Source: http://www.slideshare.net/jliria/carta-a-apucv
Timestamp: 2016-06-01 01:28:32
Document Index: 210428455

Matched Legal Cases: ['artículo6', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 89', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 452', 'in fine', 'artículo 109', 'artículo 34', 'artículo109', 'artículo 109', 'artículo 2', 'artículo 342', 'artículo 70', 'artículo 102', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 89', 'Artículo 15', 'Artículo 3', 'artículo 13']

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Jonathan Liria, Profesor Biología
Sobre las Normas de Homologación
INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LAS NORMAS DE HOMOLOGACIÓNY SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS CLÁUSULAS 5ª Y 6ª DELPROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA PARA REGULAR LASRELACIONES LABORALES DEL PERSONAL UNIVERSITARIOEl estudio contenido en el documento que se acompaña está organizado en trespartes, así:Una primera parte, en la que se analiza el marco jurídico de las Universidades y delpersonal a su servicio, para evidenciar que las Normas de Homologación estánvigentes y que deben aplicarse para determinar el sueldo y los beneficiosadicionales de los profesores, los cuales también tienen derecho a los beneficios quederivan del Acta Convenio y de la Convención Colectiva que se apruebe. Conrespecto a esta última se observa que se ha iniciado su discusión sin darle la debidarepresentación a la FAPUV, en nombre de los profesores, y a los empleadores (lasUniversidades), lo cual vicia el procedimiento, pero puede corregirse.Una segunda parte, sobre las Cláusulas contenidas en el proyecto de ConvenciónColectiva que no se refieren al régimen laboral y que violan la Constitución: la 5ª,por la que se establece un sistema electoral para las Universidades, y la 6ª, en la quese determina que el socialismo es la ideología oficial y única para las Universidades.En una tercera parte, se incluyen recomendaciones para traer paz y justicia a lafamilia universitaria, en beneficio del país: que se reponga el procedimiento dediscusión de la Convención Colectiva Única para comenzarlo de nuevo, con laparticipación de la representación de los profesores (FAPUV) y de los empleadores(las Universidades); que del proyecto de Convención Colectiva se supriman lasClausulas 5ª y 6ª; que en la Convención Colectiva se prevea expresamente que elsueldo y los beneficios adicionales de los profesores se determinan conforme a lasNormas de Homologación y que se estudie la posibilidad de extender la aplicaciónde estas normas al personal administrativo, al personal profesional en funcionesadministrativas, técnicas y de servicio y a los obreros al servicio de lasUniversidades.Manuel RachadellEx Consultor Jurídico del Consejo Nacional de Universidades (CNU)Ex Consultor Jurídico de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
2Manuel RachadellDoctor en Derecho, Profesor Titular Jubilado de la UCVCaracas, 7 de junio de 2013CiudadanoProf. Víctor MárquezPresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela(APUCV).-Su Despacho.-Me dirijo a usted, muy atentamente, en mi condición de miembro de la Asociación queusted preside, para formularle un conjunto de consideraciones sobre la situación laboral delos profesores universitarios y sobre amenazas a la autonomía universitaria que se derivandel documento que he recibido con el nombre de “I CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICASuscrita en el Marco de una Reunión Normativa Laboral para los TrabajadoresUniversitarios 2012 – 2014. FENASINPRES, FETRAUVE, FENASTRAUV, FENASOESV,SINDICATOS DE FETRAESUV, FENASIPRUV Y SINDICATOS NO FEDERADOS –MPPEU”. Este documento, consignado el 21 de enero de 2013 por un grupo de centralessindicales ante la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del SectorPúblico, debe servir, presuntamente, para determinar las condiciones de trabajo de todoslos profesores universitarios, así como de los empleados y de los obreros de esas Casas deEstudio.A estos efectos me referiré, en una primera parte, al régimen laboral de los profesoresuniversitarios; en una segunda parte, a la inclusión de cláusulas inconstitucionales eilegales en el proyecto de Convención Colectiva mencionada, para luego concluir con unasproposiciones relativas a los temas que se examinarán.I. LAS NORMAS LABORALES APLICABLES A LOS PROFESORESUNIVERSITARIOSEn esta primera parte aludiremos al régimen jurídico de derecho público aplicable a losprofesores universitarios, para luego considerar la situación de las Normas deHomologación, el Acta Convenio y el proyecto de Convención Colectiva en ladeterminación del sueldo y de los beneficios adicionales de esta categoría de funcionariospúblicos.A. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOSEn Venezuela es muy frecuente encontrar que determinadas categorías de funcionariospúblicos se rigen por leyes especiales: así, los militares, los miembros del Cuerpo
3Diplomático y del Cuerpo Consular, los profesores universitarios, los profesores incluidosen el régimen de la carrera docente, por ejemplo, se rigen por la Ley Orgánica de la FuerzaArmada Nacional, la Ley del Servicio Exterior, la Ley Orgánica del Servicio Consular, laLey de Universidades y la Ley Orgánica de Educación, respectivamente. En los organismospúblicos a que nos referimos, el personal administrativo, en general, está sometido alámbito de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el personal obrero tienen suregulación en el Decreto Ley que contiene la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores ylas Trabajadoras (en adelante LOTTT), en la que se contempla, siguiendo el criterio que sesigue desde la primera Ley del Trabajo, la existencia de contratos colectivos, los cualesestán destinados a mejorar las condiciones laborales previstas en la ley. Las normas de laLOTTT rigen también de modo principal para los empleados de las organizacionespúblicas creadas bajo formas jurídicas de derecho privado (sociedades anónimas,fundaciones y otras) y para los empleados contratados en los organismos públicos.La LOTTT, sin embargo, es aplicable supletoriamente a los funcionarios públicos, con laexcepción de los miembros de los cuerpos armados, y en el encabezamiento de su artículo6 se dispone que “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales ymunicipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso,ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones,régimen jurisdiccional; y por los beneficios acordados en esta Ley en todo lo no previsto en aquellosordenamiento”. De esta norma se desprende que, con relación a los funcionarios públicos, seaplica preferentemente la legislación especial sobre la función pública y, subsidiariamente,las normas de la LOTTT.En las Universidades en general, y salvo que para alguna Universidad Experimental sedeterminara algo diferente, existe un régimen jurídico para los miembros del personaldocente y de investigación que es el contenido en la Ley de Universidades; un régimenpara los empleados administrativos que, a falta de una regulación expresa por parte de losConsejos Universitarios, es el consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública y enlas convenciones colectivas, y un régimen para los obreros y personal contratado, definidoen la LOTTT y en los convenios colectivos. Debemos señalar que, a partir de la LeyOrgánica del Trabajo de 1990, se incrementó la aplicación de normas laborales en diversosámbitos de la función pública, sin llegar nunca éstas a tener fuerza derogatoria conrespecto a las leyes que rigen las diversas categorías de funcionarios públicos, tal comoexpresamente se dispone en el artículo 6 de la LOTTT.La fijación de la remuneración del personal docente y de investigaciones de lasUniversidades, de acuerdo a la legislación vigente, corresponde a cada Universidad. Aestos fines, conforme a la Ley de Universidades, los Consejos Universitarios determinan elsueldo de los profesores al aprobar el presupuesto de la Institución, y también escompetencia de esos órganos: “Dictar, conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacionalde Universidades, el régimen de seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, así como todolo relacionado con la asistencia y previsión social de los miembros del personal universitario”(artículo 26, numeral 18).
4Conforme a la legislación especial contenida en la Ley de Universidades, el límite para elotorgamiento de remuneraciones y beneficios adicionales a los profesores no es otro que ladisponibilidad presupuestaria, cuyo monto principal es otorgado a cada Universidad porel Consejo Nacional de Universidades (en adelante CNU), como una suma global, para quecada Institución, con el agregado de sus ingresos propios, lo distribuya según susnecesidades y sus prioridades, de acuerdo al procedimiento previsto en la ley. Estapotestad de las Universidades acarreaba que se determinaran sueldos y beneficiosadicionales diferentes a los profesores en las distintas Universidades, lo cual fueconsiderado inconveniente para el funcionamiento del sistema universitario. Por ello,mediante un proceso de consultas y de negociación entre las diferentes Universidades y elministro del ramo (en ese momento el Ministro de Educación), al cabo de varios meses sellegó a un acuerdo en el seno del CNU, el cual fue formalizado como acto unilateral ysancionado por el Cuerpo con el nombre de “Normas Sobre Homologación de Sueldos yBeneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de Investigación de lasUniversidades Nacionales”, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Repúblicade Venezuela Nº 32.539, del 17 de agosto de 1982, y que aún se encuentran vigentes, condiversas modificaciones al texto original, derivadas de las tablas de sueldos y beneficiosadicionales que se discutieron y aprobaron en diversas oportunidades.B. VALIDEZ Y VIGENCIA DE LAS NORMAS DE HOMOLOGACIÓNEl acto normativo al que nos referimos, conocido coloquialmente como Normas deHomologación (en adelante NH), contiene dos aspectos diferentes: de un lado, ladisposición de que los sueldos y beneficios adicionales del personal docente y deinvestigación serán iguales, para cada categoría, en todas las Universidades, lo quesignifica una limitación a las potestades de los Consejos Universitarios, realizada por unórgano en el cual las Universidades tienen participación determinante, el CNU; del otro,que el CNU asumió el compromiso de revisar cada dos años las tablas de sueldos y losbeneficios adicionales de los profesores (artículo 13, NH), tomando como base el índicepromedio nacional del costo de vida, según los datos del Banco Central de Venezuela, paralo cual se debe consultar la opinión de la Federación de Asociaciones de ProfesoresUniversitarios de Venezuela (FAPUV). Es importante señalar que las NH constituyen loque los españoles llaman “normas consensuadas”, lo que significa que, antes de serpromulgadas formalmente como acto unilateral del Poder Público, esas normas fueronobjeto de un acuerdo previo con los sujetos a los cuales estaban destinadas, como ocurriótambién con la Ley de Universidades de 1958, cuyo proyecto fue elaborado por larepresentación de las Universidades.Las situaciones que surgieron a partir de 1982, con relación a la aplicación de esas Normas,han sido bien estudiadas por la profesora Gladys Lucena de Marval, destacada docente ydirigente gremial de la Universidad del Zulia, quien ha cumplido una importante laborcomo miembro de APUZ y de FAPUV. Su trabajo sobre “NORMAS DE
5HOMOLOGACIÓN, Síntesis Histórica de su Discusión y Aplicación”, publicado por laAsociación de Profesores de la Universidad del Zulia, es de obligatoria consulta en estetema y contiene informaciones que citaremos en esta parte del presente documento.Desde que se comienzan a aplicar realmente las NH, a mediados de la década de los 80, elEjecutivo Nacional adopta la política de regatear los montos de los aumentos deremuneraciones que se hacían exigibles por el incremento del costo de la vida. En lanegociación de 1987, la representación de los profesores condonó un 50% del retroactivohasta 1986. Para la siguiente discusión, en 1988, fue necesario que la FAPUV convocara aun paro de Universidades que duró 4 meses. Los ajustes salariales acordados en 1990fueron del 82,1% cuando correspondía un incremento del 145,3%. Para el período 1992—1993, se otorgó un incremento del 44%, en lugar del 75% que determinaba el aumento delcosto de vida. Una situación similar ocurrió en la discusión sobre la remuneración delperíodo 1995, donde los profesores aceptaron un incremento inferior al que correspondía,para poner fin a un paro de 37 días. En 1996 se convino en un aumento del 55%, en lugardel 65% a que tenían derecho los profesores. Para el período 1998-1999, se acordó unaumento menor al índice inflacionario y se pagó con Vebonos la diferencia pendiente, loscuales se emitieron en 2003. Para los años 2000-2001, por una inflación acumulada del 56%se aceptó un aumento del 46%. El acuerdo para el período 2002-2003 fue del 20% y lainflación del 28%. A partir de 2004, el gobierno inicia la política de no conceder aumentossino unilateralmente, en violación de la autonomía universitaria y de las NH, y estosajustes han estado siempre por debajo del índice inflacionario. Incluso, para el período2006-2007, el aumento (37%) fue de casi la mitad del porcentaje que correspondía. Para ellapso 2009-2010 no hubo revisión de remuneraciones y en el 2011 el gobierno otorgó unaumento del 40%, sin carácter retroactivo, cuando el incremento ha debido ser del 125%.A lo anterior se agrega que desde 2002 el gobierno desconoció el contenido de la Ley deUniversidades en cuanto al régimen presupuestario que corresponde a estas Instituciones:el Ministerio del ramo, por órgano de la Oficina de Planificación del Sector Universitario(OPSU), comenzó a asignar directamente los presupuestos a las Universidades, sinintervención del CNU, a discriminar las partidas presupuestarias para cada una de ellas,sin intervención de los Consejos Universitarios, a imponer unilateralmente las tablas desueldos y, a partir de 2004, se dejó de incluir en el presupuesto universitario los recursosdestinados al ajuste salarial, los cuales se mantienen en una partida centralizada CNU-OPSU, por lo cual ese concepto se paga por una nómina paralela. Todas estas decisionesunilaterales del gobierno han lesionado severamente la autonomía universitaria, y ello haocurrido, paradójicamente, a partir del momento en que la Constitución, por primera vezen nuestra historia, garantizó ese principio autonómico.La situación actual es la de que si en este momento el gobierno accediera a reconocer lasdeudas pendientes por ajuste salarial desde el 2004, descontando los aumentos que haconcedido unilateralmente, a tenor de las NH tendría que otorgar un incremento deremuneraciones del orden del 200%. Pero además, como ese aumento tendría quedistribuirse en los bienios correspondientes, ello tendría influencia en las prestaciones
6sociales ya canceladas y en las que faltan por cancelarse, ante lo cual el gobierno consideraque se llega a un monto que considera impagable por su magnitud. Pero el gobierno, enlugar de entablar el diálogo con la FAPUV para buscar fórmulas transaccionales quepermitan resolver la situación, como siempre se había hecho, se ha dedicado a hacerdifundir argumentos que no son sino pretextos para descalificar a las NH y para justificarel incumplimiento de las NH, tales como los siguientes:a) En febrero de 2007 “El Ministro (Acuña) acotó que no consideraba prioritaria la discusiónde las Normas, porque según él, algunos indicadores determinaban que las universidades no tienenuna producción y eficiencia adecuadas” (V. Gladys Lucena de Marval, op.cit. p. 18). Esosindicadores nunca fueron dados a conocer, como tampoco los que corresponden a laAdministración Nacional, incluyendo a PDVSA, para hacer las comparaciones del caso.b) Que las NH no tienen vigencia porque han sido derogadas. El gobierno no haexpuesto este criterio oficialmente, pero algunos de sus personeros lo han señaladoreiteradamente. Cabe preguntarse cuándo esas Normas derogadas, dónde, cómo, porquién, y sabemos que no hay respuesta a estas interrogantes. No fueron derogada por laLOTTT, porque esta ley no tiene como propósito dejar sin efecto leyes especiales sobre lafunción pública, antes por el contrario, en su artículo 6 las deja a salvo y les da un rangopreeminente con relación a las disposiciones de la LOTTT. Tampoco fueron derogadas pordecisión del Poder Judicial, porque en la sentencia de la Corte Segunda de lo ContenciosoAdministrativo del 15/12/2009, referida a un recurso por abstención o negativa interpuestopor la representación de la FAPUV, a pesar de que se trata de disminuir la importanciavinculante de las NH, lo que se hace es reafirmar su validez y vigencia. En efecto, en lasentencia aludida se expresa, al artículo 13 de las NH, en el que se prevé la revisiónperiódica de las remuneraciones, que “la clausula bajo estudio va en procura de lograr unequilibrio social entre los gastos propios de la Administración y el derecho de los Profesores yEmpleados Públicos a recibir un salario justo, y sólo dentro de dicho equilibrio sería viable el ajusteal cual hace referencia la cláusula bajo estudio”.c) Sentado que las NH están vigentes, en la sentencia que examinamos se aduce que“la revisión de las tablas de sueldos de los profesores es una potestad discrecional de laAdministración” y que “encuentra esta Corte que de no ser discrecionales normas como la objeto dela presente interpretación, las consecuencias de su aplicación atentarían contra la estabilidadeconómica de la Nación”. En realidad, lo que atenta contra la estabilidad económica de laNación no son las NH sino las políticas económicas irracionales que en lugar de promoverla funcionalidad del aparato productivo del país se han afincado en ponerle obstáculos,comenzando por las confiscaciones y ocupaciones de empresas y otras propiedades ysiguiendo por la conformación de un sistema jurídico inestable y cambiante quedesestimula las inversiones y la irregularidad en el otorgamiento de las divisas necesariaspara la producción, a lo que se ha agregado un gasto público desenfrenado, sin controlalguno, lo que promueve el derroche, la donación injustificada de recursos de la Nación, lautilización del ingreso nacional con fines partidistas y la corrupción administrativa, todoello en medio de un clima de violencia y de lucha de clases en la sociedad. Por el contrario,
7la existencia de disposiciones como las NH pueden contribuir a que los administradorespúblicos instrumenten políticas que salvaguarden la estabilidad económica de la Nación.d) Se da como argumento en la sentencia para tratar de justificar el incumplimiento dela obligación de revisar el monto de las remuneraciones de los profesores, a pesar de lavigencia de esa obligación, que no se pueden permitir “excepciones o privilegios que excluyana unos lo que se le concede a otros, en paridad de circunstancias”. Es cierto, sería convenienteextender la revisión de remuneraciones a todos los funcionarios que ingresan al serviciopúblico por concurso de oposición, que deben ser personas con índices académicoselevados y estar provistos, además del título de pregrado, de título universitario de cuartonivel, que deben someterse a un proceso de formación y capacitación y a la presentación deinvestigaciones serias para ingresar en el escalafón y para lograr sus ascensos y que estánobligados a mantenerse actualizados en sus conocimientos. Con esta misma óptica, laCorte Segunda debería examinar que existen cargos públicos a los que se ingresadiscrecionalmente, como es el caso de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, yque reciben mensualmente por bono de alimentación sumas superiores al sueldo total deun profesor titular a dedicación exclusiva, y asimismo que el gobierno ha anunciado laadquisición de 20.000 automóviles para distribuirlos entre los miembros de la FuerzaArmada Nacional, cuyos sueldos fácilmente triplican al de los profesores universitarios. Sise examinara el tema de los privilegios que se otorgan a los funcionarios públicos se veríaque los profesores universitarios están en último lugar, a pesar de que su contribución alpaís es de primer nivel.e) De igual manera expresa la Corte mencionada que “los sueldos de los Profesores yauxiliares docentes, en el período reclamado han sufrido variaciones acordes a las necesidades de laNación, con lo cual carece de fundamento el principio final de su pretensión, como lo es obtener unsueldo mayor”. En realidad, los profesores universitarios no persiguen obtener un sueldomayor sino mantener, en alguna medida, el poder adquisitivo del salario. Decimos que enalguna medida porque la determinación del costo de la vida, que se hace atendiendo alíndice de precios al consumidor, se basa en los precios oficiales de determinadosproductos, los cuales muchas veces no son lo que realmente se les asigna en el mercado.Pero además, las NH no prevén una indexación automática de los sueldos de acuerdo alíndice de la inflación, sino que el aumento del costo de la vida es un elemento que debe sertomado en cuenta en la negociación que debe entablarse cada dos años entre el gobierno yla representación gremial, tal como lo hemos visto anteriormente. Por otra parte, los pagospor ajustes, que han llegado a tener un retraso de hasta 60 meses, se hacen sin la correcciónmonetaria, de modo que, cuando el profesor recibe el ingreso, su poder adquisitivo esmucho menor al que tenía cuando la deuda fue contraída. Para no hablar de los pagoshechos con Vebonos, que pusieron al profesor en la disyuntiva de esperar a su vencimientopara cobrarlos en una moneda devaluada o a rematarlos con descuento.En realidad, a lo que aspiran los profesores es únicamente a que se apliquen reglas dejusticia laboral para una categoría de funcionarios públicos que realizan funcionesesenciales para el país y que reciben remuneraciones muy por debajo de las que
8corresponden a otras categorías de trabajadores. Para evidenciar esta afirmación bastaconsiderar que para el año 1982, cuando se dictaron las NH, el sueldo y los beneficiosadicionales de un profesor instructor a tiempo completo eran equivalente a 18 salariosmínimos, mientras que al presente ambos conceptos se han igualado: el sueldo del profesormencionado es de Bs. 2.677, mientras que el salario mínimo, con el aumento otorgado enmayo pasado, llegó a Bs. 2.456.f) Asienta la Corte Segunda que “la consulta a la Federación de Asociaciones de Profesoresde Venezuela (FAPUV) no es obligatoria, sino potestativa de la Administración, quien puededeterminar la conveniencia o no de la participación de este gremio en el eventual ajuste de la Tablade Sueldos, como lo puede hacer con cualquier otra organización, caso contrario, la norma se haríadiscriminatoria y contraria a los principios de una democracia participativa”. Este argumento, quedice simplemente que la Administración puede dejar de cumplir sus obligaciones cuandolo tenga a bien, no excluye la consulta a la FAPUV sino que sugiere que debe ampliarse laconsulta sobre el sueldo de los profesores universitarios a otros sectores de la población.Sobre esto los profesores no ponen obstáculo, pero esta circunstancia no justifica que elprocedimiento para la aplicación de las NH no se haya iniciado.Por último, debemos dejar sentado que ni el gobierno ni el Poder Judicial han tomado enconsideración que de las NH se deriva un beneficio laboral que es irrevocable por elpatrono e irrenunciable por los profesores universitarios, y que no puede ser menoscabadoen forma alguna, pues así lo establece el ordenamiento constitucional cuando se dispone enel artículo 89 de la Ley Fundamental lo siguiente:El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lonecesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de lostrabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado seestablecen los siguientes principios:1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad yprogresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalecela realidad sobre las formas o apariencias.2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenioque implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción yconvenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos queestablezca la ley.De lo expuesto se desprende que la negativa del gobierno a aplicar las NH, que son válidasy están vigentes, configura una clara violación del ordenamiento constitucional y, además,infringe de modo flagrante expresas normas internaciones aplicables a nuestro país,encaminadas a promover y proteger la negociación colectiva voluntaria y la celebración deconvenciones colectivas de trabajo, como las contenidas en los Convenios números 87, 98 y117 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Por último, resulta incomprensible que determinados grupos universitarios –muyminoritarios, por cierto- nieguen validez y vigencia a las NH, cuando el propósito comúndebería ser reclamar la inmediata aplicación del artículo 13 de esas normas y luchar porque
9una norma similar sea incluida en beneficio de los empleados administrativos, losprofesionales universitarios en funciones administrativas, técnicas y de servicio y losobreros de la Universidad.C. APLICACIÓN A LOS PROFESORES DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA ENPROYECTODesde hace muchas décadas los profesores han logrado que sus derechos laborales seanreconocidos en un Acta Convenio para establecer las “Condiciones Generales de Trabajo que atítulo de Contrato regulan las relaciones entre la Universidad Central de Venezuela y los miembrosdel personal Docente y de Investigación a su servicio”. Se denomina Acta Convenio porque enuna época había quienes sostenían el criterio de que no era admisible la contratacióncolectiva con relación a los funcionarios públicos. En áreas como la salud y la educación seinstauró la práctica de realizar entre los trabajadores (en este caso los profesores) y losempleadores (las autoridades universitarias) negociaciones para determinar lascondiciones de trabajo correspondientes, y el resultado a que se llegaba era promulgadounilateralmente por el ente público, de modo que este es un ejemplo de “normaconsensuada”. No obstante, en la evolución del Derecho Laboral se ha llegado a consagrar laposibilidad de que los funcionarios públicos puedan celebrar contratos colectivos y, en elprimer aparte del artículo 6 de la LOTTT, se declara que “Los funcionarios públicos yfuncionarias públicas que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la negociacióncolectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el derecho a la huelga, deconformidad con lo previsto en esta Ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de losservicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública”. En tal virtud, noha habido obstáculo para que en el Acta Convenio de la UCV se haga mención a que lascondiciones se regulan en este documento “a título de contrato”.Durante muchos años las NH han coexistido pacíficamente con las disposiciones del ActaConvenio, las primeras regulan el monto del sueldo y de los beneficios adicionales y lasegunda las demás condiciones que la Universidad, en ejercicio de su autonomía, reconocea los miembros del personal docente y de investigación. Por cierto que algunos de losbeneficios otorgados a los profesores en el Acta Convenio no han sido honrados por laUniversidad por falta de recursos, como son los contenidos en la Cláusula 68 “Bono deReconocimiento” y 69 “Bono de Rendimiento”.Esta existencia simultánea de conjuntos normativos laborales no es excepcional: para losempleados administrativos de la Universidad, además de la Ley del Estatuto de la FunciónPública, rige el Acuerdo Resolución entre la UCV y la Asociación de EmpleadosAdministrativos (AEA) de 1994 y, a partir de 2008, la Convención Colectiva del PersonalAdministrativo de las Universidades Nacionales, simultáneamente con la anterior. Para losprofesionales universitarios en funciones administrativas, técnicas y de servicios existe,para regular sus relaciones de trabajo, la I Convención Colectiva de Trabajo suscrita entrela Universidad Central de Venezuela y el Sindicato Nacional Asociación de Profesionales
10Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (APUFAT) 2002. Y para elpersonal obrero rige la Convención Colectiva del Personal Obrero al Servicio de lasUniversidades Nacionales, de 2008, simultáneamente con los diferentes contratoscolectivos suscritos entre la Universidad y los obreros a su servicio, según la dependenciaa que pertenezcan: Transporte, Comedor, Vigilancia, etc.En todos los casos en que una categoría de trabajadores se rija, en sus condicioneslaborales, por más de un conjunto normativo, se aplica la disposición que resulte másbeneficiosa para el destinatario.A lo anterior se suma el proyecto de una Convención Colectiva, a ser definida en el marcode una Reunión Normativa Laboral, que se pretende aplicar al personal docente y deinvestigación, a los empleados administrativos y al personal obrero de todas lasUniversidades del país. Esta figura tiene como antecedente el Decreto Ley 440, “SobreContratos Colectivos por Rama de Industria”, promulgado en 1958, normativa que, conalgunos cambios, fue incorporada a la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, y se mantiene enel LOTTT, cuyo artículo 452 dispone: “La convención colectiva de trabajo por rama de actividadpuede ser acordada en una Reunión Normativa Laboral, especialmente convocada o reconocida comotal, entre una o varias organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y uno o variospatronos, una o varias patronas o sindicatos de patronos y patronas, con el objeto de establecer lascondiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una misma rama de actividad”.En esta oportunidad la novedad consiste en que antes habían, con relación a los servidoresde la Universidad, tres Convenciones Colectivas distintas: una para los trabajadoresadministrativas, otra para los profesionales en funciones administrativa, técnicas y deservicio y otra para los obreros, ninguna de las cuales se aplicaba a los profesores. En elproyecto de Convención Colectiva a ser discutida se prevé la suscripción de un solodocumento, aplicable a todos los trabajadores universitarios, el cual aparece distribuido enCapítulos, unos con disposiciones comunes aplicables a todos los trabajadores, otrosespecíficos para cada categoría: empleados, obreros y personal docente y de investigación,otros comunes para empleados y obreros y otros específicos para el personal docente y deinvestigación.La pregunta que surge es la siguiente: las disposiciones de esta Convención a ser discutida,referidas a los profesores, ¿serán aplicables simultáneamente con los NH y con el ActaConvenio vigente? La respuesta es afirmativa. De ser aprobada la Convención colectiva,los profesores se regirían en sus relaciones laborales por tres conjuntos normativos,adicionales a la Ley de Universidades: las NH, el Acta Convenio y la ConvenciónColectiva, y en las situaciones concretas se aplicaría la norma más favorable al destinatario.Hasta aquí todo bien, pero surgen diferentes cuestiones que introducen incongruencias enel procedimiento:En primer lugar, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios deVenezuela (FAPUV), federación gremial que desde hace 42 años agrupa a las Asociacionesde Profesores de las diversas Universidades -algunas de muy larga trayectoria en ladefensa de los docentes, como la de la UCV (APUCV) que existe desde 1958- y que en su
11conjunto cuenta con más de 40.000 profesores agremiados, no se le ha permitido participaren la formulación del proyecto de Convención Colectiva, ni ha sido llamada en laconvocatoria que hace el Ministerio PP del Trabajo y la Seguridad Social el 15 de mayo delcorriente año, para participar en la discusión del proyecto de Convención Colectiva enrepresentación de los profesores Universitarios, ni en ningún momento el Ministro PP parala Educación Universitaria ha aceptado reunirse con los directivos de esta Federación paratratar el tema de la precaria situación económica tanto de los profesores universitarioscomo de las Instituciones a las que sirven. Para la mayoría determinante de los profesoresuniversitarios, que están agremiados en la FAPUV, resulta inaceptable que se discutan suscondiciones de trabajo con la sola presencia de grupos sindicales que pretendenrepresentar al profesorado universitario y que generalmente sólo tienen una existencia enel papel y son carentes de toda trayectoria de lucha gremial. Como pretexto para excluir lapresencia de la FAPUV se ha aducido que esta organización no constituye un sindicatosino una asociación civil, sin tener en cuenta que la Sala Electoral del Tribunal Supremo deJusticia, en su sentencia del 19 de mayo de 2000, dejó sentado el siguiente criterio:…la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, auncuando fue constituida bajo la forma jurídica de una asociación civil sin fines delucro, conforme al derecho civil, su objetivo ha sido orientado por el respeto desus integrantes en el ámbito universitario, como dependientes directos de esaCasa de Estudios, bajo una misma condición: PROFESOR y que de acuerdo a suActa Constitutiva y sus estatutos cumple un papel fundamental de interéscomún a sus asociados, como lo es la lucha por la dignidad, el bienestar, laprotección social, la estabilidad y el escalafón de todo el profesoradouniversitario, es decir, la obtención de beneficios específicos en el ámbitolaboral.En segundo lugar, el Ministerio PP para la Educación Universitaria ha asumido, desde laanterior Convención Colectiva y sin ningún fundamento enel ordenamiento jurídico, lacondición de patrono de los trabajadores, lo cual es inaceptable e ilógico, porque elempleador en la Universidad es ella misma, representada por las máximas instancias de laInstitución. Sostener lo contrario es desconocer que las Universidades Nacionales tienenpersonalidad jurídica propia y que están amparadas por la garantía institucional de laautonomía universitaria, consagrada esta en el artículo 109 de la Constitución ydesarrollada en la Ley de Universidades. ¿O es que acaso la consagración de la autonomíauniversitaria en el texto de la Constitución, en lugar de fortalecer la autonomía quegarantiza la Ley de Universidades desde 1958, lo que hace es debilitarla?Por lo tanto, se pretende discutir el proyecto de Convención Colectiva en una reunión delMinistro con unas centrales sindicales (reales o ficticias) afectas al oficialismo, en la que seaspira a aprobar declaraciones político-electorales a favor del régimen gobernante, enviolación del ordenamiento constitucional, como lo examinaremos a continuación.
12II. LA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS ILEGALES E INCONSTITUCIONALESEN EL PROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVAEn la mayor parte del proyecto de Convención Colectiva a que nos referimos se incluyencláusulas que reflejan las aspiraciones de las organizaciones que lo elaboraron. Sobre esascláusulas no tenemos ninguna observación y más bien podemos decir que constituyen unabuena base para la discusión que debe entablarse entre los representantes patronales y losrepresentantes de los trabajadores al servicio de las Universidades, para determinar lascondiciones laborales, dejando a salvo lo antes dicho de la preeminencia de las normas quetienen su fundamento en la Ley de Universidades con respecto al régimen deremuneraciones de los profesores y sobre la representación de los profesores y de lasautoridades universitarias en esas discusiones.Diferente es la situación con respecto a algunas declaraciones insertadas en las Cláusulasnúmeros 5 y 6 del proyecto, que son claramente violatorias del ordenamientoconstitucional de la República, a las cuales nos referiremos seguidamente.A. CLÁUSULA Nº 5, EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMAELECTORAL UNIVERSITARIOEn la Cláusula Nº 5 del proyecto a que nos referimos se incluye la siguiente declaración:CLÁUSULA 5 – DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICAUNIVERSITARIA El empleador acuerda implementar los mecanismos que permitan elderecho al voto a los trabajadores universitarios en igualdad de condiciones, para laelección de las distintas autoridades universitarias. Asimismo, el empleador se obliga areconocer y garantizar la representación de los trabajadores universitarios en losorganismos de cogobierno y dirección de las instituciones de educación universitaria.Esto en cumplimiento de los principios constitucionales de participación como derechofundamental que debe sustentar el Estado Venezolano y en lo establecido por la LeyOrgánica de Educación. Además, cualquier trabajador universitario con formaciónprofesional que cumpla con el perfil podrá optar a integrar los organismos de direcciónde las instituciones de educación universitaria a excepción de las dependenciasestrictamente académicas, que por su naturaleza deban ser ocupadas por un docente.PARÁGRAFO ÚNICO: Los representantes de cada sector de los trabajadoresuniversitarios en los organismos de cogobierno universitario tendrán voz y voto en latoma de decisiones y en igualdad de condiciones que los demás miembros y seránelegidos por votación directa y secreta (Subrayado añadido).Se observa que los aspectos subrayados se refieren a materias organizativas atinentes a lasUniversidades, cuya regulación está reservada a la Ley, tales como los siguientes:a) Se establece una forma de elegir a las autoridades, que en la actualidad estáregulada en la Ley de Universidades, la cual sería derogada por la Convención Colectiva,de ser aprobada.
13b) Se modifica la estructura de los organismos de dirección de las Universidades,regulada en la Ley de Universidades, al incorporarse nuevos miembros en el ConsejoUniversitario, los Consejos de Facultad y los Consejos de Escuela. Y no es cierto que la LeyOrgánica de Educación (LOE) consagre ese derecho.c) En la actualidad, los trabajadores profesionales que tienen el perfil requeridopueden ocupar los cargos de Dirección que no sean estrictamente académicos. Los cargosde Dirección: Rector, Vicerrectores, Secretario, Decano, Director de Escuela o de Instituto,Coordinadores Académicos, son cargos de dirección que sólo pueden ser desempeñadospor personal académico, por lo que no se entiende a qué se refiere esta previsión.d) Se consagra la obligación de los empleadores de implementar los mecanismos quepermitan el derecho al voto a los trabajadores universitarios en igualdad de condiciones,para la elección de las distintas autoridades universitarias. Nos referiremosparticularmente a este aspecto.En primer lugar, los empleadores, que se supone son las autoridades universitarias(aunque se les excluye de la discusión de la Convención Colectiva), no tienen competenciapara determinar el sistema electoral que debe regir para las Universidades. Esa funciónestá reservada a la ley, la cual en la actualidad es la Ley de Universidades, promulgada en1958 y reformada parcialmente en 1970, y en la cual se define que el derecho al cogobiernocorresponde a los miembros de la comunidad universitaria, integrada ésta por losprofesores, los estudiantes y los egresados. En el proceso constituyente de 1999 se presentóuna proposición de ampliar la comunidad universitaria a los empleados y obreros, pero lapropuesta fue derrotada por amplia mayoría de los constituyentes. En 2007 se planteóreformar la Constitución y se incluyó una propuesta de ampliar la comunidaduniversitaria en igual sentido, pero la misma fue negada en el referendo constitucional del2 de diciembre de ese año.En segundo lugar, 10 Rectores Universitarios agrupados en la Asociación Venezolana deRectores Universitarios (AVERU), solicitaron el 10 de octubre de 2009 la nulidad de la LOEen su conjunto y, subsidiariamente, de un grupo de sus artículos, entre ellos el numeral 3del artículo 34 de dicha ley, en el cual se establece que el acto electoral para la escogenciade autoridades universitarios es un derecho político, el cual se ejercerá en igualdad decondiciones por los integrantes de la comunidad universitaria: “profesores, estudiantes,empleados, obreros y egresados”. El fundamento de esta demanda de nulidad reside, en esteaspecto, en que se viola la integración de la comunidad universitaria definida en el artículo109 de la Constitución y se contradice el criterio vinculante de la Sala Constitucional deque el derecho a elegir, en las Universidades, no es un derecho político sino un derechoacadémico. La Sala Constitucional, hasta el día de hoy, no ha dado respuesta a estademanda.En tercer lugar, la Asamblea Nacional, en retardo con relación a lo previsto en la LOE,sancionó el 23 de diciembre de 2010 un proyecto de Ley de Educación Universitaria (LEU)en el cual se establecía un sistema electoral que consagraba una igualdad matemática en laelección de las autoridades, la cual correspondía a los profesores, estudiantes, egresados,
14empleados y obreros. El 4 de enero del año siguiente, el Presidente de la Repúblicadevolvió el proyecto a la Asamblea Nacional por considerarlo “inconsulto e inaplicable”.La Asamblea Nacional levantó la sanción al proyecto aprobado y no ha anunciado laelaboración de uno nuevo para iniciar su discusión.En cuarto lugar, la Sala Electoral del TSJ, en su sentencia Nº 104, del 10 de agosto de 2011,dispuso que la Universidad Central de Venezuela, al igual que otras Universidades queeligen sus autoridades, debía dictar, en un plazo muy corto, un Reglamento para modificarlo dispuesto en la Ley de Universidades sobre el sistema electoral universitario y, hastatanto, suspender los procesos electorales pendientes de realización. La representación de laUCV interpuso ante la Sala Constitucional recurso de revisión contra esa sentencia, el cualno ha sido resuelto.En quinto lugar, el 16 de mayo de 2012 la Sala Electoral dictó la sentencia Nº 83, en la cualdeclaró el desacato de los integrantes del Consejo Universitario de la UCV, con unas pocasexcepciones, a la sentencia mencionada en el punto anterior y le impuso a cada uno deellos una multa de 200 unidades tributarias, lo que para el momento equivalía a Bs. 18.000por persona.En sexto lugar, la Sala Constitucional del TSJ, de oficio, es decir, sin que nadie se lo hubierapedido, dictó la sentencia Nº 647, del 21 de mayo de 2012, en la que suspendió los efectosde la sentencia de la Sala electoral que declaraba el desacato por el Consejo Universitariode la UCV, se avocó al conocimiento de la materia electoral y expresó que la Sala Electoral,con su sentencia, había violado principios jurídicos fundamentales contenidos en laConstitución de la República.En séptimo lugar, el 31 de mayo de 2012, la Sala Constitucional dictó un auto en el que seordenó la celebración de una audiencia pública a la que debían comparecer los miembrosdel Consejo Universitario de la UCV, los recurrentes contra la convocatoria a eleccionesque había hecho la Universidad y los miembros de la Sala Electoral, estos últimos con elcarácter de imputados, como trámite previo para dictar sentencia sobre el régimen de laselecciones universitarias. Al día de hoy no se ha fijado la fecha para la realización de estaaudiencia pública.En octavo lugar, la Sala Electoral ha flexibilizado su criterio de que “tampoco podránestablecerse diferencias numéricas del voto profesoral respecto al voto del resto de los integrantes queconforman la comunidad universitaria, incluyendo el voto estudiantil” (caso UCV). En efecto, elConsejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) dictóun reglamento de elecciones en el cual consagró el principio de proporcionalidad del votoasí: 40% para los profesores, 30% para los estudiantes, 20% para los empleados y obreros y10% para los egresados. Miembros de la comunidad universitaria de la UNET pidieron lanulidad de ese Reglamento y solicitaron la suspensión de sus efectos. La Sala Electoralnegó la suspensión de efectos con el argumento de que no se había configurado el requisitode la presunción de buen derecho (fumus boni iuris) dado que si bien en otros juicios sehabía discutido sobre los integrantes con derecho a voto nunca antes esa Sala se había
15pronunciado sobre “el valor específico que el voto de cada elector tendrá en relación con todo eluniverso electoral dependiendo del sector universitario del cual provenga”, lo cual no es cierto.Por último, la Sala Constitucional se ha venido avocando al conocimiento de otras causasque se estaban ventilado en la Sala Electoral sobre el sistema electoral universitario, y asíha ocurrido con los casos de la UDO, de la UNEXPO, de la UPEL, de la ULA y de la UCLA,con la idea de dictar una sola sentencia que resuelva definitivamente las controversiasjurídicas que se han planteado en esta materia en las diferentes Universidades que eligensus autoridades, lo cual no ha ocurrido.De las consideraciones expuestas podemos extraer las siguientes conclusiones:PRIMERA: El sistema electoral que debe aplicarse en las Universidades que eligen susautoridades no forma parte del régimen laboral del personal universitario y, por tanto, nopuede ser incluido entre las cláusulas de una Convención Colectiva. Se trata de unamateria organizativa que, por estar regulada en la actualidad en una ley nacional (la Ley deUniversidades), no puede ser modificada por actos administrativos ni por contratoscolectivos, pues las leyes no se derogan sino por otras leyes. La misma LOE establece quesus disposiciones, y en particular las referidas a la educación Universitaria y a losmecanismos de participación, serán desarrolladas en leyes especiales (artículos 32, 34,1,34.4, 35, 36 y Disposición Transitoria SEGUNDA).SEGUNDA: La ley que debe dictar la Asamblea Nacional sobre las Universidades debeenmarcarse en el ordenamiento constitucional. En este aspecto existe una controversiasobre la posibilidad de que participen en la elección de autoridades universitarias personasque no son miembros de la comunidad universitaria, tal como esta aparece definida en elartículo 109 de la Constitución, y en desconocimiento de la voluntad popular expresada enel referendo constitucional de diciembre de 2007. La materia está sometida al conocimientode la Sala Constitucional, la cual no ha emitido su criterio al respecto.TERCERA: Se discute si la participación en las elecciones universitarias es un derechopolítico o un derecho académico. Es este aspecto existe el criterio vinculante de la SalaConstitucional, expuesto en su sentencia Nº 898 del 13 de mayo de 2002, en la cualdetermina que el derecho al sufragio en las elecciones universitarias es un derecho políticoy que la ley puede establecer diferencias sobre el derecho al voto entre los miembros de lacomunidad universitaria. Por lo tanto, una convención colectiva que estableciera uncriterio diferente al de la Sala Constitucional desconocería el carácter vinculante de lasdecisiones de esta Sala.CUARTA: Un tema como el del sistema electoral de las Universidades que eligen susautoridades, que ha generado opiniones contradictorias entre la Asamblea Nacional y elPresidente de la República y entre la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ, que hagenerado más de 15 juicios en los tribunales con respecto a los cuales se han emitido casi 50sentencias, y que no ha sido resuelto por las instancias a las que conforme a la leycorresponde el pronunciamiento definitivo, no puede ser regulado alegremente en lacláusula de una Reunión Normativa Laboral, figura esta que, por lo demás, ha sido creadacon un propósito diferente.
16QUINTA: Como consecuencia de lo expuesto, la Cláusula 5ª del proyecto de ConvenciónColectiva debe ser suprimida íntegramente del proyecto y no debe ser objeto de discusiónpara determinar las condiciones laborales del personal universitario.B. LA CLAÚSULA 6ª DEL PROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA, ENCUANTO PREVÉ EL SOCIALISMO COMO IDEOLOGÍA OFICIAL DE LASUNIVERSIDADESEn el proyecto de esta Cláusula se propone lo siguiente:CLÁUSULA 6 – DESARROLLO DE VALORES HUMANOS SOCIALISTAS Elempleador y las federaciones convienen en aunar esfuerzos para promover y sensibilizara los trabajadores universitarios en la toma de conciencia y desarrollo de los valoreshumanos que constituyen el poder moral en estas instituciones de educaciónuniversitaria. El empleador y las federaciones se comprometen a poner en prácticaactividades de divulgación de los valores humanos universales e institucionales, de losprincipios de la justicia social, ética, superación, austeridad, probidad y excelencia,valores morales y ética socialista, en pro de la consolidación y desarrollo del procesoeducativo en las instituciones de educación universitaria oficiales y en su praxis detrabajo diario, de acuerdo a lo enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social dela Nación 2013-2019.PARÁGRAFO ÚNICO: El empleador fortalecerá y concederá los recursos económicosnecesarios para que los trabajadores universitarios intervengan en eventos eintercambios estadales, nacionales e internacionales. De igual manera, realizará losconvenios con instituciones de educación en valores humanos para planificar y ejecutarestrategias que contribuyan a la formación del ser humano nuevo y del trabajadoruniversitario que requieren las instituciones de educación universitaria (subrayadoañadido).En su conjunto, en esta Cláusula se establece que para la instauración de los valoreshumanos y la ética socialista es necesario crear un hombre nuevo y para ello el empleador(es decir, el MINPPEU) y las federaciones convienen en aunar esfuerzos para promoveresos valores en las instituciones educativas, de acuerdo a lo previsto en el Plan deDesarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Muchas observaciones puedenhacerse a la concepción que subyace en esta proposición. No es el caso entrar a discutirsobre la posibilidad y conveniencia de crear un “hombre nuevo”. Diversos regímenespolíticos, de distinto signo pero siempre autoritarios (como los dirigidos por Stalin, Hitler,Mussolini, Mao, Polt Pot) lo intentaron, pero terminaron en genocidios que eliminaron unaparte importante de la población. Más cerca de nosotros tenemos la experiencia cubana,liderizada por el Che Guevara y Fidel Castro, y cabría preguntarse si al cabo de 55 años derevolución en ese país se ha logrado formar un hombre nuevo, imbuido de valoressocialistas. Incluso el humorista Zapata expresa que el hombre nuevo ya existe: Adán, perono dice si se refiere a una persona contemporánea. Antes que caer en este tipo de
17elucubración –no podemos discutir si una utopía es o no posible- nos parece interesanteexaminar el propósito que se plantea en esta cláusula a la luz del ordenamientoconstitucional venezolano.Previamente debemos decir que el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación2013-2019 no existe. El finado Presidente Chávez manifestó su disposición de presentarpara el mes de febrero de este año el proyecto de dicho Plan, pero no llegó a hacerlo. En sulugar, la propaganda oficial llama Segundo Plan de la Nación Simón Bolívar 2013-2019 aun documento que el Comando de Campaña Carabobo presentó ante el CNE el 21 de juniode 2012, al inscribir la candidatura Presidencial de Hugo Chávez Frías para las eleccionesque se realizarían el 7 de octubre de ese año., con el fin de cumplir un requisito establecidoen la legislación electoral. Ahora bien, este programa del candidato no es un documentopúblico, ni un acto estatal, ni en ninguna manera tiene carácter vinculante para losciudadanos, quienes no fueron consultados para su elaboración ni su aprobación. Es undocumento electoral de un candidato –hoy fallecido- en el que éste manifiesta su propósitode “Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada enlos valores liberadores del socialismo” (II.2.4). Un documento de esta naturaleza no puedeservir de orientación para ninguna clase de entes públicos, y menos para lasUniversidades, y si se insiste en darle carácter vinculante se estaría violentando el ordenconstitucional de la República.En efecto, el artículo 2 de la Constitución establece que el Estado democrático y social deDerecho y de Justicia que se ha constituido en Venezuela propugna como valoresfundamentales del ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros, “el pluralismopolítico”. Esta disposición, incluida en el Título I de la Constitución, PRINCIPIOSFUNDAMENTALES, y que niega la posibilidad de instaurar una ideología única delEstado, está investida de una especial jerarquía, hasta el punto de que no puede sermodificada por una reforma constitucional, sino por una Asamblea NacionalConstituyente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 342 de nuestra Ley Fundamental. Noobstante ello, el Presidente de la República pretendió en el año 2007 realizar una reformade la Constitución para, entre otros aspectos, establecer el socialismo como ideología delEstado, pero esa propuesta fue derrotada en el referendo constitucional realizado el 2 dediciembre de ese año. En el proyecto rechazado por el pueblo se incluían mencionesadicionales a la política oficial del socialismo en las reformas del artículo 70 y de losartículos 112, 113, 158, 168, 300 y 318. De modo que si el proyecto de reforma constitucionalhubiera sido aprobado, la pretensión del los gremios oficialistas, concretada en el proyectode Convención Colectiva, tendría una base constitucional, pero así no ocurrieron las cosas.Por otra parte, con relación al tema educativo que nos ocupa, el artículo 102 constitucionalconsagra que “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto atodas las corrientes del pensamiento”, con lo cual se reitera, en el ámbito educativo, lodispuesto en el artículo 2 sobre el pluralismo político y el rechazo a la ideología única. Peroademás, la Constitución que nos rige ha dejado claramente establecido que en el sistemaeducativo venezolano no se admite “la injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”
18(art. 104), y que “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado yno de parcialidad alguna” (art. 145).Esta orientación del Constituyente ha sido reiterada en la LOE, en disposiciones que estánvigentes porque no requieren de una ley especial que las desarrolle. Así, se expresa en estaley que “La educación regulada por esta Ley….está abierta a todas las corrientes del pensamiento”(art. 14), y más específicamente con relación al tema universitario que “En el cumplimientode sus funciones, la educación universitaria está abierta a todas las corrientes del pensamiento ydesarrolla valores académicos y sociales que se reflejan en sus contribuciones a la sociedad” (art. 33).Por otra parte, en el artículo 11 de la LOE se declara que “Se prohíbe en todas las institucionesy centros educativos oficiales y privados, la difusión de ideas y doctrinas contrarias a la soberaníanacional y a los principios y valores consagrados en la Constitución de la República”, como es eldel pluralismo político.La consagración de una ideología política que sirva de orientación a los empleadores y alos trabajadores universitarios, como se propone en la Cláusula que examinamos, abre laspuertas para acciones de discriminación, para la elaboración de “listas negras” y para eldogmatismo, la intolerancia, la adulancia y el oportunismo, que son tan frecuentes enEstados autoritarios. La Ley fundamental que nos rige rechaza expresamente esasconductas cuando establece en su artículo 89, al regular el trabajo como hecho social, que“Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o porcualquier otra condición”. Y este propósito se reitera en la LOE con relación al ámbitoeducativo cuando se pauta lo siguiente:Artículo 15. La educación, conforme a los principios y valores de la Constitución de laRepública y de la presente Ley, tiene como fines:3. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación transversalizada porvalores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a los derechos humanos yla no discriminación.En cambio, es función propia de la Universidad abrir sus aulas al estudio y discusión detodas las ideologías y a todos los proyectos de reforma económica, social y política, con unenfoque científico y en un ambiente crítico, de tolerancia y de respeto. Pero esa no siempreesa es la orientación que ha privado en algunos sectores del régimen que, inspirados en lastesis del ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci, han buscado controlar todos losmedios de comunicación y difusión y todos los establecimientos educativos para imponer ala sociedad, mediante el cambio de patrones culturales, una ideología única (hegemoníacultural). Ese propósito se mostró claramente en la versión para la primera discusión delproyecto de Ley de Educación Universitaria, en la cual se establecía lo siguiente:Artículo 3. La educación universitaria se define como:6. Un proceso de construcción de hegemonía cultural para la superación de la sociedadcapitalista.Por las razones expuestas, la Cláusula 6ª del proyecto de Convención Colectiva debe sersuprimida íntegramente del proyecto y no debe ser objeto de discusión para determinar lascondiciones laborales del personal universitario.
19III. CONSIDERACIONES FINALESAnte el próximo inicio de las discusiones del proyecto de I CONVENCIÓN COLECTIVAÚNICA a ser suscrita en el Marco de una Reunión Normativa Laboral para losTrabajadores Universitarios 2012 – 2014, existe la posibilidad de traer paz y justicia a lafamilia universitaria, y por supuesto al país, pero para ello es necesario que se produzca lareposición del proceso de discusión del proyecto de Convención Colectiva al estado en quese subsanen las infracciones con respecto a los actores que participan en la discusión y conla finalidad de que el texto a discutir se adecúe al ordenamiento constitucional venezolano.En concreto proponemos:PRIMERO: Que se revoque la convocatoria para la discusión del proyecto de ConvenciónColectiva que realizó la Ministra PP del Trabajo y la Seguridad Social el 15 de mayo delcorriente año.SEGUNDO: Que a la mayor brevedad dicha Ministra haga una nueva Convocatoria, en lacual se incorpore al proceso de discusión del proyecto a la FAPUV, como representante delos profesores universitarios, por una parte, y por la otra, que convoque a los empleadores,es decir, las autoridades universitarias, para lo cual se debe solicitar a la AsociaciónVenezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y a la Asociación Bolivariana de Rectores(ARBOL) que designen sus delegados a estos fines.TERCERO: Que del texto del proyecto de Convención Colectiva redactado se suprimen lasCláusulas 5ª y 6ª.CUARTO: Que en el proyecto de Convención Colectiva, en la parte correspondiente alrégimen laboral de los profesores, se introduzca una cláusula según la cual ladeterminación de las remuneraciones de los profesores se hará conforme a las Normas SobreHomologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y deInvestigación de las Universidades Nacionales (NH), y que, de inmediato y en paralelo, se decumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de dichas Normas.QUINTO: Que de inmediato y en paralelo se designe una comisión representativa de laspartes involucradas para estudiar la posibilidad de establecer Normas de Homologaciónsimilares para los empleados administrativos, los profesionales en funcionesadministrativas y técnicas y los obreros de las Universidades, y que al respecto se adoptenlas decisiones pertinentes.Atentamente,Manuel Rachadell