Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-9389-de-mayo-8-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416961f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 17:37:44
Document Index: 200785221

Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 145', 'artículo 216', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 7', 'artículo 216', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 216', 'artículo 216']

﻿ SENTENCIA 9389 DE MAYO 8 DE 1997
SENTENCIA 9389 DE 08 DE MAYO DE 1997
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN PLENA POR ACCIDENTE DE TRABAJO: EL EMPLEADOR NO DESCUENTA LO PAGADO POR EL SEGURO
TEMAS ESPECÍFICOS:INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:307 DE JULIO DE 1997, PÁG.858
Sentencia 9389 de mayo 7 de 1997
Rad.: 9389
Bogotá, D.C., siete de mayo de mil novecientos noventa y siete.
Se decide el recurso de casación de la Empresa Textiles Rionegro & CIA. LTDA. contra la sentencia dictada el 16 de agosto de 1996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el juicio que le sigue Gilberto Antonio Duque Martínez.
El proceso fue promovido para que se declarara a la hoy recurrente culpable del accidente de trabajo que afirmó Duque Martínez sufrió el 3 de mayo de 1992 y que le dejó como secuela “la pérdida de la capacidad funcional de la mano derecha y de la flexación del brazo” (fl. 20), lo que dijo ocurrió cuando el supervisor Oscar Arbeláez imprudentemente le mandó ponerse a disposición del supervisor Javier Orozco, quien, a su vez, le ordenó que operara la máquina mercerizadora “sin que hubiese recibido inducción ni entrenamientos previos y a pesar de tratarse de una máquina totalmente diferente a la que normalmente operaba” (ibíd.).
En la contestación a la demanda se aceptó que el demandante trabaja desde el 21 de septiembre de 1987 con un salario básico de $208.000,00 mensuales; y se sostuvo por la demandada que Duque Martínez no ha sufrido ninguna merma efectiva en su capacidad laboral porque, una vez cumplió el período de incapacidad temporal, reanudó sus mismas labores en la sección de acabados y continuó devengando el mismo salario y las prestaciones legales y extralegales, y aún más porque se han incrementado anualmente de acuerdo con lo estipulado en las convenciones colectivas de trabajo y, además, “[...] ha recibido y continuará recibiendo en forma indefinida, de parte del seguro social, una pensión de invalidez cuya cuantía es igual a la del salario legal. Por consiguiente, no se ha presentado en ningún momento, el elemento del lucro cesante determinante de la pretensa indemnización civil de perjuicios que reclama [...]” (fl. 30). Se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de falta de causa e inexistencia de las obligaciones, petición antes de tiempo, prescripción y “compensación y descuento”, fundándola en que de comprobarse alguna circunstancia determinante de perjuicios materiales “[...] sería procedente descontar del lucro cesante, lo que el demandante ha recibido y continúa recibiendo de la empresa a título de salarios y prestaciones sociales, más lo que ha recibido y recibirá en el futuro a título de pensión de invalidez a cargo del seguro social, por cuanto estos ingresos enriquecen su patrimonio y dejan sin efecto el supuesto lucro cesante [...]” (fl. 31).
El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, como juez de la causa, por sentencia de 3 de mayo de 1996 condenó a la demandada a pagar al demandante “[...] la indemnización total y ordinaria de perjuicios derivada del accidente de trabajo, que en su modalidad de lucro cesante se cause a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo por cualquier causa distinta al reconocimiento de la pensión plena de jubilación o de la pensión de vejez reconocida por el Instituto de los Seguros Sociales ISS, debiendo la empleadora para esa época, tener en cuenta para su tasación la supervivencia del trabajador fijada en las tablas de mortalidad utilizadas en el país (Superintendencia Bancaria) y aplicando el factor que traen las tablas del ingeniero Garuffa para esa edad multiplicado por la cantidad equivalente al 50% del ingreso anual de $184.747,40 [...]” (fl. 178), tal cual está textualmente dicho en el fallo, y $500.000,00 a título de perjuicios morales. Condenó a la demandada a pagar parte de las costas.
Por apelación de la misma recurrente se surtió la alzada que concluyó con la sentencia aquí acusada, mediante la cual el tribunal confirmó la decisión de su inferior, pero no condenó en costas a la parte apelante.
El tribunal asentó en el fallo que la indemnización plena de perjuicios debía ser real y objetiva, y que era diferente a la que pudiera otorgar el Instituto de Seguros Sociales, consideración que le sirvió para negar la solicitud de la apelante de que se fijara la merma de la capacidad laboral del trabajador en el porcentaje indicado por dicha entidad y no en el determinado por el perito de cuyos conocimientos se valió el juez de la causa, quien conceptuó que Duque Martínez sufrió “lesiones funcionales y estéticas de su miembro superior de carácter permanente y no modificable con ningún tipo de tratamiento médico ni quirúrgico” (fl. 211), de acuerdo con la transcripción que del dictamen hace la sentencia.
En el fallo recurrido el Tribunal reproduce apartes de la sentencia de la Corte de 31 de mayo de 1994, en la que se explica la razón por la que no puede entenderse que al ejercitarse la acción de responsabilidad común prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, habiéndose recibido del seguro social las prestaciones del riesgo profesional, se demande por ello una “doble reparación”, dado que las prestaciones que reconoce el Instituto de Seguros Sociales no compensan perjuicios realmente producidos “como sí ocurre con la indemnización común del artículo 216 citado, que busca resarcir la totalidad del daño sufrido” (fl. 212).
Conforme lo declara al fijar el alcance de su impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso extraordinario (fl. 6-17), que no fue replicada, la recurrente pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal y en instancia modifique la del juzgado para adicionarla “[...] en el sentido de disponer que el valor de la pensión por invalidez permanente parcial reconocida al actor por el ISS a título indemnizatorio pueda ser descontada por la empresa de la indemnización total y ordinaria por perjuicios que debe pagar, en la parte correspondiente al lucro cesante [... ]” (fl. 8).
Con tal fin le formula un cargo en el cual acusa al fallo de aplicar indebidamente los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963 expedido por el consejo directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado mediante Decreto 3170 de 1964, lo que dice llevó a infringir además los artículos 1º, 19 y 193 del Código Sustantivo del Trabajo; 52 y 72 de la Ley 90 de 1946; 27, 28 y 29 del Acuerdo 155; 1613, 1614 y 1617 del Código Civil y 831 y 1055 del Código de Comercio, “en conexión con los artículos 13 y 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicables de conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral” (fl. 9).
Comienza la demostración del cargo la recurrente con el planteamiento siguiente:
“El tribunal aplica indebidamente el artículo 216 del CST al no hacerle producir efectos de acuerdo con su verdadero alcance normativo, claro y explícito, en el presente caso, cuando el empleador que debe cubrir la indemnización ordinaria, plena o total de los perjuicios ocasionados por un accidente de trabajo, tiene pleno derecho a descontar de tal indemnización, totalizadora o integral por definición, el valor de las prestaciones en dinero que el ISS haya pagado o pague por el mismo concepto y por la misma causa.
La misma orden perentoria de descuento en estos casos la reitera el legislador en el artículo 83, inciso 2º del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964. Lo así dispuesto por el legislador es apenas la conclusión elemental, lógica y necesaria de los presupuestos normativos, o sea que se desprende necesariamente del hecho de que se trata precisamente de una indemnización que cubre todo posible daño, pasado, presente o futuro, y que no admite por lo tanto adición alguna sin que se peque contra la lógica, la equidad y el sentido común” (fl. 9).
Presentado el planteamiento que se copia textualmente, la recurrente, quien reconoce que la jurisprudencia vigente sostiene una tesis jurídica diferente, manifiesta su preferencia por el criterio expresado en el salvamento de voto a la sentencia de 12 de noviembre de 1993, y propone como tema de reflexión los puntos de vista que pueden sintetizarse anotando que para ella los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963 no dejan duda acerca de lo que realmente pretendió el legislador, finalidad que, dice, fue la de permitir al empleador que debe pagar la indemnización total y ordinaria por perjuicios ocasionados por un accidente de trabajo ocurrido por su culpa, descontar el valor de las prestaciones en dinero pagadas por razón del mismo. Según la impugnante, y para repetirlo con sus propias palabras, “[...] Utiliza el legislador el participio ‘pagadas’ que gramaticalmente no es un verbo propiamente dicho y que por lo tanto no equivale al tiempo verbal pretérito o pasado, como sinónimo de que ‘se hayan pagado’ o ‘hayan sido pagadas’, tal como se ha pretendido [...]” (fl. 11).
Asevera que de acuerdo con lo que denomina “criterios hermenéuticos de validez universal”, las normas deben entenderse dentro del alcance lógico que se desprenda de su texto y el intérprete no puede distinguir cuando el legislador no lo hace, debiéndose toda norma interpretar en el sentido en que ella logre un efecto útil, pues afirma que “"la medida del derecho es la utilidad” (fl. 11), por lo que critica la jurisprudencia en vigor, diciendo que, según este criterio, “[...] el efecto natural y lógico de la norma se ve limitado por salvedades y distingos, que, por respetables que puedan ser, en ningún momento fueron tenidos en cuenta por el legislador [...]” (ibíd.); por lo que considera que no es válido suponer que el legislador haya consagrado “[...] un mecanismo obligatorio con el objeto de llegar a una indemnización justa, mecanismo que a la postre deja de producir su efecto útil natural para convertirse en la práctica en una previsión redundante, superflua e ineficaz frente a la hipótesis normativa, precisa y concreta, que ha sido regulada con suficiente claridad [...]” (fl. 12).
Dice que al interpretar la expresión “prestaciones pagadas” debería tenerse en cuenta que la forma original de pagarlas en casos de accidentes de trabajo fue la de indemnizarlos con una suma única que cubra los perjuicios y que, por ello, “[...] la modalidad de mesadas pensionales es tan solo un mecanismo que se ha considerado más conveniente para hacer efectiva la prestación. La ‘prestación’, en consecuencia, se ‘paga’ realmente cuando se reconoce la pensión, aun cuando su cubrimiento se haga por mesadas [...]” (fl. 12).
Refiriéndose a lo que denomina “el resarcimiento justo”, tiene por acertada la decisión del tribunal de confirmar lo dispuesto por el juzgado respecto de la indemnización por lucro cesante, la que se causará a la terminación del contrato, y que afirma es incompatible con una pensión de jubilación patronal o con la pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales.
Sostiene que no existiendo duda sobre el carácter totalizador o integral de la indemnización dispuesta por el tribunal, se produjo una acumulación de indemnizaciones por valor superior al daño al agregar la pensión por invalidez permanente parcial reconocida por el Instituto de Seguros Sociales a la indemnización total y ordinaria por perjuicios.
Además de un planteamiento procesal que acepta no ha sido tratado en el proceso, relativo a la existencia de un litis consorcio necesario, y al cual alude únicamente por creerlo íntimamente relacionado con las consideraciones de la Corte en la sentencia de 31 de mayo de 1993, la recurrente afirma que “[...] el empleador no alega su propia falta cuando tan solo pide que la indemnización por lucro cesante que debe pagar al trabajador corresponda en la realidad, objetivamente, a los perjuicios sufridos por este [...]” (fl. 15), y que de considerarse que el seguro de accidentes de trabajo es nulo en estos casos, entonces los efectos de dicha nulidad tendrían que necesariamente dilucidarse entre el asegurado, que es el empleador, y su asegurador, que es el Instituto de Seguros Sociales, solución que afirma adopta el legislador en el artículo 83 del Decreto 3170 de 1974, en concordancia con el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo.
Reitera la recurrente su aserto según el cual la jurisprudencia que predomina en la Sala Laboral de la Corte desconoce “[...] el efecto útil del artículo 216 del CST y de su concatenación con el sistema de seguridad social, de conformidad con los reglamentos del ISS [...]” (fl. 16).
El tenor literal del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, explícitamente, autoriza al patrono culpable de un accidente de trabajo que es obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, para que del monto de ella descuente “el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”.
Quiere decir ello que si se trata de darle cabal cumplimiento a lo literalmente dispuesto en el artículo 216, el patrono que por su culpa ha dado lugar a un accidente de trabajo solo puede descontar las prestaciones en dinero previstas en el mismo Código Sustantivo del Trabajo que él haya pagado al trabajador a quien por virtud de la sentencia judicial se ve obligado a resarcir la totalidad de los perjuicios que haya podido causarle.
Por esto la norma que menos respaldo puede darle a la tesis que la misma recurrente reconoce no corresponde al criterio jurisprudencial de la Sala, es el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; y es por eso que la propia impugnante plantea que se interprete la expresión “prestaciones pagadas” tomando en cuenta que, según ella lo dice, “la forma original de pagar prestaciones en caso de accidentes de trabajo ha sido siempre la de indemnizarlos con una suma única que cubra los perjuicios”, y que “la modalidad de mesadas pensionales es tan solo un mecanismo que se ha considerado más conveniente para hacer efectiva la prestación”.
En esta parte de su argumento la recurrente se ve forzada a reconocer que la disposición literalmente no dice lo que ella pretende hacerle decir mediante la interpretación que propone.
Conviene precisar que el fundamento de la sentencia de la extinguida Sala Plena de Casación Laboral de 12 de noviembre de 1993, respecto de la cual la recurrente manifiesta su preferencia por el criterio expresado en el salvamento de voto, fue el de considerar que el seguro social no ha sido establecido para indemnizar los daños que sufre el trabajador como consecuencia de actos dolosos o culposos del patrono, pues tales perjuicios deben ser reparados exclusivamente por él, ya que como empleador no puede asegurar su propia culpa ni aprovecharse de ella, dado que la responsabilidad común es suya y no del Instituto de Seguros Sociales. Lo que en verdad ocurre no es otra cosa diferente a que el sistema de la seguridad social prescinde de la responsabilidad culposa o dolosa del patrono, y por mandato de la Ley 90 de 1946, considera como accidente de trabajo también el que se produce por su acto intencional o negligente.
Y sin necesidad de controvertir las interesantes disquisiciones gramaticales que hace la impugnante respecto de la palabra “pagadas”, y si en la oración gramatical en la que se expresa la norma el participio “pagadas” cumple o no la función de verbo, o si equivale o no a un pretérito sinónimo de las locuciones “se hayan pagado” o “hayan sido pagadas”, por ser sabido que no siempre la expresión lingüística de la norma coincide con su significación normativa, considera la Corte que en los ingeniosos argumentos que trae el cargo no hay ninguno que obligue a tener por equivocado el vigente criterio jurisprudencial, conforme al cual el empleador no está legitimado para deducir del monto de la indemnización total y ordinaria por perjuicios las prestaciones que el trabajador accidentado reciba del Instituto de Seguros Sociales.
Por tal razón debe hoy reiterar la Sala que el Instituto de Seguros Sociales no ha asumido el riesgo del daño que al trabajador le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya causación exista culpa suficientemente comprobada del patrono.
Interesa igualmente destacar que el poder normativo de los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales está limitado por las finalidades propias de su objeto social como entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados, lo que restringe la potestad reguladora de tales riesgos que le confiere la ley, la que no le ha extendido dicha atribución a determinar la consecuencia de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues ellas corren a cargo exclusivo de los empleadores culpables de riesgos profesionales.
Dentro de la competencia que le reconoce la ley para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales, lo que puede hacer el Instituto de Seguros Sociales, mediante sus reglamentos, es determinar “las prestaciones, servicios sociales o medidas de seguridad social” que deban ser amparados a los directos beneficiarios de los seguros sociales o de quienes ellos derivan su derecho, tal como lo prescribe el artículo 7º del Decreto Ley 433 de 1971; pero no está legalmente facultado para injerirse en la regulación de las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo sucedidos por la culpa suficientemente comprobada del patrono, y mucho menos para aminorar la carga de quien, por mandarlo así el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, está obligado a pagar “la indemnización total y ordinaria por perjuicios”. Indemnización plena que es de cargo exclusivo del empleador como responsable por culpa del accidente o de la enfermedad, y que dejaría de tener este carácter si fuera compartida en su monto por la entidad de previsión social que lo subroga únicamente en el riesgo propio de la denominada “responsabilidad objetiva”.
Estos argumentos que aquí se expresan fueron ya anticipados por los magistrados que en su momento aclararon el voto al dictarse las sentencias de la Sala Plena de Casación Laboral de 12 de noviembre de 1993 (G.J., Tomo CCXXVI, págs. 595 a 607) y de 17 de octubre de 1995 (Rad. 7716) de la extinguida Sección Segunda, y ellos obligan a considerar que si acaso se aceptara que el sentido del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 fuera el que propugna por la recurrente, resultaría forzoso concluir en su inaplicabilidad, al igual que el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964 que lo aprueba, en cuanto permitiría descontar de la indemnización total y ordinaria por perjuicios “el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”.
Esta conclusión, que en rigor no contradice lo que fundamentalmente constituye la jurisprudencia de la desaparecida Sala Plena de Casación Laboral en lo atinente al punto de derecho, no desconoce el efecto útil del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, ni lo hace inarmónico con el sistema de seguridad social contemplado en los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, como tampoco peca contra la lógica y el sentido común, y muchísimo menos se muestra inicua, por no ser cierto que permite “una acumulación de indemnizaciones por un valor superior al daño”, como infundadamente lo sostiene la recurrente. En cambio, lo que en verdad contrariaría la razón práctica es la tesis expuesta en el cargo, y la que no es más que una reiteración de la defensa que propuso la impugnante al contestar la demanda inicial; oportunidad procesal en la que planteó, sin tapujos, que para el caso de ser condenada a pagar los perjuicios civiles materiales derivados de la comprobación de su culpa en el accidente de trabajo, resultaría entonces “[...] procedente descontar del lucro cesante, lo que el demandante ha recibido y continúa recibiendo de la empresa a título de salarios y prestaciones sociales, más lo que ha recibido y recibirá en el futuro a título de pensión de invalidez a cargo del seguro social, por cuanto estos ingresos enriquecen su patrimonio y dejan sin efecto el supuesto lucro cesante [...]” (fl. 31, subraya la Sala).
A nadie escapa que en este caso la pensión vitalicia reconocida por el Instituto de Seguros Sociales por razón del cubrimiento del daño que resulta de la responsabilidad objetiva que le ha asegurado al patrono, supera el monto de la indemnización que por un capital fijo debe pagar el empleador culpable del accidente, por lo que realmente atenta contra el sentido común que el afiliado inválido víctima del accidente de trabajo quede adeudando al patrono el mayor valor de la prestación reconocida por la entidad de previsión social, o que no obtenga de este toda la reparación del daño que le ocasionó.
Es por ello que se mantiene el criterio jurisprudencial expresado en la sentencia de 12 de noviembre de 1993 por la entonces denominada Sala Plena de Casación Laboral, conforme al cual en ninguna de las hipótesis consagradas por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, le es dado a quien causó el perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, pues, se insiste en este aspecto, dicha entidad de previsión social cubre el riesgo laboral propio de la denominada responsabilidad objetiva del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, mas no la responsabilidad que se deriva de la culpa del empleador en la causación del accidente o de la enfermedad.
Conviene reiterar que el Instituto de Seguros Sociales reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicio, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, su vida probable, etcétera, y que dichas prestaciones no tienen por finalidad resarcir los perjuicios realmente producidos, a diferencia de lo que sucede con la indemnización a la que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable al trabajador que sufre el accidente o padece la enfermedad.
Como se dijo en la sentencia de 31 de mayo de 1994 (Rad. 6569), que es el fallo contra el que principalmente endereza sus críticas la recurrente, es posible que en la indemnización tarifada “exista, hasta cierto punto, una desvinculación entre los hechos concretos y la cifra pagada, que puede ser igual, menor o superior a los perjuicios realmente producidos”.
Sin embargo, resulta conveniente anotar que de la misma manera que quien dentro del concepto de la responsabilidad común causa un daño a otro no puede pretender disminuir el monto de la indemnización que deba pagarle argumentando que la víctima se ha beneficiado de un seguro, tomado por el mismo accidentado, en virtud del cual recibe una determinada suma de dinero que le paga la compañía aseguradora, tampoco un patrono, de la indemnización total y ordinaria de perjuicios que debe pagar al trabajador a quien ha dañado por razón de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional por culpa suya, puede pretender descontar lo pagado por el Instituto de Seguros Sociales en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado, como es el del daño que se causa por su culpa. Dicha entidad de previsión social ampara el riesgo del daño propio de la responsabilidad objetiva y no el que se deriva de la culpa del patrono.
Se concluye, entonces, que el tribunal no incurrió en la aplicación indebida de la ley que le imputa la recurrente a la sentencia acusada, en la que no hizo cosa diferente a fundar su decisión en la jurisprudencia sobre el punto de derecho, por lo que el cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de agosto de 1996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso que Gilberto Antonio Duque Martínez le sigue a la Empresa Textiles Rionegro &CIA. LTDA.
Sin costas en el recurso porque no hubo réplica.
Magistrados: Rafael Méndez Arango—Francisco Escobar Henríquez—Jose Roberto Herrera Vergara—Jorge Iván Palacio Palacio—Germán G. Valdes Sánchez—Fernando Vásquez Botero—Ramón Zúñiga Valverde.
Laura Margarita Manotas Gonzalez, secretaria.