Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=659707
Timestamp: 2019-05-19 21:22:52
Document Index: 66919757

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 358', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 248', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'in fine', 'artículo 30', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 88', 'in fine', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 2', 'artículo 199', 'artículo 5', 'Artículo 8']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°48
PRÓRROGA DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA EN ENSEÑANZA MEDIA
CARRERA FUNCIONARIA PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS DEPENDIENTES DE MINISTERIO DE SALUD. PROYECTO DE ACUERDO
IMPLEMENTACIÓN DE DIRECCIÓN NACIONAL DE ODONTOLOGÍA Y DE SUBSECRETARÍA CORRESPONDIENTE. PROYECTO DE ACUERDO
MEDIDAS PARA EVITAR UTILIZACIÓN, PATENTAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN SIN RESTRICCIÓN DE RECURSOS NATURALES ENDÉMICOS Y DE USO ANCESTRAL. PROYECTO DE ACUERDO
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS MUÑOZ, GOIC Y LILY PÉREZ Y SEÑORES QUINTEROS Y ROSSI CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 20.911 QUE CREA EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO CON EL FIN DE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA. (10.890-04)
Sesión 48ª, en martes 13 de septiembre de 2016
(De 16:21 a 19:15)PRESIDENCIA DE SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (10.744-04) (se rechaza enmienda de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta)..................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (10.739-07) (se aprueba en general)...............................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación para incorporar en el nivel de enseñanza media contenidos de educación financiera básica (10.034-04) (se aprueba en general y en particular)..................................................................................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (10.125-15) (discusión en particular, se envía el proyecto a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para nuevo informe)................................................................
Proyecto de acuerdo de los Senadores señor Chahuán; señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez, y señores Araya, Bianchi, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Moreira, Prokurica, Tuma y Patricio Walker con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, considere el estudio de una adecuada carrera funcionaria para las personas que se desempeñan en servicios dependientes del Ministerio de Salud (S 1.887-12) (se aprueba)..............................................................................
Proyecto de acuerdo de los Senadores señor Quinteros; señoras Allende, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Araya, Bianchi, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Matta, Montes, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ignacio Walker y Zaldívar mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, considere la implementación de una Dirección Nacional de Odontología con su correspondiente Subsecretaría, para elevar el estándar actual que posee a nivel ministerial (S 1.894-12) (se aprueba)..........................................................
Proyecto de acuerdo de los Senadores señor De Urresti; señoras Allende, Muñoz y Lily Pérez, y señores Araya, Bianchi, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi y Tuma por el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para evitar que los recursos naturales endémicos y de uso ancestral sean utilizados, patentados y comercializados sin restricción alguna por particulares, empresas o laboratorios (S 1.902-12) (se aprueba)..............................................................................
Concurrió, además, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo Echenique.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).- Las actas de las sesiones 45ª, ordinaria, en 6 de septiembre de 2016; 46ª, especial y 47ª, ordinaria, en 7 de septiembre de 2016, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual (boletín N° 9.889-24).
Con los cuatro primeros comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:
-El que autoriza erigir un monumento en conmemoración del escritor y artista Pedro Lemebel, en la comuna de Recoleta (boletín N° 10.536-24).
-El que modifica la denominación del Escalafón del Servicio Femenino Militar del Ejército (boletín N° 10.505-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional, y a la de Hacienda, en su caso.
-El que enmienda la ley N° 20.773 para posibilitar la ampliación del plazo de postulación a los beneficios que otorga (boletín N° 10.500-13).
-El que modifica el Código del Trabajo para establecer mecanismos de protección en situaciones de emergencia o de falta de seguridad laboral (boletines Nos 7.547-13 y 9.385-13, refundidos).
Con el último indica que ha aprobado la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que declara feriado el día 20 de septiembre de 2016 para la Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la fiesta de La Pampilla (boletín N° 10.493-06).
-Dos recaídas en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216 y en los incisos segundo del artículo 17 B y primero del artículo 9°, ambos de la ley N° 17.798.
-Inciso primero del artículo 7º transitorio del Código de Minería.
-Inciso segundo del artículo 358 del Código Procesal Penal.
Absuelve solicitud, planteada en nombre de los Senadores señor Navarro, señora Muñoz y señores De Urresti, Guillier, Horvath y Tuma, para aplicar la ley N° 3.290, que aprueba la Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales, celebrada con la República Oriental del Uruguay, a fin de permitir que ciudadanos uruguayos puedan ejercer la profesión de médico cirujano en nuestro país, en el sistema de salud público y privado, conforme a las normas y principios del Derecho Internacional.
Contesta requerimiento de información, enviada en nombre del Senador señor Guillier, acerca de la posibilidad de regularizar los terrenos de las familias de la población Eduardo Frei, manzanas A y B, de la comuna de Calama.
Responde solicitud, remitida en nombre del Senador señor Horvath, para reevaluar la destinación de terrenos y las instalaciones de la Escuela Agrícola de Coihaique.
Absuelve petición, formulada en nombre del Senador señor Tuma, para considerar la confección de un catastro sobre los bienes fiscales destinados a Carabineros de Chile, con el objetivo de lograr una mejor eficiencia del gasto público y viabilizar proyectos de inversión en el ámbito social para las Municipalidades de Victoria y Traiguén.
Atiende consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el número de menores que han muerto en las dependencias del Servicio Nacional de Menores en los últimos veinte años.
Absuelve petición, planteada en nombre del Senador señor García, para informar acerca de la situación que afecta a persona individualizada, de la comuna de Freire, relativa a la fecha de nacimiento consignada en su acta de nacimiento y los mecanismos existentes para su rectificación.
Da respuesta a petición de información, expedida en nombre del Senador señor Harboe, sobre datos de las personas beneficiadas con el otorgamiento del beneficio de libertad condicional durante el año 2016.
De la señora Subsecretaria (S) del Medio Ambiente:
Entrega sendas respuestas a peticiones de información, requeridas en nombre del Senador señor Girardi, en cuanto a las siguientes materias:
-Estado de implementación de la ley Nº 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, e instancias de conocimiento y participación de la ciudadanía en estos procesos.
-Detalles del procedimiento por el que se harán efectivas las recomendaciones de la Comisión Presidencial sobre reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Remite antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor De Urresti, referente a la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de una zona de vertidos de lodo provenientes de pisciculturas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la estancia Lourdes, cercana a la administración del parque Torres del Paine.
Contesta requerimiento de información, expresado en nombre del Senador señor De Urresti, sobre el proceso de calificación de invalidez de persona individualizada y la normativa legal que rige los reclamos a las compañías de seguros.
Responde cuatro oficios, enviados en nombre del Senador señor García, en los cuales recaba información acerca de la situación previsional que afecta a personas individualizadas.
Atiende inquietud, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa al estado de la solicitud presentada por persona individualizada, de la comuna de Valdivia, para acceder a los beneficios concedidos a exonerados políticos contemplados en la ley N° 19.234.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero OR.OC.:
Remite antecedentes acerca de los resultados obtenidos en la implementación del Programa Comunitario de Control del Visón, en la Región de Los Ríos, materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
Responde inquietud, formulada en nombre del Senador señor Espina, referente a los programas de capacitación para los vecinos de Lautaro a fin de que puedan otorgar asistencia integral a los adultos mayores.
Envía antecedentes acerca del "Acuerdo de Producción Limpia Turismo Sustentable Alojamientos Turísticos Isla de Pascua", liderado por la Cámara de Turismo de esa localidad, materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Director (S) del SERVIU Región de La Araucanía:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor García, tocante al avance del protocolo de acuerdo celebrado por el servicio a su cargo y familia individualizada en cuanto a los procedimientos expropiatorios de inmuebles considerados en el proyecto de mejoramiento de interconexión vial Temuco-Padre Las Casas.
Del señor Director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores:
Expide información acerca de la aplicación del Convenio de la Apostilla, que entrara en vigencia el pasado 30 de agosto.
De la señora Jefa del Departamento de Relaciones Institucionales de la Fiscalía Nacional Económica:
Informa sobre denuncia presentada en contra de sociedad individualizada, dedicada a la comercialización de cloruro de magnesio hexahidratado, también conocido como "bischofita", lo que generaría una posición monopólica y dominante en el mercado; materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carreteras de dos o más pistas (boletín Nº 10.495-15).
De los Senadores señoras Muñoz, Goic y Pérez San Martín y señores Quinteros y Rossi, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, con el fin de incorporar la perspectiva de género en el programa de formación ciudadana (boletín Nº 10.890-04).
De la Senadora señora Pérez San Martín, con la que solicita el desarchivo del proyecto de reforma constitucional que considera el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ilegales como causal de inhabilidad para cargos públicos (boletín N° 6.986-07).
--Se accede a lo solicitado, volviendo el proyecto al estado en que se encontraba al momento de archivarse, en conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.
Del Comité Partido Somos Aysén, con la que informa que, a contar del 1° de Octubre de 2016, será integrado además por los Senadores señores Alejandro Navarro y Carlos Bianchi, con lo cual se conformará el Comité de Senadores "Somos Aysén e Independientes", y que tendrá como sus representantes a los Senadores señores Horvath y Navarro.
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04) (con urgencia calificada de "suma").
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor WALKER (don Ignacio).- Solo para que se recabe la anuencia de la Sala a fin de acordar un plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletines N° 10.261-04 y 10.302-04, refundidos), lo cual quedó pendiente el día en que esta iniciativa fue aprobada en general.
Para tal efecto, propongo el viernes 23 de septiembre.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Se fija como plazo para formular indicaciones al proyecto recién individualizado el viernes 23 de septiembre, al mediodía.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Matta.
El señor MATTA.- Señor Presidente , pido que se fije un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile.
Sugiero el día viernes 23 de septiembre, a las 12.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo?
--Se fija nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto recién individualizado hasta el viernes 23 de septiembre, a las 12.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , solo para solicitar, en cuanto al proyecto de ley que, entre otros aspectos, crea un registro de pasajeros infractores, el cual figura en el número 3 de la tabla de la presente sesión (boletín N° 10.125-15), votación separada respecto de dos de sus disposiciones: el artículo 1°, numeral 3), y el artículo 2°, numeral 3).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Queda constancia de ello, señor Senador.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Señores Senadores, los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de esta sesión ordinaria, el proyecto, en tercer trámite constitucional, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04).
2.- Analizar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 14 de septiembre, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece perfeccionamientos en materia de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud, autorizando a la Comisión de Hacienda para informarlo mediante certificado.
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.744-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 23ª, en 14 de junio de 2016 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
Educación y Cultura: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016.
Sesión 33ª, en 20 de julio de 2016 (se aprueba en general y en particular).
El proyecto inició su tramitación en el Senado y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó ocho enmiendas, dos de las cuales inciden en el artículo 1°, tres en el artículo 2°, una en el artículo 6°, otra en el artículo 7° y, por último, la octava enmienda consiste en la incorporación de un nuevo artículo 8°.
La Comisión de Educación y Cultura, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, con excepción de la recaída en el párrafo segundo del número 1 y la consistente en la incorporación de una letra b), nueva, en el número 7, ambos numerales del artículo 2°, que rechazó con igual unanimidad.
Cabe hacer presente que el artículo 8°, nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados, es de rango orgánico constitucional, y que, en caso de que la Sala acordara aprobarlo, se requieren 20 votos favorables.
Señor Presidente , este es un proyecto de la mayor importancia porque la bonificación que se establece como un incentivo para el retiro anticipado se relaciona con una normativa que debiera llegar a beneficiar a 20 mil profesores de la educación pública, entre los años 2016 y 2024. Por primera vez estamos haciendo una ley, no digo permanente, porque no lo es completamente, pero, cuando uno tiene un horizonte de tiempo de ochos años, por cierto que es algo inédito desde el punto de vista de la forma de abordar legislativamente este tipo de mecanismos.
Esta iniciativa implica un gasto de 350 mil millones de pesos. Estamos hablando de unos 500 millones de dólares. Por lo tanto, representa un beneficio absolutamente inédito tanto en la modalidad (de aquí al año 2024, durante ocho años) como en los montos involucrados. Y nos alegramos porque creemos que es de toda justicia respecto de los docentes de la educación pública contemplar una ayuda de este tipo.
Quiero recordar que el Congreso Nacional ya despachó un beneficio similar para los asistentes de la educación que cumplan la edad de 60 o 65 años, al igual que en este proyecto, entre los años 2015 y 2022. Dicha normativa debiera beneficiar a 9 mil asistentes de la educación y tiene un costo de 100 mil millones de pesos; es decir, 150 millones de dólares.
Quiero decir que, si sumamos la bonificación que estamos estableciendo en esta propuesta legislativa y la que fijamos en la iniciativa sobre asistentes de la educación, estamos hablando de 650 millones de dólares (450 mil millones de pesos) para beneficiar a 29 mil personas, entre profesores y asistentes de la educación (hasta 20 mil docentes y hasta 9 mil asistentes), siempre en el ámbito de la educación pública. Por lo tanto, también es una forma de reconocer y fortalecer a este sector de la educación chilena, donde trabajan 90 mil docentes en más de 6 mil establecimientos.
La Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, salvo en dos temas muy específicos, que irían a Comisión Mixta: cómo acceder a los cupos (cada año, por razones presupuestarias, se asigna cierto número de ellos), y el concepto de enfermedades terminales, que surgió de la discusión en la Cámara de Diputados en relación con el concepto más amplio de licencias.
Las diferencias son muy acotadas y, ciertamente, van a ser resueltas sin mayor trámite ni dilación en la Comisión Mixta.
En consecuencia, la Comisión de Educación, por unanimidad, solicita a la Sala tener a bien aprobar el proyecto de ley en los términos en que fue despachado por dicha instancia.
Queda claro el planteamiento de la Comisión del ramo y la propuesta unánime que esta le hace a la Sala.
Señor Presidente, entiendo los criterios del Senador Ignacio Walker, que comparto, con una excepción.
Me gustaría ver si se puede votar en forma separada -por lo menos para dejar constancia de mi discrepancia- la nueva letra b) del número 7 del artículo 2°, que la Comisión de Educación rechazó. Está en la página cinco del comparado. En el fondo, reemplaza el criterio a aplicar en caso de haber mayor número de postulantes que cupos disponibles para un año.
El que aprobó el Senado priorizaba a "Aquellos con mayor número de días de licencias médicas", que yo no comparto. Y el despachado por la Cámara prioriza a "Aquellos respecto a quienes se acredite algún diagnóstico de enfermedad terminal", que considero mejor.
Por eso, pido votación separada de este punto específico, pues comparto el criterio establecido por la otra rama del Parlamento. Parece mucho más razonable la lógica de la enfermedad terminal que la lógica del número de licencias médicas para los efectos de dirimir los cupos en caso de que haya más postulantes que beneficios.
Se deja consignada su petición, señor Senador.
Puede intervenir el Senador señor Bianchi.
Señor Presidente , solo haré algunas reflexiones.
Primero, lo que podría llegar a recibir una maestra o un maestro que tome la decisión de jubilar en los plazos que menciona el proyecto -son 20 mil, en total, los que podrían verse beneficiados- son 21 o 22 millones de pesos. Ese es el incentivo para todas aquellas y aquellos que tengan 37 horas o más: 21,5 millones de pesos per cápita.
Esto, sin lugar a dudas, parece muy atractivo. Sin embargo, caben dos reflexiones.
La primera es preguntarse por qué ocurre esta generosidad. Y es que, en realidad, históricamente ha habido abusos respecto de los docentes. No estoy diciendo nada que no sea conocido por todos. Pero, al igual que como sucedió con los asistentes de la educación la vez pasada, creo que lo que aquí se está tratando de hacer es despejar lo dificultoso que será el traspaso; o sea, cuando la educación municipal, la educación que está en las corporaciones, sea traspasada a otro empleador. Ello va a generar, indudablemente, una situación muy compleja para las maestras y los maestros.
No vaya a ser cosa, señor Presidente , que aquí estemos frente a otra deuda. La primera es una deuda prehistórica (de histórica ya no tiene nada). Pero ahora podemos estar en presencia de una deuda histórica, pues probablemente va a haber un tremendo perjuicio para los profesores de nuestro país al momento de ser traspasados a ese nuevo empleador.
Entonces, se trata de incentivos bien perversos, porque al final uno tiene que votarlos favorablemente, de lo contrario el perjuicio es mayor.
Aquí hay un universo de más de 20 mil maestras y maestros que pueden recibir este merecido reconocimiento económico, pero resulta claro que estamos absolutamente al debe con nuestros profesores.
Perdóneme, señor Presidente , pero debo decir que yo anhelo que antes de que se terminen de morir todos los profesores que recibieron un brutal castigo en materia previsional, el Estado de Chile entienda que aquí existe una tremenda deuda con nuestros educadores, que no se salva con la cantidad de dinero que hoy día se compromete.
Les recuerdo a quienes nos acompañan en las tribunas que están prohibidas las manifestaciones en un sentido o en otro.
Tiene la palabra el señor Secretario, para precisar cuáles son las votaciones que habría que hacer.
Atendida la petición del Senador señor Coloma de votar separadamente una de las normas que la Comisión de Educación propone rechazar, la Secretaría sugiere efectuar primero una votación que comprenda todas las enmiendas, dentro de las cuales estaría el artículo 8°, nuevo, que requiere un quorum de 20 votos favorables para su aprobación; y, después, pronunciarse de manera separada en cuanto a la letra b) del numeral 7 del artículo 2° (figura en la página 5 del boletín comparado).
Si le parece a la Sala, procederemos de la forma señalada por el señor Secretario : efectuáremos una sola votación de todas las enmiendas (incluida la relativa al nuevo artículo 8°), con excepción de la referida letra b) del numeral 7 del artículo 2°.
Quienes estén de acuerdo con las enmiendas, entre las que se halla considerada la norma de quorum orgánico constitucional (artículo 8°, nuevo) que propone la Cámara de Diputados, votan que sí.
--Se aprueba lo propuesto por la Comisión de Educación respecto de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, con excepción de la letra b) del numeral 7 del artículo 2° (21 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Quinteros, Rossi, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Pasamos a la votación separada.
Corresponde ahora votar la enmienda hecha por la Cámara de Diputados al artículo 2°, numeral 7, letra b) -figura en la página 5 del comparado-, que la Comisión de Educación del Senado propone rechazar, respecto a la cual el Senador señor Coloma pide pronunciarse en forma separada.
Quienes estén de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Educación deben votar a favor; y los que se hallen en desacuerdo, en contra.
De haber mayoría por el rechazo quedaría aprobada la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados. En caso contrario, es decir, si se aprobara la sugerencia de la Comisión de Educación, se rechazaría la modificación de la Cámara Baja.
Eso sí, de todos modos el proyecto iría a una Comisión Mixta, porque ya se rechazó otra de sus enmiendas.
Señor Presidente , daré una breve explicación, pues ya me referí al punto.
Este proyecto -dicho sea de paso- va de todas maneras a Comisión Mixta, por lo que aprobamos anteriormente. En consecuencia, la votación separada que pedí no tiene que ver con ese trámite.
Estamos en presencia de una importante bonificación por retiro voluntario, aprobada por unanimidad, respecto de la cual se especifican las formas de acceso.
Aquí estamos discutiendo los criterios que debe tener el Gobierno para asignar dicho beneficio cuando hay mayor número de postulantes que cupos disponibles para un año.
En principio, el Ejecutivo propuso los siguientes criterios de prioridad para la adjudicación:
Primero, "Aquellos con un mayor número de días por sobre la edad legal para pensionarse por vejez."; y, luego, "Aquellos con mayor número de días de licencias médicas...".
Lo que hace la Cámara de Diputados, a mi juicio, es correcto, porque antepone el criterio de que se adjudique a "Aquellos respecto a quienes se acredite algún diagnóstico de enfermedad terminal".
Si estamos ante una bonificación por retiro voluntario y hay cupos limitados, me parece más razonable privilegiar a una persona que padece una enfermedad terminal que a una que haya tenido varias licencias médicas, por cualquier razón.
Me parece un criterio correcto. No supone más gasto. No dice relación con otra cosa, sino solo con la forma de priorizar dentro de ese marco.
Yo encuentro razonable instalar el criterio de la enfermedad terminal, como lo planteó la Cámara Baja. Por eso sugiero votar que no, y de esa manera quedaría aprobado lo que viene de la otra rama del Parlamento.
Está claro su punto, señor Senador.
Es bueno repetir que este proyecto de todas maneras irá a Comisión Mixta.
Quienes voten que sí lo estarán haciendo tal como unánimemente se pronunció la Comisión de Educación, es decir, en contra de lo que planteó la Cámara de Diputados.
Yo encuentro razonable lo que se acaba de explicar.
Entonces, ¿por qué el proyecto debe pasar a Comisión Mixta?
El señor Presidente me pide que explique nuevamente.
Anteriormente se aprobó el resto de la proposición de la Comisión de Educación en relación con las enmiendas hechas por la Cámara Baja, y aquella pedía el rechazo de una. De consiguiente, por esa modificación rechazada el proyecto debe pasar a Comisión Mixta.
Ahora bien, en el caso de la votación que ahora llevamos a cabo, de aprobarse la enmienda de la Cámara de Diputados, técnicamente esta no iría a Comisión Mixta.
Repito: la iniciativa debe pasar a esa instancia de todas maneras.
¡Entonces, hay que votar que sí!
Se está votando el informe.
¡Hay que votar que no, pues! Aquí rechazamos el informe.
Senador señor Pizarro, ¿usted está inscrito?
No, señor Presidente. Estaba solicitando que se aclarara la votación.
--Se rechaza la proposición de la Comisión de Educación respecto de la enmienda introducida por la Cámara de Diputados al artículo 2°, numeral 7, letra b) (27 votos en contra y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, con el fin de aumentar las penas y tipificar los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 29ª, 12 de julio de 2016.
Los objetivos principales del proyecto son: aumentar las sanciones contempladas en el Código Penal para los delitos de cohecho y soborno de funcionarios públicos nacionales o extranjeros; tipificar y castigar los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y elevar las penas de los delitos de cohecho y soborno consideradas en la Ley que dispone la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe entre las páginas 21 y 24 del primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
En discusión la idea de legislar del proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Araya, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente , la iniciativa cuya discusión en general ahora iniciamos tiene por objeto aumentar las sanciones que el Código Penal establece para los delitos de cohecho y soborno a funcionarios públicos, nacionales o extranjeros. Asimismo, tipifica y castiga los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y eleva las penas de los delitos de cohecho y soborno contempladas en la Ley que consagra la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
La experiencia nacional e internacional demuestra que la corrupción de funcionarios públicos y de agentes privados provoca serias dificultades al funcionamiento del sistema político, social y económico de un país. Afecta la legitimidad de las instituciones públicas y deteriora gravemente la confianza que debe imperar en el mundo privado, cuando contrata o efectúa actividades comerciales.
Por esta razón, en el ámbito internacional se han aprobado diversos tratados para combatir este flagelo. Entre ellos destacan la Convención de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana y la Convención de la OCDE en contra de la Corrupción, organismos internacionales que han instado a los países a aprobar disposiciones que sancionen severamente a quienes incurran en estos ilícitos.
La legislación nacional en este tema no tiene un correlato en la penalidad asignada en el Código Penal. En efecto, la mayoría de los tipos penales sobre cohecho y soborno tienen calidad de simples delitos, con la excepción de la malversación de caudales públicos y de fraude al fisco, que pueden llevar a penas corporales superiores a los cinco años cuando los montos involucrados superan un límite determinado.
Es más, al aplicarse las penas en concreto, por las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal (como las atenuantes) y las largas investigaciones, que hacen que opere la media prescripción, resulta que el castigo que se impone no alcanza a los 61 días de reclusión.
Lo anterior, sumado a que existe el sistema de cumplimiento alternativo de penas, establecido en la ley N° 18.216, tiene como consecuencia que las sanciones no son ni efectivas, ni proporcionales, ni mucho menos disuasivas.
Por lo mismo, consideramos indispensable adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales que sancionan los delitos de cohecho y soborno de funcionarios públicos.
En particular, es necesario hacer una modificación sistemática del articulado correspondiente al párrafo noveno del Título V del Libro II del Código Penal, para incorporar elementos que permitan contar con figuras de cohecho coherentes entre sí, concordantes con los tratados y convenciones que ha suscrito nuestro país.
Igualmente, resulta muy relevante incorporar en nuestra legislación una tipificación del soborno entre particulares y de administración desleal, conductas que actualmente solo dan origen a sanciones de carácter laboral.
Si el Congreso Nacional legisla en esta materia, daremos cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 21 y 22 de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción (normativa publicada en el Diario Oficial el 30 de enero de 2007), cuyas disposiciones instan a tipificar algunas figuras de corrupción que se dan en el sector privado.
Finalmente, mediante esta iniciativa proponemos efectuar una adecuación de la legislación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en lo relativo al delito de cohecho y soborno. En particular, sugerimos que uno de los delitos por los cuales se deba imputar responsabilidad a las personas jurídicas sea el de cohecho doméstico y transnacional, para lo cual es necesario adecuar ciertas normas contenidas en la ley N° 20.393, en atención al aumento de penas del delito de cohecho.
Antes de resolver sobre este proyecto, la Comisión de Constitución escuchó el parecer del Fiscal Nacional del Ministerio Público y de la Directora de la Unidad Especializada de Anticorrupción de ese servicio. Asimismo, la del abogado y profesor de Derecho Penal señor Héctor Hernández Basualto .
Todos ellos valoraron esta iniciativa y plantearon algunas enmiendas destinadas a perfeccionarla.
Luego de considerar las razones que sustentan este proyecto, la Comisión de Constitución, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores De Urresti , Espina , Harboe , Hernán Larraín y quien les habla, aprobó en general esta iniciativa.
La Comisión está consciente de que, a partir de los antecedentes que entregó tanto el Ministerio Público como el mencionado abogado penalista, es necesario perfeccionar el proyecto durante su discusión en particular.
Por lo mismo, instamos a la Sala a aprobar la idea de legislar y a abrir un plazo amplio para recibir las indicaciones que recojan las observaciones que se formularon, así como las opiniones de los Senadores que no participaron en el estudio de la iniciativa.
Tiene la palabra al Senador señor Larraín.
¿Se podría abrir la votación, señor Presidente?
¿Habría acuerdo para proceder a votar en los términos señalados?
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , tal cual señaló el Presidente de nuestra Comisión de Constitución, Senador Araya, el propósito de este proyecto es convertir en realidad algo que siente la opinión pública: que los delitos de cohecho y soborno son graves, complejos y delicados, pero no reciben la penalidad que debiera corresponder a la gravedad que todo el mundo supone.
Se recordó que tales delitos, por lo general, tienen sanciones menores (máximo tres años). Por lo tanto, es muy difícil que las personas que los cometen alguna vez reciban penas de cárcel, salvo en el caso de la malversación de fondos, para la cual se contempla una penalidad mayor.
A nuestro juicio, hay que cambiar las normas en esa materia.
Además, el juego de las atenuantes, la prescripción y la media prescripción ayudan a que dichas actuaciones queden sin sanción ni consecuencias penales.
Por eso existe la voluntad de introducir enmiendas legales en ese aspecto. El proyecto que hemos presentado -aprobado por la Comisión y respaldado por quienes nos han asesorado- dispone del contenido adecuado para cambiar la realidad descrita.
Por otra parte, nos hacemos cargo del compromiso que Chile adoptó al aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, publicada el 30 de enero de 2007, en orden a tipificar algunas figuras de corrupción que se cometen dentro del ámbito del sector privado. Es por ello que ahora se propone incorporar al Código Penal los delitos de soborno entre particulares y administración desleal, como conductas que merecen reproche y sanción.
Del mismo modo, de conformidad con la ley Nº 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se plantea la tipificación del cohecho doméstico y del transnacional.
Creemos que hay razones adecuadas para aprobar esta iniciativa en general.
En resumen, se incrementan las penas para el delito de cohecho; se establece una regla especial de concurso; se eliminan las diferencias de sanción para el delito de soborno, y se incorporan en el Código Penal los delitos de soborno entre particulares y administración desleal.
Además, se modifica el artículo 15 de la ley Nº 20.393, que dispone que "A los delitos sancionados en los artículos 250 inciso 2º del Código Penal y en el artículo 8º de la ley Nº 18.314, se les aplicarán las penas previstas en esta ley para los simples delitos". Ello, en atención a la pena que para tal caso se contempla en la actualidad.
Creemos que este proyecto contribuye a regularizar una situación que -dadas ciertas investigaciones que se han realizado recientemente- ha llamado la atención de la opinión pública, razón por la cual merece ser corregida.
El contenido de esta iniciativa logra dicho objetivo al establecer una penalidad adecuada a conductas que deben evitarse a todas luces y que hoy día reciben una sanción muy baja -es prácticamente inexistente-, de acuerdo a la forma como en la práctica se aplican las penas.
Señor Presidente , en los últimos años hemos sido testigos de cómo la crisis de confianza de la ciudadanía ha ido creciendo y golpeando una a una a todas las instituciones, públicas y privadas.
Primero fueron los partidos políticos y los parlamentarios; luego, los gobiernos, las grandes empresas, las iglesias, las Fuerzas Armadas, los tribunales, los sindicatos. Todos han visto afectadas su credibilidad y han debido ajustar sus normas y prácticas para revertir esta tendencia.
Frente a esa situación, la Presidenta de la República convocó a una Comisión de alto nivel, encabezada por Eduardo Engel , que formuló diversas recomendaciones en la lucha contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción.
La moción parlamentaria que nos ocupa recoge algunas de las medidas propuestas por dicha Comisión, lo que constituye un paso más en la tarea emprendida por este Senado en pos de elevar los estándares de probidad y transparencia y reconstruir con ello la deteriorada confianza en las instituciones.
Ya antes se han aprobado diversas normas con ese mismo fin, en especial en materia de financiamiento de la política y de propaganda electoral.
En estos días podemos ver, con satisfacción, que la nueva reglamentación en ese ámbito está dando resultados concretos. A menos de cuarenta días de las elecciones municipales, las ciudades y los caminos están limpios de propaganda. Se puede advertir que hay un cumplimiento ampliamente mayoritario de las nuevas disposiciones.
Asimismo, en materia de colusión y de fraudes del sector privado, varias empresas y ejecutivos han debido comparecer ante los tribunales de justicia para rendir cuenta de sus actos. ¡Nadie es intocable!
En consecuencia, más allá de la contingencia o el escándalo que provoca el conocimiento de nuevas irregularidades, lo cierto es que las instituciones están haciendo su trabajo y lentamente podemos esperar que comience a revertirse la baja confianza de la gente, lo que le hace bien a Chile, a su democracia y a su economía.
Los cambios propuestos en el presente proyecto se resumen en un aumento de penas para los delitos de cohecho y soborno, la incorporación de nuevas figuras de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, el soborno entre particulares y la administración desleal, además de elevar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
Es evidente que en la actualidad las penas para castigar los delitos de cohecho y soborno son demasiado bajas, y se necesita incrementarlas en sintonía con la gravedad que han adquirido estos delitos y el efecto que provocan en la sociedad, pues en ellos se afecta la confianza y el orden de las instituciones.
Asimismo, en el nuevo delito de soborno entre particulares, también hay un perjuicio a toda la comunidad, desde el momento en que, detrás de un contrato asignado con coima, hay un atentado a la libre competencia y un empresario que perdió un negocio al intentar competir lealmente.
Además, quiero llamar la atención sobre lo que, a mi parecer, constituyen figuras agravadas de tal ilícito.
Me refiero, en primer lugar, a los casos en los que intervienen sociedades anónimas, ya sea que sus ejecutivos o agentes actúen como sobornantes o sobornados.
En estos casos, también hay un perjuicio a sus accionistas, en particular a los más pequeños y a los trabajadores, en general, quienes pueden tener interés en aquellas a través de los fondos de pensiones.
Del mismo modo, debe considerarse la mayor gravedad de tales conductas en las empresas reguladas, en especial las que provean servicios de utilidad pública, pues detrás del pago de una coima o de la asignación de un contrato sin competencia leal entre los proveedores, hay usuarios que ven afectada la calidad de los servicios que reciben o aumentadas las tarifas que deben pagar.
Por otro lado, hace bien la iniciativa en seguir los acuerdos internacionales vigentes y en sancionar el cohecho cometido en el extranjero. No es posible que, con el objetivo de abrir un nuevo mercado, impulsar un proyecto de inversión o, simplemente, maximizar unas ganancias, se afecte el ambiente de negocios cada vez más globalizado, con la agravante de que estos delitos los cometen prominentes ejecutivos o los propios dueños de las empresas, muchas veces de alta figuración pública, con lo cual dañan la reputación de todo el país.
En definitiva, tales prácticas, muchas veces toleradas en el mundo empresarial, han dejado de ser un problema entre privados, porque afectan a accionistas, consumidores y usuarios. En consecuencia, deben ser perseguidas como delitos de acción pública.
Con toda seguridad estos aumentos de penas y nuevas tipificaciones penales necesitarán, además, para su mayor efectividad, de nuevos instrumentos y atribuciones investigativas para el Ministerio Público y las policías.
La señal debe ser clara y contundente para todos los que han traicionado al servicio público, que son una minoría, pero que perjudican con su accionar la imagen de todos los funcionarios públicos; sean alcaldes que se desvían de su deber de atención a los más débiles; militares que arriesgan la seguridad nacional con sus negocios; políticos que traicionan la confianza que les ha depositado la gente; policías que se dejan tentar en el ambiente en que actúan, o fiscalizadores que hacen la vista gorda frente a las irregularidades.
Dura y nítida también debe ser la señal para quienes se han acostumbrado en el mundo de los negocios a ganar con trampa. Incluso, algunos se ufanan del éxito obtenido con malas artes.
Todos deben sentir la mano firme de la justicia -¡todos!-, no solo el delincuente, quien muy probablemente nació en un hogar de delincuentes y no tuvo muchas oportunidades de salir de ese ambiente, sino también el sinvergüenza de cuello y corbata, quien sí ha tenido la posibilidad de prosperar, pero prefirió la ganancia fácil al trabajo duro.
Un Chile justo se construye a partir no solo de reformas sociales, sino también de servicios públicos más probos y transparentes, y de negocios más limpios y leales.
Señor Presidente, a los autores de este proyecto nos alegra mucho -imagino que también al Senado en su conjunto- que lo estemos debatiendo y que podamos aprobarlo en general.
Cualquier análisis objetivo de la actual legislación de nuestro país respecto de los delitos graves que cometen funcionarios públicos o personas particulares en concomitancia con estos demuestra que aquella se encuentra absolutamente desfasada de la gravedad y la realidad que implican esos delitos.
La moción patrocinada por los Senadores señores Araya , De Urresti , Harboe , Larraín y quien habla señala que el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra de la Corrupción establece que existe una profunda preocupación por tales delitos, dada "la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley".
La Convención Interamericana contra la Corrupción, por su parte, dispone lo siguiente -leo textual lo que figura en la moción-: "socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos". Y agrega que el combate contra de la corrupción "fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social".
Por lo tanto, estamos hablando de los delitos de mayor gravedad que existen, probablemente, en una sociedad.
Nosotros siempre ponemos el acento -y con alguna razón- en los delitos contra la propiedad, pues son los más violentos y ocurren habitualmente. Me refiero a los robos con fuerza en las cosas y a los robos con intimidación en las personas, respecto de los cuales existen los mayores niveles de impunidad en nuestro país: nueve de cada diez de esos delitos quedan sin sanción.
Es evidente que hay delitos con mayor o, a lo menos, igual gravedad que esos. Son aquellos en los cuales un funcionario público -investido de dicha calidad, ya sea por elección popular, por haber sido designado por el Presidente de la República o por haber ganado un concurso público-, traicionando los principios éticos más elementales de la función pública, decide cometer un delito en concomitancia con un particular, para recibir un beneficio económico u otorgar un derecho que no corresponde en perjuicio del interés común.
Ello genera enormes grados de desconfianza en la sociedad. Las autoridades y los funcionarios públicos deben ser un ejemplo de probidad -¡un ejemplo!-, pero si incurren en delitos de corrupción, la desconfianza de la ciudadanía se hace enorme, ¡y con justa razón! Porque se supone que las autoridades deben velar precisamente por el interés público y no por uno ilícito individual.
¿Qué propone este proyecto? A mi juicio, el cambio central que plantea se manifiesta, básicamente, en dos tipos de normas.
La primera -y esto es muy importante- es la sustitución de la expresión "beneficio económico" (plata o algo medible en términos monetarios), cuando se habla de recibir algo a cambio de una conducta ilícita, por el concepto de "beneficio indebido".
El término "indebido" abarca todas las acciones que tengan por objeto recibir un beneficio que no corresponde, que no se justifica, que no dice relación con la labor que cumple el funcionario público.
Ello representa un cambio enorme en la legislación chilena. Porque gran parte de las limitantes para perseguir esos delitos es que se requiere probar que en la práctica hubo de por medio dinero, recursos económicos.
¡Pero el beneficio indebido puede no ser dinero!
Puede ser que el día de mañana a un funcionario público se le diga: "Mira, cuando dejes tu actividad, nosotros te vamos a contratar en nuestra empresa". Y ese no es un beneficio económico directo, sino uno indebido, que se ha obtenido a través de una conducta cuya finalidad es infringir gravemente la obligación de probidad del funcionarios público.
Ese es un cambio enorme, y me alegro mucho de que sea este Senado el que lo haga. De hecho, nos pone a la altura de las legislaciones modernas en materia de cohecho y soborno.
A continuación, me referiré muy brevemente a algunas de esas conductas.
Hoy existe lo que se llama el "cohecho impropio", que es cuando un funcionario público recibe recursos a cambio de realizar una conducta que no requiere el pago de dinero y que se halla dentro de sus atribuciones. Esa acción tiene una pena que va de 61 días a 540 -Sus Señorías comprenderán que es una sanción ridícula- y se propone elevarla: de 541 días a cinco años de cárcel.
Luego, se contempla el cohecho propio, que es cuando el funcionario público pide o acepta recibir beneficio económico para realizar una conducta que infringe sus deberes. ¡Es más grave! Ya no se trata de una acción que está dentro de sus facultades, por la cual le pagan, sino de contravenir deberes y otorgarle un beneficio indebido a un tercero. En este caso, la pena, que va de 541 días a tres años, se eleva a una de tres años y un día a diez años de cárcel. Por tanto, pasa a ser pena de crimen, lo que implica cárcel efectiva.
En seguida, se consigna el cohecho para cometer un delito, que es una conducta aún más grave. Este consiste en solicitar o aceptar recibir beneficio indebido por parte de un funcionario público para ejecutar una conducta que constituye delito.
La primera conducta es lícita, pero no debiera haber pago de por medio; la segunda es contraria a las actuaciones que le corresponden a un funcionario, y la tercera dice relación con la comisión de un delito funcionario.
En este último caso, se le dice al funcionario que efectúe una conducta ilícita. Por ejemplo, se le pide ejecutar un allanamiento indebido en un lugar; dejar detenida a una persona que no corresponde; alterar un documento público para ocultar un delito; falsificar actas de reuniones con el propósito de encubrir la comisión de un acto delictual. Ahí la pena, que hoy día es muy baja (va de 541 días a tres años), se eleva de cinco años y un día a quince años.
El delito llamado "cohecho", el cual es cometido por un funcionario público, tiene como contrapartida el particular que induce a esa conducta, lo que se denomina "soborno". Y las penas son equivalentes, porque es la otra mitad del delito: cohecho corresponde al funcionario público que recibe el dinero y soborno, al particular que entrega dinero a un funcionario público.
Luego viene el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros -en la discusión particular lo podremos explicar-, respecto del cual se establecen sanciones más duras a aquel que soborna y, por tanto, cae en el delito de cohecho a un funcionario público para obtener ventajas indebidas a propósito del ejercicio del cargo de este.
Asimismo, este proyecto crea un nuevo delito: el cohecho entre privados. Esta sí es una figura novedosa en Chile. Consiste básicamente en que un particular le entrega a otro un beneficio indebido para que actúe, se abstenga de actuar o deje de cumplir sus funciones y sus deberes con el propósito de perjudicar a la propia organización o institución a la cual pertenece. O sea, dos empresas realizan una operación trascendente y el empleado de una de ellas actúa por plata, pagado por la otra empresa, con el objeto de darle ventajas a esta en perjuicio de la que representa. Se trata de un delito acerca del cual se ha legislado y se ha avanzado mucho en el resto del mundo.
Por otra parte, se crea el delito de administración fraudulenta -lo analizaremos en su momento- y se adecúan las normas de los delitos de soborno cometidos por empresas o personas jurídicas.
Si me da treinta segundos más, señor Presidente , prometo terminar.
Los tiene, señor Senador.
En resumen, pienso que estamos frente a un buen proyecto que hemos trabajado con los miembros de la Comisión de Constitución concienzudamente y respecto del cual hemos tratado de hacer lo mejor. Estamos actualizando nuestra legislación a los estándares más altos que existen en el resto del mundo.
Por supuesto, en la discusión particular debemos perfeccionar algunas normas.
Sin embargo, estamos ante una muy buena iniciativa, por lo cual solicitamos a la Sala su aprobación en general.
Señor Presidente , el proyecto que discutimos hoy es de iniciativa parlamentaria y se originó en una invitación que nos hizo el colega Alberto Espina a los Senadores Hernán Larraín , Alfonso De Urresti , Pedro Araya y al que habla.
En los últimos años hemos tenido un aumento del reproche social hacia conductas delictivas. Esto se ha traducido principalmente en el incremento de ciertas sanciones penales a determinado tipo de delitos.
Conocido fue el profundo debate que sostuvimos a propósito de la recientemente promulgada "Agenda corta" antidelincuencia, en que se establecieron un aumento de las sanciones penales y, adicionalmente, reglas procesales más estrictas para aquellos que atentaran contra la propiedad: hurtos y robos en sus diversas especies (robo por sorpresa, robo con fuerza, robo con violencia).
Todas estas conductas recibieron un aumento de la sanción penal como reproche de la sociedad, dada la conducta atípica que se cometía.
Hoy corresponde nivelar la cancha, porque legítimamente los ciudadanos manifiestan: "Se han aumentado las sanciones penales para ese tipo de delitos que afectan a la propiedad, pero nada se ha hecho por actualizar las normas que recaen sobre los denominados `delitos de cuello y corbata'". Hablo de delitos como el cohecho, el soborno, la administración desleal del patrimonio y un conjunto de otros tipos que, lamentablemente, en el último tiempo hemos tenido que observar con profusa difusión.
La verdad es que nuestro Código Penal contempla normas muy distintas para la afectación de la propiedad -tal como lo señalé- en comparación con las que dispone para los delitos de cuello y corbata.
En consecuencia, el proyecto de ley en debate viene en parte -¡en parte!- a nivelar la cancha, a hacerse cargo de vacíos legales que han significado una sensación generalizada de impunidad y, muchas veces, con sanciones bajas que no actúan como elemento desincentivador de conductas moralmente reprochables y que afectan principalmente al patrimonio público.
Por ello, me parece muy importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las actuales normas que sancionan la malversación de caudales públicos y el fraude al Fisco, en nuestro Código Penal las otras conductas delictivas en materia de corrupción son castigadas con escasa penalidad.
En consecuencia, cuando la penalidad debe ser interpretada como el reproche social, si consideramos que la protección del patrimonio y la recta administración requieren una mayor protección, corresponde entonces aumentar las sanciones.
En tal virtud, el proyecto que nos ocupa apunta en la dirección correcta desde el momento en que incrementa las sanciones y aumenta el reproche social a aquellos que incurren en las conductas de cohecho, soborno, malversación de caudales y administración desleal del patrimonio.
A mayor abundamiento, esta iniciativa viene también a dar cumplimiento a ciertas obligaciones que nuestro Estado ha contraído a nivel internacional, léase la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
En primer lugar, este proyecto aumenta la pena privativa de libertad en la hipótesis más simple del cohecho -el delito base contenido en el artículo 248 del Código Penal-, partiendo en reclusión menor en su grado medio, lo cual es muy relevante, toda vez que habitualmente quien incurre en dicho acto es una persona que carece de antecedentes penales y, por tanto, parte desde ya con una atenuante: su irreprochable conducta anterior. En consecuencia, al tener una sanción muy baja, la pena no actúa como un desincentivo. Por consiguiente, este proyecto aumenta el piso a 541 días.
En cuanto al beneficio -ya lo explicó el Senador Espina-, creo que este es uno de los cambios más importantes, pues nuestra actual legislación solo contempla como cohecho o soborno el pago en dinero. Es decir, si un particular para obtener determinada decisión de una autoridad le paga en alguna especie o cuerpo cierto, eso no es considerado, en estricto rigor, delito de cohecho.
La normativa que se nos propone cambia el concepto de beneficio de carácter económico por el denominado "beneficio indebido", que, por lo demás, se enmarca en la doctrina internacional más aceptada en la actualidad.
En consecuencia, cualquier dádiva en especie, cuerpo cierto o dinero que reúna las condiciones establecidas en el tipo será constitutiva del delito de cohecho.
Otro elemento relevante dice relación con que, adicionalmente, el proyecto incorpora la sanción para una figura en opinión de los señores fiscales muy importante: la denominada "administración desleal del patrimonio".
Cuando un ciudadano, muchas veces un adulto mayor, encomienda la administración de su patrimonio a un tercero y este, de manera manifiesta, lo dilapida, lo utiliza o bien lo malversa, la sanción asociada hoy día es extremadamente baja, en circunstancias de que el dueño del patrimonio le ha encomendado a ese tercero, sobre la base de una relación de confianza, la administración de sus bienes.
Creemos que sancionar con mayor pena dicha conducta es adecuado, toda vez que lo que se está haciendo es no solo defraudar la propiedad, reducir el patrimonio de aquel que se lo ha encomendado, sino principalmente traicionar la fe y la confianza que el dueño de ese patrimonio le ha conferido para su administración.
Señor Presidente , el profesor Héctor Hernández , destacado penalista, concurrió a la Comisión e hizo algunas observaciones en el sentido de establecer distinciones en cuanto a los grados de responsabilidad en los delitos de cohecho, materia que deberemos asumir durante la discusión particular.
Pese a ello, obviamente, este proyecto avanza en la dirección adecuada.
El hecho de que la sociedad exija de aquellos que administran el patrimonio público cada día mayores niveles de transparencia, mayores niveles de responsabilidad y especialmente conductas que no solo se encuadren en el piso de la legislación sino más bien en el amplio marco de las buenas prácticas en la administración de los recursos públicos requiere necesariamente actualizar nuestra legislación penal. Y eso es lo que hace este proyecto de ley.
Por ello, señor Presidente , concurro con mi voto favorable, y en la discusión particular en la Comisión de Constitución haremos los perfeccionamientos que vayan en el sentido correcto de aumentar el reproche, a través de la sanción penal, a aquellos que, sin mediar violencia, sin mediar fuerza, también generan una defraudación. Me refiero a los delitos de cuello y corbata. Porque no es aceptable que nuestro Código Penal aumente el reproche punitivo a quienes incurren en cierto tipo de delitos y que para los otros tenga un marco más bajo.
Este proyecto, de iniciativa del Senado de la República, va en la dirección de nivelar la cancha y en la orientación correcta que nos ha pedido el Ministerio Público, con el objetivo de ser más eficaces y eficientes en la persecución penal de los delitos que defraudan la fe pública.
Señor Presidente, este proyecto viene a complementar, sin lugar a dudas, la agenda de probidad de nuestro país.
Hemos avanzado enormemente en los delitos funcionarios. Establecimos una serie de inhabilidades en materia de cargos públicos. Y en el ámbito electoral hemos hecho avances sustanciales. Lo comentaba alguien en intervenciones anteriores: estamos viendo una campaña electoral municipal austera, en que las calles de las ciudades no están tapizadas de afiches con un derroche de dinero que muchas veces provoca una disparidad entre lo que se declara y lo que efectivamente se gasta, constituyendo un fraude a la opinión pública, porque es imposible constatar esa situación. En buena hora lo que está ocurriendo.
Este proyecto, firmado de manera unánime por los cinco integrantes que componemos la Comisión de Constitución, va precisamente en la vía de establecer modificaciones a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, y tipificando los delitos de soborno entre particulares y administración desleal.
Creo que se han discutido ampliamente los delitos de soborno y cohecho. Pero hay dos figuras que son relevantes.
Primero, la administración desleal, que se constituye cuando se entrega un patrimonio a alguien para que lo administre y este tiene una gestión con resultados desastrosos. Allí hay una administración desleal, cuando alguien claramente dilapida o destina a un objetivo distinto del planteado los recursos entregados a su cargo.
Pero pienso que en lo que se innova en mayor medida es al establecer el delito de soborno entre particulares. Muchas veces, al haber irreprochable conducta anterior o no poder acreditar efectivamente la ocurrencia de estos hechos, estamos ante la presencia de sanciones muy bajas. En varias oportunidades hay un particular que soborna, que ofrece estas dádivas, en dinero o como un beneficio indebido -ya no solo es la entrega de dinero efectivo, sino también de otras componendas, mejoras, dádivas, que vienen a complementar el soborno-. Así, se establece el soborno entre particulares.
¿Por qué esta definición es importante? Porque era una situación imposible de comprobar y, en algunas ocasiones, detrás de un funcionario que incurre en estos delitos, también tenemos a un particular, o a una red de particulares que operan para obtener beneficios, fondos o autorizaciones de la Administración a través del soborno.
Adicionalmente, cuando hay un trabajo previo entre ellos, cuando existe una concordancia, cuando se han puesto de acuerdo y se fragua ese delito con antelación, también entre privados, vamos a tener las herramientas para no solo perseguir los casos en que se haya defraudado al erario, al Fisco, sino también las actuaciones de esos particulares entre sí, en que también se tipificará el delito de soborno.
No cabe duda de que vamos a aprobar en general la iniciativa. La Comisión la ha impulsado de manera unánime.
Sí es importante que el Ministerio de Justicia recoja la inquietud y la necesidad de que el Ejecutivo presente lo antes posible el debate de fondo, que dice relación con el nuevo Código Penal.
Hace largo tiempo estamos trabajando en delitos contra la propiedad, contra la vida, en delitos funcionarios, en distintas figuras legales que han ido modificando la estructura de sanciones. Ya es tiempo -¡ya es tiempo!- de que realicemos la discusión global sobre un nuevo Código Penal que, en primer lugar, armonice el conjunto de penas. Ello, para no tener una asimetría entre delitos que, siendo más gravosos, de mayor reproche público, terminan con sanciones distintas. O para evitar situaciones como los delitos con resultado de muerte señalados en la Ley de Tránsito -por ejemplo, el caso de la denominada "Ley Emilia"-, en que las penas se elevaban de modo considerable, incluso dejándolas absolutamente desproporcionadas en relación con el propio homicidio.
Claramente ahí hay concordancias que debieran armonizarse en el nuevo Código Penal.
Este proyecto también avanza en una agenda que hemos acordado en orden a atacar no solo delitos contra la propiedad, sino también aquellos de cuello y corbata. Creo que esto es importante para evitar un sesgo en nuestra sociedad, en que muchas veces este tipo de conductas ilícitas no son sancionadas adecuadamente, y lo que es peor, no siempre terminan en cárcel.
Quienes sobornan, quienes corrompen, quienes participan en el cohecho, quienes realizan una malversación de caudales públicos o una administración fraudulenta también debieran cumplir con cárcel efectiva. Eso es lo que estamos discutiendo y, no me cabe duda, aprobando en este proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el jueves 6 de octubre, a las 12.
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Coloma, señora Van Rysselberghe y señores Lagos, Montes e Ignacio Walker, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación para incorporar en el nivel de enseñanza media contenidos de educación financiera básica, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.034-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Coloma, señora Van Rysselberghe y señores Lagos, Montes e Ignacio Walker):
En primer trámite: sesión 14ª, en 6 de mayo de 2015 (se da cuenta).
Educación y Cultura: sesión 24ª, en 15 de junio de 2016.
Debo hacer presente que el proyecto se encuentra para segunda discusión.
Su objetivo principal es implementar contenidos de educación financiera en la enseñanza media, para contribuir a la formación integral de las personas en la comprensión de riesgos y prevención del sobreendeudamiento.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Quintana e Ignacio Walker.
Cabe hacer presente que el artículo único de la iniciativa tiene carácter orgánico constitucional, por lo que requiere 20 votos favorables para ser aprobado.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 10 del informe de la Comisión de Educación y Cultura y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
En la segunda discusión general del proyecto, ofrezco la palabra.
Me están solicitando abrir la votación. Pero también quisiéramos escuchar a los autores de la moción.
Su Señoría se inscribió en primer lugar,...
¡Está muy generoso con la palabra el Presidente...!
¡Pensé que se había equivocado...!
... y no hay más inscritos.
El Honorable señor Coloma está pidiendo la palabra.
Puede fundar el voto, señor Senador.
Señor Presidente , como pueden ver Sus Señorías, este es un proyecto transversal: lo suscribimos con la Senadora Van Rysselberghe y los Senadores Lagos, Montes e Ignacio Walker . Su objetivo es implementar contenidos de educación financiera en la enseñanza media, en el convencimiento de que eso ayuda bastante a la formación integral de las personas para prevenir los muchos riesgos que presentan las oportunidades existentes en el mundo financiero.
¿De dónde nace esta iniciativa? Básicamente, de ver y asumir varios de los estudios que se han hecho sobre la juventud y la educación financiera.
Una encuesta del INJUV de 2014 dice que 37 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años tiene deudas; que 24 por ciento de ellos alguna vez ha dejado de pagarlas, y que 20 por ciento ha estado o está en el DICOM, lo que es un problema sustancial.
Se les preguntó a los jóvenes qué entendían por las instituciones.
Por ejemplo, se analizó mucho lo del CAE, que de alguna manera permite comparar las tasas de crédito anuales de distintas entidades.
Bueno: 38 por ciento cree que es el valor de cada cuota del crédito; 31 por ciento, que es el valor total del producto o servicio, y 31 por ciento no sabe o no responde.
Esas son informaciones entregadas por el INJUV hace no demasiado tiempo.
Veamos qué ocurre, estimado Presidente, si nos comparamos con otros países.
Según un estudio de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ante la pregunta "¿Qué es tasa de interés?", en Chile menos del 20 por ciento de los jóvenes entrega una respuesta correcta. En Holanda, el 90 por ciento sabe qué es la tasa de interés.
Lo mismo ocurre si se consulta respecto de inflación o de diversificación de riesgo: en Chile, solo un 8 por ciento sabe de qué se trata; en Alemania, el 53 por ciento; en Estados Unidos, el 39 por ciento.
Entonces, aquí es donde de alguna manera cabe hacer un aporte.
Si Chile es el país más bancarizado de Sudamérica y eso ha sido un elemento importante para acceder a bienes, no parece razonable que la formación de las personas no incluya el saber en qué consisten los instrumentos, para qué sirven; cuáles son los riesgos; qué permite la capacidad de comparar tasas, plazos; cómo determinar qué conviene o no a cada cual.
En definitiva, se trata de darle a la población más capacidad de decisión financiera.
Esto lo vimos en su momento en la Comisión de Hacienda. Hace poco tiempo se aprobó el proyecto sobre tarjetas de prepago, que va a provocar toda una revolución en materia de uso del dinero.
Eso también tiene que ver con la capacidad de saber, de elegir y de tomar decisiones adecuadas en el campo crediticio.
No da lo mismo endeudarse al 5 por ciento que al 15 por ciento. No da lo mismo pagar a dos años que a diez años, según los tipos de garantía y de cuota que medien.
Conforme decía el INJUV, a una alta mayoría de los jóvenes lo que más les interesaba al tomar una decisión de crédito era elegir la cuota más baja, sin importar el número de años.
Pagar una cuota baja a diez años, frente a una cuota un poco más alta a la mitad de ese tiempo o incluso ante una mayor a 24 meses, ¡puede ser arruinador!
Por eso, señor Presidente , la Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad este proyecto. Creo que, de verdad, constituye un aporte.
Como expresé, el objetivo no es otro que incorporar en la Ley General de Educación, en el numeral 2) del artículo 30, una letra m) que diga: "Conocer y aplicar conceptos y técnicas financieras básicas, así como desarrollar actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la toma de decisiones ciudadanas y le permitan ejercer acciones eficaces para mejorar su bienestar económico, personal y familiar.".
Creo que nos ha hecho falta una norma como esa. Con ella quizá numerosas personas que se endeudaron no lo habrían hecho. Y tal vez muchos jóvenes que están tomando o van a tomar decisiones que les pueden comprometer los ingresos de toda su vida, al no contar con la educación adecuada para comparar, no están haciendo las cosas en forma correcta.
Por eso, este es un proyecto "ciudadano" -se incorpora la palabra "ciudadanas" en la letra m) que se propone-, pues ayudará a tener personas con mayor información.
Como se suele decir, quien no está informado no puede tomar una buena decisión.
Además, señor Presidente, estas herramientas están disponibles.
La idea también surgió a propósito de la votación del Presupuesto el año pasado, cuando vimos que seis instituciones, las que no estaban coordinadas entre sí, tenían programas especiales para informar o educar a los jóvenes respecto de esta materia. Pero ello no se encuentra entre los objetivos de la educación en el nivel de enseñanza media.
Entonces, en su momento todos coincidimos en que esta medida era un aporte importante a los fines de mejorar las condiciones para tomar decisiones de índole crediticia.
Por las razones dadas, señor Presidente , pido que se vote a favor de este proyecto: de verdad -repito- constituye un aporte; fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Educación; es transversal, y busca un objetivo noble para nuestro país.
¿Ahora sí, Senador señor Prokurica?
Señor Presidente , yo quiero felicitar a los autores de esta iniciativa. Porque estamos pasando por un período en el que la política y el país viven más bien de cuál es el escándalo del día o de la semana, perdiendo de vista los temas importantes, las cuestiones de fondo, y esos Senadores apuntan a un problema mayor.
Ya lo decía el Senador Coloma, uno de los autores de este proyecto de ley: hoy día, por no tener educación suficiente en materia crediticia, miles de jóvenes comienzan a endeudarse apenas inician su vida independiente. Incluso, algunos ni siquiera se han recibido en la universidad y ya las casas comerciales, los bancos, en fin, les ofrecen abrir una cuenta.
El sobrendeudamiento termina por confinar tempranamente a miles de jóvenes a los registros del DICOM -no como nosotros, que fuimos tirados a un artículo de un diario por no pagar las imposiciones, en circunstancias de que son los funcionarios de la Tesorería del Senado quienes no pagan- por no poder responder ante un crédito que muchas veces se ha tomado en forma inconsciente.
En tal sentido, según datos del Instituto Nacional de la Juventud, cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 29 años tienen al menos una deuda a su nombre. Y las principales causas de su endeudamiento son créditos universitarios, uso de tarjetas de crédito y préstamos de consumo.
En 2012 se hizo un "borrón y cuenta nueva" en el DICOM; a esa fecha había más de 4 millones de morosos en la lista, los que fueron eliminados. Hoy, a cuatro años del "perdonazo", la cantidad de chilenos en el DICOM es casi igual.
O sea, estamos frente a un problema grave. Y hay que intentar resolverlo.
Muchas veces las personas se endeudan sin conocer los efectos de ello.
Ya lo señaló el Senador Coloma: frecuentemente, el nivel de intereses que se pagan se debe a que al trabajador que gana un sueldo de 500 mil pesos le dicen "Usted va a terminar pagando una cuota de 50 mil" y él responde "¡Ah! Me alcanza", a pesar de que, a lo mejor, si la cuota fuera más alta terminaría afrontando un interés mucho menor.
Este proyecto permite que las personas tengan información sobre conceptos financieros básicos, como "crédito", "tasa de interés", "endeudamiento", "tarjeta de crédito".
Ahora, me parece bueno que todos aprendamos y entendamos qué significan esos y otros conceptos, para que al momento de tomar decisiones crediticias lo hagamos con conocimiento cabal de lo que ello envuelve.
En tal sentido, el conocimiento de las cuestiones financieras es de importancia mayor, pues las malas decisiones terminan afectando a miles de personas.
¡Cuántas veces recibimos en nuestras oficinas a familias desesperadas porque no pueden pagar créditos que tienen con bancos, con financieras!
Además, a raíz de que hemos recibido inmigrantes de otros países, hay gente que, a veces por necesidad, a veces por ignorancia, se mete en el sistema de préstamos "gota a gota" e incluso recibe amenazas de muerte cuando se atrasa en el pago de las cuotas.
Termino reiterando mis felicitaciones a los autores de este proyecto. Creo que los contenidos que mediante él se plantean no solo debieran implementarse en la educación media: también, sería necesario que el propio SERNAC dictara, a través de medios tecnológicos, cursos para cualquiera que quisiese seguirlos, a fin de que todos aprendieran que el endeudamiento no es gratis y que, al final, las condiciones de los créditos siempre perjudican a quienes los contraen de manera desinformada.
Señor Presidente, yo no suelo hablar en todos los proyectos de ley, sino solo en los que considero importantes para las jornadas legislativas que tienen lugar aquí, en el Senado.
A decir verdad, me llamó mucho la atención cómo los autores de la iniciativa que nos ocupa tuvieron esta idea, que venía gestándose desde hacía bastante tiempo, encabezada por los Senadores Lagos, Montes , Ignacio Walker .
Yo siento que hoy nadie podría poner en duda el vacío que presenta la actual malla curricular escolar en ciertos aspectos no ligados a la formación formal de los alumnos.
Por ejemplo, hay escasas medidas para enfrentar la obesidad, falta de incentivos para generar una prevención real contra las drogas, poca educación cívica. Son algunas de las materias que el Ministerio de Educación no ha abordado como contenidos mínimos que deberían estudiarse -¡sí: deberían estudiarse!- en los distintos niveles.
Pero, a pesar de aquello, existen reparos frente a la intención de sobrecargar las mallas curriculares de los diferentes niveles, ya que eso podría terminar eliminando toda posibilidad de los establecimientos para fijar contenidos particulares acordes a sus propias necesidades: principio constitucional de la libertad de enseñanza.
Uno de los problemas que enfrenta actualmente la educación escolar chilena es la carga académica que tienen los establecimientos. Día a día, estos se están viendo exigidos en el sentido de integrar nuevos contenidos, como prevención de derogas, educación alimentaria, entre otros.
La inclusión de nuevos temas en la malla curricular podría poner en riesgo la priorización que pueden disponer los distintos establecimientos -por ejemplo, abordar bien las materias del lenguaje, matemáticas, ciencia, entre otros- si la carga académica no lo permite.
A pesar de lo anterior, este proyecto aborda en forma correctísima el problema de falta de educación financiera en nuestra población al incorporar la materia en comento como objetivo general para la educación media.
Así, aunque existe un aumento constante en la carga académica de los establecimientos educacionales, resulta adecuado avanzar en esta moción, toda vez que aborda la problemática desde un punto de vista general.
Hoy en día, cuando Chile enfrenta una serie de discusiones (cuestiones previsionales, desarrollo económico, salud, educación, etcétera), es fundamental que los jóvenes comprendan las implicancias de las distintas medidas.
Cómo puedo ahorrar parte de mi sueldo para percibir una mejor jubilación; hasta cuánto puedo endeudarme todos los meses: estas y otras dudas son las que miles de jóvenes que actualmente cursan la enseñanza media debieran enfrentar en el corto plazo.
Por ello, resulta fundamental que cuenten con una base sólida de educación financiera, que les permita enfrentar de mejor forma su realidad.
Teniendo en consideración lo anterior, y a pesar de los primeros reparos, se sugiere aprobar esta iniciativa de ley.
Y yo quiero felicitar al Senador Coloma, parlamentario que ha sido entusiasta para ir mejorando lo concerniente a las mallas curriculares en la educación chilena precisamente por su experiencia en todas estas materias.
Señor Presidente, comparto absolutamente lo que plantea este proyecto.
La prevención en cuanto al sobrendeudamiento, especialmente entre los más jóvenes, requiere la debida comprensión del funcionamiento de los productos del sistema financiero y sus riesgos; en consecuencia, corresponde incorporarla entre los contenidos formativos de los estudiantes de enseñanza media.
Estoy seguro de que nadie discutirá la utilidad de instruir a los estudiantes respecto de estas materias. Por ejemplo, saber qué es una tasa de interés, cuáles son los instrumentos financieros existentes en el mercado, o conocer la importancia del ahorro.
Sin embargo, la pregunta que cabe es cuál es la manera correcta de incorporar dichas materias dentro de los programas escolares.
La Ley General de Educación establece en su artículo 30 los objetivos generales de la educación media en los ámbitos personal y social, por un lado, y en el ámbito del conocimiento y la cultura, por otro.
Si bien dentro de tal enumeración no hay una mención expresa a la educación financiera, sí puede estimarse integrada en algunos de ellos. De hecho, hoy esta materia está incorporada en el programa del área de las Ciencias Sociales.
Si lo que se pretende es relevar la educación financiera, hay que decir que, aun teniendo mucha importancia la formación de los jóvenes en cuanto usuarios del sistema financiero, también hay otras facetas no cubiertas, como la de consumidores o la de futuros trabajadores.
Sería muy conveniente que los establecimientos formaran, así fuera básicamente, en el conocimiento de los derechos laborales.
Cabe señalar que existen varias otras materias que no tienen una mención expresa en la enumeración del artículo 30, pero que están incorporadas en las bases curriculares definidas por el Ministerio de Educación, previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, sin perjuicio de aquellas que definan los propios establecimientos.
Por ejemplo, la reacción frente a las emergencias, los primeros auxilios, el conocimiento sobre el propio cuerpo, la educación sexual, la prevención contra el abuso del alcohol y las drogas son, sin duda, contenidos que están actualmente integrados en los programas, aunque no se hallan incluidos en la ley de manera expresa.
¿Cuáles deben estar en la ley y cuáles no?
La respuesta parece ser que la ley solo debe contener los objetivos, mas no los contenidos, que son esencialmente cambiantes.
Está claro que cada objetivo no corresponde necesariamente a una asignatura.
La polémica sobre la enseñanza de la Filosofía es ilustrativa de ello. La ley reconoce el objetivo de conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad y el conocimiento humano. Pero algunos técnicos han planteado que esto no necesariamente debe comprender una asignatura, con lo que estoy en completo desacuerdo.
Lo que sí se halla claro para mí es que la enumeración del artículo 30 es insuficiente.
Por ejemplo, la ley reconoce como objetivo conocer un idioma extranjero, pero no tiene la misma valoración acerca del deporte. Perfectamente podría declarar que todos los estudiantes debieran conocer y practicar una disciplina en este último ámbito de acuerdo con sus intereses y aptitudes, como sucede con las expresiones artísticas. Hoy solo se contempla como objetivo, de manera general, el desarrollo físico.
¡Cuántos no serían los beneficios que la promoción y masificación efectiva del deporte entre nuestros jóvenes les traerían a la salud, al bienestar y a la convivencia!
En definitiva, considero necesaria una revisión de las finalidades de los distintos niveles de educación que son señaladas de manera sistemática en la ley.
Ya aprobamos un cuerpo legal que establece el Plan de Formación Ciudadana. Ahora se propone otro para la educación financiera. Y, como ya dije, varias otras materias podrían merecer una mención expresa.
Pienso que este es el camino correcto y el que debiera emprender el Ministerio, sin perjuicio de lo cual apruebo la idea de legislar.
Saludo a una delegación del Parlamento de Israel que se encuentra en las tribunas, invitada por la Honorable señora Lily Pérez.
Sean sus integrantes muy bienvenidos.
Puede intervenir el Senador señor Montes.
Señor Presidente, soy uno de los firmantes del proyecto.
A mí me parece muy importante disponer aquí de un espacio para abordar los contenidos y objetivos de la educación, como lo ha expresado mi colega Quinteros . En nuestro ordenamiento institucional hay algo muy raro: el Congreso no discute dichos aspectos. Estos pasan por el Consejo Nacional de Educación. No es este el lugar donde se definen.
Creo que ello no es conveniente. Y, al menos por mi parte, todo lo que nos lleve y obligue a meternos en el debate, como dar o no tareas para la casa, tiene valor para que empecemos a profundizar en el asunto.
En seguida, aquí nos ocupamos, como decía el señor Senador, en los objetivos generales de la educación media. Nos encontramos en el artículo 30. En este momento hay una cuestión no resuelta, y el propio Ministerio y el Consejo se hallan considerando cuál será la orientación en adelante. Se trata de modernizar, de actualizar.
Hasta donde sé, hay un debate respecto del eje y de cómo equilibrar, por una parte, que en ese nivel se adquieran elementos para lograr un proyecto de vida en la sociedad, una forma de plantearse y de ser, y, por la otra, de cómo prepararse para todo el lenguaje en el mundo laboral. Y una parte fundamental de ello es cómo combinarlo.
La disposición citada hace referencia, en el ámbito personal y social, a los objetivos ligados a alcanzar el desarrollo moral; desarrollar planes de vida y proyectos personales; trabajar en equipo; conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática, y tener hábitos de vida activa y saludable, por ejemplo. Y, en el ámbito del conocimiento y de la cultura, menciona lo relativo a pensar en forma libre y reflexiva; analizar procesos; comprender el lenguaje; comprender y aplicar conceptos matemáticos, y comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico.
Dentro de lo anterior agregaremos la siguiente letra m):
"Conocer y aplicar conceptos y técnicas financieras básicas, así como desarrollar actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la toma de decisiones ciudadanas y le permitan ejercer acciones eficaces para mejorar su bienestar económico, personal y familiar".
Comparto la idea de que estos últimos instrumentos se requieren en la vida. Son parte de una dimensión mucho más práctica que los dos ámbitos anteriores, los cuales son de formación general. Dicen relación con poder desempeñarse durante la existencia de la persona.
Cabe consignar, por ejemplo, que quien ignore los elementos básicos del lenguaje comunicacional se encuentra fuera de la realidad. Es fundamental que el manejo de la computación se incluya dentro de los objetivos generales. Lo mismo dice relación con los idiomas. El inglés es necesario. Dentro de ello incorporaremos los conceptos financieros.
A mi juicio, no podemos transformar el punto en algo dotado de un peso específico más allá de lo que corresponde. Es preciso llegar a comprender las cosas esenciales para poder desempeñarse en la vida. Obviamente, la educación media debe dar la base para que cada uno siga aprendiendo después los nuevos instrumentos que se vayan creando y la manera como esto se lleva a cabo.
En la época de la dictadura viví una experiencia. En medio de todos los problemas, los sindicatos de Lota me invitaron de repente a hablar acerca de la actividad de estas agrupaciones. Enfrentaba algunos problemas y el traslado a Concepción no era fácil, sino arriesgado. Habiendo preparado muy bien la charla, con la historia del sindicalismo, del movimiento obrero y de todo eso, los viejos de Lota me dijeron: "Bueno, explíquenos qué es la tasa de interés". Hasta ahí llegué, porque ya había viajado.
¿Y sabía?
Lo que se incorpora en el lenguaje pasa a ser necesario -repito- entre los instrumentos para desempeñarse en la vida. Me parece importante incluirlo en los programas mismos, pero con una justa ponderación y sin que en ningún caso se pierdan la importancia, la significación y el peso específico de todos los otros ámbitos.
No sería malo que nuestra Comisión tratara de imponerse de qué se está discutiendo hoy día sobre educación media dentro del Ministerio y del Consejo, porque no podemos estar ausentes. Al menos que se nos informe. Si no participamos en la decisión, la cual se toma en otro lado, que el órgano técnico esté al tanto del proceso de elaboración del enfoque en debate.
Creo que la iniciativa puede ayudar en el sentido bien específico que planteaba.
Le ofrezco la palabra al Honorable señor Rossi, integrante de la Comisión de Educación. A ver si puede dar respuesta a algunas de estas inquietudes.
Lo intentaré, señor Presidente.
Voy a apoyar el proyecto. El Senador señor Coloma me pidió que lo acompañara en la iniciativa. Ojalá exista reciprocidad en otras ocasiones...
¡Depende...!
No me ha ido bien con Su Señoría.
Como en la interrupción del embarazo.
Estoy totalmente de acuerdo con todos los argumentos expuestos por los autores y felicito su preocupación por el asunto, ya que, como bien lo manifestó mi Honorable colega Montes , la educación tiene que preparar también para la vida, y observamos una cierta confusión, a veces, en los organismos que de alguna manera tienen que fijar cuáles son los contenidos curriculares.
Eso es lo que ocurrió hace poco con el anuncio de que Filosofía era retirada de ellos, cuando lo que más falta hoy es el pensamiento crítico y la capacidad reflexiva de poder enfrentar discusiones fundamentales para la trascendencia del ser humano, al igual que para nuestra convivencia democrática.
Por lo tanto, la misión de la educación es finalmente formar seres humanos integrales; entregar no solo conocimiento, sino también herramientas para desempeñarse con éxito en la vida y poder alcanzar el despliegue máximo de las potencialidades.
Recordemos que constituye una herramienta muy poderosa, como lo es la salud, por su lado, para resolver o mitigar y compensar inequidades que se dan, entre otras cosas, por las tremendas desigualdades en la distribución de la renta y los ingresos.
Ahora, yendo al asunto, y habiendo dicho que aprobaré la iniciativa, creo que sería buena una reflexión más integral.
En este sentido, recojo el llamado del Senador señor Montes en orden a poder analizar los contenidos en la Comisión de Educación, de la cual el señor Vicepresidente asimismo es miembro. Porque las materias son tan extensas que realmente resultan enciclopédicas, y creo que la idea no es meterle al niño una cantidad de información que finalmente no lo ayudará en su vida futura ni para los desafíos que decida enfrentar. Por ejemplo, cada cierto tiempo presentamos iniciativas -el Senador que habla también lo ha hecho- para fomentar el interés por la salud, las medidas para prevenir el sobrepeso y la obesidad, la importancia de la vida al aire libre, y la actividad física. Después está todo lo que tiene que ver con los derechos políticos, los derechos civiles y la educación cívica. ¿Y quién podría decir que está mal considerar la educación financiera?
Mas insisto en que hace falta una mirada más integral. Si no, cada cierto tiempo vamos a ir incorporando nuevos temas al currículum, en circunstancias de que resulta excesivamente grande y no cumple bien, entonces, los objetivos que debe contemplar uno que sea adecuado.
Estos son los aportes que quería hacer.
Señor Presidente , voy a votar a favor del proyecto que incorpora contenidos de educación financiera en la enseñanza media. Pero ello dice relación con una realidad. Quisiera hacer ver otra que es brutalmente injusta.
Conforme a la misma lógica que inspira a la iniciativa en debate, conversaba recién con mis colegas Lily Pérez , Horvath y Prokurica en cuanto a ver de qué manera se puede llegar a una educación que considere el abuso que sufren nuestros adultos mayores con los créditos, entre otros, de las cajas de compensación.
Estas personas son objeto de un atropello desmedido. Me ha tocado conocer casos en que, por un préstamo de cien mil pesos, terminan pagando más del doble: 240 mil, 280 mil. Son descuentos que se hacen con cargo a pensiones bajísimas.
Es más, dichas entidades les facilitan plata a quienes reciben la pensión básica solidaria. O sea, el propio Estado entrega dinero y ellas les prestan a adultos mayores que, con un enorme sacrificio, intentan sacar adelante su economía diaria, semanal, mensual.
La educación financiera efectivamente atraviesa, diría, todas las edades. Pido pensar en un proyecto que de alguna manera se centre en un resguardo ante el desvalimiento del sector de la gente grande, de los adultos mayores, cada vez que se enfrenta a la industria económica.
Si bien uno sabe que las cajas son instituciones sin fines de lucro, allí es donde se venden paquetes de turismo y se proporciona una serie de distracciones, y detrás existe un crédito abusivo, que no permite salir del compromiso y quita lo poco que se posee.
Sinceramente apelo a que no solo haya educación financiera, sino también un BancoEstado que pueda proteger a este indefenso sector; a que no existan abusos de financieras -bueno, la banca ya no presta a una determinada edad- o de cajas de compensación, que históricamente se han llenado los bolsillos a través de los créditos desmesurados a los adultos mayores.
Aprobaré la iniciativa, pero dejo expuesto que avanzaremos en otra tendiente precisamente a brindarles protección a esas personas, a que se informen bien, a que logren conocimientos en materia económica, y no se cometan atropellos enormes contra gente tan desvalida.
Señor Presidente , solo deseo agregar que corresponde analizar más en profundidad todos los objetivos generales de las asignaturas obligatorias y no obligatorias de la educación media, así como las alternativas de los alumnos, y considerarlas bajo la visión de medios completamente distintos de lo que conocimos.
En su momento, teníamos Educación Cívica, Trabajos Manuales , Economía Doméstica, Labores. Una serie de ramos preparaban a las personas para la vida y para funcionar bien en ella, en el fondo.
Hoy en día estamos en Internet. La tendencia es a estudiar fuera del colegio, del liceo, del aula, y más bien usar estas instancias para debatir, reflexionar, generar grupos de trabajo.
La educación está cambiando, pero no nos hemos puesto al día.
El proyecto se sitúa en la línea de agregar en el artículo 30, dentro de los objetivos de carácter cultural -el decimotercero, por así decirlo-, uno que amplía su ámbito. Me parece bien.
Sin embargo, creo que tendríamos que hacer un trabajo más profundo en el Senado con respecto a los contenidos y la forma de la educación en nuestro país.
Desde luego, me opongo terminantemente a la idea, no de prescindir de la asignatura de Filosofía, sino de juntarla con la de Educación Ciudadana o Cívica. Estimo que no corresponde. Constituye el "paraguas" del conocimiento y no puede subsumirse como un concepto más restringido.
Señor Presidente, la verdad es que las reformas curriculares son siempre complejas.
Chile registra un número de horas de clase tan elevado como el de Corea del Sur. Somos el quinto país del mundo con más carga laboral, y, en materia curricular, estamos en el tercer o cuarto lugar en cantidad de horas.
La aplicación de la jornada escolar completa ocupó hasta las 17 a todos nuestros niños. Todavía espero su evaluación, pues creo que los resultados se han falseado. En muchos colegios no ha acrecentado la calidad de la formación. Por el contrario, muchas veces ha apuntado en contra.
En tal sentido, se ha instalado un debate nacional acerca de la utilidad de las tareas para la casa. La práctica corriente de una jornada hasta las 17, en muchos casos, durante los cinco días hábiles de la semana o al menos cuatro, a lo que se suman esas obligaciones, deja a niños y adolescentes con poco espacio para el ocio creativo o productivo, como decían los griegos. Porque se puede aprender también jugando. Las tareas para la casa se hallan hoy día cuestionadas, pues significan una recarga para los estudiantes.
Además, existe una fuerte discriminación entre los niños cuyos padres son profesionales -la medición de calidad permite comprobar que eso aumenta la posibilidad de ser educacionalmente exitoso- y aquellos cuyos padres no terminaron la enseñanza media.
Y es distinto si se posee o no un computador o se puede o no acceder a los medios tecnológicos, lo que va de la mano con la capacidad económica.
Lo que resulta claro es que toda reforma curricular debiera surgir de un amplio debate. Hoy día se propone un proyecto para incorporar la educación financiera en la enseñanza media, el que comparto, pero su aplicación se debe abordar necesariamente con la comunidad escolar: profesores, estudiantes, padres y apoderados.
Y si para instalar el ramo tenemos que eliminar otro, estoy por discutirlo.
Hemos planteado el aumento de las horas de Educación Física para una población infantil que, en relación con la década de los setenta, ya no enfrenta la desnutrición, sino la sobrenutrición, paradójicamente. El cuarenta por ciento de nuestros jóvenes en primero a cuarto medio presentan obesidad, es decir, un excesivo consumo de calorías, en relación con los requerimientos básicos.
Se han tomado diversas medidas, como la de eliminar el azúcar y la sal en la comida proporcionada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con resultados bastante precarios.
Quisiera solo comentar, al margen y aprovechando la oportunidad, que ello ha redundado en un tráfico de sal. Los niños la llevan adicionalmente. Si no, el cuarenta por ciento de las colaciones se pierde, de acuerdo con lo que nos dicen las mujeres que trabajan en entregarlas. Es decir, de cada diez, cuatro no se comen. ¡Ello representa el cuarenta por ciento del programa de alimentación, que es el más caro del Ministerio de Educación!
Cualquiera reaccionaría ante la prescindencia abrupta del producto. Debió establecerse la gradualidad. Los niños provenientes de hogares de escasos ingresos que no pueden dejar esa comida por ser su único alimento llevan sal. Entonces, se da el tráfico.
Todas estas medidas se tienen que tomar con la debida consideración de la experiencia práctica de los que están en el aula y de los que trabajan abajo en el sistema educacional.
Voy a votar a favor, haciendo la prevención de que tampoco aceptaré que la asignatura de Filosofía se subsuma en una clase amplia de Educación Cívica.
¡Creo que estamos dando una pésima señal! ¡Ni bajo Pinochet se planteó eliminarla del currículo de enseñanza media. Y ahora, en democracia, cuando todos decimos que hay que pensar más y no tanto mediatizar más, se pretende suprimir dicha asignatura.
Esa es una pésima señal para los estudiantes y, también, para nuestro país y su fondo cultural.
Espero que esa situación se arregle.
Ha habido información precaria. Y no me convence la explicación que dio el Ministerio de Educación.
Discutamos el currículo de enseñanza media -entre sus ramos, el de Educación Financiera- de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo.
¡Mi general era filósofo! ¡Por eso, él nunca quiso eliminar de la enseñanza escolar el ramo de Filosofía!
¡Que explique qué quiere decir, señor Presidente!
Quiero saludar a una delegación de parlamentarios de Argentina, Paraguay, Perú, Costa Rica y Colombia, que nos acompaña en las tribunas. Ellos se encuentran en una jornada de trabajo organizada por ParlAmericas y el Grupo Bicameral de Transparencia, que preside el Senador señor Hernán Larraín.
¡Sean bienvenidos todos ustedes!
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor) y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Pasamos al punto 3 del Orden del Día.
Nos acompaña el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez-Lobo, a quien saludamos.
Primero hay que hacer la relación, señor Senador. Y además no es una sola votación la que la Sala debe realizar.
Corresponde tratar en particular el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales, con segundo informe e informe complementario del segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Informe complementario del segundo informe de Transportes y Telecomunicaciones: sesión 47ª, en 7 de septiembre de 2016.
Sesión 59ª, en 7 de octubre de 2015 (se aprueba en general).
Esta iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 7 de octubre de 2015.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 3° no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Esta disposición debe darse por aprobada, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Queda aprobado reglamentariamente.
El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, algunas de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, y otras, por mayoría de votos.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, e introdujo enmiendas unánimes en los números 7) y 10) del artículo 1° y en el inciso cuarto del artículo 22 quáter contenido en el número 3) del artículo 2° del texto despachado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, la recaída en el inciso cuarto, nuevo, del artículo 3° de la ley N° 18.287, contenido en el numeral 1) del artículo 2°, es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 20 votos favorables.
A su vez, la oración final del inciso segundo del artículo 22 quáter contenido en el número 3) del artículo 2° es de quorum calificado y debe ser aprobada con 18 votos favorables. Respecto de esta última norma, se solicitó votación separada, la que se efectuará oportunamente.
Asimismo, con 20 votos afirmativos tiene que aprobarse en particular el inciso tercero del artículo 22 bis propuesto en el numeral 3) del artículo 2°, norma orgánica constitucional que no tuvo modificaciones en el segundo informe pero respecto de la cual también se ha pedido votación separada.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda y el texto que quedaría de aprobarse esas enmiendas.
De consiguiente, señoras y señores Senadores, en la discusión y votación particular de este proyecto habrá que ir en el orden del articulado.
Por lo tanto, correspondería, en primer término, votar las enmiendas unánimes que no fueron objeto de solicitud de votación separada, incluidas las normas de quorum especial. Y en seguida habría que pronunciarse sobre las normas que solo fueron aprobadas por mayoría y las modificaciones unánimes que se pidió votar separadamente.
Señor Presidente , como ya se señaló, este proyecto modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 para adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales.
El Senado ya aprobó la idea de legislar respecto de esta iniciativa y la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones ha evacuado su segundo informe. El proyecto pasó posteriormente a la Comisión de Hacienda y ahora corresponde votar las modificaciones introducidas por ambos organismos.
Los altos niveles de evasión en el Transantiago son un problema importante para el sistema, pues reducen la recaudación global, lo que se traduce en una mayor necesidad de subsidio. Por ello, el control, la fiscalización y la sanción de la evasión en el pago de las tarifas del transporte público remunerado de pasajeros deben constituir una prioridad.
Actualmente existen sanciones para la evasión, pero el bajo nivel de fiscalización hace que estas sean poco efectivas en la práctica. Esto, sumado a que no hay incentivos para que los conductores de los buses del Transantiago colaboren con ella, deja de manifiesto, una vez más, los problemas en el diseño del sistema.
Los operadores tampoco habrían tenido mayores alicientes para reducir la evasión, a pesar de que una modificación hecha por el Parlamento en 2013 les traspasó en gran medida el riesgo por no pago.
Paradójicamente, en algunos casos la evasión puede significar un ahorro para el sistema y el Estado en el corto plazo. Ello, por el diseño del sistema de pagos y cobros.
Cada validación, por la integración tarifaria, produce un pago al concesionario, pero no necesariamente un cobro al usuario. Así, por ejemplo, los viajes con transbordo generan pérdidas al sistema y requieren subsidio. También el Fisco ahorra un porcentaje de subsidio por cada pasajero que cuente con un pase subsidiado (como los escolares) y no valide dicho pase en el bus, puesto que efectúa su aporte por pasajero transportado que se registre. Si este utilizó el bus sin pagar, el Fisco no realiza el correspondiente aporte.
Cuando estos viajes se evaden, el Fisco se ahorra la subvención.
Sin embargo, desde una perspectiva de mediano plazo, el sistema tiene costos reales de operación que deben ser financiados. La evasión reduce la recaudación total, lo que terminará traduciéndose en una mayor necesidad de subsidio fiscal. Desde este punto de vista, el no pago de la tarifa, en el fondo, debe ser fiscalizado y sancionado.
De esta forma, los tres grandes defectos del sistema son la evasión, que es a todo nivel; el costo del subsidio, y la insuficiente fiscalización. Estos problemas, especialmente el último, no se van a solucionar completamente con este proyecto, pero sí pueden abordarse en el diseño de las nuevas bases de licitación para los contratos que vencen en 2018.
Para fines de este año, el Ministerio de Transportes se comprometió a publicar las bases para las nuevas licitaciones de los contratos próximos a vencer, ocasión en que se renovaría más del 70 por ciento de las operaciones de buses del Transantiago. Se trata de una oportunidad para abordar los problemas estructurales que afectan al sistema y que se arrastran desde el mal diseño de los contratos originales.
Por lo anterior, de mantenerse la evolución reciente de los costos, el sistema no parece sustentable en el mediano plazo. El subsidio al Transantiago ya es enorme y los usuarios consideran altas las tarifas, así que no habría mucho espacio político para aumentarlas, al menos no si es para mantener lo mínimo o estar bajando, en el fondo, la calidad del servicio actual.
En particular respecto de este proyecto de ley, la evasión se ha vuelto un problema cada vez más complejo de enfrentar debido a que se ha transformado en un delito cada vez más aceptado socialmente.
Cabe hacer presente que la última medición trimestral de evasión en los buses del Transantiago alcanzó a 30 por ciento, la mayor cifra desde que existe ese instrumento y una de las más altas del mundo. Si bien es similar a las últimas mediciones de meses anteriores, en torno al 28 por ciento, sigue siendo superior a los niveles del 13 y 15 por ciento que mostraba en los primeros años de funcionamiento del sistema.
De esta forma, las autoridades enfrentan un complejo desafío entre la popularidad, el subsidio al Transantiago y las tarifas del transporte público.
El año pasado aumentaron nuevamente los recursos fiscales destinados al enorme subsidio al sistema. Sin embargo, la crítica situación financiera que enfrentan tres operadores relevantes del Transantiago hace parecer que tales fondos no van a ser suficientes, al menos en un futuro próximo.
Con todas las demandas recientes por los escasos recursos fiscales que se han visto últimamente, seguir aumentando el subsidio al sistema se hace cada vez menos viable.
Por otro lado, y como ya lo señalé, subir la tarifa ha mostrado ser una medida absolutamente impopular. Y la verdad es que para la actual Administración el tema resulta en especial sensible.
La alta evasión (30 por ciento) es un mal antecedente previo ante la eventual nueva licitación de recorridos del Transantiago. Esta situación perjudica el atractivo que puede tener para cualquier inversionista la operación de buses en la capital y hace que eventuales nuevas licitaciones sean menos competitivas. Después de todo, ¿qué negocio puede ser interesante o rentable cuando el 30 por ciento de los clientes no paga?
Es una pregunta que debemos hacernos, señor Presidente, porque consideramos fundamental ir al fondo del problema.
Hemos tenido en la Comisión bastantes discusiones, que iremos explicando una vez que votemos en particular.
Estamos frente a una coyuntura muy seria, que tenemos que abordar. En el fondo, hay que efectuar una cobranza, pero una que realmente tenga efecto y que no solo se transforme en un tema comunicacional que, a la larga, fracase en forma permanente.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe. Después se la voy a ofrecer al señor Ministro .
Señor Presidente, el hecho de existir una evasión cercana al 30 por ciento ha significado que el Gobierno active este proyecto de ley, que parece muy relevante en varias de sus materias.
No obstante, me voy a referir solo a aquellas respecto de las cuales he pedido votación separada y que dicen relación a la creación de un registro de pasajeros infractores y un registro para el control del uso de los viajes.
La ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y transparencia activa, establece el derecho de todo ciudadano a acceder a la información pública. De hecho, en el ejercicio de sus funciones, el Estado almacena y registra un conjunto de hechos y documentos a través de la creación de bases de datos.
Por su parte, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en su artículo 20 y siguientes establece una importante limitación en virtud de la cual el tratamiento de los datos personales debe circunscribirse a las materias de competencia del órgano, es decir, solo para el efecto para el que fueron creados.
La ley de trasparencia y la de protección de datos no son contradictorias. Más bien constituyen contrapesos que buscan, por un lado, garantizar el acceso a la información, y por otro, proteger los datos personales.
La inexistencia de una institucionalidad ad hoc, una ley N° 19.628 bastante anacrónica, la ausencia de un de protección de datos personales y la dispersión normativa en materia habeas data de protección de datos hacen que un registro de pasajeros infractores, por una parte, sea un instrumento poco eficaz a la hora de disuadir la evasión, y por otra, eleve peligrosamente el riesgo del mal uso de los datos personales.
El numeral 3 del artículo 1° del proyecto, que agrega, a continuación del artículo 88, un §3, nuevo, que faculta al Ministerio de Transportes en el siguiente sentido. En el inciso cuarto del artículo 88 bis señala que, "Al momento de la entrega de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte público remunerado de pasajeros, podrá requerirse al usuario su domicilio e individualización, por medio de la exhibición de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Estos datos" -agrega la norma- "serán remitidos al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para efectos de control del uso de estos instrumentos o mecanismos".
¿Qué es el "control del uso de estos instrumentos o mecanismos"? Dada la no definición, ¿podría un funcionario del Ministerio controlar, por ejemplo, los viajes que hace un ciudadano, alterando gravemente la protección de los datos de la vida privada?
¿Quién va a rastrear o monitorear los tramos en que se mueve un ciudadano? ¿Cómo esta medida puede incidir en la vida privada de las personas?
A mi juicio, esta norma afecta, en primer lugar, el principio del consentimiento.
En segundo término, al ser aquella información pública, a través de la ley N° 20.285, cualquiera podría tener acceso a ella. Además, no es seguro que el Ministerio vaya a aplicar la causal de reserva que establece el artículo 21, número 2, del mismo cuerpo legal.
Esta norma incide en un principio clave en materia de protección de datos: el principio de finalidad y pertenencia del dato. Es decir, cuando yo entrego información personal, lo hago con una finalidad. En este caso, quien adquiere la tarjeta para poder circular entrega sus datos para los efectos de quedar registrado como usuario, no para que le controlen el uso de dicha tarjeta ni para que un tercero acceda a dicha información, poniendo en riesgo incluso su seguridad personal.
Un segundo punto se refiere al registro de pasajeros infractores, consignado en el numeral 3 del artículo 2° de la iniciativa, que agrega, entre otros, un artículo 22 bis que expresa: "Los infractores que fueren condenados por infringir lo dispuesto en los artículos 199 N° 3 o 200 N° 42 de la Ley de Tránsito (...) serán anotados en un " Registro de Pasajeros Infractores "".
Sobre el particular, lo primero que quiero señalar es que el artículo 22 de la ley de protección de datos prescribe que el Servicio de Registro Civil e Identificación lleve un registro de los bancos de datos personales a cargo de organismos públicos.
Y la verdad es que, desde el punto de vista de la Administración Pública, solo un bajo porcentaje se ha inscrito en ese registro de banco de datos. Por lo tanto, en la actualidad hay un escaso cumplimiento de esta norma por parte del Estado.
¿Por qué deberíamos consignar, con dicha finalidad, la creación de un registro, que significaría un verdadero DICOM para quienes sean considerados infractores?
Aquí no se trata de evitar la existencia de un registro, sino más bien de que su acceso cumpla la finalidad para la cual fue creado, esto es, sancionar a los infractores. Pero no es posible que sea de acceso público, ya que podría ocurrir lo mismo que pasaba con la anterior ley DICOM: que un empleador, por ejemplo, condicione la contratación de un trabajador a si ha sido objeto o no de una infracción en el sistema del Transantiago. Y no parece adecuado que se conculquen derechos fundamentales a propósito de una falta.
En consecuencia, la normativa vulnera, a mi juicio, el principio de finalidad del dato.
Para terminar, señor Presidente , quiero comentar que el proyecto también establece que "Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, quien comercialice las bases de datos contenidas en el Registro de Pasajeros Infractores ".
O sea, la autoridad se preocupó de sancionar. Sin embargo, quiero hacer el siguiente comentario. El valor actual de la UTM es de 46 mil pesos, y la multa máxima es de 10 unidades tributarias mensuales, es decir, de 460 mil pesos.
Yo me metí a Internet a buscar información sobre la venta de bases de datos, y me encontré con dos: una, con ocho millones de contactos, que vale 416 mil pesos; y otra, con doce millones de números de teléfonos celulares de todos nosotros, que vale 800 mil.
En otras palabras, la multa no tiene ningún efecto disuasivo, porque hoy día el negocio, el tratamiento desleal del tráfico de datos personales es mucho más costoso.
Señor Presidente , ¿qué quiero plantear? El proyecto está bien inspirado. Pero es obvio que quien trabajó técnicamente en su texto en materia de protección de datos personales no conoce la normativa aplicable. Y podemos terminar -lo que es peor- no solo con un Dicom de infractores.
Mi pregunta es: ¿Por qué vamos a publicar la información de un infractor que no puede pagar la micro y no la relativa a las deudas de los grandes bancos, por ejemplo, en materia de deuda subordinada?
¿Por qué se establece incluso la posibilidad de que no se borre la deuda? Es decir, podemos crear una especie de registro histórico de los morosos, aun cuando se haya pagado la deuda, pues así lo contempla la definición.
Señor Presidente , creo que el resto del proyecto se encuentra bien inspirado, pero pido votación separada de las normas en comento, porque están mal logradas, razón por la cual pueden poner en riesgo, a mi juicio, los datos personales de millones de ciudadanos que día a día se mueven en el transporte público.
Por eso, respecto de esos dos artículos, espero que el Gobierno les introduzca modificaciones o los retire, o que se envíen a Comisión para un nuevo segundo informe, señor Presidente , a fin de no rechazarlos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez-Lobo.
El señor GÓMEZ-LOBO (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , creo que es de público conocimiento que la evasión es muy relevante para el sistema de transporte público. Y reducirla es una prioridad para las autoridades y todos quienes quieran ver un sistema de transporte público de calidad en nuestra Capital.
Por razones financieras -ya se han mencionado- y de equidad (si bien la última medición de evasión fue de 30 por ciento, uno puede ver esto desde el otro lado y decir que el 70 por ciento sí paga y que el resto defrauda o roba), y también con el propósito de que exista una mejor imagen del sistema es importante que se reduzca la evasión.
Por eso, estamos realizando muchas medidas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:
Contar con más fiscalizaciones, y cambiar la estrategia de fiscalización por ejes. Es lo que hacen los operadores al instalar torniquetes mariposas que no es posible traspasar por debajo, lo cual en los últimos meses ha dado muy buenos resultados en algunos servicios.
Instalación de zonas pagas, que están efectuando los propios operadores.
Y -como señaló el Senador García-Huidobro- la ejecución de los nuevos contratos de licitación, donde este tema va a ser predominante.
Pero quiero mencionar que el foco del proyecto de ley no es aumentar las sanciones, sino más bien hacer efectivas las que existen.
Hoy controlamos más de un millón y medio de pasajeros con la fiscalización que se realiza en el sistema. Sin embargo, ello significa un trabajo importante para los juzgados de policía local, que queda en nada.
Por lo tanto, el propósito de este proyecto, más que aumentar las sanciones, es que los instrumentos actualmente existentes tengan algún efecto. En particular, que aquellas personas infraccionadas acudan al juzgado de policía local y paguen la multa, si así lo determina un juez.
Con el propósito de resumir en qué consiste esta iniciativa de ley, quiero señalar lo siguiente.
En primer lugar, se crea un Registro de Pasajeros Infractores , que llevará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el cual se anotarán los datos de los condenados por no pago de la tarifa del transporte público remunerado de pasajeros o de quien acceda a este utilizando un pase escolar o un pase de educación superior sin ser su titular, o lo altere para su exclusivo uso personal.
El Registro solo puede ser consultado por personas naturales. Y se establecen una serie de resguardos respecto de la información que en él conste.
En este punto, quiero señalar que este artículo fue aprobado tanto en la Comisión de Transportes como en la de Hacienda por una mayoría transversal. Y el bien superior que se busca resguardar es el transporte público y las personas que legítimamente pagan.
Adicionalmente, se trata de evitar que se produzca un perjuicio al mismo Estado por los dineros que este aporta por concepto de subsidio.
Necesitamos no solo sanciones, sino también señales claras a la ciudadanía para que la evasión tenga efectos concretos.
Otro punto del proyecto, que se establece más adelante, es que se suspenderá la entrega de la licencia de conductor, de pases escolares o de educación superior a aquellos que estén en el Registro .
Se anotará en la hoja de vida de los conductores si estos se encuentran en el Registro.
Asimismo, se faculta a la Tesorería General de la República a fin de retener el valor de la multa de la devolución de impuestos a la renta de los infractores registrados.
La anotación en el Registro se mantiene solo mientras el infractor no pague la multa.
El Registro se limita solo a consultas uno a uno. No puede entregarse la base de datos; no puede comercializarse la información contenida en ella, y, además, se contemplan otras conductas expresamente sancionadas en el proyecto.
También, se incorporan como delitos la falsificación de instrumentos que permitan el acceso al transporte público o hacer uso malicioso de estos a través de la falsificación; o apoderarse, comercializar, encargar, exportar medios tecnológicos de acceso a los servicios de transporte público, y agredir verbalmente a inspectores fiscales.
Se sanciona a la persona que entregue un domicilio falso o inexistente, con ocasión de la citación del juzgado de policía local, con una multa que va desde 1 a 10 unidades tributarias mensuales.
Se eleva a la categoría de infracción grave el no detener el vehículo de transporte público cuando haya sido requerido por el pasajero.
Reitero: uno de los aspectos fortalecidos del proyecto en su paso por la Comisión de Hacienda es que ahora se suspenderá la entrega de licencia de conductor, pase escolar o de educación superior, o cualquier documento...
Terminó su tiempo, señor Ministro .
Decía que se suspenderá cualquier documento que permita una exención de pago o rebaja tarifaria en el transporte público, mientras los infractores figuren en el Registro de Pasajeros Infractores .
Señor Presidente, este proyecto es sumamente importante para que las fiscalizaciones que actualmente se realizan tengan algún efecto. Las mediciones que hemos hecho nos indican que dos tercios de los infraccionados no acuden al juzgado de policía local o no pagan la multa establecida por los jueces de estos tribunales.
Por lo tanto, para poder reducir la evasión (aparte de las otras medidas que se están tomando) es evidente que se requiere aplicar alguna sanción efectiva cuando la persona infractora no pague la multa o no concurra al juzgado de policía local correspondiente.
Señor Presidente , en una entrevista a tres páginas en el diario La Tercera el empresario Luksic planteó la posibilidad de estatizar el Transantiago. Y lo calificó como un proyecto fallido o de mal desempeño.
El ex Presidente Frei Ruiz-Tagle -sentado aquí, en esta Sala- antes de que dejara el Senado también señaló la necesidad de estatizar el Transantiago.
Por tanto, un connotado político y un connotado y poderoso empresario de Chile -en sus palabras- han planteado la necesidad de estatizar el transporte público. Y solo al decirlo se observa la contradicción.
Transporte público que en Chile es privado, pero que en el mundo ¡es público, de verdad! (en Europa, en las capitales de América Latina) y, además, exitoso.
Tenemos un sistema privado para el transporte público en Chile que es un fracaso. Porque su déficit no se debe a la evasión, sino a los graves problemas que tiene por su mal diseño e implementación.
Yo afirmo en el Senado que "no hay caso: ¡este sistema se va a estatizar! ¡No tiene ningún destino en manos de los privados!". No tiene sentido andar salvando a los colombianos, andar salvando a los empresarios abusadores de los derechos de los trabajadores, a los cuales, por cierto, aquí no se ha mencionado.
Recordemos que Marco Cuadra, dirigente del Transantiago, tiempo atrás se quemó a lo bonzo. Hemos pedido al Ministro una y otra vez que declare como Día Nacional del Conductor del Transporte Público la fecha en que Marco Cuadra se quemó para alegar por el daño y la persecución de la empresa a sus compañeros y a él.
El Ministro nos ha dicho que es una fecha triste.
Pero el 1° de mayo se celebra el Día del Trabajo porque en Chicago murió mucha gente luchando por su libertad y por las ocho horas de jornada laboral.
El 21 de mayo lo celebramos porque Arturo Prat dio su vida luchando contra Perú en la Guerra del Pacífico.
Generalmente, las fechas que se conmemoran son tristes, de batallas, de éxitos y de derrotas. Ellas tienen un sentido.
Por tanto, yo reclamo que se apruebe el proyecto de ley de mi autoría y de otros Senadores, para poder establecer el Día Nacional del Conductor del Transporte Público a fin de dignificar la tarea de estos conductores.
Ahora bien, la evasión, por cierto, es un problema. Sin embargo, es necesario preguntarse por qué la hay.
La gente no respeta el sistema. Pero ¿este merece ser respetado? ¿Qué sucede cuando los buses, a las 6 o 7 de la mañana, no se detienen en los paraderos? ¿Qué pasa con los que van mal aseados -se nos prometió, por cierto, un sistema de transporte digno- y transitan por la ciudad todos rayados?
¡Apenas se mantienen muchos de ellos, Ministro ! Y usted lo sabe. O sea, esos buses no pasan ninguna revisión técnica.
En definitiva, aquí hay un problema estructural.
Ciertamente, se ha buscado un mecanismo para atacar la evasión. Yo soy de los que creen que si la ciudadanía, los usuarios cuentan con un buen servicio, existe la obligación, el deber de exigir que se pague por él. Pero habiendo un mal servicio, una mala prestación y una mala regulación, la verdad es que tener un Dicom de los que no pagan o evaden me parece un exceso.
Y quiero decir que hay algo peor aún -por eso pedí votación separada del artículo 88 quater-: ¿se pretende dar a Carabineros la pega de retener el pase de entrada? O sea, ¿tendrán que andar fiscalizando a los evasores como si no tuvieran nada que hacer con los delincuentes?
Porque el que evade podrá haber cometido una falta, y hay que evitarlo -no estoy a favor de proteger a los evasores-, pero no es un delincuente. Y si le damos esa tarea a Carabineros, el general Villalobos nos va a decir: "Bueno, faltan funcionarios en las poblaciones para perseguir a los delincuentes, pues andan arriba de los buses del Transantiago reteniendo el carnet a la gente que evade.".
Creo que es una pésima noticia para Carabineros y para la ciudadanía.
Y, peor aún, significará más trabajo para los juzgados de policía local, como si ya no hubiese suficiente recarga para sus jueces. No he visto el informe, pero quisiera saber si les preguntaron, porque con eso del 30 por ciento de evasión van a tener que ver miles de multas.
Pienso que hay una buena intención, pero esta no es la vía, señor Presidente . Por consiguiente, voy a pedir votación separada de varios artículos.
Por otro lado, está aquello de que el Ministerio de Transportes se va a hacer cargo de entregar los pases escolares. ¡Pero los entrega en abril, mayo, junio y julio! Se demora, ha fracasado en esa labor. Cada año se genera un tremendo conflicto.
¡No confío en esa Cartera para la entrega de pases escolares, porque tarda mucho!
Como dije, señor Presidente, voy a votar en contra de esos artículos...
¿Quién dijo que los entrega ese Ministerio?
Lo hace la Junaeb.
A ver, la Junaeb, con todos los líos que tiene, no le paga a las manipuladoras de alimentos, en fin.
El proyecto de ley encomienda ahora esa responsabilidad a los Ministerios de Transportes y de Educación.
En cuanto al pase escolar, debo decir que por lo menos en mi Región había gratuidad de lunes a domingo para todos los estudiantes y rebaja para la tercera edad, mecanismo que se acordaba entre los gremios y el Ministerio. Cuando la tarea se la pasaron a la Junaeb quedó el "despelote"; vino la crisis. Lo hicieron pésimo con las bases de datos y con muchas otras cosas.
La verdad es que la propuesta del Ministro no me convence, en el sentido de que sean los Ministerios de Educación y de Transportes los que se encarguen del pase escolar. En esto debería haber un sistema más colectivo, pues al menos en la Región del Biobío no tenemos Metro, y tendría que buscarse un mecanismo más ad hoc.
En realidad, señor Presidente , voy a votar a favor de casi ningún artículo, por cuanto he revisado con calma el proyecto y creo que no va a tener el éxito esperado.
Confío en la capacidad de gestión del Ministro, pero la iniciativa no es buena.
Tiene la palabra al Senador señor Girardi.
Señor Presidente , a mí me parece que a veces el mundo funciona al revés, pues que los progresistas se encuentren al lado de los conservadores no es coherente.
Aquí estamos intentando mejorar el sistema de transporte público que usan los chilenos más pobres de la Región Metropolitana. Aquel no lo utilizan los sectores de altos ingresos, sino justamente los chilenos y las chilenas más necesitadas.
Solo los buses alcanzan el 50 por ciento de los viajes del transporte público; la combinación bus-Metro el 26 por ciento, y el Metro el 22 por ciento.
¿Y por qué es sorprendente esto? Porque aquí estamos hablando de medidas fundamentales para impedir el colapso de ese sistema.
Es preciso señalar que hoy día se destinan 800 millones de dólares en subsidio al transporte público, más 800 millones de dólares de fondos espejo. Es decir, se entregan 1.600 millones de dólares al transporte público. En diez años son cerca de 18 mil millones de dólares. Y piensen ustedes cuántos hospitales, carreteras, infraestructura se podría construir con esa cantidad de dinero.
¿Cuánto significa la evasión? Doscientos millones de dólares al año.
Eso, evidentemente, es una hemorragia que hace totalmente inviable el mecanismo.
Aquellos 200 millones de dólares implican distraer recursos que podrían ir a la educación, a la salud, a los sectores más pobres.
Por otra parte, debo aclarar que lo que se señala acá no es cierto. Las personas que no pagan el Transantiago son subsidiadas por los chilenos pobres que sí lo hacen. Y por eso el sistema es tremendamente inequitativo: porque aquel que usa el Transantiago y paga la tarifa todos los días lleva sobre sus hombros el costo de quienes no lo hacen.
Evidentemente, con un sistema que no tiene ningún tipo de sanción nosotros mismos estamos generando la cultura de la irresponsabilidad.
¡No hay ningún mecanismo que sobreviva con 33 por ciento de evasión en Chile o en cualquier lugar del planeta!
Insisto: aquí estamos hablando del modo de transporte que usan los chilenos más pobres. ¡El Transantiago es una inyección a la vena no de los ricos, sino de los chilenos de menores recursos!
Lo anterior se complementa con otras normas; por ejemplo, con la relativa a la regulación de la congestión. Sería interesante que hoy día se pudiera regular la congestión, en que los autos les disputan la vía a los buses. Estos últimos alcanzan una velocidad promedio de menos de 10 kilómetros por hora. Si se aumentara al doble esa velocidad, a 18 kilómetros por hora, eso equivaldría a tener el doble de buses. Como hoy día hay 6 mil, ello implicaría contar con 6 mil buses más, sin ningún costo adicional
Por lo tanto, aquí hay todo un tema que me parece fundamental. De modo que no estimo pertinente la liviandad de los comentarios que se hacen, los que muchas veces -como señaló el Senador Navarro- no significan que se entienda el problema de fondo ni que se analice el asunto como debiera ser.
¡Considero que esa superficialidad es inaceptable en una discusión como esta!
El proyecto en estudio fue largamente debatido en la Comisión de Transportes. Es cierto que hay algunos temas complejos, como el registro de evasores. El punto es que si no existe este registro las personas no pagarán las multas y no tendrán ningún apremio.
Por otro lado, concuerdo con el Senador Felipe Harboe en lo que dice relación con la confidencialidad y el derecho de las personas a que sus datos sean resguardados. Pero se da una situación anómala en este país: existe un absoluto liberalismo y desregulación en ese sentido. Basta ir a cualquier tienda grande para ver cómo se manejan los datos, cómo circulan las bases de datos.
Sin embargo, este proyecto sí tiene una ventaja: serán datos administrados centralmente, sin un fin comercial.
El problema de los datos de las personas es justamente cuando hay plataformas tecnológicas, como Google o Facebook, que los transforman en una mercancía, en dinero. ¡El dinero del futuro serán los datos!
En consecuencia, acá evidentemente se debe actuar con un criterio distinto: que se utilicen datos sin fines de lucro; que no se genere rentabilidad en torno a ellos; que exista una protección respecto de su uso, que eventualmente pueda ser mejorada. Porque el gran problema del futuro es justamente el tema de la confidencialidad.
Hoy día las plataformas tecnológicas son monopólicas. Y para que de verdad uno pudiera trabajar con plataformas tecnológicas que no hicieran uso y abuso de los datos tendría que ser como en el banco: que una persona pudiera transferir su riqueza (que son los datos) de una plataforma a otra libremente y, por cierto, trasladar también su reputación, su historial de navegación y su marco de relaciones sociales.
Sin embargo, en la actualidad hay una dimensión totalmente monopólica, lo cual se deberá discutir a futuro...
¿Me puede dar un minuto adicional, señor Presidente?
Estimo que si no avanzamos en este proyecto estaremos condenando al fracaso al Transantiago y condenando al Estado de Chile a tener que subsidiar la irresponsabilidad. Porque cada peso que no pague una persona va a gravar a la que sí lo hace, y también al Estado de Chile, que tendrá que poner los recursos -como lo ha tenido que hacer- para ir complementando los que faltan.
Premiar a los que no cumplen y distraer fondos fundamentales para el país en otra área sensible no me parece coherente. Y por eso hemos respaldado este proyecto. Es muy importante que él funcione, o si no -como se ha dicho acá-, vamos a seguir subsidiando la irresponsabilidad.
Los más pobres en su gran mayoría pagan su pasaje. No obstante, en Las Condes, en sectores de ingresos elevados, hay niveles altísimos de evasión, lo que no se relaciona con que la gente carezca de capacidad de pago.
Señor Presidente , quiero hacer uso del derecho de vindicación que me confiere el artículo 114 del Reglamento.
El Senador Girardi ha expresado que mi intervención ha sido "de liviandad".
En mi opinión, Carabineros no solo va a tener que exigir...
¿Usted desea intervenir para ejercer el derecho de vindicación?
Estima que el Senador señor Girardi ¿ha dañado su buen nombre?
Entonces, puede hacer uso de la palabraen virtud del artículo 114 del Reglamento.
Solamente quiero decir que no considero una liviandad preocuparse de una tarea fundamental de los chilenos, como es la seguridad.
La gente exige carabineros tras los delincuentes, no tras quienes no pagan el Transantiago.
Creo que es un error poner a Carabineros a fiscalizar esa situación y, además, entregarle la facultad de llevar al infractor a la comisaría para verificar su domicilio. Asimismo, se les da la atribución a inspectores municipales, o a quien se determine, de pedir la identificación al usuario. ¡Pero solo Carabineros puede hacer control de identidad!
Me parece un exceso que dicha institución deba llevar al infractor a una comisaría para verificar sus datos y, también, que los inspectores fiscales puedan solicitar el carnet de identidad a los pasajeros.
¡Van a haber inspectores con esa facultad!
Sin embargo, me parece más compleja la norma que dispone que Carabineros "podrá conducir al pasajero a un recinto policial". A mi juicio, ello va absolutamente en contra de la función de la referida institución.
No creo que sea una opinión liviana señalar que el Transantiago presenta defectos sistemáticos que no se resuelven con tal planteamiento, y existen pocas oportunidades para discutir el punto.
He citado a los señores Andrónico Luksic y Eduardo Frei Ruiz-Tagle , para abordar un tema de fondo: la estatización...
¡Y qué tiene que ver eso con su honra!
Su Señoría, le rogaría que se centrara en los aspectos que desea vindicar. Recuerde que está haciendo uso de ese derecho reglamentario.
Señor Presidente, he repetido mis argumentos porque no los considero livianos, sino de peso, al contrario de lo expresado por el Senador Girardi.
Tener en cuenta la opinión de muchos santiaguinos y usuarios del Transantiago no es liviano.
Soy contrario también de que exista un DICOM de quienes no pagan el pasaje en el Transantiago. Existen muchos empresarios sinvergüenzas que no figuran en ningún DICOM y que cometen abusos a diario, violando los derechos de muchos chilenos, particularmente a través de las llamadas "colusiones", las cuales hasta la fecha han terminado solo en sanciones menores, como cursos de administración o de buenas costumbres.
¡Pero no vindicó nada...!
Espero que se haya restablecido su buen nombre, señor Senador.
Veamos ahora cómo vamos a proceder.
Cuando el señor Secretario hizo la relación del proyecto, se dio por aprobada la norma que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Eso está listo.
Propongo a la Sala, dado que contamos con el quorum necesario, acoger todas las enmiendas aprobadas unánimemente que no fueron objeto de petición de votación separada, incluida una norma de quorum especial.
Lo demás se enviaría a la Comisión de Transportes para un nuevo informe.
En todo caso, hubo una petición de segunda discusión del Senador señor Girardi . Pero Su Señoría no se encuentra en la Sala en este momento.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro .
Señor Presidente , comparto su propuesta.
Considero que el proyecto debiera ir a la Comisión de Transportes para su reestudio. Y ojalá se viera mañana en la mañana.
Quisiera pedirles a los miembros de la Comisión de Constitución que nos acompañaran en dicha instancia para solucionar las diferencias existentes. Así, a lo mejor podríamos traer de vuelta la iniciativa a la Sala en la sesión de la tarde.
En tal caso, señor Presidente, solicito que recabe la autorización para ampliar el plazo de indicaciones hasta mañana a las 12.
El Senador señor Girardi ha pedido segunda discusión para todo el proyecto.
Pero el asunto se podría conversar con el señor Senador.
Demos unos minutos para ver si es posible acoger la propuesta que planteé inicialmente, con el objeto de despejar las enmiendas unánimes que no fueron objeto de petición de votación separada.
Señor Presidente , antes se había pedido segunda discusión, aunque no de toda la iniciativa.
Exactamente. El Senador señor Harboe también solicitó segunda discusión respecto de algunas normas.
Hay modificaciones que han sido cuestionadas.
¿Existe alguna posibilidad de que los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones formulen una propuesta a la Mesa para ver cómo procederemos?
--Se suspendió a las 19:5.
--Se reanudó a las 19:8.
Los integrantes de la Comisión de Transportes han hecho un planteamiento -¡y no daña el buen nombre de nadie en esta Sala...!-, consistente en dar por aprobadas todas las enmiendas unánimes que no han sido objeto de petición de votación separada, con excepción de la norma de quorum orgánico constitucional.
Por lo tanto, todo el resto volvería al órgano técnico para su revisión.
¿Solo para ese efecto?
¿Les parece proceder de esa manera?
¿Se aprobaría todo, señor Presidente?
Solo las enmiendas unánimes, con las excepciones indicadas.
Señor Presidente , tengo una duda: entre las normas que se aprobarán, ¿se considera el número 2) del artículo 2º?
En la página 53 del boletín comparado.
Me adelanto a explicar por qué.
Creo que existe un error de referencia. La norma empieza así: "Quienes infrinjan lo dispuesto en los artículos 199 Nº 3 o 200 Nº 42 de la Ley de Tránsito". Pero el 199, Nº 3, cambió. Si Sus Señorías miran la página 24 del comparado, verán que la referencia es al Nº 4, no al Nº 3.
Quiero que la Comisión o la Secretaría tengan claro eso para que no se haga una mala referencia, sobre todo si vamos a aprobar normas en conjunto. Si acogemos dicha disposición, quedará con un error. Lo correcto es referirla al artículo 199, Nº 4, no Nº 3.
Este último numeral nada tiene que ver con tales infracciones, sino con otra figura: conducir un vehículo con niños en los asientos delanteros.
El número 4, que se agregó después, señala: "Acceder a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros utilizando un pase escolar", etcétera. A esta norma debiera dirigirse la referencia indicada.
Por eso, si va a darse por aprobada, pido que se haga el cambio respectivo, para que haya coherencia.
Se trata simplemente de una adecuación formal, que igual revisaría la Comisión.
Esa norma, como todas las demás unánimes, quedaría aprobada, con la precisión señalada.
Siempre y cuando, señor Presidente -¡ojo con esto!-, las modificaciones que se entiendan aprobadas no guarden relación directa con las disposiciones respecto de las cuales se pidió votación separada. Puede ocurrir -no conozco el texto de las otras normas del proyecto- que las modificaciones que introduzcamos en los artículos relativos al control del uso de los instrumentos pertinentes y al Registro de Pasajeros Infractores influyan en algún otro precepto.
Por lo tanto, pido que la aprobación de las enmiendas unánimes se haga con dicha salvedad.
Entonces, con las prevenciones hechas por los señores Senadores, si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las modificaciones unánimes que no fueron objeto de votación separada, con excepción de aquella de rango orgánico constitucional.
Las demás normas volverían a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su revisión. ¿Habría acuerdo para fijar el 27 de septiembre como plazo para presentar indicaciones?
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Chahuán, señoras Allende, Goic, Muñoz y Pérez San Martín y señores Araya, Bianchi, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Moreira, Prokurica, Tuma y Walker (don Patricio).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.887-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 26ª, en 22 de junio de 2016.
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, considere el estudio de una adecuada carrera funcionaria para las personas que se desempeñen en servicios dependientes del Ministerio de Salud.
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Quinteros, señoras Allende, Pérez San Martín, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Araya, Bianchi, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Matta, Montes, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Walker (don Ignacio) y Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.894-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 29ª, en 12 de julio de 2016.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, considere la implementación de una Dirección Nacional de Odontología, con su correspondiente Subsecretaría, para elevar el estándar actual que posee a nivel ministerial.
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Muñoz y Pérez San Martín y señores Araya, Bianchi, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.902-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 45ª, en 6 de septiembre de 2016.
El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para evitar que los recursos naturales endémicos y de uso ancestral sean utilizados, patentados y comercializados sin restricción alguna por particulares, empresas o laboratorios.
Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
Señor Presidente , ayer en la Comisión de Derechos Humanos, después de una larga sesión, evacuamos un informe del proyecto sobre protección al derecho a la identidad de género. Sin embargo, de la lectura posterior surgió la idea de pedir un nuevo plazo para que el Ejecutivo presente indicaciones, hasta el 23 de septiembre, a fin de perfeccionar dicho documento.
Además, técnicamente se necesita autorizar la reapertura del debate, para así poder analizar las nuevas indicaciones. Se trata de una cuestión formal. Así reglamentariamente lo entiende la Secretaría.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el señor Senador?
Por haberse cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, haciéndole consultas en relación con URGENCIA, TRAMITACIÓN Y DESPACHO DE PROYECTO SOBRE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole informar acerca de FACTIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN LEGAL VIGENTE PARA HOSPITAL EXPERIMENTAL PADRE HURTADO, CON DEBIDO RESGUARDO A CONDICIONES LABORALES DE SUS FUNCIONARIOS.
Al señor Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, para que informe respecto a FISCALIZACIÓN, PLANES DE MANEJO, TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS Y DECLARACIONES DE TITULARES DE CONCESIONES MINERAS QUE INDICA EN LOCALIDAD DE PACHACAMITA, COMUNA DE LA CALERA.
Al señor Director Regional del Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, solicitándole antecedentes en cuanto a EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO DE TITULARES DE CONCESIONES MINERAS QUE INDICA EN LOCALIDAD DE PACHACAMITA, COMUNA DE LA CALERA.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, requiriéndole ANTECEDENTES ACERCA DE FISCALIZACIÓN Y MULTAS POR DENUNCIAS CONTRA MINERAS ROCA VIVA LTDA. Y MAIVEDCAL SPA.
Al señor Gobernador de Valparaíso, pidiéndole información sobre MEDIDAS PARA REGRESO A ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ DE HABITANTES IMPEDIDOS DE VOLVER POR FALTA DE MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO, y acerca de COMPROMISO DE INCORPORACIÓN DE COMERCIANTES DE SECTOR LA BOCA, COMUNA DE CONCÓN, COMO BENEFICIARIOS DE BONO REPARATORIO DE DAÑOS POR TSUNAMI DE 2015.
--Se levantó la sesión a las 19:15.
Vistos.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 19° y 63° de la Constitución Política de la República y en la ley 20.911.
1.- Que la violencia contra la mujer encuentra sus raíces es estereotipos y patrones culturales muy generalizados y profundos, que minimizan su rol en la sociedad y, por el contrario, sobrevaloran lo masculino.
Ello genera un continuo histórico que normaliza, invisibiliza y reproduce la violencia.
2.- Que nuestra sociedad ha tenido avances parciales en la visibilización de la problemática de la violencia contra la mujer, habiéndose creado en las últimas décadas instancias institucionales y programas de política pública especializados y, asimismo, aprobado iniciativas legales tendientes a enfrentar algunas formas graves de este flagelo, como son la violencia intrafamiliar y el femicidio.
3.- Que dichas normas responden a una época y estadio en los esfuerzos de nuestra sociedad por atacar esta problemática, que si bien constituyen un evidente paso adelante respecto de lo existente a la fecha en que se implementaron, hoy son objeto de crítica, en tanto se ven como esfuerzos parciales y aislados.
4.- Que, en ese sentido, las normas aludidas comparten la característica de ligar las formas de violencia que buscan sancionar con vinculaciones familiares y afectivas, produciendo cierta confusión en el injusto que se reprocha.
En alguna medida, pareciera no enfrentarse la violencia contra la mujer en sí, como tal, sino en cuanto afecta la convivencia en los hogares.
5.- Que, por tanto, resulta necesario avanzar más decididamente hacia políticas que aborden la violencia contra la mujer en forma clara, sin ambigüedades, enfrentando derechamente y en forma integral los patrones que la fundan.
6.- Que así lo exigen diversos tratados internacionales sobre la materia, ratificados por Chile.
En efecto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés, CEDAW, en su artículo 5° señala que:
"Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;"
Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, dispone en su Artículo 8 que:
"Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;"
7.- Que el programa del actual Gobierno planteaba el desarrollo de un Plan Nacional de Formación Ciudadana y Derechos Humanos en todos los niveles educacionales, lo que se concretó con la Ley 20.911.
8.- Que la rápida tramitación de dicha iniciativa, en el marco de las acciones emprendidas con el objeto de enfrentar el clima de desconfianza existente en el país y modificar diversas normativas con el fin de promover la transparencia y probidad en el ámbito público, limitó la posibilidad de un mayor debate acerca de sus contenidos.
9.- Que un aspecto que pudo ser considerado con mayor énfasis es la necesidad de promover la equidad de género y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.
Ello puede entenderse comprendido en los objetivos señalados en la letra d) del inciso segundo de su artículo único, que señala:
"d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño."
14.- Que, sin embargo, creemos que la magnitud del problema en nuestro país exige una consideración absolutamente clara y sin ambigüedades, por lo que venimos en plantear una iniciativa que complemente dicho objetivo.
Por lo anterior, las senadoras y senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
Artículo único: Incorpórese en el inciso segundo del artículo único de la Ley 20.911, la siguiente letra j):
"j) Enfrentar los patrones culturales, prejuicios y costumbres y todo otro tupo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer y promover y difundir el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia."
(Fdo.): Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.