Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38680
Timestamp: 2017-06-27 08:55:42
Document Index: 329393416

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 39', 'artículo 47', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 33', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 49', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 111', 'artículo 113', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25']

Decreto 120 de 2010 Nivel Nacional
Que de conformidad con la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general, en el cual las autoridades dé la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; a quienes se les garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin "más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico";
Que el mismo ordenamiento dispone que el Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia y que ésta, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás; mientras que el artículo 45 de la misma Carta señala que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral;
"Es una obligación del Estado proteger al niño. No puede haber una simple graduación en la protección, sino que debe ser una protección real, de carácter vinculante absoluto. Luego los programas de protección que el propio Estado ha señalado son de ineludible cumplimiento, es más, son finalidad del Estado por mandato del artículo 2° de la Constitución que establece: "Los fines esenciales del Estado: ... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución..."
Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, por medio del cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre, establece como principios rectores los de "seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización";
Que el artículo 9° de la Ley 1098 de 2006, señala que "En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona" y que "En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente";
Que el artículo 20, numeral 3, de la misma ley dispone que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra "El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización"; Que el artículo 39 de esta Ley dispone que son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otros, "1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal y 14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales";
Que el artículo 47 de la misma ley señala que son responsabilidades especiales de los medios de comunicación "7 Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios catalogados como franja infantil por el organismo competente";
Que el alcohol es una sustancia soluble en agua y por lo tanto, su distribución en el cuerpo humano se hace en forma homogénea, alcanzando todos los tejidos de manera inmediata; Que así mismo, el peso de las personas, especialmente el de los niños, es un factor biológico importante que produce variaciones de la concentración de alcohol en la sangre (alcoholemia);
Que de igual forma, los datos revelan que en el 46% de los accidentados en tránsito se encuentran niveles de alcohol en sangre superiores 0.8 gr/l, siendo el valor medio de estos de 1.7 gr/l, mientras que en un grupo de muertos por otras causas, sólo un 4.5% llegaba a los 0.8 grs./l. Se hace notar que se calcula que con una tasa de 0.5 gr/l el riesgo de accidente aumenta al doble que con 0 gr/l. Sin embargo, al llegar a una tasa de 0.8 gr/l de alcoholemia, el riesgo se multiplica por 10, con 1.2 gr/l, aumenta hasta 35 veces y con 2 gr/l, el riesgo de sufrir un accidente es 80 veces superior al que se tendría de conducir sin haber ingerido alcohol;
Ver el Acuerdo Distrital 376 de 2009, Ver la Ley 124 de 1994 DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto proteger al menor de edad y a la comunidad en general de los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y establecer medidas tendientes a la reducción del daño y la minimización del riesgo de accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo inmoderado de alcohol.
Artículo 3°. Comisión Intersectorial. Créase la Comisión Intersectorial para el Control del Consumo Abusivo del Alcohol como una instancia de asesoría, coordinación y concertación de la política pública sobre alcohol, la cual actuará bajo la coordinación del Ministerio de la Protección Social.
Artículo 4°. Objetivos y funciones. La Comisión Intersectorial para el Control del Consumo Abusivo del Alcohol tendrá los siguientes objetivos y funciones, las cuales serán realizadas a través del análisis de la evolución de los indicadores de accidentalidad, violencia y criminalidad que se asocia al consumo abusivo de alcohol, contemplando el desarrollo de la corresponsabilidad y la responsabilidad social empresarial:
Artículo 5°. Integración. La Comisión Intersectorial estará integrada por:
d) El Ministro de Transporte o su delegado. Podrán ser invitados a las sesiones de la Comisión los sectores público y privado –particularmente la industria aseguradora, la industria de licores y la industria del esparcimiento–, la academia, los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y las entidades gremiales.
Artículo 6°. Políticas de salud pública para el control del consumo abusivo del alcohol. En los términos del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Ministerio de la Protección Social diseñará e incorporará dentro del Plan Nacional de Salud Pública, las estrategias y acciones para identificar y promover la atención y demanda de servicios de rehabilitación, cesación y curación de la población enferma por causas asociadas al consumo abusivo del alcohol.
Artículo 7°. Capacitación a personal formativo. El Ministerio de la Protección Social formulará y promulgará los programas, planes y estrategias encaminados a capacitar sobre las medidas de control del consumo abusivo del alcohol vigentes a personas tales como profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación, educadores y responsables de la formación de menores de edad así como a los servidores públicos en general, sobre las consecuencias adversas del consumo abusivo de alcohol. El Ministerio de Educación Nacional orientará a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales para que se desarrollen competencias que permitan a la comunidad educativa adoptar estilos de vida saludables.
Artículo 8°. Programas educativos para evitar el consumo de alcohol. Los menores de edad deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional educativa bajo los principios de salud pública sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol, la incidencia de enfermedades, la discapacidad y la mortalidad debidas al consumo abusivo de alcohol. Para tal fin, el Ministerio de Educación Nacional, bajo los principios constitucionales, orientará a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales para que en las instituciones educativas se adopten proyectos pedagógicos que desarrollen competencias en los menores de edad que les permita por un estilo de vida saludable.
Artículo 9°. Programas de educación preventiva en medios masivos de comunicación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1098 de 2006, la Comisión Nacional de Televisión facilitará y propiciará la emisión de mensajes de alto impacto sobre prevención del consumo abusivo de alcohol en televisión. De igual manera, se deberán destinar espacios que estén a cargo de la Nación para la difusión del mismo tipo de mensajes por emisoras radiales.
Artículo 10. Campañas de prevención para la población en riesgo por consumo abusivo de alcohol. Los Ministerios sectoriales implementarán campañas generales de información y educación a la población sobre los efectos nocivos del consumo abusivo de alcohol y brindar asesoría y desarrollar programas para evitar el consumo abusivo de esta sustancia.
Artículo 11. Responsabilidad de las Administradores de Riesgos Profesionales. Corresponde a los Administradores de Riesgos Profesionales –ARP– desarrollar estrategias para brindar, permanentemente, información y educación a sus afiliados para evitar el consumo abusivo de alcohol. CAPITULO. IV
De la protección al menor Artículo 12. Prohibición de expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad en los términos de la Ley 124 de 1994. La persona que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será sancionada de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos Nacional o Departamental de Policía.
Artículo 13. Trabajo de menores en establecimientos en donde se produzcan, envasen, distribuyan, expendan o consuman bebidas alcohólicas. En ningún caso, podrán trabajar personas menores durante la jornada nocturna en establecimientos donde se produzcan, envasen, distribuyan, expendan o consuman bebidas alcohólicas.
Artículo 14. Cursos de prevención del alcoholismo. De conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 124 de 1994, el menor de edad que sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en estado de beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces.
Artículo 15. Publicidad y leyendas. Conforme a lo dispuesto en la Ley 124 de 1994 y lo previsto en este decreto, tanto la publicidad como las leyendas relacionadas con el consumo de alcohol deberán tener en cuenta el interés superior del menor de edad.
Toda publicidad, por cualquier medio que se realice, debe contener o hacer referencia, de manera resaltada, a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. La advertencia debe ser clara e inteligible.
Artículo 16. Especificaciones de los envases y etiquetas. En los envases y etiquetas de las bebidas alcohólicas no podrán emplearse expresiones, leyendas o imágenes en idioma diferente al castellano que induzcan engaño al público, haciendo pasar los productos como elaborados en el exterior, ni que sugieran propiedades medicinales.
Artículo 17. Obligación de los propietarios, empleadores y administradores. Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares en donde se expenden y/o consumen bebidas alcohólicas deberán:
Artículo 18. Obligación de las Entidades Territoriales. Corresponde a los Gobernadores y Alcaldes y a las Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de Salud el desarrollo de las siguientes actividades:
Artículo 19. Obligación de las entidades públicas. Las entidades públicas deberán difundir las medidas de que trata el presente decreto tanto en las páginas electrónicas que tengan habilitadas como en otros medios de difusión con que cuenten.
Artículo 20. Competencias de las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, en coordinación con las autoridades de policía y demás autoridades de control.
Artículo 21. Autoridades de tránsito. Las autoridades de tránsito promoverán campañas educativas destinadas a evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Artículo 22. Restricción de espacios y horarios. De conformidad con el artículo 111 del Código Nacional de Policía, los distritos y municipios podrán señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas. Así mismo, en virtud de lo previsto en el artículo 113 del Código Nacional de Policía, estarán facultados para adoptar restricciones en la venta de bebidas alcohólicas.
Artículo 23. Pactos por la vida. Los distritos y municipios promoverán la realización de Pactos por la Vida entre los residentes de las zonas consideradas como críticas, los dueños de establecimientos comerciales donde se expenda y consuma alcohol y los centros educativos del área de influencia en las zonas identificadas como críticas, con los que se definan estrategias orientadas a la disminución del daño y la minimización del riesgo que evite los desenlaces de accidentes, violencia cotidiana y criminalidad que acompañan los ambientes de consumos abusivos. Dichos pactos deberán contener medidas especiales de protección al menor de edad frente al consumo de alcohol y sus consecuencias.
Artículo 24. Progresividad en la protección. A través del presente decreto se establece la regulación mínima de protección a la salud humana por conductas que atenten contra la misma, derivados del consumo de alcohol sin menoscabo de las regulaciones que, en esta materia, superen estos mínimos.
Artículo 25. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2010