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Timestamp: 2019-01-21 04:06:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 77', 'artículo 11', 'artículo 86', 'artículo 48', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 77', 'artículo 101', 'artículo 47', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 45', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 63', 'artículo 1535']

﻿ Sentencia C-470 de junio 13 de 2011
SENTENCIA C-470 DE 13 DE JUNIO DE 2011
CONTENIDO:PROCESO LABORAL. LA ESCOGENCIA DEL JUEZ PARA PRESENTAR LA DEMANDA LABORAL POR PARTE DEL ACTOR Y LA ORDEN DE PAGOS SUSTENTADOS EN CLARA PRUEBA DOCUMENTAL, VULNERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SE DECLARA INEXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 45 Y 47 DE LA LEY 1395 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCESO LABORAL, DESCONGESTIÓN DE LA JUSTICIA, DEMANDA LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:478 DE OCTUBRE DE 2011, PG.1940
Sentencia C-470 de junio 13 de 2011
Ref.: Expediente D-8303
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 45, 47 y 48 de la Ley 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
El siguiente es el texto de las normas demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 47.768 del 12 de julio de 2010:
“ART. 45.—El artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 3º de la Ley 712 de 2001, quedará así:
ART. 47.—El numeral 3º del parágrafo 1º del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, tendrá un tercer inciso, cuyo texto será el siguiente:
ART. 48.—Modifíquese el artículo 86 del Código del Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así:
ART. 86.—Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente”.
Sin embargo, antes de ello es necesario recordar que mediante Sentencia C-372 de mayo 12 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) este tribunal decidió sobre la demanda radicada bajo el expediente D-8274, declarando inexequible el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, sobre el incremento de la cuantía necesaria para ejercer el recurso de casación ante la jurisdicción laboral. Así las cosas, por sustracción de materia, la Corte no podrá ya pronunciarse sobre la demanda dirigida contra esta disposición, y se limitará a ordenar estarse a lo resuelto en la mencionada decisión.
3. Análisis sobre la exequibilidad del artículo 45 de la Ley 1395 de 2010.
Como todas las normas que en este caso han sido demandadas, el artículo 45 de esta ley subroga un texto previamente vigente del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En este caso se trata del artículo 5º del referido código, norma que gobierna el tema de la competencia de los jueces del trabajo por razón del territorio.
El cambio que por efecto de esta norma se genera, consiste en que se establece que la competencia para conocer de los procesos laborales se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandante a elección de éste, mientras que anteriormente y desde la expedición de este código en 1948, la regla había sido el lugar donde se haya prestado el servicio o el domicilio del demandado, según lo escogiera el actor. Además, ante la realidad de que en muchos municipios del país, incluso en algunos cabecera de circuito, no existen juzgados laborales, la nueva regla estableció que en esos casos “conocerá de los procesos el respectivo juez del circuito, civil o, en su defecto, promiscuo”.
Las demandantes consideran que esta norma resulta lesiva a los intereses de los empleadores, quienes usualmente ocupan el extremo demandado en los procesos laborales, con lo cual se vulnerarían los artículos 1º, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, además de algunos preceptos integrantes de tratados internacionales ratificados por Colombia, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 y la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1948.
Frente a esta reflexión, y con respecto a las situaciones a las que se aplica la norma demandada, es importante recordar que si bien lo usual es que en las acciones de que conoce la justicia laboral el actor sea el trabajador y el demandado el empleador, lo que ocurre por ejemplo en los procesos ordinarios y ejecutivos, no sería exacto asumir que siempre sucede así, pues esos roles se invierten en varios de los casos previstos en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, por ejemplo en los correspondientes a los numerales 2º, 3º y 10 de esta norma, o cuando se pide la declaratoria de ilegalidad de una huelga, tema recientemente regulado por la Ley 1210 de 2008. De igual manera, debe tenerse en cuenta que el artículo 5º de este Código Procesal, modificado por la norma aquí acusada, no gobierna el tema de la competencia territorial en la totalidad de los casos atribuidos a la jurisdicción laboral, pues también los artículos 7º a 11 del mismo código contienen regulaciones sobre el particular.
3.1. Elementos del juicio de proporcionalidad.
En relación con este aspecto debe la Corte comenzar por resaltar que, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que en materias procesales ese ámbito de autonomía es especialmente amplio(8), pues según lo ha explicado esta corporación, en ejercicio de su cláusula general de competencia legislativa, las cámaras tienen la posibilidad de determinar libremente, entre otras materias: i) lo relativo a las distintas acciones de que dispondrán los ciudadanos y los tipos de procesos que a partir de ellas deberán surtirse; ii) la radicación de competencias, salvo en los casos en que la misma Constitución las ha asignado; iii) las diligencias y etapas que comprenderán cada uno de tales procesos; iv) los medios de prueba que en cada caso podrán emplearse; v) los recursos y medios de defensa que los ciudadanos pueden oponer frente a las decisiones judiciales; vi) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez e incluso de los terceros intervinientes. Así las cosas, con el fin de no estorbar el libre ejercicio de esa autonomía por parte del poder legislativo, resulta aconsejable no aplicar en este caso un test estricto, sino uno intermedio, o incluso de leve intensidad.
3.1.1. El primer elemento del test de proporcionalidad es, como bien se sabe, el relativo a la finalidad de la medida de que se trata. En este tipo de análisis el propósito que el precepto cuestionado persigue y los intereses que busca favorecer resultan relevantes, en cuanto si la medida implica alguna restricción o sacrificio de otros derechos o intereses, como a primera vista ocurre en este caso, la validez constitucional de esa limitación depende, entre otros criterios, de la importancia que el texto superior le reconozca al objetivo que la norma pretende alcanzar. La jurisprudencia ha señalado que en los casos en que se aplica un test de proporcionalidad de intensidad intermedia, el propósito que se busca debe ser importante, a la luz del texto constitucional(9).
Ahora bien, en algunas circunstancias el propósito de la norma resulta evidente al lector; sin embargo, una vía más segura para determinar esa finalidad es el estudio de la exposición de motivos que en su momento acompañó al proyecto de cuya aprobación surgió la preceptiva cuestionada, así como las ponencias y debates que durante el trámite legislativo se presentaron. En el caso de autos, el artículo demandado hace parte de la Ley 1395 de 2010, cuyo propósito central es contribuir a alcanzar la descongestión judicial, según se observa desde su mismo título, y pudo apreciarse desde el momento en que el proyecto antecedente fue presentado a consideración del Congreso de la República(10).
La norma cuya exequibilidad aquí se examina aparece en ese proyecto en el artículo 26, bajo un texto idéntico al que luego fuera aprobado y sancionado. La importancia de este precepto y del cambio que él supone, así como su posible contribución al logro del objetivo planteado aparecen justificadas, de manera equívoca(11), en los siguientes términos:
“Actualmente se le atribuye competencia al juez laboral para conocer de los asuntos, bien por el último lugar donde se haya prestado el servicio o bien por el domicilio del demandado, a elección del demandante, fuero que ha terminado congestionando los juzgados laborales de las grandes y medianas ciudades, ya que estas poblaciones son, por lo general, el domicilio de los empleadores y de los abogados del demandante.
Por tal razón, en el proyecto de ley se prevé que la demanda debe presentarse en el último lugar donde se haya prestado el servicio, lo que redundará en una mejor distribución, desde el punto de vista territorial, de las cargas de los juzgados laborales”.
Las ponencias que en relación con este proyecto se presentaron en el Congreso de la República, así como los debates cumplidos con anterioridad a cada votación en las comisiones y plenarias reproducen con mínimas alteraciones esa misma línea de propósito(12), lo que reafirma de manera inequívoca la finalidad que se atribuyó, de una parte a la Ley 1395 como conjunto normativo, y de otra al hoy artículo 45, en torno a la competencia territorial de los jueces laborales. Entre otros aspectos, estos documentos resaltan la importancia del derecho de acceso a la justicia, e indican que esta Corte le ha reconocido el carácter de derecho fundamental, sobre lo cual citan la Sentencia C-426 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). A este respecto, señalan que corresponde a las autoridades diseñar los mecanismos necesarios para que ese acceso sea real y efectivo, lo que implica mayor inversión en el financiamiento de la justicia y en la atención de sus necesidades concretas, pero también la aprobación de reformas legislativas como la que en ese momento era objeto de trámite, que pretenden imprimir mayor agilidad a los asuntos judiciales, así como reducir, en lo posible, la demanda de servicios de justicia(13).
Habiéndose determinado con claridad la finalidad de esta norma, es necesario indagar ahora cuál es la trascendencia constitucional del propósito que animó la expedición de la Ley 1395 de 2010 y de su artículo 45. Sin embargo, debe reconocerse que, pese a la frecuencia con que durante los años recientes se han expedido normas que buscan superar los crónicos problemas de congestión que de tiempo atrás han afectado a la justicia colombiana(14), no son igualmente abundantes en la jurisprudencia constitucional las reflexiones de fondo sobre la importancia que debe atribuirse a ese objetivo, pues con escasas excepciones(15), en la mayoría de los casos la Corte ha examinado la constitucionalidad de las instituciones previstas en tales leyes a partir de su contenido material, sin abordar de manera expresa lo relativo a su finalidad(16).
Con todo, existen dos referentes más precisos sobre la materia que la Corte considera relevante tener presentes en este análisis. El primero de ellos es el artículo 5º transitorio de la Constitución de 1991, que concedió al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, una de cuyos objetivos era “descongestionar los despachos judiciales”(17). Este hecho resulta significativo, pues si bien es sabido que en ese momento la concesión de facultades extraordinarias en relación con diversos temas tenía por objeto suplir la transitoria vacancia del órgano legislativo ordinario en razón al llamado a nuevas elecciones contenido en el artículo 1º transitorio, la circunstancia de que la Asamblea Constituyente hubiera incluido esta materia dentro de aquellas que en su concepto requerían un urgente desarrollo normativo, es reflejo de la importancia que la norma superior le atribuyó al logro de la descongestión judicial, concepto que por lo demás, no aparece mencionado en ningún otro artículo del texto constitucional.
El otro consiste en algunas referencias contenidas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, tanto en su versión original, Ley 270 de 2006, como en la norma que recientemente le introdujo algunas reformas, esto es la Ley 1285 de 2009, referencias que a su turno dieron lugar a algunas breves reflexiones de esta corporación, en las providencias mediante las cuales se cumplió el control previo y automático de constitucionalidad de los respectivos proyectos de ley(18).
Al analizar la exequibilidad de este precepto y la de los demás anteriormente referidos(19), la Corte efectuó extensas y reiteradas consideraciones adicionales sobre el tema de la congestión judicial, de las cuales resulta un nuevo y explícito reconocimiento de la importancia y gravedad de este problema y de la necesidad de contar con mecanismos efectivos para luchar por su superación, lo que abona también la ya referida percepción sobre la trascendencia constitucional de esta finalidad.
Sin embargo, en la misma línea de los pronunciamientos antes referidos, debe precisar este tribunal que la descongestión judicial no puede ser asumida como un fin en sí mismo, sino apenas como un mecanismo complementario para garantizar el acceso a la justicia, ese sí explícitamente mencionado por el texto superior en su artículo 229 y definido por la jurisprudencia como un derecho fundamental(20). Pues en efecto, es sólo en la medida en que la demanda de justicia en desarrollo de ese derecho supera y desborda la capacidad institucional del Estado para responder a esa necesidad, que se justifica entonces la descongestión como un interés de la ciudadanía, cuya relevancia avala la necesidad de contar con políticas públicas sobre la materia, las cuales deben entonces tener una necesaria vocación de transitoriedad, siempre atada y condicionada a la persistencia del problema que se busca superar(21).
3.1.2. El segundo elemento por analizar con miras a determinar la proporcionalidad de la medida que se estudia es su idoneidad para alcanzar la finalidad propuesta, esto es, contribuir a reducir los niveles de congestión de los despachos judiciales. Dado que en este caso se aplica un juicio intermedio de proporcionalidad, la medida ha de ser adecuada o conducente para el logro del fin propuesto, por lo cual deberá existir un importante grado de probabilidad de que a través de ella pueda lograrse el objetivo buscado.
Como quedó dicho páginas atrás, la exposición de motivos del proyecto que precedió a la aprobación de la Ley 1395 de 2010, muestra que la principal razón con que se justificó la proposición de esta norma fue la necesidad de aliviar la congestión de los juzgados laborales de los grandes centros urbanos, puesto que, según se explicó, la regla previamente vigente en el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo producía ese efecto, dada la usual concentración de empresas y empleadores en torno a las principales ciudades del país.
3.1.4. Por último, debe analizarse también si esta medida resulta proporcionada en sentido estricto, para lo cual se requiere establecer el balance existente entre los beneficios que su aplicación podría reportar y los costos o dificultades que ello ocasionaría. Sin embargo, surge una primera dificultad al tratar de apreciar esa relación, pues al haberse constatada la alta indeterminación del beneficio que esta nueva regla sobre competencia territorial de los jueces laborales puede generar, al menos frente al objetivo de contribuir a la descongestión judicial, queda entonces en un plano puramente especulativo evaluar la relación costo-beneficio que al respecto pudiera plantearse y, a partir de allí, deducir si se está quebrantando el principio de proporcionalidad.
El domicilio, concepto sobre el cual se sustenta esta regla, es uno de los atributos básicos de la personalidad, y se encuentra definido en el artículo 76 del Código Civil como “la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”. Más adelante, los artículos 77 a 89 del mismo código establecen diversas reglas y presunciones en relación con el domicilio de las personas naturales, de las cuales resulta la ausencia de registro, la posibilidad de tener varios domicilios simultáneamente (art. 83), y en general, la relativa facilidad para cambiar de domicilio o establecer uno nuevo, usualmente sin que otras personas puedan tener oportuno conocimiento de ello.
Así las cosas, en el escenario más frecuente en la jurisdicción laboral, que es cuando el demandante es una persona natural, éste podría optar libremente por demandar ante el juez de su propio domicilio, y conforme a las normas vigentes no sería necesario que presente un documento u otro tipo de prueba sobre la ubicación de éste. En tales condiciones, la opción que la norma ofrece al actor podría convertirse en una condición puramente potestativa(22), en la que una de las partes escoge el juez ante el cual ventilará su caso, situación sin duda muy favorecedora para la parte que la ejerce, pero gravosa en la misma medida para la parte contraria, que se ve compelida a comparecer en juicio y ejercer su defensa dentro de un lapso limitado y corto, ante el juez de un lugar no predeterminado ni conocido de antemano. Se trata de una circunstancia que tradicionalmente ha repugnado al derecho procesal, precisamente por las dificultades que supone para el ejercicio de la defensa por parte del demandado, y por ello mismo, a juicio de esta Corte, resulta a todas luces desproporcionada.
Considera esta corporación que esa posibilidad resulta excesiva aún en los casos en que sean los empleadores quienes deban asumir los adicionales costos y cargas resultantes, pues esas mayores dificultades sin duda restringen el derecho de defensa y el acceso a la justicia, garantías que la Constitución reconoce incluso a aquellos sujetos que en razón a sus condiciones socio-económicas y/o a su posición contractual, han sido tradicionalmente rotulados como la parte fuerte de una determinada relación jurídica. Además por cuanto, en el caso concreto de la relación laboral, que sin duda es intrínsecamente desigual, la necesaria corrección viene dada principalmente por las garantías previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo modifican(23), sin que sea propio de las normas procesales ni de aquellas que determinan la competencia de los jueces contribuir a equilibrar las cargas, sino garantizar un entorno de igualdad dentro del cual pueda prevalecer el derecho sustancial(24).
3.2. Conclusión: la regla según la cual el actor puede escoger que el proceso laboral se adelante ante el juez del lugar donde se prestó el servicio o ante el de su propio domicilio vulnera el principio de igualdad, la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia.
4. Análisis sobre la exequibilidad del artículo 47 de la Ley 1395 de 2010.
El segundo precepto demandado dentro de este proceso es el artículo 47 de la Ley 1395 de 2010, que establece un inciso adicional que hará parte del numeral 3º del parágrafo 1º del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, norma que establece las reglas aplicables a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, que debe tener lugar dentro del trámite de los procesos ordinarios laborales.
La norma a la que se integra el texto aquí demandado regula en todas sus partes el trámite de la audiencia que deberá adelantarse al inicio de tales procesos, y que como su nombre lo indica comprende, en primer lugar, un intento de conciliación, que de ser exitoso pone fin a la controversia. Para el caso de no ser así, las reglas contenidas en el parágrafo 1º pretenden, en forma análoga a la contemplada en el actual texto del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, reducir en cuanto sea posible y delimitar claramente el alcance de los temas que deberán ser necesariamente decididos por el juez.
Como posibilidad adicional, el artículo 47 ahora acusado prevé que “si en la audiencia o en cualquier etapa del proceso resultan probadas con documento pretensiones de la demanda que versan sobre derechos ciertos e irrenunciables de trabajador, el juez ordenará el pago y el proceso continuará en relación con las demás pretensiones”. Como puede observarse, esta facultad podrá ser ejercida tanto durante la referida audiencia como más adelante, en cualquier etapa del proceso, y si bien gramaticalmente está concebida en términos imperativos, depende en realidad del concepto que el juzgador pueda formarse sobre el lleno de los presupuestos que según la norma resultan necesarios.
4.1. Elementos del juicio de proporcionalidad.
4.2. Sobre la infracción del artículo 31 superior.
Sobre este tema, la Corte ha precisado que si bien el artículo 31 superior deja abierta la posibilidad de que algunos fallos judiciales sean de única instancia, y por lo mismo no puedan ser objeto de nueva consideración a partir de la interposición de un recurso, esa determinación legislativa en ningún caso podrá ser arbitraria, pero resultará aceptable siempre que exista para ello una razón específica y constitucionalmente válida que justifique la ausencia de recursos, como puede ser, entre otras, la baja cuantía de las pretensiones que se reclaman, la naturaleza de la materia controvertida, la existencia de un fuero personal de carácter constitucional, o la ausencia de superior jerárquico que pueda conocer del recurso que al respecto se interpondría(25).
Finalmente, y dado que después de la admisión de la demanda que ahora se decide, pero con anterioridad a la fecha de este pronunciamiento, este tribunal profirió la Sentencia C-372 de mayo 12 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) en la que se declaró inexequible el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, en esta oportunidad se ordenará estarse a lo resuelto en la referida decisión.
1. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 45 y 47 de la Ley 1395 de 2010.
2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-372 de 2011, que declaró INEXEQUIBLE el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010.
(8) Sobre el margen de configuración normativa del legislador en materias procesales ver, entre muchísimas otras, las sentencias C-742 de 1999, C-111, C-384 y C-1270 de 2000, C-1104 de 2001, C-131 de 2002, C-204 y C-798 de 2003, C-662 de 2004, C-520 y C-807 de 2009.
(9) Cfr. sobre este aspecto, entre muchas otras, las sentencias C-740 de 2003, C-316 de 2008 y C-354 de 2009.
(10) Proyecto 197 de 2008 Senado, presentado el 18 de noviembre de 2008 por el Ministro del Interior y de Justicia, publicado en la Gaceta Nº 825 de noviembre 19 de 2008 (págs. 1 a 13).
(11) Exposición de motivos, Gaceta 825 de 2008, página 9. Aparentemente por error, en el segundo párrafo transcrito se dice que la reforma propuesta apunta a que la demanda se presente sólo en el último lugar donde se prestaron los servicios, mientras que el articulado propuesto contenía desde su primera versión la norma finalmente aprobada como artículo 45, es decir la que permite que sea el lugar donde se prestaron los servicios, o el domicilio el demandante, a elección de éste.
(12) Cfr. ponencia para primer debate en el Senado de la República, Gaceta 481 de 2009; ponencia para segundo debate ante la plenaria del Senado, Gaceta 1257 de 2009, páginas 1 a 37; acta Nº 28 de la plenaria del Senado, correspondiente a la sesión del día 16 de diciembre de 2009, en la que este proyecto fue aprobado en segundo debate; ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, Gaceta 262 de 2010; ponencia para segundo debate ante la plenaria de la Cámara, Gaceta 319 de 2010, páginas 1 a 56.
(13) Debe anotarse que las dos primeras de estas ponencias (las presentadas ante la comisión y ante la plenaria del Senado) reprodujeron de manera textual el segundo párrafo de la cita antes transcrita, y con él la imprecisión a que se ha hecho referencia en relación con el contenido de la regla propuesta para el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo.
(14) Entre ellas la Ley 23 de 1991, el Decreto Extraordinario 2651 del mismo año, la Ley 446 de 1998 y la Ley 1395 de 2010 de la cual hacen parte las disposiciones demandadas, además de muchas otras normas contenidas en diversas leyes en las que la descongestión judicial no es el único propósito pero sí se encuentra presente.
(15) Cfr. en este sentido, entre otras, la Sentencia C-162 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(16) Han existido sí, reflexiones puntuales en torno a la importancia de la descongestión de los despachos judiciales en aquellos casos en que la Corte ha examinado la validez constitucional de instituciones tales como la conciliación, el arbitraje o la amigable composición, en cuanto siempre se ha considerado que la existencia de los llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos es una opción válida para, de una parte, escapar en casos concretos de los traumatismos ocasionados por la congestión judicial, y de otra, contribuir a nivel global a evitar el crecimiento e incidencia de este fenómeno.
(17) Producto de estas facultades es el ya mencionado Decreto 2651 de 1991, de vigencia transitoria, prorrogado en varias oportunidades, algunas de cuyas disposiciones adquirieron luego carácter permanente con la expedición de la Ley 446 de 1998.
(18) Sentencias C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-713 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), respectivamente.
(19) Sentencia C-713 de 2008, antes citada.
(20) Ver a este respecto, entre muchos otros, los fallos T-006 de 1992, C-1195 de 2001, C-1027 de 2002, T-224 de 2003, T-114 de 2007, T-117 de 2009 y T-238 de 2011.
(21) Si bien la parte resolutiva de la Sentencia C-713 de 2008 no introdujo condicionamientos a la exequibilidad del artículo 15 de este proyecto que reformó el artículo 63 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su parte motiva sí incluyó reflexiones en torno al carácter necesariamente transitorio del plan nacional de descongestión desarrollado en esta norma.
(22) Expresión con la que es usualmente conocida la situación contemplada en el artículo 1535 del Código Civil.
(23) El carácter protector y corrector de la desigualdad es inherente a las instituciones del derecho laboral y se sustenta actualmente en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política. Cfr. sobre este tema, entre muchísimas otras, las sentencias C-893 y C-1110 ambas de 2001 y C-038 de 2004.
(24) Ver en este sentido los artículos 4º y 37 del Código de Procedimiento Civil, el primero de los cuales prevé la igualdad de las partes como uno de los principios que deberán observarse en la interpretación de las normas procesales, mientras que el segundo otorga al juez los poderes necesarios para garantizar en todo momento la observancia de este principio.
(25) Ver sobre este tema, entre muchísimas otras, las sentencias C-142 de 1993, C-040 de 2002, C-670 de 2004 y C-934 de 2006.