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Timestamp: 2019-04-19 08:37:48
Document Index: 215436915

Matched Legal Cases: ['artículo 313', 'artículo 314', 'Artículo 15', 'Artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 85', 'artículo 2']

Republica de colombia rama judicial
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Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil tres (2003).
Magistrado Ponente: Dr. JORGE ALONSO FLECHAS DIAZ
Aprobada según Acta No. 06.
Ref: Tutela interpuesta por PEDRO JOSE SUAREZ VACCA. Impugnación fallo de 1ª instancia.
Rad. No. 20029622 (175-XIV).
Señaló el actor que con ocasión de las providencias del 31 de octubre de 2002 mediante las cuales en su calidad de Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (Boyacá) concedió la libertad condicional a los señores Miguel Angel y Gilberto José Rodríguez Orejuela, el Ministro del Interior y encargado de Justicia desató en su contra afirmaciones que “rebasaron el límite de lo entendible y respetable para adentrarse en el campo de la injuria y la calumnia”.
El 8 de noviembre –continuó el demandante- en un Foro sobre la reforma política efectuado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el doctor FERNANDO LONDOÑO HOYOS sostuvo: “El Juez de Ejecución de Penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro del Bufete de abogados al servicio del cartel de Cali”. Según el actor, lo anterior tampoco es cierto porque nunca ha ejercido su profesión en forma independiente, pues desde antes de graduarse como abogado viene laborando al servicio de la Rama Jurisdiccional, para cuya acreditación allegó varias certificaciones relacionadas con su vinculación desde diciembre de 1993 en diferentes cargos públicos del Departamento de Boyacá.
1.- Mediante auto del 18 de noviembre de 2002, el Magistrado sustanciador de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá admitió la acción, ordenando su notificación a quienes estimó interesados en los resultados de la presente actuación, entre ellos a los doctores FERNANDO LONDOÑO HOYOS y PEDRO JOSE SUAREZ VACCA.
2.- En el curso de la actuación, se pronunció el doctor LONDOÑO HOYOS para solicitar la desestimación de la tutela. Fundamentó su petición señalando, en primer término, que la acción es improcedente por disponer el interesado de otros medios de defensa judicial para obtener la rectificación que pretende, como sería la denuncia penal por injuria; claro que, en su sentir, tales mecanismos sólo procederían frente a las declaraciones que hizo ante la opinión pública, pero no en relación con las denuncias que formuló en contra del actor a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes ni respecto de los testimonios que ha rendido ante las autoridades judiciales sobre el asunto, porque ello lo hizo en cumplimiento de su deber como funcionario y ciudadano, que le impone poner en conocimiento de las autoridades los delitos de cuya comisión tenga noticia, como hizo cuando imputó al Juez accionante el punible de prevaricato, atribución que ratificó en el memorial objeto de resumen.
3.- También en el curso de la actuación se allegó por parte del accionante un casette de video, señalando que en él “aparecen registradas algunas de las declaraciones y versiones que son objeto de mi acción en contra del señor Ministro de Justicia y del Interior”. El Magistrado sustanciador de instancia ordenó transcribir el aludido casette, labor finalmente realizada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
4.- Llegada la oportunidad de proferir fallo, así procedió el Consejo Seccional a quo mediante la providencia que fue objeto de impugnación por parte del actor, al resultarle desfavorable.
5.- Es de anotar que en el curso de la segunda instancia, a efectos de garantizársele el pleno ejercicio del derecho de defensa, se corrió al accionado traslado de las pruebas incorporadas al paginario, lo que igualmente se hizo respecto del video cassette aportado por el actor, una vez se recibió en esta Corporación proveniente del Consejo Seccional de instancia, cuya remisión junto con el expediente había sido pasada por alto.
6.- Oportunamente, el doctor LONDOÑO HOYOS pidió en préstamo el video para examinarlo personalmente, a lo cual se accedió suministrándole copia fiel del mismo, y una vez observó, según dijo, las declaraciones suyas allí registradas, presentó escrito donde manifestó: “Me ratifico en todos los dichos míos que en ese documento se contienen”. Además, insistió en que el Juez Suárez Vacca al disponer la libertad de los Rodríguez Orejuela incurrió en prevaricato, recalcando en que si el funcionario judicial considera que lo calumnió o lo injurió con esa declaración, “tiene abierto el camino de un proceso penal al que estoy dispuesto a someterme”.
RAZONES DE LA IMPUGNACION
1. El objetivo de la acción de tutela materia de examen consiste en obtener que el doctor FERNANDO LONDOÑO HOYOS se rectifique públicamente respecto de las afirmaciones efectuadas por el prenombrado ante diferentes medios de comunicación con ocasión del proferimiento de las providencias donde el Juez Segundo de Ejecución de Penas de Tunja, doctor Pedro José Suárez Vacca, ordenó la libertad condicional de los hermanos Gilberto José y Miguel Angel Rodríguez Orejuela. Tales expresiones, de acuerdo con la demanda, son del siguiente tenor:
- “Estoy convencido de que estos señores, con su gigantesco poder económico están produciendo un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos”.
- “El Juez de Ejecución de Penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali.
En relación con la primera de tales afirmaciones, es de anotar que su texto aparece difundido en la revista SEMANA correspondiente a la edición No. 1.070 de noviembre 4- 11 de 2002 y de él da cuenta también la página de internet de "CNNenEspañol.com /AMERICAS" publicada con ocasión de tales hechos, documentos aportados junto con la demanda y donde se atribuyen tales expresiones al Ministro del Interior y encargado de Justicia; por lo demás, palabras del aludido tenor expuestas por el doctor LONDOÑO HOYOS ante diferentes medios de comunicación aparecen registradas en el cassette de video que se incorporó al plenario, cuyo texto fue transcrito por miembros del Cuerpo Técnico de la Fiscalía (fl. 88 cd. Ppal.).
". ..este juez de ejecución de penas que quiero contarles estamos en privado y la noticia no va a salir de América del sur este juez de ejecución de penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali...".
"De la documentación allegada al expediente se establece que la empresa Bavaria S.A. y la Asociación Colombiana de Cervecerías, formularon denuncia penal contra el Ministro de Hacienda y Crédito Público por los mismos hechos que originaron la acción. A este respecto estima la Sala que, en el presente caso, no se debe considerar al proceso penal como otro medio de defensa judicial que pudiera impedir el ejercicio de la acción de tutela, toda vez que ésta y el trámite adelantado por la Fiscalía General de la Nación tienen objetivos sustancialmente distintos, pues mientras con la primera se pretende proteger los derechos al buen nombre y al debido proceso, con el segundo se ha puesto en marcha la acción punitiva del Estado por delitos que, como el de pánico económico, alegado, atentan contra el orden económico y social”.
"Resta entonces determinar si el actor cuenta con un mecanismo judicial ordinario de defensa que, en forma idónea, permita la protección de los derechos fundamentales cuya efectividad invoca. Dado que lo que el demandante endilga al demandado son una serie de imputaciones que éste considera vulneran sus derechos a la honra y al buen nombre, podría sostenerse que la vía adecuada para debatir estos asuntos estaría constituida por el proceso penal, por medio del cual el juez competente dilucidaría si el sacerdote Juan Carlos Jaramillo incurrió en el delito de injuria (Código Penal, artículo 313) o calumnia (Código Penal, artículo 314) .
Sin embargo, a juicio de la Sala, dos razones militan en contra de la eficacia del proceso penal como mecanismo de protección de los derechos fundamentales en este caso. En primer lugar, la jurisprudencia y la doctrina nacionales han sido reiterativas al señalar que el elemento central del delito de injuria está constituido por el animus injuriandi, es decir, por el hecho de que la persona que hace la imputación tenga conocimiento (1) del carácter deshonroso de sus afirmaciones y, (2) que tales afirmaciones tengan la capacidad de dañar o menoscabar la honra del sujeto contra quien se dirigen. Empero, con independencia de que exista o no animus injuriandi, en materia constitucional se puede producir una lesión. Así, por ejemplo, en el presente caso está comprobado que las intervenciones públicas del sacerdote demandado han consistido en calificar aspectos de la vida personal del demandante que, eventualmente, podrían comprometer sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. La vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En todo caso, al margen de la procedencia eventual de la acción penal, la tutela no puede descartarse como medio apto para brindar protección a la persona que enfrenta amenazas contra su propia vida".
Ha sostenido la Corte Constitucional que cuando el medio de defensa judicial ordinario es ineficaz para proteger a cabalidad los derechos fundamentales objeto de presunta vulneración, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo, pues en tal caso es como si ese instrumento de defensa ordinario no existiera. Al respecto, la Corte Constitución en sentencia T -256 de 1995 señaló:
“Ha sido constante la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que, frente al objetivo prevalente de asegurar el respeto a los derechos fundamentales por la vía judicial, no es lo mismo cotejar una determinada situación con preceptos de orden legal que compararla con los postulados de la Constitución, pues la materia objeto de examen puede no estar comprendida dentro del ámbito de aquél, ni ofrecer la ley una solución adecuada o una efectiva protección a la persona en la circunstancia que la mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis, en cambio, en una directa y clara vulneración de disposiciones constitucionales. La Corte recalcó esa diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo ver que una es la dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio de protección constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos.”
Se impone, por tanto, reconocer la procedencia de la acción de tutela incoada por el doctor Pedro José Suárez Vacca, razón por la cual se adentrará la Sala en el estudio de fondo del asunto sometido a su definición, a fin de determinar si la actuación del señor Ministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS es constitutiva o no de vulneración de los derechos fundamentales del actor .
"Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar...” .
"Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La Ley señalará la forma de su protección" .
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques".
"Protección de la Honra y de la Dignidad.
El derecho al buen nombre, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, puede ser definido como el derecho que tiene todo individuo a una buena opinión o fama, adquirida en razón a la virtud y al mérito, y como consecuencia necesaria de sus acciones personales. Es, en ese orden de ideas, uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad.
Por consiguiente, son contrarias al buen nombre de las personas, las informaciones que ajenas a la verdad y emitidas sin justificación alguna, de manera directa o personal o a través de los medios de comunicación, distorsionen el prestigio social que un individuo ha adquirido y socaven, en consecuencia, la confianza y la imagen que tiene la persona en su entorno social .
“La Constitución reconoce y garantiza la honra de "todas" las personas, sin excepción alguna. El artículo 13 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la igualdad ante la ley, vedando cualquier discriminación. La dignidad de la persona es el soporte y fundamento de dicha igualdad.
Para nuestra Constitución y para los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, la honra es un atributo esencial e inmanente de la persona, que se deriva de su condición y dignidad. Un bien jurídico personalísimo, de inicial raigambre "aristocrática", experimenta un proceso de generalización, democratización o socialización, que alcanza del mismo modo a los derechos a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia de todas las personas.
Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-.
Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata (artículo 85 de la Constitución), por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica" .
4. Sin duda, la afirmación efectuada por el ahora Ministro de Justicia y encargado del Ministerio del Interior, cuando con ocasión de la libertad de los hermanos Rodríguez Orejuela declaró públicamente que éstos con "su gigantesco poder económico" produjeron "un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos", se erige en una clara referencia al funcionario judicial que emitió tales decisiones, a quien de esa forma se le imputa hechos delictuosos consistentes en que distorsionó las pruebas obrantes en las respectivas actuaciones procesales a cambio de una remuneración pecuniaria. Manifestaciones de esa naturaleza constituyen un ataque directo al buen nombre y honra del Juez, pues afectan su integridad personal al poner en entredicho su reputación y prestigio como ciudadano y, más aún, como funcionario público.
En igual sentido, es evidente que cuando el Ministro accionado sostiene que el Juez Suárez Vacca "se destacó como miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali", con ello igualmente no hizo cosa distinta a cuestionar su proceder y tender un manto de duda en relación con la legalidad de sus determinaciones, lesionando una vez más el buen crédito e imagen que tiene ante la sociedad, pues lo asoció y relacionó en términos incluso de sumisión, con la organización delictiva a la cual pertenecieron los hermanos Rodríguez Orejuela, para reforzar de esa forma su imputación, en el sentido de que el accionante ordenó irregularmente la libertad de éstos.
Pero la amenaza o violación de un derecho requiere de una acción u omisión imputable a aquel contra quien se endereza el sumario procedimiento de la tutela. Su existencia y el daño que ocasiona deben ser establecidos con certeza para que la decisión judicial pertinente pueda dirigirse inequívocamente a la salvaguarda de los derechos en juego mediante orden de inmediato cumplimiento que recaiga precisamente sobre la conducta -positiva o negativa- que se constituye en causa eficiente de la violación o amenaza (las subrayas no son del texto)”.
Acorde con lo anterior, sólo resulta factible que un servidor público produzca manifestaciones del alcance y naturaleza a las hechas por el doctor FERNANDO LONDOÑO HOYOS, esto es, de manera pública y comprometedoras de la imagen y reputación de las personas (dentro de las cuales se incluye, desde luego, quienes ostentan igualmente cargos públicos), cuando exhiban pruebas idóneas como la sentencia judicial condenatoria debidamente ejecutoriada (art. 248 de la C.P.), en forma que sirvan de sustento a tales imputaciones. De lo contrario, el servidor público deberá abstenerse de proceder en tal sentido, so pena de hacerse pasible de las acciones judiciales respectivas, entre ellas la acción de tutela. En sentir de la Sala, este criterio tiene asiento en el mandato constitucional contenido en el artículo 2° de la Carta, conforme al cual "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades...", de manera que su función es la de velar por el ejercicio pleno de tales derechos, mas no propiciar o fomentar su vulneración cuando no exista motivo constitucional o legal válido para hacerlo.
En tal orden de ideas, se observa que el doctor LONDOÑO HOYOS cuando efectuó las cuestionadas afirmaciones no tenía en su poder ni mucho menos exhibió la sentencia judicial condenatoria ni otro tipo de prueba idónea que sustentara sus imputaciones; al respecto se tiene que durante el trámite de la tutela el funcionario accionado no ha manifestado lo contrario. Es más, a juzgar por las publicaciones de prensa que sobre el particular se difundieron, se encuentra que la primera de las afirmaciones en cuestión fue dada por el Ministro LONDOÑO HOYOS tan pronto conoció la noticia acerca de la liberación de los Rodríguez Orejuela, lo que pone de presente la no exhibición de prueba alguna que cimentara la acusación. Y frente a la manifestación según la cual el Juez accionante se destacó como "miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali", es el propio accionado quien al contestar la tutela admitió que ello apenas constituía una inquietud que tenían los organismos de inteligencia del Estado, señalando estar dispuesto a rectificarse en caso que la situación lo ameritara.
Es pertinente anotar, para responder argumento defensivo del accionado, que en manera alguna la concesión de la tutela implica una limitación frente a su capacidad de actuar en los procesos penales que a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes promovió en contra del Juez accionante. Y ello, por cuanto la rectificación que aquí se le impondrá, no implica que quede imposibilitado para seguir actuando como testigo en tales actuaciones; lo podrá seguir haciendo sin limitante alguno, pues ello corresponde justamente al deber que le impone su calidad de funcionario de noticiar a las autoridades judiciales competentes y –ahora sí-, a través de los canales denunciatorios dispuestos por la ley, los hechos delictivos que en ejercicio de sus funciones lleguen a su conocimiento.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2002 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá.
Segundo.- CONCEDER la tutela a los derechos al buen nombre y honra impetrada por el doctor PEDRO JOSE SUAREZ V ACCA. En consecuencia, ordenar al doctor FERNANDO LONDOÑO HOYOS, actual Ministro de Justicia y encargado del Ministerio del Interior que en el término de cuarenta y ocho ( 48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo se rectifique públicamente respecto de las imputaciones que efectuó en contra del actor, y que se transcriben a continuación:
- "... este juez de ejecución de penas de Tunja ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del Cartel de Cali...".
Tercero.- Oportunamente, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto.- Copia de esta determinación se enviará al Consejo Seccional de instancia, para su conocimiento.