Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-1-agosto-2017-693475233
Timestamp: 2020-02-24 21:31:39
Document Index: 66509251

Matched Legal Cases: ['artículo 326', 'artículo 1', 'artículo 151', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 233', 'artículo 234', 'artículo 374', 'artículo 222', 'artículo 376', 'artículo 379']

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 38 a inscribir un acta administrativa de cesión y recepción gratuita de terrenos. - Doctrina Administrativa - VLEX 693475233
Publicado en: BOE, 21 de Septiembre de 2017
DISOLUCION DE UNA SOCIEDAD POR TRANSCURSO DEL PLAZO FIJADO. COMPUTO: Fijada la duración normalmente por años, como la constitución de la sociedad pudo haber tenido lugar a cualquier hora de la fecha inicial, hay que entender que la disolución de pleno derecho se produce a la última hora de la fecha final.
Naturalmente, el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador debe resolverse atendiendo exclusivamente a los documentos presentados en tiempo y forma (artículo 326 de la Ley Hipotecaria). En este sentido, para resolverlo no cabe tener en cuenta el documento público de 27 de abril de 2017 que se acompañó al escrito de interposición, fechado una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad, sin perjuicio de que, como advierte la registradora en el informe, pueda volver a presentarse en el Registro de la propiedad el acta calificada (equívocamente denominada «de cesión y recepción gratuita») junto con cualquiera de los documentos aportados durante la tramitación del recurso o con otros nuevos.
En materia de duración de las sociedades anónimas, la Ley de 28 de enero de 1848, de compañías mercantiles por acciones, nada decía; pero el Reglamento de 17 de febrero de ese mismo año, dictado para la ejecución de dicha Ley, exigía que las escrituras de constitución de esa clase de sociedades especificaran el «plazo fijo de duración» (artículo 1-5.º). El Código de Comercio de 1885 suprimió el adjetivo (artículo 151), abriendo el interrogante acerca de si era posible o no constituir sociedades anónimas de duración indefinida, duda que la práctica pronto resolvió en sentido afirmativo. Como el tema era pacífico, la Ley de sociedades anónimas de 17 de julio de 1951 (artículo 11.3.º, letra c) y la Ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1953 (artículo 7.4.º), mantuvieron la misma fórmula que la utilizada por el segundo Código Mercantil español.
Ahora bien, cualquiera que fuera la opción seguida, es evidente que la persona que, en nombre de la sociedad, suscribe el acta administrativa carecía de poder de representación o, cuando menos, no se acreditó que lo tuviera.
Si la sociedad no se hubiera disuelto, el presidente del consejo de administración carecía, por razón del cargo, de poder de representación de la sociedad: cuando una sociedad de capital se encuentra administrada por un consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente, salvo que los estatutos hayan atribuido ese poder a uno o varios miembros de dicho consejo, bien a título individual, bien a título conjunto (artículo 233.2, letra d, de la Ley de Sociedades de Capital). Aunque la equívoca fórmula legal plantea no pocos problemas de interpretación, se entiende comúnmente que el modelo legal de representación, en caso de consejo de administración, responde a la denominada «regla de la actuación conjunta de la mayoría», y no a la regla de la actuación conjunta de todos los integrantes del consejo. Como esta solución es escasamente operativa, se suele acudir a la atribución de poder de representación a determinados administradores, conste esa atribución en norma estatutaria o sea consecuencia de acuerdos de delegación, permanente o no, de las facultades del propio Consejo. Esos eventuales representantes estatutarios vinculan a la sociedad incluso a falta de previo acuerdo del órgano de decisión (artículo 234.1, párrafo segundo), y lo mismo puede decirse de quienes ejercitan la facultad de representación por vía delegada. En todo caso, el presidente del consejo de administración no tiene poder de representación por razón del cargo. Salvo disposición expresa de los estatutos sociales, la mera presidencia de ese órgano colegiado no comporta la facultad de representar y, por ende, de vincular a la sociedad.
Si, en contra el criterio de la registradora y, según hemos señalado, en contra del criterio de esta Dirección General, se entendiera que la sociedad ya se había disuelto, tampoco se ha acreditado que el suscritor del acta administrativa tuviera poder de representación. Con la disolución de la sociedad y la apertura del período de liquidación cesan los miembros del consejo de administración, extinguiéndose el poder de representación (artículo 374.1); y, salvo disposición contraria de los estatutos, los miembros del consejo con nombramiento vigente (artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital) quedan convertidos en liquidadores (artículo 376.1 de la Ley de Sociedades Anónimas), correspondiendo el poder de liquidación, siempre salvo disposición contraria de los estatutos, a cada liquidador individualmente (artículo 379.1 de la Ley de Sociedades de Capital). Pero, en el momento de calificar la registradora de la Propiedad el título presentado ni la sociedad había acreditado cuál era el régimen de representación de la sociedad a la fecha de eficacia de la causa de disolución, ni la registradora de la Propiedad consultó en el Registro Mercantil cuál era el régimen de los estatutos sociales aplicable el 15 de septiembre de 2016 a la liquidación de esa sociedad mixta, por lo que no es posible conocer si existía un determinado régimen estatutario o si, por el contrario, se produjo la conversión de todos y cada uno de los miembros del consejo en liquidadores con poder individual de representación. Ciertamente, la registradora en el informe emitido hace constar la consulta al Registro Mercantil el 3 de noviembre de 2016 y que a esa fecha constaba inscrito el posterior nombramiento de una persona jurídica como liquidadora de la sociedad, pero esta circunstancia nada tiene que ver con el régimen de la representación vigente a la fecha de apertura de la liquidación. Con todo, la determinación de cuál era el poder de representación de la sociedad el 15 de septiembre de 2016, si estuviera disuelta, es irrelevante a los efectos de la calificación; y lo es porque el firmante del acta administrativa no actúa en concepto de liquidador, sino en concepto de presidente del consejo de administración o como consejero-delegado cuando el consejo ya no existía, habiendo decaído en la condición de administradores todos los integrantes de ese órgano, incluidos cargos y delegados.
En la nota de calificación, la registradora alega que, disuelta la sociedad de pleno derecho, se abre la liquidación; que la sociedad no queda extinguida por cumplimiento del plazo de duración establecido en los estatutos sociales; y que la extinción presupone el pago a los acreedores, sin el cual no es posible que el liquidador o los liquidadores otorguen la escritura de extinción de la sociedad. Este argumento, que se utiliza mezclado con los relativos a la falta del poder de representación y a la falta de competencia, para reforzarlos, exige una consideración autónoma.
Cuestión Vinculante nº V1124-17 de Dirección General de Tributos, 10 de Mayo de 2017
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo interpuesto por don Antonio Ortiz Prieto, contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid número XV, don Juan Pablo Ruano Borrella, a inscribir un acuerdo social de cese y nombramiento de Administrador.