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Timestamp: 2019-10-18 19:41:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 671', 'artículo 323', 'artículo 18', 'artículo 670', 'artículo 323', 'artículo 671', 'artículo 671', 'artículo 671', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 671', 'artículo 671', 'artículo 651']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-7070
Documento BOE-A-2019-7070
«BOE» núm. 114, de 13 de mayo de 2019, páginas 50627 a 50636 (10 págs.)
BOE-A-2019-7070
En el recurso interpuesto por doña M. L. B., procuradora de los tribunales, en nombre y representación de «Caja Laboral Popular», contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Bilbao número 10, doña María José Miranda de las Heras, por la que se deniega la inscripción de un decreto de adjudicación de finca en virtud de procedimiento de ejecución hipotecaria.
En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Getxo se tramitó el procedimiento de ejecución hipotecaria número 594/2016. Las fincas ejecutadas, registrales números 10.954 y 10.955 del Registro de la Propiedad de Bilbao número 10, habían sido tasadas a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en la cantidad de 124.006,41 y 164.941,76 euros, respectivamente. Celebrada la subasta, ésta se declaró desierta, y el acreedor ejecutante solicitó, conforme a lo dispuesto en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dado que los citados inmuebles no tenían el carácter de vivienda habitual del deudor, que se le adjudicaran por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que ascendía a 106.014,83 euros. En esos términos se dictó el decreto de adjudicación, de fecha 18 de mayo de 2018, aclarado por otro de fecha 18 de junio de 2018, a favor de la entidad «Laboral Kutxa».
Con fecha de 21 de noviembre de 2018, fue objeto de calificación negativa por defecto de la falta de notificación a los arrendatarios, lo que fue subsanado posteriormente mediante decreto de aclaración en el que resulta estar las fincas libres de arrendamientos.
Presentados testimonios del citado decreto y de la correspondiente aclaración, junto con el correspondiente mandamiento de cancelación y mandamiento ampliatorio de fechas 3 y 28 de septiembre de 2018, en el Registro de la Propiedad de Bilbao número 10, fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Previo examen y calificación del precedente documento, y tras examinar los antecedentes del Registro, se deniega la inscripción ya que, tratándose de un procedimiento de ejecución directa sobre dos locales comerciales, en una subasta sin postores, y aunque el ejecutante solicite la adjudicación per la cantidad que se le debe por todos los conceptos, dicha adjudicación no podrá realizarse por una cifra inferior al cincuenta por ciento del valor de tasación de cada una de las fincas. Este defecto se estima como insubsanable. Dicha resolución resulta de los siguientes hechos y se justifica en los fundamentos de derecho que a continuación se indican:
1. El precedente documento, consistente en un testimonio expedido el tres de septiembre del año dos mil dieciocho por Doña O. F. D., como Letrada de la Administración de Justicia del Servicio Común Procesal-Sección de Ejecución de Getxo, en procedimiento de ejecución hipotecaria número 594/2.016-P, fue presentado en este Registro el 09/11/2018 bajo el número de Asiento 399 del Diario 43, número de entrada 2895/2018. Dicho documento fue calificado desfavorablemente con fecha 21 de noviembre de 2.018. El asiento fue prorrogado por 60 días a contar desde la última notificación, de conformidad con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. Fue notificada la calificación a la autoridad judicial el 23/11/2018 y al presentante el 4/12/2018. El documento complementario fue aportado a este Registro de la Propiedad el 18/1/2018.
2. En el procedimiento de ejecución hipotecaria número 594/2016-P, tramitado por el Servicio Común Procesal-Sección de Ejecución de Getxo, se sacaron a pública subasta las fincas registrales números 10.954 al folio 171 del Libro 179 de Leioa, y 10.955 al folio 173 del Libro 179 de Leioa, la cual tuvo lugar sin efecto por no haberse ofrecido ninguna postura. Mediante Decreto firme de adjudicación de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se adjudicó al ejecutante, Laboral Kutxa, las dos fincas subastadas, consistentes en dos locales comerciales, por la cantidad debida por todos los conceptos que asciende a 106.014,83 euros, correspondiendo a cada finca el cincuenta por ciento del valor de adjudicación: - Finca 10.954: 53.007,42 euros; y - Finca 10.955: 53.007,41 euros. El valor de tasación de la finca 10.954 era de 124.006,83 euros y el de la finca 10.955: 164.941,76 euros.
1. Calificación registral. El respeto a la función jurisdiccional impone a los Registradores la obligación de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables con arreglo a las leyes. Ahora bien, las decisiones judiciales no pueden acceder automáticamente al Registro, pues el Registrador puede examinar los documentos presentados en el Registro en todo caso -a los solos efectos de extender, suspender o denegar la inscripción- en lo relativo a sus formalidades extrínsecas, los obstáculos que surgen del Registro, la competencia del Juzgado o Tribunal y la congruencia del mandate con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado. (artículo 18 de la Ley Hipotecaria y articulo 100 del Reglamento Hipotecario).
2. La Dirección General de Registros y Notariado en Resoluciones de 20/9/2017, 16/2/2018, y 26/10/2018, entre otras, ha concluido que, no tratándose de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba per todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse per una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca. La interpretación del art. 671 LEC (modificado por la Ley 1/2013) no puede ser literal, sino que es necesario atender al espíritu y finalidad de la Ley 1/2013 (proteger a los deudores hipotecarios), y es necesario comparar dicho art. con lo que el art. 651 LEC establece para ejecución de bienes muebles, y con lo dispuesto en el artículo 670 LEC para el caso de que existieran postores que concurran a la subasta. Admitir que el acreedor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio que el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice entre los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito) y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte, y el enriquecimiento injusto de la otra.
Por los referidos hechos y fundamentos de Derecho, se deniega la inscripción por el defecto expresado el principio de esta nota, no procediendo anotación preventiva de suspensión por ser insubsanable el defecto.
Se ha prorrogado por sesenta días la vigencia del asiento de presentación a contar de la última notificación de conformidad con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
De conformidad con el Art. 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria (…)
Bilbao a cuatro de Febrero del año dos mil diecinueve. La registradora (firma ilegible) Fdo: María José Miranda de las Heras.»
Contra la anterior nota de calificación, doña M. L. B., procuradora de los tribunales, en nombre y representación de «Caja Laboral Popular», interpuso recurso el día 1 de marzo de 2019 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente:
Primero.–Que niega la calificación por discrepar con el juicio del registrador, ya que con la adjudicación por todos los conceptos no puede considerarse que encuentre su fundamento en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento. Al contrario, sobre ellos mismos, la denegación de inscripción carece a todas luces de fundamento jurídico alguno, además de sobrepasar los límites sobre el que los registradores deben intervenir en estas calificaciones; esos límites los marca el ordenamiento jurídico y, de su control, son competentes los juzgados y tribunales de la Administración de Justicia.
Segundo.–En ningún caso serían de aplicación al supuesto de autos las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado aludidas por el registrador, ya que dicha interpretación no es vinculante, puesto que las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado no constituyen jurisprudencia. Respecto a la interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No hay necesidad de reinterpretar la aplicación del precepto, dado que no existen dudas en la jurisprudencia consolidada respecto al artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal y como el Tribunal Supremo se ha encargado de poner de manifiesto en una larga serie de sentencias al respecto, entre ellas, la Sentencia del Tribunal Supremo número 768/2014, de 13 de enero, de Sala Primera, de lo Civil, al referirse entre otras cosas, al uso de la facultad que el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil confiere al acreedor hipotecarlo que ha instado la ejecución hipotecaria, a falta de postores, sobre la que posteriormente incidiremos. Es decir, en ningún momento ni el registrador de la Propiedad ni la Dirección General de los Registros y del Notariado deben interpretar la norma de forma que ofrece una capacidad de opción a otra parte que no sea la parte actora del procedimiento. El indicado artículo es claro en el supuesto de celebración de subasta sin pujas, ofreciendo al acreedor esa facultad, a ninguna otra de las partes intervinientes en el procedimiento judicial, mucho menos a los indicados en las funciones que les otorga la Ley y Reglamentos Hipotecarios. A mayor abundamiento, debemos recordar que dicha interpretación no es vinculante, puesto que las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado no constituyen jurisprudencia. El Código Civil, en su artículo 1, deja claramente establecido que las fuentes del ordenamiento son «la ley, la costumbre y los principios generales del derecho». Si nos atenemos a lo establecido por el artículo 1.6 del Código Civil, la única fuente de jurisprudencia es el Tribunal Supremo: «La jurisprudencia complementara el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al Interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho». Y en este sentido, no podemos olvidar la consideración del Tribunal Supremo sobre las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, al indicar que son las emitidas por un órgano administrativo que están sujetas a impugnación judicial.
Tercero.–No existe un sustento normativo o jurisprudencia sobre el que se asiente la resolución del registrador, ya que la facultad de elección (solicitud) entre «el 50% del valor de subasta o el importe de toda la deuda» no se concede por la Ley de Enjuiciamiento Civil al ejecutado, si no exclusivamente al ejecutante y el tenor del artículo no ofrece capacidad interpretativa ni a las partes ni al registrador; más aún, con el literal de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento Hipotecario. La facultad de elección entre el 50% del valor de subasta o el importe de toda la deuda (artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) no se concede por la Ley de Enjuiciamiento Civil al ejecutado. Tampoco se otorga al tribunal o a la letrada de la Administración de Justicia, mucho menos al registrador de la Propiedad una vez se dicta la resolución por la que se adjudica el inmueble al acreedor en unas determinadas condiciones. El derecho de elección es una facultad de la parte ejecutante (confirmado por la jurisprudencia) que solo opera cuando la subasta ha quedado desierta. Además, hay que tener en cuenta y en ningún caso debemos olvidar, que el ejecutado pudo dejar sin efecto la ejecución pagando la deuda reclamada y no lo ha hecho. Y por supuesto, también podría haber vendido el bien hipotecado. De forma que, con esa actuación, de parte de los ejecutados no se hubiese producido ninguna situación que generase un posible desfase patrimonial a ninguna de las partes.
Cuarto.–La jurisprudencia ha considerado que no puede existir enriquecimiento injusto por el hecho de que la adjudicación se haya producido a favor del acreedor por un precio inferior al de tasación para subasta, siempre que el proceso se haya seguido por los trámites legalmente previstos y se haya aprobado judicialmente el remate, tal y como ha ocurrido en los presentes autos. Por ello, se debe evitar incurrir en el error de confundir el valor de tasación del bien para su ejecución, con el valor real de mercado (precio actual), tal y como se ha expuesto anteriormente, situación de la que es conocedor el registrador, quedando completamente descartado el enriquecimiento injusto en el presente supuesto. Desde luego, lo que quedaría fuera de toda duda es que, en el supuesto de una adjudicación, de toda forma imposible, por el 50% del valor de tasación para subasta como se pretende de adverso, obligaría a consignar un sobrante ficticio que no guardaría correspondencia ni con la deuda, ni con el valor real de la finca adjudicada, y, en consecuencia, se daría claramente una situación de perjuicio del acreedor y enriquecimiento injusto del deudor. Ese sería precisamente el efecto distorsionador que se produciría como consecuencia de aplicar el criterio de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado con una novedosa interpretación a una situación consolidada con anterioridad.
Mediante escrito, de fecha 22 de marzo de 2019, la registradora de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada la interposición del recurso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Getxo, no se ha producido alegación alguna.
Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1, 18, 129, 130 y 132 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Constitucional números 41/1981, de 18 de diciembre, 217/1993, de 30 de junio, y 113/2011, de 19 de julio; la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2014; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1987, 15 de marzo de 1991, 29 de febrero de 1996, 13 de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2004, 23 de julio de 2011, 11 y 29 de octubre de 2013, 13 de febrero de 2014, 12 de mayo y 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2017, 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre y 26 de octubre de 2018 y 22 de febrero de 2019 (2.ª).
1. El objeto de este expediente es un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados en el que las fincas objeto de adjudicación habían sido tasadas a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en las cantidades de 124.006,41 y 164.941,76 euros, respectivamente.
Celebrada la correspondiente subasta, ésta quedó desierta, solicitando el ejecutante la adjudicación de las fincas (que no constituyen vivienda habitual) por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que asciende a 106.014,83 euros, equivalente al 36,69% de la suma de los citados valores de tasación. Y en la diligencia de ordenación, se individualiza el valor por el que fue adjudicada cada una de las fincas subastadas; en concreto, la finca 10.954 se adjudica por un total de 53.007,42 euros, siendo su valor de tasación a efectos de subasta de 124.006,41; y la finca 10.955 se adjudica por un total de 53.007,42 euros, siendo su valor de tasación a efectos de subasta de 164.941,76 euros. Es decir, la cantidad por la que se adjudica cada una de las fincas es inferior en ambos casos al 50% de su respectivo valor de tasación.
La registradora se opone a la inscripción al entender que la interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de hacerse de forma conjunta con el artículo 651 del mismo cuerpo legal. Ello significa que, no tratándose de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la/s finca/s.
La recurrente considera que la registradora ha excedido los límites que legal y reglamentariamente están previstos para la calificación de los documentos judiciales, pues pretende que se modifique un decreto de adjudicación que ha devenido firme, dictado en el seno de un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria en el que, a su juicio, se han respetado todos los derechos y garantías de los deudores hipotecarios; que no es de aplicación la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado ya que no constituye jurisprudencia, y la que hay, ha admitido la adjudicación a favor del acreedor en subasta sin pujas; que el derecho de elección es una facultad de la parte ejecutante; que el derecho de elección es una facultad de la parte ejecutante que solo opera cuando la subasta ha quedado desierta; que el ejecutado pudo dejar sin efecto la ejecución pagando la deuda reclamada y no lo ha hecho y, también podría haber vendido el bien hipotecado, de forma que con esto, no se hubiese producido ninguna situación que generase un posible desfase patrimonial a ninguna de las partes; que no puede existir enriquecimiento injusto por el hecho de que la adjudicación se haya producido a favor del acreedor por un precio inferior al de tasación para subasta, siempre que el proceso se haya seguido por los trámites legalmente previstos y se haya aprobado judicialmente el remate; que se debe evitar incurrir en el error de confundir el valor de tasación del bien para su ejecución, con el valor real de mercado.
2. Entrando en el fondo de la cuestión planteada, hay que señalar que el caso objeto de este expediente es semejante al que se analizó en las Resoluciones antes citadas de 20 de septiembre de 2017 y 16 de febrero y 20 de abril de 2018, y nuevamente reiterada en las más recientes de 6 de septiembre y 26 de octubre de 2018 y 22 de febrero de 2019, y conforme a lo que en ellas se sostuvo habrá de resolverse el recurso.
6. Es cierto que la doctrina recogida en la Resolución de 20 de septiembre de 2017 estaba referida a un procedimiento de ejecución ordinaria, en el cual la finca es objeto de tasación dentro del propio procedimiento, mientras que el supuesto que motiva este recurso es de ejecución hipotecaria, y la tasación de la finca se efectuó años antes de la infructuosa subasta y la posterior adjudicación al ejecutante. Ahora bien, como ya señaló la Resolución de este Centro Directivo de 20 de abril de 2018 y ha reiterado las de 26 de octubre de 2018 y 22 de febrero de 2019, ello no es motivo para no aplicar la misma doctrina en este expediente, dado que el acreedor, si estimaba que al tiempo de comenzar la ejecución se había producido una depreciación muy acusada de la finca respecto del valor de tasación fijado en la escritura, podía haber acudido para la ejecución de la hipoteca al procedimiento ordinario. Como recuerda la Resolución de este Centro Directivo de 1 de febrero de 2017: «Nada obsta sin embargo para que el acreedor, ante el impago de la deuda garantizada con hipoteca, decida no acudir al procedimiento de acción directa sino al procedimiento de ejecución previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para cualquier título ejecutivo (o incluso al procedimiento ordinario de la propia Ley procedimental). Así resulta de las previsiones de la Ley Hipotecaria (artículos 126 y 127), como de las de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tanto en la Ley de 1881 como en la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, no imponen una restricción al respecto. Así lo ha considerado la doctrina de este Centro Directivo tanto con arreglo a la antigua Ley como a la vigente (cfr. Resoluciones citadas en "Vistos")».
Al margen de ello, ya ha aplicado este Centro Directivo estas mismas conclusiones a diversos casos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, en sus recientes Resoluciones de 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre y 28 de octubre de 2018 y 22 de febrero de 2019.
7. Alega la recurrente que no es de aplicación la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado ya que no constituye jurisprudencia. En este sentido hay que recordar que si bien las Resoluciones de la Dirección General no tienen alcance jurisprudencial, pues es cierto que la jurisprudencia, con arreglo al Código Civil, sólo emana del Tribunal Supremo, sin embargo ello no impide la necesaria interpretación por este Centro Directivo de la normativa actualmente aplicable al objeto del recurso en tanto no haya un pronunciamiento con valor jurisprudencial concreto al respecto, teniendo en cuenta que la evolución legislativa es claramente favorable a la protección y defensa de los derechos e intereses del deudor hipotecario.