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Timestamp: 2019-10-16 20:32:20
Document Index: 103818233

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 85', 'artículo 15', 'artículo 351', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 5']

Jose manuel calderon matajira corte suprema de justicia sala de casacion penal
Tutela No. 8.543
JOSE MANUEL CALDERON MATAJIRA
Aprobado Acta No. 191
Bogotá, D.C., catorce (14 ) de noviembre de dos mil (2000).
Decide la Corte la impugnación interpuesta por el accionante JOSE MANUEL CALDERON MATAJIRA contra el fallo de fecha septiembre 5 del año en curso, mediante el cual el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, le negó la tutela promovida en protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la libertad, al buen nombre y a la privacidad.
En el libelo se reseña que el 28 de septiembre de 1998 fue capturada la hija del demandante CELINA CALDERON DE HERRERA en el barrio La Trinidad de Bucaramanga, porque transitaba a muy cercana distancia de una señora sorprendida llevando consigo una considerable cantidad de estupefaciente, operativo que fue desplegado por efectivos de la SIJIN de esa misma ciudad, según el actor, con el propósito de perjudicar el buen nombre de su familia y de privar de la libertad a la citada.
Indica también que en tal fecha los policías efectuaron el allanamiento de su morada sin orden judicial, con la arbitrariedad adicional de haberse apropiado de la suma de $ 2.800.000 y, finalmente, que le fue interceptada de manera ilegítima la línea telefónica; en fin, CALDERON MATAJIRA denuncia una persecución de las autoridades que ha puesto en grave riesgo su salud, por ende, el derecho a la vida, a la privacidad, a un buen nombre y a la libertad, máxime que el único apoyo económico del que disponía el núcleo familiar lo aportaba su hija aún detenida.
En forma paralela el accionante adujo el menoscabo del derecho de la sindicada CALDERON HERRERA a un debido proceso, no sólo por la injusta aprehensión, sino también porque a la fecha no se ha realizado la audiencia pública en el trámite penal cursado en su contra.
Con fundamento en los hechos reseñados solicita, entonces, la libertad de la citada “en el menor tiempo posible”.
Actuación y pruebas.
Mediante la prueba acopiada al presente proceso, se estableció que la Unidad Investigativa de la SIJIN de Bucaramanga fue informada por un recluso de la Cárcel Nacional Modelo de esa ciudad sobre la existencia de una banda de delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes; de igual modo, que en la investigación preliminar iniciada para constatar la veracidad de esa noticia rindió testimonio EDUARDO GUEVARA CARVAJAL, quien sindicó a los sujetos MANUEL CALDERON, CELINA CALDERON, CARLOS N., JOSE N., MARLENE CALDERON, TRIUNFO HERERA y MARINA CALDERON como integrantes de dicha organización delictiva.
La referida Unidad solicitó a la Fiscalía 30 Regional Delegada la autorización para interceptar varios abonados telefónicos a través de los cuales se presumía que se concretaban las negociaciones de la droga, y como resultado de los diálogos intervenidos, así como de las labores de vigilancia y seguimiento efectuadas, el 28 de septiembre de 1998 finalmente se capturó a JOSE LUIS BADILLO ORDOÑEZ, MARIA LEONOR MUÑOZ DE AYALA, MARIA ANTONIA BARRERA y a CELINA CALDERON HERRERA, sorprendidos en la detentación de 7,64 kilogramos de cocaína.
El Tribunal advierte que podría pensarse que el demandante actúa como agente oficioso de su hija CELINA CALDERON DE HERRERA, pero que esa inicial impresión cede al observarse que invoca la protección para sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la libertad, al buen nombre y a la privacidad; de ahí que el a quo no se ocupe de los reparos que eleva al proceso penal adelantado contra aquella, respecto de los cuales el actor carecería de legitimidad para actuar, según discierne.
Señala que la interceptación de varios abonados telefónicos en la investigación preliminar llevada a cabo por las autoridades, entre ellos, el instalado en la residencia del actor, se realizó con el cumplimiento de los requisitos legales.
En cuanto al derecho al buen nombre, concluyó que por su carácter personal no puede afirmarse afectado con la imputación penal erigida contra la hija del demandante, sorprendida en flagrancia de delito y detenida en la actualidad con obvia separación de sus progenitores, quienes se han visto privados de su apoyo económico como consecuencia natural de dicho encarcelamiento, pero a quienes no les resulta válido pretender la liberación de la mencionada invocando la protección a su derecho a la vida ante la falta de esa asistencia moral y física.
En el escrito de impugnación el accionante insiste que es víctima de la persecución de los agentes de la SIJIN con la complicidad del informante EDUARDO GUEVARA CARVAJAL; de igual modo, que el allanamiento efectuado a su residencia y la detención de su hija CELINA CALDERON DE HERRERA son consecuencia de la venganza de aquellos.
Advierte además, que tales hechos ya fueron denunciados a la Veeduría para los Derechos Humanos y al Procurador Metropolitano de la ciudad de Bucaramanga.
Carácter personal de la acción de tutela.
Conviene advertir con miras a deslindar los puntos materia de análisis en este fallo, que no sólo en apariencia el ciudadano CALDERON MATAJIRA reclamó el amparo judicial para el derecho constitucional fundamental de su hija CELINA CALDERON DE HERRERA al debido proceso, como entendió el Tribunal Superior de Bucaramanga al examinar la demanda, sino que efectivamente peticionó la tutela a favor de aquella, frente a la supuesta conducta arbitraria de la autoridad judicial que a la fecha adelanta la causa en su contra por infracción al artículo 33 de la Ley 30 de 1986.
Este claro entendimiento surgido del recuento de los sucesos que fundamentaron la interposición de la demanda, pero primordialmente, de la expresa pretensión contenida en el libelo, encaminada a obtener la libertad de la citada, en manera alguna se diluye porque el actor en forma paralela y de esa misma situación fáctica hubiese derivado la afectación de sus propios derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la libertad, al buen nombre y a la privacidad.
En otros términos, CALDERON MATAJIRA a la vez que reclama la protección de sus derechos constitucionales fundamentales actúa en forma oficiosa frente a los de su hija procesada; y tratándose de ésta última calidad, conviene recordar, que cómo de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política, 1º y 10º del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es de carácter personal, debe ser interpuesta por la persona afectada o amenazada en dicho ámbito, de manera que el legislador únicamente permite la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no está en condiciones de promover judicialmente su propia defensa, o a través de mandato otorgado a abogado para ese efecto.
Trasladado este concepto al presente caso se tiene que no aparece probado, menos aún, invocado siquiera en la demanda o en el escrito de impugnación que CELINA CALDERON se encuentre en imposibilidad física o mental para reclamar ante los jueces la protección de su derecho fundamental al debido proceso, situación que además no se configura del simple estado de privación de la libertad en virtud de la actuación penal adelantada en su contra, en consecuencia, ante la falta de legitimidad en el accionante para gestionar a favor de la citada, se impone anular el trámite cumplido por el Tribunal en relación con el pretendido amparo de sus derechos; y de otra parte, como la demanda en tal aspecto resulta abiertamente inadmisible de conformidad con las regulaciones del artículo 85 del estatuto procesal civil, deberá ser rechazada.
Derechos del accionante.
Por lo colegido, sólo resulta viable determinar si se configura la vulneración de los derechos fundamentales del accionante CALDERON MATAJIRA, cuya protección invoca y que la Corte examina seguidamente.
1. Consta en este asunto que en verdad, como afirma el accionante, la Unidad Investigativa de la SIJIN interceptó el abonado telefónico instalado en la residencia de aquél en el barrio Caldas de la ciudad de Bucaramanga, sin embargo, no es menos cierto que esa intromisión a la intimidad lejos estuvo de configurar un acto arbitrario de la mencionada autoridad pública susceptible del amparo reclamado por vía de la tutela, pues el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones al tenor del artículo 15 de la Constitución Política no tiene un carácter absoluto, por cuanto resulta posible intervenirlas en los eventos establecidos en la ley siempre y cuando medie orden escrita de la autoridad judicial, requisitos que fueron satisfechos en la situación examinada.
En efecto, la Fiscalía 30 Regional Delegada de conformidad con los parámetros deslindados en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, autorizó la interceptación solicitada por los investigadores adscritos a la SIJIN de Bucaramanga con el único objeto de buscar pruebas judiciales, pues se tenía conocimiento que a través de la línea telefónica instalada en la residencia del demandante, entre otras, se concretaban transacciones ilícitas de droga; petición en modo alguno carente de fundamento objetivo, pues la sustentaban las informaciones obtenidas de un recluso de la Cárcel Nacional Modelo de esa ciudad, que se estableció después lo era EDUARDO GUEVARA CARVAJAL, yerno del actor CALDERON MATAJIRA, quien en declaración juramentada ratificó y amplió esa denuncia (fls. 3, 33 y 34).
Por otra parte, desvirtuando aún más cualquier menoscabo del derecho constitucional fundamental a la intimidad, adviértase que al respectivo expediente penal se incorporaron tan sólo aquellos diálogos que comprometían a las personas sindicadas en esas diligencias como infractores de la Ley 30 de 1986, por ende, sin mención o reproducción alguna de los datos, comportamientos, situaciones o fenómenos que hacen parte del ámbito personalísimo del individuo o de su núcleo familiar (fl. 34).
2. Tratándose del allanamiento que el demandante afirma fue realizado a su residencia el mismo día de la captura de CELINA CALDERON DE HERRERA, esto es, el 28 de septiembre de 1998, conviene destacar en primer término, que ninguna de las piezas procesales trasladadas de la actuación penal da cuenta de ese registro domiciliario, que en el escrito de impugnación se asegura fue el tercero realizado de manera ilegítima por las autoridades policiales, contrariando con este último aserto el relato inicial esbozado en la demanda, así como el consignado en la queja elevada ante el Procurador Metropolitano de Bucaramanga (fls. 9, 13, 86).
Pero independientemente de la realidad o no de ese suceso, téngase presente que el objeto de la acción de tutela es la protección de los derechos fundamentales frente a una afectación actual o ante su amenaza inminente, que excluye por lo tanto la posibilidad de su procedencia cuando el menoscabo o el peligro para tales derechos ha sido desechado o superado; en otros términos, no resulta viable pretender del juez constitucional una orden que concrete el amparo, cuando el supuesto de hecho que brinda sustento a la pretensión ha desaparecido por cualquier motivo, entre ellos, el mero transcurso del tiempo, como acontece aquí en relación con un allanamiento supuestamente realizado hace más de dos años.
De ahí que el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 consagre como una de las causales de improcedencia de la tutela, “cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”, excepción que el propio demandante rechaza en el presente asunto al denunciar el registro momentáneo de su domicilio, que cesó en la misma fecha en la cual fue efectuado cuando los detectives de la SIJIN abandonaron el lugar.
3. No desconoce la Sala, por otra parte, que la aprehensión de la hija del actor, CELINA CALDERON DE HERRERA, sindicada de infringir el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, seguida de la iniciación del respectivo proceso penal en su contra, al cual se encuentra aun vinculada, enturbia el buen nombre no sólo de aquella sino también e indirectamente el de quienes integran su núcleo familiar, con mayor intensidad, desde luego, tratándose de los parientes más próximos como es el caso de sus progenitores, uno de ellos el aquí demandante.
Sin embargo, en eventos como el examinado una afectación de esta naturaleza en manera alguna es producto de la actividad legitima de las autoridades policivas o judiciales, que por mandato de la Constitución deben velar por la preservación de los intereses jurídicos considerados socialmente como relevantes, misión armonizada además con la represión de las conductas que los transgreden, sino que aparece vinculada causalmente al propio comportamiento de las personas, que al surgir contrario a las normas reguladoras de la convivencia pacífica, determina que los asociados no las consideren dignas o acreedoras de un buen concepto o estimación.
Tampoco le resulta válido al actor alegar la persecución de las autoridades, por ende, el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las pesquisas que de algún modo lo han involucrado, esto es, la interceptación del abonado telefónico de la residencia que habita y su alegado registro, o la vigilancia y seguimiento de algunos de los miembros de su familia, concretamente, de su hija CELINA CALDERON DE HERRERA, cuando de la prueba incorporada a éste expediente se sabe que aquella y su esposo moraban en dicha vivienda, y que desde allí concretaban las ilícitas transacciones de droga objeto de la correspondiente investigación.
4. La Corte tampoco ignora que el Estado le brinda amparo a la unidad familiar como institución básica de la sociedad al tenor del artículo 5º de la Constitución Política, menos aún, que la familia se inspira en los vínculos de solidaridad entre quienes la integran; sin embargo, esa protección no es absoluta pues encuentra limitaciones legítimas surgidas, entre otros aspectos y en cuanto interesa para los actuales fines, de la propia actividad de sus miembros, como se observa sucedido en el presente asunto.
Ciertamente, nadie discute las repercusiones que tiene para el accionante en el ámbito del apoyo moral y económico el encarcelamiento de su hija CELINA CALDERON DE HERRERA, máxime que en afirmación no desvirtuada en las presentes diligencias era quien velaba por sus padres. Pero esa situación que el actor vincula al menoscabo de sus derechos constitucionales fundamentales, en manera alguna se deriva de una conducta activa u omisiva imputable a las autoridades públicas, susceptible por ende del amparo judicial solicitado, adversamente, es el resultado del proceder contrario a derecho de la mencionada, por razón del cual y con cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política no sólo se encuentra privada de la libertad, sino que también está siendo procesada con sujeción al rito establecido en el estatuto penal adjetivo.
5. En conclusión, como la acción de tutela presupone la afectación o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales respecto de la cual el ordenamiento jurídico no proporcione al afectado otra vía judicial idónea y efectiva susceptible de ser incoada, presupuesto echado de menos en el caso de autos, la improcedencia del amparo solicitado resulta evidente como coligió con acierto el Tribunal Superior de Bucaramanga, en consecuencia, el fallo que lo negó será aprobado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal -, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,
1. ANULAR el proceso en relación con la tutela interpuesta por el accionante a favor de su hija CELINA CALDERON DE HERRERA.
2. RECHAZAR la demanda de tutela presentada por JOSE MANUEL CALDERON MATAJIRA en nombre de la citada CALDERON DE HERRERA.
3. CONFIRMAR el fallo impugnado en cuanto negó la tutela para los derechos invocados por el accionante CALDERON MATAJIRA.
5. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo.
CARLOS E. MEJIA ESCOBAR MARIO MANTILLA NOUGUES