Source: https://beta.e-justice.europa.eu/371/ES/service_of_documents_official_transmission_of_legal_documents?FRANCE&member=1
Timestamp: 2019-10-22 01:51:34
Document Index: 311815869

Matched Legal Cases: ['artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 665', 'artículo 667', 'artículo 665', 'artículo 693', 'artículo 663', 'artículo 693', 'artículo 748', 'artículo 656', 'artículo 655', 'artículo 670', 'artículo 670', 'artículo 656']

La notificación es una forma de traslado.
El artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que «Los actos serán comunicados a los interesados mediante el traslado de los mismos».
El traslado puede revestir la forma de «notificación», es decir, hacerse mediante la práctica de una diligencia por un agente judicial (párrafo 2) o hacerse sin la intervención de un agente judicial, mediante el procedimiento ordinario.
La regularidad de la notificación está sometida a estrictas condiciones generales relativas a las horas y los días autorizados, así como a los requisitos formales impuestos, previstas en los artículos 653 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Enlace a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre traslados y notificaciones: pulse AQUÍ
Todos los escritos importantes de un proceso judicial deben ponerse en conocimiento de la otra Parte. Un escrito procesal es aquel que permite iniciar una acción judicial, garantizar el desarrollo del procedimiento, suspenderlo o cancelarlo, o hacer ejecutar una sentencia (ejemplo: emplazamiento, conclusión, exposición del caso, notificación de una sentencia).
La Ley de Enjuiciamiento Civil adoptó un régimen mixto de traslado de los escritos procesales: el traslado puede en todo caso efectuarse mediante notificación (artículo 651, apartado 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) aunque la Ley lo hubiese previsto de otra forma. En cambio, cuando la propia Ley prescriba una notificación, el recurso a otra modalidad no es regular.
Los agentes judiciales tienen el monopolio de la notificación, son los únicos representantes habilitados para proceder a los traslados. En el ejercicio de su monopolio, tienen la posibilidad de recurrir a pasantes apoderados de los que son responsables civilmente.
El traslado de los actos en la forma ordinaria puede ser hecho por cualquier persona, la cual estará obligada a indicar en el traslado su nombre y apellidos o su denominación o razón social, así como su domicilio o sede social. (artículo 665 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El traslado también puede efectuarse por diligencia de la secretaría judicial de un órgano jurisdiccional (en algunos casos, para convocar a una audiencia o trasladar una sentencia).
Cuando una autoridad francesa (Ministerio Fiscal o agente judicial) es requerida para trasladar un documento procedente del extranjero y se demuestra que la persona ya no vive en la dirección indicada, correspondea dicha autoridad efectuar las gestiones necesarias para averiguar la dirección exacta del domicilio del interesado.
A tal fin, el Ministerio Fiscal puede acceder a distintos registros, en especial los de la Seguridad Social. La información comunicada debe incluir la dirección del deudor, la dirección de su empleador y los organismos en los que exista una cuenta abierta a nombre del deudor, con exclusión de cualquier otra información.
Además, en el marco de un procedimiento civil de ejecución, el artículo L. 152-1 del Código de Procedimiento Civil de Ejecución facilita el acceso directo de los agentes judiciales a la información en poder de las administraciones o servicios del Estado, y de las entidades públicas y organismos y empresas supervisados por la autoridad administrativa.
Aparte de la información pública (guía telefónica, por ejemplo), las autoridades judiciales extranjeras o las partes de un procedimiento judicial no tienen acceso a los registros que contienen datos personales, como, por ejemplo, la dirección del deudor.
En Derecho francés, dicho acceso solo puede concederse en el marco de un procedimiento civil de ejecución o en el marco de un procedimiento judicial, por resolución del órgano jurisdiccional (véase la pregunta 1.3).
4.3 ¿Cómo gestionan las autoridades de este Estado miembro una petición destinada a averiguar la dirección actual de una persona y enviada de acuerdo con el Reglamento del Consejo (CE) nº 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil
Ninguna disposición de la Ley de Enjuiciamiento Civil puede prohibir el recurso al Reglamento n.º 1206/2001 para averiguar la dirección de una persona. No obstante, este Reglamento debe ajustarse a las disposiciones de dicha Ley. Ahora bien, en Derecho francés, el juez civil no tiene acceso directo, como en otros Estados miembros, a los censos de población. Por lo tanto, el recurso al Reglamento n.º 1206/2001 podría concebirse en el supuesto de que un tercero poseyese un documento en el que constase la dirección del interesado. En ese caso, y de acuerdo con las disposiciones de los artículos 138 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juez podría ordenar a dicho tercero la presentación del documento en cuestión, precisando que este tercero podrá alegar un impedimento legítimo (por ejemplo: secreto profesional del abogado).
El traslado por procedimiento ordinario se hace en sobre o pliego cerrado (artículo 667 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) por correo o mediante entrega con acuse de recibo o contra firma. Este documento debe incluir todas las indicaciones relativas al nombre y apellidos, o a la denominación o razón social de la persona de la que proceda, así como a su domicilio o sede social. Es necesario que el traslado indique la persona del destinatario (artículo 665 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Estas indicaciones son obligatorias so pena de nulidad del traslado (artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuando el destinatario sea una persona física, el traslado se efectuará en el lugar en el que viva o en cualquier otro lugar, si la entrega se realiza en persona, o en el domicilio elegido, si la ley lo admite o así lo exige. Cuando el interesado sea una persona jurídica, el traslado se efectuará en su establecimiento o, en su defecto, en la persona de uno de sus miembros facultado para recibirlo.
Para quien procede al traslado, la fecha es la del envío de la carta que figura en el matasellos de la oficina de correos. Para la parte a la que se realiza el traslado, la fecha es la de recepción de la carta. Si se trata de una carta certificada con acuse de recibo, esta fecha corresponde a la consignada por la Administración de Correos al entregar la carta al destinatario.
El traslado entre abogados es aplicable cuando un abogado debe trasladar un escrito a un colega (artículos 671 a 673 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Siempre se realiza dentro del Palacio de Justicia, de dos formas: la notificación (que requiere la participación de un agente judicial que estampe su sello y su firma en el escrito y su copia) o el traslado directo (mediante la entrega del documento por duplicado al abogado destinatario, el cual devolverá uno de los ejemplares fechado y sellado).
Las notificaciones son efectuadas por los agentes judiciales en el ámbito territorial de competencia del tribunal de primera instancia del lugar de su residencia. En la práctica, salvo autorización del juez, no puede realizarse ninguna notificación fuera de los días laborables, ni antes de las seis ni después de las veintiuna horas. El artículo 663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil enumera una serie de indicaciones que deben figurar en los dos originales de los documentos del agente judicial, puesto que cualquier irregularidad es sancionada con la nulidad de la notificación (artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La notificación debe realizarse en persona y, cuando no sea posible, puede hacerse a domicilio o residencia. Si no se reúnen las condiciones de realización de esta segunda modalidad, la notificación se realiza mediante el envío al destinatario de un acta (notificación al despacho).
El artículo 748-1 de la LEC establece que los envíos, entregas y traslados de los escritos procesales, documentos, anuncios, avisos o convocatorias, informes, actas, así como de las copias y expediciones declaradas ejecutorias de las resoluciones judiciales pueden realizarse, en determinadas condiciones, por vía electrónica.
La introducción de las nuevas tecnologías en la administración de justicia ha llevado a precisar las modalidades de la notificación por vía electrónica por parte de los agentes judiciales.
El traslado entre abogados puede también realizarse a través de la Red Privada Virtual de Abogados (RPVA), utilizada igualmente para efectuar intercambios procesales entre abogados y órganos jurisdiccionales.
En principio, los decretos técnicos que determinan las modalidades concretas con arreglo a las cuales deben llevarse a cabo los intercambios electrónicos solo autorizan la comunicación electrónica a determinados profesionales, como abogados y agentes judiciales.
La comunicación electrónica es posible ante la mayoría de los órganos jurisdiccionales (tribunales de primera instancia, tribunales mercantiles, tribunales de apelación, Tribunal Supremo y juzgados de paz en supuestos más limitados).
Además, en casos excepcionales y en condiciones claramente definidas, determinados actos que emanan de la Secretaría Judicial (citaciones o, en el caso de determinadas personas jurídicas, convocatorias) pueden dirigirse a una de las partes por correo electrónico (artículos 748-8 y 748-9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
En todos los casos, el destinatario del acto debe aprobar expresamente la utilización de medios electrónicos.
En caso de que no se pueda realizar el traslado, deberá efectuarse una notificación.
La notificación se hace «a domicilio o, a falta de domicilio conocido, a residencia». El agente judicial debe proceder a todas las investigaciones pertinentes para descubrir el domicilio del destinatario antes de entregar el acto en el lugar de residencia.
Cuando el destinatario del documento tiene un domicilio o una residencia conocidos y el agente judicial no lo localiza en ellos, solo puede efectuar una notificación válida entregando la copia del documento a cualquier persona que esté presente en el domicilio o la residencia. Si el documento no se puede entregar a nadie, deben llevarse a cabo varias formalidades con el fin de proteger los intereses del destinatario: deben figurar determinadas indicaciones en la copia que se entregará en sobre cerrado y debe enviarse un aviso al interesado por correo ordinario.
Si el destinatario del documento no tiene domicilio, residencia ni lugar de trabajo conocidos, el agente judicial puede entregar válidamente el documento en su despacho. Para ello, elaborará un acta en la que relate con precisión las diligencias realizadas para buscar al interesado. El mismo día o, a más tardar, el primer día hábil siguiente, debe enviar al destinatario, a su última dirección conocida, una copia del acta y del documento objeto de la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo. Ese mismo día, el agente judicial avisará al destinatario por correo ordinario del cumplimiento de esta formalidad.
La notificación se considerará efectuada el día en que se realice en persona, a domicilio o residencia. Como la notificación por entrega en el despacho es «a domicilio», el aviso de llegada es el que marca la fecha de notificación y no la entrega de la copia en el despacho. Las normas de determinación de la fecha de la notificación son aplicables incluso si hay que enviar un aviso.
Si el destinatario está ausente cuando pase el cartero a dejarle una carta certificada con acuse de recibo, en el aviso de llegada se le informará de que puede retirar la copia del documento en la oficina de correos en un plazo determinado.
Si el agente judicial está seguro de que la dirección que figura en el documento de notificación es correcta, pero no puede entregárselo personalmente a nadie, dejará en el buzón un aviso de llegada en el que se invite al destinatario a retirar la copia del documento en su despacho (artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La conformidad del interesado, el destinatario del documento, no condiciona la entrega del documento a esta persona, de modo que en el supuesto de que dicho destinatario no quisiese recibir la notificación que le presente el agente judicial, la persona interesada se tendrá por notificada. En efecto, es imposible que el agente judicial obligue al destinatario a coger el documento, si se niega a ello; basta con que el agente judicial deposite la copia en el domicilio del destinatario cuando lo encuentre en casa. Así, la notificación será válida aun cuando el destinatario se haya negado a aceptar la copia y el agente judicial la haya depositado sobre un mueble (CA París, 12 de diciembre de 1906, S. 1907. 2.109).
En el contexto de las notificaciones postales, la persona encargada de entregar la carta con acuse de recibo, solo podrá en principio entregársela a la persona a quien vaya dirigida, salvo que el destinatario haya designado a una tercera persona para recibir estos documentos.
En el supuesto de que el destinatario del documento, o una persona autorizada para recibir las cartas con acuse de recibo, no haya podido tomar posesión del documento objeto de la notificación postal, el traslado no será regular y deberá reiterarse mediante notificación por agente judicial.
Cuando la persona encargada de entregar la carta con acuse de recibo haya pasado por el domicilio del destinatario sin que este (o la persona autorizado al efecto para recibir cartas certificadas con acuse de recibo) estuviese presente, el funcionario de correos dejará un aviso de llegada en el buzón del interesado. Este aviso indica que la carta está a disposición del interesado en la oficina de correos y que la puede retirar en un plazo de quince días. En caso de que el interesado no acuda a retirar la carta dentro del plazo señalado, la carta se devolverá al remitente.
En caso de notificación mediante carta certificada con acuse de recibo, el funcionario de correos entregará el sobre a su destinatario contra firma en el impreso de acuse de recibo. Este último se enviará al remitente como prueba de la entrega en mano del documento. Si el destinatario no ha retirado el sobre en la oficina de correos, o si la dirección es errónea, por ejemplo, el remitente recibirá asimismo, transcurrido un plazo de 15 días a partir del aviso de llegada, el acuse de recibo que indica la imposibilidad de entrega.
Cuando se notifique el documento, el agente judicial deberá indicar en el acta de notificación las diligencias efectuadas para el correcto desarrollo de la notificación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece en su apartado 2 «el agente judicial debe informar en el documento las diligencias por él llevadas a cabo para efectuar la notificación en persona al destinatario y las circunstancias que caractericen la imposibilidad de dicha notificación».
El agente judicial señalará en el acta a quién entregó el documento e informará a su mandante.
En principio, los documentos deben notificarse en persona. No obstante, el hecho de que sean notificados a terceros no convierte necesariamente la notificación en irregular, bajo determinadas condiciones.
Así pues, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el traslado por carta certificada con acuse de recibo se considerará efectuado en el domicilio o residencia cuando el acuse de recibo esté firmado por una persona debidamente apoderada a tal efecto. Dicho traslado puede tener efectos sobre la calificación de la Decisión (la Decisión se considerará contradictoria o por defecto si la persona no está presente), pero no será por ello menos regular.
En los demás casos, es decir, si la dirección del traslado por correo certificado es errónea o si el destinatario no ha retirado el sobre en la oficina de correos, el secretario judicial del órgano jurisdiccional deberá invitar a la Parte a que proceda mediante notificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 670-1 de dicha Ley. Esta diligencia permite regularizar el traslado del documento.
De la misma forma, el agente judicial puede entregar el documento a una persona distinta de su destinatario, por ejemplo, a un miembro de la familia presente en el domicilio. En tal caso, se dejará a ese tercero una copia del documento en sobre cerrado y el agente judicial indicará en el acta de notificación el nombre de la persona que haya recibido el documento (artículos 655 y 657 de dicha Ley).
Si el agente judicial ha podido comprobar que el destinatario vive en la dirección indicada, también puede dejar un aviso de llegada en el buzón, en el que se invita al destinatario a retirar el sobre en su despacho. En este caso, la notificación se considerará realizada en su domicilio, con las consecuencias ya recordadas en materia de calificación de la sentencia (artículo 656 de dicha Ley).
Por último, la presencia voluntaria del demandado en la vista celebrada en el juzgado de primera instancia, el tribunal mercantil y el juzgado de lo social permite pasar por alto la notificación o traslado de la cédula de emplazamiento, cuando las partes así lo acuerden (Soc. 16 de mayo de 1990).
Fuera de estos casos, el acto notificado o trasladado de forma irregular no tiene valor ni puede originar ningún derecho. En particular, no permite el transcurso de los plazos de recurso.
Los gastos de notificación de documentos por correo certificado ascienden al coste del correo certificado, es decir, 5,10 EUR para una carta de 20 g como máximo, enviada desde Francia y con destino en Francia, tarifa a 1 de abril de 2017.
El coste de los honorarios de los agentes judiciales se fijará según un Decreto de 26 de febrero de 2016 que fija las tarifas reguladas de los agentes judiciales. El coste de una notificación varía en función de la naturaleza del acto y de los importes previstos, pero normalmente es inferior a 50 EUR.