anterior por cuanto, de una parte, no existe un fundamento claro para autorizar al juez a ordenar, en cualquier etapa del proceso, el pago de acreencias que versen sobre derechos supuestamente ciertos e irrenunciables, únicamente del trabajador; y de otra, porque tampoco existen razones que justifiquen el que esta “criticada potestad del juez” no resulte aplicable a los procesos que se adelanten ante otras jurisdicciones distintas a la laboral.
A partir de estas y otras consideraciones, señalan que la medida contenida en la norma demandada sería inexequible al carecer de “legitimidad o validez constitucional en la finalidad propuesta”, por cuanto como consecuencia de ella se sacrificarían bienes de mayor importancia constitucional que los que se pretende proteger. Ello por cuanto, so pretexto de resguardar derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, se lesionarían garantías tan sensibles como el derecho de defensa de los otros sujetos procesales, así como el derecho a la igualdad en cabeza de aquéllos.
Consta allí, por ejemplo, que dado que el principal móvil de este proyecto era procurar la descongestión de los despachos judiciales, la razón que explica el cambio propuesto en torno a la escogencia de domicilio procesal fue la percepción de que esta regla causa gran acumulación de procesos laborales en los juzgados de las principales ciudades; de igual manera, el aumento de la cuantía para recurrir en casación se justificó en la sobrecarga de trabajo entonces existente en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Resalta esta apoderada que, según se informó en las ponencias, lo que se pretendía era la descongestión judicial, y “uno de los instrumentos para lograr tal cometido es ‘la racionalización del aparato judicial, para hacer más efectiva la justicia, mediante un control más estricto de la demanda de la misma’.”
Respecto del artículo 47 acusado la interviniente se remite a lo explicado en la exposición de motivos del proyecto antecedente de la Ley 1395 de 2010, en la que se habría sustentado la conveniencia y validez de esta fórmula, resaltando que ella aplica únicamente para aquellos casos en que el respectivo derecho esté “plenamente probado más allá de toda duda”, bajo la consideración de que en estos casos no se justifica mayor desgaste procesal, y bien puede procederse a decidir sin necesidad de agotar todo el trámite. Considera que bajo esta perspectiva la norma no vulnera el derecho a la igualdad de las partes ni ninguno otro de los preceptos constitucionales invocados en la demanda (Está en negrilla en el texto original).
En concepto Nº 5059 de fecha diciembre 7 de 2010 el Jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible la expresión “o por el domicilio del demandante”, contenida en el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, y exequibles por los cargos analizados los artículos 47 y 48 de la misma norma.
Por tal razón, en el proyecto de ley se prevé que la demanda debe presentarse en el último lugar donde se haya prestado el servicio, lo que redundará en una mejor distribución, desde el punto de vista territorial, de las cargas de los juzgados laborales.”
Con todo, existen dos referentes más precisos sobre la materia que la Corte considera relevante tener presentes en este análisis. El primero de ellos es el artículo 5° transitorio de la Constitución de 1991, que concedió al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, una de cuyos objetivos era “descongestionar los despachos judiciales”[17]. Este hecho resulta significativo, pues si bien es sabido que en ese momento la concesión de facultades extraordinarias en relación con diversos temas tenía por objeto suplir la transitoria vacancia del órgano legislativo ordinario en razón al llamado a nuevas elecciones contenido en el artículo 1° transitorio, la circunstancia de que la Asamblea Constituyente hubiera incluido esta materia dentro de aquellas que en su concepto requerían un urgente desarrollo normativo, es reflejo de la importancia que la norma superior le atribuyó al logro de la descongestión judicial, concepto que por lo demás, no aparece mencionado en ningún otro artículo del texto constitucional.
A LA SENTENCIA C-470/11
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION LABORAL-Aumento de la cuantía para acceder al recurso no constituye una medida desproporcionada (Aclaración de voto)
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION LABORAL-Aumento de la cuantía para acceder al recurso no resulta contrario a derechos al trabajo y de acceso a la administración de justicia (Aclaración de voto)
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Alcance para restringir el acceso al recurso de casación (Aclaración de voto)
JUICIO DE RAZONABILIDAD-Aplicación injustificada de juicio intermedio (Aclaración de voto)
JUICIO DE PROGRESIVIDAD-Aplicación inadecuada del juicio en sentido estricto (Aclaración de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 45, 47 y 48 de la Ley 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.”
Por considerarlo pertinente frente a la decisión en la presente providencia de estarse a lo resuelto en la sentencia C-372 de 2011, que declaró inexequible el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, con el acostumbrado respeto, aclaro mi voto, reiterando las razones expuestas en salvamento de voto que efectúe a la sentencia C-372 de 2011.[26] En dicha ocasión sostuve lo siguiente:
“(…) la disposición legal acusada no resulta contraria a los derechos al trabajo y de acceso a la administración de justicia, ni constituye una medida regresiva en materia de mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores, en primer lugar, porque está dentro del margen de configuración del legislador en materia de procedimientos judiciales, definir una cuantía alta para restringir el acceso al recurso de casación. Un mayor número de procesos de casación no asegura a su vez una mayor y mejor unificación de la jurisprudencia, y por el contrario, resulta contraproducente promover una carga excesiva para las altas Cortes.
En la sentencia, en segundo lugar, se emplea el juicio intermedio de razonabilidad con fundamento en la eventual afectación de los derechos a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, cuando ha debido aplicarse un juicio leve, puesto que siempre que se recurre al juicio de razonabilidad se está realmente ante un problema de igualdad, y en el caso que se analiza realmente no surgen otras razones que permitan sostener lo contrario. Aceptar el argumento de la sentencia implicaría que en materia de procedimiento laboral, el legislador en realidad no tiene un amplio margen de configuración porque siempre está regulando derechos sociales, laborales y de acceso a la justicia. Dado que no existe un derecho constitucional a la casación, que no hay una prohibición constitucional que deba enfrentar el legislador al regular los procedimientos judiciales, que no hay evidencia de arbitrariedad, y que no se configuran ninguno de los elementos que justifican el cambio de jurisprudencia, la Sala no podía ignorar el precedente constitucional.
La sentencia señala que el asunto planteado en la demanda es distinto al considerado en la sentencia C-596 de 2000[27], razón por la cual no puede seguirse la ratio decidendi de esa providencia y considera que el demandante logró demostrar un aumento en la cuantía para acceder a la casación de 100 smlmv en 1989 a 220 en 2010, lo que supone un aumento del 340% en ese periodo. No obstante, las cifras presentadas por el demandante conducen a una falacia, pues la realidad es que con las modificaciones introducidas a la figura de la casación desde 1956 hasta 1977 la variación de la cuantía fue del 100%, de 1977 a 1989 del 100%, mientras que del 2001 al 2010, solo fue del 83%.
La sentencia, en tercer lugar, mezcla el principio de progresividad con el concepto de carácter prestacional inherente a todos los derechos y aplica el criterio de progresividad en relación con derechos fundamentales, en este caso el acceso a la justicia, a pesar de que la doctrina lo ha desarrollado respecto de derechos sociales para efectos de señalar que la exigibilidad de estos derechos depende del desarrollo que le haya dado el legislador, y que una vez se ha alcanzado un nivel de protección determinado, el legislador no puede establecer condiciones regresivas o menos garantistas, salvo de manera excepcional y temporal.
Finalmente, la sentencia aplica de manera inadecuada el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, puesto que dado el amplio de margen de configuración que tiene el legislador para diseñar los procedimientos que deben ser aplicados por los jueces, el análisis de proporcionalidad del límite que establece el artículo cuestionado para acceder a la casación estableciendo una cuantía mínima, no puede conducir a que el juez constitucional suplante al legislador en la apreciación de los intereses en juego y en el diseño normativo. Lo que debe analizar la Corte al examinar la proporcionalidad estricta de una medida, es si resulta manifiestamente desproporcionada al comparar el fin perseguido con los intereses sacrificados.[28] En el caso analizado, la sentencia no señala por qué sería manifiestamente desproporcionado, especialmente si se tiene en cuenta que en el pasado los incrementos que ha realizado el legislador cada diez o quince años, han sido superiores. Un aumento del 83% en la cuantía mínima para acceder a la casación está de hecho por debajo del promedio de las últimas reformas, en las que en promedio, cada quince años, el legislador aumentó el valor en un 100%. La ponencia calcula mal el aumento cuando pasa de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales porque éste no es del 50% sino del 100%. Si se examinan los términos del texto original y la primera reforma de 1956, el aumento fue casi del 100% (pasó de 67 smlmv a 128), y entre 1977 y 1984, el incremento también fue del 100% (pasó de 50 a 100 smlmv).”
Dejo, pues expuestas las razones que me llevan a aclarar mi voto frente a la decisión adoptada por esta Corporación en el asunto de la referencia, y que resulta necesario recordar en esta ocasión debido a la decisión de la Sala de atenerse a lo resuelto en la sentencia C-372 de 2011.
[1] Citan entre otras las sentencias C- 1541 de 2000, C-1110 y C-1195, ambas de 2001.
[2] El texto del artículo 86 vigente al momento de expedirse la Ley 1395 de 2010 era el contenido en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, que fijó el interés pare recurrir en casación en los procesos laborales en la suma de 120 salarios mínimos mensuales.
[3] Entre ellas las sentencias C-179 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), C-017 de 1996 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-596 de 2000 (M. P. Antonio Barrera Carbonell) y C-103 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[4] Según se explica, la doctrina procesal laboral conoce con esta denominación la facultad ofrecida por el artículo 5° del Código Procesal de la materia, según la cual la demanda podrá presentarse en el último lugar donde se prestaron los servicios o en el domicilio del actor.
[5] Literal b) del artículo 23 del proyecto de ley estatutaria No. 023/06 Senado y No. 286/07 Cámara “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”, revisado y declarado inexequible mediante sentencia C-713 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[6] Cita la exposición de motivos del proyecto que vino a convertirse en Ley 1395 de 2010, publicada en la Gaceta Legislativa N° 825 de 2008.
[7] Se refiere al proceso D-8274, cuya sustanciación está a cargo del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8] Sobre el margen de configuración normativa del legislador en materias procesales ver, entre muchísimas otras, las sentencias C-742 de 1999, C-111, C-384 y C-1270 de 2000, C-1104 de 2001, C-131 de 2002, C-204 y C-798 de 2003, C-662 de 2004, C-520 y C-807 de 2009.
[9] Cfr. sobre este aspecto, entre muchas otras, las sentencias C-740 de 2003, C-316 de 2008 y C-354 de 2009.
[10] Proyecto 197 de 2008 Senado, presentado el 18 de noviembre de 2008 por el Ministro del Interior y de Justicia, publicado en la Gaceta N° 825 de noviembre 19 de 2008 (páginas 1 a 13).
[11] Exposición de motivos, Gaceta 825 de 2008, página 9. Aparentemente por error, en el segundo párrafo transcrito se dice que la reforma propuesta apunta a que la demanda se presente sólo en el último lugar donde se prestaron los servicios, mientras que el articulado propuesto contenía desde su primera versión la norma finalmente aprobada como artículo 45, es decir la que permite que sea el lugar donde se prestaron los servicios, o el domicilio el demandante, a elección de éste.
[12] Cfr. ponencia para primer debate en el Senado de la República, Gaceta 481 de 2009; ponencia para segundo debate ante la plenaria del Senado, Gaceta 1257 de 2009, páginas 1 a 37; acta N° 28 de la plenaria del Senado, correspondiente a la sesión del día 16 de diciembre de 2009, en la que este proyecto fue aprobado en segundo debate; ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, Gaceta 262 de 2010; ponencia para segundo debate ante la plenaria de la Cámara, Gaceta 319 de 2010, páginas 1 a 56.
[16] Han existido sí, reflexiones puntuales en torno a la importancia de la descongestión de los despachos judiciales en aquellos casos en que la Corte ha examinado la validez constitucional de instituciones tales como la conciliación, el arbitraje o la amigable composición, en cuanto siempre se ha considerado que la existencia de los llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos es una opción válida para, de una parte, escapar en casos concretos de los traumatismos ocasionados por la congestión judicial, y de otra, contribuir a nivel global a evitar el crecimiento e incidencia de este fenómeno.
[17] Producto de estas facultades es el ya mencionado Decreto 2651 de 1991, de vigencia transitoria, prorrogado en varias oportunidades, algunas de cuyas disposiciones adquirieron luego carácter permanente con la expedición de la Ley 446 de 1998.
[18] Sentencias C-037 de 1996 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-713 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), respectivamente.
[19] Sentencia C-713 de 2008, antes citada.
[21] Si bien la parte resolutiva de la sentencia C-713 de 2008 no introdujo condicionamientos a la exequibilidad del artículo 15 de este proyecto que reformó el artículo 63 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su parte motiva sí incluyó reflexiones en torno al carácter necesariamente transitorio del Plan Nacional de Descongestión desarrollado en esta norma.
[22] Expresión con la que es usualmente conocida la situación contemplada en el artículo 1535 del Código Civil.
[23] El carácter protector y corrector de la desigualdad es inherente a las instituciones del Derecho Laboral y se sustenta actualmente en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política. Cfr. sobre este tema, entre muchísimas otras, las sentencias C-893 y C-1110 ambas de 2001 y C-038 de 2004.
[24] Ver en este sentido los artículos 4° y 37 del Código de Procedimiento Civil, el primero de los cuales prevé la igualdad de las partes como uno de los principios que deberán observarse en la interpretación de las normas procesales, mientras que el segundo otorga al juez los poderes necesarios para garantizar en todo momento la observancia de este principio.
[25] Ver sobre este tema, entre muchísimas otras, las sentencias C-142 de 1993, C-040 de 2002, C-670 de 2004 y C-934 de 2006.
[27] MP. Antonio Barrera Carbonell. En esta oportunidad, la Corte en relación con el cargo del actor, según el cual, las restricciones impuestas al recurso de casación en cuanto a la cuantía del interés para recurrir violan los derechos al trabajo, a la igualdad, y al acceso a la administración de justicia, concluyó que no le asistía razón al demandante por las siguientes razones: “(…) La protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. En dichas instancias pueden hacer valer los correspondientes recursos ordinarios. Igualmente, pueden hacer uso del recurso de casación cuando para ello se reúnan los requisitos de procedibilidad. // No necesariamente la protección de dicho derecho, en consecuencia, se logra con la casación; ésta muchas veces se constituye en un obstáculo para que el trabajador pueda en forma pronta y oportuna satisfacer sus derechos. Por ejemplo, cuando el recurrente es el empleador. // No se rompe el principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso; es decir, cuando el recurrente es el trabajador o el empleador. // La necesidad de establecer mecanismos procesales a favor del trabajador, para facilitar la protección de sus derechos e intereses, con el fin de equilibrar su desigualdad económica frente al empleador, no necesariamente debe hacerse dentro del recurso de casación. // No se viola, por consiguiente, el acceso a la justicia, porque éste se encuentra debidamente garantizado en las instancias ordinarias del proceso; por lo tanto, bien puede restringirse, la posibilidad de acudir a la casación, la cual, como se indicó anteriormente, es un recurso excepcional, extraordinario y, por consiguiente, limitado.” Por lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 86 y 92 del C.P.T., y 221 del C.P.P. Igualmente declaró exequibles: la expresión "cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos" del inciso 1º, y los parágrafos primero y segundo del art. 366 del C.P.C.
[28] Sobre el tema de proporcionalidad ver la sentencia C-916 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).