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Timestamp: 2020-02-17 12:24:41
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 274', 'artículo 267', 'artículo 4', 'artículo 268', 'artículo 268', 'artículo 124']

Preguntas Frecuentes - Contraloría General de la República
¿Cómo se elige al Contralor General de la República?
¿Cómo se ubica en la Estructura del Estado Colombiano?
¿Qué hace la Contraloría?
¿Cómo lo hace la CGR?
¿En qué consiste el control macro sectorial?
Cuáles son los Sectores y Subsectores en los que se Desarrollan las Auditorías?
¿Cuáles son los Propósitos de la Auditoría?
¿Cuáles son las características del proceso de responsabilidad fiscal?
En qué circunstancias se da fallo con responsabilidad fiscal?
¿En qué circunstancias opera la caducidad de la acción fiscal?
¿Bajo qué circunstancias prescribe la responsabilidad fiscal?
Es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de ejercer, en representación de la comunidad, el control fiscal a la administración y a los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación. En la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, a posterior y selectivo.
Pese a que la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal, no es superior jerárquico de ninguna de las contralorías territoriales, las cuales conservan la autonomía e independencia, como constitutivo de su esencia ya referida.
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PREVIA A LA ELECCIÓN DE CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
ELCONGRESO DE COLOMBIA
ARTÍCULO 1. En virtud de lo establecido en los artículos 267 y 126 de la Constitución Política la elección del Contralor General de la República se hará por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública.
ARTÍCULO 2. La Convocatoria Pública previa a la elección del Contralor General de la República por el Congreso de la República en pleno, deberá cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en · esta ley, que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
El Contralor no podrá ser reelegido, ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del periodo. Ver más https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185
Es la facultad que tiene la Contraloría General de la República para ejercer control posterior sobre la gestión fiscal de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales y municipales, a solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales, y también a solicitud de la ciudadanía, organizada en veedurías, tal como lo establece la Ley 850 de 2003.
La solicitud debe expresar los motivos por los cuales considera que el control fiscal no debe ser asumido por la contraloría territorial que ostenta la competencia ordinaria.
Esto tomando en consideración lo señalado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-364 de 2001, en la que se expresa que "la intervención de la Contraloría General de la República no desconoce la autonomía territorial, ya que es proporcionada al fin perseguido por la ley y por la propia Constitución, como es proteger la idoneidad de la función de control fiscal, para salvaguardar de esa manera los recursos públicos (...)
En efecto ese control excepcional se justifica por cuanto, ya como se señaló, se trata de eventos en que puede dudarse de la imparcialidad del órgano territorial de control, debido a presiones o injerencias locales que puedan afectar su idoneidad",
Sumado a lo anterior, se hace necesario que se precise el asunto o materia objeto sobre el cual recaería el control fiscal posterior excepcional solicitado a la Contraloría General de la República, individualizando los contratos, órdenes de servicios, inversiones u otros actos de gestión sobre los cuales se pretende el control fiscal por parte de la Contraloría General de la República. En reiterada jurisprudencia constitucional ha manifestado que el control fiscal territorial.
Finalmente, con el propósito de evitar que se generen situaciones que pongan en riesgo el éxito de la solicitud, los solicitantes deben aportar la documentación que acredite el ejercicio de su cargo, la aprobación de la proposición o el cumplimiento de los requisitos establecidos para la conformación de las veedurías ciudadanas. (Leyes 42 de 1993 y 850 de 2004).
La Contraloría General de la República es uno de los órganos autónomos e independientes del Estado, al lado del Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral, el Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión.
La Auditoría General de la República es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre la gestión de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales.
El artículo 274 de la Constitución Política estipula que "la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. La Ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal".
En efecto, el Decreto – Ley 272 de 2000 se encargó de reglamentar el funcionamiento y competencias de la Auditoría General de la República en ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de las Contralorías en el país.
En Colombia, la función pública del control fiscal está a cargo de la Contraloría General de la República, que de conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 4 de la Ley 42 de 2003, "El Control Fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles".
Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y municipales, los auditores, las auditorías y revisorías fiscales de las empresas públicas municipales, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que se establecen en la presente ley.
Por su carácter técnico, el control fiscal es una materia específica, académica y veraz; lo que hace que la Contraloría se dedique al estudio, investigación y trabajo profesional y especializado para poder fundamentar sus evaluaciones en técnicas y procedimientos confiables, medibles y comprobables; tarea que requiere de personal altamente calificado para que el auditor pueda ir más allá que el auditado, y así aportarle conocimientos y experiencia; por ello, la evaluación técnica opera como un principio básico del control fiscal.
Ligado a la naturaleza técnica de las evaluaciones del control fiscal, la independencia de la Contraloría pasa por su autonomía financiera, presupuestal y de contratación, para asegurar este requisito en su operatividad y desempeño.
Así lo ha señalado la Corte Constitucional, tal independencia "...tiene como objeto, asegurar más la veracidad y confiabilidad de la información recogida y obtenida; hacer los procesos de auditoría más técnicos y serios; asegurar que las entidades, tanto auditor como auditado, con una relación armónica y de compromiso, tengan claramente separadas y definidas sus funciones y fines de trabajo, para efectos de obtener un mejoramiento efectivo de toda la organización".
La objetividad es otro requisito inherente, con la cual se busca que los productos del control fiscal sean imparciales, en tanto se fundamentan única y exclusivamente en la ponderación de los hechos y documentos verificados y examinados; "este principio busca garantizar unos dictámenes o conclusiones propios, conducentes y serios, que no permitan al sujeto de control fiscal, dudar de la veracidad de la información que pueda en forma clara y diáfana, conocer cómo está su organización y qué hay por mejorar; sin que permita mal interpretaciones.
Se trata pues, de que haya una relación directa de los hechos y operaciones auditados con las conclusiones obtenidas", esto es ser objetivos.
Misión: Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación regional, con base en el conocimiento y la tecnología, que contribuya al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Visión: En el 2022, la Contraloría General de la República, será reconocida a nivel nacional e internacional como un órgano de control y vigilancia fiscal líder, moderno y efectivo, con un enfoque preventivo y un control fiscal participativo y oportuno, que contribuya al buen manejo de los recursos públicos, y que genere una mejora en la gestión del Estado y calidad de vida de los colombianos.
Los Negocios Misionales del Control Fiscal:
La Constitución Política de 1991 estipuló en el artículo 268 unas funciones específicas al Contralor General de la República, las cuales se irrigan en la vida y organización de la Entidad, y así, en su moderna configuración como una organización por procesos se reconocen tres grandes campos de desarrollo que le conducen al cumplimiento de su misión, por ello, a tono con las tendencias vigentes de la administración, se les denomina Negocios Misionales.
Es el examen que hace la CGR sobre el comportamiento de las finanzas públicas y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos.
La base del mismo, la constituyen las estadísticas fiscales del Estado, elaboradas por la Contraloría, a partir de las cuales se determina el resultado fiscal de la Nación; ello a su vez, permite extraer conclusiones sobre la consistencia de la política fiscal y estimar y analizar los costos incurridos en la ejecución de la misma.
Hacen parte de este control, la certificación de las finanzas del Estado, la cual finalmente se consigna en el informe que debe presentar el Contralor General ante el Congreso de la República, al señor Presidente de la República y la opinión pública; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 de la Constitución Nacional.
De igual manera, se ejerce a través de la Auditoría al Balance General de la Nación, la presentación de la Cuenta General del presupuesto y el Tesoro, el informe sobre el Estado de la Deuda Pública y el Informe sobre Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Esta función es complementaria a la función del control macroeconómico. El análisis macro-sectorial evalúa el comportamiento y el grado de cumplimiento de las finanzas públicas, y grado de cumplimiento de los objetivos gubernamentales, enfocando sectores económicos específicos.
Para tales efectos, la Contraloría cuenta con siete direcciones de estudios sectoriales en cada una de la Contralorías Delegadas.
De esta manera, realiza estudios macroeconómicos y sectoriales que generan informes de políticas públicas, artículos de coyuntura y boletines especializados.
La especialización sectorial, junto con la capacidad de analizar los agregados macroeconómicos, hace de la Contraloría una de las mejores fuentes de información y análisis a la gestión estatal. Los estudios macro, contextualizan el trabajo y los resultados de las auditorías efectuadas a las entidades públicas (control microeconómico).
El control fiscal macro se hace sobre las políticas que el gobierno emprende en los diferentes sectores de la vida nacional, pero va más allá, por que también se realiza la evaluación de los aspectos financieros y de la macroeconomía del Estado, y de ese ejercicio de control fiscal macro, le presenta unos informes al Congreso de la República para que pueda ejercer el control político que corresponde y también están a disposición de la ciudadanía para que ejerza el control social o ciudadano.
El Control Micro se refiere a la vigilancia de la gestión fiscal de cada una de las entidades que conforman la estructura administrativa del Estado y de las personas privadas que manejen dineros o bienes del Estado.
Se realiza a través de la práctica de auditorías integrales, mediante la cual se revisa de manera periódica, la gestión de cada entidad en particular y se determinan las observaciones que puedan presentarse en los diversos aspectos de gestión de la entidad.
Una auditoría es un proceso impuesto sobre una actividad realizada por alguien a quien se le ha concedido autonomía para ejecutarla. La auditoría no elimina dicha autonomía, simplemente se encarga de verificar el cumplimiento de los criterios bajo los cuales se encomendó la actividad, en este caso, la gestión pública. Y es que la práctica de auditorías como mecanismo para el ejercicio de la vigilancia fiscal, se constituye en el mejor medio para establecer una relación cercana y constante entre los órganos de control fiscal y los gestores fiscales o sujetos de control.
La auditoría es un conjunto de actividades sucesivas que evalúa la gestión que realiza una organización, mediante la aplicación de herramientas de la Auditoría de Estados Contables, la Auditoría de Cumplimiento o de Legalidad y la Auditoría de Gestión y Resultados; con el fin de determinar, con conocimiento y certeza, el manejo y uso de los recursos públicos, la correspondencia entre las estrategias, operaciones y propósitos de los sujetos vigilados y sus relaciones con el entorno.
Esto le permite al ente de control, fundamentar su opinión, para producir un informe encaminado a aportar elementos para el mejoramiento de la gestión de la entidad auditada.
Como fruto de las más recientes innovaciones en el control fiscal, las fallas de origen administrativo detectadas por la comisión auditora deben ser motivo de acciones de mejoramiento por parte de la entidad, dentro de un plan que es de obligatoria presentación y ejecución, en los términos propuestos por la propia entidad y aceptados por la CGR.
La práctica auditora por supuesto, no ha sido la misma en la historia del control fiscal, está ligada al desarrollo constitucional y legal que la concibe e instrumenta. También ha ido evolucionando hasta alcanzar su actual expresión como Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, definida como: "Un proceso sistemático que mide y evalúa, acorde con las normas de auditoría gubernamental, prescritas por la CGR, la gestión o actividades de una organización, mediante la aplicación articulada y simultánea de sistemas de control, con el fin de determinar con conocimiento y certeza, el manejo y uso de los recursos públicos, la correspondencia entre las estrategias, operaciones y propósitos de los sujetos vigilados y sus relaciones con el entorno, que le permita al organismo de control, fundamentar su opinión y conceptos".
Conviene analizar este concepto:
Como Proceso Sistemático, la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral supone adelantar un conjunto de actividades que se desarrollan en fases o momentos sucesivos que se concatenan (entrelazan) para alcanzar en un tiempo y con unos insumos dados, los propósitos de evaluación de la gestión en el manejo de los recursos públicos, para ello en efecto, estas auditorías interrelacionan unos momentos de planificación general y Específica, de ejecución, sistematización para obrar como un verdadero proceso de mejoramiento de la gestión.
Ahora, la medición y evaluación recae sobre la gestión o actividades que realizan los gestores de los bienes y recursos públicos, sean estas entidades del Estado y/o particulares que manejan o administran dichos bienes y recursos, y se realiza bajo parámetros y criterios previamente definidos en las normas de auditoría gubernamental colombianas, que por encargo de la Constitucional expide la CGR.
Estas normas se consagraron por primera vez en la Resolución Orgánica N° 04721 del 3 de marzo de 1999, que se encargó de definir unos postulados, unas normas generales, unas normas personales y unas normas relativas al trabajo, las cuales entraron a formar parte integrante de la Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Audite.
¿Cuáles son los Sectores y Subsectores en los que se Desarrollan las Auditorías?
La Contraloría General de la República desarrolla sus auditorías a través de siete (7) Contralorías Delegadas Sectoriales, que son:
*Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario
- Subsector Regulador de Políticas Sede Principal
- Subsector Desarrollo Agroindustrial y Comercialización
- Subsector Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología
- Subsector Fomento y Desarrollo Agropecuario.
*Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente
1. Subsector Regulador de Políticas
2. Subsector Autoridades Ambientales Regionales
3. Subsector Investigaciones Científicas Ambientales
4. Subsector Protección Ambientales
*Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad
1. Subsector Defensa
2. Subsector Justicia
3. Subsector Seguridad
*Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras
1. Subsector Hacienda
2. Subsector Gobierno
3. Subsector Financiero
4. Subsector Legislativo
*Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
1. Subsector Transporte
2. Subsector Telecomunicaciones
3. Subsector Industrial
4. Subsector Comercio Exterior
5. Subsector Desarrollo Regional
6. Subsector Vivienda
*Contraloría Delegada para el Sector Social
1. Subsector Educación, Cultura y Deporte
2. Subsector Protección Social
*Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía
1. Subsector Hidrocarburos
2. Subsector Energía
3. Subsector Minas
4. Subsector Central
La Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, como instrumento para la aplicación del control fiscal por la Contraloría General de la República, tiene fundamentalmente los siguientes propósitos:
1. Evaluar la Gestión de las Organizaciones: Lo que implica analizar las realizaciones de la administración y su impacto, mediante una visión de conjunto, teniendo en cuenta los propósitos de la organización auditada.
2. Promover el Mejoramiento Continuo de las Organizaciones: Es decir, los resultados de la auditoría deben permitir una continua retroalimentación, para que la administración pueda emprender acciones correctivas, en procura de lograr niveles de eficiencia y eficacia.
3. Promover la Transparencia y Adecuado uso de los Recursos: La evaluación debe establecer si los recursos públicos se aplican de manera transparente por el gestor público, en procura de satisfacer las necesidades de la comunidad.
4. Apoyar al Congreso de la República: La Contraloría, como organismo técnico, debe brindar al Congreso información que le permita ejercer el control político que le corresponde.
5. Informar a la Comunidad y Vincularla al Control Fiscal: La comunidad es el principal cliente de la Contraloría General de la República, y es deber de esta mantenerla informada, como también promover su vinculación al control fiscal.
Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contraloría, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión, y en forma dolosa o gravemente culposa, un daño al patrimonio del Estado.
Los procesos de responsabilidad fiscal buscan resarcir al Estado el detrimento al patrimonio público provocado por la acción u omisión de los funcionarios y particulares que administren, manejen, custodien, enajenen, inviertan, etc., los fondos o bienes del Estado en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta.
La responsabilidad se puede entender como una obligación de responder, en el caso del control fiscal, de reparar un daño o de satisfacer el mal causado como consecuencia de una conducta o comportamiento que contraviene la ley o la moral; así, el responsable es la persona obligada a responder.
Estas nociones básicas traídas al plano del derecho fiscal, conducen a entender la responsabilidad fiscal como la obligación que en un momento dado tienen los gestores fiscales, en razón de su conducta o sus decisiones en ejercicio de la gestión fiscal a ellos encomendada. En otras palabras, toda persona que adelanta gestión fiscal debe responder por sus actuaciones en cumplimiento de este encargo que la sociedad le ha hecho.
Desde el ámbito jurídico, se encuentra plenamente establecida la responsabilidad como una consecuencia de las actuaciones de las personas.
La misma Constitución Política dispone que "los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones", y en su artículo 124 estipuló respecto de la responsabilidad de los servidores públicos, que la ley determine la manera de hacer efectiva dicha responsabilidad.
Así, la Ley se ha encargado de regular el alcance de la responsabilidad tanto de los particulares, como de los servidores públicos, y con ello se admite que las actuaciones pueden tener varias implicaciones o responsabilidades como sus consecuencias.
La responsabilidad que de declara a través de dicho proceso es patrimonial, no tiene el carácter de sancionatoria y además debe cumplir con las garantías sustanciales y procesales del debido proceso. Es patrimonial porque, como consecuencia de su declaración, el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad.
No tiene carácter sancionatorio, pues su finalidad es resarcitoria. Es por tanto una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos.
¿En qué circunstancias se da fallo con responsabilidad fiscal?
Se proferirá cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza sobre:
1. La existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación (actualizada según el IPC).
2. La individualización y actuación, cuando menos con culpa grave, del gestor fiscal.
3. La relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia, deberá establecerse la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable fiscal.
La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.