Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-17793-de-febrero-12-de-1998-auto-17793-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920417d1cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-08-17 21:26:22
Document Index: 132109939

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 30']

﻿ AUTO 17793 DE FEBRERO 12 DE 1998
AUTO 17793 DE 12 DE FEBRERO DE 1998
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA, INHABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO, SANCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO, INHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:317 DE MAYO DE 1998, PÁG.583
Auto 17793 de febrero 12 de 1998
EXTRACTOS: «Debe precisar la Sala que de acuerdo con el precepto constitucional consagrado en el artículo 29, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, de lo cual fácilmente puede colegirse que si la falta se cometió antes de la vigencia de la Ley 200 de 1995 no podían aplicarse sus disposiciones a menos que, como la misma norma lo indica, le sean favorables.
El demandante alega que le es más favorable la Ley 13 de 1984 en cuanto la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo que se le aplicó no comporta como pena accesoria inhabilidad para el desempeño de cargos públicos; y según la providencia de la Procuraduría de 20 de octubre de 1996, se le aplicó la Ley 200 de 1995 considerando que “nos encontramos ante una hipótesis de favorabilidad, por cuanto la conducta disciplinable al tenor de la Ley 200 de 1995 no constituye falta gravísima sino grave...”. Examinar cuál de las dos leyes es más favorable al disciplinado, no es un análisis que pueda efectuarse con la simple comparación de normas, sino que es indispensable valorar la conducta del implicado frente a las disposiciones de uno y otro estatuto, lo cual excede el marco de la suspensión provisional.
Lo que sí puede determinarse ab initio es que la providencia de 20 de octubre de 1997 proferida por la Procuraduría General de la Nación, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 1078 de 6 de octubre de 1995 rebajó la sanción sin modificar la pena accesoria; en efecto en primera instancia se resolvió sancionar disciplinariamente al doctor L..., en su calidad de gobernador del departamento del Cesar con “destitución del cargo” y como consecuencia, inhabilitar al implicado para ejercer cargos públicos por el término de dos años. Al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 1078, se modificó la sanción principal de destitución imponiendo en su lugar suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 90 días y se confirmó la pena accesoria de inhabilidad, “por aplicación del artículo 30 de la Ley 200 de 1995 —numeral primero y parágrafo—, ...”.
El artículo 30 de la Ley 200 de 1995 dispone:
“Sanciones accesorias. Son sanciones accesorias las siguientes:
Y Cuando el servidor público sancionado preste servicios en otra entidad oficial, deberá comunicarse al representante legal de ésta para que proceda a hacer efectiva la inhabilidad”. (Se destaca).
Consagra la disposición transcrita que la inhabilidad es una sanción accesoria, sin señalar qué sanción principal comporta inhabilidad, por lo cual para imponerla sería necesario hacer remisión al artículo 17 de la Ley 13 de 1984, que consagra expresamente que sólo la sanción de destitución acarrea inhabilidad para el desempeño de funciones públicas.
En consecuencia, encuentra la Sala que existe notoria contradicción entre la citada providencia y el artículo 17 de la Ley 13 de 1984 aplicable, aún si la sanción se impuso dentro de los lineamientos de la Ley 200 de 1995, pues tal preceptiva no contempla, como se señaló anteriormente, cuándo procede la pena accesoria que mantuvo el superior como sanción. Si dicha pena accesoria de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 200 de 1995 sólo puede imponerse cuando la “sanción principal comporte inhabilidad”, mal podía el ente sancionador imponerla; por ello se suspenderá el aparte pertinente de la resolución de segunda instancia acusada.
Habrá entonces de accederse a la solicitud de suspensión provisional pero sólo en lo que se refiere a la sanción de inhabilidad del demandante para ejercer cargos públicos por el término de dos años, impuesta en la providencia de 20 de octubre de 1997 por la Procuraduría General de la Nación, pues respecto de la sanción de suspensión en el ejercicio de cargo, como se dijo anteriormente, es necesario valorar la conducta del implicado frente a la sanción que se le impuso».
(Auto de febrero 12 de 1998. Expediente 17793. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).