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Timestamp: 2020-03-29 22:25:35
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Matched Legal Cases: ['artículo 656', 'artículo 86', 'artículo 175', 'artículo 323', 'artículo 42', 'artículo 175', 'artículo 24', 'artículo 1489', 'artículo 1490', 'artículo 1512', 'artículo 1518', 'artículo 100', 'artículo 24', 'artículo 100', 'artículo 66', 'artículo 199', 'artículo 86', 'artículo 199']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-6328
Documento BOE-A-2018-6328
«BOE» núm. 115, de 11 de mayo de 2018, páginas 49685 a 49694 (10 págs.)
BOE-A-2018-6328
En el recurso interpuesto por doña M. T. G., Abogada, en nombre y representación de la mercantil «Immobiliaria Bovet, SL», contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Terrassa número 5, doña María del Pilar Blanco Cerezo, por la que se suspende la inscripción de un mandamiento de cancelación de cargas, dictado como consecuencia de procedimiento de ejecución, por estar caducada la anotación en la que se sustenta la adjudicación.
Por virtud de mandamiento dictado el día 18 de febrero de 2018, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Manresa ordenó la cancelación de la anotación de embargo causada en dicho procedimiento –letra B–, así como la de las cargas posteriores a la misma –letras E prorrogada por la G–. A la fecha de presentación de dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad Terrassa número 5 –6 de octubre de 2017–, la anotación letra B, en la que se sustentaba el procedimiento, se encontraba ya caducada, puesto que dicho embargo se anotó el día 13 de junio de 2009, con lo que, a la fecha de presentación del mandamiento judicial, la anotación estaba caducada y fue cancelada por caducidad al inscribir la adjudicación acordada en el mismo procedimiento judicial.
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Terrassa número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Hechos: Primero: Que con fecha 13 de junio de 2009 se practicó en este Registre anotación preventiva de embargo sobre una tercera parte indivisa de J. A. S. R., a favor de Immobiliaria Bovet, SL, seguido por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Manresa en procedimiento ejecutivo número 326/1989 sección R, que motivó la anotación preventiva de embargo letra B con fecha 13 de junio de 2009 sobre la finca registral 138 de Vacarisses. Con fecha 9 de Septiembre de 2009, se expidió la certificación de dominio y cargas, que exige el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de un mandamiento de fecha 30 de julio de 2009. Segundo: Se presentó en este Registro con fecha 6 de octubre de 2017 testimonio del decreto y mandamiento de cancelación de cargas en virtud del procedimiento de ejecución ejecutivo número 326/1989 Sección R seguido por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Manresa, en la cual por decreto firme se adjudicaba la finca 138 de Vacarisses a favor de Immobiliaria Bovet, SA, y se ordena la cancelación de la anotación de embargo causada en este procedimiento –letra B–, así como las cargas posteriores a la misma. Con fecha 27 de octubre de 2017 se practica la inscripción a favor de Immobiliaria Bovet, SA, en virtud de la adjudicación expresada, y no se practica la cancelación de las cargas posteriores, porque han ganado rango preferente al estar la anotación preventiva de embargo letra B caducada. Fundamentos de Derecho Según el artículo 86 de la Ley Hipotecaria: “Las anotaciones preventivas, cualquier que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, excepto aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante esto, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos”. En fecha de la presentación de este mandamiento en este Registro de la Propiedad, la anotación letra B, en la cual sustentaba el procedimiento, se encontraba ya caducada, como consecuencia de esto, los asientos posteriores mejoran su rango cuando dejan de estar sujetos a la limitación que por ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.ª del Reglamento Hipotecario, si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se había operado la caducidad, Y esto porque como consecuencia de esta, han avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes. Es de advertir, que aunque a la fecha de la adjudicación estaba vigente la anotación, la resolución judicial no implica la prórroga de la vigencia de la anotación y ha de entenderse a la fecha de su presentación en el Registro de la Propiedad, conforme los artículos 24 y 32 de la Ley Hipotecaria. En este caso, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo de los cuales dimanan ya se había producido. En conclusión, caducada la anotación en la cual se basa el procedimiento, se puede inscribir la adjudicación pero con mantenimiento y sin cancelación de las cargas posteriores a la ejecutada, la cual se podría haber evitado dictándose un mandamiento judicial que hubiera ordenado la prórroga de esta anotación en este caso hubiera subsistido registralmente la preferencia del proceso de ejecución y sus consecuencias últimas sobre estas cargas posteriores, y sería indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez. Entre otros, se ha de tener en cuenta la resolución de la Dirección General de 20 de julio de 2017. Por todo esto suspendo la inscripción solicitada conforme la presente calificación. La notificación de la presente calificación negativa comportará la prórroga de vigencia del asiento de presentación, conforme el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. Durante este plazo podrá, en su caso, solicitarse la anotación preventiva de suspensión prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria. Ante esta calificación podrá: Terrassa, La Registradora Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Pilar Blanco Cerezo registrador/a Registro Propiedad Terrassa 5 a día nueve de Enero del año dos mil dieciocho».
Contra la anterior nota de calificación, doña M. T. G., abogada, en nombre y representación de la mercantil «Immobiliaria Bovet, SL», interpuso recurso el día 31 de enero de 2018 con arreglo a las siguientes alegaciones: «Hechos: Primero.–Immobiliaria Bovet, SL es titular de la finca 138 de Vacarisses, según los siguientes títulos: - Pleno dominio de dos terceras partes indivisas por título de aportación –según escritura autorizada por el Notario D. Luis Baciero Ruiz, de fecha 27 de septiembre de 2004– y su posterior enmienda, mediante escritura autorizada por el Notario D. Luis Baciero Ruiz de fecha 14 de octubre de 2008. - Pleno dominio de una tercera parte indivisa por el título de adjudicación, bajo el Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 326/1989 del Juzgado de Primera Instancia n.º1 de Manresa -seguido contra J. A. S. R. y M. T. C. F.–, según mandamiento judicial de fecha 18 de febrero del 2013 (…) Esta adjudicación dimana de la anotación preventiva de embargo a favor de mi representada, acordada por Provisión de fecha 5 de marzo del 2009, tramitada ante esta oficina registral mediante mandamiento judicial de la misma fecha (…) Segundo.–En fecha 6 de octubre del 2017, esta parte presentó mandamiento de adjudicación de fecha 18 de febrero del 2013, expedido por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Manresa bajo el procedimiento ejecutivo antes referenciado, con el correspondiente Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados liquidado en fecha 4 de octubre del 2017, a fin de proceder a su inscripción registral. Tercero.–En fecha 27 de octubre del 2017, este Registro emitió nota de calificación practicando la inscripción del dominio de la finca 138 de Vacarisses, a favor de Immobiliaria Bovet, S.L., con la siguiente advertencia que se transcribe de manera literal: “Es de advertir, que la anotación preventiva de embargo que se ejecutaba en este acto, constaba caducada en este Registro, por lo que no pueden cancelarse los asientos posteriores a dicha anotación caducada porque los siguientes a ésta habían ganado rango preferente”. Por tanto, no se ha procedido a la cancelación de la anotación de embargo preventivo sobre una tercera parte indivisa de dicha finca que consta a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por un procedimiento contra J. A. S. R. que motivó la anotación de la letra E de fecha 3 de enero del 2011, prorrogada en fecha 14 de enero de 2015. Por esta parte se volvió a solicitar la cancelación de la anotación de embargo preventivo en base al escrito de alegaciones de fecha 12 de diciembre de 2017, que ha dado lugar a la calificación negativa que por la presente se recurre. La misma se fundamenta en el hecho que “En fecha de la presentación de este mandamiento en este Registro de la propiedad, la anotación letra B, en la que se sustentaba el procedimiento, se encontraba ya caducada, como consecuencia de esto, los asientos posteriores mejoran su rango cuando dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el artículo 175.2 del reglamento hipotecario, si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se había operado la caducidad, y esto porque como consecuencia de esta, han avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes”. Así como para entender el registrador que: “aunque en la fecha de adjudicación estaba vigente la anotación, la resolución judicial no implica la prórroga de la vigencia de la anotación y ha de entenderse a la fecha de su presentación en el registro de la propiedad, conforme al artículo 24 y 32 de la Ley Hipotecaria”. Cuarto.–Como podemos observar, la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Manresa, que acuerda la anotación preventiva de embargo de la tercera parte indivisa de la finca 138 de Vacarisses a favor de la mercantil Immobiliaria Bovet, SL, es de fecha 5 de marzo del 2009, que motivó en fecha 16 de junio del 2009 la anotación letra B, claramente anterior a la anotación preventiva de embargo a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es de fecha 3 de enero del 2011. El mandamiento judicial de adjudicación de fecha 18 de febrero de 2013 dispone lo siguiente: “Se acuerda la cancelación de la anotación preventiva de embargo ejecutada en este procedimiento, así como la de todas las inscripciones y anotaciones posteriores a aquella. Procédase también a la cancelación de todas las anotaciones o inscripciones posteriores que se hubiesen verificado después de expedida la certificación prevenida en el art. 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque no consten en la misma”. (…) Por lo tanto, en base a aquello dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Manresa, en su decreto de adjudicación de fecha 12 de enero del 2013 motivada por la anotación de embargo de fecha 5 de marzo del 2009, la posterior anotación a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de fecha 3 de enero del 2011, no solo se había de cancelar, sino que tampoco se había de admitir su prórroga, por haberse extinguido el derecho a favor de la entidad bancaria. En base a los siguientes: Fundamentos de Derecho I.–Esta parte considera que la calificación que se recurre no es conforme al derecho de conformidad con la jurisprudencia recaída al efecto y, en concreto, en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de marzo del 2007, sala 1.ª del Civil que, resolviendo un supuesto similar, determinó la cancelación de las cargas posteriores. Citamos sentencia: “En definitiva la cuestión queda planteada en términos de decidir si el procedimiento de apremio que culmina en la adjudicación de los embargos ha de quedar afectado por la circunstancia de que, mientras el mismo de sustancia, hayan transcurrido los 4 años de vigencia de la anotación preventiva de embargo que ampara al acreedor y en consecuencia se haya producido la cancelación del asiento correspondiente”. El artículo 1489 LEC dispone que cuando los bienes embargados pertenezcan a la clase de inmuebles antes de procederse a su avalúo, se acordará que se expida mandamiento al registrador de la Propiedad para que libre y remita al Juzgado certificación en la que conste la titularidad del dominio de los demás derechos reales de la finca o derecho gravado, así como las hipotecas, censos y gravámenes a que estén afectos los bienes, o que se hallen libres de cargas; por su parte el artículo 1490, dispone que el registrador de la Propiedad comunicará a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que consten en asientos posteriores al del gravamen que se ejecuta el estado de la ejecución, para que pueda intervenir en el avalúo y subasta de los bienes si les conviene. La certificación de derechos y cargas persigue varios objetivos: a) Conocer el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecución a los efectos de determinar la valoración del bien para la subasta (…) Así puede afirmarse que el contenido de tal certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior –como puede ser la caducidad de la anotación embargo extendida a favor del ejecutante– no modifica dicha situación (…) El artículo 1512 de la misma Ley dispone, que aprobado el remate, “las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes si las hubiese, al Crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate; lo que a sensu contrario, implica que no subsisten a tales efectos las cargas posteriores que habrán de ser canceladas según dispone el artículo 1518”. Esta sentencia también declara que: “… por ello no solo la protección del eventual adjudicatario de los bienes embargados sino además el propio conocimiento que el beneficiario por las ulteriores anotaciones de embargo tenia, de la existencia de otro anterior y de la certificación de cargas libradas por razón del mismo para la ejecución de los bienes, determina que las anotaciones ulteriores no deban subsistir en perjuicio de quien actuó amparado en el contenido de la certificación de cargas obrante en el proceso ejecutivo”. II.–El artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar el documento judicial “los obstáculos que aparecen en el Registro”; y entre estos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha podido ser parte o ha estado escuchado el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial. En este sentido, se alegan las exigencias del principio de tracto sucesivo, las cuales han de llevar a la denegación de la inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas como en el presente caso, y en el que hubieran podido defender su posición jurídica como a titulares actuales de la finca. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (artículo 24 CE) impide extender las consecuencias de un procedimiento a quien no ha estado parte, ni ha intervenido de ninguna manera, exigencia en que el ámbito registral, y a la salvaguarda judicial de los asientos registrales, determina la imposibilidad de practicar, en virtud de una resolución judicial posterior, asientos que comprometan una titularidad anterior, si no consta que este titular ha estado parte en el procedimiento del que emana aquella resolución. En este sentido, se pone de manifiesto que el Registrador, cuando inscribe la anotación preventiva de embargo letra E a favor del BBVA era pleno conocedor de la existencia de la anotación de embargo letra A (entre otras anteriores a la suya), así como de la existencia de la certificación de dominio y cargas expedida en fecha 9 de septiembre del 2009. No habiendo estado mi mandante parte en el procedimiento judicial con BBVA, ni habiendo estado escuchada a los efectos del artículo 100 del Reglamento hipotecario, esta no ha podido tener conocimiento ni ha podido defender su título y posición jurídica como actual titular registral. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 66 Ley hipotecaria y 117, 594, 601 y 604 LEC se podría ejercitar la correspondiente acción de tercería de mejor derecho, entendiendo esta parte que, en el momento de la inscripción de la carga a favor del BBVA, ya se tenía conocimiento de la efectiva ejecución del embargo letra A, por la cual cosa: Por lo mencionado, Solicito a la Dirección General de los Registros y del Notariado: Que tengan por presentado este escrito, por aportados los documentos que se acompañan y por efectuadas sus manifestaciones, acordando la cancelación de las anotaciones letras E y G que pesan sobre la finca 138 de Vacarisses, quedando extinguido el derecho del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, sobre la misma, y consecuentemente se haga constar que dicho inmueble se encuentra libre de cargas».
La registradora emitió informe el día 7 de febrero de 2018, ratificándose íntegramente en el contenido de la nota de calificación impugnada, y remitió el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 17, 24, 32, 66, 82, 86, 97, 220 y 326 de la Ley Hipotecaria; 108, 111.2.º, 165, 175 y 321 del Reglamento Hipotecario; 629, 666, 668, 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2007, 23 de febrero de 2015 y 7 de julio de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de julio de 1989, 30 de octubre de 1999, 20 de marzo de 2000, 11 de abril de 2002, 13 de noviembre de 2003, 18 de noviembre de 2004, 14 de enero de 2005, 15 de febrero de 2007, 4 de enero y 11 de diciembre de 2008, 19 de abril y 28 de octubre de 2010, 5 de diciembre de 2011, 19 de mayo y 20 de julio de 2012, 3 de abril, 15, 27 y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 de octubre y 28 de noviembre de 2017 y 9 de abril de 2018 (esta en consulta vinculante).
1. La cuestión que se plantea en el presente recurso ha sido objeto de estudio por esta Dirección General en numerosos recursos, por lo que no procede sino ratificar la doctrina elaborada al respecto (vide «Vistos»).
En concreto, la cuestión planteada se refiere a la negativa del registrador a cancelar la anotación preventiva de embargo posterior a la letra B, que grava la finca, como consecuencia del despacho de la adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, resultantes del procedimiento en el que se trabó dicha anotación, que se encuentra caducada, antes de que la documentación calificada fuese presentada en el Registro de la Propiedad.
3. En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo de los que dimanan ya se había producido, en consecuencia, se toma razón del auto de adjudicación, pero se rechaza la cancelación de la anotación preventiva de embargo posterior, que se encuentra vigente, al estar caducada la anotación del embargo letra B, ordenada en los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.
Podría haberse dictado mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva, en cuyo caso hubiera subsistido registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y sería indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquel.
Desde la inicial Ley Hipotecaria, la publicidad registral de los embargos se realiza mediante un asiento provisional, transitorio, de duración limitada, como es la anotación preventiva, frente al asiento de inscripción, de duración indefinida, que recoge situaciones duraderas. En este sentido la anotación preventiva de embargo se diferencia claramente de una hipoteca judicial. Cierto es que el Reglamento Hipotecario, en la redacción dada por el Decreto de 17 de marzo de 1959, previó en su artículo 199 la duración indefinida de la prórroga de la anotación preventiva. Ahora bien, ante los graves inconvenientes que suponía para el tráfico inmobiliaria la permanencia de anotaciones de embargo prorrogadas, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en su disposición final novena, da nueva redacción al artículo 86 de la Ley Hipotecaria disponiendo expresamente la caducidad no ya solo de la anotación preventiva, sino también de su prórroga, quedando derogado el artículo 199 del Reglamento Hipotecario.
8. En definitiva, el registrador deberá calificar el mandamiento cancelatorio conforme al contenido registral en el momento de la presentación del título. El ámbito de calificación de los documentos judiciales ha sido objeto de estudio en la reciente Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo número 625/2017 de 21 de noviembre, que literalmente dice: «Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Está función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal».