Source: http://www.consejodeestado.gov.co/consejo-de-estado-2-2-3-2/etica/
Timestamp: 2019-03-23 18:46:15
Document Index: 57506155

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 229', 'artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 228', 'artículo 5', 'artículo 42', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 228', 'artículo 3']

Ética | Consejo de Estado
Compilación de principios
COMPILACIÓN DE PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL
El Consejo de Estado ha sido pionero en la implementación de prácticas de transparencia en Colombia, y una vez más asume el reto de ser líder en el sector justicia para consagrar y resaltar su compromiso con la ética mediante la revisión de los principios que considera deberían guiar el actuar de los jueces y magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Para realizar esta selección, se trabajó arduamente en la recopilación de los estándares de la ética judicial recogidos en el mundo, las recomendaciones de organismos internacionales en materia de justicia, de autores internacionales y la revisión del ordenamiento jurídico nacional, proceso en el cual evidenció que los principios que a continuación se mencionan —y otros reconocidos internacionalmente— se encuentran contemplados en diversas normas, desde la Constitución Política, hasta algunos códigos y por supuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en el régimen disciplinario, y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otras disposiciones vigentes.
Sin embargo, la dispersión de principios en múltiples normas nacionales contribuye a que de alguna forma se disipen o queden invisibles a los ojos de los ciudadanos e incluso de los propios miembros del cuerpo judicial.
Una selección preliminar de los principios fue revisada y discutida en tres talleres de trabajo con jueces y magistrados de la jurisdicción contenciosa, realizados en Bogotá, Armenia y Bucaramanga en agosto de 2017 y los aportes allí consignados fueron valiosos para el debate, la selección y la priorización de los principios rectores de esta jurisdicción.
INTEGRIDAD, PROBIDAD, HONESTIDAD
DISCRECIÓN, DECORO, CORRECCIÓN
“La integridad es el atributo de rectitud y probidad. Sus componentes son la honestidad y la moralidad judicial. Un juez debe siempre, no solo en el desempeño de sus obligaciones judiciales, actuar honradamente y en forma adecuada para las funciones jurisdiccionales; ser ajeno a todo fraude, engaño y falsificación; y ser bueno y virtuoso en su comportamiento y carácter. La integridad así definida no tiene grados. La integridad es absoluta. En la judicatura, la integridad es más que una virtud, es una necesidad.” - Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, UNODC, p.73
“El juez desempeñará su papel con integridad, en interés de la justicia y de la sociedad. Esta obligación de mantener la integridad en su conducta regirá también en su propia vida, tanto social como personal.
Del principio de integridad derivan el deber de la honradez y el deber de la dignidad y el honor.” - Deontología Judicial Informe 2009-2010, Red Europea de Consejos de Justicia, p.3
Fuentes: Utilizado, entre otros, en Francia, España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, en las cinco provincias argentinas, en los Principios de Bangalore, en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, en la Red Europea de Consejos de Justicia y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Colombia su esencia se encuentra recogida en los artículos 231 y 233 de la Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y en el artículo 12 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
“…Es la calidad fundamental que se exige de un juez y el atributo central de la judicatura. La imparcialidad debe existir como cuestión de hecho y como cuestión de percepción razonable. Si existe una percepción razonable de parcialidad es probable que esa percepción deje una sensación de agravio e injusticia, con la consiguiente destrucción de la confianza en el sistema judicial. La percepción de imparcialidad se mide desde el punto de vista de un observador razonable. La percepción de que un juez no es imparcial puede surgir de diversas maneras, como por ejemplo, cuando se perciba un conflicto de intereses, como resultado del comportamiento del juez en su estrado o por las asociaciones y actividades que tenga fuera del tribunal…” - comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, UNODC, p.51-52
La imparcialidad es la garantía primaria de la objetividad del juez/magistrado a la hora de valorar y fallar los casos de manera justa.
Fuentes: Francia, Italia, España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Costa Rica, en las 5 provincias argentinas y en los Principios de Bangalore, en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, la Red Europea de Consejos de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Colombia, el principio de imparcialidad se encuentra reflejado en el artículo 229 de la Constitución Política, en el artículo 2 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), en los artículos 4 y 42 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en los artículos 22, 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en los artículos 4 y 5 de la Ley 906 2004 CPP, en los artículos 3 y 10 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Finalmente en el artículo 100 del Acuerdo 02 de 2015 de la Corte Constitucional.
“La independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales…
…La independencia judicial no es un privilegio ni una prerrogativa del juez considerado individualmente. Es la responsabilidad impuesta a cada juez para permitirle fallar una controversia en forma honesta e imparcial sobre la base del derecho y de la prueba, sin presiones ni influencias externas y sin temor a la interferencia de nadie. El núcleo central del principio de independencia judicial es la total libertad del juez para conocer de las causas sometidas al tribunal y fallarlas; nadie de fuera —gobierno, grupo de presión, persona o incluso otro juez— debe interferir o tratar de interferir en la forma en que el juez sustancia la causa y adopta una decisión.” — comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, UNODC, p.33
“…Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna, ni influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.” —comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, UNODC, p.27
Fuentes: es el más universal de los principios de ética judicial y normalmente es el primero en la lista de todos los países analizados (10 países y 5 provincias argentinas), en los Principios de Bangalore de Naciones Unidas y en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por la Red Europea de Consejos de Justicia y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Colombia, el principio de independencia se encuentra recogido en el artículo 228 de la Constitución Política y en el artículo 5 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).
“El juez evitará cualquier comportamiento que haga pensar que sus decisiones se basan en algo distinto de la aplicación de la ley de forma justa y fundamentada. Al mismo tiempo, el juez es también un ciudadano y tiene derecho, como tal, y al margen del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, a la libertad de expresión reconocida por todos los convenios internacionales relativos a la protección de los derechos humanos.
El juez hará lo posible por no menoscabar, tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida privada, la confianza depositada en él por los ciudadanos.
La reserva y la discreción del juez aportan a éste un equilibrio entre sus derechos como ciudadano-juez y las restricciones vinculadas a su profesión…
… El juez se abstendrá de formular comentarios sobre sus decisiones, incluso si estas son desaprobadas por los medios de comunicación o por la doctrina, o incluso si son posteriormente revocadas. El modo de expresar su opinión residirá en la motivación de sus decisiones.” - Deontología Judicial Informe 2009-2010, Red Europea de Consejos de Justicia, p.5
Fuentes: se encuentran consagrados en los ordenamientos de Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Chile y en cuatro provincias argentinas (Corrientes, Formosa, Santa Fe y Córdoba), en los Principios de Bangalore, en la Red Europea de Consejos de Justicia y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Colombia es mencionado el concepto en el artículo 42 de la Ley 270/1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y en el artículo 1 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
“…el principio que obliga a gobernantes y gobernados, administrados imparcialmente, y que concede trato igualitario a todos quienes procuran reparaciones o contra quienes tales reparaciones se procuran. Por muy vagamente que se la perciba y por muy confuso que sea el pensamiento, en los corazones de todos los hombres y mujeres existe una aspiración de legalidad. El cumplimiento de esta aspiración depende de que los jueces apliquen la ley de manera competente e imparcial…” - Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, UNODC, p.22
Fuentes: este principio ha sido incorporado en los ordenamientos de Francia, Brasil, en las provincias argentinas de Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe y en los Principios de Bangalore de Naciones Unidas.
En Colombia, este principio está contemplado en el Artículo 7 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en el artículo 22 de la Ley 734 2002 (Código Disciplinario Único), en el artículo 6 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
La diligencia es un principio fundamental para ganar la confianza de los ciudadanos en la justicia.
“…El juez demostrará diligencia en el tratamiento de los procesos que deban analizarse y juzgarse oportunamente y en un plazo adaptado a la cuestión sometida a juicio, garantizando la calidad de la resolución.
La diligencia en los procedimientos judiciales no solo depende de la legislación y de los recursos asignados a la justicia, sino también de la actitud y el trabajo del juez.” - Deontología Judicial Informe 2009-2010, Red Europea de Consejos de Justicia, p.6
La diligencia también implica el deber de minimizar el error, tomado de las ciencias exactas. El juez/magistrado debe utilizar todas las herramientas e instrumentos para propender por “equivocarse poco” de forma que no sólo se garantice la correcta impartición de justicia sino que genere confianza a la ciudadanía.
Fuentes: la diligencia está consagrada como principio de ética judicial en Italia, España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile y en las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Córdoba y Santa Fe en Argentina. Igualmente en los Principios de Bangalore de Naciones Unidas, en el Código Iberoamericano de Ética Judicial y en la Red Europea de Consejos de Justicia.
En Colombia, el espíritu del principio de diligencia se encuentra recogido en el artículo 228 de la Constitución Política, en los artículos 4 y 7 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en los artículos 5, 11, 42 y 43 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en los artículos 22, 34, 35,138 y 139 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Quienes se han comprometido con los Principios Rectores
Ejemplos de dilemas éticos que surgen en el ejercicio de la función judicial
Partiendo de la base de que el juez cuando tiene que decidir un caso lo hace conforme a Derecho, en estricto sentido, nunca se le plantean dilemas éticos sino jurídicos. Sin embargo, hay que reconocer que ciertas circunstancias personales o del entorno social, político o económico pueden suponer disyuntivas o dilemas éticos en los que el juez debe reflexionar y discernir si se encuentra o no frente a un conflicto de intereses, y si debe tomar medidas y apartarse del caso concreto que, entiende, le afecta su imparcialidad e independencia o que a ojos de un tercer observador puede verse afectada esa confianza.
Dilema de connotación religiosa: a un Juez muy religioso se le pueden plantear problemas al aplicar leyes en las cuales no se sigan los criterios tradicionales de su religión, por ejemplo, en materia de aborto, de divorcio, de matrimonio o adopción por parte de parejas del mismo sexo, etc. Obviamente, en supuestos que pueden ser muy controvertidos socialmente, el juez tiene que decidir en Derecho pero, como es humano, se le plantean dilemas éticos (personales). ¿Cómo abordarlos y gestionarlos, y en qué momento considerar que debe declararse impedido o apartarse?
La recomendación será que si ante sus propios ojos o ante los ojos de un tercer observador genera o puede generar dudas sobre su imparcialidad, debe retirarse del proceso. En estos supuestos, la aplicación de los principios de integridad, imparcialidad e independencia serán los compañeros para esta decisión.
Dilema en materia de comunicaciones: pueden presentarse problemas en el uso de las redes sociales por parte de un juez, por ejemplo, al proclamar en ellas su posición personal sobre una determinada situación o al manifestar que le gusta cierto líder político, o sus declaraciones públicas sobre determinado asunto. ¿Cómo debe un juez manejar su información en redes sociales? ¿Hasta dónde puede permitirse el uso de estos medios y el reflejar sus preferencias de cualquier índole sin que ello menoscabe su integridad, imparcialidad y la investidura que ostenta?, o más complicado si cabe, la de la institucionalidad que representa? Los principios que ayudarán al juez o magistrado en esta reflexión serán, la discreción, la integridad, la imparcialidad y la independencia.
Dilema por razones de vínculos de orden social: un juez con algún grado de vinculación con una ONG, la Universidad en la que estudió o en la que estudian sus hijos, o su pareja se encuentra vinculada laboralmente, recibe un proceso en el que puede verse afectada dicha organización y no se declara impedido para conocer del caso porque valora que los hechos anotados no afectarán su objetividad. ¿Cómo deberá actuar en este proceso? ¿Puede haber conflicto de intereses? ¿Realmente ha actuado correctamente al aceptar llevarlo? No sólo debe ser objetivo a sus ojos sino a la vista de cualquier observador, para lo cual la reflexión en este supuesto deberá ser a conciencia sobre la situación real que representan estas circunstancias y acudir a todos los principios de ética judicial acogidos, cuya reflexión, en conjunto, le llevarán a tomar la decisión que debe adoptar de apartarse o continuar.
Ejemplos de retroalimentación permanente: (Esta sección se alimentará con nuevos ejemplos que surjan de las consultas o aportes de los jueces, magistrados y funcionarios de la jurisdicción).
Los siguientes casos han sido recogidos en los talleres de dilemas éticos realizados con jueces y magistrados de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y algunos miembros de sus equipos en agosto de 2017. Su recopilación se efectuó de manera abstracta y anónima, con el único propósito de contribuir a las reflexiones en materia de ética judicial.
Se comentaron varias experiencias en el grupo de trabajo sobre presiones que reciben para tomar una decisión en un sentido determinado, que derivan en algunos casos en dilemas éticos. Estas presiones son de todo tipo, pueden ser ofertas económicas o amenazas a la integridad personal propia o de sus allegados. En estos ejemplos, los funcionarios señalaron que se negaron a esas presiones e incluso algún afectado tuvo que renunciar a su cargo y trasladarse de ciudad para proteger su integridad personal.
En el grupo de trabajo se comentó una acción de tutela donde un juez se enfrentó a un dilema frente al caso de una persona con cáncer porque existían conceptos médicos contrarios sobre lo que debía hacérsele. Podía otorgársele un tratamiento médico para curarla sin garantías del resultado, o autorizar una cirugía para que no sufriera dolor para lo que le quedara de vida. Finalmente, la decisión fue aprobar la cirugía para quitarle el dolor.
Una persona del grupo estaba en carrera en una entidad no judicial y llevaba un proceso de responsabilidad fiscal y una persona le mandó a preguntar cómo se podía archivar el caso. Posteriormente el funcionario recibió la orden de cumplir con esa solicitud de archivo, pero como no lo consideró ético, decidió no hacerlo e interpuso las denuncias del caso.
A un funcionario judicial, un abogado le hizo llegar una pregunta sobre cómo se hacía para ganar el proceso –insinuando un arreglo económico-, a lo que el funcionario dio como respuesta, que lo que tenía que hacer era estudiar mucho para poder ganar el proceso.
En medio de la sustanciación de una acción popular que solicitaba demoler un edificio —en donde las pruebas aportadas parecían sustentar la necesidad urgente de demolición—, antes de adoptar la decisión, la funcionaria decidió verificar tal situación realizando una visita al lugar y una investigación más a fondo que arrojó como resultado el descubrimiento de una propiedad que era patrimonio cultural. La petición de demolición fue negada y hoy en día existe un proyecto de reconstrucción del lugar como patrimonio de la ciudad.
Algunos jueces manifestaron que al momento de fallar sobre temas pensionales se les presenta un dilema ético, debido a que tienden a buscar la aplicación de la norma más favorable para el pensionado, porque sienten que, en algún momento, cuando estén pensionados quisieran tener ese beneficio. Además, cuando hay precedentes de dos altas cortes (Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia) que establecen soluciones distintas a un mismo problema jurídico, les supone un dilema llegar a la decisión que se debe adoptar.
Otro ejemplo de dilema ético que tienen los jueces les surge cuando observan el error judicial cometido en la decisión de un superior jerárquico.
Se presentaron casos de dilemas que han tenido cuando por ejemplo deben analizar si ha ocurrido responsabilidad del Estado por una privación injusta de la libertad ocasionada por un delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, siendo en el caso expuesto, por ejemplo, que el sujeto fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia -por error de tipo (la menor reconoció y se probó en el proceso que había consentido la relación y había engañado sobre su edad real al denunciado)-, el acusado demandó por privación injusta de la libertad y se presentó el dilema ético sobre el hecho de que si además de que efectivamente sí se cometió el delito, en casos como este, procedía la indemnización por privación injusta de la libertad. La respuesta fue conceder las pretensiones del acusado.
Otro caso que se presenta tiene que ver con una solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en donde una psicóloga determinó que existía riesgo en la salud de la mujer. Si bien está enmarcado en una de las causales legales, el embarazo estaba muy avanzado (4 meses de gestación), el dictamen psicológico no fue concluyente y no fue posible solicitar a la psicóloga que había hecho la recomendación inicial de la interrupción, para que interviniera en el proceso, se solicitó concepto a un comité especializado multidisciplinario y la decisión de este fue la no interrupción del embarazo.
Material internacional de interés sobre ética judicial
Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, UNODC, 2013
Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, 2014
Código de Conducta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2016
Deontología Judicial Informe 2009-2010, Red Europea de Consejos de Justicia
España: Principios de Ética Judicial, 2016
Reino Unido: Guía para la conducta judicial, 2013
Estados Unidos: Código de Conducta para los jueces de Estados Unidos, 1973 y actualizado en 1987, 1992, 1996, 1999, 2000, 2009 y 2014
Canadá: Principios Éticos para jueces, 1998
Brasil: Código de Ética de los servidores del Tribunal Supremo Federal, 2002 y 2016
Chile: Principios de ética judicial y Comisión de Ética, 2007
Costa Rica: Código de Ética Judicial, 2000
Corrientes – Argentina: Código de Ética para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, 1998
Santiago del Estero- Argentina: Código de Ética para Magistrados y Funcionarios, 1998
Formosa- Argentina: Código de Ética para Magistrados y Funcionarios, 1998
Santa Fe-Argentina: Código de Ética para Magistrados y Jueces del Poder Judicial, 2002
Córdoba: Argentina: Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, 2003, 2007 y 2013
La Ética de los Jueces, Adela Cortina ( Tribuna Abierta 2007
Ética Judicial: el paradigma del buen Juez, Ignacio Sancho Gargallo, Icade, Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, No.72, septiembre-diciembre 2007