Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-76001232400019990954-01-12777-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d498f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-02 11:31:41
Document Index: 301115381

Matched Legal Cases: ['artículo 643', 'artículo 580', 'artículo 643', 'artículo 716', 'artículo 643', 'artículo 715', 'artículo 580', 'artículo 643', 'artículo 580', 'artículo 580', 'artículo 588', 'artículo 580', 'artículo 580', 'artículo 643']

﻿ SENTENCIA 76001232400019990954-01 12777 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2002
SENTENCIA 76001232400019990954-01 12777 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:SANCIÓN POR NO DECLARAR. SE HALLA RESERVADA LEGALMENTE, SOLO PARA EL EVENTO DE QUE PERSISTA LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE DECLARAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES RELACIONADAS CON LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, SANCIÓN POR OMISIÓN DE ACTIVOS EN LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, SANCIÓN POR NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA
Sentencia 12777 de septiembre 19 de 2002
Exp.: 76001232400019990954-01
Interno: 12777
Actor: Sociedad Rosa Alicia Betancourt e Hijos S.C.S.
C. La Nación DIAN
Sanción por no declarar renta 1995
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dos (2002).
EXTRACTOS: «Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la nación contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Sede Cali, el 27 de abril de 2001, estimatoria de las pretensiones de la demanda instaurada contra los actos administrativos que le impusieron a la sociedad actora, sanción por no declarar en relación con el impuesto sobre la renta por el año de 1995.
En atención a que la Administración de Impuestos Nacionales de Cali, estableció que la contribuyente Sociedad Rosa Alicia Betancourt e Hijos S.C.S. omitió la presentación de la declaración de renta del año gravable de 1995, le envió el oficio persuasivo 8001648 del 19 de noviembre de 1997, a efecto de que procediera a su presentación.
Como no obtuvo respuesta, la administración produjo el emplazamiento para declarar 0073-48 del 22 de enero de 1998, para que la sociedad presentara la respectiva declaración, el que fue respondido, el 23 de febrero de 1998, mediante escrito en el que anexó la copia de la declaración de renta correspondiente al año de 1995 presentada en esa misma fecha.
La administración expidió la Resolución Sanción 0385 del 3 de abril de 1998, en la que impuso sanción por no haber presentado declaración de renta por el año de 1995, de conformidad con el artículo 643 del estatuto tributario, en atención a que consideró que la declaración enviada con la respuesta al emplazamiento, debe tenerse como no presentada, por cuanto en ella se informa como razón social el nombre de la persona natural y no el de la sociedad, como debió hacerse de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 580 del estatuto tributario. En consecuencia con base en los ingresos brutos declarados en el denuncio por el año de 1994, fue determinada oficialmente la sanción en cuantía de $ 73.288.000.
El anterior acto fue confirmado a través de la Resolución 000105 del 3 de diciembre de 1998, que desató el recurso de reconsideración interpuesto y agotó la vía gubernativa.
Se controvierte la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la administración de impuestos, le impuso a la sociedad actora sanción por no declarar, en relación con el impuesto sobre la renta correspondiente al año de 1995.
Teniendo en cuenta el procedimiento seguido, así como la naturaleza de la sanción materia de debate, precisa la sección, que la imposición de la sanción a que se refiere el artículo 643 se halla reservada legalmente, sólo para el evento de que persista la omisión en el cumplimiento del deber de declarar, no obstante estar obligado a ello y una vez surtido el procedimiento previo establecido en los artículos 715 y 716, que en su orden consagran el emplazamiento previo y la imposición de la sanción como consecuencia de que vencido el término no se haya presentado materialmente la declaración.
En efecto, la sanción está prevista en el artículo 716 en forma consecuencial a la no presentación de la declaración con ocasión del emplazamiento.
“ART. 715.—Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración de impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndosele de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
“ART. 716.—Consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la administración de impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643”. (subraya la Sala).
Observa la Sala que la administración dentro del programa “omisos (renta)” al advertir que la sociedad (sic) Sociedad Rosa Alicia Betancourth e Hijos S.C.S., no había presentado su declaración de renta correspondiente al año de 1995, dio inicio al procedimiento mediante la actuación establecida en el artículo 715 del estatuto tributario, conducente a la imposición de sanción por no declarar, para lo cual emplazó a la sociedad el día 22 de enero de 1998, para que dentro del mes siguiente diera cumplimiento al deber formal omitido.
Dentro del procedimiento sancionatorio adelantado, el emplazamiento tenía por objeto que el contribuyente detectado como “omiso” cumpliera con la obligación de presentar su denuncio rentístico por el año de 1995 y era de su cargo en la respuesta al mismo (el 23 de febrero de 1998), para entenderlo debidamente atendido, darle cuenta a la administración de que ya había cumplido con el deber formal inicialmente omitido, como en efecto ocurrió en el asunto en litis, en donde la obligación de hacer, consistente en presentar la declaración después del emplazamiento para declarar, fue satisfecha por parte de la contribuyente dentro de esta oportunidad legalmente prevista.
Es así como se destaca que la contribuyente atendió dentro del plazo concedido por la norma, el deber formal omitido, y presentó en la fecha límite del 23 de febrero de 1998 la respectiva declaración y así lo informó a la DIAN. Tal circunstancia descartaba la ocurrencia del hecho tipificado en la ley como sancionable y contrario a lo aducido en el acto sancionatorio, si desvirtuaba el “hecho planteado por el emplazamiento”.
Atendiendo a las precisiones anteriores, advierte la sección que si bien no está de acuerdo con el criterio expuesto por el tribunal como fundamento de la declaratoria de nulidad de los actos demandados, inexistencia de la causal contemplada en el literal b) del artículo 580 del estatuto tributario, confirmará la sentencia apelada, al advertir evidente la ausencia del presupuesto fáctico que amerita la imposición de la sanción por no declarar, e ilegal la motivación administrativa para imponerla a la sociedad.
En efecto, en el asunto en litis, a pesar de que le fue acreditada la presentación de la declaración con motivo de la respuesta al emplazamiento la entidad oficial le impuso a la sociedad actora la sanción prevista en el artículo 643 del estatuto tributario, preválida del argumento de que al atender el deber formal en cumplimiento de dicho emplazamiento, incurrió en una inconsistencia en la declaración, que estimó la entidad configuraba una de las causales que permiten tener el denuncio como no presentado, concretamente la indicada en el literal b) de artículo 580 del estatuto tributario, “cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga en forma equivocada.
Argumentación inadmisible, a juicio de la Sala, por cuanto desconoce que el hecho sancionable es la persistencia, posterior al emplazamiento, en la omisión del deber de declarar y no la presentación de la declaración con alguna de las inconsistencias en el diligenciamiento del formulario oficial señaladas en el artículo 580 del estatuto tributario, que implicarían tenerla como no presentada, deficiencias que pueden ser subsanadas por el contribuyente ejerciendo dentro de los dos años, el procedimiento de corrección previsto en el parágrafo 2º del artículo 588 ib.
Como bien lo destaca la apoderada de la Nación, la ley distingue entre la total ausencia material del formulario, de aquellos eventos en los cuales la declaración ha sido materialmente presentada, pero con errores que implicarían tenerla como no presentada e insatisfecho el cumplimiento del deber formal.
El hecho de que la declaración formalmente presentada contuviera errores que a la postre podrían derivar en considerar no satisfecho el deber de declarar, no daba lugar a que la administración mezclara dos procedimientos distintos y diferenciados claramente en la normatividad tributaria, como lo son la ausencia material del formulario diligenciado y la presentación del formulario con alguna inconsistencia.
Al advertir la administración que el denuncio presentado tenía inconsistencias que a su juicio impedían tener la declaración presentada en debida forma, de conformidad con el artículo 580 del estatuto tributario, debió iniciar el respectivo procedimiento, con la expedición del acto “declarativo” que plasmara la voluntad de considerar no presentado el denuncio privado, pero no proseguir con la actuación anterior, la que evidentemente se agotó con la presentación material del denuncio.
En consecuencia, no le era dable a la administración expedir el acto de imposición de la sanción, sino que cumplida la finalidad del emplazamiento, como lo era que la sociedad presentara su declaración de renta por el año de 1995, debió concluirse el respectivo procedimiento sancionatorio, que se recuerda fue iniciado al establecer que la sociedad no presentó su declaración, no obstante estar obligada a ello.
De otra parte, tampoco está de acuerdo la sección con las razones aducidas por el tribunal para declarar la nulidad de los actos acusados, al considerar que no existió el hecho por el cual fue impuesta la sanción a la sociedad actora, conforme a la interpretación que le dio al alcance del literal b) del artículo 580 del estatuto tributario, y por el contrario reitera su posición el sentido de considerar que la correcta identificación del contribuyente comprende el suministro en la declaración tributaria, tanto del número de identificación tributaria, NIT, como del nombre o razón social. En la sentencia dictada el 29 de mayo de 1998, dentro del expediente 8788, actor, Moda Universal S.A., C.P. Dr. Germán Ayala Mantilla, la Sala expresó:
“En relación a la identificación del contribuyente, asunto controvertido en este proceso se considera, contrario a lo afirmado por el a quo, el nombre comercial o la razón o denominación social si constituye un factor primordial que permite la identificación y la diferenciación de otras personas jurídicas, hasta tal punto de que goza de protección legal.
No puede decirse, como afirman el a quo y el accionante que lo único que identifica al declarante es su número de identificación tributaria (NIT) asignado por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Constituye su identificación, el conjunto de los dos elementos mencionados, el nombre comercial o la razón o denominación social y número de identificación asignado por la administración tributaria NIT”.
En conclusión a todo lo dicho, no prohija la Sala el proceder de la administración, que desatendiendo la presentación de la declaración privada con motivo del emplazamiento, expidió el acto sancionatorio, ignorando además que la ley regula y distingue las declaraciones materialmente presentadas con deficiencias formales (art. 580) de aquellos eventos en los cuales se presenta absoluta omisión en el cumplimiento voluntario del deber formal de declarar, puesto que una cosa es presentar una declaración con deficiencias formales y otra distinta el ser omiso y renuente a cumplir con la obligación de hacer, caso en el cual opera a plenitud el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 643 en concordancia con el 715 y 716, normatividad que dio fundamento a la presente sanción.
Por las razones precedentes la Sala confirmará la sentencia apelada.
En mérito a lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
2. RECONÓCESE personería para actuar a la doctora Flori Elena Fierro Manzano, para representar a la Nación, de conformidad con el poder obrante al folio 110 del expediente.