Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00977-de-diciembre-6-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d53d8bf8546a001ee0430a010151001e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 23:14:16
Document Index: 240137732

Matched Legal Cases: ['artículo 336', 'artículo 202', 'artículo 204', 'artículo 51', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 209', 'artículo 52', 'artículo 284', 'artículo 61', 'artículo 31', 'artículo 63', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 51', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 183', 'artículo 137']

﻿ Sentencia 2007-00977 de diciembre 6 de 2012
SENTENCIA 2007-00977 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:MOMENTO DE CAUSACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CONSUMO DE LICORES. TRATÁNDOSE DE LA INTRODUCCIÓN Y VENTAS DE LICORES DESTILADOS, SOBRE LOS CUALES SE EJERCIERA MONOPOLIO, LAS FIRMAS PRODUCTORAS O IMPORTADORAS DEBÍAN CELEBRAR UN CONVENIO PREVIO CON EL DEPARTAMENTO EN EL CUAL SE FIJARA LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL QUE PERCIBIRÍA POR LA VENTA DE LOS PRODUCTOS, ESTA PARTICIPACIÓN DE CONSUMO DE LICORES SE CAUSA AL MOMENTO DE LA ENTREGA EN FÁBRICA, LAS TORNAGUÍAS DE MOVILIZACIÓN PERMITEN DETERMINAR LA CAUSACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, ES DECIR, EL MOMENTO EN QUE LOS PRODUCTOS SE ENTREGAN EN FÁBRICA O PLANTA PARA LUEGO SER MOVILIZADOS HACIA OTROS DEPARTAMENTOS CON FINES DE DISTRIBUCIÓN, VENTA O PERMUTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO AL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CAUSACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Sentencia 2007-00977 de diciembre 6 de 2012
Radicación: 08001 23 31 000 2007 00977 01 [18965]
Actor: Departamento de Antioquia - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (NIT. 890.900.286-0)
Participación en licores
La Sala decide si son nulos los actos por los cuales el departamento del Atlántico modificó la liquidación de la participación que la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia efectuó por la primera quincena de febrero de 2004.
En concreto, precisa si las pruebas oportunamente allegadas al proceso demuestran que la liquidación de la participación que efectuó la demandante es correcta o, por el contrario, que el valor declarado es inferior al que legalmente correspondía y, por ello, es acreedora a la sanción por inexactitud, como concluyó el departamento del Atlántico en los actos demandados.
La Ley 14 de 1983, que se expidió en vigencia de la Constitución Política de 1886, dispuso que la producción, introducción y venta de licores destilados constituía monopolio de arbitrio rentístico para los departamentos y facultó a las asambleas departamentales para regular el monopolio o gravar con el impuesto al consumo dichas actividades, según conviniera(6).
Para la introducción y venta de licores destilados, sobre los cuales se ejerciera el monopolio, se requería de autorización por parte del departamento, y, para obtener el permiso, las firmas productoras, introductoras o importadoras debían celebrar con la entidad territorial un convenio previo(7), en el que se fijara la participación porcentual que ésta percibiría por la venta de los productos, la cual no estaría sujeta a los límites tarifarios previstos en la ley(8).
Respecto del impuesto al consumo, la Ley 14 de 1983 estableció las tarifas y autorizó a las asambleas departamentales para reglamentar los aspectos administrativos del recaudo del impuesto(9).
Así, bajo la Ley 14 de 1983, los departamentos podían optar por ejercer el monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores destilados y obtener una participación porcentual en la venta de los productos o gravar dichas actividades con el impuesto al consumo y recaudar el tributo que se liquidaría a las tarifas previstas en la ley. En todo caso, no podían percibir la participación porcentual y el impuesto al consumo de licores al mismo tiempo, pues son excluyentes(10).
Ahora bien, la Constitución Política de 1991, en el inciso 3º del artículo 336, estableció que la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarían sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.
El Congreso de la República, mediante las leyes 223 de 1995 y 788 de 2002, reguló el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares, y la participación.
La Ley 223 de 2005 señaló los elementos del impuesto al consumo de licores. En el artículo 202 precisó que el hecho generador estaría constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares, en la jurisdicción de los departamentos, y, en el artículo 204 aclaró que el gravamen se causaría, para el caso de los productos nacionales, “en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo”.
Posteriormente, la Ley 788 de 2002 se refirió tanto al impuesto al consumo de licores como a la participación. Al igual que la Ley 14 de 1983, el artículo 51 de la Ley 788 de 2002(11) dispuso que en el monopolio de licores destilados, los departamentos tuvieran la posibilidad de aplicar a los licores una participación, en lugar del impuesto al consumo.
El inciso primero del artículo 49 la Ley 788 de 2002(12) consagró que la base gravable del impuesto al consumo de licores estaría constituida por el número de grados alcoholimétricos del producto y que esa misma base gravable se aplicaría para la liquidación de la participación.
El artículo 51 de la Ley 788 de 2002(13) precisó que la tarifa de la participación no sería inferior al impuesto al consumo, que dicha tarifa sería fijada por las asambleas departamentales y que incorporaría el IVA cedido a los departamentos. Por su parte, el artículo 52 ib. ordenó a los productores facturar, liquidar y recaudar el impuesto al consumo o la participación, según el caso, al momento de la entrega en fábrica de los productos despachados para otros departamentos(14).
Como se puede observar, a partir de la Ley 788 de 2002, el impuesto al consumo de licores y la participación se asemejan en cuanto a la forma como deben ser liquidados, y, en especial, en el momento de su causación.
La Ley 223 de 1995 también reguló el impuesto al consumo de cigarrillos. El artículo 209 dispuso que, al igual que el impuesto al consumo de licores, el impuesto al consumo de cigarrillos se causaría “en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo”.
En sentencia del 3 de diciembre de 2009, expediente 16527, la Sala concluyó que el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado se causa en el momento en que el producto se entrega en fábrica o planta con fines de consumo y que tales fines se presumen con la sola entrega, pues los productos se elaboran para ser distribuidos, vendidos o permutados. Adicionalmente, la Sala advirtió que “si una planta o fábrica entrega el producto hacia la jurisdicción de otro departamento, este, como sujeto activo del tributo, tiene derecho a cobrar el impuesto al consumo, puesto que la movilización de ese producto tiene por destino proveer el mercado de la jurisdicción territorial de ese departamento”.
Posteriormente, en sentencia del 28 de enero de 2010, expediente 16198, la Sala reiteró la posición que adoptó en la sentencia del 3 de diciembre de 2009, y agregó que “el impuesto se causa cuando la mercancía sale de la fábrica con destino a una bodega, local, sucursal o similar de propiedad del mismo fabricante, ubicada en otro departamento, porque en ese evento, el productor entregó en planta los cigarrillos para su distribución o venta en el país, es decir, para fines de consumo”. También precisó que “resultaba ajustado a la ley, que el departamento tomara como base del impuesto, el producto despachado en fábrica, según las tornaguías”, pues estas son concebidas como el certificado que autoriza y controla la entrada, salida y movilización de productos gravados con impuestos al consumo(15), sin las cuales los productos no pueden ser retirados de la fábrica o planta(16).
La interpretación planteada en los fallos descritos sobre la causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado resulta aplicable al impuesto al consumo de licores, puesto que el momento de causación de ambos impuestos es idéntico(17) y, en esa medida, se extienden también a la participación, teniendo en cuenta que el artículo 52 de la Ley 788 de 2002 estableció que el momento de causación del impuesto al consumo de licores y de la participación sería el mismo.
En el presente caso, el demandado modificó la declaración de la participación en el consumo de licores que la actora presentó por la primera quincena de febrero de 2004, debido a que las tornaguías de movilización revelaban que el número de productos que salieron de la fábrica o planta de la sociedad hacia el departamento del Atlántico era superior a las unidades sobre las que se calculó la participación.
Al respecto, la demandante alegó que liquidó la participación sobre las unidades que vendió y entregó en el periodo, y que las diferencias que encontró la administración corresponden a unidades que se vendieron y entregaron en fábrica en quincenas anteriores, pero que se movilizaron durante la primera quincena de febrero de 2004.
De acuerdo con la jurisprudencia mencionada, las tornaguías de movilización permiten determinar la causación de la participación, es decir, el momento en que los productos se entregan en fábrica o planta para luego ser movilizados hacia otros departamentos con fines de distribución, venta o permuta. Por tanto, la Sala considera que la liquidación de la participación que el departamento del Atlántico efectuó en los actos acusados, basada en las tornaguías de movilización, es correcta.
Además, la demandante no aportó prueba alguna que permita concluir que las diferencias que encontró la administración corresponden a unidades entregadas en fábrica en otros periodos.
En efecto, a la demanda tan solo anexó copia de los actos demandados. Ya con los alegatos de conclusión de primera instancia y con el recurso de apelación, allegó copia de ciertas facturas, tornaguías y declaraciones de la participación. También aportó la relación del movimiento de los licores por varios meses. Sin embargo, estas pruebas no pueden ser valoradas(18), porque no fueron solicitadas e incorporadas al proceso con la demanda, que es la oportunidad que la ley procesal señala para el efecto(19), tal y como se explicó en el auto que negó la práctica de pruebas en segunda instancia, proferido el 20 de febrero de 2012(20).
Por último, el artículo 284 del estatuto tributario del departamento del Atlántico establece lo siguiente:
“Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. (…).
Según la norma trascrita, constituye inexactitud sancionable la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados en las declaraciones tributarias, de los cuales se derive un menor impuesto a cargo.
En el sub-lite, la demandante no declaró la totalidad de las unidades de licores que entregó en fábrica para su movilización al departamento del Atlántico, de modo que utilizó datos equivocados o incompletos de los cuales derivó un menor impuesto a cargo y, por tanto, procede la sanción por inexactitud.
De otra parte, la Sala advierte que no se presentan diferencias de criterio entre el contribuyente y la administración. Por el contrario, se evidencia que las normas que regulan la materia son claras y que aunque la Sala coincide con la demandante en cuanto a que la participación en el consumo de licores se causa al momento de la entrega en fábrica, la actora no demostró que dicha entrega se hubiera practicado antes de la expedición de las tornaguías, razón más que suficiente para confirmar la sanción por inexactitud.
En este orden de ideas, la Sala concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y, por ello, confirmará la sentencia impugnada.
(6) Ley 14 de 1983, artículo 61. “La producción, introducción y venta de licores destilados constituyen monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico en los términos del artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, las asambleas departamentales regularán el monopolio o gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo dispuesto en esta ley.
(8) Ibídem, artículo 63. En desarrollo del monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores destilados, los departamentos podrán celebrar contratos de intercambio con personas de derecho público o de derecho privado y todo tipo de convenio que, dentro de las normas de contratación vigentes, permita agilizar el comercio de estos productos.
(9) Ibíd., artículo 65. “Los impuestos de consumo cuyas tarifas se determinan en el artículo 66 de esta Ley, serán pagados a los departamentos, intendencias y comisarías por los productores o introductores según el caso.
(10) Sentencia del 28 de junio de 2010, expediente 14858.
(11) Ibídem, artículo 51. “Participación. Los departamentos podrán, dentro del ejercicio del monopolio de licores destilados, en lugar del Impuesto al Consumo, aplicar a los licores una participación. Esta participación se establecerá por grado alcoholimétrico y en ningún caso tendrá una tarifa inferior al impuesto.
(12) Ley 788 de 2002, artículo 49. “Base gravable. La base gravable está constituida por el número de grados alcoholimétricos que contenga el producto.
(13) Ibídem, artículo 51. “Participación. Los departamentos podrán, dentro del ejercicio del monopolio de licores destilados, en lugar del impuesto al consumo, aplicar a los licores una participación. Esta participación se establecerá por grado alcoholimétrico y en ningún caso tendrá una tarifa inferior al impuesto.
(14) Ib., artículo 52. “Liquidación y recaudo por parte de los productores. Para efectos de liquidación y recaudo, los productores facturarán, liquidarán y recaudarán al momento de la entrega en fábrica de los productos despachados para otros departamentos el valor del impuesto al consumo o la participación, según el caso.
(15) Decreto 3071 de 1997, artículo 3º.
(16) Ibídem, artículo 2º.
(17) Sentencia del 28 de junio de 2010, expediente 14858, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(18) Código de Procedimiento Civil, artículo 183. “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. (…)
Si se trata de prueba documental o anticipada, también se apreciarán las que se acompañen a los escritos de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquellos en que se promuevan incidentes o se les dé respuesta. El juez resolverá expresamente sobre la admisión de dichas pruebas, cuando decida la solicitud de las que pidan las partes en el proceso o incidente. (…)”
(19) Código Contencioso Administrativo, artículo 137. “Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
(20) Folios 395 y 396.