Source: http://www.lanotadiscordante.com/2015/12/
Timestamp: 2017-04-25 08:38:48
Document Index: 268299855

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 66']

La sensibilidad química múltiple (SQM) se define como un síndrome ambiental, crónico, limitante y orgánico, causado por exposición a productos químicos y que provoca multitud de síntomas en distintos sistemas corporales. Cuando se padece SQM, el cuerpo se sensibiliza a la exposición a químicos sintéticos, deja de tolerarlos y responde de forma anormal. La generalidad de las personas no apreciamos ningún efecto llamativo ante productos químicos de uso cotidiano, como los de limpieza o los de aseo personal. Por el contrario, la exposición del afectado por SQM a una o varias de estas sustancias tóxicas, incluso en dosis bajas, puede afectar de forma severa a su sistema nervioso, al cardiaco, al endrocrino, al respiratorio, al dérmico, al gastrointestinal, al ginecológico… En alguna ocasión se nos ha planteado el siguiente problema práctico: ¿Qué pasa si la comunidad de propietarios utiliza, para la limpieza de escalera, ascensor, portal, etc., productos que perjudican el estado de salud de uno de sus vecinos afectado por SQM? ¿Resulta jurídicamente exigible que deje de emplearlos?
Como puede suponerse, no hay nada en la legislación que prevea de forma específica esta situación. La normativa suele estar pensada para los casos más comunes y, lógicamente, no puede contemplar todas y cada una de las situaciones posibles en la realidad. Por tanto, tenemos que dar solución a estos supuestos no previstos a través de principios jurídicos generales y de una aplicación analógica de las normas. En un conflicto como el que planteamos entran en colisión dos derechos: por un lado, la posibilidad de que la comunidad elija libremente los productos de limpieza que adquiere y utiliza y, por otro, la salud de uno de los comuneros. Formulado así, prima facie no parece difícil concluir, a la hora de ponderar los intereses en juego, cuál de ellos ha de prevalecer. En circunstancias ordinarias, la comunidad de propietarios podría libremente elegir, de entre todos los productos de limpieza existentes en el mercado, aquellos que considere preferibles en términos de calidad o de coste. Pero si resulta que el uso de unos determinados productos -y no así de otros- perjudica gravemente a la salud de un vecino, me parece que, entre los derechos que colisionan, el de la salud es de suficiente entidad como para que prevalezca frente a la mera conveniencia de la comunidad. Hay que decir, además, que los productos de limpieza no perjudiciales para el afectado de SQM no tienen por qué resultar menos útiles o más caros que los otros. Pero, incluso aunque tuvieran una eficacia algo inferior o un precio algo más elevado, tampoco esto constituiría, a mi juicio, un argumento relevante frente a algo tan importante como la integridad y la salud personal. El artículo 43 de la Constitución incluye, como principio rector de la política social en nuestro país, el derecho a la protección de la salud. Estamos, por tanto, ante un derecho ciudadano con rango constitucional. Pero, además, en la propia Ley de Propiedad Horizontal encontramos ejemplos en los que la comunidad de propietarios asume determinados gravámenes para hacer posible la integración, la convivencia o el desarrollo personal de quienes habitan el edificio. Por ejemplo, pensemos en el artículo 10.1.b), que impone la obligación de acometer las obras y actuaciones necesarias a fin de garantizar la accesibilidad, cuando en la comunidad residen mayores o personas con discapacidad. Resulta difícil sostener que, si la ley obliga incluso a ejecutar obras para garantizar a personas con movilidad reducida un uso de los elementos comunes adecuado a sus necesidades, sin embargo pueda impedirse dicha utilización a vecinos afectados por SQM por una mera decisión discrecional de optar por unos productos de limpieza en lugar de otros. Por tanto, nuestro consejo práctico es que el vecino afectado por SQM ponga en conocimiento de la comunidad de propietarios su situación, de forma fehaciente (por ejemplo, burofax con certificación de texto y acuse de recibo, escrito registrado en la administración de la finca, etc.), exponiendo las consecuencias que para él tiene el uso de productos perjudiciales y realizando una petición expresa de que se utilicen otros alternativos que no le causen esos efectos negativos. Resulta recomendable, además, facilitar un listado de los mismos, que facilite el cumplimiento por parte de la comunidad. Si la Junta no accede, en ese caso se debe impugnar el acuerdo en vía judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.1 a) y c) de la Ley de Propiedad Horizontal. Y aconsejamos solicitar la adopción de una medida cautelar para que así, durante el tiempo que tarda en tramitarse el procedimiento, su salud no se vea agravada. La demanda habrá de ir acompañada de informes médicos y de todos los datos necesarios para que el juez, que de ordinario no será conocedor de esta problemática, pueda ser consciente de la misma y decidir con conocimiento de causa. Creo que, desde los argumentos que hemos expuesto de forma muy sintética, el enfermo de SQM puede perfectamente conseguir que su comunidad use productos de limpieza que resulten inocuos –o lo menos perjudiciales posibles- para su salud, obteniendo incluso la tutela judicial si ello fuera necesario. No obstante, lo esperable y deseable es que no haya que acudir al amparo de la Justicia y que la buena voluntad, la ética y la razonabilidad de los demás comuneros lleve a adoptar una decisión que permita mantener limpias las zonas comunes sin agredir gravemente a la salud de una de las personas que viven en el edificio. ___ Más información sobre Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental, para afectados, profesionales y personas interesadas, en el completísimo Servicio de Información que mantiene en la red la documentalista y afectada por SQM María José Moya Villén.
Mi querida amiga Nuria Aragón Castro, conferenciante, escritora y muchas más cosas, me ha entrevistado para su programa Amor y Vida TV, que se emite los miércoles en Sintonía Televisión Rioja y ésta es la grabación del programa que salió el pasado 2 de diciembre. Nuria lleva años defendiendo planteamientos de vida alternativos, ecología, bioconstrucción, espiritualidad, veganismo, etc. En su programa se acerca a cuestiones cotidianas desde su muy personal perspectiva y en esta ocasión ha querido charlar conmigo sobre mi visión de la abogacía. Nuria cuenta cómo se extrañó al conocer cuál era mi profesión: "Carlos me dijo 'yo soy abogado' y yo me quedé sorprendida porque es una persona muy humana..."... Con ese punto de partida, vamos conversando, contrastando tópicos, explicando qué es para mí el oficio de abogado, por qué lo elegí, la importancia del no siempre bien comprendido derecho de defensa, algunos casos peculiares que he llevado -SQM, homeschooling...- o aquellos que tienen un trasfondo más humano -violencia de género, discapacidad, mobbing...- , el concepto de abogacía preventiva, los libros que he escrito...
Etiquetas: Amor y Vida TV,
If men define situations as real, they are real in their consequences (Teorema de Thomas) La pequeña grieta que UPyD fue abriendo, modesta y trabajosamente, en el muro de un rocoso bipartidismo contribuyó a que éste acabara resquebrajándose. Una de las manifestaciones de la onda expansiva del 15-M, el fenómeno Podemos, hizo quebrar en las Elecciones Europeas el esquema dominante de dos grandes partidos incuestionables. Y, finalmente, por esa senda abierta, desfila ahora plácidamente Ciudadanos, un partido circunscrito durante años a Cataluña y que había fracasado en sus anteriores intentos de expansión nacional. En ese movimiento sísmico, el riesgo de que se colaran fuerzas políticas diferentes, con nuevos usos y nuevas ideas, que pusieran en peligro los pactos de silencio y el reparto del pastel vigentes durante décadas, era evidente. ¿Cómo neutralizarlo? Pues haciendo que la inevitable ruptura del modelo esté controlada y limitada en sus efectos. Rendidos ya a la evidencia -no deseada- de que resulta imposible salvar el bipartidismo, se acepta como mal menor un bipartidismo con ruedines. Mejor un bloque de cuatro partidos asentados, que un pluralismo más amplio. Y, por descontado, mucho mejor que un esquema cambiante y abierto, algo ciertamente peligroso para el establishment político y los poderes económicos que lo sostienen. De Podemos se espera que pueda dar apoyo al PSOE cuando le falte la mayoría absoluta y, si es posible, irle domesticando. De Ciudadanos se espera que sea la bisagra por excelencia, que dé apoyo al PP, e incluso al PSOE, cuando les falte esa mayoría, y ni siquiera hace falta domesticarle: viene así ya de serie. Pero este nuevo cuatripartito aceptado a regañadientes por el sistema, se enfrentaba a algunos obstáculos menores, dos pequeños competidores a los que había que neutralizar: Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia. Sobre todo este último, una formación ciertamente peligrosa, porque hasta ahora ha hecho lo que ha dicho, porque no ha aceptado las porciones de la tarta que "le tocaban" (ni en Consejos televisivos, ni en el Poder Judicial, ni en ningún otro órgano de aquellos que debieran ser independientes) y porque ha pasado de las palabras a los hechos sentando en el banquillo a corruptos de todos los colores. Y para ello, todo el sistema, desde el gobierno hasta los medios de comunicación privados -que, al fin y al cabo, en algunos casos son terminales de los poderes económicos-, no ha dudado incluso en cambiar de facto las reglas del juego vigentes durante casi cuatro décadas.
Siempre, siempre, sin excepción alguna, en la etapa democrática, la información electoral había tenido en cuenta los votos obtenidos en las anteriores elecciones y la representación existente en ese momento. La vigente Ley Electoral adopta ese criterio para todo: reparto de espacios públicos para la propaganda electoral (artículo 55), locales gratuitos para actos (artículo 57), espacios en medios de comunicación públicos (artículos 60 y siguientes)… Y también impone a los medios privados, en el artículo 66.2, obligación de neutralidad informativa y respeto al pluralismo, precepto que en esta ocasión se están saltando abiertamente. Por vez primera en cuarenta años, interesa sentar un nuevo criterio que no sea la representatividad actual. Y lo han encontrado: las encuestas. De pronto, ése ese el nuevo baremo que nunca se aplicó pero que ahora nadie parece cuestionar. Jamás ningún partido que no estuviera previamente representado había gozado, ni por asomo, del nivel de proyección y de apoyo mediático que se ha concedido a Podemos y Ciudadanos: ni el CDS en 1982, ni el PRD y la "Operación Roca" en 1986, ni UPyD en 2008 pudieron soñar algo similar...