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Timestamp: 2018-04-26 01:26:15
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Corte IDH Blog: Victoria del Estado en caso Palma Mendoza vs. Ecuador
Victoria del Estado en caso Palma Mendoza vs. Ecuador
La Corte IDH hizo pública su Sentencia de 3 de septiembre de 2012, mediante la cual dio la razón a la República del Ecuador, al declarar que no existió una violación a los derechos humanos en el caso Palma Mendoza vs. Ecuador. El Tribunal también emitió un resumen oficial de su Sentencia, el cual no fue tomado en cuenta en este reporte, por la brevedad del mismo.
Este blog reportó en su momento el sometimiento del presente caso a la Corte por parte de la Comisión, así como la convocatoria a audiencia pública. En resumen, la Comisión denunciaba que el 16 de mayo de 1997 el señor Marco Bienvenido Palma Mendoza, cuando circulaba en su vehículo en el Cantón de Manta, Provincia de Manabí, fue interceptado por una camioneta blanca, de donde se bajaron tres individuos armados, vestidos de civil y que llevaban pasamontañas. El señor Palma fue conducido al interior de dicho automóvil, que partió con rumbo desconocido, y fue asesinado cinco días después de su secuestro. Según la Comisión, el Estado no proveyó una posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permitiera alcanzar la protección judicial requerida en el caso, ya que los recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares del señor Palma Mendoza fueron ineficaces para dar con su paradero. Adicionalmente, afirmó que las autoridades estatales se limitaron a librar órdenes que no tuvieron resultados ni ayudaron a prevenir el asesinato del señor Palma. Finalmente, a pesar que se dictó una sentencia condenatoria en contra de tres personas en calidad de autores de la retención y muerte del señor Palma, la Comisión alegó deficiencias en el deber de investigación del Estado, así como en el plazo razonable en el que se condujo el procedimiento y la impunidad parcial en que ha resultado el proceso (párr. 2).
La Comisión solicitó a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado porque habría violado los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 4 (Derecho a la Vida), todos ellos en conexión con el incumplimiento de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de dicho instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Palma Mendoza (párr. 3).
El Estado interpuso la fórmula de la “cuarta instancia” como excepción preliminar. Según indicó, la Comisión habría violado las atribuciones conferidas por la Convención Americana, al realizar una valoración de la prueba del proceso penal interno y referirse a cuál sería la pieza procesal relevante para la sentencia dentro del ordenamiento jurídico nacional. Además, la Comisión habría realizado una “actividad intelectiva”, donde emitió consideraciones sobre la existencia de autores intelectuales y encubridores, lo cual el Estado consideró que era una tarea reservada a un juez interno (párr. 13).
La Corte respondió que para que la excepción de cuarta instancia sea procedente, sería necesario que el solicitante buscara que la Corte revisara el fallo de un tribunal interno “en virtud de su incorrecta apreciación de la prueba, los hechos o el derecho interno, sin que, a la vez, se alegue que tal fallo incurrió en una violación de tratados internacionales respecto de los que tenga competencia el Tribunal” (párr. 18). Lo que no ocurrió en el presente caso, por lo que la Corte consideró “improcedente la excepción preliminar” (párr. 19).
Derechos a las garantías y protección judiciales, en relación con el derecho a la vida y las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (artículos 8, 25, 4, 1.1 y 2)
En primer lugar, la Corte declaró que “no se ha encontrado acreditada la responsabilidad estatal en perjuicio del señor Palma Mendoza por la participación de agentes estatales en los hechos que condujeron a su muerte”. En otras palabras, que no se había demostrado que los secuestradores y asesinos del señor Palma Mendoza hayan sido agentes estatales. Sin embargo, el Estado tenía la obligación de investigar los hechos a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana (párr. 80).
En segundo lugar, la Corte estudió los argumentos de la Comisión y los representantes que sostenían que las acciones de hábeas corpus interpuestas por los familiares del señor Palma Mendoza no habrían sido conocidas por una autoridad judicial y no habrían ofrecido un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo contra actos violatorios de la Convención, que permitieran alcanzar la protección judicial requerida (párr. 87).
La Corte notó que, de conformidad a los hechos del caso, lo sucedido al señor Palma Mendoza fue obra de particulares. Por ello, “los hábeas corpus intentados no habrían podido lograr el resultado de que dependencias o agentes estatales dieran cuenta de la privación de libertad indicada, independientemente de la autoridad que tramitara tales recursos”. El Tribunal, por lo dicho, entendió que no era “oportuno analizar la compatibilidad de la forma en que la figura del hábeas corpus estaba regulada en Ecuador al momento de los hechos con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención” (párr. 88). Adicionalmente, notó que en su decisión sobre el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador (Sentenciade 21 de noviembre de 2007, párrs. 128, 130, 268 y resolutivo 11), la Corte ordenó al Estado adecuar la normativa ecuatoriana referente al hábeas corpus al artículo 7.6 de la Convención. En la supervisión del cumplimiento de la Sentencia, la Corte, mediante Resolución de 29 de abril de 2009 (resolutivo 2.c), determinó que el Estado había “adecua[do] a la Convención Americana la legislación interna que regula la acción de hábeas corpus”.
En tercer lugar, en lo relativo a la investigación estatal de lo sucedido al señor Palma Mendoza, la Corte manifestó que el Estado tomó conocimiento de la privación de la libertad del señor Palma Mendoza el mismo día en que ocurrió, el 16 de mayo de 1997. Las primeras diligencias tendientes a investigar los hechos y dar con su paradero se realizaron entre el 17 de mayo de 1997 y el 23 de mayo 1997. En el lapso mencionado se recibieron varias declaraciones y se realizaron varias actuaciones investigativas (párr. 93). Adicionalmente, al momento en que se encontraron los restos del señor Palma Mendoza, las autoridades policiales procedieron a realizar su “reconocimiento médico-legal”, con intervención de un médico, y a su posterior entierro. En ese momento se desconocía la identidad del cadáver, pero luego de las investigaciones correspondientes, se supo que el mismo correspondía al señor Palma Mendoza, por lo que se procedió a exhumarlo e identificarlo adecuadamente (párr. 95).
En cuanto a la autoría de los hechos, una persona ofreció una declaración voluntaria que llevó a que esa persona y varias más sean sindicadas. Luego de los trámites de rigor, el Tribunal Penal respectivo procedió a condenar a tres individuos. Respecto a las otras personas que habían sido vinculadas a la causa penal se dictó su sobreseimiento (párr. 96). Ni la Comisión ni los representantes cuestionaron la validez, en su conjunto, del proceso penal respectivo, aunque indicaron que las actuaciones estatales no fueron adecuadas a fin de indagar suficientemente la posible participación en los hechos, tanto de agentes estatales como de otros particulares (párr. 97).
Al respecto, la Corte estimó que el Estado sí había indagado la posible responsabilidad penal de otras personas, además de aquellas a las que finalmente consideró autoras materiales de los hechos. De acuerdo a la prueba allegada al Tribunal, las determinaciones adoptadas por las autoridades estatales se basaron en la ponderación que ellas hicieron de diversos medios de prueba. La Corte no encontró, en consecuencia, “elementos que le permitan estimar que el Estado haya incumplido con su deber de indagar la posible participación en los hechos de otras personas” (párr. 100). Consecuentemente, el Tribunal consideró que “en el marco del mismo proceso penal que fue efectivo para condenar a ciertas personas, se indagó la posible participación de otras, y que el sobreseimiento de estas obedeció a una ponderación del material probatorio que fue exteriorizada en las decisiones pertinentes”. La Corte estimó que no podía “dirimir los desacuerdos que tengan las partes sobre [los] alcances de la prueba o de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales en derechos humanos” (párr. 102).
En relación con las alegaciones sobre la razonabilidad del plazo de las actuaciones, la Corte notó que el Estado “logró determinar lo ocurrido al señor Palma Mendoza cerca de dos años y nueve meses desde que fuera secuestrado”. Además, luego de que las autoridades pertinentes recibieran la “declaración voluntaria” de uno de los después condenados, transcurrió un lapso de un año, un mes y tres días hasta que, el 19 de marzo de 2001, fueron condenadas tres personas, decisión que quedó firme el 26 de junio de 2002, luego de que el recurso de casación interpuesto por las personas condenadas fuera declarado improcedente. En cuanto al tiempo posterior a este último acto, transcurrido hasta la confirmación definitiva de los sobreseimientos decretados a favor de otros sindicados, “no se generó una demora perjudicial a los familiares del señor Palma”. Ello, en tanto que “ya se habían determinado los hechos y las responsabilidades derivadas de los mismos y que, aun así, hasta la confirmación de los sobreseimientos como definitivos, el Estado mantuvo abierta la posibilidad de realizar mayores indagaciones, de darse las circunstancias previstas legalmente para ello” (párr. 103).
Por todo lo anterior, el Tribunal concluyó que “no llegó a demostrarse en este caso que la conducta estatal derivara en la vulneración de los derechos a las garantías y protección judiciales de los familiares del señor Palma Mendoza”, por lo que el Estado “no violó los referidos derechos, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con su artículo 4, todos en conexión con el artículo 1.1 del tratado” (párr. 104).
Derecho a la integridad personal (art. 5 de la Convención)
La Corte determinó que no existía responsabilidad estatal respecto a la alegada violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en tanto concluyó que no se había establecido una vulneración a los derechos a las garantías y protección judiciales (párr. 109).
En razón de que el Tribunal no encontró violación alguna a la Convención Americana, decidió archivar el expediente del presente caso (dispositivo 1).
Etiquetas: deber de investigar, Ecuador, excepciones preliminares, sentencias
Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga . En el último volumen de la Revista Verba Iuris (Vol. 39, 2018, pp. 49-66), se publi...