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Timestamp: 2019-01-16 18:44:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 160', 'artículo 160', 'artículo 117', 'artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 17', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 2', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 7']

Iniciativa – Página 3 – Diputado Ricardo Mejía Berdeja
enero 10, 2017 by jimena mx in Iniciativa / LXI Legislatura
En Movimiento Ciudadano, continuando fieles a nuestra ideología y actuando en congruencia con la lucha que hemos emprendido por revertir las dañinas “reformas estructurales”, en este acto refrendamos nuestro compromiso con los ciudadanos y enfocamos nuestro quehacer legislativo en dar marcha a este gasolinazo, que no es otra casa más que un atraco perpetrado en contra de los bolsillos de los mexicanos, por estas razones presentamos.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º, fracción I, inciso D), numerales 1 y 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), proponiéndose a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.
Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,
noviembre 5, 2016 by jimena mx in Iniciativa / LXI Legislatura
Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,
Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Puìblica para el Estado. by Viri Granillo on Scribd
Exhorto al ayuntamiento de Acapulco para que detenga crédito de 158 mdp
agosto 29, 2016 by jimena mx in Iniciativa / LXI Legislatura
Aprobación por el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco para contratar un préstamo
Con fecha 19 de agosto del año que transcurre, en sesión ordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal de Acapulco, aprobó autorizar la solicitud del Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal de Acapulco, para que funcionarios del Ayuntamiento, puedan solicitar un préstamo por la cantidad de hasta $158,000,000.00 (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.), ante el Banco Interacciones.
2.- Transcripción del Acuerdo Económico aprobado por el Cabildo
Para efecto de mayor claridad se trascribe, acuerdo económico, por el que se aprobó contratar un préstamo, la cual es el siguiente:
El Ciudadano Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, con fundamento en los Artículos 61 fracción XXV, 72 y 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero: 30, 31 y 60 del Bando de Policía y Gobierno; 11 párrafo segundo y 58 fracción VII del Reglamento Interior del Cabildo; 2 y 9 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, a sus habitantes:
I.- Que después de haber hecho un análisis de la situación económica y financiera de la Hacienda y de la Deuda Pública Municipal, se tiene la certeza de actuar en una situación de crisis por la insolvencia económica del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, que amenaza con paralizar y colapsar el funcionamiento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal, y
Primero.- Que no obstante haberse tomado medidas de austeridad para realizar el gasto, de registrarse un incremento en los ingresos propios y, de buscar fuentes alternas de financiamiento en los Gobiernos Federal y Estatal, la situación no ha mejorado sustancialmente.
Segundo.- Que es importante garantizar el pago quincenal de los empleados del H. Ayuntamiento y de su aguinaldo de fin de año, prestaciones de ley que son insoslayables, para lo cual no se cuenta con las previsiones ni recursos correspondientes.
Tercero.- Que es facultad del Congreso del Estado, entre otras, analizar y en su caso, autorizar previa solicitud debidamente justificada de los Ayuntamientos el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento, no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, mediante reformas a las mismas, o través de decretos, que sean necesarios para su financiamiento, cuando se presenten circunstancias económicas extraordinarias, que así lo requieran y/o cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán.
Cuarto.- Que son facultades de los Municipios, por conducto de los Ayuntamientos, entre otras, las de enviar al Congreso del Estado a través del Poder Ejecutivo, la iniciativa de decreto, o decreto de reforma o adición a las leyes de ingreso de los ayuntamientos, para incluir montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados, que sean necesarios para el financiamiento de los Municipios y en su caso, cuando se considere que existan circunstancias económicas extraordinarias que así lo justifiquen y/o cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán.
Contratar empréstitos, en forma individual o conjunta con otros municipios, previa autorización del Congreso del Estado.
Aprobar, previamente a su autorización por el Congreso del Estado, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento del Municipio y de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, cuya autorización conste o deba constar en un decreto, o cuya inclusión en la Ley de Ingresos del Municipio soliciten dichas Entidades y en su oportunidad, la celebración de las operaciones de endeudamiento que se propongan contraer estas Entidades.
II).- Por lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento Interior del Cabildo como facultades y atribuciones del Presidente Municipal en materia de presentación de asuntos, dictámenes, acuerdos económicos y elaboración de órdenes del día, para cumplir con el propósito solicitado por el Edil se incluyó en el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Año dieciséis. Para lo cual los Ediles determinaron por consenso su inclusión.
III).- Realizado que fue lo anterior, durante el desahogo del punto el Honorable Cuerpo Edilicio lo analizó y discutió de conformidad con la técnica parlamentaria prevista en su reglamento interno; y
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los Artículos 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 fracciones 1 y 2, 171, 172 fracción I, 177 y 178 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 26, 52, 62 fracción VII, 70 fracción I, 143 y 145 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 3 y 30 del Bando de Policía y Gobierno; 5, 12, 13, fracción Vll, 20 y 67 párrafo quinto del Reglamento Interior del Cabildo, el Honorable Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, tuvo a bien aprobar el siguiente:
Uno.- Se autoriza al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para que Contrate a Través de sus Funcionarios Facultados, Financiamiento para cubrir Obligaciones Legales por la Cantidad de hasta $158,000,000.00 (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.) con la Institución Banco Interacciones.
Dos.- Se autoriza al Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre, C.P. Teófila Platero Avilés, Prof. Natividad Calixto Díaz, Lic. Merced Baldovino Diego y Lic. Daniel Mesa Loeza, Presidente Municipal, Sindica Procurador Administrativa, Financiera Contable y Patrimonial, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Secretario de Administración y Finanzas y Secretario General del H. Ayuntamiento, respectivamente para que en forma conjunta o como la documentación lo defina, firmar los compromisos para la gestión, administración y pago de las obligaciones.
Artículo 1°.- El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por el H. Cabildo de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Artículo 2°.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Dado a los diecinueve días del mes de Agosto del Año Dos mil dieciséis, en el salón “Timón” del Hotel Elcano, nombrado Recinto Oficial para celebrar la presente Sesión del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco relativo a los empréstitos o financiamientos es necesario pedir autorización al Congreso del Estado.
La Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2016, señala en su artículo 160 la necesidad de pedir autorización al Congreso del Estado cuando el Ayuntamiento requiera un empréstito o financiamientos, la misma que a la letra dice:
EMPRÉSTITO O FINANCIAMIENTOS AUTORIZADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO
ARTÍCULO 160.- El Ayuntamiento tendrá la facultad de gestionar y allegarse de ingresos extraordinarios por conceptos de empréstitos o financiamientos, previa autorización del Congreso del Estado. Estos empréstitos o financiamientos podrán provenir del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de otras instituciones[1].
En el acuerdo económico aprobado por el Cabildo en ninguno de sus resolutivos mencionan la obligación del Ayuntamiento Municipal de solicitar autorización al Congreso del Estado, tal como lo indica en el resolutivo número uno, que a letra indica:
Al contrario esto viola la misma Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez y en particular al artículo 160, ya que de dicho acuerdo económico de manera directa se autoriza a funcionarios para que en forma conjunta o como la documentación lo defina, firmar los compromisos para la gestión, administración y pago de las obligaciones para el contrato de préstamo sin pasar por la autorización del Congreso del Estado. Esto es violatorio a la ley.
No puede existir pago de gasto corriente de unos empréstitos, financiamientos o préstamos
En su numeral segundo de la exposición motivos del acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, señala que el préstamo es para pagos de quincenas y aguinaldos de los trabajadores, mismo que se reproduce de la manera siguiente:
Ningún empréstito, financiamiento o préstamos puede ser utilizado por gasto corriente, a contrario sensu el Ayuntamiento deberá acatarse a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
Con esto se demuestra que dicho acuerdo económico es violatoria a la Constitución Mexicana, ya que el mismo no fue aprobado para aplicarse en inversiones públicas productivas.
No es aplicable la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para contratar prestamos por el Ayuntamiento de Acapulco
No es aplicable el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para contratar un préstamo por parte del Ayuntamiento de Acapulco, mismo que a la letra dice:
En todo momento, el saocal, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
tra dice: s Leyes de Ingresos de los Municipldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no excede del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;
Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos último tres meses;
Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y
Ser inscritas en el Registro Público Único.
No es aplicable el presente artículo al resolutivo número uno del acuerdo económico que aprobó el Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco derivado de que el mismo no cumple con el artículo 26 de la misma ley, mismo que dicha ley no se encuentra armonizada con la Constitución Local y las leyes locales que regulan los empréstito o financiamientos en el Estado de Guerrero, se estima procedente mencionar el penúltimo párrafo del artículo 26 que a la letra dice:
El mismo acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco, en ningún momento se fundamenta en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo tanto no ha lugar ni por hecho ni por derecho, invocar la presente Ley en el acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento Acapulco, por lo tanto no puede ser aplicable para que el Ayuntamiento solicite algún préstamo a una Institución Bancaria.
Acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco viola la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero
Así mismo en la fracción I del artículo 4 de la Ley de Deuda Pública, señala que la solicitud del presidente municipal, es por lo tanto un acto constitutivo de deuda pública, y menciona lo siguiente:
ARTÍCULO 4.- Actos constitutivos de deuda pública.- La deuda pública se constituye mediante:
La contratación de empréstitos o créditos;
Derivado que la solicitud de préstamo se trata de una operación financiera que desea contratar el Municipio, el mismo tiene que ser autorizado por el Congreso del Estado, esto con fundamento en la fracción XVII del artículo 17 y artículo 22 de la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, que señala lo siguiente:
ARTÍCULO 17.- Facultades de los Municipios.- A los Municipios les corresponde, por conducto de los Ayuntamientos:
XVII. Aprobar, previamente a su autorización por el Congreso del Estado, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento del Municipio y de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, cuya autorización conste o deba constar en un decreto, o cuya inclusión en la Ley de Ingresos del Municipio soliciten dicha Entidades y en su oportunidad, la celebración de las operaciones de endeudamiento que se propongan contraer estas entidades.
ARTÍCULO 22.- Montos y conceptos de endeudamiento.- Los montos y conceptos de endeudamiento que sean necesarios para el financiamiento de las Entidades Públicas, a que hace referencia el artículo 2 de esta Ley, serán autorizados por el Congreso del Estado, anualmente, en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, en su caso.
Así mismo el Honorable Congreso del Estado autoriza dichos montos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones del Municipio de Acapulco de Juárez, esto conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que lo manifiesta de la manera siguiente:
Artículo 23.- La Legislatura, local por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del destino del Financiamiento u obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de los establecido en el Capítulo III del presente Título.
Por lo tanto el préstamo, de un monto por la cantidad de hasta $158,000,000.00 (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.) aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, no reúne los requisitos para su autorización y es nulo de pleno derecho por no estar debidamente fundado y motivado y no reunir los requisitos legales.
El acuerdo económico que aprobó el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, entre otras.
Se destaca que el acuerdo económico en comento, se aprobó con una mayoría, más no por unanimidad del Cabildo del Ayuntamiento Municipal y que varios regidores se opusieron a la aprobación del presente acuerdo económico, por no reunir los requisitos legales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, nos permitimos someter a la consideración a la Comisión Permanente, el siguiente:
ÚNICO. La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la esfera de competencias y órdenes de gobierno, hace un atento y respetuoso exhorto al Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, para que deje sin efecto el Acuerdo Económico de fecha 19 de agosto del año en curso, “donde se autoriza al Municipio para que contrate a través de sus funcionarios facultados, financiamiento para cubrir obligaciones legales por la cantidad de hasta $158,000,000.00 pesos (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N) con la Institución Banco Interacciones”, hasta en tanto dicho Acuerdo se encuentre debidamente fundado y motivado y cumpla con los requisitos legales, y posteriormente se realice el trámite legal correspondiente ante este Honorable Congreso del Estado.
SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, para los efectos legales conducentes.
TERCERO. Publíquese íntegramente el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página WEB del Honorable Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y en dos diarios de mayor circulación en la entidad para su más amplia divulgación y difusión.
Chilpancingo, Guerrero, a 22 de agosto de 2016.
[1] Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2016, http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/01/L134IACAPULCO16.pdf.
Iniciativa Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero
agosto 18, 2016 by jimena mx in Iniciativa / LXI Legislatura
DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley número ___ para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:
La desaparición involuntaria de personas se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Es motivo de especial preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad que puedan ser sustraídos de padres afectados por este crimen.
El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales[1] y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la Ley.
Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados.
La resolución de 1983 de la Organización de Estados Americanos (OEA), resultaron en 1989 en la formulación de la primera sentencia de condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando las bases para la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero de 2007, estableciendo una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios.
En este contexto la situación de México es preocupante. En 2009 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas remitió al país 10 casos, detrás de cada uno de los cuales hay una historia. Ahí está la de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de derechos humanos desaparecidos en la región de la costa chica de Guerrero el 13 de febrero de 2009 y cuyos cuerpos fueron encontrados días después con signos de tortura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también ha denunciado la grave crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país. En un informe, basado en su visita a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, la CIDH denunció las cifras alarmantes de desapariciones y desapariciones forzadas (con intervención de agentes del Estado), así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.
Según el informe, en México hay 26,798 casos de personas no localizadas y en muchos de esos casos se trata de una desaparición forzada, con intervención de los agentes del Estado.
Lo anterior provocó que la lucha de las personas y de los organismos de derechos humanos fuese de lo más difícil e incomprendida. Cuando apareció el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y
Exiliados Políticos, impulsado por Rosario Ibarra de Piedra, pocos creían en la legitimidad de sus demandas y planteamientos. Lo mismo ocurrió después con el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).
Acudir a un foro internacional para denunciar los crímenes de lesa humanidad que cometía (y sigue cometiendo) el Estado mexicano, era exponerse a “atentas solicitudes” de guardar silencio. Como ejemplo, el régimen emanado de la revolución sandinista de Nicaragua nunca se ocupó de temas relacionados con la Guerra Sucia que practicó el pri-gobierno en el país.
La guerra sucia en México dejó un saldo estimado de 600 personas desaparecidas en contra de su voluntad, cifra similar a la que se ha registrado en Guerrero que a hoy día suman aproximadamente 500 víctimas de desaparición forzada.
Según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión a México (18 al 31 de marzo de 2011), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 26/2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas en la “Guerra Sucia” y señaló la responsabilidad del Estado.
En ese mismo informe, se señala que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) investigó, en ese mismo periodo, un total de 797 casos de desapariciones forzadas; mientras que organizaciones de la sociedad civil informaron que, de acuerdo a sus estimaciones, se habrían cometido alrededor de 1.350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez.
La desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Paquistán, esto de acuerdo con datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (de la Organización de las Naciones Unidas.
El caso más reconocido sobre desaparición forzada, se registró en la ciudad de Iguala, donde se suscitaron una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala, obedeciendo órdenes de la delincuencia organizada, persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos
Las atrocidades de la desaparición forzada se extiende más allá de las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, hasta alcanzar a los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen.
La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar.
La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación.
Bajo esta tesitura, cobra mayor relevancia las consecuencias legales respecto a la condición del desaparecido, que han sido sintetizadas por el Grupo de Trabajo de la ONU para las desapariciones forzadas, en un estado total indefensión del ausente, al estar sustraído de la protección de la Ley; y la incertidumbre legal en la que se encuentran los familiares.
Ante esta situación, los Diputados Ciudadanos, reconocemos que la desaparición forzada o involuntaria de personas tiene efectos particulares y diferenciados en las personas y en las familias, distintos de aquellos producto de casos de una ausencia voluntaria de la persona o de una persona extraviada. Puesto que en las primeras, se presume o se tienen indicios de que la desaparición es producto de un hecho violento, ilícito, ya sea delictivo y/o violatorio de los derechos humanos de la persona desaparecida y no sólo responde al extravío de la persona o su falta de localización por decisión propia.
Por lo tanto, la respuesta del Estado debe reconocer esos daños y afectaciones diferenciadas y adoptando un acercamiento diferente e integral en los procedimientos que regulen la declaratoria de ausencia por desaparición.
De ahí que la Bancada de los Ciudadanos impulse, como parte de su agenda, la creación de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, por medio de la cual se incorpora al andamiaje jurídico guerrerense un procedimiento nuevo, sensible a los daños producto de la desaparición de la persona y a las necesidades de las víctimas, diferente a los procedimientos de declaratoria de ausencia y presunción de muerte regulado actualmente por el Código Civil.
En este nuevo instrumento normativo establece además la presunción legal de vida de la persona desaparecida, por lo que debe excluirse la presunción de muerte o considerarse como una consecuencia de este procedimiento. Precisando también que cuando la persona desaparecida sea beneficiaria de un sistema de seguridad social, la presunción de vida debe permitirle continuar bajo el régimen y mantener a los beneficiarios dentro del sistema.
Se prevé además que los procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición deben responder a las necesidades de las familias y sus efectos ser conocidos por las familias, por lo que la consulta con potenciales beneficiarios debe ser promovida y así lograr adaptarse a la realidad que pretende atender. Particularmente realidades del ámbito urbano o rural, o de la realidad local en la que la persona se presume fue desaparecida.
Del mismo modo, se pretende que quien obtenga una resolución de Declaratoria de Ausencia por Desaparición pueda hacer valer los efectos legales de la declaratoria para que le permitan la representación y ejercicio de los derechos de las personas desaparecidas.
Cabe enfatizar que en el proyecto de Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, se señala de manera expresa que la obtención de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición no debe eximir a las autoridades Estatales de su obligación de búsqueda (incluida la determinación de la suerte o paradero de la persona desaparecida o la ubicación e identificación cierta de sus restos), la investigación y sanción a los responsables en casos de delitos y violaciones a derechos humanos, ni la reparación del daño.
Sobre el particular, es importante distinguir que las legislaciones estatales para regula el procedimiento de emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición, han sido reconocidos por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
En resumen, la presente iniciativa tiene el propósito de dar certeza jurídica a la situación de la persona desaparecida y con ello ayudar a identificar cuando se trata de una desaparición forzada o involuntaria, a modo tal de que pueda coexistir con la Ley General en materia de Desaparición Forzada que habrá de expedir el Congreso de la Unión.
Finalmente, es importante señalar que esta nueva ley, atiende obligaciones previstas en tratados internacionales de los que México es parte, así como recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, la última de ellas por parte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que en febrero de 2015 recomendó al Estado mexicano adoptar ‘las medidas necesarias para asegurar que la legislación en todo el Estado parte establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:
DECRETO NÚMERO ____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO.
Artículo único. Se expide la Ley número ___ para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
LEY NÚMERO ___ PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica de manera expedita a las víctimas indirectas de la persona desaparecida involuntariamente y por hechos violentos, a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona.
Artículo 2. Interpretación y supletoriedad de la Ley.
La presente Ley se interpretará de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la legislación secundaria en la materia, siempre y cuando prevalezca la interpretación pro persona.
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada las disposiciones del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, en particular las reglas del procedimiento ordinario para la Declaración de Ausencia, en todo aquello que no se contraponga a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 3. Definición de Desaparición.
Para los efectos de esta Ley, se considerará desaparición el supuesto previsto para tal efecto por la Ley General de la material.
Hasta en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición, se entenderá por ésta aquella situación jurídica en la que se encuentre una persona sobre la que existe indicio de que en contra de su voluntad y con motivo de un hecho ilícito, no se tenga noticia sobre su paradero, ni se haya confirmado su muerte.
Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por desaparición, deberá abocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.
Transcurrido el término de treinta días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el
Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición ante el Juez en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.
El agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá las indagatorias con el objeto de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar, en su caso, la acción penal correspondiente. En caso de que, como resultado de la búsqueda e investigación, se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición quedará sin efecto.
Artículo 5. Otros solicitantes.
Si al concluir el plazo a que previsto por el artículo 4, párrafo 2, de esta Ley, el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, podrá hacerlo cualquiera de las personas relacionadas con aquella cuyo paradero se desconoce, de conformidad con el siguiente orden de prelación:
El o la cónyuge, concubina o concubinario;
Los descendientes; en caso de ser menores, a través de un representante;
III. Los ascendientes en línea recta en primero y segundo grado;
Los parientes colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o
Quien tenga interés jurídico para litigar o defender los derechos de dicha persona.
En caso de que varias personas con el mismo derecho promuevan esta acción, entre ellos deberán elegir a un representante común. De no ponerse de acuerdo y en caso de tener el mismo grado de preferencia de acuerdo con este artículo, el Juez lo nombrará de entre ellos.
Mientras continúe el representante común en su encargo, los emplazamientos, notificaciones y citaciones de toda clase que se les haga, tendrán la misma fuerza que si se hicieren a los representados.
Artículo 6. Competencia jurisdiccional.
Será competente para conocer el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición, el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Estado de Guerrero que corresponda, de acuerdo con lo siguiente:
El último domicilio de la persona cuyo paradero se desconoce;
El domicilio de la persona quien promueve la acción;
El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.
Artículo 7. Contenido de la solicitud.
La solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición incluirá la siguiente información:
El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;
Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición. Preferentemente, se anexará la copia de la denuncia de hechos realizada ante el Ministerio Público y, en su caso, se incluirá adicionalmente la queja hecha ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;
La fecha y el lugar de los hechos;
El nombre y la edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana;
El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;
La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;
VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida, y
VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.
Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 8. Admisión, desechamiento o requerimientos.
Recibida la solicitud, el Juez podrá admitirla, desecharla o requerir al solicitante para que en el plazo de tres días aclare, corrija o complete la misma, a fin de que se ajuste a lo dispuesto en el artículo anterior; de no hacerlo el solicitante, el Juez desestimará de oficio la solicitud.
Igualmente, de no haberse acompañado a la solicitud, el Juez requerirá inmediatamente al Ministerio Público copia certificada de la denuncia correspondiente, salvo que este hubiere promovido la solicitud. También podrá requerir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que en el plazo de tres días hábiles remitan la información correspondiente contenida en sus archivos, a fin de que obre en el expediente para su análisis y resolución.
Una vez admitida la solicitud, el Juez competente publicará un edicto que contendrá un extracto de la misma en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el portal de internet del Gobierno del Estado. Ese edicto se publicará durante tres meses, en intervalos de quince días naturales. El extracto de la solicitud no tendrá ningún costo para los solicitantes.
Pasados treinta días naturales desde la fecha de la última publicación, si no hubiere noticias de la persona desaparecida, ni oposición de algún interesado, el Juez resolverá en definitiva sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición.
El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición, aquel día en el que se le haya visto por última vez a la persona desaparecida, salvo prueba fehaciente en contrario.
Si hubiere alguna noticia u oposición, el Juez no declarará la ausencia sin escuchar a las partes interesadas y hacer la averiguación por los medios que se propongan y por los que el mismo Juez considere oportunos.
Artículo 11. Impugnación.
La resolución que se pronuncie en el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición podrá ser impugnada mediante la interposición del recurso de apelación ante Sala Civil, el que, en su caso, será admitido en ambos efectos.
En caso de desechar la solicitud, el Juez deberá fundar y motivar su decisión, pudiendo también el solicitante recurrir la decisión mediante apelación.
De los Efectos de la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas
La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos generales:
Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;
Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;
Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;
Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;
Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo, y
VII. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y familiar del Estado y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente Ley.
Artículo 13. Disolución de la sociedad conyugal.
La Declaración de Ausencia por Desaparición dará lugar a la disolución de la sociedad conyugal, por lo que el Juez procederá a citar a los herederos presuntivos del ausente para realizar el inventario de bienes y a la separación de los que deben corresponder al cónyuge ausente. El o la cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le corresponden, de los que podrá disponer libremente.
Artículo 14. Administrador.
El Juez determinará el nombramiento de un representante legal con facultades para ejercer actos de administración sobre los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea.
Al efecto, el Juez dispondrá que el o la cónyuge presente, concubina o concubinario, los ascendientes, descendientes y demás a que se refiere esta Ley con la calidad de solicitantes, nombren de común acuerdo a dicho representante legal; en su defecto, el Juez elegirá de entre ellos al que considere más apto para ejercer el cargo.
El cargo de representante legal terminará con el regreso de la persona cuyo paradero se desconoce, con la confirmación de su muerte o, en su caso, con la declaración de presunción de muerte, en cuya hipótesis se procederá a la sucesión.
Artículo 15. Tutor.
Si la persona declarada como ausente tiene hijos que estén sujetos a su patria potestad y no hay ascendiente que deba ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario ni legítimo, el Juez les nombrará tutor, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 16. Continuidad del deber de investigar.
La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.
Si tales autoridades incumplen lo anterior, se le dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción y/o delito respectivo.
Artículo 17. Régimen de seguridad social.
Los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los municipios o sus entidades paraestatales, continuarán gozando de sus beneficios.
Artículo 18. Otros beneficios, salarios y prestaciones.
Los beneficiarios del trabajador cuya ausencia por desaparición ha sido declarada, continuarán gozando de los beneficios, salarios y prestaciones a los que aquel tenía derecho, hasta en tanto no se le localice, ya sea que regrese, se confirme su muerte o se declare la presunción de muerte.
Artículo 19. Inscripción.
El Juez ordenará la inscripción de la persona declarada desaparecida en el Registro contemplado en la Ley General de Víctimas. De igual forma, dará el aviso correspondiente a la Dirección del Registro Civil.
Artículo 20. Obligaciones a cargo del ausente.
Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.
Artículo 21. Efectos a largo plazo.
Transcurrido un año contado desde el momento en que se tuvo por ausente a la persona desaparecida, el representante legal podrá solicitar al Juez la venta judicial de los bienes de aquella, observando las disposiciones del Código Civil del Estado para las ventas judiciales. El importe obtenido será repartido entre quienes tuvieren derecho a herencia, de conformidad con las disposiciones en materia de sucesiones establecidas en el Código Civil.
De la Aparición del Ausente
Artículo 22. Aparición del ausente.
En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la Declaración de Ausencia por Desaparición, pero persistirá la liquidación de la sociedad conyugal y recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen, sin poder reclamar frutos ni rentas de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
TERCERO. El Ministerio Público, los jueces civiles y los defensores públicos del Estado de Guerrero, deberán capacitarse conforme a este procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición, para garantizar de manera adecuada una protección eficaz del derecho a la personalidad respectivo.
CUARTO. En todos aquellos casos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ministerio Público tendrá un plazo de treinta días para presentar la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición, contados a partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento.
QUINTO. En el caso de declaratorias por presunción de muerte, conforme a la legislación aplicable, o bien, pendientes de inscripción, a solicitud de quien acredite interés legítimo, podrán ser reconvertidas a Declaratoria de Ausencia por Desaparición, en los términos de la presente Ley.
SEXTO. Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos constitucionales correspondientes.
SÉPTIMO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.
Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los ___ días del mes de julio del año dos mil dieciséis.
[Hoja de firmas correspondiente al DECRETO NÚMERO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO]
[1] El artículo 7, párrafo 2, inciso i), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, señala que por desaparición forzada de personas “…se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”
Muestra de ello es la iniciativa “La educación ante todo”, presentada por las Naciones Unidas (ONU) el 26 de septiembre de 2012, en ella se reconoce la capacidad de la educación para transformar vidas y construir sociedades más sostenibles, pacíficas y prósperas. Read More