Source: https://es.scribd.com/document/71152736/Proyecto-de-Codigo-de-Procedimientos-Constitucionales-en-Bolivia-Comentarios-y-Observaciones-preliminares
Timestamp: 2016-09-30 00:54:45
Document Index: 62406397

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NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartituras Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales en Bolivia: Comentarios y Observaciones preliminares(*) Por: Abog. Alan E. Vargas Lima(**) En fecha 27 de octubre de 2011, el contenido de éste análisis, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a fin de coadyuvar en el tratamiento y discusión del Proyecto de Ley que apruebe el “Código de Procedimientos Constitucionales” a nivel del pleno camaral. (**) El autor es Abogado en ejercicio de la función pública en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), habiéndose desempeñado en calidad de Autoridad Sumariante (Gestiones 2009 – 2010). Ha cursado y aprobado satisfactoriamente la Especialidad en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); y el Diplomado en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Aquino – Bolivia (UDABOL). Ha sido designado Docente de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ – Sede La Paz), y actualmente ejerce funciones en calidad de Asesor Legal dependiente de la Dirección Responsable del Blog Jurídico: Tren Fugitivo Boliviano Jurídica del GAMLP. (http://alanvargas4784.blogspot.com/).
A inicios del mes de octubre de 2011, el Hotel Radisson de la Ciudad de La Paz, fue el escenario elegido para llevar adelante el Seminario Taller sobre el Proyecto de Ley que aprobará el Código de Procedimientos Constitucionales en Bolivia; evento acertadamente auspiciado por la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el apoyo de AECID e IDEA Internacional, habiendo contado con la participación de juristas nacionales de destacada trayectoria y dedicación al estudio y consolidación normativa del Derecho Procesal Constitucional en nuestro país, entre ellos los Doctores Jorge Asbun, Horacio Andaluz, José Luis Gutierrez Sardán, además de Fernando Zambrana en representación de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Durante el desarrollo del evento, se nos hizo conocer a todos los participantes, el texto del Proyecto de Ley1 destinado a aprobar el nuevo Código de Procedimientos Constitucionales en Bolivia, mismo que ha suscitado diversas interrogantes en relación a su pertinencia y contenido, como por ejemplo: ¿es apropiado el título del proyecto y su aparición en el estado actual del Derecho Procesal Constitucional en nuestro país?; ¿cuáles son sus fundamentos o propósitos esenciales de acuerdo a su Exposición de Motivos?; ¿es necesaria o no la codificación del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia?; ¿cuáles son sus principales alcances, innovaciones y/o limitaciones normativas?. Estas y otras incógnitas han motivado el comentario preliminar que se presenta a continuación. 1. Antecedentes del Derecho Procesal Constitucional y su Codificación en Latinoamérica Con carácter previo, corresponde hacer una breve referencia al desarrollo del Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica, tanto en el ámbito académico, como en el ámbito jurídico positivo en Latinoamérica, lo que constituye un aspecto de innegable importancia para el estudio y difusión de sus alcances. A este efecto, acudimos a la extensa doctrina constitucional expuesta por el profesor Humberto Nogueira Alcalá, en su brillante trabajo denominado: “El Derecho Procesal Constitucional a inicios del siglo XXI en América Latina”2, quien nos hace conocer que el uso del concepto de Derecho Procesal Constitucional surgió en la década de los años 40’ (en pleno siglo XX), siendo su creador el jurista y procesalista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo, a través de sus obras escritas durante su exilio en Argentina y México. De ahí que, el vocablo fue utilizado por primera vez por el mencionado procesalista exiliado en Argentina, quien lo utilizó en su libro “Ensayos de derecho procesal (civil, penal y constitucional)”, publicado en Buenos Aires (1944), reiterándolo en un artículo publicado en la Revista de Derecho Procesal, editada en Buenos Aires, por Hugo Alsina (año III, 2da. Parte, 1945, p. 77). Años más tarde, y siguiendo éste criterio, fue el maestro mexicano Héctor Fix-Zamudio -discípulo del jurista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo-, quien se ocupó de desarrollar y sistematizar el Derecho Procesal Constitucional como una disciplina jurídica especializada; de ahí que su primer trabajo fue su Tesis de
El texto del Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales, fue publicado por la Comisión Europea para la Democracia a través de las Leyes (Comisión de Venecia) en su Opinión Nº 645/2011 de fecha 4 de octubre de 2011. Ahora disponible virtualmente en: http://t.co/tDQhYFN6 2 Revista Estudios Constitucionales, Año 7, N° 1, Santiago (Chile) 2009, pp. 13-58. Disponible virtualmente en http://t.co/ePxFTYyn
Licenciatura en Derecho, elaborada en 1955, y denominada "La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana (ensayo de una estructuración procesal del amparo)"3, obra en la cual ya comenzaba a considerar la existencia de: "una disciplina instrumental que se ocupa del estudio de las normas que sirven de medio para la realización de las disposiciones contenidas en los preceptos constitucionales, cuando estos son desconocidos, violados o existe incertidumbre sobre su significado; siendo esta materia una de las ramas más jóvenes de la Ciencia del Derecho Procesal, y por lo tanto, no ha sido objeto todavía de una doctrina sistemática que defina su verdadera naturaleza y establezca sus límites dentro del inmenso campo del Derecho". Asimismo, hacía referencia al Derecho Procesal Constitucional, señalándolo como aquel que se ocupa del examen de las garantías de la propia Ley Fundamental, y que están establecidas en el texto mismo de la norma suprema. Posteriormente, el mismo FixZamudio en sus “Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho procesal constitucional”4, señalaba que el derecho procesal constitucional puede describirse: "como la disciplina jurídica, situada dentro del campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a la aplicación de los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar la violación de los mismos. [...] Esta rama del derecho procesal general tiene como contenido el análisis de las tres categorías que integran lo que se ha calificado como 'trilogía estructural del proceso', es decir, la acción, la jurisdicción y el proceso. Pero estas tres categorías esenciales poseen aspectos peculiares en el derecho procesal constitucional, y con este motivo, como un ensayo de sistematización de la materia de esta disciplina reciente, todavía en formación, adoptamos la terminología, ya acreditada, del notable procesalista italiano Mauro Cappelletti, quien además ha sido uno de los juristas que mayores aportaciones han hecho a este sector del derecho procesal". Además del aporte doctrinal del citado jurista mexicano -junto a otros que se han destacado por sus aportes en el estudio de ésta disciplina en Latinoamérica-, cabe hacer referencia también al desarrollo institucional que se ha generado para promover la difusión de la naturaleza jurídica y los alcances de ésta nueva disciplina especializada del Derecho; en este sentido -según la noticia que nos brinda el profesor Humberto Nogueira Alcalá, cuyos datos y citas textuales reproducimos aquí-, en 1991 fue creado el Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, el cual fue reformulado en 2003 bajo la denominación de Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, junto con la realización del
FIX-ZAMUDIO, Héctor. La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana (Ensayo de una estructura procesal del Amparo). Facultad de Derecho, UNAM, 1955, 180 páginas, defendida en enero de 1956; obra de la cual fueron publicados dos de sus Capítulos en la Revista La Justicia en 1956 y luego el contenido completo en su obra El juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México, 1964, pp. 5-70. 4 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho procesal constitucional, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Derecho procesal constitucional Tomo I. Tercera edición (México, D.F. Ed. Porrúa, 2003), p. 197.
Primer Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, y conjuntamente a las VII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucional, en la Pontificia Universidad Católica de Nuestra Señora del Rosario (Rosario – Argentina). Dicho Instituto ha impulsado la realización diversos Encuentros Latinoamericanos y, a su vez se han ido creando Asociaciones Nacionales en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, las cuales organizan periódicamente diversos eventos académicos sobre la materia. Por otro lado, el impulso por el estudio y análisis jurídico científico del Derecho Procesal Constitucional ha encontrado un canal importante en la creación de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional5 con el patrocinio del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, siendo editada por la Editorial Porrúa de México. Asimismo, el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano6 ha establecido una sección de la Revista dedicada al Derecho Procesal Constitucional, como también la Revista Estudios Constitucionales del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, tiene declarada como área de desarrollo de contenidos y análisis el derecho procesal constitucional. No puede dejar de mencionarse, en el ámbito Iberoamericano el esfuerzo desarrollado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, dentro del cual bajo la dirección de Francisco Fernández Segado, se publica el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional7. Ahora bien, respecto al desarrollo doctrinal de ésta rama del Derecho en nuestro país, cabe hacer notar que los trabajos más completos sobre la materia en Bolivia, han sido elaborados por el distinguido académico y ex-Magistrado del Tribunal Constitucional, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, quien ha desarrollado los tópicos esenciales para el estudio de la materia en su obra Jurisdicción Constitucional. Procesos constitucionales en Bolivia, cuya primera edición data del año 2001, la segunda edición actualizada fue elaborada el año 2004, y recientemente se ha presentado ya una tercera edición de ésta obra (Cochabamba: Editorial Kipus, 2011), exponiendo claramente el desarrollo del concepto de Derecho Procesal Constitucional, el contenido de ésta disciplina del Derecho, y las principales instituciones del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia8. Por otro lado, y a propósito del desarrollo de la legislación procesal constitucional en forma sistemática en Latinoamérica y el desarrollo de los Códigos de Derecho Procesal Constitucional, el profesor Humberto Nogueira Alcalá señala que estos esfuerzos han comenzado a tener frutos en el ámbito del derecho positivo, con la aprobación de diversos Códigos de Derecho Procesal Constitucional como son por ejemplo: a) la Ley Nº 7.135 de 11 de octubre de 1989 de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica; b) la Ley de
La Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, editada desde el año 2004 hasta el pasado año 2010 (Números 1 al 10), ahora se encuentra disponible virtualmente en: www.iidpc.org . 6 El Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, en sus diversos números editados desde el año 2001 hasta el año 2007, ahora se encuentra disponible virtualmente en: http://t.co/8qgf6QUs 7 El Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, en sus diversos números editados desde el año 1997 hasta el año 2011, ahora se encuentra disponible virtualmente en: http://t.co/anb4K8cc 8 En el año 2007, el mismo autor ha editado dos libros adicionales sobre éstos temas: El Tribunal Constitucional Defensor de la Constitución, mediante el cual propugna la necesidad de su consolidación institucional en Bolivia, y Temas de Derecho Procesal Constitucional, en donde ha recopilado diversos trabajos y artículos ya publicados con anterioridad sobre diversos ámbitos e instituciones del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia y Latinoamérica.
Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de Guatemala de 14 de enero de 1986 (Decreto N° 1-86 de la Asamblea Constituyente); c) la Ley N° 8.369 de Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos; d) el Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán (Ley Nº 6944 de 1995 y que se encuentra vigente desde el 7 de mayo de 1999, en Argentina); y e) Código de Derecho Procesal Constitucional del Perú (Ley N° 28.237 de 2004), que son algunas de las principales normativas sistemáticas elaboradas hasta el presente en Latinoamérica. 2. Las ventajas e inconvenientes de la Codificación Indudablemente, la situación excepcional de que aquellos procesos constitucionales y sus procedimientos respectivos –que generalmente siempre estuvieron regulados de forma escueta en el texto constitucional y las Leyes respectivas de desarrollo– sean ahora codificados, supone desde ya un avance rescatable, y por ello mismo determina la necesidad de indagar acerca de la pertinencia y/o necesidad, en la hora actual, de la adopción de esta medida legislativa en nuestro país. A este efecto, resulta necesario recordar algunas ideas básicas y centrales sobre la labor codificadora. En este sentido, conviene tener presente que un Código se concibe generalmente como aquella agrupación orgánica, sistemática y uniforme de todas las normas referentes a un área específica de la Ciencia del Derecho9; de ahí que, Codificar es precisamente agrupar en un solo cuerpo normativo, y de manera sistemática, todas aquellas normas referentes a un ámbito específico del Derecho, en este caso, el que deriva de las Garantías jurisdiccionales y Acciones de Defensa previstas en la Nueva Constitución Boliviana. En definitiva, un Código es la agrupación orgánica y sistemática de todas las normas referentes a una misma materia; a diferencia de una Recopilación, que consiste en el ordenamiento cronológico y/o por materia, de diversas Leyes y Decretos Supremos dictados en distintas ocasiones, conservando cada uno su individualidad10. Ahora bien, concretamente en lo que respecta a las ventajas e inconvenientes de la Codificación, cabe preguntarse: ¿Es conveniente la codificación de una rama especializada del Derecho, en este caso del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia?; ¿Acaso no será preferible que esta rama del Derecho fluya con el tiempo y se transforme libremente al ritmo de las necesidades sociales y de su incesante progreso?.
De lo referido, se puede deducir que los principales características de un Código son: a) Orgánico, porque un Código constituye un conjunto orgánico cuyas partes que lo componen se encuentran estrecha y perfectamente interrelacionadas entre sí; b) Sistemático, porque las diversas normas de que está compuesto, se encuentran ordenadas sistemáticamente, permitiendo su aplicación eficaz, además de facilitar su estudio; y, c) Uniforme, porque un Código encierra en su contenido normativo, todas aquellas disposiciones destinadas a regular un solo ámbito específico del Derecho; en consecuencia, se puede decir que la implementación del Código de Procedimientos Constitucionales en Bolivia, constituye la Codificación del Derecho Procesal Constitucional, de reciente data en nuestro país. Sobre éste aspecto doctrinal, un capítulo dedicado al fenómeno de la Codificación, puede encontrarse en: TERRAZAS TORREZ, Carlos. Derecho Civil Boliviano. La Paz (Bolivia): Talleres Gráficos – UMSA, 1958. Págs. 47-56. 10 ROMERO SANDOVAL, Raúl. Derecho Civil. (según los Apuntes de Derecho Civil Boliviano del Prof. Dr. Raúl Romero Linares). La Paz (Bolivia): Editorial Los Amigos del Libro, 1983. Pág. 61.
Cabe recordar, que son precisamente éste tipo de cuestiones las que se pusieron en discusión, en ocasión de aquel tan conocido debate doctrinal que se sostuvo entre el Profesor de la Universidad de Heidelberg, Thibaut, y el Representante de la Escuela Histórica, Savigny a comienzos del siglo XIX en Alemania, sobre la conveniencia o inconveniencia de la Codificación11. No obstante, y como corolario de esa confrontación ideológica entre éstos precursores de la Ciencia del Derecho, la necesidad de la Codificación se impuso favorablemente en diversas partes del mundo (excepto en los países que se rigen bajo el sistema jurídico del Common Law), tanto así, que actualmente la mayoría de los países civilizados han puesto en vigencia sus respectivos Códigos en diferentes materias. “Ciertamente que la codificación -dice Raúl Romero Sandoval- tiene una gran desventaja: pareciera que frena la marcha, el progreso y evolución del Derecho, o por lo menos hace que ellos sean más lentos, esto debido sobre todo a la inercia o indiferencia de los parlamentarios, principalmente en Bolivia donde, diestros para reformar con inusitada frecuencia la Constitución Política del Estado, son lerdos o nulos en la dictación de leyes civiles orgánicas y constructivas”12. Sin embargo, frente a la desventaja anotada, las ventajas de la codificación son mayores en número, dado que la misma: i) simplifica el conocimiento del Derecho, por estar contenido en cuerpos normativos orgánicamente sistematizados; ii) representa una unidad normativa y las diversas instituciones regladas en los Códigos, obedecen a directrices y principios fundamentales; iii) agiliza la labor del Abogado, del Jurista, del Juez, e inclusive del estudiante, porque es más fácil consultar un solo cuerpo de normas sistematizadas, que numerosas y diversas leyes generalmente dispersas e incongruentes entre sí. En conclusión, la Codificación en ninguna forma puede detener el progreso del Derecho, dado que los legisladores, al constatar los cambios políticos y sociales emergentes, pueden modificarlo, y por otro lado, la Jurisprudencia también contribuye a su modernización diaria y constante.
“En 1814, THIBAUT publicó un famoso escrito denominado De la necesidad de un Derecho Civil para toda Alemania, preconizando la unificación y codificación del Derecho alemán. Impresionado por las virtudes del Código Napoleón de 1804, creyó que esa labor codificadora provocaría la unidad de los pueblos alemanes, ya que el Derecho -decía- ejerce una acción correctiva sobre la sociedad y se impone a los hábitos e inclinaciones de los hombres. Este escrito tuvo resonancia en todos los círculos alemanes; empero, le salió al frente SAVIGNY, Jefe de la Escuela Histórica, quien refutó las ideas de THIBAUT en el no menos célebre escrito titulado De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del Derecho, alegando que siendo el Derecho un producto del alma popular, que va continuamente formándose y elaborándose, no puede ni debe fijarse en las fórmulas rígidas de un Código; que la codificación detiene este proceso de formación del Derecho y ahoga sus fuentes originarias; y que si a pesar de ser codificado el proceso de creación popular continúa, resulta ya inútil la codificación, la que ha sido superada por las nuevas producciones espontáneas del pueblo; por último, aún no se había alcanzado la suficiente madurez jurídica, ni formado el lenguaje necesario para emprender esta obra de codificación. (…)”. ROMERO SANDOVAL, Raúl. Obra Citada. Pág. 62. 12 ROMERO SANDOVAL, Raúl. Obra Citada. Pág. 63. Algo similar puede decirse respecto a las Leyes de desarrollo constitucional -me refiero a las cinco normas denominadas “Leyes Fundamentales” o estructurales-, que si bien en éste último tiempo, fueron aprobadas con bastante celeridad en cumplimiento al plazo perentorio establecido por las Disposiciones Transitorias de la Constitución, sin embargo, esta circunstancia ha puesto al descubierto que las mismas no fueron elaboradas guardando compatibilidad con la Nueva Constitución Boliviana aprobada en enero de 2009. Para un análisis de la normativa constitucional y sus leyes de desarrollo, ahora puede consultarse el trabajo de: DURÁN RIBERA, Willman. La Constitución vigente y sus leyes de desarrollo. ¿Guardan compatibilidad con la idea Estado de Derecho? Publicado en Revista Boliviana de Derecho, Nº 11, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Enero 2011. Ahora disponible virtualmente en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rbd/n11/a02.pdf
3. La técnica de la Codificación Cabe tenerse presente que en cuanto a la técnica a ser utilizada en la codificación, la elaboración de un Código, definitivamente no es una tarea que sencillamente pueda ser encarada por una sola persona, dado que entraña complejos problemas emergentes de su naturaleza, así por ejemplo los relativos a la definición de materias que deberá abordar, el diseño del plan que tendrá el Código, y también el lenguaje a ser utilizado. Respecto a las materias que deberá comprender el Código Procesal Constitucional, no solamente debe contener todo lo relativo a los procesos constitucionales, sino también los principios generales de procedimiento en los conflictos normativos, tutelares y competenciales, de acuerdo a la amplia gama de competencias asignadas tanto por la Nueva Constitución Boliviana, como por la Ley Nº 27, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Asimismo, sobre el plan que debe adoptar el Código, este es un aspecto de la mayor importancia, dado que es necesario adoptar un plan de materias, es decir un orden al que deben ceñirse las diversas partes (Libros, Títulos y/o Capítulos) del Código Procesal Constitucional, precedidas de una parte preliminar o general, en la que se detallen los principios generales de aplicación (en el tiempo y en el espacio) comunes a todos los procesos que sean regulados en dicho cuerpo normativo, con reglas generales y sus excepciones de aplicación. Finalmente, en lo que se refiere al lenguaje que debe usarse en la redacción de las fórmulas normativas que contendrá el Código, cabe considerar que el lenguaje, locuciones y palabras a ser insertadas en el mismo, deben atender tanto al sentido científico de los términos jurídicos, cuanto a la sencillez de sus normas, para que puedan ser fácilmente comprendidos por la mayoría de la población a la que se dirige. En otras palabras, la precisión y la elegancia en el uso del lenguaje procesal, no están reñidas con la claridad. Además de lo anterior, también resulta imprescindible la formulación previa de Bases generales sobre la cuales se estructure el nuevo Código, debiendo considerarse si es necesaria una reforma de alcance integral a las reglas de sustanciación de todos los procesos constitucionales, o si solamente se requieren ajustes de procedimiento (que incluyan modificaciones, reacondicionamientos normativos, adiciones o supresiones que sean necesarios), todo en el marco de lo dispuesto por la Nueva Constitución Política del Estado. Asimismo, es importante sentar las orientaciones axiológicas que tendrá el Código, y que involucran los Principios y Valores Supremos consagrados constitucionalmente, además de establecer las líneas generales de resolución de conflictos constitucionales, en caso de contradicción o simultánea concurrencia de valores, principios y derechos, en el caso concreto, lo que involucra el establecimiento de Principios y Criterios de Interpretación Constitucional, desde y conforme a la Constitución. Por otro lado, se debe procurar también que las normas a ser insertadas en el nuevo Código, sean adecuadas a la realidad nacional, lo que implica una mínima valoración y evaluación
de los usos y costumbres, sociales y jurídicas, las características demográficas del país y sus conexiones territoriales, el nivel cultural, grado de instrucción y el sentimiento de justicia constitucional en la comunidad boliviana, el estado actual de los conflictos normativos, tutelares y/o competenciales que se resuelven ante la jurisdicción constitucional, las soluciones adoptadas por la jurisprudencia constitucional existente y la medida de su efectividad y cumplimiento, las experiencias en el ejercicio de la judicatura constitucional, en la práctica profesional y en la cátedra universitaria inclusive, así como la necesidad de promover el desarrollo jurídico legislativo en el país, considerando en todo momento el estado actual de las ratificaciones y adhesiones del Estado Plurinacional de Bolivia a los diferentes Instrumentos Internacionales (Tratados, Convenios y/o Declaraciones) que garantizan y promueven los Derechos Humanos en el mundo, sin dejar de lado los avances tecnológicos y científicos que estén directamente relacionados con la tutela y protección de los derechos fundamentales de las personas. Como se puede apreciar, éstos aspectos tienen un carácter insoslayable, y son los que determinan que la labor de la Codificación del Derecho Procesal Constitucional, no puede ser afrontada por una o dos personas -por muy especialistas que sean en la materia-, sino que necesariamente se debe proceder a la conformación de una Comisión Codificadora que señale el tiempo prudencial y necesario para afrontar ésta tarea; ése es precisamente el sentido de la previsión contenida en la citada Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuando dispone que en un plazo no mayor de dos años de publicada dicha Ley (6 de julio de 2010), se promulgará el Código de Procedimientos Constitucionales (Disposición Transitoria Tercera), habiéndose omitido la previsión de conformar previamente una Comisión Codificadora que cuente con la participación imprescindible de los ex–Magistrados del anterior Tribunal Constitucional de Bolivia, cuya participación es imprescindible por su amplia experiencia y versación en la materia, además de otros destacados juristas nacionales dedicados al estudio y análisis del Derecho Procesal Constitucional, teniéndose como referente para su selección a la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. 4. La Exposición de Motivos del Proyecto De manera general, se entiende que una Exposición de Motivos es aquella parte preliminar de una Ley y/o Decreto, en la que se dan a conocer las justificaciones o razones jurídicas, políticas, sociales, etc., que propugnan su elaboración, vale decir, que en esta parte inicial el legislador, el proyectista de la norma, o quien tenga legitimación suficiente para la iniciativa legislativa, presenta todos los argumentos que respaldan su propuesta normativa que bien puede estar destinada a modificar, reformar, adicionar, derogar o finalmente crear una nueva Ley que tenga que ser incorporada al ordenamiento jurídico. Asimismo, en ésta exposición debe presentarse un panorama general introductorio a la norma proyectada, presentando sus principales instituciones, sus innovaciones normativas, sus posibles limitaciones debidamente justificadas, sus bases jurisprudenciales y/o de legislación comparada, y sus proyecciones hacia el futuro, que aseguren una vigencia prolongada de la norma dentro de la vida jurídica de un país.
En este caso, el proyecto tiene como introducción una muy escueta “Exposición de Motivos” (en nueve párrafos), que poco o nada dicen acerca de sus verdaderos propósitos o fines normativos. En este sentido, se hace referencia a la consolidación institucional del Estado Plurinacional y la creación del TCP mediante Ley Nº 27 de fecha 6 de julio de 2010, tratando de justificar la aparición del Código únicamente en la necesidad de que nuestro país se ponga a tono con el desarrollo de las instituciones del Derecho Procesal Constitucional, redundando en la existencia del mandato legal imperativo de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional; asimismo, se hace referencia a la auténtica función jurisdiccional que desarrollará el TCP, a través de la resolución de conflictos y la independencia de sus actividades para dicho efecto. Finalmente se señala que el Código “es el cimiento de la nueva justicia constitucional en Bolivia, que sin alejarse de los clásicos preceptos procesales, crea unos nuevos fundados en las realidades propias producto de las emergencias y necesidades de nuestra sociedad (…)”; para luego redundar nuevamente en las dictaduras que desconocieron la calidad de seres humanos, a los habitantes de nuestro país, lo que habría dado lugar -dice- a la consagración de las nuevas Acciones de Defensa, teniendo en cuenta la lógica evolutiva de protección de derechos; concluyendo que todas las instituciones descritas forman parte de un sistema normativo interdependiente entre sí, que entendido como un todo “garantizan la absoluta vigencia de la Constitución y el ejercicio efectivo de los derechos individuales y colectivos de todo el pueblo boliviano” (sic). Esas son en líneas generales, las ideas centrales que por ahora sustentan la Exposición de Motivos, cuya brevedad no dice nada respecto a los verdaderos orígenes y actual desarrollo de la jurisdicción constitucional en Bolivia13. Como se puede ver, las ideas breves insertadas a manera de Exposición de motivos, no constituyen una real exposición de los antecedentes fácticos y jurídicos para la adopción de un Código Procesal Constitucional, y tampoco establecen los verdaderos motivos que impulsaron a los legisladores (desconociéndose ahora si fueron uno o varios) para la elaboración del Proyecto.
Al respecto, cabe recordar que en la dinámica de las reformas y modificaciones del sistema constitucional, en cuanto se refiere al sistema de control de constitucionalidad, el Estado boliviano en su desarrollo históricolegislativo adoptó los diferentes modelos que se conocen en la doctrina del Derecho Constitucional. Así en un primer momento de su vida republicana (1826 – 1861), bajo la influencia del liberalismo francés, configuró un modelo político de control de constitucionalidad a través de un Consejo de Estado; en una segunda etapa (1861 – 1994), adoptó el modelo americano, es decir, el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia; y finalmente en la tercera etapa (1994 hacia adelante), adoptó el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad con la atribución exclusiva del control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo, que fue denominado Tribunal Constitucional. Un breve análisis sobre los alcances, implicaciones, y consecuencias del modelo de control político, así como del modelo de control jurisdiccional de constitucionalidad, y su evolución en Bolivia desde 1826 hasta 1967 puede verse en: GALINDO DE UGARTE, Marcel. ¿Tribunal Constitucional o Corte Suprema? Una contribución al debate. Fundación Milenio. La Paz (Bolivia): Producciones CIMA, Julio de 1994. Asimismo, para constatar la evolución del control de constitucionalidad en nuestro país, puede verse: RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Control de Constitucionalidad en Bolivia. Artículo publicado en la REVISTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Número 1. (Sucre – Bolivia: Editorial Judicial, 1999). Págs. 45-86. Finalmente, cabe considerar que un estudio sobre el Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia, ha sido ampliamente analizado y expuesto por el ex-Magistrado Decano del Tribunal Constitucional Dr. Willman R. Durán Ribera, en el Seminario Internacional sobre Justicia Constitucional y Estado de Derecho, realizado en nuestro país; al respecto puede consultarse la siguiente publicación: VI SEMINARIO INTERNACIONAL: Justicia Constitucional y Estado de Derecho (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003). Memoria Nº 7. Sucre (Bolivia): Editorial Tupac Katari, 2003. Págs. 187-202.
Sin embargo, se debe hacer notar que es de uso constante y generalizado, que todo nuevo Código vaya precedido de una Exposición de Motivos, en donde principalmente se explique con claridad la naturaleza jurídica del nuevo texto normativo, sus fundamentos y principios generales sobre los cuales ha sido elaborado y estructurado, señalando inclusive la tendencia filosófica que sigue y los fines que se propone alcanzar, todo ello para tratar de explicar la obra realizada, y justificar su aparición y su influencia en el ámbito político, social y esencialmente en el ámbito jurídico, mucho más si se considera que la Codificación del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia significa una innovación profunda en nuestro ordenamiento jurídico, dado que configura definitivamente la autonomía plena del Derecho Procesal Constitucional, lo que determina que la Exposición de Motivos debe sustentar ampliamente la necesidad de su implementación. En este sentido, los aspectos mínimos que debe contener la Exposición de Motivos del nuevo Código, se encuentran referidos al resumen cronológicamente detallado de los estudios y análisis previos realizados para su elaboración, y de su difusión a nivel nacional, conforme a su ámbito de aplicación; además de la metodología empleada para la redacción de su contenido y la recopilación sistemática de las fuentes consultadas y los estudios realizados respecto a la problemática de los conflictos constitucionales en Bolivia. Asimismo, los aspectos formales a ser abordados en la Exposición de Motivos, necesariamente deben estar referidos a: a) Lenguaje sencillo, lo que significa que se debe procurar un estilo claro, preciso y elegante, evitando el excesivo tecnicismo, para que el texto sea fácilmente accesible a toda lectura, cuidando que los preceptos cumplan en todo aspecto con los márgenes mínimos de tecnicidad y lenguaje estrictamente jurídico, logrando expresar el verdadero sentido y alcance de sus normas, para evitar su mala interpretación o ambigüedades emergentes que en nada coadyuvan a su comprensión. b) Terminología actualizada, de acuerdo a las nuevas tendencias de la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional en Latinoamérica, a fin de evitar repetir y mantener arcaísmos inadmisibles en un texto normativo, debiendo tenerse presente que los nuevos términos a utilizarse en su redacción, no significan un simple cambio de palabras, sino más bien de conceptos y fines, que deben expresarse precisamente en una nueva y enriquecedora terminología constitucional. c) Definiciones, que deben ser excluidas definitivamente, dado que éstas son propias de la doctrina constitucional contemporánea, que a nivel latinoamericano se encuentra ampliamente difundida, salvo por aquellas definiciones fundamentales y absolutamente indispensables para la mejor comprensión del texto normativo, a fin de que sean útiles no sólo en el tiempo de la aprobación del texto, sino también que puedan trascender y extenderse hacia el futuro, siendo así susceptibles de utilizarse en el proceso de interpretación constitucional. Además de lo anterior, también deberán merecer especial atención en la Exposición de Motivos, los aspectos referidos a las Bases filosófico-doctrinales del nuevo Código, su adscripción a determinadas corrientes de pensamiento, la estructura y sistemática que seguirán los preceptos a incluirse en su contenido, la validez y ámbito de aplicación de los
principios y valores que regirán las disposiciones normativas, justificando cada una de sus normas y las soluciones mejor adoptadas para regular los diferentes institutos que debe comprender el nuevo Código Procesal Constitucional en Bolivia. Estos y otros aspectos son los que deben insertarse necesariamente en una verdadera Exposición de Motivos, siendo que lamentablemente se encuentran ausentes en el Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales que se ha presentado a la comunidad jurídica boliviana. 5. Panorama general del Proyecto Con carácter previo, corresponde hacer algunas consideraciones respecto a la denominación adoptada para el Proyecto, siendo que se propone un “Código de Procedimientos Constitucionales”, cuando en realidad se trata de regular los procesos constitucionales que se llevan adelante ante la Jurisdicción Constitucional en Bolivia, a cuyo efecto es útil recordar la distinción entre proceso y procedimiento; en este sentido, el proceso en el ámbito constitucional, es el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, que se desarrollan conforme a reglas (de procedimiento) preestablecidas, y que tienen por finalidad que el Tribunal o Corte Constitucional emita una decisión con fuerza de cosa juzgada constitucional sobre el conflicto o controversia jurídico-constitucional que le corresponde conocer y resolver; y, a diferencia de lo anterior, el procedimiento en el ámbito procesal, es el conjunto de actos realizados dentro del proceso, tendientes a obtener una decisión definitiva. De acuerdo a lo explicado, se debe considerar que lo que se pretende regular en el Proyecto de Código, no son simples procedimientos, sino procesos constitucionales de carácter autónomo, previstos por la misma Ley Fundamental, y que tienen su propia regulación y tratamiento normativo individualizado, que debe ser desarrollado de manera más amplia en la Ley respectiva que apruebe el Código de la materia, mucho más si se considera que acuerdo a su finalidad, cada uno de los procesos constitucionales producen distintos efectos y consecuencias jurídicas según su naturaleza (normativa, tutelar y/o competencial), tanto para las partes que intervienen en el proceso constitucional, como también para los órganos del Estado, Tribunales y autoridades judiciales y administrativas, en virtud de la fuerza vinculante de las decisiones emanadas de la Jurisdicción Constitucional, por lo que el título debe denotar mayor amplitud, pasando a denominarse Código Procesal Constitucional, o bien Código del Proceso Constitucional, lo que engloba la tramitación de los diversos procesos emergentes de los eventuales conflictos jurídico-constitucionales, con sus respectivos procedimientos específicos de sustanciación y resolución. Ahora bien, entre las principales disposiciones que se pueden resaltar en el Proyecto, se puede señalar que el mismo mantiene la defectuosa redacción al indicar que tiene por objeto “regular los procedimientos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como los procedimientos de las Acciones de Defensa ante Juezas, Jueces y Tribunales competentes” (sic), por lo que corresponde aclarar que lo que se sustanciará ante el TCP, serán procesos constitucionales en el ámbito normativo, competencial y tutelar, éstos últimos a través de las Acciones de Defensa previstas constitucionalmente
para la defensa y protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, motivo por el cual serán los Jueces y Tribunales de Garantías Constitucionales, quienes en el ejercicio legítimo de sus competencias deberán atender y resolver estos conflictos constitucionales; siendo de extrañar que en el proyecto no se indica claramente cuáles son los Jueces y Tribunales de Garantías Constitucionales competentes para conocer y resolver las Acciones de Defensa, y las Acciones de Inconstitucionalidad, ni tampoco se fijan reglas mínimas de competencia para el eficaz desempeño de sus funciones, principalmente en lo que se refiere a determinar la competencia del Juez del lugar y el momento en que se produzca la vulneración de un derecho constitucionalmente protegido, y/o el Juez del lugar donde la vulneración cause perjuicio, así como los efectos que puedan derivarse de su afectación inminente y/o su flagrancia en determinado caso. Es de hacer notar también, que en el artículo 2º del Proyecto, se ha abordado nuevamente el tema de la interpretación constitucional, aspecto que indudablemente requiere mayor desarrollo, tanto en el ámbito normativo como jurisprudencial, sin embargo, el Proyecto insiste en reiterar que en la labor interpretativa de la Constitución, los jueces constitucionales deben aplicar el “tenor literal” del texto constitucional, y en caso de duda, acudir a la “voluntad del constituyente” como criterio de interpretación, aspecto éste que ha sido ampliamente criticado en el trabajo de mi autoría: “La Configuración del Sistema de Control de Constitucionalidad en Bolivia de acuerdo con la Nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional”14, en donde también se ha advertido sobre el peligro de la dualidad interpretativa establecida por la Ley del TCP entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional (ambos Plurinacionales), aspecto que no se ha intentado solucionar de mejor manera en el Proyecto de Código. Sin embargo, es rescatable la previsión normativa que dispone: “en todo caso, se preferirá aquella interpretación que favorezca la aplicación efectiva de los derechos humanos y que sea más favorable a la persona” (Principio de Favorabilidad), pudiendo aplicarse subsidiariamente la interpretación sistemática de la Constitución “y la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales” (sic). Asimismo, es importante tener presente que de acuerdo al Proyecto, y desarrollando el citado Principio de Favorabilidad, se interpretarán los derechos constitucionales, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables, y en caso de que éstos instrumentos internacionales declaren derechos no contemplados en la Constitución, se considerarán como parte del ordenamiento constitucional (de acuerdo a la teoría del Bloque de Constitucionalidad15).
Publicado en la Revista de Derecho Público Nº 26 (Enero – Junio de 2011) de la Universidad de Los Andes (Colombia). Disponible para consulta gratuita en el sitio web: http://derechopublico.uniandes.edu.co; y ahora también en Scribd: http://es.scribd.com/doc/59549454 15 De acuerdo a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la Sentencia Constitucional Nº 0045/2006 de 2 de junio, la teoría del bloque de constitucionalidad surgió en Francia, extendiéndose luego a los países europeos, siendo asimilada en Latinoamérica; dicha teoría expone que aquellas normas que no forman parte del texto de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto de preceptos que por sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal; así, las jurisdicciones constitucionales agregan, para efectuar el análisis valorativo o comparativo, a su constitución normas a las que concede ese valor supralegal que las convierte en parámetro de constitucionalidad; así en Bolivia, la jurisdicción constitucional ha concedido al bloque de constitucionalidad un alcance perceptible en la Sentencia Constitucional Nº 1420/2004-R, de 6 de septiembre, estableciendo lo siguiente: “(...) conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones
No obstante, llama la atención el hecho de no haberse establecido expresamente el Principio de Conservación de la Norma, y su aplicación al momento de la realización de la labor interpretativa, y en la emisión de la Resolución Constitucional correspondiente, así como tampoco se ha establecido que todas las autoridades públicas, jueces y tribunales, en las decisiones que asuman en el ejercicio de sus funciones, deben aplicar obligatoriamente la interpretación adoptada por el máximo órgano contralor de la constitucionalidad en nuestro país. 5.1. Principios Procesales Entre los Principios procesales de la Justicia Constitucional, que se establecen en el proyecto de Código, se mencionan: la Dirección del Proceso, el Impulso de oficio, la Celeridad, el No formalismo, la Concentración, la Motivación y la Comprensión efectiva. Como se puede ver, se intenta consagrar principios procesales que se conocen inherentes a todo tipo de proceso, sin haber reparado en que los retos actuales de la Justicia Constitucional son esencialmente: la ponderación justa, el sano juicio, la prudencia, la objetividad, la honradez e imparcialidad, que simultáneamente vienen a ser las cualidades indispensables que debe poseer el nuevo juez constitucional en nuestro país, y que deben ser resguardadas de alguna manera mediante los Principios. Ahora bien, para mejorar y optimizar las normas que debe contener el Proyecto de Código, se deben considerar qué principios deben regir los procesos constitucionales, dado que los mismos están dirigidos a señalar la forma en que deben interpretarse las normas procesales que se aplicarán a los conflictos jurídico-constitucionales, constituyéndose en la base sobre la cual debe construirse todo proceso constitucional ajustado a las reglas mínimas del debido proceso, como garantía de legalidad. En este sentido, los principios procesales son entendidos como las directrices o líneas rectoras dentro de cuyo marco deben desarrollarse las distintas instituciones del proceso constitucional. Asimismo, cabe considerar que la ley escrita ciertamente no puede abarcar todas las posibilidades, casos futuros o eventualidades que pueden presentarse como consecuencia de la interrelación de sujetos en el proceso, por lo que muchas veces los hechos nuevos emergentes, resultan ser desconocidos para las viejas normas -mucho más si éstas se encuentran codificadas-, por lo que no siempre pueden dar una solución concreta a éstos problemas; es por ello que, una vez que estas situaciones se presentan, el Magistrado, Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales, debe proceder a llenar esa laguna normativa a
internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución.”; entendimiento ratificado en la Sentencia Constitucional Nº 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la que se expresó que: “(...) este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”. Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/
través de la aplicación de los Principios Generales del Derecho, específicamente los Principios Procesales establecidos expresamente por la Ley respectiva. En este sentido, entre las funciones que cumplen los principios procesales, de donde deriva su enorme importancia, se encuentran: i) Servir de base previa al legislador para estructurar las instituciones de un proceso, en diversos sentidos; ii) Facilitar el estudio comparativo de los diversos ordenamientos procesales vigentes en la actualidad; iii) Constituirse en instrumentos interpretativos de gran valor. Así por ejemplo, entre los principios procesales que resaltan por su utilidad e importancia para la sustanciación de los procesos constitucionales, y que deben ser considerados en el Proyecto que ahora se analiza, se pueden mencionar los siguientes16: 1) Principio Dispositivo, en virtud del cual se hace recaer en los litigantes (las partes), por una parte la tarea de estimular e iniciar la función jurisdiccional, y por otra, la de suministrar todos los materiales de hecho sobre los que deberá tratar la decisión del juez constitucional, sea que se trate de un proceso constitucional de única instancia, o cuando el mismo se encuentre en instancia de revisión, según sea el caso. En otras palabras, la vigencia de éste principio se manifiesta en los siguientes aspectos mínimos: iniciativa, disponibilidad del derecho cuya vulneración se denuncia, impulso procesal, delimitación del thema decidendum, aportación de los hechos y suministros de las pruebas pertinentes. Sin embargo, éste principio encuentra su excepción en el Principio de Impulso de Oficio que se ha incorporado al Proyecto, y que básicamente consiste en que “las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes”, debiendo especificarse que éste último sólo es aplicable al Juez Constitucional. 2) Principio de Congruencia, que se expresa directamente en la Resolución definitiva, dado que el Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales que conozca del proceso, sólo puede resolver conforme a lo peticionado y alegado por las partes en la Acción Tutelar, así como en su contestación y prueba de contrario, lo que implica que sólo está autorizado a pronunciarse sobre las pretensiones jurídicas concretas planteadas oportunamente en el proceso constitucional. En consecuencia, si la jurisdicción constitucional responde en mayor o menor medida, o en sentido diferente de lo que fue motivo de pretensión jurídica o expresión de agravios constitucionales, esa falta de correspondencia contradice y vulnera el principio procesal de congruencia en el ámbito constitucional. Sin embargo, eventualmente en la instancia de revisión, podrían presentarse algunos casos de incongruencia, como por ejemplo: cuando el TCP decida sobre cuestiones que fueron consentidas por el o los recurrentes, y que no fueron objeto de expresión de agravios constitucionales; cuando se omita injustificadamente decidir sobre las cuestiones que constituyen la expresión de los agravios constitucionales denunciados en la Acción de Defensa o Recurso Constitucional; o en su caso,
Los principios que aquí se mencionan brevemente, y otros inherentes al desarrollo del proceso como tal, se encuentran ampliamente detallados en: CASTELLANOS TRIGO, Gonzalo. Proceso Ordinario, Sumario y Sumarísimo. Tarija (Bolivia): Talleres Gráficos Gaviota del Sur S.R.L., 2010. Págs. 15-36.
cuando se modifique la situación jurídica del recurrente, con una decisión que llegue a perjudicarlo como consecuencia de la interposición de la Acción de Defensa o Recurso Constitucional, situaciones éstas que provocarían una grave lesión al derecho de defensa y que hacen recurrible la decisión ante instancias internacionales. Asimismo, cabe poner de relieve que éste Principio de Congruencia, sólo puede ser aplicable a los conflictos tutelares, y no así a los conflictos normativos, en donde se realizará un test de constitucionalidad de la norma impugnada, y en aplicación del Principio de Conservación de la Norma, se analizarán también las normas conexas con la norma impugnada, que se encuentren relacionadas en su ámbito de aplicación, y que deban eventualmente ser mantenidas en el ordenamiento jurídico, o en su caso expulsadas del mismo por su posible contradicción con los preceptos de la Constitución, de todo lo cual deriva su relevancia para los procesos constitucionales. 3) Principio de Contradicción, denominado también como Principio de Bilateralidad o Controversia, se deriva del principio constitucional de la inviolabilidad de defensa en juicio, y que solamente encuentra su plena realización, a través del principio de audiencia (proceso por audiencia), que se identifica con el mismo, dado que éste principio significa básicamente que el Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales debe oír y escuchar las posturas y alegaciones de cada una de las partes que intervienen en el proceso constitucional, debiendo posibilitarse a las partes que sus posiciones jurídicamente fundamentadas, sean tenidas en cuenta por el juzgador al momento de emitir una decisión sobre el fondo del asunto, por lo que su consagración resulta indispensable en el Proyecto de Código. 4) Principio de Formalismo, considerando que la tramitación de un proceso, y mucho más si se trata de un proceso constitucional, no puede dispensar a las partes de cumplir los trámites necesarios en la instancia en que se encuentren, a su libre arbitrio o conveniencia, así como tampoco gozan de libertad para acordar las formas posibles para decidir los litigios constitucionales, en donde se velan interese públicos, por lo que ni aún el juez o Tribunal de Garantías Constitucionales puede estar autorizado para prescindir de las mínimas reglas de procedimiento establecidas por las disposiciones legales, dado que suprimir este principio equivaldría a suprimir todo el Derecho Procesal Constitucional. De lo referido, resulta indispensable considerar que el conocimiento y cumplimiento de las reglas legales establecidas previamente para los sujetos procesales, es un requisito sine qua non para que exista válidamente un verdadero proceso constitucional, teniendo las partes idéntico margen de igualdad de oportunidades ante la ley procesal respectiva, lo que en sentido jurídico significa que las partes del proceso constitucional, tienen los mismos derechos y obligaciones, las mismas oportunidades de atacar y defenderse, debiendo ser tratados procesalmente de la misma manera. Es decir, que durante la tramitación del proceso, y como una forma de resguardar que el mismo se desarrolle sin vicio de nulidad alguno, la igualdad supone que las partes que intervienen en el mismo -sea en calidad de accionante o recurrente, y accionado o recurrido, y/o tercero interesado-, deben tener y ejercer los mismos derechos, posibilidades y
cargas, sin que pueda darse lugar a privilegios o exenciones a favor o en contra de alguna de ellas, precisamente por su igualdad ante la ley. Por otro lado, este Principio, hace referencia directamente a las formas sustanciales, es decir, a aquellas que en caso de ser ignoradas, culminarían afectando el derecho de defensa inherente a toda persona dentro de un proceso, como componente del debido proceso. Asimismo, ante la eventual infracción o desconocimiento de las reglas de procedimiento, el acto resultaría ineficaz e inválido, excepto por aquellos actos que pueden quedar convalidados por el principio de conservación y cosa juzgada. Así por ejemplo, no puede comenzar a correr el plazo para expresar los agravios constitucionales, si el recurrente no fue notificado válidamente con la decisión judicial o administrativa que le causa perjuicio, así como no puede realizarse el cómputo de plazo alguno si no se cumple en legal forma la notificación a las partes de un proceso constitucional, con la decisión asumida por el Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales, tratándose de Acciones Tutelares o de Defensa, para que puedan impugnar la decisión ante el TCP. Sin embargo, éste principio ingresa en contradicción con el Principio de No Formalismo que se ha incorporado al Proyecto, y que básicamente consiste en que “sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”, debiendo especificarse las formalidades que son, y las que no son, indispensables durante el desarrollo del proceso constitucional. 5) Principio de Economía Procesal, que se refiere a aquellos aspectos destinados a la abreviación y simplificación del proceso constitucional, tratando de evitar que su prolongación -muchas veces irrazonable e injustificada- pueda convertir en inoperante la tutela de los derechos y garantías cuya vulneración se denuncia. En otras palabras, el Principio de Economía Procesal, propugna dos aspectos esenciales para la eficacia del proceso constitucional: que sea terminado en el plazo más breve posible y, que se logre en la menor cantidad de actos o audiencias, lo que implica por sí mismo la celeridad -mediante normas que impidan la prolongación de plazos-, y la concentración -eliminando trámites superfluos que no sean indispensables-, como requisitos necesarios para un debido proceso constitucional; por lo que su consagración resulta indispensable en el Proyecto de Código. 6) Principio de Inmediación, que significa básicamente que debe existir una inmediata comunicación entre el Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales, y las personas que en calidad de partes intervienen en el proceso constitucional, así como los hechos que deben debatirse y los medios de prueba que debe utilizarse para acreditar o negar su concurrencia en el caso, lo que implica el mayor contacto personal y directo con los elementos subjetivos y objetivos del proceso constitucional. Este principio, permite al juez constitucional tener una vivencia personal de las pretensiones jurídicas alegadas por las partes en el conflicto jurídico-constitucional de que se trate, así como tener conocimiento de los elementos probatorios
existentes, y de todos los elementos de juicio que serán indispensables para sustentar la decisión final sobre el fondo del asunto. De ahí que, la inmediación en el proceso constitucional, sólo puede alcanzar plena y eficaz realización, mediante la instauración del proceso constitucional por audiencia (proceso oral), y en menor medida en un proceso escrito, principalmente porque el hecho de que el juez conozca y aprecie las condiciones morales de los litigantes, no solamente le permitirá ejercitar con eficacia sus facultades de director, sino que también podrá valorar sus conductas y reacciones durante el desarrollo del proceso, constituyendo ello un elemento de convicción que le brindará mayor seguridad para decidir en el caso respectivo. En este sentido, cabe considerar que el Principio de Oralidad, estrechamente relacionado a la Inmediación, implica que las actuaciones se desarrollen en forma verbal, sin perjuicio de que se deje constancia de lo actuado en el expediente respectivo, lo que implícitamente derivará en la imperiosa necesidad de sólida formación académica y forense, así como capacidad expositiva y de persuasión, que deben tener los profesionales Abogados que intervengan en representación de las partes contendientes en el conflicto jurídico-constitucional, por lo que su mención expresa resulta necesaria en el Proyecto de Código. 5.2. Principios Procesales de la Jurisdicción Constitucional Asimismo, debe tenerse presente que los procesos constitucionales se encuentran generalmente relacionados con la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas, así como la preservación de la primacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, por lo que es necesario detallar específicamente los Principios Procesales de la Jurisdicción Constitucional, que por cierto fueron ampliamente abordados en el citado trabajo de mi autoría, y que ahora es pertinente reproducir. En este sentido, de acuerdo a la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, para que el TCP cumpla su misión fundamental asignada por el Constituyente, en el marco de las normas previstas por la Constitución y la Ley Nº 27, la configuración procesal específica para la sustanciación de los diferentes procesos o recursos constitucionales, debe estructurarse -con carácter enunciativo y no limitativo- sobre la base de los siguientes principios procesales: a) Presunción de Constitucionalidad.- Es un principio que está estrechamente ligado al principio de la conservación de la norma. La norma prevista por el art. 2 de la anterior Ley Nº 1836 establecía que se presume la constitucionalidad de toda disposición legal hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Este principio tiene la finalidad de resguardar los principios de legalidad y seguridad jurídica inherentes al Estado Democrático de Derecho, en el que todos sus miembros, gobernantes y gobernados, están sometidos al ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, de manera que los actos, las decisiones o resoluciones y los convenios o contratos realizados al amparo de las disposiciones legales vigentes, no pueden ser desconocidos o incumplidos con la sola
invocación o argumento de una aparente inconstitucionalidad. Por ello, para otorgar la seguridad jurídica, sólo el órgano competente para ejercitar el control constitucional puede pronunciar oficialmente la inconstitucionalidad de una Ley, Decreto o Resolución, con efecto erga omnes. Actualmente, este principio se encuentra consagrado en el artículo 5º de la nueva Ley del TCP, habiendo sido reiterado en el artículo 4º del Proyecto de Código. b) Conservación de la Norma.- Tiene también la finalidad de garantizar el principio de la seguridad jurídica y significa que en los casos en los que una Ley, Decreto o Resolución admita diferentes interpretaciones, unas que son incompatibles y otras compatibles con la Constitución, el Tribunal Constitucional adoptará la que es compatible, así lo establecía la norma prevista por el art. 4 de la anterior Ley Nº 1836. Este principio permite al Tribunal Constitucional modular sus sentencias en cuanto al contenido de las mismas, dictando, por ejemplo, las denominadas sentencias interpretativas, que precisamente permiten conservar, en el ordenamiento jurídico, la norma que en su interpretación es compatible con la Constitución, y expulsando la norma que sea incompatible en su sentido y alcances. Actualmente, este principio se encuentra consagrado en el artículo 4º, parágrafo IV de la nueva Ley del TCP, pero no así en el Proyecto de Código. c) Inexcusabilidad funcionaria.- Este principio garantiza el derecho del ciudadano al libre acceso a la justicia y a utilizar un recurso expedito para lograr la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales contra cualquier exceso o abuso de poder. Consiste en que el Tribunal Constitucional, como órgano competente para ejercer el control de constitucionalidad, no puede excusarse de emitir un fallo o sentencia en una causa sometida a su jurisdicción alegando insuficiencia, ausencia u obscuridad de la norma, tal como se encontraba previsto en el art. 5 de la anterior Ley Nº 1836. Para ese fin, se le debe reconocer al Tribunal Constitucional la facultad de ser el intérprete máximo de la Constitución, dado que en su labor jurisdiccional realiza una constante interpretación de las normas constitucionales así como de las disposiciones legales sometidas al control; y para ese efecto emplea los diferentes criterios y principios de interpretación que se conocen en la doctrina constitucional, sin perjuicio de efectuar además una interpretación creativa. Este principio actualmente no ha sido consagrado expresamente en el contenido de la nueva Ley del TCP, salvo por la dedicación exclusiva inherente al ejercicio de la magistratura constitucional (art. 15 de la Ley del TCP), y la idoneidad en el ejercicio de sus funciones. Ahora, este principio es consagrado a través de la previsión contenida en el artículo 11 del Proyecto de Código. d) Publicidad, gratuidad y celeridad.- En aplicación a los principios procesales consagrados por la Constitución (reformada en los años 1994 y 2004), la anterior Ley Nº 1836, a través de sus disposiciones legales, reproducía los principios de la publicidad, gratuidad y celeridad. Ello significa que la tramitación de los recursos, demandas y consultas constitucionales son de carácter público, decretándose su reserva sólo en casos excepcionales; implica también que los recurridos o demandados tienen derecho a enterarse del contenido de los recursos o demandas desde el momento de su admisión ante el Tribunal Constitucional. De otro lado importa que la sustanciación de los procesos constitucionales en todas sus etapas e instancias, sean gratuitas, y más que eso, el acceso a la jurisdicción constitucional sea gratuito. Finalmente significa que, tomando en cuenta el carácter extraordinario y la finalidad de control y tutela que tienen los procesos
constitucionales, la sustanciación de los mismos debe ser efectuada en tiempo razonable, por ello se han establecido plazos cortos, evitando los incidentes dilatorios en la tramitación de las referidas acciones constitucionales, por lo que corresponde al Tribunal imprimir el impulso procesal de oficio. Estos principios, actualmente también se encuentran consagrados en los numerales 9, 11 y 12 del artículo 3º de la nueva Ley del TCP, pero no así en el Proyecto de Código. e) Actuación a instancia de parte.- Este es un principio subyacente a las disposiciones legales previstas por la anterior Ley Nº 1836, tomando en cuenta que la Jurisdicción Constitucional desempeña la función de legislador negativo al anular y expulsar del ordenamiento jurídico las leyes inconstitucionales, y de otro lado se constituye en creador del derecho al establecer sub-reglas que dan concreción normativa a las cláusulas generales y abstractas de la Constitución, por lo que el legislador ha previsto que el mecanismo de control de constitucionalidad sólo se active a instancia de parte; es decir, cuando la persona o autoridad que tiene legitimación activa plantea el proceso constitucional respectivo, pues lo contrario significaría que la Jurisdicción Constitucional reemplace al Órgano Legislativo, toda vez que de oficio estaría generando y creando normas legales, lo que revelaría una legislación positiva, cuando en realidad su función es la de crear derecho a través de la generación de sub-reglas aplicables a los casos concretos o futuros, si concurre la analogía. Cabe hacer notar que en el Proyecto, éste principio es sustituido por el denominado “Impulso de Oficio”, por el que “las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes” (sic), lo que implica que sus alcances aún no se encuentran claramente determinados, pudiendo dar lugar a interpretaciones ambiguas e inadecuadas. f) Extraordinariedad de los Procesos Constitucionales.- Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de los procesos constitucionales, el legislador ha establecido una configuración procesal sobre la base del carácter extraordinario de dichos procesos, a objeto de que los mismos tengan una tramitación especial que no admite incidentes de naturaleza alguna, y no requiere de procedimientos probatorios de los hechos, toda vez que se trata de procesos de puro derecho que se sustancian en única instancia; es decir, que, en el marco del principio de cosa juzgada constitucional, contra las resoluciones o sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional no procede ningún recurso ulterior, aspecto que no es tomado en cuenta en calidad de Principio dentro del Proyecto de Código. g) Vinculatoriedad de las Resoluciones Constitucionales.- Significa que las resoluciones o sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional obligan a las autoridades, funcionarios públicos en general y a las personas particulares a cumplirlas, de manera que son obligatorias e inexcusables. Ello tiene su base y fundamento en la fuerza de la cosa juzgada constitucional que le otorga el Constituyente a las sentencias pronunciadas por la jurisdicción constitucional. En efecto, la norma prevista por el 203 de la NCPE ha consagrado la cosa juzgada constitucional, al disponer que “contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno”. De manera que en el sistema constitucional boliviano, la jurisprudencia constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional se constituye en una fuente directa del Derecho Constitucional, por lo
mismo es vinculante para todos los jueces, tribunales y autoridades públicas17. Este principio actualmente se encuentra consagrado en el artículo 8º de la nueva Ley del TCP, y desarrollado más ampliamente en el artículo 15 del Proyecto de Código. Asimismo, resulta necesario que sean precisados el sentido y los alcances normativos del denominado “Principio de No Formalismo” (Informalismo), así como también debe especificarse si su ámbito de aplicación será extensible a las Acciones Tutelares solamente, o si será aplicable también a todos los demás Recursos y Acciones Constitucionales, y los casos específicos de esta posibilidad. Por otro lado, es redundante e inadecuado establecer la “comprensión efectiva” como un Principio, dado que, como se ha explicado, ese aspecto debió ser abordado y explicado en la Exposición de Motivos, de que carece ahora el proyecto, debiendo revisarse nuevamente la terminología utilizada en la redacción del texto normativo. 6. Otros aspectos relevantes Entre las Facultades Especiales del TCP, además del deber de cooperación y colaboración ya prevista en la citada Ley Nº 27, ahora se prevé la acumulación de procesos, que en muchos casos se hace indispensable para evitar la dispersión del material probatorio y de los argumentos sujetos a valoración, así como la producción de prueba complementaria o pericial, cuya utilidad se ha demostrado ampliamente durante las gestiones anteriores. De ahí que, el TCP “cuando estime necesario y corresponda, podrá disponer la producción de prueba complementaria o pericial, en caso de tratarse de procesos en los cuales intervengan las naciones y pueblos indígena originario campesinos, para lo cual establecerá el tiempo en que ellas deberán ser producidas”, todo lo cual será recibido y valorado en audiencia, sirviendo de elemento accesorio a ser considerado al momento de emitir Resolución en el plazo legalmente establecido. En concordancia con estos criterios, se prevé también que el TCP, antes de pronunciar resolución, de oficio o a instancia de parte, podrá señalar Audiencia Pública (según parece, en resguardo de los Principios de Oralidad e Inmediación) para que en el proceso constitucional de que se trate, las partes involucradas y el Ministerio Público fundamenten sus pretensiones, siendo obligatoria la presencia de la Procuraduría General del Estado, tratándose de la defensa de los intereses del Estado. Asimismo, el TCP, de oficio o a petición de parte, y a través de la Comisión de Admisión, podrá determinar las medidas cautelares que estime necesarias, aspecto éste que es extensible también a los Jueces y Tribunales de Garantías Constitucionales en el conocimiento de las Acciones Tutelares que les corresponden, a fin de asegurar la eficacia y efectividad de la justicia constitucional en el país.
RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. La Jurisdicción Constitucional en Bolivia. Cinco años en defensa del orden constitucional y democrático, ahora en: REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. PROCESO Y CONSTITUCIÓN. Nº 1. (México: Editorial Porrúa, Enero-Junio 2004). Págs. 134-136. Disponible virtualmente en: www.iidpc.org . En este sentido, la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Nº 0186/2005-R de 7 de marzo, entre otras. ha establecido que: “(…) el efecto vinculante de la jurisprudencia constitucional, significa que la doctrina constitucional creada, así como las sub-reglas extraídas de las normas implícitas de la Constitución y consignadas en la ratio decidendi de la sentencia constitucional, tienen que ser aplicadas obligatoriamente por este Tribunal y por el resto de los órganos del poder público, por lo mismo, por los jueces y tribunales que forman parte del poder judicial, en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos”.
Sobre las Resoluciones del TCP y sus efectos, se mantiene la distinción entre Autos, Declaraciones y Sentencias Constitucionales, así como la obligatoriedad que tienen los Jueces Constitucionales de emitir Resolución Constitucional en el caso concreto, sin posibilidad de alegar insuficiencia, ausencia u obscuridad de la norma. Asimismo, en el proyecto se pretende establecer una norma general respecto a las citaciones y notificaciones, estableciendo como regla general la notificación por cédula, sin mencionar su carácter subsidiario a la notificación personal que es la garantía indispensable para el pleno ejercicio del derecho a la defensa, como la misma jurisprudencia constitucional lo ha establecido, por lo que es urgente su reconsideración. Por otro lado, debe resaltarse además la norma proyectada para asegurar la difusión informativa del contenido de la Resolución Constitucional adoptada respecto a las partes del proceso, que será comunicada el mismo día de la notificación, a través del correo electrónico personal, siendo necesario precisar que éste accionar no constituye forma de notificación alguna, y que solamente es realizado con fines informativos acerca del resultado del proceso, por lo que ahora, el señalamiento del correo electrónico se constituye en uno de los datos personales que deben insertarse al momento de la interposición de la Acción y/o Recurso Constitucional. Así también, de forma reiterada se establece expresamente la cosa juzgada constitucional, así como el carácter obligatorio y el efecto vinculante de las Resoluciones Constitucionales del TCP, sin diferenciar claramente su ámbito de aplicación. En este sentido, se debe tener presente que el Código debe responder básicamente las siguientes cuestiones: ¿A quiénes obligan las decisiones del TCP? ¿Qué parte de la sentencia constitucional es obligatoria? ¿Durante cuánto tiempo deben ser obligatorias o vinculantes estas decisiones?. A este efecto, es útil recordar que las Resoluciones Constitucionales emitidas por el TCP producen automáticamente el efecto de cosa juzgada constitucional, en virtud de que provienen de un auténtico Tribunal Constitucional (expresión del sistema concentrado), por lo que sus decisiones despliegan los mismos efectos jurídicos que las decisiones emitidas por los máximos tribunales ordinarios en el ámbito jurisdiccional, sin embargo, la posición jurídica especial del TCP que es radicalmente diferente a la de un tribunal ordinario, se manifiesta precisamente en los efectos (jurídicos y muchas veces políticos) de sus decisiones, lo que implica efectos mayores en amplitud y trascendencia jurídicas, que los inherentes a la cosa juzgada como tal, para así lograr la realización de las funciones que la misma Constitución le asigna. Esto significa, que de acuerdo a la Constitución y la misma Ley del TCP, las Sentencias Constitucionales vinculan a todos los jueces, tribunales y autoridades públicas (judiciales o administrativas), hayan intervenido o no en el proceso constitucional de donde emerge la decisión, y en virtud de esa fuerza vinculante que emana de los precedentes constitucionales, también extienden su obligatoria observancia hacia los particulares, por cuanto éstas decisiones involucran la interpretación última y definitiva de la Constitución Boliviana. En mérito de lo expuesto, y en respuesta a las cuestiones antes planteadas, se puede precisar que: i) las sentencias constitucionales emitidas por el TCP vinculan ineludiblemente a todos los Órganos del Estado, a los jueces y Tribunales de justicia ordinaria y a las autoridades administrativas, así como también a los particulares (aunque no hayan sido parte del
proceso constitucional); ii) las sentencias constitucionales contienen el efecto vinculante, no solamente en su parte dispositiva (a veces aplicable inter partes), sino también en su ratio decidendi, es decir en la parte considerativa que fundamenta jurídicamente la decisión; iii) las sentencias constitucionales vinculan de manera indefinida a todos los sujetos procesales señalados anteriormente, y también al mismo Tribunal que debe observar sus propios precedentes en casos análogos, sin perjuicio de que en determinado momento vea la necesidad de realizar un cambio de entendimiento a través de una modulación jurisprudencial, que deberá estar razonada y fundamentada con argumentos fácticos y jurídicos suficientes. Estos son, definitivamente, los aspectos que indispensablemente deben quedar expresados y aclarados en el Código que se ha proyectado para regir la sustanciación de los procesos constitucionales. Adicionalmente a lo señalado, en el proyecto también se ha visto por conveniente insertar Normas Comunes de Procedimiento en las Acciones de Inconstitucionalidad, Conflictos de Competencia, Consultas y Recursos Constitucionales, especificando detalladamente los requisitos (sin diferenciarse si son de forma o de contenido) que deben cumplir los memoriales respectivos, y el indispensable patrocinio de Abogado(a) en estos casos; asimismo, se establece la perentoriedad de los plazos, que serán computables en días hábiles, siempre a partir del día siguiente a la notificación con la Resolución respectiva, con el apercibimiento de rechazo en caso de incumplimiento. En caso de rechazo de la acción o recurso, por parte de la Comisión de Admisión, ello dará lugar -de acuerdo al proyecto- a la impugnación vía “revocatoria” (suponemos que se refiere a una reposición, más que a un recurso de revocatoria en sentido administrativo) a ser resuelta por la misma Comisión, sin recurso ulterior alguno. Para este efecto, se prevé detalladamente el trámite que seguirá la Acción o Recurso presentado ante la Comisión de Admisión, que puede disponer el rechazo de los mismos en caso de incumplimiento de requisitos, o en su caso la prosecución del proceso. Así también, entre las Reglas Generales para el procedimiento en las Acciones de Defensa, el Proyecto establece que la acción deberá presentarse en forma escrita, con excepción de la Acción de Libertad que puede presentarse en forma oral18, aspecto éste que pone en evidencia la importancia del Informalismo en la tramitación de ésta acción, lo que no impide que se exija la constancia de que la misma no fue interpuesta anteriormente ante otro Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales, a fin de evitar dualidad de procesos y de pronunciamientos jurisdiccionales, y que puede ser salvado mediante la firma de una Declaración Jurada o alguna forma de registro de constancia. Otra innovación es la posibilidad de que el Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales, a petición de la parte accionante, le designe un Defensor Público cuando la parte no se encuentre asistida de un(a) Abogado(a) particular, salvo para la Acción de Libertad, en la que no se necesita el patrocinio profesional, quedando sujeta la intervención y asesoramiento profesional, a la libre decisión del recurrente. En todo caso, no serán admitidas Acciones de Defensa que
Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bolivia, considerando el deber del Estado de garantizar a toda persona el eficaz ejercicio de sus derechos, eximiéndole del cumplimiento de formalismos procesales, también ha visto pertinente analizar el aspecto procesal en la tramitación de la actual Acción de Libertad, y la posibilidad de su presentación en forma oral, cuya fundamentación y sub-reglas aplicables pueden verse en la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0128/2011 de 21 de febrero. Ahora disponible virtualmente en la página web del Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/
hayan sido tuteladas anteriormente, y en las que coincidan sujetos, objetos, hechos y circunstancias, así como tampoco es admisible, de acuerdo al Proyecto, la interposición simultánea de alguna Acción de Inconstitucionalidad. Se establece normativamente la intervención y participación de personas naturales o jurídicas que prueben interés legítimo (en calidad de terceros interesados) en las Acciones de Defensa, cuyas alegaciones podrán ser admitidas por el Juez o Tribunal de Garantías Constitucionales según su necesidad y conveniencia para la dilucidación del caso concreto. Esas son algunas de las disposiciones, que de manera general se han previsto en el Proyecto, además de otras disposiciones de procedimiento previstas para cada una de las Acciones y Recursos Constitucionales, que se encuentran ampliamente detallados en el Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales que ahora se comenta. Cabe dejar constancia de que los comentarios y las observaciones formuladas ahora, únicamente pretenden poner en evidencia algunos de los aspectos esenciales y que voluntaria o involuntariamente fueron omitidos al momento de la redacción del Proyecto, lo que requiere ser subsanado de manera inmediata. Ahora bien, respecto a las interrogantes formuladas al inicio de este documento de análisis, cabe señalar que habiéndose justificado la denominación de Código Procesal Constitucional como apropiada para el proyecto, su aparición es absolutamente loable, a fin de concretizar la autonomía del Derecho Procesal Constitucional como disciplina especializada en nuestro país, de acuerdo a la tendencia latinoamericana en esta materia, siendo necesario e indispensable ahora su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial; asimismo, siendo un nuevo cuerpo normativo, éste no debe prescindir de una Exposición de Motivos que, en base a las ideas expuestas en el presente trabajo, sin perjuicio de otros que puedan realizarse, logre fundamentar fáctica y jurídicamente sus objetivos y esenciales propósitos, a fin de demostrar su oportuna aparición y necesaria incorporación al ordenamiento jurídico constitucional de Bolivia. Para finalizar, cabe hacer notar que en el Seminario Taller organizado para el análisis de éste proyecto, se concluyó en la necesidad de revisar y debatir a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y sus Comisiones respectivas, el Título adecuado para el Proyecto, establecer los fines del Código proyectado (que como se dijo, debieron ser parte de una Exposición de Motivos), aclarar los alcances de la Interpretación Constitucional (que requiere una revisión exhaustiva a la luz de la doctrina constitucional contemporánea, dejando de lado la limitación a los métodos gramatical e histórico) y el efecto vinculante de los precedentes constitucionales, así como precisar la legitimación activa del Ministerio Público en los casos necesarios, debiendo aclararse también la naturaleza de la Acción de Cumplimiento, la pertinencia de un plazo para la interposición de la Acción de Inconstitucionalidad, y la legitimación activa en los Conflictos de Competencia, de acuerdo a la nueva organización territorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, la discusión aún está abierta. La Paz, diciembre de 2011.
Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales en Bolivia - Comentarios y Observaciones preliminaresUploaded by Alan Vargas Lima765 visitaDescargaInsertarDescription: El contenido de éste análisis crítico-constructivo, fue puesto en conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a fin de coadyuvar e...See MoreEl contenido de éste análisis crítico-constructivo, fue puesto en conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a fin de coadyuvar en el tratamiento y discusión del Proyecto de Ley que apruebe el “Código de Procedimientos Constitucionales”.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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