Source: https://www.scribd.com/document/110903552/Causa-Once-Apelacion-fiscal
Timestamp: 2018-03-23 14:00:23
Document Index: 141320475

Matched Legal Cases: ['artículo 449', 'artículo 438', 'artículo 120', 'artículo 41', 'artículo 261', 'artículo 261', 'artículo 306', 'artículo 193']

Causa Once Apelación fiscal
J. N°11, Sec. N°22 c. n° 1710/12 ///ñor juez: Finalmente VS resolvió las situaciones procesales de los imputados.
A través de esta vía la fiscalía se notifica de la decisión e interpone un recurso de apelación, de acuerdo al artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación, con respecto a los procesamientos de Juan Pablo Schiavi, Pedro Ochoa Romero, Ricardo Jaime, Guillermo Luna, también el sobreseimiento de Antonio Sícaro, las faltas de mérito de Laura Ballestero, Antonio Suárez, Gustavo Zeni Jaunsaras, Miguel Werba y Antonio Cirigliano y los sobreseimientos de Daniel Lodola, Luis Ninoná y Marcos Córdoba. El orden en que identificamos los puntos de los que derivan los agravios no es causal y los desarrollaremos en esa línea. Sin embargo, antes de expresar la voluntad recursiva es preciso realizar una mínima aclaración destinada a definir los alcances del dictamen. El artículo 438 del código de formas nos obliga a indicar los motivos de la apelación. Es imprescindible, por lo tanto, definir que es motivo desde el lugar en que está parado el apelante. En este caso, desde el Estado y anclado en el artículo 120 de la Constitución Nacional en el que se objetiva la doble función del Ministerio Público: organismo requirente de la jurisdicción y custodio de la legalidad. Desde esta posición, entonces, es imperativo definir la palabra motivo. La palabra proviene del latín motīvus1 y admite cuatro acepciones aunque, (perdón Bajtín!), todas convergen en un significado similar: *Que mueve o tiene eficacia o virtud para mover, *Causa o razón que mueve para algo, *En arte, rasgo característico que se repite en una obra o en un conjunto de ellas, *tema (de una obra literaria); es decir, en lo que aquí interesa motivar significa demostrar por qué una decisión no es compatible con el trabajo del Ministerio Público Fiscal. Al explicar el lugar procesal en el que se ubica la apelación en el proceso y al definir con precisión el término hemos sorteado el primer obstáculo: el de la admisibilidad del remedio. Vayamos, entonces, a las razones que edifican los motivos. A grandes rasgos la decisión de que se trata receptó favorablemente la línea de trabajo que propuso el Ministerio Público Fiscal el día posterior al accidente. Sin embargo, hay matices anclados en una arbitrariedad (típica del tribunal) que distorsiona los hechos y, en consecuencia, afecta la pretensión punitiva del Estado por la que debe velar el Ministerio Público Fiscal. En ese recorte de los hechos, que permanece velado por el significado jurídico que VS atribuyó a los sucesos, yacen los agravios del Ministerio Público Fiscal. En efecto, la fiscalía no propone una impugnación dirigida a la calificación legal que hizo el Señor juez, sino que propone una revisión de la resolución cuya puerta de ingreso serán esas calificaciones pero no en tanto tales sino como barrera que oculta un recorte de los hechos y, por lo tanto, de las responsabilidades; en particular, la de los funcionarios públicos.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=motivo
Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Pedro Ochoa Romero y Guillermo Luna fueron procesados por incumplir sus deberes de funcionario y abusar de la autoridad que les confiere el cargo. Antonio Sícaro fue inexplicablemente exonerado por el instructor, ya que su comportamiento fue idéntico al de los nombrados y estaba alcanzado por el decreto n° 1388/96. Si alguna diferencia hay entre ellos, sólo se puede exteriorizar en los términos del artículo 41 del Código Penal a la hora de fijar una eventual pena de prisión. Por esta razón vamos a tratar la situación de ellos en conjunto. La idea que atravesó a toda la decisión es correcta. VS señal ó que el grupo “Cirigliano” explotó un servicio público subsidiado por el Estado, pero que utilizó esos subsidios para otros emprendimientos comerciales olvidándose de cumplir con el contrato de concesión. Algo así como que la sociedad fue la fuente de financiamiento de “Cometrans” Tuvo por acreditado, y con razón, que esa actividad fue intencional y que se realizó gracias a la connivencia de los funcionarios y de un sector de los sindicatos del rubro. Los rostros de ese maridaje desde el lado del Estado fueron los de Schiavi, Jaime, Ocho Romero, Luna y Sícaro. Sencillamente porque en ellos se objetivó el poder de policía del Estado. En otras palabras, tenían la posibilidad de abrir la canilla por la que circulaban los suculentos subsidios públicos que el Señor juez identificó y a la par tenían el deber jurídico de controlar la actividad de los empresarios. Según VS ellos hicieron mal su trabajo. Por ello los procesó. Para la fiscalía, en cambio, lo hicieron muy mal a propósito y esa intención se tradujo en una complicidad criminal, porque el comportamiento de los funcionarios fue parte de las causas que crearon el riesgo que produjo el resultado, para seguir la línea dogmática en la que se apoyó el instructor. Así son parte de la asociación ilícita con la que VS calificó la pluralidad de comportamientos investigados. Los elementos que recolectó la investigación ratifican el informe que elaboró la Auditoría General de la Nación y que permitió al Ministerio Público, hace (8) ocho meses, afirmar que el control de los funcionarios fue una mera pantalla para ocultar su complicidad y permitir el saqueo de los subsidios. Es más, también lo dijimos, que en la Secretaría N° 21 VS instruye la causa n° 45348 donde hay procesamiento por la percepción ilegal de dinero de la Secretaría de Transporte de parte de TBA. Esa dimensión grafica como nada la calidad de integrantes de la asociación ilícita de los empleados públicos. Es obvio que aquí hay complicidad y no un mero incumplimiento funcional que existió pero junto a otros hechos: la citada asociación ilícita y la malversación de caudales públicos prevista en el artículo 261 del Código Penal, porque el control del Estado fue formal. Fue una cortina que permitió la sustracción de fondos públicos. El delito consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración 2 fue confiada a los funcionarios en razón de su cargo. En este caso, se trata de los fondos cuya administración estaba en cabeza de la Secretaría de Transporte. Los fondos fueron sustraídos del fin originalmente previsto o, al menos que quienes debían
Buompadre, Jorge E. “Malversación de caudales públicos” en Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Parte Especial”, Editorial Hammurabi, Tomo 10, 2011, página 655.
controlar el cumplimiento del contrato de concesión no custodiaron el destino que el concesionario asignó a esos fondos. El tipo penal, además, no requiere para su consumación que el funcionario realice actos de disposición de la cosa a título de dueño, ni que dirija la acción en una dirección determinada 3, basta con que los separe del ámbito de la administración pública y se consuma cuando se produce el quebrantamiento del ámbito de custodia en el que se encontraban los bienes patrimoniales, independientemente de la producción de un perjuicio económico en la actividad patrimonial de la administración.4 En el mes de abril dijimos y ahora lo repetimos que “Esa formalidad jurídica, entonces, constituye la cortina que opaca la anarquía real; es decir, que el concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar refugiándose en la sacralidad del “expediente” que se convirtió en un simple recurso para ocultar la realidad y, eventualmente, proporcionar una explicación a los organismos de control y/o a la opinión pública. Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal en la producción de un hecho”. Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Pedro Ochoa Romero, Guillermo Luna y Antonio Sícaro deben ser procesados por infringir el artículo 261 del Código Penal y por integrar la asociación ilícita, además de incumplir sus deberes (Sicaro ni eso y debe ingresar también al grupo) Ellos, lo repetimos una vez más, se dedicaron a hacer circular papeles para poder sustraer fondos que de alguna manera “volvían” hacia su entorno, como lo revela el propio juez al señalar varios episodios de corrupción a lo largo de la extensa decisión pero que, inexplicablemente, luego no los tradujo en consecuencias jurídicas. Queda claro, entonces, que el agravio de la fiscalía no se conecta con un debate sobre calificaciones legales, sino con la extensión de los hechos que tal como fueron fijados por el instructor recortan la pretensión punitiva del Estado. Los casos 5 de Laura Ballestero, Antonio Suárez, Gustavo Zeni Jaunsaras, Miguel Werba y Antonio Cirigliano son singulares, ya que la falta de mérito con la VS escogió resolver esas situaciones no se condice con el resto de la decisión que recayó sobre los integrantes del grupo “Cometrans” La premisa con la que se manejó VS indica que los altos directivos de “TBA” conocían el plan de utilizar los subsidios para otros fines comerciales ,asumiendo e incrementando el riesgo de producir un accidente como el que ocurrió finalmente. La fiscalía introdujo esa premisa en la primera presentación que hizo en la causa. Más allá de cuestiones de grado, es obvio que los directivos de TBA asumieron el riesgo de saquear el ferrocarril y que sabían que cada minuto incrementaban altísimos riesgos. En esa clave, entonces, no tiene explicación que Ballestero, Suárez – directores titulares-, Zeni Jaunsaras, Werba –suplentes- y Antonio Cirigliano no se vean alcanzados por los
Ob cit página 657, . Ob cit página 661. No vamos a discutir en esta ocasión la calificación legal.
procesamientos; sobre todo, cuando el propio juez afirmó que la prueba “demuestra conocimiento de la marcha de la empresa” Si conocían la “marcha de la empresa”, también conocieron la “matriz de negocios” precedentemente individualizada. Por lo tanto, deben ser alcanzados por el artículo 306 del Código de formas, al menos en la infracción a los artículos 191, incisos 3° y 4°, 210 y 173, inciso 7°, del Código Penal, ya que fueron parte del grupo –por no decir banda- que generó el resultado dañino. Un razonamiento parecido se aplica al caso de Daniel Lodola. El instructor lo sobreseyó porque ingresó a trabajar como gerente el 19 de diciembre de 2011. A Luis Ninoná porque como “Jefe del Departamento de Material Rodante” (nada menos!) estaba subordinado al gerente del área. Esas razones se vinculan con un balance propio de quien tienen que mensurar una pena y el Señor juez tan sólo debe permitir que el proceso se encamine en esa dirección. Lodola conoció perfectamente la “marcha de la empresa” para utilizar la expresión del instructor. Por lo tanto, sabía cual era la “matriz de negocios” y los riesgos que derivaban de allí. Ninoná ni hablar. Repárese que era parte de la estratégica área de material rodante. Esto significa que aún subordinado fue consciente de la calidad de elementos que día tras día circulaban atravesados por las por una imparable pulsión de muerte. Esto significa que también deben ser procesados, ya que infringieron los artículos 191, incisos 3° y 4°, 210 y 173, inciso 7°, del Código Penal. Marcos Córdoba es un caso muy particular. La fiscalía coincide con el magistrado instructor en punto a que los integrantes de la asociación ilícita que comandaban los Cirigliano hicieron lo imposible por descargar sobre las espaldas de Córdoba la responsabilidad del accidente. Es más, lo objetualizaron de un modo asfixiante y el modo en que lo acosaron constituye una declaración de principios que en cierta medida explica la “matriz de negocios”, dirigida a construir un maridaje con los funcionarios públicos para saquear el patrimonio del Estado. De todas maneras, esa sensación francamente expulsiva no borra la responsabilidad Córdoba en el descarrilamiento y ni siquiera él la negó, porque confesó su grado de responsabilidad en la primera oportunidad en que VS lo escuchó en declaración indagatoria. Allí reconoció que violó un elemental deber de cuidado a la hora de no parar una formación que no funcionaba correctamente. Con ese alcance, entonces, el que él confesó, también debe ser procesado por el descarrilamiento agravado. El 26 de febrero dijimos que el éxito de la pesquisa pasaba “…por comprender que la dinámica de los hechos se desplaza por la díada estado del servicio + aplicación y vigilancia de los fondos públicos asignados a la concesionaria…” Con alguna dificultad VS lo comprendió. Nos parece que con algunos ajustes puntuales se acerca la posibilidad de terminar con una instrucción exitosa de acuerdo al artículo 193 del CPPN: conocer la verdad de cuanto ocurrió e identificar a los responsables. En virtud de lo expuesto, la fiscalía solicita a VS que tenga por presentado en tiempo y forma el recurso articulado, lo conceda y previo trámite recursivo eleve las actuaciones a la Cámara de Apelaciones para dirima el punto. PROVEER DE CONFORMIDAD
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