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Timestamp: 2019-10-16 05:38:34
Document Index: 366890447

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 298', 'ARTÍCULO 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 243', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 28', 'e contrario', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 298', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 207', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 7', 'Artículo 11', 'artículo 56', 'artículo 256']

﻿ SENTENCIA C-42 DE MAYO 16 DE 2018
SENTENCIA C-42 DE 16 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:PRECISIÓN SOBRE LA GARANTÍA DEL CONTROL JUDICIAL DE CUALQUIER FORMA DE LA CAPTURA SIN DEMORA. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DE LA EXPRESIÓN “LO AQUÍ DISPUESTO NO SE APLICARÁ EN LOS CASOS EN QUE EL CAPTURADO ES APREHENDIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, CASO EN EL CUAL SERÁ DISPUESTO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO QUE PROFIRIÓ LA SENTENCIA”, CONTENIDA EN EL PARÁGRAFO 1º DEL ARTÍCULO 298 DE LA LEY 906 DE 2004, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 1453 DE 2011, BAJO EL ENTENDIDO QUE EL CAPTURADO DEBERÁ PONERSE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO O EN SU DEFECTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, DENTRO DE LAS 36 HORAS SIGUIENTES A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. EN CASO DE QUE EL CONTROL JUDICIAL DE LA APREHENSIÓN SE SURTA ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, ESE FUNCIONARIO RESOLVERÁ SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CAPTURA DEL CONDENADO, ADOPTARÁ LAS MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN A LAS QUE HAYA LUGAR Y ORDENARÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PERSONA JUNTO CON LAS DILIGENCIAS ADELANTADAS ANTE EL JUEZ DE CONOCIMIENTO QUE PROFIRIÓ LA SENTENCIA, AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, DE DEFENSA Y DE CONTRADICCIÓN DEL DETENIDO, ASÍ COMO EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, HÁBEAS CORPUS, DERECHO DE CONTRADICCIÓN, JUEZ DE CONOCIMIENTO, JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, JUEZ NATURAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DERECHO DE DEFENSA, PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL, CONTROL DE LEGALIDAD DE LA CAPTURA
Sentencia C-42 de mayo 16 de 2018
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.
Demandantes: María José Casado Brajín y Carlos Andrés Pérez Alarcón.
PAR.—La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.Loaquídispuestonoseaplicaráenloscasosenqueelcapturadoesaprehendidoparaelcumplimientodelasentencia,casoenelcualserádispuesto(sic)adisposicióndeljuezdeconocimientoqueprofiriólasentencia.
PAR. 2º—Cuando existan motivos razonables para sospechar que una nave está siendo utilizada para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los miembros uniformados de la Armada Nacional deberán aplicar el procedimiento de interdicción marítima y conducir inmediatamente la nave y las personas que estén a bordo al puerto para que se verifique el carácter ilícito de las sustancias transportadas. En este caso, el término señalado en el parágrafo anterior se contará a partir del momento en el cual se verifique que las sustancias transportadas son ilícitas en el puerto, siempre y cuando se cumpla el procedimiento de interdicción marítima y se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados”.
Aptitud de la demanda(8)
3. Los demandantes consideraron que el artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, es inconstitucional por desconocer los artículos 28 y 93 de la Carta. Los ciudadanos sustentaron el cargo admitido por esta Corporación en que la norma demandada no contempla el control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de la sentencia penal ante el juez de control de garantías y tampoco un término preciso para su ejercicio. Consideran que dicha disposición jurídica es inconstitucional, porque una persona capturada para cumplir la pena podría permanecer aprehendida por un lapso indeterminado sin que pueda ser destinataria de una revisión judicial efectiva para proteger su derecho a la libertad, es decir, no establece su presentación ante el juez de control de garantías en un término concreto(9).
5. Al respecto, este Tribunal recuerda que su jurisprudencia ha sostenido reiteradamente(10) que la acción pública de inconstitucionalidad constituye una manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana y configura un instrumento jurídico valioso, que le permite a las personas defender el poder normativo de la Carta y manifestarse democráticamente frente a la facultad de configuración que ostenta el Legislador (C.P., arts. 150 y 114)(11).
Aunque la acción de inconstitucionalidad es pública, popular(12), no requiere de abogado(13) y tampoco exige un especial conocimiento para su presentación, lo cierto es que el derecho político a interponer acciones públicas como la de inconstitucionalidad (C.P., art. 40-6), no releva a los ciudadanos de presentar argumentos serios para desvirtuar la presunción de validez de la ley y de observar cargas procesales mínimas en sus demandas, que justifiquen debidamente sus pretensiones.
Estos requisitos buscan, de un lado, promover el delicado balance entre la observancia del principio pro actione —que impide el establecimiento de exigencias desproporcionadas a los demandantes que hagan nugatorio en la práctica el derecho de acceso a la justicia para interponer la acción pública enunciada—, y de otro, asegurar el cumplimiento de los requerimientos formales exigibles conforme a la ley, en aras de lograr una racionalidad argumentativa que permita el diálogo descrito(14) y la toma de decisiones de fondo por parte de esta corporación(15).
Desde esta perspectiva, si bien es cierto que en virtud de lo preceptuado por el principio pro actione, las dudas de la demanda deben interpretarse en favor del accionante(16) y la Corte debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria(17), también es cierto que este Tribunal no puede corregir ni aclarar los aspectos confusos o ambiguos que surjan de las demandas ciudadanas(18) “so pretexto de aplicar el principio pro actione, pues, se corre el riesgo de transformar una acción eminentemente rogada, en un mecanismo oficioso”(19), circunstancia que desborda el sentido del control de constitucionalidad por vía de acción que le compete.
Por ende, la exigencia de los requisitos mínimos a los que se hace referencia, contenidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, mediante el uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana busca(20): (i) evitar que la presunción de constitucionalidad que protege al ordenamiento jurídico se desvirtúe a priori, en detrimento de la labor del Legislador, mediante acusaciones infundadas, débiles o insuficientes; (ii) asegurar que este Tribunal no produzca fallos inhibitorios de manera recurrente, ante la imposibilidad de pronunciarse realmente sobre la constitucionalidad o no de las normas acusadas, comprometiendo así la eficiencia y efectividad de su gestión; y (iii) delimitar el ámbito de competencias del juez constitucional, de manera tal que no adelante, de manera oficiosa, el control concreto y efectivo de las normas acusadas. De hecho, conforme al artículo 241 de la Constitución, por regla general, a la Corte no le corresponde revisar oficiosamente las leyes, sino examinar las que efectivamente demanden los ciudadanos, lo que implica que esta Corporación estudie de fondo un asunto, solamente cuando se presente en debida forma la acusación ciudadana(21).
6. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, fija las condiciones o requisitos mínimos de procedibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, exigiéndole a los ciudadanos en la presentación de las mismas, que (i) señalen las disposiciones legales contra las que dirigen la acusación; (ii) delimiten las preceptivas superiores que consideran violadas y (iii) expliquen las razones o motivos por los cuales estiman que tales normas de la Carta han sido desconocidas.
En lo concerniente al requisito relacionado con las “razones o motivos por los cuales estiman que tales normas superiores han sido desconocidas”, esta corporación ha precisado de manera consistente en su jurisprudencia, que dichas razones deben ser conducentes para hacer posible el diálogo constitucional que se ha mencionado. Ello supone el deber para los ciudadanos de “formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Política”(22).
7. En ese orden de ideas, para la jurisprudencia de esta Corporación(23) el concepto de la violación requiere que los argumentos de inconstitucionalidad contra las normas acusadas sean: i) claros, es decir, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ii) ciertos, la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; iii) específicos, en la medida que se precise la manera en que la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, con argumentos de oposición objetivos y verificables entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, lo que hace inadmisibles los argumentos vagos, indeterminados, abstractos y globales; iv) pertinentes, el reproche debe ser de naturaleza constitucional pues no se aceptan reproches legales y/o doctrinarios; y, v) suficientes, debe exponer todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
“PAR.—La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.Loaquídispuestonoseaplicaráenloscasosenqueelcapturadoesaprehendidoparaelcumplimientodelasentencia,casoenelcualserádispuestoadisposicióndeljuezdeconocimientoqueprofiriólasentencia”.
En efecto, esta Corporación ha expresado que la cosa juzgada constitucional “(…) es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política (…) mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”(24).
De esta suerte, se trata de un atributo que “(...) caracteriza un determinado conjunto de hechos o de normas que han sido objeto de un juicio por parte de un tribunal con competencia para ello y en aplicación de las normas procedimentales y sustantivas pertinentes.”(25) Cuando se configura la cosa juzgada surge la prohibición “(…) de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto”(26).
12. La mayoría de intervinientes(27) solicitaron la exequibilidad condicionada del fragmento con base en que desconoció el término de treinta y seis (36) horas previsto en el artículo 28 de la Constitución para que las personas capturadas sean puestas a disposición judicial, pues consideran que este plazo aplica para toda clase de capturas.
Para otros intervinientes(28) la disposición jurídica atacada debe ser declarada inexequible porque desconoce la visión sistemática del control judicial oportuno consagrado en los artículos 28 Superior, 9º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el 7º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, contiene una diferenciación injustificada que desconoce la garantía del control judicial dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.
15. El ius puniendi aparece como uno de los instrumentos que configuran el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado constitucional para reaccionar ante el fenómeno criminal. Se trata del brazo fuerte de la ley(29) que le permite al Estado intervenir legítimamente y de manera intensa sobre determinados bienes jurídicos como la libertad, frente a comportamientos considerados por la sociedad como reprochables y que merecen una sanción punible, de ahí que su utilización deba hacerse como ultima ratio y bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad.
De esta manera, la Carta tiene una eficacia irradiante(30) sobre el derecho penal, de tal forma que se establece un orden normativo que le permite a la sociedad y a los individuos en particular interactuar de manera ordenada y con una seguridad razonable sobre las expectativas mutuas de las personas, sobre la aplicación estatal de las disposiciones jurídicas del ius puniendi que regulan su conducta(31).
Conforme a lo expuesto, el ejercicio de la potestad punitiva del Estado no es ilimitada, debido a la trascendencia constitucional de los derechos y los intereses en tensión, tanto en materia sustancial como procedimental(32), de tal suerte que:
“Así, ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados —particularmente en el campo de los derechos fundamentales— que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas”(33).
En consecuencia, el Texto Superior contempla una serie de garantías que guían y controlan el ejercicio del ius puniendi del Estado con la finalidad de minimizar la afectación de los derechos fundamentales de las personas y maximizar la protección de los bienes jurídicos afectados por el delito, desde la tipificación legal de los delitos, su comprobación judicial(34) y la ejecución de la sanción que se imponga a la conducta objeto de reproche.
Estas garantías no están fundadas en una concepción de mérito, ya que deben observarse en todos los casos, pues pretenden que el derecho penal produzca el menor daño posible a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en un conflicto social constante dentro del sistema(35).
17. El conjunto de garantías que rodean el derecho penal está constituido por las siguientes(36):
Libre configuración normativa del Legislador en materia de establecimiento de normas penales(37)
18. Previamente se advirtió que el derecho penal es la expresión de la política criminal del Estado, cuya definición con base en el principio democrático y en la soberanía popular (C.P., arts. 1º y 3º), le corresponde de manera exclusiva al legislador(38). A su vez, los artículos 114 y 150 de la Carta, le otorgan al Congreso de la República la función de “hacer las leyes” y de expedir y reformar los códigos en todas las ramas de la legislación.
19. En el ámbito penal, el Legislador goza de un amplio margen para determinar el contenido concreto del derecho punitivo. De tal suerte que en ejercicio de esta competencia le corresponde regular: i) las conductas punibles; ii) el quantum de las penas correspondientes; iii) las circunstancias que las disminuyen o aumentan(39); iv) las modalidades de privación de la libertad; y v) la forma en que se ejecutará la sentencia, entre otras. En ese orden de ideas, la Corte ha establecido que:
“(…) el Legislador puede entonces adoptar diversas decisiones, como las de criminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, entre otros, siempre y cuando con ello no comprometa la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución”(40).
20. No obstante, dichas facultades no son absolutas, pues encuentran como límites la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos(41), lo que hace que el margen de configuración del Legislador esté sometido al contenido material de los derechos fundamentales consagrados en la Carta y en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia(42).
Este tribunal en Sentencia C-365 de 2012(43), sistematizó los límites constitucionales del libre margen de configuración del Legislador en materia penal, sin pretensión de definición exhaustiva, los cuales se sintetizan a continuación:
“(…) la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad”(44).
ii) Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos: es decir, de valores esenciales de la sociedad(45). El derecho penal implica valoración social de aquellos bienes jurídicos que ameriten protección, las conductas reprochables que puedan lesionar tales intereses, los elementos para atribuir responsabilidad al sujeto activo y el quantum de la sanción aplicable.
iii) Principio de legalidad: El deber de observar el principio de legalidad tiene 3 dimensiones: i) reserva de ley en sentido material, puesto que la creación de los tipos penales es una competencia exclusiva del legislador; ii) la definición de la conducta punible y su sanción de manera clara, precisa e inequívoca; y iii) la irretroactividad de las leyes penales, salvo su aplicación favorable(46).
iv) Principio de culpabilidad: Conforme al artículo 29 Superior, el derecho penal en Colombia es de acto y no de autor, lo que implica que de acuerdo con el postulado del Estado Social de Derecho y el respeto de la dignidad de la persona humana “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”.
v) Principios de razonabilidad y proporcionalidad en materia penal: de acuerdo con los cuales deben ponderarse las finalidades de prevención y represión del delito con los derechos fundamentales de las personas como la libertad y el debido proceso(47). En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado que, si bien existe un margen amplio de configuración normativa del Legislador, la misma se encuentra limitada particularmente por los principios de racionalidad y proporcionalidad. En ese sentido:
“Dichas limitaciones, ha dicho la corporación, encuentran adicional sustento en el hecho que en este campo están en juego, no solamente importantes valores sociales como la represión y prevención del delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso. Así las cosas, la Corte ha explicado que, si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales”(48).
Además de los límites explícitos, fijados directamente desde la Carta Política, y los implícitos, relacionados con la observancia de los valores y principios consagrados en la Carta, la actividad del legislador está condicionada a una serie de normas y principios que, pese a no estar consagrados en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad de obligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les otorga especial fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción consagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas las normas que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad”(49).
La consagración constitucional de la libertad como derecho fundamental no solo implicó un reconocimiento formal de este principio, sino que, además, contempló un mandato material de optimización en términos de eficacia, por tal razón, estableció con igual rango superior un cuerpo armónico de garantías para su protección(50).
Para la Corte la protección de la libertad individual y el establecimiento de garantías para asegurarla contra actos arbitrarios de las autoridades públicas, son elementos esenciales del sistema normativo penal y constitucional(51).
En ese sentido, la Constitución reconoció una naturaleza triple de la libertad, como valor, principio y derecho, por lo que es fundamental su concepción transversal materializada en obligaciones concretas para las autoridades públicas y especialmente en materia de garantías en el ejercicio del poder punitivo(52).
La naturaleza polivalente de la libertad en el ordenamiento jurídico hace que muchos de sus ámbitos específicos sean reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional. Es decir, su esencia comprende una serie de categorías normativas que tienen distinta densidad y eficacia, así como diferentes posibilidades de interpretación y aplicación(53). De esta manera, en sentencia C-176 de 2007(54), la Corte expresó que la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los demás derechos y el instrumento “primario” del ser humano para vivir en sociedad.
La norma descrita protege una de las manifestaciones del principio general de la libertad, considerado también como libertad personal, física o corporal(55). En sentencia C-024 de 1994(56), este Tribunal expuso que la libertad personal debe entenderse como la ausencia de aprehensión, de retención, de captura, de detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona, sin la observancia de las garantías Superiores, puesto que, quien no tiene garantizado el mencionado derecho, no puede ejercer otros derechos que dependen de aquella.
24. Ahora bien, esta Corporación ha considerado que la libertad no es un derecho absoluto, puesto que en algunas ocasiones puede privarse o restringirse, como sería el caso de la captura o de la imposición de una sanción en ejercicio del poder punitivo por parte del Estado(57).
De igual forma, manifestó que el Preámbulo y otros preceptos constitucionales consagraron la libertad en la forma de principio y derecho fundamental sobre el que reposa la construcción política y jurídica del Estado. Estas dimensiones determinan el carácter excepcional de su restricción(58).
i) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, establece en su artículo 9º que: “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...)”, de igual forma, consagra que:
“Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. (Resaltado fuera del texto).
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. (Resaltado fuera del texto)
26. En la sentencia C-176 de 2007(59), esta Corporación expresó que el constituyente diseñó un conjunto de instrumentos fundamentales que tienen como finalidad la protección a la libertad física de las personas, que configuran garantías superiores autónomas, independientes e indispensables para su defensa en casos de restricción. Entre las mismas se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la detención, a ser detenido por motivos previamente fijados por el Legislador y en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, entre otras.
Conforme a lo expuesto, la Corte ha identificado en el texto constitucional un sistema de garantías que limitan la actuación del Estado y fijan las condiciones para que pueda afectarse válidamente el derecho fundamental a la libertad. Estos presupuestos se refieren a que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto sino: i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente; ii) con las formalidades legales; y, iii) por motivo previamente definido en la ley. Adicionalmente, la Carta consagró que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que aquel adopte la decisión correspondiente(60).
27. De esta manera, el sistema constitucional de protección descrito se identifica por ser un conjunto organizado con cierta estructura interna(61) y no un simple agregado de normas, caracterizado por sus pretensiones de completitud, de coherencia y de independencia(62).
En ese sentido, un sistema normativo determina qué conjunto de soluciones se destinan a diferentes casos, lo que implica establecer de manera previa las circunstancias fácticas reguladas (universo de casos) y las soluciones admisibles (universo de soluciones). El sistema será completo si existe una solución correlativa a cada caso, es decir, no existen lagunas normativas. A su turno la coherencia del sistema estará condicionada a evitar que concurran soluciones incompatibles correlacionadas, es decir, antinomias. Y, por último, la independencia del sistema será consecuencia de que en ningún caso contenga soluciones redundantes correlacionadas(63).
“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”.
De esta manera, el significado gramatical configura una herramienta muy limitada para la comprensión del alcance de las garantías fundamentales, debido al gran número de hablantes y a la dinámica cambiante del lenguaje, que impide la identificación de una regla semántica en la que estén inmersas las condiciones de su entorno(64).
Para DEPENHEUER el control constitucional no puede hacerse desde el límite del tenor literal de la Carta, pues su esencia se desnaturalizaría en una verificación de lo lingüísticamente posible, lo que implica una afectación a la idea de Constitución como orden identitario, axiológico y convergente de la comunidad(65).
Esta Corporación ha concluido en algunas oportunidades que la interpretación literal como instrumento para conocer el contenido de una disposición constitucional no es suficiente, debido a que la materia regulada es esencialmente variable y que además, está influida por circunstancias sociales cambiantes que se proyectan en la vida cotidiana de personas concretas(66).
Por tal razón, conforme lo afirma BARAK, el proceso interpretativo de cada derecho fundamental debe efectivizar en la mayor medida posible las razones axiológicas que lo justifican y además, reflejar la evolución del sistema jurídico y las dinámicas sociales con el paso del tiempo(67).
“Este Tribunal ha señalado que con la protección de la libertad se pueden salvaguardar “tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal”(68). (Lo énfasis agregado)
“Ahora bien, independientemente de la razón de su detención, en la medida en que se trata de una privación de libertad ejecutada por un Estado Parte de la Convención, dicha privación de la libertad debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta última sea compatible con la Convención”(69).
“(…) el componente particular que permite individualizar a una medida como privativa de libertad más allá de la denominación específica que reciba a nivel local […] es el hecho de que la persona […] no puede […] o no tiene […] la posibilidad de salir o abandonar por su propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual se encuentra o ha sido alojado. De este modo, cualquier situación o medida que sea caracterizada bajo la anterior definición tornará aplicables todas las garantías asociadas (…), aun en esa circunstancia”(70).
32. Para esta Corporación, la privación es el límite más severo al derecho fundamental a la libertad, se trata de un concepto genérico para referirse a uno de los instrumentos de reacción estatal legítimo ante la comisión de un hecho punible, bien cuando se produce previamente a la condena penal o cuando tiene como causa una sentencia producida al término del respectivo proceso. En todo caso, “(…) se impone la cabal observancia de las garantías previstas en las normas superiores cuyo contenido protector, por ende, cobija la detención preventiva que, como medida cautelar, es ordenada por el juez antes de la sentencia y así mismo la privación de la libertad que surge de esta.”(71) (Negrillas fuera de texto)
En efecto, se trata de un escenario de juridización(72) y de judicialización del poder punitivo estatal que afecta la libertad de las personas, mediante la identificación y garantía de los valores, de los principios y de las reglas que sustentan el orden constitucional y legal, que garantizan la eficacia material de los derechos fundamentales.
Por tal razón, el desconocimiento de las garantías superiores que protegen la libertad afecta directamente la estructura del Estado de Derecho y el orden constitucional, puesto que configura una trasgresión de los “principios regulatorios que rigen todo el sistema”(73).
Se trata de lo que esta corporación ha definido como reserva de la primera(74) y de la última palabra(75) en cabeza de la jurisdicción, lo que asegura la legitimación de la “actuación” del Estado sobre el derecho fundamental de la libertad(76).
Ahora bien, de conformidad con el artículo 28 Superior, la protección judicial de la libertad tiene un contenido doble en el sentido de que, de una parte, por regla general, se requiere mandamiento escrito de autoridad judicial competente para poder detener a una persona(77) y de otra, una vez se produce la detención, la persona deberá ser puesta a disposición del juez competente, en el menor tiempo posible y en todo caso, máximo dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión(78).
La sentencia C-425 de 2008(79), resaltó la importancia del control judicial de la captura, pues se trata de una actuación centrada en el estudio de los aspectos fácticos que rodearon la detención del capturado y de las garantías que el Estado Social de Derecho consagra al derecho a la libertad, como son el respeto por la dignidad humana, la información sobre los motivos de la captura y la defensa de la integridad física y sicológica del aprehendido. En otras palabras, el control judicial de la captura tiene como único objetivo el de ejercer el examen de legalidad y de constitucionalidad de la privación de la libertad, no solo en atención a los fines sociales o procesales que sustentan la misma, sino también en la eficacia de los derechos fundamentales del capturado, especialmente en relación con su libertad y la dignidad humana.
De igual forma, para esta Corporación la importancia de la puesta del detenido a disposición del capturado implica su presentación física(80), puesto que, como se advirtió previamente, el control judicial pretende la garantía de los derechos del detenido, tanto en la esfera procesal, como sería la plena identificación, a la defensa y a la contradicción, como en su esfera personal, específicamente su dignidad, su libertad y su integridad física.
A tal efecto, la Corte en Sentencia C-251 de 2002(81), expresó lo siguiente:
“(…) la regulación sobre la captura tiene un propósito más allá de asegurar que la restricción a la libertad se realice de acuerdo a la ley y ante funcionarios competentes. También tiene un propósito protector de la integridad de la persona (…) resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura”(82).
33. Conforme a lo expuesto, la intervención judicial para el examen de legalidad y de constitucionalidad de la captura, independientemente de si se realiza para cumplir una sentencia o para imponer una medida de aseguramiento, configura una garantía de la libertad en el sentido de que el juez debe velar por el cumplimiento y la efectividad de los mandatos constitucionales y legales de cada forma de privación(83). De manera que “La libertad encuentra así solo en la ley su posible límite y en el juez su legítimo garante”(84).
En otras palabras, la Constitución consagró reglas superiores que ponen límites a la injerencia Estatal sobre la libertad de las personas y los derechos fundamentales de aquellos que han sido sometidos a una medida de privación(85).
La garantía constitucional del control de la captura mediante la presentación ante un juez sin demora
34. Los instrumentos internacionales han establecido como garantía del derecho a la libertad y a la seguridad personal que la persona detenida debe ser presentada sin demora (86) ante un juez o una autoridad judicial, para que realice un control efectivo a la restricción de su libertad sin distinción alguna.
En atención a lo anterior, el control de la captura debe realizarse dentro de un plazo perentorio y máximo señalado por la Constitución. Este carácter se erige como una “regla de control al abuso del poder que legitima el monopolio de la fuerza”(87) y se impone al Estado a partir de los contenidos Superiores.
De esta forma, el objetivo del mencionado control judicial en un determinado plazo es la revisión de la legalidad de la privación de la libertad con el propósito de establecer: i) si concurren razones jurídicas suficientes para la medida de restricción; ii) si es necesaria y justificada la detención antes del juicio o con ocasión de la ejecución de la sentencia penal; iii) si se requiere salvaguardar el bienestar del detenido; y, iv) finalmente, si se trata de una detención arbitraria o si se presentan afectaciones a los derechos fundamentales del aprehendido(88).
En suma, el control de la privación de la libertad mediante la presentación de la persona ante el juez competente sin demora constituye un escenario valioso en términos constitucionales puesto que le otorga al sujeto la oportunidad de impugnar por primera vez dicha actuación del Estado y en consecuencia pueda restablecer su derecho fundamental si la detención, el arresto o la captura se produjo con desconocimiento de las garantías debidas(89).
Conforme a la jurisprudencia de la Corte los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal. El simple conocimiento por parte de un juez de que una persona está detenida no satisface esa garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente y rendir su declaración ante el juez o autoridad competente”(90). (Negrillas fuera de texto)
36. En sentencia C-163 de 2008(91), esta Corte expresó que la supervisión judicial tiene dos componentes inescindibles: i) de una parte, como ya se anotó, debe hacerse por un órgano jurisdiccional idóneo para la protección de los derechos fundamentales en el marco del proceso penal; y, ii) debe realizarse dentro de un límite temporal.
El segundo presupuesto ha sido entendido por el derecho internacional como la presentación del capturado ante el juez “sin demora”, pues la privación de libertad resulta inaceptable cuando se produce una prolongación indefinida sin que medie la supervisión de la autoridad jurisdiccional(92).
A esta conclusión se llegó en la sentencia C-163 de 2008(93), en la que expresó:
“(…) un examen sistemático de los preceptos constitucionales relacionados con la libertad individual y los límites a sus restricciones, permite afirmar que toda privación efectiva de la libertad personal(94) debe ser sometida a control judicial de inmediato, y a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su producción”(95). (Énfasis agregado)
38. De esta suerte, una interpretación derivada del carácter restrictivo de las disposiciones que contemplan afectaciones a la libertad y de hermenéutica sistemática e integral de los postulados superiores pro libertate(96), concluye que es inadmisible en términos ius fundamentales y superiores una privación de la libertad cualquiera que sea su naturaleza, que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad(97) y de su constitucionalidad.
“ART. 30.—Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.
De esta manera, la Constitución consagra el habeas corpus como un derecho fundamental, que adicionalmente, se encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos(98), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos(99), la Convención Americana sobre Derechos Humanos(100) y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre(101).
Este tribunal ha considerado que el habeas corpus constituye una “garantía judicial indispensable”(102) y configura el instrumento más importante para la protección de la libertad y de otros derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
En ese sentido, en Sentencia C-620 de 2001(103), la Corte expresó que el habeas corpus tiene una doble connotación pues se trata de un derecho fundamental y una acción tutelar de la libertad. Adicionalmente, constituye un importante instrumento para la protección de otros derechos fundamentales como la integridad física y la vida de las personas privadas de la libertad, puesto que la experiencia histórica ha demostrado que, en las dictaduras y demás regímenes no democráticos, la privación de la libertad es el primer paso para afectar gravemente a aquellos que no simpatizan con el gobierno de turno.
A esta conclusión llegó este Tribunal en atención a la Opinión Consultiva OC-08/87(104), proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que al respecto señaló:
De acuerdo a lo anterior, la protección constitucional que brinda el recurso de habeas corpus procede cuando: i) se produce la captura de una persona con desconocimiento de las garantías superiores o legales; o ii) la privación de la libertad, no obstante reunir los requisitos constitucionales y legales, es arbitraria(105).
Esta interpretación encuentra sustento en el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(106), el cual, según la Corte Interamericana, tiene dos (2) tipos de regulaciones: una general y otra específica. La primera se encuentra en el numeral 1º que establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.” Mientras que la segunda, está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o de manera arbitraria (art. 7.3)(107).
“(…) nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”(108)
“La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto”(109).
“En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”(110).
La Corte, en sentencia C-037 de 1996(111), expresó que uno de los presupuestos del Estado Social de Derecho es el de tener una debida administración de justicia, a través de la cual se protejan y se hagan efectivos los derechos, las libertades y las garantías de toda la población, con la finalidad de asegurar la convivencia social y pacífica y, preservar la integridad de un orden político, económico y social justo.
La organización de la administración de justicia fue prevista en la Constitución(112) y en la Ley 270 de 1996(113) en jurisdicciones, entre las cuales se encuentra la penal ordinaria, la cual, conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 906 de 2004, es única, nacional y le corresponde la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional y en el extranjero en los casos que determinen los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia y la legislación interna.
vi) las funciones judiciales del control de garantías y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para los jueces penales. El primero, el que tiene a su cargo la protección de las garantías y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el segundo, el juez que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso”.(114) (Negrillas fuera de texto)
“ART. 39.—De la función de control de garantías. “Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:” La función de control de garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para ejercer la función del conocimiento del mismo caso en su fondo.
“ART. 157.—Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto.
“(…) prevenir y enfrentar el terrorismo y la criminalidad organizada. Para ello el Estado se ha propuesto alcanzar cuatro objetivos, previstos en la política de seguridad adoptada por el Gobierno Nacional: 1. Eliminar la impunidad. 2. Luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo. 3. Incrementar la efectividad del proceso penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil, y 4. Vincular a la comunidad en la prevención del delito en condiciones de seguridad y con pleno respeto de sus derechos fundamentales.”(115)
El proyecto de ley(116) inicial no contenía la modificación del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, tal como se encuentra actualmente(117). No obstante, la norma objeto de censura constitucional fue incluida, debatida y aprobada en tercer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes(118), con fundamento en la siguiente propuesta:
Ese parágrafo tiene qué sentido (sic), es que si ya se dictó la sentencia condenatoria, la captura no tiene que ver con la comparecencia en el proceso, sino con el cumplimiento de la condena, si usted revisa todo el texto del parágrafo, allí se advierte que debe celebrarse una audiencia, por consiguiente, esta excepción no aplicaría por cuanto no es necesario una audiencia ante el juez de garantías, como quiera que ya estamos hablando de una sentencia condenatoria.”(119)
a) La interpretación de la norma por parte de los actores: se trata de la exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control judicial de la captura por parte del juez de conocimiento torna inidónea la garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve interrumpido en días feriados y de vacancia.
b) El alcance de la disposición acusada por parte del Ministerio Público: bajo el entendido de que solo se inaplica el control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el término de las treinta y seis (36) horas para su práctica.
47. Como se advirtió previamente, esta Corporación ha establecido que una de las reglas constitucionales que garantiza el derecho fundamental de la libertad es que la persona detenida, bajo cualquier modalidad, será puesta a disposición del juez competente sin demora, es decir dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión para que aquel adopte la decisión correspondiente(120).
a) Se trata de la exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control judicial de la captura por parte del juez de conocimiento genera un déficit en la garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve interrumpido en días feriados y de vacancia.
b) Solo se inaplica el control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el término de las treinta y seis (36) horas para su práctica.
“Las reglas son normas que ordenan algo definitivamente. Son mandatos definitivos. En su mayoría, ordenan algo para el caso de que se satisfagan determinadas condiciones. Por ello, son normas condicionadas. Sin embargo, las reglas pueden revestir también una forma categórica. Un ejemplo de ello sería una prohibición absoluta de tortura (sic). Lo decisivo es, entonces, que si una regla tiene validez y es aplicable, es un mandato definitivo y debe hacerse exactamente lo que ella exige. Si esto se hace, entonces la regla se cumple; si no se hace, la regla se incumple. Como consecuencia, las reglas son normas que siempre pueden cumplirse o incumplirse.”(121)
“Las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden siempre ser solo cumplidas o incumplidas. Si una regla es válida, entonces es obligatorio hacer precisamente lo que ordena, ni más ni menos.”(122)
En ese sentido, lo decisivo es establecer si una regla tiene validez y es aplicable, pues se trata de un mandato definitivo y debe hacerse exactamente lo que aquella prescribe, pues de lo contrario sería incumplida, debido a que su observancia no depende de las posibilidades fácticas o jurídicas(123). De esta manera, las reglas son normas que correlacionan la descripción cerrada de un caso con una solución normativa(124).
— La interpretación de la norma que configura la inaplicación del término de treinta y seis (36) horas para el control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de la sentencia es inconstitucional porque impide el cumplimiento pleno de la garantía de control judicial sin demora de cualquier forma de aprehensión que afecte el derecho fundamental a la libertad consagrada en el artículo 28 de la Carta, bajo el entendido que la indeterminación en el plazo para la intervención del juez, genera una prolongación temporal de la privación de la libertad indefinida, arbitraria e inaceptable en términos ius fundamentales.
“El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente.”
Para la Corte, el habeas corpus es la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 Superior(125). Tiene una doble connotación, pues se trata de un derecho fundamental y una acción tutelar de la libertad(126). Así fue dispuesto por la Asamblea Nacional Constituyente:
“Una de las garantías más importantes para tutelar la libertad, es la que disfruta toda persona que se creyere privada ilegalmente de ella para invocar ante cualquier autoridad jurisdiccional y en todo tiempo por sí o por interpuesta persona, el derecho de habeas corpus, el cual no podrá ser suspendido ni limitado en ninguna circunstancia.
La acción debe resolverse en el término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la norma y les otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de inmediato su libertad”(127).
— La interpretación que permite entender la norma acusada como una excepción de que el juez de garantías ejerza el control judicial de la captura, pues aquel lo realiza el juez de conocimiento, pero no del término para efectuarlo también es inconstitucional.
Para la Sala, la garantía de la libertad basada en el control judicial de cualquier forma de captura no establece que el examen de la legalidad y la constitucionalidad de la detención sea ejercido por un funcionario judicial determinado. De esta suerte, es completamente válido en términos constitucionales que el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración determine el juez que deba revisar la legalidad de la aprehensión, puesto que todos los jueces de la República en cualquier instancia, tienen la responsabilidad de materializar los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia y garantía de los contenidos superiores(128).
Lo anterior tiene como fundamento el hecho de que la medida de privación de la libertad para el cumplimiento de la sentencia implica una afectación intensa en los derechos fundamentales del capturado, por lo que a falta del juez de conocimiento que profirió la providencia, esta Corte ha estimado que la supervisión judicial de las restricciones a la libertad y el compromiso de los derechos fundamentales en el ejercicio de la actividad de persecución penal, por disposición del sistema judicial colombiano, es de competencia del juez de control de garantías(129).
En efecto, en el presente caso, la Corte debe asegurar de una parte, que la regla constitucional del control judicial sin demora se cumpla plenamente cuando se trate de capturas con ocasión del cumplimiento de la sentencia, en el marco del proceso penal regulado por la Ley 906 de 2004(130) y de otra, maximizar en la mayor medida posible el principio de conservación del derecho, por lo que considera que existe una interpretación posible de la norma acusada que se ajusta a la Constitución y que permite su pervivencia en el ordenamiento jurídico.
a) Se trata de la exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control judicial de la captura por parte del juez de conocimiento genera déficit en la garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve interrumpido en días feriados y de vacancia.
b) Solo se inaplica el control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el termino de las treinta y seis (36) horas para su práctica.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo, presidente—Carlos Bernal Pulido, ausente con permiso—Diana Fajardo Rivera—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Antonio José Lizarazo Ocampo, con salvamento de voto—Gloria Stella Ortiz Delgado—Cristina Pardo Schlesinger, con impedimento aceptado—José Fernando Reyes Cuartas—Alberto Rojas Ríos.
8 Los aspectos generales del contenido de este apartado fueron tomados de la argumentación desarrollada por este despacho en la sentencia C-327 de 2016.
9 Folio 3 cuaderno principal.
10 Ver entre otras las sentencias C-1095 de 2001, C-1143 de 2001, C-041 de 2002, A. 178 de 2003, A. 114 de 2004, C-405 de 2009, C-761 de 2009 y C-914 de 2010.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-978 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-405 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Cfr. Sentencia C-533 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-100 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa y C-978 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-978 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver también la Sentencia C-533 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
18 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-304 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-856 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-641 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Sentencia C-561 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Ver, entre otros, auto 288 de 2001 y sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004, todas las providencias con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Sentencia C-774 de 2001. También en ese sentido, las sentencias C-030 de 2003, C-1122 de 2004, C-990 de 2004, C-533 de 2005, C-211 de 2007, C-393 de 2011, C-468 de 2011, C-197 de 2013, C-334 de 2013 y C-532 de 2013, reiteradas en la sentencia C-007 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25 Sentencia C-462 de 2013. En la misma dirección las sentencias C-386 de 2015, C-456 de 2015 y C-500 de 2014 reiteradas en sentencia C-007 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26 Sentencia C-774 de 2001, reiterada en sentencia C-007 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
27 Eudoro Echeverri Quintana, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Fiscalía General de la Nación, Universidad del Rosario, Ministerio de Justicia y del Derecho, Universidad de Ibagué.
28 Universidades Javeriana y Sergio Arboleda.
29 Fiss, O. Los mandatos de la justicia. Marcial Pons. Madrid 2013, pág. 83.
30 Al respecto ver el caso Luth resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán, citado en la sentencia T-720 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
31 MacCormick N. Retórica y Estado de Derecho, Una Teoría del razonamiento jurídico. Editorial Palestra, Lima 2017, pág. 33.
32 Sentencia C-936 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
33 Sentencia C-038 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
34 Ferrajoli, L. Democracia y garantismo. Editorial Trotta. Madrid, 2010, pág. 193.
35 Bustos, Ramírez, J. Control Social y Sistema Penal. Temis. Bogotá, 2012, pág. 7.
36 Ferrajoli, óp. cit., pág. 193.
37 Consideraciones desarrolladas en la sentencia C-181 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
38 Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver al respecto las sentencias de la Corte Constitucional: C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En similar sentido Sentencias de la Corte Constitucional C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-248 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-034 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.; C-822 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-355 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández; C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-962 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa;
40 Sentencia C- 248 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
41 Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
42 C-742 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
43 Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
44 Sentencias C-636 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo y C-742 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Reiterada en Sentencia C-387 de 2014 M.P, Jorge Iván Palacio Palacio.
45 Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
46 Sentencia C-365 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
47 Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
48 Sentencia C-247 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
49 Sentencia de la Corte Constitucional C-488 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
50 Al respecto ver Atienza, M. “Sobre la clasificación de los derechos humanos en la Constitución”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Núm., 2, 1979; Bustos Ramos, J. óp. cit., pág. 292.
51 Sentencia C-239 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En aquella providencia se citó la Sentencia C-237 de 2005, en la que la Corte afirmó: “La libertad personal comprende ‘la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente’. Pues bien, un logro fundamental del Estado de Derecho fue obtener el respeto de la libertad personal. Característica que se ha trasladado al Estado Social de Derecho. Dicho derecho fundamental ha vivido un proceso de constitucionalización que también ha tocado los convenios y tratados internacionales. En efecto, en vigencia del “Antiguo Régimen “existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la Revolución francesa, dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos. Así las cosas, en relación con la libertad personal, se excluyó la posibilidad de que el gobernante decidiera acerca de la libertad personal y dicha facultad, de hacer relativo el derecho fundamental, se trasladó a la rama del poder que administraba justicia”.
52 Ibídem. Al respecto ver la Sentencia C-879 de 2011 en la que la Corte expresó: “En primer lugar, el Preámbulo de la Constitución señala la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico, en esta proclamación se ha visto el reconocimiento de una directriz orientadora en el sentido que lafilosofíaqueinformalaCartaPolíticadel91eslibertariaydemocráticaynoautoritariaymuchomenostotalitaria [Sentencia C-221 de 1994]. Igualmente, el artículo 2 de la Constitución indica que las autoridades están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. Desde esta perspectiva la libertad se configura como un contenido axiológico rector del sistema normativo y de la actuación de los servidores públicos, del cual, en todo caso, también se desprenden consecuencias normativas en la interpretación y aplicación, no sólo del texto constitucional, sino del conjunto de preceptos que conforman el ordenamiento jurídico colombiano, que deben ser leídos siempre en clavelibertaria[expresión empleada en la sentencia T-237 de 2004 para hacer referencia a la interpretación de las disposiciones legales de conformidad con el contenido axiológico de la libertad].Así mismo, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un principio general de libertad que autoriza a los particulares a llevar a cabo las actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio no está subordinado a requisitos o condiciones determinadas, el cual estaría reconocido por el artículo sexto, se trataría entonces de la norma de cierre del ordenamiento jurídico, que tendría la estructura deóntica de un permiso. Pero también se ha visto en el artículo 13 de la Constitución, el origen de este principio general de libertad el cual según la jurisprudencia constitucional es el fundamento del derecho de toda persona a tomar decisiones que determinen el curso de su vida. A su vez la Constitución reconoce numerosos derechos de libertad, especialmente en el capítulo I del título II, tales como el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia (art. 18), la libertad de cultos (art. 19), la libertad de expresión y de información (art. 20)”. Vid. también, la Sentencia C-176 de 2007 donde se sostuvo que “la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los demás derechos y el instrumento “primario” del ser humano para vivir en sociedad. Por esta razón, el constituyente no sólo otorgó a la libertad el triple carácter: valor (preámbulo), principio que irradia la acción del Estado (art. 2º) y derecho (art. 28), sino que diseñó un conjunto de piezas fundamentales de protección a la libertad física de las personas que, aunque se derivan de ella se convierten en garantías autónomas e indispensables para su protección en casos de restricción. Dentro de estos se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la detención, a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y a ser detenido en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente (arts. 28 y 29 de la Constitución)”.
53 Sentencia C-879 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
55 Sentencia C-879 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
57 Sentencia C-730 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
58 Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
59 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
60 Sentencia C-730 de 2005 Álvaro Tafur Galvis.
61 Ferrer Beltrán, J. y Rodríguez J. L. Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos. Marcial Pons, Madrid, 2011. pág. 67.
62 Bulygin, E, Mendoca, D. Normas y sistemas normativos. Marcial Pons, Madrid, 2005 pág. 44.
63 Ibídem. págs. 43-44.
64 Hegenbarth, R. Juristische Hermeneutik und linguistische Pragmatik. Dargestell am Beispiel der Lehre vom Wortlaut als Grenze der Auslegung, Königstein/Ts. 1982. pág. 155, citado por Klatt M. Hacer el derecho explícito. Normatividad semántica en la argumentación jurídica. Marcial Pons. 2017, pág. 95.
65 Depenheuer, O. Der Wortlaut als Grenze. Thesen zu einem Topos der Verfassunginterpretation, Heidelberg, 1988. pág. 51. Cutado por Klatt M., ob. cit., pág. 100.
66 Sentencia C-577 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
67 Barak A. Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones. Palestra. 2017, Lima, pág. 89.
68 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Fundamento 77.
69 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297. Fundamento 235.
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 301.
71 Sentencia C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz.
72 Al respecto ver Bobbio, N. Il futuro della democracia, Torino, Einaudi, 1984.
73 Bustos Ramírez, J. óp. cit., pág. 370.
74 Conforme a la sentencia C-879 de 2011, se dice que hay “reserva de la primera palabra” (o reserva absoluta de jurisdicción), “cuando, en ciertas materias, compete al juez no solamente la última y decisiva palabra sino también la primera palabra referente a la definición del derecho aplicable a las relaciones jurídicas. Es decir, que hay ciertos asuntos sobre las cuales sólo se pueden pronunciar los tribunales. Desde muy pronto la Corte Constitucional se ocupó del problema de la reserva absoluta de jurisdicción. Así, en la Sentencia T-490 de 1992 hizo interesantes pronunciamientos al respecto, que a continuación se reproducen: “En materia del derecho a la libertad personal, el constituyente, ha estructurado una serie de garantías sin antecedentes en nuestra tradición jurídica. La Constitución establece una reserva judicial a favor de la libertad individual, siendo indispensable el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una persona sea reducida a prisión, arresto o detención (C.P., art. 28). En adelante, solamente las autoridades judiciales tienen competencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad. En consecuencia a la autoridad administrativa le está vedado imponer motu proprio las penas correctivas que entrañen, directa o indirectamente la privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de autoridad judicial competente (…)” Sobre la justificación se esta reserva se consigna en la sentencia C-176 de 2007: “De hecho, la atribución del control de legalidad y de los motivos y finalidades de la privación de la libertad únicamente a las autoridades judiciales es una clara manifestación de la concepción actual de democracia y del objetivo del derecho penal en el Estado Social de Derecho, pues se parte de la base de que el juez tiene a su cargo la tarea de vivenciar al derecho punitivo no sólo como un instrumento de defensa y garantía de los derechos de la sociedad mayoritaria, incluyendo el interés de la víctima a la reparación integral del daño, sino también los derechos del delincuente que expresa los intereses de una minoría frente al poder del Estado. Así, la concepción del derecho penal mínimo o garantismo penal, en palabras de Luigi Ferrajoli, “se justifica si y solo si, además de prevenir los delitos –cosa que conseguirían hacer igualmente bien los sistemas policiales desregulados y los de justicia privada salvaje-, logra también minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Si y solo si, en consecuencia, logra ser instrumento de defensa y garantía de todos: de la mayoría no desviada, pero también de la mayoría desviada. De esta forma, se concibe al juez como garante de los derechos involucrados en el derecho punitivo del Estado porque claramente sus decisiones se encuentran, de un lado, limitadas por el principio de legalidad y, de otro, sometidas a las garantías sustanciales y procesales de protección constitucional del derecho a la libertad. Por ese motivo, se entrega al juez la responsabilidad de analizar la situación fáctica para autorizar la privación de la libertad de una persona en aquellos casos en los que exista motivo previamente definido en la ley, con las formalidades legales y con el procedimiento establecido en las normas pertinentes”.
75 Reserva judicial que se aplica de manera estricta para la imposición de sanciones que suponen la aplicación de penas privativas de la libertad. A la misma se refirió la sentencia C-198 de 1999 para declarar inexequible el numeral 1º del artículo 207 del Código Nacional de Policía que preveía a aplicación de la retención transitoria “al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la policía en el desarrollo de sus funciones”. Dijo entonces la Corte: “Dado que la disposición mencionada, contenida en el Decreto examinado, de acuerdo con lo expuesto, tiene el carácter de sanción que implica la privación de la libertad, para la Corte dicha norma vulnera el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia. En efecto, la norma demandada atribuye a una autoridad administrativa la función de ordenar la privación de la libertad, sin previo mandamiento judicial, en aquellos casos en que se irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la Policía, en desarrollo de sus funciones, lo cual resulta atentatorio de la libertad personal y del mandato constitucional que prohíbe la detención sin orden judicial. Por dicha razón, dicha norma será declarada inexequible. Lo anterior, no obsta para que el servidor público uniformado de la policía, sujeto de la agresión pueda acudir ante la autoridad competente para que se investigue la conducta del infractor, por el irrespeto, amenaza o provocación de que ha sido víctima”.
76 Sentencia C-239 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
77 Las únicas excepciones a la necesidad de mandamiento escrito de autoridad judicial competente previstas por la propia Carta, son el caso de flagrancia (art. 32) en virtud del cual el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante un juez por cualquier persona, y la facultad excepcional para capturar atribuida a la Fiscalía General de la Nación dentro de los límites y en los eventos fijados por el legislador (art. 250.1). Aún en los estados de excepción el mandato judicial escrito será necesario (L.E. 13 7 de 1998), y sólo frente a circunstancias excepcionalísimas de urgencia insuperables y necesidad de proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, la autorización judicial previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente. Solamente cuándo en estas circunstancias excepcionalísimas sea imposible recurrir a la autorización judicial, podrá actuarse sin orden del funcionario judicial, debiéndose poner a la persona a disposición de la autoridad judicial tan pronto como sea posible y en todo caso dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Deberá informarse a la Procuraduría de la actuación y de las razones que la motivaron, para lo de su competencia. (Cfr. art. 38 numeral f) Ley 137 de 1998, declarado exequible por sentencia C-179 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz).
78 Sentencia C-730 de 2005. Al respecto ver también la Sentencia C-251 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet y Clara Inés Vargas Hernández S.V. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1024 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
79 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
80 En este sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-591 de 2005, C-251 de 2002, C-024 de 1994.
81 MM. PP. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.
82 Sentencia C-251 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.
83 Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
84 Sentencia C-730 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
85 Bovino A. Control Judicial de la Privación de libertad y derechos humanos. Conferencia inaugural sobre “El Control de la Privación de libertad en América Latina y derechos Humanos, Comisión Nacional para el mejoramiento de la justicia de Costa Rica. San José, 25 de febrero de 1999. Disponible en http://www.bu.ufsc.br/ControlJudicial.pdf, consultado el veintisiete (27) de noviembre de 2017.
86 El artículo 9.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra esta garantía en los siguientes términos: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”. Con similar contenido, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
87 Sentencia C-425 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
88 C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
90 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Espinosa y otros vs Ecuador. Sentencia de primero (1º) de septiembre de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C. No. 316, párrafos 158-159. Al respecto ver las siguientes sentencias: Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de dieciocho (18) de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 129, y Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú, supra, párr. 202, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia del veinticinco (25) de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 140; y Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del veintidós (22) de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 219, entre otros.
91 M.P. Jaime Córdoba Triviño
92 Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
93 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
94 Llámese captura, retención, detención, aprehensión.
95 Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
96 Sentencia C-239 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
97 Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
98 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8º, 9º:
“8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
99 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, artículo 9º:
“ART. 9º.
100 Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—, aprobada mediante la ley 16 de 1972, artículo 7º:
101 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXV:
102 Sentencia C-187 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
103 M.P. Jaime Araújo Rentería.
104 Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva OC-08/87 (enero 30), serie A, No. 8, párrafo 35, 37-40 y 42.
105 Al respecto ver las sentencias T-839 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-1081 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería.
106 ART. 7º—Derecho a la libertad personal.
107 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del veintiuno (21) de noviembre de 2007. Serie C No. 170 Párr. 51 y caso Yvon Neptune vs Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del seis (6) de mayo de 2008, Serie C No. 180, párr. 89.
108 Caso Gangaram Panday vs Suriname, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del veintiuno (21) de enero de 1994. Serie C No. 16 párr. 47. Cfr. Casos Cesti Hurtado vs Perú. Sentencia del veintinueve (29) de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 140; “Niños de la Calle”, Párr.- 131; Caso Duran y Ugarte vs Perú. Fondo. Sentencia del dieciséis (16) de agosto de 2000. Serie C No. 68 Párr. 85. Entre otros.
109 Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Fondo. Sentencia del veintinueve (29) de julio de 1988. Serie C 04. Párr. 155
110 Caso Gangaram Panday vs Suriname párr. 47.
111 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
112 Artículos 228 y ss.
113 Artículo 11
114 Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En providencia se reiteraron las siguientes sentencias Sentencias C-873 de 2003; C-591, C-592 y C-1194 de 2005; C-718 de 2006; C-025 de 2009; C-144 de 2010 y C-651 de 2011.
115 Gaceta del Congreso No. 850 de 2010.
116 Proyecto 160/10 Cámara, 164/10 Senado.
117 Al respecto ver las Gacetas números: 850 de 2010, 975 de 2010, 43 de 2011, 194 de 2011 y 261 de 201.
118 Conforme a la Proposición presentada por la Representante Adriana Franco Castaño.
119 Gaceta del Congreso 263 del 2011.
120 Sentencia C-730 de 2005 Álvaro Tafur Galvis.
121 Alexy, R., Teoría de la Argumentación jurídica. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2008, pág. 349-350.
122 Alexy, R. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Doxa 5, 1988. Págs. 143-144.
123 Alexy, R. Teoría de la Argumentación jurídica, óp. cit., pág. 350.
124 Aguiló Regla, J. Sobre Derecho y argumentación, primera Edición, Mallorca, Leonard Muntaner Editor, pág. 16-17.
125 Sentencia C-187 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
126 Sentencia C-620 de 2001 M.P. Jaime Araújo Rentería.
127 Gaceta Constitucional número 82, página 12.
128 Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
129 Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
130 El artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, modifico el artículo 256 de la Ley 906 de 2004.