Source: http://laberintoyrealidad.blogspot.com/2014/08/amparo-contra-articulos-189-y-190-de-la.html
Timestamp: 2018-08-18 06:24:38
Document Index: 50287822

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 189', 'artículo 190', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 133', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 303']

DANGARUB: Amparo contra Artículos 189 y 190 de la Ley Telecom
Amparo contra Artículos 189 y 190 de la Ley Telecom
QUEJOSOS: XXXXXXXXX
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EN TURNO
XXXXXXX, promoviendo por nuestro propio derecho ante esta autoridad, con el debido respeto, comparecemos ante esta autoridad, para exponer lo siguiente:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 5, fracción I, 6, 13, 107, fracción I y demás relativos de la Ley de Amparo, venimos a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de los siguientes actos reclamados en virtud de que sus disposiciones resultan ser violatorias de algunas garantías individuales consagradas en Constitución y que más adelante se detallarán.
En cumplimiento de los requisitos de la demanda de amparo establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, manifiesto lo siguiente:
I. Nombre y domicilio de los quejosos
1.1 Nombre de los quejosos: Xxxxxxxx
1.2 Nombre del representante común en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo: XXXXX
1.3 Se señala como domicilio para para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en XXXXX, México, D.F.,
1.4 Que en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza para oír y recibir todo tipo de notificaciones conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a los cc. XXXXX
II. Nombre y domicilio del tercero interesado
1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos, C. Enrique Peña Nieto. Responsable de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que contiene los artículos objeto del presente recurso.
2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Responsable de dictar, aprobar y expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que contiene los artículos objeto del presente recurso.
3.- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Responsable de dictar, aprobar y expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que contiene los artículos objeto del presente recurso.
IV. Norma general reclamada
Los artículos 189 y 190, fracción I y II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del presente año.
V. Preceptos que se estiman violados
Artículos 1°, 6°, Apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otras disposiciones de diversos instrumentos internacionales de los que el estado mexicano forma parte.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación
El pasado 8 de julio de 2014, se aprobó el DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del año en curso.
El artículo Primero Transitorio del mencionado Decreto establece: El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes”. Por lo que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión entró en vigor el 14 de agosto del presente año.
Los artículos 189 y 190, fracción I y II de dicha Ley establecen que los concesionarios del servicio de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil
El artículo 189 establece la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones de otorgar a las autoridades “competentes” los requerimientos que éstas le hagan. Si bien, el artículo establece que el requerimiento debe estar fundado y motivado, no se establece explícitamente las circunstancias para que esto ocurra, es decir, bajo qué procedimientos o en qué supuestos.
Se considera que la medida no es proporcional respecto al fin perseguido y resulta violatoria de los derechos de privacidad, intimidad, certeza y seguridad jurídica.
El artículo 190 establece, por un lado, la obligación de los concesionarios de dicho servicio para colaborar con las autoridades en materia de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica de una persona, en tiempo real, a partir de sus equipos de comunicación móvil. Ello implica que podrá tener la localización geográfica de cualquier persona en todo momento. Además, el artículo no establece que esto debe ser a partir de una orden judicial, por lo cual la medida resulta arbitraria y no proporcional.
Por otro lado, establece la obligación por parte de los concesionarios de llevar un registro de las comunicaciones de los usuarios, que, además de incluir todos sus datos como ya lo han hecho otros registros, también incluye la ubicación digital de las líneas telefónicas en todo momento y los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil. El concesionario deberá conservar los datos referidos durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. De igual manera, no se establecen las condiciones de modo, tiempo y lugar que una medida así requiere. Por lo cual, resulta excesiva y violatoria del derecho a la privacidad y el derecho a no ser molestado.
Todo ello resulta violatorio de los artículos 1°, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En particular del derecho a la vida privada, la protección de los datos personales, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) consagra una serie de derechos humanos que protegen al individuo contra abusos en los que pudiera incurrir el Estado u otros particulares. Estos derechos poseen un doble carácter pues son derechos subjetivos que hacen parte de la esfera jurídica de su titular y adicionalmente son normas objetivas de principio que tienen valor para todos los ámbitos del derecho.[1] Debido a su doble naturaleza, los derechos humanos constituyen valores supremos dentro del ordenamiento jurídico, actuando como límites para la acción del Estado y de la autonomía privada.
La presente demanda de garantías es oportuna. Dicha Ley entró en vigor el pasado 14 de agosto de 2014. Considerando que el precepto impugnado es de carácter autoaplicativo, nos encontramos dentro del plazo señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover este juicio de garantías.
Sirva de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO
Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas.
[Enfásis añadido]
Se estima que los artículos impugnados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son violatorios del derecho a la privacidad, a la intimidad, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso Por ello, hemos decidido ejercer nuestro derecho a la protección de la justicia y de nuestros derechos fundamentales consagrados constitucional y convencionalmente a través de un amparo indirecto.
Consideramos que, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, los quejosos somos titulares de un interés legítimo colectivo, por lo cual podemos promover conjuntamente esta acción por resentir una afectación común en nuestros derechos o intereses:
Sirva para apoyar lo anterior, la siguiente tesis de la SCJN:
Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico.
V. Conceptos de violación
Se transcribe a continuación, el texto de los preceptos reclamados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Primer concepto de violación. Violación al derecho humano a la intimidad y a la vida privada
Garantías constitucionales violadas: artículo 6 y 16
La reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 que modificó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó un cambio de paradigma en nuestro sistema jurídico. Con la nueva redacción de dicho precepto constitucional, se busca garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, con lo cual se amplió la esfera de derechos protegida para todos los individuos. Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, quedaron obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos, para lo cual deben prevenir, investigar, sancionar y reparar su vulneración.
Es decir, con la reforma se amplió de alguna manera el catálogo de derechos humanos:
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVIII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.
Los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impugnados, resultan violatorios del derecho humano a la vida privada y a la intimidad en relación con la obligación del Estado Mexicano establecida en el artículo 1° constitucional. Estos derechos tienen base constitucional y también están contenidos en diversos instrumentos de derecho internacional público de los que el Estado mexicano forma parte y que se citan a continuación:
El artículo sexto constitucional establece el derecho a la protección de la información que se refiere a la vida privada:
El derecho a la privacidad o intimidad también está contenido en el artículo 16 constitucional, que a la letra dice:
Así lo confirma la siguiente Tesis:
Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.
Este derecho está reconocido también en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.
La doctrina constitucional reconoce que ningún derecho es absoluto. Y la propia redacción del artículo sexto constitucional establece que la información referida a la vida privada será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Dichas excepciones tienen un límite y no pueden establecerse de manera abusiva o arbitraria. Sino que deben obedecer a un fin que justifique la restricción del derecho.
La propia SCJN se ha pronunciado respecto a los alcances de las restricciones de la protección del derecho a la vida privada por parte del Estado, en la siguiente Tesis:
Al igual que otros derechos fundamentales, el derecho a la vida privada no es absoluto, sino que puede restringirse en la medida en que las injerencias en éste no sean abusivas o arbitrarias. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias de terceros o de la autoridad pública, y prohíbe ese tipo de injerencias en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de ésta, como la vida privada de sus familias. Ahora bien, el Estado debe adoptar medidas positivas para impedir que la intimidad personal y familiar se vulnere por personas ajenas, pero no puede impedir a quien decide difundir aspectos de su vida privada que lo haga, so pretexto de proteger a la familia, pues en ese caso, ya no se está frente a la difusión de la información por parte de un tercero, que es ajeno a ésta, sino que se estaría limitando el derecho de una persona de divulgar la información que le es propia. En resumen, lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan impedir es que terceros difundan información de la vida privada ajena, sin consentimiento del titular; de ahí que si la injerencia en la vida privada de que se duele el tercero perjudicado, consiste en la difusión que hicieron otros miembros de su familia, sobre hechos que conciernen a la vida privada de ellas, y que involucran a éste, como causante de la afectación sufrida por ellas, entonces no puede considerarse que dicha difusión resulte arbitraria o abusiva, puesto que se realizó en ejercicio del legítimo derecho que les asiste de difundir información que les es propia, en la medida en que sea veraz, y que las expresiones utilizadas estén protegidas constitucionalmente, por no ser absolutamente vejatorias, esto es, ofensivas, oprobiosas o impertinentes, según el contexto.
Si bien ningún derecho de nuestro ordenamiento tiene carácter de absoluto, sino que éstos pueden restringirse, las limitaciones o interferencias no deben ser abusivas o arbitrarias. Ello quiere decir que deben estar previstas en ley, y perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
La SCJN ha establecido que un análisis de la constitucionalidad de disposiciones que puedan afectar derechos humanos reconocidos constitucional o convencionalmente, debe cumplir con el mencionado test de proporcionalidad: fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.
Los artículos 189 y 190, fracción I y II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dan una facultad amplia, general e ilimitada a la autoridad para solicitar a los concesionarios llevar a cabo la geolocalización de los equipos de comunicación móvil y en consecuencia a los titulares o poseedores de los mismos. Con ello, se vulnera el derecho a la vida privada de las personas pues los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones deben poder acceder a la ubicación digital del posicionamiento geográfico de todas las líneas telefónicas en tiempo real por si alguna autoridad se los pide.
La localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil contemplada en los artículos en comento de la LFTyR es una medida altamente invasiva por lo que tendría que cumplir con ciertos estándares para no ir en contra de la obligación del estado de proteger el derecho en cuestión. Este tipo de medidas son interferencias al derecho a la vida privada que otorgan a la autoridad que las lleva a cabo, en este caso, a través del concesionario, un poder amplio sobre la persona que se vigila o geolocaliza. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en torno a las medias de vigilancia encubierta: “su naturaleza secreta y confidencial conlleva un evidente riesgo de arbitrariedad” (Weber y Sarabia vs. Alemania. Aplicación No. 54934/00. Decisión de 29 de Junio de 2006, párr. 93). Los artículos en comento no cumplen con los requisitos necesarios por varias razones.
Primero, no establece de manera precisa y suficiente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevará a cabo la interferencia a su vida privada, en este caso, la ubicación en tiempo real de cada individuo. Esto es, no se cumple con el principio de previsión de ley acerca de aspectos fundamentales respecto a la medida de geolocalización, tales como: las condiciones y circunstancias en que puede practicarse, la definición precisa de las autoridades que pueden llevar a cabo la medida, los límites temporales para el monitoreo en tiempo real y las personas que pueden ser sujetas de la medida. Es decir, cualquier persona puede ser geolocalizada, en este último caso, la medida puede resultar particularmente grave en el caso de menores de edad que utilicen equipos de telefonía móvil.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a que las medidas de restricción al derecho a la privacidad, en particular las medidas de vigilancia encubierta, deben ser precisas e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir entre otros elementos.
Pese a que se menciona que las autoridades judiciales pueden solicitar dicha medida, tampoco está claro el tipo o grado de relación que debe existir entre la persona que usa un equipo de comunicación móvil y los datos que permitan suponer su vinculación con la posible comisión de un hecho delictivo. Destaca que la ley no prevé autorización judicial como requisito para la medida de geolocalización.
Segundo, la medida no resulta idónea, necesaria ni proporcional y tampoco obedece a un interés legítimo. Respecto al interés legítimo, la medida podría justificarse en aras de la prevención o investigación del delito, e incluso como parte de una medida de seguridad nacional, sin embargo, los artículos en comento no establecen tal situación. Aún si esto estuviera establecido, la ley debería establecer específicamente los supuestos en que la medida procede.
Tampoco hay proporcionalidad pues las disposiciones impugnadas no establecen un límite de temporalidad a la facultad para monitorear la localización geográfica de una o varias personas, con lo cual se convierte en una atribución arbitraria y susceptible de abuso por parte la autoridad. De esta manera, no existe proporcionalidad entre el fin perseguido y la medida, pues para alcanzar sus fines, transgrede los derechos a la privacidad, intimida, certeza, seguridad jurídica.
En conclusión, en los términos en los que la medida de geolocalización y el registro de ubicación digital, está planteada constituye una interferencia en el derecho a la privacidad pues no cumple con los requisitos y protecciones que exige la propia Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano forma parte.
Segundo concepto de violación. Violación a la protección del derecho a la protección de los datos personales
Garantías constitucionales violadas: artículo 16
Este derecho está consagrado en el artículo 16 constitucional, segundo párrafo, que a la letra dice:
Los artículos impugnados resultan contrarios al derecho a la protección de datos personales reconocida constitucionalmente y en tratados de los que el estado mexicano forma parte.
Según el artículo 16 constitucional, la ley debe establecer los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Si bien, los artículos impugnados mencionan la obligación de la autoridad que de fundamentar y motivar su solicitud, no se precisa de manera exacta, las circunstancias, supuestos y condiciones necesarios para que proceda el requerimiento.
Establecen sin mayor limitación que las instancias de seguridad, administración y procuración de justicia podrán requerir a los concesionarios de telecomunicaciones la geolocalización de los equipos de comunicación móvil en posesión de los particulares. Como en el caso del primer concepto de violación, al no precisarse los alcances y limitaciones de la medida, se viola el derecho protegido.
Para evaluar la constitucionalidad de los artículos en comento, el juzgador debe tomar en cuenta un principio fundamental que derivó de dicho cambio constitucional, es la adopción del principio pro persona, según el cual las autoridades deben adoptar en su actuación, la interpretación más favorable al derecho humano en cuestión:
Tercer concepto de violación. Violación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso
Garantías constitucionales violadas: artículo 14 y 16
Las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso están contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
También están contenidos en distintos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte:
En un Estado democrático la autoridad no puede tener amplios márgenes de discrecionalidad para actuar. Esto se justifica por la necesidad de proteger a los ciudadanos de los excesos en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Por esta razón, es imperativo que el actuar de las autoridades se lleve a cabo con un estricto apego a la ley.
Primero, los preceptos impugnados no cumplen con el principio de previsión de ley. No se establecen claramente los supuestos en los que la medida procede, los mecanismos ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Sino que se otorga una facultad amplia, en términos vagos, generales e ilimitados a las instancias de seguridad, administración y procuración de justicia para solicitar a los concesionarios que lleven a cabo la geolocalización de los equipos de comunicación móvil y, por lo tanto, a los usuarios de los mismos.
En este sentido, los artículos establecen un límite temporal para llevar a cabo la geolocalización. Sólo se menciona que los concesionarios están obligados a dar la localización geográfica de las personas pero no se dice por cuánto tiempo. Todo ello lesiona el principio de legalidad y seguridad jurídica.
Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en la Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión que:
“Los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal (...) estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación.”
Resulta importante destacar que al referirse a “instancias de procuración de justicia”, el artículo 190 fracción I, no define las circunstancias en las que el Ministerio Público puede válidamente solicitar la localización geográfica en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. Esto es contrario incluso a lo señalado por la SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 32/2012. En dicho caso resolvió que la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, solamente podía considerarse constitucional si se limitaba su uso a situaciones excepcionales para la investigación de delitos particularmente graves definidos precisamente en la ley.
En el caso de marras, ni el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen dichos supuestos.
Segundo, la geolocalización también atenta contra la garantía de debido proceso, en dos sentidos. Uno, la medida de molestia a la vida privada de las personas está autorizada aún sin que medie orden judicial o un procedimiento previsto en ley.
Dos, también hay ausencia de notificación a la persona que está siendo molestada por parte de la autoridad. Resulta evidente que la medida requiere que la persona que está siendo geolocalizada en tiempo real, no sepa que la medida se está llevando a cabo, para que sea eficaz. Pero al terminar el rastreo llevado a cabo durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con el objetivo de la localización, se debe notificar a la persona afectada.
Tercero, asimismo resulta relevante que no existan garantías en contra de la medida de geolocalización. En particular, porque instancias internacionales, han señalado con énfasis la importancia de que existan garantías efectivas en contra de medidas de vigilancia electrónica encubierta. Es el caso de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Resolución A/RES/68/167 sobre el derecho a la privacidad en la era digital. 18 de Diciembre de 2013) y el Relator Especial de La ONU para el Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión. (ONU, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión Frank La Rue. 17 de abril de 2013. A/HRC/23/40.
Las normas impugnadas tampoco establecen un mecanismo por el cual sea posible detectar e investigar posibles abusos en el ejercicio de la localización geográfica, en tiempo real de equipos de comunicación móvil.
1. Copia simple del DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del año en curso.
2. La presuncional, en su doble aspecto legal y humana. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses del suscrito.
POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO, SOLICITO A USTED JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EN TURNO:
PRIMERO. Tener por interpuesta la presente demanda en tiempo y forma legal.
SEGUNDO. Tener por satisfechos los requisitos de los artículos aplicables de la Ley de Amparo.
TERCERO. Tener por autorizadas a las personas que se mencionan para los efectos señalados.
CUARTO. Tener por señalado el domicilio.
QUINTO. Otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos.
México, Distrito Federal, a 25 de agosto de 2014
[1] Alexei Julio Estrada, “La eficacia entre particulares de los derechos fundamentales”, Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, coord. Miguel Carbonell: (México; UNAM, 2007), p. 279.
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