Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0040_ES.html
Timestamp: 2020-06-02 23:58:19
Document Index: 156840919

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 9']

399k 183k
sobre la consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias
sobre alcanzar el objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias
– Visto el Reglamento (UE) n.º 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013(1),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas(2),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006(4),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 1083/2006 del Consejo(5),
– Vista la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas,
– Vistas la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE(6), y su Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre la revisión del plan de acción para la eficiencia energética(7),
– Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición)(8),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2014, titulada «Preparar la revisión de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2014)0130),
– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758) y los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, así como su Resolución, de 15 de noviembre de 2011(9), sobre el mismo asunto,
– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), y su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020(10),
– Vista la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, titulada «El derecho humano al agua y el saneamiento»(11),
– Visto el informe del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF (2012) «Medición de la pobreza infantil: Nuevas tablas clasificatorias de la pobreza infantil en los países ricos del mundo»(12),
– Visto el informe del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF (2014) «Los niños de la recesión: El impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos»(13),
– Visto el estudio trimestral de la Comisión sobre la situación social y del empleo en la UE, de septiembre de 2015(14),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de junio de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social : Un marco europeo para la cohesión social y territorial(15),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2013, sobre el tema «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética»(16),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el tema «Renta mínima europea e indicadores de pobreza»(17),
– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de marzo de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social(18),
– Visto el dictamen conjunto del Comité de Protección Social (CPS) y del Comité de Empleo (EMCO), de 3 de octubre de 2014, titulado «La revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020»(19),
– Visto el informe anual del CPS, de 15 de febrero de 2010, titulado «La situación social en la Unión Europea (2014)(20),
– Vistos los estudios titulados «The State of Lending: The Cumulative Costs of Predatory Practices»(21), de junio de 2015, y «Le panier de la ménagère ... pauvre»(22), de agosto de 2008,
– Visto el Dictamen del Comité de Protección Social, de 15 de febrero de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión social – Iniciativa emblemática de la Estrategia «Europa 2020»(23),
– Vista su Resolución, de 15 de julio de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water(24),
– Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde(25),
– Vistas la Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros(26) y su Posición, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros(27),
– Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(28),
– Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea(29),
– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los servicios bancarios básicos(30),
– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa(31),
M. Considerando que la combinación de crisis económica y financiera, medidas de austeridad, aumento de los precios de la vivienda y caída de los ingresos de los hogares ha incrementado el desempleo y la exclusión social en la Unión, especialmente en los grupos más vulnerables de la población, aumentando así la demanda que recae sobre los servicios de protección social;
N. Considerando que, con la crisis, el desempleo entre los jóvenes, que ya era más alto que en los demás grupos de edad, ha registrado un aumento drástico en la Unión hasta superar el 20 % y alcanzar un nivel crítico en todos los Estados miembros, lo que puede hacerles caer en la pobreza desde una edad muy temprana; considerando las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre los últimos informes periódicos de determinados países europeos en relación con el aumento de las tasas de pobreza y/o de riesgo de pobreza infantil debido a la crisis económica; que dicho aumento afecta a los derechos a la salud, a la educación y a la protección social;
Q. Considerando que la pobreza energética está ligada a la pobreza general y es consecuencia de varias condiciones subyacentes, entre ellas los elevados precios de la energía, las técnicas comerciales y mercantiles agresivas, los problemas relativos a la salud y la discapacidad, la falta de acceso a ofertas adaptadas o servicios en línea, los bajos ingresos, el tipo de sistema de calefacción en uso en el hogar y la calidad y rendimiento energético del parque inmobiliario;
T. Considerando que la pobreza energética puede definirse como la incapacidad de los hogares de mantener un abastecimiento energético adecuado para garantizar unos niveles básicos de confort y salud, debido a la combinación de unos ingresos bajos, unos precios de la energía elevados y un parque de viviendas de mala calidad;
U. Considerando que el próximo informe de Eurofound sobre la vivienda en Europa incluirá un modelo que estima que, debido a los actuales niveles de viviendas inadecuadas (según datos de 2011), el coste total del gasto médico supera los 170 000 millones EUR al año para las economías de la UE de los 28; que, si se llevase a cabo todo el trabajo de reparación, se ahorrarían en gastos médicos cerca de 8 000 millones EUR en el primer año, y se seguirían acumulando ahorros posteriormente;
V. Considerando que las Naciones Unidas han afirmado que el derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho de todos a disponer, para uso personal y doméstico, de agua de calidad, salubre, físicamente accesible, asequible, en cantidad suficiente y aceptable; que en otra recomendación de las Naciones Unidas se afirma que el 3 % de la renta del hogar debería considerarse lo máximo que puede dedicarse a pagar el agua, allí donde deba pagarse; que la privatización de los servicios de agua tiene una repercusión negativa en los hogares pobres o en riesgo de pobreza;
W. Considerando que la pobreza energética es un problema cada vez más importante en Europa y es probable que se agrave en los próximos años como consecuencia de los aumentos de precio previstos de la energía, el aumento simultáneo de la desigualdad de rentas y la pobreza en general, la falta de sistemas de calefacción adecuados, así como la escasa calidad general de los sistemas de aislamiento de las viviendas, en especial en los países mediterráneos;
X. Considerando que hay 12 millones más de mujeres que de hombres que viven en situación de pobreza en la Unión; que entre los factores que contribuyen a esta desigualdad se incluye la desigualdad de salarios y de pensiones por razón de género, la gran proporción de mujeres que ocupan puestos de trabajo precarios y el hecho de que a menudo las mujeres se ven abocadas a la inactividad económica debido al coste prohibitivo de las guarderías;
Y. Considerando que las desigualdades con respecto a los hombres en cuanto a remuneración, horario de trabajo y duración de la vida laboral a que se enfrentan las mujeres durante su vida activa repercuten directamente en sus pensiones de jubilación; que el riesgo de pobreza o exclusión social en el caso de las mujeres mayores de 65 años es notablemente superior al de los hombres de su misma edad, ya que la pensión de jubilación media de una mujer es en la actualidad inferior, y a menudo con bastante diferencia, a la de un hombre;
Z. Considerando que la Unión de la energía debe proporcionar respuestas eficaces a la pobreza energética, que afecta a más de 100 millones de europeos, mediante el refuerzo de la posición de los consumidores más vulnerables, la mejora de la eficiencia energética para los más vulnerables y el desarrollo de medidas correctoras que permitan a las personas necesitadas disponer de energía a un coste asequible;
AA. Considerando que la Directiva 2012/27/UE pide a los Estados miembros que desarrollen programas para sensibilizar, informar y asesorar a las personas y los hogares sobre la eficiencia energética;
AB. Considerando que, con respecto a los 9 puntos señalados como indicadores de privación material grave (pagar el alquiler o las facturas de servicios; mantener adecuadamente caliente la casa; afrontar gastos inesperados; comer carne, pescado o proteína equivalente cada dos días; pasar una semana de vacaciones fuera de casa una vez al año; tener coche; tener lavadora; tener televisor en color; tener teléfono), varios estudios indican que los precios de mercado son en última instancia superiores para los hogares en riesgo de pobreza;
AC. Considerando que, dada la situación de pobreza de una familia como algo indivisible, cabe destacar el efecto que tiene el aspecto energético en la pobreza;
AD. Considerando que la renovación del parque nacional de edificios en busca de una mejora en la eficiencia del uso de la energía tendrá un impacto directo en la reducción de los costes energéticos, en particular para las familias con menos recursos y fomentará la creación de empleo;
AE. Considerando que 22 348 834 hogares (aproximadamente el 11 % de la población de la Unión) gastan más del 40 % de la renta disponible en vivienda; que el Semestre Europeo ha considerado el sobrecoste de vivienda una tendencia social que hay que vigilar observar; que 21 942 491 hogares (aproximadamente el 10,8 % de la población de la Unión) tienen dificultad en mantener su vivienda a una temperatura adecuada; que la Unión y los Estados miembros deben definir, aplicar y mantener con carácter urgente medidas políticas que permitan a los hogares afrontar los gastos de vivienda, incluidas ayudas para la vivienda;
AF. Considerando que los precios del mercado de la energía en Europa se encuentran en un proceso de convergencia y que el poder adquisitivo no converge al mismo ritmo;
AG. Considerando que el acceso a la vivienda social constituye un derecho fundamental que puede considerarse una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna; que la garantía del acceso a una ayuda para una vivienda digna y adecuada constituye una obligación internacional de los Estados miembros que la Unión debe tomar en consideración, por cuanto el derecho de acceso a la vivienda y de percibir una ayuda de vivienda está reconocido tanto en el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en los artículos 30 y 31 de la Carta Social revisada adoptada por el Consejo de Europa y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en numerosas constituciones de los Estados miembros;
AH. Considerando que la vivienda representa la partida de gasto más importante de los hogares europeos; que la pronunciada subida de los precios asociados a la vivienda (terrenos, propiedad, alquiler, consumo energético) constituye una fuente de inestabilidad y ansiedad y debe considerarse un tema de preocupación fundamental;
AI. Considerando que la privación de vivienda y la pobreza energética son mayores en los países con una menor proporción de viviendas sociales, es decir, los países orientales y mediterráneos;
AJ. Considerando que el parque de viviendas sociales en porcentaje del parque inmobiliario total indica que los países occidentales y septentrionales presentan una proporción de viviendas sociales mayor que la media europea, mientras que los países mediterráneos y orientales mantienen un parque mínimo de viviendas sociales (5 %) o carecen completamente de sector de vivienda social; que la privación de vivienda y la pobreza energética son mayores en los países con una menor proporción de viviendas sociales, es decir, los países orientales y mediterráneos;
AK. Considerando que la investigación de Eurofound afirma que, en el caso de muchas personas con bajos ingresos, los atrasos en el pago de servicios públicos son un tipo principal de deuda, algo que a veces se pasa por alto;
AL. Considerando que la vivienda social desempeña un papel esencial en la realización del objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020, ya que contribuye a garantizar un alto nivel de empleo y de inclusión y cohesión social, favorece la movilidad profesional y contribuye a luchar contra la precariedad;
AM. Considerando que el informe de Eurofound titulado «Access to benefits: reducing non-take-up» destaca claramente el problema de que las prestaciones sociales y los regímenes de renta mínima no siempre llegan a quienes tienen derecho a ellos; que no basta con establecer estos sistemas, sino que debe garantizarse su aprovechamiento por parte de quienes tienen derecho a ellos; que también deben tenerse en cuenta los ahorros generados a largo plazo gracias a que las prestaciones lleguen a las poblaciones destinatarias de manera inmediata, eficaz y eficiente;
AN. Considerando que la crisis ha repercutido en las condiciones de acceso a la vivienda de las familias, así como en la inversión en viviendas sociales en la Unión, que el gasto público consagrado a la inversión en viviendas sociales se ha visto muy afectado y que ello impone una actuación urgente de los Estados miembros y la Unión para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible;
AO. Considerando que la pobreza y la exclusión social siguen siendo un determinante social clave del estado de salud y las condiciones de vida, incluida la esperanza de vida, en particular dada la repercusión de la pobreza infantil en la salud y el bienestar de los niños, y que las diferencias en materia de salud entre ricos y pobres siguen siendo importantes, en particular por lo que respecta a un acceso asequible a los servicios sanitarios, la renta y la riqueza, y siguen ahondándose en determinados ámbitos, y que la brecha en términos de salud entre ricos y pobres sigue siendo grande, en particular en lo que se refiere a un acceso asequible a los servicios de salud, y se sigue ampliando en algunos sectores;
AP. Considerando que el Comité de Protección Social del Consejo de la Unión Europea, en su Dictamen de 20 de mayo de 2010, manifestó su preocupación por que la crisis económica y financiera actual pueda tener repercusiones negativas en el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria y en los presupuestos para la salud de los Estados miembros;
AQ. Considerando que la actual crisis económica y financiera puede tener un grave impacto en el sector de la atención sanitaria en varios Estados miembros, tanto en lo referente a la oferta como a la demanda;
AR. Considerando que las restricciones provocadas por la actual crisis económica y financiera podrían perjudicar gravemente la viabilidad financiera y organizativa a largo plazo de los sistemas sanitarios de los Estados miembros y obstaculizar así la igualdad de acceso a la asistencia en su territorio;
AS. Considerando que la combinación de pobreza con otras formas de vulnerabilidad, como la infancia o la vejez, la discapacidad o la pertenencia a una minoría, incrementa aún más el riesgo de padecer desigualdades en materia de salud y que, viceversa, la mala salud puede llevar a la pobreza o a la exclusión social;
AT. Considerando que, según los últimos datos de Eurostat, el 21 % de los hogares de la Unión de los 28 no disponen de acceso a internet y un 20 % de las personas de 16 a 74 años declaran no haberlo utilizado jamás; que en los Países Bajos se registra la proporción más alta de hogares con acceso a Internet (95 %) y que Bulgaria se sitúa a la cola con un 54 % de hogares con acceso a internet;
AU. Considerando que el mercado único digital es una de las diez prioridades de la nueva Comisión y que, en el futuro, el 90 % de los puestos de trabajo requerirán competencias informáticas; que, si bien el 59 % de los ciudadanos europeos tienen acceso a la red 4G, en las zonas rurales este porcentaje no supera el 15 %;
AV. Considerando que un empleo digno sigue siendo el mejor modo de conjurar el riesgo de pobreza y exclusión social y que el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas representan bazas innegables en la búsqueda de un empleo;
AW. Considerando la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, sobre el derecho humano al agua y el saneamiento(32), que reconoce el derecho a un agua potable, salubre y limpia como derecho fundamental, esencial para el pleno ejercicio del derecho a la vida y de todos los derechos humanos;
AX. Considerando que la naturaleza transversal de los aspectos de género de la pobreza requiere un enfoque holístico para luchar contra la discriminación múltiple y abordar cuestiones como la vivienda, los costes de la energía, los servicios públicos, la seguridad en el empleo, el empleo precario y las políticas fiscales;
AY. Considerando que los objetivos de lucha contra la pobreza no se podrán alcanzar si no se combate la pobreza femenina, ya que tanto la igualdad de género como la capacitación económica y la emancipación de las mujeres son indispensables para lograr una convergencia al alza en la reducción de la pobreza;
AZ. Considerando que la recogida de datos y la elaboración de políticas sobre la pobreza, el coste de la vida y los ingresos tomando como base las familias como unidades constitutivas presupone uniformidad y una distribución equitativa de los recursos entre los miembros del hogar; que, en la práctica, las familias varían y la distribución puede ser desigual y estar vinculada al género, lo que exige, a la hora de definir las políticas, un enfoque que se base en los gastos y los ingresos individuales;
BA. Considerando que el 17 % de los hogares monoparentales, que en su gran mayoría tienen a una mujer como cabeza de familia, no pueden mantener su vivienda caliente, frente a solo un 10% de la población general; que, mientras que los precios al por mayor de la energía han disminuido, los precios al por menor se han incrementado, lo que se ha traducido en un aumento de los gastos; que lamentablemente la UE no cuenta con una definición de pobreza energética, si bien se trata de un fenómeno que afecta de forma desproporcionada a las mujeres;
BB. Considerando que la tasa de desempleo es mayor entre las mujeres jóvenes que en otros grupos de edad, lo que hace que exista el peligro de que caigan en la pobreza a una edad temprana;
BC. Considerando que el aumento de los gastos de las familias y la carga suplementaria que representa el coste de la vivienda explican, entre otras razones, que haya mujeres sin hogar, y que, por tanto, es necesario seguir investigando acerca del porcentaje de mujeres que pierden su hogar o lo abandonan, así como sobre las causas de este fenómeno; que el endeudamiento individual y de las familias está vinculado directamente con los gastos relacionados con el hogar y es una de las causas de la pobreza y la exclusión social;
Sobre la base de las recomendaciones formuladas en el presente informe de propia iniciativa:
3. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre los regímenes en materia de renta mínima en la UE y examine otras medidas que tengan en cuenta las circunstancias económicas y sociales de cada Estado miembro, y que evalúe si estos regímenes permiten a los hogares satisfacer sus necesidades personales básicas; pide a la Comisión que, sobre esta base, evalúe la manera y los medios de establecer en los Estados miembros una renta mínima adecuada superior al umbral de la pobreza que represente el 60 % de la renta nacional media en todos los Estados miembros, de conformidad con las prácticas y tradiciones nacionales, al tiempo que respete sus características de cada uno de ellos, con vistas a apoyar la convergencia social en la UE;
7. Pide a los Estados miembros que ofrezcan a todos un apoyo a la renta adecuado y accesible, incluida una renta mínima por encima del umbral de la pobreza a lo largo de toda la vida mientras sea necesario, y que ofrezcan diferentes tipos de compensación esencial para abordar la situación de pobreza cuando los costes no puedan reducirse a corto plazo; destaca la importancia de definir unos criterios de selección para poder disfrutar de un régimen de renta mínima adecuada;
35. Señala que dicha definición debe elaborarse junto con quienes sufren la pobreza y con asociaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la incapacidad para un hogar de contar con un nivel adecuado de abastecimiento energético para todos los usos energéticos del hogar;
36. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre la pobreza energética en Europa, acompañada de un plan de acción para ayudar a los Estados miembros en este sentido; pide a la Comisión que facilite evaluaciones de impacto e información sobre las mejores prácticas para combatir la pobreza energética en los Estados miembros en este contexto; insiste en que la energía debe ser asequible para todos los ciudadanos de la Unión;
37. Subraya que ya existe una generación perdida; destaca, por lo tanto, que es extraordinariamente importante evitar que más jóvenes sean víctimas de la pobreza energética en el futuro;
38. Observa que se ha demostrado que la educación económica y financiera a edad temprana mejora la toma de decisiones económicas en fases posteriores de la vida, también en la gestión de gastos e ingresos; recomienda el intercambio de buenas prácticas y el fomento de programas formativos destinados a las mujeres y las niñas de grupos vulnerables y comunidades marginadas expuestos a la pobreza y la exclusión social;
39. Subraya que una parte nada despreciable de las personas víctimas de la pobreza energética se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social y que, por consiguiente, no pueden aportar la necesaria inversión inicial en electrodomésticos energéticamente eficientes, por ejemplo en aislamiento o en energías renovables; señala que esto crea un círculo vicioso de gasto continuo de una proporción de la renta del hogar mayor de la necesaria en las facturas de servicios, mientras que no se aborda la ineficiencia energética, entre otras cuestiones;
40. Pide a la Comisión, al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y a los Estados miembros que estudien el fenómeno de las mujeres sin techo, sus causas y factores desencadenantes, ya que no se recoge de manera adecuada en los datos actuales; señala que los elementos específicos de género que deben tomarse en consideración incluyen la dependencia económica por razón de género, el alojamiento temporal y la renuncia a los servicios sociales;
41. Respalda la iniciativa para elaborar un presupuesto de referencia orientativo, y pide a la Comisión que, cuando lo diseñe, incorpore consideraciones específicas de género que incluyan las desigualdades de género a las que se enfrentan las familias;
42. Considera que la mayor esperanza de vida de las mujeres se ha de tener asimismo en cuenta como posible factor de vulnerabilidad y exclusión;
43. Pide a los Estados miembros y a la UE que concedan microcréditos y préstamos sin intereses o a un interés bajo a los hogares de renta baja (a través del BEI, por ejemplo) para ayudarles a afrontar la inversión inicial en energías renovables o eficiencia energética, por ejemplo en aislamiento, energía solar y electrodomésticos de bajo consumo;
44. Insta a los Estados miembro a que las inversiones que se realicen, tanto en nuevas viviendas como en las reformas de viviendas ya existentes, estén basadas en la eficiencia energética;
45. Reitera que destinar determinadas políticas y financiación de la Unión a reducir los costes energéticos de los hogares pobres invirtiendo para ello en energías renovables y en eficiencia energética puede tener múltiples efectos positivos a medio plazo: mejora de las condiciones de vida y la salud de las personas afectadas, reducción de los gastos del hogar, de forma que las familias pobres puedan disponer de un presupuesto adicional, aumento de las inversiones locales, creación de empleo local y contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020;
46. Resalta asimismo la necesidad de supervisar la utilización de los fondos y de simplificar la información y el acceso a tales recursos;
47. Insiste en la importancia de abordar la lucha contra la pobreza desde un punto de vista no solo social o político, sino también económico con efectos a medio plazo; insiste en que la Comisión debe incorporar entre sus prioridades la necesidad de combatir la dinámica desigualitaria en la que nos encontramos y que perjudica notablemente el crecimiento e incide muy negativamente en la cohesión y la pobreza;
48. Pone de relieve el papel de la Unión y de los Estados miembros en la reducción del coste de la energía en el presupuesto de los hogares, la primera garantizando la seguridad del abastecimiento, a fin de prevenir fluctuaciones importantes de los precios y la especulación en el mercado de la energía, mediante el refuerzo de interconexiones y una mayor integración del mercado e inversiones en energía sostenible, y aumentando las inversiones en investigación en materia de energías renovables, y los segundos reforzando sus políticas de ayuda a la eficiencia energética de los hogares prestando especial atención a los hogares desconectados de la red en situación de pobreza y de exclusión social; considera que la protección de los consumidores debe ser una de las prioridades de la Unión;
49. Considera lamentable la especulación financiera con recursos naturales y fuentes de energía, en especial los no deslocalizables, como las hidroeléctricas y, por tanto, insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten las disposiciones necesarias, también mediante una adecuada imposición fiscal, para reducir los costes de la energía de las familias pobres empleando, por ejemplo, los ingresos obtenidos de una fiscalidad apropiada;
50. Acoge con satisfacción que las inversiones en materia de eficiencia energética y en energías renovables sean admisibles en el marco de los Fondos EIE 2014-2020, habida cuenta de su importancia en la reducción del gasto energético de los hogares; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que exploten todo el potencial de los fondos europeos en relación con la lucha contra la pobreza energética; destaca que deben abordarse los obstáculos a un aprovechamiento eficiente, como la accesibilidad de los Fondos de Cohesión para las pequeñas organizaciones o la falta de información, en particular sobre los requisitos de solicitud;
51. Recuerda que la selección de los beneficiarios que trabajan con hogares pobres o que forman parte de estos exige ciertas condiciones previas, que se satisfacen mejor con los Fondos EIE, y no tanto con fondos más grandes como el FEDER;
52. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que faciliten el recurso a mecanismos de financiación cruzada, especialmente entre el FSE y el FEDER por lo que se refiere a proyectos de eficiencia energética o de energías renovables dirigidos a hogares en situación de pobreza energética; subraya las múltiples ventajas de los programas plurifondo a la hora de abordar cuestiones transversales como las relacionadas con la pobreza energética;
53. Hace hincapié en que la calidad de la vivienda de los hogares de renta baja en las regiones rurales tiende a ser muy mala, ya se trate de inquilinos o de propietarios; recuerda que esto se suma al llamado efecto de encajonamiento de los elevados costes de los servicios públicos sin margen para invertir en la reducción del gasto energético; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la manera como Leader y el Feader orientan la lucha contra la pobreza energética en las zonas rurales dirigiendo los programas operativos y la financiación hacia la generación de energía renovable diversificada, en particular en las redes locales, que incluya medidas de eficiencia energética de los edificios reservados a hogares afectados por la pobreza energética;
54. Recuerda que los arrendatarios tienen un acceso limitado a la financiación de la eficiencia energética, puesto que no son los propietarios de los inmuebles; recuerda que los arrendatarios pueden tener menores incentivos de inversión, ya que se mudan con mayor facilidad y frecuencia que los propietarios de inmuebles; acoge favorablemente el proyecto piloto de la Comisión «Pobreza energética – Evaluación del impacto de la crisis y revisión de las medidas existentes y de posibles nuevas medidas en los Estados miembros», que tiene por objeto abordar esta cuestión; pide a la Comisión que, sobre la base de los resultados de este proyecto piloto, desarrolle disposiciones para abrir financiación de la Unión a medidas de eficiencia energética tomadas por los arrendatarios;
55. Recuerda a los Estados miembros que debe asignarse al objetivo de «fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza» como mínimo el 20 % del total de los recursos del FSE destinados a cada Estado miembro y que también puede utilizarse el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas para medidas de inclusión social;
56. Hace hincapié en el alivio inmediato y la mejora de las condiciones de vida de los hogares más desfavorecidos cuando se les dota de recursos de energía renovable de bajo coste a pequeña escala, como paneles solares para hogares no conectados a la red de energía;
57. Se congratula de que la legislación europea en materia de política energética reconozca objetivos sociales en las políticas de eficiencia energética, en concreto en la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y en la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios; lamenta que los Estados miembros no saquen el máximo partido de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2012/27/UE en beneficio de los hogares afectados por la pobreza energética y de las viviendas sociales (artículo 7, apartado 7); pide a la Comisión que, en su revisión y evaluación de impacto del paquete sobre eficiencia energética, evalúe la aplicación y el uso del artículo 7, apartado 7, y del artículo 5, apartado 7; pide asimismo a la Comisión que, sobre la base de dicha evaluación, se plantee reforzar ese artículo 7, y en particular su apartado 7, de modo que se anime a los Estados miembros a incluir objetivos sociales en sus sistemas de obligaciones en materia de eficiencia energética;
58. Recuerda que las autoridades locales también tienen un papel que desempeñar en la promoción de instrumentos de financiación alternativa, incluidos modelos cooperativos, y en el fomento de acuerdos de compra colectiva para que los consumidores puedan combinar su demanda energética y obtener de esta forma precios de la energía más baratos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el papel de las autoridades locales en el alivio de la pobreza energética;
59. Pide a los Estados miembros que cumplan las normas de confort térmico en el hogar establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y que apoyen a los grupos más vulnerables, especialmente los niños pequeños, los ancianos y las personas con discapacidad o con una enfermedad crónica, a fin de proteger su salud y bienestar;
60. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar medidas inmediatas para acabar con el trabajo precario que impide a las personas tener unos ingresos regulares y seguros, creando así un obstáculo a la presupuestación eficaz y el pago de las facturas de los hogares;
61. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas;
62. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten medidas decisivas en materia de vivienda social y aumenten la inversión en eficiencia energética en la vivienda de alquiler social a través de los fondos europeos; recomienda a los Estados miembros que desarrollen la oferta de viviendas sociales de calidad, a fin de garantizar el acceso de todos, y en especial de los más desfavorecidos, a una vivienda adecuada; anima a los Estados miembros a que utilicen en mayor medida sus posibilidades de ofrecer vivienda social con construcciones legales alternativas; recomienda a los Estados miembros que apoyen a las alianzas de consumidores;
63. Subraya la importancia del cuidado infantil accesible y de calidad que permite a los progenitores volver al trabajo y aumentar sus ingresos; destaca la importancia que esto tiene para las familias monoparentales en particular y pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan medidas para mejorar de inmediato las disposiciones sobre cuidado infantil;
64. Observa que el aumento de la eficiencia energética, la renovación de edificios y las energías renovables son claves para abordar la cuestión de la pobreza energética; manifiesta su preocupación por que las políticas de renovación de viviendas a menudo no se dirijan a las personas más vulnerables; insiste en que las políticas de renovación de viviendas deben destinarse, ante todo, a las familias pobres, excluidas económicamente y vulnerables, con una atención especial a quienes se enfrentan a desigualdades de género y discriminación múltiple;
65. Señala la importante función de la empresa social y los modelos de negocio alternativos, como las cooperativas y las mutuas, a la hora de facilitar la inclusión social y la capacitación económica de las mujeres, especialmente en las comunidades marginadas, y favorecer su mayor independencia económica;
66. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la participación de las partes interesadas y creen procesos deliberativos a fin de impulsar y facilitar la colaboración directa de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente de las mujeres y niñas, en la formulación de las políticas de inclusión social a todos los niveles;
67. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan medidas para poner fin a la ultrajante desigualdad salarial por razón de género en la UE, que se sitúa actualmente en el 16 % y alcanza el 39 % en el caso de las pensiones, y destaca la importancia fundamental de esta medida para las madres solteras cuyos gastos domésticos pueden ser verdaderamente gravosos;
68. Señala que los progenitores únicos, la mayoría de los cuales son mujeres, están expuestos a un riesgo de pobreza superior a la media (34 %); indica que un importante factor que contribuye a este mayor riesgo es que, debido a los gastos de cuidado infantil, los progenitores únicos se enfrentan a la exclusión laboral o desempeñan trabajos precarios mal remunerados; insta a los Estados miembros a que actúen para establecer por ley un salario que garantice que puedan cubrirse las necesidades básicas de los trabajadores;
69. Observa que la brecha salarial y en las pensiones es uno de los elementos que más contribuye a la pobreza de las mujeres; toma nota de la incidencia que tiene a largo plazo en la pobreza de las mujeres su exclusión de ámbitos de la economía dominados tradicionalmente por los hombres, como la tecnología, la ciencia, la alta dirección y la toma de decisiones, así como la presencia excesiva de mujeres en ámbitos con salarios comparativamente bajos, como son el cuidado de personas, los servicios públicos, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo precario mal remunerado; muestra su preocupación por el hecho de que la feminización de la pobreza se deba en parte a la existencia desde hace mucho tiempo de normas que no son iguales para hombres y mujeres, lo que lleva a la priorización, en la política industrial y en los acuerdos salariales, de sectores en los que predominan los hombres, tales como el sector financiero;
70. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que combatan el problema de la pobreza y la exclusión social de las mujeres mediante iniciativas que aseguren empleos de alta calidad con un salario digno en los sectores donde predominan las mujeres; destaca la función que pueden desempeñar los sindicatos en la representación y capacitación de las mujeres en el lugar de trabajo y en la lucha contra la exclusión; pide a los Estados miembros que propongan y lleven a cabo encuestas salariales específicas por empleador y por sector, para dejar patente la existencia de regímenes salariales desiguales entre mujeres y hombres en el mismo lugar de trabajo, con vistas a acelerar el proceso hacia la equiparación salarial;
71. Destaca que las políticas destinadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social han de aplicarse de modo que valoren las circunstancias particulares de los grupos vulnerables y las comunidades marginadas, que afrontan formas específicas de desigualdades de género y discriminación múltiple; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan elaborando políticas que aborden la pobreza y la exclusión social a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad, las mujeres de más edad, las mujeres refugiadas y migrantes, las gitanas y las mujeres de minorías étnicas, del medio rural o de barrios desfavorecidos, así como las madres solteras y las estudiantes de secundaria y universitarias;
72. Recuerda que el acceso en condiciones de igualdad a una asistencia sanitaria universal de calidad es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, especialmente en la UE;
73. Recuerda que el acceso a la asistencia sanitaria resulta limitado con mucha frecuencia por factores financieros o regionales (por ejemplo, en las regiones poco pobladas), y ello en especial para la asistencia ordinaria (como los cuidados dentales o de óptica) y la prevención;
74. Destaca que la combinación de pobreza con otras formas de vulnerabilidad, como la infancia o la vejez, la discapacidad o la pertenencia a una minoría, incrementa aún más el riesgo de padecer desigualdades en materia de salud, y que una mala salud puede llevar a la pobreza;
75. Destaca la importancia de los servicios de salud y de asistencia para colmar las brechas de capacidad, mediante el fomento de la integración social de las personas y la lucha contra la pobreza y la exclusión social;
76. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo XXI», que establece acciones adicionales, en especial para mejorar el acceso a los servicios de salud, reducir los costes sanitarios y garantizar más igualdad entre los ciudadanos europeos;
77. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos por resolver las desigualdades socioeconómicas, lo que permitirá en última instancia reducir algunas de las desigualdades en materia de asistencia sanitaria; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que, basándose en los valores universales de dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad, centren su atención en las necesidades de los grupos vulnerables, como las personas que viven en la pobreza;
78. Pide a los Estados miembros que resuelvan los problemas de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria que afectan a la población en el día a día, por ejemplo, en el ámbito de la odontología y la oftalmología;
79. Insta a la Comisión a que haga todo lo que esté en su mano para alentar a los Estados miembros a ofrecer reembolsos a los pacientes, así como todo lo necesario para reducir las desigualdades en el acceso a los medicamentos para el tratamiento de afecciones o enfermedades como la osteoporosis postmenopáusica o la enfermedad de Alzheimer, para las que no existen reembolsos en determinados Estados miembros, y a que actúe con urgencia a este respecto;
80. Lamenta que la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa publicada por la Comisión no tenga en cuenta la necesidad de garantizar el acceso universal, igualitario e ilimitado a las nuevas tecnologías, mercados y telecomunicaciones digitales, en especial para las personas en riesgo de pobreza o de exclusión social;
81. Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que adopten estrategias para reducir la brecha digital y favorecer un acceso igualitario a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en especial para las personas en riesgo de pobreza o de exclusión social;
82. Recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho a un agua potable limpia y de calidad y al saneamiento como un derecho humano; señala, no obstante, que en determinadas regiones, en particular rurales y ultraperiféricas, no está garantizado el acceso al agua potable y que un creciente número de personas sufren dificultades para pagar sus facturas de agua; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible para garantizar sin demora que todos tengan acceso al agua potable; anima a los Estados miembros a que garanticen un suministro mínimo de agua y a que protejan los derechos humanos de los hogares vulnerables;
83. Alienta, por tanto, a los Estados miembros a que hagan lo necesario para que toda su población tenga acceso al agua potable en el plazo más breve posible;
Este informe de propia iniciativa tiene por objeto establecer vínculos entre la política energética y la política social en el debate europeo: por una parte, subraya que la UE se está alejando cada vez más del objetivo de lucha contra la pobreza fijado en la Estrategia Europa 2020, y, por otra, que la UE no aprovecha el potencial de que dispone para reducir los principales costes de los hogares pobres, orientando para ello los proyectos existentes en materia de energías renovables y eficiencia energética hacia las familias en situación de pobreza energética. Para cumplir el objetivo de lucha contra la pobreza de la Estrategia Europa 2020, así como los objetivos en materia de eficiencia energética, energías renovables y reducción de las emisiones, es necesario que las distintas partes interesadas avancen en la misma dirección sirviéndose de distintos instrumentos.
La Comunicación de la Comisión(33) da el primer paso hacia el establecimiento del pilar europeo de derechos sociales a fin de reforzar la dimensión social europea a través de un enfoque integrado que combinaría la modernización de la legislación vigente con nuevas medidas en apoyo de una mayor convergencia a lo largo del tiempo. La asunción por parte de la UE de un mayor compromiso social es una vieja promesa política que nunca se ha cumplido; de ahí que con un marco sobre la renta mínima y una mejora de los derechos sociales y laborales y de la legislación en materia de lucha contra la discriminación, la UE puede aspirar a un nivel superior de integración. El aumento de la renta de los hogares pobres es uno de los elementos fundamentales del éxito de la Estrategia Europa 2020 y de la lucha contra la pobreza por dos razones, a saber: la desigualdad en la UE ha ido en aumento desde el inicio de la crisis, y todavía uno de cada seis ciudadanos europeos vive en la pobreza o está expuesto al riesgo de pobreza. La renta mínima es el instrumento clave que, sobre la base del artículo 9 del TFUE(34), tiene que introducir la UE para garantizar el derecho fundamental a unas condiciones de vida dignas.
Un segundo pilar de la lucha contra la pobreza, especialmente de la pobreza extrema, es la reducción efectiva de los costes domésticos, destinando para ello los recursos de distintos fondos a los hogares más vulnerables y eliminando los obstáculos a la utilización efectiva de los recursos. La Estrategia Europa 2020(35) se ha marcado los siguientes objetivos de aquí a 2020: lograr que el 20 % del consumo de energía proceda de fuentes renovables, aumentar la eficiencia energética en un 20 %, y reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero (en comparación con los niveles de 1990). Otra manera de acercarse a estos objetivos es mejorar la asignación de los fondos de la UE en beneficio de los hogares en situación de pobreza energética. La iniciativa introduce el concepto de una moratoria europea contra los cortes de calefacción en invierno a fin de proteger a los hogares que ya se han quedado sin suministro de energía o que corren el riesgo de quedarse sin él debido a atrasos en el pago de sus facturas de servicios.
Ponente de opinión (*): Julie Ward
A. Considerando que hay 12 millones más de mujeres que de hombres que viven en situación de pobreza en la UE; que las mujeres y los hijos que están a su cargo se encuentran, de manera desproporcionada, en riesgo de pobreza o exclusión social en toda la UE, y que la crisis económica y las políticas de austeridad han exacerbado estas desigualdades, conduciendo a una «feminización de la pobreza»; que la distribución de los ingresos en los hogares es desigual y tiene un fuerte componente de género, siendo varias las razones, entre ellas, el gran porcentaje de mujeres que desempeñan trabajos precarios o no declarados, la violencia de género y la dependencia económica, por lo que es necesaria una medición individualizada de los ingresos y los gastos; que las familias numerosas tienen más gastos y cargas y que los niños, las personas mayores y otras personas vulnerables que dependen de cuidadoras que ejercen como tales de manera informal también se encuentran mucho más expuestos al riesgo de pobreza y exclusión social;
B. Considerando que se necesita un impulso político nuevo y enérgico para el logro de los objetivos relacionados con la pobreza fijados para 2020; que el total de los actuales objetivos nacionales en materia de reducción de la pobreza es inferior en 8 millones de personas al objetivo de la Estrategia Europa 2020; que la revisión de la Estrategia Europa 2020 representa el momento adecuado para asumir un nuevo y firme compromiso en favor de la eliminación de la pobreza y la exclusión social, así como de cara a la reforma y el reajuste de las estrategias nacionales;
C. Considerando que las desigualdades respecto a los hombres en cuanto a remuneración, horario de trabajo y duración de la vida laboral a que se enfrentan las mujeres durante su vida activa repercuten directamente luego en sus pensiones de jubilación; que el riesgo de pobreza o exclusión social en el caso de las mujeres mayores de 65 años es notablemente superior al de los hombres de su misma edad, ya que la pensión de jubilación media de una mujer es en la actualidad inferior, y a menudo con bastante diferencia, a la de un hombre;
D. Considerando que la naturaleza interseccional de los aspectos de género de la pobreza requiere un enfoque holístico para luchar contra la discriminación múltiple y abordar cuestiones como la vivienda, los costes de la energía, los servicios públicos, la seguridad en el empleo, el empleo precario y las políticas fiscales;
E. Considerando que los objetivos de lucha contra la pobreza no se podrán conseguir si no se combate la pobreza femenina, ya que tanto la igualdad de género como la capacitación económica y la emancipación de las mujeres son indispensables para lograr una convergencia al alza en la reducción de la pobreza;
F. Considerando que el aumento de los gastos en los hogares afecta sobre todo a determinados grupos, como las familias monoparentales, las mujeres mayores, las mujeres migrantes y las personas con discapacidad, y que el nivel de protección social varía de un Estado miembro a otro y esta protección no siempre garantiza un nivel adecuado de asistencia;
G. Considerando que la recogida de datos y la elaboración de políticas sobre la pobreza, el coste de la vida y los ingresos tomando como base las familias como unidades constitutivas presupone uniformidad y una distribución equitativa de los recursos entre los miembros del hogar; que, en la práctica, las familias varían y la distribución puede ser desigual y estar vinculada al género, lo que exige, a la hora de definir las políticas, un enfoque que se base en los gastos y los ingresos individuales;
H. Considerando que en muchos países de la UE el coste de los bienes y servicios básicos y esenciales ha registrado un rápido aumento en los últimos años, lo que ha dado lugar a un incremento de los gastos generales de las familias;
I. Considerando que el 17 % de los hogares monoparentales, que en su gran mayoría tienen a una mujer como cabeza de familia, no pueden mantener su vivienda caliente, frente a solo un 10% de la población general; que, mientras que los precios al por mayor de la energía han disminuido, los precios al por menor se han incrementado, lo que se ha traducido en un aumento de los gastos; que lamentablemente la UE no cuenta con una definición de pobreza energética, si bien se trata de un fenómeno que afecta de forma desproporcionada a las mujeres;
J. Considerando que la tasa de desempleo es mayor entre las mujeres jóvenes que en otros grupos de edad, lo que hace que exista el peligro de que caigan en la pobreza a una edad temprana;
K. Considerando que el aumento de los gastos de las familias y la carga suplementaria que representa el coste de la vivienda explican, entre otras razones, que haya mujeres sin hogar, y que, por tanto, es necesario seguir investigando acerca del porcentaje de mujeres que pierden su hogar o lo abandonan, así como sobre las causas de este fenómeno; que el endeudamiento individual y de las familias está vinculado directamente con los gastos relacionados con el hogar y es una de las causas de la pobreza y la exclusión social;
L. Considerando que, según las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, informes sobre algunos países europeos ponen de manifiesto que existe una relación entre el aumento del índice de pobreza y el riesgo de pobreza entre los niños y la crisis económica y los recortes en las prestaciones sociales, lo que afecta a los derechos de los niños a la educación, la salud y la protección social;
M. Considerando que la pobreza y la exclusión social, incluida la exclusión por razones de género, no deben definirse únicamente atendiendo a los ingresos, las privaciones materiales y la intensidad del trabajo, sino también teniendo en cuenta las necesidades de la persona para vivir con dignidad y participar activamente en la sociedad en los ámbitos cultural, social y político;
1. Expresa su profunda preocupación ante la apreciación de la Comisión de que el objetivo de lucha contra la pobreza previsto para 2020 «parece fuera de alcance» e insiste en la necesidad de un nuevo impulso político por parte de la Comisión, en estrecha colaboración con el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), para adoptar acciones concretas, enérgicas y vinculantes con vistas a atajar la pobreza en la UE, lo que requiere una estrategia holística de lucha contra la pobreza a escala de la UE que haga hincapié en los aspectos relacionados con el género de este fenómeno, así como estrategias que tengan especialmente en cuenta las necesidades de las familias afectadas por la pobreza y la situación de las familias monoparentales; observa un ligero aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral en los últimos años, aunque insuficiente, por lo que son necesarias medidas adicionales; pide a los Estados miembros que velen por que las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza integren la perspectiva de género y combatan la desigualdad entre hombres y mujeres;
2. Destaca las disparidades crecientes que existen en relación con la pobreza entre los Estados miembros en toda la Unión, así como el aumento de la pobreza extrema, en particular de la pobreza de las mujeres, sobre todo en los países y las regiones que se han visto afectados por la crisis;
3. Insta a los Estados miembros a que rectifiquen sus estrategias nacionales de lucha contra la pobreza de forma coordinada, de modo que pueda alcanzarse el objetivo europeo; pide a los Estados miembros que velen por que dichas estrategias nacionales integren la perspectiva de género y combatan la desigualdad entre hombres y mujeres; pide que cada Estado miembro proporcione un trazado detallado de su plan de reducción de la pobreza y explique de qué manera aborda su estrategia los aspectos de la pobreza y la exclusión social relacionados específicamente con el género;
4. Pide una recomendación del Consejo sobre la lucha contra la pobreza que incluya una clara perspectiva de género;
5. Destaca que la pobreza es generacional y que se autorreproduce, lo que exige un enfoque holístico interseccional a largo plazo de la elaboración de políticas al respecto, que tenga en cuenta los gastos y los ingresos, así como la prestación de servicios públicos; insiste en que la pobreza y la exclusión social se han de evaluar y combatir durante todo el ciclo de vida de las personas, desde la infancia hasta la vejez;
6. Considera que la mayor esperanza de vida de las mujeres se ha de tener asimismo en cuenta como posible factor de vulnerabilidad y exclusión;
7. Observa que la brecha salarial y en las pensiones es uno de los elementos que más contribuye a la pobreza de las mujeres; toma nota de la incidencia que tiene a largo plazo en la pobreza de las mujeres su exclusión de ámbitos de la economía dominados tradicionalmente por los hombres, como la tecnología, la ciencia, la alta dirección y la toma de decisiones, así como la presencia excesiva de mujeres en ámbitos con salarios comparativamente bajos, como son el cuidado de personas, los servicios públicos, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo precario mal remunerado; muestra su preocupación por el hecho de que la feminización de la pobreza se deba en parte a la existencia desde hace mucho tiempo de normas que no son iguales para hombres y mujeres, lo que lleva a la priorización, en la política industrial y en los acuerdos salariales, de sectores en los que predominan los hombres, tales como el sector financiero;
8. Reitera que los niños se encuentran en un mayor riesgo de pobreza y exclusión social a causa de la pobreza femenina, sobre todo en las familias monoparentales, lo que es causa de mayores desigualdades socioeconómicas a largo plazo;
9. Insta a la Comisión a que incorpore una dimensión social más sólida y un pilar de género en el Semestre Europeo, y a que incluya recomendaciones específicas por país que aborden los aspectos de género de la pobreza; pide a la Comisión que garantice la coherencia de las políticas de manera que las políticas sociales y económicas se complementen en vez de oponerse, así como que determine indicadores específicos de género en el ámbito de la erradicación de la pobreza;
10. Pide a la Comisión que proporcione una definición clara y ambiciosa de la «triple A social» para Europa, que incluya una estrategia clara de lucha contra los aspectos de la exclusión social relacionados con el género;
11. Reitera la importancia de la capacitación de las mujeres y las niñas mediante la educación, tanto formal como informal, y de la función de la educación en la lucha contra los estereotipos de género y la estigmatización de la pobreza, así como a la hora de incrementar los ingresos de las mujeres a través de su incorporación a sectores donde han estado infrarrepresentadas, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el empresariado, y pide a la Comisión que en las recomendaciones específicas por país incorpore objetivos relacionados con la formación profesional de las mujeres;
12. Observa que se ha demostrado que la educación económica y financiera a edad temprana mejora la toma de decisiones económicas en fases posteriores de la vida, también en la gestión de gastos e ingresos; recomienda el intercambio de buenas prácticas y el fomento de programas formativos destinados a las mujeres y las niñas de grupos vulnerables y comunidades marginadas expuestos a la pobreza y la exclusión social;
13. Destaca que las políticas destinadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social han de aplicarse de modo que valoren las circunstancias particulares de los grupos vulnerables y las comunidades marginadas, que afrontan formas específicas de desigualdades de género y discriminación múltiple; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan elaborando políticas que aborden la pobreza y la exclusión social a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad, las mujeres de más edad, las mujeres refugiadas y migrantes, las gitanas y las mujeres de minorías étnicas, del medio rural o de barrios desfavorecidos, así como las madres solteras y las estudiantes de secundaria y universitarias;
14. Pide a los Estados miembros que realicen evaluaciones del impacto causado por la recesión por lo que respecta a la dimensión de género, para registrar los cambios que se produzcan con el paso del tiempo, dado que las mujeres tienen una mayor probabilidad de verse afectadas de manera desproporcionada por futuros recortes del gasto y los servicios públicos;
15. Pide acciones más ambiciosas para atajar la pobreza energética, que afecta con mucha más fuerza a las mujeres solteras, las familias monoparentales y los hogares con mujeres como cabeza de familia;
16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que formulen una definición de la pobreza energética que tenga en cuenta los aspectos de género de dicho fenómeno, y que la incluyan en la futura refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios;
17. Observa que el aumento de la eficiencia energética, la renovación de edificios y las energías renovables son claves para abordar la cuestión de la pobreza energética; manifiesta su preocupación por que las políticas de renovación de viviendas a menudo no se dirijan a las personas más vulnerables; insiste en que las políticas de renovación de viviendas deben destinarse, ante todo, a las familias pobres, excluidas económicamente y vulnerables, con una atención especial a quienes se enfrentan a desigualdades de género y discriminación múltiple;
18. Destaca la función de las autoridades locales a la hora de combatir la pobreza energética, así como el potencial de los mecanismos de financiación alternativos, como las cooperativas y las mutuas, para aliviar el sufrimiento de los consumidores vulnerables;
19. Considera que las políticas en materia de pobreza energética a escala de la UE, nacional y local deben procurar defender a los consumidores más vulnerables, en particular a quienes sufren desigualdades de género y discriminación múltiple, y garantizar, en general, unos precios equitativos; pide a la Comisión que los Fondos Estructurales y de Cohesión, incluido el Fondo Social Europeo, estén disponibles para combatir la pobreza energética; pide a la Comisión que prolongue el periodo de aplicación del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas más allá del año 2020 y que evalúe en qué medida se han beneficiado del programa los grupos de población más desfavorecidos y vulnerables, como las mujeres jóvenes, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y las mujeres de más edad;
20. Destaca que los recortes en los servicios públicos incrementan la desigualdad de género y que las inversiones en servicios de alta calidad tienen la capacidad de reducir las desigualdades; subraya que la política macroeconómica debe ser compatible con la política en materia de igualdad social e incluir una importante perspectiva de género;
21. Hace hincapié en la importancia del acceso a los servicios financieros y a la información en el empoderamiento económico y la inclusión social de las mujeres; subraya la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a los servicios financieros ofreciendo unos tipos de interés favorables, simplificando los procedimientos e informando mejor a las mujeres de grupos vulnerables y comunidades marginadas;
22. Pide a las instituciones financieras, como el BCE y los bancos centrales nacionales, que, cuando diseñen las políticas monetarias macroeconómicas y tomen decisiones al respecto, tengan en cuenta las repercusiones sociales, incluidos los efectos en las desigualdades de género;
23. Insta a que se avance en pos de la individualización de los derechos en el marco de la política de igualdad social, de manera que el cálculo de los gastos y los ingresos y la recopilación de datos tomen como base a cada individuo en vez de a la familia en su conjunto;
24. Reitera la necesidad de invertir en un crecimiento sostenible e inclusivo a escala nacional y europea, y de que el presupuesto se elabore integrando la perspectiva de género en todos los ámbitos de las políticas públicas y la inversión social;
25. Pide a la Comisión, al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y a los Estados miembros que estudien el fenómeno de las mujeres sin techo, sus causas y factores desencadenantes, ya que no se recoge de manera adecuada en los datos actuales; señala que los elementos específicos de género que deben tomarse en consideración incluyen la dependencia económica por razón de género, el alojamiento temporal y la renuncia a los servicios sociales;
26. Pide a la Comisión que adopte medidas para resolver la situación de endeudamiento excesivo a que se enfrentan las mujeres de familias pobres y excluidas, a través de la lucha contra los usureros y los préstamos denominados «rápidos», los tipos de interés excesivos y otras prácticas abusivas, y facilitando un asesoramiento financiero sólido y reestructuraciones sociales de la deuda;
27. Señala la importante función de la empresa social y los modelos de negocio alternativos, como las cooperativas y las mutuas, a la hora de facilitar la inclusión social y la capacitación económica de las mujeres, especialmente en las comunidades marginadas, y favorecer su mayor independencia económica;
28. Respalda la iniciativa para elaborar un presupuesto de referencia orientativo, y pide a la Comisión que, cuando lo diseñe, incorpore consideraciones específicas de género que incluyan las desigualdades de género a las que se enfrentan las familias;
29. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que combatan el problema de la pobreza y la exclusión social de las mujeres mediante iniciativas que aseguren empleos de alta calidad con un salario digno en los sectores donde predominan las mujeres; destaca la función que pueden desempeñar los sindicatos en la representación y capacitación de las mujeres en el lugar de trabajo y en la lucha contra la exclusión; pide a los Estados miembros que propongan y lleven a cabo encuestas salariales específicas por empleador y por sector, para dejar patente la existencia de regímenes salariales desiguales entre mujeres y hombres en el mismo lugar de trabajo, con vistas a acelerar el proceso hacia la equiparación salarial;
30. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten la participación de las partes interesadas y creen procesos deliberativos a fin de impulsar y facilitar la colaboración directa de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente de las mujeres y niñas, en la formulación de las políticas de inclusión social a todos los niveles.
DO C 347 E de 20.12.2013, p. 470.
DO C 347 E de 20.12.2013, p. 289.
DO C 169 E de 15.6.2012, p. 66.
DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_esp.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-sp_web.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2345&furtherNews=yes
DO L 170 de 5.6.2014, p. 23.
Dictamen conjunto del Comité de Empleo y del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la UE, 13809/14 SOC 662 EMPL 297 ECOFIN 120 EDUC 876, de 3 de octubre de 2014.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7744&visible=0.
Dictamen del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la Unión Europea, 6491/11, SOC 124, de 15 de febrero de 2011.
Textos Aprobados, P8_TA (2015) 0294.
Textos Aprobados, P8_TA (2015) 0264.
Decisión (UE) 2015/... del Consejo, de..., sobre las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2015, 11360/15 SOC 479 EMPL 316 ECOFIN 642 EDUC 236 JEUN 62, de 21 de septiembre de 2015.
Textos Aprobados, P8_TA (2015) 0261.
Textos Aprobados, P8_TA (2015) 0070.
Textos Aprobados, P7_TA (2013) 0246.
DO C 349 E de 29.11.2013, p. 74.
Comunicado de prensa de la Comisión de 6 de octubre de 2015, IP- 15-5763.
Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2012/C 326/01.