Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-199-de-marzo-16-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421e6bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-25 17:29:01
Document Index: 267276002

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 505', 'artículo 330', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-199 DE MARZO 16 DE 2006
SENTENCIA T-199 DE 16 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:PROCESOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA INTERPRETACIÓN DE ALIVIOS DE LA LEY 546 DE 1999.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, CRÉDITO DE VIVIENDA EN UPAC, TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, TASA DE DEPÓSITO A TÉRMINO FIJO
Sentencia T-199 de marzo 16 de 2006
Sentencia T-199 de 2006
Ref.: Expediente T-1''175.288
Peticionaria: Marina Rico de Pinto
en la revisión del fallo de tutela correspondiente al proceso T-1''175.288, adelantado por Marina Rico de Pinto en contra del Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga, Tribunal Superior de Bucaramanga y AV-Villas.
Por auto del 3 de noviembre de 2005, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional decidió acumular los expedientes T-1’175.288 y T-1’178.089 al expediente T-1’171.188, que venía tramitándose con anterioridad.
No obstante, en virtud de que el expediente de esta referencia no pudo ser fallado en aquella providencia, porque la Sala no contaba, a la fecha, con los elementos de juicio necesarios para producir el fallo, la misma, en providencia del 7 de diciembre de 2005, decidió desacumularlo para resolverlo de manera independiente.
Que suscribió pagaré de garantía Nº 0660-18602 con la Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa el 7 de junio de 1996, para garantizar un préstamo de $ 21’322.000.
En 1999 la Corte Constitucional profirió varios pronunciamientos en los que eliminó el sistema UPAC, decisiones avaladas por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad de las normas que vinculaban la corrección monetaria con el DTF.
El Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga dictó mandamiento de pago por el saldo impagado de la deuda, ya que se encontraba en mora de algunas cuotas.
Sostiene que el proceso ejecutivo debió darse por terminado después de que la Corte Constitucional interpretó el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
A pesar de lo anterior, el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante auto del 17 de agosto de 2004, se negó a terminar y archivar el proceso, lo cual fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en auto del 30 de septiembre de 2004.
2. Consideraciones jurídicas de la demanda y peticiones.
Advierte que comoquiera que en los procesos ejecutivos hipotecarios se presume que el acreedor cobra todo lo que se venza durante el transcurso del proceso, el advenimiento de la Ley 546 y de la liquidación allí ordenada imponían el cobro de lo debido, pero no la solución de la deuda. Arguye que el fin de los procesos hipotecarios es el cobro de las obligaciones voluntariamente adquiridas, por lo que no se puede popularizar la interpretación de la Corte Constitucional —dada para casos particulares— que propicia la cultura del no pago y el apoderamiento de las garantías mediante las predecibles excepciones de prescripción que podrán presentarse en procesos futuros. En este sentido, sostiene que aunque abrigan respeto por las decisiones de la Corte, no están de acuerdo en la interpretación inconstitucional que se le ha dado a las normas aplicables, habida cuenta de que las mismas exigen promover nuevos procesos en los que, de seguro, los libelistas propondrán las excepciones prescriptivas. Sostiene que en el caso de la referencia al reliquidarse el crédito no hubo acuerdo de reestructuración, por lo que no procedía el archivo del expediente, dado que la Ley 546 de 1999 no estableció una condonación de la deuda.
Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga
Finalmente, advierte que, en el caso concreto, el proceso ejecutivo ya culminó, pues el bien inmueble fue adjudicado, por lo que no existe proceso por terminar; a lo cual agrega que la tutela no es el mecanismo adecuado para debatir este asunto, cuyo escenario de discusión fue el proceso ejecutivo.
En el trámite de revisión de la acción de tutela, la demandante hizo llegar a la Sala los siguientes documentos:
a. Copia del auto del 27 de enero de 2000 del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga por el cual se nombra curador ad litem a la demandante, pues la misma no compareció al proceso.
b. Copia del memorial remitido por Marina Rico de Pinto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga mediante el cual solicita la suspensión del proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 5467 (sic) de 1999 (fl. 33).
c. Copia del auto del 10 de febrero de 2000 mediante el cual el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga ordenó la suspensión del proceso mientras se efectuaba la reliquidación del crédito de vivienda.
d. Copia del memorial de la representante legal de la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramas mediante el cual se interpone recurso de reposición en contra del auto que concede la suspensión del proceso.
e. Copia del auto del 28 de febrero de 2000 mediante el cual el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga deniega la reposición.
f. Memorial suscrito por la representante legal de la entidad demandante mediante el cual se pone en conocimiento del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga que la reliquidación del crédito de vivienda de la tutelante no alcanzó a cubrir la totalidad de las cuotas en mora a primero de enero de 2000, por lo que el proceso debía continuar su curso.
g. Copia del auto del 18 de julio de 2001 mediante el cual el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dispone formalizar la notificación personal de orden de pago a Marina Rico de Pinto y enterarla de la reliquidación del crédito o, en su lugar, notificar al curador ad litem de la parte demandada.
h. Memorial suscrito el 11 de septiembre de 2001 por el abogado Luis Eduardo Delgado Martínez por el cual el mismo acepta la designación de curador ad litem hecha por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga mediante auto del 17 de enero de 2000.
i. Contestación de la demanda suscrita por el curador ad litem en la que el mismo indica que no se ha podido poner en contacto con la demandada y que no tiene objeciones en relación con la reliquidación del crédito, pero advierte que la liquidación final del crédito debe hacerse de conformidad con la Ley 546 de 1999.
j. Copia de la sentencia del 9 de noviembre de 2001 mediante la cual el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga ordena la venta en pública subasta del inmueble.
Mediante auto del 15 diciembre de 2005, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas resolvió oficiar al Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga para que remitiera a la Corte Constitucional, copia del expediente del proceso ejecutivo iniciado por AV Villas en contra de la solicitante.
El juzgado requerido remitió la prueba el 28 de febrero de 2006, siendo remitida al expediente el 8 de marzo de 2006 por la Secretaría General de la Corte Constitucional. Del contenido de las pruebas se hará mención en la parte pertinente de esta providencia.
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la que se resolvió en única instancia la demanda de tutela de la referencia.
La peticionaria sostiene que en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra se incurrió en vía de hecho porque el juzgado de conocimiento no dio por terminado el proceso, a pesar de la existencia del mandato de la Ley 546 de 1999 y de la jurisprudencia constitucional que con posterioridad ha interpretado sus alcances. Así las cosas, el problema jurídico que se debate apunta a aclarar si, por disposición de la Ley 546 de 1999 y de la jurisprudencia constitucional, los procesos ejecutivos hipotecarios que se encuentran en las condiciones descritas por la tutelante debieron darse por terminados.
No obstante, atendiendo a la jurisprudencia constitucional que exige, como requisito de procedencia de la tutela en casos similares, que el demandante haya actuado con diligencia en el proceso ejecutivo, la Sala analizará también este aspecto de la realidad procesal.
3. Jurisprudencia constitucional relativa a la interpretación de los alivios de la Ley 546 de 1999.
La aprobación de la Ley 546 de 1999 surgió como respuesta a la necesidad de conjurar una crisis de importantes proporciones en el sistema de financiamiento de vivienda en Colombia, denunciada por los usuarios del sistema y detectada ya por la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999. Tal como lo ha reconocido constantemente la jurisprudencia, la crisis del sistema financiero de vivienda en el país se produjo, no tanto como consecuencia del incumplimiento de los deudores de los créditos, como por el sistema de cálculo de los mismos, que con el tiempo los hicieron impagables, al punto de superar no solo los montos inicialmente pactados, sino, en muchos casos, el precio de los inmuebles a cuyo pago estaban destinados.
Como respuesta a la difícil situación financiera de los deudores del sistema de vivienda, la Ley 546 diseñó estrategias específicamente dirigidas a salvaguardar el patrimonio de las familias; a vigilar y fomentar el ahorro destinado a la construcción y financiación de vivienda; a proteger a los usuarios de los créditos de vivienda; a desarrollar mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo plazo; a velar por que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la capacidad de pago de los deudores, y a hacer viable el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia, entre otros. Para la Corte, “[s]u objetivo era crear un sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo que garantizara las condiciones necesarias para que la población colombiana acceda a una vivienda digna, según se indica en su artículo 2º” (1) .
La estrategia de defensa del sistema de vivienda se desplegó —fundamentalmente— en dos flancos: el primero, conformado por el grupo de créditos vigente, adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, para el cual el Estado diseñó un sistema de alivios con sumas de dinero públicas que se abonaron a los saldos correspondientes. El segundo se dirigió a mitigar los créditos que por razón del incumplimiento del deudor habían dado lugar a demandas ejecutivas hipotecarias por parte de las entidades bancarias. En efecto, en su artículo 42, la Ley 546 de 1999 ordenó medidas tendientes a solucionar la problemática de los créditos cuyo pago se discutía en sede jurisdiccional, con lo cual extendió sus beneficios a los deudores que se habían constituido en mora al momento de su entrada en vigencia.
Originalmente, el texto del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 disponía lo siguiente.
“En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (C.P., preámbulo y art. 2º) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228) y de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) (Sent. C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Del contenido de la decisión de la Corte cabe resaltar las consideraciones que la corporación adujo para declarar inexequibles las expresiones indicadas del artículo 42. En primer lugar, en relación con el apartado que se refiere a los noventa días con que cuenta el deudor para acogerse a la liquidación, la Corte indicó que, “si las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso” (2) .
4. Jurisprudencia constitucional relativa a la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios, dispuesta por la Ley 546 de 1999.
Con posterioridad a la Sentencia C-955 de 2000, la Corte Constitucional ha producido una generosa jurisprudencia en torno a la aplicación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y a los efectos que la reliquidación de los créditos de vivienda produjo en la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de que entrara en vigencia la citada ley.
Gran parte de la jurisprudencia indicada se ha encargado de resolver la inquietud acerca de si la terminación de dichos procesos incluye la de aquellos que se adelantaron contra créditos que, luego de la reliquidación, presentaron saldos en mora: en efecto, luego de proferida la sentencia de constitucionalidad sobre el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, muchos de los deudores del sistema —y algunas de las entidades financieras— iniciaron procesos de tutela similares en cuanto al problema jurídico aquí planteado. El eje central de la discusión ha sido el debate sobre cuáles procesos ejecutivos hipotecarios debieron darse por terminados como consecuencia de la reliquidación dispuesta por la Ley 546 de 1999, en tanto que, mientras algunos sugieren que solo pudieron terminarse aquellos adelantados sobre créditos saldados luego de la reliquidación, otros sostienen que la cesación del proceso cobijó a todos los procesos ejecutivos, incluyendo aquellos adelantados contra saldos en mora posteriores a la reliquidación.
En primer lugar, en la Sentencia T-606 de 2003, la Corte indicó que una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron por ministerio de la ley…”.
“No sobra advertir, (…), que la finalización de los procesos en curso, en los términos del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es una modalidad especial en cuanto da lugar a la terminación de los procesos sin efectos de cosa juzgada material y sin novar la obligación, por disposición expresa de la ley.
Para finalizar procede recordar que esta corporación consideró contrarias a la Carta los apartes de las disposiciones confrontadas que distinguían, para efectos de las reliquidaciones, entre los créditos que el 31 de diciembre se encontraban al día y los que a la misma fecha se hallaban en mora, por cuanto “la verdadera fuente del derecho de todos ellos de las obligaciones correlativas en cabeza de las instituciones financieras acreedoras (reliquidar y abonar o devolver lo pagado de más) era precisamente el efectivo traslado patrimonial de recursos a las entidades prestamistas, lo que causó el problema social que el legislador quiso solucionar” (Ídem, punto 21.).
Porque así lo dispone el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, normatividad expedida con el objeto de solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso i) dado que las obligaciones superaron el monto de pago de los deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas; ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente adeudado; y iii) toda vez que los obligados no conocían el monto de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales condiciones de pago” (Sentencia T-606 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis).
En primer lugar, el argumento del tribunal demandado, según el cual la Ley 546 de 1999 ordenó la terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999, armoniza con el sentido de las declaratorias de inexequibilidad de la Sentencia C-955 de 2000. En efecto, dicha providencia señala expresamente como objeto de la suspensión de los procesos ejecutivos la realización de la reliquidación del crédito y, a su vez, la reliquidación de los créditos es señalada como condición necesaria y suficiente para la terminación de los procesos. El parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 disponía, en un aparte que fue declarado inexequible, que solo si el deudor manifestaba por escrito a la entidad financiera el deseo de acogerse a la reliquidación de su crédito, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la ley, habría lugar a la realización del mismo. Ahora bien, si luego de la sentencia de control, la reliquidación debía aplicarse a todos los créditos hipotecarios, así el deudor no se hubiera manifestado en tal sentido, y si, además, la reliquidación era la condición de terminación de los procesos, puede concluirse válidamente que la consecuencia ineludible de la reliquidación es la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios. La tesis de la continuidad de los procesos ejecutivos en aquellos casos en los que, luego de efectuada la reliquidación, quedaron saldos en mora y, además, no hubiera habido acuerdo de reestructuración de la obligación, podía ser admisible antes de la sentencia de control. Luego de proferida dicha providencia, la tesis de la continuación de los procesos ejecutivos, aunque tiene algún sustento en la función del proceso ejecutivo, que es lograr el pago integral del crédito, en cambio no se adecua a la Sentencia C-955 de 2000. Se ajusta, pues la decisión del tribunal demandado, al sentido de la norma luego de que fuera objeto de control de constitucionalidad. Y es que la propia Sentencia C-955 de 2000 dice expresamente que la condición para dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999 era la reliquidación de la deuda y no hace distinción alguna respecto de la existencia de saldos insolutos o de que se hayan o no logrado acuerdos de reestructuración (Sent. T-701/2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
29. La conclusión previa se confirma si además se tiene en cuenta que efectivamente el parágrafo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 preveía una hipótesis de continuación de los procesos ejecutivos, pero dicha posibilidad fue declarada inexequible por la Sentencia C-955 de 2000 (Sent. T-701/2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
Acogiendo la doctrina constitucional sentada por estas dos primeras sentencias, la Corte Constitucional posteriormente recalcó que la interpretación correcta del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 incluía la consideración de que todos los procesos hipotecarios que cumplieran los requisitos establecidos en la ley debían darse por terminados, sin consideración al estado del crédito. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-199 de 2005, se dijo que “la Corte ha abundado en razones para explicar por qué razón, tras la expedición de la Sentencia C-955 de 2000, la interpretación del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 que se acomoda a la Constitución es aquella que indica que, tras la reliquidación del crédito en UVRS, los procesos ejecutivos seguidos en contra de deudores morosos de créditos de vivienda adquiridos en UPACS deben darse por terminados” (3) , al tiempo que en la providencia T-282 de 2005, agregó:
“Para la Corte, entonces, esta es la interpretación que mejor se ajusta al sentido del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 vigente, a las finalidades del nuevo sistema de acceso a la vivienda y al ordenamiento superior” (4) (Sent. T-282/2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
“Pero según lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y de conformidad con la Sentencia C-955 de 26 de julio de 2000 dictada por la Corte Constitucional, producida la reliquidación del crédito debió terminarse el proceso y proceder a su archivo, sin más trámite. Y la nueva mora en que incurriera daría lugar a la iniciación de un nuevo proceso contra los deudores, pero no podía acumularse a la que había motivado el proceso ejecutivo iniciado por Concasa contra los demandantes”. (Sentencia 08001-23-31-000-2002-0609-01, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Dr. Mario Alario Méndez).
5. Procedencia de la acción de tutela y diligencia procesal del deudor hipotecario que actúa como tutelante.
La reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de terminación de procesos ejecutivos hipotecarios ha venido precisando el concepto de procedencia de la acción de tutela como mecanismo para obtener la anulación de estos procesos.
En primer lugar, la jurisprudencia precisa que las providencias judiciales que no reconocen la terminación del proceso ejecutivo hipotecario son constitutivas de vía de hecho, no solo por incurrir en error sustantivo, al aplicar incorrectamente el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la Sentencia C-955 de 2000, sino por desconocimiento del precedente jurisprudencial sentado y reiterado en las providencias que acaban de analizarse.
En síntesis, la Corte ha sostenido que la interpretación que se ajusta al sentido normativo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, a los propósitos perseguidos con la implementación del nuevo sistema de adquisición de vivienda y al ordenamiento constitucional imperante, es aquella según la cual, todos los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999, han debido someterse al trámite de la reliquidación automática del crédito y, seguidamente, declararse terminados o concluidos por parte del juez competente, procediéndose a su archivo definitivo sin consideración adicional alguna. En contraposición a lo anterior, como se dijo en la Sentencia T-282 de 2005, “aquellas decisiones judiciales que ordenan continuar con el proceso alegando la ausencia de acuerdo entre el deudor y la entidad crediticia sobre la reestructuración del crédito, o la existencia de un saldo insoluto luego de aplicado el alivio, están fundadas en un entendimiento errado del citado artículo” (7) (Sent. T-844/2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil) (subrayas fuera del original).
“Por el contrario, aquellas decisiones judiciales que ordenen continuar con el proceso alegando la ausencia de acuerdo entre el deudor y la entidad crediticia sobre la reestructuración del crédito, o la existencia de un saldo insoluto luego de aplicado el alivio, están fundadas en un entendimiento errado del citado artículo. Ello implica que las autoridades judiciales que decidan no dar por terminados esos procesos incurren en una vía de hecho por dos defectos sustantivos: por error en la interpretación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y por desconocimiento del precedente judicial en la materia sentado por la Corte Constitucional. Pues la decisión judicial que se funda en una interpretación indebida de una norma jurídica que, por lo demás, ha sido reiteradamente aplicada por su interprete autorizado encargado de guiar a los operadores jurídicos con su doctrina constitucional integradora, conlleva una vía de hecho por defecto sustantivo o material” (8) (Sent. T-295/2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
“Otra cosa distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la terminación del mismo, y la decisión del juez, aceptando o no la petición, constituye una vía de hecho, evento en el que si se dan los elementos que conforman la denominada vía de hecho, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela puede proceder” (Sent. T-535/2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra) (negrillas fuera del original).
“Como se observa, la accionante no presentó de manera oportuna los recursos ordinarios disponibles dentro del proceso ejecutivo. La solicitud de nulidad se ha venido tramitando, con las vicisitudes procesales antes mencionadas. Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión confirmará el fallo de instancia, pero por las razones expuestas y reitera lo dicho en la T-535 de 2004 en el sentido de que, mutatis mutandi, “no se da la violación al debido proceso (…) de la manera como lo presenta la peticionaria, pues si no ha hecho uso de las herramientas que la ley procesal ha puesto a su disposición dentro del proceso, (…) no puede sostenerse válidamente la violación mencionada” (9) (Sent. T-1243/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
“Ciertamente, el demandado dentro del proceso ejecutivo hipotecario deberá haber asumido y adelantado una posición activa al interior de dicho proceso, haciéndose parte del mismo e igualmente agotando todos los mecanismos legales de que dispone dentro del mismo para solicitar la cancelación de su proceso. Sin embargo, si de los hechos se demuestra que tal actuación brilla por su ausencia, no puede dicho particular pretender que por vía de tutela se puedan corregir o adelantar aquellas actuaciones que de manera negligente o imprudente dejó pasar sin hacer uso de ellas.
Esta posición fue posteriormente reiterada por la Corte:
En el análisis del caso concreto, esta Sala someterá a estudio la copia del proceso ejecutivo adelantado en contra de la tutelante, que fue remitida por el despacho judicial accionado en cumplimiento del auto de pruebas del 15 de diciembre de 2005 dictado por esta Sala de Revisión. Esta revisión tiene por objetivo verificar si la tutelante cumplió con el deber de diligencia procesal que la Corte Constitucional exige como requisito de procedencia de la tutela, en el tipo de casos aquí analizado.
a. En el expediente de esta referencia, la peticionaria de la acción de tutela, Marina Rico de Pinto, fue demandada por la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramas —hoy Banco Comercial AV Villas— en proceso ejecutivo hipotecario de mayor cuantía que se radicó en el año de 1999. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dictó mandamiento de pago mediante auto del 26 de julio de 1999, del cual ordenó notificar a la ejecutada conforme lo ordena el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil. Simultáneamente decretó el embargo del bien.
b. La providencia se notificó por edicto el 1º de octubre de 1999, tal como lo consigna el emplazamiento adosado a folio 60 del cuaderno de copias 4, ya que la demandada no fue localizada en el lugar señalado por la parte demandante para recibir notificaciones (fl. 63, cdno. 4). Igualmente, el emplazamiento se publicó en un periódico de circulación nacional (fl. 62, cdno. 4) y se emitió en una emisora de cobertura local (fl. 64).
c. Habida cuenta de que la demandada no se hizo presente en el proceso, el despacho judicial nombró curador ad litem el 17 de enero de 2000 (fl. 69, cdno. 4).
d. Mediante memorial de febrero de 2000, la demandada, Marina Rico de Pinto, solicitó al despacho judicial que, en su calidad de deudora hipotecaria del crédito bancario, se ordenara la suspensión del proceso con base en la inaplicabilidad sobreviviente de las normas reguladoras del sistema de financiación con créditos hipotecarios de largo plazo, así como con fundamento en las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999, y del contenido de la Ley 546 de 1999 que expresamente ordena dicha suspensión (fl. 70, cdno. 4).
e. Mediante auto del 10 de febrero de 2000, el despacho judicial accionado accedió a la solicitud de la demandante y suspendió el proceso ejecutivo por el término de 90 días con el fin de permitir la reliquidación del crédito (fl. 73, cdno. 4).
f. Mediante memorial del 15 de mayo de 2000, la apoderada judicial de AV Villas informó al despacho judicial que, en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 546 de 1999, el crédito de la tutelante había sido sometido a reliquidación, de la cual resultaron saldos insolutos. En consecuencia, acorde con la Circular Externa 7 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, la entidad bancaria solicitó al despacho judicial continuar con el proceso ejecutivo hipotecario para el cobro de dichos saldos.
g. Por auto del 18 de mayo de 2000, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dio traslado de la reliquidación del crédito a la ejecutada, con el fin de que la misma diera su correspondiente aceptación. “En caso positivo —dijo el juzgado— el proceso se archivará condicionado claro está a que se hayan pagado las cuotas atrasadas hasta la fecha (o en su defecto que se acuerde con la entidad demandante la reestructuración o refinanciación de lo mismo). En caso contrario, el proceso continuará su curso normal” (fl. 85, cdno. 4).
h. Por memorial del 30 de mayo de 2000, la entidad bancaria solicitó al despacho judicial seguir adelante con el proceso ejecutivo, habida cuenta de que la reliquidación del crédito arrojó saldos a favor de la entidad, pues no pudieron cubrirse todas las cuotas en mora que la demandante tenía a 1º de enero de 2000. De dicho memorial se corrió traslado a la ejecutada (fl. 87, cdno. 4).
i. Por memorial del 17 de julio de 2000, el apoderado judicial de la entidad bancaria solicitó al despacho judicial formalizar la notificación del mandamiento de pago a la demandada, solicitud que se acogió mediante auto del 18 de julio de 2001, en el que el Juzgado Octavo Civil ordenó formalizar la notificación a la demandada, en forma directa, si llegare a comparecer a esa oficina. Igualmente, ordenó notificar la reliquidación del crédito. De no ser posible lo anterior, se dispuso la notificación al curador ad litem. En el auto, el despacho advirtió que no podía darse aplicación al artículo 330 del Código de Procedimiento Civil porque no se da ninguna de las eventualidades que indica la norma para poder atestar que la aludida demandada se haya notificado por conducta concluyente (fl. 91, cdno. 4).
j. En atención al telegrama de notificación del 2 de agosto de 2001, el abogado Luis Eduardo Delgado Martínez asumió la curaduría de la demandada (fl. 91, cdno. 4), tras lo cual procedió a contestar la demanda.
k. Mediante sentencia del 9 de noviembre de 2001, el despacho judicial del circuito ordenó la venta en pública subasta de los inmuebles hipotecados (fls. 95 a 99, cdno. 4). La providencia fue consultada ante el superior jerárquico, que la confirmó en todas sus partes (fls. 8 a 11, cdno. 5).
l. De la liquidación del crédito se corrió traslado por auto del 22 de abril de 2002, sin que la misma hubiera sido objetada, por lo que se aprobó mediante auto del 30 de abril del mismo año. Habiéndose perfeccionado el embargo y secuestro del bien, el despacho judicial ordenó el avalúo del mismo, que fue fijado por los peritos en 35 millones de pesos —agosto de 2002— y no recibió objeción alguna.
m. En enero de 2004, la demandante, Marina Rico de Pinto, otorgó poder a su abogado para que la representara en el proceso, abogado al que se le reconoció como apoderado principal mediante auto del 4 de febrero de 2004 (fl. 152, cdno. 4).
n. Después de varios intentos, el despacho fijó como fecha para remate el 15 de julio de 2004, el cual se declaró desierto por falta de postores (fl. 62, cdno. 2).
ñ. Mediante memorial sin fecha (fls. 1 a 5, cdno. 7), el apoderado judicial de la parte demandada presentó incidente de nulidad de todo lo actuado desde el año 2000, por haber sido tramitado el proceso en contra de las disposiciones legales y consideraciones jurisprudenciales que ordenaban su terminación.
o. La solicitud de nulidad fue despachada desfavorablemente en primera instancia por auto del 17 de agosto de 2004 (fls. 180 a 183, cdno. 4) pues, a juicio del juez de conocimiento, las 58 mensualidades atrasadas remanentes de la reliquidación del crédito así lo impidieron. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, mediante providencia del 30 de septiembre de 2004 (fls. 10 a 16, cdno. 6).
p. En providencia del 2 de noviembre de 2004, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, atendiendo al hecho de que el inmueble hipotecado no pudo venderse en pública subasta, adjudicó la propiedad al Banco Comercial AV Villas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 530 y 557 del Código de Procedimiento Civil, ordenando a los secuestres hacer la entrega del predio. La entrega se ordenó mediante auto del 10 de febrero de 2005 (fl. 200, cdno. 4).
q. La demandante presentó la presente acción de tutela el 30 de junio de 2005, copia de cuya actuación aparece en el expediente del proceso hipotecario (fls. 205 a 232, cdno. 4).
Del anterior recuento fáctico, así como de los elementos aportados al proceso, principalmente de la copia del expediente del ejecutivo hipotecario, esta Sala de Revisión encuentra que, en primer lugar, la actitud procesal de la demandante no reviste los visos de negligencia que en oportunidades pasadas han llevado a la Corte Constitucional a negar el amparo solicitado.
En oportunidad pasada, la Corte Constitucional concedió la protección de los derechos fundamentales invocados al peticionario que presentó solicitud de nulidad del proceso como consecuencia de no haberse ordenado la terminación automática del mismo, entendiendo que dicha solicitud constituía la manera de utilizar los medios de defensa puestos a disposición del demandado. En dicha oportunidad, la Corte dijo.
“Sobre este punto es clara la participación del accionante quien de manera diligente, solicitó en su momento la terminación del proceso ejecutivo, más específicamente que se declarara la nulidad de las actuaciones que se surtieron con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 en virtud de lo estipulado en la Ley 546 de 1999. Esta situación se deduce de la lectura del recurso de apelación desatado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, que advierte al accionante que de la aplicación de la Ley 546 de 1999 y de la interpretación que se puede hacer de dicha norma, efectuada la reliquidación del crédito hipotecario en los términos allí estipulados no puede sobrevenir la automática terminación del proceso, advirtiendo que dicha circunstancia solo podrá ocurrir en el evento en que no quedare saldo alguno por cancelar luego de hecha la mencionada reliquidación” (Sent. T-475/2005, M.P. Humberto Sierra Porto).
Por otro lado, de lo dicho por el despacho judicial accionado se tiene que la demandante presentó las solicitudes pertinentes a lo largo del proceso, las cuales fueron resueltas desfavorablemente, es decir, no condujeron a la terminación del proceso ejecutivo. Dice el despacho judicial al respecto, que “Dentro del curso del proceso se le ha dado respuesta oportuna a las peticiones formuladas por el vocero judicial de la parte demandada (accionante en tutela), la mayoría de las cuales infundadas, como lo pueden apreciar los honorables magistrados al revisar la actuación cumplida, advirtiéndose, que en dicho escenario natural, solicitó la terminación del proceso con fundamento en la misma normatividad, habiéndosele negado, argumento que viene a contemplar nuevamente al utilizar el mecanismo de la tutela”.
Lo anterior se verifica si se repara en el contenido del memorial remitido en febrero de 2000 al juez de conocimiento, mediante el cual la tutelante solicitó al despacho que suspendiera el proceso en cumplimiento de las previsiones de la Ley 546 de 1999 y en atención a las consideraciones hechas por la Corte en las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999 (fl. 70, cdno. 4).
En efecto, pese a que la solicitud de suspensión del proceso tenía la finalidad de propiciar la reliquidación del crédito hipotecario, cosa que ocurrió en su momento, es innegable que la demandante elevó su petición para que fuera interpretada en el contexto de lo dicho por la Corte en las sentencias C-383 de 1999, C, 700 de 1999 y C-747 de 1999, todas ellas contentivas de la posición jurisprudencial que obliga al juez de conocimiento a dar por terminados los procesos ejecutivos, pese a los saldos en mora que pudiesen quedar después de la liquidación.
En tal sentido, para la Sala, es claro que la negligencia de la demandante en el proceso ejecutivo, que le acarrearía la improcedencia de la tutela, no quedó probada en el expediente, pues, amén de que solicitó la suspensión del proceso, en una petición que a la luz de la jurisprudencia de la Corte debe interpretarse como requerimiento para la terminación del mismo, la tutelante presentó nulidad de todo lo actuado dentro del trámite de las diligencias. De lo dicho, esta Sala encuentra que la actitud procesal de la tutelante, demandada en el proceso ejecutivo, ha estado dirigida a solicitar la terminación del proceso en su etapa de trámite.
Verificado que la demandante del proceso de la referencia actuó en consonancia con la jurisprudencia pertinente, esta Sala no puede más que concluir que la decisión del Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga de abstenerse de dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra la tutelante porque la reliquidación del crédito hipotecario dejó saldos insolutos, constituye una vía de hecho por desconocimiento, tanto del precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional, como del entendimiento constitucional del artículo 42, parágrafo 3º, de la Ley 546 de 1999, que no establece distinciones en el tipo de procesos que deben darse por terminados como consecuencia de la reliquidación de los créditos hipotecarios.
En consonancia con lo dicho en la Sentencia T-1286 de 2005, de la cual se desglosó el presente expediente, “además de que la decisión del juez de la causa constituye, a la luz de la jurisprudencia constitucional, una vía de hecho, la parte demandante ha intervenido oportuna y diligentemente en el desarrollo de las diligencias del proceso ordinario, razón suficiente para considerar que, en su caso, la tutela resulta procedente para proteger su derecho a la vivienda digna”.
1. Por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, REVOCAR la sentencia del 18 de julio de 2005, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se denegó la protección solicitada por Marina Rico de Pinto en contra del Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga y el Banco AV Villas y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado.
2. DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO la actuación judicial surtida en el proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 8º civil del Circuito de Bucaramanga por el Banco AV Villas en contra de Marina Pinto de Rico, a partir de la presentación del memorial de nulidad por parte del apoderado judicial de la tutelante.
3. ORDENAR al Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga que, en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie en los términos que dispone la Ley 546 de 1999, en su artículo 42 parágrafo tercero, ciñéndose estrictamente a la interpretación que sobre el mismo hizo esta corporación en la Sentencia C-955 de 2000.
4. Levantar la suspensión de los términos, decretada en este proceso mediante Sentencia T-1286 de 2005.
5. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(2) Sentencia C-955 de 2000.
(3) Sentencia T-199 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(4) Sentencia T-701 de 2004, (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
(5) Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-606 de 2003, (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-282 de 2005, (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(6) Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-327 de 1994, SU-014 de 2001, T-1001 de 2001, T-852 de 2002 y T-701 de 2004.
(7) Sentencia T-282 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(8) Sentencias SU-327 de 1995, (M.P. Carlos Gaviria Díaz); SU-640 de 1998, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-511 de 2001, (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(9) Corte Constitucional, T-535 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.