Source: http://www.leyesinmobiliarias.seuvella.com/na-l13-2000.html
Timestamp: 2019-05-21 08:52:43
Document Index: 136243651

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'artículo 45', 'artículo 149', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 52']

TÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES DEL ORDENAMIENTO Y DERECHOS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
Artículo 2. Potestad tributaria.
Artículo 4. Fines de los tributos.
Artículo 5. Entidades de Derecho Público.
Artículo 6. Potestad reglamentaria y gestión tributaria.
Artículo 7. Impugnabilidad.
Artículo 8. Presunción de legalidad. Ejecutividad.
Artículo 9. Derechos generales de los obligados tributarios.
TÍTULO III. LOS TRIBUTOS.
CAPÍTULO I. CLASES DE TRIBUTOS.
CAPÍTULO II. EL HECHO IMPONIBLE.
CAPÍTULO III. LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
SECCIÓN I. SUJETO PASIVO.
Artículo 22. Contribuyente.
Artículo 23. Sustituto.
Artículo 24. Retenedor y obligado a ingresar a cuenta.
Artículo 25. Entidades sin personalidad jurídica.
Artículo 26. Concurrencia de titulares.
Artículo 28. Indisponibilidad de la obligación tributaria.
SECCIÓN II. RESPONSABLES.
Artículo 30. Supuestos especiales de responsabilidad solidaria.
Artículo 31. Responsables por adquisición de explotaciones o actividades económicas.
Artículo 32. Supuestos especiales de responsabilidad subsidiaria.
SECCIÓN III. SUCESORES Y ADOUIRENTES DE BIENES AFECTOS.
Artículo 33. Sucesores en los derechos y obligaciones tributarios.
Artículo 34. Adquirentes de bienes afectos.
SECCIÓN IV. LA CAPACIDAD DE OBRAR.
Artículo 35. Personas con capacidad de obrar.
SECCIÓN V. EL DOMICILIO FISCAL.
Artículo 37. Régimen general.
SECCIÓN I. LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
Artículo 39. Regímenes.
Artículo 40. Estimación directa.
Artículo 41. Estimación objetiva.
Artículo 42. Estimación indirecta.
Artículo 43. Procedimiento en la estimación indirecta.
SECCIÓN II. LA COMPROBACIÓN DE VALORES.
Artículo 44. Medios de comprobación.
Artículo 45. Acuerdos previos de valoración.
SECCIÓN III. LA BASE LIQUIDABLE.
CAPÍTULO V. LA DEUDA TRIBUTARIA
SECCIÓN I. EL TIPO DE GRAVAMEN, LA CUOTA Y LA DEUDA.
Artículo 47. Tipos de gravamen.
Artículo 48. Cuota tributaria.
Artículo 49. Reducción de oficio de la cuota tributaria.
Artículo 50. Deuda tributaria
SECCIÓN II. EL PAGO.
Artículo 51. Formas de pago.
Artículo 52. Plazos y recargos.
Artículo 53. Autonomía de las deudas tributarias.
Artículo 54. Consignación de la deuda tributaria.
Artículo 55. Plazos.
Artículo 56. Cómputo.
Artículo 57. Interrupción.
SECCIÓN IV. OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN.
Artículo 59. Compensación.
Artículo 60. Condonación.
Artículo 61. Insolvencia probada.
SECCIÓN V. LAS GARANTÍAS.
Artículo 62. Prelación de Créditos .
Artículo 63. Hipoteca legal tácita.
Artículo 64. Afectación.
Artículo 65. Derecho de retención.
CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
SECCIÓN I. LAS INFRACCIONES.
Artículo 66. Régimen general.
Artículo 67. Infracciones simples.
SECCIÓN II. LAS SANCIONES.
Artículo 69. Clases de sanciones.
Artículo 70. Órganos competentes para sancionar y procedimiento sancionador.
Artículo 71. Graduación de las sanciones.
Artículo 72. Sanciones por infracciones simples.
Artículo 73. Sanciones accesorias por infracciones simples.
Artículo 74. Sanciones a cargos de entidades de crédito.
Artículo 75. Sanciones a autoridades, funcionarios o personas que ejerzan profesiones oficiales.
Artículo 76. Sanciones por infracciones graves.
Artículo 77. Otras sanciones por infracciones graves.
Artículo 78. Extinción de la responsabilidad.
TÍTULO IV. LA GESTIÓN TRIBUTARIA.
Artículo 79. Obligación de resolver
Artículo 80. Estado de tramitación de los procedimientos. Copia de los documentos.
Artículo 81. Identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos.
Artículo 82. Expedición de certificaciones y copias acreditativas de la presentación de declaraciones y documentos.
Artículo 83. Presentación de documentos.
Artículo 84. Obligación de la Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los derechos.
Artículo 85. Alegaciones.
Artículo 86. Audiencia al interesado.
Artículo 87. Plazos.
Artículo 88. Devoluciones de oficio.
Artículo 89. Órganos administrativos.
Artículo 90. Colaboración social
CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL OBLIGADO TRIBUTARIO.
Artículo 91. Información y asistencia.
Artículo 92. Publicaciones.
Artículo 94. Consultas tributarias.
SECCIÓN I. INICIACIÓN Y TRÁMITES.
Artículo 95. Formas de iniciación.
Artículo 96. Declaración tributaria.
Artículo 97. Denuncia pública
Artículo 98. Derecho de la Administración tributaria a recabar declaraciones.
Artículo 99. Notificaciones.
Artículo 100. Rectificación de errores materiales o de hecho.
SECCIÓN II. COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN.
Artículo 101. Facultades.
Artículo 102. Medios.
Artículo 103. Deber de colaboración.
Artículo 104. Obligación de facilitar datos por parte de autoridades e instituciones.
Artículo 105. Naturaleza y fines de la información tributaria.
SECCIÓN III. LA PRUEBA.
Artículo 106. La carga de la prueba
Artículo 107. Medios y valoración de pruebas.
Artículo 108. Presunción de certeza de las declaraciones.
Artículo 109. La confesión.
Artículo 110. Las presunciones.
Artículo 111. Valor probatorio de los Registros públicos.
CAPÍTULO IV. LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 112. Clases.
Artículo 113. Liquidaciones provisionales de oficio. Comprobación abreviada.
Artículo 114. Notificación de las liquidaciones tributarias.
Artículo 115. Notificación defectuosa.
CAPÍTULO V. LA RECAUDACIÓN.
Artículo 116. Períodos voluntario y ejecutivo.
Artículo 117. Recaudación en período ejecutivo.
Artículo 118. Medidas cautelares.
Artículo 119. Naturaleza del procedimiento de apremio.
Artículo 120. Ejecución de la garantía
Artículo 121. Orden de prelación.
Artículo 122. Embargo de bienes entregados o depositados.
Artículo 123. Comprobación e investigación de bienes y derechos.
Artículo 124. Realización del embargo.
Artículo 125. Suspensión del procedimiento de apremio.
Artículo 126. Tercerías.
Artículo 127. Enajenación de bienes embargados.
Artículo 128. Motivos de oposición al apremio.
Artículo 129. Competencia de la gestión recaudatoria.
CAPÍTULO VI. LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Artículo 130. Funciones.
Artículo 131. Lugares en los cuales puede entrar la Inspección tributaria.
Artículo 132. Examen de la documentación.
Artículo 133. Lugares en los que la Inspección tributaria puede desarrollar su función.
Artículo 134. Documentación de las actuaciones inspectoras.
Artículo 135. Actas de inspección: Contenido y lugar de extensión.
Artículo 136. Actas en disconformidad y de prueba preconstituida. Actas suscritas sin autorización suficiente.
Artículo 137. Planes de inspección.
Artículo 138. Ampliación de las actuaciones de comprobación e investigación.
Artículo 139. Plazo.
CAPÍTULO VII. REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.
SECCIÓN I. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN.
Artículo 140. Revisión de actos nulos.
Artículo 141. Revisión de actos en vía de gestión.
Artículo 142. Devolución de ingresos indebidos.
Artículo 143. Rectificación de errores materiales.
Artículo 144. Reclamación económico-administrativa.
Artículo 145. Actos no revisables.
Artículo 146. Declaración de lesividad.
SECCIÓN II. RECURSOS: NORMAS GENERALES.
Artículo 147. Derecho a recurrir.
Artículo 148. Suspensión de la ejecución del acto impugnado.
Artículo 149. Reembolso de los costes de las garantías.
SECCIÓN III. RECURSO DE REPOSICIÓN.
Artículo 150. Regulación del recurso.
Artículo 151. Efectos interruptivos.
SECCIÓN IV. IMPUGNACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.
Artículo 152. Modalidades.
Artículo 153. Órgano competente.
Artículo 154. Materias sobre las que pueden versar las reclamaciones.
Artículo 155. Actos impugnables.
Artículo 156. Legitimación para promover las reclamaciones.
Artículo 157. Extensión de la revisión.
Artículo 158. Procedimiento.
Artículo 159. Recurso extraordinario de revisión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Impugnación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, de actos de repercusión tributaria y de retenciones o ingresos a cuenta.
DISPOSICIONES FINAL PRIMERA. Entrada en vigor.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Desarrollo de la Ley Foral
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria .
El artículo 45.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establece que Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente Convenio Económico .
El citado texto legal hace referencia a la potestad que tiene la Comunidad Foral de establecer su propio régimen tributario . Por tanto, Navarra no es solamente titular de unos poderes concretos para regular los distintos tributos sino que tiene potestad para mantener y regular un régimen tributario propio, un ordenamiento jurídico tributario, de manera que forme una unidad y un sistema, con capacidad de autointegración y con vocación de complitud. Ahora bien, la autonomía fiscal de Navarra debe armonizarse con el sistema estatal y lo hace precisamente a través del Convenio Económico. Es decir, la autonomía tributaria de la Comunidad Foral no deriva del Convenio Económico sino que se articula por medio de él.
Es cierto que tan importante carencia se ha intentado minimizar por medio del artículo 149.3 de la Constitución, de acuerdo con el cual el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas .
El artículo 7, apartado 1, del Convenio Económico establece que la Comunidad Foral en la elaboración de la normativa tributaria se adecuará a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos .
En este contexto, el artículo 1.1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, manifiesta que la presente Ley regula los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las Administraciones tributarias, y será aplicable a todas ellas.
A tal efecto, la entrada en vigor de esta Ley Foral se pospone al 1 de abril del año 2001 con el fin de que, durante la tramitación parlamentaria y en el período de vacatio legis, se puedan abordar adecuadamente los cambios normativos y organizativos necesarios, junto con la preparación adecuada de la maquinaria administrativa para hacer frente a estos nuevos retos.
La elaboración de esta Ley Foral ha estado enmarcada en un proceso de reflexión y debate a lo largo de los últimos meses. En él han participado tanto los técnicos de la Administración tributaria foral como los Departamentos de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Se ha contado también con la opinión de las distintas unidades administrativas de la Hacienda Tributaria de Navarra en materias de gestión, inspección y recaudación, así como de la Secretaría Técnica y del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria. Igualmente ha tenido lugar un amplio intercambio de pareceres con otras Administraciones tributarias.
Se trata de una Ley Foral relativamente extensa sí bien se ha procedido a estructurarla y sistematizarla en Títulos, Capítulos y Secciones con el objeto de que su manejo sea sencillo. Por otra parte, se ha procurado una regulación precisa de muchas cuestiones, lo cual aumenta la extensión de la Ley Foral pero contribuye a incrementar la seguridad jurídica de los obligados tributarios.
Principios generales del ordenamiento tributario y de su aplicación.
El Título I incluye las normas relativas a los principios generales del ordenamiento tributario navarro, incorporando dentro de él los derechos generales de los obligados tributarios.
El artículo 9 describe los derechos generales del obligado tributario, los cuales serán desarrollados a lo largo del articulado de la Ley Foral. Los más relevantes son los siguientes: obtención de las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio con abono del interés de demora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto; derecho a ser reembolsado del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de los actos tributarios, cuando éstos sean declarados improcedentes; derecho a ser oído en el trámite de audiencia; derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión; derecho a ser informado de la naturaleza y alcance de las actuaciones de comprobación e investigación; derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos; obligación por parte de la Administración de publicar en el primer trimestre de cada ejercicio los textos actualizados de las Leyes y Decretos Forales que se hayan modificado en el año precedente; obligación de informar de los criterios administrativos, de las consultas más relevantes y de las resoluciones del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria que resulten más interesantes.
El Título III aborda aspectos tan importantes como la clasificación de los tributos, el hecho imponible, los obligados tributarios, la base imponible, la deuda tributaria y las infracciones y sanciones. Consta de seis capítulos.
El primero de ellos clasifica a los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales
Este capítulo consta de cinco Secciones. La Sección I se refiere a los sujetos pasivos, que incluyen a los contribuyentes, sustitutos, retenedores y obligados a ingresar a cuenta.
La sección II regula el régimen jurídico de los responsables, mientras que la sección III se refiere a los sucesores y adquirentes.
La sección IV regula la capacidad de obrar y la representación. De la regulación del domicilio fiscal se ocupa la sección V.
La sección I contempla los regímenes de determinación de la base, los cuales serán establecidos por la ley foral propia de cada tributo. Se distingue entre estimación directa, objetiva e indirecta.
La sección II del capítulo está dedicada a la comprobación de valores y consta de dos artículos, uno de ellos referido a los medios de comprobación de valores y el otro a los acuerdos previos de valoración.
La sección III define la base liquidable como el resultado de practicar en la base imponible las reducciones establecidas por la ley foral de cada tributo.
La sección I regula los conceptos de tipo de gravamen, cuota y deuda tributaria.
El interés de demora será el interés legal del dinero, incrementado en un 25 %, salvo que una ley foral establezca otro diferente.
La sección II está dedicada al pago de la deuda tributaria. Esta podrá hacerse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados. También podrá realizarse con entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o de otros bienes que, a estos solos efectos, sean declarados de interés cultural y social por el Gobierno de Navarra o se consideren de excepcional interés para la Comunidad Foral.
La sección III está dedicada a la prescripción y determina sus plazos, su cómputo, la interrupción y la aplicación de oficio.
La sección IV prevé la existencia de otras formas de extinción de las deudas tributarias y menciona la compensación, la condonación y la insolvencia probada.
Las garantías que se regulan en la sección V se refieren a la prelación de Créditos , la llamada Hipoteca legal tácita, la afectación de bienes y al derecho de retención.
El concepto de infracción tributaria se regula en el artículo 66: Son infracciones y sanciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes forales. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe .
Dejar de ingresar dentro del período voluntario la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regulance de acuerdo con el artículo 52 del proyecto de Ley Foral (es decir, que se produzca un ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo) o proceda la aplicación del recargo de apremio.
No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración tributaria pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.
Determinar de manera improcedente partidas positivas o negativas o Créditos de impuesto, a deducir o compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.
Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las entidades en régimen de transparencia fiscal, que no se correspondan con la realidad.
La sección II de este capítulo está dedicada a las sanciones tributarias y se inicia con una clasificación de las mismas, distinguiendo entre pecuniarias y no pecuniarias:
Multa pecuniaria fija o proporcional. Esta se aplicará sobre las cantidades dejadas de ingresar o sobre el importe de los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos.
Pérdida, hasta un plazo de cinco años, de la posibilidad de obtener ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios fiscales.
Prohibición, hasta un plazo de cinco años, de celebrar contratos con la Administración de la Comunidad Foral u otros entes públicos.
Suspensión, hasta el plazo de un año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.
La gestión de los tributos.
Este Título está dedicado a regular la gestión tributaria y está dividido en siete capítulos.
Derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento y a obtener copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo en supuestos tasados.
Derecho a conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria.
Derecho a que se le expida certificación de las declaraciones por él presentadas o de extremos concretos contenidos en las mismas.
Derecho a no presentar documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable, así como a no aportar aquellos documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la Administración actuante.
Derecho a que las actuaciones de la Administración se lleven a cabo de la forma que resulte menos gravosa para el obligado tributario, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Derecho a que se le conceda audiencia en todo procedimiento de gestión, salvo cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
La sección II se refiere a la comprobación e investigación. Esta se realizará mediante el examen de documentos, libros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad, así como por la inspección de bienes, explotaciones y cualquier otro antecedente que sean necesarios para la determinación del tributo.
La sección III de este capítulo III está dedicada a la prueba y establece el principio general de que quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo, siendo de aplicación las normas sobre medios y valoración de pruebas de la Compilación del Derecho Civil de Navarra, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La sección I desarrolla los procedimientos especiales de revisión. Se refiere en primer lugar a la revisión de actos nulos, correspondiendo al Consejero de Economía y Hacienda la declaración de nulidad, previo dictamen del Consejo de Navarra, de los actos en los que concurran las condiciones exigidas para ello por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.
La sección II aborda las normas generales de la revisión de actos y se refiere a la suspensión de la ejecución del acto y al reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de la deuda tributaria.
La sección III regula el recurso de reposición contra los actos tributarios, el cual tendrá carácter potestativo y se interpondrá ante el órgano que dictó el acto recurrido, el cual será competente para resolverlo. Hasta que el recurso de reposición no se haya resuelto expresa o presuntamente, el interesado no podrá interponer la reclamación económico-administrativa. Se entenderá desestimado el recurso de reposición cuando transcurra un mes desde su interposición sin que se notifique resolución expresa sobre el mismo. El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos.
La sección IV disciplina las impugnaciones económico-administrativas y establece dos modalidades: la reclamación económico-administrativa y el recurso extraordinario de revisión. El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá al Gobierno de Navarra, el cual podrá delegar el ejercicio de dichas funciones en un órgano creado al efecto. Las resoluciones del Gobierno de Navarra agotarán la vía administrativa y serán recurribles en vía contencioso-administrativa.