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Timestamp: 2018-11-18 23:40:16
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3. Las garantías en materia de derechos humanos | Gonzalez Cancino
III. Las garantías en materia de derechos humanos
Un concepto de garantía
Antes de elaborar una definición de garantía, debe recordarse que la regulación jurídica de la conducta solamente puede ser de dos tipos: o bien, la norma jurídica autoriza una conducta, es decir, la faculta; o, por el contrario, la prohíbe. En palabras de Morineau (2005, pág. 44): “la norma solamente autoriza o prohíbe”.
Al respecto, se puede alegar que existen normas que ordenan, pero las órdenes no son sino derechos de ejercicio obligatorio (autorizaciones unidas a la prohibición de omitir una conducta determinada). A continuación, se presentan algunas ideas de Manuel Atienza y Ruiz Manero (2004), que ayudan a comprender esto: “una cosa es conferir un poder (normativo) y otra cosa es regular (como facultativo, obligatorio o prohibido) el ejercicio de ese poder.” (pág. 84)
Por lo tanto, siempre que una norma “ordene” algo, se trata de una facultad cuyo ejercicio es obligatorio, en virtud de que la omisión de ese algo está prohibida.
Una vez aclarado lo anterior, se puede formular el siguiente concepto:
Las garantías son todos aquellos elementos normativos cuya función consiste en la efectividad, la protección y la reparación de los derechos o bienes jurídicos.
Ahora bien, para distinguir las garantías de los derechos se debe observar la forma deóntica empleada en el enunciado normativo. Si la disposición dice que faculta, autoriza y otorga un derecho o reconoce una libertad, entonces se está ante la presencia de derechos; en aquellos casos en que la disposición jurídica prohíbe, ordena o restringe la conducta, se refiere a garantías.
Aquí se presentan algunos ejemplos de garantías que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene:
Es fundamental poner especial atención en la prohibición de la esclavitud establecida por el artículo 1º constitucional, pues constituye una prueba más de la insuficiencia del paradigma actual que rige en materia de derechos humanos.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. [Énfasis añadido]
Como se vio en su momento, el paradigma actual sitúa a los derechos humanos como meras restricciones al poder estatal. En ese orden de ideas, la prohibición del artículo 1º constitucional pone de manifiesto que, aun tratándose de las prohibiciones, se realiza una lectura incompleta, pues la prohibición no está acotada a los órganos estatales, sino que es absoluta en el sentido de que está imputada a todas las personas que habiten el territorio nacional, sin importar si son autoridades o particulares.
El paradigma actual comete el error de acotar a las autoridades aquellas prohibiciones que están impuestas a toda persona, sin importar si tienen el carácter de autoridades o particulares.
En otras palabras, el artículo 1º constitucional no dice “se prohíbe que las autoridades tengan esclavos”, sino que la prohibición está imputada a todas las personas, autoridades y particulares por igual. De lo anterior se desprende que no es necesario ser autoridad o estar en un plano de supra a subordinación para transgredir la prohibición de la esclavitud del artículo 1º constitucional, pues existe la posibilidad de que, tanto autoridades como particulares, la infrinjan.
Garantías en materia de derechos humanos
Una vez planteado un concepto genérico de garantía, resulta pertinente abordar el tema de las garantías en el contexto de los derechos humanos.
La clasificación de garantías elaborada por Luigi Ferrajoli
Los derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de lesión). Convengo en llamar garantías primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones, y garantías secundarias a las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, es decir, las violaciones de sus garantías primarias. (Derechos y Garantías. La ley del más débil, pág. 43)
Ferrajoli conceptualiza a las garantías secundarias como un mecanismo que se activa con la violación a la garantía primaria, y que tiene como finalidad reparar la afectación sufrida.
En primer lugar, la garantía primaria de Ferrajoli constituye un elemento del concepto de derecho subjetivo que se abordó en el capítulo anterior, a saber, el “Deber correlativo 1” del siguiente esquema:
Por otra parte, lo que Ferrajoli denomina garantías secundarias equivale a la facultad de exigencia y al “Deber correlativo 2”.
Con base en lo anterior, es importante señalar que los conceptos de Ferrajoli son insuficientes, ya que existen múltiples disposiciones de Derecho positivo que incorporan una dimensión preventiva y no meramente reactiva ante las violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, en términos de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (se encuentra en similar situación el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), los Estados Partes están obligados a garantizar el pleno ejercicio y la efectividad de los derechos humanos.
Es importante hacer notar que los artículos hacen referencia a garantizar el pleno ejercicio y la única forma de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos es tomando medidas que eviten su violación (dimensión preventiva), y no solamente reparando las afectaciones a dichos derechos (dimensión reactiva).
En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1° expresamente menciona que el Estado Mexicano prevendrá las violaciones a los derechos, con lo cual se demuestra la dimensión preventiva de las garantías.
Por lo tanto, es válido afirmar que las garantías definidas por Ferrajoli no comprenden todos los elementos normativos que sirven para hacer efectivo un derecho humano (garantías de efectividad, según se verá más adelante), ni la dimensión preventiva que evita violaciones a este tipo de derechos (garantías preventivas).
Las siguientes garantías difieren de las expuestas por Ferrajoli, en virtud de que no forman parte de la estructura de los derechos subjetivos denominados derechos humanos, sino que son estructuras jurídicas independientes y, además, incluyen la dimensión preventiva, no solamente la reactiva.
Las garantías fundamentales se refieren a todas aquellas prohibiciones y a todos aquellos deberes impuestos por la norma jurídica en beneficio de cualquier individuo. Su finalidad es proteger determinados bienes jurídicos.
Se trata de prohibiciones y deberes considerados de vital importancia y, en razón de ello, se imputan en beneficio de cualquier persona. En otras palabras, al igual que los derechos humanos, las garantías fundamentales son imprescindibles; en consecuencia, son indisponibles y se imputan en beneficio de todos (universalidad).
Se reitera que el concepto de bienes jurídicos no tiene la connotación del Derecho civil (todo aquello susceptible de apropiación privada), sino una más amplia, que incluso abarca a la persona misma, sus derechos y sus posesiones.
Las garantías fundamentales se refieren a todas aquellas prohibiciones y deberes impuestos por la norma jurídica en beneficio de cualquier individuo. Su finalidad es la protección de determinados bienes jurídicos.
Algunos ejemplos de garantías fundamentales son los siguientes:
[…]Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
[…]No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió́ o participó en su comisión.Artículo 109[…]
III […] No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. [Énfasis añadido]
1 […] Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este [sic] pendiente de decisión ante autoridad competente.
Artículo 5 […]
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada la pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.
Artículo 7 […]
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. [Énfasis añadido]
Es importante mencionar que algunas garantías se refieren a la forma en que la autoridad debe actuar para afectar válidamente los derechos de las personas, de tal suerte que, si no se observan las formalidades previstas en la norma jurídica, la restricción de los derechos es inválida. Aquí algunos ejemplos:
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. [Énfasis añadido]
Art 72[…]
[…]IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. [Énfasis añadido]
Con respecto a la garantía prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se podría alegar que no beneficia a todos los habitantes del territorio nacional, sino únicamente a los mexicanos. Esto sería correcto si no existieran otros derechos y garantías que permitieran ampliar el efecto protector de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, tales como el derecho de igualdad del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la prohibición de discriminación en razón de nacionalidad, existente en el artículo 1º constitucional.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. [Énfasis añadido]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. [Énfasis añadido]
Es necesario enfatizar que las garantías fundamentales pueden o no proteger derechos humanos, pues algunas de ellas salvaguardan cualquier tipo de derechos, posesiones y propiedades, como las garantías fundamentales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las garantías fundamentales pueden proteger a la persona misma, sus derechos de carácter patrimonial, sus derechos humanos, sus posesiones, así como todo aquello que la norma jurídica considere digno de protección.
Artículo 14 […]
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [Énfasis añadido]
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [Énfasis añadido]
Ahora se abordará otro tipo de garantías.
Garantías de efectividad de los derechos humanos
Las garantías de efectividad están constituidas por todas aquellas prohibiciones o deberes que sirven para satisfacer un derecho humano. Este tipo tiene especial relevancia cuando se trata de derechos humanos que implican el otorgamiento de una prestación o una conducta de hacer por parte del sujeto pasivo.
Las garantías de efectividad están constituidas por todas aquellas prohibiciones o deberes que sirven para satisfacer un derecho humano.
Los deberes más representativos de las garantías de efectividad son las obligaciones generales de proteger y garantizar derechos humanos, así como de adecuar el derecho interno.
Es pertinente destacar el efecto que las obligaciones generales en materia de derechos humanos tienen con respecto a las facultades discrecionales de las autoridades. A continuación, se expone un caso que demuestra el efecto de las obligaciones generales:
En términos del artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados está facultada para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación:
[…]IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
En virtud de las obligaciones generales de respetar y de garantizar los derechos humanos, esta facultad se convierte en una facultad de ejercicio obligatorio, toda vez que resulta necesario que se asignen recursos económicos para cumplir con las exigencias del derecho humano de educación, por ejemplo.
Cabe resaltar que las prohibiciones y los deberes que constituyen las garantías de efectividad no tienen que estar relacionados expresamente con los derechos humanos, tal y como sucede con las obligaciones generales en esta materia.
Lo anterior se desprende de que las garantías abarquen todas las prohibiciones y los deberes que protegen un derecho humano en un contexto específico; así, resulta imposible identificar a priori cuáles serán estas prohibiciones y estos deberes.
A continuación, se presenta un ejemplo de disposiciones que pueden servir para hacer efectivos a los derechos humanos sin que estén identificadas como disposiciones en esta materia.
Los preceptos citados sirven para hacer efectivos derechos humanos de base convencional que tengan obstáculos normativos de derecho interno. Supóngase que existe una ley, una jurisprudencia o un reglamento que impida la satisfacción del derecho humano de base convencional. En ese contexto, además de alegar una violación a su derecho humano, el quejoso puede solicitar el amparo por la violación de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, mismos que constituyen, en este caso específico, una garantía de efectividad del derecho humano en cuestión.
Garantías preventivas de violaciones de derechos humanos
Las garantías preventivas implican todas aquellas prohibiciones o deberes que sirven para evitar la afectación a un derecho humano. Al igual que las garantías de efectividad, no es necesario que el enunciado normativo identifique tales prohibiciones o deberes como relativos a los derechos humanos: basta que prevengan una violación a uno de estos derechos en un contexto específico.
Las garantías preventivas son todas aquellas prohibiciones o deberes que sirven para evitar la afectación a un derecho humano.
Se enuncia un ejemplo:
El artículo 3 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América establece lo siguiente:
ARTICULO III. Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos, sino por acción de la autoridad legislativa competente. [Énfasis añadido]
La prohibición contenida en el tratado internacional constituye una forma de proteger el derecho al medio ambiente del artículo 4º constitucional: aquella disposición tiene por efecto que las modificaciones y eliminaciones de los parques nacionales sean realizadas por un órgano colegiado, como lo es el poder legislativo, el cual debate y vota la determinación; esto tiene como consecuencia que la afectación de los parques nacionales sea más lenta, puesto que debe someterse a procedimiento dificultado o retardado para que sea válida.
En esas circunstancias, si el Poder Ejecutivo decide extinguir un parque nacional por medio de un decreto, este puede ser impugnado por la vía del juicio de amparo, sin necesidad de que exista un daño ambiental, pues, en sí mismo, es violatorio del artículo 3 del tratado internacional, mismo que constituye una garantía del derecho humano previsto en el artículo 4º constitucional: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.”
Al respecto, debe recordarse que el artículo 103 actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la procedencia del juicio de amparo para combatir la violación de garantías, no solamente derechos humanos:
Garantías de reparación de violaciones de derechos humanos
Finalmente, se abordarán las garantías de reparación de violaciones de derechos humanos.
Las garantías de reparación son todas aquellas prohibiciones o deberes cuya función consiste en subsanar las violaciones de los derechos humanos.
Para ejemplificar este tipo de garantías, cabe citar los incisos a) y c), párrafo 2, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ellos se establecen las obligaciones de los Estados Parte de garantizar que se resuelva el fondo de los medios judiciales de protección de derechos humanos, así como de garantizar el cumplimiento de las resoluciones dictadas en dichos medios judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún [sic] cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Se precisa que, dada la redacción del enunciado normativo, el párrafo 1 constituye un derecho subjetivo de naturaleza procesal y no una garantía, en virtud de que no está formulado en términos prohibitivos o imperativos.
A manera de resumen, se inserta la siguiente tabla comparativa:
La facultad de exigencia de las garantías
Tal y como sucede con el concepto de derechos subjetivos, que es complejo puesto que implica dos facultades, en el caso de las garantías aquí descritas sucede algo similar: por una parte, existe la garantía fundamental, de efectividad, preventiva o de reparación, y, por el otro, se tiene la facultad de exigencia para reclamar la transgresión de la garantía de que se trate.
Por ejemplo, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía fundamental que prohíbe la esclavitud, mientras que el artículo 103 constitucional estipula la facultad de exigencia para reclamar la transgresión de dicha prohibición:
[…]Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.
A nivel internacional, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y similares establecen la facultad de exigencia de las garantías:
Al respecto, es importante mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos designa tanto garantías como derechos humanos bajo la expresión derechos fundamentales, tal y como se desprende de las disposiciones contenidas en dicho instrumento internacional.
La estructura de la garantía fundamental, así como su facultad de exigencia, se puede apreciar de forma gráfica de la siguiente manera:
En este punto, las diferencias existentes entre las ideas de Ferrajoli y las garantías aquí propuestas pueden apreciarse de mejor manera, ya que las garantías fundamentales no tienen el efecto correlativo a una facultad, tal y como ocurre con los derechos subjetivos.
En otras palabras, las garantías primarias y secundarias de Ferrajoli forman parte del concepto de derecho subjetivo, mientras que la noción de garantía fundamental alude a un complejo distinto de elementos normativos.
Tratándose de las garantías de efectividad, preventivas y de reparación, la situación es distinta: en estos casos, existe un derecho subjetivo (un derecho humano necesariamente) que es el objeto beneficiado con las garantías aquí referidas.
En este esquema, el derecho humano se representa con un círculo para enfatizar que se trata de un derecho subjetivo completo, es decir, que tienen las dos relaciones jurídicas que se describieron cuando se abordó el tema del derecho subjetivo. Por lo tanto, siempre que se esté frente a una garantía de efectividad, preventiva o de reparación, existirán dos facultades de exigencia: una propia del derecho humano beneficiado y otra perteneciente a la garantía en cuestión.
Por último, es importante mencionar que, en los casos de las garantías de efectividad, preventivas y de reparación, se tiene que acreditar que aportan algún beneficio al derecho humano representado por el círculo, pues de lo contrario, no constituirán garantías en materia de derechos humanos.
La legitimación activa tratándose de garantías
Si en el caso concreto, se pretende exigir el respeto a una garantía fundamental, la legitimación activa se demuestra de la siguiente manera:
Como se vio en su momento, las garantías fundamentales se han establecido en beneficio de todo individuo; por ello, en la mayoría de los casos no habrá problema para acreditar que uno es beneficiario de la prohibición o deber de que se trate.
Es distinto si la garantía fue imputada por la norma jurídica transgrediendo el derecho de igualdad, pues en esos casos también habrá que invocar el del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o bien la prohibición de discriminación del artículo 1º constitucional.
Una vez acreditada la prohibición imputada en beneficio de toda persona, es necesario demostrar que el bien jurídico está tutelado por la garantía fundamental, como se ejemplifica enseguida.
Artículo 14[…]
Cuando el bien jurídico afectado es la persona misma, no hay mayor problema en cuanto a la acreditación de la titularidad; sin embargo, cuando es una propiedad, una posesión o un derecho, será necesario demostrar su titularidad.
En relación con el acto reclamado y con el nexo causal, son aplicables las mismas consideraciones realizadas con respecto a los derechos; por lo tanto, la legitimación activa en los casos de violaciones de garantías fundamentales consta de los siguientes elementos:
Legitimación activa cuando se trata del resto de garantías de derechos humanos
Las garantías de efectividad de derechos humanos, prevención y reparación de sus violaciones tienen un trato similar por lo que hacen a la acreditación de la legitimación, razón por la cual se abordarán de manera conjunta.
En estos casos, la legitimación se acredita mediante los siguientes elementos:
En primer lugar, la prohibición o el deber debe ser idóneo para:
· hacer efectivo el derecho humano alegado,
· evitar la violación del derecho humano, o
· reparar la violación del mismo.
En segundo lugar, se debe acreditar la titularidad del derecho humano (y, en su caso, la autorización para su ejercicio) protegido por la garantía.
Posteriormente, es necesario acreditar que el acto reclamado transgrede la prohibición o deber, que funge como garantía del derecho humano.
Por último, se encuentra el nexo causal. Aquí se debe acreditar si el acto reclamado transgrede directamente o indirectamente la garantía invocada por el quejoso.
Legitimación activa cuando se trata de garantías imputadas en beneficio de colectividades
Así como existen derechos humanos imputados a entes colectivos o comunidades, también hay tanto prohibiciones como deberes imputados en su beneficio. Tal es el caso de los siguientes artículos:
[…]B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
Al igual que los derechos humanos colectivos, aquí el sujeto que cuenta con la legitimación activa es la comunidad indígena.
Cosa distinta será a quién se le reconocerán las facultades de representación.
Cuadro sinóptico de garantías
A continuación, se muestra una representación gráfica de la distribución de las distintas garantías: