Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43532202
Timestamp: 2018-08-16 08:04:24
Document Index: 197776416

Matched Legal Cases: ['artículo 351', 'artículo 29', 'artículo 351', 'artículo 70', 'artículo 351', 'artículo 70', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 293', 'artículo 351', 'artículo 70', 'Artículo 37', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 40', 'Artículo 413', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 530', 'artículo 530', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 288', 'artículo 351', 'artículo 356', 'artículo 367', 'artículo 3', 'artículo 61', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 180', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 243', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 150', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 70', 'artículo 29', 'artículo 70', 'artículo 11', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 351', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 29', 'artículo 351', 'artículo 70']

Sentencia de Tutela nº 356/07 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43532202
Expediente: 1531223
Derecho al debido proceso de condenado a quien el despacho se ha negado a aplicarle por favorabilidad penal lo dispuesto en el articulo 351 de la ley 906 de 2004, al igual que la rebaja dispuesta en el articulo 70 de la ley 975 de 2005. Solicita se ordene la redosificacion de la pena. Tutela contra providencias judiciales. Causales genericas de procedibilidad de la accion de tutela contra providencias judiciales. Examen sobre la procedencia de la aplicacion del principio de favorabilidad para los casos de procesados que se hubiesen sometido al instituto de la sentencia anticipada durante la vigencia del decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993. La figura de la sentencia anticipada en el decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993. Aplicacion del principio de favorabilidad en la ley 906 de 2004. La terminacion anticipada del proceso en el nuevo sistema penal. Comparacion entre los institutos procesales de la sentencia anticipada del decreto 2700 de 2001, modificado por la ley 81 de 1993, con el allanamiento a los cargos de la ley 906 de 2004. Efectos temporales de la sentencia c-370 de 2006 en relacion con la rebaja de pena de que trata el articulo 70 de la ley 975 de 2005. Los efectos de esta sentencia son unicamente hacia el futuro, es decir, contados a partir del 18 de mayo de 2006, de tal suerte que los condenados que hubiesen solicitado y obtenido mediante decision judicial en firme la rebaja de la pena seguiran disfrutando de la misma. Examen sobre la postura asumida por la sala penal de la corte suprema de justicia en relacion con los efectos temporales de la sentencia c-370 de 2006. Condiciones para acceder al beneficio de que trata el articulo 70 de la ley 975 de 2005. Aplicacion del principio de favorabilidad al caso concreto. Concedida en cuanto a la aplicacion del principio de favorabilidad penal no asi en cuanto a la negativa de aplicar el articulo 70 de la ley 975 de 2005
Sentencia T-356/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Vulneración o amenaza de derechos fundamentales/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos especiales de procedibilidad
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000, ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004 Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Reiteración de jurisprudencia
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL-Evolución en el sistema jurídico colombiano
SENTENCIA ANTICIPADA Y AUDIENCIA ESPECIAL-Semejanzas y diferencias
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 906 DE 2004-Aplicación para hechos acaecidos antes de su vigencia y en los Distritos Judiciales en donde aún no ha entrado en vigor
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Elemento fundamental del debido proceso/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-No distinción entre normas sustantivas y procesales
SENTENCIA ANTICIPADA DEL DECRETO 2700 DE 1991 MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Descripción normativa/SENTENCIA ANTICIPADA DEL DECRETO 2700 DE 1991 MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Semejanzas y diferencias entre la sentencia anticipada y la audiencia especial
Existían dos instituciones procesales que guardaban ciertas semejanzas y diferencias: la sentencia anticipada y la audiencia especial. En cuanto a los puntos de contacto se tiene que, a diferencia de la preclusión de la investigación y la cesación del procedimiento, estas figuras no constituían una forma de extinción de la acción penal, porque simplemente se trataba de abreviar la ritualidad procesal para proferir sentencia condenatoria cuando existía mérito para ello. Mediante estas figuras se prescindía de algunas actuaciones procesales, por ejemplo, el cierre de investigación, la calificación formal del proceso y la audiencia pública, siendo procedente para toda clase de delitos, pudiendo ser aplicadas por cualquier fiscal o juez.
SENTENCIA ANTICIPADA DEL DECRETO 2700 DE 1991 MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Características de la sentencia anticipada y la audiencia especial
Los institutos procesales presentaban sus particularidades. Así, la sentencia anticipada se caracterizaba por que (i) el imputado renunciaba a la tramitación integral del proceso cuando aceptaba los cargos formulados en su contra y se encontraban demostrados los presupuestos probatorios para fundamentar sentencia condenatoria; (ii) la titularidad para solicitar tal beneficio correspondía exclusivamente al acusado; (iii) la petición se elevaba, en la etapa de instrucción, a partir de la resolución que resolvía la situación jurídica al procesado, una vez se encontrara ejecutoriada, hasta antes del cierre de la investigación, sin necesidad de que esta providencia adquiriera firmeza, obteniendo una rebaja de pena hasta de 1/3 parte; (iv) en la etapa de juzgamiento, la solicitud podía ser elevada hasta antes de se fijara fecha para la audiencia pública, obteniendo una rebaja de pena de hasta 1/6 parte; (v) el procesado debía aceptar integralmente los hechos investigados, es decir, se trataba de una confesión simple de haber participado en el hecho; (vi) debía existir en el proceso prueba que condujera a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado; (vii) durante la etapa de investigación, fiscal y procesado debían suscribir un acta, equivalente a la resolución de acusación; durante el juicio, el documento debía ser suscrito entre el juez y el acusado; (viii) contra el acta no procedía recurso alguno; (ix) el juez debía aprobar el acuerdo, salvo que violase garantías constitucionales o legales, y proceder a dictar sentencia condenatoria, la cual era impugnable. A su vez, la audiencia especial se caracterizaba por lo siguiente (i) no existía duda acerca de la comisión del hecho punible, no se establecía la atipicidad del mismo, no concurrían causales de justificación o inculpabilidad, pero se presentaban dudas probatorias acerca de la intervención en el delito o sobre la calificación de algunos de sus elementos integrantes; (ii) la petición se elevaba a partir de la ejecutoria de la resolución que definía la situación jurídica del procesado y hasta antes de que se profiriera providencia que ordenara el cierre de la investigación; (iii) en la etapa de juzgamiento era improcedente aquélla, por cuanto las posibles dudas probatorias habían sido despejadas en la resolución de acusación; (iv) el imputado debía aceptar su responsabilidad en el comportamiento delictivo; (v) la audiencia terminaba con la suscripción de un acta contentivo del acuerdo derivado de la diligencia judicial, equivalente a una resolución de acusación; y (vi) se preveía la existencia de un control judicial sobre lo acordado tanto en aspectos sustanciales como procesales.
SENTENCIA ANTICIPADA Y AUDIENCIA ESPECIAL DEL DECRETO 2700 DE 1991 MODIFICADO POR LA LEY 81 DE 1993-Renuncia del Estado al ejercicio del poder de investigación y juzgamiento y al agotamiento de todos los trámites normales del proceso por parte del imputado
A pesar de la existencia de ciertas diferencias y matices, en la sentencia anticipada y en la audiencia especial el Estado renuncia a seguir ejerciendo sus poderes de investigación y juzgamiento y el imputado a que se agoten todos los trámites normales del proceso; tales renuncias mutuas, que en el sistema acusatorio americano se conocen como plea gulty, son factibles cuando la ritualidad subsiguiente se torna innecesaria, por estar demostrados los presupuestos probatorios para dictar sentencia condenatoria.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Beneficios por colaboración eficaz
Con todo, en esta codificación no se contempló un instituto análogo a la denominada audiencia especial, basada en el consenso entre fiscal y procesado respecto de la responsabilidad de éste. Por el contrario, se establecieron los denominados beneficios por colaboración eficaz acordados entre la fiscalía y las personas investigadas, juzgadas o condenadas, en razón de la colaboración que prestara a las autoridades para ''la eficacia de la administración de justicia'', los cuales obedecían a criterios de política criminal muy diversos a los que inspiran los mecanismos de terminación anticipada del proceso.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 906 DE 2004-Estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación en normas sustantivas y procesales
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL ACUSATORIO E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL-Aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia de dicho código
SISTEMA ACUSATORIO-Parte integrante de acto legislativo
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 906 DE 2004-Directrices materia de favorabilidad
La jurisprudencia constitucional de esta Corporación ha sentado varias directrices que interesan al análisis del caso que aquí se plantea, en materia de favorabilidad penal, referida a la Ley 906 de 2004, así: (i) El principio de favorabilidad como parte integrante del cuerpo dogmático de la Constitución, conserva pleno vigor y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de 2004, no obstante las normas de vigencia que ella consagra, orientadas a reafirmar el principio general de irretroactividad de la ley penal, el cual no es excluyente sino complementario de la favorabilidad; (ii) el principio de favorabilidad conserva su vigor en todo el territorio nacional, no obstante el método progresivo elegido para la implantación gradual del nuevo sistema; (iii) el principio de favorabilidad rige también situaciones de coexistencia de regímenes legales distintos, siempre que concurran los presupuestos materiales del principio de favorabilidad, lo que implica que no pueda ser aplicado frente a instituciones estructurales y características del nuevo sistema y como tales sin referente en el anterior; (iv) la aplicación del principio de favorabilidad reclama un estudio particularizado de cada caso a fin de determinar el impacto de las normas en conflicto sobre la situación del procesado.
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Formas de terminación anticipada del proceso
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Alcance
SENTENCIA ANTICIPADA Y ALLANAMIENTO A LOS CARGOS-Instituciones análogas con regulaciones punitivas diversas/SENTENCIA ANTICIPADA Y ALLANAMIENTO A LOS CARGOS-Instituciones semejantes, similitudes predicables en los términos del Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993 para invocar el principio de favorabilidad.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación al principio de favorabilidad penal
Referencia: expediente T-1531223
Acción de tutela instaurada por E.L.N. contra el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados H.A.S.P., quien la preside, Á.T.G. y C.I.V.H., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
Asegura que desde que entró en vigencia la Ley 906 de 2004 ha solicitado la aplicación a su caso de lo previsto en el artículo 351 de aquélla, ''por favorabilidad y según lo normado en el artículo 29 de la Constitución Nacional''.
Afirma que en el año 2005 se le dio aplicación al artículo 351 de la citada ley ''a algunos casos, por lo tanto todos los que nos acogimos a los beneficios de ley, elevamos la respectiva petición ante las autoridades de conocimiento y ante su negativa, agotamos los respectivos recursos. Luego la Honorable Corte Suprema de Justicia se pronunció negativamente y desistimos del asunto''.
Sostiene que el 10 de febrero de 2006, la Corte Constitucional, en fallo de tutela 091, M.P.J.C.T., ordenó dar aplicación ''al polémico artículo, basados en esto todos los que nos acogimos a los beneficios de ley, retomamos la tarea de solicitar dicho beneficio por favorabilidad e igualdad''. Cita a continuación algunos casos donde se ha aplicado el principio de favorabilidad.
Explica que mediante auto interlocutorio núm. 065 del 18 de julio de 2006 confirmó la providencia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante la cual se había negado la rebaja de pena al accionante por aplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por haber sido ya decididas en providencias anteriores, ordenándose estarse a lo dispuesto en las mismas.
Argumenta que para la decisión que negara la rebaja de pena del 10% previsto en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, se tuvo en cuenta argumentos diferentes a los expuestos en primera instancia, ''los que solicito sean valorados en la decisión de la acción de tutela, considerando que en los mismos no se ha incurrido en vía de hecho que haga viable la procedencia de aquella''.
La anterior sentencia fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, en fallo del 27 de mayo de 1994, providencia en la cual se decidió aumentar la pena a 28 años y 5 meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años y al pago de perjuicios por valor de 250 gramos oro, a favor de los herederos del señor R.G.B..
Comenta que dentro de la causa el accionante registra períodos de privación de la libertad, al igual que fugas, de la siguiente manera ''22 de octubre de 1993 al 22 de mayo de 1998 (1ª fuga), equivalente a cuatro (4) años y siete (7) meses. Capturado nuevamente el 7 de abril de 1999 al 17 de abril de 2001 (2ª fuga); equivalente a dos (2) años y diez (10) días''. Explica que el Despacho avocó conocimiento de la causa, y vigila el cumplimiento de la pena, desde el 4 de marzo de 2003.
Asegura haber resuelto múltiples peticiones elevadas por el accionante en relación con la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Sobre el particular explica que mediante auto del 10 de agosto de 2005 se le negó al actor la rebaja solicitada; auto que fue notificado personalmente al señor E.N.L. el 16 de agosto de 2005, así como al Ministerio Público. Dicho auto fue objeto de recurso de apelación por parte del agente de la Procuraduría. El Tribunal Superior de Tunja, mediante decisión del 24 de noviembre de 2005, confirmó el fallo apelado.
Luego de hacer este recuento, el Juzgado accionado sostiene que la acción de tutela no está llamada a prosperar por cuanto su caso no se ajusta a lo resuelto en sentencia T-091 de 2006, ya que ''esta Corporación tan sólo asimiló la figura de la sentencia anticipada (art. 40 en la etapa instructiva) con el artículo 351 y 288.3 de la Ley 906, sólo y solo sí, el procesado aceptaba el pliego de cargos en el transcurso de la audiencia de imputación. Situación que no se da en el asunto en examen''.
En relación con la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 reitera lo decidido en sentencia de tutela del 13 de septiembre de 2005 (radicado 22.298), según la cual ''cuando un problema jurídico admite varias y diferentes soluciones, todas válidas, la selección que el juez hace de una de ellas no puede ser reprochada a través de la acción de tutela, porque afectaría la independencia y autonomía que a la función judicial le reconocen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. Desde luego, ninguna de esas varias posibilidades hermenéuticas puede calificarse como arbitraria, subjetiva, abusiva o, en fin, constitutiva de una vía de hecho, sino como opciones plausibles de solución del problema jurídico''.
El Magistrado M.S.P. aclaró su voto por cuanto ''en mi sentir la terminación prematura del proceso en la ley 906 de 2004 puede darse bien bien por la simple manifestación unilateral de los cargos por parte del imputado, sin ningún tipo de condicionamientos a la imputación; ora como producto de una verdadera negociación entre este y la fiscalía. Es decir, a mi juicio se trata de institutos diversos, que deben tener un desarrollo procesal también diferente. No se necesita del segundo para el perfeccionamiento del primero''. Asegura que su posición mira a los sistemas como un conjunto, al entorno normativo, a su génesis y teleología. De allí que la ley 906 de 2004 no pueda ser comprendida sin tomar en consideración la ley 890 de 2004, en tanto que componentes del sistema acusatorio.
Concluye afirmando que comparte la posición de la Sala en el sentido de que el amparo era improcedente por cuanto se trataba de una cuestión discutible, que no porque no se comparta, significa que la decisión ameritada ''no corresponda a la delicada misión constitucionalmente asignada a los jueces de apreciar y valorar la prueba recaudada, y asimismo interpretar y aplicar las disposiciones normativas insertas en el ordenamiento jurídico, como se indica en el fallo''.
De igual manera, los Magistrados Marina Pulido de B. y J.E.S.S. salvaron sus votos con base en los siguientes argumentos:
Afirman que si la S. ha orientado su criterio hacia la aplicación favorable de normas contenidas en el nuevo estatuto procesal penal a actuaciones adelantadas bajo la égida de la Ley 600 de 2000, siempre que se trate de disposiciones de carácter sustancial que regulen de manera más benigna al procesado institutos análogos, ''no encontramos razón plausible para no proceder a ello cuando la jurisdicción se encuentra frente a figuras de terminación abreviada del proceso que con diferente nombre, pero con igual esencia, aparecen consagradas en las dos codificaciones adjetivas penales''.
Así pues, argumentan que se trata de dos modalidades diversas de terminación abreviada del proceso, como se extrae del artículo 293 de la Ley 906 de 2004. En tal sentido, la aceptación de ''los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación'', a que se refiere el artículo 351 y que da lugar a una rebaja de hasta la mitad de la pena, ''acuerdo que se consignará en el escrito de acusación'' sólo puede entenderse referida a los eventos en que, fruto de una aproximación, Fiscalía e imputado preacuerden que el primero otorgue una rebaja, elimine un cargo o una agravante o presente la acusación con miras a la disminución de la pena, a cambio de que el segundo acepte los cargos, consenso que puede intentarse entre ellos desde cuando se formula la imputación y hasta antes de que se presente la acusación, términos éstos que son los que se consignan como escrito de acusación, sin que se vea cómo tal procedimiento resulta extensivo al allanamiento a la imputación, que no implica ningún previo consenso en cuanto al monto de la rebaja que corresponde dosificar al juez dentro de ese margen en que se mueve su discrecionalidad, desde luego no absoluta, sino sustentada en consideraciones razonables.
Por último, el Magistrado A.G.Q. salvó su voto por compartir lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia T- 091 de 2006.
Para tales efectos, la Corte (i) reiterará su jurisprudencia sobre las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) analizará la procedencia de la aplicación del principio de favorabilidad para los casos de procesados que se hubiesen sometido al instituto procesal de la rebaja de pena durante la vigencia del decreto 2700 de 1991; (iii) analizará los efectos temporales de la sentencia C- 370 de 2006 en relación con la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005; (iv) examinará las condiciones para acceder al beneficio; y (v) resolverá el caso concreto.
Examen sobre la procedencia de la aplicación del principio de favorabilidad para los casos de procesados que se hubiesen sometido al instituto de la sentencia anticipada durante la vigencia del decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993.
En anteriores ocasiones Sentencias T- 091 de 2006 y T- 082 de 2007., la Corte ha estimado que procede aplicar el principio de favorabilidad penal a los casos de procesados que, bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000, se hubieran sometido a la figura de la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada, como quiera que ésta es equiparable a la aceptación de cargos durante la audiencia de formulación de la imputación. En palabras de esta Corporación ''El anterior parangón entre el instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y la aceptación unilateral, o allanamiento a los cargos que se contempla en la Ley 906 de 2004, permite concluir que en efecto se trata de instituciones análogas, con regulaciones punitivas diversas Este reconocimiento desvirtúa la legitimidad del argumento de que por tratarse de una institución propia, vertebral o estructural del nuevo sistema acusatorio no admitiría la posibilidad de invocar favorabilidad. No solamente por que como se demostró presenta una tradición en el sistema jurídico procesal colombiano, sino por que es evidente que si una institución presenta ese nivel de caracterización específica, esencial y medular respecto del nuevo sistema, es muy probable que no encuentre punto de referencia en el anterior sistema, excluyéndose así el supuesto material de la favorabilidad, cual es la existencia de supuesto de hecho similares tratados de manera distinta..'' En el presente caso, por el contrario, se trata de analizar la aplicación del principio constitucional de favorabilidad para casos de personas que se sometieron al instituto procesal de la sentencia anticipada bajo la vigencia del Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993. Para tales efectos, resulta pertinente comenzar por transcribir las citadas disposiciones legales:
''Artículo 37. Terminación anticipada del proceso. A iniciativa del fiscal o del sindicado, el juez podrá disponer en cualquier momento, desde que se haya proferido resolución de apertura de la investigación y antes de que se fije fecha para audiencia pública, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia especial en la que deberá intervenir el Ministerio Público. En ésta, el fiscal presentará los cargos que de acuerdo con la investigación surjan contra el sindicado y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. Si el fiscal y el sindicado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible y la pena imponible así lo declararán ante el juez, debiéndolo consignar por escrito dentro de la audiencia. El juez deberá explicarle al sindicado los alcances y consecuencias del acuerdo y las limitaciones que representa a la posibilidad de controvertir su responsabilidad. El sindicado puede condicionar el acuerdo a que se le otorgue la condena de ejecución condicional, cuando ello sea procedente de acuerdo con las disposiciones del Código Penal. El juez dispondrá en desarrollo de la audiencia inmediatamente sobre la libertad del sindicado y tendrá cinco días hábiles para dictar sentencia.
Cuando no se llegue a un acuerdo, o éste no sea aprobado por el juez, el fiscal que dirigía la investigación y el juez que participó en la audiencia deberán ser reemplazados por otros que tengan la misma competencia. En este caso, cualquier declaración hecha por el sindicado se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra.
''SENTENCIA ANTICIPADA. Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada.
Los cargos formulados por el F. y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.
Artículo 4o. El código de Procedimiento Penal tendrá un artículo con el número 37A, del siguiente tenor:
El Juez podrá formular observaciones acerca de la legalidad del acuerdo, si lo considera necesario, mediante auto que no admite ningún recurso en el que ordenará devolver el expediente al fiscal y citará a una audiencia que se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de las observaciones. En la audiencia el fiscal y el sindicado discutirán las observaciones con el J. y manifestarán si las aceptan, lo que consignarán en un acta. En caso de aceptar las observaciones el Juez dictará sentencia en el término de cinco (5) días.
Artículo 5o. El Código de Procedimiento Penal tendrá un artículo con el número 37B del siguiente tenor:
ACUMULACION DE BENEFICIOS. El beneficio de rebaja de pena previsto en los artículos 37 y 37A es adicional y se acumulará a todos los demás a que tenga derecho el procesado, pero en ningún caso se acumularán entre sí.
EQUIVALENCIA A LA RESOLUCION DE ACUSACION: El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado en el caso en el caso del artículo 37 o el acta que contiene el acuerdo a que se refiere el artículo 37A, son equivalentes a la resolución de acusación.
RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL: Cuando se trata de varios procesados o delitos, pueden realizarse aceptaciones o acuerdo parciales, caso en el cual se romperá la unidad procesal.
INTERES PARA RECURRIR: La sentencia es apelable por el F., el Ministerio Público, por el procesado y por su defensor, aunque por estos dos últimos sólo respecto de la dosificación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, la condena para el pago de perjuicios, y la extinción del dominio sobre bienes.
EXCLUSION DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE: Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contemplados en los artículos 37 o 37 A de este Código, en dicha providencia no se resolverá lo referente a la responsabilidad civil del tercero.
AUDIENCIA ESPECIAL Y SENTENCIA ANTICIPADA ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES Y PROMISCUOS MUNICIPALES. Mientras se implantan las Unidades Locales de Fiscalía, en los procesos de competencia de Jueces Penales Municipales y Promiscuos Municipales, si el procesado solicita audiencia especial o sentencia anticipada, el Juez inmediatamente requerirá del Jefe de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Circuito correspondiente, la designación de un F. de su dependencia para que ejerza las funciones atribuidas a estos efectos.
Los mecanismos de terminación anticipada del proceso no han sido extraños al régimen jurídico colombiano. Aún antes de que se creara la Fiscalía General de la Nación, organismo que nació vinculado a la aspiración de instituir un régimen de investigación y acusación de tendencia acusatoria, se encuentran estatutos que contemplan procedimientos abreviados para aquellos eventos en que se produjera la confesión simple del procesado o la flagrancia, sin exigencia de consenso alguno. (Decreto 050 de 1987, Arts. 474 a 485).
No obstante lo anterior, los mencionados institutos procesales presentaban sus particularidades. Así, la sentencia anticipada J.B.C. y E.M.L., El proceso penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1995, pp. 525 y ss. se caracterizaba por que (i) el imputado renunciaba a la tramitación integral del proceso cuando aceptaba los cargos formulados en su contra y se encontraban demostrados los presupuestos probatorios para fundamentar sentencia condenatoria; (ii) la titularidad para solicitar tal beneficio correspondía exclusivamente al acusado; (iii) la petición se elevaba, en la etapa de instrucción, a partir de la resolución que resolvía la situación jurídica al procesado, una vez se encontrara ejecutoriada, hasta antes del cierre de la investigación, sin necesidad de que esta providencia adquiriera firmeza, obteniendo una rebaja de pena hasta de 1/3 parte; (iv) en la etapa de juzgamiento, la solicitud podía ser elevada hasta antes de se fijara fecha para la audiencia pública, obteniendo una rebaja de pena de hasta 1/6 parte; (v) el procesado debía aceptar integralmente los hechos investigados, es decir, se trataba de una confesión simple de haber participado en el hecho; (vi) debía existir en el proceso prueba que condujera a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado; (vii) durante la etapa de investigación, fiscal y procesado debían suscribir un acta, equivalente a la resolución de acusación; durante el juicio, el documento debía ser suscrito entre el juez y el acusado; (viii) contra el acta no procedía recurso alguno; (ix) el juez debía aprobar el acuerdo, salvo que violase garantías constitucionales o legales, y proceder a dictar sentencia condenatoria, la cual era impugnable.
A su vez, la audiencia especial Ibídem, pp. 534 y ss. se caracterizaba por lo siguiente (i) no existía duda acerca de la comisión del hecho punible, no se establecía la atipicidad del mismo, no concurrían causales de justificación o inculpabilidad, pero se presentaban dudas probatorias acerca de la intervención en el delito o sobre la calificación de algunos de sus elementos integrantes; (ii) la petición se elevaba a partir de la ejecutoria de la resolución que definía la situación jurídica del procesado y hasta antes de que se profiriera providencia que ordenara el cierre de la investigación; (iii) en la etapa de juzgamiento era improcedente aquélla, por cuanto las posibles dudas probatorias habían sido despejadas en la resolución de acusación; (iv) el imputado debía aceptar su responsabilidad en el comportamiento delictivo; (v) la audiencia terminaba con la suscripción de un acta contentivo del acuerdo derivado de la diligencia judicial, equivalente a una resolución de acusación; y (vi) se preveía la existencia de un control judicial sobre lo acordado tanto en aspectos sustanciales como procesales.
Así las cosas, a pesar de la existencia de ciertas diferencias y matices, en la sentencia anticipada y en la audiencia especial el Estado renuncia a seguir ejerciendo sus poderes de investigación y juzgamiento y el imputado a que se agoten todos los trámites normales del proceso; tales renuncias mutuas, que en el sistema acusatorio americano se conocen como plea gulty L.F., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, E.. T., 2000, p. 456., son factibles cuando la ritualidad subsiguiente se torna innecesaria, por estar demostrados los presupuestos probatorios para dictar sentencia condenatoria.
A su vez, el Código de Procedimiento Penal de 2000 (Ley 600), mantuvo en su artículo 40, prácticamente con la misma estructura y fines, el mecanismo de la sentencia anticipada fundado en la aceptación unilateral de los cargos por parte del procesado. Esta actitud procesal era compensada con un descuento punitivo de una tercera o de una sexta parte de la pena, deducida de la dosificación que efectuara el juez. El monto deducible dependía del momento en que se produjera el allanamiento Una tercera parte cuando la aceptación de cargos se produce desde la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriado el cierre de la investigación. Una sexta parte, una vez proferida la resolución de acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha para audiencia.. Con todo, en esta codificación no se contempló un instituto análogo a la denominada audiencia especial, basada en el consenso entre fiscal y procesado respecto de la responsabilidad de éste. Por el contrario, se establecieron los denominados beneficios por colaboración eficaz acordados entre la fiscalía y las personas investigadas, juzgadas o condenadas, en razón de la colaboración que prestara a las autoridades para ''la eficacia de la administración de justicia'' Artículo 413, Ley 600 de 2000. La identificación de dirigentes o cabecillas de organizaciones delictivas, la identificación e incautación de bienes y fuentes de financiación de organizaciones delictivas, la localización del lugar en que se encuentra la víctima de determinados delitos., los cuales obedecían a criterios de política criminal muy diversos a los que inspiran los mecanismos de terminación anticipada del proceso.
Tal y como se sostuvo en sentencias T-091 de 2006 y T-082 de 2007, la Sala Plena de esta Corporación se ha pronunciado, de manera uniforme y reiterada, sobre la reafirmación del principio de favorabilidad en referencia a la aplicación de la Ley 906 de 2004 a hechos acaecidos antes de su vigencia y en los Distritos judiciales en donde aún no ha entrado en vigor, no obstante las disposiciones de vigencia que este sistema normativo establece El artículo 5° transitorio del A.L. 03 de 2002 establece que ''El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley, y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca'' Por su parte el artículo 6° de la Ley 906/04 que enuncia el postulado de la favorabilidad determina que ''Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia'' (El original sin subrayas). y el método progresivo adoptado para su implementación.
Así en las sentencias 1092 de 2003 En esta sentencia la Corte se pronunció sobre el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo No. 03 de 20002. y C-592 de 2005 En esta sentencia se decidió sobre la exequibilidad de la expresión ''Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia'' contenida en el artículo 6° del nuevo estatuto procesal penal. la Corte declaró que la única interpretación posible del inciso tercero del artículo 6° de la Ley 906/04 es la que deriva de la conjugación de los principios de legalidad, irretroactividad de la ley, y favorabilidad penal.
La Corte reiteró que el principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso en materia penal que no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia Ver Sentencia C-200/02.. Señaló así mismo que en esta materia no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales Ver entre otras las Sentencias C-252/2001; C-200/02; C-922/01 y T-272/05. El inciso 2° del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, recoge esta concepción..
Estableció que, dado que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en la dogmática y que se hace necesario interpretar las modificaciones por él introducidas teniendo en cuenta el principio de unidad de la Constitución Sentencia C- 873 de 2003., es claro que en manera alguna puede considerarse que el mandato imperativo del artículo 29 de la Constitución haya dejado de regir con la introducción del sistema penal acusatorio.
Este mismo criterio fue expuesto por la Corte al examinar en la Sentencia C-1092 de 2003 los cargos que se formularon en contra de algunos apartes del artículo 5° del Acto Legislativo 03 de 2002. Concluyó que con las expresiones ''pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca'' contenidas en el referido artículo simplemente se hizo expreso el principio de irretroactividad de la ley penal al formular algunas precisiones inherentes a los aspectos temporales de aplicación de la reforma.
En ese orden de ideas es claro que las normas de la Ley 906 de 2004 ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'' igualmente ''deben interpretarse y aplicarse en forma tal que guarden armonía con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional'' Sentencia SU 062 de 2001. y en consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior.
Así, respecto de las expresiones ''Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia'' contenidas en el tercer inciso del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, deben entenderse que al tiempo que comportan la formulación expresa del principio de irretroactividad de la ley penal, constituyen una precisión inherente a la aplicación, como sistema, de las normas contenidas en el código. Esta precisión se hace necesaria en atención al particular mecanismo establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio que comporta tres etapas diferentes i) Entre el momento de la aprobación del Acto Legislativo y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, en que se da una etapa de transición durante la cual coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008, en que deberá estar en ''plena vigencia'' el nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país.; durante una de las cuales se presenta la coexistencia de dos sistemas penales en distintas regiones del territorio nacional. Dichas expresiones en manera alguna pueden interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del principio de favorabilidad Corte Constitucional sentencia C-592 de 2005..
En sentencia C-801 de 2005, a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 530 El artículo 530 de la Ley 906 de 2004, señala las etapas en que se implementará el nuevo sistema y los Distritos que involucrará cada una de ellas. de la ley 906 de 2004, reiteró este criterio jurisprudencial: ''(L)a norma demandada no vulnera el artículo 29 superior porque, como ya se indicó, una sana hermenéutica constitucional conduce a que la aplicación gradual de ese sistema no contraríe sino que armonice con el principio de favorabilidad. Por ello, siempre que se trate de situaciones específicas, susceptibles de identificarse no obstante la mutación del régimen procesal, es posible que, de resultar ello más favorable, las normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación progresiva''
De otra parte, para la Sala resulta relevante destacar que el pronunciamiento de Sala Plena de esta Corporación en el que se reafirmó la preeminencia del principio de favorabilidad en su dimensión constitucional y universal (C-592 de 2005), y su aplicabilidad en el marco de la instauración progresiva del sistema penal introducido por el A.L. 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, tomó en consideración algunas decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Autos de mayo 4 de 2005, M.P.Y.R.B. y M.P. de Barón., en las cuales se admite, de manera explícita, la aplicación del postulado en mención a situaciones de coexistencia de regímenes que regulan de manera distinta un mismo supuesto de hecho ''Tradicionalmente se ha entendido que la aplicación de la favorabilidad penal en su especie clásica, supone sucesión de leyes, que es como en condiciones normales éstas son reemplazadas por otras que las derogan, adicionan o modifican.
Frente a los primeros rige la ley 600 de 2000, sin que pueda desconocerse por ese hecho la existencia de una ley procesal posterior que no se aplica debido a la novedosa fórmula que se adoptó para introducir el sistema acusatorio, pero que podría contener normas sustanciales o procesales de efectos sustanciales favorables al procesado de obligatorio reconocimiento según el artículo 29 Superior que autoriza en materia penal la aplicación de normas que beneficien la situación del procesado aunque no hubiesen regido en el trámite del proceso'' (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de mayo 4 de 2005, M.P.Y.R.B..
Es ésta una perspectiva amparada por el contenido del inciso 3° del artículo 29 de la Constitución que no introduce restricciones al principio de favorabilidad en materia penal, el cual tiene como ámbito de aplicación situaciones de tránsito normativo que pueden incorporar visiones de política criminal o tratamientos legislativos más benignos respecto de situaciones específicas. Esta comprensión además de reafirmar el profundo sentido humanístico que inspira la favorabilidad en materia penal, reconoce las particularidades que presenta el método de implementación del nuevo modelo penal por el que ha optado el constituyente colombiano. Adicionalmente, promueve la realización del principio de igualdad, frente al cual resultaría intolerable la coexistencia injustificada de dos procedimientos que permitieran disímiles tratamientos legales a supuestos de hecho iguales En auto de julio 19 de 2005. Radicación 23910, la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia reitera, en forma ampliada, su postura mayoritaria sobre la aplicación del principio de favorabilidad respecto de tránsitos normativos que comporten no solamente ''sucesión de leyes en el tiempo'', sino coexistencia de regímenes diversos..
Ahora bien, como lo ha reiterado esta Corporación, Sentencia C-200 de 2002. En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de los artículos 40 y 43 de la Le 153 de 1887. En la C- 592 de 20005 se reiteró este criterio. la aplicación del principio de favorabilidad es un asunto que atañe el examen de situaciones concretas y por tanto, es un asunto precisamente de aplicación de la ley, por lo que corresponderá a los encargados de ello atender el mandato imperativo del tercer inciso del artículo 29 superior''.
También en sede de tutela esta Corporación se ha pronunciado acerca de la aplicación retroactiva de la Ley 906 de 2004, a hechos acaecidos antes del 1° de enero de 2005, en virtud del principio de favorabilidad, específicamente en el tema de la sentencia anticipada (Ley 600 de 2000), frente a la aceptación de cargos (Ley 906 de 2004) Sala Novena de revisión, sentencia T-1211 de 2005, MP Clara I.V.H.. .
En cuanto a la primera modalidad el Título II del Libro III de la Ley 906 de 2004 introduce una regulación sistemática e integral del nuevo instituto, de los ''Preacuerdos y Negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado'', con las reglas específicas relativas a finalidades (348), improcedencia (349), oportunidad (350 y 352), modalidades (351), aceptación total o parcial de cargos (353).
''Procedimiento en caso de aceptación de la imputación (en la audiencia de formulación de imputación): Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación'' (original sin subrayas).
De esta norma es posible deducir la existencia de dos modalidades de aceptación de cargos en el momento de la formulación de imputación: una unilateral y otra preacordada. La primera implica para el investigado ''allanarse a la imputación y obtener una rebaja de pena'' tal como lo señala el artículo 288 numeral 3° del estatuto en cuestión, que remite para efectos de su cuantificación al artículo 351 que contempla una rebaja de hasta de la mitad de la pena imponible.
Por su parte, el artículo 356 disciplina el desarrollo de la audiencia preparatoria, y establece (num. 5°) que el juez dispondrá ''que el acusado manifieste si acepta o no los cargos''. Si los acepta procederá a dictar sentencia rebajando la pena a imponer ''hasta en la tercera parte''.
Siguiendo con esta sistemática, el artículo 367, que regula la alegación inicial en el juicio oral, contempla el imperativo para el juez de advertir al acusado ''que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable''. De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible En este momento procesal también se contempla la posibilidad de que la aceptación de los cargos sea la consecuencia de un acuerdo celebrado entre acusado y fiscal, configurándose las denominadas manifestaciones de culpabilidad preacordadas , caso en el cual es la Fiscalía quien deberá indicar al juez los términos del acuerdo y la pretensión punitiva que tuviere (Art. 369). Si la manifestación preacordada fuere aceptada por el juez la pretensión punitiva del fiscal, se convierte en el marco para el juez, en cuanto no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal (Art. 370)..
De las anteriores referencias normativas se infiere claramente que la nueva ley procesal contempla los diferentes estadios procesales (audiencia de formulación de imputación, audiencia preparatoria y juicio oral) en que es posible al procesado realizar una aceptación unilateral de cargos - allanamiento -, previendo a su vez la consecuencia punitiva gradual que se deriva de tal actitud procesal, acorde con cada uno de esos momentos. Una rebaja de hasta la mitad de la pena, cuando la aceptación se produce en la diligencia de imputación, de hasta una tercera parte cuando ocurre en la audiencia preparatoria y de una sexta cuando se presenta en la alegación inicial del juicio oral.
De los desarrollos hermenéuticos realizados se concluye que en efecto, la ley 906/04 contempló dos formas diferenciadas de terminación anticipada del proceso: el allanamiento o aceptación unilateral de los cargos, y la aceptación de responsabilidad a través de los preacuerdos y negociaciones entre fiscal y procesado.
El supuesto material para invocar favorabilidad es el tratamiento legal diferente que diversas normas (sustanciales o procesales con efectos sustanciales) que entran en conflicto por virtud de un tránsito normativo, le dan a situaciones análogas. Establecido aquél surge para el procesado o sentenciado el derecho a reclamar el tratamiento que le resulte más benigno.
- En cuanto a su naturaleza jurídica, la Corte en sentencia C-425 de 1996, reiterada en fallo SU-1300 de 2001, señaló lo siguiente:
''Esta institución jurídica es una de las formas de terminación abreviada del proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso antes de agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el legislador, las que se consideran innecesarias, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento procesal en que ésta se realice''.
- Sobre la necesidad de que la sentencia anticipada estuviese precedida de una formulación de cargos que colocara al procesado en posibilidad de ejercer su derecho de contradicción o renunciar a él dijo la Corte en los citados fallos:
''Si el implicado solicita que se dicte sentencia anticipada durante la etapa de investigación o en la etapa de juzgamiento, el procesado ya ha tenido la oportunidad de ser oído dentro del proceso (indagatoria) y de ejercer el derecho de defensa al igual que el de contradicción. La sentencia anticipada compete dictarla al juez del conocimiento, quien tiene a su cargo la labor de juzgamiento''.
- El control de legalidad por parte del J. también fue objeto de pronunciamiento judicial:
''Es el fallador quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han violado garantías fundamentales del procesado''.
- Acerca de que la sentencia anticipada se funda en el principio de presunción de inocencia, señaló la Corte lo siguiente:
''El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia''.
En el nuevo sistema la carga de la prueba radica igualmente en el órgano de investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el ''convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda duda'' (Art.7°). De manera que la sentencia condenatoria producida sin agotar el debate público debe contar con el presupuesto relativo a la existencia de evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad aceptada del procesado. Mediante la aceptación de los cargos y la evidencia o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a controvertirlos en el juicio.
- En relación con que la sentencia anticipada debe estar mediada por el principio de publicidad, indicó la Corte:
''En el trámite de sentencia anticipada no hay lugar a justicia secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el sindicado y cumplidas con su intervención''
- De igual manera, acerca de que la sentencia anticipada es una reafirmación y reconocimiento al principio de la lealtad procesal como expresión de la buena fe, consideró la Corte lo siguiente:
''Debe la Corte recordar la plena vigencia y aplicación en los procesos penales como en toda clase de actuaciones que se adelantan del principio general de la buena fe. La mala fe, esto es, el comportamiento desleal, doloso o malintencionado, ha de probarse, de manera que si se encuentra que el procesado en su confesión ha procedido a alegar su propia culpa en forma ilegítima para derivar de ella algún beneficio, este comportamiento debe ser sancionado, utilizando los mecanismos legales establecidos para actuaciones de esta índole''.
- En relación con que la sentencia anticipada comporta una confesión simple, indicó esta Corporación:
''La aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple, por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el F. o el Juez del conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de inculpabilidad o de justificación. Resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio recaudado''.
- En lo que concierne a que la sentencia anticipada promueve la eficiencia del sistema judicial, señaló la Corte en los citados fallos:
''Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que permiten demostrar que la aceptación, tanto de los cargos como de su responsabilidad, por parte del implicado, son veraces y se ajustan a la realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales para demostrar lo que ya está suficientemente demostrado. Contar con un sistema judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos oportunamente, sin desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos. Una política criminal que conceda beneficios a quienes actúen observando el principio de lealtad procesal, logrando además la aplicación de una justicia pronta y cumplida, sin desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de atentatoria de los derechos inalienables del individuo''.
Adicionalmente, tanto la sentencia anticipada del decreto 2700 de 1991,modificada por la Ley 81 de 1993, como el allanamiento a los cargos de la Ley 906 de 2004, demandan la asistencia de defensor; una y otra puede presentarse desde la vinculación formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de cuartos. El artículo 3° de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el código penal establece: ''El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final así: El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se lleven a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa''.
Tomando en consideración (i) las semejanzas existentes entre las figuras de la sentencia anticipada, en los términos del decreto 2700 de 1991 modificado por la Ley 81 de 1993, y el allanamiento de cargos de la Ley 906 de 2004; y (ii) las conclusiones vertidas en sentencias T- 091 de 2006 y T- 082 de 2007, la Sala de Revisión considera lo siguiente:
Se reitera la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación en sus sentencias C-592/05 y C-801/05, en el sentido que la ley 906 de 2004 puede ser aplicada, en virtud del principio de favorabilidad, tanto a hechos acaecidos antes de la vigencia de la ley, como en Distritos Judiciales en los que aún no se encuentre operando el nuevo sistema. Estos pronunciamientos acogen la tesis mayoritaria desarrollada por la Corte Suprema de Justicia Auto de julio 19 de 2005. Radicación 23910. Criterio ratificado en autos de mayo 4 de 2005, radicaciones 19094 y 23567. sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad frente a la ''coexistencia'' de sistemas procesales, siempre y cuando no se esté frente a instituciones estructurales del nuevo sistema, que excluyan el supuesto material del principio de favorabilidad.
Las formas de terminación anticipada del proceso, por allanamiento a los cargos, es un mecanismo que presenta una amplia tradición en el ordenamiento jurídico colombiano
El nuevo estatuto procesal penal consagra dos formas de terminación anticipada del proceso, que conservan su propia individualidad estructural y dogmática: el allanamiento a los cargos o aceptación unilateral de los mismos, y los preacuerdos y negociaciones.
El supuesto fáctico del instituto de la sentencia anticipada prevista en el decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993, corresponde al supuesto fáctico del instituto del allanamiento a los cargos previstos en la Ley 906 de 2004. Su naturaleza, características y objetivos político criminales son análogos, y sin embargo generan tratamientos punitivos distintos.
Una visión sistemática de la manera como están concebidos los rangos de descuento punitivo por concepto de allanamiento a los cargos en el nuevo sistema, dependiendo del momento en que se produzca, permite establecer que existe una concepción más favorable en el nuevo estatuto particularmente en lo concerniente al allanamiento a los cargos en el momento de su formulación.
Efectos temporales de la sentencia C- 370 de 2006 en relación con la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
La Sala considera de la mayor importancia precisar la vigencia del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, dada la declaratoria de inexequibilidad de que aquél fuera objeto mediante sentencia C-370 de 2006.
Así las cosas, la Sala (i) analizará los efectos temporales de la sentencia C- 370 de 2006 en relación con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005; (ii) examinará la validez de la postura asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la materia; y (iii) extraerá unas conclusiones en la materia, en consonancia con el fallo adoptado por la Sala Plena de esta Corporación.
En acción pública de inconstitucionalidad, un grupo de ciudadanos acusaron los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación, así como por vicios de fondo. En relación con el primer aspecto, expresaron los demandantes que las referidas normas correspondían a los artículos 61 y 64 del Proyecto de Ley 293 de 2005 Cámara y 211 de 2005 Senado, las cuales no habrían sido aprobadas en la sesión conjunta de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes. Añadieron que esos artículos fueron objeto de un recurso de apelación ante la Plenaria del Senado de la República, la cual lo concedió y ordenó su traslado a la Comisión Segunda del Senado de la República, que finalmente los aprobó. A juicio de los actores este trámite violó el artículo 180 de la Ley 5 de 1992 y, en consecuencia, también se desconoció el trámite previsto en la Constitución para los proyectos de ley. Examinado por la Corte el trámite que se le imprimió por el Congreso a los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, y la acusación contra ellos planteada por vicios de procedimiento en su formación, ''se encuentra que asiste razón a los demandantes para que se declare su inexequibilidad''. Lo anterior, por cuanto, en síntesis ''con el trámite impartido a los artículos 70 y 71 de la Ley 975/05 se desconoció el principio de consecutividad, ya que como resultado de la indebida tramitación de la apelación presentada en el Senado ante la decisión de negarlos adoptada por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, finalmente fueron remitidos a Comisiones Constitucionales que no eran competentes; y una vez aprobados por éstas últimas sin tener competencia para hacerlo, fueron introducidos de manera irregular en el segundo debate ante la plenaria del Senado, como si hubiesen sido aprobados por las Comisiones Constitucionales facultadas para ello.''
''6.3. Efecto general inmediato de la presente sentencia
Finalmente, la Corte no concederá efectos retroactivos a estas decisiones, como lo solicitaron los demandantes, según lo resumido en el apartado 3.1.5. de los antecedentes de esta sentencia. Por lo tanto, se aplican las reglas generales sobre efecto inmediato de las decisiones de la Corte Constitucional, de conformidad con su jurisprudencia.(negrillas originales).
5.2. Examen sobre la postura asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con los efectos temporales de la sentencia C- 370 de 2006.
Luego de proferida la sentencia C-370 de 2006, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial en cuyo seno se discutieron intensamente diversas tesis acerca de la validez del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, posturas que oscilaron entre su aplicación por no vulneración del principio de unidad de materia Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 18 de octubre de 2005, M.P.M.P. de B., proceso núm. 24.196. (caso de un juez condenado por el delito de prevaricato por acción) hasta el recurso a la excepción de inconstitucionalidad por desconocimiento de los derechos de las víctimas Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 28 de octubre de 2005, M.P.J.L.Q.M., proceso núm. 17.089. (asunto del ex R. a la Cámara Armando de J.P.R. , posiciones antagónicas que, por lo demás, nunca fueron unánimes al interior de la Sala Penal Tal situación es puesta de manifiesto no sólo en los numerosos salvamentos y aclaraciones de voto presentes en los fallos del 18 y 28 de octubre de 2005, sino incluso en el texto de la sentencia del 14 de diciembre de 2005 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado J.Z.O., proceso núm. 24.478, en la cual se afirma que ''No obstante las consideraciones anteriores, conviene aclarar que un sector de la Sala encontró precisamente ostensible contradicción entre la norma superior y la legal, respecto del artículo 70 de la ley de justicia y paz, fundamentalmente por violación al principio de unidad de materia''. , ésta decidió asumir una tesis según la cual, no obstante la declaratoria de inexequibilidad de la mencionada disposición legal, incluso hoy en día podría solicitarse dicho beneficio. En efecto, en sentencia del 10 de agosto de 2006 (M.P.A.G.Q., proceso núm. 25.705) la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente, en el caso de un juez que había sido condenado por el delito de prevaricato por acción:
''El mencionado artículo mediante sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional fue declarado inexequible por vicios de procedimiento en su formación, lo cual no impedirá su aplicación para aquellos condenados que teniendo derecho a la rebaja de pena, siempre que cumplan con las exigencias requeridas por la ley, aún no lo hayan solicitado, como quiera que los efectos del fallo de inexequibilidad fueron determinados hacia el futuro''
La Sala de Revisión no comparte la posición asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por cuanto ello conduciría a admitir que una disposición legal declarada inexequible por vicios de procedimiento en su formación, pudiese seguir desplegando efectos jurídicos, postura que sería contraría a lo consagrado en el artículo 243 constitucional. En efecto, el fenómeno de la inexequibilidad conduce a que la norma jurídica no pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico. De tal suerte que, en el caso concreto, el condenado que no hubiese solicitado el beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, durante el tiempo en que la norma estuvo vigente, esto es, desde el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 18 de mayo de 2006 (fecha en la cual fue declarado inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005), no puede en la actualidad solicitar la aplicación de una disposición que fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano. Razonar de manera distinta conduciría a sostener que, a pesar de lo decidido en sentencia C- 370 de 2006, el artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz sigue vigente.
En consonancia con lo decidido en sentencia C- 370 de 2006, la Sala de Revisión estima que la norma legal que consagraba el beneficio de rebaja del 10% de la pena de que trata la Ley 975 de 2005 estuvo vigente desde el 25 de julio de 2005 hasta el 18 de mayo de mayo de 2006. Quiere ello decir que las situaciones jurídicas que se hubieran consolidado entre tales fechas no sufren alteración alguna por lo decidido en el mencionado fallo de inexequibilidad, el cual, como se ha explicado, no tiene efectos retroactivos. De tal suerte que aquellos condenados que hubiesen solicitado y obtenido mediante decisión judicial en firme, la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, seguirán disfrutando de la misma, procediendo el amparo únicamente contra aquellas decisiones judiciales que hubiesen incurrido en una causal de procedencia de la acción de tutela, es decir, aquellas providencias judiciales referentes a la concesión del beneficio de rebaja del 10% de pena.
Condiciones para acceder al beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
''Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriada, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúense los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y la tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas''.
Así, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de octubre de 2005, (M.P.M.P. de B., proceso núm. 24.196), con varios salvamentos y aclaraciones de voto, estimó que los destinatarios eran todos aquellos que, al momento de entrar en vigor la Ley 975 de 2005, se encontraran condenadas ''exceptuados precisamente los relacionados en la propia disposición y los cometidos por los integrantes de grupos al margen de la ley ''durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos''. En cuanto a la finalidad perseguida con la inclusión del artículo 70 en la Ley de Justicia y Paz, la Corte señaló lo siguiente:
''Los argumentos transcritos no dejan duda alguna: la inclusión inicial de la norma y la posterior postura de que fuera reconsiderada su exclusión, con fundamento en la cláusula general de competencia legislativa del Congreso, obedeció a la intención expresa de que todos los condenados fueran beneficiados con un descuento punitivo, en aras de la protección de la dignidad de los reclusos, de contribuir a la descongestión carcelaria, y de lograr la reincorporación del penado a la sociedad y a su familia. La disposición, entonces, fue redactada con carácter general, esto es, con destino a la totalidad de los penados, con las excepciones dispuestas en la misma''.
''Siempre y cuando satisfaga las siguientes exigencias: i) que haya sido condenada por conductas punibles diversas de las previstas en sus artículos 1º y 2º y aquellas contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico; (ii) que los condenados cumplan penas por sentencias ejecutoriadas al momento de entrar en vigencia la presente ley (25 de julio de 2005); y (iii) que con fundamento en los probado, el juez de ejecución concluya en la demostración de a) el buen comportamiento del condenado; b) su compromiso de no repetición de actos delictivos; c) su cooperación con la justicia y d) sus acciones de reparación a las víctimas''.
''2. Según certificado 003 del 13 de julio de 2005, expedido por el Director de la cárcel de Riohacha, el doctor A.P. ejerce la actividad de artesano, no ha sido objeto de sanciones disciplinarias y su conducta ha sido calificada en el grado de BUENA.
Ese documento, debídamente motivado, permite inferir el cumplimiento del artículo 70, esto es, ''el buen comportamiento del condenado''.
Igual demostración obra respecto de ''su compromiso de no repetición de actos delictivos'', como que así expresamente lo manifestó en su petición y se desprende de su voluntad de acogerse a la disposición.
Asiste la razón al solicitante en cuanto que en el caso concreto no existe obligación de cumplir ''acciones de reparación a las víctimas'', como que ninguna fue individualizada dentro del proceso.
Por ''cooperación con la justicia'', como presupuesto para acceder a la rebaja, debe entenderse la colaboración, la ayuda, la contribución, el apoyo, la asistencia que el procesado haya prestado a los fiscales y jueces a cargo de la investigación adelantada en su contra, aunque no se descarta la posibilidad de que se pueda conceder el mismo alcance a otra que, debidamente probada, haya brindado en asuntos diversos.
En estas condiciones, se infiere que si, como en el caso en estudio, el procesado estuvo presto en todo momento a atender los requerimientos de la justicia, esa circunstancia es suficiente para concluir en su contribución en los términos de la norma.''
Por el contrario, en sentencia del 28 de octubre de 2005, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, (M.P.J.L.Q.M., proceso núm. 17.089), con varios salvamentos y aclaraciones de voto, consideró que debía aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por cuanto, a su juicio, dicha disposición (i) contrariaba el principio de unidad de materia; (ii) desconocía los derechos de las víctimas, de conformidad con el bloque de constitucionalidad; y (iii) se trataba de una rebaja de pena que no obedecía a una política criminal, sino que constituía una especie de ''gracia'' o ''jubileo'', y por ende, debía haberse tramitado según lo dispuesto en el artículo 150.17 Superior.
Las profundas divergencias existentes en el seno de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en relación la totalidad de la Ley de Justicia y Paz, y en particular en relación con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, quedaron en evidencia en sentencia del 14 de diciembre de 2005 (M.P.J.Z.O., proceso núm. 24.478), con aclaración y salvamento de voto, fallo en cual, en primer lugar, la Corte estima que no debe aplicar la vía procesal del control difuso de constitucionalidad en relación con la Ley de Justicia y Paz, en su integridad, por cuanto:
''Tratándose de una ley sui generis, que regula un tema muy puntual en materia de penas en el contexto de una justicia trancisional, la Corte no encuentra establecida esa abierta y evidente contradicción entre los preceptos en ella contenidos y el Orden Superior, como condición indispensable para realizar el juicio de constitucionalidad que un mecanismo excepcional como el control difuso requiere, lo cual además en modo alguno la puede autorizar para hacerlo acudiendo a criterios de conveniencia.''
''No obstante las consideraciones anteriores, conviene aclarar que un sector de la Sala encontró precisamente esa ostensible contradicción entre la norma superior y la legal, respecto del artículo 70 de la ley de justicia y paz, fundamentalmente por violación al principio de la unidad de materia'' (negrillas agregadas).
- Destinatarios de la rebaja de pena (factor personal). Para acceder al beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se requiere que la persona se encuentre condenada, mediante sentencia ejecutoriada, a 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz. De igual manera, de conformidad con una interpretación sistemática de la ley, es decir, tomando en consideración que la norma se ubica en el capítulo de ''disposiciones complementarias'', se excluyen del beneficio los autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos que hubieran decidido desmovilizarse ''y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional''.
- Delitos excluidos. (factor material). Además de encontrarse excluidos los delitos cometidos por los autores y partícipes de que trata el artículo 2 de la Ley 975 de 2005, también se excluyen los punibles de narcotráfico, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y lesa humanidad. Para tales efectos, es decir, para el caso de los llamados crímenes de lesa humanidad, debido a que se trata de una variedad de delitos atroces no definidos en el ordenamiento jurídico colombiano sino en instrumentos jurídicos internacionales, los operadores jurídicos deberán remitirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en concreto, a su artículo 7º, así como a los ''Elementos de los crímenes'', adoptado por la Asamblea de Estados Partes.
Solicitud de aplicación de la rebaja de pena (requisito de procedibilidad). La Sala de Revisión entiende que el condenado debe haber solicitado al respectivo juez competente para vigilar el cumplimiento de la pena, la rebaja del 10 % de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En efecto, una lectura integral de la norma en comento, indica que el beneficio no opera de manera automática, por cuanto la concesión del mismo dependerá de la constatación empírica, por parte del juez de ejecución de penas, de ciertos hechos (buena conducta del condenado), de compromisos asumidos por el destinatario de la rebaja (no repetición de actos delictivos), de sus acciones presentes o futuras (reparación a las víctimas) o de hechos verificables en el proceso por el cual fue condenado o incluso en otros procesos (colaboración con la justicia ).
- El buen comportamiento del condenado. Este requisito apunta a examinar la adecuada conducta asumida por el condenado durante la ejecución de la pena, bien sea intramural o domiciliaria. Para tales efectos, se tomarán en cuenta el cumplimiento de las disposiciones del Código Penitenciario y C., así como los respectivos reglamentos adoptados por el INPEC o los directores de cada centro de reclusión.
- El compromiso de no repetición de actos delictivos. Se trata de una condición consistente en una manifestación de voluntad del condenado, en el sentido de que se abstendrá de cometer, bien sea durante el cumplimiento del resto de la pena o al momento de cumplirla, de comportamientos considerados como delitos.
- Cooperación con la justicia. Este requisito consiste en el apoyo o colaboración efectivas que el condenado haya brindado a los fiscales o jueces durante las etapas de investigación o juzgamiento. En tal sentido, una interpretación de la norma legal, conforme con el derecho fundamental a la libertad individual, es decir, extensiva, conduce a sostener que tal colaboración puede haber sido realizada en el mismo proceso que se le adelantó al solicitante del beneficio, o en otro. De igual manera, resultan inaceptables interpretaciones en el sentido de negar el beneficio debido a que la persona no se sometió a institutos procesales tales como la sentencia anticipada o no se autoincriminó. Por el contrario, se debe entender que la persona colaboró con la justicia si, entre otros actos, estuvo prestó a atender los requerimientos de aquélla, no evadió la acción de las autoridades, ayudó a desmantelar una organización criminal, aportó información oportuna para la investigación, etcétera. Así mismo, se debe interpretar que tal colaboración puede ser brindada, de igual manera, al momento de elevar la solicitud de rebaja de pena. Lo anterior por cuanto, en los términos del artículo 2º Superior, tal ayuda puede resultar fundamental para que los órganos de investigación pueden resolver otros procesos penales en curso, cumpliéndose de esta forma con los fines estatales.
- Acciones de reparación a las víctimas. Se trata, sin lugar a dudas, del requisito legal más compleja configuración, del grupo de aquellos señalados en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En efecto, el concepto mismo de reparación a las víctimas, en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ende, del bloque de constitucionalidad, resulta ser más amplio que aquel de indemnización. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de reparación abarca (i) la restitutio in integrum, cuando ella es posible; (ii) la indemnización pecuniaria a los perjudicados; (iii) medidas de satisfacción del daño; (iv) garantías de no repetición; y (v) actos simbólicos tales como los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, peticiones de perdón, entre otros.
No obstante lo anterior, es preciso tomar en consideración que la Corte Constitucional ha considerado que, en materia de suspensión condicional de la ejecución de la pena, la indemnización a las víctimas no puede entenderse como que se ''obligue a lo imposible al condenado, pues precisamente tiene en cuenta su incapacidad económica para determinar si está en imposibilidad de cumplir y acepta que existan causas que justifiquen no pagar la indemnización de perjuicios para acceder y gozar del beneficio'' C- 006 de 2003.. De allí que, interpretando el sentido del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en armonía con las jurisprudencias constitucional e internacional y de conformidad con el principio pro homine se tiene que, en cada caso concreto, el juez de ejecución de penas deberá examinar las posibilidades reales económicas que tiene el condenado para indemnizar pecuniariamente a sus víctimas, de acuerdo con las pruebas que acompañe el solicitante y aquellas que decrete de oficio; los compromisos que a futuro puede asumir en la materia; así como la viabilidad de llevar a cabo actos de reparación de contenido no económico. Lo anterior, en el entendido de que las víctimas no van a perder su derecho a obtener el pago de la totalidad de los perjuicios causados, en los términos de la sentencia condenatoria.
La Sala de Revisión considera que esta segunda interpretación es la conforme con la Constitución por cuanto se apoya en el principio de efecto útil de la norma jurídica y es respetuosa del derecho al debido proceso penal. En efecto, el segundo inciso del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 prescribe que ''Para la concesión y la tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta...''.
De tal suerte que si el juez no pudiese verificar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos, el vocablo ''tasación'' no tendría efecto jurídico alguno. A decir verdad, ''tasar'' significa medir, cuantificar y no simplemente reconocer o negar una petición. De tal suerte que si el juez de ejecución de penas omitió tasar la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, incurrió en un defecto procedimental, ya que no respetó las formas legales de cada juicio, procediendo en estos casos la acción de tutela.
El señor E.N.L., luego de someterse al instituto de la sentencia anticipada, en los términos del decreto 2700 de 1991 modificado por la Ley 81 de 1993, fue condenado el 4 de marzo de 1994 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Andaquíes, por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, sanción que asciende a 25 años y un mes de prisión, pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, así como al pago de perjuicios a favor de los herederos de cada uno de los occisos, equivalente a 250 gramos oro.
Posteriormente, la pena fue redosificada por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante auto de fecha 15 de junio de 2002, disponiendo que debía cumplir una pena de 18 años y 5 meses de prisión. Al respecto, es preciso aclarar que esta redosificación de la pena se debió a la aplicación del principio de favorabilidad sustancial, debido a la entrada en vigor de la Ley 599 de 2000. En palabras del Juzgado ''Sin vacilación, la pena privativa de la libertad prevista para el delito de Homicidio Agravado en la última de las disposiciones citadas (prisión de 25 a 40 años) resulta objetivamente para el condenado más benigna que la señalada en la primera (prisión de 40 a 60 años)''.
Luego, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante auto núm. 00647 del 10 de agosto de 2005, negó al accionante la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, al igual que la rebaja de la décima parte de la pena. Al respecto, argumenta el juez la improcedencia del principio de favorabilidad, por cuanto no se está en presencia del mismo sistema y de idéntica figura o instituto procesal. En palabras del Juzgado accionado ''se están confundiendo dos árboles semejantes pero de distinta especie y que, además, no se observa el bosque al que pertence cada uno. Confusión que nace de solo observar algunas características externas pero sin apreciar su estructura, condiciones, entorno, etc.''
En cuanto a la negativa de acceder a la rebaja del 10% de la pena, la autoridad pública accionada sostiene que el señor E.N.L. no es acreedor de la misma por cuanto: (i) se está en presencia de un delito de lesa humanidad; (ii) no ha pagado los perjuicios decretados en la sentencia; y (iii) no es la oportunidad en razón a que la concesión, de no existir los impedimentos anteriores, lo es cuando se le otorgue la libertad.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante auto núm. 096 del 24 de noviembre de 2005, confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, por los siguientes motivos.
En lo que concierne a la aplicación del principio de favorabilidad, merced a la entrada en vigor del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, explica que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha debatido ampliamente el tema, ''imponiéndose la aplicación del principio de favorabilidad en los Distritos Judiciales en los que aún no ha entrado a regir el sistema penal acusatorio, con la advertencia que de no hacerse, se incurriría en flagrante violación al principio de igualdad, decisiones en las que el Magistrado Dr. Á.O.P.P. ha salvado voto, con el cual esta S. comparte los planteamientos que allí se hacen''.
Agrega que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, sobre el tema en concreto se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2005, con ponencia del Magistrado J.L.Q.M., donde se concluyó mayoritariamente que no procede la aplicación del principio de favorabilidad en la dosificación punitiva en cuanto a la rebaja de pena por sentencia anticipada, porque a pesar de tener una génesis en el ''derecho penal premial'', tanto el instituto de la sentencia anticipada como la aceptación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio, son diferentes, porque cada una tiene características propias inmersas en un sistema determinado y acordes al mismo; ''jurisprudencia que ha hecho que las Salas de Decisión de este Tribunal hayan venido cambiando de criterio, en la aplicación de la ley 906 de 2004 por favorabilidad en la dosificación punitiva en sentencia anticipada''.
Sobre el particular sostiene que efectivamente el artículo 70 ''no guarda una unidad en sentido formal con el objeto y ámbito de aplicación de la ley 975 de 2005 que lo incorpora, al referirse aquel a los llamados delincuentes comunes con las excepciones allí previstas, y estar señalado el objeto y ámbito de aplicación para la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley; sin embargo, se considera que dicho artículo guarda conexión con el tema central que regula la ley, esto es, los beneficios de disminución punitiva para quienes han infringido la ley penal, previo el cumplimiento de determinados requisitos legales, y que están dispuestos a contribuir a la reconociliación y la consecución de la paz nacional, que es la finalidad que persigue la ley, la cual se puede obtener tanto con los que han cometido los llamados delitos políticos, como los que han vulnerado los bienes jurídicamente tutelados con conductas punibles comunes; existiendo conexidad sustancial igualmente entre las penas que finalmente resultará imponiéndosele, conforme a la pena alternativa prevista en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, y la rebaja de pena de la décima parte para los demás condenados de que trata el artículo 70. De tal suerte que el Tribunal no comparte la tesis de la inaplicación del citado artículo, por la supuesta violación del principio de unidad de materia.
En tal sentido, el a quo entiende que la rebaja procede en los casos en que exista sentencia condenatoria y se esté cumpliendo la pena, siendo el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el competente para decidir acerca de las peticiones elevadas en tal sentido, correspondiéndole la segunda instancia a la Sala Penal del Tribunal del Distrito al que aquél pertenezca.
Agrega que la mencionada rebaja debe ser solicitada por el condenado, con el compromiso de no repetir los actos delictivos, cooperar con la justicia, ''dando a conocer las acciones de reparación de las víctimas, manifestaciones y pruebas sobre el particular que el funcionario judicial debe evaluar junto con la conducta que el condenado ha tenido en el cumplimiento de la pena''. Se exceptúan además las condenas impuestas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico, ''desde luego, los delitos cometidos por miembros de grupos armados al margen de la ley, y los delitos de que trata el artículo 11 de la ley 733 de 2002, norma especial que no está derogada y que prohíbe cualquier beneficio para los delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo y conexos''.
En el caso concreto, manifiesta el Tribunal que existió solicitud del condenado, por delitos distintos a los señalados en la excepción legal, ''pero allí tan solo solicita se le rebaje el 10% de la pena, sin que ponga de manifiesto su compromiso de no repetir actos delictivos, ni de cooperar con la justicia, como tampoco señala cuáles han sido o serán las acciones de reparación a las víctimas. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad negó la solicitud de rebaja porque consideró que se está en presencia de un delito de lesa humanidad, no ha pagado los perjuicios decretados en la sentencia y no es la oportunidad para otorgar el beneficio la que se concretará cuando se le otorgue la libertad''.
Contrario a lo sostenido por el a quo, el superior jerárquico consideró que el condenado no había cometido un crimen de lesa humanidad, por cuanto no reúne los requisitos que contempla el Estatuto de Roma, ''por lo que procedería en principio la rebaja de pena, si no fuera porque se observa que no se cumple con los requisitos allí previstos''. A continuación, pasa el Tribunal a interpretar cada uno de los requisitos de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Así pues, en relación con el compromiso de no repetición de actos delictivos, considera que éste debe ponerse de manifiesto desde la misma solicitud de la rebaja de pena, ''no como lo ha entendido la primera instancia, que sea al momento de obtener la libertad, oportunidad en que procede la rebaja, toda vez que la libertad no siempre es consecuencia inmediata de la rebaja de pena, y el requisito es para obtener ésta y no aquélla, no siendo presupuesto el cumplimiento de un monto determinado de pena para la obtención del beneficio, basta con el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley, sin que exista la posibilidad de hacer agregados a la norma''.
En lo que concierne al requisito de colaboración con la justicia, estima que éste no puede entenderse como existente antes de la sentencia, sino que ''debe entenderse que debe haber existido en el curso del proceso actos que permitan concluir que cooperó con la administración de justicia, y que ha de comprometerse a brindar la cooperación en loq ue fuere posible dentro del período de la pena que le resta por cumplir''.
Respecto al requisito de reparar a las víctimas, asegura el Tribunal que dichas acciones se concretan no sólo en la indemnización efectiva y real, al momento de hacer la solicitud ''por las sumas a que se le condenara'', sino que comprende las garantías que se ofrezcan para el cumplimiento del pago de los perjuicios. De tal suerte que ''lo importante es que por lo menos exista el compromiso y garantía de que existirá la reparación a las víctimas del ilícito por el cual se está cumpliendo la pena''.
En lo que atañe al buen comportamiento del condenado, éste deberá ser demostrado mediante la conducta que haya observado en el establecimiento carcelario, o en el domicilio, ''durante el tiempo que ha estado privado de la libertad en detención preventiva o en cumplimiento de la pena, el cual debe ser evaluado en forma integral''.
Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal Superior de Tunja concluyó diciendo en su auto núm. 069 del 24 de noviembre de 2005 que ''en la solicitud de E.N.L. no se puso de manifiesto su compromiso de no repetir actos delictivos, ni de cooperar con la justicia, como tampoco se señala cuáles han sido o serán las acciones de reparación a las víctimas, no pudiendo presumir el funcionario judicial su cumplimiento para acceder a la petición de rebaja de pena, sin prueba que demuestre que ha pagado el monto por el cual fue condenado en perjuicios en la sentencia, como lo indicara la primera instancia, existiendo tan sólo la prueba del comportamiento en el cumplimiento de la pena, las calificaciones de conducta en el grado de buena y ejemplar, pero también apareciendo en el expediente constancia de haberse fugado del penal cuando se encontraba privado de la libertad; por tanto, no se reúnen la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 para acceder a la rebaja de pena del 10% solicitada por el condenado, luego no le asiste razón al apelante y la Sala confirmará la providencia que ha sido motivo de impugnación''.
La Sala Penal de Tribunal Superior de Tunja, mediante providencia núm. 086 del 18 de julio de 2006, decidió confirmar el auto interlocutorio de fecha 3 de abril de 2006, proferido por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
En lo que respecta a la aplicación de la favorabilidad penal debido a la entrada en vigor del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, es decir, la rebaja de la mitad por la aceptación de cargos, estima el Tribunal que ''fue ampliamente analizado en proveído del 10 de agosto de 2005, convirtiéndose en cosa juzgada'', y por ende ''no es procedente volver a hacer un nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema''.
Por el contrario, en relación con la rebaja del 10% de la pena, el Tribunal estimó que ''el beneficio está sujeto al cumplimiento de unos requisitos que pueden demostrarse dentro de una situación que puede cambiar en el cumplimiento de la pena, por lo es procedente volver a hacer un nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema u objeto de decisión'', razón por el cual consideró que, en lo pertinente, se remitía a lo expuesto en la parte motiva del auto proferido el 24 de noviembre de 2004. Finalmente el a quo concluyó diciendo que
''la Sala debe entrar a analizar si luego del interlocutorio relacionado de 24 de noviembre de 2005, la situación de E.N.L. ha variado respecto de los requisitos que exigiera la norma en mención, es decir, el artículo 70 de la ley 975 de 2005, no sin antes anotar que la misma fue declarada inexequible mediante sentencia C- 370 de 2006, por la Corte Constitucional, sin embargo es posible la aplicación ultractiva por favorabilidad de la ley, a pesar de haber sido expulsada del ordenamiento jurídico, precisando que la ley tuvo plena validez desde el día en que entró en vigencia, hasta la fecha en que fue declarada inexequible, por tanto durante ese lapso surtió plenos efectos, afectando situaciones particulares en las cuales se reconoció la rebaja a quienes cumplieron los requisitos previstos en la norma, pero también para los que se negó la rebaja porque no cumplieron los requisitos previstos en la norma, los cuales no pueden ser alegados por cumplimiento con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad, porque daría lugar a permitir que la ley siga teniendo efectos después de su retiro del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución Política. En consecuencia para el caso presente tiene la Sala que entrar a ver si se cumplieron los requisitos faltantes, según lo anotado en el interlocutorio de 24 de noviembre de 2005, o si después de esa fecha y hasta antes de que se declarara la inexequibilidad del artículo 70 de la mencionada ley 975, se aportó prueba sobre los mismos. El sentenciado allegó con posterioridad a este proferimiento, declaración jurada sobre su insolvencia económica, sin que se allegara concepto favorable del Establecimiento Penitenciario y Carcelario sobre su conducta para los efectos de esta rebaja, es decir, que debe ser certificada su conducta por el establecimiento carcelario para poder acceder a dicho beneficio, máxime que registra constancias de haberse fugado cuando se encontraba privado de la libertad por este proceso, bastando estas consideraciones y ante la falta de este requisito, sobre su certificación de conducta, que puedan dar certeza sobre la buena conducta observada en el establecimiento carcelario para obtener este beneficio, la Sala debe entrar a confirmar integralmente el interlocutorio que negó la rebaja del artículo 70 de la ley 975 de 2005 a ESTEBAN NUÑEZ LÓPEZ, pero por los motivos aquí anotados''.
Como se ha descrito en los hechos, el accionante se sometió a sentencia anticipada durante la vigencia de la Ley 91 de 1993, siendo condenado a una pena de 25 años y un mes de prisión, pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, así como al pago de perjuicios a favor de los herederos de cada uno de los occisos, equivalente a 250 gramos oro. La anterior sentencia fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, en fallo del 27 de mayo de 1994, providencia en la cual se decidió aumentar la pena a 28 años y 5 meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años y al pago de perjuicios por valor de 250 gramos oro, a favor de los herederos del señor R.G.B.. Posteriormente, la pena fue redosificada por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante auto de fecha 15 de junio de 2002, disponiendo que debía cumplir una pena de 18 años y 5 meses de prisión.
Como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte en sentencias T- 091 de 2006 y T- 082 de 2007, las figuras de sentencia anticipada y allanamiento a cargos son semejantes, similitudes que, como se ha explicado in extenso en el presente fallo son igualmente predicables en los términos del decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993; por tanto, corresponde aplicar el descuento punitivo hasta de la mitad de la pena previsto en el Art. 351 de la Ley 906 de 2004 en relación con las condenas impuestas mediante sentencia anticipada.
Por consiguiente, las decisiones adoptadas por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja son violatorias del debido proceso del accionante, por cuanto desconoció la aplicación del principio de favorabilidad que permitía readecuar la condena impuesta al señor J.E.L.N. mediante sentencia anticipada a la luz de los parámetros dispuestos en la ley para la figura del allanamiento o aceptación de cargos. Por este motivo, incurrieron las autoridades judiciales en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, al inaplicar el artículo 29 de la Carta en relación con el principio de favorabilidad.
Por estas razones, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso del señor J.E.L.N. vulnerado, y en consecuencia, dejará sin efectos los autos núm. 00647 del 10 de agosto de 2005, 3 de abril de 2006 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, únicamente en cuanto se negó en ellos la aplicación del principio de favorabilidad penal. Igual decisión se adoptará en relación con el auto del 24 de noviembre de 2005 y 18 de julio de 2006 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, únicamente en cuanto se negó en ellos la aplicación del principio de favorabilidad penal, es decir, en cuanto dichas autoridades judiciales no redosificaron la pena a la mitad, en los términos del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por estimar que las figuras de la sentencia anticipada y la aceptación de cargos no eran semejantes.
El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante auto núm. 00647 del 10 de agosto de 2005 negó la solicitud de rebaja de pena argumentado, en esencia, lo siguiente (i) se está en presencia de un delito de lesa humanidad, y por ende, expresamente excluido de la rebaja de pena; y (ii) el solicitante no ha pagado los perjuicios decretados en la sentencia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante auto núm. 096 del 24 de noviembre de 2005 por cuanto, si bien la solicitud fue elevada en tiempo, el peticionario no cumplió con ninguno de los requisitos señalados en la norma procesal. En efecto, no puso de manifiesto su compromiso de no volver a delinquir, ni colaboró con la justicia, ni señaló forma alguna de reparar a las víctimas, y además, en cuanto a su comportamiento carcelario, reporta fugas.
Primero. REVOCAR las sentencias de tutela proferidas el 20 de septiembre de septiembre de 2006 y el 23 de noviembre del mismo año por las Salas Penal y Civil respectivamente de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se decidió negar el amparo al señor E.L.N., y en su lugar conceder la tutela al derecho fundamental al debido proceso penal del demandante. Por el contrario, se CONFIRMARÁN los mencionados fallos en cuanto a la negativa a aplicar el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, los autos núm. 00647 del 10 de agosto de 2005, 3 de abril de 2006 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, únicamente en cuanto se negó en ellos la aplicación del principio de favorabilidad penal; asimismo, los autos del 24 de noviembre de 2005 y 18 de julio de 2006 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, únicamente en cuanto se negó en ellos la aplicación del principio de favorabilidad penal. En todo lo demás, las providencias judiciales quedan en firme.
Tercero: ORDENAR al Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja que proceda, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, a resolver la solicitud de redosificación punitiva formulada por el señor E.L.N., teniendo en cuenta las normas aplicables en virtud del principio de favorabilidad, conforme a las consideraciones de esta sentencia.
Providencia nº 11001010200020150045700 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 29 de Abril de 2015
Sentencia de Tutela nº 303/94 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 1994
Providencia nº 11001010200020090289700 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 30 de Junio de 2010