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Timestamp: 2019-03-26 16:21:27
Document Index: 283743846

Matched Legal Cases: ['artículo 1361', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 122', 'artículo 12', 'artículo 1361', 'artículo 139', 'artículo 397']

Prevalece el contrato de consorcio sobre el bancario por lo que uno de los representantes legales unilateralmente no puede transferir fondos del consorcio - Actualidad Civil
Prevalece el contrato de consorcio sobre el bancario por lo que uno de los representantes legales unilateralmente no puede transferir fondos del consorcio
Casación N.º 747-2015 Lima
Publicada el 30 de enero del 2017, en El Peruano
Sr. Juez Supremo Del Carpio Rodríguez
Infundado el recurso de casación
Art. 1361, CC; art. 139. 5 de la Constitución.
"Procediendo al análisis de la sentencia recurrida se advierte que la Sala comienza con el examen conceptual y normativo de la naturaleza o tipo de contrato y las facultades que le otorga al demandado para efectuar operaciones bancarias en representación del Consorcio Vial Chavín (ver considerandos octavo al décimo primero), procediendo luego a determinar que, en el caso concreto, dichas operaciones debía ser mancomunadas conforme a las reglas fijadas en la cláusulas cuarta y quinta del contrato asociativo de fecha ocho de julio de dos mil ocho, por lo que al haber sido autorizada la transferencia únicamente por uno de los representantes, se ha producido un pago indebido a favor de don Luis Alberto Páucar Muller, debiendo éste devolver la suma de dinero. En cuanto al contrato bancario alegado por el demandado, el Ad quem arriba a la conclusión que, lo pactado en el contrato de consorcio prima sobre el contrato de servicios bancarios, pues en el primer contrato se establece cómo se gesta la manifestación de la voluntad del consorcio, en el que se precisa cuáles son los procedimientos y mecanismos para realizar las actividades del consorcio. Además se advierte del contrato de servicios bancarios, que obra a folios ciento sesenta, que su naturaleza jurídica es la de un contrato de adhesión estándar, cuyas cláusulas son generales redactadas previa y unilateralmente para aplicarse a un indeterminado número de contratos que celebre el Banco demandante y no exclusivamente para el suscrito con el Consorcio Vial Chavín".
"[…] del análisis de la sentencia cuestionada se advierte una exposición lógica, razonada y suficiente de los criterios fácticos y jurídicos en base de los cuales el órgano de mérito resolvió la controversia; asimismo, se observa que se ha efectuado una adecuada subsunción de los hechos a la norma pertinente, el artículo 1361 del Código Civil1; que, siendo ello así, no se advierte que se haya transgredido el principio de motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, como erradamente sostiene la impugnante".
Restitución de suma de dinero. Principio de trascendencia. No resulta amparable declarar la nulidad por la nulidad misma, si la subsanación del vicio no ha de influir en la decisión, máxime si de autos se advierte, que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías constitucionales del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Lima, doce de abril de dos mil dieciséis.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; vista la causa número 747-2015, en audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente resolución:
Que se trata del recurso de casación interpuesto por el demandado Luis Alberto Páucar Muller a fojas doscientos noventa y seis, contra la sentencia de segunda instancia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, de fojas doscientos setenta y tres, que confirma la sentencia apelada de fecha dos de diciembre de dos mil trece, de fojas ciento noventa y tres, que declara fundada la demanda de restitución de suma de dinero; en consecuencia, ordena a la parte demandada pague a la demandante Scotiabank Perú S.A.A., la suma de ciento quince mil doscientos cincuenta y tres soles con treinta y un céntimo (S/115,253.31), más interés legales.
1. Demanda. Por escrito de fojas treinta y dos, Scotiabank Perú S.A.A interpone demanda de restitución de suma de dinero contra Luis Alberto Paúcar Muller, a fi n que se ordene a la parte demandada que restituya la suma de ciento quince mil doscientos cincuenta y tres soles con treinta y un céntimos (S/115,253.31). Funda su pretensión en lo siguiente: 1) Que por escritura pública del ocho de julio de dos mil ocho que obra a folios diez, se constituyó el Consorcio Vial Chavín entre la empresa Servicio de Consultores Andinos S.A. - SERVICONSULT S.A y el ingeniero Luis Alberto Paúcar Muller, con la finalidad de participar en forma conjunta en la ejecución de los servicios de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo del PIP “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay, Tramo Huamba - Aija -Recuay”, luego de haber obtenido la buena pro en el Concurso Público CP N.º 001-2008-0EI-GRA, convocado por el Gobierno Regional de Ancash; 2) Que con fecha ocho de mayo de dos mil nueve se apertura la cuenta corriente N.º 000-6998208 correspondiente al Consorcio Vial Chavín. Que en la cláusula cuarta de la escritura pública de fecha ocho de julio de dos mil ocho se designó como representante legal común ante todas las autoridades públicas y/o privadas a las personas de Edgar Velasco Velásquez y al demandado Luis Alberto Páucar Mulle, y en la cláusula quinta se establecieron las facultades de los mismos, autorizándose a éstos a realizar todo tipo de operaciones bancarias, mediante firma mancomunada, es decir, que para poder realizar cualquier operación bancaria era necesaria la firma conjunta de ambos representantes; 3) Con fecha dieciocho de julio de dos mil once, Scotiabank Perú S.A.A transfirió por error, el monto ascendente a ciento cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco soles, (S/159,495.00) desde la antes referida cuenta corriente a la cuenta de ahorros N.º 201-0077531 de propiedad del demandado, procediendo luego éste a realizar diversas operaciones, como retiros y transferencias a terceros. Que ante este hecho, Consorcio Vial Chavín, titular de la cuenta corriente, con fecha diecinueve de agosto de dos mil once, remitió una carta notarial al Banco Scotiabank solicitando la restitución de los referidos fondos; y, 4) Que mediante carta notarial de primero de septiembre de dos mil once, obrante a fojas trece, el Banco comunica al demandado la irregularidad de la operación que había realizado, requiriéndole para que en el plazo de veinticuatro horas devuelva el monto indebidamente transferido e informándole que estaba procediendo a regularizar dicha operación con el saldo que existía en dicho momento en su cuenta de ahorros, razón por la cual únicamente se pudo devolver al Consorcio Vial Chavín la suma de cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta soles con sesenta y nueve céntimos (S/ 49,240.69), mientras que el saldo pendiente, que es el reclamado, fue asumido por el banco demandante, para poder devolver del monto completo a la cuenta corriente del consorcio, lo que fue comunicado a este último, mediante carta notarial de seis de septiembre de dos mil once.
2. Contestación de la demanda. Luis Alberto Páucar Muller, mediante escrito de fojas sesenta y ocho, contesta la demanda, sosteniendo lo siguiente: 1) Que, en efecto, con fecha ocho de mayo de dos mil nueve se abrió en Scotiabank la cuenta corriente N.º 000-6998208 correspondiente al Consorcio Vial Chavín; sin embargo, al margen de la escritura pública de constitución del Consorcio, lo que prevalece es el contenido del contrato de servicios bancarios, obrante a fojas ciento sesenta, en cuyas cláusulas se establecen los derechos y obligaciones de los titulares y representantes legales de las personas jurídicas, mediante el cual se autoriza a los titulares a realizar las operaciones bancarias en general respecto a la cuenta corriente abierta, documento que no ha sido adjuntado; y, 2) Que la operación comercial efectuada por el recurrente fue con autorización del banco demandante; que además, la cláusula quinta de la escritura pública del Consorcio, de fecha ocho de julio de dos mil ocho, señala que las operaciones bancarias pueden realizarse en forma mancomunada o de forma independiente, por ende la transacción bancaria se encuentra arreglada a ley.
3. Punto controvertido. Se ha establecido como punto controvertido determinar si el demandado Luis Alberto Páucar Muller está obligado a devolver a la demandante Scotiabank Perú S.A.A la suma de ciento quince mil doscientos cincuenta y tres nuevos soles con treinta y un céntimos (S/115,253.31), más intereses legales
4. Sentencia de primera instancia. Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante sentencia de fojas ciento noventa y tres, su fecha dos de diciembre de dos mil trece, declara fundada la demanda de restitución de suma de dinero; en consecuencia, ordena a la parte demandada pague a la demandante Scotiabank Perú S.A.A., la suma de ciento quince mil doscientos cincuenta y tres soles con treinta y un céntimos (S/115,253.31), tras considerar lo siguiente: 1) En la cláusula cuarta de la escritura pública, de fecha ocho de julio de dos mil ocho, se estipuló que el consorcio designaba como representante legal común ante todas las entidades pública y/o privadas y/o financieras para los eventos del contrato y los demás fines pertinentes, al señor Edgar Velasco Velásquez y, como representante legal alterno, al señor Luis Alberto Paúcar Muller, delegándole todas las facultades de representación. En la cláusula quinta del mismo documento se autorizó al representante legal común a efectuar todo tipo de operaciones bancarias, mancomunadamente con el representante legal alterno, el demandado Luis Alberto Paúcar Muller, como abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos, a plazos, de ahorros, girar contra ellas, entre otras; 2) Como puede verse, en el contrato de consorcio se estableció de manera clara e inequívoca, que todas las operaciones bancarias, entre ellas, la de girar contra las cuentas corrientes, debían realizarse de manera mancomunada, esto es, con la necesaria intervención conjunta de ambos representantes legales (el común y el alterno), de lo que se concluye que el demandado no tenía la facultad para retirar, individualmente, fondos de la cuenta corriente del consorcio; 3) En relación con el contrato de servicios bancarios, que obra a folios ciento sesenta, se advierte de su texto que se trata de un contrato estándar; por ello, dada su característica general, no puede primar sobre las estipulaciones específicas o particulares contenidas en la antes referida escritura pública de constitución de consorcio y poder de fecha ocho de julio de dos mil ocho; 4) De otro lado, a folios catorce, obra copia del voucher de transferencia entre cuentas corrientes, por el importe de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco soles (S/159,495.00), efectuada con fecha dieciocho de julio de dos mil once, indicándose en forma expresa que dicho importe fue transferido desde la cuenta corriente del consorcio hacia la cuenta de ahorros del demandado; que este hecho ha sido reconocido por el demandado Luís Alberto Páucar Muller, esto es, que dicha trasferencia fue realizada por este último en forma individual, operación que, por lo tanto, fue irregular, pues el demandado no contaba con facultades para realizarla a sola firma; y, 5) El importe reclamado no es igual al monto objeto de la transferencia efectuada por el demandado, por cuanto el Banco demandante encontró en la cuenta de ahorros de aquél el importe de cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta soles (S/ 44,240.00), que fue retenido y devuelto al consorcio, mientras que el monto restante, que es el reclamado, tuvo que ser asumido por el banco demandante, tal como se aprecia de las copias de las cartas notariales de folios trece y diecisiete.
5. Fundamentos de la apelación. Mediante escrito de la página doscientos veintisiete, el demandado Luis Alberto Paúcar Muller, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda de restitución de suma de dinero, sustentándolo en lo siguiente; 1) Que en la sentencia recurrida se omite la fundamentación del análisis del contrato de servicios bancario que suscribieran las partes al momento de aperturar la cuenta corriente Nº 000-6998, y por el contrario, se sustenta en un contrato privado, como es la Escritura Pública de Contrato de Consorcio de fecha ocho de julio de dos mil ocho, lo cual es incorrecto, toda vez que lo que prevalece en primer orden es el contenido de servicios bancarios, en cuyas cláusulas se establecen los derechos y obligaciones de los titulares y representantes legales de las personas jurídicas y titulares de las cuentas; 2) Que la transacción fue realizada conforme a ley y por ende dicha acción no constituye un pago indebido, sujeto a reembolso; y, 3) Que el banco demandante no ha adjuntado prueba fehaciente que acredite que el recurrente no estaba facultado para realizar una transferencia en forma independiente, teniendo en cuenta que al momento de la operación ésta se realizó obedeciendo a las características de la cuenta aperturada.
6. Sentencia de vista. Los Jueces Superiores de la Primera Sala subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, expiden la sentencia de vista, de fecha veintiuno de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, de fojas doscientos setenta y tres, que confirma la sentencia apelada de fecha dos de diciembre de dos mil trece, que declara fundada la demanda de restitución de suma de dinero; en consecuencia, ordena que la parte demandada pague a la demandante Scotiabank Perú S.A.A., la suma de 115,253.31 nuevos soles. Fundamentan la decisión en que: 1) Es evidente que, conforme el procedimiento y mecanismo que se establece en las cláusulas cuarta y quinta del contrato de consorcio de fecha ocho de julio de dos mil ocho, para la realización de operaciones bancarias (como lo son las transferencias bancarias), se necesita de la participación de ambos representantes legales (común y alterno), pues la autorización para dichas operaciones debía ser mancomunada, no pudiendo, ninguno de los consorciados desconocer las reglas fi jadas en el contrato de consorcio, resultando de aplicación el principio denominado pacta sunt servanda (también conocido como fuerza vinculatoria del contrato), siendo ello así, al haber sido autorizada únicamente por uno de los representantes la transferencia, se ha producido un pago indebido a favor de Luis Alberto Paúcar Muller; por lo que, éste deberá devolver dicha suma de dinero; 2) Que el contrato bancario adjuntado a la contestación de demanda, aún cuando pueda establecer que cualquiera de los representantes podrían realizar las operaciones, no priman las reglas frente a las que se sujetaron los integrantes al suscribir el contrato de consorcio, pues en éste se establece cómo se gesta la manifestación de la voluntad del consorcio, indicando cuáles son los procedimientos y mecanismos para realizar las actividades del consorcio; y, 3) En lo referente a la inversión de la carga de la prueba, se debe mencionar que, no es cierto lo alegado por el recurrente, toda vez que lo que ha efectuado el A quo es tomar en cuenta lo afirmado por la parte demandada que no ha negado que el dinero haya ingresado a su cuenta corriente, pues se ha limitado a defender la legalidad de la transferencia pero no a negar su realización (la transferencia misma); por lo que, este agravio también debe desestimarse, tanto más si el banco ha presentado, en copia certificada, la carta de instrucciones en la que el apelante en forma independiente solicita al banco la transferencia de la suma de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco soles (S/. 159,495.00) a su cuenta corriente personal, como se ve de fojas doce, el recibo en el que consta la transferencia efectuada de la cuenta del consorcio a la cuenta de Luis Alberto Páucar Muller, todo lo cual demuestra que la transferencia de dicha suma se llevó a cabo, que este hecho aunado a que no se autorizó, conforme lo establecido en el contrato de consorcio, permite concluir la existencia de un pago indebido a favor del ahora apelante que debe ser restituido al demandante.
Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, de folios cincuenta y dos del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado Luis Alberto Páucar Muller, por las siguientes causales: A) Infracción de los artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, 50 inciso 6, 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aduce que existe falta de motivación al no darse el mínimo de sustento del por qué un contrato que se encuentra fuera de la esfera de una relación obligacional, prima sobre el contrato que dio origen a dicha relación; señala que la Sala Superior para fundamentar su sentencia se ampara en el contrato de consorcio y no en el contrato de servicios bancarios, suscrito entre el consorcio y el banco, no obstante ser éste último el que dio origen a la relación obligacional. B) Infracción de los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, I del Título Preliminar, 74, 78, 79 y 172 del Código Procesal Civil; alega que el juzgado declara no ha lugar a la solicitud de reprogramación de la audiencia; incluso señala que quien debió asistir a ella, ante el problema de enfermedad, es el apoderado acreditado, cuando precisamente es el apoderado quien está solicitando la reprogramación, sustentándola en estar delicado de salud, viéndose impedido de representar a su poderdante; que la Sala Superior admite que, el juzgado actuó de forma errónea, en la parte considerativa de la resolución, y que no advirtió que fue el apoderado y no el demandado titular, quien efectuó el pedido de reprogramación, sin embargo, concluye que ello no genera nulidad de la resolución, vulnerándose con ello el debido proceso.
Que, la materia jurídica en debate en el presente proceso, se centra en determinar si la sentencia de segunda instancia incurre en infracción de las normas denunciadas, esto es, si se ha vulnerado el derecho al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales.
Primero. Ante todo, en materia de casación es factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso, tomando en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las partes en litigio.
Segundo. Que se procede entonces al análisis de la infracción contenida en el ítem A) del numeral III de la presente resolución. Al respecto es pertinente precisar que El Derecho al Debido Proceso, consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho, mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, norma que resulta concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo, debe precisarse que, la exigencia de la motivación suficiente, prevista en el inciso 5 del referido artículo garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una resolución que carezca de motivación suficiente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino también principios de rango constitucional.
Tercero. Procediendo al análisis de la sentencia recurrida se advierte que la Sala comienza con el examen conceptual y normativo de la naturaleza o tipo de contrato y las facultades que le otorga al demandado para efectuar operaciones bancarias en representación del Consorcio Vial Chavín (ver considerandos octavo al décimo primero), procediendo luego a determinar que, en el caso concreto, dichas operaciones debía ser mancomunadas conforme a las reglas fi jadas en la cláusulas cuarta y quinta del contrato asociativo de fecha ocho de julio de dos mil ocho, por lo que al haber sido autorizada la transferencia únicamente por uno de los representantes, se ha producido un pago indebido a favor de don Luis Alberto Páucar Muller, debiendo éste devolver la suma de dinero. En cuanto al contrato bancario alegado por el demandado, el Ad quem arriba a la conclusión que, lo pactado en el contrato de consorcio prima sobre el contrato de servicios bancarios, pues en el primer contrato se establece cómo se gesta la manifestación de la voluntad del consorcio, en el que se precisa cuáles son los procedimientos y mecanismos para realizar las actividades del consorcio. Además se advierte del contrato de servicios bancarios, que obra a folios ciento sesenta, que su naturaleza jurídica es la de un contrato de adhesión estándar, cuyas cláusulas son generales redactadas previa y unilateralmente para aplicarse a un indeterminado número de contratos que celebre el Banco demandante y no exclusivamente para el suscrito con el Consorcio Vial Chavín.
Cuarto. Que, así, del análisis de la sentencia cuestionada se advierte una exposición lógica, razonada y suficiente de los criterios fácticos y jurídicos en base de los cuales el órgano de mérito resolvió la controversia; asimismo, se observa que se ha efectuado una adecuada subsunción de los hechos a la norma pertinente, el artículo 1361 del Código Civil1; que, siendo ello así, no se advierte que se haya transgredido el principio de motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, como erradamente sostiene la impugnante.
Quinto. En cuanto a la denuncia del ítem B) del numeral 3 de la presente resolución, referente a la denegatoria de la solicitud de reprogramación de la audiencia, es de señalarse que si bien es cierto, mediante la resolución número trece de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece se denegó el nuevo pedido de reprogramación solicitado por la parte demandada, haciendo referencia al demandado Luis Alberto Páucar Muller, cuando en realidad, el solicitante era su apoderado Rubén Ramos Delgado Pimentel, también lo es, que, por el principio de trascendencia, no basta el error u omisión de algún acto procesal para declarar la nulidad del proceso, tampoco la alegación en forma genérica de la existencia de algún perjuicio, sino que dicha omisión debe tener la cualidad de poder causar un perjuicio real; por ello es que, la nulidad debe ser tratada con un criterio restrictivo. En esa perspectiva, Hurtado Reyes sostiene que: “(...) no hay nulidad sin perjuicio o no hay nulidad sin agravio (pas de nullité sans grief) (...) para que exista nulidad no basta la sola infracción a la forma sino que se produce un perjuicio a las partes. La nulidad más que satisfacer los pruritos formales, tiene por objeto evitar la violación de las garantías de juicio (...).”2
Sexto. En el caso de autos, se advierte que dicho error no causa perjuicio al nulificante, pues no se ha restringido ningún derecho, por el contrario el proceso ha proseguido con todas las garantías procesales, verificándose de autos que el recurrente ha ejercido su derecho de interponer los recursos impugnatorios. Además se debe tener en cuenta que la parte demandada ante la circunstancia suscitada de la imposibilidad de comparecencia de su representante, ha tenido tiempo suficiente para ver la posibilidad de nombrar a otro apoderado o, en todo caso, comparecer al proceso por sí mismo, pues el diagnóstico médico data del veintidós de agosto de dos mil tres y la audiencia se programó para el día veintiséis del mismo mes; siendo ello así, el presente agravio debe también desestimarse.
A) Por estos fundamentos y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por el demandado Luís Alberto Páucar Muller a fojas doscientos noventa y seis; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce obrante a fojas doscientos setenta y tres, que confirma la sentencia apelada de fecha dos de diciembre de dos mil trece, de fojas ciento noventa y tres, que declara fundada la demanda de restitución de suma de dinero; en consecuencia, ordena a la parte demandada pague a la demandante Scotiabank Perú S.A.A., la suma de ciento quince mil doscientos cincuenta y tres soles con treinta y un céntimos (S/115,253.31), más interés legales. B) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Scotiabank Perú S.A.A con Luís Alberto Páucar Muller, sobre restitución de suma de dinero; y los devolvieron. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora del Carpio Rodríguez.
SS. Tello Gilardi, Del Carpio Rodríguez, Rodríguez Chávez, Calderón Puertas, De la Barra Barrera.