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Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 149', 'artículo 14', 'artículo 39', 'artículo 139']

BOE.es - Documento BOE-A-2014-4821
Documento BOE-A-2014-4821
Sala Segunda. Sentencia 51/2014, de 7 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 7142-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina, con relación a los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Principios de igualdad en la ley y de protección de la familia; competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público.
«BOE» núm. 111, de 7 de mayo de 2014, páginas 69 a 75 (7 págs.)
BOE-A-2014-4821
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7142-2013, promovida por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina, con relación a los párrafos cuarto y quinto del art. 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, por posible vulneración del art. 14 de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El 9 de diciembre de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina, al que se acompaña, junto con el testimonio de las actuaciones del procedimiento núm. 225-2012, el Auto de 22 de octubre de 2013 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), por posible vulneración de los arts. 14, 39.1 y 2 y 139.1 CE.
a) Doña María Paloma Arroyo Oliva presentó demanda en materia de Seguridad Social contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General. Impugnaba la resolución dictada por la Dirección Provincial de Toledo del INSS, de 23 de diciembre de 2011, que le denegó la pensión de viudedad solicitada al producirse el fallecimiento de su pareja de hecho, ocurrido el 16 de noviembre de 2011, con quien había convivido de forma ininterrumpida al menos desde 1996, según acreditó con diversos documentos públicos y privados en el proceso.
c) La resolución de la Dirección Provincial del INSS de 23 de diciembre de 2011 denegó la solicitud porque, no constando la inscripción registral como pareja de hecho o acta notarial en la que se plasmase la existencia de la misma, no concurría ninguno de los supuestos establecidos en el art. 174 LGSS. Se presentó reclamación previa, que fue desestimada por idénticas razones, mediante resolución de 16 de febrero de 2012.
d) El Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina dictó Auto de 29 de mayo de 2013 acordando conferir a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que alegasen lo que estimaran conveniente sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos cuarto y quinto del art. 174.3 LGSS, por si pudieran ser contrarios a los arts. 14, 39 y 139.1 CE.
e) Evacuado el referido trámite, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina dictó Auto de 22 de octubre de 2013, por el que acuerda suspender las actuaciones seguidas y elevar la referida cuestión de inconstitucionalidad.
3. Tras poner de manifiesto los hechos enjuiciados en el proceso y la evolución normativa en la materia, destacando las diferencias en el régimen jurídico de la pensión entre convivientes matrimoniales y more uxorio, subraya el juzgador su doble duda de constitucionalidad. La primera reside en que «a falta de una regulación jurídica de carácter general y unitaria en la legislación civil estatal, a la que correspondería la competencia, ex artículo 149.1.8 de la CE, del concepto de pareja de hecho, los perfiles difusos que definen la figura en una norma de Seguridad Social como la que se acaba de transcribir sólo a efectos prestacionales, dejan desprotegidas a algunas unidades de convivencia familiar, lo que podría ser contrario al derecho a la igualdad del artículo 14 CE y asimismo al artículo 39 de la CE». Se afirma en ese sentido, con proyección sobre el caso de autos, que la exigencia de unos determinados requisitos formales de acreditación lleva a negar la condición de pareja de hecho a quienes, por otros medios admisibles en Derecho distintos a los enunciados en la Ley, demuestran que reúnen las condiciones que le permitirían acceder a la protección que la pensión de viudedad dispensa a las parejas que han convivido more uxorio.
Entre otras consideraciones sobre ese particular, el auto de planteamiento destaca que el Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha se creó el registro de parejas de hecho, regula la inscripción con efectos meramente declarativos, según expresamente dispone la norma y ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad. De ello se infiere, afirma el juzgador, que la referida inscripción no es sino «un medio de prueba más» de la convivencia more uxorio, que puede igualmente satisfacerse por otros igualmente admitidos en Derecho, como expresa la STC 93/2013. Subraya, asimismo, que cuando existe un hijo nacido de la convivencia, como en el caso de autos, la exigencia formal contenida en el art. 174.3 LGSS puede dar lugar a situaciones de desprotección de la madre y el hijo no compatibles con el art. 39 CE.
La segunda cuestión que suscita dudas al órgano judicial se relaciona con la desigualdad que «puede darse entre españoles, por razón del lugar de residencia, que podría ser contraria al artículo 139.1 de la CE, por la remisión genérica e incondicionada que contiene el precepto a las regulaciones que puedan existir en ámbitos territoriales con derecho civil propio, dada la variedad de regulaciones que la convivencia no matrimonial presenta en las legislaciones de aquellas CCAA con derecho civil que han regulado la figura».
4. Por providencia de 14 de enero de 2014, el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó la admisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad, así como deferir su conocimiento a la Sala Segunda, conforme a lo dispuesto en el art. 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Se dispuso igualmente dar traslado de las actuaciones, de acuerdo con el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado para que pudiesen personarse en el proceso y formular alegaciones, y comunicar esa resolución al Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina, a fin de que, en virtud del art. 35.3 LOTC, permaneciese suspend3ido el proceso hasta que este Tribunal resolviese la cuestión. Asimismo, se ordenó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el de 20 de enero de 2014, núm. 17.
5. Con fecha de 23 de enero de 2014, el Presidente del Congreso de los Diputados presentó un escrito ante este Tribunal comunicando la personación de dicha Cámara y el ofrecimiento de su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. Con fecha de 6 de febrero de 2014, el Presidente del Senado presentó un escrito ante este Tribunal comunicando la personación de dicha Cámara y el ofrecimiento de su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7. Con fecha de 7 de febrero de 2014, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, se personó en este proceso constitucional.
8. Por diligencia de ordenación de 11 de febrero de 2014 se acordó tener por personado y parte en este proceso constitucional, en la representación que ostenta, al Letrado de la Administración de la Seguridad Social, y conforme establece el art. 37.2 LOTC concederle un plazo de quince días para que pudiese formular alegaciones.
9. Por medio de escrito con fecha de registro de 29 de enero de 2014, el Abogado del Estado, en nombre del Gobierno, se personó en este procedimiento y formuló alegaciones. Indica que el apartado cuarto del art. 174.3 LGSS, en el inciso cuestionado, no adolece de inconstitucionalidad, ya que las prestaciones de Seguridad Social, como todas las prestaciones de naturaleza pública, son en sí mismas un producto del Derecho, de suerte que no resulta desproporcionado o contrario a la esencia de una unión de hecho el que para poder ver reconocida una pensión o prestación se exija la acreditación formal, a través de los medios establecidos por la norma, del cumplimiento de los requisitos materiales o sustantivos que reclama el Derecho aplicable para la válida constitución de la unión more uxorio.
En cuanto al párrafo quinto del precepto, a su juicio, como en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha rige el Derecho civil común, dicha previsión resulta irrelevante para fallar el proceso a quo. No obstante, añade después, la coexistencia de diversos Derechos civiles dentro del Estado español –esto es, el dato de la pluralidad de ordenamientos civiles, reconocido y hasta promovido por art. 149.1.8 CE– «debe ser tenido en cuenta por el legislador básico, o, al menos, puede serlo lícitamente». Por lo demás, la diferencia en el régimen de las parejas de hecho (en su definición y acreditación) «no la ha creado el legislador básico de seguridad social», que solo ha atendido a la circunstancia de que dentro de nuestro Estado existen Derechos civiles propios. En definitiva, a su criterio, el legislador de Seguridad Social acepta que en una norma básica aparezca una diferenciación ratione territorii, bien que de alcance muy limitado, pues tal divergencia toca exclusivamente a la definición y acreditación de la existencia de la pareja de hecho, mientras mantiene los demás requisitos determinantes de la adquisición o conservación del derecho a la pensión en términos de perfecta uniformidad para todo el territorio estatal.
10. Por escrito con fecha de registro de 13 de febrero de 2014, el Fiscal General del Estado pone de manifiesto que el único precepto que resulta aplicable para resolver la litis es el inciso del párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS (inscripción en registro público), en tanto que esa previsión es la única exigencia normativa que se opone al devengo de la pensión de viudedad solicitada, al haberse establecido como hecho probado el incumplimiento del requisito por parte de los integrantes de la unión de hecho.
De otra parte, concluye posteriormente, dicha regulación no resulta contraria a los arts. 14 y 139 CE, dado que la diferencia de tratamiento legal en uno y otro caso (percepción o no de la pensión de viudedad en función de la existencia o no de inscripción) responde a que la pareja objeto del proceso no quiso acogerse al régimen legal, no obstante haber entrado en vigor al tiempo de su convivencia la Ley 40/2007, que permitiría en un futuro lucrar la pensión de viudedad si tal relación constaba inscrita en un registro público.
11. Por escrito con fecha de registro de 21 de febrero de 2014, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social formula alegaciones, interesando que se declare la constitucionalidad del precepto impugnado.
Considera que el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS no vulnera los arts. 14, 39 y 139 CE; que los requisitos que enumera el art. 174.3 LGSS son de aplicación en todo el territorio español, y que eso no obsta que las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias, puedan regular las parejas de hecho, sin afectar sin embargo a las competencias estatales, como ocurre con la legislación básica de Seguridad Social, que comprende el establecimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones contributivas del sistema.
12. Por providencia de 2 de abril de 2014 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 7 de abril de 2014.
1. El Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, por la diferencia de trato por razón del territorio que, a efectos de acreditar el requisito de la exigencia de pareja de hecho, resulta de la remisión que el precepto legal realiza en su párrafo quinto a la legislación específica de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio; diferencia que el órgano judicial considera que podría vulnerar el art. 14 en relación con el art. 139.1, ambos de la Constitución. Además, y con independencia de las diferencias territoriales apuntadas, cuestiona asimismo la constitucionalidad del párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, en cuanto exige como requisito constitutivo para el acceso a la pensión de viudedad la inscripción en un registro de parejas de hecho o la constitución de la pareja mediante documento público, lo que a su juicio podría ser contrario a los arts. 14 y 39 CE, por la distinción que se realiza a efectos de acceder a la pensión de viudedad entre parejas de hecho que se han formalizado y las que no lo han hecho, y porque, al existir un hijo nacido de la convivencia en el caso de autos, la exigencia formal contenida en el art. 174.3 LGSS puede dar lugar a situaciones de desprotección de la madre y el hijo no compatibles con el art. 39 CE.
4. Tampoco se verifica la vulneración del art. 39 CE, apartados primero y segundo, que invoca asimismo el auto de planteamiento. Señaladamente porque, conforme a lo expuesto, es la libre opción de los convivientes de no formalización de su realidad familiar conforme a los criterios legales definidos la que determina la consecuencia denegatoria de la pensión solicitada, y no por tanto una decisión normativa contraria a las protecciones enunciadas en aquellas previsiones constitucionales, y porque, por lo demás, en cuanto a los hijos, como con acierto subraya el Fiscal General del Estado, la pensión de viudedad por su propia naturaleza no se dirige a paliar las necesidades de la descendencia, cumpliendo ese fin, propiamente, la de orfandad, efectivamente lucrada en el caso de autos por el hijo nacido de la unión de hecho.
1.º Declarar la pérdida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7142-2013, respecto del párrafo quinto del art. 174.3 de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
2.º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7142-2013 en todo lo demás.
DICTADA en la Cuestión 7142/2013 (Ref. BOE-A-2014-532).