Source: https://www.slideshare.net/LucianaAlvaZavaleta/lezama-laurencio-carlos-informe-d-internacionalp
Timestamp: 2017-08-22 23:48:08
Document Index: 18874305

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 46', 'artículo 184', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 295', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 176', 'artículo 183', 'artículo 46', 'artículo 245', 'artículo 25', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 77', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 176', 'artículo 8', 'artículo 183', 'artículo 176', 'artículo 8']

Lezama laurencio carlos informe .dº internacional.p
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Luciana Alva Zavaleta
1. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICASCURSO: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICOALUMNO: LEZAMA LAURENCIO CARLOSCICLO: XI TURNO: NOCHE 2012 1
2. INFORME Nº 1/95 CASO 11.006 PERU 7 de febrero de 1995 I. INTRODUCCIONEl 5 de abril de 1992 ; El Presidente Fujimori se dirigía al país, centenares desoldados y vehículos blindados se desplazaban por la ciudad de Lima a efectos detomar posición en el edificio del Congreso, el Palacio de Justicia, varios localessindicales y de partidos políticos. Asimismo, los Presidentes de ambas Cámaras delCongreso de la República, así como otros parlamentarios y dirigentes de partidospolíticos de la oposición, eran sometidos a arresto domiciliario. En el contexto de la situación descrita tuvieron lugar los acontecimientos quemotivaron la presente denuncia interpuesta por el ex-Presidente, Dr. Alan GarcíaPérez, por presuntas violaciones a derechos protegidos por la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, contra su persona, la de su esposa y la desus hijos. II. TRAMITE ANTE LA COMISION El 15 de abril de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanosrecibió una petición en la que se denunciaba que el 5 de abril de ese año tropas delEjército, por orden del General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, habían ingresadoviolentamente a la casa del ex-Presidente Alan García Pérez con la "orden superiorde detenerlo". os peticionarios denunciaban que en el asalto al domicilio del ex-Presidente habían tenido lugar otras violaciones a derechos humanos protegidospor la Convención Americana. Así, además de atentarse contra la vida y seguridadpersonal del Dr. Alan García Pérez, sus hijos menores de edad y su esposa habíansido incomunicados y mantenidos bajo arresto domiciliario y habían sido sustraídosun importante número de documentos privados de la familia. 2
3. La Comisión Interamericana, en el mismo día de recibida la petición, inició latramitación del caso, remitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno dePerú y le solicitó información adicional sobre los hechos denunciados, y en relacióna cualquier otro elemento de juicio que le permitiera apreciar si en el caso sehabían agotado los recursos de la jurisdicción interna. Mediante nota del 2 de junio de 1992, los peticionarios comunicaron a laComisión que el Gobierno de la República de Colombia había concedido asilopolítico al Dr. Alan García y que por tal razón había podido salir del país y ponersea salvo de la presunta persecución política de la que era objeto. Los peticionarios, en distintas presentaciones que tuvieron lugar entrediciembre de 1992 y octubre de 1993, remitieron a la Comisión informaciónadicional tendiente a sustentar sus argumentos en cuanto a la existencia deviolaciones de derechos humanos cometidas por el Estado peruano contra lapersona del ex-Presidente Alan García y su familia. III. HECHOS DENUNCIADOS De acuerdo a la información proporcionada por los peticionarios a la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, los hechos denunciados como violatorios dederechos protegidos por la Convención Americana serían los que se describen acontinuación: A. Acciones desarrolladas por tropas del Ejército tendientes a ladetención del Dr. Alan García En la noche del 5 de abril de 1992, tropas del Ejército, por orden del GeneralNicolás de Bari Hermoza Ríos, quien a su vez actuaba en cumplimiento de lodispuesto por el Presidente de la República y Jefe Supremo de las FuerzasArmadas, rodearon la casa del Dr. Alan García Pérez, con tanques de guerradotados de cañones, tanquetas y vehículos porta tropas artillados, desplazando 3
4. alrededor de la misma un centenar de soldados fuertemente armados.Seguidamente instaron a la "rendición y entrega del Dr. Alan García Pérez quien,por orden del Comando Conjunto, quedaba detenido". Durante los sucesos descritos, la esposa del Dr. Alan García Pérez seencontraba en el exterior. Al regresar a Lima los militares que permanecían en sudomicilio intentaron impedirle la entrada; sin embargo, y con el apoyo delEmbajador de Venezuela, pudo imponerse e ingresar a su hogar. Una vez en él,comprobó que su casa se encontraba ocupada por soldados y que sus hijosestaban confinados en sus habitaciones, privados de su libertad. Como resultado del allanamiento practicado por las tropas del Ejército, losmilitares se apropiaron ilícitamente de documentación privada de la familia García,tales como documentos identificatorios, pasaportes, títulos de propiedad,declaraciones de impuestos, correspondencia y toda la documentación original dela defensa legal del Dr. Alan García en el proceso instaurado en su contra por eldelito de enriquecimiento ilícito. Por otro lado, y sin la orden judicial correspondiente, el Ejército allanó lasoficinas del Instituto de la Deuda Externa, presidido por Alan García, causandodestrozos materiales y sustrayendo documentos de trabajo del mismo. Asimismo, lasecretaria privada del Dr. García fue detenida e incomunicada durante cinco díasen una dependencia del Servicio de Inteligencia del Ejército. En última instancia, el automóvil del diputado Jorge del Castillo fue severamentedañado y de su interior los militares se apoderaron de valiosa documentaciónrelativa a la defensa legal del Dr. Alan García. B. La situación del Poder Judicial con posterioridad a los hechos del5 de abril de 1992 Con posterioridad al 5 de abril de 1992, el Gobierno de Perú declaró enreorganización al Poder Judicial. Por este motivo, fueron destituídos de sus cargos,por decreto, los vocales de la Corte Suprema, los miembros del Tribunal de 4
5. Garantías Constitucionales y los miembros de los consejos nacionales y distritalesde la Magistratura. Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno fue la suspensión deldespacho judicial y del Ministerio Público por diez días hábiles, quedando sólo losjueces instructores y fiscales de turno. De este modo, la falta total de actividadjudicial dejó sin posibilidades a la ciudadanía de ejercer los recursos de amparo yhabeas corpus. efecto, el 12 de abril acudió al Palacio de Justicia acompañada de sus hijospero su ingreso fue impedido por las tropas del Ejército que rodeaban dicho lugar.La jueza del Juzgado de Instrucción de turno, con quien la Sra. García estableciócomunicación telefónica, ofreció salir a recibir el recurso; sin embargo, no cumpliócon su ofrecimiento. El 13 de abril la Sra. García volvió a presentarse al Palacio deJusticia y nuevamente fue detenida por las tropas del Ejército. El 14 de abril no sólose le prohibió su ingreso sino que la policía arrojó bombas lacrimógenas, obligandoa la Sra. García a retirarse. C. Denuncias penales instruídas contra el ex-Presidente Alan Garcíapor tenencia ilegal de armasEn este caso, el fundamento de la acción residía en el supuesto hallazgo de armasde fuego en el domicilio de Alan García la noche en la cual su casa fue asaltada portropas del Ejército. En esta ocasión, al igual que en el caso anterior, elallanamiento se llevó a cabo sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, encontradicción con lo establecido en la ley vigente. Posteriormente, la esposa del ex-Presidente García Pérez presentó laslicencias correspondientes a las armas de fuego que fueron incautadas por elEjército. Asimismo aclaró que habían sido incautados un antiguo fusil "Pukuna"obsequiado por el Comandante General del Ejército peruano y un fusil obsequiadopor el Gobierno de Nicaragua, en ambos casos cuando el Dr. Alan García Pérez eraPresidente de la República. Los mismos sin munición se encontraban colocados encartucheras, a la vista, en uno de los ambientes de la casa. 5
6. D. Causa por enriquecimiento ilícito Instaurado en el poder el nuevo Presidente constitucional, Ingeniero AlbertoFujimori, se inició una investigación parlamentaria en contra de Alan García y comoconsecuencia de ella sobrevino un proceso de Acusación Constitucional por elpresunto delito de enriquecimiento ilícito que concluyó el 19 de octubre de 1991 conla resolución senatorial Nº 1189-91, en la cual se declaró "ha lugar" . La Acusación Constitucional se fundaba en los siguientes hechos imputablesal ex-Presidente:a. desequilibrio patrimonial durante su función pública, al existir uncrecimiento no justificado de su patrimonio;b. indicios de un mayor desequilibrio entre sus ingresos y egresos enrazón de la posible existencia de cuentas bancarias en el exterior;c. indicios de participación directa en la decisión de colocación dereservas del Banco Central de Reserva del Perú en el BCCI, operación en lacual se habrían generado sobornos;d. indicios de participación directa en la reducción de la compra deaviones Mirage, según los contratos Júpiter I, II y III que podría estaraparejada con una operación de venta de los aviones fabricados para el Perúa favor de terceros, lo que habría generado beneficios personales al Dr.García. Recepcionada la denuncia por la Sala Penal de la Corte Suprema, se nombróVocal Supremo Instructor quien, luego de evaluar los términos de la misma yfundado en lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, emitióun auto denegatorio de apertura de instrucción y dispuso su archivo definitivo. Apelada la decisión del Vocal Supremo Instructor, la causa fue elevada alTribunal Correccional Especial de la Corte Suprema, el cual confirmó el autodenegatorio de apertura de instrucción. 6
7. Luego de la medidas adoptadas por el Presidente Fujimori a partir del 5 deabril de 1992, no sólo la mencionada causa fue reabierta sino que también se inicióuna nueva causa penal fundada en los puntos de la Acusación Constitucional quehabían sido desestimados oportunamente por el Fiscal de la Nación por no estartipificados por la legislación penal. En efecto, el 15 de julio de 1992 el Procurador Público designado por elPresidente Fujimori planteó ante la Sala Penal de la Corte Suprema un recurso denulidad de lo actuado por el Vocal Supremo Instructor, particularmente en relación ala denegatoria de apertura de instrucción contra el ex-Presidente Alan García. Formalizada la denuncia, la Fiscal Provisional de la Nación inició la acciónpenal correspondiente y, una vez nombrado el Vocal Supremo Instructor, éste dictóel 23 de septiembre de 1992 auto de apertura de instrucción en contra del Dr. AlanGarcía por el delito de enriquecimiento ilícito. E. Inmunidad parlamentaria y derecho a un Antejuicio Al término de su mandato como Presidente de la Nación, el 28 de julio de1990, el Dr. Alan García Pérez adquirió la condición de Senador Vitalicio deacuerdo a los términos de la Constitución de 1979. Mediante la Resolución Senatorial No. 1189-91 se aprobó la formación decausa contra el ex-Presidente y, en consecuencia, se decidió levantar su inmunidadparlamentaria a los efectos de que fuera procesado de acuerdo a lo prescrito por laley. Culminado el proceso de investigación judicial con la resolución definitiva dela Corte Suprema confirmando la denegatoria del auto de apertura de instrucción ensu contra, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores devolvió el fueroparlamentario al Dr. García mediante un oficio de fecha 20 de marzo de 1992. Deeste modo, el ex-Presidente recuperó su inmunidad parlamentaria y, con ella, todos 7
8. los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes peruanas a los SenadoresVitalicios.En la nueva acción penal presentada en contra del ex-Presidente por el delito deenriquecimiento ilícito, no se tramitó previamente una nueva AcusaciónConstitucional o Antejuicio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 183 y 184 dela Constitución de 1979, entonces vigente. IV. OBSERVACIONES DE LAS PARTES A. Posición del Gobierno 1. Agotamiento de los recursos internos El Gobierno del Perú alegó que los recursos internos judiciales no seencontraban agotados en el presente caso y que de este modo, de acuerdo a loestablecido en el artículo 46.1.a de la Convención, la petición debía declararseinadmisible. En relación a las otras violaciones alegadas, particularmente libertad personal,derecho a la intimidad y aquellas derivadas del presunto trámite ilegal de doscausas por tenencia ilegal de armas, el Gobierno no presentó observación alguna. 2. Cuestiones de fondo El Gobierno de Perú cuestionó los hechos denunciados por los peticionarios,señalando que no hubo disposición alguna de aprehender violentamente al Dr.García Pérez en la noche del 5 de abril de 1992. Por el contrario, la orden querecibieron las tropas del Ejército fue la de vigilar el domicilio del ex-mandatario conla finalidad de evitar la posible alteración del orden público. Asimismo, el Gobierno de Perú negó que hubiera existido una violación deldomicilio del ex-Presidente y que se hubiera mantenido incomunicados a los hijosmenores y a la esposa del Dr. Alan García por el término de cuatro días. En 8
9. relación a estos hechos indicó que "las fuerzas del orden permanecieron en lasinmediaciones con fines de proporcionar la seguridad necesaria al citado domicilio yevitar cualquier atentado, capaz de ser utilizado o magnificado en perjuicio de lasFuerzas del Orden o del orden establecido". El Gobierno de Perú argumentó que la Acusación Constitucional que finalizócon la Resolución Senatorial No. 1189-91 declarando "ha lugar" la formación de lacausa contra el ex-Presidente Alan García Pérez por la comisión del delito deenriquecimiento ilícito en agravio del Estado, señalaba y debidamente sustentaba lapresunta responsabilidad del ex-mandatario en relación a la existencia de cuentasbancarias en el exterior no justificadas; Sin embargo, remitida la AcusaciónConstitucional al Ministerio Público, el ex- Fiscal General de la Nación, Dr. PedroMéndez Jurado, no incluyó ninguno de los hechos descritos en la acción penalejercitada contra el ex-mandatario ante la Sala Penal de la Corte Suprema. De estemodo, el ex-Fiscal de la Nación omitió cumplir, en primer lugar, con el mandatoimperativo de "abrir juicio" contra Alan García, luego que el Senado declaró "halugar" la formación de causa (artículo 184 de la Constitución de 1979) y , ensegundo término, con la obligación del Fiscal de la Nación de "ejercitar ... lasacciones civiles y penales ... contra el Presidente de la República,. De acuerdo con los argumentos descritos, el Gobierno de Perú alegóque la acción penal ejercida por la Fiscal de la Nación contra el ex-Presidente AlanGarcía se encuentra fundada en los preceptos de la Constitución y de la LeyOrgánica del Ministerio Público, los que establecen un mandato imperativo deinterponer la acción penal contra un alto funcionario, en este caso un Senador, y deiniciar el trámite de instrucción cuando el Senado, luego de oír la acusación de laCámara de Diputados, declare "ha lugar" la formación de la causa en los términosprescritos por la ley. En relación a la cuestión de la cosa juzgada el Gobierno del Perú, mediantedictamen de la Fiscal General de la Nación, manifiestó que tal principio no se aplicaen este caso pues la cosa juzgada "surge de lo resuelto en juicio contradictorio anteun juez o tribunal por sentencia firme, [motivo] por [el] cual no se admite recurso,salvo el excepcionalísimo de revisión". Por lo tanto, el Gobierno planteó que los 9
10. elementos de la cosa juzgada son dos: la existencia de un proceso contradictorio yla culminación de tal proceso mediante una sentencia firme. B. Posición de los peticionarios 1. Agotamiento de los recursos internos Los peticionarios alegaron que la falta total de actividad judicial en los díasposteriores al 5 de abril de 1992 se tradujo en un impedimento real para acceder alos recursos de la jurisdicción interna. En efecto, los reclamantes denunciaron ensus presentaciones ante la Comisión que la esposa del Dr. Alan García Pérezintentó en varias oportunidades interponer un habeas corpus en favor del ex-mandatario. En última instancia, los peticionarios denunciaron en todas suspresentaciones que desde el 5 de abril de 1992 el Poder Judicial en Perú ha estadosujeto a una continua interferencia por parte de las decisiones del Ejecutivo, el cualno sólo ha sustituido jueces por medio de decretos sino también ha influido en lasdecisiones adoptadas por los tribunales. Los reclamantes reiteradamente hanseñalado que Perú ha omitido garantizar a las personas bajo su jurisdicción elderecho a ser oídas por un tribunal independiente e imparcial. Por las razones expuestas, solicitaron a la Comisión que en aplicación de lasexcepciones previstas en el artículo 46.2 en relación al agotamiento de los recursosinternos, declare la admisibilidad del caso y proceda a la consideración de lascuestiones de fondo. 2. Cuestiones de fondo En primer término los peticionarios resaltan que el Gobierno en sus distintaspresentaciones no niega los cargos de violaciones a derechos humanos cometidoscontra el ex-Presidente Alan García, su esposa e hijos. Por el contrario, justifica lasacciones del Ejército y luego se limita a discutir la existencia o no de cosa juzgada ydoble juzgamiento en las causas que se le siguen al ex-Presidente Alan GarcíaPérez por el delito de enriquecimiento ilícito. 10
11. La causa seguida contra el Dr. Alan García por el delito de enriquecimientoilícito finalizó con una resolución o auto del Vocal Supremo Instructor que decretó lano apertura de la instrucción por no encontrar mérito en los hechos denunciados nitipicidad en la legislación penal. Dicho auto fue confirmado por el TribunalCorreccional Especial de la Corte Suprema. Interpuesto contra dicha resolución unrecurso de nulidad, el mismo fue considerado improcedente; asimismo, presentadoun recurso de queja, éste fue declarado infundado por laPrimera Sala Penal de la Corte Suprema. Por los motivos expuestos, los reclamantesconsideran que dicho auto declarando la no apertura de la instrucción, ha pasado enautoridad de cosa juzgada. En última instancia, los peticionarios sostienen que la iniciación de un nuevojuicio contra el ex-mandatario sin haberse cumplido con el Antejuicio o AcusaciónConstitucional, de acuerdo a lo previsto por los artículos 183 y 184 de laConstitución de 1979, viola la garantía del juez natural, es decir la prohibición dedesviar la jurisdicción previamente establecida por la ley. V. CONSIDERACIONES GENERALES A. Competencia de la Comisión y requisitos formales de admisibilidad La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competente paraconocer del presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos enla Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 7, 8 , 11, y 19. El artículo 46.1.a. de la Convención establece que para que una petición ocomunicación presentada a la Comisión conforme a los artículos 44 o 45 de laConvención resulte admisible, es necesario que se hayan interpuesto y agotado losrecursos de la jurisdicción interna, según los principios del derecho internacionalgeneralmente reconocidos. 11
12. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que "la regladel previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver elproblema según su derecho [doméstico] antes de verse enfrentado a unprocedimiento internacional...". De este modo, la regla del agotamiento de los recursos internos presuponeque un Estado no sólo está obligado a ofrecer recursos judiciales efectivos sinotambién a garantizar que los mismos puedan sustanciarse con respeto de lasnormas del debido proceso. Esto es así pues la efectividad misma de los recursosdepende en gran medida de que en su tramitación se respeten las debidasgarantías. 1. Ineficacia de los recursos de la jurisdicción interna a. Imposibilidad de acceso a los recursos de la jurisdicción interna El Dr. García Pérez denunció a la Comisión que tropas del Ejército allanaron sudomicilio a los efectos de arrestarlo. A su juicio, estos hechos constituyeron unaamenaza a su derecho a la libertad personal en tanto no se cumplieron losprocedimientos constitucionales previstos para llevar a cabo su detención. Cuandosu esposa intentó en varias oportunidades interponer un habeas corpus en favor delex-mandatario, sus intentos se vieron frustrados por la presencia de tropas delEjército en el Palacio de Justicia, las cuales le impidieron ingresar al mismo omantener contacto con los magistrados de turno. La Convención asegura que en caso que exista una violación a uno de losderechos por ella protegidos, el Estado, en cuya jurisdicción la presuntatransgresión haya tenido lugar, tiene la obligación de garantizar a la víctima unrecurso sencillo y rápido que asegure la obtención de un remedio a su reclamo.[4] El derecho a la libertad personal es uno de los derechos consagrados por laConvención. El artículo 7 establece que nadie puede ser privado de su libertad,excepto en los casos expresamente previstos por la Constitución o en las leyesdictadas en conformidad con ella. A los efectos de cuestionar la legalidad de su 12
13. detención, toda persona privada de su libertad tiene derecho de recurrir a un juezpara que adopte una decisión al respecto. En el caso particular de Perú, el recurso rápido y efectivo contemplado por lalegislación para cuestionar la legalidad de una privación o la amenaza a la privaciónde la libertad personal es el habeas corpus. En efecto, el artículo 295 de laConstitución de Perú de 1979, establece que:La acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o personaque vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeascorpus... La obligación de garantizar el acceso a un recurso rápido y efectivono se limita a los períodos de estabilidad política sino que también resultaexigible en situaciones de emergencia. En efecto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 27.2 de la Convención,ambos recursos, es decir el amparo y el habeas corpus, son garantías judicialesindispensables cuyo ejercicio no está sujeto a suspensión ni aún en el caso deestados de excepción. Los argumentos hasta aquí expuestos llevan a la Comisión a considerar que alimpedir al Dr. García Pérez el acceso a un recurso sencillo y rápido a los efectos deevitar la vulneración de sus derechos, el Gobierno de Perú ha omitido cumplir conlas obligaciones impuestas por la Convención. b. Imposibilidad de agotar los recursos de la jurisdicción interna Transcurrido el plazo de suspensión y reiniciada la actividad judicial, losdenunciantes interpusieron distintos recursos tendientes a cuestionar la promociónde las dos acciones penales iniciadas contra el Dr. Alan García por la presuntacomisión de delitos de posesión, tenencia y uso ilegal de armas de fuego,municiones y material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la PolicíaNacional, en agravio del Estado. 13
14. La Fiscal encargada, Dra. Ana María Santiago, elevó el pedido en consulta ala Fiscal de la Nación, Dra. Blanca Nélida Colán Maguiño quien emitió un dictamencalificando los hechos como "delito común" y ordenó la promoción de ladenuncia. El fundamento de su dictamen se basó en el siguiente razonamiento:El reconocimiento de la obligación de observar el trámite de antejuicio, el Juezdeclaró improcedente la acción aplicando el artículo 16 de la ley 25398 según elcual "no procede la Acción de Habeas Corpus cuando el recurrente tieneinstrucción abierta o se halla sometido a juicio por los hechos que originan laacción de garantía". Vuelta la causa a primera instancia, el juez instructor dictó nuevasentencia el 29 de diciembre de 1992 declarando la improcedencia de la acción. Entérminos generales, la decisión se basó en los siguientes argumentos: 1. La reincorporación del Dr. Alan García fue adoptada por la MesaDirectiva de la Cámara de Senadores y no se publicó oficialmente. Si bien elreglamento interno del Senado de la Nación no establece un proceso para lareincorporación de un Senador que haya sido sujeto a antejuicio y acusaciónconstitucional, por analogía, debe aplicarse la norma de aquel que requiere lamayoría absoluta de los votos para declarar "ha lugar" la formación de causa yestablece la publicación de este resultado en el diario oficial. 2. En virtud del artículo 16 de la ley 23598, no procede la acción de habeascorpus cuando el recurrente tiene instrucción abierta o se halla sometido a juicio porlos hechos que originan la acción de garantía. Contra esta resolución el peticionario interpuso recurso de nulidad ante laCorte Suprema el que fue declarado improcedente... porque la persona a cuyo favor se ha planteado la acción de garantía, tieneinstrucción abierta y se halla sometida a juicio por los hechos que originan lamisma... 14
15. La Comisión considera que los recursos interpuestos por el Dr. Alan García enla jurisdicción interna, en la práctica, resultaron ineficaces. Como se ha descrito, el Dr. Alan García reclamó el cumplimiento del trámiteprocesal previsto por el artículo 176 de la Constitución de 1979, es decir, laautorización de la Cámara de Senadores para la iniciación de los procesosjudiciales en su contra. Tanto el juez que instruía los procesos como la SegundaSala Penal de Lima, en instancia de apelación, fundaron el rechazo de la cuestiónprevia en el hecho que la tenencia de armas, en los términos del artículo 183 de laConstitución de 1979, no era un delito de función. Esta conclusión fue confirmadapor la Corte Suprema al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por elpeticionario contra la decisión del a quo. La Comisión considera que la desestimación reiterada del recurso de habeascorpus por razones estrictamente procesales determinaron que, en la práctica, laacción de garantía prevista por la legislación interna para cuestionar, por medio deun recurso rápido, la inobservancia del trámite de antejuicio resultara ineficaz pararemediar la presunta violación de los derechos del Dr. Alan García. Esta conclusiónse ve asimismo confirmada por los razonamientos expuestos por el TribunalSuperior de Lima el que manifestó que en todo caso el derecho del peticionario sehubiese tornado de cumplimiento imposible por estar vigente la Ley de Bases delGobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que entre otras cosas disolvióel Congreso y suspendió los derechos consagrados en la Constitución. c. Aplicación de la excepción contemplada en el artículo 46.2.b Es aplicable en este caso y por lo tanto exime al reclamante de cumplir con este requisito de admisibilidad. 2. Inexistencia del debido proceso legal dentro de la jurisdicción interna a. Falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial 15
16. La posición sostenida por los denunciantes se ha visto confirmada por loexpresado por la Comisión Interamericana en su Informe Especial sobre laSituación de los Derechos Humanos en Perú al indicar que el 5 de abril de 1992, elGobierno de Perú procedió a declarar en reorganización al Poder Judicial, alMinisterio Público y a la Contraloría General de la República. El derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial ha sidoanalizado en varias ocasiones por la Comisión y por la Corte Europea de DerechosHumanos. Sobre la base de la jurisprudencia establecida se han elaborado ciertoscriterios para evaluar si en un caso concreto la independencia e imparcialidad delos tribunales se han visto afectadas y si de este modo se ha privado a la víctima dela debida protección de sus derechos. Por ejemplo, en el caso Campbell y Fell[12], la Corte Europea de DerechosHumanos dispuso que en la determinación de si un tribunal es independiente delPoder Ejecutivo debe considerarse el modo de designación de sus miembros, laduración de sus mandatos, y la existencia de garantías contra presiones externas. En relación a la designación de los jueces, el artículo 245 de la ConstituciónPolítica de Perú establece que el Presidente de la República nombra a losMagistrados, a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. El Senadoratifica los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema. Como ha sido señalado por los peticionarios y por la Comisión en su informe,los miembros de la Corte Suprema de Perú, del Tribunal de GarantíasConstitucionales y del Consejo de la Magistratura fueron cesados en sus cargos envirtud de distintos decretos emanados del Poder Ejecutivo. Asimismo, y por decisiónde este Poder, otras 134 personas que ocupaban cargos judiciales como jueces detribunales inferiores o fiscales fueron desplazados de los mismos. Luego de la masiva destitución de magistrados, el Poder Ejecutivo procedió adesignar a los nuevos jueces en virtud de distintos decretos, incumpliendo de estaforma con los procedimientos establecidos por la Constitución. 16
17. El tercer criterio esbozado por la Corte Europea indica que la independencia eimparcialidad de los tribunales debe asimismo evaluarse a partir de la existencia degarantías contra presiones externas al Poder Judicial.Considerando que los magistrados fueron destituidos sin proceso alguno y queluego fueron nombrados reemplazantes exclusivamente por decisión del PoderEjecutivo, es razonable afirmar que en realidad no existen en Perú garantías contrapresiones externas al Poder Judicial. La inexistencia de debido proceso en la jurisdicción de un Estado debilita laeficacia de los recursos previstos por la legislación interna para proteger losderechos de los individuos. La Corte Interamericana ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención"incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechoshumanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados agarantizar tales derechos. En el caso concreto de Alan García Pérez es posible demostrar que la falta deindependencia e imparcialidad de los tribunales peruanos fue un obstáculo paralograr la protección de sus derechos en el ámbito de la jurisdicción interna delEstado. Sin embargo, el Gobierno de Perú omitió cumplir con lasrecomendaciones de la Comisión. b. Aplicación de la excepción contemplada en el artículo 46.2.b En la medida de lo expuesto, la Comisión considera que la excepción alagotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.a también esaplicable al presente caso y por este motivo, el peticionante se encuentra eximidode la obligación contemplada en la Convención. B. Cuestiones de fondo Las cuestiones planteadas en el caso en análisis se resumen a considerar: 17
18. 1. Si, como resultado de los hechos que tuvieron lugar el 5 de abril de 1992, seviolaron el derecho a la libertad y seguridad personal del Dr. Alan García Pérez, suesposa e hijos, y el derecho a la intimidad de su domicilio y de sus papelesprivados.2. Si, en los procesos penales iniciados por el delito de tenencia ilegal de armas,se han respetado las debidas garantías protegidas por la Convención.3. Si la sustanciación del segundo proceso por enriquecimiento ilícito y laanulación de ciertos actos procesales del primero constituyen una violación alprincipio non bis in idem.4. Si la omisión de solicitar a la Cámara de Senadores la autorización paraprocesar al Dr. García por el delito de tenencia ilegal de armas y de realizar elantejuicio prescrito por las normas constitucionales en relación al nuevo procesoiniciado por el delito de enriquecimiento ilícito constituyen violaciones al debidoproceso legal. 1. Acciones ejecutadas por tropas del Ejército el 5 de abril de 1992 Los peticionarios han señalado que los hechos que tuvieron lugar el 5 de abrilde 1992 cuando tropas del Ejército de Perú rodearon, atacaron con balas yposteriormente allanaron el domicilio del Dr. Alan García a los efectos de procedera su detención, constituyen violaciones a los derechos protegidos en el artículo 7 dela Convención Americana. En los términos del artículo 7 de la Convención, la legalidad y arbitrariedadde una detención debe analizarse a partir de la observancia o no de los preceptosconstitucionales, o de las leyes domésticas dictadas a los efectos de sureglamentación, que prescriben las causas por las cuales una persona puede sersujeta a la privación de su libertad y establecen los procedimientos que debenllevarse a cabo a los efectos de la detención de un individuo. En tal sentido, la Constitución de Perú de 1979 establecía en su artículo 2: 18
19. Toda persona tiene derecho: Inciso 20. A la libertad y seguridad personal. g)nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o porlas autoridades policiales en flagrante delito... h) toda persona será informadainmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención... La Comisión ha considerado que los arrestos deben realizarse por la autoridadcompetente prevista por la legislación interna de los Estados y que elincumplimiento de tal requisito, así como de los procedimientos exigidos por elderecho internacional para llevar adelante una detención, devienen en unasituación en la cual "...los arrestos pierden categoría de tales para convertirse enmeros secuestros. Los razonamientos expuestos, sumados a los actos de violencia ejercitadospor tropas del Ejército contra el ex-Presidente García --asalto de su domicilio conbalas-- a los efectos de proceder a su arresto, llevan a la Comisión a considerar queen el caso en cuestión existió en contra del mismo una amenaza de detenciónarbitraria e ilegal y que por este motivo, el derecho a la seguridad personal del ex-Presidente, protegida por el artículo 7 de la Convención Americana, fue infringidapor las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas peruanas el 5 de abril de1992. De acuerdo a lo descrito supra, la privación de la libertad de una personaopera únicamente por las causas y en las condiciones establecidas por laConstitución o sus leyes reglamentarias. La Constitución peruana disponía que la libertad personal sólo puede serrestringida por las causas previstas por la ley, que nadie puede ser detenido sinorden judicial escrita y motivada del juez competente, que toda persona detenidadebe ser puesta, dentro de veinticuatro horas, a disposición de un juez e informadade las razones de su arresto. La Convención Americana en su artículo 19 impone una obligación sobre losEstados partes de la misma de brindar a los niños las medidas de protección que sucondición de menor requiere. 19
20. Los instrumentos internacionales de salvaguarda de los derechos del niño haninterpretado el derecho "a las medidas de protección que su condición de menorrequiere" como una obligación afirmativa de los Estados de considerar en todas susacciones el interés superior del niño. La primacía de tal concepto ha sido entendidacomo el deber de los Estados, y de la sociedad en general, de protegerespecialmente los derechos de los menores. La Comisión desea recordar que en el ámbito de los derechosconsagrados en la mencionada Convención se encuentra especialmente prohibidala extensión de sanciones a la familia del presunto responsable de un delito.[13] Deeste modo, cabe señalar que si el Gobierno de Perú entendía que el Dr. GarcíaPérez debía ser detenido en razón de haber cometido un ilícito tipificado por la leypenal, la imposibilidad de su captura no justificaba que las sanciones dirigidascontra él se hicieran efectivas contra su esposa e hijos. La garantía de la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados cedecuando existe una orden de allanamiento fundada extendida por una autoridadjudicial competente donde se establecen las razones de la medida adoptada ydonde constan el lugar a allanarse y las cosas que serán objeto de secuestro. La Constitución de Perú de 1979 consagraba la inviolabilidad del domicilio yde los papeles privados, salvo mandato motivado extendido por autoridad judicialcompetente donde se autorice el allanamiento y, cuando corresponda, laincautación de documentación privada, en tanto se observen las garantías previstaspor la ley.2. Procesos penales por el delito de tenencia ilegal de armas Según lo indicado por los reclamantes, el Dr. Alan García Pérez se encuentraimputado en dos procesos penales por el delito de tenencia ilegal de armas, en loscuales la única prueba incriminatoria existente --armas de fuego, municiones yexplosivos. El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece quetoda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en lasustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. 20
21. La inviolabilidad del domicilio es una de las garantías implícitas delmencionado artículo. En efecto, además de operar como una garantía del derechoa la privacidad, es una garantía del debido proceso en tanto establece un límitelegal a la recolección de la prueba incriminatoria de un individuo imputado de undelito. Para el caso que se realice el allanamiento de un domicilio incumpliendo conlos procedimientos constitucionales apropiados, tal garantía impide que la pruebaobtenida sea valorada en una decisión judicial posterior. De este modo, en lapráctica opera como una regla de exclusión de la evidencia obtenida ilegalmente. La razón de ser de esta garantía y de la regla de exclusión de la pruebaobtenida a partir de su violación se encuentra fundada en las siguientesconsideraciones: Los procedimientos sustanciados contra el Dr. García Pérez por tenencia ilegalde armas se fundan exclusivamente en elementos de prueba obtenidosilegalmente. Los allanamientos practicados tanto en su domicilio particular como enla sede del Partido Aprista se realizaron a través de la acción intimidatoria de tropasdel Ejército y en total inobservancia de los procedimientos previstos por lalegislación interna de Perú. Por este motivo, la Comisión considera que las "debidas garantías"amparadas por la Convención Americana no han sido respetadas en la tramitaciónde las causas penales en contra del ex-Presidente Alan García. 3. Sustanciación de un nuevo proceso por el delito de enriquecimiento ilícito Los reclamantes han señalado que luego de ser absuelto en el proceso quese seguía en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, el Dr. Alan García hasido sujeto a una múltiple persecución penal. Según lo indicado, el 15 de julio de1992, es decir 6 meses después de la sentencia de la Corte Suprema confirmandola no apertura del proceso y el archivamiento definitivo del caso, el ProcuradorPúblico designado por el Presidente Fujimori presentó ante la Sala Penal de este 21
22. tribunal un recurso solicitando la nulidad del auto que declaraba no "ha lugar" laapertura de instrucción contra del ex-Presidente Alan García Del análisis de la letra del mencionado artículo surge que los elementosconstitutivos del principio, bajo la Convención, son:1. el imputado debe haber sido absuelto;2. la absolución debe haber sido el resultado de una sentencia firme; y3. el nuevo juicio debe estar fundado en los mismos hechos que motivaronla sustanciación de la primera acción. A los efectos de la aplicación de este principio al caso concreto es precisoanalizar el significado de los conceptos "imputado absuelto" y "sentencia firme" enel marco del sistema de protección de los derechos humanos creado por laConvención Americana. La Convención Americana al establecer "imputado absuelto" implica aquellapersona que luego de haber sido imputada de un delito ha sido declarada exenta deresponsabilidad, ya sea porque la absolución se produzca por haberse demostradosu inocencia, por no haberse probado su culpabilidad o por haberse determinado lafalta de tipificación de los hechos denunciados. El artículo 77 del Código de Procedimiento Penal peruano establece:Recibida la denuncia, el Juez Instructor sólo abrirá la instrucción si consideraque el hecho denunciado constituye delito, que se ha individualizado a supresunto autor y que la acción penal no ha prescrito...Si considera que no procede la acción expedirá un auto de NO HA LUGAR... De este modo, del texto de la norma transcrita surge que para el caso de queuno de los elementos requeridos no esté presente, el juez declarará la no aperturade la instrucción por no proceder la acción. En el caso de Alan García, como ya ha sido señalado supra, el Vocal SupremoInstructor --cumpliendo el rol de un juez instructor-- declaró la no apertura de la 22
23. instrucción y ordenó el archivo definitivo de la causa fundado en la falta detipificación penal de los hechos denunciados. Contra dicha decisión fueroninterpuestos los recursos previstos por la ley. Una vez denegados porimprocedentes, el mencionado auto procesal adquirió el carácter de definitivo porefecto del principio de cosa juzgada. Como han señalado los reclamantes, la confirmación del auto de no apertura dela causa y de su archivo definitivo tuvo lugar en el mes de enero de 1992 mediantela decisión de la Corte Suprema de rechazar, por infundados, los recursos de queja--por denegación del de nulidad-- interpuestos por la Procuraduría General y elMinisterio Público. Interpuestos ambos recursos, la decisión final de la CorteSuprema pondrá fin a la pretensión punitiva del Estado adquiriendo el valor de cosajuzgada. Todo acto procesal que se desarrolle en una causa finalizada implicará, enla práctica, una reapertura, con excepción del recurso de revisión cuando proceda. La Comisión considera que la decisión del Fiscal no promoviendo la acciónpenal mediante la denuncia o el requerimiento de instrucción correspondientes, alestimar que los hechos que se le pusieron en su conocimiento no constituyen delitoes un acto de esencia típicamente jurisdiccional --como toda actividad del MinisterioPúblico en el proceso-- que adquiere el carácter de inmutable e irreproduciblesurtiendo los efectos de la cosa juzgada, una vez firme. De este modo, al igual queuna decisión judicial recaída, es definitiva y en consecuencia trasciende en susefectos con caracteres prohibitivos para procesos futuros basados en los mismoshechos materia de la decisión. 4. Inmunidades y privilegios del Dr. García Pérez Los reclamantes han denunciado que por la calidad de Senador Vitalicio delex-Presidente García Pérez, la Constitución le confiere ciertas inmunidades yprivilegios propios de su función que no fueron respetados en la tramitación de lascausas por tenencia ilegal de armas ni en la sustanciación del nuevo juicio por eldelito de enriquecimiento ilícito. Por este motivo, los denunciantes entienden que seha omitido garantizar al Dr. García el principio del juez natural transgrediéndose eldebido proceso legal protegido por el artículo 8 de la Convención Americana. 23
24. Frente a la omisión del Gobierno de argumentar sobre esta cuestión yfundada sobre los elementos de convicción presentados por los peticionarios, laComisión considera que efectivamente luego de haberse finalizado la tramitaciónde la primera causa por enriquecimiento ilícito, el Dr. Alan García recuperó su cargode Senador Vitalicio. El artículo 8 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a seroída por un juez o tribunal competente. Las normas de interpretación de laConvención prevén en su artículo 29 que ninguna de sus disposiciones debeentenderse en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho olibertad que pueda estar reconocido por las leyes internas de los Estados partes. Las acciones iniciadas contra Alan García por el delito de tenencia ilegal dearmas, en tanto no constituyen un delito de función, debieron haberse tramitadocumpliendo con el requisito del artículo 176 de la Constitución de 1979, es decir, eljuez a cargo de las causas debió solicitar, en primer término, autorización a laCámara de Senadores para iniciar los procesos. La inobservancia de este requisitotransgredió el principio constitucional según el cual toda persona tiene derecho a noser sometida a procedimientos distintos de los previstos por la ley. El derecho a ser juzgado de acuerdo con los requisitos procedimentalesprevistos por la ley es uno de los elementos esenciales del debido proceso legal ycomo tal la obligación de respetarlo se encuentra consagrada por el artículo 8 de laConvención Americana. La Comisión considera que el Dr. Alan García Pérez, por gozar del cargo deSenador vitalicio, estaba comprendido en los términos del artículo 183 de laConstitución y por lo tanto, el Estado peruano debía observar el trámitecorrespondiente de antejuicio antes de iniciar cualquier acción penal fundada en lacomisión de un delito en el ejercicio de sus funciones como mandatario de laNación. 24
25. El Gobierno de Perú ha presentado argumentos tendientes a justificar laomisión de proceder en relación a lo dispuesto ya sea en el artículo 176 como enlos artículos 183 y 184 de la Constitución peruana de 1979. VI. CONCLUSIONES Si bien el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, no esindependiente del Estado. Por lo tanto, toda sentencia dictada por un tribunalinterno que transgrede derechos humanos protegidos por la ConvenciónAmericana, en tanto emana de un órgano del Estado equiparable al órganolegislativo o al ejecutivo, genera responsabilidad internacional atribuibledirectamente al Estado parte de la misma. 1. El Estado del Perú es responsable de la violación del derecho a la libertad y seguridad personal, del derecho a la intimidad del Dr. Alan García Pérez, su esposa y del derecho a la protección especial de los hijos del ex-Presidente 2. El Estado del Perú es responsable de la violación del derecho a lasgarantías judiciales y debido proceso legal del Dr. García Pérez (artículo 8 de laConvención Americana) por la tramitación de dos causas basadas en pruebaobtenida ilegalmente. 25
Informe internacional publico
Informe alan garcia
Informe no 1_-_d_internacional_publico_-_salinas_rodriguez
Informe nº 1 tarea derecho internacional publico
Informe d.i.p.- rodriguez roldan teresa
Trabajo de investigacion derecho internacional publico
Trabajo de investigacion d.i.p