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Timestamp: 2018-07-15 21:05:18
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La nogociacion colectiva - Miller Puma Rios
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Miller Puma Rios 06:16:00 Articulos, Derecho, Derecho civil
CONCEPTO.La negociación colectiva puede concebirse como el cauce a través del cual las
organizaciones sindicales y los empleadores tratan sobre las materias que competen a las relaciones laborales con miras a la celebración de un convenio colectivo. Entre negociación y convenio hay, pues, una relación de procedimiento a producto. La existencia de un convenio colectivo supone la previa existencia de una negociación, en cambio la de ésta no conduce necesariamente a aquél, ya que podría haber otro producto o no haber ninguno. Además de los procedimientos y productos negociales, nos detendremos en este trabajo en los sujetos, niveles y contenidos negociales.
2.1.Internacional.
2.1.1. Instrumentos de derechos humanos.
Ningún instrumento internacional genérico sobre derechos humanos consagra explícitamente el derecho a la negociación colectiva, ni los de ámbito mundial ni los de ámbito regional. Sin embargo, como ya hemos visto en la parte referida a la libertad sindical, todos aquéllos se ocupan de este último derecho, que en una acepción amplia y dinámica la comprende sin lugar a dudas. La negociación colectiva, pues, se encuentra implícitamente contenida en expresiones que aluden al derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos, como la formulada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8.1.c), así como en la propia consagración genérica de la libertad sindical.
2.1.2. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
A nivel de la OIT, básicamente tres convenios regulan la negociación colectiva. El primero de ellos es el 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva), 151 (sobrerelaciones de trabajo en la administración pública) y 154 (sobre la negociación colectiva). Este último no está todavía ratificado por el Perú y los dos anteriores sí.
2.2. Constitucional.
2.2.1. Comparado latinoamericano.
La recepción de la negociación colectiva por el constitucionalismo latinoamericano es mucho menor que la de la libertad sindical. Lo mismo ocurre, en verdad, también en Europa. Sólo seis constituciones de la región la mencionan y el número de las que aluden al producto
negocial es el doble, aunque con diversas denominaciones, tales como “convenios”, “contratos”, “convenciones” o “acuerdos colectivos”. Tres de estas últimas se refieren además a la naturaleza normativa de dicho producto.
2.2.2. Peruano.
La negociación colectiva estuvo regulada por la Constitución de 1979 y lo está por la de 1993. El contraste entre ambos textos podría hacerse a partir de tres elementos: el papel del Estado frente al derecho, los medios de solución de los conflictos laborales y el carácter del producto
En lo que toca al papel del Estado frente a la negociación colectiva, el texto anterior establecía la garantía y el actual, el fomento del derecho. Aunque ambos términos guardan semejanza, el nuevo supone una actuación estatal decidida para estimular el desarrollo del derecho, mientras el antiguo podría limitarse a la remoción de los obstáculos que lo traban.
En cuanto a la solución de los conflictos laborales (teniendo claro que ese universo comprende diversos tipos entre los cuales se halla la negociación colectiva), se ha redimensionado también la función del Estado. Mientras en el texto de 1979 se le atribuía la de regular por ley losprocedimientos negociales y dirimir en definitiva los desacuerdos entre las partes, en el de 1993 se le encarga sólo promover formas de solución pacífica. De este modo, cabría ahora desde una autorregulación de los cauces negociales hasta una heterorregulación, pero respetuosa de los medios de solución decididos por las propias partes.
Por último, en lo referido al carácter del producto negocial, se ha sustituido la frase “fuerza de ley” por la de “fuerza vinculante”, con los efectos que veremos al tratar el punto correspondiente. Basta adelantar aquí, que ambas expresiones aluden a la naturaleza normativa del convenio colectivo, difiriendo en que la primera conlleva además una remisión a un nivel determinado de la jerarquía normativa y la segunda no.
2.3. Legal peruano.
2.3.1. Sector privado.
En este campo, el ordenamiento central del sector privado está contenido en la LRCT y su Reglamento.
Es indispensable tener en cuenta que en virtud del artículo 1 de la LRCT, ésta se aplica también a los trabajadores de las entidades y empresas del Estado sujetas al régimen privado, pero sólo en tanto las disposiciones específicas que las regulan no sean menos favorables, caso en el cual prevalecerán éstas.
2.3.2. Sector público.
Las normas básicas son el Decreto Supremo 003-82-PCM (modificado por el Decreto Supremo 099-84-PCM) y el Decreto Supremo 026-82-JUS. El Decreto Supremo 063-90-PCM modificó los Decretos Supremos 00382-PCM y 026-82-JUS.
Según la Recomendación 91 de la OIT, son sujetos negociales, por una parte “una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes delos trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos”, y por la otra “un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores” (artículo 2.l). A partir de este concepto, la doctrina concuerda en que la negociación tiene necesariamente carácter colectivo por el lado de los trabajadores mas no por el del empleador, y que es llevada a cabo - nuevamente desde la perspectiva laboral y no patronal - por un sujeto orgánico, preferentemente una organización sindical y sólo a falta de ella un conjunto orgánico de trabajadores, representado por delegados negociales.
Si en un ámbito hubiera varias organizaciones sindicales, investidas, por tanto, todas ellas de capacidad negocial, los ordenamientos podrían reconocerle legitimidad negocial sólo a una de ellas, que sería finalmente la única habilitada para negociar colectivamente. Esta debería ser la organización sindical más representativa, cualidad comprobable a partir de criterios objetivos, como el número de afiliados o de votantes en un proceso electoral al interior del ámbito, entre otros.
Nuestro ordenamiento del sector privado reconoce como sujetos negociales a los mismos que la citada Recomendación 91 de la OIT, distinguiendo el caso del nivel de empresa de los de rama de actividad o gremio: en el primero tienen capacidad negocial los sindicatos y, en ausencia de éstos, los representantes elegidos por la mayoría absoluta de los trabajadores, y en el segundo, sólo las organizaciones sindicales (artículos 8.b, 41, 46, 47 y 48 de la LRCT). Si éstas representan a la mayoría de las empresas y de los trabajadores de la rama de actividad o gremio respectivo, elconvenio colectivo tendrá eficacia personal general; en caso contrario, la tendrá limitada (artículo 46 de la LRCT modificado por la Ley 27912). De este modo, se supera el cuestionamiento del CLS-OIT en los casos 1648 y 1650, a la doble mayoría requerida por la versión original de la norma, que dificultaba la negociación colectiva a dichos niveles.
La representación de los trabajadores está a cargo de una comisión negociadora, integrada por no menos de tres ni más de doce miembros plenos. Su número se determinará en función de los trabajadores del ámbito, como en el caso de los dirigentes amparados por el fuero sindical (artículo 36 del Reglamento de la LRCT ).
En los supuestos en que hubiera varias organizaciones sindicales en el mismo ámbito, se confiere la legitimidad negocial al sindicato que afilie a la mayoría absoluta de trabajadores. Aquél conducirá la única negociación colectiva del ámbito, en representación de todos los trabajadores, afiliados o no a aquél, celebrando un convenio colectivo de eficacia personal general. Si ningún sindicato solo logra dicha condición, pero dos o más minoritarios sumados si la obtienen, podría suceder que:
a. Actuaran conjuntamente, en cuyo caso representarán a la totalidad de trabajadores, o
b. Actuaran separadamente, en cuyo caso podrían negociar colectivamente, pero sólo en representación de sus respectivos afiliados, celebrando convenios colectivos de eficacia personal limitada, y se quedarían fuera de la regulación del convenio colectivo los trabajadores no afiliados a ningún sindicato. Esto último ocurriría si hubiera un único sindicato minoritario en el ámbito (artículo 9 de la LRCT y artículo 34 de suReglamento).
La legislación sobre el sector público contempla como sujetos negociales, por el lado de los trabajadores al sindicato mayoritario de la repartición, y por el del empleador, a los representantes de ésta, designados por el titular respectivo (artículos 24 y 25 del Decreto Supremo 003-82-PCM y artículos 14 y 18 del Decreto Supremo 026-82JUS). No se precisa si la mayoría debe ser absoluta o puede ser relativa y no se prevé la posibilidad de intervención de representantes elegidos en defecto de organización sindical.
El ámbito al cual se aplica el convenio colectivo se conoce como unidad de negociación. Esta coincidirá normalmente con el campo sobre el cual una organización sindical ejerce su representación. En otras palabras, dado que las organizaciones sindicales son los sujetos capacitados para negociar colectivamente, el ámbito negocial deriva del ámbito sindical.
En este terreno, interesa determinar las unidades de negociación reconocidas por cada ordenamiento y - en el supuesto de que hubiera negociación colectiva en más de una unidad a la vez - la vinculación o desvinculación entre dichas negociaciones.
La primera cuestión es la de los niveles de negociación, que son en el plano comparado predominantemente los de empresa y rama de actividad. La doctrina le llama modelo descentralizado a aquél en que se negocia sobre todo en la empresa (como ocurre en el Perú y los demás países de América Latina, salvo Argentina, Brasil y Uruguay; en Estados Unidos y Japón) y modelo centralizado al que tiene como nivel negocial a la rama de actividad (imperante en los mencionados países de América Latina y en Europa).
El nivel de empresa tiene comoprincipal ventaja el permitir considerar la situación concreta de los interlocutores laborales y como desventaja el dejar casi siempre fuera de la negociación colectiva a aquellas empresas en las que no hubiera organización sindical. Mientras el de la rama de actividad ofrece como virtud central su amplia cobertura, comprendiendo incluso a las empresas en las que no hubiera organización sindical, y como defecto central el establecer condiciones homogéneas para empresas que pudieran tener características más o menos heterogéneas, perjudicando a las empresas más pequeñas. Este último inconveniente se suele superar determinando beneficios no concretos e iguales para todas las empresas, sino en forma de franjas, entre una y otra suma, que serán especificados atendiendo a criterios objetivos de aplicación automática: las empresas que tienen desde tal hasta tal cifra de cierto factor (número de trabajadores, nivel de productividad, etc.) darán tal cantidad, sin necesidad de realizar una nueva negociación para fijarla, porque si no, estaríamos ante el supuesto distinto de negociaciones colectivas simultáneas a más de un nivel.
Conforme con el artículo 4.1 de la Recomendación 163 de la OIT, las legislaciones nacionales deberían permitir que la negociación colectiva se desarrolle a cualquier nivel. Correspondería a las partes determinarlo. El Estado no puede imponer ni prohibir uno.
La segunda cuestión es la de la existencia de dos negociaciones colectivas, realizadas a niveles diferentes, una en la empresa y otra en la rama de actividad, aplicables ambas a los trabajadores de cada una de las primeras que conforman la segunda. Aquí habría dos posibilidades:
a. Que hubiera habido un reparto previo de materias o funciones, de
modo tal que a la negociación por empresa le correspondan unas y
a la de rama de actividad otras, en cuyo caso estaríamos ante una
negociación colectiva articulada, o
b. Que no la hubiera habido, pudiendo haber superposición de
regulaciones, conflictiva o no conflictiva, en cuyo caso de tratará
de coordinar los convenios colectivos respectivos.
Son criterios de articulación, por ejemplo, distribuir lo genérico para la negociación por rama de actividad y lo específico para la de empresa, o atribuirle el establecimiento de mínimos a la primera y de suplementos a la segunda, o asignarle materias determinadas a cada una, etc. Si esto no se hubiera hecho y ambas negociaciones pudieran ocuparse válidamente de los mismos contenidos, podríamos encontramos con convenios colectivos que regulan cuestiones diversas o que tratan sobre las mismas, en este último caso de modo compatible o incompatible. Si ésta fuera la situación, debería seleccionarse el convenio colectivo aplicable, habiendo para ello varios criterios de los que el de la norma más favorable es el que goza de preferencia doctrinaria.
Según la citada Recomendación 163 de la OIT, corresponde a las partes decidir sobre la vinculación entre las negociaciones colectivas de diversos niveles y no puede ser decretada por el Estado.
Nuestra legislación referida al sector privado reconoce como ámbitos negociales, la empresa, dos de alcance infraempresarial (la categoría y el establecimiento) y otros dos de alcance supraempresarial (la rama de actividad y el gremio) (artículo 44 de la LRCT). La sección sindical sólo podría negociar colectivamente por delegaciónexpresa, conforme al artículo 9 del Reglamento de la LRCT. Esta favorece notoriamente la negociación colectiva a nivel de empresa y obstaculiza el de rama de actividad. Así, si estuviéramos ante la primera negociación, las partes decidirán el nivel, pero si no hubiera acuerdo, éste será el de empresa. Si ya hubiera un nivel determinado, podría ocurrir que:
a. Éste fuera el de empresa, en cuyo caso para establecer otro en
sustitución o adición se requerirá el acuerdo de partes (no
cabiendo por laudo arbitral), o
b. Aquél fuera el de la rama de actividad, supuesto en el cual se contrario al nivel de empresa (artículo 45 y Tercera Disposición Transitoria y Final de la LRCT, ésta derogada por la Ley 27912).
Asimismo, para el supuesto muy improbable de negociaciones colectivas simultáneas a más de un nivel, se establece la necesidad de articulación, señalando además los criterios para ello (artículo 45 de la LRCT). La lesión a la autonomía colectiva es flagrante.
Por último, para una hipótesis que en principio no cabe en el marco de una negociación colectiva articulada como el que se ha adoptado, se prevé la recurrencia a la norma más favorable si hubiera un conflicto entre convenios colectivos, formulando la comparación entre éstos en forma global.
En el campo del sector público, todos estos problemas no se presentan por cuanto la legislación reconoce un único nivel, que es la repartición (artículo 24 del Decreto Supremo 003-82-PCM y artículo 14 del Decreto Supremo 026-82-JUS).
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