Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654889
Timestamp: 2019-05-19 21:15:25
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INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE INVESTIGAR “LOS GRAVES HECHOS RELACIONADOS CON LOS INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS EN LA SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA Y NOVENA REGIONES DEL PAÍS”.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA INVESTIGACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
Sesión 16ª, en martes 30 de abril de 2002
(Especial, de 16.07 a 19.07 horas)
-	Informe de la Comisión especial encargada de investigar “los graves hechos relacionados con los incendios forestales ocurridos en la Sexta, Séptima, Octava y Novena regiones del país”	8
-	Informe de la Comisión especial encargada de la investigación de créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario	27
1.	Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que otorga un bono a los funcionarios públicos que indica (boletín Nº 2920-05)	47
2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que otorga un bono a los funcionarios públicos que indica (boletín Nº 2920-05)	51
-	Oficios de la Excma. Corte Suprema, mediante los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
3.	Modifica diversos textos legales relativos a multas de tránsito (boletín Nº 2816-15)	51
4.	Modifica la penalidad en el delito de conducción en estado de ebriedad (boletín Nº 2909-15)	52
5.	Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín Nº 2906-07)	53
-De la diputada señora Pérez, investigación sobre legalidad de licitaciones y compraventas de terrenos de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, ubicados a orillas del lago Riñihue.
-Del diputado señor Navarro, planes en materia de innovación tecnológica, especialmente programa de educación digital permanente, a través del programa Enlaces.
-Del diputado señor Alvarado, construcción de una rampa con embarcadero en sector Puñihuil de Ancud, Chiloé.
-Del diputado señor Delmastro, situación de Puente Negro , Décima Región.
-Del diputado señor Felipe Letelier, reajuste de tarifas de peaje camino Bulnes-Concepción.
-Del diputado señor Navarro, financiamiento y funcionamiento de la Corporación Vial de la Décima Región.
-Del diputado señor Delmastro, posibilidad de reabrir acceso peatonal en avenida Picarte, Décima Región.
-Del diputado señor Jarpa, reposición puente La Chacra sobre río Trilaleo, Octava Región.
-Del diputado señor Delmastro, normas para evaluación de terrenos para forestar.
-De la diputada señora Sepúlveda, protocolo de acuerdos Ministerio de Agricultura y organizaciones de pequeños agricultores del Valle Central.
-Del diputado señor Alvarado, mejoramiento de calle Pedro Aguirre Cerda, de Chonchi.
-Del diputado señor Ascencio, acción del Programa Chile-Barrios en las comunas de Ancud, Castro y Quellón.
-Del diputado señor José Antonio Galilea, denuncia de concejal de la comuna de Lautaro.
Intendencia Novena Región
-Del diputado señor Pablo Galilea, Plan de mejoramiento de la gestión del Gobierno Regional de Aisén; postulantes a pensiones asistenciales.
-Del diputado señor Pablo Galilea, nombramiento de Fiscal Regional para Aisén.
Zona Franca de Iquique S. A.
-De la diputada señora González, actividades industriales en Arica acogidas al sistema de Zona Franca.
-Concurrió, también, el senador señor Juan Antonio Coloma.
-Asistieron, además, los ministros del Interior , señor José Miguel Insulza, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
El acta de la sesión 8ª se declara aprobada.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura de los documentos recibidos en la Secretaría.
Corresponde conocer el informe de la Comisión especial encargada de investigar los graves hechos relacionados con los incendios forestales ocurridos en la Sexta, Séptima, Octava y Novena regiones del país.
Diputado informante es el señor Delmastro.
-Informe de la Comisión investigadora, sesión 27ª, en 7 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 15.
Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario de Agricultura, del director nacional del Indap y de un asesor.
Señor Presidente , ¿podría informarnos si asistirá el señor ministro de Agricultura?
No tengo información al respecto, señor diputado .
Señor Presidente , voy a fijar mi posición en esta materia.
Si el ministro se encuentra presente, daremos el acuerdo para que ingresen en la Sala el subsecretario y los asesores. Si no es así, nos opondremos, porque es una falta de respeto no dar la cara en una sesión como ésta y mandar en su reemplazo, al subsecretario.
Señor Presidente , someto a la consideración de esta Sala el informe de la Comisión especial encargada de investigar los incendios forestales ocurridos en la temporada estival 1998-1999 en la Sexta, Séptima, Octava y Novena regiones, aun cuando la información resulta ahora un poco añeja.
La situación y las circunstancias del país no han variado. Justamente, los incendios ocurridos en el verano recién pasado constituyeron también motivo de preocupación para la ciudadanía, por cuanto afectaron a una gran superficie de bosque nativo, en especial de parques nacionales y de plantaciones artificiales, lo que finalmente significó un daño económico y ecológico relevante para el país.
A modo de introducción, me gustaría entregar algunas cifras para colocar el tema en un contexto de actualidad, por cuanto, como ya señalé, este informe data ya de hace tres años. Dadas las cantidades que tenemos a la vista, sin duda la situación fue muy grave en el verano recién pasado.
De hecho, este verano el país tuvo incendios que afectaron una superficie de 79 mil hectáreas de bosques, comparadas con las históricas 52 mil hectáreas del quinquenio pasado. Reitero: fue dañada una gran superficie de bosque nativo, en particular de parques nacionales ubicados en las regiones Octava y Novena .
En el período correspondiente a la temporada 1998-1999, fueron afectadas 100 mil hectáreas. Por esa razón, las conclusiones y recomendaciones que voy a exponer a continuación tienen plena vigencia. Ojalá podamos implementarlas en el curso de los próximos meses, porque significará que el patrimonio ecológico del país, que es irrecuperable, no sufrirá estos siniestros.
Sin duda, el rubro forestal chileno representa el sector de la economía que más ha crecido en los últimos veinticinco años. A su vez, Chile muestra al mundo uno de los mejores índices de recursos de bosques por habitante y se encuentra entre los países de más alto desarrollo forestal. Por lo tanto, es necesario que exista conciencia, tanto en las autoridades como en la ciudadanía, acerca de la importancia que tiene este sector para el país y su desarrollo.
La preservación y el cuidado de este recurso forestal, tanto artificial como nativo, debe ser un tema central y prioritario, por cuanto tiene implicancias sociales, políticas, económicas y ecológicas de gran significado.
Socialmente, porque el sector forestal chileno provee más de 130 mil puestos de trabajo permanentes a lo largo y ancho del país.
Políticamente, el sector ha sido un ejemplo para el mundo por la forma de fomentar la recuperación de suelos, a través de la forestación y del incentivo para la creación de nuevas riquezas con que el país antes no contaba.
Económicamente, sin duda tiene trascendencia porque representa exportaciones por más de 2 mil millones de dólares al año, juntamente con el empleo de mano de obra ya mencionado, por lo cual contribuye en forma muy importante a incrementar el producto interno bruto del país.
Ecológicamente, este sector ostenta uno de los mayores índices de bosque per cápita en el mundo, que con sus 13 millones de hectáreas en parques y reservas forestales, 7 millones de hectáreas de bosque nativo y más de 2 millones de hectáreas de plantaciones, constituye un patrimonio vegetal de mucha importancia para la captación de CO2 desde la atmósfera, lo que permite, de este modo, mitigar el grave efecto invernadero y el cambio climático que afecta al mundo.
Los incendios que afectaron a las principales regiones forestales del país en el período 1998-1999 destruyeron más de 100 mil hectáreas de bosque nativo y de plantaciones; en la temporada recién pasada, 70 mil hectáreas, con pérdidas económicas de cientos de millones de dólares, con pérdidas de fuentes laborales y con graves daños a la propiedad de cientos de familias. El perjuicio ocasionado a los ecosistemas involucrados es difícil de cuantificar y ha provocado un doble efecto: por un lado, mayor ingreso de CO2 a la atmósfera y, por otro, miles de hectáreas estériles, que no captarán CO2 del aire durante muchos años. En los períodos de sequía, de falta de precipitaciones, el efecto se ve agravado por distintas acciones causadas por la irresponsabilidad del hombre.
También se encargó a esta Comisión investigar la posible implicancia del movimiento étnico en el sur del país en la ocurrencia de incendios forestales.
Dado que el informe es bastante prolongado y que sólo dispongo de quince minutos para darlo a conocer, me remitiré a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión.
Un tema previo a estas conclusiones, que también preocupó a la Comisión -amén de recibir a representantes del Ministerio de Agricultura, de los servicios dependientes de ese ministerio, del sector privado, de Bomberos, de las policías y de los tribunales de justicia- es que hay una cantidad enorme de normas legales diseminadas en nuestra legislación, que no constituyen un cuerpo orgánico referido a los incendios forestales y a los problemas ambientales derivados de ellos. Esto hace muy difícil la aplicación de las más de diecisiete normas jurídicas que rigen la materia. Sin duda, ésa fue una preocupación de la autoridad administrativa y de las autoridades del Poder Judicial que fueron citadas a la Comisión.
También se realizó un análisis de derecho comparado con países afines, de cierta importancia forestal, como España, Francia, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica . Estos tres últimos tenían algunas similitudes climáticas con Chile.
La secretaría de la Comisión recibió más de tres informes técnicos y despachó más de quince oficios. Cabe hacer presente que de esos quince oficios enviados a organismos públicos, cinco no han sido contestados hasta la fecha de emisión de este informe, especialmente los remitidos a las cortes de apelaciones de las regiones afectadas y uno al Ministerio del Interior. Quiero que quede constancia de ello.
Es necesario dimensionar la responsabilidad del Estado frente a la protección de nuestros recursos forestales. De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Agricultura en aquella oportunidad, el área susceptible de incendios forestales es de 36 millones de hectáreas, de las cuales 13,4 millones corresponden a bosque nativo, 2,1 millones a plantaciones y 20,5 millones a matorrales y praderas. De esta superficie, el 87 por ciento corresponde a terrenos privados y el 13 por ciento a terrenos públicos. El gasto, hasta esa fecha, en prevención y combate de incendios forestales era de 20 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 13 millones los aportó el sector privado -para proteger sus propios predios- y solamente 7 millones el Estado, en circunstancias de que países con menos tradición y superficie forestal invierten varias veces esa suma en la prevención y combate de los incendios forestales.
Frente a los graves hechos ocurridos, relacionados con los incendios forestales de la Sexta, Séptima, Octava y Novena regiones del país -que ocuparon y preocuparon a la Cámara de Diputados en su momento-, se pudo acotar que una de las principales causas de ocurrencia de estos siniestros fueron las extremas condiciones de sequía provocadas por el fenómeno de “La Niña”.
Es necesario destacar que nuestro país tiene un nivel de gastos -hasta cierto punto del sector privado- razonable para prevenir y combatir los incendios forestales, pero no cuenta aún con la tecnología de punta, que actualmente está disponible en el mundo, para la detección anticipada de fenómenos naturales que pueden facilitar la ocurrencia de esos incendios que provocan no sólo daños forestales irrecuperables, sino que en toda la agricultura de nuestro país.
El grave daño ocasionado al patrimonio forestal del país y la destrucción de la vegetación provocada por los incendios forestales deben ser considerados como una catástrofe ecológica, por cuanto los recursos forestales involucrados, sin duda, constituyen elementos de importancia en ciclos y cadenas ecológicas. Consecuentemente, el daño es cuantioso y la recuperación de esos terrenos requerirá un esfuerzo significativo y prolongado; simplemente creo que no es posible en el tiempo de vida de un hombre.
Las acciones preventivas, de control, de combate e investigación adoptadas por los organismos pertinentes del Estado demuestran que las causas de incendios forestales en nuestro país, en un ciento por ciento, se deben a la acción del hombre.
Del gasto total anual, de los 20 millones de dólares que mencionaba, no más del 5 por ciento se destina a prevención, mientras que el 95 por ciento al combate de incendios, cifra que también nos debe preocupar, pues, sin duda, la única forma de lograr una actitud más responsable del público y de la ciudadanía en general frente al tema de los incendios forestales es privilegiar la prevención y crear conciencia acerca de la gravedad de los siniestros.
Con respecto al mandato de la Sala de investigar la posible autoría de estos incendios, es decir, si fueron intencionales o no, la Comisión resolvió, por razones obvias, que este asunto debía quedar en manos de la justicia, pues todos los incendios estaban denunciados en los tribunales de justicia competentes. Por lo tanto, debemos solicitar el informe y el resultado final de estas investigaciones judiciales respecto de la culpabilidad en estos siniestros.
Las proposiciones de la Comisión fundamentalmente son siete iniciativas legales o reglamentarias y tres medidas de orden administrativo que a continuación expondré.
Iniciativas legales o reglamentarias:
1.	Incrementar sustancialmente los recursos asignados a la policía forestal de Carabineros de Chile y a la Corporación Nacional Forestal -en la temporada pasada fuimos testigos de cómo, probablemente, uno de los grandes incendios, en el parque Conguillío, no fue combatido por falta de recursos económicos, según la información de prensa que se dio en esos días-, que permitan efectuar diagnósticos aéreos oportunos y contar con sistemas de detección terrestres, que son altamente científicos y requieren personal con una preparación técnica especial. Asimismo, aumentar el presupuesto asignado a la policía forestal, a fin de que le permita contar con los medios humanos y materiales adecuados para mejorar los resultados de sus investigaciones.
2.	Establecer requisitos, condiciones y procedimientos específicos de quemas agrícolas y forestales; determinar un calendario de autorizaciones, que sea amplia y oportunamente informado, de manera de permitir su adecuada fiscalización.
En tres minutos termino, señora Presidenta.
3.	Perfeccionar la legislación relativa al delito de incendio forestal. Ese tema es muy importante, por cuanto en la actualidad las penas son tan duras que simplemente los tribunales no las aplican.
4.	Establecer una normativa que obligue a los medianos propietarios forestales a contribuir en la prevención y combate de los incendios forestales.
5.	Incentivar la preocupación de los propietarios para la adopción de medidas de prevención.
6.	Flexibilizar la normativa laboral aplicable a los brigadistas de la Conaf, para que les permita operar en una jornada de trabajo especial durante el combate de un incendio forestal.
7.	Incorporar la variable de incendios forestales en las normas de construcción. Este ha sido un reclamo permanente del cuerpo de bomberos, pues las direcciones de obras municipales no contemplan normas de prevención para el caso de incendios forestales que se extienden a lugares habitados.
Medidas de orden administrativo:
1.	Implementar y aumentar los planes de capacitación que efectúa la Corporación Nacional Forestal.
2.	Fortalecer convenios con las Fuerzas Armadas en casos de emergencia y de catástrofes.
3.	Establecer un procedimiento expedito que permita a la Corporación Nacional Forestal gestionar la participación de Bomberos en el control de incendios forestales en áreas de transición urbano-rural y compensar los gastos que éstos efectúen en combustibles, alimentación, reposición o reparación del material dañado.
4.	Establecer convenios con clubes aéreos privados para la detección oportuna de los incendios.
5.	Realizar campañas preventivas y de difusión locales, focalizadas en los agentes causantes de los siniestros y no solamente en épocas de peligrosidad.
6.	Incorporar en los programas de estudios de los alumnos de enseñanza preescolar, básica y media ramos relacionados con protección del medio ambiente.
7.	Capacitar a los profesores que deban impartir los cursos en la educación escolar y preescolar, y que ello signifique un incremento en sus rentas como asignación de perfeccionamiento.
8.	Formar grupos voluntarios de apoyo en actividades preventivas.
9.	Incrementar las actividades de fiscalización a través del aumento del patrullaje tanto terrestre como aéreo.
10. Realizar investigaciones para ofrecer alternativas al no uso del fuego en las áreas agrícola y forestal.
11. Incrementar el control y las revisiones que efectúan las direcciones de obras municipales respecto del cumplimiento de la normativa sobre construcción.
Finalmente, crear un consejo regional de amplia participación, que analice un plan de desarrollo quinquenal y planes operativos anuales, propuestos por un comité de apoyo técnico.
Para terminar, quiero destacar la labor encomiable del personal de la Comisión de Agricultura, a quien le correspondió hacer este informe y al personal de la Redacción, que dejó constancia de las declaraciones de quienes concurrieron a la Comisión.
Señora Presidenta , el verano pasado la Araucanía fue asolada por incendios forestales que causaron devastadores efectos sobre decenas de miles de hectáreas de bosque nativo pertenecientes al sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado, incluidos en ellas parques y reservas forestales cuya administración y cuidado se encuentra a cargo de la Conaf. Sin duda fue un desastre ecológico de proporciones.
A la fecha, la Conaf aún no explica públicamente cómo fue posible que estos incendios desbordaran todo control. Es más, un informe que se hizo llegar al señor intendente regional de La Araucanía sobre la materia resultó ser tan liviano, que éste debió rechazarlo calificándolo directamente de malo.
El daño ya está hecho. Sin embargo, aún queda pendiente que la Conaf regional expida, al respecto, un acabado informe, en el que se transparenten las causas que originaron esta tragedia ambiental y las responsabilidades que en ello haya podido caber a los funcionarios públicos encargados de velar por que no ocurriera lo que sucedió. Por el contrario, en vez de enfrentar responsablemente lo acaecido, el director de la Conaf de la Novena Región , señor Alejandro Blamey , no sólo no ha entregado un segundo informe con el detalle de las causas y responsabilidades, sino que, además, ha recurrido a subterfugios políticos para eludir la pública petición de renuncia que le hiciera el intendente de la región de La Araucanía, pretendiendo eternizarse en un cargo para cuyo ejercicio, al parecer, no está capacitado.
Por su intermedio, señora Presidenta , solicito que se oficie al director regional de la Conaf , en La Araucanía, señor Alejandro Blamey , para que dé cuenta acerca de por qué no se atendieron las denuncias sobre los primeros fuegos, hechas por las comunidades vecinas; de por qué en el parque nacional Conguillío ni siquiera se mantenía una brigada contra incendios; de por qué no hubo guardia de cenizas en la reserva forestal Malleco; de por qué se pagaron 37 millones de pesos a un contratista, ya avanzado el mes de marzo; de por qué recién ahora se propone crear planes de contingencia para casos como el ocurrido el pasado verano, y para que explique quiénes son los responsables de la debilidad del informe sobre estos incendios, evacuado hace unas semanas.
Asimismo, solicito que se oficie al intendente de la región de La Araucanía, señor Ramiro Pizarro , para que dé a conocer las razones que lo llevaron a rechazar el informe emitido por la Conaf acerca de estos incendios; de por qué desea la remoción del director regional de esta institución y, además, para que explique las razones por las cuales, en medio del vendaval de incendios que asolaba la zona a su cargo, dejó el país a fin de viajar al extranjero en una gira oficial, cuando su presencia era más que necesaria en la Novena Región.
Señor diputado , debo informarle que, de acuerdo con el artículo 296 del Reglamento, por no tratarse de una sesión ordinaria, los oficios cuyo envío ha solicitado su Señoría requieren la unanimidad de la Sala.
Solicito el acuerdo unánime para enviar los oficios pedidos por el señor diputado.
¿Habría acuerdo de la Sala para votar las conclusiones del informe al final de la sesión? Hay colegas que en este momento están trabajando en Comisiones.
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
Señora Presidenta , el informe entregado por el diputado señor Delmastro señala la gravedad de los hechos a los que se vio enfrentado el país como consecuencia de una serie de incendios forestales, pero, además, da cuenta de una situación de fondo que tiene que ver con la actual estructura de la Corporación Nacional Forestal.
Quiero recordar que en el período legislativo anterior hubo un largo debate respecto de un proyecto enviado por el Gobierno que creaba una nueva institucionalidad forestal -muchos de los temas abordados están en las conclusiones de este informe-, que mejoraba la fiscalización desde el punto de vista preventivo, aumentaba las multas, imponía penas a quienes provocaran incendios forestales -materia que se detalla en el informe-, señalaba el aporte de los privados para enfrentar los incendios forestales, principalmente en la prevención; permitía actuar con mayor agilidad, por cuanto, si bien se creaba una Conaf pública, quedaba fuera de su competencia la forma de enfrentar los incendios forestales, con el fin de evitar el trámite y los pasos que requiere el establecimiento de una organización pública, y la dejaba como una estructura jurídica más parecida a la del sector privado, cuestión que facilita la contratación de personal cuando fuere necesario para atacar los incendios forestales, y, por último, mejoraba los sueldos del personal de la Corporación Nacional Forestal, tema que el año pasado fue largamente discutido, e incluso originó un extenso paro de los funcionarios de la Conaf.
Además, cabe recordar que el proyecto fue aprobado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados por acuerdo unánime. Dicha Comisión fue garante de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, la Dirección Nacional de Conaf y los funcionarios de esa corporación.
Lamentablemente el proyecto se paralizó en el Senado y, hasta ahora, el Ejecutivo no ha tenido la voluntad de enviar una iniciativa de ley que recoja los temas que aquí se han planteado. Obviamente, hay un problema económico, pero, si recogemos este informe, podremos pedir al Ejecutivo que destine los recursos necesarios para que el próximo verano, si fuera el caso, podamos enfrentar de mejor manera los incendios forestales; pero si en 2002 no tenemos una institucionalidad adecuada y una Conaf moderna que se adecue a los requerimientos de la industria forestal, difícilmente podremos enfrentar el tema y otros que se nos vengan encima.
Por lo tanto, en nombre de mi bancada y de quienes fuimos parte de la Comisión de Agricultura, me atrevo a plantear la necesidad de que el Ejecutivo envíe, a la brevedad posible, un proyecto en el cual podremos tener diferencias en algunos temas, como en la creación de una subsecretaría, pero que en su esencia modernice la estructura de la Conaf y permita que importantes áreas -como las que estamos analizando en este informe- puedan tener la agilidad necesaria para actuar y, por otro lado, mejorar de manera importante y significativa la condición laboral de los funcionarios de la Conaf.
Por lo tanto, como Cámara de Diputados debemos hacer llegar al Ejecutivo nuestra preocupación por la paralización de la tramitación del proyecto, sobre todo en lo que dice relación con la modernización de la Conaf, para saber qué ha sucedido con la iniciativa, que está durmiendo el sueño de los justos en el Senado, y respecto de la cual existía gran acuerdo por parte de la Cámara de Diputados, con un protocolo firmado por todos los actores.
Además, espero que en ese proyecto podamos agregar las conclusiones que la Comisión nos ha hecho saber en esta oportunidad y, a partir de ello, iniciar una modernización eficiente y eficaz de la Conaf, que tanta falta le hace al país.
Señora Presidenta , junto con reconocer el esfuerzo tanto de los señores diputados como de los funcionarios en esta Comisión investigadora, debo señalar que esta sesión grafica en todo su dramatismo el hecho de que las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados no sólo son débiles en su expresión institucional, sino que también, en los hechos, se demuestran absolutamente inoperantes.
Hoy, la Cámara de Diputados ha conocido un informe sobre hechos que en 1999 preocuparon fuertemente al país, lo que llevó a que un grupo importante de diputados que integraron la Comisión técnica especial los fiscalizara. Sin embargo, vemos la ausencia absoluta del Gobierno, porque claramente estamos fiscalizando sus actos y a los responsables de los riesgos, de los siniestros y de las emergencias generadas por los incendios forestales. No hemos aprobado esto. Basta leer los fundamentos del proyecto de acuerdo para advertir que este análisis no ha sido sólo con un fin intelectual o académico, sino para establecer las responsabilidades a que se pueden ver enfrentados algunos funcionarios respecto del tema. Esta preocupación surgió en 1999 y la Comisión concluyó su trabajo en 2000. Sin embargo, los señores diputados habrán observado que una situación similar también se produjo durante el verano, y quizás con una gravedad mayor que la originada en 1999.
Las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, institucionalmente debilitadas, no fueron eficaces, aún más por la ausencia clara de la voluntad del Gobierno de responder a los requerimientos de esta Corporación. El diputado señor Delmastro demostró en su informe que muchos de los oficios y requerimientos hechos a la autoridad no fueron contestados. Entonces, ¿con qué cara y con qué lógica vamos a aprobar el informe sobre hechos ocurridos en 1999 si a lo mejor, en 2002, sucedieron de manera más grave, más devastadora, haciendo daño al patrimonio de todos los chilenos? El propio intendente de la Novena Región señaló, a través de los medios de comunicación, que el órgano público encargado de resguardar, velar y enfrentar esos riesgos lo hizo de manera inoperante e ineficiente, rechazando el informe que le presentaron en su calidad de autoridad regional.
Frente a ello, la Cámara de Diputados no tiene ninguna posibilidad real y efectiva de influir en esta materia. Aún más, cuando un diputado pide algo en ese sentido, otro impide que la Sala tome conocimiento de un hecho evidente. Del informe se deduce que una autoridad del Gobierno rechaza el informe de otra autoridad gubernamental por considerar -y recuerdo las palabras exactas del intendente- que no está a la altura de una institución como Conaf.
Los incendios ocurren en verano, época en que se queman miles y miles de hectáreas de bosques. Las grandes empresas forestales, a través de seguros y recurriendo a su patrimonio, logran aminorar el daño ocasionado, pero ¿cómo se logra enfrentar el daño provocado por los incendios forestales en los bosques que pertenecen a todos los chilenos o que corresponden a pequeños o medianos propietarios, quienes, sin duda, miran a la autoridad como un elemento central para buscar una solución al tema.
Hoy la Cámara de Diputados está analizando un hecho que sucedió en 1999 y que el Gobierno no tomó en consideración, ya que ni siquiera contestó los oficios remitidos por la Comisión investigadora. Ahora estamos enfrentados a una serie de propuestas que se deben hacer, pero no tenemos ni la información, ni los datos, ni la voluntad del Gobierno para conocer lo que realmente pasó en 2002. En otras palabras, saber si lo que sucedió este año fue más grave que lo que ocurrió en 1999. En virtud de las imágenes de la televisión, de lo que apareció en los medios de prensa y de lo señalado por algunas autoridades de Gobierno, claramente fue un daño evitable.
Sin duda, todos los diputados -y en esto me incluyo- le hacemos un flaco favor a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Debemos tener presente que aprobaremos un informe hecho con mucho entusiasmo y dedicación por señores diputados y funcionarios de esta Corporación, pero que no tendrá la relevancia ni la trascendencia que merece un documento de esta naturaleza. En 2002 los daños también fueron grandes, y la Cámara de Diputados quedó absolutamente al margen de eso, porque el Gobierno no remitió ningún informe en ese sentido; incluso no cumplió con lo señalado por algunas autoridades -nombradas por él mismo-, en cuanto a que en 1999 iban a enfrentar la situación con políticas distintas. No sabemos si fueron realmente implementadas, pero a la luz de los hechos queda claro que no fue así, porque en 2002 el drama de los incendios forestales fue realmente mayor que en 1999.
Lamento mucho esta situación, porque, en verdad, todo lo que conspire contra la eficiencia y la eficacia de la Cámara de Diputados nos afecta a todos, colectiva e individualmente, sobre todo cuando tratamos un tema que no tendrá ninguna trascendencia, en que no se individualiza con claridad a los responsables, y no avanzamos claramente en dar garantías al país de que esos hechos no se volverán a repetir.
Señora Presidenta , en febrero, cuando ocurrieron los incidentes, no había en la región ningún parlamentario de Oposición; si hubiera habido alguno se habría sabido. Entiendo que, después de la agotadora campaña en la que todos estuvimos insertos, la necesidad de vacaciones era muy importante, pero en las numerosas reuniones de trabajo que tuvimos, por ejemplo con el seremi de Agricultura, señor David Jouannet , sólo estuvimos presentes senadores y diputados de la Concertación. Entonces, llama la atención que nuestro colega señor Díaz pida oficiar al intendente de la Novena Región -incluso con desconocimiento de las características reglamentarias de esta sesión- para saber por qué se encontraba en Italia. Como es de público conocimiento para quienes en febrero estuvimos en la Novena Región, ese funcionario acompañó al Presidente de la República en una visita oficial para colaborar en la captación de inversiones y de apoyo tecnológico a la pequeña y mediana empresa. Eso se ha discutido y conversado durante todos estos meses en la región.
Quienes estuvimos en la región en las primeras semanas de febrero pedimos una investigación a fondo de lo que estaba ocurriendo: si había o no retardo en el tratamiento de la emergencia por parte de la Conaf y si el intendente ordenó la investigación. Como aquí se ha dicho, el intendente, señor Ramiro Pizarro , ha señalado, además, que el informe que se le entregó fue absolutamente insatisfactorio. Por eso, el senador Lavandero y yo hemos respaldado al intendente, en el sentido de que el director regional de la Conaf debe irse, porque, invirtiendo un aforismo jurídico, el que no puede lo menos, menos va a poder lo más. O sea, no debe permanecer en el cargo un funcionario que no ha sido capaz de entregar una información técnicamente solvente y seria sobre lo ocurrido en la emergencia forestal. Pero toda la región sabe que el intendente no tiene la culpa de que ese funcionario no haya sido removido, porque ha sido apoyado por la autoridad nacional de la Conaf. Esto ha suscitado un problema muy serio en función del compromiso del Presidente en cuanto a que los nuevos intendentes iban a tener la capacidad de hacer un buen gobierno regional, más allá de las opiniones de los directores nacionales de servicios.
Considero de muy mal gusto que si no se ha estado en la región, sino de vacaciones en otro lugar, hoy, cuando la sesión se televisa y hay medios de comunicación social a la vista, se formulen consultas a un intendente que estaba en Italia trabajando por la región.
Si uno revisa los informes de la Comisión, verá que muchos son absolutamente correctos, pero quiero coherencia de parte de los diputados de la Oposición cuando se discuta, por ejemplo, el próximo Presupuesto Nacional, porque efectivamente la Conaf cuenta con pocos recursos. Con el senador Lavandero pedimos información en medio de la emergencia, y se nos dijo que la cantidad de personal en las áreas silvestres protegidas o en los parques nacionales era francamente ridícula, ya que había muy poco personal para cubrir miles de hectáreas. No hay caminos para llegar a muchos lugares donde estaban ocurriendo los siniestros; tampoco existen fondos para cortafuegos.
Entonces, pido coherencia entre lo que plantea la Comisión -a mi juicio, muy razonablemente-, en cuanto a las medidas que se deben tomar en los próximos debates presupuestarios, porque, para pedir al Estado que actúe -y debe actuar- y prevenga, es preciso dotarlo de los medios para que ello sea posible.
El diputado señor Silva ha hecho presente que en el Senado se encuentra paralizado por años un proyecto de ley, aprobado por esta Cámara, que dota al sector de una nueva institucionalidad forestal. Pero la hora de la verdad se da en el debate del Presupuesto. Entonces se prueba si se cumple lo que proclamamos aquí, al calor del impacto que se provoca en los medios de comunicación. Quienes hemos estudiado ciencia política sabemos que la consistencia real de voluntad política con una determinada acción pública se prueba en los debates presupuestarios, axioma básico de esa disciplina. Con ocasión de la próxima ley de Presupuestos veremos cuál será la disponibilidad de los colegas de la Oposición para entregar recursos al Estado, a la Conaf y al Ministerio de Agricultura a fin de prevenir y combatir los siniestros forestales.
El tema de los recursos es fundamental, porque de las tres explicaciones que se daban en la región sobre la magnitud de los estragos causados por los siniestros, prácticamente dos de ellas no son elementos de coyuntura, sino que se han transformado en estructurales. Se nos hablaba de que esto tiene que ver con el cambio climático; pero eso es permanente, no coyuntural. Sabemos que el clima ha cambiado en el sur. También se nos señalaba las características del terreno, que es montañoso, el cual permanece inmutable desde hace miles de años. En consecuencia, el único elemento que puede variar, pero a corto o mediano plazo, es la existencia del puelche, viento que dificultó aún más el tratamiento de las emergencias forestales. Por lo tanto, necesitamos recursos para que se puedan cumplir las proposiciones de la Comisión.
Por otra parte, es bueno que al momento de discutir en serio las políticas públicas, se acaben los dogmas y los simplismos con que muchas veces tratamos estos temas. Durante estos años hemos visto que siempre la receta para enfrentar los delitos es subir las penas o proponer que haya más represión. La Comisión especial, a mi juicio muy atinadamente, desde el punto de vista de lo que supone un tratamiento moderno y serio del derecho penal y de la criminología, nos propone perfeccionar la legislación relativa al delito de incendio forestal, para lo cual sugiere disminuir las sanciones penales demasiado altas, de manera que los jueces las apliquen efectivamente. Esto demuestra que hay que aproximarse a los problemas públicos con seriedad, sin dogmatismos ni simplismos.
No puedo dejar de señalar algo de extrema gravedad que se dijo con mucha irresponsabilidad en la región. La Novena Región se ha visto fuertemente afectada por un manejo comunicacional absolutamente irresponsable del tema mapuche o de algunos de los problemas del sector agrícola. No faltaron quienes dijeron que detrás de los incendios forestales de la región estaba la acción de dirigentes de comunidades mapuches. El informe de la Comisión nos demuestra que no existe fundamento serio alguno que valide lo que se dijo, pero ya se propagó in extenso esa información a través de los medios de comunicación, ayudando a la paranoia, lo que solamente puede generar violencia, atraso y falta de progreso en la región.
Por último, resulta incoherente que los mismos que hace menos de media hora no autorizaron el ingreso a la Sala de funcionarios públicos, ahora se quejen y protesten por la ausencia de las autoridades gubernamentales.
Señora Presidenta , lamento la ausencia del ministro de Agricultura en el debate de un tema tan importante como éste, que debería ser materia de preocupación de todas las autoridades del país.
Respecto del proyecto de ley sobre institucionalidad forestal que se encuentra pendiente en el Senado, creo que es urgente solicitar al Ejecutivo que agilice su tramitación, porque la Conaf no puede seguir viviendo en un mundo casi virtual, en que existe, pero no existe; en que es privado, pero a la vez público.
Creo que emergencias como las que se vivieron en la región durante los años 98, 99 y en la temporada recién pasada desenmascaran en forma descarnada las ineficiencias que ocurren cuando organismos, como la Conaf, no tienen dependencia definida ni procedimientos claros en cuanto a su administración interna.
Cuando el diputado señor Saffirio habló del presupuesto de la Conaf, recordé que jamás la Cámara o su Comisión de Hacienda le han negado recursos. Lo que sucede es que el Gobierno no ha pedido más fondos para ella. Cabe hacer presente que el Ejecutivo elabora el presupuesto y no la Cámara de Diputados. Por lo demás, cuando uno comprueba cómo otros organismos del Estado administran sus fondos -lo veremos en el siguiente informe-, hay que pensar que una buena administración es mucho mejor que aumentar los recursos económicos de las instituciones públicas.
Para crear mayor conciencia en la Cámara de Diputados y en las autoridades de Gobierno, es bueno que nos detengamos un poco en las estadísticas de siniestros de temporadas pasadas. Tal como lo mencioné, en la temporada 2001-2002 se incendió un total de 79 mil hectáreas. Si pensamos que estamos plantando 49 mil hectáreas a nivel nacional, nuestro país está perdiendo una superficie neta de 39 mil hectáreas sólo este año, lo cual, a mi modesto entender, es extremadamente grave, porque son recursos que no se recuperarán nunca más. El tiempo pasa y no vuelve.
En ese sentido, quiero hacer un llamado a las autoridades de Gobierno para que el decreto ley Nº 701 sea potenciado a su máxima expresión, tal como se hizo en décadas pasadas cuando nuestro país plantaba 100 mil o 120 mil hectáreas de bosque nuevo cada año, lo que significó enriquecer el patrimonio forestal que el país necesita con urgencia.
Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir que se oficie a los tribunales de justicia de las regiones que se señalan en el informe, a fin de que nos den a conocer el resultado de las investigaciones de los incendios forestales de aquella época y cuáles fueron los inculpados y los exculpados de estos siniestros.
Asimismo, solicito oficiar al director de la Corporación Nacional Forestal, con el fin de que se nos informe sobre una materia que ya se ha señalado, lo que es conveniente pedir en forma oficial: respecto de los sumarios internos llevados adelante por la Conaf en las regiones Octava y Novena, con motivo de los incendios forestales en los parques y reservas nacionales ya indicados.
Diputado señor Delmastro, el artículo 296 establece que sólo se pueden solicitar oficios en las sesiones ordinarias y en Incidentes.
Con todo, recabo la unanimidad de la Sala para despachador esos oficios.
Señora Presidenta , no soy un diputado que represente la región de La Araucanía; pero, por cosas del destino, estaba pasando mis vacaciones en esa zona, exactamente en el camping de la reserva de Tolhuaca, cuando se declaró el incendio que afectó a ese lugar. Pasaron tres o cuatro días antes de que se viera alguna acción por parte de las autoridades. A raíz del problema y hallándome en las termas mismas de Tolhuaca, tuve que ir donde estaba el camping para ver si realmente se había evacuado, porque las llamas se venían encima. No obstante, como dije, no se veía ninguna reacción.
Luego, me trasladé un poco más al sur, a Conguillío, sector que también estaba amagado por un incendio de la reserva Malleco , que afectó finalmente a esa zona, donde quemó innumerables araucarias milenarias, sin que se lograra que las autoridades de Conaf o de Gobierno iniciaran una acción importante para poder apagar el incendio.
Se estableció un centro de operaciones en el cuerpo de bomberos de Melipeuco. De allí empecé, como parlamentario, aunque no de la región, a llamar a las autoridades para que tomaran en serio el problema que se estaba originando. Incluso, me comuniqué con el subsecretario del Interior para que se mandaran aviones cisterna destinados a enfrentar el incendio que ya llevaba cerca de diez días, respecto del cual no se veía ninguna acción por parte de las autoridades pertinentes. Eso lo pude presenciar en forma directa, porque estaba ahí, así es que no me vengan con cuentos.
En consecuencia, no es efectivo lo dicho por el diputado señor Saffirio , en el sentido de que las autoridades estaban preocupadas por esta situación. Sé que el intendente estaba preocupado, porque hablé varias veces con él, pero no tenía elementos o a quien echar mano para apagar los incendios que duraron más de quince días, los que quemaron cantidades enormes de bosque nativo, especialmente, y lo que más siento, las araucarias, que tenían más de mil años.
Señora Presidenta , lo que está absolutamente claro y acreditado respecto del informe es que no existen recursos razonables ni tampoco las coordinaciones necesarias para enfrentar eventualidades como éstas.
Digo esto, porque cuando ocurren esos siniestros, no se cumple con el convenio que existe entre la Conaf y Bomberos respecto de restituir a estos últimos los elementos que se pierden y el enorme gasto que se hace en materiales.
Repito, los fondos que se destinan para combatir estos siniestros no son suficientes, por lo que no podemos señalar que el patrimonio forestal del país está a salvo.
Más aún, los incendios forestales de este verano dejaron a Bomberos de la Octava Región con una pérdida de más de 80 millones de pesos, lo que atenta en contra de la eficiencia para combatir los incendios no sólo forestales, sino también los urbanos.
Si a eso le sumamos que la Octava Región ni siquiera tenía recursos en diciembre para contratar aviones que combatieran los incendios forestales, no podemos sino reconocer en esta Sala que el tema no está bien trabajado, que tenemos graves deficiencias, las cuales deben ser corregidas. Tanto es así que incluso el jefe de la Conaf de nuestra Región fue reemplazado, debido a los incendios forestales de este verano.
Por lo tanto, desde mi perspectiva, lo que está claro es que se necesitan mayores recursos no sólo para la Conaf, sino también para sustituir el material que Bomberos de Chile está perdiendo en forma permanente y sistemática. Además, material altamente sofisticado y de alta tecnología muchas veces sufre daños demasiado importantes, y en otras ocasiones, irreparables.
Por estas razones, la Cámara no puede sino concluir que hay una grave insuficiencia de recursos para enfrentar este tipo de siniestros.
Señora Presidenta , a la luz de los antecedentes entregados, me permitiré ejemplificar con datos precisos la falta de recursos y de iniciativa por parte de algunas autoridades de la Conaf para enfrentar este drama que afecta al país.
En la Región de La Araucanía, dos grandes incendios comenzaron entre el 18 y 19 de enero. Uno de ellos abarcó un área silvestre de alrededor de 4 mil hectáreas, que luego se extendió hasta el Parque Nacional Conguillío y afectó a 18 mil hectáreas.
Estos gigantescos incendios, que comenzaron a ser enfrentados por la Conaf sólo seis días después de haberse iniciado, en un principio contaron con la participación de un personal que no excedió las 83 personas, como decía el diputado señor Eduardo Saffirio .
¿Se dan cuenta sus Señorías de lo que significa tratar de apagar un incendio que comprende 18 mil hectáreas con ese escuálido recurso humano?
El año pasado, en la Sexta Región, incendios de menor envergadura fueron combatidos con el apoyo de alrededor de diez helicópteros y este año, en la Novena Región, participaron sólo dos, con una capacidad de 1.200 litros. Con posterioridad, el Ejército y la Fuerza Aérea colaboraron con otros helicópteros, cuya capacidad no excede los 400 litros.
Sobre el particular, veo dos grandes problemas. Por un lado, la Conaf no actuó con la celeridad con que debió atender este desastre ecológico y, por el otro, resulta evidente la falta de recursos. Deberíamos laborar en conjunto con los trabajadores de la Conaf, con quienes me he reunido en más de una oportunidad, pues han manifestado su interés por clarificar los hechos.
No puede ser que en la Novena Región el propio investigado sea el investigador. Eso es lo que sucede con el director regional, señor Alejandro Blamey, quien está elaborando un informe sobre las causas por las cuales los incendios no fueron combatidos correctamente.
Por lo tanto, solicito a la Mesa recabar en su oportunidad la unanimidad de la Sala para pedir que la investigación sea imparcial y dé cuenta del accionar y de la responsabilidad que les compete a las instituciones que participaron y a las que debieron participar en esa terrible situación.
Señor Presidente , creo que uno de los modos de actualizar este informe bastante añejo, dado que han transcurrido alrededor de dos años desde que debió ser presentado a la Sala, es realizar una evaluación desde el 26 de enero de 2000 a la fecha.
Cuando se aprobó el proyecto de acuerdo para llevar a cabo la investigación, buscábamos formular propuestas para prevenir los incendios forestales. Y eso no ha ocurrido, pues recién estamos revisando un informe elaborado hace dos años. Por lo tanto, en esta sesión debemos actualizar las proposiciones y recomendaciones de la Comisión, porque de la sola lectura del informe en relación con los incendios forestales habidos en el verano de 2002, en particular en la Octava Región, podemos desprender que este conjunto de proposiciones, independientemente de no haber sido tratadas en la Sala, fueron conocidas por los intendentes regionales que participaron en el análisis efectuado por la Comisión en 1999, de manera que hay un conocimiento previo sobre ellas.
La primera proposición de la Comisión, que tiene por objeto incrementar sustancialmente los recursos asignados a la policía forestal de Carabineros y a la Corporación Nacional Forestal, no se ha cumplido. Muchos diputados coincidimos en que los incendios ocurridos en la Novena Región deben ser conocidos por una comisión investigadora. Recordemos que al comenzar el siniestro los funcionarios de la Conaf estaban en huelga, lo cual retrasó en a lo menos cinco días el inicio de las acciones destinadas a evitar su expansión. Ese tema debe ser aclarado.
He solicitado formalmente un informe de la Conaf, porque quiero conocer sin ningún tipo de censura las causas, oportunidad y eficiencia con que se actuó en los incendios más recientes ocurridos este verano.
Otra de las conclusiones se refiere a la necesidad de revisar y actualizar el presupuesto asignado a la policía forestal. El desafío, tanto para el diputado Delmastro como para los miembros de la Comisión de Agricultura, consiste en dar a conocer este informe y el debate habido sobre el particular. Si el Ejecutivo no quiere poner más recursos, se vota en contra la partida, se ejerce presión y se hace lobby, con el objeto de aumentarlos. De lo contrario, no estaríamos siendo consecuentes con nuestro discurso.
En el informe se establecen también recomendaciones para evitar incendios por la quema de desechos vegetales. Nada más destructivo que usar fuego para la limpieza forestal. Si bien pudimos comprobar que muchas empresas de la Octava Región han cambiado esa técnica por la acumulación de desechos, que nutren el suelo porque se transforman en abono fortificante, esta práctica sigue siendo utilizada por muchos pequeños agricultores, quienes, al perder el control sobre el fuego, provocan incendios, incluso en períodos de quema autorizada.
En este ámbito falta investigación, programas de educación y un cambio de hábitos en nuestros pequeños parceleros, que no pueden financiar la adquisición de tractores ni ejercer otro tipo de acciones que les permita tratar la limpieza forestal con un método que no sea la quema.
Chile, país desarrollado, sigue utilizando la quema como un recurso de los pobres tercermundistas. Debe haber, entonces, subsidio estatal, apoyo del Estado, y eso lo tenemos que discutir.
Luego viene el debate sobre el informe de la Comisión investigadora de los créditos otorgados por el Indap. Sin duda, una de las cosas en que podríamos pensar es en la redefinición de las políticas del Instituto, como fórmulas de apoyo para que los pequeños campesinos mejoren la calidad de sus tierras y hagan limpieza sin usar el fuego.
Hay un aspecto que propusimos y patrocinamos con el ex diputado señor Naranjo , hoy senador de la República . Fuimos muy criticados, porque, al parecer, todo aquello que se encamina a despenalizar y a flexibilizar en una política cada vez más represiva en materia penal, resulta preocupante.
Decíamos que los jueces no aplican la ley porque las sanciones establecidas en la legislación penal son extraordinariamente drásticas. El delito de incendio propiamente tal se encuentra establecido en el número 3 del artículo 476 del Código Penal. Señala que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados, lo que equivale desde cinco años y un día hasta veinte años, al que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros o plantíos.
En verdad, si a un campesino o a un parcelero se le escapa el fuego en una quema no autorizada -o sea, tiene responsabilidad- y provoca un incendio, la única posibilidad de castigarlo por este delito es condenarlo de 5 a 20 años de cárcel, si se quiere aplicar una medida ejemplificadora. Frente a esta disyuntiva, los jueces no aplican la legislación. Por lo tanto, no hay sanciones, no hay educación y el fenómeno sigue ocurriendo.
¿Vamos a tener una segunda ronda de intervenciones, señor Presidente?
No, señor diputado . Sólo el tiempo asignado por Comité.
Dado que el PPD no ha hecho uso de su tiempo, quizás el jefe de bancada le puede conceder algunos minutos.
Pido un minuto.
Dispone de un minuto su Señoría.
Doy mis agradecimientos al comité del PPD.
Por último, una de las proposiciones más importantes, que tampoco se ha cumplido, es crear un consejo regional de amplia participación, que analice un plan de desarrollo quinquenal y planes operativos anuales, propuestos por comités de apoyo técnico.
El incentivo y la resolución de este debate debiera ser actualizar las propuestas, mandatar a los parlamentarios y, en particular, solicitar al Gobierno que a través de las intendencias regionales se revisen las proposiciones acordadas con los mismos intendentes de las regiones Quinta, Sexta y Novena, con el objeto de hacer una evaluación de la implementación llevada a cabo. Eso nos permitirá actualizarla para que se convierta en el primer paso a fin de hacer una evaluación de los incendios forestales ocurridos en el verano de 2002. Sólo así este análisis podrá tener algún sentido.
En el tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
Señor Presidente , tengo la impresión de que hacer un esfuerzo por politizar un tema como el que está en análisis no sólo es inconveniente, sino claramente inconsecuente e inconducente.
En verdad, si los incendios de la magnitud y naturaleza de los ocurridos el pasado verano se hubiesen producido hace cinco, diez, quince, veinte o cincuenta años, resulta evidente que con los recursos actuales en equipamiento, personal y capacitación, también habrían quedado fuera de control.
Por lo tanto, dado que se trató de analizar situaciones ocurridas hace años y, por coincidencia, en algunas regiones en que fue un verano de grandes siniestros, parece más razonable destinar el tiempo y los esfuerzos de esta sesión a buscar la forma de establecer una verdadera política de prevención y control de incendios.
Éstas no son sólo palabras, porque hay por lo menos tres regiones, la Octava, Novena y Décima, en las cuales claramente el rubro forestal adquiere cada año una importancia mayor. Hoy la Octava Región debe sus ingresos y su actividad económica, en parte muy importante, al sector forestal, y eso no es distinto de lo que ocurre en las regiones Novena y Décima. Por lo tanto, al leer las conclusiones del informe de la Comisión, me parece que no sólo debemos contentarnos con aprobarlo y dejarlo hasta aquí, sino hacer un seguimiento de sus propuestas, conversar con el Ejecutivo y tratar de impulsar -como decía hace un momento- una verdadera política de prevención y control de los incendios forestales.
No puedo dejar de emitir un par de opiniones respecto del tema presupuestario de la Conaf, al que se han referido algunos colegas.
En primer lugar, quiero decir al diputado señor Saffirio que nunca -por lo menos en los años que llevo en el Congreso y en los que recuerdo- ninguna de las bancadas aquí representadas ha sido partidaria de disminuir los recursos de la Conaf. Las discusiones presupuestarias pudieron haberse circunscrito en su momento a otras reparticiones públicas, pero nunca han estado en duda los recursos presupuestarios destinados a la Conaf. Considero que entre nosotros y en el país, en general, hay bastante consenso en que la Conaf hace lo que puede con los pocos recursos que tiene, y en que se trata de un organismo bastante profesional. Está claro que le falta equipamiento, que es caro, pero es necesario elevar el nivel de esta discusión y consensuar con el Ejecutivo el establecimiento de una política sobre la materia.
El camino sugerido por el diputado Navarro tampoco me parece posible, pues, en otras palabras, nos propone que votemos en contra cuando veamos que los recursos destinados por la ley de Presupuestos a la Conaf sean insuficientes. ¿Sabe el diputado Navarro lo que podría pasar en ese caso? Que, como la discusión de la ley de Presupuestos suele contener elementos políticos, a mi juicio muy exacerbados, quienes voten en contra de los recursos destinados por el Gobierno a la Conaf por considerarlos insuficientes recibirán el ataque del otro bando, diciendo que lo que se quiere es destruirla, al no entregarle los recursos propuestos por el Ejecutivo .
Entonces, la discusión presupuestaria de este organismo, más allá del problema de su funcionamiento institucional, pasa por crear conciencia no sólo en el Parlamento -ya sabemos lo limitadas que son nuestras facultades en materia presupuestaria-, sino fundamentalmente en las autoridades del Ejecutivo sobre la necesidad de que exista claridad sobre el funcionamiento de la Conaf, si es un organismo público o privado, y dotarlo de los recursos que necesita en un país que cada día sustenta de manera más creciente su economía en las actividades forestales.
A continuación, quiero hacer un breve comentario respecto del uso del fuego como elemento de manejo tanto en el área forestal como agrícola.
Hace algunos años, un diputado que ya no es miembro de esta Corporación planteaba que había que prohibir el uso del fuego como elemento de manejo agrícola. Quiero decir que ésa es una barbaridad del porte de una catedral. Es evidente que a nadie le gustaría que el fuego formara parte del manejo de los predios agrícolas, particularmente en el sur de Chile. Sin embargo, lo que debemos hacer es poner sobre la mesa una medida alternativa económicamente sustentable.
Hoy la única manera de destruir los residuos a un costo razonable y posible de enfrentar es, lamentablemente, mediante el uso del fuego. Si la actividad agrícola tradicional del sur de Chile fuera más rentable, uno podría imaginar muchos otros métodos para destruir los residuos agrícolas que quedan después de las cosechas. Pero ésa no es la realidad, y los agricultores y los pequeños propietarios forestales, en la práctica, se ven obligados a utilizar el fuego como un elemento de manejo.
Considero muy atendible una de las sugerencias de la Comisión, en cuanto a estudiar manejos alternativos de los residuos; pero, sin duda alguna, hay que incorporar el elemento del costo. Como agricultor puedo señalar a la Sala dos o tres alternativas de manejo de los residuos agrícolas, pero con un costo tan alto que es imposible que sean abordadas, en un caso, por los agricultores y, en otro, por los pequeños propietarios forestales. Ése es un aspecto muy importante.
Creo necesario revisar la llamada política de quemas en el sur y el establecimiento de períodos en los cuales se puede realizar dicho manejo, porque normalmente se lleva a cabo cuando han terminado las faenas de cosecha en las regiones; por lo tanto, estamos frente a un verdadero polvorín, porque cuando se inicia un incendio en un determinado lugar, no lo para nadie. Lo que hay que hacer es estudiar un sistema de manejo del fuego que, junto con las faenas de cosecha, permita también avanzar en la quema de rastrojos, de manera que los siniestros que se originen sean de envergadura limitada. Creo que hay mucho que hacer en esta materia.
Finalmente, si el Ejecutivo acoge algunas de las sugerencias de la Comisión que estudió el tema y las tratamos con altura de miras y preocupados por las zonas amagadas por estos siniestros de tiempo en tiempo, entonces habremos encontrado la respuesta que estuvo en el espíritu de quienes propusieron la creación de esta comisión, cual fue no buscar culpables de lo que ocurre, sino fundamentalmente encontrar soluciones para que no vuelvan a ocurrir los mismos problemas.
Restan dos minutos al Comité de la UDI, que no hará uso de ellos. Por su parte, al Comité del Partido por la Democracia le restan 9 minutos y 30 segundos, tiempo que ha cedido al Comité Socialista.
Señor Presidente , quiero hacer dos consideraciones, sin el ánimo de politizar el debate, como lo señaló el diputado Galilea , que entiendo que está en la línea correcta. Comparto plenamente lo que dijo respecto de cómo debemos enfrentar los incendios, desde el punto de vista de mejorar las condiciones de la agricultura.
En primer lugar, durante todo el debate habido en 1999 quedó en claro que no existía ninguna investigación que permitiera cuantificar el daño ecológico causado por los incendios forestales en la flora, en la fauna o en la calidad de los terrenos, a fin de emprender acciones de reparación o mitigación de los daños. En zonas dependientes, las lluvias causan degradación, erosión y áreas de irrecuperable valor en cauces de ríos, esteros o vertientes, cuando no se refuerza la vegetación.
En este tema no hemos avanzado nada. Los recientes incendios de este verano tienen una cuantificación maderable. ¿Cuántos bosques o casas perdimos? Afortunadamente, hasta ahora no hay que lamentar pérdidas de vidas humanas, por cuanto la acción combinada de bomberos y brigadistas ha apuntado preferentemente a la protección de vidas humanas.
Quiero recalcar que dentro del ámbito de la evaluación de los incendios necesitamos introducir la variable de catástrofe ecológica de daño ambiental. Sólo así podremos tomar medidas para que las acciones de mitigación -ya no de prevención, que también son necesarias-, puedan señalar claramente si se ha afectado el medio ambiente, los ecosistemas y, sobre esa base, cuantificar el daño real, porque los bosques están asegurados -digá-moslo derechamente-, no en ciento por ciento, como lo han señalado las empresas, pero se les reembolsa un porcentaje frente a un eventual incendio, independientemente de su origen. Por lo general, el informe concluye que es muy difícil determinar el origen del fuego y quiénes son los culpables, pero las plantaciones están aseguradas, no así el medio ambiente.
Entonces, ¿quién reparará los ecosistemas dañados, particularmente los bosques nativos, que también son de propiedad de las empresas forestales? Uno tiende a pensar que cada vez que se produce un incendio forestal sólo hay involucrados pinos y eucaliptos, en circunstancias de que los sectores afectados comprenden vastas zonas de bosques naturales y renovales. Cuando la empresa decide no forestarlas con especies nativas, tendremos allí plantaciones de especies exógenas como pinos y eucaliptos, aunque en Chile no esté permitido el reemplazo de bosque natural por estas especies, salvo que la tierra haya sido arrasada.
Sería bueno saber si las áreas de bosque nativo que han sido afectadas o arrasadas por incendios forestales han sido reforestadas con las mismas especies y no con pinos y eucaliptos, porque dicha sustitución sólo está autorizada en casos muy excepcionales.
En segundo lugar, no podía dejar pasar el hecho de que en la página 42 del informe, en las conclusiones de la Comisión, aparece mencionado un hecho que tiene una tremenda actualidad, que dice relación con la autoría de los incendios forestales y su relación con el conflicto mapuche. Fue un tema muy debatido en la Comisión, y quiero recordar que en reiteradas oportunidades insistí en que, si el objetivo de la discusión era establecer la relación del conflicto indígena con los incendios forestales -hecho sin duda condenable, lo que también hago en este momento-, era necesario escuchar la voz de los mapuches. Sin embargo, a pesar de la larga duración del trabajo de la Comisión, no fue invitada a declarar ninguna comunidad, ningún lonco ni ninguna persona perteneciente a esa etnia. No fueron escuchados por una Comisión, que también tenía por finalidad establecer si los incendios forestales tenían alguna vinculación con el conflicto indígena.
De manera que tiene doble mérito el punto 5 de las conclusiones, que en forma textual señala: “Que, en lo atinente a la relación que estos hechos puedan tener con el conflicto de propiedad que existe entre comunidades indígenas y privados, de los testimonios recogidos en la investigación esta Comisión no ha podido adquirir, hasta ahora, la convicción de que en ellos haya habido participación o intervención directa de miembros de comunidades indígenas. No obstante, resulta necesario hacer presente que esta situación de conflicto permanente puede ser causal de incendios forestales”.
En ese sentido, si bien resulta tranquilizador saber que no pudieron constatarse elementos que probaran lo anterior, sin duda es un hecho que será actualizado. Para los senadores y diputados de la Novena Región está claro que se trata de una cuestión plenamente vigente, y cada vez que hay un incendio forestal surge la duda sobre su origen, que recae en los grupos más radicales del conflicto mapuche, quienes llevarían a cabo acciones de este tipo como una manera de expresar su rechazo a usurpaciones ilegales y a la deuda histórica que aún se mantiene con ellos, particularmente en materia de tierras.
Recuerdo que en la Comisión investigadora se señaló que el costo del combate de los incendios forestales, sin considerar su prevención y las pérdidas maderables de una de las grandes empresas de la Octava y Novena regiones, alcanzaba a los 7,5 millones de dólares al año, correspondientes a gastos en equipamiento y mantención de las brigadas, independientemente del aporte efectuado por la Conaf, que resulta mínimo comparado con el de las torres de observación en las que, sin duda, existe clara preeminencia privada. La Conaf no posee ese tipo de torres y tiene un reducido número de brigadas.
Por eso creo que hay que hacer un esfuerzo al respecto. Mi principal conclusión en la Comisión fue que si una sola empresa -para ser más exacto, Forestal Mininco - gastaba 7,5 millones de dólares al año sólo en combatir los incendios forestales, lo que debíamos calcular era el costo que implica la solución de los temas relacionados con tierras mapuches, a fin de compararlos. Con esto no pretendo decir que hay directa relación entre los incendios forestales y el conflicto mapuche, pero es una cuestión que debemos abordar según la política del buen vecino, que significa que todos debemos cuidar los bosques.
Por último, todas las actualizaciones planteadas por los colegas son necesarias, por lo que no sólo deberíamos aprobar las conclusiones del informe, sino, además, pedir su actualización a los organismos encargados de su seguimiento. Desde ya, estoy dispuesto a que, si es necesario, la Comisión de Agricultura se constituya en investigadora -tal como ha ocurrido en otras ocasiones con la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente-, a fin de visualizar las causas, la oportunidad y la eficiencia que tuvo la Conaf para combatir los incendios durante este verano.
Respecto de la actualización legal de las sanciones y penas que he mencionado, la actual legislación no impedirá que, durante los veranos, inescrupulosos y verdaderos delincuentes lleven a cabo acciones irresponsables que terminen en incendios. El informe es concluyente: el ciento por ciento de los incendios forestales en Chile tienen origen en la acción del hombre. Tal como lo señalaron especialistas de diversas empresas, no basta con capacitar adecuadamente y mantener brigadas que puedan percibir dónde hay humo y combatir tempranamente el fuego, sino que también es necesario contar con una política que proteja efectivamente el bosque. En ese sentido, el aspecto educacional siempre resulta de primer orden. Hasta donde tengo conocimiento, esta materia no ha sido abordada en el ámbito de la educación básica y media para que los niños y los jóvenes puedan tener una conducta adecuada. No basta con campañas temporales en medios televisivos para promover el cuidado de los bosques.
Por lo tanto, desde ya anuncio que el Partido Socialista dará la unanimidad para efectuar este debate. Como muchos de nuestros diputados son miembros de la Comisión de Agricultura, espero hacer llegar estos alcances a ella a fin de actualizar estos informes, particularmente los referidos a los desgraciados incendios del verano de 2002.
Restan dos minutos a la Unión Demócrata Independiente.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las conclusiones de este informe en los siguientes términos:
En votación las conclusiones de la Comisión especial encargada de investigar los incendios forestales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
Aguiló,Allende (doña Isabel), Alvarado, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Díaz, Encina, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Jiménez, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Masferrer, Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Navarro, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.
Muñoz (doña Adriana) y Ulloa.
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, investigadora de los créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario a partir de 1994, tanto a sus beneficiarios como a las organizaciones de éstos.
Diputado informante es el señor Guillermo Ceroni.
-Informe de la Comisión investigadora, sesión 1ª, en 12 de marzo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 21.
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
Señor Presidente , la Comisión de Agricultura investigó diversas denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, a raíz de créditos otorgados a los beneficiarios de dicha institución a partir de 1994.
Quiero aclarar que un posterior acuerdo estableció que la investigación llegara hasta el año 2001.
En primer lugar, como marco regulatorio o legal de toda esta investigación tuvimos la ley Nº 18.910, orgánica del Indap, especialmente aquellos aspectos que dicen relación con su función, en particular con la de otorgar asistencia crediticia a sus beneficiarios y proporcionarles asistencia técnica y capacitación.
Igualmente, se tuvo en cuenta la definición de pequeño productor agrícola, de campesino, y muy presente el reglamento general de créditos del Indap, particularmente la parte que determina quiénes son los beneficiarios de ellos. Menciona que son los pequeños productores agrícolas, los campesinos y las organizaciones legalmente constituidas con personalidad jurídica, formadas mayoritariamente por ellos, es decir, por campesinos.
Esos aspectos estuvieron muy presentes en el análisis de los hechos investigados y tienen mucho que ver con las conclusiones que, en definitiva, se adoptaron por la Comisión.
Dentro de las primeras diligencias, la más importante fue escuchar al ex director nacional del Indap de ese entonces, don Maximiliano Cox, quien relató la situación financiera y de endeudamiento del instituto.
Hay que destacar que en relación con la recuperación de los créditos, informó que en 1994 se recuperó el 84 por ciento de todos los que vencían ese año, según él, uno de los niveles más altos logrados en cuanto a recuperación. En 1995, se recuperó un 83 por ciento, y en 1996, el 84 por ciento de los créditos otorgados. De allí en adelante -expresó-, comenzó el problema, especialmente en 1997, en que se recuperó el 61,8 por ciento de los créditos; en 1998, el 63,7, y en 1999, el 52,16 por ciento.
También explicó por qué la recuperación de los créditos es distinta, dependiendo del usuario. Por ejemplo, mencionó que los créditos de producción básica, es decir, aquellos que se otorgan a los más pequeños, son los que presentan mayores niveles de recuperación. En cambio, aquellos créditos que se otorgan a organizaciones, y que son mayores en cuanto a su monto, su recuperación es menor. Basta comparar que en relación a los pequeños productores, en 1999 la recuperación llegó a un 73,9 por ciento de los créditos otorgados y la recuperación en relación a las organizaciones campesinas -los que obtienen créditos mayores- sólo llegó a un 26,8 por ciento.
Es decir, en definitiva, se señala claramente que las organizaciones son las más morosas y las que presentan más dificultades para cumplir con sus compromisos.
Del mismo modo, estableció en forma muy clara que son 52 las organizaciones que concentran el 46 por ciento del total de lo que se le debe a Indap, y que las deudas de cada una son, por supuesto, superiores a 100 millones de pesos. O sea -como señalé-, son muy pocas las organizaciones que concentran la mayoría de las deudas del Indap.
¿A cuánto ascendería la deuda del Indap al momento en que informó su director nacional? Prácticamente, a 30 mil millones de pesos. Ésa era la deuda impaga al momento de la información del señor Maximiliano Cox .
Dentro de la relación que hizo el ex director nacional, sostuvo tajantemente que no existe indicio cierto de que haya funcionarios del Indap involucrados en actos ilícitos. Según él, es probable que existan problemas administrativos; puede haber alguna falta de acuciosidad en el otorgamiento de los créditos, pero no hay una corrupción generalizada.
En cuanto a las razones del sobreendeudamiento de las organizaciones, el señor Cox explicó que esto se debe en parte al problema general de rentabilidad de la producción agrícola y, a la vez, a una tendencia a guiar la diversificación productiva, la diversificación agrícola y la asociatividad sobre la base de créditos, y no utilizando los subsidios, que es la mejor manera de lograr el despegue de la pequeña agricultura.
Mencionó en aquel momento las 30 empresas más endeudadas con el Indap. En el informe aparecen las 30 más importantes y con mayores volúmenes de deuda. Algunos de sus representantes fueron escuchados por la Comisión. Se destacan, por ejemplo, la Empresa de Desarrollo Campesino, Sociedad Anónima, Decamp; la Cooperativa Buscando Desarrollo Limitada; la Sociedad Pulelfu, Sociedad Anónima, y otras que mencionaré.
Posteriormente, están los antecedentes que proporcionó la Contraloría General de la República, que son la piedra angular del informe y de las conclusiones de la Comisión.
El organismo contralor, a través de los señores Hernán Llanos González , jefe de la División de Auditoría Administrativa , y Raúl Aitken Lavanchy , jefe de Subdivisión Jurídica de esa División , informó que, efectuadas algunas auditorías en los últimos años en relación a Indap, entre 1994 y 1999 se determinaron diversas observaciones en el siguiente sentido: se otorgaron créditos a organizaciones campesinas con personalidad jurídica sin garantías suficientes. Ésa es la primera observación de la Contraloría.
Por otra parte, la Contraloría observó que no se acreditó que los miembros de las organizaciones fueran beneficiarios de los créditos que otorga el Indap.
Asimismo, se detectó el otorgamiento de nuevos créditos a organizaciones o sociedades que estaban morosas, contraviniendo el reglamento interno que regula esta materia, y que algunos de estos créditos no fueron utilizados en los fines pertinentes.
Además, se verificó que se otorgaron créditos a personas que poseen más de dos hectáreas de riego básicas y con activos superiores a 3.500 unidades de fomento, transgrediendo la normativa que rige la materia. Al mencionar eso, la Contraloría está diciendo que se otorgaron créditos a personas que no están calificadas como pequeños productores agrícolas, condición necesaria para obtener créditos del Indap.
Uno de los casos que más nos preocupó fue el de la sociedad Decamp. La Contraloría menciona que instruyó un sumario para investigar los hechos relacionados con las operaciones crediticias aprobadas a Decamp, desde 1991 a 1996. La investigación preliminar arrojó como resultado que al 31 de diciembre de 1999 los recursos adeudados a Indap por esta organización -que es la Sexta Región- ascendían a 919 millones de pesos, de los cuales 431 millones se encontraban en mora.
Hecha la investigación, se presentaron los antecedentes al juzgado de letras de San Fernando. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en el proceso con el objeto de ejercer las acciones criminales correspondientes y proteger los intereses del Estado.
En relación con Decamp, la Contraloría observó que, en definitiva, los créditos otorgados constituyeron una pérdida casi total para el Indap, pues de los 900 millones de pesos que se le prestaron no se recuperaron más de 58 millones.
De lo que menciona la Contraloría, lo más grave es que hubo una evaluación financiera de Decamp, hecha por el propio Indap. Incluso, un informe de fecha 23 de diciembre de 1994, del Departamento de Crédito del Instituto, hace presente el endeudamiento de esa empresa y sus exiguas utilidades. Posteriormente, en 1996, hubo otro informe, realizado por el señor Virgilio Montero , auditor del Indap, quien sostiene que la situación económica de la empresa es mala, que sus estados financieros están alterados, que no corresponden a la realidad, y que está claramente demostrada la insolvencia de la empresa. Es decir, se le prestó dinero a una empresa que, según la propia auditoría del Indap, era insolvente.
Señor diputado , le queda un minuto y medio para que termine su informe.
Francamente, no sé cómo voy a terminar en ese tiempo. Si se me concedieran otros siete minutos...
Son acuerdos de los Comités, por lo que debemos ceñirnos a ellos. Tengo que hacer cumplir esos acuerdos y debo ser ecuánime.
Señor Presidente , la Mesa debería tratar de otorgarme siete minutos más para terminar el informe; de lo contrario, no podré hacerlo, a pesar de que he reducido al máximo mi exposición.
Señor diputado , existe un acuerdo de los Comités que solamente puede ser revertido por acuerdo unánime de la Sala.
En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para que el diputado informante disponga de siete minutos más para poder terminar su informe.
Puede continuar con el uso de la palabra, señor diputado.
Como señalaba, el caso de Decamp es uno de los más emblemáticos. A pesar de que auditorías del Indap señalaron que era una empresa insolvente, dicho instituto le siguió otorgando dinero y, finalmente, figura debién-dole 900 millones de pesos al Fisco, cantidad que, obviamente, no la pagará nunca. Situaciones similares ocurren en otras organizaciones, las cuales se indican en el informe.
Observamos que los argumentos son demasiado contundentes para establecer la negligencia reiterada de parte del Indap para otorgar créditos sin que las organizaciones tuvieran las garantías suficientes. Son organizaciones que solicitan créditos y no dan garantías suficientes, como lo exige el propio reglamento del Indap.
Lo más grave es que el Indap aparece otorgando créditos a diversas organizaciones -que se investigan- para pagar, a su vez, deudas contraídas, lo cual, en definitiva, sólo sirvió para prolongar la agonía, por cuanto claramente sabían que era imposible pagar la deuda.
También hemos visto claramente -destaco que ésta es la visión unánime de la Comisión, puesto que las conclusiones fueron aprobadas por todos los parlamentarios- que existió negligencia en la forma de otorgar los créditos, que no se veló por los intereses fiscales, que se ocasionó una pérdida patrimonial cuantiosa, que la deuda morosa asciende a 30 mil millones de pesos y que gran parte de ella será una pérdida para el Estado porque no se podrá recuperar.
Esto no ha servido de nada a nadie. Los campesinos han perdido y el Fisco también ha perdido recursos.
Por otra parte, vemos con preocupación que funcionarios de menor nivel están siendo sumariados y perseguidos, en circunstancias de que no son los responsables. El responsable mayor y más nítido que se aprecia es el director nacional de la época, el señor Luis Marambio . Este juicio lo comparte la Comisión.
Ante esto, la Comisión concluye lo siguiente:
Que el Indap impulsó un proceso de asociación que llevó a que se constituyeran esas organizaciones;
Que se otorgaron créditos sin exigirse las garantías suficientes;
Que no hubo control sobre el uso de los recursos por las organizaciones;
Que el mal uso de los recursos fiscales no sólo ha significado una pérdida para el erario, sino, además, un perjuicio económico para los campesinos integrantes de las organizaciones, algunos de los cuales se constituyeron en avales de ellas y hoy le deben al Fisco, simplemente, porque de buena fe las avalaron, incluso por exigencias del Indap;
Que la gran responsabilidad reside en el director nacional del Indap de la época y en aquellos ejecutivos que autorizaban los créditos;
Que la Comisión ve con preocupación que hoy se responsabiliza de estos hechos a funcionarios de niveles medios, en circunstancias de que a quienes se les debe atribuir principalmente responsabilidades es al respectivo director nacional, a los directores regionales o a los jefes de áreas que ejercían sus cargos al momento de cometerse las irregularidades;
Que para la Comisión resulta particularmente grave que en el informe de la Contraloría General de la República se puede constatar que algunos créditos concedidos no fueron utilizados para los fines pertinentes, y
Que, con el fin de evitar que situaciones como las analizadas se vuelvan a repetir, la Comisión estima necesaria una profunda y urgente reestructuración del Indap a fin de que defina claramente su accionar, que transparente el uso de los recursos públicos, focalice su utilización en el pequeño productor agrícola y en proyectos productivos viables, y adopte todas las medidas necesarias para evitar en el futuro cualquier forma de intervención político-partidista o de influencias que subordine las necesidades de los pequeños agricultores y de sus organizaciones.
Asimismo, que el Gobierno estudie e implemente un mecanismo de solución para los graves problemas económicos sufridos por los modestos agricultores que avalaron a las organizaciones.
Éstas son, en síntesis, las conclusiones a que llegó la Comisión.
Lo que hemos investigado es de extrema gravedad y no hay dudas de que en el futuro debe transparentarse todo el accionar del Indap.
Señor Presidente , en primer lugar, no puedo sino sumarme al repudio por los malos manejos, errores administrativos y actos ilícitos, si los hubo, que han afectado al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario en el último tiempo.
No obstante, a pesar de la gravedad de lo anterior, si pensamos en el futuro de la agricultura más vulnerable, debemos constatar que ésta no puede quedar al margen de los procesos reactivadores en que está empeñado el país.
El Indap, más allá de sus errores, es la institución que mejor conoce a los agricultores y sabe cómo proyectar a la pequeña agricultura hacia los promisorios mercados que tenemos en el horizonte. Por lo tanto, necesitamos corregir las dificultades existentes y reestructurar la institución, muy especialmente en cuanto a sus procesos administrativos; pero, al mismo tiempo, debemos potenciarla para asumir nuevos desafíos, particularmente en el contexto de la asociación comercial con la Unión Europea.
En efecto, deben validarse las experiencias innovadoras en horticultura y el proceso de exportación; apoyar a los campesinos fruticultores y a quienes se dedican al cultivo de leguminosas de grano, a la apicultura, etcétera.
Los atendidos por el Indap, en su gran mayoría, son los más deprimidos por la estructura económica del país. En justicia, hay que decir que la mayoría de los funcionarios de esta institución ha entregado su vida al servicio público, con verdadera preocupación por los pequeños agricultores, porque no es lo mismo trabajar con quienes tienen ventajas para competir en el mundo que con aquellos que ni siquiera tienen para sembrar una hectárea.
En esta idea de cambiar la orientación del Indap, me asiste preocupación por la calidad de los productos chilenos en el competitivo mercado europeo. Por ejemplo, la exportación de carnes rojas tiene potencialidad, pero en el sur del país tenemos déficit en infraestructura, como es el caso de los frigoríficos que no están en condiciones para realizar una adecuada tipificación. Todo ello constituye una debilidad para fortalecer nuestra capacidad exportadora.
Además del apoyo que el Indap puede brindar en la línea antes mencionada, esta institución debiera crear urgentemente una unidad de fomento a la exportación, dotada de recursos. Debemos especializar a los profesionales del agro en procesos de comercio exterior. Hoy no más de dos de cada diez ingenieros agrónomos hablan inglés.
Asimismo, dado que hoy cuesta 5 millones de pesos cultivar una hectárea de manzanas, también debiéramos pensar en el otorgamiento de un bono frutícola.
Sólo si fortalecemos la infraestructura agroindustrial podremos desarrollar un dinamismo que signifique beneficios para los pequeños agricultores. En esta materia, el Indap todavía tiene mucho que aportar y el imperativo moral de hacerlo bien.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
Señor Presidente , quiero destacar el hecho de que la Comisión aprobara por la unanimidad de sus miembros un informe en el que se deja constancia de que han cometido actos irregulares en el Indap, varios de los cuales constituyen una abierta transgresión a la ley.
Estamos ante un caso de corrupción en el Indap. La investigación que llevó a cabo la Comisión tiene, como primer antecedente, las denuncias que senadores de la UDI y del diputado que habla hiciéramos en el período legislativo pasado, en especial acerca del otorgamiento de créditos a empresas sin seguir los procedimientos normados para la adopción de tal decisión.
Aunque muchos en ese momento pretendieron desdibujar las imputaciones, cuando la Contraloría General de la República confirmó las irregularidades denunciadas comenzó a aceptarse como un hecho la existencia efectiva de corrupción en el Indap. No pudo negarse que se había entregado de irregular manera una impresionante cantidad de dinero a personas cuyo principal mérito era ser correligionarias de los más altos ejecutivos del organismo público.
En los hechos investigados aparece un carrusel de nombres que de manera intermitente ocuparon cargos en el Indap o desempeñaron funciones cercanas a la Presidencia de la República en los primeros gobiernos de la Concertación.
Parte significativa de los recursos desviados irregularmente favorecieron a la empresa Decamp S.A., uno de cuyos fundadores es Maximiliano Cox, más tarde subsecretario de Agricultura del gobierno de Patricio Aylwin y, posteriormente, director del Indap . Otro de los fundadores es Hugo Ortega , quien posteriormente fue nombrado director del Indap. Un tercer miembro es Juan Manuel Cruz , quien fue subsecretario de Pesca en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Asombra ver cómo entre los altos cargos oficiales del sector agrícola y la dirigencia de Decamp había una enorme fluidez de intercambio, lo cual probablemente influía en el fácil e irregular otorgamiento de créditos a la empresa.
Lo medular de los hechos investigados es que se facilitó dinero público a entidades que no podían acceder a créditos de acuerdo con la ley. Por esta vía, el fisco ha perdido cerca de 30 mil millones de pesos, que, en parte importante, son irrecuperables. Y cuando digo “el fisco”, quiero decir que el país entero ha perdido recursos con los cuales se podría haber atendido con eficiencia los problemas reales y angustiantes de miles de campesinos y de pequeños agricultores que, por lo demás, según quedó establecido en la Comisión, son los que cumplen con mayor exactitud las obligaciones que contraen.
Quiero ser muy concreto en el establecimiento de los procedimientos irregulares que caracterizan la acción institucional del Indap en este escándalo
En primer lugar, el Indap no cumplió con el objetivo de otorgar asistencia crediticia de acuerdo con los fines establecidos en su ley orgánica, ya que ha quedado demostrado ante la Comisión que los recursos se entregaron sin los resguardos necesarios que permitieran su recuperación.
En segundo lugar, no existió ningún control sobre el uso de los recursos en los fines para los que habían sido solicitados y entregados.
En tercer lugar, hubo acciones de seguimiento de los créditos otorgados, y en los casos que éstas se realizaron, los informes que daban cuenta de serias irregularidades, incluso delitos, no fueron considerados por las autoridades del servicio.
En cuarto lugar, las irregularidades cometidas en el otorgamiento de créditos a organizaciones campesinas configuran, además de faltas al Estatuto Administrativo, delitos castigados por el Código Penal como fraude o malversación de fondos públicos.
¿Continúa la corrupción? Los hechos conocidos por la Comisión investigadora acontecieron entre 1994 y 2000. Podría afirmarse que estamos ante un conjunto de ilícitos perpetrados en el pasado, que hay que sancionar drásticamente para evitar su reiteración en el presente y en el futuro.
Sin embargo, una denuncia efectuada por el actual senador Jaime Naranjo , cuando era presidente de la Comisión investigadora y cuando ésta se encontraba terminando su cometido, nos dejó profundamente inquietos acerca de si estos comportamientos irregulares que denunciamos seguían cometiéndose.
El senador Naranjo denunció que el actual director del Indap había sido sorprendido por el ministro de Agricultura facilitando recursos al Partido Demócrata Cristiano en la pasada campaña electoral. Esta acusación no ha sido aún desmentida ni por el Indap ni por el secretario de Estado, por lo que habrá de ser consideda plenamente verdadera.
Frente a la denuncia del senador Naranjo , el Gobierno debe responder por la imputación concreta que se le hace a su ministro de Agricultura . Cabe preguntarse: ¿qué hizo el ministro ?, y ante su evidente silencio hasta ahora, ¿qué hace el Gobierno ante ello?
Recuerdo a la autoridad pertinente que una omisión en este caso lo podría convertir en encubridor de una asociación ilícita.
Desde esta Cámara de Diputados, emplazo al señor ministro a que diga si efectivamente conoció la situación denunciada por el senador Jaime Naranjo .
Estos casos no sólo han tenido un innegable costo para el fisco, sino, además, una serie de costos de carácter social.
Hay un costo de eficiencia. Está claro que el Indap no ha cumplido con las funciones para las que fue establecido como organismo del Estado.
Hay un costo social para los campesinos y pequeños agricultores, cuya relación con el Indap es deplorable. Ellos son apremiados de manera inmisericorde por el servicio de los créditos que deben pagar. La razón radica en que estos campesinos no pueden exhibir una trayectoria destacada en la Democracia Cristiana, condición indispensable, al parecer, para recibir un trato preferencial en Indap. En consecuencia, hay un costo para la vigencia del principio de igualdad de oportunidades.
Nuestra última afirmación apunta a que para acceder a créditos en el Indap hay que tener cercanía política con las altas instancias del organismo. Es decir, hay tráfico de influencias.
Molesta profundamente el mal uso de recursos. A los campesinos se les dan bonos misérrimos, mientras que a los camaradas se les entrega dinero con increíble ligereza. Indap habría dejado de servir a los campesinos con asistencia crediticia para convertirse, en la práctica, en una financiera.
Hay un costo para la eficacia de la vigencia del Estado de derecho. Se ha probado que, en estas materias, se viven días en que impera la impunidad.
El escándalo del Indap es similar al de las indemnizaciones concedidas a los directores y ejecutivos de las empresas públicas. ¿Quién paga las consecuencias de estas irregularidades? ¿Hasta cuándo se pierden millonarios recursos? El escándalo del Indap no puede repetirse. Para que ello sea así, se debe sancionar a los grandes responsables y no culpar a funcionarios menores como chivos expiatorios en este asunto.
Respecto de la reestructuración del Indap, tan profusamente anunciada, es necesario refundarlo y reorientarlo hacia los fines para los cuales fue creado. Debe seguir existiendo, pero hay que hacerle una reestructuración profunda para que, efectivamente, ayude al sector campesino, priorizando a los de origen mapuche, que son los más pobres dentro de los pobres.
El proceso de reestructuración debe asegurar que los recursos consultados para los campesinos efectivamente lleguen a sus destinatarios y no se desvíen en el camino. Por ello, no consideramos pertinente ni oportuno que a cargo del proceso de reestructuración esté don Arturo Barrera, actual subsecretario de Agricultura . No nos ofrece credibilidad que quien conduzca el proceso sea otra persona del mismo carrusel de repartos de cargos que se intercambian entre un gobierno y otro de la Concertación. En efecto, el señor Barrera fue jefe de gabinete de don Luis Marambio , director del Indap , cuestionado en esta secuencia de escándalos. Suponemos, por lo tanto, que tuvo conocimiento directo e inmediato de las irregularidades en las que tal director estuvo involucrado. Ignoramos si en esta oportunidad el señor Barrera las denunció o ha renunciado a sus funciones. Le negamos, por lo tanto, solvencia moral para asumir el rol de reestructurador del Indap.
Junto con la reestructuración de la entidad, somos partidarios de que a los pequeños deudores campesinos se les condonen los intereses de la deuda y se ponga fin a las ejecuciones a fin de entrar en un proceso de renegociación que tenga en cuenta el real interés social.
Queremos que en la reestructuración del servicio se atienda al eje central de la entidad: el servicio al campesino, al pequeño agricultor, a esas personas que por miedo a los burócratas se sienten discriminadas al concurrir al organismo.
Estimamos, en definitiva, que la reestructuración del Indap debe apuntar al saneamiento de la institución, a evitar la reiteración de procedimientos de corrupción, a contar con un servicio viable y eficiente y, fundamentalmente, al servicio de las personas, de los más pobres y de un efectivo desarrollo del sector agropecuario.
Señora Presidenta , quiero insistir en un tema que me parece importante. En esta sesión analizamos, con gran satisfacción, un informe que ha sido aprobado por todos los parlamentarios de la Comisión, es decir, todos los sectores políticos representados en la Cámara de Diputados estuvieron contestes con él, lo que, en mi opinión, le da gran legitimidad.
En seguida, no hay duda alguna de que el Indap es una institución tremendamente importante para el campesinado, y lo que deseamos es que subsista y se proyecte en el futuro, pero en un pie de transparencia, en el cual, en definitiva -tal como lo señala el informe de la Comisión-, se prioricen, fundamentalmente, los intereses de los campesinos; que sea un Indap que evalúe adecuadamente los proyectos antes de otorgar los créditos. Una de las mayores preocupaciones que hoy tenemos radica en que una cantidad impresionante de campesinos avalaron a sus organizaciones por insinuación directa de muchos directivos del Indap. En efecto, ante la falta de garantías reales para que estas organizaciones siguieran optando a los créditos, ellos no encontraron mejor fórmula que los dirigentes de las organizaciones campesinas avalaran las mismas. Hoy, como grave consecuencia de ello, esos agricultores se encuentran endeudados y aparecen en Dicom sin haber recibido ningún beneficio personal. Esto requiere una solución de parte del Gobierno. Cabe destacar -y con mucho énfasis-, que a causa de esta situación, en la que todos han perdido -el Fisco y los campesinos, porque no se observan proyectos productivos importantes-, se ha ocasionado, además, un perjuicio a los funcionarios del Indap. Hoy, con gran preocupación, vemos a un Indap paralizado, a funcionarios que ya no saben a qué atenerse ni qué créditos otorgar, para quienes la única solución es aplicar los reglamentos o las normas con una rigidez exagerada, perjudicando con ello a la gente. Por otra parte, hay funcionarios de niveles medios, por ejemplo ejecutivos de cuentas, que están sumariados, a pesar de que no son los reales responsables, quienes han quedado entregados a su propia suerte ante los tribunales de justicia, que están investigando todas estas irregularidades. Los verdaderos responsables de las irregularidades siguen en Indap, cuestión que nos preocupa y que debe ser corregida. Pensamos que ésta debe transformarse en una gran lección para que el organismo salga fortalecido y reoriente su acción hacia un rol de servicio, que es lo que realmente necesitan los campesinos.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
Estamos asistiendo a la discusión de un informe que ha emitido una Comisión especialmente constituida para investigar hechos relacionados con el funcionamiento del Indap. En tal contexto, es bueno partir por resaltar, una vez más, su rol en la agricultura familiar campesina y ante los pequeños agricultores, por cuanto aquí estamos hablando de un instrumento extremadamente valioso -diría insustituible- para el desarrollo de esa agricultura. Pareciera que, a la luz de la discusión, estuviéramos hablando de un mero trámite, de una simple institución que cumple un rol meramente administrativo, y no es así. Estamos hablando de una institución que cumple -y valga la redundancia- un rol insustituible en función de los pequeños agricultores. Hoy día, cuando se habla de tratados de libre comercio y de integración económica, debemos poner especial cuidado en que ésta se haga con suma preocupación y sensibilidad por aquellos que no pueden salir a competir en esa aldea global, por cuanto se encuentran prácticamente con las manos amarradas frente al proteccionismo que otros países u otras sociedades más desarrolladas les dan a sus agricultores. Una de las herramientas que tienen los pequeños agricultores para subsistir es justamente el Indap. Entonces, por esa razón, debemos poner especial cuidado en no manosear una institución tan valiosa como es el Indap. Si alguien piensa que por el hecho de que haya funcionarios que tengan alguna vinculación con la Democracia Cristiana y que están comprometidos en los hechos que se investigan nuestro partido no va a concurrir a la aprobación de este informe, está absolutamente equivocado. Por el contrario, lo vamos a aprobar porque creemos que las irregularidades se deben investigar y que esto prestigia aún más a aquellos que son capaces de limpiarse de las situaciones irregulares que cometen las personas debido a su debilidad humana y no como organización. En ese sentido, la Democracia Cristiana va a aprobar este informe. Siempre he sido partidario de denunciar e investigar los hechos para establecer las responsabilidades, pero ello también debe dar paso a una discusión responsable, porque no cuesta nada enlodar a personas sin que siquiera tengan la posibilidad de defenderse.
Quiero decirle a mi colega y amigo, el diputado señor Díaz , que conozco al señor Arturo Barrera desde los tiempos de la universidad. Me parece que él tiene de sobra la solvencia moral que el señor diputado le niega, porque ha sido capaz de llevar adelante un proceso en el que, como institución o Ministerio de Agricultura, está empeñado en esclarecer los hechos ocurridos. Hay un proceso judicial en los tribunales iniciado por el propio Indap con el mismo objetivo. Si se trata de solvencia moral, deberíamos remontarnos a hechos muy anteriores que, a lo mejor, el diputado señor Díaz ni siquiera conoce por su corta edad y que también deberíamos haber aprovechado de investigar. En verdad, lo sucedido con el Indap, que financió y dio créditos sin respaldo, asimismo deberíamos haberlo investigado en 1985, período en que encontramos antecedentes del gobierno de la época que dicen relación no sólo con estos hechos, sino también con situaciones mucho más graves. Como no se trata de empatar moralmente, hemos concurrido a aprobar este informe e, incluso, como Democracia Cristiana estamos dispuestos a recurrir a los tribunales para hacernos parte en esta situación, a fin de esclarecer las responsabilidades. Pero no estamos dispuestos a manosear una institución a la cual necesitamos fortalecida, corregida y al servicio de los pequeños agricultores.
La Democracia Cristiana tiene su vida política ligada íntimamente al mundo rural, no a los grandes agricultores, sino a los pequeños campesinos, a quienes siempre hemos respaldado. No en vano el Presidente Frei Montalva fue llamado “ Presidente de los campesinos”. Ésa es nuestra ligazón y nuestro cordón umbilical con el mundo rural. Por eso, siempre nos opondremos a que un organismo tan vital como el Indap sea manoseado y a que se plantee su disolución por algunos. Defenderemos a los funcionarios medios que no tienen responsabilidades y procuraremos establecer quiénes deben asumirlas, como también tenderemos a vigorizar el Indap. No vamos a dejar solos a nuestros campesinos, como muchos quisieran. Algunos desearían que esto se terminara y que en esta ley de la selva, como reza el dicho, el pescado más grande se comiera al más chico, es decir, que los agricultores grandes terminaran por estrangular a los pequeños campesinos, situación larga y tristemente reconocida durante los años setenta y ochenta, período en que se produjo un proceso de reversión de la Reforma Agraria por la falta de apoyo a los pequeños agricultores que incluso fueron engañados en materia de dominio de la tierra. Eso no lo vamos a aceptar. Si queremos llevar esta discusión al tema valórico, es necesario hacerla con altura de miras. Concurrimos a la aprobación de este informe porque no pretendemos ni tapar el sol con un dedo ni tampoco destruir una organización.
A propósito de la solvencia moral que se ha invocado, en la década de los ochenta una autoridad de Economía del gobierno de la época, don Martín Costabal , dijo a los pequeños agricultores que “se deberían comer las vacas para solucionar sus problemas”. Sin embargo, ya no estamos en esos años. Por eso queremos decirles a los pequeños agricultores que los ayudaremos a salvar sus vacas, a salir adelante con su agricultura, a defenderse en el mercado nacional económico y en la competencia que hoy afrontan con mercados internacionales. Estamos aquí para sacar la voz en defensa, fundamentalmente, de aquellos que necesitan de un Indap fortalecido y saneado, y con una reestructuración de raíz.
Esperamos, y tenemos el compromiso del Gobierno, de llevar a cabo la reestructuración del Indap en el más breve plazo por el bien de los pequeños agricultores y también del país.
La Democracia Cristiana apoya las conclusiones del informe, pero defiende al Indap, porque lo necesitamos cada vez más fuerte.
Señora Presidenta , la investigación llevada a cabo por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados es una de las más serias a la que a una comisión le haya correspondido efectuar no sólo por los montos económicos involucrados, sino también por el nivel y grado de irregularidades cometidas en el período sujeto a análisis.
Mi intención es graficar a los colegas que no tuvieron la oportunidad de participar en la Comisión algunas de las irregularidades de que da cuenta el informe que tienen en sus escritorios.
En primer lugar, durante mucho tiempo ha habido un esfuerzo concertado para forzar la asociatividad entre campesinos, sin detenerse en el hecho de que muchos de ellos y muchas organizaciones campesinas no califican para ser sujetos de créditos del Indap. Por lo tanto, no se puede sostener que el Instituto ha actuado como un organismo que ha buscado beneficiar al pequeño agricultor, porque si bien muchos de sus créditos tienen ese destino, las irregularidades que la Comisión investigó se detectaron en recursos entregados a personas que -repito- están muy lejos de calificar como pequeños campesinos sujetos al crédito del Indap.
En segundo lugar, el forzamiento de esa asociatividad llevaba consigo una grave irresponsabilidad a la hora de calificar la capacidad de gestión de estas organizaciones que se hacían cargo de millonarios créditos. Era evidente, a la luz de cualquier análisis frío, que esas “organizaciones campesinas” iban a ser incapaces de responder y de pagar a tiempo, o siquiera pagar, esos millonarios créditos.
La segunda irregularidad grave que se detecta es que hubo, de manera concertada y persistente, un atropello a toda la reglamentación interna del Indap para los efectos de otorgar créditos. Hubo un despilfarro de recursos difícil de explicar, lo que se tradujo en el otorgamiento de créditos a sabiendas de que las organizaciones beneficiadas no iban a poder responder, como lo terminaron demostrando los hechos. Para camuflar los créditos mal hechos se efectuaban renegociaciones de la manera más irregular: postergaciones permanentes en los pagos de estos créditos, sobre todo con organizaciones o instituciones que tenían clara insolvencia, que estaban en mora o, lisa y llanamente, ni siquiera tenían las garantías suficientes para responder a estos créditos.
En tercer lugar, y como es evidente, estos préstamos gigantescos que se concedieron a algunas organizaciones no guardaban ninguna relación con lo que debiera ser un manejo eficiente de los siempre escasos recursos del Indap. Por ejemplo, sólo a la empresa campesina Decamp se le prestó más de mil millones de pesos; a Procampo, más de 850 millones de pesos, y la cooperativa Buscando Desarrollo, más de 730 millones de pesos.
Sería fácil calcular cuántos miembros y pequeños agricultores tenían estas organizaciones para poder resolver la pregunta de cuántos miles de millones de pesos se le prestaban a tan sólo un puñado de agricultores y el resto iba a parar a los bolsillos de personas que no calificaban como sujetos de crédito del Indap. Es decir, pocos campesinos para proyectos de dudoso resultado práctico, pero de desastroso resultado económico. Como aquí se ha dicho, la pérdida puede llegar fácilmente a más de 30 mil millones de pesos. Por eso no es irresponsable señalar que ésta es probablemente una de las más graves irregularidades que le haya correspondido investigar a una Comisión de la Cámara.
Aquí también se ha dicho que la investigación se ha visto afectada por un manto de permanente tráfico de influencias. Existía un “pituto” consolidado al interior del Indap. Ésa es la verdad. Como alguien señaló aquí, había que contar con el carné de determinado partido político para tener un trato preferencial, mientras que en nuestras oficinas parlamentarias -todos los que estamos aquí lo sabemos- recibimos permanentemente a modestos campesinos que se vienen a quejar de trato discriminatorio y de que no los reciben, no los atienden ni los ayudan.
Se concluyó en la investigación que las irregularidades o escándalos no son un hecho casual ni fortuito, sino premeditado y organizado. Surgió la necesidad de utilizar políticamente los cargos y los recursos del Indap. No voy a aburrir a los señores diputados señalando cómo funcionarios que un día estaban en el ejercicio de determinado cargo, al poco tiempo ejercían otro y siempre en torno de las irregularidades que detectó la investigación de la Comisión. Para decirlo con todas sus letras, el Indap ha sido -espero que no lo siga siendo- una parcela para pagar favores políticos y utilizar sus recursos en campañas electorales de candidatos de Gobierno. Ésa es una verdad incontrarrestable.
Además, quiero destacar que las pérdidas económicas que arroja esta investigación deja residuos muy lamentables, porque hoy, digámoslo claramente, el Indap es un organismo de gran desprestigio en el mundo rural. Llevo 12 años como diputado y jamás he conocido un pequeño campesino que me diga: “Hoy día estoy un poco mejor, porque gracias al Indap pude salir adelante”. Por lo menos en mi región, nunca he conocido ese caso.
Eso nos obliga a preguntarnos -y a que se pregunte el Gobierno-: ¿de qué manera está operando el Indap que no ha sido capaz, a lo largo de los años, de sacar adelante a los pequeños agricultores, de otorgarles mejores posibilidades de surgir y de desarrollarse? Por el contrario, sólo ha recurrido a la vía de endeudarlos.
Por lo demás, también es un hecho indesmentible que hoy el Indap tiene, en un porcentaje importante en el mundo campesino, nula credibilidad. Será por los problemas que tiene la agricultura, pero hoy una frase común en el campo es decir: “No voy a endeudarme con el Indap, porque no tendré cómo pagar esos créditos”.
Tal vez por eso, al final de esta investigación se detecta que el Indap privilegia los créditos a empresas no necesariamente constituidas por pequeños agricultores.
Todo esto ocurre -y quizás es lo más doloroso de todo- a pesar del esfuerzo de muchos funcionarios del Indap que hacen su trabajo, a veces, con la presión de tener que utilizar políticamente la institución y sus cargos. Ésas son conversaciones que muchos de esos funcionarios tienen de manera reservada con los parlamentarios; estoy seguro de que no soy el único. Pero resulta indignante, a pesar del esfuerzo que hacen por tratar de levantar una institución tan desprestigiada y sin credibilidad, que además se les pretenda culpar de las irregularidades. Eso es simplemente una desfachatez inaceptable.
El diputado señor Jiménez no tiene la razón: no queremos terminar con el Indap. Lo que queremos es terminar con los escándalos. Entendemos que este organismo puede ayudar mucho a los campesinos, siempre que nadie se lo quiera llevar a la casa, con funcionarios dedicados a hacer política en muchos casos, o con sus recursos destinados a financiar campañas electorales. No es ése el Indap que queremos, sino un organismo profesional, claramente destinado a desarrollar la agricultura campesina, no uno plagado de irregularidades y de escándalos.
Quiero creer que la denominada reestructuración del Indap rendirá frutos, pero estaremos muy atentos a los procedimientos y cambios que se están produciendo en su interior. Lo haremos porque concurriremos con nuestros votos tantas veces como sea necesario para constituir comisiones investigadoras que establezcan las irregularidades que puedan ocurrir al interior de este organismo.
Los que representamos al mundo rural ya no tenemos respuestas para explicar a los pequeños campesinos por qué el Indap procede de la manera tan irregular como lo ha hecho.
Corresponde que los diputados de Gobierno y de Oposición tengamos respuestas claras para decir a los campesinos que ahí hay un organismo serio en el que pueden apoyarse, el cual, sin duda, les tenderá la mano cuando lo necesiten.
Colega Jiménez, no queremos eliminar el Indap; lo que deseamos es terminar con el escándalo.
Señora Presidenta , junto con el ex diputado Naranjo y otros pedimos que se constituyera esta comisión investigadora. Fuimos nosotros los que planteamos, en forma reiterada, que el Indap estaba cumpliendo un ciclo y que parte de él se reflejaba en profundas debilidades que, a su vez, se manifestaban en irregularidades al momento de otorgar algunos créditos. Creo que las conclusiones son obvias.
¿Se ha fracasado en una política o ella se ha aplicado mal? La discusión es si se deben otorgar créditos para apoyar la asociación de pequeños productores o si el Estado debe ser indiferente a esa realidad y permitir que el mercado termine eliminando a los pequeños propietarios agrícolas, quienes, por su propia cuenta, muchas veces no son capaces de surgir. Esto debe ser parte del debate.
Algunos colegas, por ignorancia, han vertido conceptos en ocasiones excesivos. Los créditos otorgados a las asociaciones fueron posible gracias a la modificación de la ley orgánica del Indap, a cuya votación todos concurrimos en esta Sala años atrás. Pero ése no es el tema, sino si el proceso de asignación de créditos y la política que se implementó se llevaron a cabo con eficacia o si se produjeron, como yo creo que ocurrió, enormes irregularidades al momento de otorgarlos.
Quiero hacer una defensa de los funcionarios de carrera del Indap, que muchas veces fueron pasados a llevar en este debate. En la Sexta Región, muchos funcionarios del Indap señalaron la inconveniencia de otorgar créditos a Decamp, debido al estado de morosidad de la empresa, además de un conjunto de otras reflexiones.
Sin duda, hubo errores en la conducción política, pero no de todo el Indap. Está equivocado el colega Galilea , porque hay pequeños productores a los que les ha ido bien con el Indap. Sí, hay pequeños agricultores que han logrado sobrevivir con tremendo éxito en momentos de reorganización de la economía agrícola del país durante los últimos 20 años. A otros no, es cierto, pero dependiendo de la ubicación geográfica. Éste no es sólo un problema de los pequeños agricultores, sino de la economía agrícola de Chile. Por ello, es importante no generalizar en ciertas afirmaciones.
El Indap ha cumplido un ciclo. En su última etapa hemos detectado enormes irregularidades en el otorgamiento de ciertos créditos a organizaciones como Decam, caso que denunciamos oportunamente y que quisimos evitar que llegara a esta Sala. Dijimos en forma reiterada que no era bueno llegar a este punto; pero creemos que ha sido positivo discutirlo, ya que nos ha permitido revisar la nueva institucionalidad que necesita el Indap en una economía que se internacionaliza cada vez más.
También hay otras cosas que no podemos dejar pasar. En este caso, hemos visto un fenómeno muy nocivo del Estado chileno: la politización de la Contraloría General de la República, que filtra documentos públicos, que los da a conocer cuando se encuentran en estado de sumario, lo que ha llevado a que personas del ámbito político y ciudadanos juzguen a otros en forma previa.
Lamento los calificativos del colega Díaz , quien frente a irregularidades usa el vocablo “corrupción”. No tengo la menor duda de la honorabilidad de Maximiliano Cox y de Hugo Ortega en cuanto a que ellos no se llevaron un solo peso a sus casas. Otra cosa es que puede haber habido funcionarios que llevaron a cabo políticas erróneas que significaron pérdidas para el Estado, situación que sí creo que ocurrió. En lo sucedido hay responsabilidades políticas, pero los tribunales deberán decidir si también hay responsabilidades penales. No es correcto que cuando se lleva a cabo una investigación administrativa, el subcontralor de la República sea utilizado para politizar un debate, como sucedió en esta ocasión, pues ello le hace mal a una institución permanente del Estado.
Señora Presidenta , aprobaremos las conclusiones del informe. Queremos un Indap más fuerte y compenetrado con las modificaciones y transformaciones de la pequeña agricultura. Entendemos que aquí no debe ponerse en discusión la importancia de la organización del mundo campesino. Debemos tener una política diferenciada entre ese estamento y la gran mayoría de pequeños agricultores que no están asociados o en condiciones de hacerlo, pero que necesitan el apoyo activo del Indap, porque aquí ocurrió un fenómeno: una gran cantidad de recursos fue a estos grupos organizados, pero muchos de quienes no estaban asociados no fueron atendidos en forma adecuada o proporcionalmente al apoyo millonario que recibían los organizados, y sólo a veces se les otorgó créditos de 100 mil pesos o de 200 mil pesos. Eso obliga a repensar en la reestructuración del Indap y en una política que permita no sólo viabilidad económica, sino también social y cultural de nuestro mundo rural.
Votaremos a favor de las conclusiones del proyecto de acuerdo. Esperamos que se aclare el concepto de corrupción, porque aquí se ha juzgado a todos los funcionarios del Indap por igual, lo que les ha provocado un gran daño. Se ha paralizado la institución haciendo creer que todos son responsables, en circunstancias de que sólo unos pocos tienen responsabilidad política, debido justamente a una política mal aplicada. Como señaló el colega Galilea -ello consta entre las conclusiones del informe-, hubo tráfico de influencia, y la Cámara quiere corregir esa situación, lo que significaría un gran avance.
Tiene la palabra el señor Recondo .
Señora Presidenta , la Comisión decidió focalizar su investigación en la constatación de, al menos, dos datos, los que fueron entregados por las propias autoridades del Indap. Uno de ellos señalaba que gran parte del patrimonio financiero del Indap estaba concentrado en las treinta organizaciones campesinas más endeudadas.
Antes de entrar derechamente en el tema, quiero recoger brevemente algunas afirmaciones del diputado señor Jiménez , en particular cuando expresó que no aceptará que se manosee al Indap. Quiero recordar a su Señoría que esta investigación se llevó a cabo no porque nosotros hayamos manoseado al Indap, sino para evitar que se siguiera adelante con esa práctica.
En estas treinta organizaciones en las que la Comisión centró su investigación, pudimos comprobar, en primer lugar, que en la política del Indap -esto fue reconocido por las propias autoridades del ministerio- hubo un error profundo al utilizar el crédito como incentivo para lograr la asociatividad de los campesinos y conformar la organización campesina. Por ello, muchos de los créditos otorgados terminaron en lo que todos sabemos, en créditos difíciles de recuperar, lo que nos permite afirmar que alrededor de 30 mil millones de pesos del patrimonio del Indap aparecen hoy como irrecuperables.
No somos nosotros los que estamos manoseando al Indap. Estamos constatando el manoseo de quienes tuvieron la responsabilidad de dirigirlo, lo que es distinto.
Se constató el uso indiscriminado de estos créditos, precisamente para lograr la conformación de estas organizaciones. Sólo un ejemplo: la Sociedad Pulelfu, en la Décima Región. En los niveles más altos del ministerio se pensó y se creó un proyecto. Se buscó a veinte pequeños agricultores para llevar a cabo esa idea. Se les hizo constituir una sociedad anónima para entregarles un crédito de aproximadamente 300 millones de pesos, con el fin de que los invirtieran en la explotación de un rubro desconocido para ellos.
Ahí empieza la desgracia de esos campesinos que no han tenido ni la asesoría adecuada ni el respaldo del Instituto y, por lo tanto, hoy esa deuda, obviamente, es morosa e irrecuperable. Además, los campesinos le deben impuestos al Servicio de Impuestos Internos. Ese ejemplo podemos reproducirlo en muchas de las treinta mayores organizaciones endeudadas.
El déficit financiero del Indap significa que miles de millones de pesos perdidos no pudieron ser colocados entre pequeños agricultores. Pero ha habido un segundo perjuicio, a nuestro juicio, también grave: el daño a los funcionarios de carrera, a los empleados de planta del Instituto, para quienes la ayuda a los pequeños campesinos ha sido motivación permanente de su vida y de su trabajo. A ellos se les ha pasado a llevar reiterada y sistemáticamente con la incorporación de gente de confianza, funcionarios a contrata, fuera de planta o a honorarios, en condiciones infinitamente mejores que las del personal de planta, la que ha gozado de la confianza de los directivos. Con esto, se ha contribuido al uso político que se ha hecho del Indap en estos últimos años.
Eso ha generado un problema de imagen -que ya conocemos deteriorada- no sólo del Instituto, sino, además, de los funcionarios de planta y de carrera que han tenido que sufrir los malos manejos que hemos constatado en la Comisión.
Finalmente, quiero agregar un hecho que me parece de la mayor gravedad. Mientras la Contraloría y la Cámara de Diputados realizaban la investigación de las irregularidades en la entrega de créditos que hizo el Indap y se cuestionaba la gestión del Instituto, lo que nos llevaba a pensar que sus directivos iban a ser cautos en el manejo de ese servicio, ellos estaban vinculados fuertemente a una intervención electoral escandalosa durante la última campaña parlamentaria.
Quiero dar a conocer algunos datos. En la entrega del denominado “Bono de producción agrícola familiar campesino”, el bono de los 100 mil pesos, el Instituto gastó más de 2.500 millones de pesos. Reconocemos que esos bonos estaban dirigidos a sectores muy pobres. Para contar con los fondos necesarios tuvo que reformar su presupuesto original y suplementar una partida especial. Pero lo curioso es que esos bonos se entregaron a partir del 26 de noviembre del año en campaña. Por lo tanto, fue evidente la intención de intervenir electoralmente con los recursos del Indap.
Y no sólo eso. Si se pensaba que ese programa era necesario, como es probable que lo fuera porque con él se ayudaría a campesinos muy pobres, entonces lo lógico sería que en el Presupuesto del año 2002 se hubiera considerado al menos igual volumen de recursos para mantenerlo. Sin embargo, si revisamos el presupuesto del Instituto de Desarrollo Agropecuario para este año veremos que se retrotrae al presupuesto original y no está contemplado el aumento que se hizo en la campaña presidencial.
Sé que no corresponde en esta sesión, pero me gustaría que se recabara la unanimidad de la Sala para solicitar al director del Indap , al subsecretario y al ministro de Agricultura información acerca de la anunciada reestructuración de ese organismo, qué se ha hecho hasta ahora en esa materia y cuál es el proyecto al que está abocado el ministerio. Necesitamos conocerlo porque tenemos la sospecha de que hasta aquí no hay reestructuración alguna.
Me parece incompatible e incompetente que los mismos directivos del Indap que estaban durante la investigación que realizaba la Cámara sobre la intervención electoral sean los que pretendan reestructurar el Indap.
Pido la unanimidad de la Sala para proceder de la manera solicitada.
No se requiere unanimidad, señora Presidenta .
Según el artículo 296 del Reglamento, se requiere, señor diputado .
¿Habría unanimidad para proceder de la manera solicitada?
Señora Presidenta, en esta investigación hemos participado casi todos los parlamentarios.
Ahora, en honor a la justicia, deseo señalar que conozco a Maximiliano Cox -sé que proviene de una familia honorable de mi distrito- y que lamento mucho que sea el pato de esta boda, porque fue la primera persona que llegó al Congreso después de ser nombrado director del Indap -hago esta aclaración en mi nombre y en el de mi colega Leopoldo Sánchez -. Dijo aquí que pretendía hacer las cosas más transparentes en ese organismo, que deseaba evitar el posible tráfico de influencias que en un momento dado se llevó a cabo.
Por otra parte, la mayoría de los funcionarios del Indap se sienten dolidos, desde el portero hasta los profesionales, porque de una u otra manera han sido tocados. Al respecto, quiero dejar en claro que el Indap es una institución importante para el mundo agrícola, en especial para los pequeños campesinos.
Después de escuchar varias intervenciones duras, algunas un tanto ligeras y otras muy acertadas, creo que debemos mirar hacia el futuro. En ese sentido, me gustaría que el Congreso estuviese consciente de que ese organismo es un instrumento importante para el campesinado, y no porque algún funcionario o directivo aparezca consignado en el informe vamos a hacer tabla rasa de un instrumento de capital importancia ahora que nos anuncian un acuerdo con el mercado europeo y un posible acuerdo bilateral con Estados Unidos. El Instituto constituye un instrumento fundamental para la reconversión, para la modernización y para hacer más eficiente el quehacer campesino, porque -digamos lo que digamos, y puede que algunas de las cosas que se dicen acá sean ciertas- debemos reconocer que cientos de miles de campesinos han recibido reales beneficios en organización, en capacitación y en producción, a través de políticas acertadas.
Por intermedio de la Mesa quiero decir al secretario general de la Presidencia , señor Mario Fernández , presente en la Sala, que el primer compromiso que debe asumir el Gobierno es cómo hacer más transparente, eficaz y eficiente la gestión de dicha institución, y cómo lograr que al campesinado se le entreguen créditos a más largo plazo, porque es imposible que un productor campesino los pueda pagar de un año para otro.
Debemos mirar hacia el futuro y defender un organismo tan importante para los grandes desafíos que deberá enfrentar nuestro país.
Señora Presidenta , después de escuchar a varios de mis colegas parlamentarios, me sumo a lo dicho sobre la importancia que tiene el Indap para la pequeña agricultura. No obstante, debo hacer varias precisiones frente a lo manifestado en esta Cámara, en el contexto en que vive la pequeña agricultura y de las reformas que se hicieron al Indap a partir de los años 90.
En los gobiernos de la Concertación, los Presidentes señores Frei y Aylwin se hicieron cargo del abandono en que se encontraba la pequeña agricultura familiar campesina. Para asumir este desafío, se estableció un conjunto de políticas y acciones coherentes que se mantuvieron en el tiempo y se orientaron en cuatro grandes objetivos estratégicos:
l.	Empresas asociativas y organizaciones de productores.
2.	Formación de capital de trabajo productivo.
3.	Revalorización de mercados como promotores de inducciones y de cambios, y
4.	Incorporación de tecnologías para el desarrollo de nuevos productos y nuevos mecanismos de gestión.
Ése fue el contexto que, en 1990, impulsó la Concertación en este instrumento llamado Indap.
Los esfuerzos empeñados se tradujeron en resultados concretos que hoy nadie puede ocultar. En el decenio del 90 al 2000 se crearon y se desarrollaron más de mil quinientas empresas y organizaciones de productores, generando en el mundo rural una nueva topografía institucional. Se abrieron más de veinte nuevos rubros de producción orientados a mercados, cuyo resultado más visible -muchos de los colegas la visitaron- fue la Expo Nuevo Mundo Rural. Sin embargo, los incrementos de la productividad de la agricultura familiar campesina, generados en ese período, no compensaron la abrupta caída de los precios agropecuarios que se presentó con una disminución de más del 60 por ciento. Sin duda, la Comisión no tomó en cuenta esta explicación.
Permítanme hacer un paréntesis acerca de la famosa cifra de los 30 mil millones de pesos. Este valor, en estricta verdad, corresponde a la cartera de créditos al 31 de diciembre de 2001, de un total de mil doscientas sesenta y siete empresas campesinas. Ello no quiere decir que esos créditos no sean cobrables o sufran deterioro patrimonial. De esas empresas, más de seiscientas -casi el 50 por ciento- se encontraban con créditos vigentes y desarrollando sus proyectos normalmente, comprometiendo a la fecha una suma de crédito cercana a los 18.500 millones de pesos, los cuales estaban plenamente operativos. Las cifras entregadas por la Comisión, sólo en la pérdida patrimonial corresponderían a un cuarto de estos 30 mil millones de pesos.
Quiero poner un solo ejemplo: el caso de la empresa Decam S.A. Según el diputado señor Ceroni , eran recuperables alrededor de 58 millones de pesos. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que aún quedan garantías vigentes: un edificio completo y una parcela de más de 8 hectáreas por vender.
Por ello, pido al diputado señor Ceroni profundizar el informe que ha dado a conocer, porque la Democracia Cristiana, al menos, no quiere ocultar absolutamente nada. Sólo le pido profundizar el estudio, porque aún hay muchos antecedentes que no se han incorporado.
A continuación, quisiera hacer algunas consultas. En primer lugar, ¿por qué no fue citado don Juan Manuel Cruz por la Contraloría General de la República, quien debía hacerse cargo de gran parte del problema de la empresa Decam? ¿Por qué no se citó también al señor García Huidobro , jefe de Desarrollo Agrícola del Indap , quien se hizo cargo del documento que realizó Virgilio Montero?
Le resta un minuto, señora diputada .
Para mí es un deber exigir acuciosidad en el análisis y un menor sesgo político en las conclusiones.
Debemos velar por la honra de las personas y por el objeto de la política y de las instituciones, cuando corresponda. Así seremos los primeros en enjuiciar las irregularidades, pero también los primeros en defender la dignidad de los funcionarios del Indap, sea a contrata o a honorarios, y en defender la dignidad de los campesinos de Chile.
Señora Presidenta , en mi calidad de presidente de la Comisión de Agricultura de esta honorable Cámara, debo opinar sobre los hechos que nos ocupan, porque hay una implicancia que afectará a un innumerable número de chilenos, de pequeños campesinos y, por cierto, a funcionarios públicos que prestan servicios en el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
De las conclusiones aprobadas por unanimidad en la Comisión investigadora se desprende, sin ninguna duda, la existencia de hechos irregulares en el accionar al interior del Indap, los cuales, por un acto de respeto hacia los perjudicados -usuarios de esta institución- y también a los autores de los mismos -quienes serán sumariados y sancionados por los organismos competentes, ya sea en los tribunales o en la Contraloría-, se hace urgente asumir el problema y darle una rápida solución.
Un principio básico en el estudio de las corrupciones a nivel de Estado indica que, para que exista un corrupto, debe existir también un corruptor. De manera que la urgencia para abordar el tema, hace necesario establecer que el Indap promovió proyectos que ni los campesinos ni los funcionarios estaban en condiciones de realizar (los primeros, por falta de capacidad de gestión, y los segundos, por la excesiva carga de trabajo), por cuanto había más de treinta y cinco programas distintos, sin contar con los mecanismos de seguimiento y de apoyo necesarios para cada una de estas etapas en desarrollo.
¿Qué se podría decir de los funcionarios que ejecutaron las políticas institucionales creadas por sus superiores con ayuda de asesores, que tampoco tienen responsabilidad? ¿Cómo se encontrarán aquellos empleados públicos que se han visto enfrentados a sumarios administrativos que se prolongan indefinidamente, con el consiguiente daño psicológico que una situación de incertidumbre laboral provoca al afectado y a su familia? Por ejemplo, hace más de tres años que el sumario administrativo del caso Decam está en curso, y aún no se resuelve.
Estas materias, que desgraciadamente se han hecho parte de la realidad cotidiana de los funcionarios y de los campesinos, deben llevarnos a reflexionar y a implementar, a la brevedad, los mecanismos necesarios para solucionar los graves errores cometidos, que han paralizado al Indap.
Por ello, las autoridades deben abordar algunos temas básicos.
Por un lado, que el endeudamiento que la pequeña agricultura mantiene con el Indap, sus causas y formas de solución, vayan más allá de las propuestas que, sin éxito, han sido implementadas hasta el momento, y luego, crear nuevos programas.
En segundo lugar, una profunda modernización del Indap, dentro de un plazo determinado, que incluya una modificación a su estructura legal y una nueva ley de planta para sus funcionarios, que les permita desempeñarse en una institución prestigiada tanto interna como externamente.
Por ello, me sumo a lo propuesto por el diputado señor Carlos Recondo.
De acuerdo con lo anunciado públicamente el 7 de marzo recién pasado por el señor Arturo Barrera , quien informó, por instrucciones del Presidente de la República , que dentro del mes de marzo de este año se procedería a reestructurar el Indap, sugiero invitarlo a fin de que informe a esta Sala, en sesión pública, cómo se realizó la misión encomendada por el Primer Mandatario. A dicha sesión también deberían concurrir el director nacional de Indap , don Ricardo Halabí ; los dirigentes de los campesinos y los dirigentes gremiales de los funcionarios del Indap.
En caso de que dicha reestructuración no se haya concretado, propongo la creación de una comisión reestructuradora, integrada por representantes de los Ministerios de Hacienda, de Agricultura, de la Secretaría General de la Presidencia , de la Dirección del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de los usuarios del Indap y de los dirigentes gremiales de los funcionarios.
Ha concluido su tiempo, señor diputado .
Si no logramos ponernos de acuerdo en estas materias, el trabajo de la Comisión investigadora se perderá con el transcurso del tiempo.
Por lo anterior, llamo a realizar la tarea pendiente, dejando de lado las diferencias partidarias y celebrando la disposición general de reconocer la importancia del Indap; además, nuestra obligación es de protegerlo como institución, con la necesidad -como decía nuestro colega Jaime Jiménez - de asumir los errores y las responsabilidades personales por los directivos de dicha institución.
Con estos antecedentes, votaré favorablemente las conclusiones del informe.
En votación las conclusiones del informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
Aguiló,Alvarado, Allende (doña Isabel), Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Díaz, Encina, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Jiménez, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Luksic, Masferrer, Meza, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Silva, Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.
Araya, Mulet y Sepúlveda (doña Alejandra).
-Se levantó la sesión a las 19.07 horas.
1.	Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que otorga un bono a los funcionarios públicos que indica. (boletín Nº 2920-05)
Remito a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar un bono a los funcionarios públicos de la administración central que se señalan en el texto de la presente iniciativa, pagado en 2 cuotas.
I. ACUERDO ANEF.
El otorgamiento de este beneficio forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, como resultado del diálogo que culminó con la firma del Protocolo denominado “Acuerdo sobre el Nuevo Trato Laboral Gobierno-Anef”, suscrito con fecha 5 de diciembre de 2001.
El “Nuevo Trato Laboral” tiene por objeto desarrollar una política integral de personal en la Administración Central, y además, refleja la opción del Gobierno de privilegiar el diálogo y los acuerdos como el principal mecanismo para construir ambientes organizacionales favorables para seguir mejorando las condiciones de trabajo para los funcionarios públicos, y continuar impulsando diversas iniciativas que modernicen y hagan más transparente la gestión de las instituciones públicas proporcionando mejores servicios a la ciudadanía.
Los ejes centrales del Nuevo Trato laboral son: la modernización y profesionalización de la carrera funcionaria, la promoción de mayor eficiencia y productividad de los servicios públicos a través de mayor inversión en capacitación funcionaria, más estímulos al desempeño en la estructura salarial del personal, el establecimiento de una nueva Institucionalidad Laboral y una nueva política de desarrollo del personal.
Los actores gubernamentales y gremiales coinciden que este Nuevo Trato Laboral ayudará a tener una gestión pública eficiente, eficaz y transparente lo que ayudará a alcanzar las metas del proceso de modernización: construir un Estado de servicio a la ciudadanía, agente y promotor de la igualdad de oportunidades.
II. NUEVO TRATO LABORAL.
Los principales aspectos del Nuevo trato Laboral son:
1.	Desarrollo de la Carrera Funcionaria.
En lo que se refiere a la profesionalización de la carrera funcionaria, el acuerdo contempla:
a.	Extender la carrera funcionaria, por norma general, hasta el tercer nivel jerárquico de las instituciones públicas, reduciendo en consecuencia el personal de exclusiva confianza y fortaleciendo los mecanismo de evaluación del desempeño de estos altos funcionarios.
b.	Elaborar las normas y procedimientos que permitan introducir los concursos internos como mecanismo para disponer las promociones en las plantas de directivos, profesionales, fiscalizadores y técnicos. Dichas regulaciones se orientarán especialmente a asegurar la transparencia, objetividad y ecuanimidad de los concursos mediante el perfeccionamiento del sistema vigente.
c.	Aumentar la inversión en capacitación funcionaria fomentando una capacitación pertinente al proceso modernizador y garantizando el acceso equitativo a los funcionarios.
d.	Perfeccionar el actual sistema de calificación del desempeño funcionario.
e.	Completar al 2003 la regularización de contratos a honorarios, permitiendo que las personas que realizan labores propias y permanentes de los servicios sean reconocidos como funcionarios.
2.	Incentivos al retiro.
Con el objeto de incentivar el retiro de los funcionarios que han cumplido la edad de jubilar y agilizar y perfeccionar la carrera funcionaria, se ha acordado:
a.	Establecer un sistema permanente de incentivos al retiro, consistente en una compensación equivalente a un mes de remuneración por cada dos años de servicio, con un tope de 9 meses para todos los funcionarios que hayan cumplido la edad para jubilar, más un mes adicional por criterio de género. La remuneración que se considerará será el promedio de las 36 últimas rentas, expresadas en términos reales.
b.	El beneficio se financiará a través de aportes de los servicios públicos y de un fondo solidario de capitalización colectiva.
c.	El fondo tendrá un consejo integrado por representantes del gobierno y de los funcionarios, su administración será licitada a instituciones especializadas y sus fondos invertidos en el mercado de capitales en forma similar al fondo solidario del seguro de cesantía.
d.	El diseño contempla un período de transición que se extenderá hasta 2004, con beneficios que estimulen el retiro de los funcionarios que tengan cumplidos los requisitos para jubilar con anterioridad al inicio del sistema.
3.	Nueva Política de Remuneraciones.
El tercer aspecto del Nuevo Trato Laboral es la Nueva Política de Remuneraciones, cuyos componentes centrales son los siguientes:
a.	Incrementar la asignación de modernización de la ley Nº 19.553 desde el promedio de 11% vigente a un 19%, en un plazo de tres años, tanto en su componente base como en sus componentes variables.
b.	Al interior del componente variable de la asignación, se reemplazará el incentivo por desempeño individual, por un incentivo por desempeño colectivo. Este último se aplicará en base a los logros efectivos en la gestión por parte de unidades de trabajo al interior de los servicios públicos -lo que implica un nuevo componente de descentralización institucional-, sean éstas de carácter funcional o geográfica.
c.	Como resultado de este conjunto de modificaciones, las remuneraciones ligadas a desempeño, consistentes en el componente de desempeño institucional y el nuevo componente de desempeño colectivo por equipos de trabajo pasará de un promedio de 5% a 9%, lo que exige de los servicios públicos el desarrollo de mecanismos más pertinentes que vinculen salarios con la productividad institucional.
d.	En atención a las especiales condiciones de aislamiento geográfico y de costo de vida de las regiones XI y XII, se otorga una bonificación especial a los funcionarios de los servicios del gobierno central y de los gobiernos regionales que se desempeñan en esas regiones, que se aplicará gradualmente en 2002 y 2003.
e.	Incrementar el viático por faena desde un 20% hasta alcanzar un 40% en 2003.
4.	Institucionalidad para la gestión de personal en el sector público.
El acuerdo contempla también un fortalecimiento de la institucionalidad ligada a la administración de personal en el sector público. Dicho proceso tiene como propósito profesionalizar la gestión de recursos humanos, fortalecer las instancias de participación y asegurar el pleno cumplimiento de las normas laborales al interior del sector público.
Con este objeto se ha creado una Comisión Técnica que se encuentra elaborando un informe que sea la base del proyecto de articulado legal que permita crear una oficina del Servicio Civil, con carácter de servicio público, que tendrá como responsabilidad promover y supervisar la aplicación descentralizada de las políticas de personal en el conjunto de la administración pública central.
Estos ejes conforman el Nuevo Trato Laboral que facilitará el reforzamiento de una nueva política de desarrollo del personal de la administración central, que se armoniza con el esfuerzo realizado en los últimos años por dignificar y profesionalizar los servicios públicos, consolidando así el desarrollo de un Estado al servicio de la ciudadanía.
Las materias del Nuevo Trato que requieren modificaciones legales se expresarán en un proyecto de ley que será sometido a la consideración de ese H. Congreso, a más tardar el 30 de junio del presente año. Dicho proyecto, que actualmente está en elaboración, abordará todos los temas contenidos en el Acuerdo sobre el Nuevo Trato Laboral, descritos en este mensaje.
III. EL BONO QUE SE OTORGA.
El otorgamiento del bono de que trata la presente iniciativa, significa, entonces, un anticipo de los contenidos y beneficios consensuados en el acuerdo del Nuevo Trato que se entrega a los funcionarios de los servicios involucrados en esta nueva política de personal.
El artículo 1° concede a los trabajadores que indica, un bono especial no imponible, ni tributable, que se pagará en dos cuotas. La primera, efectiva después de la publicación de la ley; la segunda, se cancelará en octubre.
El monto del bono será de $ 80.000 para los trabajadores cuya remuneración líquida promedio en los tres meses anteriores a la fecha de publicación de la ley, sea igual o inferior a $ 270.000 y de $ 35.000 para aquellos cuya remuneración líquida, durante el mismo período, supere tal cantidad y no exceda de $ 1.050.000.
Por el artículo 2° se señalan las normas pertinentes al financiamiento del beneficio que esta iniciativa legal concede.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente
“Artículo 1°.- Concédese un bono especial no imponible ni tributable de $ 80.000, a los trabajadores que se señalan en el inciso siguiente, cuyas remuneraciones líquidas percibidas en el mes de febrero de 2002, sean de un monto inferior o igual a $ 270.000 y de $ 35.000, cuando este monto supere tal cantidad y no exceda de $ 1.050.000.
Este bono se pagará a los trabajadores pertenecientes a las instituciones beneficiarias de la asignación de modernización en los términos de los artículos 1° y 2° de la ley N° 19.553; a los de las entidades regidas por el artículo 9° del decreto ley N° 1.953, de 1977; y a los que se desempeñan en el Servicio de Impuestos Internos; Servicio Nacional de Aduanas; Fondo Nacional de Salud; Superintendencias de Seguridad Social, de Electricidad y Combustibles y de Servicios Sanitarios; Consejo de Defensa del Estado; Dirección General de Aeronáutica Civil, y Contraloría General de la República.
Este beneficio se pagará en dos cuotas iguales. La primera se cancelará dentro de los 10 días siguientes a la publicación de esta ley, y la segunda, en el curso del mes de octubre de 2002.
Artículo 2°.- El gasto que represente la aplicación de esta ley, será financiado con cargo a los recursos que contemplan los presupuestos vigentes de los respectivos servicios. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar estos presupuestos en la parte que no sea posible financiar con sus recursos.”.
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.
PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN BONO A
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INDICA
Mensaje Nº 94-346
Esta iniciativa establece el pago de un bono especial, no imponible ni tributable, a los trabajadores pertenecientes a las instituciones beneficiarias de la asignación de modernización en los términos de los artículos 1º y 2º de la ley Nº 19.553, a los de las entidades regidas por el artículo 9º del decreto ley Nº 1.593, de 1977, y a los que se desempeñan en el Servicio de Impuestos Internos; Servicio Nacional de Aduanas, Fondo Nacional de Salud; Superintendencias de Seguridad Social, de Electricidad y Combustibles y de Servicios Sanitarios, Consejo de Defensa del Estado; Dirección General de Aeronáutica Civil, y Contraloría General de la República.
El bono referido será de $ 80.000, a los trabajadores mencionados anteriormente, cuyas remuneraciones líquidas percibidas en el mes de febrero de 2002, sean de un monto inferior o igual a $ 270.000 y de $ 35.000, cuando este monto supere tal cantidad y no excede de $ 1.050.000.
Conforme a lo que dispone el artículo 2º, el gasto que represente la aplicación de esta iniciativa será financiado con cargo a los recursos que contemplan los presupuestos vigentes de los respectivos Servicios. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar estos presupuestos en la parte que no sea posible financiar con sus recursos.
El costo total, que importará la ejecución de este proyecto de ley es de $ 3.907 millones.
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que otorga un bono a los funcionarios públicos que indica. (Mensaje Nº 94-346). (Boletín Nº 2920-05).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional califico de “suma” la referida urgencia.
“Oficio Nº 000589
Ant.: AD-18.218.
Santiago , 15 de abril de 2002.
Por oficio Nº 3702, de 9 de abril de 2002, V.S., remitió copia del proyecto de ley iniciado en mensaje y con calificación de “suma urgencia”, que en síntesis modifica diversos textos legales relativos a multas de tránsito, solicitando un informe sobre esta iniciativa en conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 15 de abril en curso, presidida por su titular señor Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Álvarez Hernández , Marín , Yurac , Medina , Segura, Kokisch , Juica y la señorita Morales, acordó hacer presente a V.S., que no tiene observaciones que formular al referido proyecto de ley, en la medida en que éste no afecta a la organización ni a las atribuciones de los tribunales, en los términos del inciso segundo del precepto constitucional invocado en la solicitud de informe.
En efecto, como la iniciativa objeto de dicha petición se dirige a modificar los incisos segundo y sexto del artículo 4º de la ley de Tránsito Nº 18.290, estableciendo que para los efectos del inciso primero de la disposición podrán utilizarse equipos de registro y de detección de infracciones y que estos equipos en las infracciones relativas a velocidad y luz roja sólo podrán ser operados por Carabineros de Chile e inspectores fiscales; a enmendar el inciso segundo del artículo 14 de la ley orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, para agregar como ingreso del Fondo Común Municipal un 82% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local por infracciones relativas a exceso de velocidad, cualquiera sea el medio empleado para su detección y a modificar el artículo 24 de la ley sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local Nº 18.287, en cuanto a la forma de enterar al Fondo Común Municipal la parte de las multas del tránsito aplicadas por infracciones a las normas sobre exceso de velocidad y a las deducciones que proceden sobre tal ingreso, así como a fijar la vigencia de la integración al referido Fondo de los nuevos recursos, sin alterar la organización ni las potestades de los tribunales, no corresponde que esta Corte Suprema emita un informe sobre las distintas reformas consignadas en la iniciativa.
“Oficio Nº 000775
Ant.: AD-18.237.
Santiago , 22 de abril de 2002.
Mediante oficio Nº 3707, de 11 de abril último, V.S. ha tenido a bien remitir a esta Corte, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que modifica la penalidad en el delito de conducción en estado de ebriedad, contenido en el artículo 121 de la ley Nº 17.105, sobre alcoholes (boletín Nº 2909-15), para los efectos previstos en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 19 de abril en curso, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Pérez , Álvarez Hernández , Marín , Medina , Juica , Segura y señorita Morales, acordó expresar a V.S. que de conformidad con las normas constitucionales y legales citadas en su oficio que respondemos, no le corresponde a esta Corte emitir opinión sobre el proyecto de ley enviado, en atención a que su contenido se refiere, únicamente, a la penalidad del delito de conducción en estado de ebriedad que establece el artículo 121 de la ley Nº 17.105 y no a preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales.
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO , Secretaria subrogante?.
“Oficio Nº 000815
Ant.: AD-18.226.
Santiago , 23 de abril de 2002.
Mediante oficio Nº 3705, de 10 de abril último, V.S. ha tenido a bien remitir a esta Corte, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín Nº 2906-07), para los efectos previstos en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 19 de abril en curso, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Pérez , Álvarez Hernández , Marín , Medina , Juica , Segura y señorita Morales, acordó expresar a V.S. lo siguiente:
Los artículos del proyecto que afectan a las facultades de los jueces y requieren, por consiguiente, informe de esta Corte, son el quinto y el sexto, que introducen nuevas disposiciones al Código Procesal Penal y al de Procedimiento Penal , respectivamente, autorizando a los jueces de garantía y a los que conducen la investigación en sus respectivos casos, para disponer medidas de indagación extraordinarias en los procedimientos que versen sobre los delitos a los cuales se refiere el resto del articulado.
En principio, la Corte está de acuerdo con las modificaciones propuestas. Sin embargo, como se trata de facultar a los magistrados en el ámbito de intimidad de los afectados, creemos prudente sugerir que se establezca que ellas sólo podrán decretarse por un tiempo limitado, cuya extensión debería establecerse en la misma ley, pudiendo prorrogárselas por una sola vez.