Source: https://www.scribd.com/document/71013335/marcos-azerrad2
Timestamp: 2017-05-22 16:23:13
Document Index: 152225381

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por Marcos Edgardo Azerrad (Nota2)
Ante todo debo expresar mi profundo reconocimiento por la presencia de Ustedes, distinguidos colegas, y muy particularmente por la participación de los juristas, Eleonora DEVOTO y Marcelo Raúl TACCONI, a quienes felicito sinceramente por la excelencia y brillantez de sus respectivas exposiciones. En este ámbito académico, me corresponde desarrollar un proyecto de ley sobre suspensión del juicio a prueba que tiene actualmente vida o estadio parlamentario; luego, el instituto, su aplicación y sus efectos en relación a la pena de multa y, finalmente, un caso de jurisprudencia vinculado a un tema de inhabilitación. A raíz de la diversidad de opiniones, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia que sustentan la tesis amplia como la restringida, en cuanto a la concesión o no del beneficio de esta ley 24.316, ambigua y contradictoria, de este verdadero laberinto de interpretaciones y mar de polémicas que generó la misma ley, conjuntamente con los distinguidos colegas y amigos, Dres. Darío RICHARTE y Juan José RICHARTE, éste último presente aquí, decidimos redactar un proyecto de ley que el Diputado Nacional Jesús RODRIGUEZ presentó el 13 de octubre de 1997, reconociendo nuestra autoría en el Trámite Parlamentario Nº 155, en cuanto a su redacción, fundamentación y asesoramiento. La finalidad era no sólo adecuar la terminología de este proyecto, sino también precisar algunas cuestiones metodológicas que habían generado polémicas y conflictos, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. En primer lugar adecuamos o reemplazamos la expresión “imputado” por la de “procesado”, para otorgarle mejor técnica legislativa y precisión conceptual. Como bien sostiene la Dra. Eleonora DEVOTO en su libro “Probation”, imputado es aquella persona que se encuentra denunciado por un delito de orden público y nada más, sin otros requisitos. Pues bien, la persona que está imputada puede desobligarse o desvincularse del proceso brindando las explicaciones correspondientes y satisfactorias. En cambio, el procesado, conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, tiene un compromiso de mayor relevancia en cuanto a la conducta antijurídica, típicamente imputable, típicamente culpable y típicamente adecuada a una figura de la ley penal. Existe en esta instancia una semiplena prueba del ilícito que deberá ser calificado para fundar el pronunciamiento. También se ha reemplazado el término “juicio” por el de “proceso”; entiéndase que en este último caso, dictado el procesamiento, ya está habilitada la instancia para solicitar el beneficio. Sobre el particular, vale destacar un trabajo científico presentado en El Derecho (Tomo 169, página 173, año 1996) por el prestigioso jurista Nemesio GONZALEZ, respecto del momento o etapa procesal en que puede solicitarse la suspensión del proceso. En tal sentido, propone un tratamiento legislativo que establezca “la posibilidad de formularla hasta que, en el inicio de la audiencia, los jueces le hagan conocer al procesado que goza del derecho que le confiere el artículo 76 bis del Código Penal, con la posibilidad de que, “... mediando un cambio de calificación más benigno por parte del fiscal de juicio que permita la aplicación de este instituto, la misma pueda peticionarse también durante los alegatos” (sic) . Quizás el meollo de la cuestión que nos ocupa lo constituye, en definitiva, la aplicación de la tesis amplia en la que estamos enrolados a diferencia de la tesis restrictiva o limitativa. En tal sentido la posición que abogamos -tesis amplia-, y que el Diputado Nacional Jesús RODRIGUEZ la propicia a través del mencionado proyecto de ley, es precisamente cuando se habilita la instancia al justiciable para todos los casos de delitos en que sea posible la aplicación de una condena de ejecución condicional, y no sólo para aquellos casos en que el máximo de la pena privativa de la libertad no exceda de tres años (tesis restringida).
aumentamos las escalas penales punitivas. pero en modo alguno vinculante u obligatorio para la decisión que adopte el Tribunal. o bien. Para ello. marginación. lo penoso y ausencia de plazo razonable para la conclusión de los procesos. o bien le otorgamos. donde señalábamos y denunciábamos la relación directa que existe entre desocupación y delitos vinculados contra la propiedad. a la inequitativa distribución de la riqueza y la relación directa entre miseria. que elaboramos conjuntamente con la Dra. se deben utilizar metodologías interdisciplinarias con base de datos ciertos. Pues el párrafo cuarto del artículo 76 bis del Código Penal. pero no por ello su opinión tiene que ser vinculante. Marcelo Raúl TACCONI (Subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior). Otra reforma de especial trascendencia es que el dictamen fiscal es necesario e indispensable. La crisis de la Justicia Penal y su falta de credibilidad. quizás vinculado por el clima de inseguridad o indefensión ciudadana. páginas 25 a 29 inclusive.Otra de las modificaciones que podemos destacar es que también podrá solicitarse el beneficio. pobreza. por lógica consecuencia. Asimismo. políticas sociales y Derechos Humanos. o. En efecto. me veo en la obligación de formular una reflexión. 4) incrementar el número de establecimientos carcelarios. política criminal y prevención del delito. En este contexto. aún respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación (delitos de menor gravedad). en el menú de opciones podemos señalar distintas alternativas: 1) mayor rigor en la sanción penal y. de tal suerte que en el período 1991-1996 (inicio del Plan
. en este contexto y luego de haber escuchado atentamente la exposición del Dr. Marta Susana AZERRAD DE LANDENBERG y Guillermo Alberto FLORIO. si no tenemos en cuenta fundamentalmente el grave problema de la desocupación y la relación que existe en el aumento de los delitos contra la propiedad. Ahora bien. destacando también que la lentitud de los procesos conspira contra el deseo o anhelo de justicia de la víctima. 3) disponer más medidas para la prevención del delito. El Ministerio Público Fiscal siempre tiene que ser oído. es oportuno traer en consideración un trabajo que fuera publicado por la Revista Jurídica La Ley. publicado en la Revista Jurídica mensual “Abogados”. Marta PAZ y donde hacíamos referencia al incremento de la criminalidad. muchos de los cuales constituyen una “condena anticipada” contra el justiciable por el sólo hecho de estar procesado. la inseguridad ciudadana. En efecto. realizamos un trabajo conjuntamente con la Dres. si no está de acuerdo con la decisión jurisdiccional tiene la posibilidad o vía recursiva pertinente. bajo el título: “El aumento de las penas y el sistema penal argentino”. desocupación y exclusión social. en la coyuntura no podemos formular una auténtica y eficaz política criminal. 2) mayor liberalidad o flexibilidad en el sistema de represión. sin que sea condición el pago del mínimo de la escala que pudiere corresponder. estadísticas elaboradas con estricto rigor científico y desprovistas de cualquier intencionalidad política. del 22 de septiembre de 1998. la lentitud. quien postula o sostiene la tesis restrictiva del tema abordado. no procederá en los casos de responsabilidad funcional dolosa y en consecuencia se mantiene el criterio de la ley vigente. ha originado inaceptables desigualdades. Corroborando lo expuesto con base científica y datos estadísticos ciertos. En cambio. penas y sistemas penitenciarios. destacamos que el justiciable podrá solicitar el beneficio en los casos de pena de multa. Pues una eficaz y adecuada política criminal y prevención del delito debe dar respuesta a todos y cada uno de los interrogantes en su integridad. Nº 21 del mes de abril de 1998. En tal sentido. aquí lo que está faltando es un debate a fondo de la política criminal y prevención del delito a seguir. son cuestiones fundamentales que deben y merecen ser estudiadas y se hallan inescindible y necesariamente vinculados.
y menos aún aplicando políticas de control. el Nº 3755 del mes de abril de 1996. marginalidad. Ahora bien. en igual período se triplicó el aumento de la delincuencia vinculados a los delitos contra la propiedad.996 expedientes por hurto.000 delitos de igual signo de conducta antijurídica. existiendo en las cárceles bonaerenses 14.337 causas por robo y 67. en tanto. sus efectos y su aplicación con relación a la pena de multa. Concluimos. En igual sentido. así como se triplicó la desocupación (6% en 1991. sostenía que: “Las más graves penas no resguardan contra la criminalidad en la medida que lo puede hacer una razonable educación de la gente y. en 1991. consecuentemente. advierto la presencia del Dr.000 personas con empleos precarios o en tránsito. se denunciaron 121. cuando hablaba de política criminal y prevención del delito y. En tal oportunidad. exclusión social y desocupación se advierten resentimientos y frustraciones en la población. marginados de toda posibilidad de inserción social y.7% en mayo 1996). sino por el contrario atacando las causas que le dan origen y estableciendo mecanismos eficaces de prevención. de mayor dureza y represión.000 desocupados urbanos. 60. fundamentalmente respecto de los delitos contra la propiedad. ¿Y qué importancia tiene todo lo que estoy exponiendo para definir una correcta política criminal? La relación entre desocupación y aumento de la criminalidad.000 presos de los cuales el 90% no tiene condena. entonces.400. Pero denunciamos la existencia de muchos sectores que se encuentran excluidos del mundo laboral y educacional y. fundamentación y asesoramiento del Proyecto de Reformas al Código Penal Argentino con media sanción de aprobación en el Senado de la Nación (Diario de Asuntos
. del día 18 de octubre de 1998.100. el Dr. ni tampoco soluciona ni da respuestas adecuadas al incremento de la delincuencia convencional. se registraron en la Capital Federal la cantidad de 32. 300. que era el profesor Ricardo Cayetano NUÑEZ. también de los delincuentes y de los proclives al delito.000. Así las cosas. Guillermo Alberto FLORIO. y consecuentemente aumentando las escalas penales punitivas. todo ello trae aparejado como consecuencia un disparador en relación al aumento de los índices de los delitos contra la propiedad.000 delitos contra la propiedad. debo remitirme a un trabajo elaborado conjuntamente con el Dr. por consiguiente.2 por ciento de los casos llegaron a tener sentencia. compañero de la militancia universitaria en Franja Morada y dilecto amigo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba y recuerdo. Aquí. que existen 4. que existen en la actualidad 2. lo único que va a traer es más cárceles. Arturo Ignacio JIMÉNEZ MONTILLA. pues la historia ha de volver a mandar aquí”(Nota3). Corroborando lo expuesto. Está claro que la pobreza no es sinónimo de delincuencia. efectos psicológicos negativos sobre la autoestima de quien ha perdido su trabajo. a partir de 1991 se registraron en la Provincia de Buenos Aires. existiendo por lo demás 2. en 1995 se denunciaron 90. en 1997. publicado en la Revista “Gaceta del Foro”. Pues cuando existe miseria. más delincuencia y más pobreza. que el Dr.de Convertibilidad). debemos recordar cuando se habla de política criminal y prevención del delito a nuestros viejos maestros del Derecho Penal argentino. Así pues. sostengo que el aumento de las escalas penales punitivas no disminuye la tasa delictiva.000 de desocupados rurales. por ende. sin tener en cuenta la cifra negra de la criminalidad que es inmensamente superior a la conocida. más impuestos. de un proyecto de futuro para un mañana mejor. Estas políticas de mayor control social. pobreza. a ese viejo y querido Maestro de la cuatricentenaria Universidad Nacional del Ilustre Obispo de Trejo y Sanabria. continuando con mi exposición argumental y por razones de metodología debo abordar el segundo punto asignado que es el referido a la suspensión del juicio a prueba. precisamente. Nada bueno se puede obtener por el camino de la severidad. de tolerancia cero y exclusión. Ernesto Vicente ARACENA. entonces. FLORIO intervino en la redacción. en tanto sólo el 3. 18.000 personas con problemas reales de empleo y lo más grave es que esta situación tiende a acentuarse y seguir ascendiendo. Guillermo Alberto Florio.025 delitos contra la propiedad. En tal sentido. en tal sentido. se desempeñó como asesor parlamentario (1985-1992) del Senador Nacional Dr. En esa inteligencia. ya que no es calmando la sensación de indefensión e inseguridad de la sociedad con leyes duras y severas. prestigioso jurista y profesor universitario. el economista Daniel MUCHNIK ha publicado en Clarín. Debo señalar previamente y es mérito destacarlo.
A. quien además patrocinó a su defendido peticionando el beneficio de la probation.Nº 5086 y Diario de Sesiones del 20 de Julio de 1988 y demás antecedentes del H. podría beneficiarse con el pedido de suspensión del juicio a prueba. por la ley 24. Por su parte. circunstancia ésta reconocida expresamente. de acuerdo al artículo 5 del Código Penal. llamada comúnmente la protección de la fauna silvestre. debo destacar particularmente el voto de dos prestigiosos juristas de la Cámara Penal de la Ciudad de Vera. quien a su vez se desempeñó como Presidente de la Comisión de Legislación Penal y Regímenes Carcelarios del H. JIMENEZ MONTILLA. también. según Diario de Sesiones del referido año. toda vez que aceptarla implicaría violar el principio de igualdad ante la ley. pese a la preocupación puesta de manifiesto por el distinguido colega a cargo de la defensa y a la amplitud de criterio que tiene el suscripto con respecto a la solicitud de suspensión del juicio a prueba pretendido por el curial. y ello indica en forma clara que existe una valla que impide acceder a tal beneficio”. Ella no consiste en el tratamiento del condenado. Senado de la Nación. Senado de la Nación). por el propio Senador Nacional Dr. al apelar y fundamentar su alegato. sosteniendo que “. por ello. de acuerdo a la Teoría de Finger. perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe.. teniendo en consideración determinadas pautas como ser: a) No deben adoptarse como castigo aquellas medidas que hieren los sentimientos normales de piedad y respeto a la persona. invocó el criterio de la humanidad del medio penal. estridente y notoria injusticia y desigualdad. ESTRADA. debemos precisar que el abogado defensor del caso. La multa no es como las penas privativas de la libertad una pena reformadora sino de intimidación. dejando de lado en consecuencia la tesis que sostiene su inaplicabilidad. como la de los delitos penados con multa (como pena exclusiva y cuyo incumplimiento se transforma en pena de prisión). La defensa fue ejercida por el Dr. 75 inciso 22) y demás disposiciones concordantes de la Constitución Nacional”. sino en la simple privación de un bien. reconocido abogado del norte santafesino. Héctor MERIP. Lo cierto es que el juez correccional de primera instancia no hizo lugar al reclamo impetrado. Cabe entonces preguntarse por qué sería más comprometedor para la comunidad un autor de un delito menor penado exclusivamente con multa. quedarían según el criterio que impugnamos fuera de su amparo. sobre la probation y la pena de multa. cuyo ministerio profesional fue ejercido en tal circunstancia por el colega Dr. como bien lo señala el juzgador. En otras palabras.Entrados -DAES. MOLAGUERO y G. Dres. sostener que los delitos castigados con pena de multa como pena única no encuentran amparo bajo el régimen de la probation. ocupa el tercer lugar en el orden de gravedad.. con referencia al trabajo mencionado precedentemente. Concretamente se trataba de un caso de secuestro de seis cueros de carpincho en las inmediaciones de la costa del Río Paraná. ante la mayor relevancia de otros tipos de pena que autorizan la suspensión del juicio a prueba. sostuvimos en apretada síntesis que: “La pena de multa es pena principal y.
.421 que sanciona la caza de especies prohibidas o en vías de extinción. el fiscal de cámara avaló la mencionada resolución y. conductas de mayor gravedad permiten la aplicación del instituto. empero otras de menor relevancia antijurídica. En tal sentido. 18. En efecto. Así las cosas. no resulta posible su concesión porque. en consecuencia.421 reprime con pena de prisión y. el artículo 25 de la ley 22. Así las cosas. el caso traído a juzgamiento se refería a una supuesta infracción de la ley 22. el debido proceso legal y derecho de defensa garantizado por la Constitución Nacional” (sic). que cualquier otro imputado de delitos más graves y que. Para finalizar quisiera referirme a un caso práctico de jurisprudencia relacionado con la suspensión del juicio a prueba y la inhabilitación. generándose una irremediable. Mariano M. en forma conjunta con pena de inhabilitación.316. Héctor MERIP. me refiero a los vocales. implica una lesión constitucional con clara e inequívoca violación de las garantías previstas en los artículos 16. en el caso que nos ocupa. Como conclusión de todo lo expuesto. se opuso a la concesión de dicho beneficio. sostenemos la viabilidad de la suspensión del proceso a prueba para los delitos reprimidos con pena de multa como pena única o exclusiva.
fundamentalmente. En consecuencia. que quisiera leerlo textualmente en su parte pertinente. es decir la elección de la pena debe representar el máximo de eficiencia con el mínimo de lesión. Tenemos hoy la Ley de Colegiación Obligatoria del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. la pena revocable es superior a la irrevocable. como se dijo y excluiría de su ámbito a significativos supuestos en los cuales los autores son primarios y la reiteración delictual poco pronosticable. trasladando ese concepto y mensaje que sostenía NÚÑEZ. lo dice expresamente en su fallo. en la consideración de que el artículo 76 bis del Código Penal. último párrafo. Tenemos. con la valentía y el coraje que debe tener un Juez de la República.187. En definitiva. por cierto. dice textualmente: “. c) Economía: Debe exigir al Estado el menor sacrificio posible. como bien lo sostuvo en su exposición la Dra. “Pregúntenle a los penalistas” decía y así lo recuerdo a través de su cátedra. en concordancia con la Constitución Nacional. ya que es fundamental. ni para la resolución del conflicto penal. se llegaría a la incongruencia de que la pena menor determinaría la suerte de la admisibilidad del instituto” (sic). en ese aspecto.. cuando además se trata de actividad no reglada. Este mismo Tribunal. lo que pondría en crisis el principio constitucional de igualdad. el instituto de la suspensión del juicio a prueba. A estos caracteres señalados por FINGER. como ya lo sostenían los clásicos del derecho penal liberal. Por ello.
. pero no así cuando ésta esté prevista como pena conjunta. no puede descartarse la posibilidad del error. con una finalidad esencial que es la reparación del daño causado. todo ello de conformidad a los parámetros orientadores del Derecho Penal moderno” (sic). tanto cuando deja de castigar al delincuente. a través de la sentencia citada y con el voto de la mayoría.b) Moralidad: Debe tender al mejoramiento del individuo. pero también debo señalar haciendo un parangón con lo que decía siempre Ricardo Cayetano NUÑEZ. porque lo que señalé anteriormente en consideración respecto a la desocupación y demás variables. Es el acercamiento del conflicto entre víctima y victimario pero. es la concreción del principio constitucional de la recuperación social del individuo que esta insito en nuestro sistema penal argentino y.. digamos “consúltenle a los penalistas”. como cuando lo castiga más allá de la justa medida y fuera de las debidas condiciones. debemos agregar el de “la mínima suficiencia”. quien sostenía que. MOLAGUERO y ESTRADA. más que un beneficio es la consecución de un resultado querido por el derecho y la sociedad. Así pues. de la prevención que nace del ejemplo. Se debe prestar especial atención a la situación de crisis que se vive en la Nación y la Provincia (desocupación. los Pactos Internacionales allí incorporados y su Preámbulo que ordena afianzar la justicia. de la dirección del Instituto de Derecho Penal y las clases magistrales e inolvidables dictadas en ese viejo y querido Anfiteatro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Concretamente. cuando había que proyectar una reforma penal. esta es una resolución dictada el 9 de junio de 1998 y el Tribunal por mayoría. inundaciones) que nos obliga a ser extremadamente cuidadosos en la hermenéutica de normas sancionatorias que impliquen eliminar una posibilidad de trabajo remunerado. había que consultarle también a los penalistas. Este requisito es un problema de la realidad penitenciaria. máxime cuando el juicio de reproche de condena no es precisamente el más indicado para la evitación de posteriores injustos. nuestro Maestro. debo rendir mi admiración y respeto por esos jueces que asumen un compromiso de valentía frente a la sociedad. el Tribunal del Norte de la Provincia de Santa Fe hace lugar a la probation y. debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a los ilícitos que sean sancionados exclusivamente con la de inhabilitación. En conclusión. A mayor abundamiento debe destacarse que con la interpretación literal del último párrafo de la disposición legal cuestionada. La Cámara Penal de Vera (Provincia de Santa Fe). consecuentemente. o más concretamente del proceso a prueba. ley 23. que la función penal viola el deber de la tutela jurídica. d) Revocabilidad: Siendo la imposición de la pena una obra humana. y. DEVOTO. es que hoy en día el método sistemático-teleológico de hermenéutica jurídica está ganando la mayor cantidad de adeptos en la geografía procesal argentina. integrado por los Dres. que prescribe en su artículo 20 inciso h) que entre las finalidades generales de nuestra Institución está la de “colaborar en la elaboración de la legislación general”. al hacer lugar al beneficio de la probation.
Ricardo Cayetano: “Análisis de la Ley 21. y para finalizar mi exposición.
NOTAS: (1) Versión corregida por el autor de su exposición en la Mesa Redonda “Suspensión del Juicio a Prueba. año 1976. (3) NUÑEZ. que se desarrolló el 6 de noviembre de 1998 en el Salón del Consejo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Coautor libros sobre temas de su especialidad.
(2) Abogado y Escribano Público Nacional. Editorial Lerner. con título de postgrado en la Especialidad de Derecho Penal y Ciencias Penales. Probation”.338 . páginas 9 en adelante. Investigador de la Historia y Cultura Judía.
.En esa inteligencia. Coordinador Titular de la Comisión de Asuntos Penitenciarios del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (1996-2000). quiero ser coherente con mis afirmaciones. sosteniendo categóricamente que la sociedad más segura es la más justa y solidaria y no aquella que tiene mejor organizado su sistema de represión (sic).Parte Especial“.
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