Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9178
Timestamp: 2019-10-23 10:56:38
Document Index: 310650097

Matched Legal Cases: ['artículo 410', 'artículo 397', 'artículo 42', 'artículo 122', 'artículo 472', 'Artículo 32', 'Artículo 410']

Sentencia: CSJ-SPENAL-28760-2009
La inobservancia de los requisitos exigidos por la Ley con el fin de favorecer al contratista constituye el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales
JESÚS MARÍA LÓPEZ GÓMEZ, EX GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
El 12 de marzo de 2002, el ingeniero LÓPEZ GÓMEZ en su condición de Gobernador del Departamento de Córdoba, celebró un contrato de prestación de servicios por el término de siete (7) meses con la firma LABORANDO LTDA., cuyo objeto era el suministro al ente territorial, inicialmente de 26 personas, para la atención de labores temporales surgidas con ocasión de la reestructuración de la planta global de personal de la Secretaría de Educación y Oficina Seccional de Escalafón; convenio que fue adicionado el 3 de octubre del mismo año. Mediante oficio del 2 de enero de 2003, ya vencido el contrato en mención, el primer mandatario departamental AUTORIZÓ a la citada empresa LABORANDO LTDA., para que prosiguiera con la prestación del servicio de suministro de personal temporal, como se venía desarrollando, documento que expidió sin cumplir con los mínimos requisitos establecidos para esta clase de actos en la Ley 80 de 1993, entre otros, contrato por escrito, acuerdo sobre la contraprestación a recibir por parte del contratista por sus servicios, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, póliza de garantía, etc.
¿Puede el gobernador de un Departamento celebrar un contrato de prestación de servicios de manera verbal, cuyo objeto consiste en el suministro de un número de personas para que cumplan con labores temporales con ocasión a la reestructuración de la planta global de personal de la Secretaría de Educación, aún cuando no se estableció la contraprestación a recibir por parte del contratista por sus servicios, tampoco certificado de disponibilidad presupuestal, entre otros requisitos, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales?
Elementos del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. «(…) i) Ostentar la calidad de servidor público y ser el titular de la competencia funcional para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato. ii) Desarrollar la conducta prohibida, concretada en la intervención en una de las mencionadas fases del contrato estatal sin acatar los requisitos legales esenciales para su validez. (…)»
«(…) Igualmente, dada esa cuantía -superior a 50 salarios mínimos legales mensuales de la época-, era preciso elevar a escrito dicho convenio “con las estipulaciones propias de su esencia y naturaleza, exigiendo las correspondientes garantías de cumplimiento y con las formalidades plenas, conforme a lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 41 de la ley 80 de 1993”, como así se precisa en el pliego de cargos.
En fin, no se estipuló precio, ni plazo, forma de pago y demás compromisos propios del contratista, y menos se cumplió con la previsiones contenidas en el Art. 49 de la Ley 179 de 1994 atinentes al registro presupuestal; de ahí que como no se habían dispuesto los recursos necesarios para atender el gasto generado con la pluricitada negociación, la gobernación hubo de acudir al rubro denominado “sentencias y conciliaciones” para cubrir el monto de la obligación exigida por el contratista a cuenta de los servicios que supuestamente prestó.
Baste el análisis conductual reseñado en precedencia, para predicar sin temor a equivocaciones el actuar doloso en el comportamiento del agente, lo cual se refleja por la forma como se eludió el sistema de contratación con el propósito de favorecer a una firma que, dentro del marco de igualdad, selección objetiva e imparcialidad, posiblemente no hubiese sido escogida, aun cuando eventualmente también podía serlo.
3.1.7. De esta manera, surge patente la inobservancia del principio de legalidad, que es la fórmula que el tipo penal protege en materia de contratación administrativa, la cual está vinculada con los principios de transparencia e imparcialidad que rigen la contratación pública y que constituyen en éste caso el núcleo de la antijuridicidad material, pues como se ha dicho, el bien jurídico de la administración pública, dada su naturaleza funcional, encarna distintos valores que a su vez encuentran diversas maneras de protección, como ahora ocurre, en donde los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, como expresión del principio de legalidad, se conculcan cuando se contrata por fuera del marco conceptual definido en el Art. 24 de la ley 80 de 1993. (…)»
El gobernador de un Departamento no puede celebrar un contrato de prestación de servicios de manera verbal, cuyo objeto consiste en el suministro de un número de personas para que cumplan con labores temporales con ocasión a la reestructuración de la planta global de personal de la Secretaría de Educación, aún cuando no se estableció la contraprestación a recibir por parte del contratista por sus servicios, tampoco certificado de disponibilidad presupuestal, entre otros requisitos, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales porque:
No se estipuló precio, ni plazo, forma de pago y demás compromisos propios del contratista.
No se dispuso de los recursos necesarios para atender el gasto generado por lo cual se vulneró el principio de planeación.
Con la forma con la que se eludió el sistema de contratación se pudo evidenciar el propósito de favorecer a la firma contratada.
Como consecuencia del actuar del procesado se vulneraron los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y legalidad.
PRIMERO. NO DECLARAR la nulidad solicitada por el defensor del procesado JESÚS MARÍA LÓPEZ GÓMEZ según las motivaciones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR penalmente responsable al ciudadano JESÚS MARÍA LÓPEZ GÓMEZ, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales prevista en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 y peculado por apropiación definida en el artículo 397, inciso 2º del mismo ordenamiento, la primera en calidad de autor y la segunda en grado de coautoría, ambas consumadas en concurso material y heterogéneo, comportamientos realizados cuando se desempeñó como Gobernador del Departamento de Córdoba, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.
TERCERO. CONDENAR, en consecuencia, a JESÚS MARÍA LÓPEZ GÓMEZ a la pena principal de SIETE (7) AÑOS de prisión y multa por valor de $115’941.911 a favor del Tesoro Nacional, la cual deberá consignar a nombre del Consejo Superior de la Judicatura según lo normado en el artículo 42 de la Ley 599 de 2000.
La pena de inhabilitación de derechos y funciones públicas opera a perpetuidad, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política.
CUARTO. DECLARAR que JESÚS MARÍA LÓPEZ GÓMEZ no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al sustituto de la prisión domiciliaria, conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia.
En consecuencia, se REVOCA la libertad provisional de la cual venía gozando y se ORDENA su captura a fin de que cumpla la pena impuesta en el lugar de reclusión que determine el Director del INPEC. ABÓNASELE como parte cumplida de la pena el tiempo que el condenado estuvo en detención preventiva, por cuenta del presente asunto.
QUINTO. CONDENAR a LÓPEZ GÓMEZ a pagar solidariamente a la tesorería del departamento de Córdoba, y en virtud a los perjuicios comprobados, la suma que por tal concepto fuera constituida en sendos títulos judiciales por ADÁN JULIO HERRERA ROMERO, la cual, para tales efectos, se ordena hacer efectiva.
SEXTO. LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme a lo normado por el artículo 472 de la Ley 600 de 2000.
Ley 80 de 1993. Artículo 32, 39,40 y 41.
Ley 599 de 2000. Artículo 410.
Ficha: La inobservancia de los requisitos exigidos por la Ley con el fin de favorecer al contratista..