Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Sbrasil34-00.html
Timestamp: 2016-02-10 02:43:10
Document Index: 361659023

Matched Legal Cases: ['artículo1', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 28']

v. Brasil, Caso 11.291, Informe Nº
34/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 370 (1999). I. RESUMEN
1. El 22 de febrero de 1994, esta petición fue presentada por Americas Watch, CEJIL y la Comisión Teotonio Vilela contra la República Federativa de Brasil (en adelante el "Estado" o "Brasil") por hechos ocurridos el 2 de octubre de 1992 en la Casa de Detención (Carandirú) en la ciudad de São Paulo. En síntesis, se refiere a la muerte de 111 prisioneros (entre ellos 84 personas procesadas sin condena), así como a lesiones graves sufridas por otros internos durante el sofocamiento de un motín de prisioneros, acciones presuntamente cometidas por la Policía Militar de São Paulo, el 2 de octubre de 1992. Solicitan que el Estado sea condenado por violación de los artículos 4, 5, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") sobre derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial, todos ellos en concordancia
con la obligación del Estado de respetar y asegurar el goce de esos derechos
(artículo1(1)). Denuncian originalmente que a dieciséis meses de los sucesos,
la investigación seguía paralizada y no se había iniciado proceso alguno a
presuntos responsables, y que por el contrario algunos de los oficiales responsables
habían sido promovidos. En presentaciones posteriores reclaman debido a la
de la impunidad y la falta de reparación a las víctimas.
2. El Estado -por su parte-- que en general reconoce la existencia de violaciones a la vida y la integridad personal en los sucesos,
sostiene que ha tomado medidas serias y profundas para resolver la situación
carcelaria de dicho estado de São Paulo, que los procesos contra los agentes
responsables y de indemnización en los distintos fueros fueron debidamente
y prosiguen de acuerdo a las garantías procesales, y que los referidos a homicidios
dolosos por agentes policiales han sido transferidos a la justicia ordinaria
en cumplimiento de la Ley 9299-96 (Ley Bicudo). Por consiguiente, no se han
agotado los recursos internos y la petición no cumple las condiciones de
La tentativa de solución amistosa propuesta por la Comisión a ambas partes
en varias oportunidades no ha podido concretarse.
5. Ambas partes brindaron a lo largo de este período nueva información sobre el desarrollo de los recursos domésticos. El peticionario
lo hizo con fechas 3 y 10 de octubre de 1995, y el 15 de enero de 1996. El
brindó nueva información el 7 de septiembre de 1995. Además, durante su visita in loco al Brasil en diciembre de 1995, la Comisión obtuvo información de la Justicia Militar del Estado sobre el caso. El Estado brindó nueva información sobre la implementación de la reforma carcelaria en São Paulo con fecha 4 de agosto de 1999.
7. El Estado presentó un informe en la audiencia del 7 de octubre de 1996 sobre medidas que se estaban concretando para la desactivación del
complejo penitenciario Carandirú. En esa audiencia, la Comisión "decidió suspender la consideración del caso hasta que el Superior Tribunal de Justicia se pronunciara
sobre el conflicto de competencias 1", aclarando que el caso no se archivaba, sino que continuaría su curso normal tan pronto
se conociera la decisión de dicho Tribunal Superior. El 13 de diciembre de
el Estado informó que el Tribunal Superior había decidido que los procesos
fueran transferidos a competencia de la justicia criminal común del Estado
lo que había ocurrido y se esperaba en el futuro completar los procedimientos
y realizar el juicio con intervención del Jurado Popular.
18. Informa el peticionario en octubre de 1997 que, pese a toda las evidencias acumuladas desde los sucesos, el Gobierno no había emitido
una versión oficial de los hechos que reconocieran la masacre, ni la responsabilidad
de los agentes del Estado. Señaló que tampoco se habían pagado las indemnizaciones
a los deudos de las víctimas. Aclara que si bien la Procuraduría había iniciado
59 acciones judiciales de indemnización, con decisión favorable para 13 de
víctimas, ni siquiera esas pocas indemnizaciones se habían hecho efectivas,
según comprueba con una noticia periodística. En esa noticia se informa que
para pagarlas el Estado debe destinar fondos especiales en el presupuesto,
sea que sólo podrían efectuarse si esos fondos así se destinan por la Legislatura,
recién a partir de 1999. Cinco años después de los sucesos, otras 20 acciones
de indemnización civil en estos casos aún estaban esperando sentencia de
grado, lo que demuestra el incumplimiento por el Estado de su deber internacional de reparar a las víctimas de estas violaciones.
En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención
compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el
a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como
responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos
los detenidos.."8
23. Señala el peticionario en su presentación del 15 de enero del 1996 que después de tres años con el caso, la Justicia Militar decidió
transferirlo al fuero ordinario. Así es que el 13 de febrero de 1996, el
de Justicia Militar decidió por unanimidad transferir el caso a la justicia
común, por "haber indicios de envolvimiento en el caso de autoridades civiles debidamente constituidas en esa época" refiriéndose a las presuntas responsabilidades del ex Gobernador Luiz Antonio Fleury Filho y del ex Secretario de Seguridad
Pedro Franco de Campos10. Sostiene que si la justicia común no acepta avocarse al caso11, habrá conflicto de jurisdicciones a ser decidido por el Supremo Tribunal Federal. El peticionario llama la atención sobre la dilación y complejidad que esto significa, ya que después de tres años, en febrero de 1996 habiéndose obtenido centenares de evidencias y 253 testimonios, que completan 26 volúmenes con 7.651 páginas, apenas ahora el juicio pasó a la Justicia común, y de acuerdo a la nueva legislación sobre Jurado Popular. Dado que este nuevo tribunal aprovechará sólo las pruebas técnicas --exámenes balísticos, pruebas periciales, etc.-- los acusados podrán solicitar se reabra la prueba de testigos, con la demora adicional que ello implicará.
26. Por su parte, informa que en otro ejemplo de impunidad, el proceso Nº 266-93 en la 5a. Vara Criminal de Santana por abuso de autoridad
contra Edson Faoro (oficial militar) e Ismael Pedrosa (Director de Carandirú
cuando los sucesos), tuvo sentencia absolutoria en septiembre de 1997. En
mismo resultado de mantener la impunidad, el 10 de septiembre de 1997, el Ministerio
Público solicitó la suspensión del proceso contra siete de los policías militares
acusados de lesiones graves contra un detenido, de acuerdo con el artículo
de la ley 9099/95 que permite la suspensión condicional para crímenes con pena
mínima de un año de prisión. Recuerda que el crimen por el que se acusaba
esos policías era el de lesiones graves infligidas cuando dicho preso se había
rendido y estaba indefenso. Indica el peticionario que esta suspensión pedida
por el Fiscal, utilizando una excepción que busca beneficiar a reos primarios,
ni siquiera deja huellas en la ficha criminal de los procesados. Con esa medida, sostiene que el Estado está dejando de cumplir su compromiso internacional
de castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos.
29. Con respecto a los hechos del 2 de octubre, el Estado señaló el 8 de agosto de 1994 que "el Gobierno y la Justicia del Brasil están determinados a llevar adelante los trámites relacionados con el triste episodio, y en la elucidación de los hechos con vistas a determinar responsabilidades". Informó que se encontraban procesados 120 policías militares, incluyendo el
Coronel de Policía Militar Ubiratan Guimaraes, quien junto con el entonces
Coronel Edson Faroro, había pasado a la reserva. Informa que se iniciaron acciones
civiles para indemnización de las víctimas.
31. El 15 de octubre de 1996, el Estado informó sobre un convenio entre la República Federativa y el estado de São Paulo para la desactivación
del complejo penitenciario de Carandirú, como primer paso para el cumplimiento
de uno de los objetivos de largo plazo del Programa Nacional de Derechos
que prevé "la desactivación de la Casa de Detención de São Paulo (Carandirú) y de otros establecimientos penitenciarios que contraríen las normas mínimas penitenciarias internacionales".13 Se construirán además un numero importante de nuevos presidios e instalaciones complementarias, siempre con la intención de obtener la resocialización de los reclusos. En el programa se reconoce que Carandirú mantenía en esa época (1996) casi el doble de los reclusos que los que su capacidad permitía reglamentariamente. Estas aseveraciones sobre la implementación de la reforma penitenciaria fueron ampliadas el 4 de agosto de 1999, señalando que se había completado la desactivación de Carandirú y la implementación de otras medidas preventivas.
32. Informa el Estado que el 27 de noviembre de 1996 el Superior Tribunal de Justicia confirmó la jurisdicción común por el crimen de los 111
presos, considerando que "el crimen puede ser considerado común, aún si fuera cometido por militares en servicio usando el arma militar", y que el Código de Justicia Militar es claro al respecto. En nota posterior, el Gobierno
sostuvo que la decisión se basaba en la vigencia de la ley 9.299/96 (Ley Bicudo)
que transfiere a la justicia común el juzgamiento de los crímenes de homicidio
doloso cometidos por policías militares.
33. Con fecha 6 de abril de 1998, el Estado hizo llegar formalmente por nota a la Comisión una noticia Públicada en el Internet indicando que el "Gobierno de Brasil asume la culpa por Carandirú". Dicha noticia indica que el Gobierno del Estado de São Paulo con el apoyo del Comisionado Nacional
para Derechos Humanos, José Gregori, estaba estudiando una solución para el
caso, a través de la indemnización de los deudos de las víctimas. En ella se
indica que el Gobernador de ese Estado, Mario Covas, sostuvo que deben seguirse
los trámites legales de indemnización, y que la decisión al respecto debe ser
consistente con otras que se están avanzando en otros casos.
43. El proceso penal central contra los 119 policías acusados por homicidio calificado agravado fue iniciado ante la Auditoría de Justicia
Militar de São Paulo el 23 de Junio de 1993 (proceso 78/93) y sufrió una
de demoras. Después de tres años de iniciado y de numerosas diligencias judiciales
durante ese período, el 13 de febrero de 1996 el Consejo Especial de Justicia
Militar lo transfirió a la justicia civil pues había indicios de responsabilidad
de autoridades civiles debidamente constituidas. Dichos indicios contra responsables
civiles (el Gobernador y el Secretario de Seguridad Pública) eran conocidos
desde la acusación judicial en 1993, por lo que la tardanza de tres años
la transferencia aparece a la Comisión como injustificada. Además, la transferencia
generó una dilación adicional en cuanto al tratamiento del caso, pues según
la ley procesal sólo las pruebas de peritajes técnicos y documentales seguían
validas para el juicio civil, pero la prueba de testigos debía repetirse, cuando ya se habían tomado 253 testimonios judiciales.
48. Ha sostenido la Corte que, en este sentido, los principios del derecho internacional generalmente reconocidos se refieren tanto a que existan formalmente los recursos internos como a que sean adecuados para reparar la situación jurídica infringida, así como eficaces para producir el resultado para el que fueron concebidos.16 Por tales motivos, su agotamiento no debe ser entendido como la necesidad de realizar mecánicamente tramitaciones formales, sino que en cada caso debe analizarse la posibilidad razonable de obtener una reparación.17 En este mismo orden de ideas, el derecho de aducir falta de agotamiento de los
recursos internos como fundamento de una declaración de inadmisibilidad de
petición no puede llevar a que sea "detenida o retardada hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa".18
49. En otras palabras, si la tramitación de los recursos internos demora19 de manera injustificada, se puede deducir que los mismos perdieron su eficacia para producir el resultado para el que
fueron establecidos, lo que "torna indefensa a la víctima".20 En esa instancia es que deben aplicarse los mecanismos de protección internacional, entre otros, las excepciones previstas en el artículo 46(2) de la Convención.
50. Hasta la fecha de este informe han transcurrido más de siete años desde que ocurrieran los sucesos denunciados. Sin embargo, a la
fecha los recursos internos judiciales no han logrado llevar a una condenar
solo de los responsables por absolución o por prescripción, o por demoras injustificadas.
Tampoco se ha reparado el daño a las víctimas y/o sus familias.
55. El Pabellón de la Prisión Carandirú donde ocurrió el motín y subsiguiente debelación, albergaba en septiembre de 1992 más del doble de
internos que su capacidad permitía, tal como reconoce el Gobierno en su Plan
de Reforma Carcelaria. Ese hacinamiento facilita las fricciones entre internos
y de ellos con la guardia. Convivían en total en el establecimiento 7.257
de los cuales 2.706 estaban recluidos en el Pabellón 9, sitio de la revuelta.
Estos últimos eran "ofensores primarios"(estaban recluidos por primera vez), muchos de ellos sin condena y amparados por la presunción de inocencia.
La mayoría tenía entre 18 y 25 años de edad. Estaban recluidos en 248 celdas,
es decir unos ocho por celda, en condiciones de hacinamiento, sin espacio
para actividades de esparcimiento o trabajo. De hecho, como la Comisión lo
comprobó en su visita in loco en 1995, apenas había lugar para que estuvieran parados o sentados uno contra el otro.
65. El Director de la Prisión declaró ante la Legislatura que él estaba dispuesto a negociar con los amotinados, y se había aproximado al
Bloque 9 con un megáfono al efecto, pero que la policía le impidió físicamente
la negociación, siendo empujado al costado por una estampida de personal
que corría para entrar al pabellón. Algo similar ocurrió con los Jueces, que
habían llegado a la prisión a las 15:45 y a los cuales la Policía Militar
que no había condiciones para negociar. Alrededor de las 17 horas, los Jueces
fueron informados de que el motín había terminado, pero que los civiles no
entrar al pabellón. Sólo a las 19 horas fueron autorizados a entrar. Los jueces,
en sus declaraciones a la Legislatura, indicaron que vieron caños, cuchillos,
maderas, cadenas y piedras tiradas en el suelo, así como "muchos prisioneros desnudos, sentados en el suelo con las manos sobre sus cabezas". Los jueces no solicitaron inspeccionar todas las secciones y celdas, sino que después
de visitar el primer piso del pabellón sin subir a los pisos superiores pasaron
a las oficinas del Director, sin interrogar a ningún detenido. Se retiraron
de la prisión a las 22:30, después de haber sido informados por el Teniente
Coronel Edson Faroro que las muertes excedían los 50. No iniciaron en ese momento
ninguna actuación o sumario. Al día siguiente fueron informados que había 111
reclusos muertos.26
67. Está plenamente probado que a consecuencia de la acción policial resultaron 111 reclusos muertos y aproximadamente 35 reclusos heridos.
Surge también de la petición no controvertida por el Estado, así como de
investigaciones de la Legislatura y de expertos independientes, que muchas
de las víctimas fueron muertas cuando estaban en estado de indefensión. El
Gobernador Fleury declaró que a raíz de que algunos detenidos habían atacado
a la policía y en particular luego que el Comandante Guimaraes fuera herido
por la explosión de una cámara de televisión, las fuerzas de sofocamiento
fuera de control y comenzó el exterminio generalizado, tanto de quienes podían
haber sido líderes o participantes de la revuelta, como de quienes a su vez
fueron testigos de la matanza indiscriminada. Surge también del informe del
experto que los disparos efectuados en las celdas eran de origen policial
estaban orientados en un solo sentido y en el ámbito de cincuenta centímetros del suelo, indicando que esos reclusos víctimas estaban arrodillados. Surge
también de dichas investigaciones y declaraciones de testigos sobrevivientes,
que muchos de los muertos lo fueron cuando estaban rendidos, con los brazos
en alto, en general desnudos. Estas violaciones a la vida e integridad se agravaron
en su naturaleza por el salvajismo de los métodos utilizados sobre los amotinados
ya rendidos, por la ejecución de detenidos que habían sido obligados a participar
en el acarreo ilegal de cadáveres, por la agresión y golpiza de las heridas
de sobrevivientes y la demora en la atención médica, y por el asesinato de
heridos mientras se los trasladaba a los hospitales. En la trágica historia
de masacres de que tiene memoria la Comisión, hay pocos casos de salvajismo
y brutalidad comparables a lo ocurrido esa tarde en Carandirú.
68. También surge que algunos de los muertos lo fueron después de que cumplieron las órdenes de retirar los cadáveres de donde originalmente
habían caído, en lo que es parte de una evidente serie de esfuerzos para
las pruebas que pudieran servir para individualizar a los policías responsables
de cada muerte en particular y a confundir las evidencias de sus circunstancias.
Esa serie de acciones de encubrimiento se inicia al impedir que los jueces
en la prisión entraran a todos los pabellones al momento de la rendición, continúa
con la ejecución de testigos y con numerosas otras acciones, realizadas de
sistemática para evadir la investigación, confundir la opinión pública y asegurar
la impunidad. Estas acciones documentadas en la investigación parlamentaria
incluyen, entre otras, lavar la sangre de la escena de las muertes, impedir
la acción de los fotógrafos una vez obtenida la rendición de los amotinados,
ofrecer información contradictoria sobre los heridos policiales tendiendo a exagerar el número, presentar trece armas de fuego adjudicadas a los internos que no correspondían a ningún disparo encontrado, y que por sus condiciones de oxidación y forma de aparición fueron notoriamente "plantadas" a posteriori.27
70. Algunas de estas maniobras tuvieron por objeto evitar y confundir la acción periodística. Así se impidió la entrada de fotógrafos aun
cuando la revuelta ya estaba dominada, y de que tomaran fotos de los cadáveres
que salían y de los heridos que se retiraban. También se hostigó al periodista
Caco Barcellos, que había investigado previamente la conducta policial, interfiriendo
sus comunicaciones y amenazándolo al punto que debió salir del país. Aunque
el número de muertos era conocido por las autoridades civiles y militares
las 8 a.m. del 3 de octubre, esas cifras sólo se entregaron a la prensa a las
16:30, media hora más tarde que cerraran las urnas de la elección municipal
que se realizaba ese día. La prensa fue informada en la noche del 2 de octubre
que "ocho prisioneros habían muerto en ataques entre bandas rivales durante la rebelión", cuando en realidad eran los ocho prisioneros mencionados que salieron con heridas leves bajo custodia policial y al llegar al hospital
71. La CIDH observa que, como lo ha aplicado en otros casos anteriores,29 se hace necesario analizar y evaluar el presente caso a la luz de los criterios establecidos en los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Resolución 1989/65), a fin de determinar si el Estado ha cumplido con
su obligación de investigar en forma inmediata, exhaustiva e imparcial las
sumarias de personas bajo su exclusivo control. Según estos principios, en
casos de esta naturaleza la investigación debe tener por objeto determinar
la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento
o práctica que pudiera haberla provocado. Asimismo, se debe realizar una autopsia
adecuada, recopilar y analizar todas las pruebas materiales y documentales,
y recoger las declaraciones de los testigos. La investigación deberá distinguir
entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio
72. Los principios mencionados han sido complementados con la adopción del "Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", según el cual el objeto principal de una investigación es "descubrir la verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron la muerte sospechosa de una víctima". A tal efecto, dicho Manual establece que quienes realizan la indagación deben
adoptar, como mínimo, las medidas siguientes:
73. A fin de garantizar la realización de una investigación exhaustiva e imparcial de una ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, el
Manual establece que "uno de los aspectos más importantes de la misma es la reunión y el análisis de las pruebas". Por lo tanto, "las personas a cargo de la investigación de una presunta ejecución extrajudicial deben tener acceso al lugar en que se ha descubierto el cadáver, así como al lugar en que pueda haber ocurrido la muerte". Según los estándares previstos en el Manual, el procedimiento de recolección de la prueba debe ajustarse a ciertos criterios,
algunos de los cuales se señalan a continuación:
podrían revelar
con más detalle la naturaleza y circunstancias de la muerte de la víctima;
Rigidez cadavérica; y Estado de descomposición.
76. De acuerdo con las Reglas Standard Mínimas para el tratamiento de Prisioneros de Naciones Unidas, regla
44(1), "en caso de muerte, dolencia grave o lesión grave de un prisionero el Director informara inmediatamente al cónyuge, si el prisionero es casado, y si no a sus familiares más próximos y, en todos los casos informará a cualquier otra persona previamente designada por el prisionero". Pese a que el número de muertos era conocido por la policía a la mañana siguiente a las 8:00 am
del 3 de octubre, los familiares que esperaban fuera de la puerta de la prisión
no recibieron información oficial. Tan sólo el 4 de octubre se hizo pública
una lista de los 111 muertos que fue pegada en la puerta de la prisión. No
información formal a cada familia. Tampoco se indicó a qué morgue se enviaron
los cadáveres, con lo cual las familias debieron recorrer varias morgues antes
de encontrar el cadáver de su familiar muerto. Hubo varios errores en la lista
inicial, y tres internos dados como muertos aparecieron vivos. Hasta el 6 de
octubre no se había informado oficialmente sobre los sobrevivientes; y pese
a que existía un registro central de detenidos, apenas el día 8 se informó
sobre muertos y sobrevivientes. El 3 y 5 de octubre policías con sus identificaciones
cubiertas golpearon y lanzaron sus perros policías contra las familias que
agolpadas en la puerta de la prisión.
78. Las correspondientes a órganos oficiales del Estado de São Paulo aceptaron que había habido excesos, pero
en general los consideraron reacciones previsibles frente a la acción violenta
de los detenidos. En general, tendieron a relevar de culpa a la Policía,
que el planeamiento y operación policial había sido correcto ("perfecto" según la nota del Comandante de la Policía Militar enviando investigación interna) y justificando los excesos. La investigación parlamentaria preparada por la mayoría que correspondía al partido del Gobernador, señaló que había habido excesos criticables que no debían repetirse, pero no señaló responsabilidades ni aceptó que había habido una "masacre".32 La investigación del Poder Judicial exoneró de culpa a los jueces intervinientes, señalando que realizaron sus tareas de manera adecuada.
79. En cambio, las investigaciones del Gobierno Federal señalaron que "era una acción sin planeamiento adecuado, sin coordinación, una acción criminal violenta por excelencia e irresponsable". Señaló que la "Policía Militar de São Paulo había asesinado sin justificación a 111 prisioneros bajo la custodia y responsabilidad del Estado" y que correspondía responsabilidad penal y civil por las autorias. Consideró también que era el "resultado natural de la política de violencia establecida en el Estado de São Paulo "en esa época, por la cual "la tortura y las ejecuciones sumarias eran un método de trabajo". (AMR p. 26). Sin embargo, estos órganos federales son consultivos y sus recomendaciones no son obligatorias,
como lo indicó públicamente el entonces Ministro de Relaciones Exteriores F.H.
Cardozo, quien alegó que no existía mecanismo legal que permitiera al Gobierno
Federal asegurar que los responsables fueran propiamente juzgados en la justicia
80. Concluye la Comisión que distintos organismos del Estado de São Paulo y del Gobierno del Brasil realizaron
investigaciones sobre los hechos. Aunque todas ellas fueron obstaculizadas
las actividades de encubrimiento y destrucción de pruebas realizadas por la
Policía Militar paulista anteriormente descritas, queda evidenciado el contraste
entre las realizadas por los organismos del Estado de São Paulo que tienden
a minimizar, justificar y exonerar de responsabilidad a las autoridades estaduales
civiles y policiales, y las efectuadas por el Gobierno de Brasil, que concluyen
sobre la base de la evidencia que existió una masacre de prisioneros y violaciones
graves y sistemáticas por parte de las autoridades policiales estaduales.
también la Comisión en el caso que no operaron en la República del Brasil mecanismos
eficaces en el Gobierno nacional para hacer que las entidades federales actuaran
de manera acorde con los compromisos internacionales en cuanto a derechos humanos asumidos por el Estado nacional, o para establecer por la vía federal otros
mecanismos de prevención, acción y reparación que compensen esas falencias
88. De los hechos analizados, en particular por la falta de acciones que previnieran la rebelión incluyendo
el mantenimiento de los detenidos en condiciones ilegales de hacinamiento
tratamiento, así como por las acciones durante la debelación del motín y el
tratamiento a los detenidos en especial: a) de las ejecuciones extrajudicales
de 111 personas detenidas, cuando ya estaban rendidas e indefensas y en 8
de heridos que estaban siendo trasladados al hospital, b) de un número no determinado
de heridos graves que también lo fueron cuando estaban rendidos e indefensos,
y c) de los maltratos y torturas que se infligieron a muchos de los detenidos
que luego murieron, según surge de las marcas de sus cadáveres y de los inflingidos
a muchos de los que lograron sobrevivir. Todo ello surge de las investigaciones
oficiales y privadas, de la numerosa evidencia presentada en juicio y a la
y de la propia asunción de responsabilidad efectuada por el Estado brasileño, y se desprende de ellos que configuraron ejecuciones extrajudiciales, y el uso
deliberado de fuerza desproporcionada calculada para matar, o al menos herir
gravemente. En esas circunstancias, las muertes constituyen ejecuciones humanas,
maltratos y torturas de los detenidos así como por la previa negligencia estatal
para prevenir esos peligrosos estallidos de motines y para remediar las condiciones
ilegales del tratamiento de los detenidos, todo ello en violación de los artículos
4(1) y 5 de la Convención.
91. La Comisión concluye que ni el Estado de São Paulo ni la República Federativa del Brasil habían tomado
con anterioridad al motín, ni durante ni con posterioridad, las medidas para
organizar su aparato gubernamental para evitar estas tragedias. De los antecedentes
citados se desprende que el Estado con anterioridad a los sucesos, y teniendo
en cuenta las condiciones de la prisión no había desarrollado planes y estrategias
para solucionarlas de manera eficaz y legal, ni para actuar frente a las
erupciones de violencia que la situación provocaba. En primer lugar, las condiciones
ilegales de hacinamiento y de vida de la prisión, aumentaban las posibilidades
de incidentes de violencia. Lo que era una pelea entre detenidos fue tratado
de manera tal que degeneró en un motín contra la débil guardia a cargo de
seguridad de la prisión. La falta de un mecanismo de pacificación rápida de
incidentes permitió su erupción y crecimiento, que involucró a un alto número de detenidos. La capacidad de negociación de las autoridades del penal era mínima
y fue desestimada y sofocada por el comando policial militar. Fue igualmente
negada por las órdenes dadas a las fuerzas policiales por las autoridades
en particular por el Secretario de Seguridad del Estado. La actuación de los
magistrados judiciales encargados de la supervisión de la prisión fue igualmente
abortada por las fuerzas policiales, subvirtiendo la jerarquía de toma de
que correspondía a la situación. En definitiva, toda la estrategia de acción
estatal se basa en la utilización inmediata de toda la fuerza disponible,
absoluta falta de proporcionalidad y con total negación de estrategias que
permitieran resolver la situación eficazmente con respeto a la vida e integridad
detenidos. El sistemático uso de violencia letal desproporcionada por parte
de la policía militar de São Paulo en el manejo de la seguridad pública que
está acreditado por las estadísticas oficiales respecto a esos años, era una pauta que fue repetida trágicamente en la debelación del motín del 2 de octubre.
Esa falta de planificación por parte del Estado de medidas para aliviar las
condiciones previas de vida en el Penal, así como de organización de estrategias
legales, eficaces y compatibles con el respeto a la vida para el manejo de
de emergencia en los penales, configura igualmente una violación de los compromisos
internacionales que establece la Convención en los artículos 4 y 5, en concordancia
con el artículo 1.
La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención
constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte no basta
el recurso exista, o conque sea formalmente admisible, sino que se requiere
que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación
a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden
considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales
del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado,
resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad
haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca
de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque
los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que
configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se
en retardo injustificado en la decisión...39
disposiciones normativas que tienden a obstaculizar el libre ejercicio del derecho a un recurso o remedio eficaz para juzgar y sancionar de manera efectiva a funcionarios que violan los derechos humanos amparados en el poder y la impunidad que le otorgan sus cargosresultanviolatorias de la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos, conjuntamente con el
derecho humano a la protección judicial, consagrados en los artículos 1.1
la Convención Americana.40
96. La Constitución de la República Federativa de Brasil, y la del Estado de São Paulo en artículos similares,
establecen tanto la inviolabilidad de los Diputados y Senadores por "sus opiniones, palabras y votos" (Constitución de Brasil, artículo 53) como la improcesabilidad o inmunidad procesal y de prisión "sin previa licencia de la Casa (remarca la Comisión) desde la expedición de su diploma, salvo in fraganti crimen inafianzable (C de B artículo 53(1)), lo que suspende la prescripción
durante y hasta el fin del mandato" (C de B artículo 53.2)41.
97. En el presente caso el Coronel Guimaraes, comandante de las fuerzas a cargo de sofocar el motín y procesado
por homicidios dolosos y otros crímenes graves, fue posteriormente electo
1997 como parlamentario del Estado de São Paulo, lo que le otorgó inmunidad
parlamentaria, hasta terminar su mandato a principios de 1999, cuando no
reelecto. La Legislatura de São Paulo durante todo su mandato se abstuvo -pese a la notoriedad del caso, y de las solicitudes de distintos organismos y de
varios diputados-- de retirarle dicha inmunidad.
100. Si bien la de investigar es una obligación "de medio" y no "de resultado", frente a un hecho de esta magnitud el Estado debe poner todo su aparato administrativo,
policial y del Ministerio Público para realizar una investigación seria, exhaustiva
imparcial y concluyente, apoyada en lo necesario por los cuerpos políticos
legislativos, lo cual no ha ocurrido. La Comisión subraya al efecto la incapacidad
del Estado Federativo del Brasil, cuyo gobierno central en sus investigaciones
llegó a la conclusión de que había habido una masacre injustificada, y no tuvo
mecanismo efectivo para demandar a la entidad federada de São Paulo que profundice
su investigación para dar lugar a una acción judicial y administrativa efectiva,
acorde con los compromisos internacionales del Estado.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben () procurar además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los
daños producidos por la violación de los derechos humanos.43
4. Desarrollar políticas y estrategias destinadas a descongestionar la población de las Casas de Detención,
a establecer programas de rehabilitación y reinserción de acuerdo a las normas
nacionales e internacionales, y a prevenir estallidos de violencia en dichos
establecimientos, así como desarrollar políticas, estrategias y entrenamiento
especial para el personal penitenciario y policial para negociación y solución
pacífica de conflictos, y técnicas de recuperación del orden que permitan
eventuales motines con el mínimo de riesgo para la vida e integridad de los
internos y las fuerzas policiales.
5. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento en este caso de lo requerido por el artículo 28 (Cláusula
Federa) de la Convención en lo que se refiere a materias que corresponden
la jurisdicción de las entidades competentes de la federación, en este caso
el Estado de São Paulo.
12 El Estado no ha negado en ningún momento los hechos alegados en la petición, y ha hecho
llegar a la Comisión información por la que acepta en general su culpa por
violaciones cometidas. Por su parte, en declaraciones periodísticas obtenidas
por la Comisión, el Gobernador de São Paulo en la época de los sucesos, Luiz
Antonio Fleury Filho (que antes de ser Gobernador había sido Secretario de
Pública) aceptó posteriormente que lo ocurrido era una masacre y lo atribuyó
al hecho que al caer herido el Comandante Guimaraes, los policías que --según
él-- llevaban la operación hasta entonces de manera correcta, "quedaron sin control, y surgieron acciones individuales, que podrían ser llamadas masacre, o acciones de exterminio". Sostuvo que las instrucciones que se habían dado eran las apropiadas y legales. (Folha de Sao Paulo, 28-9-97).
13 El programa se propone en su fase inicial la construcción de nueve presidios, seis de seguridad máxima, dos de seguridad media, y una casa de detención para procesados sin condena. Cada penal albergará 600 personas, y la casa de detención 3.600. En la segunda fase se construirán otros 25 presidios para 600 detenidos cada uno. En todos ellos se buscará la resocialización del detenido. 14 Brasil ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de septiembre de 1992.
22 Pastoral Carceraria of the Archdiocese of São Paulo "Elementos para una reflexión buscando respuestas a la cuestión de rebeliones y rehenes" mayo 1998, pág 5. Citado en CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Brasil,
1995. Pág. 71.
29 CIDH  Caso 11.137 Abella- Argentina, Informe Anual 1997, párrs. 414 y 415. Caso 11411
Ejido Morelia-México. Informe Anual 1997, párrs. 109 a 111 del Informe sobre