Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-54-de-febrero-3-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920418f0df034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 00:53:42
Document Index: 329827877

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 644', 'artículo 588', 'artículo 589', 'artículo 590', 'artículo 644', 'artículo 83', 'artículo 644', 'artículo 83', 'artículo 83']

﻿ SENTENCIA C-54 DE FEBRERO 3 DE 1999
SENTENCIA C-54 DE 03 DE FEBRERO DE 1999
CONTENIDO:CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS PARÁGRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 644 DEL DECRETO 624 DE 1989 (ESTATUTO TRIBUTARIO).
TEMAS ESPECÍFICOS:CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, ESTATUTO TRIBUTARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:328 DE ABRIL DE 1999, PÁG.631
Sentencia C-54 de febrero 3 de 1999
Ref.: Expediente D-2121
Actor: Martín Emilio Rey Castillo.
El siguiente es el tenor literal de la norma acusada con la advertencia de que se subraya lo demandado. (Tomada del Diario Oficial Nº 38756-1 de marzo 30 de 1989).
3. La corrección de las declaraciones tributarias en el estatuto tributario.
El estatuto tributario, cuerpo legislativo al cual pertenece la norma bajo examen, dedica varios artículos al asunto de la corrección de las declaraciones tributarias, así:
a) El artículo 588 se refiere a las correcciones llevadas a cabo por los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, cuando dichas correcciones aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor, y también cuando no varían el valor a pagar o el saldo a favor. La norma establece el derecho a llevar a cabo la enmienda y el plazo dentro del cual se puede ejercer el mencionado derecho, así como los casos en los cuales la referida corrección no origina sanción alguna;
b) El artículo 589 se refiere a aquellas correcciones llevadas acabo por los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, cuando ellas disminuyan el valor a pagar o aumentan el saldo a favor, señalando la oportunidad para llevar a cabo esta clase de correcciones, y el procedimiento que debe seguir la administración. La norma aclara también cuál será la sanción en el caso en que la corrección solicitada no sea procedente. En este sentido la disposición expresa lo siguiente:
“Cuando no sea procedente la corrección solicitada, el contribuyente será objeto de una sanción equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor, la que será aplicada en el mismo acto mediante el cual se produzca el rechazo de la solicitud por improcedente. Esta sanción se disminuirá a la mitad, en el caso de que con ocasión del recurso correspondiente sea aceptada y pagada”.
c) El artículo 590 regula lo relativo a las correcciones provocadas por la administración, esto es aquéllas que se llevan a cabo con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, o al requerimiento especial que haya sido formulado al contribuyente, responsable o agente retenedor, y
d) El artículo 644 demandado en esta causa, regula de manera general el monto de las sanciones aplicables cuando se produce la corrección de una declaración.
4. La imposición de sanciones por corrección en las declaraciones tributarias, y el principio de la buena fe.
En efecto, dicha sentencia expresó lo siguiente:
Entendida la buena fe en la forma explicada por la Corte en esta sentencia, en materia tributaria, y con la observación de que la sanción en sí misma considerada no es inconstitucional, pues ella busca que los contribuyentes presenten sus declaraciones tributarias en forma correcta, no se viola el principio de la buena fe del artículo 83 de la Constitución, ni el 6º”. (sent. C-005/98, M.P. Jorge Arango Mejía).
Sobre el mismo punto, en sentencia anterior la Corte había expuesto:
“Sobre el principio de la buena fe y los asuntos tributarios, la Corte, en sentencia C-690 de 1996 señaló que en esta materia, resulta admisible que la ley presuma que la actuación no está provista de la buena fe. Es decir, que, en tratándose de asuntos tributarios, puede no aplicarse en forma absoluta el principio de la buena fe. Dijo la Corte:
“Finalmente, en general es razonable suponer que ha actuado de manera dolosa o negligente quien ha incumplido un deber tributario tan claro como es la presentación de la declaración tributaria en debida forma, por lo cual resulta natural considerar que la prueba del hecho —esto es de la no presentación de la declaración— es un indicio muy grave de la culpabilidad de la persona. Por consiguiente, teniendo en cuenta que las sanciones impuestas en caso de no presentación de la declaración tributaria son de orden monetario, que el cumplimiento de este deber es esencial para que el Estado pueda cumplir sus fines, y conforme al principio de eficiencia, la Corte considera que una vez probado por la administración que la persona fácticamente no ha presentado su declaración fiscal, entonces es admisible la ley presuma que la actuación ha sido culpable, esto es, dolosa o negligente.
“Lo anterior no implica una negación de la presunción de inocencia, la cual sería inconstitucional, pero constituye una disminución de la actividad probatoria exigida al Estado, pues ante la evidencia del incumplimiento del deber de presentar la declaración tributaria, la administración ya tiene la prueba que hace razonable presumir la culpabilidad del contribuyente. En este orden de ideas, la flexibilidad del principio de prueba de la culpabilidad en este campo no implica empero condonación de la prueba para la administración, puesto que sanciones de tipo administrativo, tales como las que se imponen en ejercicio del poder de policía o las sanciones de origen tributario, deben estar sujetas a la evidencia del incumplimiento, en este caso la no presentación de la obligación tributaria, la cual hace razonable la presunción de negligencia o dolo del contribuyente. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Estima la Corte que los anteriores criterios deben reiterarse en la presente oportunidad, y con fundamento en ellos desestima los argumentos de la demanda. La norma acusada, como bien lo dicen los intervinientes, consagra una sanción por llevar a efecto correcciones en las declaraciones tributarias, situación que supone que el contribuyente, responsable o agente retenedor, no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, sino que lo ha hecho en forma inexacta, o incompleta; tal situación, que en el supuesto de la norma bajo examen, está siendo reconocida por el propio sujeto incumplido. La presunción de buena fe, se ve reemplazada por la de negligencia y es suficiente soporte jurídico para la imposición de la sanción, sin que por ello pueda entenderse desconocido el principio general de buena fe.
Declarar EXEQUIBLES los parágrafos 1º y 2º del artículo 644 del Decreto 624 de 1989 (estatuto tributario).
Aclaro mi voto en el asunto de la referencia en el sentido de reiterar lo que ya había expuesto en relación con la sentencia C-160 del 15 de abril de 1998 (M.P. Dra. Carmenza Isaza de Gómez).
“No estoy de acuerdo en el análisis que se hace en la sentencia sobre el artículo 83 de la Constitución Política, especialmente cuando en las conclusiones de aquélla se consigna que la carga de la prueba, en general, la tiene la administración, pero que, “si existió mala fe por parte del administrado al suministrar un dato erróneo, o una información que no correspondía a la solicitada, la carga de la prueba se trasladará a éste, quien deberá demostrar que no existió mala fe ...”.
Obsérvese que el supuesto del cual se parte en las expresiones transcritas es el de que “existió mala fe por parte del administrado al suministrar un dato erróneo, o una información que no correspondía a la solicitada”, y que de esa mala fe, ya supuesta, se deduce el traslado de la carga de la prueba, en términos tales que, contra el texto y el espíritu del artículo 83 de la Carta Política, el contribuyente “deberá demostrar que no existió mala fe”.
Considero que la norma ahora examinada no es igual a la estudiada por la Corte cuando profirió el fallo C-690 de 1996 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). Allí se partía de la no presentación de la declaración tributaria, es decir del incumplimiento, en absoluto, del deber que corresponde al contribuyente. Lo que en esta oportunidad ha sido estudiado es la existencia de errores en el contenido de las informaciones suministradas a la administración, o el hecho de responder con algo que no corresponda a lo solicitado. Ni una ni otra situación proviene siempre y necesariamente a mala fe o a dolo de quien informa. Pueden ser precisamente equivocaciones cometidas de buena fe, y la intención perversa o torcida del contribuyente debería ser demostrada por el Estado para desvirtuar la presunción constitucional de buena fe, consagrada en términos tan claros que no admiten excepciones legales: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en TODAS las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas” (subrayo)”.
De ninguna manera puedo aceptar, a la luz de la Constitución Política de 1991, la afirmación que hace la Corte en este fallo, según la cual “la presunción de buena fe se ve reemplazada por la de negligencia”. Por lo visto, para la corporación, toda persona se presume negligente mientras no demuestre lo contrario y eso, según ella, es constitucional. Me aparto de tal tesis, aunque con todo respeto me acojo a la jurisprudencia ya trazada.