Source: https://wsr.registraduria.gov.co/Edicion-No-52-Ano-V-junio-de-2011.html
Timestamp: 2019-10-16 12:56:33
Document Index: 71539288

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 209', 'artículo 3', 'artículo 213', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 3']

1 de junio de 2011 - No. 52: Mantenimien
1 de junio de 2011 - No. 52: Mantenimiento, sostenibilidad, actualización y depuración de bases de datos
Mantenimiento,sostenibilidad,actualización y depuración de bases de datos. Revista Nuestra Huella, junio de 2011
Edición No. 52, Año V - junio de 2011
“Por más que la ley quiera imponer responsabilidades y sanciones por el tema de inscripción de candidatos inhabilitados, hay muchos gastos del proceso electoral que no se encuentran previstos y por lo tanto no los cubre nadie, no son materia de sanción y los asume el Estado”, dijo el Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, durante su intervención en el Foro “Empieza la Contienda Electoral: cuáles son las reglas del juego? realizado el 4 de mayo en Medellín.
La cifra del mes 3.031.884
Fueron los votos nulos en las Elecciones de 2007
Registraduría pidió a la Corte Constitucional inexequebilidad de los cambios al censo electoral
El Registrador Nacional le dice a la Corte que “el censo electoral se encuentra altamente depurado: está compuesto por 30.376.373 ciudadanos habilitados para votar, de un total de 31.080.235 ciudadanos con cédula de ciudadanía amarilla con hologramas”. Así mismo la Registraduría solicitó a la Corte que el escrutinio inmediato no se aplique en las elecciones de octubre, sino a partir del 2014...(ver más...)
Ver Especial Registra TV - 87
El Gobierno Nacional asumirá el costo anual del sostenimiento y acceso a las bases de datos de la Registraduría
El Plan de Desarrollo aprobado en abril por el Congreso de la República prevé la gratuidad en el acceso a las bases de datos de la Registraduría y que el mantenimiento de las mismas se realice con cargo al Presupuesto Nacional...(ver más...)
Para votar en octubre hay plazo para pedir la cédula por primera vez hasta el 30 de junio
El 30 de octubre de 2011 los colombianos irán a las urnas para elegir los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, que gobernarán en todo el territorio nacional durante el período 2012 – 2016....(ver más...)
“Cuando un partido avala un candidato inhabilitado, el costo para el Estado es enorme”
Así lo señaló el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, en su participación en el foro “Empieza la Contienda Electoral: ¿cuáles son las reglas del juego?”, que realizaron la Registraduría Nacional, Publicaciones Semana y la Esap, el pasado 4 de mayo en Medellín. El próximo foro es el 15 de junio en Barranquilla...
Registraduría realiza segunda Audiencia de Rendición de cuentas
En 2010 se definieron dos nuevos objetivos estratégicos para la vigencia 2010-2011. En total son siete los objetivos que priorizan las acciones misionales de la Entidad en el Plan Estratégico
El Servicio es Nuestra Identidad...
Nuestro Bienestar y Salud
El Fondo Social de Vivienda contribuye a fortalecer hogares
El Fondo nació con $2 millones y hoy maneja recursos por $9.000 millones...(ver más...)
“La suma de nuestra ética es la Ética de nuestra Entidad”
El ser humano no puede vivir aislado de los demás y a pesar de definirse como el ser perfecto de la naturaleza, tiene carencias que lo limitan y lo hacen vulnerable y sensible a los efectos del ambiente natural, físico y social que lo rodea...(ver más...)
El Piga es la base para hablar un mismo lenguaje a la hora de identificar y resolver problemas ambientales en la Entidad....(ver más...)
Bases de datos actualizadas son freno al fraude
En los últimos meses distintos medios de comunicación han informado sobre presuntas suplantaciones entre los damnificados de la ola invernal, situación que provocaría que las ayudas y subsidios gubernamentales llegaran a quienes no los necesitan...(ver más...)
El nuevo software de jurados de votación brinda transparencia al proceso electoral
La Registraduría Nacional del Estado Civil, con el objetivo de fortalecer los aspectos referentes a jurados de votación, diseñó para este año electoral 2011 nuevas herramientas que le dan trasparencia al proceso de selección y capacitación de estos actores fundamentales para los comicios... (ver más...)
Estudio confirma que el nuevo diseño de tarjetas electorales reduce los votos nulos
La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó conjuntamente con la Universidad de los Andes y en asocio con el Instituto Republicano Internacional, IRI y la Agencia Estadounidense de Cooperación para el Desarrollo, USAID, un simulacro de votación para evaluar el impacto la tarjeta electoral que diseñó la Entidad para las elecciones de autoridades locales que se celebrarán el 30 de octubre de 2011...(ver más...)
Un total de 1.379.843 votos se depositaron en las urnas durante las consultas de partidos y movimientos políticos
Reportado un 99,53 % de las mesas instaladas en el país la votación para escoger candidatos de seis colectividades para las elecciones de octubre llegó a 1.379.843 votos depositados en las urnas ubicadas en 271 municipios del país....(ver más...)
Nivelación salarial: logro del Registrador y la actual administración
Desde enero de 2008 la Registraduría Nacional del Estado Civil inició un proceso para lograr que a los funcionarios de la Entidad les sea reconocido un incremento en sus salarios...(ver más...)
“El impacto de la Globalización. Aspectos económicos y políticos en América Latina”, obra del Registrador Nacional que se presentó en la Feria del Libro de Bogotá...
La Registraduría inició extensa campaña
de identificación en 14 municipios de Antioquia...
El domingo 29 de mayo se celebró la décimo tercera jornada de consultas de partidos y movimientos políticos...
El 22 de mayo concluyó la inscripción de cédulas de ciudadanía...
Electoral 2011
1 Solicitud de listas de jurados a entidades públicas y privadas
30 Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas
30 Publicación censo electoral
30 Inicio propaganda electoral
30 Vence plazo para recibir listados de Fuerzas Armadas con militares que se deben excluir del censo
febrero de 1978,
No. 51, abril 2011
La nueva Ley Estatutaria de la Reforma Política que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional trae consigo una serie de modificaciones a las elecciones. Por esta razón el Registrador Nacional del Estado Civil Carlos Ariel Sánchez Torres envío sus consideraciones.
El pasado 15 de diciembre de 2010, fue aprobada por el Congreso de la República la Ley Estatutaria de la Reforma Política, que actualmente se encuentra en revisión de la Corte Constitucional. Esta reforma trae un conjunto de iniciativas que implementarán nuevas disposiciones frente a la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y una serie de modificaciones a las elecciones.
Entre los temas que aborda, este proyecto de ley estatutaria, se propone que el censo electoral se conforme únicamente por “los ciudadanos que hayan sufragado en las últimas elecciones o en el último mecanismo de participación popular de carácter nacional, departamental o municipal, según sea el caso”, situación que generó amplio debate nacional a comienzos del año, ya que con esa redacción el censo podría pasar de 30 a 15 millones para las elecciones del próximo mes de octubre.
El pasado 28 de marzo de 2011, el Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, envió a la Corte Constitucional sus consideraciones acerca de la reforma política y solicitó de manera puntual que “se declare la inconstitucionalidad de los artículos 47 y 48 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 190/10 Senado- 092/10 Cámara. En lo concerniente a los escrutinios, esto es artículos 41, 42, 43 y 44 del PLE, solicito sea analizada la posibilidad que su implementación sea diferida a las próximas elecciones por cuanto el proceso electoral, es el resultado de la planeación y capacitación que de éste se hace a todos los actores e intervinientes y, con la asignación actual del presupuesto e infraestructura con que cuenta actualmente no resulta viable la implementación de la misma en la jornada electoral del próximo 30 de octubre”.
La Registraduría realizó un análisis jurídico donde expone los puntos claves por los cuales se afirma que los artículos del proyecto de reforma política sobre el censo electoral y su depuración son contradictorios con la Constitución Política, ya que se desconocieron los requisitos establecidos para la inclusión de disposiciones nuevas en el segundo debate en alguna de las dos plenarias.
El Registrador Nacional le informa a la Corte que “puede observarse en las Gacetas del Congreso que dan cuenta del trámite surtido por el PLE en estudio, las normas sobre Censo Electoral y su Depuración no hicieron parte del proyecto inicialmente presentado por el Gobierno Nacional ante la Cámara de Representantes, tampoco de la versión aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara”.
Esto quiere decir que los artículos 47 y 48 del Proyecto de Ley no fueron discutidos en los debates de la Comisión Primera de la Cámara y la necesidad de cambiar la forma de depuración del censo electoral no fue mencionada por ninguno de los representantes en dicha instancia. “Los artículos estudiados se encontraron por primera vez dentro del trámite de este proyecto durante el segundo debate surtido ante la Plenaria de la Cámara”, agrega.
Por esta razón dichos artículos no cumplieron con los requisitos necesarios para el trámite legislativo y durante éste, tampoco se establece que dicha omisión haya sido subsanada, situación que advierte la inconstitucionalidad de tales disposiciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 178 de Ley 5 de 1992, “cuando a un proyecto de ley le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en Plenaria, éstas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la respectiva Comisión Permanente. Sin embargo, cuando se observaren serias discrepancias con la iniciativa aprobada en Comisión, o se presentaren razones de conveniencia, podrá determinarse que regrese el proyecto a la misma Comisión para su reexamen definitivo”.
Lo que quiere decir que en dicha circunstancia debe regresarse el proyecto a la comisión para que se le dé el respectivo trámite, ya que durante este proceso se ha violado el principio de consecutividad.
“Como consecuencia a que las normas sobre Censo Electoral y su Depuración no hicieron parte del articulado aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara así como tampoco fueron temas tratados en el mismo, se reitera, tampoco subsanados de la forma prevenida por la Ley 5 de 1991, siendo esto un asunto que afecta, de manera manifiesta y grave, la conformación de la voluntad democrática de las cámaras, máxime cuando afecta el sagrado derecho al voto como expresión de la natural e indiscutible garantía Constitucional de elegir y ser elegido sin más restricciones que las impuestas por la Constitución y la Ley”, señala el Registrador Nacional a la Corte.
Depuración del ANI y del Censo Electoral
Entre las finalidades básicas de la implementación del Proyecto de Ley en cuanto a la conformación del censo electoral, está que sólo estén incluidos los ciudadanos que realmente participan en los certámenes electorales y lograr la participación de quienes realmente tienen derecho.
Pero realmente lo que se lograría con su implementación sería crearle una carga mayor al ciudadano que quiere ejercer su derecho al voto cuando en la pasada elección o mecanismo de participación ciudadana, haya decidido válidamente no ejercer su derecho.
Una de las razones de fondo para la inclusión en el Proyecto de Ley de los artículos anteriormente mencionados sobre la conformación y depuración del censo electoral es la supuesta falta de depuración “siendo éste la clave para la consecución de los fines de un Estado Democrático”.
Sobre la depuración del censo electoral, el Registrador Nacional señala que desde el 6 de diciembre de 2007, la administración inició la revisión del Censo Electoral y el Archivo Nacional de Identificación, ANI, con el fin de determinar hasta que punto estas bases de datos se encontraban desactualizadas y se hacía necesario depurar la información.
Durante este análisis se encontró que “entre 1988 y 2002 la Registraduría adelantó una actualización del Censo en Municipios Zonificados. Sin embargo, teniendo en cuenta que el promedio de defunciones anual en Colombia en los últimos tiempos ha sido de aproximadamente 174.000 personas por año, se observó que tal número no correspondía con lo relacionado en la base de datos, existiendo así un atraso en la actualización del mismo, debido a diferentes causas, entre ellas: la no cancelación de las Cédulas de Ciudadanía a causa de la muerte de sus titulares, o por que no se registran las defunciones, o por omisión de los funcionarios en el envío de los registros civiles de defunción a la Registraduría para su respectiva cancelación”.
Por esta razón, el 29 de abril de 2008, la Entidad radicó ante el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, el proyecto “Levantamiento y depuración sistemática del Archivo Nacional de Identificación (ANI), registro de votantes”, el cual fue elaborado por cerca de tres meses y por un valor de $53.708 millones, de los cuales el Gobierno Nacional finalmente asignó $11.700 millones.
Con el dinero asignado se programaron visitas para localizar y digitalizar registros civiles de defunción que se encontraran en las diferentes notarías, Registradurías, sedes de Medicina Legal y cementerios de 23 ciudades del país. Para el año 2010 esta labor se extendió a otros 824 municipios, gracias a los $34.000 millones asignados con este propósito para la vigencia 2010.
Este proceso generó que entre el año 2009 y 2010 se lograra la cancelación en el Archivo Nacional de Identificación de 1.177.154 cédulas de ciudadanía, equivalentes al 45% de las cancelaciones efectuadas en la última década.
“Es por lo anterior y gracias, al proceso de renovación de cédulas de ciudadanía es que a la fecha se puede afirmar que el censo electoral se encuentra altamente depurado, dado que está compuesto por 30.376.373 ciudadanos habilitados para votar, de un total de 31.080.235 ciudadanos con cédula de ciudadanía amarilla con hologramas”.
Acerca de la depuración del censo electoral, el Director Nacional de Censo Electoral, Hollman Ibáñez Parra, afirma que el censo electoral en el pasado crecía de manera exponencial frente al número de ciudadanos nuevos que ingresaban al censo. A partir del año 2010, gracias a su depuración el censo crece de manera lineal. Esto quiere decir que de no haberse depurado el censo electoral, este tendría en su base de datos alrededor de 35 millones de colombianos.
Por los motivos expuestos anteriormente y otra serie de consideraciones argumentadas en la comunicación enviada a la Corte Constitucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó a la Corte la inconstitucionalidad de los artículos 47 y 48 del Proyecto de Ley estatuaria.
Ésta es sólo una de las modalidades que el fraude por suplantación toma en nuestro país: Se suplantan votantes y jurados, se suplantan beneficiarios del sistema de salud; tarjetahabientes que hacen retiros y compras a nombres de los verdaderos titulares de la cuenta; se suplantan ciudadanos para adquirir un crédito o un celular, se suplantan internos en las cárceles, etc., etc., etc.
El fraude por suplantación es el más frecuente entre los distintos tipos de fraude electoral, y es un fraude común en otros sectores públicos y privados. El costo para el Estado y para los particulares es enorme y la posibilidad de evitarlo está hoy a nuestro alcance: El cruce de bases de datos permite cotejar la identidad de una persona y evitar numerosos casos de suplantación.
En la sociedad de la información las bases de datos se han convertido en eje primordial de las organizaciones, y la Registraduría administra algunas de las bases de datos más importantes del Estado Colombiano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con el AFIS (Sistema automático de identificación de huellas, por sus siglas en inglés) que hoy tiene más de 736 millones de huellas dactilares, y que se basa en el Motor Transaccional de Registros (MTR), una completa base de datos que incluye información biográfica y dactilar de todos los ciudadanos colombianos.
La identificación biométrica de todos los colombianos a partir de su huella dactilar es el futuro del sistema de identificación. Con el transcurso del tiempo la cédula de ciudadanía como documento físico tiende a desaparecer para darle paso a la desmaterialización de la identidad, a través de procesos rápidos y automatizados de identificación mediante el cotejo de la huella dactilar con bases de datos que confirmen la identidad de la persona. Colombia es un país de vanguardia en el continente en este tema ya que cuenta con una de las más completas y actualizadas bases de datos de huellas dactilares que permiten identificación biométrica.
La biometría que ya hemos utilizado con éxito en elecciones atípicas, puede implementarse también para evitar fraudes por suplantación en el sector salud, en los bancos, en empresas de transporte y en general en prácticamente todas las transacciones que exijan identificación de quien las realiza.
La permanente actualización, sostenibilidad y mantenimiento de nuestras bases de datos de identificación quedó asegurada en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República, el cual eliminó la posibilidad que tenía la Registraduría Nacional de cobrar por los cruces de bases de datos, pero a cambio incluyó la obligación del Gobierno Nacional de destinar anualmente las partidas necesarias para que la Entidad pueda garantizar el mantenimiento y acceso a sus bases de datos.
Además del AFIS, la Registraduría Nacional cuenta con el Archivo Nacional de Identificación (ANI), otra base de datos que contiene la información biográfica de los colombianos que han tramitado su cédula de ciudadanía desde 1952.
El pilar de estas bases de datos es el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), que se fundamenta en la Base de Registro Civil (BDR), que contiene los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción de los colombianos. A partir de la ejecución del Programa de Modernización Tecnológica en su segunda fase, PMT II, el SIRC se comunica mediante interfaz con el ANI y esta interfaz entre la base de datos de registros civiles y la base de datos que contiene información de cédulas ha permitido detectar en los últimos 4 años cerca de 700.000 inconsistencias y errores de años y décadas pasadas, incluyendo casos de doble cedulación y posible suplantación.
Mantener las bases de datos de identificación actualizadas impacta, entre otros sectores, al proceso electoral. Otra base de datos, el censo electoral, hoy se comunica mediante interfaz con el Archivo Nacional de Identificación para poder dar de baja las cédulas de colombianos fallecidos. Mantener depurado el censo electoral evita fraudes por suplantación y garantiza que los mecanismos de participación ciudadana se desarrollen en un marco confiable, con umbrales electorales ajustados a la realidad de la correspondiente circunscripción.
Además del censo electoral, una segunda base de datos de gran impacto en los comicios es la de jurados de votación. Este año la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional diseñó un nuevo software para construir esta base de datos, con información de entidades públicas y privadas así como instituciones de educación superior de todo el país. El óptimo funcionamiento de este software garantiza a la entidad contar con una base de datos de ciudadanos elegibles completa y confiable, que permita seleccionar jurados de diferente filiación política, con residencia cercana relativamente cercana al puesto de votación asignado, para que los comicios se desarrollen con transparencia y confiabilidad.
Esperamos que la obligación incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, orientada a que el Gobierno Nacional asigne anualmente los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de las bases de datos de identificación, se traduzca en una reducción sustancial de los fraudes por suplantación en todos los sectores, tanto públicos como privados. El monto que invertirá el Estado para sostener estas bases de datos será inferior al que hoy se pierde por suplantaciones en sectores sensibles para la política social, como subsidios o salud.
El mantenimiento de las bases de datos de la Registraduría permite que el servicio que se presta a las diferentes entidades sea seguro y confiable, para la confrontación de datos que requiere.
Luego de que el Estado colombiano invirtiera más de US$200 millones en la modernización de los sistemas de identificación colombianos, mediante la ejecución de la segunda fase del Programa de Modernización Tecnológica, adelantado entre 2006 y 2010, ahora es necesario garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las bases de datos actualizadas que arrojó dicho proceso.
Con la aprobación del Plan de Desarrollo 2010-2014 se establece que el intercambio de información contenida en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil con las empresas públicas y privadas será gratuito. Así mismo se contempla que el mantenimiento y el acceso a las bases de datos serán financiados por el Gobierno Nacional.
La Registraduría ha presupuestado el mantenimiento y la sostenibilidad anual del sistema de identificación y registro civil PMT II a nivel nacional en $54.000 millones. Este valor contempla la actualización del Archivo Nacional de Identificación ANI, un plan de contingencia para la continuidad de los procesos misionales, el soporte técnico de los equipos, así como el personal calificado para el manejo de las máquinas.
El mantenimiento permanente de estas bases de datos garantiza una óptima prestación del servicio a todas las entidades públicas y privadas que cruzan datos con la Registraduría Nacional, con el fin de verificar la identidad de los colombianos y evitar fraudes por suplantación.
El parágrafo 1 del artículo 209 del proyecto de ley número 179 de 2011 Cámara, 218 de 2011 Senado por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, aprobado en la madrugada del jueves 28 de abril en plenaria de la Cámara de Representantes establece que “el acceso a las bases de datos y la utilización de su información serán gratuitos. Las entidades y los particulares que ejerzan funciones públicas sólo tendrán derecho a cobrar por el acceso a los datos y a las bases de datos que administren, los costos asociados a su reproducción”.
Con esta determinación se modifica el artículo 3, literal a) numeral 5 de la Ley 1163 de 2007 la expresión “y cruces de información no sujeta a reserva legal de las bases de datos de la entidad” y del numeral 8 suprimir la expresión “Servicios de procesamiento, consulta de datos de identificación.” con lo cual se excluye la posibilidad de que la Registraduría efectúe el cobro a los particulares interesados en estos servicios, como se hacia hasta la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo.
Desde la aprobación del documento Conpes 3323 del 20 de diciembre de 2004, se viabilizaba el “Programa de Ampliación de la Producción y optimización de los Sistemas de Identificación y Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil” y se señalaba que la modernización de las bases de datos de la Entidad permitiría que la Registraduría determine el tipo de licenciamiento que se debe contratar, así como la conectividad y el modelo de negocio para accederá este sistema.
Esta situación reconocida en la Ley 1163 de 2007, que facultó a la Entidad para fijar las tasas y establecer el cobro por los servicios de procesamiento, consulta de datos de identificación y venta de licencias de software de los desarrollos tecnológicos que se adelanten con la base de datos de propiedad de la Entidad.
Dicha Ley le permitía a la Registraduría prestar servicios no sólo a otras entidades estatales mediante la firma de convenios sino ampliar la cobertura a organizaciones privadas que requieren la plena identificación de los ciudadanos y a personas naturales que por alguna razón demanden de esta información.
Camino a la gratuidad
Una vez se conoció la propuesta inicial del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno, el Registrador Nacional de Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, en sendas cartas enviadas el 24 de febrero de este año al director Nacional de Planeación, Hernando José Gómez Restrepo, y al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón advirtió que “con la norma propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo se excluye la posibilidad de que la Registraduría Nacional del Estado Civil efectúe el cobro a los particulares interesados en estos servicios, requerimiento esencial para la implementación del modelo sostenible de actualización de las bases de datos de registro civil e identificación ciudadana, la cual es una de las funciones principales ejercidas por la Registraduría, y una eventual imposibilidad de prestación de los servicios de consulta (…) por lo señalado, de la manera más atenta solicitamos que se gestione la supresión de la parte correspondiente del articulado en mención”.
Desde ese momento el Registrador inició un acercamiento con el Ministerio de Hacienda para garantizar que se eliminara la gratuidad o que en su defecto el Gobierno Nacional garantizara el mantenimiento de las bases de datos.
En estas comunicaciones enviadas al director Nacional de Planeación, Hernando José Gómez Restrepo, y al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón manifiesta que “la Registraduría no encontraría objeción para dicho artículo, siempre y cuando en el mismo Plan de Desarrollo se especifique la asignación de los recursos presupuestales necesarios para el mantenimiento, la sostenibilidad y la actualización de las bases de datos del PMT II”.
Finalmente esta última solicitud fue acogida y quedó establecida en el nuevo texto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Cruces de información
27 empresas entre públicas y privadas actualmente cruzan con la Registraduría Nacional del Estado Civil información de la base de datos con la que cuenta la Entidad.
En el primer trimestre de 2011 se realizaron 1.190.740 consultas, de las cuales 5.442 las efectuaron empresas privadas, que pagan por el servicio, y 1.185.298 por las entidades del Estado, que acceden de manera gratuita a la información gracias a los convenios interinstitucionales.
De estas consultas, un total 15.871 se realizaron en línea, es decir a través de un aplicativo instalado en cada una de las entidades o empresas, y las restantes 1.174.869 consultas fueron hechas en lote, a través del envío de un archivo al área de Soporte Técnico de la Registraduría, que cruza la información y envía las respuestas de cada dato cruzado.
Fuente: Registraduría Dlegada para el Registro Civil y la Identificación.
Entre las empresas que han suscrito convenios de cooperación con la Registraduría Nacional para acceder al servicio de consulta del ANI están Risk & Solution Group, Grupo de Tareas Empresariales, Proferenses Limitada, Wolman Group de Colombia tda, Seguros de Vida Alfa S.A., Asisa Ltda y Ciza Outsourcing S.A..
Entre las entidades estatales figuran el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y los Ministerios del Relaciones exteriores, Defensa Nacional y Hacienda y Crédito Público.
La consulta vía Web requiere la firma de un protocolo de seguridad por parte de la empresa interesada y la firma de un contrato para que el usuario mediante una contraseña pueda acceder al Archivo Nacional de Identificación. Mediante la modalidad de consulta de medio magnético se requiere la firma de un acta de confidencialidad por parte del interesado.
En la actualidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya tiene en su base de datos con 736.326.660 huellas dactilares de los colombianos que se han acercado a la Entidad a realizar trámites de identificación, desde el año de 1952, cuando comenzó la expedición de la cédula blanca laminada.
Estas más de 736 millones de impresiones dactilares corresponden a la toma de las huellas de cada uno de los 10 dedos de la mano del ciudadano, que son incorporadas a la base de datos de la Registraduría cuando realizan algún proceso de identificación, bien sea de cédula de ciudadanía o de renovación de tarjeta de identidad.
Gracias al cruce de esta información, las empresas y entidades pueden tener certeza de los datos de las personas que se encuentran en el Archivo Nacional de Identificación, ANI, representados en el nombre, número de cédula y lugar y fecha de expedición de este documento, según lo permitido por el artículo 213 del Código Electoral. Este cotejo les permite evitar fraudes por suplantación.
El cruce de información quedó enmarcado en el plan estratégico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fijó como objetivo No. 6 “Diseñar y aplicar la estrategia de comercialización de los servicios de procesamiento, consulta de datos de identificación y venta de licencias de software de los desarrollos tecnológicos que se adelanten con la base de datos de propiedad de la Entidad”.
Tarifas en el cruce de datos
Hasta la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo en la Resolución 012 del 18 de enero de 2011 firmada por el Registrador Nacional del Estado Civil en su artículo 5 fijaba la tarifa para la expedición física y cruces de información no sujeta a reserva legal de las bases de datos de la entidad para usuarios privados, entidades públicas, sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado las siguientes costos:
Fuente: Resolución 012 del 18 de enero de 2011
Plan Nacional de Desarrollo prevé gratuidad en la información
Art. 136. Obligatoriedad de Suministro de Información. Para el desarrollo de los planes, programas y proyectos incluidos en el presente Plan y en general para el ejercicio de las funciones públicas, las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas pondrán a disposición de las demás entidades, bases de datos de acceso permanente y gratuito, con la información que producen y administran. Las entidades productoras y usuarias de la información deben garantizar la observancia de las limitaciones de acceso y uso referidas al derecho de habeas data, privacidad, reserva estadística, los asuntos de defensa y seguridad nacional, y en general, todos aquellos temas a los que la Ley les haya otorgado el carácter de reserva.
Parágrafo1. El acceso a las bases de datos y la utilización de su información serán gratuitos para las entidades públicas. Las Entidades y los particulares que ejerzan funciones públicas sólo tendrán derecho a cobrar por el acceso a los datos y a las bases de datos que administren, los costos asociados a su reproducción. Las Entidades públicas no serán sujetos pasivos de la tasa a la que se refiere el artículo 3 de la Ley 1163 de 2007. Respecto de los términos para la entrega de la información, deberán dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, o la norma que lo modifique, sustituye o derogue.
Parágrafo 2. En el evento en que las entidades estatales o los particulares que ejerzan funciones públicas requieran procesamientos o filtros especiales adicionales a la información publicada en las bases de datos, la entidad que la administra o produce podrá cobrar dichos servicios mediante contrato o convenio.
Art. 170. Vigencias y Derogatorias
Deroga (..) del artículo 3, literal a) numeral 5 de la Ley 1163 de 2007 la expresión “y cruces de información no sujeta a reserva legal de las bases de datos de la entidad” y del numeral 8 suprímase la expresión “Servicios de procesamiento, consulta de datos de identificación.”
De acuerdo con el calendario electoral previsto para la elección de autoridades locales que se celebrará el 30 de octubre, desde el miércoles 1 de junio las Registradurías municipales y especiales de todo el país comenzaron a solicitar a las empresas públicas y privadas así como a las universidades ubicadas en su circunscripción, los listados de ciudadanos que pueden ser elegidos como jurados de votación en el sorteo programado para el 1 de agosto.
Las consultas de partidos y movimientos políticos que se realizaron el pasado 29 de mayo le sirvieron a la Registraduría para evaluar y fortalecer el nuevo software de jurados, que permite la selección automatizada de los ciudadanos que atienden las distintas mesas de votación.
Entre el 6 y el 13 de mayo se utilizó por primera vez el nuevo software para la selección de jurados de votación para seleccionar los jurados que participaron en las consultas del 29 de mayo, no sólo para su sorteo, sino también para los distintos reemplazos de los jurados incursos en alguna de las causales de exoneración del servicio. Este mismo software será el que se implementará en la designación de ciudadanos que actuarán como jurados en cada mesa en las elecciones de autoridades locales el 30 de octubre.
El sistema realizó la elección de los jurados de votación con base en los nuevos listados, de empleados y estudiantes remitidos a las Registradurías por las empresas públicas y privadas, entidades educativas y los partidos y movimientos políticos.
Este nuevo software para el sorteo de jurados permite ubicar a los ciudadanos que prestarán ese servicio, en el mismo lugar en donde tienen inscrita la cédula, según los datos del censo electoral. Así se les brindará mayor comodidad porque estarán asignados en un puesto de votación cerca de su lugar de residencia.
Este sistema realiza la elección con base en los listados de empleados y estudiantes remitidos a las Registradurías por las empresas públicas y privadas, entidades educativas y los partidos y movimientos políticos.
Los ciudadanos fueron relacionados en una nueva plantilla de solicitud de jurados de votación, diseñada por la Entidad para facilitarles su diligenciamiento a los jefes de personal de las empresas y brindarles más seguridad en la información de los ciudadanos que le entregan a la Registraduría.
El nuevo software asigna la mesa y el puesto de votación en donde el ciudadano prestará el servicio. Adicionalmente, como novedad para este año, el sistema asigna el lugar en donde se debe presentar para asistir a las capacitaciones de jurados de votación que por ley, tienen carácter obligatorio.
Con esta herramienta, se brinda más transparencia al proceso de selección de jurados de votación porque se realiza una minuciosa depuración de los nombres de los ciudadanos que ingresan al sistema para hacer el sorteo.
El proceso inicia con la depuración y consolidación de las planillas de posibles jurados. Luego se realiza la validación del archivo consolidado de jurados al realizar un cruce de los datos con el Archivo Nacional de Identificación, ANI, y el cruce con el censo electoral.
Después del cruce y validación de la información de los ciudadanos, se generan dos archivos: uno con las personas que presentan novedades y no son aptas para ser designadas como jurados de votación y otro con los posibles jurados de votación.
Con este último archivo se realiza el sorteo de los jurados a nivel distrital y departamental, el cual tarda alrededor de 14 minutos en su ejecución para hacer la elección de los ciudadanos que prestarán el servicio.
Los entes de control y los partidos políticos podrán monitorear todas las modificaciones que se realicen sobre la elección de los jurados. Podrán ver en cuál mesa están asignados, si fueron reemplazados y por quién, el número de resolución por medio de la cual se hizo la designación, la imagen del documento y la imagen por municipio.
El 10 de agosto vence el plazo para la inscripción de candidatos y el 18 de agosto vence el plazo para realizar las modificaciones respectivas a las candidaturas y listas inscritas.
Cuando un candidato se inscribe para una elección adquiere un compromiso político y jurídico con la sociedad. La inscripción se realiza a través de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral y los grupos significativos de ciudadanos a través de los inscriptores que mínimo deben ser dos, respaldados por el número de firmas que determine la ley.
Los formularios para la inscripción de candidaturas para las elecciones de octubre estarán disponibles para descargar en la página web de la Registraduría y físicamente en todas las Delegaciones Departamentales.
Para las elección de autoridades locales se está elaborando un software que permite grabar las inscripciones y a través de la página web de la Registraduría, se podrán monitorear las listas y candidatos inscritos, elaborar las estadísticas de los candidatos que participarán en los comicios y ésta será la base para conformar los archivos que servirán para la elaboración de formularios, archivos de preconteo y tarjetas electorales.
Foro sobre jurados en Santander
Como una buena práctica que puede ser replicada en otras delegaciones del país puede considerarse la reunión realizada el pasado 24 de marzo en Bucaramanga, fecha en la que la Delegación Departamental de Santander, convocó a representantes de 80 empresas con el fin de dar a conocer los aspectos técnicos y jurídicos del proceso designación de jurados.
Durante esta reunión, la Entidad los capacitó en el diligenciamiento de la nueva plantilla de solicitud de jurados y la utilización del nuevo software para el sorteo y se resolvieron las inquietudes suscitadas con el nuevo sistema.
La reunión sirvió principalmente para realizar un reconocimiento de las empresas con alto número de empleados en el departamento y se logró conformar el ’banco’ de empresas, que permitirá notificar a un mayor número de jurados necesarios para las contiendas electorales.
También se socializaron las normas para la elaboración de las bases de datos con la información de los empleados que pueden ser designados como jurados y el deber que tienen los jefes de personal de suministrar los listados de los empleados a las Registradurías.
Este foro es una estrategia innovadora para el proceso electoral, que permite a las empresas un mayor grado de comunicación con la Entidad contribuye al éxito del reclutamiento, selección y notificación de los jurados de votación.
De acuerdo con el calendario electoral establecido para las elecciones de octubre, la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil suspenderá a partir del 30 de junio la incorporación al censo de las nuevas cédulas de ciudadanía.
Esto significa que los colombianos que hayan cumplido 18 años y quieran participar en las elecciones el 30 de octubre, tienen plazo para acudir a cualquier Registraduría del país a tramitar su cédula hasta el 30 de junio. Las cédulas que se soliciten con posterioridad a esa fecha no ingresarán al censo electoral de octubre y no podrán votar ese día.
La producción de la cédula de ciudadanía tarda entre 1 y 4 meses, razón por la cual se espera que todos los ciudadanos que pidan su cédula antes del 30 de junio recibirán su documento antes del 30 de octubre y podrán ejercer su derecho al sufragio.
La fecha de expedición de una cédula de ciudadanía corresponde a la fecha del día en que el ciudadano acudió a una Registraduría a tramitar el documento y no a la fecha de fabricación o a la fecha de entrega. Todas las cédulas con fecha de expedición hasta el 30 de junio de 2011 podrán votar el 30 de octubre.
Desde el 7 de enero de 2003, todos los ciudadanos que obtienen su cédula por primera vez ingresan automáticamente al censo electoral y quedan habilitados para votar en un puesto de votación cercano a la dirección informada al momento de realizar el trámite. Los ciudadanos sólo deberán inscribir su cédula si desean cambiar su actual puesto de votación, por que cambiaron su lugar de residencia. Quienes tramitaron su cédula entre 1988 y el 7 de enero de 2003 y nunca se han inscrito están habilitados para votar en el puesto censo de su municipio, por ejemplo Corferias para el caso de las cédulas expedidas en Bogotá.
Luego de la inclusión de las cédulas de primera vez y la exclusión de las personas inhabilitadas para sufragar, el sábado 30 de julio, tres meses antes de la elección del 30 de octubre, la Registraduría publicará el censo electoral que contiene todos los ciudadanos habilitados para votar.
La Entidad exhibe los listados con los números de las cédulas de ciudadanía que integran el censo electoral correspondiente al Distrito o al municipio, para que dentro del mes siguiente cualquier ciudadano pueda reclamar por errores u omisiones en la elaboración de dicho censo.
Ingresan al censo electoral las cédulas expedidas por primera vez y las que son reincorporadas y que habían perdido vigencia por sentencias condenatorias o por pertenecer a la fuerza pública. Por el contrario, salen del censo electoral las cédulas canceladas por muerte, las de ciudadanos que han sido condenados y la pena incluye interdicción de derechos políticos por un tiempo determinado y las de personas que ingresan a la fuerza pública en calidad de personal uniformado.
Trámite de cédula por primera vez
Para solicitar la cédula de ciudadanía de primera vez los mayores de 18 años deben acercarse a cualquier Registraduría.
• Haber cumplido la mayoría de edad (18 años).
• Presentar el registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad.
• Conocer el grupo sanguíneo y factor RH.
• 3 fotos 4 x 5 fondo blanco o fondo azul.
El trámite de la cédula de ciudadanía por primera vez es gratuito.
El simulacro se realizó en 10 Registradurías Auxiliares de Bogotá entre el 17 y el 31 de marzo y los resultados fueron entregados a la Registraduría el 20 de abril.
El objetivo principal de este estudio fue evaluar las causas institucionales y sociodemográficas de la votación nula a partir del análisis del impacto de la tarjeta electoral propuesta por la Entidad para 2011; así mismo, observar si el nuevo diseño mejora la efectividad del uso por parte del ciudadano.
El alto número de votos nulos que se presentaron en las elecciones de Congreso de la República el 14 de marzo de 2010 motivó a la Registraduría a diseñar una nueva tarjeta electoral para las elecciones de autoridades locales de 2011 que busca disminuir el error y la dificultad en el proceso de marcación.
Con esta nueva tarjeta y con la tarjeta que se utilizó en las elecciones de autoridades locales 2007, con la cual resultaron 3.031.884 votos nulos, se desarrolló un simulacro donde se pusieron a prueba los dos modelos de tarjeta frente a los ciudadanos.
Durante el simulacro se determinó que existe una relación importante entre los nive-les de nulidad en las votaciones y el diseño de la tarjeta electoral. El nuevo diseño de la tarjeta electoral elimina los problemas de interpretación cuando no se marca el partido, lo cual se manifiesta en una reducción significativa de los niveles de nulidad.
Los votantes de mayor edad y con nivel educativo bajo tienen la posibilidad más alta de emitir un voto nulo y la probabilidad de emitir un voto nulo aumenta a medida que la instrucción de votación es más compleja.
El estudio encontró que los votantes no leen las instrucciones y no existe una guía simple que indique a los votantes los pasos necesarios para realizar una votación válida.
Para resolver estos problemas se presentaron sugerencias orientadas a visibilizar las instrucciones de votación, optimizar el uso de la lista de candidatos y definir la guía para los votantes.
A nivel de jurados de votación, se realizaron sugerencias para promover el uso adecuado de los formularios “cuenta votos” y E-14, y para la creación de una guía pedagógica que se constituya en un apoyo durante toda la jornada de escrutinio y que comprensa los procesos de capacitación, conteo y registro de votos.
Adicionalmente, la Entidad encontró que el error más frecuente que generó nulidad en las elecciones de autoridades locales en el 2007, era la no marcación del partido, coincidente con el análisis realizado por el grupo de la Universidad de los Andes durante el estudio. Para corregir esto, el nuevo diseño de tarjeta para 2011 establece un espacio exclusivo del partido en el cual están contenidos los números que representan los candidatos inscritos, con el propósito de que el votante marque al interior de este espacio, evitando el supuesto que cada candidato en la elección tiene un número exclusivo.
Este error, que representa el 71,2% de los votos nulos, se elimina con el nuevo modelo de tarjeta electoral.
En el foro “Empieza la Contienda Electoral: ¿Cuáles son las reglas del juego?”, el Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres alertó sobre los altos costos en los cuales incurre el Estado Colombiano a causa de la inscripción de candidatos inhabilitados y que son avalados por los partidos y movimientos políticos.
Durante su participación en el foro “Empieza la Contienda Electoral: ¿cuáles son las reglas del juego?”, el Registrador Nacional, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, alertó sobre los altos costos en que incurre el Estado colombiano por la inscripción de candidatos inhabilitados que participan en los comicios con el aval de los partidos y movimientos políticos.
“Por más que la Ley quiera imponer responsabilidades y sanciones por el tema de inscripción de candidatos inhabilitados, hay muchos gastos del proceso electoral que no se encuentran previstos y por lo tanto no los cubre nadie, no son materia de sanción y los asume el Estado. Por eso el costo en que incurre el Estado por inscripción o destitución de candidatos inhabilitados es enorme”, señaló el Registrador Nacional en sus declaraciones en el foro realizado el 4 de mayo en Medellín.
También explicó que el costo de los candidatos inhabilitados se puede calcular por el costo de instalar una mesa de votación, que se ubica alrededor de $1.500.000, incluyendo kit electoral, logística y telecomunicaciones para la transmisión de datos.
“Si un candidato obtiene 100.000 votos y existe un promedio de alrededor de 200 votos por mesa, tenemos que para esos votos se requirieron 500 mesas. A un costo de $1.500.000 por mesa, ese candidato inhabilitado le costó al Estado $750 millones”.
Pero el gasto no para ahí: si la inhabilidad del candidato ocasiona una vacancia absoluta en una Alcaldía o Gobernación, faltando más de 18 meses para que culmine el período del mandatario se debe convocar a elecciones atípicas, cuyo costo también le corresponde sufragar al Estado colombiano. Este costo incluye el nuevo proceso de inscripción de candidatos, la revisión de firmas en los casos de candidatos que se inscriben sin el aval de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica, la producción del kit electoral y la consolidación de resultados, entre otros.
Entre el año 2008 y el año 2010, la Registraduría Nacional del Estado Civil celebró 52 elecciones atípicas, sobre un censo electoral de 3.386.893, varias de las cuales obedecieron a la destitución de mandatarios que estaban inhabilitados al momento de la inscripción.
“En la norma que está en revisión se prohíbe al partido o movimiento político que perdió el cargo, presentar nuevo candidato para que participe en las elecciones atípicas que cubrirán la vacancia definitiva, o en la terna para designar el mandatario en caso de que falten menos de 18 meses para que venza su período. Esto puede ser un avance frente a la situación actual, pero no está previsto que la colectividad que avaló al candidato inhabilitado que fue destituido asuma el costo de la elección, que por lo general termina asumiendo la Organización Electoral con sus propios recursos”.
A estos costos se añaden además aquéllos en los que incurre la Organización Electoral para la revisión de firmas de aspirantes que resultan incursos en alguna causal de inhabilidad.
El Registrador Nacional llamó la atención sobre la modificación que trae la Reforma Política, consistente en que el Consejo Nacional Electoral puede revocar las inscripciones de candidatos inhabilitados. “Si la revocatoria se produce hasta un mes antes de la elección, la tarjeta electoral se modificará para que aparezca con el candidato que lo reemplace. Pero si la revocatoria se produce a menos de un mes de la elección, la tarjeta electoral no se podría modificar por falta de tiempo y así incluir al nuevo candidato y se entendería que los votos que obtenga el candidato excluido se le sumarían al candidato que lo reemplazó”.
Por su parte la Dra. Susana Buitrago Valencia, Magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado expresó la necesidad de evaluar de qué manera la decisión de evitar que sean elegidas por voto popular personas con investigaciones en curso y aún no condenadas podría afectar el derecho de participar y ser elegido que está consagrado en la Constitución Nacional. Sugirió un mecanismo para no afectar ese derecho y a la vez no causar altos costos en dinero al Estado y en desánimo y abstención a los ciudadanos. Podría pensarse, dijo la Magistrada, en un recurso similar al de España, que aplica en el lapso en que un candidato electo aún no ha sido proclamado, y que consiste en que un juez investiga y decide en corto tiempo si la persona puede o no acceder al cargo.
Por su parte, el Magistrado del Concejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives Pérez, durante su participación en el foro expresó su inquietud sobre el hecho de quiénes van a ser los actores de las elecciones, no tengan muy claro a qué reglas tienen que someterse.
El magistrado señaló que 27 artículos de los 55 de la reforma política que estudia la Corte Constitucional afectan el proceso electoral de octubre en temas sobre inhabilidades, sobre consultas, acerca del régimen de sanciones, en financiación, en torno a la inscripción de candidatos, censo electoral, entre otros.
“Sería muy importante que la Corte Constitucional en su decisión pudiera analizar cada uno de los temas y ver la conveniencia o inconveniencia de la aplicación de las normas electorales de la reforma que está revisando”.
Otros participantes llamaron la atención sobre la complejidad de las normas en materia de inhabilidades e incompatibilidades porque son numerosas, se encuentran disgregadas y en ocasiones se prestan para diversas interpretaciones. Por ello instaron al Congreso a legislar de manera puntual sobre este tema.
El próximo 15 de junio en Barranquilla se realizará el tercer foro “Por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011”
Revista SEMANA, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, se aliaron para llevar a cabo un Ciclo de Foros de Elecciones, a propósito de los comicios del 30 de octubre, en los que se elegirán a las autoridades locales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles).
En este sentido, el tercer foro del Ciclo de Elecciones, titulado “Financiación de campañas electorales. Las cuentas claras por unas elecciones transparentes” se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de junio en el Hotel El Prado de la ciudad de Barranquilla, ubicado en Carrera 43 A # 7 – 50 (Gran salón), a partir de las 7:30 a.m.
Dicho debate contará con la participación de conferencistas como:
Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador Nacional del Estado Civil, Joaquín José Vives Perez, Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Humberto de la Calle, ex Ministro de Gobierno y ex Constituyente, Claudia López, Directora Observatorio Democracia, MOE (Misión de Observación Electoral), Juan Carlos Forero, Vicefiscal General de la Nación*, Arturo Sarabia, ex Ministro de Educación y ex gobernador del Atlántico, Gloria Ruíz, Jefe del Fondo de Campañas del Consejo Nacional Electoral, Elisabeth Ungar Bleier, Transparencia por Colombia, Juan Camilo Restrepo, Secretario General, Partido Social de Unidad Nacional, Néstor Daniel García, Secretario General del Partido Verde, Germán Ávila Plaza, Secretario General del Polo Democrático Alternativo, Ana Belsú Rodríguez, Secretario General del Movimiento Mira, Mauricio Jaramillo, Secretario General del Partido Liberal Colombiano, Antonio Álvarez Lleras, Secretario General del Partido Cambio Radical*, Jorge Humberto Mantilla, Secretario General Partido Conservador Colombiano y Alexandra García, Directora del Programa de Ciencia Política, Universidad del Norte.
El debate contará con las moderaciones de: Carlos Eduardo Huertas, Director de Investigaciones de la Revista Semana, Victor Herrera, Columnista de El Heraldo, Director y presentador de programas del Telecaribe y de Ernesto Mc Causland, Editor General de El Heraldo.
El debate desarrollará cuatro temas principales:
Marco legal de la financiación de campañas- Estatal y privada.
Financiación ilícita y no legal, Rendición de cuentas.
Reglas internas de los partidos y movimientos políticos. Límites a los ingresos y a los gastos: Pérdida de la investidura o del cargo por violación de tales límites. Imposición de otras sanciones administrativas a partidos, movimientos o candidatos.
Propaganda electoral. Administración financiera de las campañas. Responsabilidades de partidos, movimientos y candidatos.
Para asistir, es indispensable que se inscriba a través de www.forossemana.com
Teniendo en cuenta que el censo electoral habilitado para las consultas populares ascendía a 12.204.728 ciudadanos habilitados para sufragar, los 1.379.843 votos depositados corresponden a una participación del 11,31%, cifra que supera el promedio histórico de los últimos 10 años en el nivel de votación de consultas populares, lo cual se destaca teniendo en cuenta que la jornada de ayer no coincidió con ninguna elección ordinaria.
Para las Alcaldías estaban habilitados un total de 3.103.298 sufragantes y con un 99,253% de mesas informadas se tiene una votación de 614.283 sufragantes para un porcentaje del 19,79%; para Asambleas Departamentales estaban habilitados un total de 182.603 ciudadanos y con un 93,81% de mesas informadas acudieron a las urnas 30.585 votantes equivalentes 16,75%; para Concejos Municipales estaban habilitados un total de 954.940 ciudadanos y con un 97,44% de mesas informadas habían acudido 226.456 para un 23,71%; para las Gobernaciones de Antioquia y Cesar estaban habilitados 4.588.922 ciudadanos y con reportes del 100% de las mesas sufragaron 315.927 lo que equivale al 6,88%.
Para la elección de Juntas Administradoras Locales que se realizó en Bogotá estaban habilitados 4.202.807 ciudadanos y con el 100% de mesas informadas acudieron a votar 192.232 lo que equivale al 4,57%.
Aunque el presupuesto inicial solicitado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la realización de las consultas fue $90.000 millones, se asignaron $60.000 millones, de los cuales se invirtieron alrededor de $40.000.
Éxito en Consultas
Como un éxito calificó el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres el desempeño de la Entidad y de todos sus funcionarios con el apoyo logístico brindado a los partidos y movimientos políticos en las consultas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, con sus propios recursos y el trabajo de sus funcionarios logró en una hora y 50 minutos informar el 94,41% del total de todas las mesas instaladas.
Así mismo el Registrador resaltó la importancia de la Reforma que estudia la Corte en materia de sanciones a los partidos y movimientos políticos que retiren en último momento candidatos inicialmente inscritos. Indicó que una vez entre en vigencia la reforma política las colectividades tendrán que pagar las los gastos en que incurra la Organización Electoral por el retiro de candidatos.
Agregó el Registrador que con la Reforma Política se crea un nuevo espíritu para las consultas y se cambia el sentido de su convocatoria, ya que se convierten en mecanismos subsidiarios en los casos en que no se encuentren acuerdos internos.
Potencial de votantes
Total sufragantes
3.103.298
614.283
182.603
954.940
4.588.922
4.202.807
Primera audiencia pública de rendición de cuentas realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 30 de noviembre de 2010 en el auditorio Aníbal Cardozo Gaitán ante representantes de organos de control, veeduría y ciudadanos.
En los próximos días la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará su Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con base en los resultados obtenidos durante la vigencia de 2010 en cada uno de los 7 objetivos del Plan Estratégico 2008-2011 El Servicio es Nuestra Identidad, y de los resultados de los 10 macroprocesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control de la Entidad.
La primera audiencia pública de rendición de cuentas de la Registraduría Nacional se realizó el pasado 30 de noviembre de 2010 en el auditorio Aníbal Cardozo Gaitán, a la cual asistieron además de los directivos y los funcionarios de la Entidad, representantes del Consejo Nacional Electoral, Medicina Legal, la Policía Nacional el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y medios de comunicación, entre otros. Así mismo a través de la página www.registraduria.gov.co 3.724 personas siguieron en vivo la audiencia pública.
Para esta segunda Audiencia de Rendición de Cuentas, los directivos presentarán a través de un video el balance de las principales ejecuciones de la vigencia 2010, y a continuación se atenderán las inquietudes presentadas de manera virtual o que formulen los asistentes a la audiencia.
Para esta segunda audiencia la Oficina de Planeación adelantó el proceso de consolidación de la información de los resultados de los 7 objetivos estratégicos y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos al cierre de la vigencia 2010.
Depurar, y mantener actualizado el Archivo Nacional de Identificación y el Registro de Votantes, permitiendo el control biométrico de los electores.
Este objetivo mostró un grado de cumplimiento del 78%, obteniendo los siguientes resultados:
1. Actualización de 847.653 cancelaciones por muerte en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).
2. Actualización de 38.891 altas de la cédula de ciudadanía.
3. Actualización de 67.363 bajas de la cédula de ciudadanía.
Con base en la información contenida en la interfase y que soporta la información de actualización y depuración del Censo Electoral, se lograron los siguientes resultados:
1. Exclusión de 188.479 cédulas canceladas por muerte.
2. Exclusión de 41.228 cédulas canceladas por pérdida de derechos políticos, que aún permanecían en el Censo Electoral.
Asegurar la transición de los procesos de producción de documentos de identificación a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El porcentaje de cumplimiento que presentó fue de un 82%, mientras que el indicador formulado para este objetivo “Tiempo promedio en la producción de documentos de identificación” se cumplió en 100%, en razón al mayor aprovechamiento de la capacidad instalada
por parte de los funcionarios de la Entidad, mejorando así los tiempos de producción de las solicitudes de primera vez y duplicados de la cedula de ciudadanía.
Según el resultado, el tiempo real de producción de un documento oscila entre 15 y 90 días dependiendo de los procesos de validación y controles de seguridad del Sistema de Identificación.
Garantizar el derecho a la identificación con énfasis en las personas de grupos vulnerables.
Este objetivo presentó un cumplimiento del 100%. El indicador establecido para este objetivo “Número de campañas y sitios atendidos por semestre con estadísticas de documentación de la población atendida en cada campaña” presenta un cumplimiento del 95.6%, en razón a que para la vigencia 2010 se realizaron 17 campañas de identificación, visitando 76 municipios en 399 puntos de atención, obteniendo como resultado 140.637 documentos enviados y 147.103 documentos tramitados para un total de 287.740 documentos solicitados.
Implementar el modelo legal de Servicio al Cliente.
Este objetivo presentó un porcentaje de cumplimiento del 89%, basado principalmente en la implementación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en la Registraduría Nacional.
Para lograr el cumplimiento de este objetivo, se realizaron actividades tales como la adecuación locativa y oficina abierta, capacitación a los funcionarios que prestan servicio al ciudadano interno y externo de la Entidad, apoyo Técnico de Servicio al Ciudadano, adquisición de un aplicativo para el sistema integrado de gestión y la estrategia de Gobierno en Línea.
Apropiar un Sistema Integrado de Gestión en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este objetivo presentó un porcentaje de cumplimiento del 75%, ya que en el mes de septiembre de 2010 culminó la sensibilización de los Sistemas Integrado de Gestión, SIG; el Modelo Estándar de Control Interno, MECI; el Sistema de Gestión de la Calidad, NTCGP 1000-2009, Gestión Ambiental y Salud Ocupacional en 16 Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital.
Diseñar y aplicar estrategias de comercialización de los servicios que ofrece la Entidad.
Se presentó un logro del 70%, que se fundamenta en la elaboración de varios estudios para establecer la caracterización del proceso, el análisis financiero, la formulación de estudios técnicos y administrativos, así como la fijación de una tarifa para estos procesos.
Creación y puesta en marcha de una estrategia para el estudio, conocimiento y desarrollo permanente del tema electoral en Colombia.
Este objetivo presentó un cumplimiento del 55%, a través de capacitaciones y actualización en temas electorales, a 800.000 personas que intervinieron en los comicios realizados en 2010.
Así mismo, se adelantó el seminario de “Evaluación y Reingeniería Electoral 2010” para construir, a partir de las experiencias y del aporte de los funcionarios electorales de 22 departamentos, una estructura actualizada y eficiente de las diferentes actividades que se desarrollarán en el proceso electoral, encaminadas a garantizar el éxito en la organización y realización de las elecciones de autoridades locales del año 2011.
Luego de una larga jornada, en la madrugada del jueves 28 de abril en plenaria tanto de Senado de la República como de Cámara de Representantes y con la presencia y liderazgo del Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, se logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la nivelación salarial para todos los funcionarios de la Entidad.
En la proposición presentada a las plenarias se señala que la Organización Electoral, creada por la Constitución Política de 1991 es una de las instituciones más importantes para la consolidación de la democracia. Así mismo se indica que “la Registraduría Nacional del Estado Civil como órgano independiente del poder público ha sido caracterizada como una Entidad que desarrolla funciones que hacen parte de la defensa y seguridad del Estado por su relación directa con la realización del derecho constitucional. Por lo tanto la vigencia del sistema democrático depende en buena medida de la tarea que cumpla de manera eficiente la Organización Electoral”.
En el artículo aprobado se establece que “dado que la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentra implementando el proyecto de modernización tecnológica con el fin de cumplir de manera más eficiente sus obligaciones constitucionales y legales, se requiere como complemento, nivelar los salarios del personal de planta con la de los servidores públicos de las entidades del orden nacional, en consecuencia, facultase al Gobierno Nacional para que dentro del término de doce (12) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, expida las normas que cumplan con este propósito”.
Pero adicional a este gran logro, las gestiones del Registrador ante el Gobierno Nacional permitieron que la nivelación se realice para todos los funcionarios de la Entidad y no como se había previsto en la propuesta inicial que señalaba que la nivelación salarial se realizaría en dos etapas: una primera fase que beneficiaría a las dependencias directamente involucradas en el proceso productivo de los documentos de identificación, tanto en el nivel central como en el desconcentrado, sin incluir los cargos del nivel directivo, y una segunda fase que involucraría los procesos transversales de la Entidad.
Entre los argumentos que se presentaron desde que se inició el proceso para lograr esta nivelación, que irá directamente a beneficiar a cada uno de los funcionarios de la Registraduría, está el que entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República han logrado mejorar sus resultados gracias a los instrumentos que se le han entregado por parte del Congreso y del Gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo aprobado pasará a sanción presidencial y será el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, el encargado de la verificación técnica, previa al trámite del respectivo decreto para que sea aplicado el aumento a los empleados de la Registraduría, simultáneamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá apropiar los recursos correspondientes.
El empeño y el compromiso del Registrador Nacional del Estado Civil con este tema durante los años de su administración permiten que hoy sea una realidad la solicitud que durante más de tres años gestionó, tanto ante el Ministerio de Hacienda como ante los organismos del Estado encargados de expedir el respectivo Decreto.
Proceso que inició en 2008
Para alcanzar este logro, desde enero de 2008 la Registraduría Nacional del Estado Civil inició un largo camino que comenzó con la presentación del proyecto de nivelación salarial en primera instancia al Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, que no encontró objeciones de tipo técnico para su implementación.
Desde 2009 el Registrador, Carlos Ariel Sánchez Torres, sustentó y puso a disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el estudio técnico, jurídico y financiero que soporta la petición, con el propósito que fuera revisado y analizado para lograr la viabilidad presupuestal requerida, que permitiera la nivelación, teniendo en cuenta que desde el año 1997 no se realiza una revisión salarial para los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Durante todo ese año y el 2010 continuaron las gestiones, las reuniones, el envío de información a estas dos entidades del Estado sin encontrar una respuesta definitiva.
Pero todo este esfuerzo y trabajo de la Registraduría permite que hoy se logre un consenso con el legislativo y el ejecutivo para volver el proyecto en realidad y que la tarea que inició hace ya más de dos años sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Asignación actual
El Decreto 1042 del 4 de abril de 2011 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, fijó la asignación básica mensual de los empleados de la Registraduría para la vigencia 2011 de la siguiente manera. La nivelación salarial incluida en el Plan de Desarrollo se aplicaría entonces sobre estos valores.
Estas asignaciones mensuales rigen a la fecha y corresponden a un incremento del 3,17% con relación a los salarios de 2010.
“Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es la mayor pobreza”, dice un adagio popular y por eso el Fondo Social de Vivienda, FSV, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, desde su creación en 1984 ha contribuido a ofrecer una solución de vivienda para los funcionarios de la Entidad.
La idea de crear el FSV surgió de la organización sindical y del Registrador Nacional del Estado Civil de entonces, doctor Humberto de la Calle Lombana, quien mediante la Resolución 3174 del 28 de noviembre, le dio piso legal a la iniciativa.
Comenzaron a trabajar con personería jurídica, autonomía y $2 millones para convertir en créditos. En esos primeros tiempos se sostenían con los recursos sobrantes que recibían directamente de las apropiaciones que el Estado le hacía a la Registraduría.
Desde su concepción y hasta el presente, el Fondo adjudica recursos propios y de la Nación, girados por el Ministerio de Hacienda, para adquisición de vivienda, liberación de hipoteca, cambio, remodelación y construcción de vivienda para todos los funcionarios de planta, libre nombramiento y remoción y provisionales de la Registraduría en todo el país que lleven mínimo dos años de vinculación a la entidad, seguidos o interrumpidos.
Adjudicar créditos con intereses más bajos que los de la banca comercial y descontarlos por nómina mediante libranza ha sido y es la esencia de la labor social que realiza el Fondo gracias a la labor de sus diez funcionarios, adscritos a la Entidad.
El 19 de noviembre de 2010 el Fondo modificó sus estatutos para recoger en un solo acto administrativo todas las normas que regulan su tarea de otorgamiento de créditos y enmarcar su labor en el Decreto 1010 de junio 6 de 2000, mediante el cual se definieron las funciones de las diferentes dependencias de la Registraduría.
Recursos y necesidades crecientes
Con el paso del tiempo la gestión, los recursos y las necesidades de los potenciales beneficiarios han crecido. De hecho para 2011 el Fondo cuenta con aproximadamente $9.000 millones provenientes de recursos de la Nación ($5.000 millones aprox.) y recursos propios ($4.000 millones) que corresponden a los recaudos que hacen por nómina.
El procedimiento para concursar por la adjudicación de un crédito de vivienda a través del Fondo es relativamente sencillo: Se abre la convocatoria mediante circular en el mes de diciembre de cada año.
Entre el 15 y el 20 de enero siguiente, por medio de los Delegados Departamentales, el Fondo entrega los formularios a los funcionarios que desean participar y obtener el beneficio.
De acuerdo con los promedios históricos del Fondo, un promedio de 450 personas presentan solicitud anualmente. De los cuales, generalmente se adjudican entre 100 y 150 créditos. En 2010, participaron en la convocatoria 366 funcionarios, de los cuales fueron admitidos, 332 y rechazados 34.
El proceso está liderado por la Junta Directiva del Fondo integrada por: el Registrador Nacional del Estado Civil o su Delegado, el Gerente de Talento Humano, el Gerente Financiero de la Registraduría, el representante legal del sindicato, un representante de los trabajadores y el director del Fondo Social de Vivienda.
Cada año, la Junta del Fondo define unos montos máximos de préstamos. Para el 2011, de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva del Fondo, el monto máximo de crédito para adquisición según los niveles es: Directivo ($80 millones), Asesor ($80 millones), Profesional ($70 millones), Técnico ($70 millones) y Auxiliar ($70 millones). El monto máximo para remodelación es $30 millones.
Teniendo en cuenta que los montos de los créditos no son muy altos respecto a los valores de las viviendas en el mercado, los Estatutos contemplan que el Fondo puede aceptar hipotecas de segundo grado, siempre y cuando ambas obligaciones no superen el 50% del avalúo comercial del inmueble.
La Junta del Fondo estudia las solicitudes presentadas y adjudica directamente el 100% por ciento de los recursos disponibles para la vigencia correspondiente, lo cual es auditado por la Contraloría General, entre otros.
La adjudicación se hace mediante un riguroso sistema de puntos (tiempo de servicio, hijos a cargo, etc.) que están contenidos en los Estatutos y por la capacidad de pago del beneficiario, certificada por la Gerencia del Talento Humano.
La reforma a los Estatutos realizada en 2010, introdujo también la posibilidad de que los funcionarios puedan acceder a un segundo préstamo sin haber cancelado el 50% del primer préstamo, se hace estudio jurídico de los inmuebles y se revisa el certificado de libertad.
Para continuar beneficiando a más funcionarios, el Fondo está en proceso de hacer un rastreo de la cantidad de personas que han obtenido primeros y segundos préstamos y verificar quiénes faltan por acceder a este beneficio.
Busque documentos y requisitos en intranet
Desde abril de 2010 y en cumplimiento de lo dispuesto por el Sistema de Gestión de Calidad, el Fondo Social de Vivienda cuenta como una opción de consulta en el menú de Intranet.
Aunque los documentos para aspirar a obtener un crédito deben presentarse en físico, los funcionarios encuentran en Intranet, los formatos que deben diligenciar tales como el modelo de la promesa de compraventa y los diferentes procedimientos y requisitos que deben cumplir para convertirse en beneficiarios de un crédito de vivienda.
“El impacto de la Globalización. Aspectos económicos y políticos en América Latina”, obra del Registrador Nacional que se presentó en la Feria del Libro de Bogotá
La Biblioteca Jurídica Diké y la Universidad Sergio Arboleda pre-sentaron en la edición 24 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá la obra “El impacto de la Globalización. Aspectos Económicos y Políticos en América Latina”, escrita por el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres.
En la primera parte del estudio se analizan los pilares históricos de la globalización en la Antigüedad y la Edad Media, así como en el Siglo XX, para concluir que “la globalización no es nueva, ni encuentra su raigambre en el Siglo XX”.
La segunda parte aborda las reformas Ex Consenso de Washington, señalando que “las reformas al Estado han sido planteadas desde y para el Estado-Nación, ello puede señalarse como la principal razón por la que las necesidades y requerimientos de éstos no hayan sido armónicas con el proceso de globalización”.
La investigación fue dirigida por los profesores Javier López de Goicoechea Zabala y Eloy García, doctores en Derecho.
El Registrador Nacional del Estado Civil ha sido un incansable escritor de temas jurídicos y políticos. Algunos de sus libros más consultados son “Participación Ciudadana en Colombia”, de Editorial Diké; “Teoría General del Acto Administrativo”, de Legis Editores, y “Derecho Electoral Colombiano, de Legis Editores, entre otros.
de identificación en 14 municipios de Antioquia
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, inició el 28 de abril una campaña especial de identificación orientada a población vulnerable de los municipios de Urrao, Medellín, Bello, Turbo, Apartadó, Mutatá, Dabeiba, Frontino, Briceño, Caucasia, Nechí, El Bagre, Vigia del Fuerte y Murindó, en el departamento de Antioquia.
Esta campaña de identificación se extenderá hasta el mes de agosto, sin embargo las labores fueron suspendidas para la realización de las consultas de partidos y movimientos políticos el domingo 29 de mayo, y se retomaron el 31 de mayo.
El domingo 29 de mayo se celebró la décimo tercera jornada de consultas de partidos y movimientos políticos
El pasado domingo 29 de mayo los colombianos fueron convocados a las urnas por décima tercera vez en los últimos 11 años para participar en consultas de partidos y movimientos políticos.
Desde el año 2000 la Registraduría Nacional ha organizado 12 consultas de partidos y movimientos políticos, a las que se sumó la del 29 de mayo cuando los simpatizantes de seis colectividades eligieron los candidatos que participarán en las elecciones de autoridades locales el 30 de octubre.
Los partidos y movimientos políticos que realizaron las consultas del 29 de mayo, fueron: el Partido Liberal colombiano, el Partido Conservador Colombiano, el Partido Cambio Radical, el Partido Verde, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U.
El 22 de mayo concluyó la inscripción de cédulas de ciudadanía
El pasado 22 de mayo concluyó el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones de autoridades locales que se realizarán el 30 de octubre.
Este proceso se dividió en dos etapas:
• Del 23 de febrero al 13 de mayo se realizó en todas las Registradurías Especiales, Municipales y Auxiliares del país, en el que 994.314 ciudadanos inscribieron su cédula de ciudadanía.
• Del 13 al 22 de mayo se llevó a cabo la segunda etapa en 10.241 puestos de votación del país, de 10:00 am a 6:00 pm
33 puestos de votación fueron suspendidos por la ola invernal que afectó a los departamentos de Tolima, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Arauca, La Guajira y Putumayo. El proceso de inscripción de cédulas en estos puestos se realizará del 13 al 19 de junio.
Por: Dorys Cañavera Echeverría
Delegación del Atlántico
ecanavera@registraduria.gov.co
compromisoetico@registraduria.gov.co
Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene defectos y virtudes, también tenemos valores propios que se han generado al interior de la familia y se ven plasmados en nuestro acontecer diario. Estos valores, sumados a los de los demás funcionarios, permiten hacer de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una Entidad ética.
Aunando el saber y el sentir de cada uno, logramos definir que: “la suma de nuestra ética es la ética de nuestra Entidad”, fórmula ética fabricada en los laboratorios del Comité de Ética de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento de Atlántico.
La Delegación de Atlántico ha venido trabajando de manera constante en el programa de Gestión Ética, no obstante ser un camino duro de andar, lleno de apatías y carencias pero con la motivación de estimular cambios positivos en los funcionarios.
Trabajar por la ética institucional no es fácil, es necesario tener la suficiente constancia, tenacidad y perseverancia para no decaer en la desidia o la inercia. Es fundamental mantener la creatividad para explorar situaciones y extraer de ellas lo positivo, lo que pueda generar inquietudes, expectativas e innovación, para transmitirlas y motivar a las demás personas a conservar la alerta de un comportamiento ético.
En este sentido, los líderes de este programa en el Atlántico ingeniaron esta fórmula con los valores institucionales, con el fin de que en forma simbólica tomen una o tantas dosis como requieran diariamente para “mejorar su salud” en lo referente a la convivencia con los seres humanos y su entorno en general, pues la forma de convivencia es determinante para la salud mental.
El manejo de los recursos hídricos, eléctricos, los vertimentos y los materiales reciclables constituyen la columna vertebral del Plan Institucional de Gestión Ambiental, Piga, aprobado por el Comité de Gestión Ambiental de la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado mes de abril.
El documento aprobado incorpora todo lo relacionado con el manejo de los bienes inservibles y los no utilizables de la Entidad de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 8149 del 30 de junio de 2010 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Resolución 402 de 2010 del Fondo Rotatorio de la Registraduría.
Con base en estas resoluciones y desde la fecha de su expedición, se establecieron los procedimientos respectivos para que las Delegaciones, mediante la conformación del Comité de Peritaje, puedan dar de baja los bienes inservibles y no utilizables como parte del compromiso institucional con la gestión ambiental.
Dentro del proceso de socialización y retroalimentación del Piga, el Comité de Gestión Ambiental, acordó incluir en el documento los rubros dispuestos para el cambio de grifería, sanitarios y orinales de las Oficinas Centrales de la Registraduría como parte del proceso de mejoramiento ambiental, orientado a disminuir el consumo de agua en nuestras oficinas, esfuerzo que debe acompañarse con un uso racional y conciente del agua por parte de todos los funcionarios de la Entidad.
El Piga también incluye un glosario con los términos más utilizados y relacionados con la temática ambiental, con miras a lograr cambios en la cultura organizacional en la Entidad y hablar un mismo lenguaje.
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