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Timestamp: 2019-09-19 12:57:24
Document Index: 339906981

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 327', 'artículo 16', 'artículo 106', 'in fine', 'artículo 192', 'artículo 10', 'artículo 203', 'artículo 106']

Acuerdo y Sentencia 441/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 441/19
EXPEDIENTE: “MUSIC HALL S.A.I.C. Y OTRO C/RES. N° 122 DEL 7/10/13 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MIRYAM PEÑA CANDIA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “MUSIC HALL S.A.I.C. Y OTRO C/ RES. N° 122 DEL 7/10/13 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 171 de fecha 6 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
1° ¿Es nula la sentencia apelada?
2° En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍREZ CANDIA, BENÍTEZ RIERA Y PEÑA.
A la primera cuestión planteada el Dr. RAMÍREZ CANDIA dijo: En los agravios vertidos como causantes de nulidad la Abogada Elodia Almirón Prujel, en representación de la Dirección Nacional de Aduanas, sostuvo que la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas atenta contra el Principio Lógico de No Contradicción, basándose en que deciden aplicar a la mercadería importada el arancel del 8%, pese a que han referido que existió una diferencia en la posición arancelaria y que corresponde su reliquidación. Sostiene que así el Tribunal reconoce la existencia de un perjuicio al fisco por la mala calificación arancelaria, pero sin embargo exoneran del pago del tributo aduanero diferencial, motivo por el cual solicita la declaración de nulidad de la resolución impugnada.
Dado que los agravios expuestos en este apartado son susceptibles de encontrar respuesta al momento del estudio del recurso de apelación y que, además, en el fallo recurrido no se encuentran vicios o defectos de forma que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde desestimar este recurso.
A SUS TURNOS LOS DRES. BENÍTEZ RIERA y PEÑA CANDIA MANIFIESTAN: Que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. RAMÍREZ CANDIA prosiguió diciendo: El representante de la parte actora cuestionó en autos la resolución N° 21 del 23 de agosto de 2013, confirmada por la Resolución N° 122 del 07 de octubre de 2013, ambas dictadas por la Dirección Nacional de Aduanas, por la que califican como Defraudación las irregularidades denunciadas, disponiendo el cobro de los tributos aduaneros diferenciales más la multa igual a dicho monto, sumando un total de Gs. 29.904.728.
El Tribunal de Cuentas, basado en la falta de intensión de lesionar al erario debido a un error subsanable, por Acuerdo y Sentencia N° 171 de fecha 06 de julio de 2015 resolvió: "1.-) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, promovida por el abogado ROBERTO RUIZ DÍAZ LABRANO, en representación de la firma MUSIC HALL S.A.I.C. S.A. contra la resolución N° 324 de fecha 13 de julio de 2012 dictada por el Director Nacional de Aduanas, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y, en consecuencia, 2.-) REVOCAR la resolución N° 324 de fecha 13 de julio de 2012 dictada por el Director Nacional de Aduanas, clasificando la mercadería en la partida 527.91.90, con un canal del 8%, pues ello no se encuentra debidamente probado dentro del procedimiento administrativo aduanero. 3.-) IMPONER las costas a la perdidosa en virtud a lo dispuesto en el Art. 192 del C.P.C. 4.-) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.
Al expresar agravios, la Abg. Elodia Almirón Prujel, sostiene que en el presente juicio lo que se discute es la mala calificación arancelaria declarada por la importadora Music Hall (donde la actora sostiene que debe aplicarse el arancel del 8% mientras que la DNA considera que debe ser del 20%) y la consecuente multa por Defraudación. El Tribunal de Cuentas sostuvo que se ha probado la existencia de una mala clasificación arancelaria, lo que hace innecesario que argumenten acerca de un hecho cierto. En lo que hace a la multa, sostiene que el art. 327 del Código Aduanero, aplicado por el Tribunal de Cuentas es aplicable solo a las faltas por diferencia -que no se da en el presente caso- y no puede ser aplicable a otras infracciones. Respecto al cambio de criterio de la DNA, sostiene que no existen actos administrativos infalibles y que no existe una jurisprudencia administrativa, pues es función del Tribunal de Alzada determinar la correcta interpretación o no de la ley por parte del Estado. Agrega que es potestad del juzgador cambiar de criterio, siempre y cuando sea en base a razones objetivas. Por último, sostiene que las declaraciones realizadas por el declarante no pueden ser consideradas como un simple error, pues consideran que existe intencionalidad en el hecho de saber y conocer que las mercaderías importadas no eran iguales a las que hacen referencia en el informe DV 23/11, existiendo, por ende, datos inexactos. Termina solicitando que, en caso que no proceda la nulidad, se declare la revocación del fallo recurrido.
Haciendo el estudio de los agravios observo que los mismos giran en torno a la multa aplicada por supuesta defraudación a la firma MUSIC HALL S.A.I.C., resultante de la contra liquidación realizada por el Departamento de Visturía de la D.N.A. en base al informe detallado de la clasificación arancelaria de la mercadería en cuestión, el informe N° 23/11 (fs. 106/109 de autos).
Ahora bien, la diferencia arancelaria existió según la Institución Aduanera y la firma actora objetó la calificación dada por la Administración, la que podía ser subsanada. Los despachos de importación N° 110151C04010700C, N° 110151C04003427K, N° 1101S1C04009418Z, N° 110151C04007582Z, N° 110151C04005557Z y N° 110151C04001972N en la verificación documental de la mercadería identificada como “Home Theater” fue declarada con posición arancelaria del 8% (ocho por ciento), sin embargo, según el Departamento de Visturía de la Dirección Nacional de Aduanas le corresponde el 20% (veinte por ciento), y es éste el error que podía ser subsanado según la actora, sin embargo la Administración Aduanera lo consideró como una defraudación.
Para el efecto, debemos primeramente determinar lo que se entiende por Defraudación, que el art. 131 del Código Aduanero define de la siguiente manera: “Se considera que existe defraudación en toda operación que, por acción u omisión, realizada en forma dolosa, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero, y se traduzca o pudiera traducirse si pasase inadvertida, en un perjuicio a la renta fiscal, siempre que el hecho no configure contrabando u otro hecho punible".
De una atenta lectura de la norma legal transcripta, se desprende que además del perjuicio que pudo haber sufrido el fisco, es esencial para que la operación aduanera sea calificada como Defraudación, que la acción u omisión se haya realizado con dolo. Pues bien, de las constancias de autos se observa que el hecho estudiado tuvo su origen en el Departamento de Control Posterior de la Dirección de la Fiscalización en los despachos de importación N° 110151C04010700C, N° 110151C04003427K, N° 110151C04009418Z, N° 110151C04007582Z, N° 110151C04005557Z y N° 110151C04001972N consignados a la firma MUSIC HALL S.A.I.C., concluyendo la investigación con las contra liquidaciones N° 110, 111, 112, 113, 114 y 115. Las contra liquidaciones se basaron en los Informes de Clasificación N° 214/09 de fecha 12 de noviembre de 2009 (fs. 6/7 de los antecedentes administrativos) y N° 45/11 del Departamento de Visturía (fs. 290/296 de los ant. Adm.) teniendo en cuenta los siguientes criterios: las mercaderías importadas e individualizadas como “Home Theater” fueron clasificadas en la partida arancelaria 8527.91.90.000A con un gravamen del 8%. Sin embargo, para el Departamento de Visturía éste gravamen debía ser del 20% de los tributos aduaneros.
Conforme a las pruebas arrimadas, así como a las conclusiones del sumario instruido a la firma MUSIC HALL S.A.I.C., observo que no se dieron los presupuestos legales para calificar el hecho investigado como Defraudación. En efecto, el Juez sumariante, arribó a dicha conclusión sustentando que de no haberse detectado la errónea declaración de la sumariada en cuanto a la posición arancelaria de las mercaderías se hubiera producido un perjuicio fiscal, pero no demostró el ánimo de defraudación, requisito imprescindible para que se configure la Defraudación.
En este sentido, son los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas los responsables del control exhaustivo a realizar de acuerdo al canal por el cual ingresaron las mercaderías -rojo-, tal como lo establece el artículo 124 del Código Aduanero. En el caso que nos ocupa, no existió ninguna observación por parte de los “vistas” en relación a la posición arancelaria por la cual ingresaron las mercaderías, por lo que mal podría hablarse de una finalidad defraudadora por parte de la firma MUSIC HALL S.A.I.C.
Asimismo, tampoco se hallan reunidos los recaudos legales necesarios para la aplicación de otro tipo de sanción aduanera, toda vez que el contribuyente ha brindado la información necesaria orientada a que la DNA determine el arancel correspondiente. Como se ha expuesto más arriba, es el funcionario aduanero quien debe ulteriormente fijar el arancel, no pudiendo, por ende, atribuirse una conducta al contribuyente susceptible de sanción.
Sobre el punto, el Código Aduanero en su artículo 327 establece: “Casos de no aplicación de sanciones. 1. La inexactitud realizada, en cualquier declaración relativa a las operaciones aduaneras de importación o exportación, no será considerada falta aduanera por diferencia si el declarante hubiere indicado todos los elementos necesarios para que el servicio aduanero pudiera establecer la correcta tributación y la misma fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración y los documentos respectivos. Esta inexactitud puede referirse a errores de transcripción, de cálculo, inadvertencia de algunos elementos necesarios para determinar el valor en aduana, en la conversión de monedas, clasificación arancelaria cuando los otros elementos han sido correctamente declarados y en la cantidad de carga y el peso correspondiente. (...)”.
En consecuencia, puedo concluir que no existe conducta reprochable por parte del contribuyente, por lo que, al ser las resoluciones administrativas irregulares, corresponde dejarlas sin efecto. Por tanto, cabe RECHAZAR el Recurso de Apelación planteado por la Abg. Elodia Almirón Prujel, en representación de la Dirección Nacional de Aduanas contra el Acuerdo y Sentencia N° 171 de fecha 06 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
En ese sentido, el autor Rafael Bielsa, ha expresado: “Si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios culpables, éstos seguirán gozando de la impunidad de sus actos irregulares, y el Estado, es decir, el tesoro público, cargará con las consecuencias de esos hechos. Con hacer responsable al Estado, lo que resulta es una incidencia injusta de esa responsabilidad en los administrados o contribuyentes, pues toda indemnización que el Estado paga, se resuelve en una carga para los contribuyentes honestos o no culpables de las faltas de los funcionarios” (BIELSA, RAFAEL; Estudios de Derecho Público, Tomo IV, Ed. Depalma, Buenos Aires. 1962. Págs. 309/310). Es mi voto.
A SU TURNO EL DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA MANIFESTÓ: Me adhiero al Voto del Ministro Manuel Ramírez Candía en el sentido de no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la representante de la Dirección Nacional de Aduanas en contra del Acuerdo y Sentencia N° 171 de fecha 06 de julio de 2015.
Ahora bien, en lo que respecta a la imposición de las costas en el presente juicio, soy de la opinión que no se puede condenar al funcionario emisor del acto administrativo irregular, dado que no tuvo intervención en esta causa. Si así lo hiciéramos, estaríamos violando el artículo 16 de la Constitución Nacional que dispone: “La defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable...”. El procedimiento adecuado si la entidad perdidosa tuviera que abonar una suma de dinero como en este caso, es repetir mediante un procedimiento judicial el pago de lo que llegase a abonar en ese concepto, con intervención del afectado, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Constitución Nacional.
En ese sentido, soy del parecer que corresponde imponer las costas a la parte perdidosa en ambas instancias, en virtud al principio establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A SU TURNO LA DRA. MIRYAM PEÑA CANDIA DIJO: Comparto con la cuestión de fondo con lo sostenido por el Ministro preopinante, a lo que agrego que la determinación Tributaria en el ámbito aduanal, es del tipo que doctrinariamente es conocido como “mixta”, pues requiere de la intervención conjunta del fisco y del contribuyente, en el que éste último proporciona datos y la documentación del bien, objeto de la operación aduanera que trate, para finalmente, ser la autoridad administrativa aduanera la que liquide el gravamen.
Fue notado que el despacho a la importación en cuestión, fue tramitado por el canal de selectividad “rojo” el que impone los controles mayores, tanto a la documentación como al bien aduanizado.
Ambas situaciones, la coparticipación en la operación de acertamiento impositivo, como el sistema de mayor control al cual había sido sometido, en caso de una eventual infracción en dicha esfera, tornaría la solidaridad en la responsabilidad por el hecho del personal interviniente, como del sujeto tributariamente obligado, ya que conforme al artículo 10 de la Ley N° 2.422/04 “Código Aduanero” el funcionario de Aduana interviniente, resulta responsable por sus actos irregulares en el ejercicio del cargo.
En cuanto a la imposición de costas, coincido con el Ministro Benítez Riera, por los mismos fundamentos conforme al literal a) del artículo 203 del Código Procesal Civil, a lo que también me permito agregar, que las costas procesales, no pueden salirse de los sujetos partícipes del mismo proceso, pues éstas responden al actuar de los contendientes dentro del mismo, sin posibilidad de trascender de los mismos.
En cuanto a la responsabilidad del funcionario público, conforme al artículo 106 de la Constitución Nacional, con el merecido respeto sobre dicho parecer, considero que no corresponde la calificación, y por lo tanto, tampoco la sanción en esta instancia revisora, bajo riesgo de adelantar un parecer a un tema eventualmente judicializable, el que pudiera arribar en un futuro nuevamente hasta esta instancia, ante la existencia de órganos y vías ordinarias para dicha valoración y juzgamiento. Es mi voto.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue:
Asunción, 26 de junio de 2019.
2.- NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación planteado por la Abg. Elodia Almirón Prujel, en representación de la Dirección Nacional de Aduanas contra el Acuerdo y Sentencia N° 17 de fecha 06 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala.
4.- ANOTAR, notificar y registrar.