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Timestamp: 2017-09-20 00:29:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 1']

Sentencia T.S.J. Baleares 862/2012 de 10 de diciembre. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Daños y perjuicios. Indemnización. Culpa exclusiva de la víctima. Estimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Baleares 862/2012 de 10 de diciembre
Responsabilidad patrimonial de la Administración: Reclamación de indemnización por daños y perjuicios. Inadmisibilidad del recurso: Examen de la doctrina aplicable, habiéndose acreditado que el Ayuntamiento era conocedor de la reclamación por lo que no procede la inadmisión. Falta de legitimación pasiva: Debe confirmarse con relación al Ayuntamiento. Culpa exclusiva de la víctima: A la vista de las medidas de seguridad adoptadas, no concurren los elementos necesarios para apreciar un anormal funcionamiento del servicio público.
SENTENCIA: 00862/2012
Rollo Sala N.º 94/2012
Autos Juzgado N.º PO 130/2005
N.º 862
En la Ciudad de Palma de Mallorca a diez de diciembre de dos mil doce.
D.ª Carmen Frigola Castillón
D.ª Alicia Esther Ortuño Rodríguez
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears los presentes autos seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Palma de Mallorca, con el número de autos del Juzgado y número de rollo de esta Sala arriba designados; actuando como partes apelantes y apeladas, primero, LA FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS, representada por el Procurador D. JUAN MIGUEL PERELLÓ OLIVER y defendida por Letrado; segundo, la entidad "OCASO SE SEGUROS Y REASEGUROS", representada por la Procuradora D.ª CATALINA SALOM SANTANA y defendida por Letrado; tercero, D.ª Leonor, representada por la Procuradora D.ª LUISA ADROVER THOMÁS y defendida por el Letrado D. ANTONI SALVÀ CLAR; cuarto, EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA, representado por la Procuradora D.ª M.ª EULALIA ARBONA NIELL y defendido por el Letrado D. MATEO CAÑELLAS VICH y, por último, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, representada y defendida por LA LETRADA DE SUS SERVICIOS JURÍDICOS.
Constituye el objeto del recurso la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D.ª Leonor frente al Ayuntamiento de Santa Maria del Camí, en la que interesaba el abono de una indemnización por importe de 51.799,76 euros, como reparación de los daños y perjuicios personales derivados como consecuencia de las lesiones y secuelas sufridas tras ser arrollada por un corredor que participaba en una carrera ciclista enmarcada dentro de los festejos de las fiestas patronales del citado municipio correspondientes al año 1999.
La Sentencia n.º 93/2011, de 28 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Palma de Mallorca, estimó en parte el recurso contencioso administrativo.
Ha sido Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª Alicia Esther Ortuño Rodríguez.
Primero.—La sentencia N.º 93/2011, de fecha 28 de febrero, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Palma de Mallorca, en los autos seguidos por los trámites del procedimiento ordinario y de los que trae causa el presente rollo de apelación, decía literalmente en su fallo:
"1.º-) DESESTIMAR LA CAUSA DE INADMISIBILIDAD opuesta por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
2.º-) DESESTIMAR EL RECURSO respecto de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears por falta de legitimación pasiva de la misma.
3.º-) ESTIMAR PARCIALMENTE EL RECURSO interpuesto por la Procuradora D.ª Luisa Adrover Thomas, en nombre y representación de D.ª Leonor, contra la desestimación presunta de su reclamación de responsabilidad patrimonial, que se anula por no se conforme a Derecho, reconociendo el derecho de la misma a ser indemnizada por las codemandadas AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMÍ, FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS, CLUB UNIÓN CICLISTA DE SANTA MARÍA y OCASO SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en la cantidad de 15.000 euros más los intereses legales correspondientes, de los cuales el abono del 20% de la Ley de Contrato de Seguro corresponde a la entidad OCASO SEGURO Y REASEGUROS, S.A., a computar desde la fecha de la reclamación ante la jurisdicción civil."
Segundo.—Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la Administración demandada y admitido en ambos efectos, siendo seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia, señalándose para la votación y fallo, el día 7 de diciembre de 2012.
Primero.—La Sentencia n.º 93/2011, de fecha 28 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Palma de Mallorca, estimó en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D.ª Leonor frente al Ayuntamiento de Santa Maria del Camí, en la que interesaba el abono de una indemnización por importe de 51.799,76 euros, como reparación de los daños y perjuicios personales derivados como consecuencia de las lesiones y secuelas sufridas tras ser arrollada por un corredor que participaba en una carrera ciclista enmarcada dentro de los festejos de las fiestas patronales del citado municipio correspondientes al año 1999.
El juzgador de instancia, tras razonar que no procedía declarar la inadmisibilidad del recurso ya que la recurrente interesó que el Consistorio demandado le indemnizase tanto ante la Jurisdicción Penal como en la Civil, reconoció el derecho de la Sra. Leonor a ser indemnizada solidariamente por las codemandadas (AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMÍ, FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS, CLUB UNIÓN CICLISTA DE SANTA MARÍA y OCASO SEGUROS Y REASEGUROS S.A.) en la cantidad de 15.000 euros más los intereses legales correspondientes, considerando que concurría el nexo de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y el accidente que provocó las lesiones a la demandante, tras ser atropellada por una bicicleta durante el transcurso de una carrera ciclista celebrada en el marco de las fiestas patronales del año 1999, ya que ni el Ayuntamiento, ni el Club organizador, ni la Federación de Ciclismo ni la compañía aseguradora de esta última adoptaron o impusieron adoptar las medidas de seguridad para evitar accidentes. Estima acreditado que el 17 de julio de 1999 la Sra. Leonor fue arrollada por un corredor cuando ésta transitaba por la vía pública en un tramo de acera estrecho, sin que hubiese vallas ni cintas de seguridad.
Respecto a la cuantía de la indemnización, se fija en un tanto alzado en 15.000 euros, ya que no estima que la actora hubiese probado los días necesarios para su de curación ni tampoco las secuelas. Aplica los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde que la Aseguradora pudo pagar el importe de la reclamación.
1) La representación de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears solicita que se revoque la sentencia apelada y se desestime el recurso contencioso administrativo, alegando que no resultaba necesario la existencia de un plan de seguridad para que la Federación autorizase la carrera organizada por el Club Unión Ciclista Santa Maria. El Club disponía de la autorización municipal y de la Conselleria de Interior para celebrar el evento, y las medidas de seguridad fueron impuestas por la CAIB al club ciclista, no a la Federación. Por otro lado, invoca que existe una errónea valoración de la prueba practicada respecto de la culpa exclusiva de la víctima, quien desatendió las indicaciones de la Policía Local de que los corredores pasarían en breves instantes, como resulta de la Sentencia dictada en el Procedimiento Civil.
2) La representación de la entidad "Ocaso de Seguros y Reaseguros, S.A.", aseguradora de la Federación de Ciclismo, interpone recurso de apelación, sosteniendo que la Federación no era la organizadora de la competición, sino que era el Club Ciclista, siendo éste el único responsable según el Reglamento Ciclista y sin que hubiese obligación de tener un Plan de Seguridad. El riesgo no estaba cubierto por la póliza, al tratarse de un evento no organizado por la Federación asegurada. Concurrió la culpa exclusiva de la víctima. Respecto de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, no existía obligación de consignar por cuanto ni el riesgo estaba asegurado, existiendo asimismo la culpa exclusiva de la lesionada, habiéndose reducido la indemnización a menos de un tercio de la pedida.
- Se opone al recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Santa María, ya que el Club Ciclista y el Ayuntamiento fueron los organizadores y, por ello, los responsables.
- Se opone al recurso de apelación formulado por D.ª Leonor, invocando que no procede la imposición de los intereses del artículo 20 LCS, ya que existía una causa justificada, ya que la jurisdicción civil determinó la culpa exclusiva de la víctima, además de que la carrera no estaba cubierta por el seguro de la Federación, siendo indeterminada la cuantía de la indemnización.
- Se adhiere al recurso de apelación, expresando que la Federación no fue la organizadora, y por tanto, no fue responsable del accidente, de acuerdo con el Reglamento de la Unión Ciclista Internacional, y existió culpa exclusiva de la víctima.
3) La representación de D.ª Leonor formula recurso de apelación, invocando, primero, que la sentencia valora erróneamente la prueba existente en los autos acerca de los días de baja y secuelas padecidas por la recurrente, así como la incapacidad parcial para ser ama de casa, cuando obra un informe confeccionado por el Médico Forense en el Juicio de Faltas, así como una pericial médica en el proceso civil. En cuanto a los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, manifiesta que la Federación avisó a OCASO el 23 de julio de 1999, momento a partir del cual deben devengarse.
- Se opone al recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Santa Maria, esgrimiendo que la autorización municipal era un trámite preceptivo para poder celebrar la carrera. No existió culpa de la víctima, quien fue atropellada encima de la acera, y el Ayuntamiento debió adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes.
- Se opone al recurso de apelación formulado por la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, ya que la misma debió examinar el Reglamento técnico de la prueba, de acuerdo con el artículo 1.2.039 del Reglamento de la Unión Ciclista Internacional, en el cual debían obrar las señalizaciones colocadas durante el recorrido. No existió culpa de la víctima, como se desprende de la Sentencia dictada en el Juicio de Faltas, sin que puedan acogerse los hechos señalados en la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 10, la cual fue anulada por la Audiencia Provincial.
- Se opone a la adhesión del recurso de apelación interpuesta por la entidad "OCASO", ya que la prueba se celebró al estar autorizada por la Federación Balear de Ciclismo, quien actuaba por delegación de la Federación Española.
4) El Ayuntamiento de Santa Maria presenta recurso de apelación, manifestando que existe una errónea apreciación de la prueba por el juzgador de instancia, ya que acoge la falta de legitimación pasiva de la CAIB, cuando la autorización para celebrar la carrera fue otorgada por la Conselleria d'Interior, al discurrir por varios municipios de la Isla, limitándose el Consistorio demandado a autorizar que la carrera transitase en su término municipal, siendo la adopción de medidas de seguridad responsabilidad de los organizadores (Club Ciclista y Federación) y de la Conselleria. Segundo, el atropello sucedió por la actuación negligente de la Sra. Leonor, quien irrumpió en la calzada a pesar de la advertencia de la policía local y la existencia de señales acústicas de los vehículos, que advertían de la proximidad de los ciclistas.
- Se opone al recurso de apelación formulado por D.ª Leonor, invocando que no aceptó la cuantificación de la indemnización por la parte actora, estando motivada la sentencia en este punto, sin que el Consistorio tuviese responsabilidad alguna.
5) La representación de la CAIB se adhiere al recurso de apelación, interesando la inadmisibilidad del recurso contencioso, ya que no existió acto administrativo frente al que interponer el recurso. Segundo, concurrió la culpa exclusiva de la actora, como lo demuestran las sentencias dictadas en el Juicio de Faltas y el proceso civil, con efectos de cosa juzgada material. Tercero, debe confirmarse la falta de legitimación pasiva de la CAIB, frente a la cual no se dirigió la demanda penal, civil ni la contencioso- administrativa.
Segundo.—En un orden lógico de los cinco recursos de apelación formulados contra la Sentencia n.º 93/2011, de 28 de febrero, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Palma de Mallorca, debemos iniciar el análisis por el presentado por la representación procesal de la CAIB, en cuando dirige la impugnación contra la Sentencia de instancia, en primer término, por razones de orden procesal, interesando que se revoque la misma, por cuanto sostiene que en ella se debió declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, ante la ausencia de una actuación administrativa previa impugnable, y segundo, solicita que se mantenga el pronunciamiento de falta de legitimación pasiva de la Administración Autonómica, por cuanto la Sra. Leonor nunca se dirigió frente a las misma, habiendo comparecido a instancias del Ayuntamiento de Santa Maria, debiendo desestimarse el recurso de apelación del Consistorio en este punto.
a) En lo que concierne a la petición de inadmisibilidad del recurso contencioso, la CAIB esgrime que la demandante nunca presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ni ante el Ayuntamiento de Santa María ni ante la Administración Autonómica, por lo que no existe una resolución administrativa expresa o presunta recurrible.
La Sentencia apelada, por el contrario, considera que la Sra. Leonor formuló una reclamación resarcitoria frente al Ayuntamiento de Santa María, ya que dirigió contra el mismo un proceso penal (Juicio de Faltas, en el que recayó sentencia absolutoria por ausencia de imprudencia penalmente punible) y un proceso civil (Juicio Ordinario que fue finalmente archivado en grado de apelación ante la Audiencia Provincial, por incompetencia de jurisdicción), teniendo el Consistorio cabal conocimiento de la petición de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del atropello por un corredor en la carrera ciclista celebrada durante las fiestas patronales del mes de julio de 1999.
Esta Sala considera que debe destacarse que en el presente asunto concurren una serie de iniciativas de la Sra. Leonor encaminadas a la obtención de la reparación por el daño causado a causa del siniestro acaecido el 17 de julio de 1999: a) Una denuncia en vía penal y que concluyó por sentencia absolutoria dictada el 16 de mayo de 2002 por el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Palma de Mallorca (en Juicio de Faltas); b) Un procedimiento civil, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Palma de Mallorca, que concluyó por Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que anulaba aquélla en cuanto se declaraba la falta de jurisdicción del Tribunal por corresponder el conocimiento de la controversia al orden contencioso administrativo;
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión ahora en debate, entre otras, en la Sentencia de 29 de junio de 2002 (Sección 6.ª), en la cual, refiriéndose al carácter revisor de esta jurisdicción y con alusiones a la exposición de motivos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Alto Tribunal recuerda que «se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso-administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración»
Añade el Tribunal Supremo que «esta concepción superadora del prejuicio revisor» había sido abiertamente acogida por esta Sala del Tribunal Supremo en sus Sentencias de 2 Jul . y 7 Nov. 1994 , 20 Ene . y 6 Feb. 1996 , 27 Feb ., 10 May ., 9 Oct . y 24 Mar. 2001 . Por ello «ha declarado que la jurisdicción contencioso-administrativa no es meramente revisora sino plena, de manera que basta el hecho de que la Administración haya tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo del tema discutido, aunque no lo haya efectuado por razones formales, para que se estime cumplido el principio de contradicción y, en consecuencia, deba el Tribunal resolver el fondo del asunto, una vez desestimados los obstáculos formales, siempre que existan elementos de juicio suficientes para ello».
Seguidamente aquella Sala se refiere a la existencia (en aquel caso) de actividad encaminada a obtener la reparación por la Administración, cosa que afirma existente en efecto, pues, «como declara la propia Sala de instancia en la sentencia recurrida, dicho Ayuntamiento fue demandado en conciliación y no compareció al acto, al que expresamente fue convocado, y en el escrito de demanda, del que se le dio traslado, se recogían los hechos por los que se reclamaba su responsabilidad patrimonial».
El Tribunal Supremo concluye por ello: «resultando intranscendente, en contra del parecer de la Sala de instancia, que la reclamación se hubiese presentado ante la jurisdicción civil mediante un acto de conciliación, pues lo cierto es que el silencio del Ayuntamiento a esa expresa petición debe tener los efectos que establece el artículos 43.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , de «permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o Contencioso-Administrativo que resulte procedente».
A partir del conjunto de las actuaciones relacionadas más arriba, cabe concluir que la Administración Local demandada, Ayuntamiento de Santa Maria tuvo puntual y cabal conocimiento del ejercicio de la acción de reclamación por parte de la demandante, pues, ésta no sólo presentó la documentación sobre los daños padecidos y los requerimientos de reclamación ante la jurisdicción penal, primero, y ante la jurisdicción civil, después, sino que se llegaron a celebrar el juicio de faltas y el juicio ordinario civil, en reclamación de los supuestos perjuicios causados.
No cabe admitir el razonamiento que sustenta la decisión de inadmisión, por cuanto como se deduce de los antecedentes, el Ayuntamiento demandado tenía noción con antelación no sólo de la intención de reclamar, sino también de los elementos básicos en que se articulaba la acción, cumpliéndose de esta manera la finalidad perseguida del conocimiento y el pronunciamiento previo de la reclamación.
Una declaración judicial de inadmisibilidad no cumpliría con las exigencias derivadas del artículo 24.1 CE.
El recurso de apelación de la CAIB debe desestimarse en este punto, manteniendo el razonamiento de la Sentencia de instancia.
b) Respecto a la falta de legitimación pasiva de la Administración Autonómica, aunque el Ayuntamiento de Santa Maria no interesa la revocación de la Sentencia a quo de forma expresa en este punto del Fallo, sí la solicita de forma implícita en la fundamentación del escrito de apelación, al manifestar que la carrera ciclista fue autorizada por la Conselleria de Interior y que el Consistorio se limitó a reforzar las medidas de seguridad que correspondía imponer y supervisar tanto a los organizadores (Club Ciclista y Federación) como a la autoridad autonómica.
Sin embargo, ante la circunstancia de que la actora nunca formuló reclamación alguna frente a la CAIB ni sus departamentos, en el sentido de que las reclamaciones judiciales penal, civil y administrativa no se dirigieron frente a la misma, así como tampoco fue parte de esos procesos, debe confirmarse la falta de legitimación pasiva de la misma, confirmando la Sentencia apelada en este pronunciamiento, y desestimarse el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Maria.
Tercero.—Por lo que concierne a los requisitos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, debemos remitirnos a la sentencia apelada con respecto a la doctrina jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración y con ello dar por reproducido la parte primera de su Fundamentos Jurídicos Primero, Segundo y Tercero, sin necesidad de añadir nada más a una doctrina sobradamente conocida por las partes.
El objeto de controversia en el presente rollo de apelación consiste en dilucidar, primero, si las consecuencias dañosas para D.ª Leonor se produjeron por la ausencia de la adopción de medidas de seguridad durante la celebración de la carrera ciclista en el municipio de Santa Maria, y, segundo, en su caso, a qué entidades incumbía el establecimiento de tales medios preventivos y en qué grado, y, por último, el importe de la indemnización.
De la valoración conjunta de los elementos de prueba practicada en la instancia, efectuada según las reglas de la sana crítica, resultan acreditados el hecho del atropello y las lesiones, objetivadas en el informe realizado por el Médico Forense durante la tramitación del Juicio de Faltas ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Palma, pero, a diferencia de las conclusiones del Juez a quo, no se considera demostrado que el desgraciado accidente fuese consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
El juzgador parte de los datos contenidos en los atestados policiales, donde se expresa que la Sra. Leonor iba caminando por la acera, en las proximidades de la meta, cuando al llegar a un tramo en el que se estrechaba la zona de paso de peatones, bajó a la calzada, siendo arrollada por un ciclista que circulaba a gran velocidad.
La Sra. Leonor, en su declaración ofrecida en la fase probatoria, manifestó que el atropello se produjo en la propia cera, al igual que lo aseveró el testimonio del corredor implicado, pero estas manifestaciones contradicen la versión del informe policial, resultando de mayor credibilidad el atestado confeccionado por la fuerza actuante, en cuanto expresa que la peatona bajó de la calzada ante la estrechez de la misma.
Si bien es cierto que no existían vallas, barreras o cintas de seguridad que obstaculizasen el paso de los viandantes, debe destacarse que en el juicio ordinario celebrado ante la Jurisdicción Civil, los agentes de policía local y un testigo manifestaron que se advirtió a la actora del peligro de caminar por esa zona ya que el pelotón se aproximaba, y ésta hizo caso omiso, colocándose voluntariamente en situación de peligro.
La adopción de las medidas de seguridad pertinentes incumbía al Club Organizador, como se desprende del artículo 1.2.32 y 1.2.35 del Reglamento de la Unión Ciclista Internacional, y a cada uno de los Ayuntamientos por donde discurría la competición, siendo uno de ellos el Consistorio de Santa Maria, ya que por sus calles y vías públicas iba a tener lugar una carrera ciclista, con la lógica repercusión sobre la organización del paso de viandantes y tráfico rodado, corte de calles y adopción de medidas para evitar riesgos para personas y bienes.
En el presente asunto resulta acreditado que se colocaron patrullas y agentes de policía local (unido a guardia civil) en los puntos conflictivos del recorrido.
En concreto, en las inmediaciones de la meta, donde transitaba la Sra. Leonor, existía una dotación policial que advirtió a la peatona del peligro de adentrarse en la zona donde se estrechaba la acera, ante la proximidad del paso de los ciclistas, unido a las señales acústicas que se emitieron cuando el pelotón se acercaba, las cuales pudieron ser percibidas por la lesionada.
A pesar de la ausencia de vallas, cintas, balizas u otros elementos de separación, la mayor medida de seguridad es la presencia de agentes de la autoridad que advirtieron expresamente del peligro, y a pesar de ello, la actora se colocó voluntariamente en la situación de riesgo.
Este Tribunal aprecia la culpa exclusiva de la víctima, debiendo revocarse la sentencia apelada, estimado los recursos de apelación formulados por el Ayuntamiento de Santa Maria, la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, la entidad "Ocaso Seguros y Reaseguros, S.A." y la CAIB en este punto, y desestimando el recurso de apelación de la Sra. Leonor.
Por ello, el recurso contencioso-administrativo debió ser desestimado.
Cuarto.—En aplicación del art. 139.2.º de la Ley Jurisdiccional /98, procede imponer las costas a la parte apelante si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecia la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. En la medida en que el recurso de apelación ha sido estimado, no se deben imponer las costas a ninguna de las partes.
1.º) ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Santa Maria, por la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, la entidad "Ocaso Seguros y Reaseguros, S.A." y la CAIB, en cuanto se aprecia la culpa exclusiva de la víctima, contra la Sentencia n.º 93/2011, de 28 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Palma de Mallorca, la cual se revoca en su integridad.
2.º) Se desestiman los recursos de apelación interpuestos en los restantes puntos.
3.º) Se desestima el recurso contencioso administrativo formulado contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada frente al Ayuntamiento de Santa Maria, por ser conforme a derecho.
4.º) Sin imposición de costas.
Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario.
PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada de esta Sala Ilma. Sra. D.ª Alicia Esther Ortuño Rodríguez que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario, rubricado.