Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-172-11.htm
Timestamp: 2019-12-14 16:48:24
Document Index: 414162311

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 236', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 236', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 44', 'e contrario', 'artículo 236', 'Artículo 75']

T-172-11
Sentencia T-172/11
MUJER EMBARAZADA-Protección constitucional especial durante y en la época posterior al parto, así como de las personas adoptantes y de los adoptados
El artículo 43 de la Constitución consagra una protección especial de la mujer embarazada y en estado de lactancia al señalar que ella “gozará de especial asistencia y protección del Estado”. Esta norma implica un deber de especial protección para la madre gestante y para el recién nacido. Como manifestación de esta protección especial, el legislador ha consagrado, en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante CST), el reconocimiento de la licencia de maternidad para permitir un espacio para que la madre gestante afronte con tranquilidad la dificultad del parto o para que de forma extensiva la persona adoptante cuente con el tiempo y el dinero para iniciar el proceso de adaptación con el niño o adolescente que el Estado autorice entregar en adopción.
LICENCIA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD DE PADRE ADOPTANTE-Inexequibilidad de la expresión “menor de siete (7) años de edad” en sentencia C-543/10
La Corte realizó un recorrido por la legislación de la licencia de maternidad, señalando que una de sus finalidades es la de proteger a las madres trabajadoras durante y después del parto y asegurar la protección de la niñez; es decir, una protección doble e integral ya que abarca tanto a la madre como al recién nacido. Dicha simbiosis comprende un conjunto de prestaciones que permiten dar inicio a las relaciones familiares en condiciones de calidad y de dignidad. Del mismo modo, se precisó que el ámbito de protección de la licencia de maternidad de la madre biológica se equipara a la madre adoptante y al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente, puntualizándose que la fecha de la entrega formal sería equiparable a la fecha del parto. Esta Corporación consideró que las personas trabajadoras que adoptan menores de siete años y las personas trabajadoras que adoptan mayores de siete años se encuentran en situaciones similares. Resaltó los siguientes puntos de comparación: “(i) ser trabajadoras; (ii) estar en proceso de ser madres o padres; (iii) haber optado por la adopción”. Esta situación de equiparación hace posible que se le otorgue, a los dos grupos de personas adoptantes, iguales derechos y obligaciones y, por ende, el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ADOPTABILIDAD-Protección se extiende a mayores de 7 años
Para la Sala es claro que si la legislación equiparó la adopción al hecho del parto, lo hizo justamente para proteger también los derechos de las niñas y de los niños en situación de adoptabilidad por lo que no es admisible que se prive del goce de un conjunto de prestaciones encaminadas a asegurar la integración a la nueva familia en condiciones de calidad y de dignidad al grupo de los niños y niñas adoptables mayores a siete (7) años, después de que probablemente han sufrido situaciones de abandono, violencia, maltrato físico, emocional, soledad y pérdida de los padres, entre otras lamentables circunstancias. En conclusión, la Corte considera que excluir del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad a las personas adoptantes mayores de siete años –incluidos los padres adoptantes sin cónyuge o compañera permanente– y a los adoptables mayores de siete años, desconoce el mandato de igual trato del artículo 13 constitucional, así como el mandato del artículo 42 Superior, que ordena el reconocimiento de los mismos derechos y obligaciones a todos los hijos de la familia y el interés superior de la niñez del artículo 44. Más aún, teniendo en cuenta que el grupo de adoptables mayores de siete (7) años requiere de mayor acompañamiento y protección en su proceso de integración en su nuevo hogar.
LICENCIA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD POR ADOPCION DE NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 7 AÑOS-Requiere más tiempo de integración y adaptación que en las adopciones tradicionales
Referencia: expediente T-2834620
Acción de tutela interpuesta por la señora Mimi[1] contra Sánitas EPS.
1.1. Manifiesta que desde el 1° de junio de 2000 se encuentra vinculada a un organismo estatal, por medio del cual se afilió a Sánitas EPS en el régimen contributivo.
1.2. Afirma que en febrero de 2009 inició ante el Instituto de Bienestar Familiar proceso de adopción como persona soltera motivo por el que el 31 de mayo de 2010 le hicieron entrega formal de la niña Lennon. La menor entregada en adopción nació el 11 de marzo de 1999. Es decir, en la actualidad tiene doce (12) años.
1.3. Expresa que el 02 de junio de 2010 radicó solicitud para el reconocimiento de la licencia de maternidad en las oficinas de Sánitas EPS, la cual fue negada porque la prestación solo se hace extensiva a la madre adoptante de menor de siete años, según el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo.
1.4. Sostiene que el numeral cuarto del artículo 236 del CST asimila la madre adoptante a la madre biológica para efectos de las garantías laborales y prestacionales en él consagradas. Sin embargo, señala que para la licencia por maternidad tal asimilación solo procede cuando el menor adoptado no supere la edad de siete años de edad, barrera que estima injusta ya que la edad no puede ser un criterio valido para limitar el derecho del infante al disfrute de una etapa de conocimiento y consolidación de la relación de adopción con su madre, ni tampoco un criterio válido para excluir a las madres trabajadoras adoptantes de mayores de 7 años.
A los argumentos expuestos, acompaña jurisprudencia relacionada con la licencia de maternidad y el derecho a la igualdad de las mujeres trabajadoras. De otra parte, realiza un juicio de igualdad del numeral 4º del artículo 236 del CST, a partir del cual concluye que la exclusión del derecho al descanso remunerado a las trabajadoras adoptantes de infantes mayores de siete (7) años de edad no es idónea para la realización de los fines constitucionales que persigue, ya que elimina de su ámbito de protección especial a sujetos destinatarios de la medida, como lo son las madres adoptantes y los niños mayores de siete (7) años.
Sanitas EPS, a través de su representante legal, contesta la acción de tutela señalando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante ya que la prestación solicitada no puede ser reconocida, puesto que el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo la restringe a las madres adoptantes de menores de siete (7) años.
Además, expone que mediante Sentencia C-543 de 2010 del 30 de junio de 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “del menor de siete (7) años de edad” contenida en el numeral cuarto del artículo 236 del CST, precedente que fue desconocido por el juez de primera instancia en el fallo de 6 de julio de 2010.[2]
· Copia auténtica del acta de entrega de la niña (folio 19).
· Fotocopia de la tarjeta de identidad de la niña (folio 20).
· Respuesta de Sánitas EPS sobre la solicitud de validación de reconocimiento y pago de la licencia de maternidad por adopción (folio 21).
Para abordar el problema jurídico la Sala se referirá a los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de licencias de maternidad o paternidad; (ii) la protección constitucional especial de la mujer en estado de embarazo, durante y en la época posterior al parto así como de las personas adoptantes y de los adoptados; (iii) la Sentencia C-543/10 y el desafío ligado a la adopción de la infancia mayor y la adolescencia; y por último se referirá (iv) al análisis del caso concreto.
3.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela resulta procedente, para solicitar el reconocimiento de la licencia de maternidad, cuando su negativa amenace un derecho fundamental tanto de la madre como de la persona adoptante, al igual que los derechos del recién nacido o de los niños entregados en adopción.[3]
En diferentes pronunciamientos la Corte ha precisado los elementos para que la tutela sea el medio idóneo para la reclamación de dicha prestación. En especial, la persona accionante debe interponer el amparo constitucional dentro del año siguiente al nacimiento o a la entrega de la adopción.[4]
(i) “[L]a accionante que reclama el pago de la licencia de maternidad posee la carga de aportar las pruebas que permitan evidenciar que existe la vulneración al derecho al mínimo vital, con el objeto de presentar al juez su situación económica y la afectación de la misma. Sin embargo, para no hacer dicha carga gravosa para la peticionaria, el solo hecho de afirmar que existe vulneración del mínimo vital es una presunción a la que debe aplicarse el principio de veracidad. Adicionalmente, en ciertos casos, el juez constitucional en procura de resguardar los derechos de los niños [o de las niñas] y de las madres gestantes puede presumir la vulneración del derecho cuando quien solicita la prestación económica es una persona de escasos recursos”
(ii) “Este supuesto no significa que la acción de tutela sólo proceda en los casos de mujeres que devenguen solamente un salario mínimo, pues si la mujer manifiesta que pese a recibir un ingreso más alto, la falta del pago de la licencia puede poner en peligro su subsistencia y la de su hijo [o hija], el juez debe valorar el caso y así mismo, revisar si el amparo es indispensable o no.”
(iv) “Tal supuesto debe ser aplicado igualmente para las mujeres que en calidad de cotizantes independientes se afilian al sistema, pues sus ingresos se verán disminuidos por su nueva situación de mujeres que dan a luz un hijo [o una hija]. En consecuencia, el no percibir ingresos por un período de 84 días (tiempo de la licencia de maternidad) indica la vulneración del derecho al mínimo vital, que se presume por la falta de salario.”
(v) “En este sentido, si la afiliada al sistema reclama el pago de la licencia de maternidad y la EPS rechaza la solicitud, ésta tiene la carga de la prueba y es la llamada a controvertir que no existe vulneración del derecho al mínimo vital; si por el contrario, la entidad no controvierte las afirmación de la usuaria, el juez de tutela debe presumir la vulneración del derecho mínimo de subsistencia, y en consecuencia, proceder al amparo de los derechos reclamados”
(vii) “[L]as circunstancias propias de la madre gestante deben atender a sus condiciones económicas personales sin que sea posible afirmar que la protección al mínimo vital dependa de las circunstancias de su cónyuge, compañero permanente o núcleo familiar.”[5]
Adicionalmente, es pertinente resaltar que el derecho al mínimo vital de la mujer embarazada debe verificarse con independencia de las condiciones económicas de su núcleo familiar, cónyuge o compañero permanente. Al respecto en la Sentencia T-136/08 se explicó:
“La trabajadora que ha cotizado al sistema general de seguridad social adquiere el derecho al pago de la prestación, ajena e independientemente, a su situación familiar, sin que exista una motivación jurídica para que ésta tenga incidencia en el reconocimiento de un derecho personal y propio”.[6]
3.2. En el caso sometido a revisión la acción de tutela resulta procedente para que la Corte determine si la presunta vulneración de derechos alegada por la peticionaria se configura, ya que la señora Mimi, conforme al principio de la inmediatez, presentó acción de tutela el 17 de junio de 2010,[7] a tan solo unos días de haber sido entregada formalmente la niña, cuyo acto se materializó el 31 de mayo de 2010.
Ergo, a pesar de que la actora cuenta con ingresos de ($6.783.000), es pertinente advertir que la licencia de maternidad no se reduce al aspecto pecuniario sino también a la posibilidad que tanto las madres gestantes y personas adoptantes se les reconozca un tiempo para que se dediquen al proceso adaptativo ya sea de la maternidad por gestación o del proceso de adopción. Sumado a que en este específico caso se trata de una madre soltera cabeza de familia sujeta a especial protección constitucional.
4. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante del menor de siete (7) años de edad, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente.” [8]
La Corte ha considerado que el descanso remunerado tiene entre otros fines que la madre biológica o la persona adoptante se pueda dedicar al cuidado del recién nacido y de sus necesidades propias, así como las del niño según la edad que sea entregado en adopción. Además y especialmente busca que se creen las condiciones de desarrollo físico, social y afectivo en esa primera etapa para el niño recién nacido o entregado en adopción, sin que las preocupaciones laborales sean un obstáculo o carga. De allí que, como se ha señalado, las garantías de las madres gestantes se deben extender a las personas adoptantes, en los términos del numeral 4º del artículo 236 del CST, no obstante, respecto de los niños entregados en adopción se establecía un criterio de limitación del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, según el cual se permitía siempre y cuando el menor adoptado fuere menor de 7 años. Requisito que fue declarado inconstitucional en la Sentencia C-543/10, por las razones que pasan a exponerse a continuación. [9]
5. La Sentencia C-543/10 y la declaratoria de inconstitucionalidad de la edad como criterio restrictivo para que a los adoptantes de infantes y adolescentes mayores de 7 años, se les reconozca y pague la licencia de maternidad o paternidad.
“el tiempo inicial de integración familiar es tan decisivo en el proceso de adopción de niños o de niñas mayores de siete años, como lo es en el caso de los niños y de las niñas menores de siete años. Incluso, se podría sostener que el ingreso a la adolescencia trae consigo un conjunto de requerimientos todavía más complejos –para las madres y los padres como para las hijas y los hijos”.
En conclusión, la Corte considera que excluir del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad a las personas adoptantes mayores de siete años –incluidos los padres adoptantes sin cónyuge o compañera permanente– y a los adoptables mayores de siete años, desconoce el mandato de igual trato del artículo 13 constitucional, así como el mandato del artículo 42 Superior, que ordena el reconocimiento de los mismos derechos y obligaciones a todos los hijos de la familia y el interés superior de la niñez del artículo 44. Más aún, teniendo en cuenta que el grupo de adoptables mayores de siete (7) años requiere de mayor acompañamiento y protección en su proceso de integración en su nuevo hogar.
6.1. Como fue expuesto en la Sentencia C- 543/10 considerandos (5.5.6. y 5.5.7.) es posible afirmar que la adopción de la infancia y la adolescencia, según la edad es uno de los campos menos explorados en los estudios sociales y en la psicología. Esta circunstancia no resulta sorpresiva, ya que de hecho, la adopción en sí misma presenta enormes desafíos para brindar conclusiones tanto teóricas como clínicas sobre los desafíos y posibilidades para el desarrollo del vínculo paterno o materno–filial entre adoptantes y adoptables en las sociedades contemporáneas. Esta circunstancia se agrava aún más por el hecho de que las adopciones de niños mayores son consideradas difíciles, ya que permanecen por largos períodos en instituciones estatales o incluso hasta alcanzar su mayoría de edad, sin que el Estado pueda proveerles una familia.
La excepcionalidad de la adopción de niños mayores resulta igualmente determinante en la limitación de la oferta institucional para el acompañamiento en el periodo posterior a la adopción, de tal manera que las personas adoptantes reciban orientación y apoyo frente a los desafíos de su crianza.
Por otra parte, se impone por las autoridades la ambigua carga de la total reserva sobre los antecedentes familiares de los niños, debido a lo cual los padres y madres adoptantes no tienen derecho a conocer la historia previa de la persona que hará parte su vida, salvo datos generales o de salud importantes, lo cual hace más difícil la comprensión de las eventuales dificultades para el proceso de crianza o para el desarrollo de lazos de comunicación saludables y para el manejo de las mismas. Independientemente de saber si esta exigencia es adecuada para los niños y sus padres adoptantes, legalmente se establece una reserva sobre todos los documentos y actuaciones del proceso de adopción por el término de 20 años, reserva que incluye a los adoptantes.[10]
En relación con las eventuales complicaciones sicológicas asociadas con la adopción, sólo en épocas más recientes se ha comenzado a prestarles atención, más en países con altos niveles de desarrollo, menos en países como el nuestro. Algunos estudios advierten que la adopción constituye una experiencia estresante, concepto que parece contrario a los prejuicios prevalecientes, según los cuales la adopción constituye una forma de poner fin a las angustias de quienes dan hijos en adopción, de los padres incapaces de procrear y de los niños/as sumidos en el desamparo y la inseguridad. [11]
De otra parte, se sugiere por la doctrina que los adoptados en una edad más avanzada, con mayor capacidad reflexiva, analítica, lógica y proyectiva en su aproximación al mundo, generan un mayor reconocimiento hacia la ausencia de conexión biológica con sus padres adoptivos, lo que produce confusión y estrés en la seguridad y permanencia en la familia. También se afirma que en la medida en que aumenta su madurez, “la capacidad para comprender la reciprocidad lógica en las relaciones humanas, les impone enfrentar el rechazo anterior a la construcción de la nueva familia. Incluso, a medida que los niños avanzan hacia la adolescencia, el sentido de pérdida se profundiza, y comienzan a reevaluarla en términos de su propia identidad emergente, lo cual conlleva experimentar nuevas pérdidas, como la de conexión con una línea genealógica y la pérdida de individualidad.” [12]
En cuanto a la formación de su identidad, la literatura en la materia sugiere que la formación en los niños y adolecentes se ve negativamente afectada por la experiencia de la adopción. Sobre el particular se señala que “en materia del nombre del adoptado, tiene la virtud de indicar el camino para sortear la cuestión más álgida que presenta el nombre de las personas: el reiterado enfrentamiento entre (…) autonomía de la voluntad o entre el principio de inmutabilidad y el de libertad. El equilibrio entre ambos en lo relativo al nombre del adoptado según el régimen jurídico vigente estaría sentado en la figura de los adoptantes. De conformidad con el contexto normativo supralegal, dicho eje debería pasar por el derecho de los adoptados, principalmente, en el respeto por el derecho a la identidad y el derecho a ser partícipes en la construcción de esa identidad, en este caso, del nombre como parte integrante de este derecho.”[13]
6.3. De otra parte, como se señala en el sistema de adopciones del Estado de Míchigan (EE.UU),[14] un niño mayor que es adoptado trae consigo dos situaciones que lo afectan: de una parte, el rechazo de sus padres biológicos; y de otro, la creciente y constante inseguridad creada durante su permanencia en el sistema de protección. Esto genera en los niños un sentimiento de desconfianza hacia los adultos en cuanto a su amabilidad y su consistencia.
En contraste con los argumentos expuestos, en la Sentencia C-543/10 se afirma un aspecto positivo en la adopción de niños y adolecentes mayores de siete años ya que tiene también ventajas considerables para los padres adoptantes, así como para los adoptivos. Entre los beneficios que se derivan de la adopción de niños o niñas mayores de siete años, se enumeraron los siguientes: (i) tolerancia a la propia ambivalencia y/o sentimientos negativos fuertes; (ii) comprensión ante el rechazo por parte de terceros; (iii) habilidad para encontrar felicidad en pequeños incrementos de mejoría; (iv) flexibilidad en el rol parental; (v) visión sistémica de la familia; (vi) apropiación del rol; (vii) actitud activa; (viii) humor y auto cuidado; (ix) sistema familiar abierto, entre otros.
Sanitas EPS niega la solicitud con fundamento en que la peticionaria no cumple con los requisitos legales para el pago de la prestación económica derivada de la licencia por maternidad, toda vez que el CST solo contempla la garantía de los adoptantes cuando son menores de 7 años, requisito que no se cumple en el caso concreto.
El juez de primera instancia denegó el amparo sobre la base del argumento expuesto por la EPS. La segunda instancia, si bien reconoce que la Sentencia C-543/10 declaró inexequible el requisito de la edad, estima que en el caso concreto no se puede reconocer y pagar la licencia de maternidad, porque no existe el vinculo filial entre la actora y la niña que se le entregó, sino hasta al momento de la sentencia que así reconozca esta condición.
7.2. Conforme a lo expuesto en las consideraciones previas la presente providencia la acción de tutela que se revisa resulta procedente. Adicionalmente, en un asunto como el que se revisa, en el cual madre e hija han convivido alrededor de nueve (9) meses, de conformidad con las reflexiones anotadas, mal puede concluirse que la licencia de maternidad ha dejado de ser útil y necesaria o que por el contrario no se pueda alegar su reconocimiento y pago.
En primer lugar, está probado que no han contado con un tiempo libre de los afanes propios de la cotidianidad –laboral y escolar- para posibilitar la construcción del apego, ante la ocurrencia de fenómenos extraordinarios en la vida de adoptante y adoptado. En segundo lugar, si bien el afecto mutuo puede haberse desarrollado con el transcurso de estos meses de convivencia, ello no significa que el apego se haya logrado consumar, ya que como se ha visto, la superación de los múltiples obstáculos que implica la adopción no ha cumplido el tiempo usual de elaboración y bien puede haberse entorpecido o complicado por la ausencia de protección integral en el periodo inicial de la vida de la menor.
7.3. Frente al condicionamiento que realiza el juez de segunda instancia, según el cual la solicitud de la licencia de maternidad sólo es procedente a partir del momento en el que la sentencia judicial que decrete la adopción sea inscrita en el registro civil y reemplace el acta de nacimiento de origen, es necesario establecer que dicha interpretación no se acompasa con lo dispuesto en el artículo 236 del CST. Sobre el particular la norma señala expresamente que la fecha del parto se asimila a la de la entrega oficial del menor que se adopta, no a la de la inscripción de la sentencia judicial que decrete el nacimiento del vínculo filial y el respectivo cambio del registro civil.[15]
Sumado a lo anterior, al observar el acta de entrega formal de la niña, suscrita por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 31 de mayo de 2010, se tiene que en ella se consigna la obligación de la madre adoptante de “velar por ella física, moral y económicamente, además de brindar toda la atención para su cabal desarrollo integral”,[16] lo que implica el deber de establecer vínculos entre la señora Mimi y la niña Lennon que favorezcan y estimulen sentimientos de apego, afecto y pertenencia a un núcleo familiar que protege, proporciona y suple todas sus necesidades con el fin de alcanzar su pleno desarrollo.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido en el proceso de la referencia por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá. En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad, a la protección especial de la maternidad y la niñez de la señora Mimi y de la niña Lennon entregada formalmente en adopción.
SEGUNDO.- ORDENAR a Sanitas EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, proceda a reconocer y pagar en su totalidad, la licencia de maternidad de la señora Mimi, con fundamento en el monto que servía de base de cotización al momento de la entrega formal de la niña por parte del ICBF.
[1] El despacho del magistrado sustanciador procedió a comunicarse con la accionante con el fin de consultarle si quería que tanto ella como su hija fueran identificadas en esta providencia, a lo que la peticionaria contestó que prefería que no se hiciera referencia a sus identidades. (Constancia de llamada obrante a folio 09 del cuaderno de revisión). Conforme a lo anterior, la Sala encuentra pertinente adoptar como medida de protección del derecho a la intimidad y confidencialidad, suprimir de esta sentencia la identidad y referencias que puedan identificar a la accionante o y a la niña que le fue entregada por el ICBF. Al respecto pueden consultarse las Sentencias SU-256/96, SU-480/97, SU-337/99, T-810/04, T-618/00, T-436/04, T-220/04, T-143/05, T-349/06, T-628/07, T-295/08, T-816/08, T-948/08 y T-554/10, entre otras.
[2] Blanca Patricia Villegas de la Puente, en calidad de Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, presentó escrito para coadyuvar la impugnación de la sentencia, refiriendo que se debe ordenar el reconocimiento y pago de la licencia por maternidad a la demandante. Fundamenta su escrito en la decisión de la Corte Constitucional que declaró que la norma que consagra el descanso remunerado para la madre adoptante del menor de siete años supone una diferenciación injustificada e incompatible con la Carta Política.
[3] Sentencias T-664 de 2002, T-136 de 2008, T-127 de 2009 y T-231 de 2009.
[4] Sentencias T-999 de 2003, T-127 de 2009, T-231 de 2009, T-261 de 2009 y T-365 de 2009.
[5] En igual sentido pueden consultarse entre otras, las Sentencia T-466 de 2000 y T-127/09.
[6] Sentencias T-136 de 2008, T-781 de 2008 y T-231 de 2009.
[7] Folio 22
[8] Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543/10, como se entrará a especificar más adelante. Subrayado por fuera del texto original.
[9] Sentencias T-559 de 2005 y T-791 de 2005.
[10] Artículo 75 de la Ley 1098 de 2006: “Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del Defensor de Familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad, la Procuraduría General de la Nación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su Oficina de Control Interno Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar.”
[11] Brodzinsky, David M y Schechter, Marshall D. The Psychology of Adoption, Oxford University Press, 1990, pág. 4. Este texto sintetiza numerosas investigaciones, en las cuales se sustentan la mayoría de las afirmaciones que la Corte expone en este capítulo.
[12] Ídem, pág.150 [Traducción informal].
[13] Herrera Marisa. El Derecho a la Identidad en la Adopción-1ª ed-Tomo II. Editorial Universidad, Buenos Aires, pág.414.
[14][Traducción informal] Consultado en Michigan adoption resource exchange, http://mare.org/Info/AdoptOlderChild.html (marzo 09 de 2011).
[15] Numeral 4º Articulo 236 del CST “(…) Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante del menor de siete (7) años de edad, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente.” Subrayado por fuera del texto original. (Aparte tachado declarado inexequible).
[16] Folio 19