Source: https://legislacion.vlex.es/vid/aplicable-sujetos-actuan-financieros-204672901
Timestamp: 2019-07-23 11:21:39
Document Index: 415124181

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 10', 'artículo 49', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 1', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 19', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 3']

Real Decreto sobre Procedimiento Sancionador Aplicable a los Sujetos que Actuan en los Mercados Financieros (Real Decreto 2119/1993, de 3 de Diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 204672901
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Actuación previa en el ámbito de ordenación de los seguros privados
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Aplicación supletoria
Norma citada en: 192 sentencias, 19 artículos doctrinales, 23 disposiciones normativas, 21 resoluciones administrativas
La aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, que incluye un Título IX dedicado a la potestad sancionadora, hace necesario el adecuar la regulación de todos los procedimientos sancionadores a sus previsiones. El capítulo II del citado Título no contiene, en puridad, una regulación de un procedimiento sancionador, sino unos principios que han de inspirar las distintas regulaciones sectoriales y la actuación punitiva de la Administración. En esto, la nueva Ley se separa de la sistemática de su predecesora, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 sí contenía, en su Título VI, dedicado a los procedimientos especiales, una regulación de un procedimiento sancionador, entendiendo por tal una serie de trámites debidamente ordenados y relacionados entre sí, si bien aquella regulación se caracterizaba por su flexibilidad. Por otra parte, la disposición derogatoria de la Ley 30/1992 deroga expresamente el capítulo II del Título VI de la Ley de 1958, que era el dedicado específicamente al procedimiento sancionador, no existiendo hoy, por tanto, ninguna norma de rango legal que con carácter general establezca los trámites que debe seguir la Administración al ejercitar su potestad sancionadora.
En desarrollo de lo previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común el presente Real Decreto regula las especialidades del procedimiento para el ejercicio de las potestades sancionadoras atribuidas por las siguientes disposiciones: Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito; Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores; Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de instituciones de inversión colectiva; Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado; Ley 9/1992, de 30 de abril, de mediación en seguros privados; Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los planes y fondos de pensiones; artículo 89 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; artículo 20 del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, en materia de entidades de capital riesgo, y Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, sobre régimen jurídico fiscal y financieras de Sociedades de Garantía Recíproca.
En el ejercicio de la potestad sancionadora se estará a las reglas específicas previstas, en su caso, en las citadas disposiciones.
Se aplicará de forma supletoria el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
ARTÍCULO 2 Plazos.
El plazo total para tramitar y resolver el procedimiento sancionador será de un año a contar desde la adopción del acuerdo de iniciación. En el caso de seguirse el procedimiento simplificado previsto en el artículo 10 dicho plazo será de cuatro meses.
Tanto el plazo total, como los parciales previstos en este Real Decreto para los distintos trámites, podrán ser ampliados según lo previsto en el apartado 1 del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiéndose notificar la decisión adoptada a los interesados.
Artículo citado en: 82 sentencias, 2 artículos doctrinales
ARTÍCULO 3 Contenido del acuerdo de iniciación.
La calificación de los hechos que motivan la incoación del procedimiento y la determinación de las sanciones que pudieran corresponder se diferirán al pliego de cargos.
No será de aplicación lo previsto en el párrafo d).
ARTÍCULO 4 Instructores y secretarios adjuntos.
ARTÍCULO 5 Facultades del instructor.
El instructor podrá solicitar que se emitan cuantos informes técnicos o jurídicos sean necesarios, atendiendo a la complejidad de la materia.
Las medidas provisionales que se podrán adoptar por el órgano que acordó la iniciación del procedimiento serán las específicamente previstas en las disposiciones citadas en el artículo 1 y las demás que, según lo previsto en el artículo 15 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final.
ARTÍCULO 6 Pliego de cargos.
Diligencias practicadas hasta el momento de su formulación.
Concreción de los hechos imputados a cada presunto responsable.
Tipificación de la infracción.
Sanciones que se podrían imponer.
La autoridad competente para imponer la o las sanciones y la norma que atribuya tal competencia.
ARTÍCULO 7 Contestación al pliego de cargos.
ARTÍCULO 8 Audiencia.
La audiencia se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, con la siguientes excepciones:
No será de aplicación lo previsto en su apartado 2.
Los interesados no tendrán acceso a aquellos documentos que tengan un carácter reservado en virtud de lo previsto en la legislación específica.
El plazo de la audiencia será de veinte días.
Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para efectuarlas, el instructor remitirá la propuesta, junto al expediente, al órgano que acordó la iniciación, para que lo resuelva o lo eleve al que competa la decisión, cuando corresponda a órgano distinto.
Cuando sea imprescindible para la correcta determinación de los hechos o para la adecuada resolución del procedimiento, el órgano que acordó su iniciación, y también, si es distinto, el órgano competente para dictar la resolución, podrá, de forma motivada, encomendar al instructor que practique, como actuaciones complementarias, las que aquel órgano estime necesarias, dando audiencia de su resultado por siete días a los interesados.
El órgano competente dictará la resolución en el plazo de tres meses a contar desde la recepción de las últimas alegaciones de los interesados o desde la finalización del plazo que, según lo previsto en el artículo 8 o en el apartado anterior, tenían para ello.
ARTÍCULO 10 Procedimiento simplificado.
En el acuerdo de iniciación además de las menciones del artículo 3 se especificará el carácter abreviado del procedimiento.
Notificado el acuerdo de iniciación, el instructor tendrá un plazo de un mes para practicar cuantas actuaciones y pruebas sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. En el citado plazo, los interesados podrán formular las alegaciones y aportar los documentos que estimen pertinentes.
En caso de que el instructor considere necesario, a la vista de la complejidad o de la naturaleza de las infracciones, que se siga el procedimiento ordinario, lo pondrá en conocimiento de los interesados. En caso contrario, formulará una propuesta de resolución. Esta propuesta se notificará a los interesados quienes dispondrán de diez días para examinar el expediente, así como para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para formularlas, el instructor elevará la propuesta, junto con las alegaciones y el expediente, al órgano competente. El órgano competente deberá dictar la resolución en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de las alegaciones o desde la conclusión del plazo para formularlas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Actuación previa en el ámbito de ordenación de los seguros privados
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la competencia para incoar e instruir los procedimientos sancionadores por incumplimiento de lo previsto en la sección 4. , del capítulo IV del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Aplicación supletoria
ORDEN FORAL 152/1999, de 1 de julio, del Consejero de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo por la que se actualizan las tarifas a percibir por las entidades concesionarias del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos.
Decreto n.º 183/2010, de 9 de julio, por el que se acepta la cesión gratuita, a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del uso de una porción de terreno, efectuada por un particular, para la instalación de una linea eléctrica de media tensión destinada a abastecer al Centro de Telecomunicación del Cerro de “El Moral”, sito en el término municipal de Caravaca de la Cruz.
ORDRE PRE/256/2002, de 25 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta i permanent per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a determinades activitats de cooperació al desenvolupament i a la solidaritat internacional.