Source: http://econn.org/borrador-de-la-sesin-plenaria-celebrada-el-mircoles-25-de-marz.html?page=21
Timestamp: 2019-06-27 11:03:26
Document Index: 104538285

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Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 - Página 21
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 23; en contra, 141; abstenciones, 68.
6.1.1. PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO.
(Núm. exp. 621/000103)
El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.
El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente, vamos a presentar el dictamen del Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo entrada en esta Cámara el día 29 de diciembre de 2014, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 10 de febrero, fue ampliado hasta el día 16 de febrero de 2015. A este proyecto de ley se han presentado 115 enmiendas, una de las cuales, la número 52 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, fue posteriormente retirada.
El día 18 de febrero, la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Silvia Franco González, del Grupo Parlamentario Popular; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Maria Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular. Dicha ponencia se reunió el día 23 de febrero y emitió informe, en el que introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
La comisión se reunió para dictaminar el día 3 de marzo, y emitió dictamen de conformidad con el texto definitivamente propuesto por la ponencia en el transcurso de dicha sesión. Han presentado votos particulares a este dictamen los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.
Para información de sus señorías les anuncio que vamos a realizar tanto el debate de totalidad como el debate de las enmiendas de este proyecto de ley. Si se terminara antes de las dieciséis horas, suspenderíamos el Pleno hasta esa hora, aunque la votación de este proyecto de ley en ningún caso se realizará antes de las dieciséis horas. ¿Entendido? (Asentimiento). Me alegro.
Comenzamos con el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa).
¿Turno en contra? (Pausa).
Señorías, al no haber habido turno a favor ni en contra, no procede un turno de portavoces. Si les parece, lo dejamos para el debate de las enmiendas.
Comenzamos, por tanto, el debate de las enmiendas.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas 1 a 23 presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.
Pensaba realizar la valoración general del proyecto en el turno de defensa de las enmiendas, puesto que el tiempo del que dispongo es más que suficiente.
Llegan a este Pleno de la Cámara dos proyectos −ambos guardan relación con materia de justicia− que tienen como objetivo inicial la transposición de dos directivas comunitarias. Pero así como el siguiente proyecto tiene un contenido eminentemente técnico, este proyecto, sin ninguna duda, guarda una inspiración mucho más política que aquel.
Reconozco que al día de hoy sigo manteniendo aún la duda de si este proyecto hubiera merecido la formulación de un veto por los senadores Mariscal y por mí mismo, porque entiendo que se trata de un proyecto incompleto, porque entiendo que se trata de un proyecto que, teniendo en su enunciado un objetivo encomiable, la elaboración de un estatuto propio de las víctimas del delito, sin embargo, al desarrollar la forma en que se va a dar esa protección, resulta un proyecto incompleto que solo va a amparar a una parte de las víctimas. Se trata de un proyecto que, una vez más, da la espalda a las víctimas del franquismo, sin que sea justificación suficiente para ello la existencia de una Ley de la memoria histórica –así llamada en términos coloquiales− en la que solo se da un tratamiento parcial y, en términos que podamos fácilmente comprender, un tratamiento honorífico más que jurídico. Se trata de una Ley de la memoria histórica en la que a las víctimas ni tan siquiera se les da el reconocimiento total de esa condición a partir de lo que, en primer lugar, debiera haber sido la respuesta inmediata en aquellos casos en los que hubo una sentencia judicial: declarar la nulidad de esa sentencia. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)
Por lo tanto, este proyecto de nuevo da la espalda a las víctimas del franquismo. Incluso Amnistía Internacional, en un documento que habrá hecho llegar a sus señorías como hizo llegar a este portavoz, tras la aprobación del proyecto en el Congreso, valora que el texto olvidaba a las víctimas del franquismo y de la guerra civil, también olvidaba a las víctimas de torturas y malos tratos cometidos por agentes estatales, añadiendo asimismo que el proyecto no protegía suficientemente a las víctimas menores de edad ni a las víctimas de violencia sexual o trata de personas.
Para concluir con este capítulo de ausencias o de tratamiento insuficiente del proyecto, dentro del concepto de víctimas del franquismo, pero en la última secuela, ya víctimas de la democracia, tampoco incluye de una forma expresa, con un tratamiento claro, la situación de las víctimas vivas, las víctimas de las desapariciones forzosas de neonatos que durante el franquismo tuvieron un fundamento ideológico y luego, a finales del régimen, en la transición política y en los primeros años de la democracia, tuvieron un interés meramente mercantil. Esta ignorancia de un colectivo difícil de cuantificar, pero numeroso, se manifiesta de forma clamorosa en este proyecto cuando ni tan siquiera se da respuesta a una de las demandas más razonables de estas víctimas, la de las madres que fueron privadas de sus hijos o la de los hijos que, siendo conscientes de ello en algún momento de su vida, pretenden acceder al conocimiento de quién fue su progenitora real. En cuanto a las dificultades que siguen existiendo para el acceso a archivos y documentos, está, por una parte, la sustitución de los viejos hospitales por otros nuevos, que en la práctica significó una actuación irresponsable por parte de las administraciones, que no garantizaron la conservación de archivos y documentos de los antiguos hospitales en muchos casos y, por otra, está la dificultad que en este momento se deriva de una interpretación de la Ley de protección de datos –en mi opinión restrictiva− al impedir el acceso a documentos fundamentales para conseguir la verdad a quienes están investigando su origen o adónde fueron sus padres. Y esto por no hablar de quien tiene una documentación más amplia, la Iglesia católica, que tiene los archivos parroquiales de los bautismos y también porque fue titular de algunas instituciones sanitarias en las que se produjeron esos nacimientos que dieron lugar a las desapariciones, que se ha amparado en los contenidos del Concordato y ha negado a las personas interesadas el acceso a los archivos eclesiásticos.
Más allá de esta consideración general en esta parte del turno en defensa de nuestras enmiendas que he dedicado a lo que podía haber sido un turno de totalidad −aunque eso no habría tenido sentido−, paso a explicar a sus señorías las veintitrés enmiendas que hemos formulado el senador Mariscal Cifuentes y yo mismo, enmiendas que, en general, son bastante coincidentes con las de los demás grupos parlamentarios.
La primera plantea que se excluya del concepto de víctima a quien es responsable de los hechos que han dado lugar a esa situación de víctima. No son muchos los casos, pero los hay. Piénsese, por ejemplo, en quien acepta participar voluntariamente en una pelea y sufre algún daño. Resulta difícil considerarle víctima.
Varias enmiendas guardan relación con el otro proyecto, el que transpone la Directiva de intérpretes. En consonancia con las enmiendas al otro proyecto, en este incluimos varias que pretenden incorporar el concepto de registro de intérpretes, enmiendas 3, 7 y 8.
También en relación con los servicios de interpretación y traducción, la enmienda 4 pretende que se incorpore la necesidad de informar a las víctimas sobre las condiciones que tienen para acceder al servicio de intérpretes.
La enmienda 9 introduce la posibilidad de que la traducción escrita de documentos pueda ser sustituida por un resumen oral. La enmienda 11 pretende que, dado que nuestros procedimientos penales suelen dilatarse más de lo conveniente, los mecanismos de traducción no terminen convirtiéndose en un elemento dilatorio más para prolongar en el tiempo.
La enmienda 10 plantea que cuando se trate de una víctima por violencia de género o esta sea menor y precise la intervención de un traductor, este tenga, además de la formación propia de su condición de intérprete, la formación específica prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de protección a las víctimas de violencia de género.
Enmendamos el artículo 5 para que se ofrezca información jurídica como fase previa a la interposición de la denuncia para que la persona que acuda a presentarla tenga la posibilidad de consultar previamente con un abogado para formular la denuncia en los términos más adecuados. Y mediante una enmienda al artículo 6 demandamos que la formulación de denuncia por un inmigrante en situación irregular en ningún caso pueda dar lugar a un expediente sancionador derivado de esa condición de irregular, y que si hubiera en marcha un procedimiento de una orden de expulsión se suspenda su ejecución.
En relación con el artículo 13 del proyecto de ley presentamos varias enmiendas. La primera, de supresión. No se deriva de la directiva cuya transposición se pretende realizar con este proyecto que las víctimas de determinados delitos tengan participación en el proceso de ejecución de la condena con la posibilidad incluso, como establece el proyecto, de impugnar las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria y también la posibilidad de solicitar que se impongan a la persona a la que se concede la libertad condicional determinadas medidas. En el caso de que no prosperara la enmienda de supresión, planteamos una enmienda alternativa que pretende que el artículo 13 refleje que las víctimas puedan interesar al ministerio fiscal para que presente alguno de estos recursos o solicite la imposición de medidas que garanticen la seguridad de la víctima.
Por lo que se refiere al artículo 15, relativo a la justicia restaurativa, formulamos dos enmiendas, eliminando las sombras que el texto proyecta sobre los riesgos que en algunos casos se pudieran dar reafirmando que debe acudirse a esta fórmula siempre que redunde en interés de la víctima y eliminando la referencia expresa a que se hará cuando no esté prohibido por la ley, porque entendemos que es una obviedad, si está prohibido por la ley no es necesario que se especifique en esta ley que no se va a acudir a estos mecanismos.
Presentamos cuatro enmiendas al artículo 25, y añadimos que las medidas para la protección de las víctimas durante la fase de investigación deben ser obviamente compatibles con el derecho de defensa del investigado. Rechazamos que cuando se acuerde la celebración de vista sin público haya alguna posibilidad de que el tribunal autorice la presencia de personas con especial interés. Planteamos lo mismo que enmendamos en relación con la fase de investigación para la fase de enjuiciamiento, tanto en las medidas de protección para que sean compatibles con el derecho de defensa como para que se reconozcan las salvedades previstas en la directiva a la hora de aplicar medidas de protección a las víctimas, salvedades que no refleja el proyecto.
Enmendamos igualmente el artículo 78 con el objetivo de que se atribuyan las funciones previstas en el proyecto para la oficina de asistencia a las víctimas a las dos oficinas que ya existen, a la Oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y a la Oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo.
Presentamos una enmienda a la disposición final primera tres para que los perjudicados puedan ejercer no solo las acciones civiles, como refleja el proyecto, sino también las acciones penales, o ambas. Mediante otra enmienda solicitamos la supresión de la disposición final primera diecisiete, que hace referencia también a la posibilidad de autorizar la presencia en las vistas sin público. Otra enmienda de supresión afecta a la disposición final primera veintitrés porque entendemos que no hay motivo alguno para establecer un plazo específico de 20 días, mucho más amplio que el previsto en la normativa, para recurrir el auto de sobreseimiento.
Estas son las enmiendas que los senadores de Izquierda Unida hemos formulado a este proyecto y para las que solicitamos el apoyo del Pleno de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 24 a 30.
Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra su portavoz, el senador Bildarratz.
En primer lugar, quiero decir que a nosotros también nos ha sorprendido el procedimiento porque entendíamos que íbamos a disponer de un turno de portavoces, con lo cual, nos lleva a cambiar el esquema del debate. En estos momentos, tenemos siete enmiendas, con lo cual, tendremos siete minutos. Intentaremos reflejar de manera sintética nuestras preocupaciones, si bien el debate global del proyecto de ley lo haremos en el turno de portavoces.
Nuestra mayor preocupación viene dada por la enmienda que hemos presentado al artículo 13, y vemos que el debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados fue de manera similar; de hecho, existe en el Reglamento del Congreso de los Diputados una posibilidad para votar de manera separada, y así lo hicieron; es decir, el artículo 13 se votó de manera separada al resto del articulado del proyecto de ley. En ese sentido, gran parte de los grupos en el Congreso mostramos una gran preocupación por el significado de este artículo; en estos momentos, considero que no hemos avanzado nada y, por ello, vamos a mostrar la misma preocupación, me refiero a la participación de la víctima en la ejecución.
Entendemos cuestionable la inclusión de este artículo por dos razones principalmente: primero, porque es una regulación que no viene obligada por el desarrollo de ninguna normativa europea y, segundo, porque puede suponer, tal como plantea el Consejo de Estado –esta reflexión también la presenta el Consejo de Estado−, una serie de interferencias con nuestro sistema penal y penitenciario. El precepto al que estamos aludiendo plantea dos niveles de participación de la víctima en la ejecución: por una parte, el apartado 1 legitima a las víctimas para impugnar determinadas resoluciones de la fase de ejecución, aunque no se hubieran mostrado parte en la causa; y el apartado 2 señala que las víctimas estarán legitimadas para interesar al ministerio fiscal para que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, facilitar al juez o tribunal cualquier información para resolver sobre la ejecución de una pena impuesta y, antes de que el juez de vigilancia penitenciaria tenga que dictar una resolución, la posibilidad de alegar en un plazo de cinco días. Por tanto, consideramos que esto puede exceder, tal como estamos diciendo, el ánimo del legislador, tanto en el ámbito del derecho penal como en el penitenciario.
Entendemos que es un criterio diferente al utilizado en el derecho comparado de todo nuestro entorno; no conocemos ejemplo similar en ese sentido, y eso también nos llama la atención, porque nos parecería adecuado si lo que verdaderamente se pretende con la introducción de este artículo fuese que las víctimas tuviesen un real conocimiento y poder dar una opinión en el ámbito de la actuación de las instituciones que van a gestionar el cumplimiento de la sentencia. Está claro que a la víctima de un delito, en nuestra opinión, le resulta importantísimo conocer el cumplimiento de la pena del condenado, las condiciones de excarcelación, porque, evidentemente, eso va a tener una serie de consecuencias, sobre ella, en relación con la seguridad. Repito, hay una serie de consecuencias que es necesario que la víctima conozca. Pero en la medida en que el artículo 13 da instrumentos para condicionar lo que en el propio preámbulo se califica de monopolio estatal para la ejecución de las penas, pues las víctimas pueden condicionar lo que ya en el preámbulo se define como objeto del Estado, este artículo deja para nosotros de ser válido porque rompe peligrosamente con algo que continuamente ponemos encima de la mesa en continuos debates: la resocialización o, dicho de otra manera, un derecho fundamental recogido en el artículo 25 de la Constitución española. Porque no olvidemos que el objeto de las penas es resocializador.
Si la puesta en marcha de este proyecto de ley supusiese un mayor número de denegaciones de beneficios penitenciarios es evidente que repercutiría negativamente en las expectativas de reinserción del penado, es decir, iría en contra de lo que el constitucionalista en su momento o la Constitución en estos momentos dice que es uno de sus grandes objetivos. En nuestra opinión, la víctima debiera encontrar su resarcimiento en la sentencia, pero sin interferir en el objetivo que marca la Constitución española a la hora de la reinserción.
Quiero traer a colación también que el propio Consejo de Estado, al hablar de este artículo, menciona en su informe el auto del 3 de julio de 1989 del Tribunal Constitucional en el que -leo textualmente- dice: “La forma de cumplimiento de la pena escapa al interés de quien fue acusador particular en la causa de la cual deriva la pena en la medida en que el derecho a castigar, ius puniendi, lo ostenta en exclusiva el Estado”.
Como no tengo mucho tiempo voy a hacer referencia al resto de las enmiendas. Una de ellas corresponde a la justicia restaurativa. Entendemos oportuno que se introduzca un concepto lo más amplio posible de la misma en el que el diálogo tenga un papel predominante. Queremos una noción de justicia restaurativa no solo pensada para restaurar a la víctima, sino para resolver los problemas creados o relacionados con el delito para todas las partes implicadas. Por ello, se propone una redacción lo más ceñida posible a lo establecido en la directiva que permite avanzar hacia una concepción del derecho humanitario en beneficio de la víctima y del infractor. En este sentido, hemos formulado dos enmiendas. Es verdad que tenemos que cuidar, mimar, ayudar en todo lo posible a la víctima, pero también, evidentemente, hemos de potenciar la justicia restaurativa y el diálogo para ayudar a la resocialización del penado.
Tenemos también algunas enmiendas que aluden a las asociaciones de víctimas. Creo que puede hacerse una reflexión similar a la que hemos hecho con el artículo 13. Para finalizar, hemos presentado alguna enmienda importante relativa al ámbito competencial porque tenemos que cuidar de las competencias que, en materia de justicia, van a tener las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.
El Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya presenta dos grupos de enmiendas, uno, de la 31 a 37 y 39 a 44 y, dos, de la 45 a 51 y 58 a 64.
Para la defensa de las primeras enmiendas, tiene la palabra el senador Bruguera.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero manifestar la posición de los senadores del PSC, dentro de la Entesa, relativa a la necesidad de disponer de un estatuto jurídico, de una ley de protección y apoyo a la víctima del delito que contemple aspectos jurídicos y procesales y también materiales, de representación económica, pero también -y yo diría que especialmente- aspectos derivados de cuestiones sociales y morales.
Estamos de acuerdo en que globalmente esta ley es necesaria también por otras razones. En primer lugar, porque las víctimas de los delitos no pueden ser objeto de debate partidista o no deberían serlo y no pueden ser patrimonializadas por ningún partido político ni Gobierno.
En segundo lugar, también como se ha dicho, la necesidad de transposición de tres directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico: la que establece normas mínimas sobre derechos al apoyo y protección de las víctimas del delito; también la de la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y a la pornografía infantil y, finalmente, una tercera directiva, del año 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
En tercer lugar, desde un punto de vista global, también es importante recoger en un solo texto legislativo la necesidad de ampliar el catálogo de derechos de las víctimas del delito, previsto ya en nuestro país en unas cuantas leyes, como son, por ejemplo, la Ley de 1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, o la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, como también la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
A nuestro juicio, señorías, a este catálogo de leyes les faltan dos más que, entendemos, también deberían ser recogidas en el preámbulo. Nosotros proponemos, repito, incorporar estas dos leyes al preámbulo con la enmienda 31 -que es la primera de las catorce que hemos presentado-, es decir, incorporar tanto la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, sobre reconocimiento, ampliación de derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, como también las víctimas de delitos contra la seguridad vial.
La siguiente enmienda, la 32, también al preámbulo, lo que propone es incorporar la palabra “falta” en la definición del concepto amplio de víctima. El proyecto de ley solo contempla el delito y, de ser así, quedaría fuera una parte muy importante de las víctimas de accidentes de tráfico, puesto que la mayoría de las infracciones penales en esta materia son juzgadas como falta y no como delito.
La enmienda 33 es al artículo 5, apartado 1, letra m. El proyecto de ley prevé que la víctima debe realizar una solicitud para ejercer el derecho a la información y notificación de determinadas resoluciones judiciales. En esta enmienda, nosotros proponemos eliminar el derecho a efectuar esta solicitud por “el derecho a ser notificada”, es decir, que la notificación se produzca de oficio y no a instancias de parte. No voy a comentar todas las enmiendas.
La 36, al artículo 8, apartado 1, pretende ampliar a los empleados o colaboradores de entidades aseguradoras la prohibición de ejercer sus servicios antes de un mes desde el hecho delictivo. Se trata, por lo tanto, de evitar, por ejemplo, que en accidentes de tráfico, se pueda aprovechar el periodo de un mes de que dispone la víctima, y así evitar un posible perjuicio a la misma.
La enmienda 37 hace referencia al controvertido artículo 13, que en el proyecto de ley pretende dar entrada a las víctimas en la ejecución de las penas. De hecho, es una cuestión que ya está prevista en el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal, como es el de velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. ¿Pero qué ocurre en la práctica, en la realidad? Pues que el ministerio fiscal no cumple regularmente, con asiduidad, con este requisito por diversos motivos, pero, especial y fundamentalmente, por la falta de recursos humanos con que cuenta, y a falta de esto, lo que propone este artículo es encontrar una solución barata y fácil, pero que entendemos que afecta de pleno a nuestro modelo de ejecución y que vulnera, además, el contenido de la Ley Orgánica penitenciaria, como también va en contra del artículo 25 de la Constitución, que establece que las funciones de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad van encaminadas a la reinserción social y a la reeducación de los presos. Por tanto, creemos que con esta enmienda mejoramos sustancialmente el texto y respetamos el espíritu y la letra de las disposiciones legislativas que les he comentado.
La enmienda número 39, al artículo 15.1, propone incorporar el concepto de mediación, que no aparece en ninguno de los artículos del proyecto de ley.
La enmienda 40, al artículo 23, propone sustituir el concepto de delitos de desaparición forzosa por delitos de homicidio, detenciones ilegales y secuestros, porque entendemos que está más ajustado a los términos previstos en nuestras leyes.
La enmienda 41 propone la supresión del artículo 35, que prevé la obligación de reembolso en caso de denuncia falsa o simulación de delito y lo hacemos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque esto ya está recogido en el Código Penal, concretamente en el artículo 456, y, en segundo lugar, porque podría llevar a la conclusión de que existe un número significativo de denuncias falsas, por ejemplo en violencia de género, cuando leyendo el propio informe del Consejo General del Poder Judicial nos damos cuenta de que este número es insignificante.
La enmienda 42, en la que proponemos la modificación de la disposición adicional primera, busca la mejora de la transparencia con la necesidad de realizar evaluaciones periódicas del sistema de atención a las víctimas de delito, prevista en esta disposición adicional. Resumiendo, lo que proponemos es sustituir la presentación al Congreso de los Diputados de un informe anual por parte del Gobierno por comparecer ante la Comisión de Justicia del mismo.
Finalmente, la enmienda número 44 propone incorporar el acceso a las ayudas a las víctimas extranjeras sin residencia legal, de acuerdo con lo que prevé nuestra legislación de extranjería.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bruguera.
El Grupo de Entesa presenta también las enmiendas 45 a 51 y 53 a 64.
Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Saura.
Antes de pasar a defender las veinte enmiendas que presentamos, quiero decir que este proyecto de ley no ha sido objeto de ningún veto porque compartimos profundamente la necesidad de que desde los poderes públicos, desde las administraciones se dé respuesta no solo a cuestiones jurídicas, sino también sociales y de acompañamiento a las víctimas y a las posibles consecuencias. Desde ese punto de vista, quiero decir que es positiva la presentación de este proyecto de ley, que podemos discutir las posibles insuficiencias pero a mí me gustaría que algunas de las enmiendas que presentamos los diversos grupos, que pretenden mejorar el texto al margen de debates ideológicos, se pudieran aceptar. En comisión se hizo un esfuerzo por parte de las ponentes del Grupo Popular para llegar a acuerdos, pero aún sería posible llegar a más.
Me interesa destacar que hay un primer debate, y es qué son las víctimas, hasta dónde llegan las víctimas. En nuestras enmiendas no hemos planteado ninguna referencia a las víctimas del franquismo, no porque creamos que este asunto esté resuelto, sino porque nos parece que se ha de resolver en otro espacio, independientemente de que votemos favorablemente las enmiendas que otros grupos han formulado en este sentido. Nos parece, por la misma naturaleza de las víctimas del franquismo, que la Ley de memoria histórica necesita una reconsideración de las víctimas. Entendemos que es importante que figure clarísimamente que las víctimas de los accidentes de tráfico estén recogidas en esta ley, independientemente de que en el preámbulo no lo estén. ¿Por qué? Porque en el Gobierno catalán he tenido la oportunidad de trabajar durante cierto tiempo con las víctimas de tráfico y es terrible. En este momento, los accidentes de tráfico son una de las grandes lacras que tenemos.
De todas las enmiendas, hay una que tiene carácter político y otras más administrativo o técnico. La de carácter político ya se ha planteado en las anteriores intervenciones. Me refiero al artículo 13, que permite que las víctimas intervengan en la fase de ejecución de la sentencia. Ya se han leído, pero quiero mencionar que hay cinco o seis páginas del dictamen del Consejo de Estado que dan razones para que esto no sea así. O sea, las víctimas participan intensamente hasta que se dicte sentencia, pero una vez que se dicta sentencia el Consejo de Estado da muchísimos argumentos, que voy a evitar leer, para que no se considere este artículo. Además, no sé si este artículo abre el camino a futuras posibles decisiones pero creo que hubiera sido conveniente reflexionar más. A mí, personal y políticamente, me parece grave que en la fase de ejecución de la sentencia las víctimas puedan intervenir. Porque, en definitiva, la responsabilidad de la ejecución de la sentencia es pública y a nadie se le escapa que, independientemente de las consecuencias negativas que pueda tener una víctima, la posición de esta es parcial. Necesariamente, lógicamente, naturalmente, es parcial. Y queda abierto en la actual legislación que el fiscal represente los intereses de las víctimas en el proceso de ejecución. Por lo tanto, yo creo que este es un tema importante, grave, el único tema en el que desde mi punto de vista, política y profundamente, estamos en desacuerdo.
Voy a leer muy rápidamente, toda vez que las enmiendas que el señor Iglesias y yo planteamos son prácticamente las mismas, algunas de ellas que mejorarían la voluntad que expresa el proyecto de defender los intereses de las víctimas o de mejorar sus garantías. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).
En las enmiendas 45 y 46 se hace referencia al artículo 2. Lo que vienen a decir es que el artículo 2 da derechos a las víctimas y nosotros añadimos que en el caso de que una persona sea víctima pero sea la responsable del suceso, que no tenga estos derechos o que tenga menos derechos. Es decir, no es lo mismo la persona víctima de un atropello que la persona que produce el atropello y que, por tanto, a pesar de haber recibido impacto negativo es la responsable.
Después hay una serie de artículos en el proyecto de ley que hacen referencia a los derechos o a las garantías de las víctimas. Creemos que es importante poder añadir que además de que a la víctima se le digan cuáles son los derechos o garantías que tiene, se le pueda decir cómo conseguirlos, es decir, dónde ir para que sean realidad los derechos que se tienen.
En la enmienda 49, al artículo 6, planteamos un símil con lo que la normativa actual dice de la Ley de Extranjería o la trata de blancas. En definitiva, decimos que si cuando se produce la denuncia o la declaración de la víctima se ve que tiene una situación irregular, no se abra el expediente sancionador, sino que antes se mire.
Luego hay toda una serie de enmiendas que tienen relación con el tema de la traducción e interpretación. Es decir, que puede haber no solo traducción consecutiva, sino traducción susurrada.
Asimismo, el artículo 25, apartado 2 letra d), dice una cosa que no se entiende mucho. Dice así: La celebración oral, sin presencia del público, que decide el juez puede ser modificada si el juez aprecia que hay personas interesadas en la causa. A nosotros esto nos suena absolutamente raro. ¿Qué quiere decir que haya personas interesadas en la causa? Todo el mundo puede estar interesado en la causa. Y, luego, la disposición adicional segunda es una disposición que se repite en otros proyectos de ley que viene a decir: Hágase esta ley pero no se gaste más dinero. Lo que planteamos es que, como esta ley va a suponer un incremento del gasto público, se debería suprimir.
En síntesis, creemos que el objetivo de la ley es compartido por todos los grupos parlamentarios, lo cual motiva que no haya vetos. Pensamos que en algunos aspectos relativos a las garantías de las víctimas esta ley es insuficiente, y nos preocupa el artículo 13. Pero, a pesar de que votemos a favor de aquellas enmiendas que plantean incorporar en esta Ley la memoria histórica, nos parece que sería más justo y más solemne que ese tema, aún pendiente en el Estado español, fuera acompañado de una modificación de la Ley de la memoria histórica.
Para la defensa de las enmiendas 81 a 114, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.
Aunque valoramos positivamente que se regule en un proyecto de ley un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas, cumpliendo con obligaciones de transposición de directivas y recogiendo también demandas sociales, mi grupo ha presentado un total de treinta y cuatro enmiendas: dos de supresión, cinco de adición y veintisiete de modificación, pues entendemos que el proyecto es mejorable.
Nuestra primera enmienda, la número 81, tiene como finalidad ampliar la definición del concepto de víctima directa e indirecta. Se propone ampliar el concepto de víctima directa a aquellos que hayan sido sujetos pasivos de infracciones penales, no solo delitos, y tanto en grado de consumación como de tentativa, de las que se hayan derivado cualquier daño o perjuicio. Asimismo, se pretende ampliar el concepto de víctima indirecta a aquellos supuestos en que la víctima directa del hecho delictivo sufra lesiones que le produzcan incapacidad o invalidez de tal gravedad que la haga dependiente de terceros, asimilándolas a las situaciones de fallecimiento o desaparición ya previstas en el proyecto. Asimismo, entendemos que resulta necesario extender el alcance de la víctima indirecta a cualquier pariente, tanto en línea directa como colateral, así como al tutor de la víctima directa.
La segunda enmienda, la número 82, pretende la extensión del alcance subjetivo del proyecto de ley a víctimas, niños o niñas, menores de edad. Las consecuencias de ser testigo de violencia durante la infancia son equiparables a las que sufre la víctima menor de edad. En este sentido Naciones Unidas recomienda hacer extensivas las disposiciones de asistencia disponible para las víctimas a los niños y niñas testigos de delitos. Este organismo incide en la necesidad de que, después de cometido el delito, se ofrezca a los niños y niñas testigos, lo más rápidamente posible, el mismo tipo de asistencia social o psicológica que a las víctimas, para intentar mitigar la experiencia traumática y reducir la posibilidad de revictimizarles durante el proceso judicial.
Con la enmienda 83 se pretende una mejora técnica en la transposición de la directiva sobre el catálogo de derechos de la víctima. En el citado catálogo se propone incluir la atención legal, psicológica y social dentro de los derechos de las víctimas y mejorar de este modo la transposición de la Directiva 2012/29.
Mediante la enmienda 84 pretendemos incluir el interés superior del menor dentro del derecho de las víctimas, incluyendo una especificación para todos los derechos de las víctimas menores de edad con el objetivo de proteger el interés superior del menor en todo momento.
La enmienda 85 tiene como objetivo garantizar el derecho de la víctima a entender y a ser entendida. Se prevé especialmente el derecho a obtener información en un lenguaje adaptado a la madurez e idioma del niño; que el personal que atienda a discapacitados, niños o personas con la capacidad judicialmente complementada, cuenten con formación en psicología; a diferenciar las actuaciones dirigidas a la infancia de las dirigidas a personas con discapacidad; y que la víctima pueda acompañarse en todo momento de una persona de su elección, no solo en el primer contacto con las autoridades, sino desde el primer contacto con la autoridad.
La enmienda 86 tiene como objetivo garantizar unos servicios de interpretación y traducción adecuados, en lugar de meramente disponibles. Se propone sustituir en el proyecto el término “disponibles” cuando se refiere a los servicios de interpretación y traducción por “adecuados”, para garantizar el derecho a una traducción e interpretación fidedigna y de calidad y la comprensión de la víctima.
La enmienda 87 modifica el artículo 5.1.m) pues consideramos que la víctima debe poder decidir si quiere o no recibir la información. En caso de que la víctima solicitase ser notificada, es importante que se le garantice que el canal de comunicación o notificación sea el más adecuado para la víctima. Asimismo, es necesario garantizar no solo que le llega la información a la víctima sino que también la entienda y comprenda, por ello se recomienda que pueda dirigirse al servicio de atención a la víctima o a la propia autoridad para que le orienten, informen y garanticen, en última instancia, su protección y seguridad.
Mediante la enmienda número 88 se pretende incluir el derecho de la víctima a recibir asistencia del abogado en el momento de presentar la denuncia, y en coherencia con las enmiendas anteriores.
La enmienda 89 propone la modificación del artículo 7.1 para que no solo se garantice que la víctima reciba la comunicación, sino que en este tipo de resoluciones la comunicación deba hacerse a través de expertos en atención a las víctimas para evaluar la situación, las necesidades de la víctima, y revisar las pautas de autoprotección para garantizar la seguridad, así como minimizar el impacto que pueda tener en ella el recibir este tipo de comunicaciones.
La enmienda 90 modificaría el apartado 3 del artículo 7 para ampliar el derecho de las víctimas a recibir notificación de resoluciones que acuerden prisión o posterior puesta en libertad del infractor, y resoluciones de adopción o modificación de medidas cautelares personales también a las víctimas de delitos violentos tales como el delito contra la libertad sexual, la trata de personas, el terrorismo, y en los que se evalúe un riesgo para su integridad y protección.
Con la enmienda 91 pretendemos que la víctima sea asistida gratuitamente por un intérprete, no solo en las declaraciones judiciales, sino también en el momento de interponer denuncia al igual que el acompañamiento de abogado.
La enmienda 92 es de mejora técnica que propone sustituir el término “resumen oral”, que es lo que figura en el proyecto de ley, por “traducción a vista”, pues es más adecuado ya que supone una reformulación oral completa y fiel de un documento escrito y no un resumen a criterio del intérprete. La enmienda 93 tiene como objetivo ampliar la participación activa de la víctima en el proceso penal mediante la modificación del artículo 11.
Tenemos otra enmienda, la 94, que coincide con otros grupos y que es de supresión del artículo 13 que dispone la participación de la víctima en la ejecución de la condena del infractor, puesto que consideramos también que este precepto es contrario al sistema actual de ejecución penal, así como al principio de atención integral a las víctimas como proceso recuperador y no revictimizador. Dar este protagonismo a las víctimas en la ejecución penal puede suponer, entendemos, la generación de alarmas innecesarias, potenciar la sensación de miedo e indefensión, así como sentimientos de venganza, a la vez que interfiere y perjudica los procesos y programas de reinserción y rehabilitación de las personas penadas.
La enmienda 95 tiene por objetivo que el derecho a que la víctima sea reembolsada por los gastos ocasionados en el proceso de forma preferente a los que se hubiera causado al Estado quede establecido siempre, y no solo en los supuestos establecidos en este precepto, imposición en sentencia o actividad más o menos eficaz de la víctima en el proceso penal. En ningún caso puede anteponerse el derecho económico del Estado al de la víctima del ilícito penal.
La enmienda 96, de modificación del artículo 16, propone especificar que las solicitudes de reconocimiento del derecho a asistencia gratuita deberán presentarse ante el colegio de abogados o remitirse al colegio de abogados que resulte territorialmente competente en el caso de que fuera presentada ante otra instancia. Se pretende modificar también el artículo 18, pues entendemos que debe indicarse expresamente que los bienes restituibles deberán ser de lícito comercio a fin de evitar que una ley reconozca la obligación de entregar a un denunciante, por ejemplo, una sustancia estupefaciente que tuviera en su casa y le hubiera sido robada.
La enmienda 98 pretende la modificación del artículo 19, pues resulta necesario especificar que las medidas que deban adoptarse por parte de autoridades y funcionarios para la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos deben ser motivadas para evitar que sean llevadas a cabo acciones deliberadas.
La enmienda 99 pretende evitar que el derecho de la víctima a ser acompañada por una persona de su elección, además de por su abogado, se traduzca en una merma de garantías procesales. Proponemos también la modificación del apartado 2 a) 1º del artículo 23 mediante la enmienda 100, modificando la expresión “víctimas necesitadas de especial protección” por la de “víctimas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad”, puesto que deberá ampliarse para incluir las características personales de la víctima de forma que queden recogidos cualesquiera vínculos personales en los que concurran factores de especial vulnerabilidad. Asimismo consideramos que resulta necesario tratar por separado y de manera especial el supuesto de las víctimas menores de edad para salvaguardar el interés superior del menor, lo cual requiere que las medidas que se adopten estén suficientemente motivadas.
Por lo que a la valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de medidas de protección se refiere proponemos modificar el artículo 24.1 b) para que se explicite la necesidad de que la resolución emitida por el tribunal haya tenido en cuenta los informes de los expertos.
La enmienda 102 consiste en unas mejoras técnicas en las medidas de protección a la víctima del artículo 25. Proponemos eliminar la expresión “la credibilidad de la declaración de la víctima” para proteger el derecho de la víctima en su intimidad y a no responder cuestiones privadas que resulten improcedentes para la causa penal. Por otra parte, la enmienda también pretende que la resolución del juez o presidente del tribunal que autorice la presencia de personas interesadas en las vistas orales sin presencia de público deba ser motivada.
Mediante la enmienda 103 proponemos regular separadamente las medidas de protección de discapacitados y las de menores con la finalidad de salvaguardar mejor sus derechos y tener una atención prestada por expertos en psicología, que se indique expresamente cuando sea posible.
La enmienda 104 es de adición al artículo 26 bis. Como en la enmienda anterior, se propone regular separadamente las medidas de protección de discapacitados y de menores; por un lado, se pretende corregir la falta de contundencia a la hora de proponer que el testimonio de la víctima menor de edad y su valoración sea asumida por expertos y, por otro lado, la falta de medidas de protección en los casos donde se declara el sobreseimiento provisional por falta de pruebas.
También proponemos modificar el artículo 28.2, con una mejora técnica sobre las funciones de las oficinas de asistencia a las víctimas. Se propone instaurar un sistema específico de prestaciones y apoyos para los supuestos en que la persona con discapacidad ha sido víctimas de un delito, pues es imprescindible el reconocimiento de que tienen necesidades específicas que deben ser tenidas en cuenta en las medidas de apoyo contempladas en esta ley, y la verdad es que las echamos en falta.
La enmienda 106, al artículo 30, tiene la finalidad de reflejar en el proyecto con más precisión lo establecido en la Directiva 2012/29 y garantizar una mejor formación del personal que atiende a las víctimas; se propone incluir una mención explícita de los psicólogos en este tipo de formación. Consideramos necesario tener en cuenta en esta formación a las fundaciones y asociaciones de víctimas como colaboradores, ya que debido a su experiencia y conocimiento del trato con las víctimas pueden dar a conocer de primera mano sus necesidades reales. Respecto al artículo 32, se propone añadir también en los casos de personas con discapacidad en el ámbito de la cooperación con los poderes públicos a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.
Mediante la enmienda 108, al artículo 35, se propone directamente su supresión en cuanto establece la obligación de reembolso por parte de la víctima. Damos mucha importancia a esta enmienda pues la situación es preocupante; se prevé que este precepto va a provocar una disminución importante en el número de denuncias porque la víctima se plantee no denunciar bajo la amenaza de tener que reembolsar los gastos ocasionados. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que una parte de los supuestos en los que se debería efectuar el reembolso no son adecuados, pues el supuesto de sobreseimiento de la causa, por ejemplo, ya está regulado en el artículo 636 de la Ley de enjuiciamiento criminal, por lo que parece que el legislador esté introduciendo una nueva causa de sobreseimiento, muy especialmente en los delitos de violencia de género y denuncia falsa, cuando ya existen mecanismos jurídicos para depurar responsabilidades en estas situaciones, como el establecido en el artículo 456 del Código Penal, que expresamente tipifica el delito de denuncia falsa o simulación de delitos con multas o pena de prisión.
Con la enmienda 109 pretendemos modificar la disposición transitoria única para puntualizar que las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables a las víctimas de delitos a partir de la fecha de su entrada en vigor, sea cual fuere el estado de los procedimientos en marcha o por iniciarse, especificándolo.
La 110 modifica la disposición final primera en su apartado 12, en relación con el artículo 448 de la Ley de enjuiciamiento criminal y la declaración de las víctimas como testigos en el proceso. Consideramos que conviene regular separadamente los supuestos de personas con capacidad judicialmente complementada de las víctimas menores de edad, puesto que las circunstancias a tener en cuenta son diferentes en ambos casos.
Finalmente, las enmiendas 111 a 114 consisten en mejoras técnicas en las medidas de protección del interés superior del menor en todo momento, en la conveniencia de regular separadamente los supuestos de personas con capacidad judicialmente complementada de las víctimas menores de edad en relación con la declaración de las víctimas como testigos y la adición de un nuevo apartado, 12 bis, a la disposición final primera para evitar el encuentro del niño testigo con el inculpado durante su declaración como condición esencial para la protección de la víctima menor de edad, evitando la revictimización, entre otros posibles perjuicios, y previendo la posibilidad de evitar su presencia en el juicio oral mediante la preconstitución probatoria.
Estas son las enmiendas que presentamos y por las que solicitamos el apoyo de esta Cámara.
Enmiendas del Grupo Socialista, 65 a 72 y 74 a 80. Tiene la palabra la senadora Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Debatimos hoy un proyecto de ley, el del Estatuto de la víctima del delito, que es de gran importancia para el Grupo Socialista; y es de gran importancia porque va unido directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos: derechos procesales, derechos extraprocesales, y a la defensa también de sus bienes materiales y morales. Por tanto, es un proyecto de ley que quiere hacer justicia a una demanda que es básica y que es la del conjunto de la sociedad española. Es, por consiguiente, un proyecto que consideramos ineludible y que sigue muy de cerca las líneas que traza la Directiva 2012/29/UE, que establece normas mínimas —reitero, mínimas— sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de los delitos.
Es un primer paso en el reconocimiento de la dignidad de estas víctimas, de sus derechos, de garantizar un trato justo, de mejorar el acceso a la justicia, de mayor protección y de defensa de bienes materiales y morales. Reitero que es un primer paso, si bien porque un gran número de casos que se establecen, contienen criterios que resultan claramente restrictivos en relación a contenidos de la propia declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos, así como de la limitación en la exigibilidad de la adopción de medidas protectoras de sus derechos que permitan hacer efectivos dichos derechos con el establecimiento de las garantías necesarias. Y en esta línea presentamos hoy nuestras enmiendas, las enmiendas del Grupo Socialista, con un objetivo claro, el de contribuir a un mejor Estatuto de la víctima del delito. Y paso, a continuación, a su defensa.
En primer lugar, presentamos las enmiendas 65 y 66 al preámbulo de este proyecto de ley con el objetivo de ampliar el concepto de víctima por cualquier delito o falta, cualquiera que sea su naturaleza. Y esto es porque en este proyecto de ley se restringe notablemente el concepto de víctima, quedando fuera colectivos tan importantes como víctimas derivadas del delito de tráfico, delitos contra la seguridad vial y delitos de víctimas del franquismo.
Y quiero centrarme en este último caso, en la enmienda que establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas durante la guerra civil y la dictadura; en definitiva, a las víctimas del franquismo, de las cuales se olvida este proyecto de ley.
En segundo lugar, las enmiendas números 67, 69 y 70 persiguen el objetivo de ampliar muchos de los derechos previamente recogidos en España; en este caso, los derechos de notificación e información que se condicionan a la previa solicitud de la víctima. Este proyecto de ley, de hecho, no debería en ningún caso afectar ni limitar derechos que ya están recogidos en otras normas. Y quiero hacer referencia a este derecho de notificación y de información, que ya está recogido en la propia Ley de enjuiciamiento criminal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de ayuda y de asistencia a las víctimas de violencia y contra la libertad sexual y que, reitero, en este proyecto de ley se limita más claramente. Por ejemplo, en materia de violencia de género, la necesidad de solicitud previa puede llevar a una falta total de notificación a las víctimas de las resoluciones judiciales que son transcendentales para su defensa y seguridad, si no lo han solicitado previamente y no están debidamente personadas en el procedimiento. Por lo tanto, el objetivo que se pretende con estas enmiendas es evitar situaciones de indefensión, situaciones de riesgo para la vida o integridad de muchas víctimas, cuya seguridad peligra incorporando la obligación legal de información y notificación previa a dicha víctima.
Respecto a los delitos contra la seguridad vial, con la enmienda número 71, al artículo 8.1, se amplía no solo a los abogados y procuradores, sino también a empleados y colaboradores de entidades aseguradoras, la posibilidad de ofrecer sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho. Es una demanda de las propias víctimas y con ello se trata de evitar que en los supuestos de accidentes de tráfico pueda aprovecharse ese periodo de reflexión para inducir a las víctimas a realizar trámites o gestiones que puedan suponerles perjuicio en el futuro.
En cuanto a la enmienda número 74, este proyecto de ley carece de la más mínima regulación legal del proceso de mediación. Es por ello que mediante esta enmienda pretendemos que este proceso de mediación se incorpore a este proyecto.
En cuanto a la enmienda número 75, se propone sustituir la mención de los delitos de desaparición forzada por la de delitos de homicidio, detenciones ilegales y de secuestro, tal y como indica el informe del Consejo Fiscal. Parece idóneo cambiar esta mención de delitos de desaparición forzada.
En la enmienda número 77, a la disposición adicional primera, se propone, en aras de mejorar la transparencia, que el Gobierno comparecerá en la Comisión de Justicia para informar sobre la evolución anual y las propuestas de mejora del sistema de protección a las víctimas y las medidas que en su caso proponga para garantizar su eficacia,
La enmienda número 78 es de supresión de la disposición adicional segunda, en la medida en que imposibilita un incremento de dotaciones, retribuciones y otros gastos de personal. Si se incorporan modificaciones y se contemplan derechos no previstos en la normativa vigente conllevará un incremento en las dotaciones pero, si no se lleva a cabo, lógicamente supondrá un detrimento en el derecho de estas víctimas a poder defenderse de una manera justa.
La enmienda número 79 hace referencia a la disposición final primera. El recurso contra la incautación se entenderá interpuesto cuando, además de haber mostrado su disconformidad con él, la persona afectada o un familiar suyo mayor de edad haya manifestado la voluntad de impugnar la incautación, puesto que quien recurre accede al proceso y asume también sus cargas.
Proponemos también una nueva disposición final mediante la enmienda número 80, para que puedan acceder a ayudas y a asistencia las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual quienes en el momento de perpetrarse el delito se encuentren en territorio nacional, con independencia de cuál sea su nacionalidad y residencia legal. Por tanto, incorporamos a mayores que se tenga en cuenta este requisito, es decir, con independencia de cuál sea la nacionalidad o la residencia legal de la víctima.
Finalmente, señorías, quiero hacer referencia a las dos últimas enmiendas, que son las que consideramos más importantes.
En primer lugar, la enmienda número 72, de modificación del artículo 13, relacionada con la intervención de la víctima en el proceso de ejecución, que nosotros podríamos considerar positiva, en la práctica, tal y como está redactado este proyecto de ley, va a suponer un retroceso, va a ser sumamente negativa. Y permítanme que plantee cuál es la modificación que proponemos desde nuestro grupo. Tal y como está redactado este artículo 13, a nuestro juicio vulnera materias y leyes tan importantes como las penitenciarias, en concreto la Ley Orgánica general penitenciaria, la cual introdujo un sistema de ejecución de la pena por el que se implantaba la individualización científica, de modo que las decisiones que se tomaban tenían como destinatario al recluso, primando así la reinserción del sujeto, lo cual nos lleva a su vez a lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución, que establece que las funciones privativas de libertad y de las medidas de seguridad van encaminadas a la reinserción social y a la reeducación de presos.A su vez, debemos tener en cuenta que el ministerio fiscal, en su artículo 1, señala que este tiene como misión velar por la defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y por el interés público tutelado por la ley. En particular, en el artículo 3.10 del mismo texto legal se atribuye la función de velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y la asistencia efectiva.
Y es en esa línea, señorías, en la que nosotros planteamos nuestra enmienda, en la necesidad de que sea el ministerio fiscal quien realice una audiencia con las víctimas para escuchar las alegaciones que estas quieran formularle y que, en última instancia, sea el ministerio fiscal quien decida si formulará los recursos o no ante la resolución judicial correspondiente. Esto es lo que consideramos que sería en la práctica efectivo para que realmente exista una defensa justa de los derechos de las víctimas.
A continuación, quiero hacer referencia a la segunda enmienda, la enmienda número 75, que consideramos también de gran importancia. Es una enmienda de supresión del artículo 35 del proyecto de ley. Suprime, en este caso, la obligación impuesta a aquellas víctimas de violencia de género que sean condenadas por denuncia falsa o simulación de delito de devolver las cantidades recibidas en concepto de ayuda con un interés del 50%. La devolución legislada afecta también, incluso, a los gastos causados a la Administración por las actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo a la víctima. Las cantidades percibidas tendrán que reintegrarse con un incremento al interés legal del dinero aumentado en un 50%.
En nuestro grupo lamentamos profundamente que se quiera castigar de esa manera a las víctimas. Por ello, solicitamos la supresión de este artículo, que tiene el efecto contrario, disuade a las víctimas a que puedan ejercer su derecho de denunciar y, por lo tanto, una mujer inmersa en una relación violenta con su pareja, a la hora de denunciar los hechos o rehacer su vida, se encuentra, en muchas ocasiones, con sumas dificultades económicas, lo que le puede llevar a continuar una convivencia en violencia o, incluso, a reanudarla después de haber intentado poner fin a la misma.
Señorías, consideramos que, en este sentido, no se puede legislar sin conocimiento de la realidad. Esta es la reivindicación, de hecho, que se viene realizando por las asociaciones de mujeres, que denuncian que al meterse en la esfera de lo privado existen muchas dificultades para probarlo en el proceso judicial. Además, recurriendo a los datos, la mayor parte de las mujeres asesinadas cada año por delitos de violencia de género nunca habían denunciado su situación. Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el tercer trimestre del año 2014 se registraron 33 201 denuncias de violencia de género y en el 13,21% de los casos las víctimas renunciaron a seguir adelante.
En consecuencia, señorías, no existe base objetiva, no existe base estadística que fundamente la existencia generalizada de denuncias falsas en las materias que regula esta ley. Al contrario, los informes del Consejo General del Poder Judicial recogen un número insignificante de procedimientos tramitados por denuncias falsas en violencia de género. Además, existen mecanismos jurídicos para depurar responsabilidades en situaciones de denuncia falsa, como los establecidos en el artículo 456 del Código Penal, que tipifica el delito de denuncia falsa o simulación de delito con multas o penas, incluso, de prisión. Por tanto, el Estado ya dispone de esos recursos en el ordenamiento jurídico vigente. De todos los gastos realizados por la vía de reclamación de responsabilidad civil en el proceso penal por denuncia falsa, de no suprimirse, por lo tanto, este artículo, el Estado se saltaría las reglas y condenaría sin proceso recurriendo a la vía administrativa y sin garantías.
Por ello, no se entiende que, primero, el Gobierno base su estrategia contra la violencia de género diciéndoles que si no denuncian no las puede ayudar, y, después, las advierta de que si el juzgado o un tribunal es incapaz de apreciar existencia de delito, se las va a condenar a reembolsar, y con intereses agravados, hasta el gasto en informarlas.
Finalizo ya, presidente, expresando la importancia que tiene este proyecto de ley. Un proyecto de ley que consideramos manifiestamente mejorable. Por eso, hemos planteado nuestras enmiendas a este proyecto de ley, para las que pedimos el apoyo en esta Cámara.
Turno en contra. Tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que todos los ponentes que hemos intervenido coincidimos en que la norma que hoy debatimos en el Pleno, el Estatuto de la víctima del delito, tiene un gran significado y el objetivo fundamental de humanizar nuestro sistema penal para también dignificar a las personas que más han sufrido a consecuencia de delitos, como es el caso de las víctimas. Considero que todos coincidimos en que ha llegado la hora y es necesario repensar el concepto de víctima dentro del proceso penal y superar la visión preponderante hasta el momento de que eran meros sujetos pasivos del delito. Es necesario avanzar hacia un sistema que intente mejorar la respuesta a todas las necesidades que tienen las víctimas, antes, durante y después del proceso penal, para garantizarles el reconocimiento y un trato respetuoso, además de reforzar la protección y el apoyo a las mismas, así como también el acceso a la justicia y la reparación o compensación de los daños que han sufrido –a veces terribles e, incluso, irreparables− como consecuencia del delito.
En la exposición de motivos se recoge un párrafo que creo que define perfectamente cuál es el fundamento de esta norma: la necesidad de superar la postración advertida en cuanto a los derechos y necesidades de las víctimas en función del valor superior de justicia que inspira todo nuestro ordenamiento. Este no es solo un planteamiento de nuestro ordenamiento jurídico, sino también del ámbito internacional. Ahí está la declaración de Naciones Unidas –creo que es la más relevante−, que recoge los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder. También se ha dado en el ámbito del derecho europeo con un hito muy importante: la Directiva 2012/29 –ya citada−, que establece los criterios para un sistema común de protección de las víctimas de delito, reconociendo los mismos derechos en todos los países de la Unión Europea. Esto también se ha hecho en nuestro ordenamiento interno.
Como ustedes conocen, existe ya en nuestro ordenamiento normativa garante de los derechos de las víctimas, que se centra exclusivamente en derechos fundamentalmente procesales y en determinadas categorías de víctimas: la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos, la Ley de protección jurídica del menor, la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Por tanto, se hace necesario, y no solo por la obligatoriedad de trasponer esa directiva comunitaria −creo que somos el primer país de Europa que va a llevar a cabo la trasposición de la Directiva 2012/29−, articular un texto único que sistematice todos los derechos de las víctimas con independencia del origen de la victimización que sufren.
En cuanto al debate de las enmiendas propiamente, tanto en ponencia como en comisión abordamos muchas de ellas. A este proyecto de ley se han presentado ciento quince enmiendas por todos los grupos. Sin embargo, y aunque sí quería decir que hemos realizado una labor de negociación y de repensar sobre todo aquellas enmiendas que sus señorías destacaron en ponencia y comisión, vamos a rechazarlas por las razones que les voy a exponer. Me voy a referir fundamentalmente a aquellas que han destacado sus señorías en este debate, comenzando precisamente por las enmiendas al preámbulo. Son varias las señorías que han resaltado que les gustaría que se hubiera incluido una mención a las víctimas de los delitos contra la seguridad vial. Pues bien, esto no se incluyó porque las leyes que les citaba anteriormente son las que regulan actualmente en nuestro ordenamiento los derechos de las víctimas de delitos concretos, y no citaban a las víctimas de los delitos contra la seguridad vial, pues no tenían legislación específica. No obstante, creo que no podemos perder de vista algo que se reitera permanentemente en el estatuto, y es que este es un estatuto jurídico que recoge los derechos de todas, absolutamente todas las víctimas de delitos, sin perjuicio de ese origen de victimización al que me he referido anteriormente.
También han hablado sus señorías de aquellos que padecieron persecución y violencia durante la guerra y la dictadura. Quiero sumarme a los argumentos que ha expuesto el senador Saura, sabias palabras que denotan esa reflexión y esa comprensión sobre cuál es el objeto real de este Estatuto de la víctima, que obedece a unos criterios muy distintos a los de la Ley de memoria histórica. Esto es algo que se puede decir no solo del estatuto sino también de la directiva comunitaria o de esa otra legislación específica que hay en nuestro ordenamiento.
Sus señorías también han hablado de las diferentes enmiendas que han presentado al concepto de víctima. Les quiero recalcar que consideramos que el concepto de víctima que contiene el estatuto es amplio y omnicomprensivo ya que recoge tanto a las víctimas directas como a las indirectas. Incluso es un concepto más amplio que el que establece la propia directiva comunitaria.
El senador Iglesias Fernández habló de la posibilidad de excluir a aquellas víctimas responsables de los hechos. No se incorpora, señoría, porque dejaría desprotegidas a aquellas víctimas en caso de agresiones mutuas, algo que no es inusual.
También se ha hecho especial incidencia al concepto del menor víctima del delito. Es cierto que en el Congreso de los Diputados se llegó a una transaccional con la que se modificó no solo el preámbulo, sino también diferentes preceptos del Estatuto de la víctima del delito y, en virtud de ese principio de superior protección del menor, reforzar la protección especial que merecen las víctimas menores. Me gustaría destacar, además, respecto a esa otra petición de que se incorporase a los menores testigos, que el plano de afectación que tiene un menor testigo de un delito y un menor víctima de un delito es diferente. Por eso no se incorpora, pero sí quiero destacar que los menores que son testigos de víctimas, sobre todo en el entorno familiar, que es la situación que más nos preocupa, se consideran víctimas a efectos de las medidas de protección. Las medidas que se han incorporado en el proyecto de ley de modificación de la Ley de protección del menor que se encuentra actualmente en el Congreso sí recoge específicamente la categoría de víctimas de violencia de género para estos menores.
Respecto a las enmiendas que han formulado al derecho a la información de las víctimas que prevé el estatuto, me voy a centrar específicamente en las relativas al artículo 6, el derecho a la víctima como denunciante, sobre el que se ha llamado la atención sobre todo desde el Grupo Parlamentario Mixto. Se solicita la suspensión del expediente sancionador en el supuesto de que la víctima se encuentre en una situación regular en España. Consideramos que en estos casos habría que valorar, por supuesto, la oportunidad, la necesidad y las consecuencias; sin embargo, esta es una medida que se debería incorporar en la propia normativa que regula los derechos. Además, es una ley orgánica, con un rango diferente al de ley ordinaria de este Estatuto de la víctima del delito, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En caso de que se valorase su incorporación, debería ser en este texto que, como digo, tiene rango de ley orgánica.
A continuación, en relación con la participación de las víctimas en el proceso penal, todas sus señorías han coincidido en destacar su oposición a la regulación que contiene el artículo 13, que prevé algo que es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. Me refiero precisamente a la participación de las víctimas durante la ejecución de las penas. Se trata de una previsión que está delimitada para delitos especialmente graves y que se ha incluido con un objetivo fundamental, que es mejorar la protección y la seguridad de las víctimas, así como su confianza y su colaboración con la justicia. No comparto que esto sea contrario al sistema de ejecución penal que existe en nuestro ordenamiento jurídico, a ese monopolio estatal sobre la ejecución de las penas. Creo que este precepto, con una normativa como digo novedosa, pondera los intereses de la víctima, los intereses del penado y los intereses públicos sin afectar a ese monopolio estatal sobre la ejecución de las penas y sin afectar tampoco a ese fin resocializador o reeducador que tienen las penas en nuestro ordenamiento que, además, no es el único fin. Les recuerdo que también tiene otros fines, como el de retribución o prevención general. No creemos que se atente o vulnere ese fin resocializador, porque el hecho de dar a la víctima la posibilidad de formular alegaciones, incluso de recurrir cuando es un juez independiente el que va a resolver, en modo alguno ataca esos principios del sistema de ejecución penal que existe en nuestro ordenamiento ni el fin resocializador de las penas.
También se ha señalado que es una medida que la directiva no obliga a tomar, pero es que la directiva es una norma de mínimos y, por supuesto, no obliga a tomarla. Lo que la directiva establece es el derecho de la víctima, su participación en el proceso penal, y nosotros consideramos que se debe ampliar esa participación en la ejecución de las penas en función de los fines que he señalado de mejorar y reforzar la protección de la víctima y su confianza en el sistema penal. Hay enmiendas de supresión y otras que piden que esto se canalice a través del ministerio fiscal.
Señorías, el informe del Consejo Fiscal no solo no puso ninguna pega al artículo 13 de este anteproyecto, sino que señalaba expresamente que le merecía una valoración favorable. Incluso el Consejo Fiscal formuló alegaciones para ampliar el contenido del artículo 13 en el anteproyecto. Creo que eso pone de manifiesto cuál es la opinión de los fiscales en relación con esta posible intervención de las víctimas en la ejecución de las penas. Tampoco comparto, por supuesto, el argumento de que se puede generar alarma, porque al final es la víctima la que decide si quiere conocer estas resoluciones, si quiere formular alegaciones o si quiere recurrirlas, y, por supuesto, el fomento de la venganza creo que es una cuestión a la que han respondido las propias víctimas ya en muchas ocasiones.
La segunda gran novedad de este estatuto de la víctima es precisamente la justicia restaurativa que, por supuesto, incluye esa mediación penal. Creo que la justicia restaurativa tiene un papel fundamental para mejorar el reconocimiento a las víctimas y también para darles un mayor protagonismo y para que de ello se deriven beneficios no solo para la víctima sino también para todo el sistema penal, porque conseguimos ampliar las funciones del sistema penal incluyendo la reparación tanto patrimonial como moral de la víctima. Creo que, desde luego, es una de las principales novedades y debe ser valorada muy positivamente.
Son varios los grupos parlamentarios que han formulado alegaciones proponiendo una regulación más extensa y detallada de esta justicia restaurativa en el texto del estatuto. Sin embargo, nosotros consideramos que es más adecuado que se regulen los principios o criterios generales y que se derive posteriormente a la vía reglamentaria una concreción de esta justicia restaurativa de acuerdo con los criterios que indica la directiva comunitaria y con las conclusiones del II Congreso Internacional en materia de justicia restaurativa, que tuvo lugar en España y que recomendaba que el Estatuto de la víctima recogiese una regulación lo más amplia posible para no limitar las herramientas y no restringir de ninguna manera su ámbito de aplicación, porque eso sería restringir los posibles beneficios para los usuarios de la justicia restaurativa.
Me voy a referir a continuación a las enmiendas presentadas por varias de sus señorías al artículo 35, en relación con la obligación de reembolso de las ayudas o de aquellas cantidades que hubieran percibido en su condición de víctimas. Esta previsión se incluye con un objetivo y un propósito: evitar un uso fraudulento del sistema de protección y de apoyo que contiene este estatuto de la víctima, exclusivamente para eso, y con una finalidad: proteger a las verdaderas víctimas del delito. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Después de escuchar algunas argumentaciones, creo que se referían más quizá a la redacción inicial del precepto, redacción que se cambió en el Congreso de los Diputados por una enmienda transaccional. Como saben ustedes, en la redacción inicial del proyecto se recogían dos apartados en los que era obligatorio el reembolso de estas cantidades; en uno se hablaba de las sentencias de denuncias falsas o simulación del delito, que es el que ha permanecido en la redacción del proyecto, y en un segundo apartado también se preveía esa obligación de reembolso en los casos de sobreseimiento o en los que no hubiera terminado el procedimiento y se hubiera dado un sobreseimiento libre con una declaración de inexistencia de los hechos denunciados. Este segundo apartado, que respondía al mismo fin: evitar que personas que no tenían derecho a las ayudas disfrutasen de ellas, se eliminó a través de una enmienda transaccional porque se consideró que podría implicar un factor huida para las víctimas. Este es un debate que se debe asumir con mucha prudencia porque es una cuestión muy sensible; hay datos que indican que más de un 12% de las víctimas de violencia de género se acogen a su derecho a no declarar y que el proceso se termina con un sobreseimiento. Por tanto, la eliminación de este artículo pretendía evitar que implicase un efecto huida de las víctimas y que no se acogiesen a las ayudas incluidas en este sistema de protección. Además, en la redacción actual se establece esa obligación de reembolso cuando hay una condena judicial de denuncia falsa o de simulación de delito, un tipo penal que ha ido delimitando la jurisprudencia y que implica que para que se pueda producir esa condena el juez tiene que acreditar una intención delictiva, es decir, conciencia de que el hecho que se denuncia es delictivo y falso y que se actúa de mala fe. Esta es una realidad muy distinta a la que se ha aludido. Además, es una reivindicación también de asociaciones, entidades y colectivos que trabajan con las víctimas desde el convencimiento y el conocimiento de que si hay algo negativo que ataca la persecución contra determinados delitos son precisamente las denuncias falsas o la simulación de delitos, hablando de denuncia falsa en términos absolutamente judiciales, de acuerdo con el tipo penal, porque a veces se utiliza el concepto de denuncia falsa de una manera muy amplia y que no es a la que me estoy refiriendo, es decir, cuando exista una condena penal por una denuncia falsa o una simulación de delito que implique un reproche penal a una conducta delictiva basada en la culpabilidad de quien lo comete. Este reproche penal al que da lugar esa condena por denuncia falsa o simulación de delito nada tiene que ver con la obligación de reembolso, estamos en dos ámbitos distintos: la obligación de reembolso pretende únicamente que se devuelvan unas cantidades que se han cobrado de manera indebida y por alguien que no tenía derecho, que se devuelva el principal más los intereses de demora incrementados en un 50%. Esta es la única finalidad, que se devuelva una cantidad que posteriormente, mediante la condena por denuncia falsa o simulación de delito, se ha probado que no se tenía derecho a ella. Fue una de las enmiendas que valoramos con mayor detalle, porque los grupos insistieron mucho en este aspecto, tanto en ponencia como en comisión, y consideramos que se debe mantener esta cláusula de salvaguarda precisamente para proteger a las verdaderas víctimas y evitar un uso no acorde a la Ley del sistema de protección que contiene el Estatuto de la víctima.
Creo haber abordado las enmiendas que sus señorías han destacado, y quiero terminar esta intervención mencionando una categoría de víctimas que es la que ha removido más conciencias y sensibilidades y que ha hecho avanzar la victimología en nuestro país, que son las víctimas del terrorismo. Hace escasas semanas, en Castilla y León, mi comunidad autónoma, se concedió la Medalla de Oro de las Cortes a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, y su presidente, Juan José Aliste, en su discurso de agradecimiento dijo una frase que se me quedó grabada en la memoria: Las víctimas del terrorismo nunca han buscado venganza, pero sí justicia.
Con la norma que hoy debatimos y que vamos a aprobar no solo abrimos las puertas a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la violencia de género, a las víctimas de la seguridad vial −la relación sería muy extensa si enumerase todas las categorías−, sino a todas las víctimas de delito; abrimos las puertas a una justicia más humana, que ponga fin al abandono que han sufrido y que intente paliar y reparar en la medida de lo posible los daños, como he dicho al comienzo de mi intervención, a veces terribles e irreparables sufridos como consecuencia de esos delitos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Es imposible desconectar el debate de este proyecto del que tuvo lugar en el anterior Pleno en relación con la reforma del Código Penal, porque diferentes perspectivas ideológicas de los grupos que entonces se expresaron en torno a las reformas más destacadas de los contenidos de ese Código Penal, también se proyectan sobre este Proyecto de Ley de las víctimas.
Una de esas diferencias es sobre el papel de la víctima en la Administración de Justicia. Estoy absolutamente de acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y comparto que la víctima no puede ser objeto de la Administración de Justicia, pero tampoco puede ser protagonista, porque la justicia la tienen que impartir quienes tienen reconocida su imparcialidad. Hasta tal punto esto es así, que cuando nuestra Constitución abrió un mecanismo de participación de la sociedad en la Administración de Justicia con la figura del jurado, tanto el cuestionamiento de esa figura como cuando se estableció la regulación acotando al máximo los delitos en los que el jurado podía intervenir, uno de los argumentos fundamentales y una de las sospechas –entre comillas− que se proyectaba a la hora de establecer una normativa era precisamente que no se presumía en esos ciudadanos convocados a impartir justicia imparcialidad a la hora de tomar decisiones en relación con la condena o absolución de los condenados, no solamente por la ausencia de una formación jurídica, que obviamente no se da en el jurado, sino, sobremanera, por la incapacidad para sustraerse a la presión social; incapacidad, por supuesto, mucho mayor que la que hay que presumir en un juez profesional, y conste que yo soy un firme convencido y partidario de la necesidad de potenciar la figura del jurado frente a lo que tenemos. Digo esto simplemente por conectar argumentos que nos deben llevar a situar en la Administración de Justicia el papel de la víctima.
El resultado de la Administración de Justicia es la reparación: por un lado, la imposición de las condenas correspondientes al delincuente, pero en relación con la víctima, el papel fundamental es la reparación; y esa reparación no exige el papel que en este proyecto se le da a la víctima en el procedimiento de ejecución de la sentencia. No creo que hasta el día de hoy −desde el año 1978, casi treinta años de Constitución−, nuestra justicia no haya sido reparadora para las víctimas sin necesidad de acudir a estos mecanismos. Lo que hay que exigir a la Administración de Justicia es que la reparación sea suficiente y adecuada y sea la que corresponde a las necesidades de quien ha sido víctima del delito. Esa es la primera consideración que les quiero trasladar.
Segunda consideración. El proyecto tiene un título que lo define: el Estatuto de la víctima del delito. Ello supone –más allá de otras consideraciones que hemos hecho en relación con las víctimas del franquismo– en el debate sobre las víctimas de la siniestralidad en la carretera un problema que nos vuelve a llevar al Código Penal. El proyecto está bien denominado, no es de víctimas del delito y la falta, sino de víctimas del delito, porque la falta ya desapareció en la reforma del Código Penal que aprobamos en el Pleno anterior. Y como gran parte de las víctimas de la siniestralidad laboral lo eran como consecuencia de una falta, ya no tienen cabida en este Estatuto de la víctima del delito; han quedado fuera no solo por lo que dice este proyecto, sino por lo que dice el Código Penal. Quedan fuera del ámbito de reparación del Código Penal, y tendrán que buscar su reparación como víctimas en la jurisdicción civil. Y no voy a volver a decir todo lo que argumenté en el debate de la reforma del Código Penal.
Tercera cuestión: los inmigrantes. Sacar de este proyecto a los inmigrantes para remitirlos a la ley orgánica supone dos cosas: en primer lugar, poner en cuestión su condición de víctima, y no creo que esa sea la voluntad del Partido Popular ni tampoco de quien elaboró el proyecto. Pero esto tiene más problemas, si la decisión del inmigrante en situación irregular, que denuncia un delito, no va acompañada de la garantía de que no se va a abrir un expediente administrativo y de que no se van a suspender los procedimientos de expulsión que se puedan producir, se pueden generar dos cosas, que el inmigrante no denuncie por temor a acabar expulsado y que, en el caso de que denuncie pero no se paralice el procedimiento y se le expulse, que el delito no sea esclarecido. No se va a poder contar en la investigación y en la instrucción con la colaboración de la víctima porque ha sido expulsada. Eso, además de rechazar de por sí que no se reconozca la condición de víctima al inmigrante, hace necesario no favorecer la impunidad de los delitos, y, por lo tanto, se han de adoptar todas las medidas necesarias para que la investigación y el enjuiciamiento estén absolutamente garantizados.
Me felicito por las medidas de justicia restaurativa, pero vuelvo al argumento inicial, esa decisión de incorporar el concepto y el criterio de justicia restaurativa, que supone un avance, no debe significar que se niegue el carácter reparador que hasta ahora ya tenía la Administración de Justicia, porque la víctima no es que estuviera postrada —un término muy acertado para la argumentación que se estaba sosteniendo– frente al principio superior de la justicia objetiva e imparcial, sino que estaba en una posición en la que siempre pudo defender sus derechos, siempre pudo aspirar a tener reparación a través de la figura de la responsabilidad civil derivada del delito y siempre contó con el respaldo y el apoyo del ministerio fiscal cuando los indicios así lo justificaban. Por tanto, creo que no es necesario, por más que el ministerio fiscal pueda ver bien que se amplíe la capacidad de intervención de la víctima en los procedimientos de ejecución de la sentencia. El ministerio fiscal fue garantía suficiente y sigue siéndolo hoy.
Señorías, creo que hoy estamos perdiendo una buena oportunidad, porque si nos atenemos a las reflexiones de la senadora Franco, sobre todo en la primera parte de su intervención, al definir los principios generales del proyecto de ley, todos los presentes podríamos firmar y estar de acuerdo con ella. Cuestión diferente sería la valoración de su posicionamiento en cada una de las enmiendas; pero en los principios generales: humanizar el sistema penal, avanzar hacia las necesidades de las víctimas, acceso a la justicia, reparación, todos los derechos de las víctimas independientemente del origen de la victimización, yo creo que todos estamos de acuerdo. Por eso entiendo que hoy quizá hayamos perdido una buena oportunidad, sobre todo de cara a alguien que sufre tanto. Incluso a todos nos duele ver a las asociaciones de víctimas disociadas, separadas o en conflicto por matices y sensibilidades, cuando en lo importante, en lo básico, todos estamos de acuerdo. Por ello, no haber avanzado, e incluso no habernos sentado para superar estas diferencias ha sido una oportunidad perdida por nuestra parte, por parte de todos.
Es un proyecto de ley, tal y como se ha comentado aquí, muy importante, y es totalmente procedente traerlo a esta Cámara, porque nos relaciona con el dolor; es un proyecto de ley que protege a los más débiles, porque hablamos de víctimas de todo tipo, de víctimas de terrorismo, de víctimas de violencia de género... El debate que estamos teniendo hoy es importante para toda persona que sufre algún perjuicio como consecuencia de un delito: eso es una víctima. Y tal como estamos diciendo, hay víctimas de múltiples tipos y, en nuestra opinión, hoy faltan aquí una serie de víctimas –que ya se han comentado–, por ejemplo, las víctimas del franquismo, que no aparecen aquí. Se dice que es otro el debate, otro el ámbito; otro el debate que no se está teniendo, otro el ámbito que no se está tratando; pero víctimas son, y como víctimas que son, al menos merecen un tratamiento, al menos merecen una referencia, al menos merecen que de una manera u otra se les reconozca. No faltan únicamente las víctimas del franquismo, también hay víctimas del posfranquismo, o, por ejemplo, ¿dónde están las víctimas del 3 de marzo del 76? –las de Vitoria–, o ¿dónde están las víctimas consecuencia del estrechamiento de la aplicación de la justicia universal o, por decirlo de otra manera, de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Por ejemplo, estos días hemos vivido una situación que nos ha dado qué pensar: el atentado de Túnez, donde hay víctimas del terrorismo, con lo cual es evidente que sí están dentro de este proyecto de ley en tanto en cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial los reconoce, porque incluye delitos de terrorismo.
Pero si la misma consecuencia no hubiera sido por un delito de terrorismo, ¿no hubieran sido víctimas? O si esas personas hubieran sufrido algún tipo de violación, ¿no hubieran sido víctimas para nosotros? Y ya no estoy hablando de si hay que perseguir o no. ¿No son víctimas para nosotros en tanto en cuanto se da en un Estado que no tiene reconocidos unos convenios, etcétera, como tienen los Estados miembros de la Unión Europea? Nos genera esas dudas, y en ese sentido hay un vacío que no interesa a nadie.
Es un proyecto de ley unido a la dignidad de las víctimas y de sus derechos. Pero, como decía, cuando definimos a las víctimas, no pueden estar unas, y otras no, tienen que estar todas. Estamos debatiendo un proyecto de ley que nos habría gustado que hubiera tenido mayor reconocimiento por parte de todos, y no me voy a reiterar, y más acuerdo y consenso para poder mostrar a las víctimas que son una prioridad para todos los que estamos aquí. Es un proyecto sensible, y creo que muchos de los grupos, entre los cuales podemos estar nosotros, si no hubiese sido un proyecto de ley tan sensible, tan humano y tan cercano es probable que hubiéramos presentado algún veto, pero entendemos que no procede, por quienes estamos hablando y por no dar esa imagen ante ellos de no saber actuar con tacto y con cuidado.
Hemos hablado mucho sobre el artículo 13. Es verdad que aquí tenemos dos derechos: por una parte, tenemos a las víctimas, pero en nuestra opinión a las víctimas se les da una potestad por encima de su derecho. En ese sentido, las víctimas tienen que tener ese derecho, pero debemos tener cuidado con ese derecho fundamental que nos propone la Constitución en su artículo 25, el de la resocialización y la reinserción. Entendemos que esos dos derechos tienen que estar en la mente del legislador y este segundo no está copando el suficiente espacio en toda esta reflexión.
El hecho de que la responsabilidad en materia penal penitenciaria corresponda al Estado no es una casualidad. Cuidemos el espíritu y la letra a la hora de establecer y definir toda la legislación que necesitemos. En este sentido, el Partido Socialista ha hecho una propuesta interesante de cara al artículo 13, y es cierto el papel que tiene que jugar o que puede jugar el ministerio público en la defensa de las víctimas. En este artículo, que está resultando el más complicado y debatido, podríamos haber llegado a algún acuerdo, que podría encontrar su base en el papel del ministerio fiscal. Con el papel del ministerio fiscal podíamos haber avanzado y haber corregido lo que entendemos es un error –dicho con todos los respetos− de planteamiento a la hora de trabajar.
En cuanto a la justicia restaurativa, ha dicho que hay una valoración favorable, por el artículo 13, del Consejo Fiscal. Es verdad, pero el Consejo de Estado no opina lo mismo. Con ello, el Consejo de Estado nos está lanzando una reflexión. Es cierto que en otros ámbitos se reafirman en las posiciones que planteó en su momento el Gobierno, pero también es cierto que el Consejo de Estado y el resto de agentes y operadores tenemos otra visión, con lo cual se puede corresponder a otro análisis y a otro diagnóstico para dar con la solución.
Finalizando con el ámbito de la justicia restaurativa, un papel fundamental es el reconocimiento a la víctima, a la reparación, pero es evidente también, tal como comentábamos antes, el papel que tienen que jugar la reinserción y resocialización. Y, en este sentido, podemos traer lo que el propio Consejo de Estado decía respecto al artículo 15, cuando afirma que esta remisión a una futura norma reglamentaria –porque es lo que hace el artículo 15 a juicio del Consejo de Estado− es insuficiente e, incluso, incorrecta.
Por tanto, nos llama la atención que el Consejo de Estado establezca como incorrecta la definición del artículo 15, posponiendo a un reglamento todo el desarrollo de la justicia restaurativa. Asimismo, la Fiscalía General del Estado también ha hecho alguna recomendación respecto a la justicia restaurativa que tampoco se ha tenido en cuenta. Es decir, que aquí tenemos para todos.
El señor BILDARRATZ SORRON: Voy terminando, señor presidente.
Aquí tenemos para todos y tener para todos quiere decir que, partiendo del acuerdo en el que la senadora Franco sintetizaba este proyecto de ley, hay espacio para el acuerdo, escuchando a todos los implicados en este proyecto para que, en definitiva, diéramos con un texto común, un texto de unión, al objeto de que las víctimas se sintiesen mucho más cómodas con un texto como este.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Saura.
Dos cuestiones muy breves y más a fondo el tema del artículo 13. En cuanto a las dos cuestiones breves, en primer lugar, simplemente quiero recordar que, como he dicho antes, este proyecto de ley contempla el no incremento de gasto público, y lo mismo la ley que viene después; es decir, son leyes que teóricamente han de suponer un incremento de gasto público y la ley misma lo prohíbe. Y, en segundo lugar, lo que ha dicho también el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en relación con los extranjeros que estén en una situación irregular. Lo que va a pasar es que no se va a denunciar, con lo cual, lo que estamos haciendo es tapar, poner una manta, una pared, sobre una realidad.
Pero vamos al artículo 13. Yo quiero darle dos argumentos. El primero, la lectura de algunos párrafos del Consejo de Estado. Y, el segundo, si me lo permite, mi sentido común, que no digo que sea el sentido común de todo el mundo. El Consejo de Estado transpone una sentencia del Tribunal Constitucional que dice lo siguiente: El Tribunal Constitucional afirma que la forma de cumplimiento de la pena, entre comillas, escapa al interés de quien fue acusador particular en la causa de la cual deriva la pena, en la medida en que el derecho a castigar lo ostenta en exclusiva el Estado y, por tanto, es a este, a través de los órganos competentes, a quien corresponde determinar cómo dicho castigo ha de cumplirse, siempre con respeto al principio de legalidad. Dice además otro párrafo: Sin embargo, la articulación de los derechos procesales tan amplios para la víctima en relación con las resoluciones que afectan a la ejecución de la pena presenta dificultades en la medida en que pueden incidir en el ejercicio del monopolio estatal para la ejecución de las penas y en la realización del objetivo resocializador de las mismas. Y el tercer párrafo y último que les quiero leer, dice lo siguiente: La participación de la víctima en esta fase de ejecución de la sentencia condenatoria podría articularse más adecuadamente mediante una profundización de la relación entre la víctima y el ministerio fiscal, de modo que se garantice un acceso más directo de aquella a este y una comunicación más fluida. Hay más, puedo leer más, pero es mediodía ya y no lo voy a hacer.
Tres cosas. Una, el Tribunal Constitucional viene a decir clarísimamente que esto no puede ser. Dos, el Consejo de Estado dice que esto afecta al principio de reinserción. Y, tres, ofrece la relación con la Fiscalía. Y ahora, mi sentido común. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con las víctimas cuando puedan actuar? Yo me atrevo a hacer una hipótesis: la mayoría va a pedir sanciones o procedimientos más duros, porque es normal. Es normal que ante un delito, a la víctima, siempre o casi siempre, le parezca poco. No a todo el mundo, pero a la mayoría. Con lo cual, lo que estamos haciendo es pasar de una justicia que teórica y prácticamente es independiente y no está afectada por los hechos, a una ejecución de la sentencia donde aparece un tercer actor que es parcial. Es evidente que esto va a ser así.
Por lo tanto, me parece que lo que estamos haciendo es introducir en un proceso judicial independiente una voz de parcialidad y, como dicen el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, esto se puede evitar si el fiscal asume estas competencias. Así pues, creo que es un error, que se abre la puerta a otras decisiones en relación con lo que el otro día discutíamos sobre el Código Penal. Pienso que, excepto al artículo 13 y la discusión sobre de qué víctimas hablamos, se han formulado suficientes enmiendas para mejorar el texto; más que suficientes, bastantes. Y siendo cierto que se han recogido algunas pocas en el trámite del Senado, esta es una de aquellas leyes que merecería un esfuerzo por parte de la mayoría a fin de incorporar todo lo que puede aportar la oposición. Por ello, independientemente de su trato, absolutamente educado y cortés, nos resulta insuficiente.
Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo valora positivamente que, dando cumplimiento a la obligación de trasponer las directivas de la Unión Europea en esta materia y recogiendo la demanda de la sociedad, se aglutine en un solo texto legislativo un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas, de toda persona que padece un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito.
Este proyecto de ley va unido muy directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos. Es tan importante lo que significa este proyecto de ley que, tal y como han repetido otros portavoces, ningún grupo ha presentado enmienda a la totalidad en el Congreso ni veto en el Senado, porque estamos a favor de que se legisle, pues tenemos una deuda moral con las víctimas.
El Estatuto de la víctima del delito tiene vocación de incorporar un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos y, de manera muy especial, de aquellas que tienen singular vulnerabilidad y, también de manera muy especial, a los colectivos especialmente necesitados. De ahí que en el Congreso se incorporase una propuesta de CiU en la exposición de motivos, en la que pedíamos esa obligación cuando se tratase de menores: tener en cuenta el interés superior del menor y que ese interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tomen en relación con un menor víctima de un delito durante el proceso penal.
En este sentido, la adopción de medidas de protección del Título III, especialmente su no adopción, debería estar fundamentada siempre en este interés superior. Aun así, esto no se trasladó al articulado, de ahí que mi grupo haya presentado la enmienda número 84, para que, incluyendo una especificación para los derechos de las víctimas menores de edad, se consiga el objetivo de proteger el interés superior del menor en todo momento.
Convergència i Unió siempre ha estado a favor de la defensa de los derechos de las víctimas y por este motivo nos gustaría apoyar este proyecto de ley. Pero lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular no haya podido aceptar las enmiendas presentadas; de hecho, en el trámite en el Senado no han admitido ni una. Entendemos que, tal como está redactado, este proyecto de ley no protege suficientemente a las víctimas menores de edad ni a las de violencia sexual o trata de personas. Además, introduce disposiciones que pueden generar revictimización, como es el caso del artículo 35, incluyendo la obligación de reembolso de las ayudas en el caso de denuncia fraudulenta.
Consideramos que este proyecto no traspone adecuadamente lo establecido en la Directiva 2012/29. Ese es el caso de la asistencia especializada a todas las víctimas, las obligaciones establecidas para las víctimas menores de edad o la inclusión explícita de factores de discriminación.
Por lo tanto, mi grupo insiste en la presentación y aprobación de 34 enmiendas, que consideramos aportan mejoras muy sustanciales al texto del proyecto de ley que es objeto de debate en este Pleno, y, en caso de no aprobarse, lamentablemente tendremos que abstenernos en la votación de este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías.
La verdad es que en mi primera intervención, cuando defendí las enmiendas, ya recogí la importancia que para mi grupo parlamentario tiene este proyecto de ley, y lo sigo reiterando. Es un proyecto de suma importancia, un proyecto ineludible, porque quiero señalar nuevamente que va unido directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos, y por tanto, es de suma importancia que se aborde. Pero es también un proyecto que mi grupo considera manifiestamente mejorable, porque a pesar de la voluntad que inicialmente hubo, cuando se debatió en la Comisión de Justicia, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos con los restantes grupos de esta Cámara, no se hizo así, y que yo sepa ni se habló con ningún otro grupo ni se llegó a ningún otro acuerdo para mejorar este proyecto de ley.
Por ello, a continuación voy a reiterar los argumentos que nos han llevado a presentar nuestras enmiendas y que también han llevado al Grupo Popular a no aceptar ninguna de ellas; enmiendas que, sin lugar a dudas, mejorarían este proyecto de ley. En primer lugar -e hice referencia a ello cuando planteé nuestra enmienda-, me referiré en concreto a la restricción que supone el concepto de víctima de delito. Pese a lo que se recoge en la redacción del proyecto de ley, en el que se dice que se amplía el concepto de delito, no es así. De hecho, hay colectivos tan importantes, como las víctimas de delitos de tráfico, las víctimas de seguridad vial y las víctimas del franquismo, que no quedan recogidos. Se consolida así su condición de olvidadas, en concreto las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, ello a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, como el relator sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, de incluir a todas las categorías de víctimas, también a las del franquismo y también a las de seguridad vial. Desgraciadamente, incorporarlas parece que no ha sido voluntad ni intención de este Gobierno.
Asimismo este proyecto de ley en ningún caso debería afectar ni limitar derechos ya reconocidos en otras normas, y me estoy refiriendo a un derecho que es fundamental: el derecho a notificar y a informar a la víctima sin que tenga que solicitarlo previamente. Consideramos, por tanto, que es algo sumamente grave, sobre todo en el caso de la violencia de género, porque la necesidad de solicitud previa puede llevar a una falta de notificación a las víctimas, pudiendo ocasionar situaciones de indefensión o de riesgo para la vida o integridad de muchas de ellas cuya seguridad peligra, además de limitar, como ya he señalado, derechos ya reconocidos en otras normas en España.
En tercer lugar, la intervención de la víctima en el proceso de ejecución de la pena privativa. El tan manido, el tan argumentado artículo 13. Este artículo, en mi opinión, tal y como está planteado en este proyecto de ley, se debería suprimir. Pero es que yo quiero ir un poco más allá y suprimirlo porque lo que realmente provoca es la indefensión de la víctima. Es decir, este artículo va a ser completamente ineficaz para aquellas víctimas que no tengan recursos suficientes para poder contratar a un abogado que presente el recurso. Por ello, atendiendo a que se vulneran principios, leyes y normas que son básicas en nuestro Estado, también pedimos que sea el ministerio fiscal el que realice audiencia a las víctimas para escuchar las alegaciones que ellas quieran plantearle, y que sea él, el ministerio fiscal, quien formule estos recursos. Porque, señorías, consideramos que no sería coherente, no sería razonable no garantizar a las víctimas, en su pleno derecho y tal como recogen nuestras normas, que el propio ministerio fiscal realice esta audiencia y, por lo tanto, sean ellas las que interpongan el recurso para su defensa.
Por último, haré referencia al artículo 35, un artículo que, en opinión de mi grupo, no tiene paliativos: nosotros consideramos simple y claramente que debe suprimirse. Y debe suprimirse porque lo que se está haciendo es imponer una nueva obligación de reembolso que supone imputar sistemáticamente falsedad a las víctimas de violencia de género y de delitos sexuales. De hecho, sorprende que el Gobierno fundamente la estrategia de seguir manteniendo este artículo contra la violencia de género, en este caso, con el mensaje de que si las víctimas no denuncian no se les puede ayudar, pero ahora con este proyecto de ley se les advierta, y de hecho se les castigue, si el juzgado o el tribunal no es capaz de apreciar la existencia de delito, con condenarlas a ellas a reembolsar y con intereses agravados hasta el gasto de informarles. Por todo lo que supone para las víctimas de violencia de género, consideramos de central importancia la supresión de este artículo 35.
Y finalizo, señorías, manifestando la importancia de este proyecto de ley, por lo que, a pesar de las limitaciones que tiene, el Grupo Socialista va a votar favorablemente.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Seguramente la senadora Franco no me perdonaría que no les informara a sus señorías de que en el trámite de esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, se han aprobado –y me lo he apuntado muy bien− 14 enmiendas en sus propios términos, 10 transaccionales y otras 3 enmiendas que se han incorporado aquí. No está mal, señorías, en la legislatura anterior ya hubiéramos firmado esta cantidad de aceptación de enmiendas.
Señorías, la víctima del delito ha padecido un cierto abandono desde que el sistema penal sustituyó la venganza privada por una intervención pública, una intervención institucional, una intervención ecuánime y una intervención desapasionada para resolver los conflictos generados por la infracción de la ley penal.
En muchas ocasiones, el abandono social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, la misma intervención de la víctima en el proceso, las presiones −por qué no− a las que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral e incluso los riesgos que genera su participación en él, producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que se derivan del delito. En este sentido, la ciencia penal pone su atención en la persona de la víctima reclamando una intervención positiva del Estado que restaure, efectivamente, la situación en que se encontraba antes de padecer el delito, o al menos a paliar los efectos que ha producido el delito sobre ella.
Pues bien, señorías, estamos legislando ex novo, algo que no suele ocurrir en muchas legislaturas. Con la aprobación de este proyecto de ley España se va a convertir en el primer país europeo que elabora un estatuto de la víctima, exigencia que además en este caso proviene del legislador europeo. Supone más derechos, más protección y más participación para la víctima de todos, insisto, todos los delitos, especialmente de los más graves. Parte del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de la defensa de los bienes materiales y morales y, con ellas, las del conjunto de la sociedad española. Se busca, en definitiva, dar una respuesta humana a la víctima en los procesos penales; si lo prefieren, se busca humanizar el trámite. Y se busca también al mismo tiempo completar el diseño del Estado de derecho, centrado casi siempre en las garantías procesales y los derechos del imputado, del acusado, del procesado o del condenado.
Señorías, este proyecto de ley trae novedades muy importantes, como incluir a los familiares en la categoría de víctimas, evitar en lo posible el contacto entre víctima e infractor, evitar la doble victimización, reduciendo trámites innecesarios en un proceso —en el que, además, incluso se puede añadir algún trauma más a la víctima— y la especial protección a menores motivo de mucho interés siempre para Convergència i Unió—, y así se van a suprimir las declaraciones que no sean imprescindibles y que, además, podrán ser grabadas y reproducidas en juicio; los menores van a poder disponer de un representante legal cuando haya conflicto de intereses con sus progenitores o con los propios representantes legales; los hijos menores que se encuentren en un entorno de violencia de género o violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos, y los hijos de la pareja fallecida o desaparecida se van a considerar también víctimas y se van a tomar decisiones urgentes sobre su guarda y custodia.
Hay dos novedades muy importantes, una de ellas muy siniestra en el día de hoy, señorías. Se amplían los plazos para recurrir los archivos de las causas, excesivamente cortos hasta ahora —según nos dijeron—, y una fundamental y que cobra mucha importancia en el día de hoy: con esta ley los abogados y procuradores no van a poder acercarse a las víctimas —víctimas de grandes catástrofes, evidentemente— para ofrecer sus servicios hasta pasado un mes desde la tragedia, porque de lo que se trata es de evitar que los damnificados se conviertan en víctimas de profesionales sin escrúpulos. No saben ustedes la tristeza que tengo por no haber aprobado esta ley hace un mes y que hoy estuviera ya en vigor; pero hemos hecho lo que hemos podido.
En cuanto a que determinado artículo pueda ser disuasorio para las mujeres a la hora de presentar denuncia por violencia de género y la preocupación que han manifestado varias de sus señorías cuando han intervenido desde la tribuna, les diré que este artículo ha sido modificado bien modificado, desde mi punto de vista— en el Congreso de los Diputados, y entiendo que esa posibilidad ha desaparecido. Y hago mías incluso las palabras de una víctima de la violencia de género que creó una fundación, la Fundación Ana Bella, que se ha felicitado de que se aplique la justicia gratuita —con lo cual, senadora Marra, una preocupación menos para las víctimas de esta violencia de género— y, además, la presidenta de esta fundación confía en que este texto va a permitir conseguir un mayor número de denuncias; hasta ahora solamente tenemos un 28,5%.
Y he dejado deliberadamente para el final, señor presidente, el aspecto más novedoso y —como se ha podido escuchar a lo largo de las últimas horas— más controvertido del proyecto, y es la participación de la víctima en la ejecución penal, reservada para los delitos más graves. Señorías, este artículo, el artículo 13, es la esencia del texto. Para nosotros —como bien recordaba el senador Iglesias—, para el Grupo Popular es muy importante la opinión de las víctimas del delito a la hora de que el juez tenga que pronunciarse sobre beneficios penitenciarios, sobre libertad condicional, sobre clasificación en tercer grado, fundamentalmente para garantizar su seguridad; una variable largamente demandada, muchas veces olvidada, y que, por lo que se ve, se pretende infravalorar una vez más y, señorías, el Grupo Popular no quiere que esto siga ocurriendo.
La Fundación de víctimas del terrorismo ha solicitado que las víctimas como bien saben, personas a las que el delito cambió, incluso en la mayoría de los casos destrozó la vida— tengan voz y sean oídas. Señorías, reconocemos que es una modificación de enorme calado, porque hasta ahora quienes únicamente estaban legitimados para intervenir en la fase de ejecución de las penas privativas de libertad era el ministerio fiscal y el propio penado, en la idea de que el cumplimiento de las penas es una potestad exclusiva del Estado. Sin embargo, entendemos que no es en forma alguna incompatible facilitar a la víctima ciertos cauces de participación en la ejecución con la conservación del monopolio absoluto sobre la ejecución de las penas, tal y como afirma, en este caso no el Consejo fiscal, sino el informe del Consejo Judicial del Poder Judicial a este proyecto. Es más, el informe del Consejo General acaba proponiendo la intervención, participación y audiencia de la víctima en la fase de ejecución de las penas al considerar que la opinión no vinculante de la víctima en relación con la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad tiene una muy especial importancia.
Señorías, naturalmente, compartimos el criterio de que el ministerio fiscal vele por el interés general y por la legalidad. ¡Cómo no, señorías! Forma parte de nuestro Estado de derecho porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero entendemos que la defensa del interés general no puede cercenar el derecho fundamental de la víctima a poner en valor la defensa de su interés personal como víctima. Y al intervenir la víctima en esta fase, se garantiza la confianza y la colaboración de las víctimas con la justicia penal y se observa el principio de legalidad, señorías, porque la decisión corresponde siempre a la autoridad judicial, por lo que tampoco se ve afectada la reinserción del penado. Sinceramente, desde mi punto de vista, hablar de venganza está totalmente fuera de lugar, señorías, es no tener en consideración a las víctimas, como tampoco a nuestros jueces a la hora de pronunciarse.
Solamente me resta, señor presidente, agradecer todas las intervenciones –aunque con algunas de ellas no puedo estar totalmente de acuerdo− y recordarles que esta es una norma hecha desde la humanidad, desde el respeto, desde la solidaridad y en apoyo de quienes quedaron para siempre marcados por un delito.
Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las quince horas y veinticinco minutos.