Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651937
Timestamp: 2019-05-21 05:54:33
Document Index: 69072650

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 71', 'artículo 8', 'artículo 65', 'artículo 63', 'artículo 65', 'artículo 60', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 410', 'artículo 411', 'artículo 412', 'artículo 23', 'Artículo 1', 'artículo 411', 'artículo 3', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 4']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 42
INCORPORACIÓN DE DIEZ NUEVOS ESTADOS A TRATADO DE ASOCIACIÓN ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA
ANOTACIÓN DE DENUNCIAS POR SUSTRACCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
REQUISITO DE LICENCIA ESPECIAL CLASE "F" PARA CONDUCTORES DE CARROBOMBAS
MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 2.564, DE 1979, PARA AMPLIACIÓN DE CABOTAJE DE AEROLÍNEAS EXTRANJERAS
MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE NOMBRAMIENTO Y CALIFICACIONES DE MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES CHADWICK, COLOMA, FERNÁNDEZ, LARRAÍN, NOVOA Y STANGE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXIME A CARABINEROS DE RESPONSABILIDAD PENAL POR EL USO DE ARMAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (4016-07)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ORPIS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A LA PENALIDAD APLICABLE AL TRANSPORTE ILÍCITO DE DROGAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y DE PRECURSORES O MATERIAS PRIMAS QUE SIRVAN PARA OBTENERLAS (4017-07)
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE LA ASIGNACIÓN DE ZONA DE LOS FUNCIONARIOS FISCALES DE LA PROVINCIA DE PALENA Y DE LA REGIÓN DE AYSÉN SE CALCULE SOBRE LA BASE DEL SUELDO IMPONIBLE (S 829-12)
Sesión 42ª, en martes 18 de octubre de 2005
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de las Repúblicas Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y Eslovaca (3917-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que ordena la anotación de los vehículos robados en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados (3344-15) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿...
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el fin de exigir licencia especial clase "F" para conducir vehículos de emergencia de bomberos (3556-15) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el DL. N° 2.564, de 1979, sobre aviación comercial (3316-15) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema de nombramiento y calificaciones de los ministros, jueces, auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial (3788-07) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Efectos de nuevo artículo 8º de Carta Fundamental en Reglamento del Senado. Informe de Comisión de Constitución (S 830-10)¿¿¿¿¿¿
Petición de oficio (se anuncia su envío)
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de Gobierno , del Trabajo y Previsión Social y de Cultura.
Las actas de las sesiones cuadragésima, ordinaria, de 11 de octubre de 2005, y cuadragésima primera, ordinaria, de 12 de octubre de 2005, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los siete primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que restablece la bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, establecidas en la ley N° 19.779 (boletín N° 3.960-11).
2) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de los Acuerdos celebrados entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que se indican: 1.- Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002; 2.- Acuerdo Complementario y su anexo al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Brasilia, el 5 de diciembre de 2002; y 3.- Acuerdo de enmienda del Acuerdo Complementario mencionado en el número anterior, suscrito en Asunción, el 6 de junio de 2003 (boletín Nº 3.897-10).
3) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002 (boletín Nº 3.907-10).
4) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de nivel primario y medio no técnico entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002 (boletín Nº 3.898-10).
6) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a la recuperación del bosque nativo y fomento forestal (boletín N° 669-01).
7) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre agricultura orgánica (boletín N° 3.674-01).
Con el octavo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito el 24 de Julio de 1998, en Ushuaia, República Argentina (boletín Nº 2.517-10).
Con el primero informa que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana (boletín Nº 1.993-11).
Con el segundo informa que ha desechado algunas de las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley referido a reformas orgánicas y procedimentales concernientes al Poder Judicial (boletín Nº 3.790-07), a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Con el tercero comunica que ha prestado su aprobación al proyecto que complementa la ley N° 19.950, estableciendo pena en caso de hurto falta en grado de frustrado y sancionando como delito el hurto hormiga, cualquiera fuere el valor de la cosa hurtada (con urgencia calificada de "suma") (boletines Nos 3.867-07 y 3.931-07, refundidos).
Con el cuarto informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil (boletín N° 3.934-07).
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual remite su parecer respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero (boletín Nº 3.626-07).
Del señor Contralor General de la República , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referido a la utilización de números telefónicos municipales con fines electorales.
Del señor Ministro del Interior , por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la ayuda, en alimento para el ganado, que se proporcionó a los pobladores de las localidades de Tapera, Lago Verde y Alto Río Ibáñez.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, referido a la adopción de niños chilenos por parte de matrimonios de extranjeros.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que informa sobre los oficios remitidos por la Secretaría de Estado a su cargo a esta Corporación.
Del señor Ministro de Hacienda , por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre de la Senadora señora Carmen Frei, acerca del monto recaudado por el Estado, durante el año 2005, por concepto de pago de patentes mineras en la Región de Antofagasta.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , mediante el cual contesta un oficio remitido por la Corporación solicitando hacer presente la urgencia, en el carácter de "suma", para el despacho del proyecto que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reformó la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
De la señora Ministra de Planificación , por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de apoyar un programa de zonificación del borde costero y del mar interior de las Regiones Décima y Duodécima.
Del señor Ministro de Salud , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la liberación de cultivos transgénicos farmacéuticos.
Del señor Ministro de Agricultura, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los métodos empleados para la captura de castores.
De la señora Directora Nacional del Instituto de Normalización Previsional , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, acerca de la aplicación de la ley N° 19.980 en los casos de personas exoneradas por razones políticas de la comuna de Victoria.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía , mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre el proceso de erosión de suelos en las distintas comunas de la Región.
De la señora Directora Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de La Araucanía, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo al Estudio de Impacto Ambiental del "Depósito Controlado de Residuos Sólidos San José", de la comuna de Vilcún.
Del señor Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre el programa denominado "Control de fauna dañina en la XII Región".
De la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, relativo al ejercicio de acciones criminales, por dicho organismo, en la causa iniciada por denuncia de la Contraloría General de la República ante las irregularidades detectadas con ocasión de la ejecución de la obra "Mejoramiento Ruta 5 Sur, Pasada por Temuco".
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta formulada por la Sala sobre los efectos del artículo 8° de la Constitución Política de la República en los artículos 23, N° 5; 68, y 159 del Reglamento del Senado, sobre votaciones y sesiones secretas (boletín N° S 830-10).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Presidente de la República (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3.937-06).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la aplicación de los procedimientos de la Ley de Tribunales de Familia (boletín N° 3.989-07).
Informe complementario del segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3.224-04).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 3.367-13).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que restablece la bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, establecidas en la ley N° 19.779 (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 3.960-11).
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de acuicultura (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 3.892-21).
De los Senadores señores Chadwick, Coloma, Fernández, Larraín y Novoa, con la que inician un proyecto de ley que exime a Carabineros de responsabilidad penal por el uso de armas en cumplimiento de sus funciones (boletín N° 4.016-07).
Del Senador señor Orpis, con la que inicia un proyecto de ley relativo a la penalidad aplicable al transporte ilícito de drogas estupefacientes o psicotrópicas y de precursores o materias primas que sirvan para obtenerlas (boletín N° 4.017-07).
Moción del Senador señor Andrés Zaldívar, con la que presenta un proyecto de ley que amplía el plazo establecido para solicitar a la Dirección General de Aguas la constitución de derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas, y modifica los requisitos para que constituya tales derechos.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 del Texto Fundamental, en relación con el N° 10) del artículo 63 de la Carta, y en el número 2° del inciso cuarto del referido artículo 65 de la Constitución Política.
De los Senadores señores Stange y Aburto, Arancibia, Cariola, Chadwick, Fernández, Frei, García, Horvath, Larraín, Martínez, Novoa, Páez, Prokurica, Ríos, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita, mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que la asignación de zona de los funcionarios fiscales de la provincia de Palena y de la Región de Aisén se calcule sobre la base del sueldo imponible (boletín Nº S 829-12).
El Senador señor Naranjo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Carta Fundamental, solicita autorización para ausentarse del país a contar del día 19 de octubre del año en curso.
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio mediante el cual la Cámara de Diputados informa que ha otorgado su aprobación al proyecto que introduce una disposición transitoria al decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín 4.013-06).
Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
Quiero decir a los Presidentes de ambas Comisiones que, por petición del Gobierno, los Comités tienen la intención de discutir y votar este asunto mañana en la tarde, lo que obligaría a que se rindan los informes en forma oral.
En ese espíritu, sería conveniente que ambas Comisiones sesionaran unidas.
Si no hay objeción, la iniciativa pasará a las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, a fin de que sea tratada en la mañana y los Presidentes de ambos organismos informen verbalmente a la Sala en la sesión de la tarde.
Los Comités, en sesión del día de hoy, resolvieron lo siguiente:
1.- Incorporar en el último lugar de la tabla de hoy el proyecto -al cual se hizo alusión denantes- que introduce modificaciones a la aplicación de los procedimientos de la Ley de Tribunales de Familia.
2.- Incluir en la Cuenta de la presente sesión los proyectos de ley sobre Rentas Municipales -lo que se acaba de cumplir respecto de esa iniciativa- y Rediseño del Fondo Común Municipal, con el objeto de enviarlos a las Comisiones de Gobierno y de Hacienda tan pronto se reciban en el Senado.
3.- Ratificar la celebración de una sesión extraordinaria el jueves 3 de noviembre, la que se efectuará en la mañana.
4.- Incluir el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional en la tabla de la sesión que se llevará a cabo el 2 de noviembre próximo.
5.- Otorgar un nuevo plazo para que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto de ley que flexibiliza el uso del permiso maternal hasta las 18 horas de hoy en la secretaría de la Comisión de Salud.
6.- Tratar el proyecto de ley sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2006 en la sesión que se realizará el 8 de noviembre, si se hubiese recibido de la Cámara de Diputados.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de las Repúblicas Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y Eslovaca y sus anexos", suscrito en Santiago, Chile, el 16 de diciembre de 2004, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3917-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 10 de agosto de 2005.
Relaciones Exteriores, sesión 40ª, en 11 de octubre de 2005.
El objetivo del proyecto de acuerdo es incorporar al Tratado de Asociación Chile-Unión Europea a los diez nuevos Estados de la Unión.
La Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Larraín, Martínez, Muñoz Barra y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la Comisión propone al señor Presidente que el proyecto de acuerdo sea discutido por la Sala en general y en particular a la vez, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Honorable señor Coloma.
Señor Presidente , tal como informó el señor Secretario , este proyecto de acuerdo tuvo su origen en un mensaje y su objetivo es incorporar al Tratado de Asociación Chile-Unión Europea las Repúblicas Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y la República Eslovaca.
Todo esto, en virtud del Tratado de Adhesión suscrito en Atenas el 16 de abril de 2003, que se encuentra en vigor desde el 1º de mayo de 2004.
Quiero agregar sólo tres comentarios a aquella relación.
En primer lugar, debo dejar en claro que el objetivo del Protocolo es permitir que los nuevos Estados Miembros de la Unión Europea asuman como suyos los compromisos adquiridos anteriormente por ésta y sus Estados Miembros en el Acuerdo de Asociación suscrito con Chile el año 2002.
En segundo término, cabe destacar que el Protocolo Adicional no establece nuevos compromisos para nuestro país respecto de las obligaciones contenidas en el ya referido Acuerdo de Asociación.
Y, en tercer lugar, quiero hacer una reflexión sobre un aspecto que puede ser importante para los futuros tratados que firme Chile: ésta es la primera vez que un acuerdo suscrito por nuestro país -en este caso, con la Unión Europea- tiene una modificación de sus constituyentes introducida por la contraparte.
¿Qué quiero decir con eso? Que, técnicamente, esto es casi un trámite, porque se valida en virtud del Tratado de Adhesión. O sea, Chile firmó un Tratado con la Unión Europea, y ahora somos informados de que la Unión Europea aumentó el número de sus países.
Es decir, en estricto sentido, no parece tan claro que haya que ratificar el Acuerdo; más bien, es sólo casi tomar nota. El Gobierno decidió hacerlo mediante esta fórmula, como una suerte de preocupación por el Parlamento. Pero en la práctica, al cambiar la naturaleza jurídica uno de los suscriptores del Tratado, se entiende que se amplían automáticamente los beneficios y las complejidades de uno y otro.
¿Por qué ello es relevante? Porque se fija un precedente respecto de cualquier acuerdo que Chile haya suscrito o suscriba en el futuro.
Y tenemos un ejemplo. Sus Señorías recordarán que se discutió este punto a raíz del Acuerdo con Corea. El día de mañana la constitución física de este país podría modificarse. Y lo mismo podría ocurrir en cualquier otro tratado.
Lo que estamos intentando dejar claro a través de este Acuerdo es que, si bien la ampliación lógica del Tratado opera casi automáticamente por el hecho de cambiar de estructura la contraparte, ello debe pasar a todo evento por el Congreso.
En el fondo, ¿qué sucede si los Parlamentarios votan que no a una adhesión de este tipo, que es una situación en la que uno siempre debe colocarse? No es que los nuevos miembros no puedan ingresar, sino que se termina el acuerdo.
Éste es un caso en que resulta particularmente fácil evolucionar. Porque no hay ningún inconveniente. Al contrario, se trata de una cuestión complementaria de la economía chilena, que coincide con los intereses de la política exterior. Sin embargo, no está mal hacer esta reflexión, a la luz del especial estatus jurídico que estamos creando.
Insisto: rechazar este Acuerdo no significa que no entren los países en comento, sino que se termina el acuerdo, porque éste se suscribió con la Unión Europea.
Esto se explicitó en la discusión de la Comisión, y me parece interesante tenerlo en claro, por lo menos como elemento jurídico.
Por consiguiente, junto con explicar la naturaleza del Protocolo Adicional y recomendar unánimemente la aprobación del proyecto de acuerdo, quiero a lo menos dejar constancia de este punto, que me parece interesante respecto del trabajo que hemos realizado en materia de suscripción de acuerdos internacionales.
Como se trata de una proposición unánime de la Comisión y atendidas las explicaciones que dio su Presidente , si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto que aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, y queda terminada su discusión en este trámite.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que ordena la anotación de los vehículos robados en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados , con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3344-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 20 julio de de 2004.
Transportes, sesión 40ª, en 11 de octubre de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es otorgar publicidad a la sustracción de un vehículo motorizado al permitir la anotación de la denuncia correspondiente en el Registro Nacional .
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general y en particular el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Fernández, Muñoz Barra y Novoa), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Dicho órgano técnico propone al señor Presidente que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, la Sala la discuta en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Señor Presidente , el proyecto autoriza la anotación en el Registro de Vehículos Motorizados de la denuncia por sustracción de un vehículo de esa índole, a requerimiento de una autoridad policial o judicial, o del propietario, en las condiciones que establezca el reglamento.
La idea es muy simple. Se trata de dar publicidad al robo de un vehículo, de forma de impedir fraudes. Y se tomó la precaución de que los propietarios puedan solicitar la inscripción bajo las condiciones que disponga el reglamento, a fin de prevenir que alguno de ellos intente usar ese mecanismo para causar daño a un adquirente de buena fe.
La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto. Y, por cierto, durante la discusión estuvieron presentes representantes del Ejecutivo y del Servicio de Registro Civil, quienes estimaron conveniente acoger el texto en estudio.
Por lo tanto, solicito a la Sala aprobar en general y en particular la iniciativa, que consta de artículo único.
Si le parece a la Sala, por tratarse de una iniciativa de artículo único, se aprobará en general y en particular, como lo solicitó la Comisión.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda terminada su discusión en este trámite.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el fin de exigir licencia especial clase F para conducir vehículos de emergencia de bomberos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3556-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 13 de julio de 2004.
El objetivo principal de la iniciativa es extender a los conductores de carros bomberiles la exigencia de licencia de conducir clase F, que actualmente está prevista sólo para los conductores de vehículos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Fernández, Muñoz Barra y Novoa), y efectuó tres modificaciones al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados. Dos son de carácter formal. La tercera consiste en disponer que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá, mediante un Reglamento, los cursos y requisitos especiales que deberá exigir la Academia Nacional de Bomberos a sus postulantes para otorgarles el certificado que los habilite a los efectos de solicitar la licencia de conductor clase F.
Finalmente, la Comisión propone al señor Presidente que el proyecto, por ser de artículo único, sea discutido en general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Señor Presidente, hoy día los conductores de carrobombas deben poseer licencias clase A-4 y A-5, vale decir, profesionales, para lo cual se requiere, entre otras cosas, aprobar un curso en una escuela de conductores, cuyo costo es significativo.
Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos cuenta con una academia de preparación para los voluntarios, que está en condiciones de impartir cursos para el manejo de carrobombas.
A la Comisión le pareció conveniente eximir a los conductores de carrobombas de la exigencia de tener licencias clases A-4 y A-5 y asimilarlos a la de clase F, correspondiente a los conductores de vehículos policiales o militares, con el agregado de que deben rendir un curso en la Academia, ya que manejan por las ciudades y, en consecuencia, es preciso que cuenten con experiencia y capacidad para hacerlo. Nos pareció suficiente, entonces, establecer el requisito de la licencia tipo F y que el Ministerio de Transportes convenga con la Academia Nacional de Bomberos las condiciones en que se otorgarán los cursos pertinentes.
La Comisión solicita la aprobación en general y en particular del proyecto, el cual también fue acogido por el Ejecutivo .
Tiene la palabra al Senador señor Sabag.
Sólo deseo ratificar lo manifestado por el señor Presidente de la Comisión en el sentido de que la iniciativa fue objeto de un acuerdo unánime en ese órgano técnico.
Los conductores de carrobombas -vehículos pesados y de alto riesgo- deben ser sometidos, evidentemente, a un examen de la Academia Nacional del instituto bomberil, entidad que actúa con mucha responsabilidad y seriedad. Creo que ello es más que suficiente como exigencia.
Por lo tanto, pedimos que Sus Señorías también aprueben el texto unánimemente.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda terminada la discusión en este trámite.
Proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Fernández, Flores, Orpis y Adolfo Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 2.564, de 1979, sobre aviación comercial, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3316-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Fernández, Flores, Orpis y Adolfo Zaldívar).
En primer trámite, sesión 25ª, en 13 de agosto de 2003.
El objetivo principal de la iniciativa es enmendar el cuerpo legal a que se ha hecho referencia para permitir que aerolíneas extranjeras de pasajeros efectúen cabotaje cuando el destino de sus vuelos se encuentre en las Regiones Primera, Undécima y Duodécima, y suprimir la exigencia de reciprocidad, en sus países de origen, para aerolíneas chilenas.
La Comisión aprobó el texto sólo en general, por dos votos a favor, de los Honorables señores Fernández y Novoa, y la abstención del Senador señor Muñoz Barra.
Cabe indicar que el órgano técnico propone al señor Presidente que la Sala discuta el proyecto únicamente en general, con la finalidad de perfeccionarlo en el segundo informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa, Presidente de la Comisión.
Señor Presidente , el propósito que se persigue es generar mayor competencia dentro de la industria del transporte aéreo, con el objeto de beneficiar a quienes viven en las Regiones extremas -específicamente, la Primera, la Undécima y la Duodécima-, que requieren esa vía como una forma normal de traslado hacia el centro del país. Y la medida de no hacer aplicable a las compañías extranjeras la exigencia de reciprocidad tiene por objeto precisamente el permitir una mayor competencia, a fin de disminuir las tarifas.
La Comisión analizó el proyecto y decidió aprobarlo en general y no en particular, pese a ser de artículo único, porque es necesario discutirlo más a fondo y, eventualmente, introducirle modificaciones o perfeccionamientos.
Específicamente, pensamos que compañías aéreas que quieran aprovechar el beneficio debieran garantizar un servicio regular y permanente durante todo el año. Porque no se trata de que las empresas vengan a los períodos peak, de gran demanda, compitan durante ese tiempo, y después, cuando disminuya el número de pasajeros, las personas que realmente necesitan el transporte -no por vacaciones ni por turismo, sino por el hecho de vivir en las zonas de que se trata- se encuentren con que tal proceso se registró durante la temporada alta y no en el resto del año.
Por ello, la Comisión, considerando razonable el propósito mencionado, sugiere que el proyecto sea aprobado en general y que se fije un plazo para indicaciones, con el objeto de ver si efectivamente un texto como el que nos ocupa, con las modificaciones que se le introduzcan, genera una situación más favorable para quienes viven en las zonas extremas y cuál es la mejor norma legal para materializar la finalidad perseguida por los autores de la moción.
Señor Presidente , tal como se expresa en los fundamentos de la moción, la aviación comercial de pasajeros "es un elemento determinante" en la integración nacional y regional.
En la actualidad, la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, según lo consignó el señor Presidente de la Comisión , opera sobre la base del principio de reciprocidad para negociar con aerolíneas de otros países, condicionando el ingreso de ellas al cabotaje nacional sólo en la medida en que esos Estados otorguen similar derecho a las líneas aéreas chilenas.
Si bien ese concepto es válido como principio general, se deben contemplar excepciones, especialmente respecto de las zonas extremas, tal como lo plantea la moción.
En la Primera Región , por ejemplo, Arica e Iquique se encuentran a mil quinientos y dos mil kilómetros de Santiago, respectivamente, y los pasajes aéreos hacia el centro del país importan un alto costo, lo cual, en la práctica, constituye una barrera para viajar a la Capital.
Concretamente, el norte de Chile ocupa una posición estratégica en el transporte aéreo. Por sus cielos pasan todas las aerolíneas cuyos aparatos vuelan a Centroamérica, Estados Unidos, Lima , La Paz, sin grandes desvíos de sus rutas originales, y perfectamente podrían hacer escalas para realizar el cabotaje respecto de los nacionales.
En lo personal, abrigo la más absoluta convicción de que consagrar el libre cabotaje en la Primera Región contribuirá a una mayor competencia y, por lo tanto, a una rebaja en los pasajes aéreos. Las compañías mencionadas no necesitan modificar sus itinerarios, repito, para poder tomar o dejar pasajeros en Iquique o en Arica, hacia o desde el centro del país, e incluso, hacia o desde el extranjero.
Adicionalmente, señor Presidente , en el caso del norte, el libre cabotaje se transformaría en una eficaz herramienta de integración regional. Existe una macrorregión con Perú, Bolivia , Paraguay y Brasil, que incluye una población superior a ocho millones de habitantes, en un entorno de 600 a 700 kilómetros, a la mitad de la distancia de Santiago. En esa zona se está esperando aquella medida para aumentar el turismo y el intercambio comercial, porque perfectamente aerolíneas pertenecientes a los países mencionados podrían efectuar el cabotaje al interior de la propia Primera Región.
Resulta fundamental contar con compañías aéreas que puedan cubrir tramos que comprendan Iquique, Arica, Arequipa , La Paz, Asunción , Santa Cruz , e incluso, Sao Paulo y Río de Janeiro. Para llegar a muchos de esos destinos, en la actualidad es preciso viajar a Santiago. La reciprocidad ha sido un obstáculo para desarrollar tales servicios.
Es absurdo lo que ocurre hoy. Una persona que quiere viajar a Estados Unidos desde Arica o Iquique debe volar a la Capital y tomar la combinación correspondiente; es decir, prácticamente tiene que recorrer mil quinientos a dos mil kilómetros. Perfectamente, las aerolíneas extranjeras podrían tomar pasajeros en Iquique o en Arica de acuerdo con sus rutas originales.
Señor Presidente , el Jefe del Departamento Legal de la Junta de Aeronáutica Civil -según el informe- sostuvo que en general las aerolíneas extranjeras no han solicitado libre cabotaje. La razón es obvia: el criterio que en esta materia aplica dicho organismo apunta al cumplimiento del principio de reciprocidad y, si una empresa aérea de bandera extranjera o su gobierno no están en condiciones de ofrecer libre cabotaje, resulta evidente que no lo van a pedir.
Como he señalado, hoy día el libre cabotaje representa un obstáculo para integrar a quienes viven en la Primera Región con terceros países, especialmente de la macrorregión.
Coincido con el Presidente de la Comisión en cuanto a que la moción requiere perfeccionarse para garantizar continuidad del servicio que van a prestar las aerolíneas extranjeras.
Por lo tanto, aceptando el principio de reciprocidad como norma general, creo que su cumplimiento debería contemplar excepciones en función de las zonas extremas.
Señor Presidente , la iniciativa es bastante más compleja que lo que su texto expresa, en el sentido de que resultaría necesario mayor cantidad de vuelos hacia lugares determinados. Ello teóricamente produciría una rebaja en el precio de los pasajes, lo cual puede ser cierto. También es posible que provoque la desaparición de pequeñas empresas aéreas chilenas, con patrimonio menor que una grande, como LAN.
El informe sostiene -ningún señor Senador ha dicho lo contrario- que el proyecto de ley elimina atribuciones a la Junta de Aeronáutica Civil, sin participación del Ejecutivo. Como se trata de un organismo creado mediante el DFL Nº 241, de 1960, para representar al Gobierno de Chile ante las instituciones internacionales en todo lo referido a los aspectos propios de la aeronáutica, la normativa propuesta es claramente inadmisible. Sostener lo contrario simplemente abre las puertas para que comencemos a quitar facultades a otros órganos del Estado con responsabilidad no sólo frente a la administración nacional, sino también ante el resto de los gobiernos del mundo en las materias que les competen.
Señor Presidente, dejo constancia de mis aprensiones y de la clara inadmisibilidad del proyecto por las razones planteadas.
Por otra parte, es evidente que la totalidad de las acciones internacionales emprendidas en Chile -económicas, de trabajo, financieras, etcétera- deben contemplar la reciprocidad de los otros países. No corresponde establecer de pronto nuevos sistemas o permisos aéreos de trabajo sin reciprocidad. Eso no se halla en la doctrina de nuestras relaciones internacionales. Reitero: no corresponde.
En el informe se pueden observar, como ejemplos importantes, los vuelos diarios a zonas extremas de Chile realizados por el Grupo LAN, Sky y Aerolíneas del Sur. Y son bastante numerosos: a Iquique 12, uno cada media hora; a Balmaceda 4; a Punta Arenas 6; a Arica 8.
Establecer una ley especial que resta atribuciones a la Junta de Aeronáutica Civil, que quiebra la doctrina de la reciprocidad y pensada sólo para un conjunto de cuatro o cinco destinos, no corresponde.
Si quisiéramos la presencia de empresas aéreas extranjeras, ello sería posible dadas las características de los aeropuertos internacionales, que son la puerta de ingreso a Chile. Entiendo que tanto al de Iquique como al de Arica actualmente llegan vuelos internacionales.
Señor Presidente , anuncio mi voto contrario al proyecto por las razones señaladas: es inadmisible, resulta inadecuado en materia de relaciones internacionales y no permite la creación de fórmulas más competitivas con empresas aéreas nacionales.
Respecto del tema de la admisibilidad, por cierto la opinión de Su Señoría resulta muy respetable. Pero, si la Mesa ha puesto en discusión la materia, es porque la considera admisible.
Señor Presidente , como lo expresó el colega que me antecedió en el uso de la palabra, la verdad es que se trata de un tema de fondo.
Comprendo la intención de los señores Senadores que representan a Regiones extremas; la comparto. No obstante, en este ámbito siempre hemos tenido un problema mayor que no se soluciona con una alteración del decreto ley Nº 2.564, ya que no hay en esas zonas capacidad económica para soportar la tecnología y el costo de los aviones de nueva generación. Estamos hablando del ILS de categoría III de la pista 1 y del ILS de categoría II de la pista 2. En fin, las aeronaves actuales son de alto costo de operación, muy sofisticadas y requieren un potencial humano de primera generación profesional.
Ésta constituye, tal vez, la razón por la cual los pasajes y el costo operacional de las líneas aéreas chilenas resultan ligeramente -ligeramente- superiores respecto de Sudamérica, pero inferiores a los de países desarrollados y, definitivamente, a los de Estados Unidos.
Se trata de un problema de costos que, desafortunadamente, no pueden soportar las zonas extremas.
En segundo lugar, la Junta de Aeronáutica Civil tiene facultad para hacer excepciones, y así lo considera el decreto ley Nº 2.564. Incluso, autorizó al Lloyd Aéreo Boliviano para que operara en el norte del país, sin reciprocidad. Pero no lo hizo...
¡Estuvo seis meses!
Sí, conforme, por seis meses. Pero pudo haber seguido operando perfectamente bien. Y no lo hizo por los costos. Es que, en definitiva, éstos se van a comer a cualquier línea aérea extranjera que llegue. Por esa razón no vienen. Seis países -Paraguay, Uruguay , Brunei , Nueva Zelandia y dos más- tienen convenios con el nuestro, aprobados por nosotros mismos en el Senado, que facultan para actuar en Chile sin reciprocidad. O sea, cuentan con una autorización flexible, pues pueden operar en sus respectivos países y, además, acá sin reciprocidad.
Sin embargo, ninguno lo ha hecho. Pluna de Uruguay está en Chile, pero no se ha instalado en el norte, por carecer de capacidad económica. ¡Si esto cuesta muy caro!
El éxito alcanzado por nuestro país en este ámbito, así como el de LAN -entre otras cosas, una de las primeras líneas aéreas del mundo-, se debe justamente a su política de cielos abiertos, cuyo fundamento es la reciprocidad.
Nadie regala reciprocidad, porque ella es capital; constituye el costo de cada país en su territorio, en su cabotaje, en sus pasajeros.
Por eso las frecuencias y las libertades aéreas se negocian. Y la Junta de Aeronáutica Civil tiene facultad para negociar cada una de ellas.
Por ejemplo, en relación con Air Madrid -el año pasado, me parece-, se presentó un problema con España, con el cual teníamos siete frecuencias. Esa aerolínea pidió operar en Chile, pero la Junta de Aeronáutica Civil dijo que no. Finalmente, España cedió siete frecuencias más y llegamos a catorce para cada país. Con posterioridad, la Junta de Aeronáutica Civil negoció siete más, por lo que quedaron veintiuna para España y veintiuna para Chile. Y eso ocurrió justamente por la capacidad de negociación de este capital que es la reciprocidad.
Los argentinos, los peruanos, los bolivianos, los mexicanos ni siquiera aceptan pilotos chilenos. En cambio nosotros, con la política de cielos abiertos, como Sus Señorías saben, estamos llenos de pilotos y técnicos de todos los países. Y ése es el éxito, la potencia y el desarrollo de nuestras líneas aéreas.
¿Qué compañías se verían afectadas si se aprobara el proyecto? Sky Airlines , Aerolíneas del Sur. Esta última es una empresa foránea. Es decir, compañías extranjeras pueden operar en Chile si instalan acá una empresa. Y éste es justo el caso: con capitales españoles, Aerolíneas Argentinas inició las actividades de Aerolíneas del Sur y está operando perfectamente bien hacia Punta Arenas , y luego lo hará hacia Arica . Y así vamos aumentando nuestra capacidad interna para apoyar a las zonas extremas.
O sea, el incremento, el desarrollo de nuestras propias aerolíneas y el fundamento de la reciprocidad en la negociación con las restantes naciones han otorgado a Chile la capacidad de contar con un sistema aeronáutico de primera calidad. Y por eso muchas aerolíneas pasan por nuestro país. Fue el caso de Aeroperú, que vino a operar acá, pero no pudo continuar porque los costos se la comieron. Pero la seguridad que ofrece Chile y sus certificaciones de calidad son factores que permiten a LAN operar en todos los países de la región y del resto del mundo, y entrar y salir de Estados Unidos sin problemas. Ello se debe a las certificaciones que cumple nuestra nación, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de los requisitos que impone la Junta de Aeronáutica Civil en cuanto a reciprocidad.
Por esa razón, la JAC está facultada para autorizar la operación de aerolíneas extranjeras sin reciprocidad. Es una atribución que ejerce cuando se lo piden.
La solución intermedia sencillamente consistiría, si el Gobierno estimara conveniente apoyar en forma más directa a las zonas extremas, en tomar la decisión y operar a través de la Junta de Aeronáutica Civil para otorgar estas concesiones en forma puntual. Ha habido varias experiencias. Todas ellas no han funcionado.
Y por ese motivo, señor Presidente , creo que el proyecto presenta bastantes dificultades. Por supuesto, soy el primero en apoyar a las zonas extremas. Sin embargo, considero que se le está cortando un brazo a la Junta de Aeronáutica Civil al negociar nuestra política de cielos abiertos.
Señor Presidente , en primer lugar, más allá del criterio de la Mesa, no comparto la idea de que la iniciativa pudiera ser inconstitucional. Ello, porque el mero hecho de que la Junta de Aeronáutica Civil -acaba de recordarlo el Senador señor Vega - haya otorgado una autorización sin reciprocidad parecería indicar que posee dicha facultad. En consecuencia, pienso que el tema de la constitucionalidad no está en juego.
En segundo término, sin perjuicio de lo anterior, creo que en realidad éste es un proyecto complejo.
A diferencia de algunos de los autores de la moción, estimo que la reciprocidad tiene un valor enorme. Y considero que el mejor ejemplo en tal sentido también lo entregó el Honorable señor Vega cuando recordó el proceso por el cual se aumentaron de siete a catorce las frecuencias con España y, finalmente, se llegó a veintiuna. Y eso no son cosas menores.
De tal manera que, si se consagrara el principio de que estos permisos se otorgan sin reciprocidad, simplemente estaremos dando lugar a presiones unilaterales que pueden culminar -quizás no, pero es factible que suceda- en este tipo de autorizaciones. Estimo que con ello se pierde un instrumento vital, y el ejemplo del Senador señor Vega es claro. Como norma general, me parece obvia. Por algo es una práctica bastante universal el pedir reciprocidad, pues es un mecanismo que todos los países aplican para obtener ventajas. Y, si se renuncia a ese principio, su capacidad de negociación disminuye radicalmente.
Por lo demás, si alguna línea aérea extranjera de cierta importancia piensa que hacer cabotaje en Chile es conveniente, sería un gran instrumento de presión para que ella -supongamos que se trate de Aerolíneas Argentinas- busque en su propia nación materializar la reciprocidad.
Me parece que la decisión unilateral impide ejercer presión en el país respectivo en favor de la reciprocidad, la cual estaría avalada por la percepción de una línea aérea concreta en el sentido de que, efectivamente, existen condiciones para la explotación comercial de un tramo determinado.
En tercer lugar, respecto del problema en sí mismo, en el informe de la Comisión se plantean distintas opiniones: que las tarifas son altas y que, más que un problema de oferta, se trata de uno de demanda. Yo diría que las dificultades residen en la demanda y también en las tarifas. Entonces, la intención del proyecto en cuanto a bajar el valor de los pasajes me parece positiva, porque sería interesante que disminuyeran. Sin embargo, no veo ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir. De hecho, el número de vuelos diarios a zonas extremas -Punta Arenas, Balmaceda , Arica , Iquique - no es despreciable, según el informe. Pero no sé si esos vuelos se hacen a plena capacidad; desconozco cuál es la demanda real.
Sin embargo, tengo la impresión de que, si el proyecto se aprueba tal como viene, veremos pequeñas líneas aéreas de otros países -vecinos, fundamentalmente- intentando establecer rutas menores que se encuentren al alcance de sus propias fuerzas para ingresar a ese mercado. Pero de ahí a que esta normativa dé origen a garantías, a continuidad, a calidad de servicio, etcétera, hay bastante trecho. Además, no creo que se afecte la posición dominante de LAN, que de alguna manera mantiene altas las tarifas, porque las empresas pequeñas que hoy día operan en esos tramos están cautivas respecto de lo que aquélla decida.
La iniciativa en debate tendría mucho sentido si se pensara que VARIG o Avianca o, en fin, alguna línea aérea importante realmente quiere entregar un servicio permanente en las Regiones extremas. Pero para hacer esta afirmación nos faltan antecedentes.
En conclusión, como no sé si aquí hay problemas de oferta y de demanda; como no sé el efecto de las tarifas, y como no sé si alguna línea aérea tiene efectivo interés por instalarse -creo que la reciprocidad es muy fundamental-, no voy a negar mi voto a la idea de legislar. Pero la aprobación concreta del texto requiere mayor reflexión y más información.
Señor Presidente, a mi juicio, el objetivo de la iniciativa es claro.
Para los habitantes de las zonas extremas los pasajes de avión son considerablemente caros. También es de alto costo para las compañías aéreas mantener servicios hacia las zonas extremas en períodos de invierno o de baja actividad turística, costo que finalmente se traspasa a los usuarios.
Además, entiendo lo absurdo de obligar a quienes desean volar a otros países a recorrer innecesariamente, de ida y de vuelta, miles de kilómetros; o a los que deseen ir a Ushuaia desde Coyhaique, Puerto Aisén o Punta Arenas exigirles hacer el tramo Santiago-Buenos Aires , ida y vuelta, teniendo la ciudad prácticamente al frente.
Sin embargo, como bien se dijo en la Sala, la reciprocidad es el mejor instrumento para lograr beneficios en forma racional. En este momento operan dos o tres líneas aéreas y la idea es aumentar su número al máximo posible y que den servicio todo el año a las Regiones extremas. Cuando uno viaja en época de invierno en las compañías que funcionan todo el año, puede observarse que los aviones llevan muy pocos pasajeros, que a veces quedan detenidos durante días por las nevazones sin poder llegar al lugar de destino. Entonces, es claro que esas líneas aéreas están sufriendo pérdidas. Por lo tanto, ¿qué reciprocidad habrá en ese momento de otras compañías?
A mi juicio, se trata de una materia que obviamente deberemos regular, si la iniciativa prospera. Porque en la época de alta demanda -son cientos de miles los turistas que visitan nuestros atractivos lugares en la zona austral, como las Torres del Paine, la Laguna San Rafael o la propia Carretera Austral-, podrán acceder a esos lugares los turistas del vecino país y le van a quitar la "guinda de la torta" a las líneas aéreas nacionales. Y lo propio debería suceder, en reciprocidad, con los cientos de miles de turistas que viajan a Machu Picchu , en Cuzco, o a los atractivos de Ushuaia, El Calafate o El Chaltén.
Por lo tanto, la reciprocidad se está dando en forma natural. Tal vez la Junta de Aeronáutica Civil sólo ve el tema-país, pero no toca el de las zonas extremas y desaprovecha esta oportunidad.
Quiero referirme a otro asunto que no es menor: la seguridad en la aviación. A aquellos que hemos volado en líneas aéreas de países vecinos, sobre todo en épocas de alta demanda, nos llaman la atención las diferencias existentes en las normas y exigencias. Por ejemplo, volar al Cuzco en verano es como esperar taxi en un paradero: ¡hay que subirse al que toca no más! Y uno ve cómo los motores de los aviones explotan antes de despegar y otras situaciones bastante extrañas, que a los usuarios habituales de nuestras líneas aéreas, sean nacionales o extranjeras, no les deja de sorprender.
Por lo tanto, creo que nos arriesgamos a una presión desmedida por parte de las líneas aéreas, no sólo de las más conocidas, sino también de las que quedarán al margen del proceso de fiscalización para que entren a operar.
Cabe destacar que la reciprocidad tampoco se da en otras áreas. Y en los caminos de la zona austral esto es particularmente sensible. Los visitantes extranjeros no tienen acceso a algunas ciudades y sitios turísticos chilenos porque no pueden establecer circuitos. Por ejemplo, pese a que hemos firmado acuerdos y se han abierto nuestros pasos fronterizos en reciprocidad con Argentina, sus autoridades se oponen a que las decenas de miles de turistas que llegan a Ushuaia pasen a Puerto Williams.
Hace cuarenta años ambas ciudades contaban con igual número de habitantes; hoy día, Ushuaia tiene 60 mil y Puerto Williams 3 mil, debido a la falta de accesibilidad.
Lo mismo ocurre entre un atractivo internacional como Torres del Paine y El Calafate, con su glaciar Perito Moreno . Los argentinos no permiten a los turistas el paso terrestre y los obligan a dar una enorme vuelta que les impide visitar nuestros lugares turísticos.
En resumen, señor Presidente, en las zonas extremas contamos con las condiciones para que se otorguen reciprocidades, pero manejadas a nivel local. Y el proyecto apunta en esa línea.
Pienso que se debe mantener el sistema de reciprocidad, aunque bien dirigido. A través de esta iniciativa hemos de procurar que, de alguna manera, ello se efectúe.
La experiencia demuestra que los países vecinos se cubren por la vía de aprovechar las ventajas que leyes especiales otorgan a las zonas extremas, las cuales deben traspasarse también a las líneas aéreas que sirven esos tramos, pues implican mayor costo, a fin de hacer más accesible el valor de los pasajes y del movimiento de carga hacia y desde tales Regiones.
Por estas razones, votaré a favor de la idea de legislar. Pero estimo inconveniente avanzar en cuanto a que se elimine la reciprocidad, que es la mejor arma para conseguir el objetivo que buscamos.
Señor Presidente , el proyecto en debate, que fue presentado por Senadores de distintas Regiones y de diversos partidos políticos (Honorables señores Flores , Orpis , Adolfo Zaldívar y el que habla), apunta a producir más competencia en el tráfico aéreo hacia las Regiones extremas. Y se refiere exclusivamente a éstas, con el propósito de posibilitar una mayor competencia, el aumento de vuelos, el entrar a operar sin mayores dificultades ni exigir la reciprocidad, como ocurre cuando así se le requiere a la Junta de Aeronáutica Civil. Porque esto último significa que, en el hecho, se mantiene la actual situación de las líneas aéreas, que cobran tarifas virtualmente imposibles de pagar por las personas más modestas que necesitan viajar a los efectos de atender problemas de salud, por estudiantes o por gente que no se halla en condiciones de adquirir los pasajes por el alto precio que hoy tienen.
Queremos introducir un factor de competencia. El proyecto ofrece una posibilidad que, a mi juicio, puede ser muy favorable para los habitantes de las Regiones a que se refiere. Y no exige el requisito de reciprocidad porque éste desincentiva a que las líneas aéreas cumplan con dicho objetivo.
En esa forma se pretende solucionar problemas muy importantes que se presentan en esas Regiones. Por ejemplo, si una persona se encuentra en una de ellas y quiere viajar al extranjero, debe hacer una triangulación: trasladarse a Santiago y aquí tomar un nuevo vuelo. Y los turistas estadounidenses que desean visitar las Torres del Paine, tienen que bajarse en la Capital y abordar otro avión para continuar hasta Punta Arenas o Puerto Natales. Sería deseable que las aeronaves pudieran aterrizar directamente en esas ciudades australes, con lo cual se incrementaría mucho el turismo.
Reitero: el motivo por el cual Senadores de distintas Regiones presentamos la iniciativa fue favorecer la competencia en las zonas extremas.
Recuerdo que nos encontramos en la discusión general del proyecto. Naturalmente, su contenido está abierto a ser perfeccionado y analizado de acuerdo con la conveniencia nacional, pero mirado desde un punto de vista regional. Y esto no implica privar a la Junta de Aeronáutica Civil de la facultad de exigir reciprocidad a las aerolíneas en el resto del país, sino que apunta a aquellas que tengan interés en llegar a las Regiones apartadas.
Los problemas de aislamiento, las dificultades de transporte que afectan a Magallanes, a Aisén y a la zona norte son enormes y muy diferentes de los que existen en cualquier otro lugar de Chile.
Por lo tanto, manteniendo la facultad de la Junta de Aeronáutica Civil relativa a exigir la reciprocidad en el resto del país, creemos que el solo hecho de permitir o favorecer una mayor competencia en las Regiones extremas redundará en un mejor servicio y, eventualmente, en una rebaja de tarifas. En ningún caso será perjudicial para el cabotaje aéreo regional.
Por eso presentamos este proyecto. Sería muy importante y un buen signo para avanzar en la materia, que se aprobara la idea de legislar y se fijara un plazo prudencial para formular indicaciones que lo perfeccionen y recojan las diversas inquietudes que aquí se han planteado, muchas de las cuales son bastante atendibles.
La iniciativa no perjudica en nada la política general sobre el particular. Por el contrario, la robustece. Y, de la misma manera como hoy el Gobierno ha determinado, unilateralmente, liberar a los productos bolivianos de todo tipo de aranceles, aquí se permite, en forma unilateral, que en las Regiones extremas opere un cabotaje que exija y favorezca una mayor competencia.
Además -repito-, lo propuesto redunda en la concreción del objetivo que buscamos: disminuir las tarifas, para que la gente más modesta pueda viajar a Santiago u otras localidades -ya sea por motivos de salud, de trabajo o de distracción (las menos, pues en general se trata de personas muy humildes)- a precios medianamente aceptables.
Por otra parte, al existir mayor competencia, también mejorará el servicio que se presta a las Regiones. Y ésta es otra de las finalidades que se persiguen.
Por eso, llamo al Senado a aprobar en general el proyecto y a fijar plazo para la recepción de indicaciones que permitan enriquecerlo.
Señor Presidente , el Senador señor Orpis me pide una interrupción.
La concedo, con la venia de la Mesa.
Gracias. Seré muy breve.
Señor Presidente , en materia de libre cabotaje y de reciprocidad, tal como señalaba el Senador señor Vega , se otorgó esta autorización al Lloyd Aéreo Boliviano por seis meses. Y una empresa que no sabe si después de ese lapso podrá continuar realizando el negocio, tiene bastantes limitaciones para los efectos de la recuperación de sus inversiones. Por ello, resulta fundamental -y constituye el concepto de fondo- liberalizar a las Regiones extremas.
En Arica, por ejemplo, existe libre cabotaje marítimo. Ahora podríamos haber esgrimido un argumento similar al que se señaló cuando el Parlamento aprobó esa liberalización. ¿Por qué no se exige reciprocidad respecto del libre cabotaje marítimo en esa ciudad? Porque éste quedó establecido en la Ley Arica II.
Se trata de acercar a las personas hacia el centro del país y el resto de las naciones. Y para bajar el valor de las tarifas es necesario liberalizar.
Con el libre cabotaje aéreo, no solamente se van a acercar las zonas extremas al centro del territorio, sino que también se crearán aerolíneas de carácter regional. En el norte hay macrorregiones: con el sur del Perú, con el oeste boliviano y con Brasil, donde podrían instalarse aerolíneas regionales para tomar pasajeros en Arica y en Iquique. Hoy eso no es factible.
Sabemos que la Junta de Aeronáutica Civil puede autorizar el libre cabotaje unilateral por seis meses. Tiene facultad para ello, pero en la práctica no la ha usado.
¿Concluyó el Senador señor Fernández?
Yo estaba pidiendo una interrupción, señor Presidente .
No acepto interrupciones al final de las intervenciones, Su Señoría.
Por eso pregunté al orador si había terminado.
La solicité. Pero Su Señoría no miró hacia acá.
Excúseme, señor Senador, pero las concedo cuando se solicitan a la Mesa.
¡Pero yo me dirigí a la Mesa...! ¡Que el señor Presidente no me viera es otra cosa!
Mi función es estar muy atento a lo que ocurre en la Sala. Y lo estaba, Su Señoría.
¡No lo estaba, señor Presidente !
Puede pedir la palabra, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero, y después el Senador señor Martínez, si la solicita.
Señor Presidente , el Honorable señor Martínez me solicita una interrupción.
Al comienzo, no tengo inconveniente.
Señor Presidente , quiero aclarar al Senador señor Orpis que el problema del libre cabotaje marítimo es diferente, porque nuestras líneas navieras lo hacen en toda la costa de Sudamérica y en otras partes del mundo. Eso no ocurre en el campo de la Aeronáutica, que se maneja mediante el concepto de libertades aéreas.
Señor Presidente , me preocupa este proyecto de ley, por lo ya mencionado: la reciprocidad en materia de cabotaje. Creo que el tema reviste importancia, particularmente desde la perspectiva de las aerolíneas que cumplen esa función en el país.
A mi juicio, lo relativo a ventajas y oportunidades tiene expresión en el ámbito de las empresas, pero también en el de los espacios territoriales. No logro comprender por qué a la Primera Región podría otorgársele este tipo de franquicias y no a la Segunda.
Insisto: no sé qué tienen las zonas extremas -aparte las ventajas de zona franca, tributarias y de diversa otra índole- que las diferencia de la Región de Antofagasta, que represento. Me resisto a creer que la iniciativa sea buena para las primeras y mala para la última.
Entonces, si vamos a implementar este sistema, debiéramos darle un carácter más amplio y plural. ¿Por qué? Porque las ventajas también incluyen los espacios territoriales. Y, en consecuencia, algunas Regiones empiezan a construirlas artificialmente, resultando dañinas o gravosas para otras que quieren desarrollarse en el ámbito de la empresa o industria.
Un segundo aspecto que me preocupa y con el cual no concuerdo, se refiere al tratamiento especial que se da a ciertos espacios territoriales respecto de la tuición técnica, administrativa y fiscalizadora de la Junta de Aeronáutica Civil y de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Las flexibilidades de esa índole me parecen inaceptables, aun cuando se trate de Regiones extremas. Por un sentido de equidad, debería cautelarse que no se concedieran. Pero -al menos por lo que yo escucho- ya hay una verdadera doctrina en cuanto a seguir entregando y potenciando franquicias particulares a las zonas extremas, que indudablemente cuentan con muchas más ventajas que mi Región.
Vivir y emprender en Iquique es mucho más conveniente que en la Segunda Región, en todo orden de cosas -valor del suelo, de la mano de obra, de los alimentos, en fin, en múltiples esferas-, producto de las franquicias que se han ido acumulando. Y ello, de alguna manera, va en detrimento de los intereses regionales y en especial de los que represento en esta Corporación.
Por esas razones, anuncio mi voto en contra de la iniciativa.
Señor Presidente , la verdad es que gran parte de lo que lo que iba a decir lo expusieron los señores Senadores que me precedieron. Sin embargo, me referiré a dos cuestiones que no se tocan en el proyecto y que se infieren del propio informe que se nos ha entregado.
Ocurre que la política de cielos abiertos vigente en el país permite que empresas extranjeras operen como chilenas, aun cuando el control por los propietarios y su administración y gestión se encuentren en manos foráneas. El caso más típico es el de Aerolíneas del Sur, que pertenece a capitalistas españoles, quienes a su vez controlan Aerolíneas Argentinas, que creó esa empresa aquí, de modo que en cualquier momento podría solicitar y conseguir la reciprocidad de la operación de aquélla con la nación vecina.
Eso es extraordinariamente importante, por lo mismo que señaló el Senador señor Horvath . Yo he tenido la suerte de estar en Puerto Williams. Y recuerdo que, luego de un encuentro de rotarios en Ushuaia, el año 2000 ó 2001, vino a Chile el Presidente de Rotary International , quien para poder llegar a Puerto Williams tuvo que realizar los trámites de Aduana, Policía Internacional y del SAG en Punta Arenas, debido a que los argentinos no le permitieron cruzar el canal Beagle .
En tales condiciones, señor Presidente , me parece que la política de cielos abiertos en Chile es más que suficiente. Y lo es, por la segunda razón que expuso el Senador señor Cantero : porque debemos tener presente que hay involucrado un aspecto de seguridad nacional que no se halla radicado en la Junta de Aeronáutica Civil, sino en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y ésta, por tratarse de un asunto de carácter técnico, en la misma medida en que nos alejamos de Santiago, va teniendo dificultades para el control técnico y de seguridad de la aviación comercial.
Por ello, el abrir la puerta a cualquier operador, sin ninguna calificación técnica ni certificación de seguridad, en vez de facilitar las cosas pone en riesgo la vida de quienes habitan en las Regiones a las que se pretende proteger.
De allí que anuncio mi voto en contra de la iniciativa, teniendo presente que, dada nuestra política de cielos abiertos, es perfectamente posible que empresas de Bolivia, de Perú y la propia Aerolíneas del Sur obtengan la reciprocidad correspondiente.
Señor Presidente , junto con otros Senadores presentamos este proyecto porque constituye una necesidad. Y, más allá del legítimo interés de las líneas aéreas, cualesquiera que sean, nacionales o extranjeras, lo que debe preocuparnos es la realidad que vive la gente, que, por cierto, habita un territorio, no singular sino bastante complejo: desde Arica hasta Magallanes hay más o menos 4 mil kilómetros.
Ahora bien, en las Regiones extremas, como muy bien planteó el Senador señor Fernández , la situación es absolutamente distinta. Y la única forma que tenemos de asegurar la satisfacción de alguna necesidad -que quizás en las zonas centrales puede parecer menor pero que allá es esencial, a veces, para la seguridad de la vida o para complementar, aunque sea en mínima parte, demandas básicas- es, sin duda, mediante el establecimiento de una liberalidad. Pero la reciprocidad existente se contrapone a ella de manera primordial. No va a ser posible que la Undécima o la Duodécima Regiones tengan asegurado un buen servicio si se mantiene un criterio tan -diría- economicista, cortoplacista, o el calificativo que Sus Señorías prefieran darle. Es fundamental que se liberalice.
Más aún, en la actualidad ocurre algo que no es menor: si uno quiere ir desde Coihaique o Balmaceda a Punta Arenas, debe hacerlo vía Puerto Montt. O bien, cruzar hacia Argentina para conectarse con alguna zona aledaña. Y eso atenta contra la seguridad del país y el desarrollo de áreas que precisan integrarse al resto del territorio.
El criterio de la reciprocidad, mirado así, constituye un absurdo para la economía de las Regiones y un asunto agraviante para las personas, porque no reconoce los derechos que, en la práctica, se garantizan para las zonas extremas mediante un sistema económico aplicado en forma nacional.
A Chile hay que entenderlo en su complejidad.
Aprobar este proyecto es de justicia para quienes viven y se desarrollan en esas Regiones, haciendo patria, haciendo país. No entenderlo así sería absurdo, porque resulta irracional pretender privilegiar situaciones económicas de empresas, si ello se confronta con los intereses de las personas y de las zonas extremas.
Por eso, señor Presidente, junto con otros señores Senadores , he patrocinado con tanto entusiasmo la iniciativa, la cual, por lo demás, fue pedida por los habitantes de Regiones extremas, que quieren tener las mismas condiciones y facilidades que los de otras partes del país. Pero esto no se da y se impide a través de una reciprocidad mal entendida, que resguarda el interés económico y no el que se debiera proteger: el de las personas, el de las Regiones y, por cierto, el del país.
En consecuencia, solicito al Senado que apruebe el proyecto para corregir la inequidad que se ha venido dando con las zonas extremas.
Someteré la idea de legislar a votación nominal a fin de dar tiempo a los señores Senadores que están en Comisiones para que vengan a la Sala.
--Se aprueba en general el proyecto (20 votos contra 8, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Cariola, Coloma, Chadwick, Fernández, Flores, Gazmuri, Horvath, Larraín, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Pizarro, Sabag, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Canessa, Cantero, Martínez, Parra, Silva, Vásquez, Vega y Zurita.
No votó, por estar pareado, el señor Ominami.
¿Tiene alguna sugerencia de plazo para la presentación de indicaciones el Presidente de la Comisión?
Dada la complejidad del tema y las inquietudes planteadas en la Sala, debiéramos disponer al menos de tres semanas para estudiar las indicaciones y concordar un texto adecuado.
¿Les parece el 10 de noviembre?
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 10 de noviembre, a las 12.
Antes de continuar con el Orden del Día, pido a la Sala revisar un acuerdo de Comités, para lo cual es necesario contar con la unanimidad.
Se trata de cambiar la fecha en que se verá el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma, sobre Corte Penal Internacional.
Las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores han solicitado que se postergue su tratamiento y votación, del 2 de noviembre -como se había acordado- al 3 de noviembre. Ello, porque en la primera fecha se celebrará una reunión de ambos órganos técnicos, debido a motivos que pido a la Sala me excuse de dar a conocer públicamente, pero que a la Mesa le parecen razonables.
¿Hay acuerdo unánime para cambiar esa fecha?
--Se acuerda incluir el proyecto de acuerdo referido en la tabla de la sesión del 3 de noviembre próximo.
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema de nombramiento y calificaciones de los Ministros, jueces, auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3788-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, sesión 41ª, en 12 de octubre de 2005.
En primer lugar, se traslada la facultad de nombramiento de defensores públicos, procuradores del número y receptores, desde el Primer Mandatario al Presidente de la Corte respectiva. Asimismo, se radica en forma absoluta la facultad de nombramientos de todos los integrantes del escalafón de empleados u oficiales de secretaría en el Presidente de la Corte correspondiente. También se fijan plazos destinados a hacer más expedita la tramitación de los nombramientos.
En segundo término, se traslada la facultad de remover a los funcionarios judiciales que no gozan de inamovilidad, desde el Presidente de la República al Presidente de la Corte respectiva, en todos aquellos casos en que la facultad de nombramiento se radica en este último.
Finalmente, se establece un órgano calificador, que estará conformado, según corresponda, por el Pleno de la Corte respectiva, el Juez y el Fiscal. Los parámetros de calificación serán establecidos mediante auto acordado del Máximo Tribunal, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó solamente en general el proyecto, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Espina, Larraín y Viera-Gallo.
Cabe destacar que la Comisión deja constancia íntegra, en su informe, de la opinión emitida por la Corte Suprema respecto de la iniciativa.
A lo anterior debe agregarse que, por la naturaleza de las modificaciones que se introducen al Código Orgánico de Tribunales, el proyecto debería aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, con el voto favorable de 27 señores Senadores.
Antes de dar la palabra, hago presente que en este momento no hay en la Sala la cantidad de Senadores que se requiere para aprobar la iniciativa, aunque sí están en el recinto de nuestra Corporación. En consecuencia, propongo iniciar el debate y, si al momento de pronunciarnos no hay quórum, dejar el proyecto para que sea votado en primer lugar en la sesión de mañana.
¿Me permite una observación sobre esa fórmula, señor Presidente?
Esta iniciativa no merecería mayor debate. Todos estamos de acuerdo en ella. Y nos encontramos en su discusión general. ¿Por qué el señor Presidente no ordena tocar los timbres y, mientras tanto, vemos el proyecto sobre tribunales de familia, que viene a continuación y que es bastante simple?
Se halla en la misma situación, señor Senador.
Entonces, que se llame a los señores Senadores y se haga votación nominal; o bien que no se vote hasta comprobar si hay quórum. En el intertanto puedo informar a la Sala de qué trata la materia.
Es lo que estaba proponiendo: que se informe; que intervengan los Senadores que lo deseen, y luego, si es posible, que se vote. Es exactamente lo que propuse, señor Senador.
Por lo tanto, para informar el proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , el que está en debate -que nació de la Mesa de Concertación Judicial entre la Judicatura y el Gobierno- es uno de los tantos proyectos de modernización. No es trascendente, pero no deja de ser importante. De cualquier modo, no hay que pensar que constituye una completa revolución en el sistema de nombramiento de los jueces, etcétera.
En primer lugar, en cuanto a los nombramientos mismos, se mantiene el denominado mecanismo de autogeneración incompleta para los escalafones primario y secundario, estableciéndose que los jueces de letras, los Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y demás funcionarios del escalafón primario y de la Segunda Serie del escalafón secundario serán nombrados por el Presidente de la República . ¿Qué es lo novedoso? Que el nombramiento del resto de los funcionarios del escalafón secundario pasa del Primer Mandatario -o sea, del Ejecutivo- al Poder Judicial .
Asimismo, se fijan plazos perentorios: de 90 días, para que el Jefe del Estado proceda al nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema y de su Fiscal Judicial; de 60, para la designación de jueces y Ministros de Corte de Apelaciones , y de 45, para la designación de los auxiliares de la administración de justicia.
La principal novedad en esta materia consiste en que el nombramiento del Escalafón del Personal de Empleados deja de ser atribución del Ejecutivo para pasar al Poder Judicial.
En lo relativo a la evaluación -tal vez ésta sea la mayor novedad del proyecto-, se dispone que los funcionarios del Poder Judicial serán calificados anualmente por un órgano calificador atendiendo a su conducta funcionaria y al desempeño observado en el período.
Normalmente, el órgano calificador está conformado por el Pleno de la Corte respectiva o por el juez o el Fiscal Judicial, según corresponda, salvo el caso de la reforma procesal penal, que posee un sistema propio. Cuando las Cortes de Apelaciones tengan más de siete miembros, el órgano calificador estará compuesto por cinco de ellos.
En la Comisión se discutió mucho cuáles deberían ser los criterios para calificar o medir la eficiencia de un juez. Obviamente, el parámetro debe ser diferente para un empleado del escalafón secundario que para un magistrado o para un auxiliar de la administración de justicia. En todo caso, se quedó de traer para el estudio particular de la iniciativa lo relativo a los criterios de evaluación que se manejan en el proceso de modernización de la Administración Pública.
Éstos son, señor Presidente , los aspectos más relevantes de la iniciativa, sobre los cuales hubo unanimidad en la Comisión.
En este momento no hay quórum. Habría que esperar que haya 27 Senadores en la Sala.
Abra la votación.
Si se abre y no se alcanza el quórum, el proyecto quedaría rechazado y no se podría renovar sino hasta un año más. Así que no voy a abrir la votación mientras no tengamos seguridad de que contamos con el número suficiente.
Vamos a esperar 3 minutos.
--Se aprueba en general (29 votos), y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de noviembre.
Aún queda un proyecto, señor Senador.
¿Puedo hacer una sugerencia, con la venia de la Sala?
¿Autoriza la Sala al señor Senador para efectuar una proposición antes de seguir con el Orden del Día?
Señor Presidente , sin perjuicio de lo que se resuelva en relación con el informe de la Comisión de Constitución acerca de la aplicación del artículo 8º de la Carta Fundamental -seguramente, se verá mañana-, quiero pedir que el asunto vuelva a ese órgano de trabajo, por lo siguiente: si bien el informe aparece como de mayoría, en el hecho ésta no existe, pues quienes votaron a favor fueron dos miembros de la Comisión, más el Honorable señor Silva , que reemplazaba al Senador señor Viera-Gallo . El señor Chadwick se abstuvo. Y yo me excusé de asistir, no obstante manifestar también mi opinión, que no va en la línea sustentada por la mayoría.
El asunto es que los Honorables señores Viera-Gallo y Chadwick y el Senador que habla creemos que el informe es incompleto, porque se refiere sólo a un tema: si el Reglamento del Senado es ley o no y si prima sobre la norma constitucional. Y lo que la Comisión debe dilucidar es si el artículo 8º de la Carta Fundamental es programático o no y si requiere una ley orgánica constitucional, que es precisamente la que hoy se está tramitando en el Congreso. Consideramos importante hacerlo, por el efecto que puede producirse en otros ámbitos del Estado; no tanto en el Parlamento, sino en el Ejecutivo , en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el de Defensa y otros. Tanto es así, ...
Señor Senador, pido no entrar en el mérito del proyecto.
No lo estoy haciendo, señor Presidente .
No, señor Presidente . Sólo quiero entregar un dato que justifica la necesidad de un informe más completo.
Según lo que me comunicó el Senador señor Coloma , esta mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores el Subsecretario de la Cartera no pudo o no se atrevió a entregar antecedentes relacionados con un tema relativo a un país limítrofe, porque la sesión no pudo declararse secreta.
Entonces, lo único que estoy pidiendo es que el informe sea completado en esa materia, por considerarlo importante, no tanto con respecto al Reglamento, que es otro tema.
Existe un voto disidente del Honorable señor Viera-Gallo , con el cual estoy totalmente de acuerdo. Y, como digo, si este señor Senador y el que habla hubiéramos votado, habría un empate a dos.
Quiero precisar lo siguiente, Su Señoría .
Para que se complete, señor Presidente .
¡No! ¿Me da la palabra?
¿Para referirse a este mismo asunto?
Quiero llamar la atención del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que él -miembro de la Comisión de Constitución- no asistió a la reunión en que dicho organismo trató la materia, lo cual lamento.
Debo decir, además, que el informe emitido responde al encargo hecho por la Sala a la Comisión. Yo no sé por qué el Honorable señor Andrés Zaldívar insiste majaderamente en esta Corporación y en los medios de comunicación, en que aquí hay una especie de striptease. ¡Eso no es así! Hay que leer la norma, que establece expresamente -¡expresamente!- la excepción, como en el caso de que la publicidad sea peligrosa para la seguridad nacional...
Insisto, señores Senadores: no entremos al mérito del debate.
Déjeme terminar, señor Presidente .
Creo que están dados los argumentos...
Señor Presidente , he sido aludido.
Señor Presidente , debo decir al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra que retire el término "majadero". Yo no acepto que un Honorable colega me trate en esa forma. Yo no he sido majadero, sino consistente en mis planteamientos.
¡Y usted debe ir a la Comisión!
No si se cita cuando no corresponde.
Señor Presidente , deseo referirme en términos muy tranquilos y serenos a la publicación que aparece en el diario vespertino "La Segunda" de hoy día, donde señores Senadores de la bancada de quien recién hizo uso de la palabra han calificado al Presidente de la Cámara Alta de "demagogo".
Está claro, Su Señoría. Usted no lo hizo. Por eso me referí a miembros de su bancada.
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo, y luego, el Honorable señor Silva.
Estoy dando la palabra en el orden que se ha pedido, señor Senador.
Señor Presidente , quiero respaldar la petición del Honorable señor Andrés Zaldívar. Chile es un país legalista y, tal vez, estas materias apasionan más de lo normal. No estoy de acuerdo con que se insulte a otros ni nada por el estilo. Sin embargo, es curioso que en el diario "La Segunda" haya una página entera sobre el tema en comento. O sea, no es un asunto baladí.
Cada cual puede pensar lo que quiera en materia jurídica, pero las cosas tienen consecuencias. Entonces, lo natural es que no se trate de ver quién gana o quién pierde, sino que, considerando el bien del país, el informe vuelva a la Comisión y, así, algunas cosas podrán ser corregidas; otras, reafirmadas; etcétera. Lo importante es saber cómo nos debemos comportar. Porque, en el fondo, hay que analizar si la norma es de aplicación inmediata -como sostiene el señor Presidente - o si es programática. Ése es el punto central del debate. Y sobre esto cada uno puede tener argumentos muy válidos.
Por supuesto, con todo gusto.
Señores Senadores, las interrupciones no se dan al final del discurso.
¿Me concede una breve interrupción, señor Senador ?
Prefiero dársela cuando termine mi intervención.
No lo va permitir el señor Presidente .
Reitero a Sus Señorías: las interrupciones sólo pueden tener lugar durante el discurso o al comienzo de éste. Es una manera distinta de dirigir el debate, no se trata de un asunto reglamentario.
Señor Presidente , sólo deseo hacer una precisión.
Propongo a la Sala que no sigamos debatiendo este asunto. Creo que ya está bastante claro, pues lo hemos analizado más de una vez.
Señor Presidente , deseo hacer presente que participé en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a petición del Senador señor Viera-Gallo . Yo fui miembro de dicho órgano técnico durante muchos años, de modo que no he sido en absoluto un sujeto extraño a él.
¡Hubo unanimidad!
Y, a mi juicio, quien concurre en reemplazo de algún señor Senador miembro de ella tiene el legítimo derecho a emitir su voto, tal como si fuera el titular.
Ante todo, consigna el contenido y alcance del inciso segundo del artículo 8º de la Constitución. Y, concretamente, recuerda dos cosas: una, que dicho precepto, como norma general, en cuanto a la publicidad, rige in actu; y otra, da a entender la existencia de una disposición que permite que por ley de quórum calificado o mediante una ley orgánica se determinen las excepciones en los casos que taxativamente la norma constitucional señala para los efectos de establecer, por vía excepcional, el secreto. De manera que pretender que el informe no hace un análisis, salvo respecto de una cuestión reglamentaria acerca del artículo 8º de la Carta Fundamental, significa que no se ha leído o no se ha reflexionado en cuanto a su contenido.
Señor Presidente , tengo una fórmula distinta.
Si no existe acuerdo sobre este asunto, lo pondré en votación.
Señor Presidente , creo muy legítimo consultar a la Comisión de Constitución o a otra sobre materias específicas.
En todo caso, en lo que respecta al asunto que debatimos en este momento ya fue consultada la Comisión de Constitución. No digo que su respuesta sea la verdad absoluta. Pero es preciso tenerla en consideración, si no vamos a pasar formulando consultas y no las haremos valer después cuando vuelvan a la Sala y no nos gusten.
¿Cuál es su posición, Su Señoría?
Que si los señores Senadores quieren formular una nueva consulta sobre otro tema, lo hagan.
Señor Presidente , creo que las cosas formalistas no llevan muchas veces a buscar soluciones.
Podríamos discutir cuál fue el concepto de la consulta. Pero si analizamos el debate habido, precisamente la tesis que sustentamos con el Senador señor Viera-Gallo -y la inmensa mayoría de la Sala así lo aceptó- decía relación al alcance del artículo 8º, a si regía in actu o no, y si eso llevaba a que las sesiones del Senado fueran siempre públicas mientras no se dictara una normativa en contrario.
Por lo tanto, si se quiere o no pedir un nuevo informe, no me importa. Lo que me importa es que se precise con claridad cuál es el alcance del artículo 8º, no sólo por lo que pueda significar para el Senado -no reviste mayor importancia votar o no en secreto mañana una nominación-, sino también para todas las instituciones del Estado, por la trascendencia que pueden tener los efectos de esa disposición.
Señor Presidente , me parece muy curiosa esta discusión. En primer lugar, porque gira en torno a lo que debe hacerse con un informe del que se dio cuenta en la sesión de hoy en la tarde, pero que no ha sido distribuido. En lo personal, no he tenido el privilegio de conocer su texto.
Señor Presidente, no quisiera continuar con el debate.
Yo siento que el informe -naturalmente, si no ha sido distribuido y conocido por todos los señores Senadores, no podríamos estar tomando decisiones al respecto- es lo suficientemente claro acerca de las consultas que se formularon.
Sobre este punto, cuando se produjo el debate en la sesión anterior, hice un especial llamado a esta Sala en orden a que, conforme a la interpretación que yo estaba efectuando del Reglamento, no de la Constitución -yo no interpreto la Carta, Honorable señor Viera-Gallo , sino el Reglamento-, me parecía que sus artículos no tenían vigencia frente a un texto constitucional que rige in actu. Y en eso coincido con el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Eso mismo fue lo que conversamos hoy día con los Comités, para buscar una fórmula. Y todos estuvimos de acuerdo en, para no crear una situación mayor, resolver el asunto, si le parecía a la Sala, en esos términos. Estimé que ello era lo más razonable, dado que no había un problema o una discusión de fondo respecto de las propuestas formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República .
Señor Presidente , en este debate se entrecruzan dos cuestiones. Una, el tema de fondo: qué cosas el Senado va a estimar que deben ser reservadas, secretas, en términos tanto de sesiones y votaciones abiertas cuanto de sesiones y votaciones cerradas. Sobre eso sustento una opinión que he mantenido siempre, de manera que no volveré a insistir en el punto.
Por eso, señor Presidente , independiente de las interpretaciones reglamentarias que haya, y sobre las cuales podrá generarse discusión, pienso que carece de sentido volver el asunto a la Comisión de Constitución y que con el informe que evacuó ésta -no lo conozco ni lo he estudiado- bien podemos resolver la materia en debate.
Señor Presidente , ¿me permite hacer una consulta reglamentaria?
Señores Senadores, se formuló una petición, y debemos resolverla.
Estoy haciendo las consultas del caso. Porque, ante el argumento del Honorable señor Parra , la Mesa estima que, si el informe no fue distribuido oportunamente, parece complicado someter a discusión un asunto que Sus Señorías no conocen.
Señor Presidente , ¿me permite treinta segundos para hacer una consulta reglamentaria?
Yo también pido lo mismo.
Para ese efecto, tiene la palabra el Honorable señor Coloma, hasta por treinta segundos.
Señor Presidente , me parece bien la fórmula planteada. En todo caso, me gustaría saber si mañana o cuando corresponda se discutirá el informe.
Porque si no se va a debatir, encuentro razonable que vuelva a Comisión. Pero si se va a discutir...
Señor Senador ,...
Señor Presidente, antes de que responda, ¿me permite plantear un punto?
...si mañana alguien vuelve a pedir -como ocurrió hoy día- que el informe vuelva a la Comisión de Constitución, estará ejerciendo un derecho legítimo. Y lo discutiremos en su momento.
Señor Presidente , antes de eso, quiero referirme a un problema reglamentario.
Si el Honorable señor Andrés Zaldívar no hubiese solicitado que el asunto volviera a Comisión, ¿qué tratamiento habría dado la Mesa al informe? ¿Simplemente, tomar conocimiento y no debatir? Y, junto con eso, los Comités acuerdan actuar en consecuencia respecto del informe; o sea, validar en la práctica lo que éste sostiene en teoría. Con eso, el Senado estaría avalando una tesis que quisiéramos discutir.
Solicito permiso para que la Comisión de Pesca funcione paralelamente con la Sala a partir de las 6 y media, pues tiene importantes invitados.
Si no hay objeción, se accederá.
Hago presente a Sus Señorías que no se resolverá esta tarde la petición del Senador señor Andrés Zaldívar , por el argumento básico de que no se conoció oportunamente el informe.
Existe acuerdo unánime a nivel de los Comités -consulte al suyo, señor Senador- para resolver el asunto de determinada manera, que se informó a la Sala. Si eso no concita en su momento el acuerdo completo de Sus Señorías y alguien pide votación, se va a reponer el debate sobre cómo se vota el informe. Eso es así.
Así lo vamos a hacer mañana, señor Presidente . ¡Se lo advertimos!
El acuerdo de los Comités requiere la unanimidad de la Sala. De no existir ésta,. ..
¡Dese por informado, para que no haya sorpresas, de que así procederemos mañana!
...vamos a volver al debate de fondo.
Al señor Contralor de la Sexta Región , solicitándole información sobre USO DE APARATO ESTATAL, POR MILITANTES SOCIALISTAS DIRECTORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, A FAVOR DE CANDIDATO A SENADOR SEÑOR JUAN PABLO LETELIER.
Hora de Incidentes.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2, Institucionales 1, Comité Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata), Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente, ningún señor Senador interviene.
Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Las medidas que el legislador debe adoptar para otorgar seguridad a la población frente a la acción de los delincuentes, no pueden prescindir de la acción de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Son ellos quienes deben actuar en forma eficaz y oportuna en la detención de quienes han cometidos delitos, especialmente aquellos que afectan mayoritariamente a las personas y que constituyen la base real de la sensación de desprotección, por una parte, y de impunidad, por la otra.
Sin desconocer que la reforma procesal penal ha constituido un avance significativo en la defensa de los derechos de las personas, no es menos cierto que es necesario avanzar en materia de fondo, esto es de responsabilidad penal, en la línea de otorgar protección y mayores atribuciones a los efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones frente a casos graves.
Aparte de las normas generales sobre legítima defensa, contenidas en el artículo 10 del Código Penal, existen normas especiales en el Código de Justicia Militar para el caso en que los uniformados deban emplear armas en el cumplimiento de sus funciones.
Se trata de normas aplicables a todos los efectivos de las F.F.A.A. y Carabineros y que distinguen entre diversas situaciones de hecho, ninguna de las cuales, sin embargo, se hace cargo del peligro que corre un efectivo policial en el combate a la delincuencia.
En efecto, el artículo 410 del Código de Justicia Militar, exime de responsabilidad al Carabinero que, haciendo uso de su arma, actúa en defensa propia o de persona a la que deba proteger en razón de su cargo.
El artículo 411 del mismo cuerpo legal, por su parte, contiene una eximente de responsabilidad penal por uso de armas en contra de un preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse. Como se observa, se trata de una hipótesis que supone encontrarse ante un sujeto que reviste procesalmente la calidad de preso o detenido y que el Carabinero efectúe intimaciones a detenerse, según la reglamentación institucional. Ello se materializa en disparos al aire y voces de alerta que, no obstante ser pertinentes al caso específico, no permiten que Carabineros pueda enfrentar otras situaciones de peligro en el momento de asumir la detención de delincuentes de alta peligrosidad.
El inciso segundo de dicha disposición exige, para la aplicación de la eximente, un requisito adicional que consiste en la concurrencia de una necesidad racional del uso de las armas. La ausencia de este elemento hace improcedente la aplicación de la eximente y sólo habilita al tribunal a considerar esta circunstancia como una simple atenuante de la responsabilidad, pudiendo rebajar la pena en su yirtud, en uno, dos o tres grados.
No obstante, el carácter excesivamente restrictivo de la disposición en cuestión, no ha impedido la decidida y eficaz acción de Carabineros en el cumplimiento de los deberes que le establece la ley.
Finalmente, el artículo 412 hace extensiva la aplicación de la norma anterior al caso en que se haga uso de armas contra una persona que desobedezcan o traten de desobedecer la orden judicial que el funcionario tenga orden de cumplir, habiéndosela previamente intimado.
Por otra parte, el artículo 23 bis del Decreto Ley 2.460 de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, contempla una causal de exención de responsabilidad penal por actos en que haga uso de sus armas de servicio, más amplia que la que las disposiciones transcritas del Código de Justicia Militar reconocen a Carabineros.
La citada norma, exime de responsabilidad criminal al funcionario de la Policía de Investigaciones que se viere obligado a hacer uso de armas para rechazar alguna violencia o vencer alguna resistencia contra la autoridad, con el objeto de cumplir un deber que establezca el Decreto Ley en que se haya contenida.
Como se observa, la eximente es mucho más extensiva que el conjunto de las tres hipótesis que contempla el Código de Justicia Militar en relación a Carabineros, por lo que no se ve razón alguna que justifique el distinto tratamiento que confiere el ordenamiento jurídico a ambas instituciones policiales en el ejercicio de sus funciones.
Por ello es que se propone la introducción de una norma de idéntico alcance para los miembros de Carabineros de Chile, extendiendo, adicionalmente, el conjunto de deberes en cuyo cumplimiento ambas policías gozarán de exención de responsabilidad penal a todos aquellos que se encuentren establecidos por ley en el ordenamiento jurídico y no sólo aquellos que contemplan las respectivas leyes orgánicas.
Ello explica la modificación que proponemos introducir a la antes citada disposición de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, especialmente considerando que los deberes que se imponen a ambas instituciones se hayan dispersos en un conjunto de disposiciones inorgánicas.
Del análisis de las normas transcritas se concluye que las herramientas que otorga el ordenamiento vigente resultan insuficientes para el eficaz cumplimiento de las funciones policiales preventivas que se imponen a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.
La excesiva restricción de la regulación de las causales de exención de responsabilidad penal que se reconocen a las policías por el uso legal de sus armas, atenta seriamente contra aquel objetivo.
El presente proyecto tiene por objeto fortalecer la acción policial, extendiendo las hipótesis de exclusión de la responsabilidad penal por actos realizados en el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico impone a las policías.
Finalmente, el proyecto se pone en el caso de que los antecedentes sean enviados, indistintamente a la justicia ordinaria o del fuero castrense; en este caso, de acuerdo con la norma propuesta, será competente para aplicar la eximente el tribunal que primero conozca del caso, conforme a las normas de la prevención en materia de competencia.
Por estas consideraciones es que venimos en proponer a este Honorable Senado el siguiente:
Artículo 1º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar:
a)Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 411 del Código de Justicia Militar: "En todo caso, estará exento de responsabilidad penal el Carabinero que, con el objeto de cumplir un deber establecido por la ley, haga uso de sus armas para rechazar alguna violencia o vencer alguna resistencia contra la autoridad.".
b)Sustitúyase el Nº 2 del artículo 3º del Código de Justicia Militar por el siguiente: "2º Cuando se trate de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones o en comisiones de servicio. No obstante, tratándose de los casos señalados en el inciso final del artículo 10 del Código Penal, será competente el tribunal que hubiese prevenido en su conocimiento".
Artículo 2º.- Sustitúyase la expresión "este decreto ley" por "la ley", en el artículo 23 bis del Decreto Ley 2460 de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.
(Fdo.):ANDRÉS CHADWICK PIÑERA, Senador.-J.ANTONIO COLOMA CORREA, Senador.-SERGIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Senador.-HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, Senador.-JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, Senador.-RODOLFO STANGE OELCKERS, Senador.
Durante la corta vigencia de la ley Nº 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, publicada recientemente el 16 de febrero del año en curso, ha sido posible detectar algunos vacíos que limitan la eficiencia de la lucha contra el narcotráfico con los instrumentos que provee la ley.
Es así como se ha observado que uno de los importantes eslabones en la cadena de comercialización de la droga, esto es, el transporte de las sustancias o de sus precursores, no cuenta con una sanción eficaz que, más allá de la pena privativa de libertad que pueda aplicarse, impida a los delincuentes volver a ejercer la actividad a través de la cual participaban del tráfico ilícito de drogas.
Ello incide, en los hechos, en que los condenados por esta clase de delitos cumplan sus condenas, muchas veces reducidas o remitidas, y posteriormente vuelvan al negocio de la droga realizando la misma actividad que desempañaban andes de la condena.
Resulta ilustrativo tener a la vista las estadísticas de la Policía de Investigaciones en relación con el ingreso de droga a Santiago proveniente de la Primera Región, a la que represento. Entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, se incautaron 79 vehículos en un total de 167 procedimientos policiales, en los cuales se incautaron 2.699.595 gramos de clorhidrato de cocaína y 225.949 gramos de pasta base de cocaína.
En tanto, entre el 1° de enero y el 31 de agosto del presente año, se han realizado 189 procedimientos en los cuales se han utilizado 107 vehículos, incautándose 814.355 gramos de clorhidrato de cocaína y 553.768 gramos de pasta base de cocaína.
Por esto se hace imprescindible, para romper el círculo de la droga, sacar definitivamente de ciertas actividades lícitas a las personas que, a través de ellas, han participado en el tráfico ilícito de estupefacientes.
En tal sentido, el proyecto que sometemos a vuestra consideración propone introducir dos modificaciones a la Ley Nº 20.000, agregando a la pena privativa de libertad con que actualmente se sanciona el tráfico y microtráfico de estupefacientes y precursores de los mismos, la cancelación definitiva de la licencia de habilitación para el desempeño en labores de transporte, sea este aéreo, marítimo o terrestre.
Distinguimos entre tráfico y microtráfico en razón de la misma distinción introducida por esta reciente normativa. Ello nos obliga a extender la pena que proponemos también al tráfico de pequeñas cantidades de drogas o estupefacientes para, por una parte, responder a las exigencias del principio de igualdad ante la ley y, por otra, cerrar toda posible evasión a la sanción que pretendemos introducir.
Por todas estas consideraciones es que venimos en someter a vuestra consideración el siguiente:
Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Ley Nº20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas:
a)Introdúzcase el siguiente inciso tercero al artículo 2º: "El transporte aéreo, terrestre o marítimo de las sustancias a que se refiere el inciso primero será sancionado, además, con la cancelación definitiva de la respectiva licencia".
b)Introdúzcase el siguiente inciso tercero al artículo 4º, pasando el actual a ser cuarto: "El transporte aéreo, terrestre o marítimo de las sustancias y en las cantidades a que se refiere el inciso primero, será sancionado, además, con la suspensión de la respectiva licencia por el lapso de veinte años.".
(Fdo.):JAIME ORPIS BOUCHON, Senador.
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, “ANEF”, provincia de Palena, ha solicitado apoyo parlamentario para una modificación legal, pero cuya iniciativa es de exclusividad del Presidente de la República.
En efecto, los funcionarios fiscales que prestan sus servicios en las provincias de Palena, y Región de Aysén perciben una asignación de zona ascendente al 90%, 105% y 70% respectivamente, tal como lo dispone el DL 249 de 31.12.1973, calculada sobre el sueldo base. Es de todos conocido que la remuneración base no ha experimentado aumentos o reajustes que correspondan a la realidad de lo percibido por los trabajadores; pero a éstos se les engrosa sus remuneraciones con asignaciones especiales.
Pero, la forma de aplicar el cálculo de las asignaciones tiene sus excepciones, toda vez que para el personal médico y afines, Fuerzas Armadas y empleados del Poder Judicial se tiene como base el sueldo imponible en el porcentaje establecido en la Ley. Respecto de los funcionarios del Poder Judicial tienen un tratamiento especial, dado que para estos efectos se considera el sueldo base de la escala de remuneraciones contenidas en el DL 249, ya citado, más la asignación de antigüedad y la suma resultante se aumenta en un 100%.
Lo que pretenden los trabajadores fiscales recurrentes, consiste en que la asignación de zona se calcule sobre la base del sueldo imponible, que es el monto realmente percibido por los trabajadores en retribución de la prestación de sus servicios y no en relación a la ficción legal que es en la actualidad el sueldo base y que en la práctica ha pasado a ser una mera referencia numérica.
Para comprender el fundamento de esta aspiración de los Empleados Fiscales, es necesario considerar que la Provincia de Palena y la Región de Aysén son quizás las regiones más aisladas del país y por lo tanto el transporte de mercaderías o el valor de pasajes aumenta considerablemente en relación con el resto del país.
Para dar cumplimiento legal a esta aspiración se requiere modificar el Art. 7 del DL mencionado, señalando que los porcentajes se calcularán para los trabajadores a quienes se aplica la escala del Artículo de esa norma, sobre el “sueldo imponible”.
Consecuentemente, solicitarnos de los Honorables integrantes de este Senado la adopción de este acuerdo y transmitirlo al señor Presidente de la República para que se estudie la posibilidad del envío del Mensaje correspondiente.
(Fdo).: Aburto Ochoa, Marcos , Senador ; Arancibia Reyes, Jorge , Senador ; Cariola Barroilhet, Marco , Senador ; Chadwick Piñera, Andrés , Senador ; Fernández Fernández, Sergio , Senador ; Frei Ruiz-Tagle, Eduardo , Senador ; García Ruminot, José , Senador ; Horvath Kiss, Antonio , Senador ; Larraín Fernández, Hernán , Senador ; Martínez Busch, Jorge , Senador ; Novoa Vásquez, Jovino , Senador ; Páez Verdugo, Sergio , Senador ; Prokurica Prokurica, Baldo , Senador ; Ríos Santander, Mario , Senador ; Stange Oelckers, Rodolfo , Senador ; Vega Hidalgo, Ramón , Senador ; Zaldívar Larraín, Andrés , Senador ; Zurita Camps, Enrique, Senador