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Timestamp: 2019-10-20 19:33:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 654', 'artículo 777', 'artículo 774', 'artículo 754', 'artículo 754']

﻿ SENTENCIA 15357 DE ABRIL 19 DE 2007
SENTENCIA 15357 DE 19 DE ABRIL DE 2007
CONTENIDO:PRUEBA CONTABLE CERTIFICADA POR CONTADOR PÚBLICO. CUANDO LA ADMINISTRACIÓN OBJETA LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y LOS SOPORTES Y SE DESVIRTÚA POR OTRO TIPO DE MECANISMOS PROBATORIOS, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA QUE LA CONTABILIDAD SEA SUFICIENTE COMO PRUEBA, DEBE REUNIR ENTRE OTROS REQUISITOS, EL NO HABER SIDO DESVIRTUADOS POR MEDIOS PROBATORIOS DIRECTOS O INDIRECTOS QUE NO ESTÉN PROHIBIDOS POR LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIBROS DE CONTABILIDAD, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRUEBA CONTABLE, PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Sentencia 15357 de abril 19 de 2007
Radicación 41001-23-31-000-2000-03710-01(15357)
Actor: Numael Trujillo y Cía. S. en C.
Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil siete.
El 8 de mayo de 1996 la sociedad Numael Trujillo y Cía. S. en C. presentó declaración de renta y complementarios por el año gravable 1995, en el Banco de Occidente de Neiva, distinguida con el número 2338001052942-7, con un total de saldo a pagar de $ 7.929.000.
La división de fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Neiva, mediante auto del 7 de julio de 1997 ordenó abrir la respectiva investigación tributaria.
El 6 de agosto de 1998 la administración levantó acta de inspección contable 0537, en la cual concluyó que el contribuyente en el año gravable de 1995 no aplicó el artículo 13 del Decreto 2650 de 1993, por cuanto la contabilidad no refleja su situación económica, ya que los soportes no coinciden con los datos suministrados a través de cruces con terceros y presenta indicios de inexactitud.
De igual manera se llevó a cabo inspección tributaria el 6 de agosto de 1998, en donde se determinó una diferencia patrimonial en bienes raíces de $ 208.998.000, de acuerdo con el avalúo catastral suministrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que en su explotación económica a través de arrendamientos de acuerdo con los estudios estadísticos del sector inmobiliario, arrojó una diferencia de ingresos de $ 29.487.013.
El 6 de agosto del mismo año se expidió el requerimiento especial 0076, en el cual propuso modificar la liquidación privada del año gravable 1995, conforme a lo detectado en la inspección tributaria, razón por la cual incrementó el patrimonio con el valor de los avalúos catastrales de los activos fijos; en el renglón de servicios adicionó ingresos por el arrendamiento del Edificio la Pola en la suma de $ 29.487.000, con el consecuente aumento del impuesto neto de renta de $ 5.388.000; la determinación de la sanción por inexactitud de $ 8.621.000, por actividad económica de $ 186.000, para un total saldo a pagar de $ 22.124.000.
En escrito del 6 de noviembre 1998, el actor responde el acto mencionado.
El 6 de mayo de 1999, la DIAN expidió la liquidación oficial de revisión 063, en el que dejó el valor patrimonial declarado por activos fijos porque el Catastro no mencionó el año gravable al que pertenecían los avalúos, en lo demás, acogió las glosas propuestas en el requerimiento especial, salvo el reconocimiento de un mayor valor con concepto de retención en la fuente, lo que disminuyó el saldo a pagar a $ 21.931.000.
El actor interpuso recurso de reconsideración, decidido con la Resolución 13-1239 de 28 de marzo de 2000, que confirmó en todas sus partes el acto oficial de revisión.
Debe la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al encontrar que la administración aplicó en debida forma la prueba indiciaria en los actos administrativos impugnados.
De acuerdo con los términos de la impugnación, a pesar de las explicaciones dadas, las pruebas presentadas como las declaraciones extraproceso, las declaraciones de los inquilinos del edificio de propiedad de la sociedad, avalúos catastrales y certificados de retención en la fuente, no fueron tenidos en cuenta por los funcionarios de la DIAN.
La Sala observa que se encuentra probado en el proceso que la sociedad Numael Trujillo y Cía. S. en C., en el período fiscal de 1995, era propietaria de los inmuebles ubicados en la carrera 3ª Nº 8-57, apartamentos 201 a 206; 301 a 306 y 401 a 406, al igual que de seis locales localizados en la carrera 3ª Nº 8-43, 8-47, 8-51, 8-61, 8-65 y 8-69 (fls. 60 a 84 e.), de la ciudad de Neiva, con un avalúo catastral de $ 527.195.000, que corresponde al valor declarado como activos fijos.
La administración en el acta de inspección contable 053 del 6 de agosto de 1998, concluyó que la contabilidad de la actora no reflejaba su verdadera situación económica, porque no aplicó lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2650 de 1993 ya que los soportes examinados no coincidían con los datos suministrados a través de cruces con terceros y los ingresos no correspondían con la realidad, dado que lo proveniente del arrendamiento del “Edificio Pola”, pisos 2, 3 y 4 era inexacto, pues las declaraciones juramentadas tomadas a sus residentes, algunos manifestaron que el valor del canon de arrendamiento era cancelado a Numael Trujillo y no a Manuel Vázquez Mendoza, a quien presuntamente le había arrendado el inmueble con el fin de que lo subarrendara, unido a que no se encontraron contratos de arrendamiento o recibos de caja que sustentaran lo contrario (fls. 186 a 190 c.a.).
Este tipo de falencias dio lugar a que la administración encontrara que la contabilidad de la sociedad incurría en la conducta contemplada en el literal e) del artículo 654 del estatuto tributario, por cuanto no permitió verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos.
De ahí que no era admisible la certificación de contador público aportada por la actora como prueba su propia contabilidad, pues de una parte esta no cumplía con los parámetros legales y de otra, se desvirtuó a través de otros medios probatorios [E.T., art. 774].
Sobre la ineficacia de la prueba contable certificada por contador público, cuando la administración objeta los libros de contabilidad y los soportes y se desvirtúa por otro tipo de mecanismos probatorios, la Sala (1) ha dicho:
“Es cierto, que la certificación de contador público y de revisor fiscal, son pruebas suficientes, lo cual surge del artículo 777 del estatuto tributario, disposición que los equipara a la prueba contable, pero no puede pasarse por alto que para que la contabilidad sea “suficiente” como prueba, debe reunir, entre otros requisitos, el “No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley” artículo 774 estatuto tributario; de suerte que si como ocurrió en el sub lite, mediante los certificados de los retenedores, se estableció diferencia con lo registrado en los libros de contabilidad de la contribuyente, las certificaciones contables expedidas posteriormente, con base en la misma, no pueden tener el valor probatorio que la ley les otorga” (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, obra en el informativo declaración juramentada rendida por el señor Manuel Vázquez Mendoza (fl. 129 c.a.) en el que señaló que no existía un contrato de arrendamiento celebrado con la accionante del inmueble denominado Edificio la Pola (pisos 2, 3 y 4), a pesar de que fue aportado en fotocopia simple (fl. 72). Se agrega que no precisó cuál era el valor del canon de arrendamiento, ni el promedio de ingresos que por ese concepto recibió la sociedad en el año gravable de 1995.
Aunado a lo anterior, en declaraciones juramentadas de los arrendatarios, se evidenciaron serias contradicciones, pues algunas personas declararon que cancelaban el canon de arrendamiento al señor Numael Trujillo Sánchez (representante legal de la sociedad) y otras, al señor Manuel Vázquez Mendoza, lo que denotó incongruencias en los valores declarados (fls. 74 a 85, 129 a 158 c.a.).
Así mismo, existieron indicios de inexactitud sobre los ingresos declarados por arrendamiento respecto de los contratos celebrados con las sociedades Inversiones Herjau Ltda. y Jaregui & Cía., toda vez que estas sociedades informaron que el valor mensual del arriendo pagado ascendía a $ 300.000 y $ 250.000 respectivamente, mientras que la actora sostuvo que era de $ 125.000 y $ 110.000, aspecto evidenciado en las facturas de la sociedad confrontadas con los comprobantes de pago que poseen las arrendatarias (fls. 51 a 63 c.a.).
Como la contabilidad y los soportes de la sociedad actora no reflejaban la verdadera cifra de ingresos que recibió por arrendamiento, y dado que poseía activos fijos por valor de $ 527.195.000, cuya actividad económica era su explotación económica, que le generaron ingresos de $ 7.782.000, la administración requirió a empresas inmobiliarias de Neiva, para obtener datos estadísticos sobre el valor aproximado del canon de arrendamiento de los apartamentos de habitación ubicados en la carrera 3ª entre calles 8 y 9 de Neiva, sin parqueadero y con áreas de 153, 138, 85, 89, 71, 79, 69 y 65 m 2 , en el año gravable de 1995.
Del estudio estadístico promedio allegado por las inmobiliarias Buriticá, Jorge Barrios Gutiérrez, Félix Trujillo Falla Sucesores Ltda. y Rocha Ltda., la DIAN estableció los valores de arrendamiento mensual para los apartamentos del Edificio la Pola, pisos 2, 3 y 4, que ascendía a $ 2.663.875, que por la anualidad fiscal sumaba $ 31.966.500, más la renta de los locales de $ 5.302.513, resultaba $ 37.269.013, es decir, un mayor valor de ingreso de $ 29.487.013.
Así las cosas, la administración aplicó lo dispuesto en el artículo 754-1 del estatuto tributario sobre la prueba indiciaria con base en datos estadísticos de sectores económicos, en este caso el proveniente del sector inmobiliario sobre el valor del canon de arrendamiento de los apartamentos ubicados en la zona donde se encontraba el Edificio la Pola de propiedad de la accionante, para efectos de determinar el monto de ingresos por arrendamiento sujetos a imposición por impuesto sobre la renta.
En efecto, la prueba indiciaria exige que de un hecho conocido o indicador, el cual debe estar plenamente probado dentro del proceso, se deduzca como efecto otro hecho desconocido, siendo pertinente su aplicación en la medida en que no existan pruebas directas.
En el caso en estudio, existía un hecho conocido y demostrado referente al valor mensual de arriendo de los bienes raíces de la actora, de acuerdo con los estudios enviados por las entidades inmobiliarias, de donde infirió un hecho desconocido, como era el valor de los ingresos anuales por arrendamiento recibidos en el período fiscal de 1995.
Ahora bien, para el ente fiscal no fue posible establecer la renta por ese concepto en dicha vigencia, dado que no llevaba una contabilidad que mostrara fielmente su situación económica, respaldada con los respectivos soportes, y en la etapa gubernativa, ni en la jurisdiccional, allegó pruebas que lo demostraran. Es más, las declaraciones juramentadas de algunos arrendatarios y los cruces con terceros, arrojaron información contradictoria, que impidió calcular la renta producida por los bienes.
Por tanto, la actora no aportó pruebas que dejaran sin sustento la determinación de ingresos a través de prueba indiciaria, toda vez que al desvirtuarse su contabilidad, la certificación de contador público es ineficaz y las declaraciones extrajuicio allegadas no demuestran los ingresos anuales por arrendamiento correspondientes a los pisos 2, 3 y 4 del Edificio la Pola en la anualidad fiscal discutida.
En atención a todo lo anterior, la Sala colige que fue acertado que los actos administrativos utilizaran el indicio a que se refiere el artículo 754-1 del estatuto tributario, conforme a los datos estadísticos informados por las inmobiliarias respecto al canon de arrendamiento de apartamentos del sector en donde estaban ubicados los inmuebles rentados por la accionante, que al no haberse desvirtuado con otro tipo de medios probatorios, lleva a confirmar la providencia impugnada.
2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la Dra. Flori Elena Fierro Manzano, conforme al poder que le fue debidamente otorgado y que obra al folio 219 del expediente.
(1) Consejo de Estado. Sentencia del 6 de octubre de 1995, expediente 5774, consejero ponente Dr. Delio Gómez Leyva.