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Timestamp: 2017-12-15 10:09:39
Document Index: 209007248

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 335', 'artículo 226', 'artículo 236']

1/09/15 - 1/10/15 ~ Jurídicas de Interés
El juez penal debe procurar "mantener la unidad del proceso penal y no por el contrario la separación de causas, lo cual es una excepción que tiene sus causales taxativamente establecidas en el COPP"
miércoles, septiembre 30, 2015 Francisco Santana
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, integrada por los jueces LUZ MARÍA GONZÁLEZ CÁRDENAS (ponente), ROBERTO QUINTERO VALENCIA y ALBA REBECA HIDALGO HUGUET, en fecha 2 de diciembre de 2014, emitió los siguientes pronunciamientos: 1) Declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Auxiliar Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Estado Zulia, abogada JHOANA MARÍA PRIETO BOZO. 2) Confirmó parcialmente la decisión dictada el 7 de agosto de 2014, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial, que desestimó el escrito acusatorio presentado el 24 de febrero de 2012, por la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público del Estado Falcón, contra los ciudadanos PEDRO SEGUNDO QUERALES PRIETO, ANA ANDREÍNA CONTRERAS RAMOS, venezolanos, con cédulas de identidad números 15.593.169 y 18.155.980, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de SICARIATO (como autor material, el primero, e intelectual, la segunda) y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 12 y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 3) Decretó el sobreseimiento de la causa seguida a los nombrados ciudadanos por la comisión de los referidos delitos, de conformidad con los artículos “33, numeral 4”, y 300, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, por no existir bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados. 4) Decretó la libertad plena y sin restricciones de los ciudadanos PEDRO SEGUNDO QUERALES PRIETO y ANA ANDREÍNA CONTRERAS RAMOS.
Contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, interpusieron recurso de casación los abogados VÍCTOR HUGO BARRETO TACORONTE y JHOANA MARÍA PRIETO BOZO, en su carácter de Fiscal Cuadragésimo Octavo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Auxiliar Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Estado Zulia.
Transcurrido el lapso legal para la contestación del recurso, sin que se llevara a cabo la realización de tal acto, fueron remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia. El 19 de mayo de 2015, se recibió el expediente y el 20 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Los hechos por los cuales la Fiscal Auxiliar Interina de la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, abogada MARÍA EUGENIA DUGARTE CADENAS, en fecha 24 de abril de 2012, formuló acusación contra los ciudadanos ANA ANDREÍNA CONTRERAS RAMOS, CARLOS LUIS GARCÍA CHARLES, ÁNGEL YUBAL YAGUA, JUAN ARGENIS JIMÉNEZ, EDIMAR RAMÓN BRACHO GUANIPA y PEDRO SEGUNDO QUERALES PRIETO, por los delitos de SICARIATO (como autora intelectual la primera y autores materiales los restantes cinco) y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, son los siguientes:
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (ONU)
martes, septiembre 29, 2015 Francisco Santana
Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en el Municipio Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure (Sala Constitucional)
martes, septiembre 22, 2015 Francisco Santana
El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N.° 2.016 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS RÓMULO GALLEGOS Y PEDRO CAMEJO DEL ESTADO APURE, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El 17 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n.° ANS.228/2015, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, que se aprobó por unanimidad el Decreto n.° 2.016, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano Andrés Velásquez, titular de la cédula de identidad n° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, titular de la cédula de identidad n°. V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n°. 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido
El texto del Decreto remitido, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, es el siguiente:
“Decreto N° 2.016 Mediante el cual se dicta Estado de Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure.
Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en el Municipio Páez del Estado Apure (Sala Constitucional)
El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N.° 2.015 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO APURE, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El 17 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n.° ANS. 229/2015, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional, remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, en el que se aprobó por unanimidad el Decreto n.° 2.015, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 de fecha 15 de septiembre de 2015.
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano Andrés Velásquez, titular de la cédula de identidad n.° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, titular de la cédula de identidad n.° V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido.
“Decreto N° 2.015 mediante el cual se dicta Estado de Excepción en el municipio Páez del estado Apure.
Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en los Municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia (Sala Constitucional)
Constitucionalidad del Estado de Excepción decretado en los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del Estado Zulia (Sala Constitucional)
El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, el DECRETO N° 2.014 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS CATATUMBO, JESÚS MARÍA SEMPRÚN Y COLÓN DEL ESTADO ZULIA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El 17 de septiembre de 2015, se recibió el oficio n.° ANS.230/2015, de esa misma fecha, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional remitió el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de dicha fecha, que aprobó por unanimidad el Decreto n.° 2.014, arriba identificado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
“Decreto N° 2.014 Mediante el cual se declara Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del estado Zulia.
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 17° y 23° de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,
martes, septiembre 15, 2015 Francisco Santana
Sala Constitucional declara inejecutable el fallo de la CIDH favorable a RCTV y otros
lunes, septiembre 14, 2015 Francisco Santana
Expediente n°. 15-0992
El 9 de septiembre de 2015, los ciudadanos REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO y JOSÉ GREGORIO CASTILLA BANQUEZ, venezolanos, abogados, de este domicilio, titulares de la cédulas de identidad n.os V-10.869.426, V-15.573.074 y V-14.350.682 respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 96.868, 142.392 y 144.718 en ese orden, actuando con el carácter de VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA el primero de los nombrados, de conformidad con designación contenida en las Resoluciones n.° 078/2014 y 079/2014, emanadas de la Procuraduría General de la República de fecha 19 de diciembre de 2014, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, y de representantes de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, los demás abogados mencionados; presentaron ante esta Sala escrito contentivo de “ACCIÓN DE CONTROL CONVENCIONALIDAD”, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con jurisprudencia vinculante de esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia plasmada en Sentencia n.° 1077 del 22 de septiembre de 2000 y n.° 1547 del 17 de octubre de 2011; “con respecto al sentido, alcance y aplicabilidad de la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 22 de junio de 2015, en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, con fundamento en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.
Los peticionantes solicitan que esta Sala declare la “INEJECUTABILIDAD de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 22 de junio de 2015, en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela”, mediante “sentencia definitivamente firme sin relación ni informes”; sobre la base de las siguientes consideraciones:
miércoles, septiembre 09, 2015 Francisco Santana
Decreto N° 1.989, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia
(Gaceta Oficial Nº 40.740 del 7 de septiembre de 2015)
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros. CONSIDERANDO