Source: http://edicionespropuesta.blogspot.com/2012/12/
Timestamp: 2017-08-22 11:15:08
Document Index: 379822475

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'Artículo 216', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 144', 'artículo 170', 'artículo 179', 'artículo 181', 'artículo 184', 'artículo 199', 'artículo 201', 'artículo 209', 'artículo 210', 'artículo 211', 'artículo 212', 'artículo 52', 'Artículo 175', 'artículo 175', 'Artículo 214', 'artículo 52', 'Artículo 215', 'artículo 52', 'artículo 52']

PROPUESTA: diciembre 2012
PROPUESTA entra de vacaciones, por sólo catorce días, como es ya tradicional en esta etapa del año, y lo hace expresando su reiterado agradecimiento a sus lectores y seguidores. De manera muy especial a aquellos que esperan con avidez que aparezcamos cada semana en sus pantallas.
El que concluye ha sido un año difícil para las contrataciones del Estado. Se ha producido una nueva reforma, que comentamos en todas nuestras últimas ediciones y que tiene virtudes y defectos, estos últimos focalizados en la regulación de los mecanismos de solución de controversias y en forma particular en el arbitraje, mal entendido y peor asimilado. Esa realidad nos obliga a comprometernos a persistir en el 2013 en tareas pedagógicas que creíamos ya innecesarias. Nunca es suficiente cuando se trata de enseñar. Es una verdad incontrastable, no sólo un viejo aforismo. Menos aún cuando de lo que se trata es de algo tan elemental como la resolución de las disputas. Ahí estaremos nuevamente. En la primera línea del combate. Como siempre.
Un abrazo para todos. Y naturalmente, una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
La Resolución N° 391-2012-OSCE/PRE pone en evidencia la extraordinaria capacidad de reacción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para corregir rápidamente una Directiva como la que regulaba la acreditación de la experiencia de los consorcios en los procesos de selección cuyos más graves errores han sido enmendados esta semana.
El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, había complicado el escenario al introducir el mecanismo de la ponderación, que la propia Ley no había creado, con lo que en principio y en aplicación del texto original de la Directiva ahora reformulada, se terminaba castigando a todos los proveedores que tuviesen la peregrina idea de intervenir en forma conjunta en alguna licitación o concurso. Para evitarlo, en adelante, bastará que los integrantes de un consorcio se comprometan a ejecutar las obligaciones contractuales, en el caso de resultar adjudicatarios del proceso en el que intervienen, en un porcentaje que no sea mayor ni menor en 10% al que aportan como parte de la experiencia del postor. En esos casos, el monto facturado por cada consorciado se ponderará contra 1, con lo que esa suma no se afectará en absoluto.
Si el compromiso es por un porcentaje que escapa de los señalados rangos el monto facturado por cada consorciado se ponderará por un coeficiente que oscila entre el 0.5 y el 1, destacándose que contra 1 se ponderará todos los montos facturados del consorciado que se comprometa a ejecutar obligaciones contractuales en un 50% o más y que los coeficientes menores se aplicarán en forma descendiente y proporcional contra los porcentajes menores. Nosotros hubiéramos preferido que el castigo sea mayor para promover a aquellos postores que cumplen con sus obligaciones y castigar a quienes sólo trafican con las experiencias ajenas, pero admitimos que el esquema tiene cierta lógica.
Falla, sin embargo, al abrirle las puertas de un proceso de selección a un advenedizo que sin aportar experiencia alguna, suscribe el 50% de las obligaciones contractuales mientras que otro integrante del mismo consorcio aporta el íntegro de la experiencia requerida y asume el otro 50%. A este último no se le castiga el monto facturado que aporta para hacerse de la adjudicación gracias al currículum que finalmente le presta a su consorciado. Esa puerta habría que cerrar.
También queda por bloquear el espacio que la Directiva todavía deja para que integren un consorcio personas naturales o jurídicas que asuman obligaciones referidas a actividades de carácter administrativo, de gestión o de organización interna porque eso podría no estar ajustado a la ley a no ser que esas personas naturales o jurídicas se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y estén hábiles para contratar con el Estado, según lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley de Contrataciones del Estado que exige que cumplan con estas obligaciones todas las partes de un consorcio.
Según el mismo dispositivo, en los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio quienes responderán ante la entidad en forma solidaria por su participación en conjunto en la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato, por lo tanto, deben participar todos los integrantes del consorcio y deben hacerlo en conjunto, no cada uno por su cuenta. No es posible, por tanto, que unos participen en la ejecución y otros no. Quienes no participan en la ejecución del contrato, pueden ser subcontratistas o administradores ajenos al mundo de la contratación pública. Esos otros advenedizos no pueden ser consorciados y menos aún acumular experiencias propias con estas prácticas.
Ninguna de estas observaciones, que podrán subsanarse en el camino, desmerecen el esfuerzo del OSCE para corregir los errores detectados e incluso para sacarle la vuelta a un extremo del Reglamento que, en nuestra opinión, transgrede y desnaturaliza lo establecido en la LCE al crear una ponderación que ella no ha previsto. Felicitaciones por ello.
Publicado por Ediciones Propuesta en 9:40 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El domingo 9 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 391-2012-OSCE/PRE con la que se aprueba la modificación de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del acápite 6.5.2 y la precisión del literal e) del acápite 6.4.2 de la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD que regula la participación de los consorcios en las contrataciones del Estado. En simultáneo se difundió el Comunicado N° 013-2012-OSCE/PRE con el que se pone en conocimiento de entidades, proveedores y usuarios en general que la Directiva se encuentra publicada en el portal institucional del OSCE.
El comunicado advierte que si la acreditación de la experiencia del postor está prevista como requisito técnico mínimo en las bases, su respectiva verificación se hará en función de la documentación presentada sin aplicar las reglas de la ponderación establecidas en el numeral 4 del acápite 6.5.2 de la señalada Directiva.
Si, por el contrario, la experiencia del postor es un factor de evaluación se deberá primero determinar el porcentaje correspondiente a cada miembro del consorcio respecto del monto facturado por todos ellos que presentan en su propuesta. A continuación se deberá verificar el porcentaje con que cada uno de ellos se compromete a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto del contrato en la eventualidad de que les sea adjudicado el proceso de selección.
Si este último porcentaje no se aleja del anterior en más o en menos del 10% la ponderación no afectará el monto facturado por cada integrante del consorcio lo que constituye, sin ninguna duda, un acierto que modifica sustancialmente el mecanismo que se había puesto en vigencia el 20 de setiembre.
Si el porcentaje es menor que el otro, desbordando los rangos señalados, se aplicará un coeficiente de ponderación de acuerdo a la tabla que la propia Directiva consigna en cuya virtud se castiga al integrante que le ofrece al consorcio un mayor porcentaje de montos facturados respecto del porcentaje con que se compromete a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto del contrato.
Es verdad que la tabla establece coeficientes de ponderación que se aplican sobre los montos facturados por cada integrante del consorcio de acuerdo a los porcentajes con que cada uno de ellos se compromete a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto del contrato. No menos cierto es que la tabla pondera con 1 el monto facturado por el consorciado que se comprometa a ejecutar entre el 50 y el 99% de las obligaciones contractuales. Al que se comprometa a ejecutar montos menores por tanto se le pondera con coeficientes menores hasta llegar al que se compromete a ejecutar el 1% cuyo monto de facturación se pondera con 0.5, de suerte tal que a menor compromiso, siempre que se escape de los rangos del 10% menos o más respecto de la comparación de porcentajes, corresponderá un mayor castigo contra el monto de facturación que se pretende acreditar como experiencia del postor.
Se trata, como es obvio, de impedir en lo posible que un contratista ponga toda la experiencia o gran parte de ella en un consorcio sólo para obtener la adjudicación del proceso y que luego abandone la prestación y todo lo deje en manos del consorciado pequeño que no aporta mayor experiencia. Para el efecto, nosotros siempre hemos sugerido que los porcentajes de acreditación de la experiencia sean los mismos en materia de la ejecución de las obligaciones contractuales o, como admite la Directiva, que se permita una oscilación del orden del 10% más o 10% menos, con cargo a penalizar y eventualmente resolver el contrato en el que no se cumplen tales compromisos.
La Directiva acepta que existan consorciados que asuman obligaciones referidas a actividades de carácter administrativo o de gestión tales como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianza o pólizas de caución, entre otras, así como a actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones. Advierte, sin embargo, que para los efectos de acreditar la experiencia del postor no se evaluará la documentación presentada por estos consorciados.
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Publicado por Ediciones Propuesta en 11:36 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Publicado por Ediciones Propuesta en 11:34 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Artículo 216°.- Convenio Arbitral
En el convenio arbitral las partes pueden encomendar la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral, a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado al contrato.
El OSCE publicará en su portal institucional una relación de convenios arbitrales tipo aprobados periódicamente.
Si en el convenio arbitral incluido en el contrato, no se precisa que el arbitraje es institucional, la controversia se resolverá mediante un arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc será regulado por las Directivas sobre la materia que para el efecto emita el OSCE.
En el caso que el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institucional, y no se haga referencia a una institución arbitral determinada, se aplicará lo dispuesto en el numeral 52.10 del artículo 52º de la Ley.
Si el contrato no incorpora un convenio arbitral, se considerará incorporado de pleno derecho el siguiente texto, que remite a un arbitraje institucional del Sistema Nacional de Arbitraje - OSCE, cuya cláusula tipo es:
“Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento”.
Cuando el convenio arbitral disponga que la organización y administración del arbitraje se encontrará a cargo del SNA-OSCE, se entenderá que las partes han aceptado sujetarse a las disposiciones de su Reglamento y a las decisiones de sus órganos.
Asimismo, en caso el convenio arbitral señale que la organización y administración del arbitraje estará a cargo de cualquiera de los órganos funcionales del OSCE, se entenderá que dicho encargo le corresponde al SNA-OSCE.
Si se hace referencia a una institución arbitral, ésta organizará y administrará el arbitraje, salvo que el postor adjudicatario haya planteado en su propuesta someter cualquier controversia a otra institución arbitral o un arbitraje ad hoc, en cuyo caso, de no llegarse a ningún acuerdo hasta antes de la suscripción del contrato, se procederá a un sorteo para optar por uno u otro planteamiento.
Cuando el convenio arbitral disponga que la organización y administración del arbitraje estará a cargo del SNA-OSCE, se entenderá que las partes han aceptado sujetarse a las disposiciones de su Reglamento y a las decisiones de sus órganos.
Asimismo, en caso que el convenio arbitral señale que la organización y administración del arbitraje estará a cargo de cualquiera de los órganos funcionales del OSCE, se entenderá que dicho encargo le corresponde al SNA-OSCE.
Se reproduce (resaltado para distinguirlo) como antepenúltimo párrafo el mismo párrafo que se plantea incorporar en el numeral 52.10 del artículo 52º de la LCE (PROPUESTA 295) a efectos de hacerle espacio al arbitraje institucional y de garantizar la voluntad de las partes: de la entidad para incluir la cláusula modelo de cualquier centro y la de los postores para manifestar su desacuerdo a través de un planteamiento alternativo, bien sea a favor de otra institución arbitral o de un arbitraje ad hoc. La razón de introducir este párrafo tanto en la Ley como en el Reglamento es en realidad la de asegurarse que forme parte de la legislación, si entra en la LCE en buena hora. Si no, entrará al Reglamento. Si entra en ambos textos, mejor. Es verdad que no por reiterarlo se torna más efectivo. No menos cierto es que sugiriéndolo para los dos, si no entra en uno, existe la posibilidad y la esperanza de que entre en el otro.
Publicado por Ediciones Propuesta en 11:32 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
En línea con lo que PROPUESTA ha planteado en las últimas semanas, sugerimos en esta edición centenaria algunos cambios adicionales en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado destinados a adecuar sus disposiciones a las ideas difundidas respecto de la propia Ley.
Del artículo 144º del Reglamento se sugiere eliminar la última oración; del artículo 170º, el segundo párrafo; del 176º, el penúltimo párrafo; del 177º, la última oración; del artículo 179º, la última oración del numeral 2 y el segundo párrafo del numeral 3; del artículo 181º, el último párrafo; del artículo 184º, la última oración del penúltimo párrafo; del artículo 199º, los dos últimos párrafos; del artículo 201º, el último párrafo; del artículo 209º, el penúltimo párrafo; del artículo 210º, la última oración del numeral 3; del artículo 211º, la última oración del penúltimo párrafo; del artículo 212º, la última oración del penúltimo párrafo y el último párrafo.
Se sugiere eliminar de los artículos 144°, 170, 175°, 176°, 177°,179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211°y 212° toda referencia a los plazos parciales para iniciar la conciliación y/o el arbitraje habida cuenta de que se ha propuesto devolverle su plena e irrestricta vigencia al plazo de caducidad previsto en el numeral 52.2 del artículo 52º de la Ley de Contrataciones del Estado.
No olvidarse de ningún concepto
Artículo 175°.- Ampliación del plazo contractual
1.Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.
Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista, además del gasto general variable, el costo directo.
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la Entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.
Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista, además del gasto general, el correspondiente costo directo y la utilidad.
En lo que respecta al artículo 175º se sugiere un cambio adicional a efectos de eliminar la referencia al gasto general variable y dejarlo en gasto general sin mayor precisión por cuanto en consultoría de obras hay un solo gasto general que se expresa en un porcentaje ideal que se calcula sobre las remuneraciones y las leyes sociales y no hay ningún gasto general fijo ni variable. Igualmente se propone incluir los costos directos y la utilidad en el entendido de que si se aprueba una ampliación de plazo por una causa no imputable al contratista corresponde reconocerle todo lo que se le hubiera pagado en la eventualidad de que la duración del contrato habría sido el nuevo extendido y no el original.
Conciliación en cualquier momento
Artículo 214°.- Conciliación
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175°, 176°, 177°,179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211°y 212° en concordancia con lo dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52º de la Ley, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliación Público o acreditado por el Ministerio de Justicia.
Las actas de conciliación deberán ser remitidas al OSCE para su registro y publicación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 52.2 de la Ley, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliación Público o acreditado por el Ministerio de Justicia.
Se plantea eliminar toda referencia a los plazos parciales para iniciar la conciliación previstos en distintos artículos del Reglamento que también se reformulan.
Arbitraje sin plazos perentorios
Artículo 215°.- Inicio del Arbitraje
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175°, 176°, 177°, 179º, 181º, 184º, 199°, 201°, 209°, 210°, 211°y 212°, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 52. 2 del artículo 52º de la Ley.
De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje institucional, la parte interesada debe recurrir a la institución arbitral en aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional. De haberse pactado arbitraje ad hoc, la parte interesada procederá a remitir a la otra la solicitud de arbitraje a que se refiere este Reglamento.
Si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.
Las controversias relativas al consentimiento de la liquidación final de los contratos de consultoría y ejecución de obras o respecto de la conformidad de la recepción en el caso de bienes y servicios, así como las referidas al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas, también serán resueltas mediante arbitraje.
El arbitraje se desarrollará de conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, pudiendo el OSCE brindar servicios de organización y administración en los arbitrajes administrativos que se encuentren bajo el régimen de contratación pública y de acuerdo a las Directivas que apruebe el OSCE para tal efecto.
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 52.2 del artículo 52º de la Ley, la parte que solicita la conciliación y/o el arbitraje debe poner su solicitud en conocimiento del OSCE dentro del plazo de quince (15) días hábiles de formulada, salvo cuando se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 52.2 de la Ley.
Si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá estar concluido antes de iniciarse el arbitraje.
Se plantea eliminar toda referencia a los plazos parciales para iniciar tanto la conciliación como el arbitraje previstos en distintos artículos del Reglamento que también se reformulan. Sólo queda la exigencia de efectuar la conciliación si es que está pactada.
Foro y entrevista en el nuevo centenario
El lunes el canal de internet del Colegio de Ingenieros del Perú (www.rtvciplima.com) entrevistará a las 6 pm. a nuestro editor Ricardo Gandolfo Cortés sobre las últimas modificaciones que han entrado en vigencia el 20 de setiembre en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento. El doctor Gandolfo le ha ofrecido al ingeniero Néstor Huamán Guerrero que dirige el canal y que conducirá el reportaje, hacer una revisión de todos los cambios en materia arbitral reproduciendo en forma resumida los alcances de la presentación que hizo en el Consejo Departamental de Lima del CIP el martes pasado en el marco del foro organizado en el local de San Isidro y ante una nutrida asistencia, evento en el que también participaron el doctor Christian Stein Cárdenas y el ingeniero Walter Vicente Montes.
PROPUESTA invita a sus lectores a sintonizar este canal de internet o a visitar el sitio para escuchar las opiniones de nuestro editor. Lo hace en la semana en que, como jugando, llegamos a la edición 300. Todavía con el pulso firme y la esperanza entera. Confiando en que mejores vientos soplarán en defensa de aquello por lo que dimos recordadas batallas en los últimos treinta años, la mitad de los cuales los hemos pasado bregando en plazas y auditorios diversos así como en distintos escenarios y circunscripciones, por difundir las bondades de un modelo que día y a día sufre los avatares de quienes, inspirados en su buena fe, retrasan su crecimiento y su expansión. Que esas buenas intenciones no terminen de ahogar el desarrollo. Ese es nuestro deseo en este nuevo centenario.
El Tribunal de Contrataciones del Estado ya está completo con sus doce vocales
Finalmente el Tribunal de Contrataciones del Estado completó los doce vocales que debe tener con la designación, mediante Resolución Suprema Nº 070-2012-EF, de Carmen Amelia Castañeda Pacheco y Renato Adrián Delgado Flores. La doctora Castañeda es abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres y con maestrías de Derecho Internacional Económico y Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú así como otros cursos diversos. Ha acumulado importante experiencia en la magistratura habiendo integrado el Poder Judicial como jueza suplente civil y en lo contencioso administrativo así como jueza de paz. El doctor Delgado también es abogado, vinculado al mundo arbitral. Ha sido jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).
Por su parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mediante Resolución Nº 345-2012-OSCE/PRE, ha ratificado a la doctora María Rojas Villavicencio de Guerra como presidenta del Tribunal y ha procedido a recomponer las salas. La Primera Sala sigue presidida por Héctor Inga Huamán y ahora está conformada por Violeta Lucero Ferreyra Coral y Mario Arteaga Zegarra. La Segunda Sala estará encabezada por Mariela Sifuentes Huamán e integrada por Ana Teresa Revilla Vergara y Juan Vargas de Zela. La Tercera Sala será liderada por Víctor Manuel Villanueva Sandoval y conformada por la nueva vocal Carmen Amelia Castañeda Pacheco y María Elena Lazo Herrera. La Cuarta Sala, que se repone porque estaba desactivada, será comandada por María Rojas Villavicencio, la presidenta del Tribunal, que tendrá como vocales a María Hilda Becerra Farfán y el recientemente nombrado Renato Adrián Delgado Flores.
PROPUESTA les desea toda clase de éxitos a los nuevos vocales y a las nuevas cuatro salas reconformadas a las que se traslada cada vocal con los expedientes que hubiere tenido asignados previamente en su sala de origen. Que sus decisiones estén siempre inspiradas en la mejor tradición jurídica peruana y que marquen el derrotero por el que debe transitar la contratación pública en nuestro país. Suerte para todos ellos.
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Publicado por Ediciones Propuesta en 10:55 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Deben eliminarse las especialidades predeterminada...