Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2009/08/
Timestamp: 2018-06-21 23:52:40
Document Index: 328151945

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 41', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 12']

La Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 13 de agosto de 2009 aprueba la convocatoria para este año para que las entidades locales presenten las solicitudes para obtener subvenciones públicas destinadas a contratar agentes de empleo y desarrollo local
La norma se publicó en el boletín oficial autonómico el pasado día 29 y entró en vigor al día siguiente, y adecua la normativa estatal a las peculiaridades organizativas de la Comunidad Autónoma. No sólo regula la convocatoria de concesiones para el año en curso para financiar la contratación de agentes de empleo y desarrollo local, sino también la prórroga de contrataciones anteriormente formalizadas. La norma se dirige a potenciar las políticas activas de empleo en el ámbito local, y excluye de su ámbito de aplicación a los proyectos cuyo objeto exclusivo sea “ejecutar acciones de orientación u organizar y/o impartir cursos de formación”.
Como novedad con respecto a convocatorias de años anteriores, cabe destacar que el gobierno autonómico manifiesta, en la introducción del texto, su deseo de dar cumplimiento a lo recientemente pactado en el Plan de Empleo 2009-2011, con el objetivo de consolidar la red de AEDLs en todo el territorio, consolidación que deberá permitir en un próximo futuro “impulsar comisiones insulares de seguimiento del desarrollo local con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos”.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 108.182.16 euros. Cuando se produzca un empate entre solicitudes presentadas se dará prioridad a los proyectos de entidades locales que no tenga cobertura territorial de AEDLs, y en segundo término a los proyectos de las entidades locales con mayor número de habitantes.
Para la concesión de las subvenciones se atenderá a los criterios subjetivos fijados en el apartado noveno: proyectos que agrupen a más de un municipio o se dirijan a importantes núcleos de población; grado de incidencia que la creación de puestos de trabajo tendrán las actividades a desarrollar por los AEDLs mediante su contratación; calidad del proyecto.
La subvención alcanzará el 80 % de los costes laborales y de seguridad social empresarial del trabajador contratado, con un máximo de 27.045,54 euros/año por contratación subvencionada. Se concede por un año y es prorrogable anualmente de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal de referencia (Orden de 15 de julio de 1999, modificada por la Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero).
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención finaliza el 15 de septiembre, y la actividad prestacional del ADL deberá iniciarse el 15 de noviembre como fecha límite, disponiendo la entidad contratante hasta el día 30 del mismo mes para presentar el contrato debidamente formalizado, el alta en la Seguridad Social y las actas del proceso de selección. No hay referencia expresa, a una modalidad contractual determinada, disponiendo la norma que la contratación se formalizará “mediante la modalidad contractual más adecuada, de acuerdo con la normativa vigente”.
La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 3 meses para dictar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
1. El Boletín Oficial de Estado publica hoy lunes, con entrada en vigor mañana, la Resolución de 7 de julio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones en este año “para la realización de un programa específico de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados con dificultades para su inserción o recualificación profesional”.
La norma tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso para la ejecución de un programa formativo tendente a la creación de empleo a través de iniciativas emprendedoras, dirigido a jóvenes desempleados que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional, con dos objetivos centrales, que son el aprender a emprender y la innovación metodológica.
Según dispone el artículo 3.1, las acciones formativas para las que solicite subvención, deberán estar constituidas por “un itinerario, adecuado y suficiente, que permita conseguir generar, valorar y madurar iniciativas emprendedoras mediante la adquisición de competencias, en materia de administración y gestión de empresas, y la utilización de una metodología de simulación empresarial, complementada por otra de autoaprendizaje de los contenidos técnicos, transversales y complementarios establecidos”. Se trata, fundamentalmente, de generar competencias en el ámbito de gestión y administración de pymes, con metodologías de simulación empresarial lo más cercanas a la realidad y que reproduzcan las situaciones verdaderamente existentes en el mercado con la mayor fiabilidad posible.
2. Las acciones formativas tendrán una duración máxima de 600 horas e irán dirigidas a un número máximo de 15 alumnos por grupo. Dichas acciones deberán ajustarse a las reglas establecidas en la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo
Podrán solicitar las subvenciones las entidades sin ánimo de lucro de implantación estatal, que acrediten debidamente su experiencia en el ámbito formativo dedicado a gestión de empresas y que dispongan de una red de centros de formación en el ámbito estatal, y que acrediten igualmente experiencia en el ámbito de las Unidades de Apoyo para prestación de servicios que no estén incorporados en sus propias estructuras.
3. La partida presupuestaria asignada al efecto es de un máximo de 3.000.000,00 de euros, con cofinanciación a cargo del Fondo Social Europeo en un 80 % si se trata de regiones ubicadas en los objetivos comunitarios de “convergencia”, “phasing-out” y “phasing-in”, y del 50 % cuando se encuentren enmarcadas en el objetivo “competitividad regional y empleo”.
La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación. La autoridad administrativa laboral estatal dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictar y notificar la oportuna resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada. En cuanto a los criterios de valoración a efectos de la toma de decisiones por la comisión de valoración sobre las solicitudes presentadas, deberán tomarse en consideración los siguientes y con la puntuación indicada en el artículo 8: acreditación de experiencia en los últimos 5 años: la calidad y utilidad del proyecto presentado, y su impacto; la presentación de informes sobre los recursos de que dispone la entidad que acrediten que supera los mínimos exigidos; la experiencia en organización y desarrollo de proyectos similares; disponer de red de centros de experiencia para poder llevar a cabo la metodología de simulación empresarial, el diseño de la Unidad de Apoyo, y la metodología utilizada para la evaluación y seguimiento del programa.
4. Tengo alguna duda jurídica sobre el carácter estatal del programa, aunque en la introducción se haga referencia a la normativa sobre el subsistema de formación profesional para el empleo de 2007 y la referencia específica a este programa. O dicho en otros términos, no acabo de ver claro que las referencias normativas incorporadas en la introducción, y el artículo 1.2, sean suficientes para justificar la actuación del servicio público de empleo estatal.
El artículo 1.2 dispone que "La ejecución del programa afectará a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma y facilitará la movilidad de las participantes en los mismos, requiriendo por tanto la coordinación unificada del Servicio Público de Empleo Estatal, según lo establecido en el artículo 13, apartado e), de la Ley 56/2003, de Empleo, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la misma Ley".
Ahora bien, asumamos que el programa afecta al ámbito supraautonómico y requiere la coordinación unificada del SPEE. Como no creo que sea necesaria la movilidad geográfica de los participantes (al menos eso intuyo después de la lectura de los artículos 3 y 4, aunque es cierto que podría producirse), debería entrar el mecanismo de cooperación Estado-CC AA de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 56/2003 de 16 de diciembre, de Empleo, cuyo texto es el siguiente:
8. Llega el turno de réplica al Ministro, que critica que se hayan mezclado en el debate las políticas activas y pasivas de empleo. Realiza una explicación del marco jurídico vigente y de las competencias que tiene el Estado en materia de prestaciones por desempleo, ya sean de carácter contributivo o asistencial, y expone que cuando han agotado estas prestaciones entran en juego las competencias autonómicas en materia asistencial, es decir las rentas mínimas de inserción.
Pero el gobierno es sensible a los problemas de los ciudadanos y es aquí donde se plantea la medida aprobada en el RDL 10/2009 para mejorar la situación de los ciudadanos afectados por el desempleo.
Con respecto a quienes se aplicará la norma, el Sr. Corbacho recuerda que era un tema de preocupación en el diálogo social, pero que una vez fracasado el gobierno ha de tomar medidas. Recuerda que el Presidente ha dicho que se estudiará si hay que modificar algo al respecto.
En su respuesta a ERC, el Ministro expone que el gobierno quiere el consenso en la cámara, donde habrá que explorar qué elementos de modificación del RDL 10/2009 habrá que abordar para poder llegar a un acuerdo. Recuerda que la obligación del itinerario de inserción ya existe en la Ley General de Seguridad Social, y que por consiguiente no le genera ningún nueva obligación al gobierno, ni a las CC AA. El gobierno es consciente de que la nueva situación genera mayor trabajo para (todos) los servicios públicos de empleo y que hay que hacer un sobreesfuerzo por las CC AA, y plantea que quizás pueda disponerse del dinero del Fondo Social Europeo para adelantarlo a las CC AA en los años 2009 y 2010.
Se refiere a la propuesta catalana de trabajos de utilidad social, y dice que hay que estudiarla en el marco de acuerdos bilaterales (¿se refiere, me pregunto, a acuerdos entre el Estado y una CC AA en concreto, o con todas en su conjunto?)
En sus respuestas al PNV, efectúa unas amplias referencias a las crisis económica e insiste en la tesis de la avaricia financiera que ha llevado a unos gravísimos problemas económicas y de empleo. Le pide (creo que al PP, aunque está respondiendo al Sr. Olavarría) que concreten qué reforma laboral quieren hacer y que la expliquen con claridad. Y cree que el PNV no está de acuerdo con la reforma laboral que propugnan los neoliberales.
Responde a continuación al grupo popular. Califica su análisis de parcial y no ajustado a la verdad. Expone las diferentes realidades productivas existentes en Europa, y cree que no podemos aplicar las mismas recetas por ejemplo en Alemania (con importantes reducciones de jornada y no extinciones de contratos) que en España (donde el modelo productivo ha llevado en gran medida a que la crisis se haya cebado en el sector de la construcción donde no es posible esa política de reducción de jornada, ya que se ha destruido empleo). El Ministro insiste en la importancia del cambio del modelo económico, y mientras tanto hay que combinar políticas a corto plazo (lograr la empleabilidad y una red adecuada de protección social) con las de largo plazo
Nuevamente mi malvada empresa de telefonía me deja tres minutos sin conexión a Internet. Quizás el Ministro haya dicho algo propio de un titular periodístico, o sea que no me quedará otro remedio que leer, como mínimo, los titulares periodísticos de esta tarde.
El Sr. Corbacho afirma que comparece cada vez que el Congreso así lo demanda, y no en función de una determinada fecha más o menos favorables a las tesis del gobierno, e insiste en que el PP explique su propuesta de reforma del mercado de trabajo, y que le digan al gobierno si está de acuerdo con la medida debatida, el RDL 10/2009, y que le digan, en especial a un parado, que no les parece bien esta ayuda. El Ministro pide al PP que eleve la cuantía de las rentas mínimas de inserción en las CC AA donde gobiernan, para que los desempleados puedan cobrar una prestación. Sigue formulando críticas al PP por utilizar las cifras cuando le interesan en función de sus preferencias.
El Ministro comparte las reflexiones de la representante de Nafarroa Bai, y destaca la importancia de la puesta en marcha de las políticas activas de creación de empleo, con insistencia en la importancia de la formación profesional.
En su respuesta a CiU, manifiesta que le sorprende que esta pida una “armonización” de las rentas de inserción autonómicas, y le recuerda que las competencias al respecto son autonómicas. Ahora bien, sí cree que es bueno que haya una reflexión de qué es lo que hay en materia de protección social y de qué debería realizarse en el marco de una concertación territorial lo más amplia posible. Pero eso no tiene nada que ver con el debate actual de cómo mejorar en la situación actual para el colectivo de desempleados desprotegidos. Recuerda otra vez que el Presidente ha dicho que habrá que estudiar la medida y de qué forma se puede adaptar para satisfacer el mayor número de personas posible.
El Ministro afirma con rotundidad que los servicios públicos de empleo están funcionando bien y rechaza las críticas formuladas por CiU sobre el mal funcionamiento de dichos servicios. Afirma que ya se podrá pagar la nómina de septiembre a 5.000 personas, pero recuerda que las cuantías se cobrarán en razón del momento en que se formule la solicitud y del de su reconocimiento.
Sobre una hipotética reforma laboral, el Sr. Corbacho insiste en sus tesis anteriores y critica nuevamente las tesis de la CEOE. Defiende que el debate sobre la hipotética reducción de las cotizaciones empresariales debe hacerse en el marco del Pacto de Toledo. El gobierno no cree que abaratar el coste del despido sea una medida que ayude a resolver los problemas del mercado de trabajo. Recuerda el impacto positivo del RDL 2/2009 y pide una reflexión sobre las numerosas bonificaciones que hay en materia de fomento de empleo, ya que cree que convendría poner orden para que sean realmente eficaces.
Con respecto al grupo socialista, el Ministro constata que dicho grupo y el gobierno están interesados en lograr el máximo consenso posible, y como probablemente la norma no sea perfecta se tratará de buscar el consenso para su adaptación de la norma. El Ministro espera que siga el diálogo social, pero que si no hay acuerdo el gobierno tomará las medidas adecuadas.
9. Interviene a continuación el representante del grupo popular Sr. Echaniz para preguntar si el gobierno va a modificar el RDL 10/2009 o no, y denuncia el “cacao mental” que tiene el Ministro en materia de prestaciones de desempleo, Critica que el gobierno afirme que el RDL 10/2009 no es una medida de política pasiva, y expone que el país no se merece este gobierno.
Interviene a continuación el Sr. Campuzano, que defiende la reordenación de las políticas de protección social y que las CC AA puedan gestionar las políticas pasivas. A su parecer, el RDL 10/2009 sí afecta a los servicios públicos de empleo, porque los itinerarios de inserción se llevan a cabo por los servicios autonómicos, y trae a colación las críticas de la federación de servicios públicos de la UGT de Cataluña a la puesta en marcha del RDL 10/2009.
Interviene el Sr. Llamazares, que expone que los costes laborales no es el problema de España sino que queramos, o quieran algunos, seguir compitiendo con salarios precarios. El representante de IU-ICV plantea que hubiera podido modificarse la regulación de la renta activa de inserción y no dictar una norma como la ahora debatida, e insiste en que hay que aplicar con bastante retroactividad la medida y concertarla con las CC AA, ya que en caso contrario IU no podrá estar de acuerdo.
Interviene el representante socialista, Sr. Membrado. Dice que hay que introducir algunas modificaciones en el RDL, pero afirma que las críticas del RDL 10/2009 por parte del PP, que lo ha calificado de cheque-paro no ayudan al debate. Critica la reforma del año 2002 de la legislación laboral por parte del gobierno del PP que suprimió los salarios de tramitación y abrió la puerta al incremento del número de despidos individuales reconocidos automáticamente como improcedentes y que llevan a la extinción del contrato.
10. Por último, el Ministro expone que el Sr. Echaniz no le ha entendido, y vuelve a explicar las responsabilidades correspondientes del Estado, de las CC AA y de las Corporaciones Locales. El Estado asume una corresponsabilidad en materia de protección social con las CC AA con este nuevo RDL. Es una política pasiva pero que nace con vocación de ser activa porque incluye referencias a los itinerarios de inserción
En su respuesta al Sr. Campuzano el Ministro argumenta que el debate de la gestión de las políticas pasivas de empleo por las CC AA va mucho más allá del debate del actual RDL 10/2009. Insiste en que los servicios de empleo están funcionando bien, aunque ciertamente todo es mejorable, y afirma que es una falacia afirmar que si se privatizan los servicios de empleo ello mejorará la situación del mercado de trabajo. El debate que debe hacerse en el futuro es cómo coordinar los servicios de empleo públicos con los privados, para que funcione bien el mercado de trabajo, y bajo qué dirección debe haber la coordinación, que a juicio del Ministro debe ser la autoridad pública.
11. Y ahora sí, en horario madrileño (14 horas 35 minutos), acaba el debate porque el presidente de la Comisión lo ha dado por concluido, y cierro la entrada del blog a las 16 horas, después de las correcciones de estilo necesarias. No me pregunten los lectores y lectoras del blog si volveré a repetir la experiencia que ha practicado en el día de hoy, porque no tengo respuesta, pero si me pinchan un poco más les diré que me gustaría que los debates parlamentarios tuvieran una calidad intelectual que animaran a su seguimiento. ¿Es mucho pedir?
1. Escribo esta entrada a partir de las 11 horas 30 horas, mientras estoy viendo y escuchando el debate que tiene lugar en el Congreso de los Diputados (Comisión de Política Social y de Empleo) a través del canal parlamentario. Es una experiencia muy interesante y que demuestra la utilidad de las tecnologías para hacer varias cosas a la vez. Quizás se pierda en seriedad intelectual, pero les aseguro que obliga a quien escucha el debate, que es mi caso, y escribe sobre la marcha, a hacer una síntesis de las ideas más importantes, o al menos las que me lo parecen, de los responsables gubernamentales y de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, sobre cuya calidad guardaré un prudente silencio. Y, por cierto, esta actividad que ahora realizo la considero como trabajo, más allá de dónde se haga.
La primera intervención del Ministro de Trabajo e Inmigración Sr. Corbacho es muy formal, con la lectura del texto que me imagino que le han preparado sus servicios técnicos, sin salirse ni una coma del guión. Ha expuesto las líneas maestras del Real Decreto Ley 10/2009 de 13 de agosto, sin añadir más de lo ya sabido, aunque ha recordado que el 30 de julio se celebró una reunión con los directores generales de empleo de las CC AA en la que se les informó del programa que sería aprobado el 13 de agosto. Sobre el contenido de la citada norma me remito a entradas anteriores del blog.
2. Interviene en primer lugar el representante de IU-ICV, Sr. Llamazares. Se centra poco en la norma, aunque critica la que califica de mala gestión realizada de su puesta en marcha, y expone que una medida que, aunque incompleta, responde a una necesidad real de las personas desempleadas, se ha convertido en una medida que se vuelve contra el gobierno por la forma, como se ha puesto en práctica. Pone más el acento en las críticas a la patronal y en la vigencia de la lucha de clases que en los asuntos que motivan la reunión de la Comisión.
El representante de ERC, Sr. Tardá, pide la retroactividad de los efectos de la norma a partir del 1 de enero (y no del 1 de agosto). Igualmente, una dotación económica a las Comunidades Autónomas para llevar a cabo las políticas de formación e itinerarios de inserción. Las CC AA deben poder complementar las ayudas hasta el SMI o con otro tipo de ayudas existentes, y que no sea necesario que la tasa de paro llegue hasta el 17 % para mantener la norma, calificada de “experimento” por el Sr. Tardá.
3. Y me parece que voy a cantar el “colorín colorado, esta historia se ha acabado”, porque la tecnología me ha dejado colgado y no puedo seguir viendo el canal parlamentario y explicarles el debate. Creo que no me quedará otro remedio que leer mañana en el ordenador las actas de la reunión de hoy. Las tecnologías también fallan, y no sólo los seres humanos, pero he podido hacer durante unos minutos, y estoy mucho contento por ello, dos cosas a la vez.
Pero… ¡Eureka¡, recupero la conexión pocos minutos después y me encuentro con la intervención del diputado del PNV, y colega iuslaboralista, Sr. Emilio Olavarría, quien desgrana, con conocimiento jurídico de la materia y con convicción política, sus comentarios críticos a la política del gobierno en materia de economía y empleo, se muestra muy duro con el Plan E y sus resultados a largo plazo, y cree que si no se apuesta por la economía de la creatividad y el conocimiento el paro seguirá creciendo en España.
El Sr. Olavarría cree que el gobierno ha perdido empatía con los agentes sociales en el ámbito del diálogo social, y en seguida carga contra el RDL 10/2009, al que califica de perturbador, por las dudas jurídicas que suscita, y lo tacha de inconstitucional, reiterando las críticas que ya formuló en el debate parlamentario de la Diputación Permanente del Congreso el pasado martes. Le pregunta al ministro que se va a hacer con todos los desempleados que agotaron la prestación antes del 1 de agosto, que afirma que son 1.200.000 personas, al mismo tiempo que califica de inconstitucionalidad que una prestación de desempleo, derecho subjetivo según el artículo 41 de la Constitución, se limite sólo a una parte de los desempleados. El Sr. Olavarría dice que el gobierno no sabe de dónde sacar el dinero para aumentar el período de pago de las prestaciones (en términos de retroactividad). Concluye afirmando que el gobierno actúa permanentemente de forma improvisada, y que no tienen idea alguna de cómo acometer y con quién las reformas estructurales que España necesita en la actualidad.
4. Interviene ahora el primer representante del grupo popular, Sr. Nadal. Empieza su intervención con los datos del PIB del segundo trimestre de este año, publicados esta mañana, y se refiere al “desastre” de la economía española, mencionando expresamente la pérdida de empleo a tiempo completo, y los malos datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de este año. Sigue analizando los datos del PIB y la caída en la actividad industrial, de construcción y servicios, y afirma que el crecimiento de la productividad se debe al aumento de los despidos, es decir a la reducción del número de personas ocupadas por haber perdido su empleo. Según el representante del grupo popular, la situación económica en España es de las peores de Europa, y para justificarlo se remite a los datos de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, afirmando que tenemos medallas de dudoso valor, como el de ser un país con elevadas tasas de desempleo en relación a otros países europeos. Critica implícitamente al Ministro Corbacho por sus críticas a los banqueros, y también las declaraciones de otros responsables gubernamentales en semejante sentido.
Pasa a exponer qué haría el PP en materia económica, y pide que se avance de verdad en el diálogo social. Ah¡, no se olvida de recordar que las autoridades económicas y algunas políticas le han dicho al gobierno que hay que reformar el mercado de trabajo, y critica la rabieta pueril que ha tenido el gobierno ante esas críticas y observaciones.
Entre sus propuestas, encontramos mejorar la intermediación del mercado de trabajo, y que entren las agencias privadas de empleo en dicha intermediación. Mejorar las políticas de formación y mejorar el capital humano. Acabar con la dualización del mercado de trabajo (hay españoles de primera y españoles de segunda, afirma). Hay que reducir las cotizaciones sociales.
Sigue el grupo popular con el Sr. Echaniz y formula críticas a la política de empleo del gobierno con los datos de la EPA, afirmando que no ha hecho nada útil ni eficaz para encarar los problemas laborales. Se refiere a la gratuidad del despido de los trabajadores temporales y afirma que el mercado de trabajo español es injusto y que se descarga sobre los temporales, y los jóvenes, la crisis que estamos viviendo, y que el gobierno sigue sin hacer nada al respecto. Pone como nuevo ejemplo de la crisis el expediente de regulación de empleo anunciado por Nissan, critica el aumento de la nómina de pago de prestaciones de desempleo y la caída en la afiliación de la Seguridad Social. Manifiesta la preocupación por el elevado número de desempleados que se encuentran en situación de larga duración. Sigue con sus críticas a todo lo que hace el gobierno, y argumenta que estamos ante un mercado de trabajo injusto y antisocial.
El Sr. Echaniz le pregunta al Sr. Corbacho cuándo se tomará las cosas del empleo en serio el gobierno. Por fin, se refiere a lo que llama el cheque-paro (RDL 10/2009) y pone en duda que vaya a aplicarse, y además sin evaluar su presupuesto. Califica de ridícula la actuación del gobierno en este terreno, que forma parte de su “orgía de medidas inútiles”, siempre según el PP. Afirma que se ha engañado a los desempleados y que se les ha ocultado a quién se aplica y a partir de cuándo se aplica. Critica las colas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal y lo mal que lo está haciendo el gobierno, sin calcular el coste de la medida, y afirma que el gobierno no tiene ni idea de lo que se llevan entre manos. Critica las declaraciones del director del Servicio Público de Empleo Estatal sobre la no necesidad de llevar a cabo políticas de formación para poder percibir la prestación, y que las CC AA no reciban ni un euro para gastar en políticas de formación. La norma, expone, es “una metedura de pata”. Critica el “éxito del gobierno” en que ya se hayan tramitado 5.000 solicitudes. Le pide al ministro que conteste si el gobierno va a modificar y en qué términos se va a producir, y cómo se va a pagar. ¿Lo va a tramitar como proyecto de ley? ¿Quienes perciban la prestación van a seguir siendo considerados desempleados o van a salir de las listas de desempleo? Le pide al gobierno que haga bien su trabajo y que dejen de hacer chapuzas.
5. Nueva intervención de la representante de Nafarroa Bai, Sra. Uxue Barkos, que se pregunta si la medida adoptada por el gobierno va a servir para resolver los problemas existentes. La diputada se plantea la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de cambios en el modelo productivo. Pide nuevos planteamientos, nuevos interlocutores y nuevas políticas en la actual situación de crisis económica y social, más centrados en concepto de inversión social que de mero gasto, para potenciar la creación de empleo. Se plantea gastar menos e invertir más en ámbitos sociales y sin temor al déficit, así como también cómo coordinar las políticas económicas y la puesta en marcha de redes y entornos económicos bien planificados y con estrategia a largo plazo.
Argumenta que el RDL 10/2009 es una medida de urgencia que no va a solucionar los problemas del desempleo. Su reflexión es más de alcance general de cómo encarar la situación económica que no sobre los contenidos concretos de la intervención del Ministro. Hay que cambiar las políticas de empleo y vincularla a sectores productivos en donde sea más viable la nueva creación de empleo. Destaca la importancia de las infraestructuras y del trabajo social, y critica la aversión del gobierno a las políticas de creación de empleo en el ámbito social (cita como ejemplo concreto lo que podría hacerse en el sector de la atención a la dependencia). No se puede tener la productividad deseada si no hay un buen yacimiento de empleo que permita resolver el problema de la atención a la dependencia. Hay que invertir en empleo social. Hay que pasar de las políticas de subsidio a las políticas de creación de empleo y de carácter social.
6. Habla el Sr. Carles Campuzano, de Convergència i Unió. Le ha decepcionado la intervención del Ministro porque no ha anunciado ninguna agenda para el próximo futuro con los agentes sociales y con los grupos políticos. Para CiU el diálogo social está en ruinas, fruto de la malísima gestión del gobierno, y este no ha creado las condiciones para que el diálogo fuera efectivo. Critica las declaraciones del Presidente del Gobierno y del Ministro buscando culpables (empresariales) del fracaso del diálogo, y afirma que el gobierno se instala en un discurso “gauchista” que impide salir de la crisis.
Expone que todos sabemos cuáles son los problemas que existen en el mercado de trabajo y qué medidas se han de adoptar, pero que el gobierno no quiere adoptar. El gobierno ha de asumir riesgos de verdad, y comprender que hay que plantear a la sociedad que deberá asumir sacrificios para salir de la crisis. ¡Que el gobierno asuma riesgos y responsabilidades, y que el diálogo social se celebre sin apriorismos¡
Se refiere al RDL 10/2009 y afirma que se generaron unas importantes expectativas que finalmente no se han cumplido, y que se han gestionado muy mal las relaciones con las CC AA. Han creado el “lio” de la entrada en vigor del RDL 10/2009, y se plantea en qué sentido se va a producir la hipotética modificación de la fecha de entrada en vigor, y con qué criterios hay que abordar ese cambio de fecha.
Carles Campuzano habla de la dispersión de mecanismos de protección de protección social en los ámbitos estatales y autonómicos, y pide que haya un cierto orden. Se refiere a la Renta Activa de Inserción, los subsidios, las rentas mínimas de inserción de las CC AA, y las pensiones asistenciales. Critica que los trabajadores autónomos queden fuera de la protección, y se plantea que sería bueno reforzar la capacidad de todas las administraciones para gestionar mejor el marco jurídico vigente. La medida del RDL 10/2009 es, en suma, improvisada.
Propone la reforma a fondo de los servicios públicos de empleo, si de verdad se quiere que se puedan gestionar bien ésta u otras prestaciones, y la colaboración con el sector privado (apoyo a las pymes, a los autónomos, y reducción de cotizaciones sociales para estos grupos de forma temporal y para enfrentarse a la crisis existente). Debe haber un acuerdo con los agentes sociales para reformar de verdad el mercado de trabajo, aprendiendo de las mejores prácticas europeas. Critica las palabras del Sr. Llamazares y le pregunta al gobierno con quién quieren hablar y negociar para salir de la crisis.
7. Interviene el representante socialista Sr. Membrado, quien critica fuertemente las intervenciones de los dos representantes del grupo popular, en especial del Sr. Echaniz, y manifiesta que es mala la ruptura del diálogo social. Expone que estamos ante una oposición irresponsable. Cree que la ruptura es un problema de todos los ciudadanos, porque el diálogo social ha sido la base de las mejoras en el terreno económico y social. Para el diputado socialista, la culpa del fracaso del diálogo social ha sido de la CEOE, que después de 13 meses ha llevado a una ruptura que, según el Sr. Membrado, estaba planificada desde el principio. Apoya al gobierno y al Ministro cuando afirma que el gobierno no ha sido quien ha hecho fracasar el diálogo social, y cree que la CEOE ha estado influida por algun grupo político. Critica la propuesta de la CEOE de reducción de 5 puntos de las cotizaciones sociales que implica una reducción de ingresos de 18 mil millones de euros y que significaría un problema muy importante para las arcas de la Seguridad Social. Le pregunta al grupo popular si está de acuerdo con la propuesta de nuevo modelo de contrato de trabajo para el siglo XXI, y si quieren que desaparezca la intervención administrativa en la resolución de los expedientes de regulación de empleo. Afirma que el gobierno ha hecho sus deberes en materia económica y social, y que ha llegado hasta donde ha podido en la mesa del diálogo social, pero que no ha sido posible el acuerdo por la actitud de la CEOE. Para el PSOE hay que seguir apoyando el diálogo social y que este se recupere, con autocrítica por las partes, pero afirma que la ruptura no se hubiera producido si no se hubiera jaleado por algun grupo político.
Entra en el análisis político del RDL 10/2009 y afirma que se ha tratado injustamente el esfuerzo que ha hecho el gobierno con la nueva medida (recuerda que es la primera vez desde hace 30 años que se ha dictado una medida de ampliación de la protección por desempleo), más allá de alguna necesidad de reinterpretación del texto. Se trata de una medida que complementa otras medidas adoptadas en los meses anteriores en materia económica y social, con cita del RDL 2/2009 y mención expresa a la protección adicional por desempleo que se introdujo para EREs de suspensiones contractuales. Recuerda también las medidas de bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social como mecanismo de protección que no hay que olvidar. Dice que el RDL 10/2009 cubre un hueco jurídico que hay que cubrir por razón de justicia social, “y no por beneficencia”. Afirma que hay que pensar en ampliar la cobertura económica, y pide a los grupos políticos que aporten propuestas. Puede haber dudas, se acepta, en la tramitación del RDL 10/2009, pero está muy claro que es una medida de justicia social.
1. La Resolución de 7 de agosto de 2009 aprueba las nuevas bases reguladoras, de vigencia indefinida, del programa de conciliación de la vida familiar y laboral "Cheque-guardería" y "Fomento a la creación de puestos de trabajo en Centros públicos o privados de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años", y aprueba sus respectivas convocatorias para este ejercicio. La norma se publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial autonómico y entro en vigor el día 18.
La Resolución de 28 de julio de 2008 ya aprobó esas bases y la convocatoria de concesión de subvenciones para dicho año. Con el transcurso del tiempo y la aplicación de la norma, el gobierno autonómico ha considerado necesario introducir algunas modificaciones al objeto de conseguir el fin último del programa, que es “la conciliación de la vida familiar y laboral a través de la implementación de medidas que faciliten, a los padres y madres trabajadores, la atención y cuidado de sus hijos menores”.
La partida presupuestaria asignada al primer programa es de 400.000 euros (distribuida en 200.000 euros, 150.000 euros, y 50.000,00 euros). La tramitación se efectuará en régimen de convocatoria abierta, pudiendo ser objeto de subvención los contratos que se formalicen entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2009. Se fijan tres plazos para la presentación de solicitudes y para la consiguiente resolución de las mismas, que incluyen los meses de enero a junio, de julio a septiembre, y de octubre a noviembre. En el primero, la solicitud debe presentarse en los 10 días siguientes al de la publicación de la norma, mientras que en el segundo los 10 días se computarán a partir del 1 de octubre y en el tercero a partir del 1 de diciembre. La autoridad administrativa laboral debe dictar la resolución en el plazo de mes a partir de la finalización del de presentación de las solicitudes, salvo en el último, en el que deberá hacerlo antes de finalizar el año 2009. Para valorar las solicitudes se tomará en consideración el mayor número de contratos a formalizar, su carácter indefinido, la mayor duración media y la mayor jornada, y si hubiera un empate después de la evaluación la norma acude al criterio de la rapidez en la presentación de la solicitud, es decir se otorga preferencia a la solicitud de la entidad “que se hubiera presentado con mayor prontitud, según la fecha y número de registro de entrada en el SCE”.
2. El primer programa regula el llamado cheque-guardería, un título nominativo que certifica que su titular tiene hijos menores de tres años y cumple los requisitos fijados por la norma, y que tiene por objetivo “facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso al trabajo de las personas, a través de la implementación de ayudas que sufraguen los costes derivados de los servicios de guardería de sus hijos”, teniendo derecho por cada hijo.
Su cuantía será igual al importe de la guardería y con un límite de 150,00 euros mensuales por cada hijo menor de tres años de edad. El posible beneficiario debe residir en Canarias, estar en situación de desempleo con una antigüedad mínima ininterrumpida de 1 mes, y haber formalizado un contrato indefinido o de duración determinada (de una duración mínima de 3 meses), a tiempo completo o parcial (duración mínima del 50 % de la jornada ordinaria), con un salario mensual bruto inferior a 1.500 euros (con inclusión de las pagas extras). No será necesario reunir el requisito de antigüedad como demandante de empleo si se trata de trabajadores con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, perceptores de la prestación canaria de inserción, menores de 30 años o mayores de 45 en la fecha de formalización del contrato, y mujeres que sufren violencia de género.
3. El segundo programa regula las ayudas económicas para fomentar la creación de puestos de trabajo en centros públicos (promovidos por las corporaciones locales y entidades de Derecho Público dependientes de las mismas) o privados (empresas privadas y asociaciones o agrupaciones de empresas organizadas mediante una única personalidad jurídica) de educación infantil para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de “facilitar la atención de los hijos de los trabajadores durante la jornada laboral”. La partida presupuestaria asignada es de 50.000 euros (distribuida en 25.000 euros, 15.000 euros y 10.000 euros). La tramitación de las solicitudes se realizará en los mismos términos que el primer programa.
La subvención por contrato indefinido a jornada completa oscilará entre 3.000 y 4.000 euros según la tipología de la persona contratada, con reducción proporcional cuando el contrato se formalice a tiempo parcial, y si se trata de contratos de duración determinada la cuantía se situará entre 600 y 800 euros, con la misma reducción en caso de contratación a tiempo parcial. En este segundo supuesto, la subvención se incrementará en 100 euros por cada mes que pase del sexto, con el límite del importe máximo de la contratación indefinida.
El posible beneficiario debe residir en Canarias, estar en situación de desempleo con una antigüedad mínima ininterrumpida de 1 mes, y haber formalizado un contrato indefinido o de duración determinada (de una duración mínima de 3 meses), a tiempo completo o parcial (duración mínima del 50 % de la jornada ordinaria), con un salario mensual bruto inferior a 1.500 euros (con inclusión de las pagas extras). No será necesario reunir el requisito de antigüedad como demandante de empleo si se trata de trabajadores con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, perceptores de la prestación canaria de inserción, menores de 30 años o mayores de 45 en la fecha de formalización del contrato, y mujeres que sufren violencia de género.
5. Vayamos a los aspectos que más interesarán, lógicamente, a los potenciales beneficiarios y también a las Universidades públicas: ¿cuáles son los requisitos necesarios para la obtención de la ayuda?
A) En primer lugar, “tener la nacionalidad española”. Quiero pensar que es solamente la disponibilidad económica la que limita el acceso a la ayuda a los autóctonos. Me resulta de difícil justificación, con arreglo a los Tratados comunitarios y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que pueda tratarse de diferente condición a un ciudadano español y a un ciudadano de cualquiera de los 26 restantes Estados miembros que cumplan los restantes requisitos; igualmente, también me cuesta argumentar jurídicamente la diferencia que se establece con un titulado universitario extracomunitario que se encuentra en situación legal de desempleo en España, y más con la amplitud con la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el reconocimiento del derecho a la educación para todos los ciudadanos sin distinción por razón de nacionalidad. En fin, de momento dejo apuntadas mis dudas, que consultaré con los compañeros y compañeras de Derecho Comunitario y Derecho Constitucional cuando la vida universitaria recupere plenamente su actividad en septiembre.
B) Ya se ha dicho, porque la norma va dirigida justamente a quienes la tengan, que las personas que soliciten la ayuda deben estar en posesión de un título oficial universitario. Además, deben encontrarse en situación legal de desempleo y tener reconocido el derecho a percibir prestación contributiva o asistencial. La norma dispone que el solicitante debe tener reconocido ese derecho “en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes”, plazo que finalizará el 30 de octubre, inclusive, y que no debe haber expirado en esa fecha “el período durante el cual tiene derecho a su percepción”.
C) La ayuda se dirige a las personas que tienen entre 25 y 40 años, tal como se aprobó en la Resolución antes citada del Congreso de los Diputados. Se trata de una opción de política legislativa y sobre la que podrá criticarse, en su caso, el límite impuesto para la mayor edad ya que parece vincular, aunque no creo que sea esa la intención de los redactores de la norma, la dificultad para acceder o permanecer en el trabajo a partir justamente de los 40 años de edad (cuando, por ejemplo, las medidas de fomento de empleo para las personas de edad avanzada a efectos laborales son de aplicación a partir de los 45 años), pero se trata de una opción que ha adoptado el Gobierno y que habrá que valorar cuando se disponga de un tiempo prudencial de aplicación. De ahí que un requisito obligatorio para tener derecho a la ayuda sea el de haber nacido entre el 1 de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1983.
6. ¿Podrán acceder a las ayudas todas las personas que las soliciten?
La respuesta nos la da el título de una preciosa canción de Jarabe de Palo: “Depende”. Y por seguir con la canción, ¿de qué depende? Pues de que la partida presupuestaria alcance para dar respuesta positiva a todas las solicitudes formuladas y que se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva. En el supuesto de que ello no pueda ser así, el criterio de referencia será el de la renta per cápita del solicitante, con la aplicación de un coeficiente corrector regulado en el artículo 7 con el que se pretende otorgar preferencia a las personas solicitantes de mayor edad.
El cálculo de dicha renta se hará de acuerdo con la normativa reguladora de las becas de carácter general para el próximo curso, en concreto la Orden EDU/1901/2009 de 9 de julio, en sus artículos 11 y siguientes. Por cierto, dicho sea incidentalmente y en relación con el acceso por razón de nacionalidad al que antes me he referido, la Orden EDU/1901/2009 requiere para su solicitud “d) Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España. En el supuesto de estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.
7. ¿Qué documentación debe presentar la persona solicitante?
“Do it yourself”, es decir “hágalo usted mismo”. Habrá que acudir al web del Ministerio de Educación (¿se colgará también en las webs de los Departamentos de Educación de las CC AA, y en la otra lengua oficial?), cumplimentarlo debidamente, imprimirlo y presentarlo firmado por el solicitante y todos los miembros de su familia que sean computables a efectos de determinar la unidad familiar “en el centro universitario donde vayan a cursar el Máster”. Además, deberá aportar la documentación que acredite que cumple los requisitos de encontrarse en situación legal de desempleo y tener reconocido el derecho a percibir la prestación contributiva o asistencial. Igualmente, y a los efectos pertinentes por si hay que resolver la concesión de las ayudas en razón de criterios económicos de la unidad familiar, la persona solicitante también deberá aportar en su caso la documentación acreditativa de que concurre “algunas de las circunstancias que dan derecho a deducciones en la renta familiar”.
8. Explicaba con anterioridad que las universidades públicas podían tener costes adicionales, o necesidad de reorganizar su actividad administrativa, como consecuencia de las cargas que le impone la nueva norma, aunque también puede argumentarse, y ojala esta sea la realidad, que ya están dotadas para poner en marcha sin complicaciones todo el entramado administrativo derivado de la nueva norma (qué quieren que les diga, yo tengo alguna duda al respecto).
Por ejemplo, será cada universidad la que deberá verificar, supongo que con sus propios medios o con los que les dote las autoridades autonómicas, como mínimo un 3 % de las ayudas concedidas para comprobar que se han ajustado a la letra de la norma, y en caso de que no sea así deberán exigir el reingreso de las cantidades indebidamente percibidas. La autoridad competente, por otra parte, quiere evaluar por su cuenta si las Universidades han actuado de forma diligente y con cumplimiento de la normativa, y a tal efecto “requerirá” (así se indica de forma taxativa en la norma) a las Universidades el envío de algunos expedientes de matrícula seleccionados por muestreo (¿por la autoridad competente?) “al objeto de comprobar los datos relativos a la matrícula de los alumnos beneficiarios de las ayudas”.
Más dudas me suscita el artículo 14.2 sobre cómo deberá actuar el personal administrativo de cada Universidad, a los que parece que se les atribuye la obligación de conocer perfectamente los requisitos que debe cumplir un solicitante de la ayuda, y la propia cautela de la norma al respecto (supongo que será la autoridad autonómica la que deberá fijar unas pautas más clara en este punto). Fíjense que las secretarias de los centros universitarios “podrán requerir cautelarmente” el abono de la matrícula a quienes presenten la solicitud y “no cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria”. Dejo la duda planteada de los problemas de índole práctica que pueden producirse en razón de los diferentes criterios interpretativos de cada Universidad, e incluso entre los que sostengan los distintos centros de cada Universidad.
9. Se busca y persigue rapidez en la tramitación de las solicitudes. Pongamos en marcha la maquinaria administrativa de cada Universidad, y una vez que ha concluido el plazo de presentación de solicitudes (recuérdese que es el 30 de octubre) la norma fija un breve plazo de forma taxativa, “antes del 10 de noviembre de 2009” (es decir en 6 días efectivos de trabajo, ya que hay un sábado y dos domingos en ese período), para que cada Universidad comunique a la autoridad autonómica competente el número total de solicitudes de ayudas presentadas, y aquí deben incluirse aquellas para las que se haya pedido subsanación de defectos, algo que parece de difícil cumplimiento si debemos respetar el plazo de 10 días que fija la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para dicha subsanación.
Además, en este mismo plazo deberán comunicar el importe aproximado de las ayudas en caso de que sean concedidas (parece que así se avanza el trabajo de las autoridades autonómicas, o al menos esa es la explicación que puedo encontrar al respecto). Con algo más de tranquilidad, antes del 30 de noviembre las universidades deberán remitir a las autoridades competentes, por vía informática, “la propuesta de los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria”.
Con toda la documentación disponible, y según dispone el artículo 12.4, con la necesaria adaptación administrativa a la organización autonómica, la autoridad competente elaborará una base de datos, los contrastará si fuera necesario con los de las administraciones tributarias, y elaborará “una relación con los candidatos debidamente ordenados”. Aquí, curiosamente, no se establece ningún plazo límite, a diferencia de lo establecido en la actuación de las universidades, en el bien entendido que la norma prevé que pueda darse el supuesto de que las solicitudes presentadas no superen el presupuesto establecido, y en tal caso se autoriza a que las autoridades competentes dicten “órdenes parciales y sucesivas de las ayudas a medida que los órganos de selección formulen las correspondientes propuestas”.
Más tiempos modernos y vuelta al “do it yourself”. Se comunicará por SMS a las personas interesada que se les ha reconocido o denegado la ayuda (regulación muy interesante, pero que me imagino que no cierra las puertas a que se utilicen otros procedimientos de comunicación previstos por la normativa administrativa), y será cada una de estas personas la que se descargará la notificación de la página web en la que sea publicada. No obstante, la norma no se olvida de la importancia de que la relación definitiva de personas a las que se ha concedido la ayuda sea publicada en los tablones de anuncios (supongo que es indiferente que sean presenciales o electrónicos) de cada Universidad, considerándose denegadas todas las solicitudes que no aparezcan en la resolución.
10. Y colorín colorado, mi explicación se ha acabado. Ahora, a esperar y desear, que no es poco, que la norma se cumpla, y bien, en interés de sus beneficiarios, de las Universidades y de toda la sociedad.