Source: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=22&p_numero=176&p_consec=50592
Timestamp: 2018-04-24 21:05:05
Document Index: 258384406

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 54', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 138', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7']

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 176 DE 2017 SENADO.
Mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes de instituciones de educación superior que vayan a iniciar o se encuentren ejerciendo las prácticas laborales como requisito para obtener un título académico.
En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Senado de la República, y con fundamento en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 176 de 2017 Senado, mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes de instituciones de educación superior que vayan a iniciar o se encuentren ejerciendo las prácticas laborales como requisito para obtener un título académico.
1. ANTECEDENTES EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley es de iniciativa parlamentaria y fue puesto a consideración del Honorable Congreso de la República por los Senadores Daniel Cabrales Castillo, Iván Duque Márquez, Paloma Valencia Laserna y Fernando Nicolás Araújo. El proyecto fue radicado ante e l Senado de la República, el día 27 de noviembre de 2017.
El día 24 de enero del año la iniciativa fue radicada en la Comisión Séptima de Senado. A partir de lo cual, dicha célula legislativa, mediante Oficio número CSP-CS-0167-2018 me ha designado como ponente único.
El Proyecto de ley número 176 de 2017 Senado, mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes de instituciones de educación superior que vayan a iniciar o se encuentren ejerciendo las prácticas laborales como requisito para obtener un título académico, tiene por objeto establecer incentivos a los empleadores del sector privado que ofrezcan oportunidades laborales a los estudiantes pertenecientes a Instituciones de Educación Superior, y que se encuentren realizando prácticas profesionales.
3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
1. La Constitución Política de Colombia, que en su artículo 25 dispone lo siguiente: ¿el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de especial protección por parte del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas¿.
2. La Constitución Política de Colombia, que en su artículo 54 dispone lo siguiente: ¿El Estado debe propiciar la Ubicación Laboral de las personas en edad de trabajar¿¿.
3. La Ley 1429 de 2010. Que tiene por objeto ¿la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse¿.
4. La Ley 1780 de 2016, la cual tiene por objeto ¿impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes¿.
5. Convenio sobre política del empleo de 1964, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Donde los principios de dicho convenio establecen lo siguiente respecto de los Estados vinculados a la OIT: ¿todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido¿.i[1][1]
5. Resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativa al empleo de los jóvenes. Adoptada el 15 de junio de 2005 por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 93 reunión. Dicha resolución en su Punto número 19 plantea que ¿El empleo de los jóvenes debería tenerse en cuenta en las políticas sociales, de empleo y económicas mediante una combinación de políticas bien equilibradas. También es necesario formular po líticas comerciales, industriales, de formación y salariales nacionales, favorables con una participación adecuada de los interlocutores sociales para hacer frente a dicho desafío.¿ii[2][2]
4. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
El desempleo es uno de los principales problemas que inhibe aún más el desarrollo y bienestar de un país o región. Particularmente para Colombia, si bien ha habido mejoras en este aspecto, para 2017 la tasa tuvo un incremento y se alcanzó una tasa de 9,4% de desempleo nacional.
Ahora bien, este problema repercute mayoritariamente en los jóvenes, que después de obtener una formación educativa ¿ya sea profesional o técnica¿ se ven afectados por los múltiples obstáculos que el mercado laboral impone, siendo la exigencia de experiencia la razón principal. De hecho, el artículo ¿La falta de empleo para los recién graduados: ¿Acaso no basta con tener el `cartón¿?iii[3][3](La Silla Vacía, 2017), asegura que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) afirma que menos de un tercio de los recién graduados encuentran trabajo en los primeros seis meses.
Al comparar el trimestre Noviembre ¿ Enero en la serie de datos provistas por el DANE, es posible entrever que a partir del trimestre NOV 2014 ¿ ENE 2015, hay una tendencia creciente del desempleo juvenil, pasando de 15% al 16,8% en el último trimestre reportado (NOV 2017 ¿ ENE 2018).iv[4][4]
Fuente: Boletín técnico GEIH ¿ DANE
Ahora bien, además de que el fenómeno se asienta más en la población joven, al analizar el desempleo juvenil por sexo se evidencia que las mujeres son las más afectadas. De hecho, el boletín técnico de la GEIH NOV 2017 ¿ ENERO 2018 señala lo siguiente:
¿La población joven presentó una tasa de desempleo (TD) de 18,5% durante el trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018. Para las mujeres fue 21,2% y para los hombr es fue 16,1%. Para el mismo periodo del año anterior, estas tasas fueron 17,9%, 20,3% y 15,9%, respectivamente¿.v[5][5]
Lo anterior permite inferir, durante el periodo de referencia además de un incremento sustancial del desempleo en general, el fenómeno repercutió mayoritariamente las mujeres, con un incremento del 18,4% en el periodo de referencia.
- Competitividad y mayores disparidades
Las consecuencias no son pocas y deben analizarse con mucha cautela. Además del daño que se les ocasiona a los jóvenes recién graduados (económicos, emocionales, etc.), en términos de competitividad también se afecta al país. Particularmente, en las regiones el nivel de especialización se desequilibra aún más del que ya persiste y se incrementa aún más tanto las disparidades, como el modelo Centro ¿ Periferia.
Lo anterior se refuerza cuando se analizan los datos de número de estudiantes profesionales y técnicos de las regiones. Particularmente, al realizar un comparativo entre la región Centro Oriente y la región Caribe se encontró que, si bien el número de matriculados en carreras profesionales es creciente para ambos casos, la educación técnic a en la región central tiene una tendencia decreciente, mientras que en el Caribe tiene una tendencia creciente. Es decir, puede que la cantidad de obstáculos que impone el mercado laboral este afectando la decisión de los jóvenes de inclinarse por un programa técnico en el Caribe, por citar un ejemplo.
Por otro lado, al no encontrar otra vía económica de escape y sustento, los jóvenes se ven obligados a trabajar en la informalidad, que según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2015, para los jóvenes colombianos alcanza un 78%.vi[6][6]
Por otro lado, si bien no existen datos de subempleo juvenil, la tasa general de subempleo (nacional) puede ser un indicador contextualizarnos. El DANE mide dos (2) clase de subempleo: el objetivo y el subjetivo. El primero hace referencia ¿a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio¿ y el segundo al ¿al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias¿.vii[7][7]
En lo que respecta puntualmente a subempleo subjetivo comparando el primer semestre de 2016 con respecto al mismo periodo de 2017 se encontró lo siguiente:
En la región central pasó de 25,7% al 26,3%, incrementó.
En la región Pacífica si bien se mantuvo en 34,2% en el periodo de referencia, esta cifra es preocupantemente alta.
En la región Caribe paso del 29,2% al 27,5%, que, si bien tiene una tendencia decreciente, al igual en la región pacifica situación es alarmante.
En la región Oriental paso de 26% al 23,6%, disminuyó.
Bogotá, D. C., pasó del 27,7% al 22,7%, siendo el ente territorial con mejor situación.
Según Fedesarrolloviii, [8][8]el subempleo tanto objetivo como subjetivo ha disminuido en los últimos años, sin embargo, resulta alarmante que todavía la tasa se ubique en promedio por encima de 25%. En estas cifras se encuentra un porcentaje indeterminado de jóvenes los cuales, a pesar de hacer parte del mercado laboral que tienen el deseo de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus p ersonales competencias.
Fuente: Fedesarrollo con fecha de corte octubre de 2017.
Dado lo anterior, una medida que ayude a facilitar la contratación de jóvenes puede funcionar para atacar tanto el desempleo juvenil como la competitividad intrarregional y nacional.
No se realizan proposiciones modificativas, supresivas ni aditivas al articulado del proyecto que fue radicado, por considerar que la iniciativa permite dar un alcance a las necesidades actuales de los jóvenes colombianos en materia de empleabilidad. Necesidades que están en mora de ser atendidas por el Gobierno actual.
La imple mentación del proyecto de ley de referencia no supone la destinación de recursos públicos. En el mismo sentido, debe decirse que el articulado de la iniciativa no realiza autorizaciones para que el Gobierno nacional apropie recursos del Presupuesto General de la Nación. A partir de lo cual es prudente afirmar que el impacto fiscal de la iniciativa es nulo.
No obstante, pese a plantear que no existe impacto fiscal debe tenerse en cuenta la posición jurisprudencial del alto tribunal constitucional que, en Sentencia C-625 de 2010, ha manifestado lo siguiente respecto de la estimación del impacto fiscal por parte del legislativo en el marco del trámite congresional que deben seguir todos los proyectos:
¿¿si bien compete a los miembros del Congreso la responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder Ejecutivo, y al interior de aquél el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros del órgano legislativo la inviabilidad financiera de la propuesta que se estudia. De allí que esta corporación haya señalado que corresponde al Gobierno el esfuerzo de llevar a los legisladores a la convicción de que el proyecto por ellos propuesto no debe ser aprobado, y que en caso de resultar infructuoso ese empeño, ello no constituye razón suficiente para tener por incumplido el indicado requisito, en caso de que las cámaras finalmente decidan aprobar la iniciativa cuestionad.¿ix[9][9]Subrayado fuera de texto original.
Por las razones expuestas, solicito a la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, aprobar en Primer Debate el Proyecto de ley número 176 de 2017 Senado, mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes de instituciones de educación superior que vayan a iniciar o se encuentren ejerciendo las prácticas laborales como requisito para obtener un título académico, de acuerdo al texto radicado ante el Senado de la República.
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TEXTO RADICADO ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 176 DE 2017 SENADO
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer incentivos a empleadores privados con el fin de promover el acceso a primer empleo a los estudiantes de Instituciones de Educación Superior que ostenten la calidad de practicantes laborales.
Artículo 2°. Definiciones. A efectos de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.
- Instituciones de Educación Superior: conforme con el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, se entienden como aquellos establecimientos organizados con el fin de prestar el servicio público educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la educación superior, en los términos fijados por la ley.
- Prácticas laborales: entendidas como actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Las prácticas laborales pueden implicar una relación de trabajo entre practicantes y entidad.
- Bonificaciones no constitutivas de salario: Remuneración otorgada a practicantes por la prestación de sus servicios equivalente a la suma de por lo menos ½ salario mínimo legal mensual vigente.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Podrán acceder a los beneficios establecidos en la presente ley:
- Aquellas entidades privadas que certifiquen haber vinculado laboralmente a los practicantes estudiantiles que se encontraran prestando sus servicios a dichas entidades al momento de la entrada en vigencia de esta ley.
- Aquellas entidades privadas que certifiquen haber vinculado nuevos practicantes estudiantiles a partir de la vigencia de la presente ley y haberlos remunerado mediante bonificaciones no constitutivas de salario.
Artículo 4°. Incentivo a la oferta laboral. Los beneficios a empleadores que promuevan la oferta laboral para practicantes estudiantiles serán los siguientes:
1. Los empleadores que vinculen de 1 a 10 practicantes estudiantiles remunerándolos mediante bonificaciones y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta hasta el 120% del valor de las bonificaciones pagadas durante el año o período gravable, siempre que estos hayan prestado sus servicios durante todo este tiempo. El mismo descuento se aplicará con respecto de salarios y prestaciones sociales pagadas por el empleador a los practicantes que, habiendo acabado su ciclo de prácticas laborales sean vinculados mediante relación de trabajo.
2. Los empleadores que vinculen a más de 10 practicantes remunerándolos mediante bonificaciones y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta hasta el 140% del valor de las bonificaciones pagadas durante el año o período gravable, siempre que estos hayan prestado sus servicios durante todo este tiempo. El mismo descuento se aplicará con respecto de salarios y prestaciones sociales pagadas por el empleador a los practicantes que, habiendo acabado su ciclo de prácticas laborales sean vinculados mediante relación de trabajo.
3. Los empleadores que acrediten vincular de 1 a 10 practicantes estudiantiles remunerándolos mediante bonificaciones no constitutivas de salario tendrán un descuento equivalente al 30% en el pago de la renovación de la matrícula mercantil.
4. Los empleadores que acrediten vincular a más de 10 practicantes estudiantiles remunerándolos mediante bonificaciones no constitutivas de salario tendrán un descuento equivalente al 50% en el pago de renovación de la matrícula mercantil.
Parágrafo 1°. Los beneficios establecidos por los numerales 3 y 4 serán aplicados por 4 años.
Parágrafo 2°. Los empleadores podrán acceder a estos beneficios sin perjuicio de otros que disponga la ley.
Parágrafo 3°. Los beneficios consagrados en este artículo no podrán aplicarse por más de dos años por trabajador.
Artículo 5°. Los empleadores que quieran acceder a los beneficios consagrados por el artículo anterior deberán aumentar el número de trabajadores con que cuente, no obstante, la vinculación de practicantes no podrá superar el 25% de la fuerza laboral de los empleadores.
Artículo 6°. Las entidades territoriales podrán, en virtud de la presente ley, ampliar los beneficios otorgados dentro de su territorio.
Artículo 7°. Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2019.
Bogotá, D. C., a los once (11) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018)
En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, el siguiente Informe de Ponencia para Primer Debate y Texto Propuesto para Primer Debate.
Número del proyecto de ley número 176 de 2017 Senado
Título del proyecto: mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes de instituciones de educación superior que vayan a iniciar o se encuentren ejerciendo las prácticas laborales como requisito para obtener un título académico.
[1][1]i Convenio que no ha sido ratificado por Colombia, pero que fue promulgado por la OIT desde 1964. Lo que evidencia la deuda histórica del Estado con las políticas públicas de empleo juvenil. Lo que convierte a esta iniciativa en una oportunidad para dar alcance a las necesidades actuales en materia de empleabilidad para los jóvenes.
[2][2]ii Las Resoluciones de la OIT están destinadas a tener un efecto normativo en sus Estados miembro. Sin embargo, no se consideran parte del sistema de las normas internacionales del trabajo de la OIT, no tienen un carácter vinculante.
[3][3]iii M. R. (2017). La falta de empleo de los recién graduados: ¿acaso no basta el cartón? Periodico15. doi:10.1075/ps.5.3.02chi.audio.2f
[4][4]iv Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ¿ DANE. (9 de marzo de 2018). Mercado laboral de la Juventud Trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Bol_eje_juventud_nov17_ene18.pdf
[5][5]v Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ¿ DANE. (16 de agosto de 2017). Mercado laboral por regiones primer semestre de 2017. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_regiones/bol_regiones_Is_17.pdf
[6][6]vi El TIEMPO. (25 de mayo de 2015). Informalidad del empleo juvenil en el país es de las más altas¿: OIT. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15825515
[7][7]vii Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ¿ DANE. (9 de marzo de 2018). Mercado laboral de la Juventud Trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Bol_eje_juventud_nov17_ene18.pdf
[8][8]viii FEDESARROLLO. (noviembre de 2017). Informe mensual del mercado laboral: desempleo juvenil. recuperado de: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/11imlnoviembre2017web.pdf
[9][9]ix Corte Constitucional. Sentencia C-625 de 2010, M.P. Nilson Pinilla.