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Timestamp: 2017-11-21 10:05:12
Document Index: 181932927

Matched Legal Cases: ['Artículo 415', 'Artículo 413', 'Artículo 414', 'artículo 405', 'artículo 405', 'artículo 405', 'artículo 401', 'artículo 405', 'artículo 416', 'artículo 341', 'artículo 420', 'artículo 405', 'artículo 420', 'artículo 150', 'artículo 402', 'artículo 412', 'artículo 31', 'artículo 402', 'artículo 288', 'artículo 418']

LOS RECURSOS	(3)
Published in LOS RECURSOS
Domingo, 26 Julio 2015 19:32
Artículo 415 Ámbito.-
1. El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el Juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia.
2. El trámite que se observará será el siguiente:
a) Si interpuesto el recurso el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite.
b) Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas. Si el Juez lo considera necesario, conferirá traslado por el plazo de dos días. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin ella.
3. El auto que resuelve la reposición es inimpugnable.
Domingo, 26 Julio 2015 19:34
Artículo 413 Clases.- Los recursos contra las resoluciones judiciales son:
1. Recurso de reposición
2. Recurso de apelación
3. Recurso de casación
4. Recurso de queja
Artículo 414 Plazos.-
1. Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son:
a) Diez días para el recurso de casación
b) Cinco días para el recurso de apelación contra sentencias
c) Tres días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios y el recurso de queja
d) Dos días para el recurso de reposición
2. El plazo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
Martes, 28 Julio 2015 22:40
La sentencia de la Casación N° 33-2010-Puno (once de noviembre de
dos mil diez) señala que los autos dictados en audiencia solo pueden ser apelados en esta –de modo oral– reservándose en todo caso el hacer la fundamentación por escrito y dentro del plazo legal, que la voluntad de impugnar debe manifestarse de modo expreso, y que no puede condicionarse la fundamentación de la impugnación oralizada en audiencia con asistencia de la parte impugnante a la previa entrega de la resolución o de su audio.
“Primero: Que es materia del recurso de casación el auto superior de fojas cuarenta y cuatro, del dieciséis de octubre de dos mil nueve, que declaró infundado el recurso de queja de derecho promovido por la señora Fiscal Provincial de Puno contra la resolución del Juez de la Investigación Preparatoria de fojas trein-
ta y tres, del seis de octubre de dos mil nueve, que declaró improcedente el recurso de apelación que planteó contra la resolución oral registrada en la audiencia de fojas veintisiete, del uno de octubre de dos mil nueve, que declaró fundado el requerimiento de tutela de derechos a favor de María Cahui Coila y Mercedes Mamani Coila.
El Juzgado de la Investigación Preparatoria rechazó el recurso de apelación de la señora Fiscal Provincial, porque no se interpuso recurso en forma oral en el mismo acto de la audiencia. Esta decisión desestimatoria fue confirmada por la Sala Penal Superior, que estimó que contra las resoluciones dictadas en el curso de
una audiencia el recurso que se interpone debe ser oral, conforme al artículo 405, apartado 2, del nuevo Código Procesal Penal.
Segundo: Que el artículo 405 del nuevo Código Procesal Penal, salvo los supuestos específicos, regula los presupuestos subjetivos y formales de los recursos impugnativos en general. En cuanto a la forma del acto de interposición, el literal b) del apartado 1 del artículo 405 del nuevo Código Procesal Penal, estipula que este puede ser por escrito u oral. La interposición oral del recurso de la parte procesal legitimada solo cabe respecto de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, supuesto en el que el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. El apartado 2 del citado artículo estipula que
en estos casos, de tratarse de resoluciones finales expedidas en la audiencia, el recurso se formalizará por escrito en el plazo de cinco días, salvo disposición dis-
tinta de la Ley.
Tercero: Que (i) es evidente que no es viable impugnar oralmente una resolución escrita, pues la regla es que esta modalidad de resolución solo se recurre por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También (ii) es incuestionable que el nuevo Código Procesal Penal en el caso de decisiones expedidas oralmente o leídas en audiencia, como consecuencia de la concordancia de dos principios que la informan: oralidad y concentración, introduce dos reglas clarísimas: (a) acto de interposición oral en esa misma audiencia, y (b) ulterior formalización escrita del recurso en fecha posterior. Solo en el caso de expedición de sentencias, por imperio del artículo 401, apartado 1, del nuevo Código Procesal Penal, es posible la reserva del acto de interposición.
Cuarto: Que, en el acto de la audiencia, expedida la resolución oral cuestionada, la señora Fiscal Provincial expresó: “(...), no estando conforme, solicitamos se nos notifique y se nos haga llegar los audios correspondientes a fin de evaluar las medidas y acciones correspondientes que tomará el Ministerio Público, en relación a los hechos materia de audiencia’’ (fojas veinticinco).
Al respecto cabe una precisión y dos aclaraciones.
La señora Fiscal Provincial no impugnó expresamente el auto judicial de tutela de derechos. No hay una voluntad impugnativa claramente consignada. No basta decir “no estando conforme”, se requiere que la parte legitimada se pronuncie clara y contundentemente sobre la impugnación, si recurre o no recurre.
La decisión oral se da por notificada en el mismo momento de su expedición en presencia de las partes que asistieron a la audiencia –las características del principio de oralidad así lo imponen–.
No puede condicionarse un acto procesal de parte –ni menos la suspensión del tiempo del proceso– a que se le haga entrega del audio de la audiencia o se notifique una decisión oral –que en este último caso no es viable– (para evaluar, según anotó, las medidas y acciones correspondientes), puesto que el Ministerio Público estuvo representado en el acto de la audiencia y conocía de lo sucedido y decidido.
Quinto: Que así las cosas la desestimación del recurso de apelación es jurídicamente correcto. No se tergiversó ni se dejó de observar las disposiciones citadas
del artículo 405 del nuevo Código Procesal Penal.
El recurso de casación, por consiguiente, debe desestimarse”.
La sentencia de la Casación N° 53-2010-Piura (siete de junio de dos mil doce) señala que el artículo 416 del Código Procesal Penal debe ser interpretado en sentido estricto.
“6. Que, ahora, en cuanto a la pretendida regulación del recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en audiencia, sobre todo cuando la decisión cause gravamen irreparable, cabe indicar que el artículo cuatrocientos dieciséis del Código Procesal Penal, debe ser interpretado en todos los casos en sentido estricto, en efecto, dicho dispositivo legal establece las causales de proce-
dencia y las resoluciones que son recurribles vía el recurso de apelación, por lo que cualquier interpretación amplia y extensiva de la acotada norma, por un lado, desnaturalizaría la incoación de dicho recurso y, por otro lado, crearía un desorden recursal que importaría una obstrucción al desarrollo normal del proceso penal; que, en el caso concreto, resulta adecuada la decisión de Sala de
Apelaciones de haber declarado nulo el concesorio de apelación y la apelación propiamente dicha, interpuesta por el Fiscal Superior contra la decisión del Juez de la Investigación Preparatoria de declarar infundado su pedido de oposición
a las observaciones efectuadas por la defensa del acusado Alex Artemio Palacios Mogollón, en la audiencia de control de acusación, pues dicha resolución no resulta recurrible a través del recurso interpuesto, más aún si existe norma legal específica al respecto, así el artículo cuatrocientos quince del Código Procesal Penal establece lo siguiente: ‘(...) Durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución –autos–, menos las finales (...)’. En tal sentido, no puede pretenderse –como así lo solicita el Fiscal Superior–, que se realice una interpretación extensiva del artículo cuatrocientos quince, literal e), cuando ello colindaría flagrantemente con otra norma legal –de naturaleza imperativa– que resulta ser específica y concreta para el caso de autos, en tal virtud, debe desestimarse también la pretensión planteada en este extremo por el representante del Ministerio Público, toda vez que no se advierte razón que justifique el presupuesto excepcional de desarrollo de la doctrina jurisprudencial”.
El Auto de Calificación de la Casación N° 208-2011-La Libertad (diecisiete de noviembre de dos mil once) señala que las resoluciones dictadas oralmente en audiencia de juzgamiento se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, empezando a correr ahí el plazo para impugnar.
“Tercero: Que conforme se verifica del acta de la sesión de fojas doscientos vein tiuno, la sentencia de vista que confirmó la de primera instancia, se emitió el siete de junio de dos mil once, oportunidad en la que se dejó constancia que el abogado defensor se retiró de la Sala de Audiencia sin motivo justificado. Pese a esta contingencia debe señalarse que conforme al inciso cuatro del artículo trescientos sesenta y uno del Código Procesal Penal se entenderán notificadas desde el momento que se emite la sentencia, por lo que el plazo para interponer recurso de casación se debe contabilizar desde el ocho de junio de dos mil once; sin embargo, el recurrente interpuso recurso de casación el veintitrés de junio de dos mil
once, esto es, en forma extemporánea, si se tiene en cuenta que solo tenía diez días para interponer dicho medio impugnatorio”.
El auto de Calificación de la Casación N° 57-2009-Arequipa (ocho de
junio de dos mil diez) señala que el CPP de 2004 no requiere de vista fiscal antes del pronunciamiento de la segunda instancia sobre la resolución que declaró el sobreseimiento de la causa.
“La agraviada sustenta el recurso de casación que interpuso a fojas doscien-
tos cuarenta y dos en el artículo cuatrocientos veintisiete apartado cuatro del Código Procesal Penal. Solicita se forme o consolide un adecuado desarrollo jurisprudencial respecto del procedimiento que el juez debe observar antes de pronunciarse por el sobreseimiento de la causa. Considera, al respecto, que re-
sulta indispensable que el fiscal emita opinión antes de dictarse el auto de sobreseimiento, pues de lo contrario se vulneraría la pluralidad de la instancia y la autonomía del Ministerio Público; que, en el presente caso, al no haberse procedido de esa forma en el caso de la Fiscalía Superior en segunda instancia, se aplicó indebidamente la garantía de la doble instancia; que el artículo trescientos cuarenta y seis del nuevo Código Procesal Penal debe aplicarse conforme a la Constitución, pues si el Fiscal no interviene el Poder Judicial será quien en definitiva decida y controle al Ministerio Público. (…).
Quinto: Que el casacionista insta una interpretación distinta del artículo tres-
cientos cuarenta y seis del nuevo Código Procesal Penal. En verdad, en el presente caso el Fiscal Provincial solicitó el sobreseimiento de la causa y el Juez de la Investigación Preparatoria, realizada la audiencia preliminar de control, aceptó sobreseerla. En sede de apelación, la Sala Superior cumplió con el procedimiento previsto en el artículo cuatrocientos veinte del nuevo Código Procesal Penal, es decir, previo trámite de traslados a las partes recurridas, citó para la audiencia de apelación, que se realizó cumplidamente conforme aparece del acta de fojas ciento noventa y cuatro, en la que intervinieron el fiscal, los abogados de la parte encausada y del agraviado. Como se advierte de autos, el cuestionamiento, en todo caso, es al artículo cuatrocientos veinte del nuevo Código Procesal Penal, en cuanto regula la intervención del Ministerio Público en el procedimiento de apelación de autos. No es posible imponer, vía interpretación, un trámite no previsto legalmente e incompatible con su sistemática: la institución de la vista fiscal y del dictamen fiscal previo, no es propia del modelo reconocido por el nuevo Código Procesal Penal –su imposición vulneraría el principio de legalidad procesal penal–. El juez, en estos casos, ha de cautelar la vigencia de los principios procesales de contradicción e igualdad; esto es, de que, con plena correspondencia o simetría, sin privilegios irrazonables para cualesquiera de las partes, se les reconozca la oportunidad, en tanto pueden ver afectados sus derechos, intereses legí-
timos o expectativas procesales con una determinada resolución judicial, de poder intervenir en su formación, mediante la posibilidad de intervenir en las actua-
ciones, alegar y desarrollar, en su caso, actividad probatoria consistente. El principio procedimental de oralidad del nuevo Código Procesal Penal se consagra,
en sede de apelación, mediante el sistema de audiencias –con abierta preponderancia de la palabra hablada– y, entre otros aspectos, con la primacía de la inmediación en la valoración de las pruebas personales. La norma cuestionada por el casacionista no necesita de una interpretación distinta de la realizada por la Sala
de Apelación. La claridad de su texto no ofrece dificultades interpretativas que reclaman la atención de esta Sala de Casación. La institución de la vista fiscal no es consustancial a los principios de contradicción e igualdad de armas y a la garantía de un debido proceso, en tanto en cuanto el trámite procesal de apela-
ción afirma precisos principios procesales que evitan la indefensión material de la fiscalía”.
La sentencia de la Casación N° 215-2011-Arequipa (doce de junio de
dos mil doce) señala, en calidad de doctrina jurisprudencial, que la autoridad jurisdiccional que conoce un medio impugnatorio debe circunscribirse a los agravios aducidos por las partes, en su recurso impugnatorio presentado.
“Sexto: Que, con respecto a la doctrina jurisprudencial solicitada, debe indicarse, que se encuentra amparada en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal. 6.1. El principio de congruencia o conoci-
do también como de correlación, importa un deber exclusivo del juez, por el cual debe expresar los fundamentos de una respuesta coherente en su resolución que dicta, basado en las pretensiones y defensas traducidas en agravios formulados por los justiciables en su recurso impugnativo, y que de esa manera no se pueda justificar la decisión arribada en razones diversas a las alegadas por las partes. Este principio tiene una cierta vinculación con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al principio acusatorio y al contradictorio. 6.2. El Tribunal Consti-
tucional afirma que el principio de congruencia, forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de motivaciones de las decisiones judiciales, y este principio garantiza que el juzgador debe resolver cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes. 6.3. Que, el agravio o gravamen es el perjuicio real e irreparable que presenta una parte afectada por una decisión jurisdiccional, y por lo tanto, limitan y racionalizan la potestad represiva del Estado en el proceso. Esta viene a ser el núcleo central de un recurso impugnativo. 6.4. Cuando se produce discordancia entre el pronunciamiento judicial con el contenido de los agravios efectuados por las partes en forma oportuna, se produce el vacío de incongruencia. Esto puede ocurrir por ex ceso (ultra petita), por defecto (citra o infra patita) o por exceso o defecto (extra patita). En la primera, se conceda más de lo pedido, en la segunda, omitiendo injustificadamente pronunciarse sobre alguna de las cuestiones decisivas del debido, y el tercero, cuando se sale del tema litigioso para de esa manera, otorgar o denegar lo que nadie le ha pedido, y al propio tiempo no responder a lo que se le ha pedido. 6.5. Que, en el caso de autos la Sala de Mérito incurrió en un pronunciamiento extra patita, por cuanto fue más allá de lo deducido por la parte recurrente, vulnerando de esa manera el principio de congruencia recursal a que estaba obligado a cumplir. 6.6. Que, siendo así, en el caso de autos el tema planteado por el recurrente reviste interés casacional a criterio de este Supremo Tribunal, toda vez que al interponerse un recurso impugnatorio este debe ser atendido en función a los agravios invocados por quien lo interponga, precisándose que en el
caso de autos la Sala Superior excedió su función revisora al entrever en los fundamentos de la recurrida que los hechos investigados podrían configurarse dentro de los alcances de lo contenido en los artículos trescientos setenta o trescien-
tos setenta y dos del Código Penal; siendo ello el fundamento principal para revocar la resolución que declaró fundada la excepción de improcedencia de acción, no habiéndose enmarcado la resolución materia de casación en los hechos que constituyen la presente investigación y la calificación jurídica invocada por el Ministerio Público, circunstancia que afecta el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, mas si se tiene en cuenta que ninguno de los apelantes –parte agraviada ni Ministerio Público– fundamentaron como agravio una posible nueva calificación del hecho denunciado los artículos trescientos setenta o trescientos setenta y dos del Código Penal. 6.7. Que, a mayor abundamiento, es de precisar que el numeral uno del artículo cuatrocientos nueve del Código procesal Penal señala que la impugnación confiere del Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”.
La sentencia de la Casación N° 22-2010-Cuzco (veintitrés de setiembre
de dos mil diez) señala que el órgano jurisdiccional de segunda instancia no puede inferir el desistimiento del Fiscal Superior, pues este debe ser expreso y canalizarse conforme a su trámite específico.
“Tercero: Que si bien es cierto, por la especial configuración orgánica del Ministerio Público y los principios institucionales y de actuación que lo informan, específicamente el principio de unidad en la función, el Fiscal Superior en grado no está sujeto a la posición procesal asumida por el Fiscal inferior –esta no le es vinculante– y, por tanto, puede adoptar un planteamiento jurídico distinto –el aludido principio de unidad en la función compromete, en todo caso, a los Fiscales del mismo oficio, mas no al Superior en grado (la Fiscalía Superior)–, es de precisar que el desistimiento siempre es expreso y está sujeto a un trámite específico, conforme establece el artículo 341 y siguientes del Código Procesal Civil. En consecuencia, no es posible sostener que el Fiscal Superior se desistió
del recurso de apelación. Al no hacerlo –el desistimiento no se presume– el Tribunal debía pronunciarse sobre el mérito del recurso de apelación del Fiscal Provincial, quien introdujo la pretensión impugnativa y a la cual debió responder razonada y razonablemente.
Es de precisar, según se advierte del audio que contiene la audiencia de apela-
ción del cuatro de marzo del año en curso, que el Fiscal Superior se limitó a sostener que está de acuerdo con la decisión del Juez de la Investigación Preparatoria que desestimó el acuerdo provisional de terminación anticipada; que su actuación, aunque difiere del Fiscal de Investigación que apeló el auto desestimatorio, se ampara en los artículos cinco de la Ley Orgánica del Ministerio Público y sesenta y uno del Código Procesal Penal; y que, en tal virtud, se aparta de la apelación del fiscal de Investigación, y de hacer lo contrario –seguir sosteniendo la apelación– no sería coherente con su postura frente a otros casos similares.
Por tanto, el indicado fiscal no se desistió expresamente del recurso de apelación, ni tampoco siguió el procedimiento preestablecido del recurso de desistimiento. Tampoco lo hizo respecto del propio acuerdo suscrito por el Fiscal
Y, que el Fiscal Superior no puede alterar la pretensión impugnativa del Ministerio Público, salvo que se desista de la apelación.
“Cuarto: Que cabe puntualizar que la pretensión impugnativa la introduce el Fis-
cal recurrente y es esta la que delimita los principios de congruencia y de exhaustividad del Tribunal de Apelación. El Fiscal Superior en grado solo puede alterar este ámbito de la pretensión impugnativa en la medida en que se desista del recurso, total o parcialmente –y lo puede hacer porque institucionalmente rige en el Ministerio Público el principio de jerarquía y desde la perspectiva de su actuación impera el principio de objetividad o legalidad–. Siendo así, no es razón suficiente aludir a la posición del Fiscal Superior hecha valer en la audiencia de apelación para, inmotivadamente, confirmar el auto recurrido”.
El Auto de Calificación de la Casación N° 01-2007-Huaura (diecisiete
de mayo de dos mil siete) señala que se debe hacer una interpretación no formalista de los requisitos de todo medio impugnatorio, estándose a la “voluntad impugnativa”.
“Cuarto: Que, no obstante ello, en función al carácter tasado de los motivos de casación es de precisar que el cauce procesal que corresponde al caso submateria es el previsto por el artículo cuatrocientos veintinueve, inciso dos, del nuevo Código Procesal Penal, y, en consecuencia, sobre ese motivo debe incidir el examen casacional; que a estos efectos es de asumir la concepción de la denominada ‘voluntad impugnativa’, atento al contenido o fundamentación y a la pretensión hecha valer mediante el presente recurso –que, por lo demás, ha cumplido con las exigencias formales del apartado uno del artículo cuatrocientos treinta
del Código acotado–, que incide puntualmente en los alcances del cumplimien to de las normas procesales por el órgano jurisdiccional causantes de nulidad del auto de vista, por lo que, en aras de hacer efectivo el derecho a la tutela jurisdiccional, que obliga a una interpretación no formalista de los requisitos de todo recurso impugnatorio, cabe entender que el recurso en cuestión tiene como motivo específico el previsto en el inciso dos del citado artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo Código Procesal Penal”.
La sentencia de la Casación N° 52-2009-Arequipa (trece de julio de dos
mil diez) señala que la inasistencia del apelante de un auto a la audiencia de segunda instancia para sustentar oralmente su pretensión no puede ocasionar la inadmisibilidad del recurso.
“TERCERO: Que, ahora bien, el procedimiento del recurso de apelación en el Tribunal Superior ha sido regulado separadamente según la resolución impugnada se trate de auto o de sentencia (así, artículos 420 y 424 del NCPP, respectivamente). Tratándose de autos, como el presente que se recurre una decisión sobre prisión preventiva, el apartado cinco del artículo 420 del NCPP es claro y definitivo, no deja lugar a dudas ni puede invocarse siquiera una laguna normativa que requiera acudir a la integración jurídica, en concreto a la aplicación supletoria de otra norma similar. Inicia el texto de la citada norma con la siguiente frase: ‘A la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que lo estimen conveniente’. A su vez, precisa que la audiencia de apelación ‘(...) no podrá aplazarse por ninguna circunstancia (...) y (...) se oirá al abogado de la parte recurrente y a los demás abogados de las partes asistentes’.
Ambas frases no admiten, dentro de su sentido literal posible, otra opción que entender que la asistencia a la audiencia de apelación de autos de los sujetos procesales, incluyendo por cierto a sus abogados –que tienen una función específica dentro del proceso y su actividad se integra al de la parte que defiende–, es facultativa, y que los esclarecimientos y el propio debate de alegaciones, con la concurrencia incluso del acusado, que tiene derecho a la última palabra, es potestativa o discrecional. En este supuesto se considera suficiente el mérito del acto de interposición, respecto del cual la ley exige su debida fundamentación por escrito (artículo 405, apartado uno, literales b) y c), del NCPP), y se privilegia la necesaria absolución del grado bajo el entendido de que la argumentación y la pretensión impugnativa constan en autos.
La asistencia a la audiencia de apelación desde la perspectiva del derecho a la revisión de una resolución de primera instancia de carácter interlocutoria, instituida legalmente, no trae consigo la inadmisibilidad de la apelación, su decadencia. Es obvio que desde una perspectiva general la concurrencia a la audiencia es, por
cierto, un derecho constitucional de las partes –base del principio de contradicción y de la garantía de defensa procesal, de hacerse oír por el órgano jurisdiccional antes de una decisión–. El deber u obligación procesal de asistencia, por el contrario, lo será en la medida, según el régimen legal respectivo, en que una
norma específica así lo exija.
En tal virtud, la asistencia a la audiencia de apelación de autos es, propiamente, una posibilidad procesal, en tanto oportunidad procesal que se brinda al apelan-
te a fin de acrecentar sus expectativas de una decisión favorable con su asistencia a las audiencias y exponer razonada, razonable y oralmente sus puntos de vista fácticos y jurídicos, así como sus propias pretensiones o resistencias. El NCPP, para el caso del recurso de apelación, ha configurado la asistencia del impugnante a la apelación como una carga procesal solo cuando se apelen sentencias, pues su inasistencia determina la declaración de inadmisibilidad del recurso.
CUARTO: Que la declaración de inadmisibilidad de un acto procesal –en este caso de la interposición del recurso de apelación y de la consiguiente necesidad de la absolución del grado por el órgano jurisdiccional ad quem– constituye una sanción procesal. Como tal, según el apartado tres del artículo VII del Título Preliminar del NCPP, ha de ser interpretada restrictivamente. La declaración de in-
admisibilidad presupone, como es lógico, una norma expresa y, además, se aplica solo y estrictamente a los casos en los que no exista ni la menor duda, es decir, al alcance interpretativo de la ley se limita al núcleo de su significación.
Invocar el régimen de la apelación de sentencias, bajo el argumento de la supre-
macía de los principios de contradicción, oralidad y publicidad, es llanamente una integración analógica que lesiona el alcance del artículo 420 apartado cinco del NCPP, visto su contenido normativo expreso y cierto, e infringe palmariamente el artículo VII del Título Preliminar del NCPP ya citado”.
de dos mil diez) señala que es nula la resolución de segunda instancia que no responde todos los motivos del recurso de apelación ni absuelve las pretensiones impugnativas.
“SEXTO: Que, siendo así, se vulneró la garantía constitucional de tutela jurisdiccional. La resolución de vista no está fundada en derecho, no es congruente ni cumplió con el principio de exhaustividad. No respondió todos los motivos del recurso de apelación ni absolvió las pretensiones impugnativas hechas valer por la Fiscalía Provincial con el imputado y su defensa. Ante una ausencia de motivación y la vulneración de la garantía de tutela jurisdiccional no cabe otra opción que anular la resolución de vista y disponer que el Tribunal Superior emita una decisión sobre el fondo del asunto. Es de aplicación el artículo 150, literal d), del Código Procesal Penal”.
La sentencia de la Casación N° 05-2007-Huaura (once de octubre de dos mil siete) señala que es válida –bajo ciertas condiciones– la motivación por remisión de las resoluciones de segunda instancia.
“Es claro, por lo demás, sostener que la sentencia de segunda instancia no vulne-
raría la garantía de motivación –en concreto, de motivación suficiente– cuando utiliza la técnica denominada del ‘fallo por remisión’, es decir, cuando el Tribunal Superior se remite a la sentencia de primera instancia, siempre y cuando esta resuelva con rigor y motivadamente la cuestión planteada. En todo caso, los motivos del recurso deben haber sido respondidos cabalmente y de los argumentos del fallo de vista puede inferirse válidamente que se pronunció acerca de las alegaciones del recurrente”.
Pero, puntualizando la improcedencia de la motivación por remisión cuando la causa de impugnación es un cuestionamiento de la completitud en la exposición y valoración de la prueba en la resolución de primera instancia, caso en que nos encontraríamos ante un supuesto de motivación insuficiente.
“OCTAVO. En el presente caso el Tribunal de Apelación ha entendido que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, en orden a la valoración de la
prueba personal, no puede ser revisada, es inmodificable, tanto más si no se actuó prueba en segunda instancia. Sin embargo, no apreció, pese a que integraba el
motivo de la impugnación, el otro ámbito de fiscalización de la prueba personal: la coherencia y persistencia de los principales testigos de cargo, en suma (desde luego, es del caso puntualizar que el hecho de que una testigo en el curso del proceso haya expuesto varias versiones en modo alguno inhabilita al órgano jurisdiccional a optar por una de las versiones, siempre que explicite los motivos por los que asume una de ellas); si el relato incriminador era atendible en función a las reglas de la experiencia: si este era suficiente, a partir del conjunto de la prueba apreciada por a quo; si el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia era
en sí mismo sólido y completo.
Por otro lado, en el presente caso no es aceptable la técnica de la remisión, pues
existe un cuestionamiento a la completitud de la prueba –tanto testifical como pericial–, y una invocación a la necesidad de apreciar el conjunto de declaraciones de la agraviada y a lo que del testigo de cargo anotó el recurrente, datos o precisiones no consolidados en la sentencia de primera instancia.
En tal virtud, es de estimar que la sentencia de segunda instancia no absolvió debidamente los motivos del recurso de apelación centrados en un error en la apre-
ciación de la prueba de cargo. Vulneró, en consecuencia, la garantía de motivación, en concreto el principio de razón suficiente. No justificó la razón de la pretensión impugnativa del imputado”.
El Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116 (trece de noviembre de dos mil nueve) señala que la pena de inhabilitación no se ejecuta hasta que la sentencia que la impone quede firme.
“Si se examina el régimen del NCPP, podrá advertirse, en el caso de la sentencia condenatoria, la inclinación por el primer modelo: la impugnación no tiene efecto suspensivo –así lo dispone el artículo 402.1 del NCPP como regla específica frente a la genérica del artículo 412.1 del NCPP–, con la excepción de la imposición de las penas de multa o limitativas de derechos, una de las cuales es, por cierto, conforme al artículo 31.3 del Código Penal, la pena de inhabilitación. Ello significa, entonces, que solo las sentencias que imponen penas de privativas de libertad y restrictivas de libertad que consignan los artículos 29 y 30 del Código Penal –en adelante, CP– se cumplen provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas. Por tanto, si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402.2 del NCPP, podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna restricción de las previstas en el artículo 288 del NCPP.
A su turno, el Tribunal de Revisión, en caso se hubiera optado por la inmediata ejecución de la pena impuesta, podrá suspenderla, atendiendo a las circunstancias del caso, según el artículo 418.2 del NCPP. Tal efecto suspensivo concluirá
cuando la sentencia queda firme.
En consecuencia, la pena de inhabilitación conforme a las disposiciones pertinentes del NCPP no se ejecuta hasta que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Rige plenamente, en este dominio, el denominado sistema suspensivo”.