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Timestamp: 2020-07-11 21:33:45
Document Index: 18295586

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 579', 'artículo 579', 'artículo 29', 'artículo 10']

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Dictamen : 121 del 15/07/1991
Consultante: Ligia María Céspedes Alvarez
C-121-1991
San José, 15 de julio de 1991
Msc. Ligia María Céspedes Alvarez
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio Nº DG-487-91 de 20 de junio del año en curso, y doy respuesta a su consulta de la siguiente forma:
Se solicita que esta Procuraduría interprete el Capítulo Cuarto del Título Segundo de la Ley Nº 6955 del 24 de febrero de 1984, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, en relación con la posibilidad de que los servidores públicos, previa devolución de las prestaciones legales pagadas, vuelvan a ocupar cargos en la Administración Pública, sin tener que esperar cinco años después de su renuncia.
ANALISIS DEL CASO PLANTEADO
De previo a entrar a analizar el punto planteado, conviene transcribir parcialmente el Dictamen C-081-90 de 25 de mayo de 1990, en el cual se hace un estudio sobre los artículos que nos interesan de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público y el numeral 579 del Código de Trabajo.
"De previo a dar respuesta a su consulta, conviene mencionar que efectivamente existen normas jurídicas que regulan -a manera de prohibición- la continuidad en el servicio público (teniendo al Estado como patrono único), de aquellos servidores o funcionarios que independientemente de la causa de cesación en el puesto, han percibido las indemnizaciones por los extremos laborales de Preaviso y Auxilio de Cesantía.
Una de las disposiciones que prevén esa clase de situaciones y que consideramos no contempla el supuesto fáctico de su consulta, es la contenida en la "Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público" (Nº 6955 de 24 de febrero de 1984 y sus reformas) que en sus artículos 25 y 27 establece lo siguiente:
"ARTICULO 25.- Los poderes del Estado, las instituciones y las empresas públicas podrán ofrecer el pago de sus prestaciones legales a los servidores que estimen conveniente, si éstos están de acuerdo y renuncian a sus cargos para dedicarse a actividades ajenas al sector público".
" ARTICULO 27.- Los funcionarios que se acojan a los beneficios del artículo 25, no podrán ocupar puesto alguno en ministerios, instituciones públicas o empresas donde el Estado tenga alguna participación de capital social, sino es cinco años después, contados a partir de la fecha de su renuncia...".
Como podemos apreciar, con la anuencia de la administración el servidor público podrá renunciar –como acto voluntario- a su puesto, con el correspondiente pago -indemnización- de prestaciones legales, particularmente del Auxilio de Cesantía, correspondientes al tiempo de servicio.
El fundamento de esa disposición es precisamente la economía en el gasto público (ordenar, sanear y mantener fortalecida la Hacienda Pública, conforme reza el artículo primero de dicha Ley), mediante la autorización legal para proceder al pago de prestaciones legales.
Como consecuencia de la renuncia del servidor y el pago autorizado de prestaciones, la administración pierde la respectiva plaza, pues se dispone en el artículo 28 ibídem que "Las plazas que quedaren vacantes por el cumplimiento de lo dispuesto.., deberán ser eliminadas del presupuesto respectivo...".
Por otra parte, tenemos las disposiciones contenidas en el artículo 579 del Código de Trabajo que también prevé (aunque con supuestos diferentes) el pago de prestaciones legales, concretamente las indemnizaciones establecidas en los artículos 28, 29 y 31 de dicho cuerpo normativo.
El artículo 579 mencionado dispone lo siguiente en su inciso b):
"ARTICULO 579.- ...b) Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no podrán ocupar cargas remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía.
Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto deduciendo aquellos que representen los salarios que había (entiéndase "habrían") devengado durante el término que permanecieron cesantes".
Los supuestos contenidos en esa norma son diferentes, obviamente, a los establecidos por la Ley de Equilibrio Financiero anteriormente comentados; aunque se refieren también a la imposibilidad de continuar prestando servicios en el sector público cuando se ha percibido el pago del Auxilio de Cesantía. Pero en este caso, el servidor no podrá reingresar al servicio activo si no ha transcurrido un número de meses equivalente al indemnizado por aquel extremo laboral (conforme lo dispuesto por el artículo 29 del citado Código). Además, aquí la respectiva plaza no se elimina, ya que puede ser ocupada por otro servidor en sustitución de aquél que cesó en el cargo, previa la anuencia de la Autoridad Presupuestaria.
Los conceptos anteriores han sido externados en diferentes oportunidades por esta Procuraduría, pudiéndose consultar al efecto, entre otros, el Dictamen C-225-82 de 13 de setiembre de 1982, cuya copia nos permitimos adjuntar".
Tenemos entonces, que de conformidad con la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, aquellos funcionarios que se acojan al pago de prestaciones legales en virtud de lo dispuesto en dicha normativa no pueden reingresar a laborar en la Administración, sino después de transcurridos cinco años a partir de la fecha de la renuncia.
Tal y como se indicó en el Dictamen anteriormente transcrito, el fundamento de dicha normativa es la economía en el gasto público, que se logra, en lo que nos interesa, al pagarle prestaciones a un servidor y eliminar la plaza que éste ocupaba.
No se encuentra, dentro de las disposiciones de esa normativa regulaciones en torno a la situación planteada por ustedes, sea, si puede reingresar a la Administración previa devolución del pago de prestaciones, y por ello debemos entrar a analizar si existen otras normas aplicables al caso que nos ocupa que nos permitan arribar a una conclusión sobre el punto.
Frente a esta situación es procedente transcribir lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública:
"1.- La norma administrativa deberá ser interpretada en la mejor forma que garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.
2.- Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere".
Partiendo de lo dispuesto en esta norma y relacionando los artículos respectivos de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público con el numeral 579 del Código de Trabajo (que si bien regula una situación diferente contiene un principio del derecho del trabajo), debemos arribar a las siguientes conclusiones.
El fin que se persigue con la Ley del Equilibrio Financiero queda cumplido una vez que se suprime la respectiva plaza. A cambio de ese pago de prestaciones el servidor se compromete a no reingresar a laborar a la Administración en un lapso de cinco años.
Ahora bien, si integramos lo dispuesto en esas normas con lo dispuesto en el tantas veces citado numeral 579 se desprende que aún los servidores acogidos al régimen especial de la citada Ley pueden devolver el monto respectivo y proporcional de sus prestaciones y reingresar a la Administración.
Lo que se permite con ésta interpretación es, que si la Administración quiere nombrar a ese ex servidor nuevamente, éste pueda optar por la plaza, previa devolución del pago de prestaciones proporcionales, conforme lo regula el 579 del Código de Trabajo.
ALBE-macri.e.