Source: http://www.slideshare.net/Lexnova/la-intervencin-de-la-jurisdiccin-penal
Timestamp: 2016-10-24 00:26:06
Document Index: 365985656

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LA INTERVENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENALEN EL ÁMBITO DE LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS:AUTORIZACIÓN DE LA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVAY AUTORIZACIÓN SUSTITUTIVA
II. LA INTERVENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS: AUTORIZACIÓN DE LA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA Y AUTORIZACIÓN SUSTITUTIVA Elena Rodríguez Balado Doctorando Departamento Derecho Constitucional Universidad de Barcelona. Secretario Judicial RESUMEN ABSTRACT La intervención de la jurisdicción Judicial control of aliens’ deportation by criminal penal en el ámbito de la expulsión de courts: judicial authorization of administrative extranjeros: autorización de la expulsión deportation and judicial substitution of administrativa y autorización sustitutiva criminal convictions through expulsionEl presente artículo analiza dos formas de intervención The current article analyzes two forms of judicialjudicial en el ámbito de la expulsión de extranjeros: la control of foreign people deportation: the first one isprimera la autorización judicial de la expulsión acor- the judicial authorization of the agreed deportationdada en vía administrativa y la segunda la expulsión through administrative channels and the second onesustitutiva de la pena privativa de libertad impuesta. or deportation as a substitute for a sentence to con-Tales figuras jurídicas plantean problemáticas especí- finement. Such legal concepts outline some specificficas que se estudiarán separadamente, sin perjuicio problems that will be studied separately, without de-de subrayar, como característica común de la norma- triment of underlining as a common feature of thetiva aplicable, la automaticidad de la expulsión mati- applicable regulations, the automaticity of the depor-zada por un trabajo jurisprudencial amplio al que se tation clarified by a wide legal work in chapter n. 3.hace referencia en el capítulo tercero. De los proble- The most important problem dealt with in the currentmas que se tratarán en el presente trabajo destacaría work is the one derived from the immediate enforce-el derivado de la ejecución inmediata de los decretos ment of the Deportation decree, the inconsistence de-de expulsión, el desajuste que produce su aplicación rived from its implementation in the procedural fielden el ámbito procesal y la discusión no resuelta sobre and the unresolved discussion about the legal naturela naturaleza jurídica de la expulsión sustitutiva, sin of substitutive deportation, without forgetting someolvidar algunas cuestiones suscitadas cuyo estudio arisen questions whose can be of interest due to thepuede resultar de interés por las implicaciones que de implications derived from it, to be more precise I re-ello podrían derivarse; me refiero en concreto a la no fer to the non compensation of the period spent oncompensación del período de prisión preventiva del remand by the charged alien and the possible cumu-imputado extranjero y el posible efecto acumulativo lative effect of penalties resulting from the article 89de sanciones a que da lugar el artículo 89 del CP. of CP.Palabras clave: extranjeros, expulsión, procedimien- Key Words: foreign people, deportation, criminal pro-to penal, delitos, expulsión sustitutiva, ejecución de ceeding, crimes, substitutive deportation, deportationla expulsión. enforcement SumarioINTRODUCCIÓN.I. ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN ACTUAL. – 27 – 2.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríaII. MODALIDADES DE LA EXPULSIÓN. AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE LA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA DE UN EXTRANJERO INCURSO EN UN PROCESO PENAL. 1. Ámbito subjetivo de aplicación del precepto. 2. Ámbito objetivo de aplicación del precepto y alcance de la intervención de la jurisdic- ción penal. 3. Resolución judicial y efectos procesales. 4. Análisis crítico.III. MODALIDADES DE LA EXPULSIÓN. LA EXPULSIÓN SUSTITUTIVA (ARTÍCULO 89 DEL CP). 1. Naturaleza jurídica de la expulsión. 2. Ámbito subjetivo de aplicación del precepto. 3. Ámbito objetivo de aplicación del precepto. 4. Breve apunte sobre la automaticidad del precepto. 5. Excepciones y límites a la aplicación automática del precepto. A) La naturaleza del delito B) El arraigo familiar C) El trato inhumano o degradante como límite a la expulsión D) Juicio de proporcionalidad en materia de expulsión 6. Ámbito temporal de la expulsión sustitutiva. Posibilidad de decidir en fase de ejecu- ción de sentencia. 7. La expulsión como medida sustitutiva del cumplimiento del último tramo de la pena de prisión. 8. Efectos de la expulsión e imposibilidad de ejecución. A) Efectos de la expulsión B) Imposibilidad de ejecutar la expulsión 9. Análisis crítico.IV. CONCLUSIONES.INTRODUCCIÓNEl estudio de los artículos 57.7 de la LOE y 89 del CP referentes a la autorización judicialde la expulsión administrativa y expulsión sustitutiva tiene por objeto identificar los pro-blemas que una aplicación habitual y de larga duración de ambos preceptos han minimiza-do y que afectan sin embargo al núcleo del ordenamiento jurídico. Se tuvo presente en el desarrollo del trabajo el ámbito de influencia de ambos artículosen la medida en que afectan no sólo a los extranjeros sobre los que ha recaído un decretode expulsión y que están incursos en un proceso penal, sino también e indirectamente a – 28 – 3.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsiónla totalidad de los beneficiarios del ordenamiento jurídico en el caso de que se observenincorrecciones notorias como consecuencia de su aplicación. Teniendo en cuenta ambas consideraciones y antes de referirme a la estructura elegidamerece la pena destacar tres características que marcaron la evolución de la expulsión ju-dicial: la primera determinada por las sucesivas leyes orgánicas dictadas con el objetivo deestructurar la intervención de la jurisdicción penal. La segunda referida al papel indiscuti-ble desempeñado por la jurisprudencia, en especial del Tribunal Supremo en el diseño deambos preceptos, y por último la tendencia hacia una aplicación prácticamente automáticade la expulsión. Se trata por tanto, a partir de las características enunciadas, de identificar los puntosvulnerables de ambas figuras mediante una estructura que evite cualquier confusión tenien-do en cuenta que los dos preceptos estudiados presentan importantes derivaciones de índoleprocesal. En aplicación de esta idea se comenzó el estudio haciendo referencia a los antece-dentes de la regulación actual, para abordar a continuación y en capítulos separados laautorización judicial de la expulsión administrativa y la expulsión sustitutiva de la penaprivativa de libertad impuesta. Se termina el trabajo concretando, en el apartado de conclu-siones, cada uno de los problemas observados en la aplicación de ambos preceptos con elpropósito último de suscitar una duda razonable sobre la permanencia de ambas figuras enel ordenamiento jurídico.I. ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN ACTUALLa LOE de 1 de julio de 1985 fue la primera norma creada con posterioridad a la Consti-tución que intentó formular y sintetizar los principios informadores de la situación jurídicade los extranjeros, evitando así la proliferación de disposiciones de distinto rango que regu-laron la materia con anterioridad al texto constitucional. La referida Ley Orgánica concretó la intervención de la jurisdicción penal en dos mo-mentos: la autorización judicial de la expulsión administrativa y la expulsión sustitutiva dela pena privativa de libertad. La primera se resolvió diferenciando a su vez dos períodos, según la apertura del pro-ceso penal fuera anterior a la iniciación por parte de la autoridad gubernativa del expe-diente de expulsión, o bien si al tiempo de incoarse un procedimiento penal el expedientegubernativo de expulsión ya se encontraba en trámite. En ambos casos la autorización deexpulsión era facultad del Juez previa audiencia del Ministerio Fiscal. La segunda atribuyó al Juez la decisión de expulsar a un extranjero del territorio nacio-nal en sustitución de las penas impuestas a los extranjeros condenados en sentencia firmepor un delito menos grave. En este caso se requería la audiencia previa del interesado asícomo la satisfacción previa de las responsabilidades civiles. Tal posibilidad se recogió enlos artículos 21.2 párrafo segundo y 26.1 párrafo d) del citado texto. Con la entrada en vigor del Código Penal de 1995 se separaron ambos modelos de in-tervención quedando integrados en dos cuerpos normativos diferentes, por una parte la au- – 29 – 4.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríatorización judicial de la expulsión administrativa regulada en la LOE 7/1985, y por otra laexpulsión sustitutiva de las penas privativas de libertad previstas en el artículo 89 del CP. A su vez la LOE 7/1985 fue reformada por la LO 4/2000, de 11 de enero, de los Dere-chos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, por la LO 8/2000,de 22 de diciembre, con posterioridad por la LO 11/2003, de 29 de septiembre, y, por últi-mo, por la vigente LO 2/2009, de 11 de diciembre. La primera reforma contenía en su artículo 53.4 una remisión expresa al artículo 89 delCP, respecto a extranjeros no residentes legalmente en España condenados por sentenciafirme, manteniendo la autorización de la expulsión administrativa para el caso de que concu-rrieran respecto a un extranjero un decreto de expulsión y la imputación de un delito. No obs-tante la citada reforma, a diferencia de lo dispuesto en la LOE 7/1985, referida a los delitosmenos graves (pena igual o inferior a prisión menor), mantuvo el carácter potestativo de ladecisión jurisdiccional y modificó el ámbito objetivo de aplicación del precepto, refiriéndoseen su caso a los delitos castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años. Por su parte, el artículo 89 del CP extendió su ámbito objetivo de aplicación no sólo alas penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residentelegal, sino tambien a las penas de prisión iguales o superiores a seis años cumplidas las trescuartas partes de la condena. La decisión mantuvo su carácter discrecional y la audienciadel penado fue preceptiva. La LO 4/2000, a diferencia de la LOE 7/1985, no mencionó en su artículo 53.4 las con-secuencias derivadas del incumplimiento de la prohibición de entrada. Fue en el artículo89.2 del CP donde se impuso la obligación de cumplimiento de las penas sustituidas parael caso de que el extranjero regresara antes del término de prohibición de entrada, períodoque podía oscilar entre tres y diez años en atención a la duración de la pena impuesta. La segunda reforma introducida por la LO 8/2000, de 22 de diciembre, modificó laredacción del artículo 53.4 pasando a constituir el 57.7. Dicha reforma excluyó toda posi-bilidad de autorización de la expulsión cuando se imputara al extranjero cualquiera de losdelitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 518 del CP, esto es, delitosde tráfico ilegal de mano de obra y/o empleo de súbditos extranjeros, los delitos contralos derechos de los extranjeros y el favorecimiento o integración en asociaciones ilícitasdedicadas el tráfico ilegal de personas. Asimismo, la citada ley sustituyó el término difusode encartado por el de inculpado o procesado, y amplió las posibilidades de expulsión a lasmedidas de seguridad privativas de libertad y a las penas privativas de libertad superioresa seis años, en este último caso cuando el penado hubiera cumplido las tres cuartas partesde la pena impuesta. La LO 11/2003, de 29 de septiembre, afectó a la autorización judicial de la expulsiónadministrativa y al artículo 89 del CP. Se aludirá al contenido de dicha reforma en cada uno de los apartados siguientes, sibien se anticipa que su desarrollo culminó con una merma evidente del arbitrio judicial pro-vocando incertidumbre en los operadores jurídicos en la aplicación de dicha normativa. La mencionada Ley Orgánica estructura el número 7 del artículo 57 en tres apartados:a) la autorización de la expulsión administrativa, b) la salida de extranjeros del territorionacional que en nada modifica el texto anterior, y el apartado c), donde se enumeran las – 30 – 5.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsiónexcepciones en la aplicación del precepto respecto a los delitos tipificados en los artículos312, 318 bis, 515.6.a), 517 y 518 del CP. La referida reforma afectó, básicamente, a los apartados a) y c) del citado punto 7,sustituyendo el término de extranjero imputado por el de inculpado y haciendo extensiva laposibilidad que prevé dicho artículo a la fase intermedia del procedimiento penal. Asimis-mo la resolución denegatoria de dicha autorización sólo se aplicará si concurren circuns-tancias excepcionales admitidas con anterioridad por la Jurisprudencia. Interesa destacar que la vigente Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, no introdujomodificaciones sustanciales respecto al texto anterior, si bien instaura una referencia pro-cesalmente más adecuada al referirse al extranjero imputado, circunstancia que, como secomprobará en el apartado correspondiente, tiene una indudable trascendencia en orden a ladeterminación del momento preclusivo de aplicación del precepto, sin embargo la expulsiónmantiene su carácter semiautomático suprimiendo la referencia a circunstancias excepciona-les que justificarían su denegación, lo cual en definitiva no hace más que incorporar al textolegal los criterios preestablecidos por la numerosa Jurisprudencia recaída sobre la materia. Por otra parte, se actualizan las referencias del apartado 1.c) y 8 del artículo 57.7, sesuprime la mención de los artículos 515.6.a), 517 y 518 del CP, y se incorpora al texto elartículo 313. Lo que sí constituye una novedad de esta última reforma es el apartado 10 del referidoartículo, que recoge el supuesto de expulsión de un residente de larga duración de otroEstado miembro de la Unión Europea que se encuentre en España fuera del territorio de laUnión, solo posible cuando la infracción cometida sea una de las previstas en los artículos53.1.d) y f) y 54.1.a) y b) de esta Ley Orgánica y previa consulta a las autoridades compe-tentes de dicho Estado miembro. Hasta aquí las modificaciones observadas en el artículo 57.7 de la LO 2/2009, que noafectan a las cuestiones de fondo que se plantearán seguidamente.II. MODALIDADES DE LA EXPULSIÓN. AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE LA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA DE UN EXTRANJERO INCURSO EN UN PROCESO PENALLa versión anterior a la reforma introducida por la LO 11/2003 del artículo 57.7 de laLOE disponía que, cuando un extranjero se encontrara procesado o inculpado en un pro-cedimiento por delitos castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años,el Juez podría autorizar, previa audiencia del Ministerio Fiscal, su salida del territorioespañol siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en la Ley de EnjuiciamientoCriminal, o su expulsión si esta resultara procedente de conformidad con lo previsto en lospárrafos anteriores del presente artículo, siempre previa sustanciación del correspondienteprocedimiento administrativo sancionador. La LO 11/2003 no solo afectó al contenido del artículo 89 del CP sino también al artícu-lo 57.7 de la LO 8/2000, atribuyendo carácter semiimperativo a la decisión autorizatoria dela expulsión en términos análogos a los utilizados en el artículo 89 del CP para la expulsiónsustitutiva. En el caso del artículo 57.7 de la LOE, el juez autorizará la expulsión previa – 31 – 6.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríaaudiencia del Ministerio Fiscal, salvo que de forma motivada aprecie la concurrencia decircunstancias excepcionales que justifiquen su denegación; por consiguiente la regla gene-ral es la expulsión y la excepción la continuación del procedimiento. Asimismo el preceptolegal modificado no exige que el procedimiento administrativo haya finalizado con unaresolución administrativa de expulsión ni que deba aportarse al procedimiento para que elórgano judicial pueda comprobar si se han respetado los derechos del extranjero, sino que elcontrol pasaría al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, este as-pecto ha sido matizado por la Fiscalía General del Estado, que afirmó la necesidad de que elexpediente administrativo estuviera concluido, aunque no sería óbice para conceder la au-torización que el referido acto administrativo estuviera recurrido (Circular FGE 2/2006). La LO 11/2003 fijó un plazo máximo de tres días para que el órgano judicial decidierasobre la autorización de expulsión, aunque la falta de previsión legal sobre las consecuen-cias del incumplimiento del plazo fue subsanada por la Fiscalía, que consideró que elagotamiento del plazo no impide que se decida sobre la autorización solicitada, y que eltranscurso del mismo sin resolución no significa una autorización tácita. Por otra parte la nueva ley modificó el ámbito objetivo de aplicación del precepto ha-ciéndolo extensivo a los supuestos en los que el extranjero estuviera incurso en un procesopenal por delitos castigados con una pena privativa de libertad inferior a seis años (o unapena de distinta naturaleza) y por faltas. Dicha autorización conllevaría el archivo pro-visional de la causa, que no devendría definitivo en tanto no transcurrieran los plazos deprescripción. En el caso de imposibilidad de ejecución continuaría el procedimiento. Seguidamente se hará referencia, en subapartados independientes, a tres cuestionesfundamentales para entender el sentido de la norma: El primero relativo al ámbito subjetivo de aplicación del artículo 57.7 de la LOE, ymomento preclusivo para formular la solicitud de autorización de la expulsión administra-tiva ante la jurisdicción penal; el segundo, al ámbito objetivo de aplicación del precepto yel alcance de la intervención de la jurisdicción penal; y el tercero, a la Resolución judicialy efectos procesales.1. Ámbito subjetivo de aplicación del preceptoLa imprecisión del artículo es notable, ya que en él se alude como destinatarios a los ex-tranjeros en los que concurra la condición de inculpado o procesado. En cuanto a qué debe entenderse por el término «inculpado», la CFGE 3/2001 conside-ró que el concepto debía ser aplicado con toda la flexibilidad que le es propia, de modo quetan pronto se concrete la inculpación en fase de Diligencias Previas mediante la citacióndel extranjero ante el Juez de Instrucción en calidad de imputado, quedará expedita la víapara autorizar judicialmente la expulsión gubernativa tal y como se reconoce expresamenteen la STC número 24/2000 de 31 de enero, FJ 5. Asimismo, es importante insistir en que el termino procesado es inexacto, ya que laautorización de expulsión está prevista exclusivamente para el caso de que el delito lleveaparejada una pena privativa de libertad inferior a seis años, y el Auto de procesamientosólo cabe en el proceso sumarial para los delitos castigados con una pena privativa de li-bertad superior a nueve años (artículo 384 de la LECr.). – 32 – 7.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsión La cuestión aludida no es irrelevante ya que se relaciona de forma directa con el momen-to preclusivo para solicitar la autorización de expulsión, en la medida en que los términosutilizados vinculan al sujeto activo de la acción penal con momentos procesales concretos,remitiendo a la etapa de instrucción y como máximo a la fase intermedia del procedimientoque concluirá con el Auto de apertura del juicio oral. En consecuencia la solicitud extempo-ránea de una autorización administrativa de expulsión se enfrentaría a un Auto dictado en elproceso penal que es por otra parte irrecurrible y que encauza el procedimiento hacia su eta-pa final, que concluirá con Sentencia. A partir de este momento cambiará la condición pro-cesal del extranjero que asumirá la condición de penado, quedando sujeto al artículo 89 delCP si recayere sentencia condenatoria y si ésta impusiere una pena privativa de libertad. La LO 11/2003, de 29 de septiembre, exigió que se incluyera la expulsión sustitutivade la pena de prisión en la propia Sentencia de instancia y fijó el momento preclusivo de laautorización de expulsión en el acto de juicio oral y no en fases posteriores, como parecíaapuntar alguna Jurisprudencia (1). Por su parte la Fiscalía General del Estado fijó el mo-mento preclusivo para solicitar la autorización judicial de la expulsión en la fase de iniciode las sesiones del juicio oral, de modo que si recaía Sentencia condenatoria respecto delacusado extranjero éste pasaría a la condición procesal de penado no siendo procedente laautorización vía artículo 57.7 de la LOE, sino, en su caso, la expulsión sustitutiva previstaen el artículo 89 del CP. Teniendo en cuenta lo anterior, un proceso penal que ha avanzado hasta la fase decelebración del juicio oral sólo podrá terminar por Sentencia, no pudiendo interrumpirseel procedimiento sin ocasionar un grave quebranto de las estructuras procesales, máximesi se tiene en cuenta que en dicho proceso han recaído resoluciones firmes y que se hadesarrollado una práctica probatoria orientada al esclarecimiento de los hechos y a la de-terminación de la responsabilidad del presunto culpable. La cuestión mencionada en párrafos anteriores fue parcialmente modificada por la LeyOrgánica 2/2009 con la sustitución del término inculpado por imputado, manteniendo,no obstante, la referencia a la condición de extranjero procesado. Lo dicho respecto a laincorrección de este último término mantiene su virtualidad, en tanto que la referencia aimputado limita la posibilidad prevista en el citado artículo a la fase de instrucción delproceso penal, lo cual no deja de tener cierto interés al no permitir que las peticiones deautorización excedan del momento procesal indicado.2. Ámbito objetivo de aplicación del precepto y alcance de la intervención de la jurisdicción penalEn la LO 11/2003 y en el texto vigente el ámbito objetivo del precepto se extiende a losdelitos o faltas para los que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis añoso una pena de distinta naturaleza, resolviendo las dudas suscitadas en relación a las faltas. (1) Auto de la Sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 9 de marzo de 2002, en resoluciónde un recurso de apelación interpuesto contra un Auto de un Juzgado de lo Penal que había autorizado una expulsióntras haber celebrado juicio oral y haber recaído Sentencia condenatoria. El Auto de la Audiencia Provincial se pronun-ció a favor de la admisibilidad de la decisión afirmando que los términos utilizados en el precepto son lo suficientemen-te amplios como para referirse al sujeto pasivo de la acción penal a lo largo del desarrollo del proceso en su integridadhasta que recaiga Sentencia firme. – 33 – 8.
Revista de Derecho migratorio y extranjería Respecto a la segunda cuestión relativa al alcance de la intervención de la jurisdicciónpenal existe unidad de criterio. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (2) coinci-dieron en la afirmación de que el Juez Penal no decide la expulsión ni tampoco controla lalegalidad de tal acuerdo, sino que el control que realiza deberá orientarse a comprobar si elacuerdo gubernativo cumple las exigencias esenciales de la ley en cuanto a la competenciadel órgano autor, formalidades externas y concurrencia de alguno de los supuestos materia-les que lo justifican en Derecho, no debiendo autorizar en ningún caso una expulsión quese fundamente en los mismos hechos objeto del proceso penal a fin de evitar una posiblevulneración de los principios non bis in idem y de presunción de inocencia.3. Resolución judicial y efectos procesalesLa resolución que dicte el Juez Penal en el ámbito de aplicación del citado artículo deberárevestir la forma de Auto recurrible en reforma y queja, y el efecto procesal dimanante dela autorización judicial de la expulsión administrativa será el archivo provisional de lasactuaciones una vez verificada la ejecución de la expulsión hasta que transcurran los plazosde prescripción. Respecto a lo anterior cabe hacer dos puntualizaciones: la primera, que el contenidodel Auto autorizando la expulsión y paralizando el proceso penal es ajeno a las posibilida-des de terminación por Sentencia o Auto de sobreseimiento previstas para dicho proceso.Por otra parte el precepto analizado introduce una excepción en la que el Juez Penal nohace ningún pronunciamiento sobre la materia que se somete a su valoración, sino queconsiente en la ejecución de una resolución adoptada en vía administrativa. La segunda observación se refiere a la dificultad que podría plantear el archivo pro-visional de la causa penal en el supuesto de que el extranjero cumpliera en su totalidadel tiempo fijado de prohibición de entrada pero regresara antes de transcurrir el plazo deprescripción del delito. En este caso se produciría la reapertura de la causa penal aunque elextranjero haya cumplido en su totalidad la limitación prevista en el decreto de expulsiónque constituye la causa de la paralización del proceso penal. A las observaciones anteriores cabe añadir que el texto de la LO 11/2003 omite eltrámite de audiencia e incorpora la aplicación semiautomática de la expulsión, cuestionesque subsisten en la LO 2/2009, de 11 de diciembre, aunque, con relación a la expulsiónsustitutiva, la primera omisión fue subsanada en el texto reformado del artículo 89 del CP,en su redacción conforme a la LO 5/2010. Es conveniente subrayar que el trámite de audiencia se omite en el texto legal vigente,aunque dicho trámite es contemplado vía reglamentaria en el artículo 142 del Reglamentode Extranjería, Real Decreto 2393/2004, reformado por Real Decreto 1162/2009, de 10de julio, donde se prevé la audiencia del Ministerio Fiscal, la del interesado y de las de-más partes personadas. Por otra parte la jurisprudencia del Tribunal Supremo (3) referente (2) STC número 24/2000, de 31 de enero. SSTSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 1.ª, de 24 de sep-tiembre de 1999 y de 26 de mayo de 2000. SSTS de 2 de marzo y 29 de abril de 2005. (3) STS de fecha 8 de julio de 2004; STS (Sala de lo Penal) número 832/2006, de 24 de julio; SSAP de Girona(Sección 4.ª) número 210/2007, de 7 de mayo, FJ 3; de La Rioja (Sección 1.ª) número 193/2007, de 10 de septiembre,FJ 4 y, entre otras, Audiencia Provincial de Madrid (Sección 27.ª) número 682/2007, de 31 de octubre, FJ 1. – 34 – 9.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsióna dicho trámite consolidó su importancia y carácter inexcusable en la práctica procesal;en consecuencia, siguiendo el criterio jurisprudencial establecido y las directrices de laFiscalía, el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, solicitará en la fase intermedia delprocedimiento y en concreto en su escrito de acusación la sustitución de la pena privativade libertad por la expulsión, dándose traslado de dicho escrito a la defensa para que puedahacer valer los medios de prueba y alegaciones que estime oportunas. Por otra parte, en lafase del juicio oral, y antes del ejercicio del derecho a la última palabra, el Juez preguntaráal acusado sobre la expulsión a fin de que alegue lo que a su derecho convenga, evitandode esta forma una posible nulidad de actuaciones. Un segundo aspecto que comparte el artículo 57.7 de la LOE con el artículo 89 del CPes el relativo a la aplicación semiautomática de la expulsión, aspecto que fue matizado por lajurisprudencia del Tribunal Supremo —entre otras, las SSTS, Sala Segunda, núm. 901/2004de 8 de julio; núm. 1249/2004, de 28 de octubre, y núm. 1546/2004, de 21 de diciembre— yde las Audiencias Provinciales, en concreto el AAP de Madrid de 29 de diciembre de 2003,coincidiendo las resoluciones citadas en el criterio de que la expulsión no debe ser automá-tica y que el Juez interviniente en el proceso deberá valorar no sólo las circunstancias per-sonales del penado, sino también el riesgo de conculcación de los derechos contenidos en elConvenio Europeo de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, haciendo extensivas ambas consideraciones a las dos modalidades de expulsión. Los pronunciamientos jurisprudenciales que siguieron la línea anteriormente expuestano quedaron exentos de algunas opiniones favorables al planteamiento de la cuestión deinconstitucionalidad, y no a la subsanación vía jurisprudencial de los preceptos afecta-dos (4), fundamentando su argumentación en el papel complementario que el ordenamientojurídico atribuye a la jurisprudencia y en la tarea de aplicación del derecho asignada a losjueces. Sin embargo no faltaron autores, es el caso de J. JIMÉNEZ GARCÍA (5), que con-sideraron la interpretación de los Tribunales como un mecanismo suficiente para resolverla adecuación de las normas legales a la Constitución. Para este sector quedó claro que lainterpretación es también y ante todo un juicio sobre la validez de la ley, en la que el Juezse constituye en intérprete y verificador de la propia legalidad de la ley desde el respeto alos derechos humanos reconocidos en la Constitución. La vigente LO 2/2009, de 11 de diciembre, elimina la referencia a circunstancias ex-cepcionales que justifican la denegación, sin suprimir el término «autorizará», mantenien-do por tanto el carácter excepcional de la no autorización e incorporando indirectamentelos criterios fijados y aplicados por la abundante Jurisprudencia recaída sobre la materia.4. Análisis críticoSe tratará, en primer lugar, de las consecuencias que lleva aparejada la no exigencia defirmeza en vía jurisdiccional de la resolución administrativa de expulsión, si el extranjerohubiera optado por interponer un recurso contencioso administrativo. (4) DURÁN SECO, I., «El extranjero delincuente “sin papeles” y la expulsión (a propósito de la STS 8 de juliode 2004)», año 2005. HURTADO ADRIÁN, A.L., «Artículo 89 del Código penal. Formación legislativa y análisis deuna línea de aplicación judicial», año 2005. (5) JIMÉNEZ GARCÍA, J., «La sustitución de las penas de prisión. Especial referencia a la expulsión de extran-jeros», en Cuadernos de Derecho Judicial. – 35 – 10.
Revista de Derecho migratorio y extranjería Los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que las resoluciones de expulsiónagotan la vía administrativa y contra ellas cabe la interposición del recurso potestativo dereposición en un plazo de un mes computable a partir del día siguiente de la notificación dela resolución recaída. En el supuesto de que el extranjero no opte por el recurso potestativode reposición, podrá interponer el recurso contencioso administrativo en el plazo de dosmeses a contar desde el día siguiente al de su notificación. El Reglamento de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), en elartículo 141.6 y 7 y en la disposición adicional 10.ª no modificado por el Real Decreto1162/2009, establece que las resoluciones de expulsión que se dicten en los procedimien-tos de tramitación preferente se ejecutarán de forma inmediata, en tanto que las resolucio-nes de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos que no sean detramitación preferente fijarán el plazo en que el extranjero vendrá obligado a abandonar elterritorio nacional, que en ningún caso podrá ser inferior a setenta y dos horas. De la lectura de los artículos reseñados cabe concluir que la no exigencia de firmeza envía jurisdiccional de la resolución administrativa de expulsión, si el extranjero hubiera op-tado por interponer un recurso contencioso administrativo, dificulta el ejercicio del derechoal recurso por la ejecución inmediata de la resolución de expulsión, dificultad a la que seañadirían otras derivadas de la concurrencia de la jurisdicción contencioso administrativay la jurisdicción penal en un mismo asunto. Respecto a este tema supongamos que el Juez Penal autoriza, aplicando el artículo57.7 de la LOE, la expulsión administrativa mientras se tramita ante la jurisdicción con-tencioso administrativa un recurso contra el decreto de expulsión. Obviamente la concu-rrencia de jurisdicciones lleva implícita la posibilidad de que cuando se resuelva el recursointerpuesto en vía contencioso administrativa, dicha resolución devenga inejecutable porhaberse materializado la expulsión autorizada por el Juez Penal. Puede suceder inclusoque el Juez Penal autorice la expulsión y que el Juez de lo Contencioso Administrativootorgue cautelarmente la suspensión o en su caso revoque la expulsión acordada en víaadministrativa, debido a que sus valoraciones respectivas y relacionadas con una mismacuestión material (posible vulneración de los derechos fundamentales) podrían ser dife-rentes. No obstante, los problemas que se plantean en relación con el artículo 57.7 de la LOExno concluyen aquí, pudiendo ampliarse a otros supuestos: Uno de ellos sería el caso de un extranjero no residente legal que hubiera impugnadola resolución administrativa de expulsión ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,a quien le hubiera sido concedida la medida cautelar de suspensión, y que al mismo tiem-po tuviera la condición de imputado en una causa penal en la que recayera una sentenciacondenatoria que fuera sustituida por la expulsión. Se produciría la concurrencia de una re-solución dictada en un procedimiento contencioso administrativo que con carácter cautelaracuerda la suspensión de la ejecución y de una sentencia condenatoria penal que sustituyela pena impuesta por la expulsión. En este caso la inmediatez en la ejecución dejaría sinefecto el pronunciamiento del Juez de lo Contencioso Administrativo en orden a la medidacautelar adoptada, contraviniendo el Auto de medidas cautelares. – 36 – 11.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsión Un segundo caso que aparece vinculado al instituto de las cuestiones prejudiciales ten-dría lugar cuando la causa de expulsión administrativa fuera alguna de las contenidas en elartículo 53.a), b) o c) de la LO 8/2000, de 22 de diciembre, no modificado por las sucesivasreformas. Dichas conductas serán objeto de la sanción administrativa de expulsión siempreque no sean constitutivas de delito, lo cual implica que el pronunciamiento previo del JuezPenal exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, dela Jurisdicción Contencioso Administrativa, es fundamental en orden a determinar si sonconstitutivas de delito las conductas recogidas en el artículo 53.a), b) y c) de la LO 8/2000.Dicho pronunciamiento determinaría la suspensión del procedimiento contencioso admi-nistrativo en tanto el Juez Penal resolviera sobre la cuestión prejudicial planteada. Otra vertiente del problema que plantea la aplicación del artículo 57.7 y que subsisteen la legislación vigente es la quiebra procesal que introduce el artículo 57.7 de la LOE,con repercusión en el ámbito de actuación del Juez Penal, en los derechos del sujeto pasivo,en el perjudicado por la acción delictiva y por último en el sujeto activo del delito priván-dole del derecho a obtener un pronunciamiento judicial de fondo. En primer lugar, la aplicación del artículo 57.7 de la LOE instaura una forma anómalade terminación del proceso que impone el archivo provisional de la causa, y que obliga alJuez Penal a declinar su jurisdicción y evitar el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En segundo lugar, y respecto a los perjudicados por la acción delictiva, la aplicacióndel artículo 57.7 LOE les priva de la posibilidad de personarse en las actuaciones alteran-do la debida configuración de la relación jurídico-procesal e impidiendo el acceso de losperjudicados al proceso penal, y por tanto a la reparación si procediere de los derechosvulnerados. En tercer lugar, los efectos de dicho artículo vulneran el derecho a la tutela judicialefectiva (6) al privar al extranjero sujeto activo del delito de un pronunciamiento sobre elfondo del asunto. Sobre esta modalidad del derecho a la tutela judicial existe una reiteradajurisprudencia a cuyo análisis pormenorizado me remito.III. MODALIDADES DE LA EXPULSIÓN. LA EXPULSIÓN SUSTITUTIVA (ARTÍCULO 89 DEL CP)Se expondrán seguidamente y en varios apartados las cuestiones que se consideraron másrelevantes en el estudio de la expulsión sustitutiva, con especial mención de las dificultadesque plantean la existencia y aplicación del artículo 89 del CP y que serán resumidas en elapartado de conclusiones.1. Naturaleza jurídica de la expulsiónLa LO 4/2000, de 11 de enero, reformada por la LO 8/2000 de 22 de diciembre, la 11/2003,de 29 de septiembre, y la LO 2/2009, de 11 de diciembre, mantienen la expulsión sustituti- (6) Por todas, SSTC núm. 69/1984, de 11 de junio, FJ 2, y núm. 93/1984, de 16 de octubre, FJ 5. – 37 – 12.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríava de la pena privativa de libertad en el ámbito del Derecho Penal. Por su parte, el CódigoPenal de 1995 regula el instituto de la expulsión en la Sección Segunda del Capítulo III delTítulo III del Libro I, artículo 89, junto con otras modalidades sustitutivas de la ejecuciónde las penas privativas de libertad de corta duración. En los párrafos siguientes se analizarán las propuestas realizadas por la jurisprudenciay la doctrina sobre la controvertida naturaleza jurídica de la expulsión sustitutiva. En todasellas se trató de justificar, desde conceptos conocidos y propios del orden penal, su intro-ducción en dicho ámbito, poniendo de manifiesto su excepcionalidad y las dificultades queplantea su encaje en el orden penal. Comenzando por la jurisprudencia, la posición más representativa apuntó la posibili-dad de que la expulsión se constituyera como una medida restrictiva de los derechos de losextranjeros vinculada a la política de extranjería. En este sentido se pronunció el ATC nú-mero 106/1997, de 17 de abril, y la STC 242/1994, de 20 de julio, calificando la expulsióncomo alternativa al cumplimiento de la verdadera pena. El Tribunal Constitucional consideró la expulsión como una medida restrictiva de de-rechos de los extranjeros que se encuentran residiendo legalmente en España, afirmando enSentencias posteriores (por todas, la STC número 24/2000 de 31 de enero) que la expulsiónno puede considerarse una pena sino que se trata de una posibilidad que permite suspenderla potestad estatal de hacer ejecutar lo juzgado. Dicho Tribunal resolvió la cuestión con-forme a lo dispuesto en el artículo 96 párrafo 3.º apartado segundo del CP en su redacciónintroducida por la LO 15/2003, que calificó la expulsión como una medida de seguridad noprivativa de libertad (entre otras, la STS de 8 de julio de 2004, FJ 2). Por otra parte la doctrina inició respecto a este tema un interesante debate que evolu-cionó desde aquellas posiciones que negaron a la expulsión la consideración de pena, porno encontrarse en el catálogo de penas del artículo 33 del CP (7), hasta opiniones que califi-caron la expulsión sustitutiva como medida de seguridad (8). Asimismo no faltaron autoresque ante la dificultad de encaje de esta figura en el ámbito sancionador penal decidieron noincluirla en ninguna de las categorías sancionadoras penales, apreciando en la expulsiónsustitutiva una naturaleza jurídica dispar en función de su ubicación normativa, y dife-renciando la expulsión administrativa de la expulsión referida en el artículo 89 del CP yademás de la incluida en el artículo 108 del mismo texto legal (9). Por último un sector de (7) DE LA ROSA CORTINA, J.M., «La expulsión de los extranjeros no residentes legalmente condenados apena privativa de libertad inferior a seis años tras la Ley Orgánica 11/2003», Revista La Ley, número 6042, 17 de juniode 2004, ref. D-136. ROMA VALDÉS, Actualidad Penal 1999-2, 858. (8) POZA CISNEROS, Cuadernos de Derecho Judicial XXIV, 1996, 283, considera que la naturaleza de la ex-pulsión es más bien la de medida de seguridad. Obsérvese en este caso lo afirmado con posterioridad en la Sentenciadel Tribunal Supremo de 8 de julio de 2004. DE LA ROSA CORTINA, J.M., La Ley, número 6042, 17 de junio de 2004, califica este instituto jurídico comouna medida de seguridad no privativa de libertad prevista en el artículo 96.3.5.ª del Código Penal. PERIS RIERA/MADRID CONESA, en COBO DEL ROSAL, Comentarios al Código Penal, III, 2000, p. 1202,considera que estamos ante una institución autónoma, ante un simple modelo de expulsión cuyos caracteres están máscerca de una medida de seguridad que de una pena. (9) ASUA BATARRITA, LAURENZO COPELLO (coord.), Inmigración y Derecho Penal, 2002, pp. 58 y ss. – 38 – 13.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsiónautores, en concreto PEITEADO MARISCAL (10), consideraron más conveniente separar laexpulsión sustitutiva de la prohibición de regreso a España por tiempo determinado, la penasería, según su criterio, la privación de residir en determinados lugares o de acudir a ellos. Partiendo de los precedentes anteriores se podrían extraer las conclusiones siguientes:En primer lugar no es sostenible asimilar la expulsión tipificada en el artículo 89 del CPcon las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad, ya que la in-tención en base a la cual fueron creados los sustitutivos penales fue la de evitar los efectosdesocializadores del ingreso en prisión en el caso de delincuentes ocasionales o de bajoperfil criminológico; en este sentido se pronunció la Exposición de Motivos del CódigoPenal 1995 (11). Por tanto, resulta claro que la sustitución de las penas privativas de libertadinferiores a seis años o iguales o superiores a seis años que prevé el artículo 89 del CP,cuando el extranjero penado acceda al tercer grado penitenciario o se entiendan cumplidaslas tres cuartas partes de la condena por su expulsión, no responde a los fines de prevenciónespecial y de resocialización del reo a que aspiran los demás sustitutivos penales. Por otra parte, el artículo 88 del CP enumera en su apartado primero una serie de cri-terios que han de ser tenidos en cuenta para la aplicación del citado precepto. Dispone queserá aplicable a las penas privativas de libertad de corta duración que no superen el año, yexcepcionalmente para las penas privativas de libertad que no superen los dos años en elcaso de los reos no habituales, siempre que de las circunstancias del hecho y del culpablese infiera que el cumplimiento de aquellas haría frustar sus fines de prevención y reinser-ción social. Sin embargo el artículo 89 del CP no tiene en cuenta los criterios referentesa las circunstancias del reo y naturaleza del hecho, y extiende su aplicación a las penasprivativas de libertad de hasta seis años de duración. En coherencia con lo anterior, y descartada toda posible analogía de la expulsión conlos sustitutivos previstos en el artículo 88 del CP, cabe una segunda hipótesis consistenteen asimilar la expulsión sustitutiva a la condena condicional o suspensión de la pena. Elartículo 80 del CP prevé la suspensión respecto a las penas privativas de libertad no supe-riores a dos años y excepcionalmente de cinco conforme al artículo 87 del CP, respetandoel requisito de audiencia de las partes y teniendo en cuenta las circunstancias personalesdel delincuente, las características del hecho y la duración de la pena, no alcanzando lasuspensión de la pena privativa de libertad a la responsabilidad civil derivada del delito ofalta. Ninguno de los requisitos enumerados son exigidos en el artículo 89 del CP, cuyoámbito de aplicación se hace extensivo a las penas privativas de libertad inferiores a seisaños e incluso de duración igual o superior a seis años en el caso de que se haya accedidoal tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partesde la condena. Asimismo, el artículo 89 del CP no condiciona la aplicación de la expulsióna las circunstancias mencionadas en el artículo 80 del citado texto legal. Se destaca ademásen el apartado cuarto del artículo 80 del CP que la suspensión no se hará extensiva a laresponsabilidad civil derivada del delito o falta, extremo no mencionado en el artículo 89 (10) PEITEADO MARISCAL, La Ejecución jurisdiccional de condenas privativas de libertad, 2000, p. 293. (11) Exposición de Motivos del Código Penal de 1995, referente a la intencionalidad que orienta la reforma delsistema de penas: «(...) que se ha llevado a cabo de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocia-lización que la Constitución le asigna. El sistema se propone simplificar (...) la regulación de las penas privativas delibertad, ampliando a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos». – 39 – 14.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríadel CP, cuya aplicación sin embargo no impide que se continúe con la tramitación de laspiezas de responsabilidad civil derivadas del proceso, que en la mayor parte de los casosconcluirá con un Auto declaratorio de insolvencia que convertirá en irrealizable la repara-ción indemnizatoria a la víctima. Por otra parte, y con referencia al tipo sustitutivo de las penas privativas de libertad su-periores a seis años, se intentó establecer un cierto paralelismo con el instituto de la libertadcondicional. Respecto a esta posibilidad, y salvo el requisito de que se hayan extinguido lastres cuartas partes de la pena, o que el sujeto se encuentre clasificado en tercer grado peni-tenciario, circunstancias que no tienen por qué concurrir conjuntamente en el supuesto dela expulsión, cabe afirmar que la expulsión sustitutiva no presenta ningún elemento comúncon la libertad condicional. De modo que no es necesario para proceder a la expulsión queel extranjero haya observado buena conducta, que exista un pronóstico individualizado yfavorable de reinserción social ni que haya hecho efectiva la responsabilidad civil. Por tanto, según lo afirmado, la expulsión sustitutiva no presenta analogías con lasfiguras jurídicas que inicialmente podrían considerarse afines. No obstante lo anterior, elcontenido aflictivo de la expulsión le otorga un carácter eminentemente sancionador, sien-do sin embargo discutible que esta figura pueda quedar incluida en el orden sancionadorpenal, y todo ello a pesar de que el legislador, en el artículo 96.3.2.ª del CP, incluyó laexpulsión sustitutiva en el ámbito de las medidas de seguridad no privativas de libertad.Esta calificación vinculó la expulsión con el concepto de peligrosidad que entendemosconstituye un a priori discriminatorio respecto del delincuente extranjero, y que recuerdala regulación preconstitucional contenida en el artículo 2.9 de la Ley de Vagos y Maleantesde 4 de agosto de 1933, respecto a los extranjeros que quebrantaren una orden de expul-sión del territorio nacional, y asimismo respecto al artículo 4.4 del citado texto legal, queincluyó la expulsión en el listado de medidas de seguridad.2. Ámbito subjetivo de aplicación del preceptoEl concepto de extranjero no residente legal como destinatario de lo dispuesto en el artícu-lo 89 del CP planteó dudas sobre el alcance de su aplicación, en concreto, respecto a laposibilidad de si deberían quedar incluidas en dicho concepto las situaciones de estanciadefinidas por la LO 8/2000 y la permanencia en territorio español por un período de tiempono superior a noventa días. Asimismo, dicho concepto suscitó el mismo problema respectoa las autorizaciones para estudios e investigación reguladas en los artículos 90 y siguientesdel Reglamento de la LO 4/2000, de 11 de enero. Respecto a la primera cuestión, el debate doctrinal surgió entre los autores partidarios deuna interpretación técnico-jurídica conforme a la LOE (es el caso de L. LAFONT NICUE-SA (12)) y aquellos otros más favorables a una interpretación menos formal que equiparaseel concepto de residente legal con aquellas otras situaciones administrativas legales que noconsisten propiamente en la residencia legal (es el caso de J.M. CAMPO CABAL) (13). (12) LAFONT NICUESA, L., «Excepciones a la expulsión judicial del extranjero en el ámbito penal». (13) CAMPO CABAL, J.M., Comentarios a la Ley de extranjería, Ed. Civitas, Madrid, 2001, p. 426. – 40 – 15.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsión Respecto a la segunda cuestión referente a las autorizaciones para investigación y es-tudios reguladas en los artículos 90 siguientes del Reglamento de la LO 4/2000, se preveíaque en el caso de estudiantes o investigadores además del visado de estudios podrían serautorizados a realizar actividades lucrativas laborales siempre que se cumplieran los requi-sitos establecidos en el artículo 47 del citado Reglamento. La vigencia de la autorizacióncoincidiría con la duración del contrato de trabajo, no pudiendo ser superior a la duracióndel visado o autorización de estudios, si bien, en uno y otro caso, la renovación y prórrogade las autorizaciones se realizaría anualmente. La Fiscalía General del Estado, aplicandoun concepto de residencia legal vinculado al artículo 30 bis de la Ley Orgánica 8/2000(añadido por la Ley Orgánica 14/2003), se pronunció en favor de la equiparación de losestudiantes extranjeros con los extranjeros residentes legalmente en España, asimilando susituación a la de los residentes temporales y fundamentando dicha equiparación en la notade permanencia que acompaña a su régimen. Según el artículo mencionado serán residen-tes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización pararesidir, lo que supone en definitiva la aplicación del artículo 89 del CP a los extranjeros convisado en vigor pero sin autorización de residencia. Visto lo anterior se comprueba que la búsqueda de soluciones aplicables a ambos casosquedará condicionada a la interpretación que se realice del concepto legal de residencia. Unainterpretación amplia del término permitirá extender su ámbito de aplicación a dichas situa-ciones atendiendo a un título genérico de permanencia, en tanto que una línea más restrictivaexcluirá dicha posibilidad asociando la situación de residencia con una presunción legal deque quien ha obtenido el permiso de residencia legal tiene una situación de arraigo. A continuación, y para completar el estudio del presente epígrafe, se hará referenciaa un tema que considero relevante, y que es el relativo a la prueba del requisito de resi-dencia legal. En este sentido la STS núm. 919/1999, de 2 de junio, consideró ineludible laacreditación de la situación de «no residencia legal», no pudiendo expulsarse al extranjeroen caso contrario. La prueba de la residencia legal podrá ser aportada por el MinisterioPúblico, por la Brigada de Extranjería o en su caso por la autoridad gubernativa, pudiendoel extranjero poner a disposición del Tribunal otros elementos probatorios para enervar esteprincipio de prueba, lo cual no tiene por qué considerarse como una reinversión de la cargade la prueba respecto al principio de investigación de oficio que rige en el proceso penal. Por su parte la Fiscalía General del Estado comparte el criterio jurisprudencial refe-rente a la acreditación del requisito de residencia legal a los efectos de la aplicabilidad delartículo 89 del CP, y recomienda que tal extremo sea recogido por los fiscales en su escritode acusación o conclusiones provisionales, preferentemente durante la fase de instruccióny antes de la calificación. Si no constara aportada la prueba se permitirá a los fiscales eva-cuar el escrito de calificación con la solicitud de la expulsión sustitutiva interesando, pormedio de otrosí, la remisión por parte de la Brigada de Extranjería y Documentación delCuerpo Nacional de Policía del informe correspondiente. La importancia de la prueba de la residencia legal fue determinante en el caso resueltopor la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 15 de diciembre del 2004, en laque el Tribunal denegó la expulsión porque no se había practicado prueba alguna, a instanciade la acusación pública tendente a acreditar la situación de irregularidad en España. En igualsentido se ha pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 29 de abrilde 2005, que deniega la expulsión atribuyendo la carga de la prueba al Ministerio Fiscal. – 41 – 16.
Revista de Derecho migratorio y extranjería No obstante, y respecto a la acreditación de este elemento probatorio, se consideró máscorrecto por algun sector de la doctrina, y ante la falta de prueba de la residencia legal,diferir la decisión a la fase de ejecución, posibilidad que no contemplaba el artículo 89 delCP en su redacción conforme a la LO 11/2003, y que permite la vigente LO 5/2010, párra-fos primero y quinto del citado artículo.3. Ámbito objetivo de aplicación del preceptoEl artículo 89 del CP, modificado por la LO 11/2003, de 29 de septiembre, limitaba el ám-bito objetivo de aplicación de la expulsión sustitutiva a las penas privativas de libertad deduración inferior a seis años y a las penas privativas de libertad de duración igual o superiora seis años, siempre que en este último caso el penado hubiera accedido al tercer grado pe-nitenciario o que se entendieran cumplidas las tres cuartas partes de la condena. La reformaintroducida por LO 5/2010 del Código Penal suprime en el artículo 89.4 la referencia a laspenas privativas de libertad de duración igual o superior a seis años y la sustituye por cual-quier pena privativa de libertad para el caso de que el extranjero penado hubiera accedidoal tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena. Vista la redacción del precepto se plantearán a continuación cuatro cuestiones. Laprimera referente a si es aplicable la expulsión sustitutiva cuando en una misma sentenciase impongan varias condenas inferiores a seis años de prisión pero que sumadas excedande dicho límite. La segunda referente a la posibilidad de aplicar la expulsión sustitutivaal supuesto previsto en el artículo 71.2 del Código Penal. La tercera cuestión relativa a siquedará incluida en el ámbito de aplicación del citado precepto la responsabilidad penalsubsidiaria prevista para el impago de multas, y por último si deberá ampliarse el ámbitoobjetivo de aplicación a las penas privativas de libertad impuestas por faltas. Respecto a la primera pregunta es criterio jurisprudencial —por todas la STS de fecha23 de noviembre de 2005— que el precepto mencionado no impide tal posibilidad, dife-renciando este supuesto de otros casos en los que el Código Penal establece expresamentecomo límite la suma de las penas impuestas. En el mismo sentido un sector de autores,entre otros J.J. ÚBEDA DE LOS COBOS (14), basándose en una interpretación sistemáticade la suspensión de la pena regulada en el mismo capítulo, se mostró partidario de la po-sibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión siempre que la suma delas penas impuestas excediera del límite de los seis años, ya que si el legislador quisieraestablecer como límite no sólo la duración de cada pena individualmente sino la suma delas impuestas en una misma sentencia así lo indicaría expresamente. En segundo lugar, la duda planteada sobre la posibilidad de aplicar la expulsión sus-titutiva al supuesto previsto en el artículo 71.2 del Código Penal queda resuelta si se con-sidera que la pena privativa de libertad de duración inferior a tres meses se sustituirá deforma imperativa por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, penas en ambos casosno privativas de libertad y por tanto no incluidas en el ámbito de aplicación de la expulsiónsustitutiva. Asimismo el citado artículo dispone que en ningún caso se podrán sustituir pe- (14) ÚBEDA DE LOS COBOS, «La modificación del régimen de expulsión de extranjeros como sustitutivo dela pena de prisión en la reforma del Código Penal», Diario La Ley, núm. 6577. – 42 – 17.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsiónnas que sean sustitutivas de otras anteriores, por lo que no será aplicable el artículo 71.2 yel 88 (sustitución obligatoria) y una nueva sustitución conforme al artículo 89 del CP. Respecto a la cuestión relativa a si se puede incluir en el precepto la responsabilidadpenal subsidiaria prevista por impago de multa, parecería obvio, según la redacción an-terior a la LO 5/2010, que precisamente a causa de la subsidiariedad que la caracteriza yde lo incierto de su aplicación en el momento de dictar Sentencia no deba incluirse en elámbito del artículo 89 del CP, pese a ser catalogada en el artículo 35 del CP como pena pri-vativa de libertad. La nueva redacción del precepto según LO 5/2010 hace más discutibleesta posición, toda vez que la expulsión sustitutiva en penas privativas de libertad inferioresa seis años podrá acordarse después de sentencia en virtud de auto motivado y respecto acualquier pena privativa de libertad en sentencia o durante su ejecución. Por último, respecto a la pregunta sobre la aplicabilidad de la expulsión sustitutiva a laspenas privativas de libertad impuestas por faltas, es ilustrativa la CFGE 2/2006, que informónegativamente tal posibilidad ateniéndose al contenido literal del artículo 89 del CP y a losprincipios de concentración y de celeridad que deben presidir su enjuiciamiento. Asimismo,es necesario tener en cuenta que la inclusión de las faltas en el ámbito de aplicación del ar-tículo 89 del CP plantearía serios reparos desde el punto de vista de la proporcionalidad y dela ejecución, ya que la pena privativa que podría imponerse en estos casos sería la localiza-ción permanente con un máximo de duración de doce días no susceptible de cumplimientoen centro penitenciario. Considero además que la brevedad en la celebración del juicio defaltas y lo conciso de su instrucción dificultaría en extremo el análisis y aportación de prue-bas imprescindibles para un examen correcto sobre la conveniencia de aplicar la expulsiónsustitutiva, máxime teniendo en cuenta las valoraciones que la jurisprudencia ha incorporadoa su aplicación y los restantes principios cuya apreciación se presupone en nuestro ordena-miento jurídico; es el caso del respeto al principio de proporcionalidad, cuya conculcaciónsi se aplica la expulsión sustitutiva al juicio de faltas resultaría evidente (no olvidemos queel hurto en cuantía inferior a 400 euros podría ser objeto de un juicio de faltas).4. Breve apunte sobre la automaticidad del preceptoLa LO 11/2003, de 29 de septiembre, al modificar el artículo 89 del CP estableció la apli-cación automática de la expulsión sustitutiva, característica que se mantiene en la actualredacción de la LO 5/2010, si bien con los matices introducidos por la Jurisprudencia. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valoró como circunstanciasexcluyentes el arraigo, el peligro que pueda correr la vida del extranjero o que pueda sersometido a tortura o a tratos degradantes contrarios al artículo 3 del Convenio Europeode Derechos Humanos (15). Por su parte la jurisprudencia del Tribunal Supremo moderó enalgunas de sus sentencias (16) el carácter automático de la expulsión sustitutiva; en concreto (15) SSTEDH de fecha 18 de febrero de 1991, caso Moustaquim v. Bélgica; de fecha 24 de enero de 1993, casoBoncheski v. Francia; de 26 de abril de 1997, caso Mehemin v. Francia; de 21 de octubre de 1997, caso Boujlifa v. Fran-cia; de 19 de febrero de 1998, caso Dalia v. Francia. (16) SSTS núm. 601/2006, de 31 de mayo, FJ 2; núm. 832/2006, de 24 de julio de 2006; núm. 1231/2006, de 23de noviembre de 2006; núm. 166/2007, de 14 de febrero de 2007. – 43 – 18.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríala STS de fecha 8 de julio de 2004 creó un precedente valioso afirmando que los derechosfundamentales deben informar el instituto de la expulsión, y destacando el carácter inelu-dible del trámite de audiencia y la controvertida naturaleza jurídica de este instituto.5. Excepciones y límites a la aplicación automática del preceptoSe estudiarán en el presente epígrafe las excepciones y los límites a la aplicación automá-tica de la expulsión sustitutiva diferenciando dos apartados, el primero relativo a la natura-leza del delito y el segundo referente al arraigo.A) La naturaleza del delitoEl artículo 89 párrafo 4.º, añadido por la reforma introducida por la LO 8/2000, de 22 de di-ciembre, excluyó del ámbito de la expulsión sustitutiva a los extranjeros que hubieran sidocondenados por la comisión de los delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.º,517 y 518 del CP, omitiendo la mención de otras modalidades de tráfico ilegal de personascomo las tipificadas en los artículos 313 y 188.2, relativos a la inmigración clandestina detrabajadores a España y al tráfico de personas para su explotación sexual. Por su parte la jurisprudencia del Tribunal Supremo y una notable jurisprudencia me-nor (17) contribuyeron a ampliar la excepción prevista en el artículo 89 del CP a los delitosde tráfico de drogas cuando la entidad de la operación de favorecimiento excediera del actode venta a pequeña escala. En este ámbito la Fiscalía especial antidroga se opuso a la apli-cación de la expulsión sustitutiva cuando la calificación jurídica de los hechos se refirierapor ejemplo a los delitos contra la salud pública tipificados en el artículo 302.1 del CP y alblanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Asimismo, la Instrucción 3/2003 de laFiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció en su momento a favorde la no aplicación del artículo 89 del CP respecto de los delitos en los que se hubierautilizado violencia en las personas que conllevara un plus en la ofensa, o cuando implicaraun mayor riesgo para la persona o violencia innecesaria para obtener un resultado (robo encasa habitada, robo con violencia y uso de armas), asimismo cuando se causara agresióna la víctima, cuando se tratara de delitos contra la libertad sexual o formas imperfectas dedelitos graves y en los supuestos de elevación de penas de los artículos 76 y 78 del CP. Se excluyeron, además, y con carácter general los delitos cometidos por organizacio-nes criminales y el tipo contenido en el artículo 313 del CP, por concurrir en ambos casosla misma ratio que justifica el singular tratamiento de los artículos 312 y 318 bis. La vigente LO 5/2010 suprime la referencia destacada a la naturaleza del delito prefi-riendo la expresión más genérica de razones que justifiquen el cumplimiento de la condena (17) SSTS de fecha 28 de octubre de 2004; número 906/2005, de 8 de julio; Autos del Tribunal Supremo de fecha23 de septiembre de 2004, 16 de diciembre de 2004 y de 20 de enero de 2005; SSAP de Girona, Sección 4.ª, número210/2007, de 7 de mayo; Sección 3.ª, número 478/2007, de 18 de julio; Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 1.ª,número 193/2007 de fecha 10 de septiembre; Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27.ª, número 682/2007, de 31de octubre; SAP de Madrid de fecha 22 de enero de 2004, confirmada posteriormente por la STS de fecha 28 de octubrede 2004, y STS número 1546/2004, de 21 de diciembre. – 44 – 19.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsiónen un centro penitenciario en España; de esta forma se reconoce la incorporación al artícu-lo 89 del CP de la Jurisprudencia creada al efecto. Por otra parte, la reforma del apartado7 limita los supuestos de excepción a los artículos 312, 313 y 318 bis del CP, actualizandodicho precepto.B) El arraigo familiarEl arraigo fue definido por la doctrina como la concurrencia de vínculos temporales fami-liares o profesionales en España que determinan una permanencia estable y una integra-ción del extranjero en la sociedad española. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorgó al concepto devida privada y familiar un contenido más amplio, incluyendo no sólo los vínculos familiareso la larga estancia en el país del extranjero sino tambien la formación o la actividad profesio-nal que este desarrolle en el país del que podría ser expulsado. Dicha jurisprudencia matizóla idea de arraigo y exigió a los Tribunales una valoración ponderada de los intereses en con-flicto relativos a la protección de la vida privada y familiar, protección del orden público yprevención de infracciones penales, e incluso una valoración de la concurrencia en cada su-puesto de una necesidad social imperiosa y de la proporcionalidad con el fin perseguido (18).Asimismo, en el contexto del arraigo vinculado a una relación matrimonial o paternofilial,la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigió en reiteradas sentencias (19) que el vínculojustificativo del arraigo respondiera a un contenido material de asistencia y atención mínimahacia el familiar, no impidiendo la expulsión la concurrencia de relaciones colaterales. Respecto a la exigencia de acreditación de la circunstancia de arraigo, reiterada jurispru-dencia consideró que la alegación efectuada por el penado sin aportación de pruebas resultainsuficiente para evitar la expulsión (20); no obstante, el Tribunal podrá aplazar la decisión deexpulsión a sede de ejecución hasta que se acredite la veracidad de tales afirmaciones.C) El trato inhumano o degradante como límite a la expulsiónSeguidamente se hará referencia a los límites de la expulsión sustitutiva impuestos por elartículo 3 de la Convención Europea y por la exigencia de un juicio de proporcionalidadprevio a la decisión de sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión. El artículo 3 de la Convención Europea menciona tres conductas prohibidas: la tortura,las penas inhumanas o degradantes y los tratos inhumanos o degradantes. De la definición deestos conceptos se ha ocupado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (18) SSTEDH de fecha 7 de agosto de 1996; de fecha 19 de febrero de 1998, caso Bouchelkia v. Francia; de 11de julio de 2000, caso Dalia v. Francia; de 11 de julio del 2000, caso Ciliz v. Países Bajos; de 2 de agosto de 2001, casoBoultif v. Suiza, y STEDH de fecha 15 de julio de 2003, caso Mokrani v. Francia. (19) SSTS de fecha 25 de noviembre de 1985; de 30 de marzo de 1998; de 13 de enero de 1997; de 10 de marzode 2000 y de 26 de enero de 2005; AAP de Vizcaya de 17 de noviembre de 2004. (20) SSAP de Vizcaya de fecha 25 de febrero de 2004; de 5 de septiembre de 2004; de 20 de septiembre de 2004;de 3 de diciembre de 2004; de 17 de febrero de 2005; de 31 de enero de 2005, y de 13 de mayo de 2005, y Autos de laAudiencia Provincial de Vizcaya de fechas 6 de julio de 2004, 7 de julio de 2004 y 23 de julio de 2004. – 45 – 20.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríaen las SSTEDH de fecha 18 de enero de 1978, caso Irlanda v. Reino Unido; de fecha 25 deabril de 1978, caso Anthony M. Tyrer v. Reino Unido; de 18 de enero de 1978, caso Irlanda v.Gran Bretaña; de 28 de abril de 1978, caso Tyrer; de fecha 7 de julio de 1989, caso Soering. El Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe en términos absolutos la tortura.En este sentido se ha pronunciado la STEDH de fecha 15 de noviembre de 1996, en el casoChahal v. Reino Unido, que afirmó la responsabilidad del Estado parte de proteger a unapersona cuando exista un riesgo real de que pueda ser sometida a un trato contrario al ar-tículo 3 del Convenio Europeo si es expulsada hacia otro Estado. Respecto al momento en que el Estado puede vulnerar el artículo 3 del CEDH por laejecución de la expulsión y consecuencias sobre la satisfacción equitativa, me remito alartículo 50 del CEDH, que diferencia a los efectos indicados (21) entre vulneración potencialy vulneración actualpenas o tratos inhumanos o degradantes, sea cual sea la intervenciónde la víctima. En consecuencia, el Estado parte deberá proteger al extranjero contra tratosinhumanos o degradantes aunque esto implique la no ejecución de la decisión. Por otra parte y a efectos ilustrativos cabe mencionar algunas SSTEDH que calificaronla expulsión sustitutiva como contraria al CEDH (22), cuando existiera la posibilidad de queel extranjero fuera sometido en el país de destino a torturas y tratos inhumanos o degradan-tes a infligir por particulares, bien por haber participado en actividades políticas contrariasal régimen imperante o por haber colaborado con la justicia denunciando a los autores dedelitos similares a los cometidos por el extranjero sujeto a un proceso de expulsión.D) Juicio de proporcionalidad en materia de expulsiónUn segundo límite a la aplicación de la expulsión sustitutiva lo constituye el principio deproporcionalidad en la imposición de las sanciones. Es doctrina juriprudencial reiterada (23) (21) La vulneración actual significa que la expulsión ya se ha realizado y que ha provocado un daño concreto;en la vulneración potencial la expulsión no se ha ejecutado y puede provocar un daño potencial si el Estado territo-rial expulsa a un extranjero violando las normas convencionales. La diferenciación entre ambos tipos de vulneraciónpermite concretar la satisfacción equitativa prevista en el artículo 50 del Convenio Europeo. En este sentido, y antevulneraciones potenciales, la constatación de una posible vulneración puede ser considerada por el Tribunal como unasatisfacción equitativa suficiente, mientras que en el caso de las vulneraciones actuales la satisfacción no debe quedarlimitada a esta constatación, el Tribunal no puede ordenar la readmisión del extranjero expulsado y sólo procede portanto la compensación económica. El artículo 50 del CEDH permite al Tribunal fijar la satisfacción económica «si procede», con lo cual podría ocurrirque ante un daño actual las partes exijan una compensación económica y el Tribunal la deniegue. Por tanto, si bien en los casos de vulneración potencial la Jurisprudencia se muestra favorable a considerar la consta-tación de la vulneración como satisfacción equitativa suficiente, en los casos de la compensación por vulneración actualla solución es más compleja cuando se trata de determinar la cuantía de ciertos daños (en concreto los daños morales).Constituyen un ejemplo de Sentencias que han incidido sobre esta problemática las SSTEDH de fecha 21 de junio de1988, caso Berrehab v. Holanda; de fecha 18 de febrero de 1991, caso Moustaquim v. Bélgica; de fecha 23 de enero de1991, caso Djeroud v. Francia, y de fecha 24 de agosto de 1998, caso Lambert v. Francia. Se comprueba a partir de dichasresoluciones que la Jurisprudencia no ha establecido citerios generales en esta materia. Cfr. Mamatkulov v. Turquía. (22) SSTEDH de 17 de diciembre de 1996, caso Ahmed v. Austria; de 15 de noviembre de 1996, caso Chahal yotros v. Reino Unido, y de 29 de abril de 1997, caso H.R.L. v. Francia. (23) SSTEDH de fecha 18 de febrero de 1991, caso Moustaquim v. Bélgica; de 26 de marzo de 1992, caso Beldjo-udi v. Francia; de 29 de enero de 1997, caso Hadi Bouchelkia v. Francia; de 26 de septiembre de 1997 caso Boujaïdi v. – 46 – 21.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsiónque el margen de apreciación que se otorga a los Estados en materia de expulsión deberárespetar la legalidad, el principio de proporcionalidad, la condición de legitimidad y lasnecesidades de una sociedad democrática. Se consideran al efecto fines legítimos la seguri-dad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden, laprevención del delito, la protección de la salud o de la moral y la protección de los derechosy libertades de los demás. La jurisprudencia del TEDH valoró tanto la gravedad de los delitos cometidos como laefectividad de los vínculos del extranjero con los Estados de acogida y de destino, preva-leciendo los lazos familiares con la familia de origen o familia o pareja formada por el ex-tranjero, así como la relación paternofilial o maternofilial, y confirió especial importanciaa la existencia de hijos nacidos con anterioridad a la expulsión. Los precedentes creados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-manos en relación con el principio de proporcionalidad se reiteraron en el ámbito delderecho interno (24), si bien algunas de las sentencias que aquí se indican se refieren a laaplicación del juicio de proporcionalidad respecto a la expulsión administrativa.6. Ámbito temporal de la expulsión sustitutiva. Posibilidad de decidir en fase de ejecución de sentenciaEl artículo 21.2 de la LOE de 1985 y el artículo 89 del CP en su redación anterior a la refor-ma introducida por LO 11/2003 fijaron la fase de ejecución de sentencia como el momentoprocesal correcto para decidir sobre la aplicación de la expulsión sustitutiva. No obstante,el aplazamiento de esta decisión fue admitido por el Tribunal Supremo, entre otras, en lasSSTS números 330/1998, de 3 de marzo, y 1381/2000, de 11 de septiembre. A partir de la LO 11/2003 de 29 de septiembre, la aplicación de la expulsión sustitu-tiva se decidirá imperativamente en sentencia, no admitiendo su aplazamiento a la fase deejecución. La STS de fecha 21 de enero de 2002 no admitió el aplazamiento en el caso deprivación de libertad del condenado ante la posibilidad de que la sustitución de la pena sepudiera convertir en una pena añadida; sin embargo, en Sentencias posteriores sí se admi-tió dicha posibilidad siempre que se respetara el principio de contradicción y que la penaprivativa de libertad no se hubiera empezado a ejecutar (25). No obstante, y a pesar de lospronunciamentos jurisprudenciales favorables a admitir un aplazamiento en la decisión,el precepto legal es taxativo respecto a la determinación del momento procesal en que elJuez Penal debe decidir sobre la aplicación de la expulsión sustitutiva. Una interpretaciónliteral de dicho precepto no permitirá su aplazamiento al trámite de ejecución de sentencia,Francia; de 17 de abril de 2003, caso Yilmaz v. Alemania, y la STEDH de fecha 22 de abril de 2004, caso Radovanovicv. Austria. (24) SSTC de fecha 16 de diciembre de 1996; números 66/1995 y 55/1996, relativas el principio de proporcionali-dad, y número 136/1999. SSTS, Sala de lo contencioso administrativo, de fecha 18 de enero de 2007, RJ/20007/285; de25 de enero de 2007, RJ/2007/1321; de 4 de octubre de 2007, RJ/2007/6968; de 25 de octubre de 2007, RJ/2007/6500;de 26 de diciembre de 2007, RJ/2007/9038; y STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo contencioso-administrati-vo, número 679/2007, de 6 de julio. (25) STS de fecha 28 de octubre de 2004, 22 de abril de 2005, 28 de septiembre de 2005 y 23 de noviembre de2005; SAP de Vizcaya de 25 de febrero de 2004. – 47 – 22.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríapor tanto, si en el momento procesal de su dictado no constaren debidamente probadoslos elementos constitutivos que permitirían la aplicación de la expulsión, esta devendríainaplicable. Esta interpretación se justifica por los perjuicios irreparables que se causaríanal penado extranjero en aquellos casos en los que se le hubiera aplicado la medida cautelarde prisión preventiva y además hubiera permanecido en un centro penitenciario en régimende cumplimiento como penado, e incluso cuando el penado extranjero hubiera iniciado elcumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia; en ambos casos laexpulsión no sería sustitutoria sino acumulativa de la pena privativa de libertad que se pre-tende sustituir. La propia LO 19/2003, de 23 de diciembre, obvia este dato cuando afirmaen su disposición adicional 17.ª que la sentencia que acuerde la sustitución dispondrá laejecución de la pena privativa de libertad o medida de seguridad originariamente impuestahasta tanto la autoridad gubernativa proceda a materializar la expulsión. La LO 5/2010 tanto en su apartado primero, aplicable a las penas privativas de libertadinferiores a seis años, como en el apartado 5, aplicable a cualquier tipo de pena privativade libertad, permite que se decida la sustitución de la pena por la expulsión en sentencia obien en auto motivado posterior en el primer caso, y en sentencia o durante su ejecuciónen el segundo caso, subsistiendo los problemas derivados de la posible acumulación desanciones.7. La expulsión como medida sustitutiva del cumplimiento del último tramo de la pena de prisiónEl artículo 89 del CP, en su redacción conforme a la LO 11/2003, de 29 de septiembre, dis-puso que los Jueces o Tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, acordarán en sentenciala expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legal en España condenado apena de prisión igual o superior a seis años en el caso de que el extranjero haya accedido altercer grado penitenciario o una vez haya cumplido las tres cuartas partes de la condena. De la lectura del citado artículo cabe inferir que este tipo de expulsión instada por elMinisterio Fiscal y acordada por el Juez sentenciador y no por el Juez de Vigilancia Peni-tenciaria no será aplicable a los extranjeros condenados a penas privativas de libertad infe-riores a seis años que se encuentren cumpliendo condena. En este caso nada impediría, sise cumplieran los requisitos para la concesión de la libertad condicional, que el extranjeropudiera acceder a dicho beneficio penitenciario (26) al igual que a aquellos otros derivadosde su clasificación en el tercer grado. Asimismo el citado precepto impuso el requisito deque el penado haya cumplido las tres cuartas partes de la condena o que el extranjero hayaaccedido al tercer grado penitenciario. La LO 5/2010 modificó el ámbito objetivo del precepto haciéndolo extensivo a cual-quier pena privativa de libertad, para el caso de que el extranjero hubiera accedido al tercergrado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, salvo que, previa au- (26) El artículo 89 en su redacción conforme a la LO 11/2003, de 29 de septiembre, impide a los extranjeros noresidentes legalmente en España su acceso a la libertad condicional ordinaria, ya que la decisión de expulsión adoptadapor el Tribunal sentenciador vincula al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que no podrá aprobar una propuesta de liber-tad condicional basada en el artículo 197 del Reglamento Penitenciario, ni tampoco otorgar la libertad condicional alpenado extranjero permaneciendo este en España. – 48 – 23.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsióndiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada, el Juez aprecie razones que justifiquensu cumplimiento en España. Por último, cabe indicar que la doctrina expuesta en el apartado 3.5 del presente capítu-lo, sobre las excepciones y límites a la aplicación automática del precepto, es aplicable ensu integridad al presente supuesto y a la sustitución íntegra de la pena privativa de libertadpor la expulsión. Respecto al momento procesal adecuado para formular la solicitud de expulsión espráctica habitual de la Fiscalía plantearlo en el escrito de calificación provisional, si bienla CFGE 2/2006 no observó ningún obstáculo a que la petición se sustancie en el trámi-te de elevación de las conclusiones provisionales a definitivas si se hubiera omitido conanterioridad, sin perjuicio de que se otorgue a la defensa para evitar indefensión un plazoadicional para estudiar las alegaciones formuladas y aportar elementos probatorios si asíse estima oportuno.8. Efectos de la expulsión e imposibilidad de ejecuciónA) Efectos de la expulsiónConforme a lo dispuesto en el artículo 89 del CP, son efectos de la expulsión sustitutiva elarchivo de cualquier procedimiento administrativo sobre autorización para residir y traba-jar en España y la prohibición de entrada en el territorio nacional. Con anterioridad a la reforma introducida por la LO 11/2003, de 29 de septiembre,al extranjero al que se hubiera impuesto una prohibición de regresar a España y fuerasorprendido en la frontera se le imponía la expulsión, y si era sorprendido dentro del paísse procedía a la ejecución de la totalidad de la pena si esta era inferior a seis años, o biendel plazo que restaba por cumplir si la pena era superior a seis años. A partir de la citadareforma el quebrantamiento de la prohibición de regreso implicaba la devolución del ex-tranjero por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo íntegrode prohibición. La LO 11/2003 estableció un período fijo de prohibición de regreso aEspaña de diez años computable desde la fecha de expulsión, y no admitió la posibilidadde individualizar la prohibición en función del delito cometido. La LO 5/2010 introduceun plazo de prohibición de regreso que oscila entre los cinco y los diez años, recuperandoun cierto arbitrio judicial en la citada prohibición. Por otra parte el artículo 89.4 restablecelos efectos derivados del regreso a España antes de transcurrir el período de prohibición eintroduce un nuevo apartado 6 aplicable a los supuestos en los que el extranjero no quedeefectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, en cuyo caso el Juezo Tribunal podrá acordar su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros en lostérminos y con los límites y garantías previstas en la ley para la expulsión gubernativa. Laaplicación de este apartado puede plantear problemas relativos a la determinación del ór-gano competente para controlar el límite del internamiento (autoridad administrativa, JuezPenal), y posible abono del tiempo de permanencia del extranjero en dicho centro. Respecto a la responsabilidad civil derivada de delito, la Fiscalía no consideró impe-dimento para la expulsión sustitutiva la falta de aseguramiento de las responsabilidadesciviles, cuya tramitación debería continuarse hasta que concluyeran debidamente. – 49 – 24.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríaB) Imposibilidad de ejecutar la expulsiónLa imposibilidad material de ejecutar la expulsión, bien porque el país de origen no admiteal ciudadano extranjero o bien porque se encuentre indocumentado y no fuera posible deter-minar su país de origen, determinará, según lo dispuesto en el artículo 89.1.5 del CP, el cum-plimiento de la pena privativa de libertad originariamente impuesta o del período de condenapendiente. No obstante, en el caso de que inicialmente no se pueda ejecutar la expulsión perocon posterioridad se consiga identificar al extranjero y determinar cuál es su país de origen, ladisposición adicional 17.ª de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgá-nica del Poder Judicial, prevé que cuando un Juez o Tribunal acuerde la expulsión, la autori-dad gubernativa deberá hacerla efectiva en el plazo más breve posible, y en todo caso dentrode los treinta días siguientes a la resolución de expulsión. Mientras esta no se haga efectiva elextranjero iniciará el cumplimiento de la pena privativa de libertad que le fue impuesta. El contenido de la disposición adicional 17.ª permite plantear qué sucedería en el su-puesto de que un extranjero condenado a una pena de cinco años de prisión no pudiera serexpulsado hasta tan solo tres meses antes del cumplimiento íntegro de la pena. Teóricamen-te sería posible su expulsión a tenor de lo establecido en la disposición adicional 17.ª, perosi la expulsión efectiva se llevara a cabo en dichas circunstancias se produciría un efecto in-deseado de acumulación de sanciones y constituiría una vulneración del principio non bis inidem, ya que al cumplimiento prácticamente total de la pena privativa de libertad se añadiríala ejecución de la expulsión por los mismos hechos e idéntico fundamento, y además la pro-hibición de entrada en el territorio nacional. La solución que ofreció el ATC núm. 132/2006,de 4 de abril (27), quedó descartada a tenor de lo dispuesto en el artículo 89.1.3 del CP. Como puede comprobarse el ordenamiento jurídico no prevé la posibilidad de com-pensar el tiempo de prisión del penado extranjero, constituyendo esta circunstancia unaexcepción al régimen general de ejecución de las penas sobre sistemas de compensaciónindiscutibles y aplicables de forma automática a los penados nacionales. No obstante loanterior, la LO 5/2010 permite pensar en una posible compensación, ya apuntada en su mo-mento por el Tribunal Constitucional, atendiendo al limitado arbitrio judicial que instauraen materia de prohibición de regreso a España.9. Análisis críticoConsidero de interés resumir en este epígrafe los inconvenientes observados en el estudiodel artículo 89 del CP: El primero relativo a la ausencia de mecanismos de compensacióndel período en que el extranjero permanezca en situación de prisión preventiva, y el segun-do al efecto acumulativo de sanciones a que da lugar la aplicación del citado artículo. El primer problema se planteará cuando al extranjero imputado en un proceso penalse le aplique la medida cautelar de prisión preventiva si posteriormente fuera condenado a (27) Auto del Tribunal Constitucional núm. 132/2006, de 4 de abril: «(...) el extranjero cuya expulsión no hayapodido realizarse en el plazo máximo legal establecido, tiene acceso, en la medida en que reúna los requisitos legal-mente exigidos para ello en los artículos 80, 87 y 88 CP, a la posible suspensión de la ejecución de la pena privativade libertad que haya sido impuesta, o a su sustitución por otras menos gravosas, en las mismas condiciones que lospenados de nacionalidad española y que los penados extranjeros con residencia legal en España». – 50 – 25.
II. La intervención de la jurisdicción penal en el ámbito de la expulsiónuna pena privativa de libertad sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohi-bición de regreso a España. Surge el problema cuando la prisión preventiva aplicada a unimputado extranjero no es compensable con la pena privativa de libertad impuesta, comosucedería en el caso de un penado nacional. La solución que se dio inicialmente de com-pensación con el período de prohibición de entrada quedó descartada por la redacción delpropio precepto, que imponía al extranjero un período de prohibición fijo de diez años; noobstante, dicha solución puede ser repensada a partir de la nueva redacción del apartado 2del artículo 89 del CP en su redacción conforme a la LO 5/2010, que introduce un limitadoarbitrio judicial en la prohibición de regreso a España. Igualmente preocupantes resultan aquellos casos en los que el extranjero inicia el cum-plimiento de la pena privativa de libertad mientras se realizan las averiguaciones tendentesa determinar el país de destino a efectos de expulsión, e incluso en aquellos casos en losque el penado hubiera extinguido prácticamente la mitad de la pena privativa de libertad yse pretendiera ejecutar la expulsión. En ambos supuestos resulta evidente que la expulsiónno sería sustitutoria sino acumulativa de la pena privativa de libertad que se pretende sus-tituir, y todo ello a pesar de la cobertura legal que otorga la disposición adicional 17.ª de laLO 19/2003, de 23 de diciembre, al primero de los casos mencionados. Para terminar el presente estudio me referiré a dos cuestiones: la controvertida natura-leza jurídica de la expulsión sustitutiva, en la que no me detendré especialmente ya que fuetratada en el apartado 3.1 de este trabajo, y una segunda en la que haré un breve apunte sobrela reacción de la jurisprudencia ante las dificultades que suscitan los artículos estudiados. Respecto a la primera de las cuestiones planteadas es mi intención subrayar el carácterde sanción que acompaña al instituto de la expulsión y la dificultad que representa man-tener dicha figura entre las categorías penales, destacando especialmente la distorsión queocasiona en el orden punitivo incluir la expulsión sustitutiva entre las medidas de seguridadprevistas en el artículo 96.2.2.ª del Código Penal, vinculando al extranjero a un juicio auto-mático de peligrosidad basado exclusivamente en el concepto de nacionalidad. Respecto a la segunda cuestión, destacaré el papel indiscutible que ha desempeñadola jurisprudencia del Tribunal Supremo en su intento de introducir coherencia en la aplica-ción de ambos artículos, impidiendo que el carácter excepcional de la materia conllevarauna distorsión del orden jurídico. Fuera del ámbito jurisprudencial la Fiscalía General del Estado fijó las directrices deintervención del Ministerio Fiscal en sus actuaciones ante los tribunales y respecto a losextranjeros incursos en causas penales. Son representativas las Consultas 5/1987, 2/1990,12/1997 y 1/2000; las Instrucciones 6/1991, 2/2001, 4/2001, 2/2002, 3/2003 y 6/2004, y lasCirculares 1/1994, 3/2001, 1/2002 y 2/2006, que contienen pronunciamientos de interés so-bre la naturaleza de la expulsión, su ámbito de aplicación, contenidos y efectos, orientandomediante sus instrucciones la actuación del Ministerio Fiscal en su condición de defensorde la legalidad en el ámbito penal.No obstante, lo afirmado respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es apli-cable a la Jurisdicción Constitucional, cuya intervención sobre este tema resultó un tantosesgada, máxime tratándose de una normativa cuya aplicación directa podría afectar aalgunos de sus artículos, y laxa en cuanto a la interpretación de algunas cuestiones quepueden afectar a la configuración del instituto de la autorización judicial de la expulsión – 51 – 26.
Revista de Derecho migratorio y extranjeríaadministrativa y de la expulsión penal, como es el caso de su aceptación pacífica de lanaturaleza jurídica de la expulsión (véase la STC 24/2000, de 31 de enero); asimismo, lospronunciamientos relativos a la consideración de la tutela cautelar como parte integrante dela tutela judicial efectiva que dificultan en el caso objeto de estudio el desenvolvimiento delderecho al recurso, los pronunciamientos relativos al principio non bis in idem, que cierrantoda posibilidad de aplicación de dicho principio en el ámbito de la expulsión judicial (portodas, las SSTC 236/2007, de 7 de noviembre, y 234/1991, de 10 de diciembre) y, por úl-timo, la tesis del Tribunal Constitucional (STC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 9) contrariaa la vinculación de la expulsión a los fines de reeducación y resocialización propios de lassanciones en el orden penal, basándose en la distinción entre medidas de seguridad privati-vas de libertad y no privativas de libertad entre las cuales se encuentra la expulsión.IV. CONCLUSIONESLa jurisdicción ordinaria se ha visto obligada a asumir en su integridad un papel que enprincipio debería haber compartido con la jurisdicción constitucional. Se echan de menospronunciamientos del Tribunal Constitucional más definidos, en orden a una cuestión queentendemos es susceptible de revisión y cuya ausencia ha sido la causa de que hasta elmomento dicha tarea haya sido absorbida prácticamente en su totalidad por la jurisdicciónordinaria. No obstante, los precedentes jurisprudenciales de los que se dispone contribuyena paliar las deficiencias que en la práctica plantea el texto legal, todavía subsistentes en la re-ciente reforma introducida por la LO 2/2009, cuyo artículo 57.7 incluye alguna novedad perono contiene una reforma sustancial del texto, ya que se mantienen los efectos indeseados dela omisión del trámite de audiencia y la aplicación semiautomática del precepto, soslayadatan solo con la supresión de la referencia a las circunstancias excepcionales justificativas dela denegación. Cabe decir, por tanto, que la LO 2/2009 pierde de nuevo la oportunidad demejorar la situación de los extranjeros incursos en un procedimiento administrativo y penalde expulsión, persistiendo en la legislación los inconvenientes analizados. Por otra parte, la reforma introducida por la LO 5/2010 en el ámbito de la expulsiónsustitutiva mejora en cuanto a la exigencia del trámite de audiencia que recoge en toda suamplitud, pero su escaso alcance no hizo perder novedad a algunas de las cuestiones plan-teadas en este trabajo, manteniendo plena vigencia la discusión sobre la naturaleza jurídicade esta figura, la automaticidad en la aplicación del precepto y en especial la acumulaciónde sanciones que se produce como consecuencia de su aplicación. Por tanto, visto lo ante-rior, se podría prever que la reforma del Reglamento 1162/2009 de 10 de julio, cuyo textodefinitivo fue aprobado en el Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, y sobre el cualla Comisión permanente del Consejo de Estado en sesión celebrada el 7 de abril de 2011emitió el dictamen 515/2011, no dará lugar a más comentarios sobre el alcance de la citadareforma con referencia a los artículos estudiados. No obstante, se insiste en la problemáticaque plantea su aplicación a fin de suscitar la necesidad de conciliar los posibles intereses dela política inmigratoria con el respeto a la coherencia en el orden jurídico, con tendencia acrear una normativa equilibrada que no quebrante los principios y garantías que en el casode los delincuentes nacionales se dan por supuesto, permitiendo a su vez a los operadoresjurídicos aplicar la norma sin que se vean obligados a realizar tensas interpretaciones deltexto legal. – 52 – Recommended