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Timestamp: 2020-08-10 01:33:42
Document Index: 250653150

Matched Legal Cases: ['artículo 695', 'artículo 695', 'artículo 727', 'artículo 698', 'artículo 695', 'artículo 222', 'artículo 7', 'artículo 7']

¿Puede el ejecutado, si no se opuso en el proceso de ejecución hipotecaria en el marco del artículo 695 de la LEC, promover un proceso declarativo ante el Juzgado de lo Mercantil interesando la nulidad de cláusulas abusivas del préstamo hipotecario? ¿Podría solicitar en dicho proceso declarativo la suspensión cautelar del proceso de ejecución hipotecaria ? - El Derecho
Foro 10-10-2014 Coordinador: Soler Pascual
La STJUE de 14 de marzo de 2013 (Asunto Aziz C-415/2011) consideró contrario a la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores la normativa de un Estado miembro que u0022al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión finalu0022, destacando en sus apartados 57, 58 y 60, que, salvo anotación preventiva de la demanda declarativa, en el supuesto en que se llevase a cabo la ejecución del inmueble hipotecado antes de resolución de aquella demanda declarativa que pudiera conllevar la nulidad de la ejecución hipotecaria, solo se garantizaba al consumidor una u0022protección a posteriori meramente indemnizatoriau0022 que califica de incompleta e insuficiente, inadecuada e ineficaz para el cese del uso de la cláusula conforme al art 7.1 de la Directiva, con lo que, iniciado el procedimiento de ejecución, se privaría al consumidor de la protección de la que es acreedor (pfo 62), lo que pugna con el principio de efectividad u0022en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria (...) aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos (los consumidores)u0022.
Ese fue el planteamiento desde el que el legislador español partió para llevar a efecto la modificación legal y ajustarse a los parámetros marcados por la resolución indicada y, en esa tarea, modificó los arts. 557 y 695 de la LEC -EDL 2000/77463 en el sentido de que se podría alegar como causa de oposición, con referencia al ejecutivo basado en título no judicial ni arbitral, u0022que el título contenga cláusulas abusivasu0022, y, para el caso de la ejecución sobre bienes hipotecados, u0022el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigibleu0022.
Mientras, el art. 698 de la LEC -EDL 2000/77463 mantuvo la redacción anterior indicando, en lo que aquí importa, que “1. Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo.
Por tanto, debe concluirse que, como se dice, el legislador optó -ante la diatriba de poder suspender la ejecución iniciada a través de la presentación del declarativo previsto en el art. 698 de la LEC -EDL 2000/77463 y la de poder articular la existencia de la cláusula abusiva en el contrato en el propio proceso de ejecución, con suspensión de éste por esta última opción, dejando para el referido declarativo la posibilidad de plantear en él las causas de oposición no recogidas en el citado art. 695 (entre las que menciona este precepto se encuentra la existencia de cláusulas abusivas en el contrato).
Es cierto que el auto que se dicte al resolver la oposición, si no estima la existencia de abusividad en alguna o algunas cláusulas no podrá ser recurrido por mor del art. 695.4 de la LEC -EDL 2000/77463-, así como que la redacción del propio art. 695 de la LEC parece sostener que tan sólo pueda admitirse en la oposición a la ejecución prueba documental aunque estimo que tampoco impide la práctica de otro tipo de pruebas – pero ya se sabe que la ausencia de recurso no vulnera el derecho fundamental de defensa, siendo la opción que siguió la Ley.
Todo ello, sin perjuicio, como se ha venido indicando, del procedimiento ordinario que pudiera seguirse ante el Juzgado de lo Mercantil (art, 86, ter LOPJ) al ejercitar acciones relativas a las Condiciones Generales de la Contratación, lo que sí posibilita el mencionado art. 698 LEC -EDL 2000/77463 pues no es ése uno de los motivos de oposición que recoge el art. 695 LEC.
En el periodo que medió entre la publicación de la citada STJUE -EDJ 2013/21522 y la de la de la modificación de la LEC -EDL 2000/77463 operada por la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763-, hubo opiniones “para todos los gustos” acerca de la posibilidad o no de poder solicitar en el proceso de ejecución la suspensión en tanto se tramitaba el proceso declarativo o hacer lo propio en éste por medio de una medida cautelar; en el fondo siempre se encontraba presente una cuestión que era difícil de salvar: de un lado, en el proceso de ejecución no cabía la suspensión mas que en los supuestos expresamente prevenidos por la Ley; de otro, la competencia funcional para conocer de la ejecución corresponde al juez de primera instancia y ésta no podía verse invadida ni cercenada por la del juzgado que conociera del declarativo, por lo que éste no podría acordar la suspensión cautelar de la citada ejecución.
No obstante lo anterior, la LEC -EDL 2000/77463 fue modificada en el sentido indicado anteriormente por la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763-, optándose por la posibilidad de alegar como causa de oposición en el ejecutivo, que no en el declarativo (sin perjuicio de la concurrencia de causas de nulidad del contrato), la abusividad de una cláusula, con los efectos y consecuencias anteriormente indicadas.
Si en un procedimiento de ejecución hipotecaria no se ha hecho uso de la pos...
Si en un procedimiento de ejecución hipotecaria no se ha hecho uso de la posibilidad de oposición que se introdujo en el art 695 como número 4 -EDL 2000/77463 con la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763-, no creo que pueda volver a plantearse este motivo en un declarativo posterior a fin de conseguir una declaración de improcedencia del débito porque el sistema por el que ha optado la LEC es por ceñir las posibilidades de alegaciones a determinados momentos procesales, y en su caso, a determinados procedimientos. No está de más recordar el contenido del art 400 y 222 LEC que, de una forma clara opta por la preclusión de las alegaciones y causas de pedir que no se hayan formulado en el momento en que se interpone la demanda primera, si ello ya se establece en los declarativos, considero que después no podría basarse una petición de nulidad de una cláusula por abusiva si en el ejecutivo hipotecario no se ha formulado, permitiéndolo ya la Ley porque habría precluido la posibilidad de establecer un nuevo procedimiento en base a una alegación o causa de pedir que bien podía haberse formulado en un procedimiento anterior, aunque este sea especial, art 400 LEC.
Por lo tanto tampoco podría basarse en esa nueva demanda la petición de suspensión, medida acotada al proceso ejecutivo y por la oposición de causas concretas y específicas que son las que se pueden alegar en este procedimiento de ejecución, es el propio art 698.1 LEC -EDL 2000/77463 el que determina la no suspensión del ejecutivo si en el declarativo se plantea alguna de las cuestiones no permitidas por el art 695 LEC.
Se plantea una cuestión relativa a la interpretación de la Ley 1/2013 -EDL ...
Se plantea una cuestión relativa a la interpretación de la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763 en relación a la duda de compatibilidad entre el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria derivado de la nueva redacción del artículo 695 LEC -EDL 2000/77463 y la posibilidad de ejercicio por el deudor de una acción ordinaria posterior.
a. Si el hipotecario se ha incoado en primer lugar, planteada y desestimada la solicitud de abusividad de ciertas cláusulas, el ordinario posterior al que pueda acudir el consumidor, no parece razonable que el juez que conoce de dicho proceso pudiese suspender la tramitación del hipotecario, tanto por la limitada posibilidad de suspensión de la ejecución (arts. 695 a 698 LEC -EDL 2000/77463-) como en aplicación del principio de la competencia funcional establecida en el art. 61 LEC, que extiende la competencia del juzgado que conoce de un procedimiento a todas sus incidencias, por lo que, en mi opinión, no es posible la suspensión del procedimiento ejecutivo ordenada por el juez que conoce del ordinario en base al argumento del listado abierto de medidas cautelares del art. 727.11 LEC.
b. Por el contrario, si la demanda instando la nulidad de la hipoteca por cláusulas abusivas es anterior al procedimiento de ejecución hipotecaria, hay que considerar que el juez ordinario sí puede acordar la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria en aplicación del artículo 727.11 LEC -EDL 2000/77463 y con amparo en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de declarar la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.
Ante la cuestión planteada, relativa a la facultad de ejercitar acción decl...
Sentado lo cual, es de advertir que antes de la promulgación de la citada Ley 1/2013 -EDL 2013/53763 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea advertía que en nuestro ordenamiento (en el que no cabía oponer en un procedimiento de ejecución hipotecaria la existencia de cláusula abusiva) no se regulaba la suspensión del proceso de ejecución por ejercicio de acción declarativa (S 14.marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-).
Si bien tras la ya repetida reforma operada por la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763-, al caber oponer en el seno del procedimiento de ejecución hipotecaria la existencia de cláusula abusiva, podría pensarse en la innecesariedad de facultar al deudor el acudir a la vía declarativa, lo cierto es que el legislador ha previsto tal posibilidad únicamente cuando la oposición formulada en el proceso de ejecución hipotecaria no ha sido estimada, razón por la que, solamente en estos casos, ha limitado la eficacia de la resuelto al propio proceso de ejecución. No cabiendo el acceso a la vía declarativa –por el acreedor de estimarse la oposición declarándose el sobreseimiento o la inaplicación de la cláusula abusiva., lo cual puede entenderse como una transgresión al principio de la igualdad.
En orden a la posibilidad de acordar en el proceso declarativo medida cautelar de suspensión de la ejecución hipotecaria, la política legislativa de no suspender “nunca” la vía declarativa el proceso de ejecución (según se infiere del artículo 698 de la LEC -EDL 2000/77463-, ya transcrito en lo esencial, aun referido a reclamaciones por motivos distintos a los del artículo 695 LEC), creo que es la que debe de primar pues no olvidemos que nos encontramos ante un motivo de oposición que pudo hacerse valer en el proceso de ejecución en el cual –ya en general la suspensión solo cabe de ordenarlo la ley de modo expreso (Art.565.1 LEC).
Atendidos los términos de la cuestión planteada, son dos los interrogantes ...
La primera de las cuestiones, es si cabe alegar en un proceso declarativo pos...
En orden al proceso de ejecución en general, dada la naturaleza especial y sumaria del proceso de ejecución, la regulación que establece el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 -EDL 2000/77463 ha de entenderse que si bien la sentencia que pueda dictarse en el proceso de ejecución en general, no produce el efecto de cosa juzgada, solo debe entenderse referida a aquellas cuestiones que no pudieron plantearse en el proceso de ejecución, puesto que no existen elementos en la nueva ley que permitan entender que se ha producido una modificación esencial, que deba llevar a cambiar la interpretación jurisprudencial que se venía haciendo de acuerdo con la ley de 1881, sobre los efectos de cosa juzgada o no de lo resuelto, o que se pudo resolver en el proceso de ejecución en general.
La segunda cuestión viene ya resuelta de forma clara y precisa por el propio legislador, no cabe en principio adoptar la suspensión del proceso de ejecución en general, y en particular del proceso de ejecución hipotecaria por la vía de medidas cautelares o de prejudicialidad civil, al menos en relación al proceso de ejecución hipotecaria, toda vez que el 698.2 de la LEC -EDL 2000/77463 establece la posibilidad de adoptar alguna medida, pero solo la retención de las cantidades a entregar al acreedor a instancia del ejecutado, pero no que se suspenda el proceso de ejecución.
Creo que la respuesta a la primera pregunta debe ser si. Después del proceso...
El tercer motivo, es que esta opción se ajusta mejor a uno de los principios generales del derecho reconocidos en la constitución, como el derecho a la igualdad, pues así se evita en parte una desigualdad (que se puede considerar irrazonable) en la norma legal, entre el ejecutado, que no puede recurrir el auto en que se desestima su oposición, mientras que al ejecutante se le permite recurrir el auto estimatorio de la oposición a la ejecución, así en la actualidad el art. 695.1 4º LEC -EDL 2000/77463 admite la oposición fundada en el carácter abusivo de una cláusula contractual, que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible y, cuando triunfe la oposición por esta causa, el mismo art. 695.4 autoriza el recurso de apelación, y fuera de este caso, el auto que decide la oposición a la ejecución no es susceptible de recurso, según ordena el precepto.
La segunda pregunta creo que debe responderse de forma negativa, aunque me parece poco equitativa la solución legal, es claro que el legislador optó en la LEC por la ejecución de las resoluciones judiciales, prácticamente de todo tipo, por lo que la regla general es la ejecución provisional de las resoluciones recurridas y, para evitar esta ejecución es imprescindible una resolución motivada. En el proceso de ejecución la regla es aún más terminante, el art. 565.1 -EDL 2000/77463 dispone que “sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución”, el resto de la regulación concuerda con esta regla y no hay en la ley orden expresa que permita la suspensión de la ejecución en el caso por el que se pregunta. Habrá que aplicar por tanto la solución legal, salvo que se plantee una cuestión previa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o ante el Tribunal Constitucional, por creer que la regla es contraria a una norma de rango superior.
El apartado catorce del artículo 7 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medid...
El apartado catorce del artículo 7 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler -EDL 2013/53763 social modificó el art. 695 LEC -EDL 2000/77463 para permitir en el proceso de ejecución hipotecaria la oposición del deudor para alegar la existencia de cláusulas abusivas en el marco del contrato que daba lugar por su incumplimiento al inicio del procedimiento de ejecución que por su naturaleza sumaria no tenía articulado un mecanismo de oposición tasado en el mismo procedimiento. Ello dio lugar a que los deudores tuvieran que acudir a un procedimiento declarativo en el que se intentaba postular la declaración judicial de nulidad de las cláusulas abusivas del contrato que era el título ejecutivo que permitía la ejecución hipotecaria y se solicitaba la suspensión de este procedimiento ante el juzgado de lo mercantil, pero este no tenía competencia para acordar esta suspensión de otro procedimiento en marcha en otro juzgado, por lo que parea cuando estaba resuelta la declaración de abusividad de la cláusula la ejecución hipotecaria estaba ejecutada ya haciendo ineficaz la demanda de nulidad.
Ello da lugar a que el legislador en la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763 modifique el art. 695 LEC -EDL 2000/77463-para introducir que “1. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.”
El TJUE declaró en su sentencia -EDJ 2013/21522 que “un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva”. Pero no podemos olvidar que la literalidad de lo acordado por el TJUE es que se admite que la legislación española debe aceptar “la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo”
Es decir, que en modo alguno se puede afirmar que la reforma del art. 695 LEC -EDL 2000/77463 conlleva que exista una preclusión de alegaciones, ya que lo que el legislador ha introducido ahora es la opción de oponerse a la ejecución alegando la declaración de abusividad de una cláusula, pero sin que ello determine per se que no pueda plantear en un declarativo este tema si no se opuso en la ejecución hipotecaria, y la razón de ello se centra en que una de las quejas más importantes del TJUE en su sentencia es que no se está de acuerdo con un sistema que “no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final”. Con ello, debe admitirse la opción planteada en la pregunta por no existir oposición legal a ello y en base al criterio del TJUE pudiendo interesar también la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria tras la sentencia del TJUE que lo valida.