Source: https://es.scribd.com/doc/54727251/Analisis-Critico-de-Sentencia-Nacional-e-Internacional3
Timestamp: 2017-06-28 14:16:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 8', 'artículo 335', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 136', 'artículo 78', 'artículo 21']

Analisis Critico de Sentencia Nacional e Internacional3Cargado por MARLERACIntereses relacionadosJudgeConstitutionHuman RightsSentence (Law)VenezuelaCalificación y estadísticas0.0 (0)Acciones de documentosDescargaCompartir o incrustar documentosInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA MISION SUCREPROGRAMA DE FORMACION DE ESTUDIOS JURÍDICOS ALDEA PEDRO CAMEJO BARQUISIMETO, ESTADO LARA
TRIUNFADORES: SECCIÓN: UNIDAD CURRICULAR: GRUPO # 2 NOVIEMBRE 2010
37. existe lo absurdo.ANALISIS CRITICO DE SENTENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ANALISIS CRÍTICO DE SENTENCIA INTERNACIONAL Corte Interamericana de Derechos Humanos. revistiendo por vía consecuencial carácter de falta grave que pueda concluir a la máxima sanción disciplinaria. mediante el cual el Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta. y la razón de la sentencia emanada del TSJ respecto a lo fallado por esta corte con respecto a la demanda de estos ciudadanos.997. "una irregularidad sumamente grave" porque ella es contraria a derecho…" "De modo que esa conducta concurrente en la decisión judicial tiene trascendencia disciplinaria cuando se configura como error que no es concebible en los jueces antes mencionados. Estado Miranda. incurre en un grave error jurídico de carácter inexcusable y por esa razón la Sala considera procedente el avocamiento solicitado. y de cualquier otro cargo que desempeñen en el Poder Judicial." "Con fuerza en los fundamentos expuestos esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. por lo absurdo del fallo en sus efectos. Publicada en Gaceta Oficial No. titular de la cédula de identidad N° 7.340. y LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO. emanada del Tribunal Supremo de Justicia. se ordena a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura hacer efectiva la Resolución No. imponiéndose además la declaratoria de nulidad de la sentencia cautelar dictada por esa Corte.084. es decir. La sentencia de la Sala Político–Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció expresamente que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.415. PERKINS ROCHA BARBERA. Se dice entonces –y así lo ha elaborado como doctrina de la Sala Político Administrativa– que por error judicial inexcusable se entiende aquel que no puede justificarse por criterios razonables. así como de todas aquellas inscripciones registrales que hayan podido efectuarse como consecuencia de ese fallo. al no declarar la improcedencia del amparo cautelar solicitado contra el acto administrativo número 219-A. DESTITUYE a los ciudadanos JUAN CARLOS APITZ BARBERA. actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. ASÍ SE DECIDE. al encontrarlos responsables de la comisión del ilícito disciplinario previsto en el ordinal 4° del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial. lo que constituye el ilícito disciplinario previsto en el ordinal 4° del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial.795 de sus cargos de Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. titular de la cédula de identidad N° 2. 2002-1165. niega la protocolización de un documento de compraventa de unos terrenos. lo que la Sala Político–Administrativa ha considerado. titular de la cédula de identidad N° 3. Reparaciones y Costas) Es necesario puntualizar que estos ex magistrados por decisión del Tribunal Supremo de Justicia fueron destittuidos de sus cargos por haber incurrido en un error judicial inexcusable al conceder un amparo cautelar que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado el registro de una compraventa.887. Venezuela. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. eso. Con relación a la ciudadana EVELYN MARRERO ORTIZ titular de la cédula de identidad N° 4.308. Un resumen de esta sentencia se hace necesaria para comprender el porque estos acudieron a la CIDH.574.810 del 4 de noviembre de 2003. de fecha 28 de octubre de 2002. que lesiona gravemente la conciencia jurídica. Fondo. con relación al pronunciamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.211. De manera que en el error judicial inexcusable no existen las razones jurídicas para sustentar un criterio."
. ASÍ SE ESTABLECE. ANA MARIA RUGGERI COVA. titular de la cédula de identidad N° 6." Expone esta sentencia: "El error judicial inexcusable atenta contra principios de derecho y por ello entra en la modalidad de lo antijurídico.Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar.709.
pero también es muy obvio que se tomo esta caso para desacreditar al Estado Venezolano y generar una crisis institucional en el Poder judicial. se realizó una audiencia privada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. sin embargo. Si bien un ente como CIDH puede sugerir y dicatminar en relación de los DH. a raíz de la indebida intromisión e interferencia del gobierno nacional en el poder judicial venezolano. El 14 de julio de 2004.. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.. Perkins A. injerencia en las decisiones internas del Estado. las cuales fueron decididas tardíamente en contra de los Magistrados destituidos. de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. el 29 de enero de 2010.
. declara admisible la petición interpuesta. en ponencia de Beltrán Haddad. el 6 de abril de 2004 presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O. Agotados todos los recursos judiciales internos en Venezuela. En su decisión declaró sin lugares recurso de anulación interpuesto. El caso de a doctora Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta Es interesante puntualizar el caso de a doctora Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta. Ciertamente es notable que hay una maniobra política en ese aspecto..A. En esa lista aparece la doctora Luisa Estela Morales Lamuño.. Perkins A. En la Gaceta Oficial Nº 34. También revela preferencias por parde tel estado venezolano con respecto a la doctora Luisa Estela Morales Lamuño. la doctora Luisa Estela Morales Lamuño vuelve a ser destituida. asistida por el abogado Morris Siarraalta demandó la nulidad de la resolución invocada para dejarla fuera del Poder Judicial.Ante su destitución. mediante el oficio Nº 01-2004. En el texto de la sentencia se señala que Morales Lamuño incurrió en la alteración de actas y otro concurso de infracciones. Hay que acotar que Cinco años después de la destitución. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C. El 8 de marzo de 2005 a través del Informe N° 24/05 sobre la petición identificada con el N° 282/04. los magistrados destituidos Juan Carlos Apitz B.E. los ciudadanos Juan Carlos Apitz B.. El magistrado ponente fue Román Duque Corredor. de fecha viernes 24 de junio de 1989. se publicó la sentencia mediante la cual el entonces Consejo de la Judicatura destituyó del cargo de juez titular del Tribunal de Primera Instancia Agraria del estado Yaracuy a la doctora Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta. la destituida. aqui se plantea más bien una intromisión en nuestros asuntos internos. En la Gaceta Oficial Nº 37. en la que participaron el representante del Estado de Venezuela... funcionaria del Poder Judicial que fue destituida en dos oportunidades: en 1989 por el Consejo de la Judicatura y en 2003 por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.E. la dos veces destituida del Poder Judicial es nombrada presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia..354. esta vez como responsable de haber cometido ilícitos disciplinarios.. se excede marcadamente este ente en su fallo. El 16 de octubre de 1989.A. de la República. demandaron la nulidad de la destitución a través de varias acciones judiciales ante varias salas del Tribunal Supremo de Justicia. Analisis de la sentencia de la CIDH Esta Sentencia denota un marcado tinte político. pues su ilegal e ilegítima destitución significó una flagrante violación de derechos humanos esenciales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana”. Laurence Quijada. se dirige al diputado Pedro Carreño informándole acerca de los postulados a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. el de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de que la Corte obtenga información por parte del Estado sobre el cumplimiento de la Sentencia y escuche las observaciones de la Comisión y del representante de las víctimas al respecto.810 de fecha 4 de noviembre de 2003. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C..
determinó que el Estado debe entregar la cantidad de US$ 5.00 a cada una de las víctimas. en un cargo que tenga las remuneraciones. con las pruebas obrantes. conforme a lo expuesto en los párrafos 96 a 108 de esta Sentencia”. 4. La Corte en equidad determinó como indemnización por el daño material la cantidad de US$ 48. La sentencia de la Corte Interamericana de DDHH establecio que el Estado venezolano debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la Sentencia por concepto de daño material. según la cual fueron destituidos por razones "políticas''. si éstos así lo desean.De igual forma. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de abril de 2004. utilizando para el cálculo
. 8. La Corte Interamericana de DDHH considero que“no queda probado en el expediente del presente caso que el Poder Judicial haya sido “depurado” ideológicamente. La Corte Interamericana de DDHH considero que el Estado “no garantizó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un tribunal imparcial. La corte interamericana convalidó la denuncia de los propios jueces afectados. desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999 2. Todo esto da un total de 93 mil dólares. Por estos motivos. deben ser reenganchados al sistema judicial venezolano. se señala que “no ha quedado establecido que el Poder Judicial en su conjunto carezca de independencia. " 5. Dicha cantidad deberá entregarse directamente a los beneficiarios dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia. 3. "de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención. quienes habían sido destituidos de sus cargos el 30 de octubre de 2003. El Estado deberá efectuar el pago de este monto directamente a los beneficiarios dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia. además.00 o su equivalente en moneda venezolana para cada víctima.00 por concepto de indemnización por daño inmaterial. lo que constituye una violación del artículo 8. Se trata de la primera decisión de una corte internacional que condena al Estado venezolano. inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia".la Corte indica que "el Estado debe reintegrar al Poder Judicial a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri Cova. beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran sido destituidos". por concepto de costas y gastos. Esto se suma a la cantidad de US$ 40.000. Ana María Ruggeri Cova.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. No obstante. Esta sentencia alude que el 29 de noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó.000. La Corte. 7. la Corte no encuentra demostrado que el Poder Judicial en su totalidad carezca de independencia”. 6. 9.1.000. 11. 10. La sentencia Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH establecio la reincorporación de ex magistrados de la Corte 1era en lo Contencioso Administrativo a sus cargos y pago de indemnizaciones el fallo de la sentencia ordena que los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda venezolana. Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera. una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela que dio inicio al presente caso conocido como Apitz Barbera y otros.
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Estados Unidos de América. 15. El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 249 de esta Sentencia. El Estado debe elaborar una ley de etíca y protección de jueces. 2. JUECES DE LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". que no puede trascender sobre las decisiones internas y soberanas del Estado. ANALISIS CRITICO A SENTENCIA NACIONAL FALLO EN EL CASO: "CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS VS. deberá pagar una indemnización. DECISIÓN: DECLARA INEJECUTABLE EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2008.respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York. el Estado no pudiese reincorporarlas al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia.con otras naciones en los cuales se sometió la resolución de controversias a órganos internacionales. PEDRO RONDON HAAZ. NUMERO 1939 N° EXPEDIENTE : 08-1572 FECHA: 18/12/2008. Si por motivos fundados. Esta sentencia juno a otras mencionadas en un comunicado de prensa hacen posible que el Estado Venezolano. PONENTE: ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Antecedentes y Seguimiento de la Sentencia El 18 de diciembre de 2008. el día anterior al pago. 13. PROCEDIMIENTO: RECURSO DE INTERPRETACIÓN PARTES: ABOGADOS GUSTAVO ÁLVAREZ ARIAS Y OTROS. Caso Apitz Barbera y otros mediante sentencia. dejó sin efecto jurídico alguno la decisión de la CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos. que esta Corte fija en equidad en US$ 100. inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente sentencia. 242 y 260 de la misma. en los términos de los párrafos 236. VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO DR. El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente sentencia por concepto de daño material. pueda denunciar o modificar los convenios suscritos -antes de 1999. y corrobora que el DIP siempre sera un derecho de coordinación.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las víctimas.000. D) El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos. Analisis Critico de la Sentencia: 1. Se observa una franca rebeldia ante los tratados internacionales. 14. Esta sentencia avala que sólo a través de un consentimiento de las altas autoridades del Poder
. 12. en el plazo máximo de dieciocho meses a partir de la notificación de la presente Sentencia. Esta sentencia levanto gran controversia por su tinte politico. ajenos a la voluntad de las víctimas. esta junto a otras sentencias han sentado un precedente en lo que respecta a la injerencia de enetes internacionales en decisisones judiciales internas del país y coloca a Venezuela en una posición autodeterminada ante el DPI.
podrán ejecutarse penal o civilmente en el país. pueda denunciar o modificar los convenios suscritos -antes de 1999. Se trata del "desacato" abierto a una sentencia de un tribunal internacional y por tanto a las obligaciones derivadas del tratado que lo creó y rige sus competencias. en el referido fallo. entre otros) Al reafirmarse en los términos expuestos en esta sentencia el principio de soberanía y autodeterminación de la República. el cual reza: "La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico' La sentencia deja claro que la sala Constitucional es la intérprete del texto fundamental tambiénel (artículo 335 CRBV) se abrogó la potestad de interpretar las normas contenidas en los tratados o pactos internacionales de derechos humanos firmados por el país y anunció que los informes y resoluciones emanados por las instancias creadas por dichos instrumentos podrían ser desacatados. centros de arbitraje. siempre que ellas no contraríen lo establecido en el artículo 7 de la Constitución. 67). que a su decir fueron violentados por Venezuela por carecer de un procedimiento que garantice la imparcialidad del sistema de justicia venezolano”. puede ser objeto de control constitucional.
7. por lo que por esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse en el país. sino además de una ley aprobatoria del tratado por parte de la Asamblea Nacional (Corte Penal Internacional. es "definitiva e inapelable" (art. normas contenidas en Tratados. y el Estado venezolano tiene la obligación de "cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que se (a) parte" (art. señalando cual (sic) debería ser a su juicio el procedimiento idóneo ante casos similares al denunciado. conciliaciones.
6.Otras criticas plantean que esta sentencia del TSJ configura una grave violación al derecho internacional por parte del Estado venezolano. si se pretende ejecutar en Venezuela. y adopta unas medidas que presuntamente garantizan los derechos humanos de los denunciantes. laudos. Alega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó “un pronunciamiento critico (sic) sobre nuestra legislación.
4. esta sentencia.
5. Tribunales subregionales como el Tribunal Andino. requiere no solo de la manifestación de voluntad del Presidente de la República.con otras naciones en los cuales se sometió la resolución de controversias a órganos internacionales. Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la Constitución o sus Principios rectores Esta sentencia reafirma que toda decisión o laudo internacional.
8. En el dictamen la Sala estableció: "A las decisiones de esos organismos (internacionales de derechos humanos) se les dará cumplimiento en el país. Lo contrario sería subvertir el orden constitucional y atentaría contra la soberanía del Estado”. alegó que “las decisiones de estos órganos internacionales de protección de los derechos humanos no son de obligatorio cumplimiento y no son inaplicables si violan la Constitución o no se hayan agotado los recursos judiciales internos. conforme a lo que establezcan la Constitución y las leyes. La sentencia declara Inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 68. Esto genero gran controversia pues para muchos juristas Conforme al texto de la Convención Americana. La representación de la República Bolivariana de Venezuela refiriéndose a la ejecución de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008. Denuncia la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al desconocer el ordenamiento jurídico venezolano en cuanto al establecimiento de medidas y sanciones contra los miembros que conforman el Poder Judicial. Con esta sentencia se plantea un antecedenta para que los fallos. 9.
Nacional es posible que la República pueda someterse a la jurisdicción internacional. dictámenes u otros actos de igual entidad. La validez y eficacia. de
.1). como todas las sentencias de la Corte Interamericana. Corte Interamericana de Derechos Humanos. si son violatorios de la Constitución. es posible que el Estado Venezolano de acuerdo a las normas aplicables.3.
tal decisión tendría que ser rechazada aunque emane de organismos internacionales protectores de los derechos humanos…(…) 15. sólo es aplicable a los jueces de carrera. Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B. Se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. debe esta Sala traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional. Lo que señala el fallo de CIDH. lo cual es absolutamente inaceptable y contrario a derecho. Plantea esta sentencia que el fallos no se trata de una colisión de leyes. amparara a alguien violando derechos humanos de grupos o personas dentro del país. pueden ser removidos por dicha Comisión con notificación a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de lo resuelto con estos jueces. en función del cual la potestad que tiene la Comisión Judicial de este Máximo Tribunal para remover de sus cargos a los funcionarios designados con carácter provisional. En este orden de ideas. 11. Asimismo. En esta se Concluyó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inaceptable y de imposible ejecución por parte de la República Bolivariana de Venezuela. por exceder de las funciones que legalmente le están establecidas y por desconocer el contenido del artículo 7 de la Constitución en cuanto a la consagración de un sistema social de derecho y de justicia. aceptado legalmente por la República. "afectaría principios y valores esenciales del orden constitucional de la República'' 14. la ejecución de la sentencia de la CIDH de restituir a los magistrados destituidos y elaborar una ley de protección a jueces. lo que excede los límites de ese especial recurso. Concluye la sentencia que: “no puede ponerse un sistema de principios supuestamente absoluto y suprahistórico por encima de la Constitución” y que son inaceptables las teorías que pretenden limitar “so pretexto de valideces universales.fecha 5 de agosto de 2008.. ya que los provisorios. pues de lo que se trata es de una presunta controversia entre la Constitución y la ejecución de una decisión dictada por un organismo internacional fundamentada en normas contenidas en una Convención de rango constitucional.Con fundamento en el principio de colaboración de poderes (artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el fallo de la Corte Interamericana equipara de forma absoluta los derechos de los jueces titulares y los provisorios. Según el fallo. 10. 16. pues la presunta colisión estaría situada en el plano de dos normas de rango constitucional. Dice esta sentencia que la aplicación de la sentencia de la CIDH "podría conllevar un caos institucional''. se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces. en el que se ordenó la reincorporación en el cargo de los exmagistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova. ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo antes mencionado. accidentales u otros jueces que son de libre nombramiento y remoción por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. 12. 13. la soberanía y la autodeterminación nacional”. es de estricto carácter discrecional. a fin de la
. Ya que si un organismo internacional.
el acto de destitución dictado contra los ex jueces Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz quedó firme por decisión Nº 634 del 21 de mayo de 2008. lo cual resulta inadmisible. es claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. a juicio de esta Sala Constitucional. 19. De allí deriva que. Se advierte del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este órgano pretende que el Estado venezolano indemnice a los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova. cuando los recursos administrativos o judiciales que prevé el ordenamiento jurídico interno no fueron instados o fueron desestimados por sentencia definitivamente firme dictada por el Máximo Tribunal de la República. publicado y consignado el cartel de emplazamiento a los terceros interesados en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. pero en la supuesta constatación por dicha Corte de la violación de los derechos o libertades protegidos por la Convención. En consecuencia. situación por demás omitida en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. violentando la soberanía del Estado venezolano en la organización de los poderes públicos y en la selección de sus funcionarios. a quienes califica de “víctimas” por haber presuntamente sido violados sus derechos individuales. utilizó el fallo analizado para intervenir inaceptablemente en el gobierno y administración judicial que corresponde con carácter excluyente al Tribunal Supremo de Justicia. De otro lado. de conformidad con la Constitución de 1999. 18. en materia de carrera judicial y responsabilidad de los jueces. al ordenar la reincorporación de los jueces destituidos. La sentencia cuestionada pretende desconocer la firmeza de decisiones administrativas y judiciales que han adquirido la fuerza de la cosa juzgada. pues ello iría en contra de uno de los valores esenciales y la seguridad jurídica. mediante la cual se declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra dicho acto. al no limitarse a ordenar una indemnización por la supuesta violación de derechos.
. dictó pautas de carácter obligatorio sobre gobierno y administración del Poder Judicial que son competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Justicia y estableció directrices para el Poder Legislativo. Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz. no puede desconocerse la cosa juzgada que enviste a los actos de destitución de los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.ratificación de lo decidido. debe señalarse que la ex jueza Ana María Ruggeri Cova no ejerció recurso de reconsideración o judicial alguno contra el acto de destitución (hecho reconocido en el párrafo 183 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el cardinal 10 del capítulo X del mismo fallo).` 17. En tal sentido. por no haber retirado. al margen de la eventual antinomia entre normas protectoras de derechos individuales y las relativas al bien común.
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