Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00078-39127-de-junio-27-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_e88311c03cc84846bd61dea40edd7c50&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-14 11:12:19
Document Index: 202325646

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 90', 'artículo 16', 'artículo 90', 'artículo 314', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 67', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 115', 'artículo 356']

﻿ SENTENCIA 2009-00078/39127 DE JUNIO 27 DE 2017
SENTENCIA 2009-00078 DE 27 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:LAS DECLARACIONES RENDIDAS EN LOS INFORMES DE INTELIGENCIA NO TIENEN VALOR DE TESTIMONIO NI DE INDICIOS Y SOLO CONSTITUYEN MERAMENTE CRITERIOS ORIENTADORES DE LA INVESTIGACIÓN. LOS INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL SOLAMENTE PRESENTAN HECHOS QUE GENERAN HIPÓTESIS SOBRE LA COMISIÓN DE UN DELITO, Y LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE LA SUSTENTAN SON RECOPILADOS DE MANERA EXTRAPROCESAL, POR TANTO SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE FRENTE A ELLOS NO SE HA EJERCIDO CONTRADICCIÓN. ASÍ, LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO QUE SEA IMPUESTA CON BASE EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS INFORMES DE POLICÍA, ES INJUSTA E ILEGAL, PUES NO CONSTITUYE UN ELEMENTO PROBATORIO CIERTO QUE SOPORTE UNA ACUSACIÓN. DE ESTA MANERA, CUÁNDO EL ÚNICO INDICIO QUE SE TIENE EN CONTRA DEL SINDICADO, ES EL CONTENIDO DEL INFORME DE INTELIGENCIA, ÉSTE NO PUEDE SER TENIDO COMO REFERENCIA PARA ADOPTAR LA DECISIÓN. POR ENDE, SE DECLARA RESPONSABLE AL ESTADO POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD QUE SUFRIÓ EL DEMANDANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA JUDICIAL, INFORME DE INTELIGENCIA DEL POLICÍA JUDICIAL, VALOR PROBATORIO DEL INFORME DE INTELIGENCIA DEL POLICÍA JUDICIAL, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Sentencia 2009-00078/39127 de junio 27 de 2017
Rad.: 47001-23-31-000-2009-00078-01 (39127)
Actor: Emiliano Páez Tarazona y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Tema: Falla del servicio
Subtema 1: Privación injusta de la libertad
Subtema 2: Delitos políticos-contrainsurgencia-Ley 600 del 2000
Sentencia revoca
Bogotá, D.C., veintisiete de junio del dos mil diecisiete
Resuelve la subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante el 11 de junio del 2010, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 26 de mayo del 2010, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito.
La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(12).
La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se encuentra acreditado que la absolución del demandante fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, el 11 de julio del 2008(13), y la demanda se presentó el 26 de febrero del 2009, es decir dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.
El señor Emiliano Páez Tarazona se encuentra legitimado en la causa por activa, por ser el afectado directo de la privación de la libertad por la cual se pretende indemnización de perjuicios.
Adicionalmente, están legitimados quienes acudieron al proceso como afectados por el daño. En efecto, se demostró que el señor Emiliano Páez Tarazona es hijo de Irene Tarazona Delgado, según consta en la copia auténtica de su registro civil de nacimiento obrante a folio 26 del cuaderno de primera instancia; padre de Jessica Paola y Astrid Carolina Páez Manga, según se puede establecer con las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento, que se encuentran incorporabas al expediente en los folios 27 y 28 del cuaderno de primera instancia; y es hermano de Ana Mercedes Páez Tarazona, Denis María Páez Tarazona e Isidro José Tarazona, tal y como se acreditó con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento que obran a folios 29 a 31 del cuaderno ya referido. Finalmente, de acuerdo con las declaraciones rendidas ante el presente proceso(14), se constató que la señora Delbis Judith Maga Lea es la compañera permanente del señor Emiliano Páez Tarazona.
Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(15); y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió Emiliano Páez Tarazona ha obrado como causa de un grave dolor en su progenitora, hijos, hermanos y compañera permanente, y que por tanto, los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, de manera que esta se encuentra legitimada como parte demandada en este asunto. Lo anterior, debido a que se encuentra demostrado que la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que le impuso medida de aseguramiento a Emiliano Páez Tarazona, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, lo cual constituye el hecho generador del daño alegado en la demanda.
A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.
La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria, y por tanto, el estudio de los hechos probados se hará en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño y hechos relativos a la imputación.
La parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la restricción a la libertad que soportó Emiliano Páez Tarazona, así como en la afectación moral y patrimonial que involucró la misma, por causa de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad que soportó; y en el agravio que sufrieron sus hijos, hermanos, madre y compañera permanente, tanto material como inmaterialmente.
Los fundamentos fácticos del daño, pretenden acreditarlos con las pruebas que obran en los folios del expediente que se referencian en nota de pie de página respecto de cada uno de los hechos que aquí se recuerdan:
3.2.1.1. La restricción a la libertad de Emiliano Páez Tarazona, con los siguientes documentos que allegó la parte actora en copias auténticas, como anexos de la demanda:
• El 7 de abril del 2003, el señor Emilio Páez Tarazona fue capturado por miembros de la Policía Judicial a órdenes de la Fiscalía Tercera Especializada de Santa Marta(16).
• El 8 de abril del 2003, la Policía Judicial del Departamento de Policía del Magdalena dejó al señor Emiliano Páez Tarazona a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada de Santa Marta(17).
• El 29 de abril del 2003, una vez surtida la diligencia de indagatoria, la Fiscalía Tercera Especializada de Santa Marta resolvió la situación jurídica del encartado y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra(18). En la resolución se anotó:
[D]e los señores: Emiliano Páez Tarazona alias millo (…) probatoriamente se ha establecido que su labor dentro de la organización Autodefensas, es la de recolectar finalmente de todos los gerentes, las consabidas cuotas o “vacunas” en las diferentes empresas de transporte de esta ciudad (…).
[P]aulino Camayo Arce (…) inicia su intervención haciendo alusión que estas prácticas extorsivas se vienen desplegando en esta ciudad desde hace un año, por medio de los grupos de Autodefensas, quienes convocaron a una reunión a todo el gremio de transportadores en el Barrio Once de Noviembre, detrás de la tienda El Anzuelo, exigiéndoles a cada uno de ellos las suma de tres mil pesos ($ 3000) diarios para poder ser despachados, la cual fue presidida por el Señor Emiliano Páez Tarazona Alias Millo.
Hay varios indicios graves que comprometen seriamente la conducta de todos los justiciables, a quienes por medio de este proveído se les resuelve su situación jurídica, ellos son:
Indicio de comunicaciones
[E]l informe de Policía Sijin Demag suscrito el 3 de marzo de 2003 señala que se retuvo a Emiliano Páez Tarazona alias “Millo” quien tenía el celular Nº 6584152 (…) se logró establecer igualmente cruce y enlace de llamadas (…) de varios miembros de la organización algunos vinculados a la presente investigación y otros requeridos mediante orden de captura, vinculados a otros proceso (…).
Está visto en el proceso que han sido muchas las personas que vieron a los incriminados cometer los ilícitos en cuestión, o dicho en otras palabras, hay suficiente prueba directa de sus participaciones a título de coautores en los repudiables hechos que aquí se examinan (…).
• El 2 de abril del 2004, la Fiscalía Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Emilio Páez Tarazona, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión(19). Como fundamento de la decisión, en la resolución se dijo:
[E]l Despacho considera que luego de un análisis del conjunto de los diferentes medios probatorios arrimados al proceso, se reúnen las exigencias de orden probatorio, para proferir resolución de acusación en contra de los señores (…) Emiliano Páez Tarazona (…) como coautores de los delitos específicamente definidos en el marco de la adecuación típica provisional, que en concurso se investiga, para lo cual a renglón seguido haremos referencia a las pruebas que de manera directa compromete la presunta responsabilidad de los procesados en los hechos debatidos y pos la calificación jurídica de tipicidad señalado (…).
[S]e cuenta con el informe relacionado con Emiliano Páez Tarazona a. Millo, a quien entre otras se le identifica en misiva dirigida por policiales al Jefe de la Sijin Demag, como “cobrador de las vacunas al comercio y residencias de Santa Marta, a nombre de las AUC; un taxista lo señaló como tal”. Al tomarle su celular, se encuentra allí relacionado los teléfonos de Jorge Eliécer y Luis Enrique Sanguino Rodríguez, de quienes ya se sabe un poco más a qué se dedican conforme al contenido de este paginario.
A su vez Páez Tarazona tenía registrado en la memoria de su teléfono, los números celulares de Alexander Blanco a. “Alex” y/o “Chande”; igual de Luger José Flórez Díaz, a. “Relámpago” y de Emilio Angarita Angarita a. “Sr. Millo”; de Jorge Enrique Paredescarrascal a. “Tonto” y Elkin Francisco Posada, a. “Cacho”; al igual que las anotaciones de los números internos de los vehículos 208, 281 y 93 de las empresas Cootransmag, Rodamar y Transportes Bastidas. Tal vez debido a que se trataba de conductores que no pagaban la vacuna o algo especial a tener presente. El perfil está claramente delineado(20).
[En] informe emitido por la Unidad Central de Policía Judicial de la DIJIN, el cual lleva en calendas 4 de abril de 2003, en donde se precisa que Emiliano Páez Tarazona, en compañía de Jorge Eliecer Paredes Carrascal, vinculado también a la presente investigación, pretendían cobrar la famosa cuota extorsiva o vacuna, movilizándose para ello en una motocicleta de placas RDQ-09.
De la mano con las anteriores probanzas, se cuenta con el testimonio del señor agente Nelson Enrique Orrego García, (fl. 77 del cdno. 4 de copias) quien refiere que el día 21 de febrero del retropróximo año, se encontraba haciendo un patrullaje, junto con otro compañero de labores, cuando fue alertado por la ciudadanía, respecto de dos individuos que se dedicaban a cobrar susodichas vacunas, y al ser interceptados, lograron establecer que se trataba el mismo Emiliano Páez Tarazona, a quien lograron identificar e individualizar plenamente y quien en esos precisos momentos portaba un arma de fuego, tipo revolver 38, legalmente amparado(21).
• El 17 de abril del 2006, el Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta, Magdalena profirió sentencia absolutoria a favor del sindicado. En la providencia se afirmó que el señor Emilio Páez Tarazona es acusado de pertenecer a las AUC, debido a que en la memoria de su celular se encontraron los contactos telefónicos de varios individuos dedicados a extorsionar a los comerciantes de la zona. Precisó que como prueba de lo anterior, el proceso solo cuenta con las declaraciones de los policías investigadores, lo cual resulta insuficiente para emitir sentencia condenatoria(22).
• El 19 de abril del 2006, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado dirigió, al director de la Cárcel Nacional para sumariados Modelo de Barranquilla, la boleta de libertad correspondiente a la investigación penal seguida en contra Emiliano Páez Tarazona, por los delito de extorsión y concierto para delinquir.
• El 11 de julio de 2008, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por algunos de los sindicados condenados en primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta modificó algunas de
las condenas y confirmó la decisión de absolver al sindicado Emilio Páez Tarazona(23). Dicha providencia se notificó a las partes y cobró ejecutoria tal y como lo certifica el Secretario del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta (fl. 279, cdno. 1).
3.2.1.2. Sobre el daño moral.
Este daño, como colofón de una elemental regla de experiencia, se presume en la víctima directa de la lesión en un derecho inherente a su condición humana, como lo es el derecho a la libertad física. Con apelación a la misma regla, se presume de los vínculos naturales de afecto y solidaridad que se crean entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, y hermanos. Así lo ha entendido en forma reiterada la jurisprudencia de la Sección Tercera desde el año 1992(24).
Luego, la Sala encuentra probado este daño con basamento en las pruebas de parentesco que obran en el expediente y que fueron referidas con ocasión del análisis de la legitimación en la causa por activa.
3.2.1.3. Sobre el daño patrimonial en la modalidad de lucro cesante.
En casos de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia ha reconocido reiteradamente indemnización por lo dejado de devengar por el afectado con la medida, durante el tiempo que perdure la detención, en el entendido que esta le impide realizar alguna actividad con la que pueda obtener sustento económico.
Adicionalmente, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad contenidos en dicha norma(25), el criterio jurisprudencial atiende al reconocimiento de una indemnización correspondiente al valor de 35 semanas de trabajo, por el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.
En el presente caso, los testigos fueron coincidentes en afirmar que el señor Emiliano Páez Tarazona trabajaba como administrador del almacén denominado “El piñazo”(26). Además, obra en el expediente el “contrato de administración y cuentas en participación” celebrado entre Leonel Fernando Villa Cardona, como propietario del almacén “El piñazo”, y Emiliano Páez Tarazona, en el que acordaron el pago de $1.500.000 mensuales, más el 2% de sobre las ventas totales, por la admiración del almacén.
Así las cosas, la Sala encuentra acreditado que el señor Emiliano Páez Tarazona, para la época de su detención, fungía como administrador de un almacén, labor por la cual recibía un ingreso mensual de $1.500.000. Cabe aclarar que el 2% sobre las ventas no podrá tenerse en cuenta como lucro cesante, por tratarse de un monto aleatorio e incierto que no se encuentra acreditado en el proceso.
3.2.1.4. Sobre el daño patrimonial en la modalidad de daño emergente.
En el escrito de la demanda, la parte actora afirmó que la privación de la libertad del señor Emiliano Páez Tarazona ocasionó un perjuicio de índole material en la modalidad de daño emergente, por cuanto este tuvo que realizar el pago de los honorarios del abogado que ejerció su defensa en el proceso penal, por un valor de $40.000.000. Sin embargo, la Sala Advierte que no obra en el expediente ninguna prueba tendiente a demostrar el pago de la referida suma al abogado.
Ahora bien, en el expediente se evidencia que el abogado Jairo Enrique Pérez, quien es referido por la parte actora como el defensor del señor Emiliano Páez Tarazona, se posesionó el 21 de agosto del 2003, como defensor de oficio de los señores Adan Rojas Mendoza, José Gregorio Rojas Mendoza y Oscar Alfonso Rojas Meza en el proceso penal en el cual fue procesado el señor Emiliano Páez Tarazona(27).
Además, en las actas de las audiencias preparatorias(28) se relaciona el listado de todos los procesados y sus respectivos defensores, sin que se evidencie que el abogado Jairo Enrique Pérez Fontalvo fungiera como defensor del aquí demandante.
Finalmente, en la providencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los defensores de varios sindicados contra la resolución de acusación, la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior refirió: “la Dra. Lilia Bustos de Ávila, en su condición de defensora pública de Emiliano Páez Tarazona, solicita se revoque la decisión por medio de la cual se le profirió resolución de acusación en contra de su protegido, y en su lugar se le precluya la investigación”(29).
Así las cosas, la Sala no reconocerá indemnización por el daño emergente solicitado, en consideración a que la parte demandante incumplió su carga probatoria, toda vez que no obra en el expediente prueba del pago de honorarios profesionales por la defensa en el proceso penal, sumado a que se evidenció que el abogado Jairo Enrique Pérez Fontalvo actuó como abogado de oficio en defensa de otros sindicados.
3.2.1.5. Sobre el daño a la vida de relación.
Respecto del daño a la vida de relación, la jurisprudencia(30) de esta Corporación ha establecido que este se encuentra comprendido dentro de la categoría autónoma de perjuicio derivado de las afectaciones a bienes constitucionalmente protegidos, y que requiere acreditación directa en el proceso.
La jurisprudencia ha realizado la siguiente clasificación sobre los perjuicios inmateriales:
La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento.(31)
Ahora bien, en el presente caso, la Sala no encuentra acreditada una vulneración a un bien jurídico tutelado en cabeza de los demandantes, adicional al perjuicio moral que se presume padecieron en virtud del daño alegado, pues si bien en algunos de los testimonios se afirmó que la vida y relaciones de los demandantes se vieron afectadas con ocasión del daño, dicha afectación se entiende subsumida en el perjuicio moral que se presume ocurre en situaciones de privación de la libertad como la padecida por el señor Páez Tarazona. Por lo anterior, no habrá lugar al reconocimiento de la indemnización solicitada como daño a la vida de relación.
Según el artículo 90 de la Constitución, una vez verificada la antijuridicidad del daño padecido y demostrado por la actora, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado se desplaza hacia la esfera de la atribuibilidad del daño, en un proceso que nos permite dilucidar si éste puede ser imputado a la o las entidades demandadas, no sólo en el orden natural o fáctico, sino en el orden jurídico. En esa línea de acción, en el orden fáctico procede la verificar si el daño puede ser objetivamente atribuido (en el plano material) a la acción u omisión de aquellas o de alguna de ellas, al tanto que en el plano jurídico procede la constatación de la existencia de fundamentos para atribuirles la obligación del resarcimiento.
Para una adecuada imputación fáctica, procede la Sala a analizar los hechos y omisiones que fueron expuestos en la demanda, desde la perspectiva que ofrecen las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso. Así, se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental allegada al expediente, en copias auténticas no controvertidas de documentos públicos trasladados del proceso penal al que estuvo vinculado el demandante, lo siguiente:
1. El 31 de marzo del 2003, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena, profirió resolución de apertura de investigación, con base en los informes de inteligencia rendidos por la policía judicial durante la investigación previa adelantada desde el 21 de junio de 2002 por orden de la Fiscalía Cuarta. En dicha resolución de apertura de investigación, la Fiscalía Tercera ordenó la vinculación, mediante indagatoria, y la expedición de las respectivas órdenes de captura contra varios individuos señalados de pertenecer a las AUC, entre quienes se encuentra el señor Emiliano Páez Tarazona(32).
2. El 7 de abril del 2003, miembros de la Policía Nacional efectuaron la captura del señor Emiliano Páez Tarazona, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía al siguiente día, para ser escuchado en indagatoria.
3. El 29 de abril del 2003, la Fiscalía Tercera Especializada de Santa Marta profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Páez Tarazona, quien, el 2 de abril del 2004 fue acusado por la Fiscalía como autor del delito de extorsión y concierto para delinquir.
4. Finalmente, el 17 de abril del 2004, el Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta, Magdalena profirió sentencia absolutoria a favor del sindicado, la cual fue confirmada el 11 de julio del 2008 por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
Así las cosas, la Sala encuentra debidamente acreditado que la Fiscalía General de la Nación, con base en los informes de inteligencia adelantados por los organismos de Policía Judicial, que señalaban, entre otros, al señor Emiliano Páez Tarazona como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, ordenó su captura, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad y profirió resolución de acusación en su contra por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.
En estos términos, la Sala concluye que la privación de la libertad del señor Emiliano Páez Tarazona ocurrió como consecuencia de una decisión adoptada por la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena. Por tanto, como dicha entidad intervino en la actuación procesal penal que influyó en la causación del daño alegado en la demanda, se procederá realizar el estudio de imputación correspondiente.
Le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Emiliano Páez Tarazona, como consecuencia de su vinculación al proceso penal adelantado por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta, Magdalena profirió sentencia absolutoria a favor del sindicado.
A continuación, si a ello hay lugar, deberá resolverse si la conducta del procesado constituyó, en términos civiles, un hecho determinante de la víctima que quiebre el nexo de imputación de responsabilidad estatal.
Demostrado el daño causado a las personas que integran la parte activa en este proceso, procede la Sala a determinar si este es de carácter antijurídico y si la Nación-Fiscalía General de la Nación tiene el deber de resarcir los perjuicios generados.
En el presente caso está probado que la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de la instrucción el 31 de marzo del 2003, con base en la información recopilada en varios informes de policía judicial que reportaron el cobro de vacunas extorsivas, por parte de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, a los habitantes de Santa Marta. Sobre la participación del señor Páez Tarazona en el ilícito, el agente de la policía, Nelson Enrique Orrego García, rindió testimonio ante la Policía Judicial DIJIN, en el cual se señaló lo siguiente:
[S]iendo aproximadamente las 17:00 horas fuimos informados por un señor taxista de la presencia de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta RX-115 y según él, estos sujetos eran unos de los que cobran la mal llamada vacuna o cuota de seguridad al gremio de transportadores urbanos de esta ciudad. Inmediatamente procedimos a abordar e identificar a los sujetos señalados por el señor taxista (…). El (…) sujeto se llama Emiliano Páez Tarazona, conocido, según informaciones de inteligencia y de la misma ciudadanía, con el alias de Millo, el cual poseía un teléfono celular (…) al cual se le extractaron los datos de su memoria, no se le encontró más (…).
Se dedica a cobrar la mal llamada vacuna o cuota de seguridad al gremio de transporte urbano de esta ciudad, dentro de las que se encuentra la Cooperativa de Transporte del Magdalena Cootransmag, entre otras (…).
Con fundamento en lo anterior, el señor Emiliano Páez Tarazona fue capturado por miembros de la Policía Nacional, a órdenes de la Fiscalía, y puesto a disposición de este organismo, el 7 de abril del 2003. La respectiva indagatoria se llevó a cabo al día siguiente.
Del material probatorio se desprende que el 29 de abril del 2003, la Fiscalía Tercera Especializada de Santa Marta resolvió la situación jurídica del encartado y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. La Fiscalía fundó su decisión en que, de acuerdo con los informes de inteligencia, el señor Emiliano Páez Tarazona, i) se dedica a cobrar la “vacuna” a los transportadores de la zona; y ii) registraba en su teléfono celular los contactos de varios individuos vinculados a la investigación por participación en las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, lo que configuró prueba indiciaria de que el sindicado sostenía comunicaciones con miembros del referido grupo armado.
Posteriormente, el 2 de abril del 2004, la Fiscalía Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación contra el sindicado, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir fundada en la información contenida en los informes de inteligencia que señala al sindicado como recaudador de las cuotas conocidas como “vacunas”.
Analizado lo anterior, advierte la Sala que tanto la imposición de la medida de aseguramiento, como la acusación que la Fiscalía realizó en contra del señor Emiliano Páez Tarazona estuvieron basadas en la información contenida en los informes de policía elaborados por la DIJIN y la SIJIN, en los cuales se relacionó el señalamiento que se le hacía al sindicado como integrante de las AUC, así como el hallazgo en su celular, de números telefónicos de personas vinculadas a la investigación por los mismos hechos.
A la misma conclusión arribó el juez penal, cuya consideración para absolver al sindicado fue que las acusaciones en su contra provenían de las declaraciones de los miembros de la policía contenidas en los informes de inteligencia, lo cual no resulta suficiente para proferir una condena en su contra.
En este punto, cabe mencionar que el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 estableció que las declaraciones rendidas en los informes de inteligencia no tienen valor de testimonio ni de indicios y solo constituyen meramente criterios orientadores de la investigación:
La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación.
Al respecto, frente a la referida disposición de la Ley 600 de 2000, la Corte Suprema de Justicia consideró:
La ley, en algunos casos, por razones de distinta índole, autoriza la práctica de una determina prueba, pero limita su eficacia probatoria, expresión que en dogmática casacional significa que la prueba es jurídicamente válida, pero solo tiene vocación probatoria para ciertos efectos. En materia penal un ejemplo típico de esta modalidad de tasación probatoria se encuentra en las regulaciones contenidas en los artículos 50 de la Ley 504 de 1999 y 314 del Código de Procedimiento Penal,... Como puede verse, la ley autoriza a los organismos de policía judicial realizar entrevistas y obtener exposiciones de informantes, pero introduce restricciones a la aptitud probatoria de estos elementos de juicio al disponer que solo pueden ser tenidos en cuenta como criterio orientador de la investigación, lo cual significa que pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes(33).
De acuerdo con lo citado, los informes de policía judicial solamente presentan hechos que generan hipótesis sobre la comisión de un delito, y los elementos probatorios que la sustentan son recopilados de manera extraprocesal, por lo que su valoración constituye una violación al debido proceso y la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que frente a ellos no se ha ejercido contradicción.
En el presente caso, los señalamientos en contra del señor Páez Tarazona se desprendieron de las afirmaciones realizadas por miembros de la policía que declararon bajo juramento en los informes de inteligencia, al igual que el resultado de la información encontrada en el celular del sindicado. De acuerdo con la normativa citada, estos elementos no constituyen indicios válidos para formular una imputación penal, por cuanto, como se expuso, la información contenida en los trabajos de inteligencia adelantados por la policía judicial solo constituye una guía para adelantar la investigación en el sentido que este refiera.
Por lo anterior, la Sala advierte que la medida de aseguramiento que soportó el demandante fue impuesta con base en la información contenida en los informes de policía, lo cual, tal como lo estableció el juez penal, no constituye un elemento probatorio cierto que soporte la acusación realizada en contra del sindicado.
Ahora bien, en gracia de discusión, si se valorara el contenido de los testimonios rendidos en el informe de policía, en los cuales se afirmó que la ciudadanía señaló al señor Páez Tarazona como cobrador de “vacunas”, esto tampoco constituye prueba suficiente para soportar la medida de aseguramiento, puesto que dichas afirmaciones no contaban con un sustento fáctico que permitiera valorarlas como un hecho cierto.
Así las cosas, tras realizar un análisis de la motivación de la providencia mediante la cual se profirió medida de aseguramiento en contra de Emiliano Páez Tarazona, advierte la Sala que dicha decisión se produjo sin observancia de los requisitos establecidos en la normatividad procesal penal vigente para el efecto(34), debido a que el único indicio que se tenía en contra del encartado, era el contenido del informe de inteligencia, que como se expuso no podía ser tenido como referencia para adoptar dicha decisión, circunstancia que implica que la medida fue injusta e ilegal(35).
De esta forma se concluye, el daño causado a la parte actora, con ocasión de la privación injusta de la libertad es imputable a la entidad demandada, en tanto obedeció a la decisión de imponer medida de aseguramiento y, posteriormente proferir acusación penal en contra del señor Páez Tarazona sin el cumplimiento de los requisitos legales para ello.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con las circunstancias que podrían romper el nexo causal de la responsabilidad, la Nación-Fiscalía General de la Nación alegó en la contestación de la demanda que la absolución del sindicado obedeció a la valoración distinta que le dio el juez penal a las pruebas que obraban en su contra, por lo que el daño es imputable al hecho de un tercero. Al respecto, la Sala precisa que no son de recibo los argumentos esgrimidos por la entidad demandada, por cuanto, como se expuso, en el proceso penal no obraron pruebas procesales que dieran lugar a la imputación de responsabilidad penal al sindicado, por lo que el juez penal no podría adoptar una consideración distinta a la absolución.
Por otra parte, la entidad demandada manifestó que la privación de la libertad del señor Emiliano Páez Tarazona obedeció a la falta de actividad por parte de su defensa, puesto que no se agotaron los recursos que la ley le otorgaba para impugnar la decisión que le impuso la medida de aseguramiento.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que la Ley 270 de 1996 en desarrolló los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad e indebido funcionamiento de la administración de justicia, solo requirió el agotamiento de los recursos como elemento necesario para la configuración de la responsabilidad en el caso del error judicial, al respecto de ha establecido:
[C]uando la Ley 270 de 1996 refiere a los presupuestos del error jurisdiccional y dispone que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial, y que la providencia contentiva del error esté en firme, no hace otra cosa que determinar los presupuestos del error jurisdiccional, es decir la materia sustantiva que debe dilucidar el juzgador al momento de fallar. Tanto es así que el artículo 70 ibídem al cual reenvía el artículo 67, cuando señala que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, quiere significar que si no los interpuso, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial, el daño se entenderá debido a culpa exclusiva de la víctima cuando, entre otros, “no haya interpuesto los recursos de ley”(36).
Finalmente, la Sala advierte que el Tribunal de primera instancia consideró que la privación de la libertad del señor Páez Tarazona obedeció a la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que los indicios que obran en su contra, a saber, los señalamientos por parte de la comunidad, las declaraciones de los miembros de la policía judicial y la evidencia de contactos telefónicos de personas relacionadas con la investigación en su celular, dan cuenta las relaciones que el sindicado mantenía con miembros de las AUC.
Sobre las causales eximentes de responsabilidad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:
[E]ste artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.
La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)(37).
Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder -activo u omisivo- de la propia víctima, al respecto ha dicho:
[C]abe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).
Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(38).
Según lo expuesto, se puede colegir que en el presente caso no se encuentra demostrada una conducta, por parte del señor Páez Tarazona, que dé lugar a la configuración del daño, puesto que los hechos por los cuales fue señalado como integrante de las AUC, no se constituyeron en el proceso penal ni siquiera como indicios, debido a que hacían parte de los informes de inteligencia que, como se indicó, no constituyen prueba de lo allí narrado.
Ahora bien, si se tuvieran en cuenta las afirmaciones contenidas en los testimonios rendidos por los agentes de policía en el informe de inteligencia, en las que se relaciona que la ciudadanía señaló al señor Páez Tarazona como cobrador de “vacunas”, estas no constituyeron un hecho probado que pueda ser endilgado al procesado, pues trató de señalamientos generales que finalmente no encontraron sustento fáctico en el proceso.
Al mismo tiempo, el a quo consideró que el hecho de tener en el teléfono móvil los contactos de personas involucradas con la investigación da lugar a presumir que el sindicado tenía relación con actividades ilícitas, por lo que la investigación penal y la privación de la libertad son atribuibles a su conducta.
La Sala difiere de dicha apreciación, por cuanto el hecho que se le imputa al demandante como causante de su detención no constituye ninguna contravención a sus deberes de conducta, que pueda configurarse como dolo o culpa grave, para constituir la causal eximente de responsabilidad. Al respecto, en un caso que se resolvió en la Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación, sobre otra persona involucrada en los mismos hechos, se estableció:
Efectivamente, dentro de un Estado social de derecho como el colombiano no se le puede criminalizar a una persona únicamente por cuenta de los crímenes cometidos por allegados suyos, toda vez que la responsabilidad penal es netamente individual. Por tanto, no puede sostenerse que el hecho de relacionarse con personas que incurrieron en los delitos de concierto para delinquir y extorsión obligaban al demandante a soportar el daño causado por la privación de la libertad de la que fue objeto, teniendo en cuenta que mediante sentencia definitiva fue exonerado de los delitos que se le imputaban(39).
Así las cosas, la Sala concluye que el daño causado a la parte actora por la privación injusta de la libertad del señor Emiliano Páez Tarazona, es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia denegatoria, se impone revocar el fallo de primera instancia y en consecuencia, se procederá a liquidar la correspondiente indemnización de perjuicios.
3.5.1. De los perjuicios morales
La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso, en sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad, tasados en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:
Término de privacidad injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa 35% del porcentaje de la víctima directa 25% del porcentaje de la víctima directa 15% del porcentaje de la víctima directa
Teniendo en cuenta que Emiliano Páez Tarazona estuvo privado de la libertad por un lapso de tres (3) años y doce (12) días, la Sala establecerá los montos de indemnización correspondientes así:
Le corresponde a Emiliano Pérez Tarazona y a su núcleo familiar en primer grado de consanguinidad (madre, hijos y compañera permanente), la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a sus hermanos, por encontrarse en el segundo grado de consanguinidad, la suma correspondiente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Lo anterior teniendo en cuenta la afectación moral producida con el daño, que se prueba con la simple acreditación del parentesco, por lo que no se exige su demostración y se presume con base en las reglas de la experiencia.
En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:
Nivel Demandante Indemnización
Emiliano Páez Tarazona
(víctima de la privación injusta) 100 s.m.l.m.v
1º Irene Tarazona Delgado
(madre) 100 s.m.l.m.v
1º Jessica Paola Páez Manga
(hija) 100 s.m.l.m.v
1º Astrid Carolina Páez Manga
1º Delvis Judith Maga Lea
(compañera) 100 s.m.l.m.v
2º Ana Mercedes Páez Tarazona (Hermana) 50 s.m.l.m.v
2º Denis María Páez Tarazona (Hermana) 50 s.m.l.m.v
2º Isidro José Tarazona
(Hermano) 50 s.m.l.m.v
3.5.2. Perjuicios materiales.
En la demanda se solicitó indemnización por los ingresos que Emiliano Páez Tarazona dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado de su libertad y se afirmó que, para la época de su detención, percibía la suma de $1.500.000 como ingreso mensual.
Teniendo en cuenta que en el proceso se acreditó que el monto mensual que percibía el demandante, para la época de su detención, era la suma de $1.500.000, la Sala procederá a realizar la respectiva liquidación:
El periodo a indemnizar en el presente caso es igual a tres (3) años y (12) días, que equivalen a treinta y seis punto cuatro (36,4) meses de privación de la libertad.
Ra = Rh Ipc (f)
Rh = Renta histórica, $1.500.000
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 137,71 que es el correspondiente a mayo del 2017.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 74,65 correspondiente al mes de abril del 2003, mes en el cual se produjo la detención.
Ra = $ 1.500.000 137,71 = $2.767.113
Renta actualizada: dos millones setecientos sesenta y siete mil ciento trece pesos ($2.767.113).
La fórmula aplicable para realizar la liquidación es:
S = Ra (1+ i) n -1
S= Es la indemnización a obtener
Ra = Es el ingreso mensual
I = Es el interés puso equivalente a: 0.004867
N = Es el periodo indemnizable en meses
Total perjuicios materiales por lucro cesante:
S= $2.767.113 (1 + 004867)36,4 – 1 = $109.904.344
En este orden de ideas, corresponde a Emiliano Páez Tarazona, por concepto de lucro cesante, la suma de ciento nueve millones novecientos cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($109.904.344).
3.6. Costas
Revocar la sentencia proferida el 26 de mayo del 2010, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, y en su lugar se dispone:
1. Declarar responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Emiliano Páez Tarazona.
2. Condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los demandantes las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales:
3. Condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Emiliano Páez Tarazona la suma de ciento nueve millones novecientos cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($109.904.344), como indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
5.(sic) Denegar las demás pretensiones de la demanda.
6. Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
7. En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
(12) La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(13) Folios 207 - 277, cdno. 1.
(14) Declaración rendida por el señor Santander Berdugo Saucedo, ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, quien afirmó: “convivía con la compañera Delvis (sic) Manga, sus tres niñas con su mamá” En el mismo sentido declaró Francisco de Jesús López Vásquez “El señor Emiliano mediante (sic) estuvo privado de la libertad, su familia y su esposa Delvis (sic) Manga, en los dos primeros meses no tuvo muchos percances puesto que tenía un ahorro (…)”. Folios 352-354, cdno. 1.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, Expediente 20750, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(16) Acta de diligencia de captura, folio 367, cdno. 1.
(17) Documento a Folio 366, cdno. 1.
(18) Copia de la providencia a folios 369 - 426, cdno. 1
(19) Folios 431-533, cdno. 1.
(20) Folio 479, cdno. 1.
(21) Folio 532, cdno. 1.
(22) Folio 74, cdno. 1.
(23) Folios 207 - 277, cdno. 1.
(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de julio de 1992. Expediente 6750. C.P. Daniel Suárez Hernández.
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, Expediente 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(26) Folios 352-355, cdno. 1.
(27) Acta de posesión. Folio 80, C. Original 27.
(28) Cuaderno original de audiencias.
(29) Providencia proferida por la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 23 de diciembre del 2004. Folios 236 - 299, C. Original segunda instancia.
(30) Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 28 de agosto del 2014, Expediente 28804, C.P. Stela Conto Díaz del Castillo y sentencia del 28 de agosto del 2014, Expediente 32988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
(32) Folios 208, cdno. 1.
(33) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 18 de marzo de 2009, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.
(34) Ley 600, artículo 356: “Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso (…)”.
(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2010, Expediente 18.891, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto del 2005, Expediente 28513, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(37) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, Expediente P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Expediente 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, Expediente 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, Expediente 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de marzo de 2017, Expediente 39755, C.P. Danilo Rojas Betancourth.