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Timestamp: 2020-02-18 18:29:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 166', 'artículo 43', 'artículo 166', 'artículo 31', 'artículo 113', 'artículo 166', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 78', 'artículo 43', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 42']

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por 'Deval Internacional, Sociedad Anónima', contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Puerto del Rosario número 1, don José Manuel Muñoz Roncero, a inscribir una escritura de segregación. - Doctrina Administrativa - VLEX 171616
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por 'Deval Internacional, Sociedad Anónima', contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Puerto del Rosario número 1, don José Manuel Muñoz Roncero, a inscribir una escritura de segregación.
Publicado en: BOE, 14 de Octubre de 2002
LICENCIA DE PARCELACION. Silencio positivo a pesar de desestimación, notificada fuera de plazo.
En el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Jiménez del Valle, en nombre de 'Deval Internacional, Sociedad Anónima', contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Puerto del Rosario número 1, don José Manuel Muñoz Roncero, a inscribir una escritura de segregación.
El 13 de septiembre de 2001, ante don Francisco Javier Monedero San Martín, Notario de Madrid, 'Deval Internacional, Sociedad Anónima', otorga escritura por la que segrega de la finca registral 951, la siguiente porción de terreno: Urbana: Parcela o solar del casco de Corralejo, término municipal de La Oliva. Tiene una superficie de ciento setenta metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados. Linda oeste, calle El Muelle y finca identificada catastralmente con el número 0795402; sur, callejón sin nombre, que sale de la calle Almirante Carrero Blanco; este, avenida Marítima, y al norte, calle El Muelle. Dicha parcela que se segrega está identificada catastralmente con el número 0795402FS1709N 0001 BG.
Presentada copia de la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario número 1, fue calificado con la siguiente nota: 'Calificado desfavorablemente en precedente documento otorgado el trece de septiembre de dos mil uno, por el Notario de Madrid, don Francisco Javier Monedero San Martín, con el número 4.907 de su protocolo, presentado nuevamente bajo el asiento 330 diario 42, el Registrador que suscribe, suspende la inscripción, por observarse los siguientes defectos subsanables: 1) Notificados verbalmente los defectos, se aporta acta de manifestación autorizada el 19 de octubre de 2001, por el Notario de este Puerto, don Francisco Bañegil Espinosa, con el número 1.545 de su protocolo, en la que don José Manuel Jiménez del Valle, en representación de la entidad mercantil 'Deval Internacional, Sociedad Anónima', alega haber obtenido licencia municipal de segregación de conformidad con el artículo 166.5.c) del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por silencio administrativo. Se suspende la inscripción por no acreditarse el alegado acto presunto, de conformidad con lo dispuesto en el número 5 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero. Fundamentos jurídicos (artículo 166 de Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias ('Boletín Oficial de Canarias' de 15 de mayo de 2000), artículos 1.215 y 1.228 del Código Civil y sentencias del Tribunal Supremo de fecha de 24 de enero y 28 de octubre de 1989).
2) Por no acompañar el preceptivo certificado de la Administración del Estado a que se refiere el artículo 31.1 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, al lindar la finca matriz con límite interior de la primera línea de dominio público marítimo terrestre. No se toma anotación e suspensión por no haberse solicitado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento Hipotecario, contra la anterior calificación podrá recurrirse gubernativamente, dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la nota, por medio de escrito dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Este escrito deberá presentarse en este Registro, y el mismo expresará sucintamente los derechos y fundamentos de derecho, determinará con claridad y precisión los extremos de la nota del Registrador que van a ser objeto de reclamación y se indicará un domicilio dentro del territorio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para notificaciones. A este escrito se acompañarán los documentos calificados o testimonio bastante de los mismos. Puerto del Rosario, 24 de octubre de 2001.--El Registrador, José Manuel Muñoz Roncero.'
Don Manuel Jiménez del Valle, en representación de 'Deval Internacional, Sociedad Anónima', interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: 1. Que por aplicación del artículo 166.5.c) del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, la licencia fue concedida en aplicación del llamado silencio positivo por haber transcurrido más de tres meses para que el Ayuntamiento de La Oliva contestara. Que el artículo 43.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula la forma de acreditarse los actos administrativos que han de entenderse plenamente confirmados en los casos del silencio positivo (actos presuntos). El régimen de esta Ley es aplicable y obligatorio a las Corporaciones Locales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2. Que frente a la necesidad de acreditar el acto presunto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia de 17 de febrero de 1999 interpreta su alcance. Que, por tanto, el acto presunto se ha producido, es eficaz y despliega todos sus efectos en el ordenamiento jurídico, debiendo entenderse plenamente otorgada la licencia de segregación por haber transcurrido el plazo máximo para resolver. 2. Que el propio artículo 43 de la Ley 30/1992 señala en su apartado tercero que la estimación por silencio positivo 'tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado de procedimiento' y continúa que la administración sólo podrá resolver en forma expresa posterior al plazo legal fijado 'en sentido confirmatorio del mismo', y produce sus efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que deba dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. Que, por tanto, la calificación del Registrador es errónea al considerar que no existe licencia de segregación, cuando los preceptos mencionados se desprende lo contrario por mandato legal. 3. Que se incorporó a la escritura acta notarial que protocoliza el documento público del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Oliva en la que resuelve el 13 de noviembre de 2001 varias solicitudes de segregación de 18 de julio del mismo año. Que se acredita por medios admisibles en derecho la existencia del vencimiento del plazo máximo para resolver en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa. 4. Que las menciones a la no acreditación de la licencia de segregación de conformidad con el artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, no son de aplicación al caso de haber obtenido licencia de segregación por aplicación del instituto del silencio administrativo positivo como se ha relatado. Que dichas menciones no pueden ser interpretadas en sentido contrario a las normas con rango de ley que se han señalado en este recurso.
El Notario autorizante de la escritura alegó: Que los defectos alegados por el Registrador en su nota de calificación se reducen a uno, el no haberse acreditado bien de manera expresa o, en su caso, presunta por silencio administrativo positivo, la obtención de la preceptiva licencia municipal de segregación. Que tanto en el ámbito de la legislación estatal (artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común) como en el propio de la legislación autonómica Canaria (artículo 166 de la Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias), consagran el principio del silencio administrativo positivo, que deberá computarse en el supuesto que se estudia una vez que hayan transcurrido tres meses desde la presentación en forma de la correspondiente solicitud de licencia de segregación sin que la Administración haya dictado resolución expresa. Que en este supuesto el silencio administrativo debe entenderse positivo, ya que la segregación practicada no contradice la ordenación territorial o urbanística, que son los límites que actúan en el ámbito espacial de la legislación especial canaria para evitar la adquisición de derechos en contra del interés público. Que, sin perjuicio de cualquier medio de prueba admitido en derecho, como establece la Ley de Procedimiento Administrativo, el medio más idóneo sería el certificado de la Administración, que deberá emitirse en el plazo máximo de quince días desde que haya sido solicitado. Que no es admisible la resolución administrativa posterior a los tres meses denegatoria de la licencia solicitada, ya que vulneraría las más elementales normas de procedimiento administrativo, y en donde la única actuación administrativa posible sería la impugnación por la Administración de la licencia que ha concedido por silencio administrativo positivo.
El Registrador de la Propiedad, en defensa de la nota, informó: 1. Que en la propia escritura calificada, el Notario autorizante hace la advertencia expresa de que la escritura no podrá ser inscrita hasta que termine la tramitación de la licencia de segregación que el otorgante tiene solicitada. 2. Que el recurrente en su escrito alega que tiene licencia por haberla obtenido por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, sin prueba alguna de dicha manifestación, pues no se estima probado suficientemente, a efectos registrales, el haber obtenido licencia de segregación por silencio administrativo, únicamente con los documentos aportados, por los siguientes motivos: a) El artículo 166 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, no resuelve el problema. b) La manera de probarse el silencio administrativo está contenida en el artículo 43, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Que hay que señalar lo que dicen las sentencias del Tribunal Superior de 7 de abril de 1991, 18 de mayo de 1990 y 1 de julio de 1988. Que el núcleo central del problema que se está examinando se reduce a precisar como puede probarse el silencio administrativo, no bastando para su prueba la simple incorporación a la escritura de determinados documentos administrativos, cuando de la propia escritura parece deducirse que ni el interesado ni el Notario lo tienen claro. Que existe un argumento que resulta definitivo para mantener la calificación: La notificación del Ayuntamiento de La Oliva, de fecha 13 de noviembre de 2001, que el recurrente considera extemporánea, es denegatoria del otorgamiento de la licencia de segregación por existir informe técnico desfavorable. ¿Por qué, frente al artículo 43, número 4, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que es claro y terminante, el Ayuntamiento de La Oliva dicta una resolución denegatoria? Que en vista a lo expuesto, se considere que al no haberse aportado la licencia de segregación, ni haberse probado la obtención de la misma por silencio administrativo, el documento no es inscribible.
Vistos artículos 35.c); 38.3, 43, 46 y 58 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común:
La única cuestión debatida en el presente recurso es la de si puede entenderse suficientemente acreditada, a efectos registrales, la obtención por silencio positivo de licencia de parcelación, cuando a la escritura correspondiente se aporta ejemplar de la solicitud de la licencia presentada en el Ayuntamiento correspondiente, el 18 de julio de 2001 y notificación de la resolución desestimatoria del Ayuntamiento adoptada el 22 de octubre de 2001, con fecha da salida de 25 de octubre de 2001.
Si se tiene en cuenta: 1) Que la normativa aplicable al caso concreto --y sobre esto no hay cuestión planteada-- confirma la aplicación del silencio positivo a las solicitudes de licencia de parcelación, transcurridos tres meses desde la formulación de la petición sin que haya recaído resolución expresa; 2) El carácter categórico del número 5 del artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común, al hacer plenamente eficaces los actos de la administración producidos por silencio administrativo; 3) Que la constancia en el duplicado de la solicitud aportada del sello de entrada en el Ayuntamiento correspondiente, con la fecha en que ello se produjo, acredita fehacientemente la fecha a partir de la cual empieza el cómputo del plazo para resolver [cfr. artículos 35.c), 38.3 y 46 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común]; 4) Que la notificación de la resolución desestimatoria del Ayuntamiento correspondiente tiene inequívoco carácter de documento público y, por tanto, acredita 'erga omnes' el contenido y fecha del acto administrativo notificado (cfr. artículos 46 y 58 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común); 5) Que la existencia de esta resolución administrativa desestimatoria al estar dictada fuera de plazo confirma de manera incuestionable la estimación por silencio positivo de la solicitud, estimación que ya impedirá la posterior resolución denegatoria (cfr. artículo 43.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común); 6) Que el certificado del acto administrativo presunto no es el medio exclusivo sino uno más de los que pueden utilizarse para la acreditación de aquél (cfr. artículo 43.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común); 7) Que si hubiera habido suspensión del plazo para resolver (cfr. artículo 42.5 y 6 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común), ésta hubiera debido reflejarse en la resolución expresa denegatoria, pues actúa como presupuesto de validez de la misma; no puede confirmarse el defecto impugnado, cualquiera que sean las razones del retraso en resolver expresamente.
Madrid, 9 de septiembre de 2002.--La Directora general de los Registros y del Notariado, Ana López-Monís Gallego.
Circular nº 7/2019 de Fiscalía General del Estado, 14 de Mayo de 2019