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Timestamp: 2019-01-23 14:39:37
Document Index: 358815875

Matched Legal Cases: ['artículo 446', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 34', 'artículo 348', 'artículo 90', 'artículo 58', 'artículo 349', 'artículo 57', 'artículo 301', 'artículo 351']

DERECHO PENAL COLOMBIA: Tribunal se abstiene de resolver recurso de apelación promovido por la defensa porque cuando se imprueba un preacuerdo la legitimidad de la apelación aparece en forma concurrente en las dos partes. Destaca la decisión que en algunos asuntos (persecución de las mafias de hurto-venta de celulares) una es la postura del Fiscal General y otra la de los fiscales delegados, razón por la que invita al Fiscal General a diseñar las reglas y políticas que en materia de preacuerdos deben servir de guía a los delegados
Tribunal se abstiene de resolver recurso de apelación promovido por la defensa porque cuando se imprueba un preacuerdo la legitimidad de la apelación aparece en forma concurrente en las dos partes. Destaca la decisión que en algunos asuntos (persecución de las mafias de hurto-venta de celulares) una es la postura del Fiscal General y otra la de los fiscales delegados, razón por la que invita al Fiscal General a diseñar las reglas y políticas que en materia de preacuerdos deben servir de guía a los delegados
Explica el Tribunal que resulta poco juicioso darle viabilidad a un preacuerdo que no consulta la realidad fáctica y que, más bien, corresponde al capricho de la FGN de reportar el éxito en un proceso en el que lo único cierto es que se está regalando la imposición de una pena más benigna al cambiar sin fundamento el delito por el que se imputaron cargos.
Resalta, adicionalmente, que el preacuerdo es fallido porque nada dice frente a los otros celulares que le fueron incautados a la procesada y la posible empresa criminal a la que pertenece Beatriz Nataly Bohórquez Gómez. Si bien por ahora no ha sido posible identificar sus IMEI, el hallazgo de tales aparatos y la falta de demostración de un origen lícito, lo que ordinariamente se hace con facturas de compraventa, necesariamente imponen que la FGN establezca si eventualmente hacen parte del negocio transnacional del que se habla por el fiscal general, los medios de comunicación y si, eventualmente, en tal actividad está comprometida la imputada, como parte de una cadena concertada para delinquir en gran escala.
Se recuerda que en diferentes pronunciamientos el Fiscal General ha expresado ante los medios de comunicación su alarma por lo que ocurre con las redes criminales dedicadas a la cadena de delitos que ocurren alrededor del hurto de celulares, denotando así que la FGN tiene un compromiso serio y decidido frente a tal flagelo. Sin embargo, lo que ocurre en el presente asunto es muestra de que o el Fiscal General tienen un discurso para la tribuna y otro muy diferente al interior de la propia FGN; o que las preocupaciones públicas del fiscal general no son las mismas inquietudes de la institución; o que cada delegado fiscal procede sin atender directrices o que lineamientos y políticas en materia de preacuerdos no existen para perseguir el crimen organizado detrás de la venta de celulares hurtados[19]; o que el delegado fiscal del presente asunto es una rueda suelta que hace lo que le viene en gana y busca que las empresas criminales dedicadas al negocio de celulares no resulten tocadas debidamente por la acción judicial.
Igualmente, en el sub examine resulta patente que el preacuerdo no aprestigia a la administración de justicia, por el contrario, la desacredita al permitir la impunidad derivada de un preacuerdo impúdico. En consecuencia, se requerirá al Fiscal General de la Nación para que adopte las políticas, directrices, pautas o lineamientos que cumplirán los delegados fiscales en materia de preacuerdos y evite el festín e impunidad a los que tantas veces ha hecho referencia este Tribunal.
Aprobado Acta N°. 083
Bogotá, D.C., Martes, quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
110016000017201617648 01
Beatriz Nataly Bohórquez Gómez
Receptación en concurso
Juzgado 27 Penal del Circuito Conocimiento
Se abstiene de resolver
1. Entra la Sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el defensor de Beatriz Nataly Bohórquez Gómez, contra el auto de 21 de julio de 2017 emitido por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que improbó preacuerdo.
2. Aproximadamente las 21:30 horas del 15 de diciembre de 2016, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional el Dorado, Salas de Reconciliación Internacional, se practicó requisa a Beatriz Nataly Bohórquez Gómez, quien llevaba en su equipaje 29 celulares marca Iphone, de los cuales únicamente tres fueron identificados por IMEI, aparatos que aparecieron reportados por hurto.
3. La investigación permitió demostrar que la detenida pretendía viajar a Buenos Aires, Argentina, con el fin de comercializar los celulares incautados.
4. El 16 de diciembre de 2016 el Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Beatriz Nataly Bohórquez Gómez. La FGN le imputó los delitos de receptación en concurso homogéneo sucesivo, cargo que no aceptó. Igualmente, le impuso medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario, posteriormente modificada por domiciliaria por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.
5. El 16 de marzo de 2017 la FGN presentó preacuerdo con la acusada y ofreció como único beneficio sustituir el delito imputado por el de favorecimiento, consagrado en el artículo 446 del Código Penal.
6. El 21 de julio siguiente se realizó la audiencia de verificación del preacuerdo.
IV. EL AUTO IMPUGNADO:
7. El a quo improbó el preacuerdo porque no obra prueba alguna que permita concluir que las tres víctimas reconocidas fueron reparadas, vulnerándose así lo establecido en el artículo 349 del CPP, que dispone que el acuerdo será viable si el sujeto activo de la conducta reintegra el 50% del valor del incremento percibido y asegura el reintegro del otro 50%.
8. Estimó que tampoco era viable aprobar los términos del preacuerdo porque en la imputación la FGN estableció que la conducta ejecutada consistía en concurso homogéneo sucesivo debido a la existencia de tres celulares hurtados, de los cuales se logró identificar a sus propietarios, circunstancia no tenida en cuenta al momento de sustituir el delito.
9. Destacó que el delito de favorecimiento resulta ser demasiado bondadoso en relación con la receptación y que eventualmente debería auscultarse más ese cambio. Concluyó que no es posible dejar a un lado los derechos de las víctimas afectadas con el hurto de sus propiedades.
V. RECURSO DE APELACION:
10. La defensa argumentó que la decisión del a quo desborda los límites de su competencia porque el acuerdo obliga al juez, siempre y cuando no desconozca derechos de terceros o afecten garantías fundamentales.
11. Dijo que no es posible improbar el preacuerdo por incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 349 del CPP, porque la FGN no probó que su defendida haya recibido un incremento patrimonial derivado de la tenencia de los aparatos, menos cuando se observa que los 29 celulares que fueron incautados y puestos a disposición de la autoridad competente con su respectiva cadena de custodia.
12. Descartó la existencia del concurso porque fue una desatención de la FGN al momento de imputar cargos, porque la situación fáctica demuestra que su defendida cometió una sola acción, circunstancia que impide hacer referencia al concurso al momento de preacordar.
13. FGN. Dijo compartir los argumentos del defensor en cuanto a la inexistencia de elementos materiales que justifiquen el incremento patrimonial previsto en el artículo 349 del CPP.
14. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 34-1 de la Ley 906/04, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la decisión de primera instancia que improbó el preacuerdo.
15. Problema jurídico planteado: Preliminarmente la Sala deberá establecer si la defensa se encuentra legitimada para apelar la decisión que imprueba un preacuerdo, cuando la FGN no se opone a la decisión del juez o se muestra conforme con lo resuelto.
16. Legitimación. El preacuerdo es un acto bilateral celebrado entre la FGN, la defensa y el procesado, que tiene como objetivo humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida administración de justicia, activar la solución de los conflictos sociales, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso (Ley 906 de 2004, artículo 348).
17. Los artículos 350 y 351 del CPP facultan a las partes para que preacuerden no solo la pena sino también sus consecuencias para, en últimas, que el procesado obtenga una rebaja de la sanción.
18. La bilateralidad de los preacuerdos implica que FGN y defensa (procesado y defensor) hagan prevalecer su voluntad de negociación, siempre supeditada a la aprobación o rechazo del juez de conocimiento.
19. No obstante ese poder de negociación que tienen los sujetos procesales, solamente se materializa cuando las dos partes, en forma concurrente y sin fisuras, expresan de común acuerdo su consentimiento inequívoco de llegar a la obtención de un pacto.
20. Sin embargo, como ocurre con todo negocio, pacto o convenio, en lo que tiene que ver con los preacuerdos, antes de la aprobación que emita la autoridad judicial, pueden surgir discrepancias, desavenencias o contrariedades entre las partes, derivadas o generadas por múltiples motivos, lo que puede conducir a que una de ellas o ambas desistan o se retracten de lo pactado, para lo cual existe expresa autorización legal (CPP, artículos 293 y 8-d).
21. De lo anterior se sigue que si alguna de las partes deja el acuerdo a su suerte porque, como aquí ocurrió, lo resuelto por el juzgador de primer grado no es sometido a debate por quienes lo suscribieron, debe entenderse que el preacuerdo feneció, máxime cuando la FGN aceptó los argumentos del a quo cuando decidió improbar el preacuerdo.
22. Esta Sala reiteradamente ha destacado que en materia de recursos que se pueden promover contra los preacuerdos que son rechazados o improbados por los jueces, las partes que suscribieron el convenio deben promover conjuntamente el recurso de reposición y/o apelación, porque si una sola muestra su inconformidad contra lo resuelto por la judicatura, es de entender que implícitamente la otra parte está aceptando o avalando lo decidido, de donde se sigue que el acuerdo ha quedado roto[1].
23. Es por ello que se ha mantenido que resolver un recurso de apelación promovido exclusivamente por una de las partes que participaron en la elaboración de un contrato, implica desconocer el presupuesto procesal de la legitimación, porque el preacuerdo, que en últimas se asimila a un negocio jurídico, debe ser suscrito, promovido o debatido por quienes participan del mismo y, si como aquí ocurre, la controversia la plantea solamente la defensa, resultan insuficientes sus manifestaciones para que la judicatura entre a resolver su inconformidad.
24. En situaciones como la que aquí se presenta, el juez de primera instancia debe expresar la falta de legitimación de la parte que promueve el recurso de alzada y, como consecuencia de ello, declarar improcedente el recurso. Solamente en aquellos eventos en el que las dos partes -FGN y defensa- impugnan la improbación de un preacuerdo, se satisface el requisito de legitimación que abre la puerta al trámite de los recursos.
25. En conclusión si se imprueba un preacuerdo, deben las dos partes que lo suscriben impugnar la decisión, porque si únicamente lo hace la defensa, se entiende que la FGN tácitamente se está retractando o desistiendo de esa negociación. Por las razones expuestas, la Sala se ABSTIENE de desatar el recurso de apelación.
26. Otras cuestiones que imponen a la Sala manifestarse. Lo expuesto no es óbice para que el Tribunal precise que en el presente asunto el juzgado de instancia procedió apegado a la legalidad vigente cuando improbó el preacuerdo suscrito entre las partes, no solo por las razones que adujo sino porque no existe ningún fundamento fáctico ni probatorio que permita cambiar la adecuación típica de la conducta, dado el contexto en el que ocurrieron los hechos.
27. Si bien los preacuerdos pueden celebrarse sobre diferentes cuestiones, como el grado de participación del sujeto (autor vs. cómplice), la cantidad de ejecución de la acción (consumación vs. tentativa), para eliminar causales genéricas o específicas de agravación, etc., en todo caso la FGN no puede pactar creando delitos o circunstancias a los que no hizo referencia en la imputación, como ocurrió en este asunto. Igualmente, los convenios premiales deben tener un soporte fáctico mínimo demostrativo de lo que se acuerda, como lo ha sostenido la jurisprudencia[2].
28. Ahora, no sobra destacar que permitir que el proceso continúe en los términos en que se presentó el preacuerdo, también afecta los derechos y garantías de las víctimas, pues la conducta de que fueron objeto los tres ofendidos, terminaría sin un juzgamiento serio y adecuado, máxime cuando no fueron escuchados, dado que manifestaron la imposibilidad de asistir a la audiencia, tal y como lo informó la Fiscalía[3], sin que se desplegara ninguna otra actuación para su comparecencia. De otro lado, tampoco observa la Sala ningún pronunciamiento respecto a los 26 celulares incautados y de los cuales no se logró identificar a sus propietarios, obligación que recae en la FGN, tal y como lo prevé el artículo 90 del CPP y los derechos de las víctimas despojadas de los mismos (especialmente en lo que tiene que ver con la reparación - Ley 906 de 2004, art. 11).
29. Nuevamente, reitera la sala que admitir los términos de una negociación como ocurrió aquí, abre la puerta para que en todos los delitos la FGN, sin importar su gravedad, sujetos o víctimas, preacuerde u ofrezca cualquier tipo de negociación, convirtiendo esta posibilidad en un verdadero festín y degradando a los jueces a la condición de meras celestinas del delito[4].
30. Lo pactado por las partes en el presente asunto, además, olvidan o desconocen que los preacuerdos son para darle prestigio a la administración de justicia y no para desprestigiarla[5]. Si legislador dispuso, como criterio orientador general, que los preacuerdos que celebren las partes tienen como propósito aprestigiar la administración de justicia, ello significa, ni más ni menos, que cuando un acuerdo conduce al desprestigio de la judicatura, el mismo no debe ser aprobado porque atenta contra las bases mismas del sistema premial[6].
31. Siguiendo tal derrotero, la jurisprudencia enseña que “un preacuerdo elaborado de manera prolija y rigurosa debería expresar de manera precisa sus finalidades, lo relevante es que de su contenido material se deriven elementos de juicio que permitan ver de qué manera se concreta y aprestigia el valor justicia, en qué forma se consigue la humanización de la pena, cómo con el preacuerdo en verdad se soluciona el conflicto social generado por el delito y se provee eficazmente a la reparación integral de los perjuicios ocasionados por este, o, en fin, de qué manera con esta modalidad de la justicia premial el procesado logra participar en la definición del caso”[7].
32. También consideró que si “el aprestigiamiento de la justicia es la finalidad de los preacuerdos”, tal finalidad se lesiona cuando “el preacuerdo en estudio no configura otra cosa que el desconocimiento y la burla a cualquier intento de solucionar el asunto de manera justa, en la medida en que se desarrolló sobre una sumatoria de improcedentes beneficios que desconocieron la gravedad de los hechos objeto de acusación, y sus nocivas consecuencias” (negrilla agregada).
33. Así mismo, esta Sala de antaño ha destacado que la falta de control por parte del juez del preacuerdo conduce a que se presenten situaciones como la que aquí se ha estudiado. De seguir el desacertado criterio de la FGN lo que aquí se deriva es que ya no queda más que un paso para degradar un homicidio agravado en homicidio culposo, por ejemplo, con todas las consecuencias punitivas, de ejecución de la pena y la previsible prescripción de la acción penal.
34. La problemática de los preacuerdos ha sido fijada, entre otras, en decisiones de 8 de marzo de 2017, radicación 110016000019201602770 02[8], y 6 de abril de 2015, radicación 110016000017201412531 01[9] cuando se advirtió que se están presentando convenios que atentan y desconocen abiertamente la lógica, la sindéresis judicial y la dogmática jurídica:
(i). El único ejecutor de un delito de acceso carnal violento contra otra persona, es cómplice[10] y los jueces, desatendiendo la realidad fáctica, den vía libre a tan cuestionable forma de administrar justicia.
(ii). Que en contravía de la regla que impone el otorgamiento de un solo beneficio a los procesados, la FGN velada o subrepticiamente conceda muchos beneficios, como cuando además de reconocer la rebaja de pena omite imputar-acusar por otros delitos o agravantes evidentes que llevan a que la pena parta de los cuartos medios y no de los cuartos mínimos (situación que se presentó en un asunto en el que se afectó el gasto social pero no se imputó la causal de agravación correspondiente -Código Penal, artículo 58-1)[11], a menos que lo imputado sea objeto de principio de oportunidad o se deje pendiente para futura imputación.
(iii). Que en los casos de flagrancia, en los que la rebaja de pena por allanamientos a los cargos o preacuerdos de culpabilidad está reducida por mandato legal[12], se haga fraude a la ley y mediante vías evidentemente contrarias al expreso mandato legal se presenten preacuerdos en los que la rebaja de la pena sea mayor a la que se obtenga en los allanamientos.
(v). Estando definido el incremento patrimonial o lo apropiado, se acepte un preacuerdo en el que no se reintegra el 50% de lo apropiado ni se garantiza la devolución del porcentaje faltante, desconociéndose el expreso mandato del artículo 349 de la Ley 906 de 2004[13].
(vi). Que una tentativa de homicidio agravado ocurrida en una escenario de riña transmuta en tentativa de homicidio simple en exceso de la legítima defensa[14].
(vii). Sin importar la existencia de prohibiciones legales se preacuerda conceder subrogados penales o penas sustitutivas[15].
35. En fin, resulta poco juicioso darle viabilidad a un preacuerdo que no consulta la realidad fáctica y que, más bien, corresponde al capricho de la FGN de reportar el éxito en un proceso en el que lo único cierto es que se está regalando la imposición de una pena más benigna al cambiar sin fundamento el delito por el que se imputaron cargos.
36. Adicionalmente, el preacuerdo es fallido porque nada dice frente a los otros celulares que le fueron incautados a la procesada y la posible empresa criminal a la que pertenece Beatriz Nataly Bohórquez Gómez[16]. Si bien por ahora no ha sido posible identificar sus IMEI, el hallazgo de tales aparatos y la falta de demostración de un origen lícito, lo que ordinariamente se hace con facturas de compraventa, necesariamente imponen que la FGN establezca si eventualmente hacen parte del negocio transnacional del que se habla por el fiscal general, los medios de comunicación y si, eventualmente, en tal actividad está comprometida la imputada, como parte de una cadena concertada para delinquir en gran escala.
37. Igualmente, en la medida en que la procesada no explica la procedencia de los aparatos de comunicación y los mismos fueron hurtados en diferentes fechas y lugares, aparentemente surge un concurso de delitos de receptación. Ingenuo el delegado fiscal que pretende ocultar tal realidad.
38. Cuestión Adicional. La sala no puede pasar por alto que en publicación del periódico El Espectador del 4 de agosto de 2017, el Fiscal General de la Nación señaló que el bloqueo de IMEI no ha funcionado en el país porque el hurto de celulares continúa[17]. Destacó que mientras un celular robado en el país puede negociarse en US$200,00, en países como Argentina se pueden vender hasta por US$1.800,00, lo que deja una enorme ganancia que hace indomable la renta criminal[18].
39. En diferentes pronunciamientos el Fiscal General ha expresado ante los medios de comunicación su alarma por lo que ocurre con las redes criminales dedicadas a la cadena de delitos que ocurren alrededor del hurto de celulares, denotando así que la FGN tiene un compromiso serio y decidido frente a tal flagelo.
40. Sin embargo, lo que ocurre en el presente asunto es muestra de que o el Fiscal General tienen un discurso para la tribuna y otro muy diferente al interior de la propia FGN; o que las preocupaciones públicas del fiscal general no son las mismas inquietudes de la institución; o que cada delegado fiscal procede sin atender directrices o que lineamientos y políticas en materia de preacuerdos no existen para perseguir el crimen organizado detrás de la venta de celulares hurtados[19]; o que el delegado fiscal del presente asunto es una rueda suelta que hace lo que le viene en gana y busca que las empresas criminales dedicadas al negocio de celulares no resulten tocadas debidamente por la acción judicial.
41. Igualmente, en el sub examine resulta patente que el preacuerdo no aprestigia a la administración de justicia, por el contrario, la desacredita al permitir la impunidad derivada de un preacuerdo impúdico.
42. En consecuencia, se requerirá al Fiscal General de la Nación para que adopte las políticas, directrices, pautas o lineamientos que cumplirán los delegados fiscales en materia de preacuerdos y evite el festín e impunidad a los que tantas veces ha hecho referencia este Tribunal.
43. Compulsa de copias. Observa la Sala que contra toda la evidencia, indicativa de la posible ocurrencia de una conducta de receptación en concurso homogéneo y sucesivo[20], la FGN aligeró la carga de la acusada para cambiar el delito, para con ello facilitar una condena laxa que realmente debe ser vista como monumento a la impunidad, en tanto no hay correspondencia entre el acontecer fáctico y la calificación jurídica dada a los hechos.
44. Así las cosas, para la Sala resulta cuestionable y susceptible de investigación el proceder del delegado fiscal que intervino en la negociación, motivo por el cual compulsa copias, con destino al Fiscal General de la Nación, para que si a bien lo tiene lo investigue por el presunto delito de prevaricato[21], y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, para que examine la posible ocurrencia de graves faltas disciplinarias.
1°.- ABSTENERSE de conocer el recurso de apelación interpuesto por el defensor dentro del presente proceso.
2º.- REQUERIR al Fiscal General de la Nación, en los términos aquí señalados.
3º.- COMPULSAR las copias conforme se anunció.
4º.- ANUNCIAR que esta decisión queda notificada en estrados.
5º.- ADVERTIR que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
[1] Auto del 10 de abril de 2014, radicación 11001600015201210040 01 proceso contra Arlinson Ramírez Pillimue y otros.
[2] “El acuerdo o la negociación comporta… la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo”. Corte Constitucional, sentencia C-516/07. El mismo entendimiento ha sido reiterado por esta Sala de decisión, por ejemplo, Interlocutorio del 15 de mayo de 2017, radicación 110016000015201680077 01 proceso contra Jhonatan Stevens Dávila Aguilar y otros
[3] Ver folio 61 carpeta principal.
[4] Interlocutorio del 15 de mayo de 2017, radicación 110016000015201680077 01 contra Jhonatan Stevens Dávila Aguilar y otros.
[5] La ley procesal tiene previsto que los preacuerdos tienen como finalidad “humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso”. Igualmente, se impone que “el funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento”. Ley 906 de 2004, art. 348.
[6] “En el plano práctico, particularmente de cara a la sociedad, la legitimación del poder judicial deriva de factores como la sujeción de sus funcionarios al imperio de la Constitución (en estricto sentido, del bloque de constitucionalidad) y la ley; la adopción de decisiones libres de presiones e interferencias de naturaleza política, económica, religiosa, social; la administración pronta, recta, eficiente y eficaz de justicia, concepto que abarca la necesidad de aprestigiar el rol de administrador de justicia, mediante la toma de posturas éticas, probas y transparentes”. Cfr. Nota Editorial, Derecho Penal y Criminología, volumen 34, número 96, Bogotá, 2013, p. 9.
[7] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 28 de octubre de 2015, radicación 46831.
[8] Proceso Penal contra Michael Andrés López Urrego.
[9] Proceso Penal contra Sandra Milena Camelo Vargas.
[10] Con clara violación de reglas dogmáticas referidas al principio de accesoriedad, según el cual solamente se puede predicar la existencia de complicidad cuando existe y se establece la existencia de un autor. Dicho de otra manera: no hay cómplice si no existe autor.
[11] Cfr. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, auto de 24 de octubre de 2013, radicación 1100160000102201100526 01. En el referido asunto la FGN desbordó sus facultades como titular de la acción penal, actuó en contra del principio de legalidad que la gobierna y asumió funciones jurisdiccionales que no tiene, porque procedió irregularmente a degradar la imputación, concediendo indebidamente más beneficios al procesado Hipólito Moreno Gutiérrez, porque:
[12] Ley 1453 de 2011, artículo 57, modificatorio del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal… PARÁGRAFO: La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
[13] Distinta es la situación cuando resulta incierto el valor de lo apropiado, caso en el cual la problemática podría ser trasladada al incidente de reparación integral.
[14] Por ejemplo, Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, auto de 29 de octubre de 2016, radicación 11001600028201401628 02.
[15] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, auto de 8 de marzo de 2017, radicación 110016000019201602770 02.
[16] La prensa ha señalado que el hurto y posterior venta de celulares debe ser entendido como “un mercado negro, un emporio criminal que se proyecta por toda Latinoamérica, pero bien alimentado por clientes locales que no se detienen a pensar en que lo que están comprando está manchado de sangre. Ellos mueven este millonario negocio”. Cfr. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/celulares-se-pierde-la-guerra-118204 (2017/08/10).
[17] “Y aunque se deben reconocer esfuerzos como los de la semana pasada, cuando Fiscalía y Policía golpearon una red en la que delinquían 367 personas en siete países de la región y recuperaron 11.000 teléfonos, los resultados siguen siendo magros”. Cfr. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/celulares-se-pierde-la-guerra-118204 (2017/08/10).
[18] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-admitio-que-bloqueo-de-celulares-no-ha-ayudado-en-nada-articulo-706513 (2017/08/10).
[19] Las decisiones proferidas por esta Sala y que aquí se citan dar por cierta tal afirmación. La práctica muestra de que los delegados fiscales proceden en materia de preacuerdos a su antojo.
[20] La fiscalía reconoció que los 29 celulares marca Iphone iban a ser comercializados en Argentina, destino de la acusada, y que tres de ellos tenían denuncia por hurto.
[21] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 25 de noviembre de 2015, radicación 46688.
OFICIO DIRIGIDO AL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN INVITANDOLO A QUE SEÑALE LAS REGLAS O DIRECTRICES QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS FISCALES DELEGADOS A LA HORA DE SUSCRIBIR PREACUERDOS
Bogotá, 17 de agosto de 2017.
TSB-SP-APP-452/2017
REFERENCIA: SOBRE LOS PREACUERDOS QUE SUSCRIBEN LOS DELEGADOS FISCALES
Distinguido señor Fiscal General:
La Sala de Decisión Penal del Tribunal integrada por los Magistrados LUIS FERNANDO RAMÍREZ CONTRERAS y RAMIRO RIAÑO RIAÑO, presidida por el suscrito, reiteradamente ha expresado preocupación por los preacuerdos que se vienen perfeccionando por los delegados fiscales y la defensa en diferentes procesos.
En el asunto cuya providencia ahora se le hace llegar, resulta palmario que una es la postura pública que ante los medios de comunicación manifiesta el señor Fiscal General y otra, muy diferente, la que se plasma en el preacuerdo que allí se ha debatido.
Observamos que los fiscales delegados a la hora de suscribir preacuerdos están procediendo sin directrices o reglas que permitan constatar la existencia de una política por parte de la Fiscalía General en dicha materia.
Por lo anterior, respetuosamente se dispuso solicitar al señor Fiscal General que, si a bien lo tiene, en ejercicio de sus funciones proceda a diseñar las políticas o reglas que deben seguir y respetar los delegados fiscales a la hora de suscribir preacuerdos.
Anexo copia de providencia de 15/08/2017, radicación 110016000017201617648 01.
Publicado por DERECHO PENAL en 7:53 a.m.
Etiquetas: control material, impunidad, penas insultantes, Preacuerdos