Source: http://www.cidh.org/countryrep/Chile77sp/cap.5.htm
Timestamp: 2018-09-19 08:01:22
Document Index: 408675308

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 430', 'Artículo 6', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3']

Chile 1977 - Capitulo V
DERECHO DE JUSTICIA Y DE PROCESO REGULAR
Declaración Americana. Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
1. El habeas corpus y el amparo son procedimientos sencillos y breves contemplados en la legislación de Chile con el fin de que las personas afectadas en algunos de sus derechos fundamentales sean amparadas por la justicia contra actos de la autoridad que violan dichos derechos. Las limitaciones a que actualmente sigue sometido el ejercicio de tales recursos en Chile han sido examinados en el Capítulo I (Modificaciones del Sistema Normativo) y en el Capítulo III (Libertad Física de las personas, habeas corpus y recurso de amparo) de este informe.
2. Cabe examinar ahora las implicaciones que tiene la permanencia del Estado de Sitio en Chile, a la vista de los Artículos XVIII y XXVI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre arriba transcritos que garantizan el derecho a proceso regular, el cual ha sido definido como la garantía que tiene toda persona, acusada de un delito, de ser oída en forma imparcial y pública y ser juzgada por tribunales establecidos con anterioridad, presumiendo su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad y sin que pueda imponérsele penas crueles, infamantes o inusitadas.
3. El artículo 9 del Decreto-ley 640, del 2 de septiembre de 1974, dispone que en los casos de declaración de Estado de Sitio en grado de simple conmoción interna se producirán los efectos previstos en el No. 14 del artículo 10 del Decreto-ley 527, de 1974 y en el Código de Justicia Militar. En consecuencia, a los Tribunales Militares les correspondería conocer de los delitos a que se refieren los artículos 4 y 5 a), 5 b) y 6 letras c), d) y e) de la Ley de Seguridad del Estado.
4. En su nota dirigida a esta Comisión No. 17562, del 16 de septiembre de 1975, el Gobierno de Chile comunicó que por el Decreto-ley 1.181, publicado en el Diario Oficial del 11 de septiembre de 1975, se había rebajado el “Grado del Estado de Sitio vigente al de Seguridad Interna, por un lapso de seis meses”. Esa modificación, según se expresa en la misma nota, significa que “salvo para algunos delitos especialmente graves contra la seguridad del Estado y a los cuales se refiere expresamente el Decreto-ley 1009 de 1975 la jurisdicción de los Tribunales Militares, se ejercerá conforme a procedimientos de tiempo de paz y no de guerra”. Por Decreto-ley publicado en el Diario Oficial del 11 de septiembre de 1976, la Junta de Gobierno declaró todo el territorio nacional de la República en Estado de Sitio, en grado de Seguridad Interna por seis meses más a contar de esa fecha de publicación.
5. Sin embargo, es el caso de señalar que conforme al Decreto-ley 1.009 “En los casos de Estado de Sitio en grado de Seguridad Interior, regirán las disposiciones del Título II del Libro I del Código de Justicia Militar, relativo a los Tribunales Militares de tiempo de paz, con su propia jurisdicción y se aplicarán las Normas del Título II del Libro II del mencionado Código sobre procedimiento penal en tiempo de paz y la penalidad establecida para este tiempo aumentada en uno o dos grados”.1 Esas disposiciones legales expresan lo siguiente:
El Art. 4º de la ley de Seguridad del Estado (ley 12927, texto actualizado por el decreto No. 890 del 9 de julio de 1975, Diario Oficial No. 29239 del 26 de agosto de 1975) reprime a los que “en cualquier forma o por cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil y especialmente:
a) Los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido y los que con los mismos fines inciten, induzcan o provoquen a la ejecución de los delitos previstos en los Títulos I y II del Libro II del Código Penal, o de las de homicidio, robo o incendio y de los contemplados en el artículo 430 del Código Penal;
b) Los que inciten o induzcan, de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, a las Fuerzas Armadas, de Carabineros, Gendarmería o Policía, o a individuos pertenecientes a ellas, a la indisciplina, o al desobedecimiento de las órdenes del Gobierno constituido o de sus superiores jerárquicos;
c) Los que se reúnan, concierten o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad;
d) Los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra los poderes del Estado o atentar contra las autoridades a que se refiere la letra b) del Artículo 6º;
e) Los empleados públicos del orden militar o de Carabineros, policías o gendarmerías, que no cumplieren las órdenes que en el ejercicio legítimo de la autoridad les imparta el Gobierno constituido, o retardaren su cumplimiento o procedieran con negligencia culpable;
f) Los que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática del Gobierno;
g) Los que propaguen de palabra o por escrito o por cualquier otro medio en el interior, o envíen al exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a destruir el régimen republicano y democrático de Gobierno, o a perturbar den constitucional, la seguridad del país, el régimen económico o monetario, la normalidad de los precios, la estabilidad de los valores y efectos públicos y el abastecimiento de las poblaciones, y los chilenos que encontrándose fuera del país, divulguen en el exterior tales noticias.
El Art. 5º a) de la ley 12.927 de Seguridad del Estado reprime “a los que con el propósito de alterar el orden institucional o la seguridad pública o intimidar a la población, atentaren contra la vida o integridad física de las personas”.
El Art. 5º b) de esa misma ley reprime a los que “con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública o la seguridad pública o de intimidar a la población o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad, privaren de libertad a una persona”.
El Art. 6º c) de la ley de Seguridad del Estado reprime a los que “inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución, y los que en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos.
El Art. 6º d) de la ley de Seguridad del Estado reprime a “los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”.
El Art. 6º e) de la ley de Seguridad del Estado reprime a los que “inciten, promuevan o fomenten o de hecho envenenen alimentos, aguas o fluidos destinados al uso o consumo públicos”.
6. Es a estas infracciones a las que, según indica el Gobierno de Chile en sus Observaciones al Segundo Informe de la Comisión,1 se les da el trato excepcional de que continúen sometidas a Proceso Penal del tiempo de guerra por considerarse en general los delitos: “de subversión, sabotaje, secuestro y terrorismo”.
7. Para poder contar con más elementos de juicio, y poder ofrecer a la Asamblea General una conclusión de la Comisión derivada de un examen de la situación lo más objetiva e imparcial, y en vista de las denuncias recibidas por la Comisión, ésta solicitó del Gobierno de Chile, en varias notas, con fecha 30 de noviembre de 1976, información referente a la observancia de los derechos humanos en ese país. Pero en la respuesta del Gobierno de Chile de fecha 27 de enero de 1977, recibida en esta Comisión no se encuentra información suficiente sobre los derechos a que se refiere este capítulo. Igual cosa ha sucedido con el Colegio de Abogados de Chile, a cuyo Presidente se le solicitó también información sobre el particular en nota de 30 de noviembre de 1976. Es de recordar que en diciembre de 1975 la directiva de dicho colegio proporcionó información, contenida en su nota de 31 de diciembre de ese mismo año, la cual fue reproducida en el Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, de que conoció la Asamblea General en su último período de sesiones. Sin embargo en la presente oportunidad, y a la fecha en que se redacta este Informe, como se expresó anteriormente, no se ha recibido de ese Colegio de Abogados el informe solicitado.
8. En nota de 30 de noviembre de 1976, el Presidente de la Comisión se dirigió a la Vicaría de la Solidaridad, solicitándole información acerca de la situación de la vigencia de ciertos derechos humanos entre ellos el llamado “Derecho de Justicia”. En esta nota se le pidió información y documentación sobre:
a) Casos de abogados encarcelados por defender a presos políticos y
b) Casos de otro tipo de presión para que los abogados defensores abandonen los casos de presos políticos.
Aún no se ha recibido respuesta a la solicitud de la Comisión.
9. En cuanto a los derechos a que se refiere este capítulo el Acta Constitucional No. 3 publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 13 de septiembre de 1976, se establecen algunas disposiciones que se refieren al derecho de Justicia y Proceso Regular. Tal por ejemplo el principio de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho que tiene toda persona de defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por Tribunales que señale la ley que se hayan establecido con anterioridad por ésta, el derecho a que ningún delito se castigue con otra pena a la promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado, si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El Juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta 5 días. Además contiene en el Capítulo II, las siguientes disposiciones en relación a recursos procesales:
Artículo 2. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 1, Nos. 1, 3, inciso cuarto, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, inciso primero, 16, 17, 19, inciso final, 20, inciso octavo, 22, inciso primero, y en la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
La Corte Suprema dictará un auto acordado que regule la tramitación de este recurso.
Artículo 3. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en esta Acta Constitucional o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta ordene que se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.
El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La Corte de Apelaciones respectiva dictará en tal caso las medidas indicadas en el inciso anterior que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
10. Esta nueva legislación evidentemente refleja un progreso en cuanto a la observancia de los derechos a que se refiere este capítulo, pero la Comisión no tiene una información suficiente para poder apreciar debidamente, en el momento de redactar este informe, hasta donde se extienden en la práctica los resultados beneficiosos de estas normas jurídicas.
1 Texto tomado de nuestro Segundo Informe.
1 OEA/Ser.P.AG/doc.667/76 25 mayo 1976.