Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-9822-de-julio-14-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ab62f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-21 23:02:21
Document Index: 350033615

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 519', 'artículo 519', 'artículo 519', 'artículo 338', 'artículo 519']

﻿ SENTENCIA 9822 DE JULIO 14 DE 2000
SENTENCIA 9822 DE 14 DE JULIO DE 2000
CONTENIDO:TARIFA DEL IMPUESTO DE TIMBRE PARA CONTRATOS DE CUANTÍA INDETERMINADA. SE DECLARA LA NULIDAD DEL CONCEPTO 46362 DEL 14 DE MAYO DE 1999, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, DIAN, IMPUESTO DE TIMBRE, SUJETOS DEL IMPUESTO DE TIMBRE, HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE TIMBRE, TARIFA DEL IMPUESTO DE TIMBRE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:346 DE OCTUBRE DE 2000, PÁG.1971
Sentencia 9822 de julio 14 de 2000
TARIFA DEL IMPUESTO DE TIMBRE
CONTRATOS DE CUANTÍA INDETERMINADA
Ref.: Expediente 9822
—Acción Pública de Nulidad— Concepto 46362 del 14 de mayo de 1999.
EXTRACTOS: «Corresponde en esta oportunidad a la Sala, pronunciarse sobre la legalidad del Concepto 46362 expedido por la oficina nacional de normativa y doctrina —división doctrina— el 14 de mayo de 1999.
El fundamento legal del acto acusado, se basa en el artículo 36 de la Ley 383 de 1997, que según como se encuentra analizado en el concepto, “(...) dispuso que el impuesto de timbre cuando no es posible determinar la cuantía, se causará a la tarifa del 1% sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento, durante el tiempo que dure vigente. Así mismo, de conformidad con el mismo artículo 36, tal disposición sólo será aplicable para los contratos que se suscriban, modifiquen o prorroguen a partir de la vigencia de dicha ley, es decir, a partir del 14 de julio de 1997”.
En primer término advierte la Sala, que la solicitud de fallo inhibitorio elevada por la colaboradora fiscal, con fundamento en la falta de competencia del funcionario que expidió el concepto acusado, “delegado división doctrina”, cuando en los términos del artículo 13 literales c) y h) del Decreto 1725 de 1997 correspondía a la oficina jurídica, por lo que a su juicio el concepto cuya nulidad se solicita no es un verdadero acto administrativo susceptible de ser impugnado ante esta jurisdicción, no puede ser objeto de pronunciamiento en el presente fallo, como quiera que no fue objeto de litis y sólo vino a ser propuesta con ocasión de los alegatos de conclusión, motivo por el cual de resolverse se estaría vulnerando el derecho de defensa de la parte demandada, quien por no conocer la inconformidad no ha podido presentar explicación alguna sobre ella, de tal suerte que este aspecto en el acto acusado goza de presunción de legalidad.
Para efectos de resolver cuál es el hecho generador del impuesto de timbre, y, si éste varía tratándose de contratos de cuantía determinada o de cuantía indeterminada, es procedente transcribir los artículos 1º y 519 del estatuto tributario.
“ART. 1º—Origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generador del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo”.
“ART. 519.—Regla general del impuesto y tarifa. El impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000), (valor año base 1992), en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a ciento sesenta y ocho millones ochocientos mil pesos ($ 168.800.000), (valor año base 1992). (Tarifa modificada L. 488/98, art. 116).
Para los contratos celebrados por constructores para programas de vivienda, el aumento de tarifa dispuesto en este artículo sólo será aplicable a partir del primero (1º) de julio de 1998 (L. 383/97, art. 35, inc. modificado).
Lo anterior será aplicable para los contratos que se suscriban, modifiquen o prorroguen a partir de la presente ley (L. 383/97, art. 36, inc. modificado)”.
Jurídicamente, la base gravable constituye la base de cálculo del impuesto, de suerte que debe corresponder a un criterio objetivo y jurídico que únicamente puede señalar el legislador. Tal criterio, lógicamente debe ser acorde con el hecho generador del impuesto, elemento este que no puede perder su naturaleza o esencia al momento de definir la base gravable del tributo, como quiera que es el núcleo central del mismo.
Tal posición lo que demuestra es que el acto acusado, confunde los conceptos de base gravable, hecho generador y causación del impuesto, para convertir la base gravable del impuesto en su hecho generador, preválida del argumento de que el inciso 5º del artículo 519 de estatuto tributario se refiere a la “causación”, término que interpretado armónicamente con todo el artículo 519 del estatuto tributario y no en forma aislada como si se tratara de dos impuestos diferentes, hace referencia es al momento en que se hace exigible el tributo en atención a que con el pago o abono en cuenta, viene a determinarse la base gravable de éste, que, se insiste, es de carácter instantáneo, y se origina con el otorgamiento o aceptación de contratos o documentos donde consten obligaciones económicas.
Por consiguiente, la interpretación dada por la administración en el concepto acusado, riñe con la estructura del impuesto de timbre, que como se vio, se caracteriza por ser eminentemente documental, luego no se puede confundir su causación o exigibilidad que se produce al momento de determinarse su base gravable, con el pago o abono en cuenta tratándose de contratos o documentos de cuantía indeterminada, con el hecho generador del impuesto definido en la ley como el otorgamiento o aceptación de instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión y la aceptación de la oferta mercantil cuando se haga en documento separado.
Sostener que el hecho generador varía, según si la cuantía del contrato es determinada o indeterminada, y que para contratos o documentos de cuantía indeterminada el hecho generador del impuesto de timbre está constituido por el pago de la obligación subyacente a la obligación tributaria, implica desconocer abiertamente lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 519 del estatuto tributario, para efectos de tales contratos, lo cual no es posible en atención a que es ese inciso 1º el que define el hecho generador del impuesto de manera general, para todo tipo de contrato o documento. No puede olvidarse que el pago que se efectúa en cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato o documento de cuantía indeterminada, corresponde a la ejecución de éste, y no al hecho generador del impuesto.
Igualmente advierte la Sala, que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 338 de la Constitución Política, la tarifa de los impuestos debe estar predeterminada al momento en que se verifica el hecho generador que da origen a la obligación tributaria, que se reitera, en este caso, es la suscripción, modificación, prórroga, otorgamiento o aceptación de documentos donde consten obligaciones económicas, por constituir la tarifa uno de los elementos del tributo que sólo puede ser señalado por el legislador, el que otorga seguridad jurídica a los contribuyentes, quienes previamente a contraer obligaciones con consecuencias fiscales que se derivan en la imposición de un impuesto, tienen el derecho a conocer la tarifa de tal impuesto, así como la definición legal de su base gravable, a pesar de que ésta sólo puede ser cuantificada con posterioridad a la concreción del hecho generador previo a realizar el hecho descrito en la ley como de tal manera que no puede ser variada en forma arbitraria con posterioridad a que ha surgido en cabeza del contribuyente la obligación tributaria.
Conforme a lo expuesto a lo largo de la providencia, aceptar que es el pago o el abono en cuenta el que genera la obligación tributaria, implica aceptar que un simple pago o abono en cuenta que no se origina en un contrato o documento de los descritos en el inciso 1º del artículo 519 del estatuto tributario; genera el impuesto de timbre, de tal suerte que no es posible deslindar los incisos 1º y 5º, para efectos de establecer el hecho generador del impuesto y afirmar que varía según la cuantía sea determinada o indeterminada.
Nótese que el propio legislador en el inciso 6º de la norma referida, al prever que “Lo anterior será aplicable para los contratos que se suscriban, modifiquen o prorroguen a partir de la presente ley (L. 383/97, art. 36, inc. modificado)”, reiteró que el núcleo central de la obligación tributaria derivada del impuesto de timbre, es la suscripción, modificación o prórroga de contratos o documentos y no el pago derivado de ellos, el cual no constituye nada diferente que la base gravable del impuesto.
DECLÁRASE la nulidad del concepto 46362 del 14 de mayo de 1999, expedido por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, envíese el expediente al tribunal de origen y cúmplase.
Se deja constancia de que esta providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha».