Source: http://www.slideshare.net/PatricioEstebanRojasORian/sentencia-corte-suprema-por-la-fumigaciones-aerea-en-petorca
Timestamp: 2016-07-30 17:11:26
Document Index: 321525051

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 19']

Sentencia corte suprema por la fumigaciones aerea en petorca
Santiago, quince de marzo de dos mil doce. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos tercero anoveno, que se eliminan.Y se tiene en su lugar y además presente:Primero: Que en estos autos se ha ejercido por don Héctor Rafael Ibáñez Zelaya, enrepresentación de Sociedad Fumigaciones Aéreas Rafael Reyes y Compañía Ltda., la llamada acciónde amparo económico prevista en el artículo único de la Ley N° 18.971, en resguardo de suderecho a desarrollar una actividad económica lícita garantizado en el artículo 19 N°21 inciso 1° dela Constitución Política de la República, el que, según señala, se vulneró por la IlustreMunicipalidad de Petorca al dictar el Decreto Alcaldicio N° 1213, de fecha 30 de agosto de 2011,publicado en el Diario Oficial con fecha 13 de septiembre del mismo año, por el cual seprohibieron las fumigaciones aéreas en la comuna de Petorca.Segundo: Que, como se ha resuelto por esta Corte Suprema en la causa Rol N°501-09 caratulada“González Illanes con Ilustre Municipalidad de Santiago”, con fecha uno de abril de 2009, se hadecidido reexaminar el sentido y alcance del instituto jurisdiccional previsto en la Ley N° 18.971 ysi constituye un instrumento idóneo para conocer por su intermedio de las denuncias porinfracciones a la garantía contemplada en ambos incisos del artículo 19 N° 21 de la ConstituciónPolítica; o si, por el contrario, su uso queda constreñido como medio destinado a entender de lasvulneraciones a la garantía de la libertad económica provenientes de la actividad empresarial delEstado a que se refiere el inciso 2° de ese precepto constitucional.Tercero: Que el artículo único de la Ley N° 18.971, si bien denota claridad en su tenor literal, noocurre lo mismo con su sentido, que resulta ambiguo en cuanto a la finalidad que tuvo en vista ellegislador al establecerlo, situación que ha dado pábulo a la divergencia de opiniones sustentadassobre el punto a que se hizo referencia precedentemente;Cuarto: Que en pos de una conclusión correcta en torno a esta materia, obligadamente ha deacudirse a otros principios de interpretación más allá del elemento gramatical, entre aquelloscomprendidos en las reglas de hermenéutica que contempla el párrafo 4° del Título Preliminar delCódigo Civil, como el lógico-histórico, que busca descubrir la intención o espíritu de la ley en lahistoria fidedigna de su establecimiento (artículo 19 inciso 2°) y el elemento sistemático, por elque se pretende alcanzar el mismo objetivo en la unidad o conexión que las diversas institucionesguardan en el conjunto del ordenamiento jurídico (artículo 22);Quinto: Que el enfoque histórico de la norma en estudio hace indispensable considerar elproyecto de ley remitido por el Presidente de la República a la Junta de Gobierno –órganolegislativo de la época- con fecha 7 de septiembre de 1989, bajo el rótulo “Regula la Actividad yParticipación Productiva del Estado y sus Organismos”.
En el Mensaje con que se acompañó dicho proyecto se enunciaban como postulados esencialesdel mismo los que propiciaban la iniciativa particular en la actividad económica y laexcepcionalidad de la intervención en ella por parte del Estado empresario, consignándose ensemejante contexto tres clases de normas: unas, de carácter general, aplicables a toda legislaciónrelativa a la actividad empresarial del Estado o en que a éste le quepa participación; otras, en quese fija el ámbito dentro del cual el Estado desarrollará actividades de ese tipo; y una, en particular,donde se “establece un recurso jurisdiccional para hacer efectiva la garantía constitucional de lalibertad económica”;Sexto: Que la frase con que finaliza el considerando anterior permite inferir que con el “recursojurisdiccional” a que ella alude se propende a amparar la garantía constitucional de “la libertadeconómica” frente al Estado empresario, cuando éste, transgrediendo un principio de la esenciadel Orden Público Económico Nacional, como lo es el de la subsidiaridad, interviene en el campoeconómico no acatando las limitaciones contempladas en el antes citado artículo 19 N°21 inciso 2°de la Carta Fundamental, ya sea por desarrollar esa actividad sin autorización de una ley dequórum calificado o sin sujetarse a la legislación común aplicable en dicho ámbito a losparticulares;Séptimo: Que siguiendo la esbozada línea de razonamiento, cabe apuntar que de los seis artículosde que se componía el proyecto en comento sólo dos de ellos se concretaron en leyes, ambaspublicadas en el Diario Oficial del 10 de marzo de 1990. Uno fue el artículo 5°, que pasó aconstituir la Ley N° 18.965, donde se establece la obligación del Estado en orden a vender en elplazo de un año los derechos que tuviere en sociedades respecto de materias ajenas al objeto parael cual se encontrara autorizado a participar o que excedieron la autorización legal respectiva.El otro artículo del proyecto que alcanzó consagración normativa –y que interesa al presenteanálisis- fue el número 6, que se tradujo, con algunas modificaciones de menor entidad, en la LeyN° 18.971;Octavo: Que las reflexiones que se vienen de desarrollar permiten inferir que el legislador de laLey N° 18.971 instituyó un mecanismo de tutela jurisdiccional destinado a amparar a losparticulares en su derecho a la libertad económica cuando ella resulte afectada por la actividad delEstado llevada a efecto con infracción a las regulaciones que sobre la materia se establecen en elartículo 19 N° 21 inciso 2° de la Constitución Política; determinación que, de seguro, obedeció alconvencimiento de quienes propiciaron el establecimiento de dicho cuerpo normativo en orden aque el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la misma Carta carecía de la aptitudrequerida para constituir un resguardo con la eficacia suficiente respecto de la intangibilidad quedebe ostentar dicha garantía esencial;Noveno: Que a la misma conclusión se arriba interpretando sistemáticamente la Ley N° 18.971 y elartículo 20 de la Constitución Política de la República.Mientras este último precepto, en efecto, establece una acción –el llamado recurso de protección-a favor de quien, como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de terceros,
sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos ogarantías esenciales –entre las que se incluye la señalada en el artículo 19 N°21 de la Carta-, elartículo único de la Ley N° 18.971, en que se regula el denominado amparo económico, prescribeque cualquiera persona puede denunciar las infracciones al recién aludido artículo 19 N° 21, sinque el actor necesite tener interés actual en los hechos a que se refiere la denuncia.Crea así la Ley N° 18.971 una acción popular, que trasunta el designio del legislador en orden aamparar por su intermedio el derecho a la libertad económica no en cuanto a transgresiones a lamisma que afecten en general a los individuos particulares en su interés personal, sino cuandotales vulneraciones provengan de la actividad empresarial del Estado quebrantando las normas deOrden Público Económico consagradas en el tantas veces mencionado artículo 19 N° 21 inciso 2°de la Constitución Política.La generación de un instrumento jurídico específico en defensa de esta garantía, sin duda, se hizopatente para el legislador -según antes se hizo notar- frente a la insuficiente eficacia del recurso deprotección para asumir ese rol en diversos aspectos, tales como la explicable falta de motivaciónde las personas, individualmente consideradas, para deducir un recurso de protección enresguardo del derecho a la libertad económica como un derecho de carácter general, al nosentirse afectadas en un derecho subjetivo que les concierne en lo particular;Décimo: Que, por otra parte, existen fundadas razones que conducen a descartar el amparoeconómico como instrumento idóneo para dispensar protección al derecho a desarrollar unaactividad económica lícita contemplado en el articulo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental.La primera de ellas estriba en la imposibilidad de estimar como criterio racional que una personadirectamente afectada por la vulneración de dicha garantía constitucional disponga –conforme alo establecido en el Auto Acordado de esta Corte que regula su tramitación y fallo- de treinta díaspara deducir el recurso de protección, en tanto que un tercero sin interés actual alguno en lamateria, según lo prescribe la Ley N° 18.971, cuente para ello con un plazo de seis meses.Enseguida, el diseño con que el referido cuerpo legal reguló el amparo económico impideconsiderarlo como un remedio eficaz disponible a favor de un particular para la salvaguarda de lagarantía en referencia, desde que no se entregó al órgano jurisdiccional la facultad de adoptarprovidencias cautelares prontas e inmediatas para brindar resguardo al afectado, como sí seestablecen en el artículo 20 de la Constitución Política tratándose del recurso de protección.Undécimo: Que las razones de que se ha hecho acopio a lo largo del presente fallo, ya reseñadasen el fallo de esta Corte Suprema aludido en el considerando segundo, resultan aptas para concluirque el llamado recurso de amparo económico no es idóneo para salvaguardar la garantíafundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental.Duodécimo: Que el recurso de amparo económico deducido en autos no puede, por ende,prosperar.
Y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 18.971 de 1990, se revoca la sentencia consultadade dos de enero pasado, escrita a fojas 86 y siguientes y se declara que se rechaza el amparoeconómico deducido en lo principal de la presentación de fojas 45.Acordada con el voto en contra de los Ministros Sr. Valdés y Sr. Silva, quienes estuvieron poraprobar la resolución consultada en virtud de sus propios fundamentos.Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Ministro Sr. Silva. Rol N° 2048-12Pronunciado por la Sala de Verano integrada por los Ministros Sres. Patricio Valdés A., HéctorCarreño S., Guillermo Silva G., Sra. María Eugenia Sandoval G. y el abogado integrante Sr. RafaelGómez B. No firma el abogado integrante Sr. Gómez B., no obstante haber estado en la vista de lacausa y acuerdo del fallo, por estar ausente.Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.En Santiago, a quince de marzo de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario laresolución precedente.
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