Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-13897-de-septiembre-22-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ff94f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-19 06:45:17
Document Index: 278625618

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﻿ SENTENCIA 13897 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2004
SENTENCIA 13897 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:ESTATUTO TRIBUTARIO. PROCEDENCIA DEL DESCUENTO DEL IVA SOBRE LA RENTA POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ESTATUTO TRIBUTARIO, DESCUENTO DEL IMPUESTO, COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
Sentencia 13897 de septiembre 22 de 2004
Ref.: Expediente 25000-23-27-000-2002-00001-01
Número Interno: 13.897
Actor: Concay S.A. C/UAE DIAN
Impuesto sobre la renta 1997
Bogotá, septiembre veintidós de dos mil cuatro.
Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación interpuestos por el apoderado judicial de la sociedad demandante y por el Procurador Tercero Delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, contra la sentencia de primer grado que no accedió a declarar la nulidad de los actos administrativos que determinaron oficialmente el impuesto de renta de la sociedad correspondiente al año gravable de 1997.
Para el efecto la Sala, debe determinar si la Sociedad Concay S.A. tenía derecho a solicitar como descuento tributario en el impuesto sobre la renta, el IVA pagado por la adquisición de vehículos automotores de carga para las labores de ingeniería que desarrolla, como lo pretenden la sociedad actora y el representante del Ministerio Público, así como el IVA pagado por los accesorios y repuestos de equipos de cómputo, como lo solicita aquella.
Descuento tributario por IVA pagado en la adquisición de activos fijos.
Para el año gravable de 1997, el descuento tributario por el impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos, estaba previsto en el artículo 258-1 del estatuto tributario (1) introducido a tal ordenamiento por el artículo 20 de la Ley 6ª de 1992. El texto era el siguiente:
Ley 6ª de 1992 artículo 20. Adiciónase el estatuto tributario con los siguientes artículos:
“ART. 258-1.—Descuento por el impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a descontar del impuesto sobre la renta a su cargo, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, de equipo de computación, y para las empresas transportadoras adicionalmente de equipos de transporte, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año en que se haya realizado su adquisición o nacionalización. Si tales bienes se enajenan antes de haber transcurrido el respectivo tiempo de vida útil, señalado por el reglamento, desde la fecha de adquisición o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto neto de renta correspondiente al año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, proporcional a los años o fracción de año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable; en este caso, la fracción de año se tomará como año completo. En ningún caso, los vehículos automotores ni los camperos darán lugar al descuento.
PAR.—El impuesto sobre las ventas pagado por activos fijos adquiridos o nacionalizados por nuevas empresas durantes su período improductivo, podrá tratarse como descuento tributario en la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al primer año de período improductivo. En caso de no poderse realizar el descuento en su totalidad en dicho año, el valor restante podrá descontarse en los dos años siguientes hasta agotarse.
Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable a las empresas en proceso de reconversión industrial, siempre y cuando el referido proceso obtenga la autorización del Departamento Nacional de Planeación. El Gobierno Nacional señalará las condiciones y requisitos necesarios para la aplicación de lo consagrado en este artículo” (se ha resaltado).
Lo anterior quiere decir que a partir del período gravable de 1993, los contribuyentes del impuesto sobre la renta podían aplicar como descuento tributario, el impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, de equipos de computación y en el caso de las empresas transportadoras sus equipo de transporte. Ese impuesto sobre las ventas debía descontarse del impuesto de renta, en el período gravable donde se hubiere producido la adquisición o nacionalización de tales bienes, que por supuesto debían tratarse de bienes gravados.
Sobre los bienes de capital la norma en referencia no hizo ninguna aclaración, sobre la naturaleza o clase de ellos, sino tan solo que pertenecían al grupo de los activos fijos, como puede deducirse del encabezamiento del propio artículo 258-1 del estatuto tributario, deduciéndose entonces que debían ser “bienes corporales muebles e inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente (E.T., art. 60).
Pero por otro lado, esos bienes que ordinariamente no constituyen el giro ordinario de los negocios del contribuyente, deben ser “usados en negocios o actividades de renta” (E.T., art. 128), lo que implica que deben colaborar en la consecución o producción de la renta de su propietario o usufructuario, de una manera directa e indispensable, comoquiera que sin su utilización no sería posible desarrollar las actividades normales de la empresa o actividad económica.
Ahora bien, el artículo 9º del Decreto Reglamentario 1250 de 1992, aclaró que respecto de los “bienes de capital”, solamente procedía el descuento, cuando se tratara de activos fijos productores de renta, al disponer:
“Para efectos del artículo 258-1 del estatuto tributario únicamente dan derecho al descuento allí previsto, el equipo de computación y los activos fijos productores de renta...”.
Con la expedición del Decreto 1372 de 1992, se dispuso en su artículo 21, que no darían derecho al descuento del impuesto sobre las ventas generado por la “compra de repuestos”, y tampoco respecto de “aquellos activos fijos que no tengan naturaleza de bienes de capital, por no ser productores directos de renta, tales como los muebles o enseres...” sin embargo esta corporación mediante sentencia de agosto 19 de 1994, expediente 4568. consejero ponente Delio Gómez Leyva, declaró la nulidad de las expresiones que se resaltan, por considerar que los repuestos y los muebles y enseres, en la medida que puedan corresponder al concepto de bienes de capital o bienes de producción, gozan del beneficio tributario, toda vez que si bien en el artículo 258-1 se hizo mención expresa a los equipos de computación y al equipo de transporte de las empresas transportadoras, tal precisión no implicaba que hubiera sido la intención del legislador excluir otros bienes muebles que se utilizan directamente en la producción de bienes físicos y en consideración a que según criterio de la Sala, el conjunto bienes de capital, como expresión de bienes de producción es tan amplio y variado que involucra la totalidad de los activos fijos que se comprometen en el desarrollo de la actividad productora de renta o producción de bienes y servicios.
El artículo 258-1 en su versión comentada, fue modificado por el artículo 104 de la Ley 223 de 1995, en los siguientes términos:
“ART. 104.—Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. El descuento previsto en el artículo 258-1 del estatuto tributario se concederá únicamente sobre los activos de capital que se capitalizan de acuerdo con las normas de contabilidad, para ser depreciados o amortizados. Para los activos adquiridos a partir de la vigencia de esta ley, cuando en un ejercicio no sea posible descontar la totalidad del impuesto sobre las ventas pagado en su adquisición, el saldo podrá descontarse dentro de los ejercicios siguientes. Cuando se trate de bienes adquiridos mediante contratos de leasing con opción de compra, el impuesto sobre las ventas solo podrá ser descontado por el usuario del respectivo bien, independiente de que el usuario se someta al procedimiento 1º o al procedimiento 2º, de que trata el artículo 127-1 del estatuto tributario.
Interprétase con autoridad el artículo 258-1 del estatuto tributario, en el sentido de que procede el descuento del impuesto de las ventas (IVA) en la adquisición de vehículos automotores sometidos a la tarifa general del impuesto sobre las ventas que sean activos fijos productores de renta” (Subrayas de la Sala).
De acuerdo a lo anterior, se tiene entonces:
“... que fue intención del legislador introducir una distinción de orden legal en cuanto a la destinación de los activos fijos, para efectos de la aplicación del beneficio tributario del descuento previsto en el artículo 258-1 del estatuto tributario, esto es: activos fijos productores de renta y activos fijos que no tienen esta condición. Es evidente que el beneficio fiscal recae únicamente sobre los primeros, tal como se deduce del contenido del artículo 9º del Decreto 1250 de 1992.
Se infiere entonces que no todo activo fijo, adquirido o nacionalizado por el contribuyente, puede ser objeto del descuento tributario del citado artículo 258-1, sino únicamente aquellos que concurran de manera directa, determinante e indiscutible en la producción de otros bienes de manera que sin su utilización no serpia(sic) posible la fabricación, producción, ensamblaje, manufactura o elaboración de estos. Esos otros bienes son los activos que le generan al contribuyente, ingresos operacionales y ocasionalmente extraordinarios, pero que en cualquier forma son los bienes que originan la renta ordinaria percibida en un período gravable...” (se ha resaltado) (2) .
Y que en virtud de la modificación propuesta por el legislador de 1995, cuando se trate de la adquisición de activos fijos, que correspondan al grupo de “bienes de capital”, se concederá el descuento del IVA, únicamente sobre aquellos “que se capitalizan de acuerdo con las normas de contabilidad para ser depreciados o amortizados”.
Sobre este particular, la Sala en una sentencia reciente, de fecha 5 de febrero de 2004, con ponencia de la Dra. María Inés Ortiz Barbosa, dictada dentro del expediente 13557, precisó:
“... para definir la procedencia del descuento en el caso bajo examen, debe atenderse a los términos de la nueva disposición, y en consecuencia, no constituye un reconocimiento de la viabilidad del descuento objeto de controversia la interpretación que al texto inicial del artículo 258-1 hiciera la Sala en la sentencia de agosto 19 de 1994, en el sentido de que los denominados “muebles y enseres”, en la medida en que estuvieran destinados de manera general al desarrollo de la actividad productora de renta, podían considerarse incluidos dentro de los bienes de capital, cuya adquisición según la norma daba derecho al descuento tributario.
Además debe tenerse en cuenta que el artículo 258-1 en su versión original, empleó la expresión genérica “bienes de capital”, que comprende los activos fijos, sea o no depreciables; mientras que el artículo 104 de la Ley 223 de 1995, preceptúa que se concederá el descuento únicamente, sobre los activos de capital que se capitalizan para ser depreciados o amortizados, es decir de aquellos que están destinados directamente a la producción, manufactura o fabricación de bienes productores de renta o a inversiones encaminadas a aumentar el proceso productivo.
Se tiene entonces que para que proceda el descuento del IVA en vigencia del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, aplicable al año gravable de 1997 objeto de revisión, se requiere que dicho impuesto se haya originado en la adquisición de bienes que participen de manera directa y permanente en la actividad productiva, es decir aquellos cuyo valor disminuye por su desgaste, dada su relación directa con la producción de la renta, y que deben reponerse para garantizar el desarrollo de la actividad económica mediante la depreciación, que está relacionada con la vida útil del bien; o que por tratarse de inversiones necesarias para el logro de los fines económicos, representadas en bienes no susceptibles de depreciación, deban tratarse como cargos diferidos, mediante su amortización”.
Sobre el alcance del término “capitalización”, la doctrina contable tiene la siguiente definición:
“Capitalizar.
1. Contabilizar y traspasar a uno o más períodos futuros cualquier erogación cuyos beneficios o productos habrán de realizarse durante los mismos. Véase bienes o gastos de capital.
2. Aumentar a una cuenta de activo fijo el costo de las adiciones a la planta, las mejoras y las erogaciones que tengan el efecto de aumentar la eficiencia o rendimiento de los bienes de capital o de realizar posibles ahorros futuros” (3) .
Por tanto, la aclaración que hizo el artículo 104 de la Ley 223 de 1995, en lo que tiene que ver con el primer grupo de activos fijos, a los que se refería el artículo 258-1 del estatuto tributario, es que a partir de su vigencia, esto es el año gravable 1996, toda erogación que implicara conforme a las normas contables, registrarse como activo, es decir mantenerse en forma permanente como bienes de los cuales se espera obtener beneficios en el futuro, de modo especial, los bienes denominados activos fijos, y que por tanto fueran susceptibles de depreciarse (reconocer el gasto por su uso u obsolescencia) o amortizarse (llevar al gasto el valor del costo una vez se fueran obteniendo los ingresos esperados), eran los bienes por los cuales podía solicitarse como descuento tributario, el impuesto pagado en su adquisición o nacionalización.
Ahora bien, en cuanto a los equipos de computación, observa la Sala que ni en el citado artículo 258-1 del estatuto tributario, ni en ninguna norma reglamentaria se hizo claridad sobre su significado, por lo que es necesario recurrir a la interpretación gramatical y técnica prevista en los artículos 27 y 29 del Código Civil. Así es que por “equipo de computación” puede entenderse “el conjunto de aparatos y dispositivos que constituyen el material de un ordenador (computador)” (4) . Respecto de los componentes de un computador, estos son básicamente dos: el hardware y el software. El término hardware se refiere a los elementos tangibles del equipo, como la tarjeta madre (board), la memoria, el disco duro y otros dispositivos de almacenamiento. En cambio, por software se tiene el conjunto de instrucciones que ponen en comunicación los diferentes dispositivos del computador (PC) y le permiten realizar cualquier tarea. Pertenecen a esta categoría el sistema operativo, los programas o los archivos de configuración. Pero igualmente para la operatividad de un equipo de cómputo se requiere del concurso de los llamados periféricos, que son todos aquellos dispositivos imprescindibles conectados al computador que permiten la introducción (teclado, mouse o ratón, joystick) o salida (monitor, impresora) de datos, aunque en algunos casos, un periférico puede realizar ambas tareas (5) .
Lo que quiere decir que desde la aparición del artículo 258-1 del estatuto tributario por parte del artículo 20 de la Ley 6ª de 1992 y hasta su derogatoria, era permitido tomar como descuento tributario en el impuesto sobre la renta, el IVA pagado en la adquisición de todos los componentes y dispositivos que hacen parte de un computador, ya sea que pertenezcan al hardware, software o se trate de sus periféricos, puesto que todos ellos conforman lo que literalmente se denomina “equipo de computación”, sin que aquella norma hiciera referencia a la forma de contabilizar esas adquisiciones, sino tan solo que se tratara de activos fijos para el contribuyente, es decir bienes que participaran en la producción de la renta.
Respecto a los elementos y accesorios comprados para el equipo de cómputo de la sociedad actora, fueron rechazados por la administración tributaria, los siguientes conceptos:
Factura Fecha IVA solicitado Accesorio
0100 06-03-97 $ 11.200 Tarjeta de red
0160 08-05-97 27.546 Tarjetas
0207 11-06-97 35.520 Cable regulador
0225 07-07-97 11.200 Regulador
0234 14-07-97 50.969 Monitor
0254 12-08-97 17.280 Fax modem
0295 23-09-97 7.200 Cable
0315 22-10-97 11.200 Regulador
0317 30-10-97 62.794 Regulador, fax modem
0326 19-11-97 44.800 Reguladores
Total $ 279.709
Como se puede apreciar, los accesorios de instalación y periféricos comprados para el funcionamiento de los computadores de la empresa, son partes o piezas que hacen parte de la noción de “equipo de cómputo” señalada en el artículo 258-1 del estatuto tributario, luego su rechazo por parte de la administración tributaria y del tribunal, por no ser en su criterio bienes de capital, no fue acertada, porque además de ser activos susceptibles de depreciación que era el género de bienes que contemplaba el artículo 104 de la Ley 223 de 1995, hacían parte del equipo de computación, uno de los tres grupos de activos fijos que señalaba la disposición original tantas veces mencionada. La depreciación de tales accesorios y elementos se explica ya que al ser incorporados en reemplazo o adición de los existentes en cada equipo, van a conformar el costo fiscal de esos activos fijos que dado su naturaleza están sometidos a la depreciación respectiva.
Las tarjetas de red, de fax modem que conforman el hardware de un computador, un monitor que hace parte de los periféricos para la entrada y salida de información y los reguladores de energía adquiridos conjuntamente con los otros accesorios, hacen parte de los elementos necesarios para que el equipo de cómputo funcione adecuadamente y minimizar los riesgos que podrían derivarse de una deficiente o errónea instalación del hardware, software o los periféricos. Tal como se dijo antes, el equipo de cómputo comprende todos los dispositivos y aparatos que conforman un computador, sin que sea entendible excluir accesorios que están estrechamente relacionados con el buen uso de esta clase de bienes.
Pero igualmente si no se consideraran como integrantes del equipo de cómputo, la compra de accesorios tales como la tarjeta de red, el fax modem o el monitor, son susceptibles de capitalizarse como activos fijos, ya que suponen que con su instalación el equipo de cómputo va a tener un mayor valor o por lo menos permite que los bienes continúen siendo activos productores de renta al ayudar al desarrollo del objeto social de la empresa y en tales condiciones su contabilización bien podía llevarse a la cuenta 1528 del PUC (cuenta equipo de computación y comunicación).
En tales condiciones, la Sala encuentra procedente el descuento tributario sobre los accesorios y elementos del hardware comprados para el equipo de cómputo de la sociedad actora, al entenderse como parte integrante de aquel y en todo caso como activos fijos susceptibles de depreciarse una vez incorporados al equipo de cómputo. En consecuencia, prospera el cargo.
En relación con el rechazo del descuento por la adquisición de vehículos por el sistema de leasing observa la Sala:
En el caso sub lite, la Sociedad Concay S.A. suscribió con la Compañía de Financiamiento Comercial Leasing Occidente S.A., el contrato 54520 donde aparece la compra mediante el sistema de leasing de un vehículo marca Freightliner clase tractocamión modelo 1997 (fls. 279-274 cdno. a.), y el contrato 5421 mediante el cual se adquirió por el mismo sistema de arrendamiento financiero, un vehículo de las mismas características que el primero (fls. 285-280 cdno. a.). Así mismo con Suleasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial S.A., suscribió el contrato 016445 mediante el cual adquirió por leasing un vehículo de marca Chevrolet Kodiak 211 Diesel modelo 1997 (fls. 236 a 234 cdno. a.). El impuesto a las ventas correspondiente a los citados contratos fue en su orden el siguiente: $ 17.553.448 respecto de los dos (2) tractocamiones comprados a Leasing de Occidente y de $ 6.974.007 respecto del vehículo diesel adquirida a través de Suleasing, para un total de $ 42.080.903.
La razón que tuvo, el a quo para desconocer el impuesto a las ventas pagado en la adquisición de esos tres vehículos automotores, fue el no tener el carácter de bienes de capital, esto es que no se utilizaban directamente en la producción o dentro del desarrollo de la actividad productora de renta y por tanto no se enmarcaban dentro de los parámetros consagrados en el artículo 104 de la Ley 223 de 1995, si se tiene en cuenta que en forma general el objeto social de la actora era el ejercicio de la ingeniería según lo que mostraba el certificado de la cámara de comercio.
Para la Sala, el argumento del tribunal no puede ser de recibo, puesto que conforme a la normatividad vigente para el año gravable 1997, esto es el artículo 258-1 del estatuto tributario, modificado e interpretado por el artículo 104 de la Ley 223 de 1995, el impuesto sobre las ventas pagado en su adquisición, era posible solicitarlo como descuento tributario. Pues bien, los dos vehículos de carga y trabajo pesado adquiridos durante el año 1997, por la Sociedad Concay S.A., tenían el carácter de bienes o activos de capital, comoquiera que en la versión normativa de la Ley 223 de 1995, tal condición estaba referida a que se tratara de activos que se capitalizaran, es decir que su registro contable en cuentas del activo permitiera en un futuro obtener beneficios, es decir que a partir de su contabilización participaran en la producción de los bienes o servicios que constituyeran el objeto social del contribuyente, y que dado el desgaste, uso, u obsolescencia se tuvieran que depreciar o amortizar.
Tal como lo sostiene la entidad demandante y el procurador delegado, los vehículos de carga adquiridos son activos productores de renta, ya que se utilizan normalmente en el cumplimiento del objeto social y su incorporación al activo de compañía (capitalización) está claramente justificada al lograr satisfacer sus compromisos laborales que se derivan de aquel. Recordemos que con la modificación introducida por el artículo 104 de la Ley 223 de 1995, la naturaleza de los bienes adquiridos, debía ser más que bienes de capital, con el sentido que la jurisprudencia de la Sala le ha dado y que fue transcrita anteriormente, la de ser activos fijos susceptibles de depreciarse o amortizarse y los vehículos adquiridos por la actora eran por supuesto susceptibles de depreciarse (E.T., arts. 127 y 128).
Por otra parte, llama la atención de la Sala, que tal como lo expone el apoderado de la entidad demandante, el a quo, tomó como fundamento de su decisión, el hecho de no considerar como bienes de capital, a los vehículos comprados mediante el sistema de leasing, cuando la administración tributaria al decidir el recurso de reconsideración, expuso como razón de su rechazo, la circunstancia de no haberse pactado en los respectivos contratos de leasing, una opción de compra irrevocable, es decir que en el acto por medio del cual se agotó la vía gubernativa, el único motivo de rechazo era la clase de opción de compra y no su carácter o no de bienes de capital de los vehículos citados.
La parte pertinente de la Resolución 90040 del 9 de octubre de 2001 con la cual se decidió el recurso gubernativo, decía (fl. 26 cdno. ppal.):
“... Con base en la descripción legal antes traída, es correcta la apreciación del apoderado, al señalar que los vehículos adquiridos al ser clasificados como activos fijos, bienes de capital, otorgan el derecho a gozar del beneficio fiscal contemplado en el artículo 258-1,claro siempre y cuando sean generadores de renta pero guarda silencio sobre la consideración plateada(sic) por la administración mediante la cual considera que los contratos de leasing que en principio materializan el derecho al beneficio, no cumplen con la totalidad de los requisitos por norma fiscal...” (se ha resaltado).
Así es que, el impuesto a las ventas pagado en la compra de los vehículos que realizó la Sociedad Concay S.A. para llevar a cabo sus labores de construcción de obras civiles y de ingeniería, como la propia administración tributaria lo reconoció dentro de la discusión en la vía gubernativa, era procedente reconocerlo como descuento tributario, siempre que cumpliera con el requisito de estar respaldado por un contrato de leasing con opción de compra. El carácter de irrevocable de dicha opción de compra, razón final del rechazo por parte de la DIAN y aspecto sobre el cual no se pronunció el tribunal en la sentencia apelada, en sentir de la Sala, ya no constituía para la época de los hechos (año 1997) un requisito para la aceptación del descuento tributario consagrado en el artículo 258-1 del estatuto tributario, ya que el inciso 1º del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, al modificar parcialmente algunas de las condiciones de procedibilidad, tan solo se refirió a “bienes adquiridos mediante contratos de leasing con opción de compra...” sin mencionar ninguna otra condición. En tales circunstancias al no estar desvirtuado, el carácter de bien o activo de capital de los vehículos adquiridos mediante el sistema de leasing y no estar vigente para el año gravable de 1997, el carácter irrevocable de la opción de compra, la Sala considera procedente aceptar el descuento tributario por el IVA en cuantía de $ 42.080.903, prosperando así el cargo por este concepto.
En el anterior orden de ideas, y por cuanto los recursos de apelación interpuestos por la actora y el Ministerio Público participaban en síntesis de similares argumentos y pretendían la revocatoria de la sentencia de primera instancia y la estimación de las súplicas de la demanda, ante su prosperidad, la Sala se pronunciará en tal sentido y anulará los actos administrativos demandados y restablecerá en su derecho a la sociedad demandante.
1. REVÓCASE la sentencia apelada del 23 de febrero de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se dispone:
2. DECLÁRASE la nulidad de la liquidación oficial de revisión 300642000000125 del 18 de septiembre de 2000 y de la Resolución 900040(sic) del 9 de octubre de 2001 proferidas por la división de liquidación y jurídica tributaria de la administración especial de personas jurídicas de Bogotá.
3 En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, CONFÍRMASE la liquidación privada contenida en la declaración de renta presentada por la Sociedad Concay S.A. por el año gravable de 1997.
4. RECONÓCESE personería a la Dra. Martha Liliana Campos Peña para representar a la Nación.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
(1) El artículo 258-1 del estatuto tributario fue derogado expresamente por el artículo 154 de la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998.
(2) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de mayo de 2003. Expediente 13.035. Ponente Dra. María Inés Ortiz Barbosa.
(3) Diccionario para contadores Kohler. Reimpreso en México, en 1994, pág. 78.
(4) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición, año 2001. Impreso en España. Tomo 5, pág. 639.
(5) Información tomada del Curso de Informática e Internet – Práctico. Colección de la Casa Editorial El Tiempo, año 2001, páginas 14 y 21.