Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/163222-276-24414-2014-14-0277.HTML
Timestamp: 2017-03-25 05:56:24
Document Index: 36730303

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo\n68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 41', 'artículo 68', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 50', 'artículo 68', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 68', 'artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 335', 'artículo 334', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 334', 'artículo 68', 'Artículo 68', 'artículo 53', 'artículo 61', 'artículo 68', 'artículo 115', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'Artículo 41', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 50', 'artículo 68', 'artículo 26', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 41', 'artículo 178', 'Artículo 34', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'artículo 483', 'artículo 68', 'artículo 68']

El 25 de marzo de 2014, el ciudadano GERARDO SÁNCHEZ
CHACÓN, titular de la cédula de identidad número V- 15.362.895, actuando en
su condición de Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo, asistido por
el abogado Hermann Escarrá Malavé, inscrito en el Instituto de Previsión Social
del Abogado bajo el N° 14.896, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “…Recurso de Interpretación de Naturaleza
Constitucional y Legal sobre el artículo 68 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (…) y de los artículos 41, 43, 44, 46 [y]
50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones,
publicada en la G.O N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010…”
(destacado del escrito). El 27 de marzo de 2014, se dio
cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio
Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
INTERPRETACIÓN El recurrente solicitó la interpretación del artículo
68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, con base en las siguientes consideraciones:
En primer término, adujo que acude “…ante la
presente Sala ostentando el carácter de Alcalde del Municipio Guacara del
actuar frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del municipio
Guacara. Por ello conjuntamente con razón de derecho, existen hechos públicos
que están representados por la necesidad de tener claridad en la acción
administrativa entorno (sic) a las manifestaciones políticas que
casos resultan ser violentas y trasgresoras del ordenamiento jurídico
nacional…”.
Señaló que, en el presente caso, se encuentra “…con
la inminente necesidad de obtener Seguridad Jurídica mediante una declaración
recurso (…); para así tener claridad en relación a la debida actuación que
deben desplegar los organismos públicos (específicamente [él] en
[su] condición de Alcalde), que deben emitir algún pronunciamiento o actuar
• ¿para ejercer el derecho a manifestar, en los
términos previstos en el artículo 68 constitucional, debe el o los
manifestantes solicitar autorización?
• ¿constituye la autorización -de ser necesaria- un
requisito legal o limitación legal al derecho [a] manifestar al que hace
referencia tanto el artículo 68 de la CRBV (sic)
como el artículo 41 de la LPPRPM (sic), respectivamente? • ¿el órgano administrativo que actúe en el marco
de la LPPRPM (sic), específicamente con base en
los artículos 43, 44, 46 y 50 de esa ley, puede denegar, modificar o aprobar
esa autorización mediante acto administrativo expreso?.
• ¿esta autorización tiene como finalidad autorizar
o no la manifestación pública o versa solamente acerca de la posibilidad que
tiene la autoridad de señalar el sitio donde deba realizarse la reunión o
manifestación pública?.
• ¿qué facultades en materia de orden público posee
el órgano competente si fuesen desobedecidas las limitaciones o condiciones al
• ¿qué facultades sancionatorias posee el órgano
manifestar?...”.
Que el artículo 68 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, establece que “…Los ciudadanos y ciudadanas tienen
que establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público…”. Por su parte, los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones,
“Artículo 41. Todos
los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse en lugares
públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las
“Artículo 43. Los organizadores de
reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro
horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado[s], en horas
hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del
lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.
participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores,
la aceptación del sitio o itinerario y hora.”
“Artículo 44. Cuando hubieren razones
fundadas para temer que la celebración simultánea de reuniones públicas o
público, la autoridad ante quien deba hacerse la participación que establece el
artículo anterior podrá disponer, de acuerdo con los organizadores, que
distantes. En este caso tendrán preferencia para la elección del sitio y la hora
quienes hayan hecho la participación con anterioridad.”
“Artículo 46. Los gobernadores o
y jefe o jefa de gobierno de distrito, fijaran periódicamente mediante resoluciones
A solicitud de las asociaciones políticas, la
autoridad civil podrá autorizar reuniones públicas o manifestaciones en
aquellos sitios prohibidos, cuando no afecten el orden público, el libre
tránsito u otros derechos ciudadanos. Parágrafo Único: Durante los
procesos electorales se aplicarán con preferencia las disposiciones de la Ley Orgánica
de Procesos Electorales.”
“Artículo 50. De cualquier determinación
tomada por la primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada
como injustificada por los organizadores de reuniones públicas o
manifestaciones, podrá recurrirse por ante el Gobernador o Gobernadora del
estado, Alcalde o Alcaldesa de Municipio o Distrito Metropolitano, así como
ante el Jefe o Jefa de Gobierno de Distrito, el cual estará obligado a decidir
durante las cuarenta y ocho horas siguientes. De esta decisión se podrá apelar
por ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia.”
Arguyo qué “…la simple lectura literal de las
manifestación en los términos del artículo 68 constitucional, la LPPRPM
misma anuncia en el artículo 41 ejusdem (sic)…”
Que “…luce claro que el o los manifestantes deberán
notificar a la autoridad con veinticuatro horas de anticipación cuando menos,
por escritos duplicado[s], en horas hábiles, a
la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o
itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue (ex artículo 43
ejusdem [sic])…”. Que “…de conformidad con ese último artículo la
autoridad en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en
el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o
aceptada ¿debería entenderse que también podría ser denegada? (destacado
del escrito). Que “…más adelante, en el artículo 44, la ley en
referencias señala que en el supuesto de celebración simultánea de reuniones
públicas o manifestaciones en la misma localidad que puedan provocar trastornos
del orden público, la autoridad puede disponer, de acuerdo con los
derecho a manifestar…”.
Que “…esa misma posibilidad autorizatoria surge del
artículo 46 cuando señala no solo que los gobernadores o gobernadoras de
estado, alcaldes o alcaldesas de municipios, o de distritos metropolitanos y
jefe o jefa de gobierno de distrito, fijan periódicamente mediante resoluciones
publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán
realizarse reuniones públicas o manifestaciones, oyendo previamente la
opinión de los partidos, sino que también prevé que a solicitud de las
asociaciones políticas, la autoridad civil podrá autorizar reuniones
públicas o manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no
afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos…” (destacado
del escrito). Señaló que “…el artículo 50 de la ley de marras
prevé la facultad recursiva frente a cualquier determinación tomada por
la primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada como
injustificada por los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones…”
(destacado del escrito). . Adujo que con lo expuesto supra “…se
expresa con claridad en qué consiste[n] las dudas y ambigüedad que en
(su) criterio surgen de las disposiciones constitucional y legales…”, transcritas.
Por último solicitó, “… que el presente Recurso de
Interpretación Legal, sea procesado conforme a la ley y por tanto se declare
con certeza -otorgando la debida Seguridad Jurídica- el contenido y alcance
del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de
los artículos 41, 43, 44, 46, 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas
y Manifestaciones con un claro y un único objetivo: el resguardo de la
espontaneidad de la vida social y política…” (destacado del escrito). II
presente recurso de interpretación y, al respecto, observa:
En sentencia Nº 1077 del 22 de septiembre de 2000 (caso:
Servio Tulio León), esta Sala determinó su competencia para interpretar
conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem. Al respecto, esta Sala ha precisado que la facultad
interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia Nº 1415/2000 del 22 de noviembre caso: Freddy Rangel Rojas,
entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia Nº 1860/2001 del 5
formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la
producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia Nº
1077/2000 del 22 de septiembre caso: Servio Tulio León) o las normas de
carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia Nº 1563/2000, caso: Alfredo Peña).
En el presente caso, se ha solicitado la interpretación del
artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el
objeto de determinar su contenido y alcance, así como de los artículos 41, 43,
44, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010.
En este sentido, estima esta Sala que con relación a la
conocer de su interpretación; y así se declara.
Ahora bien, por lo que concierne a la interpretación de
los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones, esta Sala aprecia que, a pesar de tener tales
disposiciones rango legal, ellas guardan una estrecha vinculación con la norma
constitucional -sólo como desarrollo de esta última- razón por la cual, este
órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículos 25
cardinal 17 y 31 cardinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer de la interpretación de las referidas normas; y
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN Establecido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse
la sentencia Nº 1029 del 13 de junio de 2001 (caso: Asamblea Nacional), este
órgano jurisdiccional precisó los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación
constitucional, en atención a su objeto y alcance. En este sentido, estableció
lo siguiente: “…1.- Legitimación para recurrir. Debe subyacer a la consulta una duda
2.- Precisión en cuanto a la
oscuridad, ambigüedad o contradicción de las disposiciones enlazadas a la
3.- Novedad del objeto de la acción. Este motivo de inadmisibilidad no
opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto
planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa.
4.- Inexistencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de
ellos den lugar estén en trámite.
procedimientos sean incompatibles; 6.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar
si la acción es admisible; 7.- Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos; 8.- Inteligibilidad del escrito; 9.- Representación del actor.
conforme a lo que se establece seguidamente…”.
La solicitud deberá expresar: 1.- Los datos concernientes a la identificación del accionante y de su
2.- Dirección, teléfono y demás elementos de ubicación de los órganos
involucrados; 3.- Descripción narrativa del acto material y demás circunstancias que
motiven la acción.
autos, el recurrente demostró el cumplimiento efectivo de cada uno de los
requisitos señalados supra; en efecto, este órgano jurisdiccional
como Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo así como “…la necesidad que [tiene], como
a (su) actuar frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del municipio
Guacara…”.
En segundo lugar, la acción fue planteada por el referido
Alcalde bajo la premisa de una ambigüedad sobre el contenido y alcance del
artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado
en los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta
Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010,
específicamente, en lo atinente a su actuar como primera autoridad civil del
manifestaciones públicas dentro de la referida entidad político territorial. Asimismo, la presente solicitud de interpretación
representa una novedad ya que este órgano jurisdiccional no ha establecido
existen vías ordinarias a las cuales pudiese acudir para dilucidar su
pretensión, ni acumulación con otra acción con la que pudiese excluirse
mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. La acción fue presentada
en términos claros, en ausencia de conceptos ofensivos y con los documentos
indispensables para verificar su admisibilidad. En atención a las anteriores
consideraciones, esta Sala admite la interpretación solicitada; y así se
acción de interpretación constitucional, la Sala, en sentencia del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), dejó abierta la posibilidad de
que, una vez admitida la acción, si lo creyere necesario, en aras de la
participación de la sociedad, pudiera emplazar por “Edicto” a cualquier
interpretación, para lo cual se señalaría un lapso de preclusión a fin de que
aquéllos concurrieran y expusieran por escrito (dada la condición de mero
derecho de este tipo de causas), lo que creyeren conveniente. Además, a los
mismos fines, se haría saber de la admisión del recurso, mediante notificación,
a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala el término señalado para observar, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya
que la urgencia de la interpretación puede conducir a que sólo sean los
señalados miembros del Poder Ciudadano los convocados (Vid. Sentencia Nº 226
del 20 de febrero del 2001, caso: Germán Mundaraín Hernández y otros). En la presente causa, la Sala, en atención a la facultad discrecional que posee, considera pertinente entrar a emitir pronunciamiento
que además debe resolverse con la menor dilación posible, por lo que pasará
inmediatamente a pronunciarse sobre su procedencia; y así se decide.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR El presente recurso de interpretación tiene por finalidad que
esta Sala Constitucional, como máxima y última intérprete del Texto Fundamental,
determine el alcance y el contenido del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con relación a los planteamientos formulados en la presente solicitud.
Al respecto, este órgano jurisdiccional, en sentencia Nº 1309 del 19 de julio de 2001 (caso: Hermann Escarrá), manifestó
su intención de explicar el sentido de la interpretación constitucional, en
atención al postulado del artículo 335 de la Carta Magna, para lo cual interpretó la noción y alcance de su propia potestad
interpretativa, señalando al respecto lo siguiente:
“…La interpretación constitucional hace girar el proceso
hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación
de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (ver-fassungskonfome Auslegung von Gesetze). Pero esta conformidad requiere
el cumplimiento de varias condiciones, unas formales, como la técnica
fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes,
generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, etc.)
[Ripert. Les Forces créatices du droit, París, LGDJ, 1955, pp. 307 y
ss]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo
político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y
autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los
principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano.
Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación constitucional. La
primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las
leyes y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda, con el control concentrado de dicha constitucionalidad. Como se
sabe, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución; y el artículo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal Supremo
de Justicia para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y
máximo y último intérprete, para velar por su uniforme interpretación y
aplicación, y para proferir sus interpretaciones sobre el contenido o alcance
de dichos principios y normas, con carácter vinculante, respecto de las otras
Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia obligatoria). Como puede verse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no duplica en estos artículos la competencia interpretativa de la Constitución, sino que consagra dos clases de interpretación constitucional, a saber, la
interpretación individualizada que se da en la sentencia como norma
individualizada, y la interpretación general o abstracta prescrita por el
artículos 335, que es una verdadera jurisdatio, en la medida que se
de los principios y normas constitucionales cuya interpretación constitucional
se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. Esta jurisdatio
es distinta de la función que controla concentradamente la
constitucionalidad de las leyes, pues tal función monofiláctica es, como
lo ha dicho Kelsen, una verdadera legislación negativa que decreta la invalidez
de las normas que colidan con la Constitución, aparte de la interpretación general o abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitcionales sino sobre el
sistema constitucional mismo. El recto sentido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación, ya que, de otro modo, dicho artículo sería redundante en lo dispuesto por el artículo 334 eiusdem, que sólo puede dar lugar a normas individualizadas, como son, incluso, las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo. La diferencia entre ambos tipos de interpretación
es patente y produce consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la
jurisdicción constitucional por parte de esta Sala. Esas consecuencias se
mientras que la norma general producida por la interpretación abstracta vale erga
omnes y constituye, como verdadera jurisdatio, una interpretación
cuasiauténtica y paraconstituyente, que profiere el contenido
constitucionalmente declarado por el texto fundamental…”.
le fue solicitado por el recurrente, el contenido del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente lo relacionado con la actuación de los Alcaldes como primeras autoridades político territoriales frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro de sus referidos Municipios. En tal sentido, la norma constitucional in commento
“Artículo 68.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en
el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los
cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público…”. (Subrayado de esta Sala) La disposición constitucional transcrita supra
en su primera parte hace referencia al derecho a la manifestación pacífica,
como uno de los derechos políticos que detentan los ciudadanos, el cual, junto
con el derecho a la reunión pública previsto en el artículo 53 de la Carta
Magna constituyen una manifestación del derecho a la libertad de conciencia de los
ciudadanos (artículo 61). Ahora bien, el derecho a la manifestación en el
ordenamiento jurídico venezolano no es un derecho absoluto, entendiendo por
tal, aquella clase o tipo de derecho que no admite restricción de ningún tipo,
se encuentran garantizados de forma amplia sin limitación de ningún tipo.
En tal sentido, el derecho a la manifestación admite
válidamente restricciones para su ejercicio, y así expresamente lo reconoció el
Constituyente de 1999 en el artículo 68, -tal como lo estableció la Constitución
de 1961 en su artículo 115- al limitar su ejercicio a las previsiones que
establezca la Ley. En tal sentido, la Asamblea Nacional en atención al
contenido del artículo 68 de la Carta Magna, dictó el 21 de diciembre de 2010 la
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial Nº
6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, en la cual en el Título II normó
el aspecto relacionado con el derecho constitucional a la manifestación, bajo
el Capítulo I denominado “De las reuniones públicas y manifestaciones”, estableciendo
así una serie de disposiciones de cumplimiento obligatorio no solo para los
partidos políticos, sino también para todos los ciudadanos, cuando estos
decidan efectuar reuniones públicas o manifestaciones. En este mismo orden de ideas, se aprecia que en la segunda parte
del artículo 68 de la Constitución, también se prevé un acatamiento irrestricto
control del orden público, quienes en su actuación no solo estarán en la
obligación garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestar
pacíficamente, sino también a impedir que éstos, en el curso de la protesta,
incurran en excesos que se puedan traducir en lesiones o amenazas de violación
de derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, como sería el caso del derecho al libre tránsito o al trabajo; sino también a los que estando en ellas
derechos humanos, evitando el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas. Determinado como se encuentra el alcance del artículo 68 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala advierte que la interpretación de autos se planteó en virtud de la necesidad que tiene el accionante (ciudadano Gerardo Sánchez
Chacón), como primera autoridad civil del Municipio Guacara del Estado Carabobo,
manifestaciones públicas dentro del referido Municipio.
acción de interpretación incoada, solo puede ser abordado por esta Sala, como
en efecto se ha hecho, para exigir la conexión de la solicitud de
interpretación con un caso concreto y de esta manera determinar, por un lado,
resolución del mismo (ver fallos de esta Sala números Nº 1077/2000 y 1029/2001,
Pero la Sala Constitucional ha sido siempre muy cuidadosa de no usurpar con su interpretación
competencias de otras Salas (por ejemplo, el recurso de interpretación de
textos legales); y de evitar que se pretenda con esta acción sustituir recursos
acciones, es decir, que lo planteado persiga más bien la solución de un
conflicto concreto entre particulares o entre estos y órganos públicos, o entre
estos últimos entre sí; o que exista una velada intención de lograr una opinión
acción de interpretación, la Sala solo se limitará a efectuar dos precisiones:
1.- La verificación del contenido de los artículos 41, 43,
Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario
del 23 de diciembre de 2010 a la luz de lo dispuesto en el artículo 68 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los planteamientos
En tal sentido los artículos en referencia establecen lo
“Artículo 41. Todos los
habitantes de la República tienen el derecho de reunirse en lugares públicos o
de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes.”
cuando menos, por escritos duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad
civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día,
Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán
sitio o itinerario y hora.”
“Artículo 44. Cuando hubieren razones fundadas para temer que
la celebración simultánea de reuniones públicas o manifestaciones en la misma
localidad pueda provocar trastornos del orden público, la autoridad ante quien
deba hacerse la participación que establece el artículo anterior podrá
sitios suficientemente distantes o en horas distantes. En este caso tendrán
preferencia para la elección del sitio y la hora quienes hayan hecho la
participación con anterioridad.”
“Artículo 46. Los gobernadores o gobernadoras de estado, alcaldes
gobierno de distrito, fijaran periódicamente mediante resoluciones publicadas
en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán realizarse reuniones
públicas o manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los partidos.
A solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad civil podrá
autorizar reuniones públicas o manifestaciones en aquellos sitios prohibidos,
cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos
ciudadanos. Parágrafo Único: Durante los procesos electorales se
aplicarán con preferencia las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos
“Artículo 50. De cualquier determinación tomada por la primera
autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada como injustificada por
los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, podrá recurrirse por
Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe o Jefa de Gobierno de Distrito,
el cual estará obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas siguientes.
De esta decisión se podrá apelar por ante el Tribunal Supremo de Justicia,
quien decidirá con preferencia.”
constitucional previsto en el artículo 68 de la Carta Magna, regulando el
ejercicio del derecho a la protesta pacífica de una manera pormenorizada, precisando
la solicitud (por escrito duplicado); (iii) el contenido del escrito (indicación
del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga);
de la jurisdicción, Gobernadores de Estados, Alcaldes de Municipios o de
obligación de las autoridades de estampar en el ejemplar que entregan a los
organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora.
En este orden de ideas, también se advierte el derecho a recurrir
de los solicitantes ante cualquier decisión tomada por la primera autoridad
civil de la respectiva jurisdicción cuando la misma sea catalogada como injustificada,
bien porque niegue el permiso o porque introduzca algún cambio en cuanto a la indicación
del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga, teniendo
Municipio o Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe de Gobierno de
Distrito, quien estará obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas
siguientes. De esta decisión el o los solicitantes podrán interponer recurso de
nulidad ante la Sala Político Administrativa de este alto Tribunal de acuerdo a
lo establecido en el artículo 26 cardinal 13 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia.
Por último, se aprecia la facultad de la primera autoridad civil de fijar
periódicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas Gacetas, los
sitios donde no podrán realizarse reuniones públicas o manifestaciones, oyendo
previamente la opinión de los partidos, aplicando con preferencia las
disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, durante los procesos
Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, prevé las
pautadas adecuadas para el ejercicio cabal y efectivo del derecho a la manifestación
pacífica sin que ello implique en modo alguna una limitación total y absoluta
de su ejercicio; y así se declara.
procedimiento pautado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario del 23 de
diciembre de 2010. En lo que atañe a la primera duda, referida al hecho de si ¿para ejercer el derecho a manifestar, en los términos previstos en
el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
debe el o los manifestantes solicitar autorización?.
resulta obligatorio para los partidos y/o organizaciones políticas así como para
todos los ciudadanos, -cuando estos decidan efectuar reuniones públicas o
manifestaciones- agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la
primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente, para de esta manera
poder ejercer cabalmente su derecho constitucional a la manifestación pacífica.
a si ¿constituye la autorización -de ser necesaria- un requisito legal o
limitación legal al derecho a manifestar al que hace referencia tanto el
artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como
el artículo 41 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones, respectivamente? La autorización emanada de la primera autoridad civil
de la jurisdicción de acuerdo a los términos de la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, constituye un
requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento limita de forma absoluta el
derecho a la manifestación pacífica, impidiendo así la realización de cualquier
tipo de reunión o manifestación. Por lo tanto, cualquier concentración,
dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público
a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos
salud, derecho a la vida e integridad física), actúen dispersando dichas
marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico. En lo concerniente a la tercera duda, referida al
hecho de que ¿el órgano administrativo que actúe en el marco de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, específicamente con base en los artículos 43, 44, 46 y 50 de
esa ley, puede denegar, modificar o aprobar esa autorización mediante acto
De acuerdo a las previsiones de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la
primera autoridad civil de la jurisdicción -donde se desee realizar la
concentración, manifestación o reunión pública- no se encuentra limitada a los
términos en que se efectúe la solicitud, pudiendo no solo negar la autorización,
sino también modificarla en caso de acordarla o autorizarla en cuanto a
la indicación del lugar y el itinerario escogido (el día y hora). Dicho
pronunciamiento, deberá ser emitido mediante acto administrativo expreso, en el
cual se haga alusión a las razones o fundamentos de su decisión, aspectos estos
que deberán ser tomados en consideración por el o los solicitantes al momento
de recurrir de la decisión in commento. En cuarto lugar, adujo la siguiente incertidumbre, ¿esta
autorización tiene como finalidad autorizar o no la manifestación pública o versa
solamente acerca de la posibilidad que tiene la autoridad de señalar el sitio
donde deba realizarse la reunión o manifestación pública?.
La autorización prevista en la Ley
de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, comprende dos aspectos
importantes, el primero, relacionado con la habilitación propiamente dicha para
permitir la concentración, reunión pública o manifestación y el segundo,
vinculado con las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se podrá llevar a
En quinto lugar, expresó la siguiente duda, ¿qué
facultades en materia de orden público posee el órgano competente si fuesen
establece en su artículo 178, cardinal 7 como una de las atribuciones del
Municipio, la “…justicia de paz, prevención y protección vecinal y
servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable…”.
En este orden de ideas, la Ley Orgánica del Servicio
de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada el 7 de
diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario, estableció en sus artículos 34, cardinal
“Artículo 34. Son atribuciones comunes de los cuerpos de
4. Ejecutar las políticas emanadas del Órgano Rector en materia de
seguridad ciudadana, incluyendo tránsito, sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, anticorrupción, antisecuestros, acaparamiento y especulación
alimentaria, adulteración de medicinas y otros bienes de consumo esenciales
para la vida, delincuencia organizada, turismo, ambiente y orden público….”
“Artículo 44. Los
cuerpos de policía municipal son órganos o entes de seguridad ciudadana
encargados de ejercer el Servicio de Policía en su espacio territorial y ámbito
preventivas y control del delito, con estricta sujeción a los principios y
directrices dictados por el Órgano Rector.”
“Artículo 46. Los cuerpos de policía municipal tendrán,
además de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía previstas en esta
municipio y protección vecinal.”
se aprecia que los cuerpos de las policías municipales como entes de seguridad
ciudadana además de tener sus competencias naturales como policías
administrativas, tendrán además atribuciones comunes con el Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana, dentro de las cuales destaca, el mantenimiento del orden público de
acuerdo a las políticas emanadas del Órgano Rector en materia de
seguridad ciudadana. Por lo tanto siendo ello así y visto que las policías municipales
del orden público, estos organismos de seguridad tiene la obligación de
coadyuvar con el resto de los cuerpos de seguridad (policías estadales, Policía
Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana) en el control del orden público
que resulte alterado con ocasión del ejercicio ilegal del derecho a la
manifestación. Finalmente, expresó como última inquietud, ¿qué
facultades sancionatorias posee el órgano competente si fuesen desobedecidas
Ante la desobediencia de la decisión tomada por la primera
autoridad civil de la jurisdicción, bien por el hecho de haberse efectuado la
manifestación o reunión pública a pesar de haber sido negada expresamente o por
previamente, la referida autoridad deberá remitir al Ministerio Público, a la
mayor brevedad posible toda la información atinente a las personas que
presentaron la solicitud de manifestación pacífica, ello a los fines de que
determine su responsabilidad penal por la comisión del delito de desobediencia
a la autoridad previsto en el artículo 483 del Código Penal, además de la
responsabilidad penal y jurídica que pudiera tener por las conductas al margen
del Derecho, desplegadas durante o con relación a esas manifestaciones o
reuniones públicas. Precisado el contenido y alcance del artículo 68 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como las dudas
generadas con ocasión de la aplicación de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de
la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, esta Sala declara resuelto el presente recurso de interpretación, en
los términos expuestos en el presente fallo. Así se decide.
Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley:
1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción
de interpretación constitucional del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2.- Se declara COMPETENTE para conocer del recurso
de interpretación de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos
Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010.
3.-ADMITE el recurso de interpretación
constitucional incoado por el ciudadano Gerardo Sánchez Chacón, actuando en su
condición de Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo, asistido por el
abogado Hermann Escarrá Malavé, ya identificados.
6.- Se ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se ORDENA que en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenando. Archívese
los días del mes de de dos mil catorce (2014). Años: 203º
de la Independencia y 155º de la Federación. La
Alvarado El Vicepresidente,
Magistrada Marcos Tulio Dugarte Padrón
Merchán Magistrada Arcadio Delgado Rosales Magistrado-Ponente