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Timestamp: 2018-03-22 06:17:05
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La discriminación laboral por sexo: impunidad en el deporte
Discriminación en el fútbol femenino
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http://www.youtube.comwatchv=izXfqSaZqqo&feature=youtu.be
Incapacidad laboral permanente del deportista: un lastre normativo discriminatorio
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Somos muchos los que esperamos el ansiado borrador de la futura ley del deporte, si así se estimara denominarla. Son ya históricos los textos normativos que regulan el deporte, y hace falta adaptarlos a la nueva cronología. Podríamos señalar infinidad de elementos a tener en cuenta: responsabilidad de los gestores, cotizaciones seguridad social, definición de deportista profesional, aplicación al deporte femenino los convenios colectivos, conceptualización de sindicatos o asociaciones de deportistas, sociedades anónimas deportivas u otras, cotizaciones de las entidades sin ánimo de lucro, entre otros. En definitiva, quedan demasiados asuntos por resolver a medio y largo plazo.
Lo cierto es que nada sabemos, y poco hay que decir, al respecto, sino solicitar a los responsables del deporte del Gobierno Central que den certeza a este proceso, o si me apuran transparencia al mismo, pues somos conscientes de la existencia de una propuesta. Y como mínimo podemos estar a la espera de que se lleve como informe previo al Consejo de Ministros.
Quizás no lo consideren prioritario, pero hay muchos deportistas y, especialmente, deportistas mujeres – que por vacío legal y falta de adaptación de la norma- están sufriendo el hecho discriminatorio ante una falta de acción y adaptación de la realidad del deporte, a pesar de la Constitución, de la Ley de Igualdad y de la Directiva Europea del Acceso a la actividad laboral.
Pongamos un ejemplo, que, por significativo, por conocedora del mismo entraña una grave injustica. Y es el hecho que contempla la situación de la incapacidad laboral permanente; un tema nada fácil en el deportista profesional, y de ahí las múltiples sentencias y casuística a los efectos. Pero que en el caso de la mujer deportista, con una situación laboral de la denominadas “marrón” cobra tintes dramáticos. Y así seguimos partiendo, y esto para el ejecutivo, de un Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, cuyo artículo 24 señala: La denominación de las Ligas profesionales deberá incluir la indicación de la modalidad deportiva de que se trate. No podrá existir más que una Liga Profesional por cada modalidad deportiva y sexo en el ámbito estatal.
Un Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, que en su ámbito de aplicación en su artículo primero indica: son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución.
Una vez reseñado el marco normativo a los efectos, y ya teniendo claro quién es el objeto de esta normativa; si no situamos en el hecho practico de una lesión grave, que podría entrañar una incapacidad laboral. Observamos que gran parte de los deportistas o, en este caso, futbolistas mujeres, que no están conceptuadas como profesionales ni en el fondo ni en la forma, no podrían apelar, de hecho no lo hacen, según casuística al famoso artículo 13. D – extinción- : por muerte o lesión que produzca en el deportista incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez. El deportista o sus beneficiarios tendrán, en estos casos, derecho a percibir una indemnización, cuando menos, de seis mensualidades si la muerte o lesión tuvieran su causa en el ejercicio del deporte. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones de Seguridad Social a que tuvieran derecho.
¿Qué se entiende por incapacidad contributiva? En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impiden la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.
Aún más, la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en su disposición adicional primera establece pautas referidas al importe mínimo para las pensiones de incapacidad permanente total.
Puedo afirmar y así lo hago que este tema es más grave de lo que se cree, que existen muchos casos que no tienen amparo en una legislación deportiva, que si por algo tiene que velar es por la salud, en general, del deportista y sus consecuencias. Y esta, desgraciadamente es una de ellas, que su falta de regulación en el ámbito específico del deporte está marcando aún más las diferencias entre deportistas profesionales y semiprofesionales; y, especialmente, respecto a las deportistas, cuyo marco profesional sigue al socaire de la fuerza de la costumbre, sin una posición definitoria en un marco normativo como el del deporte que sigue siendo discriminatorio.
http://iusport.com/not/1652/incapacidad_laboral_permanente_del_deportista/
La seguridad social y los deportistas en la ley de Emprendedores
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La protección de los deportistas profesionales en relación a la seguridad social sigue constituyendo una de las asignaturas pendientes, a pesar de la evolución de la actividad deportiva y a ciertos parsimoniados cambios normativos. Sin duda, estamos hablando de un sector cuyos profesionales tienen, por causa de su actividad, unas determinadas particularidades que convienen ser contempladas. Especialmente bajo dos constantes: la primera, la relativa a su corta carrera profesional; y la segunda, al siempre presente riesgo de lesiones que puedan conllevar una incapacidad laboral. Si este tema lo planteamos en el marco del deporte femenino, parece una utopía hablar de esta cuestión ante la casi inexistencia de ligas profesionales, y el deficitario marco de un convenio colectivo.
Realmente poco se está haciendo en esta dirección, y se hace absolutamente necesario impulsar un nuevo marco normativo, ¿en la futura y escurridiza ley del Deporte Profesional?. Aún compartiendo, como puede resultar lógico, el hecho de contemplar diferentes tipos de salarios en los distintos niveles profesionales, esto no puede seguir siendo excusa para no hacer nada, y desentenderse, al menos, las adminsitraciones públicas deportivas. Efectivamente el Real Decreto 1006/1985 actualizó la relación laboral del deportista profesional al que define en los siguientes términos: “quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución”. Si bien en virtud de ese carácter laboral de la relación de los deportistas profesionales hubiera podido deducirse la inclusión directa en el campo de aplicación del Régimen General, al amparo de lo previsto en el apartado 1 del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, lo cierto es que la incorporación de los diferentes grupos de deportistas se ha venido produciendo de manera gradual por medio de sucesivas normas reglamentarias.
A lo largo del devenir de la legislación laboral se ha ido intengrando paulatinamente a los deportistas profesinales en la Seguridad Social en el Régimen General y en el de los Autónomos (RETA). De hecho, desde 2007, los deportistas de alto nivel que no estén incorporados en los distintos Régimenes de la Seguridad Social, podrán solicitar su incorporación en el RETA, mediante la suscripción de un convenio especial con el organismo público y con las particularidades especificadas en la ley. La acción protectora dispensada a los deportistas profesionales será la establecida en el artículo 114.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. De hecho, a los deportistas profesionales incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto les será de aplicación, a efectos de cotización, lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
La realidad actual podemos afirmar que siguen diversos colectivos de deportistas profesionales pendientes de la aludida integración. Por lo que resulta necesarario con respecto a éstos, y en aras de una economía normativa y por motivos de seguridad jurídica, hacer coincidir en una única norma la integración de todos ellos en el Régimen General de la Seguridad Social, en lugar de continuar espaciando la integración, dando origen a sucesivos reales decretos de contenido coincidente.
En el marco de esta no uniformidad y a falta de clarificación en, aún, muchos casos de deportistas que llevan a cabo una actividad laboral, aunque no circunscrita a un standar de liga profesional o competición profesional. Encontramos y ahí hemos de estar atentos y negociar este tema que en la reciente Ley de 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su Disposición Adicional Decimosexta. Actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro, se establece que en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno procederá a realizar un estudio de la naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida. Constituye, pues, el momento procesal para reivindicar un posicionamiento ordenador y plausible que acabe con la infinidad de irregularidades de clubs y entidades que mantienen en precario a sus deportistas, encubriendo, en ocasiones, el denominado profesionalismo marrón, para que de verdad se les de una opción con capacidad para cubrir situaciones de déficit de asistencia de la seguridad social cuando tiene lugar una situación tipificada ejerciendo como deportista; y, por otro lado, la entidad no se encuentre en una situación irregular de hacer frente a pagos como cotizantes, y se evite, de esta manera, esa sensación de incumplir con sus obligaciones como organización pagadora de la seguridad social.
http://iusport.com/not/1338/la_seguridad_social_y_los_deportistas_en_la_ley_de_emprendedores
Foro Internacional de Vivienda Sustentable (FIVS)
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) organiza desde 2009 el Foro Internacional de Vivienda Sustentable (FIVS) con el fin de fomentar el desarrollo y adquisición de vivienda en entornos sustentables, debatir sobre los procesos de cambio en las ciudades y evaluar los modelos urbanos hacia un plan integral de sustentabilidad. Las ciudades han seguido una dinámica de crecimiento urbano expansivo y de baja densidad que ha resultado en una serie de problemas sociales, económicos y ambientales. Ante esta realidad es necesario contar con una política de vivienda que contemple un desarrollo urbano ordenado, así como estrategias para mejorar la calidad de vida de la población a través de modelos de vivienda sustentable que incluyan una mejor inserción en el entorno, eficiencia energética y uso de agua. Así, la sustentabilidad de vivienda en Infonavit considera elementos que coadyuven a proteger el patrimonio y plusvalía de los hogares, promoviendo y generando ahorros en el consumo de energía y agua, y procurando la cohesión y el bienestar social. Más allá de un ciclo ecológico y ambiental, lo sustentable refiere a un proceso integral e inclusivo: económico, social y cultural.
GESTIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
Si la ciudad es una realidad social estructurada y organizada para favorecer los flujos de bienes, servicios y el intercambio cultural, el proyecto de ciudad es el conjunto de directrices estratégicas que fundamentadas en la planificación urbanística jurídicamente pertinente y desarrolladas por los proyectos urbanos claves, permiten concretar un proyecto para la habitabilidad, la generación de actividad productiva y la movilidad dentro de un marco político que lo haga factible y gestionable. En México, la vivienda significa más del 3.5% del Producto Interno Bruto y genera empleo directo a más de 7 millones de personas. Las ciudades se han expandido bajo un modelo de crecimiento urbano de baja densidad, con viviendas cada vez más alejadas de infraestructuras y servicios. Esto ha favorecido el uso de áreas de conservación en la periferia. Es cierto que gracias a esto se ha combatido el rezago habitacional que sufre el país, sin embargo, a costa del precio de urbanización y transporte, el consumo de combustibles y la producción de emisiones contaminantes.
Este modelo ha generado retos significativos en materia de desarrollo urbano. Muchas de las viviendas en zonas intraurbanas presentan signos de abandono o deterioro, lo cual propicia la subutilización de la infraestructura existente y desaprovecha las mejores ubicaciones dentro de la ciudad provocando una importante desvalorización del suelo. Recientemente se lanzó la nueva Política de Vivienda, cuyo objetivo primordial es instrumentar estrategias y acciones para la densificación y un desarrollo que privilegie el bienestar general. Esta nueva política engloba cuatro grandes acciones: coordinación interinstitucional encabezada por la recién creada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); un modelo de desarrollo sustentable e inteligente; un plan contra el rezago de vivienda; y, finalmente, vivienda digna para los habitantes. Así como esta iniciativa, aquí se estudian las reformas políticas y económicas, los fondos de inversión, seguros, tipos de renta, políticas públicas y globalización económica.
María José López-Madrid
María José López es portavoz de Sostenibilidad Siderúrgica luego de haber asumido diversas responsabilidades como asesora del Ministerio de Vivienda entre los años 2004 y 2007. Fue directora general del Gabinete de la Ministra y responsable del Departamento de Relaciones con las Cortes. Durante este período, también, ejerció como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía.
Felipe Leal-Ciudad de México
Felipe Leal estudió arquitectura, Investigación y Docencia en la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde años más tarde fue director de la Facultad de Arquitectura. Estuvo a cargo de una de las encomiendas mas importantes de los últimos años para la UNAM: gestionar el ingreso de Ciudad Universitaria dentro de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Su obra arquitectónica se caracteriza por fusionar el ámbito cultural, educativo y doméstico. Leal asumió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la ciudad de México de 2009 a 2012.
El programa de este año, se puede descargar aqui
Más infromación en http://fivsinfonavit.com/
La Directiva de la UE contra la discriminación en el empleo y el deporte
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La orientación sexual en el mundo del deporte, especialmente, en algunas disciplinas, -llámese fútbol- no es un tema pacífico. Dejar que sus propias estructuras se definan no resulta nada fácil.
La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación -que establece un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo- ha servido de base para dictar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de abril de 2013, en relación a las declaraciones realizadas por el dueño entonces – 2010- Steaua de Bucarest, George Becali, en Rumania. En las que expresamente decía: “jamás contrataré a un deportista homosexual”. Palabras estas que sirvieron para que la Asociación Rumana de Lucha contra la Discriminación de Gays y Lesbianas, Accept, interpusiera una denuncia ante el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD), que las consideró, en último caso, constitutivas de acoso, pero no con afectación al ámbito laboral. Causa ésta que determinó que la citada asociación llegara ante el Tribunal de Justicia de la UE que, en el pasado abril, dictaminó que efectivamente se había producido una discriminación laboral por motivos de sexo según las leyes de la U.E. Y como la práctica del deporte está conceptuada como actividad económica es de su competencia por cuanto que entra dentro del ámbito del Derecho de la Unión.
A más a más, señala que el equipo en ningún momento ante los hechos descritos se desmarcó de lo manifestado por su dirigente por lo que deberá, desde entonces, demostrar que no practica una política contra los homosexuales, estableciendo, de esta manera, la carga de la prueba a la entidad, sin que ello suponga un previo interrogatorio a cada uno de sus trabajadores sobre su orientación sexual, pues esto chocaría con su derecho a la intimidad. Deberá, por tanto, y esto es lo novedoso, demostrar su ruptura con ese tipo de manifestaciones discriminatorias, y además ser proactivo en su política de contratación de personal al objeto de garantizar el respeto del principio de igualdad de trato.
El fallo se centra en los artículos 2, 10, y 17 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000. Y tiene su arranque en el litigio entre Accept y el Consejo Nacional contra la discriminación, a propósito de la resolución de este último por desestimar parcialmente la denuncia presentada a raíz de las referidas manifestaciones, y que implicaban la exclusión de la contratación por dicho club de un futbolista que se presentaba como homosexual.
Según el artículo 1 de la Directiva 2000/78, ésta «tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato». Dentro del límite de las competencias conferidas a la UE esta Directiva se aplica a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional. Por lo que está claro el por qué el pronunciamiento del Tribunal. Y, más aún, cuando en Rumanía en fecha de 2006, por la ley 324, de 14 de julio de 2006, publicada nuevamente el 8 de febrero 2007(Monitorul Oficial al României, parte I, nº 99, de 8 de febrero de 2007) se produce la transposición de la Directiva 2000/78, reconociéndose que el comportamiento discriminatorio pudiera generar distintos tipos de responsabilidades (civil, administrativa o penal).
El contexto en torno al que se fraguó el iter judicial fue el siguiente: Accept alegó que el 13 de febrero de 2010, en una entrevista sobre el posible traspaso de un futbolista profesional y la supuesta orientación sexual de éste, el dirigente del club indicó que prefería recurrir a un jugador de la cantera en vez de contratar a un futbolista presentado como homosexual. De hecho, la misma organización demostró que esas declaraciones fueron suficientes para frustrar la contratación de dicho jugador. De ahí fue por lo que Accept sostuvo que el Sr. Becali había cometido una discriminación directa basada en la orientación sexual, violando el principio de igualdad en materia de contratación de personal y menoscabando la dignidad de los homosexuales.
En cuanto a la otra parte demandada ante el CNCD, a saber, el FC Steaua, Accept alegó que, pese a que las declaraciones del Sr. Becali fueron difundidas por los medios de comunicación, dicho club en ningún momento se distanció de ellas. Por el contrario, el consejo del FC Steaua confirmó que ésa era la política practicada por el club en materia de contratación de jugadores, pues «el equipo es una familia» y la presencia en él de un homosexual «crearía tensiones tanto en el equipo como en la grada». Por otra parte, Accept consideraba que, en el momento en que pronunció las declaraciones controvertidas, el Sr.Becali todavía era accionista del FC Steaua.
Mediante resolución de 13 de octubre de 2010, el CNCD consideró, en particular, que la situación del litigio principal no entraba en el ámbito de aplicación de una posible relación laboral. Según el CNCD, las declaraciones del Sr. Becali no podían considerarse pronunciadas por un empresario o por su representante legal, ni por alguien encargado de la contratación de personal, aun cuando el Sr. Becali tuviera la condición de accionista del FC Steaua en la fecha de sus declaraciones.
No obstante, el CNCD consideró que las declaraciones del Sr. Becali eran constitutivas de discriminación en forma de acoso. En consecuencia, sancionó a este último con una amonestación, única sanción posible en aquel momento conforme al artículo 13, apartado 1, del DG nº 2/2001, al haber dictado el CNCD su resolución más de seis meses después de la fecha en que sucedieron los hechos de que se trata.
Accept recurrió dicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente, solicitando, en esencia: en primer lugar, su anulación; y, en segundo lugar, que se declarara que los hechos controvertidos estaban comprendidos en el ámbito laboral. Además de acreditarse la existencia de hechos que permiten suponer que se da una discriminación y, por último, la imposición de una sanción económica en lugar de una amonestación.
Además se pudo acreditar, efectivamente, la vinculación entre las declaraciones del entonces dirigente y la praxis de la entidad, como fue la no contratación del referido jugador.
Y como dato, indicar, que no sirvió a este Tribunal para no condenar, el hecho de que efectivamente el 8 de febrero de 2010 Becali vendiera las acciones del FC Steaua de las que era titular, inscribiéndose en el registro mercantil el 23 de febrero siguiente, mientras que las declaraciones discriminatorias datan del 13 de febrero de 2010. Ahora bien, del expediente del que dispone el Tribunal de Justicia se deduce que, en Derecho rumano, la venta de acciones sólo puede oponerse a terceros una vez que ha adquirido publicidad mediante su inscripción en el registro mercantil. Según el órgano jurisdiccional remitente, tras haber vendido sus acciones, el Sr. Becali no cambió de actitud en sus apariciones públicas, sino que continuó denominándose a sí mismo «comanditario» del FC Steaua. En estas circunstancias, al menos para el colectivo que decía representar y resto de la sociedad, el Sr. Becali conservó con el FC Steaua las mismas relaciones que tenía antes de la venta de sus acciones.
Vía: http://iusport.com/
Las Empresas del Acero en España tienen un Plan para Europa
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Recientemente la Comisión Europea ha aprobado una Comunicación, bajo la denominación, Plan de acción para una industria siderúrgica competitiva y sostenible en Europa, con el que se pretende apoyar al sector, fortalecer la industria siderúrgica europea, y evitar la huida de las empresas fuera de la Unión Europea (UE). El citado plan de acción invita a los estados miembros a que eliminen los obstáculos que lastran a la siderurgia, a que mejoren la sostenibilidad de los productos de acero para construcción, y a que apoyen las iniciativas que las asociaciones empresariales están desarrollando ya. Entre éstas, el Plan UE destaca expresamente a la marca SustSteel –la versión europea de la marca española Sostenibilidad Siderúrgica–.
Esta marca española constituye una iniciativa pionera a nivel mundial y está liderada por empresas españolas. La marca, basada en un sistema de gestión compatible con cualquier otro de los habituales en la industria (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001), introduce e integra criterios de sostenibilidad ambiental, económica, social e institucional en su estrategia empresarial. Se trata de un modelo que premia y reconoce el compromiso y el esfuerzo de la empresa en todos los aspectos sociales, económicos y medioambientales que vayan más allá de lo legalmente exigible. No fomenta la comparación entre fábricas, sino el cumplimiento de un compromiso individual voluntaria- mente adquirido.
Es un modelo exportable, no sólo a cualquier subsector o proceso dentro de la siderurgia, sino a cualquier otro sector industrial, que aporta una metodología y unos criterios de valoración que pueden y deben adecuarse a la especificidad de cada proceso, subsector o sector. En el caso de los productos de acero común para construcción de horno eléctrico (corrugado, perfiles estructurales, alambrón y barras y perfiles comerciales), se han definido 150 parámetros sociales, económicos y ambientales, que de una manera objetiva permiten la verificación externa por un tercero independiente, y por tanto cuantificar y valorar en un único informe integrado el compromiso voluntario de una empresa.
En este contexto, las herramientas fundamentales para concretar ese apoyo de las administraciones a la siderurgia debieran ser dos:
De un lado, las distintas administraciones deben valorar de forma efectiva los compromisos voluntarios adquiridos por la industria y favorecer el uso de aceros sosteni- bles, ya sea eliminando controles o premiando el uso de los aceros que estén en posesión de la marca. Es la vía de la promoción de la autorregulación.
Por otra parte, también, considerar funda- mental que las autoridades europeas y lo- cales exijan a quienes pre- tendan introducir acero en Eu- ropa los mismos requisitos que se exigen a los productores Europeos.
Para ilustrar la necesidad de este tipo de medidas valga citar el último Informe de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, presentado recientemente. En el estudio –décima edición–sobre barreras al comercio, se han identificado alrededor de 150 nuevas barreras a los productos europeos introducidas por los 31 principales socios comerciales de la UE durante el período mayo 2012 a mayo 2013 y de las que únicamente se han eliminado 18. Entre esos socios, se encuentran Estados que poco o nada contribuyen a la sostenibilidad, puesto que carecen de los estándares de cumplimiento social, económico y ambiental que rigen en la UE.
La UE y España han lastrado a la industria siderúrgica con costes, regulaciones, im- puestos, etc. que la sitúan en riesgo excesivo. Los productos siderúrgicos extracomunitarios siguen entrando masivamente en Europa y, por si fuera poco, muchos de los socios comerciales de la UE ponen cada vez más barreras a los competitivos productos siderúrgicos europeos.
Por lo dicho, las autoridades deben elegir entre una industria localizada en países donde no existen compromisos sociales, económicos y ambientales, o defender y apoyar a la industria siderúrgica europea y española, líder mundial en RSE.
Vía: http://www.elsiglodeuropa.es
Las quinielas y el fútbol femenino
Esta semana se ha registrado en el Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de incluir, en el reparto del sistema de las quinielas futbolísticas, al fútbol femenino profesional entre sus destinatarios. En este país no existe una liga profesional de fútbol femenino, ni siquiera jurídicamente está contemplada. Pero la realidad es que el fútbol femenino se ha desarrollado de forma destacada, e incluso hay jugadoras españolas muy buenas que están en las ligas más importantes del mundo.
La Asociación España de Jugadoras de Fútbol (AEJF), como organización interlocutora en el ámbito del fútbol femenino de nuestro país viene luchando desde hace tiempo en el planteamiento de un nuevo marco legal que de fortaleza jurídica al deporte profesional del fútbol femenino, desde diferentes posiciones. La realidad lo constituye el hecho de encontrarnos con un ámbito invisible desde el punto de vista laboral, y de la propia sociedad. Como anécdota confirmar que en la legislación actual no se contempla una liga femenina profesional, no existe un convenio colectivo que regule esta actividad, y a pesar de la existencia de ligas y categorías diferenciadas permanece casi inexistente para la sociedad española. De ahí que iniciativas como esta cobran una significación especial, en cuanto a la visualización de esta actividad. La Asociación lo que plantea es que cuando sea convocada la selección absoluta masculina y no jueguen el partido el fin de semana por ello, en lugar de esa semana poner en las quinielas partidos de las ligas alemanas, francesas o italianas, pongan partidos de la liga femenina de máxima categoría.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, fomenta la inclusión de estrategias de fomento del deporte femenino y en su artículo 29 encomienda al Gobierno la promoción del deporte femenino mediante programas específicos, instándole a favorecer su acceso a la práctica deportiva, además de exigir la inclusión de la igualdad en los programas públicos de desarrollo deportivo. Acabar con la discriminación, conseguir visibilidad y beneficios económicos que permita profesionalizarse a las mujeres es lo que constituye el objetivo primordial de la Proposición No de Ley, por la que se reclama que el futbol femenino sea partícipe en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, que se regulan en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, así como en el Real Decreto 419/13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado.
De esta manera, la propuesta que se ha registrado en la Cámara Baja, trata de evidenciar esa invisibilidad, por medio de varios instrumentos, por medio de la modificación de la legislación a los efectos, con el objetivo de consignar un porcentaje de lo recaudado a un fondo que haga fortalecer las bases del fútbol femenino en nuestro país, y plantean, en este sentido, la creación de una comisión específica para la gestión de las aportaciones que con dicha finalidad se deriven de la recaudación obtenida, en cuya composición además del Consejo Superior de Deportes, participen representantes de los equipos de máxima categoría de la Superliga femenina, así como de las propias asociaciones, interlocutoras de las futbolistas.
Esta iniciativa, pues, es un paso más en la normalización de una actividad profesional, que hoy constituye un reducto esquivo a la legislación laboral, y que está causando situaciones esperpéntica, como el hecho de que muchas jugadoras son profesionales, pero no tienen contratos como tales, sino sus relaciones laborales vienen vehiculizadas a través de contratos y empresas, ajenas a su actividad laboral como jugadoras. Y esto además de ser una irregularidad, pone en evidencia una falta de compostura jurídica en el ámbito del denominado deporte profesional femenino. Así pues, esperemos que la iniciativa vaya para adelante para consolidar un deporte, y obtener unos ingresos necesarios.
María José López González. Abogada
La Marca Sostenibilidad Siderúrgica ha sido reconocida como Marca España
Las empresas españolas productoras de acero para la construcción han sido las primeras del mundo que, en su sector, han adoptado una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mediante la creación de la Marca Sostenibilidad Siderúrgica. Esta estrategia empresarial ha logrado el reciente reconocimiento de la Marca España.
http://marcaespana.es/es/economia-empresa/infraestructuras/articulos/363/sostenibilidad-siderurgica-la-marca-del-acero-sostenible
Marca España somos todos…
Marca España es una política de Estado, cuyo objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras, en beneficio del bien común. En un mundo global, una buena imagen-país es un activo que sirve para respaldar la posición internacional de un Estado política, económica, cultural, social, científica y tecnológicamente.
Marca España tiene carácter inclusivo y trata de englobar a todos los actores, públicos y privados, institucionales o no, que proyectan la imagen de nuestro país, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Tanto la imagen país como sus marcas embajadoras son variables que se retroalimentan, produciendo un efecto sinérgico bidireccional positivo, concluyendo que una mayor presencia de marcas en el exterior genera de forma directa una mejor imagen país. Y una mejor imagen país actúa como un atributo diferenciador que permite la internacionalización de nuevas marcas.
http://www.sostenibilidadsiderurgica.com/index.php/noticias/noticias/117-sostenibilidad-siderurgica-es-marca-espana
El primer convenio colectivo del deporte profesional femenino del Estado. Un convenio suscrito, de una parte, por la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (ANBF), en representación de los clubes; y, por otra parte, por la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, (AJUB), en representación de las jugadoras profesionales.
La consecución de ese hito se debió a dos presupuestos: primero, la capacidad de interlocución y voluntad de negociación de las partes; segundo, el reconocimiento institucional a ese nuevo marco regulatorio. Algo así como una mayoría de edad en el profesionalismo deportivo femenino. Significativo, si tenemos en cuenta que a fecha de hoy, por lo que se va a exponer a continuación, podemos afirmar que aquel convenio colectivo ha pasado a la categoría de antecedente histórico.
La formalización del mismo fue fruto de la denominada negociación colectiva, basada en los conceptos de autonomía, bilateralidad y transaccionalidad. Instrumentos normativos asentados en nuestra legislación, como es el caso de la negociación colectiva, contemplada en el artículo 37.1 de la CE: “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”. Consecuencia directa del reconocimiento del derecho a la libertad sindical, artículo 28.1 de la CE y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
• El deporte aún discrimina a las mujeres
María José López González. El siglo de Europa, 1021. Junio 2013
En nuestro país queda, aún, un ámbito laboral en el que existe una discriminación de hecho y de derecho. Es el caso del deporte. Las reglas de juego para las chicas y los chicos son diferentes, no sólo en el terreno de juego, sino muy especialmente por una legislación anacrónica y discriminatoria. Un ejemplo de ello es el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas, que dice en su artículo 24:“…No podrá existir más que una liga profesional por cada modalidad deportiva y sexo en el ámbito estatal”.
Significa esto que al existir la masculina no puede existir la femenina, con lo que supone detraer derechos en relación a cuestiones tan importantes como la negociación colectiva, convenios colectivos, retribuciones, régimen jurídico (civil en lugar de laboral), incapacidades laborales, embarazo, etc. Como abogada con casuística amplia en este tema puedo confirmar el hecho de que muchos clubes de diferentes disciplinas deportivas tienen contratos con jugadoras no como deportistas, sino como empleadas de hogar, dependientas, trabajadoras en pizzerías, etc. Esta amalgama de irregularidades conlleva, por ejemplo, a casos tan extraños como demostrar la existencia de una relación laboral que no se presupone en la mayoría de los casos. Y que, en ocasiones, por ejemplo, se llega a la paradoja de una reclamación en el Fogasa con el número de la Seguridad Social del padre de la supuesta trabajadora deportista.
En lo que va de legislatura, en el Congreso de los Diputados se han aprobado diferentes proposiciones no de Ley con el objeto de fortalecer y consolidar la presencia de la mujer deportista en, por un lado, las distintas instituciones del deporte español; y, por otro lado, tratando de incentivar desde las administraciones públicas la profesionalización de la mujer en el deporte.
La presencia de la mujer en la mayoría de las federaciones está circunscrita a los denominados comités de deporte femenino, significa esto que las probabilidades de que una mujer sea presidenta de la Federación de Fútbol o de Baloncesto, por señalar las más importantes, es mínima, ya que están por designación y no por elección. Su presencia sigue siendo testimonial, y aunque están, lo están de forma segregada. De hecho, se puede afirmar a fecha de hoy la existencia de un amateurismo casi generalizado del deporte femenino. Tomando como referencia esta reflexión soy consciente del hecho de que son muchas las mujeres que practican deporte, como actividad profesional, pero permanecen invisibles para sus estructuras deportivas, asociativas y la propia Administración Pública.
Creo que es un buen momento para, aprovechando una modificación legal, proponer una mirada expresa y clara hacia una normativa que regule el deporte profesional femenino. En relación a temas como la retribución, modificación del RD 287/2003 –cotización Seguridad Social–, o suspensión de la relación laboral de una deportista por embarazo o maternidad. Son significativos los ejemplos de jugadoras que han sido despedidas por el hecho de quedarse embarazada. Sin duda, inadmisible este tipo de cláusulas en el derecho laboral común, y que se dan en el ámbito del deporte. Otro hecho, con consecuencias, tiene que ver con la no cotización por la actividad que ejercen de hecho, y que está suponiendo que jugadoras con más de veinte años de trabajo no hayan cotizado como tales en la Seguridad Social. Aún más, otro tema grave se produce cuando tienen lugar las lesiones, algunas de las cuales llegan a producir incapacidad laboral futura.
Sirvan estas reflexiones para señalar por qué sigue habiendo tanta diferencia por sexo en el deporte. Valga una prueba más de lo afirmado en el simbólico y vigente artículo 97 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol: De Honores y Recompensas: “… Al futbolista que actúe por vez primera en la Selección Española Absoluta, o en diez en la de la misma categoría de fútbol sala o femenino, se le concederá el emblema de oro de la RFEF. Lamentable, si tenemos en cuenta que, en este caso, se está representando al país, y tengo que decir que como ciudadana del mismo me representa por igual una mujer futbolista que un hombre futbolista. Como conclusión, no sé si lo expuesto es puro anacronismo o existe la intencionalidad de seguir relegando el papel de la mujer en el deporte como profesional.
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