Source: http://civil.udg.es/normacivil/estatal/persona/PF/L41-03.htm
Timestamp: 2017-07-22 08:39:24
Document Index: 287415858

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'artículo 234', 'artículo 756', 'artículo 808', 'artículo 813', 'artículo 1041', 'artículo 157', 'artículo 757', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 34', 'Artículo 47', 'in fine', 'artículo 16', 'artículo 36', 'Artículo 16', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'artículo 18', 'in fine', 'artículo 47', 'Artículo 17', 'artículo 45', 'artículo 149']

aquí] [El Tribunal Constitucional, mediante providencia de 13 de abril de 2004, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1004/2004, promovido por el Parlamento de Catalunya, contra el apartado 2 del art. 1 de esta Ley (BOE núm. 102, de 27-04-2004, p. 16606).]
La regulación contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de las disposiciones que pudieran haberse aprobado en las comunidades autónomas con derecho civil propio, las cuales tienen aplicación preferente de acuerdo con el artículo 149.1.8.a
de la Constitución española y los diferentes estatutos de autonomía, siéndoles de aplicación esta ley con carácter supletorio, conforme a la regla general contenida en el artículo 13.2 del Código Civil.
Sin embargo, cuando la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar suficiente, y de acuerdo con el principio general de autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad que informa nuestro ordenamiento
jurídico (artículo 10.1 de la Constitución), no se podrá constituir un patrimonio protegido en su beneficio hacer aportaciones al mismo en contra de su voluntad.
VII En segundo lugar, se introducen distintas modificaciones del derecho de sucesiones. De esta forma:
Tratándose de aportaciones no dinerarias, el discapacitado titular del patrimonio protegido quedará subrogado en la posición del aportante respecto de la fechas y el valor de adquisición del bien o derecho aportado, exceptuándose la posibilidad de aplicar la disposición
transitoria novena de la Ley 40/1998 cuando el bien o derecho se transmita con posterioridad a la aportación al patrimonio protegido.
El régimen tributario aplicable al titular del patrimonio
protegido se completa con una norma de no sujeción al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la parte de las aportaciones que tengan para el perceptor la consideración de rendimientos del trabajo.
En lo que se refiere al régimen aplicable al aportante al patrimonio protegido de la persona discapacitada, se
distinguen dos supuestos según que el aportante sea
contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.
De este modo, en el primer supuesto, se prevé que las aportaciones realizadas por los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado, el cónyuge y los tutores o acogedores, den derecho a practicar una reducción de la base imponible del aportante que podrá alcanzar, para estas aportaciones, un importe máximo de 8.000 euros anuales. Las reducciones practicadas en la base imponible de los aportantes tendrán, asimismo, un límite conjunto, de manera que el total de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 euros anuales. A estos efectos, se introduce una cláusula de disminución proporcional de la reducción aplicable en caso de que la concurrencia de varios aportantes supere el límite conjunto establecido.
Finalmente, al objeto de asegurar un adecuado control de los patrimonios protegidos de las personas discapacitadas, se establece la obligación para el contribuyente titular de un patrimonio protegido de presentar una declaración en la que se indique la composición del patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el período impositivo, remitiéndose en este punto a un posterior desarrollo reglamentario. El conjunto de modificaciones en la normativa tributaria se completa con un nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que será aplicable a las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
b) Sus padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar
c) El guardador de hecho de una persona con discapacidad
psíquica podrá constituir en beneficio de éste un patrimonio protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por
aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 306 del Código Civil.
2. Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con discapacidad o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus padres, tutores o curadores, la constitución de un patrimonio
protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados, suficiente para ese fin.
En caso de negativa injustificada de los padres o tutores, el solicitante podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad. Si el juez autorizara la constitución del patrimonio protegido, la resolución judicial
determinará el contenido a que se refiere el apartado
siguiente de esta ley. El cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa, en el padre, tutor o curador que se hubiera negado injustificadamente a la constitución del patrimonio protegido.
3. El patrimonio protegido se constituirá en documento
público, o por resolución judicial en el supuesto
contemplado en el apartado anterior.
a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente
constituyan el patrimonio protegido.
b) La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que hayan de
integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. Dicha determinación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta ley.
c) Cualquier otra disposición que se considere oportuna
respecto a la administración o conservación del mismo.
Los notarios comunicarán inmediatamente la constitución y contenido de un patrimonio protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripción correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad, mediante firma electrónica avanzada. Igual remisión efectuarán de las escrituras relativas a las aportaciones de toda clase, que se realicen con posterioridad a su constitución. El fiscal que reciba la comunicación de la constitución de un patrimonio protegido y no se considere competente para su fiscalización lo remitirá al fiscal que designe el Fiscal General del Estado, de acuerdo con su Estatuto Orgánico.
1. Las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constitución del patrimonio protegido estarán sujetas a las mismas formalidades establecidas en el
artículo anterior para su constitución.
2. Cualquier persona con interés legítimo, con el
consentimiento de la persona con discapacidad, o de sus padres o tutores o curadores si no tuviera capacidad de obrar suficiente, podrá aportar bienes o derechos al
patrimonio protegido. Estas aportaciones deberán realizarse siempre a título gratuito y no podrán someterse a término.
En caso de que los padres, tutores o curadores negasen
injustificadamente su consentimiento, la persona que hubiera ofrecido la aportación podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad.
3. Al hacer la aportación de un bien o derecho al
patrimonio protegido, los aportantes podrán establecer el destino que deba darse a tales bienes o derechos o, en su caso, a su equivalente, una vez extinguido el
patrimonio protegido conforme al artículo 6, siempre que
hubieran quedado bienes y derechos suficientes y sin más limitaciones que las establecidas en el Código Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables.
1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario del mismo, su administración,
cualquiera que sea la procedencia de los bienes y derechos que lo integren, se sujetará a las reglas establecidas en el documento público de constitución.
2. En los demás casos, las reglas de administración,
establecidas en el documento público de constitución, deberán prever la obligatoriedad de autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los artículos 271 y 272 del Código Civil o, en su caso, conforme a lo
dispuesto en las normas de derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior la
autorización no es necesaria cuando el beneficiario tenga
capacidad de obrar suficiente.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los constituyentes o el administrador, podrán instar al
Ministerio Fiscal que solicite del juez competente la
excepción de la autorización judicial en determinados
supuestos, en atención a la composición del patrimonio, las circunstancias personales de su beneficiario, las necesidades
derivadas de su minusvalía, la solvencia del administrador o cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza.
4. Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio
protegido, así como sus frutos, rendimientos o
productos, deberán destinarse a la satisfacción de las
necesidades vitales de su beneficiario, o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido.
5. En ningún caso podrán ser administradores las
personas o entidades que no puedan ser tutores, conforme a lo establecido en el Código Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran
6. Cuando no se pudiera designar administrador
conforme a las reglas establecidas en el documento público o resolución judicial de constitución, el juez competente
proveerá lo que corresponda, a solicitud del
7. El administrador del patrimonio protegido, cuando no sea el propio beneficiario del mismo, tendrá la
condición de representante legal de éste para todos los actos de administración de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido, y no requerirá el concurso de los padres o tutor para su validez y eficacia.
2. Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario, se entenderá comprendido en su herencia. Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por dejar su beneficiario de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 2.2 de esta ley éste seguirá siendo titular de los bienes y derechos que lo integran, sujetándose a las normas generales del Código Civil o de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran
En el caso de que no pudiera darse a tales bienes y derechos la finalidad prevista por sus aportantes, se les dará otra, lo más análoga y conforme a la prevista por éstos, atendiendo, cuando proceda, a la naturaleza y valor de los bienes y derechos que integren el patrimonio
protegido y en proporción, en su caso, al valor de las diferentes aportaciones.
1. La supervisión de la administración del patrimonion
protegido corresponde al Ministerio Fiscal, quien instará del juez lo que proceda en beneficio de la persona con discapacidad, incluso la sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la
adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza.
El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de
cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones
judiciales relativas al patrimonio protegido.
2. Cuando no sea la propia persona con discapacidad
beneficiaria del patrimonio o sus padres, el administrador del patrimonio protegido deberá rendir cuentas de su gestión al Ministerio Fiscal cuando lo determine éste y, en todo caso, anualmente, mediante la remisión de una relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos que lo formen, todo ello justificado
El Ministerio Fiscal podrá requerir documentación adicional y solicitar cuantas aclaraciones estime pertinentes. 3. Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, se crea la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y en la que participarán, en todo caso, el Ministerio Fiscal y representantes de la asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.
apartado ha sido
modificado por el artículo segundo de la Ley 1/2009, de 25 de marzo. Para consultar la versión anterior a la modificación
pulse aquí] Artículo 8. Constancia registral.
pulse aquí] CAPÍTULO II
Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las
personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier
disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.
Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada
judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.
En los procedimientos de incapacitación, el juez
recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere este artículo.»
Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.»
«La entidad pública a la que, en el respectivo
territorio, esté encomendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las personas recogidas en el artículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se encuentre en situación de desamparo.
Uno. Se añade un apartado 7.º
al artículo 756 del Código Civil con la siguiente redacción:
Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la
herencia que no le hubieren prestado las atenciones
debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil.»
Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo que graven la legítima
estricta en beneficio de un hijo o descendiente judicialmente
incapacitado en los términos establecidos en el artículo 808. Si recayeren sobre el tercio
destinado a la mejora, sólo podrán hacerse en favor de los descendientes.»
Cuatro. Se modifica el artículo 813 del Código Civil,
quedando redactado su segundo párrafo del siguiente modo:
Cinco. Los artículos 821 y 822 del Código Civil quedarán
redactados en los siguientes términos:
Cuando el legado sujeto a reducción consista en una finca que no admita cómoda división, quedará ésta para el legatario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en caso contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán
La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario persona con discapacidad, no se computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren
conviviendo en ella.
Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas condiciones al legitimario
discapacitado que lo necesite y que estuviera
conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera
excluido expresamente, pero su titular no podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios
mientras lo necesiten.
El derecho a que se refieren los dos párrafos
anteriores será intransmisible.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos no
impedirá la atribución al cónyuge de los derechos
regulados en los artículos 1406 y 1407 de este Código, que coexistirán con el de habitación.»
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán conferirse facultades al cónyuge en
testamento para que, fallecido el testador, pueda
realizar a favor de los hijos o descendientes comunes mejoras incluso con cargo al tercio de libre
disposición y, en general, adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos por cualquier título o
concepto sucesorio o particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal
disuelta que esté sin liquidar.
Estas mejoras, adjudicaciones o atribuciones podrán realizarse por el cónyuge en uno o varios actos, simultáneos o sucesivos. Si no se le hubiere
conferido la facultad de hacerlo en su propio testamento o no se le hubiere señalado plazo, tendrá el de dos años contados desde la apertura de la
sucesión o, en su caso, desde la emancipación del último de los hijos comunes.
2. Corresponderá al cónyuge sobreviviente la
administración de los bienes sobre los que pendan las facultades a que se refiere el párrafo anterior.
De no respetarse la legítima estricta de algún
descendiente común o la cuota de participación en los bienes relictos que en su favor hubiere ordenado el causante, el perjudicado podrá pedir que se rescindan los actos del cónyuge en cuanto sea
necesario para dar satisfacción al interés lesionado.
Se entenderán respetadas las disposiciones del
causante a favor de los hijos o descendientes comunes y las legítimas cuando unas u otras resulten
suficientemente satisfechas aunque en todo o en parte lo hayan sido con bienes pertenecientes sólo al cónyuge que ejercite las facultades.
4. La concesión al cónyuge de las facultades
expresadas no alterará el régimen de las legítimas ni el de las disposiciones del causante, cuando el
favorecido por unas u otras no sea descendiente común. En tal caso, el cónyuge que no sea pariente en línea recta del favorecido tendrá poderes, en cuanto a los bienes afectos a esas facultades, para actuar por cuenta de los descendientes comunes en los actos de ejecución o de adjudicación relativos a tales legítimas o disposiciones.
Cuando algún descendiente que no lo sea del cónyuge supérstite hubiera sufrido preterición no
intencional en la herencia del premuerto, el ejercicio de las facultades encomendadas al cónyuge no podrá menoscabar la parte del preterido.
Siete. Se añade un segundo párrafo al artículo 1041 del Código Civil con la siguiente redacción: «Tampoco estarán sujetos a colación los gastos
realizados por los padres y ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes con discapacidad.»
El mandato se acaba: 1.º
Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante o del
El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación
sobrevenida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En estos casos, el mandato podrá
terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor.»
Uno. Se crea un nuevo capítulo II dentro del título XII del libro IV del Código Civil, bajo la rúbrica «Del
contrato de alimentos», que engloba los artículos 1791 a 1797.
Dos. Los artículos 1791 a 1797 del Código Civil
quedarán redactados en los siguientes términos:
Por el contrato de alimentos una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y
asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en
cualquier clase de bienes y derechos.
De producirse la muerte del obligado a prestar los alimentos o de concurrir cualquier circunstancia grave que impida la pacífica convivencia de las partes,
cualquiera de ellas podrá pedir que la prestación de alimentos convenida se pague mediante la pensión actualizable a satisfacer por plazos anticipados que para esos eventos hubiere sido prevista en el contrato o, de no haber sido prevista, mediante la que se fije judicialmente.
La extensión y calidad de la prestación de alimentos serán las que resulten del contrato y, a falta de pacto en contrario, no dependerá de las
vicisitudes del caudal y necesidades del obligado ni de las del caudal de quien los recibe.
En caso de que el alimentista opte por la resolución, el deudor de los alimentos deberá restituir
inmediatamente los bienes que recibió por el contrato, y, en cambio, el juez podrá, en atención a las circunstancias, acordar que la restitución que, con respeto de lo que dispone el artículo siguiente,
corresponda al alimentista quede total o parcialmente
aplazada, en su beneficio, por el tiempo y con las garantías que se determinen.
Cuando los bienes o derechos que se transmitan a cambio de los alimentos sean registrables, podrá
garantizarse frente a terceros el derecho del alimentista con el pacto inscrito en el que se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria
explícita, además de mediante el derecho de hipoteca
regulado en el artículo 157 de la Ley Hipotecaria.»
La referencia que a personas con discapacidad se realiza en los artículos 756, 822 y 1041, se
entenderá hecha al concepto definido en la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad.»
El apartado 1 del artículo 757 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tendrá la siguiente
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2004, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias:
«4. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible, en los términos previstos en esta ley, las reducciones por rendimientos del
trabajo, prolongación de la actividad laboral, movilidad
geográfica, cuidado de hijos, edad, asistencia,
discapacidad, aportaciones a patrimonios protegidos de las personas discapacitadas, aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social y pensiones compensatorias, lo cual dará lugar a las bases liquidables general y especial.»
Dos. Se añade un apartado 4 al artículo 16, que quedará redactado en los siguientes términos: «4. Las aportaciones realizadas al patrimonio
protegido de las personas con discapacidad, regulado en la Ley de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, tendrán el siguiente tratamiento fiscal para el contribuyente
Asimismo, y con independencia de los límites
indicados en el párrafo anterior, cuando los aportantes sean sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades con el límite de 8.000 euros anuales.
Estos rendimientos se integrarán en la base
imponible del contribuyente discapacitado titular del patrimonio protegido por el importe en que la suma de tales rendimientos y las prestaciones recibidas en forma de renta a que se refiere el apartado 3 del artículo 17 de esta ley exceda de dos veces al salario mínimo interprofesional.
Cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de los patrimonios protegidos de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los empleados del
aportante, únicamente tendrán la consideración de
rendimiento del trabajo para el titular del patrimonio
b) En el caso de aportaciones no dinerarias, el contribuyente discapacitado titular del patrimonio
protegido se subrogará en la posición del aportante
respecto de la fecha y el valor de adquisición de los bienes y derechos aportados, pero sin que, a efectos de ulteriores transmisiones, le resulte de
aplicación lo previsto en la disposición transitoria novena de esta ley.
A la parte de la aportación no dineraria sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aplicará, a efectos de calcular el valor y la fecha de
adquisición, lo establecido en el artículo 34 de esta ley.
c) No estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte de las aportaciones que tenga para el perceptor la consideración de
rendimientos del trabajo.»
«1. La base liquidable general estará constituida por el resultado de practicar en la parte general de la base imponible, exclusivamente y por este orden, las reducciones a que se refieren los artículos
46 bis, 46 ter, 46 quáter, 47, 47 bis, 47 ter, 47 quinquies, 47 sexies, 48, 48 bis y 48 ter de esta ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dichas disminuciones.
La base liquidable especial será el resultado de
disminuir la parte especial de la base imponible en el remanente, si lo hubiere, de las reducciones
previstas en el párrafo anterior sin que pueda resultar
negativa como consecuencia de tal disminución. »
«Artículo 47 sexies. Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas
1. Las aportaciones al patrimonio protegido del
contribuyente discapacitado efectuadas por las personas que tengan con el discapacitado una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como por el cónyuge del discapacitado o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, darán derecho a reducir la base imponible del aportante, con el límite máximo de 8.000 euros anuales.
A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, las reducciones correspondientes a dichas aportaciones habrán de ser minoradas de forma proporcional sin que, en ningún caso, el conjunto de las
reducciones practicadas por todas las personas físicas que realicen aportaciones a favor de un mismo
patrimonio protegido pueda exceder de 24.250 euros anuales.
2. Las aportaciones que excedan de los límites
previstos en el apartado anterior darán derecho a reducir la base imponible de los cuatro períodos
impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos los importes máximos de
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resultará
aplicable en los supuestos en que no proceda la reducción por insuficiencia de base imponible.
Cuando concurran en un mismo período impositivo
reducciones de la base imponible por aportaciones
efectuadas en el ejercicio con reducciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se
practicarán en primer lugar las reducciones procedentes de los ejercicios anteriores, hasta agotar los importes máximos de reducción.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
4. No generarán el derecho a reducción las
aportaciones de elementos afectos a la actividad sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen
En ningún caso darán derecho a reducción las
aportaciones efectuadas por el propio contribuyente discapacitado titular del patrimonio protegido.
5. La disposición en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio
protegido de la persona con discapacidad
determinará las siguientes obligaciones fiscales:
a) Si el aportante fue un contribuyente del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dicho aportante deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que se produzca el acto de disposición, las cantidades reducidas de la base imponible correspondientes a las disposiciones
realizadas más los intereses de demora que
b) Cualquiera que haya sido el aportante el titular del patrimonio protegido que recibió la aportación deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que se produzca el acto de
disposición, la cantidad que hubiera dejado de integrar en el período impositivo en que recibió la aportación como consecuencia de la aplicación de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 de esta ley, más los intereses de demora que procedan.
En los casos en que la aportación se hubiera
realizado al patrimonio protegido de los parientes,
cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, a que se refiere el apartado 1 de este artículo, por un sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades, la obligación descrita en el párrafo anterior deberá ser cumplida por dicho
c) A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 36 quáter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el
trabajador titular del patrimonio protegido deberá
comunicar al empleador que efectuó las aportaciones, las disposiciones que se hayan realizado en el período impositivo.
En los casos en que la disposición se hubiera
efectuado en el patrimonio protegido de los parientes,
cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior también deberá efectuarla dicho trabajador.
La falta de comunicación constituirá infracción
tributaria simple, sancionable con multa de 100 a 800 euros.
A los efectos previstos en este apartado, tratándose de bienes o derechos homogéneos se
entenderá que fueron dispuestos los aportados en primer lugar.
«5. Los contribuyentes de este impuesto que sean titulares del patrimonio protegido regulado en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad, deberán presentar una declaración en la que se indique la composición del patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el periodo
impositivo, en los términos que reglamentariamente se establezcan.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 5 a la disposición
adicional decimocuarta, que quedará redactado en los
«5. Las personas que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Protección
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, intervengan en la formalización de las aportaciones a los patrimonios protegidos, deberán
presentar una declaración sobre las citadas
aportaciones en los términos que reglamentariamente se establezcan. La declaración se efectuará en el lugar, forma y plazo que establezca el Ministro de Hacienda.»
Artículo 16. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2004, se modifican el título y el contenido del artículo 36 quáter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactado en los siguientes
«Artículo 36 quáter. Deducción por contribuciones
empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social
empresarial o por aportaciones a patrimonios
1. El sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de las
contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales
inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contribuciones se realicen a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social de los que sea promotor el sujeto pasivo.
2. Asimismo, el sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de las aportaciones realizadas a favor de patrimonios
protegidos de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, o de sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela o acogimiento regulados en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad, de acuerdo con las
a) Las aportaciones que generen el derecho a
practicar la deducción prevista en este apartado no podrán exceder de 8.000 euros anuales por cada trabajador o persona discapacitada.
b) Las aportaciones que excedan del límite previsto en la letra anterior darán derecho a practicar la deducción en los cuatro períodos impositivos
siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos el importe máximo que genera el derecho a deducción.
deducciones en la cuota por aportaciones
efectuadas en el ejercicio, con deducciones pendientes de practicar de ejercicios anteriores se practicarán, en primer lugar, las deducciones procedentes de las aportaciones de los ejercicios anteriores, hasta agotar el importe máximo que genera el derecho a deducción.
c) Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
3. Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la deducción prevista en los apartados 1 y 2 anteriores se aplicará sobre la parte
proporcional de las contribuciones empresariales
y aportaciones que correspondan al importe de la
retribución bruta anual reseñado en dichos apartados.
4. Esta deducción no se podrá aplicar respecto de las contribuciones realizadas al amparo del régimen
transitorio establecido en las disposiciones
transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados Asimismo, no será aplicable en el caso de compromisos
específicos asumidos con los trabajadores como consecuencia de un expediente de regulación de empleo.
5. Cuando se efectúen disposiciones de bienes o derechos aportados al patrimonio protegido de los trabajadores, de sus parientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, en los términos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 5 del artículo 47 sexies de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el sujeto pasivo que efectuó la aportación, en el período en que se hayan incumplido los requisitos,
conjuntamente con la cuota correspondiente a su período impositivo, ingresará la cantidad deducida
conforme a lo previsto en este artículo, además de los intereses de demora.»
Artículo 17. Modificación del Real Decreto Legislativo1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Con efectos a partir del 1 de enero de 2004, se añade un nuevo apartado 20 a la letra B) del artículo 45.I texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, que quedará redactado en los siguientes términos:
«20. Las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad regulados en la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Actos de jurisdicción
Las actuaciones judiciales previstas en el capítulo I de esta ley se tramitarán como actos de jurisdicción
voluntaria sin que la oposición que pudiera hacerse a la solicitud promovida transforme en contencioso el
Las comunidades autónomas podrán declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, de los bienes y derechos referidos en la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
normativa tributaria con esta finalidad.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª
y 14.ª
Desarrollo reglamentario. El Gobierno aprobará las disposiciones reglamentarias
necesarias para el desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.