Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00231-de-febrero-11-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_4ad1ee2baa754a239489d874c4a59c7c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 18:15:25
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 33', 'artículo 59', 'artículo 33', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 33', 'e contrario', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 33']

﻿ Sentencia 2013-00231 de febrero 11 de 2015
SENTENCIA 2013-00231 DE 11 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. SE CONFIGURA EL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1123 DE 2007, CUANDO SE ACTÚA EN CONTRA DE LA RECTA Y LEAL REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA, AL ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A UN TESTIGO ACONSEJÁNDOLE HACER EN SU DECLARACIÓN AFIRMACIONES QUE NO CORRESPONDÍAN CON LA REALIDAD MATERIAL, EN DETRIMENTO DE SU CONTRAPARTE. ESTA FALTA ES DE MERA CONDUCTA Y SU CONFIGURACIÓN NO ATIENDE A QUE EL RESULTADO EFECTIVAMENTE SE DÉ, SINO QUE SE REPROCHA QUE EL PROFESIONAL DEL DERECHO UTILICE SUS CONOCIMIENTOS JURÍDICOS PARA DEFRAUDAR A SU CONTENDIENTE EN DETRIMENTO DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EN EFECTO, PESE A QUE EL TESTIGO NO HAYA DECLARADO COMO SE LO ACONSEJÓ EL GESTOR, SU CONDUCTA CONSTITUYÓ UN ACTO TRAMPOSO PUES PRETENDÍA DEFRAUDAR LAS ASPIRACIONES JURÍDICAS DE LA CONTRAPARTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TESTIGO, CORREO ELECTRÓNICO, ABOGADO
Sentencia 2013-00231 de febrero 11 de 2015
Exp.: 050011102000201300231-01
Proyecto Registrado el 10 de febrero de 2010
Aprobado según acta de Sala 9
Bogotá. D.C., once de febrero de dos mil quince.
La Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones emitidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º de la Carta Política(7) y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996(8), en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(9).
Teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento del abogado Sergio Andrés Alzate Chaverra, a efecto de valorar de acuerdo con los argumentos expuestos por el abogado defensor de confianza en el recurso apelación a fin de establecer si se confirma o no la decisión de primera instancia.
De las copias del expediente se observa que la señora María Magdalena Durango David en el mes de agosto de 2008, inició un proceso ordinario laboral de mayor cuantía en contra de Pórticos Ingenieros Civiles S.A. y Julio Arturo Gómez Roldán relativo a determinar la responsabilidad por el fallecimiento del señor Guillermo de Jesús David Manco al interior de la obra de construcción “La Estrada”.
El juicio fue tramitado inicialmente al interior del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, no obstante se continuó la actuación en el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión de la misma ciudad, que el 7 de diciembre de 2012, emitió sentencia declarando solidariamente responsables a los accionados.
El 25 de octubre de 2012, el abogado Sergio Andrés Alzate Chaverra envió un correo electrónico desde la dirección jurídica@porticossa.com, al correo ospinahector@hotmail.com, que es el correo electrónico del señor Héctor Ospina, manifestando lo siguiente:
“en la obra la Strada (donde pórticos fue la constructora, pero que en los testimonios que se van a dar vamos a decir que no fue Pórticos la constructora), falleció un trabajador (Guillermo de Jesús David Manco) de un contratista de Pórticos (Julio Gómez).
Con ocasión de este accidente que le ocasionó la muerte de ese trabajador, la familia de finado, inició proceso en contra del contratista Julio Gómez, Pórticos y de constructora la Strada (…) luego se vinculó a Inmobiliaria Proactiva.
La idea del testimonio que ustedes van a rendir es manifestar lo siguiente:
1. Pórticos no ejecutó ningún tipo de obra civil en la Strada.
2. La única relación que se tenía en la obra fue con la constructora la Strada. Se hizo mediante oferta mercantil donde se presentaron los servicios de control de costos, programación y Sistema de Gestión de la Calidad.
3. La construcción material de la obra estuvo a cargo de la constructora La Estrada.
4. Julio Gómez no fue contratista de Pórticos, si lo fue de constructora La Estrada (liquidada ya)
Todo lo demás el doctor Elías minutos antes de la audiencia les comentará.” (Sic a lo transcrito)(10)
Obra igualmente copia del acta de la actuación del 22 de noviembre de 2012, realizada al interior del juicio laboral en la cual el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión de Medellín se constituyó en audiencia pública a fin de recibir la declaración de los señores Julio Gómez Roldán y Héctor Opina Vargas, este último manifestó lo siguiente:
“prueba de que era Porticos (sic) el contratista suministró al juzgado un correo enviado a mi nombre el jueves 25 de octubre a las 10:28-36 am por un señor de nombre Sergio Andrés Alzate Chaverra quien firma como abogado de Porticos, en donde de manera descarada y sin ningún respeto me pide que mienta en este proceso diciendo “en la obra la Strada (donde pórticos fue la constructora) pero que en los testimonios que vamos a decir que no fue Porticos la constructora) falleció un trabajador (Guillermo de Jesús David Manco)(…)” (sic a lo transcrito)(11)
Sintetizados los hechos, se procede a estudiar los elementos estructurales de la falta disciplinaria a fin de establecer la responsabilidad del letrado inculpado.
Tipicidad. Al abogado investigado la primera instancia le endilgó la falta establecida en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, que señala:
En el presente caso no hay duda que el abogado investigado el 25 de octubre de 2012, envió un correo electrónico al señor Héctor Ospina aconsejándole decir en su declaración, unas afirmaciones que no correspondían con la realidad material, en detrimento de la parte demandante, hecho del cual no cabe duda pues fue reconocido por el mismo disciplinable, escribiendo en el correo: En la obra La Estrada (donde Pórticos fue la constructora, pero que en los testimonios que se van a dar vamos a decir que no fue Pórticos la constructora). (...) (Negrillas fuera del texto).
Nótese que el abogado en dicha comunicación, afirmó inicialmente un hecho y posteriormente indicó que en virtud de los testimonios que se van a rendir, se establecerá lo contrario. Lo anterior es suficiente para establecer que lo pretendido por el abogado era que el señor Ospina en calidad de testigo realizara un acto fraudulento, pues le aconsejó exponer situaciones falsas ante el Juzgado Sexto Laboral de Medellín.
Como la norma contiene un ingrediente normativo consistente en que el acto fraudulento se efectúe en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, hay claridad que lo pretendido por el disciplinado al enviar el correo aconsejando al testigo, era crear una prueba falsa al interior del proceso a fin de exonerar a la empresa Pórticos S.A. de responsabilidad, con lo cual se comprueba la intención de defraudar a la contraparte. En efecto, al ser la falta disciplinara de merca conducta, su configuración no atiende a que el resultado efectivamente se de, lo reprochable es que el profesional del derecho utilice sus conocimientos jurídicos para defraudar a la accionante en detrimento de la propia administración de justicia.
Ahora bien, el doctor Alzate Chaverra expuso como argumentos defensivos el hecho de no haber instado al testigo a decir mentiras en su declaración ante el Juzgado Laboral en mención, toda vez que lo expuesto en el correo es verdad y hace parte de la posición defensiva optada por la empresa Pórticos S.A. al interior del proceso ordinario laboral relativo al establecimiento de responsabilidad por la muerte de un trabajador en la construcción de una obra, a fin de salvaguardar los intereses jurídicos de la misma. Igualmente adujo que el fallo de primera instancia es contradictorio pues señaló que no es materia objeto de controversia constatar si era cierto o no lo aducido en el correo, cuestión indudablemente importante en el proceso y sin la cual no se puede establecer si hubo o no falta disciplinaria.
Frente al primer argumento relativo a la veracidad de las afirmaciones realizadas en el correo electrónico enviado por el disciplinable al testigo Héctor Ospina, la Sala considera que dicha afirmación carece de fundamento jurídico toda vez que lo investigado a instancias de este proceso disciplinario no es establecer si la empresa Pórticos S.A. tuvo o no, alguna responsabilidad al interior del proceso laboral, o si lo sostenido como defensa fue valorado en debida forma por el juez laboral, pues ello no es posible estudiarlo al interior de esta jurisdicción, por el contrario se trata de establecer si el abogado aconsejó un acto fraudulento.
Igualmente, de lo redactado en el correo no se puede establecer tal como lo quiere hacer ver el defensor de confianza del togado encartado, que lo pretendido era exponer únicamente la posición jurídica asumida por la empresa en defensa de sus intereses pues en el correo en ningún momento se observa eso, pues en el correo en ningún momento se señala que es la posición jurídica de defensa de la demandada, ni nada por el estilo.
En este orden de ideas, de la lectura del correo se establece claramente que el abogado investigado aconsejó al señor Héctor Ospina para que declarara sobre un hecho falso. Lo cual, es un acto fraudulento pues pretendía defraudar las aspiraciones jurídicas de la contraparte.
Ahora bien, no se evidencia tampoco una contradicción en lo afirmado por la primera instancia, tal cual se enfatizó en párrafos precedentes, toda vez que esta jurisdicción no está instituida para tratar temas propios por fuera de su competencia, si bien no es posible endilgar responsabilidad a la empresa lo cierto es que el abogado aconsejó a un tercero a intervenir en un acto fraudulento. Sin embargo y por solo responder el argumento del apelante lo aducido tampoco sirve de exculpación pues el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión emitió el 7 de diciembre de 2012, sentencia declarando responsable solidariamente a la parte demandada por lo tanto, se observa que la posición jurídica asumida por la empresa no fue atendida por el juez natural.
En conclusión, desatendidos los alegatos defensivos, esta colegiatura considera que el comportamiento realizado por el abogado investigado se encuadra típicamente en la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, pues aconsejó la realización de un acto fraudulento al interior del mencionado proceso Ordinario Laboral en detrimento de la accionante.
Antijuridicidad: La Ley 1123 de 2007, consagra como uno de sus principios rectores, el de Antijuridicidad, según el cual, “un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(12), para establecer la reciprocidad entre falta y deber y verificar lo antijurídico del comportamiento.
Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el estatuto de la abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derecho del sujeto disciplinable, debe transcender igualmente de la simple descripción legal”(13).
En este caso, se demuestra que el togado injustificadamente contrarió el deber de exhortar a los testigos a declarar con veracidad los hechos de su conocimiento, que se encuentra consagrado en el numeral 17º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, correspondientemente.
Lo anterior por cuanto quedó demostrado que el profesional investigado aconsejó al señor Héctor Ospina mentir en el testimonio que debía rendir al interior del proceso ordinario laboral relativo a establecer la responsabilidad por la muerte de un trabajador en una obra de construcción, adelantado en el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión de Medellín. Así pues, desconoció las reglas deontológicas verificadas en este disciplinario, sin que se hubiesen atendido las exculpaciones por parte del defensor de confianza.
Culpabilidad: En el presente caso, se está de acuerdo con la primera instancia en la calificación dolosa de la modalidad de la conducta realizada por el togado disciplinado, pues está claro que el profesional del derecho en su condición de tal, consciente de su actuar, envió un correo aconsejándole al señor Héctor Ospina mentir en su declaración, configurándose así el elemento volitivo del dolo. Además lo remitió a sabiendas de que su comportamiento es reprochado por las normas del estatuto deontológico del abogado cuya observancia son de obligatorio cumplimiento, con lo cual configuró el elemento cognoscitivo del dolo.
Sanción: Frente a este punto estima el defensor de confianza del investigado que la sanción de suspensión por el término de (2) dos meses en el ejercicio de la profesión impuesta al disciplinable no es proporcional a la conducta desplegada, pues no se valoró los atenuantes como no poseer antecedentes disciplinarios y la confesión de la falta realizada por el letrado, además la absolución de la que fue objeto obligaba al a quo a imponer una sanción más benigna.
En relación con lo anterior, estima esta Sala que contrario a lo aducido por el abogado defensor, en ningún momento se efectúa la confesión de la falta, si bien el profesional encartado reconoció haber enviado el correo, no significa esto que la aceptación de una falta disciplinaria se haya efectuado, por lo tanto no puede darse aplicación a lo instituido en el numeral 1º del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. En relación con la absolución de la fala (sic) en primera instancia, es preciso señalar que la misma no es criterio atendible para graduar la sanción, tampoco es un atenuante, razones más que suficientes para desestimar dicho argumento.
De igual manera, la falta de antecedentes disciplinarios no está establecida en la citada Ley como atenuante de la sanción, si bien es una situación que debe ser tenida en cuenta, no tiene la entidad jurídica suficiente para disminuir la sanción.
Nótese que la conducta realizada por el profesional del derecho es grave, pretendió defraudar los intereses ajenos de la contraparte y a la administración de justicia, aconsejándole mentir a un testigo en su declaración, conducta antiética merecedora de reproche. En segundo lugar, fue una conducta realizada en modalidad dolosa, demostrándose que pesar del conocimiento del investigado de que su actuar comportaba una conducta contraria al estatuto deontológico del abogado, envió el correo electrónico aconsejando a un tercero la realización de un hecho fraudulento. Razones suficientes para desestimar una imposición de censura tal como lo pretende en su apelación.
Así las cosas, esta Sala considera que la imposición de suspensión en el ejercicio de la profesión por (2) meses debe dejarse incólume teniendo en cuenta los anteriores razonamientos y los criterios de graduación establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, resultando proporcional pues la misma obedece a la gravedad del comportamiento doloso desplegado por el abogado investigado y la relevancia social del mismo pues conductas como esta generan la pérdida de confianza de las personas en los profesionales del derecho.
1. CONFIRMAR el fallo proferido el 31 de julio de 2014, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de (2) meses al abogado Sergio Andrés Alzate Chaverra, por la comisión de la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.
3. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta superioridad al disciplinado y de no ser posible, a través de la notificación subsidiaria, para tal efecto, se comisiona a la Sala de Primera Instancia.
(7) ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
(8) ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: (…) 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura.
(9) ART. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código.
(10) Folios 291 a 292.
(11) Folio 293 al respaldo.
(13) Lecciones del derecho disciplinario. Volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario. Pag 35 y s.s.