Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-00376-de-mayo-26-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a5dd5e474b700044e0430a0101510044&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-15 19:58:02
Document Index: 411038671

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 40', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 58', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 57', 'artículo 39', 'artículo 1', 'Artículo 14']

﻿ Sentencia 2006-00376 de mayo 26 de 2011
SENTENCIA 2006-00376 DE 26 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:INCENTIVO ECONOMICO EN ACCION POPULAR. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY LA CUAL RIGE HACIA EL FUTURO Y PRECISANDO QUE LAS NORMAS PROCEDIMENTALES SON DE ORDEN PÚBLICO Y DE APLICACIÓN INMEDIATA, CON LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 153 DE 1887, RESPECTO DE LOS TÉRMINOS QUE HUBIEREN EMPEZADO A CORRER Y LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS QUE YA ESTUVIEREN INICIADAS EVENTO EN EL CUAL LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA HACER EFECTIVAS LAS NORMAS SUSTANCIALES SON LAS VIGENTES EN LA ÉPOCA EN QUE ESTOS SE ADELANTEN. COLIGIÉNDOSE ENTONCES QUE LA LEY 1425 DEL 2010, QUE DEROGÓ LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY 472 DE 1998, REFERENTES AL PAGO DEL INCENTIVO ECONÓMICO A LOS ACTORES POPULARES, NO ES APLICABLE A LOS CASOS EN TRÁMITE A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NORMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, VIGENCIA DE LAS NORMAS, NORMAS DEL DERECHO PROCESAL, APLICACIÓN DE LA LEY CIVIL EN EL TIEMPO, DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, DERECHO A LA SEGURIDAD, DERECHOS COLECTIVOS, INCENTIVOS ECONÓMICOS A LA ACCIÓN POPULAR
REVISTA TUTELA N°:140 DE AGOSTO DE 2011, PG.1223
Sentencia 2006-00376 de mayo 26 de 2011
Rad.: 25000-23-25-000-2006-00376-01(AP)
Actor: Daniel Arturo Bermúdez Urrego
Demandado: Transmilenio S.A. y la Alcaldía de Bogotá
Se decide la impugnación interpuesta por el actor, Transmilenio S.A. y la Alcaldía de Bogotá, contra la sentencia de 26 de abril de 2007, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sec. Segunda, Subsección “C”) estimó las pretensiones de la demanda.
Ahora, en el caso que nos ocupa, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales g), j) y m), del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante la interposición de la acción popular.
En el presente caso, el actor pretende que se amparen los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales estima vulnerados debido a que los buses alimentadores de Transmilenio S.A., carecen de rampas que faciliten el acceso de personas con discapacidad.
• Copia del Oficio 2006EE4995 suscrito por la jefe oficina asesora jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 10 de julio de 2006 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en que pone de presente:
A continuación le relaciono los vehículos del servicio de alimentación con sistemas de acceso apropiado para las personas discapacitadas.
Citimovil
VDV074
VDV075
VDV076
VDV077
VDV078
VDV079
VDV080
VDV082
VDV083
VDV089
VDV091
VDH291
VDH293
VDI353
VDI358
VDI360
VDI505
VDI507
VDJ402
VDJ847
VDJ848
AL Norte Fase II
VDO065
VDO051
VDO052
VDO055
VDO057
VDO081
VDO058
VDO059
TAO.S.A.
VDO633
VDO629
VDO622
VDO623
VDO643
VDO624
VDO612
VDO614
VDO615
VDO616
VDO642
VDO621
VDO613
VDO664
VDO663
VDU583
VDU548
VDU596
VDU551
VDU578
VDU566
VDU584
VDU556
VDU586
VDU561
VDU581
VDW265
VDW266
VDW899
VDW900
VDX261
VDX253
VDX254
VDX255
VDX256
VDX257
VDX258
VDX259
(…)”.(7)
• Copia del Oficio 2011EE633 suscrito por la jefe de la oficina asesora jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 3 de febrero de 2011 al Consejo de Estado, en el que pone de presente:
“En atención al asunto de la referencia, me permito dar respuesta a lo solicitado, en cuanto a la relación de flota de buses alimentadores del sistema Transmilenio que tiene plataforma para el manejo de personas con movilidad reducida:
Móviles con plataforma
Al norte S.A.
Al capital S.A.
Alcapital S.A.
TAO S.A
Citimovil S.A.
SI 03 S.A
• Copia del oficio suscrito por la jefe de oficina asesora jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 14 de febrero de 2011 al Consejo de Estado, en el que pone de presente:
En síntesis, nos permitimos informar que en cumplimiento del fallo de Tutela 595 de 2002(*) se han efectuado las siguientes acciones afirmativas para garantizar la posibilidad de acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condiciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas:
Primero. El Distrito Capital creó el plan maestro de movilidad, el cual define el SITP como el sistema que comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte público, así como la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema.
Segundo. Como segunda acción afirmativa y teniendo en cuenta que una adecuada accesibilidad brinda a la población en condición de discapacidad seguridad y comodidad en el uso del servicio de transporte público, se previó la contratación de la consultoría de una firma con experiencia a nivel nacional y/o internacional, que defina las mejores alternativas para garantizarle a las personas en condición de discapacidad un servicio en condiciones dignas y equitativas. La consultoría estará encargada de diseñar alternativas para la atención a este tipo de usuarios en el SITP, realizando entre otras, las siguientes actividades: diagnóstico de la situación actual, identificación de la población objetivo en cada zona del SITP, revisión de experiencias exitosas en el mundo, propuestas para la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad en el SITP.
(...)”(9) (se resalta).
6.2. Marco normativo.
Existe un conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que imponen claros deberes y obligaciones de protección a las autoridades públicas, respecto de todos y cada unos de los habitantes y residentes de Colombia.
En efecto, el artículo 2º de la Constitución Política, dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el ordenamiento jurídico, señalando en su inciso segundo, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
De la anterior disposición se desprende el deber general de actuación que obliga a todas las autoridades del Estado a impedir que se concreten amenazas o se produzcan vulneraciones a los derechos de la población.
Respecto de los derechos de los discapacitados, el artículo 13 superior establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.
En este sentido, y respecto del acceso al servicio público de transporte de esta población, los artículos 46, 55, 59, 61 y 65 de la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, establecen:
ART. 55.—En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio nacional, deberá facilitar la circulación de las personas a que se refiere la presente ley, planeando e instalando rampas o elevadores con acabados de material antideslizante que permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva.
ART. 65.—El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, en coordinación con las alcaldías municipales y las distritales incluido el Distrito Capital, serán los encargados de dictar y hacer cumplir las normas del presente capítulo, en especial las destinadas a facilitar el transporte y el desplazamiento de todas las personas a quienes se les aplica la presente ley. Para estos efectos, el Gobierno compilará en un solo estatuto orgánico, todas las normas existentes relativas a lo regulado por este capítulo, y así mismo establecerá un régimen especial de sanciones por su incumplimiento” (se resalta).
Por su parte, en lo que respecta a la accesibilidad en los modos de transporte, conforme lo establece el artículo 9º del Decreto 1660 de 2003, corresponde a los medios de transporte público colectivo “reservarse el espacio físico necesario para que se puedan depositar aquellas ayudas como bastones, muletas, sillas de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica para una persona con discapacidad, sin que esto represente costo adicional para dichas personas”; y según el artículo 14 idem, a partir del 1º de julio de 2005, el 20% de los automotores que ingresen al servicio deberán ser accesibles para discapacitados, porcentaje que deberá ser incrementado como lo establece su parágrafo 2º al disponer que “el porcentaje establecido en el presente artículo será incrementado en un veinte por ciento (20%), cada año, hasta llegar al cien por ciento (100%) de accesibilidad en los vehículos que ingresen por primera vez al servicio”(10).
A su turno, la Resolución 3636 de 2005, expedida por el Ministro de Transporte, dispuso que los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros debían adoptar las especificaciones técnicas contenidas la norma técnica colombiana NTC 4407, acerca de los parámetros técnicos mínimos que deben poseer los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor para ser considerado como accesible.
No obstante, la Resolución 3636 de 2005 fue suspendida por el Ministro de Transporte mediante Resolución 5515 de 2006, habida cuenta de que la adecuación de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros existentes en el país a la norma técnica colombiana 4407 resultaba muy costosa y presentaba barreras técnicas difíciles de superar. En consecuencia, se dispuso que hasta tanto se modifique el alcance de la norma técnica colombiana NTC-4407, los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte masivo en las rutas alimentadoras, debían seguir cumpliendo con los parámetros establecidos en la norma técnica colombiana NTC-4901-1.
Ahora bien, respecto al espacio para discapacitados en sillas de ruedas, la norma técnica NTC 4901-1 en el numeral 3.1.8.85. Señala que “se debe ubicar en el primer cuerpo y lo más cercano a la puerta de acceso un espacio destinado, diseñado y marcado específicamente para discapacitados en silla de ruedas. Esta área debe tener un espacio mínimo de 900 mm por 1.400 mm y el eje de simetría de la silla debe ser paralelo con el eje longitudinal del autobús. También debe haber pasamanos en este espacio para facilitar la entrada y salida y deben contar con un sistema de comunicación con el conductor (por ejemplo, un timbre). La persona discapacitada en la silla de ruedas debe viajar firmemente asegurada por medio de un mecanismo que esté anclado a un elemento estructural del autobús. El mecanismo debe tener un sistema sencillo y rápido de operar y que permita utilizar el área como un espacio libre cuando no use por discapacitados”.
Así las cosas, no es atendible el argumento de la empresa Transmilenio S.A. al señalar que no está obligada al cumplimiento de los artículos 13 y 20 del Decreto 1660 de 2003 por haber sido suspendida transitoriamente la vigencia de la Resolución 3636 de 2005, pues la Resolución 5515 de 2006 ordena seguirse a lo dispuesto por la norma técnica NTC 4901-1 que también contempla una serie de medidas tendientes a garantizar el adecuado acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida.
Tampoco es de recibo el argumento según el cual Transmilenio S.A., al ser una empresa que administra la infraestructura por donde transitan los vehículos, no está obligada al cumplimiento de las normas de accesibilidad, pues los artículos 5º y 34 del Decreto 1660 de 2003 señalan lo siguiente “las empresas y entes públicos administradores de los terminales, estaciones, puertos y embarcaderos, así como las empresas de carácter público, privado o mixto, cuyo objeto sea el transporte de pasajeros, capacitarán anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores, guías de turismo y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero con discapacidad, para lo cual podrán celebrar convenios con instituciones públicas o privadas de reconocida trayectoria en la materia, en función del número de pasajeros y de las características operacionales” y “las empresas o entes encargados de la administración y operación de los terminales de transporte terrestre, de las estaciones de Metro, de trenes de pasajeros y de transporte masivo urbano, de los puertos, terminales, muelles, embarcaderos, o similares de transporte fluvial y marítimo y los aeropuertos que no cumplan con lo establecido en la presente norma, en cuanto a la señalización y adecuación apropiada de sus instalaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad, serán sancionadas con multa que oscilan entre cincuenta (50) y cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes”.
Adicionalmente, los oficios allegados como pruebas por la Alcaldía Distrital de Bogotá (visibles a fls. 277 a 279 y 399 a 402), dan cuenta de que entre los años 2006 a 2011, el parque automotor de buses alimentadores de Transmilenio S.A. aumentó en 106 vehículos, pero en el mismo periodo, solo 12 vehículos fueron adaptados para facilitar el acceso al sistema de personas discapacitadas o con movilidad reducida. En efecto, en el año 2006, de 410 vehículos alimentadores, 70 garantizaban accesibilidad, es decir, el 17%, mientras que en el año 2011, de 516 vehículos, solo 82 contaban con rampas de acceso para discapacitados, es decir, el 15.8%.
Lo anterior da cuenta de que aun cuando desde el año 2002 (ver oficio suscrito por la jefe de la oficina asesora jurídica de la alcaldía y dirigido al C.E. de feb. 14/2011), presuntamente se vienen adelantando medidas para garantizar la accesibilidad al sistema de transporte público (incluido aquel prestado por Transmilenio), transcurridos 9 años, aún no ha sido posible aumentar en un porcentaje significativo el número de rutas alimentadoras que faciliten a las personas discapacitadas hacer uso adecuado del principal sistema de transporte masivo de Bogotá. Situación que indudablemente afecta los derechos colectivos invocados por el actor popular, y en consecuencia debe llevar a que se adopten las medidas necesarias para superarla.
Es inexcusable que a la fecha la población discapacitada no tenga acceso a todos los buses alimentadores de Transmilenio, pues es claro que para el año 2008, y tras un incremento gradual de cobertura, en razón del 20% anual, fijado desde el año 2002(11), el 100% de estos vehículos debía haber sido acondicionado para suplir las necesidades de esta población vulnerable.
La Sala advierte a las entidades demandadas que deben cumplir en estricto rigor lo establecido en la Ley 361 de 1997 y en el Decreto 1660 de 2003, en aras de garantizar los derechos de la población discapacitada.
6.3. Incentivo.
En cuanto al incentivo, la Sala reitera(12), que no obstante que mediante la Ley 1425 de 2010 (dic. 29)(13) fueron derogados los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en el caso sub examine la ley posterior no es aplicable, pues su aplicación se enmarca dentro de las excepciones a la aplicación inmediata de la ley procedimental, consagradas en los artículos 164 de la Ley 446 de 1998 y 40 de la Ley 153 de 1887, coligiéndose entonces que únicamente podría habérsele dado aplicación a la ley posterior, por indicación expresa del legislador respecto de su retroactividad(14).
“En lo que se refiere a los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara en establecer que estas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación (...)” (C. Cons., Sent. mar. 19/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
De acuerdo con lo aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior (...)”. (Cfr. C. Cons., Sent. jun. 14/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
En el mismo sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de sus diferentes secciones, se ha pronunciado señalando el principio de irretroactividad de la ley la cual rige hacia el futuro y precisando que las normas procedimentales son de orden público y de aplicación inmediata, “con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas evento en el cual los procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustanciales son las vigentes en la época en que estos se adelanten (...)” (Cfr. C.E, Sec. Cuarta, Sent. Exp. 8982, sep. 11/98, M.P. Julio Enrique Correa).
“Otra es la situación respecto de las normas procedimentales o instrumentales que regulan trámites, términos, recursos y competencias y que tienen el carácter de orden público (CPC, art. 6º), pues estas son de aplicación inmediata y prevalecen sobre las anteriores a partir de su entrada en vigencia, con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias para hacer efectivas las normas sustanciales son los vigentes en la época en que estos se adelanten” (Crf. C.E., Sec. Cuarta, Sent. Exp. 1997-3983, mar. 15/2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié).
En el mismo sentido, se pronunció esta Sección en sentencia de 19 de julio de 2007(15) y la Sala Plena de la corporación en providencia 7 de junio de 2005 de la misma consejera ponente, al decidir, con base en idénticos fundamentos normativos, que era imperativo resolver todos los recursos extraordinarios de súplica que hubieren sido interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, bajo los presupuestos consagrados en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, es decir, cumpliendo los requisitos de forma y de oportunidad allí señalados, y que estos deberían decidirse en la forma consagrada en la ley vigente a la fecha de interposición del recurso, esto es, en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446.
De lo expuesto, encuentra la Sala que procede reconocer el incentivo al actor, toda vez que la acción popular interpuesta el 24 de febrero de 2006 por Daniel Bermúdez Urrego, fue, sin lugar a dudas, determinante para la protección de los derechos colectivos invocados. Las pruebas indicadas demuestran la diligencia debida del actor popular, en aras de obtener la protección de los intereses colectivos invocados en la demanda, lo cual explica que el tribunal haya concedido el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.
6.3.1. Cuantía.
Ahora bien, en lo que respecta a la cuantía del incentivo, en casos similares, la Sala ha considerado que la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, es suficiente y ajustada a la ley, por encontrarse dentro de los mínimos y máximos previstos en la norma para el otorgamiento del citado reconocimiento económico.
La Sala estima que no hay lugar a tasar el incentivo en 150 salarios mínimos, puesto que en múltiples ocasiones ha considerado el monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, como suficientes. En efecto, mediante sentencia de 17 de febrero de 2011 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno), la Sección estableció:
“Por lo tanto, la Sala concluye que en efecto existe omisión por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá que amenaza los derechos colectivos enunciados por el actor popular, al no realizar todas y cada unas de las actuaciones necesarias para la protección de los mismos, lo que conduce a la Sala a confirmar la sentencia apelada. No obstante, se modificará lo relacionado con el incentivo económico reconocido a favor de la parte actora, en cuanto la Sala estima que son suficientes de acuerdo con las actuaciones de la misma la suma de diez (10) salarios mínimos legales vigentes”(16).
(7) Folios 277 a 279.
(8) Folios 399 a 402.
(*) N. del D.: Publicada en la revista "Tutela Acciones Populares y de Cumplimiento" Nº 35 de novimbre de 2002, págs. 2211 y ss.
(9) Folios 403 a 417.
(10) Auto de 29 de abril de 2010, Radicado 1100103240002009 00431 00, actores: Jesús María Sánchez Bedoya y otros, M.P. María Claudia Rojas Lasso (E). Por el cual se suspendieron provisionalmente los efectos de la expresión “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”, consagrada en el artículo 1º de la Resolución 004659 de 2008 (nov. 10), por la cual el Ministro de Transporte adoptó “unas medidas en materia de accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo municipal, distrital y metropolitano de pasajeros”.
(11) Artículo 14 del Decreto 1660 de 2003.
(12) Sentencia de 18 de mayo de 2011, actora: Rocío Meza Jaimes, Radicado 54001-23-31-000-2005-00232-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.
(13) Publicado en el Diario Oficial 47.937 de 2010.
(14) Sentencia de 30 de octubre de dos mil tres (2003), Radicado 85001-23-31-000-1999-2909-01 (17213), actor: Construca S.A., M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(15) C.P. Camilo Arciniegas Andrade. AP 2005-01567-01 (AP). Actora: Olga Patricia Londoño.
(16) Sentencia de 17 de febrero de 2011, Radicado 15001-23-31-000-2003-02013-01, Actor: Javier Giovanni Fúquene Cuadrado, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.