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Timestamp: 2016-10-20 19:53:26
Document Index: 313886438

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 91', 'artículo 94', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 2', 'e contrario', 'artículo 56', 'artículo 62', 'artículo 46', 'artículo 76', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 54', 'Artículo 53', 'artículo 3', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 71', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 77', 'artículo 78', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 82', 'artículo 86', 'Artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 83', 'artículo 148', 'Artículo 148', 'Artículo 25', 'Artículo 139', 'Artículo 141', 'Artículo 187', 'Artículo 8', 'Artículo 82', 'artículo 9', 'Artículo 84', 'Artículo 41', 'artículo 145', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'artículo 3', 'Artículo 159', 'Artículo 79', 'Artículo 62', 'Artículo 21', 'Artículo 198', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

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Luz Lozano Torres
1 DERECHO PENAL DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Eloisa Sánchez Brito Docente e Investigadora. Instituto de Derecho Comparado. Profesora Titular y Jefe de Cátedra de Derecho Civil Personas y Bienes Directora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Juliet González Sánchez Docente e Investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo2 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESUMEN La corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un período o de un grupo particular en el gobierno, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas. En realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes, han caído todos los miembros representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano que roba pequeñeces de gran utilidad social como las demás. Este tipo de conducta ha sido una constante en la historia de Venezuela. Luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control. La dificultad se magnifica porque no hay explicaciones razonables. Por sus dimensiones, la respuesta a los problemas de la corrupción administrativa en Venezuela no puede quedarse en el estribillo jurídico-penal de siempre: más delitos, más leyes, más sanciones. Razón por la cual, el presente estudio pretende como Analizar los delitos de corrupción y sus controles jurídicos, en la Administración Pública. Descriptores: Delitos, Corrupción, Administración Pública, Responsabilidades. CRIMES OF CORRUPTION COMMITTED IN THE ADMINISTRATION IT PUBLISHES ABSTRACT The corruption in our country neither is nor has been a phenomenon isolated in the company. Neither the exclusive practice of a period or of a particular group in the government, in complicity with men of company and private organizations. Actually, it has been something deeper. In his networks, queriéndolo or not, there have fallen down all the representative members of the company: from a powerful magnate, who, with or without reason, commits an offence and violates shamelessly the laws in pursuit of a profit; happening for a professional, a politician or a civil servant; up to a humble citizen who steals smallnesses of great social usefulness as other. This type of conduct has been a constant in the history of Venezuela. Then, the 113 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez corruption has turned into a complicated phenomenon that must be observed from diverse planes mechanisms of control to find him. The difficulty is praised because there are no reasonable explanations. For his dimensions, the response to the problems of the administrative corruption in Venezuela cannot remain in the juridical - penal refrain of always: more crimes, more laws, more sanctions. DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I.- CONSIDERACIONES GENERALES II.- ENFOQUES SOBRE LA CORRUPCIÓN Delitos de Corrupción III.- CONTROL JURÍDICO EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS I.- Consideraciones Generales Cada día se plantea con mayor rigor la problemática de la corrupción cometida en la Administración Pública, observándose con preocupación en casi todos los ámbitos, el deterioro que viene confrontando la conducta de los funcionarios y funcionarias públicas, en el ejercicio de su cargo, pues son mayores los hechos de corrupción cometidos, a pesar de los instrumentos legales aprobados para acabar con este flagelo. Razón por la cual, surgen los valores que deben prevalecer en cada funcionario, en cuanto a la ética profesional. Pues ésta tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, pues, se requieren cualidades éticas, como la idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su personalidad. El ser profesional digno representa la excelencia, el decoro que tiene el funcionario y el respeto consigo mismo, configura la figura principal en el que debe girar su actuación, su conducta en cualquier ramo donde se desempeñe, de allí, lo relevante de éste análisis. A pesar que muchos son los enfoques y disposiciones que amparan la formación del nuevo ciudadano con valores y principios éticos, el deterioro evidente en la actualidad es preocupante, sobre todo cuando se describen situaciones de funcionarios públicos, que en el ejercicio de sus funciones actúan en contra de ello, acrecentando esta problemática a todo nivel. 124 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública Por ello, surgen disposiciones en diversos instrumentos legales, que llevan consigo el control jurídico, para sancionar las diversas conductas cometidas en la administración pública por sus funcionarios, por encontrarse muchos casos, sin que hayan sido sancionados por los órganos jurisdiccionales, a pesar de haber sido imputados por el Ministerio Público. De allí, la necesidad de analizar estos delitos de corrupcion y el control jurídico, que se aplica, en bienestar de los males que aquejan esta República. En atención a la problemática expuesta, resulta interesante estudiarla profundamente. II.- Enfoques Teóricos sobre la Corrupción Delitos en la Ley Contra la Corrupción Antes de tratar el punto de los delitos de la Ley Contra la Corrupción, es conveniente aclarar algunos puntos relacionados con las responsabilidades de los funcionarios públicos y de otras personas que sin ser funcionarios pueden ser objeto de responsabilidades por la gestión del patrimonio publico, visto que son las personas naturales las que materializan la actividad del Estado y en ellas recae las consecuencias de su actuación, por la particular responsabilidad que deriva de la administración, custodia, disposición o que de cualquier forma guarden relación con los recursos públicos en los términos contemplado en la Ley. Asimismo, se ve con frecuencia en los medios de comunicación señalamientos de inconstitucionalidad de las decisiones de la Contraloría General de la República, declaratorias de responsabilidad administrativa y consecuente inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de los afectados, así como interposición de demandas de nulidad contra las mismas. A tal efecto y vinculado con los delitos en la Ley contra la Corrupción, se señalan los tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos. Las responsabilidades de los funcionarios públicos. La corrupción en el ejercicio de la función pública, requiere determinar el tipo de responsabilidad vinculada a la misma y que son independientes entre sí pero igualmente pueden estar asociadas a un mismo hecho o acto de corrupción. Así pues, los funcionarios públicos en sentido amplio, en el ejercicio de sus cargos, pueden incurrir en cinco tipos de responsabilidad: civil, penal, administrativa, disciplinaria y política, las cuales pueden existir conjunta o 135 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez separadamente, a las que se les suma la responsabilidad moral derivada esta última por efecto de la determinación de las anteriores o en cumplimiento de una norma específica, todas con base constitucional, legal o sublegal. Tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos. La responsabilidad en general, es la deuda, la obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. En sentido amplio, la responsabilidad puede enunciarse como el efecto desfavorable que recae sobre un sujeto, como consecuencia de su conducta, cuando la misma, constituida por una acción u omisión, ha violado una norma jurídica o un pacto contractual establecido, produciendo un daño. El funcionario público, como sujeto de derecho y deberes y por su particular posición frente al Estado y la sociedad, debe responder por su conducta de acción u omisión una vez que le sea requerida por la autoridad correspondiente, lo cual se materializa en la determinación de su responsabilidad por tal acción u omisión. Esta responsabilidad no se limita a la esfera pública sino que puede trascender a su esfera privada y personal, de allí que surjan los diferentes tipos de responsabilidades que constitucional y legalmente se acumulan como consecuencia de su actividad o ejercicio de la función pública, la cual se puede clasificar en: Responsabilidad civil. Responsabilidad Administrativa. Responsabilidad disciplinaria. Responsabilidad política. Responsabilidad moral. Responsabilidad penal. Responsabilidad civil Es la que tiene lugar cuando un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, ya sea por acción u omisión, produce un daño de orden patrimonial a un tercero o a la propia administración, que puede ser el resultado o de una acción de repetición por parte del Estado (cuando éste haya tenido que responderle a un tercero por un acto de un funcionario), o una acción directa del Estado contra el funcionario (derivada de los juicios contra la corrupción), o de un tercero directamente contra el funcionario. Esta responsabilidad será 146 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública exigible en la medida en que el tribunal competente produzca la sentencia correspondiente. Excepcionalmente y conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), establece la potestad de declarar la responsabilidad civil en vía administrativa a la Contraloría General de la República (CGR) a través de la figura del reparo, en cuyo caso se sigue el procedimiento para la determinación de responsabilidades previsto en la referida Ley y su Reglamento, y de igual forma cuando se trate de materias reguladas por el Código Orgánico Tributario, se aplicarán las disposiciones en él contenidas y la autoridad en él señalada le corresponderá su determinación. Responsabilidad Administrativa. Antes de definir la responsabilidad administrativa, es necesario distinguirla o diferenciarla de la responsabilidad de la administración. En efecto, responsabilidad de la Administración es el daño que deriva para la misma de su conducta contraria a una norma expresa o bien, a un acuerdo contraído. La noción de responsabilidad de la Administración es análoga a la de responsabilidad en general, calificada por el hecho de que el responsable es el órgano administrativo. La responsabilidad de la administración solo puede ser una responsabilidad patrimonial, esto es, una responsabilidad civil, por cuanto, la responsabilidad no patrimonial es la responsabilidad penal de la cual son ajenos los entes carentes de subjetividad. Por el contrario, la responsabilidad administrativa verdadera y propia es solo la responsabilidad del funcionario frente a la Administración. Es entonces la responsabilidad administrativa, la que luego del procedimiento correspondiente, declaran los organismos técnicos - externos e internos- cuando se comprueba que una determinada persona, sea o no funcionario público, a cuyo cargo está el manejo o custodia de fondos o bienes públicos, ha incurrido en acciones, hechos u omisiones antijurídicas y no excusables y cuyas peculiaridades fácticas encuadran dentro de los supuestos establecidos por la ley como generadores de responsabilidad administrativa. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ( 2009), ha definido la responsabilidad administrativa como: 157 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez...la que deriva del incumplimiento de deberes formales, la omisión de actuación administrativa, o la actuación ilegal (no configurable en un ilícito penal), que es determinada por la Contraloría General de la República y que se manifiesta en decisiones de responsabilidad administrativa. En nuestro ordenamiento jurídico, las leyes relativas al control sobre la hacienda pública que realiza la Contraloría General de la República, han limitado la responsabilidad administrativa a la que declara dicho organismo al sancionar la violación de las normas que ella tutela en forma expresa. Los supuestos que dan lugar a esta responsabilidad administrativa strictu sensu tienen dos fuentes diferentes: a) la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; previstos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que son los que constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa a lo cual se unen las previsiones del artículo 94 ejusdem relativo a los actos contrarios a los órganos de control fiscal, que ameritan multas y se refieren concretamente a las faltas contra los órganos de actuación fiscal. b) La Ley contra la Corrupción, que giran en una u otra forma sobre el control de la declaración jurada de patrimonio contenidos en el artículo 33 ejusdem. Responsabilidad Disciplinaria. Es aquella que luego del procedimiento correspondiente, declaran, según los casos, las máximas autoridades o los superiores jerárquicos de los propios organismos donde laboran los funcionarios a quienes ella afecta, cuando estos han incumplido o más bien entren en los supuestos que el estatuto de la función pública pueda establecer como falta. Las faltas disciplinarias son fundamentalmente las que atentan contra los valores sobre las cuales se erige la organización cuyas medidas disciplinarias son las penas que se imponen cuando el funcionario comete faltas contra el ordenamiento jurídico particular del organismo al cual pertenece, no obstante la existencia de otras faltas de tipo gremial, como las declaradas por los Tribunales Disciplinarios de los Colegios profesionales, asociadas al libre ejercicio profesional. La responsabilidad disciplinaria tiene como base la existencia de una relación permanente de un sujeto frente a otro o, frente a una organización. La persona o ente facultado para hacer efectiva tal 168 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública responsabilidad tiene generalmente una situación de supremacía con relación a los sujetos ante quienes opera. La norma fundamental en materia disciplinaria es la Ley del Estatuto de la Función Pública, Título VI, excluidos de la aplicación de la misma los funcionarios públicos señalados en el Parágrafo Único del artículo 1, quienes se rigen por normas específicas dictadas por las diferentes organizaciones objeto de la exclusión, además que de conformidad con el artículo 2 de la Ley en referencia, en su único aparte sólo por leyes especiales podrán dictarse estatutos para determinadas categorías de funcionarios públicos o para aquellos que presten servicios en determinados órganos o entes de la administración pública. Para su determinación no es necesaria la producción de una sentencia por parte de la jurisdicción penal ordinaria, que produzca cosa juzgada sobre los hechos controvertidos, es decir, que la sentencia penal no constituye un elemento de prejudicialidad frente a un procedimiento administrativo de carácter disciplinario (ni de determinación de responsabilidad administrativa) para su decisión por el órgano disciplinario correspondiente. Responsabilidad Penal. La responsabilidad penal se produce cuando los perjuicios del hecho dañoso alcanzan a la sociedad. Surge en un funcionario público cuando éste adecua su conducta a aquellos presupuestos fácticos que diversas leyes especiales tipifican como delito y que acarrea la aplicación de una pena. El Tribunal supremo de Justicia, en Sala Penal (2008) ha señalado:...la responsabilidad penal del funcionario, deriva de la comisión de hechos típicos, antijurídicos y culpables y teleológicamente contrarios a las reglas y principios del orden estadal establecido. La acción penal puede estar causada directamente por un hecho ilícito contra el Estado, o contra un tercero. Esta responsabilidad será exigible en la medida en que un órgano de la justicia ordinaria penal produzca la sentencia correspondiente... Responsabilidad Política. La responsabilidad política es aquella cuya competencia y sanción le corresponde al órgano legislativo nacional, su máxima expresión es el voto de censura, puede exigírsela a ciertos funcionarios o jerarcas de la administración. Es imputable sólo a las máximas autoridades 179 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política, nadie aparte de tales personas, puede incurrir en una responsabilidad de tal naturaleza. Por otra parte, no genera consecuencia directa sobre el afectado de obligarle a asumir ninguna conducta. Es así como el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, del 11 de Agosto de 2010, en causa No. XP01-P , decide lo siguiente:. En consideración a las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CONDENA al ciudadano FRANZ AYBAR ESCOBAR GÓMEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número V , natural de San Fernando de Atabapo, Estado Amazonas, nacido el 03SEP1955, de 51 años de edad, casado, de profesión u oficio docente adscrito a la Secretaría de Educación del Estado Amazonas, a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de MALVERSACIÓN DE FONDOS O RENTAS PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 56 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Estado Venezolano, conforme al ar... Responsabilidad moral. La responsabilidad moral es la derivada o por efecto de la determinación de las anteriores o en cumplimiento de una norma específica, como en el caso de la publicación en Gaceta Oficial de la Decisión del procedimiento de determinación de responsabilidades previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), según lo señala el artículo 62 del vigente Reglamento de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, anteriormente referida, señaló...la sola declaración de responsabilidad afecta a la persona contra la que se dirige, así no se siga otro procedimiento 1810 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública posterior, puesto que le coloca en una situación de descrédito, la cual...altera su posición jurídica. Esa declaratoria acompaña a quien la sufre y, aparte del daño moral que resulta implícito, eventualmente pudiera afectarle de manera más directa, por la declaratoria de remisión de las actuaciones al Ministerio Publico y/o a la Contraloría General de la República a fin de hacer efectivas responsabilidades a que hubiere lugar. (Omissis). Delitos en la Ley Contra la Corrupción La Ley contra la Corrupción (LCC) en el Título IV define los Delitos contra el Patrimonio Público y la Administración de Justicia y la aplicación, la correspondiente responsabilidad penal. En este sentido, existe responsabilidad penal cuando la conducta realizada por el (la) funcionario(a) aparece establecida en la ley como delito, todo en virtud del principio de legalidad de los delitos y de las penas. Los principales delitos contenidos en la Ley. Delitos contra el Patrimonio Público. Los capítulos I y II del Título IV de la LCC definen toda una variedad de delitos contra el patrimonio público. El artículo 46 define el enriquecimiento ilícito como el incremento patrimonial desproporcionado a los ingresos percibidos por el (la) funcionario(a) en ejercicio de sus funciones, que no pudiere justificar y que no constituya otro delito, supuesto que se extiende a otros sujetos, por ejemplo, contratistas con entes u órganos públicos. En este punto cabe preguntarse sino constituye una inversión de la carga de la prueba el hecho de colocar en cabeza del funcionario el tener que justificar el incremento del patrimonio y así mismo una violación al principio de presunción de inocencia. El artículo 76 prevé un delito vinculado a la declaración jurada de patrimonio, como mecanismo de control del enriquecimiento ilícito, es el delito de Falsedad u Ocultamiento de Documento, para el supuesto doloso de falsear, ocultar, o no presentar la declaración jurada de patrimonio o los documentos requeridos respecto de su verificación. El artículo 52, establece la tipificación del delito de peculado. El tipo genérico supone el abuso del (de la) funcionario(a) al violar la confianza pública en él depositada al apropiarse o distraer bienes 1911 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez del patrimonio público confiados a su custodia, sea o no en provecho propio. Artículo 52. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público. El artículo 53 consagra el llamado peculado culposo y el artículo 54 tipifica el delito de Peculado de Uso; el cual se configura al utilizar o permitir la utilización de bienes del patrimonio público o trabajadores de organismos públicos o de empresas del Estado, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio. Artículo 53. Cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley que teniendo, por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen esos bienes, será penada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. Artículo 54. El funcionario público que, indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años. Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos. 2012 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública Artículo 56. El funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo, una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aun en beneficio público, será penado con prisión de tres meses a tres años, según la gravedad del delito. Artículo 57. El funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años. El artículo 58 consagra un nuevo tipo como delito de falsa alegación. El mismo prevé pena de prisión para el (la) funcionario(a) que alegue ilegalmente razones de emergencia o evada procedimientos de licitación u otros controles. El artículo 59 consagra, el delito de Malversación Específica o, el llamado delito de Sobregiro Presupuestario o de Endeudamiento No Autorizado Dañoso, para el supuesto en el cual el (la) funcionario(a) público excediéndose en disposiciones presupuestarias y sin observar procedimientos sobre crédito público, efectúe gastos, contraiga deudas o compromisos que hagan procedentes reclamaciones contra la República o alguna entidad o institución pública. Corresponde al artículo 60 tipificar el delito de Concusión, este delito concreta lo que en la práctica se denomina cobro de un servicio y supone la entrega de cantidades de dinero o cosas que representen valores como contraprestación de un servicio, bien mediante engaño lo cual constituye la concusión positiva fraudulenta, bien mediante temor o amenazas. El artículo 61 consagra el delito de Corrupción, refiriéndolo al Acto Funcional, esto es, comprendido en sus atribuciones, por el cual el funcionario reciba o admita dádivas o retribuciones indebidas. Artículo 61. El funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro, retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo recibido o prometido. Con la misma pena será castigado quien diere o prometiere el dinero, retribuciones u otra utilidad indicados en este artículo. 2113 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez El artículo 63 consagra el delito de Soborno y la pena aplicable al sujeto activo indiferente que intente persuadir o inducir a cualquier funcionario(a) público a que cometa los delitos de corrupción propia y/o impropia. El artículo 66 consagra el delito de Utilización de Información Confidencial o el llamado delito de Obtención Ilegal de Utilidad en Actos de la Administración Pública. El mismo se funda en la exigencia moral del funcionario(a) al servicio del Estado de conservar el carácter secreto o reservado de las informaciones de las cuales tenga conocimiento. El llamado delito de Abuso de Funciones (como Abuso Residual) se consagra en el artículo 67 y supone la realización de un acto ilegal, en abuso de funciones públicas en perjuicio de una persona en la cual resulta evidente la existencia de dolo. El artículo 68 consagra el delito de Favorecimiento Electoral, aplicable al funcionario(a) que en abuso de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a candidatos, grupos de electores, partidos o movimientos políticos. El delito de Exacción Ilegal entendido como cobro arbitrario de un impuesto o tasa y/o cobro legal utilizando medios arbitrarios, aparece tipificado en el artículo 69 LCC. Cabe preguntarse si la hipótesis contempla que deba tratarse de un funcionario(a) en cuyas atribuciones se comprenda el cobro del impuesto o tasa, o si por el contrario, si el cobro no está dentro de su competencia, incurre el funcionario(a) en otro delito? Esperaremos la interpretación de la Jurisprudencia. El delito de Tráfico de Influencias aparece tipificado en el artículo 71 LCC, como la conducta de aprovechamiento de funciones o uso indebido de influencias o ascendencia sobre otro funcionario(a) para obtener ventajas, beneficios económicos u otra utilidad para sí o un tercero. El artículo 74 consagra el delito de Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos cuyos, supuesto es el aprovechamiento o distracción en beneficio propio o de terceros de dinero, valores u otros bienes percibidos de cualquier órgano o ente público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación por parte de representantes, administradores(as), directores(as) o principales de personas naturales o jurídicas. El delito de Pago o Cobro de Utilidades Ficticias que aparece consagrado en el artículo 75, supone por parte de comisarios(as), 2214 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública administradores(as), directores(as) o principales de personas jurídicas en las cuales tenga interés algún órgano o ente público, que declaren, cobren o paguen utilidades ficticias sin contar con balance aprobado o si presentado éste, el mismo sea disconforme o se haya utilizado balances insinceros. El artículo 77 establece el delito de Expedición de Certificaciones Falsas, en el cual incurre el funcionario(a) público o particular que expida una certificación falsa, utilizable para fundar decisiones que causen daño al patrimonio público, sancionándolo con prisión de 6 meses a 2 años. Otra forma de comisión del delito es el forjamiento o alteración de una certificación legalmente expedida, el uso que de ella se hiciere o dar u ofrecer dinero para su obtención ilegal. El delito de Sustracción o Destrucción de Documentos se consagra en el artículo 78 con una redacción que sustituye el término maliciosamente de la ley derogada por el más amplio término de ilegalmente referido a la acción de ocultar, alterar, retener o destruir total o parcialmente un libro o cualquier documento que curse ante cualquier organismo o ente público. El artículo 80 consagra en sus 3 numerales una serie de Delitos Menores Fundados en Irregularidades Administrativas y sanciona al funcionario(a) agente con prisión de 3 meses a 1 año. Corresponde al artículo 81 la tipificación del Delito de Apertura de Cuentas Bancarias y/o Sobregiro en las Cuentas. La acción supone por parte del funcionario(a) la apertura de cuentas bancarias a su propio nombre o al de un tercero utilizando fondos públicos, aún sin tener ánimo de apropiárselos y la sanciona con prisión de 1 a 5 años. El Delito de Denuncia Falsa y/o Calumnia Específica lo consagra el artículo 82 como un delito de sujeto activo indiferente y supone la acción de denunciar o acusar a un funcionario (a) de la comisión de alguno o algunos de los hechos punibles previstos en la LCC y lo sanciona con prisión de 1 a 3 años. Delitos contra la Administración de Justicia El Capítulo III del Título IV LCC consagra el capítulo: De los Delitos contra la Administración de Justicia en la aplicación de esta Ley en el cual consagra en sus artículos 83, 84 y 85 una serie de conductas imputables a funcionarios(as) vinculados con el sistema de administración de justicia, concretamente a Jueces (zas), Fiscales(as) del Ministerio Público y funcionarios(as) de Policía Judicial. 2315 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez No obstante, el artículo 86 no debería estar incluido en este capítulo, toda vez que se refiere a funcionario público en general y su contenido está vinculado al Derecho Privado y suponen acuerdos ilícitos en procesos concursales y/o pactos contractuales respecto el derecho aplicable o utilización de los denominados paraísos fiscales o lugares favorables al anonimato, sancionándolos con prisión de 3 a 6 años e imponiendo igual pena a las personas involucradas en el proceso de contratación. El Artículo 83 consagra el delito de Denegación de Justicia y sanciona a su agente con prisión de 1 a 2 años. La pena se agrava de 3 a 6 años en el supuesto de 2 hipótesis diferentes: a) violación de la ley; b) abuso de poder en beneficio o perjuicio de un procesado. Incurre así el texto legal en una impropiedad pues utiliza un término superado por el sistema acusatorio consagrado en el COPP. En el artículo 84 sanciona al Juez que retarde el proceso penal con prisión de dos (2) a cuatro (4) años y remite al procedimiento disciplinario del órgano competente, para los funcionarios de instrucción o de policía judicial que omitan o retarden indebidamente dictar las actuaciones correspondientes o dar parte a la autoridad competente, sancionando con suspensión del cargo por seis (6) meses sin goce de sueldo o destitución en caso de gravedad o reincidencia. El artículo 85 sanciona la conducta de fiscales(as) o representantes del Ministerio Público que falten dolosamente al deber de interponer recursos legales, de ejercer acciones penales o civiles, de promover diligencias conducentes a esclarecer la verdad, de incumplir con la rectitud de procedimientos (principio del debido proceso), con los lapsos legales y/o la protección debida al imputado(a) o acusado(a) con prisión de 2 a 4 años. La norma in comento implica la atención que ha de prestar el Ministerio Público a la proposición de la correspondiente acción civil y/o a la solicitud de aseguramiento de bienes de los (las) investigados(as). Penalidades: La Ley contra la Corrupción contiene toda una variedad de penas que oscilan entre seis (06) meses a diez (10) años de prisión y multas que van desde el veinte por ciento (20 %) al cien por ciento (100 %) del valor de los bienes objeto de los delitos o utilidad procurada. 2416 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública Y dada la naturaleza de los delitos, contempla penas accesorias de aplicación diferentes de la legislación penal ordinaria (en la cual la inhabilitación es por el tiempo que dure la pena), al condenar al funcionario o empleado público responsable de delitos contenidos en la Ley. Además de la destitución, con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública a partir del cumplimiento de la condena hasta por cinco años, y a los Jueces en los casos del artículo 83 con la prohibición del reingreso a la carrera judicial por el transcurso de veinte (20) años después de cumplida la pena. Omisión: Por otra parte la LCC, omite la penalización por el desempeño simultáneo de más de un cargo público y por el disfrute de más de una jubilación o pensión, prohibición que, con las excepciones de rigor, está plasmada en el artículo 148 del texto constitucional. Artículo 148: Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos de que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este articulo, implica renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal. Nadie podrá disfrutar de más de una jubilación o pensión, salvo los casos expresamente determinados por la ley. III.- CONTROL JURÍDICO EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN - Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): Artículo 25: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. (Subrayado propio). Artículo 139: El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o la Ley. 2517 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez Artículo 141: La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Artículo 187: Corresponde a la Asamblea Nacional: Ejercer las funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la Ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca. Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP): Artículo 8:...Los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública incurren en responsabilidad civil, penal administrativa o disciplinaria, según el caso, por los actos, hechos u omisiones que en ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Ley Orgánica de la Contraloría General de La República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF): Artículo 82: Los funcionarios, empleados y obreros, que presten servicios en los entes señalado en el artículo 9 numeral 1 al 11 de esta ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones. Artículo 84: La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con la Leyes que regulen la materia y mediante el procedimiento de reparo regulado en esta Ley y su Reglamento, salvo que se trate de materias reguladas por el Código Orgánico tributario, en cuyo caso se aplicarán la disposiciones en él contenidas. 2618 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE CORRUPCIÓN Artículo 41. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, la Contraloría General de la República tendrá los siguientes deberes y atribuciones en materia de corrupción: 1. Recibir, admitir, estudiar, cotejar, verificar, ordenar y archivar las declaraciones juradas de patrimonio que le fueren presentadas. 2. Exigir la formulación y presentación de la declaración jurada del patrimonio a las personas que deban hacerlo, en la oportunidad y condiciones que juzgue necesario, de conformidad con la ley. 3. Enviar al Fiscal General de la República o a los tribunales competentes todos los documentos o elementos que ellos exijan, así como los resultados de las investigaciones que realice, sobre toda acción u omisión que produjere un perjuicio al patrimonio público o pudiere comprometer la responsabilidad civil o penal de las personas sujetas a esta Ley. 4. Investigar a las personas jurídicas que contraten con alguno de los entes u órganos señalados en los artículos 4 y 5 de esta Ley, cuando en su capital participe, directamente o por interpuesta persona, cualquier funcionario en contravención con lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 43. La Contraloría General de la República tiene competencia para investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relación con el patrimonio público, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A estos efectos, podrá realizar las averiguaciones que crea necesarias en los órganos y entes que se mencionan en los artículos 4 y 5 de esta Ley. Artículo 45. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código Orgánico 2719 Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez Procesal Penal, en materia de corrupción el Ministerio Público tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil, laboral, militar, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley. 2. Solicitar a los órganos de investigación penal, realizar actuaciones complementarias que permitan recabar los elementos probatorios conducentes a determinar la procedencia del ejercicio de las acciones a que haya lugar, contra las personas sometidas a investigación por el órgano contralor. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAP): Artículo 159: Los funcionarios encargados de la administración financiera del sector público, independientemente de las responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias en que incurran, estarán obligados a indemnizar al Estado de todos los daños y perjuicios que causen por infracción de esta ley por abuso, falta, dolo negligencia, impericia o imprudencia en el desempeño de sus funciones. Ley del Estatuto de la Función Publica (LEFP): Artículo 79: Los funcionarios o funcionarias públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica: Artículo 62: Concluida la averiguación y firme la decisión de responsabilidad administrativa, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como el auto por el cual remita al Ministerio Público el expediente cuando ello fuere pertinente. 2820 Delitos de Corrupción Cometidos en la Administración Pública Cuando la decisión fuere de absolución o de sobreseimiento, la referida publicación se efectuará luego de notificada tal decisión a los interesados. Ley Contra la Corrupción (LCC): Artículo 21: Los funcionarios y empleados públicos responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos, de conformidad con lo establecido en la ley. Articulo 90: Ningún procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza impedirá el ejercicio de la acción penal y de la acción civil que de ella se derive. Código Penal, Artículo 198: Todo funcionario que, por propia o ajena causa, reciba por algún acto de sus funciones, en dinero o en otra cosa, alguna retribución que no se le deba o cuya promesa acepte, será castigado con prisión de uno a dos meses... Y los delitos contenidos en los Capítulos III, IV, V, VI, Artículos 199, 200, , 203, referente a corrupción de los funcionarios. Artículos 204,205, 206, 207, 208, 209, referente a abusos de autoridad y de las infracciones de los deberes de los funcionarios públicos. REFEXIONES En muchos de los Informes anuales presentados por Organizaciones de Justicia Mundial (World Justice Project), con sede en Washington, revelan que Venezuela aparece como un país con problemas de corrupción, crimen y violencia. El documento revela que la falta de transparencia de las instituciones y la ineficiencia del sistema de justicia criminal son los problemas que hacen caer al país latinoamericano a los últimos lugares de la lista del informe internacional. Y lo coloca como el peor en materia de responsabilidad y controles efectivos sobre el poder ejecutivo. Según el estudio, en Venezuela la corrupción está muy extendida (puesto número 54 de 61), el crimen y la violencia son habituales (64), las instituciones gubernamentales no son transparentes y el 29 Mostrar más
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