Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/Sguatemala30-96.htm
Timestamp: 2018-02-18 05:20:29
Document Index: 403198684

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 264', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 50']

Cruz Soza v. Guatemala, Caso 10.897, Informe No. 30/96, Inter-Am.C.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 394 (1997).
Cruz Soza v. Guatemala, Caso 10.897, Informe No. 30/96, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 394 (1997).
INFORME Nº 30/96
5.	El Ministerio Público se apersonó en el proceso penal que se abrió sobre la desaparición el 22 de marzo de 1990 solicitando que la policía realizase una investigación exhaustiva del caso para dar con el paradero de la víctima.
6.	La primera denuncia de Juventino Cruz Morales (padre de la víctima) fue presentada el 16 de julio de 1990 en Río Hondo-Zacapa. El Juez de Río Hondo citó al denunciante, Juventino Cruz Morales, para que ratificara la denuncia y aportara una mayor prueba, pero éste no se presentó.
23.	El 5 de junio de 1995 el Gobierno contestó a la Comisión informando que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) requirió del Ministerio Público información sobre el avance del trámite, a lo cual se contestó que pese a la citaciones hechas por el tribunal a las personas involucradas en el hecho, éstas no fueron localizadas.
24.	El 28 de marzo de 1996 la Comisión se puso a disposición de las partes para una solución amistosa del caso, rogando que se enviara respuesta al ofrecimiento dentro de un plazo de 30 días. El Gobierno de Guatemala respondió al ofrecimiento de la Comisión por nota de 13 de mayo de 1996, señalando que el Gobierno es de la opinión de que no es oportuna la iniciación de negociaciones en el presente caso para llegar a una solución amistosa.
25.	El peticionario alega que la víctima fue desaparecida por agentes del Gobierno y que no se realizó ninguna investigación efectiva para determinar su paradero. Que se conoce a los presuntos autores, quienes son personas ligadas al Ejército de Guatemala, pero no fueron juzgadas. Que se inició proceso en la jurisdicción interna, pero quedó paralizado. Que planteó recurso de habeas corpus, sin resultado positivo y que aún se desconoce el paradero y situación de la víctima. Que el Gobierno de Guatemala no colaboró ni realizó una investigación eficaz de la desaparición.
33.	Aplicando lo que dice la Corte, el solo planteamiento del recurso de habeas corpus, en casos de "desaparecidos" como el presente, cuyo resultado fue negativo porque la víctima aún no aparece, es requisito suficiente para determinar que se han agotado los recursos internos, sin necesidad de entrar en mayor análisis sobre el trámite del proceso en la legislación interna, aspecto también importante, pero que pasa a formar parte del análisis de fondo. (Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994, párrafo 67).
34.	Además, los recursos internos, según jurisprudencia de la Corte, deben ser efectivos. Es decir, deben responder al fin para el que han sido destinados. (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 63, 64). En el caso que nos ocupa, se produjo la desaparición de la víctima el 11 de febrero de 1990. Se denunció el hecho ante la legislación interna el 16 de julio de 1990. Han transcurrido más de 4 años y no se tiene ninguna información sobre su situación. El proceso penal sólo llegó a la fase inicial sin que se haya llevado a cabo la debida investigación, recabando las evidencias pertinentes, ni tomado la declaración indagatoria a los sindicados. El recurso de habeas corpus también tuvo un resultado negativo. El proceso penal está paralizado, porque no se dio con el paradero de los presuntos culpables, ni se logró ningún avance que aclare el hecho denunciado. El resultado de ambos trámites (recurso de habeas corpus y proceso penal) son muestra suficiente de lo ineficaces e inadecuados que fueron los recursos interpuestos. Ninguno de éstos logró recuperar a la víctima ni sancionar a los culpables del acto delictivo.
35.	Si el Gobierno no demuestra la existencia y eficacia de un recurso, pierde la oportunidad de alegar la falta de agotamiento. Además, en el presente caso el Gobierno no alegó la falta de agotamiento de los recursos internos y entonces se puede presumir la renuncia tácita a valerse de la excepción de no agotamiento de los recursos internos. (Ver Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 88). Por lo tanto, en cuestión de agotamiento de recursos internos, la Comisión considera que corresponde aplicar la regla de excepción del artículo 46.2 de la Convención, que exime el requisito de agotamiento.
VI.	ANÁLISIS DE FONDO
37.	Los hechos denunciados por el peticionario en ningún momento fueron controvertidos ni negados por el Gobierno, el cual contestó la denuncia refiriéndose solamente al trámite del proceso penal en la legislación interna.
38.	La jurisprudencia de la Corte dice que "el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial". (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 138).
39.	En el presente caso la Comisión cuenta con información suficiente para establecer la desaparición de la víctima y la veracidad de los hechos denunciados, y no aparece en el expediente prueba o información que demuestre lo contrario.
B.	Violación de los derechos de la víctima
41.	El conjunto de todas las características emergentes de los hechos denunciados, que son: la desaparición de la víctima; la inexistencia de información sobre su situación; la falta de juzgamiento a los culpables y la falta de colaboración de los funcionarios públicos y del Gobierno en la investigación de un hecho que fue cometido contra un ciudadano dentro de la jurisdicción del Estado de Guatemala, se adecúa a la definición de "desaparición forzada" que ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte y la Comisión y que fue incorporada en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. (Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1985-86, pág. 40-41; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1982-83, pág. 48-50; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1980-81, pág. 113-14; Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 147; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo III).
42.	La "desaparición forzada" es considerada como un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 155, 181). El delito también implica múltiples violaciones de derechos humanos fundamentales. (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 155). Al tratarse el presente caso de una desaparición forzada, se comprueba en el presente caso la violación de todos aquellos derechos.
44.	La Corte expresó con relación al derecho a la vida que "la práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención". (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 157).
45.	El Sr. Arnoldo Juventino Cruz Soza continúa desaparecido y no se sabe cuál es su situación. Dado el tiempo transcurrido, se presume que fue privado de su vida por agentes del Estado. (Corte I.D.H., Ver Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 188).
46.	Por lo tanto, la Comisión considera que se ha violado el derecho a la vida, derecho fundamental protegido por la Convención en el artículo 4.
3.	Derecho a la integridad personal
47.	Analizando esta violación múltiple, queda implícita la violación al derecho a la integridad personal del Sr. Arnoldo Juventino Cruz Soza.
48.	En este sentido, la Corte dice que "el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima (de la desaparición) representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a la integridad personal". (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 156).
49.	De acuerdo a lo expresado, la Comisión ha comprobado la violación del artículo 5 de la Convención.
4.	Derecho a la libertad personal
55.	El proceso penal en la legislación interna se tradujo en una mera tramitación formal e irrelevante y las investigaciones no aportaron el más mínimo indicio sobre el paradero de la víctima. El planteamiento del habeas corpus en favor de la víctima tampoco fue positivo, resultando ser en la práctica un recurso absolutamente ineficaz. La situación del Sr. Cruz Soza después de seis años del hecho sigue siendo incierta. En una tramitación donde a pesar de haberse dado acceso a la parte a hacer uso de los recursos, ello no ha conducido a la aclaración de la verdad sobre los hechos denunciados y la víctima continúa "desaparecida", aquélla no puede considerarse efectiva ni adecuada.
56.	Uno de los argumentos del Gobierno para justificar la paralización del trámite del proceso penal fue el hecho de que no hubo una denuncia formal y seguimiento por particulares representando a la víctima. Dicho argumento no tiene sustento ni base legal, porque la legislación interna que se aplica a este caso establece que en todos los casos de delitos de orden público, el Ministerio Público asume la representación del Estado y la víctima, y un proceso no se puede detener por falta del apersonamiento de la víctima (parte civil). El Ministerio Público tiene la obligación de asumir la defensa de la víctima y del Estado. Como consecuencia, debe promover y realizar todas aquellas actuaciones que el caso amerite (ofrecimiento de pruebas, inspecciones, y cualquier otra investigación). En este mismo orden, le corresponde al Juez de la causa promover la realización de todas las actuaciones que sean necesarias para la aclaración de los hechos. (Ver Código Procesal Penal de Guatemala, Decreto Número 52-73, artículos 16 (Ministerio Público) y 68 (Acción Pública); Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 264 (aplicable a la desaparición de personas).
57.	La jurisprudencia de la Corte confirma lo establecido en la legislación interna cuando se refiere a la obligación de los Estados, y en relación con lo expuesto en el punto anterior dice que "el Estado está en el deber jurídico de ... investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación". (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 174).
58.	Es decir, que el Estado no puede eludir bajo argumento alguno su deber de investigar un caso que involucre la violación de derechos humanos elementales. La Corte así lo expresa cuando dice que la investigación "debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa ... de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad". (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 177). El Estado tenía el deber irrenunciable e indelegable de llevar a cabo las investigaciones necesarias para dar con los responsables del hecho, indagarlos y procesarlos bajo la ley con las debidas garantías.
59.	Las características expuestas sobre la suerte del trámite del proceso penal y el recurso de habeas corpus en la legislación interna constituyen la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención por parte del Estado de Guatemala.
C.	Sobre la obligación de los Estados de garantizar y respetar los derechos
60.	En el presente caso se ha demostrado que el Estado de Guatemala no ha cumplido con la previsión del artículo 1.1. de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción", por lo que se le imputa la violación de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención.
63.	La segunda obligación prevista en el artículo 1.1. es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. En este sentido la jurisprudencia de la Corte establece que "esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención". (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de agosto de 1988, párrafo 166).
64.	La segunda obligación referida precedentemente implica que el Estado, en un caso de desaparición forzosa, tiene el deber de determinar el destino y situación de la víctima, sancionar a los culpables e indemnizar a los familiares de aquélla.
66.	La Comisión en su 92º Período Extraordinario de Sesiones aprobó, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, el Informe No. 21/96 referido al presente caso y por nota de 15 de mayo de 1996, lo transmitió al Gobierno de Guatemala, con las recomendaciones de la Comisión, solicitando al Gobierno que informara a la Comisión sobre las medidas que hubiese adoptado para cumplir con las recomendaciones y para resolver la situación examinada dentro de un plazo de 60 días.
67.	El 23 de julio de 1996, la Comisión recibió una nota del Gobierno de Guatemala, solicitando una prórroga para suministrar su respuesta al informe artículo 50. El 1 de agosto de 1996 se comunicó al Gobierno que la Comisión había otorgado una prórroga de 30 días. Por nota del 19 de septiembre de 1996, el Gobierno de Guatemala comunicó a la Comisión su respuesta al Informe Nº 21/96.