Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2018/128/29/
Timestamp: 2019-12-08 03:27:43
Document Index: 128328610

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Diario de Sesiones 128/2018, de fecha 11/9/2018 - Punto 29 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 128/2018, de fecha 11/9/2018 - Punto 29
9L/C-1909 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE HACIENDA, SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RELATIVAS AL LÍMITE DE DÉFICIT Y REGLA DE GASTO, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC).
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Siguiente comparecencia. A la consejera de Hacienda, dos comparecencias acumuladas, una de Nueva Canarias y otra del Grupo Nacionalista.
Sobre la repercusión para Canarias de los objetivos de estabilidad del año 2019-2021 aprobados por el Gobierno de España. Y sobre las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera relativas al límite de déficit y regla de gasto.
Comienza la comparecencia el Grupo de Nueva Canarias. Para la defensa el señor Rodríguez, tiempo de cinco minutos.
No les quepa duda que este último trimestre del año en curso va a sobrevolar, condicionar, determinar la situación política española y en cierta medida la canaria los preparativos y condicionantes de la ley de presupuestos del Estado para el año 2019.
Las leyes de presupuestos son decisivas en el ejercicio de cualquier Gobierno. Hay un nuevo Gobierno en España y una condición compleja desde el punto de vista parlamentario para tener las mayorías pertinentes para articular una nueva ley de presupuestos en el marco de una nueva senda de estabilidad que este Gobierno, el Gobierno del señor Sánchez, ha pactado con las autoridades comunitarias.
Al margen del problema de las mayorías parlamentarias, que en democracia es muy importante, este Gobierno, como el anterior, está condicionado por las condiciones de estabilidad presupuestaria que impuso una reforma constitucional en el verano del año 2011, el 135, que luego se desarrolló con una ley orgánica que ha sido una máquina de recortes, que me refiero a la de estabilidad, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que ha determinado absolutamente la evolución de la capacidad de gasto y las cuentas públicas del Estado español y de todas sus instituciones.
Por tanto, al margen de las dificultades parlamentarias, el Gobierno de España, ahora de color socialista, está condicionado por las reglas de estabilidad presupuestaria, por la Constitución y su modificación del 135, y por la ley de estabilidad.
A nosotros no nos parece mal la nueva senda de estabilidad que han apalabrado las autoridades españolas con la Unión Europea, entre otras cuestiones, porque permite cinco décimas más de déficit, que es lo mismo que decir cinco décimas más de nuestro PIB en gasto público. Nos parece bien. Siempre nos pareció poco los condicionantes; eso está bien.
Que de la distribución de esas cinco décimas, dos sean para la Seguridad Social, dos para las comunidades autónomas y una para la Administración General del Estado; es un poco más equilibrada la distribución que en etapas anteriores, donde el Estado se lo quedaba casi todo. Eso no está mal, eso es trasladar posibilidad de gasto público a las comunidades autónomas en dos mil quinientos millones aproximadamente.
El asunto surge, además de por estos condicionantes que he dicho... qué va a pasar en la nueva situación del marco de estabilidad y de Ley de Presupuestos; y ahí surgen las diferencias entre los territorios y entre las instituciones. Hay un ámbito institucional, que se ha comportado en la crisis, hasta el punto de acumular superávit que se acerca a los treinta mil millones. Me refiero a los ayuntamientos, corporaciones locales españolas. De forma que habrá que buscarle una solución a las corporaciones locales españolas que han cumplido a rajatabla con todos los requerimientos y, sin embargo, tienen limitaciones para utilizar ese superávit.
Y a partir del año 2017, hay algunas comunidades autónomas que también han generado esta condición, que vienen generando los ayuntamientos desde el año 2014. Y se dice: oiga, ¿cómo podemos, en el marco de las reglas del juego -a no ser que las modifiquemos-, cómo podemos dar facilidades y ayudar a los que han cumplido a rajatabla? Y ese es el debate en el que nos encontramos los últimos años.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el señor Abel Caballero -alcalde de Vigo, si no me equivoco-, viene reclamando esto de forma insistente. Y a eso nos hemos sumado algunas comunidades autónomas el pasado año, y se ha conseguido un paso: inversiones financieramente sostenibles.
La pregunta es: posición del Gobierno de Canarias en relación a este debate; condicionantes, correlación de fuerzas, perspectivas, ¿cómo ven ustedes el tema? Luego daré nuestra opinión, que la tenemos, sobre el marco, las posibilidades, pero nos interesa conocer, con claridad, la posición del Gobierno de Canarias, que no es la posición de Canarias -ojo-.
Turno del Grupo Nacionalista Canario. Señora Luis.
Señora consejera, le hemos escuchado reiterar en multitud de ocasiones, en esta sede parlamentaria, en los medios de comunicación, siempre que ha dado una rueda de prensa después de las reuniones con el Gobierno de España y de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el Partido Popular antes, y ahora con el Partido Socialista, la imperiosa y justa necesidad de modificar la regla de gasto, de la que hemos debatido en tantísimas ocasiones, aquí, y, si no me falla la memoria, hemos coincidido, si no todos, la mayoría de los grupos, en que la regla de gasto, tal como está concebida, es un instrumento obsoleto, poco claro, pero, sobre todo, es un parámetro que castiga injustamente, y de forma inexplicable precisamente, y es lo más extraño, a las comunidades autónomas que han hecho el esfuerzo, en estos años tan difíciles, de cumplir con la ley; de cumplir con los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Objetivo, además, realmente complicado de conseguir en unas condiciones, como decía, de crisis económica y social, absolutamente incompatibles con el esfuerzo de ajuste y control que administraciones y ciudadanía han tenido que hacer para cumplir con la ley para no vivir por encima de sus posibilidades.
Y, claro, en esta injusta situación es precisamente nuestra comunidad autónoma una de las más afectadas, porque, además de ser una de las comunidades autónomas más cumplidoras, hemos sido la comunidad autónoma peor financiada durante demasiados años. Y lo que se ha pedido, y se sigue pidiendo, parece de total sentido común: que se establezca una regla de gasto para cada administración, en función del nivel de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y de las previsiones para los próximos años. Y de esta forma, tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos y los ayuntamientos, podrían destinar su superávit -sus ahorros- a consolidar nuevo gasto, que iría dirigido a cubrir las necesidades reales que hoy tiene la población. Estamos refiriéndonos a los servicios básicos fundamentales: las listas de espera, el empleo, la dependencia, la educación, los servicios sociales; es decir, destinar nuevos recursos a cubrir todo aquello que venimos reivindicando todos los grupos, un día sí y un día también en esta Cámara. Y si eso no se consigue todos esos importantes recursos irán destinados a pagar deuda, a los bancos o para las inversiones financieramente sostenibles, importantes las inversiones financieramente sostenibles, claro que sí, pero no es esa, no es esa la prioridad que tenemos para atender las necesidades de las personas, ni lo que venimos diciendo aquí desde el primer día de legislatura.
Señora consejera, esto es lo que estamos reivindicando, y lo que consideramos que es justo y prioritario, pero la realidad, de momento, parece que va por un camino bien distinto, porque en contra de la opinión del Gobierno de Canarias, del gobierno de otras comunidades autónomas y de otras formaciones políticas centralistas y nacionalistas, el Gobierno del señor Sánchez ha aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, perdón, para el periodo 2019-2021 que contiene los límites de déficits y de deuda para el conjunto de las comunidades para el trienio; pero que no incluye, y aquí está el problema, la imprescindible modificación de la regla de gasto con lo que eso supone.
Y, en ese sentido, quiero pedirle que nos aclare varias cuestiones, la primera, ¿qué consecuencias tendría, para nuestra comunidad autónoma y para las corporaciones locales canarias, que sabemos que están muy pendientes de esta decisión porque disponen de cantidades significativas en concepto de superávit, ya lo ha dicho el señor Rodríguez, que necesitan destinar a gasto prioritario para atender a las personas que finalmente... pues no se modificara la regla de gasto y saliera adelante, por tanto, la propuesta del Gobierno de España?
Por otro lado, ¿comparte la opinión de que la justificación de que el Gobierno de España no asuma la modificación de la regla de gasto está en que el superávit del conjunto de las comunidades autónomas y corporaciones locales compense el déficit acumulado de las autonomías incumplidoras y de la Administración General del Estado y la Seguridad Social?, por la información que tenemos ahora, este acuerdo no ha salido porque el Congreso de los Diputados lo ha rechazado y, además, está luego el posible veto del Senado. ¿El que se haya rechazado y esa posibilidad podrían ser la causa de que se pudiera llegar a un acuerdo?, ¿podría decirnos cuál es su opinión?
Y, por último, hay un acuerdo que ha propuesto el Gobierno de Canarias, exactamente para modificar la regla de gastos, de realizarla y adaptar nuestros resultados positivos, es decir, nuestros ahorros y poderlos destinar a gasto corriente, como decimos...
No voy a andarme con rodeos porque, efectivamente, las dos comparecencias de ambos portavoces, ambos, básicamente, pretenden lo mismo y de ahí que hayan tenido a bien que se pudieran acumular.
Vaya por delante a la pregunta directa que ha hecho el señor Rodríguez, el Gobierno de Canarias está satisfecho con que se haya llegado a un acuerdo para la concesión de cinco décimas más. Estamos de acuerdo con ese acuerdo al que ha llegado del Ministerio de Economía con la Comisión Europea para ampliar, en cinco décimas, y que sea mucho más transitable la senda. Y, además, estamos de acuerdo con esa distribución, con la distribución vertical del déficit, que, como ha dicho el señor Rodríguez, va dos décimas a la Seguridad Social, dos décimas a las comunidades autónomas y una décima para el Estado.
Estaríamos de acuerdo, y hubiéramos votado a favor de la nueva senda si esto fuera verdad; pero no es cierto, hay trampa detrás, hay trampa ahora y la había antes. Y hay trampa porque está la regla de gastos. Y la regla de gasto permite tan solo a aquellas comunidades autónomas más incumplidoras, más incumplidoras, que no puede transitar por el déficit, poder ir a un mayor déficit, que supone, también, mayor deuda, ojo, que hay comunidades autónomas que están tan endeudadas, como Valencia, que no puede asumir ese déficit, que no va a absorberlo, que se va a quedar por encima pero no lo va a poder emplear, porque tendría que endeudarse más y no puede, van a tardar 50 años en pagar la deuda que han acumulado.
Por lo tanto, respecto a cuáles son las consecuencias que puede tener para Canarias la decisión de Pedro Sánchez de presentar una nueva senda de estabilidad, sin acompañarla de una territorialización de la regla de gasto, son negativas para aquellas administraciones públicas que hemos cumplido con todas las obligaciones, con todos los objetivos de estabilidad que se establecen en la Ley de Estabilidad.
Hay un dato muy significativo para Canarias, señorías, y creo que ahí nos tienen que llevar a la reflexión, 1400 millones de euros, 1400 millones de euros que son de las administraciones públicas de Canarias, es decir, fundamentalmente, ayuntamientos, cabildos y, ahora, el superávit de la comunidad autónoma, que se impide gastar por la aplicación, en nuestra opinión estricta, de la regla de gasto. Y, como bien ha dicho la señora Luis, tuvimos la misma posición con el Partido Popular y con el Partido Socialista.
Si quieren, pidan las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde esta consejera, en nombre del Gobierno de Canarias, se ha posicionado constantemente a favor de que se modifique la regla de gasto que iba a ser una limitación, que ya lo era para Canarias, pero que llegaría en el resto de comunidades autónomas.
Estas dos décimas no van a beneficiar, por ejemplo, a Andalucía, no va a poder porque está limitada por la regla de gasto, seguirá en déficit, en el 0,1, en el 0,119, en lo que sea en las estimaciones de cierre pero no va a absorber el 0,3. ¿Qué se consigue con estas dos décimas?, para ser claros: permitir las desviaciones fundamentalmente del Estado y de las comunidades autónomas más incumplidoras, las que están gastando no ya por encima de sus posibilidades, por encima de las del resto, de otras comunidades autónomas, y por encima de las posibilidades de los ciudadanos.
Señorías, 1400 millones de euros que son de todos los canarios, que son de Canarias, de los siete cabildos, de sus ayuntamientos -los que han cumplido con la Ley de Estabilidad-; 1400 millones que están limitados por un parámetro que, como ha dicho la señora Luis, ha sido tildado y ha sido calificado de opaco, poco transparente, poco previsible, que no tiene metodología de cálculo, que ha sido un llamamiento una y otra vez por parte de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal haciendo un llamamiento al gobierno de turno, ante el gobierno del Partido Popular ahora el gobierno del Partido Socialista, para que exista una metodología de cálculo de regla de gasto.
Y una cuestión más, la propia autoridad independiente de responsabilidad fiscal dice que tiene que haber una jerarquización en cuanto a los objetivos de estabilidad, porque una comunidad autónoma como la de Canarias, o como otras administraciones públicas que tienen superávit, como conoce la señora Luis, que ha estado en la Administración local, que tienen dinero en los bancos, que no tienen deuda y no pueden atender a las necesidades más acuciantes de sus vecinos, necesidades que son prioritarias, necesidades sociales, y que están beneficiando, fundamentalmente, a los bancos. Lo hemos pedido una y otra vez y, como ha dicho el señor Rodríguez, hemos conseguido una pequeña victoria en la Ley de Presupuestos que realizó, que trabajó el Partido Popular y que finalmente aprobó el Partido Socialista, que son las inversiones financieramente sostenibles.
Pero, señorías, poder flexibilizar la regla de gasto y esos 1400 millones, que son nuestros ahorros, que son los de todos los canarios... No estamos queriendo invertir lo que no es nuestro, no queremos más deuda, no queremos más déficit; queremos poder hacer un presupuesto en equilibrio donde no haya superávit.
En las últimas semanas se han celebrado varios Consejos de Política Fiscal y Financiera, y ha sido público que este gobierno, a la propuesta del señor Sánchez, hemos dado un "no". Le hemos dado un "no" pero un "no" porque tenía que ver con una propuesta que le trasladamos a la propia ministra, a la ministra que fue consejera de Andalucía y que ella misma defendía que se flexibilizara la regla de gasto. Y, señorías, tengo aquí, porque creo que de esto tenemos que hacer causa común, y en la reunión que mantuvimos con la ministra de Política Territorial, con Meritxell Batet, decía que su partido iba a mantener la coherencia.
Mire, el 14 de diciembre de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista instaba al Gobierno de España -14 de diciembre del 2017- a la modificación de la regla de gasto aplicable a las entidades locales, y acordaba lo siguiente: al Congreso de los Diputados instando a promover la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales, porque la regla de gasto en el conjunto de países de la Unión Europea no se aplican como en España, y en particular la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea. Había más acuerdos de este tenor, quiero decir respecto a la mejora de la financiación de las administraciones locales.
Señorías, los ayuntamientos de Canarias tienen parados 500 millones de euros bloqueados en los bancos, la federación, -y aquí tenemos dos presidentes de cabildo, una presidenta, que ahora es la presidenta de la Fecai-, la Federación Canaria de Islas, siete cabildos también tienen superávit. Estamos hablando de más de trescientos millones de euros que vienen a unirse a las cantidades que estimamos de cierre de 2018 y 2019 para la Comunidad Autónoma de Canarias de quinientos noventa y ocho millones de euros.
Si vamos al superávit del conjunto de las comunidades autónomas y corporaciones locales de España nos vamos al dato que ha dado el señor Rodríguez, y nos encontramos que, efectivamente, en el acumulado superan los treinta millones de euros pero que para la anualidad son 7000 millones de euros, y que viene a compensar la desviación, como digo, de los incumplidores, especialmente del Estado, que no de la Seguridad Social, y no de aquellas administraciones que tenemos depositadas en nuestras competencias el sostenimiento del estado del bienestar sobre la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Lamentablemente, la senda de gasto propuesta por el señor Sánchez si no se flexibiliza la regla de gasto no son dos décimas más para el conjunto de las comunidades autónomas. No son dos décimas más. Son dos décimas más para los más incumplidores. Y, señorías, esto lo tenemos que cambiar.
Nosotros hicimos un informe, el Gobierno de Canarias, que le dimos traslado a la ministra de Hacienda, a la señora Montero, el 25 de julio. Le trasladamos un informe, elaborado por la Consejería de Hacienda, y con la supervisión de los Servicios Jurídicos, en el que entendemos que dentro del marco actual de la Ley de Estabilidad cabe una interpretación en la que se puede tener una regla de gasto para el conjunto del Estado y después territorializarla; es decir, individualizarla. Exactamente igual que como se hace con la deuda. Se fija un 23 %, 23,7, para el conjunto del subsector de las comunidades autónomas, y después, por poner un ejemplo, a Cataluña se le da un 33 % de deuda para que pueda cubrir su déficit, y a Canarias un 16 %. Es decir, se diferencian cuando se va a la individualización de la deuda. Y la Ley de Estabilidad no dice, no dice, que no se puede hacer lo mismo con la regla de gasto.
Por lo tanto, nosotros mantenemos la posición que en un Consejo de Política Fiscal y Financiera votaríamos a favor siempre y cuando se tuviera la interpretación de que, cuando se fijaran los objetivos individuales, a Canarias nos permitieran establecer un equilibrio, un presupuesto, equilibrado y sin superávit.
Señorías, les tengo que decir que las inversiones financieramente sostenibles, que se lograron tras la votación en contra del techo de gasto del anterior Gobierno del Partido Popular y del ministro Montoro, fue un resultado que no es del todo satisfactorio. Es un parche. Y lo pueden decir aquellos que están en las administraciones locales. Las inversiones financieramente sostenibles se pueden aplicar en el año corriente. Es imposible, en menos de seis meses, licitar una obra, digo, por ejemplo, un hospital. Y que lo digan los que están dirigiendo las administraciones locales.
Miren, yo les voy a dar un dato que creo que es importante para poder, quizás, después, entrar en materia: de 61 entidades locales que podían haber tenido inversiones financieramente sostenibles, por encima de diez millones, solo se realizaron 15. Solo se realizaron 15. De las entidades locales que podían haber invertido 3260 millones en inversiones financieramente sostenibles, solo se dedicaron 899. Por lo tanto...
La señora CONSEJERA DE HACIENDA (Dávila Mamely): Por lo tanto, tal y como ha defendido el Partido Socialista, tal y como ha defendido el partido Podemos, tal y como ha defendido el Gobierno de Canarias, tal y como ha defendido Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Canaria, lo que pretendemos, señorías, es que de este Parlamento salga un acuerdo que podamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, tener unanimidad respecto a la posición de Canarias y respecto a las corporaciones locales. Están en una situación completamente distinta a la que se vivía en el año 2012. Tenemos superávit parados en los bancos, quienes lo requieren nuestros ciudadanos, lo requieren nuestros vecinos...
Y, por lo tanto, lo que les pido, y les tiendo el guante, señorías, a todos los partidos políticos, es a que en el seno de este Parlamento, no sé si tiene que ser en una subcomisión, si tiene que ser una comunicación del Gobierno, podamos profundizar en el problema que está suponiendo en cómo la regla de gasto está lastrando a los servicios públicos y a las administraciones locales.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes, señorías.
Consejera, Agrupación Socialista Canaria, no. Por ahora Agrupación Socialista Gomera, pero no lo descartamos. Vale.
Es evidente que estamos asistiendo a un pulso político que evidencia, tristemente..., que probablemente no se va a llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para la mayoría. Hay que dejar claro que los objetivos que propuso el Gobierno del Estado no recogían la justa aspiración de Canarias, de que se flexibilizara la regla de gasto, y así poder invertir esos casi seiscientos millones de euros más en gasto social, algo de lo que estábamos todos los grupos parlamentarios de acuerdo en esta Cámara.
El nuevo Gobierno hizo borrón y cuenta nueva con lo que se había venido negociando a lo largo de varios y de muchos meses, y propuso su propia fórmula, sin consensuarla previamente con los grupos políticos. De ahí, que no la apoyaran luego en el Congreso ninguno de los otros tres grandes partidos.
Un mes después, a finales de agosto, se presentó la misma propuesta, pero, a diferencia de la vez anterior, el Gobierno ha obtenido el apoyo de Unidos Podemos, a cambio, claro, de incluir sus propuestas dentro de los próximos presupuestos generales del Estado para 2019. Sin embargo la forma de intentar aprobar estos objetivos. No se ha hecho negociando para obtener los apoyos necesarios, ya que tienen la oposición directa del Partido Popular y de Ciudadanos y no pueden tener seguridad en lo que voten los partidos que representan, en este caso, el independentismo catalán.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que debe obtenerse la mayoría en ambas cámaras, pero como el PP tiene mayoría absoluta en el Senado se prefiere intentar otras vías antes de llegar a un acuerdo, como, por ejemplo, tramitar una ley para eliminar el control y la posibilidad de veto que tiene el Senado como cámara territorial. Desde nuestro punto de vista, un disparate.
Esta nueva proposición de ley se ha encontrado con dificultades para aprobarse por el trámite de urgencia y sacar adelante los objetivos de estabilidad presupuestaria antes del 30 de septiembre, pues es cuando deben presentarse los nuevos presupuestos para 2019.
El problema que vemos desde Agrupación Socialista Gomera es que se ha vuelto a la política de bloques. Antes, con el bipartidismo, de un partido contra otro, y ahora es lo mismo pero van en parejas. ¿En qué beneficia esto a los españoles, o qué beneficia en particular a los canarios? Pues ya les digo yo que no nos beneficia en nada, porque hacer alarde de mayorías en uno y en otro sentido, y abusar de ello en uno u otro órgano de las cortes generales para imponer un acuerdo o bloquearlo solo sirve para que el próximo año no se aprueben unos presupuestos estatales, y para que los presupuestos canarios, ante la incertidumbre, deban de regirse por las reglas establecidas anteriormente en vez de poder crecer. Y por supuesto, de los 598 millones adicionales para gasto social que pretendíamos de Canarias, lo más probable es que no los vayamos a ver.
Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria, por tanto, no cumplen nuestras expectativas, porque en poco nos benefician al ser una comunidad autónoma cumplidora. A pesar de ello, estábamos hablando de una medida de ámbito nacional que sí que puede beneficiar a otras comunidades autónomas, por eso desde Agrupación Socialista Gomera, si se hubiese llevado al Senado, hubiésemos votado a favor, porque lo que es necesario es que el próximo año tengamos unos buenos presupuestos para nuestra comunidad. Eso sí, no coincidimos en la vía de levantar la posibilidad del veto del Senado, porque es la cámara de representación territorial, y los objetivos presupuestarios afectan a todas las administraciones, desde las comunidades autónomas -como ya ha dicho la consejera-, cabildos y ayuntamientos, y por lo que no es útil el parar el control democrático y rebajar el nivel de exigencia en algo tan importante.
Cuando hablamos de objetivos de estabilidad y de regla de gasto y límites de déficit, en general, de lo que estamos hablando, que no sale aquí normalmente en el debate -porque ya damos por dado que esto es así- es de la pérdida de soberanía de los Estados y los pueblos. Y, entonces, estamos supeditando, hasta ahora, la deuda externa del país a los intereses de los bancos, en general, y supeditando los intereses de la ciudadanía, los intereses generales -que son los derechos en educación, en sanidad, en dependencia...- a esa deuda, y a pagarlo porque a ese acuerdo llegaron, precisamente, el 7 de septiembre de 2011, el Partido Popular y el Partido Socialista para modificar el 135; y de ahí nacieron esas ideas de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad presupuestaria o estabilidad presupuestaria, y nosotros pasamos por no aceptar, de entrada, esas ideas.
Por eso, desde que entramos en el Parlamento español, nos planteamos, en 2017, por ejemplo, el que a los ayuntamientos que estuvieran saneados se les pudiera plantear que pudieran hacer inversiones del superávit que tenían, como pasaba en el caso de Madrid; y sin embargo, se castigó, se castigó en ese momento. En estos momentos estamos planteando, junto con el PSOE, junto con Compromís, y con otros más una modificación de esa ley de sostenibilidad financiera, y a su vez para que desde el Senado no se pueda vetar esa posibilidad, con lo cual sería lectura única de la propuesta que estamos haciendo. Esperamos que Coalición Canaria, en ese momento, también lo apoye, porque en eso nos van los intereses de los canarios, en cuanto a poder utilizar superávit, en cuanto a poder utilizar otras cuestiones en la modificación de la ley de sostenibilidad financiera.
Ustedes, en 2016, quisieron ser los primeros en recortar, en no mejorar lo público y en cumplir con los mandatos que desde Madrid y desde Europa venían. Hubo superávit en ese momento. Y fueron ineficaces, además, no gastando, aunque no tenga que ver con el techo de gasto o con otras cuestiones. Sin embargo, cuando escuchamos este año, en julio, a la Audiencia de Cuentas con su informe, vimos que habían sido ineficaces, incluso, en gastarse los dineros que se referían a empleo, a sanidad, a vivienda. Que después los puedan deslizar hasta el año siguiente del presupuesto y ponerlos en gastos corrientes. Y están lanzando ante la sociedad canaria una idea de que no se puede gastar en gastos sociales este superávit que tienen. Ustedes saben que sí lo pueden gastar, pueden gastar una parte de él, lo pueden gastar en gastos sociales, otra cosa es que no se pueda utilizar en gastos corrientes, pero sí para utilizar para hacer beneficios a la sociedad, en educación pero sí para utilizar para hacer beneficios a la sociedad en educación, en sanidad... Sí, efectivamente, pueden hacer infraestructuras que puedan durar en presupuestos plurianuales, etcétera.
Por tanto, nosotros seguimos exigiendo que antes que los gastos extraordinarios, esos a los que se les permite plantear que sean solo dedicados para momentos de catástrofes o para cubrir necesidades financieras lo que nosotros planteamos es que ese superávit pueda estar, primero, en las personas y las necesidades sociales antes que las otras cuestiones.
Por tanto, esperamos que esa proposición de ley que hemos planteado en el Parlamento también el apoyo de Coalición Canaria. Y vamos a exigir exigiendo que este superávit se pueda dedicar a bienes sociales en Canarias, en servicios sociales.
El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señorías. Señora consejera.
Esta situación ya se veía venir desde la moción de censura al presidente Rajoy. Nuestros temores no eran infundados, se han cumplido los peores presagios para Canarias. El Gobierno de Sánchez, una vez más, demuestra que no tiene plan; bueno, que sí lo tiene, pero no lo tiene para Canarias. Su única preocupación era y es mantener el sillón de presidente del Gobierno y para ello tiene que contentar a los independentistas y a Podemos, que son quienes lo uparon a la presidencia, y su único objetivo es acceder al sillón, sin importarle las consecuencias que ello pueda tener para el resto con sus decisiones.
En esta Cámara hay fuerzas políticas responsables de esta situación, PSOE y Podemos, por descontado, pero también Nueva Canarias, con su voto. Tampoco escapa de mi crítica Coalición Canaria recordándole la tibia posición que tuvo en el Congreso con su abstención.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señorías, guarden silencio, por favor, respeten al que está al uso de la palabra.
Señor Estalella, cuando quiera.
El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Ha vuelto a aparecer el PSOE en la vida de la administración Clavijo, quién sabe si esta es la penitencia que han de pagar por aquella abstención.
Tuvo Coalición Canaria al PSOE como socio de Gobierno durante dos años y aquello terminó, como todos sabemos, tirándose los trastos a la cabeza, ahora se encuentran, otra vez, en esta ocasión, no como compañero de trabajo, sino tenedor de un poder extraordinario y decisivo sobre las finanzas de Canarias, y con el que tiene que negociar. Mal asunto, señora consejera.
Hoy hemos sabido que el presidente Clavijo le han dado cita para el 22 de octubre; aquí podríamos decir aquello de que le han dado el Gobierno de su misma medicina, sufre usted ahora la lista de espera.
No me negará, señora consejera, que la cosa ha empeorado y lo ha hecho porque tenemos un Gobierno de España insensible con aquellas comunidades cumplidoras con los objetivos establecidos, como lo es Canarias y sus instituciones públicas, en su conjunto.
Desde luego, tiene usted una tarea harto complicada que esperamos y deseamos llegue a buen fin, porque es absolutamente necesario que el superávit de 598 millones se pueda utilizar, en Canarias, para solucionar nuestros problemas en sanidad, dependencia, educación, en definitiva, los problemas de las personas.
Durante estos años todos hemos hecho grandes esfuerzos, desde las familias hasta las instituciones, para cumplir con los objetivos que se le plantearon a Canarias. Es hora de que ese sacrificio se vea recomenzado y, desde luego, la única manera de hacerlo es permitiendo que pueda ser utilizado en Canarias el superávit, que los recursos de Canarias se queden en Canarias.
Nuestra posición es clara, los objetivos de déficit y la regla de gasto pueden y deben ser adaptados a las singularidades y circunstancias de cada comunidad. No pueden ser tratadas de igual manera las comunidades que cumplen y las que no, porque los problemas son distintos en cada territorio. Eso queremos nosotros, que se tengan en cuenta nuestra realidad y nuestras circunstancias. No se puede tratar a todo el mundo por igual, como digo, los problemas son muy distintos; y en nuestro caso, además, nos hemos ganado el derecho a utilizar nuestros recursos.
El Grupo Popular apoyará, en la medida de sus posibilidades, la adaptación de los objetivos de control presupuestario, y sería muy positivo que los grupos que sustentan al Gobierno de Sánchez dejaran de tener esa actitud un poco contemplativa y empujaran en el mismo sentido. Se juega Canarias mucho dinero en este envite.
Turno del Grupo Socialista, señor Álvaro.
El señor ÁLVARO LAVANDERA: Buenas tardes de nuevo, señorías. Señora consejera.
Mire, le voy a dar la razón, la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Partido Popular es del todo injusta, sobre todo su artículo 12, el que habla de la regla de gasto. Si es que tiene razón, tiene razón, aunque no haya negociado ninguna modificación, con ello, cuando pudo, cuando eran no relevantes pero alguien, pero, bueno, mire, el Partido Socialista no apoyó esa ley, no la apoyó. Y es ahora, además, cuando un Gobierno socialista ha iniciado el trámite de modificación de esa ley en el Congreso de los Diputados. Sin mayoría absoluta, pero con diálogo. Ese mismo diálogo que ustedes solo practican con el mismo Partido Popular que aprobó esa norma, parecen que estén casados. Miren, un trámite de modificación, además, que va a cumplir con todas las expectativas de su partido, que no es precisamente hace una norma más flexible y justa, sino me refiero a disponer de todos unos meses para seguir buscando ese enfrentamiento estéril con el Gobierno de España.
Miren, en realidad a ustedes lo único que les interesa es encontrar un culpable a su única responsabilidad, que es el mal gobierno que practican. En estas últimas semanas hemos sido espectadores de una serie de titulares -desde luego, agosto ha sido muy productivo-, hostiles todos hacia el Gobierno socialista, que lo que viene a decir es que tienen miedo a perder las elecciones, bueno, mejor dicho el poder porque las elecciones llevan mucho tiempo perdiéndolas, y sobre todo la comodidad de que se encuentran con el entreguismo del Partido Popular.
El Gobierno de Canarias ha reducido en estas semanas la identidad canaria y la supervivencia como destino turístico a tener una hora menos, ha entendido que el dictador de Franco debe seguir manteniendo a su grandeza y miente cuando habla de 600 millones del superávit que una mano invisible se va a llevar de Canarias para que se lo gasten los malvados independistas catalanes, socios electorales suyos, por cierto, porque, mire, ni nadie se los lleva ni son 600 millones de euros, son 368 millones de euros el superávit por encima de la regla de gasto que no tiene libre disposición, y, si no, léase la página cuatro del informe al que usted hizo referencia.
Mire, a este Gobierno, y en especial a su presidente y a su consejera de Hacienda, el gasto en servicios públicos fundamentales es lo que menos le importa. Ustedes disfrutan, disfrutan deteriorando los servicios públicos esenciales, para poder, así, privatizarlos y que alguien haga negocio con ellos. Es su forma de gobernar, y eso realmente es lo que nos indigna como socialistas y no que fabriquen los titulares que le hacen.
¿Le recuerdo que destinan 160 millones del Fdcan a engordar el superávit de ayuntamientos y cabildos, un superávit mayor incluso que el del Gobierno de Canarias?
Podría seguir poniendo muchos más ejemplos, señora consejera, pero no tendría tiempo. Pero pido que reflexione cómo se ha podido llegar al absurdo presupuestario, al absurdo de gestión, de ser la comunidad autónoma peor financiada de España y la más saneada; y eso es culpa de la ley injusta del Partido Popular y ahora del gobierno Sánchez.
No busque responsables fuera, señora consejera, piense en cuando mandó cerrar quirófanos con el cierre presupuestario o que se dejara de financiar el medicamento contra la hepatitis C o eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las grandes fortunas o dejar de recaudar 300 millones de euros de deuda ejecutiva o desgravar los partos en clínicas privadas a través del IRPF. Piense en eso.
Por eso le pedimos que planifique inversiones financieramente sostenibles mientras se hace el cambio, que son dos años para ejecutar, no uno. Cambió la normativa, el año pasado cambió la normativa. Es que para tener un cargo hay que tener cierta responsabilidad.
Mire, en su mano tiene varias fórmulas para liberar presupuesto de inversiones financieramente sostenibles que podría destinar a los servicios públicos esenciales, céntrese en eso...
Turno de uno de los grupos proponentes, del Grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez.
Sé que estamos ante un debate que tiene su complejidad técnica, que es árido pero que es determinante, hasta el punto, como decía en mi anterior intervención, la situación política española está atravesada por cómo se resuelva la senda de estabilidad, que no es lo determinante, pero, sobre todo, si hay o no ley de presupuestos para el año 2019.
Luego diré la posición que defendemos nosotros ahora y antes, pero sí quiero recordar al partido del Gobierno que muchas de las cosas que ahora enfatiza no son nuevas. Vamos a ver, que los ayuntamientos de Canarias y también del resto de España han tenido un superávit en los últimos cinco años es una evidencia, sin embargo, el Gobierno de Canarias, Coalición Canarias, no ha puesto el énfasis que pone ahora en favor de los 1000 millones de superávit de los ayuntamientos, pero es que lo tuvieron el año pasado, el anterior y el anterior.
Nosotros estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que hay que buscar una fórmula para liberar esos recursos, para destinarlos a las competencias de las administraciones para tirar de la demanda para recuperar el recorte y la austeridad que tanto daño hizo. Estamos de acuerdo, pero no es nuevo. Ahora, de aquí atrás todo ha sido perfecto y de aquí todo es malísimo: oiga, no. Cosas malas antes y ahora, y cosas buenas antes y también ahora.
Segunda consideración. Algunos dijimos en esta tribuna durante años que en esta comunidad sobrecumplíamos el déficit. Cuando había capacidad para hacer gasto público en esta comunidad no se hacía a costa de los servicios públicos, y no se consolidó gasto y, por lo tanto, tampoco gasto computable en los años posteriores. Y no es razonable quien tiene más pobreza, que tiene peores servicios, que tiene peores infraestructuras, presuma de no tener ningún problema financiero. Eso es para los ricos. Pero eso lo he denunciado yo aquí en la pasada legislatura y en esta de forma reiterada, y está todo escrito, todo grabado.
Y los que apoyaron el 135, que es la madre de todas las batallas de la austeridad y de los recortes, fueron los que dieron cobertura a la ley del año 2012 del Partido Popular, de sostenibilidad financiera, que ha hecho el daño que ha hecho; y que además introdujo un elemento que nadie discutió, porque la mayoría del PP era clara entonces en el Congreso y en Senado, y es el veto del Senado, al que luego me referiré. Que dicen los expertos que es anticonstitucional, que no es preciso no, es que el ordenamiento jurídico español, la Constitución española, en las iniciativas de leyes de presupuestos da preponderancia al Gobierno y, en todo caso, toman las decisiones la primera Cámara, la Cámara de representación popular, el Congreso y no el Senado. De manera que hay expertos -miro para el secretario, porque de esto entiende-, hay expertos en derecho constitucional y en derecho administrativo que sostienen que ese apartado de la Ley de Estabilidad es manifiestamente anticonstitucional. Es más, dicen que el Gobierno puede tirar hacia adelante con el proyecto de ley de presupuestos, si tiene mayoría, sin necesidad de la senda de estabilidad, y menos sometiéndose al veto del Senado. Pero bueno, eso es un tema jurídico complejo.
Pero a lo que voy es: sobre cumplimiento del déficit durante mucho tiempo, ahora algunos están preocupados por la descapitalización de los servicios públicos, pero se olvidan que el año 2016 recibimos 160 millones del antiguo IGTE, que algunos defendimos que fueran a ayudar a los servicios públicos descapitalizados, y entonces decían que eso era gasto improductivo y que tenían que gastárselo en la diversificación económica, en el crecimiento y en el cambio del modelo productivo. Por cierto, poco de eso: farolas, aceras... y asfalto -en todos sitios-.
Pero esa es la realidad. Entonces los servicios públicos no eran prioritarios, que estaban más descapitalizados que ahora. Entonces los servicios públicos era gasto improductivo y que lo que había que apostar era por la inversión. Digo esto porque esto es así.
Y durante esos años de restricciones, de disponibilidad de recursos para atender a los servicios, aquí se han dedicado a hacer rebajas fiscales oportunistas. La última, este año. Y la siguiente el año que viene seguro con el apoyo del PP, y si no al tiempo.
Por lo tanto, esas cosas hay que ponerlas en su lugar, porque no vaya a parecer que se nos olvidó lo que hemos hecho y los comportamientos de cada cual. Aquí cada uno tiene las responsabilidades que tiene.
Ahora bien, ¿qué creo yo, y es la propuesta que defiende Nueva Canarias, debemos hacer?, mire usted, estamos en un ciclo de crecimiento económico, razonablemente sostenible ya, casi cuatro años. La regla la Ley de Estabilidad tuvo sentido para los conservadores y liberales en el momento de la recesión, parece tener menos sentido cuando el crecimiento económico es sostenible. Parece poco razonable que los ayuntamientos, corporaciones locales de España, tengan 30 000 millones de superávit, no en un año ni en dos, en cuatro o en cinco. Parece poco razonable. Empieza a lastrar el crecimiento de la economía la aplicación estricta de una regla que se pensó para arrasar el gasto público, para contener el crecimiento, para garantizar los recortes.
Y yo me pregunto, ¿no parece razonable ahora que hay un Gobierno de izquierda y que se cambie la Ley de Estabilidad no solo para quitar el veto del Senado sino también para modificar el artículo 12 y 16? Pero no está así en el proyecto presentado. Ya les adelanto que el que les habla en nombre de su partido anuncia hoy aquí que presentaremos enmiendas para que la Ley de Estabilidad se modifique, no en el asunto del veto, que por supuesto, sino en lo sustancial. Pero no está. El proyecto de ley que se tramita por la vía de urgencia, y que ha sido frenado por los partidos conservadores en la Mesa del Congreso, solo se dedica a levantar el veto del Congreso, pero no va al cambio de la ley, que es fundamental. Nosotros creemos que toca modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para adaptarla a la nueva situación de la economía y también para diferenciar de forma solidaria las administraciones con superávit de las que tienen dificultades para avanzar. Y eso es lo que habría que hacer.
Por eso nosotros decimos: oiga, la senda de estabilidad que ha propuesto el Gobierno de España y se ha pactado con la Comisión Europea tiene elementos positivos. Hagamos piña en modificar la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, eliminamos y levantamos el veto del Senado, por supuesto, pero modificamos el artículo 12 y esa estricta aplicación de la regla de gasto.
Cabría también, la vía jurídica, compleja, pero ya la pusimos en práctica el año 2018, una modificación de la ley de presupuestos haciendo salvedades a la aplicación de la Ley de Estabilidad. Lo hicimos en la disposición transitoria 116, que permite las inversiones financieramente sostenibles. Porque se modifica el artículo 32 y se dice: oiga, para las comunidades que cumplan esto, no todo el superávit va a amortizar deuda.
De manera que la primera condición para que la Ley de Estabilidad y por tanto la regla de gasto se modifique es cambiar la ley. Ahora hay una oportunidad.
Yo creo que habrá dificultades para tener mayoría para la ley presupuestaria, pero creo que hay menos dificultades para cambiar la Ley de Estabilidad. Y por eso nosotros al proyecto de ley, si se toma en consideración la próxima semana en las Cortes Generales, le vamos a presentar una enmienda al proyecto de ley de Podemos y del PSOE, para que se modifique la Ley de Estabilidad.
Es sorprendente que los partidos que hablaban de modificar la ley, tengan ahora la oportunidad de iniciar un cambio, y se limiten a levantar el veto del Senado. Es sorprendente. No sé quién cedió. Pero eso es así.
¿Qué nos interesaría? Claro que es razonable que comunidades como la nuestra, con superávit, lo puedan aplicar a gasto competencial, pero lo más importante de esto son los ayuntamientos y los cabildos. Si el año 2018, en la previsión del superávit tenemos 368 millones, los ayuntamientos y cabildos pueden tener 800. Es decir, tres veces más. Sin embargo, no tienen el énfasis que pone el Gobierno en esta materia ahora, porque antes el énfasis no era tan importante. Nosotros lo que decimos es, y además, digo lo siguiente: la correlación de fuerzas en las cortes generales, en estos momentos, es la que es. Y les digo más: si la Federación Española de Municipios y Provincias, que agrupa a las corporaciones locales españolas, no impone la aplicación del superávit para gasto competencial más allá de las inversiones financieramente sostenibles, yo sostengo que las comunidades autónomas no lo vamos a conseguir. Y si no, al tiempo.
O logramos engancharnos nosotros ahora a la FEMP, porque la FEMP representa a todo el arco parlamentario de verdad, o nosotros no vamos a tener autorización para que el superávit se aplique a gasto competencial, a las competencias de la comunidad, a la sanidad y el largo etcétera.
De manera que a nosotros lo que nos parece es que ahora tocaría apoyar al Gobierno en la senda de estabilidad, modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir adaptarla al nuevo ciclo económico, y defender que las instituciones con equilibrio presupuestario y con superávit lo puedan aplicar a sus competencias, porque la situación económica ha cambiado. Cuando la autoridad fiscal independiente, que es conservadora en el terreno de las ideas y de la interpretación de la cosa pública y la economía, empieza a decir que esta regla de gasto público lastra el crecimiento de la economía, por algo será. Y parece razonable que los partidos de izquierda, que ahora tienen iniciativa en las cortes generales, sean los que encabecen lo que un conservador, lo digo respetuosamente, como el presidente de la autoridad fiscal independiente, plantea.
Toca en este momento, señor presidente... (La Presidencia concede tiempo adicional) de crecimiento económico razonablemente sostenible, en este momento, donde prácticamente todas las corporaciones locales españolas tienen superávit, donde hay tres, cuatro, cinco comunidades que pueden tener superávit, cambiar las reglas, cuatro, pero habrá otras que se incorporen, se incorporarán nuevas comunidades y, por lo tanto, que esos recursos se puedan aplicar, porque es de justicia, y porque además es bueno para la recuperación de la economía, para la recuperación de la demanda, para la recuperación de los servicios públicos y de las infraestructuras.
No es razonable tener esos dineros ociosos, o solo amortizando deuda, cuando la economía española precisa de un cambio, porque cambió la situación económica, y es lo que nosotros defendemos. Por lo tanto, Nueva Canarias defenderá, aquí y allá, el cambio de la Ley de Estabilidad para dar posibilidades a una nueva etapa que acabe con los recortes, con la austeridad, que tanto daño hizo, sin demagogia.
Turno del otro grupo solicitante, el Grupo Nacionalista, señora Luis.
Señora consejera, es indudable, como usted ha señalado, que las consecuencias serían muy negativas para nuestra comunidad autónoma, tanto para el Gobierno de Canarias como, sobre todo, para las administraciones locales canarias, si se aprueban los objetivos de estabilidad presupuestaria para el próximo trienio, tal como propone el Gobierno de España, sin que venga acompañada de la modificación de la regla de gasto territorializada individualizada. La verdad es que la propuesta del Gobierno de España flexibiliza, como bien se ha dicho aquí, el límite de déficit en dos décimas para el año 2019 y una décima para el 2020, pero lo que realmente se necesita, lo que realmente se necesita, lo que se está reivindicando, es la modificación de la regla de gasto, que permita consolidar nuevo gasto, que permita consolidar nuevo gasto.
Y es cierto, si se aprueba la senda de estabilidad tal cual está ahora, lo que realmente se está aprobando son dos décimas para las comunidades incumplidoras, pero no dos décimas para las comunidades cumplidoras, porque ya tienen su techo.
Nos han confirmado que el Gobierno de Canarias ha presentado al Gobierno del señor Sánchez una propuesta firme que incorpora una fórmula que permita adaptar la regla de gasto a la realidad de cada administración sin necesidad de cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que nos permita aplicar el superávit a nuestros presupuestos para consolidar nuevo gasto destinado a mejorar la vida de las personas y a paliar las dificultades que tienen muchas familias, que es lo que la realidad social de Canarias nos está demandando a todos y a todas. A las administraciones públicas canarias, a los grupos políticos representados en esta Cámara, pero también al Gobierno de España.
Sin embargo, usted no lo ha dicho hoy, pero sabemos que el Gobierno de España ni siquiera ha contestado a esa propuesta. Esperemos que esto no sea la confirmación de la voluntad de diálogo del Gobierno del señor Sánchez, en este y otros asuntos. Prefiero ser un poco optimista y pensar que se está estudiando la propuesta, aunque la propuesta de ley que se está intentando sacar junto con Podemos precisamente no nos invita al optimismo.
Le preguntábamos sobre las consecuencias que tendría para esta comunidad autónoma y sus administraciones que finalmente no se modifique la regla de gasto y se apruebe la senda de estabilidad para los próximos tres años, tal como propone el Gobierno de España.
Usted ha hecho una previsión, cuantificando en un millón cuatrocientos mil euros del Gobierno de Canarias, pero sobre todo de los cabildos y del conjunto de los ayuntamientos canarios, la cantidad que el Gobierno de España impediría gastar y destinar a reformar y mejorar definitivamente nuestros servicios básicos y fundamentales. Imagínense, señorías, podríamos consolidar nuevo gasto para afrontar con garantías la dependencia, la lista de espera sanitaria, el empleo, la educación... Los municipios podrían reforzar los servicios municipales que son la puerta de entrada a los problemas de nuestra gente. Lo que necesitan los municipios, igual que la administración autonómica, igual que los cabildos es, por ejemplo, contratar personal después de tantos años aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Estamos en la ponencia de servicios sociales trabajando para diseñar y poner en marcha un potente servicio, un potente sistema de servicios sociales que sea garantista, que sea universal, que tenga derechos subjetivos de (ininteligible) y que necesita una inyección de recursos muy significativa. Piensen en lo que se sería, en lo que significaría tener la posibilidad de consolidar nuestro gasto, y estamos hablando, señorías, por las previsiones que no ha hecho la señora consejera, de cantidades muy importantes.
Señora consejera, desde luego, si la intención del Gobierno de España es no acometer la modificación de la regla de gasto, con el objetivo de destinar el esfuerzo y el ahorro de las comunidades autónomas cumplidoras, para compensar el déficit de las autonomías incumplidoras y de la propia Administración General del Estado y la Seguridad Social, si eso es así, y la verdad es que las circunstancias no nos invitan a pensar precisamente en lo contrario, desde mi punto de vista, este Parlamento y todos sus grupos, sin excepción, deberíamos tomar un acuerdo unánime en contra de esta decisión, exigiendo al Gobierno de España, sea del signo político que sea, que da igual, que respete y compense el esfuerzo que ha realizado esta comunidad, esta tierra durante todos estos años terribles de crisis, los ayuntamientos, los cabildos, el propio Gobierno... pero, sobre todo, el esfuerzo que han tenido que hacer las familias de todas y cada una de las islas, ajustándose, señorías, el cinturón hasta en lo más básico.
Una decisión en sentido contrario a mí no me cabe ninguna duda, señorías, de que la gente de esta tierra no lo entendería. No entendería que sus legítimos representantes no se unieran y levantaran la voz, por encima de cualquier otro motivo, para luchar contra esta injusticia para defender sus legítimos intereses.
Por otro lado, decíamos en nuestra primera intervención que, hasta ahora, este acuerdo del Gobierno de España no ha salido adelante porque, bueno, lo ha rechazado el Congreso por amplia mayoría, eso, además de la capacidad de veto que puede ejercer en la Cámara Baja, y nos preguntábamos si esta circunstancia puede ayudar a forzar acuerdos, señora consejera, y que finalmente el Gobierno de España comprenda que la modificación de la regla de gasto es una cuestión de justicia y necesidad. Entendemos que esto es una cuestión de voluntad política, evidentemente, pero también es verdad que si no se llegara a un acuerdo, y tampoco es posible recabar los apoyos necesarios, la situación puede volverse insostenible porque, tanto las comunidades autónomas, como el propio Gobierno de España, debe acometer la elaboración de los presupuestos del próximo año. Suponemos, señora consejera, que su intención es comenzar a elaborar los presupuestos del 2019 sean cuales sean las circunstancias, pero no cabe duda de que, si no dispone de un marco de estabilidad presupuestaria clara, las dificultades serán muchísimas.
Por otro lado, como bien usted ha señalado, si no se modifica la regla de gasto para las comunidades autónomas cumplidoras, tal y como estamos solicitando, los superávits presupuestarios y, es decir, los ahorros de las administraciones canarias, y siempre que se mantenga en vigor la disposición adicional, se tendrían que destinar a pagarle a los bancos pero, sobre todo, a las inversiones financieramente sostenibles. Y no cabe duda de que son muchas las dificultades que están teniendo las comunidades autónomas y las administraciones locales para poder ejecutarlas. Por tanto, no se nos permitiría consolidar gasto, pero es que además hay dificultades para ejecutar las inversiones. Usted ha dado algún ejemplo en relación a las dificultades de las administraciones canarias, pero es que las entidades locales canarias tenían posibilidad de gastar 3270 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles y solo pudieron hacerlo con 899 millones, es decir, que realmente las dificultades son reales.
No quiero terminar, señorías, sin antes hacer una reflexión. El Grupo Socialista defiende ahora la senda de estabilidad presupuestaria que presenta el Gobierno de España, que no es otra cosa que la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la disposición adicional que se ha contemplado en los presupuestos. Y nos dice usted que el artículo 12 es muy injusto y que la ley es muy injusta, pero, sin embargo, presentan ustedes una proposición de ley para saltarse el veto de la mayoría del PP, y lo hace sin modificar el artículo 12; por lo tanto, entendemos que está usted a favor de aplicar en estos tres años que vienen la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y me sorprende muchísimo que sea el Partido Socialista precisamente el que venga a proponernos eso, que destinemos nuestros ahorros, y por consiguiente también lo de los ayuntamientos y cabildos, para pagar la deuda a los bancos y a las inversiones financieramente sostenibles, renunciando a la reivindicación de esta comunidad autónoma, aunque el señor Rodríguez dice que no es de la comunidad autónoma, pero no me cabe duda que ayuntamientos, cabildos y Gobierno lo están reivindicando, que el Gobierno de España modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su artículo 12.
Señorías del Partido Socialista: ¿cuántas veces les hemos escuchado aquí decir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria es una ley restrictiva, que es una ley que ha sido determinante en la pérdida de los derechos sociales que han sufrido las familias en España y en Canarias?, ¿cuántas veces les hemos escuchado denunciar la situación de pobreza en Canarias y exigir recursos para luchar contra esta situación?, ¿cuántas veces han exigido recursos -esta mañana mismo, señor Marcos- para la atención temprana, para la educación de 0 a 3 años, para la implantación efectiva de la ley de dependencia, para contratar especialistas sanitarios en todas las islas, para el 5 % de Educación...? Y así, un montón de cuestiones. Y ahora, en vez de aprovechar la oportunidad que tenemos de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, nos dicen que no, que aceptemos la senda de estos tres años de estabilidad presupuestaria con esos condicionantes.
Señor Rodríguez, no es una cuestión nueva que Coalición Canaria defienda la modificación de la regla de gasto. Yo no sé ni cuántas veces he escuchado al presidente del Gobierno, a la consejera de Hacienda, exigir, con el PP y con el PSOE, que se modifique ya de una vez por todas la regla de gasto, no sé ni cuántas veces. En abril debatimos una PNL presentada por nuestro grupo, y aprobada por esta Cámara precisamente en este sentido, por tanto no es nuevo ni es demagógico, es la realidad. Lo exigíamos antes y lo seguimos exigiendo, porque es una cuestión de justicia, señor Rodríguez.
Y al Grupo Podemos: ustedes siempre están en esta Cámara exigiendo el refuerzo de los servicios públicos, porque no aprovechan esta oportunidad para hacerlo efectivo, para que realmente los ahorros de todas las administraciones canarias, no solo del Gobierno de Canarias, vaya a consolidar servicios, a reforzar servicios públicos. Aprovechen la oportunidad. Les han apoyado una ley que quiere hacer en el Partido Socialista y no modifican el artículo 12 que es lo más importante para que se pueda conseguir.
Señorías, en definitiva creo que es una oportunidad de esta Cámara para, entre todos, ir de la mano y exigir, de verdad, esta cuestión porque otras veces nos hemos puesto de acuerdo en temas fundamentales, y este, este, es un tema fundamental para Canarias.
Turno para cerrar, del Gobierno, de la señora consejera de Hacienda.
La señora CONSEJERA DE HACIENDA (Dávila Mamely): Gracias, señor presidente, señorías.
Trataré de convencerles en mi intervención para, como ha terminado la señora Luis, de esta Cámara pueda salir una posición única para conseguir lo que, entiendo, que estamos prácticamente todos de acuerdo.
Lo ha dicho la señora Mendoza, coincido con ella en que la Ley de Estabilidad ha restado capacidad al conjunto de las administraciones locales y que también, señorías, es una oportunidad perdida que el Partido Socialista y Podemos se hayan puesto de acuerdo para restar capacidad democrática a una Cámara representativa como es el Senado. Porque, se han puesto de acuerdo única y exclusivamente para eso. Han decidido modificar la Ley de Estabilidad para saltarse la representación legítima elegida por los ciudadanos que decidieron, en su momento, darle mayoría al Partido Popular, y me gustaría verlos, señores de Podemos y señores socialistas, qué dirían ustedes si el Partido Popular intentara modificar una ley para saltarse una Cámara donde tuvieran ustedes mayoría. Lo tacharían de golpe de Estado.
Miren, señorías, nosotros vamos a presentar una enmienda, como ha anunciado también Nueva Canarias, y apoyaremos la modificación de la Ley de Estabilidad siempre y cuando mantengan la coherencia de lo que han defendido históricamente. Compórtense como el bloque de izquierdas que dicen ser; compórtense y defiendan los servicios públicos; compórtense y defiendan las necesidades básicas de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas, el conjunto de la ciudadanía española y de Canarias.
Le voy a dar un dato, señor Marrero, porque ahora creo que no se le debe olvidar que está usted casi en tareas de gobierno, casi en tareas de gobierno. Le corresponde a usted, y al Partido Socialista, modificar la ley que tanto critica. Y lo que ha hecho su grupo es presentar una enmienda para saltarse el veto del Senado. Yo les invito a todos los grupos que consigamos modificar la Ley de Estabilidad en el artículo 12 para que efectivamente si el Gobierno de España, que, ahora, nosotros defendemos que no es necesaria esa modificación. Defendemos que si se convoca un Consejo de Política Fiscal y Financiera, y hay una propuesta concreta para individualizar la regla de gasto, no es necesario que esté recogido en la Ley de Estabilidad.
Pero si ustedes entienden, señores que están ahora en el Gobierno, y me refiero tanto al Partido Socialista como a Podemos, porque es quien ha firmado suscrito la modificación de estabilidad, que introduzcan una enmienda, que presenten una enmienda para modificar el artículo 12, y que, por fin, las administraciones locales puedan disponer de los recursos.
Mire, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, supongo que no entenderá que la señora Carmena es la defensora ni la campeona del superávit o la campeona del cumplimiento. Mire, señor Marrero, señores de Podemos, la señora Carmena, de Podemos, tiene un superávit en el Ayuntamiento de Madrid de 1120 millones de euros, 1120 millones... Les parece bien, ¿no? Pues si les parece tan bien, señorías, debería ser para los ciudadanos y para los vecinos de Madrid. Por eso comprométanse, aquí, a modificar la Ley de Estabilidad, no en el artículo 15, en el artículo 12, en el que permite... No es lo que ustedes han firmado. Coherencia, señores de Podemos, coherencia, coherencia. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Y ustedes, señores de Podemos, lo que quieren es dar trigo solo al señor Sánchez.
Mire, señor Marrero, esta comunidad autónoma en el 2016 no tuvo superávit, tuvo un déficit del -0,3. Eso no es superávit, tuvo déficit. Y estaba limitado por la regla de gasto. Y mire, señor Estalella, nosotros vamos a negociar con todos los partidos, y vamos a trabajar con el Gobierno de España. Nuestra propuesta ha sido en positivo. Hemos trasladado un informe a la ministra Montero y hemos hablado con ella. Y nos hemos reunido para que pueda absorber esta modificación.
Pero, como decía, cuando la señora Montero se ha encontrado que con los recursos de los ciudadanos, de los vecinos, de las corporaciones locales, le cuadran las cuentas, es cuando -escuchen señores del Partido Socialista y de Podemos-, es cuando la señora Montero, la ministra de Hacienda, no ha querido modificar la Ley de Estabilidad, es cuando se ha dado cuenta que con esos 7000 millones con esos 30 000 millones cuadraba la desviación del Estado. Y yo lo que les pido es que de verdad mantengamos la coherencia en lo que defendíamos cuando estaban en la oposición y ahora que están en tareas de gobierno y de acompañantes del Gobierno.
Mire, señor Lavandera, entiendo que es una oportunidad perdida. Nosotros le hemos tendido la mano al Partido Socialista para trabajar conjuntamente en la modificación de... flexibilizar la regla de gasto sin tener la necesidad de modificar la Ley de Estabilidad. Pero una vez que su partido y Podemos han registrado esa modificación para saltar el veto del Senado, en ese momento, entiendo, en el que apoyarán la enmienda que vamos a presentar -Coalición Canaria-, para que la regla de gasto se flexibilice y aquellas administraciones públicas que están saneadas puedan volcarlo en los servicios esenciales en las prioridades de los ayuntamientos en sus competencias, en aquello sobre todo que tiene que ver con los servicios públicos.
Y, como le decía, mire, señor Lavandera, voy a pasar por alto su demagogia barata, porque, ¿sabe una cosa?, creo que quien a devalúa es a usted. Nosotros no tenemos ningún enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros estamos reivindicando lo mismo que reivindicábamos con el anterior Gobierno. Estamos trabajando estrechamente con los ministerios y ayudándolos, a un Gobierno que acaba de llegar y que no tiene estructura, que tiene muchísimas dificultades, para que cumpla con el conjunto de los españoles y también con Canarias, para facilitar la tramitación de los convenios, para que tengan toda la ayuda para que, efectivamente, la agenda canaria, con la que su Gobierno se comprometió con esta tierra, efectivamente, llegue a Canarias. Y uno de los compromisos importantes con el conjunto de los ciudadanos españoles es cumplir con lo que ustedes solicitaban en diciembre de 2017, que efectivamente se flexibilice la regla de gasto. Y no a través de inversiones financieramente sostenibles. Porque voy a aclarar que, efectivamente, no es una manera de financiarse.
¿De qué sirve?, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿de qué sirve poder adquirir cien resonancias magnéticas, si no hay médicos para atenderla, para hacer el diagnóstico? Señor Lavandera, ¿de qué sirve comprar 100 resonancias magnéticas? Eso es un expediente muy sencillo. Pero eso no es una manera de financiarse, de planificar, de mirar hacia adelante, de reactivar la economía. No podemos permitir que haya tanto dinero parado en los bancos. Y, desde luego, no lo pueden permitir aquellos que dicen defender a los ciudadanos, a los servicios públicos y a lo que ustedes llaman bloque de izquierda. Por eso el bloque de derecha, o lo que ustedes entienden por bloque de derecha, nos movilizaremos para hacer la tarea que ustedes no están dispuestos a hacer.
9L/C-1909 Sobre De la Sra. Consejera de Hacienda, sobre las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera relativas al límite de déficit y regla de gasto.