Source: https://www.scribd.com/doc/65086872/Los-trabajadores-de-autotransportes-en-la-legislacion-mexicana-Francisco-Martnez-Cruz
Timestamp: 2016-09-25 07:47:10
Document Index: 169629034

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 123', 'artículo 123', 'in dubio', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 123', 'in dubio', 'artículo 258', 'artículo 256', 'artículo 259', 'artículo 261', 'artículo 263', 'artículo 263', 'artículo 47', 'artículo 264']

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Por Francisco Martínez Cruz, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
SUMARIO: I. Introducción, 1; II. El derecho del trabajo desde la perspectiva de los derechos fundamentales, 1; III. Los trabajadores de autotransportes en la Ley Federal del Trabajo, 7; IV. Evolución jurisprudencial, 11; V. Conclusiones, 12; Bibliografía, 13.
I. Introducción. En el presente escrito pretendo explicar al trabajo como un derecho fundamental integrando su concepción como libertad y como derecho social para
posteriormente exponer en particular el trabajo de los autotransportistas, concibiendo su regulación como una garantía específica del derecho del trabajo. Las consecuencias que se deriven de esta manera de tratarlo, si bien no se profundizan, queda en el lector vislumbrarlas, de tal suerte que me parece que se verá una muy buena herramienta para proteger al ser humano en su calidad de trabajador. El ejemplo en cuestión es el del trabajo de los autotransportistas, sector que aún labora al margen de la ley, pero que advierte la necesidad de un mayor impulso a la regulación laboral, y en general dentro de la sociedad, y que desde mi perspectiva puede ser dado desde los derechos fundamentales. Naturalmente, también implica una invitación al lector interesado en estos temas en hacer el experimento propio desde la realidad social en la que se encuentre.
II. El Derecho del Trabajo desde la perspectiva de los derechos fundamentales. La regulación actual del Derecho del trabajo mexicano tuvo su germen a principios del siglo XX y fue una de las grandes aportaciones derivadas de la Revolución Mexicana de 1910 la cual se materializó con su incorporación en la Constitución Federal de 1917, aún vigente. Hay que decir que dicho documento fue el primero en el mundo entero en incorporar los denominados derechos sociales, de los que el trabajo es una de sus más representativas expresiones. Surgidos como derechos humanos, los derechos sociales reclaman la tutela estatal de los sectores más vulnerables de la sociedad, pues pretenden crear las condiciones para que todos puedan disfrutar de los derechos de raíz liberal y democrática. No obstante lo anterior, como bien observa Miguel Carbonell 1 , el trabajo casi nunca es abordado por los teóricos del derecho constitucional pues se entiende materia de estudio de los iuslaboralistas. Esta situación ha propiciado que desde la óptica constitucional únicamente sea analizado el trabajo como una libertad (Artículo 5º Constitucional) mientras que, concebido como derecho social (Artículo 123 Constitucional), sea estudiado exclusivamente por los mencionados especialistas. La problemática que lo anterior supone es que el derecho al trabajo no sea comprendido integralmente ni sea entendido como lo que actualmente se ha tendido a llamar en los Estados constitucionales de derecho, como un derecho fundamental. Esto es obvio, en México dicha noción es relativamente reciente, no así el concepto de “garantías individuales”, de mayor arraigo. La diferencia conceptual no es ociosa. En México frecuentemente se les confunde y se les usa de manera arbitraria. Siguiendo las tres fundamentaciones que observa Maurizio Fioravanti, me parece que en México las garantías individuales responden más a un modelo de fundamentación predominantemente estatista de
Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 3a ed., Porrúa, México, 2009, p. 967.
los derechos, lo que no es de extrañarse en un país cuyos gobiernos por tantos años fueron y han sido represores y autoritarios. Según este modelo, se prescinde de toda referencia a un derecho natural de los individuos precedente al derecho impuesto por el Estado, la organización estatal es la mejor opción al estado de naturaleza y, por tanto, un ente distinto a los que pactaron su creación, de tal suerte que su poder se libera de sus yugos individuales para pasar al del Estado, quien otorga los derechos y garantías a sus gobernados. Por su parte, el término “derechos fundamentales”, frecuentemente identificado con los derechos humanos, corresponde más a cierto modelo individualista, donde el liberalismo centra su punto de atención en el individuo y pone a su servicio el quehacer del Estado. En ese sentido, las garantías vendrían a ser todas aquellas normas y mecanismos que permiten a los individuos ejercer y exigir sus derechos fundamentales. Gregorio Peces Barba, desde mi punto de vista, acierta en buscar el fundamento de los derechos a través de tres grandes reflexiones: la ética-filosófica, la histórica y la jurídica-positiva. De tal suerte que un derecho fundamental se concibe como pretensión moral y cobra fuerza en el devenir de la historia pero únicamente puede ser completamente exigible cuando es positivado. Así, según Peces Barba, un derecho humano es más bien la pretensión moral, mientras que un derecho fundamental, estrictamente, sería un derecho humano positivado. De manera muy resumida, esta teoría indica que se pueden identificar a lo largo de la historia cuatro valores que corresponden a ciertas ideologías que en su momento se han impuesto o que han sido trascendentales y que fundamentan a los derechos. El liberalismo principalmente aporta la libertad, la cual es acotada por la igualdad que esgrime la democracia y por la solidaridad que nos viene de las doctrinas socialistas, todo ello enmarcado en un contexto de seguridad jurídica, una de las principales características del Estado de Derecho Moderno. Estos valores caracterizan el modo de ser de la sociedad en determinado momento, por lo que el poder político los hace suyos en aras de legitimarse como una ética pública y que mediante el derecho, traduce en derechos. Estos son fundamentales
porque provienen de pretensiones morales de la sociedad que en cierto tiempo y contexto exige al Estado no solamente su reconocimiento, sino su protección y garantía, pues los considera como imprescindibles, como condiciones mínimas sin las cuales no podría ser desarrollado cualquier plan de vida por personas dignas. Es en este contexto teórico, al referirse al trabajo como libertad, se hace referencia a esa facultad que tienen las personas de decidir de manera autónoma la profesión u oficio en el que deseen desempeñarse para vivir. Sin embargo, en un contexto donde prevaleciera la simple, pura y llana libertad, si bien el individuo podría elegir su empleo, no se garantizarían las condiciones en las que tal se desarrollaría, lo que repercutiría en la propia libertad entendida como autonomía moral del individuo, pues estaría sujeto y temeroso de las condiciones que uno más aventajado le impusiera. Es por ello que tiene razón de ser la corrección que le hace la solidaridad, entendida como “el reconocimiento de la realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino susceptibles de resolución con intervención de los poderes públicos y de los demás”2. Según se observa, entender al derecho del trabajo como un derecho fundamental obliga a considerar de manera unificada tanto su rostro de libertad como de derecho social, con lo cual se aplicarían a los propios derechos derivados y que están contenidos tanto en el artículo 123 de la Constitución, como en la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables, las reglas de interpretación de los propios derechos fundamentales. Hago referencia principalmente a la interpretación porque es la que permite al juzgador actualizar las normas que emite el legislador, darle coherencia al sistema jurídico y, conforme a la teoría de Peces Barba, evaluar la legitimidad de dichas normas con base en los valores que informan a los derechos fundamentales, ya sea estableciendo la interpretación de cierta norma en determinado sentido o declarando su inconstitucionalidad. Antes de señalarlas, es preciso que primero explique las que contiene la actual regulación laboral.
Peces Barba Gregorio, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III, Madrid, 1999, p. 279.
Interpretación del derecho del trabajo. En la interpretación de las normas laborales se ha hecho patente la especial naturaleza del derecho del trabajo, ya que, partiendo de la justicia aristotélica según la cual no se puede tratar igual a los desiguales, se han establecido ciertas reglas en torno a la interpretación a fin de proteger a la parte más débil en la relación laboral que es la clase trabajadora. Por lo anterior, el primer principio fundamental se enuncia “in dubio pro operario”, el cual significa que, en caso de que el juzgador tenga duda en la aplicación de una norma, preferirá la interpretación que más beneficie al trabajador. Este principio se encuentra en el artículo 18 de la Ley y va muy de la mano de la particular jerarquía de las fuentes especiales laborales, pues conforme a tal, la norma que más derechos otorgue a la clase laboral será la que se encuentre en la cúspide jerárquica. De tal suerte que, si la Constitución establece un conjunto de derechos y prestaciones laborales mínimos, las demás normas laborales deberán contener mejores y mayores derechos y prestaciones para tener primacía frente a la Constitución, de lo contrario, dichas normas podrán ser declaradas nulas.3 Interpretación de los derechos fundamentales. Respecto de los derechos fundamentales, los principios interpretativos particulares que se suelen aplicar son los siguientes4: I. Principio pro homine, según el cual el intérprete habrá de preferir la interpretación que más optimice un derecho fundamental y, en caso de poder aplicar más de una norma al caso concreto, deberá preferir aquella
La jerarquía normativa en el derecho del trabajo Mexicano, conforme al artículo 17 de la LFT, es la siguiente: 1. La Constitución, tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo; 2. La analogía; 3. Los principios generales que deriven de los ordenamientos anteriores; 4. Los principios generales del derecho; 5. Los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123; 6. La jurisprudencia; 7. La costumbre y 8. La equidad. De la anterior numeración, escapan otras fuentes consideradas “especiales” que siempre han sido tomadas en cuenta por la doctrina. La razón de esto estriba en que según Mario de la Cueva, más que fuentes supletorias de la ley, son normas que se sitúan encima de ella para alcanzar la finalidad inmediata del derecho del trabajo y que se encuentran reguladas de manera expresa. Las fuentes especiales son las siguientes: 1. El contrato colectivo de trabajo; 2. El contrato-ley; 3. El reglamento interior del trabajo; y 4. El laudo constitutivo colectivo. 4 Carbonell, M., op. cit., pp. 130-132.
que sea más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. II. Posición preferente de derechos fundamentales, de acuerdo con el cual, ante un caso concreto de colisión de distintos derechos, deberá aplicarse preferentemente uno de ellos previa ponderación. III. Mayor protección de los derechos, de acuerdo con el cual se entiende que la regulación constitucional de los derechos es solamente un estándar mínimo, que puede y debe ser ampliado por los distintos intérpretes que los aplican. IV. Fuerza expansiva de los derechos, que señala que, en cuanto a la titularidad de los derechos debe ser expandidos a la mayor cantidad de sujetos posibles para que les llegue al mayor número de personas la protección de los derechos. Sin ánimo hacer un examen exhaustivo de dichos principios, basten los señalados para continuar esta exposición. Como el lector podrá darse cuenta, si bien las semejanzas entre unos y otros son bastantes (especialmente los de in dubio pro operario y la jerarquía de las fuentes especiales con los principios pro homine y de mayor protección de los derechos), parece que no siempre se hace hincapié en el doble rostro del Derecho laboral. Según parece, la aplicabilidad de los demás principios a las disposiciones que conforman el derecho del trabajo, naturalmente tendría sus consecuencias que por espacio no serán exploradas aquí. Así por ejemplo, ante una nueva ley que viniera a abrogar la vigente, y que en su articulado restringiera o eliminara derechos que la anterior hubiera reconocido, o diseñara un sistema que dejara en una situación vulnerable al trabajador, la Suprema Corte de Justicia podría otorgar el amparo al trabajador que lo promoviera, a menos que el legislador primero en la ley y la Corte en la instancia respectiva, de una argumentación ponderativa, le dieran el triunfo a la libertad de los dueños del capital. Por otra parte, la concepción del trabajo como derecho fundamental, posiblemente llamaría la atención de que únicamente podría ser exigible al Estado. Sin
embargo, dada su faceta de derecho social, pareciera ser exigible no sólo al Estado, sino incluso a los particulares. Indudablemente que sería una locura exigir forzosamente a los dueños del capital la apertura de plazas, pero es completamente legítimo exigirles el respeto y cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley para que el trabajador preste sus servicios. Aunque este podría ser un claro ejemplo de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, la realidad social es abrumadora y nos indica que, a pesar de regulaciones ingeniosas y garantistas, mientras que los trabajadores no conozcan sus derechos no podrán invocarlos, verbigracia las relaciones laborales entre los autotransportistas y los propietarios de los vehículos en los que se presta el servicio.
III. Los trabajadores de autotransportes en la Ley Federal del Trabajo. Dicho lo anterior, me enfocaré en la regulación de los trabajadores de autotransportes. Si el derecho al trabajo es el derecho fundamental, entonces constituirán sus garantías la estructura de las normas que lo regulan, las hipótesis planteadas, las prohibiciones u obligaciones que se contengan en la legislación y en el resto de los ordenamientos correspondientes, así como los mecanismos jurídicos para hacerlos valer. La razón de haber elegido a este sector radica fundamentalmente en que, no obstante se encuentre regulado en la Ley Federal del Trabajo, su desconocimiento propicia que los llamados “trabajadores del volante” presten sus servicios al margen de la protección legal, situación que, como ya lo adelantaba al final del capítulo anterior, desde la óptica de los derechos fundamentales es inaudita, pues redunda en la vulnerabilidad de los propios trabajadores y en su imposibilidad de elegir y de hacer libremente como personas dignas, cualquier plan de vida, según se ha expuesto. No obstante la actual regulación, existen miles de autotransportistas que viven al margen de las prestaciones de la ley. Uno de los sectores más desaventajados ha sido el de los taxistas que laboran muchas veces todos los días de la semana, dan
una “cuenta” diaria, a veces media cuenta los domingos, viven al día, no cuentan con ninguna clase de seguridad social ni prestaciones por parte de sus patrones y están sujetos al despido inminente, por lo que es absurdo hablar de estabilidad en el empleo. Sin embargo, tal vez la exigencia real de tales prestaciones haría incosteable o no redituable económicamente dicha actividad por parte de los patrones. Si bien se ha considerado la opción de que las autoridades deberían poner en manos sólo de auténticos trabajadores las placas de circulación, lo cierto es que aun así podría darse el caso de transformación social que convertiría al propietario en nuevo patrón. Sin duda, la escasez y el egoísmo, siempre han sido los enemigos contra los cuales, desde su origen, se han enfrentado los derechos sociales. a) Antecedentes. A pesar de que hacia 1935 debido a una huelga declarada por los chóferes de ruleteo, el presidente Lázaro Cárdenas estableció que los propietarios de los vehículos debían celebrar un contrato con los chóferes que utilizaran, reformándose el Reglamento de tránsito para imponer a los propietarios la obligación de exhibir el contrato de trabajo que debían celebrar con los chóferes y confirmándose al año siguiente por la Suprema Corte de Justicia en la ejecutoria Luis Romero Real, años después los permisionarios inventaron la figura del “contrato de arrendamiento de una cosa mueble”. La Suprema Corte de Justicia creyó correcta la figura y en 1957 sentó jurisprudencia según la cual las relaciones existentes entre el chofer y el dueño del vehículo, no eran de trabajo, sino de arrendamiento, “pues para que existiera contrato de trabajo sería preciso que el chofer prestara sus servicios al dueño bajo la dirección y dependencia de éste” 5. En 1967 la Comisión que redactó la Ley Federal del Trabajo vigente, tomó las demandas de los trabajadores del volante para así redactar el artículo 258 que pasó a ser el 256 de la Ley vigente y en el cual se le devolvió el carácter laboral a las relaciones entre chóferes y los dueños de los vehículos, imponiéndose el derecho del trabajo por encima del derecho civil y su principio de la autonomía de
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, México, 1965, quinta parte, página 60.
la voluntad y la consecuente tesis de la libre determinación de las relaciones jurídicas. La Comisión argumentó que, en la realidad social, el chofer pone su energía de trabajo, que es su patrimonio humano, al servicio del capital, en una subordinación que se manifiesta en la prestación de un servicio público dentro de un horario fijo y de conformidad con las normas del Reglamento de tránsito y las instrucciones complementarias del patrón.6 Cabe indicar que la reglamentación aquí estudiada modula la que en términos generales se señala en el resto de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no significa que lo que a continuación se estudia sea lo único que deba respetarse en la relación laboral. b) Sujetos El artículo 256 de la Ley señala primero que son relaciones de trabajo y quedan sujetas a dicha ley, aquellas existentes entre los chóferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que presten servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los vehículos. El legislador, para evitar cualquier vericueto, al menos legalmente, en el mismo artículo dispuso que “La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el párrafo anterior, no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados”. c) Salario. De los problemas que ha suscitado esta regulación, el salario ha comportado el más difícil y a la vez el más importante, ello se debe a que es casi imposible que el patrón pueda llevar un control adecuado de los ingresos. Por ello se establecen varios principios con los cuales se busca a la vez, tanto asegurar a los trabajadores la percepción del salario mínimo y garantizar la productividad del capital representado en el vehículo.
De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del trabajo, Porrúa, México, T. I, 2007, p. 501.
d) Determinación del salario. Se parte de que no es violatoria del principio de igualdad del salario la estipulación de salarios distintos para trabajos iguales, si se presta en líneas o servicios de diversa categoría (art. 257, último párrafo). Así mismo, el salario puede fijarse de diversas maneras: por día, por viaje, por boletos vendidos, por circuito o por kilómetros recorridos, y consistirá en una cantidad fija, o en una prima sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado, o en dos o más de esas modalidades, pero se dispone de manera expresa que el pago nunca podrá ser menor al mínimo legal (art. 257, primer párrafo). Si el salario se fija por viaje, y éste se interrumpe o retarda por causa no imputable a los trabajadores, éstos tendrán derecho a un aumento proporcional en su salario; asimismo nunca se reducirá si se abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa (art. 257, segundo y tercer párrafos). Si la interrupción se da en los transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen derecho al pago del salario correspondiente, siempre que no sea por causas imputables a los propios trabajadores (art. 257, cuarto párrafo). e) Salarios en los días de descanso. Se fija aumentando un 16.66% al salario que se percibe durante la semana (art. 258), a no ser que se perciban salarios superiores al mínimo legal, en cuyo caso, según Néstor de Buen, es válido que se convenga que la cuota diaria implica el pago del séptimo día. i. Salarios en vacaciones e indemnizaciones. Se señala en el artículo 259 que las vacaciones y las indemnizaciones se pagarán aplicando el art. 89, regla aplicable para el caso de los salarios variables conforme a la cual se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho y, si en ese lapso hubiera habido un aumento del salario, se considerará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento.
f) Obligaciones especiales de los trabajadores. De manera general son aquellas tendientes a procurar la seguridad en las transportaciones, evitar fraudes a la empresa y la obligación de cortesía hacia el usuario. Las prohibiciones son, conforme al artículo 261: abstenerse en el uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las doce horas anteriores a su inicio; abstenerse en el uso de narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera del servicio, sin prescripción médica, y, en caso de existir, el trabajador deberá poner en conocimiento del patrón tal situación, presentando la citada prescripción; y no recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por el patrón. Las demás obligaciones se contienen en el artículo 263 y se refieren a la cortesía hacia el pasaje; conservación de la salud; cuidar el buen funcionamiento de los vehículos; realizar las reparaciones de emergencia durante el viaje; y, observar los reglamentos de tránsito e indicaciones técnicas de las autoridades o del patrón. g) Obligaciones especiales de los patrones. Se encuentran en el artículo 263 y son: en caso de prolongación o retardo del viaje, el patrón debe pagar el hospedaje y la alimentación. El resto se orientan a procurar la mayor seguridad posible y son: hacer las reparaciones para avalar el buen funcionamiento de la unidad; dotar de herramienta y refacciones a los vehículos para hacer las reparaciones de emergencia durante el viaje; y observar los reglamentos de tránsito sobre condiciones de funcionamiento y seguridad de los vehículos. h) Causas especiales de la rescisión laboral. Las causas en general se encuentran en el artículo 47, pero en este caso, el legislador hizo énfasis en situaciones específicas. En el caso de los autotransportes de servicio público, el artículo 264 indica que son dos los motivos particulares, el primero consiste en la negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada. El segundo deriva de la disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo que ocurran circunstancias justificadas.
IV. Evolución jurisprudencial. La jurisprudencia respecto de este tema no ha sido extensa y de hecho, ha carecido de relevancia, tal vez porque las controversias entre patrones y autotransportistas (especialmente los taxistas) no han sido demasiadas, no porque sus relaciones laborales sean óptimas, sino más bien por la ignorancia de sus derechos y de sus garantías. En un amparo directo 57/95 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, se señaló que, respecto del pago de séptimos días y festivos laborados, como no se establecen los lineamientos a los cuales debe sujetarse el patrón para pagar al trabajador los días de descanso semanal y los festivos laborados, y, dado que el salario que rige para esta clase de trabajos es por porcentaje y variable de acuerdo a la categoría que se desempeñe o por kilometraje recorrido, ante la imposibilidad de remunerar al trabajador en la forma ordinaria como se hace con aquellos que desarrollen sus actividades en un mismo sitio y que pueden iniciar y terminar su jornada con regularidad, es correcto que se incluya en la cuota kilómetro o prima de los ingresos de lo recorrido, la parte proporcional del séptimo día y de los días festivos, siempre y cuando en esa cantidad se comprenda un salario no inferior al mínimo. Por otra parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que, de acuerdo a lo previsto en el art. 257, en el trabajo especial de autotransporte, no rige el tiempo extraordinario, entendido éste como aquel que excede a la jornada máxima legal, en virtud de que, de acuerdo al dispositivo legal en cita, el servicio no se contrata con sujeción a una jornada, sino por día, por viaje, etc. y sólo en el caso de que el viaje se prolongue por causas no imputables al trabajador, tendrá derecho a un aumento proporcional en su salario (Gaceta núm. 74, SJF, p.47).
V. Conclusiones. Definitivamente me parece que el derecho del trabajo, si bien ha contado a lo largo de la historia, al menos en México, con un importante desarrollo, las circunstancias
actuales en las que cada vez más lo cuestionan las ideas neoliberales, urgen de un impulso que lo dote de nuevos argumentos teóricos. La propuesta que aquí se vierte es ver al trabajo en su acepción de libertad y en la de derecho social desde la óptica de los derechos fundamentales, mejor conocidos como derechos humanos, cuya fuerza ha venido aumentando en las últimas décadas. Las consecuencias mucho tienen que ver con el estatus que tendrían en el sistema jurídico y su interpretación. Si bien la libertad de trabajo ha sido constantemente tratada como un derecho fundamental, el derecho del trabajo, que es el que opera una vez que se tiene la calidad de trabajador, no ha sido estudiado de la misma manera, razón para explorar las consecuencias que ello tendría. Haber expuesto la regulación de los trabajadores del volante me parece que ha demostrado que merece un mayor estudio y atención pues la situación en la que operan, desde la óptica de los derechos fundamentales es inaudita, pues redunda en la vulnerabilidad de los propios trabajadores y en su imposibilidad de elegir y de hacer libremente como personas dignas, cualquier plan de vida.
Bibliografía. Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 3a ed., Porrúa, México, 2009. Dávalos Morales, José, Derecho Individual del Trabajo, 18ª ed., Porrúa, México, 2009. De Buen L., Néstor, Derecho del Trabajo, 20ª ed., Porrúa, México, T. I, 2007. De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Porrúa, México, T. I, 2007. Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 6ª ed., Madrid, Trotta, 2009. Peces Barba, Gregorio, Curso de derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos III, 1999.
___________, Ética, Poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de siglo, Fontamara, México, 2004.
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