Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/sentencia-c-3706
Timestamp: 2016-07-26 16:22:48
Document Index: 280107811

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 31', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 23', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 277', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'artículo60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'artículo 340', 'artículo 348', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 468', 'artículo 3', 'Artículo 72', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 152', 'artículo 153', 'artículo 131', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 69', 'artículo 71', 'artículo 69', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 6']

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REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena Sentencia C-370/06 Referencia: expediente D-6032 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, y contra la ley en su integridad. Demandante: Gustavo Gallón Giraldo y otros Magistrados ponentes: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de de dos mil seis (2006). 1
CONTENIDOI. ANTECEDENTES……………………………………………….2II. NORMAS DEMANDADAS…………………………………….2III. LA DEMANDA………………………………………………..20IV. INTERVENCIONES………………………………………….80V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL…………...153VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE……………………182VII. DECISION…………………………………………………..333La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribucionesconstitucionales y de los requisitos y trámite establecidos por el Decreto 2067de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIAI. ANTECEDENTES.El ciudadano Gustavo Gallón Giraldo y otros numerosos ciudadanospresentaron acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros degrupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de maneraefectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposicionespara acuerdos humanitarios”, en su totalidad, o, en subsidio, lainconstitucionalidad de los artículos 2 parcial, 5 parcial, 9 parcial, 10 parcial,11.5 parcial, 13 parcial, 16 parcial, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46 parcial, 47, 48 parcial, 54 parcial, 55 parcial, 58,62, 69, 70 y 71 de la misma Ley.Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos deinconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de lademanda de la referencia.II. NORMAS DEMANDADAS.A continuación se transcribe el texto completo de la Ley tal como obra en elDiario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005, dado que los demandantesacusaron en su integridad la Ley, y en particular algunas disposiciones que sesubrayan. “LEY 975 25/07/2005 2
por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. El Congreso de Colombia DECRETA: CAPITULO I Principios y definicionesartículo 1°. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene porobjeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individualo colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados almargen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a laverdad, la justicia y la reparación.Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, elgrupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa eintegral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidadesde esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de2002.Artículo 2°. Ambito de la ley, interpretación y aplicaciónnormativa. La presente ley regula lo concerniente a lainvestigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales delas personas vinculadas a grupos armados organizados al margende la ley, como autores o partícipes de hechos delictivoscometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamentea la reconciliación nacional.La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas enesta ley deberán realizarse de conformidad con las normasconstitucionales y los tratados internacionales ratificados porColombia. La incorporación de algunas disposicionesinternacionales en la presente ley, no debe entenderse como lanegación de otras normas internacionales que regulan esta mismamateria.La reinserción a la vida civil de las personas que puedan serfavorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficioestablecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuestoen dicha ley. 3
Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficioconsistente en suspender la ejecución de la pena determinadaen la respectiva sentencia, reemplazándola por una penaalternativa que se concede por la contribución del beneficiarioa la consecución de la paz nacional, la colaboración con lajusticia, la reparación a las víctimas y su adecuadaresocialización. La concesión del beneficio se otorga según lascondiciones establecidas en la presente ley.Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación ydebido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que délugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derechode las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar elderecho al debido proceso y las garantías judiciales de losprocesados.Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presenteley se entiende por víctima la persona que individual ocolectivamente haya sufrido daños directos tales como lesionestransitorias o permanentes que ocasionen algún tipo dediscapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva),sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de susderechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia deacciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadaspor grupos armados organizados al margen de la ley.También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero ocompañera permanente, y familiar en primer grado deconsanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando aesta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.La condición de víctima se adquiere con independencia de que seidentifique, aprehenda procese o condene al autor de la conductapunible y sin consideración a la relación familiar existente entre elautor y la víctima.Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de laFuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias opermanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica,psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de susderechos fundamentales, como consecuencia de las acciones dealgún integrante o miembros de los grupos armados organizadosal margen de la ley.Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero ocompañera permanente y familiares en primer grado deconsanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayanperdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con 4
el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actosejecutados por algún integrante o miembros de los gruposorganizados al margen de la ley.Artículo 6°. Derecho a la justicia. De acuerdo con lasdisposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizaruna investigación efectiva que conduzca a la identificación,captura y sanción de las personas responsables por delitoscometidos por los miembros de grupos armados al margen de laley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursoseficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidasdestinadas a evitar la repetición de tales violaciones.Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que setramiten con fundamento en la presente ley deberán atender,primordialmente, el deber de que trata este artículo.Artículo 7°. Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial lasvíctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo deconocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armadosorganizados al margen de la ley, y sobre el paradero de lasvíctimas de secuestro y desaparición forzada.Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique lapresente ley deben promover la investigación de lo sucedido a lasvíctimas de esas conductas e informar a sus familiares lopertinente.Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia dela presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarseotros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimasa la reparación comprende las acciones que propendan por larestitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y lasgarantías de no repetición de las conductas.Restitución es la realización de las acciones que propendan porregresar a la víctima a la situación anterior a la comisión deldelito.La indemnización consiste en compensar los perjuicios causadospor el delito.La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a larecuperación de las víctimas que sufren traumas físicos ysicológicos como consecuencia del delito. 5
La satisfacción o compensación moral consiste en realizar lasacciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima ydifundir la verdad sobre lo sucedido.Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, ladesmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados almargen de la ley.Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada afavor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda aasegurar la preservación de la memoria histórica, la no repeticiónde los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos,el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de lasvíctimas.La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Estemecanismo se prevé de manera especial para las comunidadesafectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparacionesindividuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en lostérminos de esta ley.Artículo 9°. Desmovilización. Se entiende por desmovilización elacto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar elgrupo armado organizado al margen de la ley, realizado anteautoridad competente.La desmovilización del grupo armado organizado al margende la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley782 de 2002. CAPITULO II Aspectos preliminaresArtículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilizacióncolectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece lapresente ley los miembros de un grupo armado organizado almargen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados,acusados o condenados como autores o partícipes de hechosdelictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia aesos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de losmecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que seencuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a laFiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientescondiciones: 6
10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se hayadesmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo conel Gobierno Nacional.10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombianode Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de losderechos políticos y libertades públicas y cualquiera otraactividad ilícita.10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico deestupefacientes o el enriquecimiento ilícito.10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen ensu poder.Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margende la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán accedera los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidosen la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judicialescorrespondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilizaciónindividual. Los miembros de los grupos armados organizados almargen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente yque contribuyan a la consecución de la paz nacional, podránacceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre quereúnan los siguientes requisitos:11.1 Que entregue información o colabore con eldesmantelamiento del grupo al que pertenecía.11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el GobiernoNacional.11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en lostérminos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.11.4 Que cese toda actividad ilícita.11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal,para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico deestupefacientes o el enriquecimiento ilícito. 7
Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley,las personas cuyos nombres e identidades presente el GobiernoNacional ante la Fiscalía General de la Nación. CAPITULO III Principios procesalesArtículo 12. Oralidad. La actuación procesal será oral y en surealización se utilizarán los medios técnicos idóneos quegaranticen su reproducción fidedigna.La conservación de los registros corresponderá al Secretario de laUnidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por lapresente ley, y al de la Sala del Tribunal Superior de Distritojudicial que conozca del juzgamiento, según corresponda.Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audienciaserán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderánnotificadas en estrados.Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado deControl de Garantías que designe el Tribunal respectivo.En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundadosy de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida oalteración del medio probatorio.2. La adopción de medidas para la protección de víctimas ytestigos.3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobrebienes de procedencia ilícita.5. La formulación de la imputación.6. La formulación de cargos.7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentenciasdeberán fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente eindicar los motivos de estimación o de desestimación de laspretensiones de las partes. 8
El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley, deberáhacerse el mismo día en que se reciba la actuación en elcorrespondiente despacho.Artículo 14. Defensa. La defensa estará a cargo del defensor deconfianza que libremente designe el imputado o acusado o, en sudefecto, del asignado por el Sistema Nacional de DefensoríaPública.Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro delprocedimiento que establece la presente ley los servidorespúblicos dispondrán lo necesario para que se asegure elesclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto deinvestigación y se garantice la defensa de los procesados.La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creadapor esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegadopara el caso, con el apoyo del grupo especializado de policíajudicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que serealizaron las conductas punibles; las condiciones de vida,sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y suconducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y losdaños que individual o colectivamente haya causado de maneradirecta a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas,sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancialde derechos fundamentales.Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicialinvestigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas,e informará oportunamente a los familiares sobre los resultadosobtenidos.La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de lasvíctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en eljuicio. La protección de los testigos y los peritos que pretendapresentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Laprotección de los magistrados de los Tribunales Superiores deDistrito Judicial que deban conocer del juzgamiento seráresponsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura. CAPITULO IV Investigación y juzgamientoArtículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional deFiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de losmiembros de grupos armados organizados al margen de la leydispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la 9
paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá demanera inmediata la competencia para:16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivoscometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupoarmado organizado al margen de la ley.16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de susmiembros.16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de lasque se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a ladesmovilización.El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ,mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquiertrámite, será competente para conocer del juzgamiento de lasconductas punibles a que se refiere la presente ley.No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre losTribunales Superiores de Distrito judicial que conozcan de loscasos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridadjudicial.Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupoarmado organizado al margen de la ley, cuyos nombressometa el Gobierno Nacional a consideración de la FiscalíaGeneral de la Nación, que se acojan en forma expresa alprocedimiento y beneficios de la presente ley, rendiránversión libre ante el fiscal delegado asignado para el procesode desmovilización, quien los interrogará sobre todos loshechos de que tenga conocimiento.En presencia de su defensor, manifestarán las circunstanciasde tiempo, modo y lugar en que hayan participado en loshechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia aestos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y porlos cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligenciaindicarán los bienes que se entregan para la reparación a lasvíctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.La versión rendida por el desmovilizado y las demásactuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, sepondrán en forma inmediata a disposición de la UnidadNacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que elfiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboreny desarrollen el programa metodológico para iniciar lainvestigación, comprobar la veracidad de la información 10
suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de loscuales tenga conocimiento dentro del ámbito de sucompetencia.El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición delmagistrado que ejerza la función de control de garantías, enuno de los establecimientos de reclusión determinados por elGobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de lapresente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horassiguientes señalará y realizará audiencia de formulación deimputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de loselementos materiales probatorios, evidencia tísica (sic),información legalmente obtenida, o de la versión libre puedainferirse razonablemente que el desmovilizado es autor opartícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscaldelegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza lafunción de control de garantías la programación de unaaudiencia preliminar para formulación de imputación.En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de loscargos investigados y solicitará al magistrado disponer ladetención preventiva del imputado en el centro de reclusiónque corresponda, según lo dispuesto en la presente ley.Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelaressobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sidoentregados para efectos de la reparación a las víctimas.A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) díassiguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y laPaz, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantarálas labores de investigación y verificación de los hechosadmitidos por el imputado, y todos aquellos de los cualestenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del casosolicitará al magistrado que ejerza la función de control degarantías la programación de una audiencia de formulaciónde cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud,si a ello hubiere lugar.Con la formulación de la imputación se interrumpe laprescripción de la acción penal.Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia deformulación de cargos el imputado podrá aceptar lospresentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versiónlibre o de las investigaciones en curso al momento de la 11
desmovilización.Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre,voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En esteevento el Magistrado que ejerza la función de control degarantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaríade la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la quecorresponda su conocimiento.Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará aaudiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes paraexaminar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria,espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme aderecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará aaudiencia de sentencia e individualización de pena.Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el imputado no acepta loscargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, laUnidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirála actuación al funcionario competente conforme con la leyvigente al momento de la comisión de las conductasinvestigadas.Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud de reparación integral,previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 23 de la presente ley.Artículo 20. Acumulación de procesos y penas. Para los efectosprocesales de la presente ley, se acumularán los procesos quese hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante ycon ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupoarmado organizado al margen de la ley. En ningún casoprocederá la acumulación por conductas punibles cometidascon anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupoarmado organizado al margen de la ley.Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenadopor hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de supertenencia a un grupo armado organizado al margen de laley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobreacumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la penaalternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley.Artículo 21. Ruptura de la unidad procesal. Si el imputado oacusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidadprocesal respecto de los no admitidos. En este caso lainvestigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados setramitarán por las autoridades competentes y las ley es 12
procedimentales vigentes al momento de su comisión.Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficiosde que trata la presente ley.Artículo 22. Investigaciones y acusaciones anteriores a ladesmovilización. Si para el momento en que el desmovilizadose acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigacioneso formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado,asistido por su defensor, podrá oralmente o por escritoaceptar los cargos consignados en la resolución que le impusomedida de aseguramiento, o en la formulación de imputación,o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dichaaceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla lafunción de control de garantías en las condiciones previstas enla presente ley.Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la mismaaudiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distritojudicial correspondiente declare la legalidad de la aceptaciónde cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscaldel caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, elmagistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente dereparación integral de los daños causados con la conductacriminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco(5) días siguientes.Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima ode su representante legal o abogado de oficio, para queexprese de manera concreta la forma de reparación quepretende, e indique las pruebas que hará valer parafundamentar sus pretensiones.La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien lapromueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo delos perjuicios y este fuere la única pretensión formulada,decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términosde esta ley.Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento delimputado que ha aceptado los cargos y a continuacióninvitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo sucontenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente;en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecidapor las partes, oirá el fundamento de sus respectivaspretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. Ladecisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentenciacondenatoria. 13
Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliaciónprevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor,el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público,podrán solicitar la citación del Director de la Red deSolidaridad Social en su condición de ordenador del gasto delFondo para la Reparación de las Víctimas.Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la penaalternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derechoen el incidente de reparación integral.Artículo 24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con loscriterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria sefijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente seincluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, loscompromisos de comportamiento por el término que dispongael Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económicaa las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que sedestinarán a la reparación.La Sala correspondiente se ocupará de evaluar elcumplimiento de los requisitos previstos en esta ley paraacceder a la pena alternativa.Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentenciao al indulto. Si a los miembros de grupos armados al margende la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, oque se beneficiaron con la pena alternativa de conformidadcon la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputardelitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia aesos grupos y antes de su desmovilización, estas conductasserán investigadas y juzgadas por las autoridadescompetentes y las leyes vigentes al momento de la comisión deesas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la penaalternativa, en el evento que colabore eficazmente en elesclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de maneralibre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamenteinformado por su defensor, haber participado en surealización y siempre que la omisión no haya sido intencional.En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la penaalternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de laspenas alternativas sin exceder los máximos establecidos en lapresente ley.Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechosjuzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación delveinte por ciento de la pena alternativa impuesta y unaampliación similar del tiempo de libertad a prueba. 14
Artículo 26. Recursos. Salvo la sentencia, la reposición procedepara todas las decisiones y se sustenta y resuelve de maneraoral e inmediata en la respectiva audiencia.La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntosde fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias, ycontra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia enque se profiera la decisión, y se concede en el efectosuspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes aaudiencia de argumentación oral que se celebrará dentro delos diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en laSecretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recursopor el apelante y oídos las demás partes e intervinientes, laSala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas paraemitir la decisión que corresponda.Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, sedeclarará desierto.Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de quetrata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntosde competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema dejusticia, excepto lo relacionado con acciones de tutela.Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisiónconocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, en lostérminos previstos en el Código de Procedimiento Penalvigente.Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia noprocede recurso de casación.Artículo 27. Archivo de las diligencias. Si en relación con loshechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en suversión libre o en posterior actuación, según el caso, antes dela audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare aconstatar que no existen motivos o circunstancias fácticas quepermitan su caracterización como delito o que indiquen laposible existencia, dispondrá de inmediato el archivo de laactuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementosprobatorios se reanudará la averiguación conforme con elprocedimiento establecido en la presente ley, mientras no sehaya extinguido la acción penal.Artículo 28. Intervención del Ministerio Público. En los 15
términos del artículo 277 de la Constitución Política, elMinisterio Público intervendrá cuando sea necesario, endefensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de losderechos y garantías fundamentales. CAPITULO V Pena alternativaArtículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del TribunalSuperior de Distrito Judicial determinará la pena que correspondapor los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del CódigoPenal.En caso que el condenado haya cumplido las condicionesprevistas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativaque consiste en privación de la libertad por un períodomínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasadade acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboraciónefectiva en el esclarecimiento de los mismos.Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que elbeneficiario se comprometa a contribuir con suresocialización a través del trabajo, estudio o enseñanzadurante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y apromover actividades orientadas a la desmovilización delgrupo armado al margen de la ley al cual perteneció.Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas enla sentencia se le concederá la libertad a prueba por untérmino igual a la mitad de la pena alternativa impuesta,período durante el cual el beneficiado se compromete a noreincidir en los delitos por los cuales fue condenado en elmarco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante elTribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y ainformar cualquier cambio de residencia.Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo deprueba, se declarará extinguida la pena principal. En casocontrario, se revocará la libertad a prueba y se deberácumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de lossubrogados previstos en el Código Penal que correspondan.Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales,beneficios adicionales o rebajas complementarias a la penaalternativa. CAPITULO VI Régimen de la privación de la libertad 16
Artículo 30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacionaldeterminará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirsela pena efectiva.Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones deseguridad y austeridad propios de los establecimientosadministrados por el Inpec.La pena podrá cumplirse en el exterior.Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas deconcentración. El tiempo que los miembros de gruposarmados al margen de la ley vinculados a procesos para lareincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecidoen una zona de concentración decretada por el GobiernoNacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, secomputará como tiempo de ejecución de la pena alternativa,sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.El funcionario que el Gobierno Nacional designe, encolaboración con las autoridades locales cuando sea el caso,será el responsable de certificar el tiempo que hayanpermanecido en zona de concentración los miembros de losgrupos armados de que trata la presente ley. CAPITULO VII Instituciones para la ejecución de la presente leyArtículo 32. Competencias de los Tribunales Superiores deDistrito Judicial en materia de justicia y paz. Además de lascompetencias establecidas en otras leyes, los TribunalesSuperiores de Distrito Judicial designados por el ConsejoSuperior de la Judicatura serán competentes para adelantar laetapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presenteley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligacionesimpuestas a los condenados.Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal organizar,sistematizar y conservar los archivos de los hechos ycircunstancias relacionados con las conductas de las personasobjeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley,con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad ypreservar del olvido la memoria colectiva. También deberágarantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados,y contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar laverdad de lo acontecido. 17
Artículo 33. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y laPaz. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y laPaz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,con competencia nacional e integrada en la forma que se señala enla presente ley.Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias quepor razón de su competencia, le corresponden a la FiscalíaGeneral de la Nación, en los procedimientos establecidos en lapresente ley.La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá elapoyo permanente de una unidad especial de policía judicial,conformada por miembros de las autoridades que corresponda,con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todoel territorio nacional.Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de laNación, para el año 2005 establecida en el artículo transitorio 1°de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos:150 Investigador Criminalístico VII15 Secretario IV15 Asistente Judicial IV20 Conductor III40 Escolta III15 Asistente de Investigación Criminalística IV20 Asistente de Fiscal II.Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará de su plantade personal, para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía parala Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado anteTribunalArtículo 34. Defensoría pública. El Estado garantizará aimputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho dedefensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y enlos términos señalados en la ley.La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio desus derechos y en el marco de la presente ley. 18
Artículo 35. Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. ElProcurador General de la Nación creará, para los efectos de lapresente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz,con competencia nacional, para el cumplimiento de sus funcionesconstitucionales y legales.Artículo 36. Participación de las organizaciones sociales deasistencia a las víctimas. Para el cumplimiento de lo previsto enla presente ley, la Procuraduría General de la Nación, impulsarámecanismos para la participación de las organizaciones socialespara la asistencia a las víctimas. CAPITULO VIIIDerechos de las víctimas frente a la administración de justiciaArtículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará elacceso de las víctimas a la administración de justicia. Endesarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:38.1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno.38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, lade sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que resultenamenazadas.38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, acargo del autor o partícipe del delito.38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y enlos términos establecidos en el Código de ProcedimientoPenal, información pertinente para la protección de sus intereses;y conocer la verdad de los hechos que conforman lascircunstancias del delito del cual han sido víctimas.38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a lapersecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubierelugar.38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado deconfianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presenteley.38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación.38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, enel evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el 19
lenguaje por los órganos de los sentidos.Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios alos que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas ytodas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, elbienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de lasvíctimas y los testigos, así como, la de las demás partes delproceso.Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes,incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole deldelito, en particular cuando este entrañe violencia sexual,irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan coneste tipo de víctimas.Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechosdel acusado o de un juicio justo e imparcial, ni seránincompatibles con estos.Artículo 39. Excepción a la publicidad en el juicio. Comoexcepción al principio del carácter público de las audiencias dejuzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin deproteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenarque una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenarla práctica de testimonio a través del sistema de audiovideo parapermitir su contradicción y confrontación por las partes.En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas deagresión sexual o de niños, niñas y adolescentes que seanvíctimas o testigo.Artículo 40. Otras medidas de protección durante el proceso.Cuando la publicidad de elementos materiales probatorios,evidencia física o información legalmente obtenida entrañepeligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, elFiscal deberá abstenerse de presentarlos en cualquier diligenciaanterior al juicio. En su reemplazo hará un resumen de dichoselementos de conocimiento. En ningún caso, esas medidas podránredundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juiciojusto e imparcial, ni serán incompatibles con estos.Artículo 41. Atención a necesidades especiales. Tanto los órganosjudiciales como las entidades de apoyo técnico y la ProcuraduríaJudicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta lasnecesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños,personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el 20
proceso. CAPITULO IX Derecho a la reparación de las víctimasArtículo 42. Deber general de reparar. Los miembros de losgrupos armados que resulten beneficiados con las disposicionesprevistas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas deaquellas conductas punibles por las que fueren condenadosmediante sentencia judicial.Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujetoactivo pero se compruebe el daño y el nexo causal con lasactividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por lasdisposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o porremisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargodel Fondo de Reparación.Artículo 43. Reparación. El Tribunal Superior de Distrito Judicialal proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijarálas medidas pertinentes.Artículo 44. Actos de reparación. La reparación de las víctimasde la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución,indemnización, rehabilitación y satisfacción.Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, elcondenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de lasVíctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizarsatisfactoriamente los actos de reparación que se le hayanimpuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación yReconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior deDistrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligacionesde reparación.Son actos de reparación integral los siguientes:45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para lareparación de las víctimas.45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de lavíctima y de las personas más vinculadas con ella.45.3 El reconocimiento público de haber causado daños a lasvíctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud deperdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir talesconductas punibles. 21
45.4 La colaboración eficaz para la localización de personassecuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres delas víctimas.45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personasmuertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumarsegún las tradiciones familiares y comunitarias.Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de los gruposarmados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendoal Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con loshechos que sean de su conocimiento.Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto.Artículo 46. Restitución. La restitución implica la realización delos actos que propendan por la devolución a la víctima a lasituación anterior a la violación de sus derechos. Incluye elrestablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residenciay la devolución de sus propiedades, de ser posible.Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir laatención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes enprimer grado de consanguinidad de conformidad con elPresupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, deconformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de lareparación y de la rehabilitación.Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición,adoptadas por las distintas autoridades directamentecomprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberánincluir:49.1 La verificación de los hechos y la difusión pública ycompleta de la verdad judicial, en la medida en que no provoquemás daños innecesarios a la víctima, los testigos u otraspersonas, ni cree un peligro para su seguridad.49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertasy la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según lastradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentraprincipalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para laJusticia y la Paz.49.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y 22
derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado deconsanguinidad.49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de loshechos y la aceptación de responsabilidades.49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de lasviolaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos judicialesque intervengan en los procesos de que trata la presente ley.49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicialpodrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento alas víctimas de los grupos armados al margen de la ley.Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación yReparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o degobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo demedidas.49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos.49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechoshumanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podráser impuesta a los condenados por la sala competente TribunalSuperior de Distrito Judicial.Artículo 49. Programas de reparación colectiva. El Gobierno,siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional deReconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programainstitucional de reparación colectiva que comprenda accionesdirectamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia delEstado Social de Derecho particularmente en las zonas másafectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos delos ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer ydignificar a las víctimas de la violencia.Artículo 50. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliaciónintegrada por el Vicepresidente de la República o su delegado,quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o sudelegado; el Ministro del Interior y de justicia o su delegado; elMinistro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensordel Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de Víctimas yel Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará laSecretaría Técnica.El Presidente de la República designará como integrantes de estaComisión a cinco personalidades, dos de las cuales, al menos,deben ser mujeres. 23
Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.Artículo 51. Funciones de la comisión nacional de reparación yreconciliación. La Comisión Nacional de Reparación yReconciliación cumplirá las siguientes funciones:52.1 Garantizar a las víctimas su participación en procesos deesclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.52.2 Presentar un informe público sobre las razones para elsurgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.52.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos dereincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin degarantizar la desmovilización plena de los miembros de gruposarmados organizados al margen de la ley, y el cabalfuncionamiento de las instituciones en esos territorios. Para estosefectos la Comisión Nacional Reparación y Reconciliación podráinvitar a participar a organismos o personalidades extranjeras.52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparaciónde que trata la presente ley y señalar recomendaciones para suadecuada ejecución.52.5 Presentar, dentro del término de dos años, contados a partirde la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional y lasComisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, uninforme acerca del proceso de reparación a las víctimas de losgrupos armados al margen de la ley.52.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata lapresente ley, con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para laRestitución de Bienes.52.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquenimpedir la reaparición de nuevos hechos de violencia queperturben la paz nacional.52.9 Darse su reglamento.Artículo 52. Comisiones Regionales para la Restitución deBienes. Las comisiones regionales serán las responsables depropiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobrepropiedad y tenencia de bienes en el marco del procesoestablecido en la presente ley. 24
Artículo 53. Composición. Las Comisiones Regionales estaránintegradas por un (1) representante de la Comisión Nacional deReparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de laProcuraduría para justicia y la paz; un (1) delegado de laPersonería municipal o Distrital; un (1) Delegado del Defensordel Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar unrepresentante de las comunidades religiosas y determinará, deacuerdo con las necesidades del proceso, el funcionamiento ydistribución territorial de las comisiones.Artículo 54. Fondo para la Reparación de las Víctimas. Créase elFondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuentaespecial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será elDirector de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondose ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que acualquier título se entreguen por las personas o gruposarmados organizados ilegales a que se refiere la presente ley,por recursos provenientes del presupuesto nacional y donacionesen dinero o en especie, nacionales o extranjeras.Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo lavigilancia de la Contraloría General de la República.Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11,se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de lasVíctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observarárespecto de los bienes vinculados a investigaciones penales yacciones de extinción del derecho de dominio en curso almomento de la desmovilización, siempre que la conducta se hayarealizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado almargen de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presenteley.El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, enparticular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienesrespecto de terceros de buena fe.Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Redde Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presenteley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignadopara el Fondo, las siguientes funciones:56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata 25
la presente ley dentro de los límites autorizados en elpresupuesto nacional.56.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas.56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello hayalugar.56.4 Las demás que señale el reglamento. CAPITULO X Conservación de archivosArtículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la historia delas causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los gruposarmados al margen de la ley deberá ser mantenido medianteprocedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a lapreservación de la memoria histórica que corresponde al Estado.Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. El derechoa la verdad implica que sean preservados los archivos. Para ellolos órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como laProcuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidaspara impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de losarchivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sinperjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes.Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. Elacceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de lasvíctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.Cuando el acceso se solicite en interés de la investigaciónhistórica, las formalidades de autorización sólo tendrán lafinalidad del control de acceso, custodia y adecuadomantenimiento del material, y no con fines de censura.En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias pararesguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violenciasexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los gruposarmados al margen de la ley, y para no provocar más dañosinnecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crearun peligro para su seguridad. CAPITULO XI Acuerdos HumanitariosArtículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a lapaz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la Constitución 26
Política, habida consideración de la situación de orden públicoque vive el país y la amenaza contra la población civil y lasinstituciones legítimamente constituidas.Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo60 de la presente ley, el Presidente de la República podráautorizar a sus representantes o voceros, para adelantar contactosque permitan llegar a acuerdos humanitarios con los gruposarmados organizados al margen de la ley.Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad desolicitar a la autoridad competente, para los efectos y en lostérminos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena,y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros delos grupos armados organizados al margen de la ley con loscuales se llegue a acuerdos humanitarios.El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estimepertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente ala búsqueda y logro de la paz. CAPITULO XII Vigencia y disposiciones complementariasArtículo 62. Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en lapresente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código deProcedimiento Penal.Artículo 63. Ley futura más favorable. Si con posterioridad a lapromulgación de la presenta ley, se expiden leyes que concedan amiembros de grupos armados al margen de la ley beneficios másfavorables que los establecidos en esta, las personas que hayansido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a lascondiciones que se establezcan en esas leyes posteriores.Artículo 64. Entrega de menores. La entrega de menores por partede miembros de Grupos armados al margen de la ley no seráncausal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presenteley y la Ley 782 de 2002.Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de laJudicatura y la Fiscalía General de la Nación apropiarán losrecursos suficientes indispensables para la debida y oportunaaplicación de la ley de extinción de dominio.Artículo 66. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a lavida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de losdesmovilizados a proyectos productivos o a programas de 27
capacitación o educación que les facilite acceder a empleosproductivos.Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa, procurarásu apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológicaadecuados que faciliten su reincisión social y adopción a lanormal vida cotidiana.Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores deDistrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley, seránelegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, delistas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior dela Judicatura.Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales,serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistradode los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social paraestos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargode los Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y cuyotrámite corresponde a la Corte Suprema de justicia, tendránprelación sobre los demás asuntos de competencia de laCorporación y deberán ser resueltos dentro del término de treintadías. Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizadodentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sidocertificadas por el Gobierno Nacional, podrán serbeneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de lainstrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por losdelitos de concierto para delinquir en los términos del incisoprimero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegalde uniformes e insignias; instigación a delinquir en lostérminos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal;fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnanlas condiciones establecidas en el presente artículo, tambiénpodrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellasconsagra la Ley 782 de 2002.Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al momento deentrar en vigencia la presente ley cumplan penas porsentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la 28
pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico. Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas. Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión. Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993". Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación”.III. LA DEMANDA.La demanda de inconstitucionalidad que dio inicio al presente proceso fueinterpuesta por un grupo de ciento cinco (105) ciudadanos colombianos,obrando en nombre propio o en representación de diversas organizaciones, encontra de la Ley 975 de 2005 en su totalidad, o en subsidio, contradeterminados apartes de los artículos 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 17, 18, 23, 26 par. 3,29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71.Para efectos de precisión, en esta sección se reseñarán con todo detalle losdistintos cargos de inconstitucionalidad contenidos la demanda, siguiendo laestructura de la misma. Dicha estructura consta de tres partes principales: (1)un capítulo titulado “Síntesis” en el que se resumen los cargos de forma y defondo presentados contra la norma acusada, (2) un capítulo en el que seexponen ciertas consideraciones previas sobre el ámbito de aplicación de la leydemandada, y (3) un capítulo en el que se presentan los diversos argumentosque configuran los cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra ladisposición que se revisa. 29
1. Síntesis de los cargos de inconstitucionalidad a examinar.1.1. Explican los demandantes que la Ley 975 de 2005 en su totalidad, o ensubsidio las normas demandadas, son inconstitucionales por motivos de formay de fondo.1.2. En cuanto a los vicios de fondo, explican que éstos son principalmentedos. Uno de ellos afecta varias disposiciones de la Ley 975 de 2005; el otroafecta el artículo 71 de la misma.1.2.1. El primer vicio de fondo se deriva de los apartes acusados de todos losartículos demandados, salvo el 71, que en criterio de los demandantesconstituyen un “sistema de impunidad”: “los apartes subrayados de losartículos demandados (arts. 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 17, 18, 23, 26 par. 3, 29, 31,34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69) por vicios de fondo, constituyenen su integridad un sistema de impunidad porque permiten la concesión delbeneficio de pena alternativa (art. 29), reducida esta por el tiempo depermanencia en zonas de concentración (art. 31), sobre la base de unprocedimiento que no garantiza ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación”.Este cargo se sustenta en las razones adicionales que se resumen acontinuación.1.2.1.1. “En primer lugar –se explica-, la ley 975 prevé una investigaciónsumamente insuficiente de un porcentaje mínimo de los desmovilizados (art. 2parcial, 9 parcial, 10 parcial, 18 parcial, 62 parcial, 69). En efecto, solamenteestarán sujetos a esta ley los combatientes que, previamente a sudesmovilización, hayan sido procesados o condenados por delitos noamnistiables o indultables”. Se señala que quienes quedarían amparados pordicha ley son una ínfima minoría que el Gobierno ha calculado en 300 a 400individuos; y que “la mayor parte de los combatientes no tiene procesos nicondenas en su contra, porque su identidad es desconocida y porque, en todocaso, existe una gran impunidad en el país. Para el grueso de losdesmovilizados, el Gobierno dictó el decreto 128 de 2003, al amparo del cualdeja en libertad a quienes no tengan antecedentes judiciales, sin tomarse eltrabajo de iniciar siquiera un proceso por su evidente pertenencia a un grupoarmado ilegal, lo cual es inconstitucional y contrario también a la Ley 782 de2002, o ley de orden público, que el decreto 128 pretendió reglamentar”.1.2.1.2. Por otra parte, en relación con ese reducido grupo de hechos, seestablecen en la ley acusada términos insuficientes para la investigación, queimposibilitan la investigación adecuada de la magnitud de los hechos “encuanto a su gravedad, y a sus elementos de sistematicidad y generalidad”.1.2.1.3. Además, el procedimiento establecido “no prevé garantías adecuadaspara la participación y acceso a la justicia de las víctimas, pues no les permiteel acceso al expediente (art. 37.5 parcial), no prevé expresamente suparticipación dentro de las diligencias del proceso (arts. 17, 18, 34 y 37.7 30
parcial) y omite el recurso de casación (art. 26 par. 3). En esas condiciones,el procedimiento de la ley 975 no constituye un recurso efectivo”.1.2.1.4. Adicionalmente, la ley permite que los desmovilizados accedan a losbeneficios en ella establecidos “sin que tengan que hacer una confesión plenade los hechos (art. 17 parcial), sin que se les exija señalar el paradero depersonas desaparecidas al momento de la desmovilización (art. 10.6 parcial) ysin que pierdan tampoco los beneficios por el hecho de cometer nuevos delitos(art. 29 parcial)”.1.2.1.5. El procedimiento establecido en la ley acusada impide la reparaciónadecuada de los perjuicios sufridos por las víctimas, “pues excluye del derechoa la reparación a víctimas que, siéndolo, no son reconocidas como tales (arts.5 parcial, 47 parcial, y 48.3 parcial); señala que sólo concurrirán a lareparación los bienes adquiridos ilícitamente u otros, si el desmovilizado lostuviese (arts. 10.2 parcial, 11.5 parcial, 13.4 parcial, 17 inc. 2 parcial, 18 inc.2 parcial y 46 parcial); no da garantías adecuadas para la restitución de losbienes (art. 54 parcial); no señala la tasación de perjuicios a favor de lavíctima por el hecho de que esta no promueva el incidente de reparación (art.23); y hace depender el pago de las reparaciones de las limitacionespresupuestales (art. 47 parcial, 55 parcial)”.1.2.1.6. El referido procedimiento, además, establece “eximentes al deber dehacer una difusión completa de la precaria verdad a la que se va a llegar(arts. 48.1 y 58 parcial)”.1.2.1.7. La ley desconoce la obligación del Estado de sancionar a quienes seanresponsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones delderecho internacional humanitario mediante penas privativas de la libertad, “alestablecer que pueden cumplir parte de la pena en zonas de concentración,que han sido previstas para otras finalidades y que no son, de ningunamanera, centros de privación de la libertad (art. 31)”.1.2.1.8. Concluyen los demandantes: “A pesar de todas estas falencias y deque, en conclusión, las víctimas no van a ser reconocidas en sus derechos, laley prevé un beneficio de pena alternativa que cierra el sistema de impunidad,que implica que, a lo sumo, los combatientes demovilizados vayan a cumplirentre tres años y medio y seis años y medio de eventual privación de lalibertad, a pesar de que el Código Penal colombiano y el Estatuto de Romaque estableció la Corte Penal Internacional contempla penassignificativamente más amplias”.1.2.1.9. En esa medida, se afirma que tal y como está previsto el procedimientoque consta en las normas acusadas, el beneficio de pena alternativa constituyeen realidad un indulto velado, “pues permite la exoneración de una parte muyimportante de la pena sin que se den las condiciones mínimas exigidas por laConstitución y los tratados y compromisos internacionales en materia dederechos humanos y derecho internacional humanitario, constituyéndose así 31
en un beneficio desproporcionado a favor de los perpetradores de los másaberrantes crímenes y en perjuicio de las víctimas”. Se considera,adicionalmente, que este beneficio de pena alternativa constituye un indultovelado “porque prevé una indebida intervención gubernamental en suconcesión, intervención propia de las medidas de indulto y amnistía”.1.2.1.10. Igualmente se considera que los artículos demandados constituyenuna amnistía, “pues permiten, como efecto directo de la aplicación de lasnormas, que se borre la responsabilidad de los autores de crímenes graves –violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacionalhumanitario- que al momento de su desmovilización no tengan ningún procesoo condena judicial por ese tipo de delitos”.1.2.1.11. Por último, se expresa que las normas acusadas no superan un juicioestricto de proporcionalidad como el que se ha de aplicar en esta oportunidad,puesto que “dan un trato desigual a las víctimas que sacrifica valores yprincipios constitucionales que tienen mayor relevancia que los alcanzadoscon la medida diferencial. De hecho, el beneficio de la pena alternativa esdesproporcionado, no sólo porque rebasa los mínimos jurídicos, que prohíbenlas medidas conducentes a la impunidad, sino porque los beneficios sonconcedidos sin que se exija una genuina contribución al esclarecimiento de laverdad, a la justicia y a la reparación, ni tampoco a la no repetición de lasviolaciones”.1.2.2. El segundo vicio de fondo afecta el artículo 71 de la ley acusada, queadicionó al tipo penal de sedición un parágrafo, según el cual la pertenencia a,o conformación de, grupos paramilitares, constituye delito de sedición: “Lanorma es contraria a la Constitución, que prevé un trato excepcional al delitopolítico, y desconoce el hecho de que en la legislación colombana elparamilitarismo nunca ha sido considerado como delito de sedición. Lamodificación introducida al tipo penal de sedición no corresponde al conceptode delito político, que tiene como uno de los elementos fundamentales laoposición al Estado”. En ese sentido, el artículo 71 de la Ley 975/05 “vulnerael deber de garantía del Estado y la obligación de garantizar un recursoefectivo, que incluye el acceso a la justicia y el deber del Estado de investigarlos delitos cometidos en su territorio”.1.3. En cuanto a los vicios de forma, se señalan en la demanda tres que, encriterio de los peticionarios, afectan la ley 975/02 en su totalidad.1.3.1. Primero, la ley no se tramitó como estatutaria: “Las Constitución exigeque las leyes que regulen derechos fundamentales, como lo son los derechos ala verdad, a la justicia y a la reparación, así como procedimientos y recursospara su protección, sean leyes estatutarias (artículo 152 de la Constitución).De acuerdo con el artículo 153 de la Constitución, este tipo de leyes deben seraprobadas por mayoría absoluta de los miembros del Congreso y serrevisadas previamente por la Corte Constitucional. La ley 975 de 2005, a 32
pesar de que regula materias de ley estatutaria, fue tramitada y aprobadacomo ley ordinaria”.1.3.2. Segundo, la ley no se tramitó como una ley de indulto: “Teniendo encuenta que la ley 975 de 2005 concede indultos encubiertos, debió haber sidotramitada a través del procedimiento especial previsto para estos casos:votación secreta (artículo 131 de la ley 5ª de 1992) y mayorías calificadas(artículos 150 de la Constitución y 120 de la Ley 5ª de 1992). Sin embargo, laley fue tramitada y aprobada como ley ordinaria”.1.3.3. Tercero, durante el trámite de la ley se apelaron indebidamente dosartículos que habían sido negados: “Los artículos 70 y 71 (‘rebaja de penas’ y‘sedición’), tras ser negados en las sesiones conjuntas de las Comisionesprimeras de Senado y Cámara, fueron apelados, usando como fundamentoartículos de la ley 5ª de 1992 que no eran aplicables al caso. Cuando uno ovarios artículos de un proyecto de ley son negados, no hay ninguna norma quepermita su apelación. Sin embargo, el recurso fue usado y, como resultado dela apelación, los artículos fueron aprobados, de forma irregular, en laplenaria del Senado”.2. Consideraciones previas del demandante sobre el ámbito de aplicaciónde la Ley 975/05.En este segundo capítulo de la demanda, se explica cuál es, en criterio de lospeticionarios, el ámbito de aplicación de la norma acusada:“La ley 975 de 2005 regula lo concerniente a la concesión de beneficiospenales para delitos que consistan en graves violaciones a los derechoshumanos e infracciones al derecho humanitario, incluyendo crímenes deguerra y crímenes de lesa humanidad.Conforme lo establece su artículo 2º, la ley 975 de 2005 ‘regula loconcerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judicialesde las personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley, comoautores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión dela pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse ycontribuir decisivamente a la reconciliación nacional’. No obstante, laregulación de beneficios penales por desmovilización que establece la ley noabarca todo tipo de delitos, sino exclusivamente aquellos que no puedan serobjeto de amnistías e indultos, es decir, delitos de especial gravedad como sonlos crímenes de guerra y de lesa humanidad, y las graves violaciones a losderechos humanos.Lo anterior, por cuanto la ley 975 de 2005 complementa, mas no reemplaza,la normativa existente en materia de beneficios por reincorporación a la vidacivil. Así lo estipula el último inciso del artículo 2º de la ley, según el cual ‘lareinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas conamnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002,se regirá por lo dispuesto en dicha ley’. De esta forma, con todo y la 33
expedición de la llamada ley de ‘justicia y paz’, lo dispuesto en la ley 782 de20021 y su decreto reglamentario 128 de 20032 mantiene plena vigencia pararegular la situación de los combatientes que al momento de sudesmovilización no tengan procesos penales ni condenas en su contra pordelitos no amnistiables ni indultables, como lo estipula expresamente elartículo 21 de dicho decreto.La entrada en vigencia de la ley 975 de 2005 amplía los escenarios para laconcesión de beneficios jurídicos por desmovilización, autorizando elotorgamiento de los mismos a quienes estén siendo procesados o hayan sidocondenados por delitos de especial entidad.La regulación jurídica es diferenciada según la situación jurídica en la que seencuentren los combatientes al momento de su desmovilización. El marconormativo prevé los siguientes tres eventos, asignándole a cada uno distintasconsecuencias jurídicas: i) cuando se trata de combatientes que al momentode su desmovilización no tengan procesos penales en curso ni condenas en sucontra; ii) cuando se trata de combatientes que estén siendo procesados ohayan sido condenados por los delitos de sedición, asonada y rebelión(incluyendo los delitos conexos); y iii) cuando se trata de combatientes quetengan procesos penales en curso o condenas en contra por delitos distintos alos políticos y conexos. Sólo en este último evento iii) se aplicaría elprocedimiento para el otorgamiento de beneficios de que trata la ley 975 de2005, sin perjuicio de que los combatientes desmovilizados que se encuentrenen los otros supuestos pidan acogerse a la ley.En efecto, en el primero de los casos (i) se da aplicación a lo dispuesto en eldecreto 128 de 2003, en virtud del cual los combatientes desmovilizados queno tengan procesos ni condenas no deben ser sometidos a procesosinvestigativos3. En el segundo evento (ii), los combatientes desmovilizados quetengan procesos por delitos amnistiables e indultables pueden acceder a losbeneficios contemplados en la ley 782 de 2002, esto es, resolución inhibitoria,resolución de preclusión, cesación de procedimiento, suspensión condicionalde la ejecución de la pena e indulto. En este segundo grupo se ubican losdesmovilizados que estén siendo investigados o hayan sido condenados por losdelitos de rebelión, sedición y asonada, y los delitos contemplados en elartículo 69 de la ley 975 de 20054. No sobra recordar que el artículo 71 de1 “Ley 782 del 23 de diciembre de 2002, ‘Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997,prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones’.”2 “Decreto 128 del 22 de enero de 2003, ‘Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por laLey 548 de 1999 y la Ley 782 en materia de reincorporación a la sociedad civil’.”3 “A través del decreto 128 de 2003 (y específicamente mediante sus artículos 2, 13 y 21) el Gobierno deja en libertad atodos los paramilitares desmovilizados que, aun habiendo cometido delitos atroces, no tengan abierta una investigaciónpenal en su contra antes de la desmovilización. El mecanismo de desmovilización y reinserción diseñado al amparo de esareglamentación consiste, básicamente, en una verificación de los antecedentes judiciales de los combatientes por parte dela Fiscalía. Conforme a tal información, y sin que se rinda confesión ni indagatoria, todos los combatientesdesmovilizados que no hayan sido procesados ni condenados por delitos no indultables ni amnistiables están siendoreintegrados a la vida civil exonerados de cualquier deuda judicial. La Fiscalía conserva en teoría su obligación deinvestigarlos, pero es improbable que después de la desmovilización logre vincularlos a nuevos procesos o capturarlos.Además, se corre el riesgo de que los desmovilizados aleguen que la certificación expedida en virtud del decreto 128 losexonera de futuras investigaciones”.4 “El artículo 69 de la llamada ley de ‘justicia y paz’ extiende algunos de los beneficios procesales contemplados en laley 782 de 2002 a los desmovilizados que estén siendo procesados por delitos que están íntimamente ligados con elaccionar del grupo armado al margen de la ley del que eran parte. (…)” 34
dicha ley modificó el tipo penal de sedición, para incluir en éste laconformación o pertenencia a grupos paramilitares(…).Al mantener la vigencia de los instrumentos legales y reglamentariosexistentes con anterioridad a su expedición, la ley 975 de 2005 establece unconjunto de procedimientos y beneficios que sólo está llamado a aplicarse alos miembros de grupos armados al margen de la ley que se encuentren en eltercer evento (iii), esto es, a los combatientes contra los cuales exista unproceso penal o una condena judicial en su contra por delitos respecto de loscuales están proscritos la amnistía y el indulto.Los combatientes de grupos armados al margen de la ley contra los cualesexista proceso o condena judicial por crímenes de guerra, lesa humanidad,graves violaciones de derechos humanos, infracciones al derechointernacional humanitario y otros delitos de especial entidad, como elnarcotráfico y la extorsión, sólo podrán beneficiarse de lo dispuesto en la ley975 de 2005.Así pues, un combatiente de un grupo paramilitar o de guerrillas que estésiendo investigado por su participación en el respectivo grupo armado, y alque sólo se le imputen los delitos de conspiración para delinquir, porte ilegalde armas y uso de uniformes privativos de las fuerzas militares, puede recibirlos beneficios que establece la Ley 782 de 2002 (resolución inhibitoria y depreclusión, cesación de procedimiento, suspensión condicional de la ejecuciónde la pena e indulto); mientras que aquél contra el cual exista proceso ocondena por delitos como la desaparición forzada, la tortura, el secuestro,etc., deberá acudir a lo establecido en la ley 975 de 2005 para recibir elbeneficio de la pena alternativa”.3. Sustentación de los cargos por vicios de fondo3.1. Primer cargo por vicios de fondo: vicios que afectan el procedimientoy la pena alternativa establecidos en los artículos 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 16,17, 18, 23, 26 par. 3, 29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69 dela Ley 975/05.3.1.1. El juicio de proporcionalidad como marco para examinar laconstitucionalidad de las normas acusadas.3.1.1.1. Se explica en primer lugar que existe una relación decomplementariedad entre los derechos a la justicia y a la paz. Si bien elinterés en buscar la paz y establecer mecanismos jurídicos para desarticular losgrupos armados combatientes está en aparente tensión con el interés de lajusticia y de proteger los derechos humanos y el derecho internacionalhumanitario, se trata de un dilema que no es insoluble.Ambos intereses tienen un fundamento constitucional: fueron consagrados enel preámbulo como aspiraciones del constituyente al adoptar la Carta de 1991, 35
son fines esenciales del Estado (art. 2, C.P.) y son derechos fundamentales(arts. 22, 2, 5, 93 y 229, C.P.). Por otra parte, la jurisprudencia constitucional“ha reconocido que la realización del derecho a la justicia es un elementomuy importante para alcanzar la convivencia pacífica, esto es, para ofrecervías institucionales de resolución de conflictos a través de las cuales se evitenrespuestas violentas que no son compatibles con la Constitución colombiana”.Se cita, a este respecto, la sentencia C-228 de 2002. Se hace referencia,igualmente, al Conjunto de principios actualizado para la protección y lapromoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad,adoptado en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las NacionesUnidas, en los que se subrayó la necesidad de basar la búsqueda de lareconciliación nacional en la satisfacción de la justicia. Y con base en ello seconcluye: “Por consiguiente, la justicia y la paz no son derechos opuestos,intereses contradictorios o valores excluyentes entre sí, a la luz de laConstitución. Al contrario, en el ordenamiento constitucional la justicia encasos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derechohumanitario es un camino que resulta indispensable recorrer para llegar a lapaz”.3.1.1.2. Se indica, a continuación, que el método a aplicar para determinar laconstitucionalidad de las normas acusadas es el juicio de proporcionalidad,puesto que “a pesar de que la justicia y la paz son principios y derechoscomplementarios, en ocasiones resultan en aparente tensión en contextos detransición a la democracia o de superación de conflictos armados. En talescontextos, resulta necesario conceder beneficios penales a quienes hancometido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones alderecho humanitario para superar el conflicto armado”.La Ley 975/05 tiene por objetivo expreso el de facilitar el logro de la paz y lareincorporación de los combatientes a la vida civil, así como garantizar losderechos de las víctimas; es decir, buscar un equilibrio entre la paz y lajusticia, mediante el establecimiento de procedimientos y sanciones penalesespeciales, es decir, una pena alternativa, a los que se habrán de someter loscombatientes desmovilizados que hubieren cometido delitos no indultables ono amnistiables. “De conformidad con lo anterior –explican los demandantes-,la Ley 975 de 2005 somete a las víctimas de violaciones a los derechoshumanos y de infracciones al derecho internacional humanitario a un tratodiferenciado, según el cual los responsables de los crímenes causados a ellasno son sometidos a los procedimientos y sanciones penales previstos en lalegislación ordinaria, sino a unos procedimientos y penas especiales,establecidos por la ley demandada”.En ese sentido, consideran los demandantes que la constitucionalidad de losprocedimientos y sanciones penales establecidos en la Ley 975/05 debedeterminarse mediante la resolución de los siguientes interrogantes: “i. Si laley violenta el derecho a la justicia, en sus componentes de los derechos a laverdad, la justicia y la reparación, y ii. En qué condiciones se puedenconceder esos beneficios de reducción de penas para que no vulneren el 36
derecho a la justicia y sean verdaderamente un instrumento para alcanzar lapaz”. La respuesta a estos problemas exige, en criterio de los actores, aplicarun juicio de proporcionalidad, “esto es, el método adoptado por lajurisprudencia constitucional para examinar si medidas de restricción dederechos resultan discriminatorias”. Se cita a este respecto la sentencia C-093de 2001 en cuanto a los elementos del juicio de proporcionalidad; y se aclaraque el juicio a aplicar debe ser estricto, no intermedio ni débil, por cuantosegún se explicó en la referida sentencia C-093/01, esa es la figura a aplicarcuando se trata de leyes que limitan el goce de un derecho constitucional a undeterminado grupo de personas, o cuando afectan a poblaciones que seencuentran en situaciones de debilidad manifiesta: “Como se mencionó, la ley975 de 2005 somete a un trato diferenciado los casos en que se hayancometido delitos de graves violaciones a los derechos humanos e infraccionesal derecho internacional humanitario, estableciendo limitaciones al derecho ala justicia, que es un derecho constitucional fundamental. Además, por esamisma vía afecta a una población que se encuentra en debilidad manifiesta,cual es la situación de las víctimas de los mencionados crímenes”.3.1.1.3. A continuación, se enuncian las premisas de las cuales debe partir eljuicio de proporcionalidad a aplicar en este caso:“1. Con la finalidad de superar conflictos armados, o por ‘motivos deconveniencia pública’, la Constitución prevé la facultad estatal de concederindultos o amnistías (arts. 150.17 y 201 de la Constitución). Igualmente, elderecho internacional humanitario, que es parte del bloque deconstitucionalidad de conformidad con los artículos 93 y 214 de laConstitución, exhorta a los Estados a conceder amnistías a la finalización deconflictos armados (artículo 6 del Protocolo II adicional a los Convenios deGinebra).2. La facultad estatal de conceder amnistías e indultos se encuentra limitadaconstitucionalmente por los siguientes motivos: i. Los indultos y amnistíassólo se pueden conceder por delitos políticos (artículos 150.1 y 201 de laConstitución), y ii. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que actosatroces y de barbarie, entre los cuales se encuentran las graves violaciones alos derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario,los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, tengan el carácterde delitos políticos.3. Como ya se advirtió, el Estado está en la obligación irrenunciable deinvestigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos,de conformidad con la Constitución, el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, laConvención para la prevención y sanción del delito de genocidio, laConvención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes y la Convención Interamericana sobre Desaparción Forzada.”Para los demandantes, la observancia de estas premisas garantiza el respeto porel núcleo esencial del derecho a la justicia, así como el carácter genuino de los 37
procesos de paz: “Sólo en estas condiciones, paz y justicia no son derechoscontradictorios, sino interdependientes. De esta manera, la justicia seconstituye en una garantía de la paz y la convivencia pacífica”.En los acápites siguientes de la demanda se desarrolla tanto el contenido delderecho a la justicia, como los motivos por los cuales las normas acusadas lovulneran y no resisten la aplicación de un juicio de proporcionalidad estricto.3.1.2. Violación del derecho a la justicia3.1.2.1. Precisiones generales sobre el contenido del derecho a la justicia.En primer lugar, se efectúan en la demanda algunas precisiones sobre elcontenido del derecho a la justicia en sentido genérico.3.1.2.1.1. Su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 2, 5, 29 y229 de la Carta Política: “El derecho a la justicia es un pilar del Estado socialde derecho. Es, a su vez, una forma de garantizar la dignidad humana, losderechos y la convivencia pacífica. Por esa razón es un derechofundamental”. En este punto se cita la sentencia C-426 de 2002 como sustento,así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1.,2.3. y 14), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 2.2.,8 y 25), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 8 y 10) y laDeclaración Americana de los Derechos del Hombre (artículo 18).3.1.2.1.2. El incumplimiento del deber de investigar y sancionar los delitoscometidos contra los derechos humanos propicia la repetición de su violación,según lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en elcaso Bámaca Velásquez v. Guatemala (22 de febrero de 2002), y constituyeimpunidad. A este respecto se citan los llamados “Principios de Joinet” de laComisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los que se definela impunidad “por la ausencia, de iure o de facto, de la imputación de laresponsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos,así como de su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modoque aquellos escapan a toda investigación tendente a permitir su imputación,su arresto, su juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a sucondena a penas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos por susvíctimas”.Se trata, además, de un deber derivado de un tratado internacional válidamenteratificado por el Estado colombiano, que no puede ser incumplido mediante laaprobación de una ley interna.3.1.2.1.3. De la obligación de garantizar los derechos humanos y proveerrecursos judiciales efectivos, se deriva el derecho a la justicia en sus diferenteselementos: los derechos a conocer la verdad judicial e histórica, a que losresponsables sean investigados, juzgados y sancionados con penasproporcionadas, y a obtener una reparación integral. “Los derechos de las 38
víctimas a estos tres atributos de la justicia, como mínimos, mantienen plenavigencia aun en etapas de transición o a la finalización de conflictos armados.Se pueden conceder ciertos beneficios, especialmente en materia de penas,siempre que se sigan respetando los mínimos (por ejemplo, la rebaja de penasque no signifique un perdón total de la misma), y siempre que no se haga conla intención de encubrir las atrocidades y la responsabilidad de sus autores,sino como una búsqueda genuina de la paz en el marco de procesos justos”.3.1.2.1.4. Aunque el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebraestablece en su artículo 6 que las autoridades tienen el deber de procurar lasamnistías “más amplias posibles”, tales medidas se deben interpretar deconformidad con las obligaciones estatales en materia del derecho a la justicia.Además, según ha expresado el Comité Internacional de la Cruz Roja, talnorma “no pretende ser una amnistía para aquellos que han violado el derechohumanitario internacional” (Carta del Comité Internacional de la Cruz Roja alFiscal del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, 1995).3.1.2.1.5. La prohibición de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidades una norma imperativa o de ius cogens. Para sustentar este aserto se cita ladecisión de la Cámara de los Lores británica sobre el caso Pinochet –que serefirió al delito de tortura-, la decisión del Tribunal Penal para la ExYugoslavia en el caso del Fiscal contra Kupreskic (enero 14 de 2000) -en laque se calificó la mayoría de normas del DIH, en particular las que prohibenlos crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio comonormas de ius cogens, de carácter imperativo e inderogable-, y la decisión delmismo Tribunal en el caso del Fiscal contra Furundzija (diciembre 10 de 1998)–que se refirió al delito de tortura-. De allí que los Estados no puedan tomarmedidas para autorizar o perdonar la violación de estas normas, por medio deleyes de amnistía, según se expresó en el caso Furundzija citado.3.1.2.1.6. Los Estados tienen el deber de tomar las medidas necesarias paraque nadie sea sustraído de la protección judicial, según lo ha establecido laCorte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, en cuyasentencia se expresó, en términos del demandante, que “las leyes deautoamnistía que contribuyan al ocultamiento de los responsables porviolaciones de derechos humanos y que obstaculicen la investigación y elesclarecimiento de los hechos son incompatibles con la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos”.3.1.2.1.7. En igual sentido, los Principios de Joinet citados anteriormenteseñalan algunos límites que deben respetar las amnistías, específicamente en elsentido de que (i) los autores de crímenes internacionales graves no puedenbeneficiarse de dichas medidas mientras el Estado no haya cumplido susobligaciones de investigación, detención y sanción, y (ii) las amnistías nosurten efectos sobre el derecho de las víctimas a la reparación.3.1.2.1.8. Con base en lo anterior se afirma que “el artículo 6º del protocolo IIno implica que las amnistías que se concedan luego de la cesación del 39