Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20010452
Timestamp: 2019-07-18 19:56:14
Document Index: 269238410

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 286', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 89', 'artículo 176', 'artículo 228', 'artículo 288', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 177', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 286', 'artículo 29', 'artículo 176', 'artículo 286', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 286', 'artículo 177', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 352', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 286', 'artículo 286', 'artículo 29', 'artículo 286', 'artículo 250', 'Artículo 177', 'Artículo 286', 'artículo 177', 'artículo 10', 'artículo 10']

C-128 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020010452CC-SENTENCIAC128201102/03/2011CC-SENTENCIA_C_128__2011_02/03/2011200104522011Sentencia C-128/11 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD- Naturaleza jurídica /ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD- Condiciones para su ejercicio/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos Reiterando la jurisprudencia de este Tribunal, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho democrático y participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo. Es, en este orden, un instrumento que combina el ejercicio de los derechos políticos (artículo 40 CP), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poder desplegado por el legislador a través de la creación de normas jurídicas. Ahora bien, aún desde su faceta como derecho constitucional fundamental, esta facultad reconocida a los ciudadanos puede estar regulada y delimitada por la ley, a fin de hacer efectivo su ejercicio y definir las reglas a las cuales se somete. Pero al mismo tiempo, la regulación del derecho de accionar contra las leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el actor al demandar y los demás bienes jurídicos llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada y ordenados a partir del poder de configuración legislativa del Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de estabilidad del Derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema normativo y en las reglas que lo integran. Igualmente, y esto es algo que debe estimarse esencial en este tipo de valoraciones, la delimitación del derecho de interponer demandas de inconstitucionalidad tiene por propósito acotar el poder de la Corte constitucional, pues las exigencias básicas establecidas también procuran determinar el ámbito dentro del cual, en términos generales, debe actuar el juez a la hora de valorar la exequibilidad o no de una disposición. Porque, como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación, no es función de ésta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta. De tal suerte y no obstante su carácter de acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la demanda debe incluir todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Y en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, se establecen los demás requisitos que debe reunir la demanda, en los que se disponen las exigencias básicas con las cuales el ciudadano ejerce su derecho de manera responsable y participa activamente en el proceso del que trata el artículo 241 de la Constitución Política, suministrando la información necesaria que permite tanto activar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional a instancias de la Corte, como la obtención de un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada disposición jurídica. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001 que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de "razones conducentes para hacer posible el debate", con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados. Tales requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (artículo 2 del Decreto 2067 de 1991). El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Concepto de violación/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia El concepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda". Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"; (ii.) el "'contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan'"; (iii.) "las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)", que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes". Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Requisitos El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama entonces que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva Referencia: expediente D-8221
Carlos Alberto Alzate Giraldo.CONSTITUCIONALIDADJuan Carlos Henao PérezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 177 y 286 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.D8221Identificadores20020010453true22234Versión original20010453Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 177 y 286 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.
Reiterando la jurisprudencia de este Tribunal, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho democrático y participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo. Es, en este orden, un instrumento que combina el ejercicio de los derechos políticos (artículo 40 CP), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poder desplegado por el legislador a través de la creación de normas jurídicas. Ahora bien, aún desde su faceta como derecho constitucional fundamental, esta facultad reconocida a los ciudadanos puede estar regulada y delimitada por la ley, a fin de hacer efectivo su ejercicio y definir las reglas a las cuales se somete. Pero al mismo tiempo, la regulación del derecho de accionar contra las leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el actor al demandar y los demás bienes jurídicos llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada y ordenados a partir del poder de configuración legislativa del Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de estabilidad del Derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema normativo y en las reglas que lo integran. Igualmente, y esto es algo que debe estimarse esencial en este tipo de valoraciones, la delimitación del derecho de interponer demandas de inconstitucionalidad tiene por propósito acotar el poder de la Corte constitucional, pues las exigencias básicas establecidas también procuran determinar el ámbito dentro del cual, en términos generales, debe actuar el juez a la hora de valorar la exequibilidad o no de una disposición. Porque, como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación, no es función de ésta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta. De tal suerte y no obstante su carácter de acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la demanda debe incluir todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Y en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, se establecen los demás requisitos que debe reunir la demanda, en los que se disponen las exigencias básicas con las cuales el ciudadano ejerce su derecho de manera responsable y participa activamente en el proceso del que trata el artículo 241 de la Constitución Política, suministrando la información necesaria que permite tanto activar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional a instancias de la Corte, como la obtención de un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada disposición jurídica. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001 que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de "razones conducentes para hacer posible el debate", con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados. Tales requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (artículo 2 del Decreto 2067 de 1991). El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución.
El concepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda". Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"; (ii.) el "'contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan'"; (iii.) "las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)", que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes". Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama entonces que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos"(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.
ARTÍCULO 286. CONCEPTO. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia quese lleva a cabo ante el juez de control de garantías".
En efecto, observa el actor, "dicho precepto normativo al señalar taxativamente las providencias judiciales contra las cuales procede el recurso de apelación, omitió señalar otras, tales como el auto que podría emitir el juez de control de garantías en la audiencia de formulación de la imputación al verificar los requisitos tanto formales como sustanciales de la misma de conformidad con el inciso final del artículo 10 de la Ley 906 de 2004" (folio 25).
"En consecuencia -agrega el ciudadano-, con la referida omisión del Legislador se vulnera flagrantemente el artículo 29 de la Constitución (…) toda vez que se impide que el Procesado, a través de su Defensor, controvierta en debida forma, ante el superior del juez de control de garantías, la formulación de imputación realizada por el Fiscal, lo cual resulta absolutamente relevante para el ejercicio del Derecho de Contradicción y Defensa, como quiera que de la calificación jurídica o relevancia jurídica de los hechos imputados por la Fiscalía se desprenden consecuencias trascendentales para los procesados que pueden afectar sus Derechos Fundamentales, como por ejemplo, la posibilidad o no de imponerles una medida de aseguramiento privada de la Libertad o la rebaja de penas ante el allanamiento o la aceptación de cargos" (folio 25).
Por lo demás agrega que con la omisión legislativa del art. 177 C.P.P., "se desconoce el Principio Constitucional de Prevalencia del Derecho Sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Nacional, puesto que se obstaculiza el control sustancial o material a la formulación de imputación por parte de la Defensa y/o el indiciado, esto en concordancia con el artículo 89 Constitucional (…)" (folio 26).
Observa que el artículo 176 de la ley 906 de 2004 es constitucional, pues si se llegase a declarar inexequible, "se estaría imposibilitando, entre otros, la impugnación de las consecuencias jurídicas derivadas de la formulación de imputación, lo que sería contrario a la Constitución (…)".
De tal suerte, a pesar de todas la implicaciones jurídicas que conlleva la audiencia de la formulación de imputación, "al ser considerada como un 'acto de mera comunicación', no podría ser objeto del principio de contradicción, vulnerando el derecho constitucional de defensa y del debido proceso del procesado, de las víctimas o la sociedad que a través del Ministerio Público debe ser representada" (folio 27).
Por ello más adelante se indica: "Cómo han de asegurar justicia, dignidad humana, orden justo, honra, debido proceso, derecho de defensa, si se permite que se investigue y peligrosamente se condene a una persona por un delito que no cometió o distinto del cometido, que de continuarse un proceso en esas condiciones, desgasta al aparato judicial [y] crea inseguridad jurídica ante los ojos de los imputados, las víctimas y la sociedad" (folio 7).
Siguiendo la exposición del acto de corrección de la demanda, en seguida pasa a presentar dos ejemplos de los problemas que suscitan los preceptos acusados con respecto a la formulación de imputación[2], situaciones frente a las cuales se debe entender que el juez de control de garantías ejerza un control formal y sustancial, con lo que se busca que "por lo menos la tipicidad de una conducta esté claramente establecida (…)". De ahí que no encuentre justificable "alegar como contra tesis (…) el principio de celeridad, que puede verse afectado al permitir que la formulación de imputación tenga doble instancia, pero contraponiéndose a los demás principios que salva guardan [sic] el Sistema Penal Acusatorio, sustentado constitucionalmente por el artículo 228, que busca el establecimiento de laVERDAD REAL (…)" (folio 28).
Con todo, observan que en el caso de que la Corte concluya que la demanda es apta, no hay lugar a declarar la inexequibilidadpedida, pues el actor confunde el acto de imputación en el proceso penal colombiano, con el ejercicio de la pretensión punitiva "al promover 'causa' en asuntos de conocimiento de dicha Corte Penal Internacional, donde 'la admisibilidad de la causa' es recurrible" (folio 57).
Adicionalmente se dice que conforme al diseño constitucional, la Fiscalía no cumple funciones jurisdiccionales. Su competencia, por el contrario, consiste en investigar las conductas punibles y acusar a los presuntos responsables en un esquema de partes, donde al juez de garantías le corresponde decidir sobre las pretensiones del Fiscal. Por esto señala: "Bajo este esquema, el acto de imputación, a cargo del Fiscal, es una expresión de parte- la que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal a nombre del Estado, y por lo tanto no es acto jurisdiccional que dirima un conflicto de relevancia jurídica, con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución" (folio 58). Por esto se precisa, se trata de un acto de comunicación sobre las actuaciones del fiscal y la posible intención de ejercer una pretensión penal a través de la acusación o promoción de un juicio. Con ello se formaliza una investigación. Además, para que se dé el debido proceso, "no tiene que darse la oposición a la imputación a través de la interposición de recursos, puesto que quien oficia como veedor de esa 'imputación' -el Juez de Control de Garantías-, tiene a su cargo varias labores, según lo dispone el artículo 288 C.P.P." (folio 59).
Se indica que la diligencia de formulación de imputación es una actuación potestativa de la Fiscalía con la cual no se está dando un debate de fondo sobre las eventuales responsabilidades del imputado. Al contrario, con ella se manifiesta la posibilidad que le asiste de participar de forma activa en la etapa de conocimiento respectiva, así como de aceptar la culpabilidad y responsabilidad en esta etapa y beneficiarse de un descuento en la pena. Por ello estima la Universidad Nacional que "está claro que la normatividad dispuesta para esta diligencia no adolece de una 'omisión legislativa relativa', pues el legislador ha querido eliminar la posibilidad de que en la audiencia se formule recurso de apelación, ya que para la etapa procesal se cumplen las garantías exigidas por la jurisprudencia constitucional tales como la certeza del sujeto destinatario de la disposición legal, así los ingredientes esenciales que se perciben en armonía con las disposiciones superiores de la Carta Política, en especial con el principio de doble instancia" (folio 65).
Concluye entonces que "no existe vulneración alguna del derecho al debido proceso o contravía constitucional (…) al prever el legislador escenarios de corrección de eventuales errores en las distintas etapas en que es concebido el procedimiento penal actual y la garantía plena del control superior de un tercero imparcial como lo es el juez de control de garantías en las diligencias preliminares (…)" (folio 65).
Explica con referencia al debido proceso, que la diligencia de formulación de imputación fue prevista por el legislador como un acto de mera comunicación que se efectúa ante el juez de control de garantías, en donde con base en los elementos fácticos "se indica la relación de punibles en las cuales está inmerso un sujeto quien a partir de esta diligencia es vinculado formalmente a las actuaciones propias del proceder penal actual" (folio 65). Con ella, agrega a continuación, se mantiene la integridad de los derechos del procesado, "los cuales deben ser debidamente ilustrados por el Juez y permiten desarrollar fenómenos igualmente favorables al procesado como lo es la posibilidad de aceptación de responsabilidad" (folio 66).
De este modo, en atención a lo previsto en el artículo 8º del C.P.P., encuentra que los artículos 177 y 286 del C.P.P. son conformes a la Constitución, de acuerdo con pronunciamientos anteriores, "en el entendido que es el juez de control el que debe evaluar la sujeción de la formulación de imputación al principio de legalidad (…)" (folio 66).
En relación con el cargo de omisión legislativa relativa frente al art. 177 CPP, presuntamente causante de la violación del artículo 29 de la CP, observa que dicho cargo carece de certeza "porque el artículo acusado no es el que contempla las providencias judiciales respecto de las cuales procede el recurso de apelación, como tampoco se refiere a los recursos que proceden o no proceden contra decisiones que se tomen en la audiencia de formulación de imputación" (folio 70).
A cambio, el artículo 177 determina el efecto en que se concede el recurso de apelación, mientras que el artículo 176, expresamente no acusado, es el que establece cuáles son las providencias susceptibles de apelación. En este último artículo se incluyen "los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias", salvo los casos previstos en el Código, dentro de los que no está exceptuado el auto de la audiencia de imputación. También existe falta de certeza en la argumentación respecto del artículo 177 CPP en tanto es claro para el Ministerio que de prosperar una medida de aseguramiento y afectarse por tanto la libertad del imputado, existe una garantía proveniente del Bloque de Constitucionalidad, de que en tales circunstancias, el acto que ordena la misma debe ser susceptible de apelación.
En lo que se refiere al cargo sobre el artículo 286 como violatorio del artículo 29 constitucional, también estima que carece de certeza"porque esa calificación de acto de comunicación no implica necesariamente que las decisiones que tome el juez de control de garantías en la audiencia en la cual dicho acto se lleve a cabo, no sean susceptibles de recursos, menos aún si en dicha audiencia se toman decisiones relacionadas con la libertad del imputado, caso en el cual, como se precisó, (…), sí procede el recurso de apelación" (folio 71).
Con relación a la afirmación de la demanda, de que el auto que se dicte en la audiencia de formulación de imputación no tiene recurso de apelación, estima el Instituto que tal consideración olvida la interpretación sistemática que se ha considerado esencial por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-569 de 2000). Por lo demás, se observa que la regla general es que sea posible apelar los autos dictados en audiencia, pues así se establece en el artículo 176 que el actor mismo reconoce como constitucional. Y frente al artículo 286 del CPP aclara que "Imputar, significa tener algunos indicios que permiten dirigir la investigación hacia un titular. Más,no es un acto de juzgamiento propiamente dicho (…). La naturaleza de esta figura ha de entenderse como un factor de referencia en el inicio de la investigación penal". (folio 82). Sin embargo, reitera que como esta información se produce en una audiencia, ella puede ser objeto de segunda instancia y con efecto devolutivo si en el mismo auto, fruto de la imputación, se propone y resuelve la imposición de una medida de aseguramiento (artículo 177 del C.P.P.).
Lo anterior se confirma con lo previsto en los artículos 287, 288, 289 y 290 CPP, de los cuales concluye la Defensoría que el acto de imputación sirve ante todo para enterar a una persona acerca de la existencia de una investigación en su contra, a fin de que pueda defenderse de la misma. Por ello confirma que se trata en efecto de un acto de comunicación que orientará el proceso y permitirá al imputado, también definir su estrategia de defensa. Se trata entonces, según la Defensoría, de un "acto autónomo del Fiscal que tiene por finalidad establecer frente al imputado el marco fáctico y jurídico respecto del cual se desarrollará la investigación y posiblemente, la acusación y el juicio" (folio 110). No obstante, adelante se puntualiza que a pesar de ser un "acto preliminar", no es improvisado sino que responde a la función de la Fiscalía como ente acusador, cuya naturaleza permite en efecto los acuerdos con el imputado, a partir de los hechos jurídicamente relevantes. Por esto encuentra que no es necesario, ni funcional, ni conveniente, que en el proceso penal la formulación de la imputación sea susceptible de recursos, pues es la Fiscalía quien adopta la decisión de imputar cargos, de manera que el juez no puede adoptar ninguna decisión en torno de dicha atribución exclusiva y excluyente del fiscal.
No hay por tanto omisión legislativa relativa en el artículo 177 CPP, cuando no se ha previsto recurso contra el auto producido en la audiencia de formulación de imputación, pues el acto de comunicación en comento a más de ser propio de las competencias del fiscal, ocurre precisamente para garantizar el derecho de defensa del imputado. Tampoco hay violación de la Constitución o del Bloque de Constitucionalidad, al prever en el artículo 286 CPP la naturaleza jurídica del acto de formulación de imputación como una acto de comunicación, pues la actuación del fiscal no comporta una decisión ni afectaper se derechos fundamentales, lo cual no la somete ni a la decisión del juez de garantías, ni necesariamente el principio de contradicción por vía de recursos. Cosa distinta es que, como se afirmó por la Corte (sentencia C-209 de 2007), puedan los actores procesales solicitar aclaración, corrección o adición. Es decir, que el acto de formulación de imputación es "un enunciado que determina el contenido concreto del deber del Estado de informar a una persona acerca de la existencia de una investigación penal en su contra (…)" (folio 122), donde las desavenencias respecto de la formulación son inherentes a un proceso de partes que se contraponen y que tienen sus propios mecanismos de control, verificación, ajuste y adecuación.
A juicio del Ministerio Público, el problema jurídico que se plantea en la demanda consiste en establecer si el no incluir la formulación de la imputación dentro de las decisiones apelables, constituye una omisión legislativa relativa contraria a la Constitución, "al vulnerar el debido proceso, el derecho de contradicción, el derecho de defensa y el derecho de los particulares para propugnar por la protección de sus derechos fundamentales" (folio 131).
Para tales efectos repasa la naturaleza del Sistema Procesal Penal que se introduce en el Acto Legislativo 03 de 2002 y que se concreta en la Ley 906 de 2004. Por ello señala luego que la imputación no es un acto del cual se desprendan las consecuencias jurídicas para el procesado de que trata el actor, ni un acto que requiera del "control sustancial o material […] por parte de la Defensa y/o el indiciado", pues al contrario, "la imputación es el acto por medio del cual se da inicio al procedimiento penal, al comunicar de manera formal, ante el Juez de Garantías, a una persona, que la Fiscalía General de la Nación está investigando su conducta y se propone ejercer la acción penal en su contra" (folio 132-133).
Se trata en suma, siguiendo la jurisprudencia de esta Corte, del acto por medio del cual se vincula a la persona investigada, al proceso penal. Con ello el imputado y su defensor, dice el Ministerio Público, apenas se enteran de la posibilidad cierta de que la Fiscalía ejerza la acción penal. No hay afectación de ningún derecho fundamental del imputado, ni se produce efecto procesal definitivo. Y si el Fiscal efectúa una errada imputación, estima el Procurador, "será su teoría del caso y no la situación del imputado la que se verá afectada de manera negativa en el futuro, en tanto y en cuanto que no podrá conseguir demostrarla en la Audiencia de Juicio Oral" (folio 134). Un proceder que, se precisa, genera consecuencias no para el investigado sino para el funcionario de la Fiscalía.
Con todo, dice la Vista Fiscal, las cosas cambian cuando se decretan medidas de aseguramiento o de rebaja de penas por allanamiento o aceptación de cargos, pues en estos casos el Juez de Garantías cumple una función mucho más activa y garantista. De cualquier modo frente al caso planteado por el actor de unos cargos mal fundados o calificados de manera inadecuada por la Fiscalía, "lo razonable sería que el imputado no admitiese la imputación y, por tanto, que no se allane o acepte los cargos, mas no que se opusiera a ellos, pues en esa etapa inicial del proceso es probable que no disponga de la evidencia suficiente para fundar su oposición y, en todo caso, esta no es la oportunidad procesal para hacerlo ni se está frente a la autoridad competente para resolver el asunto" (folio 135).
En efecto, repasa aquí las funciones del juez de garantías, de conformidad con lo señalado en la sentencia C-591 de 2005, de donde concluye que el mismo no puede hacer un control sustantivo o probatorio respecto de la imputación, como lo pretende la demanda. A cambio, el juez de garantías en la audiencia de formulación de imputación de lo que se ocupa es de verificar que el fiscal cumpla de manera adecuada con las obligaciones legales, relacionadas con "individualizar al imputado; hacer en un lenguaje comprensible una clara y sucinta relación de los hechos jurídicamente relevantes, sin que ello implique la revelación de materiales probatorios; informar al imputado de la posibilidad que tiene de allanarse a los cargos y obtener por ello una rebaja de la pena; y constatar que el imputado entienda la imputación que contra él se formula". Sólo de manera excepcional el juez de garantías se ocupa de decidir si decreta o no la medida de aseguramiento que solicita el fiscal, decisión que se adoptará de conformidad con lo previsto en el art. 308 CPP y que sí es apelable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 demandado.
También, señala la Vista Fiscal, es eventual y excepcional que el juez de garantías "deba decidir si acepta o no el acuerdo previo celebrado entre el imputado y la Fiscalía, por virtud del cual el primero acepta los cargos imputados", control que ejerce en cuanto a verificar que el acuerdo alcanzado sea voluntario, libre y espontáneo (artículo 293 CPP). Por último precisa que tales acuerdos no sólo ocurren antes de la imputación (artículo 293 CPP), sino también después de la misma (350 CPP), e incluso después de la acusación (artículo 352 CPP), recibiendo por ellos distintos beneficios.
2.Cuestión previa
9. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001[5] que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de "razones conducentes para hacer posible el debate", con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados.
Tales requisitos no son otros que la definición delobjeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (artículo 2 del Decreto 2067 de 1991).
Elobjeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución.
Elconcepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda". Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"[6]; (ii.) el "'contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan[7]'"; (iii.) "las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)", que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[8].
Y como último requisito general se encuentra lacompetencia, que apunta a establecer que sea la Corte Constitucional quien debe conocer del asunto sometido a su juicio, por cuanto así lo determina el texto normativo demandado en concordancia con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución.
En efecto, como lo ha dicho la jurisprudencia, una omisión es relativa, "cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas -específicamente por razones constitucionales-, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente"[11], en general por producir violaciones del derecho a la igualdad[12] o del derecho al debido proceso[13].
De este modo, al plantearse ante el Juez constitucional que el legislador ha omitido un deber de regulación que crea una discriminación negativa injustificada, el ciudadano debe cumplir con unas cargas de argumentación más exigentes. Es decir que "cuando de activar el control de constitucionalidad abstracto por vía de acción se trata, aduciendo la existencia de una omisión legislativa relativa, es menester que el ciudadano demuestre con razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[14], que la norma acusada contiene una omisión legislativa relativa de conformidad con el artículo 2º numerales 3 y 5 del Decreto 2067 de 1991"[15].
12. El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama entonces que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador"[16].
Con tales exigencias adicionales no se procura restringirper se el derecho a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, sino hacer"eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior"[17]. Un diálogo en el que se garantice que sea el demandante y no el juez quien define los contornos dentro de los cuales se ejerce en cada caso el control constitucional sobre las leyes y actos objeto de acusación y quien concreta el deber constitucional incumplido por el legislador[18].
- Sin embargo, como "acto de mera comunicación", no es objeto de contradicción, lo que vulnera los derechos del procesado, las víctimas y la sociedad representada en el Ministerio Público.
- Con la apelación del acto de formulación de imputación para ejercer un control formal y material del mismo, se garantiza que la tipicidad de la conducta esté claramente establecida así como la "verdad real", sin que por ello se afecte elprincipio de celeridad que anima el proceso.
En elconcepto de la violación, aunque el actor señala cuál es la norma constitucional infringida, a saber, los artículos 29 y 228 de la C.P. y define cómo el contenido normativo de las disposiciones constitucionales riñe con las normas demandadas, las razones aducidas para explicar la violación de la Constitución por omisión, son ante todo inciertas e impertinentes.
En este sentido, la acusación formulada contra el artículo 286 C.P.P. carece decerteza, pues el señalamiento de las posibles consecuencias jurídicas del acto de formulación de imputación, no se dirige contra la norma efectivamente dispuesta en ese precepto, sino sobre otras que no han sido objeto de demanda. Es decir, que lo establecido en el artículo acusado no posee el contenido legal verificable requerido para que se puedan derivar los cargos por violación del debido proceso que se imputan.
La referencia exclusiva al artículo 286 C.P.P. como fuente normativa de la violación del debido proceso, determina entonces que tampoco se reúna el requisito de laespecificidad, ya que el actor no logra formular un cargo concreto de naturaleza constitucional, en donde se establezca con precisión, la oposición objetiva y verificable entre el contenido de tal precepto y el artículo 29 constitucional. Y en ese sentido sus argumentos, o mejor aún, sus temores, resultan vagos e indirectos, pues no se relacionan concreta y derechamente con lo previsto en el artículo que se acusa, lo cual impide que se desarrolle una discusión propia del juicio de constitucionalidad.
Tampoco se cumple con el requisito de lapertinencia cuando se aduce que el adscribir el carácter de acto de mera comunicación a la formulación de imputación, vulnera el derecho de contradicción. Con este razonamiento, lo que hace el actor es formular un cargo fundado en la interpretación subjetiva del artículo 286 C.P.P., que por lo demás desconoce abiertamente la naturaleza del proceso penal regulado desde el artículo 250 constitucional, modificado por el A.L. 3 de 2002, art. 2º y desarrollado ampliamente por la ley 906 de 2004 y las normas que la modifican; preceptos en los cuales el fiscal obra como parte en igualdad de armas con el procesado y en donde sus pretensiones como representante del Estado en ejercicio de la acción penal, sólo se convierten en decisiones que trascienden y determinan el rumbo de la actuación procedimental, una vez se valoran y en su caso convalidan por el juez de control de garantías.
Esta falencia también se hace evidente cuando se afirma que la naturaleza jurídica adscrita al acto de formulación de imputación produce la aplicación de un criterio peligrosista que desgasta el aparato judicial, toda vez que con esta afirmación no se está confrontando el contenido de la norma superior señalada como vulnerada con lo dispuesto en el art. 286 C.P.P., sino que se expresa una simple interpretación personal del demandante sobre este último precepto. Y a la misma conclusión se llega frente al reclamo de que el acto de formulación de imputación,en cuanto tal, debiera tener recurso de apelación, como forma de garantizar la "verdad real" y el cumplimiento del principio de celeridad;con esta afirmación no se está reconociendo una falencia propia de la norma demandada, sino que se está apelando a la conveniencia, canon que no hace parte de los ámbitos de valoración jurídica de competencia del juez constitucional.
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 177 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 286 LEY_906_2004_31/08/2004
[1] La expresión "absolutoria" del numeral 1º,del inciso 2º. del artículo 177 del CPP, fue declarada EXEQUIBLE por los cargos analizados en sentencia C-047 de 2006.
[2]El primer ejemplo muestra cómo en un determinado caso la Fiscalía, en audiencia de formulación de la imputación, imputa el delito de lesiones personales. "El imputado puede allanarse a los cargos y obtener rebaja de pena. El Ministerio Público y el representante de la víctima estiman que el delito imputable es realmente el de tentativa de homicidio y que la imputación establecida va en contra de sus derechos a la verdad, justicia y reparación". Frente a esa situación se pregunta el actor ¿qué debe hacer el juez de control de garantías "¿Ignorar las circunstancias fácticas-jurídicas que rodean el caso y pasar por alto la calificación jurídica elevada por la Fiscalía, con el simple argumento de que por ser 'un acto de mera comunicación', no puede interferir en tal imputación ; y si interviene aprobando o improbando la formulación de la imputación con base en el artículo 10 ibídem ¿tal decisión, sería objeto de impugnación " (folio 27). El segundo ejemplo plantea el supuesto de que la Fiscalía en la audiencia en comento, imputara el punible de tentativa de homicidio. El imputado en desacuerdo cuenta con elementos probatorios que le permiten desvirtuar dicha imputación y alegar que la que corresponde es lesiones personales. El Ministerio público y las víctimas en salvaguarda de sus intereses no se oponen. ¿Qué debe hacer el juez de control de garantías "¿Ignorar las circunstancias fácticas-jurídicas que rodean el caso y pasar por alto la calificación jurídica elevada por la Fiscalía, con el simple argumento de que por ser 'un acto de mera comunicación', no puede interferir en tal imputación ; y si interviene aprobando o improbando la formulación de la imputación con base en el artículo 10 ibídem, ¿tal decisión, sería objeto de impugnación " (folio 28).
[10] Al respecto se señaló en la sentencia C-320 de 1997, reiterada en numerosas ocasiones, que "la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondosobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad" (subrayado fuera de texto). En el mismo sentido la sentencia C-185 de 2002, donde la Corte observó: "La atribución legal reconocida a esta Corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, sólo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad".