Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-3200-de-2002?documento=legcol&contexto=legcol_75992041d7f9f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 07:27:39
Document Index: 97371636

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 347', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 88', 'artículo 257', 'artículo 258', 'artículo 46', 'artículo 5', 'artículo 119', 'artículo 18', 'artículo 107']

﻿ DECRETO 3200 DE 2002
DECRETO 3200 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL PARA LA VIGENCIA 2003. SE FIJAN LOS CÓMPUTOS, CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2003, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
Que el artículo 39 de la Ley 780 del 18 de diciembre de 2002, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003” faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos;
225400 Instituto Tecnológico de Soledad – Atlántico ITSA
ART. 2º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003 una suma por valor de: sesenta y cinco billones seiscientos noventa y tres mil ochocientos treinta y nueve millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos moneda legal ($ 65,693,839,734,406), según el detalle que se encuentra a continuación:
Nota: Los anexos pueden ser consultados en el Diario Oficial 45.049 de diciembre 30 de 2002.
ART. 3º—El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto de ley de financiamiento que se presentará al Congreso en los términos del artículo 347 de la Constitución Política, ascienden a la suma de un billón cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y un millones de pesos moneda legal ($ 1.476.651.000.000) con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor de sesenta y siete billones ciento setenta mil cuatrocientos noventa millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos moneda legal ($ 67.170.490.734.406).
ART. 11.—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes éstos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
ART. 16.—Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales causadas durante la vigencia fiscal de 2002; así como, las pensiones, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones y transporte, las de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2002, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2003.
Cuando los órganos de que trata el artículo 6º del presente decreto requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la dirección general del presupuesto público nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúanse los vehículos de los presidentes de la ramas del poder público y los operativos de la fuerza pública y el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”.
ART. 23.—Los órganos de que trata el artículo 6º del presente decreto deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2003, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación ésta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1793 de 2000. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.
ART. 27.—Los órganos de que trata el artículo 6º del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con programa anual mensualizado de caja, PAC, aprobado.
Cuando se trate de aportes de la Nación a las empresas industriales y comerciales del Estado o a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.
ART. 32.—Los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2003, deberán ser reintegrados por éstas a la dirección del tesoro nacional a más tardar el 20 de enero del año 2004.
ART. 37.—Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquéllas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación a los cuales estén vinculadas.
ART. 38.—Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2003 se clasifican en la siguiente forma:
1 .1.3. Indemnización por vacaciones
ART. 39.—Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2003 se definen en la siguiente forma:
1.1.1.Sueldos de personal de nómina
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como, cajas de compensación familiar, fondos administradores de cesantías y pensiones, empresas promotoras de salud privadas, así como las administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como, SENA, ICBF, ESAP, Nondo Nacional de Ahorro, fondos administradores de cesantías y pensiones, empresas promotoras de salud públicas, así como las administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Los viáticos sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i. del artículo 45 del Decreto-Ley 1045 de 1978.
Las entidades públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquél para tal fin.
Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías.
Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra diferentes de los honorarios de los abogados defensores.
Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar peritazgos, costos de los tribunales de arbitramento distintos de los honorarios de los árbitros y demás costos judiciales relacionados con los procesos.
ART. 41.—Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.
ART. 42.—Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero del año 2004.
ART. 43.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.
ART. 44.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Público Nacional— de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2003.
ART. 45.—El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
ART. 46.—Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la dirección del tesoro nacional en el mes siguiente de su recaudo.
ART. 47.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Público Nacional— podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y seguimiento de los recursos incorporados al presupuesto.
ART. 48.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Público Nacional— podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 6º de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el plan financiero, en la programación macroeconómica del Gobierno Nacional y en el programa anual de caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
ART. 49.—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto.
ART. 50.—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.
ART. 51.—Los órganos a que se refiere el artículo 6º del presente decreto cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
ART. 52.—La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los grupos de acción unificada por la libertad personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.
ART. 53.—Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 8º del Decreto 267 de 2000.
ART. 54.—El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2003 contiene la reducción ordenada en el estatuto orgánico del presupuesto y en la Ley 344 de 1996. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado estatuto.
ART. 55.—Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su redención.
ART. 57.—Para la vigencia fiscal de 2003 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.
ART. 58.—En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.
ART. 59.—Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la ley de regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder a éstos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.
ART. 60.—Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5º del estatuto orgánico del presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
ART. 61.—Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos.
Igual procedimiento será aplicable a los órganos del presupuesto general de la Nación cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas sobre los recursos de la Nación.
ART. 62.—Facúltase a la dirección general del tesoro nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la dirección general del tesoro nacional, reconociendo tasa de mercado durante el período de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada dirección a tasas de mercado.
ART. 63.—Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del sistema financiero.
ART. 64.—Cuando los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a enajenarlos o arrendarlos.
ART. 65.—El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas.
ART. 66.—Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, o mediante convenios con las entidades territoriales, según el caso.
ART. 67.—Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública.
ART. 68.—En desarrollo del artículo 119 del estatuto orgánico del presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1140 de 1999 y para garantizar su saneamiento financiero, el instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas, IPSE, o quien haga sus veces, podrá capitalizar en las empresas de servicios públicos de energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado nacional. Una vez capitalizados estos activos, el instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna.
ART. 69.—En el evento de que los recursos de la reserva especial de las garantías para bonos hipotecarios para financiar la cartera VIS subsidiable y para títulos emitidos en procesos de titularización de cartera VIS subsidiable que emitan los establecimientos de crédito, a que se refiere la Ley 546 de 1999, no sean suficientes para cubrir oportunamente las mismas, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocerlas como deuda pública y atenderla mediante la emisión de bonos en las condiciones de mercado que el gobierno establezca.
ART. 70.—Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.
ART. 71.—La ejecución de los recursos que deban ser girados al fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales con cargo al presupuesto general de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la dirección del tesoro nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.
ART. 72.—Con el objeto de avanzar hacia una justa y equitativa distribución de la inversión pública en los entes territoriales, los recursos de inversión no atados regionalmente, se asignarán de conformidad con la matriz de distribución regional elaborada por el DNP teniendo en cuenta la población, el índice de desarrollo departamental y el índice de eficiencia fiscal departamental y que se detalla a continuación:
El monto de éstos recursos deberá ajustarse a la programación financiera y a las metas fiscales del gobierno, los cuales preferentemente no serán inferiores al 1% del monto total del presupuesto.
ART. 73.—Por el término de tres (3) años, a partir del ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2002, no menos del 50% de las utilidades brutas que en cada ejercicio anual liquide Finagro, se trasladarán al programa del incentivo a la capitalización rural, ICR, creado por la Ley 101 de 1993. El porcentaje será definido anualmente por la junta directiva de Finagro.
ART. 74.—El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2003.
ART. 75.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2003.