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Timestamp: 2019-07-22 12:47:57
Document Index: 273275954

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 113', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'e contrario', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°6
PROTOCOLO DE ACUERDO DEL GRUPO MUNDIAL DE COMERCIO DEL VINO DE 2007 SOBRE REQUISITOS PARA ETIQUETADO.
MODIFICACIÓN DE SEGURO DE CESANTÍA
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA NO DILACIÓN INJUSTIFICADA DE AUDIENCIAS EN JUICIO PENAL
MEDIDAS GUBERNATIVAS AMBIENTALES Y DE SALUD PARA COMUNAS DE QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 6ª, en martes 7 de abril de 2015
(De 16:21 a 19:14)
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino de 2007 sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos para la Tolerancia del Alcohol, Años de Cosecha, Variedad y Regiones Vinícolas, del Grupo Mundial del Comercio del Vino", suscrito en Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de 2013, (9.419-10) (se aprueba en general y en particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el seguro de cesantía de la ley N° 19.728 (9.126-13) (se aprueba en general y en particular)¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (9.152-07) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11) (queda para segunda discusión)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Pérez San Martín, Allende, Muñoz y Von Baer y señores García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Moreira, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker, don Ignacio y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que remita una iniciativa legal que contemple idénticas medidas a las adoptadas en virtud de la ley Nº 20.590 para la comuna de Arica con el fin de afrontar los daños ambientales y de salud que afectan a las comunas de Quintero y Puchuncaví. (S 1.802-12) (se aprueba)
Concurrieron, además, la Ministra de Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez, y el Subsecretario de Previsión Social , señor Marcos Barraza Gómez.
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 4ª, en 31 de marzo, y 5ª, en 1 de abril, ambas ordinarias ydel presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica el seguro de cesantía de la ley N° 19.728 (boletín Nº 9.126-13).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las materias que se indican:
1.- Proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público (boletín Nº 8.265-07).
2.- Proyecto que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el Derecho Internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (boletín N° 9.773-07).
Con el último retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que establece marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (boletín N° 9.094-12).
Con los que informa que dio su aprobación a las siguientes iniciativas:
1.- La que establece marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (boletín N° 9.094-12) (con urgencia calificada de "simple").
2.- La que concede la nacionalidad por gracia a don Roberto Kozak (boletín N° 9.777-06).
Expide copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en el ejercicio del control de constitucionalidad respecto de los proyectos de ley que se especifican a continuación:
1.- El que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos.7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
--Se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
2.- El que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04).
Remite copia autorizada del texto refundido de la sentencia definitiva pronunciada por esa Magistratura, que incorpora la resolución rectificatoria de fecha 2 del mes en curso, en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de señores Senadores con relación al proyecto de ley que regula la admisión de los y las estudiantes; elimina el financiamiento compartido, y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9.366-04).
Del señor Ministro de Justicia :
Responde solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Von Baer, relativa a la factibilidad de igualar el bono trimestral que se paga a los funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial con el que perciben los demás trabajadores del sector público.
Atiende solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Chahuán, en materia de variaciones de la superficie programada para el nuevo edificio del Hospital Gustavo Fricke, de la comuna de Viña del Mar.
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre medidas adoptadas frente a denuncias por dificultades de acceso a la playa ubicada en el sector Calcurrupe, comuna de Lago Ranco.
Atiende solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los antecedentes considerados por el Comité Científico de Pesca al proponer el rango de captura biológicamente aceptable para las pesquerías de sardina común y anchoveta en la Región del Biobío.
Da respuesta a solicitudes de información, requeridas en nombre del Senador señor Navarro, respecto de situaciones que afectan a la comuna de Coronel:
1.- Reapertura de la Central Termoeléctrica Bocamina II y sus implicaciones para la recuperación ambiental de aquella zona.
2.- Antecedentes sobre una eventual contaminación producida por depósitos de asbesto generados por la planta Bocamina I y medidas adoptadas por esa Secretaría de Estado.
Del señor Subsecretario de Previsión Social :
Contesta solicitud de información, formulada en nombre de la Senadora señora Muñoz, sobre las evaluaciones realizadas por la Comisión Ergonómica Nacional en materia de certificación de trabajo pesado de las labores que desempeñan los tripulantes de embarcaciones de pesca artesanal.
Del señor Presidente del Consejo Directivo del Banco del Estado:
Da respuesta a solicitud de información, cursada en nombre de los Senadores señores Navarro, Guillier y Horvath, sobre la posibilidad de poner término al cobro de comisiones por giro y consulta de saldo de las cuentas RUT, y de adoptar medidas para el fomento y la expansión de las cajas vecinas.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social (t y p):
Informa que se ha reiterado el oficio dirigido el 26 de junio de 2014 a la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, para que haga una visita inspectiva a la empleadora de don Rodolfo Álvarez Cantillano, domiciliado en dicha comuna, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11) (con urgencia calificada de "simple").
Segundo informe de las Comisiones de Agricultura y Salud, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (boletines Nos 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (boletín N° 9.152-07).
Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y certificado de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el seguro de cesantía de la ley N° 19.728 (boletín N° 9.126-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los Comités en sesión de hoy adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar en segundo lugar del Orden del Día de la presente sesión ordinaria la iniciativa que modifica el seguro de cesantía de la ley N° 19.728 (boletín Nº 9.126-13) y autorizar a la Comisión de Hacienda para informar mediante un certificado.
2.- Colocar en el tercer y cuarto lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, respectivamente, el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (boletín N° 9.152-07) y la iniciativa que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (boletines Nos 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos).
3.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que incorpora título nuevo sobre navegación fluvial en el decreto ley N° 2.222, de 1978, Ley de Navegación (boletín N° 8.913-02), hasta las 12 horas del lunes 11 de mayo, en la Secretaría de la Comisión de Defensa Nacional.
4.- Dejar sin efecto la sesión extraordinaria convocada para mañana miércoles 8 de abril.
5.- Autorizar a las Comisiones a sesionar simultáneamente con la Sala durante la sesión especial que se celebrará mañana miércoles 8 de abril de 11:30 a 14 horas.
6.- Remitir a la Comisión Especial encargada de conocer las materias relativas a probidad y transparencia los siguientes proyectos de reforma constitucional:
-El que limita la reelección de las autoridades que indica (boletines Nos 4.115-07, 4.499-07, 8.221-07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos).
-El que regula la reelección y vacancia de parlamentarios (boletín N° 9.031-07).
-El que modifica el inciso primero del artículo 119 de la Carta Fundamental para limitar a tres los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como concejal (boletín N° 9.215-07).
-El que incorpora un inciso final al artículo 48 de la Constitución para limitar a tres los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como diputado (boletín N° 9.216-07).
-El que agrega un inciso final al artículo 50 del Texto Fundamental para limitar a dos los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como senador (boletín N° 9.217-07).
-El que modifica el inciso segundo del artículo 113 de la Carta para limitar a tres los períodos consecutivos en que un ciudadano puede ser elegido como consejero regional (boletín N° 9.218-07).
-Y el que limita a un máximo de dos reelecciones consecutivas la participación de un candidato a alcalde (boletín N° 9.225-07).
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Muchas gracias, señor Secretario .
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Aprovechamos de saludarlo por su cumpleaños.
¡Muchas felicidades y que lo pase muy bien!
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Muy agradecido.
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino de 2007 sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos para la Tolerancia del Alcohol, Años de Cosecha, Variedad y Regiones Vinícolas, del Grupo Mundial del Comercio del Vino", suscrito en Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de 2013, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.419-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 95ª, en 4 de marzo de 2015.
Relaciones Exteriores: sesión 5ª, en 1 de abril de 2015.
El objetivo principal de la iniciativa es facilitar el comercio del vino entre las Partes y minimizar cualquier obstáculo innecesario relacionado con el etiquetado, a través del establecimiento de parámetros comunes aceptables y el desarrollo de una mayor confianza mutua en sus respectivos regímenes de etiquetado.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos y Pizarro.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Honorable señor Chahuán.
Señor Presidente , Honorable Sala, vamos a votar hoy el "Protocolo del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino de 2007 sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos para la Tolerancia del Alcohol, Años de Cosecha, Variedad y Regiones Vinícolas, del Grupo Mundial del Comercio del Vino", suscrito en Bruselas, Bélgica , el 22 de marzo del año 2013.
Dicho Grupo es una entidad informal de países productores de vino, en la que participan representantes de los gobiernos y de las industrias de cada nación integrante. Está constituido como un espacio de discusión y análisis de los principales temas que afectan al sector vitivinícola en el contexto internacional. Además, es una instancia de negociación de acuerdos multilaterales en materias vitivinícolas de interés común.
Actualmente, sus miembros son Argentina, Australia, Canadá , Estados Unidos de América , Georgia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Chile.
En el marco de la reunión celebrada entre los días 20 y 22 de marzo de 2013 en Bruselas, Bélgica , se adoptó este Protocolo sobre requisitos para el etiquetado de vinos. Dicho instrumento fue negociado y establecido en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 13 del "Acuerdo sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos y su Anexo I", suscrito en Canberra, Australia, el 23 de enero de 2007, vigente desde el 13 de enero de 2012, en virtud del cual las Partes acordaron continuar conversaciones con miras a llegar a un acuerdo suplementario sobre etiquetado.
El presente Protocolo beneficiará a los productores y a los distribuidores de vinos, al facilitar las exportaciones y reducir los costos de producción, almacenamiento y etiquetado. La uniformidad en los requisitos reglamentarios del etiquetado del vino sobre tolerancia del alcohol, años de cosecha, variedad y regiones vinícolas, a través de la fijación de reglas comunes para un etiquetado aceptable entre todas las Partes, posibilitará el entendimiento mutuo de la información en el rotulado y contribuirá a evitar obstáculos innecesarios al comercio.
El proyecto de acuerdo que nos ocupa fue aprobado en general y en particular por la Sala de la Cámara de Diputados el 3 de marzo de este año, por 104 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa representa un impulso necesario para facilitar las exportaciones.
Durante el debate en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se escuchó la opinión del Asesor del Departamento Regulatorio de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señor Fernando Acuña . Y también se consultó el parecer de la Asociación Gremial Vinos de Chile. Ambas entidades se pronunciaron a favor.
El proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión de Relaciones Exteriores, y solicito que la Sala obre en igual sentido.
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo no es uno más. Si bien todos los que analizamos contienen conceptos e influencias, cabe destacar que este vislumbra un futuro importante, porque representa en el ámbito internacional una realidad nueva.
¿De qué se trata el Protocolo que se propone aprobar? Básicamente, de un grupo de países productores de vino del nuevo mundo -con esa expresión se planteó el asunto- que hace un esfuerzo para establecer un etiquetado común y uniforme, a efectos de facilitar el acceso a otros mercados en condiciones equivalentes. La idea es homogeneizar los requisitos de etiquetado.
¿De qué estamos hablando en específico? De diversa información: de la tolerancia del alcohol, que se busca que sea uniforme; de los años de cosecha, un dato muy relevante -quienes representamos zonas vitivinícolas así lo entendemos-; de la variedad, que debe ser específica y chequeable -hoy la diferenciación, en mercados como el chileno, puede ser un gran activo al momento de comercializar los productos-, y de la región de la que proviene el vino que se exporta, materia que implica un gran desafío futuro.
Entonces, aquí se enfrentan dos fórmulas distintas.
Una es quedarse con las estructuras -voy a expresarlo de manera figurativa- del mundo tradicional, en el que la ventaja objetiva la poseen los países con mucha más historia en el sector vinícola, los cuales han desarrollado sus propias estrategias de comercialización.
Y la otra, avalar el esfuerzo de un conjunto de países del nuevo mundo -así se definen- en esta materia, para darle identidad al producto y proveerlo de características diferenciadoras que lo transparenten, de modo que se sepa lo que realmente se está consumiendo.
Señor Presidente, el esfuerzo desarrollado en Bruselas empieza a rendir sus frutos. Tales medidas ayudan mucho desde el punto de vista de la explicación del producto y de la comercialización.
Además, lo anterior no implica un costo fiscal, pues consiste en ponerse de acuerdo en qué tipo de compromisos deben adquirir los países que forman parte de este conjunto de naciones emergentes que exportan vinos.
Chile hoy es el cuarto productor del mundo a nivel vitivinícola. Por tanto, asume cierto rol de líder en este grupo de países del nuevo mundo. Es relevante mostrar liderazgo en la conformación de escenarios hacia delante en este ámbito. Lo señalo como representante de zonas agrícolas: esto se halla instalado y se espera avanzar a través de este Tratado con mejores formas de comercialización y con una exigencia interna respecto a lo que debemos asumir.
Pongo un solo ejemplo: el lugar de origen del vino. Hoy los valles tienen, como señalan algunos, "terroir". Algunos dirán "historia"; otros, "características especiales". En la actualidad, al no poseer el vino una particularidad distintiva, simplemente se lo conoce como "vino chileno". La idea es ir abordando con creatividad la multiplicidad de factores que representan las diferencias en tipos de valles, en tipos de cepas, etcétera. Ello obliga a no vender cualquier cosa por vino.
Obviamente, a mi juicio, eso también es una forma de colocar una barrera de entrada a la vinificación de la uva de mesa, que suele ser una complejidad muy grande respecto de la exportación de nuestros productos.
Hemos analizado muchos protocolos de acuerdo en esta Sala. De hecho, la semana pasada aprobamos una serie de proyectos de acuerdo al respecto, varios de los cuales se relacionaban con exenciones de visa. Sin embargo, el instrumento que nos ocupa en esta oportunidad es más importante, por cuanto busca concordar un conjunto de requisitos para el etiquetado de vinos en materia de tolerancia del alcohol, años de cosecha, variedad y regiones vinícolas del Grupo Mundial del Comercio del Vino.
Señor Presidente, me parece que este proyecto de acuerdo apunta en el sentido correcto y, por lo mismo, lo vamos a aprobar.
Señor Presidente , estimados colegas, a quienes hemos tenido la fortuna de recorrer diferente latitudes del planeta no nos cabe duda de que uno de los elementos que identifican a nuestro país con tremendo éxito es el vino, el que se obtiene del esfuerzo de muchos agricultores y productores, más allá de que algunos Senadores de las bancas de enfrente relativicen y distorsionen los hechos.
La imagen de Chile está definida por diferentes factores. Uno es nuestro patrimonio paisajístico; otro, ciertos productos, como la fruta. Y dentro de ellos el vino cumple un rol determinante.
Chile, en los últimos 25 años, se ha elevado entre los cinco productores vitivinícolas más importantes del planeta.
Por eso resulta tan relevante lograr establecer acuerdos marco sobre requisitos para el etiquetado, dado su carácter determinante en la venta de los vinos, y donde además se precisen las tolerancias en el rango de grados alcohólicos, por un lado, y los años de cosecha, las variedades y las regiones o denominaciones de origen, por el otro.
Señor Presidente , este Protocolo, que fue firmado el año 2013 en Bruselas, Bélgica , es sin duda un instrumento de protección para los productores chilenos. Como lo ha indicado parcialmente el Senador Coloma, que me antecedió en el uso de la palabra, aún tenemos mucho por hacer, por avanzar en materia de denominación de origen. Y, por lo mismo, este proyecto de acuerdo que vamos a aprobar, espero en forma unánime, hay que vincularlo con otras iniciativas que pueden estar bien inspiradas, pero que también dicen relación con el etiquetado de los vinos, el cual, si se aborda en forma parcial, puede provocarle un tremendo daño a una de las industrias que han tenido más éxito entre los rubros de exportación de nuestro país.
Quienes representamos zonas vitivinícolas, desde la Quinta a la Octava Regiones, que es donde está la mayor producción de vinos y variedades, sabemos que aquí hay mucho empleo, mucha tecnología, mucho valor agregado involucrados, y nos damos cuenta de que esta industria, que antes la veíamos quizás como marginal, hoy se ha transformado en un elemento de imagen país y significa millones de dólares en exportaciones y, por tanto, decenas de miles de fuentes de trabajo.
Señor Presidente , por ello, más que considerar esto un simple Protocolo, quiero subrayar la importancia de que estemos como país entre los primeros cinco productores mundiales: en cualquier carta de vinos que uno vea, en cualquier continente, aparecen los vinos franceses, los australianos, los sudafricanos, los californianos; a veces, los argentinos; siempre los chilenos. Y ese ha sido el logro de muchos emprendedores, que yo saludo. Porque no estamos hablando solo de las grandes industrias procesadoras, sino de muchas pequeñas viñas que han hecho un tremendo aporte. De ahí la trascendencia de esta iniciativa. Por cierto, no debemos olvidar otro proyecto -muy bien intencionado también- que aborda uno de los tópicos aquí tratados: el etiquetado. Tenemos que coordinar ambas propuestas en lo que dice relación con resguardar y cuidar un mercado de tremenda importancia para Chile.
Senador señor Orpis.
Señor Presidente , nosotros no tenemos el Protocolo.
Se va a repartir inmediatamente, señor Senador.
¿No hay acuerdo para abrir la votación?
Esperemos el Protocolo, señor Presidente.
El Senador señor Espina desea plantear una petición.
Señor Presidente , solicito autorización para que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización pueda sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las cinco de la tarde con el objeto de seguir conociendo el proyecto de ley sobre probidad en la función pública. Nosotros tenemos urgencia en despacharlo y queremos trabajar hoy día de cinco a ocho para ese efecto.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
Señor Presidente, solo quiero celebrar este convenio, que es patrocinado por un grupo mundial de productores de vino en el que participan representantes de los gobiernos y de las industrias de cada país. Me parece un avance que se logren acuerdos internacionales que permitan minimizar los inconvenientes que pueda haber en el intercambio internacional de productos.
En este caso particular, el Protocolo tiene que ver con el tipo de etiquetado, con cómo se reflejan las distintas graduaciones, con la temporada o el año de la cosecha y con una serie de normas que deberíamos cumplir para uniformar el modo en que los países productores comercializan en los distintos mercados.
Chile es uno de los pocos países que pueden mostrar que sus vinos están presentes en casi todo el mundo. Por tanto, creo que tenemos mucho que ganar al concretar una asociación informal, primero con la industria, para luego suscribir un acuerdo internacional que es de interés común para todos los países con vocación vitivinícola, entre los cuales se cuentan actualmente Argentina, Australia, Canadá , Estados Unidos de América , Georgia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y, por supuesto, Chile.
Me parece que este es un paso adelante en facilitar la comercialización de los vinos nacionales, que han ido creciendo en importancia en nuestras exportaciones y en el prestigio de nuestros productos.
Por tanto, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto de acuerdo y espero que sea aprobado unánimemente.
Antes de cederle la palabra al Honorable señor Harboe, Presidente de la Comisión de Agricultura , consulto a la Sala si habría acuerdo para abrir la votación.
El señor LAGOS.- Sí
Señor Presidente , solo quiero hacer una advertencia, porque cuando el Congreso Nacional aprueba acuerdos internacionales sin duda está limitando su facultad legislativa. Es decir, nosotros no podemos emanar normas que vayan contra los acuerdos internacionales que suscribimos, por aplicación del artículo 5° de la Constitución Política.
Ahora bien, creo que este Protocolo es muy trascendente. La posibilidad de que Chile participe en un grupo de esta naturaleza y de que nuestros vinos de exportación estén en los mercados más importantes del mundo es de gran relevancia.
Pero también quiero hacer presente que el texto que estamos aprobando hoy día contiene ocho artículos. Y uno de ellos, el artículo 3, dispone que se incorporen y formen parte del Protocolo los artículos 1, 3, 4, 5.4, 14, 16, 17 y 18 de otro instrumento internacional: el Acuerdo Sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos y su Anexo I, del año 2007.
Pues bien, todas estas normas establecen restricciones a nuestra capacidad legislativa interna. Y si uno mira la tabla del día de hoy, observa que, en tercer lugar, figura un proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, fruto de un conjunto de mociones refundidas, y que, en esencia, modifica por completo el etiquetado de las bebidas alcohólicas.
Entonces, señor Presidente, quiero advertir que vamos a aprobar un Protocolo internacional en virtud del cual nos estaremos limitando nosotros mismos y luego el Senado discutirá un proyecto de ley que establece un conjunto de consideraciones distintas en materia de etiquetado, las cuales pueden ser contradictorias con los acuerdos que estamos sometiendo a votación en este momento.
He querido hacer la advertencia porque desconozco el detalle del Protocolo -no lo tenemos-, y como el Senador Chahuán, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , fue miembro de las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud, que trabajaron arduamente el proyecto del etiquetado de alcoholes, me gustaría que nos explicara si hay una contradicción o no, porque no podemos aprobar normas que se contradicen entre sí.
Señor presidente , voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación del proyecto de acuerdo. Creo que fue el Senador Coloma quien señaló que este no era un protocolo más. Ciertamente, todo convenio tiene un valor en sí mismo, pero esta es una iniciativa que, si no me equivoco, se remonta a mediados de los años 2000 -tiene más de una década-, y cuyo propósito original fue, básicamente, sentar a una mesa a los que en su oportunidad se denominaron "productores de vino del Nuevo Mundo".
Si se ve la composición del Grupo Mundial del Comercio del Vino, se advierte que ella excluye a los países de Europa, lo cual se explica porque esto se da en el contexto de un proceso de negociaciones internacionales respecto a la propiedad intelectual, a las denominaciones de origen. La idea fue unir fuerzas entre naciones productoras de vino del Hemisferio Sur -léase Australia, Nueva Zelandia, Chile, Argentina y Sudáfrica -, más Estados Unidos y Canadá, para generar entre todos, respetando las normas internacionales, reconocimientos mutuos a la hora de realizar prácticas vinculadas a la producción de vino y, en un segundo paso, frente al tema del etiquetado.
El Acuerdo sobre Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas se halla vigente desde hace muchos años; fue uno de los primeros logros del grupo de productores de vino del Nuevo Mundo. A continuación surgió lo que tenemos hoy día: un acuerdo de etiquetados, que fue suscrito el 2007, ratificado el 2012, y que recién ahora lo vamos a incorporar a nuestra legislación.
Ello, básicamente, permitirá ponernos de acuerdo entre los miembros del grupo sobre temas relacionados con la tolerancia del alcohol que debe tener cada vino, con cómo se identifican los años de cosecha, con las variedades de que estamos hablando y con las regiones vitivinícolas.
Lo que se persigue, al final del día, es un entendimiento mutuo para poder comerciar, para poder resolver problemas comunes y, también, para poder generar un punto de referencia al momento de negociar los vinos en el mundo.
No es un secreto para nadie que el Viejo Continente , Europa, tiene una tradición vitivinícola muy antigua, un peso muy grande a nivel internacional. Por eso, al discutir las reglas que nos iban a regir en la materia fue importante contar con este grupo de países -los así llamados "productores de vino del Nuevo Mundo"-, que es diverso pero que tiene algo en común.
Ahora bien, quisiera agregar que los planteamientos que hizo el Senador Felipe Harboe ameritan, a mi juicio, una clarificación. Porque, al menos en lo que dice relación con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, se entendía que la razón por la que se requería un proyecto era, entre otras, que el texto propuesto afecta la forma en que se encuentra establecido el contenido de las bebidas alcohólicas en Chile, su graduación. En efecto, el Protocolo respecto del cual nos estamos pronunciando hoy día contempla la posibilidad de que haya una variación de aproximadamente uno por ciento en el etiquetado. Y eso habría que hacerlo ley de la república; de lo contrario, podríamos incurrir en falta debido a lo que consigna en la actualidad nuestro reglamento en materia de graduación alcohólica.
Eso es lo que deseaba compartir con ustedes.
Finalmente, quisiera felicitar a todos los que han participado en este estudio; a la Cancillería chilena; a los productores privados que han logrado constituirse en un punto de referencia respecto de Europa y, desde esa perspectiva, darle valor a lo que nosotros producimos, que, además, se ha ganado una presencia muy significativa en los mercados internacionales.
Y para que eso siga siendo así se requiere, entre otras cosas, contar con un marco jurídico adecuado y con fuerza para poder defender nuestros intereses, de manera de no quedar a merced de quienes creen producir el mejor vino del mundo, por mucho que sea más viejo que el nuestro.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (27 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
¿Puede agregar mi voto, señor Presidente?
Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Senador señor Horvath.
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el seguro de cesantía de la ley N° 19.728, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.126-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 78ª, en 7 de enero de 2015.
Trabajo y Previsión Social: sesión 6ª, en 7 de abril de 2015.
Hacienda (certificado): sesión 6ª, en 7 de abril de 2015.
-Aumentar el promedio de remuneraciones en todos los giros con cargo a la cuenta individual por cesantía, entre el primer y el séptimo mes.
-Establecer que el trabajador cesante podrá percibir hasta diez pagos en un período de cinco años, financiados con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
-Incrementar los topes mínimos y máximos de entrega del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato indefinido y a plazo fijo o para obra o faena.
-Aportar a la cuenta de capitalización de la AFP del trabajador sujeto al Fondo de Cesantía un monto equivalente al 10 por ciento de la prestación.
-Ampliar el acceso al Sistema de Información Laboral y a la Bolsa Nacional de Empleo a todos los trabajadores cesantes mayores de 18 años.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió el proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes: Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Larraín y Letelier.
En cuanto a la discusión en particular, el mencionado órgano técnico introdujo diversas enmiendas, todas las cuales aprobó por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda efectuó varias modificaciones a los artículos transitorios de la iniciativa, las que acordó, al aprobar una indicación del Ejecutivo, por la unanimidad de sus miembros presentes: Honorables señores Coloma, García, Montes y Zaldívar.
Cabe hacer presente que los numerales 1) a 5) del artículo 1° (que pasó a ser artículo único) tienen el carácter de normas de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación de 20 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 10 a 16 del certificado de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Tiene la palabra al Senador señor Letelier.
Señor Presidente , estimados colegas, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar se creó el seguro de cesantía en nuestro país, y cinco o seis años atrás se realizó el primer perfeccionamiento de dicho mecanismo, que constituye uno de los instrumentos de seguridad social más importantes para el mundo del trabajo.
Hoy estamos frente a una iniciativa que se comenzó a discutir durante la Administración del Presidente Piñera y respecto de la cual el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet ha presentado una indicación sustitutiva significativa.
Para situar este debate, señor Presidente , permítame reflexionar no sobre los objetivos, sino acerca de ciertos datos.
Los activos que existían en el Fondo de Cesantía Solidario a noviembre del año 2014 superaban los 2 mil 475 millones de dólares, y la tasa de uso del Fondo era de 16,9 por ciento -casi 17 por ciento- para quienes tenían contratos indefinidos y de 6,2 por ciento para quienes tenían contratos a plazo fijo.
Por su parte, los activos existentes en la Cuenta Individual por Cesantía, también a noviembre del año pasado, eran de 5 mil 612 millones de dólares, y la tasa de uso era de 41 por ciento para los contratos indefinidos y de 28,5 por ciento para los contratos a plazo fijo o por obra y faena.
Es necesario recordar que el seguro de cesantía en nuestro país es de financiamiento mixto, tanto de los trabajadores como de los empleadores, dependiendo del tipo de contrato, lo que da derecho a diferentes clases de beneficios.
El proyecto que se somete a consideración de la Sala tiene como objeto, dado que tanto en las cuentas individuales por cesantía cuanto en el Fondo de Cesantía Solidario existen recursos cuantiosos, variar la situación actual aumentando los porcentajes de los sueldos percibidos en los últimos seis o doce meses -según el tipo de contrato-, es decir, el porcentaje de sueldo que se va a recibir en las cuotas cuando se use la referida cuenta. Hoy -hago un recuerdo-, una persona que cae en cesantía puede recurrir a su cuenta individual. En el primer pago recibe 50 por ciento del ingreso que tenía en el período anterior; en el segundo, 45 por ciento del sueldo precedente; luego, 40, 35, 30, 25 por ciento, y así sucesivamente, hasta que se agote la cuenta individual.
El proyecto sometido a consideración de la Sala esta tarde aumenta el porcentaje de los pagos con relación a los últimos sueldos, pasando en el pago del primer mes a 70 por ciento del sueldo; en el del segundo, a 55 por ciento; en el del tercer mes, a 45 por ciento; luego, a 40 por ciento, y así sucesivamente, permitiendo que, cuando se recurra al uso de la cuenta individual, el monto del pago sea mayor.
También hay que recordar que aquello opera dentro de una franja. Después me voy a referir a eso. Pero hago solo un recuerdo. La situación actual respecto del primer pago varía entre 247 mil y 114 mil pesos. Ello ahora cambia, pues se aumenta no solo el porcentaje de los pagos, sino también la franja, que oscilará entre 525 mil y 157 mil pesos. Esto significa que en la cuenta individual, cuando la persona tiene contrato indefinido, podrá recibir porcentajes de pagos mayores en una franja de ingresos superiores.
Aquel es, pues, uno de los beneficios más importantes.
Adicionalmente, como recordarán los colegas, cuando un trabajador cae en situación de cesantía puede optar por usar su cuenta individual o la cuenta del Fondo de Cesantía Solidario.
También en la cuenta del mencionado Fondo va a existir mayor flexibilidad en lo concerniente a la cantidad de pagos.
Actualmente, el Fondo de Cesantía Solidario posibilita el uso en dos ocasiones en cierto plazo, sin hablar del número de pagos en cada evento de cesantía.
La indicación del Ejecutivo permite mayor flexibilidad para que en caso de cesantía se puedan usar pagos en diez ocasiones, distribuidos de acuerdo a la realidad que el trabajador enfrente en cada episodio de desocupación.
Entonces, se aumenta el monto de los pagos, se eleva la cantidad de estos y se consigna una franja más amplia tanto para quienes tienen contrato indefinido cuanto para aquellos que están contratados a plazo fijo o por obra o faena. Y, por cierto, en el caso de estos últimos trabajadores la cantidad de pagos es menor, pues hay una situación de ahorros distinta y mayor inestabilidad.
De otra parte, señor Presidente , este proyecto incorpora una innovación tremendamente significativa: la contribución para financiar con recursos de los fondos las cuentas de capitalización individual.
No es correcto usar el concepto "laguna" en el actual sistema previsional. Eso correspondía al sistema antiguo -por así decirlo-, en el cual el trabajador debía tener determinada cantidad de cotizaciones. El sistema actual, como es de capitalización individual, se expresa en monto de recursos, más que en número de cotizaciones.
Pues bien: ahora se permite financiar aportes equivalentes al 10 por ciento de las prestaciones correspondientes.
¿Cuál es el sentido? Que el Estado contribuya con recursos a los efectos de que las cuentas para las futuras jubilaciones no se resientan tanto frente a un momento de cesantía.
En todo caso, señor Presidente , es sobremanera relevante asegurar que existan perfeccionamientos de los requisitos y de los medios necesarios para verificar que la persona que se halla en situación de cesantía esté buscando empleo. Porque estos mecanismos tienen como propósito tratar de garantizar flujos de ingresos pensando que, en promedio, para quienes viven episodios de cesantía hay ciclos de entre cinco y seis meses para volver a encontrar trabajo (por eso los plazos de pagos están calculados en términos genéricos). O sea, para tener derecho a recibir los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario hay que estar buscando ocupación.
Al respecto, se establece una serie de criterios: inscribirse en la Bolsa Nacional de Empleo; postular en forma reiterada; no rechazar sin causa justificada una oportunidad de ocupación o de capacitación. Se trata de diversos indicadores destinados a asegurar que quien reciba el beneficio pertinente esté de verdad buscando empleo. Es decir, no corresponde que una persona que sin justificación desecha un trabajo use el Fondo de Cesantía Solidario.
Eso establece la ley en proyecto, con los perfeccionamientos del caso.
Adicionalmente -es otro de los objetivos de la iniciativa-, se introducen modificaciones al artículo 34 B de la ley vigente, conforme al cual "Las Subsecretarías de Hacienda, Subsecretaría de Servicios Sociales, de Evaluación Social y del Trabajo y la Dirección de Presupuestos, estarán facultadas para exigir los datos personales contenidos en la Base de Datos a que se refiere el artículo 34 y la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a la Sociedad Administradora de los Fondos de Cesantía.". Lo nuevo es la incorporación de la Subsecretaría de Previsión Social y de la Superintendencia de Seguridad Social entre los entes individualizados.
Tal facultad es muy relevante, porque permitirá que la Subsecretaría de Previsión Social y la Superintendencia de Seguridad Social definan políticas de forma más adecuada.
De otro lado, se crean el Sistema de Información Laboral y la Bolsa Nacional de Empleo¿
Perdón, señor Senador, pero se acabó su tiempo.
Le vamos a dar medio minuto.
Un minuto, señor Presidente.
El Senador señor Moreira dice un minuto.
Puede proseguir, Su Señoría, por ese tiempo.
Como quieran, señor Presidente . Mi único propósito es dar información detallada sobre un proyecto tremendamente significativo.
Esta iniciativa tiene que ver con la creación de un sistema de información fundamental para las políticas públicas.
También se incluyen la responsabilidad del SENCE, el financiamiento de la Bolsa Nacional de Empleo y la obligación de transferir los datos al sistema informático.
Se discutió mucho sobre el uso de los datos personales.
Y la ley en proyecto establece también un mecanismo de compensaciones -esto fue motivo de debate; lo planteó un Senador en la Comisión de Trabajo- a la Administradora de Fondos de Cesantía, pues se redefinen los contratos. Hay que recordar que se licita la administración del Fondo de Cesantía Solidario.
Por último, señor Presidente -y pido un minuto más para precisar este concepto-¿
Un minuto más, señor Senador.
Vamos a considerar su intervención como informe.
Estoy entregando el informe, señor Presidente . Después voy a dar mi opinión.
En la Comisión de Trabajo se generó un debate en cuanto al artículo 13 de la ley vigente. Lo plantearon algunas centrales sindicales que manifestaron su inconformidad porque en dicho precepto se hace imputable a la indemnización por años de servicio la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía constituida por cotizaciones que efectúa el empleador, más su rentabilidad.
¿A qué se refiere ese punto, que es un tema pendiente, pues no se encuentra abordado en este proyecto? A que cuando un trabajador es despedido y cobra el mes por año no se le paga una parte porque el empleador hace una operación contable por los aportes que ha efectuado al Fondo de Cesantía Solidario.
Señor Presidente, este proyecto es muy relevante. Invito al debate. Se trata de uno de los instrumentos de seguridad social más significativos que tiene nuestro país.
Señor Presidente , me han solicitado que sugiera abrir la votación, sin perjuicio de que quiero informar en nombre de la Comisión de Hacienda.
No tengo ningún problema, señor Senador , pero dejando constancia de que se reúnen al menos 20 votos favorables para aprobar los numerales 1) a 5) del artículo único, que son de quórum calificado.
Entonces, sugiero realizar una sola votación, dejando constancia del quórum en el caso de aquellas disposiciones y, por supuesto, dando por aprobadas todas las normas respecto de las cuales no hay indicaciones ni solicitud de discusión y votación.
¿Existe acuerdo para votar en general y particular el proyecto, dejando constancia del quórum de las normas individualizadas?
Entiendo que esta iniciativa tiene "discusión inmediata". Por lo tanto, hay que votarla en general y en particular.
Abrir la votación sirve, pero se necesita la presencia de los Senadores en cada votación.
Entonces, solo quiero advertir que, si se pide votación individual y los colegas salen de la Sala, podemos tener problemas para aprobar el proyecto.
Veamos cómo solucionamos el punto, Su Señoría.
Podemos hacer una sola votación, dejando constancia, por una parte, de que se reunió el quórum exigido para aprobar las normas que acabo de explicitar, y por otra, de que en el artículo segundo transitorio, que fija el plazo de vigencia de la ley en proyecto, se tendrá como aprobada la indicación que aprobó la Comisión de Hacienda.
Si dejamos claro aquello, podemos efectuar una sola votación.
Señor Presidente , después de la exposición del Presidente de la Comisión de Trabajo , no quiero entrar en precisiones de fondo sobre este proyecto, que tiene como objeto, según vio la Comisión de Hacienda, mejorar las condiciones y los beneficios previstos en el Fondo de Cesantía Solidario.
La idea es aumentar los porcentajes y posibilitar un mayor ingreso a quienes se acojan a dicho Fondo, incluso ampliando a siete meses los cinco originales.
Además, se incluyó una indicación relacionada con la aplicación del seguro de cesantía en las zonas afectadas por la catástrofe del norte. Ello habla de la máxima urgencia con que debemos despachar este proyecto, pues en virtud de él se rebajan las exigencias a la gente que deba acogerse al beneficio en las zonas extremas. En efecto, se reducen a ocho cotizaciones, continuas o discontinuas, en veinticuatro meses, las doce previstas. Y a los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra se les exigirá un mínimo de cuatro meses de cotizaciones, continuas o discontinuas.
Entonces, de esto me interesa tener conciencia: de que debemos despachar este proyecto urgentemente.
De otro lado, quiero hacer presente que esta iniciativa no tiene costo fiscal, salvo por la indicación que formuló el Ejecutivo, que implica un gasto de 73 millones de pesos, para los efectos de aplicar el beneficio a la gente que pueda acceder al Fondo de Cesantía Solidario gracias a los mejoramientos que se introducen.
Y quiero hacer notar un hecho que se nos dio a conocer en la Comisión de Hacienda y que es interesante considerar: cómo ha funcionado en el tiempo el Fondo de Cesantía Solidario, que hoy tiene acumulado del orden de cinco mil millones de excedentes tras aplicar el beneficio en comento a la gente que incurre en un episodio de cesantía.
Fue una buena gestión, en consecuencia, el proyecto que aprobó este Parlamento. La ley ha funcionado bien.
En lo medular, para la administración del Fondo se nos propone un acuerdo tripartito entre los interesados: trabajadores, empresa y gobierno.
Se nos ha dicho que si a la referida acumulación, le aplicamos las normas que vienen en este proyecto, en régimen debe entenderse que, en vez de los mencionados 5 mil millones
El señor LARRAÍN .- ¿De dólares?
de pesos, el Fondo podría llegar a un excedente de 2 mil 500 millones.
O sea, nos encontramos frente a un Fondo que está actuando, y bien.
Por supuesto, hay que tener conciencia de que en esto la actitud no puede ser siempre absolutamente optimista. Porque el día de mañana, si aumenta la cesantía a niveles mayores que los del promedio de los últimos años, por supuesto el Fondo será más exigido.
En tales condiciones, creo que el Parlamento hace muy bien en aprobar la propuesta que formuló el Ejecutivo a los fines de crear mejores condiciones para recibir los beneficios por concepto de cesantía, ampliando en plazo y monto, pero además aprobando disposiciones excepcionales para que goce del beneficio gente que hoy día está afectada por falta de trabajo a raíz de la catástrofe del norte.
Por todas esas razones, la Comisión de Hacienda aprobó unánimemente la propuesta que hizo el Ejecutivo y la indicación que se formuló en esa instancia.
Señor Presidente , seré muy breve, a la luz de lo que explicó el Senador que me acaba de anteceder.
Solo quiero destacar dos cosas.
Primero, que esta es una forma de utilizar -y fue lo central al menos en la Comisión de Hacienda- más racionalmente fondos destinados a enfrentar momentos difíciles vinculados con la cesantía.
Uno puede especular sobre si este es el momento justo para hacer aquello porque puede venir o no una situación económica compleja, o si, simplemente, es una medida de perfeccionamiento per se. Eso es parte de la discusión. Pero a mí me parece oportuno, ante indicadores económicos que no son los mejores, estar actualizados respecto a lo que pueda suceder en el ámbito de la cesantía.
Lo medular a mi juicio, fuera del muy exiguo costo fiscal involucrado, es básicamente utilizar mejor lo que hay. Y este utilizar mejor lo que hay, más allá de algunas explicaciones, lo resumo en el sentido de que, en vez de dos veces en cinco años, se puedan girar diez pagos en cinco años. La diferencia podrá aparecer menor, pero no es tal, porque permite, en un mundo de mayor flexibilización laboral, tener también momentos diferentes en los cuales se haya de enfrentar el flagelo de la cesantía.
Si algo hemos aprendido todos es que al final no existe nada más indigno que la desocupación: afecta no solo al sustento, sino también a la confianza en sí mismo, a la familia, a la credibilidad.
Por tanto, me parece bien que, ante situaciones que se pueden producir -algunas serán de efectos internacionales; otras, de origen interno-, el país esté preparado para enfrentar el problema de manera más eficiente.
Yo quiero dejar claro, señor Presidente , que había muchas alternativas. Incluso, en el Gobierno anterior se plantearon fórmulas como la de destinar parte de los recursos a jardines infantiles (me parecía bien inspirada).
Empero, al final hay que respetar las mayorías y lo que el Gobierno plantee en uso de sus facultades.
En todo caso, al menos aquí uno ve el ánimo de mejorar la estructura del funcionamiento de algo que en sí mismo es importante.
Y lo segundo -es lo novedoso; y fue lo que se incorporó en la Comisión de Hacienda, obviamente por indicación del Ejecutivo- es un sistema para facilitarle a la gente de Atacama, de Antofagasta y de Taltal el acceso a los recursos en cuestión sin cumplir todos los requisitos que se exigen para un caso de cesantía -entre comillas- normal (la cesantía nunca puede calificarse de normal; pero es un hecho que puede ocurrir).
Aquí se hace una comprensión en el sentido de que, si bien los requisitos para usar el subsidio de cesantía son exigentes, hay situaciones sobrevinientes -como la del terrible aluvión que afectó al norte- que motivan que trabajadores que en otras condiciones podrían tener una multiplicidad de alternativas se vean impedidos de acceder a ellas por razones absolutamente ajenas a su voluntad.
Esos son efectos indeseados. Y la que se propone es una norma que, si bien se incluye con carácter transitorio en la ley en proyecto, a mi juicio deberá tener una lógica un poco más permanente, porque Chile es un país que vive con problemas de la naturaleza: el invierno blanco en Coihaique hace algunos años; o la sequía persistente del norte; o las heladas de la Región del Maule; o los incendios en Los Lagos, en Los Ríos.
En nuestro país hay momentos en que la normalidad desde el punto de vista económico se ve afectada por fenómenos de la naturaleza, no de buenos o malos negocios, no de buenas o malas soluciones, no de buenos o malos empresarios, no de buenos o malos trabajadores.
Aquí suceden situaciones muy dramáticas.
Lo que se hizo en este caso -y me parece bien- fue decir: si ocurre esto -y lo planteé en la Comisión-, que sea claro que la última labor ha sido en la zona afectada y que los trabajadores puedan acceder en forma más fácil al subsidio y utilizar el beneficio de dos pagos adicionales que la ley contempla cuando se dan determinados requisitos de alza en la cesantía.
No hay un indicador de este último efecto. Lo que hay es uno demostrativo de un drama social que puede redundar en que ella sea alta. De alguna manera, se innova -es algo que puede ser interesante- en términos de entender que no es preciso esperar para hacer frente a las consecuencias, sino que es posible adelantar la acción a fin de poder funcionar en forma adecuada.
Quizás habrá que considerar una institucionalidad más permanente, porque lo sucedido en el norte -insisto- lamentablemente no es único y excluyente de esa zona. Probablemente va a ocurrir también en otros lugares. La verdad es que parece que todos los meses pasa algo. Vamos a tener que hacer un poco más normal, tal vez, la disposición excepcional en orden a que la gente siempre acceda al trabajo o al seguro en caso de sobrevenir situaciones completamente inesperadas.
Así que nos parece que se apunta en un sentido correcto. Creo que la indicación está llamada a dar una mayor permanencia al mecanismo en el tiempo. Y, por eso, nosotros hemos aprobado el proyecto. No me cabe duda de que en la discusión general y particular existirá unanimidad sobre el punto, lo que me parece adecuado.
Señor Presidente, deseo comenzar por anunciar mi voto a favor de la iniciativa.
Estimo relevante que se pueda fortalecer el seguro de cesantía. Hoy día mismo estamos pasando por una situación económica de lento crecimiento y nadie garantiza que no vaya a aumentar la tasa de desocupación. Hasta ahora hemos registrado niveles importantes de empleabilidad, pero ninguno de nosotros puede asegurar que no habrá un incremento del desempleo sobre todo en el invierno.
Juzgo necesario que nos preocupemos de un cuadro semejante, porque claramente implica no solo la pérdida de ingresos, sino que también muchas veces se cae en una realidad de dificultades, de vulnerabilidad, de complejidad, o bien, las personas, por razones de sobrevivencia, aceptan cualquier empleo que ya es sin contrato o sin contrato indefinido y, por lo tanto, sin ningún tipo de protección. Y eso también es inquietante, porque consideramos que siempre debemos tender al empleo "decente", como se dice.
Entonces, celebro que con el proyecto se mejoren los beneficios monetarios para los trabajadores, se aumenten los recursos necesarios y se dé más flexibilidad.
Quisiera centrarme, sin embargo -aprovechando que la señora Ministra se encuentra presente-, en un punto específico. Me alegro de que en el proyecto se haya contemplado una indicación que recoja un grado de adecuación para los trabajadores de la Región de Atacama, porque lo que deseaba consignar a la Sala es que nos encontramos en una situación de emergencia en la que hoy día mismo no es posible evaluar cuánta gente de allá ha perdido su empleo o no ha podido asistir a su lugar de trabajo.
Ojalá la titular de la Cartera me preste atención, porque ya he recibido denuncias de que algunos empresarios, por el hecho de haber transcurrido equis días en que la gente no se ha presentado, simplemente han procedido al despido. Creo que ello es absolutamente injustificado. Entiendo que un pequeño comerciante con cinco o diez empleados y que ya lleva diez días sin poder abrir esté proyectando que a lo mejor no le será posible seguir con esas personas; pero es muy distinto el caso -deseo que la Dirección del Trabajo y el Ministerio lo tomen en serio, por favor- de empleadores que sencillamente han exonerado a quienes llevan ya siete u ocho días sin concurrir al trabajo.
No cabe pensar, tratándose de la Tercera Región, que un trabajador en una condición extrema puede simplemente asistir a su labor como en la vida normal, en circunstancias -el Senador señor Prokurica sabe muy bien cómo es la situación y cómo se ha vivido- de que prácticamente no se puede transitar. Esto último ha mejorado un poco, pero, durante días de días, fue imposible llevarlo a cabo. Las personas han enfrentado el barro en sus casas e incluso la pérdida de sus automóviles, y prácticamente no ha funcionado la locomoción colectiva y muy poco los taxis.
O sea, la emergencia es de tal magnitud que lo que quiero hacer presente a la Sala es la necesidad de una particular consideración, no solo en cuanto a la flexibilidad de que sean ocho y no doce las cuotas para acceder al seguro de cesantía, sino a que no se puede despedir por la no presentación al trabajo.
Además, el Ministerio del ramo, junto al de Economía, evidentemente tienen que ir viendo, como parte del enfrentamiento del problema, la forma de regularizar mucho de las pymes y del pequeño comercio, que dan empleo, pero que hasta ahora no han podido funcionar, no solo porque no ha sido posible transitar, sino también porque no se ha contado con los servicios básicos.
¿De qué manera puede atender un pequeño restaurante que carece de agua, de modo que no reúne las condiciones sanitarias y no se pueden usar los baños?
¿Cómo puede abrir un comercio si ni siquiera dispone de abastecimiento?
No sé si todos somos conscientes del asunto, pero llevamos casi diez días en una situación de desastre total, en la que no hay ninguna "normalidad", particularmente en lo referente al empleo.
Entonces, se han hecho proyecciones -creo que mañana vamos a tener la oportunidad de ver cifras más redondeadas- sobre la base de que han paralizado el comercio, restaurantes, el retail, e incluso trabajos mineros, como en El Salvador, por falta de agua.
La gran interrogante -y termino-
Solo le pido a la señora Ministra poner especial atención en el caso del trabajo. Sé que viaja mañana. Le solicito, por favor, observar la situación que está afectando a nuestros trabajadores.
Y creo que corresponde hacer un llamado de atención al respecto, porque es tremendo, aparte de todo lo que ha pasado, que la gente además quede cesante, que no tenga cómo normalizar su vida y que no pueda ni siquiera acceder al seguro.
Puede intervenir el Senador señor Larraín.
Señor Presidente , el seguro de cesantía o de desempleo fue aprobado y establecido en Chile, por ley, en el año 2001, y creo que ha sido un muy buen instrumento para resolver los problemas de quienes, por la forma como se estructura nuestro mercado laboral, no tienen trabajo durante un período.
No se supone que el propósito del mecanismo sea permitir que una persona permanezca indefinidamente en esa situación, sino que más bien es un apoyo durante el lapso de búsqueda de empleo, por lo que se halla acotado y va disminuyendo en la medida en que van pasando los meses, como una manera de poner un mayor incentivo.
Ahora, el seguro ha logrado acumular recursos bastante importantes durante todos estos años. El fondo excede los 8 mil 183 millones de dólares. Es decir, ha sido bastante exitoso en la recaudación. Sin embargo, no ha sido enteramente utilizado. Y esta es una de las cuestiones que la iniciativa de alguna forma aborda.
En la Comisión le pregunté a la señora Ministra del Trabajo la razón de lo anterior, en circunstancias de que el instrumento se encuentra llamado a resolver los problemas de quienes se hallan cesantes durante un tiempo. Y la verdad es que no hay una explicación muy completa.
Uno de los antecedentes es el desconocimiento al respecto entre los propios trabajadores.
También tienen que ver las limitaciones del sistema, las oportunidades en que se puede aprovechar, y otras cuestiones que el proyecto precisamente busca resolver.
Si se analiza el texto -ello ya se ha explicado, de modo que lo señalaré muy someramente-, se observa un importante cambio en los beneficios contemplados en la cuenta individual.
La iniciativa se originó en una propuesta de la anterior Administración, encabezada por el Presidente Sebastián Piñera , pero se corrigió durante la actual. Y eso ha sido muy importante. Porque el primer articulado buscaba mejorar el porcentaje promedio de las remuneraciones que se percibirían durante los distintos períodos de cesantía, y si bien el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que incluye la indicación de este Gobierno, mantiene los incrementos planteados en el original respecto de los primeros meses, mejora el porcentaje de los últimos. Eso me parece realista, porque corresponde más bien al tiempo promedio en que las personas se encuentran sin trabajo.
En cuanto al Fondo de Cesantía Solidario, una de las limitaciones encontradas para su mayor uso radica en que la ley permite su utilización por dos veces en un período de cinco años. El texto aprobado por la Cámara posibilita que en el mismo período se realicen diez pagos, lo cual efectivamente significará una mayor ayuda.
Finalmente, respecto de las ventajas del Fondo en el caso de los trabajadores con contrato indefinido, se aumentan el número de cuotas que se pueden cobrar, los porcentajes del beneficio con relación a las últimas remuneraciones y los límites superiores e inferiores del subsidio.
Todo lo anterior hace que el incentivo cumpla los objetivos que se propuso el legislador y que se corrijan, en cierto sentido, las deficiencias que han limitado su uso. Pero queda pendiente algo que la propia Ministra del Trabajo señalaba en la Comisión: la necesidad de una mayor información a los usuarios.
En el mismo orden de ideas, uno de los aspectos presentes en el debate -lo planteó el Honorable señor Letelier - es la cobertura de las administradoras de Fondos de Cesantía a lo largo del territorio nacional. Según nos explicaron, hay 51 oficinas, correspondientes a las 54 provincias, las que no se encuentran todas cubiertas, porque en ciudades como Santiago hay más de una sucursal. Luego, cuando un trabajador se encuentra cesante, enfrenta una dificultad adicional para hacer los trámites -como sabemos, siempre son engorrosos- si su provincia no cuenta con una de esas dependencias.
Por consiguiente, aparte de la mayor información requerida, creo que asegurar la presencia de más sucursales en todo el territorio ayudaría al éxito del mecanismo.
Votaré a favor, porque este buen proyecto lo merece.
Puede intervenir la Honorable señora Muñoz.
Señor Presidente , la iniciativa que perfecciona el seguro de cesantía forma parte de la agenda legislativa impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de nuestro país, materia esta última sobre la cual en el Congreso hemos legislado abundantemente. El año pasado la Comisión de Trabajo despachó diez proyectos que se transformaron en leyes. Como lo han mencionado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, la normativa en estudio es de la máxima importancia en esa misma línea.
El proyecto en análisis presenta un componente principal, que es la modificación del seguro de cesantía tras una evaluación de su aplicación durante diez años. Ello origina la corrección a que ha hecho referencia el Senador señor Letelier .
Como ya se mencionó, el Ejecutivo introdujo en la Comisión de Hacienda una indicación que facilita la obtención del beneficio o lo extiende en el caso de trabajadores de la Región de Atacama y de las comunas de Antofagasta y Taltal, quienes fueron lamentablemente afectados por las inundaciones recientes. Al haber sido ello debatido en dicho órgano técnico, no conozco los criterios aplicados para definir que solo esas zonas se vieran favorecidas con la flexibilización de requisitos. Lo señalo porque la Región de Coquimbo ha enfrentado una situación grave en las comunas de Río Hurtado, de La Higuera y particularmente de Vicuña.
Me preocupa que la medida quede con un carácter puntual para cierta área y no como algo que se extendería permanentemente ante una catástrofe, factor que, como lo han expuesto varios colegas, ha pasado a ser un componente esencial de la vida del país, de modo que tiene que ser un elemento, por cierto, en la definición de políticas, de marcos legislativos, etcétera. Ello resulta ahora muy circunscrito a la realidad que viven las zonas mencionadas en primer término, a las que felicito y saludo, pero manifiesto mi preocupación -repito- al respecto.
En la evaluación a que hice referencia se constató, como lo ha mencionado recién el Honorable señor Larraín , que los resultados financieros del seguro muestran que los montos acumulados en las cuentas individuales y en el Fondo de Cesantía Solidario alcanzan niveles importantes, exhibiendo altas tasas de crecimiento anual y un uso de los recursos notoriamente inferior al volumen de ingresos. A partir de lo anterior, se ha concluido que es posible aumentar los beneficios con cargo a estos últimos, sin comprometer la solvencia ni la viabilidad del seguro.
Por tal razón, en lo que respecta a las disposiciones puntuales, resulta muy importante el incremento en los beneficios financiados con cargo a la cuenta individual de cesantía, que ven elevarse el porcentaje de remuneraciones en todos los giros, tal como fue expuesto por el Presidente de la Comisión de Trabajo.
En cuanto al Fondo, destaco que se va a permitir que los trabajadores reciban hasta diez pagos en un plazo de cinco años, en lugar de hasta dos veces en el mismo período, como se dispone actualmente.
También se incorporan importantes mejoramientos en los beneficios del Fondo, según el tipo de contrato.
Para los trabajadores con contrato indefinido, se eleva el porcentaje promedio de remuneraciones y los topes.
Para los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o faena, se eleva el porcentaje promedio de remuneraciones considerado para los giros. Asimismo, se incorpora un tercer giro, equivalente al 35 por ciento del promedio de las remuneraciones devengadas en los últimos doce meses.
Otro aspecto relevante de las modificaciones propuestas consiste en financiar un aporte equivalente al 10 por ciento de las prestaciones destinado a la respectiva cuenta de capitalización individual obligatoria para pensiones, durante los meses en que el trabajador opte por el Fondo de Cesantía Solidario, procurando mantener así la continuidad del ahorro previsional del trabajador pese a vivirse una situación de desempleo.
Por último, se fortalecen los servicios de información e intermediación laboral, para apoyar a los trabajadores cesantes en la búsqueda de empleo, y se amplía el acceso de todos ellos¿
Ha concluido su tiempo, señora Senadora.
Expresaba que se extendía el acceso a todos los trabajadores cesantes a la Bolsa Nacional de Empleo y se perfeccionan los requisitos y medios de verificación para garantizar que efectivamente buscan una ocupación.
Señor Presidente , Honorables colegas, creo que el proyecto en análisis recoge un clamor de los trabajadores, quienes permanentemente nos indican que pese a que el seguro constituye un avance en comparación con la situación anterior, de absoluta precariedad, sus prestaciones resultan insuficientes tanto en monto como en duración. Ello, especialmente considerando la realidad actual del mercado laboral, caracterizado por una gran rotación en los empleos.
Llamo a aprobar el proyecto y voto afirmativamente.
Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional nos pronunciaremos a favor, ya que el mejoramiento que se hace del seguro de cesantía es muy sustantivo, tal como se ha dicho, fruto de que la suma de los fondos para financiarlo -el de Cesantía Solidario y las Cuentas Individuales por Cesantía- alcanzan alrededor de 8 mil millones de dólares, cifra muy significativa que muestra cómo se ha cumplido con el pago de las cotizaciones desde el momento de su creación.
El aumento es realmente sustantivo. Por ejemplo, respecto del límite superior del promedio de remuneraciones, el subsidio se va a incrementar, el primer mes, de 247.583 a 525 mil pesos; el segundo, de 222.825 a 412.500 pesos; el tercero, de 198.066 a 337.500 pesos; el cuarto, de 173.308 a 262.500 pesos, y el quinto, de 148.550 a 225 mil pesos.
Lo anterior apunta, precisamente, a que no queden desamparados trabajadores que se desempeñan como técnicos o bien tienen mayor calificación y que, como perciben remuneraciones más altas, cotizan por montos mayores, por lo que cuando se ven afectados por el desempleo o la cesantía obtienen un subsidio bastante menor al promedio de sus últimas doce remuneraciones.
Pienso que estamos ante un buen proyecto, en el sentido de que mejora sustantivamente el seguro de cesantía, beneficio del cual ojalá nunca se hiciera uso, pero que constituye una buena herramienta cuando, por las condiciones económicas o laborales, algún trabajador se ve en la penosa circunstancia de encontrarse sin empleo.
Esta iniciativa, que se viene tramitando desde hace ya algún tiempo, tuvo su origen en un mensaje del Presidente Sebastián Piñera -los montos que señalé, en lo grueso, corresponden al texto original- y llega en un momento especialmente importante para la situación laboral.
Llamo la atención en cuanto a que el informe del INE sobre empleo del último trimestre móvil que conocemos (diciembre 2014-febrero 2015) muestra una lamentable disminución en la fuerza de trabajo, pues ahí figuran 17 mil personas menos que en el trimestre anterior (noviembre 2014-enero 2015). Además, se perdieron 12.200 empleos. De 8.003.050 pasamos a 7.990.850. Y, si bien es cierto que el número de desocupados bajó respecto del trimestre inmediatamente anterior, ello más bien fue fruto de la disminución en la fuerza de trabajo.
Ahora, si uno se remonta más atrás, al trimestre móvil octubre 2014-diciembre 2014, la situación se torna incluso un poco más grave.
Nuestra economía pierde capacidad para crear empleos, y, como los trabajadores se dan cuenta de ello, salen en menor cantidad a buscar ocupación, razón por la cual disminuye la fuerza de trabajo.
Ninguna de las dos noticias son buenas, ya que no dan cuenta de estar frente a una situación de empleo dinámico y vigoroso -todos quisiéramos que así fuera-, lo cual evitaría al máximo el desempleo.
En consecuencia, señor Presidente , este mejoramiento del seguro de cesantía no solo me parece altamente beneficioso, sino que se realiza en una oportunidad muy precisa.
Señor Presidente , es innegable el valor, la importancia, del seguro de cesantía. No hay peor situación que la de un desempleado, porque se afecta no solo su condición personal, sino también la familiar. Múltiples estudios arrojan como resultado que los mayores cuadros de depresión, de tendencia al suicidio y de menosprecio al valer personal se dan en el marco de la cesantía, donde la persona se siente inútil, despreciada, marginada.
Es evidente que este es un tema vital para el trabajador, a quien deben asegurársele condiciones mínimas hasta que vuelva a encontrar otro empleo.
Este proyecto de ley aumenta el promedio de remuneraciones para todos los giros que se realicen con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía entre el primero y el séptimo mes. También establece que el trabajador cesante podrá percibir hasta diez pagos en un período de 5 años, financiados con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Y, además, incrementa los topes mínimos y máximos de entrega del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato indefinido o a plazo fijo o por obra o faena.
Si bien todo lo señalado en el informe es muy importante, señor Presidente , la Ministra Javiera Blanco ha reiterado en varias oportunidades que se ha detectado una baja utilización de ambos mecanismos, que son gestionados por la Administradora de Fondos de Cesantía. En lo que respecta al Fondo de Cesantía Solidario, se ha usado cerca del 13 por ciento del total de los dineros disponibles. Y, en el caso de las Cuentas Individuales por Cesantía, el porcentaje alcanza un promedio de 33 por ciento.
Por lo tanto, los recursos existentes en ambos fondos, como señala el informe, alcanzan a ¡7 mil millones de dólares, que no han sido tocados!
Por consiguiente, esta iniciativa pretende incrementar los beneficios que contempla el seguro de cesantía respecto de las Cuentas Individuales por Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario mediante el aumento que resulta de comparar el monto del beneficio, el promedio de la remuneración de los últimos seis a doce meses y los topes máximos que operan para el referido Fondo.
También propone, respecto de los contratos a plazo fijo, elevar el número de veces en que se podrán retirar los fondos y perfeccionar el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Empleo.
Está claro que el proyecto está bien orientado, que constituye una urgente necesidad y que difícilmente puede ser rechazado. Por el contrario, hay que aprobarlo y trabajar para que la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía siga revisando los aspectos que aún no alcanzan consenso y que requieren mayor debate.
Por consiguiente, lo votaré a favor.
Sin embargo, quiero plantear dos observaciones.
En primer término, se señala que la administración de la Bolsa Nacional de Empleo se adjudicará por licitación pública.
Sobre el particular, quiero llamar la atención sobre instituciones que hemos cuestionado porque han funcionado en contra de los intereses de los trabajadores: las administradoras de fondos de pensiones.
Aprobamos una ley cuya idea central era dar protección a los trabajadores independientes obligándolos a cotizar. ¿Y a quiénes les entregamos estos millones de trabajadores, que no tienen otra opción y se hallan secuestrados por el sistema? A las AFP, organizaciones que -repito- están cuestionadas, que requieren una profunda revisión y, por cierto, un inmenso cambio.
Lo he dicho en esta Sala de manera reiterada: ¡No más AFP!
Se trata de un sistema que está creando una deuda pública, ya que el 60 por ciento de las pensiones que se entregan van con el seguro público, el seguro fiscal, el seguro estatal. O sea, no se está cumpliendo la vieja promesa de los años ochenta, cuando se dijo que contaríamos con un sistema de administración de fondos de pensiones que liberaría de esta pesada carga al Estado. Por el contrario, a este se le traspasó el peso y, por cierto, los ingresos de las AFP no disminuyeron.
Por lo tanto, no me parece adecuado que estas entidades puedan participar en la licitación.
Tras preguntarles al Subsecretario y a la señora Ministra del Trabajo por qué el Estado no se hace cargo de la administración de la Bolsa Nacional de Empleo, me señalaron algo muy cierto: que no existen las condiciones para ello, pues se trata de un volumen que no puede sostener el Ministerio.
De este modo, un fondo que debe estar al servicio de los trabajadores, que puede aportar a la solución de un grave problema como el desempleo, corre el riesgo de caer en manos de las AFP.
Se ha pedido votación unánime y en paquete.
Yo espero que aquello sea parte de un debate próximo, necesario y urgente en la Comisión de Usuarios, porque, con esta fórmula de licitar y de agregarles un negocio más, pareciera que fortalecemos a las AFP y que, "en agradecimiento a los servicios prestados", las premiamos, cuando lo que debiéramos hacer es terminar con el sistema.
Otra situación que se está debatiendo en la Comisión de Usuarios es la que se produce en los contratos indefinidos y a plazo fijo respecto de los descuentos para la indemnización por años de servicios. Cuando son a plazo fijo, el 3 por ciento que le corresponde al empleador y del cual el 2,8 va a la Cuenta Individual por Cesantía puede ser cargado a las indemnizaciones. En el caso de los contratos indefinidos, dicho porcentaje es de 1,6. O sea, se les devuelve plata que en justo derecho debiera ser del trabajador. ¡Y las indemnizaciones por años de servicio no se debieran tocar!
Por las razones expuestas, señor Presidente, voto a favor.
Señor Presidente , tal como expresó en su momento el Senador Larraín, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto, porque creemos que perfecciona en forma adecuada el seguro de cesantía, instrumento que ha funcionado de manera apropiada.
Considerando los fondos que hoy existen, es posible aumentar significativamente los recursos que se ponen a disposición de los trabajadores para cuando ellos pierden el empleo, a través de las distintas disposiciones que conforman la iniciativa que tenemos sobre nuestros escritorios.
Más de un señor Senador ha vinculado este instrumento con el drama que viven en el norte de Chile miles y miles de personas que a lo mejor están en riesgo de perder su empleo o que no pueden llegar a su lugar de trabajo. La pregunta es si es posible llevar el seguro de cesantía a una situación de catástrofe o de fuerza mayor como la que afecta a nuestros compatriotas de la Segunda y la Tercera Región y a algunos de la Cuarta.
En mi opinión, debería haber una normativa distinta que regulara las situaciones de catástrofe, cualesquiera que estas fueran: aluviones, terremotos e incluso incendios.
El artículo 28 establece con mucha claridad cuándo un trabajador puede perder el beneficio: cuando no busca de manera efectiva un empleo. Y a continuación señala: "Para los efectos del inciso anterior, serán consideradas como causas justificadas del beneficiario, causas de similar entidad", y menciona algunas excepciones, como padecer alguna enfermedad o discapacidad que le impida desarrollar el empleo; residir en una localidad distante del lugar donde se realice la entrevista; el empleo ofrecido no guarda relación con las habilidades o destrezas del empleo anterior; el empleo ofrecido no le permita percibir una remuneración igual o superior al 50 por ciento de la última devengada. Es decir, enuncia una serie de condiciones o características que no tienen nada que ver -me imagino, y lo hablaba con el Senador Prokurica- con la situación de un trabajador ubicado en Vallenar, Chañaral o Copiapó.
Por lo tanto, estando presente la señora Ministra y habiéndose informado que ella visitará esa zona el día de mañana, creo que el Gobierno debe pensar en un instrumento distinto del seguro de cesantía. Este opera -entre comillas- en la normalidad, cuando el trabajador pierde el empleo pero puede capacitarse, buscar otra ocupación; cuando tiene alternativas. Y me parece que la situación que se vive en algunas comunas de la Tercera Región no le permite a un trabajador ninguna de estas cosas. Lo mismo vale para el terremoto del 27 de febrero, que afectó particularmente las zonas costeras de la Séptima y Octava Regiones. Ahí a un trabajador no se le podría exigir ninguna de las conductas a las que se refiere el artículo 28.
Por ende, se requiere una normativa absolutamente distinta, excepcional, ante una contingencia del mismo carácter.
Mirando solo el artículo 28 de la ley, que es modificado por el proyecto que estamos votando, no hay duda de que resulta muy difícil o casi imposible calzar la normativa del seguro de cesantía con la realidad que están viviendo hoy los habitantes de las comunas de la Tercera y Cuarta Regiones.
Dicho todo lo anterior, señor Presidente, creo que este subsidio, al perfeccionarse y destinar mayores recursos a los trabajadores que se ven en la necesidad de usarlo, va en el camino de ayudarlos en un momento extraordinariamente difícil, de dificultad, cuando la persona pierde el empleo y, por lo tanto, sus ingresos.
Por tal razón, votaremos favorablemente la iniciativa.
Señor Presidente, las exposiciones de los Honorables colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han sido lo suficientemente completas respecto de las ventajas de este proyecto que hoy día estamos aprobando, por lo que no resulta necesario insistir en ellas.
Claramente, se observa una mejora en el funcionamiento del sistema del seguro de cesantía y, por cierto, un mejor aprovechamiento de los fondos a partir de los cuales él opera.
Además, me parece correcto que se incorporen circunstancias especiales como las que afectan a los trabajadores de la zona norte, aquejados por acontecimientos que todos conocemos.
Yo, simplemente, junto con anunciar que vamos a votar a favor del proyecto, quiero dejar constancia de la corrección del procedimiento con que este ha sido tramitado. Este es un texto donde desde el inicio se tomó en cuenta la opinión de todos los actores, incluida, ciertamente, la de la Comisión de Usuarios. Por lo mismo, la presentación que se formuló ha concitado completa unanimidad, tanto en la Comisión de Trabajo como en la de Hacienda.
Creo que esta forma de llevar adelante las iniciativas legales, escuchando anticipadamente a todos los actores relevantes que tienen algo que aportar, generando un contenido consensuado y, posteriormente, estando abiertos a posibles perfeccionamientos, marca un hito en el modo como debe avanzarse en estas materias, de extraordinaria importancia para el funcionamiento de cualquier sistema económico.
Ningún sistema económico puede ser insensible frente a los graves dramas que acarrean los fenómenos de cesantía. Por lo mismo, continuar perfeccionando este y otros mecanismos debe ser algo que esté a la orden del día. Me parece que la forma en que se ha procedido en esta oportunidad es alentadora en términos de alcanzar buenos resultados.
Señor Presidente, voy a tratar de ser breve porque creo que hay bastante consenso en la aprobación de la normativa en estudio.
En más de una ocasión se ha dicho en foros sobre temas laborales, incluidos debates previsionales, que el mercado laboral chileno adolece de dos falencias estructurales: una, que el empleo es inestable, y dos, que es mal remunerado, en promedio. Por consiguiente, en el largo plazo los trabajadores tienen, en general, poca capacidad de acumulación de recursos para la jubilación.
Por lo tanto, atacar el problema de la cesantía, permitiendo que los trabajadores tengan algún tipo de ingreso y además algún tipo de aporte para sus futuras pensiones, significaría comenzar a corregir una de las mayores debilidades del modelo previsional chileno. En ese sentido, la idea de un seguro de cesantía de mayor cuantía contribuiría a abrir tal posibilidad.
En segundo lugar, se protege también a otros trabajadores que de pronto quedan sin estos beneficios. Existe una ampliación hacia quienes se hallan contratados a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado. Esto se debe a la vulnerabilidad del mercado laboral chileno, que presenta una fuerte tendencia al trabajo precario, que no ofrece todos los derechos y garantías de un empleo estable.
Asimismo, se incrementan los beneficios adicionales, principalmente si los períodos de cesantía se alargan en el tiempo. No olvidemos que cuando se producen crisis económicas -y estamos pasando por momentos, si no de crisis, por lo menos de dificultades- los ciclos de desempleo se prolongan. Por consiguiente, considerar un mayor beneficio para situaciones de fuerza mayor no atribuibles al trabajador también parece bastante razonable.
Por esas y otras razones, el proyecto tiene mi aprobación, señor Presidente.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se hace presente la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
Proyecto de ley, originado en moción de los Senadores señores Espina y García, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El objetivo principal del proyecto es introducir modificaciones al Código Procesal Penal con la finalidad de evitar la dilación injustificada de las audiencias en los juicios de ese carácter.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace presente que la iniciativa, no obstante constar de artículo único, fue discutida solamente en general, de manera de poder hacerle los ajustes y perfeccionamientos pertinentes mediante las indicaciones que se formulen durante la fase del debate en particular.
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Hernán Larraín.
¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
Señor Presidente , el proyecto en estudio se inició en una moción de los Senadores señores Espina y García , y su objetivo central es introducir modificaciones al Código Procesal Penal destinadas a evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal.
Cabe recordar que, tal como lo señalan los autores de la moción, la Constitución Política asegura a todas las personas, en su artículo 19, N° 3°, "La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos".
Ese principio se refleja en un conjunto de garantías para las personas, como el derecho efectivo a la defensa jurídica, en virtud del cual corresponde al legislador arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos, mediante el aseguramiento de que "Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley".
Nuestro Código Procesal Penal desarrolla en detalle esa garantía constitucional a través de un conjunto de preceptos, que también se armonizan con el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8°, letra d), consagra efectivamente como garantía judicial mínima de toda persona el "derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección".
Evidentemente, señor Presidente , este marco normativo y ético impone también la obligación de no realizar, en ningún caso, un aprovechamiento ilegítimo de los citados derechos y garantías, lo que en el ámbito procesal penal significa que los procedimientos judiciales no deben sufrir dilaciones indebidas provocadas por subterfugios, acciones u omisiones destinados a debilitar la acción de la justicia y, de esta manera, obtener la impunidad.
La moción da cuenta de que, pese a lo anterior, en la práctica se constatan diversas fórmulas destinadas a provocar demoras en el juicio penal y a impedir u obstaculizar la persecución que debe llevar adelante el Ministerio Público. Se trata de casos en que injustificadamente se produce el abandono de la defensa o la ausencia del defensor, con la consecuente suspensión de la respectiva audiencia, el correspondiente retardo para toda la secuencia de la acción penal y las inevitables pérdidas de tiempo y de recursos que ello provoca.
El proyecto en estudio busca, entonces, evitar lo anterior, mediante la introducción de dos preceptos al Código Procesal Penal: al artículo 10, que forma parte de los principios básicos del procedimiento penal y que regula la cautela de las garantías del imputado, y al artículo 269, referido a la comparecencia del fiscal y del defensor en la audiencia de preparación del juicio oral.
En lo medular, las enmiendas a la primera de estas disposiciones se orientan a evitar que cuando se produzca una afectación sustancial a los derechos del imputado, debido a una acción u omisión directa o indirecta de aquel o de su abogado defensor, se suspenda el respectivo procedimiento penal.
Por su parte, las modificaciones al artículo 269 del mismo Código disponen que, cuando no comparezca el defensor a la ya citada audiencia, el tribunal designará a otro de oficio, quien deberá mantener la defensa del imputado hasta el término o conclusión del juicio. Se agrega que lo anterior será sin perjuicio de que el imputado designe a otro abogado defensor particular, quien actuará conjuntamente con el defensor público.
La Comisión, señor Presidente , escuchó a diversas instituciones directamente involucradas en las reglas en estudio; esto es, al Ministerio Público, en la persona de la Fiscal Nacional subrogante, señora Solange Huerta , y a la Defensoría Penal Pública, representada por el Defensor Nacional, señor Andrés Mahnke .
Con ellos hubo oportunidad de examinar los objetivos del proyecto, respecto a los cuales se registró un claro apoyo.
En ese análisis, no obstante, se precisó que las dilaciones debidas a acciones u omisiones del propio imputado o de su abogado defensor no son numerosas y que incluso podrían considerarse excepcionales.
Sin embargo, se constató que hay notorios juicios en que estos subterfugios se producen en forma sistemática y deliberada, que configuran verdaderas estrategias procesales para debilitar la administración de justicia. Se trata de casos relacionados con el narcotráfico y los delitos terroristas, algunos de los cuales representan 20 o más suspensiones de audiencias, con el consecuente perjuicio para las víctimas, los testigos, los peritos u otros intervinientes y, en el fondo, para el sistema procesal penal en su integridad.
Revisadas las fórmulas propuestas por el proyecto, se sugirieron diversos ajustes y perfeccionamientos. Estos se orientan, entre otros aspectos, a preservar los estándares éticos que deben guiar la actuación de los profesionales involucrados en el juicio penal, a resguardar el derecho del imputado a designar un defensor de su confianza, a la conveniencia de observar un mayor rigor en la aplicación de las sanciones que el ordenamiento procesal penal ya consagra frente a estas situaciones y a la pertinencia de revisar otras disposiciones del Código Procesal Penal vinculadas con el asunto en estudio, de manera de ajustarlas en forma sistemática.
Por ello, aun cuando la iniciativa es de artículo único, fue aprobada solamente en general, de modo de permitir la elaboración de indicaciones que recojan todas y cada una de las observaciones formuladas en la Comisión, y que puedan satisfacer las inquietudes presentadas por los invitados a ella.
Igualmente, señor Presidente , debo señalar que la idea de legislar se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, Honorables señores Araya , Espina, Hernán Larraín y el Senador que habla, quienes recomendamos a esta Sala proceder de la misma manera.
Señor Presidente , el proyecto busca evitar que procesos judiciales se eternicen por la vía de la denominada dilación injustificada de las audiencias. Es decir, solicitar que la audiencia se postergue una, dos, tres o muchas veces.
El artículo 10 del Código Procesal Penal establece una cautela de garantías. Esto significa que "En cualquiera etapa del proceso en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio".
Ese precepto legal, que obviamente fue redactado con la mejor disposición para buscar siempre la cautela de las garantías constitucionales, lamentablemente genera situaciones de vicio y de abuso: que se pida, una y otra vez, la postergación de la audiencia con el propósito de evitar una sentencia e impedir que el tribunal se pueda pronunciar.
Por eso, en la presente iniciativa simplemente se agrega un nuevo inciso en el cual se dispone que "no habrá lugar a la suspensión del procedimiento cuando la afectación sustancial de los derechos del imputado se deba a una acción u omisión directa o indirecta del propio imputado o de su abogado defensor".
Lo anterior obedece a que otro vicio, otro abuso al que se recurre frecuentemente es cambiar el abogado defensor, quien normalmente -no siempre, pero muchas veces- es un profesional de la Defensoría Penal Pública, para, por esa vía, dilatar los procesos e impedir el pronunciamiento de los tribunales respectivos.
Nosotros hemos visto en la Región de La Araucanía, en diversos procesos relacionados con la violencia rural -y mañana analizaremos en una sesión especial la situación que se vive en varias regiones del sur-, cómo estos abusos, cómo estas dilaciones, cómo estos vicios se reiteran con tal frecuencia que impiden que se haga justicia.
Por eso, llamo a mis colegas a que votemos favorablemente la idea de legislar.
Este es un proyecto bien concebido, bien hecho; es una iniciativa prudente que busca terminar con los abusos y los vicios en los procedimientos penales, de manera de garantizar siempre el fiel y más estricto apego al Estado de Derecho, velando por que los tribunales encargados de pronunciarse acerca de la situación de los imputados puedan hacerlo oportunamente.
Creo que cuando la justicia no es oportuna no es completa y, por tanto, incorporar en nuestro Código Procesal Penal normas que faciliten el cumplimiento final -esto es, que los tribunales puedan pronunciarse y hacer justicia- es un propósito que toda la Sala debiera respaldar.
Señor Presidente , seré muy breve porque los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra explicaron con gran lucidez el sentido y el contenido del proyecto (respaldado, por lo demás, por la Fiscalía Nacional): evitar -como se dijo- que los juicios se dilaten tanto en perjuicio del imputado como de la víctima, y que en la práctica no se administre justicia a tiempo.
Como expresó el Senador García con toda razón, la justicia no solo tiene que aplicarse con respeto al debido proceso, a la posibilidad de rendir pruebas, sino que además debe operar con un sentido de inmediatez, esto es, fallar en el plazo más breve posible para evitar que los testigos posteriormente desaparezcan o no quieran acudir a declarar. Esto se ha hecho una práctica -ya se expresó- en causas y juicios que se llevan en la Novena Región con víctimas mapuches y no mapuches -no hago discriminación alguna- y, sobre todo, en casos de narcotráfico, tal como indicó la fiscal Solange Huerta .
Se fijará un plazo para la presentación de indicaciones -ojalá sea muy breve, pues involucra un problema que afecta la administración de justicia-, y nosotros nos comprometimos a incorporar una indicación, que será propuesta por el Ministerio Público -además, por supuesto, de las que formulen los señores Senadores-, con el propósito de perfeccionar el texto de la iniciativa. Ello porque, a la luz de lo que observamos en el debate -así se deja constancia en el informe de la Comisión-, se precisan mejoramientos.
En consecuencia, dado que nos encontramos en la discusión general, queremos que se apruebe la idea de legislar para recoger todas las indicaciones que perfeccionen el proyecto.
Su Señoría, entiendo que usted debe volver a la Comisión de Gobierno, que está analizando una iniciativa muy importante sobre probidad en la función pública.
Así es, señor Presidente.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos favorables).
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Ignacio Walker y Patricio Walker.
¿Es posible fijar plazo para presentar indicaciones, señor Presidente?
En este momento no tenemos quórum para ello, Su Señoría. Lo haremos mañana.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Salud (nuevo): sesión 21, en 8 de mayo de 2013.
Sesiones 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aplaza su discusión); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 42ª, en 30 de julio de 2013 (el aplazamiento de la votación se retira en sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014); 2ª, en 18 de marzo de 2014 (se aplaza la votación); 4ª, en 1 de abril de 2014 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 1 de abril de 2014.
Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 4º y 5º permanentes y el artículo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general.
Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación.
--Se aprueban, reglamentariamente.
Por su parte, la letra a) del número 5 -pasó a ser 6- del artículo 3º del proyecto, que no fue objeto de enmiendas en el segundo informe, requiere para su aprobación 22 votos favorables, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
Las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud realizaron diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general. Algunas de ellas fueron acordadas por unanimidad mientras que otras solo fueron acogidas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Entre las modificaciones acordadas por mayoría, se encuentra la recaída en un nuevo número 4 que se incorpora al artículo 3º, la cual debe aprobarse con quórum orgánico constitucional.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de las Comisiones unidas a su respecto o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe las modificaciones introducidas por las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas, y el texto que resultaría de ser ellas aprobadas.
Señor Presidente , Honorable Sala, estamos en un día -yo diría- histórico.
Han pasado nueve años desde que presentamos en la Cámara de Diputados este proyecto de ley, que logró fusionar cuatro iniciativas -soy coautor de tres de ellas-, cuyo propósito es establecer una nueva regulación para el etiquetado de bebidas alcohólicas.
Esta propuesta legislativa ha demorado largo tiempo en su tramitación. En el Senado, fue despachada por la Comisión de Salud en general y luego se pidió que fuera discutida en particular por las Comisiones de Salud y Agricultura, unidas. Durante este último trámite, dichos órganos fueron presididos por el Senador señor Moreira , quien empujó el proyecto para sacarlo adelante.
Durante ese debate escuchamos la opinión de diversas organizaciones sobre prevención del consumo de alcohol y drogas, y contamos permanentemente con la participación de representantes de los Ministerios de Agricultura y de Salud.
Quiero mencionar que la iniciativa en estudio tiene una particularidad: por primera vez en la historia legislativa del país un proyecto de ley fue considerado "Reglamento Técnico", según las normas de la Organización Mundial del Comercio. Ante ello, se abrió una notificación formal y una consulta internacional para determinar si alguna disposición del texto propuesto constituye un obstáculo técnico al comercio.
Se generaron las instancias para la consulta mencionada, lo que fue tomado en consideración por el Presidente de la Comisión, Senador Moreira, quien condujo el debate en forma ejemplar y permitió sacar adelante la iniciativa.
Algunos de los planteamientos fueron acogidos por los señores Senadores de las Comisiones unidas en forma total y otros, solo parcialmente.
En mi opinión, uno de los temas relevantes ahí analizados fue el del etiquetado.
Al respecto, se propone incluir en la etiqueta una advertencia sobre los efectos del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, además de la obligación de agregar una de las siguientes oraciones: "La mujer embarazada no debe consumir alcohol" o "El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir". Y hubo un amplio debate respecto a la incorporación de una tercera frase, que dice: "El consumo de alcohol en menores daña su desarrollo físico e intelectual". Finalmente, también quedó contemplada.
Del mismo modo, se disponen medidas que dicen relación con limitar la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión, como la de permitir propaganda solamente entre las 23 horas y las 6 de la mañana. También se prohíbe la publicidad directa o indirecta en radios entre las 16 y las 18 horas, que son los horarios peak de audiencia.
Asimismo, se establece la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas en calles y carreteras, y cualquier forma de difusión comercial o no comercial, directa o indirecta, de aquellas en actividades deportivas. Igual prohibición regirá para todos los productos, las actividades o las publicaciones, cualquiera que sea su formato (físico o virtual), dirigidos a menores de edad. Los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente, tales como camisetas, uniformes u otros, y el merchandising en ese ámbito, no podrán contener publicidad de bebidas alcohólicas.
Por otro lado, durante el trabajo de las Comisiones unidas se discutió acerca de la necesidad de incorporar contenidos en los currículos de enseñanza básica y media para fomentar una cultura capaz de advertir respecto de los efectos del consumo excesivo de alcohol, idea que se aprobó.
A las reuniones asistieron el Presidente de la Asociación de Productores de Pisco y el Presidente de la Asociación de Vinos de Chile, entre otros representantes de entidades gremiales de empresas distribuidoras y productoras de bebidas alcohólicas, los que manifestaron su conformidad con las indicaciones que fueron acogidas por las Comisiones unidas.
También contamos con la participación de la Directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y de la Presidenta de Alcohólicos Anónimos , quienes concurrieron para dar su testimonio sobre la necesidad de regular esta materia.
Uno de los aspectos que motivaron la presentación de este proyecto dice relación con el hecho de que la exportación de bebidas alcohólicas sí contiene advertencias, dependiendo del lugar al que se dirija. Pero, curiosamente, los mismos productos no cuentan con estas cuando son distribuidos en el mercado nacional.
Se generó, además, una discusión en cuanto a si las advertencias debían ser rotativas o bien establecerse por determinado tiempo a efectos de hacerlas viables. Se planteó la situación de las bebidas alcohólicas que, una vez producidas, no fuesen vendidas en el corto plazo o no tuvieran la rotación comercial necesaria en las botillerías del extremo sur o norte del país. Ante ello, se resolvió establecer la posibilidad de que el productor o distribuidor escoja una de esas advertencias.
La iniciativa en análisis busca limitar y sancionar drásticamente la venta de alcohol a menores, y restringir el otorgamiento de patentes de alcohol.
Adicionalmente, se contempla la prohibición de vender bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio. En definitiva, de aprobarse esta propuesta legislativa, solo será posible dicha venta en establecimientos con patente de alcohol que estén contiguos a las estaciones de servicio.
Este proyecto de ley -vuelvo a insistir- va en la dirección correcta. Se logró un consenso transversal para sacarlo adelante. Y hoy estamos en un día histórico, ya que, después de nueve años desde la primera moción que presenté y gracias al impulso que le dio a la materia el Presidente de las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud, Senador Moreira, la iniciativa llegó a la Sala.
En particular, me siento orgulloso de ser su coautor y me alegra señalar que vamos a contar con una ley que permitirá incorporar una advertencia en las etiquetas respecto del daño que causa el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Con ello se enfrenta la situación que hoy vive nuestro país con relación al consumo temprano de alcohol en nuestra juventud.
Adicionalmente, se generarán los estímulos necesarios para la educación e información oportuna de nuestros jóvenes y de todos los chilenos.
No debemos olvidar la gran cantidad de patologías asociadas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas; tampoco la pérdida de vidas humanas, las mermas de días laborales y los gastos de salud por esa misma causa.
Espero que la Sala apruebe este proyecto de ley, para así terminar con esta larga tramitación. Hemos esperado nueve años para que vea la luz del día.
Tiene la palabra el Presidente de las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud, Senador señor Moreira.
Señor Presidente , como bien se ha señalado aquí, esta iniciativa se originó en cuatro mociones parlamentarias, refundidas, que ingresaron a la Cámara de Diputados a partir del año 2002. Por tanto, es importante dejar claro que esta materia lleva trece años de tramitación en el Congreso Nacional.
Yo sé que hubo muchos obstáculos, pero también sé que distintos Diputados y Senadores han tratado de enriquecer el proyecto. Con todo, logramos sacarlo adelante entre el año pasado y lo que va del presente.
La propuesta legislativa que nos ocupa se encuentra en segundo trámite constitucional, y las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas, han concluido su estudio en particular, razón por la cual hoy lo estamos viendo en esta Sala.
Está de más volver a mencionar las autoridades, los organismos, los empresarios y demás personas vinculadas al tema que fueron escuchados en los órganos técnicos. En muchos casos, sus inquietudes fueron acogidas, debatidas y compartidas.
Cabe hacer presente que las Comisiones unidas aprobaron un texto que tiene por objeto evitar el consumo excesivo de alcohol y propender hacia un consumo responsable. Para ello, se establece la obligación del productor, fabricante o importador de incluir en los envases de toda bebida alcohólica que se comercialice en Chile la siguiente leyenda: "ADVERTENCIA. Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros".
Además, a elección del productor, fabricante o importador, deberá agregarse alguna de las siguientes frases: "La mujer embarazada no debe beber alcohol", "El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir" o "El consumo de alcohol en menores daña su desarrollo físico e intelectual". Según la frase escogida, se deberá agregar un pictograma que muestre un auto, una mujer embarazada o el número 18 rodeado por una circunferencia. Las dos primeras imágenes deberán tener una línea que las atraviese.
En cuanto a la publicidad audiovisual, mientras se exhiba un comercial de bebidas alcohólicas, se deberá proyectar una leyenda con lo establecido para el etiquetado, durante tres segundos. En el caso de los avisos radiales, dicha advertencia se reproducirá a continuación del aviso, por un lapso de tres segundos.
La publicidad de bebidas alcohólicas en televisión podrá realizarse entre las 22 y las 6 horas. En radios, se prohíbe efectuarla entre las 16 y las 18 horas. Queremos destacar que es distinto el impacto que genera la televisión respecto del efecto que provoca la radio.
Con la limitación horaria propuesta para las radios, no hemos querido afectar a cientos de emisoras en el país que subsisten gracias a la publicidad. Pero hay que señalar que existirá un "protocolo" -por llamarlo así- muy riguroso con relación al control de la publicidad y de las normas sobre etiquetado.
La publicidad de bebidas alcohólicas en calles y carreteras podrá usar nombres, logotipos, marcas, productos o imágenes que no muestren situaciones de consumo. Con todo, se prohíbe esta publicidad en calles, caminos o espacios cuando existan establecimientos educacionales a menos de 100 metros.
Asimismo, en actividades deportivas se termina con la publicidad, comunicación, recomendación o propaganda de bebidas alcohólicas que exhiban situaciones de consumo, salvo la publicidad del nombre, los logotipos o las marcas. No podrá haber imágenes que incentiven a beber alcohol.
También se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en productos o actividades destinadas exclusivamente a menores de edad. Lo mismo rige para los artículos deportivos distribuidos masivamente y que se entreguen a menores. Aquellos no podrán contener publicidad de bebidas alcohólicas, ni su nombre, logotipos o marcas.
Además, el proyecto plantea prohibir la venta de bebidas alcohólicas en estaciones de servicios o bombas bencineras, salvo que en ellas existieran restaurantes o establecimientos que cuenten con patente de alcoholes.
También se establece que los Servicios de Salud deberán impartir un programa de tratamiento, prevención y rehabilitación del consumo nocivo de alcohol. Para ello, se coordinarán con las instituciones de la sociedad civil a efectos de implementar medidas de protección sanitaria.
Esta iniciativa de ley, señor Presidente , obliga a los establecimientos educacionales a incorporar en el currículo de enseñanza la formación de hábitos de vida saludable y el desarrollo de factores protectores contra el abuso del consumo de alcohol.
Asimismo, se propone aumentar las penas para quienes vendan u obsequien bebidas alcohólicas a menores de edad.
Adicionalmente, se agrega un nuevo requisito para los postulantes a obtener una licencia para conducir: no haber sido sorprendido por Carabineros de Chile, en los últimos 12 meses, consumiendo bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas y demás lugares de uso público, o circulando en manifiesto estado de ebriedad en la vía pública o en lugares de libre acceso al público.
Del mismo modo, se consagra la obligación de fabricantes, productores, distribuidores e importadores de informar en los envases o etiquetas de bebidas alcohólicas la cantidad de energía presente, según el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
El Ministerio de Salud controlará la aplicación de esta futura normativa, sin perjuicio de las atribuciones fiscalizadoras de la Cartera de Agricultura -en particular, del Servicio Agrícola y Ganadero- o de otros servicios públicos, de acuerdo a leyes especiales.
En cuanto a la entrada en vigencia de la ley en proyecto, el artículo transitorio dispone que el artículo 1° (referido al etiquetado) regirá a partir de un año contado desde la fecha de publicación y el artículo 2° (sobre publicidad), a partir de dos años.
Es cuanto puedo informar sobre la iniciativa que las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas, han aprobado en particular.
Quiero agradecer el entusiasmo, el profesionalismo y el deseo de los señores Senadores que han permitido que esta propuesta legislativa, que llevaba trece años guardadita -¡tanta demora!-, esté hoy en la Sala para su discusión.
El propósito de este proyecto sobre etiquetado y publicidad de bebidas alcohólicas no es demonizar el consumo del alcohol, sino procurar que se beba con responsabilidad y hacer entender que el consumo excesivo daña la salud.
No se busca generar pánico ni obstáculos en una industria tan importante como la vitivinícola. Se trata de resguardar, a través de las normas explicitadas, aspectos importantes relativos al consumo, a la publicidad y también a la salud de las personas.
Creo que hemos logrado un avance importante, y esperamos que la iniciativa, que ha tenido una tramitación de trece años -en virtud de varias ampliaciones de plazos para la presentación de indicaciones y otras demoras-, luego de un trabajo serio y responsable de los miembros de las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas, se vote hoy.
Yo sé que será una votación compleja. No será fácil. Pero la vamos a llevar a feliz término.
Eso es este proyecto de ley, señor Presidente.
Gatopardismo que, a mi juicio, no es capaz de abordar la situación correctamente.
Transacciones, gatopardismo que no asume el problema plenamente.
Lo digo porque está el doble estándar, en que escucharemos opiniones de señores médicos que, por un lado, tratarán de justificar lo injustificable -como lo hemos visto en esta y en otras ocasiones-, y por el otro, no quieren una consistencia entre lo que dicen respecto del tabaco y lo que dicen respecto del alcohol.
Yo no soy per se contrario a que se discuta sobre etiquetados de advertencia. Pero donde no se prohíbe, en todas sus formas, la publicidad de bebidas alcohólicas hay gatopardismo.
Aquí se juega con las palabras.
Se acepta que uno de los equipos de fútbol profesional pueda seguir exhibiendo en su camiseta ese tipo de publicidad. Yo soy partidario de ese equipo, pero me parece indecente que ello ocurra.
Se continúa con la publicidad de cerveza o de vino en los estadios. Claro, se prohíbe mostrar a una persona con una copa en la mano; pero el logo, la marca estará igual en las carreteras, en todos lados.
Se prohíbe la venta de alcohol en las bombas de bencina. Pero como en los Pronto COPEC y en las tiendas UPA! de la Shell existen restoranes: ¡gatopardismo! Se va a seguir vendiendo alcohol en esos lugares.
Creo que le hace mal a nuestra institución no abordar este tema correctamente. Por eso, en nueve, doce, trece años -aquí se han escuchado diferentes cifras- no se ha despachado este proyecto.
Pero quien ha vencido en esta transacción que permite la existencia de algunos etiquetados es la industria, que prefiere mantener la publicidad vigente a toda costa, impidiendo que se la toquen, a cambio de poner un par de advertencias en letras de diferente tamaño en los envases.
Señor Presidente , yo no me siento compelido en lo más mínimo a aprobar la propuesta que nos hicieron las Comisiones unidas. Es más, siendo representante de una zona de producción vitivinícola, que exporta tanto a los países de nuestra región inmediata como a los del resto del mundo, y dado el proyecto que discutimos con anterioridad, entiendo que haya estándares sobre etiquetado internacional. Lo que se propone ahora es para el consumo interno esencialmente, y se podrá discutir, pero seguiremos viendo en las carreteras esos letreros gigantescos de empresas de cerveza que dicen: "No manejen cuando toman". Eso no se va a tocar en nada.
Miren lo que se dispone respecto de las radios: de 16 a 18 horas no se podrá hacer publicidad de bebidas alcohólicas. ¡Gatopardismo, señor Presidente!
Yo voy a pedir que se vote artículo por artículo,
Inciso por inciso.
para que quede claramente establecido por qué uno está en contra de este tipo de iniciativas, en que se mezclan cuestiones muy distintas.
Quizás hay quienes consideran un avance algunas de las materias que contiene. Pero, a mi juicio, no se aborda lo principal.
Está bien que haya proyectos educativos, ¡qué bueno!
Está bien que en educación se determinen ciertos criterios, ¡qué bueno!
Está bien que se incluyan nuevos lugares donde se pagarán patentes, ¡qué bueno!
Pero si se trata de un problema de salud pública, como el consumo excesivo de alcohol existente en Chile -somos de los países de América Latina con más altos índices de consumo de bebidas alcohólicas per cápita; donde la mayor cantidad de camas hospitalarias se usa producto de su ingesta directa e indirecta, y gran parte de los accidentes de tránsito están asociados al consumo de alcohol y drogas-, este tipo de abordaje me parece una transacción inadecuada.
Señor Presidente , si queremos abordar esta materia como un problema de política pública, está bien establecer algo en el etiquetado, pero lo consistente es no seguir reservando la publicidad a esta industria.
¿Por qué nos engañamos? ¿Creemos que la imagen de una mujer embarazada con una copa de vino impactará más que quien exhiba la marca?
Está demostrado que la publicidad, en todas sus formas, induce al consumo.
Si no, no habría publicidad.
Está demostrado, en el avance de la discusión sobre etiquetado, que los países desarrollados han prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas.
Está establecido también que no debe haber ese tipo de publicidad en lugares donde haya niños; entre ellos, los estadios.
Pero esos temas no se quieren abordar aquí.
Por eso la industria estuvo de acuerdo: porque transó a su favor, no en beneficio de la salud pública.
Señor Presidente , soy de una zona productora de vino. Otros colegas representan a regiones productoras de cerveza. Y estaremos dispuestos a establecer normas sobre etiquetado -algunas materias son más de carácter reglamentario que legal; y me parece increíble la especificidad en la cual se entra, pero dejaremos que pase-, siempre que ello sea consistente con el problema que se quiere abordar: el consumo excesivo de alcohol en nuestro país.
Si vamos a seguir con la publicidad de bebidas alcohólicas en las carreteras; si en los Pronto COPEC, en las tiendas UPA! de la Shell se continuará vendiendo alcohol, ¿cuál es el logro?, ¿cuál es el éxito?, ¿cuál es el avance?
Los equipos de fútbol continuarán exhibiendo ese tipo de publicidad en sus camisetas. Claro, no las podrán regalar en las actividades masivas que incluyan niños -porque la letra de la ley en proyecto es de un gatopardismo extraordinario-, pero eso no evita que ese equipo tenga el logo de una empresa cervecera u otra en el pecho.
Señor Presidente, me va a disculpar, pero creo que debemos ser claros en las cosas que queremos promover.
Si aquí estuviera solo lo relacionado con la advertencia, yo reclamaría que debería considerarse también la publicidad. Pero, en mi concepto, la forma como se abordó lo tocante a la publicidad es gatopardismo.
Yo no voy a ser parte de un proyecto que seguirá induciendo al consumo de alcohol, a pesar de que, por otro lado, se le diga a la comunidad toda que se trata de una iniciativa que desincentiva su ingesta porque habrá una rotulación pequeña, con letras de dos milímetros, en la botella que dirá: "El consumo de alcohol en menores daña su desarrollo físico e intelectual"; "La mujer embarazada no debe beber alcohol"; "El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir".
Esa información no lleva a un cambio de conducta. Porque la persona ya compró la botella.
Hay que atacar primero la publicidad.
Señor Presidente , no quiero desmerecer lo que otros han considerado tan extraordinario y exitoso; pero no me voy a sumar a algo que para mí es gatopardismo.
Creo que le hace mal a nuestro país que en este Poder del Estado nos estemos distanciando tanto de la gente; que no le digamos las cosas como son.
Lo blanco es blanco; lo negro es negro.
Queremos evitar el consumo excesivo de alcohol: prohibamos la publicidad tal como se hizo con el tabaco.
Lo que pasa es que aquí no hay voluntad política de algunos para establecer respecto de las bebidas alcohólicas la misma prohibición que se estableció para el tabaco. Y eso llama la atención.
Por ello, insisto en mi petición de que se vote artículo por artículo.
Está en su derecho, señor Senador. Así se hará.
Señor Presidente, ante una mala iniciativa, las palabras del Senador Letelier son elocuentes.
En tal sentido, me permito pedir que se precise por qué este proyecto se puso en este lugar de la tabla y por qué no hay nadie del Ejecutivo en la Sala.
A mí me gustaría ver aquí a la Ministra de Salud , al Ministro de Agricultura . Pero los dos brillan por su ausencia.
Recién discutimos el proyecto que modifica el seguro de cesantía. Y la Ministra del Trabajo y el Subsecretario de Previsión Social estuvieron presentes en la Sala respaldándolo.
Ahora, yo difiero del Senador que me antecedió. Creo que "gatopardismo" no es la palabra. Este es un traje a la medida.
Y, nuevamente, aquí están los intereses de los lobbystas y de la gente que ejerce presión sobre este Parlamento para influir en un proyecto que se ha dado vuelta y que lo único que hace es proteger a las grandes empresas del vino para que sigan envenenando y vendiendo barato -y con mucha publicidad- a nuestros hijos.
Yo les pregunto a los Senadores y Senadoras aquí presentes si han ido a algún estadio con sus niños menores de edad (porque toda la publicidad que hay alrededor de la cancha se refiere a bebidas alcohólicas); si no encuentran impresentable que los ídolos del fútbol -a usted, señor Presidente , le gusta el deporte- que nuestros niños y niñas ven lleven en la camiseta la marca de una bebida alcohólica.
¿Eso es presentable? ¡Es impresentable! Y no me parece que este Senado de la República, entre gallos y medianoche, a esta hora, esté viendo este proyecto. Me molesta que sea así.
No estoy disponible para esto, señor Presidente. Voy a pedir segunda discusión respecto de esta iniciativa o que se vote ahora, inmediatamente, a ver si se aprueba, porque no hay quórum en la Sala en este momento.
Y no voy a aceptar más que estas empresas poderosas vengan aquí, al Senado, y entre gallos y medianoche traten de sacar adelante estos proyectos.
Digámoslo claro: el artículo 2° de la iniciativa dispone que "La publicidad de bebidas alcohólicas en televisión sólo podrá realizarse entre las veintidós y las seis horas. Se prohíbe la publicidad, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en radios, entre las dieciséis y las dieciocho horas.".
O sea, en la radio puede publicitarse todo el día. Y desde las cuatro a las seis de la tarde, no. ¡Por favor! ¡Eso es una falta de respeto a la inteligencia!
Yo les pregunto a los señores Senadores que son padres o abuelos: ¿Les parece bien que a la hora de almuerzo, en la radio que se escucha en las casas, se esté publicitando la cerveza tanto, el pisco tanto o el vino tanto? Cuando van al estadio o a esas canchitas de fútbol del barrio, al club social al que pertenecen y ven todo tapizado de anuncios de bebidas alcohólicas seguramente no va a salir una mujer buenamoza o un galán bebiendo, pero yo les pregunto: ¿eso no es inducción al alcohol?
Este tipo de situaciones son inadmisibles, señor Presidente.
Inciso segundo del artículo 2°: "Se prohíbe en toda actividad deportiva cualquier forma de publicidad, comunicación, recomendación o propaganda de bebidas alcohólicas que exhiba situaciones de consumo, permitiéndose únicamente la publicidad de nombres, logotipos o marcas.".
¿De qué estamos hablando? ¿De que se señale el nombre de la cerveza o de la viña? ¿Qué prohibición es esta?
Veamos la legislación comparada. Veamos lo que ocurrió con el tabaco. Veamos lo que pasó con los eventos deportivos.
Antiguamente la Fórmula 1 era auspiciada única y exclusivamente por empresas de cigarrillos y, producto de legislaciones restrictivas, se eliminó ese tipo de financiamiento. No quebró la industria, no quebró el deporte, sigue esa actividad.
Por tanto, se debe dar una señal clara y precisa a los niños, niñas y jóvenes de este país: el alcohol es una droga legalizada. Y no lo digo desde una moralina, en el ánimo de erigirme como guardián de esta situación, señor Presidente¿
Lo digo, simplemente, para que seamos coherentes.
Este proyecto de ley es impresentable.
Artículo 2°, inciso tercero: "Los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente, tales como camisetas, uniformes u otros, y aquellos objetos promocionales vinculados a actividades deportivas y que tengan por destinatarios a menores de edad, no podrán contener nombres", etcétera.
O sea, lo que se regala no puede llevar el logo y lo que se compra, sí. ¡Compre prendas de su equipo favorito, de su ídolo deportivo y ahí vendrá la marca de la cerveza o del vino que lo auspicia!
El inciso siguiente del mismo artículo señala: "Se prohíbe cualquier forma de publicidad, comercial o no comercial, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en cualquier producto, publicación o actividad destinada, exclusivamente, a menores de edad.".
En el estadio, en la cancha donde juegan nuestros niños está la publicidad. Yo les pregunto: ¿no participan menores de edad en las actividades que se desarrollan allí? ¡Por favor! Seamos serios, seamos responsables.
Este proyecto es impresentable, señor Presidente , ¡impresentable! Y le pido que le consulte al Ejecutivo dónde está la Ministra de Salud , dónde está el Ministro de Agricultura . Ellos debieran proteger la salud de nuestros niños y ambos se hallan ausentes, lo cual también es impresentable.
Señor Presidente , la verdad es que las dos últimas intervenciones me han sorprendido mucho, porque, como bien lo señalaron los Senadores Chahuán y Moreira , este es un proyecto que resulta de haber fusionado cuatro mociones que llevan tramitándose en el Congreso algo así como trece o catorce años.
Yo puedo dar fe del trabajo de las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud -integro la primera de ellas- para sacar adelante esta iniciativa.
Es evidente que, luego de escuchar algunas intervenciones, la única conclusión a la que se podría llegar es que simplemente se debe prohibir el consumo de bebidas alcohólicas. Al parecer, solo eso dejaría conformes a algunos señores parlamentarios.
Pero, la verdad es que las bebidas alcohólicas, consumidas con prudencia, en las dosis adecuadas, no constituyen un peligro para la salud. Y, por lo tanto, son productos lícitos, permitidos. Porque -insisto-, lo contrario debiera llevar simplemente a la prohibición de su consumo.
Entiendo, señor Presidente , que podemos tener opiniones distintas respecto de cómo regular esta materia. Por mi parte, considero que algunas normas del proyecto son excesivamente reglamentarias. Entrar en una ley a indicar el tamaño de la letra de una advertencia, cuando el diseño publicitario debe de ser una de las cosas que más van cambiando a través del tiempo, no me parece adecuado. Eso debiera quedar entregado al reglamento, pero al parecer se ha querido dejarlo en el articulado para que no se vulneren estas disposiciones precisamente por la vía reglamentaria.
No obstante, lo que me resulta más insólito es suponer que en su reunión de hoy todos los Comités se pusieron de acuerdo o fueron objeto de lobby por parte de las empresas productoras de bebidas alcohólicas para que esta iniciativa estuviera en tabla a esta hora. Esa suposición me parece francamente un exceso. Habla mal de todos nosotros en el contexto actual de desprestigio de la actividad política y parlamentaria. No considero prudente o razonable que nosotros mismos sigamos emporcando nuestra labor.
A quienes nos pudieran estar viendo a través de la televisión del Senado quiero decirles que hoy teníamos un solo proyecto en tabla: un convenio internacional respecto del etiquetado de bebidas alcohólicas. Como sea, él mereció elogiosas expresiones por parte del Senador Juan Pablo Letelier . Y ahora, cuando se trata una materia semejante -porque aquí incluso tuvimos que hacer consultas a la Organización Mundial del Comercio para que nuestra legislación estuviera en línea con las directrices existentes en los países más serios del mundo-, nos encontramos con todas estas descalificaciones y expresiones que son tan poco felices y tan poco dignas de nuestra gestión parlamentaria.
Pues bien, se acordó un orden de tabla: se resolvió incorporar el proyecto que mejora sustantivamente el subsidio de cesantía; luego, el que pone restricciones a la dilación de los procesos penales a través de distintos artilugios que impiden un real acceso a la justicia, y en seguida, el que modifica la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas.
Pero, ¡por favor!, esta última iniciativa no se incluyó porque los Comités, que nos representan a todos, que fueron elegidos por nosotros, hayan sido objeto de lobby por parte de las compañías para que entre gallos y medianoche se aprobara un texto que constituye gatopardismo, que es malo y que finalmente no regula.
Este proyecto, probablemente, no deja satisfechos ni a unos ni a otros. Sin embargo, implica un avance. Reconozcámoslo: es un avance significativo.
Durante el funcionamiento de las Comisiones unidas hubo permanentemente representantes del Ministro de Agricultura: por ejemplo, su asesor legislativo, ex Senador don Jaime Naranjo; y de la Ministra de Salud: entre estos, su asesor de gabinete, doctor Enrique Accorsi, ex Presidente del Colegio Médico. Y las normas se iban acordando con ellos.
Yo lamento que no estén aquí. Obviamente, hubiese sido mucho mejor que estuvieran con sus asesores el Ministro Furche y la nueva Ministra de Salud .
Pero yo quiero despejar las afirmaciones en el sentido de que acá hay dobles intenciones; de que aquí existe ánimo de perjudicar a la población; de que aquí hay ánimo para no legislar, y de que si legislamos lo hacemos de forma torcida, de tal manera que las cosas parezcan pero no lo sean.
De lo que vi del trabajo de las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud, nada de eso fue lo que tuvimos.
Muy por el contrario: normas precisas, normas que se cumplan, normas que apunten a que la población tome conciencia de que consumir bebidas alcohólicas en exceso provoca daño a la salud.
Creo que ese objetivo está plenamente cumplido.
Y cuando hoy no tenemos ningún precepto, ninguna regulación en torno a la publicidad de las bebidas alcohólicas, creo que aquello constituye un avance.
No deja a nadie contento, pues muchos Senadores y Senadoras consideran que lo aprobado es ya un exceso.
Aquí hemos escuchado a algunos colegas decir que esto ni siquiera es un pequeño avance.
Resulta muy difícil dejar a todos contentos. Es muy difícil dejar a todos satisfechos con una legislación que es compleja, pero al mismo tiempo tremendamente polémica.
Yo, sí, quiero expresar que los integrantes de las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud hicimos nuestros mayores esfuerzos por tener una legislación que permita que la población tome conciencia de que consumir bebidas alcohólicas en exceso provoca serios trastornos, graves problemas. Y creo que ese objetivo está plenamente cumplido.
Señor Presidente , el Senador De Urresti pidió segunda discusión. Por lo tanto, estamos tranquilos en cuanto a la votación: tendrá que ser en otra oportunidad, no ahora.
Yo quiero llamar la atención en el sentido de que el miércoles 2 de octubre de 2002, y bajo el boletín 3081-11, ingresamos, también con la firma del Senador Horvath, un proyecto atinente a etiquetado de las bebidas alcohólicas que tenía un conjunto de elementos severos, importantes, necesarios: "Modifica la ley N° 18.455, sobre alcoholes, en lo relativo a etiquetación de bebidas alcohólicas".
Ese proyecto se vio frenado -esta debe de ser la cuarta o quinta vez que intervengo en la Sala- en la Comisión de Agricultura; se tramitó durante cuatro años -asistieron todos los viñateros, los representantes de los exportadores, los productores de las más variadas bebidas alcohólicas-, y terminó archivado, bajo la promesa -y el Senador Coloma , quien no está ahora en la Sala, presidía el órgano técnico encargado de su estudio- de que se iba a fusionar con uno de Salud para tener un texto equilibrado, pues se sostenía que el nuestro era demasiado rudo.
Emilio Bogani tiene una obra muy importante: Sostiene que, como se trata de una enfermedad social, no es reconocido como tal.
El alcoholismo, enfermedad social.
El uso inmoderado del alcohol causa pérdidas al patrimonio nacional por casi ¡3 mil millones de dólares en un año!
Diversos estudios de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Económicas, han revelado que esa cifra no disminuye.
El análisis demuestra que cada año se pierden 2 mil 969 millones por problemas derivados del consumo de alcohol, guarismo equivalente a la construcción de más de -¡escúchenme bien!- 300 mil viviendas básicas o 4 mil 500 consultorios equipados por año.
¿Y cuánto recibe nuestro país por concepto de impuestos derivados de la venta de alcoholes? Una suma moderada: 813 millones de dólares. ¡Y tenemos 3 mil millones de gasto directo...!
¿Es acaso un negocio para el Estado percibir esa exigua cifra y gastar 3 mil millones de dólares al año en las derivadas de salud, de los impactos en la salud de las personas, sin hablar del daño social que provoca el alcoholismo al interior de una comunidad, en el seno de una familia?
El mayor impacto del consumo de alcohol está en la baja productividad laboral. Cabe señalar -y hay diversos informes de las facultades de economía de muchas universidades- que se cifra en alrededor de 2 mil 83 millones de dólares, de los cuales más de 110 millones están directamente relacionados con el costo laboral y el costo productivo.
Resulta extraordinariamente largo señalar las enfermedades que genera el alcohol.
Ahora, lo claro es que el consumo de alcohol en Chile, lejos de decrecer, aumenta.
El 50 por ciento de los jóvenes comienza a beber alcohol antes de los 17 años; incluso, 5 por ciento lo hace antes de los 12.
¿Y qué nos revelan los estudios sobre consumo de alcohol en Chile elaborados por el CONACE? Que ha prendido más en mujeres menores de edad.
Se ha registrado un fenómeno complejo de analizar; pero se está consumiendo más alcohol a menor edad y en mayor cantidad en mujeres.
Y eso pronostica -como señalan todos los informes- que vamos a tener un problema de salud pública expresado -¡esto es increíble!- en que la principal causa de muerte en jóvenes de 18 a 23 años es por accidentes automovilísticos derivados de la ingesta de alcohol.
¡Los jóvenes mueren en Chile principalmente, no por enfermedades, sino por accidentes de tránsito en que media el consumo de alcohol!
Por lo tanto, el proyecto de ley sobre etiquetado se presenta para desincentivar el consumo de alcohol, no para aumentarlo.
Necesito un minuto adicional, señor Presidente .
Yo, lejos de reclamar, planteo que debiera ser un pacto entre los Senadores que para el tratamiento de las diversas materias, cuando haya proyectos de ley simultáneos en Comisiones, se fusionen, o a lo menos, que a quienes hemos trabajado en ellos durante años se nos incluya en el informe. Porque, por ejemplo, como le consta al Senador Coloma -Su Señoría acaba de llegar a la Sala-, en la Comisión de Agricultura teníamos una posición distinta cuando discutimos largamente, durante muchos años, la iniciativa de ley sobre etiquetado de bebidas alcohólicas.
Por tanto, señor Presidente , espero que mañana, como habrá segunda discusión, podamos revisar el articulado. Vamos a pedir votación artículo por artículo. Existen situaciones absolutamente inaceptables; por ejemplo, la restricción de la publicidad radial solo a dos horas al día -de 16 a 18-, lo que no apunta en el sentido de desincentivar el consumo de alcohol.
Es una decisión personal. Sin embargo, estamos hablando de políticas públicas de salud y de protección a la vida. Y el libremercado no puede determinar cómo vamos a legislar cuando se trata de materias de tal índole.
Debemos fijar plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica el Código Procesal Penal a los efectos de evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal.
El Senador señor De Urresti pidió el 4 de mayo.
Señor Presidente , no conozco en detalle este proyecto. Los Comités acordaron verlo esta tarde, y presumo que fue una resolución para avanzar en las iniciativas que se encuentran en trámite, mas no una decisión de las empresas de colocarlo entre gallos y medianoche. No comparto este juicio, porque creo que desprestigia al Congreso Nacional, a la política, a los parlamentarios presentes. Lo considero muy injusto.
También quiero decir que nosotros tendemos a extremar nuestras posiciones y a hacer una crítica pendular. Y, de verdad, estimo que no corresponde eso, sino aplicar el sentido común en cada uno de los juicios que debemos hacer acerca de los proyectos en discusión.
En la iniciativa en debate, me parece que no deberíamos establecer una prohibición total respecto al conocimiento de los productos que tengan alcohol. Porque, a decir verdad, en el menú de la mesa nacional se encuentra el vino. Nadie podrá decir que consumir moderadamente una copa contribuye a la pérdida de la conciencia o a aumentar el número de enfermos en los hospitales. Ese es otro análisis. Es decir, no podemos extremar las consecuencias ni los estudios para los efectos de tener un juicio ponderado sobre un proyecto de ley.
Yo no soy partidario de prohibir todo. Tampoco, de promocionar el consumo de productos que perjudican la salud de las personas. Pero interpretemos el sentir nacional, lo que los ciudadanos comunes y corrientes piensan sobre la cerveza, el vino o los licores más fuertes. Pongamos el acento en lo que debe ser un proyecto sensato en cuanto a las formas de regular su publicidad.
En mi concepto, hay que regular la publicidad de esos productos, pero no como se hace en esta iniciativa, que dice "Usted no podrá realizar publicidad entre las 16 y las 18" y, sin embargo, deja el resto del día para hacerla. Ese no es un texto ponderado o provisto de sentido común.
Tampoco soy de la opinión de cerrar absolutamente las puertas de los medios de comunicación, impidiendo que los ciudadanos se informen sobre los productos disponibles para la venta, para el consumo; acerca de cuáles son sus ventajas o virtudes, en fin.
Por eso, me parece que se ha hecho bien en postergar la votación para mañana o para otro día. Ello nos permitirá ver en detalle cada norma. Pero en el detalle del articulado hay que aplicar el sentido común y no adoptar posiciones extremas que no solo van a dañar más a la población, sino también el prestigio del Congreso Nacional.
Ya se cerraron todas las intervenciones en la primera discusión.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo mediante el cual se le solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que remita una iniciativa que considere idénticas medidas a las adoptadas en virtud de la ley N° 20.590 para la comuna de Arica con el fin de afrontar los daños ambientales y de salud que afectan a las comunas de Quintero y Puchuncaví.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.802-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 3ª, en 18 de marzo de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Es un proyecto de acuerdo muy simple.
¿Le parece a la Sala aprobarlo?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión
--Se levantó a las 19:14.