Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-899-2007-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-los-incentivos-regionales-de-desarrollo-de-la-ley-50-1985-de-27-de-diciembre
Timestamp: 2016-10-21 22:20:52
Document Index: 279246233

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 92', 'artículo 43', 'artículo 88', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 1156', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 45', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 43', 'Artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 34', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 31', 'artículo 42', 'Artículo 18']

REAL Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre	REAL Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre Mis Leyes
REAL Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre Estado	:
899/2007	Boletín Oficial	:
TÍTULO I. DEL CONCEPTO Y CLASES DE LOS INCENTIVOS REGIONALES, DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA SU APLICACIÓN Y DE LOS BENEFICIARIOS.
CAPÍTULO I. ZONAS PROMOCIONABLES.
CAPÍTULO II. DE LOS PROYECTOS.
CAPÍTULO IV. DE LOS BENEFICIARIOS.
TÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS Y LA TRAMITACIÓN.
CAPÍTULO I. DE LOS ÓRGANOS GESTORES.
CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LOS INCENTIVOS REGIONALES.
TÍTULO III. DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
TÍTULO IV. DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y LIQUIDACIÓN DE LOS INCENTIVOS.
CAPÍTULO I. DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.
CAPÍTULO II. DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
TÍTULO V. DE LAS OBLIGACIONES POSTERIORES AL FIN DE LA VIGENCIA.
TÍTULO VI. DEL CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS INCENTIVOS.
El Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, supuso la adaptación de los incentivos regionales a la normativa vigente en las comunidades Europeas y más concretamente a la comunicación de la Comisión Europea SG (87) D/6759, de 1 de junio, mediante la cual esta institución llevó a cabo, dentro de sus funciones de apreciación de la compatibilidad con el mercado común de los regímenes de ayuda con finalidad regional, la delimitación de las zonas elegibles y las intensidades máximas de estas ayudas.
En consecuencia, y partiendo de la autorización comunitaria, se establecieron, en el artículo 14 del citado Real Decreto los límites máximos de ayuda, expresados en términos de subvención neta equivalente (SNE), que se podían implantar en las diferentes regiones, fijándose cuatro tipos de zonas diferentes con una intensidad máxima de ayuda en orden decreciente del 50 %, 40 %, 30 % y 20 % (SNE).
Paralelamente, la Comisión Europea ha ido procediendo en todos los Estados miembros a la delimitación de las zonas que pueden ser asistidas por los fondos estructurales; concretamente en el periodo 1994-1999 realizó una revisión del mapa de ayudas regionales a la luz del principio de libre competencia y sus excepciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes del Tratado de Roma, con el fin de adaptar dicho mapa a las condiciones socioeconómicas de las diferentes regiones y mediante comunicación de la Comisión Europea SG (95) D/11308, de 7 de septiembre, se produjo la autorización comunitaria que contenía los nuevos términos del mapa español de ayudas con finalidad regional, que supuso una modificación de la anterior con respecto tanto a los límites máximos de ayuda a conceder en cada zona como a la cobertura geográfica de las ayudas regionales y al periodo máximo de vigencia temporal que finalizaba el 31 de diciembre de 1999. Posteriormente la Comisión Europea el 11 de abril de 2000 aprobó el mapa de ayudas de finalidad regional para el periodo 2000-2006.
Por su parte, la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, incluyó los procedimientos de concesión de incentivos regionales y los de autorización para la modificación del proyecto inicial superior al 10 %, en la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en cuanto al sentido del silencio administrativo.
El Reglamento CE n.º 1628/2006, de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas regionales a la inversión contempla la posibilidad de exención de la obligación de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado a los regímenes de ayudas que respeten las disposiciones contempladas en el mismo. Para ello, según su artículo 3.1.b los regímenes de ayudas deberán incluir una referencia expresa a dicho Reglamento, citando su título, y referencias de publicación en el Diario Oficial de la Unión europea.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de julio de 2007, dispongo:
Las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2006 se resolverán de acuerdo con el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, sólo en la medida en que se dicte resolución antes del 30 de junio de 2007. En todo caso, a partir del 1 de enero del 2007 se respetarán los límites máximos de ayuda que resulten del nuevo Mapa español de ayudas de finalidad regional aplicable al periodo 2007-2013.
Las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2006 y que a 30 de junio de 2007 estén pendientes de resolución se resolverán de acuerdo con el presente Real Decreto.
Las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2007 se regirán en todo caso por las disposiciones del presente Real Decreto.
DEL CONCEPTO Y CLASES DE LOS INCENTIVOS REGIONALES, DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA SU APLICACIÓN Y DE LOS BENEFICIARIOS.
ZONAS PROMOCIONABLES.
El techo máximo de las ayudas que podrán concederse a un mismo proyecto.
Las clases de incentivos regionales que podrán concederse.
Los sectores económicos promocionables, que respetarán los criterios y directrices comunitarias.
Los criterios de valoración de los proyectos entre los que figurarán el empleo creado en relación con la inversión del proyecto, la utilización de tecnología avanzada y su incidencia en la mejora de la productividad de la zona y en la protección del medio ambiente, y el efecto dinamizador del proyecto.
La dimensión mínima de los proyectos, los tipos y conceptos de inversión a los que podrán concederse los incentivos regionales; los conceptos de inversión deberán respetar, en todo caso, lo establecido al respecto por las Directrices sobre ayudas de estado de finalidad regional vigente en cada momento.
La aportación del beneficiario destinada a la financiación del proyecto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento.
El plazo de vigencia de la zona promocionable.
Que la inversión constituya una parte importante del activo fijo material del establecimiento que se moderniza y que implique la adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada que produzca un incremento sensible de la productividad y
Las remodelaciones o adaptaciones de edificios derivadas de las inversiones anteriores, bien por el cumplimiento de normas de seguridad, bien medioambientales o cualquier otra adaptación por imperativo legal.
Las incorporaciones del último estado del arte en tecnología sin cambios fundamentales en el proceso o en el producto.
Juzgarse viables técnica, económica y financieramente, de acuerdo con la documentación aportada en la solicitud.
Disponer de un nivel de autofinanciación no inferior al que se especifique en los Reales Decretos de delimitación y en cualquier caso igual o superior al 25%.
La solicitud para acogerse a los beneficios debe presentarse antes del comienzo de la realización de la inversión para la que se solicitan los incentivos regionales. Asimismo la inversión no podrá iniciarse antes de recibir la confirmación prevista en el artículo 24.
A estos efectos se considerarán iniciadas las inversiones cuando exista cualquier compromiso en firme de adquisición de bienes o de arrendamiento de servicios que afecten al proyecto. Por inicio de las inversiones se entiende, o bien el inicio de los trabajos de construcción, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos, con exclusión de los estudios previos de viabilidad.
2. La inversión aprobada de un proyecto estará compuesta exclusivamente de los conceptos a que se hace referencia en el punto anterior. Los activos objeto de la inversión deberán ser adquiridos en propiedad por el beneficiario siempre que el pago dinerario se materialice efectivamente y en su totalidad dentro del plazo de vigencia. A estos efectos se entiende por pago la forma de extinción de obligaciones a que se refiere el artículo 1156 del Código Civil.
Bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social durante un número máximo de años que se determinará reglamentariamente y con sujeción a las reglas que en materia de concurrencia, cuantía máxima e incompatibilidad disponga la normativa sobre incentivos a la contratación y fomento del empleo. El coste de la citada bonificación será asumido por el Ministerio de Economía y Hacienda, con cargo al crédito presupuestario destinado al abono de incentivos regionales.
Para transformar los incentivos regionales de los apartados b, c y d del artículo 10 de este Reglamento, en términos de porcentaje de subvención sobre la inversión aprobada, se procederá del modo que se indica a continuación:
Se calcularán en euros corrientes los valores absolutos para cada año de la subvención de intereses y de la amortización de préstamos concedidos al proyecto.
Se sumarán los valores actualizados mencionados en el apartado anterior con la subvención a fondo perdido y su importe se expresará en porcentaje de la inversión aprobada tal y como se determine en las Directrices de ayudas de estado de finalidad regional.
3. Si la subvención superase los límites máximos establecidos en base a una subvención no comunicada en los momentos establecidos en el artículo 16.h, se procederá a tramitar el procedimiento de incumplimiento regulado en el artículo 45.
Que tengan su domicilio social y su domicilio o residencia fiscal en territorio español.
Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado., de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal o contar con accionistas o estar participadas por otras empresas con sede social en un paraíso fiscal.
Haber sido sancionado mediante resolución administrativa firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
2. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b, d, e, f y g del apartado 1 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
3. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a y h del apartado 1 de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
4. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c del apartado 1 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, en relación con el artículo 20.c del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.
Realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los incentivos.
Si la ayuda se determina como un porcentaje de la inversión aprobada, deberá mantener ésta en la zona de promoción económica donde se le concedió la ayuda y en condiciones normales de funcionamiento durante un periodo mínimo de cinco años a partir de la fecha de fin de vigencia establecida en la resolución individual de concesión.
Mantener los puestos de trabajo exigidos en los términos de la Resolución Individual, durante un período mínimo de dos años a partir de la fecha de fin de vigencia establecida en la Resolución individual de Concesión.
Acreditar, en los plazos estipulados, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de los incentivos.
Colaborar con las actuaciones de comprobación y control, a efectuar por la Dirección General de Fondos Comunitarios, y en su caso, por la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que la legislación atribuye a otros órganos u organismos de la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas.
Comunicar en los plazos establecidos a la Dirección General de Fondos Comunitarios a través de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, toda alteración de las condiciones societarias que afecten al beneficiario de los incentivos, cambios de domicilio u otras circunstancias que afecten a la titularidad del expediente.
Acreditar, en cualquier momento que se solicite, y, en todo caso, al final del plazo de vigencia y al solicitar el cobro de la subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
Comunicar tanto la solicitud como la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá realizarse en todo caso en el momento de la solicitud de los incentivos, en el momento de la solicitud de liquidación y en el momento de acreditar el cumplimiento de las condiciones en la fecha fin de vigencia, hayan o no cambiado las circunstancias de la comunicación anterior.
Poner a disposición de la Dirección General de Fondos Comunitarios la documentación y los justificantes concernientes a las inversiones realizadas, incluidos, en su caso, los libros y registros de contabilidad, así como la referida a los datos que se presenten en las solicitudes de incentivos.
Aportar cuantos otros documentos o antecedentes sean precisos para justificar el cumplimiento de las condiciones c que hubieran sido establecidas en la correspondiente resolución individual de concesión de beneficios.
Facilitar la práctica de las comprobaciones que sean precisas para verificar la situación de los proyectos de inversión.
Conservar toda la documentación relacionada con los incentivos durante el periodo en que se puedan realizar las actuaciones de comprobación, inspección y control de los mismos a que se refiere el artículo 43.2. En todo caso, cuando concurra además la condición de beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, deberá conservar dicha documentación, así como toda aquella requerida por los reglamentos comunitarios relativos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al menos durante el periodo previsto en estos.
DE LOS ÓRGANOS Y LA TRAMITACIÓN.
DE LOS ÓRGANOS GESTORES.
Artículo 18. El Consejo Rector. Su composición. 1. El Consejo Rector, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, estará integrado por los siguientes miembros:
Elaborar las propuestas para la delimitación de las zonas promocionables y prioritarias, en su caso.
Proponer la adopción de medidas excepcionales con el fin de conseguir discriminación positiva en la concesión de incentivos regionales por razones de localización y/o actividad estableciendo la duración de las mismas.
Velar por la coordinación de los incentivos regionales con los restantes instrumentos de la política de desarrollo regional y, a efectos de lo establecido en el artículo 13 de este Reglamento, con otras ayudas de incidencia regional.
El ejercicio de las actuaciones de inspección y comprobación que corresponde a la Administración del Estado en relación con los incentivos económicos regionales, sin perjuicio de las funciones de control financiero que corresponden a otros órganos de la Administración General del Estado.
Aprobar que la realización de los proyectos se ha efectuado de acuerdo con las condiciones establecidas y ordenar, en su caso, la liberación de garantías.
Colaborar con el Consejo Rector de Incentivos Regionales en la elaboración de la propuesta de delimitación geográfica de las zonas prioritarias de su territorio.
Transmitir al Consejo Rector de Incentivos Regionales sus prioridades respecto a la determinación de los sectores promocionables a promover en las zonas asistidas que se encuentren en su territorio.
Informar al Consejo Rector de Incentivos Regionales de las ayudas financieras públicas que se concedan en su territorio.
Formar parte de los Grupos de Trabajo del Consejo Rector de Incentivos Regionales encargados de elaborar, por delegación, las propuestas de concesión de los incentivos regionales.
Gestionar y tramitar los expedientes de solicitud y en particular, efectuar la comunicación al interesado a que se refiere el artículo 24.
Informar a la Dirección General de Fondos Comunitarios de la ejecución de los proyectos conforme a las condiciones establecidas.
Realizar el seguimiento de los expedientes a los que se hayan concedido incentivos regionales.
Emitir el informe sobre el grado de cumplimiento de condiciones de las concesiones y solicitar, cuando proceda, a la Dirección General de Fondos Comunitarios que inicie el procedimiento de incumplimiento.
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LOS INCENTIVOS REGIONALES.
Instancia de solicitud del interesado en modelo normalizado, dirigida al Ministro de Economía y Hacienda.
Documentación acreditativa de las circunstancias personales del solicitante, de las registrales si se trata de una Sociedad constituida y, si estuviera en fase de constitución, de las previstas, así como las del promotor que actúa en su nombre.
Memoria del proyecto de inversión a efectuar, en modelo normalizado a la que necesariamente deberá adjuntarse la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos en materia medio ambiental.
Declaración de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo proyecto, según modelo normalizado.
Justificación del cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social o, en su caso, autorización a la Dirección General de Fondos Comunitarios para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como por la Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de tratarse de una sociedad en fase de constitución, la obligación se entenderá referida al promotor.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando se trate de concesiones a proyectos en los que la inversión subvencionable exceda de seis millones diez mil ciento veintiún euros.
El Ministro de Economía y Hacienda, en los demás casos.
DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
Modificaciones al proyecto inicial, siempre y cuando éstas supongan, una minoración de los incentivos concedidos, del importe de la inversión aprobada o del número de los puestos de trabajo a crear, que no excedan del 10 % de los inicialmente aprobados.
Cambio de denominación o de las circunstancias societarias con o sin cambio de titularidad que afecten al proyecto.
Cambio de ubicación del proyecto cuando se produzca dentro de la misma zona de promoción económica.
Modificaciones de los plazos y/o calendarios de cumplimiento de condiciones para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, que deberán solicitarse al menos 2 meses antes del vencimiento de los mismos.
Modificaciones de los puestos de trabajo a mantener por la titular como consecuencia de operaciones societarias.
3. Las incidencias en la titularidad del beneficiario correspondientes a la letra b del apartado 1 del presente artículo deberán comunicarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de dos meses desde la inscripción de la escritura pública que lo recoja. La incidencia será resuelta por la Dirección General de Fondos Comunitarios.
3. La Comunidad Autónoma podrá expedir un informe positivo sobre el grado cumplimiento de condiciones cuando existan desviaciones en las distintas partidas de la inversión incentivable, siempre que la desviación no rebase en más o en menos el 10 % de cada partida y que ello no suponga variación en la cuantía total de la inversión incentivable. Cuando se produzca esta circunstancia deberá hacerse constar tal extremo en el informe sobre el grado de cumplimiento de condiciones.
DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y LIQUIDACIÓN DE LOS INCENTIVOS.
DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.
DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
La solicitud de cobro del interesado según modelo normalizado, dirigida al Ministro de Economía y Hacienda.
Los justificantes del cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social a la fecha de presentación de la solicitud de cobro en su caso, autorización a la Dirección General de Fondos Comunitarios para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia estatal de la Administración Tributaria como por la Tesorería General de la Seguridad Social.
La declaración de ayudas solicitadas o concedidas al mismo proyecto, acompañada de los documentos justificativos de su concesión.
Compromiso de presentación de aval bancario, en su caso.
Acreditación de las inversiones realizadas, según modelo normalizado, correspondientes a la liquidación y vinculadas con la inversión aprobada, mediante la aportación de los documentos que se establezcan por el Ministro de Economía y Hacienda.
Acreditación del cumplimiento de otras condiciones establecidas en la resolución de concesión y que deban justificarse en ese momento.
Documentación acreditativa de la inscripción en el correspondiente registro, de aquellos bienes subvencionados que ser resulten inscribibles.
Inventario de los activos objeto de la inversión según se estipula en el artículo 34.1.
Cualquier otra documentación complementaria necesaria para la liquidación.
2. La Comunidad Autónoma analizará la documentación aportada por el interesado y podrá solicitar la documentación y peritajes precisos para aclarar los extremos que estime oportunos, tras lo cual remitirá a la Dirección General Fondos Comunitarios un informe sobre la inversión realizada y el resto de las condiciones que deban están cumplidas a la fecha de solicitud de cobro, así como la documentación a que hace referencia las letras b y c del apartado anterior.
3. El importe de la garantía será comunicado al beneficiario por la Dirección General Fondos Comunitarios a través de órgano competente de la Comunidad Autónoma con carácter previo al procedimiento de pago. Dicho importe será establecido por cuantía suficiente para asegurar el reintegro de la cantidad cuya liquidación se solicita, más los intereses legales que le correspondan incrementados en un 20 %, en previsión de oscilaciones del tipo de interés y de otros posibles gastos adicionales.
Cuando se estén realizando actuaciones de comprobación, inspección o tramitando expediente de incumplimiento sobre el mismo beneficiario en virtud del mismo u otro expediente de incentivos, hasta su resolución sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c.
Cuando el beneficiario tenga pendiente un reintegro en virtud de un incumplimiento de un expediente de incentivos, hasta su cancelación.
Cuando exista cualquier otra circunstancia no resuelta que afecte al expediente.
Cuando, con posterioridad a la concesión, el beneficiario incurra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 15.
DE LAS OBLIGACIONES POSTERIORES AL FIN DE LA VIGENCIA.
DEL CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS INCENTIVOS.
Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección y liquidación de los incentivos concedidos.
Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal y tramitación de los mismos hasta su resolución en firme.
Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario en relación con la comprobación, liquidación, pago y reintegro de los incentivos.
Analizar y verificar directamente la documentación que el beneficiario de la subvención está obligado a presentar en los términos establecidos en el artículo 16, pudiendo tomar nota por medio de sus agentes de cuantos datos estime oportunos y obtener copias a su cargo de cualquiera de los antecedentes que precise.
Incumplimiento de las obligaciones de justificación, comunicación o acreditación, justificación insuficiente, o justificación fuera del plazo establecido.
El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
Incurrir en cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia de los incentivos en alguna de las causas previstas en el artículo 15 de este Reglamento.
Obtener la subvención por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, sobrepase los topes máximos de la inversión aprobada regulados en el artículo 13 de este Reglamento, así como en los correspondientes Reales Decretos de delimitación.
Incumplimiento de las obligaciones del beneficiario previstas en el artículo 16 de este Reglamento.
Si el incumplimiento superara el 50 % el alcance del incumplimiento será total.
Si el incumplimiento excediera del 50 % o tuviera como resultado la destrucción de empleo el alcance del incumplimiento será total.
Cuando no se acredite el nivel de autofinanciación mínimo exigido en la resolución de concesión con base en lo establecido en la letra b) del artículo 8.
La no inscripción en los Registros Oficiales exigidos por la legislación para el desarrollo de la actividad subvencionada.
Cuando el beneficiario no acredite que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
La falta de colaboración con las actuaciones de comprobación y control a que se refiere el artículo 16.1.e.
Cuando, en cualquier momento de la vigencia, el beneficiario incurra en las situaciones de prohibición de acceso a los incentivos regionales establecidas en el artículo 15 de este Reglamento.
Si como consecuencia del incumplimiento la inversión subvencionable quedara por debajo del mínimo fijado en los reales decretos de delimitación a efectos de concesión.
Cuando el importe resultante de los incentivos no supere el 35 % de los inicialmente aprobados.
Cuando no se cumplan los plazos previstos en la resolución de concesión para la acreditación del cumplimiento de condiciones, incluidos los previstos para las condiciones intermedias reguladas en el artículo 33.
Cuando la subvención percibida para un mismo proyecto superase los límites máximos establecidos con base en una subvención no comunicada en los plazos establecidos en el artículo 16.h.
Cuando no se comuniquen las incidencias en la titularidad posteriores a la concesión en el plazo previsto en el artículo 31.3.
La no presentación en el plazo señalado de los inventarios de bienes a que hace referencia el artículo 42.2.
Redacción según Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda. Artículo 18 (apdo. 1) :
REAL DECRETO 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro MercantilREAL Decreto 161/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de GaliciaREAL Decreto 162/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de AndalucíaREAL Decreto 163/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción eco­nómica del Principado de AsturiasREAL Decreto 164/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de CantabriaREAL Decreto 165/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de la Región de MurciaREAL Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunitat ValencianaREAL Decreto 167/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de AragónREAL Decreto 168/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La ManchaREAL Decreto 170/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de ExtremaduraREAL Decreto 171/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y LeónREAL Decreto 172/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de CeutaREAL Decreto 173/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de MelillaORDEN EYE/391/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones que establezca y convoque en concurrencia no competitiva la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, dentro de los Programas de Creación de empresas, Inversiones, I+D+i y Competitividad, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo RegionalREAL Decreto 1709/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 163/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica del Principado de AsturiasREAL Decreto 1710/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 165/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de la Región de MurciaREAL Decreto 1711/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 172/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Ciudad de CeutaREAL Decreto 1712/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 173/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Ciudad de MelillaORDEN EYE/968/2011, de 18 de julio, que modifica la Orden EYE/391/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones que establezca y convoque en concurrencia no competitiva la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, dentro de los Programas de Creación de empresas, Inversiones, I+D+iy Competitividad, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional	Cerrar PDF
REAL Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre	Trámites