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Timestamp: 2019-01-16 07:49:08
Document Index: 126199662

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 160', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 40']

Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. TÍTULO VI. RÉGIMEN DE INSPECCIÓN Y SANCIONADOR (Vigente hasta el 01 de Enero de 2004).
Número 3 del artículo 36 introducido por el número 1 del artículo 160 de la Ley [ANDALUCÍA] 18/2003, 29 diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas («B.O.J.A.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.J.A.» 29 marzo 2004).
b) La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas, así como el exceso superior al 50°% en los tiempos máximos de conducción o de conducción ininterrumpida, y la minoración superior a dicho porcentaje de los períodos de descanso obligatorio.
m) El exceso superior al 20% en los tiempos máximos de conducción permitidos, salvo que dicho exceso deba ser considerado falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el párrafo b) del artículo 39 de esta Ley.
1. La comisión de las infracciones previstas en los párrafos a) y b) del artículo 39 de esta Ley podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el transporte y la retirada conjunta de la correspondiente autorización o licencia, así como la clausura del local en el que, en su caso, vengan ejercitando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
5. Cuando, estando circulando el vehículo, sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los párrafos a) y b) del artículo 39, y d) y m) del artículo 40, ambos de la presente Ley, podrá ordenarse la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración adoptar las medidas necesarias a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.