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Timestamp: 2017-02-28 12:08:20
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texto “la constitucion nacional” | Colegio Marianista - Cs. Sociales
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18 agosto 2009 · 22:10	texto “la constitucion nacional”
La denominación empleada para designar al Estado es “Confederación Argentina” y se declara que “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal…”.
Con la participación de trece de las catorce provincias argentinas -queda dicho que no intervi­no la de Buenos Aires- el Congreso General Constituyente se instaló en Santa Fe el 20 de no­viembre de 1852.
Integraban el Congreso los siguientes diputados: Pedro Centeno, Pedro Ferré (Catamarca); Juan del Campillo, Santiago Derqui (Córdoba); Pedro Díaz Colodrero, Luciano Torrent (Corrientes); Juan María Gutiérrez, Ruperto Pérez (Entre Ríos); José de la Quintana, Manuel Padilla (Jujuy); Regís Martínez (La Rioja); Agustín Delgado, Martín Zapata (Mendoza); Eusebio Blanco, Facundo Zuviría(Salta); Salva­dor María del Carril, Ruperto Godoy (San Juan); Delfín B. Huergo, Juan Llerena (San Luis); Manuel Leiva, Juan Fran­cisco Seguí (Santa Fe); José Benjamín Gorostiaga, Benja­mín José Lavaysse (Santiago del Estero); José Manuel Pé­rez y Salustiano Zavalía (Tucumán).
La presidencia del Congreso correspondió a Zuviría Del Campillo; Díaz Colodrero, Ferré, Gorostiaga, Gutiérrez, Lei­va y Zapata tomaron parte en la Comisión de Negocios Constitucionales.
La Comisión de Negocios Constitucionales de­signada a fines de diciembre trabajó durante el ve­rano y parte del otoño en el proyecto que, final­mente, terminó el 18 de abril de 1853. Los deba­tes duraron hasta fines de ese mes.
El Congreso sancionó la Constitución Na­cional el 1 de mayo; fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 y jurada en casi todo el país el 9 de julio de 1853.
El 5 de marzo de 1854 asumieron los primeros mandatarios elegidos sobre la base de la Constitu­ción Nacional: Justo J. de Urquiza y Salvador M. del Carril, como Presidente y Vicepresidente de la República,
La Constitución Nacional de 1853 consta de:
• Primera Parte, que contiene “Declaraciones, De­rechos y Garantías”.
• Segunda Parte, que se ocupa de la organización del “Gobierno Federal” -poderes legislativo, ejecu­tivo y judicial- y de los “Gobiernos de Provincia”.
FUENTES DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Los redactores de la Constitución de 1853 tu­vieron presentes, como modelos, la Constitución de los Estados Unidos, los antecedentes constitu­cionales argentinos que hemos mencionado y las obras de tratadistas argentinos (principalmente las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Juan B. Al-berdi) y extranjeros (El federalista de Alexander Hamilton, James Madison y John Jay).
1859: “EL PACTO DE SAN JOSÉ DE FLORES Y LA REFORMA DE 1860”
Luego de varios años de difícil convivencia, en 1859 estallaron hostilidades entre la Confedera­ción Argentina, presidida por Urquiza, y la provin­cia secesionista de Buenos Aires, cuyo goberna­dor era entonces Valentín Alsina.
La mediación de Paraguay permitió entablar negociaciones que lograron un acuerdo: el Pacto de San José de Flores, firmado el 10 de noviem­bre de 1859 y ratificado formalmente el día 11.
El Acuerdo sancionaba la reincorporación de la provincia de Buenos Aires. Como esta provincia no había participado en la elaboración de la Cons­titución se dispuso que revisaría su texto a través de una Convención local y propondría reformas al texto original. Así ocurrió entre enero y mayo de 1860.
Tuvieron participación en la comisión que preparó las propuestas de reforma: Cruz Obligado, José Mármol, Bar­tolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento y Dalmacio Vélez Sársfield.
En septiembre una Convención nacional reuni­da en Santa Fe aceptó las reformas propuestas por la Convención bonaerense.
Las reformas realizadas fueron veintidós. Entre las más importantes se cuenta la del artículo 3° que originalmente establecía que la capital del Es­tado sería la ciudad de Buenos Aires y que en 1860 se redactó disponiendo que sería capital la que declarase el Congreso Nacional, previa cesión hecha por la o las legislaturas de la o las provin­cias afectadas por la medida.
También se introdujeron reformas en la deno­minación del Estado (se prefería la de “Nación Ar­gentina” en la formación y sanción de las leyes, re­conociendo también las adoptadas desde 1810: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina).
Otras reformas se ocupaban de la relación en­tre el gobierno nacional y las provincias, aduana y derechos aduaneros, intervención federal, dere­chos no enumerados, en extenso.
Si bien debió superarse otra instancia béli­ca para completar la unidad nacional (una nueva ruptura llevó a Buenos Aires y la Confe­deración a enfrentarse en la batalla de Pavón, en 1861, con el triunfo de los porteños), el tex­to constitucional fue desde entonces la ley fun­damental para todo el territorio argentino.
REFORMAS POSTERIORES: 1866, 1898, 1949, 1957, 1972 Y 1994
• Modificaciones de menor importancia, referidas a los derechos de exportación, se realizaron por una Convención ad hoc reunida en 1866.
• En 1898 se alteró la proporción de diputados a elegir sobre la base del censo nacional, estable­ciéndose desde entonces la facultad del Congreso Nacional para modificar la representación “des­pués de la realización de cada censo”. También se aumentó a ocho (antes eran cinco) el número de ministros del gabinete nacional.
• En 1949 el gobierno nacional presidido por Juan D, Perón propició una importante serie de re­formas al texto constitucional, reformas que fueron aprobadas por una Convención Nacional reunida ese mismo año y objetada por los partidos oposi­tores. Esta reforma abarcó aspectos importantes y entró en vigencia en marzo de ese año. Sin em­bargo, derrocado el gobierno de Perón por un pronunciamiento militar en 1955, en abril de 1956 el nuevo gobierno dispuso la vigencia del texto ori­ginal, dejando sin efecto la reforma de 1949.
• En 1957 una Convención reunida en Santa Fe (y convocada por el mismo gobierno de facto) in­corporó los derechos sociales a través del artículo 14 bis.
• En 1972 una Enmienda establecida por otro go­bierno de facto se aplicó con carácter temporario. Entre otras cosas se modificaron los plazos de vi­gencia de los mandatos electivos, unificándolos en cuatro años. Esta Enmienda se aplicó para las elecciones de 1973, quedando posteriormente sin efecto.
• En 1994 una Convención Nacional Constituyen­te reunida en las ciudades de Santa Fe y Paraná, sancionó una importante reforma que incorporó nuevos derechos y garantías y modificó, entre otras cosas, disposiciones relativas a la organiza­ción del gobierno.
La Constitución Nacional actualmente vi­gente en la República Argentina es la de 1853, con las reformas de 1860,1866, 1898, 1957 y 1994.
SISTEMA REPRESENTATIVO Y DEMOCRACIA INDIRECTA
En el capítulo primero de la primera parte, denominado “Declaraciones, derechos y garantías”, el artículo 1° define la forma de gobierno que adopta el país. ( ver Art 1 de la Constitución Nacional)
Observemos que si bien aparecen tres calificativos para la forma de gobierno, se trata de una forma única. La palabra re­presentativa nos está indicando que e! pueblo gobierna mediante los candidatos a cargos públicos que fueron electos por medio del sufragio. Ninguno de los ciudadanos va por sí solo a proponer una ley para que se apruebe en las sesiones del Congreso nacional, lo hace por medio de sus diputados o senadores, que son quienes están facultados para proponer leyes, junto con el Poder Ejecutivo de la Nación.
El tipo de democracia que se ejerce según nuestra ley fundamental es una democracia indirecta, es decir que el pueblo go­bierna a través de los representantes elegidos mediante el voto. Si se tratase dé una democracia directa, todos los ciuda­danos discutirían juntos las características y la aprobación de la ley. La democracia directa fue ejercida en la ciudad de Atenas, en el siglo V a. C.; los Estados actuales no se encuentran en condiciones de ejercerla, debido al elevado número de sus habitantes. Es muy difícil que en un país como el nuestro todos los ciudadanos se reúnan en una asamblea para conside­rar las leyes que la sociedad necesita. Hay una imposibilidad real para practicar la democracia directa. Esta es posible en entidades con un número reducido de personas, como por ejemplo el consorcio de un edificio de departamentos.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA REPUBLICANO
La república es una forma de gobierno en la cual se encuentran represen­tados los intereses de todos los ciudadanos. El término república es de origen latino, y se traduce como “cosa de todos”, “cosa común” a todos los ciudadanos.
La república como forma de gobierno es una forma política que posee de­terminadas características:
• igualdad de los habitantes ante la ley,
• soberanía del pueblo,
• periodicidad de los gobernantes,
• división de poderes,
• responsabilidad de los funcionarios públicos,
La igualdad de los habitantes ante la ley, es decir, el principio de respeto a la persona humana que niega cualquier tipo de discriminación, por sexo, co­lor de piel u otros motivos. Recordemos brevemente que se trata, junto con la libertad, de uno de los fundamentos del sistema democrático.
El concepto de soberanía del pueblo se ha desarrollado especialmente en otro capítulo al mencionar el ejercicio del derecho del voto inherente a los ciudadanos, como responsables de la forma­ción del gobierno. Los ciudadanos delegan, por medio del sufragio, el poder que poseen en sus gobernantes.
Señalar la periodicidad de los gobernantes equivale a decir que los representantes elegi­dos por el pueblo no conservan el poder en forma vitalicia, es decir, de por vida, sino que permanecen en los cargos por períodos deter­minados previamente por la ley fundamental.
La Constitución establece que un diputado se mantendrá en el ejercicio de este cargo durante cuatro años; además establece, para las funciones de gobierno, los casos en que los funcionarios pueden ser reelectos o no y en qué condiciones, si debe o no dejar pasar un período de mandato, etc.
La división de poderes, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial obedece a la concepción de que si todo el poder político estuviese concentrado en una so­la persona, esta podría cometer abusos que perjudicaran a los habitantes. Así ocurrió con las monarquías absolutas. Por ejemplo, Luis XIV, monarca fran­cés del siglo XVII, expresaba como definición de su gobierno: “El Estado soy yo”. He aquí un caso de concentración del poder político: en la Francia del siglo XVII los subditos del rey se hallaban sometidos a las normas que este impusiese. En la actualidad, las monarquías que existen son parlamentarias y practican constitucionalmente la división de poderes. Un ejemplo de ello es la monarquía española del rey Juan Carlos de Borbón. El sistema monárqui­co español actual practica elecciones de cuyos resultados depende la confor­mación del organismo legislativo.
En el sistema republicano, los funcionarios no son omnipotentes, esto significa que ninguno de ellos tiene un poder ilimitado durante su mandato. Todos deben rendir cuentas de sus actos ante otros funcionarios.
Un claro ejemplo de ello se ve con los ministros del Poder Ejecutivo. Los ministros tienen obligación de presentarse ante el Congreso Nacional cada vez que este lo solicite, con el objeto de rendir cuentas de la marcha de de­terminado asunto; ese procedimiento por el cual un ministro da explicaciones acerca de lo que el Poder Legislativo le requiera, se denomina “interpelación” (art. 71).
Del mismo modo ocurre con la obligatoriedad, que rige para los funcio­narios, de publicar los actos de gobierno. El gobierno es, en «Sistema repu­blicano y como lo indica el significado de la palabra, una responsabilidad de todos; por lo tanto, ningún ciudadano puede desconocer el accionar de sus re­presentantes y estos no pueden ocultar sus acciones: deben informar de todo lo que hacen en relación con el cargo que ocupan.
De hecho, es la prensa la que ejerce un verdadero control informal de los funcionarios, publicando o llamando la atención ante la falta de publicidad de determinados aspectos de algún acto de gobierno.
Las normas para el funcionamiento de nuestra forma de gobierno repre­sentativa, republicana y federal se encuentran en la Constitución Nacional. La ley fundamental es la que fija las atribuciones de los poderes de gobierno, su duración y todas sus características fundamentales.
A lo largo de las páginas del capítulo anterior observamos el camino que separó al momento de la declaración de la Independencia, en 1816, de la reu­nión del Congreso de Santa Fe que en 1853 sancionó la Constitución Nacional. También vimos los años en que las provincias se conformaron como autóno­mas dándose a sí mismas documentos institucionales, negándose a aceptar constituciones unitarias y firmando pactos que reiteraban el deseo de consti­tuirse en Estado federal, junto con todo el país actual.
Sabemos entonces que la autonomía de las provincias constituye la base del sistema federal de gobierno.
El artículo 5 de nuestra ley suprema reconoce a las pro­vincias atribuciones que estas tienen en el Estado federal del que forman parte, complementando así la definición de la forma de gobierno que se realizó en el artículo 1.
( Ver Art. 5)
Este artículo muestra con suma claridad en qué consiste la autonomía de una provincia, pues expresa la libertad que ella tiene para darse una constitu­ción, siempre y cuando respete la jerarquía jurídica de la Constitución Nacio­nal; esto se hará efectivo no contradiciéndola en sus principios fundamentales. Asimismo, el gobierno central delega en las provincias ciertas obligaciones que no pueden eludir: la administración de justicia, el régimen de sus muni­cipios y la educación primaria. Los artículos 6 a 12 se encuentran dedicados a dar las garantías necesarias a cada provincia para sentirse parte integrante de ese todo que es el Estado federal. Algunas de ellas son: los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozarán de fe en otras, los ciudadanos lo son de la nación, no existirán aduanas interiores, etc. Algunos de estos principios registran su origen documental en la firma de los pactos interprovinciales, que se citan co­mo “pactos preexistentes”.
El artículo 6 merece una particular mención, pues mediante su inclusión, el Estado federal está facultado para intervenir en el gobierno de las provin­cias, toda vez que se encuentre amenazada la forma republicana de gobierno u otras circunstancias extremas. (ver Art. 6 )
El principio de la intervención del gobierno nacional en los asuntos de las provincias fue duramente rechazado por estas, y no podía ser de otra ma­nera, ante las dificultades de entendimiento que históricamente se registra­ron entre Buenos Aires y el Interior. Este es el principio que rígidamente plantea la dependencia con el gobierno central. El ejercicio de esta atribución del gobierno federal ha sido fuente de conflictos cada vez que se ha ejercido.
Si existiese, por ejemplo, un problema entre los poderes de gobierno de una provincia, que podría ser entre el gobernador que desempeña el Ejecutivo provincial y el Poder Legislativo, y esta cuestión adquiriese dimensiones que amenazaran el normal desarrollo del sistema republicano de gobierno, esta si­tuación podría motivar que se enviase a un representante del gobierno federal, es decir, un interventor, a la provincia donde tiene lugar el conflicto para in­tentar normalizar el funcionamiento del sistema republicano.
El título segundo de la Constitución Nacional, que comprende a los artí­culos 121 a 129, se denomina “Gobiernos de Provincia”. El contenido de es­tos artículos se encuentran en total relación con los primeros artículos citados en este capítulo, que definen las particularidades de la forma de gobierno. Los artículos 121 a 128 se dedican al gobierno de las provincias, y el capítu­lo 129 lo hace particularmente con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.( ver Art. 121 )
La ley suprema establece aquí una limitación precisa a las atribuciones de las provincias en su autonomía: todo aquello que la Constitución no haya ca­lificado como concerniente al gobierno central, queda reservado a los gobier­nos provinciales; pero, como hemos visto, sin contradecir la subordinación legal a la ley fundamental.
Los artículos 122 a 125 establecen explícitamente lo que las provincias pueden hacer, es decir, lo que les está reservado en este régimen federal de gobierno. ( Ver Art. 122,123,124 y 125 )
En síntesis, la Constitución Nacional faculta a las provincias para darse sus constituciones, sus instituciones, elegir a los funcionarios locales, regular la vida de sus municipios y crear las mejores condiciones para el desarrollo de sus recursos naturales, siempre que no contradigan normas obligatorias que específicamente se citan.
Uno de los posibles ejemplos de protección de re-arsos naturales lo brin­da la provincia de Misiones. Un decreto provincial de 1998 estableció que los productos forestales provenientes de bosques implantados, fiscales y priva­dos, deberán abonar una suma determinada para financiar la implementación de programas de protección forestal. El Estado provincial misionero desarro­lla así una política destinada a incentivar las plantaciones de las especies en explotación, cuidando la preservación de sus recursos forestales.
Pero así como se ocupa de lo que las provincias están facultadas para rea­lizar, los artículos 126 y 127 de la Constitución Nacional aclaran puntual­mente aquello que les está prohibido hacer.( Ver Art. 126, 127 )
En estos artículos se indica explícitamente que las provincias no están fa­cultadas para ejercer funciones propias del gobierno central, tales como acuñar moneda o dictar leyes sobre ciudadanía y comercio. Se considera, además, la posibilidad de conflictos entre las provincias que conforman el Esta­do federal, indicándose como vía de solución, la presentación ante el más alto tribunal de justicia del gobierno federal: la Corte Supre­ma, que reside en la Capital Federal, junto con las otras autorida­des del gobierno central. Este artículo apunta a poner fin a los con­flictos armados entre las provincias al momento de la sanción de la Constitución Nacional. Desde entonces, la única forma de solución es a través de la vía judicial.
El artículo 129 está dedicado a la ciudad de Buenos Aires, hoy llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee la particular situación de ser la Capital Federal; esto significa que en ella residen las autoridades del Esta­do federal. ( Ver Art. 129 )
La ciudad de Buenos Aires ya ha concretado el camino que le señaló la Constitución Nacional en el artículo 129. El primer jefe de gobierno electo fue el doctor Fernando de la Rúa, quien inició su mandato el 6 de agosto de 1996, y se ha sancionado un estatuto organizativo que fue jurado el 10 de oc­tubre de 1996. Si bien tomaremos en forma particular la situación de la ciu­dad de Buenos Aires, sus autoridades de gobierno, sus problemas y otras cuestiones, conviene dejar aclarado que su situación jurídica es intermedia entre la autonomía de una provincia y la autarquía de un municipio provincial. La autonomía que posee una provincia respecto del gobierno federal supone una independencia mayor que la situación de autarquía que tiene un municipio respecto del gobierno provincial.
No goza de las amplias atribuciones que la Constitu­ción garantiza a las provincias, pero tampoco se encuentra subordinada al gobierno central en la forma en que lo están los regímenes municipales de las provincias al gobierno co­rrespondiente. Su especial situación proviene de ser asien­to de las autoridades federales, a las que se subordina en mayor o en menor medida todo el territorio de la Nación.
Fernandez de Salvino. Formación Etica y Ciudadana. Bs AS. KApelusz, 1999 Pag. 94 a 110
EL PREÁMBULO; SU SIGNIFICADO Y CONTENIDO
Preámbulo es la introducción al texto de la Constitución Nacional; es una especie de plan o programa para el funcionamiento del Estado que nace de esa Constitución. Alberdi sostenía que se debían explicar los fundamentos de toda ley, para que la opinión pública conociera las intenciones del legislador y para que sirviera de guía en la interpretación de casos dudosos. Por eso, cuando presentó un proyecto de Constitu­ción (que agregó a su libro Bases…), incluyó un preámbulo. Los convencionales del Congreso General Constituyente de 1852 tomaron en cuenta este proyecto y elaboraron un Preámbulo que resume las decisiones políticas fundamentales y los principios de las normas que se desarrollan en las dos partes de la Constitución. Su contenido se refiere al momento histórico de la sanción de la Constitución, pero también prevé el futuro y sirve de orientación hasta el presente. Para facilitar el análisis del texto del Preámbulo, su contenido puede dividirse en cuatro partes: origen y fundamento de la Constitución; objetivos o propósitos; invo­cación; parte dispositiva.
1) Origen y fundamento de la Constitución Nacional
“Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes,…”
a) “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina…” En primer término se establece que el poder constituyente reside en el pueblo. Justifica las atribuciones de la Asamblea en la representación que el pueblo le ha conferido. Queda así resaltado el principio republicano de la soberanía popular.
b)”… reunidos en Congreso General Constituyente…”
Enuncia la finalidad de la Asamblea (dictar una Constitución), y alude a su carácter general, ya que reúne a los representantes de todas las provincias (excepto Buenos Aires).
c)”… por voluntad y elección de las provincias que la componen…” (a la Nación). Cada provincia había enviado al Congreso dos representantes. Cada uno de ellos tenía una doble representación: representaba al mismo tiempo al pueblo de la Nación y también a su respectiva provincia. El párrafo a) resalta el principio de unidad nacional; este párrafo destaca la autonomía de las provincias y su decisión de integrarse en un Estado. En ambos, los representantes explican e origen de sus mandatos.
d)”… en cumplimiento de pactos preexistentes…”
La reunión del Congreso Constituyente fue el resultado de una serie de pactos entre las provincias en los que se expresaba la necesidad de organizar un Estado nacional. Los más importantes fueron el Pacto Federal (1831) y el Acuerdo de San Nicolás (1852).
2) Objetivos o propósitos
“…con el objeto de constituirla unión nacional, afianzar la justicia, consolidarla paz interior, proveerá la defensa común, promover el bienestar general, y asegurarlos beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitaren el suelo argentino,…”
a) “… con el objeto de constituir la unión nacional…”
Como sabemos, la Nación Argentina se había ido formando desde que comenzó a surgir un vínculo entre los criollos, que luego quisieron lograr la independencia política. Por lo tanto la Nación Argentina comenzó a surgir aun antes del 25 de Mayo de 1810. Pero faltaba lograr la unión definitiva en un Estado nacional. En este caso se utiliza la palabra “constituir” porque antes no existía el Estado; deben establecerse sus cimientos y determinarse sus características. La sanción de la Constitución crea y organiza et Estado Argentino.
b)”… afianzar la justicia…”
Se propone, por una parte, arraigar en la comunidad la justicia como valor imprescindible para lograr una convivencia armónica. Por otra parte, se propone reorganizar la administración de justicia, a cargo de uno de los poderes de gobierno.
Hasta 1852, si bien existían organismos que impartían justicia, subsistían restos de la organización judicial colonial, situación a la que se sumaba, en muchos casos, la de­sorganización producida por el largo período de anarquía (ausencia de gobierno nacional entre 1820 y 1852}.
La Constitución Nacional organiza el Poder Judicial nacional y establece que cada provincia debe asegurar su propia administración de justicia. Se utiliza el término “afianzar” porque la ¡justicia existía en forma imperfecta. Debía ser reforzada para impedir que las acciones de algunos individuos lesionaran los derechos de los demás, y evitar que las autoridades cometieran abusos o se desviaran de sus funciones.
c}”… consolidar la paz interior…”
Las luchas internas impidieron durante largos años el establecimiento del Estado nacional. Para que esa organización fuese duradera debía consolidarse, es decir, debía hacerse más firme la paz interna.
Uno de los recursos para lograr este objetivo fue establecer un gobierno federal lo suficientemente fuerte como para poder dirimir, es decir con la autoridad necesaria para poner fin a las disputas entre las provincias; a la vez se reconoce a las provincias autonomía para resolver sus asuntos internos.
d)”… proveer a la defensa común…”
Todo Estado debe protegerse de agresiones. Las provincias delegan la defensa de la soberanía en el gobierno federal. Las fuerzas armadas están subordinadas al gobierno nacional.
e)”… promover é! bienestar general…”
Procurar el bien común debe ser la finalidad de todo Estado. El bienestar general no consiste únicamente en la existencia de una cantidad suficiente de bienes materiales. Reclama acciones de gobierno que protejan y fomenten la salud, la educación y demás aspectos que contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros.
f)”… asegurar tos beneficios de ia libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitaren el suelo argentino…”
El ejercicio de la libertad en todos sus aspectos: libertad física, libertad religiosa, libertad de expresión, etcétera, es una característica fundamental de todo sistema democrático. Por ello, uno de los propósitos de los convencionales fue organizar un sistema de gobierno que garantizara el ejercicio de la libertad. Los beneficios de la libertad no sólo se aseguran para los hombres que habitaban el país en ese momento, sino que se prolongan en sus descendientes y también abarcan a todo extranjero que se radique en el país. Esta última manifestación estaba orientada a fomentar la inmigración.
“…invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia:..,”
La invocación es un llamado a Dios para pedir auxilio e inspiración para la obra de los legisladores y a la vez indica el reconocimiento de que la razonabilidad de las normas y la justicia tienen un origen divino.
4) Parte dispositiva
“…ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Ar­gentina.”
El Preámbulo finaliza destacando la decisión soberana del Congreso General Constituyente.
Pasel y Asborno. Educación Cívica 2. Bs As. Aique. 1998 Pág. 65 a 68
PARTE ORGANICA DE LA CONSTITUCION NACIONAL
Como se ha dicho oportunamente, una de las caracterís­ticas de la forma republicana de gobierno es la división de poderes. El principio de la división de poderes implica la convicción de evitar abusos por parte de los gobernantes hacia la persona de los gobernados. Esta es la causa por la cual en este sistema político no se concentra todo el poder en un único cargo o en un solo órgano de gobierno. En lí­neas generales, diremos que el Poder Legislativo tiene por función hacer las leyes, legislar; el Poder Ejecutivo se de­dica a velar por la aplicación de las leyes, su ejecución, y el Poder Judicial juzga el incumplimiento de las leyes.
Las antiguas monarquías fueron absolutas; en ellas los reyes tenían poderes sobre las personas y en muchos casos no se encontraban sujetos a ley alguna. Los regímenes po­líticos evolucionaron hacia formas monárquicas más res­petuosas de la persona humana que las imperantes en el absolutismo. Para apreciar el surgimiento del sistema de la división de poderes, hoy incorporado prácticamente a to­das las constituciones de los Estados modernos, debemos remontarnos al siglo XVIII en Francia. En esa época vivió Carlos de Secondat, barón de La Bréde y de Montesquieu; era un miembro de los tribunales franceses y estudió las di­ferentes formas de gobierno; publicó una obra llamada El espíritu de las leyes.
En ese libro Montesquieu sistematizó el principio de la división de pode­res. Antes que él, otros estudiosos de las formas políticas se habían referido al tema, pero él fue quien tuvo la habilidad de formular adecuadamente los fundamentos de esta postura. En un pasaje de su obra maestra, este pensador se refiere a la fundamentación que encuentra para su posición favorable a la partición del poderes.
Este autor considera que aun un gobierno virtuoso y considerado bueno, necesita limitaciones, es decir, que otro poder lo contenga, lo acote; ese equi­librio entre los poderes da por resultado un mejor gobierno. Esto les pareció adecuado a todos los constituyentes del siglo pasado en nuestro país, según nuestras propias circunstancias históricas y políticas. Así lo proclama la Constitución de 1853, y este principio básico permaneció inmutable a través de los casi ciento cincuenta años que nos separan de ese momento.
Veremos cómo nuestra Ley Suprema interpreta el principio de la división de poderes, sabiamente formulado por Montesquieu hace más de dos siglos.
La función del Poder Legislativo consiste en la elaboración de las leyes que regirán una comunidad. En la segunda parte de la Constitución referida a las Autoridades de la Nación, en su Título primero: Gobierno federal, se con­sideran los datos pertinentes al Poder Legislativo nacional (primera sección).
(Ver Art. 44 de la Constitución Nacional)
El Poder Legislativo tiene una forma bicameral, co­mo dice el artículo, está formado por una Cámara de Di­putados de la Nación y otra de Senadores de las provin­cias y de la Capital. Una de las conveniencias de un sis­tema bicameral reside en que en el proceso de discusión de los proyectos de leyes es mayor la variedad de opinio­nes que se confrontarán antes de ser sancionados que si se tratase de una única cámara legislativa.
Se encuentra compuesta por representantes elegidos directamente por los ciudadanos de todo el país. El número de electores necesarios para que un diputado logre la calidad de tal se establece mediante una ley electoral, en relación con los censos nacionales de población que deben realizarse cada diez años. El último de los censos nacionales se practicó en 1991. Así, corres­ponde elegir un diputado cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no sea menor de dieciséis mil quinientos (art. 45).
¿Quiénes pueden ser diputados?
¿Cuánto duran los diputados en sus funciones?
( ver Art. 48 y 50 )
Las condiciones para presentarse a una candidatura de diputado requieren tener veinticinco años, habiendo ejercido la ciudadanía durante cuatro años, ser natural de la provincia que lo proclama o, si no es natural de ella, estar re­sidiendo allí desde por lo menos dos años antes. El mandato dura cuatro años, y la cámara se renueva cada dos años. Pueden ser reelectos indefinidamente porque la Constitución no marca ni establece ningún límite al respecto.
Se constituye de una manera distinta de la de Diputados.
( Ver Art 54)
La representación que ejercen los senadores se vincula a las provincias y la Capital, con igual número de bancas para todos los casos. Es interesante observar que tienen representación fija la mayoría y la primera minoría.
El tercer senador es una innovación importante, aportada por la reforma constitucional de 1994, ya que antes de esa fecha el Senado se componía de dos senadores por provincia y dos por la capital. Con dos senadores por cada provincia, en muchos casos los partidos que habían obtenido el segundo puesto en los resultados de los comicios no tenían representación en la Cáma­ra de Senadores. En la actualidad, los partidos políticos que logran el segundo puesto en las elecciones tienen garantizada su representación en esta Cámara.
¿Quiénes pueden ser senadores?
¿Cuánto duran los senadores en sus funciones?
( Ver Art. 55 y 56 )
Los requisitos imprescindibles para ser senador son: tener un mínimo de treinta años, haber desempeñado la ciudadanía durante seis, residir durante los dos últimos años en la provincia que lo elija y disfrutar de una renta anual. Esta última condición no tiene equivalente con los requisitos señalados para ser diputado. Ambas cámaras se diferencian en diversos aspectos, por ejem­plo: a quién representan: en un caso a la Nación y en el otro a las provincias y la capital; la duración de los mandatos: los diputados duran cuatro años y los senadores, seis; el número de miembros: para los diputados depende del número de habitantes, mientras que para los senadores se trata de un número fijo; además, la posición económica de sus integrantes: es más exigente en la Cámara de Senadores. El Senado es el que ha brindado tradicionalmente el es­pacio para continuar la carrera política de los presidentes de la Nación, una vez finalizado su mandato, y es la Cámara donde se espera obtener mayor re­flexión en el arte de legislar. En suma, es el organismo legislativo de más prestigio en el ámbito nacional, dadas las mayores exigencias para desempe­ñar el cargo en relación con la Cámara de Diputados. Una diferencia funda­mental entre ambas está dada por la participación que tiene en el Senado el vicepresidente de la Nación.
Atribuciones de ambas cámaras
Las cámaras cuentan con atribuciones específicas de cada una de ellas, dada su composición. La Cámara de Diputados tiene entre sus atribuciones propias la de acusar a los funcionarios por mal desempeño.
( Ver Art.53)
En esta delicada cuestión, prevista como una forma de controlar el ejer­cicio del poder en los más altos funcionarios, la Cámara de Senadores actúa complementando la tarea de los diputados. Esta forma de control al poder político, registra sus antecedentes en el juicio de residencia que se practicaba a los virreyes en el período colonial, cuando finalizaban su gestión, evaluan­do sus acciones. ( Ver Art. 59 )
Así como ejemplificamos atribuciones específicas de cada cámara, am­bas cuentan con disposiciones comunes: entre otras, un período similar de se­siones, ambas confeccionan sus reglamentos, etc. (art. 63 a 74).
Las atribuciones del Congreso bicameraí son enumeradas por la Consti­tución Nacional en el artículo 75. Algunas de ellas son: arreglar el pago de la deuda de la Nación, pautar el comercio interior y el exterior, proveer la seguridad de las fronteras, aprobar o no tratados inter­nacionales, entre otras. En suma, al Congreso Nacional le corresponde elaborar las normas necesarias para el bienestar de la Nación.
De acuerdo con lo pautado por nuestra ley funda­mental, el Poder Ejecutivo nacional es unipersonal.
( Ver Artículo 87 y 89)
Las condiciones para ser presidente de la Nación hacen mención a los re­quisitos exigidos para ser senador: tener treinta años, haber sido durante seis años ciudadano de la Nación y disfrutar de una renta anual (art. 55).
En el caso del presidente de la Nación se agrega la particularidad, a dife­rencia de lo que ocurre con los cargos del Legislativo, de poder ser hijo de ciudadano nativo, aunque haya nacido en territorio extranjero. Así los hijos de ciudadanos nativos nacidos en el extranjero pueden, al llegar a los 18 años optar por la ciudadanía argentina sin tener que cumplir con los demás requi­sitos exigidos a los extranjeros para la obtención de la misma.
La reforma constitucional de 1994 suprimió la obligatoriedad de la per­tenencia al culto católico apostólico romano, para la primera magistratura.
¿Cuánto dura el mandato presidencial?
( Ver Art. 90 )
La reforma constitucional de 1994 modificó la duración del mandato pre­sidencial, acortándolo de seis a cuatro años. Asimismo, en 1994 se sancionó la posibilidad de reelección, en forma tal que una misma persona pudiese desempeñar dos mandatos consecutivos. La Constitución Nacional reformada en 1949 reglamentó la reelección presidencial, así el general Juan Domingo Perón accedió a la presidencia del país por dos veces consecutivas. El primer mandato lo cumplió entre 1946 y 1952 y el segundo, desde 1952, fue brusca­mente interrumpido en 1955 por un golpe militar.
Los constituyentes de 1994 también incorporaron una modificación fundamental en la forma de elegir presidente de la Nación, ya que establecie­ron el sistema de elección directa, suprimiendo los colegios electorales, como se ha dicho en capítulos anteriores.
El artículo 99 señala las atribuciones del presidente de la Nación. Algunas de ellas son: ser el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y respon­sable político de la administración general del país; indultar y conmutar pe­nas por delitos sujetos a la jurisdicción federal; ser comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación; expedir instrucciones y reglamen­tos para el cumplimiento de las leyes, entre otras.
El presidente de la Nación no está acompañado únicamente por el vicepresi­dente en la ardua tarea de ejercer la admi­nistración general del país; lo secundan los ministros del Poder Ejecutivo. En la actualidad, desde la reforma de 1994, por el artículo 100 de la Constitución Nacional se fija que el número de ministros, así como sus competencias, serán estableci­dos por una ley especial. El mismo artí­culo presenta una figura dependiente del Ejecutivo nacional: el Jefe del Gabinete. Se trata de un delegado directo del presi­dente de la Nación.
Esta propuesta innovadora de 1994 ha recibido elogios de aquellos que la consi­deraron una limitación al poder del Ejecu­tivo en nuestro país, en el cual la tradición de los caudillos ha llevado a la existencia de un Poder Ejecutivo fuerte que se ha da­do en llamar “presidencialista”.
El Poder Judicial se encuentra ejercido por la Corte Suprema de Justicia de La Nación y demás tri­bunales inferiores. ( Ver Art. 108)
La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribu­nal de la Nación y la última instancia de apelación. Esto significa que, según las causas que motiven los juicios, un fallo puede apelarse ante un tribunal de mayor jerarquía que el que falló.
¿Quiénes pueden ser miembros de la Corte Suprema de Justicia? ( Ver Art. 111 )
Observemos que para el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, además de los requisitos solicitados para ser senador (art. 55), se exige un título con formación univer­sitaria imprescindible para la administración de justicia: el títu­lo de abogado, además de haber ejercido la profesión, es decir de tener conocimientos prácticos de la cuestión judicial. Con­viene señalar que es el único poder cuyo ejercicio tiene este ti­po de requisito. Esto es así porque la administración de justi­cia, tarea cuyo desempeño hace a la esencia misma del funcio­namiento de la democracia, requiere un conocimiento preciso de las normas jurídicas para la adecuada interpretación de la ley.
¿Cuánto tiempo permanecen los jueces en sus cargos?
(Ver Artículo 110 )
Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conduc­ta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras per­maneciesen en sus funciones.
La duración de los jueces en sus cargos se encuentra condicionada por el correcto desempeño de su cargo. Ello resulta comprensible porque la situa­ción de honestidad que deben exhibir todos los funcionarios públicos es fun­damental para el funcionamiento del sistema democrático; esto se acentúa en el caso de los jueces, que deben fallar sobre las demandas que realizan los miembros de la comunidad.
Las atribuciones del Poder Judicial se encuentran reglamentadas en los artículos 116 a 119. Creemos que la expresión que encabeza al artículo 116, es la más elocuente para describir estas atribuciones.( Ver Art. 116 )
En el equilibrio de la actuación de los poderes, en el control recíproco, en la armonía e independencia que debe regir entre ellos, radica la eficacia del sistema formulado por Montesquieu en el siglo XVIII y adoptado por los Es­tados modernos, entre los cuales se incluye nuestro país. Actualmente, en la Argentina, una de las mayores preocupaciones respecto del funcionamiento del principio de la separación de los poderes se relaciona con el Poder Judi­cial. En algunas ocasiones se escucharon voces que expresaron que el Poder Judicial se encuentra sometido a los deseos del Poder Ejecutivo. Si así fuera, nos encontraríamos frente a un verdadero riesgo para el ejercicio de la demo­cracia, que debe estar basada en la independencia y el control de los poderes de
Fernandez de Salvino. Formación Etica y Ciudadana. Bs As. Kapelusz. 1999 Pag. 102 a 110
LA CONSTITUCIÓN SANCIONADA EN 1994: Opiniones sobre la reforma de 1994
“No altera los fines de la Constitución Nacional sancionada en 1853 re­formada por primera vez en 1860, es un texto con el que los argentinos afron­taremos el siglo XXI.”
“No incorpora nuevos derechos, porque estaban previstos en forma explíci­ta o implícita en el texto constitucional vigente anterior.”
“Se limita el presidencialismo, mediante un jefe de gabinete de ministros, mejorando el sistema de división de poderes.”
“Se marca una pertenencia al sistema de valores de la comunidad inter­nacional, que se ratifica al otorgar status constitucional a importantes conve­nios y tratados de derechos humanos.” La reforma constitucional de 1994 fue de una importante magnitud. A lo largo de los capítulos anteriores se apreciaron algunos resultados de dicha modificación. Recordemos los artículos que oportunamente citamos en rela­ción con diferentes temas, como modificaciones constitucionales adoptadas por la Convención Constituyente de 1994: 37 a 40, para referirnos a los de­rechos políticos; 43, para las garantías constitucionales, acción de amparo, hábeas corpus y hábeas data; 54 para la composición de la Cámara de Sena­dores y 55 para la duración de ese mandato; 75 inciso 22, para los tratados internacionales sobre derechos humanos que adquirieron rango constitucio­nal; 90 para la limitación y reelección de los mandatos de presidente y vice­presidente de la Nación; 100 para el Jefe de Gabinete dependiente del poder ejecutivo;122 a 124 para las nuevas atribuciones de las provincias; 129 para la situación jurídica que adquiere la ciudad de Buenos Aires, etc.
No se busca aquí realizar un inventario del texto constitucional sancionado en 1994, por el contrario, intentaremos mostrar algunas características de dicho texto que nos permitan evaluar su alcance como instru­mento rector de la comunidad nacional, como lo ha ma­nifestado una de las opiniones anónimas que ha expre­sado la importancia que tiene la reforma constitucional de 1994 en los umbrales de un nuevo milenio. En ese sentido, creemos conveniente señalar algunas modifica­ciones fundamentales.
Veremos, en primer lugar, el capítulo segundo de la primera parte de la Constitución Nacional, que fuera íntegramente adoptado por la reforma en cuestión.
El artículo 36, por ejemplo, introduce dos temas im­portantísimos: la quiebra del orden constitucional y la corrupción de los funcionarios públicos. ( Ver Art. 36)
La inclusión de este artículo nos habla de la preocupación de los consti­tuyentes de 1994 por la sucesión de golpes de Estado que se inició en 1930, cuando se derrocó al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, y que lamenta­blemente se repitió en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1975. El sentido de este ar­tículo pareciera ser de carácter moralizador además de fijar prohibiciones, pues busca penar a aquellos que colaboren con los gobiernos anticonstitucio­nales. Para ellos, según la letra del artículo, las consecuencias legales de sus actos no tienen un momento de finalización, la posibilidad de sancionarlos no cesa con el tiempo. El artículo está legalizando la oposición que los ciudada­nos realicen contra quienes participen en gobiernos de facto, de hecho, anti­constitucionales, en síntesis, los que acceden a gobernar por la fuerza.
Se está considerando aquí como un hecho doloso, es decir, realizado con intención engañosa y de hacer fraude, a toda acción que de esta manera im­plique enriquecimiento a expensas del Estado, se considera a la corrupción como un atentado contra la democracia. La sanción de una ley de ética públi­ca resulta de una actitud de especificación de quienes sancionaron el artícu­lo, pues se encuentran previstos los delitos de este tipo en los códigos corres­pondientes. La inclusión de este artículo ha significado establecer una actitud definida para los atentados contra el orden institucional y combatir los daños materiales que pudiesen realizar los funcionarios públicos.
En relación con el mismo capítulo segundo, denominado “Nuevos dere­chos y garantías”, el derecho a un medio ambiente sano, en consonancia con los acuerdos internacionales, hizo su aparición en 1994 en el artículo 41. También los derechos del consumidor, en el artículo 42. ( Ver Art. 42 )
El derecho a un ambiente sano se encuentra considerado como un derecho de tercera generación. La preocupación por su inclusión es de reciente apari­ción en los documentos constitucionales. Apunta a considerar que existe un desarrollo sustentable, es decir aquel que permita la explotación de los recur­sos naturales sin dañar las reservas que serán patrimonio de las generaciones
futuras. El Estado debe asumir aquí una función de cuidado de las activida­des industriales, debe legislar tratando de que no se contaminen las aguas, el aire, y que no se extinga ningún recurso natural y ninguna especie ani­mal o vegetal.
Asimismo, se impone a las industrias que hubiesen cometido daño am­biental, la necesidad de subsanar ese daño. Mediante este artículo se prohibe el ingreso de materiales radiactivos al territorio de la Nación. Consideramos que la inclusión de este artículo en la Constitución Nacional ubica a esta en una situación de actualización que la acerca a los más recientes tratados in­ternacionales sobre derechos humanos. ( Ver Art. 42 )
Los derechos de los usuarios y los consumidores de servicios, al igual que el derecho a un ambiente sano, se encuentran ubicados como derechos de ter­cera generación. Las autoridades se encuentran obligadas, según el texto del artículo 42, a dictar las medidas necesarias para la protección de estos dere­chos, a educar para la formación de hábitos de consumo y a defender la com­petencia controlando los monopolios de bienes y servicios. Se considera la participación de las asociaciones que representan a los consumidores, como agentes de defensa del ejercicio de estos derechos.
Entre otras valiosas modificaciones, como el reconocimiento de nuevos derechos, la reforma introdujo nuevas instituciones, como la Auditoría Gene­ral de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público.
La Auditoría General de la Nación (art. 85) está prevista como depen­diente del Congreso para el control de la administración pública. Se dedica a intervenir en el rechazo o la aprobación del destino de los fondos públicos. Se percibe una preocupación por el ordenamiento y eficiente control de las cuentas del Estado.
El Defensor del Pueblo (art. 86) es un órgano independiente, instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que tiene por función defender y prote­ger el ejercicio de los derechos humanos. Esta institución se encuentra rela­cionada con otros aspectos de la reforma constitucional de 1994, tales como el reconocimiento de nuevos derechos y garantías, ya sea porque aparezcan explícitamente o por medio de los tratados internacionales que adquirieron status constitucional.
El Ministerio Público (art. 120), es un órgano independiente cuya misión consiste en promover la actuación de la justicia, coordinando sus acciones con las otras autoridades de la república. Esta institución dedicada a la consolida­ción de un más efectivo funcionamiento del sistema judicial, no es la única de las reformas destinadas a este fin; entre ellas pueden citarse la adopción de los juicios perjurados, las modificaciones en el nombramiento de los jueces, etc.
¿Qué mecanismo se puso en práctica para reformar la Constitución Na­cional?
( Ver Art. 30 )
Entonces, el cuerpo que tiene a su cargo la modificación de la Constitu­ción Nacional, según ella misma lo indica en el artículo 30, es la Convención Constituyente, que se convoca mediante una ley nacional con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. La asamblea constituyente es soberana mientras se encuentra reunida, ella es la autoridad suprema del Es­tado. Una vez realizada su función se disuelve. Las constituciones que, como la nuestra, para reformarse necesitan de una convención constituyente, se de­nominan rígidas. Existen otras constituciones que se pueden reformar median­te una ley del Congreso, y por ser suficiente con eso se denominan flexibles.
La última Convención Constituyente, que se reunió en Santa Fe, juró el nuevo texto constitucional en el Palacio San José, el 24 de agosto de 1994. Ese edificio, hoy convertido en Museo Nacional, fue la residencia de Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Ar­gentina. Participaron en la Convención Constituyente trescientos cinco con­vencionales, de los cuales ciento treinta y seis eran del Partido Justicialista (PJ), setenta y cinco de la Unión Cívica Radical (UCR), treinta y dos pertenecían al Frente Grande, veintiuno eran miembros del Movimiento Dignidad Nacio­nal (MODÍN) y cuarenta y uno a los restantes partidos políticos.
Muy diferentes han sido los juicios vertidos sobre esta reforma; las principales críticas que recibió apun­taron a la inclusión de los artículos que permitieron la continuidad del presidente del país en ese momento, el doctor Carlos Saúl Menem, que lograría su reelección en 1995. Otros apreciaron la obra de los constituyentes como excesivamente vinculada a la coyuntura política del momento y por lo tanto carente de la sobriedad y austeridad que debe caracterizar a la ley fundamental de un Estado.
Resulta bastante difícil suponer que cada vez que el Congreso Nacional, en cumplimiento del artículo 30, sancionó la ley por la cual se convocaba a una con­vención constituyente, los legisladores estuvieran alejados de los conflictos políticos de sus líderes, de sus gobiernos y de sus partidos. De igual forma debería haber ocurrido con los representantes que oportunamente se reunie­ron, en diversas épocas, para cambiar aspectos de nuestra ley suprema. Co­mo veremos, desde 1860 hasta 1994 fueron varias las reformas y las conven­ciones constituyentes que se convocaron.
Fernandez de Salvino. Formación Etica y Cioudadana. Bs As. Kapelusz. 1999 Pag. 136 a 141
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