Source: https://www.scribd.com/document/334460511/Audiencia-de-Flagrancia-20-Copia
Timestamp: 2019-09-22 12:44:35
Document Index: 38875574

Matched Legal Cases: ['artículo 377', 'artículo 141', 'artículo 526', 'Artículo 526', 'artículo 527', 'artículo 779', 'artículo 53', 'artículo 529', 'Artículo 529', 'Artículo 595', 'Artículo 22', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 168', 'artículo 76']

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Dedicamos primeramente este Trabajo de Titulación a Dios por darnos la vida, guiar nuestros pasos y proporcionarnos sabiduría, él nos ha dado fortaleza para continuar cuando hemos estado a punto de caer; por ello, con toda la humildad que nuestro corazón puede emanar.
De igual forma, a nuestros Señores Padres, a quienes les debemos toda nuestra vida, les agradecemos el cariño y su comprensión, a ustedes quienes nos han sabido formarnos con buenos principios y valores, lo cual nos ha ayudado a salir adelante buscando siempre el mejor camino.
A nuestro estimado tutor Ab. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que nos ha sabido transmití en el desarrollo de este trabajo.
Nubia Verónica Alarcón Padilla.
Sabino Olmedo García Serrano.
Le agradecemos a Dios por habernos acompañado y guiado a lo largo de nuestra carrera, y por protegernos con su manto bendito y mantenernos con salud, y ganas de vivir el día a día.
Nuestros sinceros agradecimientos a la “UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA”, y en especial a los Docentes de la escuela de Derecho, que nos han brindado sus conocimientos para convertirnos en excelentes profesionales.
Un agradecimiento especial al Ab. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs, tutor de nuestro Trabajo de Titulación, que fue una excelente guía con su conocimiento para poder culminar el presente trabajo.
LA OBJETIVIDAD DEL FISCAL EN LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA Y FORMULACIÓN DE CARGOS DEL PROCESO PENAL
Nubia Verónica Alarcón Padilla. Sabino Olmedo García Serrano.
Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs.
El objetivo general del presente Trabajo de Titulación buscó determinar si existió una correcta aplicación del principio de objetividad del Fiscal en la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos del proceso 24281-2015-0011 sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Elena a la procesada Tatiana Isabel Chávez Mendieta, que se inició por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros. Se realizó un estudio dogmático a la teoría de la imputación objetiva, la objetividad con que debe actuar el Fiscal fundamentalmente cuando formula cargos contra un procesado, el papel del Juzgador en la Audiencia de Formulación de Cargos, relacionando estas instituciones con el caso preciso de estudio. La metodología utilizada fue la histórica, descriptiva, inductivo-deductivo, análisis-síntesis, etc. Cuyos resultados de manera que se llegó a determinar que efectivamente el Estado cometió un error al procesar a Tatiana Isabel Chávez Mendieta, privándola de su libertad desde el inicio hasta por casi cuarenta días, negándole medidas alternativas solicitadas en audiencia pública. Concluyendo podemos decir que en el presente caso existió una total actuación ilegítima tanto del Fiscal que dirigió la causa y del Juez garante de los derechos de las personas en el proceso penal. Nuestra recomendación más importante para el presente caso, es la reparación inmediata por parte del Estado hacia la afectada, por el procesamiento y privación de libertad ilegítimos.
PALABRAS CLAVES: Imputación objetiva, ilegitimidad, delito flagrante.
OBJECTIVITY HEARING OF FINANCIAL RATING FLAGRANTE INDICTMENT OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS
The overall objective of this work seeks to determine whether there Titling a correct application of the principle of objectivity in court Attorney Qualification flagrancy and indictment of 24281-2015-0011 trial conducted in the Santa Elena Multicompetente Criminal Judicial Unity Tatiana processed Isabel Chavez Mendieta, that transit for alleged wrongful death resulting from Bermeo Edith Cisneros began. A dogmatic study the theory of Causation is made, the objectivity with which the prosecutor must act primarily as file charges against an accused, the role of the judge at the hearing of indictment, linking these institutions with the specific case study . The methodology used was the historic, descriptive, inductive-deductive, analysis-synthesis, etc. So the results are ultimately determined that indeed the State committed an error processing Tatiana Isabel Chavez Mendieta, depriving them of their freedom from the beginning up to nearly forty days denying alternative measures requested in open court. We conclude we can say that there was a complete performance illegitimate Attorney who led both the cause and the judge guarantor of the rights of individuals in criminal proceedings in this case. Our most important recommendation in the present case, is the immediate repair by the State to the affected, processing and unlawful deprivation of liberty.
KEYWORDS: Causation, illegitimacy, flagrante delicto.
CESIÓN DE DERECHOS……………………………………………………………………..
II. FRONTISPICIO:
III. PÁGINA DE EVALUACIÓN O
VIII. ÍNDICE DE CONTENIDO
IX. ÍNDICE DE CUADROS
XI. INTRODUCCIÓN
GENERALIDADES DEL OBJETO DE
DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO
2.2. BASES TEÓRICAS DE LA
2.2.1. El Delito Flagrante en el Proceso
2.2.2. Consideraciones acerca de la Audiencia, la Flagrancia y la Formulación de
Cargos. 23
2.2.3. La Imputación Objetiva
2.2.4. El Fiscal en el delito
2.2.4.1. La Objetividad del
2.2.4.2. El Fiscal como director de la
2.2.4.3. Estrategias de Investigación del
2.2.5.1. Proceso Penal y la Prisión
2.2.5.2. La Prisión Preventiva como Medida Cautelar Procesal o
2.2.5.3. Presupuestos contenidos en el Código Orgánico Integral
2.2.5.4. Motivación para dictar la Prisión
2.2.5.5. Consecuencias Jurídicas de la Prisión
2.2.5.6. Revocatoria y Sustitución de la Prisión
2.2.5.7. Criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN
Descriptiva.-
De campo.-
Los métodos de inferencia inductivo y deductivo:
El método de análisis-síntesis:
exegético:
Nivel o Tipo de
3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE
3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE
4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS
4.1.1. .....................................................................................................
4.1.2. ....................................................................................................
Nro.3 Proceso Nro. 24281-2015-0011
CUADRO No. 1 OBJETIVIDAD EN FLAGRANCIA
CUADRO No. 2 DOBLE FORMULACIÓN DE
CUADRO No. 3 MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA
CUADRO No. 4 PROCEDENCIA DE LA
CUADRO No. 5 DOBLE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
CUADRO No. 6 FORMULACIÓN DE CARGOS SIN INDICIOS
CUADRO No. 7 PRISIÓN PREVENTIVA SIN INDICIOS
CUADRO No. 8 INDEPENDENCIA DEL JUEZ Y DEL FISCAL
OBJETIVIDAD EN FLAGRANCIA
GRÁFICO No. 2 DOBLE FORMULACIÓN DE CARGOS
GRÁFICO No. 3 MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA
GRÁFICO No. 4 PROCEDENCIA DE LA VINCULACIÓN
GRÁFICO No. 5 DOBLE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
GRÁFICO No. 6 FORMULACIÓN DE CARGOS SIN INDICIOS
GRÁFICO No. 7 PRISIÓN PREVENTIVA SIN
GRÁFICO No. 8 INDEPENDENCIA DEL JUEZ Y DEL FISCAL
La presente investigación se ha realizado como Trabajo de Titulación en la modalidad de estudio de casos en la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs., en calidad de Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo con miras a la obtención del Título de Abogados de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador.
Un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, constituye un trabajo de gran valor académico y científico, ya que el mismo permite poner en evidencia el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, fundamentalmente, la capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, esto, en razón de que nos concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país, esto es un fallo, resolución, sentencia, auto, etc.; es decir una decisión de una autoridad en que se puede apreciar situaciones incorrectas, o sobre las que existen aspectos por discutir, claro está, siendo estas decisiones producto del quehacer humano, siempre son discutibles, y por lo tanto generalmente podrían ser objeto de estudio.
En el caso en particular hemos estudiado de manera cuidadosa, si fue correcto el proceso llevado a cabo en contra de Tatiana Isabel Chávez Mendieta, específicamente el hecho de que se le hayan formulado cargos por el delito de muerte culposa en accidente de tránsito, privándola de su libertad vía prisión preventiva y manteniéndola en prisión por casi cuarenta días, siendo sobreseída por no haber existido responsabilidad en el hecho que se investigaba. Esto lo realizamos al tenor de la teoría de la imputación objetiva que implica que solo se puede imputar un resultado a una persona si la misma con su conducta creó o aumentó un riesgo jurídicamente desaprobado, y ese riesgo se concretó en el resultado. Este proceso se sustanció en el Juzgado Multicompetente Penal de Santa Elena con el número 24281-2015-0011.
El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, esto es las instituciones involucradas y los hechos de intereses del caso concreto; aquí se han planteado las interrogantes que el caso nos arroja, y que a su vez permiten proponernos varios objetivos, que constituyen el vértice de la investigación.
En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la investigación en los que los temas centrales de discusión fueron, el delito flagrante, la Formulación de Cargos, la Imputación Objetiva, la objetividad del Fiscal, la Prisión Preventiva, etc. temas que fueron estudiados a través de la discusión de las teorías y aportes de los grandes penalistas, tanto clásicos como contemporáneos.
En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación, la que ha servido para realizar la investigación de alto nivel y obtener datos suficientes
para alcanzar a cumplir los objetivos propuestos; aquí fue fundamental la existencia del sistema informático de búsqueda de causas del Consejo de la Judicatura, en la que consta todo el proceso materia de la investigación, además de que fue determinante la colaboración de los Profesionales del Derecho entrevistados.
En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las mismas que sirvieron para establecer las respectivas conclusiones, en las que demostramos que los objetivos propuestos se cumplieron de manera integral.
Hemos empleado en el presente trabajo, todo el esfuerzo que amerita una investigación de nivel académico y científico, por lo que esperamos que el mismo sea apreciado como un baluarte científico por parte de la Institución.
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO.
1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.
El derecho es una de las ciencias de estudio más emocionantes dentro del universo del conocimiento, en primer lugar porque por más profundos que seamos en nuestros análisis siempre esos conocimientos serán discutibles y en segundo lugar porque la falta de estudio permanente, imposibilita el desarrollo normal de la sociedad.
Por supuesto, es también destacable la casi ilimitada cantidad de ramas por las que el derecho se extiende, incursionando en todos los aspectos de la vida social, desde la convivencia familiar misma, hasta el régimen tributario, casi se puede afirmar que no hay aspecto de la vida del ser humano que no esté regulado por leyes.
Dentro de ese universo, el derecho penal aparece como una de las más importantes, y es para muchos la carta de presentación de la ciencia, por lo menos en nuestra sociedad se relaciona mucho a la abogacía con el derecho penal, será porque los delitos son fenómenos a la orden del día, o quizás por la trasformación permanente de las normas penales como las de tránsito, pero no hay persona que algún momento haya dejado de hablar sobre cuestiones penales.
Todo esto hace determinante para nosotros como futuros profesionales, contribuir con un aporte científico a la resolución de problemas evidenciados en los Juzgados y Tribunales del país, de manera que sirvan para la mejor comprensión de determinadas instituciones jurídicas. La investigación es el perfecto camino para iniciar la vida profesional como abogados.
En el presente estudio de caso, nos concentraremos en la discusión la imputación objetiva en la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, en la que generalmente el Fiscal imputa al procesado, y pide se ordene en su contra prisión preventiva, y a su vez generalmente el Juez la concede en virtud de que el Fiscal es quien tiene el dominio del proceso penal.
Sin embargo de lo expuesto, la práctica nos ha permitido evidenciar que no en todos los casos existen realmente evidencias de responsabilidad del procesado que permitan una imputación objetiva por parte del Fiscal, un proceso penal y mucho menos medidas cautelares. Es importante destacar que por flagrante que sea la detención el procesado siempre está revestido de su condición natural de inocencia, y es así como se lo debe tratar pero generalmente ocurre a la inversa.
En el caso de estudio en concreto, el Fiscal Abg. Paúl Centeno Soto imputó el delito de muerte culposa en accidente de tránsito reprimido y sancionado en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal a la ciudadana Tatiana Isabel Chávez Mendieta, por presuntamente tener responsabilidad en la muerte de Edith Bermeo Cisneros el día 3 de enero del 2015. La Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos se desarrolló el día 4 de enero del 2015 a las 23H05 en que se calificó la flagrancia y el Fiscal inicio la Instrucción Fiscal con una duración de 30 días, solicitado y obtenido por parte del Juez Encargado el Dr. Oscar Medardo Guillen la privación de la libertad de la procesada por prisión preventiva.
Efectivamente Edith Bermeo Cisneros había muerto en la vía Olón - San Pablo de la Provincia de Santa Elena producto de un atropellamiento por un vehículo en horas de la noche del 3 de enero del 2015. Pero resulta que a las 23h50 del mismo día 4 de enero del 2015 ante el mismo Juez, el mismo Fiscal Abg. Paúl Centeno Soto formuló cargos contra Geovanny López Tello por presuntamente haber participado en el mismo hecho, formulándole cargos por femicidio delito reprimido y sancionado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, a quien también se lo privó de su libertad por prisión preventiva.
Por si fuera poco en el proceso el día 9 de febrero del 2015 el Fiscal Primero de lo Penal y Tránsito del cantón Santa Elena Dr. Jorge Torres Montoya, vincula a otra persona al proceso, este es el señor Luis Miguel Correa Dávila. Hubo un momento en que por el mismo hecho estuvieron privadas de su libertad tres personas distintas, no en calidad de coautores, sino autor único, presuntamente de haber provocado la muerte de Edith Bermeo Cisneros.
Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar:
1. ¿Existió una correcta aplicación del principio de objetividad del Fiscal en la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos del proceso 24281-2015-0011 sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Elena, que se inició contra Tatiana Isabel Chávez Mendieta por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros?
2. ¿Se pueden iniciar dos instrucciones fiscales por un mismo hecho contra personas distintas como sucedió con Geovanny López y Tatiana Isabel Chávez Mendieta?
simultáneamente por prisión preventiva a Tatiana Isabel Chávez Mendieta y Geovanny López, fundamentalmente lo que se refiere a indicios claros y suficientes de ser autor del hecho ilícito materia del proceso?
¿En el caso de estudio existió legitimidad en la negativa de medidas alternativas a la prisión preventiva por parte del Juez para Tatiana Isabel Chávez Mendieta?
5. ¿El sobreseimiento de Tatiana Isabel Chávez Mendieta es suficiente para que ella pueda pedir una reparación por parte del Estado?
1.2. HECHOS DE INTERÉS.
El caso de estudio, es un proceso penal llevado a cabo por el Fiscal de turno de la Fiscalía Quinta de lo Penal y Tránsito de Santa Elena Abg. Patricio Centeno Soto y posteriormente por el Dr. Jorge Torres Montoya, Fiscal Primero de lo Penal y Tránsito del cantón Santa Elena y el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal de la Provincia de Santa Elena Ab. Leonardo Lastra Laínez con el número de proceso 24281-2015-0011 e Instrucción Fiscal Nro. 011-2015. A continuación expondremos los hechos de interés de manera narrativa y cronológica:
1) El día 03 de Enero del 2015, aproximadamente a las 23H55 se produjo la muerte de Edith Bermeo Cisneros provocada materialmente por los traumas recibidos al ser envestida por un vehículo en el sector de San Pablo de la Provincia de Santa Elena.
hechos detienen
momentáneamente y con fines de investigación a Geovanny López Tello y Walter Aníbal Nivelo Chamba, testigos del hecho pero el primero además es conviviente de la víctima.
A las 17h00 del día 4 de enero del 2015, se detiene a la ciudadana Tatiana Isabel Chávez Mendieta, por parte de la Teniente de Policía Diana Estrada Chávez, Jefe de la DINASED de la Zona 5 y CBOP José Flores Morales, Investigador de la DINASED, mientras conducía su vehículo de placas GNH- 0710 a la altura de Puerto Hondo, ubicado en la vía la Costa, cerca de la ciudad de Guayaquil, en el automotor se movilizaban tres personas, incluida Tatiana Isabel Chávez Mendieta, quien fue retenida con fines investigativos. Luego de tomar su versión, la Fiscalía solicitó su detención para la Audiencia de Formulación de Cargos.
A las 23h05 del día 4 de enero del 2015, en Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, el Fiscal Abg. Patricio Centeno Soto formula cargos contra Tatiana Isabel Chávez Mendieta por el delito de muerte culposa en accidente de tránsito y se ordena la prisión preventiva de la misma.
5) A las 23h50 del mismo día 4 de enero del 2015, en Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, el Fiscal Abg. Patricio Centeno Soto formula cargos contra Geovanny López Tello, por el delito de femicidio cometido contra Edith Bermeo Cisneros y se ordena en su contra prisión preventiva.
6) El 06 de Enero del 2015, el defensor privado de Tatiana Isabel Chávez Mendieta Abg. Edgar Joselito Saltos Arguello, presenta un escrito de Recurso de Apelación de la Prisión Preventiva, audiencia que se va a llevar a efecto el día sábado 10 de enero del 2015, a las 09h00, en la Sala de Audiencias de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena.
7) El 07 de Enero del 2015, Tatiana Isabel Chávez Mendieta presenta un escrito de Solicitud de Audiencia de Sustitución de Medida Cautelar y el 12 de Enero del 2015 presenta otro escrito donde solicita Audiencia de Revocatoria de la Prisión Preventiva, donde el Juez señala para el mismo día 19 de enero del 2015 a las 10h30 se llevara a efecto la Audiencia Oral y Pública de Revocatoria de Prisión Preventiva y la Audiencia Oral y Pública de Sustitución de la Prisión Preventiva.
El día 19 de enero del 2015 a las 10h00, ante el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal de la Provincia de Santa Elena Ab. Leonardo Lastra Laínez, se desarrolla la Audiencia Oral Pública y Contradictoria de Sustitución de la Prisión Preventiva de la procesada Tatiana Isabel Chávez Mendieta, la misma que concluye con la negativa de sustitución por parte del Juez.
El día 09 de Febrero del 2015 a las 09h30, se lleva a cabo la Audiencia Oral Pública y Contradictoria de Vinculación a la Instrucción ante el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal de la Provincia de Santa Elena Ab. Leonardo Lastra Laínez, vinculando al señor Luis Miguel Correa Dávila y formulando cargos en su contra por el delito de muerte culposa en accidente de tránsito cometida en contra de Edith Bermeo Cisneros, por el que ya se estaba procesando a Geovanny López y Tatiana Chávez, pero se presentan indicios de que éste último vinculado era el que efectivamente conducía el vehículo que impactó a la víctima. En esta Audiencia de Vinculación se decretó que el procesado Luis Miguel Correa Dávila, se presente ante el Juez cada 15 días, sin cambiar la situación jurídica de Tatiana Isabel Chávez Mendieta.
10) El día 13 de febrero del 2015 a las 10h00, ante el el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de lo Penal de la Provincia de Santa Elena Ab. Leonardo Lastra Laínez se desarrolla una nueva Audiencia de Sustitución de la Medida Cautelar de la Prisión Preventiva en contra de Tatiana Isabel Chávez Mendieta, la misma que concluye dejando sin efecto la medida cautelar de Prisión Preventiva, por lo que se ha dispuesto medidas sustitutivas establecidas en los numerales 1 y 2 del art. 522 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, de presentarse cada día viernes ante la sala.
11) El día 2 de abril del 2015 en Audiencia Oral Pública y Contradictoria de Evaluación y Preparatoria de Juicio, a las 09H00 se dicta el sobreseimiento de Tatiana Isabel Chávez Mendieta por no existir elementos que determinen su participación en el hecho materia del proceso y se deja sin efecto las medidas cautelares y reales de carácter personal dictadas en la audiencia de calificación de flagrancia dictadas en contra de la sobreseída. Además en esta audiencia se llama a Juicio a Luis Miguel Correa Dávila.
Determinar si existió una correcta aplicación del principio de objetividad en la actuación del Fiscal en la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos del proceso 24281-2015-0011 sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Elena, que se inició contra Tatiana Isabel Chávez Mendieta por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros?
Identificar si se pueden iniciar dos Instrucciones Fiscales por un mismo hecho contra personas distintas como sucedió con Geovanny López y Tatiana Chávez.
Abstraer si se cumplieron los presupuestos necesarios para privar de la libertad simultáneamente por prisión preventiva a Tatiana Isabel Chávez Mendieta y Geovanny López, fundamentalmente lo que se refiere a los indicios claros y suficientes de ser autor del hecho ilícito materia del proceso.
Precisar si en el caso de estudio existió legitimidad en la negativa de Medidas Alternativas a la Prisión Preventiva por parte del Juez para Tatiana Isabel Chávez Mendieta.
Determinar si el sobreseimiento de Tatiana Isabel Chávez Mendieta, es suficiente para que ella pueda pedir una reparación por parte del Estado.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO.
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.
A propósito de la presente investigación, es necesario recordar que a través de la historia, desde la creación de la República en 1830 existió la necesidad de un ente fiscalizador en el poder judicial; en la Presidencia de Juan José Flores se instaló la Alta Corte y se dictó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, en el libro del Congreso de ese mismo año, los Diputados de aquella Convención Nacional nombraron a varios Ministros, entre los cuales a quien sería el Primer Fiscal del Ecuador y para la Constitución de 1833 se crea la figura del Ministerio Fiscal de la Corte Suprema con sede en Quito.
La Fiscalía General del Estado conocida anteriormente como Ministerio Público, es una institución de Derecho Público en el Ecuador, tiene como misión dirigir con objetividad y ética la investigación del delito y acusar a sus responsables, proteger a las víctimas y garantizar los Derechos Humanos.
El Sistema Acusatorio ha permitido que los señores Fiscales en su actuar dentro del proceso penal actual y de acuerdo al art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador y el art. 444 del Código Orgánico Integral Penal, ser titulares de la acción penal y además garantistas de los derechos de otros sujetos procesales, por su condición de representante de la sociedad; es por esta razón que hoy en día asume el rol de Director de la investigación, con el cual debe diseñar diferentes estrategias de una posible acusación y persecución penal, sin que esto reste importancia a la obligación que tiene el señor Fiscal que al no existir elementos de descargo a favor del procesado debe pronunciarse ante los Jueces de Garantías Penales con ese sentido común, esto es desde que tiene conocimiento de un delito hasta la culminación de su investigación en el proceso, sus actuaciones deben ser objetivas, transparentes y equitativas para no vulnerar los derechos del procesado y demás participantes en el proceso penal.
Así, los señores Fiscales están obligados a desarrollar una actividad orientada a la aplicación correcta de la ley penal, por ello no pueden manipular su tarea. Deben alcanzar la verdad de lo acontecido de acuerdo a la Ley y en base a una investigación seria, en la cual se aborden todas las circunstancias de cargo y de descargo que le servirán para visualizar el caso sometido a su conocimiento.
Se debe tener presente que la objetividad de los señores Fiscales permite a los sujetos procesales litigar en igualdad de condiciones al respetarse las garantías del debido proceso y los derechos de los acusados, ofendidos, víctimas y demás participantes en el proceso penal. Con este aporte académico, que nos hemos permitido realizar, estamos seguros que servirá a estudiantes, profesionales y lectores en general, ya que
dejamos de manifiesto se debe tener muy en cuenta la falta de objetividad de los señores Fiscales en sus investigaciones, como tratamos también que se corrija estas actuaciones a futuro.
En el caso de estudio, hemos de revisar la objetividad del Fiscal en la Audiencia de Flagrancia y Formulación de Cargos, en que se imputó el delito de muerte culposa en accidente de tránsito a Tatiana Isabel Chávez Mendieta, por la muerte ocurrida de Edith Bermeo Cisneros conocida como Sharon, un caso muy conocido en el país, en donde la Fiscalía tuvo una actuación muy cuestionable. Ya que se ha expresado que existieron sobre la procesada claras violaciones a los Derechos Humanos, trato en calidad de culpable, extremo uso del poder coercitivo del Estado a través de la prisión preventiva, etc.
2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.2.1. El Delito Flagrante en el Proceso Penal.
Las definiciones sobre el delito flagrante abarcan elementos como, la conexión de la persona y el hecho en un mismo acto y en un mismo momento, es decir, se aplica sobre todo a los hechos punibles en que el autor es sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer.
Según Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico, define el delito flagrante como:
“Aquel en que el delincuente es sorprendido mientras lo está cometiendo; cuando es perseguido y detenido sin solución de continuidad con respecto a la ejecución, tentativa o frustración; y cuando es aprehendido en circunstancias tales, o con objetos, que constituyen indicios vehementes de la comisión de un delito y de la participación del sospechoso; por ejemplo, quien posee los objetos robados y no da descargo de su posesión o quien aparece con lesiones o manchas de sangre junto a alguien matado o se sabe que estuvo en contacto con él hasta la última hora de la víctima. La evidencia de las pruebas se traduce a veces en simplificaciones procesales, que abrevian el fallo” (Cabanellas de Torres, 2008) .
En mérito a los conceptos de delito flagrante se define también que: “Delito flagrante proviene de la locución latina in fraganti que significa en flagrante. En el momento de realizar el delito o apenas realizado. Es el delito que se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión” (Carnelutti, 1952, pág. 56).
De las definiciones que se ha expuesto, se puede encontrar varios puntos en los cuales
existe consenso, así los autores tratan todos sobre el elemento de la “sorpresa”, al
“descubrimiento” del delito. Estos términos nos llevan a la conclusión de que para que exista flagrancia, es necesario un tercero ajeno al acto delictivo, sea quien presencie o descubra el ilícito. “El delito flagrante es la forma mediante la cual se hace referencia a aquel delito que se está ejecutando actualmente o en ese preciso instante” (Andrade, 2010, pág. 49).
En nuestra legislación la figura del delito flagrante, se encuentra tipificada en el Código Orgánico Integral Penal: en su artículo 526 se establece en un primer momento a los sujetos que están habilitados para realizar la aprehensión en el caso del delito flagrante, y establece serán los agentes de la Policía Judicial, la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y los particulares. Establece también una limitación para dicha aprehensión, y se refiere a que el delito cometido debe ser de acción pública. Siendo así, la norma dice:
“Artículo 526.- Aprehensión.- Cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional.
Las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de tránsito, podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida, para el solo efecto de practicar la respectiva aprehensión de la persona, los bienes u objetos materia del delito flagrante” (Zambrano Pasquel, 2010).
Más adelante, el artículo 527 establece la definición estricta de lo que significa la flagrancia además intenta dar su alcance. En un primer momento el artículo establece que es flagrante el delito que se comete en presencia de una o más personas, además establece que es igualmente flagrante cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, y agrega el elemento de la persecución ininterrumpida desde el momento de su supuesta comisión, hasta la detención. En el inciso final del artículo, establece que la persecución ininterrumpida no podrá durar más de veinticuatro horas desde el cometimiento del ilícito. Agrega además el artículo, el hallazgo de armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al delito recién cometido. Siendo así, la norma establece:
“Art. 527.- Delito flagrante.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto
la infracción recién
No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión” (Código Orgánico Integral Penal, 2014).
De acuerdo al derecho comparado, en el ordenamiento español no se contiene actualmente una definición de flagrancia, si bien el anterior artículo 779 LECrim:
“A los efectos meramente procesales de determinar el ámbito de aplicación de
un procedimiento especial más rápido y menos formalista que el ordinario” –STS 29-3-90–, la describía de la siguiente manera: “Se considerará delito flagrante el que se estuviere cometiendo o se acabara de cometer cuando el delincuente o delincuentes sean sorprendidos. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo el delincuente que fuera cogido en el momento de estar cometiendo el delito, sino el detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará
delincuente “in fraganti” aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido el delito con efectos o instrumentos que infundan la sospecha vehemente de su participación en él” (De Hoyos Sancho, 2001, pág. 138).
En el artículo 53 del CPP francés se estatuye que “es crimen o delito flagrante el que se comete actualmente o se acaba de cometer”. También es flagrante en un momento muy cercano a la acción– “el sospechoso es perseguido por el clamor popular o es hallado en posesión de objetos, vestigios o indicios que hacen pensar que ha participado en un crimen o delito (De Hoyos Sancho, 2001, pág. 142).
En el ordenamiento chileno, el art. 130 CPP permite la detención en flagrancia del que:
“Huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice”, del que “en un tiempo inmediato a la
perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo”, y de aquel al “que las personas asaltadas, heridas o víctimas de un robo o hurto, que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice de un delito que acabare de cometerse” (De Hoyos Sancho, 2001, pág. 143).
Ahora bien de acuerdo a la Legislación Española no existe una definición de delito flagrante, pero de acuerdo al art. 779 en estos casos en la aplicación de la norma se da un procedimiento especial más ágil (De Hoyos Sancho, 2001, pág. 138); el Código de Procedimiento Penal de Francia en su art. 53 lo define al delito flagrante, al que se lo comete en el momento y se lo encuentra al sospechoso con las evidencias del ilícito (De Hoyos Sancho, 2001, pág. 142); y de acuerdo al Ordenamiento Chileno en su art.
130 del Código de Procedimiento Penal, establece las circunstancias de detención en caso de un delito flagrante (De Hoyos Sancho, 2001, pág. 142).
2.2.2. Consideraciones acerca de la Audiencia, la Flagrancia y la Formulación de Cargos.
“La eficiencia del sistema “acusatorio” ecuatoriano ha sido diametralmente opuesta a
los fines que motivaron su implementación. El Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 2000, introdujo un cambio fundamental en relación con el procedimiento de 1983: el sistema acusatorio, sin embargo no fue de fácil aplicación y sufrió múltiples
modificaciones y en total el Código se ha reformado catorce veces” (Criollo Mayorga, 2014, pág. 25).
La última reforma que sufrió nuestra ley penal fue la del Código Orgánico Integral Penal
promulgado el lunes 10 de febrero de 2014 en el Registro Oficial Nro. 180, en el
considerando décimo tercero, ya no refiere a la existencia de un sistema “acusatorio”, sino a la de un sistema “adversarial”:
“Que el derecho penal adjetivo debe garantizar la existencia de un sistema adversarial, que cuente con fiscales que promuevan el ejercicio de la acción penal dentro de los principios y fundamentos del sistema acusatorio, con defensoras y defensores públicos que patrocinen técnicamente a las personas acusadas de cometer una infracción y a las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos ,y con juezas y jueces que dirijan el proceso y sean garantes de los derechos de los participantes procesales” (Criollo Mayorga, 2014).
Criollo Mayorga (2014) sostiene que este sistema exige de los sujetos procesales un nuevo modo de procedimiento, en el cual a diferencia del sistema acusatorio, los procedimientos ya no otorgan al juez la condición de que siendo imparcial sea él quien puede llegar al conocimiento de la verdad; sino que, sería el conflicto entre las partes lo que nos conduciría hacia la verdad, ofreciendo así un sistema garantista para quien sea procesado; así como, Abogados más activos y Fiscales más preocupados de la investigación en razón de formular una adecuada teoría del caso.
El tratadista Alcívar, nos dice que la audiencia de calificación de flagrancia, es una creación que se instituye en el caso de los delitos flagrantes:
“El fiscal dentro de las veinticuatro horas posteriores a la aprehensión debía iniciar la resolución de inicio de instrucción fiscal, si existían méritos procesales para ello, la misma que debía ser notificada al juez penal para que a su vez notifique a los otros sujetos procesales, mientras tanto en la actualidad en una audiencia, el juez de garantías penales de turno a pedido del fiscal dictará las medidas cautelares necesarias luego de escuchar a los sujetos procesales intervinientes en la misma, medidas que se dictan por lo general en forma
indiscriminada por los jueces de turno, a pesar que las mismas tienen el carácter de excepcional, en el caso de las medidas privativas de libertad” (Alcivar, 2014).
Alcívar (2014), explica que los roles que cada sujeto procesal debe tomar están descritos en la norma, como se llevan a cabo la Audiencia, en donde las partes litigantes pueden formular sus pretensiones, aportar pruebas o bien se concilien ante el Juez, estas audiencias necesariamente gozaran de transparencia, garantismo, continuidad, equilibrio y sobre todo oralidad, lo cual se sustenta aún más en lo que se ha denominado el principio de inmediación, que a todas luces es un avance para nuestro sistema penal.
El artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica el procedimiento que se lleva a cabo en los casos de delito flagrante, siendo así la norma establece:
“Artículo 529.- Audiencia de calificación de flagrancia.- En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente” (Código Orgánico Integral Penal, 2014).
La formulación de cargos es la etapa en la que el Fiscal imputa al procesado un resultado por considerarlo responsable del mismo. Esto se realiza cuando cuenta con los elementos suficientes luego de la indagación previa, o cuando la detención por el delito se ha desarrollado de manera flagrante, a continuación el Código Orgánico Integral Penal, nos expone los elementos que debe tener la formulación de cargos (Código Orgánico Integral Penal, 2014):
“Artículo 595.- Formulación de cargos.- La formulación de cargos contendrá:
3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos.
La solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso”.
De acuerdo a García Falconí, la flagrancia constituye apenas un hecho indicador para abrir una investigación, detectar una detención preventiva posible de base para desarrollar un juicio:
“De todos modos el juez tiene que tener en cuenta que una persona puede ser sorprendida en flagrancia e inclusive capturada bajo esa circunstancia, pero luego puede demostrar una circunstancia de justificación del hecho o de inculpabilidad, o que se trata de un inimputable; de tal manera que ni aún en este caso se quiebra la presunción de inocencia, porque para establecer la responsabilidad penal debe hacerse sobre la base de hechos constitutivos, impeditivos y extintivos, esto es debe haber certeza de la existencia de delito y certeza de la responsabilidad del acusado, de tal manera que la tenencia de un objeto, instrumento o que aparezca huella mostrando a una persona como presunto partícipe en la comisión de un hecho punible, solo es base para imputarlo en la instrucción fiscal, pues la flagrancia es una situación meramente objetiva y más aún es un fenómeno por fuera del proceso judicial, pues en estos casos se permite la captura por cualquier persona, pues la ley autoriza que la misma sociedad salga en defensa de sus derechos en una reacción efectivista e inmediata ante la presencia de un elemento dañino, pero dejándolo inmediatamente a órdenes del juez de garantías penales pues al final solo a él le corresponde definir si la captura es legal o ilegal, esto es si se debe dejar en libertad o no” (García Falconí, 2010).
Para tener una noción más clara acerca de la flagrancia Palacios, la define como “un instituto procesal con relevancia constitucional, que justifica privar a una persona de su libertad por personal policial, que corresponde dentro del contexto de una situación particular de urgencia, la misma que debe darse concurriendo la inmediatez tanto temporal como personal”. (Palacios Dextre, 2011, pág. 409)
San Martin Castro, expresa que “la flagrancia delictiva es el eje o condición previa que legitima la detención preliminar policial” (San Martin Castro, pág. 806). Desprendiéndose de la doctrina y la normatividad existente ciertas características que le son propias, pudiéndose mencionar las siguientes:
a) Inmediatez temporal, que consiste en que la persona esté cometiendo el delito, o que se haya cometido momentos antes. El elemento central lo constituye el tiempo en que se comete el delito. Lo inmediato es en el momento mismo, lo que se está haciendo o se acaba de hacer.
b) Inmediatez personal, es decir, que la persona se encuentre en el lugar de los hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo.
c) Necesidad urgente, se da ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del delito, por el cual, resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Esto se da ante la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. La característica propia de la inmediatez exige la intervención policial en el delito.
Ore Guardia, señala que no sólo debemos conocer las características de la flagrancia,
sino reconocer sus tipos, para lo cual señala que: “En la doctrina procesal suele
distinguirse hasta tres clases de flagrancia las mismas que varían según el alejamiento temporal que existe entre la conducta delictuosa y la aprehensión de su autor.
1. Flagrancia estricta: Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, concepto que se encuentra vinculado con las fases consumativa o ejecutiva del hecho punible.
2. Cuasiflagrancia: Se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. Por ejemplo, un sujeto roba un artefacto y es visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien o quienes lo han sorprendido y es detenido.
3. Presunción de flagrancia: En este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumar el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Sólo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho”. (Ore Guardia, 1999, pág. 345 y 346)
De todo lo anotado se desprende que para existen tres clases de flagrancia según la doctrina (Ore Guardia), la flagrancia estricta es cuando el sujeto es sorprendido en el momento en que comete el ilícito; la cuasiflagrancia se da cuando el individuo ya ha conseguido su propósito, es decir el de delinquir, y, por último tenemos la presunción de flagrancia, es cuando solo hay indicios que hagan sospechar que tal individuo es el autor del hecho.
2.2.3. La Imputación Objetiva.
La imputación objetiva reviste en el campo de estudio del derecho penal un rol sustancial en cuanto a la intervención del mismo en esta esfera del derecho, de la razón de su propuesta para ejercer el contenido sancionador de la norma penal y de cuyo espíritu se ha abarcado un amplio marco de discusión entre los diferentes tratadistas, abogados y servidores de justicia, ante todo esto es necesario escudriñar la concepción acerca de este modelo de justicia penal.
Romero, explica que “la imputación objetiva guarda relación con la causalidad, si la teoría del delito se cimienta en la acción (final o cacusal), su estudio lleva inexorablemente a la resolución de las cuestiones planteadas por el nexo entre la acción y la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penal “(Romero Flores, 2001).
Yavar, explica el rol del Fiscal en la imputación que “debe explicar al ciudadano imputado la hipótesis delictiva que se le atribuye mediante la narración completa de los hechos jurídicamente relevantes, y que deben subsumirse, desde el punto de vista
factico en una norma penal, con fundamento en los elementos materiales y evidencia de convicción aportados a la investigación” (Yavar, 2014, pág. 22).
“En la imputación el fiscal debe explicar al ciudadano imputado la hipótesis delictiva que se le atribuye mediante la narración completa de los hechos jurídicamente relevantes, y que deben subsumirse, desde el punto de vista factico en una norma penal, con fundamento en los elementos materiales y evidencia de convicción aportados a la investigación”. (Yavar, 2014, pág. 23).
Yavar (2014), establece que “los hechos que constituyen la teoría fáctica, deben ser claros, precisos, compresibles, y jurídicamente relevantes, de tal manera que puedan ser entendidos por la persona a quien se le hace la imputación. En esta audiencia preliminar de imputación se requiere de manera obligatoria la presencia física del indiciado, que a partir de esta audiencia se denomina imputado”.
La Fiscalía, una vez formulados los cargos, debe solicitar al imputado si los acepta o no totalmente o de manera parcial, como en los casos en que el imputado alegue a su favor la concurrencia de alguna causal de justificación del hecho que se le imputa. Cuando el imputado no está presente es necesario para que proceda la imputación que se le declare previamente por el mismo juez de control de garantías como persona ausente. Cuando la persona a quien se le debe hacer la imputación se rehúsa a acudir a la audiencia de imputación, por rebeldía, o por obstinación, procede la llamada ‘contumacia’, que es la negativa del imputado a comparecer al proceso habiéndosele notificado en debida forma tal obligación. En estos casos, cuando el imputado no justifica su inasistencia el juez de control de garantías procede a nombrarle un defensor de oficio escogido de los defensores públicos (Yavar, 2014, pág. 25).
Una vez formulada la imputación, de acuerdo a lo que estable Yavar “se activa la función de la defensa, y a partir de ese momento corren los términos establecidos en la ley para que la Fiscalía formule la correspondiente acusación o para que si lo estima procedente, solicite la preclusión de la investigación” (Yavar, 2014, pág. 23). La diligencia de imputación es de gran importancia porque durante ella el imputado puede o no aceptar los cargos que se le formulen, aceptación que debe ser voluntaria y espontanea por cuanto de ella dependen algunos beneficios de rebaja de pena cuando se acepta la imputación.
“Durante la audiencia de imputación la Fiscalía puede solicitar tanto la legalización de la captura como también la imposición de medidas de aseguramiento cuando de los hechos jurídicamente relevantes mediante inferencia razonable se pueda concluir que el imputado es autor o participe del delito que se investiga” (Zambrano Pasquel A. ,
En este sentido el autor antes mencionado, nos dice que:
“Es necesario aclarar que en esta audiencia de imputación
descubrimiento de pruebas, ni controversia de las mismas, y solo ello es posible en los casos en que la Fiscalía solicite la imposición de una medida de aseguramiento, como el caso de la detención preventiva. Zambrano Pasquel, establece que no en todos los casos de denuncia, se debe efectuar imputación, y solo ella es procedente cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física la Fiscalía obtiene la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en el delito que se investiga” (Zambrano Pasquel A. ,
Con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, el fiscal en su rol acusador está en la obligación de hacer un Juicio de Tipicidad utilizando la teoría de la Imputación Objetiva, es decir, que la infracción penal “debe tener una conducta típica, antijurídica y culpable”.
A continuación el Código Orgánico Integral Penal, nos expone las conductas penalmente relevantes en su Art. 22:
]”Artículo 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales” (Codigo Orgánico Integral Penal, 2014),
Dentro del juicio de tipicidad debe el fiscal demostrar que los tipos penales describan los elementos de las conductas penalmente relevantes, de acuerdo al artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal:
“Artículo 25.- Tipicidad.- Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes” (Codigo Orgánico Integral Penal,
En relación a los artículos antes mencionados, cabe destacar el artículo 28 ibídem, que establece de la omisión dolosa, que describe al riesgo prohibido de la persona que por su posición de garante haya faltado a su obligación legal o contractual de cuidado o del bien jurídico afectado:
“Artículo 28.- Omisión
dolosa.-
omisión dolosa describe el
comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante.
Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o
incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico” (Codigo Orgánico Integral Penal, 2014).
“La Constitución Ecuatoriana en su artículo 168 nos describe con precisión los principios que deben ser aplicados en la administración de justicia, destacando la oralidad constante en el numeral 6, refiriéndose a que la oralidad debe aplicarse a la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias, además de que estas deben realizarse “mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”, esta situación es totalmente
aplicable al caso de la flagrancia, que debe ser entendida como la circunstancia en que
el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir vehementemente que acaba de participar en un delito lo que nos acerca al momento del primer contacto entre el procesado y el juez de garantías quien calificará la flagrancia y determinará las medidas que de ella se desprendan en el caso de existir esta, siendo la excepcional y más fuerte de ellas” (Asamblea Nacional , 2008).
2.2.4. El Fiscal en el delito flagrante.
“La Fiscalía, en ejercicio de sus facultades debe actuar con total transparencia en la investigación criminal, sin apasionamientos de ningún tipo, haciendo uso de pautas y procedimientos claros y conocidos que eviten actuaciones arbitrarias de sus integrantes, dado que es la encargada de defender el interés público o el interés de la sociedad”. (Yavar, 2014, pág. 22).
El fiscal protagonista principal en los sistemas acusatorios modernos, es el profesional que debe utilizar un estilo de gestión que armonice con la política integral del sistema de justicia, que estructure consistentemente una toma de decisiones acertada, creativa e innovadora, que destierre el anticuado sistema de administración basado en métodos folklóricos, burocráticos o de costumbre, sin niveles óptimos de cientificidad, y que deje de lado la cultura del «aquí y ahora» para dar paso a la cultura de la modernidad consistente en vivir y pensar estratégicamente en el futuro.
“Por eso el fiscal debe ser consciente de que ante un conflicto de intereses no existe una única solución justa sino diversas soluciones todas igualmente válidas. De allí que el fiscal debe tener una definida concepción del Derecho, y eso en un proceso de reforma, es un gran activo fiscal. El fiscal no puede hacer con sus decisiones o con sus interpretaciones de la norma lo que quiera sin
considerar los límites de la justicia, actuar así sería caer en un imperialismo decisional o interpretativo” (Castilla, 2015).
Castilla (2015), afirma que “al fiscal le corresponde examinar con detenimiento la denuncia presentada para su conocimiento así como los documentos acompañados a la misma para determinar si el hecho relatado se adecúa a un tipo penal específico, que constituya un delito de acción penal pública, en cuyo caso está obligado a iniciar la acción penal correspondiente, que puede darse previo a la investigación preprocesal (investigación previa), salvo que exista delito flagrante. Si el fiscal en la investigación previa considera que es necesario que se dicten algunas medidas cautelares en contra del sospechoso de la infracción penal, la solicitará al juez de garantías penales, para ello éste, convocará a los sujetos procesales a una “audiencia” en la que se dispondrá la medida solicitada; esta audiencia se denomina de formulación de cargos”.
De acuerdo a Almache Fabre, cuando existe delito flagrante, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención, el juez de garantías penales dará inicio a la audiencia de calificación de flagrancia en la que resolverá sobre las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, teniendo en cuenta que las mismas deben ser dictadas para garantizar la inmediación del procesado al proceso y su comparecencia al juicio, así como al pago de daños y perjuicios al ofendido; las medidas cautelares de carácter personal, como la detención y la prisión preventiva deben ser dictadas en forma excepcional y restrictiva y se aplicará únicamente en los casos que el procesado pretenda eludir la acción de la justicia, caso contrario no deben dictarse. (Almache Fabre, 2011, pág. 37)
El juez de garantías penales de turno para dictar una orden de prisión preventiva debe estar convencido que el imputado:
“No se ausente del lugar del juicio, que comparezca al proceso y que en su momento, pague los daños y perjuicios al ofendido, para ello debe verificar y constatar si existe el suficiente arraigo a favor del imputado, esto es, si tiene trabajo fijo, un hogar debidamente establecido, vivienda fija (casa propia u arrendada) y bienes suficientes que le impidan alejarse del lugar del juicio o que en lo posterior sirvan para cubrir los daños y perjuicios causados al ofendido, en cuyo caso no ameritará la prisión preventiva así existan los suficientes indicios de la existencia del delito y responsabilidad del imputado, ya que a más de esto, deben existir “indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su comparecencia al juicio” e “indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio” (González Marsal, 2015, pág. 12).
Maurach, establece el plazo que tiene el fiscal para realizar la investigación: “el fiscal debe especificar el plazo que él considera necesario para concluir la instrucción fiscal que no será superior a treinta días, plazo que lo considero insuficiente en vista que las investigaciones procesales deben realizarse con profundidad, prolijidad y meticulosidad para descubrir la verdad de los hechos, además al practicarse experticias, éstas
requieren de mayor tiempo para su realización, sin contar la serie de versiones libres de testigos, imputados y ofendidos que se recabarán en la investigación” (Maurach,
A más de esto, el plazo auto impuesto por los fiscales de turno, contraviene lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal, que determina que “La Etapa de la instrucción fiscal concluirá dentro del plazo máximo de noventa días, improrrogables, a partir de la fecha de notificación al imputado o, de ser el caso, al defensor público o al defensor de oficio designado por el Juez”. (García Falconi, 2014). Este último plazo es razonable para realizar las investigaciones, pero un plazo menor daría lugar a investigaciones superficiales, incompletas y mal hechas, lo que en muchos casos dejaría en indefensión a alguno de los sujetos procesales.
En la investigación preprocesal y procesal penal se practican diligencias en las cuales no existen ritualidades por ser netamente administrativas, por ello, éstas no tienen la calidad de pruebas, sino únicamente de elementos de convicción de cargo o de descargo; se convierten en pruebas cuando son incorporadas formalmente al juicio por el medio previsto en la ley.
“ fiscales no tienen facultades jurisdiccionales, ya que éstas son facultativas de los jueces de garantías penales, es por esto que para la práctica de algunas diligencias o decisiones, se requiere de autorización judicial, solicitada por el fiscal, pero si éste las practica por su propia cuenta, sin autorización judicial, las mismas no tendrán valor legal alguno y por esto no podrán ser presentadas en la epata del juicio ante los jueces de los tribunales de garantías penales” (Hirsch,
Hircsh, concluye que la Fiscalía constituye el motor del sistema penal y por ende debe ser el encargado de evitar la impunidad y de velar por la seguridad jurídica, así mismo los fiscales deben actuar con equidad, imparcialidad y objetividad en base a la realidad de los hechos lo que nos permitirá recobrar la confianza en la administración de justicia, pero lamentablemente existen algunos fiscales que se apartan de sus funciones, lo que da lugar a que emitan pronunciamientos desacertados, completamente alejados de la verdad, lo que hace daño a la justicia y termina desprestigiando a las instituciones encargadas de aplicarla (2012).
2.2.4.1. La Objetividad del Fiscal.
Por objetividad en la investigación entendemos a la función desvinculada del espíritu y ánimo del fiscal para evitar a toda costa que su actuación responda a intereses individuales, personales y, por tanto subjetivos, o incluso meramente retributivos, como el de buscar venganza.
“El fiscal debe realizar una investigación exhaustiva en forma objetiva, extendiendo la misma no sólo a las circunstancias de cargo sino también a las de descargo del imputado”. (Alcivar, 2014).
Por lo que es primordial traer a acotación el criterio de García:
“La objetividad de que habla el Código Orgánico Integral Penal, se la puede analizar en tres escenarios: en el primero, la Fiscalía debe chequear mediante su investigación, hipótesis fácticas de exclusión o atenuación de responsabilidad penal argumentadas por la defensa del imputado, con el objetivo de confirmarlas o descartarlas, pero no resultaría razonable que el fiscal investigara todas y cada una de las hipótesis posibles, si ellas no tienen un sustento en la investigación. De acuerdo a este primer escenario, la Fiscalía no está obligada a investigar todas y cada una de las innumerables argumentaciones esgrimidas por el imputado, que pueden excluir o atenuar su responsabilidad, ya que ello significaría agotar las posibilidades reales de actuación de los fiscales” (García Falconi, 2014).
García habla del segundo escenario “la Fiscalía debería mantener lealtad con la defensa, que quiere decir, que no debe esconder información disponible que pueda favorecer a ésta, ya que es su deber, mostrar en forma oportuna los elementos de convicción de que dispone para que la defensa pueda prepararse adecuadamente y con ello poder desvirtuar las afirmaciones y elementos de convicción presentados por la contraparte” (García Falconi, 2014)
Por último, en el tercer escenario, la Fiscalía debe actuar de buena fe durante todo el desarrollo del procedimiento evitando que las reglas de un juego justo, sean vulneradas. La Fiscalía debe siempre procurar que se mantenga vigente la posibilidad de que la defensa pueda actuar eficazmente a favor de sus intereses; para esto el fiscal, debe tener una personalidad férrea y estar bien formado, en lo humano, intelectual y académico, con sólidos principios éticos y morales, que le permitan realizar una investigación seria y objetiva, dejando a un lado las presiones y tentaciones que pudieren sobrevenir en el decurso de la investigación. (García Falconi, 2014)
García Falconi, concluye que la objetividad significa profesionalismo, lealtad y buena fe, que deben ser aplicados por los representantes de la Fiscalía en los procesos penales que son de su conocimiento; si los fiscales, actuaran con profesionalismo, lealtad y buena fe, se emitirían dictámenes fiscales acordes a la realidad de los hechos, sin vulnerar los derechos de las partes más débiles de la relación procesal y con ello, los señores jueces de garantías penales también se verían obligados a dictar autos resolutivos y fallos más justos, que es lo que tanto espera y anhela la sociedad en general (2014).
En este sentido, es exigible que se extienda la investigación a aquellas situaciones invocadas por la defensa que reúnan elementos mínimos sustentados en la propia
investigación fiscal, que le permitan evaluar si se trata de situaciones plausibles que ameritan ser revisadas. Esta manifestación de la objetividad podría denominarse como “deber de profesionalismo del fiscal en la investigación.
Para que el fiscal actúe con objetividad, no debe tener ningún vínculo ni relación con el resto de sujetos procesales, para que el proceso lo lleve en forma diáfana, transparente e imparcial, de no ser así, el fiscal puede ser recusado por la parte que creyere que su actuación puede perjudicarle de alguna manera. La objetividad entonces se opone a la subjetividad y a la arbitrariedad, por el contrario, exige racionalidad y la búsqueda de la verdad, sea ésta favorable o desfavorable al imputado.
Por su parte, Pedro Angulo Arana aborda el tema de la objetividad, diferenciándola con la imparcialidad y la neutralidad, señalando que (Guillen, 2012, pág. 35):
“La imparcialidad y la objetividad, en tanto requisitos de la actuación fiscal, se aplicarán a relaciones distintas. Ello lo podemos deducir a partir de las propias acepciones de dichos vocablos, pues lo objetivo (y por ende, la objetividad) se refiere a la cualidad que permite apreciar un objeto (cosas) con independencia de la propia manera de pensar o sentir, mientras que la imparcialidad supone la equidistancia que se toma respecto de dos partes (personas) en pugna. De lo dicho desprendemos -continua afirmando el autor que el estudio, investigación, análisis, verificación y compulsa de los hechos, relaciones, peritajes y/o fenómenos vinculados a los casos concretos deben realizarse con objetividad; y la apreciación y valoración de las actuaciones, motivaciones, acción, voluntad, participación de las personas, de lo cual se desprendan responsabilidades de las partes, esto es, agraviado e imputado, deben apreciarse con imparcialidad”.
No debemos olvidar el peligro que respecto de la objetividad nos advierte Alberto Bovino, cuyo pensamiento parte de la idea que la objetividad es una ficción. Precisa el autor que:
“La noción de persecución desinteresada, imparcial u objetiva, diluye el carácter contencioso del caso y, al mismo tiempo, relativiza el valor de los intereses, derechos y garantías del imputado. Aceptado el carácter objetivo de la tarea persecutoria, la actividad procesal orientada a la reconstrucción de la verdad acerca del hecho imputado puede ser ejecutada unilateralmente, a través de la perspectiva neutral del órgano estatal encargado de la persecución, que sólo conoce una sola manera de evaluar las circunstancias del caso.
En este contexto, se impone un método autoritario de reconstrucción de la verdad que depende exclusiva y directamente de la percepción de los órganos estatales. Desde este particular enfoque, la actividad procesal defensiva del imputado no representa la expresión de un interés igualmente válido, sino, en todo caso, una actitud que inevitablemente obstaculiza el proceso de reconstrucción de la verdad” (Almache Fabre, 2011, pág. 37).
Precisa el autor citado que:
“La objetividad atribuida al interés persecutorio también afecta el significado central del derecho de defensa. El derecho de defensa requiere que exista la posibilidad de oponerse a la actividad procesal persecutoria, de contradecir al acusador, pero no se dirige a convencer al acusador, sino a convencer al tribunal imparcial que decidirá el caso. Si se transforma el derecho de defensa en la mera posibilidad de convencer a quien debe resolver el caso y, además, ejercer facultades a favor del interés persecutorio, expresivas de un compromiso anticipado con la hipótesis acusatoria, se degrada el contenido de este derecho fundamental y, además, se restringe sus posibilidades efectivas de realización”.
El autor (Almache Fabre) menciona, que cuando el fiscal investiga un hecho imputado, su campo de acción gira en torno a dos aspectos, íntimamente vinculados e inseparables: uno objetivo o material, referido a los hechos materia de la investigación, respecto de cuyo estudio, análisis y verificación debe realizarse con objetividad; y otro subjetivo o personal, referido a las personas del imputado y el agraviado, en relación a las cuales el fiscal debe ser imparcial.
2.2.4.2. El Fiscal como director de la Investigación.
La dirección de la investigación a cargo del fiscal significa que una vez que conoce de la existencia de un delito debe definir una estrategia de investigación y persecución penal, para ello debe conocer cuál es el delito, cuáles son los elementos del mismo que requieren ser probados ante un eventual juicio oral, y consecuentemente, qué diligencias son pertinentes y necesarias para descubrir la verdad de los hechos.
La estrategia diseñada por el fiscal y la puesta en práctica de la misma, la puede realizar personalmente o la puede delegar a la Policía Judicial que es el órgano auxiliar de la Fiscalía para la práctica de algunas diligencias específicas, como el reconocimiento del lugar de los hechos, de los resultados, huellas, señales, armas objetos e instrumentos del delito cometido, y la recepción de versiones libres de la víctima, del ofendido o de testigos, para ello debe dar las instrucciones precisas y proporcionar las directrices necesarias a la Policía Judicial para que sus miembros puedan cumplir con la delegación, pero no puede solicitarle a la Policía una investigación general del caso ya que esto no está permitido por la ley, dado que la tarea investigativa es propia del representante de la Fiscalía, el que debe establecer si un hecho es o no delito y si lo es, tiene que establecer cómo sucedieron los mismos y determinar el grado de participación de los presuntos responsables de la infracción penal”. (Gutiérrez Ramírez, 2014).
En la delegación que realiza el fiscal como director de la investigación, debe precisar
“el tiempo que tiene la Policía Judicial para cumplir la misma y no se pueden exceder del plazo concedido, ya que cualquier diligencia practicada fuera del mismo no tendrá validez alguna; frecuentemente los miembros de la Policía Judicial se exceden los
plazos concedidos por el fiscal, argumentando que las partes interesadas “no les prestan las facilidades del caso”, “que no tienen movilización”, “o que tienen mucho trabajo”, pero a la parte interesada le corresponde exigir que se cumplan las diligencias
investigativas en los plazos señalados, caso contrario, se las deberán volver a practicar, por no tener valor legal alguno, por haberse excedido los plazos”. (Sánchez,
A los fiscales les corresponde mantener buenas relaciones con los miembros de la Policía Judicial, ya que ésta, constituye el cuerpo de apoyo de la Fiscalía y por ende deben trabajar en conjunto y coordinadamente.
De acuerdo a Carmen González Marsal, acerca del delito flagrante, hace referencia que “una inadecuada relación entre ambas instituciones afecta directamente el resultado de las investigaciones lo que da lugar a que no se cumpla el objetivo central del sistema procesal penal acusatorio, que es el descubrimiento de la verdad de los hechos, es por esto que el fiscal debe ser el promotor, supervisor y orientador de la actividad policial ya que la Policía Judicial en el sistema que nos rige necesita que el fiscal controle su trabajo para alcanzar óptimos resultados en beneficio de la sociedad”. (González Marsal, 2015).
Roxin, establece la relación que debe existir entre el fiscal y el agente investigador y manifiesto:
“El fiscal no debe nunca descartar la experiencia del agente investigador, ya que existen elementos policiales que tienen conocimientos acumulados por años que servirán para resolver determinados casos, pero para esto se requiere de un trabajo coordinado que surja como producto del diálogo permanente entre los dos, en el que no debe existir imposiciones de parte del fiscal, sino disposiciones claras y precisas que permitan a su colaborador policial obtener mejores resultados en la investigación, en este sentido, no es adecuado que el fiscal tome como fundamento para hacer una imputación, una investigación policial que no ha supervisado, ya que al hacerlo, puede arrojar datos inexactos y a veces contradictorios en perjuicio de una de las partes litigantes” (Roxin, 2012).
Roxin, establece que entre la Fiscalía y la Policía Judicial debe existir una perfecta coordinación en la que se tiene que delinear las tareas de la Policía, para que los resultados de la investigación sean producto de una experiencia compartida. Para realizar una buena investigación, a los fiscales les corresponde seguir un procedimiento lógico, legal y pertinente: es lógico, el realizado por el fiscal con conocimiento de causa en el que se pregunta cómo obtuvo cada elemento o evidencia durante la investigación.
Es legal, el que se refiere a las actuaciones del fiscal y de la Policía Judicial, las mismas que deben enmarcarse en las garantías básicas del debido proceso previstas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, para que los derechos del sospechoso o imputado no sean vulnerados a pretexto de investigarlos; si se respetan los derechos de las personas las actuaciones del fiscal como de la Policía Judicial serán incuestionables y todo lo actuado tendrá toda la validez que el caso requiere. El procedimiento es pertinente, porque los elementos de convicción
recabados servirán para demostrar las diversas premisas del hecho, para ello se requiere que la prueba sea la más precisa y necesaria para demostrar un hecho determinado y no la más abundante, ya que aquella más bien confunde al Juez (Asamblea Nacional , 2008).
2.2.4.3. Estrategias de Investigación del Fiscal.
Cabrejo, manifiesta que “los fiscales están obligados a desarrollar una actividad orientada a la aplicación correcta de la ley penal, es por esto que no pueden manipular su tarea de persecución o subordinarla a objetivos cuya realización suponga extender o reducir el ámbito de punibilidad previsto por la ley, para ello, deben procurar alcanzar la verdad de lo ocurrido de acuerdo a criterios de objetividad y profesionalismo en base a una investigación seria y responsable en la cual se aborden todas las circunstancias de cargo y de descargo que le servirán para visualizar objetivamente el caso sometido a su conocimiento; de no actuar así, arrojaría resultados inesperados y ajenos a la realidad de los hechos” (Cabrejo, 2013, pág. 19).
Loor, hace referencia como debe realizar la investigación el fiscal “al inicio de la investigación, el fiscal cuenta con pocos elementos que en muchos casos contiene información dispersa y de baja calidad, es por esto que debe elaborar un plan estratégico que tendrá que pasar por varias etapas, en procura de conseguir elementos de convicción que le permitirán llegar a un resultado final exitoso”. (Loor, 2014, pág.
Cordero, en su libro dice “desde que el fiscal conoce de la perpetración de un delito de acción penal pública debe formularse una hipótesis que le servirá para sustentar su investigación, la que la defenderá hasta el término del juicio. Esto quiere decir que el fiscal debe construir hipótesis en cada caso investigado que servirá para saber qué tipo de acciones se pueden ejecutar para esclarecer el hecho, hipótesis que pueden ser preliminares o definitivas” (Cordero, 2000).
La primero que debe hacer un fiscal dentro de un investigación tener en claro las hipótesis, tal como manifiesta Zambrano Pasquel que “Lls hipótesis preliminares nacen al inicio de la investigación, a partir del momento que el fiscal revisa las denuncias, los partes policiales informativos, partes de aprehensión o cualquier noticia criminis que ha sido puesta en su conocimiento, en cuyos casos, formula sus impresiones iniciales que le dan la idea general de lo que pudo haber ocurrido, para esto, debe realizar las siguientes preguntas:
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quiénes?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, que sirven para realizar determinados actos de investigación. Para entender esto, nos permitimos citar un caso práctico, en el cual el fiscal por una llamada telefónica de la Policía Judicial, acude a la escena del delito, en donde encuentra una habitación desordenada y en su interior observa una botella de licor a medio consumir, colillas de cigarrillos, varias manchas de sangre en el piso y el cadáver de una persona de sexo masculino en posición decúbito ventral quien presenta heridas de arma blanca en el cuello y tórax.
Un policía que se encuentra en el sitio le informó que un vecino de la víctima le manifestó que a eso de las 19h00 del día de los hechos, escuchó música, gritos desgarradores e insultos provenientes de varias personas con acento costeño, por lo que salió a ver lo que sucedía y pudo observar que tres personas de la Costa, salieron en precipitada carrera de la vivienda del occiso, quienes abordaron una motocicleta marca Yamaha, color azul y huyeron a toda velocidad, lo que fue ratificado por otros dos vecinos del occiso. Con esta información inicial, el fiscal debe realizar algunas actividades investigativas como el disponer a la Policía Judicial que cerque el lugar, fije la escena del delito y obtenga las versiones de las personas que presenciaron los hechos o escucharon algo que ayude a esclarecer los mismos; para conocer la hora en que se produjo el delito, ordenará que se recojan los vestigios, objetos o instrumentos de la infracción, los que serán custodiados por la Policía Judicial, manteniendo la cadena de custodia, además el fiscal ordenará que se practique la autopsia al cadáver para determinar la causa probable de la muerte, el tiempo de la misma y el instrumento que lo provocó”. (Zambrano Pasquel J. , 2014).
Continuando con el caso práctico citado, Zambrano manifiesta que “con esta información y con las diligencias practicadas, el fiscal se formulará la siguiente hipótesis preliminar: Que el día tal, a eso de las 19h00 aproximadamente, tres personas provenientes de la Costa, luego de discutir con la víctima en la habitación de ésta, con quien habían ingerido licor momentos antes, le dieron muerte con una arma blanca, luego de lo cual huyeron del sitio en una motocicleta Yamaha, color azul. Esta hipótesis preliminar es muy general pero nos servirá para encaminar la investigación y poder solicitar varias diligencias tendientes a esclarecer los hechos; una vez descubierta la verdad, la hipótesis se convierte en definitiva. (Arosena, 2015).
Los fiscales no pueden ocultar hechos relevantes que hubieren descubierto, ni aún pruebas que pudieren arrojar resultados diversos de los que sostienen en su acusación. Asimismo, los fiscales están obligados a realizar una investigación objetiva y completa, esto es, indagar no sólo aquello que constituye la hipótesis que consideran plausible o verídica, sino también a descartar otras hipótesis posibles, en especial, aquellas invocadas por el imputado o acusado a través de su defensa, cuando tienen cierto fundamento, con esto existiría un equilibrio entre los litigantes, o al menos se evitaría un completo desequilibrio que perjudicaría directamente a una de las partes. De lo anotado se desprende que los fiscales tienen la obligación de investigar aquello que permita acreditar el delito y la participación del imputado en el mismo, como los hechos que sirvan para probar su inocencia, que en la realidad pueden servir para extinguir, eximir o atenuar la responsabilidad penal del investigado.
Podemos concluir diciendo que en nuestro país existen violaciones a garantías constitucionales y procesales, como ocurrió en el caso antes analizado se pudo ver una clara violación a los derechos que sufrió la procesada Tatiana Isabel Chávez Mendieta, al tenerla incomunicada con su Abogado y familiares, así la negación de la sustiticuobn de medidas cautelares por parte del juez en reiteradas audiencias pese haber justificado arraigo social, es decir, se violente el derecho al debido proceso. En el Ecuador las violaciones a las garantías constitucionales se dan en actos de tortura en sede policial y penitenciaria, el secuestro y no devolución de bienes, la detención sin orden escrita previa sin ser un caso de excepción como el de flagrancia, la falta de
atención a los recursos judiciales como el de amparo de libertad – que debe constituir un mecanismo idóneo para reparar el abuso con la prisión preventiva- la omisión de los tribunales de alzada en el rango de Cortes Provinciales y Corte Nacional, de despachar en forma pronta y oportuna los recursos y reclamos, la duración excesiva de la prisión preventiva y del proceso penal ecuatoriano; y en general la falta de respeto a garantías del debido proceso viene siendo conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es el organismo operativo de investigación con sede en Washington, y posteriormente resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en San José de Costa Rica, que ha ordenado reparaciones o indemnizaciones por concepto de daños materiales, de daños inmateriales o daño moral, a la propia víctima, a su cónyuge o compañera, etc.
Toda persona tiene derecho al debido proceso, es decir, es el derecho que tiene toda persona a la recta administración de la justicia, los servidores públicos deben ejercer esa administración con estricto apego a los términos (normas) previamente establecidos por la ley y la Constitución. De esta manera, este derecho se constituye como una protección que tiene el ciudadano contra los abusos y desviaciones que en las actuaciones procesales y sus decisiones pueden cometer los funcionarios judiciales, en perjuicio de los intereses y derechos legítimos del ciudadano.
2.2.5. La Prisión Preventiva.
La prisión preventiva en el proceso de reforma del sistema de justicia penal se encuentra el reto de establecer un proceso penal que, por un lado, permita de forma eficiente el combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, garantice el pleno respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos del delito y de los procesados y de los imputados. Estas dos finalidades, que impulsan el diseño del proceso en sentidos diferentes, deben ser equilibradas en un Estado constitucional.
Gonzalo Del Río Labarthe, nos explica acerca de cómo la prisión preventiva como afecta a la libertad personal, y dice:
La prisión preventiva, además de ser una medida cautelar, constituye una limitación del derecho fundamental a la libertad personal Las resoluciones que la impongan deben, por tanto, respetar los requisitos esenciales de legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad, jurisdiccionalidad y motivación de las resoluciones que la impongan.
La necesidad de la prisión preventiva requiere evaluar que se está ante un instrumento que «convive» con otras medidas cautelares destinadas, también, a proteger el desarrollo y resultado del proceso penal (comparecencia simple y restringida, detención domiciliaria, impedimento de salida, suspensión preventiva de derechos). Por lo que siendo la prisión preventiva la medida limitativa más grave del ordenamiento procesal, el principio de proporcionalidad exige una aplicación excepcional y subsidiaria. Debe ser la última ratio o último recurso
para salvaguardar el resultado y desarrollo del proceso penal (Del Río Labarthe,
Tanto la doctrina como la legislación nacional e internacional han dado un amplio tratamiento al tema de la prisión preventiva:
Viteri, citado por García, sostiene que la prisión preventiva: “es un acto procesal de carácter cautelar, provisional y preventivo, que emana del titular del órgano jurisdiccional penal y que surge en razón de un proceso; y frente al proceso, cuando se cumplen los presupuestos de carácter subjetivo y objetivo” (García R. , 2011, pág. 56)
Binder, al respecto, “nos dice que no sería admisible constitucionalmente la prisión
preventiva si no se dan otros requisitos (además de la existencia del hecho y de la participación del imputado en él): los llamados requisitos procesales. Agrega, que estos
requisitos se fundan en el hecho de ese encarcelamiento preventivo sea directa y claramente necesario para asegurar la realización del juicio o para asegurar la imposición de la pena” (Brinder, 1993).
2.2.5.1. Proceso Penal y la Prisión Preventiva.
En el control de la delincuencia, el Estado utiliza una serie medidas de naturaleza represiva y preventiva. Situado entre la norma penal y la contraprestación por la omisión o quebrantamiento del mandato prohibitivo en ella contenido, el proceso penal ocupa en este contexto una posición fundamental para el funcionamiento de todo el sistema penal, que consiste en el control social punitivo institucionalizado que, como explica Zafaroni “en la práctica abarca desde el momento en que se detecta una sospecha de delito hasta la imposición y ejecución de la pena, presuponiendo una actividad normativa que institucionaliza el procedimiento, regula la actuación de los diversos agentes y delimita las condiciones para esta actuación” (Zafaroni & Pierangeli,
La base de una Política Criminal de fondo democrático se debe tener la percepción de
que es necesario que el control punitivo se realice de forma lo menos violenta posible, como medio absolutamente necesario para posibilitar la convivencia, debiendo basarse
siempre “en argumentos tan fuertes (extrema ratio) que justifiquen tal servicio y, por eso mismo, por esencia sujeto a crítica y revisión constante” (Bustos Ramírez, 1997, pág. 56)
Es importante reconocer que el Derecho Penal es sólo uno de entre los varios mecanismos de prevención de delitos, y que solamente puede ser accionado ante el fracaso de los medios extra penales, esto es, como extrema ratio, es decir, con el mínimo de intervención penal posible y, aun así, respetuosa con los derechos fundamentales. Constituye el Derecho Penal la última ratio y no la solución al problema del delito.
El principio de la intervención mínima expresa un límite Político Criminal del ius puniendi, que se armoniza a la lógica del Estado social. Su accionamiento solamente se justifica en los conflictos sociales en los que su presencia sea absolutamente necesaria para proteger bienes jurídicos fundamentales contra ataques graves, y solamente cuando fracasa las demás estrategias de naturaleza extrapenal, pues, “no se trata de proteger todos los bienes ni de hacerlo utilizando los resortes más poderosos, sino de programar un control razonable de la criminalidad, seleccionando los objetos, medios e instrumentos” (García, 2012, pág. 34)
Por su naturaleza, el proceso penal constituye una actividad que se desarrolla durante un espacio de tiempo y que exige la transposición secuencial de varias fases hasta que culmine con la definitiva respuesta jurisdiccional, “de esta realidad resulta la imperiosa necesidad de que el ordenamiento jurídico disponga de mecanismos capaces de garantizar la utilidad de la decisión final, evitando que los hechos acontecidos durante este período de tiempo puedan comprometer la función instrumental del proceso, con la ansiada prestación jurisdiccional justa. En la técnica procesal, dichas providencias son llamadas medidas cautelares, de entre las cuales seguramente la más importante es la prisión preventiva. Sucede que la prisión que antecede a una decisión condenatoria definitiva constituye una de las más drásticas intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales, pues justamente se encuentra ubicada en el punto más crítico del difícil equilibrio entre los dos intereses, aparentemente contrapuestos, sobre el que gira el proceso penal”, (De la Oliva Santos & otros., 2007). Es decir, en el más alto punto de tensión, entre el deber estatal de combatir la criminalidad y el de velar por la libertad del ciudadano.
En la mayoría de los casos, el sufrimiento más temido por el imputado no es la pena, generalmente leve, sino la execración pública, las consecuencias indelebles en la vida del sujeto que tiene su honra ultrajada y las perspectivas de vida y trabajo frustradas. Más intensa es la función infamante de la intervención penal en las hipótesis de encarcelamiento preventivo, exponiéndose al imputado, aún presumido inocente, al efecto infame de la prisión, no raramente acompañada de la exposición pública del individuo en los medios de comunicación, sanción ésta tal vez más inicua que la propia pena tradicional. Denunciando las miserias del proceso penal, ya sentenciaba Carnelutti que el proceso penal “no tanto hace sufrir a los hombres porque son culpados cuanto para saber si son culpables o inocentes” (Carnelutti F. , 1959)
En definitiva, en el modelo de Estado constitucional de derecho, la legitimidad del sistema penal, del proceso penal y de la prisión provisional debe ser encontrada a partir de la implementación de una Política Criminal de intervención penal respetuosa con los derechos humanos inscritos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “la prisión
preventiva como regla de aplicación general en los procesos penales, es contraria a las normas de la Convención Americana, ya que vulnera el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. En efecto, para la CIDH, la prisión preventiva debe
restringirse a los casos particulares donde así lo aconsejen las condiciones individualizadas, junto con la amenaza fundada contra la sociedad y el orden público (Informe N 2/97 de la CIDH, sobre Argentina, 1997)
2.2.5.2. La Prisión Preventiva como Medida Cautelar Procesal o Penal.
El tratadista Zambrano, señala que “la prisión provisional recibe formalmente el tratamiento de medida cautelar de naturaleza personal. Presentada así le correspondería un lugar secundario en el proceso penal como una suerte de instituto de carácter instrumental, que busca asegurar el normal desarrollo del proceso (que se puede paralizar en caso de fuga), y eventualmente garantizar que en un momento posterior cumpla la pena privativa de libertad que pudiere imponérsele” (Zambrano Pasquel A. , 2014)
Resulta difícil conciliar el respeto al principio de presunción de inocencia que tiene el rango de garantía constitucional, con la privación de la libertad de un ciudadano que es inocente. Siendo cierto que la prisión provisional o preventiva no es una pena, dado que el presupuesto de procedencia de esta es la existencia de un proceso penal en el que se haya dictado legalmente una condena.
La prisión preventiva o provisional, tiene un carácter instrumental y simbólico, pues en países periféricos como Ecuador ha venido funcionando como una suerte de pena anticipada, cumpliendo el rol de ser medida cautelar y con una función especial preventiva, dirigida al propio sujeto que está privado de la libertad.
La prisión preventiva llega a producir una asimilación de la categoría del imputado con la del condenado, tanto más si la medida cautelar termina por cumplir funciones específicas de la pena. Esto se da porque al justiciable se le imputa una calidad de peligrosidad para legitimar la prisión con fines de prevención especial. Otro tanto ocurre cuando se dispone la prisión preventiva con la finalidad de evitar la reiteración de otros actos delictivos de gravedad similar al que motiva la Prisión. Recordemos que desde la política criminal se pretende legitimar la prisión provisional o preventiva para asegurar el cumplimiento de la pena que a futuro podría imponérsele.
En definitiva el procesado debe ser advertido, de que en la audiencia de intimación de cargos o de formulación de cargos el fiscal va a solicitar medidas cautelares personales o reales a efectos de que pueda preparar sus argumentos de defensa. Si no es advertido de que se va a discutir la procedencia de una medida de aseguramiento se lo dejaría en situación de indefensión, en flagrante violación del Art. 76 numeral 7 literales a) y b) de la Constitución de la República del Ecuador que consagra la inviolabilidad del derecho de defensa, que implica contar con el tiempo para prepararla; tal y como lo señala igualmente el Art. 8 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que resultaría igualmente violada si no se previene al imputado de que se va a solicitar la prisión preventiva en la audiencia de formulación
de cargos. Esta violación constitucional invalida la pretensión no advertida de la fiscalía, y torna improcedente un requerimiento no puesto en conocimiento previo del imputado.
2.2.5.3. Presupuestos contenidos en el Código Orgánico Integral Penal.
La medida cautelar de la prisión preventiva es la excepción, conforme lo señala el numeral 1 del Art. 77 de la Constitución, que textualmente señala:
“La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar
la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el
cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos,
plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
También en las medidas cautelares existe, análogamente, un cierto riesgo, inherente precisamente al estado de falta de certeza del derecho, que justifica la resolución de urgencia; y si posteriormente aparece que el derecho principal no existe, y que, como consecuencia, la aplicación de la medida cautelar ha sido inútil y acaso ha perjudicado injustamente al pretendido deudor, éste tendrá derecho al resarcimiento de los daños no ya porque la resolución provisoria haya sido emanada ilegítimamente a favor de quien estaba desprovisto de acción cautelar, sino porque toda acción cautelar, que tiene entre sus condiciones la apariencia y no la existencia del derecho, lleva consigo un cierto margen de error, que constituye por decirlo así el precio de la rapidez y que debe naturalmente recaer sobre quien se favorezca con esta rapidez.
a) Presupuestos de fondo: Al efecto, el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal Registro oficial Numero 180 establece que:
cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:
convicción suficientes sobre la existencia de un
ejercicio público de la acción.
En consecuencia son varios los requisitos constitucionales y legales, que el juez debe tener en cuenta para dictar la prisión preventiva, es decir la obligación de su adopción mediante un auto interlocutorio que deberá contener los hechos que se investigan, la calificación jurídica y los elementos de convicción que sustentan la adopción de la medida, así como los requisitos sustanciales consistentes en los indicios graves de responsabilidad con base en elementos de convicción legalmente producidos durante el proceso.
b) Presupuesto o elemento subjetivo: Este presupuesto lo podemos ubicar en el ámbito personal e interior del juez de garantías penales, que procesalmente se lo exterioriza en la decisión que éste asuma con respecto al requerimiento de prisión preventiva que haya efectuado el fiscal titular de la acción penal; decisión que, de conformidad con el marco procedimental vigente y sistema acusatorio que rige el mismo, debe tomar el juez de garantías como sujeto procesal ajeno a la investigación, previa una audiencia pública contradictoria en la cual deberá atender los argumentos a favor y en contra de la medida cautelar, es decir escuchar a los sujetos procesales.
En conclusión debemos anotar que este presupuesto es el resultado negativo o positivo que, sustentado en el grado de certidumbre y convicción ha alcanzado en la autoridad el sujeto activo de la acción penal, al momento que le corresponda establecer la existencia de los presupuestos objetivos para la procedencia de la medida cautelar por él requerida:
1) “Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción”
Este presupuesto constituye un requisito objetivo que supuestamente no brinda mayor problema de análisis para el juzgador, en vista de que se trata simplemente de hacer un primer ejercicio de subsunción de los hechos concretos a un tipo de delito de acción penal pública preestablecido legalmente, esto es a cualquier delito que no se halle mencionado en el Art. 415 del Código Orgánico Integral Penal, pues en dicho artículo se registran los delitos de acción penal privada. Así este presupuesto tiene vigencia en tanto en cuanto procesalmente se hayan establecido de manera objetiva indicios de la comisión de un delito, aclarando con esto que no se requiere la comprobación de su existencia, reitero únicamente indicios objetivos sobre su existencia y además que dicho delito sea de acción pública, previamente tipificado en las normas sustantivas penales y que su persecución deba estar a cargo del órgano punitivo del Estado.
Ferrajoli, establece que: “…sólo es posible verificar empíricamente que se ha cometido un delito si antes una convención legal establece con exactitud qué hechos empíricos deben considerarse como delitos” (Ferrajoli, 2004).
Por tanto, el irrespeto a la tipificación legal taxativa propicia la subjetividad del juzgador y en consecuencia su posible control, pudiendo superarse en forma tramposa el presente presupuesto por auspicio de la propia ley, por lo que resulta necesario una clarificación de los tipos penales, a fin de evitar que la tendencia del expansionismo penal y la corriente sustantivista superen este requisito. Por otra parte, debo puntualizar que los indicios a los que se refieren el presupuesto, no corresponden a aquellos que obran del proceso materialmente hablando ni al requerimiento que efectúe el fiscal, estos deben ser el resultado de la investigación levantada para establecer materialmente los hechos, así el resultado de una pericia etcétera. A lo mencionado Zavala, enfatiza en que los indicios no se encuentran ni en la denuncia, ni en la solicitud de prisión preventiva por parte del fiscal, sino que se encuentran sólo en la investigación que se ha realizado sobre el caso (Zavala Vaquerizo, 2005).
2) “Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción”
Este requisito, también denominado “mérito sustantivo” o “supuesto material”,
(Cabezón, 2013)exige la comprobación ineludible de la posible responsabilidad del procesado en el hecho delictivo que se le atribuye. Presupone cierto nivel de desarrollo
de la investigación, de la cual se pueda inferir una probabilidad concreta de que el
procesado haya cometido el hecho. Maier sustenta que: “no existe incompatibilidad
entre el principio de inocencia y la coerción procesal, cuyo principio lo que básicamente
procura es establecer límites, a fin de evitar penas anticipadas” (Maier, 2004)
Bovino, manifiesta que el principio de inocencia “…no afirma que el imputado sea, en
verdad, inocente, es decir que no haya participado en la comisión de un hecho punible.
Su significado consiste, en cambio, en atribuir a toda persona un estado jurídico que exige el trato de inocente…” (Bovino, 1998). Maier, sostiene que: “Todo gira alrededor de la exigencia de que sólo un juicio previo - con la respectiva sentencia condenatoria ejecutoriada- permitirá infligir una pena al procesado” (Maier, 2004)
En tanto en el primer presupuesto se buscaba simplemente subsumir los hechos que modificaron el mundo real, sin importar la persona, a un tipo penal, pues ahora es momento de atribuir una participación ocasional a determinada persona sobre los hechos que se estima enmarcados dentro de un delito de acción penal pública. Por otro lado, cabe resaltar que la búsqueda de esta participación ocasional sólo se enfoca en la autoría o complicidad del presunto infractor, mas no en el encubrimiento, que de presentarse no podría superar este presupuesto para continuar en el camino hacia una orden de prisión preventiva en contra del procesado.
3) “Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para
asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena”
La finalidad de la prisión preventiva, como ya se ha indicado, es el aseguramiento del procesado a juicio, es decir, evitar que evada la acción de justicia, fugue, se oculte, etcétera, y no comparezca a la etapa de juicio, ante los tribunales, entonces, se necesita establecer claramente estos riesgos, para solicitar la prisión preventiva.
Cafferata citado por Bovino, “la característica principal de la coerción procesal es la de
no tener un fin en sí misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines,
los del proceso, las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionadora (no son penas) sino instrumental y cautelar, se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva” (Bovino, 1998). La exigencia implica que sólo se permite recurrir a la detención cautelar para garantizar la realización de los fines que persigue el proceso penal, y no para perseguir una finalidad que puede ser atribuida a la coerción material o sustantiva (la pena).
En consecuencia, puede autorizar la privación de la libertad de un procesado si se pretende garantizar, con ella la realización de los fines del proceso (y nada más que
ellos). “Por ende, resulta completamente ilegítimo detener preventivamente a una
persona con fines retributivos o considerando criterios tales como la peligrosidad del imputado, la repercusión social del hecho o la necesidad de impedir que el imputado
cometa nuevos delitos. Tales criterios no están dirigidos a realizar la finalidad procesal del encarcelamiento preventivo y, por ellos, su consideración resulta ilegítima para decidir acerca de la necesidad de la detención preventiva” (Bovino, 1998).
Esta única finalidad procesal que justifica la detención cautelar no solamente surge como consecuencia necesaria del significado el principio de inocencia, sino también, y especialmente, del contenido literal de algunas cláusulas de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
4) “Se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”.
De acuerdo con la regulación legal actual, las primeras circunstancias a ser valoradas son la naturaleza de hecho y la gravedad de la pena que pudiera imponerse al procesado. Evidentemente, la expectativa de condena incide en el riesgo de fuga, constituyendo un factor fundamental para justificar la prisión preventiva. La referencia a la naturaleza del hecho se relaciona con el desvalor de la acción delictiva y su resultado, independiente de la gravedad de la pena prevista para el delito, de modo que estaría excluida la adopción de la medida para hechos de mínima lesividad, carentes de desvalor. Este criterio permite tomar en cuenta todas aquellas circunstancias objetivas relacionadas con la comisión del delito que se imputa, de las que pudiera inferirse una voluntad de eludir la acción judicial, tales como el comportamiento durante el descubrimiento del hecho o durante la detención, como si se emprendió o no la huída, si se empleó o no resistencia, etcétera,
No debemos olvidar que pese a que las precitadas circunstancias concurran, como es la existencia de lo que en nuestra legislación está prescrito como indicios claros y precisos de que se ha cometido un delito de acción pública, y que el procesado ha participado en él, si el delito imputado no tiene una pena mayor a un año, el juez está vedado a otorgar prisión preventiva en contra del procesado por mucho que existan abundantes antecedes probatorios en contra del procesado, esto en aplicación del principio de proporcionalidad, anteriormente analizado, que rige también en nuestra regulación de prisión preventiva. De igual manera existe la imposibilidad legal si el imputado es procesado en calidad de encubridor. Para ello, es necesario observar la tipificación y la sanción establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. La gravedad de la pena conlleva la idea de que la gravedad del delito puede depender de la escala penal.
2.2.5.4. Motivación para dictar la Prisión Preventiva.
Según la doctrina constitucional española, “la motivación de las resoluciones judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de dar una explicación al silogismo judicial lo suficientemente aclaratoria como para saber que la solución dada al caso, es consecuencia de una interpretación del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad” (Santos Besantes, 2009)
En efecto, los derechos de seguridad jurídica y de la defensa en juicio, imponen al juzgador la obligación de motivar sus resoluciones, no como un mero formalismo procesal, sino como un instrumento que facilita a los justiciables los datos, explicaciones, razonamientos y conclusiones necesarios, para que éstos puedan conocer el porqué de tales resoluciones, posibilitando de esta manera una adecuada defensa. La motivación tiene como finalidad, explicar las razones jurídicas en las que el juez sustenta su resolución, posibilitando el conocimiento de los justiciables acerca del porqué de las mismas; la falta de motivación incide negativamente en la seguridad jurídica y la defensa en el juicio, en tal sentido la falta de invocación de la norma jurídica en la que fundamenta el juez su decisión, impide a los justiciables conocer el soporte legal de su resolución que le permita el ejercicio de los medios de defensa, especialmente el control a posteriori a través de los medios impugnativos.
2.2.5.5. Consecuencias Jurídicas de la Prisión Preventiva.
Como consecuencias jurídicas que produce esta medida cautelar de carácter personal, tenemos las siguientes (Benavides Benalcázar, 2013)
a. Una de las consecuencias jurídicas que ha previsto el Estado es preservar el orden público, por cuanto en casos excepcionales tratándose de delitos que produzcan alarma social, la prisión preventiva de una determinada persona garantiza la amenaza de disturbios de orden público que alteren la tranquilidad de la comunidad.
b. Tomando en cuenta que en un sistema acusatorio oral de juzgamiento, la prueba testimonial debe presentarse en la audiencia del juicio ante el tribunal de garantías penales y que esta prueba tiene mucha relevancia jurídica para comprobar la responsabilidad del presunto responsable del cometimiento de un delito, con la prisión preventiva se está precautelando que ese procesado o acusado ejerza amenazas que pongan en peligro la integridad personal y familiar del testigo o perito, con lo que se está garantizando a la vez la comparecencia del testigo al juicio y la fidelidad de su testimonio.
c. Como efecto jurídico tenemos que el hecho de encontrar a una persona detenida, la investigación que realice el fiscal va a tener mayores y mejores resultados jurídicos, por cuanto va a tener que realizar las diligencias investigativas que sean necesarias para esclarecer los hechos antes de que esta medida cautelar de carácter personal caduque, de conformidad con lo que dispone en el numeral 9 del Art. 77 de la Constitución de la República, y también por cuanto el proceso de investigación no va a ser impedido por la liberación del procesado, ya que de alguna manera puede poner en peligro el desvanecimiento de los elementos de convicción que servirán para que el juez dicte el correspondiente auto de llamamiento a juicio.
d. Otra consecuencia jurídica, en la que tiene interés directo el Estado, el evitar que la persona detenida cometa nuevos delitos, esto tomando en cuenta la gravedad del crimen, el historial personal y la evaluación de la personalidad del procesado, además teniendo presente que es un deber del Estado garantizar y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden público, es decir, la prisión preventiva va a facilitar el enjuiciamiento del infractor y la imposición de la pena respectiva, con lo que se hará efectiva la realización de la administración de justicia.
e. Se considera que la prisión preventiva evita que el procesado o acusado se fugue y evada la acción de la justicia, medida con la cual el Estado garantiza la correcta administración de la justicia y principalmente la de impedir que los infractores queden sin la sanción que contemplan nuestras leyes penales.
2.2.5.6. Revocatoria y Sustitución de la Prisión Preventiva.
Consistentes con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, el Art. 535 del Código Orgánico Integral Penal, establece categóricamente, que la prisión preventiva debe revocarse o suspenderse, en los siguientes casos (Castillo Velasco, 2009)
1) Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron; 2) Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su estado de inocencia; 3) Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar nuevamente la prisión preventiva; y, 4) Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida. En el primer caso, se deberá tomar en cuenta en la respectiva audiencia que los indicios han sido desvanecidos, por elementos de descargo que se hayan introducidos, tomando en cuenta que la fiscalía interviene para pronunciarse respecto de la revocatoria. En el segundo caso, el juez puede
considerar que no son suficientes los elementos en los que el fiscal ha sustentado la presunción de existencia del delito, o la participación del procesado, dictará sobreseimiento conforme al Art. 605 del Código Orgánico Integral Penal. En el tercer caso, la caducidad de la prisión preventiva opera, a los seis meses en los delitos reprimidos con prisión y un año en los delitos reprimidos con reclusión, vencido los plazos previstos en el Art. 541 del Código Orgánico Integral Penal, no se puede decretar nuevamente la orden de prisión preventiva. Y en el cuarto caso, se faculta a la jueza o juez de garantías penales para que sustituya la prisión preventiva con una medida alternativa que se concreta en aplicación del Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal, es decir son salvaguardias mínimas para las personas, a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión preventiva.
Asimismo la prisión preventiva es “revocable por naturaleza (García Falconí J. , 2009), tomando en cuenta que la misma no es firme, de tal manera que el juez de garantías penales que al realizar el juicio de valor encontró reunidos los presupuestos procesales para dictar la prisión preventiva en un primer momento, debe dejarla sin efecto si han desaparecido o si se han desvanecido parcial o totalmente los mismos, revocatoria que además valga la pena recalcar es de absoluta atribución y por obvias razones de la instancia superior en los casos de impugnación vía apelación del auto resolutorio que dispuso la prisión preventiva como medida cautelar personal. Como consecuencia del principio general de la proporcionalidad de la prisión preventiva es la existencia de medidas cautelares personales que representen un punto intermedio entre ésta y la completa libertad del procesado, el juez de garantías penales conforme al Art. 536 del Código Orgánico Integral Penal, podrá sustituir o derogar una medida cautelar personal de prisión preventiva dispuesta con anterioridad o dictarla después de haberla negado anteriormente, siempre que concurran hechos nuevos justificables o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados o desvanezcan los que motivaron la orden de prisión preventiva, en caso de que concurran hechos nuevos; sin embargo se establece algunas salvedades a esta regla, las cuales se refieren a los delitos contra la administración pública, de los que resulte la muerte de una o más personas, de violación y de odio.
La Corte interamericana de derechos humanos, expresó en la Sentencia dictada en el caso Suarez Rosero vs Ecuador del 12 de noviembre de 1997: 42. Los incisos 2 y 3 del artículo de la Convención Americana establece que:
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política del Estado o por leyes dictadas con forme a ellas.
3. Nadie puede ser sancionado/da detención o encarcelamientos arbitrarios.
La Corte ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad personal sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) (Caso Gangaram Pandy, Sentencia de 21 de enero de 1994 Serie No. 16, párr. 47)
Esta Corte estima que el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el Art. 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impediría el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludiera la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto esta expresado en múltiples instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla (Art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de la libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del Derecho universalmente reconocido.
3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA.
a. Descriptiva.-
investigación descriptiva, la misma a más de ayudarnos con cada secuencia que se llevó dentro del proceso, nos dio luz para llegar a una conclusión real y aplicada a la realidad del mismo, en base a esta pudimos recomendar.
b. De campo.- Este tipo de investigación nos permitió recopilar información acerca del objeto de estudio del presente caso a través de la recolección de datos.
3.1.2. Estructura Metodológica.
a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: Al obtener información en la investigación de campo, fue determinante realizar un análisis que parte de las ideas particulares para establecer conclusiones que generalicen las respuestas obtenidas; así mismo cuando los conceptos y definiciones se delimitaron de tal manera que en su contexto general se pueda incluir todas las cuestiones particulares.
b) El método descriptivo: Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del problema y los aspectos relevantes que frente a este se desenvuelven.
c) El método de análisis-síntesis: Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-deductivo, ya que es indispensable el análisis de la información para poder orientar las conclusiones y poder tabular la información obtenida de manera que se pueda sintetizarla y finalmente procesarla.
d) El método histórico: Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la problemática de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que dentro de la información analizada nos detendremos a estudiar la evolución y desarrollo
del fenómeno de estudio, así la interpretación y aplicación de las normas jurídicas empleadas.
e) Método exegético: Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender de la mejor manera el alcance de las normas jurídicas que hemos traído a acotación del caso en cuestionamiento, y que nos sirvió para realizar una mejor investigación.
f) Método sistemático:
Este tipo de método lo utilizamos al agrupar normas jurídicas de un mismo cuerpo legal, el cual nos sirvió para conocer y comprender el sentido y alcance de cada norma jurídica analizada.
La aplicación conjunta de estos métodos sirvió para seleccionar información imprescindible a los requerimientos de los objetivos de nuestra investigación, descomponerla para realizar un estudio minucioso sobre si está obteniendo una idea concreta acerca de la veracidad o falsedad de nuestras hipótesis.
3.1.3. Modalidad de Investigación.
El trabajo de investigación tiene una modalidad pura, puesto que además de ser preponderantemente estadística, tiene como intención establecer una verdad en torno al fenómeno de estudio.
3.1.4. Nivel o Tipo de Investigación.
El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional aplicada a nuestra realidad, en un caso concreto.
3.1.5. Técnicas a utilizar.
En cuanto a la utilización de técnicas, empleamos la técnica de entrevista, encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica.
En el cuadro que exponemos a continuación, se podrá apreciar la funcionalidad y pertinencia de las técnicas de investigación en cada uno de los objetivos propuestos.
Determinar si existió
correcta aplicación del principio
de objetividad en la actuación
Cargos del
proceso 24281-2015-0011 sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal
Mendieta por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo
Identificar si se pueden iniciar dos Instrucciones Fiscales por
mismo hecho contra
sucedió con Geovanny López y
Tatiana Chávez.
Abstraer si se cumplieron
los indicios claros
Determinar si el sobreseimiento de Tatiana Isabel Chávez Mendieta es suficiente para que ella pueda pedir una reparación por parte del Estado.
3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN.
Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:
a) Especialistas en materia Penal.
b) Abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el Foro de Abogados en la Provincia de El Oro a Octubre del año 2015.
El Universo está comprendido por 1824 Abogados en libre ejercicio de la profesión de la Provincia de El Oro registrados en el Foro de Abogados a octubre del año 2015.
Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, se aplicó la siguiente fórmula.
( E ) 2 (N-1) + 1
E = Margen de Error (0,1)
( 0.1 ) (1824-1) + 1
n = -------------------- =
( 0.01 ) (1823) + 1
n = 94 de la que tomaremos el 50%, es decir 47 profesionales.
3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS.
La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de estadística y simplificación, ya que tenemos que lograr que los resultados sean precisos, cumpliendo los objetivos:
1. El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión bibliográfica referente al objeto de estudio.
2. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos del marco teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema problema-objetivos, técnicas, conclusiones.
3. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada objetivo, se iniciará un proceso de recolección de información que permitirá precisamente la demostración de las mismas.
4. La obtención de la información, demandó la necesidad de identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información y se probará su consistencia mediante el pilotaje.
5. Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y descrito en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y establecer conclusiones, tomando como insumo los resultados de la investigación.
Tal y cual lo expusimos en el esquema metodológico de la presente investigación, vamos a realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida en las encuestas realizadas a los profesionales del derecho:
1.- ¿La Objetividad del Fiscal debe estar presente para realizar la imputación en la Audiencia de Calificación de Flagrancia?
GRÁFICO No. 1 OBJETIVIDAD EN FLAGRANCIA
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La totalidad de profesionales encuestados, esto es el 100% del universo afirma que la Objetividad del Fiscal debe estar presente desde la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- La información obtenida con las respuestas de los profesionales son de mucho valor para nosotros, ya que aunque conocemos que el Fiscal es el titular de la acción penal y de que está obligado a actuar con objetividad, en el presente caso, existieron dos audiencias de flagrancia por un mismo resultado contra dos personas distintas, a las que el Fiscal se les imputó un delito distinto, en el caso de Geovanny López, femicidio, y en el caso de Tatiana Chávez, el delito de muerte culposa en tránsito. Por si fuera poco el Fiscal solicito prisión preventiva para los dos. Este es un claro ejemplo de falta de objetividad.
Los profesionales han afirmado que en el caso de delito flagrante el Fiscal debe actuar con objetividad, es decir que su responsabilidad es la misma que cuando el delito empieza con una investigación previa.
2.- ¿Se puede imputar a dos personas, un mismo resultado pero por delitos distintos, iniciando dos instrucciones fiscales?
CUADRO No. 2 DOBLE FORMULACIÓN DE CARGOS
FRECUENCIA DEL PRESUPUESTO
DOBLE FORMULACIÓN DE CARGOS
FUENTE: CUADRO No.
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de abogados encuestados, esto es 32 que representan el 77%; no se puede imputar a dos personas un mismo resultado por delitos distintos, iniciando dos instrucciones fiscales, mientras que opinaron lo contrario 11 personas que representan el 23% del universo de estudio.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- Para efectos del presente caso, podemos apreciar que el Fiscal cometió un gran error procesal al abrir dos procesos distintos a dos personas distintas por un mismo resultado, no se podía iniciar dos instrucciones fiscales por delitos distintos, ya que para hacerlo deben existir indicios claros de que existe una infracción e indicios de que la persona es la responsable, y no se puede afirmar que existen indicios claros de femicidio y a la par indicios claros de una infracción de tránsito, eso sale de toda lógica.
La formulación de cargos en el presente caso se debió más a
una presión social y
política que a una respuesta objetiva del Fiscal en miras a una resolución del hecho aparentemente ilícito.
3.- ¿Se puede negar la solicitud de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a pesar de existir pleno arraigo social?
FUENTE: CUADRO No. 3
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los abogados encuestados, estos es 45 que responden al 97% considera que no se puede negar la solicitud de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a pesar de existir pleno arraigo social; mientras que 2 que responden al 3% de personas que opinaron que es una posibilidad legal.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- De las respuestas obtenidas se corrobora que la prisión preventiva es una medida cautelar y mantenerla a pesar de existir arraigo social pleno y suficiente por parte de quien solicita unas sustitución, constituye utilizarla como una pena anticipada.
4.- ¿Es procesalmente correcto que un Fiscal vincule a una persona dentro de una Instrucción Fiscal pero por una participación independiente a la que se investiga?
CUADRO No. 4 PROCEDENCIA DE LA VINCULACIÓN
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Los profesionales encuestados en su mayoría consideran que no es procesalmente correcto que un Fiscal vincule a una persona dentro de una Instrucción Fiscal pero por una participación independiente a la que se investiga, así lo afirmaron 41 personas que representan el 88%; mientras que el 12 % que responde a 6 personas consideran lo contrario.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- Tal y como se puede apreciar la vinculación solo se puede realizar cuando el Fiscal aprecia que una persona ha tenido participación en algún grado en el delito que se investiga, pero no una actuación totalmente independiente, de manera que excluye a los que ya se han investigado, mucho menos si la investigación se ha realizado por delito flagrante. Este es otro error que se presentó el caso de estudio ya que el Fiscal Vinculó al proceso de Tatiana Chávez a Luis Miguel Correa Dávila, por el mismo delito pero como autor independiente; es decir se investigaba a Tatiana Chávez por haber provocado la muerte con su vehículo a Sharon y se vinculó a Luis Correa por haber provocado la muerte de Sharon también con su vehículo; no pueden haber existido dos conductores que hayan provocado ese resultado, por lo tanto la vinculación también está fuera de toda lógica procesal.
5.- ¿Se puede ordenar prisión preventiva a dos personas por actuaciones independientes en la investigación de un mismo resultado?
DOBLE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
FUENTE: CUADRO No. 5
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados, es decir la totalidad de los encuestados considera que no se puede ordenar prisión preventiva a dos personas por actuaciones independientes en la investigación de un mismo resultado.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- La privación de la libertad siendo excepcional, no se puede ordenar sin que existan elementos e indicios claros y suficientes de la existencia de un delito de acción pública y de responsabilidad por parte de la persona procesada. No es posible que estos indicios existan en dos procesos distintos por un mismo resultado, por lo tanto en el caso de estudio, o no existieron estos indicios en el proceso contra Geovanny López o no existían en el caso de Tatiana Chávez; de todos modos lo más apreciable es que no existieron elementos suficientes en ninguno de los dos casos, nuevamente falta de objetividad del Fiscal. Además de aquello el Juez debió actuar imparcialmente y negar la solicitud de medida privativa de libertad.
6.- ¿La Formulación de Cargos es posible sin existir indicios suficientes de la participación en un ilícito?
FUENTE: Encuestados.
FUENTE: CUADRO No. 6
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del total de profesionales del derecho encuestados 38 que representan el 81 % considera que la Formulación de Cargos no es posible sin existir indicios suficientes de la participación en un ilícito; mientras que 9 personas que tan solo representan el 19% del universo encuestado considera que a pesar de no existir aquellos elementos, la formulación es procedente.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- De lo recogido, podemos constatar que efectivamente la formulación de cargos depende de la existencia de indicios de la participación del procesado en el hecho que se investiga, pero esos indicios deben ser suficientemente buenos para que se le pueda atribuir el resultado al presunto autor.
La instrucción fiscal empieza con la formulación de cargos, es decir que se inicia el proceso penal investigando a una persona a la que la Fiscalía le atribuye el cometimiento de un hecho, pero no puede ser esta atribución una vaga hipótesis, sino una conclusión sólida en indicios los mismos que se encuentran en manos del Fiscal, y que debieron ser obtenidos de manera legal. No es posible entonces que habiendo una persona fallecida en un accidente de tránsito, un Fiscal haya formulado cargos a dos personas en dos procesos distintos por delitos distintos, en el caso de estudio, como puede atribuirle la muerte de Edith Bermeo Cisneros a Geovanny López por un lado, y a la vez atribuírsela a Tatiana Chávez.
7.- ¿La prisión preventiva es posible sin indicios suficientes de la participación de una persona en un ilícito?
GRÁFICO No. 7 PRISIÓN PREVENTIVA SIN INDICIOS
FUENTE: CUADRO No. 7
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados, es decir la totalidad de los encuestados considera que la prisión preventiva NO es posible sin indicios suficientes de la participación de una persona en un ilícito.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- Como puede observase existe concordancia en las respuestas de los profesionales que ya nos han afirmado la importancia de la
objetividad del Fiscal, y que la misma debe estar presente desde la Audiencia de Flagrancia y Formulación de Cargos, ya que en esta etapa el Estado inicia un proceso dirigido contra una persona, en virtud de que el Fiscal lo identifica como potencial
posible responsable, es decir existen indicios de que el investigado fue quien
cometió, y este es un requisito para que a su vez el Juez pueda ordenar prisión
No se puede ordenar prisión preventiva si no existen plenos y valiosos indicios de responsabilidad del procesado, si estos no existen o son vanos, la prisión preventiva se convierte en una extralimitación del coercitivo del Estado.
8.- ¿En la solicitud de medidas cautelares y en la concesión de las mismas por parte de un Fiscal y Juez respectivamente, existe plena independencia?
47 97 %
FUENTE: CUADRO Nro. 8
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del total de profesionales del derecho encuestados 47 que representan el 97 % considera que en la solicitud de medidas cautelares y en la concesión de las mismas por parte de un Fiscal y Juez respectivamente, no existe plena independencia, es decir, que existen otros poderes del Estado que limitan su actuación, más bien la direccionan; mientras que 2 personas que tan solo representan el 3% consideran que si existen dependencia.
ANÁLISIS CUALITATIVO.- La independencia implica la posibilidad de tomar determinaciones sin influencias externas anteriores o posteriores a la misma. En el caso de estudio, existió un resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros, por el mismo se iniciaron dos procesos simultáneamente, uno por femicidio y otro por delito de tránsito, en ambos casos el mismo día el Fiscal solicitó prisión preventiva y el Juez se los concedió.
Una vez conocido el hecho por la difusión de la prensa, hubieron varias hipótesis y entre estas sobresalía la idea de que el mismo cónyuge de la occisa la habría matado, así es que una publicación del Ministro del Interior José Serrano expuso la hipótesis del femicidio casi de inmediato, y así fue como el Fiscal imputo a Geovanny López, es decir con el acecho por lo menos de esa dependencia del Estado.
En el caso de Tatiana Chávez, el desesperado Fiscal acechado también por la prensa y la presión social, creyó que era mejor privar de su libertad a otra persona que actuar con objetividad.
Tan evidente es la falta de independencia con que actuaron el Fiscal y El juez en este caso, que el tribunal que más adelante condenó al procesado Geovanny López por homicidio culposo.
4.1.2. Entrevistas.
A continuación, vamos a realizar un análisis de las entrevistas realizadas a dos profesionales del derecho penal, a quien pudimos contactar por la amistad que guardan con nuestro tutor de la investigación, ellos son el Dr. Marco Calle Castro docente de la Universidad del Azuay y Magister en Derecho Penal; además del Dr. Miguel Pareja Perero, Docente de la Universidad del Azuay Magister en Procedimiento Penal.
I. ¿Existió una correcta aplicación del principio de objetividad del Fiscal en la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos del proceso sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Elena, que se inició contra Tatiana Isabel Chávez Mendieta por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros?
MC.- Por supuesto que no, la objetividad implica un análisis profundo del Fiscal en cada acto que realiza, de manera que pueda apreciarlo en toda su magnitud y no únicamente como acusador como sucedió en el caso en particular.
MP.- Para nada, el Fiscal actúa con objetividad, sí en que sus actuación responden a un análisis real de las circunstancias del caso, sin dejarse llevar por pasiones o presiones. El Fiscal de este caso, solo miró el resultado y no se preocupó de las circunstancias del mismo.
¿Se pueden iniciar dos instrucciones fiscales por un mismo hecho contra personas distintas como sucedió con Geovanny López y Tatiana Chávez?
MC.- Se podrían iniciar dos instrucciones por un mismo hecho si cada procesado tiene una actuación independiente como si tu robas el banco y otro mata al guardia pero no como coautor del robo, sino que su conducta se limitó a otro ilícito. En ese caso e iniciaría un proceso por el robo y otro por la muerte. En el caso de Tatiana Chávez la situación no es la misma, ella no podía ser imputada por la muerte de una persona, si la misma ya se le había atribuido a otra persona.
En este caso el Fiscal bien podía haber iniciado una indagación previa por ese hecho y formular cargos después de reunir indicios más precisos de la existencia de un ilícito.
MP.- No es posible concebir lo que sucedió en este caso, la formulación del cargo debe responder a un convencimiento del Fiscal de la actuación previa de un procesado en el ilícito que se investiga.
III. ¿Se cumplieron los presupuestos necesarios para privar de la libertad simultáneamente por prisión preventiva a Tatiana Chávez y Geovanny López, fundamentalmente lo que se refiere a indicios claros y suficientes de ser autor del hecho ilícito materia del proceso?
MC.- Por supuesto que no, la prisión preventiva es excepcional y se la utilizó como la única medida, como si el sistema no diera para más, solo se puede ordenar cuando el procesado no cuenta con suficiente arraigo social y aún sin este el Juez podría conceder medidas distintas.
MP.- No, de la manera como se dio el caso, no podría para nada afirmarse que se contaba con elementos para privar de su libertad a estas personas, ni siquiera la imputación misma, no puede haber indicios claros y suficientes de que una persona cometió femicidio y a su vez la otra un delito de tránsito contra la misma persona.
MC.- Una vez que se ha justificado el arraigo social suficiente, cualquier negativa es ilegítima, en virtud de que la prisión preventiva no tiene otra finalidad que garantizar la presencia del procesado en el juicio.
MP.- No, no, si no existió legitimidad en la privación de la libertad inicial, mucho menos en la negativa. Esta negativa es una clara expresión del temor del Fiscal y del Juez por la presión social y a interferencia de otros poderes del Estado.
V. ¿El sobreseimiento de Tatiana Chávez es suficiente para que ella pueda pedir una reparación por parte del Estado?
MC.- Por supuesto, en el caso preciso de esta persona existieron claras violaciones a los Derechos Humanos, a la Constitución y al mismo procedimiento penal.
MP.- Claro que sí, el caso de Tatiana Chávez es épico en cuanto a lesiones a derechos se refiere. Existieron violaciones a derechos desde lo más fundamental hasta lo más abstracto.
Como resultados de la entrevista realizada al Dr. Marco Calle Castro y al Dr. Miguel Pareja Perero, tenemos los siguientes:
1. Existió en primer lugar un procesamiento injustificado.
2. Se la privó de su libertad sin indicios de responsabilidad de ningún nivel.
3. Se le negó medidas alternativas a la prisión preventiva habiendo justificado arraigo social.
4. Se la trató como culpable en todo sentido, negándole incluso el acceso libre a su defensor y a su familia.
5. Se violó el procedimiento penal al abrir dos Instrucciones Fiscales por delitos distintos contra personas distintas por un mismo hecho.
6. Se violó la independencia de la función judicial con las expresiones del Ministro del interior en redes sociales.
7. Se violó los Tratados de Derechos Humanos en cuanto a la presunción de Inocencia.
8. Tatiana Chávez puede iniciar un
Audiencia de Flagrancia, el Fiscal de la Instrucción Fiscal, así como del Juez que la privó de su libertad y le negó las medidas alternativas.
9. Además de aquel puede pedir una reparación por la indebida privación de la libertad.
10. Puede iniciar un proceso por daño moral contra los Fiscales que actuaron en el proceso pero básicamente contra el que actuó en la Audiencia de Flagrancia.
11. Puede finalmente pedir una reparación del Estado por la mala e indebida administración de justicia.
Las conclusiones a las que llegamos luego de una revisión del caso de estudio y la aplicación de las herramientas de investigación son las siguientes:
1. Nuestras primeras conclusiones permitirán definir la objetividad del Fiscal, es así que por objetividad en la investigación entendemos a la función desvinculada del espíritu y ánimo del fiscal para evitar a toda costa que su actuación responda a intereses individuales, personales y, por tanto subjetivos, o incluso meramente retributivos, como el de buscar venganza, o mucho menos responder vagamente a la presión social y de otros poderes del Estado como sucedió en el caso Sharon.
2. Podemos afirmar que no existió una correcta aplicación del principio de objetividad en la actuación del Fiscal en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos del proceso 24281-2015-0011 sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Elena, que se inició contra Tatiana Isabel Chávez Mendieta por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros, ya que se la trató como culpable en la misma y durante el desarrollo del proceso, existiendo otro proceso por el mismo hecho, no existieron actuaciones del Fiscal que desde el inicio hubieren permitido un mejor trabajo de su defensa, el Fiscal utilizó todo su poder tal cual un inquisidor.
3. La objetividad se debe analizar en tres escenarios: en el primero, la Fiscalía debe chequear mediante su investigación, hipótesis fácticas de exclusión o atenuación de responsabilidad penal argumentadas por la defensa del imputado. En este sentido, es exigible que se extienda la investigación a aquellas situaciones invocadas por la defensa que reúnan elementos mínimos sustentados en la propia investigación fiscal, que le permitan evaluar si se trata de situaciones plausibles que ameritan ser revisadas. En el segundo escenario, la Fiscalía debe mantener lealtad con la defensa, que quiere decir, que no debe esconder información disponible que pueda favorecer a ésta. En el tercer escenario, la Fiscalía debe actuar de buena fe durante todo el desarrollo del procedimiento evitando que las reglas de un juego justo, sean vulneradas. La Fiscalía debe siempre procurar que se mantenga vigente la posibilidad de que la defensa pueda actuar eficazmente a favor de sus intereses.
4. No se pueden iniciar dos Instrucciones Fiscales por un mismo hecho contra personas distintas como sucedió con Geovanny López y Tatiana Chávez. Se podrían iniciar dos instrucciones por un mismo hecho si cada procesado tiene una actuación independiente como si tu robas el banco y otro mata al guardia pero no como coautor del robo, sino que su conducta se limitó a otro ilícito. En ese caso se iniciaría un proceso por el robo y otro por la muerte. En el caso de
Tatiana Chávez la situación no es la misma, ella no podía ser imputada por la muerte de una persona, si la misma ya se le había atribuido a otra persona. En este caso el Fiscal bien podía haber iniciado una investigación previa por ese hecho y formular cargos después de reunir indicios más precisos de la existencia de un ilícito.
5. No se cumplieron los presupuestos necesarios para privar de la libertad simultáneamente por prisión preventiva a Tatiana Chávez y Geovanny López, fundamentalmente lo que se refiere a los indicios claros y suficientes de ser autor del hecho ilícito materia del proceso. De la manera como se dio el caso, no podría para nada afirmarse que se contaba con elementos para privar de su libertad a estas personas, ni siquiera la imputación misma, no puede haber indicios claros y suficientes de que una persona cometió femicidio y a su vez la otra un delito de tránsito contra la misma persona.
6. Lo que el Fiscal debió hacer en este caso es iniciar una investigación previa y de esta se podía determinar una formulación de cargos por un delito específico contra una persona con indicios claros de su participación. Esto implicaba que no existirían medidas cautelares es decir privación de la libertad de estas personas.
7. No existió legitimidad en la negativa de medidas alternativas a la prisión preventiva por parte del Juez para Tatiana Isabel Chávez Mendieta. Una vez que se ha justificado el arraigo social suficiente, cualquier negativa es ilegítima, en virtud de que la prisión preventiva no tiene otra finalidad que garantizar la presencia del procesado en el Juicio.
8. El sobreseimiento de Tatiana Chávez es suficiente para que ella pueda pedir una reparación por parte del Estado, en el caso preciso de esta persona existieron claras violaciones a los Derechos Humanos, a la Constitución y al mismo procedimiento penal. Existió en primer lugar un procesamiento injustificado, se la privó de su libertad sin indicios de responsabilidad de ningún nivel, se le negó medidas alternativas a la prisión preventiva habiendo justificado arraigo social, se la trató como culpable en todo sentido, negándole incluso el acceso libre a su defensor y a su familia.
9. Tatiana Chávez puede iniciar un proceso en contra del Fiscal de la Audiencia de Flagrancia, el Fiscal de la Instrucción Fiscal, así como del Juez que la privó de su libertad y le negó las medidas alternativas. Además de aquel puede pedir una reparación por la indebida privación de la libertad. Incluso puede iniciar un proceso por daño moral.
1. Se recomienda en el presente caso que la señorita Tatiana Chávez empiece una acción contra el Estado por indemnización por la mala administración de Justicia y la ilegitima privación de la libertad.
2. La señorita Tatiana Chávez debe iniciar una acción por daño moral contra el Fiscal Abg. Patricio Centeno Soto y el Fiscal Dr. Jorge Torres Montoya del cantón Santa Elena por el injustificado procesamiento y las afectaciones a su buen nombre y dignidad.
3. Se debe legislar un poco más profundamente acerca de la pertinencia de la prisión preventiva y de las medidas alternativas, para que no exista el conflicto que permite la apreciación de la misma como una pena anticipada.
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¿Sistema
“Acusatorio”
“Adversarial”?
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Anexo Nro.1 Encuesta.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE DERECHO CARRERA DE JURISPRUDENCIA
GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL INSCRITOS EN EL FORO DE ABOGADOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO A OCTUBRE DEL AÑO 2015.
TEMA: “LA OBJETIVIDAD DEL FISCAL EN LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA Y FORMULACIÓN DE CARGOS DEL PROCESO PENAL”.
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer el criterio de Abogados en Libre Ejercicio Profesional, acerca de la objetividad del Fiscal en la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos.
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono.
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.
4. No deje ninguna pregunta sin responder.
GÉNERO M( )
1.- ¿La Objetividad del Fiscal debe estar presente para realizar la imputación en Audiencia de control de Flagrancia?
4. ¿Es procesalmente correcto que un Fiscal vincule a una persona dentro de una
Instrucción Fiscal pero por una participación independiente a la que se investiga?
5. ¿Se puede ordenar prisión preventiva a dos personas por actuaciones independientes
en la investigación de un mismo resultado?
6.- ¿La Formulación de Cargos es posible participación en un ilícito?
Anexo Nro.2 Entrevista.
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO PENAL.
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer el criterio de los Profesionales del Derecho Penal, acerca del proceso llevado en contra de Tatiana Isabel Chávez Mendieta, por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros.
1.- ¿Existió una correcta aplicación del principio de objetividad del Fiscal en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de Cargos del proceso sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Elena, que se inició contra Tatiana Isabel
Chávez Mendieta por presunto delito de tránsito culposo con resultado de muerte de Edith Bermeo Cisneros?
2.- ¿Se pueden iniciar dos instrucciones fiscales por un mismo hecho contra personas distintas como sucedió con Geovanny López y Tatiana Chávez? ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
3.- ¿Se
simultáneamente por prisión preventiva a Tatiana Chávez y Geovanny López, fundamentalmente lo que se refiere a indicios claros y suficientes de ser autor del hecho ilícito materia del proceso?
4. ¿En el caso de estudio existió legitimidad en la negativa de medidas alternativas a la prisión preventiva por parte del Juez para Tatiana Isabel Chávez Mendieta?
El sobreseimiento de Tatiana Chávez es suficiente para que ella pueda pedir una
reparación por parte del Estado?
Anexo Nro.3 Proceso Nro. 24281-2015-0011
 Ver documento adjunto en pdf.
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