Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2916-D-2012
Timestamp: 2019-08-23 02:31:42
Document Index: 197260143

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 195', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 208', 'artículo 208', 'artículo 32', 'artículo 208', 'artículo 53', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 212', 'artículo 245', 'artículo 212', 'artículo 245', 'Artículo 53', 'artículo 35', 'artículo 74', 'artículo 16', 'Artículo 87', 'artículo 182', 'artículo 107', 'Artículo 91', 'Artículo 94', 'Artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 7']

Expediente 2916-D-2012
Sumario: PREVENCION Y REPARACION DE DAÑOS LABORALES: REGIMEN. DEROGACION DE LA LEY 24557 (RIESGOS DEL TRABAJO).
Accidente "in itinere": es aquel que se produce durante el trayecto entre el lugar de trabajo y el lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o el lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración y la residencia principal o secundaria del trabajador en cualquier sentido, siempre que éste no haya modificado o interrumpido dicho trayecto por iniciativa propia y por causas ajenas al trabajo.
Igualmente se considerará accidente "in itinere" el ocurrido entre el domicilio del trabajador y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o sus prestadores, cuando el trabajador se encuentre en el período de incapacidad laboral temporaria o incapacidad provisoria y deba concurrir a asistirse por algunas de las prestaciones en especie determinadas en el artículo 42 de esta ley, siempre que el trabajador no haya modificado o interrumpido dicho trayecto por iniciativa propia y por causas ajenas al objeto de ese tránsito.
El trabajador podrá comunicar por escrito al empleador y este deberá hacerlo dentro de las 72 horas al asegurador que modifica el trayecto por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de un familiar directo y no conviviente. La omisión del empleador de hacer la comunicación al asegurador no será oponible al trabajador. En caso de pluriempleo, quedan comprendidos los accidentes que ocurran en el trayecto entre uno y otro empleo, en los términos que determine la reglamentación.
Aquellas enfermedades no incluidas en el listado, deberán ser consideradas de índole laboral en caso de encontrarse relacionadas causal o concausalmente con la prestación del trabajo. La predisposición del trabajador no podrá ser invocada para excluir a la enfermedad profesional de esta categoría, cuando el trabajo o las condiciones ambientales donde este de desarrolla, hubieran obrado eficientemente como factor relevante y/ó reagravante de la dolencia.
Empleadores Autoasegurados son aquellos que obtengan la autorización para autoasegurar sus riesgos del trabajo en las condiciones previstas en esta ley y su reglamentación. Salvo disposición en contrario, se entenderá aplicable a ellos toda mención referida en esta ley a las ART.
a) Solvencia económico- financiera para afrontar las prestaciones de ésta ley;
3. Podrán operar bajo el régimen de autoseguros las asociaciones mutuales de empresas que se constituyan con el único objeto de cumplir las funciones que esta ley asigna a las aseguradoras de riesgos del trabajo y que, sin perjuicio de las demás exigencias que imponga la ley de mutualidades, deberán cumplir con las inscripciones correspondientes en la Superintendencia de Seguros de la Nación y por ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, además de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Las empresas asociadas deberán ocupar en conjunto no menos de 35.000 trabajadores;
b) Las empresas asociadas serán solidariamente responsables por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley.
c) Las asociaciones mutuales no podrán destinar a gastos de administración más del 10 % de sus ingresos;
d) Las asociaciones mutuales deberán acreditar de igual forma que las empresas auto aseguradas lo dispuesto en el apartado 2 incisos a.-) y b.-) de este artículo.
e) Habilitación otorgada por la autoridad de aplicación, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos anteriormente indicados.
a) Deberán asegurar obligatoriamente, en una "Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)" de su libre elección, la totalidad de prestaciones previstas por la presente ley.
b) Podrán asegurar complementariamente, en una ART de su libre elección, su responsabilidad civil adicional, resultante del ejercicio de acciones, por parte de trabajadores o causahabientes, fundadas en el derecho común.
Identificar y evaluar los riesgos laborales en su origen.
La protección en materia de sus condiciones de trabajo.
Cumplirán con las normas de higiene y seguridad así como con las medidas de recalificación profesional;
Artículo 9º. Medidas frente a emergencias.
Artículo 10º. Medidas frente a riesgo grave e inminente.
El empresario o titular de la explotación garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, previo consentimiento de los mismos. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 22.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse..
La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 13 de la presente ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, grado y duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la prohibición de realizar trabajo nocturno, insalubre y en turnos rotativos.
El presente artículo resulta de aplicación en los términos y alcances determinados en la Ley 26.390 y en particular el artículo 195 de la Ley 20.744.
1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador a las obligaciones derivadas de esta ley, su reglamentación, convenios colectivos de trabajo o la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía, de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de un millón de pesos ($ 1.000.000.-), sin perjuicio de la responsabilidad civil que tal incumplimiento genere.
Este importe se reajustará automáticamente de acuerdo al Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Mensual Nivel General que determina el INDEC.
h) Practicar los exámenes periódicos de salud en base a la declaración prevista en el inc. k del art. 8º de esta ley, con el contenido y frecuencia previstas en la Resolución 37/10 de la SRT y sus modificatorias, informando sobre sus resultados a los trabajadores y al responsable médico del Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa o, en su caso, al empleador. Cuando el empleador cambie de ART, la aseguradora de origen deberá remitir a la nueva aseguradora copia de los antecedentes médicos de los trabajadores del empleador afiliado, salvaguardando las normas del secreto médico. Dichos exámenes médicos serán sin cargo para el empleador.
4. Si la enfermedad se manifestara luego de extinguida la relación de trabajo o provocara la muerte del trabajador, y no se tratara de las enfermedades enumeradas en el listado previsto en la presente norma, el trabajador o, en el supuesto de fallecimiento de éste, los derechohabientes podrán solicitar a la Comisión Médica su reconocimiento como enfermedad laboral, en cuanto se configuren los supuestos del artículo 4° de esta ley.
1. Delégase en el Comité Consultivo Permanente, la facultad de modificar el Listado de Enfermedades laborales aprobado por la presente ley.
a) Accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo:
b) Incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral, que no hayan sido relevantes en la función para la cual fue contratado y acreditadas en el examen preocupacional efectuado, según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. En todos los casos, para que esta exclusión tenga efecto, será condición ineludible la notificación fehaciente al trabajador en oportunidad de su ingreso, donde se le informe la índole de la incapacidad detectada. Para que esta notificación sea válida, dentro de las 48 hs. de haberse practicado, deberá remitirse copia a la autoridad administrativa.
3. Excepcionalmente y cuando no fuera posible determinar el grado de la disminución permanente de capacidad laborativa, el plazo anual de ILT podrá extenderse hasta por un año más, contado desde su vencimiento, con acuerdo del trabajador e intervención de la Comisión Médica o la Justicia competente.
3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley o la justicia competente, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, del Listado de Enfermedades laborales que determine la reglamentación y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales que deberá confeccionar la autoridad de aplicación sin perjuicio de que también se , ponderarán entre otros factores, la edad del trabajador, el grado de dificultad que le ocasiona al damnificado la incapacidad para realizar sus tareas habituales y las posibilidades de reubicación laboral.
1.- La situación de incapacidad laboral permanente (ILP) igual o superior al 50% de la total obrera tendrá carácter provisorio hasta que exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.
Dicha etapa podrá tener una extensión de 36 meses cuando no se dé la condición puntualizada en la parte final del párrafo anterior.
2.- La situación de incapacidad laboral permanente parcial (ILPP) menor al 50% no tendrá período de provisionalidad y el carácter definitivo se determinará a la fecha del cese de la incapacidad laboral temporaria, con excepción de aquellas situaciones en las cuales el damnificado al cese de esta última incapacidad por el transcurso habiéndose agotado el período fijado en el artículo 30 inciso 2° no pueda desarrollar las tareas habituales por tener que continuar con tratamientos médicos, rehabilitatitorios o de recalificación laboral.
2.- En los supuestos de una incapacidad igual o superior al 50% de la total obrera, junto con las prestaciones previstas en los artículos 36 y 37 de la presente ley los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a continuación:
a) En el caso de incapacidad del 50% e inferior al 66% dicha prestación adicional será de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000)
b) En los casos de incapacidad superior al 66% dicha prestación adicional será de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000)
c) En el caso de muerte la prestación adicional será de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000)
Estos importes se reajustarán automáticamente de acuerdo al Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Mensual Nivel General que determina el INDEC.
1.A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base a la cantidad que resulte de dividir la suma total de los ingresos que devengó el trabajador por cualquier concepto derivado de su relación laboral, por el término de los seis (6) meses anteriores a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a ese periodo por el número de días que el trabajador prestó o debió prestar servicios en el período considerado.
Este ingreso base se recompondrá en base a los aumentos que durante ese período fueren acordados a los trabajadores de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o por decisión del empleador, conforme los criterios del artículo 208 de la LCT (t.o. 1976)
El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias para el pago de las remuneraciones a los trabajadores. La prestación por ILT se calculará, ajustará y liquidará de acuerdo a las pautas del artículo 208 de la LCT (t.o 1976).
1.- Producido el cese de la incapacidad laboral temporaria y mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad permanente parcial (IPP), en los casos previstos en el artículo 32 inciso 1º el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base, además de las asignaciones familiares correspondientes hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad.
El valor del ingreso base durante la IPP será el 100% del ingreso base y se calculará, ajustará y liquidará conforme el artículo 208 de LCT.
2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral permanente parcial (IPP), el damnificado percibirá una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 70 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultara de dividir el numero 80 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma en ningún caso será inferior a la cantidad que resulte de multiplicar $ 500.000 por el porcentaje de incapacidad;
3. El damnificado percibirá además una indemnización de pago único cuyo monto será igual a 70 veces el valor del ingreso mensual base, por el coeficiente que resultará de dividir el número 80 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante o la muerte.
En ningún caso la adición de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente o la muerte podrá ser inferior a $ 500.000, este importe se reajustará automáticamente de acuerdo al Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Mensual Nivel General que determina el INDEC.
Adicionalmente las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, los empleadores autoasegurados y las asociaciones mutuales de empresas abonarán al damnificado una prestación de pago mensual equivalente de Pesos cuatro mil ($4000) que se reajustarán bimestralmente de acuerdo a la movilidad del aumento de los salarios privados que fija el Indec y se extinguirá a la muerte del damnificado.
2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta Ley, a las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley Nº 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los veintiún (21) años, elevándose hasta los veinticinco (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador fallecido en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo.
La responsabilidad del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor a favor de los derechohabientes.
La apelación deberá formularse por escrito y libremente ante la comisión médica, teniendo las partes la facultad de ofrecer y/o ampliar las pruebas ofrecidas en su oportunidad, y ésta deberá elevarla al Juez Nacional del Trabajo en un plazo de cinco días. Serán partes en el mismo: la aseguradora, el empleador y el trabajador o, en los supuestos de fallecimiento de éste, sus derechohabientes.
8. La presentación de la denuncia del accidente del trabajo o la enfermedad laboral interrumpe el plazo de la prescripción de toda acción emergente de la presente ley o fundada en el derecho civil.
9. Siendo materia de derecho común la presente norma el acceso a la justicia provincial deberá ser regulado por cada legislatura local.
El plazo de conservación de puesto conforme el artículo 211 de LCT y de regímenes o estatutos especiales comenzará a partir de que la ART haya agotado el proceso de recalificación del trabajador damnificado.
En caso de patologías graves superiores al 40% de la total obrera el plazo del artículo 211 se extenderá a dos años.
En el supuesto establecido en el artículo 212 párrafo 2° de la LCT cuando la incapacidad se origine en un infortunio laboral se le abonará al trabajador la indemnización del artículo 245 de la LCT (t.o).
En el supuesto establecido en el artículo 212 párrafo 3° de la LCT cuando la incapacidad se origine en un infortunio laboral se le abonará al trabajador la indemnización del artículo 245 de la LCT, agravada en un 100% sin perjuicio de considerar incurso al empleador en una violación de las leyes 26.738 y 23.592
Artículo 53º. - Aseguradoras de Riesgo del Trabajo- Asociación Mutual de Empresas
A los fines de la regulación que preve el presente artículo resultan aplicables los requisitos para la constitución de la ART o Asociación Mutual de Empresas
1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en esta ley estará a cargo personas jurídicas, previamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas "Aseguradoras de Riesgo del Trabajo" (ART.-) y Asociación Mutual de Empresas (ASME), que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión, y demás recaudos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus reglamentos.
2. La autorización conferida a una ART-ASME, será revocada:
b) Por omisión de otorgamiento integro y oportuno de las prestaciones de ésta Ley;
3. Las ART-ASME, tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que -de conformidad con la reglamentación- ellas mismas determinen.
4. Las ART- ASME podrán, además, contratar con sus afiliados:
5. El capital mínimo necesario para la constitución de una ART o ASME será de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000.-) que deberá integrarse al momento de la constitución. El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar el capital mínimo exigido, y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los riesgos asumidos.
7. Las ART- ASME deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley. La contratación de estas prestaciones podrá realizarse con las obras sociales.
4. Si el empleador omitiera -total o parcialmente- el pago de dos cuotas de la prima o su equivalente, la ART otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas.
El contrato de seguro no se considerará extinguido respecto del trabajador hasta tanto la ART haya efectuado la intimación a regularizar los pagos de las alícuotas devengadas al empleador por un plazo no inferior a quince días corridos y haya denunciado el incumplimiento a los trabajadores, a las organizaciones sindicales que los representen, se encuentren o no afiliados a éstas y a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
4. En los dos supuestos de insuficiencia patrimonial quedan cubiertas por los Fondos de Garantía y Reserva las prestaciones en especie, las prestaciones dinerarias sus intereses y las costas que se devenguen en sede administrativa o judicial
a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de las multas por incumplimiento a las normas sobre riesgos del trabajo y a las normas de higiene y seguridad impuestas por la SRT
b) Una contribución a cargo de los empleadores privados autoasegurados, a fijar por el Poder Ejecutivo Nacional, no inferior al aporte equivalente al previsto en el artículo 35 apartado 2;
d) Las rentas producidas por los recursos del Fondo de Garantía, y las sumas que le transfiera la SRT;
f) Los recursos previstos en el art. 19 incisos 1º y 2º de esta ley.
g) Un aporte a cargo de los empleadores que resulten total o parcialmente vencidos en causas judiciales por enfermedades o accidentes del trabajo. Este aporte obligatorio será anualmente fijado por el Poder Ejecutivo Nacional y no podrá superar el 0,5 % sobre el monto de condena.
1. Créase el Fondo de Expensas de la presente ley con cuyos recursos se abonarán las costas judiciales por honorarios regulados a favor de peritos intervinientes, en las causas judiciales por enfermedades o accidentes del trabajo fundados en el derecho civil donde el empleador resulte vencedor en los términos del artículo 74 inciso 7°.
2. Este fondo será administrado por la SRT, y se formará con un aporte a cargo de los empleadores que resulten total o parcialmente vencidos en causas judiciales por enfermedades o accidentes del trabajo fundadas en el derecho civil.
a) Supervisará y fiscalizará el funcionamiento de las ART;
b) Supervisará y fiscalizará a las empresas autoaseguradas y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo en ellas;
c) Impondrá las sanciones previstas en esta ley, previa instrucción del sumario administrativo pertinente;
d) Formará parte del Sistema Integral de Inspección del Trabajo en los términos previstos por las leyes 25.212 y 25.877, teniendo a su cargo la inspección y control del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales, relativas a las condiciones de seguridad, higiene y seguridad en el trabajo;
e) A ese fin, el Sistema Integral de Inspección del Trabajo deberá mantener un número de inspectores suficiente y con la formación profesional adecuada para garantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio, resultando aplicables los procedimientos previstos por las leyes 25.212 y 25.877;
f) Coordinará, en la materia de su competencia, la actuación de todos los servicios de inspección, formulando recomendaciones y elaborando planes de capacitación profesional;
g) Coordinará con los gobiernos provinciales, medidas de inspección o reorganización complementarias, las que podrá llevar a cabo en los casos donde se detecten elevados índices de siniestralidad laboral o deficiencias en el servicio de inspección local;
h) Cuando la inspección tenga lugar por denuncia, deberán participar del acto el o los trabajadores denunciantes y la asociación sindical que los representa. A tal efecto, el inspector está obligado a notificar a la Asociación Sindical el día, horario y lugar en que será realizada la inspección. El representante que concurra por la Asociación Sindical, será invitado a suscribir el acta, haciendo mención de las observaciones que considere pertinentes.
a) Requerirá la información necesaria para cumplimiento de sus competencias, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública;
b) Recibirá de los servicios locales de inspección informes periódicos sobre los resultados de sus actividades, reglamentando lo concerniente a la forma y contenido de estos informes
c) Publicará un informe anual, de carácter general, sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control;
d) Mantendrá el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos del infortunio y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad, todo lo cual será incluido en el informe anual; Podrá incluirse en dicho registro todo otro dato que resulte de interés a los efectos de las estadísticas sin que pueda ser objeto del registro, en ningún caso, los datos identificatorios del trabajador.
e) impulsará la participación de los sectores representativos de empleadores y trabajadores en la elaboración de propuestas o medidas tendientes a mejorar progresivamente las condiciones y medio ambiente de trabajo.
b) Administrará su patrimonio;
c) Gestionará el Fondo de Garantía y el Fondo de Expensas;
d) Determinará su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de personal;
5. El empleador responsable del reclamo previsto en el apartado anterior del presente inciso, deberá contratar una póliza de responsabilidad civil adicional para cubrir dichos reclamos. A esos fines la Superintendencia de Seguros de la Nación deberá habilitar líneas de seguro civil por Responsabilidad Civil por infortunios laborales con idénticos topes que el seguro civil por accidentes de tránsito.
Los legitimados activos deberán accionar contra el empleador, quien podrá citar en garantía a la Aseguradora, la que no podrá oponer cláusulas de caducidad a los legitimados activos.
6. Las pólizas de responsabilidad civil deberán ser contratadas en los términos de la presente ley con aseguradores, para operar en dicho rubro debidamente autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien deberá exigirles para esta rama de responsabilidad civil un capital mínimo para operar de afectación de $ 10.000.000, el que será reajustado de acuerdo a lo que determine la reglamentación.
7. Cuando la demanda fuese rechazada, el empleador demandado quedará eximido de cualquier pago de honorarios correspondientes a los peritos intervinientes. En la proporción de pago que le hubiere correspondido, dichos honorarios serán pagados con el Fondo de Expensas creado por esta ley.
10. El ejercicio de la acción judicial no suspenderá el beneficio de las prestaciones en especie, ni podrán éstas ser compensadas, ni deducidas de la indemnización fundada en el derecho civil.
11. Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia el cumplimiento las normas vigentes de Higiene y Seguridad, ocasionando con su accionar displiscente graves daños en la salud del trabajador incapacitado.
Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos derechos, debiéndose considerar las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador.
La sanción tiene como destino la víctima o los derechohabientes del trabajador fallecido.
Su monto se fija entre Pesos cinco mil ($ 5000) y cinco millones de pesos ($5.000.000). Estos importes se reajustarán automáticamente de acuerdo al Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Mensual Nivel General que determina el INDEC.
2. La negociación colectiva laboral podrá definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo.
c) Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de la instalación de equipamiento, procesos industriales y cambios en los procesos industriales.
e) Gozará de estabilidad en su puesto de trabajo de conformidad con lo dispuesto por los arts. 48 a 52 de la Ley 23.551.
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como participar con la autoridad de aplicación y aseguradoras en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones debiendo garantizar el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, y requerir los informes necesarios para conocer las circunstancias de los mismos.
f) Recabar del empleador la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuarle propuestas, así como al asegurador.
El Comité Mixto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral será un órgano interno paritario, especializado en la materia, y tendrá como objetivo la participación en la prevención de riesgos del trabajo, la promoción y protección de la salud y seguridad de los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones y medioambiente de trabajo.
a) El recurso deberá interponerse por escrito, dentro de los 90 días hábiles judiciales de notificada la resolución de la comisión médica laboral. El recurso tendrá todos los efectos de una demanda laboral, siendo aplicables a partir de su interposición las reglas procesales locales.
c) Resultará de aplicación lo dispuesto por los arts. 20 y 277 de la ley 20.744.
5. En caso de discrepancia del damnificado de un accidente o enfermedad resarcible por esta LRT respecto al prestador médico asignado o las prestaciones previstas en el art. 42 de la presente ley, el trabajador tendrá derecho a una acción sumarísima ante el Juez del Trabajo de turno, con habilitación de días y horas inhábiles, si la urgencia del caso así lo requiriese. En tal supuesto el juez habilitado, si fuera necesario, deberá requerir la asistencia del Servicio Médico Público más cercano en su jurisdicción, a fin de poder evaluar las discrepancias médicas.
2. Las comisiones médicas locales mantendrán su actual composición y funciones, hasta tanto en cada jurisdicción sean reemplazadas por las comisiones médicas laborales designadas de acuerdo a esta ley y lo que determinen las provincias. El Poder Ejecutivo acordará con cada Gobierno de Provincia, la transferencia de los recursos pertinentes asignados actualmente a las Comisiones Medicas conforme al régimen que se deroga por la presente ley transfiriéndole a las Provincias los recursos necesarios para el funcionamiento necesario de dichas Comisiones
3. La reglamentación dictada con motivo de la ley 24.557 mantendrá su vigencia, en la medida que sea compatible con la presente ley y hasta tanto sea modificada.
4. Se deroga el artículo 16 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1694/09.
5. Los trabajadores que hayan reclamado judicial o administrativamente el reintegro de fondos provenientes del sistema de renta periódica de la ley 24.557, depositados en la ANSES, se les deberán reintegrar las sumas remanentes no percibidas en el plazo de 30 días de formulado el reclamo.
Artículo 87º.- Modificación a la ley 20.744
"Art. 213 bis - En el supuesto que el trabajador haya sufrido un accidente o una enfermedad laboral sea despedido dentro del año posterior, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la rescisión se dispuso con motivación discriminatoria. En este caso el trabajador tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones comunes por despido, una indemnización especial cuyo monto será igual a la prevista en el artículo 182 de la LCT, sin perjuicio de las acciones e indemnizaciones que deriven de la ley 26.738 y 23.592".
Agrégase como artículo 107 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 91.- Registro de Incapacidades Laborales.
Artículo 94.- Intereses.
El curso de los intereses de las prestaciones dinerarias se determina a partir de que cada suma es debida, estableciéndose que la mora del deudor es automática a partir de ese momento.
En caso de accidentes el cómputo de los intereses ocurre desde el acaecimiento del hecho.
En caso de incapacidad laboral temporaria o incapacidad permanente provisoria desde que cada prestación debió ser abonada al damnificado.
En caso de incapacidad permanente por enfermedades laborales desde el alta médica o en caso de inexistencia de la misma se computarán desde la consolidación jurídica del daño.
En todos los casos se devengará el interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, calculado desde que cada suma fue exigible hasta haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de tal suma al beneficiario o abonada la prestación.
Los intereses devengados deberán ser abonados conjuntamente con la prestación dineraria que corresponda percibir al trabajador siniestrado o a sus derechohabientes según el caso.
Artículo 96.- Prohibición expresa - clausula de desinversión.
Las Asociaciones Sindicales estarán expresamente vedadas en la participación por cualquier forma jurídica que los una a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y a las Asociaciones Mutuales de empresa que gestionen los riesgos del trabajo regulados en esta ley.
Las actuales asociaciones sindicales que tengan participación o resulten titulares de una ART deberán desinvertir obligatoriamente en el plazo improrrogable de un año desde la sanción de la presente ley, no resultando de aplicación el artículo 96 a los fines del proceso de desinversión.
Articulo 97.- Vigencia y Derogaciones.
3. Hasta tanto el PODER EJECUTIVO NACIONAL dicte la normativa reglamentaria de la presente ley, subsistirán a todos los efectos y se considerarán como derivadas de ella las reglamentaciones de las ley 24.557, en tanto no se opongan a ésta ley.
4. De conformidad a lo normado en el artículo 93 a partir de la vigencia de la presente ley, quedarán derogados todos los Decretos y Resoluciones que contradigan la presente.
5. Esta ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Desde el año 1998 hasta la fecha, venimos anticipando que la Ley de Riesgos de Trabajo no pasa en muchos de sus artículos el test de constitucionalidad, y así también lo han venido declarando desde su sanción centenares de Jueces de la Nación y de los Tribunales Provinciales.
Lamentablemente nuestras predicciones del fracaso constitucional de la norma en cuestión, fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "CASTILLO" "AQUINO" "MILONE", "SUAREZ GUIMBARD", "SILVA", "TORRILLO" "VENIALGO" "MARCHETTI", entre otros.
Pero dando un nuevo aporte a la construcción de la defensa de los derechos de los trabajadores, este grupo de Diputados de la Nación, volvemos a insistir para que realmente se intenten solucionar los aspectos de inconstitucionalidad de la norma puesta en crisis, y por eso, venimos a impulsar el presente proyecto de ley, en el cual están vigentes las ideas, conceptos y fundamentos de los principales aportes del proyecto del año 1998, sumados a los que felizmente implicaron luego la aceptación de la reforma reconocida por el Poder Judicial de la Nación en los fallos antes citados.
A diferencia de los contratos de contenido patrimonial, en el contrato de trabajo el objeto es la persona física del trabajador. Es éste el que expone su cuerpo para cumplir con el débito laboral. Por su parte, la primera obligación del empleador es garantizar que el trabajador regrese íntegro de su empleo, de allí que es esencial la función del sistema de riesgos de trabajo a fin de establecer un eficaz método preventivo que reduzca los infortunios laborales.
Como derivación de la jurisprudencia renovadora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha quedado consolidada en el pensamiento jurídico de nuestra época la necesaria protección integral, no ya del trabajador, sino de la "persona que trabaja" en sí misma y como ser humano.
Se trata ahora de la protección del "hombre" o de la "mujer" a secas, no más de la persona como homo economicus, homo faber, trabajador, productor o creador de riquezas. Del hombre con toda su dignidad, como "cosa sagrada", cualquiera sea su edad y condición trabaje o esté desocupado, sea nacional o extranjero.
Desde una perspectiva amplia, debe contemplarse al trabajador en su unidad psicofísica y espiritual y no, desde una óptica sesgada, como un mero recurso que genera un costo.
Creemos que ha quedado superado el debate acerca de que las leyes que regulan las enfermedades y accidentes laborales, deben priorizar la prevención en desmedro de la reparación -como preconizaban los autores y defensores de la ley original-, lo cual, además, se tradujo en fuertes retrocesos reparatorios para las víctimas.
De hecho, en la Argentina sólo en el sector formal se registran alrededor de 700.000 infortunios laborales anuales, lo cual demuestra la ineficacia del sistema preventivo.
Pero también hay que destacar que la adecuada reparación del daño laboral en los términos delineados por el Máximo Tribunal de la Nación -en los fallos dictados a partir de la "primavera judicial" de 2004- ha determinado, en los últimos tiempos, por parte de los obligados del sistema, la adopción de conductas más diligentes en materia de prevención de riesgos, que no se había verificado en los primeros años de vigencia del sistema. Esta circunstancia se refleja en las últimas estadísticas del año 2009 de la SRT, donde aparece una leve disminución de la siniestralidad respecto de períodos anteriores.
Los defensores y gestores del sistema reinvidican este escenario como un logro del mismo, cuando en verdad, es el efecto directo de las sentencias judiciales, que han hecho colapsar los pilares del régimen diseñado en el año 1995.
Fueron las sentencias judiciales las que han dado claras señales a los responsables para observar un debido interés en la prevención de daños laborales.
Como señalaba agudamente Mosset Iturraspe: "¿Puede haber un incentivo más fuerte para "no dañar" que la amenaza de una condena judicial por resarcimiento? No de una "condena simbólica" a pagar unas monedas sino de una que importe una traducción razonable del perjuicio". Agregando, el eminente Profesor, que "hay coincidencias, y no puede ser de otra manera, en que la irresponsabilidad, total o parcial, no es un criterio disuasorio válido o eficiente, la ausencia de pagos en concepto de indemnización por daños privaría al causante de un estímulo para realizar gastos en prevención".
De modo que prevención y reparación no son conceptos antitéticos, sino que se complementan y así debe ser considerado por el Estado y por los actores del sistema.
Es indispensable entonces, el diseño de un nuevo sistema de prevención de los riesgos laborales donde el Estado, en su instancia nacional y provincial, reasuma un rol primario, protagónico e insustituible para la aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad Industrial y sus decretos reglamentarios, así como las resoluciones de la SRT en esta materia.
No parece prudente fusionar en una ley un régimen de accidentes con un sistema de prevención de higiene y seguridad. La primera opera "después del siniestro" para reparar el daño, mientras que la segunda lo hace "antes", para evitar o disminuir las consecuencias del accidente o enfermedad profesional.
No es necesario modificar la ley 19.587, sino actualizar sus reglamentaciones a la luz del progreso tecnológico: por ejemplo en el comercio, los servicios, el transporte y la energía.
Los trabajadores deberán tener derecho a participar en la prevención a través de los Comités de Higiene y Seguridad del Trabajo, pero en modo alguno deben ser corresponsables del cumplimiento del deber de seguridad.
La reparación plena debe estar garantizada otorgando el resarcimiento integral por los todos los daños que sufran las victimas laborales como persona humana, y no sólo el limitado lucro cesante proveniente del empleo en que ocurrió el siniestro. La Corte Suprema, ratificó el criterio de reparación plena y acumulación indemnizatoria, de modo que el damnificado pueda reclamar a la ART lo regulado por la ley especial y al empleador, por los mayores daños y perjuicios sufridos no satisfechos por aquella, igual que cualquier otro dañado de nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando acredite los presupuestos de la responsabilidad civil.
La Corte Suprema, en los fallos dictados: "Aquino", "Llosco" y "Aróstegui" ratificó el criterio de acumulación de resarcimientos, no en el sentido de que el trabajador o los derechohabientes cobren la totalidad de la reparación plena al empleador más la indemnización tarifada de la LRT, sino que el damnificado puede reclamar de la ART lo regulado por la ley especial y en forma paralela, sucesiva o conjuntamente puede demandar al empleador en razón de los daños y perjuicios no satisfechos por la indemnización tarifada, a través de la vía del derecho común, si es que - como ya se refiriera se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil.
En este sentido, cabe destacar que el Grupo de Expertos en Relaciones Laborales convocado por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución MTEySS 502/2005, para elaborar propuestas renovadoras en materia de derecho laboral, concluyó con respecto a este tema que: "[c]on relación al sistema de reparación de los daños provenientes de un accidente o enfermedad del trabajo, será indispensable tener en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (citan al caso 'Llosco') según la cual la percepción, por parte del trabajador, de las prestaciones que derivan de la Ley de Riesgos para resarcir la incapacidad permanente, no impide que ejerza su derecho a obtener indemnizaciones por la vía de la acción civil, sobre la base de que ambos regímenes legales (el especial y el derecho civil) resultan independientes".
Con el dictado de los fallos referidos quedó sepultado el conocido criterio reformista de la ley, que respecto a la responsabilidad civil del empleador, plantea la llamada "opción excluyente con renuncia", que obligaba al damnificado a elegir entre la reparación tarifada o la emergente del derecho común, de tal modo que si percibía la primera, abdicaba del derecho a poder plantear la segunda.
La opción de elegir una de las dos acciones aparece en los tiempos actuales como insostenible y discriminatoria, dado que todos los habitantes sometidos a un daño injustamente sufrido, incluido los trabajadores, tienen derecho a una indemnización integral que, para que sea justa, debe cubrir todos los perjuicios, no pudiendo quedar ningún daño sin su adecuada reparación.
De adoptarse este criterio, implicaría un retroceso respecto del escenario jurisprudencial actual, en el que el trabajador tiene derecho a percibir las prestaciones de la LRT -de carácter irrenunciables (art. 11, LRT) - y reclamar por la vía civil la reparación de todos los demás daños sufridos por el trabajo, sin ningún otro límite que la acreditación de los presupuestos de responsabilidad civil.
La previsibilidad de los costos de las condenas civiles debe resolverse por medio del aseguramiento diferenciado de la responsabilidad civil que proponemos se convierta en obligatorio, y se modifiquen las desvirtuaciones y exclusiones del mismo contenidas reguladas en la Resolución de la. Superintendencia de Seguros de la Nación Nº 35550/11.
Los deberes legales de prevención y control impuestos a las ART por la ley original y la jurisprudencia de la Corte Suprema han sido ratificados en este proyecto determinando la responsabilidad plena frente a las víctimas, por los daños que sus conductas omisivas generaren.
Esta responsabilidad se deriva de la sentencia "Torrillo" de la Corte Suprema que ha sentado la doctrina definitiva de que en el caso de que las aseguradoras no cumplan con la actividad diligente en relación a la prevención de los riesgos, pueden ser condenadas civilmente por los daños sufridos por el trabajador, que tengan un nexo de causalidad adecuada con las omisiones a los deberes de higiene y seguridad del trabajo, que hubiera incurrido la empleadora y que no fuera prevenido, fiscalizado, controlado o denunciado por la ART.
Las enfermedades laborales se han regulado a la luz del escenario jurisprudencial actual, optándose por un sistema mixto configurado por un listado indicativo y la posibilidad de su ampliación en cada caso concreto, de acuerdo a la relación de causalidad amplia que el damnificado pueda acreditar en las instancias administrativas o judiciales.
Este criterio ha sido ratificado por los Convenios 155 y 187 de la OIT y el Protocolo de 2002 también de la OIT, ratificados por las leyes 26693 y 26694, que han incorporado nuevas de enfermedades profesionales, causadas por agentes químicos, físicos y biológicos hasta enfermedades de origen respiratorio y de la piel, trastornos del sistema osteomuscular, mentales y del comportamiento y cánceres profesionales. Además se incluyen en estos convenios puntos abiertos que permiten el reconocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran en la lista siempre y cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición a los factores de riesgo que resulte de la actividad laboral y las enfermedades contraídas por el trabajador.
La predisposición constitucional del damnificado no podrá ser invocada para excluir a la enfermedad laboral, cuando el trabajo o las condiciones ambientales donde éste se desarrolla hubieran obrado eficientemente como factor relevante y/o reagravante y previsible de la dolencia.
Esta opinión se fundamenta en que si el empleador y la ART efectúan los exámenes preocupacionales y periódicos, (Resolución SRT 37/10) pueden controlar la salud del trabajador destinándolo a lugares acordes con su aptitud.
Los Convenios de la OIT ya referidos de aplicación legal en nuestro país en virtud de las leyes 26693 y 26694 ampliaron el concepto de accidente de trabajo designando como tales a los accidentes "que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y el lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o el lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración y la residencia principal o secundaria del trabajador".
Por lo tanto, estas pautas han sido tomadas en cuenta en este proyecto modificando el criterio de la LRT que los definió, restringidamente.
El concepto de accidente se ha limitado a la definición de nuestra tradición legislativa y jurisprudencial por el hecho o en ocasión del trabajo incluyendo el in itinere de la forma amplia como también lo indica la OIT, definición que también ha sido corregida.
Se han elevado las indemnizaciones tarifadas de la ley especial, sustituyendo el coeficiente actual de 53 por el de 70 y el factor de la edad se elevó 80 años que es el promedio de vida actual, pues se trata de una ley que repara daños laborales, no un régimen jubilatorio.
Se han eliminado topes indemnizatorios y se conservan los pisos indemnizatorios fijados por el decreto 1694/09, aunque a diferencia de éste último, se fijaron en forma equitativa, razonable y ajustable para no ser consumidos por la inflación y los aumentos salariales.
Las Sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Castillo", "Venialgo" y "Marchetti" constituyen un conjunto armónico que ha determinado, la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22, 46 inc. 1 de la LRT y de las normas y correspondientes del decreto 717/96. En consecuencia surge como doctrina de aplicación para todos los tribunales del país, que las comisiones médicas creadas por la LRT, al constituir organismos de carácter federal, son inconstitucionales y los trabajadores, o los derechohabientes, pueden ocurrir directamente ante los Tribunales del Trabajo para reclamar las prestaciones dinerarias o en especie de la LRT, sin tener que atravesar el laberíntico procedimiento ante las Comisión Médicas.
Este proyecto ha considerado esta doctrina de la Corte Suprema en el sentido de que, siendo la materia de accidentes del trabajo de naturaleza de derecho común, los legisladores nacionales deben limitarse a regular el contenido material de la ley. El procedimiento y la jurisdicción que intervendrán en la dilucidación de los conflictos deben quedar reservados para ser legislados por cada una de las Provincias.
Hemos considerado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la vía administrativa previa excluyentemente especializada en riesgos del trabajo, sea voluntaria para el trabajador, de manera de no interferir en su derecho constitucional de acceso directo e inmediato al Juez Natural, derecho que -de más está decirlo- gozan las restantes categorías de dañados de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no cabe discriminar en tal sentido al trabajador.
En todas las instancias deberá garantizarse el derecho de los damnificados al acceso directo ante el Juez natural (artículos 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Respecto de la instauración de sistema de mutuales, reiteradamente invocadas en los últimos tiempos, en verdad, lo relevante será que éstas deberán estar en efectivas condiciones de solvencia para responder por las prestaciones en especie y dinerarias. Cuanto mínimo sostenemos que deberá estar integrada cada una por 35.000 empleadoras, debiendo cada integrante de la Mutual ser solidarias y garantes entre sí, frente a los damnificados.
En esta inteligencia es preciso destacar que hoy existen aproximadamente 800.000 establecimientos asegurados por las ART. Se trata de empleadores pequeños, medianos y grandes; su autoorganización para otorgar prestaciones dinerarias y en especie implica un grado sofisticado de especialización y sustitución del sistema vigente, de compleja implementación.
Con respecto a la intervención de los Sindicatos en aseguradoras, el tema reparos, ya éstas aseguran los riesgos laborales del empleador. De modo que, cabe preguntarse, en qué posición definitiva se colocará el Sindicato frente a los conflictos naturales entre el trabajador y la aseguradora. ¿Defenderá el interés individual del trabajador como le ordena la Ley de Asociaciones Sindicales o asumirá su condición de asegurador, lo que implícitamente lo llevará a un conflicto de intereses con su afiliado?
Por tal motivo hemos vedado el acceso de las Asociaciones Sindicales a la participación con entes de gestión del sistema de riesgos del trabajo.
La repetición de despidos de trabajadores damnificados luego del alta médica, requieren una tutela específica por lo que se advierte la necesidad de prever soluciones para asegurar una protección eficaz del empleo del trabajador afectado de una incapacidad parcial, que puede seguir trabajando (conforme la ley 26.378 que aprueba la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Estos despidos encubren actos discriminatorios y producen un serio daño en la vida del trabajador parcialmente incapacitado por un accidente o enfermedad profesional. Así, por ejemplo, el damnificado a los tres meses de esta cesantía carecerá de atención médica de su Obra Social (artículo 10, inciso a, ley 23.660), de la posibilidad de jubilarse por invalidez (porque no reúne los requisitos), como también de la posibilidad de acceder a un nuevo empleo, ya que su minusvalía le dificulta el acceso al mismo, lo que obviamente se muestra agravado por el contexto económico social. Asimismo, el trabajador despedido se encuentra privado de la posibilidad de seguir aportando para poder acceder a su jubilación ordinaria.
Esta propuesta sintéticamente refleja a nuestro entender el modelo de un régimen de reparación de infortunios laborales, que se adecua a las garantías constitucionales e incluye - tanto en sus contenidos sustanciales como procesales lo señalado por la Corte Suprema en sus históricos pronunciamientos.
También se ha propuesto en el Proyecto la derogación del artículo 16 del Decreto 1694/09 en virtud de su aplicación excluyente a las siniestros ocurridos con posterioridad al 6 de noviembre del 2009, que entró en vigencia, configura un perjuicio inequitativo e irrazonable respecto a los damnificados que han sufrido daños con anterioridad a esa fecha pero que no se le cancelaron todavía sus acreencias, y se las pretende abonar con los criterios y pautas del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1278/00, dictado en diciembre del años 2000.
Cabe aclara al respecto que el Poder Ejecutivo Nacional a través del dictado del Decreto 1694/09 ha dispuesto mejoras parciales a las prestaciones dinerarias establecidas por la Ley 24.557, sin embargo dichas mejoras han quedado deslucidas porque, según el artículo 16 del decreto 1694/09, las disposiciones contenidas en el mismo "se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Con esta disposición, las mejoras se aplicaron a los siniestros ocurridos a partir del 6 de noviembre de 2009, fecha de publicación del mencionado decreto en el Boletín Oficial. De este modo quedaron desprotegidos los damnificados que durante largos años continuarán perjudicados por la percepción de prestaciones dinerarias no actualizadas, topes y pautas de liquidación seguirán los criterios fijados en aquel ya lejano diciembre de 2000.
A modo ilustrativo puede referirse el supuesto de un trabajador damnificado con una incapacidad superior al 50 % de la total obrera que ha sufrido un accidente antes del 6 de noviembre de 2009. Es frecuente advertir que el lapso de su incapacidad permanente provisoria parcial o total, fijada por las comisiones médicas, dure hasta 60 meses y ello, recién después de vencido el año de incapacidad laboral temporaria, con lo cual, sufrirá un notable perjuicio por hallarse obligado a percibir, por ejemplo en los años 2012 y 2013 y aún después, una prestación en concepto de incapacidad permanente definitiva, cercenada por los inicuos topes del DNU 1278/00, dictado durante la vigencia del régimen de convertibilidad.
Si la víctima no ha visto reconocidos y satisfechos en forma oportuna sus créditos y ha debido recorrer un proceso administrativo o judicial, transcurso durante el cual cambian sustancialmente las circunstancias económicas, lo que además es reconocido por la nueva normativa que admite lo exiguo del régimen original, es evidente que se desnaturaliza la finalidad resarcitoria al otorgársele una indemnización fuertemente depreciada al momento de percibirla.
De aplicarse dogmáticamente la solución prevista en el artículo 16 del decreto 1694/09, se produce un "enriquecimiento sin causa" de las aseguradoras. En efecto, ellas han venido percibiendo alícuotas de los empleadores sobre salarios actualizados por los aumentos establecidos en los convenios colectivos de trabajo, mientras simultáneamente venían, desde hace muchos años, abonando prestaciones absolutamente atrasadas, desactualizados y "topeadas", fijadas en diciembre de 2000. De tal modo, que seguir aplicando ese criterio reparatorio a siniestros no cancelados a la entrada en vigencia de la nueva norma, además de faltar a la equidad, enriquece sin causa a las obligadas.
A su vez, los damnificados han venido sufriendo un empobrecimiento creciente durante ese mismo período en que no se corrigió la normativa. Extender esta situación no se adecua a criterios de justicia y equidad y configura un caso típico de enriquecimiento del deudor causalmente relacionado y correspondido con el empobrecimiento del acreedor.
Es decir que, aunque las reformas del PEN resultaron insuficientes, menos equitativo es aún la privación de las mejoras dictadas en el marco del mismo régimen legal, ya que los damnificados no han visto canceladas sus prestaciones.
En definitiva el artículo 16 es inconstitucional por contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado (arts. 14, 14 bis y 17 CN) y la aplicación de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad, pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia de la norma, no implica la retroactividad de la ley (art. 3º CC) ni afecta el derecho de propiedad de las obligadas del sistema fijado en 2000.
La jurisprudencia mayoritaria de la Justicia laboral ha sostenido que deben aplicarse las mejoras a las prestaciones dinerarias y la eliminación de topes fijados en el decreto 1694/09 a las indemnizaciones devengadas con anterioridad, pero no canceladas a la fecha de entrada en vigencia del mismo, sin que ello configure un supuesto de aplicación retroactiva de la ley. Lo han dispuesto a través de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 del Decreto 1694/09 en algunos casos, y en otros por razones de equidad y aplicación analógica de la ley: Vg.: Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala II, fallo del 8 de abril de 2011, autos "Garis, Luis Walter en J° 17.616 Garis, Luis Walter C/ La Segunda ART S.A. P/ Acc. S/ Inconstitucionalidad y Casación"; Juzgado Nacional del Trabajo N° 23, Sentencia definitiva del 5 de agosto de 2010 en los autos "Rivas, Rubén c/Nación Seguros y otros s/Acción de Amparo. Inconstitucionalidad del art. 16, Dec. 1694/09"; CNAT Sala II, Trabajo, SD 92440, del 30 de diciembre de 2010, causa "Pérez Hoyos, Irene Miriam c/ART Interacción s/Amparo"; Juzgado Nacional del Trabajo Nº 14, Sentencia definitiva Nº 24.579 del 31 de mayo de 2010 -declarada firme el 3 de agosto de 2010-, "Cardozo, Laura Teresa p/sí y en rep. de sus hijos men. Aldana Antonella, Laura Vanina e Iván Ariel Luna c/Asociart ART S.A. s/Acción de Amparo" (Expte. Nº 24.916/09), CNAT, Sala VII, fecha 19 de agosto de 2010, "Ojeda, Anabela Vanesa p/sí y en representación de sus hijos men. Alan Nahuel y Lucas Manuel Sturla c/ART Interacción SA".
Por último, se subsana la errónea disposición de las AFJP, en ocasión de dictarse la Ley 26.425 de transferir a la ANSES (y ésta recibirlos también en forma incorrecta), los fondos provenientes de la rentas de la ley 24.557, ya que el artículo 7° de la ley 26.425 sólo se ciñe a determinar la transferencia a la Administración Nacional de la Seguridad Social de los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la ley 24.241 y sus modificatorias, omitiéndose toda consideración acerca de los fondos que podrían provenir de la remisión efectuada por la ley 24.557 (Vg. "Fiscalía General del Trabajo, Dictamen 48.652 del 4/08/2009 correspondiente a los autos de CNAT, Sala II, "Díaz, Juana Rosa c/Orígenes AFJP s/Accidente Ley Especial", Expte. Nº 24101/2000; CNAT, Sala II, Expte. Nº 24101/2000, Sentencia Interlocutoria Nº 57998, "Díaz, Juana Rosa c/Orígenes AFJP s/Accidente Ley Especial". Idem CNAT, Sala II, Sent. Int. 58.369 del 27/10/2009, Expte. N° 4063/2008, "Torrez Orondo, Honorata c/Orígenes AFJP SA s/accidente-acción civil"; CNAT, Sala V, "Jara, Jorge Román Ramón c/Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSeS s/Acción de Amparo", 30/10/2009; Cámara del Trabajo de Villa María, sala unipersonal, 25 de octubre de 2010, "Pereyra, Oscar Raúl c. Consolidar AFJP y otra", La Ley Online; AR/JUR/63568/2010.
Por todo esto los abajo firmantes formulamos esta propuesta como una invitación al debate sobre una reforma necesaria, urgente e integral a la Ley de Riesgos del Trabajo, a la que proponemos llamar Ley de Prevención y Reparación de los daños producidos en las relaciones laborales. Sin duda, ese debate, las consultas y todos los proyectos e iniciativas, contribuirán a alcanzar y optimizar el resultado; y así podremos cumplimentar nuestro mandato constitucional dando al país una herramienta eficaz de tutela de los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores, en especial referida a las condiciones de salud y seguridad en el ámbito laboral.
Diputados Orden del Dia 1072/2012 ESTE EXPEDIENTE HA SIDO TENIDO A LA VISTA EN EL ORDEN DEL DIA 1072/12 16/10/2012