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Timestamp: 2015-04-28 14:21:42
Document Index: 263163633

Matched Legal Cases: ['Artículo 117', 'Artículo 118', 'artículo 117', 'Artículo 119', 'artículo 20', 'Artículo 9', 'artículo 31', 'Artículo 146']

¿Genera falta de garantías para el ciclismo el Nuevo Bando Municipal de Playa del Carmen?
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- Nuevo Bando Municipal en Playa del Carmen violaría el derecho de reunión y manifestación pública.
- En la misma ciudad se penaliza el uso de bicicletas sin placa así como todovehículo de propulsión no mecánica.
Biciestacionamiento en Playa del Carmen. (Yenny Gaona/SIPSE)
México D.F., 21 de febrero de 2013 (Cencos).- En una plaza pública hay niños jugando rondas, corriendo y andando en bicicletas, patines o patinetas, una imagen muy común en nuestro país que a nadie le podría causar otro sentimiento o reacción más que ternura o la añoranza de los viejos tiempos que forman parte de las actividades en una sociedad. Sin embargo, en Playa del Carmen todos estos niños podrían estar incurriendo en faltas administrativas y ser penalizados por la autoridad municipal.
Las modificaciones realizadas el pasado 30 de octubre de 2012 al Bando de Policía y Buen Gobierno [2] que fueron aprobadas en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, abren la posibilidad de que la autoridad municipal pueda reprimir y declarar ilegal cualquier reunión pública o manifestación pública, sin importar el carácter de las mismas.
Tras negociaciones en pre cabildos, las modificaciones fueron aprobadas en lo general por todos los regidores y regidoras. Sólo el regidor Juan Carlos Beristain mostró su desacuerdo en varios artículos coartan los derechos de la ciudadanía. Cabe destacar que el presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, no ha publicado las modificaciones aprobadas sin que exista aparente razón para ello. Leamos cada artículo y veamos sus consecuencias.
Las reuniones y manifestaciones necesitan permiso, licencia y aviso
Artículo 117. La realización de cualquier tipo de espectáculo, diversiones, reuniones y/o eventos públicos dentro del territorio municipal, requerirá del permiso previo expedido por la autoridad municipal competente y causará el pago de los derechos e impuestos que señalen las leyes y reglamentaciones respectivas. En caso de que la realización de un espectáculo o diversión pública se pretenda efectuar en establecimientos que cuenten con licencia de funcionamiento para la presentación de estos eventos, será necesario dar aviso a la autoridad administrativa correspondiente pagándose los derechos e impuestos que al efecto señalen las leyes.
Este artículo no parece problemático y la intromisión de la autoridad municipal se podría justificar utilizando criterios de seguridad y protección civil. Se presupone que el pago de derechos e impuestos se refiere a eventos públicos con fines de lucro, pero se deja esto a “las leyes y reglamentaciones respectivas”.
Artículo 118. Se entiende por espectáculo y diversión pública, todos aquellos actos que se organicen para que el público participe activa o pasivamente, mediante el pago de una cuota o en forma gratuita, así como todas las actividades deportivas, culturales, artísticas e intelectuales y de esparcimiento, ya sea que se realicen en espacios abiertos o cerrados de manera eventual, temporal o permanente.
Esta amplia definición de “espectáculo y diversión pública” incluye a cualquier actividad pública; lo anterior provocaría que lo dicho en el artículo 117 se pueda aplicar de manera indiscriminada y el municipio tendría el poder para penalizar administrativamente cualquier reunión pública. Sin embargo, queda un resquicio para el derecho de reunión: se podría argumentar que las actividades cívicas o políticas no encajan en la definición de “espectáculo y diversión pública”, pero la ambigüedad de los términos utilizados permitirían al Ayuntamiento a dejar a su criterio que se considerará como actividades “culturales, artísticas e intelectuales”.
Artículo 119. Los interesados en presentar espectáculos o diversiones públicas deberán presentar solicitud del permiso o, en su caso, el aviso correspondiente, con la anticipación y requisitos determinados en las disposiciones administrativas y legales aplicables.
Este artículo es claro: la ciudadanía del municipio de Solidaridad ya no podrá reunirse ni realizar eventos de cualquier índole sin antes informar o solicitar licencia al ayuntamiento. En respuesta a las observaciones del regidor Juan Carlos Beristain los regidores sostuvieron que esas modificaciones son para “proteger y cuidar a las familias de Solidaridad” “y, ante todo que exista orden en el municipio”.
Esa justificación no es suficiente para aprobar un bando que es claramente opuesto al artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Y también es contrario al Artículo 9 de nuestra Constitución: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito
Y, sobre todo, se vería seriamente afectado el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece el derecho de la infancia al juego:
Las violaciones a los derechos humanos no se limitan a la violencia policial o los excesos de funcionarios. Hay ocasiones en que estas violaciones pueden ser promovidas legalmente teniendo la convicción de que se hace en pos de la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Parece que en el municipio de Solidaridad se hace un mal pensando en hacer el bien.
¿Todo vehículo de propulsión no mecánica o sólo las bicicletas?
El Ayuntamiento del municipio de Solidaridad impulsa el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, recientemente invirtió 17.3 millones de pesos en la construcción y saneamiento de una ciclopista. Sin embargo, penaliza como falta administrativa el uso de bicicletas sin placas.
Este municipio presume de autosuficiencia financiera y recientemente recibió una gran cantidad de participaciones federales para realizar obras de mejoramiento vial y de infraestructura urbana.
No podemos equiparar al Ayuntamiento de Solidaridad con el de Coahuila o de cualquier otro de los municipios con deudas irresponsables. Todo lo contrario, el Municipio de Solidaridad es reconocido por sus obras de interés social y su constante promoción de la industria turística. Incluso Fitch Ratings reconoce la estabilidad financiera [3] del municipio, aún cuando en diciembre de 2012 bajó su calificación crediticia.
Exceptuando los más de 500 millones que adeuda, si hacemos caso a la página oficial del municipio de Solidaridad [4] no sólo no es municipio en crisis, es un municipio en crecimiento.
Sin embargo, las modificaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno incluyen
Artículo 146. Son infracciones en materia de servicios públicos, disposiciones administrativas y régimen de comercio:
XXIII. “Conducir vehículos de propulsión no mecánica que transiten por las calles sin que se encuentren provistos de la placa correspondiente expedida por la autoridad, luces, timbres, bocinas y sin ruedas de hule;”
De lo anterior deriva que cualquier vehículo, ya sea desde una bicicleta hasta una patineta. De esto se entiende que cada bicicleta deberá ser emplacada, que si bien se hace caso a la tradición, el emplacamiento tiene un valor que debe ser cubierto por el usuario, es decir, el registrar un vehículo ante la autoridad tiene un costo económico que de no cubrirlo implicará que no se realiza el trámite de emplacamiento y, por lo tanto, que no se pueda utilizar el vehículo si no se cuenta con la placa correspondiente. Parecería que lejos de estimular el uso intensivo de la bicicleta se espera frenarlo o usarlo para la recaudación de recursos municipales, pero en solidaridad no necesitan más impuestos. No sólo parece absurda la idea de regular y penalizar el uso de bicicletas sin placas, sino que es contrario a lo que dicta el informe de 2011-2012 del mismo municipio: Playa del Carmen, ciudad Ciclistica [5] [sic] y contradice las acciones emprendidas por el municipio con la recientemente inaugurada ciclopista con un costo de 17.3 mdp [6]. Las reacciones en la comunidad no se han hecho esperar, el 21 de enero de 2013 un grupo de ciudadanos entregó al Ayuntamiento de Solidaridad más de 600 firmas y el PRD ha mantenido la presión sobre el tema, en especial buscando evitar que estas disposiciones se hagan efectivas.
No queda claro cual será la pena administrativa, pero se corre el riesgo de que los y las ciclistas de Playa del Carmen pierdan su vehículo o dejen de usarlo si no pueden demostrar la propiedad del mismo o si no realizan los trámites de emplacamiento.
Otra de las contradicciones que acarrea este reglamento es el estacionamiento de las bicicletas, el nuevo bando especifica que es infracción:
XXIV. Estacionar vehículos en la vía pública en los lugares que no se encuentren autorizados por la autoridad competente;
Sin embargo, no existe en la ciudad la señalética adecuada para saber cual es un estacionamiento autorizado, en los edificios públicos no existen y los que existían han sido retirados. El mismo regidor Beristain se ha visto en la necesidad de solicitar oficialmente la ubicación de los estacionamientos de bicicletas. De no quedar clara ésta información, cualquier bicicleta de cualquier persona, niño o niña podría ser acreedora a una multa y ser confiscada o que se le retire la placa, si cuenta con ella.
La implementación de medios de transporte eficientes, baratos y no contaminantes debe ser el esfuerzo básico de cualquier ciudad, generando las condiciones para su uso. La opción más plausible es la promoción de la bicicleta como un medio seguro, barato y accesible a toda la ciudadanía. Lo aprobado en por el Ayuntamiento de Solidaridad no abona a esto y la ciudad de Playa del Carmen podría terminar con cara y moderna infraestructura enfocada al ciclismo pero sin ciclistas.
URL del envío: http://cencos.org/node/30690
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