Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0000072_2011.html
Timestamp: 2019-12-09 05:45:55
Document Index: 413955350

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 82', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 82', 'artículo 1', 'artículo 16']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000072_2011]
CONCEPTO 72 DE 2011
JUZGAMIENTO DE INDIGENAS-Es posible adelantar procesos disciplinarios en su contra cuando administren recursos del Estado/JUZGAMIENTO DE INDIGENAS-Jurisprudencia de la Corte Constitucional
Con relación a la posibilidad de disciplinar a los miembros de las comunidades indígenas, debe tenerse presente que al respecto es la Ley 734 de 2002, la que entre los sujetos disciplinables consagra como tal a los indígenas que administren recursos del Estado, señalando que serán disciplinables de acuerdo con lo establecido en dicho estatuto (inciso 2o del artículo 25).
Queda claro entonces que a partir de la vigencia de la Ley 734 de 2002, las autoridades indígenas son disciplinables, pero únicamente en cuanto administren recursos públicos en las condiciones que determinen los contratos que deben suscribir para esos efectos. En tal evento, serán disciplinables como particulares.
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Los resguardos indígenas pueden ser beneficiarios de estos recursos y administrarlos
La posibilidad de administrar dichos recursos, está contenida en la ley 715 de 2001, artículo 82 y subsiguientes siempre que se entienda que: dentro del marco de la Constitución y la ley, en el proceso de celebración y suscripción del contrato se debe asegurar el respeto de los derechos a la identidad étnica y cultural y a la participación de los resguardos; y, en caso de discrepancia sobre el uso de los recursos, prevalecerá la decisión adoptada por las autoridades del respectivo resguardo.
Corolario de lo expuesto, es que quien ejerce como Gobernador de un Cabildo Indígena y en tal condición maneja recursos procedentes del Sistema General de Participaciones, deberá responder disciplinariamente por su utilización indebida, conforme al régimen de responsabilidad de los particulares.
En el proceso disciplinario se deberá probar que para el cumplimiento de las cláusulas del contrato respectivo, quienes administraron o debieron administrar los recursos públicos recibieron la capacitación y asesoría necesarias para comprender su alcance y las consecuencias de su infracción.
Ref: Su oficio del 25 de abril de 2011, radicado en esta oficina el 12 de mayo siguiente.
Consulta usted si “¿Es destinatario de la ley disciplinaria el Cabildo Gobernador, que tiene manejo de recursos del Sistema General de Participaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley 715 de 2003, y estos, son utilizados indebidamente?.
Sea lo primero aclararle que la función consultiva asignada a este Despacho, (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no permite absolver casos particulares o concretos, de acuerdo con lo señalado en la Resolución número 127 de 3 de abril de 2008, proferida por el señor Procurador General de la Nación, por la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición en este organismo de control, menos aún si los hechos son susceptibles de procesos disciplinarios; por lo tanto, las respuestas en estos casos se deben limitar a suministrar elementos de juicio de carácter general y abstracto que sirvan para ilustrar el tema que interesa al peticionario.
Para hacer precisión sobre el punto considera esta oficina pertinente transcribir una parte de la Sentencia C-127/03, en que la Corte Constitucional se pronunció respecto a los argumentos dados en una demanda contra dicha norma:
“Tercero.- Reconocimiento constitucional a la diversidad étnica y cultural. Indígenas como destinatarios de la ley disciplinaria por el manejo de recursos públicos (Expediente D-4116).
Ahora bien, respecto a la posibilidad de administrar dichos recursos, la ley 715 de 2001, dispuso lo siguiente:
DISPOSICIONES COMUNES AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.
ARTÍCULO 82. RESGUARDOS INDÍGENAS. En tanto no sean constituidas las entidades territoriales indígenas, serán beneficiarios del Sistema General de Participaciones los resguardos indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, y al Departamento Nacional de Planeación en el año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se programan los recursos.
(Éste inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-921 de 2007 siempre que se entienda que “dentro del marco de la Constitución y la ley, en el proceso de celebración y suscripción del contrato se debe asegurar el respeto de los derechos a la identidad étnica y cultural y a la participación de los resguardos; y, en caso de discrepancia sobre el uso de los recursos, prevalecerá la decisión adoptada por las autoridades del respectivo resguardo”).
El inciso que sigue fue posteriormente corregido mediante el artículo 1o del Decreto 1512 de 2002, quedando así:
Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinarse prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica, primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre que la Nación realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos resguardos, las autoridades indígenas dispondrán parte de estos recursos para cofinanciar dichos proyectos.
PARÁGRAFO. La participación asignada a los resguardos indígenas se recibirá sin perjuicio de los recursos que los departamentos, distritos o municipios les asignen en razón de la población atendida y por atender en condiciones de eficiencia y de equidad en el caso de la educación de conformidad con el artículo 16 de esta ley, y el capítulo III del Título III en el caso de salud.
JCNB/MDCR