Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/24584
Timestamp: 2020-01-20 14:34:21
Document Index: 325335739

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 33', 'Artículo 149', 'Artículo 187', 'Artículo 188', 'Artículo 193', 'Artículo 193', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 33', 'Artículo 34']

Système HJ - Décision: AUTO 122/2015
AUTO 122/2015, de 7 de julio
ECLI:ES:TC:2015:122A
Pleno. Auto 122/2015, de 7 de julio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1442-2015. Acuerda la suspensión parcial en el recurso de inconstitucionalidad 1442-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 11 de marzo de 2015, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE y el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de que se produjese la suspensión de la Ley recurrida.
2. Por providencia de 14 de abril de 2015 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros. Por último, también se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” (publicación que tuvo lugar el 17 de abril de 2015) y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
3. Por escritos registrados en el Tribunal Constitucional el 22 y 23 de abril de 2015, respectivamente, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados comunican el acuerdo de la Mesa de sus respectivas Cámaras de personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de mayo de 2015, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, comparece en el proceso y formula alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. Mediante otrosí insta el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados antes del transcurso del plazo legal de cinco meses, formulando las alegaciones siguientes:
a) La Abogada de la Generalitat se refiere en primer lugar a la conocida doctrina constitucional conforme a la cual la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ratificación o el levantamiento de la suspensión de la Ley autonómica impugnada debe atender a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por la suspensión.
b) Conforme a dicha doctrina constitucional considera la Abogada de la Generalitat que no existen razones fundadas para el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados. El recurso de inconstitucionalidad no se fundamenta en la vulneración de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales sino en el uso por los preceptos impugnados de determinadas expresiones para definir el contenido de las actuaciones, actividades, iniciativas y políticas que tienen en común configurarse en la Ley 16/2014 como instrumentos de la acción exterior de la Generalitat. De manera que parece derivarse del recurso la voluntad de obtener del Tribunal Constitucional una sentencia que de nuevo interprete (pese a que existe ya consolidada doctrina al respecto) cuál es el contenido de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales y cuáles los límites de las actuaciones con proyección exterior de las Comunidades Autónomas.
c) Alega, en primer lugar, que la acción exterior de la Generalitat que la Ley 16/2014 define en sus arts. 1 a 4 no limita su ámbito a la ejecución de un determinado título competencial; se proyecta sobre los intereses de Cataluña sin exigir que se fundamente en un título competencial concreto y sin prever expresamente que deba sujetarse a los instrumentos de coordinación fijados en la normativa estatal. No parece que la mera previsión de un marco normativo que define la acción exterior de la Generalitat y establece sus finalidades pueda producir un perjuicio directo y concreto a la política exterior que corresponde ejercer al Estado, por el hecho de que la Ley 16/2014 no exija que las actuaciones que integran la acción exterior de la Generalitat se circunscriban a un ámbito competencial específico. La actuación exterior de las Comunidades Autónomas tiene un carácter instrumental de sus competencias, pero ese carácter instrumental no comporta que cada actuación deba necesariamente tener una vinculación directa e inmediata en un determinado título competencial. Además, la acción exterior vinculada a la promoción de los intereses de la Comunidad Autónoma ha sido considerada “irreprochable en términos constitucionales” por la STC 31/2010, FJ 118.
d) Por lo que respecta a las funciones que la Ley 16/2014 atribuye al Parlamento de Cataluña, al Presidente de la Generalitat y a su Gobierno y Administración (arts. 5 a 9), tampoco aprecia la Abogada de la Generalitat que causen ningún perjuicio directo al interés público o privado. En la mayoría de los casos se trata de funciones que ya venían ejerciéndose antes de su previsión en la Ley 16/2014; están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) y sobre ellas ya se pronunció la citada STC 31/2010 declarando su conformidad con la Constitución. Así, el recurso impugna, sin justificar los motivos, que el Parlamento de Cataluña, en ejercicio de su función de control del Gobierno, debata sobre un plan estratégico de acción exterior que no es objeto de impugnación; o que el Parlamento ejerza la función de control de subsidiariedad, ya que, según sostiene el recurso, esa función no se desarrollará en los términos previstos en la normativa europea y española. Difícilmente pueden derivarse perjuicios de una regulación que no se refiere en absoluto al procedimiento del control de subsidiariedad sino que se limita a afirmar, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y con la normativa estatal, que, en el ámbito de la Generalitat, las funciones relacionadas con aquel control corresponden al Parlamento (y no al Gobierno o a la Administración de la Generalitat). Es imposible que esa simple atribución de funciones ajustada a la normativa estatal produzca perjuicio alguno, por lo que no se justifica su suspensión.
e) En cuanto a los acuerdos de colaboración, el recurso fundamenta la impugnación de los arts. 2 d) y 7 e) en una supuesta invasión de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales. Se basa, por un lado, en que el concepto de “acuerdos de colaboración” no se corresponde con la definición que la Ley estatal 25/2014, de tratados y otros acuerdos internacionales, realiza de los acuerdos internacionales no normativos; por otro, en el hecho de que los preceptos citados no se refieren expresamente a los requisitos a que la Ley estatal somete la celebración de estos acuerdos. Según la Abogada de la Generalitat nada hay en los preceptos impugnados que conduzca a considerar que los acuerdos de colaboración constituyen tratados internacionales; tampoco que impida o dificulte la función de coordinación estatal, que se concreta en la obligación de remitir los proyectos de acuerdos internacionales no normativos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación antes de su firma, para que sean informados por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el derecho internacional y, en particular, dictaminar sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional. Puesto que nada en la Ley 16/2014 impide o dificulta que los acuerdos de colaboración se sujeten a los requisitos previstos en la Ley estatal 25/2014, es patente que los preceptos impugnados no producen un perjuicio directo al ius contrahendi que corresponde al Estado. Además, difícilmente se puede sostener que la no suspensión de la atribución al Gobierno de la Generalitat para aprobar o autorizar los acuerdos de colaboración pueda producir algún perjuicio, cuando esa misma función ya la atribuyó al Gobierno de la Generalitat la Ley catalana 13/2008, que no ha sido impugnada.
f) La regulación relativa al establecimiento de delegaciones y oficinas de la Generalitat ante la Unión Europea y en el exterior ha sido impugnada, según el recurso, comporta la atribución de la Generalitat del ius legationis que corresponde a la competencia estatal en materia de relaciones internacionales y colisiona con las previsiones de la Ley estatal 2/2014. Nada de lo establecido en los arts. 2, apartados e) y f), y 29 a 33 de la Ley 16/2014 puede servir de apoyo a esa argumentación; en cualquier caso, la necesaria comunicación al Estado de la apertura de las oficinas y delegaciones de la Generalitat permite evitar cualquier eventual exceso competencial, debiendo recordarse que el establecimiento de delegaciones y oficinas de la Generalitat en el exterior está previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y ha sido avalado por la STC 31/2010.
g) Por último, se refiere a la impugnación de la previsión, en los arts. 6 y 26, del objetivo del Gobierno de la Generalitat de mantener contactos con los consulados existentes en Cataluña, así como de la regulación de diplomacia pública de Cataluña [arts. 2 i), j), k) y 1) y 34 a 36], por entender el recurso que en ambos casos dichas funciones se corresponden con el ius legationis.
h) Como conclusión, sostiene la Abogada de la Generalitat que mantener la suspensión de los preceptos impugnados supondría impedir a la Generalitat de Cataluña el correcto y necesario ejercicio de sus competencias, que se proyecta de manera natural sobre un conjunto de actuaciones e instrumentos. Tal suspensión no puede basarse en la mera posibilidad, fundamentada en una interpretación inadecuada de dichos preceptos, que pudiera supuestamente comportar, en algún caso, una injerencia en las competencias del Estado en materia de relaciones internacionales. No hay que olvidar que, en la eventualidad de que llegara a producirse efectivamente una concreta injerencia o menoscabo en el ejercicio por el Estado de la dirección y ejecución de la política exterior, este dispone de sólidos instrumentos jurídicos para evitarla. En tanto ese supuesto hipotético no llegara producirse, es evidente que del tenor de la Ley 16/2014 no resulta ningún perjuicio para la política exterior del Estado.
5. Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de mayo de 2015, el Letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que ostenta, comparece en el proceso y formula alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. Mediante otrosí solicita el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados antes de que transcurra el plazo legal de cinco meses, por entender que el mantenimiento de la suspensión comporta unos perjuicios de imposible reparación para la Generalitat de Cataluña, por dos motivos.
a) En primer lugar, porque el recurrente no ha precisado ni fundamentado jurídicamente, de forma pormenorizada, las razones de la supuesta inconstitucionalidad de una serie de apartados de los preceptos que impugna genéricamente; esto se predica respecto de la impugnación de las letras b), c), g) y h) del art. 2; de los apartados a), b), c), d), f), g), i), j), k), del art. 3; de los apartados c), d), e), f), g) y h) del art. 4; y de los apartados b), d), f), g), e i) del art. 5. En otros casos, el recurrente utiliza fórmulas genéricas para impugnar algunos preceptos de la Ley 16/2014, sin que los argumentos sean razonados con detalle: así ocurriría con la impugnación de los apartados 2 y 3 del art. 1; de los arts. 6 a 9; y de los arts. 34 a 38.
b) En segundo lugar, sostiene el Letrado del Parlamento de Cataluña que el interés público queda igualmente concernido en la medida en que se suspende la vigencia de unas normas, con rango de ley, que establecen funciones y actividades que se venían aplicando en la práctica; están fundamentadas jurídicamente, según el caso, en el Tratado de la Unión Europea, en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña o en normas con rango de ley ordinaria, tanto estatales (tales como la Ley 24/2009, de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la comisión mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa, o la Ley 2/2014, de la acción y del servicio exterior del Estado) como autonómicas (como la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades catalanas del exterior, o la Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo). Habían sido reconocidas como conformes a la Constitución por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 31/2010, en particular). De esta forma, el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley 16/2014 supondría un claro perjuicio para el sistema de autogobierno de la Generalitat de Cataluña, pues implicaría que las instituciones de la Generalitat no pudieran ejercer funciones y actividades que han venido ejerciendo hasta el momento, de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el alcance que ha establecido el Tribunal Constitucional. El levantamiento de la suspensión de los preceptos recurridos no conllevaría perjuicio alguno para el Gobierno de la Nación, por cuanto las funciones y actividades suspendidas son ejercidas de forma habitual por todas las Comunidades Autónomas del Estado español.
6. Por providencia de 12 de mayo de 2015 el Pleno del Tribunal acordó incorporar a las actuaciones los escritos de alegaciones presentados por la Abogada de la Generalitat y al Letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación legal que respectivamente ostentan, y conferir al Abogado del Estado un plazo de cinco días para exponer lo que estime procedente en relación con la solicitud de levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley 16/2004 que dichas representaciones interesan por otrosí en sus escritos.
7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de mayo de 2015, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados con fundamento en las alegaciones siguientes:
a) Tras recordar la doctrina constitucional relativa a los incidentes de suspensión de leyes autonómicas, alega, con apoyo en el informe elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que adjunta, que el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014 ocasionaría graves e irreparables perjuicios a los intereses de la política exterior de España y sus relaciones internacionales. Se trata de daños fundamentalmente futuros y previsibles, si bien algunos de ellos ya se han producido por actos adoptados por la Generalitat de Cataluña como, por ejemplo, la aprobación de los Decretos del Departamento de Presidencia de la Generalitat 167/2014 y 168/2014 por los que se crean sendas delegaciones del Gobierno de la Generalitat en Austria e Italia respectivamente, publicados en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” núm. 6777, de 24 de diciembre de 2014, e impugnados por el Gobierno de la Nación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (autos núm. 51-2015); o el nombramiento por Decreto 2/2015, de 13 de enero, de la Presidencia del Gobierno de la Generalitat de un “representante permanente” de la Generalitat ante la Unión Europea, publicado en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” núm. 6789, del 15 de enero de 2015, impugnado igualmente por el Gobierno de la Nación ante el mismo órgano jurisdiccional (autos núm. 157-2015). Como es bien conocido, la denominación “representante permanente” se reserva en el seno de la Unión Europea a la representación de los Estados ante el Consejo y demás instituciones de la Unión.
b) Siguiendo el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que adjunta a su escrito de alegaciones, el Abogado del Estado pasa seguidamente a concretar los perjuicios para el interés general que provocaría el levantamiento de la suspensión de los preceptos de la Ley 16/2014 impugnados.
c) Invoca asimismo el Abogado del Estado la doctrina constitucional que aprecia la existencia de un perjuicio actual y directo al interés general que resulta del bloqueo de las competencias estatales, por cuanto los preceptos impugnados de la Ley 16/2014 vienen a impedir la plena efectividad de una decisión legislativa estatal, la Ley 2/2014, de la acción y del servicio exterior del Estado (AATC 336/2005, de 15 de septiembre, FJ 5; 104/2010, de 28 de julio, FJ 5; 146/2013, de 5 de junio, FJ 4, y 153/2014, de 27 de mayo, FJ 1).
1. Se trata en la presente resolución de determinar si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que se encuentran suspendidos en su aplicación como consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE y del art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al promoverse el recurso de inconstitucionalidad contra los citados preceptos por el Presidente del Gobierno. La impugnación tiene un fundamento predominantemente competencial, por cuanto entiende el recurrente que los citados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014 vulneran la competencia exclusiva estatal en materia de relaciones internacionales, reconocida por el art. 149.1.3 CE.
2. Conforme a nuestra reiterada doctrina, para decidir si procede o no ratificar dentro del plazo de cinco meses que establece el art. 161.2 CE la suspensión de la Ley autonómica impugnada en un recurso de inconstitucionalidad es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada. Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa (arts. 161.2 CE y 30 LOTC), aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, AATC 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2).
3. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado ha solicitado que se ratifique la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, alegando, con apoyo en el informe elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que adjunta, que el alzamiento de la suspensión ocasionaría graves e irreparables perjuicios a los intereses de la política exterior de España y sus relaciones internacionales; se trataría de daños fundamentalmente futuros y previsibles, si bien algunos de ellos ya se han producido por actos adoptados por la Generalitat de Cataluña, según los ejemplos que cita (creación de delegaciones del Gobierno de la Generalitat en Austria e Italia, designación de un representante permanente de la Generalitat de Cataluña en la Unión Europea y aprobación del plan de acción exterior de Cataluña). Esos perjuicios para el interés general que provocaría la aplicación de los preceptos legales impugnados si se alzase la suspensión que pesa sobre los mismos se concretarían, de acuerdo con el referido informe, en la creación de interferencias y distorsiones en la puesta en práctica de la política exterior del Estado español; en la confusión que se generaría en la comunidad internacional; en el perjuicio para la imagen exterior de España. Todo ello permitiría a la Generalitat de Cataluña seguir avanzando en la construcción de estructuras estatales con el objetivo confesado de constituir un futuro Estado propio.
4. Es evidente que la decisión que aquí hemos de adoptar no puede apoyarse en la apariencia de buen Derecho de la pretensión impugnatoria; tampoco en la idea de que es preciso evitar la pluralidad de regímenes normativos allí donde hasta el momento sólo haya habido una disciplina unitaria. Lo primero supondría anticipar un pronunciamiento que sólo es posible en el marco del proceso principal; lo segundo, olvidar que la esencia misma de nuestro modelo de Estado descansa, precisamente, en la concurrencia de sistemas normativos, cuya convivencia ha de buscarse exclusivamente en la ordenación de sus respectivos ámbitos competenciales.
5. Atendiendo a los criterios expuestos no procede mantener la suspensión (salvo en el extremo que luego se dirá) del art. 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, que determina que el objeto de la ley es regular “la acción exterior de Cataluña y las relaciones de la Generalidad con la Unión Europea”, con la finalidad de alcanzar los objetivos de proyección exterior de Cataluña que el precepto señala. A la misma conclusión de alzamiento de la suspensión cabe llegar, con las salvedades a las que luego nos referiremos, en cuanto al artículo 2, que recoge una serie de definiciones a efectos de dicha Ley, al artículo 3 (principios rectores de la acción exterior y de las relaciones con la Unión Europea) y al artículo 4 (finalidades de la acción exterior y de las relaciones con la Unión Europea), preceptos integrantes todos ellos del título preliminar de la Ley 16/2014.
6. Por lo que se refiere a los artículos 5 a 9 (actores de la acción exterior de Cataluña y de sus relaciones con la Unión Europea), debe alzarse la suspensión del artículo 5, referido a las funciones que corresponden al Parlamento de Cataluña en relación con la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, pues no se aportan por el Abogado del Estado argumentos que justifiquen el mantenimiento de la suspensión. En su impugnación del artículo 5 el Abogado del Estado llama la atención especialmente sobre la función parlamentaria recogida en la letra h) del artículo 5, relativa a “ejercer la función de control del principio de subsidiariedad de los actos legislativos de la Unión Europea”, señalando que esta función de control excede con mucho las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues una cosa es participar en los procedimientos de control, como dice el 188 EAC, y otra bien distinta “ejercer la función de control”, como afirma el precepto impugnado. Ahora bien, de nuevo sin anticipar la respuesta de fondo que corresponda dar en su momento a la impugnación de este precepto, bastará en este incidente para descartar la existencia de perjuicios para el interés general con advertir que esa función ha de ser ejercida por el Parlamento de Cataluña “de conformidad con el Estatuto”, como el propio artículo 5 establece, lo que significa que esa función de control parlamentario ha de serlo “en relación con las propuestas legislativas europeas cuando dichas propuestas afecten a competencias de la Generalitat” (art. 188 EAC). No se cuestiona “que al Estado le corresponde el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad” establecidos por el derecho de la Unión Europea, de suerte que la intervención del Parlamento de Cataluña prevista en el art. 188 EAC, a la que se refiere el art. 5 h) de la Ley 16/2014, “en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las competencias o intereses de Cataluña, ha de tener lugar en los concretos términos que establezca la legislación del Estado” (STC 31/2010, FJ 122). Así las cosas, debemos convenir con la Letrada de la Generalitat en que difícilmente puede entenderse que esa atribución de funciones de control al Parlamento de Cataluña produzca perjuicio alguno para el interés general, por lo que no se justifica el mantenimiento de su suspensión.
7. Resta por examinar si procede o no mantener la suspensión de los arts. 29 a 33 de la Ley 16/2014, que integran su título III, relativo a la “representación de la Generalidad en el exterior”, y cuya finalidad es promover y defender los intereses de Cataluña en el exterior (artículo 29) mediante: delegados del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea (artículo 30), delegados del Gobierno de la Generalitat en el exterior como unidades de representación institucional, que tienen por objeto la proyección internacional del país (artículo 31) y oficinas sectoriales del Gobierno de la Generalitat en el exterior, como unidades de representación territorial en el exterior con un ámbito de actuación sectorial (artículo 32). Para la actuación coordinada y eficaz de los integrantes de la representación, cuya garantía corresponde al Gobierno de la Generalitat, los delegados del Gobierno asumen la coordinación de las oficinas sectoriales del Gobierno de la Generalitat en el exterior, que deberán integrarse en los espacios de las Delegaciones; espacios en los que deberán integrarse también las representaciones en el exterior de otras Administraciones públicas de Cataluña (artículo 33).
1º. Mantener la suspensión del apartado 1 b) del art. 1; de las letras i), j), k) y l) del art. 2; de la letra a) del art. 4 y de los arts. 34 a 38, todos ellos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea.
2º. Levantar la suspensión del apartado 1 a) y c) y el apartado 2 del art. 1; de las letras a) a la h) del art. 2; del art. 3; de las letras b) a la h) del art. 4; de los arts. 5 a 9; del art. 26; y de los arts. 29 a 33 de la misma Ley.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 1442-2015
Artículos 29 a 38
Artículo 149.1.3, ff. 1, 3 a 7
Título V, capítulo III, f. 5
Artículo 187, f. 6
Artículo 188, f. 6
Artículo 193, ff. 5, 6
Artículo 193.1, ff. 5, 7
Artículo 194, f. 7
Artículo 195, f. 6
Artículo 1.1 b) expresión "actor internacional activo", f. 5
Artículos 1 a 4, f. 5
Artículos 1 a 9, f. 1
Artículo 2 d), f. 6
Artículo 2 j), f. 5
Artículo 2 k), f. 5
Artículo 2 l), f. 5
Artículo 5 h), f. 6
Artículos 5 a 9, ff. 3, 6
Artículo 7 a 9, f. 6
Artículo 7 c), f. 6
Artículo 7 e), f. 6
Artículo 29, ff. 6, 7
Artículos 29 a 33, f. 7
Artículos 29 a 38, f. 1
Artículo 30, ff. 6, 7
Artículo 33.2, f. 6
Artículo 34 a 38, f. 5
Levantamiento parcial de la suspensiónLevantamiento parcial de la suspensión, f. 6
Relaciones de las Comunidades Autónomas con la Unión EuropeaRelaciones de las Comunidades Autónomas con la Unión Europea, ff. 5 a 7
Suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasSuspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, f. 7