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Timestamp: 2018-10-16 09:39:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 378', 'artículo 348', 'artículo 65', 'artículo 73', 'artículo 49', 'artículo 180', 'artículo 214', 'artículo 52', 'artículo 146', 'artículo 267', 'artículo 50', 'artículo 16', 'artículo 254']

05001 23 24 000 1993 01344 01 16064 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO - Actividades peligrosas. Riesgo excepcional / CONSCRIPTO - Actividades peligrosas. Riesgo excepcional / SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO - Daño especial / CONSCRIPTO - Daño especial / SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO - Falla del servicio / CONSCRIPTO - Falla del servicio &nbsp; En principio, en los casos en que se debate sobre la obligación del Estado de indemnizar el perjuicio generado como consecuencia del daño sufrido por un soldado que presta servicio militar obligatorio, debe aplicarse un régimen objetivo de responsabilidad. Se reiteran los planteamientos expuestos en pasadas ocasiones. Se ha sostenido entonces, por una parte, que el Estado debe asumir los riesgos que se crean para quienes prestan el servicio militar obligatorio, como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que se les asignan, como cuando el daño es causado con un arma de dotación oficial o, cuando se deriva del ejercicio de una actividad peligrosa, com
05001 23 26 000 1994 00422 01 19420 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Elementos / DAÑO ANTIJURIDICO - Elemento de la responsabilidad del Estado / IMPUTACION JURIDICA - Elemento de la responsabilidad del Estado / EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL - Daño / EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL - Responsabilidad del Estado / EJECUCION DE OBRA PUBLICA - Responsabilidad del Estado / OBRA PUBLICA - Estado. Dueño de la obra / PRINCIPIO UBI EMOLUMENTUM IBI ONUS ESSE DEBET - Responsabilidad del Estado frente a los daños ocasionados en le ejecución de una obra publica &nbsp; Son supuestos de la responsabilidad del Estado el daño que consiste en la lesión o menoscabo del derecho o situación de la cual es titular un sujeto de derecho y la imputación jurídica del mismo, que consiste en la atribución jurídica del daño, que se funda en la prueba del vínculo existente entre el daño antijurídico y la acción u omisión del ente demandado. En el caso concreto se analiza la responsabilidad del municipio de Medellín por la ocurrencia d
05001 23 31 000 1991 00789 01 15567 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
POSICION DE GARANTE - Concepto / POSICION DE GARANTE - Fundamento / DEBER DE PROTECCION Y CUIDADO - Incumplimiento / OBJETIVO MILITAR - Protección / DEBER DE COLABORACION CON AUTORIDADES PUBLICAS - Límite / FUERZAS MILITARES - Posición de garante de los ciudadanos / POSICION DE GARANTE - Fuerza pública &nbsp; Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho. Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley -en sentido material- atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asum
05001 23 31 000 1995 00915 01 14272 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO - Doble. Falla del servicio / FALLA DEL SERVICIO - Servicio militar obligatorio. Doble &nbsp; Resulta claro, pues, que la falencia en la que incurrió el ejército, por haber tomado la decisión arbitraria de reclutar y obligar al joven Luis Ángel Castrillón Pulgarín, a prestar el servicio militar por segunda vez, cuando ya había cumplido con dicho deber, afectó la tranquilidad de su hogar, al sentirse sus miembros privados de la presencia de su compañero y padre, situación que menoscabó los intereses económicos de la familia, pues se demostró que la señora Gallego y sus hijos pasaron necesidades económicas, dado que el afectado era quien velaba por su manutención. De igual forma se puso en riesgo la integridad física y la salud de su familia, pues como lo señalaron algunos de los testigos, la compañera de la víctima se encontraba en estado de embarazo de su segundo hijo cuando lo reclutaron y los hijos sufrieron quebrantos de salud, pa
05001 23 31 000 1996 00105 01 30913 A JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
CORRECCION DE SENTENCIA - Conciliación judicial / APROBACION DE CONCILIACION - Corrección de sentencia / APROBACION DE CONCILIACION JUDICIAL - Requisitos &nbsp; Revisado el expediente, la Sala observa que efectivamente en la providencia en que se aprobó la conciliación entre la Nación y la parte demandante se dejaron de incluir ALGUNOS nombres de los actores que sí acreditaron la condición con la que actuaban en el proceso, situación que se debió a que, por una omisión involuntaria, la Sala no advirtió la existencia de las certificaciones expedidas por la Secretaría de la Sección Tercera que demostraba la relación de éstos con las víctimas. Se advierte, además, que frente a otros demandantes solicitantes, la Sala no incurrió en error, en consideración a que éstos últimos no acreditaron el parentesco con las víctimas directas. Para definir si hay lugar a la aprobación o improbación de la conciliación total a la que llegaron las partes, es necesario verificar el cum
05001 23 31 000 1996 01937 01 17652 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
ACUERDO CONCILIATORIO - Cosa juzgada / COSA JUZGADA - Acuerdo conciliatorio / AUDIENCIA DE CONCILIACION - Ministerio público / MINISTERIO PUBLICO - Audiencia de conciliación &nbsp; En relación con la caducidad de la acción de reparación directa, se observa que la demanda fue instaurada el día 10 de octubre de 1996, es decir dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, el cual acaeció el día 22 de abril de 1996, razón por la cual la mencionada acción no se encuentra caducada (art. 136 C. C. A.). En cuanto a las pruebas obrantes en el proceso, que permiten acreditar la responsabilidad extracontractual del Estado y la condición de víctimas de la parte demandante. De conformidad con las pruebas descritas anteriormente, se estima que el acuerdo logrado no lesiona los intereses de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dado que obran en el proceso pruebas que permiten establecer que la muerte del joven Nicolás Antonio Álvarez Atehortúa t
05001 23 31 000 1997 01839 01 33023 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
RECURSO DE QUEJA - Requisitos &nbsp; El ordenamiento jurídico prevé, en el artículo 378 del C. P. C., que para efecto de la queja se requiere: La formulación del recurso de reposición contra el auto que denegó la concesión de la apelación y en subsidio la solicitud de expedición de copias, El pago de las expensas, La expedición de las copias, El aviso de expedición de éstas, El retiro de las copias dentro de los tres días siguientes al aviso y La interposición de la queja ante el Superior dentro de los cinco días siguientes al recibo de las copias (art. 378 C. P. C.). El artículo 348 de C. P. C., es claro cuando establece que contra el auto que resuelve la reposición, no procede ningún recurso, excepto si éste contiene puntos nuevos no decididos en el auto anterior. &nbsp; &nbsp; &nbsp; CONSEJO DE ESTADO &nbsp; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO &nbsp; SECCION TERCERA &nbsp; Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO &nbsp; Bogotá D.C., siete (7) de
05001 23 31 000 1997 02637 01 30903 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Evolución normativa. Competencia jurisdiccional / JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Empresa de servicios públicos domiciliarios. Competencia / EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Competencia. Jurisdicción contenciosos administrativa / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - Competencia . Jurisdicción ordinaria &nbsp; Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política, el legislador asumió, en las leyes 142 y 143 de 1994, la regulación de los SPD, normas que continúan siendo ordenadoras de la materia. En estas leyes se dispuso, entre otras cosas, que el régimen sustantivo contractual de los operadores de los SPD será el de derecho privado y que, en general, la constitución y la organización de las empresas se regirá por éste mismo sistema jurídico -art. 17 a 19 de la ley 142. No obstante, esta ley poco dispuso, por vía general, sobre el juez de las controversias de los operadores
05001 23 31 000 1998 02290 01 29273 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
APROBACION DEL ACUERDO CONCILIATORIO - Requisitos &nbsp; De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 A de la ley 23 de 1991, modificado por el artículo 73 de la ley 446 de 1998 y, cuyo parágrafo fue derogado por el artículo 49 de la ley 640 de 2001, para la aprobación del acuerdo conciliatorio se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Que no haya operado la caducidad de la acción. b) Que las personas que concilian estén debidamente representadas. c) Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar. d) Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes. e) Que lo reconocido, patrimonialmente, esté debidamente respaldado en la actuación. f) Que no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público. &nbsp; VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS - Instrumentos para la indemnización de perjuicios / CONCILIACION - Violaciones de derechos humanos. Requisitos. Decisión ejecutoriada de
05001 23 31 000 1998 02290 01 29273 A JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
DERECHO INTERNACIONAL - Responsabilidad / SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS - Responsabilidad / CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - Definición / CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - Jurisdicción / COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - Competencia &nbsp; Es un principio del derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso, por parte de un Estado, genera su responsabilidad, la cual se traduce en la obligación de reparar de una forma adecuada. Dentro del sistema interamericano de derechos humanos, la responsabilidad de los Estados que han ratificado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se deriva no sólo de la suscripción de la misma (Estados miembros de la OEA), sino que, también, se presenta cuando los Estados, adicionalmente a su participación en la Declaración, han ratificado la Convención Americana, aceptando la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana. La Convención Americana es una L
05001 23 31 000 1998 02290 01 29273 B JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
RECURSO DE REPOSICION - Auto interlocutorio De conformidad con lo preceptuado por el artículo 180 del C.C.A., el recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente o los interlocutorios dictados por las Salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación. De conformidad con lo anterior, es viable concluir que el recurso interpuesto por la señora agente del Ministerio Público es procedente, en tanto la decisión objeto de censura es de aquellas de naturaleza interlocutoria -define la posible terminación del proceso por conciliación-, fue proferida por esta misma Sección y, adicionalmente, contra la misma no es procedente el recurso de apelación. &nbsp; COSA JUZGADA INTERNACIONAL - Oportunidad / EXCEPCION DE FONDO - Oportunidad / EXCEPCION DE COSA JUZGADA -Oportunidad / CONCILIACION - El Aro La eventual declaratoria de la cosa juzgada internacional, corresponderá analizarse en la o
05001 23 31 000 2006 03052 01 33800 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
SUSPENSION PROVISIONAL - Naturaleza jurídica / SUSPENSION PROVISIONAL - Requisitos &nbsp; La suspensión provisional es una medida cautelar de carácter material, como quiera que, con el decreto de aquélla, se suspenden los atributos de fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva del acto administrativo. Para su procedencia deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros de índole formal y sustancial: a) La medida cautelar debe ser solicitada y sustentada en la demanda o en escrito separado a ella; no es posible su formulación genérica, sino que, como requisito de procedibilidad, debe ser sustentada expresamente; así mismo, debe ser planteada en un capítulo de la demanda o en escrito separado de ella. b) Si la acción es la de simple nulidad (art. 84 C.C.A.), basta con que se acredite la infracción manifiesta del acto o actos acusados con preceptos normativos de rango superior. Dicha discrepancia, a efectos de que proceda efectivamente la medida, debe ser fácilmente apr
07001 23 31 000 1995 00004 01 15635 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
FUERO DE ATRACCION - Entidad pública &nbsp; Esta es la jurisdicción a la que corresponde dirimir este litigio, conforme lo decidió la Sala en auto proferido en este proceso, con sustento en que la circunstancia de que algunos de los sujetos vinculados al proceso sean juzgados generalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Basta que el demandante, con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos como en el caso presente, impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante que la sentencia finalmente absuelva al ente público. Nota de Relatoría: Ver Auto proferido el 8 de octubre de 1998, expediente 15392 CP: Dr. Daniel Suárez Hernández; sentencia proferida el 9 de marzo de 2000; expediente 12849, CP: Dra Maria Elena Giraldo; Actor: Alvaro Barón. &nbsp; CONDUCCION DE E
07001 23 31 000 2006 00198 01 33340 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Oportunidad &nbsp; En virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del C.C.A., la petición de pruebas en segunda instancia sólo es posible efectuarla dentro del trámite de apelación de sentencias y no durante la apelación de autos, como ocurre en este caso, razón por la cual la solicitud hecha por la parte recurrente en tal sentido, resulta improcedente; sin embargo, se observa que los documentos cuya petición de pruebas fue solicitada ya obran en el proceso en copia auténtica, dado que fueron arrimados por la parte actora junto con la demanda y, por consiguiente, podrán ser objeto de análisis probatorio en esta decisión. FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULO 214 &nbsp; LITISCONSORCIO NECESARIO - Representante legal. Acción contractual / REPRESENTACION LEGAL - Litisconsorcio necesario. Acción contractual / ACCION CONTRACTUAL - Litisconsorcio necesario. Representante legal. Improcedencia &nbsp; Conviene precisar que s
08001 23 31 000 1991 06256 01 21322 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
CONTRATISTA - Daño antijurídico. Falla del servicio / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Contrato de obra pública / CONTRATO DE OBRA PUBLICA - Responsabilidad del estado / EJECUCION DE OBRA PUBLICA - Daño antijurídico / FALLA DEL SERVICIO - Ejecución de obra pública / OBRA PUBLICA - Falla del servicio &nbsp; Como de manera uniforme lo ha indicado esta Sala, no son infrecuentes los casos en que un daño antijurídico resulta del proceder -por acción u omisión- de un tercero contratista del Estado. En estos eventos, vale decir, cuando la administración contrata a un tercero para la ejecución de una obra pública, la jurisprudencia tiene determinado -desde 1985- que los eventos relacionados con daños a terceros con ocasión de la ejecución de obras públicas con el concurso de contratistas, comprometen la responsabilidad de la Administración Pública, porque: i) es tanto como si la misma Administración la ejecutara directamente, ii) la Administración es siempre la dueña o titul
08001 23 31 000 1992 07216 01 23960 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
ACUERDO CONCILIATORIO - Requisitos de aprobación &nbsp; De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 446 de 1998 y 43 de la Ley 640 de 2001, para resolver sobre la procedencia del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en esta instancia, la Sala observa que se trata de la reclamación de perjuicios materiales ocasionados por la ocupación permanente que hizo el municipio de Barranquilla de un área equivalente a 1.565 m2, en el lote de terreno de propiedad de la parte demandante, cuya ubicación ya quedó anotada. Antes de realizar cualquier examen sobre el asunto de fondo, es preciso reiterar que la procedencia de la figura de la conciliación, ejercida prejudicial o judicialmente, exige un mínimo de requisitos. Por ello, en materia contencioso administrativa, donde está involucrado el patrimonio estatal y el interés público, el Juez, en aras de establecer la viabilidad del acuerdo, debe extremar esfuerzos para constatar que los elementos p
08001 23 31 000 1996 02906 01 12906 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
INTERVENCION DE TERCEROS - Coadyuvancia / INTERVENCION ADHESIVA - Requisitos / COADYUVANCIA - Requisitos &nbsp; La coadyuvancia es una figura jurídica establecida para que los terceros que se encuentran interesados en el resultado del proceso y que tengan una relación sustancial con una de las partes, intervengan en el mismo para ayudar a que el resultado sea favorable a la parte que coadyuvan. En materia de intervención de terceros, el artículo 52 del C. P. C., aplicable por remisión expresa del artículo 146 del C. C. A. (…) Del contenido de la norma se observa que la aceptación de la coadyuvancia o intervención adhesiva está condicionada a la configuración de los siguientes supuestos: - Que quien solicite ser tenido como coadyuvante tenga con una de las partes del proceso una relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida. Que no se haya dictado sentenc
08001 23 31 000 2001 02978 01 32964 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL - Cuantía / CUANTIA - Factor de competencia funcional / COMPETENCIA FUNCIONAL - Cuantía En virtud de la remisión general de que trata el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, los procesos ejecutivos contractuales de que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se regulan, en su trámite, por las normas del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que el Código Contencioso Administrativo no tiene un trámite especial para tal tipo de asuntos. Sin embargo, en relación con la cuantía como factor de competencia funcional, no se aplican los valores determinados en el Código de Procedimiento Civil, sino los que regulan la competencia en lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta que las demandas ejecutivas de que conoce esta jurisdicción tienen su fuente en un contrato estatal, razón por la cual se tienen en cuenta las cuantías que regulan la competencia en los asuntos de esa naturaleza. De lo d
08001 23 31 000 2003 00982 01 26767 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
TITULO EJECUTIVO - Requisitos formales y sustanciales / REQUISITOS SUSTANCIALES DEL TITULO EJECUTIVO - Obligación clara, expresa y exigible / OBLIGACION CLARA - Definición / OBLIGACION EXPRESA - Definición / OBLIGACION EXIGIBLE - Definición &nbsp; La ley exige que se satisfagan varios requisitos para que las obligaciones puedan ser susceptibles de ejecución. Entre ellos están los formales, relativos a que los documentos conformen una unidad jurídica y que provengan del deudor; además están los requisitos sustanciales según los cuales es necesario que los documentos que conforman el título ejecutivo contengan obligaciones claras, expresas y exigibles. Estos últimos requisitos exigidos por la ley, los sustanciales, se entienden cumplidos cuando la obligación que se pretende cobrar aparezca a favor del ejecutante, esté contenida en el documento en forma nítida sin lugar a elucubraciones, esté determinada y no esté pendiente de plazo o de condición. En efecto, la Sal
11001 03 26 000 1993 00397 01 13858 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2007 0
ACCION DE REVISION - Competencia en única instancia del Consejo de Estado / CONSEJO DE ESTADO - Acción de revisión &nbsp; Esta sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de esta acción de Revisión, en única instancia, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 160 de 1994 y el parágrafo 3º del artículo 16 del Decreto 2663 de 1994. &nbsp; COPIA SIMPLE - Valor probatorio &nbsp; En esos términos, la Sala sólo se atendrá a las pruebas documentales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, descartando las copias simples -así certificadas por el INCORA -, en su mayoría escrituras públicas, folios de matrícula inmobiliaria y diligencias de inspección ocular, al carecer estos documentos de efectos probatorios. &nbsp; ACCION DE REVISION - Término de caducidad &nbsp; No prospera la excepción de caducidad de la acción de revisión, por cuanto la Sala encuentra qu
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