Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0534&from=FR
Timestamp: 2020-07-16 18:02:58
Document Index: 72878110

Matched Legal Cases: ['artículo 325', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 310', 'artículo 325', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 267', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 50', 'artículo 82', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 267', 'artículo 218', 'artículo 208', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 57', 'Artículo 5', 'artículo 70', 'Artículo 6', 'artículo 72', 'artículo 18', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 26', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 57', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 41', 'Artículo 23', 'artículo 15', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 59', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 267', 'Artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 22', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 43', 'artículo 17', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 43', 'Artículo 47', 'artículo 340', 'artículo 268', 'Artículo 48', 'artículo 6', 'Artículo 50', 'artículo 48', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'Artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 52', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 165', 'artículo 48', 'Artículo 53', 'artículo 185', 'artículo 110', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 61', 'artículo 4', 'Artículo 57', 'artículo 13', 'Artículo 58', 'artículo 325', 'Artículo 59', 'artículo 56', 'artículo 218', 'artículo 75', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 218', 'artículo 9', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'artículo 8', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'artículo 228', 'Artículo 69', 'artículo 47', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 9', 'artículo 75', 'Artículo 72', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 24', 'Artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 26', 'Artículo 74', 'artículo 86', 'artículo 86', 'Artículo 75', 'artículo 7', 'artículo 88', 'artículo 86', 'artículo 18', 'artículo 18']

EUR-Lex - 52013PC0534 - ES
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la creación de la Fiscalía Europea /* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */
Actualmente la incoación de procedimientos penales contra los delitos cometidos contra el presupuesto de la UE es competencia exclusiva de los Estados miembros sin que exista ninguna autoridad propia de la Unión en este ámbito. A pesar de que los daños potenciales pueden ser significativos, las autoridades competentes no siempre investigan y enjuician esos delitos, debido a lo limitado de los recursos asignados a la ejecución de la legislación. Como consecuencia, los esfuerzos nacionales en este ámbito están a menudo fragmentados y la dimensión transfronteriza de dichos delitos suele pasar desapercibida para las autoridades.
Abordar los casos de fraude transfronterizo requeriría investigaciones y procedimientos penales estrechamente coordinados y eficaces a escala europea, pero los niveles actuales de intercambio de información y coordinación no son suficientes para lograrlo, pese a que órganos de la Unión como Eurojust, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han intensificado sus esfuerzos al respecto. La coordinación, la cooperación y el intercambio de información se enfrentan a numerosos problemas y limitaciones debido al reparto de responsabilidades entre las autoridades pertenecientes a las distintas jurisdicciones territoriales y funcionales. Las lagunas en la actuación judicial contra el fraude están presentes a diario a diferentes niveles y entre distintas autoridades y constituyen un obstáculo importante para la correcta investigación y la incoación de procedimientos penales contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
Eurojust y Europol poseen un mandato general para facilitar el intercambio de información y coordinar las investigaciones y los procedimientos penales que se realizan a escala nacional, pero carecen de competencias para llevar a cabo tales actuaciones por su cuenta. Una de las misiones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es investigar el fraude y las actividades ilegales que afectan a la UE, pero sus competencias en lo relativo a las investigaciones administrativas son limitadas. A menudo las actuaciones de las autoridades judiciales nacionales siguen siendo lentas, los índices medios de incoación de procedimientos penales son reducidos y los resultados obtenidos en los distintos Estados miembros de la Unión, desiguales en su conjunto. Con este historial, es posible considerar que las medidas judiciales adoptadas actualmente por los Estados miembros en la lucha contra el fraude no son eficaces, equivalentes ni disuasorias como exige el Tratado.
Dado que actualmente, las autoridades investigadoras y fiscales de los Estados miembros en materia penal no pueden alcanzar un nivel equivalente de protección y ejecución de la legislación, la Unión no solo está facultada para actuar sino que tiene la obligación de hacerlo. El artículo 325 del Tratado lo requiere desde un punto de vista jurídico, pero de forma que se tengan en cuenta las normas específicas de la Unión aplicables a este ámbito. La UE se encuentra en la posición idónea para proteger sus propios intereses financieros iniciando actuaciones judiciales contra los delitos que atenten contra los mismos. El artículo 86 del Tratado aporta la base jurídica necesaria para este nuevo sistema de incoación de procedimientos penales a escala de la Unión, cuyo fin es corregir las deficiencias del régimen actual de ejecución de la legislación, basado únicamente en actuaciones nacionales, así como añadir coherencia y coordinación a dichas actividades.
La presente propuesta tiene por objeto establecer la Fiscalía Europea y definir sus competencias y procedimientos y complementa una propuesta legislativa anterior[1], que define los delitos penales y las sanciones aplicables.
Esta propuesta forma parte de un paquete legislativo, puesto que irá acompañada de una propuesta relativa a la reforma de Eurojust.
Para elaborar el Reglamento, la Comisión ha realizado amplias consultas con las partes interesadas en numerosas ocasiones[2]. Las consultas preparatorias efectuadas con vistas a la presente propuesta han abarcado las cuestiones principales que figuran en el Reglamento, incluidas diversas opciones en cuanto al establecimiento institucional, jurídico, organizativo y operativo de un sistema europeo para la investigación y la incoación de procedimientos penales contra los delitos en cuestión.
A principios de 2012 se publicaron y distribuyeron en línea dos cuestionarios: uno destinado a los profesionales del ámbito judicial y otro destinado al público en general. En términos generales, las respuestas fueron positivas en cuanto a la adopción de nuevas medidas para reforzar el marco material y procesal para luchar contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE y la mayoría también se mostró a favor de la idea de crear una Fiscalía Europea. También se plantearon una serie de sugerencias, inquietudes y preguntas más detalladas, en particular, en lo que respecta a la relación entre dicha Fiscalía Europea y las fiscalías nacionales, las competencias de la Fiscalía Europea para dirigir y coordinar investigaciones a escala nacional o las dificultades que pueden surgir con cualquier reglamento europeo armonizado en los procedimientos de dicha Fiscalía. Al mismo tiempo, se han llevado a cabo estudios de campo en varios Estados miembros, como parte del estudio externo que respalda este informe. Además, en el transcurso de 2012 y a principios de 2013 se celebraron varios debates y reuniones a escala europea:
· Red de fiscales u otras instituciones equivalentes de los Tribunales Supremos de los Estados miembros, Budapest, 25-26 de mayo de 2012.
· Conferencia: «A Blueprint for the European Public Prosecutor's Office?» Luxemburgo, 13-15 de junio de 2012. La conferencia reunió a expertos y representantes de alto nivel del ámbito académico, las instituciones de la UE y los Estados miembros.
· Consulta de la Vicepresidenta Reding, que se reunió con los fiscales generales y con los directores de las fiscalías de los Estados miembros en Bruselas el 26 de junio de 2012. La reunión permitió debatir abiertamente aspectos concretos relativos a la protección de los intereses financieros de la Unión.
· El 18 de octubre de 2012, la Comisión organizó una reunión de consulta sobre cuestiones relativas a una posible reforma de Eurojust, en la que también se debatieron aspectos relacionados con la creación de una Fiscalía Europea con los representantes de los Estados miembros. En general, la reunión respaldó la creación de un vínculo estrecho entre Eurojust y la Fiscalía Europea.
· Décima Conferencia de fiscales de la OLAF, Berlín, 8-9 de noviembre de 2012, fue una oportunidad para estudiar formas en que los fiscales nacionales podrían interactuar con la Fiscalía Europea, si esta se crea.
· Consulta informal celebrada el 26 de noviembre de 2012 con abogados defensores (CCBE y ECBA) en la que se analizaron las garantías procesales de los sospechosos y se formularon recomendaciones útiles a ese respecto.
· Seminario de la ERA titulado «Towards the European Public Prosecutor's Office (EPPO)», 17 y 18 de enero de 2013.
· Reunión del Grupo de Expertos de la Comisión sobre la política penal europea, Bruselas, 23 de enero de 2013.
· Reunión de consulta adicional con la ECBA y el CCBE, Bruselas, 9 de abril de 2013.
Asimismo, durante la segunda mitad de 2012 y principios de 2013 se celebraron numerosas reuniones de consulta bilaterales con las autoridades de los Estados miembros.
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de las alternativas políticas teniendo en cuenta, entre otros, un estudio externo (Contrato específico nº JUST/2011/JPEN/FW/0030.A4) que ha considerado diversas opciones en lo que respecta a la creación de una Fiscalía Europea. Según el análisis de la evaluación de impacto, la creación de la Fiscalía Europea como un órgano descentralizado e integrado de la Unión, basado en los sistemas judiciales nacionales, ofrece los mayores beneficios y genera los menores costes.
La base jurídica de la propuesta es el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con arreglo al apartado 1 de dicho artículo, «[p]ara combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo». El apartado 2 del citado artículo define la responsabilidad de la Fiscalía Europea de la siguiente manera: «[l]a Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con Europol, será competente para descubrir a los autores y cómplices de infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión definidos en el reglamento contemplado en el apartado 1, y para incoar un procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra ellos. Ejercerá ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción penal relativa a dichas infracciones». Por último, el apartado 3 del artículo 86 del Tratado define el ámbito de aplicación sustantivo de los Reglamentos que se aprobarán con arreglo a él: «[l]os reglamentos contemplados en el apartado 1 fijarán el Estatuto de la Fiscalía Europea, las condiciones para el desempeño de sus funciones, las normas de procedimiento aplicables a sus actividades y aquéllas que rijan la admisibilidad de las pruebas, así como las normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales realizados en el desempeño de sus funciones».
Es necesario que la Unión actúe, ya que las medidas previstas poseen una dimensión vinculada intrínsecamente a la Unión que conlleva la gestión y coordinación a escala de la Unión de las investigaciones y los procedimientos contra los delitos penales que afectan a sus intereses financieros, cuya protección es necesaria por parte tanto de la Unión como de los Estados miembros, en virtud del artículo 310, apartado 6, y del artículo 325 del TFUE. Conforme al principio de subsidiariedad, este objetivo solo puede alcanzarse a nivel de la Unión, debido a su escala y sus repercusiones. Como ya se ha indicado, la situación actual en la que la incoación de procedimientos penales contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión recae únicamente en las autoridades de los Estados miembros, no es satisfactoria y no logra alcanzar el objetivo de luchar de forma eficaz contra los delitos que atañen al presupuesto de la Unión.
Con arreglo al principio de proporcionalidad, el presente Reglamento no excede de lo necesario para lograr su objetivo. A lo largo del texto propuesto, las opciones elegidas son las menos intrusivas para los ordenamientos jurídicos y las estructuras institucionales de los Estados miembros. Las características principales de la propuesta, como la elección de la legislación aplicable a las medidas de investigación, la figura de los fiscales delegados, el carácter descentralizado de la Fiscalía Europea y el sistema de control jurisdiccional, se han diseñado de forma que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos principales de la propuesta.
Los artículos 86 y 325 del Tratado disponen con toda claridad las competencias de la Unión para luchar contra el fraude y otros delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión. El paquete propuesto cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que dicha facultad de la Unión no es complementaria de la de los Estados miembros y se ha hecho necesario ejercerla para lograr una protección más eficaz de los intereses financieros de la Unión.
Los objetivos principales de la propuesta son los siguientes:
· Contribuir a reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión y al desarrollo de uno de los ámbitos de la justicia, así como fomentar la confianza de las empresas y los ciudadanos en las instituciones de la Unión, a la vez que se respetan todos los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
· Establecer un sistema europeo coherente para la investigación y la incoación de procedimientos penales contra los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión.
· Garantizar investigaciones y procedimientos penales más eficaces y efectivos contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE.
· Aumentar el número de procedimientos penales, generando así un mayor número de condenas y recuperaciones de fondos de la Unión obtenidos de forma fraudulenta.
· Garantizar una estrecha cooperación y un intercambio de información eficaz entre las autoridades europeas y las autoridades nacionales competentes.
· Aumentar el efecto disuasorio para disminuir los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
3.3.1. Capítulo I: Objeto y definiciones
Este capítulo determina el objeto del Reglamento, que es la creación de la Fiscalía Europea. Además, define una serie de términos utilizados en el texto, como el de «intereses financieros de la Unión».
3.3.2. Capítulo II: Normas generales
Este capítulo establece las características fundamentales de la Fiscalía Europea, su estatus y estructura como nuevo órgano de la Unión con funciones de investigación e incoación de procedimientos penales. De esta forma, dispone normas específicas sobre el nombramiento y el cese del Fiscal Europeo y sus delegados. Asimismo, establece los principios básicos de su funcionamiento.
La sección 1 (Estatus, organización y estructura de la Fiscalía Europea) aclara cómo se crea la Fiscalía Europea y las funciones que se le encomendarán. El texto determina su creación como un nuevo órgano de la Unión con personalidad jurídica, así como su relación con Eurojust. Entre las características principales de la Fiscalía Europea, el texto hace referencia a la independencia y la rendición de cuentas, que deben garantizar que esta puede ejercer sus funciones y sus competencias con inmunidad a toda influencia indebida. En el texto, también se describen los rasgos principales de la estructura de la Fiscalía Europea.
La sección 2 (Nombramiento y cese de los miembros de la Fiscalía Europea) dispone las normas aplicables al proceso de nombramiento y cese del Fiscal Europeo, sus delegados y su personal. El proceso de nombramiento del Fiscal Europeo se concibe de tal forma que se garantiza su independencia y su rendición de cuentas ante las instituciones de la Unión, mientras que su procedimiento de cese recae sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de los fiscales europeos delegados, que nombrará y cesará el Fiscal Europeo, el procedimiento garantiza su integración en los sistemas nacionales de incoación de procedimientos penales.
La sección 3 (Principios básicos) describe los principios jurídicos fundamentales que regirán las actividades de la Fiscalía Europea, incluida la conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la proporcionalidad, la legislación nacional aplicable a la ejecución del Reglamento, la neutralidad procesal, la legalidad, la diligencia de las investigaciones y el deber de los Estados miembros de asistir en las investigaciones y la incoación de procedimientos penales por parte de la Fiscalía Europea.
La sección 4 (Competencias de la Fiscalía Europea) aclara los delitos penales que se incluyen en el ámbito de competencias materiales de dicha Fiscalía. Tales delitos deben definirse haciendo referencia a la legislación nacional mediante la cual se aplica el Derecho de la Unión (Directiva 2013/xx/UE). El texto distingue dos categorías de delitos: los primeros competen automáticamente a la Fiscalía Europea (artículo 12) y los segundos (artículo 13) requieren determinar sus competencias cuando existen determinados vínculos con delitos pertenecientes a la primera categoría. La sección también describe la forma en que la Fiscalía Europea ejercerá sus competencias sobre dichos delitos.
3.3.3. Capítulo III: Reglamento interno en materia de investigaciones, incoación de procedimientos penales y procesos judiciales
Este capítulo abarca las características fundamentales de las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea e incluye disposiciones sobre la forma en que deben supervisarlas los tribunales nacionales, qué decisiones puede tomar Dicha Fiscalía una vez que finaliza la investigación, cómo puede ejercer sus funciones la imputación y cómo pueden utilizarse las pruebas recabadas en los tribunales.
La sección 1 (Proceso de investigación) dispone las normas generales que se aplican a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Europea, incluidas las fuentes de información utilizadas, la forma en que se inician las investigaciones y en que dicha Fiscalía puede obtener información adicional procedente de bases de datos o información recabada previa solicitud.
La sección 2 (Tratamiento de la información) explica el funcionamiento del Sistema de Gestión de Casos.
La sección 3 (Medidas de investigación) determina los tipos y condiciones de las medidas de investigación individuales a las que podrá recurrir la Fiscalía Europea. El texto no regula detalladamente cada una de estas medidas, sino que requiere la aplicación de la legislación nacional.
La sección 4 (Finalización de la investigación y competencias de incoación de procedimientos penales) expone los distintos tipos de decisiones que puede tomar la Fiscalía Europea cuando termina una investigación, incluidos los autos de incoación de procedimientos penales y los sobreseimientos.
La sección 5 (Admisibilidad de pruebas) regula la admisibilidad de las pruebas recabadas y presentadas por la Fiscalía Europea a los tribunales.
La sección 6 (Confiscación) regula la disposición de los bienes confiscados por los tribunales nacionales debido al proceso iniciado por la Fiscalía Europea.
3.3.4. Capítulo IV: Garantías procesales
Las normas de este capítulo establecen las garantías para los sospechosos y otras personas implicadas en los procedimientos de la Fiscalía Europea, que tendrá que respetar las reglas correspondientes, especialmente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las normas hacen referencia a la legislación de la Unión (Directivas sobre diversos derechos procesales en procesos penales) relativa a determinados derechos, pero también definen de forma autónoma otros derechos que aún no regula la legislación de la UE. Como tales, dichas normas proporcionan una capa de protección adicional respecto a la legislación nacional, de forma que los sospechosos y otras personas puedan gozar directamente de protección a escala de la Unión.
3.3.5. Capítulo V: Control jurisdiccional
El artículo 86, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite que el legislador de la Unión determine las normas aplicables al control jurisdiccional de las medidas procesales adoptadas por la Fiscalía Europea en el desempeño de sus funciones. Esta posibilidad refleja la naturaleza específica de dicha fiscalía, que difiere de todos los demás órganos y agencias de la UE y requiere normas especiales en cuanto al control jurisdiccional.
El artículo 86, apartado 2, del citado Tratado exige que la Fiscalía Europea ejerza sus funciones como fiscalía en los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros. Las investigaciones de la Fiscalía Europea también están estrechamente relacionadas con cualquier posible imputación y surtirán efecto principalmente en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En la mayoría de los casos, también las llevarán a cabo las autoridades policiales y judiciales, que actuarán conforme a las instrucciones de dicha Fiscalía y, en algunos casos, tras haber obtenido también la autorización de un órgano jurisdiccional nacional. Por consiguiente, la Fiscalía Europea constituye un órgano de la Unión cuya actuación revestirá importancia principalmente en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ese motivo, conviene considerar a la Fiscalía Europea como autoridad nacional a efectos del control jurisdiccional de sus actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales. Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer del control jurisdiccional de todas las actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales impugnables que hayan emprendido la Fiscalía Europea, y los órganos jurisdiccionales de la Unión no deben poseer competencias directas en cuanto a dichas actuaciones, en virtud de los artículos 263, 265 y 268 del Tratado, puesto que dichos actos no deben considerarse competencia de la UE a efectos de control jurisdiccional.
Con arreglo al artículo 267 del Tratado, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden o, en determinadas circunstancias, deben remitir al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a sentencias prejudiciales en materia de interpretación o de validez de las disposiciones de la legislación de la Unión que atañen al control jurisdiccional de actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales realizadas por la Fiscalía Europea, incluidas cuestiones relativas a la interpretación del presente Reglamento. Dado que la Fiscalía Europea se considerará una autoridad nacional a efectos de control jurisdiccional, los órganos jurisdiccionales nacionales solo podrán remitir cuestiones relacionadas con la interpretación al Tribunal de Justicia en cuanto a las actuaciones de la misma. Por tanto, el procedimiento de sentencias preliminares garantizará la aplicación uniforme del presente Reglamento en toda la Unión, al mismo tiempo que la validez de los actos de la Fiscalía Europea podrá impugnarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo a la legislación nacional.
3.3.6. Capítulo VI: Protección de datos
Este capítulo establece las normas que rigen el régimen de protección de datos que en el contexto concreto de la Fiscalía Europea especifican y complementan la legislación de la UE aplicable al tratamiento de datos personales por parte de los órganos de la Unión (en particular, el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. La supervisión de todos los datos personales tratados en el marco de las actividades de la Fiscalía Europea se ha encomendado al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
3.3.7. Capítulo VII: Disposiciones en materia financiera y de personal
Las normas de este capítulo regulan la forma en que la Fiscalía Europea gestionará su presupuesto y su personal, basándose en la legislación europea aplicable, es decir, en lo relativo a cuestiones presupuestarias, el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, y en lo relativo al personal, el Reglamento nº 31 (CEE) en su versión revisada.
3.3.8. Capítulo VIII: Disposiciones sobre las relaciones de la Fiscalía Europea
Este capítulo regula la relación de la Fiscalía Europea con las instituciones de la Unión u otros órganos, así como con otros actores no pertenecientes a la UE. Se aplican normas especiales a la relación de la Fiscalía Europea con Eurojust, habida cuenta del vínculo especial que los une en el ámbito de las actividades operativas, la administración y la gestión.
3.3.9. Capítulo IX: Disposiciones generales
Estas disposiciones abordan aspectos institucionales que surgen con la creación de cualquier nuevo órgano o agencia de la Unión. Se inspiran en gran medida en el «enfoque común sobre las agencias descentralizadas», pero tienen en cuenta la naturaleza (judicial) específica de la Fiscalía Europea. Las disposiciones abarcan cuestiones como el estatus jurídico y las condiciones de funcionamiento, el régimen lingüístico, las reglas relativas a la prevención del fraude, la gestión de información clasificada, las investigaciones administrativas y las normas sobre responsabilidad.
3.3.10. Capítulo X: Disposiciones finales
Estas disposiciones tratan de la ejecución del Reglamento y contemplan la adopción de disposiciones de aplicación, disposiciones transitorias, normas administrativas y entrada en vigor.
La propuesta pretende ser rentable para el presupuesto de la UE: parte de los recursos actuales de la OLAF se utilizarán para establecer la sede central de la Fiscalía Europea, que a su vez dependerá del apoyo administrativo de Eurojust.
Surgirán costes adicionales limitados en cuanto a la posición de los fiscales europeos delegados, que estarán situados en los Estados miembros y formarán parte íntegra de la Fiscalía Europea. Dado su estatus dual, como fiscales de la Unión y nacionales, recibirán una remuneración procedente del presupuesto de la UE y estarán cubiertos por el Estatuto de los funcionarios.
Puesto que la fase de creación de la Fiscalía Europea probablemente durará varios años, se transferirá gradualmente personal de la OLAF a dicha Fiscalía y se reducirá de la plantilla de personal y el presupuesto de la OLAF el número equivalente de puestos transferidos y los créditos correspondientes. La Fiscalía Europea alcanzará la velocidad de crucero una vez alcanzado el nivel de plantilla completa. Dicho nivel se alcanzará en 2023 con 235 empleados, de los cuales 180 corresponderán a puestos de plantilla y 55 a personal externo. El coste estimado para 2023 con dicho nivel de personal ascenderá aproximadamente a 35 millones EUR.
relativo a la creación de la Fiscalía Europea
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 86,
Previa consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos,
(1) Tanto la Unión como los Estados miembros tienen la obligación de proteger los intereses financieros de la UE ante los delitos penales, que cada año generan daños financieros significativos. Pese a ello, actualmente las autoridades nacionales no investigan ni procesan suficientemente esos delitos.
(2) La creación de la Fiscalía Europea está prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en el marco del ámbito de libertad, seguridad y justicia.
(3) El Tratado exige expresamente que la Fiscalía Europea se cree a partir de Eurojust, lo cual implica que el presente Reglamento debe establecer vínculos entre ambas entidades.
(4) El Tratado dispone que el mandato de la Fiscalía Europea es luchar contra los delitos que perjudican los intereses financieros de la UE.
(5) Con arreglo al principio de subsidiariedad, la lucha contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión puede mejorar a escala de la Unión, habida cuenta de su escala y repercusiones. La situación actual, en la que la incoación de procedimientos penales contra delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión recae exclusivamente en las autoridades de los Estados miembros y no es suficiente para lograr tal objetivo. Dado que los objetivos del Reglamento, concretamente la creación de la Fiscalía Europea, no pueden ser alcanzados por los Estados miembros, dada la fragmentación de los procedimientos penales nacionales en el campo de los delitos cometidos contra los intereses financieros de la Unión y que, por tanto, debido al hecho de que la Fiscalía Europea tendrá competencias exclusivas para procesar tales delitos, dichos objetivos se lograrán mejor a escala de la Unión, esta podrá adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad tal y como figura en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
(6) Conforme al principio de proporcionalidad, dispuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos y garantiza unas repercusiones en los ordenamientos jurídicos y estructuras institucionales de los Estados miembros lo menos intrusivas posible.
(7) El mandato de la Fiscalía Europea debe ser investigar, incoar procedimientos penales y solicitar la apertura de juicio contra los autores de delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión. Esto requiere competencias autónomas de investigación e incoación de procedimientos penales, incluida la capacidad de llevar a cabo investigaciones en casos complejos de carácter transfronterizo.
(8) La estructura organizativa de la Fiscalía Europea también debe permitir una toma de decisiones rápida y eficaz en la realización de investigaciones y procedimientos penales, ya impliquen a uno o a varios Estados miembros.
(9) Como norma general, las investigaciones de dicha Fiscalía deben efectuarlas los fiscales europeos delegados en los Estados miembros. En los casos que impliquen a varios Estados miembros o que revistan especial complejidad, es posible que, para investigar e incoar procedimientos penales con eficacia, se requiera que la Fiscalía Europea también ejerza sus competencias dando instrucciones a las autoridades policiales y judiciales.
(10) Puesto que se otorgarán competencias de investigación e incoación de procedimientos penales a la Fiscalía Europea, deben establecerse garantías institucionales que aseguren su independencia y su rendición de cuentas ante las instituciones de la Unión.
(11) La estricta rendición de cuentas constituye un complemento a la independencia y a las competencias que se le otorgan en virtud del presente Reglamento. El Fiscal Europeo responde completamente del desempeño de sus funciones como responsable de la Fiscalía Europea y, como tal, debe rendir cuentas institucionalmente de sus actividades generales ante las instituciones de la Unión. Como consecuencia, en determinadas circunstancias, cualquiera de las instituciones de la Unión puede solicitar su cese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, en casos graves de conducta indebida. Esta rendición de cuentas debe combinarse con un estricto régimen de control jurisdiccional por medio del cual la Fiscalía Europea solo puede ejercer sus competencias coercitivas de investigación previa autorización judicial y si el tribunal verifica la conformidad de las pruebas que se le presentan con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(12) Con el fin de garantizar la coherencia de su actuación y, por tanto, una protección equivalente de los intereses financieros de la Unión, la estructura organizativa de la Fiscalía Europea debe permitir una coordinación y gestión central de todas las investigaciones y los procedimientos penales de su ámbito de competencias. Por consiguiente, la Fiscalía Europea debe poseer una estructura central en la que el Fiscal Europeo tome las decisiones.
(13) Con objeto de maximizar la eficacia y minimizar los costes, la Fiscalía Europea debe respetar el principio de descentralización por el cual debe, en principio, recurrir a los fiscales europeos delegados situados en los Estados miembros para incoar investigaciones y procedimientos penales. La Fiscalía Europea debe depender de las autoridades nacionales, incluidas las autoridades policiales, especialmente para la ejecución de medidas coercitivas. En virtud del principio de cooperación leal, todas las autoridades nacionales y los órganos competentes de la Unión, incluido Europol, Eurojust y la OLAF, están obligados a respaldar activamente las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea, así como a cooperar con la misma en todo lo que puedan.
(14) Las actividades operativas de la Fiscalía Europea deben llevarlas a cabo los fiscales europeos delegados o su personal nacional en los Estados miembros conforme a las instrucciones del Fiscal Europeo y en nombre de este. El Fiscal Europeo y sus delegados deben disponer del personal necesario para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento. La Fiscalía Europea debe considerarse indivisible.
(15) El procedimiento para la designación del Fiscal Europeo debe garantizar su independencia y su legitimidad y debe ser concebido por las instituciones de la Unión. Los delegados del Fiscal Europeo deben nombrarse por medio del mismo procedimiento.
(16) El procedimiento para el nombramiento de los fiscales europeos delegados debe garantizar que forman parte integral de la Fiscalía Europea y que se integran, tanto a escala operativa como funcional, en los sistemas jurídicos nacionales y en las estructuras de incoación de procedimientos penales.
(17) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituye la base común para la protección de los derechos de los sospechosos en procesos penales durante las fases previa y posterior al juicio. Las actividades de la Fiscalía Europea deben desempeñarse respetando plenamente y en todo momento esos derechos.
(18) Las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea deben regirse por los principios de proporcionalidad, imparcialidad y equidad hacia el sospechoso. Esto incluye la obligación de buscar todo tipo de pruebas, tanto inculpatorias como exculpatorias.
(19) Es necesario determinar el reglamento interno aplicable a las actividades de la Fiscalía Europea. Puesto que resultaría desproporcionado aportar disposiciones detalladas sobre la ejecución de investigaciones y procedimientos penales, el presente Reglamento solo citará las medidas de investigación que la Fiscalía Europea puede requerir, dejando otras cuestiones, en particular las normas relativas a su ejecución, a las legislaciones nacionales.
(20) Con el fin de garantizar seguridad jurídica y tolerancia cero ante los delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión, las actividades de investigación y procedimiento penal de la Fiscalía Europea deben basarse en el principio de incoación obligatoria de procedimiento penal, según el cual debe iniciar investigaciones y, conforme a condiciones adicionales, incoar procedimientos penales contra todo delito que se encuentre en su ámbito de competencias.
(21) El ámbito de competencias material de la Fiscalía Europea debe limitarse a los delitos penales que afectan a los intereses financieros de la Unión. Toda ampliación de tales competencias para incluir delitos graves de carácter transfronterizo requeriría una decisión unánime por parte del Consejo Europeo.
(22) A menudo los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión están estrechamente relacionados con otros delitos. En aras de la eficacia procesal y para evitar cualquier posible infracción del principio ne bis in idem, las competencias de la Fiscalía Europea también deben abarcar los delitos que la legislación no defina técnicamente como delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión cuando los hechos constitutivos sean idénticos y estén vinculados de forma inextricable con aquellos que atentan contra los delitos financieros de la UE. En estos casos mixtos, en los que predomina un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión, la Fiscalía Europea debe ejercer sus competencias previa consulta con las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. El predominio debe determinarse conforme a criterios como las repercusiones financieras del delito para la Unión, para los presupuestos nacionales, el número de víctimas u otras circunstancias relacionadas con la gravedad del delito o con las sanciones aplicables.
(23) Las competencias de la Fiscalía Europea en cuanto a los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión deben ser prioritarias por encima de las reclamaciones nacionales de jurisdicción, de forma que pueda garantizar coherencia y gestionar las investigaciones y los procedimientos penales a escala de la UE. En lo que respecta a dichos delitos, los Estados miembros solo deben actuar previa solicitud de la Fiscalía Europea, a menos que sean necesarias medidas urgentes.
(24) Dado que la Fiscalía Europea debe incoar procedimientos judiciales ante los órganos jurisdiccionales nacionales, sus competencias deben definirse haciendo referencia al Derecho penal de los Estados miembros, que criminaliza los actos u omisiones que atentan contra los intereses financieros de la Unión y determina las sanciones correspondientes mediante la aplicación de la legislación europea en cuestión, en particular [Directiva 2013/xx/UE[3]], en los sistemas jurídicos nacionales.
(25) La Fiscalía Europea debe ejercer sus competencias con la mayor amplitud posible, de forma que sus investigaciones y procedimientos penales puedan abarcar los delitos cometidos fuera del territorio de los Estados miembros. Por tanto, el ejercicio de sus competencias debe ajustarse a las normas dispuestas por la [Directiva 2013/xx/UE].
(26) Dado que la Fiscalía Europea posee competencias exclusivas para gestionar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión, las autoridades nacionales competentes y los órganos correspondientes de la UE, incluidos Eurojust, Europol y la OLAF, deben facilitar las investigaciones que esta lleve a cabo en el territorio de los Estados miembros desde el momento que se notifique un posible delito a dicha Fiscalía hasta que esta decida incoar procedimientos penales o archivar el caso.
(27) Con objeto de cumplir plenamente su obligación de informar a la Fiscalía Europea cuando existan sospechas de que se ha cometido un delito para el que esta está facultada, las autoridades nacionales de los Estados miembros, así como todas las instituciones, órganos organismos y agencias de la Unión deben seguir los procedimientos de notificación vigentes y disponer de mecanismos eficaces para efectuar una evaluación preliminar de las denuncias que les lleguen. A tal fin, las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE recurrirán a la OLAF.
(28) Para la investigación y la incoación de procedimientos penales eficaces de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión es fundamental que la Fiscalía Europea recabe pruebas en toda la UE mediante el uso de un conjunto exhaustivo de medidas de investigación, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de proporcionalidad y la necesidad de obtener una autorización judicial para ciertas medidas de investigación. Estas medidas deben ser utilizables en los delitos que son competencia de la Fiscalía Europea, para que esta lleve a cabo sus investigaciones y procedimientos penales. Una vez que la Fiscalía Europea o la autoridad judicial competente las soliciten, las medidas deben aplicarse de conformidad con la legislación nacional. Además, la Fiscalía Europea debe tener acceso a todas las fuentes de información pertinentes, incluidos los registros públicos y privados.
(29) El uso de las medidas de investigación dispuestas por el presente Reglamento debe cumplir los requisitos establecidos, incluida la necesidad de obtener autorización judicial para ciertas medidas coercitivas de investigación. Otras medidas de investigación pueden someterse a una autorización judicial si así lo requiere la legislación del Estado miembro en que vayan a ejecutarse. Los requisitos generales de proporcionalidad y necesidad deben aplicarse a la solicitud de las medidas tomadas por la Fiscalía Europea y a su autorización por parte de la autoridad nacional competente en materia judicial con arreglo al presente Reglamento.
(30) El artículo 86 del Tratado exige que la Fiscalía Europea ejerza funciones de fiscalía, que incluyen la decisión de imputar a un sospechoso y elegir la jurisdicción. La decisión de imputar a un sospechoso debe ser adoptada por el Fiscal Europeo, de forma que exista una política común de incoación de procedimientos penales. Dicho Fiscal Europeo debe elegir la jurisdicción del proceso conforme a un conjunto de criterios transparentes.
(31) Teniendo en cuenta el principio de incoación obligatoria de procedimiento penal, las investigaciones de la Fiscalía Europea deben derivar normalmente en una imputación ante los órganos jurisdiccionales competentes en los casos en que existan pruebas sólidas y no existan motivos jurídicos que impidan dicha imputación. En ausencia de dichas pruebas y cuando no existan muchas perspectivas de que las pruebas necesarias puedan derivar en un proceso judicial el caso puede archivarse. Además, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de archivar el caso cuando se trata de un delito menor. Cuando el caso no se archive por tales motivos pero tampoco exista justificación para la imputación, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de proponer una transacción al sospechoso, siempre en aras de una correcta administración de la justicia. Las normas aplicables a las transacciones, así como las que se apliquen al cálculo de las multas que se impongan debe clarificarse en las normas administrativas de la Fiscalía Europea. La archivación de un caso mediante una transacción con arreglo al presente Reglamento no debe interferir en la aplicación de medidas administrativas por parte de las autoridades competentes, siempre que dichas medidas no hagan referencia a sanciones que puedan equivaler a sanciones penales.
(32) Las pruebas presentadas al tribunal por la Fiscalía Europea deben reconocerse como pruebas admisibles y, por tanto, se asume que cumplen cualquier requisito probatorio pertinente con arreglo a la legislación nacional de los Estados miembros en los que está situado dicho tribunal, siempre que este considere que respecta la equidad del procedimiento y los derechos de defensa del ciudadano en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El tribunal no puede excluir las pruebas presentadas por la Fiscalía Europea por considerarlas inadmisibles basándose en que las condiciones y normas para recabar ese tipo de pruebas difieren según la legislación nacional que se les aplica.
(33) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Requiere que la Fiscalía Europea respete, en particular, el derecho a un proceso judicial imparcial y los derechos de defensa y presunción de inocencia, consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta. El artículo 50 de la Carta, que protege el derecho a no ser procesado o condenado dos veces en procedimientos penales por el mismo delito (ne bis in idem), garantiza que no habrá dobles procedimientos penales debido a los procedimientos judiciales incoados por la Fiscalía Europea. Por tanto, las actividades de la Fiscalía Europea deben desempeñarse de plena conformidad con dichos derechos y debe aplicarse e interpretarse el presente Reglamento como corresponde.
(34) El artículo 82, apartado 2, del Tratado permite que la Unión establezca normas mínimas sobre los derechos de las personas físicas en los procesos penales, con el fin de garantizar que se respetan los derechos de defensa y la imparcialidad de los procedimientos. Aunque la Unión ya ha asentado un acervo considerable, algunos de estos derechos aún no se han armonizado en el Derecho de la Unión. Respetando tales derechos, el presente Reglamento debe establecer normas que se aplicarían exclusivamente a los fines del mismo.
(35) Las actividades de la Fiscalía Europea deben estar sujetas a los derechos de defensa ya contemplados en la legislación correspondiente de la Unión, como la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales[4], la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales[5] y la [Directiva 2013/xx/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de xx xxxx de 2013 relativa al acceso a un abogado en procesos penales y al derecho a poder comunicarse tras ser arrestado], tal y como las aplica la legislación nacional. Cualquier sospechoso que sea objeto de una investigación iniciada por la Fiscalía debe beneficiarse de ellos.
(36) El artículo 86, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea determina que es el legislador de la Unión quien debe fijar las normas aplicables al control jurisdiccional de las medidas procesales adoptadas por la Fiscalía Europea en el desempeño de sus funciones. Esta competencia otorgada al legislador refleja la naturaleza específica de dicha Fiscalía, que difiere de todos los demás órganos y agencias de la UE y requiere normas especiales en cuanto al control jurisdiccional.
(37) El artículo 86, apartado 2, del citado Tratado exige que la Fiscalía Europea ejerza sus funciones como fiscalía en los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros. Las acciones emprendidas por la Fiscalía Europea en el transcurso de sus investigaciones están estrechamente relacionadas con los procedimientos penales que pueden derivar de estas y generan repercusiones en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. En la mayoría de los casos las llevarán a cabo las autoridades policiales y judiciales, que actuarán conforme a las instrucciones de dicha Fiscalía y, en ciertas ocasiones, tras haber obtenido autorización de un órgano jurisdiccional nacional. Por ese motivo, es conveniente considerar a la Fiscalía Europea como autoridad nacional a efectos del control jurisdiccional de sus acciones de investigación e incoación de procedimientos penales. Por tanto, se encomendará a los órganos jurisdiccionales nacionales el control jurisdiccional de todas las actuaciones impugnables de investigación e incoación de procedimientos penales emprendidas por la Fiscalía Europea y los órganos jurisdiccionales de la Unión no deben poseer competencias directas en cuanto a dichas actuaciones, en virtud de los artículos 263, 265 y 268 del Tratado, puesto que dichos actos no se considerarían competencia de la UE con fines de control jurisdiccional.
(38) Con arreglo al artículo 267 del Tratado, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden o, en determinadas circunstancias, deben remitir al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a sentencias prejudiciales en materia de interpretación o de la validez de las disposiciones de la legislación de la Unión, incluido el presente Reglamento, que atañen al control jurisdiccional de las actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales de la Fiscalía Europea. Los órganos jurisdiccionales nacionales no deben tener la posibilidad de remitir al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la validez de los actos de la Fiscalía Europea, ya que dichas actuaciones no deben considerarse actos de un órgano de la Unión a efectos de control jurisdiccional
(39) Asimismo, conviene aclararse que las cuestiones relativas a la interpretación de las disposiciones de la legislación nacional que adquieran carácter aplicable en virtud del presente Reglamento deben tratarlas únicamente los órganos jurisdiccionales nacionales. Por consiguiente, dichos órganos jurisdiccionales no remitirán al Tribunal de Justicia casos relativos a la interpretación de la legislación nacional a que hace referencia el presente Reglamento.
(40) Puesto que el Tratado indica que la Fiscalía Europea se creará a partir de Eurojust, ambos deben coexistir, cooperar y complementarse a nivel orgánico, operativo y administrativo.
(41) La Fiscalía Europea también debe colaborar estrechamente con otras instituciones y organismos de la Unión, con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones con arreglo al presente Reglamento y , en su caso, establecer acuerdos formales que recojan normas detalladas relativas a la cooperación y al intercambio de información. La cooperación con Europol y la OLAF debe resultar especialmente importante para evitar duplicidades y permitir que la Fiscalía Europea obtenga la información pertinente de que dispongan, así como recurrir a sus análisis e investigaciones específicas.
(42) El tratamiento de datos personales efectuado por la Fiscalía Europea estará sujeto al Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[6]. Esto atañe al tratamiento de datos personales en el marco de los objetivos y labores de la Fiscalía Europea, a los datos relativos al personal y a los datos administrativos personales que posea. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe supervisar el tratamiento de datos personales que realiza la Fiscalía Europea. Los principios dispuestos en el Reglamento (CE) nº 45/2001 deben especificarse y complementarse en lo que respecta al tratamiento de datos personales operativos efectuado por la Fiscalía Europea cuando sea necesario. Cuando la Fiscalía Europea transfiera datos personales operativos a una autoridad de un tercer país, a una organización internacional o a Interpol en virtud de un acuerdo internacional suscrito con arreglo al artículo 218 del Tratado, las garantías adecuadas aportadas en cuanto a la protección de la privacidad, de los derechos fundamentales y de las libertades individuales deben garantizar que se cumplen las disposiciones del presente Reglamento en materia de protección de datos.
(43) El tratamiento de datos personales realizado por las autoridades competentes de los Estados miembros con fines de prevención, investigación, detección o incoación de procedimientos penales contra delitos penales o para la ejecución de sanciones penales está sujeto a la [Directiva 2013/xx/EU relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos].
(44) El sistema de tratamiento de datos de la Fiscalía Europea debe basarse en el Sistema de Gestión de Casos de Eurojust, pero sus ficheros temporales de trabajo deben considerarse expedientes desde el momento en que se inicia una investigación.
(45) El régimen financiero, presupuestario y de personal de la Fiscalía Europea debe seguir las normas europeas correspondientes aplicables a los órganos dispuestos en el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo[7], teniendo en cuenta como corresponde, no obstante, el hecho de que la Fiscalía Europea posee competencias únicas para llevar a cabo investigaciones y procedimientos penales a escala de la Unión. Debe obligarse a la Fiscalía Europea a proporcionar información una vez al año.
(46) Las normas generales de transparencia aplicables a los organismos de la UE también deben aplicarse a la Fiscalía Europea, pero únicamente en lo que respecta a sus labores administrativas, de forma que no se ponga en peligro en modo alguno el requisito de confidencialidad de sus funciones operativas. Del mismo modo, las investigaciones administrativas llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo Europeo deben respetar el requisito de confidencialidad de la Fiscalía Europea.
(47) Con arreglo al artículo 3 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyos Estados miembros han notificado su deseo de [no] [participar y] aprobar y aplicar el presente Reglamento.
(48) Según los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no va a participar en la aprobación del presente Reglamento y no está obligada ni se someterá a su aplicación.
(49) El 13 de diciembre de 2003 los Representantes de los Estados miembros se reunieron a escala del Jefe de Estado o de Gobierno y eligieron la sede de la Fiscalía Europea.
Por el presente Reglamento se crea la Fiscalía Europea y establece normas en cuanto a su funcionamiento.
a) «persona»: cualquier persona física o jurídica;
b) «delitos penales que afectan a los intereses financieros de la Unión»: delitos contemplados por la Directiva 2013/xx/UE, tal y como se aplica en la legislación nacional;
c) «intereses financieros de la Unión»: todos los ingresos, gastos y activos abarcados por o adquiridos mediante o debido al presupuesto de la UE y a los presupuestos de las instituciones órganos, organismos y agencias establecidas con arreglo a los Tratados, así como a los presupuestos gestionados y supervisados por los mismos.
d) «datos administrativos personales »: todos los datos personales tratados por la Fiscalía Europea salvo los datos personales operativos;
e) «datos personales operativos»: todos los datos personales tratados por la Fiscalía Europea necesarios para cumplir los objetivos dispuestos en el artículo 37.
Sección 1 Estatus, organización y estructura de la Fiscalía Europea
1. La Fiscalía Europea se crea como órgano de la Unión con una estructura descentralizada.
3. La Fiscalía Europea cooperará con Eurojust y dependerá de su apoyo administrativo con arreglo al artículo 57.
1. La labor de la Fiscalía Europea será luchar contra los delitos penales que afectan a los intereses financieros de la Unión.
2. La Fiscalía Europea será responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales a los autores y cómplices de los delitos penales citados en el apartado 1. A este respecto, la Fiscalía Europea dirigirá y supervisará las investigaciones e incoará procedimientos penales, incluida la archivación del caso.
3. La Fiscalía Europea ejercerá las funciones de fiscalía en los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros, respetando los delitos mencionados en el apartado 1, incluida la presentación de una imputación y cualquier recurso hasta que se resuelva el caso.
Artículo 5 Independencia y rendición de cuentas
1. La Fiscalía Europea será independiente.
2. La Fiscalía Europea, incluido el Fiscal Europeo, sus delegados y el personal, los fiscales delegados y su personal nacional, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ninguna persona, Estado miembro o institución, órgano, organismo o agencia de la Unión en el desempeño de sus deberes. Las instituciones, órganos, organismos o agencias de la Unión y los Estados miembros respetarán la independencia de la Fiscalía Europea y no intentarán influirla en el ejercicio de sus funciones.
3. El Fiscal Europeo rendirá cuentas ante el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea en cuanto a las actividades generales de la Fiscalía Europea, en particular, presentando un informe anual conforme al artículo 70.
Artículo 6 Estructura y organización de la Fiscalía Europea
1. La estructura de la Fiscalía Europea incluirá un Fiscal Europeo, sus delegados, el personal que les asiste en el desempeño de sus labores en virtud del presente Reglamento y fiscales europeos delegados situados en los Estados miembros.
3. Los delegados ayudarán al Fiscal Europeo a cumplir con todos sus deberes y le sustituirán, con arreglo a las normas aprobadas según el artículo 72, párrafo primero, letra d), cuando este no esté presente o no pueda atender dichos deberes. Uno de los delegados se encargará de la ejecución del presupuesto.
4. Los fiscales europeos delegados incoarán las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea bajo la dirección y supervisión del Fiscal Europeo. Cuando se considere necesario por el bien de la investigación o del procedimiento, el Fiscal Europeo también ejercerá su autoridad de forma directa, con arreglo al artículo 18, apartado 5.
5. En cada Estado miembro debe haber al menos un fiscal europeo delegado, que formará parte íntegral de la Fiscalía Europea. Los fiscales europeos delegados actuarán bajo la autoridad exclusiva del Fiscal Europeo y, al incoar las investigaciones y los procedimientos penales que se les asignen, acatarán instrucciones, directrices y decisiones únicamente de él. Cuando actúen según su mandato en virtud del presente Reglamento, serán completamente independientes de las fiscalías nacionales y no tendrán obligaciones respecto a las mismas.
6. Los fiscales europeos delegados tanbién podrán ejercer sus funciones como fiscales nacionales. En caso de que sus tareas entren en conflicto, los fiscales europeos delegados lo notificarán al Fiscal Europeo, quien, tras consultar a las autoridades fiscales nacionales competentes, les indicarán cómo actuar en pro de las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea para conceder prioridad a las funciones que derivan del presente Reglamento. En tales casos, el Fiscal Europeo informará inmediatamente a las autoridades fiscales nacionales competentes.
8. Cuando sea necesario a efectos de una investigación o la incoación de un procedimiento, el Fiscal Europeo podrá asignar con carácter provisional recursos y personal a los fiscales europeos delegados.
Artículo 7 Reglamento interno de la Fiscalía Europea
1. El Reglamento interno de la fiscalía Europea se aprobará por medio de una decisión del Fiscal Europeo, sus delegados y cinco fiscales europeos delegados, que elegirá dicho Fiscal Europeo conforme a un estricto sistema de rotación equitativa que refleje la distribución demográfica y geográfica de todos los Estados miembros. Esta decisión se adoptará por mayoría simple, para lo que cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, el Fiscal Europeo tendrá voto de calidad.
2. El Reglamento interno regirá la organización de las labores de la Fiscalía Europea e incluirá normas generales sobre la asignación de casos.
Sección 2 Nombramiento y cese de los miembros de la Fiscalía Europea
Artículo 8 Nombramiento y cese del Fiscal Europeo
1. El Fiscal Europeo será designado por un Consejo, previo consentimiento del Parlamento Europeo, para un período de ocho años no renovable. El Consejo decidirá por mayoría simple.
2. El Fiscal Europeo se elegirá entre personas que ofrezcan plenas garantías de independencia, posean las cualificaciones necesarias para ocupar un alto cargo judicial y cuenten con experiencia pertinente en procedimientos penales.
3. La selección se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual la Comisión elaborará y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una lista de candidatos preseleccionados. Antes de presentar dicha lista, la Comisión solicitará la opinión de un grupo creado por ella y formado por siete personas elegidas entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia, miembros de los tribunales supremos nacionales, de las fiscalías nacionales y/o juristas de renombre. El Parlamento Europeo propondrá a uno de ellos, al igual que el Presidente de Eurojust, en calidad de observador.
4. Si el Fiscal Europeo ya no cumple las condiciones exigidas para el desempeño de sus labores o si se determina que es culpable de conducta indebida grave, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá cesarle, previa solicitud del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.
Artículo Nombramiento y cese de los delegados del Fiscal Europeo
1. Los delegados del Fiscal Europeo se designarán conforme a las normas establecidas en el artículo 8, apartado 1.
2. Los delegados del Fiscal Europeo se elegirán entre personas que ofrezcan plenas garantías de independencia, posean las cualificaciones necesarias para ocupar un alto cargo judicial y cuenten con experiencia pertinente en procedimientos penales.
3. La selección se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual la Comisión elaborará y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, de acuerdo con el Fiscal Europeo, una lista de candidatos preseleccionados que reflejará la distribución demográfica y geográfica de los Estados miembros.
4. Los delegados se designarán conforme a las normas establecidas en el artículo 8, apartado 3, por iniciativa del Fiscal Europeo.
Artículo 10 Nombramiento y cese de los fiscales europeos delegados
1. El Fiscal Europeo designará a los fiscales europeos a partir de una lista de al menos tres candidatos que cumplan los requisitos dispuestos en el apartado 2, presentada por los Estados miembros en cuestión. Se les nombrará por un período renovable de cinco años.
2. Los fiscales europeos delegados poseerán las cualificaciones necesarias para ocupar un alto cargo judicial y contarán con la experiencia pertinente como fiscales. Deberán ofrecer plenas garantías de independencia. Los Estados miembros nombrarán fiscal con arreglo a la legislación nacional al fiscal europeo delegado, cuando este no tuviera ese estatus en el momento de su nombramiento.
3. El Fiscal Europeo podrá cesar a los fiscales europeos delegados si dejan de reunir las condiciones establecidas en el apartado 2 o los criterios aplicados al cumplimiento de sus deberes, así como si se determina que son culpables de conductas indebidas graves. Los fiscales europeos delegados no podrán ser cesados como fiscales nacionales por las autoridades nacionales competentes durante el ejercicio de sus funciones en nombre de la Fiscalía Europea sin la previa autorización del Fiscal Europeo.
Sección 3 Principios básicos
Artículo 11 Principios básicos de las actividades de la Fiscalía Europea
1. La Fiscalía Europea se asegurará de que sus actividades respetan los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
2. Los actos de la Fiscalía Europea se guiarán por el principio de proporcionalidad mencionado en el artículo 26, apartado 3.
3. Las investigaciones y los procedimientos penales incoados por la Fiscalía Europea se regirán por el presente Reglamento. La legislación nacional se aplicará en la medida en una cuestión quede sin regular por el presente Reglamento. La legislación nacional aplicable será la del Estado miembro en que se lleve a cabo la investigación o se incoe el procedimiento. Cuando una cuestión esté sujeta a la legislación nacional y al presente Reglamento, prevalecerá este último.
4. La Fiscalía Europea tendrá competencias exclusivas para investigar y procesar los delitos penales que atenten contra los intereses financieros de la Unión.
5. La Fiscalía Europea llevará a cabo sus investigaciones de forma imparcial y buscará todas las pruebas pertinentes, tanto inculpatorias como exculpatorias.
6. La Fiscalía Europea incoará investigaciones sin retrasos indebidos y garantizará la diligencia de sus investigaciones y procedimientos penales.
7. Las autoridades competentes de los Estados miembros asistirán y respaldarán activamente las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea si esta lo solicita y se abstendrán de adoptar cualquier medida, política o procedimiento que pueda retrasar u obstaculizar sus avances.
Sección 4 Competencias de la Fiscalía Europea
Artículo 12 Delitos penales que competen a la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea tendrá competencias en cuanto a los delitos penales que perjudican los intereses financieros de la Unión, tal y como dispone la Directiva 2013/xx/UE y tal y como esta se aplica en la legislación nacional.
Artículo 13 Competencias accesorias
1. Cuando los delitos citados en el artículo 12 estén relacionados de forma inextricable con delitos penales distintos de los mencionados en el artículo 12 y la investigación y la incoación de procedimientos penales de manera conjunta resulten beneficiosas para la buena administración de la justicia, la Fiscalía Europea también estará facultada en cuanto a dichos delitos penales, a condición de que los delitos a que hace referencia el artículo 12 sean preponderantes y los otros delitos penales se basen en hechos idénticos.
Si no se cumplen estas condiciones, el Estado miembro que posea competencias para los otros delitos también será competente en los delitos citados en el artículo 12.
2. La Fiscalía Europea y las autoridades fiscales nacionales se consultarán mutuamente para determinar cuál de ellas es competente con arreglo al apartado 1. Cuando proceda y con arreglo al artículo 57, Eurojust podrá colaborar para ayudar a determinar dicha competencia.
3. En caso de desacuerdo entre la Fiscalía Europea y las fiscalías nacionales en cuanto a las competencias dispuestas en el apartado 1, el órgano judicial nacional competente en materia de asignación de competencias para la incoación de procedimientos penales a escala nacional decidirá sobre la competencia accesoria.
4. El establecimiento de competencias con arreglo al presente artículo no será objeto de control jurisdiccional.
Artículo 14 Ejercicio de las competencias de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea ejercerá sus competencias exclusivas de investigación e incoación de procedimientos penales contra cualquier delito mencionado en los artículos 12 y 13, cuando parte o todo el delito haya sido cometido:
a) en el territorio de uno o varios Estados miembros, o
b) por uno de sus nacionales, por miembros del personal de la Unión o por miembros de las instituciones.
CAPÍTULO III Reglamento interno en materia de investigaciones, incoación de procedimientos penales y procesos judiciales
Sección 1 Proceso de investigación
Artículo 15 Fuentes de investigación
1. Todas las autoridades nacionales de los Estados miembros y todas las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión informarán inmediatamente a la Fiscalía Europea de todo comportamiento que pueda constituir un delito perteneciente a su ámbito de competencias.
2. Cuando los fiscales europeos delegados tengan conocimiento de algún comportamiento que pueda constituir un delito perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea informarán inmediatamente al Fiscal Europeo.
3. La Fiscalía Europea podrá recabar o recibir información de cualquier persona sobre conductas que puedan constituir un delito de su competencia.
4. El Fiscal Europeo o los fiscales europeos delegados registrarán y verificarán toda información remitida a la Fiscalía Europea. Cuando decidan, previa comprobación, no incoar una investigación, deberán archivar el caso y anotar los motivos en el Sistema de Gestión de Casos. Asimismo, informarán a la autoridad nacional, la institución de la UE, el órgano, el organismo o la agencia que proporcionó la información y, en su caso, si estos lo solicitan, a las personas que aportaron la información.
Artículo 16 Inicio de investigaciones
1. El Fiscal Europeo o, en su nombre, los fiscales europeos delegados iniciarán una investigación mediante decisión escrita cuando existan razones fundadas para pensar que se está cometiendo o se ha cometido un delito que compete a la Fiscalía Europea.
2. Cuando el Fiscal Europeo inicie una investigación, asignará el caso a un fiscal europeo delegado, a menos que desee dirigir la investigación personalmente, con arreglo a los criterios descritos en el artículo 18, apartado 5. Cuando sea un fiscal europeo delegado quien inicie la investigación, este lo notificará inmediatamente al Fiscal Europeo. Previa recepción de dicha notificación, el Fiscal Europeo verificará que ni él ni otro fiscal europeo delegado haya incoado ya una investigación. En aras de la eficacia de la investigación, el Fiscal Europeo podrá asignar el caso a otro fiscal europeo delegado o hacerse cargo personalmente del mismo, con arreglo a los criterios dispuestos en el artículo 18, apartado 5.
Artículo 17 Medidas urgentes y remisiones
1. Cuando sea necesario adoptar medidas inmediatas respecto a un delito perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea, las autoridades nacionales adoptarán las medidas urgentes que fueren necesarias para garantizar una investigación y un procedimiento eficaces. A continuación, las autoridades nacionales remitirán el caso sin demora a la Fiscalía Europea. En ese caso, la Fiscalía Europea confirmará, a ser posible en el plazo de 48 horas desde el inicio de la investigación, las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, aunque dichas medidas se adopten y ejecuten con arreglo a normas distintas de las que recoge el presente Reglamento.
2. Si en cualquier fase de la investigación surgen dudas en cuanto a la competencia en el caso, la Fiscalía Europea podrá consultar con las fiscalías nacionales para determinar qué autoridad es competente. Mientras se decide al respecto, la Fiscalía Europea adoptará las medidas urgentes que fueren necesarias para garantizar que el caso se investigue y procese de forma eficaz. Cuando se determine que la competencia corresponde a la autoridad nacional, esta confirmará las medidas urgentes adoptadas por la Fiscalía Europea en un plazo de 48 horas desde el inicio de la investigación a escala nacional.
3. Cuando una investigación iniciada por la Fiscalía Europea revele que el comportamiento objeto de investigación constituye un delito penal que no es de su competencia, dicha Fiscalía remitirá el caso sin demora a las autoridades policiales y judiciales competentes.
4. Cuando una investigación iniciada por las autoridades nacionales revele con posterioridad que el comportamiento constituye un delito que pertenece al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea, dichas autoridades remitirán el caso a la Fiscalía Europea sin demora. En ese caso, la Fiscalía Europea confirmará, a ser posible en un plazo de 48 horas desde el inicio de la investigación, las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, aunque dichas medidas se adopten y se ejecuten con arreglo a normas distintas de las que recoge el presente Reglamento.
Artículo 18 Proceso de investigación
1. El fiscal europeo delegado designado dirigirá la investigación en nombre del Fiscal Europeo y conforme a las instrucciones del mismo. El fiscal europeo delegado adoptará las medidas de investigación personalmente o bien dará instrucciones a las autoridades policiales y judiciales competentes del Estado miembro en que se encuentre. Dichas autoridades cumplirán las instrucciones del fiscal europeo delegado y ejecutarán las medidas de investigación que se les asignen.
2. En casos transfronterizos en los que deban ejecutarse medidas de investigación en un Estado miembro distinto de aquel en que se inició la investigación, el fiscal europeo delegado que la inició o al que el Fiscal Europeo asignó el caso mantendrá estrechas consultas con el fiscal europeo delegado del Estado en que deba aplicarse dicha medida de investigación. El fiscal europeo delegado adoptará las medidas de investigación personalmente o bien dará instrucciones a las autoridades nacionales competentes para que las ejecuten.
3. En casos transfronterizos el Fiscal Europeo puede agrupar a varios fiscales europeos delegados en la investigación y crear equipos conjuntos. Asimismo, podrá ordenar a cualquier fiscal europeo delegado que recabe la información pertinente o que adopte medidas de investigación concretas en su nombre.
4. El Fiscal Europeo supervisará las investigaciones realizadas por los fiscales europeos delegados y garantizará su coordinación. Les dará instrucciones cuando sea necesario.
5. El Fiscal Europeo podrá reasignar el caso a otro fiscal europeo delegado o dirigir la investigación personalmente si lo estima necesario en aras de la eficacia de la investigación o el procedimiento penal debido a uno o varios de los siguientes criterios:
a) la gravedad del delito;
b) circunstancias específicas relativas al estatus del supuesto autor;
c) circunstancias específicas relativas al carácter transfronterizo de la investigación;
d) la no disponibilidad de autoridades nacionales de investigación; o
e) la solicitud de las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión.
6. Cuando el Fiscal Europeo se ocupe directamente de la investigación, informará al fiscal europeo delegado del Estado miembro en que deban ejecutarse las medidas de investigación. Toda medida de investigación realizada por el Fiscal Europeo deberá ejecutarse en colaboración con las autoridades del Estado miembro a cuyo territorio afecte. Las medidas coercitivas serán ejecutadas por las autoridades nacionales competentes.
7. Las investigaciones llevadas a cabo bajo la autoridad de la Fiscalía Europea estarán protegidas por las normas relativas al secreto profesional con arreglo a la legislación europea aplicable. Las autoridades que participen en las investigaciones de la Fiscalía Europea también estarán sujetas a la obligación del secreto profesional con arreglo a la legislación nacional aplicable.
Artículo 19 Suspensión de privilegios o inmunidades
1. Cuando las investigaciones de la Fiscalía Europea impliquen a personas protegidas por privilegios o inmunidades conforme a la legislación nacional y dichos privilegios o inmunidades supongan un obstáculo para llevar a cabo una investigación concreta, la Fiscalía Europea presentará una solicitud justificada por escrito para su suspensión, con arreglo a los procedimientos establecidos por la legislación nacional.
2. Cuando las investigaciones de la Fiscalía Europea impliquen a personas protegidas por privilegios o inmunidades conforme a la legislación de la Unión, en particular, el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, y dichos privilegios o inmunidades supongan un obstáculo para llevar a cabo una investigación concreta, la Fiscalía Europea presentará una solicitud justificada por escrito para su suspensión con arreglo a los procedimientos establecidos por la legislación de la UE.
Sección 2 Tratamiento de la información
Artículo 20 Acceso de la Fiscalía Europea a la información
Desde el momento en que la Fiscalía Europea registre un caso, deberá poder obtener cualquier información pertinente almacenada en las bases de datos nacionales de investigaciones penales y de las fuerzas del orden, así como de otros registros pertinentes de las Administraciones públicas, o podrá acceder a tal información por medio de los fiscales europeos delegados.
Artículo 21 Recopilación de información
1. Cuando sea necesario para sus investigaciones, la Fiscalía Europea obtendrá de Eurojust y Europol, previa solicitud, cualquier dato pertinente sobre un delito perteneciente a su ámbito de competencias. Asimismo, podrá solicitar a Europol que proporcione asistencia analítica a una investigación determinada llevada a cabo por dicha Fiscalía.
2. Las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión y las autoridades de los Estados miembros proporcionarán la asistencia y la información necesarias a la Fiscalía Europea previa solicitud de esta.
Artículo 22 Sistema de Gestión de Casos, índice y ficheros temporales de trabajo
1. La Fiscalía Europea creará un Sistema de Gestión de Casos compuesto por ficheros temporales de trabajo y por un índice que contenga los datos personales mencionados en el anexo y datos que no sean de carácter personal.
2. El objetivo del Sistema de Gestión de Casos será:
a) respaldar la gestión de las investigaciones y los procedimientos penales llevados a cabo por la Fiscalía Europea, en particular efectuando comprobaciones cruzadas de la información;
b) facilitar el acceso a la información de las investigaciones y los procedimientos penales en curso;
c) facilitar la supervisión de la legalidad y la conformidad con las disposiciones del presente Reglamento en materia de tratamiento de datos personales.
3. El Sistema de Gestión de Casos puede vincularse con la conexión de telecomunicaciones segura mencionada en el artículo 9 de la Decisión 2008/976/JAI[8].
4. El índice contendrá referencias a ficheros temporales de trabajo tratados en el marco de la labor de la Fiscalía Europea y podrá recoger datos que no sean de carácter personal distintos de los dispuestos en las letras a) a i), k) y m) de los puntos 1 y 2 del anexo.
5. En el cumplimiento de sus deberes en virtud del presente Reglamento, la Fiscalía Europea puede tratar datos personales relativos a casos individuales en los que está trabajando en un fichero temporal de trabajo. La Fiscalía Europea permitirá que el responsable de la protección de datos dispuesto en el artículo 41 acceda a dicho fichero temporal de trabajo. La Fiscalía Europea informará al responsable de la protección de datos cada vez que se abra un nuevo fichero temporal de trabajo que contenga datos personales.
6. Para el tratamiento de datos personales relacionados con los casos, la Fiscalía Europea no puede crear ningún archivo automatizado distinto del Sistema de Gestión de Casos o del fichero temporal de trabajo.
Artículo 23 Funcionamiento de los ficheros temporales de trabajo y del índice
1. La Fiscalía Europea abrirá un fichero temporal de trabajo para cada caso respecto al que se le transmita información, en la medida en que dicha transmisión respete el presente Reglamento u otros instrumentos jurídicos aplicables. La Fiscalía Europea se encargará de la gestión de los ficheros temporales de trabajo que haya abierto.
2. La Fiscalía Europea decidirá, analizando caso por caso, mantener el carácter restringido del fichero temporal de trabajo o dar acceso a él o a partes del mismo a su personal, cuando esto sea necesario para que dicho personal lleve a cabo su labor.
3. La Fiscalía Europea decidirá qué información relacionada con un fichero temporal de trabajo debe introducirse en el índice. A menos que el Fiscal Europeo decida lo contrario, la información registrada y sujeta a verificación con arreglo al artículo 15, apartado 4, no se introducirá en el índice.
Artículo 24 Acceso al Sistema de Gestión de Casos
En la medida en que estén vinculados al Sistema de Gestión de Casos, los fiscales europeos delegados y su personal solo podrán acceder a:
a) el índice, a menos que se les haya denegado expresamente el acceso;
b) los ficheros temporales de trabajo abiertos por la Fiscalía Europea relativos a las investigaciones y los procedimientos penales que tengan lugar en su Estado miembro;
c) los ficheros temporales de trabajo abiertos por la Fiscalía Europea relativos a las investigaciones y los procedimientos penales que tengan lugar en otro Estado miembro siempre que estén vinculados a investigaciones o procedimientos penales que tengan lugar en su Estado miembro.
Sección 3 Medidas de investigación
Artículo 25 Autoridad en materia de investigación de la Fiscalía Europea
1. Con el fin de que la Fiscalía Europea lleve a cabo investigaciones y procedimientos penales, el territorio de los Estados miembros de la Unión se considerará un territorio jurídico único en el que dicha Fiscalía puede ejercer sus competencias.
2. Cuando la Fiscalía Europea decida ejercer sus competencias en cuanto a un delito que uno de sus nacionales o bien miembros del personal de la Unión o de sus instituciones hayan cometido íntegramente o en parte fuera del territorio de los Estados miembros, solicitará asistencia para conseguir que el tercer país en cuestión coopere con arreglo a los instrumentos y procedimientos dispuestos en el artículo 59.
Artículo 26 Medidas de investigación
1. La Fiscalía Europea estará facultada para solicitar u ordenar las siguientes medidas de investigación en el ejercicio de sus competencias:
a) inspeccionar cualquier local, territorio, medio de transporte, vivienda privada, ropa o pertenencias personales u ordenador;
b) conseguir la elaboración de cualquier objeto o documento pertinente, así como de datos informáticos almacenados, incluidos los datos de tráfico y los relativos a cuentas bancarias, ya sean encriptados o descifrados, en su formato original o en otro formato determinado;
c) precintar locales y medios de transporte y congelar datos, con el fin de conservar su integridad, evitar la pérdida o contaminación de pruebas o garantizar la posibilidad de confiscación;
d) congelar los instrumentos o los productos del delito, incluida la congelación de activos, si se prevé que el órgano jurisdiccional los confisque y si existen motivos para pensar que el propietario, poseedor o gestor intentará burlar la sentencia que ordene su confiscación;
e) interceptar las comunicaciones, incluidos los correos electrónicos enviados y recibidos por el sospechoso, así como toda conexión de telecomunicaciones que utilice el mismo;
f) establecer una vigilancia en tiempo real de las telecomunicaciones, ordenando que se transmita al instante el tráfico de datos de telecomunicaciones, con el fin de localizar al sospechoso e identificar a las personas que han estado en contacto con él en un momento concreto;
g) supervisar las transacciones financieras, solicitando a cualquier institución crediticia o financiera que informe a la Fiscalía Europea en tiempo real de cualquier transacción financiera realizada mediante una cuenta concreta que posea o gestione el sospechoso o cualquier otra cuenta que pueda deducirse de forma razonable que está vinculada con el delito;
h) congelar futuras transacciones financieras, solicitando a cualquier institución crediticia o financiera que se abstenga de llevarlas a cabo cuando conlleven el uso de cualquier cuenta determinada a nombre del sospechoso o gestionada por él;
i) adoptar medidas de vigilancia en lugares que no sean de carácter público, solicitando vigilancia encubierta de vídeo y audio en dichos lugares, a excepción de la videovigilancia en viviendas privadas, y la grabación de los resultados;
j) llevar a cabo investigaciones encubiertas, solicitando a un funcionario que actúe de forma encubierta o con una identidad falsa;
k) citar a sospechosos y testigos, cuando existan motivos razonables para pensar que pueden proporcionar información que resulte útil para la investigación:
l) adoptar medidas de identificación, solicitando que se tomen fotos, se grabe a particulares y se registren las características biométricas de estos;
m) incautarse de objetos necesarios como prueba;
n) acceder a locales y tomar muestras de productos;
o) inspeccionar medios de transporte, cuando existan motivos razonables para pensar se están transportando productos relacionados con una investigación;
p) adoptar medidas para seguir y supervisar a particulares, con el fin de determinar su paradero;
q) rastrear y seguir cualquier objeto mediante medios técnicos, incluido el control de entregas de mercancías y de transacciones financieras;
r) establecer vigilancia específica de los sospechosos o terceras personas en lugares públicos;
s) acceder a los registros públicos nacionales o europeos, así como a los de entidades privadas de interés público;
t) interrogar a los sospechosos y a los testigos;
u) nombrar expertos.
2. Los Estados miembros garantizarán que las medidas a que hace referencia el apartado 1 puedan utilizarse en las investigaciones y los procedimientos penales realizados por la Fiscalía Europea. Dichas medidas estarán sujetas a las condiciones contempladas en el presente artículo y a las que disponga la legislación nacional. La Fiscalía Europea puede ordenar o solicitar otras medidas de investigación distintas de las mencionadas en el apartado 1 si se encuentran disponibles con arreglo a la legislación del Estado miembro en que se ejecute la medida.
3. Las medidas de investigación individuales citadas en el apartado 1 no se solicitarán si no existen motivos razonables y si existen medios menos intrusivos que puedan lograr el mismo objetivo.
4. Los Estados miembros garantizarán que las medidas de investigación a que hacen referencia las letras a) a j) del apartado 1 se someten a la autorización previa de la autoridad judicial competente del Estado miembro en que van a ejecutarse.
5. Las medidas de investigación mencionadas en las letras k) a u) del apartado 1 se someterán a autorización previa con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro en que va a llevarse a cabo la investigación.
6. Si se cumplen las condiciones dispuestas en el presente artículo, así como aquellas aplicables según la legislación nacional para autorizar la medida solicitada, la autoridad judicial competente concederá dicha autorización en un plazo de 48 horas en forma de decisión justificada por escrito.
7. La Fiscalía Europea podrá solicitar a la autoridad judicial competente el arresto o la detención preventiva del sospechoso, con arreglo a la legislación nacional.
Sección 4 Finalización de la investigación y competencias para incoar procedimientos penales
Artículo 27 Incoación de procedimientos penales ante los órganos jurisdiccionales nacionales
1. El Fiscal Europeo y los fiscales europeos delegados tendrán las mismas competencias que los fiscales nacionales en materia de incoación de procedimientos judiciales y enjuiciamiento, en particular, será competente para presentar alegatos procesales, participar en la toma de declaraciones y ejercer las acciones o recursos a que tuviere derecho.
2. Cuando el fiscal europeo delegado competente considere concluida la investigación, presentará al Fiscal Europeo un resumen del caso, junto con un proyecto de imputación y una lista de pruebas, para su revisión. Si este no da instrucciones de archivar el caso conforme al artículo 28, el Fiscal Europeo ordenará al fiscal europeo delegado que presente el caso ante el órgano jurisdiccional nacional o bien que lo remita de nuevo para continuar investigando. El Fiscal Europeo también puede presentar el caso por sí mismo ante el órgano jurisdiccional nacional.
3. La imputación presentada al órgano jurisdiccional nacional debe citar las pruebas que se presentarán durante el proceso.
4. El Fiscal Europeo elegirá la jurisdicción del proceso y determinará el órgano jurisdiccional nacional competente, en estrechas consultas con el fiscal europeo delegado que presente el caso, teniendo en cuenta la correcta administración de la justicia y considerando los siguientes criterios:
a) el lugar donde se cometió el delito o, si se trata de varios delitos, donde se cometieron la mayoría de ellos;
b) el lugar donde resida habitualmente el acusado;
c) el lugar donde estén situadas las pruebas;
d) el lugar donde residan habitualmente las víctimas directas.
5. Cuando sea necesario para la recuperación, el seguimiento administrativo o la supervisión, el Fiscal Europeo notificará la imputación a las autoridades nacionales competentes, a los interesados y a las instituciones, órganos, y organismos europeos correspondientes.
Artículo 28 Archivación del caso
1. El Fiscal Europeo archivará el caso cuando la incoación del procedimiento resulte imposible por alguno de los siguientes motivos:
a) el fallecimiento del sospechoso;
b) el comportamiento investigado no constituye un delito penal;
c) el sospechoso se beneficia de una amnistía o de inmunidad ;
d) la expiración del plazo de prescripción nacional para incoar procedimientos penales;
e) el sospechoso ya ha sido absuelto o condenado por los mismos hechos en el seno de la Unión o el caso ya se ha tratado con arreglo al artículo 29.
2. El Fiscal Europeo podrá archivar el caso basándose por cualquiera de los siguientes motivos:
a) la infracción constituye un delito menor según la legislación nacional por la que se aplica la Directiva 2013/XX/UE sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal;
b) la ausencia de pruebas pertinentes.
3. La Fiscalía Europea puede remitir los casos que desestime a la OLAF o a las autoridades administrativas o judiciales competentes a escala nacional para su recuperación, seguimiento administrativo o supervisión.
4. Cuando se inicie la investigación sobre la base de la información proporcionada por la parte perjudicada la Fiscalía Europea informará a dicha parte.
1. Si el caso no se archiva y si puede contribuir a la buena administración de la justicia, la Fiscalía Europea podrá, previa compensación de los daños, proponer al sospechoso el pago de una multa a tanto alzado que, una vez abonada, derive en la archivación del caso (transacción). Si el sospechoso está de acuerdo, abonará dicha multa a tanto alzado a la Unión.
2. La Fiscalía Europea supervisará la recaudación del pago que conlleve la transacción.
3. Cuando el sospechoso acepte y abone la transacción, el Fiscal Europeo archivará el caso y lo notificará oficialmente a las autoridades policiales y judiciales competentes. Asimismo, informará de ello a las instituciones, órganos y agencias de la Unión.
4. La archivación a que hace referencia el apartado 3 no será objeto de control jurisdiccional.
Sección 5 ADMISIBILIDAD DE las PRUEBAS
Artículo 30 Admisibilidad de las pruebas
1. Si el tribunal considera que la admisión de las pruebas que la Fiscalía Europea le presente no perjudican a la imparcialidad del procedimiento ni a los derechos de defensa consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales, estas se aceptarán en el proceso sin que sea necesaria ninguna validación ni ningún proceso jurídico similar, incluso aunque la legislación nacional del Estado miembro en que esté situado dicho tribunal recoja normas diferentes en cuanto a la recopilación y presentación de tales pruebas.
2. Una vez aceptadas las pruebas, no se verán afectadas las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales de evaluar libremente las pruebas presentadas por la Fiscalía Europea.
Sección 6 Confiscación
Artículo 31 Disposición de los activos confiscados
Cuando, previa solicitud de la Fiscalía Europea, el órgano jurisdiccional nacional competente haya decidido, mediante una sentencia final, confiscar cualquier propiedad relacionada con un delito o producto del mismo, perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea, se transferirá al presupuesto de la Unión el valor monetario de dicha propiedad o productos, en la medida necesaria para compensar los perjuicios causados a la UE.
CAPÍTULO IV GARANTÍAS PROCESALES
Artículo 32 Alcance de los derechos de los sospechosos, los acusados y otros implicados
1. Las actividades de la Fiscalía Europea se llevarán a cabo de plena conformidad con los derechos de los sospechosos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho a un proceso imparcial y a los derechos de defensa.
2. Todo sospechoso y acusado implicado en los procedimientos de la Fiscalía Europea poseerá, como mínimo, los siguientes derechos procesales, tal y como disponen la legislación de la Unión y la del Estado miembro:
a) el derecho a interpretación y traducción, contemplado en la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;
b) el derecho a la información y a acceder a los documentos del caso, recogido en la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;
c) El derecho de acceso a un abogado y a comunicarse con terceras personas e informarlas en caso de detención, tal y como dispone la [Directiva 2013/xx/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de xx xxxx de 2013 relativa al acceso a un abogado en procesos penales y al derecho a poder comunicarse tras ser arrestado];
d) el derecho a permanecer en silencio y a la presunción de inocencia;
e) el derecho a la asistencia jurídica;
f) el derecho a presentar pruebas, nombrar expertos y escuchar a los testigos.
3. Los sospechosos y acusados tendrán los derechos enumerados en el apartado 2 desde el momento en que se sospeche que han cometido un delito. Una vez que el órgano jurisdiccional nacional competente admita a trámite la imputación, los derechos procesales del sospechoso y acusado se basarán en el régimen nacional aplicable al caso en cuestión.
4. Los derechos citados en el apartado 2 también se aplicarán a toda persona distinta del sospechoso o acusado que declare ante la Fiscalía Europea si en el transcurso de la entrevista, el interrogatorio o la audiencia se convierte en sospechosa de haber cometido un delito penal.
5. Sin perjuicio de los derechos dispuestos en el presente capítulo, los sospechosos y acusados, así como otras personas implicadas en los procedimientos de la Fiscalía Europea, tendrán todos los derechos procesales que les proporciona la legislación nacional aplicable.
Artículo 33 Derecho a permanecer en silencio y a la presunción de inocencia
1. Con arreglo a la legislación nacional, el sospechoso y acusado implicado en los procedimientos de la Fiscalía Europea tendrá derecho a permanecer en silencio cuando se le interrogue en lo que respecta a los hechos que se sospecha que ha cometido y será informado de que no está obligado a autoinculparse.
2. Se presumirá que el sospechoso y acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la legislación nacional.
Artículo 34 Derecho a la asistencia jurídica
Conforme a la legislación nacional, todo sospechoso o acusado de un delito perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea tendrá derecho a que las autoridades nacionales le proporcionen asistencia jurídica total o parcialmente gratuita si no posee medios suficientes para costearla.
Artículo 35 Derechos relativos a las pruebas
1. Conforme a la legislación nacional, el sospechoso y acusado tendrá derecho a presentar pruebas para que la Fiscalía Europea las tenga en cuenta.
2. Con arreglo a la legislación nacional, el sospechoso y acusado tendrá derecho a solicitar a la Fiscalía Europea que recopile cualquier prueba pertinente para la investigación, incluido el nombramiento de peritos y las audiencias de testigos.
CAPÍTULO V CONTROL JURISDICCIONAL
Artículo 36 Control jurisdiccional
1. Cuando adopte medidas procesales en el desempeño de sus funciones, la Fiscalía Europea se considerará una autoridad nacional a efectos de control jurisdiccional.
2. Cuando el presente Reglamento otorgue carácter aplicable a las disposiciones de la legislación nacional, dichas disposiciones no se considerarán propias del Derecho de la Unión a efectos de lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado.
CAPÍTULO VI PROTECCIÓN DE DATOS
Artículo 37 Tratamiento de datos personales
1. Según el presente Reglamento, la Fiscalía Europea solo podrá procesar con medios automatizados o en archivos manuales estructurados los datos personales enumerados en el punto 1 del anexo, relativos a las personas que, con arreglo a la legislación nacional de los Estados miembros correspondientes, sean sospechosas de haber cometido o participado en un delito que compete a la Fiscalía Europea o que hayan sido condenadas por dicho delito, a los efectos siguientes:
– investigaciones y procedimientos penales realizados conforme al presente Reglamento;
– intercambio de información con las autoridades competentes de los Estados miembros y con otros órganos de la Unión conforme al presente Reglamento;
– cooperación con terceros países conforme al presente Reglamento.
2. La Fiscalía Europea solo podrá procesar los datos personales citados en el punto 2 del anexo relativos a las personas que, en virtud de la legislación nacional de los Estados miembros en cuestión, se consideren testigos o víctimas en el marco de una investigación o un procedimiento penal relativos a uno o varios de los tipos de delitos que competen a la Fiscalía Europea, así como los relativos a menores de 18 años. Dichos datos personales solo podrán tratarse si resulta estrictamente necesario para los fines especificados en el apartado 1.
3. En casos excepcionales y durante un período que no excederá del límite necesario para archivar el caso al que atañen los datos tratados, la Fiscalía Europea también podrá procesar datos personales distintos de los mencionados en los apartados 1 y 2 relativos a las circunstancias de un delito, siempre que sean directamente pertinentes y se incluyan en investigaciones en curso y a cargo de dicha Fiscalía, y siempre que su tratamiento sea estrictamente necesario para los fines determinados en el apartado 1, en la medida en que tal tratamiento de datos específicos se efectúe con arreglo al presente Reglamento. Cuando se recurra a este apartado, se informará inmediatamente al responsable de la protección de datos mencionado en el artículo 41.
4. La Fiscalía Europea solo podrá procesar tratar datos personales, procesados por medios automatizados o de otro tipo, que revelen el origen racial o étnico, las inclinaciones políticas, la religión o las convicciones filosóficas, la afiliación a sindicatos y los datos relativos a la salud o a la vida sexual cuando resulten estrictamente necesarios para sus investigaciones y complementen otros datos personales ya procesados. Cuando se recurra a este apartado se informará inmediatamente al responsable de la protección de datos. Dichos datos no podrán procesarse en el índice mencionado en el artículo 22, apartado 4. Cuando estos datos se refieran a testigos y víctimas en el sentido del apartado 2, será la Fiscalía la que decida si los procesa o no.
5. El tratamiento de datos personales por la Fiscalía Europea en el marco de sus actividades estará sujeto al Reglamento (CE) nº 45/2001. El presente Reglamento concreta y complementa el Reglamento (CE) nº 45/2001 en lo que respecta a los datos personales operativos.
Artículo 38 Plazos de almacenamiento de los datos personales
1. Los datos personales tratados por la Fiscalía Europea no podrán almacenarse más allá de la primera fecha aplicable de entre las siguientes:
a) la fecha límite de incoación de procedimientos penales por prescripción de los delitos vigente en todos los Estados miembros afectados por la investigación y los procedimientos;
b) la fecha en que la persona hubiese sido absuelta y en que la decisión judicial hubiese adquirido carácter definitivo;
c) tres años después de la fecha en que la decisión judicial del último de los Estados miembros afectados por la investigación o los procedimientos hubiese adquirido carácter definitivo;
d) la fecha en que la Fiscalía Europea hubiese determinado que había dejado de ser necesario continuar la investigación o el procedimiento.
2. El cumplimiento de los plazos de almacenamiento dispuestos en el apartado 1 se supervisará permanentemente mediante medios adecuados de tratamiento automatizado. En cualquier caso, la necesidad de almacenar los datos se revisará cada tres años a partir de su introducción. Si se almacenan datos relativos a las personas a que hace referencia el anexo durante un período superior a cinco años, se informará al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
3. Cuando expire uno de los plazos de almacenamiento que figuran en el apartado 1, la Fiscalía Europea revisará la necesidad de almacenar los datos durante más tiempo para poder desempeñar su labor y podrá decidir, mediante una excepción, almacenar dichos datos hasta la siguiente revisión. Los motivos de la prolongación del almacenamiento deberán justificarse y registrarse. Si no se toma ninguna decisión respecto a tal almacenamiento prolongado, dichos datos se eliminarán automáticamente transcurridos tres años.
4. Si, con arreglo al apartado 3, se han almacenado datos más allá de las fechas indicadas en el apartado 1, el Supervisor Europeo de Protección de Datos revisará cada tres años la necesidad de almacenar dichos datos.
5. Cuando exista un archivo con datos no automatizados ni estructurados, todos los documentos que contenga y toda copia del mismo se destruirán una vez expire el plazo de almacenamiento del último de los datos automatizaos que contiene.
Artículo 39 Registro y documentación
1. Con el fin de verificar la legalidad del tratamiento de datos, efectuar un autocontrol y garantizar una integridad y seguridad adecuadas de dichos datos, la Fiscalía Europea conservará registros de toda recopilación, alteración, acceso, divulgación, combinación o supresión de datos personales utilizados con fines operativos. Dichos registros o documentación se eliminarán transcurridos 18 meses, a menos que los datos sean necesarios para efectuar un control continuo.
2. Los registros o la documentación elaborados con arreglo al apartado 1 se comunicarán previa solicitud del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Este último utilizará esta información únicamente para supervisar la protección de los datos y garantizar el tratamiento adecuado de los mismos, así como su integridad y seguridad.
Artículo 40 Acceso autorizado a datos personales
El Fiscal Europeo, los fiscales europeos delegados y los miembros autorizados de su personal serán los únicos que, a efectos de desempeñar su labor y respetando los límites establecidos por el presente Reglamento, podrán acceder a los datos personales tratados por la Fiscalía Europea en sus actividades operativas.
Artículo 41 Responsable de la protección de datos
1. El Fiscal Europeo designará un responsable de la protección de datos con arreglo al artículo 24 del Reglamento (CE) nº 45/2001.
2. En el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 45/2001, el responsable de la protección de datos:
a) garantizará que las transmisiones de datos personales se registran por escrito;
b) cooperará con el personal de la Fiscalía Europea responsable de los procedimientos, formación y asesoramiento en materia de tratamiento de datos;
c) elaborará un informe anual y lo remitirá al Fiscal Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
3. En el ejercicio de sus funciones, el responsable de la protección de datos tendrá acceso a todos los datos tratados por la Fiscalía Europea y a todas las instalaciones de esta.
4. Los miembros del personal de la Fiscalía Europea que proporcionen asistencia al responsable de la protección de datos en el desempeño de su labor tendrán acceso a los datos personales tratados por esta y a sus instalaciones en la medida en que resulte necesario para que realicen sus actividades.
5. Si el responsable de la protección de datos considera que no se han cumplido las disposiciones relativas al tratamiento de datos personales recogidas en el Reglamento (CE) nº 45/2001 o en el presente Reglamento, informará al Fiscal Europeo y le pedirá que resuelva estas infracciones en un plazo determinado. Si el Fiscal Europeo no resuelve el incumplimiento del tratamiento en el plazo especificado, el responsable de la protección de datos remitirá el caso al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
6. El Fiscal Europeo adoptará las normas de ejecución recogidas en el artículo 24, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 45/2001.
Artículo 42 Modalidades relativas al ejercicio del derecho de acceso
1. Toda persona interesada podrá ejercer el derecho de acceso a sus datos personales con arreglo al Reglamento (CE) nº 45/2001 y, en particular, a su artículo 13.
2. Cuando se limite el derecho de acceso con arreglo al artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 45/2001, la Fiscalía Europea informará por escrito al interesado conforme al artículo 20, apartado 3. La información relativa a los motivos principales de la aplicación de la limitación podrá omitirse cuando proporcionarla deje sin efecto dicha limitación. El interesado será informado como mínimo de que el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha realizado todas las comprobaciones necesarias.
3. La Fiscalía Europea documentará los motivos por los que no se comunican las razones principales en que se basa la limitación a que hace referencia en apartado 2.
4. Cuando se apliquen los artículos 46 y 47 del Reglamento (CE) nº 45/2001, el Supervisor Europeo de Protección de Datos comprobará la legalidad del tratamiento llevado a cabo por la Fiscalía Europea e informará al interesado, como mínimo, de que el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha realizado todas las comprobaciones necesarias.
Artículo 43 Derecho de rectificación, supresión y restricciones al tratamiento
1. Cuando deban rectificarse o suprimirse datos tratados por la Fiscalía Europea o cuando deba restringirse su tratamiento conforme a los artículos 14, 15 o 16 del Reglamento (CE) nº 45/2001, dicha Fiscalía rectificará, suprimirá o restringirá el tratamiento de tales datos.
2. En los casos contemplados en los artículos 14, 15 o 16 del Reglamento (CE) nº 45/2001, se notificará inmediatamente a los destinatarios de dichos datos con arreglo al artículo 17 de dicho Reglamento. Los destinatarios, según las normas que les sean aplicables, rectificarán, suprimirán o restringirán el tratamiento de los datos en sus sistemas.
3. La Fiscalía Europea informará por escrito al interesado sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que transcurran tres meses desde la recepción de la solicitud de rectificación, supresión o restricción del tratamiento de sus datos.
4. La Fiscalía Europea informará por escrito al interesado de toda negativa a modificar, suprimir o restringir el tratamiento, así como de la posibilidad de presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos y un recurso judicial.
Artículo 44 Responsabilidad en materia de protección de datos
1. La Fiscalía Europea tratará los datos personales de forma que pueda determinarse qué autoridad los ha proporcionado o de dónde se han obtenido.
2. El Fiscal Europeo será el responsable del cumplimiento del Reglamento (CE) nº 45/2001 y del presente Reglamento. El proveedor de datos personales se responsabilizará de la legalidad de la transferencia de los datos proporcionados a la Fiscalía Europea y esta, a su vez, de los datos personales proporcionados a los Estados miembros, órganos de la Unión, terceros países u otras organizaciones.
3. A reserva de otras disposiciones recogidas en el presente Reglamento, la Fiscalía Europea será responsable de todos los datos que procese.
Artículo 45 Cooperación entre el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacionales en materia de protección de datos
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará en estrecha colaboración con las autoridades nacionales competentes en materia de protección de datos en lo que respecta a cuestiones concretas que requieran participación a escala nacional, especialmente cuando dicho Supervisor Europeo de Protección de Datos o una de las autoridades nacionales competentes en materia de protección de datos detecte discrepancias importantes entre las prácticas de los Estados miembros o transferencias potencialmente ilegales que se realicen a través de los canales de comunicación de la Fiscalía Europea o en el marco de las preguntas planteadas por una o varias autoridades nacionales de supervisión sobre la ejecución e interpretación del presente Reglamento.
2. En los casos recogidos en el apartado 1, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacionales competentes que se ocupan de supervisar la protección de datos podrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, intercambiar información pertinente, ayudarse mutuamente en la realización de auditorías e inspecciones, examinar dificultades de interpretación o aplicación del presente Reglamento, analizar problemas relativos al ejercicio de la supervisión independiente o de los derechos de los interesados, elaborar propuestas armonizadas para encontrar soluciones conjuntas a cualquier problema y, en su caso, fomentar la concienciación en materia de protección de datos.
3. Si fuese necesario, las autoridades nacionales de supervisión y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se reunirán a los efectos descritos en el presente artículo. El Supervisor Europeo de Protección de Datos correrá con los costes y servicios de dichas reuniones. El Reglamento interno se aprobará en la primera reunión. Cuando sea necesario, se desarrollarán de forma conjunta métodos de trabajo adicionales.
Artículo 46 Derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. Cuando una reclamación presentada por un interesado, con arreglo al artículo 32, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001, esté relacionada con una de las decisiones mencionadas en el artículo 43, el Supervisor Europeo de Protección de Datos consultará a los órganos de supervisión nacionales o al órgano judicial competente del Estado miembro del que proceden los datos o del Estado miembro directamente afectado. La decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que puede consistir en la negativa de transmitir información, debe tomarse en estrecha colaboración con el órgano de supervisión nacional o con el órgano judicial competente.
2. Cuando una reclamación esté relacionada con el tratamiento de datos personales que los órganos de la Unión, terceros países, organizaciones o entidades privadas hayan proporcionado a la Fiscalía Europea, el Supervisor Europeo de Protección de Datos se asegurará de que dicha Fiscalía haya efectuado las comprobaciones necesarias.
Artículo 47 Responsabilidad por tratamiento de datos personales incorrecto o no autorizado
1. Con arreglo al artículo 340 del Tratado, la Fiscalía Europea responderá de todo daño causado a particulares debido al tratamiento de datos incorrecto o no autorizado que haya podido cometer.
2. En virtud del artículo 268 del Tratado, el Tribunal de Justicia tramitará las reclamaciones presentadas contra la Fiscalía Europea en lo que respecta a la responsabilidad mencionada en el apartado 1.
CAPÍTULO VII DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y DE PERSONAL
sección 1 disposiciones financieras
Artículo 48 Agentes financieros
1. El Fiscal Europeo será el responsable de la toma de decisiones en materia financiera y presupuestaria.
2. El delegado nombrado por dicho Fiscal Europeo, con arreglo al artículo 6, apartado 3, se ocupará de la ejecución del presupuesto de la Fiscalía Europeo en calidad de ordenador de pagos.
1. Para cada ejercicio fiscal se elaborarán previsiones de los ingresos y gastos de la Fiscalía Europea correspondientes al año natural, que figurarán en su presupuesto.
2. El presupuesto de la Fiscalía Europea será equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.
3. Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos de la Fiscalía Europea comprenderán lo siguiente:
a) una contribución de la Unión inscrita en su presupuesto general;
b) los cobros por publicaciones y todo servicio prestado por la Fiscalía Europea.
4. Los gastos de la Fiscalía Europea incluirán la remuneración del personal, los gastos administrativos y de infraestructura, y los costes operativos.
5. Cuando los fiscales europeos delegados actúen en el marco de las funciones de la Fiscalía Europea, los gastos correspondientes a estas actividades se considerarán gastos operativos.
Artículo 50 Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el delegado del Fiscal Europeo referido en el artículo 48 elaborará un proyecto provisional de previsión de ingresos y gastos de la Fiscalía Europea para el siguiente ejercicio. Sobre la base de dicho proyecto, el Fiscal Europeo elaborará un proyecto provisional de previsión de ingresos y gastos de la Fiscalía Europea para el siguiente ejercicio.
2. El proyecto provisional de previsión de ingresos y gastos de la Fiscalía Europea se enviará cada año a la Comisión antes del 31 de enero. El Fiscal Europeo enviará a la Comisión, antes del 31 de marzo, un proyecto definitivo de previsión de los gastos, que incluirá un proyecto de plantilla de personal.
3. La Comisión enviará la previsión de ingresos y gastos al Parlamento Europeo y al Consejo (autoridad presupuestaria), junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión.
4. Sobre la base de la previsión de ingresos y gastos, la Comisión introducirá en el presupuesto general de la Unión las previsiones que considere necesarias para la plantilla de personal así como el importe de la contribución a cargo del presupuesto general, y las remitirá a la autoridad presupuestaria con arreglo a los artículos 313 y 314 del Tratado.
5. La autoridad presupuestaria autorizará las dotaciones de la contribución destinada a la Fiscalía Europea.
6. La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Fiscalía Europea.
7. El Fiscal Europeo aprobará el presupuesto de la Fiscalía Europea. Este será definitivo una vez que se apruebe finalmente el presupuesto general de la Unión y se ajustará cuando sea necesario.
8. La Fiscalía Europea informará lo antes posible al Parlamento Europeo y al Consejo de todo proyecto de construcción que pueda repercutir significativamente en su presupuesto con arreglo a las disposiciones recogidas en artículo 203 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.
9. Tras la recepción del proyecto, el Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán de un plazo de cuatro semanas para deliberar acerca del mismo, salvo en los casos de fuerza mayor mencionados en el artículo 203 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012. Una vez concluido ese plazo de cuatro semanas, el proyecto de construcción se considerará aprobado, a menos que el Parlamento Europeo y el Consejo decidan lo contrario durante dicho período. Si el Parlamento Europeo o el Consejo expresan preocupaciones debidamente justificadas en dicho plazo de cuatro semanas, el período se ampliará una sola vez a doce semanas. Si el Parlamento Europeo y el Consejo deciden en contra del proyecto de construcción, la Fiscalía Europea retirará su propuesta y podrá presentar una nueva.
10. La Fiscalía Europea podrá financiar un proyecto de adquisición presupuestado mediante un préstamo que debe ser aprobado previamente por la autoridad presupuestaria, conforme al artículo 203, apartado 8, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.
Artículo 51 Ejecución del presupuesto
1. El delegado del Fiscal Europeo mencionado en el artículo 48, en calidad de ordenador de pagos de la Fiscalía Europea, ejecutará su presupuesto bajo su propia responsabilidad y sujeto a los límites autorizados en el mismo.
2. Todos los años, el delegado del Fiscal Europeo mencionado en el artículo 48 enviará a la autoridad presupuestaria toda la información pertinente a los resultados de los procedimientos de evaluación.
Artículo 52 Presentación de las cuentas y aprobación de la gestión
1. El contable de Eurojust actuará como contable de la Fiscalía Europea en la ejecución de su presupuesto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar cualquier conflicto de interés.
2. Antes del 1 de marzo de cada ejercicio, el contable de la Fiscalía Europea enviará las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas.
3. La Fiscalía Europea enviará el informe a la administración presupuestaria y financiera del Parlamento Europeo, del Consejo y del Tribunal de Cuentas, antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente.
4. Antes del 31 de marzo de cada ejercicio, el contable de la Comisión enviará al Tribunal de Cuentas las cuentas provisionales a la Fiscalía Europea, consolidadas con las cuentas de la Comisión.
5. Con arreglo al artículo 148, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, el Tribunal de Cuentas formulará sus propias observaciones sobre las cuentas provisionales de la Fiscalía Europea, a más tardar antes del 1 de junio del ejercicio siguiente.
6. Tras la recepción de las observaciones del Tribunal de Cuentas acerca de las cuentas provisionales de la Fiscalía Europea conforme al artículo 148 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, el contable de la Fiscalía Europea elaborará sus cuentas definitivas bajo su propia responsabilidad.
7. El contable de la Fiscalía Europea enviará las cuentas definitivas al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, antes del 1 de julio de cada ejercicio.
8. Las cuentas definitivas de la Fiscalía Europea se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea antes del 15 de noviembre del ejercicio siguiente.
9 El delegado del Fiscal Europeo mencionado en el artículo 48 enviará al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones, a más tardar antes del 30 de septiembre del ejercicio siguiente. Las respuestas de la Fiscalía Europea se enviarán, al mismo tiempo, a la Comisión.
10. El delegado del Fiscal Europeo mencionado en el artículo 48 presentará al Parlamento Europeo, previa solicitud de este último, cualquier dato necesario para la correcta ejecución del procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio en cuestión, con arreglo al artículo 165, apartado 3 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.
11. Conforme a una recomendación del Consejo y con mayoría cualificada, antes del 15 de mayo del año N + 2, el Parlamento Europeo aprobará la gestión del delegado del Fiscal Europeo mencionado en el artículo 48 en lo que respecta a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.
Artículo 53 Normas financieras
El Fiscal Europeo aprobará las normas financieras aplicables a la Fiscalía Europea de conformidad con [el Reglamento (UE, Euratom) nº 2343/2002, de 23 de diciembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas] y previa consulta con la Comisión. Dichas normas no se desviarán del [Reglamento (UE, Euratom) nº 2343/2002], a menos que dicha variación sea necesaria específicamente para el funcionamiento de la Fiscalía Europea y que la Comisión haya dado autorización previamente.
Sección 2 DISPOSICIONES RELATIVAS AL PERSONAL
1. El Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea[9] y el régimen aplicable a otros agentes de la UE, así como las normas adoptadas mediante un acuerdo entre las instituciones de la Unión Europea para dar efecto a dicho Estatuto y régimen se aplicarán al Fiscal Europeo, a los delegados y al personal de la Fiscalía Europea, salvo cuando la presente sección disponga lo contrario.
2. El Fiscal Europeo ejercerá las competencias otorgadas por el Estatuto de los funcionarios y por el régimen aplicable a otros agentes de la UE a la autoridad encargada del nombramiento para suscribir contratos de empleo relativos al personal de la Fiscalía Europea.
3. El Fiscal Europeo adoptará normas de ejecución pertinentes respecto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a otros agentes de la UE, de conformidad con el artículo 110 del citado Estatuto. El Fiscal Europeo adoptará, asimismo, la programación de recursos humanos, como parte del documento de programación.
4. El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea será aplicable a la Fiscalía Europea y a su personal.
5. Los fiscales europeos delegados serán contratados como asesores especiales con arreglo a los artículos 5, 123 y 124 del régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea. Las autoridades nacionales competentes facilitarán el ejercicio de las funciones de los fiscales europeos delegados en virtud del presente Reglamento y se abstendrán de adoptar cualquier medida o política que pueda perjudicar su trayectoria profesional y su estatus en el sistema nacional de incoación de procedimientos penales. En particular, las autoridades nacionales competentes proporcionarán a los fiscales europeos delegados los recursos y los equipos que necesiten para ejercer sus funciones de conformidad con el presente Reglamento y se asegurarán de que se integran plenamente en sus fiscalías nacionales.
Artículo 55 Expertos nacionales y otro personal en comisión de servicios
1. La Fiscalía Europea podrá recurrir a expertos nacionales u otras personas que no trabajen para ella en comisión de servicios. Los expertos nacionales en comisión de servicios se someterán a la autoridad del Fiscal Europeo en el desempeño de sus labores relacionadas con las funciones de dicha Fiscalía.
2. El Fiscal Europeo aprobará una decisión que establezca normas relativas a la contratación de expertos nacionales en comisión de servicios para la Fiscalía Europea y por la que se aplicarán, asimismo, las disposiciones que sean necesarias.
CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RELACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA CON SUS COLABORADORES
Artículo 56 Disposiciones comunes
1. En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus funciones, la Fiscalía Europea establecerá y mantendrá relaciones de cooperación con los órganos y las agencias de la Unión, de acuerdo con los objetivos de los mismos, así como con las autoridades competentes de terceros países, las organizaciones internacionales y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
2. En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus funciones y con arreglo al artículo 61, la Fiscalía Europea podrá intercambiar información de forma directa, salvo datos personales, con las entidades mencionadas en el apartado 1.
3. Con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) nº 45/2001, la Fiscalía Europea podrá recibir y tratar datos personales procedentes de las entidades citadas en el apartado 1, en la medida en que resulte necesario para el desempeño de sus funciones y a reserva de las disposiciones de la sección 3.
4. La Fiscalía Europea transferirá datos personales a terceros países, organizaciones internacionales y a Interpol únicamente si resulta necesario para la prevención y la lucha contra los delitos que le competen y con arreglo al presente Reglamento.
5. La transferencia a terceras partes de datos personales enviados por los Estados miembros, los órganos o agencias de la Unión, terceros países, organizaciones internacionales o Interpol a la Fiscalía Europea estará prohibido, salvo cuando esta última lo haya autorizado explícitamente tras valorar las circunstancias del caso en cuestión y con un fin determinado que no sea incompatible con el objetivo para el cual se transfirieron los datos.
SECCIÓN 2 RELACIÓN CON LOS COLABORADORES
Artículo 57 Relación con Eurojust
1. La Fiscalía Europea establecerá y conservará una relación especial con Eurojust, basada en una estrecha colaboración y en el desarrollo de vínculos operativos, administrativos y de gestión entre ambos órganos, tal y como se define a continuación.
2. En cuestiones operativas y en casos complejos de naturaleza transfronteriza, la Fiscalía Europea podrá asociar a Eurojust a sus actividades de las siguientes maneras:
a) intercambiando información, incluidos datos personales, acerca de sus investigaciones, en particular, cuando revelen aspectos que puedan no estar incluidos en las competencias materiales o territoriales de la Fiscalía Europea;
b) solicitando a Eurojust o a sus miembros nacionales competentes que participen en la coordinación de investigaciones concretas relativas a aspectos determinados que puedan no estar incluidos en el ámbito de competencias materiales o territoriales de la Fiscalía Europea;
c) facilitando un acuerdo entre la Fiscalía Europea y los Estados miembros en cuestión respecto a las competencias accesorias, con arreglo al artículo 13 y sin perjuicio de que la autoridad judicial del Estado miembro en cuestión con competencias para ello pueda adoptar una decisión al respecto;
d) solicitando a Eurojust o a sus miembros nacionales competentes que ejerzan las competencias que les otorga la legislación nacional o europea en cuanto a investigaciones concretas que puedan no estar incluidas en el ámbito de competencias materiales o territoriales de la Fiscalía Europea;
e) intercambiando información con Eurojust o con sus miembros nacionales competentes acerca de las decisiones de incoación de procedimientos penales a que hacen referencia los artículos 27, 28 y 29 antes de remitirlas al Fiscal Europeo, cuando puedan verse afectadas las competencias de Eurojust y resulte conveniente debido a la participación anterior de Eurojust en el caso;
f) solicitando a Eurojust o a sus miembros nacionales competentes apoyo para la transmisión de sus decisiones o solicitudes de asistencia jurídica mutua a los Estados que sean miembros de Eurojust pero no participen en la creación de la Fiscalía o a terceros países, así como para la ejecución de las mismas en esos Estados y países.
3. La Fiscalía Europea tendrá acceso a un mecanismo de comprobaciones cruzadas automáticas de los datos del Sistema de Gestión de Casos de Eurojust. Cuando se detecte una coincidencia entre los datos del Sistema de Gestión de Casos introducidos por la Fiscalía Europea y los que haya introducido Eurojust, dicha coincidencia se comunicará tanto a Eurojust como a la Fiscalía Europea, así como al Estado miembro que proporcionó los datos a Eurojust. En caso de que los datos los hubiera aportado un tercer país, Eurojust solo informará, previa autorización de la Fiscalía Europea, a dicho país.
4. La cooperación establecida con arreglo al apartado 1 comprenderá el intercambio de información, incluidos los datos personales. Todo dato intercambiado se utilizará únicamente para los fines para que se proporcionara. Solo se permitirán otros usos de la información cuando esos usos sean competencia del órgano receptor de los datos, y a reserva de la autorización previa del órgano que los suministró.
5. El Fiscal Europeo designará a los miembros del personal autorizado que tengan acceso a los resultados del mecanismo de comprobaciones cruzadas e informará de ello a Eurojust.
6. La Fiscalía Europea contará con la asistencia y los recursos de la administración de Eurojust. Los detalles de dicha asistencia se regularán mediante un acuerdo. Eurojust prestará a la Fiscalía Europea los siguientes servicios:
a) asistencia técnica para la elaboración del presupuesto anual, del documento de programación en que se incluyen los programas anual y plurianual, y del plan de gestión;
b) asistencia técnica para la contratación de personal y la gestión de carreras;
d) servicios informáticos;
e) gestión financiera, contabilidad y servicios de auditoría;
f) cualquier otro servicio de interés común.
Artículo 58 Relación con las instituciones, las agencias y otros órganos de la Unión
1. La Fiscalía Europea desarrollará una relación especial con Europol.
2 La cooperación establecida con arreglo al apartado 1 comprenderá el intercambio de información, incluidos los datos personales. Todo dato intercambiado se utilizará únicamente para los fines para que se proporcionara. Solo se permitirán otros usos de la información cuando esos usos sean competencia del órgano receptor de los datos, y a reserva de la autorización previa del órgano que los suministró.
3. La Fiscalía Europea colaborará con la Comisión, incluida la OLAF, para cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo 325, apartado 3, del Tratado. A tal fin, suscribirá acuerdos que establezcan las modalidades de dicha colaboración.
4. La Fiscalía Europea establecerá y mantendrá relaciones de cooperación con otras instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión.
Artículo 59 Relaciones con terceros países y organizaciones internacionales
1. La Fiscalía Europea podrá establecer disposiciones de colaboración con las entidades que figuran en el artículo 56, apartado 1. Dichas disposiciones podrán hacer referencia, en particular, al intercambio de información estratégica y a la contratación de funcionarios de enlace en comisión de servicios para la Fiscalía.
2. De acuerdo con las autoridades competentes, la Fiscalía Europea podrá establecer puntos de contacto en terceros países para facilitar la cooperación.
3. Con arreglo al artículo 218 del Tratado, la Comisión Europea podrá presentar al Consejo propuestas para la negociación de acuerdos con uno o varios terceros países para la cooperación entre la Fiscalía Europea y las autoridades competentes de dichos terceros países en lo relativo a la asistencia jurídica en materia penal y a la extradición en los casos que competan a la Fiscalía Europea.
4. En cuanto a los delitos penales comprendidos en su ámbito de competencias materiales, los Estados miembros reconocerán a la Fiscalía Europea como autoridad competente para la aplicación de sus acuerdos internacionales de asistencia jurídica en materia penal y extradiciones, o, en su caso, modificarán dichos acuerdos internacionales, a fin de garantizar que la Fiscalía Europea pueda ejercer sus funciones sobre la base de dichos acuerdos cuando asuma sus tareas con arreglo al artículo 75, apartado 2.
SECCIÓN 3 TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Artículo 60 Transferencia de datos personales a órganos o agencias de la Unión
A reserva de toda restricción prevista en el presente Reglamento, la Fiscalía Europea podrá transferir directamente datos personales a los órganos y agencias de la Unión, en la medida en que resulte necesario para el desempeño de sus funciones o de las del órgano o agencia destinatario.
Artículo 61 Transferencia de datos personales a terceros países y organizaciones internacionales
1. La Fiscalía Europea podrá transferir datos personales a una de las autoridades de un tercer país, a una organización internacional o a Interpol, en la medida necesaria para el ejercicio de sus funciones, únicamente sobre la base de:
a) una decisión de la Comisión, adoptada con arreglo a [los artículos 25 y 31 de la Directiva 95/46/CE] por la cual ese país u organización internacional, o bien un sector de tratamiento de dicho país u organización internacional, garanticen un nivel de protección adecuado (decisión de adecuación); o
b) un acuerdo internacional suscrito entre la Unión y ese tercer país u organización internacional, en virtud del artículo 218 del Tratado, que ofrezca garantías adecuadas en cuanto a la protección de la privacidad y los derechos y libertades fundamentales de los interesados.
Dicha transferencia no requerirá autorizaciones adicionales.
La Fiscalía Europea podrá establecer disposiciones de colaboración para aplicar tales acuerdos o decisiones de adecuación.
2. Como excepción al apartado 1, el Fiscal Europeo podrá autorizar la transferencia de datos personales a terceros países, a organizaciones internacionales o a Interpol, tras analizar cada caso por separado, siempre que:
a) la transferencia de datos resulte absolutamente necesaria para garantizar los intereses fundamentales de la Unión, incluidos sus intereses financieros, en el marco de los objetivos de la Fiscalía Europea;
b) la transferencia de los datos resulte absolutamente necesaria para la prevención de una amenaza inminente relacionada con la delincuencia o con delitos de terrorismo;
c) la transferencia resulte necesaria o legalmente obligatoria debido a motivos importantes de interés público de la Unión o sus Estados miembros reconocidos por las legislaciones nacionales o de la Unión, o para el establecimiento, el ejercicio o la defensa en un procedimiento judicial; o
d) la transferencia resulte necesaria para proteger los intereses fundamentales del interesado o de otra persona.
3. Además, de acuerdo con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Fiscal Europeo podrá autorizar una serie de transferencias, de conformidad con las letras a) a d) del apartado anterior, teniendo en cuenta las garantías existentes en materia de protección de la privacidad y derechos y libertades fundamentales, durante un período máximo renovable de un año.
5. La Fiscalía Europea podrá transferir datos personales administrativos con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) nº 45/2001.
Artículo 62 Estatus jurídico y condiciones de funcionamiento
1. La Fiscalía Europea contará, en cada Estado miembro, con la máxima capacidad jurídica posible aplicable a las personas jurídicas en virtud de su legislación. La Fiscalía podrá, en particular, adquirir o alienar propiedades muebles e inmuebles y ser parte en procesos judiciales.
2. El acuerdo de sede suscrito entre la Fiscalía Europea y el Estado miembro de acogida [antes de que transcurran dos años tras la entrada en vigor del presente Reglamento] recogerá las disposiciones necesarias en cuanto a las instalaciones proporcionadas a dicha Fiscalía y a los locales aportados por el Estado miembro de acogida, junto con las normas específicas aplicables al Fiscal Europeo, a sus delegados, a su personal y a sus familiares, en dicho Estado miembro.
3. El Estado miembro que acoja la Fiscalía Europea le brindará las mejores condiciones posibles para garantizar su correcto funcionamiento, incluida la escolarización multilingüe de orientación europea y medios de transporte adecuados.
Artículo 63 Régimen lingüístico
1. El Reglamento nº 1[10] se aplicará a los actos que figuran en los artículos 7 y 72.
2. Los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Fiscalía Europea serán realizados por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea.
Artículo 64 Confidencialidad
1. El Fiscal Europeo, los delegados y el resto del personal, así como los fiscales europeos delegados y su personal nacional estarán sujetos a la obligación de confidencialidad respecto a todo dato del que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones.
2. La obligación de confidencialidad se aplicará a todas las personas y órganos a que se solicite colaboración con la Fiscalía Europea.
3. La obligación de confidencialidad también se aplicará tras el abandono del cargo o el empleo o tras la finalización de las actividades de las personas referidas en los apartados 1 y 2.
4. La obligación de confidencialidad se aplicará a toda información recibida por la Fiscalía Europea, a menos que ya se haya publicado o esté disponible al público.
5. Los miembros y el personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos estarán sujetos a la obligación de confidencialidad respecto a todo dato del que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones.
Artículo 65 Transparencia
1. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 se aplicará a los documentos relativos a las labores administrativas de la Fiscalía Europea.
2. El Fiscal Europeo adoptará las normas detalladas de aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en el plazo de seis meses después de su establecimiento.
3. Las decisiones adoptadas por la Fiscalía Europea en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 podrán ser objeto de una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo o de un recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las condiciones dispuestas en los artículos 288 y 263 del Tratado, respectivamente.
Artículo 66 La OLAF y el Tribunal de Cuentas
1. A fin de luchar contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilícitas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Reglamento Europeo y el Consejo[11], la Fiscalía Europea se adherirá, en el plazo de seis meses tras su entrada en funciones, al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y adoptará las disposiciones adecuadas aplicables a todos los empleados de la Fiscalía mediante el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.
2. El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión procedentes de la Fiscalía Europea, basándose en documentos y sobre el terreno.
3. La OLAF podrá llevar a cabo investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, de acuerdo con las disposiciones y los procedimientos establecidos en el reglamento (CE) nº 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo[12], con objeto de determinar si ha habido alguna irregularidad que afecte a los intereses financieros de la Unión relacionada con los gastos financiados por la Fiscalía Europea.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1, 2 y 3, las disposiciones de colaboración con terceros países, con organizaciones internacionales y con Interpol, los contratos y los acuerdos y decisiones de subvención de la Fiscalía Europea incluirán disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo dichas auditorías e investigaciones conforme a sus respectivas competencias.
Artículo 67 Normas de seguridad sobre la protección de la información clasificada
La Fiscalía Europea aplicará los principios de seguridad recogidos en las normas de seguridad de la Comisión para proteger la información clasificada de la Unión Europea (ICUE) y la información sensible no clasificada, tal y como dispone el anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión[13]. Esto abarcará, entre otras cosas, las disposiciones relativas al intercambio, al tratamiento y al almacenamiento de dicha información.
Artículo 68 Investigaciones administrativas
Las actividades administrativas de la Fiscalía Europea se someterán a las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo, con arreglo al artículo 228 del Tratado.
Artículo 69 Régimen general de responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Fiscalía Europea se regirá por la legislación aplicable al contrato en cuestión.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá competencias para pronunciarse en virtud de todo convenio arbitral que figure en los contratos suscritos por la Fiscalía Europea.
3. En caso de responsabilidad no contractual, la Fiscalía Europea estará obligada, con arreglo a los principios generales comunes a las legislaciones de los Estados miembros e independientemente de cualquier responsabilidad que figure en el artículo 47, a reparar todo daño ocasionado por ella misma o su personal en el ejercicio de sus funciones, en la medida en que pueda imputárseles.
4. El apartado 3 también se aplicará a cualquier daño causado por los fiscales europeos delegados en el desempeño de su labor.
5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de los conflictos en materia de indemnización por daños mencionados en el apartado 3.
6. Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros facultados para gestionar los conflictos relacionados con la responsabilidad de la Fiscalía Europea referidos en el presente artículo se determinarán mediante una referencia al Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo[14].
7. La responsabilidad de los empleados de la Fiscalía ante la misma se regirá por las disposiciones establecidas en el Estatuto de los funcionarios o en el régimen aplicable correspondiente.
Artículo 70 Presentación de informes
1. La Fiscalía Europea publicará un informe anual sobre sus actividades generales y remitirá este informe al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales, así como al Consejo y a la Comisión.
2. Una vez al año el Fiscal Europeo comparecerá ante el Parlamento Europeo y el Consejo y presentará las actividades generales de la Fiscalía Europea, teniendo en cuenta la obligación de discrección y confidencialidad. También comparecerá ante la Comisión a solicitud de la misma.
3. Los parlamentos nacionales podrán invitar al Fiscal Europeo o a los fiscales europeos delegados a participar en un intercambio de opiniones acerca de las actividades generales de la Fiscalía Europea.
Artículo 71 Disposiciones transitorias
1. Antes de ejercer sus funciones, el Fiscal Europeo adoptará las medidas necesarias para la creación de la Fiscalía Europea.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, el mandato de los dos primeros delegados del Fiscal Europeo, que se designarán por sorteo, tendrá una duración de seis años.
3. Los Estados miembros mantendrán sus competencias hasta la fecha en que se cree la Fiscalía Europea y esta asuma sus funciones, con arreglo al artículo 75, apartado 2. La Fiscalía Europea ejercerá sus competencias respecto a todo delito que le competa y se haya cometido a partir de esa fecha. La Fiscalía Europea también ejercerá sus competencias respecto a todo delito de su jurisdicción que se haya cometido antes de esa fecha si ninguna de las autoridades nacionales competentes hubiera incoado una investigación o un procedimiento penal al respecto.
Artículo 72 Normas administrativas y documentos de programación
El Fiscal Europeo:
a) aprobará cada año el documento de programación que contenga su programación anual y plurianual de la Fiscalía Europea;
b) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude que sea proporcional a los riesgos de fraude y tenga en cuenta la rentabilidad de las medidas que deban aplicarse;
c) adoptará normas para la prevención y la gestión de conflictos de intereses relativos a los fiscales europeos delegados;
d) adoptará normas relativas al estatus, a los criterios de ejecución, a los derechos y a las obligaciones de los delegados y de los fiscales europeos delegados, así como a la rotación de fiscales europeos delegados a efectos de la aplicación del artículo 7;
e) adoptará normas relativas a la gestión de las transacciones realizadas de acuerdo con el artículo 29 y a las modalidades para calcular las cuantías de las multas que deban abonarse;
f) adoptará normas relativas a las modalidades utilizadas para comunicar con las personas o entidades que hayan proporcionado información a la Fiscalía Europea;
g) adoptará normas detalladas en cuanto a la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 a sus actividades;
h) adoptará las normas de ejecución a que hace referencia el artículo 24, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 45/2001.
Artículo 73 Notificaciones
Cada Estado miembro designará las autoridades competentes a efectos de lo dispuestos en el artículo 6, apartado 6, el artículo 13, apartado 3, el artículo 17, apartado 2, y el artículo 26, apartado 4. Las autoridades designadas, así como toda modificación posterior, se notificarán simultáneamente al Fiscal Europeo, al Consejo y a la Comisión.
Artículo 74 Cláusula de revisión
1. A más tardar [transcurridos cinco años tras el inicio de la aplicación del presente Reglamento, la Comisión presentará su informe de evaluación acerca de la aplicación de este al Parlamento Europeo y al Consejo, al que podrá adjuntar cualquier propuesta legislativa. El informe recogerá sus conclusiones acerca de la viabilidad y la conveniencia de ampliar las competencias de la Fiscalía Europea a otros delitos penales, con arreglo al artículo 86, apartado 4, del Tratado.
2. La Comisión presentará propuestas legislativas al Parlamento Europeo y al Consejo si concluye que son necesarias normas más detalladas acerca de la creación de la Fiscalía Europea, sus funciones o el procedimiento aplicable a sus actividades. Asimismo, podrá recomendar al Consejo Europeo la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea, conforme al artículo 86, apartado 4, del Tratado.
Artículo 75 Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día tras ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. La Fiscalía Europea asumirá las funciones de investigación e incoación de procedimientos penales que le otorga el presente Reglamento a partir de una fecha que se determinará mediante una decisión de la Comisión acerca de una propuesta del Fiscal Europeo una vez que se cree la Fiscalía Europea. La decisión de la Comisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, con arreglo a los Tratados.
1. a) apellidos, apellidos de soltera, nombre y eventuales alias o apodos;
e) lugar de residencia, profesión y paradero de la persona en cuestión;
f) números de la seguridad social, el permiso de conducción, el documento nacional de identidad, datos del pasaporte, y números de identificación aduanera y fiscal;
g) información relativa a las personas jurídicas si esta incluye datos acerca de particulares identificados o identificables que sean objeto de una investigación judicial o un procedimiento penal;
i) descripción y naturaleza de los supuestos delitos, fecha en que fueron cometidos, categoría penal de los mismos y avances de las investigaciones;
j) hechos que sugieren una ampliación del caso a escala internacional;
k) detalles relativos a la supuesta pertenencia a una organización criminal;
l) números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos de tráfico y relativos a la ubicación, así como otros datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario;
m) datos de registro de vehículos;
n) perfiles de ADN obtenidos a partir de la parte no codificante del ADN, fotografías y huellas dactilares;
2. a) apellidos, apellidos de soltera, nombre y eventuales alias o apodos;
f) descripción y naturaleza de los supuestos delitos en cuestión, fecha en que fueron cometidos, categoría penal de los mismos y estado de las investigaciones;
Propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo sobre la creación de la Fiscalía Europea
Área política: Justicia
Actividad: título 33
¨ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una acción preparatoria
1.4.1. Objetivo(s) estratégicos plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) por la propuesta/iniciativa
Contribuir a reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión y al desarrollo de uno de los ámbitos de la justicia, así como fomentar la confianza de las empresas y ciudadanos de las instituciones de la UE, a la vez que se respetan todos los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Objetivo específico nº 2: Fomentar la cooperación judicial en materia penal y contribuir así a la creación de un verdadero espacio europeo de justicia
(parte del Objetivo general nº 2: Reforzar la confianza en el espacio europeo de justicia)
33 03: Justicia en materia penal y civil
Se prevé que la creación de la Fiscalía Europea aumente la protección de los intereses financieros de la Unión. Se espera que su creación genere un aumento del número de procedimientos penales incoados contra los autores de delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión, produciendo así un mayor número de condenas, un nivel superior de recuperación de fondos obtenidos ilícitamente y un mayor efecto disuasorio. Además, su independencia garantizará que se lleven adelante las investigaciones y los procedimientos penales de los delitos en cuestión sin influencias directas por parte de las autoridades nacionales.
1.4.4. Indicadores de los resultados e incidencia
Aumento del número y del porcentaje de investigaciones y procedimientos penales que finalizan con éxito.
Aunque tanto la Unión como los Estados miembros tienen la obligación de proteger el presupuesto de la UE, en realidad la Unión apenas controla los gastos de los Estados miembros y prácticamente no posee competencias para intervenir en caso de uso abusivo o ilegal de los fondos de la UE. Gran parte del presupuesto de la UE lo gestionan las autoridades nacionales (por ejemplo, cuando conceden subvenciones públicas de contratación que financian a partir del presupuesto de la Unión) y toda incoación de investigación o procedimiento penal relativa a los delitos que afectan al presupuesto de la Unión es competencia de los Estados miembros. Las investigaciones penales de casos de fraude y otros delitos que perjudican al presupuesto de la UE se ven a menudo obstaculizadas debido a divergencias en las legislaciones y en los esfuerzos de ejecución de la legislación en los Estados miembros. Las autoridades policiales y judiciales, los fiscales y los magistrados de los Estados miembros deciden si se interviene o no y, en su caso, cómo, para proteger el presupuesto de la Unión, conforme a las prioridades dispuestas por la política penal nacional y sobre la base de las competencias y normas procesales del Derecho penal. Por ese motivo, el nivel de protección de los intereses financieros de la Unión difiere considerablemente de un Estado miembro a otro. El hecho de que el índice de procedimientos penales de delitos que atentan contra el presupuesto de la UE que finalizan con éxito varíe considerablemente de un Estado miembro a otro (del 19 % al 91 %[15]) demuestra una laguna en los mecanismos de protección existentes y requiere medidas rectificativas.
El valor añadido de la creación de la Fiscalía Europea reside principalmente en el incremento del número de procedimientos penales contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
La creación de la Fiscalía Europea mejoraría el uso de los recursos y el intercambio de información necesario para poder incoar investigaciones y procedimientos penales eficaces contra los delitos en cuestión. Esto, a su vez, reforzaría la respuesta en materia de ejecución de la legislación a este tipo de delitos en general y aumentaría el efecto preventivo y disuasorio para los delincuentes potenciales. La Fiscalía Europea podría obtener los recursos necesarios para incoar investigaciones y procedimientos penales que son necesarios en una situación determinada, lo que mejoraría la ejecución de la legislación a escala europea y nacional.
El Fiscal Europeo dirigirá las investigaciones y los procedimientos penales en los Estados miembros, garantizará la coordinación eficaz de los mismos y resolverá los problemas relacionados con los distintos sistemas jurídicos aplicables. El sistema actual, en que los Estados miembros son los únicos responsables de tales investigaciones y procedimientos penales, con el apoyo de Eurojust y Europol, no es suficientemente eficaz como para abordar los elevados niveles de los delitos en cuestión y los perjuicios derivados.
Tanto para la legitimidad del gasto como para garantizar la confianza de la población en la UE es imprescindible garantizar el mejor uso posible de los recursos limitados de la Unión conforme a los intereses de los ciudadanos de la UE y disponer de la mejor protección antifraude posible.
A escala nacional, suele existir un intercambio de información insuficiente entre las autoridades responsables de la supervisión y del control, las que se ocupan de las investigaciones administrativas y los órganos policiales en lo que respecta a las sospechas de delitos que implican fondos de la UE. Esto se debe, en parte, a las lagunas existentes en el marco previamente mencionado, que obstaculizan la realización de investigaciones multidisciplinares eficaces en las que participen las autoridades administrativas, aduaneras y fiscales de los Estados miembros. Los organismos que controlan el desembolso de fondos de la UE a menudo solo se centran en recuperar el capital por medio de procedimientos propios del Derecho civil, aunque existan sólidas sospechas de que se ha cometido un delito penal. Esto puede conllevar que se dejen de lado los procedimientos penales, y con ello también la disuasión y la prevención general.
Asimismo, las investigaciones y los procedimientos penales eficaces contra los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE se ven obstaculizados por el hecho de que las fuerzas del orden y los fiscales no siempre transmiten la información relativa a delitos penales a sus colegas de otros Estados miembros, a Eurojust o a Europol.
Además, los medios habituales de cooperación internacional mediante solicitudes de asistencia judicial mutua (MLA) o de equipos conjuntos de investigación (ECI) a menudo no funcionan suficientemente bien como para permitir que se investiguen y procesen los citados delitos, a pesar de los esfuerzos de organismos europeos como Eurojust y Europol. Las respuestas a las MLA a menudo son muy lentas y la policía y las autoridades judiciales experimentan dificultades técnicas a la hora de contactar y cooperar con colegas del extranjero, debido a problemas lingüísticos y a diferencias entre los sistemas jurídicos. En algunos Estados, la lenta e ineficaz cooperación internacional ha supuesto a menudo la imposibilidad de incoar procedimientos penales debido a la prescripción de los casos. Por otro lado, los casos que afectan a los intereses financieros de la UE resultan especialmente complejos.
En lo que respecta a la cooperación a escala de la Unión, se han notificado experiencias de todo tipo en cuanto a la colaboración con Eurojust y Europol, así como entre los Estados miembros y la OLAF. Los dos primeros no siempre reciben la información que necesitan para asistir a los Estados miembros. La OLAF ayuda a los Estados miembros mediante su capacidad de brindar asistencia técnica y operativa especializada, tal y como requiere el artículo 7 del Protocolo nº 2 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Al mismo tiempo, las investigaciones de la OLAF se llevan a cabo conforme a unas condiciones determinadas, en particular, cuando se trata de transmitir información al sistema judicial nacional, incluidas las normas de protección de datos aplicables. Por ese motivo, en algunas ocasiones también se ha criticado la cooperación con la OLAF, especialmente en lo que respecta a los plazos prolongados que en a veces transcurren hasta que la OLAF intercambia información con los fiscales nacionales. Algunos Estados miembros restringen la cooperación con órganos no judiciales, como la OLAF, sobre la base de normas de secreto judicial.
Las estadísticas anuales de la OLAF demuestran que los casos que se transfieren a las autoridades judiciales y de investigación nacionales no se procesan con la misma eficacia y eficiencia en toda la UE. En su undécimo informe operativo, la OLAF analizó el seguimiento judicial efectuado por los Estados miembros en los casos de más de 12 años de antigüedad y constató diferencias muy importantes entre los países en cuanto a su capacidad de concluir con condena y en un plazo razonable las investigaciones y procedimientos penales relacionados con el presupuesto de la UE. El hecho de que el índice medio de incoación de procedimientos penales se encuentre por debajo del 50 % demuestra que existen serias dificultades para lograr la eficacia general de las investigaciones y los procedimientos penales en los Estados miembros.
Propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude
Las medidas que actualmente aplica la Unión para proteger sus intereses financieros incluyen investigaciones administrativas, controles y fiscalizaciones, así como medidas legislativas, incluida la propuesta de Directiva de la Comisión sobre la lucha contra el fraude que perjudique a los intereses financieros de la UE por vía del Derecho penal. No obstante dichas medidas no abordan las deficiencias detectadas en cuanto a la investigación y la incoación de procedimientos penales de delitos penales relacionados con la protección de los intereses financieros de la Unión.
Eurojust solo puede coordinar y promover las investigaciones y los procedimientos penales, así como contribuir mediante el intercambio de información. Si un Estado miembro se niega a investigar o procesar un caso, Eurojust no puede obligarle a hacerlo. Los miembros nacionales de Eurojust suelen carecer de competencias para garantizar la adopción de medidas eficaces por los Estados miembros, y cuando lo hacen, suelen abstenerse de ejercer las que derivan de la legislación nacional, ya que la mayoría de las decisiones relativas a este tipo de cuestiones se toman por consenso.
La propuesta sobre la creación de la Fiscalía Europea va acompañada de una propuesta sobre la reforma de Eurojust, que lo adaptará al enfoque común de los organismos europeos acordado por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión y establecerá un vínculo entre Eurojust y la Fiscalía Europea. Esta reforma puede generar un intercambio de información más eficaz y una mayor coordinación entre las autoridades nacionales.
Existen, y siempre existirán, casos en los que deban participar tanto la Fiscalía Europea como Eurojust, especialmente casos en los que los sospechosos están implicados en delitos que afectan a los intereses financieros de la UE y también en otro tipo de delitos. Esto significa que será necesaria una estrecha cooperación de forma continua. Con el fin de garantizar que se mantenga dicha cooperación, se han incluido disposiciones en ambos Reglamentos para determinar que la Fiscalía Europea pueda solicitar que Eurojust, o sus miembros nacionales, intervengan, coordinen o utilicen de otro modo sus competencias en un caso determinado.
Además, se ha previsto que Eurojust preste servicios de asistencia práctica de forma gratuita a la Fiscalía Europea en cuestiones administrativas, como las relativas al personal, las finanzas o la informática. Este enfoque genera sinergias significativas. Un ejemplo de dichas sinergias es el hecho de que la Fiscalía Europea podrá utilizar para sus propios casos la infraestructura informática de Eurojust, incluido su Sistema de Gestión de Casos, sus ficheros temporales de trabajo y su índice. Los detalles de este acuerdo se establecerán en un acuerdo entre la Fiscalía Europea y Eurojust.
Actualmente la OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas para proteger los intereses financieros de la UE. Consta de personal especializado con amplia experiencia en cooperar con las autoridades nacionales en materia penal. Muchos de los miembros de la OLAF poseen la experiencia pertinente en los órganos policiales y judiciales de sus Administraciones nacionales (policía, aduanas y fiscalía).
Por tanto, podría destinarse una parte de los recursos de la OLAF a crear la Fiscalía Europea, habida Cuenta de su experiencia en la realización de investigaciones administrativas y el objetivo de evitar la duplicación de investigaciones administrativas y penales. Otro de los aspectos importantes es el uso las redes actuales que la OLAF ha desarrollado con el paso de los años en el ámbito de las investigaciones de la lucha contra el fraude.
Por último, la OLAF contribuiría a crear la Fiscalía Europea aportando asistencia especializada para facilitar análisis forenses y asistencia técnica y operativa para las investigaciones, así como para la determinación de pruebas en casos penales que afecten a los intereses financieros de la Unión.
Actualmente se está negociando a escala interinstitucional una propuesta para modificar el Reglamento (CE) nº 1073/1999 relativo a las investigaciones internas efectuadas por la OLAF (reforma de la OLAF). Aunque esta propuesta mejora el intercambio de información entre la OLAF y los órganos, organismos y agencias de las instituciones de la UE, así como con los Estados miembros, mejora la gobernanza de la OLAF y proporciona una serie de garantías procesales para las personas implicadas en las investigaciones, no aporta a la OLAF ningún medio de acción adicional, en particular, ninguna competencia de investigación penal.
El papel de Europol se limita a proporcionar inteligencia y asistencia a las actividades nacionales de ejecución de la legislación. No puede garantizar que los Estados miembros efectúen un seguimiento de sus análisis, ni tampoco investigaciones nacionales directas. El TFUE también limita las competencias de Europol. En virtud del artículo 88 de dicho Tratado, Europol no puede investigar delitos de forma independiente, sino que debe llevar a cabo cualquier actuación operativa en colaboración y de acuerdo con los órganos policiales y judiciales nacionales. Aunque no cabe duda de la importancia de las funciones de apoyo de Europol, estas no pueden reemplazar las competencias que permiten investigar actos delictivos de forma independiente.
En marzo de 2013 la Comisión aprobó una propuesta de Reglamento acerca de Europol, que se centra en ajustar las competencias de Europol al TFUE y convertir este organismo en un centro de intercambio de información, y al mismo tiempo le atribuye nuevas responsabilidades en materia formativa. No obstante, contempla competencias de investigación policial ni de ejecución de la legislación en el campo de la protección de los intereses financieros de la UE.
– ¨ Propuesta/iniciativa en vigor entre [DD/MM/AAAA] y [DD/MM/AAAA]
– ¨ Incidencia financiera entre AAAA y AAAA
– Ejecución: fase de puesta en marcha de 2017 a 2023,
– a cargo de sus departamentos, incluido su personal perteneciente a las delegaciones de la Unión
– a cargo de sus agencias ejecutivas
X Gestión indirecta mediante delegación de tareas a:
– ¨ terceros países o a los órganos designados por estos;
– ¨ organizaciones internacionales y sus organismos (se especificará);
– X organismos mencionados en los artículos 208 y 209 del Reglamento Financiero;
– ¨ organismos que se rigen por el Derecho privado con una misión de servicio público, en la medida en que proporcionen suficientes garantías financieras;
– ¨ organismos que se rigen por el Derecho privado de un Estado miembro al que se confía la ejecución de una asociación público-privada y que proporcione suficientes garantías financieras;
– ¨ personas a las que se confíe la ejecución de medidas concretas en la PESC, en virtud del título V del TUE, y que se identifiquen en acto de base correspondiente.
La Fiscalía Europea publicará un informe anual sobre sus actividades. Una vez al año el Fiscal Europeo comparecerá ante el Parlamento Europeo y el Consejo y presentará los resultados y las prioridades de las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea, teniendo en cuenta la obligación de discreción y confidencialidad.
También se podrá invitar al Fiscal Europeo o a los fiscales europeos delegados a proporcionar información a los Parlamentos nacionales.
Además, la Comisión Europea evaluará, en el plazo de cinco años tras la entrada en vigor del Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea, su aplicación, incluidas la viabilidad y la conveniencia de ampliar las competencias de la Fiscalía Europea a otros delitos penales, con arreglo al artículo 86, apartado 4, del TFUE.
2.2.1. Riesgo(s) detectado(s)
Las medidas de investigación e incoación de procedimientos penales, incluidas las competencias de ejecución de la legislación, constituyen actividades delicadas que afectan parcialmente a los derechos humanos y, por tanto, pueden dar lugar a denuncias por daños.
El tratamiento de datos personales en investigaciones en curso también puede dar lugar a denuncias por daños si se efectúa un tratamiento ilícito.
Según el procedimiento habitual de aprobación de la gestión, la Fiscalía Europea está obligada, entre otras cosas, a:
– enviar las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas;
– enviar las cuentas definitivas al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas;
– presentar al Parlamento Europeo, a solicitud del mismo, cualquier dato necesario para la correcta ejecución del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio en cuestión.
Además, en cuanto a la lucha contra el fraude y las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, una vez operativa:
– La Fiscalía Europea accederá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y adoptará las disposiciones adecuadas aplicables a todos los empleados de la Fiscalía mediante la plantilla que figura en el anexo de dicho Acuerdo.
– El Tribunal de Cuentas estará facultado para fiscalizar todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la UE procedentes de la Fiscalía Europea, basándose en los documentos y sobre el terreno.
– La OLAF podrá llevar a cabo investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos establecidos en las normas europeas aplicables, con objeto de determinar si ha habido alguna irregularidad que afecte a los intereses financieros de la Unión relacionada con los gastos financiados por la Fiscalía Europea.
– Las disposiciones de colaboración con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, los acuerdos y las decisiones de subvención de la Fiscalía Europea incluirán disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para que lleven a cabo dichas fiscalizaciones e investigaciones, conforme a sus respectivas competencias.
Adopción de una estrategia de lucha contra el fraude que sea proporcional a los riesgos de fraude y tenga en cuenta la rentabilidad de las medidas que deban aplicarse.
Adopción de normas para la prevención y la gestión de conflictos de intereses relativos a los miembros de su personal.
· Líneas presupuestarias existentes
Número [Rúbrica……………………………………..] || CD/CND [16] || de países de la AELC || de países candidatos || de terceros países || a efectos del artículo 18, apartado 1, letra a bis), del Reglamento Financiero
Número [Rúbrica……………………………………..] || CD/CND || de países de la AELC || de países candidatos || de terceros países || a efectos del artículo 18, apartado 1, letra a bis), del Reglamento Financiero
3 || 33.03.AAAA Fiscalía Europea || CD || NO || NO || NO || NO
3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos (en precios de 2013)
Fiscalía Europea[17] || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL
Título 1[18] || Compromisos || (1) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471
Pagos || (2) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471
Título 2[19] || Compromisos || (1a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073
Pagos || (2a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073
Título 3[20] || Compromisos || (3a) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572
|| Pagos || (3b) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572
TOTAL de los créditos para la Fiscalía Europea || Compromisos || =1+1a +3a || 2,544 || 6,793 || 10,695 || 16,084 || 36,116
Ÿ Otros gastos administrativos || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200
TOTAL DE LA DG JUST || Créditos || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,880
TOTAL DE LA OLAF || Créditos || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,724
TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || (Total compromisos = Total pagos) || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 1,604
TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero plurianual || Compromisos || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720
Pagos || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720
Reducciones para alcanzar las rentabilidades en la Rúbrica del marco financiero plurianual: || 5 || «Gastos administrativos»
Reducción en la Rúbrica 5 (OLAF) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL
Título 1[21] || Compromisos || (1) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471
Pagos || (2) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471
Título 2[22] || Compromisos || (1a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073
Pagos || (2a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073
Título 3[23] || Compromisos || (3a) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552
|| Pagos || (3b) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552
TOTAL de las reducciones en la Rúbrica 5 || Compromisos || =1+1a +3a || -1,842 || -5,389 || -8,589 || -13,276 || -29,096
Durante el período de transición se compensa cualquier aumento de los recursos en créditos o personal a tiempo completo en la Fiscalía Europea mediante la correspondiente disminución de la misma cuantía de recursos de la OLAF en créditos o personal a tiempo completo.
Diferencia, es decir, costes relacionados con contratos de servicios de las EDP (título 3)
|| Compromisos || (1) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020
Pagos || (2) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020
Estos son los costes de 9, 18, 27 y 36 EDP calculados en ETC.
El margen del título 3 o bien las reducciones en otros organismos deben cubrir estos costes.
– Créditos de compromisos en millones EUR (al tercer decimal) en precios de 2013
Indíquense los objetivos y los resultados ò || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL ||
RESULTADOS (rendimiento) ||
Tipo || Costes medios || Número [24] || Costes || Número || Costes || Número || Costes || Número || Costes || Total || Costes totales ||
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 Protección de las investigaciones relativas a los intereses financieros || || || || || || || || || || ||
Resultados || casos eerer of cases || 0,0083 || 184 || 1,526 || 491 || 4,076 || 773 || 6,417 || 1163 || 9,650 || || 21,669 ||
Subtotal para el objetivo específico nº 1 || || 1,526 || || 4,076 || || 6,417 || || 9,650 || || 21,669 ||
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 Protección de los procedimientos penales relativos a los intereses financieros || || || || || || || || || || ||
Resultados || casos || 0,0083 || 92 || 0,763 || 246 || 2,038 || 387 || 3,208 || 581 || 4,825 || || 10,834 ||
Subtotal para el objetivo específico nº 2 || || 0,763 || || 2,038 || || 3,208 || || 4,825 || || 10,834 ||
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3 Cooperación con otros || || || || || || || || || || ||
Resultados || || 0,0083 || 31 || 0,254 || 82 || 0,679 || 129 || 1,069 || 194 || 1,608 || || 3,610 ||
Subtotal para el objetivo específico nº 3 || || 0,254 || || 0,679 || || 1,069 || || 1,608 || || 3,610 ||
COSTES TOTALES || || 2,543 || || 6,793 || || 10,694 || || 16,083 || || 36,113[25] ||
3.2.3. Incidencia estimada en los recursos humanos de la Fiscalía Europea
Puestos de plantilla (recuento) || 18 || 36 || 54 || 90
– de los cuales de carácter administrativo || 12 || 24 || 36 || 60
– de los cuales asistentes || 6 || 12 || 18 || 30
Personal externo (ETC) || 6 || 11 || 17 || 28
– de los cuales agentes contractuales || 5 || 9 || 14 || 23
– de los cuales expertos nacionales en comisión de servicio (ENCS) || 1 || 2 || 3 || 5
Personal total || 24 || 47 || 71 || 118
Gasto en personal || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total
Puestos en plantilla || 1,179 || 3,537 || 5,895 || 9,432 || 20,043
– de los cuales de carácter administrativo || 0,786 || 2,358 || 3,930 || 6,288 || 13,362
– de los cuales asistentes || 0,393 || 1,179 || 1,965 || 3,144 || 6,681
Personal externo || 0,214 || 0,607 || 1,000 || 1,607 || 3,428
– de los cuales agentes contractuales || 0175 || 0,490 || 0,805 || 1,295 || 2,765
– de los cuales expertos nacionales en comisión de servicio (ENCS) || 0,039 || 0,117 || 0,195 || 0,312 || 663
Gasto total en personal || 1 ,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471
Requisitos estimados de recursos humanos para la DG matriz
Ÿ Puestos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) ||
|| XX 01 01 02 (Delegaciones) || || || || ||
|| XX 01 05 01 (Investigación indirecta) || || || || ||
|| 10 01 05 01 (Investigación directa) || || || || ||
|| Ÿ Personal externo (unidad equivalente a puestos a tiempo completo: ETC)
|| XX 01 02 01 (AC, ENCS, INT, de la «dotación global») || || || || ||
|| XX 01 02 02 (AC, AL, ENCS, INT y JED en las delegaciones) || || || || ||
|| XX 01 04 aa || – en las sedes || || || || ||
|| – en las delegaciones || || || || ||
|| XX 01 05 02 (AC, ENCS, INT – investigación indirecta) || || || || ||
|| 10 01 05 02 (AC, ENCS, INT – investigación directa) || || || || ||
|| Otras líneas presupuestarias (especifíquense) || || || || ||
Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción o reasignado dentro de la DG, que se complementará en caso necesario con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.
Funcionarios y agentes temporales || Seguimiento político y asesoramiento a la Fiscalía Europea, asesoramiento presupuestario y financiero a la misma y pagos actuales del subsidio, aprobación de la gestión, procedimientos de elaboración de presupuestos
Personal externo || No procede
Debe incluirse la descripción del cálculo del coste por unidad equivalente a ETC en el anexo, sección 3.
Reducciones de recursos humanos en la OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020
Puestos de plantilla (recuento) || -18 || -36 || -54 || -90
– de los cuales de carácter administrativo || -12 || -24 || -36 || -60
– de los cuales asistentes || -6 || -12 || -18 || -30
Personal externo (ETC) || -6 || -11 || -17 || -28
– de los cuales agentes contractuales || -5 || -9 || -14 || - 23
– de los cuales expertos nacionales en comisión de servicio (ENCS) || -1 || -2 || -3 || -5
Personal total || -24 || -47 || -71 || -118
Millones EUR (al tercer decimal) en precios de 2013
Reducciones en gastos de personal relacionados con la OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total
Puestos en plantilla || -1,179 || -3,537 || -5,895 || -9,432 || -20,043
– de los cuales de carácter administrativo || -0,786 || -2,358 || -3,930 || -6,288 || -13,362
– de los cuales asistentes || -0,393 || -1,179 || -1,965 || -3,144 || -6,681
Personal externo || -0,214 || -0,607 || -1,000 || -1,607 || -3,428
– de los cuales agentes contractuales || -0,175 || -0,490 || -0,805 || -1,295 || -2,765
– de los cuales expertos nacionales en comisión de servicio (ENCS) || -0,039 || -0,117 || -0,195 || -0,312 || -663
Gasto total en personal 24,0107 || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471
Debe reducirse la Rúbrica 5 para trasladar la reducción de la plantilla de personal a la OLAF.
|| Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || Total
Especifíquese el organismo de cofinanciación || || || || ||
TOTAL de los créditos cofinanciados || || || || ||
– ¨ La propuesta/iniciativa no genera repercusiones financieras en los ingresos.
– X La propuesta/iniciativa genera las siguientes repercusiones financieras:
– X en ingresos diversos
Línea presupuestaria de ingresos: || Créditos disponibles para el ejercicio actual || Incidencia de la propuesta/iniciativa ||
Artículo XX || || mp || mp || mp || mp
Especifíquense la(s) línea(s) presupuestaria(s) afectada(s) para los ingresos diversos «asignados».
Los ingresos se obtendrán a partir de los denominados «gastos de transacción», que deben abonarse directamente del presupuesto de la UE. En este momento no es posible especificar las cuantías de forma fiable.
[1] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal [COM(2012) 363 final].
[2] Véase el Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo de 11 de diciembre de 2011 [COM (2001)715 final] y su informe de seguimiento, de 19 de marzo de 2003 [COM (2003)128 final].
[3] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal [COM (2012) 363 final].
[4] DO L 280, 26.10.10, p.1.
[5] DO L 142 de 1.6.12, p. 1.
[6] DO L 8 de 12.1.1, p. 1.
[7] Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
[8] DO L 348, 24.12.8, p.130.
[9] Reglamento nº 31 (CEE) 11 (CEEA), de 18 de diciembre de 1961, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, DO 9 045 de 14.06.1962, p. 1385, en su versión enmendada, en particular, mediante el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68, de 29 de febrero (DO L 56, 4.3.1968, p. 1), en su versión enmendada posteriormente.
[10] DO L 17 de 6.10.58, p. 385.
[11] DO L 136, 31.5.99, p. 1.
[12] DO L 292, 15.11.96, p. 2.
[13] DO L 317 de 3.12.11, p. 1.
[14] A partir del 10 de enero de 2015 se sustituirá el Reglamento (CE) nº 44/2001 por el Reglamento (UE) nº 1215/2012, DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
[15] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2011» (COM(2012) 408).
[16] CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados
[17] Solo se estima el personal que se dedica a las actividades de investigación e incoación de procedimientos penales y los costes correspondientes. Eurojust aportará gratuitamente estructuras de asistencia administrativa.
[18] Se ha previsto una contratación progresiva (10 % - 20 % - 30 % - 40 %- 50 % - 75 %- 100 %).
[19] Se prevé que el Estado miembro de acogida ofrezca un edificio y garantice el primer acondicionamiento de este con todos los despachos, TI y equipo de seguridad. Se han incluido meramente los costes de los servicios básicos y los costes de TIC por metro cuadrado. Si el Estado miembro de acogida no ofrece este acuerdo, deberá revisarse este título.
[20] Este título se calcula sobre la base de la experiencia de la OLAF en labores de investigación. Además de los costes de los contratos de servicios con 36 fiscales europeos delegados ETC, se incluyen 10 salarios estimados de carácter administrativo. El índice de progresión de estos es de 50 % - 75 % - 100 %.
[21] Se ha previsto una contratación progresiva (10 % - 20 % - 30 % - 40 %- 50 % - 75 %- 100 %).
[22] Se prevé que el Estado miembro de acogida ofrezca un edificio y garantice el primer acondicionamiento de este con todos los despachos, TI y equipo de seguridad. Se han incluido meramente los costes de los servicios básicos y los costes de TIC por metro cuadrado. Si el Estado miembro de acogida no ofrece este acuerdo, deberá revisarse este título.
[23] Este título se calcula sobre la base de la experiencia de la OLAF en labores de investigación. Además de los costes de los contratos de servicios con 36 fiscales europeos delegados ETC, se incluyen 10 salarios estimados de carácter administrativo. El índice de progresión de estos es de 50 % - 75 % - 100 %. Puesto que serán los Estados miembros quienes sugieran las EDP, es probable que no se alcance este índice de progresión.
– [24] El número de casos se basa en las suposiciones analizadas en la evaluación de impacto que acompaña el proyecto de propuesta.
[25] La diferencia respecto a los costes generales de 36,166 millones EUR citada en la sección 3.2.1 se debe a las normas de redondeo.