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Timestamp: 2019-02-17 21:15:13
Document Index: 219289062

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 31', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 53', 'artículo 32']

Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido a la cuantía del copago de una plaza en residencia pública - PDF
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Alberto Rubio Chávez
1 Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido a la cuantía del copago de una plaza en residencia pública Expediente: G.6.Q/12585/15 Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2016 Sr. conselleiro: En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de debido a la cuantía del copago de una plaza en residencia pública. ANTECEDENTES 1. En la queja indicaba que reclama contra la cuantía de copago para plaza en residencia pública de su marido (exp. ), ya que de la pensión que cobra 885 tiene que pagar 878, por lo que los 7 restantes son insuficientes para el mantenimiento de gastos mensuales del dependiente (gastos de farmacia, atuendo, pañales, peluquera, podología...). Es un dependiente con una ayuda de gran invalidez, por lo que el trato que se le da en el caso del copago de dependencia para una residencia pública no es el mismo que el trato de un dependiente normal. A los dependientes con ayuda de 3ª persona y los que tienen ayuda de gran invalidez no se les respeta el mínimo vital. Solicita bajar el copago y que se le respete el mínimo vital. 2. Ante eso requerimos información a la anterior Consellería de Traballo e Benestar. Se conocieron los detalles tenidos en cuenta por la consellería para llegar al cálculo mencionado en la queja, cuyo motivo se confirma. Para el cálculo de la participación en el coste del servicio en primera instancia se tuvo en cuenta el mínimo vital previsto en el art. 14 del decreto 149/2013, de forma que se restan 208,79 a la capacidad económica a esos efectos. Sin embargo, con posterioridad se desvirtúa tal cosa y se añade el complemento de 3ª persona restado con anterioridad a la capacidad mensual, con lo que se llega al efecto que menciona la queja, esto es, a que la diferencia entre los ingresos antes y después del pago sea de 7, algo aparentemente en contra del concepto de mínimo vital previsto en el
2 art. 14 del decreto. Además, en el anexo enviado se detallan los pasos dados y los cálculos aritméticos efectuados, pero cuando se suma el complemento no se señala nada respecto de la habilitación legal para eso y sobre todo la interpretación hecha de su relación con el mínimo vital. 3. Por lo anterior requerimos aclaración urgente, que se recibió. La consellería siguió sin responder a la concreta cuestión planteada en el requerimiento de información complementaria. Se confirmó que a la persona dependiente, después del copago, le quedan a su disposición 7 euros. Sin embargo, no se aclaraba esa circunstancia y su relación con el mínimo vital previsto en la normativa. 4. Por lo dicho de nuevo nos dirigimos a la consellería con el fin de requerir que con urgencia se facilitase aclaración, que ya se recibió. Se indicó que los cálculos eran correctos de acuerdo con los parámetros legales manejados. Sin embargo, no se aclaraba lo que intentamos conocer (con el fin de explicarlo a la reclamante) respeto de las razones por las que normativamente no parece respetarse el concepto de mínimo vital en los casos de prestaciones de este tipo, esto es, en las prestaciones económicas de ayuda de 3ª persona y de gran invalidez. La consellería seguía sin aclarar la concreta motivación de casos como el que tratamos; hace mención a que un decreto autonómico así lo prevé, pero no explica el motivo por el que en estos casos esa normativa se separa de la previsión general de mínimo vital. Después del copago la persona dependiente no dispone de renta, según se confirma. 5. Un efecto similar se producía anteriormente en el caso de libranzas de servicios, pero se rectificó. Efectivamente, la propia consellería informó que la Orden de 25 de febrero de 2015 había modificado la de 2 de enero de 2012 (de desarrollo del Decreto 15/2010). El artículo único añade un punto 2 al artículo 57 de la Orden: cuando la persona beneficiaria sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad el importe de la libranza que se reconozca, después de las deducciones anteriores, no podrá ser inferior al 25% de la cuantía máxima establecida para cada una de las libranzas vigentes según el grado de dependencia en la fecha en que se produzca el reconocimiento. Los programas individuales de atención aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden y que fueran revisados como consecuencia de la aplicación de la Orden de 19 de abril de 2013 tendrán efectos a partir de la fecha en que se dictó la resolución de revisión del PIA. 6. Por lo anterior nuevamente requerimos de la consellería que con urgencia se facilitase aclaración, en especial sobre las causas por las que en estos casos no se aplica el criterio del mínimo vital como renta disponible de la persona con dependencia. La Consellería de Política Social ya nos la remitió y en ella se señala lo siguiente: En contestación a su solicitud de información complementaria sobre el expediente de referencia de fecha 16/11/2015, en concreto sobre el soporte normativo en que se
3 fundamentan los criterios de cálculo de la participación del usuario en el coste del servicio del expediente de dependencia objeto de la queja, esta Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad informa: Concurrencia en la percepción de prestaciones de análoga naturaleza y finalidad: El artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, establece que "La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta Ley deducirá de sus cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán el complemento de gran invalidez regulado en el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, lo de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas con Discapacidad (LISMI) (actualmente contemplado en la Disposición Transitoria Única de él Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social). El artículo 20.2 del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste, establece que en los ingresos de la persona usuaria no se tendrán en consideración como renta la cuantía de las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad recogidas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Asimismo establece que "Dichas prestaciones se sumarán a la cuantía calculada de acuerdo con los criterios de participación del servicio hasta el 100% del coste de referencia del servicio. Proceso de cálculo de la participación de las personas usuarias en el coste de los servicios de los que son beneficiarias con cargo al Sistema Público para la Autonomía y Atención a la Dependencia: En consecuencia, en el cálculo de la capacidad económica, que se calcula conforme a los criterios contenidos en los artículos 20, 21 y 22 del decreto indicado, no se tiene en cuenta las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad que perciba la persona interesada. La capacidad económica resultante es el índice que se toma como base para el cálculo posterior de la participación de la persona usuaria en el coste del servicio del que es beneficiaria, conforme a lo previsto en el artículo 24 del decreto indicado, para el caso del servicio de atención residencial que nos ocupa. Una vez determinado el copago resultante, si le aplican los límites previstos en los artículos 13 y 14 del decreto señalado: - Límite superior: Aplicación del artículo 13.1 "En ningún caso la participación económica de la persona usuaria podrá exceder el 90% del coste de referencia del servicio prestado" - Mínimo vital: Aplicación del artículo 14. Una vez que se verifica que la cantidad resultante como copago respeta dichos límites, o caso contrario,
4 efectuada la corrección oportuna, finalmente se aplica la previsión antes señalada del artículo 20.0 del Decreto 149/2013 "Dichas prestaciones se sumarán a la cuantía calculada de acuerdo con los criterios de participación del servicio hasta el 100% del coste de referencia del servicio", y se verifica que el copago efectivo resultante no exceda del 100% del coste de referencia del servicio. El procedimiento de cálculo descrito es el que se aplica con carácter general para el cálculo de la participación económica de las personas usuarias en el coste de los servicios de los que son beneficiarias con cargo al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en base a los presupuestos normativos señalados anteriormente. En el caso concreto de este expediente, tal como de forma detallada les explicamos en el último informe complementario de fecha 03/08/2015 se respetaron los límites indicados anteriormente, y concretamente el límite regulado en el artículo 14 como mínimo vital". La confusión pensamos que viene dada porque la aplicación del referido límite se debe circunscribir al copago teórico resultante de la capacidad económica (en la que ya se descontó, tal como indica la norma, los ingresos derivados de prestaciones de análoga naturaleza y finalidad). La diferencia entre dicho copago y el coste real del servicio sería la parte que es financiada por el Sistema Público de Protección Social, en el que en este caso concurren para la misma finalidad dos prestaciones complementarias, la correspondiente a la Xunta de Galicia a través del SAAD y la correspondiente al sistema de prestaciones de la Seguridad Social. Esperamos haber cumplimentado sus dudas sobre la forma de cálculo de la participación de la persona usuaria en el coste de los servicios y la aplicación de los límites previstos, según la normativa vigente. ANÁLISIS 1. Con lo expuesto en los informes de las consellerías (la anterior y la competente en este momento) confirmamos lo expresado en la queja, esto es, que las personas que cobran prestaciones económicas de análoga naturaleza que las que pueden asignarse en el ámbito del sistema de dependencia no se ven amparados por la previsión de los mínimos superior y vital previstos en la normativa autonómica, en especial las mencionadas en el art. 31 de la Ley de Dependencia, esto es, el complemento de gran invalidez, el de hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 75 %, y la ayuda de tercera persona. Sí se respeta en el caso de las personas que cobran rentas de otro tipo, tal y como las que define la normativa autonómica.
5 2. La consellería confirma que tal circunstancia se da debido a lo regulado en el Decreto gallego 149/2013. Sus arts. 13 y 14, relativos a la determinación de la capacidad económica, prevén los límites correspondiente, entre ellos precisamente el mínimo vital. Sin embargo, ese mismo decreto prevé lo que se alega para no aplicarlo a los casos citados. Efectivamente, el decreto señalado establece respecto de la capacidad económica un límite superior, el 90% del coste de referencia del servicio prestado, y un mínimo vital. Y posteriormente, después de realizadas esas operaciones, el art del Decreto 149/2013 prevé que "dichas prestaciones (las análogas) se sumarán a la cuantía calculada de acuerdo con los criterios de participación del servicio hasta el 100% del coste de referencia del servicio". 3. Como expresamos en las diferentes ocasiones en las que nos dirigimos a la consellería competente, era preciso que se había explicado con detalle el motivo de la diferente consideración de las rentas a los efectos de la aplicación de los mínimos vitales, que tienen por fin no agotar en su totalidad a renta disponible, lo que resulta razonable. Como respuesta a esta demanda la consellería solo hace alusión a la previsión reglamentaria que tratamos, que no explica la diferente consideración de una y de otras rentas a los efectos de la necesidad de hacer respetar el concepto general de un mínimo vital. 4. Con la previsión citada y su interpretación, que prescinde de la aplicación del mínimo en los casos de las prestaciones análogas, se produce el efecto perjudicial que es motivo de la presente queja. Teniendo en cuenta el sentido general que se pretende alcanzar con la previsión del mínimo vital o con los límites de copago, no alcanza a conocerse cuál es el motivo por el que estos límites no se aplican también a las personas cuyas rentas provienen de las fuentes citadas. La gran mayoría de los de los beneficiarios de las ayudas citadas son personas con discapacidad, y muchas también lo son con carácter original, por lo que sus fuentes de ingresos a lo largo de la vida fueron esas. 5. La aplicación del previsto en el art. 31 de la Ley de Dependencia no lleva la que necesariamente se dé por consecuencia que tratamos, sino que esta se produce por el previsto en el decreto gallego. Efectivamente, el citado artículo parece aludir a las prestaciones económicas, que no deben duplicarse, como es lógico, y en cualquiera caso, aun haciendo una interpretación más extensiva, la prestación estatal no configura la totalidad de la renta, por lo que son perfectamente aplicables los conceptos que tratamos. 6. En definitiva, se confirmó que lo actuado por la consellería se encuentra amparado por la actual normativa en materia de copago. Sin embargo, no pudo conocerse la razón material o de fondo de la diferenciación entre unas rentas y otras a los efectos de los mínimos, especialmente el vital. No parece justificado el efecto perjudicial de no aplicarlos a las prestaciones análogas, como se deduce de la falta de argumentación material por parte de la
6 consellería, a pesar de nuestras peticiones de aclaración. Por eso debería examinarse la conveniencia de modificar la interpretación actual de la norma, en el caso de considerarse posible, o, en su caso, promover su modificación. 7. El art. 30 de la ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, prevé que si el Valedor do Pobo de Galicia, como consecuencia de sus investigaciones, llegara al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al Parlamento de Galicia o a la Administración la modificación de la misma. 8. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses especialmente protegidos en la Constitución española, que obliga a los poder públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el disfrute de los derechos que este Título (I) otorga a todos los ciudadanos (art. 49). Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos, entre ellos la Administración autonómica, tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. CONCLUSIONES Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería de Política Social la siguiente sugerencia: Que se examine la conveniencia de hacer una interpretación de la norma autonómica tratada que permita aplicar los límites de copago y el respeto del mínimo vital para los casos de rentas análogas a las prestaciones económicas de dependencia, o que, en caso de considerarse preciso, se examine la posible modificación de la citada normativa autonómica con el mismo fin. Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para darle efectividad, también en su caso. Además le hacemos saber que en aplicación del principio de transparencia, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que dictó esta resolución esta se incluirá en la página web de la institución.
7 Lo saluda atentamente. Milagros María Otero Parga Valedora do Pobo