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Timestamp: 2019-01-24 03:01:06
Document Index: 208598066

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 334', 'artículo 1', 'artículo 363', 'artículo 5']

﻿ SENTENCIA C-130 DE ABRIL 1 DE 1998
SENTENCIA C-130 DE 01 DE ABRIL DE 1998
CONTENIDO:BENEFICIO TRIBUTARIO A LOS INVERSIONISTAS DE LA ZONA DEL RÍO PÁEZ: DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE Y POR LOS MOTIVOS ANALIZADOS EN ELLA, EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 218 DE 1995
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIO TRIBUTARIO, RENTA EN LA ZONA DEL RÍO PÁEZ, MODALIDADES DE BENEFICIO TRIBUTARIO, BENEFICIO TRIBUTARIO AL CONTRIBUYENTE, INVERSIONISTA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:317 DE MAYO DE 1998, PÁG.622
Sentencia C-130 de abril 1º de 1998
Ref.: Expediente D-1842
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º de la Ley 218 de 1995.
Actor: Luis Fernando Henao Montoya
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., el primero de abril de mil novecientos noventa y ocho.
El texto acusado dice literalmente:
Por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994, proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994, y se dictan otras disposiciones.
ART. 5º—Cundo se efectúen nuevas inversiones por empresas domiciliadas en el país, el monto del desembolso será deducible de la renta del ente inversionista.
El inversionista podrá optar por aplicar el valor invertido como un menor valor del impuesto por pagar o como renta exenta. En ningún caso podrá aplicarlo simultáneamente a ambos rubros”.
2. Inexistencia de la cosa juzgada en este proceso
No es cierto que se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de lo demandado.
En efecto, aunque el artículo 5º de la Ley 218 de 1995 se declaró exequible mediante sentencia C-353 del 4 de agosto de 1997 (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía), lo fue tan solo “por las razones analizadas en la porte motiva” de ese fallo.
Tales razones fueron, en síntesis, no haber encontrado que se diera la violación del artículo 334 de la Constitución, alegada entonces por los demandantes diciendo que resultaban beneficiadas solamente determinadas zonas del territorio, en detrimento de otras; no haber sido vulnerados los artículos 356, 357 y 362 de la Constitución, bajo el cargo, formulado contra las normas acusadas, de afectar recursos por concepto de transferencias a las entidades territoriales; la no aceptación del cargo por violación de los artículos 13, 95 y 363 de la Constitución, desconocidos, según decían los impugnantes, por la consagración de aranceles diferentes, según la zona del país a la cual se dirigieran los productos.
El cargo que ahora se formula contra el citado precepto elude muy específicamente al hecho de que, mediante él, el legislador haya permitido a los contribuyentes favorecidos por la ley optar entre varios tipos de beneficios que conducen, según su análisis, a resultados diferentes que rompen, de acuerdo con su conclusión, la equidad tributaria.
No habiendo ocupado la atención de la Corte ese particular motivo de inconstitucionalidad, alegado por los impugnantes, y habiendo advertido la sentencia anterior que ella se limitaba a los cargos mencionados, se deduce con entera claridad que no hay al respecto cosa juzgada constitucional. Por tanto, se adoptará decisión de fondo acerca del tema planteado.
Por otra parte, como lo manifiesta el Procurador General de la Nación, si bien el artículo atacado fue modificado por la Ley 383 de 1997 (art. 39), sigue produciendo efectos, especialmente en lo que toca con las declaraciones de renta de 1997 y períodos gravables anteriores (C.P., art. 338), lo que implica que, siguiendo su jurisprudencia, la Corte deberá proferir decisión de mérito.
3. Falta de fundamento constitucional en el cargo. Constitucionalidad del artículo por la diversidad de beneficios otorgados. Las leyes de opción
Una vez más debe señalar esta Corte que la equidad, y muy concretamente la equidad tributaria, no consiste —como tampoco la igualdad— en el señalamiento de reglas uniformes que cobijen todas las situaciones bajo disposiciones idénticas.
El legislador, al proveer una norma jurídica, en especial si busca resolver un problema complejo surgido en el seno de la sociedad, tiene que considerar la diversidad de circunstancias en medio de las cuales aquélla deberá aplicarse. Y por eso le es posible legislar para eventos distintos, procurando amoldar la consecuencia jurídica que establece para cada uno de ellos a los objetivos básicos que busca obtener mediante la norma que consagra, y que deben guardar entre sí la coherencia propia de un sistema, el cual, para ajustarse a la Constitución, tendrá que ser equitativo.
Dentro de las reglas que puede establecer el legislador respecto de cualquier materia se encuentra la previsión de opciones o alternativas, cada una de las cuales comporta a su vez, unas ciertas consecuencias jurídicas. La norma en tales casos otorga a sus destinatarios la facultad de seleccionar voluntariamente entre las distintas alternativas, asumiendo, obviamente, la totalidad de los efectos jurídicos predeterminados por el propio legislador para la posibilidad escogida.
Esta modalidad legislativa no significa otra cosa, en principio, que el reconocimiento de la libertad de la persona, la cual, mientras opte espontáneamente, sin presiones ni coacción, complementa, mediante el concurso de su voluntad, la definición de los supuestos que en el caso particular habrán de reflejarse en las consecuencias legales previstas.
En ese orden de ideas, el tipo de normas que contempla opciones no resulta en sí mismo contrario a la Constitución. Más bien la desarrolla, ampliando las posibilidades de elección y estimulando el ejercicio de la libertad, al abstenerse de imponer de una manera absoluto un solo comportamiento.
Y, a no ser que los extremos propuestos por el legislador como alternativas impliquen de suyo, individualmente o en conjunto, una transgresión de principios o mandatos de la Constitución, abriendo posibilidades o efectos inconstitucionales (ver, por ejemplo, la Sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, por la cual se declaró inexequible el Decreto 1660 de 1991), el solo concepto de opción no desconoce la Carta.
La diversidad que pueda darse entre las varias alternativas puestas por el legislador a consideración de los destinatarios de la norma llamados a optar no constituye tampoco un factor de contradicción con los preceptos constitucionales y, en particular, no representa un elemento de desigualdad. Obsérvese que los supuestos en que se fundan las distintas consecuencias jurídicas son, por definición, diferentes, ya que se dan, en esa clase de normas, varios caminos susceptibles de ser escogidos, en libertad, por las personas. Cada una de éstas, al efectuar la selección, fija ella misma los supuestos de los cuales parte su caso y se hace cargo de las consecuencias de su decisión, que son los propios del supuesto escogido.
Mal puede admitirse, entonces, que se rompa la igualdad por ser distintos los efectos de las alternativas, comparados entre sí.
Es lógico que los destinatarios de la norma deben conocer a cabalidad los efectos que comporta cada una de las posibilidades materia de la opción. Y es evidente que, cuando se trata de consecuencias que para las distintas alternativas, ya están contempladas en la ley —tal es el caso presente—, ella se presume conocida por todos, de lo cual resulta que quien adopte su decisión no obra ignorando lo que habrá de significarle.
De otro lado, el orden jurídico ha de garantizar que en realidad la persona opte con absoluta libertad, como se ha dicho, entre otras, en las sentencias T-418 del 9 de septiembre de 1996, T-175 del 8 de abril de 1997 y SU-400 del 28 de agosto de 1997, de esta Corte. Sin embargo, la violación de esa autonomía personal por parte de las autoridades, si se presenta, no afecta la constitucionalidad de la norma legal en sí misma, sino que, por el contrario, significa vulneración de ella.
En el caso propuesto, la Corte encuentra totalmente infundado el cargo que se formula.
Se trata de una norma que, para quienes efectúan nuevas inversiones en las zonas afectadas por la tragedia del río Páez, contempla varias posibilidades, en lo relativo al tratamiento tributario correspondiente. Esas diferentes posibilidades no solamente están basadas en la libre opción de los inversionistas sino que toman en consideración el comportamiento de sus respectivos ejercicios contables (pérdidas o ganancias) y el tiempo de vinculación de la inversión a la zona que se pretende estimular.
Al respecto, es posible hacer las siguientes distinciones:
1. Según el inciso 1º del artículo demandado, la inversión efectuada por empresas domiciliadas en el país es deducible de la renta del ente inversionista.
Dado que, además, la norma tampoco establece distinción sobre el período gravable al cual se aplica la deducción, no podría decirse que deba llevarse a períodos posteriores sino que es menester que se tenga en cuenta respecto del mismo período gravable en que se efectúe.
El parágrafo estipula, en otra modalidad del tratamiento tributario autorizado, que las inversiones que realice una empresa nacional o extranjera en los municipios señalados por el artículo 1º durante los cinco (5) años siguientes a 1994 constituyen renta exenta por el 100% de lo invertido, para el período gravable siguiente.
Aquí radica justamente la opción que la ley contempla, pues se trata de las mismas inversiones, sólo que el inversionista debe escoger entre aplicar “el valor invertido como un valor del impuesto por pagar” o aplicarlo en su totalidad como renta exenta, sin que le sea posible, por disposición expresa de la norma, aplicarlo simuItáneamente a ambos rubros.
Como puede observarse, la norma no introduce ninguna discriminación injustificada. El trato especial para la empresa que ha perdido encuentra fundamento en el principio de equidad tributaria y en el postulado constitucional de igualdad real y efectiva.
No ha sido quebrantado, sino, a la inversa, cumplido el artículo 363 de la Constitución.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, oído el concepto del Procurador General y adelantados los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia y por los motivos en ella analizados, el artículo 5º de la Ley 218 de 1995.