Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/54740
Timestamp: 2020-02-24 17:30:54
Document Index: 347585267

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 73', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 31', 'Artículo 5', 'Artículo 12', 'Artículo 168', 'Artículo 13', 'Artículo 27', 'Artículo 172', 'Artículo 28', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 37', 'artículo 124', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 123', 'Artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 28']

Gaceta: LXII/3SPR-3/54740
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.
Propone diversas reformas a la Ley de Asistencia Social para armonizarla conforme a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En ese tenor, se propone modificar la denominación del artículo IV para quedar como Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia e incorporar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en el cual se establecen sus atribuciones y sus alcances.
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, al tenor de la siguiente:
1. Antecedentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Los antecedentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se remontan al Programa Gota de Leche que en 1929 aglutinaba a un sector de mujeres mexicanas, quienes se encargaban de proporcionar este alimento a niñas y niños de la periferia de la Ciudad de México. Ello dio origen a la creación de la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, que reorganizó a la Lotería Nacional precisamente para apoyar a la Beneficencia Pública, encargada desde entonces de sustentar acciones de este tipo .
Posteriormente a partir de 1943, al crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, fusionando las actividades de la entonces Secretaría de Asistencia Pública con las del Departamento de Salubridad, se integró la Subsecretaría de Asistencia Pública, la que compartía con la de Salubridad, las funciones de atención a los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables; es entonces cuando el concepto de la asistencia social toma relevancia.
El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los Desayunos Escolares, se crea por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), que generó una actitud social de gran simpatía y apoyo hacia la niñez.
Posteriormente, el 15 de julio de 1968 es creado también por decreto Presidencial, la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN) orientando a la atención de niñas y niños huérfanos abandonados, desvalidos, discapacitados o con ciertas enfermedades.
Más tarde en los años setentas se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, por la afinidad de objetivos se fusiona con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez.
Fue entonces que en 1977 se crea por decreto presidencial el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, considerando que ambos tenían objetivos y programas comunes que debían cumplirse a través de un solo organismo, el cual coordinara los programas gubernamentales y en general las acciones a favor del bienestar de las familias mexicanas.
En el periodo del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado se expidió un decreto con fecha 20 de diciembre de 1982, donde se modificó la estructura orgánico-funcional del DIF incorporando los servicios de Asistencia Social y Rehabilitación.
Es hasta julio de 1998 que la Junta de Gobierno que autorizó el inicio de la Reestructuración Orgánica-Funcional del DIF Nacional. Asimismo, el 1° de junio de 1999, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Estatuto Orgánico del Sistema Nacional, mediante el cual y en concordancia con la reestructuración orgánica funcional aprobada, quedaron precisadas las atribuciones del Organismo y las facultades de cada uno de los integrantes de su estructura básica.
En enero de 2005 inicia una nueva reestructuración orgánico-funcional del DIF; por lo que el Organismo emprende una serie de cambios sustanciales en su conformación orgánica, lo que representa una mayor solidez en el desempeño de sus funciones propiciando el uso racional y el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta.
Como parte de ese proceso de modernización administrativa el DIF se ha consolidado como la institución nacional, responsable de la creación, el desarrollo y la puesta en marcha de acciones y programas para atender a la población vulnerable, en especial las niñas, niños y adolescentes a través de programas preventivos y de desarrollo, asimismo, ha sido la responsable de elaborar las políticas públicas en materia de asistencia social.
2. El Marco jurídico de la Niñez
En el ámbito internacional la Convención de los Derechos de la Niñez, es reconocida como la norma fundamental más importante desde la Organización de las Naciones Unidas. Este es el tratado de derechos humanos de la niñez que ha tenido el mayor consenso en el mundo. Sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado pero no ratificado
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de la Niñez. A lo largo de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros.
Dicha Convención establece que en todas las medidas concernientes a la niñez que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior de la niñez.
La Convención de los Derechos de la Niñez sigue siendo el principal y más importante instrumento internacional sobre esta materia no sólo porque es un marco que orienta de manera diferente la legislación y las políticas públicas de los Estados firmantes de este acuerdo, sino porque además encierra una concepción holística sobre los derechos de la niñez; por ello se dice que la Convención sigue siendo el parteaguas histórico para ver, entender, tratar y relacionarse con la niñez.
Este tratado constituye un parteaguas en el mundo de la infancia entre otras razones fundamentales, porque cuestionó la concepción tradicional de las personas adultas y de muchas de las Instituciones del Estado, sobre niñas y niños al no considerarlas sujetas de derechos; por el contrario; la analogía de la inercia legal llegó al extremo de equiparar “menores” con “incapaces”, conceptos por demás peyorativos y discriminatorios. Ello ha llevado a instalar en la sociedad la cultura de que las personas menores de edad son ineptos, inconfiables y poco inteligentes; y en el caso de las niñas y las adolescentes, por condición de su género, y especialmente a éstas últimas, se les denigra con conceptos despreciativos, discriminatorios y humillantes basados en una doble moral y un arcaísmo estereotipado y patriarcal que les ubica en la legislación como objetos y no como sujetas de derechos.
En México el proceso hacia la armonización de la Convención sobre los Derechos de la Niñez comienza a partir del 26 de Enero de 1990, en que el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, firmó ad referendum, este tratado y el Senado de la República, en función de sus atribuciones aprobó la Convención el 19 de junio de 1990. Su entrada en vigor en el país se concretó el 21 de octubre de 1990. La Convención fue inscrita en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.
Hoy en día, desde la ratificación de México a la Convención sobre los derechos dela Niñez, las leyes nacionales se han adecuado y surgido para cubrir su protección. Muestra de ello son las reformas a los artículo 4 y 73 constitucionales, las cuales obligan a que todas las políticas públicas, las reformas propuestas por el PoderLegislativo y las decisiones jurisdiccionales tomen en cuenta, siempre en primer término, el interés superior del niñez y se encarguen de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección más amplia que sea posible.
3. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El 12 de octubre de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales en la materia, de los que México sea parte.
En ese sentido, el 4 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicho ordenamiento significa un cambio de paradigma, ya que reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos.
Dicha reforma establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos
Una de las instituciones que se fortalece es el DIF, reconociendo y destacando de manera particular que se trata de una de las instituciones del Estado mexicano encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en ese sentido, corresponde a la federación por su conducto proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados.
Por tanto a partir de ahora, el DIF impulsara la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y promoverá la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones vinculadas con la protección y restitución de tales los derechos.
Una de las innovaciones de esta Ley estableció que dentro de la estructura del Sistema DIF, deben contar con una Procuraduría de Protección con facultades explicitas y bien determinadas, a efecto de que se encuentre en condiciones de procurar la protección integral de los derechos de la Niñez.
Se trata de una institución fundamental dado que será la encargada de brindar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, como representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes.
Las entidades federativas deberán contar también con Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan.En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.
Esta ley dispone que para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido la Ley General estableció en su artículo sexto transitorio que:
Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía propone que tanto la Ley General de Salud como la Ley de Asistencia Social sean congruentes con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en ese sentido hacer operativo al Sistema Nacional DIF y establecer las bases generales que permitan operar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
4. De las reformas a la Ley de Asistencia Social.
Uno de los problemas para la protección integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo es que no ha podido ser homogénea en todo el país, muestra de ello es que en algunas entidades persisten problemas estructurales que afectan, menoscaban o anulan tales derechos, por mencionar algunos podemos encontrar temas relativos a la filiación, adopción, patria potestad, guarda o custodia, matrimonio forzado, acceso a nombre o a un acta de nacimiento, situación de migración, convivencia con madres en reclusión, niñez como víctimas del delito o en conflicto con la ley penal, derecho a la salud, educación y a la asistencia social, son solo muestra de la gama de derechos y competencias muy disímbolas que coexisten entorno de los derechos de la niñez.
Por mencionar un caso, podemos señalar que al expedirse la anterior Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hubo una reproducción de leyes en las entidades federativas sobre un mismo derecho pero con los límites competenciales en cada una de ellas y sin una política coordinada en los tres órdenes de gobierno, lo que ha venido a subsanarse con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No obstante aún existen en las treinta y dos entidades federativas y en buena parte de los municipios, procuradurías de la defensa del menor y la familia, dependiente de los DIF estatales, pero con una limitada o nula coordinación con el DIF nacional.
En ese sentido, proponemos reformas a la Ley de Asistencia Social, en la lógica de que actualmente en dicha disposición los derechos de niñas, niños y adolescentes son considerados “como servicios básicos de salud” y no propiamente como lo que son, derechos plenos, exigibles y realizables.
Por tanto proponemos un cambio en la denominación del Capítulo VI de la Ley de Asistencia Social denominado “Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia” para incorporar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia e integrarla con la Junta de Gobierno y la Dirección General como uno de los órganos superiores del organismo.
Ello permitirá establecer las bases generales para que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia pueda operar y se convierta en el organismo técnico, especializado y profesional en la defensa, tutela y protección de las personas menores de 18 años, por tanto, las actuaciones de las procuradurías de protección y de las instituciones obligadas en el procedimiento para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberán ser realizadas por personal especializado y capacitado para la atención a niñas, niños y adolescentes, como fue la intención del legislador al expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo proponemos fortalecer a organismo como organismo descentralizado, estableciendo expresamente que cuenta con autonomía técnica, funcional y de gestión, lo que sin duda viene fortalecer sus atribuciones y funciones de decisión, pero sobre todo su especialización.
En ese sentido se hacen los ajustes correspondientes para hacer operativo el DIF con las reformas emprendidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.
De ahí que proponemos la incorporación de los Centros de Asistencia Social para que éstos puedan garantizar, proteger, promover el respetode sus derechos, concibiendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Con esta nueva visión es que se incorporó en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se regula el ejercicio de estos Centros, en ella se dispone que los servicios sean de calidad y con gran vocación protectora de sus derechos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción I del artículo 4; los incisos d) y e) de la fracción I y la fracción III del artículo 12; el artículo 13; la denominación del capítulo VI; los incisos c) y d) del artículo 28; los artículos 41, 42 y 43. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 3; un inciso c) al artículo 31; los artículos 37 bis y 37 Ter de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:
Los Centros de Asistencia Social, son los establecimientos, lugares o espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones; de conformidad con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Con base en lo anterior, son sujetosde derecho a la asistencia social, preferentemente:
a) a m) …
Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas menores de 12 años de edad y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años incumplidos, tal como lo establece el Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
II a XII …
Artículo 12.- Se entienden como derecho a la salud en materia de asistencia social los siguientes:
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud:
d) El ejercicio de la tutela, representación y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
e) La prestación de servicios de asistencia jurídica, representación y protección integral de los derechos deniñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;
f) a i) …
III. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social, en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
IV a XV …
Artículo 13.- Los derechos enumerados en el artículo anterior podrán ser prestados por cualquier institución pública o privada, las instituciones privadas no podrán participar en los servicios que por disposición legal correspondan de manera exclusiva a instituciones públicas federales, estatales o municipales.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, así como autonomía técnica, funcional y de gestión, a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Salud.
Para la representación, protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el organismo contara con una Procuraduría de Protección en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:
a)y b) …
c) Con fundamento en lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y atendiendo al interés superior de la infancia, El Organismo tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa Ley;
d)Por conducto de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, prestar servicios de representación y asistencia jurídica, de orientación social a niñas y niños y adolescentes en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como la protección de los derechos a personas adultas, mayores, personas con alguna discapacidad, indigentes, indígenas, migrantes, desplazados o se encuentren en situación de discriminación múltiple en los términos de las leyes respectivas;
e) a z) ...
Artículo 31.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Organismo contará con los siguientes órganos superiores:
a) Junta de Gobierno,
b) Dirección General, y
c) Procuraduría Federal de Protección de los Derechosde la Niñez y la Adolescencia.
Artículo 33.-La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
d) Ratificar la designación y remoción del Procurador Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a propuesta del Director General del Organismo y a los servidores públicos de nivel inmediato inferior;
e) a k) …
Artículo 37 Bis. El Procurador Federal deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Su nombramiento deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema Nacional DIF, a propuesta de su Titular.
Artículo 37 Ter. El Procurador Federal tendrá las siguientes atribuciones:
I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes demás disposiciones aplicables.
II. Elaborar un Programa Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la Administración Pública Federal y coordinar su efectiva aplicación;
III. Autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y elaborar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social
IV. Brindar asesoría jurídica técnica y especializada de manera gratuita a niños, niñas, adolescentes y demás personas interesadas que lo soliciten;
V. Llevar a cabo la representación técnica y especializada, así como el patrocinio legal gratuito a niñas, niños, adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo, para la defensa de sus derechos, garantías e intereses individuales, colectivos o difusos, ante autoridades competentes;
VI. Solicitar ante las autoridades competentes la aplicación de las medidas especiales de protección que permitan salvaguardar el interés superior de la niñez;
VII. Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales que redunden en beneficio e interés de niñas, niños y adolescentes;
VIII. Interponer juicios de amparo y recursos judiciales contra actos de efectos particulares en beneficio de niñas, niños y adolescentes;
IX. Gestionar ante las autoridades competentes su intervención para la protección de los derechos de niñas, niños o adolescentes y en su caso, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar por la violación de tales derechos;
X. Supervisar e inspeccionar el respeto de los derechos humanos de las personas adolescentes privadas de su libertad, derivado de un procedimiento de Justicia para Adolescentes en conflicto con las leyes penales en todas sus etapas;
XI. Celebrar convenios y acuerdos con las entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, con el objeto de cumplir con el interés superior de la niñez, de igual manera podrá celebrarlos con instituciones de asistencia privadas;
XII. Denunciar ante el Ministerio Publico competente, los hechos que puedan ser constitutivos de delitos, y ante las autoridades competentes los actos que constituyan violaciones administrativas o legales que afecten los derechos de niñas, niños o adolescentes;
XIII. Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas que proporcionen apoyo y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XIV: Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal encargado de la prestación de los servicios de la Procuraduría;
XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la representación del Gobierno Federal para la ejecución y difusión de programas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante organismos internacionales y multilaterales; y
XVII. Operar los Centros de Asistencia Social y aquellos establecimientos que brindan apoyo y protección en beneficio de niñas, niños y adolescentes en situación de discriminación múltiple y de atención a la primera infancia;
Artículo 37 Ter. Quienes integren los equipos de asesoría jurídica deberán contar para su nombramiento Licenciatura en Derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente; además de reunir los mismos requisitos que la persona titular de la Procuraduría.
Tendrán además las obligaciones siguientes:
I. Prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa especializada de niñas, niños y adolescentes;
II. Promover ante las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa de los intereses de las personas menores de 18 años representadas, haciendo valer acciones, excepciones, incidentes, recursos o cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz defensa;
III. Llevar un registro y expediente de control por cada caso que se le presente, desde su inicio, hasta la conclusión total del asunto;
IV. Preservar la identidad y ofrecer un ambiente de respeto y dignidad de las personas menores de 18 años;
V. Rendir informes bimestrales de cada caso que se le asigne a su superior jerárquico;
VI. Informar oportunamente a la persona menor de 18 años y a quién ejerza la guardia y custodia sobre la situación que guarda el expediente; y
VII. Las demás que resulten de la naturaleza de su función, de la disposición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentesasí como las que les encomendadas por la persona titular de la Procuraduría.
Artículo 39.- El Comisario tendrá las siguientes facultades:
a) Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Organismo y de la Procuraduría Federal de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se hagan de acuerdo con lo que dispongan esta Ley y los programas y presupuestos aprobados;
b) a e) …
Artículo 41.-La Secretaría de Salud y El Organismo, promoverán que las dependencias y entidades destinen los recursos necesarios a los programas de asistencia social y para la representación y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 42.- Las relaciones de trabajo entre El Organismo y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia con sus trabajadores se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 43.-Los trabajadores del Organismo y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia estarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá prever los recursos para la creación y funcionamiento de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
TERCERO. La designación de la persona titular de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de este Decreto.
CUARTO. La Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia deberá estar operando a más tardar dentro de los siguientes ciento veinte días al inicio de la vigencia del presente Decreto.
Los antecedentes históricos aquí mencionados son tomados del Manual General de Organización del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI) del 6 de diciembre de 2005.
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el inciso c) y último párrafo de la fracción I del artículo 4 y los incisos c) y d) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social.