Source: http://godoyhoyos.com/2012/enero-2012/resolucion-no-12761-del-9-de-diciembre-de-2011?PHPSESSID=jvipm60dptdabl0v11mjvqn3f4
Timestamp: 2017-06-28 08:43:38
Document Index: 384298930

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 254', 'artículo 254', 'artículo 46', 'artículo 42', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 592', 'artículo 591', 'artículo 592', 'artículo 36', 'artículo 276', 'artículo 879', 'artículo 8', 'artículo 879', 'artículo 871']

El director de la DIAN, mediante Resolución No. 12761 del 2011, establece que están obligados a presentar declaraciones en forma virtual las siguientes entidades: Grandes Contribuyentes Entidades no contribuyentes señalados en los artículos 23-1 y 23-2 del E.T. Los usuarios aduaneros clasificados con alguna de las siguientes calidades, a excepción de las personas naturales inscritas en el Registro Único Tributario como importadoras: a) Aeropuerto de servicio público o privado
Notarios Consorcios y Uniones Temporales Intermediarios del Mercado Cambiario Obligados a facturar y que expidan facturas electrónicas Funcionarios de la DIAN que deban cumplir con el deber formal de declarar Solicitantes, Autorizados y Concesionados a para operar juegos de suerte y azar Obligados a Suministrar información de exógena según las resoluciones que expide la DIAN Personas jurídicas obligadas a presentar declaraciones de retención en la fuente Obligados a presentar declaraciones de precios de transferencia Los representantes, revisores fiscales y contadores de los obligados a presentar las declaraciones de manera virtual señalados en los puntos anteriores. Los obligados señalados en la Resolución deberán presentar las declaraciones a través de los Servicios Informáticos Electrónicos, haciendo uso del mecanismo de firma respaldado con certificado digital, independientemente que con posterioridad pierdan la calidad o condición por la cual fueron obligados. De igual manera, se establece que los nuevos obligados a presentar declaraciones por medio virtual, deberán presentar en lo sucesivo sus declaraciones en forma electrónica, a partir del primero (1º) de marzo de 2012. Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución están obligados a presentar sus declaraciones de manera virtual, deben continuar haciéndolo de esta forma. Quienes adquieran la obligación de presentar declaraciones en forma virtual, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución, deberán presentar sus declaraciones en forma electrónica, a partir de las obligaciones que surjan el mes siguiente a: 1. La calificación como Gran Contribuyente, 2. La inscripción en el Registro Único Tributario de aquellas entidades no contribuyentes, señaladas en los artículos 23-1 o 23-2 del Estatuto Tributario, 3. La adquisición de cualquiera de las calidades de usuario aduanero, contempladas en el numeral 3 del artículo 1 de la presente Resolución, 4. La fecha de posesión como Notario, 5. La inscripción en el Registro Único Tributario del Consorcio o Unión Temporal.
6. El vencimiento del plazo para la presentación de la información cambiaria y de endeudamiento externo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 7. La adopción del sistema de factura electrónica, 8. La fecha de posesión como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 9. La fecha que señale el contrato de concesión como inicio para operar los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional, 10. La fecha límite de plazo, para cumplir con la obligación de suministrar información exógena, de acuerdo a las resoluciones que profiere la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 11. El período en el cual practique retención en la fuente, 12. La fecha en que nace la obligación de aplicar el régimen de precios de transferencia, 13. La fecha de la inscripción o actualización del Registro Único Tributario en calidad de representante legal, revisor fiscal o contador. Los nuevos obligados, deberán diligenciar el siguiente procedimiento antes de presentar sus declaraciones a través de los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN: Deberán actualizar el RUT, incluyendo el representante legal, revisor fiscal o contador a los cuales se les asignará la firma digital. Los representantes legales, revisores fiscales y contadores deberán establecer en su RUT la responsabilidad 22 “Obligados a cumplir deberes formales por terceros” y especificar su dirección de correo electrónico para el envío de códigos de autorización y descarga del mecanismo de firma digital. Solicitar la emisión o renovación del Mecanismo de Firma con Certificado Digital, si no lo poseen, ante las Direcciones Seccionales de Impuestos o de Impuestos y Aduanas, personalmente o a través de apoderado debidamente facultado o por interpuesta persona con autorización autenticada, indicando expresamente el nombre de la persona a quien se le hará entrega del mecanismo de firma digital. Las personas naturales que se encuentren residenciadas en el exterior que opten por presentar sus declaraciones de manera virtual, podrán solicitar la emisión del mecanismo digital a través del correo electrónico al buzón “
” habilitado para tal efecto y por medio de éste se enviará el documento formalizado. Por último, los contribuyentes obligados a presentar declaraciones por medios magnéticos tienen la obligación de prever con antelación el adecuado funcionamiento de los medios requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones. No servirán como causales de justificación para la omisión del deber formal de declarar en forma virtual, el daño de los sistemas o equipos, el daño del mecanismo de firma digital o el no diligenciamiento de los procedimientos previos. JURISPRUDENCIA
Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de las citadas expresiones, el literal c) del artículo 254 del Estatuto Tributario tendrá el siguiente tenor normativo: “c) Para tener derecho al descuento a que se refiere el literal a) del presente artículo, el contribuyente nacional debe poseer una participación directa en el capital de la sociedad de la cual recibe los dividendos o participaciones (excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto). Para el caso del literal b), el contribuyente nacional deberá poseer indirectamente una participación en el capital de la subsidiaria o subsidiarias (excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto)”. (Sentencia C-914 de 2011 – M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). El artículo 254 del Estatuto Tributario establece un mecanismo fiscal unilateral para eliminar o disminuir el fenómeno de la doble tributación internacional, el cual aparece en nuestro medio como consecuencia de la aplicación del criterio de renta mundial al residente en el país (nacional o extranjero), quien está obligado a incluir dentro de su base gravable del impuesto de renta, los dividendos que reciba del exterior. Dicho mecanismo se concreta, entonces, en el reconocimiento de un descuento tributario sobre los impuestos pagados en el exterior con relación a las rentas de fuente extranjera; mecanismo que, en el ámbito del derecho comparado, es conocido como crédito tributario indirecto o subyacente (tax credit). No obstante, la Corte advirtió que la reforma a dicha norma por parte del artículo 46 de la Ley 1430 de 2010, introdujo un tratamiento diferente para el contribuyente nacional que perciba dividendos o participaciones de sociedades extranjeras de la cual es socio (directamente o a través de filiales o subsidiarias), en el sentido de que limita la aplicación del beneficio tributario, al hecho de que aquél posea al menos el quince por ciento (15%) de la sociedad que está distribuyendo los dividendos. De acuerdo con el citado mandato, queda excluido del descuento tributario sobre los impuestos pagados en el exterior con relación a las rentas de fuente extranjera, el contribuyente nacional que posea, directa o indirectamente, una participación inferior al 15% en el capital de la sociedad de la cual recibe dividendos o participaciones. En este punto, la Corte consideró que la diferencia de trato prevista en la norma acusada presenta serios problemas de constitucionalidad, principalmente frente a los principios de equidad y progresividad tributaria, toda vez que establece un tratamiento diferencial y discriminatorio en la aplicación de un beneficio tributario, que no responde a un criterio objetivo y razonable. Aún cuando el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa para otorgar beneficios tributarios, y dentro de ello, para derogarlos, disminuirlos o ampliarlos, en todo caso, las medidas que en ese sentido adopte, deben atender a una valoración específica de la equidad tributaria, y demás principios que gobiernan la política fiscal. A la luz de los principios de equidad y progresividad, para que se puedan establecer diferencias de trato entre ellos, en torno a la aplicación del citado beneficio y que tal diferencia no se torne discriminatoria y arbitraria, la medida debe estar fundada en un principio de razón suficiente, es decir, debe tener una causa razonable y justificada. Así, establecer una diferencia de trato entre los contribuyentes nacionales, a partir del porcentaje de participación que ellos tengan en una sociedad extranjera, como lo hace la norma acusada, solo evidencia el interés de beneficiar a los mayores inversionistas sobre los menores, sin una motivación específica, situación que en sí misma no arroja un objetivo fiscal, económico o social que la justifique. 2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Para el Consejo de Estado, si bien el artículo 42 del Estatuto Tributario de Bogotá establece la base gravable del ICA, incluyendo los ingresos netos obtenidos por el contribuyente durante el respectivo bimestre, es perfectamente claro que no se trata de “todos” los ingresos percibidos por el declarante, debido a que la base gravable debe obtenerse como resultado del ejercicio de alguna de las actividades determinadas como “Hecho Generador” del impuesto, es decir, los ingresos deben provenir directa o indirectamente de una actividad industrial, comercial o de servicios, con la condición adicional de que la transacción se haya llevado a cabo dentro de la jurisdicción territorial del Distrito Capital de Bogotá. Así las cosas, la base gravable del ICA debe estar circunscrita al hecho generador del impuesto, lo que hace que solo pueda comprender los ingresos resultantes del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios. Respecto de los ingresos por diferencia en cambio, el Consejo de Estado considera que dichos ingresos no deben formar parte de la base gravable del ICA, ya que los ingresos por diferencia en cambio no se originan en una transacción real proveniente de alguna de las citadas actividades calificadas como hecho generador del ICA (industriales, comerciales o de servicios), puesto que tratándose de ingresos por diferencia en cambio, nos encontramos ante el ajuste proveniente de la fluctuación de la moneda nacional frente a los activos o pasivos expresados en moneda extranjera del respectivo contribuyente. Por último, el Consejo de Estado recuerda que la normativa nacional y distrital ha establecido la prohibición de gravar los ajustes por inflación (dentro de los que se encuentra el ajuste por diferencia en cambio) con el Impuesto de Industria y Comercio. Ello, en la medida que los considera como activos no monetarios puesto que, o bien se refiere a la re-expresión de la moneda extranjera por aplicación de otros índices, o bien son activos que deben ser ajustados con el PAAG (pues no tienen un sistema de ajuste especial), además de registrarse como un mayor o menor valor del activo, lo que desvirtúa su calidad de “ingreso gravado” con el ICA. 3 Procedimiento Sancionatorio
La Corte afirma que el inciso demandado es ambiguo, en la medida que puede entenderse que: a) La administración estaría facultada para sancionar conductas anteriores a la expedición de la ley 1430, lo cual iría en contra de la Constitución por violación de sus artículos 363 y 29 (principio de irretroactividad); b) Que el término que tiene la Administración para expedir el acto sancionatorio es de tres años contados a partir de la verificación de la conducta sancionable, ampliando el término de 2 años a 3 años, para este caso especial. Para la Sala, la interpretación indicada en el literal b) resulta plausible desde el punto de vista constitucional, en la medida que se garantiza a los contribuyentes el principio de seguridad jurídica frente a las actuaciones de la Administración, frente a la investigación de la conducta sancionable en el artículo 8 de la Ley 1430 de 2010. Así pues, debe entenderse el inciso final del artículo 8 de la Ley 1430 de 2010, en el sentido de que la norma consagra un término de prescripción de la Administración para sancionar la adquisición de combustibles líquidos derivados del petróleo y su no distribución a los departamentos y municipios fronterizos de los que habla la ley 681 de 2001. Dicho término empieza a correr desde la vigencia de la ley, o desde la verificación de la conducta sancionable.
El artículo 10 de la ley 1430 de 2010, que reformó la ley 1370 de 2009, la cual creó el nuevo impuesto al patrimonio, establece que con el fin de determinar la sujeción al impuesto al patrimonio, las sociedades que durante el año gravable 2010 realizaron procesos de escisión deben sumar los patrimonios líquidos poseídos a 1º de enero de 2011. También señalan que las personas naturales o jurídicas que durante el año gravable 2010 constituyeron sociedades por acciones simplificadas (SAS) deben sumar sus patrimonios poseídos a 1º de enero de 2011, con el de dichas sociedades; y finalmente, se consagra la responsabilidad solidaria de quienes constituyeron dichas sociedades. Para abordar el análisis de estas normas la Corte llama la atención sobre un hecho que no fue advertido ni por el demandante ni por los diversos intervinientes pero que guarda relación directa con el asunto objeto de estudio: en el marco del Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica declarado con motivo de la trágica ola invernal que azotó al país, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 4825 del 29 de diciembre de 2010, mediante el cual se adoptaron algunas medidas tributarias. Al analizar el artículo 5 del Decreto 4825 de 2010, que estableció la tarifa del nuevo impuesto al patrimonio, la Corte considero que los tres parágrafos del artículo, que generaban consecuencias tributarias frente a las escisiones societarias, la constitución de sociedades comerciales o civiles o de cualquier otra forma societaria o persona jurídica, y en general para todo tipo de posible fraccionamiento de patrimonio ocurrido durante todo el año gravable 2010, independientemente de la forma jurídica y de la denominación que se le diera, tenía problemas de constitucionalidad frente al principio de irretroactividad tributaria, en la medida que el Decreto fue expedido el 29 de diciembre de 2010, y los supuestos de hecho los parágrafos incluían transacciones (escisiones, creación de sociedades) ocurridos durante todo el año 2010. En tal sentido, la Corte condicionó la constitucionalidad de la norma, entendiendo que los supuestos fijados en dichos parágrafos sólo aplicarían para los días 30 y 31 de diciembre de 2010. Ahora bien, frente al artículo 10 de la Ley 1430 de 2010, la Corte encuentra que los supuestos fijados por el artículo demandado, son similares a los fijados por los parágrafos del artículo 5 del Decreto 4825 de 2019. Es decir, no solamente se regulan las consecuencias fiscales de las escisiones y de la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas ocurridas con posterioridad a su entrada en vigencia (29 de diciembre de 2010), sino que también se pretende incidir en los actos mercantiles que hubieren sido celebrados durante todo el año gravable 2010, con lo cual la norma demandada proyecta sus efectos a situaciones jurídicas consolidadas antes de su promulgación, es decir, de manera retroactiva. Así pues, la Corte condiciona la exequibilidad de los incisos 4, 5, 6, y 7 del artículo 10 de la Ley 1430 del 2010, en la medida que los procesos de escisión, la constitución de sociedades por acciones simplificadas y la responsabilidad solidaria a que se refieren, sólo pueden comprender los actos ocurridos a partir del 29 de diciembre de 2010. DOCTRINA OFICIAL CONCEPTOS DIAN
Mediante el oficio 084500 del 2011, la Administración Tributaria respondió a la pregunta de si los inversionistas, personas naturales y/o jurídicas extranjeros, que compren directamente acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y reciban ingresos por las utilidades en la enajenación de las mismas, o dividendos y que no sean objeto de retención en la fuente, están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta en los términos del numeral 2 del artículo 592 del Estatuto Tributario. En tal sentido, la DIAN considera que según lo ordenado por el artículo 591 del Estatuto Tributario, los inversionistas extranjeros, independientemente de aspectos relativos al registro de inversiones internacionales en Colombia, están en la obligación de presentar declaración de renta y complementarios en el año o años gravables en que perciban ingresos, con la excepción hecha en el numeral 2 del artículo 592 del mismo Estatuto para las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411 Ibídem, y dicha retención les hubiere sido practicada 2 Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF
Se pregunta que si en el desarrollo de las transacciones de compensación y liquidación de valores, hoy en día son las entidades bancarias las que causan, declaran y pagan el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF); o si con la entrada en vigencia del artículo 36 de la Ley 1430 de 2010, las utilidades o rendimientos que hubiere generado la inversión, que son la base gravable para la liquidación del impuesto, debe ser retenido únicamente por el comisionista o quien reconozca las utilidades o rendimientos, en cuyo caso los agente de retención del GMF en la situación consultada serían la Sociedades Administradoras de Valores, las Sociedades Fiduciarias y las Sociedades Comisionistas de Bolsa. La Administración respondió que, en la medida que el artículo 276 de la ley 1450 de 2011 derogó la expresión “salvo lo correspondiente a las utilidades o rendimientos que hubiere generado la inversión, los cuales son la base gravable para la liquidación del impuesto, el cual será retenido por el comisionista o quien reconozca las utilidades o rendimientos” del numeral 14 del artículo 879 del Estatuto tributario, se encuentran exentos del GMF los traslados de utilidades o rendimientos que hubiera generado la inversión, entre cuentas corrientes y/o de ahorros, y/o tarjetas prepago abiertas en un mismo establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera, cooperativa de ahorro y crédito, comisionistas de bolsa y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. En tal sentido, opera el decaimiento administrativo del inciso 2º del parágrafo 1 del artículo 8 del decreto 660 de 2011 que establecía que "... Para efectos de control de la exención, la sociedad administradora de inversiones, sociedad fiduciaria o sociedad comisionista de bolsa, deberá actuar como agente de retención por los rendimientos y utilidades gravados”. Sin embargo, la Administración hace la salvedad que dicha exención sólo opera para las operaciones previstas en el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario (traslados exentos del GMF). En tal sentido, cualquier retiro u otra forma de disposición de las utilidades o rendimientos que hubiere generado la inversión, se encuentra gravada con el GMF de conformidad con el artículo 871 E.T. 2017Febrero 2017Boletín Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 DE 2016)