Source: https://www.scribd.com/document/136175472/Proced-i-Mien-to-Inter-Ven-Cio
Timestamp: 2018-12-17 11:58:05
Document Index: 211988342

Matched Legal Cases: ['artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 26', 'artículo 50', 'artículo 27', 'artículo 33', 'artículo 223']

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PROCEDIMIENTO INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES
El artículo 223 del Código Procesal Penal, regla las intervenciones de las comunicaciones de la siguiente forma: “Intervención de las comunicaciones. El Juez, a petición del Ministerio Público o de parte acusadora, podrá ordenar, mediante resolución fundada, la grabación de las comunicaciones telefónicas, informáticas o de cualquier otra índole análoga que tenga el imputado o cualquier otra persona directa o indirectamente relacionada con el delito que se investiga. El Juez valorará, en su resolución, la gravedad del delito investigado, la utilidad y proporcionalidad de la medida. La intervención de comunicaciones de que se trata en este Artículo, podrá consistir en la identificación y registro de su origen, de su destinatario o de ambas cosas a la vez, o en el conocimiento y registro de su contenido. En el auto que acuerde la intervención, el Juez determinará a quien corresponde su ejecución. La intervención no podrá durar más de quince (15) días, pero podrá ser prorrogada por el Juez, a instancia del Ministerio Público o de parte acusadora, por períodos sucesivos de quince (15) días, en virtud de auto motivado, siempre que se mantengan los presupuestos que inicialmente justificaron la adopción de la medida.  Las grabaciones, una vez hechas, serán entregadas exclusivamente al Juez que las ordenó dentro de los cinco (5) días a partir de la fecha de terminación del plazo de intervención, y de cada una de sus prórrogas sucesivas; y, en caso de pretenderse una prórroga, con la antelación suficiente al final del período correspondiente, para que el Juez pueda adoptar su resolución antes de que concluya. El Juez tomará conocimiento de su contenido en forma exclusiva. Si las mismas tienen relación con el hecho que se investiga, podrá ordenar que se transcriban para ser oportunamente presentadas en el proceso  Las personas encargadas de realizar las grabaciones o la trascripción de éstas, mantendrán en secreto su contenido y en caso de incumplimiento incurrirán en la correspondiente responsabilidad penal.
carece de valor probatorio.” . La grabación de una comunicación realizada por uno de los comunicantes sin llenar los requisitos establecidos en este artículo.
como mecanismo excepcional de investigación . PRINCIPIOS  PROPORCIONALIDAD : tendrán carácter excepcional y solo podrá realizarse cuando resulte útil para una investigación penal y se justifique la medida ponderándose un equilibrio entre lo que se pretende lograr con la medida y el derecho que ha de resultar afectado.  La autoridad facultada para autorizar la intervención y su ejecución  Los casos concretos en que procede la autorización de la intervención. así como a los entes del estado.  NECESIDAD E IDONEIDAD la Intervención de las comunicaciones se ordenara solo cuando sean necesarias para la obtención de la información respecto a la investigación y no existan otras formas menos gravosas para la investigación efectiva de los delitos. a fin que constituya una herramienta esencial en la lucha contra la criminalidad tradicional y sobre todo contra la criminalidad organizada o no convencional. OBJETO DE LA LEY  Los lineamientos para llevar a cabo la intervención de las comunicaciones . .  Los requisito para autorizar la intervención de las comunicaciones  Las obligaciones para las personas naturales y jurídicas que brinden servicios de comunicación.  Las sanciones por incumplimiento de la presente ley.  Las funciones de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones ( UIC). y. garantizando el derecho humano de las personas a la comunicación.LEY SOBRE LA INTERVECION COMUNICACIONES PRIVADAS Articulo 1: FINALIDAD establecer el marco legal de la regulación procedimental de la intervención de las comunicaciones.
 TEMPORALIDAD La intervención se autorizara por tiempo definido por el juez y no excederá el máximo permitido por la ley. en forma escrita. CONFIDENCIALIDA el Procedimiento de intervención de las comunicaciones será reservado y la información obtenida será estrictamente confidencial durante el desarrollo de la intervención.  REQUISITO PREVIO: imprescindible para presentar la solicitud que exista una investigación abierta.  AUTORIZACION: Órgano Jurisdiccional materia penal sean estos jurisdicción nacional o seccional. la Policía Nacional o cualquier otra autoridad competente .  SOLICITUD: Procederá a solicitud del Ministerio Publico o Acusador Privado y Procuraduría de la Republica en casos de su competencia.  AUSENCIA DE VALOR: Las que se realicen sin los requisitos establecidos por esta ley.  RESERVA JURIDICCIONAL : la intervención de las comunicaciones solamente podrán autorizarse por el órgano Jurisdiccional competente.  SE UTILIZARA : En las investigaciones que el Ministerio Publico. o una causa judicial en curso . . y debidamente motivada.
 en caso de Denegatoria cabera el recurso de apelación.  El juez resolverá de forma inmediata . .  La descripción breve del hecho . en ningún caso la resolución de admisibilidad podrá exceder de cuatro horas.CONTENIDO DE LA SOLICITUD  Debe ser por escrito  el nombre y apellido de la (s) persona(s). Frecuencias o direcciones electrónicas y cualquier otro dato que se considere útil.  El plazo de duración para el cual requiere se autorice.  El nombre del Fiscal o agente de la Procuraduría de la Republica . cuyas comunicaciones se intervendrán. y la corte de apelación deberá resolver en el termino de 24 horas. las actividades ilícitas que se investigan y las razones que motivan la necesidad de la intervención. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. y su lugar para las notificaciones.  Los datos de identificación del servicio de comunicación a intervenir números de Sim.
OBLIGACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE BRINDAN SERVICIO DE COMUNICACIÓN  Están en la obligación de proporcionar todas las facilidades materiales . el fiscal y el personal de la UIC. CONTENIDO Y ENTREGA DE TRANSCRIPCIÓN  Se levantara mediante acta.  la solicitud de prorroga deberá presentarse dentro de los cinco días al vencimiento del plazo autorizado.  Obligación de guardar la información por cinco años . observaciones de correos o cualquier otra comunicación que se esta ejecutando se autorizara por plazos no superiores a tres meses. cada siete días . técnicas y humanas para que las intervenciones sean efectivas y seguras y confidenciales.PLAZO Y PRORROGA DE LA INTERVENCION  La intervención que se refiere a escuchas. el juez de garantía. grabaciones. hasta por tres periodos mas. asi como los miembros de la policía nacional que participe de la investigaciones tendrán exclusiva responsabilidad para el procedimiento de la reserva o confidenciabilidad. contendrá los datos necesarios para identificar la fuente de donde fue tomada y las circunstancias relativas a la intervención. EL DEBER DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO  El procedimiento de la intervención será privado. en casos de urgencia deben ser entregadas antes.  Una vez finalizado el proceso deberán ser entregadas al juez que ordeno la medida no mayor de diez dias. El personal del órgano jurisdiccional.
sistemas operativos o registros informáticos de UIC. a quien dolosamente destruya.  Delito Infidencia: se prohíbe a las empresas e instituciones que brindan servicios de comunicación por tecnología o cualquier otro ente natural o jurídico que se dedique a esa actividad . .  Delito por acces0 ilegitimo a captar información. altere o deteriore información. informar al sospechoso que esta siendo intervenido será sancionado con seis a nueve años de reclusión y multa equivalente de 60 a 129 salarios mínimos. De 6 a 9 años de reclusión quien por cualquier medio evadiere cualquier tipo de medida tecnológica que controle el acceso a las bases. Haga desaparecer. a sus empleados.  Delito de daños en los registros de intervención será sancionado con pena de reclusión de 4 a 7 años. inutilice.DELITOS  Delito de divulgación de información o utilización de información de 6 a 10 años .
no autoriza que sea el fiscal el que tenga a su cargo el control de estas actuaciones que constituyen una excepción al secreto de las comunicaciones. el Derecho de Defensa y el principio de reserva judicial como mostramos a continuación. En este tipo de diligencias. aunque con sus matices porque la reforma. Lo primero que ocupara nuestra atención es sí esta reforma que viene a derogar el artículo 223 del Código Procesal Penal. el debido proceso y el derecho de defensa. utiliza el término autorizar. ya que si lo saben se frustraría la diligencia en que se obtienen. en los que el imputado y su defensor no pueden estar presentes. en lugar de “ordenar” la intervención como lo hace el Código Procesal Penal. 14 y 101 No. sin embargo hay algunos elementos de prueba en que por su propia naturaleza no pueden estar presentes el imputado ni su defensa. El sistema de Garantías del Código Procesal Penal reposa en el principio de inocencia. Tal sistema específicamente en relación a los actos que impliquen o incorporen elementos de prueba (Art. se modifica toda la reglamentación anterior. desdibujando hasta neutralizar el principio acusatorio. establece como regla general que el imputado con su defensor estarán presentes. ya que el control de la intervención estará en manos del Fiscal del caso y su ejecución en la Unidad de Intervención de las Comunicaciones.Mediante la reforma que introduce el Proyecto de la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas. . Lo desarrollado en los párrafos anteriores es en esencia lo que infringe la reforma. 10). Esencialmente la reforma la podemos resumir en que la actual regulación del Código Procesal Penal entiende el principio de reserva judicial en el sentido que implica tanto la resolución que ordena la intervención de la comunicación. es acorde o no al sistema de garantías desarrollado por dicho Código o por el contrario es asistemática. en cambio la reforma aunque en su texto asume taxativamente como principio el de reserva judicial. sino que dispone de una garantía distinta acorde con el elemento de prueba. es mas ni siquiera pueden saber que existen actos que implican o incorporen estos elementos de prueba. El allanamiento y las intervenciones de las comunicaciones son dos de este tipo de ejemplos. que consiste en que una autoridad judicial controle la legalidad de las actuaciones que se practiquen. sino porque eventualmente será contraparte del investigado y le estaría vedado por el sistema pro acusatorio a un interviniente en el proceso ser Juez y parte. que como veremos se ubica en una lógica distinta. nuestro sistema procesal que si bien es pro acusatorio. como el control de ésta por parte del órgano jurisdiccional competente. sin embargo el sistema de garantías del actual Código Procesal Penal no deja en indefensión los derechos de las personas investigadas en estas diligencias. no solo porque no es esta la autoridad llamada a disponer la restricción de derechos. bien sea mediante un Juez ejecutor o por sí mismo el Juez de garantía o de Letras. lo entiende únicamente en el sentido que la autorización debe ser dada por el órgano jurisdiccional y de ahí nada más sería su responsabilidad. excepto lo relacionado a la resolución fundada a que se hace mención el párrafo primero del trascrito artículo 223 del CPP.
EL PRINCIPIO DE RESERVA JUDICIAL El principio de reserva judicial es introducido por la constitución como una garantía procesal. que opera al producirse la excepción al derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones mediante una intervención de las comunicaciones. siendo esta función de control y vigilancia que le corresponde a la autoridad judicial en una República democrática. es reiterativa la importancia que atribuye a este instrumento a favor de la seguridad nacional. vigila además la proporcionalidad en la utilización de lo que se obtenga. la que imposibilita la reforma pretendida. Esto último es irreconciliable con que la secretividad de las comunicaciones es una regla. para evidenciar la vulneración de principios rectores del proceso penal y la forma como se transita de una intervención “ordenada” judicialmente a una “autorización” judicial de la escucha administrativa sin control jurisdiccional. pertinencia de la utilización de la información que se obtenga. en otras palabras la contradicción de todo el esquema que introduce el proyecto de ley Sobre Intervenciones con nuestro ordenamiento jurídico. conviene ilustrar esta incompatibilidad con algunas de las innumerables contradicciones de la reforma con nuestro sistema procesal. Aspectos particulares de la reforma Hasta aquí hemos mostrado lo asistemático de toda la reforma introducida con el proyecto de Ley Especial Sobre Intervención de las Comunicaciones. sino que administrativa aunque en principio autorizada por autoridad judicial. teniendo entre sus objetos que tal intervención y la información que se derive de ella al tratarse de diligencias debidamente autorizadas y controladas por autoridad judicial cumpla con los requerimientos necesarios para ser introducidos como prueba válida a juicio. porque la arbitrariedad está proscrita en todas sus manifestaciones y para evitarla en el proceso penal y sobre todo en actuaciones en que se restringen derechos fundamentales hay un juez de garantía de los derechos de los que pueden salir perjudicados. para que luego sea ejecutada por una unidad administrativa dependiente del Ministerio Público y controlada también por una autoridad administrativa como lo es el Fiscal. en función de precisar estos conceptos difusos el Proyecto de Ley en su artículo 2 entre los objetos de la ley señala que esta “Determinar los casos concretos en que procede la autorización de la intervención”.En primer lugar en la exposición de motivos se justifica la ley para proteger varios bienes difusos cuyo contenido puede extenderse hasta el exceso. que en el caso de las intervenciones. proporcionalidad y demás requisitos que justifiquen la legitimidad constitucional de la intervención tendrán que ser valorados en concreto por el Juzgador en cada caso en concreto. así considera que “representa a su vez un mecanismo de colaboración con respecto a preservar la seguridad nacional de la cual el Estado no puede hacer caso omiso”. como lo hacen leyes similares de otros . cuya única excepción es judicial. no estamos ante una escucha judicial. Pero si nos enfrentamos con que únicamente se trata que el Juez autorice la intervención. al igual que la utilidad. Sin embargo. lo cual vulnera la Constitución Con lo anterior mostramos lo asistemático de la reforma en su conjunto. incluidas las escuchas. La necesidad. .
ya que en estos casos la norma es que no hay defensor legalmente constituido. así como en los casos que sean necesarios evitar la impunidad o perpetración de delitos. La manifiesta pretensión de excluir al Juez. cuidado e integridad”. ya que como antes hemos sostenido toda la normativa se orienta a que la escucha o intervención sea controlada por el fiscal y pese al principio de reserva judicial que dice recoger. se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación. lo cual roza con el derecho a la intimidad. a que se refiere el párrafo anterior. dejando abierto los casos en que para defender “la seguridad nacional” podrá hacerse uso de la misma. sin embargo ese objeto en realidad no es desarrollado. la exigencia que el defensor sea legalmente constituido hará inutilizable la norma cuando el caso no esté judicializado. establecerá las condiciones en que esta ha de realizarse”. no las que se producen en sitios públicos aunque las personas presentes le atribuyan naturaleza privada. Aquí hay otra diferencia sustancial con la actual regulación del Código Procesal Penal en que el termino era hasta por quince días.C designados para la intervención solamente informaran . el juez en la resolución. El Juez queda formal y materialmente excluido de todo control. se muestra con suma claridad en distintos apartados del Proyecto de Reforma. el Juez no intervendrá. El artículo 18 establece que “declarada con lugar la solicitud de intervención.I. sabemos que si la norma concede el control al Fiscal. sin embargo no hay definido un mecanismo de verificación judicial. . como en el artículo 35 del proyecto de ley al señalar que “Los peritos de U. complicidad o encubrimiento.- - - - - - Estados limitando la discrecionalidad a un catalogo de delitos. será responsable de su seguridad. siempre que se produzcan en el ejercicio del derecho de defensa y no para la ocultación o perpetración de delitos o evitar sus consecuencias”. podrá ordenarse la intervención. si las mismas se desarrollan en sitios o lugares públicos”. en otras palabras únicamente las comunicaciones orales que se lleven en sitios privados son las únicas que ostentan ese carácter. no se observa desarrollado en normas que faciliten el control judicial y pese a que el Juez en su función de garantía puede solicitar cualquier informe. prorrogable por igual termino. Continua el artículo 12 señalando que fuera de los casos de comunicaciones protegidas entre defensor y su imputado. En su artículo 12 establece que se prohíbe la intervención de las comunicaciones entre el abogado defensor legalmente constituido en un proceso penal y los investigados o imputados. una vez que ha dado la autorización de la intervención. El Proyecto de Ley en su artículo 7 relacionado a la comunicación entre personas presentes señala que “No se considerara intervención de la comunicaciones orales. así el artículo 26 establece que “Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas. la excepción debe hacer su énfasis en los casos en que hay indicios de coautoría. Se guardarán en sobre sellado y el Ministerio Público a través del coordinador de la UIC. pero en la norma introducida por la reforma se echan de menos pautas especificas y/o los casos en que la intervención podrá extenderse hasta por tres meses. hasta por el término de tres meses.
. ya sea con la finalidad de evitar la perpetración de un delito distinto del que se ha ordenado en el mandamiento expedido por el Juez.I. que igualmente serán escogidos y designados por el Fiscal General de la República para laborar en la Unidad de una propuesta del Director de la Policía Nacional. asignado a la UIC. se es de la opinión que: . la intervención de las comunicaciones que el órgano jurisdiccional autorice. en ninguna disposición se regula control jurisdiccional.C. para realizar sin previa juramentación del órgano jurisdiccional. se faculta para nombrarlos al Fiscal General de la República. cada siete (7) días. la fuga de una persona. todos estos son elementos que muestra la profunda desjudicialización de las intervenciones que serán ejecutadas y controladas por el Ministerio Público. quien realizara con la información recibida. por otro lado en relación al manejo de la información obtenida en las escuchas o intervenciones. y ordenará a los peritos designados. creada para ejecutar a través de su personal especializado. El Fiscal asignado al caso tendrá libre acceso a las grabaciones realizadas. evitar la pérdida o desaparecimiento de evidencias que faciliten la impunidad. el artículo 50 establece que los peritos de la UIC estarán facultados. Tanto el control de la intervención. en relación al nombramiento de su Coordinador. por esta Ley. La ejecución por parte del Ministerio Público se recoge en el artículo 27 del Proyecto de Ley. también se integraran miembros de la Policía Nacional. como el manejo que se le da a la información obtenida en ella es parte del no enunciado. pero imperante principio de reserva del Ministerio Público. o cualquier actuación de ejecución inmediata que se requiera realizar”. siempre y cuando la información de la intervención se haya obtenido legalmente.- - - - acerca de su contenido o de los hechos suscitados al Fiscal a cargo de la investigación o del caso. En refuerzo de esto último tenemos por un lado como el artículo 33 señala que las transcripciones serán entregadas en originales al Fiscal asignado al caso. vale mencionar que ninguna de estas actuaciones requiere convalidación judicial. bastara la constancia del Fiscal General de la República que establezca que la persona es perito oficial del Ministerio Público. los análisis de vinculación que se obtenga de la información. OPINIÓN Por las razones expuestas. a través de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones. en otras palabras en la ejecución se transita de la reserva judicial de la actual regulación del CPP a la reserva fiscal o de Ministerio Público que trae consigo la reforma. la transcripción de las grabaciones que resulten de interés para la investigación que se sigue. cuando así lo ordene el Ministerio Publico. el personal técnico y auxiliar de la U. no requerirán ser juramentados por el Órgano Jurisdiccional para realizar hacer las intervenciones o para realizar análisis de vinculaciones de comunicaciones y para la acreditación en el proceso en que participen en condición de peritos. las diligencias que de acuerdo a ley sean procedentes. Luego dispone la Ley que los peritos oficiales de esta unidad.
el principio de defensa y el principio de reserva judicial. es por ello que el artículo 223 del Código Procesal Penal establece que será el Juez el que dispondrá quien realizará la intervención y la escucha en su caso. toda vez que lo que se restringe es un derecho fundamental que solamente el órgano jurisdiccional puede “ordenar” y no simplemente “autorizar” para que sea ejecutado y controlado por el Ministerio Público que una vez autorizado monopolizaría la intervención. En definitiva la Ley vacía de contenido la garantía de reserva judicial de las intervenciones de las comunicaciones. El artículo cien (100) de la Constitución de la República no hace parte a autoridad administrativa alguna. El control y la vigilancia del Juez en las intervenciones de las comunicaciones es una tarea irrenunciable.La reforma es asistemática por violentar el principio acusatorio. .
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