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Timestamp: 2017-06-23 21:01:22
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Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 121', 'artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 255', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 89', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1665', 'Artículo 1', 'Artículo 89', 'Artículo 62', 'Artículo 1', 'artículo 7', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 1']

2. ÉTICA PROFESIONAL Papel social del abogado. - PDF
2. ÉTICA PROFESIONAL Papel social del abogado.
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Josefina Alarcón Gómez
1 2. ÉTICA PROFESIONAL Papel social del abogado. El rol que el abogado cumple en la sociedad se puede visualizar como tradicionalmente se ha hecho, esto es, desde la perspectiva tradicional en su rol como defensor o asesor legal de su cliente, procurador, administrador o docente del derecho. Otro aspecto de ese papel es ver al abogado desde una lente no tradicional. En los últimos años estamos siendo testigos de un cambio legislativo de considerables proporciones. Este cambio, que responde a una cada vez mayor complejidad de las relaciones entre los individuos, es necesario, precisamente como salvaguarda de los derechos singulares de las personas. Cada vez se hace más preciso, para dotar de contenido al sistema de libertades y derechos proclamados por la Constitución, que la sociedad se encuentre mejor informada y mejor defendida. Históricamente el papel de nuestra profesión se ha justificado en cuanto considerarla como una actividad desarrollada para garantizar el Estado de derecho. La abogacía es considerada como protectora de los derechos de los ciudadanos frente al poder y como defensora de los intereses de esos mismos ciudadanos, individualmente considerados, desde la independencia. En esta vigésima primera centuria este papel tiene aún mayor trascendencia, puesto que se ha universalizado el acceso a la Justicia de los ciudadanos, lo que trae como consecuencia que los individuos socialmente considerados, quieran y deban recibir un asesoramiento jurídico acorde con la nueva realidad social, sin que por ello la abogacía pierda, sino todo lo contrario, las notas definitorias del papel histórico que ha venido desempeñando. Ese nuevo rol social de la abogacía debe proyectarse a dos tipos de situaciones: a. A las relaciones entre los ciudadanos y el poder público. b. A las relaciones de los abogados con los ciudadanos que desean comprometerse con causas de interés público.2 En cuanto al papel de los Colegios de Abogados hay que comentar que abran de poseer registros y fomentar la incorporación a ellos de aquellos letrados que deseen atender pro bono este tipo de casos. Así, esos abogados se podrán poner en contacto con los ciudadanos con vocación cívica dispuestos a actuar. Para ello será necesario informar a la comunidad de la existencia de este registro. De esta manera, poco a poco, la sociedad irá apreciando este nuevo y valioso rol social de la abogacía. Los Colegios deben de funcionar tal y como lo prescribe la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, ya que a la fecha, con muy contadas excepciones, han sido instituciones totalmente nulas, sin actividad y trascendencia en el campo del ejercicio profesional, generando un desorganización en el ejercicio de la abogacía. Hoy cualquier persona es abogado (coyote) y la profesión ha estado en caída libre en el ámbito del prestigio y trascendencia social. Los nuevos abogados deben de recomponer el camino, se requiere cambiar el proceso de enseñanza aprendizaje del derecho, se requiere reconstruir las currículas universitarias incorporando papeles más activos (mayor cantidad de horas) en materias como deontología, sociología, política y filosofía del derecho. Esta medida será complementada con el funcionamiento adecuado de los Colegios y Barras de abogados, adicionando finalmente, la figura de certificación anual a todos los abogados Conciencia moral del abogado y ética del abogado y jurista. 17 Para dar tratamiento a este tema, lo primero que hay que hacer, es comentar sobre la conciencia en general, para de ahí tener un marco conceptual que haga posible conocer algunos aspectos de la conciencia del abogado. La conciencia es un elemento del acto moral, por lo que esto hace necesario comentar algo respecto de este punto temático. 17 Este tema ha sido sacado casi textualmente de: RUIZ MONROY, Jesús Antonio; ob. cit.; pp. 36 a 40.3 El acto moral forzosamente tiene que ser producido y generado por el ser humano, sin embargo dentro de la actuación del individuo pueden generarse dos tipos de actos morales, unos que son los actos humanos y otros que son los actos del hombre, ( ) ( )Los primeros (los actos humanos), son aquellos en los cuales se encuentra presente una actividad reflexiva del hombre, es decir, se encuentran atrás de ellos la inteligencia, la voluntad, la conciencia, un ejemplo; los actos como escribir, leer, estudiar, discutir y criticar, por enunciar algunos. En cambio los segundos (los actos del hombre) son aquellos que no tienen como fundamento generador a la inteligencia, a la voluntad o a la conciencia, ya que son realizados en forma automática y totalmente mecánica, como por ejemplo, pisar, brincar, soñar, entre otros muchos más. Hay que agregar que al igual que un acto puede ser moral y éticamente correcto, también es probable que un mismo acto del individuo sea a la vez humano y del hombre, por ejemplo; un acto del hombre lo es pisar, pero si esta acción se ejecuta con la intención de matar una araña, entonces también resulta ser un acto humano. 18 Para este propósito se tomará como referencia las ideas que al respecto aporta Vargas Montoya 19. Etimológicamente conciencia proviene del vocablo latín conscientia, que quiere decir conocimiento o saber que es compartido por una persona con otra; la primera, es quien comparte ese conocimiento, tiene varios papeles que van a depender del caso de que se trate, ya que puede tener el carácter de testigo, confidente o cómplice. La conciencia es la razón o el entendimiento que se produce en diferentes situaciones o funciones, éstas últimas son las que dan origen a que existan varias funciones de la conciencia, por ejemplo: la conciencia psicológica, que es la intuición que tiene la mente de sus diversos estados psíquicos o anímicos, en este caso, la conciencia tiene un papel de testigo de la actividad consciente que despliega el ser humano. En algunas ocasiones se equipara a la conciencia con el término sindéresis, por lo que va a funcionar como la capacidad del ser humano para emitir un juicio con respecto a cuestiones de naturaleza moral, o bien el conocimiento que tiene aquel 18 RUIZ MONROY, Jesús Antonio; ob. cit.; pp. 32 a VARGAS MONTOYA; Samuel; Ética o Filosofía Moral; Porrúa; México; 1960; p. 89 a 954 sobre los principios morales; en otras situaciones puede otorgársele la función de naturaleza moral, apareciendo la conciencia moral, que es la que más nos interesa, y que puede conceptualizarse, como la cualidad que tiene el hombre para estructurar juicios sobre el valor moral de los actos humanos, con lo cual va a realizar una actividad implícita que es, distinguir entre lo que es bueno o malo; a todo lo anterior consideramos debemos de agregar la noción que de conciencia moral nos da Antonio Raluy Ballus, que dice así: El término conciencia, entendido en su uso ético designa la relación que es capaz de establecer el alma consigo misma, dando lugar a un tipo privilegiado de conocimiento, por la capacidad que ésta posee de autojuzgarse moralmente al distinguir y comprender el sentido axiológico de la conducta 20 Este mismo autor adiciona que la conciencia ética hace que nosotros los seres humanos (abogados) sean vistos y entendidos como personas individuales, puesto que es la parte más íntima del ser humano; toda persona cuando toma una decisión, por encontrarse facultada para ello y lo hace por lo valioso de esa decisión, eligiendo de forma crítica la norma más a doc al caso particular y concreto. De acuerdo con Vargas Montoya, la conciencia moral es el entendimiento o la razón, ya que lleva a cabo la formulación de juicios sobre el valor moral de los actos de los seres humanos, por tanto, todo juicio de valor implica la existencia de diversos momentos o tiempos, primero un espacio anterior a la formulación, un segundo, que comprende el momento de la formulación misma y un tercero que es el que sobreviene al anterior; en cada uno de estos espacios temporales la conciencia moral va a tener distintos papeles. En el primer momento la conciencia moral va a desempeñar una función de consejero, ya que predomina en el hombre un actividad intelectual sobre los distintos caminos que existen y que pueden seguirse para la obtención de lo que desea, en esta actividad intervienen tres agentes que proporcionarán las razones 20 RALUY BALLUS, Antonio; ob.cit.; p.66.5 en que se basa la selección y que son conocidas antes de que esta sea tomada; el primer agente a la norma moral con la cual el acto sobre el cual se decide estará en concordancia o no; el segundo agente, es el requerimiento o necesidad moral de hacer el bien y en vía de consecuencia eludir el mal y el tercer agente lo representa el poder moral de usar y de exigir los medios para que se cumpla con el contenido del segundo agente o sea el deber. En el segundo momento (la ejecución del acto), la conciencia moral con algunas excepciones (las crisis pasionales o cuando se monopoliza la atención por el acto mismo), va a tener el papel de generadora del sentimiento en el hombre, de que es un ser libre y responsable de su acción, y finalmente en el tercer momento, la conciencia tiene un papel de juzgador o ejecutor del fallo que se emita respecto a la acción que se ejecuta, generando con ello un cúmulo de sentimientos morales positivos o negativos, como por ejemplo, de satisfacción, alegría, tristeza, remordimiento, tranquilidad, arrepentimiento y orgullo entre otros muchos. Siguiendo al autor que se está parafraseando, en cuanto al campo de acción de la conciencia moral, sostiene que ésta abarca no solo a los actos humanos personales o particulares, en donde la libertad, la razón y el conocimiento se encuentra presentes, sino que también comprenderá a los actos humanos de nuestros semejantes, ya que nuestra conciencia también emite juicios y fallos sobre ellos. En relación a esto, es interesante realizar una observación tomando como base los comentarios de Montimer J. Adler 21, ideas que compartimos con éste autor y que se expresan para que sean reflexionadas teniendo que ser analizadas con un mayor detenimiento en otra ocasión. Adler comenta que el campo de la conciencia en manera alguna puede abarcar actos humanos de otros individuos sino solo los personales; y esto se debe a que nadie puede estar consciente de las ideas que tiene en su mente una persona distinta a nosotros, ya que son inaccesibles de manera directa, aunque de forma indirecta los podemos percibir a través de inferencias derivadas de lo que esos individuos nos digan, este es el motivo por el 21 Véase; ADLER, Montimer J.; ob.cit; pp. 27 a 306 que esas ideas ajenas a nosotros no pueden ser objetos de los cuales se pueda estar consciente, su naturaleza subjetiva (en cuanto que pertenecen a un sujeto extraño) hace que estén fuera del radio de acción de la conciencia inmediata, ya que esas ideas solo pueden ser objetos de esa persona y no de nosotros. En cuanto a los tipos o clases de conciencia podemos señalar que existen varios, que el mismo Vargas Montoya enuncia. El primero de ellos la conciencia recta o verdadera (cuando aprecia en su justo valor el acto moral); la conciencia errónea (cuando sucede lo contrario); perpleja ( cuando se encuentra indefinida entre dos obligaciones que no pueden cumplirse al mismo tiempo); escrupulosa (es aquella que con una aprehensión fundamentada en razones baladíes se teme que en un acto bueno existan elementos nocivos que lo conviertan en malo); laxa ( lo contrario a lo anterior); conciencia cierta (cuando se actúa sin que exista duda alguna sobre la moralidad de la acción), la dudosa (lo contrario a lo anterior) y la probable (cuando la moralidad de un actos es juzgada por la conciencia con base en los criterios de peritos en esos actos). En tema muy importante relacionado con este elemento del acto moral es el relativo a las reglas de la conciencia, son las que van a dar los parámetros y los criterios sobre los cuales la conciencia moral debe de funcionar y trabajar al estructurar los juicios de valor moral sobre los actos humanos que tienen trascendencia ética; esto para nuestros fines es verdaderamente importante, ya que estas reglas van a ser parte de la esencia sobre la cual va a descansar y cimentarse la ética profesional en general y en particular la del licenciado en derecho y lógicamente también la deontología Jurídica. El mismo autor referido en el párrafo anterior nos dice que existen tres clases de reglas o principios morales sobre los cuales se van a resolver los problemas derivados de la formulación de juicios de valor y de fallos, siendo estas: las reglas generales, las particulares y los llamados principios reflejos. A. Reglas generales. Dentro del primer tipo de reglas se encuentran a su vez dos, la primera dice así: Nunca es lícito obrar en contra de la propia conciencia, aún cuando sea invenciblemente errónea. Obrar de otro modo, sería proceder creyendo cometer7 una falta, la cual sería grave o leve, según la malicia que se le atribuya; 2. Nadie puede obrar en virtud de su conciencia, si no está moralmente cierto de que el acto es bueno(o indiferente). Obrar de otro modo, es ponerse en peligro de caer en falta. 22 B. Reglas particulares. Las hay para cada clase de conciencia: 1. La conciencia recta debe es observada en todo aquello que mande o prohíba; 2. La conciencia invenciblemente errónea debe de ser cumplida en lo que manda y seguirse en lo que permita, por ejemplo; mentir para ayudar al prójimo; 3. La venciblemente errónea no puede seguirse ya que el error es voluntario y revestido de culpa; 4. Conciencia perpleja. Se usa cuando la perplejidad se elimina por el estudio del problema, en caso contrario puede decidirse por lo que se crea causa mal menor. Si hay un equilibrio en las razones sobre las que se decide, la alternativa que se selecciones es la adecuada; 5. Conciencia escrupulosa y relajada. No debe de seguirse, son casos particulares difíciles, la solución puede estar en la obtención de un consejo prudente por parte de alguna persona capaz. 6. Conciencia dudosa. No es aceptable, ya que hacer uso indebido de ella sería tanto como ser indiferentemente el bien o el mal. C. Principios reflejos.- Son principios extrínsecos a lo que se trata de resolver y que permiten pasar de una actitud dudosa a una conciencia llena de certidumbre. Algunos de ellos son: 1. Una ley dudosa no genera obligación. Por lo que puede seguirse una opinión sólidamente probable; 2. En la duda hay que estar del lado de quien la sufre; 3. Un hecho se prueba no se infiere; 4. Un acto cuya falsedad no sea probada, es considerado como cierto y válido; 5. En caso existe la presunción de que existe un favor del superior (o interprete de la ley). 23 Vargas Montoya proporciona algunos medios para llegar a formar y en consecuencia adquirir una conciencia verdadera, cierta, ilustrada y recta en las personas (abogado) siendo los siguientes: 22 VARGAS MONTOYA, Samuel; ob.cit.; p Véase; VARGAS MONTOYA, Samuel; ob.cit.; pp.94, 95.8 1. Una seria ilustración moral y religiosa que nos pone al tanto de nuestras obligaciones; 2. Lectura cuidadosa de los buenos moralistas que analizan los actos humanos en su verdadero valor; 3. Frecuentación y trato con personas de buen criterio moral y la observación de su conducta; 4. La represión de las pasiones, que llegan a cegar la inteligencia y pervertir el corazón. El primer medio para asegurar una conciencia recta es procurar ser siempre dueño de sí mismo y la costumbre de vivir en la práctica de bien; 5. El recurso a los medios sobrenaturales que la religión enseña para asegurar el sometimiento de las tendencias inferiores, y reforzar la supremacía de lo espiritual Ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 26 de mayo de 1945 en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, su última reforma se publico en el DOF , Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, su última reforma fue publicada en el DOF , está conformada por setenta y tres artículos colocados dentro de 8 capítulos. Algunos de sus contenidos más importantes son los siguientes: El título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes, o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables. 25 Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio. Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado. El Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, que lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y oyendo el parecer 24 VARGAS MONTOYA, Samuel; ob.cit.; p Artículo 1 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional.9 de los Colegios de Profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para cada profesión, expedirá los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones. Para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente: 1.- Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta Ley; 2.- Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate. En caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente Ley será interpretada en favor de esta última, si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. Por lo que se refiere a las profesiones que implican el ejercicio de una función pública, se sujetarán a esta Ley, y a las leyes que regulen su actividad, en lo que no se oponga a este ordenamiento. Las disposiciones de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de orden común, y en toda la República en asuntos de orden federal. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, serán registrados, siempre que su otorgamiento se haya sujetado a sus leyes respectivas, de conformidad con la fracción V del artículo 121 de la Constitución. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados para la unificación del registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases: I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; II.- Reconocer para el ejercicio profesional en los Estados, la cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública y, consecuentemente, reconocer para el ejercicio profesional en el Distrito Federal las cédulas expedidas por los Estados.10 III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales, así como los de forma y contenido que los mismos deberán satisfacer; IV.- Intercambiar la información que se requiera; y V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del convenio. Por ningún concepto se registrarán títulos ni se revalidarán estudios de aquellos Estados que no tengan los planteles profesionales correspondientes. Dependiente de la Secretaría de Educación Pública se establecerá una dirección que se denominará: Dirección General de Profesiones, que se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas. La Dirección anterior formará comisiones técnicas relativas a cada una de las profesiones, que se encargarán de estudiar y dictaminar sobre los asuntos de su competencia. Cada Comisión estará integrada por un representante de la Secretaría de Educación Pública, otro de la Universidad Autónoma de México o del Instituto Politécnico Nacional en sus ramas profesionales respectivas y otro del Colegio de Profesionistas. Cuando en ambas instituciones educativas se estudie una misma profesión, cada una de ellas designará un representante. Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: I.- Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley. II.- Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el propio expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional; III.- Autorizar para el ejercicio de una especialización; IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; V.- Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; VI.- Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias de registro de títulos;11 VII.- Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación; VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean cumplir con el servicio social; IX.- Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada localidad; X.- Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que se imparta en cada uno de los planteles educativos; XI.- Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras; XII.- Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles de preparación profesional durante el año anterior; XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la Dirección. Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta Ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato. Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones se requiere: I.- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. II.- Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. Las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contenciosoadministrativos rechazarán la intervención en calidad de patronos o asesores técnicos del o los interesados, de persona, que no tenga título profesional registrado. El mandato para asunto judicial o contencioso-administrativos determinado, sólo podrá ser otorgado en favor de profesionistas con título debidamente registrado.12 Se exceptúan los casos de los gestores en asuntos obreros, agrarios y cooperativos y el caso de amparos en materia penal. La representación jurídica en materia obrera, agraria y cooperativa, se regirá por las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, Código Agrario, Ley de Sociedades Cooperativas y en su defecto, por las disposiciones conexas del Derecho Común. En materia penal, el acusado podrá ser oído en defensa por sí o por medio de persona de su confianza o por ambos según su voluntad. Cuando la persona o personas de la confianza del acusado, designados como defensores no sean abogados, se le invitará para que designe, además, un defensor con título. En caso de que no hiciere uso de este derecho, se le nombrará el defensor de oficio. Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que establece la ley de la materia, exceptuándose, a los gestores a que se refiere el artículo 26 de la Ley de la materia. La Dirección General de Profesiones podrá extender autorización a los pasantes de las diversas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un término no mayor de tres años. Para los efectos de lo anterior, se demostrará el carácter de estudiantes, la conducta y la capacidad de los mismos, con los informes de la facultad o escuela correspondiente. En cada caso darán aviso a la Secretaría de Educación Pública y extenderán al interesado una credencial en que se precise el tiempo en que gozará de tal autorización. Al concluir dicho término quedará automáticamente anulada esta credencial. En casos especiales podrá el interesado obtener permiso del Secretario de Educación Pública para prorrogar la autorización, por el tiempo que fije dicho funcionario. Para trabajos no comprendidos en los aranceles, el profesionista deberá celebrar contrato con su cliente a fin de estipular los honorarios y las obligaciones mutuas de las partes.13 2.4. Código de Ética profesional del jurista. Existen varios Códigos de Ética en el campo del ejercicio profesional del Abogado, por ejemplo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene uno; la Procuraduría General de la República tiene otro; el cuerpo de notarios públicos posee su propio código, etcétera. En este caso se ha escogido para este documento, el Código de Ética de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados tiene entre sus contenidos más importantes lo siguiente: Esencia del deber profesional. El abogado ha de tener presente que es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia; y que la esencia de su deber profesional es defender diligentemente y con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente. Defensa del honor profesional. El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesionales; no solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos la conducta reprochable de jueces, funcionarios públicos y compañeros de profesión, y hacerla conocer, sin temor, a las autoridades competentes o a los Colegios de Abogados, apartándose de una actitud pasiva. Honradez. El abogado debe obrar con probidad y buena fe. No ha de aconsejar actos dolosos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia. Abusos de procedimiento. El abogado debe abstenerse del empleo de formalidades y recursos innecesarios, de toda gestión puramente dilatoria que entorpezca injustamente el norma1 desarrollo del procedimiento y de causar perjuicios injustificados, aunque sea con pretexto de escrupulosa observancia de reglas legales. Cohecho. El abogado que en el ejercicio de su profesión coheche a un funcionario público o auxiliar de la administración de justicia, faltará gravemente al honor y a la ética profesionales. El abogado a quien conste un hecho de esta naturaleza, tiene el deber de hacerlo saber a su Colegio de Abogados, a fin de que éste proceda en la forma que corresponda.14 Aceptación y rechazamiento de asuntos. El abogado tiene libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar los motivos de su resolución, salvo el caso de nombramiento de oficio en que la declinación debe ser justificada. Al resolver, debe prescindir de su interés personal y cuidar que no influyan en su ánimo el monto pecuniario del negocio, ni el poder o la fortuna del adversario. No aceptará un asunto en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones, inclusive las políticas o religiosas, y cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de plantearlo o desenvolverlo, o en caso de que pudiera ver menoscabada su independencia por motivos de amistad, parentesco u otros. En suma, no deberá hacerse cargo de un asunto sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo. Los abogados que reciban una iguala, que presten servicios a virtud de un contrato de servicios exclusivos o que ejerzan la profesión como funcionarios públicos, estarán obligados en principio a aceptar todos los asuntos que se les encomienden, de la clase comprendida en el contrato que hayan celebrado o en el cargo o empleo que desempeñen; pero deberán excusarse de atender un asunto concreto cuando se encuentren en los casos de prohibición del párrafo anterior. Si el cliente, patrón o superior jerárquico no admitiere la excusa y el abogado confirmare, después de un sereno examen, que es fundada, deberá sostener enérgicamente la independencia que constituye un rasgo distintivo de la abogacía. Defensa de indigentes. La profesión de abogado impone defender gratuitamente a los indigentes, así cuando lo soliciten, como cuando recaiga nombramiento de oficio; el incumplimiento de este deber, si no median causas justificadas y suficientes de excusa, relacionadas con la actividad profesional que se cultive, el lugar de prestación de los servicios u otras circunstancias semejantes, es falta grave que desvirtúa la esencia misma de la abogacía. Defensa de acusados. El abogado tiene derecho de hacerse cargo de la defensa de un acusado, cualquiera que sea su opinión personal sobre la culpabilidad de éste; y, habiéndola aceptado, debe emplear en ella todos los medios lícitos para el mejor resultado de su gestión.15 Acusaciones penales. El abogado que tenga a su cargo la acusación de un delincuente, ha de considerar que su deber primordial es conseguir que se haga justicia, y no obtener la condenación. Secreto profesional. Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho del abogado. Es hacia los clientes un deber que perdura en lo absoluto aún después de que les haya dejado de prestar sus servicios; y es un derecho ante los jueces y demás autoridades. Llamado a declarar como testigo, debe el letrado concurrir a la citación y, con toda independencia de criterio, negarse a contestar las preguntas que lo lleven a violar el secreto profesional o lo expongan a ello. Alcance de la obligación de guardar el secreto. La obligación de guardar el secreto profesional abarca las confidencias hechas por terceros al abogado en razón de su ministerio y las que sean consecuencias de pláticas para realizar una transacción que fracasó. El secreto cubre también las confidencias de los colegas. El abogado no debe intervenir sin consentimiento del cliente que le confió un secreto, en algún asunto con motivo del cual pudiera verse en el caso de revelar o de aprovechar tal secreto. Extinción de la obligación de guardar el secreto. El abogado que sea objeto de un ataque grave e injustificado de su cliente, estará dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional y podrá revelar lo indispensable para su defensa. Cuando un cliente comunicare a su abogado la intención de cometer un delito, tal confidencia no quedará amparada por el secreto profesional y el abogado deberá hacer las revelaciones necesarias para prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro. Formación de clientela. Para la formación decorosa de clientela, el abogado debe cimentar una reputación de capacidad profesional y de honradez y evitar la solicitación directa o indirecta de clientes mediante publicidad o gestiones excesivas o sospechosas. Así, el reparto de tarjetas meramente enunciativas del nombre, domicilio y especialidad, o su publicación en directorios profesionales o en revistas especializadas, no suscita objeción; en cambio, la solicitación de asuntos por avisos o circulares o por entrevistas no basadas en previas relaciones16 personales, es contraria a la ética de la profesión. Toda publicidad provocada directa o indirectamente por el abogado con fines de lucro o en elogio de sí mismo, menoscaba la tradicional dignidad, de la profesión. Publicidad de litigios pendientes. El abogado no debe usar de la prensa para discutir los asuntos que se le encomienden, ni publicar en ella piezas de autos, salvo para rectificar cuando la justicia o la moral lo exijan. Aunque no es recomendable como práctica general mientras no esté concluido el proceso, podrá publicar folletos en que se exponga el caso, con apego a las constancias de autos, guardando siempre el respeto debido a los tribunales y funcionarios, a la parte contraria y a sus abogados, y usando el lenguaje mesurado y decoroso que exige la dignidad de la profesión. Si la publicación puede perjudicar a una persona, como cuando se tratan cuestiones penales o de estado civil que afecten la honra, los nombres se omitirán cuidadosamente. Empleos de medios publicitarios para consultas. Falta a la dignidad profesional el abogado que habitualmente dé consultas o emita opiniones por conducto de periódicos, radio o cualquier otro medio de publicidad, sobre negocios jurídicos concretos que se le planteen, sean o no gratuitos sus servicios. Incitación directa o indirecta a litigar. No va de acuerdo con la dignidad profesional, el que un abogado espontáneamente ofrezca sus servicios o dé opinión sobre determinado asunto, con el propósito de provocar un juicio o granjearse a un cliente; salvo cuando lazos de parentesco o íntima amistad lo induzcan a obrar así. Puntualidad. Es deber del abogado ser puntual en todos sus actos profesionales. Alcance del Código. Las normas de este Código regirán todo el ejercicio de la abogacía. De consiguiente serán aplicables cualquiera que sea la forma que revista la actividad del abogado; la especialidad que cultive; la relación existente entre el abogado y el cliente; la naturaleza de la retribución; y la persona a quien se presten los servicios. Aplicación del Código. En la observancia y aplicación de este Código se atenderá el espíritu de elevada moral y superior justicia que lo inspira. En consecuencia, al resolver sobre las quejas o acusaciones que se presenten por infracción de sus17 preceptos, se tomarán en cuenta todas las circunstancias del caso para determinar, en conciencia, si se ha violado dicho espíritu. SECCIÓN SEGUNDA Relaciones del Abogado con los Tribunales y demás autoridades Deber del abogado hacia los tribunales y otras autoridades. Debe el abogado guardar respeto a los tribunales y otras autoridades, y ha de apoyarlos siempre que injustamente o en forma irrespetuosa se les ataque, o se falte al acatamiento que manda la Ley. Cuando haya fundamento serio de queja en contra de un funcionario, el abogado debe presentar su acusación ante las autoridades competentes o ante su Colegio de Abogados. Solamente en este caso serán apoyadas tales acusaciones y los abogados que las formulen sostenidos por sus Colegios. Nombramiento de jueces. Es deber del abogado luchar por todos los medios lícitos porque el nombramiento de jueces se deba exclusivamente a su aptitud para el cargo y no a consideraciones políticas ni ligas personales, y también porque ellos no se dediquen a otras actividades distintas de la judicatura que pudieren privarlos de imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. Extensión de los dos artículos anteriores. Las reglas de los dos artículos anteriores se aplicarán respecto de todo funcionario ante quien habitualmente deban actuar los abogados en el ejercicio de la profesión. Limitaciones a ex-funcionarios. Cuando un abogado deje de desempeñar la judicatura o algún otro puesto público, no debe aceptar el patrocinio de asunto del cual conoció con su carácter oficial; tampoco patrocinará el que fuere semejante a otro en el cual expresó opinión adversa durante el desempeño de su cargo. Es recomendable que durante algún tiempo el abogado no ejerza ante el tribunal al que perteneció, o ante la dependencia oficial de que formó parte. Ayuda a quienes no están autorizados para ejercer la abogacía. Ningún abogado debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente autorizados para ejercerla.18 Salvo el caso de asociación o colaboración profesionales, amengua el decoro del abogada firmar escritos en cuya redacción no intervino, y la respetabilidad de su firma impide que la preste, sobre todo a persona no autorizada para ejercer la profesión. Influencias personales sobre el juzgador. Es deber del abogado no tratar de ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vínculos políticos o de amistad, usando de recomendaciones o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el convencer con razonamientos. Es falta grave entrevistar en lo privado al juzgador sobre un litigio pendiente de resolución, para hacer valer argumentos y consideraciones distintos de lo que consta en autos. SECCIÓN TERCERA Relaciones del Abogado con su cliente Atención personal del abogado a su cliente. Las relaciones del abogado con su cliente deben ser personales y su responsabilidad, directa, por lo que sus servicios profesionales no dependerán de un agente que intervenga entre cliente y abogado. Límite de la ayuda del abogado a su cliente. Es deber del abogado para con su cliente servirlo con eficacia y empeño para que haga valer sus derechos, sin temor a la animadversión de las autoridades, ni a la impopularidad; y no debe supeditar su libertad ni su conciencia a su cliente, ni exculparse de un acto ilícito atribuyéndolo a instrucciones del mismo. Aseveraciones sobre el buen éxito del negocio. Nunca debe el abogado asegurar a su cliente que su asunto tendrá buen éxito, ya que influyen en la decisión de un caso numerosas circunstancias imprevisibles, sino sólo opinar, según su criterio, sobre el derecho que lo asiste. Debe siempre favorecer una justa transacción. Responsabilidad del abogado. El abogado debe reconocer espontáneamente la responsabilidad que le resultare por su negligencia, error inexcusable o dolo, allanándose a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados al cliente. Conflicto de intereses. Tan pronto como un cliente solicite para cierto asunto los servicios de un abogado, si éste tuviera interés en él o algunas relaciones con las partes, o se encontrara sujeto a influencias adversas a los intereses de dicho19 cliente, lo deberá revelar a éste, para que, si insiste en su solicitud de servicios, lo haga con pleno conocimiento de esas circunstancias. Es gravemente indebido patrocinar o servir profesionalmente en cualquier forma a quienes tengan intereses encontrados, excepto cuando las partes lo autoricen en forma expresa, después de conocer plena y ampliamente las circunstancias del caso. Esta regla será aplicable tanto cuando el abogado preste servicios simultáneamente a los contendientes, como cuando intervenga en favor de uno después de haberlo hecho en pro del otro, aunque esto tenga lugar después de haberse separado del negocio por causa justificada o de haber sido relevado justa o injustamente por el cliente. Renuncia al patrocinio. Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado no podrá renunciarlo sino por causa justificada superveniente, especialmente si afecta su honor o su dignidad profesionales, o porque el patrocinio vaya contra su conciencia. A pesar de lo anterior, al renunciar no debe dejar indefenso a su cliente. Conducta incorrecta de un cliente. El abogado ha de velar porque su cliente guarde respeto tanto a los jueces y otros funcionarios, cuanto a la contraparte, a sus abogados y a los terceros que intervengan en el asunto, y porque no ejecute actos indebidos. Si el cliente persiste en su actitud reprobable, el abogado debe renunciar al patrocinio. Descubrimiento de impostura o equivocación durante el juicio. Cuando el abogado descubra en el juicio una equivocación que beneficie injustamente a su cliente o una impostura, deberá comunicárselo para que rectifique y renuncie al provecho que de ellas pudiera obtener. En caso de que el cliente no esté conforme, debe el abogado renunciar al patrocinio. Honorarios. Al estimar sus honorarios, el abogado debe recordar que su profesión lo obliga, ante todo, a colaborar en la aplicación del derecho y a favorecer el triunfo de la justicia, y que la retribución por sus servicios no debe constituir el fin principal del ejercicio de aquélla; tal retribución no ha de pecar por exceso ni por defecto, contrarios ambos a la dignidad profesional.20 Bases para la estimación de honorarios. Para la estimación del monto de los honorarios, el abogado debe atender a lo siguiente: I. La importancia de los servicios; II. La cuantía del asunto; III. El éxito obtenido y su trascendencia; IV. La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas; V. La experiencia, la reputación y la especialidad del abogado; VI. La capacidad económica del cliente; su pobreza obliga a cobrar menos y aún a no cobrar nada; VII. La costumbre del foro del lugar; VIII. Si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes; IX. La responsabilidad que se derive para el abogado de la atención del asunto; X. El tiempo empleado en el patrocinio; XI. El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto; XII. Si el abogado solamente patrocinó al cliente, o si también lo sirvió como mandatario; XIII. La posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos o de desavenirse con otros clientes o con terceros. Pacto de cuotalitis Solamente es admisible el pacto de cuotalitis celebrado sobre bases equitativas, teniendo en cuenta la posibilidad de no percibir los honorarios con sujeción a las siguientes reglas: I. La participación del abogado nunca ha de ser mayor que la del cliente. II. El abogado se reservará la facultad de separarse del patrocinio o mandato, y del mismo modo se establecerá la facultad para el cliente de retirar el asunto al abogado y confiarlo a otro; en estos casos, si el negocio se gana, el abogado tendrá derecho a cobrar una cantidad proporcional a sus servicios y a la participación convenida; si el negocio se pierde, el abogado podrá cobrar los honorarios comunes que se estimen devengados cuando el cliente le haya retirado el asunto sin causa justificada. Mostrar más
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