Source: http://justiciabol.blogspot.com/2014/08/
Timestamp: 2019-10-16 10:37:25
Document Index: 113604448

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 154', 'artículo 153', 'artículo 61', 'artículo 66', 'Artículo 25', 'Artículo 125', 'Artículo 25']

Justicia en Bolivia: August 2014
El presidente Evo Morales inauguró ayer la Casa de Justicia en la localidad de Chulumani, ubicada en el norte del departamento de La Paz, con una inversión de Bs 5,2 millones, con financiamiento del Reino de Dinamarca. La infraestructura es parte de los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu).
“Hoy la justicia ya no es solamente para las ciudades, la justicia tiene que llegar al pueblo. En ese marco del acceso a la justicia es que se ha pensado integrar los servicios de justicia en un solo lugar. Esta infraestructura tiene ambientes para jueces, fiscales, médico forense, abogados de Defensa Pública, la Defensoría y otros”, detalló en su discurso el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Gabriel Machicao.
El Reino de la República de Dinamarca otorgó a Bolivia recursos en calidad de donación por la suma de 80 millones de coronas danesas, equivalentes a Bs 93 millones aproximadamente, con el fin de establecer el Programa Pro-Justicia: “Apoyo al Acceso a la Justicia en Bolivia”, para la construcción de infraestructuras.
Video Juristas se refieren al audio de Doria Medina y señala que podría haber incurrido en delitos penales
Plantean que solo un juez se encargue de cada juicio penal
El Consejo de la Magistratura plantea reducir la participación de los jueces técnicos en los juicios penales, de dos a uno. La medida está destinada a optimizar los recursos humanos, acelerar los procesos y reducir la carga procesal en los tribunales.
La información la hizo conocer la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani , en la Reunión Nacional de Evaluación, realizada en Cochabamba, ayer.
El proyecto para descongestionar los procesos penales fue iniciado de manera piloto en Chuquisaca y tiene resultados positivos, explicó.
Otra de las decisiones asumidas fue la digitalización de las actas de los juzgados. Las declaraciones serán grabadas y la información almacenada en el sistema informático de los juzgados.
Según Mamani, la transcripción del desarrollo de los juicios es una de las tareas más morosas de los secretarios de los tribunales.
La tercera medida para reducir la mora es el traslado de los jueces de las provincias a las ciudades capitales. Ellos trabajarán en la ciudad de manera temporal para aligerar la carga procesal. “Los tribunales deben ponerse al día porque tenemos mucha mora”, acotó.
Mamani dijo que los municipios no serán abandonados, porque han diseñado una metodología de trabajo en la que permanezcan tres semanas en el distrito central y una en su jurisdicción. Una vez que hayan puesto al día las sentencias regresarán a sus destinos, aseguró.
Antes de la implementación del nuevo Código Procesal Civil los tribunales deben reducir su mora a cero.
El representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, informó que en Cochabamba se implementará el plan de descongestionamiento de causas rezagadas, principalmente en los juzgados cautelares.
En el departamento se realiza el análisis para establecer qué jueces de provincia serán trasladados a la ciudad.
Serán los que tengan poca carga procesal, por ejemplo, el caso de Arque, donde solo atienden cerca de 33 procesos al año.
Se están priorizando los juzgados cautelares aunque no se descarta implementar la estrategia en otros tribunales.
Actualmente, se habilitan espacios y muebles para
para poner en marcha la determinación asumida.
La Central de Diligencias del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba fue reconocida por el buen desempeño de sus funciones en el ámbito nacional.
Los 26 senadores que forman parte del Tribunal de Sentencia de la Cámara Alta resolvieron ayer que el juicio de responsabilidades contra las magistradas del Tribunal Constitucional Soraida Chanez y Ligia Velásquez, se inicie el 21 de octubre, después de las elecciones generales. Para los opositores, esa decisión responde a un "cálculo político” del MAS.
"Se fija para el día 21 de octubre, a las nueve de la mañana, el inicio del juicio contra las magistradas”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, quien explicó que durante el tiempo que les resta debatirán, analizarán y discutirán las normas, "por ser un tema muy complejo y porque es el primer juicio de responsabilidades que tratará la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En la misma línea, el senador David Sánchez (MAS) explicó que decidieron postergar el juicio porque así tendrán tiempo para evaluar "a detalle” todos los expedientes y fundamentos jurídicos por los cuales la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra las magistradas Chánez y Velásquez.
Su colega opositor Germán Antelo afirmó que "al MAS no le conviene emitir una sentencia condenatoria antes de la elección porque le restaría votos”.
El senador Marcelo Antezana afirmó que el juicio "comenzó con vicios de nulidad”, porque sus colegas Centa Rek, Germán Antelo, Lenny Zaconeta y Marialena Méndez se excusaron debido a que presentaron una querella contra la comisión de Justicia Plural de Diputados (que son acusadores), aunque participaron en la audiencia de apertura del juicio.
"Antes de aperturar el juicio, el cuerpo colegiado debería resolver las excusas y recusaciones”, explicó Antezana.
El abogado de la magistrada Soraide Chánez Chire, Eduardo León, informó ayer que ya se tienen las pruebas y la estructura de la estrategia trazada para enfrentar el juicio contra su cliente. Asimismo, calificó el juicio como "relámpago” y un proceso de "persecución machista”.
"Ya tenemos las pruebas y la estructura de la estrategia trazada y tenemos la seguridad de que este proceso es absolutamente injusto, de persecución machista, que no tiene sentido. Es un proceso sin cabeza destinado a morir”, aseguró.
El jurista explicó que lo que corresponde ahora es que las notifiquen legalmente con el auto de apertura de juicio "en señalamiento de la audiencia”. "Luego viene el juicio, en el que se deberán tomar las declaraciones de las magistradas”, dijo.
Pese a esta situación, León dio a conocer su optimismo para enfrentar este proceso. "Estamos listos para ganar el proceso a todos los políticos que vengan encima”, dijo el abogado de las suspendidas.
Ley del Notariado Piden anular cargos en contra de magistradas
Luego de que se declarara la constitucionalidad de la Ley del Notariado, Eduardo León, abogado de la magistrada Soraida Chánez, anunció ayer que pedirá se retiren los cargos en contra de su cliente y se la restituya en su cargo, pues este fallo ratifica que no existe materia justiciable ni supuesto delito.
León explicó que el Tribunal Constitucional (TC), a través de la sentencia 1620/2014, determinó la constitucionalidad de esta ley, la misma ratifica que las magistradas no han realizado ningún acto ilegal “porque si se consideraba que esta norma era inconstitucional, podía haber fallado no en contra de toda ley, sino en contra de todos los artículos observados por el diputado Gantier”, dijo el jurista.
Por otra parte, se establece que la admisión al recurso de inconstitucional abstracto, se sujeta a las normas del Código Procesal Constitucional, “por lo tanto, no existe materia justiciable y no existe delito alguno que hayan cometido en este caso las magistradas”, detalló León.
Consultado sobre si las magistradas, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, deben ser restituidas a sus puestos, León explicó que la Asamblea Legislativa debiera anular el proceso, determinando la falta de materia justiciable, lo contrario significaría una ilegalidad.
Por su parte, el representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Javier Tarquino, informó que junto a la aplicación de la nueva Ley del Notariado se deben fijar nuevos aranceles para los trámites realizados por estos funcionarios.
“Tiene que emitirse un arancel, por cada servicio van a fijar un monto y eso lo va hacer el consejo de notariados conjunto al director nacional”, dijo Tarquino, luego de que se continuara con la reglamentación de esta ley. Esta escala salarial será el monto por el cual los notarios descontaran su salario.
Por otra parte, se tiene previsto el lanzamiento de la convocatoria para notarios que no implica afectar a los trámites que se realicen. “La ley del notariado nos establece que en un determinado tiempo, ya se debió cumplir, se realice la convocatoria pública”, explicó Tarquino.
A esta convocatoria también pueden presentarse los actuales notarios, que en las ciudades de La Paz y El Alto son 140 y en las provincias 50.
Piden que el Código Militar sea adecuado a la CPE
Las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, coincidieron ayer en señalar que el Código Procesal Militar debe ser necesariamente adecuado a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que está vigente en el país desde 2009.
"El Código Procesal Militar está vigente, sin embargo, el mismo debe ser adecuado a la nueva Constitución Política de Estado, al cual nadie se puede excusarse de cumplir, ninguno de sus elementos”, aseveró Chanez. En la misma línea, Velásquez afirmó: "Tiene que adecuarse a la Constitución, toda normativa tiene que estar adecuada, no olvidemos que tenemos una nueva Constitución desde 2009, que también prevé que se haga el desarrollo normativo absolutamente de todo el ordenamiento jurídico, eso quiere decir que tanto los códigos militares y policiales deben estar adecuados”.
Las magistradas suspendidas, Chanez y Velásquez, en declaraciones a la red ERBOL también explicaron que cuando hay la vulneración de derechos y garantías constitucionales, corresponde a la jurisdicción ordinaria tratar el tema y no a la justicia militar.
Ambas sustentaron sus afirmaciones en dos sentencias constitucionales que el Tribunal Constitucional ya emitió. El primero en 2004 con relación al caso "febrero negro” y el segundo el 21 de diciembre de 2012 por el caso subteniente Grover Poma, que murió en Sanandita (Tarija).
Juristas: El fallo sobre la Ley del Notariado, un precedente nocivo
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara constitucional la Ley del Notariado, deja un antecedente "funesto” y ahora habrá inseguridad jurídica para los ciudadanos, afirmaron a Página Siete dos constitucionalistas.
"Ésta es una sentencia dirigida políticamente. Es un antecedente funesto para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, afirmó el constitucionalista William Bascopé, quien calificó de "sospechosa” la actitud del Ejecutivo por aplicar de forma inmediata la Ley del Notariado.
Los magistrados –dijo Bascopé– emitieron una sentencia vulnerando la Constitución, porque "no puede ser posible que los notarios dependan del Órgano Ejecutivo... Así, todos los actos de carácter privado serán manejados y controlados por el Ministerio de Justicia”.
Explicó que el artículo 12 de la Constitución Política del Estado establece la independencia y separación de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Además, dijo, las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano "ni ser delegables entre sí”.
"Un órgano del Estado no puede sumarse a otro. El TCP ha marcado un precedente funesto”, insistió Bascopé.
La sentencia del TCP salió un mes después de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio de responsabilidades contra las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chánez, quienes –junto al magistrado Gualberto Cusi– dictaron en marzo de 2014 un auto constitucional que suspendía la aplicación de la Ley del Notariado.
Para la exmagistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame, la reciente sentencia del TCP es resultado del "amedrentamiento a los magistrados” de parte del Gobierno que, aprovechando su mayoría en la Asamblea Legislativa, suspendió a las dos magistradas y está en curso el proceso contra el magistrado Gualberto Cusi.
"El juicio de responsabilidades dio efecto y ahora habrá inseguridad jurídica para los ciudadanos”, manifestó Salame.
Velásquez dijo ayer que la sentencia "debe ser cumplida por todos los bolivianos, por tanto, no merece mayor comentario”.
Entre enero y agosto de este año el Ministerio Público destituyó cerca de 45 fiscales por diversos procesos disciplinarios y penales, mientras que otros 200 enfrentan causas internas, informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero.
El Ministerio Público cuenta con 508 fiscales en todo el país, pero cerca de 200 son procesados por la vía penal y disciplinaria por incurrir en faltas en sus funciones, dijo Guerrero.
Los fiscales son sancionados por faltas disciplinarias cuando incumplen los plazos procesales y si vulneran derechos. Por estos hechos reciben sanciones pecuniarias, suspensiones y hasta destitución del cargo
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Cochabamba Litigios suben en 17 por ciento en comparación al 2013
Durante el primer semestre de este año los litigios subieron en 17 por ciento en relación a los primeros seis meses del 2013.
La información la ofreció la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, en la rendición pública de cuentas, realizada ayer.
Los datos fueron obtenidos de la Plataforma de Atención al Usuario Externo, donde ingresan todos los memoriales y demandas que luego son distribuidos en los diferentes juzgados y salas del Tribunal.
“Hay un crecimiento considerable en relación a la gestión pasada”, dijo.
Entre los avances socializados se mencionó la constitución de una sala especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia.
Además, recordó la descentralización de los juzgados en diferentes zonas de la ciudad y algunos municipios, con el propósito de mejorar el acceso de la población a los administradores de justicia.
Mencionó que durante esta gestión, hasta la fecha, se crearon 12 nuevos juzgados.
Reconoció que existe mora judicial a causa de los expedientes heredados de la anterior gestión.
Destacó los cursos de actualización a los que los jueces asisten para conocer con mayor profundidad la nueva normativa vigente en el país.
Soraida Chanez presenta pruebas de su descargo
La suspendida magistrada Soraida Chanez presentó ayer sus pruebas de descargo a la Cámara de Senadores a través de su abogado que tiene más de 100 pruebas procesales y pruebas testificales que determinan su inocencia.
El abogado de Chanez, Eduardo León, informó que entre los descargos que presentaron se ofrecen más de 100 pruebas documentales y testificales.
La prueba documental se basa en los elementos que demostrarán que "en ningún momento ha habido violación a derechos o garantías constitucionales y que no se ha paralizado ningún sistema procesal, civil, administrativo o familiar”, dijo el jurista. Además, aseveró que esto es prueba absoluta de la inocencia de la magistrada del TCP.
Chanez es acusada por tres delitos: emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes porque instruyó la suspensión de la Ley del Notariado, luego de admitir un recurso de inconstitucionalidad.
"Se ha dado una orden, no hay dónde perdernos; estamos en espera, estamos presentes asumiendo defensa”, manifestó la magistrada Soraida Chanez, quien señaló que primero agotará todas las instancias nacionales y luego acudirán a organismos internacionales.
Como pruebas testificales se ofreció al Vicepresidente, ministra de Justicia, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados.
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Magistradas del TCP suspendidas presentarán más de 70 testigos
Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraide Chánez y Ligia Velásquez, presentarán hoy sus pruebas de descargo ante el Senado para defenderse en el juicio de responsabilidades en su contra que todavía no tiene fecha de inicio.
Tienen previsto llevar pruebas testificales de unas 70 autoridades, entre presidentes de los tribunales departamentales de justicia, vocales, jueces y notarios para intentar desvirtuar la presunta comisión del delito incumplimiento de deberes del que son acusadas.
El anuncio de las vocales se produjo 10 días después de que fueron notificadas por el Senado sobre el inicio del juicio de responsabilidades por dejar en suspenso la Ley de Notariado, aunque ellas aseguran que nunca recibieron la comunicación.
La magistrada Chánez adelantó que a través de las declaraciones testificales de funcionarios jurisdiccionales que conocen el documento que motivó su enjuiciamiento, pretenden desvirtuar la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes por haber dejado en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado que, en criterio de los acusadores, no era posible.
El resto de los delitos por los que enfrentan el juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato, tipificadas en el Código Penal, no tienen sustento, opinó Chanez.
La magistrada informó de que hoy presentarán en el Senado la documentación de descargo, a pesar de que el plazo fenece el lunes, pero dijo que prefieren hacerlo hoy por la incertidumbre de cómo computan los tiempos procesales en el Senado.
“No hay fecha para el juicio, solo para el ofrecimiento de pruebas”, aseguró la magistrada, que junto a su colega Ligia Velásquez asumen su defensa en el juicio en la ciudad de La Paz.
Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), informó de que el juicio se instalará, a pesar de que la Asamblea Legislativa tiene previsto iniciar receso en septiembre, pero el artículo 154 de la Constitución Política del Estado prevé el funcionamiento de una comisión especial de la Asamblea que será conformada por senadores y diputados.
El 1 de agosto, la Cámara de Diputados remitió al Senado la resolución con la proposición acusatoria para enjuiciar a las magistradas Ligia Velásquez y Soraide Chánez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por dejar en suspenso la aplicación de la Ley Notariado. El vicepresidente Álvaro García Linera pidió su enjuiciamiento.
El pleno de la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal de Sentencia para procesar a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y Ligia Velásquez
Según el reglamento de la Cámara Alta, tras la notificación de las partes acusadas (las magistradas) tienen 10 días de plazo, de acuerdo a la ley para presentar las pruebas de descargo
El 1 de agosto, la presidencia de la Cámara de Diputados remitió al Senado la resolución camaral que aprueba la proposición acusatoria para el enjuiciamiento público a las magistradas suspendidas del TCP, Ligia Velásquez y Soraida Chánez.
Asamblea ingresará a receso por 15 días
La Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el 1 de septiembre un receso por 15 días, confirmó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío.
El receso legislativo estaba previsto para el 21 de julio, sin embargo el presidente de la Asamblea Legislativo Plurinacional, Álvaro García Linera, lo postergó con el objetivo de dar continuidad al juicio de responsabilidades contra las suspendidas magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional Ligia Velásquez y Soraida Chanez, por su determinación de paralizar la Ley del Notariado.
Según el artículo 153 de la Constitución, las "sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de 15 días cada uno, por año”. /ABI
Investigan ‘narcoexpedientes’ resueltos por varios jueces
Al menos 30 casos de narcotráfico sustentados en expedientes están siendo estudiados por abogados del Consejo de la Magistratura para establecer responsabilidades.
Los expedientes fueron observados por las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), debido a que los actores, o sea, las personas detenidas -en su mayoría extranjeras, lograron salir libres gracias a fallos benevolentes otorgados por jueces de Santa Cruz.
El presidente del Órgano Judicial de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó de que los juristas ya empezaron a estudiar los casos. Ellos deben comprobar si realmente los procesados por narcotráfico presentaron documentos legales desvirtuando los riesgos de fuga para salir en libertad. Por ejemplo, se revisará si los extranjeros imputados adjuntaron documentos de radicatoria y certificados de trabajo.
La Fiscalía antinarcóticos
Tras las observaciones de la Felcn, la Fiscalía de Sustancias Controladas, dirigida por Ana Luisa Heredia, derivó más de 30 expedientes para que sean analizados. Entre los documentos hay casos de personas involucradas en narcotráfico que en pocos meses lograron salir libres. El resultado de la revisión determinará responsabilidades
La justicia boliviana 87 años después del último fusilamiento
La justicia criolla, que imperturbable mandó en 1927 a fusilar a un hombre a sabiendas de su inocencia tras un juicio de 10 años, mostró en las últimas 48 horas los extremos de su crisis, al sentenciar por la vía abreviada al asesino confeso de una mujer menos de 24 horas después del crimen, en la primera jurisprudencia por feminicidio en Bolivia, y fallar por la culpabilidad de un hombre procesado durante 15 años por violar y matar a una escolar.
En el proceso más sumario de la historia boliviana, la justicia sentenció a Ronald Iván Fernández Chambi a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinar a sangre fría a una bioquímica, Sophía Calvo Aponte, en la ciudad de Santa Cruz, y dictar la misma pena a Odón Mendoza, a quien encontró culpable de ultrajar y matar a una niña de escuela en La Paz, después de un penoso juicio abierto en 1999.
PENA DE MUERTE La legislación boliviana abolió la pena de muerte vigente en los años "70, cuando, durante la dictadura del general Hugo Banzer, el violador Melquiades Suxo expió su culpa fusilado en un paredón una madrugada de 1973 en La Paz, y ahora contempla como máxima pena 30 años de presidio sin derecho al perdón de un juez o del Presidente.
Fiscalía y TSJ, en guerra por mostrar cuál dilata juicios
La Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) libraron una guerra por demostrar cuál de las dos instituciones administra la mayor cantidad de juicios y, por consiguiente, los dilata. Jorge von Borries, presidente del TSJ, dijo ayer que la Fiscalía tiene en sus manos el 96%.
La posición del Órgano Judicial surgió un día después de que el fiscal general, Ramiro Guerrero, asegurara que el 83% (5.676) de los procesos judiciales abiertos por el delito de narcotráfico en Bolivia, que llegan a un total de 6.661, está en manos de jueces y vocales, y que solo el 17% (985) está en la jurisdicción del Ministerio Público.
Von Borries, en una conferencia de prensa, reveló que, según las estadísticas recogidas de los jueces de todo el país, hasta mayo de 2014, en las nueve ciudades capitales más El Alto existían 159.000 causas penales pendientes de despacho.
Situación. De esa cantidad de procesos, solo 4.500 se encuentran en la fase de acusación, para juicio oral, a la espera de la celebración de la audiencia conclusiva. El presidente del TSJ aclaró además que el resto, 154.000 causas aproximadamente, son procesos penales cuyo desarrollo depende de la emisión de requerimiento conclusivo del Ministerio Público.
Von Borries puso énfasis en señalar que esas causas están en la fase de investigación preliminar o en la etapa preparatoria, donde la participación del juez simplemente se limita al control de los plazos procesales.
En respuesta directa al dato ofrecido por Guerrero, el presidente del TSJ explicó que la cantidad de procesos por narcotráfico solamente representan el 4,1% (6.661) del total de las causas penales en Bolivia que hasta mayo llegó a 159.000 procesos. No obstante, recalcó que de todos los litigios penales, el 97% está en manos de los fiscales.
El antecedente más próximo a esta nueva polémica surgió la pasada semana, luego de que el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, denunciara que entre enero y julio, 30 extranjeros, la mayoría de nacionalidad colombiana, fueron liberados por jueces, pese a que éstos tenían detención preventiva.
En este mismo tema, otro factor de pugna verbal entre los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia es el referido a la audiencia conclusiva. Según Guerrero, esa figura debía eliminarse del ordenamiento jurídico porque, en su criterio, se convierte en el “cuello de botella” y alarga los procesos penales.
En contraposición, Von Borries aseguró que es una figura necesaria e importante. Advirtió que no se puede borrar de un plumazo la audiencia conclusiva, porque esta fase permite sanear el proceso y llegar a un juicio oral con sustento jurídico.
Explicó que, en muchos casos, se presenta la acusación con varios delitos y solo se tiene argumentos para defender uno de ellos. Por ello, según Von Borries, en esa instancia se puede objetar la prueba y garantizar que sea más eficaz el desarrollo del juicio.
La sugerencia de Guerrero no fue tomada en cuenta por el Tribunal Supremo de Justicia en la propuesta planteada para modificar el Código de Procedimiento Penal que, actualmente, está en manos de la Cámara de Senadores para su aprobación.
Cuestionan la elección
El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, ministros de Estado y el Procurador General cuestionaron en los últimos meses la administración judicial y la elección, mediante voto popular, de los magistrados.
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Juicio a magistradas, desde el 25 de agosto
Las audiencias del juicio de responsabilidades contra las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez, iniciarán el 25 de agosto, toda vez que en esa fecha se cumple el plazo de 10 días para la presentación de pruebas, anunció el jefe de bancada del MAS en el Senado, Julio Salazar.
Explicó que una vez que se cumpla el plazo se instalará las audiencias y se conformará la directiva del Tribunal de Sentencia, además se recibirá el informe del cuerpo Colegiado sobre las excusas y recusaciones que se vayan a presentar.
Jueces ambientales llevan juicios orales con éxito
Los juicios orales contribuyeron para que al interior del Tribunal Agroambiental la “mora o carga procesal”, una de los principales problemas de la justicia boliviana, “no exista”, informó el presidente de ese órgano judicial Lucio Fuentes.
Dijo que la modalidad de los juicios orales que usan los jueces agroambientales desde hace varios años permitió acelerar procesos judiciales y no tener mora judicial.
“Los procesos se llevan de manera oral en audiencias, hasta dictar la sentencia es una de las innovaciones que ha ayudado harto a los procesos para que estos no estén durando como antes años y años”, explicó Fuentes.
Estas innovaciones posibilitaron la inexistencia de “carga procesal” o “mora procesal”, dice Fuentes.
La autoridad manifestó que esta modalidad no está siendo aplicada en la justicia ordinaria donde se continúa con procesos escriturados que causan que los casos duren varios años.
En los últimos meses se dio a conocer que en las cárceles del país hay más de un 80 por ciento de reclusos sin sentencia ejecutoriada.
En esta misma línea varios analistas, especialistas en el tema de justicia y hasta el propio Gobierno del presidente Evo Morales han señalado a la “mora procesal” como uno de los problemas centrales a resolver en la justicia boliviana.
Hace unas semanas atrás el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en coordinación con el Consejo de la Magistratura (CM), decidió trasladar a partir de septiembre jueces de las provincias, donde existe menos “carga procesal”, hacia las ciudades para posibilitar el descongestionamiento procesal en el área penal.
Los recursos de casación son los más atendidos por el Tribunal Agroambiental, los siete magistrados y 57 jueces de esta instancia han reportado en esta primera gestión un total de 1.600 casos atendidos.
“No tenemos una segunda instancia, no tenemos tribunales departamentales para que acudan ante estas instancias en apelación, nosotros (Tribunal Ambiental) tenemos directamente jueces de partido y magistrados agroambientales”, dijo Fuentes.
Los casos que más tiempo están en esta instancia del Órgano Judicial de Bolivia son los procesos administrativos de nulidad de títulos que tienen una duración de entre seis meses y un año. Informó que algunos de los procesos que llevan a delante el Tribunal Ambiental duran seis meses.
EN JUICIO A MAGISTRADAS Chanez: Siguen violando norma
La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zoraida Chanez, denunció ayer que no recibió notificación personal para presentar pruebas de descargo en el juicio que le sigue la Cámara de Senadores y consideró esta omisión como una más de las vulneraciones al Código Procesal Penal.
El presidente de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó ayer que se les notificó a Chanez y su colega Ligia Velásquez y que tienen hasta el viernes para presentar sus pruebas.
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó ayer que las magistradas del Tribunal Constitucional, Zoraida Chanez y Ligia Velásquez tienen hasta el viernes para presentar sus pruebas de descargo, para que luego se les inicie el juicio de responsabilidades.
Sin embargo, la magistrada Chanez dijo que hasta ayer en la noche no recibió notificación personal alguna y consideró esta omisión como una más de las vulneraciones al Código Procesal Penal de parte del Senado.
“Lo único que interesa es ejecutar de una vez un fallo condenatorio sin tomar en cuenta norma alguna. Sabemos que hay una orden de la Vicepresidencia, esto no es un chiste. El Gobierno ha ordenado que se nos dé un castigo drástico para sentar un precedente. Con esto sabemos que estamos ante una condena inminente e incluso con privación de nuestra libertad”, lamentó Chanez.
“Ya se ha notificado y esperemos que presenten su descargo. Están a unos cuatro días hábiles (para responder), ellas ya saben”, afirmó el senador Rojas.
Las magistradas Chanez y Velásquez fueron suspendidas de sus funciones por la Cámara de Diputados por haber retenido la aplicación de Ley del Notariado luego de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la norma. El juicio se desarrolla en la Cámara Alta.
Según Chanez, desde el inicio del proceso han dejado cedulones (edictos que se fijan en sitios públicos) por todo lado.
“Seguramente con eso creen que han cumplido con la notificación, pero eso está reglamentado en el Código Procesal, en sentido de que en casos como éste, de forma imprescindible, se debe notificar en forma personal”, dijo la magistrada.
Según la magistrada, no existe interés alguno en el Senado de seguir el debido proceso ni de restablecer derechos, ni menos sujetarse a normas establecidas.
Agregó que los senadores van a seguir con el proceso, y que no les interesa ni siquiera tener un asesoramiento jurídico para llevar adelante el juicio dentro de los procedimientos establecidos.
Pese a que cree en su inminente condena, Chanez dijo que está preparando su defensa. “Estamos seguras que este procedimiento no tiene fundamento jurídico, mucho menos constitucional y tampoco hay responsabilidad por lo que se nos acusa”.
Incluso en los otros magistrados y magistradas hay preocupación, están totalmente amedrentados, finalizó Chanez.
Recomiendan pedir asilo
La candidata a una diputación por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, sugirió a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Zoraida Chanez, que pidan asilo político en una embajada porque están siendo sometidas a un juicio político sin el debido proceso.
La magistrada Chanez dijo que plantearán todos los incidentes y recusaciones que se puedan dentro del plazo que les están dando y ajuntarán también pruebas de descargo. Sin embargo, simultáneamente también acudirán a tribunales internacionales. El presidente de la Bancada Nacional del MAS, Pascual Huarachi, informó este lunes que los diputados y senadores tendrán “la posibilidad de salir en receso legislativo” cuando concluya el juicio de responsabilidades instaurado contra las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Ahora resta el proceso en el Senado; una vez concluido, tendremos posibilidad de salir en receso, no podemos antes”, dijo el diputado Huarachi al aclarar que la vacación legislativa se programa en relación al trabajo que tiene la Asamblea compuesta por las dos cámaras y cuyo presidente nato es el Vicepresidente del Estado.
"Esperamos que toda la población pueda acompañarnos, se ha hecho un seguimiento minucioso a este caso. Ha sido un proceso que ha enlutado a todas las familias bolivianas y está impunidad ha generado de que se sigan replicando este tipo de delitos", dijo la abogada.
"Esperemos que la señora Juez de lectura de estas actas en audiencia donde vamos a estar presentes todas las partes y se puedan ratificar las mismas y así no existiría ninguna observación para dar lectura de la sentencia", acotó.
Solo con la anuencia del acusado se va a un juicio rápido
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Santa Cruz, el juez Emerson Figueroa, explicó que para hacer viable un procedimiento abreviado, como el sucedido con el asesino de Sophia Calvo Aponte (26), que fue condenado a 30 años de prisión de manera inmediata, se debe contar con todos los elementos de juicio claros para solicitar esta salida.
Sin embargo, aclaró que una condición esencial para ejecutar esta acción jurídica es la aceptación de la culpa por parte del acusado, además de descartar un posible caso de organización criminal o asociación delictuosa
Abren posibilidad de aumentar jueces
Como consecuencia de la carga procesal que se registra en los juzgados cautelares especialmente los fines de semana, el Órgano Judicial estudia la posibilidad de incrementar mayor número de jueces para satisfacer las necesidades de los litigantes.
El presidente del Órgano Judicial Mirael Salguero expresó que hay gran movimiento de causas los fines de semana y que los mismos fiscales deben formar hasta cola para celebrar audiencias junto a detenidos, así como policías y sus abogados.
Salguero manifestó que por decisión del Tribunal Supremo jueces de cinco provincias que no tienen movimiento se trasladarán a la capital para ayudar a sus colegas a llevar adelante actos conclusivos
Cámara de senadores notifica a magistradas para el inicio de su juicio
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó que ya se notificó a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez, para que se inicie su juicio de responsabilidades por haber paralizado la Ley del Notariado.
Rojas explicó que las autoridades judiciales aún tienen cuatro días para presentar sus descargos y responder a la notificación. El plazo vence el próximo viernes.
"Ya se ha notificado y esperemos que presenten su descargo. Están a unos cuatro días hábiles (para responder), ellas ya saben", afirmó Rojas.
La candidata a diputada en el departamento de Cochabamba por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, sostuvo que este juicio es político y está observado por varias irregularidades, puesto que la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que avaló el proceso, tiene otros cientos de casos pendientes que fueron relegados por este tema.
"Este es un juicio político y lo que deberían hacer las magistradas es no someterse a un tribunal que las ha condenado prácticamente", exhortó.
La denuncia contra las magistradas fue formalizada el 4 de junio pasado por la Asociación de Notarios de Potosí y el Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, por admitir la demanda contra la Ley del Notariado y disponer la suspensión temporal de su aplicación mientras se resuelva el recurso.
Tras las críticas a esta determinación de las magistradas, realizadas además por el Órgano Ejecutivo, el Tribunal Constitucional rectificó de oficio la parte resolutiva del auto constitucional del 13 marzo que suspendía la vigencia de la Ley del Notariado.
Hay 5.676 causas por narcotráfico en los juzgados
Tras la revelación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de que varios jueces de Santa Cruz liberaron a 30 reclusos involucrados en narcotráfico, la Fiscalía General desveló que de 6.661 causas por narcotráfico, 5.676 están en trámite en los juzgados, es decir, un 83%, a la espera de la audiencia conclusiva, audiencia de juicio o en revisión de resolución en instancias superiores.
“No es deslindar responsabilidades, pero esas son las estadísticas”, dijo el fiscal general, Ramiro Guerrero, ayer en la presentación de datos que reflejan el movimiento de causas en materia de sustancias controladas de los últimos 13 años, es decir, desde la gestión 2001.
Guerrero dijo que de esta cantidad, 486 están en la fase preliminar de investigación y 499 con imputación, todos estos, en la fase investigativa en manos de los 41 fiscales antinarcóticos en todo el país.
Empero, hay 4.724 causas con acusación en los juzgados que no pueden pasar de la audiencia conclusiva o no puede instalarse la audiencia de juicio oral por diferentes razones.
Otras 952 causas están con apelación y casación. “En el Ministerio Público tienen 985 casos en investigación preliminar y con imputación un 17%, en cambio en los juzgados hay 5.676, que equivale a 83%, que están a la espera de la audiencia conclusiva, juicio oral, apelación y casación”, señaló.
Según las estadísticas del Ministerio Público, el departamento que tiene más casos por narcotráfico es Santa Cruz con 2.835, seguido de La Paz con 1.692, Cochabamba con 1.614, Beni con 275, Chuquisaca con 162, Tarija con 147, Oruro con 140, Potosí con 107 y Pando con 84 casos.
Con estos datos, la autoridad del Ministerio Público volvió a justificar la necesidad de la eliminación de las audiencias conclusivas en un proceso penal que es el ‘cuello de botella’ donde se demoran los procesos por el uso excesivo y abusivo de los incidentes
La mitad de los juicios se demora por falta de jueces ciudadanos
La demora en la elección de los jueces ciudadanos, para participar de los juicios orales, se ha convertido en uno de los factores que provoca la retardación de justicia.
Ante esta situación, en el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal se ha decidido excluirlos como parte de los juicios por delitos de acción pública.
La figura de estos jueces fue implementada hace 10 años con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía en la administración de justicia y establecer un mecanismo de control social al accionar de los jueces. El único requisito fue que debían ser capaces de diferenciar lo bueno de lo malo.
LA SITUACIÓN En Cochabamba, la situación de los jueces ciudadanos es particular.
Según la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, solo en la ciudad, de 10 procesos penales que están en curso, solo 5 consiguen llegar a una sentencia.
“Se hace imposible constituir los tribunales por diversos motivos. En Cochabamba es por la marcada ausencia de los jueces ciudadanos”, manifestó.
La realidad es aún más preocupante en las provincias donde las dificultades son mayores. Las causas son diversas. La ausencia se debe principalmente a los lazos familiares o espirituales que tienen los jueces ciudadanos y quienes van a ser juzgados.
“Estos son impedimentos legales para que bajo el principio de imparcialidad puedan administrar justicia”, agregó.
Esto deriva en que las listas de los posibles jueces ciudadanos se vean limitadas. Es el caso del Chapare, donde se agotaron las posibilidades.
Para cada juicio oral se debe, en primera instancia, realizar un sorteo y elegir a 12 personas, de las cuales solo 3 conformarán el Tribunal de Sentencia. A ellas se suman dos jueces técnicos. Este proceso, según el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal vigente, no debería demorar más de 15 días.
La constitución del Tribunal debe realizarse cinco días después de señalada la audiencia de juicio oral.
LOS INCIDENTES Pero, a decir de Gonzales, en este proceso los abogados de las partes intervinientes interponen una serie de incidentes que provocan demoras.
“Debería ser breve, pero las partes argumentan que tienen derecho a presentar incidentes y excepciones. Lo que hay es un abuso del derecho”, sostuvo.
Finalmente, de acuerdo, a los datos de una citación emitida para participar como juez ciudadano, otro de los problemas para la conformación es que falsos funcionarios pretenden afectar el proceso anunciando cambios en la fecha de la audiencia.
Desde el Tribunal de Justicia aclaran que las fechas son inmodificables y “si usted recibe alguna comunicación respecto a algún cambio, no haga caso por tratarse de falsos funcionarios”.
﻿Suspensiones afectan imagen
﻿Edgar Frías, uno de los cuidadanos nombrado para participar de este proceso, explicó que en principio entendió que tenía un compromiso moral y debía cumplir con esta obligación. Asistió a dos audiencias, las mismas que fueron suspendidas y a la tercera prefirió no llegar.
“Si me tienen que sacar multa o algo, no importa. A mi nadie me reconoce el perjuicio que paso al venir y que no haya nada”, contó.
Frías es un trabajador del volante. Si bien no debe pedir permiso para asistir a estas audiencias, considera que es una burla y una falta de respeto que no avisen de las suspensiones.
En el caso de Luisseppe Dyle, un profesor de colegio, recordó que en su trabajo ya no le creían que estaba yendo a la audiencia y que se suspendía por lo que ya no tenía permiso y decidió “dejarlo así”, aunque reconoció que quería participar.
﻿Problemas en el padrón general dificultan designación
﻿Profesionales abogados y los administradores de justicia coinciden en señalar que las debilidades en la constitución de los tribunales tienen mucho que ver con los problemas administrativos y de logística.
Es el caso del padrón general que se utiliza para el sorteo de los jueces ciudadanos. Las listas son proporcionadas por el Tribunal Departamental Electoral.
La presidenta del Tribunal de Justicia, Nuria Gonzales, se refirió a la desactualización del banco de datos. Aseguró que este factor contribuye a la demora en la conformación de los tribunales de sentencia.
“Las direcciones son inexactas, no se pueden encontrar los domicilios y eso afecta el proceso”, manifestó.
Dijo también que la denominación y la numeración de los domicilios son imprecisas, al igual que la falta del número de la dirección o el nombre del barrio.
Por otro lado, el juez ciudadano Edgar Frías explicó que la mínima remuneración que reciben también provoca que no se animen a participar.
El artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, establece que los empleados públicos o privados serán declarados en comisión con goce de haberes. Y en caso de trabajadores independientes, el Estado asignará en su favor una remuneración diaria equivalente al 50% del haber diario que percibe un juez técnico (aproximadamente 50 bolivianos).
Pese a estas dificultades y mientras no se promulgue la Ley 334 de “Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal” que elimina la figura de los jueces ciudadanos para agilizar los juicios penales y evitar la retardación de justicia, el Código de Procedimiento Penal se aplica.
Gonzáles confirmó que continúan con el mismo procedimiento para la constitución de los tribunales de sentencia para participar de los juicios orales y concluir el proceso con una sentencia.
El senado prioriza juicio contra dos magistradas
Conformado el Tribunal de Sentencia, la Cámara de Senadores priorizará esta semana el tratamiento del juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes.
El senador René Martínez (MAS) informó que ese proceso se enmarcará en la Ley del Juicio de Responsabilidades 040 y que en estos días el Tribunal de Sentencia conocerá las excusas y recusaciones de las partes demandadas.
El proceso de las dos magistradas se realiza en medio de denuncias realizadas por el abogado de la defensa Eduardo León sobre la ilegalidad del juicio, a lo que se suma la demanda penal interpuesta por los legisladores de la oposición contra los diputados del MAS, miembros de la Comisión de Justicia, que determinaron dar vía libre al enjuiciamiento de las dos magistradas del TSE.
"Esto nos llama la atención, porque ahí hay una lectura política, hay diferentes formas de intentar excluirse forzadamente del juicio, vale decir que estarían anticipando un criterio comprometiendo la imparcialidad que debe tener todo parlamentario en este juicio", afirmó. Martínez informó que el Senado llevará adelante un juicio oral, toda vez que tiene la facultad de dictar sentencia como autoridad pública competente.
Resolución camaral. La Presidencia de la Cámara de Diputados remitió el viernes 1 de agosto pasado al Senado, la Resolución Camaral que aprueba la Proposición Acusatoria para el enjuiciamiento público a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez. El legajo enviado al Senado incluye los obrados de todos los expedientes, la Proposición Acusatoria y la Resolución Camaral aprobada por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Ante este panorama, los senadores de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek y Germán Antelo presentaron ante la Fiscalía de La Paz una denuncia contra los diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Sentencian con 30 años al asesino de una joven cruceña
Ronald Iván Fernández Chambi de 23 años fue sentenciado a 30 años de presión en la cárcel de Palmasola por el asesinato, el pasado viernes, de Sophia Calvo Aponte (26), una joven profesional en bioquímica y modelo en el parqueo Cañoto de Santa Cruz.
El homicida deambuló por más de 10 horas con el cuerpo de su víctima en la cajuela del coche de ésta y fue detenido en Pailón.
Confesó ser autor del crimen y aceptó ir a un juicio abreviado sin derecho a indulto por lo que fue sentenciado con la máxima pena. El juez Martín Camacho llevó adelante la audiencia en absoluta reserva y sin la presencia de los medios de comunicación. Los delitos por los que se lo acusó son asesinato y feminicidio, reportó El Deber.
El viernes a las 22:00, la joven víctima llegó acompañada hasta las puertas del parqueo. Ingresó al estacionamiento sola hasta el cuarto piso donde existían deficiencias en la vigilancia de las cámaras de seguridad.
Esta falla la aprovechó uno de los empleados que llevaba seis meses trabajando en el lugar, de acuerdo al informe detallado de los hechos presentado por el ministro de Gobierno, Jorge Pérez.
"Cuando sube a su vehículo deja la puerta entreabierta y es ahí donde aprovecha esta persona y la agrede con un cuchillo. Se defiende la víctima y le ocasiona alguna herida. Él termina haciéndole algunos cortes a la joven en la ceja, en la mano y de ahí la agarra de atrás del asiento y la termina asfixiando”, relató.
Según la autoridad, es en este momento cuando también "la agrede sexualmente”.
Posteriormente, aprovechando que existe una media pared, el criminal saca el cuerpo del vehículo y lo introduce en la maletera. Inmediatamente, cubre con periódicos los vidrios laterales y sale del estacionamiento.
Para burlar la última cámara de seguridad enciende las luces fuertes. Deja el coche estacionado en inmediaciones del lugar, sube hasta el séptimo piso, se limpia las manchas de sangre y se cambia de ropa.
Regresa a su puesto de trabajo, cierra las puertas y asegura el lugar para después llamar al propietario con el fin de que encienda la alarma y él se quede toda la noche cuidando el lugar. Una vez encendida la seguridad sube al segundo piso y logra salir sin ser detectado y regresa al vehículo. "Se va a tomar (bebidas) aunque no prueba nada por la preocupación”, aclaró Pérez. También asiste a una casa de citas de donde sale a las dos de la madrugada del sábado, cuando es interceptado por efectivos policiales.
Pese a que no tenía licencia de conducir, los uniformados lo dejan continuar.
De acuerdo a Pérez, tras la conversación con los oficiales de este distrito policial, el asesino "les rogó”, que le disculpen por no traer su licencia de conducir pero a cambio les aclaró que sí tenía su carnet de identidad.
Superado ese control, comienza a deshacerse de las pertenencias de la joven. Se va por l a zona alejada de Pampa de la Isla para lanzar el celular a un lado, el chip a otro. Llega al barrio Venezuela y quema el resto de las pertenencias de Sophia Calvo. "Hasta es momento, ya teníamos la información de que se trataría, aparentemente, de un secuestro”, subrayó Pérez. Por eso es que inmediatamente se instruye que se instalen dos cordones de seguridad en la ciudad.
Fernández Chambi es detenido por segunda vez en la tranca de Pailas. "Perdone, voy a una fiesta a un pueblo cerca pero tengo mi carnet”, volvió a decir. Se le obliga a bajar, abre las puertas laterales y cuando debía mostrar la cajuela, revela "estoy llevando un cadáver”.
Inmediatamente es apartado del vehículo, se llama a los oficiales de la policía y se lo interroga varias veces. "Se le pregunta por qué no reconoce lo que hizo y respondió que las personas que cometen estos hechos cuando lo llevan al penal los agreden de forma diferente”, dijo Pérez a tiempo de reconocer la astucia con que llevó a cabo el crimen.
Asesinatos El Observatorio "Manuela”, Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), registró de enero a junio 98 asesinatos de mujeres, de los cuales 59 son feminicidios y 39 muertes violentas de mujeres por inseguridad ciudadana y otros.
Regiones De los 59 casos de feminicidios; 21 (35,59%) ocurrieron en el departamento de Cochabamba, 16 (27,12%) en el departamento de La Paz, 8 (13,56%) en el departamento de Santa Cruz, 6 (10,27%) en Oruro, 4 (6,78%) en el departamento de Potosí y 3 (5,08%) en Chuquisaca.
Hay pocos jueces y más de 27.000 causas sin atender
El departamental de Santa Cruz tiene 15 jueces cautelares, a veces por día cada uno debe resolver hasta 50 memoriales y atender hasta 10 audiencias. Algunos fines de semana celebran de 25 a 35 audiencias cautelares y los días hábiles reciben hasta 25 causas nuevas.
Algunos sábados y domingos, los fiscales se ‘quitonean’ los escasos jueces para llevar a sus imputados a las audiencias, muchos deben esperar junto a los detenidos y policías hasta seis horas para llegar al turno. Por ejemplo, hace tres fines de semana el juez de turno seguía celebrando audiencias a las 22:00 del sábado.
“No nos alcanzan las manos para atender tantos casos, hay saturación, nada ha cambiado, cada vez hay más movimiento y mora”, se quejó un juez que pidió no ser identificado. Sin embargo otro juzgador dijo que los casos saturan en los juzgados de los nuevos porque “no tienen capacidad para dirigir audiencias dinámicas” y permiten que el acto dure hasta siete horas.
Datos del Órgano Judicial de Santa Cruz indican que hasta el 30 de junio de este año ingresaron 11.912 procesos penales y que de la anterior gestión se arrastran 27.112. En 2013 se registraron 17.869 causas con un movimiento de 65.000.
Desdoblamiento y traslado
El presidente del Órgano Judicial, Mirael Salguero, admitió que hay saturación de trabajo los fines de semana; aclaró que hace un año había un solo juez de turno para los fines de semana, pero que ahora hay dos.
Salguero reconoció que hay casos complejos con varias personas imputadas, pero que se debe poner límite de tiempo a las audiencias para evitar que sean extremadamente largas. Ya se cursó una circular prohibiendo la réplica y dúplica a los abogados. “Esto se debe a que los jueces nuevos no tienen dirección de audiencia ni la suficiente experiencia para dirigir los actos”, dijo Salguero.
En el Tribunal Supremo se puso en marcha un plan para descongestionar las causas. Se identificó que en las audiencias conclusivas de los jueces cautelares se genera un cuello de botella. De ahí que se dispuso que los de Lagunillas, Comarapa, El Torno y La Guardia se trasladen al Palacio de Justicia para ayudar a sus colegas a celebrar audiencias conclusivas.
Asimismo, el Órgano Judicial solicitó el ‘desdoblamiento’ de los nueve jueces técnicos de sentencia para apoyar en cautelares.
El año pasado los juzgadores técnicos pasaron a cautelares por tres meses y -según Salguero- sus actuaciones dignificaron la justicia.
La fiscal de distrito de Santa Cruz, Marina Flores, expresó que los fines de semana se incrementan los hechos y los juzgados se saturan, pero que lo más grave es que los litigantes deben trasladarse desde el Plan Tres Mil hasta Los Tusequis junto a policías y detenidos, por lo que urge una verdadera desconcentración de servicios y la designación de más jueces para una mejor atención
Evacuan el Tribunal de Justicia por segunda vez
Por segunda vez, el personal de Seguridad del Tribunal Departamental de Justicia evacuó a los trabajadores y litigantes ante una llamada telefónica que advertía sobre la amenaza de una bomba, en el edificio principal. Antes, Bomberos atendió un incendio en el Juzgado Penal Cautelar Octavo, ubicado en el bloque antiguo de la institución.
El incendio fue reportado a la Central de 911 cerca de las 6:00 y fue controlado oportunamente por el personal de seguridad de los tribunales. De forma inicial se sospecha que el fuego pudo ser provocado por personas afectadas por algún proceso judicial.
El hecho ocurrió, después de que ayer se encontró dos cachorros de dinamita en el sexto piso del edificio del Tribunal de Justicia, ubicado en la avenida San Martín entre Jordán y Sucre. El hallazgo se dio cuando el personal de seguridad realizaba un trabajo de rutina en las instalaciones. El caso se halla en investigación, pero se desconocen los avances.
La presidenta del Tribunal de Justicia, Nuria Gonzales, expresó luego de que se encontraron las dinamitas que se ha pedido una investigación y que las averiguaciones continuarán hasta dar con los responsables.
También se ha reforzado la seguridad en el ingreso y los litigantes deben pasar por la revisión de sus pertenencias.
Hasta ahora todas las amenazas de bomba contra el Tribunal no habían pasado de una falsa alarma. Sin embargo, en los dos últimos días las advertencias han ido más allá sin que se conozcan las razones y se pueda dar con los autores.
Jueces se defienden de acusaciones Explican por qué liberan a narcos
"El sistema de justicia no solo lo compone el órgano judicial sino el Ministerio Público y la Policía", de esta manera justificó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, acerca la reciente liberación de 30 extranjeros, en su mayoría colombianos implicados en delitos de narcotráfico. La autoridad judicial argumentó que cuando una persona es detenida preventivamente en la cárcel, para recobrar su libertad solicita la cesación a la detención preventiva (libertad condicional). Sin embargo, para desvirtuar los riesgos procesales como el peligro a la obstaculización de la investigación se requiere un informe del policía asignado al caso. "Ese visto bueno lo emite el policía asignado en base a su valoración y con el visto bueno del fiscal y quien decide finalmente es el juez en base a todos estos elementos", aclaró Salguero. Y en caso que el Ministerio Público no esté de acuerdo, queda apelar la resolución.
A la espera de informes. Salguero anunció que solicitará al Gobernador del Penal de Palmasola remita fotocopias de los mandamientos de libertad de los extranjeros que han recobrado su libertad. Una juez, que guardó en reserva su identidad, comentó que los 15 jueces cautelares se encuentran con procesos y dijo que no es responsabilidad de ellos la liberación de los detenidos. "Los fiscales están en audiencia cuando se le otorga libertad a un detenido. Si ellos consideran la determinación erróneas pueden apelar, pero callan", cuestionó./LES
Reportan 45 denuncias a magistrados
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, dio a conocer que su dependencia recibió un total de 45 denuncias contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional. Muchas de las denuncias ya fueron resueltas, mientras que otras están en proceso de tratamiento, precisó el legislador, quien dijo que algunos de los casos contra magistrados del Tribunal Constitucional, responden a la no aprobación de cartas orgánicas municipales. "Hay denuncias contra exautoridades también, lastimosamente en gestiones pasadas no dieron el tratamiento como nosotros estamos dando, pero los casos antiguos están en movimiento. Estos delitos tienen que enmarcarse en el ejercicio de sus funciones, esa es la característica, porque delitos comunes nosotros no juzgamos", manifestó, de acuerdo con un boletín de prensa de la Cámara Baja./
Un artefacto explosivo con dos cachorros de dinamita y mecha lenta fue hallado en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, informó ayer el subcomandante de la Policía, Wálter Valda.
“En el piso sexto han detectado la presencia de dos cachorros de dinamita, los mismos que tenían mecha lenta, es decir, que estaban habilitados, conectados”, indicó.
El personal de seguridad del edificio dio la alerta cerca de las 10.00 y dijo que de inmediato se envió a los expertos en explosivos de la Unidad de Bomberos Nataniel Aguirre. Después de desalojar el edificio se desactivó la carga y se realizó un rastrillaje por todos los pasillos y oficinas para descartar la presencia de más explosivos.
Dinamita causa pánico en el edificio del Tribunal de Justicia en Cochabamba
Dos cachorros de dinamita con mecha lenta fueron encontrados hoy en el edifico del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde el pánico se apodoró por algunos minutos de los funcionarios y litigantes, informó la Policía
El subcomandante de la Policía de Cochabamba, Walter Valda, dijo que detectaron dos cachorros de dinamita en el sexto piso del edificio de justicia y explicó que se procedió al desalojo de todas las personas del edificio
Posteriormente llegaron efectivos de la unidad de Bomberos y retiraron el material explosivo. Aunque no existen detenidos, preparan un informe pericial para hallar a los responsables del hecho.
Denuncian a siete diputados por juicio contra magistradas
Ocho asambleístas de Convergencia Nacional (CN) presentaron ayer una denuncia, ante la Fiscalía de La Paz, en contra de siete diputados de la Comisión de Justicia Plural por autorizar un juicio de responsabilidades contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Estamos fundamentando esta denuncia en el hecho de que diputados de la Comisión de Justicia Plural generaron un supuesto juicio de responsabilidades a dos magistradas que no creemos que sea tal y que, por lo tanto, esta comisión dictó resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, a las leyes y además está ejerciendo violencia política contra mujeres”, afirmó la senadora de CN Centa Rek minutos antes de presentar la demanda ante la Fiscalía.
Rek estuvo acompañada de los senadores Germán Antelo, Lenny Zaconeta, Dora Burgos y Rolando Llanos, que son parte de los ochos asambleístas opositores demandantes.
Demanda. Los seis diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fueron denunciados ante la Justicia Ordinaria son: Juan Carlos Cejas Ugarte, Wilfredo Calani Choque, Julia Figueredo Paniagua, Eusebio Cruz Gonza, Juan Barriga Montero y Carlín Haensel Inuma. Junto a ellos se sindica al asambleísta opositor Apolinar Rivera.
“Son los miembros que fueron los responsables de instaurar un juicio de responsabilidades en el Senado contra las dos magistradas”, afirmó Rek.
Las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez fueron imputadas por los delitos de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado, tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad de la citada norma legal.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados dio luz verde para que el Senado Nacional inicie el proceso contra las dos autoridades. Hasta el momento la Cámara Alta aún no notificó a las demandadas, acción que dará inicio al proceso.
Uno de los diputados demandados es el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas, quien señaló que desconocen el contenido de la demanda. “Una vez que nos notifiquen vamos a asumir nuestra defensa”, acotó. Lamentó que los asambleístas desconozcan la Constitución Política del Estado (CPE) y todo el ordenamiento jurídico que está en vigencia. “Ojalá esa denuncia se enmarque en la legalidad y nosotros vamos a asumir defensa y no descartamos un proceso contra estas personas que están dañando nuestra imagen”, advirtió.
“Hemos cumplido nuestro trabajo con base en la Constitución Política y la Ley 044, en lo demás no voy a entrar en un debate de show político”, sostuvo Cejas. La senadora Zaconeta dijo que los delitos por los que se los acusa a estos siete diputados son por dictar resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y por violencia política a las mujeres. Los senadores opositores calificaron el proceso como “político” y que el Senado solamente obedecerá los lineamientos políticos trazados desde el Ejecutivo.
El juicio de responsabilidades contra las magistradas del TCP Soraida Chánez y Ligia Velásquez se encuentra en el Senado Nacional, quienes aún no confirmaron la fecha del proceso. Se aguarda la notificación.
Jueces liberaron a 30 narcos extranjeros en un semestre
Treinta ciudadanos extranjeros, procesados en distintas fechas y encarcelados con detención preventiva en Palmasola por delitos vinculados al narcotráfico en Santa Cruz, fueron liberados por la justicia entre enero y julio de este año, decisión que ha sido criticada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que ha solicitado una investigación del tema a la Fiscalía, según fuentes oficiales.
El informe salió a raíz de la captura del colombiano Jahider Vargas Cifuentes, descubierto el martes en un laboratorio de cocaína ubicado cerca de Santa Rosa cuando se pensaba que continuaba preso en Palmasola, pues el 2 de diciembre de 2013 lo mandaron a dicha cárcel luego de caer en otro laboratorio de droga. La Felcn evidenció que un juez liberó a Jahider Vargas el 6 de junio de este año.
Del grupo, el que más permació en Palmasola fue el brasileño Diego F.S., con dos años y cinco meses, mientras que el colombiano Pablo E.R.L. solo estuvo dos meses y 20 días, pues ingresó el 25 de noviembre de 2013 y salió el 20 de febrero de 2014.
“Se está haciendo conocer al Ministerio Público para iniciar una investigación y establecer cuáles fueron los motivos para que en pocos meses Jahider Vargas esté libre y delinquiendo otra vez”, dijo Álex Rojas.
Mirael Salguero, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, indicó que en el caso de Jahider pedirá un informe al juez que dispuso la libertad; añadió que muchas veces los magistrados actúan basados en el pedido de los fiscales
Hay 2 proyectos para revocar a magistrados
Ante las constantes críticas al desempeño de los miembros del Órgano Judicial, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para revocar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental (TAA).
En tanto, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, anunció ayer que el Gobierno alista un plan para suspender a todos los magistrados de ese poder del Estado.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, informó que hace un mes se elaboró este proyecto de ley que ahora está en revisión “para que puedan ser revocadas algunas autoridades del Órgano Judicial, amparados en lo que establece las atribuciones del Consejo de la Magistratura, que dice que son los que deben promover revocación de mandato”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, reiteró ayer que el Ejecutivo prepara un plan, con sustento jurídico, para la revocatoria de magistrados electos del Órgano Judicial.
“Es un plan que tenemos y una vez esté completo y definida (la estrategia) lo vamos a dar a conocer. Estamos viendo por el momento el lineamiento jurídico”, dijo Gutiérrez.
El Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral, señala que el revocatorio de mandato “se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Sin embargo, el Artículo 125 de la CPE abre esta posibilidad porque otorga al Consejo de la Magistratura la atribución de revocar mandato a las autoridades del TSJ y del TAA “cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas determinadas por la ley”.
“Es necesario porque lastimosamente el Órgano Judicial no está respondiendo a lo que el pueblo quiere, es decir, cambiar la justicia. Más allá de lo que dicen, entre ellos están haciéndose una serie de denuncias y contradenuncias, el pueblo los ha elegido y el pueblo también tiene que ser en este caso si estos cometen delitos quienes deben revocar mandato”, indicó Cejas.
Al respecto, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, dijo que existe la voluntad de hacer cambios en la justicia, pero los mismos magistrados se enfrentan con “limitaciones” que incluso provienen de la Ley 212 “que no te permite lanzar convocatorias, no te permite hacer los cambios” a esto se suma “la falta de herramientas legales” que tienen que ver con la elaboración de códigos procesales sustantivos y adjetivos.
“Nos ha elegido el pueblo (pero) a las cabezas solamente porque siguen los mismo vocales, siguen los mismos jueces, incluso los mismos funcionarios no se ha cambiado absolutamente a nadie”, dijo Mamani.
Duras críticas del Gobierno contra el Órgano Judicial
En febrero, el presidente Evo Morales lanzó duras críticas al sistema judicial por retardación y corrupción, denunciadas por las mismas autoridades y otros ciudadanos, incluso se cuestionó la presencia de “ponchos y polleras” en el Órgano Judicial.
“Traté de entender por qué tiene mala imagen la justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana (...) Siento que no depende de (la) infraestructura, depende de la mentalidad de los operadores”, reprochó.
Las elecciones judiciales costaron Bs 1,7 millones, donde los votos nulos y blancos sumaron el 60 por ciento y los votos válidos el 40 por ciento, pero ahora el MAS plantea hacer un referéndum sobre los operadores de la justicia en cuestión. Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional, Efrén Choque, manifestó que respetarán las decisiones que se asuman sobre este tema.“Nosotros somos respetuosos de la decisión que pueda tomar (el Órgano Ejecutivo), pero que sea la decisión del soberano”.
Gobierno elabora plan jurídico para revocar a magistrados electos
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, informó ayer que el Poder Ejecutivo está trabajando en un plan, con sustento jurídico, para poner en marcha el proceso revocatorio en contra de los magistrados electos en 2011 para el Órgano Judicial, ese año los votos, para la elección de las 56 autoridades del sistema judicial, entre nulos y blancos, sumaron el 60 por ciento.
“Es un plan que tenemos (y) ya una vez que tengamos completo y definido (la estrategia) vamos a dar a conocer. Estamos viendo el revocatorio, una vez que tengamos el lineamiento jurídico vamos a dar a conocer”, declaro la Ministra.
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Efrén Choque, manifestó que respetarán las decisiones que se asuman sobre este tema. “Nosotros somos respetuosos de toda la decisión que pueda tomar (el Órgano Ejecutivo), pero que sea la decisión del soberano”, afirmó.
El parágrafo I, del Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral, indica que el revocatorio de mandato “es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano” y puede “destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el período de su mandato”.
Las elecciones judiciales costaron al menos 1,7 millones de bolivianos, donde los votos nulos y blancos sumaron al 60 por ciento y los votos válidos el 40 por ciento, pero ahora el partido de Gobierno plantea hacer un referéndum sobre los operadores de la justicia en cuestión.
Jueces de las provincias irán a las ciudades a agilizar causas
La mora procesal en el área penal, que alcanza aproximadamente a 159.000 causas en los juzgados y tribunales de las nueve capitales de departamento del país, será enfrentada con el traslado de jueces de las provincias donde hay menor carga procesal, dentro de un plan de descongestionamiento aprobado por el Órgano Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, los magistrados y consejeros de la magistratura acordaron implantar el plan en los juzgados cautelares de las capitales a partir de septiembre.
El plan consiste en el traslado temporal de algunos jueces de provincias a las capitales mediante un sistema de ampliación de competencias, para tramitar con prioridad las audiencias conclusivas en los casos donde hay detenidos preventivos para reducir el hacinamiento en las cárceles./ANF
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