Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/947
Timestamp: 2020-02-29 07:31:36
Document Index: 27511065

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 5', 'Artículo 54', 'Artículo 45', 'Artículo 45']

HJ System - Decision: SENTENCIA 6/1988
SENTENCIA 6/1988, de 21 de enero
ECLI:ES:TC:1988:6
En el recurso de amparo núm. 1.221/86, promovido por el Procurador don Carlos de Zulueta y Cebrián, en nombre y representación de don Javier Crespo Martínez, asistido de Letrado, contra Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1986.
Han sido parte en el asunto el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta y Cebrián, en nombre y representación de don Javier Crespo Martínez, interpuso el 15 de noviembre de 1986, en escrito presentado en el Registro General de este Tribunal, recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1986, revocatoria de la dictada por la Magistratura de Trabajo núm. 6 de Madrid en autos por despido seguidos en virtud de demanda del actor contra la Administración del Estado (Ministerio de Justicia).
a) El señor Crespo Martínez, tras haber prestado servicios laborales en periódicos dependientes del extinto Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, pasó el 3 de febrero de 1981 a prestarlos en la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia, con la categoría profesional de Redactor, adscrito a la Subsecretaría del Ministerio y dependiendo directamente del Jefe de Gabinete de Prensa del mismo. Por Resolución de la citada Subsecretaría de 12 de febrero de 1985 fue despedido por la comisión de una falta muy grave de deslealtad y abuso de confianza y otra leve de ausencia al trabajo, por lo que interpuso demanda, cuyo conocimiento correspondió a la Magistratura de Trabajo núm. 6 de Madrid.
Se afirmó, asimismo, la violación de varios de los derechos reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En primer lugar, se habría violado el derecho que se enuncia en el apartado 1.° de este precepto porque al señor Crespo Martínez se le deparó indefensión a lo largo del expediente al no practicarse de forma contradictoria la prueba testifical y al prejuzgar y calificar el instructor el resultado de la prueba. Se habría menoscabado, también, el derecho del actor a ser presumido inocente (art. 24. 2 de la Constitución), pues no existió prueba alguna contra el recurrente, violándose también, el derecho al procedimiento debido, con todas las garantías, ya que la Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo no resuelve las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el recurso de casación, originando, con ello, al recurrente la más grave de las indefensiones.
Se deben rechazar los alegatos de haberse violado los principios de proporcionalidad y de igualdad, y otro tanto cabe decir sobre la supuesta vulneración de lo dispuesto en el art. 9.2 de la Constitución, pues ni el derecho a la proporcionalidad se recoge en el seno del derecho constitucional a la igualdad, ni las consideraciones de la Sala sobre el art. 9.2 constituyen, en sí, violación de derecho alguno, ni, en fin, se aprecia, examinadas las Sentencias citadas como término de referencia, distinto criterio del empleado por la Sentencia impugnada para razonar el carácter disciplinario del despido que sufrió el señor Crespo, sin que, por lo demás, coincidan, en unos casos y en otros, las circunstancias enjuiciadas. Tampoco el derecho a la igualdad se habría menoscabado por haberse sancionado al demandante y no al autor de la filtración, ya que, con independencia de que este último no fue identificado, tal planteamiento carece de contenido constitucional, una vez que se declaró razonadamente que el señor Crespo había cometido una falta muy grave de deslealtad, lo que no puede justificar comparándose con otro posible infractor.
Por lo que se refiere, de otra parte, a la conculcación del derecho al Juez imparcial, al principio de contradicción, al proceso debido con todas las garantías y a la audiencia, no cabe sino constatar con la Sentencia impugnada que el señor Crespo tuvo a su disposición todos los medios precisos para informarse de la acusación de que era objeto y defenderse de la misma, haciendo uso de los medios probatorios que estimó oportunos en el seno de un procedimiento en cuya tramitación se observaron las normas reglamentarias y constitucionales pertinentes, sin que, por todo ello, se aprecie irregularidad formal que haya podido engendrar indefensión. También ha de rechazarse, por último, la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia porque, examinado el expediente sancionador, se aprecia que en el mismo hubo abundante actividad probatoria incriminatoria del señor Crespo, debidamente razonada en la resolución administrativa y porque las pruebas testificales y documentales no pudieron justificar la autoría de las posibles filtraciones y si lo hicieron respecto de la conducta de deslealtad imputada al señor Crespo. Por todo ello, en definitiva, procedería denegar el amparo solicitado.
8. En sus alegaciones comenzó por advertir el Letrado del Estado la indeterminación, en la demanda, del acto al que se imputan las lesiones de derechos fundamentales, citando al respecto lo prevenido en los arts. 50.1 b), 49.1 y 85.1 de la LOTC. En todo caso, asumiendo la tarea de sacar a la luz el verdadero objeto de la pretensión de amparo, sería forzoso estimar que el acto supuestamente lesivo sería, ante todo, el despido disciplinario del actor decidido por el Subsecretario de Justicia, acto que el Magistrado de Trabajo juzgó «improcedente» y que el Tribunal Supremo halló ajustado a Derecho. Se pregunta, a continuación, el Letrado del Estado si cabe decir que el despido de un trabajador de la Administración constituye «acto del poder público» en el sentido y a los efectos del art. 41.2 de la LOTC, observando, a este propósito, que, cuando la Administración despide a un trabajador, ejercita un poder jurídico (poder disciplinario) exactamente del mismo tipo que el de cualquier empleador, de tal modo que el poder disciplinario de la Administración sobre sus trabajadores no merece la conceptuación de potestad pública. La cuestión sería, en todo caso, ociosa desde el momento en que el Tribunal Constitucional (SSTC 120/1983, de 15 de diciembre, y 88/1985, de 19 de julio) ha entendido comprendidos en la esfera del amparo constitucional casos similares al presente, considerándolos perfectamente encuadrables en el art. 44 de la LOTC. Es patente, sin embargo, que el examen de si los órganos jurisdiccionales laborales protegieron debidamente o no los derechos fundamentales presupone el que éstos puedan invocarse y ejercerse en el ámbito de las relaciones laborales. Se trata, en suma, de saber si, en la interpretación y aplicación de una causa de despido disciplinario [la de los arts. 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores y 45 c), 1, del Convenio Colectivo del Ministerio de Justicia], los órganos jurisdiccionales laborales tuvieron o no en cuenta ciertos derechos fundamentales y si los consideraron y ponderaron en la debida forma.
Tampoco, en segundo lugar, se habrían vulnerado los derechos que se invocan con cita del art. 24 de la Constitución, en sus dos apartados. Tras aludir el Letrado del Estado a la garantía procedimental establecida en el art. 49 del Convenio Colectivo del Ministerio de Justicia, se recuerda que la esfera propia del art. 24 de la Constitución es, manifiestamente, la jurisdiccional, debiendo también tenerse en cuenta que el señor Crespo obtuvo dos Sentencias en las que se dio cumplida respuesta a sus alegatos, de tal forma que, en el proceso laboral de instancia y en el recurso de casación, no se infringió derecho alguno de los reconocidos en el art. 24 de la Constitución, sin que, por lo demás, pueda estimarse comprendido en la esfera de protección de dicho precepto constitucional un procedimiento de imposición de sanciones laborales instituido en Convenio Colectivo para un conjunto de trabajadores. Aun si esto último no se admitiera, ninguna de las tachas opuestas por el actor al procedimiento sancionador es acogible, porque ni se prejuzgó o predeterminó nada en su contra en el curso de tal procedimiento, ni careció el actor de la posibilidad de proponer toda la prueba testifical que consideró oportuno, ni dejó de ser oído el actor por la Administración en los términos convenidos, ni, en fin, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, pues hubo un mínimo probatorio de cargo suficiente.
Ahora bien, el señor Crespo jamás probó la existencia de una verdadera «filtración» al periódico «El País», ni siquiera lo intentó, y se debe señalar que el mero hecho de comprobar que este periódico se adelantaba a los demás en la publicación de ciertas noticias concernientes al Ministerio de Justicia no autoriza a sostener que le son filtradas «desde» el Ministerio de Justicia, pues ese periódico pudo ser el único en solicitar la información, con arreglo a lo que dispone el art. 8 del Decreto 750/1966, de 31 de marzo o pudo obtenerla de fuente ajena al Ministerio. En suma, el demandante no aportó la más mínima justificación objetiva, ni siquiera de principio, de los hechos que denunciaba, sin que, de otra parte, pudiera haber ignorado que la difusión de lo que relataba habría de menoscabar el honor de ciertas personas (Jefe del Gabinete de Prensa y autoridades superiores del Ministerio de Justicia) y de desacreditar al propio Ministerio.
Pues bien, teniendo en cuenta que la causa invocada para despedir al señor Crespo fue, justamente, la relativa a la «transgresión de la buena fe contractual» [art. 54.2, d), del Estatuto de los Trabajadores], especificada en el art. 45 c), 1, del Convenio Colectivo aplicable mediante las nociones de «fraude», «deslealtad» y «abuso de confianza», cabe preguntarse si es posible calificar la conducta del señor Crespo como transmisora de una información veraz o si debe negársele la protección del artículo 20.1 d), porque transgredió la buena fe y obró deslealmente, según apreció la Sala Sexta del Tribunal Supremo ponderando expresamente las exigencias del derecho fundamental y cumpliendo, de esta manera, con las exigencias puestas de manifiesto en estos casos por la doctrina constitucional STC 104/1986). En todo caso, sería irrelevante la circunstancia, subrayada en la demanda, de que la información suministrada por el señor Crespo lo fuera al margen de su horario laboral, dato éste que, de ser cierto, es intrascendente, pues el deber de buena fe respecto al empleador no depende del horario, como la deslealtad no deja de serlo por cometerse en día festivo.
Concluye el Letrado del Estado afirmando que no puede reputarse conforme al canon ético-objetivo de la buena fe la conducta de un periodista, contratado laboral, que, invocando su condición de miembro del Gabinete de Prensa del Ministerio de Justicia, procura la difusión de una noticia relativa a hechos de los que no presenta la más mínima prueba y que no se ha preocupado de contrastar siquiera mínimamente. Hacer pasar las propias sospechas por hechos incontrovertibles no se recomienda por buen periodismo, sin que esta conducta se compadezca con el deber de lealtad, cuando es probable que se haya previsto (y, en todo caso, se ha podido y debido prever) el resultado del escándalo y descrédito artificialmente inducidos contra el superior inmediato (Jefe del Gabinete de Prensa), las autoridades ministeriales y el Ministerio como un todo. Así lo ha apreciado la Sala Sexta del Tribunal Supremo, ponderando razonable y acertadamente los deberes de lealtad del señor Crespo y su derecho a comunicar libremente información veraz, concluyendo que la infracción de los primeros impedía que la conducta pudiera ampararse en el segundo. Esta ponderación, por todo lo expuesto, debe ser confirmada mediante la denegación del amparo.
4. Constatada la inexistencia de vulneración de los derechos del demandante por las causas hasta ahora examinadas, procede que entremos a considerar si, como también se aduce en el recurso, resultaron violados los derechos del señor Crespo Martínez que se reconocen en los apartados 1 a) y 1 d) del art. 20 de la Constitución, es decir, los derechos a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», de una parte, y a «comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión», de la otra. Las lesiones de derechos que se denuncian, se seguirían -a decir del actor- del hecho de que, habiendo sido despedido por el mero ejercicio de estas libertades, los órganos judiciales que resolvieron el litigio no consideraron tal despido como nulo, entendiendo la Magistratura de Trabajo, en primer lugar, que la resolución unilateral del contrato por el Ministerio de Justicia fue tan sólo improcedente y apreciando, después, la Sala Sexta del Tribunal Supremo la procedencia del despido, lo que llevó, como se ha dicho, a estimar el recurso de casación interpuesto en nombre de la Administración y a casar, en consecuencia, aquella primera Sentencia de la Magistratura.
Con los datos anteriores, puede resolverse ya la cuestión antes planteada en lo que concierne a este recurso de amparo. Lo expresado en su día por el señor Crespo Martínez posee los rasgos que permiten definir su comportamiento como ejercicio de la libertad de información a que se refiere el art. 20.1 d) de la Constitución, como es lógico sin entrar a considerar todavía si en el ejercicio de su derecho se atuvo o no a los límites que le cernían en el seno de la relación laboral en que se encontraba inmerso. Las declaraciones por las que el actor fue despedido se formularon y se entendieron por los receptores, como relativas a «hechos», cualquiera que fuese su veracidad y éste es el elemento preponderante que en tales declaraciones cabe detectar. No se opone a ello el dato de que la mención se refiera a un comportamiento genérico del empleador sin referencias puntuales o sin especiales concreciones, pues un comportamiento genérico es también un conjunto de hechos. Y el que algunas de las manifestaciones vertidas en torno a tales hechos entrañaran algún juicio de valor o alguna dosis de crítica no es suficiente para relativizar el carácter preponderante del elemento informativo.
Dos precisiones son aún pertinentes en orden a la correcta calificación, por referencia al derecho fundamental que consideramos, de la conducta realizada por quien hoy demanda. La primera -aludida ya en el párrafo anterior- es la relativa a la titularidad de este derecho fundamental por quien, como el señor Crespo Martínez, no llevó a cabo por sí, directamente, la difusión pública del objeto de la información, transmitiéndola a profesionales del periodismo, que procedieron a su ulterior publicación. Ninguna duda puede caber, a este respecto, en orden a tal abstracta titularidad, en el caso del derecho a comunicar información, pues éste corresponde a todas las personas (STC 6/1981, de 16 de marzo, fundamento jurídico 4.°), aunque no fuera más que porque el proceso en que la comunicación consiste no siempre podrá iniciarse mediante el acceso directo del profesional del periodismo al hecho noticiable mismo.
La conclusión de todo este ya largo razonamiento no puede ser otra que la de otorgar el amparo solicitado por don Javier Crespo y reconocer su derecho a la libertad de información. El restablecimiento de su derecho exige como consecuencia indeclinable la declaración de nulidad de su despido y, por ende, la declaración de nulidad de la Sentencia de la Magistratura de Trabajo, que declaró el despido improcedente, pero no nulo, y la de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, que lo declaró procedente.
Otorgar el amparo a don Javier Crespo Martínez, y en su consecuencia:
1º. Anular la Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 6 de Madrid, de 13 de mayo de 1985, y la de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, de 22 de septiembre de 1986.
3º. Reconocer el derecho del demandante a la libertad de información.
4º. Restablecer al demandante en la integridad de su derecho, para lo cual deberá ser readmitido por el Ministerio de Justicia, en las mismas condiciones que tenía antes de declararse su despido nulo con nulidad radical.
Type and record number Recurso de amparo 1221-1986
Contra Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, revocatoria de la dictada por la Magistratura de Trabajo núm. 6 de Madrid, en autos de despido seguidos en virtud de demanda del actor contra la Administración del Estado.
Según previa doctrina del Tribunal (STC 47/1985), los órganos judiciales vienen obligados por el art. 53.2 de la Constitución a tutelar los derechos y libertades en dicha disposición reseñados, garantía jurisdiccional ésta que, a falta de regulación procesal específica, se ha de dispensar a través del procedimiento laboral y que, caso de denegarse indebidamente, puede dar lugar a la correspondiente acción de amparo constitucional. [F.J. 1]
No se descarta que toda actuación bajo veste privada de los órganos y autoridades que dice el art. 43.1 de la LOTC sea insusceptible de impugnación en dicha vía (STC 35/1983), sino, con más limitado alcance, se niega tal posibilidad en los casos en que los actos que se denuncian por originariamente lesivos de derechos amparables se hayan adoptado en el ejercicio de facultades dimanantes de una relación jurídico-privada y, como tales, sujetas positivamente al acto jurídico del que, conforme a la Ley, proceden. [F.J. 1]
Las garantías consagradas en el art. 24 de la Constitución no se extienden al ámbito disciplinario laboral, ya que, de una parte, el derecho a la debida tutela judicial, sin indefensión, opera sólo en el ámbito de las actuaciones judiciales y porque, de otro lado, ni el derecho al proceso debido, con todas las garantías, ni el de ser presumido inocente pueden tampoco desnaturalizarse, proyectándose en el ámbito de un procedimiento no jurisdiccional y cuyo sentido no fue el de dar ocasión al ejercicio «ius puniendi» del Estado. [F.J. 2]
Como repetidamente hemos dicho (por todas, STC 48/1987), el recurso de amparo no es cauce procesal idóneo para preservar el mantenimiento de la doctrina jurisprudencial. [F.J. 3]
La utilización de un derecho fundamental, si el derecho es, de verdad, reconocible, no puede nunca ser objeto de sanción (STC 11/1981). [F.J. 4]
Las categorías que ordenan el recto desenvolvimiento de las relaciones contractuales (las de «lealtad», «confianza» y «buena fe») pueden ser objeto de examen por este Tribunal -y no sólo por los órganos judiciales ordinarios, inicialmente llamados a su interpretación- cuando tales nociones sirven para delimitar, en el proceso, el ámbito que corresponde a un derecho fundamental. [F.J. 4]
La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor. El derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en cambio, sobre hechos o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables. Es cierto que, en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación informativa. Ello aconseja, en los supuestos en que pueden aparecer entremezclados elementos de una y otra significación, atender, para calificar tales supuestos y encajarlos en cada uno de los apartados del art. 20 C.E., al elemento que en ellos aparece como preponderante. [F.J. 5]
El derecho a comunicar información corresponde a todas las personas (STC 6/1981), aunque no fuera más que porque el proceso en que la comunicación consiste no siempre podrá iniciarse mediante el acceso directo del profesional del periodismo al hecho noticiable mismo. [F.J. 5]
Cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz» no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse «la verdad» como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio. [F.J. 5]
El art. 20.1 C.E. garantiza no sólo derechos subjetivos, sino la misma existencia de una comunicación pública libre (SSTC 6/1981 y 104/1986). [F.J. 5]
Aunque «la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano» (STC 88/1985), no es menos cierto que la existencia de una relación contractual entre trabajador y empresario genera un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que condicionan el ejercicio de la libertad considerada, de modo que manifestaciones de tal libertad que en otro contexto pudieran ser legítimas no tienen por qué serlo, necesariamente, dentro del ámbito de esa relación contractual (STC 120/1983). [F.J. 6]
La libertad constitucionalmente protegida no podrá invocarse lícitamente para romper el marco normativo y contractual de las relaciones jurídico-privadas, pero tampoco los principios que informen a estas últimas, y que preservan el honesto y leal cumplimiento por las partes de sus obligaciones respectivas, podrán entenderse en términos tales que se impida, más allá de los imperativos propios impuestos por el contrato, el ejercicio de la libertad civil que la Constitución preserva. [F.J. 6]
El cumplimiento leal y de buena fe de las obligaciones dimanantes del contrato laboral proscribe, si duda, cualesquiera actuaciones del trabajador intencionalmente dirigidas a inferir un daño moral o material al empleador, supuesto éste en el que, ocioso es decirlo, el fraude, la deslealtad o la conducta realizada con abuso de confianza no podrían buscar amparo bajo norma constitucional declarativa de derecho alguno. [F.J. 7]
El derecho a comunicar «información veraz», aunque no deja de amparar las afirmaciones controvertibles, si requiere de quien las transmita una específica diligencia, ya que el derecho constitucional no ampara no ya sólo la ««información» que se sabe inexacta por quien la transmite, sino la que, difundida sin contraste alguno con datos objetivos y carente de toda apoyatura fáctica, se revela después como no acreditada en el curso de un proceso. [F.J. 7]
El deber de buena fe que pesa sobre el trabajador no se puede interpretar en términos tales que vengan a resultar amparadas por esta exigencia de honestidad y de lealtad en el cumplimiento de las obligaciones, situaciones o circunstancias que, lejos de corresponderse con el ámbito normal y regular de la prestación de trabajo, supondrían desviaciones de tal normalidad, merecedoras, acaso, de la reacción que a todos los ciudadanos cumple para hacer valer el imperio de las normas, cuando se aprecie una contravención del ordenamiento, o para hacer llegar a la opinión pública la existencia de eventuales anomalías que -aun no constitutivas, en sí, de ilicitud alguna- sí pudieran llegar a poner en juego el principio de responsabilidad que pesa sobre todos los Poderes Públicos. [F.J. 9]
Las anomalías que pudieran producirse en el funcionamiento de un organismo público requieren tanto su reparación o corrección como su conocimiento por la opinión pública, a cuyo servicio está la libertad consagrada en el art. 20.1 d) de la Constitución. [F.J. 9]
Artículo 20.1 a), ff. 2, 4, 5
Artículo 20.1 d), ff. 2, 4, 5, 7
Artículo 5 a), f. 7
Artículo 54.2 d), ff. 3, 4, 6 a 8
Resolución del Ministerio de Trabajo, de 13 de diciembre de 1984. Convenio colectivo para el personal laboral del Ministerio de Justicia
Artículo 45.b.13, f. 8
Artículo 45.c.1, f. 4
Actos de personas jurídicas públicas en el ámbito laboralActos de personas jurídicas públicas en el ámbito laboral, f. 1
Derecho a comunicar libremente informaciónDerecho a comunicar libremente información, Objeto, f. 5
Derecho a comunicar libremente informaciónDerecho a comunicar libremente información, ff. 4, 5, 6, 7, 9
Derecho autónomo respecto al derecho a comunicar libremente informaciónDerecho autónomo respecto al derecho a comunicar libremente información, f. 5
Limitaciones derivadas de relaciones contractualesLimitaciones derivadas de relaciones contractuales, ff. 4, 6, 7
Ponderación entre la libertad de información y la libertad de expresiónPonderación entre la libertad de información y la libertad de expresión, f. 5
Recurso de amparo no es instrumento de unificación de la jurisprudenciaRecurso de amparo no es instrumento de unificación de la jurisprudencia, f. 3
Veracidad de la informaciónVeracidad de la información, ff. 5, 7
Animus nocendiAnimus nocendi, f. 7
Buena fe contractualBuena fe contractual, f. 6
Contrato de trabajoContrato de trabajo, f. 6
Deber de lealtad del trabajadorDeber de lealtad del trabajador, f. 6
Despido disciplinarioDespido disciplinario, ff. 4, 6
Despido radicalmente nuloDespido radicalmente nulo, f. 9
Información perturbadora para tercerosInformación perturbadora para terceros, f. 6
Información sobre hechos ilícitosInformación sobre hechos ilícitos, f. 9