Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/38520
Timestamp: 2019-10-18 19:05:57
Document Index: 26180191

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 40', 'artículo 71', 'artículo 30', 'artículo 73', 'artículo 3', 'artículo 122', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 69', 'artículo 73', 'artículo 115', 'artículo 122', 'artículo 35', 'artículo 69', 'artículo 115', 'artículo 116', 'Artículo 25', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'artículo 116']

Gaceta: LXII/1PPO-70/38520
Impulsa la participación ciudadana desde un enfoque deliberativo y de gobernanza, que se construya desde las aulas. Para ello establece en el artículo 3º constitucional la obligación del Estado de desarrollar y fomentar la cultura de los valores y la deliberación democrática.
Propone que el Estado organice un sistema de planeación democrática deliberativa del desarrollo nacional, mediante los mecanismos de participación que establezca la ley. Introduce como derecho de los ciudadanos que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como los órganos constitucionales autónomos, determinen los mecanismos de participación y garanticen su cumplimiento.
En el artículo 40 establece la voluntad del pueblo de constituirse en una república representativa, democrática deliberativa, federal, y en el 41 incluye los mecanismos de participación ciudadana como medio para ejercer la soberanía. Asimismo, propone que el informe del Presidente de la República al Congreso incluya indicadores sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los logros en materias prioritarias y los avances en perspectivas de desarrollo humano.
Faculta al Congreso para legislar sobre participación ciudadana, mientras que los estados en sus constituciones y leyes, y el Distrito Federal en su Estatuto de Gobierno deberán regular los mecanismos de participación ciudadana y garantizar que la deliberación de los asuntos públicos sea con respeto, libertad e igualdad entre los ciudadanos; así como informada y organizada.
DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Los suscritos, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA y FERNANDO HERRERA ÁVILA, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 fracción II, 73 fracción XXIX-Q y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:
“Sin participación ciudadana no hay soluciones de fondo”
El siglo XIX y XX fueron los siglos de los partidos políticos, el siglo XXI debe ser el siglo de la participación ciudadana. Pero de una real y efectiva participación de tipo deliberativa, que conciba a los ciudadanos como agentes de cambio permanentes y no los reduzca a las intermitencias de las urnas.
En efecto, cuando se habla de democracia directa, se está hablando de Atenas, en ella nació y se practicó este sistema de gobierno, en donde esta práctica se debía en buena medida a que el ateniense se desarrollaba en un
territorio bastante pequeño y una ciudadanía que numéricamente era igualmente pequeña. Atenas en su época de oro no superó su población de 300 mil habitantes en un área de 250 kilómetros cuadrados. Donde el ciudadano se reunía en asamblea para votar las leyes, nombrar a los magistrados principales y decidir en calidad de jueces las decisiones trascendentales de su pueblo; ejerciendo, de esta manera, sus derechos políticos directamente. Esta era la condición del hombre y la pequeña geografía que va a impulsar un sistema de gobierno que luego sería imitado en sus principios; más no en su práctica directa, porque la amplitud de los Estados modernos lo imposibilitan, tanto en la extensión de sus territorios, como también por la población cada vez mayor. Ejercer esta forma de gobierno se dificultaba con forme crecía el elemento territorial y poblacional, lo que originó el sistema de democracia representativa que hasta nuestros días persiste como una forma viable de conciliar el espíritu de la democracia con las posibilidades materiales, tal ycomo sucedió en la revolución francesa, para evolucionar a una forma de representación política como la conocemos actualmente.
Sin embargo, el espíritu participativo persistió y tenemos ejemplos de referéndum en la Unión Americana, cuando en 1778 fueron aprobadas por el voto popular las constituciones de los Estados de Massachussetts, New Hampshire, Connecticut y Rhode Island, adelantándose inclusive a los franceses. Lo que originó que el concepto de referéndum fuera modificado por los ideólogos de la Revolución Francesa, quienes crearon su propia versión de esta institución democrática, la cual consistió en que el pueblo debía votar para aceptar o rechazar toda Constitución que se quisiera promulgar. Así fue como la Convención de la Asamblea Nacional Francesa aprobó la Constitución de 1793. Desde entonces se ha aplicado el referéndum en Francia varias veces.
De esta misma forma en Suiza se adoptó este modelo, inaugurándose con la aprobación de la Constitución Suiza del 20 de mayo de 1802 a través del voto de todos los ciudadanos mayores de veinte años. Desde ese entonces, el referéndum se extendió a numerosos países de América, Europa y Oceanía, y entre los que se considera que ha tenido mayor trascendencia y buenos resultados en su uso y aplicación se cuenta a los Estados Unidos de América, Canadá, Italia, Francia, Dinamarca, Irlanda, Suiza, España, Australia y Nueva Zelanda.
Por su parte, otra de las figuras es el plebiscito que se inició en tiempos de la Revolución Francesa, pocos años mas tarde en 1793 en Bélgica se realizaron estos mecanismos, igualmente en 1852, Napoleón III organizó un plebiscito en Francia, durante el siglo XX, importantes plebiscitos provocaron la separación de Noruega y Suecia en 1905 y recientemente se utilizaron en África para determinar las preferencias de los pueblos que acababan de obtener la independencia.
Es importante destacar que aunque pareciere que la democracia directa, a través de sus distintos instrumentos, no ha sido plasmada o ejercida en ninguna de las Constituciones de la historia de nuestro país, la realidad es otra.
En nuestro país, en el año de 1824, el Congreso del Estado de Chiapas determinó realizar una consulta plebiscitaria con objeto de que el pueblo chiapaneco definiera el futuro de su Estado, optando por adherirse a la Federación Mexicana; posteriormente, un hecho sucedido en el mandato del Presidente Juárez, demuestra su intención por realizar una consulta popular con el propósito de que el resultado de ésta, se convirtiera en legislación Constitucional. Esta iniciativa no prosperó ya que dicha figura no se encontraba prevista en la Carta Magna.
De esta forma, el primer antecedente constitucional de iniciativa ciudadana lo encontramos en las Siete Leyes Constitucionales y concretamente en la Tercera Ley, que en su artículo 30 disponía que: “los particulares podrían optar por presentar sus proyectos de iniciativa a los Diputados o a los ayuntamientos, con lo cual éstos también lo podrían hacer ante las juntas departamentales”.
Bajo esta tendencia que ha estado buena parte de la historia en las sombras, casi siglo y medio después el referéndum y la iniciativa popular, como mecanismos de participación ciudadana, se incorporaron a la Constitución Federal en su artículo 73, fracción VI, base segunda, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, la cual, manifestaba lo siguiente:
VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases
"2ª. Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la Ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma señale".
Lo interesante de este antecedente, es que fue derogado el 10 de agosto de 1987.
En nuestro país, en el ámbito local en los últimos 12 años se han dado avances significativos con esta materia. En 18 entidades federativas, ya cuentan con leyes de participación ciudadana y 9 entidades más leyes que aunque son leyes de otra naturaleza, regulan algunas figuras de manera aislada. En total suman 27 Estados. Es decir el 53% si cuentan con una ley y el 47% no tienen.
Efectivamente compañeras y compañeros legisladores, en agosto de este año se publicó la reforma política federal que incluye figuras de participación ciudadana y posibilita a seguir legislando a nivel federal y por los Estados en sus Constituciones sobre esta agenda que sin duda todos compartimos. La trascendencia de esta reforma federal al margen de lo perfectible de la misma, radica en que es una manifestación clara de la nueva cultura participativa que ha permeado en todas las fuerzas políticas y que si seguimos abonando este trabajo, puede consolidarse en la cultura de los mexicanos.
Sin duda alguna, todos coincidimos en que el sistema representativo resulta insuficiente porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión del sufragio para después retirarse sin mayor objeción. Con el sistema de partidos actual, la libertad del ciudadano y su capacidad de participar se reduce a los escasos segundos que ocupe en la mampara electoral.
Ahora bien, en la construcción de esta iniciativa ha sido indispensable comparar a nuestro país con otros referentes latinoamericanos, como el caso de Argentina donde la iniciativa popular es de carácter obligatorio y la consulta popular se circunscribe a los proyectos de Ley; en el caso de Brasil a partir de 1993 se estableció la figura del referéndum Constitucional sobre decisiones de trascendencia nacional; en este contexto, me parece importante destacar el caso de Cuba, toda vez que contraria a la opinión generalizada sobre el centralismo en el ejercicio del poder de este hermano país, cuentan con la figura de la iniciativa popular, a la cual pueden acceder un mínimo de 10 mil firmantes, número, por mucho menos inferior y más accesible que lo establecido por nuestra Constitución Federal vigente.
Con todo ello, podemos advertir que si bien es cierto que hemos avanzado de forma considerable en materia electoral y de partidos, también lo es, que nos falta un buen trecho por recorrer en materia de participación ciudadana. En particular, me parece una buena oportunidad en esta infancia de la democracia participativa de nuestro país, para que comencemos a dotarla de madurez a través de mecanismos deliberativos. Esto qué significa, las figuras tradicionales de plebiscito y referéndum son necesarias; sin embargo, al igual que la democracia de partidos no son permanentes. Otra vez se condena a los ciudadanos a procesos intermitentes, de corta duración y que no permiten potencializar todos los talentos y riqueza intelectual de los mexicanos. Por ello, en el Partido Acción Nacional estamos a favor sí de una democracia de los ciudadanos, pero de una democracia ciudadana y deliberativa organizada, funcional, ordenada, de largo aliento, constructiva, propositiva y proactiva.
Compañeros senadores, es tiempo de enfocar nuestros esfuerzos en los verdaderos poseedores de la soberanía, es el momento de sensibilizarnos a los intereses sociales, y brindar mecanismos reales para reactivar la participación ciudadana.
Nuestro país, ha entrado en la etapa, en que, una representación sin una participación de la ciudadanía real, imposibilita el avance hacia una consolidación de Estado, este sexenio sin ciudadanos puede convertirse en la reedición del viejo régimen. La conformación de la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas que afectan de modo inmediato a la ciudadanía, que en ciertos casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad y que muchas decisiones se tomen con un completo desconocimiento de la materia.
Todo lo anterior, se traduce en la necesidad darles la oportunidad a los actores sociales interesados en la materia de que se trate para que participen directa y permanentemente en la planeación, gestión y evaluación de decisiones públicas. La participación ciudadana y la representación política de los partidos no pueden concebirse como conceptos extremos y contrapuestos, al contrario, se trata, de conceptos complementarios, es una asociación perfecta.
Entre los años veinte y cuarenta del siglo pasado los debates en torno a la democracia se centraron en torno a su valor normativo, su “esencia” o incluso su deseabilidad (Weber, Schmitt, Kelsen, Michels, Schumpeter). Entre los años sesenta y ochenta, el foco de atención se trasladó hacia las precondiciones económicas y sociales de la democracia y las relaciones entre ésta y el mercado (Huntington, Moore, Skocpol, Przeworsky, Luebbert). Desde finales de siglo y hasta nuestros días, tema vertebra de los debates en torno a la democracia es precisamente el de su diversidad, su variedad dependiente de contexto y trayectoria, los formatos y modelos alternativos de la misma (Linz, Lijphart, O’Donnell, Merkel, Held). Así, se ha contextualizado y cobrado especial relieve el debate en torno a “las promesas incumplidas” (Bobbio 1987) de la democracia liberal representativa, cuestionando su pretendidamente realista reducción a la existencia de elecciones competitivas regulares (Schumpeter 1942).
Así la pregunta que se busca responder es: ¿Es factible encontrar mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas? ¿Pueden garantizar estos mecanismos unos procesos que den lugar a una participación plural, informada y con un componente deliberativo? ¿Se alcanzarían decisiones por esta vía que fueran significativamente distintas a las actuales? ¿Encajan estos procesos en el marco de una lógica de democracia representativa?
En esencia ¿Cómo recuperar el protagonismo ciudadano en las decisiones políticas? Esta es una pregunta que muchas personas y organizaciones se han planteado alguna vez. Ante la tan citada crisis participativa, a veces se pretende regresar a cierto pasado idealizado en que los ciudadanos sí participaban en las decisiones políticas.
Por ello se vuelve indispensable, antes de definir los mecanismos de participación ciudadana que promuevan la construcción de una ciudadanía comprometida con su comunidad, tener la claridad de qué tipo de democracia queremos impulsar.
Bajo esta perspectiva se abren dos grandes posibilidades, institucionalizar la democracia participativa, o bien, buscar la creación de un estadio más profundo de compromiso social, como lo es la democracia deliberativa.
¿Y si la democracia no consistiese en la satisfacción de las preferencias de los ciudadanos, sino, sobre todo, en la posibilidad misma de que los ciudadanos puedan, mediante un entorno institucional propicio, desarrollar, afinar o modificar sus preferencias previas?. Este es, precisamente, el supuesto de partida de la democracia deliberativa.
La democracia deliberativa supone en efecto, la superación de la unilateral lógica de las mayorías y el control a posteriori o a priori de los gobernantes (representación), si bien todavía retiene en alguna medida el momento de inmediación que caracteriza a la lógica participativa-directa. Por eso debe aquilatarse con cierta precisión el concepto mismo de deliberación y sus exigencias de proveer: 1) públicamente 2) razones que justifiquen 3) las decisiones de obligado cumplimiento 4) pero contestables, esto es, susceptibles de revisión habida cuenta de la posibilidad de desacuerdo (Gutman & Thompson 2004). Todas ellas, en efecto, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Deliberación implica, además, 5) génesis endógena de los intereses, renuncia a la idea de una voluntad inmediata del pueblo (tanto para mal: debe ser sustituida, dada su baja calidad, por el mejor juicio de los representantes de la entera nación; cuanto para bien: debe reflejarse con la mayor transparencia y fidelidad, directamente, aboliendo toda distancia entre gobernantes y gobernados). En síntesis la deliberación apunta a la superación de dos asunciones, ora implícitas, ora explícitas, ampliamente compartidas: 1) la tesis de las preferencias como dadas de antemano al proceso político mismo y 2) la tesis de que las preferencias relevantes para la decisión política sean las preferencias expresadas.
En efecto, la noción de democracia deliberativa ha sido presentada por Habermas para superar el impasse que se produce entre la defensa de la primacía de los derechos humanos individuales (liberalismo) y los que ponen el énfasis en la idea de soberanía popular (igualitarismo), ¿dónde encontramos la legitimidad de la democracia moderna? La respuesta es sencilla, pero compleja a la vez de introyectar en nuestros sistemas normativos, en un acuerdo comunicativo entre gobernados y gobernantes.
Entonces, la legitimidad democrática se da cuando las acciones, normas o instituciones que en ella se dictan pueden ser justificadas dentro de un proceso deliberativo.
Esta discusión racional, respetuosa y equitativa dan como base la formación de la gobernanza, entendida como la posibilidad democrática de potenciar la participación formal, es en síntesis un conjunto de posibilidades que se ofrecen al ciudadano desde las instituciones para que se involucre en los procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas (“interactive policy-making”, Akkerman 2004).
La participación se matiza también si la abordamos de manera global, considerando que deben existir múltiples posibilidades de participación que faciliten la implicación de ciudadanos que disponen de diferentes recursos (tiempo, dinero, capacidad, grado de implicación....) y teniendo en cuenta que las consecuencias de esa participación también son diferentes dependiendo del momento en el que los mecanismos concretos se utilicen (diagnóstico, decisión, desarrollo o evaluación).
El énfasis en la transversalidad de los procesos participativos y su especial utilización en los procesos de planificación exige que las diferentes formas se combinen y hace que en cada momento puedan ser diferentes las consideradas más adecuadas.
Por eso, aunque es necesario hacer una evaluación individual de cada uno de los mecanismos que se utilicen, el resultado variará dependiendo del contexto en el que haya sido utilizado.
Así, en el proceso democrático la participación trae ventajas y desventajas:
Ventajas de la participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos
Ventajas para los gobiernos
Educación (se aprende de los gobernantes/ se informa a los gobernantes
Se convence e ilustra a los gobiernos
Se adquieren competencias para el activismo ciudadano
Educación (se aprende del los ciudadanos/se informa a los ciudadanos)
Se convence a los ciudadanos; se genera confianza, y se aminora la hostilidad hacia el gobierno
Se obtiene legitimidad en las decisiones
Se consiguen objetivos
Se gana control sobre el proceso político
Se adoptan mejores decisiones políticas y se facilita su puesta en marcha
Se desbloquean situaciones y se adoptan decisiones
Se ahorran costes en procesos judiciales
Se adoptan mejores decisiones y se facilita su puesta en marcha
Desventajas de la participación ciudadana en la toma de decisiones
Desventajas para los ciudadanos
Desventajas para los gobiernos
Pérdida de sentido si la decisión se ignora
Puede generar más hostilidad hacia el gobierno
Peores decisiones políticas si están muy influenciadas por grupos de presión en conflicto
Pérdida del control de la toma de decisiones
Posibilidad de una decisión política mala que es imposible ignorar políticamente
Menos presupuesto para desarrollar proyectos en marcha
Ante el cambio de paradigma democrático se vuelve impostergable impulsa la Ley Federal de Participación Ciudadana, desde un enfoque deliberativo y de gobernanza, no quedarnos en las tradicionales figuras de participación ciudadana NO permanentes como son el plebiscito, referéndum o iniciativa popular.
Luego, si lo que buscamos es gobernabilidad democrática debemos buscar nuevas formas de interacción entre los ciudadanos y sus gobiernos, en esencia, hacer al ciudadano corresponsable de bien común. Coppedge (1993) enuncia seis condiciones de gobernabilidad, las primeras dos en referidas como la capacidad y el deseo de todos los grupos políticamente relevantes para comprometerse con algún tipo de arreglo institucional que sirva para dirimir sus conflictos; la tercera, la aceptación de dichos arreglos democráticos e institucionales; la cuarta, que en la discusión y proceso de acuerdo político exista representación efectiva de la clase política electa; quinta, representación efectiva de los ciudadanos cuya decisión impacte en el ámbito jurídico del Estado; y, sexta, mantenimiento de mayorías respetuosas de los derechos humanos.
Por su parte, Tomassini (1993) considera que la gobernabilidad democrática tiene tres variables: el fortalecimiento de la sociedad civil y evolución de la cultura política; la orientación social del comportamiento de la economía; y, la integración cada vez más amplia de grupos sociales en la toma de decisiones del sistema económico, social y productivo.
En ese sentido, consideramos que un modelo democrático deliberativo –que bien incluye a la participación, pues quien se informa y debate participa- promueve a la consolidación democrática, entendida como el proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis (Morlino, 1986). En palabras de Norberto Bobbio (1986) la democracia deliberativa es el gobierno del poder público en público.
Es importante la distinción teórica entre el debate que implica la democracia participativa y la deliberación del modelo que aquí se propone:
Busca hacer evidentes las debilidades de la otra parte
Busca fortalezas de la otra parte
Se basa en las diferencias evidentes
Incluye la preocupación por otros
Implica confrontar la posición del otro a expensas de la relación
Asume que muchas personas tienen parte de la respuesta para solucionar el problema
Requiere invertir profundamente en las creencias personales
Se evita enjuiciar las creencias ajenas
Implica estar en lados opuestos y busca probar que el otro está equivocado
Es colaborativa y busca un entendimiento común
La meta es ganar, imponiendo mi punto de vista
La meta es encontrar un terreno común para la acción: base para una política consistente
Se escucha para encontrar fallas y contra-argumentos
Se escucha para comprender y encontrar significado en el acuerdo
Defiende las posiciones como verdades absolutas
Se presentan posiciones susceptibles de ser reevaluadas
Defiende las soluciones originales
Abre la posibilidad a mejores soluciones
Las mejores ideas se presentan pero se defienden por convicción propia
Se presentan las mejores ideas para mejorarlas entre todos
En suma, esta iniciativa se reforman y adicionan 12 artículos a nuestro máximo ordenamiento de manera transversal, desde el artículo 3º hasta el artículo 122, porque tenemos la firma convicción que la democracia deliberativa se construye y fomenta en las aulas a los ciudadanos del futuro inmediato y se fortalece en el ejercicio de los derechos y se consolida cuando hacemos corresponsables a todos los entes de Estado.
No omito señalar que la presente iniciativa no es sino el pilar de toda la reforma legal que tendrá que implementarse para materializar y hacer real el anhelo de una democracia de demócratas.
Por supuesto que en Acción Nacional estamos de acuerdo con la agenda de la participación ciudadana, nosotros nacimos así como organización política y deseamos permanecer así. Damos un sí a la participación ciudadana, pero como se dice coloquialmente, una de a de veras, donde el ciudadano exista junto a su gran talento y el de los demás de manera permanente. La democracia no es un instante, es un modo de vida.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: el párrafo segundo del artículo 3º; el párrafo segundo del artículo 25; el primer párrafo del numeral A, así como los párrafos segundo y cuarto del artículo 26; el artículo 40; el párrafo primero del artículo 41; el primer párrafo del artículo 69; la fracción XXIX-Q del artículo 73; el párrafo primero del artículo 115; el inciso F), de la fracción V, Base Primera, Apartado C, y el tercer párrafo, de la fracción II, de la Base Tercera del artículo 122; y se adicionan: un segundo párrafo al artículo 35; los párrafos segundo, tercero, cuarto y sexto, recorriéndose en su orden el actual párrafo segundo, para en lo sucesivo ser el párrafo quinto del artículo 69; un tercer párrafo a la fracción II del artículo 115, recorriéndose en su orden el actual tercer párrafo para en lo sucesivo ser el párrafo cuarto con sus incisos a) a e); y, una fracción VIII al artículo 116; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, la conciencia de la solidaridad internacional, la cultura de los valores y la deliberación democrática, en la independencia y en la justicia.
I a VIII.…
Artículo 25…
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, tomando en consideración a la ciudadanía a través de los mecanismos de participación que establezca la ley.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática deliberativa del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatales, del Distrito Federal y municipales, así como, los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en concordancia con esta Constitución y las normas que las regulan, están obligadas a establecer mecanismos de participación, garantizando a los ciudadanos el cumplimiento de este derecho.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática deliberativa, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal; así como a través de los medios de participación ciudadana previstos en esta Constitución y las leyes respectivas.
El informe deberá presentar indicadores sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, los logros en materias prioritarias, los avances en perspectivas de desarrollo humano, así como el uso y destino de los recursos públicos ejercidos por el Gobierno Federal, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.
El informe deberá ser publicado íntegramente en los medios electrónicos como parte de las obligaciones de transparencia de la Administración Pública Federal.
El informe deberá enviarse el mismo día de su presentación a las Cámaras del Congreso de la Unión y éstas lo deberán turnar de inmediato a las Comisiones Legislativas para que realicen el análisis de su contenido y del cumplimiento de los lineamientos, objetivos, prioridades, metas y perspectivas establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
I a XXIX-P…
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares y de participación ciudadana.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, deliberativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Los ayuntamientos deberán promover y facilitar la participación ciudadana en el ámbito de sus atribuciones, en los términos y mecanismos que establezcan las leyes estatales en la materia.
Artículo 116….
VIII. Las Constituciones y las leyes de la materia deberán regular los mecanismos de participación ciudadana, dentro de su respectivo ámbito competencia, garantizarán que la deliberación de los asuntos públicos sea:
a) En condiciones de respeto, libertad e igualdad entre los ciudadanos;
b) Informada, facilitando a los ciudadanos el conocimiento del problema, alternativas de solución y posibles consecuencias; y,
c) Organizada de acuerdo con metodologías previamente publicadas en las respectivas gacetas y diarios oficiales.
A a C…
BASE PRIMERA…
f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales; así como todas aquellas disposiciones que garanticen a sus ciudadanos la democracia deliberativa de conformidad con las leyes de la materia.
El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes de la materia deberán regular los mecanismos de participación ciudadana, dentro de su respectivo ámbito competencia, garantizarán que la deliberación de los asuntos públicos sea:
i. En condiciones de respeto, libertad e igualdad entre los ciudadanos;
ii. Informada, facilitando a los ciudadanos el conocimiento del problema, alternativas de solución y posibles consecuencias; y,
iii. Organizada de acuerdo con metodologías previamente publicadas en las respectivas gacetas y diarios oficiales.
g) a p)…
BASE SEGUNDA…
BASE TERCERA….:
Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. Quienes además en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en concordancia con esta Constitución y las normas que las regulan, están obligadas a establecer los mecanismos de participación ciudadana, garantizando el cumplimiento efectivo de este derecho.
TERCERO.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 365 días naturales, deberá expedir la Ley de Participación Ciudadana a que se refiere el presente decreto.
CUARTO.- Las Legislaturas de los Estados de la República y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán y/o expedirán en su caso su respectiva Ley de Participación Ciudadana.
SEN. LUÍSA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA