Source: http://www.estudioalbarracin.com/site/index.php/novedades/93-covid-19-denuncia-ante-la-comisoion-interamericana
Timestamp: 2020-07-11 09:30:49
Document Index: 182781322

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Albarracin & Asociados - COVID-19. DENUNCIA ANTE LA COMISION INTERAMERICANA
Dr. Cesar Albarracín
Autor: Dr. Cesar Albarracin
COVID-19. DENUNCIA ANTE LA COMISION INTERAMERICANA
El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la salud de las personas privadas de su libertad. Existe una especial posición de garante del Estado frente a los detenidos porque -a diferencia de lo que ocurre en el medio libre- las personas sujetas a encarcelamiento no tienen posibilidad de acceso al sistema de salud si no es a través del propio Servicio Penitenciario. Existe consenso en afirmar que las cárceles representan espacios especialmente vulnerables ante el avance del COVID-19. También hay conciencia de que un contagio en los penales podría llevar a una crisis humanitaria, dentro y fuera de los penales. No obstante, no existe aún en nuestro país una decisión política, judicial o de política criminal que marque un camino unívoco para afrontar la problemática. Transcribimos abajo la denuncia que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque -según podrá advertirse- en ciertos casos específicos y frente a la pandemia, la privación de libertad, puede importar un trato cruel, inhumano y degradante.
PROMUEVO DENUNCIA CONTRA EL ESTADO ARGENTINO. SOLICITO MEDIDA CAUTELAR. SOLICITO TRATAMIENTO URGENTE POR RIESGO ANTE COVID-19.
Señor Secretario de la
1889 F. Street NW
Washington, D.C. (20006) USA
CESAR MIGUEL ALBARRACIN, con DNI 22.99676; teléfono +54-9-221-506-3915, correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., con domicilio constituido en calle Perú 263 piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina, Código Postal 1067, por mi propio derecho y en mi carácter de abogado de confianza del Sr. G. E. R., (paciente de riesgo ante COVID-19 actualmente detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz), a VV.EE. me presento y respetuosamente digo:
Que vengo a interponer en debido tiempo y legal formal denuncia contra el Estado argentino por violación a los artículos 1.1., 4.1, 5.1., 5.2, 7.2, 7.3, 7.6, 8.1 y 8.2 de la CADH y del principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.
Básicamente, entendemos que la continuidad del encarcelamiento preventivo de G. R. en un centro de detención superpoblado, que aloja a más de 2.400 internos y en el que no se garantiza ninguna de las medidas mínimas de prevención del COVID-19, importa para la víctima un trato cruel, inhumano y degradante, pues pone en riesgo su salud y su vida frente a la pandemia, al tratarse de una persona especialmente vulnerable por edad (57 años) y las enfermedades previas que padece (diabetes tipo II y obesidad).
Como se explicará más abajo, R. tiene domicilio en un pueblo del interior de la Provincia de Buenos Aires, posee familia, arraigo y carece de toda clase de antecedentes penales, contexto en el cual la negativa a disponer medidas alternativas a la prisión resulta absolutamente irrazonable.
Debe añadirse que la víctima R. ha sido encarcelada sobre la base de pruebas presumiblemente adulteradas por los funcionarios estatales, extremo que fue denunciado hace más de un año sin que las autoridades accedieran a concretar las diligencias mínimas tendientes a su comprobación.
En ese contexto, estimamos que existen múltiples violaciones a las garantías de la CADH, según lo detallaremos abajo y que existe además una situación de urgencia que amerita el dictado de las medidas cautelares que se propondrán.
LEGITIMACION.
La presente se interpone en el marco de lo previsto en el artículo 44 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Decha norma establece que “cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”
En igual sentido el artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preve que “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos”.
Tal y como se observa en la redacción de ambos artículos, la legitimación para presentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es amplia y permite que cualquier persona -y no sólo la propia víctima de las violaciones a los derechos humanos- se presente ante la Comisión.
Al respecto, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-22/16 del 26 de Febrero de 2016 que conforme el artículo 44 de la Convención “…se pueden presentar peticiones individuales tanto a nombre propio como en el de terceras personas sin que necesariamente deban confluir en la misma persona las dos categorías. En efecto, la Corte ha manifestado que ‘es claro que el artículo 44 de la Convención permite que cualquier grupo de personas formule denuncias o quejas por violación de los derechos consagrados por la Convención’. Esta amplia facultad de denuncia es un rasgo característico del sistema de protección (interamericano) de los derechos humanos. Por ello, la Corte estima que de la referencia que hace el artículo 44 a ‘organización no gubernamental o grupo de particulares’, no es posible inferir una autorización para que las personas jurídicas puedan ser presuntas víctimas, sino que se refiere a su legitimación activa, en el sentido de que las organizaciones no gubernamentales o grupo de particulares están facultados para presentar peticiones individuales ante la Comisión Interamericana a favor de presuntas víctimas, incluso en casos en que no cuenten con el consentimiento de las mismas”
A todo evento, pongo en conocimiento de VV.EE. que la víctima Gustavo Rodríguez me ha requerido expresamente la materialización de la presente denuncia.
III. ADMISIBILIDAD.
En cuanto a los recaudos de admisibilidad, contemplados en el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ponemos de relieve:
a) Agotamiento de recursos internos: esta parte interpuso y agotó los recursos internos que podían resultar adecuados y efectivos.
En efecto, denunciamos la situación de riesgo para la salud y la vida de G. R. ante el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, que es el órgano a cuya disposición se encuenta detenido Rodriguez y que -en consecuencia- tiene a su cargo el control de sus condiciones de detención y la adecuación de la misma a los principios constitucionales y convencionales que la limitan.
Ante la falta de respuesta adecuada por parte de dicho órgano, se instó la revisión de lo resuelto ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien declaró inadmisible el recurso y se abstuvo entonces de reevaluar el caso, invocando un supuesto límite jurisprudencial a su competencia. De este modo, se han agotado los recursos internos adecuados y efectivos.
La posible interposición de un nuevo recurso (en este caso ante la Corte Federal), solo podría generar la anulación de lo resuelto por el Tribunal de Casación (por haberse violado la garantía de revisión en segunda instancia o por haberse adoptado una decisión arbitraria), de modo que no se trataría de un remedio efectivo, en especial por las demoras que insumiría el trámite, incompatible con la urgencia que requiere la protección de la salud y la vida del Sr. R..
En lo que atañe a las pruebas presuntamente falsas que dan base material a la prisión preventiva del Sr. R., se ha sometido la cuestión a conocimiento del Juzgado de Instrucción, quien ha negado las diligencias de prueba conducentes para verificarlo.
A la vez, se ha planteado reposición contra ese denegatoria, con resultado adverso, lo mismo que el recurso de apelación, que fuera declarado inadmisible tanto por el Juzgado como por la Alzada.
Paralelamente, se formuló denuncia penal, que fue desestimada por la Fiscalía, argumentando que el objetivo era la producción de pruebas que demuestre la inocencia del Sr. R.. Pese a haberse planteado distintos recursos contra esta negativa -uno de ellos acogido por la Cámara de Apelaciones- al día de la fecha no se ha logrado que el Estado inicie una investigación sobre el punto. La última decisión que niega la investigación es del 16 de marzo del corriente año 2020.
Finalmente, el Sr. R. ha requerido una audiencia personal con los magistrados del Tribunal ahora interviniente, la que fue suspendida con motivo de la feria judicial declarada en la República Argentina como medida de prevención ante el CODIV-19.
Concurre sobre este aspecto parcial de la denuncia la verificacion de obstáculos y gravísimas demoras para el impulso de la investigación y el esclarecimiento de ese hecho.
b) Plazo para la presentación: La petición se presenta dentro del plazo de seis meses previsto por el art. 46 inc. b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
c) Litispendencia Internacional: La materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional (conf. artículos 28.9 y 33 reglamento).
d) Otros requisitos formales: Tal como luce al inicio, la presentación la el suscripto César Miguel Albarracín, como peticionante individual, y en su carácter de abogado de la víctima. El domicilio del peticionante se encuentra en calle Perú 263 piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, Código Postal 1067. El teléfono es el +5492215063915 y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. La víctima es el Sr. Gustavo Edgardo Rodriguez, con domicilio en calle 52 número 5 de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires, República Argenitna. Sus familiares cercanos son: su esposa M. M., con DNI ................., domiciliada en calle ...número ....de la ciudad de .........., Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Código Postal 7223 y sus hijas P. R., DNI ........., con teléfono ............., y A. R., DNI .................., teléfono de contacto y dirección junto a M. M. en el domicilio antes indicado. (conf. artículo 28.3 del reglamento)
e) Fórmula de la cuarta instancia: No resulta aplicable dicha fórmula ya que no se persigue la revisión de las sentencias internas, sino el amparo efectivo de los derechos y garantías que se estiman violados y que, como se ha adelantado, se encuentran garantizados por la Convención y los instrumentos interamericanos vigentes. Ello a fin de garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tanto parte de la Convención (cf. CIDH, Informe 8/98, Caso 11671, Carlos García Saccone, Argentina. 2/03/1998, párr. 53).
f) identidad: los datos del peticionante y de la víctima constan en el encabezado y no concurren razones para solicitar sean mantenidos en reserva (artículos 28.2 y 28.5 del reglamento).
g) Tramitación urgente: En los términos del artículo 29.2 “b” y “d” y 29.7 del Reglamento, pongo en conocimiento de la Secretaría Ejecutiva que la decisión que se pretende puede tener por efecto remediar situaciones estruturales puesto que -a la fecha- existen cientos de detenidos en el sistema federal argentino que presentan factores de riesgo frente al COVID-19 y -al igual que Rodriguez- no se encuentra involucrados en delitos de “lesa humanidad”.
IV.1. Respecto del riesgo para la vida y la salud del Sr. R..
IV.1.1. G. R. tiene 57 años. Padece de sobrepeso y diabetes grado II.
Esas condiciones lo colocan como paciente vulnerable frente al COVID-19.
Así ha quedado determinado a partir de las pericias médicas que se le realizaron (y cuya copia se acompaña).
IV.1.2. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, cito en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a disposición del Tribunal Oral en lo Federal número 2 de San Martín.
Este complejo penitenciario se encuentra sobrepoblado, al igual que el resto de los penales de la República Argentina.
Aloja a la fecha más de 2.600 internos, siendo que las autoridades administrativas reconocen que tiene una capacidad máxima de 2.433 internos (se acompaña informe del Servicio Penitenciario Federal).
No obstante, esa capacidad sería mucho menor, según lo ha advertido el Poder Judicial de la Nación en diversos pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de Habeas Corpus Colectivo dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal mediante sentencia del 28/06/19 dictada en causa FSM 8237/2014/13/CFC1 (que se acompaña)
IV.1.3. El día 3 de marzo de 2020 se detectó en la República Argenina el primer caso de COVID-19.
El día 12 de marzo se decretó en la República Argentina la Emergencia Sanitaria (Decreto de Necesidad y Urgencia número 260/20).
El día 15 del mismo mes se anuncio el cierre de fronteras y la suspensión del periodo escolar inicial, primario y secundario.
Finalmente, a partir del día 20 de marzo de 2020, se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena) con prohibición de salida de sus domicilios para todos los ciudadanos, asueto en la administración pública y suspensión de todas las actividades, salvo las especialmente autorizadas (decreto de necesidad y urgencia 297/20).
La medida fue prorrogada por decreto 325/20 (del 1º hasta el 12 de abril) y por decreto 355/20 (del 13 al 26 de abril).
Pese a las medidas adoptadas, en la República Argentina se han confirmado a la fecha un total de 2571 casos, registrandose 115 fallecidos.
Esto importa una tasa de un caso cada dieciocho mil habitantes (1/18.000).
Basta referir que el sistema penitenciario de la República Argentina aloja más de 100.000 detenidos para advertir que -en la actualidad- la expansión del virus en el interior de los penales es mucho más que una posibilidad.
De hecho, se han confirmado los últimos días varios casos de contagios dentro de los penales (https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentina-denuncian-casos-positivos-medicos-enfermeros-trabajan-penal-devoto_0_Z7i33YRKA.html; https://www.perfil.com/noticias/policia/coronavirus-confirman-caso-positivo-covid19-penal-olmos-alarma-carceles.phtml)
IV.1.4. En este contexto, se peticionó ante el Tribunal Oral Federal que disponga la detención domiciliaria del Sr. G. R., poniendo de relieve: (a) que resulta imposible cumplir con la medida de “aislamiento” en el contexto de un penal sobrepoblado; (b) que no existen en el Serevicio Penitenciario Federal controles preventivos ni medidas de higiene mínimas, dado que no se comple con la desinfección de lugares comunes ni se provee a los internos de alcohol en gel, jabón de tocador, guantes descartables ni barbijos (se acompañan escritos); y que, por todo ello, se está sometiendo a la víctima a un riesgo indebido que -al tratarse de un paciente vulnerable- puede comprometer su vida.
Se aclaró en los pedidos que no existían riesgos procesales de relevancia que no pudieran neutralizarse mediante la imposición de una medida alternativa a la prisión como la que se estaba requiriendo.
IV.1.5. El Tribunal Oral Federal rechazó el pedido por entender que el sólo hecho de ser un paciente de riesgo ante el COVID-19 no alcanzaba para demostrar que la salud o la vida de R. estuviese en riesgo. Se expuso que “…la única circunstancia de estar incluido en un grupo de riesgo frente a la situación de pandemia no basta para disponer en forma automática el cese de su encierro…” Consideró que la prisión domiciliaria sólo puede acordarse en supuestos excepcionales y taxativamente enumerados, en los cuales no encuadraba la situación de Rodríguez. A la vez, ordenó al Servicio Penitenciario Federal que intensifique y refuerce el área sanitaria, a fin de controlar y asistir en forma exhaustiva al interno en términos de prevención de Coronavirus. Finalmente, se ordenó que se aclere “…en forma expresa y fundada si bajo el actual contexto de encierro sanitario, adecuación de espacios, provisiones médicas, etc., no es posible su derecho a la salud e integridad física…”.
Vale aclarar que mi asistido no se encuentra vinculado a ningún delito de “lesa humanidad”, ni tampoco se le imputa un delito violento, ni contra la integridad sexual.
Volveremos sobre esta cuestión mas abajo.
IV.1.6. Frente a ello, se planteó, por un lado, la necesidad de que se ordene al Servicio Penitenciario la entrega de elementos de higiene y prevención bajo debida constancia (jabón de tocador, alcohol en gel, lavandina, barbijos y guantes descartables). Se requirió asimismo que se pidan especificaciones sobre las medidas de prevención que se estaban adoptando, si se realizaban controles preventivos a los internos, si se había realizado algún test, en su caso, a cuantos internos y con qué resultados (se acompaña copia).
Paralelamente, se presento recurso de Casación, para que la denegatoria de domiciliaria sea revisada por un Tribunal Superior, en el marco de lo previsto en el artículo 8 inciso 2 “h” de la CADH.
En ese recurso se explicó que el Tribunal Oral Federal había desoído los lineamientos aplicados por la propia Cámara de Casación Penal en un caso análogo; que no es cierto que la ley aplicable regule la detención domiciliaria como una excepción, sólo procedente frente a supuestos taxativos y, en definitiva, que existía un riesgo para la salud y la vida de R. (ver copia).
IV.1.7. Respecto de los pedidos de informes, los mismos fueron cursados efectivamente por el Tribunal Oral; y -pese a lo que se habia afirmado en la resolución denegatoria de domiciliaria- quedó expuesto que, en realidad, el Servicio Penitenciario no se encuentra en condiciones de garantizar a los internos esos elementos mínimos de prevención, como tampoco puede garantizar el aislamiento porque, justamente, lo que existe es hacinamiento y sobrepoblación.
Es que, de hecho, no se proveyó a Rodriguez de elemento alguno y, a la vez, tampoco se dio respuesta a los requerimientos del Tribunal Oral Federal, pese a los reclamos de la defensa y del propio órgano jurisdiccional.
Demás está decir que no se trata de una situación que pueda resultar nueva o sorprendente para los órganos judiciales, ya que todos los días observan la falta de respuestas por parte del Servicio Penitenciario, que se encuentra sobrecargado en su capacidad operativa.
IV.1.8. En cuanto al recurso planteado, la Cámara de Casación, cambiando el criterio que había expuesto en el fallo “Colman” antes citado, entendió que el recurso era inadmisible, alegando se exigiría que se demuestre la existencia de un agravio constitucional, y que ello no se vislumbraba en forma suficiente en el caso (se acompaña copia de la sentencia).
Vale aclarar que, en la República Argentina, la Convención Americana tiene jerarquía constitucional, al haberse incorporado a su texto a través del artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna y que en el recurso interpuesto -cuya copia se acompaña- se había denunciado en forma expresa la violación al derecho a la salud, el peligro para la vida del Sr. Rodriguez y el incumplimiento de los estandares inrternacionales en materia de trato mínimo para las personas privadas de libertad.
De esta manera, se han agotado los recursos disponibles en el ámbito interno.
IV.1.9. Como puede advertirse, se le ha negado a R. la posibilidad de resguardar su vida y su salud -mediante una alternativa a la prisión- sobre la base de argumentos formales, muchos de ellos contrarios a la ley y que muestran un clarisimo contrastre entre las medidas de prevención que se recomiendan y aplican a todos los ciudadanos (incluidos los propios jueces que dictaron resolución en forma remota, para evitar todo transito y contacto con terceros) y las que pretenden dispensarse al Sr. R., que es un paciente de riesgo, y se encuentra alojado en una de las cárceles sobrepobladas de la República Argenitna, sin acceso a medidas de prevención adecuadas, y en el contexto de una pandemia que se ha extendido y sigue extendiendo en la región con decenas de miles de contagios y muertes.
IV.1.10. Debe aclararse que el Tribunal Oral denegó a R. la domiciliaria al entender que resultaban aplicables los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley de Ejecución Penal 24.660 y modificatorias.
Dichas normas establecen que puede disponerse la prisión domiciliaria respecto de “…a) el interno enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) el interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) el interno discapacitado cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) el interno mayor de setenta (70) años; e) la mujer embarazada; f) la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo…”.
Es evidente que tanto el artículo 10 del Código Penal como el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal se aplican a penados, y no a procesados, como es el caso de la víctima.
La regulación aplicable a procesados en la República Argentina es otra muy distinta, y se encuentra contenida en los artículos 210, 221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal Federal, aplicable a todo el territorio nacional.
En concreto, la primera de las normas citadas establece que: “El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o combinada, de: a. La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; b. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen; c. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; d. La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; e. La retención de documentos de viaje; f. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; g. El abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado; h. La prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez; i. La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física; j. El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; j. La prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados.”.
Al aplicar indebidamente la ley de fondo, y desplazar ilegítimamente la aplicación de la ley procesal, el Tribunal concluyó que la detención domiciliaria constituía una excepción, sólo procedente ante casos taxativos, siendo que la normativa aplicable sienta el principio contrario, y sólo autoriza el encarcelamiento preventivo en los casos en que se demuestre que ninguna de las medidas que enumera previamente -entre ellas, el arresto domiciliaria- fuere suficiente para garantizar los fines del proceso.
Como se explicará más abajo, la argumentación del Tribunal afecta en forma directa el principio de legalidad que rige en materia de coerción procesal y que recepta el artículo 7.2 de la CADH.
IV.1.11. Se dijo luego que la defensa debería “acreditar cuán grave resulta ser la situación de salud del interno frente a una situación de daño inminente de contagio del virus COVID-19”.
El razonamiento desconoce el rol de garante que cabe al Estado respecto de las personas privadas de su libertad y la obligación de garantizarles la protección adecuada de su salud y de su vida.
De este manera, es el Estado quien debe asegurar que la salud de los internos se halla garantizada, obligación que no puede considerarse dispensada por no conocerse con certeza cuáles serían los daños concretos que se causarían al interno en caso de contagio.
El Tribunal, por lo demás, parece exigir un juicio científico que resulta incompatible con el estado embionario de las investigaciones relativas al COVID-19.
Volviendo, se ha acreditado que la víctima se encuentra dentro de los grupos de riesgo frente al COVID-19.
Se encuentra acreditado, y reconocido por la propia autoridad peitenciaria, que los centros de encarcelamiento se encuentran sobrepoblados.
Se encuentra acreditado, asimismo, que en esos centros resulta absolutamente dificultoso el acceso de los detenidos al sistema de salud.
Y se encuentra acreditado, finalmente, que no se han brindado a la víctima ninguno de los elementos mínimos de higiene y prevención recomendados tanto a nivel mundial como por las autoridades sanitarias de la Nación.
En ese contexto, el proceso puntual y específico de degradación que podría producir el virus en la persona de Rodríguez constituye un dato que nada aportaría para la decisión del caso si -objetivamente- las propias autoridades reconocen la existencia de un riesgo para su vida y salud.
IV.1.12. El tercer aspecto central de la denegatoria se vinculó a la existencia de riesgos procesales.
Sobre ellos, el Tribunal razonó el siguiente modo. (a) el Sr. R. se encuentra imputado por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes -partícipe necesario de organización y financiamiento del narcotráfico, transporte de sustancias estupefacientes y lafado de activos; (b) esa calificación legal “…resulta un parámetro objetivo suficiente para determinar la existencia de riesgo procesal de fuga…”.-
El razonamiento pasa por alto, por un lado: que R. tiene domicilio y arraigo, de hecho, vive hace más de treinta años en el mismo lugar; que no posee un patrimonio abultado; que sólo ha viajado dos veces al exterior en toda su vida, pese a contar a la fecha con 57 años de edad; que toda su familia y seres queridos viven en ............... donde él mismo se domicilia; que carece de antecedentes penales y que, al conocer la orden de detención en su contra, se hizo inmediatamente presente ante las autoridades para que la misma se ejecute.
Por otro, pasa también por alto que la ley argentina no permite fundar el juicio de peligrosidad procesal sobre la exclusiva base de la calificación legal o la pena en expectativa.
Por el contrario, impone el siguiente análisis: “ARTÍCULO 221.- Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas: a. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; b. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos; c. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal”.
Del mismo modo, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores prohibe esa clase de análisis (v. gr. Plenario “Diaz Bessone” de la Cámara Nacional de Casación Penal), en sintonía con los lineamientos de esa Comisión y la propia Corte Interamericana.
Todo ello, sin considerar las críticas a la prueba presumiblemente falsa en virtud de la cual se vinculó a la víctima al proceso, aspecto que evaluaremos en el punto siguiente.
IV.1.13. En suma, lo dicho hasta aquí exhibe una afectación irrazonable del derecho a la salud de la víctima y una puesta en riesgo de su vida, al impedirse sin argumentos válidos su arresto domiciliario, donde -a diferencia de lo que ocurre en el centro de detención en que se encuentra, y en el resto de los existentes en la República Argentina-, podría cumplir efectivamente con el distanciamiento social recomendado por todas las instancias sanitarias, además de tener acceso a elementos de desinfección, higiene personal y eventualmente, a controles médicos preventivos, todo lo cual resulta indispensable para las personas que -como el Sr. R.- integran los grupos de riesgo frente al COVID-19 y no existen argumentos serios que demuestren una peligrosidad procesal extrema o la impiutación de hechos violentos o de vinculados a delitos de lesa humanidad.
IV.2. Respecto de la posible adulteración de las pruebas empleadas para encarcelarlo.
IV.2.1. La víctima fue vinculada a los hechos sobre la base de dos elementos esenciales que se interrelacionan entre sí.
El primero de ellos es una declaración de un testigo prestada con reserva de identidad.
Ese testigo refirió -en lo que aquí interesa- que R. integraría una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y que -en ese contexto- sería quien se encargó de alquilar un campo en el que se construyó una pista de aterrizaje clandestina.
Agregó ese testigo que el campo se encontraría situado en una coordenada que coincide con la hallada en la memoria de un GPS de una avioneta -cargado con cocaína- que fuera incautada en la República del Payaguay.
Sobre la base de estos dichos, el Juzgado procedió al allanamiento del campo señalado, y ordenó que se certificara si en el interior del mismo existía una pista de aterrizaje clandestina y si las coordenadas contenidas en el GPS de la aeronave del Paraguay se encontraba dentro de sus límites.
En la diligencia de allanamiento no se hallaron rastros de la existencia de una pista clandestina. No obstante, se certificó -mediante instrumento público- que en su interior se encuentra la coordenada relevante para el caso.
IV.2.2. La víctima R. explicó en su declaración que es propietario de un campo, que se encuentra a pocos kilómetros del que fuera sindicado por el testigo. Y agregó que ni en el suyo propio ni en el señalado por el testigo existió jamás una pista de aterrizaje clandestina y que, además, no conoce a los restantes miembros de la organización, que nunca tuvo contactos con ellos, y que existen miembros de la fuerza policial que direccionaron la investigación sobre su persona como modo de proteger a quienes podrían ser los verdaderos responsables.
IV.2.3. Sobre esta base, la víctima propuso se realice una inspección sobre el campo sindicado por el testigo, y se certifique si en su interior se encuentran verdaderamente las coordenadas relevantes para el caso.
IV.2.4. Luego, la defensa de R. realizó una pericia sobre el campo y zonas aledañas, con dos expertos en criminalística. El estudio permitió certificar que ninguna de las coordenadas relevantes se encontraba dentro de los límites del campo sindicado por el testigo. Asimismo, permitió acreditar que las mismas en realidad se vinculaban a una pista de aterrizaja clandestina ubicada en las afueras del campo, sobre tierras fiscales aledañas a un canal. Asimismo, se aportó luego documentación que vinculaba al testigo con una banda de narcotraficantes que efectivamente usaban esa pista realmente existente para la bajada de avionetas con estupefacientes.
IV.2.5. En base a ello, se formuló denuncia penal y se propuso -en ambos expedientes- que se certifique si en el campo vinculado a la víctima se hallaban o no las coordenadas relevantes. La medida de prueba fue rechazada por el Juzgado, afirmando que no sería pertinente ni útil. Esa decisión fue ratificada ante la interposición de un recurso de reposición. Y se desechó asimismo la admisibilidad de la apelación intentada, tanto en primera como en segunda instancia. Por otro lado, en el proceso penal, el Fiscal se negó a impulsar la investigación, alegando que en realidad se buscaba reeditar una discusión probatoria de otro expediente, sin advertir que -en rigor- se estaba denunciando una falsificación ideológica de un instrumento público (acta que documenta que la coordenada se encuentra dentro del campo). La decisión del fiscal fue convalidada por el Juzgado interviniente (que es el mismo que llevó a cabo la investigación contra R.), pero luego fue revocada por arbitraria por la Cámara Penal. No obstante, frente a esta decisión, la Fiscalía volvió a insistir en el primer criterio, temperamento que fue avalado otra vez por el Juzgado interviniente. De ese modo, se ha obstaculizado la investigación de ese posible delito cometido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
IV.2.6. En definitiva, se ha impedido a R. cuestionar -en ejercicio de su defensa- la validez y conducencia de los elementos de cargo que se invocaron para disponer su detención provisional y, paralelamente, se ha omitido una investigación eficaz sobre hechos posiblemente delictivos que coadyuvaron a la aplicación posiblemente arbitraria de la prisión preventiva, es decir, que contribuyeron a concretar una violación a los derechos humanos.
V.1. Respecto de la negativa a reconocer la posibilidad de arresto domiciliario. Violación de los artículos 1.1, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.2 de la CADH y principio 24 de Conjunto de Principios de Protección de Personas sometidas a prisión.-
De las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana, derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. Así, el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. El Principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión determina que “[s]e ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario.”
Ha dicho la CIDH que “…la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros.” (CIDH, caso Diaz Peña Vs. Venezuela, sentencia del 26 de junio de 2012).
En el mismo sentido, la Corte Europea ha sostenido que “…según [el artículo 3 de la Convención], el Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida…” (Cfr. Kudla v. Pooland, No. 30210/96, párr. 93-94).
Mediante sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi vs. Ecuador), la CIDH ha dicho que “…la deficiente atención médica recibida por la presunta víctima es violatoria del artículo 5 de la Convención Americana.”
En el caso “Velez Loor Vs. Panamá” (sentencia del 23 de noviembre de 2010), se ha observado que “…a pesar de sus recurrentes problemas de cefaleas y mareos, y la necesidad determinada por los galenos que lo atendieron que debía realizarse un CAT cerebral, dicho estudio no se concretó y el señor Vélez Loor no recibió atención médica adecuada y oportuna con relación a esta lesión, lo cual pudo haber tenido consecuencias desfavorables en su estado de salud actual y es contrario al tratamiento digno debido” y que, por ello, debía concluirse que “…las condiciones de detención en la Cárcel Pública de La Palma, así como aquellas en el Centro Penitenciario La Joyita, en su conjunto constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes contrarios a la dignidad del ser humano y por lo tanto, configuran una violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”
También resulta oportuno recordar que “…con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado…”, agregándose que “…en razón del control que el Estado ejerce sobre la persona en situación de detención y el consecuente control de los medios de prueba sobre su condición física, condiciones de detención y eventual atención médica, el Estado tiene la carga probatoria de verificar que ha respetado y garantizado adecuadamente los derechos de la persona privada de libertad en caso que se presente un padecimiento de salud que requiera la prestación adecuada y eficiente del servicio médico…” (CIDH, caso “Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala; sentencia del 29 de febrero de 2016).
Recordemos que el Tribunal Oral aplicó justamente el principio inverso, según el cual sería el denunciante quien debiera demostrar que la atención no es adecuada o que corre riesgos serios frente a un eventual contegio.
Se ha expresado también con claridad que “…las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado (de medicina y enfermería)” (caso “Chinchilla Sandoval” antes citado).
Y en un principio directamente aplicable al caso de la víctima Rodriguez, se ha dicho con toda claridad que “…la necesidad de protección de la salud, como parte de la obligación del Estado de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida, se incrementa respecto de una persona que padece enfermedades graves o crónicas cuando su salud se puede deteriorar de manera progresiva. Bajo el principio de no discriminación (artículo 1.1 de la Convención), esta obligación adquiere particular relevancia respecto de las personas privadas de libertad. Esta obligación puede verse condicionada, acentuada o especificada según el tipo de enfermedad, particularmente si ésta tiene carácter terminal o, aún si no lo tiene per se, si puede complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por las condiciones de detención o por las capacidades reales de atención en salud del establecimiento carcelario o de las autoridades encargadas. Esta obligación recae en las autoridades penitenciarias y, eventual e indirectamente, en las autoridades judiciales que, de oficio o a solicitud del interesado, deban ejercer un control judicial de las garantías para las personas privadas de libertad.” (CIDH, caso “Chinchilla Sandoval” citado, el resaltado me pertenece).
Ha dejado expresado esa Comisión que “Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas.” (Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio X).
Del mismo modo, se ha dejado sentado que “Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad”. (Principio II).
Asimismo, se dispone en el referido instrumento que "Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.” (Principio I).
En cuanto a las condiciones generales de los centros de detención, se ha explicado que “…de conformidad con las disposiciones del artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en una situación de detención compatible con su dignidad personal. Asimismo, como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos. (CIDH, caso “Tibi vs. Ecuador”, sentencia del 7 de septiembre de 2004; en el mismo sentido: Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 95.).
Asimismo, en el caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela (sentencia del 5 de julio de 2006) se ha dicho que “…según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (en adelante “el CPT”), una prisión sobrepoblada se caracteriza por un alojamiento antihigiénico y restringido, con falta de privacidad aun para realizar actividades básicas tales como el uso de las facilidades sanitarias; reducidas actividades fuera de la celda debido al número de internos que sobrepasan los servicios disponibles; servicios de salud sobrecargados; aumento de la tensión en el ambiente y por consiguiente más violencia entre los prisioneros y el personal penitenciario.”
Debemos recordar que, en el caso, las propias autoridades penitenciarias han reconocido la sobrepoblación la que -sin embargo- sería muy superior a la declarada, según lo ha puesto de manifiesto la Cámara Nacional de Casación Penal en la sentencia del 26/06/19 arriba citada.
Unido a lo anterior, debe citarse el principio de legalidad (artículo 7.2 de la CADH), que se ha vulnerado indirectamente al considerar que la concesión o no del arresto domiciliario dependía de la configuración de algunas de las situaciones taxativamente enumeradas en la ley de fondo (artículos 10 del CP y 32 de la Ley de Ejecución Penal), cuando el régimen aplicable a procesados establece precisamente lo contrario, al estatuirla como una alternativa para toda clase de casos y de aplicación prioritaria a la prisión preventiva.
Se establece en el Principio III de los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, que “La privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá además obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, en la medida estrictamente necesaria en una sociedad democrática, que sólo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia, siempre que la autoridad competente fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos”
Mas específicamente aún, se prevé en el Principio IV que “Nadie podrá ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones establecidas con anterioridad por el derecho interno, toda vez que sean compatibles con las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Las órdenes de privación de libertad deberán ser emitidas por autoridad competente a través de resolución debidamente motivada. Las órdenes y resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de afectar, limitar o restringir derechos y garantías de las personas privadas de libertad, deberán ser compatibles con el derecho interno e internacional”
En la misma línea ha dicho reitersadamente la Corte Interamericana que “…el contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. Ha afirmado que este artículo tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: ‘[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales’. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5) y a impugnar la legalidad de la detención (artículo 7.6). Así, cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma. El artículo 7.2 de la Convención establece que ‘nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas’. Este numeral reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y ‘de antemano’, las ‘causas’ y ‘condiciones’ de la privación de la libertad física. Adicionalmente, exige su aplicación con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la ley. De ese modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna. Cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana” (CIDH, caso “Romero Feris c/ Argentina”, sentencia del 15 de Octubre de 2019; en sentido concordante Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 223, y Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 131. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 51, y Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 351. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 55, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, nota al pie de página N° 178. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr. 98, y Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47. -17-).
En autos, la privación de libertad se ha sustentado en la aplicación de una ley que no podía comprender la situación de la víctima, porque no se encuentra condenada, sino procesada, y ello hacía que resulte aplicable el artículo 210 del CPPFederal, que prevé el arresto domiciliario como una alternativa viable ante toda clase de supuestos, que no aparece como una excepción, sino como la regla frente a la prisión preventiva, y que no se limita a casos taxativamente enumerados.
Debe recordarse, en el mismo sentido, que la CIDH tiene dicho que “…no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté prevista en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación sean compatibles con la Convención, es decir, que respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea legítima. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención” (CIDH, caso Yvon Neptune Vs. Haití”, sentencia del 6 de mayo de 2008).
Justamente, al aplicar una ley diferencia a la que debiía observarse, se ha pasado también por alto este principio de mínima intervención, al interpretarse que la prisión preventiva sólo puede ser sustituída por una medida menos gravosa cuando concurren algunos de los supuestos taxativamente enumerados en la ley, y sin tener en consideración si -fuera de ello- los riesgos procesales pueden o no ser neutralizados mediante una medida menor lesiva.
En suma, consideramos, por todo lo dicho hasta aquí, que existe en el caso una evidente trasgresión a las disposiciones que hemos citado (artículos 1.1, 4.1, 5.1, 5.2 , 7, 7.2 y 7.3 de la CADH).
Ha dejado sentado esa Excma. Comision en la Resolución 1/20 (“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas) que corresponde a los Estados “Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. 47. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.”
El camino que ha seguido el Tribunal ha sido contrario también a estos principios claros y, por ello, merecen asimismo la censura que se impulsa a través de la presente.
V.2. Respecto de la negativa a investigar o determinar si las pruebas de cargo fueron adulteradas por los funcionarios públicos que participaron de la instrucción.
V.2.1.En este punto estimamos que concurren también una multiplicidad de afectaciones a derechos y garantías consagrados por la Convención Interamericana.
Por un lado, se denunció que el Estado se ha negado a investigar si los funcionarios públicos que participaron de la recolección de pruebas contra R. habian o no falsificado su contenido.
A la vez, se ha denegado la posiblidad de establecer si las pruebas realmente coincidían con la materialidad de los hechos, impidiendo cuestionar la validez de la prisión preventiva basada en ellas.
Se ha afectado, así, la tutela judicial efectiva (artículos 8.1 y 25.1 de la CADH), dado que se omitió toda investigación sobre un posible delito cometido por agentes estatales en ejercicio de sus funciones, así como la eventual aplicación de las sanciones que podían eventualmente corresponder.
También se han coartado las posibilidades de defensa (artículo 8.2 “f” de la CADH), al imposibilitar el cuestionamiento en tiempo oportuno la prueba de cargo y, de ese modo, impedir demostrar la arbitrariedad de la prisión preventiva dispuesta (artículos 7.3 de la CADH).
V.2.2. Se ha dicho que “…el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido” (CIDH, caso “Durand y Ugarte Vs. Perú”, sentencia del 16/08/2000).
Se ha agregado en dicha oportunidad que “…la Corte considera que los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad. De este modo, si las autoridades permiten y toleran el uso de esta manera de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”.
En el mismo sentido, ha dicho la CIDH que “…este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las presuntas víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los responsables de los respectivos hechos. La Corte ha reiterado que toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas, y la sociedad como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad se ha venido desarrollando por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta constituye un medio importante de reparación“ (CIDH, caso “Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador”, sentencia del 1/3/05).
Del mismo modo, se expuso que “La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.” (CIDH, caso “Velasquez Rodríguez Vs. Honduras”, sentencia del 29/7/88)
V.2.3. En el caso, el derecho afectado fue el protegido por el artículo 7.3 de la CADH, puesto que se denunció que se había cometido un delito (falsificación de pruebas) con la finalidad de fundar la prisión preventiva contra el Sr. Rodriguez.
Ese hecho, cometido presuntamente por funcionarios estatales, no fue objeto de investigación alguna e, incluso, las autoridades se han negado a esclarecerlo, bloqueando hasta el momento todas las vías legales disponibles al efecto.
V.2.4. Se ha dicho sobre el alcance del artículo 7.3 que “…la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de esos requisitos exigidos por la Convención…” (CIDH, caso Servellón García y otros vs. Honduras”, sentencia del 21 de septimebre de 2006).
V.2.5. Asimismo, se ha expresasdo que la prisión preventiva “…no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. También ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. La Corte resalta, además, que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de ésta, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe.” (CIDH, caso “Norín Catrimán y otros Vs. Chile”, sentencia del 29/05/14).
V.2.6. La Corte ha recordado en la misma línea que “…la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática . En adhesión, la decisión judicial que restringe la libertad personal de una persona por medio de la prisión preventiva debe fundamentar y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria, y por tanto no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo ilícito determinado . En todo caso, la privación de libertad del imputado sólo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.” (CIDH, caso “Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador”, sentencia del 1 de septiembre de 2016).
V.2.7. En el caso, obsérvese que es el Sr. R., y no el Estado, quien quiere impulsar la materialización de diligencias probatorias destinadas a la averiguación de la verdad, a través de múltiples pedidos que, hasta la fecha, han sido todos infructuosos.
Con relación a la necesidad de la prisión preventiva en función del tipo de delito imputado, se ha dicho que el referido artículo 114-A (del Código Chileno) veda(ba) la posibilidad de libertad de personas en prisión preventiva en relación con procesos seguidos por delitos ‘sancionados por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas’ (y que) ésta determinación de privación preventiva de la libertad en forma automática a partir del tipo de delito perseguido penalmente, resulta contraria a las pautas (antes) referidas, que mandan a acreditar, en cada caso concreto, que la detención sea estrictamente necesaria y tenga como fin asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia…”. (CIDH, sentencia recien citada en caso “Herrera Espinoza”)
Recuérdese que, en el caso, el Tribunal Oral en lo Federal ha expuesto justamente que la prisión preventiva debía mantenerse en función de la calificación legal de los delitos que se imputaban a R., vinculados al tráfico de estuefacientes.
V.2.8. Finalmente, debe señalarse que, del modo expuesto, se han limitado las posibilidades de la defensa de cuestionar las bases probatorias de la prisión preventiva.
Con ello, se ha vulnerado el artículo 8 inciso 2 “f” de la CADH.
Ha dicho la CIDH que se vulnera dicha norma si queda como en el caso demostrado que “…en el proceso penal seguido en contra del señor Canese no se le permitió obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que pudieran “arrojar luz sobre los hechos”. En cuanto a la primera instancia, el juez de la causa, después de haber emitido una resolución citando a audiencias a los testigos propuestos por el señor Canese, revocó tal decisión y ordenó el cierre del período probatorio, por lo cual no se rindió ninguna prueba testimonial, coartando por una negligencia judicial la posibilidad de presentar medios probatorios en su defensa que pudieran “arrojar luz sobre los hechos”. Además, ante el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, tampoco se produjo prueba testimonial alguna “ (CIDH, caso “Ricardo Canese Vs. Paraguay”, sentencia del 31 de agosto de 2004.).
V.2.9. En definitiva, existe una violación a la garantía de protección judicioal efectiva (artículos 8.1 y 25.1 de la CADH), que ha permitido indirectamente sostener un encarcelamiento preventivo arbitrario (7.3 de la CADH), coartando además en forma irrazonable las posibilidades de defensa (artículo 8 incis 2 de la CADH).
CAUTELAR.
VI.1. En los términos del artículo 25 del Reglamento, y en función de lo expuesto en los puntos VI.1 y V.1 vengo a requerir el dictado de Medidas Cautelares por existir una situación grave y urgente con potencionalidad para generar un daño irreparable en la víctima
Es que, como se explicó arriba, la continuidad del encierro de R. en un centro de detención sobrepoblado impide la adopción de medidas de prevención adecuadas frente al Covid-19 (aislamiento, controles médicos, medidas de higiene), en especial cuando, en ese mismo centro de detención, y los restantes del Servicio Penitenciario Federal, se alojan centenares de internos igualmente vulnerables ante la Pandemia.
El artículo 25 del reglamento citado faculta a la Comisión a “…solicitar que un Estado adopte medidas cautelares.”
Como requisito de procedencia, se prevé que “…tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano.”
En el inciso segundo, a la vez, se ordena tomar en cuenta: “…(a). la ‘gravedad de la situación’, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; (b). la ‘urgencia de la situación’ se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y (c). el ´daño irreparable´ significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.”
VI.2. Como se expuso más arriba, a la fecha existen más de 2500 casos confirmados en la República Argentina.
Asimismo, pese a la ausencia de información fehaciente por parte de las autoridades penitenciarias, los principales medios periodísticos han comenzado a dar cuenta de la existencia de casos confirmados de CODIV-19 en los establecimientos penitenciarios federales (https://clarin.com/policiales/cononavirus-argentina-denuncian-casos-positivos-medicos-enfermeros-trabajan-penañ-devoto_0_Z7i33YRKA.html)
No debe perderse de vista que las cárceles argentinas alojan más de cien mil (100.000 personas) y que, además, en ellas prestan funciones al menos cuarenta mil (40.000) agentes, todo lo cual pone en evidencia, a esta altura, que el ingreso del virus dentro de los penales es algo más que una posibilidad eventual.
VI.3. En ese contexto, y habida cuenta el riesgo de vida que puede importar para la víctima el contagio de COVID-19, dada la especial vulnerabilidad que presenta por sus patologías previas, así como por el hecho de tratarse de un adulto mayor, consideramos que debe disponerse, a título cautelar, el arresto domiciliario del Sr. Rodriguez, que debera ejecutarse en forma inmediata a través de las autoridades cometentes.
VI.4. Asimismo, en el marco de lo previsto en el inciso 5 del artículo 25 del Reglamento, consideramos que la inmediate del daño posible, y su gravedfad, aconsejan prescindir de este recaudo de trámite.
VI.5. La situación ya ha sido denunciada ante las autoridades competentes (Tribunal Oral Federal 2 de San Martín; Cámara Federal de Casación Penal), habiendose denegado la alternativa sobre la base de argumentos ilegítimos e improcedentes frente al sistema de garantías de la CADH.
VI.6. Pongo asimismo en su conocimiento que la víctima se encuentra anoticiada del presente pedido y ha brindado su consentimiento, al igual que su núcleo familiar, con quienes efectivamente conviviría (se acompaña copia).
VII. PETITORIO
a) Me tenga por presentado en el carácter invocado, por parte y por constituido el domicilio, declarándo formalmente admisible la denuncia presentada contra el Estado argentino.
b) Se dicten las cautelares requeridas en forma urgente atento el riesgo para la salud y la vida de la víctima.
c) Oportunamente, se haga lugar a la misma.
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