Source: https://psicolog.org/defensor-del-pueblo-andaluz.html?page=5
Timestamp: 2019-09-23 02:35:42
Document Index: 26959094

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 103', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 42', 'artículo 71', 'artículo 106', 'artículo 29']

Programa de Solidaridad - Defensor del pueblo andaluz
La capacidad contributiva y la potestad de Ordenanza fiscal de las Administraciones Locales.
2.5. Colectivos sociales desprotegidos.
Programa de Solidaridad.
En el año 2010, se han recibido bastantes consultas y quejas relativas al funcionamiento del Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que fue creado por el Decreto 400/1990, de 27 Noviembre, cuyas motivaciones, contempladas en su Exposición de Motivos, pueden ser consideradas plenamente vigentes, pues decía que, pese al esfuerzo realizado por los Poderes Públicos en nuestra Comunidad para conseguir la igualdad efectiva de todos los andaluces, persistían situaciones de marginación y desigualdad en nuestra región, que eran incompatibles con los principios de progreso y justicia social.
La marginalidad de algunos colectivos se presentaba fundamentalmente por las grandes dificultades, o imposibilidad en muchos casos, para acceder a un puesto de trabajo, dificultando, como consecuencia de ello, una plena integración social. Al objeto de aportar un mecanismo de solidaridad, se creaba el citado Programa. La filosofía que lo impregnaba, que se dirigía a los ciudadanos andaluces como sujetos activos de la sociedad, pretendía, a través de alguna de las medidas que habían de ser desarrolladas, la integración de las capas marginadas de la sociedad andaluza, con determinadas acciones positivas, en materia de Educación Permanente, Formación Profesional Ocupacional y reciclaje, participación en empleos temporales de las diferentes Administraciones Públicas para trabajos de interés social, e incluso, la posibilidad de acceder, en determinados supuestos, a viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler. Además de todo ello, si se daba el caso de no poderse llevar a cabo alguna de las acciones concretas de actividad social, la respuesta de la Administración Autonómica se dirigía a contribuir a la cobertura de las necesidades más esenciales del mayor número posible de personas, contemplándose para ello, en último término, un Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Este Decreto, fue sustituido por el Decreto 2/1999, de 12 de Enero, pues, tras años de experiencia, se planteó la conveniencia de revisar alguno de sus contenidos, especialmente en aspectos tales como las propias medidas, la agilidad administrativa y su seguimiento.
Este Decreto, configura al Ingreso Mínimo de Solidaridad como medida inicial, a partir de la cual, se podrán arbitrar otro tipo de acciones y medidas insertivas que desarrollen y capaciten a la unidad familiar beneficiaria, en materia de empleo, educación y vivienda, sin perder el carácter de medida de protección asistencial para aquellos sectores en los que la marginación y la desigualdad sean más patentes.
Así, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, comúnmente llamado “salario social”, consiste en una prestación económica mensual que se devengará a partir del día siguiente al de la fecha de la resolución por la que se efectúe su reconocimiento y su duración máxima será de seis meses.
Este Decreto fue posteriormente desarrollado en alguno de sus aspectos por la Orden de 8 de Octubre de 1999. Esta normativa ha venido cubriendo una importante demanda de la ciudadanía con carencias económicas y sociales.
Pues bien, en el año 2010, en el que la crisis económica ha seguido castigando de forma severa a los sectores sociales más vulnerables de nuestra sociedad, este Programa se convierte en una herramienta muy importante, capaz de llegar a muchas personas y familias afectadas por ésta y para las que esta ayuda sirve para subsistir en espera de que un cambio de las circunstancias, les haga salir de la situación de exclusión en la que se encuentran inmersas.
Esta situación de crisis económica ha supuesto un importante crecimiento de peticiones, así como que la Administración se haya visto obligada a aumentar los recursos para atenderlas sin que, en todos los casos, se haya percibido que la situación haya cambiado o mejorado para las personas demandantes.
En este sentido, casi sin excepción, en todas las consultas y quejas recibidas se ha planteado el tiempo excesivo de espera para el reconocimiento y/o la percepción de la ayuda. En un principio, parecía ser que las peores situaciones al respecto se estaban viviendo en las provincias de Cádiz y Málaga.
Todo ello nos llevó a incoar la queja 10/2419, tramitada de oficio, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, en garantía de los derechos y libertadas constitucionales, con la finalidad de investigar el funcionamiento del citado Programa de Solidaridad en nuestra Comunidad Autónoma, dirigiéndonos en demanda de información a Administración competente, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
A la fecha de elaboración de este Informe, se ha recibido ya la respuesta inicial de la Consejería citada que aún se encuentra pendiente de valoración.
No obstante, con ocasión de la tramitación de varias quejas individuales, en concreto la queja 09/6032, queja 10/0373, queja 10/2983 y queja 10/4058, hemos tenido ocasión de conocer el funcionamiento del Programa de Solidaridad en algunas de las Provincias Andaluzas, lo que ha dado lugar a que hayamos formulado Resoluciones consistentes en Recordatorio de Deberes Legales y Recomendaciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, Málaga y Sevilla, pues hemos constatado retrasos importantes en su tramitación que sitúan, en torno a los ocho meses, al menos en los casos individuales investigados en estos expedientes de queja, el tiempo que transcurre desde la presentación de la solicitud de concesión, hasta su reconocimiento mediante la pertinente Resolución de la persona titular de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
En las Resoluciones emitidas con ocasión de la tramitación de las citadas quejas, hemos efectuado, por un lado, unas Consideraciones comunes y el correlativo Recordatorio de Deberes Legales respecto a las normas de nuestro Ordenamiento Jurídico aplicables a todos los casos, así como Recomendación de actuación y, por otro, unas consideraciones y valoraciones concretas, circunscritas a las particularidades adicionales que presentaban algunas de las quejas a las que nos venimos refiriendo
Así, en todos los casos, eran aplicables, las siguientes normas:
Primera.- El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.
- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, pretende garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena Administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, debiendo ser también la actuación de la Administración proporcionada a su fines.
- El artículo 5.1.d) de la ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
- El artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que esta Institución vele para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.
Segunda.- La Normativa reguladora del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y Desigualdad, en concreto el Decreto 2/1999, de 12 de Enero. Fue en el año 1990 cuando se inició en Andalucía lo que actualmente se denominan “Rentas Mínimas de Inserción”; la filosofía contenida en este Programa tenía su apoyo fundamental en considerar a la ciudadanía andaluza como sujeto activo de la sociedad, desarrollándose medidas con clara vocación insertora, dejando en último término, las de carácter puramente asistencial.
En cuanto al procedimiento previsto para ello, en el artículo 19.3 de la Norma reguladora, se prevé que si transcurrido tres meses desde la presentación de una solicitud, no se hubiera dictado resolución expresa, podrá entenderse que ésta ha sido desestimada.
Tercera.- Como quiera que el Decreto 2/1999, no regula de forma pormenorizada determinadas cuestiones procedimentales de índole general, hemos de acudir a la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concreto al artículo 42.1 de la ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación y en los plazos vistos para ello (art. 42.2).
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este tipo de procedimientos, como hemos visto, es de tres meses, sin que el transcurso del plazo previsto, exima a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.
Asimismo, la desestimación por silencio que se produce en aplicación de la norma aplicable, sólo tiene como efecto el de permitir a las personas interesadas la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente; teniendo además como consecuencia, el que la obligación de dictar resolución expresa posterior al vencimiento del plazo, en estos casos, se adoptará por la Administración sin vinculación ninguna al sentido del silencio (art. 43 apartado 3, párrafo 2º y 4 .b)).
Finalmente, el derecho de la ciudadanía andaluza a una Buena Administración, conlleva el que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable, máxime cuando se trata de prestaciones o ayudas destinadas a sectores de población en los que la marginación y la desigualdad sean más patentes, esencialmente, ante la carencia de unos recursos económicos mínimos que garanticen la posibilidad de subsistencia y como medidas que tiene el carácter de protección asistencial.
A este respecto, esta Institución no puede olvidar el carácter de acción protectora y de respuesta asistencial urgente en los supuestos que se definen como especialmente afectados por la marginación y la desigualdad. Casos en los que la agilidad y eficacia en la tramitación y resolución de dichas ayudas son esenciales para cumplir los términos previstos en la normativa y satisfacer los solemnes objetivos que se proclaman, que no son otros que el de subvenir necesidades vitales básicas.
En consecuencia, a la vista de todo cuanto antecede, de acuerdo con lo establecido en el art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, consideramos oportuno formular a las anteriormente citadas Delegaciones Provinciales, Resolución común del siguiente tenor literal:
“Recordatorio de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 y 106.2 de la Constitución; art. 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, del Estatuto de Autonomía para Andalucía; art. 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía; art.19.3 del Decreto 2/1999, de 12 de Enero y artículos 42.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.
Recomendación. En orden a que se adopten las medidas necesarias para que los expedientes relativos al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y Desigualdad, Solidaridad, se resuelvan dentro de un plazo razonable y, en todo caso, dentro de los plazos legalmente establecidos”.
En cuanto a las respuestas dadas por las Delegaciones Provinciales de Cádiz y Sevilla a la Recomendación común formulada a las mismas, hemos de decir que si bien en los escritos recibidos se nos dice que se han adoptado las medidas oportunas para resolver en plazo los expedientes del Programa de Solidaridad, lo cierto es que no se nos expresan ni relatan las decisiones concretas adoptadas al respecto, por lo que les hemos comunicado que esta será una de las cuestiones objeto de valoración en la queja de oficio incoada y aún en trámite, a la que nos hemos referido al comienzo de este apartado.
Ya hemos mencionado que además de las cuestiones comunes analizadas, en algunas de las quejas mencionadas, se han suscitado otras adicionales que por su singularidad merece que nos refiramos a ellas. Para esto, en concreto, vamos a remitirnos a la queja 10/0373, en la que la persona interesada manifestaba que le hacía mucha falta acceder al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y Desigualdad, por cuanto que podía perder su casa a causa del impago de la hipoteca, era titular de familia monoparental, con trabajos temporales y sin derecho a percibir pensión compensatoria, en virtud de Sentencia de un Juzgado de Familia.
Tras iniciar la investigación oportuna, del informe que nos fue remitido por la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga se concluía que la compareciente presentó solicitud para acogerse a las ayudas reguladas en el Programa de Solidaridad de los Andaluces, con fecha 13 de Octubre de 2009, requiriéndosele la actualización del Certificado de Empadronamiento, en fecha de 12 de Abril de 2010.
Como quiera que al mismo tiempo se detectó que venía percibiendo el subsidio de desempleo, con vigencia hasta el 15 de Abril de 2010, se requirió de oficio al Servicio Público de Empleo, documentación acreditativa de la posible renovación del subsidio, recibiéndose el 19 de mayo, certificado del mencionado Servicio, en el que se constaba que la interesada era preceptora de la Renta Activa de Inserción, con efectos de 17 de Abril de 2010, y con vigencia hasta el 16 de Marzo de 2011, en cuantía de 426 euros.
Finalmente, con fecha de 27 de Mayo de 2010, la Comisión correspondiente propuso la denegación de la prestación económica, por superar el nivel de ingresos requerido.
Como quiera que el Decreto 2/1999, no regula de forma pormenorizada determinadas cuestiones procedimentales de índole general, hubimos de acudir a la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 71, respecto de la subsanación o mejora de la solicitud, en el caso de que la misma no reúna los requisitos exigidos, establece que se ha de requerir a las personas solicitantes, para que en plazo de diez días, que podrá ser ampliado a otros cinco, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
En el presente caso, se constataba que a la interesada se le requirió que aportase certificado actualizado de empadronamiento, casi a punto de cumplir los seis meses desde la presentación de la solicitud, aunque entendíamos que no se había tratado de una mejora o subsanación de la solicitud, por no haber aportado la documentación requerida en su día junto con aquella, por cuanto que la propia compareciente nos había manifestado que el citado documento sí lo aportó en su momento. A nuestro juicio, se había tratado de la necesidad de actualizar los datos para ver si reunía los requisitos exigidos y poder valorar la procedencia o no de concesión de la prestación a la que nos venimos refiriendo.
Igual podíamos decir de la necesidad de actualizar los datos económicos de la unidad familiar, con el agravante de que, tal como recogía la norma aplicable y su orden de desarrollo de 8 de Octubre de 1999, por la que se regula el pago del Ingreso Mínimo de Solidaridad, este ingreso se devengará a partir del día siguiente al de la fecha de la resolución por la que se efectúe su reconocimiento, y es que considerábamos que debido al tiempo transcurrido en la tramitación del procedimiento, parecía ser que una persona que inicialmente cuando presentó su solicitud probablemente sí podía reunir los requisitos exigidos para su reconocimiento, por lo dilatado de la tramitación, a la hora de emitir la resolución correspondiente, se había encontrado con que le había sido denegado el ingreso mínimo de solidaridad por superar los ingresos máximos permitidos para acceder al mismo, en el momento de la valoración posterior.
Así, pudimos concluir que si no se hubiera dejado transcurrir tan dilatado plazo de tiempo, desde la solicitud formulada y se hubiera resuelto en el plazo previsto para ello, no hubiera sido necesario solicitar el aporte de esta nueva documentación, ni la comprobación de los datos inicialmente declarados, a efectos de valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma aplicable.
Si analizamos el caso desde una perspectiva general, la consecuencia que se deriva es que la ciudadanía no tiene porqué verse perjudicada por la ineficacia de la Administración en la tramitación de los procedimientos legalmente establecidos, quedando por tanto dilucidar si la resolución tardía en este tipo de expedientes puede dar lugar a responsabilidad patrimonial, toda vez que la demora en la tramitación y resolución de este procedimiento, como en cualquier otro ámbito de la acción pública, no debe serlo en perjuicio de la persona interesada, pudiendo dar lugar a responsabilidad patrimonial si se dan los requisitos establecidos en el título X de la LRJAP-PAC (arts. 139 a 144), en relación con el artículo 106, apartado 2 de la Constitución, según el cual los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Así las cosas, la responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe ser en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo «de otro modo se produciría un sacrificio individual a favor de una actividad de interés público que debe de ser soportada por la comunidad».
En el presente caso, la consecuencia que de todo ello se derivaba es que si la interesada al término del plazo previsto legalmente para resolver este procedimiento, fijado en tres meses desde la presentación de la solicitud, reunía todos y cada uno de los requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho a percibir el ingreso mínimo de solidaridad y a causa de la demora en la resolución, sus circunstancias económicas se habían visto modificadas al haber accedido a otro tipo de prestación, a causa de lo cual se le había denegado aquel, se le ha podido perjudicar en su derecho a acceder al citado ingreso, conforme a la normativa aplicable.
Llegamos a la conclusión de que de la información obrante en el expediente se desprendía el transcurso de más de siete meses, desde que por la interesada se formuló solicitud para acogerse al Programa de Solidaridad, en fecha de 13 de Octubre de 2009, hasta que se propuso por la Comisión de Valoración la denegación de la prestación. Para la resolución de este tipo de procedimientos, la normativa aplicable prevé un plazo máximo de tres meses, siendo el sentido del silencio de carácter desestimatorio, sin que ello suponga eximir a la Administración competente de dictar la correspondiente resolución expresa.
Por otra parte, la dilatada tramitación del procedimiento, había dado lugar a la necesidad de actualizar los datos aportados inicialmente para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el momento de la valoración y resolución, con lo que se había ocasionado un perjuicio a la reclamante, por cuanto que si en un principio pudiera ser que reuniera los requisitos para su concesión, por el transcurso del tiempo, al haber accedido a otro tipo de prestaciones, se había encontrado con que le ha sido denegado el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
En por ello que hubimos de formular Recomendación adicional en orden a que, tras la comprobación de que la interesada reunía al término del plazo de tres meses para resolver sobre su solicitud, los requisitos exigidos para que le hubiese sido reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad, se iniciara de oficio expediente de responsabilidad patrimonial, a efectos de valorar el perjuicio que haya podido causársele con ocasión de la demora en la resolución del procedimiento que, finalmente, concluyó con resolución denegatoria, al no reunir ya en el momento de la valoración, los requisitos exigidos al haber cambiado las circunstancias económicas de la unidad familiar.
A la fecha de redacción de este Informe Anual, hemos recibido la preceptiva respuesta de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga a la Resolución formulada, en la que si bien dice estar de acuerdo con la Recomendación consistente en que se adopten las medidas necesarias para que los expedientes relativos al Programa de Solidaridad, se resuelvan dentro de un plazo razonable y, en todo caso, dentro de los plazos legalmente establecidos, sólo admite que en algún supuesto, excepcionalmente, se haya producido el incumplimiento de algún plazo, lo que justifica en la posibilidad de acumulación de trabajo existente, o a otras circunstancias de fuerza mayor.
En cuanto a la segunda de las Recomendaciones, la Delegación discrepa del criterio de esta Institución y considera que no procede iniciar de oficio expediente de responsabilidad patrimonial, toda vez que entiende que si se ha ocasionado alguna lesión de sus derechos a la reclamante, la misma no es imputable a la Administración de la Junta de Andalucía, que, si bien demoró el plazo para resolver, ello fue debido a la insuficiencia de la documentación presentada, por lo que había necesidad de actualizarla para poder resolver.
Argumenta también que, independientemente de ello, al ser un procedimiento reglado, en el que se establece un plazo máximo para resolver de tres meses, trascurrido el cual, se considera desestimada la solicitud por silencio administrativo, al no haber hecho uso la reclamante de las vías de recurso, como instrumentos de protección jurídica de sus intereses, entienden esta dejación de su derecho de defensa de los mismos, como una conformidad con la actuación administrativa y por tanto, decaído el derecho que pretendía hacer valer al dirigirse a esta Institución.
A la vista de la información recibida, esta Institución tiene previsto trasladar a la citada Delegación la siguiente valoración: En primer lugar, respecto de la primera de las respuestas, al menos en este expediente, se ha constatado un retraso considerable en emitir la resolución pertinente, al igual que en otras Delegaciones Provinciales, que no creemos que sea excepcional y hecho éste que tendremos ocasión de valorar en el queja de oficio que esta Institución tiene en curso de investigación, sobre el funcionamiento de este Programa.
En segundo lugar, insistimos en que, en este caso, parece ser que no es que no se hubiera presentado la documentación pertinente junto con la solicitud, sino que dado el tiempo transcurrido desde aquélla, surgió la necesidad, a la hora de proceder a la valoración, de actualizar algunos de los datos aportados en su día.
En tercer lugar, hemos de insistir, en que el transcurso del plazo previsto en el procedimiento para resolver, no exime a la Administración de dictar la resolución expresa que legalmente proceda en cada supuesto y que la presunción de desestimación que la norma atribuye al hecho de que transcurra el plazo de resolución, sin que ésta se haya producido, solo tiene como efecto el que la persona interesada pueda interponer el recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente, en el caso de que no quiera esperar a la Administración cumpla con su obligación de resolver expresamente.
El hecho de que la reclamante no interpusiera en su día los recursos administrativos o contencioso procedentes, contra la desestimación por silencio al transcurrir el plazo sin haberse resuelto su solicitud, estimamos que, en ningún caso, puede entenderse, tal como interpreta esa Delegación, como dejación de su derecho a defender sus intereses y por tanto, como una conformidad con la actuación administrativa, por cuanto que la ciudadanía interesada en los procedimientos administrativos, tiene derecho a que la Administración cumpla con su obligación de emitir resolución expresa, aunque sea extemporánea y, por tanto, a esperar a que se produzca la misma, dado que ésta, no podrá verse vinculada, en ningún caso, por el sentido del silencio que hubiese previsto la norma que sea de aplicación.
Finalmente, hemos de recordar también, que conforme al Capítulo I del Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, que lo desarrolla, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial entienda que se han producido lesiones en los bienes y derechos de los particulares siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, procederá la iniciación de oficio del referido procedimiento.
En consecuencia, a la vista de todo ello, procederemos a incluir el presente expediente de queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, al considerar conforme al artículo 29, apartado 2 de nuestra Ley reguladora que, siendo posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.
En este apartado exponemos la tramitación de las actuaciones hincadas de oficio por la Institución con relación a la toma en consideración en el ejercicio de la potestad de ordenanza derivada de las Administraciones Locales en el ámbito de la tributación municipal; conforme a las previsiones de supervisión del ejercicio de la potestad tributaria de los municipios andaluces que se anticipaban en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía correspondiente al ejercicio de 2008, presentado por el Defensor a la Cámara.
Así la Institución promovía de oficio la queja 10/2303 (en relación con el Ayuntamiento de Algarrobo; de Málaga); la queja 10/2418, (Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en Sevilla); queja 10/2421, (Ayuntamiento de Níjar; en Almería); la queja 10/2548 (Ayuntamiento de Antequera, Málaga); y, la queja 10/2588 (Ayuntamiento de Lebrija, en Sevilla).
En todas ellas, tras tener conocimiento por noticias publicadas en prensa o por las publicaciones en los respectivos Boletines Oficiales de cada Provincia, de la aprobación inicial o definitiva de algunas de las Ordenanzas de más generalizada aplicación, como pudieran ser las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas de recogida de residuos urbanos, cuya exacción es necesaria -como es de todos conocido- tras el establecimiento del servicio, solicitábamos informe a las Alcaldías sobre el procedimiento seguido (y copia de las actuaciones más sustanciales del mismo) y sobre el establecimiento o inclusión de previsiones respecto de la capacidad económica y contributiva de los sujetos pasivos obligados al pago de aquellas tasas tan generalizadas.
Las distintas Administraciones consultadas nos fueron remitiendo sus respuestas en plazo contenido la información y documentación que habíamos solicitado (Proposiciones de las Alcaldías, Propuestas de las Delegaciones de Hacienda de los respectivos Ayuntamientos; Memorias económico- financieras; Informes de Intervención; Certificados de Acuerdo y Publicaciones en el Boletín Provincial respectivo).
Algunas de las contestaciones recibidas evidenciaban el adecuado procedimiento seguido y el establecimiento de las medidas que en aras de los principios consignados en el Art. 31 de la Constitución, nos tocaba promover; así en el caso de los Municipios de Algarrobo, nos había respondido enviando la documentación instada e informándonos del establecimiento de ayudas a determinados sectores de población (pensionistas y familias numerosas); Antequera y Lebrija, nos remitían la documentación que les solicitamos y, nos informaban que tenían establecidas reducciones y bonificaciones en línea con lo propugnado desde la Institución.
En todos estos casos cerrábamos nuestras actuaciones como en vías de solución y como no existencia de irregularidad.
En el caso de los Municipios de Níjar (Almería) y Morón de la Frontera (Sevilla), con alcance general y en cada expediente debimos formular Resolución por nuestra parte (queja 10/2418 y queja 10/2421) vez estudiado el informe y la documentación que se nos hacía llegar, en los que no se evidenciaba respecto de la Ordenanza que estábamos analizando que se hubieran establecido medidas de tratamiento de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos en los sectores sociales más necesitados, razones por las que procedimos a formular las siguientes Consideraciones:
“En primer lugar, con relación al procedimiento, hemos de señalar que el mismo figura establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo).
Respecto del requisito de Memoria económico-financiera, cabe señalar -con alcance general que resulta necesaria para justificar la adecuación al Ordenamiento de las Ordenanzas Fiscales y de las modificaciones sustanciales de las mismas. La Jurisprudencia así lo viene declarando: “El estudio económico financiero cuando se trata del establecimiento o restablecimiento de una tasa, no puede merecer la calificación de mero requisito formal que debe preceder a la aprobación de una ordenanza fiscal, y, que por eso mismo, es perfectamente subsanable como si se tratara de un simple defecto de forma cuya ausencia no priva al acto – Ordenanza- de los requisitos necesarios para alcanzar su fin o como si, por ello, pudiera convalidarse mediante subsanación de sus defectos. Por el contrario, se trata de un instrumento de principal importancia para la determinación directa de la cuantía de la deuda tributaria, habida cuenta que el calculo de las bases imponibles y la determinación de los tipos de gravamen de penderá sin duda de las conclusiones a que se lleguen a la hora de valorar la relación costes globales e ingresos referentes a la prestación de la actividad o servicio de que se trate. Es lógico pues, que si cualquier elemento que directamente coadyuve a la determinación de la deuda tributaria está sometido al principio de reserva de ley y las ordenanzas fiscales desempeñan un papel que trasciende de la mera colaboración reglamentaria admitida por aquel principio cuando se trata de los ingresos de derecho público de las Corporaciones Locales... no puede llegarse a otra conclusión que a la de que el estudio económico-financiero dirigido a concretar la relación coste de la tasa coste del servicio debe preceder a la efectividad del de aplicación de la primera, esto es, a su vigencia“. (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de Marzo, de 1999).
Tanto es así que en los recursos indirectos contra las Ordenanzas con ocasión de la impugnación de liquidaciones efectuadas o practicadas en su aplicación, cabrá invocar o ausencia, o deficiencia en el informe técnico económico y si se verifica la referida irregularidad, se podría obtener la nulidad de la liquidación (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de Noviembre de 1999 y, de 19 de Mayo de 2000).
Conforme interpreta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Granada) la memoria o informe económico-financiero es igualmente necesaria no sólo en los casos de establecimiento de Ordenanzas Fiscales, sino también, en los casos de modificación sustancial de las mismas. (Sentencia del TSJA de 15 de Octubre de 2001).
En cualquier caso y, al margen de los aspectos procedimentales generales, sobre los que hemos expuesto las anteriores consideraciones, entrando a analizar el contenido material de la modificación de Ordenanzas Fiscales aprobada, respecto a la de Recogida domiciliaria de basuras o residuos urbanos, cabe resaltar lo siguiente:
Según el art 31 de la Constitución Española, es un deber de todos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, pero de acuerdo con la capacidad económica de cada cual. Este principio junto al de igualdad y progresividad, no son respetados cuando no se tienen en cuenta las características personales de los contribuyentes. El sistema tributario, en ningún caso debe ser confiscatorio, según establece el mismo precepto de la Carta Magna. Aunque este trato beneficioso pudiera parecer contrario al principio de igualdad, reiteradamente se ha señalado que igualdad es tratar de forma distinta los casos que no sean iguales.
En la modificación de las Ordenanzas Fiscales aprobada por ese Ayuntamiento -en concreto en la de recogida de basuras y, en línea con lo que venimos propugnando desde esta Institución, observamos que colectivos más desfavorecidos, como pueden serlo la tercera edad o desempleados no cuentan con un trato más acorde a su situación (tarifa reducida).(...) Siendo deseable que en las Ordenanzas Fiscales Generales reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, se establecieran, si no lo hubiere llevado a cabo ya el Municipio cuyo Ayuntamiento V.S. preside, aquel tipo de exenciones, reducciones o bonificaciones, ampliándolas a otros sectores sociales desfavorecidos o necesitados de ayuda: discapacitados, pensionistas y jubilados, familias numerosas; etc”.
El Ayuntamiento de Níjar (expediente de queja 10/2421) en respuesta a nuestra Resolución, nos informaba expresamente sobre la aceptación de la Sugerencia formulada y la previsión de establecimiento de las medidas que propugnábamos. En consecuencia cerrábamos las actuaciones con el mismo teniendo por aceptada la Resolución.
Sobre la base de lo anteriormente actuado y que se ha expuesto, en la queja 10/2418, promovida de oficio, formulábamos Resolución a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) en el modo siguiente:
Sugerencia, en el sentido de que, al margen de las bonificaciones incluidas para los establecimientos comerciales se establezcan a la mayor brevedad y para que resulten de aplicación cuando legalmente sea posible, si no lo hubiere efectuado ya el Ayuntamiento, aquel tipo de exenciones, reducciones o bonificaciones, ampliándolas a otros sectores sociales, desfavorecidos o necesitados de ayuda; con plena observación del principio de “capacidad económica” (Art 31 de la Constitución), adoptando para ello las iniciativas y acuerdos procedentes.
Por su parte el Ayuntamiento manifestaba el establecimiento de medidas de tratamiento fiscal acordes con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos beneficiarios, en atención a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria de aplicación y en las Ordenanzas Fiscales Municipales, da algunas tasas municipales, pero nada nos indicaba sobre la aceptación o no de lo que habíamos resuelto –en aquellas concretas actuaciones- respecto de la Ordenanza Fiscal relativa a la tasa de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
Por ello, aun cuando felicitábamos a la Corporación por el tratamiento fiscal adecuado al principio de capacidad contributiva y al Ordenamiento Tributario que se evidenciaría mediante la incorporación de tales medidas a las Ordenanzas Fiscales que nos relacionaba (tasas de determinadas licencias de obras; de apertura de establecimientos, de expedición de documentos; etc.), debimos poner de manifiesto a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento concernido que: “desearíamos que igual tratamiento se incluyera en la referida Ordenanza Fiscal de la tasa de recogida y tratamiento de residuos, que es aquélla por la que habíamos iniciado las presentes actuaciones.
Nada se nos informa al respecto de la misma en escrito de respuesta de esa Alcaldía, por tal motivo, considerando que se produce discrepancia técnica respecto al contenido de nuestra Resolución, damos por finalizadas las actuaciones indicándole que el expediente será reseñado en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, haciendo mención de la respuesta recibida desde esa Administración”. Procediendo al cierre de actuaciones por nuestra parte, sin más trámite que la presente reseña de la discrepancia surgida.
El Ayuntamiento de Níjar (expediente iniciado de oficio queja 10/2421) en respuesta a nuestra Resolución, nos informaba expresamente sobre la aceptación de la Sugerencia formulada –en similares términos- y la previsión de establecimiento de las medidas que propugnábamos.
En consecuencia cerrábamos las actuaciones con el mismo teniendo por aceptada la Resolución.
El Estatuto de Andalucía del 2006, recogía un amplio elenco de derechos a través del Título I de Derechos, Deberes y Políticas Públicas que requieren de un desarrollo normativo que, de haberse producido, podrían haber evitado muchas de las situaciones que en estos momentos encontramos en la sociedad andaluza.
En él se contempla una serie de artículos que fundamentan e incluso desarrollan áreas importantes y actualizadas de lo que podemos denominar políticas de bienestar social, que son en estos momentos garantía para aquellas personas que están sufriendo de una forma descarnada los efectos de la crisis económica, que está llegando a ser social, y que podrían tener cubiertas sus necesidades básicas o, al menos, ver paliados sus efectos, si se hubiera producido un mayor desarrollo de éstas.
La crisis adopta la forma del contexto, del escenario, y por tanto se presenta como el gran condicionante de aquello que esté implicado en el mantenimiento y/o cambio de los pilares del devenir vital de las personas. El tamiz de la crisis filtra hoy muchas de los acontecimientos y situaciones y sus efectos resultan demoledores para muchas familias.
Debido a estas circunstancias, son cada vez más los sectores sociales que acuden a la Institución demandando nuestra intervención y donde resulta clave una actuación organizada, sobre todo cuando vemos como algunas políticas sociales parecen peligrar, así como otras, que tenemos reconocidas, en nuestro marco normativo, parecen quedar de momento invernando en espera de un cambio de la actual coyuntura económica. Nos referimos a la Ley de Inclusión Social; a la necesidad de articular un nuevo Plan de Inclusión Social, ya que el anterior concluyó en el 2006; la necesidad de una nueva Ley de Servicios Sociales que contemple un mayor desarrollo de la ordenación funcional y territorial de los Servicios Sociales y la existencia de cartera de prestaciones y servicios como consecuencia del desarrollo de ésta.
Todas ellas, son medidas necesarias para nivelar las actuales desigualdades sociales existentes, así como para garantizar una cobertura de mínimos y de prestaciones.
Si algo debemos destacar en el año 2010, es que a los sectores que llevan años en esta situación y que se encuentran atrapados en los círculos de la exclusión, se unieron otros que, en principio, debemos definir como sectores normalizados, que a consecuencia de la pérdida del empleo, de la vivienda en muchos casos, o a la desestructuración familiar, en otros, se vieron abocados a situaciones de vulnerabilidad y de exclusión que, una vez dentro, encuentran dificultades para salir.
Si algo se ha puesto de manifiesto en este proceso de incorporación de amplios sectores a la exclusión social, es un mayor debilitamiento del sistema de protección de la ciudadanía debido a que se han limitado el número y cuantía de las ayudas, así como por el incremento y demandas de éstas.
No en todos los casos los municipios han dedicado los recursos necesarios para atender a ésta, lo que ha llevado a muchas familias a situaciones límites de supervivencia que vemos recogidas en muchas quejas.
Parece obvio que la financiación para la atención de los Servicios Sociales ha sido y es insuficiente, y las propias Entidades Locales, que han visto reducidos los costes de financiación en esta materia por el actual Sistema de Atención a la Dependencia, no han derivado éstos, en muchos casos, a atender las situaciones de emergencia social que han surgido a lo largo de este periodo.
Por ello, resulta ahora más que nunca necesario, establecer políticas que vengan a impedir el incremento de las situaciones de exclusión, al mismo tiempo que se refuercen otras que ayuden a la inclusión social y así evitar la cronificación presente en determinados grupos sociales, sin olvidar aquellas que tienen como objetivo prevenir situaciones claves en el actual momento.
En relación al número de quejas presentadas en materia de políticas inclusivas en el año 2010, éste fue 62, a las que habría que añadir los expedientes abiertos y que provenían del año 2009, y sobre las que intervinimos a lo largo del año.
En cuanto a las temáticas abordadas, las hemos agrupado en base a la importancia de las cuestiones tratadas y al número de éstas.
En relación a la crisis económica, ésta ha tenido una importante repercusión en el contenido de las quejas, ya que el impacto en distintas esferas de la vida repercute por igual en las áreas social, familiar y personal. En muchas ocasiones, situaciones de vulnerabilidad tradicionales como son la edad, condición de género, lugar de procedencia o precariedad laboral, se suman a la coyuntura que suponen las dificultades económicas, provocando una mayor brecha social.
Como efecto inmediato de ésta ha sido para muchas familias la pérdida del empleo, el excesivo endeudamiento y con ello la perdida de la vivienda. Otro aspecto que venimos a destacar, relacionado con el anterior, es la falta de respuestas a la ingente demanda que llega a los Servicios Sociales Comunitarios, así como el hecho de no tener reconocidas las prestaciones como derecho subjetivo y, por último, un grupo en el que incluimos las persona sin hogar y que clasificamos como personas en situación de exclusión severa. Son éstos los que requieren de una mayor atención debido a la existencia de patologías sociales diversas que les han llevado a esta situación y para los que existen escasos dispositivos y recursos, y cuando existen, adquieren un modelo de intervención que se asemeja más a un servicio social especializado, con limitaciones y normas internas difíciles de cumplir y aceptar por los propios usuarios, lo que les lleva de nuevo a lo que parece un destino inexorable y al que nos resistimos a aceptar.
En el primer grupo de quejas, encontramos aquéllas promovidas por familias afectadas por la crisis económicas. En ellas observamos cómo la pérdida del empleo supone la pérdida de la vivienda, debido al impago de las hipotecas y/o la imposibilidad de hacer frente a éstas. Situación que, en algunos casos, perdura cuando la cuantía de la deuda supera el valor de tasación realizada en el momento de recompra, dejando una deuda que para muchos supondrá el empobrecimiento absoluto de sus vidas.
Referido al tema de pérdida de vivienda o la existencia de infravivienda, nos encontramos un elevado número de quejas que abordan situaciones diversas. De ella destacamos la queja 10/3511, en la que una señora de una localidad de Sevilla nos refería toda una serie de hechos que desencadenaron un proceso de desahucio de la vivienda que compartía con dos hijas.
En la descripción de los acontecimientos que desencadenaron esta circunstancia, nos hacía un detallado informe de los problemas surgidos con su esposo, cuando éste, a comienzos de 2007, le comenta que el cambio de humor se debe a las deudas contraídas con una entidad bancaria. En ese momento, ella había empezado a trabajar a media jornada y le habían prometido aumentarle a jornada completa, más adelante. Sin embargo, su esposo no aceptaba que tuviera que trabajar y empieza éste a ausentarse por largos periodos de tiempo del hogar, haciéndole entrega de pequeñas cantidades de dinero para el sostenimiento de la familia.
En el mes de Marzo, el marido deja de ingresar dinero y ella debe vivir con los ingresos de su trabajo. Pasado unos meses, consigue mejorar su situación económica al ampliarle la jornada laboral, aunque las deudas, en ese momento, son muchas y los ingresos obtenidos no permiten hacer frente a las mismas.
A mediados de 2009, el marido pierde el empleo y decide volver a casa con el compromiso de cambiar. Pasado un breve periodo de tiempo la situación de la pareja empeora y éste abandona de nuevo el hogar, con lo que queda desasistida económicamente y debiendo hacer frente a todos los gastos y deudas.
El banco le solicita el pago de la deuda o el desahucio de la vivienda. Al no poder hacer frente al pago de la cantidad adeudada (31.894 €.), recibe del juzgado un requerimiento judicial que le conmina en el sentido expuesto, y es en ese momento, cuando se dirige a nosotros.
En estos casos, nos dirigimos a las entidades bancarias ofreciéndoles la posibilidad de mediar entre las personas demandantes y la entidad, comunicándoles siempre a aquellas nuestra falta de competencias con las entidades de este tipo y las empresas privadas al estar excluidas de nuestro ámbito de supervisión. En este caso, como en otros, la entidad no respondió a nuestro ofrecimiento.
No obstante, en los inicios de la crisis económica las entidades respondían a nuestra propuesta y pudimos intervenir directamente en la búsqueda de una solución lo menos lesiva para los intereses de los demandantes.
Situación muy distinta, encontramos en la queja 10/0963, en la que se dirigía a nosotros una señora de Córdoba solicitando ayuda para poder obtener una vivienda, aunque advertía que sus ingresos eran los 426 € del subsidio de desempleo, para ella y sus dos hijos. Nos comentaba en su carta que uno de los niños tenía problemas de asma y que dormía en la cama de la madre, siendo ello desaconsejado por los médicos.
Había poseído una vivienda que perdió por impago de la hipoteca, y se había dirigido a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) solicitando una, recibiendo meses después la visita de una trabajadora social para su informe y valoración. Nos dirigimos a EPSA que nos respondió en los siguientes términos:
“Con fecha 16 de junio de 2010, y con efectos del contrato desde el 1 de Julio de 2010, la interesada y el Gerente Provincial, han firmado contrato de arrendamiento de una vivienda perteneciente en esta ciudad.”.
Aquí vimos atendida nuestra demanda por parte de la Administración Pública, y solucionado el problema de la reclamante.
El aspecto más duro de la crisis se vio reflejado en la falta de empleo y las consecuencias que conlleva. Es significativa la petición de ayuda enviada por una Sra. desde la población de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), mediante la queja 10/1188, en la que se dirigía a nosotros en los siguientes términos:
“Soy una mujer de 52 años que tiene a su marido preso desde hace ya más de cuatro años y una hija de 16 años. Tampoco tengo dinero para ir a ver a mi marido que está en prisión. He solicitado ayuda a la trabajadora social del Ayuntamiento y allí me dicen lo mismo; no tengo para comer y ya no se dónde ir para pedir ayuda, son ustedes mi última esperanza. He llegado hasta el límite y no se como seguir, necesito una ayuda urgente, no tengo ni casa donde vivir ya que actualmente estoy viviendo en casa de un hermano...
No me da miedo ningún trabajo sólo quiero llevar una vida digna como cualquier ser humano.”.
Nos dirigimos con su escrito al Ayuntamiento, que nos respondió en los siguientes términos:
“Es una persona que ha recibido atención en el 2006 desde el programa de Ayuda de Emergencia Social, programa de solidaridad y apoyo psicológico en muchas situaciones, y se le sigue prestando en estos momentos.”
Más adelante se nos decía, “… esta persona era irregular en su asistencia a las entrevistas programadas, al faltar con bastante frecuencia y abandono de la intervención.”.
En cuanto a las acciones llevadas a cabo, recogimos la siguiente información:
“Los Servicios Sociales Comunitarios han gestionado a la fecha, desde el 2006 las siguientes intervenciones:
Nueve ayudas de Emergencia Social, por distintos conceptos que ascienden a un total de 894€.
Intervención del equipo de Familia de zona norte, con abandono de la misma.
Solicitud del programa de Solidaridad en todos los años.
En el 2007, Ayuda e Emigrantes Andaluces retornados.
Presenta dificultades de afrontar la situación de su esposo así como escasas habilidades para atender las demandas de su hija, lo que conlleva un alto índice de absentismo escolar de ésta, que le ha supuesto el abandono de los estudios.”.
Valoramos que la atención desde los Servicios Sociales se había realizado de acuerdo a las competencias municipales, por lo que no vimos irregularidad alguna de acuerdo al actual marco normativo. Sin embargo, debemos destacar que para su demanda de empleo se debe orientar a las oficinas y servicios que lo gestionan al no ser materia de competencia de los Servicios Sociales como pretendía la demandante, al referir que el Ayuntamiento le diera un trabajo.
Es una práctica bastante habitual en muchos municipios, repartir el empleo eventual disponible entre las personas que tienen dificultades económicas, pero no siempre éste llega a todos y todas. Para su acceso, se establecen criterios que son públicos y previamente pactados con los agentes sociales, y es ésta la razón de que muchas personas acudan a la Institución solicitándonos nuestra mediación para que se le atienda desde el Ayuntamiento.
Otro de los aspectos más duro de la exclusión social es la situación en la que se encuentran las personas sin hogar, ya que se convierten en el último eslabón de la cadena, en cuanto a categoría social. En estos casos, vemos la necesidad de intervenir de forma integrada, abordando diversos ámbitos –asistencial, residencial, relacionales, laborales, sanitarios, educativos...-. No obstante, en la mayoría de los casos, desde los municipios, no se interviene de esta forma, sino que se limitan a cubrir las necesidades básicas (alojamiento, alimentación, aseo, ropa,...), para ayudarles a salir de esta situación. Es el modelo asistencialista el que más esta presente intentando cubrir la parte más básica del problema, techo y alimentación, marginando otros aspectos que ayudan a la erradicación del sinhogarismo. Es por tanto, un sector que requiere desde la definición y aplicación de un modelo asistencial que defina las parcelas de intervención y de competencias de las distintas administraciones, así como de la dotación económica necesaria.
Con respecto a las quejas recibidas por las personas usuarias del sistema, encontramos aquellas que tiene que ver con la ausencia de recursos, o la aplicación de normas estrictas para la forma de vida que suelen llevar.
Es significativa la queja 10/0962, en la que una persona que vivía en las calles de Sevilla, en unas fechas de frío intenso, solicitó los servicios del Cecop Social a través del 112, para acceder a una de las camas del Albergue Municipal previstas para situaciones graves de emergencia. Realizó ese día varias llamadas solicitando ayuda, sin tener respuesta. Posteriormente recibió una devolución a sus llamadas, en la que se le comunicaba la falta de plazas para ese día.
Nos dirigimos al Ayuntamiento dándole traslado de lo hechos, recibiéndose respuesta en la que se nos venía a decir que era una persona que había sido atendida en muchas ocasiones, tanto en la campaña de frío como en otros momentos.
Informaban de los dispositivos habilitados para esas fechas, aunque lo que más nos llamó la atención es que se nos dijeran que se había establecido sólo una hora para contactar con ellos, de 16,30 a 17,30, debido al elevado número de llamadas solicitando ayuda y a la existencia de un dispositivo de emergencia situado en el Centro de Baja Exigencia Juan Carlos I, al que podría acudir.
Al parecer, la primera llamada de nuestro reclamante se produjo a las 16,28, no siendo atendida por no estar en la franja horaria establecida, ante una posible situación de emergencia. Resulta paradójico que un servicio de atención en situación de emergencia tenga restringido el acceso de llamadas telefónicas. Además, el servicio de referencia que se nos indicaba, tenía plazas limitadas, en número reducido y que diariamente se cubren, sobre todo en situación de emergencia (ola de frío, golpes de calor).
Otro aspecto que hemos detectado en este año, ha sido la disminución del número de fallecimientos y agresiones a personas sin hogar. No obstante abrimos de oficio la queja 10/2295, al referir un medio de comunicación el fallecimiento de una persona indigente que, junto a otras, ocupaba un edifico de viviendas abandonadas y sin concluir. Este hecho ocurrió en Sevilla, y se produjo por caída en el hueco previsto para el ascensor. La noticia no recogía si ésta fue fortuita o inducida.
Fueron los propios compañeros de la persona fallecida los que avisaron al 061. La misma noticia recogía información del vecindario que aseguraban que en dicho edificio, en muy malas condiciones, vivían personas indigentes y adictas a las drogas, lo que obligaba a una presencia permanente de la policía y de los servicios de emergencia.
Nos preocupaba en este caso, a parte de las posibles causas del fallecimiento, que fuese una persona que no hubiese recibido atención adecuada de los servicios municipales y que la ocupación del edificio se debiera a la falta de atención desde la Administración.
A nuestra petición de informe al Ayuntamiento, se nos dieron los datos identificativos de la persona, así como se nos decía que no era usuario de los Servicios Sociales, lo que nos llevó a pensar que pudiera tratarse de una persona no habitual de la ciudad.
Por último, hacer mención a las dificultades que a veces supone la apertura de un dispositivo de atención a la población en situación de exclusión y cómo a veces existe una alto rechazo por sectores de vecindario que se niegan a aceptar su presencia en la zona.
Así en la queja 10/2053, una asociación de vecinos de un barrio de la localidad de El Puerto de Santa María se negaba a que se ubicara un Centro de Emergencia Social que por decisión municipal tenían previsto abrir en la zona.
La negativa de la asociación se apoyaba en dos argumentos. El primero, iba dirigido a que ya había sido rechazado en otra barriada, así como que consideraban que era éste un barrio conflictivo que llevaría a una mayor presencia de personas que acudirían a la zona, ya bastante castigada, lo que no sólo iba a perjudicar al vecindario sino a las personas usuarias, ya que se encontraban en una zona donde existían todo tipo de problemas (drogas, robos, etc), así como próximo a un centro escolar.
Además, se quejaban de la falta de información municipal previa a la decisión de ubicar el recurso, y que no hubiesen sido consultados. Para ello, la asociación convocó una manifestación con el fin de ser escuchados en su reclamación.
Entendemos la falta de información previa, pero olvidaban que estos dispositivos tienen como finalidad la accesibilidad de las personas a los programas de reducción del daño y los riegos, lo que aconseja su ubicación en zonas próximas a una realidad acorde al perfil de los usuarios.
Estos dispositivos pretenden favorecer comportamientos menos arriesgados para la salud y realizar una atención de proximidad, por lo que su existencia en ningún caso supone un mayor nivel de conflictividad en la zona o de actos que dañen la convivencia.
Escribimos a los reclamantes, recordándoles los derechos dirigidos a proteger a todos los ciudadanos por parte de la Administraciones en nuestro marco normativo. Al respecto, señalábamos que los Ayuntamientos, al igual que el resto de las Administraciones territoriales, no sólo están dotados de potestades de autoorganización de los dispositivos que de ellos dependen, sino que se ven en la obligación legal de crearlos y proveerlos con todos los medios, humanos, materiales y financieros, señalados en la normativa vigente.
Por último, indicamos que no apreciamos actuación administrativa alguna que nos aconsejase llevar a cabo actuaciones ante el Ayuntamiento, por lo que procedimos al cierre de la queja.
Por otro lado, el impacto de la crisis afecto al empleo en el conjunto de la población, está castigando de forma importante y lesiva al colectivo en situación de exclusión y marginación social. Por ello, nos propusimos como objetivo realizar en el mes de diciembre una Jornada dirigida a sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre los efectos de las medidas dirigidas a promover éste, así como las consecuencias adversas que suponen la restricción y falta de apoyo al empleo protegido para personas en situación de vulnerabilidad social.
Las experiencias recogidas ponen de manifiesto la enorme rentabilidad de las propuestas dirigidas a estimular el empleo en estos colectivos, ya que han venido a mejorar las condiciones de vida de estos sectores, mientras se observa con temor un claro retroceso de programas y propuestas dirigidas en este sentido.
La Jornada tuvo dos partes bien diferenciadas, una primera más expositiva, con una conferencia marco y una mesa redonda de intervenciones que recogieron las buenas prácticas de empleo protegido, en la que se expusieron experiencias desde los distintos ámbitos sociales, tanto en el sector público, en la iniciativa social, como en el ámbito privado.
La segunda parte de la Jornada, en formato taller, estuvo dirigida a trabajar desde la perspectiva de buscar un cambio de situación, con la intención de obtener una serie de propuestas a modo de conclusiones que sirvieran de referente para nuestro trabajo en defensa de los intereses de los colectivos en exclusión.
Como resultado del taller, se consensuaron los siguientes objetivos:
Prevenir la exclusión en el empleo.
Fomentar la cultura emprendedora, especialmente entre los colectivos más desfavorecidos.
Introducir a las personas como principales protagonistas de sus proceso de inclusión laboral. Escuchar y reivindicar, dando voz a las que no la tienen.
Fomentar y divulgar las Empresas de Inserción como herramienta válida de inclusión y de ahorro del gasto público y social.
Para la consecución de estos objetivos, se trabajaron tres ámbitos de propuestas, las surgidas desde la ciudadanía, las de la Administración y, una tercera, desde el ámbito de la empresa.
Para concluir este apartado, venimos a destacar que se debe profundizar en unas políticas activas e inclusivas, ya que los sectores en situación de vulnerabilidad requieren de políticas diferentes para los que son diferentes para así poder obtener resultados equivalentes.