Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-485868507
Timestamp: 2019-04-24 14:25:04
Document Index: 237184970

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 152', 'artículo 6', 'artículo 154', 'artículo 156', 'artículo 10', 'artículo 411', 'artículo 162', 'artículo 10', 'artículo 156', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 156', 'artículo 6', 'artículo 154', 'artículo 10', 'artículo 156', 'artículo 95', 'artículo 150', 'artículo 91', 'artículo 11', 'artículo 99', 'artículo 91', 'artículo 11', 'artículo 113', 'artículo 176', 'artículo 180', 'artículo 42', 'artículo 115', 'artículo 5', 'artículo 152', 'artículo 6', 'artículo 154', 'artículo 156', 'artículo 10', 'artículo 411', 'artículo 162', 'artículo 6', 'artículo 154', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 81', 'artículo 1442', 'artículo 61', 'artículo 10', 'artículo 156', 'artículo 154', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 156', 'artículo 154', 'artículo 233']

Sentencia de Constitucionalidad nº 985/10 de Corte Constitucional, 2 de Diciembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 485868507
Sentencia C-985/10 TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS POR EL LEGISLADOR PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO-No se ajustan a la Constitución/TERMINOS DE CADUCIDAD PARA DEMANDAR EL DIVORCIO POR PARTE DEL CONYUGE QUE NO DIO LUGAR A CIERTAS CAUSALES-Resulta una medida innecesaria y desproporcionada LEGISLADOR-Libertad de configuración en materia de términos de caducidad/CADUCIDAD-Concepto/CADUCIDAD-Finalidades/CARGA PROCESAL-Fundamento LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites El Legislador puede definir el tiempo de caducidad de las acciones, así como el momento desde cuando tales términos deben ser contabilizados. Sin embargo, su libertad de configuración debe desarrollarse de conformidad con la naturaleza de la acción respectiva y en el marco del respeto de (i) los principios y fines del Estado –como la justicia, (ii) los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los derechos al debido proceso y a la administración de justicia, y (iii) del principio de proporcionalidad, de modo tal que no se haga nugatorio el derecho de acción. CADUCIDAD-Desarrollo jurisprudencial/CADUCIDAD-Consecuencias/CADUCIDAD DE LA ACCION-Fundamento MATRIMONIO-Definición/CONTRATO MATRIMONIAL-Obligaciones personales y patrimoniales/FAMILIA-Protección constitucional especial MATRIMONIO-No se puede obligar a las personas a mantener el vínculo Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución. PROTECCION Y PROMOCION DE LA INSTITUCION FAMILIAR-Imperativo constitucional Ha precisado la jurisprudencia que el imperativo constitucional en lo que refiere a la protección y promoción de la institución familiar no es la duración del matrimonio -como una de sus formas de constitución-. Es lograr la estabilidad y armonía del grupo familiar, no solo como presupuesto social, sino como condición sine qua non para permitir la realización humana y el desarrollo integral de cada uno de sus miembros en un clima de respeto, óptima convivencia y libre expresión de sus sentimientos y emociones. Dichos objetivos no se garantizan ni se logran manteniendo vigente el contrato matrimonial, en aquellos casos en los que surgen diferencias, desavenencias o conflictos entre los cónyuges que hacen imposible o dificultan gravemente la convivencia y que perturban la estabilidad familiar, sometiendo a sus integrantes, entre los que se cuentan los hijos, a crecer y desarrollarse en un ambiente hostil o que afecta sensiblemente su proceso de desarrollo y formación. PROMOCION DE ESTABILIDAD DE GRUPO FAMILIAR-Finalidad La promoción de la estabilidad del grupo familiar busca garantizar la existencia de un ambiente propicio para el desarrollo de todas las personas, especialmente de los niños. No obstante, el matrimonio, como forma de familia, deja de ser ese lugar propicio cuando la convivencia se torna intolerable. En estos casos, para los niños y cónyuges puede resultar más benéfico la separación de sus padres y no crecer en un ambiente hostil. DIVORCIO-Regulación En ejercicio de la libertad de configuración que la Constitución otorga al Legislador para regular la institución del matrimonio y las formas de disolución del vínculo, la Ley 25 de 1992 reguló el divorcio a la luz de la nueva Carta Política. Esta ley se ocupó de una realidad social que era innegable: muchos matrimonios afrontan crisis insuperables y los cónyuges requieren de mecanismos para terminar el vínculo legal y poder reestablecer sus vidas familiares y afectivas. Fue así como el artículo 5 de la Ley 25 de 1992 –que modificó el artículo 152 del Código Civil- dispuso que el vínculo matrimonial se disuelve (i) por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges, o (ii) por divorcio. Por su parte, el artículo 6 de la misma ley –que modificó el artículo 154 Código Civil- indicó las causales de divorcio. CAUSALES DE DIVORCIO-Clasificación según la jurisprudencia y la doctrina/DIVORCIO-Causales objetivas/DIVORCIO-Causales subjetivas/DIVORCIO REMEDIO-Concepto según la doctrina/DIVORCIO SANCION-Concepto según la doctrina Las causales del divorcio han sido clasificadas por la jurisprudencia y la doctrina en objetivas y subjetivas: Las causales objetivas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…) como mejor remedio para las situaciones vividas”. Por ello al divorcio que surge de esta causales suele denominársele “divorcio remedio”. Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial. A este grupo pertenecen las causales de los numerales 6, 8 y 9 ibídem. Por otra parte, las causales subjetivas se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge inocente dentro del término de caducidad previsto por el artículo 156 del Código Civil –modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, con el fin de obtener el divorcio a modo de censura; por estas razones el divorcio al que dan lugar estas causales se denomina “divorcio sanción”. La ocurrencia de estas causales debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta. Además de la disolución del vínculo marital, otras de las consecuencias de este tipo de divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente –artículo 411-4 del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable –artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado. DIVORCIO-Decisión dirigida a restablecer la vida afectiva y familiar del cónyuge inocente CONFIGURACION DE LA ACCION DE DIVORCIO Y DE SUS TERMINOS DE CADUCIDAD-Derecho comparado/LIBERTAD DE LAS PERSONAS EN EL MARCO DEL MATRIMONIO-Alcance TERMINOS DE CADUCIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO CON FUNDAMENTO EN CAUSALES SUBJETIVAS-Desconocen los derechos de los cónyuges inocentes a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad, e imponen una restricción desproporcionada a su derecho de acción TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS POR EL LEGISLADOR PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO-Necesidad de examinar su razonabilidad mediante la aplicación de un juicio de proporcionalidad JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Aplicación/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Dimensiones El juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado esta Corporación, “(…) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales”. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo examen y la idoneidad de los medios elegidos para alcanzarla. Para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso (i) que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución y (ii) que los medios elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, permitan desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En segundo lugar, el juez constitucional debe examinar la necesidad de la medida, para lo cual debe determinar si la misma finalidad podía lograrse por medio de mecanismos menos restrictivos en términos de derechos fundamentales y otros principios constitucionales. En tercer lugar, se debe examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr. TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO CON OCASION DE LAS CAUSALES SUBJETIVAS-Anula el derecho de los cónyuges inocentes a solicitar el divorcio una vez el término de caducidad ha vencido MATRIMONIO-Voluntad de los contrayentes es la que debe regir su disolución/DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD E INTIMIDAD-Garantizan la posibilidad de tomar decisiones libres sobre asuntos personales sin injerencias del Estado o los particulares/DIGNIDAD HUMANA-Contenido/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Definición TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO CON OCASION DE LAS CAUSALES SUBJETIVAS-Limita el derecho a elegir el estado civil y conformar una familia
Actores: J.V.R.Q. y otro.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos J.V.R.Q. y D.A.A.S. demandaron la constitucionalidad del artículo 10 (parcial) de la Ley 25 de 1992, modificatoria del artículo 156 del Código Civil, por considerar que vulnera el contenido de los artículos 1, 2, 5, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución Política.
1.2.3.	Por último, los demandantes sostienen que las expresiones acusadas impiden al cónyuge ofendido “(…) con las conductas inapropiadas del consorte, la oportunidad de restablecer su situación jurídica frente a su familia y la sociedad (estado civil)”. En este sentido, las expresiones acusadas limitan el derecho a elegir el estado civil, un derecho íntimamente ligado a la dignidad humana, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. A su juicio, “(…) por prohibición de nuestra Constitución Nacional ninguna autoridad pública o privada, ni tampoco el legislador, se encuentran facultados para imponer un estado Civil determinado a los ciudadanos, motivo por el cual la expresión demandada debe ser excluida del ordenamiento.”
1.3.1.1.	El interviniente considera que si el Legislador está facultado para establecer nuevas causales de divorcio o para eliminar las vigentes, en virtud del principio de quien puede lo más puede lo menos, también puede hacer las causales más o menos drásticas. Además, el establecimiento de causales más rigurosas tiene fundamento en el artículo 5 de la Carta, según el cual la familia es el núcleo básico de la sociedad, de modo que el legislador puede “poner cortapisas a la terminación del matrimonio” como una forma de promover la permanencia de la familia. Agrega que no se trata de forzar a las parejas a convivir, pero sí de crear estímulos para la permanencia de la familia que contribuyan a solucionar los problemas conyugales y a evitar la terminación innecesaria del matrimonio.
1.3.1.2.	De otro lado, sostiene que “(…) es clarísimo que si el acreedor o titular de cualquier otra ventaja jurídica hace caso omiso de su derecho a reclamar el incumplimiento del otro renunció a su derecho”. Por ello, para evitar desconocer la voluntad de las partes, las excepciones a esta regla deben ser previstas expresamente por el legislador y con fundamento en la necesidad de brindar una especial protección a la parte más débil.
1.3.1.3.	También afirma que el principio de seguridad jurídica exige el señalamiento de una oportunidad para el ejercicio de los derechos, bajo por ejemplo las figuras de la prescripción o la caducidad. El establecimiento de la oportunidad para el ejercicio de los derechos también es necesario en el ámbito del divorcio, con mayor razón si se tiene en cuenta que la complejidad de las relaciones de pareja excede cualquier previsión jurídica, de modo que se requiere que el uso de las acciones sea oportuno. Además, en su sentir, no es conveniente permitir al cónyuge inocente valerse en cualquier momento de las causales de divorcio, especialmente después de que ha perdonado la conducta de su compañero. Al respecto, expresa: “(…) las fallas que ya fueron perdonadas o se han soslayado por el afectado por el paso del tiempo, no deben ser reavivadas, no sólo por razones de elemental congruencia y lógica del manejo de las conductas, sino porque generó el derecho del sujeto a que no le fuera ‘cobrada’ posteriormente esa falta y permitir que el afectado pueda en cualquier momento reclamarla, son un pasaporte al irrespeto, cuando no al abuso”.
Á.M.M.S., Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicitó que se declarara la constitucionalidad de las expresiones demandadas, salvo la expresión “en todo caso las causales 1ª y 7ª solo podrán alegarse dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia” por considerarla inconstitucional. Las razones expuestas por la interviniente son las que siguen:
1.3.2.1.	Sostiene que la demanda se basa en anécdotas e hipótesis que no afectan la constitucionalidad de la disposición acusada.
1.3.2.2.	También señala que es función del legislador establecer los términos de caducidad de las acciones, para lo cual goza de amplio margen de discrecionalidad. Afirma que la fijación de un término breve para el ejercicio de los derechos, no puede ser considerado inconstitucional hasta tanto no se analice su razonabilidad y proporcionalidada. En este caso, asegura que el término es razonable, pues, por una parte, permite que los cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, decidan si acuden o no a la justicia para invocar la causal de divorcio de la que han tenido conocimiento directo; mientras, por otra parte, promueve la estabilidad del matrimonio y de la familia.
2.2.1.	El artículo 10 de la Ley 25 de 1992, que modificó el artículo 156 del Código Civil, dispone que el divorcio solamente podrá ser solicitado por el cónyuge inocente, es decir, aquel que no incurrió en las conductas descritas en el artículo 6 del la Ley 22 de 1995, modificatoria del artículo 154 del Código Civil. Tal demanda, sin embargo, debe ser interpuesta dentro de unos términos de caducidad precisos, estos son:
2.2.2.	Los demandantes aseguran que los términos de caducidad previstos en la disposición acusada desconocen los artículos 1, 2, 5, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución. En su criterio, los tiempos fijados por el Legislador para el ejercicio de la acción de divorcio son desproporcionados y desconocen varios principios constitucionales, como el respeto de la dignidad humana, la inalienabilidad de los derechos fundamentales y los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad, a elegir el estado civil, a la armonía familiar y a la honra del cónyuge inocente.
2.2.3.	El representante de la Universidad del Rosario defiende la exequibilidad de los apartes demandados, entre otras razones, por cuanto estima que el Legislador goza de libertad de configuración tanto para definir las causales del divorcio, como para determinar el término dentro del cual éstas deben ser alegadas ante las instancias judiciales. Además, sostiene que en tanto la familia es el núcleo básico de la sociedad a la luz de la Constitución, el Legislador puede fijar términos de caducidad de la acción de divorcio dirigidos a incentivar la unidad familiar. Por último, afirma que los términos de caducidad –como el dispuesto en la disposición demandada- son una garantía de seguridad jurídica.
2.2.4.	La Vista Fiscal solicita que la disposición sea declarada exequible, puesto que –en su criterio - el término de caducidad establecido promueve, de un lado, la seguridad jurídica y, de otro, la convivencia de las parejas y la unidad matrimonial.
2.2.5.	En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 –que modificó el artículo 156 del Código Civil- impone un término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio desproporcionado desde el punto de vista de los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de los cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial.
2.3.1.	La caducidad es en una limitación temporal del derecho de acción; se trata de un término perentorio e inmodificable fijado por la ley dentro del cual debe ejercerse el derecho de acción, so pena de perder la oportunidad de que la administración de justicia se ocupe de la controversia correspondiente.
Desde sus primeras decisiones, la Corte ha reconocido que la fijación de términos de caducidad cumple importantes finalidades como la promoción de la (i) la seguridad jurídica, (ii) la oportuna y eficiente administración de justicia, y (iii) la ética de colaboración con el aparato judicial. Dadas estas importantes finalidades de orden público, la caducidad es irrenunciable y puede ser declarada por las autoridades judiciales de oficio.
En efecto, la existencia de un término de caducidad asegura que las controversias legales terminen en algún momento –bien por la acción o por la omisión del ejercicio de las acciones judiciales correspondientes- y, en consecuencia, que la incertidumbre que su no resolución genera finalice en un tiempo razonable. De lo contrario, como se afirmó en la sentencia C-781 de 1999 (M.P.C.G.D.) al declarar exequible el término de caducidad de la acción electoral, “(…) el sistema jurídico se vería avocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal, entorpecería el desarrollo de las funciones públicas.”
Por último, realiza el deber de colaboración de todos los ciudadanos con la administración de justicia –un deber constitucional a la luz del artículo 95-7 de la Carta, pues los obliga a acudir a la justicia de manera oportuna, so pena de perder la oportunidad de que sus reclamos sean conocidos en esta sede. Como ha indicado esta Corporación, el ejercicio oportuno de las acciones es una carga procesal, es decir, es una situación instituida por la ley y que demanda “(…) una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”.
2.3.2.	A la luz de la cláusula general de competencia del Congreso –artículo 150-2 superior, la Corte ha considerado que el Legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para configurar las clases de procesos, sus etapas, efectos y otras instituciones vinculadas a ellos como la caducidad. En particular, el Legislador puede definir el tiempo de caducidad de las acciones, así como el momento desde cuando tales términos deben ser contabilizados. Sin embargo, su libertad de configuración debe desarrollarse de conformidad con la naturaleza de la acción respectiva y en el marco del respeto de (i) los principios y fines del Estado –como la justicia, (ii) los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los derechos al debido proceso y a la administración de justicia, y (iii) del principio de proporcionalidad, de modo tal que no se haga nugatorio el derecho de acción. En consecuencia, como la Corte sostuvo en la sentencia T-323 de 1999 (M.P.J.G.H.G., no se ajustan a la Constitución las disposiciones procesales “que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción”.
2.3.3.	Por ejemplo, en el marco del análisis de proporcionalidad de los términos de caducidad y del momento que se toma como punto de inicio de su conteo, esta Corporación ha señalado que debe tenerse en cuenta que la consecuencia que genera la caducidad solamente debe ser endilgable a aquellas personas que de manera deliberada o negligente dejan de hacer uso de su derecho de acción.
En la sentencia C-662 de 2004 (M.P.R.U.Y., la Corte declaró inexequible el numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, según el cual no había lugar a la interrupción de la prescripción y operaba la caducidad, cuando el proceso terminaba por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el numeral 7 del artículo 99, estas son, falta de jurisdicción y existencia de pacto arbitral o cláusula compromisoria. Para la Corte, aunque la imposición de cargas procesales cumple fines constitucionalmente valiosos, en el caso concreto resultaba desproporcionado el imponer como consecuencia jurídica la caducidad, cuando el proceso terminaba por las excepciones de falta de jurisdicción o compromiso. En primer lugar, la Corte encontró que la determinación de la jurisdicción o de los asuntos que comprende una cláusula compromisoria no siempre es una tarea sencilla, al punto de que existen múltiples discusiones en la doctrina y la jurisprudencia. Por tanto, no es exigible al demandante en todos los casos tomar una decisión acertada al respecto, lo que –para la Corte- llevaba a concluir que resultaba desproporcionado en los casos en los que la terminación del proceso no era atribuible al demandante, hacer operar la caducidad. La Corte manifestó:
Posteriormente, en la sentencia C-227 de 2009 (M.P.L.E.V.S., la Corte declaró la exequibilidad condicionada del numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, sobre la no interrupción de la prescripción y la configuración de la caducidad en los procesos judiciales cuando se declara la nulidad del proceso y tal decisión comprende la notificación del auto admisorio de la demanda. La Corte observó que la disposición imponía una sanción desproporcionada -la pérdida del derecho de acción en virtud del fenómeno de caducidad- a los demandantes diligentes que cumplen sus deberes procesales oportunamente, pero que incurren involuntariamente en un error al definir la jurisdicción o la autoridad competente para conocer su caso. La Corte expresó:
2.4.	EL DIVORCIO Y LOS ALCANCES DEL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
2.4.1.	El artículo 113 del Código Civil define el matrimonio como un “contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.” En virtud de este contrato surgen para los contrayentes obligaciones personales como la fidelidad mutua, la cohabitación, el socorro y la ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida –artículo 176 del Código Civil modificado por el Decreto 2820 de 1974; y patrimoniales como la conformación de una unidad de bienes –artículo 180 del Código Civil modificado por el Decreto 2820 de 1974. La Constitución al proteger la familia como núcleo esencial de la sociedad, extiende su amparo al vínculo matrimonial como una de las posibles fuentes de la familia –artículo 42 superior.
En el marco de la protección constitucional de familia, la promoción de la unidad y permanencia familiar son finalidades no solamente legítimas, sino constitucionalmente importantes. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la familia es la organización básica de la estructura socio-política del Estado, pues es el espacio donde los valores y las enseñanzas cívicas, de tolerancia y respeto –principios esenciales del Estado social de derecho- se aprenden y difunden; por ello, en tanto la comunidad entera se beneficia de las virtudes que se cultivan al interior de la familia, pero también se perjudica con los vicios y desórdenes que allí tienen lugar, el Estado tiene interés en promover la convivencia y estabilidad familiar.
2.4.2.	Sin embargo, en virtud del deber de promoción de la estabilidad familiar, el Estado no puede obligar a los cónyuges a mantener el vinculo matrimonial. En efecto, en virtud de derechos como al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la dignidad, especialmente en su faceta de autodeterminación , la Constitución proscribe cualquier tipo de coacción que obligue a los cónyuges a permanecer juntos o prolongar una convivencia que es contraria a sus intereses e integridad. Además, si el fundamento del matrimonio es la voluntad libre de un hombre y una mujer de contraerlo y si el consentimiento libre es un requisito de existencia y validez del contrato de matrimonio –artículo 115 del Código Civil, ni el Legislador ni ningún otro órgano estatal puede coaccionar la permanencia del matrimonio en contra de la voluntad de los esposos. En este sentido, en la sentencia C-660 de 2000 (M.P.Á.T.G., la Corte afirmó:
Posteriormente, en la sentencia C-821 de 2005 (M.P.R.E.G., la Corte agregó:
Ciertamente, como esta Corte ha reconocido, la promoción de la estabilidad del grupo familiar busca garantizar la existencia de un ambiente propicio para el desarrollo de todas las personas, especialmente de los niños. No obstante, el matrimonio, como forma de familia, deja de ser ese lugar propicio cuando la convivencia se torna intolerable. En estos casos, para los niños y cónyuges puede resultar más benéfico la separación de sus padres y no crecer en un ambiente hostil.
2.4.3.	En virtud de estas consideraciones, en ejercicio de la libertad de configuración que la Constitución otorga al Legislador para regular la institución del matrimonio y las formas de disolución del vínculo, la Ley 25 de 1992 reguló el divorcio a la luz de la nueva Carta Política. Esta ley se ocupó de una realidad social que era innegable: muchos matrimonios afrontan crisis insuperables y los cónyuges requieren de mecanismos para terminar el vínculo legal y poder reestablecer sus vidas familiares y afectivas. Fue así como el artículo 5 de la Ley 25 de 1992 –que modificó el artículo 152 del Código Civil- dispuso que el vínculo matrimonial se disuelve (i) por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges, o (ii) por divorcio. Por su parte, el artículo 6 de la misma ley –que modificó el artículo 154 Código Civil- indicó las causales de divorcio. El texto de esta disposición es el siguiente:
2.4.4.	Las causales del divorcio han sido clasificadas por la jurisprudencia y la doctrina en objetivas y subjetivas: Las causales objetivas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…) como mejor remedio para las situaciones vividas” . Por ello al divorcio que surge de esta causales suele denominársele “divorcio remedio”. Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial. A este grupo pertenecen las causales de los numerales 6, 8 y 9 ibídem.
Por otra parte, las causales subjetivas se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge inocente dentro del término de caducidad previsto por el artículo 156 del Código Civil –modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, con el fin de obtener el divorcio a modo de censura; por estas razones el divorcio al que dan lugar estas causales se denomina “divorcio sanción”. La ocurrencia de estas causales debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta. Además de la disolución del vínculo marital, otras de las consecuencias de este tipo de divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente –artículo 411-4 del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable –artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado.
Como se indicó en la sentencia C-246 de 2002 (M.P.M.J.C.E., en estos casos “(…) el criterio para la imposición del deber de alimentos [en el divorcio sanción] es la culpa del cónyuge que ha suscitado el divorcio, como por ejemplo cuando éste infringe los compromisos de fidelidad o de respeto por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales o por ultrajar o maltratar al otro cónyuge.”
2.4.5.	También con fundamento en el derecho de los cónyuges a terminar el vínculo matrimonial y reestablecer su vida afectiva y familiar, la Corte ha declarado inexequibles disposiciones que limitan desproporcionadamente la posibilidad de invocar las causales de divorcio, especialmente las de orden subjetivo. Por ejemplo, en la sentencia C-660 de 2000 (M.P.Á.T.G., la Corte declaró inexequible la expresión “salvo que el demandante las haya consentido facilitado o perdonado” del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del Código Civil, que establecía que el consentimiento o perdón del cónyuge inocente impedía que las relaciones sexuales extramatrimoniales fueran alegadas como causal de divorcio. La Corte concluyó que el Legislador (i) había vulnerado los derechos a la intimidad, a la libertad de consciencia y al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge inocente al expedir la disposición, pues llevó a cabo una valoración de conductas propias de la intimidad de la pareja de una forma que no siempre coincide con la voluntad de sus miembros, y (ii) además previó una consecuencia desproporcionada para un consentimiento meramente presunto: la pérdida del derecho a ejercer la acción de divorcio.
“(…) impiden considerar el aparente descuido de uno de los cónyuges ante faltas que el ordenamiento legal consagre como causales de divorcio y que cometa el otro, como un acto de negligencia asimilable a la propia culpa como eximente de responsabilidad. Tampoco, por las mismas razones, puede atribuirse al perdón dentro del matrimonio un efecto definitivo y fijo. E inclusive, el aparente consentimiento de uno de los integrantes de la pareja ante una conducta impropia del otro, no puede verse como una manifestación de culpa o dolo que con el tiempo enerve la posibilidad del cónyuge ofendido para solicitar el divorcio.”
2.5.1.	Hasta la década del 60, el divorcio basado en la culpa de alguno de los cónyuges era la regla general en los países que admitían la disolución del matrimonio por esta vía. Sin embargo, en esta década movimientos liberales comenzaron a introducir la idea de divorcio “sin culpa” por mutuo acuerdo o debido a la suspensión prolongada de la cohabitación. Por ejemplo, en 1969, Canadá -Divorce Act of 1968- introdujo causales objetivas de divorcio junto a las causales subjetivas, y estableció igualdad de derechos entre hombres y mujeres en materia de obligaciones de soporte –como los alimentos. En 1969, el estado de California en Estados Unidos introdujo como causal de divorcio las diferencias irreconciliables entre los cónyuges; además, a comienzos de los 70, en este país fue preparado un modelo de código uniforme de reglas sobre el divorcio que establecía causales objetivas y que fue implementado por un número importante de estados.
La tendencia también fue seguida en Europa. Por ejemplo, en 1975, Portugal extendió las reglas del divorcio a los matrimonios católicos, hizo la regulación para los divorcios por mutuo acuerdo más sencilla e introdujo un régimen predominantemente objetivo. Reformas similares fueron adoptadas en Holanda y el Reino Unido en 1971, en Italia en 1975, en Francia en 1976 y en Grecia en 1979.
2.5.2.	Una segunda ola de reformas también comienza a gestarse en los años 70. En esta década un grupo importante de países abrieron la puerta al divorcio unilateral, es decir, aquel que puede ser solicitado por cualquier cónyuge sin necesidad de demostrar el rompimiento de los vínculos maritales o la prolongación de la separación física. En 1971, Holanda introdujo la regla del divorcio unilateral. Esta línea fue seguida en 1974 por Suecia, en 1975 por Bélgica, en 1977 por Portugal y Alemania, en 1978 por Austria, en 1979 por Luxemburgo, en 1983 por Grecia, en 1988 por Finlandia, en 1989 por Dinamarca, en 1993 por Islandia y Noruega, en 1996 por el Reino Unido, en el 2000 por Suiza y en el 2005 por España. En el caso de Estados Unidos, durante esta época 34 de sus estados adoptaron el divorcio unilateral; Utah y Dakota del Sur lo hicieron en los 80.
En España, una reforma del año 2005 -Ley 15/2005- eliminó las causales taxativas de divorcio y abrió la posibilidad de que la disolución del matrimonio sea solicitada por cualquier cónyuge, en cualquier tiempo, después de transcurridos los primeros tres meses de matrimonio. En este sentido, el artículo 5 de la Ley 15/2005 –que modifica el artículo 86 del Código Civil- dispone que “[s]e decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81”. Como se indica en la exposición de motivos de la ley, esta reforma buscó fortalecer la libertad como fundamento del ordenamiento jurídico español y garantizar que el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad cobre mayor trascendencia en el ámbito matrimonial.
2.5.3.	En el ámbito latinoamericano, las legislaciones sobre el divorcio han sido modificadas en las últimas décadas con el fin de introducir causales objetivas de divorcio que pueden ser invocadas por cualquiera de los esposos en cualquier tiempo, lo que equilibra la existencia de causales subjetivas; en todo caso, en los países donde persisten las causales subjetivas, éstas por regla general no están sujetas a términos de caducidad.
2.5.4.	Debido a la reconfiguración del régimen legal del divorcio, las obligaciones alimentarias entre ex-esposos también han sufrido cambios importantes en la perspectiva internacional, en particular, el criterio de adjudicación ha pasado de ser la culpa a ser la necesidad y el perjuicio económico que el divorcio causa.
Bajo el régimen de divorcio sanción adoptado por la mayoría de los países durante los siglos XIX y comienzos del XX, la obligación de alimentos que surgía del divorcio se basaba en dos criterios: (i) el reproche a la conducta del cónyuge que incumplía sus deberes maritales, y (ii) la desigualdad económica de las mujeres –quienes usualmente eran las cónyuges inocentes. En algunos países la eliminación del divorcio “con culpa” condujo también a la abolición de las obligaciones alimentarias entre cónyuges divorciados o al menos a la disminución del monto de la obligación. Por ello nuevas reformas adoptadas por varios países buscan introducir una nueva teoría de las obligaciones alimentarias entre cónyuges divorciados basada, por ejemplo, en la pérdida de capacidad para adquirir ingresos que sufre uno de los esposos debido a su retiro del mercado laboral y a su dedicación a las labores del hogar durante el matrimonio.
Por ejemplo, una reforma de 1983 introdujo en Grecia una lista de casos en los que un cónyuge puede ser acreedor de la obligación de alimentos después del divorcio que no están necesariamente ligados a la culpa –artículo 1442 del Código Civil. También dispuso que la obligación de alimentos es temporal, pero eventualmente puede prolongarse si el cónyuge que requiere el soporte no puede acceder a trabajo remunerado apropiado (por ejemplo, debido a su edad o estado de salud), con mayor razón si tiene a su cargo la custodia de los hijos, o por razones de equidad. De acuerdo con la ley griega, no es necesario que esta situación exista al momento del divorcio; puede surgir posteriormente y el juez en ese momento podrá decretar los alimentos.
En el caso español, la reforma de 2005 también introdujo mecanismos dirigidos a mitigar los desequilibrios económicos que el divorcio genera. Estos mecanismos no se basan en la culpa del cónyuge que incumple los deberes maritales, sino en criterios de necesidad.
Finalmente, aunque Chile legalizó el divorcio solamente hasta el 2004, introdujo un régimen de compensaciones que no se basa exclusivamente en la culpa de uno de los cónyuges sino en el desmedro económico que la disolución del vínculo causa. En este sentido, el artículo 61 de la Ley 19.947 de 2004 dispone: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa.”
2.5.5.	En suma, debido a la reconsideración del alcance de la libertad de las personas en el marco del matrimonio, la tendencia en un grupo significativo de países del mundo ha sido, no solamente la introducción de causales objetivas de divorcio, sino también -más recientemente- la creación del divorcio unilateral. De otro lado, un importante número de estados ha eliminado las causales subjetivas de divorcio y, donde éstas persisten, usualmente no están sometidas a términos de caducidad. En materia de alimentos y compensaciones, la tendencia es la creación de criterios de adjudicación distintos a la culpa y que reconocen el detrimento económico que el divorcio pueda causar.
2.6.	ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS EXPRESIONES DEMANDADAS
2.6.1.2.	En ejercicio de su libertad de configuración, el Legislador expidió el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 -que modificó el artículo 156 del Código Civil, según el cual el divorcio sanción solamente puede ser solicitado por el cónyuge inocente, es decir, aquel que no incurrió en las conductas descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154 del Código Civil –modificado por el artículo 6 del la Ley 25 de 1992. Tal demanda, sin embargo, debe ser interpuesta por el cónyuge inocente dentro de unos términos precisos; estos son:
2.6.1.4.	La disposición acusada tuvo origen en la Ley 1° de 1976 que introdujo la figura del divorcio en la legislación colombiana. El artículo 6 de esta ley, que reformó el artículo 156 del Código Civil, disponía:
2.6.2.1.	El juicio de proporcionalidad que se debe aplicar
El juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado esta Corporación, “(…) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales” (negrita fuera del texto). El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones analíticas:
2.6.2.2.	Las finalidades que persigue la medida son legítimas a la luz de la Constitución
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad e intimidad garantizan a las personas la posibilidad de tomar decisiones libres sobre asuntos personales sin injerencias indebidas del Estado o los particulares. Por otra parte, la Corte ha identificado a lo largo de su jurisprudencia tres lineamientos sobre el contenido de la dignidad humana: “(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)” (negrita fuera del texto) . La norma acusada restringe la posibilidad de las personas de decidir sobre un asunto tan íntimo como el matrimonio. Además, mediante esta disposición el Estado suplanta al particular en la toma de decisiones al respecto, pues atribuye al paso del tiempo los efectos de consentimiento de conductas tan lesivas como la violencia doméstica que puede incluir hasta agresiones sexuales. Por último, la medida limita la posibilidad de las personas de elegir un nuevo plan de vida y restablecer sus relaciones familiares, uno de los elementos de la dignidad en su faceta de autodeterminación. Como ha dicho la Corte, la conformación de una familia es un elemento indispensable de la fijación de un plan de vida.
Al igual que lo que sucedió en el caso del numeral 1° del artículo 154 del Código Civil que previa el consentimiento del cónyuge inocente como una causal de extinción de la acción de divorcio frente a las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro consorte, y que llevó a una declaración de inexequibilidad en la sentencia C-660 de 2000 (M.P.Á.T.G., en este caso, el Legislador ignoró que la aceptación por un cónyuge de conductas lesivas del otro puede ser el resultado de su desconocimiento del daño y las consecuencias que tales conductas causan, pero que tal conciencia puede adquirirse con el paso de los años y tornar en intolerable lo que en otro momento se consideró aceptable. Por esta vía, el Legislador invadió la esfera privada de los cónyuges al interpretar su voluntad de manera contraria a su querer.
En efecto, el numeral 2º sobre “[e]l grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres”, se refiere al incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de matrimonio y que están previstas en los artículos 176 y siguientes del Código Civil. Estas obligaciones son, entre otras, fidelidad, socorro y ayuda mutua, y cohabitación. Como indica la doctrina , en la práctica esta causal se invoca usualmente por incumplimiento de los deberes de cohabitación y de asistencia alimentaria respecto del otro cónyuge o los hijos; esta última conducta es además tipificada como delito en el artículo 233 del Código Penal.
Por su parte, la causal del numeral 3º, “[l]os ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra” se relaciona con el fenómeno de la violencia doméstica. Este fenómeno, como ha señalado la jurisprudencia, puede entenderse como “(…) todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad consiste en el abuso que ejerce un miembro de la familia sobre otros.” La violencia puede ser física, sexual o sicológica, y causar daños de la misma naturaleza. En consecuencia, involucra no solamente los castigos físicos –que pueden terminar hasta con la muerte , sino también insultos, golpes, malos tratos, conductas sexuales abusivas y de acceso carnal violento.
En consecuencia, la violencia doméstica significa la violación de múltiples derechos fundamentales de los miembros de la familia como la integridad física y sicológica, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación sexual. Su gravedad ha conducido incluso a sectores de la doctrina a afirmar que es un trato cruel e inhumano asimilable a la tortura. Por estas razones la violencia doméstica es proscrita en nuestro ordenamiento, como a continuación se analiza:
Además, debido a que la mayor parte de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, es decir, la violencia doméstica tiene un impacto desproporcionado en términos de género, el derecho internacional de los derechos humanos y la normativa interna han reconocido el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y han introducido medidas afirmativas de protección de la mujeres frente este fenómeno.
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, incorporada mediante la Ley 51 de 1981, califica la violencia doméstica contra las mujeres como una forma de discriminación por razones de sexo y obliga a los estados partes a adoptar todo tipo de medidas para combatirla.
2.6.5.2.	No obstante, para garantizar que las sanciones ligadas al divorcio basado en causales subjetivas no se tornen imprescriptibles, es preciso adoptar una decisión de exequibilidad condicionada de la frase “y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª”, en el sentido de que el términos previsto en la disposición solamente operan para reclamar la aplicación de las sanciones, no para solicitar el divorcio.
DEL MAGISTRADO G.E.M. MARTELO Sentencia C-985 de 2010
Demandante: J.V.R.Q. y otro.
J.I.P. C.