Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1998/SU642-98.htm
Timestamp: 2017-10-20 10:47:57
Document Index: 372471401

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 34', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 16']

SU642-98
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa y por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, ha pronunciado
En el proceso de tutela T-164970 adelantado por JAIRO ALONSO CARVAJAL contra la DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL 'EL PORTAL' DE LA PENITENCIARIA 'LA PICOTA'.
1. El 2 de febrero de 1998, el señor Jairo Alonso Carvajal, en nombre y representación de su hija Wessling Jannpool Alonso Rojas, de cuatro años de edad, interpuso acción de tutela, ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la Directora del jardín infantil "El Portal" de la penitenciaría "La Picota", por considerar que ésta vulneró el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de su hija (C.P., artículo 16).
El actor manifestó que, desde 1997, su hija Wessling Jannpool asiste al jardín infantil que dirige la demandada, localizado en la penitenciaría "La Picota", en la cual se encuentra privado de la libertad. Señaló que "según políticas de este jardín, para poder recibir a mi hija debe cortarse el cabello, lo cual ella no quiere y llora por tal motivo, aspecto que considero no sólo injusto e inhumano sino antidemocrático y represivo contra el libre desarrollo de la personalidad y derechos de las personas plasmados constitucionalmente". Agregó que "nuestra Constitución (…) no ha concedido a ningún titular, en este caso un instituto de esta categoría, la corrección con tal política, a menos que se tratara de entrar a mi hija a un instituto militar (…) y es que ni en los colegios privados, liceos, etc. se toman estas medidas tan severas y menos aún en contra de la voluntad de una menor".
2. El apoderado de la Directora del jardín infantil "El Portal" manifestó que "al momento de la admisión, los estudiantes o sus padres, aceptan la aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos educativos, comprometiéndose a su cabal cumplimiento. Para el presente caso resulta de particular importancia el artículo 16 del reglamento que establece: '7.- El Portal exige pelo corto a los niños y a las niñas'. Igualmente dentro de las obligaciones de los padres de familia, numeral 14 se insiste en que 'El Portal exige cabello corto a las niñas y a los niños corte de hombrecitos'. Este requerimiento no lo efectúa la fundación por capricho, lo que busca esta institución es prevenir el contagio de pediculosis capilar - piojos y liendres - ya que por la extrema situación de pobreza en que se encuentran este tipo de familias no tienen la forma de contar con una adecuada higiene".
3. Por sentencia de febrero 16 de 1998, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la menor Wessling Jannpool Alonso Rojas y, en consecuencia, prohibió a la Directora del jardín infantil "El Portal" que exigiera a los padres de la niña que la enviaran al centro educativo con el cabello corto.
Según el tribunal de tutela, "se encuentra establecido que la Directora de la Fundación El Portal para hijos de reclusos sí les ha solicitado a los padres de la menor Wessling Jannpool que envíen a la niña a este establecimiento con el cabello corto, acudiendo para ello a la aplicación del Reglamento para los Padres de Familia o Manual de Convivencia que ellos aceptaron cumplir al suscribir la matrícula y celebrar el contrato de cooperación educativa". Estimó que, aunque la negativa de los padres a cumplir con los reglamentos del jardín infantil "El Portal" no ha incidido negativamente en la permanencia de la menor en ese centro educativo, "la Sala considera que la actitud asumida por la Fundación sí está conduciendo a la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, pues a pesar de la negativa de Wessling Jannpool y de sus padres a acceder al corte de cabello de la niña, la Directora insiste en ello acudiendo para el efecto a los compromisos adquiridos por los padres al suscribir la matrícula y el contrato que implican la obligación de cumplir el reglamento y, por ende, la disposición que establece la exigencia para las niñas de llevar el cabello corto".
4. Mediante escrito fechado el 24 de febrero de 1998, el representante judicial de la demandada impugnó la decisión de primera instancia. Estimó que la jurisprudencia constitucional en que se fundamentó el fallo a-quo para conceder la tutela (sentencia T-065/93) había sido modificada por la propia Corte Constitucional en sentencias posteriores (T-341/93, C-371/94, T-366/97, entre otras). A su juicio, "como nos muestra [esta jurisprudencia] la educación no sólo se limita a dar conocimiento a los estudiantes sino que además debe dar una formación completa, tanto intelectual como moral y física. Por tanto, si el colegio le exige a los estudiantes que se presenten al centro educativo con las normas elementales de orden y aseo podría incluso imponerles sanciones acordes con la falta, y esto no vulneraría derechos constitucionales sino por el contrario le da una mejor educación al estudiante". Así mismo, señaló que, en la jurisprudencia constitucional citada en la sentencia impugnada, el plantel educativo demandado se disponía a cancelar las matrículas de los estudiantes afectados, lo cual no ocurre en el presente caso.
A juicio del ad-quem, el contrato de cooperación educativa suscrito por los padres de la menor Wessling Jannpool Alonso Rojas (cláusula 7-10), así como el Reglamento para los Padres de Familia de la Fundación "El Portal", prevén, en forma explícita, la exigencia de que los menores asistan al jardín infantil con el cabello corto. Conforme a lo anterior, estimó que "es legítima la exigencia hecha por las directivas del jardín, la cual tiene fundamento en el reglamento de la institución y en las cláusulas pactadas con los padres en el momento en que fue firmado el contrato de cooperación educativa. Dicha exigencia, entiende la Sala, es formulada en beneficio de los educandos en general, buscando su salud, bienestar, aseo y correcta formación, pues como que con dicha medida se busca evitarles el contagio de pediculosis capilar -piojos y liendres-. Si esta exigencia se considerare atentatoria contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, simplemente porque el menor de edad llora por ese motivo, lo mismo podría decirse respecto al baño diario cuando al menor no le gusta hacerlo, medida que también se exige en los citados reglamentos. Disciplinar en forma adecuada a los menores, es contribuir a la formación y desarrollo de su personalidad, no hacerlo es dejar que se levanten enseñados a la indisciplina y el libertinaje".
1. El actor, interno en la penitenciaría nacional "La Picota", señala que el reglamento del jardín infantil "El Portal", adscrito a esa institución carcelaria y en el cual se encuentra matriculada su hija de cuatro años de edad, viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., artículo 16) de esta última, como quiera que exige que los niños inscritos acudan al centro educativo con el debido corte de cabello. Indica que la menor no desea ser sometida a un corte de cabello y llora por tal motivo. En consecuencia, solicita que se permita a su hija asistir al instituto demandado sin que, para ello, deba cortarse el cabello.
2. Según la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad protege la capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia.[1] En esta medida, la Corte ha señalado que, en el artículo 16 de la Carta Política, se consagra la libertad in nuce,[2] toda vez que cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma constitucional constituye una cláusula general de libertad.[3] Así caracterizado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad presupone, en cuanto a su efectividad, que el titular del mismo tenga la capacidad volitiva y autonomía suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las opciones vitales conforme a las cuales dirigirá su senda existencial. En estas circunstancias, es legítimo preguntar si un menor de cuatro años de edad puede ser titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y, con base en éste, adoptar decisiones que deban ser respetadas por las autoridades públicas y los particulares, quienes habrán de abstenerse de intervenir en las mismas.
3. Al referirse a los menores de edad, el artículo 34 del Código Civil establece una distinción tripartita que establece grados diferenciados de capacidad según la edad del menor de que se trate. En este sentido, la norma señalada establece (1) que son infantes o niños aquellos que no han cumplido los siete años de edad; (2) que son impúberes los varones entre los 7 y los 14 años y las mujeres entre los 7 y los 12 años; y, (3) que son menores adultos los varones entre los 14 y los 18 años y las mujeres entre los 12 y los 18 años. Esta clasificación, según lo ha señalado esta Corporación,[4] se basa en el reconocimiento de la naturaleza evolutiva del ser humano, quien "es el resultado de un proceso en el que el individuo avanza paulatinamente en el conocimiento de sí mismo y en el reconocimiento y uso de sus potencialidades y capacidades, descubriéndose como un ser autónomo, singular y diferente".
De conformidad con las disposiciones legales colombianas (C.C., artículos 34 y 1504), la incapacidad de los menores de edad constituye una regla general que sólo es absoluta en el caso de los infantes o niños - en quienes se presume una "total ausencia de juicio y discernimiento"[5] -, toda vez que el ordenamiento otorga una capacidad limitada a los impúberes y a los menores adultos para la realización de ciertos actos y negocios jurídicos.
Los problemas suscitados por el caso sub-lite podrían ser fácilmente despachados a la luz de la normatividad antes anotada. Así, podría afirmarse que no existe vulneración alguna del derecho al libre desarrollo de la personalidad de la hija del actor, como quiera que ésta es una niña de cuatro años de edad que carece, en forma absoluta, de facultades de "juicio y discernimiento", motivo por el cual no está en capacidad de fijarse opciones vitales con base en las cuales orientar su existencia. Empero, esta solución simplista del caso bajo examen entraría en contradicción con el texto constitucional que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., artículo 16), en el cual no se establece ningún tipo de distinción en relación con las personas que son titulares del mismo. De igual modo, una interpretación como la señalada no se avendría con la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual "la capacidad del menor se reconoce en menor o mayor grado según se encuentre en una u otra etapa de la vida, más o menos cerca del límite establecido por la ley a partir del cual ella se presume, y se relaciona con la complejidad de los asuntos para los cuales se requiere y con el grado de evolución del sujeto individualmente considerado; por ello, a medida que avanza el tiempo, se amplía el espectro de asuntos en los cuales puede y debe decidir por sí mismo para orientar, sin la conducción u orientación de otro su propio destino."[6]
4. Para la Sala, no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha manifestado la Corte, constituye emanación directa y principal del principio de dignidad humana (C.P., artículo 1°). Sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros. Ciertamente, en tanto lo que este derecho protege son las opciones de vida que los individuos adoptan en uso de sus facultades de juicio y autodeterminación, es natural que la protección constitucional a las mismas sea más intensa cuanto más desarrolladas y maduras sean las facultades intelecto-volitivas de las personas con base en las cuales éstas deciden el sentido de su existencia. Lo anterior no sólo encuentra fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación antes citada,[7] sino, también, en lo dispuesto por el artículo 12-1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991), en donde se establece que "los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño" (bastardilla de la Sala).
5. Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a la posibilidad de que los menores de edad adopten decisiones relacionadas con aspectos esenciales de su entorno vital.[8] Aunque estos fallos no se han ocupado del alcance del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de niños de corta edad, sí han fijado algunos parámetros generales de análisis, particularmente útiles para resolver la cuestión sometida al examen de la Sala.
La primera decisión de la Corte que debe ser tomada en cuenta hacía referencia a la posibilidad de un menor adulto de decidir aspectos relativos a su identidad sexual, luego de haber sido emasculado accidentalmente y, como consecuencia de ello, sometido a una readecuación de sexo a fin de convertirlo en mujer, todo lo anterior sin su consentimiento. El menor, quien se rebeló contra todo tratamiento médico que implicara la imposición de una identidad sexual distinta a la masculina, recurrió a la acción de tutela con el fin de ser retornado a su condición inicial de varón.[9] En esa oportunidad, la Corporación estimó que, aunque, en ciertos casos, es legítimo que los padres y las autoridades adopten decisiones médicas en beneficio de los menores de edad, aún en contra de su voluntad, éstas no pueden llegar hasta el punto de desconocer por completo la autonomía del menor, el cual debe ser considerado como "una libertad y una autonomía en desarrollo". Así, en este tipo de casos, el juez constitucional debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación entre la autonomía del menor y el principio paternalista - conforme al cual los padres y las autoridades deben proteger los intereses de aquél -, que consulte los siguientes elementos: (1) la urgencia e importancia del tratamiento para los intereses del menor; (2) el impacto del tratamiento en la autonomía actual y futura del menor; y, (3) la edad del menor. Con base en el análisis combinado de esos elementos, la Corte concluyó que, en el caso de aquellos tratamientos médicos que tiendan a la definición o modificación de la identidad sexual de un menor de edad, se debe contar con el consentimiento expreso de éste, como quiera que la sexualidad constituye un elemento inmodificable de la identidad de la persona, en el cual "no cabe determinismo extraño".
Posteriormente, esta Corporación debió ocuparse del caso de un menor adulto enfermo de cáncer, próximo a la mayoría de edad, quien se negaba a recibir una transfusión sanguínea en razón de una prohibición impuesta por sus creencias religiosas.[10] El padre del menor recurrió a la acción de tutela a fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la vida y a la salud de su hijo, los cuales se encontraban gravemente amenazados en razón de su negativa a recibir la anotada transfusión de sangre. En esa oportunidad, la Corte estimó que los menores de edad podían escoger libremente sus creencias religiosas y actuar de conformidad con ellas, siempre y cuando tal ejercicio no atentara contra su derecho a la vida, caso en el cual la intervención de los padres y de las autoridades públicas era legítima. A juicio de la Corporación, la capacidad de los menores y, por ende, el ámbito en el cual se despliega la protección del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, tienden a ampliarse en cuanto el menor de que se trate se acerque a la edad en que, según la ley, se presume la capacidad (mayoría de edad) o, dicho de otro modo, "la incapacidad [del menor] será inversamente proporcional a su edad hasta llegar a los dieciocho años". De igual modo, la Corte consideró que la capacidad de los menores se encontraba supeditada a la complejidad de los asuntos sobre los cuales se produce su decisión. En este sentido, si tales asuntos están relacionados con la vida o la integridad o afectan derechos de terceros, la capacidad del menor podrá ser complementada por la de los padres o el Estado. Por último, esta Corporación señaló que la intervención de los padres y del Estado en tales decisiones sólo es legítima si está destinada "al logro del bienestar del menor".
En la última de las decisiones a ser tomada en cuenta para la resolución del asunto que ocupa la atención de la Sala, la Corte estableció la constitucionalidad de la norma que sancionaba la no utilización del cinturón de seguridad en los automóviles de modelo posterior al año de 1985.[11] Aunque en esta ocasión no se encontraba de por medio la decisión de un menor de edad frente a la cual un adulto o el Estado pretendieran intervenir, la Corporación estableció una serie de elementos de juicio con base en los cuales determinar la constitucionalidad de las medidas de intervención sobre la autonomía de las personas. En primer lugar, la Corte determinó que, en Colombia, las medidas perfeccionistas, es decir, aquellas que tienden a la imposición de un modelo de virtud, vulneran las disposiciones constitucionales que protegen el pluralismo y la autonomía individual (C.P., artículos 1°, 7°, 16, 17, 18, 19 y 20), motivo por el cual se encuentran prohibidas. Sin embargo, la Corporación estimó que son admisibles aquellas "medidas de protección coactiva de los intereses de la propia persona" o "medidas de protección" que tiendan a proteger las facultades decisorias de individuos que se encuentren en situaciones que "les impiden diseñar autónomamente su propio plan de vida y tener plena conciencia de sus intereses, o actuar consecuentemente en favor de ellos". Según la Corte, este tipo de medidas son constitucionalmente legítimas siempre y cuando sean razonables y proporcionadas, lo cual se comprueba mediante la utilización del denominado juicio de proporcionalidad. En este sentido, la medida de que se trate (1) debe estar orientada a la protección de valores que tengan un sustento constitucional expreso; (2) debe ser eficaz; (3) debe ser la medida menos lesiva de la autonomía individual o, en otros términos, su legitimidad "se encuentra en proporción inversa al grado de autonomía y competencia de la persona para tomar decisiones libres en relación con sus propios intereses"; y, (4) debe ser proporcional en sentido estricto, lo cual significa, por una parte, que la carga impuesta por la medida debe ser menor que los beneficios que se busca obtener a través de la misma y, de otro lado, la medida no puede invadir el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En opinión de la Corporación, tal invasión se produce cuando la medida "se traduce en una prohibición de un determinado proyecto de realización personal y de una opción vital, aun cuando ella sea riesgosa para intereses que la propia Constitución considera valiosos como la vida o la salud".
En el primer caso, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad despliega una eficacia máxima, motivo por el cual la protección que depara es absoluta. Consecuente con ello, no existen posibilidades de intervención sobre las decisiones que en ese ámbito se produzcan pues, de lo contrario, resultaría afectado el núcleo esencial del anotado derecho. Ejemplo de este tipo de decisiones son aquellas que se relacionan con la identidad sexual de los individuos, frente a las cuales, como se vio, la Corte ha señalado que "no cabe determinismo extraño".[12] En la segunda eventualidad, el nivel de protección desplegado por el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad se ve reducido de manera proporcional a la protección que también es necesario dispensar a los derechos de terceros que resulten involucrados por la decisión de que se trate o por las competencias de intervención que ostenten las autoridades públicas.[13] Lo anterior puede producirse en ámbitos como la vida, la integridad personal, la salud o la educación que, además de constituir derechos fundamentales individuales, también son valores objetivos del ordenamiento en cuya promoción, defensa y protección las autoridades pueden intervenir, todo ésto sin desmedro del núcleo esencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (v. supra).[14]
7. En el caso sub-lite, una niña de cuatro años de edad no desea ser sometida al corte de cabello que, según el reglamento del jardín infantil en el cual se encuentra matriculada, es requisito de acceso y permanencia en la institución educativa. A juicio del padre de la menor, tal exigencia es violatoria de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
8. En múltiples oportunidades, esta Corporación se ha ocupado de establecer si el corte de cabello, como obligación impuesta por muchas instituciones educativas a los estudiantes que se encuentran matriculados en las mismas, es constitucional.[15]
En los primeros fallos que la Corte profirió sobre estos asuntos,[16] manifestó que la presentación personal de los alumnos no puede constituir un fin en sí mismo que pueda ser impuesto en forma autoritaria, hasta el punto de privar a quien se niegue a acatarlo de los beneficios derivados del derecho a la educación. En este sentido, advirtió que la obligación de llevar el cabello a una cierta longitud puede ser explicable en instituciones educativas como las militares, en las cuales la práctica de la obediencia estricta constituye un principio fundamental. Sin embargo, la Corporación fue explícita al señalar que si bien la anotada obligación no podía ser impuesta coactivamente, sí podía ser inducida en los estudiantes a través de los mecanismos propios del proceso educativo.
Con posterioridad, la Corte señaló que la consagración abstracta y general en los reglamentos o manuales de convivencia de la obligación de que los estudiantes utilicen un determinado corte de cabello no es violatoria de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, como quiera que ella se inscribe dentro "de la formación integral que la educación exige".[17] Según esta línea jurisprudencial, los manuales de convivencia constituyen normas de obligatorio cumplimiento para estudiantes y padres de familia quienes, al firmarlos, se comprometen a honrar las obligaciones allí contenidas. Por esta razón, las normas de los anotados manuales constituyen una restricción legítima al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Empero, la Corte fue clara al establecer que las normas expedidas por los establecimientos educativos no podían "establecer reglas ni compromisos contrarios a la Constitución Política, ni imponer al alumno obligaciones desproporcionadas o contrarias a la razón, ni a la dignidad esencial de la persona humana".[18]
Recientemente, esta Corporación inauguró una tercera línea de jurisprudencia que busca compatibilizar sus dos posiciones anteriores. De este modo, se persigue el logro de un equilibrio entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes y la posibilidad de que las instituciones educativas impongan, por vía reglamentaria, obligaciones dirigidas a hacer efectivos los fines de la educación, entre las cuales puede figurar la imposición a los estudiantes de llevar un determinado peinado o corte de cabello.[19] En este sentido, la Corte estimó que los establecimientos educativos pueden establecer en sus manuales de convivencia obligaciones relacionadas con la longitud del cabello y la presentación personal de los alumnos, siempre y cuando no afecten en forma desproporcionada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de éstos. Para estos efectos, la Corporación estimó que la obligación reglamentaria debía ser sometida a un juicio de proporcionalidad, con el fin de determinar si la restricción que imponía al derecho fundamental en cuestión se avenía con las disposiciones del Estatuto Superior.
9. Aunque el artículo 16 de la Constitución Política señala, en forma explícita, que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por "los derechos de los demás" y por "el orden jurídico", no cualquier norma legal o reglamentaria, pública o privada, por el sólo hecho de serlo, tiene la virtualidad para imponer restricciones sobre ese derecho fundamental. En efecto, sólo aquellas limitaciones que tengan un explícito asidero en el texto constitucional y no afecten el núcleo esencial del anotado derecho son admisibles desde la perspectiva de la Carta Política. Empero, aquellas restricciones que se produzcan en la zona de penumbra del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad son susceptibles de ser controladas por el juez constitucional, quien deberá constatar, a través del denominado juicio de proporcionalidad, que éstas sean razonables y proporcionadas y, por ende, ajustadas a las normas del Estatuto Superior. El anotado juicio consiste en establecer si la medida limitativa persigue una finalidad constitucional, si es idónea respecto del fin pretendido, si es necesaria por no existir alternativa razonable menos limitativa de la libertad e igualmente eficaz y, finalmente, si el sacrificio a la autonomía resulta adecuado y estrictamente proporcional en relación con la finalidad pretendida.[20] Adicionalmente, la intensidad del juicio de proporcionalidad será mayor en cuanto mayor sea la cercanía del ámbito en que se produce la restricción, con el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
10. Según lo establecido más arriba en relación con la autonomía de los menores de cuatro años de edad para decidir aspectos atinentes a su apariencia personal (v. supra), es posible afirmar que la órbita decisoria sobre la cual se ha impuesto la limitación sometida al estudio de la Sala no forma parte del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Las decisiones de los niños de cuatro años de edad en torno a la longitud de su cabello, aunque relacionadas con su identidad corporal, admiten intervenciones relativamente amplias, siempre y cuando éstas se lleven a cabo en el marco de un diálogo franco y afectuoso. En esta medida, el anotado ámbito de decisión admite la imposición de restricciones cuya compatibilidad con la Constitución Política se determinará mediante un juicio de proporcionalidad que, en el presente caso, deberá ser particularmente intenso. Ciertamente, aún cuando las decisiones que los niños adoptan con respecto a su identidad corporal no forman parte del núcleo esencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ésta órbita decisoria sí se encuentra muy próxima al mismo, habida cuenta de la intensidad con que la Carta Política protege todos los asuntos relacionados con el propio cuerpo y la identidad personal.
11. El numeral 16-7 del "Reglamento para los Padres de Familia de los Niños de Sala Maternal y Pre-escolar" del jardín infantil "El Portal" establece que "El Portal exige pelo corto a las niñas y a los niños". Así mismo, el numeral 14 del acápite "Obligaciones de los Padres", contenido en el mismo reglamento, dispone que "El Portal exige cabello corto a las niñas y a los niños corte de hombrecitos". A juicio del actor, estas disposiciones reglamentarias vulneran el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de su hija de cuatro años de edad, quien no desea ser sometida a un corte de cabello.
12. Corresponde ahora establecer si la disposición reglamentaria adoptada por el jardín infantil "El Portal", consistente en exigir que los estudiantes asistan al centro educativo con el cabello corto a fin de prevenir el contagio de pediculosis capilar, es realmente eficaz para lograr la anotada finalidad. Para estos efectos, la Sala de Revisión solicitó a la Academia Nacional de Medicina que conceptuara acerca de los distintos tratamientos actualmente existentes para prevenir y combatir el contagio de piojos y liendres. En relación con la efectividad del corte de cabello para el logro de la finalidad señalada, la Academia manifestó:
"El más efectivo corresponde a los champús o lociones de lindano, que tiene una efectividad del 98%. Le siguen los derivados de las piretrinas, cuya efectividad está entre el 85 y el 90% contra los piojos y las liendres. El uso correcto de cualquiera de los tratamientos médicos aconsejados en nuestro concepto (…), a base de los champús anotados en él, por ejemplo aplicados simultáneamente a todas las personas, adultos y niños en convivencia, por dos veces máximo, con intervalo de tres días, se consigue la erradicación de la pediculosis capilar. No sobra agregar que el aseo personal, especialmente de la cabeza, previene la reinfestación del parásito en el futuro".
Conforme a lo expuesto, la Sala estima que la medida consagrada en el numeral 16-7 y en el numeral 14 del acápite "Obligaciones de los Padres" del "Reglamento para los Padres de Familia de los Niños de Sala Maternal y Pre-escolar" del jardín infantil "El Portal" es ineficaz para el logro de su objetivo, toda vez que el mero corte de cabello es inútil para prevenir o combatir el contagio de piojos y liendres. Adicionalmente, la prueba médica pone de presente que la finalidad de la medida cuya constitucionalidad se estudia puede ser alcanzada a través de medios alternativos al corte de pelo (utilización de pediculicidas en loción o champú), menos lesivos de la autonomía individual de los estudiantes. A juicio de la Corte, siempre será más razonable y compatible con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de los individuos la utilización de medidas que no comprometan o modifiquen su apariencia física, así los cambios en ésta sólo sean temporales.
En estos términos, el numeral 16-7 y el numeral 14 del acápite "Obligaciones de los Padres" del "Reglamento para los Padres de Familia de los Niños de Sala Maternal y Pre-escolar" del jardín infantil "El Portal", consagran una medida inconstitucional por desproporcionada. Habida cuenta de que se trata de normas reglamentarias de carácter general y abstracto, la medida en ellas establecida no sólo amenaza el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la hija del actor, sino, también, el de todos los niños que asisten al centro educativo demandado a quienes la medida en cuestión podría resultar aplicada. Por estos motivos, el jardín infantil "El Portal" deberá adoptar todas las medidas necesarias para proceder a una modificación de las cláusulas reglamentarias cuya inconstitucionalidad quedó demostrada en la presente sentencia.
Primero.- Revocar la sentencia de abril 2 de 1998, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y, en su lugar, conceder la tutela del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la menor Wessling Jannpool Alonso Rojas, representada por su padre, Jairo Alonso Carvajal.
2. Por tanto, exigencias razonables, como las de cortarse regularmente el cabello o abstenerse de prácticas salvajes -como la de perforarse la piel para portar aretes y candongas-, hacer uso de un uniforme, permanecer aseado o conducirse con pulcritud ante los demás, lejos de perjudicar, benefician al alumno, en cuanto le crean hábitos que le permitirán actuar en el seno de la sociedad con la dignidad que le corresponde. Justamente para eso se ha concebido la educación y tal es el papel de los maestros.
3. Nos parece que la Corte, con la sentencia de la cual ahora discrepamos y con algunos fallos anteriores ( como el C-221 del 5 de mayo de 1994 -despenalización del consumo de estupefacientes- y el C-239 del 20 de mayo de 1997 -eutanasia-), han desfigurado por completo, haciéndole producir efectos no queridos por el Constituyente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C. P.), que en nuestro sentir no tiene un carácter absoluto. Su ejercicio está limitado, como la norma constitucional lo recalca, por los derechos de los demás y por el orden jurídico -en este caso el orden jurídico que rige en la comunidad educativa-.
[1] Véanse las sentencias T-222/92 (MP. Ciro Angarita Barón); T-420/92 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez); T-542/92 (MP. Alejandro Martínez Caballero); C-588/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); C-176/93 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-493/93 (MP. Antonio Barrera Carbonell); T-495/93 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-594/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-079/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); C-221/94 (MP. Carlos Gaviria Díaz); T-429/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); T-150/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-211/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-377/95 (MP. Fabio Morón Díaz); T-477/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-543/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-624/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-090/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-309/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-339/96 (MP. Julio César Ortiz Gutiérrez); C-182/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-067/98 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[2] Véase la sentencia C-221/94 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[3] Véanse las sentencias C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-067/98 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[4] Véase la sentencia T-474/96 (MP. Fabio Morón Díaz).
[8] Véanse las sentencias T-477/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); C-562/95 (MP. Jorge Arango Mejía); T-474/96 (MP. Fabio Morón Díaz); C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[9] Véase la sentencia T-477/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[10] Véase la sentencia T-474/96 (MP. Fabio Morón Díaz).
[11] Véase la sentencia C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[13] Véanse las sentencias T-474/96 (MP. Fabio Morón Díaz); C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[14] Véase la sentencia C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[15] Véanse las sentencias T-065/93 (MP. Ciro Angarita Barón); T-476/95 (MP. Fabio Morón Díaz); T-248/96 (MP. Jorge Arango Mejía); T-366/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-633/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-636/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-124/98 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-207/98 (MP. Fabio Morón Díaz).
[16] Véanse las sentencias T-065/93 (MP. Ciro Angarita Barón); T-476/95 (MP. Fabio Morón Díaz); T-248/96 (MP. Jorge Arango Mejía).
[17] Véanse las sentencias T-366/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-633/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-636/97 (MP. Hernando Herrera Vergara).
[18] Véase la sentencia T-366/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[19] Véase la sentencia T-124/98 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[20] Véanse las sentencias C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-067/98 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).