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Timestamp: 2017-12-14 04:32:03
Document Index: 114488752

Matched Legal Cases: ['artículo 620', 'artículo 620', 'artículo 117', 'artículo 142', 'artículo 20', 'artículo 248']

Sentencia A.P. Murcia 159/2010 de 10 de junio. Posible falta de injurias a funcionario público. Se descarta la sanción penal sin perjuicio de poder acudir a la jurisdicción civil - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Murcia 159/2010 de 10 de junio
Frente a al sentencia de primera instancia interpone recurso de apelación el denunciante alegando incongruencia y error en la valoración de las pruebas, por considerar que el querellado fue autor de unos hechos constitutivos de la falta de injurias del artículo 620.2 del Código Penal. La sentencia de instancia incorpora un relato de hechos probados inteligible y coherente, cuyos antecedentes probatorios se hacen constar sin que quepa vacío de respuesta a las cuestiones suscitadas. La sanción penal también resulta desproporcionada, sin perjuicio de la respuesta que, en orden a la protección del honor se pudiera dar en el ámbito de la jurisdicción civil.
SENTENCIA N.º 159
En la ciudad de Cartagena, a diez de Junio de dos mil diez.
El Iltmo. Sr. Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Quinta (Cartagena), ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones de orden penal, Rollo número 51/2010, dimanante del Juicio de Faltas número 281/2009, tramitado en el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Cartagena por la falta de injurias, en el que han sido partes Don Florentino y Don Leandro, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Florentino contra la sentencia de fecha 23 de febrero de 2010, dictada en el referido Juicio de Faltas.
Primero.-El Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Cartagena, con fecha 23 de febrero de 2010, dictó sentencia en los autos de que este Rollo dimana declarando probados los siguientes hechos: "Queda probado que el querellante es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cartagena, en el que trabaja de Letrado, gozando de su condición funcionarial desde hace 25 años y habiendo sido nombrado el 12-1-2.007 Director de la Asesoría Jurídica Municipal.
Queda probado que resulta relativamente, incompatible el ejercicio de tal función con la labor de abogado particular, resultando que la misma tan sólo opera cuando este ejercicio sea obstáculo para el adecuado desarrollo de la función administrativa, no pudiendo el querellante tener despacho como abogado particular abierto al público. El régimen de incompatibilidad, por tanto, no impide el ejercicio como abogado particular sierre que se solicite, en el caso específico de que ello requiera al querellante ausentarse de sus funciones en el Ayuntamiento, una autorización.
Queda probado, y así se declara expresamente que el pasado 15-4-2.009 se presentó en el Registro General del Ayuntamiento de Cartagena escrito de denuncia suscrito por DON Leandro, como presidente de la Unión Autonómica de Murcia del CSIF, yendo dirigido el escrito de denuncia a la Excelentísima Alcaldesa Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. En el relato de hechos de la denuncia, entre otras cosas, se dice que: "el pasado día 10 de marzo de 2009... se celebró en la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, la vista..., siendo parte recurrida el Ayuntamiento de La unión y asistiendo como Letrado particular del recurrente Don Isidoro CCM, el Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Cartagena, versando el juicio oral sobre diversos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles...Que igualmente se tiene constancia de otros pleitos que ha llevado particularmente el inculpado, como separaciones, divorcios, asuntos jurídicos particulares de empleados del Instituto de Servicios Sociales... así como asuntos judiciales particulares..., esto es, que lleva a cabo actividades privadas de forma continuada, tal y como es público y notorio en su despacho del Ayuntamiento de Cartagena donde recibe diariamente visitas particulares relativas a sus actividades privadas de ejercicio de la abogacía.".
Queda probado que el 16-4-2.009 se publicó en el periódico "La Verdad Digital" una información en cuyo texto aparecían, entre otras cosas, las siguientes: "El CSIF pide relevar al abogado jefe municipal por incompatibilidad... El sindicato acusa a Florentino de usar a diario su despacho en el Ayuntamiento para sus actividades privadas... Le acusan de usar su despacho en el consistorio para "recibir diariamente visitas particulares relativas a sus actividades privadas de ejercicio de la abogacía"... El CSIF dice tener constancia de que el director de la asesoría jurídica "ha llevado pleitos sobre separaciones, divorcios" y otros asuntos particulares de empleados municipales. Además, indica que el 20 de marzo defendió a un particular en un juicio por un asunto administrativo contra el Ayuntamiento de La Unión.".
No ha quedado probado que el querellado sea la fuente de esta información.
Queda probado que por el sindicato CSIF, a través de la página web municipal se remitió el viernes 17-4-2.009 a una serie de funcionarios un texto en que se podía leer: "POR LA IGUALDAD DE TODOS LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE CARGO, FILIACIÓN POLÍTICA O SINDICAL... Con fecha de 15 de abril de 2009 D. Leandro, Presidente de la Unión Autonómica de Murcia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, presentó denuncia contra el Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Cartagena, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave... donde aparece el Director de la Asesoría Jurídica con la toga de Letrado en ejercicio de actividades privadas con la agravante de encontrarse en horario laboral... Tenemos constancia de los procuradores... que han participado con él en sus juicios...". A este escrito se adjuntaba el texto íntegro del escrito de denuncia antes citado.
No queda probado que el querellado fuera quien remitiera el citado texto a los funcionarios referidos.
Queda probado que el pasado día 19.4.2.009 se publicó una noticia en la edición digital del periódico "El Faro", en la que se podía leer: "El abogado jefe municipal, acusado de atender causas privadas en el despacho del Consistorio... La polémica surge desde el seno del sindicato CSIF, ya que fuentes del mismo vinculadas al Ayuntamiento afirman que han denunciado al jefe de los Servicios Jurídicos del Consistorio, Florentino, por haber destinado sus horas de trabajo como abogado municipal a resolver cuestiones de su bufete privado... El abogado jefe municipal acusado de atender causas privadas en el despacho del Consistorio... "No estamos hablando sólo de una vez, que él reconoce y afirma que tenía el permiso... hay otros muchos casos en los que ha actuado de la misma forma", afirmaron... La denuncia del CSIF, que está a nombre del presidente autonómico, también recoge que el despacho municipal de Florentino ha recibido numerosas visitas de personas ajenas al entorno municipal para cuestiones privadas". Junto a esta información se publicaba una fotografía del querellante.
No ha quedado probado que el querellado fuera la fuente de esta información.
Queda probado, así mismo, que en la edición impresa del diario "El Faro" de 19-4-2.009 se publicó una noticia similar a la anterior, pudiendo leerse en ella: "DENUNCIAN QUE EL ABOGADO DEL AYUNTAMIENTO EJERCE POR LIBRE... Los sindicatos denuncian que el Jefe de Servicios Jurídicos Municipales incluso ha atendido a clientes en su despacho... El abogado jefe municipal, acusado de atender causas privadas en el despacho del Consistorio". Junto a esta información se publica una fotografía del querellante.
No queda probado que el querellado fuera la fuente de esta información.
Queda probado que el querellante intervino como Letrado de una Sra. Llamada D.ª Sofía, interponiendo recurso numerado como 1432/2007 de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia y que acabó con sentencia de 11-2-2.008, siendo demandada en el proceso una empresa llamada "Grupo de Tiendas..." y versando el litigio sobre una cuestión atinente a un despido.
Queda probado que el querellante intervino como Letrado de un Sr. llamado Don José Daniel interponiendo recurso numerado como 111/2003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia y que acabó con sentencia de 23-2-2.007, siendo demandada en el proceso la Consejería de Sanidad de la Administración de la Región de Murcia y versando el litigio sobre un error de diagnóstico y una negligencia por parte de unos servicios médicos.
Queda probado que el querellante intervino como Letrado de un Sra. Llamada Doña Eugenia, interponiendo recurso numerado como 1123/2005 de la Sala de lo social del TSJ de Murcia y que acabó con sentencia de 12.12.2.005, siendo demandada en el proceso la Mutua Ibermutuamur y versando el litigio sobre una baja por enfermedad profesional.
Queda probado que el querellante intervino como Letrado de unos Sres. Y de una mercantil interponiendo recurso numerado como rollo de apelación 230/2004 de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Murcia y que acabó con sentencia de 16-7-2.004, siendo parte recurrida otra mercantil.
Queda probado que el querellante intervino como Letrado de un Sra. llamada Doña Amanda en un recurso numerado como rollo de apelación 247/2002 de la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Murcia y que acabó con sentencia de 16-7-2.002, siendo la contraparte del proceso un Sr. llamado Don Rosendo y versando el litigio sobre una separación.
Queda probado que intervino como Letrado en los procesos a los que hacen referencia los documentos 7 a 13 de los aportados por la defensa en el acto del Juicio".
Segundo.-En el fallo de dicha resolución expresamente disponía: "QE DEBO DE ABSOLVER COMO ABSUELVO a DON Leandro, con declaración de las costas de oficio".
Tercero.-Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso, para ante esta Audiencia Provincial, Sección Quinta, RECURSO DE APELACION por el Procurador Don Carlos Manuel Rodríguez Saura, en nombre y representación de Don Florentino, admitido en ambos efectos, y en el que expuso por escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento, dándose seguidamente a la causa, por el Juzgado de primer grado, el trámite dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con traslado del escrito de Recurso a las demás partes personadas para alegaciones y plazo común de diez días, remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose el correspondiente rollo y designándose Magistrado por turno a fin de conocer de dicho recurso, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista.
HECHOS PROBADOSÚnico.-Se aceptan los hechos declarados probados por la sentencia apelada, debiendo tenerse por reproducidos.
Primero.-Frente a al sentencia de primera instancia, que absuelve al denunciado, Don Leandro, interpone recurso de apelación el denunciante, Don Florentino, alegando, en síntesis, incongruencia de la sentencia por no atenerse a los hechos objeto de la querella por él interpuesta, y error en la valoración de las pruebas, por considerar que, en contra de lo que estima el Juzgador de instancia, las practicadas sí acreditan que el querellado fue autor de unos hechos constitutivos de la falta de injurias del artículo 620.2 del Código Penal.
Segundo.-La incongruencia que se alega en el primer motivo descansa en que los hechos denunciados en la querella son muy claros, circunscribiéndose a que "se acusa al abogado Jefe Municipal, Florentino de usar a diario su despacho en el Ayuntamiento para actividades privadas", por lo que, girando el procedimiento sobre estos hechos y no sobre otros, no debiera figurar, como figura en la sentencia apelada, referencia alguna a la incompatibilidad, que es una cuestión meramente administrativa que incumbe a la Administración Local sin que haya sido objeto de la denuncia presentada.
Pues bien, la obligación de redactar un hecho probado no sólo debe referirse a los hechos esenciales que han dado lugar a la acusación, sino también a todos aquéllos que, resultando relevantes, el tribunal considere acreditados. Relacionada con la necesaria motivación de las resoluciones judiciales (artículo 117,3 de la Constitución), en el ámbito penal se exige que consten en la misma "los hechos que estuvieren enlazados con el fallo" y "haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados" (artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); lo que significa, entre otras cosas, que sólo se han de consignar en el relato o narración histórica aquellos datos que estén realmente acreditados a juicio del órgano sentenciador.
Tales exigencias son cumplidas por la sentencia de instancia, al incorporar un relato de hechos probados perfectamente inteligible y coherente, cuyos antecedentes probatorios se hacen constar, y lo mismo la calificación jurídica; todo, sin que quepa apreciar el menor vacío de respuesta a las cuestiones suscitadas por la acusación y la defensa.
Señalar, no obstante, que la referencia al tema de las incompatibilidades, al igual que la relación "de un número no desdeñable de pleitos en los que el querellante ha actuado como Letrado, defendiendo a personas distintas al Ayuntamiento del que es funcionario" -como resume la resolución apelada en sus fundamentos jurídicos-, no es gratuita y sí resulta relevante para el desarrollo argumentativo -o parte del mismo- por el que se hace el pronunciamiento absolutorio, tomando en consideración que la injuria es una infracción penal de carácter eminentemente intencional, por lo que han de analizarse las circunstancias concurrentes, los factores coexistentes, para determinar si la conducta denunciada se incardina en la figura penal o, por el contrario, ha de extraerse de su seno por no existir ese ánimo tendencial infamatorio, tal y como advierte la resolución impugnada.
Así, pues, el motivo no puede prosperar.
Tercero.-Y la misma suerte ha de correr el otro motivo del recurso.
Efectivamente, la misma sentencia apelada considera probado que el Sr. Leandro, como presidente de la Unión Autonómica de Murcia del CSIF, dirigió "escrito de denuncia a la Excelentísima Alcaldesa Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena", denunciando, entre otras cosas, que: "el pasado día 10 de marzo de 2009... se celebró en la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, la vista..., siendo parte recurrida el Ayuntamiento de La unión y asistiendo como Letrado particular del recurrente Don Isidoro CCM, el Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Cartagena, versando el juicio oral sobre diversos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles...Que igualmente se tiene constancia de otros pleitos que ha llevado particularmente el inculpado, como separaciones, divorcios, asuntos jurídicos particulares de empleados del Instituto de Servicios Sociales... así como asuntos judiciales particulares..., esto es, que lleva a cabo actividades privadas de forma continuada, tal y como es público y notorio en su despacho del Ayuntamiento de Cartagena donde recibe diariamente visitas particulares relativas a sus actividades privadas de ejercicio de la abogacía.".
Ahora bien, si, con carácter general, no pueden reputarse como constitutivas de injurias las expresiones o conceptos vertidos en escritos oficiales que se crucen entre funcionarios, dando cuenta de hechos o informes relacionados con el desempeño de su función (STS de 7 de diciembre de 1982), en este caso, en contra de lo que se sostiene en el recurso, no se puede afirmar que el relato de hechos de la denuncia se hiciera con temerario desprecio hacia la verdad, habida cuenta el "número no desdeñable de pleitos en los que el querellante ha actuado como Letrado, defendiendo a personas distintas al Ayuntamiento del que es funcionario", que el mismo afirma que no tiene despacho -distinto al oficial- y que el testigo Don Gregorio, subordinado del Sr. Florentino que, desde su despacho, ve a las personas que entran y salen del despacho de su Jefe -espectador privilegiado, como afirma textualmente-, dice que lo visitan personas de toda clase y condición. Este mismo testigo destaca la absoluta dedicación del Sr. Florentino a la causa pública, pero, sobre todo para cualquier otra persona o funcionario sin ese conocimiento tan próximo, aquellos datos pueden dar pie a otras conclusiones.
Por lo demás, las informaciones relativas a la denuncia presentada a través de la página web municipal y de dos medios de comunicación no dejan de ser eso, información del hecho cierto de la presentación de la denuncia y de su contenido, y, por tanto, como información veraz, amparada por el derecho a dar y recibir información de ese carácter (artículo 20.1, apartado d, de la Constitución). Y, además, no sólo no yerra el Juzgador de instancia al concluir en su sentencia que "no ha quedado probado que el querellado remitiera información alguna a la prensa ni que remitiera, a través de la página web del sindicato CSIF, el correo electrónico antes citado", sino que para llegar a la conclusión contraria, aun poniéndolas en relación con la documental, habría que valorar las pruebas personales, incluida la declaración del propio denunciado, en sentido perjudicial para éste; lo que no es posible, ya que, aunque el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteasen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium" (Sentencias del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 1983 y 29 de noviembre de 1990, entre otras), tal doctrina, en cuanto a las sentencias absolutorias como la que nos ocupa, fue matizada o corregida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 167/2002, de 18 de septiembre (y en otras posteriores), estableciendo que el respeto a los principios de inmediación y contradicción, vigentes también en la segunda instancia, impiden que el tribunal de apelación que no ha practicado las pruebas pueda modificar la valoración que de las pruebas personales haya hecho el juez de instancia y la Sala 2.ª del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el particular, señalando que "las recientes SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, 170/2002, de 30 de septiembre, 199/2002, de 28 de octubre y 212/2002, de 11 de noviembre de 2002, han modificado la doctrina anterior del Tribunal Constitucional para reconocer que también en la resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación, dado que el recurso de apelación penal español, como sucede con la casación, no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la instancia" (v. SSTS 258/2003, de 25 de febrero; 352/2003, de 6 de marzo; 494/2004, de 13 de abril; y 1532/2004, de 22 de diciembre); e incluso cabe añadir que más recientemente, aun para los supuestos en el que el juicio es grabado en soporte audiovisual, el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 18 de mayo de 2009 (120/2009), reiterando la doctrina expuesta, deja claro que el visionado de la grabación del juicio oral no es inmediación.
No olvidemos, por otro lado, que el ahora apelante es funcionario público y, como tal, incluido en los denominados "personajes públicos" que deben soportar, en su condición de tales, que sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulguen información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tengan una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos (STC 148/2001, de 27 de junio); y que el denunciado actuó en todo momento como presidente de la Unión Autonómica de Murcia del CSIF, en el ejercicio de su labor sindical, denunciando en vía administrativa, ante el Ayuntamiento, lo que, según entendía, podía ser una falta grave de carácter disciplinario.
Y, llegados a este punto, la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2.ª, de 22 de septiembre de 2008 (n.º 108/2008, rec. 1571/2005), al abordar, en el asunto que contemplaba, si se habían vulnerado el derecho de un condenado por los delitos de calumnia e injurias y demandante de amparo a la libertad sindical (art. 28.1 CE EDL1978/3879), en relación con los derechos a la libertad de expresión y de información (art. 20.1 a) y d) CE), y, por tanto, si dicho pronunciamiento condenatorio constituía una decisión constitucionalmente legítima, recuerda que "es doctrina de este Tribunal que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico, impone a los órganos judiciales al aplicar una norma penal la obligación de tener presente el contenido constitucional de los derechos fundamentales, impidiendo reacciones punitivas que supongan un sacrificio innecesario o desproporcionado de los mismos o tengan un efecto disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales (SSTC 2/2001, de 15 de enero, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 6). Por ello, si los órganos judiciales prescinden de la circunstancia de que está en juego un derecho fundamental e incluyen entre los supuestos sancionables por aplicación de un tipo penal conductas que inequívocamente han de ser calificadas como pertenecientes al ámbito objetivo del ejercicio del mismo, vulneran éste, pues, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera posible conforme a su tenor literal, hemos afirmado reiteradamente que "los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos fundamentales" (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 4), y que "los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito" (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5). Es más, la falta del examen preliminar de la eventual concurrencia en el caso concreto de la circunstancia de que los hechos a considerar no sean sino manifestaciones concretas del ejercicio legítimo de derechos o libertades constitucionalmente amparables, o la carencia manifiesta de fundamento de dicho examen, han de ser consideradas de por sí lesivas y dar lugar a la estimación del recurso de amparo y a la anulación de la resolución judicial impugnada a través de él (STC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2)....No se trata, por tanto, de hacer un juicio constitucional sobre la aplicación del tipo penal de injurias a los hechos declarados probados por la Jurisdicción penal (STC 39/2005, de 28 de febrero, FJ 4). Si este Tribunal apreciase una infracción del art. 28.1 CE, en relación con el contenido del art. 20.1 a) y d) CE invocados en la demanda, no sería por la conculcación de lo dispuesto en el art. 620.2, en relación con el art. 208, ambos del Código Penal, sólo relevante, en su caso, a los efectos del art. 25.1 CE, sino por la aplicación de estos tipos penales en contra del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad sindical y a las libertades de expresión e información. Y ello entraña que el Juez penal debe examinar, como cuestión previa a la aplicación del referido tipo penal a los hechos probados, si éstos no han de encuadrarse dentro de ese aludido ejercicio de los derechos fundamentales protegidos en los arts. 28.1 y 20.1 a) y d) CE, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal no podría prosperar, puesto que dichas libertades operarían como "causas excluyentes de la antijuridicidad de la conducta" (SSTC 232/1998, de 30 de diciembre, FJ 5; 2/2001, de 15 de enero). Por otra parte, si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y falta de respeto a las instituciones y autoridades, este Tribunal ha declarado reiteradamente que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma de afrontar este enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta a considerar haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, "pues la dimensión constitucional del conflicto hace insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi tradicionalmente utilizado por la Jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos" (por todas, STC 266/2005, de 24 de octubre, FJ 4)".
La misma sentencia reseña, "desde el ámbito de la acción sindical, que la mera presencia de un representante sindical o la realización de actos con impronta sindical no excluye la posibilidad por parte del Juez o Tribunal de la imposición de sanciones penales, que serán constitucionalmente lícitas en aquellos casos en que la actuación sindical no se concrete efectivamente en la realización de la conducta objeto de enjuiciamiento sino que se desnaturalice el ejercicio del derecho desvinculándolo del ámbito de su contenido propio, su función o finalidad específica y de los medios necesarios para la acción sindical. Por el contrario, si la conducta debe ser calificada como inequívocamente sindical en atención a esos mismos criterios, resultará constitucionalmente inaceptable la imposición de una sanción penal (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5). Así las cosas, hemos afirmado que, aun cuando el tenor literal del art. 28.1 CE parece restringir el contenido de la libertad sindical a la vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, en virtud de una interpretación sistemática de este precepto con el art. 7 CE y del canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que remite a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, ha de integrarse en el contenido esencial de este derecho también la vertiente funcional, es decir el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden. Se garantiza, por tanto, un ámbito esencial de libertad para organizarse a través de instrumentos de actuación de la forma que consideren más adecuada a la efectividad de su acción, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. En el art. 28.1 CE se integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical comprensiva de todos los medios lícitos y sin las indebidas interferencias de terceros (SSTC 145/1999, de 22 de junio, FJ 3; 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4). En este sentido, en la STC 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 6, recordábamos que "el ejercicio de esa acción sindical confiere al sindicato un amplio marco de libertad de actuación, cuyas vertientes más significativas son el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al planteamiento de conflictos individuales y colectivos (art. 2.2.d de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical), cuyo ejercicio dentro de la empresa se regula en los arts. 8 a 11 de esa misma ley, pero cuyo contenido no se agota ahí, sino que -consagrándose constitucionalmente un ámbito de libertad- comprenderá también cualquier otra forma lícita de actuación que los sindicatos consideran adecuada para el cumplimiento de los fines a los que están constitucionalmente llamados. Entre otras, y por lo que atañe a la resolución de este caso, la utilización como instrumento de acción sindical de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información"";. La misma sentencia, al hilo de la importante vinculación entre la libertad sindical y la libertad de expresión e información, puntualiza en el supuesto que contempla que "la lesión que también se estima producida, como subrayábamos en la STC 198/2004, de 15 de noviembre (FJ 4), no es la de los genéricos derechos a la libertad de expresión e información de los que son titulares todos los ciudadanos, sino la de los relativos a la información y expresión sobre materias de interés laboral y sindical, como instrumentos del ejercicio de la función representativa que en su condición de representante sindical, no discutida en las resoluciones impugnadas, corresponde realizar al recurrente y a través de los cuales se ejerce la acción sindical que integra el contenido esencial del derecho fundamental de libertad sindical. La invocación del art. 20.1 a) y d) CE carece, pues, de sustantividad propia y no es escindible de la que se efectúa del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) y será, en consecuencia, desde esta perspectiva desde la que abordaremos nuestro análisis";; y concluye que las sentencias condenatorias "han vulnerado el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), en relación con el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1.a CE), por tratarse de una reacción innecesaria y desproporcionada, con un efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de dichos derechos fundamentales, no haciendo, por ello, los órganos judiciales intervinientes la obligada ponderación que viene siendo exigida por la doctrina de este Tribunal en estos casos";.
Y en el caso ahora enjuiciado, enlazando con todo lo expuesto, es claro que haciendo esa ponderación entre derechos, la pretendida sanción penal también resulta innecesaria y desproporcionada, sin perjuicio de la respuesta que, en orden a la protección del honor del ahora apelante, se pudiera dar en el ámbito de la jurisdicción civil.
Cuarto.-Procede por ello, junto con lo razonado por el Juzgador "a quo", la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada, con declaración de oficio de las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Carlos Manuel Rodríguez Saura, en nombre y representación de Don Florentino, debo CONFIRMAR Y CONFIRMO la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Cartagena en fecha 23 de febrero de 2010 en los autos de Juicio de Faltas seguidos en el mismo con el número 281/2009, declarando de oficio las costas de esta alzada.
Notifíquese esta sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.