Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3071-de-febrero-19-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f776f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-27 08:28:02
Document Index: 202296738

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 119', 'artículo 84', 'artículo 119', 'artículo 256', 'artículo 164', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 3', 'artículo 177', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 163']

﻿ SENTENCIA 3071 DE FEBRERO 19 DE 2004
SENTENCIA 3071 DE 19 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:CONCURSOS DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE LA CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL. SE DECLARA LA NULIDAD DE ALGUNAS FRASES DEL ACUERDO 1550 DE 2002 EXPEDIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONCURSO DE MÉRITOS, CARRERA JUDICIAL, SELECCIÓN EN LA CARRERA JUDICIAL, CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CARRERA JUDICIAL
Sentencia 3071 de febrero 19 de 2004
Radicado Interno: 3071
Rad. 11001-0328000-2003-00001-01
Actor: Julio Alberto Corredor Espitia
Simple nulidad - Actos de contenido electoral.
Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil cuatro.
A continuación se transcribe la totalidad de los artículos parcialmente demandados y se resaltan los apartes impugnados.
ACUERDO NÚMERO 1550
“Por medio del cual se convoca al XIII Concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial”
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 164 y 168 de la Ley 270 de 1996,
ART. 1º—Convocar a los interesados en vincularse a la rama judicial en los cargos de magistrado de tribunal administrativo y juez administrativo para que se inscriban en el concurso de méritos destinado a la conformación de los correspondientes registros nacionales de elegibles.
4. Etapas del concurso
El concurso de méritos comprende dos (2) etapas:
4.1. Etapa de selección
Esta etapa es de carácter eliminatorio y tiene por objeto escoger, entre los aspirantes admitidos al concurso, a los mejores profesionales, quienes harán parte del correspondiente registro nacional de elegibles. Está conformada, por las siguientes fases:
Fase 1. Oposición. Esta fase tiene por objeto seleccionar a los aspirantes que serán admitidos al curso de formación judicial. Está integrada por:
a) Pruebas de conocimientos v aptitudes. Hasta 600 puntos
Los aspirantes admitidos al concurso serán citados a exámenes escritos de conocimientos y aptitudes, los cuales se realizarán, en la ciudad donde se haya realizado la inscripción, en las fechas, horas y sitios que se indicarán en la respectiva citación.
Para estas pruebas se construirán las respectivas escalas estándar que oscilarán entre 0 y 1.000 puntos y para aprobarlas se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos. Solamente quienes obtengan este puntaje mínimo continuarán en el concurso.
b) Experiencia adicional y docencia. Hasta 150 puntos.
La experiencia laboral en cargos relacionados, o en el ejercicio profesional independiente con dedicación de tiempo completo en áreas jurídicas dará derecho a veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción de este.
La docencia en la cátedra en áreas jurídicas dará derecho a diez (10) puntos por cada semestre de ejercicio de tiempo completo, y a cinco (5) puntos por cada semestre de ejercicio en los demás casos.
El ejercicio como facilitador o coordinador de programas de formación y capacitación en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en áreas jurídicas, dará derecho a diez (10) puntos por cada año de dedicación, y proporcionalmente por fracción de año.
En todo caso, el total del factor no podrá exceder de 150 puntos.
c) Capacitación adicional y publicaciones. Hasta 150 puntos.
Cada título de postgrado en derecho, obtenido por el aspirante, se calificará así: Especialización 15 puntos, maestría 20 puntos y doctorado 25 puntos.
Cada uno de los programas de capacitación en áreas jurídicas, impartidos por la escuela judicial con una intensidad igual o superior a 125 horas académicas y debidamente certificado por la misma escuela, dará derecho a 5 puntos.
Por cada obra científica en temas jurídicos, que a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura lo amerite, se asignarán los puntales determinados en la reglamentación vigente para este efecto. Los concursantes deberán aportar un ejemplar de las respectivas obras.
En todo caso el total del factor no podrá exceder el puntaje máximo de 150.
d) Entrevista. Hasta 100 puntos
Los concursantes serán citados a entrevista personal que será realizada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cuando se trate de aspirantes al carpo de magistrado; los interesados exclusivamente en el cargo de juez serán entrevistados por la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura correspondiente al lugar de inscripción”.
En este proceso pretende el demandante que, conforme al artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se declare la nulidad de varios apartes del Acuerdo 1550 de 17 de septiembre de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por medio del cual se convoca al XIII Concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial” por considerar que son violatorios de la Constitución Política, de la ley estatutaria de la administración de justicia, y del artículo 119 de la Ley 488 de 1998.
La acusación contra el Acuerdo 1550 de 2002, expuesta por el demandante, se refiere a la causal de violación de las normas de derecho en que debía fundarse, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
No obstante que el demandante formula varios cargos contra el Acuerdo 1550 de 2002, en cada uno de ellos considera que se han infringido las mismas disposiciones constitucionales y legales, que a continuación se transcriben:
Constitución Política, artículos 13, 29 y 209:
Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la administración de justicia” artículos 163 y 164.
ART. 163.—Programación del proceso de selección. Los procesos de selección serán permanentes con el fin de garantizar en todo momento disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de la rama judicial.
Todos los procesos de selección para funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial serán públicos y abiertos.
ART. 164.—Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fijará su ubicación en el mismo.
Los concursos de mérito en la carrera judicial le regirán por las siguientes normas básicas:
PAR. 2º—Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tienen carácter reservado.
En la adición de la demanda, señala también como violado el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, que a la letra dice:
El artículo 256-2 de la Constitución Política establece que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, la siguiente atribución: “Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla” y el 257-3 ibídem, dispone que el Consejo Superior de la Judicatura, con sujeción a la ley, cumplirá las siguientes funciones: “Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”.
De otra parte, la Ley 270 de 1996 en su artículo 164 numeral 4º, ya trascrito, ordenó que todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de clasificación; la primera tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente registro de elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La segunda, tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del registro para cada clase de cargo y de especialidad.
Y en el parágrafo 1º, que “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera”.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha sostenido que la potestad reglamentaria está atribuida al Presidente de la República y que ello no excluye la facultad que tienen todas las autoridades públicas para expedir actos administrativos de carácter general, para regular el cumplimiento de los cometidos estatales a su cargo. Así se pronunció al respecto:
“...la potestad de reglamentar la ley es atribución del Presidente de la República, según lo establecido en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución, en tanto que de la facultad de expedir actos administrativos de carácter general están investidas muchas autoridades.
Entonces, según lo establecido en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución, es atribución del Presidente, y no de otras autoridades, ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes, cuando sea necesario para la cumplida ejecución de las leyes; de cualesquiera leyes, que en ello no se hicieron distinciones. Y esa potestad es distinta de la facultad atribuida a muchas autoridades para el cumplimiento de determinadas funciones, aun cuando esas funciones se cumplan mediante la expedición de actos administrativos de carácter general” (2) .
De lo anteriormente expuesto resulta claro que el Consejo Superior de la Judicatura está facultado para expedir actos administrativos generales con el fin de regular los concursos de méritos, indicar las pruebas que deban practicarse para la selección de los aspirantes, otorgar los puntajes que se asignarán a cada una de ellas, con el fin de conformar las listas de elegibles de donde se designarán los funcionarios de la rama judicial.
Incongruencias entre el epígrafe del Acuerdo 1550 de 2002 y su artículo primero
Considera el demandante que el Acuerdo 1550 de 2002 es nulo porque en el enunciado “convoca al XIII concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial” y en el artículo primero se refiere tan solo a los cargos de magistrado de tribunal administrativo y juez administrativo, como también porque determina que está destinado a la conformación de los registros nacionales de elegibles y no a la provisión de cargos.
Las razones expuestas por el demandante no son atendibles en la medida en que se trata de una errada interpretación de la denominación del acto acusado y su alcance normativo. Por lo demás no comportan violación alguna de normas superiores que puedan dar, lugar a la nulidad del acto acusado, sencillamente porque la atribución que la Constitución Política ha dado al Consejo Superior de la Judicatura es la de “Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales” y enviarlas a la entidad que deba hacer los nombramientos. Igualmente la ley establece las etapas del concurso y faculta a esta corporación para reglamentar el procedimiento que deba seguirse en cada una de ellas y esto es lo que refleja el Acuerdo 1550 de 2002. Las incongruencias que señala el demandante no existen, toda vez que es perfectamente claro y no requiere explicaciones de ninguna índole, que la convocatoria al concurso tiene como finalidad conformar las listas de elegibles para proveer los cargos de magistrados de los tribunales administrativos y jueces administrativos, unos y otros funcionarios judiciales; por lo tanto el cargo no prospera.
2.1. Violación de los artículos 13, 29 y 209 de la Constitución Política y 163 y 164 de la Ley 270 de 1996 porque no es clara, completa y coherente la reglamentación prevista en el numeral 4º, Etapas del concurso. 4.1 Etapa de selección, Fase 1. Oposición.
El cargo contiene varios aspectos que se encuentran expuestos en seis numerales; los referidos a la presunta nulidad del acto administrativo por falta de reglamentación contenidos en los numerales 1º y 2º en su parte inicial, 3º y 6º serán considerados conjuntamente; el análisis de los demás temas se hará luego en forma separada.
2.1.1. Señala el demandante que no se reglamentaron los siguientes aspectos:
i) la evaluación de destrezas, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes, ii) la evaluación de aptitudes iii) la prueba de la entrevista y que la reglamentación de la prueba de conocimientos es parcial e incompleta, le falta claridad y no se ajusta a la facultad legal otorgada, razón por la cual, considera que se vulneraron las normas constitucionales y legales ya señaladas.
Advierte la Sala que el demandante no explica las razones por las cuales considera que la ausencia de reglamentación o la falta de claridad en la reglamentación vulnera las normas superiores invocadas, es decir, no precisa el cargo, por lo cual no es posible hacer un análisis concreto sobre el tema. De otra parte, aunque la falta de reglamentación puede eventualmente ocasionar un vacío jurídico, en manera alguna da lugar a la trasgresión de normas superiores, sencillamente porque si la regulación no existe, o la norma no regula todos los aspectos de un tema, se debe suplir el vacío o hacer la integración a que haya lugar, acudiendo a las normas de hermenéutica previstas al interior del ordenamiento que así lo permiten y en todo caso, hay imposibilidad de que una norma que no existe pueda contrariar el ordenamiento jurídico (3) .
El Consejo Superior de la Judicatura, por disposición de la Constitución Política y la ley, tiene autonomía para expedir los actos administrativos necesarios y suficientes en los cuales se fijen las condiciones que regirán los concursos de méritos para la selección de los aspirantes que integrarán las listas de elegibles, todo con observancia del ordenamiento superior. En ejercicio de tales facultades reguló las pruebas de conocimientos y aptitudes en el literal a) del numeral 4.1 del concurso y les asignó puntaje; igualmente en el literal b) ibídem, indicó el procedimiento para realizar la entrevista con el respectivo puntaje, por lo tanto, no es cierto lo afirmado por el demandante en el sentido de que se carece de reglamentación. Es necesario recalcar que en acatamiento de principios y valores superiores, las autoridades están obligadas a salvaguardar la igualdad de todos los aspirantes y la objetividad de las evaluaciones, frente al concurso; sin embargo, los aspectos relacionados con la idoneidad moral y las condiciones de personalidad del aspirante, por su naturaleza, están sujetos en mayor proporción que otros a la subjetividad del evaluador cuya injerencia es imposible proscribir en forma absoluta; la entrevista que el demandante sugiere no se practique es un mecanismo, junto con la evaluación de los antecedentes personales y laborales, también susceptibles de ser evaluados en la entrevista, que se revelan como más eficientes para determinar las condiciones morales y de personalidad. Se precisa que la idoneidad moral requerida no puede ser otra que la moral pública recogida en lo esencial en normas jurídicas, y las condiciones de personalidad, aquellas que se avengan mejor con las virtudes que debe cultivar un juez, tales como la sobriedad, la ecuanimidad y la rectitud, entre otras.
Adicionalmente, precisa la Sala, el Acuerdo 34 de 1994 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se “Dictan reglas generales para los concursos de méritos destinados a la selección de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial”, en sus artículos décimo noveno a vigésimo primero, reguló lo pertinente a las pruebas de conocimientos y aptitudes, y en los artículos vigésimo séptimo a trigésimo primero lo correspondiente a la prueba de la entrevista, su finalidad, procedimiento para su realización, conformación del jurado y calificación; normas que se encuentran vigentes y a las cuales se deberá acudir en el evento de presentarse algún vacío de regulación en el Acuerdo 1550 de 2002.
2.1.2. El segundo aspecto hace relación a que, según el demandante, el literal c) del numeral 4.1 del acto acusado, sobre capacitación adicional y publicaciones viola los principios constitucionales del debido proceso, publicidad e imparcialidad, porque solamente otorga puntaje a los títulos de postgrado en derecho y a las capacitaciones impartidas por la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, pero desconoce la capacitación obtenida en universidades o instituciones diferentes de esta y señala que deberían tenerse en cuenta dentro de esta capacitación, los estudios de postgrado adelantados aunque no se haya obtenido el título académico.
Del texto del literal c) capacitación adicional, a que se ha hecho referencia, se infiere que en efecto, la norma otorga puntaje a los títulos de postgrado en derecho, así: Especialización 15 puntos, maestría 20 puntos y doctorado 25 puntos y a la capacitación en áreas jurídicas, impartida por la escuela judicial con una intensidad igual o superior a 125 horas académicas, a razón de 5 puntos por cada una de ellas, pero se deja de lado cualquier otra capacitación obtenida en instituciones diferentes, no conducentes a título académico.
Al respecto se advierte que, si bien es cierto que el Consejo Superior de la Judicatura tiene autonomía para expedir los actos administrativos generales mediante los cuales reglamente los concursos de méritos, también lo es que tales facultades deben ejercerse con sujeción a los preceptos superiores; por lo tanto, la actividad administrativa que cumpla con esta finalidad debe consultar los principios de igualdad e imparcialidad previstos en los artículos 13 y 209 de la Constitución Política y el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo y no puede hablarse de igualdad e imparcialidad, cuando ante situaciones fácticas iguales las autoridades optan por un tratamiento diferente.
Sobre el derecho a la igualdad para el acceso a la función pública la Corte Constitucional en Sentencia C-041 de 1995, precisó:
“El acceso a carrera mediante concurso dirigido a determinar los méritos y calidades de los aspirantes (C.P., art. 125), es una manifestación concreta del derecho a la igualdad (C.P., art. 13) y al desempeño de funciones y cargos públicos (C.P., art. 40-7). La libertad del legislador para regular el sistema de concurso de modo que se garantice la adecuada prestación del servicio público, no puede desconocer los derechos fundamentales de los aspirantes que se satisfacen mediante la participación igualitaria en los procedimientos legales de selección de los funcionarios del Estado.
El derecho a la igualdad no significa que el aspirante que toma parte en un concurso adquiere sin más el derecho a ser designado en el cargo. La ley está facultada para señalar los requisitos y condiciones necesarios para ingresar a los cargos de carrera y para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (C.P., art. 125). (...) Para asegurar la igualdad, de otra parte, es indispensable que las convocatorias sean generales y que los méritos y requisitos que se tomen en consideración tengan suficiente fundamentación objetiva y reciban, junto a las diferentes pruebas que se practiquen, una valoración razonable y proporcional a su importancia intrínseca”.
Significa lo anterior, que el literal c) del numeral 4.1 del Acuerdo 1550 de 2000 al establecer que solo los programas de capacitación en áreas jurídicas impartidas por la escuela judicial con una intensidad igual o superior a 125 horas académicas dan derecho a puntaje, da un trato desigual a aquellas personas que han recibido capacitación en áreas jurídicas, con la misma intensidad horaria en otras instituciones y a su vez favorece a los funcionarios ya vinculados a la rama judicial que son los únicos que pueden acceder a la capacitación de la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de conformidad con lo prescrito por el artículo 177 de la ley estatutaria de la administración de justicia; esta regulación evidentemente lesiona el principio de igualdad e imparcialidad previsto en las normas superiores y por lo tanto, deberá declararse la nulidad de la frase “Cada uno de los programas de capacitación en áreas jurídicas, impartidos por la escuela judicial con una intensidad igual o superior a 125 horas académicas y debidamente certificado por la misma Escuela, dará derecho a 5 puntos”.
La no evaluación de los estudios de postgrado, cuando no se ha obtenido el título académico, es una prescripción igual y razonable aplicable a todas las personas que estén en condiciones de acceder a un concurso público y por tanto no lesiona derecho alguno de los concursantes; además corresponde al ejercicio de la facultad constitucional y legal del Consejo Superior de la Judicatura de reglamentar los concursos de méritos.
2.1.3. Señala el demandante que la regulación hecha en el literal c) numeral 4.1 del acto acusado respecto de la evaluación de publicaciones de obras científicas en materia jurídica excede lo previsto en el artículo 164 de la LEAJ, norma que no previó dentro de la evaluación lo pertinente a las publicaciones; igualmente sostiene que no existe ley ni decreto que regule la materia y que el acto cuestionado no indica cuáles son las normas que lo regulan.
Para la Sala las publicaciones de obras jurídicas científicas dan cuenta de la capacidad e idoneidad profesional de quien las realice y perfectamente pueden ser evaluadas dentro del contexto que prevé el artículo 164 de la LEAJ al igual que la capacitación adicional, por lo que no puede afirmarse que se está regulando más allá de lo permitido por la citada ley. Se advierte que el Acuerdo 1450 de 12 de junio de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura reguló de manera clara y completa la asignación de puntajes por concepto de publicaciones, norma que se encuentra vigente y por lo tanto debe entenderse que a ella remite el acto, administrativo acusado, en la parte pertinente; por lo tanto, no prospera el cargo.
2.1.4. El demandante sostiene que el acto acusado no podía considerar la docencia como parte de la experiencia profesional, porque la única experiencia que la LEAJ admite en su artículo 128, es la profesional que corresponde a la adquirida en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en ejercicio de la función judicial; que, por otra parte, el Acuerdo 1550 de 2002 no define que es experiencia adicional.
La Ley 270 de 1996 establece en su artículo 128, como exigencia para el desempeño de cargos judiciales, el de la experiencia profesional que corresponde a uno de los requisitos mínimos que debe acreditar el aspirante para el desempeño del cargo; es así como para el cargo de juez de circuito o sus equivalentes determinó que se requerían como mínimo 4 años de experiencia profesional de abogado y para el de magistrado de tribunal 8 años. Tal experiencia no otorga puntaje alguno al aspirante, sino que constituye un requisito mínimo para participar y ser aceptado en el concurso.
La experiencia establecida en el artículo 128 de la LEAJ no puede confundirse con la experiencia adicional de que trata el numeral 4.1 literal b) de la norma acusada, toda vez que son temas completamente diferentes; de una parte, porque la experiencia adicional prevista en el Acuerdo 1550 de 2002 se encuentra por fuera del mínimo exigido por la LEAJ y de otra, porque a diferencia de la primera, esta es objeto de evaluación.
El Consejo Superior de la Judicatura, por mandato legal, debe reglamentar los concursos de méritos destinados a conformar las listas de elegibles de donde se designarán los jueces y magistrados y en virtud de esa facultad, puede establecer las reglas según las cuales se seleccionará a los aspirantes más idóneos para el ejercicio de los cargos. La experiencia adicional prevista en el Acuerdo 1550 de 2002, que es objeto de evaluación y asignación de puntaje, en nada contraría lo previsto por la LEAJ por cuanto es claro que no constituye un requisito adicional a lo exigido por la ley como condiciones mínimas de acceso al concurso, por lo cual quien no, posea dicha experiencia tiene derecho a participar en el concurso si reúne los requisitos mínimos. Pero sí permite evaluar y seleccionar a personas cuya formación y experiencia están por encima de esos mínimos, lo cual constituye sustento teleológico de todos los concursos.
El acto acusado reconoce como experiencia adicional: a) la experiencia obtenida en cargos relacionados, con dedicación de tiempo completo b) la obtenida en ejercicio profesional independiente de tiempo completo y c), la docencia con dedicación de tiempo completo o tiempo diferente, experiencias que en los tres casos debe cumplirse exclusivamente en áreas jurídicas, y a cada una de ellas otorga un puntaje. La inclusión de la docencia en disciplinas jurídicas como parte de la experiencia laboral para ser juez no ofrece reparo alguno de legalidad porque está dentro de las facultades del Consejo Superior de la Judicatura regular el tema, siempre que no sea contra norma jurídica superior y porque constituye una actividad que exige a quienes la ejercen, disciplina y estudio comparables o superiores a los requeridos en el desempeño de cualquier otra actividad laboral de un abogado.
Tampoco le asiste razón al demandante cuando afirma que no se ha definido el concepto de experiencia adicional, porque si bien es cierto que tal definición no se hizo en el acto acusado, ella se encuentra prevista en el artículo 32 del Acuerdo 34 de 1994 norma que dispuso: “Experiencia adicional: En este factor se evalúa el ejercicio de la profesión o experiencia laboral relacionada del concursante, adicional al cumplimiento del requisito mínimo establecido para cada cargo”, norma que se encuentra vigente y a la cual se puede recurrir para obtener claridad sobre el contenido y alcance del respectivo concepto.
Por lo anteriormente expuesto, el cargo no prospera.
Violación de los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y 164 incluido el parágrafo de la Ley 270 de 1996 por falta de reglamentación de la prueba de conocimientos y actitudes
Al igual que en el anterior cargo, el demandante cuestiona la prueba de conocimientos y aptitudes porque no se reglamenta la estructura de la prueba escrita, no se definen separadamente conocimientos y aptitudes ni la forma de evaluar cada uno, no se indica el número de preguntas ni la forma de evaluación, tampoco los temas y /o materias que serán examinadas, el tiempo de duración de la prueba y si esta se realiza en una o varias jornadas; que además no se establece si se harán 1.000 preguntas para obtener 800 respuestas correctas como mínimo y si la evaluación corresponde a un punto por cada respuesta y considera que esta omisión viola el debido proceso.
En el análisis del segundo cargo se indicaron las razones por las cuales la ausencia de reglamentación no vulnera normas legales ni el debido proceso, a las cuales se remite la Sala en esta oportunidad; adicionalmente se indica que aquellos aspectos que el demandante señala que no fueron regulados por el acto acusado se encuentran previstos en los artículos décimo séptimo a vigésimo primero del Acuerdo 34 de 1994; en dicha norma se observa el objetivo de la prueba de conocimientos, su estructuración, construcción, materias que comprende, la clase de pruebas, su aplicación y procedimiento de calificación.
En cuanto a las ambigüedades que el demandante señala porque, según dice, se desconoce la forma de evaluación y no se precisa cómo operan las escalas estándar establecidas en el acto acusado son regulaciones que, como ya se anotó, están contenidas en el Acuerdo 34 de 1994; adicionalmente se observa que en la demanda no se determinan las razones por las cuales estas situaciones vulneran el debido proceso y dan lugar a la nulidad del acuerdo demandado, en la parte pertinente, por lo cual nada se puede concluir al respecto. El cargo no prospera.
3. Cuarto cargo.
Violación de los artículos 13 y 209 de la Constitución Política y 163 y 164 de la Ley 270 de 1996, en la evaluación de la experiencia adicional y docencia
El demandante reitera los argumentos del segundo cargo relacionados con la experiencia adicional y la docencia, los cuales fueron considerados en el numeral 2.1.4 de esta providencia y por lo tanto no es necesario hacer de nuevo el análisis.
Se indica además que el Acuerdo 1550 de 2002 estableció puntaje por el ejercicio como facilitador o coordinador de programas de formación y capacitación en la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en áreas jurídicas, que considera violatorio del principio de igualdad porque a los docentes en el área jurídica se les exige tiempo completo y no se les evalúa el tiempo proporcional en la prestación del servicio, mientras que a los facilitadores o coordinadores de programas de formación y capacitación de la escuela judicial se les evalúa tanto el año de dedicación y proporcionalmente por fracción de año.
Se observa que, en efecto, la norma establece un tratamiento especial a quienes imparten cursos de capacitación en la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por cuanto les otorga puntaje por cada año de actividades sin la exigencia del tiempo completo, ni de ninguna otra dedicación, como también es el único caso en que se otorga puntaje proporcional a tiempos menores de un año. Observa igualmente la Sala que a dicha actividad de facilitador o coordinador de los cursos que imparte la escuela judicial solo pueden acceder quienes están vinculados como funcionarios o empleados de la rama judicial, lo cual contraría el carácter de público del concurso.
El reglamento que expide el Consejo Superior de la Judicatura debe contener regulaciones generales aplicables a todos los aspirantes sin ninguna discriminación; las exigencias y requisitos deben ser iguales para todos los participantes con el fin de garantizar la igualdad e imparcialidad del proceso de selección; sin embargo, la norma cuestionada establece una situación preferencia) para quienes se dedican a facilitar y coordinar los programas de capacitación que se imparten en la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, circunstancia que es resaltada en la contestación de la demanda, literal g) (fl. 105). No solo por el trato preferencial aludido sino porque al mismo solo tienen acceso los actuales funcionarios o empleados de la rama judicial, la Sala encuentra que se lesionan los principios de igualdad e imparcialidad previstos en los artículos 13 y 209 de la Constitución Política y artículo 3º del Código Contencioso Administrativo; razón por la cual deberá declararse la nulidad de la siguiente frase: “El ejercicio como facilitador o coordinador de programas de formación y capacitación en la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en áreas jurídicas, dará derecho a diez (10) puntos por cada año de dedicación, y proporcionalmente por fracción de año”. Ello no obsta para que, en tratándose de concursos cerrados, se otorguen preferencias o beneficios especiales a favor de quienes hayan obtenido capacitación o hayan sido coordinadores o facilitadores en la escuela judicial.
4. Quinto Cargo.
Violación de los artículos 13, 29 y 209 de la Constitución Política y 163 y 164 de la Ley 270 de 1996, en la evaluación de la capacitación adicional y publicaciones
Los argumentos expuestos por el demandante en este cargo corresponden a los mismos que indicó en el segundo cargo y que ya fueron analizados en el numeral 2.1.2 de esta providencia a los cuales se remite la Sala.
6. Sexto cargo.
Ausencia de reglamentación de la entrevista
Teniendo en cuenta que las razones expuestas por el demandante corresponden a las mismas presentadas en el segundo cargo y que fueron analizadas en el numeral 2.1.1 se reiteran las mismas consideraciones; la ausencia de reglamentación de la ley no puede dar lugar a la vulneración de normas superiores; además la regulación que se echa de menos se encuentra en los artículos vigésimo séptimo a trigésimo primero del Acuerdo 34 de 1994, en los cuales se indica la finalidad de la entrevista, el procedimiento a seguir para su realización, la conformación del jurado y la calificación; normas a las cuales se acudirá en el evento de ser necesario.
7. Séptimo cargo:
En la adición de la demanda, el demandante formuló un nuevo cargo contra el Acuerdo 1550 de 2002, en cuanto afirmó que tal acto administrativo fue aplicado por el Consejo Superior de la Judicatura antes de ser publicado y por lo tanto, antes de encontrarse vigente y que, por tal razón, se violó el principio de publicidad y debido proceso previstos en los artículos 209 y 29 de la Constitución Política como también el artículo 163 de la LEAJ y que ello acarrea la nulidad del acto acusado.
En auto de 27 de febrero de 2003, mediante el cual se admitió la demanda y se decidió sobre la solicitud de suspensión provisional (fls. 69 y 70) la Sala se pronunció sobre este tema en los términos que a continuación se señalan y que hoy reiteran:
“En este orden, es claro que el Acuerdo 1550 de 2002 debía ser publicado en el Diario Oficial para que entrara a regir. No obstante, la publicación de los actos administrativos que la requieran es condición de su vigencia y en ningún caso de su validez; como tal, no incide en su legalidad la cual debe ser estudiada al momento de su expedición y no de su ulterior publicación. Además la Sala advierte que con la demanda no se acompañó documento público alguno que constituya prueba fehaciente de que se haya ejecutado antes de su entrada en vigencia y los documentos referidos ni por su contenido ni por su condición jurídica (fotocopias sin autenticar), ofrecen mérito probatorio suficiente para tener ese extremo como acreditado en esta instancia procesal”.
Adicionalmente se constata que, efectivamente, el Acuerdo 1550 de 2002 se publicó en el Diario Oficial 44.974 de 24 de octubre de 2002 (fl. 61) y con ello se subsanó la posible deficiencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, oído el concepto del Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo y en acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Primero. Declárase la nulidad del Acuerdo 1550 de 2002, en las frases que a continuación se transcriben:
1. La frase contenida en el acápite Nº 4 “Etapas del concurso”, sub numeral 4.1. “Etapas de selección”, literal b), párrafo tercero que a la letra dice:
“El ejercicio como facilitador o coordinador de programas de formación y capacitación en la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en áreas jurídicas, dará derecho a diez (10) puntos por cada año de dedicación, y proporcionalmente por fracción de año”.
2. La frase contenida en el acápite Nº 4 “Etapas del concurso”, sub numeral 4.1. “Etapas de selección” literal c), párrafo segundo que a la letra dice:
“Cada uno de los programas de capacitación en áreas jurídicas, impartidos por la escuela judicial con una intensidad igual o superior a 125 horas académicas y debidamente certificado por la misma escuela, dará derecho a 5 puntos”.
Segundo. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
(2) Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 26 de octubre de 1999. Expediente IJ-007. Esta misma tesis fue reiterada en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 3 de marzo de 2000, expediente 2241.
(3) No escapa a la atención de la Sala todo el acervo teórico y doctrinario sobre la inconstitucionalidad por omisión, del cual, resulta útil advertirlo, no puede hacerse transposición a la ley, porque entre nosotros está circunscrito a la Constitución y solo en los casos en que la omisión es parcial, tal como lo ha precisado nuestra Corte Constitucional. Ver Sentencia de 13 de marzo de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Demandante Martín Leonardo Suárez Varón. Expediente D-3700.