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Timestamp: 2018-05-26 02:27:43
Document Index: 245616180

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 36', 'artículo 105', 'artículo 105', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 98', 'Artículo 101']

Resolución de TEAC, 00/351/2005, 11-10-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/351/2005 de 11 de Octubre de 2006
Núm. Resolución: 00/351/2005
La entidad renunció a su derecho a presentar el potestativo recurso de reposición (Ley 230/1963 y Real Decreto 2244/1979) e interpuso directamente reclamación económico-administrativa (Real Decreto 391/1996). No obstante, con posterioridad dentro del plazo de interposición desistió de la misma e interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por entender que existía simultaneidad con la reclamación económico-administrativa. En el caso concreto, aunque se entendió correctamente que la simple presentación del desistimiento no extingue automáticamente la reclamación y resulta necesaria la aceptación por el Tribunal Económico-administrativo, el efecto resultante de la aceptación del desistimiento de la reclamación económico-administrativa y de la inadmisión del recurso de reposición provoca la indefensión de la recurrente. Por tanto, procede anular la desestimación del recurso de reposición y reponer actuaciones para que se resuelva en cuanto al fondo dicho recurso de reposición.
En la Villa de Madrid, a 11 de octubre de 2006 en la reclamación económico-administrativa interpuesta ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por la entidad X, S.A., con NIF ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del recurso de reposición dictada por la Oficina Nacional de Inspección el 12 de noviembre de 2004 en relación con la liquidación practicada por el concepto IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 1998, y cuantía 661.065,86 €.
PRIMERO: Con fecha 15 de marzo de 2004, los servicios de la Oficina Nacional de Inspección, incoaron al Grupo Consolidado ..., cuya sociedad dominante es X, S.A., acta de disconformidad (A02) número ..., por el concepto y ejercicio antes citado, acompañada del preceptivo informe ampliatorio. En ellos se hacía constar que:
1. La fecha de inicio de las actuaciones fue el día 14 de marzo de 2002. A los efectos del plazo máximo de doce meses de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, del plazo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 104 días. Por acuerdo del Inspector Jefe de 23 de diciembre de 2002, notificado al interesado el 9 de enero de 2003, el plazo máximo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación se amplió 24 meses.
2. El grupo consolidado ... ha estado constituido en el período impositivo 1998 por las sociedades dominante y dominadas que cumplen los requisitos de la legislación para tributar en el régimen especial.
La sociedad dominante, X, S.A., prestó conformidad a determinadas modificaciones de la Base Imponible por lo que se formalizó acta de conformidad A01 en relación con dichas modificaciones. Manifestó su disconformidad a las siguientes modificaciones:
En relación con las deducciones por inversiones: se disminuye la base de la deducción por gastos de formación en 987.454.900 ptas. (5.934.723,47 €), correspondientes a los costes de desplazamiento de los participantes. La base de la deducción queda establecida (minorada en el 65% de las subvenciones recibidas) en 1.232.282.618 ptas. (7.406.167,69 €). El importe de la deducción aplicable resulta de aplicar el 5% establecido en el artículo 36 de la Ley 43/1995, resultando un importe de 61.614.131 ptas. (370.308,39 €). Como la entidad computó una deducción de 148.215.548 ptas. (890.793,38 €), procede disminuirla en 86.601.417 ptas. (520.485 €).
Las sociedades dominadas Y, S.A. y Z, S.A. prestaron su conformidad a las regularizaciones propuestas por la Inspección.
En relación con las sociedades dominadas W, S.A. y V, S.A. no hubo modificaciones.
El resto de las sociedades no fueron objeto de comprobación.
3. El acta tiene el carácter de previa, al no haber sido objeto de comprobación todas las sociedades que componen el Grupo ni todas las sociedades que tributan en el régimen de transparencia fiscal de las cuales es socio X, S.A. y por aceptar ésta sólo parcialmente la propuesta de regularización efectuada por la Inspección.
4. El interesado no presenta alegaciones.
La deuda a ingresar asciende a 660.851,96 €, de los que 520.485,00 € corresponden a cuota y 140.366,96 € a intereses de demora.
SEGUNDO: No habiendo presentado escrito de alegaciones la interesada, en fecha 3 de mayo de 2004 se practicó liquidación definitiva, confirmando la liquidación propuesta en el acta, ascendiendo la deuda a ingresar a 661.065,86 € por haberse recalculado los intereses de demora. Este acuerdo fue notificado a la obligada tributaria el 12 de mayo de 2004.
TERCERO: Disconforme con el mismo, la entidad interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central con fecha 14 de mayo de 2004, a la que se le asignó el número de Registro 2392/2004. Posteriormente, mediante escrito dirigido a este Tribunal, de fecha 26 de mayo de 2004, la entidad desistió de la reclamación interpuesta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.1 del Real Decreto 391/1996.
Mediante escrito presentado en Correos el 28 de mayo de 2004 presentó Recurso de Reposición previo a la vía económico-administrativa.
Mediante Resolución de 17 de septiembre de 2004, este Tribunal acordó admitir el desistimiento formulado el 26 de mayo.
La entidad presentó con la misma fecha que el recurso de reposición solicitud de la suspensión de la ejecución del acto administrativo, aportando como garantía aval bancario.
El Inspector-Jefe adjunto al Jefe de la Oficina Nacional de Inspección dictó resolución al recurso de reposición con fecha 12 de noviembre de 2004, desestimando el Recurso por constar la existencia de una reclamación económico-administrativa previa a la interposición del mismo, argumentando que aunque se ha producido el desistimiento en dicha vía, en la fecha en la que se interpuso el recurso de reposición el Tribunal Económico-Administrativo Central no había dictado resolución mediante la que se da por concluida dicha reclamación, por lo que se produce simultaneidad en ambas vías impugnatorias. Este acuerdo fue notificado con fecha 16 de noviembre de 2004
CUARTO: Disconforme con el mismo, la entidad interpuso el 2 de diciembre de 2004 reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. Puesto de manifiesto el expediente, la interesada presentó escrito de alegaciones haciendo constar:
1. Ausencia de simultaneidad de recursos.
2. El derecho a deducción por actividades exportadoras y deducibilidad de los gastos de formación.
PRIMERO: Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver si es correcta la resolución del recurso de reposición.
SEGUNDO: Con fecha 12 de mayo de 2004, se notifica a la reclamante el acuerdo de liquidación.
Con fecha 14 de mayo de 2004 la entidad interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central, a la que se le asignó el número de Registro 2392/2004.
Posteriormente, mediante escrito dirigido a este Tribunal, de fecha 26 de mayo de 2004, la entidad desistió de la reclamación interpuesta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.1 del Real Decreto 391/1996.
El Inspector-Jefe adjunto al Jefe de la Oficina Nacional de Inspección dictó resolución al recurso de reposición con fecha 12 de noviembre de 2004, desestimando el Recurso por constar la existencia de una reclamación económico-administrativa previa a la interposición del mismo, produciéndose, por tanto, simultaneidad en ambas vías impugnatorias.
TERCERO: Frente a esta argumentación, la entidad sostiene que los artículos 1 y 2 del Real Decreto 2244/1979 no adoptan nunca una solución que pueda suponer pérdida o lesión del derecho del recurrente, si se desiste de la opción previamente elegida (pues la Administración debe aceptar de plano -no tiene otra opción- el desistimiento debidamente formulado) y se opta por la otra alternativa dentro del plazo del recurso contra el acto administrativo. Que no comparte la tesis de la Inspección según la cual una vez interpuesto el recurso o la reclamación económico-administrativa y aunque todavía se esté en plazo para la interposición del procedimiento alternativo, ya no sería posible optar por ésta, puesto que, aunque se produzca el desistimiento con carácter previo, éste no surtiría efectos, y se produciría simultaneidad, hasta que se dictase la resolución administrativa correspondiente, teniendo en cuenta los trámites administrativos ajenos a la pura acción del reclamante, siempre con posterioridad a la finalización del plazo para reclamar el acto objeto de recurso.
Que, en todo caso, si se produce simultaneidad se debe remitir el expediente al Tribunal Económico-Administrativo Central para su conocimiento.
Que, como afirma la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de enero de 1999, el desistimiento "debe ser un acto puro -no sometido a condición, término o modo", lo que necesariamente implica falta de simultaneidad.
CUARTO: La Ley 230/1963, General Tributaria, aplicable a este supuesto, establecía, en relación con el recurso de reposición, lo siguiente:
"Artículo 160. 1. El recurso de reposición será potestativo y se interpondrá ante el órgano que en vía de gestión dictó el acto recurrido, el cual será competente para resolverlo, salvo que se atribuya su competencia a la autoridad superior".
"Artículo 161. El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse inicialmente a partir del día en que se entienda tácitamente desestimado o, en su caso, desde la fecha en que se hubiere practicado la notificación expresa de la resolución recaída".
El Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, desarrolla reglamentariamente el recurso de reposición, mencionando ya, en su título, el carácter de previo del mismo. En los artículos 1 y 2 de este Real Decreto se dispone: "Artículo 1. Objeto y naturaleza del recurso.
3. Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que aquél se haya resuelto expresa o presuntamente.
Artículo 2. Consecuencias de la simultaneidad.
4. Si pese a ello se acreditase la existencia de una reclamación sobre el mismo asunto y anterior al recurso de reposición, se dará éste por concluido sin más trámite, por medio de diligencia, remitiéndose todo lo actuado, con el expedido en su caso, al Tribunal Económico-Administrativo".
De lo dispuesto en los artículos anteriores se deducen claramente las características configuradoras del recurso de reposición: se trata de un recurso potestativo y previo a la vía económico-administrativa. Es decir, el interesado puede interponerlo o no, siempre antes de interponer la reclamación económico-administrativa. Como consecuencia del carácter previo a la vía económico-administrativa, no se pueden simultanear ambos recursos.
En este supuesto, el interesado renunció a su derecho a presentar el potestativo recurso de reposición e interpuso, directamente, reclamación económico-administrativa. No obstante, con posterioridad desistió de la misma e interpuso recurso de reposición. Este recurso fue desestimado por entender que existía simultaneidad con la reclamación económico-administrativa, siendo la cuestión controvertida en este caso, si existe dicha simultaneidad o no.
QUINTO: El Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamación económico-administrativas, dispone, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 98. 1. Los Tribunales Económico-Administrativos no podrán abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento, ni aun a pretexto de duda racional, ni deficiencia en los preceptos legales".
"Artículo 101. Contenido de las resoluciones.
4. Finalmente, el fallo, en el que se decidirán todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas el expediente suscite, hayan sido o no promovidas por aquéllos.
5. El fallo contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:
b) Estimación total o parcial de la reclamación o recurso declarando no ser conforme a Derecho y anulando total o parcialmente el acto reclamado o recurrido. En su caso, especificará las medidas a adoptar para ajustar a Derecho el acto objeto de reclamación o recurso.
d) Archivo de actuaciones por satisfacción extraprocesal de las pretensiones del reclamante, por desistimiento o renuncia del interesado, o por otros motivos de naturaleza análoga".
"SECCION 2. DESISTIMIENTO Y RENUNCIA
a) Que habiéndose personado en las actuaciones otros interesados instasen éstos su continuación en el plazo de 10 días, desde que fueran notificados del desistimiento o renuncia.
b) Que el órgano estime que la Administración tiene interés en la continuación del procedimiento hasta su resolución".
SEXTO: Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, la interpretación de la Oficina Gestora fue correcta, al entender que la simple presentación del desistimiento no extingue automáticamente la reclamación, siendo necesario el pronunciamiento expreso de este Tribunal. No obstante, el efecto resultante de la aceptación del desistimiento de la reclamación económico-administrativa y de la inadmisión del recurso de reposición, aunque tienen causa en la vacilante actuación de la entidad, tienen como resultado la indefensión de la recurrente, que por mor de las normas procedimentales aplicables podría ver como deviene firme en vía administrativa un acuerdo de liquidación respecto al que manifestó su desacuerdo desde el principio.
Hay que señalar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación con situaciones parecidas en el ámbito judicial, declarando la aplicación del principio pro actione, según el cual, los órganos judiciales deben llevar a cabo una ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre el defecto cometido y la sanción que debe acarrear.
En consecuencia, procede anular el acto y reponer actuaciones para que la Oficina Gestora resuelva, en cuanto al fondo, el recurso de reposición presentado.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa interpuesta ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por la entidad X, S.A. con NIF ... y en su nombre y representación por D. ..., contra la resolución del recurso de reposición dictada por la Oficina Nacional de Inspección el 12 de noviembre de 2004, en relación con la liquidación practicada por el concepto IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 1998, ACUERDA: Estimar la reclamación y anular el acuerdo impugnado, de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento de Derecho Sexto.
Sentencia ADMINISTRATIVO AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 201/2016, 08-02-2018
Orden: Administrativo Fecha: 08/02/2018 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Calderon Gonzalez, Jesus Maria Num. Recurso: 201/2016
Sentencia Administrativo Nº S/S, AN, Rec 1374/2001, 11-03-2004
Orden: Administrativo Fecha: 11/03/2004 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Navarro Sanchis, Francisco Javier Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 1374/2001
Resolución de TEAC, 00/1611/2004, 01-06-2006
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 01/06/2006 Núm. Resolución: 00/1611/2004