Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4419-de-noviembre-25-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420670f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-01 19:34:08
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 64', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 8']

﻿ SENTENCIA 4419 DE NOVIEMBRE 25 DE 2004
SENTENCIA 4419 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:RÉGIMEN SALARIAL. SE DECLARA LA NULIDAD DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 1480 DEL 19 DE JULIO DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
Sentencia 4419 de noviembre 25 de 2004
Radicación 11001-03-25-000 2001 0305-01(4419-01)
Actor: David López Larrota.
El artículo 8º del Decreto 1480 de julio 19 de 2001 mediante el cual se fijó el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, cuya nulidad se impetra en el caso objeto de examen, es del siguiente tenor:
Fiscal delegado ante jueces del circuito secretario general
Ya la Sala de esta sección, al examinar la legalidad del artículo 8º del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000, que contemplaba en los mismos términos de la norma acusada la prima especial de servicios, mediante sentencia reciente del 15 de abril de 2004, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. Expediente 712-01, se pronunció declarando la nulidad del artículo 8º del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000, mediante el cual se dictaron normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, con los siguientes argumentos que es preciso transcribir en este proveído, pues estos se constituyen en fundamento de la decisión que habrá de tomarse:
Valga recordar que a raíz de la creación de la Fiscalía General de la Nación por la Constitución Política de 1991, se expidió el Decreto 2699 de ese año, contentivo del estatuto orgánico de esa entidad, en el cual se contempló el régimen salarial y prestacional de sus servidores; que como la vinculación de estos estuvo dada en gran medida por la incorporación de empleados y funcionarios provenientes de la rama judicial, en el numeral 3º del parágrafo del artículo 64 de dicho decreto se dispuso que estos podían optar por el régimen salarial y prestacional que tenían o por la escala de salarios prevista en el artículo 54 de ese estatuto, opción que podían ejercer durante los seis meses siguientes a su incorporación.
De igual manera, en el numeral 1º de ese parágrafo se estatuyó que quienes se vincularan por primera vez a la fiscalía se acogieran a la escala salarial prevista en el artículo 54 ibídem, solo tendrían derecho al sueldo que correspondiera al cargo según la nomenclatura y escala de salarios señalados, pero no tendrían derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras especiales que estuvieren percibiendo antes de la incorporación a esa institución.
1. Con base en la letra e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política; en el artículo 1ºde la Ley 4ª de 1992 y en la Sentencia C-312 de fecha 25 de junio de 1997, pretendese concluir que el Gobierno Nacional tenía poder para expedir la norma objeto de ataque, pues se le había facultado para fijar el régimen salarial de los empleados de la Fiscalía General de la Nación. Que en el desarrollo de sus atribuciones se fijaron las escalas de remuneración de la FGN a partir del 1º de enero de 1993, a través de los decretos 52 y 53 de este año. Y concluye que, así las cosas, en la FGN se advierten dos regímenes salariales: uno, el de los funcionarios provenientes del poder judicial antes de la creación de la fiscalía; y otro, el de quienes se vinculen a laFGN a partir de la vigencia de los decretos 52 y 53 ya mencionados, sin que provengan de ninguna otra parte. Este régimen puede ser optado por los del primer grupo con sujeción a las normas legales aplicables.
A lo anterior se le responde del siguiente modo:
Es incuestionable que el Gobierno Nacional tenía facultad, a la luz de la Constitución y de la ley marco, para fijar el régimen salarial de los empleados de la fiscalía, pero no es menos evidente que esa atribución no era ilimitada; por lo contrario, como lo manda el artículo 150, número 19, letra e), el gobierno debe sujetarse a los criterios y objetivos fijados en la ley marco, que para el caso que nos ocupa es la Ley 4ª de 1992 en su artículo 14. Y es por eso por lo que, en desarrollo de esté ordenamiento superior, dicha ley estableció en su artículo 1º que “El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional”, entre otros, de los empleados de la Fiscalía General de la Nación. De donde se infiere que no se trata de un poder absoluto o arbitrario, sino sometido al respeto del principio de la legalidad; pilar incuestionable de nuestro Estado social de derecho.
Ahora bien, el hecho de que en la Fiscalía General de la Nación existan dos regímenes salariales en nada otorga legalidad a la prima especial sin carácter salarial que se consagró en la norma acusada para quienes están sujetos al régimen y escala salarial establecidos en los decretos 52 y 53 de 1993, aplicables tanto a los que hayan optado por este como a los que se vincularon a la FGN a partir de la vigencia de estos ordenamientos.
Se repite que no se controvierte la facultad del ejecutivo de fijar la escala de remuneración de los empleados de la fiscalía, que si la de fijar una prima especial sin carácter salarial por fuera del marco legal, pues ello constituye vicio de nulidad protuberante.
Desde ningún punto de vista es admisible el argumento a que se acaba de aludir. En efecto, por una parte, si se tiene en cuenta que el referido Decreto 52 de 1993, por ser norma que desarrolla la Ley 4ª de 1992 como cualesquiera otros que tengan tal propósito, como por ejemplo los decretos 900 de 1992 y 53 de 1993, resulta imposible jurídicamente y a la luz de la lógica de los hechos y de su natural concatenación, que la Ley 4ª de 1992, se refiera, cuando consagra su excepción, a ordenamientos que aún no existían, pues fue con posterioridad a ella que se expidieron. No es factible por muy sabio que sea el legislador, que obre en el texto de una ley como arúspice o adivino de los precisos contenidos de los decretos que se expedirán por la rama ejecutiva del poder público en desarrollo de la ley marco. Ello es inadmisible y no tiene cabida por repugnar a la labor de hermenéutica que debe desarrollar el juez contencioso administrativo, como cualesquiera otros jueces.
Pero, por si lo anterior fuese poco, el razonamiento que se crítica incurre en un yerro mayúsculo por ser contradictorio y salirse de las pautas o principios de la lógica. En efecto, por una parte sostiene que la excepción del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se refiere a los funcionarios cuya escala salarial se encuentra establecida en el Decreto 52 de 1993, es decir, la escala fijada para la totalidad de los funcionarios y empleados de la FGN (2) . Ello significa, dado que la excepción alude a los que no tienen derecho a la prima especial sin carácter salarial, que ninguno de los funcionarios de la fiscalía podría ser favorecido con la mencionada prima. Sin embargo, a continuación se sostiene que “el Gobierno Nacional gozaba de facultades suficientes para expedir los decretos impugnados, al establecer para determinados funcionarios de la FGN una prima especial del 30% del salario básico mensual sin carácter salarial”.
Y la Ley 476 de 1998 es apenas de carácter aclaratorio y no tiene incidencia en el contenido de la ley marco, la cuál, al conservar su contenido en lo fundamental debió ser acatada por el gobierno cuando expidió el decreto acusado.
Los anteriores argumentos que expuso otrora la Sala son perfectamente aplicables al caso sometido a estudio, lo que impone adoptar la misma decisión, declarando la nulidad del artículo 8º del Decreto 1480 del 19 de julio de 2001, acusado en esta litis, norma que es del mismo tenor que la que se examinó en el precitado expediente 712-01.
DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo 8º del Decreto 1480 del 19 de julio de 2001.
(2) Folio 17 de la mencionada ponencia 17021.
(3) Folio 20 de la mencionada ponencia 17021.