Source: http://www.venezuelaprocesal.net/resumeninvalidacion.htm
Timestamp: 2018-01-23 00:22:22
Document Index: 251529411

Matched Legal Cases: ['artículo 162', 'artículo 328', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 739', 'artículo 739', 'artículo 327', 'artículo 330', 'artículo 341', 'artículo 328', 'artículo 333', 'artículo 328', 'artículo 336', 'artículo 328', 'artículo 328', 'artículo 328', 'artículo 729', 'artículo 729', 'artículo 328', 'artículo 168', 'artículo 328', 'e contrario', 'artículo 329', 'Artículo 333', 'artículo 590', 'artículo 340', 'Artículo 732', 'artículo 729', 'Artículo 733', 'artículo 732', 'Artículo 735', 'Artículo 736', 'Artículo 737', 'artículo 729', 'artículo 328', 'artículo 729', 'artículo 729', 'artículo 3', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 38', 'Artículo 849']

Resumen de jurisprudencia y doctrina sobre la invalidación
Preparado por Luis Aquiles Mejía
Naturaleza jurídica, Definición. Causales de invalidación. Oportunidad procesal para su ejercicio. Tribunal competente. Efectos de su ejercicio. Sustanciación. Efectos (invalidación total o parcial). Recursos.
Como es sabido, en nuestro derecho, adquirido por el fallo la autoridad de la cosa juzgada, por falta de apelación contra la sentencia de la instancia inferior o del recurso de casación contra la sentencia de la última instancia, cuando ambas se encuentran viciadas por los defectos que indica el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, no puede ya más hacerse valer la nulidad del fallo por vicios de forma, los cuales quedan sanados por la cosa juzgada; pero está prevista la invalidación de los juicios, por determinadas causas, taxativamente señaladas en la Ley, que es una forma indirecta de atacar la cosa juzgada (querela nulitatis del derecho común), desvinculado del recurso de apelación, para hacer valer nulidades insanables del juicio, dentro de los términos fijados en los artículos 742 y 743 del código vigente.
La Comisión consideró conveniente mantener la institución, pero atendiendo a su finalidad y naturaleza de recurso excepcional que le ha reconocido la casación venezolana, decidió reubicarla, por razones sistemáticas, en el Libro Primero del Proyecto, entre los recursos, inmediatamente después del Recurso de Casación.
Pocas reformas han sido introducidas en este Título, entre las cuales merecen especial mención las siguientes:
1) Se incluye como causa de invalidación del juicio la falta de citación y vicio absoluto de la misma, cuando el recurrente no lo haya convalidado o no haya podido concurrir al juicio de modo que pudiese pedir la nulidad (Art. 729, Ord. 1º).
De este modo, se suprime la limitación establecida en el código vigente referida sólo al error o fraude cometidos en la citación confundiendo a la persona en cuyos bienes trate de ejecutarse la sentencia, con un tercero a quien se haya hecho la citación, recogiendo así la Comisión en la nueva disposición propuesta, la orientación de la jurisprudencia de casación, que ha venido incluyendo, por vía de interpretación de la norma vigente, como causas de invalidación, hipótesis de mucha gravedad, que ahora quedarían incluidas en el encabezamiento del artículo 328 del Proyecto.
2) Se extiende el recurso no sólo a las sentencias ejecutoriadas, sino además a cualquier otro caso que tenga fuerza de tal, como son los de autocomposición procesal.
En lo demás, la regulación se ha mantenido sustancialmente idéntica, con algunas correcciones de mera forma.
Márquez (1988):
En lo que respecta a la inclusión de la invalidación en el Libro Primero del nuevo código, en la parte referente a los recursos, los párrafos que preceden de la Exposición de Motivos evidencian la intención de los proyectistas de reconocer a la invalidación su verdadero y propio carácter de recurso excepcional, contra la conceptuación tradicional, aunque equívoca y no pacífica, que veía en la invalidación un juicio o proceso principal, en lugar de un recurso. Dentro de esta conceptuación tradicional de la invalidación como un juicio, se ubica la doctrina establecida por la Sala de Casación Civil en sentencia de 10 de agosto de 1972 (Gaceta Forense No 77, página 361), en la que se afirma lo siguiente: "Considera la Sala que el procedimiento de invalidación de los juicios previstos en el Título XVIII, Libro Tercero, del Código de Procedimiento Civil, por más que el Legislador lo llame también recurso en algunos pasajes de dicho Título, no es propiamente tal, sino un juicio porque si se observa su aspecto intrínseco se ve que en él concurren los elementos de todo juicio, o sea, una controversia suscitada entre partes que se lleva con toda autonomía ante un juez que debe resolverla, y si se le observa desde el puramente formal se advierte que se inicia por demanda que ha de tramitarse conforme a las reglas de un juicio, cosa distinta a lo que caracteriza al recurso propiamente porque éste se da de inmediato contra los fallos pronunciados en el proceso; no constituye controversia en sentido estricto, puesto que él es una secuencia de lo principal que debe ser resuelta sin atender a la tramitación de juicio alguno, sino sólo en conformidad con las reglas que consagradas en la ley le son propias. Además, para reforzar el criterio de que el procedimiento de invalidación constituye un juicio y no un recurso, basta observar que el Legislador colocó sus disposiciones en el Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, bajo el mote De los procedimientos especiales contenciosos, lo que no hizo con los recursos de apelación y de hecho que son establecidos en el Libro Primero ejusdem que contiene las disposiciones generales que rigen los juicios, y ni tampoco con el de casación, cuyas normas reguladores las colocó en el Libro Segundo que consagra la relativa al juicio ordinario". En esta misma línea se ubica la posición del profesor José Román Duque Sánchez, quien ha expresado que "...la invalidación no se propone en el mismo expediente, porque se trata en realidad de un nuevo juicio, que no participa en cuanto a la forma de lo que se entiende por recurso como algunos lo consideran. Es un verdadero juicio que se inicia por libelo de demanda y que el Legislador ha colocado entre los procedimientos especiales contenciosos". (Procedimientos Especiales Contenciosos, páginas 23 y 40).
La doctrina procesal, antigua y moderna, y la caracterizada naturaleza y Finalidades de la invalidación, no apoyan ciertamente la doctrina establecida por la Sala de Casación Civil en la referida sentencia, ni el parecer expuesto por el profesor Duque Sánchez. En efecto, en la propia obra de Arminio Borjas se encuentran explícitas y categóricas referencias a la invalidación como recurso extraordinario, entre ellas: "...es indispensable conceder a las partes litigantes otro recurso extraordinario para hacer invalidar las sentencias o los procesos, que aunque ajustados a la ley, resulten contrarios a la verdad y a Injusticia"; " ... pero estos medios... de que hemos hablado al exponer las nociones históricas del recurso de casación, no siempre constituyen instituciones regulares, sino vías excepcionalmente empleadas para atacar determinados fallos, ni distinguían entre el error de derecho y el error de hecho que como lo acabamos de exponer, determina en nuestros tiempos la diferencia característica entre los recursos extraordinarios de la casación y la invalidación” (Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo VI, páginas 209 y 210).
En la obra de Jaime Guasp, se puede encontrar una acertadísima clarificación de la naturaleza jurídica de la invalidación, similar a la revisión española, respecto de la cual dice: "Así pues, la revisión se perfila, en cuanto a su naturaleza, como un recurso... En vez de negar a la revisión el carácter de recurso y hacer de él una acción impugnativa autónoma, lo que desconocería el significado del recurso como ataque directo a una resolución judicial, es mejor entender que la revisión tiene índole singularísima y que, por ello, no es recurso ordinario ni extraordinario, sino excepcional, es decir, una impugnación cuya eventualidad no impide que goce de firmeza la sentencia impugnada, porque se dirige precisamente contra sentencias firmes, esto es, inatacables por vía ordinaria y extraordinaria. De este modo, en cuanto a su naturaleza, se ha de observar que el recurso de revisión, aunque pertenece a la categoría procesal que su concepto demuestra, ocupa un puesto muy especial por dirigirse contra sentencias firmes..." (Derecho Procesal Civil, Tomo Segundo, páginas 926 y 927).
A mi modo de ver, la doctrina de la Sala Civil se afinca demasiado en el aspecto formal y procedimental de la invalidación, poniendo excesivo énfasis en su ubicación como un procedimiento especial en el Libro Tercero del código de 1916, sin tomar en consideración ciertos conceptos fundamentales de la teoría general de los recursos, que en las últimas décadas han tenido un desenvolvimiento notable en la doctrina procesal. En efecto, la teoría general de los recursos enseña modernamente que su verdadera índole dentro de la dogmática que corresponde a los medios de impugnación, viene determinada, entre otros, por dos elementos decisivos: Uno es el que el objeto de un medio de impugnación o recurso, sea ordinario o extraordinario, lo constituye siempre una sentencia, cosa absolutamente extraña a los conceptos meramente procedimentales que se exponen en la referida sentencia de la Sala Civil; y lo otro es la Finalidad del medio de impugnación o recurso, que es precisamente la obtención de una nueva sentencia, cosa que tampoco puede caracterizar a ningún proceso, entendido éste en su verdadera y propia acepción. De consiguiente pues, la ubicación de la invalidación dentro de los recursos representa un acierto del nuevo Código de Procedimiento Civil, en un todo consistente con la doctrina procesal y las orientaciones del derecho procesal comparado.
Es por lo demás digna de cita en este caso, la doctrina que sobre el particular con respecto a la naturaleza de la invalidación la Corte Federal, en sentencia de 24 de mayo de 1955 (Gaceta Forense Nº 8, Segunda Etapa, página 161 y siguiente), en la cual se atribuye explícitamente a la invalidación la naturaleza de un recurso, en los párrafos siguientes: “... Solicitar la nulidad de una sentencia con el recurso de la invalidación del juicio en que haya recaído, y buscar de ese modo la corrección de errores de hechos graves que la afecten en todo o en parte, y porque la verdad en el proceso aparezca adulterada, es valerse de un recurso extraordinario del procedimiento, cuando ya no sea posible el ordinario de la apelación o el extraordinario de casación; vale decir, que este recurso de nulidad de sentencia por la vía de invalidación del juicio no es procedente sino contra una sentencia con fuerza de definitiva y autoridad de cosa juzgada, es decir, ejecutoriado, o contra una interlocutoria con fuerza definitiva que ponga fin al juicio... contra la sentencia que dictara la antigua Corte Federal y de Casación, en Sala Federal, en un juicio de cobro de bolívares o de daños y perjuicios contra la nación, no caben los recursos ordinarios ni extraordinarios estatuidos en el Código de Procedimiento Civil, incluso el de invalidación..." Adicionalmente, por auto de 16 de abril de 1969 (Gaceta Forense No 64, página 77), la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró: “... Visto el escrito de fecha 14 de los corrientes... en el que se pide la invalidación del juicio de nulidad de la elección del general Marcos Pérez Jiménez para el cargo de Senador de la República... y por cuando el artículo 211 de la Constitución Nacional expresa que la Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de la República, y que contra sus decisiones no se oirá ni admitirá recurso alguno, se declara inadmisible la mencionada demanda de invalidación", declaración esta que está ostensiblemente en acuerdo con la concepción que de la invalidación ha sostenido la antigua Corte Federal de la Corte Suprema.
En apoyo de la tendencia jurisprudencias a considerar la invalidación como un recurso, y no como una acción autónoma, referida en la exposición de motivos, y en contra de la tesis sostenida por la Sala de Casación Civil en la sentencia anteriormente citada, cabe hacer la cita de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en Sala Político–Administrativa en 7 de diciembre de 1964 (Gaceta Forense No 46, Segunda Etapa, página 312), en la cual se sostiene acertadamente la naturaleza de recurso que tiene la invalidación, en la forma siguiente: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución de la República, contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia No se oirá ni admitirá recurso alguno. Es necesario, por consiguiente, analizar si la invalidación solicitada constituye o no un recurso; y si, por tanto, procede o no su admisión. En sentido procesal se entiende por recurso la acción que se deriva de la ley en favor de la parte que se considere perjudicada por una resolución judicial, para acudir ante el órgano competente a fin de que dicha resolución quede sin efecto o sea modiricada en determinado sentido. Los recursos, según las facultades que se confieren al órgano decisor, se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que, como indica su nombre, se dan con cierto carácter de normalidad dentro del ordenamiento procesal. De esta normalidad deriva la mayor facilidad con que el recurso es admitido y el mayor poder que se atribuye al órgano jurisdiccional encargado de resolverlo. Por eso suele decirse que el recurso ordinario no exige motivos especiales para su interposición, ni limita los poderes judiciales de quien los dirime, en relación a los poderes que tuvo el órgano que dictó la resolución recurrida. Los recursos extraordinarios, en cambio, se configuran de un modo mucho más particular y limitado. Han de darse en ellos las notas estrictamente inversa a las de los recursos ordinarios, tanto en cuanto a las partes, como en cuanto al juez. Por consiguiente, el recurso extraordinario se configura como aquel en que rigen, para su interposición, motivos determinados y concretos, y en el que el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigioso, sino solamente sobre aquellos sectores agotados de la misma que la índole del recurso establezca particularmente. De acuerdo a lo expuesto, toda acción que conceda la ley a las partes para modificar o dejar sin efecto lo decidido en un proceso, constituye un recurso; y si, en ese recurso, el derecho de las partes y los poderes del juez se encuentran circunscritos a causales concretas y limitadas, se trata de un recurso extraordinario. Por tanto, dentro de las categorías de los recursos extraordinarios, han de comprenderse la casación y la invalidación, ya que ambos constituyen una impugnación de actos procesales realizados, y se encuentran restringidos por causales taxativas. La diferencia entre ambas figuras procesales de impugnación estriba en que, mientras en la casación los errores que la motivan son errores inmanentes al proceso, bien sean de forma o de fondo, en la invalidación las razones que la justifican rebasan el ámbito del proceso mismo, ya que se basan en errores de hecho posteriormente descubiertos.. Conforme a lo expuesto, la invalidación aparece, en cuanto a su materia jurídica, como una figura procesal de carácter impugnativo; y por tanto, se perfila como un auténtico recurso... En nada altera el criterio expuesto la circunstancia de que en algunos de los artículos del Código de Procedimiento Civil se hable de juicio de invalidación, y se disponga, como se hace en el artículo 739 ejusdem, que la invalidación debe sustanciarse por los tribunales en juicio ordinario y en una sola instancia. En efecto, no es su denominación lo que determina la naturaleza de una figura jurídica, sino su contenido y finalidad; por tanto, si como se ha visto, el objeto de la invalidación esla impugnación de un proceso, su naturaleza no puede ser otra que la de un recurso... Por otra parte, el hecho de que se establezca que el procedimiento aplicable a la invalidación es el juicio ordinario, tampoco desnaturaliza su objeto; porque no existe un procedimiento típico y exclusivo para todos los recursos, sino que el legislador está en libertad de establecer para cada uno la tramitación que considere más adecuada... Luego, la circunstancia de que se rige un procedimiento especial para los recursos, o se ordene aplicar a ellos algunos de los procedimientos existentes para determinados juicios, en nada altera el carácter impugnativo de los mismos. Tampoco influye en la naturaleza del recurso, el hecho de que su conocimiento y decisión competa al propio órgano jurisdiccional que haya conocido del caso impugnado. En efecto, el ordenamiento procesal reconoce y admite medios de impugnación que operan en el mismo grado de la jerarquía judicial en que se produce el acto recurrido. De aquí que, entre la clasificación de los recursos, se denominen éstos como recursos horizontales, dejándose el nombre de recursos verticales para los que se interpongan ante el superior jerárquico".
La tesis propugnada en la sentencia anteriormente transcrita por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, ha acertado totalmente en la definición de las características que permiten calificar a la invalidación como un recurso extraordinario desvirtuar así la tesis de que la invalidación responde al concepto de una acción o pretensión autónoma.
Abreu y Mejía (2000, p 115-117), expresan:
La doctrina italiana utiliza el término "medio de impugnación" como sinónimo de recurso. Calamandrei considera que los medios para impugnar las sentencias son remedios procesales concedidos por la ley a la parte vencida en una de las instancias del proceso (o, excepcionalmente, a un tercero), para impedir que la decisión pronunciada en primera instancia se transforme en una definitiva declaración jurisdiccional de certeza, o para destruir la eficacia definitiva de una declaración de certeza ya inherente a la decisión pronunciada en última instancia, viciada por defectos especiales.[1]
Ibáñez Frocham define el recurso como acto procesal mediante el cual la parte en el proceso, o quien tenga legitimación para actuar en él, pide que se subsanen los errores que lo perjudican cometidos por una resolución judicial. El recurso es un acto jurídico procesal –explica– a cargo del litigante. Como lo es la demanda: sin demanda no hay proceso; como lo es la contestación (aunque sin ella actúa el juez). Otros actos pertenecen al Tribunal, como la sentencia y demás resoluciones. Demanda, contestación y sentencia, son actos básicos del proceso; a ellos se suman otros que, como los recursos, son jurídicos porque están gobernados por la voluntad y procuran modificar el estado actual de la relación procesal. Esta manifestación está dirigida a impugnar una resolución judicial.[2]
Para Devis Echandía existe un derecho a recurrir de naturaleza procesal, que consiste en un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a cualquier título y condición, para que se corrijan los errores del juez, que le causan gravamen o perjuicio. Según dicho autor, el recurso es un acto del proceso y con ello se descarta la pertinencia de hablar de recurso cuando se trata de un nuevo proceso, "salvo el caso del recurso extraordinario de revisión que es un verdadero proceso contra la sentencia ejecutoriada".[3]
Al considerar como carácter fundamental del recurso que sea tramitado en el mismo proceso, queda de lado el recurso de revisión, denominado invalidación en la legislación venezolana; e incluirlo luego, como excepción, implica romper el límite convencionalmente definido.
Para delimitar el concepto de recurso es necesario diferenciar los medios de impugnación de otros remedios procesales que tienen como efecto corregir la injusticia o la ilegalidad, lato sensu, de un proveimiento judicial.
Carnelutti distingue los medios de impugnación de los medios de invalidación. Todo medio de impugnación implica dos fases: un juicio rescindente por el cual se deja sin efecto el acto judicial recurrido, y un juicio rescisorio, dirigido a sustituirlo. En algunos de los recursos aparecen históricamente diferenciadas ambas fases, y el pronunciamiento puede corresponder a diferentes tribunales (casación y reenvío, por ejemplo), pero forman parte de una misma actividad recursiva.
Cada vez que el iudicium rescindens sea autónomo, en el sentido de que la ley no lo considere como fase de un procedimiento que conduzca al iudicium rescissorium, se trata de la invalidación y no de la impugnación; se está en presencia, en cambio, de impugnación y no de invalidación, cuando el iudicium rescindens, aunque históricamente diferenciado del iudicium rescissorium, pueda considerarse como la fase de un remedio que concluye con la sustitución del proveimiento nulo o injusto, por una nueva decisión.[4]
Así pues, la unión entre ambos procedimientos no se da por su unidad formal, en un mismo expediente, sino por su efecto de nueva decisión de la controversia –juicio rescisorio–. Cada vez que la revocatoria o nulidad del fallo vaya seguida del pronunciamiento de un nuevo juicio, que lo sustituya, de inmediato o en un proceso autónomo, el remedio procesal deberá ser identificado como recurso.
Los recursos deben distinguirse de los medios no recursivos de impugnación, los cuales constituyen actividad de las partes no dirigida a combatir una decisión judicial. Ejemplo de esta actividad no recursiva es la solicitud de nulidad y renovación de un acto del proceso, diferente de una concreta decisión sobre una cuestión incidental, que sólo puede ser combatida mediante la apelación o la casación.
Asimismo, no se trata de un recurso si la actividad impugnativa se dirige contra un acto de las partes, por ejemplo, la tacha de falsedad de un documento, o la tacha de un testigo.
En conclusión, se debe entender como recurso la impugnación, por quien está legitimado para ello, de un proveimiento o decisión judicial, dirigida a provocar su sustitución por un nuevo pronunciamiento.
Pág. 125-126:
Dentro de este planteamiento, se debe considerar la invalidación como un recurso, tal como lo sitúa el legislador venezolano. La declaratoria de procedencia del recurso de invalidación da lugar a la reposición del proceso al estado de interponer nuevamente la demanda, en los casos de falta de citación, error o fraude en la citación, o citación del menor o entredicho, o al estado de nueva sentencia, en los demás supuestos, lo cual implica, al menos en estos últimos casos, que la decisión rescindida va a ser sustituida por un nuevo pronunciamiento (juicio rescisorio). Este efecto le confiere naturaleza de recurso, al margen de su ubicación como tal en el Código vigente, lo cual no sería determinante, pues la ley denomina también "recurso" al juicio de queja para hacer efectiva la responsabilidad civil de los jueces, procedimiento especial que no puede ser calificado de recursivo, porque la sentencia que se dicte deberá limitarse a establecer la responsabilidad y ordenar la indemnización, y "no afectará en manera alguna lo juzgado en el asunto civil al cual se refiere la queja, debiendo abstenerse el Tribunal sentenciador de mezclarse en él".[5]
La demanda de nulidad conduce a la rescisión del acto cuya invalidación se pretende, pero el procedimiento se agota en esa declaratoria. Tal es el caso de una sentencia emanada de un procedimiento de amparo constitucional contra una decisión judicial a la cual no sigue una nueva decisión. Se incluye el amparo constitucional entre las demandas de nulidad porque, aunque formalmente no anula el fallo que es su objeto, lo priva de efecto, y no puede considerarse subsistente una sentencia que carece de fuerza ejecutiva.[6]
La ubicación de la invalidación como recurso ha sido objeto de diversas críticas entre las cuales se destacan las formuladas por José Rodríguez Urraca, en Venezuela, y Jairo Parra Quijano, en Colombia. Observa el primero que los recursos se anuncian mediante un simple escrito interpuesto ante el juez que ha dictado la primera sentencia, mientras que la invalidación constituye un recurso que debe estar precedido por una demanda y continuar por el procedimiento ordinario, lo que se traduce en un sistema incongruente, y un sistema, para ser tal, requiere congruencia entre sus distintos componentes.[7] Véscovi mantiene una posición similar, aunque menos enfática, basada en que mediante la revisión se introduce una nueva pretensión, en un plazo no determinado en forma previa, y su presentación no paraliza la ejecución (salvo casos excepcionales).[8]
Tal vez la mayor objeción a la ubicación de la invalidación como recurso se centra en que constituye un nuevo ejercicio del derecho a la acción, que da origen a un proceso independiente en su desarrollo, aunque no en su resultado, de aquel que dio origen al juicio que se pretende invalidar, de modo que contra la sentencia de invalidación puede interponerse recurso de casación, todo lo cual lo acerca a los remedios procesales que antes se denominaron demandas de nulidad.
Sin embargo, el efecto repositorio de la sentencia de invalidación aconseja optar, sin que ello signifique una toma de posición no sujeta a posteriores reflexiones, por su ubicación dentro de los recursos que establece la ley, y aceptar así la clasificación tripartita antes expuesta, para llegar a la conclusión de que se trata de un recurso excepcional, con características claramente diferenciadas de los otros recursos.
La jurisprudencia actual de la Sala de Casación Civil niega el carácter recursivo de la invalidación:
SCC 24-3-03, exp. Nº 01-570, dec. Nº 32:
Para esta Jurisdicción tampoco ha sido feliz el tratamiento del asunto en cuestión, ya que durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre la indeterminación conceptual, cuando en sentencia del 10 de agosto de 1972 dijo que aun cuando el legislador algunas veces se refería a ella como un recurso, no era tal sino un verdadero juicio, y asentó:
“...porque si se observa su aspecto intrínseco se ve que en él concurren los elementos de todo juicio, o sea, una controversia suscitada entre partes que se lleva con toda autonomía ante un juez que debe resolverla; y si se le observa desde un punto de vista puramente formal, se advierte que se inicia por demanda que ha de tramitarse conforme a las reglas de un juicio (juicio ordinario, dice el artículo 739 del Código citado), cosa distinta a lo que caracteriza al recurso propiamente dicho, porque éste se da de inmediato contra los fallos pronunciados en el proceso y no constituye controversia en sentido estricto, puesto que él es una secuencia de lo principal que debe ser resuelta sin atender a la tramitación de juicio alguno, sino sólo en conformidad con las reglas consagradas en la Ley que le son propias. Además para reforzar el criterio de que el procedimiento de invalidación constituye un juicio y no un recurso, basta observar que el Legislador colocó sus disposiciones en el Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, bajo el mote “De los Procedimientos Especiales Contenciosos”, lo que no hizo con los recursos de apelación y de hecho... y ni tampoco con el de casación...”.
Posteriormente, al promulgarse el actual Código de Procedimiento Civil y ser ubicado por el legislador en el denominado “De los Recursos”, dijo la Sala de Casación Civil en sentencia del 9 de diciembre de 1992, expediente Nº 92-74, (caso: Kawasaky Steel Corporation contra decisión de fecha 14 de marzo de 1988, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda), lo siguiente:
“...El nuevo Código de Procedimiento Civil a calificado a la invalidación como un recurso extraordinario.
A este respecto Leopoldo Márquez Añez, en sus comentarios a la exposición de Motivos de la vigente Ley Procesal, señala:
“...En lo que respecta a la inclusión de la invalidación en el Libro Primero del nuevo Código, en la parte referente a los recursos, los párrafos que preceden de la exposición de motivos evidencian la intención de los proyectistas de reconocer a la invalidación su verdadero y propio carácter de recurso excepcional, contra la conceptuación tradicional, aunque equívoca y no pacífica, que veía en la invalidación un juicio o proceso principal, en lugar de un recurso...”
La situación particular observada precedentemente, encuadra al recurso de invalidación como una incidencia ocurrida dentro del juicio principal y como tal debe ser considerada, en lo atinente al pago de las costas procesales.
Las acotaciones precedentemente explanadas, han debido ser consideradas por el sentenciador del fallo recurrido, corrigiendo la anómala situación observada en el caso de autos y no declarar, como lo hizo, procedente el derecho accionado, considerando que el recurso de invalidación es un juicio autónomo y como tal generador de costas a cargo de la parte vencida, porque aunque tal criterio es correcto, desde el punto de vista formal, la situación que se le sometía a su consideración estaba investida de ciertas particularidades que le daban a la invalidación la naturaleza de un verdadero recurso extraordinario que dio origen a una decisión que resolvió sólo una incidencia surgida en el juicio principal...”.
Este último criterio casacionista de manera confusa, trata la institución de la invalidación como un recurso que genera una incidencia autónoma dentro del juicio principal.
Por consiguiente, ante las indistintas posiciones que se han asumido, la Sala debe precisar su doctrina en cuanto a la naturaleza jurídica de la invalidación, independientemente de que el legislador lo haya conceptuado como un recurso.
Ahora bien, no obstante que el legislador ubicó la institución de la invalidación en la parte referente a los recursos, inmediatamente después del recurso extraordinario de casación, es preciso señalar las diferencias que existen entre ellos, como son: 1) que la invalidación se inicia mediante demanda y se sustancia por los tramites del juicio ordinario, y el recurso de casación se inicia con una promesa de formalizar que es el anuncio y se sigue por un procedimiento especial; 2) ambas instituciones se proponen por causales diferentes; 3) para que pueda admitirse el recurso de casación es preciso que el juicio principal exceda de cinco millones de bolívares, y en la invalidación es irrelevante a los efectos de la interposición ya que puede proponerse independientemente del interés principal del juicio a invalidar.
Son entonces los precedentes motivos, que la Sala comparte plenamente, los que hacen concluir que el procedimiento de invalidación constituye un juicio y no un recurso, por tanto, la naturaleza jurídica es la de ser una demanda o juicio de invalidación, en el cual el fin perseguido no es otro que privar de los efectos jurídicos válidos, a una sentencia ejecutoriada o un acto que tenga fuerza de tal, como lo dispone el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil; conclusión que se refuerza a la letra del artículo 330 eiusdem, al exigir que la invalidación se interpondría por escrito que llenará los requisitos del 340 ibidem, es decir, deberá cumplir con los requisitos de un libelo de demanda, conforme lo expresó esta Sala en decisión de fecha 15 de noviembre de 2002, (caso: Carmen Cecilia López contra Miguel Ángel Capriles Ayala) expediente N° 99-003, sentencia N°4), en la cual señaló:
“...En ese sentido, al invocar el demandante dicha causal, sólo tocaba al Juez, examinar las condiciones referidas a las de admisión de la demanda contempladas en el artículo 341 eiusdem, en cuanto a que no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, toda vez que el mencionado artículo 328, no está circunscrito a causas de inadmisibilidad sino a los supuestos de hecho que bien pudieran invalidar una sentencia, lo cual sin lugar a dudas es materia probatoria. En consecuencia, siendo que la acción de invalidación intentada, no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición expresa de la Ley, su admisibilidad es procedente en derecho...”.
En consecuencia, se deja sentado que la invalidación debe ser conceptualizada por el foro nacional como juicio autónomo o demanda de invalidación.
Es pedagógicamente pertinente acotar que, lo precedente no desvirtúa la constante y pacífica doctrina de la Sala en cuanto al cumplimiento del requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación en los juicios de invalidación.
En contra del criterio transcrito, cabe observar que no puede fundarse la naturaleza recursiva o no de la invalidación en sus diferencias con la casación, pues no se trata de un recurso extraordinario sino de un recurso excepcional. La discusión no puede centrarse en la disyuntiva entre juicio y recurso, sino entre juicio autónomo y recurso. Existe un nexo entre el procedimiento a ser invalidado y el juicio de invalidación constituido por el efecto repositorio de la sentencia de casación, característico de los recursos.
Por otra parte, resulta inconsistente sostener la autonomía de la invalidación como juicio y mantener la jurisprudencia conforme a la cual la cuantía de la invalidación es la del juicio a ser invalidado. De ser un juicio autónomo y no un recurso, tendría su propia cuantía, a ser estimada por el efecto económico de su procedente en el momento de interposición de la demanda.
En general, se centran los autores en determinar la naturaleza jurídica de este recurso, y tal vez por las dudas que suscita esta cuestión, se abstienen del intento de elaborar una definición formalmente estructurada. A ello contribuye también la existencia de causales taxativas de invalidación cuya existencia implica una definición por extensión, y no por intensión como se acostumbra en la ciencia jurídica.
Bajo el subtítulo "definiciones" Duque Sánchez (1981, p. 21-22), expresa:
"La invalidación -dice Koeller- es una reacción del derecho sustancial contra el derecho formal"; al paso que Jaime Guasp la define como "un sacrificio de la lógica jurídica en pro de la razón de ser práctica del Derecho y de la administración de justicia".
Veamos en un ejemplo, la definición de Koeller: supongamos que en un juicio en el que se han llenado todas las formalidades legales, se descubre que el documento en que se basó la acción era falso: entonces, el derecho sustancial a quien afecta la falsedad de dicho instrumento, reacciona contra el derecho formal.
En el mismo ejemplo, el concepto de Guasp: Lógicamente, jurídicamente o formalmente, aquel juicio se ha seguido conforme a todas las formalidades, pero no obstante, esa lógica jurídica hay que sacrificarla en obsequio de la razón de ser práctica del Derecho y de la administración de justicia que quiere que a cada quien se le dé lo suyo y ello, cuando corresponda. A quien se le da algo con base a un documento que es falso, o cuando se le da en contra de alguien que no ha sido citado y oído en juicio, entonces hay que sacrificar la lógica jurídica en obsequio de la finalidad que persigue la administración de justicia.
En otras palabras, como dice Borjas, la invalidación se da contra los juicios o sentencias que, aunque ajustados a ley, resultan contrarios a la verdad y a la justicia, por haberse seguido esos juicios o pronunciado esas sentencias por un error de hecho propiamente dicho, es decir, por un error en que se haya incurrido, no por indebida o falsa aplicación de un heccho perfecta y completamente conocido, sino por ignorancia involuluntaria de todos o algunos de los elementos que caracterizan, constituyen o definen ese hecho. De modo, pues, que la invalidación se da cuando el juicio se ha seguido o la sentencia se ha dictado, con base en un error de hecho propiamente dicho, repetimos. En palabras, contra el error de criterio por inexacta apreciación los hechos, sin violación de las reglas que establece la ley para valorar la prueba, se da el recurso de alzada o apelación; contra el error de criterio, pero con violación de regla legal expresa que valora esa prueba, se da el recurso de casación; pero contra el error de hecho propiamente dicho, no imputable al juzgador, sino a culpa de parte interesada o a circunstancias involuntarias, porque aquel juicio se sentenció iusta allegata et probata, pero sobre la base de hechos insuficientemente conocidos o desconocidos, se da un recurso que permite demostrar la falsedad de! hecho que sirvió de base fundamental al fallo o dio origen al proceso: ese recurso es el de INVALIDACION.
El autor citado, a continuación (p. 23-25) puntualiza las diferencias de la invalidación con el recurso de casación:
La invalidación de los juicios y el recurso de casación se diferencian en cuanto a su naturaleza, forma y efectos, así:
a) En cuarto a su naturaleza. La naturaleza de la invalidación y la casación se pone de manifiesto en lo que antes se dijo acerca del error de criterio en la apreciación de un hecho sin violar regla legal expresa de valoración de prueba, el error de criterio, con violación de esa regla y el error de hecho propiamente dicho.
b) En cuanto a la forma.- El recurso de casación se propone, se anuncia, se interpone en el mismo expediente de la causa y dentro de un lapso corto, perentorio, igual para todos los juicios, salvo por lo que respecta a los de trabajo, tránsito y agrarios, que es más corto todavía ese lapso. En cambio, la invalidación no se propone en el mismo expediente, porque se trata, en realidad de un nuevo juicio, que no participa en cuanto a la forma de lo que se entiende por "recurso” como algunos lo consideran. Es un verdadero juicio que se inicia por libelo de demanda y que el legislador ha colocado entre los procedimientos especiales contenciosos. Así lo estableció la Corte en sentencia del 10 de agosto de 1972, que transcribirnos para finalizar este Tema.
En segundo término no se propone dentro de un lapso igual para todos los casos, como sucede en casación, sino que debe intentarse esa demanda de invalidación dentro de los términos que varían de acuerdo con las diversas causales que puedan servir de base al juicio de invalidación.
Por otra parte el recurso de casación se sustancia con vista en el expediente en el cual se. anuncia dicho recurso. El juicio de invalidación, como es un juicio aparte e independiente del juicio cuya nulidad se pretende, se sustancia con nuevos elementos probatorios aportados según la causal de que se trate.
Finalmente, mientras el recurso de casación lo decida la Corte Suprema de Justicia, el juicio de invalidación lo sustancia y decide el Tribunal que haya dictado la sentencia de última instancia o el que haya seguido el juicio cuya nulidad se pretende. De aquí que pueda proponerse, según las circunstancias, ante el Tribunal Superior que dictó la sentencia en segunda instancia, si esa es la accionable de invalidación; o ante el Tribunal de Primera Instancia, por haber sido allí donde, por ejemplo, se incurrió en el error o fraude en la citación, con la circunstancia especial de que como contra las sentencias dictadas en estos juicios no hay alzada, porque se tramitan en una sola instancia, desde Primera Instancia se va directamente a Casación, cuando allí se hubiere intentado la invalidación.
Sobre el particular, dice Pisanello, lo siguiente: "Ningún Juez más adecuado para apreciar el error sufrido que el que dictó el fallo cuya invalidación se pide, pues él, mejor que cualquier otro, puede valorar la influencia que ejercieron en su ánimo las prácticas dolosas de uno de los litigantes, las escrituras falsas o la falta de nuevos documentos".
c) En cuanto a sus efectos, Tanto la casación como la invalidación tiene un efecto común: anular sentencias, anular decisiones judiciales. En este sentido coinciden, pero se diferencian en cuanto a que el recurso de casación impide que la sentencia recurrida se ejecutoríe y se haga definitivamente firme, mientras que el juicio de invalidación no, tanto más cuanto que muchas veces se propone después de ejecutado el fallo que se trata de invalidar.
Por otra parte, la casación en Venezuela es total y no parcial es decir, en todo lo que no fue objeto del recurso, el juez recupera su plena jurisdicción y puede decidir nuevamente, aún apartándose de la opinión de los anteriores sentenciadores. En cambio, en la invalidación, ésta puede proponerse parcialmente: cuando se intenta contra una sentencia que contiene varios puntos y se pide la nulidad por lo que respecta a determinado punto, porque fue éste el decidido con base al documento que resultó falso: los demás decididos con base a otras pruebas, quedan firmes. Hay, pues, nulidad parcial en el caso de la invalidación.
Intentando una definición, podemos decir que la invalidación es el recurso excepcional que se intenta ante el mismo juez que pronunció la sentencia recurrida, mediante demanda que se sustancia por el procedimiento ordinario, pero en una sola instancia, dirigida a obtener la nulidad total o parcial de un fallo que había alcanzado firmeza, pero que era producto de alguno de los errores de hecho o de procedimiento taxativamente enumerados en la ley.
La Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 20 de enero de 1999, expresó:
El hecho de que la sentencia haya sido ejecutada, en el sentido de que se procedió a su registro en la oficina subalterna correspondiente, no significa que el juicio no se hubiera podido invalidar, ya que el propio artículo 333 del Código de Procedimiento Civil dispone que el recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia. Dicha norma establece, que si no se ejecuta la sentencia y resulta improcedente el recurso de invalidación, el demandante debe responder del monto de la ejecución y del perjuicio por el retardo, pero no en caso de que se invalide el juicio (cursivas de la Sala). Es decir, que declarada la invalidación queda nula la sentencia y todos los demás actos procesales, y debe reponerse la causa al estado de interponer nuevamente la demanda, en los casos de los números 1° y 2° del artículo 328 eiusdem; y al estado de sentencia, en los demás casos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 ibidem. En este orden de ideas, no puede concebirse la violación de la cosa juzgada por la sentencia que invalide el juicio, pues no provee contra lo sentenciado, Bino que declara la invalidez de todo el juicio y, por ende, también de la sentencia, la cual al quedar anulada, deja de surtir efectos. En ese sentido, si la sentencia que declaró el derecho de propiedad del quejoso sobre el Fundo los Ranchos, quedó invalidada, mal puede alegar ahora que la decisión que decretó su invalidación y repuso la causa al estado de introducir nuevamente la demanda, lesiona su derecho de propiedad, el cual dejó de existir desde el mismo momento que la decisión que le otorgó ese derecho quedó anulada. En consecuencia, si el quejoso no detenta el derecho de propiedad alegado, no es posible que le sea lesionado ese derecho constitucional. Así se establece.
Causales de invalidación.
Las dos primeras y la sexta constituyen errores de procedimiento que afectan el debido proceso legal: falta de citación, error o fraude en la citación; la citación del incapaz; y la decisión de la causa por quien no era juez.
Las otras tres son errores de hecho que inciden en la resolución de la controversia: la tercera es la falsedad del instrumento que sirvió de fundamento a la decisión, declarada en juicio penal; la cuarta, la retención por la parte contraria de un instrumento decisivo, o la obstaculización de esa parte que haya impedido su presentación; y la quinta la cosa juzgada no conocida por la parte para la época del juicio.
En relación con las dos primeras causales, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 5-4-01, expresó que la falta de notificación no aparece dentro de las causales de invalidación, taxativamente consagradas en el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, y que ésta no puede equipararse con la citación, puesto que el propósito de la citación consiste en que el o los sujetos contra los cuales se ejerce la demanda se encuentren a derecho, y que estén en conocimiento que contra ellos existe un procedimiento instaurado ante un tribunal, al tiempo que disponen de un lapso señalado por la normativa procesal para ejercer su derecho a la defensa.
Causal 1ª
Así pues, la falta de notificación de la sentencia que puso fin al juicio no es motivo de invalidación, pero la parte puede hacerse presente, en cualquier momento, y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios pertinentes, pues si la sentencia que debió ser notificada no lo fue, no alcanzó firmeza.
Bajo la vigencia del anterior Código de Procedimiento Civil, la antigua Corte Suprema de Justicia (SCMT, 9-6-76, JML), decidió que el apersonamiento del apoderado en el juicio a presentar su poder y oponer determinada defensa llena los extremos de notificación que implica la citación. Este antiguo criterio nos conduce a la reflexión de que la falta de citación, cuando posteriormente se hace presente la parte o un apoderado en juicio debe resolverse en ese proceso, mediante la solicitud de reposición o la declaratoria de oficio de la falta de citación, sin que a falta de esta actividad pueda surgir la causal de invalidación.
Asimismo, tampoco consideró esa Sala (14-10-75. JML) que la objeción sobre la validez de la cláusula que permite al apoderado darse por citado no da lugar a la invalidación, si no ha habido "maquinación procesal fraudulenta que haya impedido la citación de la persona realmente demandada."
Causal 2ª
Borjas (1979, t. VI, p. 216)
La incapacidad de tales personas para estar en juicio es de orden público, por lo cual, aun cuando ellas hicieren creer que se encuentran en el libre goce de sus derechos civiles, y hubieren consentido en la citación y seguido el proceso hasta su término, la demanda de invalidación prosperaría, no sólo intentada por sus respectivos representantes legales, sino por ellas mismas, caso de que la promovieren en tiempo hábil, siendo ya mayores y capaces.
Causal 3ª
La disposición del Código de Procedimiento Civil vigente "La falsedad del instrumento en virtud del cual se haya pronunciado la sentencia, declarada dicha falsedad en juicio penal", despeja toda duda sobre la interpretación de la disposición, al exigir que dicha falsedad haya sido declarada, precisamente, en juicio penal.
Bajo el Código derogado, que no incluía esta precisión ya había establecido la jurisprudencia "que no puede establecerse en el propio juicio de invalidación la falsedad del instrumento, sino que ello debe haber ocurrido con anterioridad, bien por reconocimiento por parte del autor del documento o bien por declaratoria judicial. (SCMT 4-10-73)". Se nos escapa la razón por la cual se exige sentencia penal, no bastando entonces la declaratoria civil de falsedad, por tacha incidental o juicio principal de falsedad del instrumento.
Resulta obvio que la sentencia penal que declare la falsedad tiene que estar definitivamente firme.
Se pregunta Borjas (1979, t. VI, p. 217) ¿da lugar a dicho recurso la faisedad de solo alguno o algunos de los instrumentos en que se hubiere basado la sentencia recurrida?:
No basta, para que prospere el recurso de invalidación, la falsedad de cualquiera de los instrumentos estimados en el juicio contra el cual obre dicho recurso. Es necesario que el instrumento falso sea tal que, de haberlo desestimado el juzgador, no hubiera podido fallar de la manera que lo hizo, es decir, que su apreciación haya ejercido una influencia decisiva sobre la sentencia accionada de nulidad. Así como el dolo dans causam contractui vicia y anula las convenciones, asimismo vicia y anula los fallos de falsedad del instrumento que ha sido fundamento de la sentencia, dans causam sententiae ".
Es doctrina apoyada por la opinión de eminentes expositores la de que, cuando el fallo accionado se funda en documentos válidos y verdaderos, a la vez que en instrumentos falsos, debe proceder la invalidación, porque nunca será posible establecer a priori el grado de influencia ejercido por estos últimos en el fallo mencionado. Al juzgador toca apreciar, con mejor conocimiento de los autos y después de la sustanciación del recurso, si ha habido tal influencia y si ella implica o no la nulidad de la sentencia recurrida.
Causal 4ª
En relación con esta causal, la antigua Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en sentencia de 11-05-95, LEC, interpretó así:
Respecto a tal planteamiento de la formalización. debe observar este Supremo Tribunal que en la fórmula concebida por el legislador al contemplar la causal o motivo de invalidación contenida en el numeral 4º del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, no se discrimina o distingue en lo absoluto entre instrumentos públicos o auténticos, instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos o documentos simplemente privados, en virtud de lo cual, por aplicación del apotegma latino ubi lex non distinguit, nec nos distinguire debemus, todas estas categorías documentales quedan incluidas en tal previsión legal.
Con la adopción del anterior criterio, este Alto Tribunal expresamente se separa de la tesis sustentada por una parcela de la doctrina venezolana, según la cual se considera que la causal contenida en el mencionado numeral 4º del artículo 328 del vigente Código de Procedimiento Civil (equivalente a la prevista en la cuarta causal del artículo 729 del Código de Procedimiento Civil del año 16), exige para su configuración que la retención sea “material y efectiva y ha de tratarse de un título único y determinado de que no pueda obtenerse copia, porque de otro modo, por más que la parte contraria del recurrente le haya guardado en silencio y procurado evitar que se sepa la existencia de un instrumento protocolizado en el Registro o en el Libro de Autenticaciones de algún Tribunal, o cuya copia obre en algún expediente o repose en determinada oficina, habrá negligencia, olvido o descuido del recurrente si no logra averiguar tales circunstancias, y no podrá prevalerse de su propia fafta para atacar la cosa juzgada que favorece a su contrario victorioso”. (Borjas, Arminio; Comentarios.... Tomo VI, edición 1979, pág. 219)..
Más bien, con el criterio formulado en el penúltimo párrafo que precede, este Alto Tribunal, por considerar que se compadece mejor a la ratio iuris de la institución, adopta como guía la pauta hermenéutica trazada por el tratadista patrio Angel Francisco Brice, quien, precisamente, al comentar la cuarta causal del artículo 729 del Código de Procedimiento Civil del año 16, derogado por el vigente, observa:
"... a nuestro modo de ver cualquiera que sea la causa que obstaculice la oportuna presentación del documeryto es bastante a darle procedimiento a la invalidación, pues la ley en este caso no distingue y por lo tanto, el intérprete no debe hacerlo tampoco..." (Brice, Angel Francisco; Lecciones de Procedimiento Civil, Tomo li, Caracas, 1967, pág. 325)
A juicio de este Alto Tribunal, cabría excluir del ámbito de aplicación de la causal de invalidación del numeral cuarto del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil vigente, por negligencia del recurrente en invalidación, el supuesto de que la pretensión o excepción desestimada por conducto de la sentencia firme objeto del recurso de invalidación se refiera a un derecho de naturaleza inmobiliaria, y que el nuevo documento decisivo que opere en pro de dicha pretensión o excepción sea un instrumento que conforme a las exigencias del Derecho Positivo inmobiliario registral venezolano hubiese cumplido para el momento en que correspondía su promoción en el proceso judicial en que se profirió la sentencia firme, con la formalidad de publicidad del tracto registral.
Precisamente, sobre la base de la consideración que precede, fundamentada en la dicción empleada por el dispositivo legal cuya errónea interpretación denuncia el formalizante, adquiere pleno asidero jurídico la consideración de la recurrida en el sentido de que “No puede imponerse a la contraparte la carga procesal de averiguar si existe documento autenticado o reconocido en algún Tribunal o Notaría que desdiga el documento fundamental que ha presentado su antagonista; apenas si puede exigírsela diligencia en averiguar en la Oficina Subalterna correspondiente, si existe tal escritura; pues mal puede buscar, indagar y examinar en cada Notaría, Tribunal o archivo público del país si ha sido otorgada, paralelamente al tracto registral de la Oficina competente, una cesión o traspaso por parte de su contrincante que le sirva de defensa o excepción de falta de cualidad, es una carga irreclamable. La equidad y la igualdad procesal reclaman que sea el otro quien dé noticia del contradocumento o de la venta y explique porqué, a su entender, no influye sobre lo esencial del pleito.” Así se decide...”
Causal 5ª
Respecto a este motivo de invalidación, Cuenca (1980, p. 201-202), explica:
Existe una diferencia fundamental entre la cosa juzgada como motivo de casación y como causa! de invalidación. Entre nosotros la invalidación equivale a esa institución que tan variada terminología tiene en otros ordenamientos procesales contemporáneos. Requête civil en Francia., Revocazlone en Italia y revisión en España y en la mayoría de los países hispanoamericanos, son expresiones que aluden a la acción de nulidad contra el proceso. Se ha considerado la invalidación como un recurso extraordinario, como un medio de impugnación sui generis pero ciertamente es una acción autónoma que se desarrolla en proceso propio y con peculiaridades características. La casación anula el fallo de instancia que viola la cosa juzgada, la invalidación, en cambio, anula el proceso que la infringe. Como causal de nulidad de un juicio es indispensable "que por no haberse tenido conocimiento de la primera, no se hubiere alegado en el juicio la cosa juzgada" (núm. 5?, art. 729 c.p.c.). En casación debe probarse la cosa juzgada con la sentencia que la produzca, pero si es desestimada no puede invocarse como causal de invalidación. Esta nulidad sólo procede cuando no se ha tenido conocimiento de su existencia (por ejemplo, por los herederos o causahabientes) Por ello podemos decir que la autoridad de cosa juzgada es tan vasta que fulmina todo cuanto se le oponga, bien se la alegue como excepción, motivo de casación o causal de nulidad.
En los ordenamientes procesales donde la denuncia de infracciones de orden público por primera vez en casación no está prevista por la ley sino sea tan sólo cuestión doctrinaria, como en Italia y España, el conflicto entre la sentencia definitivamente firme y el orden público se resuelve con estricta aplicación de los efectos negativos y positivos de la cosa juzgada. Por su efecto negativo, en estos países, debe interponerse oportunamente como excepción para impedir que la nueva sentencia viole lo ya juzgado, pero por su efecto positivo no tiene que ser excepcionada pues el juez está obligado en todas sus resoluciones a respetar y aplicar la autoridad de la res iudicata.
A pesar de la autorizada opinión de Cuenca, es necesario precisar que de proceder la causal de cosa juzgada, el juez de la invalidación deberá reponer la causa la estado de sentencia, por tanto el proceso que la precedió es válido.
6ª Causal
El Código de Procedimiento Civil derogado incluía dentro de esta causal la circunstancia de que el Juez "no haya asistido a la relación o informes", supuesto acertadamente eliminado, pues ya no existe un período de relación y siendo los informes escritos, bien puede leerlos un nuevo Juez.
Respecto a esta causa de invalidación, explica Borjas (1979, T. VI, p. 225):
El ejercicio de funciones que no se tienen legalmente conferidas es ineficaz y sin efecto alguno, porque implica una usurpación de atribuciones, y son nulos, conforme al precepto constitucional, los actos de toda autoridad usurpada. En consecuencia, el juez que, a sabiendas de no serlo, o creyéndose tal por error, en virtud de un falso nombramiento, interviene en el pronunciamiento de una sentencia no accionable, mediante las vías ordinarias, vicia de inexistencia dicho fallo y lo hace inejecutable al tenor de lo dispuesto en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil. Y como el recurso de casación por quebrantamiento de forma no procede, como es sabido, en tal hipótesis, ni podría atacarse por infracción de ley lo que no tiene existencia legal, el legislador no ha encontrado otro medio para hacer pronunciar la mencionada inexistencia, sino el recurso de invalidación.
II.- Cuando el juez sentencia a sabiendas de que por decreto legal ha sido suspendido o depuesto del ejercicio de sus funciones se halla en el mismo caso del que, sin nombramiento de Juez, falla como tal, porque incurre en usurpación de funciones que no tiene. Es indispensable para ello, sin embargo, que le haya sido comunicado el decreto de suspensión o de deposición, porque mientras no lo haya sido, ni él esté reemplazado legalmente, no se habrá ejecutado dicho decreto y el funcionario habrá continuado en legítimo ejercicio de sus atribuciones.
Oportunidad procesal para su ejercicio.
El recurso no podrá intentarse después de transcurridos tres meses de que se haya declarado la falsedad del instrumento o se haya tenido prueba de la retención o de la sentencia que cause la cosa juzgada.
En los casos de los números 1°, 2° y 6° del artículo 328, el término para intentar la invalidación será de un mes desde que se haya tenido conocimiento de los hechos; o desde que se haya verificado en los bienes del recurrente cualquier acto de ejecución de la sentencia dictada en el juicio cuya sentencia se trate de invalidar.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 11-5-00, consideró que la caducidad puede ser motivo de inadmisión de la demanda:
Esta circunstancia cobra particular interés en los casos de invalidación, toda vez que, por cuanto las pretensiones de la actora son las de enervar la autoridad de la cosa juzgada, la ley persigue limitar al máximo las posibilidades de que ello suceda.
Por otra parte, sostener que la caducidad es solamente un supuesto de improcedencia, en caso de ser alegada y probada, significa desconocer su naturaleza de orden público que no puede ser ignorada ni evitada por las partes después de consumada, y conduce, además, a admitir la posibilidad de un juicio inútil, toda vez que si el juez observa prima facie que se ha producido una caducidad y, sin embargo, ello no lo autoriza para negar la admisibilidad de la demanda sino que debe esperar el decurso del juicio para declarar sin lugar la demanda, es tanto como admitir la posibilidad de la existencia de un juicio estéril, totalmente contrario a las buenas costumbres e incluso a la ley, desde luego que la caducidad es una cuestión previa que impide dar entrada al juicio a tenor de lo dispuesto en los artículos 346, ordinal 10° y 356 del Código de Procedimiento Civil.
Este recurso se promoverá ante el Tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoriada cuya invalidación se pida, o ante el Tribunal que hubiere homologado el acto que tenga fuerza de tal.
La Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de abril de 1999, señaló, en cuanto al tribunal competente para conocer del recurso de invalidación:
En el caso en estudio se refiere a la interposición de un recurso de invalidación ante el Tribunal de Primera Instancia pero solicitando la invalidación del fallo proferido por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas así se desprende del escrito presentado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, el cual en su parte pertinente ingresa:
En efecto, la norma transcrita supra, establece que el tribunal competente para conocer y resolver un recurso de invalidación cuya decisión es la que se pretenda anular mediante la interposición del referido recurso.
Así lo sostuvo esta Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 21 de abril de 1988, en la que expreso que:
"El Título IX del Código de Procedimiento Civil, contempla todo lo relativo al juicio de invalidación. Este recurso como el mismo Código señala se sustancia y decide en cuaderno separado del expediente principal, por los trámites del procedimiento ordinario y procede contra las sentencias ejecutorias o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal. Este recurso se promueve ante el Tribunal que sentencia, cuya invalidación se pretenda. Aún más el recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia del juicio del cual se solicita la invalidación. Es por tanto un nuevo juicio y distinto al principal".
En consecuencia, visto lo anterior, y adminiculando la jurisprudencia transcrita supra con el caso bajo análisis, le es forzoso a esta Sala de Casación Civil establecer que el tribunal competente para conocer del recurso de invalidación interpuesto es el juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por ser éste, el que dictó el faro que se pretende invalidar, todo de conformidad con el artículo 329 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
La demanda se interpondrá ante el mismo tribunal que sentenció la causa invalidable, no necesariamente ante el mismo Juez, así si la causa había sido sentenciada por un Juez accidental, debe introducirse la demanda ante el Natural, aunque aquella sentencia la hubiera pronunciado un Tribunal ad boc, porque éste, dada su singular naturaleza, sólo tuvo jurisdicción para conocer del juicio cuya invalidación se busca y no para conocer de ningún otro, aunque sea el de invalidación iniciado contra la sentencia que recayó en el juicio de que e conoció, y esto aunque lo ideal fuera que el ad hoc lo sustanciara y decidiera. (CSJ/SCMT; Sent. 12-8-75, GF NO 89, pp. 535 y 536- JML).
Este criterio se reafirma en el caso del Juez suspendido, destituido, o que no haya tenido el nombramiento de tal, sólo que si el suspendido fue ya reintegrado a su cargo, no podrá conocer por su interés en el pleito.
Si el Tribunal cambió de competencia material, siempre deberá conocer del recurso de invalidación, por ser el tribunal que dictó la sentencia invalidable, pero si el tribunal fue eliminado, deberá introducirse la demanda ante el tribunal que asumió la competencia.
Efectos de su ejercicio.
Artículo 333.- El recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, a menos que el recurrente diere caución de las previstas en el artículo 590 de este Código, para responder del monto de la ejecución y del perjuicio por el retardo, caso de no invalidarse el juicio.
Por el contrario, si el demandante da caución suficiente deberá suspenderse la ejecución del fallo no ejecutado. Es de observar que la caución responde no sólo de la ejecución, sino también del perjuicio por el retardo en la ejecución, de no invalidarse el juicio. En nuestra opinión, la condena a resarcir los daños debe ser pronunciada en la misma decisión que rechace la invalidación, junto con la condenatoria en costas.
El recurso se interpondrá mediante un escrito que contenga los requisitos indicados en el artículo 340, y al mismo se acompañarán los instrumentos públicos o privados fundamentales del recurso
El Código de Procedimiento Civil derogado establecía pruebas determinadas. Si bien no existe actualmente tal normativa, nos puede servir de guía doctrinaria sobre cuáles son los documentos fundamentales, es decir, aquéllos de los cuales emana directamente el derecho a invalidar el fallo:
Artículo 732.- Cuando se alegue error o fraude en la citación, deberá el reclamante comprobar con las actas del expediente, o de otro modo auténtico concluyente, los extremos que exige el número 1º del artículo 729.
Artículo 733.- Cuando se alegare la causal del número 29 de dicho artículo, deberá presentar el reclamante la partida del Registro Civil, o, en su defecto, otro Instrumento auténtico comprobatorio de su estado civil. y con las actas del proceso comprobar que la citación se hizo en el concepto de persona hábil (2).
(Se omite artículo 732 sobre la falsedad, pues en la ley actual la única prueba sería la copia certificada de la sentencia penal definitivamente firme que declare la falsedad)
Artículo 735.- Cuando se alegue la retención en poder de la parte contraria, de un Instrumento necesario para probar la acción o excepción del reclamante. o acto de la misma parte contraria que haya impedido la presentación, deberá expresarse si no se presentaré, el contenido de dicho instrumento y la persona que deba entregarlo.
Artículo 736.- En el caso de colisión de sentencias, deberá presentarse la anterior, con la cual colida la que se trate de Invalidar, o indicarse la persona u oficina en cuyo poder esté.
Artículo 737.- Cuando se alegare alguna de las causales del número 6º del artículo 729, deberá presentarse la prueba auténtica de la causal, y la copia conducente de las actas del proceso relacionadas con el hecho alegado.
Al admitir el recurso, el Tribunal ordenará la citación de la otra parte en la forma prevista en el Capítulo IV, Título III, del Libro Primero de este Código, y en lo adelante el recurso se sustanciará y sentenciará por los trámites del procedimiento ordinario, pero no tendrá sino una instancia. La sentencia se comunicará para su cumplimiento al Juez que haya conocido en la primera instancia del juicio, si prosperare la invalidación.
Se trata de las reglas normales de citación. El hecho de que se tramite en única instancia, impide que se apele no sólo la definitiva, sino cualquier interlocutoria que en el proceso se dicte, incluso aquéllas que tienen ordenada apelación, como la decisión que inadmite una prueba.
En fecha 30-3-95, la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, ratificó este criterio, en decisión referida a una interlocutoria que declaró la perención de la instancia.
La última regla “La sentencia se comunicará para su cumplimiento al Juez que haya conocido en la primera instancia del juicio, si prosperare la invalidación” es errónea al punto que no puede ser generalmente aplicada, pues de invalidarse la decisión por las causas de los ordinales 3º al 6º la causa se repondrá al estado de sentencia, y si la anterior sentencia fue dictada por el Superior, será éste quien deberá pronunciar el nuevo fallo.
Efectos (invalidación total o parcial).
La invalidación de un capítulo o parte de la sentencia no quita a ésta su fuerza respecto de otros capítulos o partes que a ella correspondan. Siempre que la sentencia contenga varias partes o capítulos, el Juez declarará expresamente lo que quedare comprendido en la invalidación, no sólo respecto de lo principal, sino también respecto de todos sus accesorios.
Declarada la invalidación, el juicio se repondrá al estado de interponer nuevamente la demanda, en los casos de los números 1° y 2° del artículo 328; y al estado de sentencia, en los demás casos.
El efecto repositorio de la invalidación es determinante para su calificación como recurso, tal como se estudió.
Borjas (1979, t. VI, p. 244-245):
La sentencia que declare la invalidación es siempre una sentencia de reposición; pero repondrá la causa a estados diferentes, según que el recurso haya sido interpuesto contra todo el proceso, viciado de nulidad desde sus comienzos, por errores cometidos en la citación del demandado para el acto de la litis-contestación, o únicamente contra la sentencia definitiva pronunciada en él, por haber recaído los errores de hecho sobre puntos cuya resolución haya influido de modo decisivo en el fondo de la controversia.
El recurso fundado en las causases l.º y 2.º del artículo 729 tiene por objeto, en consecuencia, la reposición de los autos al estado de demanda; y el fundado en cualquiera de las otras cuatro causales que enumera dicho texto, la reposición al estado de sentencia.
Entendemos que la reposición al estado de demanda no implica la necesidad de que se presente nuevo libelo, o mejor dicho, de que se proponga de nuevo la demanda, sino únicamente en el caso de que la citación de menores y demás incapaces en concepto de ser personas hábiles y mayores, se haya practicado por solicitud expresa del actor en su. libelo de demanda; es evidente en tal hipótesis la necesidad de un nuevo libelo que subsane el error; pero en todos los demás casos la reposición se hace al estado de ser proveído dicho libelo, ordenándose practicar nuevo emplazamiento para la litis-contestación.
II.- En los recursos en que se alegue alguna de las causales 3.º, 4.º y 5.º del artículo 729, no se impugnan los actos de sustanciación del, juicio que es objeto de la demanda, sino lo dispositivo del fallo que le pone término, porque resulta ser la consecuencia necesaria de un instrumento falso, o del desconocimiento o falta de estimación de un documento decisivo o de una sentencia anterior que causaba cosa juzgada en el proceso; y asimismo, cuando se alegue la causal 6.º, lo que sea impugna es la validez del fallo definitivo, por adolecer de vicios, de los: cuales algunos lo hacen anulable y otros inexistente o radicalmente nulo. No es menester, por consiguiente, invalidar el juicio, pues para subsanar los errores de hecho denunciados basta la reposición de autos al estado de que se pronuncie nueva sentencia.
La sentencia sobre la invalidación es recurrible en casación, si hubiere lugar a ello.
No se trata de una casación per saltum como erróneamente se ha sostenido en algunas decisiones, pues tratándose de un proceso de única instancia, no hay nada que "saltar". La verdadera casación per saltum se da, en los sistemas que la consagran, cuando ambas partes convienen en llevar directamente a la casación una cuestión de derecho, prescindiendo de la apelación.
Es de especial interés el tema de la cuantía recurrir en casación de la decisión de invalidación. Al respecto, Abreu y Mejía (2000, p. 194), expresan:
Para la admisión del recurso de casación contra una decisión de invalidación, se exige que la cuantía del juicio invalidable sea suficiente, sin que el demandante goce de la facultad de estimar su pretensión de nulidad, puesto que "…es consolidado criterio de este Supremo Tribunal, que la cuantía del recurso extraordinario de invalidación, a todos los efectos procesales, viene determinada por la cuantía del proceso judicial anterior en que se ha dictado la sentencia definitivamente firme objeto de invalidación". (Sentencia 14-10-93. CSJ-SCC. Criterio ratificado en sentencia 30-3-00. TSJ-SCC.)
El mismo criterio fue expresado en Auto de la Sala de Casación Civil, del 21 de mayo de 1998:
Constante y pacífica es la doctrina que la Corte ha establecido respecto de la cuantía que debe prevalecer en los procesos de invalidación, a los fines de la admisibilidad del recurso de casación. Al efecto, en sentencia del 23 de marzo de 1992, se expresó lo siguiente:
... En los procesos de invalidación es la cuantía del juicio que se trata de invalidar la que deberá tenerse en cuenta a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación y no la estimación que se haya hecho en la propia demanda de invalidación, porque si los efectos de la sentencia dictada en la invalidación se producen inexorablemente en el juicio invalidable, la conexión entre uno y otro es innegable, lo que lleva a concluir que la cuantía del juicio principal determinará la del de invalidación, a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación".
El anterior criterio se encuentra reiterado en diversos fallos de esta Sala, entre ellos, el dictado el 18 de junio de 1997, en estos términos.
"Conforme a la doctrina de la Sala debe constar la cuantía del asunto en el propio libelo de la demanda a los fines de poder decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación. En los juicios de invalidación, como admitir o no el recurso, es aquélla que conste en el juicio donde se haya dictado la decisión cuya invalidación se solicita".
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, "la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa". Esta norma instaura el principio de la Perpetuatio lurisdíctionis, en el que reside la determinación de la competencia por la cuantía y, asimismo, la exigencia de que la cuantía inherente al juicio donde se profirió la sentencia que se pretende recurrir en casación, debe fijarse sobre la base exclusiva del valor económico de la demanda expresado en el respectivo libelo. Esto significa que la determinación de la cuantía, no está expuesta a la fluctuación de los conceptos patrimoniales que se causen en el proceso, aunque tales conceptos sean objeto de condena en la sentencia. Tal posición debe mantenerse irrevocablemente, puesto que admitir una proposición contraria, conduciría a la insostenible situación de que las sentencias absolutorias de las pretensiones patrimoniales deducidas en el libelo, quedarían por esa sola circunstancia excluidas del control casacional.
El artículo 38 del Código de Procedimiento Civil establece la carga para el demandante, de estimar el valor de la cosa demandada que no conste, pero esa apreciable en dinero. Y el artículo 39 ibidem expresa que se considerarán apreciables en dinero todas las demandas, salvo las relativas al estado y capacidad de las personas. La estimación hecha por el actor podrá ser rechazada por la parte demandada, cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando su contradicción al contestar la demanda, según lo previene el precitado artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en su parte final.
Sobre los particulares anteriores, la doctrina de la Sala, fijada en sentencia del 5 de agosto de 1997, en lo pertinente expresa:
“... a) En el Código vigente, al igual que en el derogado, el actor le asiste la obligación y facultad de estimar su demanda, a excepción de las referidas a estado y capacidad, por lo que si el actor no estima siendo apreciable en dinero, él debe cargar con las consecuencias de su falta, quedando, por consiguiente, sin estimación la demanda. Pero en este caso el demandado, ante la falta de la parte actora de cumplir con dicha obligación puede estimar entonces la demanda".
"b) Si el actor estima la demanda pero el demandado no rechaza en su oportunidad la estimación hecha, ello equivale a una aceptación tácita y no podrá impugnarla en otra oportunidad por lo que la estimación del actor será la definitiva del juicio...".
En síntesis de lo expuesto sobre la cuantía, la misma sentencia establece:
"Por consiguiente y en aplicación a lo antes expuestos en lo sucesivo se podrán observar los siguientes supuestos":
"a) Si el actor no estima la demanda siendo apreciable en dinero, él debe cargar con las consecuencias de su falta, quedando sin estimación la demanda".
"b) Si el demandado no rechaza la estimación en la oportunidad de la contestación, la estimación del actor será la cuantía definitiva del juicio".
“c) Si el demandado contradice pura y simplemente la estimación del actor sin precisar si lo hace por insuficiente o exagerada, se tendrá como no hecha oposición alguna, en razón de que el Código limita esa oposición y obliga al demandado a alegar un hecho nuevo que debe probar, como es que sea reducida o exagerada la estimación efectuada, pudiendo proponer una nueva cuantía. Alegatos que debe probar so pena de quedar definitiva la estimación hecha por el actor.
"d) La Sala puede establecer definitivamente la cuantía únicamente del análisis de los elementos de cálculo contenidos en el propio libelo de la demanda".
[1] CALAMANDREI(45). Tomo II, p. 224.
[2] IBÁÑEZ FROCHAM(63). P. 85.
[3] DEVIS(85). T. 1, p. 558.
[4] CARNELUTTI(44). T. III, p. 615.
[5] Artículo 849 del Código de Procedimiento Civil.
[6] Cf. MEJÍA(92c).
[7] RODRÍGUEZ(90). P. 202
[8] VÉSCOVI(88). P. 341