Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-02447-de-noviembre-22-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_db4bbebeea59023ae0430a010151023a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 07:39:57
Document Index: 351846505

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 120', 'artículo 76', 'artículo 150', 'artículo 12', 'artículo 150', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 45', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 2006-02447 de noviembre 22 de 2012
SENTENCIA 2006-02447 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:LA DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TERRITORIALES COMPETE AL GOBIERNO NACIONAL, DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS FIJADOS POR EL LEGISLADOR. EN CUANTO AL RÉGIMEN SALARIAL, EL GOBIERNO SEÑALA EL LÍMITE MÁXIMO SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS TERRITORIALES TENIENDO EN CUENTA SU EQUIVALENCIA CON LOS DEL ORDEN NACIONAL, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PUEDE ESTABLECER PARA EL SECTOR TERRITORIAL, LOS REGÍMENES SALARIALES Y PRESTACIONALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y SEÑALAR LAS PRESTACIONES MÍNIMAS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES, PERO DEBE SUJETARSE A LA LEY MARCO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRESTACIONES DEL TRABAJADOR OFICIAL, GOBIERNO, FUNCIONARIO DE ENTIDAD TERRITORIAL, INCREMENTO DEL SALARIO, ESTIPULACIÓN DEL SALARIO, DETERMINACIÓN DEL SALARIO, NIVELACIÓN DEL SALARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADO PÚBLICO
Sentencia 2006-02447 de noviembre 22 de 2012
Rad.: 08001-23-31-000-2006-02447-01 (2413-11)
Demandado: Enrique Eduardo Mastrodoménico Araújo.
Apelación Sentencia — Autoridades departamentales.
Corresponde a la Sala revisar la legalidad del acto demandado, en orden a determinar si el derecho pensional del señor Enrique Eduardo Mastrodoménico Araújo, debe regirse por las normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos como lo sostiene la parte demandante, o si por el contrario, tiene derecho a seguir percibiendo la pensión mensual vitalicia de jubilación en los términos que le fueron reconocidos.
A partir de la Reforma Constitucional de 1968 (A.L. 01, dic. 11/68), la competencia para fijar tanto las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional, como el régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9° del artículo 76 de la Carta; por su parte, el numeral 21 del artículo 120 ibídem, autorizó al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9° del artículo 76.
Ahora, con la expedición de la Constitución Política de 1991, corresponde al Congreso mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f), el que dispone:
"ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales, y estas no podrán arrogárselas. […]” (Resaltado de la Sala).
"ART. 12.—El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley.
El artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, Magistrado Ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se dijo que esta atribución del Gobierno no pugna con 'la que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias, siempre y cuando se entienda que tal facultad está referida, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.
En suma, el Presidente de la República puede establecer, para el sector territorial, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados públicos y señalar las prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales, pero debe sujetarse a la ley marco expedida por el Congreso, que en nuestro caso es la Ley 4ª de 1992(10).
Del recuento anterior, se desprende que antes de la Constitución de 1991, la competencia para fijar el régimen prestacional tanto de empleados nacionales como de los empleados territoriales estaba exclusivamente atribuida a la ley, de manera que correspondía privativamente al Congreso de la República su determinación, sin distinción del sector al que pertenecieran, y que a partir de la expedición de la Carta Política actual, el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial lo determina el gobierno de conformidad con la ley, en virtud de la competencia conjunta derivada del artículo 150 —numeral 19— literal e) del ordenamiento superior y habilitada per el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, dictada en desarrollo de aquel.
El régimen jubilatorio aplicable a los emplearlos territoriales antes de la entrada en vigencia de la Constitución actual, se define entonces bajo las siguientes normas, dependiendo de la fecha de consolidación del estatus pensional:
Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se organizó el Sistema General de Pensiones, conservando todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, para quienes a la fecha de vigencia de la misma hubiesen cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encontraran pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes, en todos los órdenes de los sectores público, oficial, semioficial y del sector privado en general. Dicho sistema determinó como requisitos pensionales para el régimen de prima media con prestación definida, el cumplir 55 años de edad para las mujeres y 60 años para los hombres, con una cotización mínima de 1000 semanas en cualquier tiempo(11). Para reducir los efectos del tránsito legislativo y garantizar el derecho pensional de algunos empleados se previó el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 ibídem, en virtud del cual la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio, el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión se determinarían por el régimen anterior al que se encontraran afiliados quienes al momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral, hubieren cumplido treinta y cinco (35) años de edad, si son mujeres y cuarenta (40) años si fueren nombres o hubieren acumulado por lo menos quince (15) años de servicios cotizados.
"ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente ley". (Se destaca)(12).
A pesar de la decisión de la Corte, esta Sala ha concluido con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que el aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional sí desplegó sus efectos protectores sobre las situaciones pensionales que se consolidaron en el interregno comprendido entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, en tanto que dicho tribunal no moduló los efectos de su decisión(13). Por consiguiente, es dable concluir, que las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el sistema general en cada entidad territorial, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 citado.
Al confrontar el actor acusado con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, considera la Sala que no existe la causal de ilegalidad invocada por la universidad demandante y por el contrario, tal disposición normativa convalidó temporalmente los efectos de las normas de alcance territorial y las proferidas por los entes descentralizados del mismo orden en materia pensional. Por tanto, los actos administrativos que reconocieron derechos pensionales con fundamento en acuerdos y demás actos sinalagmáticos proferidos en el seno de la administración pública, encaminados a producir efectos sobre la situación prestacional de sus servidores, fueron legalizados por esta disposición normativa, en los términos anteriormente expuestos.
Si bien es cierto, que la autonomía universitaria no incluye la facultad de regular el régimen pensional de sus empleados —pues tal función para la fecha de celebración de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 era exclusiva del Congreso de la República por expresa disposición de la Carta Política de 1886, por lo cual resulta ilegal cualquier disposición perteneciente a normas de carácter territorial, como ordenanzas, acuerdos, resoluciones, acuerdos de establecimientos públicos etc., que pretendan reglamentar la materia—, también lo es, que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó a salvo o convalidó los derechos adquiridos con base en las normas territoriales expedidas con anterioridad a su vigencia, sin consideración a su irregularidad.
En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-410 de agosto veintiocho (28) de mil novecientos noventa y siete (1997)(14), con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, declaró la exequibilidad del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, después de considerar que la norma en mención "(....) desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva ley”. De esta manera, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Bajo esas consideraciones y como quiera que la situación pensional del demandado se encontraba ya definida con antelación al pronunciamiento de la Corte Constitucional, en tanto que consolidó su estatus de conformidad con los requisitos establecidos en el literal b) del artículo 9º.
CONFÍRMASE la sentencia del 3 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por la universidad del mismo departamento, contra el señor Enrique Eduardo Mastrodoménico Araújo.
(10) Sentencia del 19 de mayo de 2005. Rad. Interno: 4396-2002. C.P. Jesús María Lemus Bustamante.
(11) ART. 33.—Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo (…)”.
(12) NOTA: La expresión subrayada y entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de agosto de 1997.
(14) Proceso D0001585. Desfijación edicto 17 de septiembre de 1997.