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Timestamp: 2020-02-28 19:01:23
Document Index: 8375851

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 75', 'Artículo 401', 'Artículo 3']

Texto de aprobacion final por la camara
título Texto de aprobacion final por la camara
LF-163
P. de la C. 3381
Presentado por los representantes y las representantes González Colón, Rodríguez Aguiló, Méndez Núñez, Pérez Otero, Alfaro Calero, Aponte Hernández, Bonilla Cortés, Bulerín Ramos, Casado Irizarry, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Correa Rivera, Fernández Rodríguez, Jiménez Negrón, Jiménez Valle, León Rodríguez, López Muñoz, Márquez García, Navarro Suárez, Nolasco Ortiz, Peña Ramírez, Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, Ramírez Rivera, Ramos Peña, Ramos Rivera, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rivera Ramírez, Rodríguez Homs, Rodríguez Miranda, Silva Delgado, Torres Calderón, Torres Zamora y Vega Pagán
Referido a la Comisión de Lo Jurídico y de Etica Ética
Para enmendar las Reglas 5, 6, 6.1, 23, 24, 64, 111, 160, 185, 218, 240, 241 y la 247 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de lo dispuesto para la prescripción en los procedimientos contra una persona de la cual se desconoce su verdadero nombre o identidad, pero se cuenta con evidencia biológica de su perfil genético o ácido desoxirribonucleico (ADN); requerir que se fundamente en corte abierta y por escrito, la determinación de inexistencia de causa probable para juicio en los procedimientos en alzada o revisión de una determinación; establecer la obligatoriedad de la condición de supervisión electrónica en los delitos enumerados al momento de fijar una fianza; aclarar que en la vista preliminar el imputado sólo tiene derecho a carearse con los testigos que presente el Ministerio Público, así como a su contrainterrogatorio; establecer que en la vista preliminar en ningún caso será obligatoria se requerirá la presentación de informes periciales forenses y que, en caso de que se fueran a presentar dichos informes, certificados o declaraciones juradas de los distintos peritos forenses o de agentes del orden público, no se requerirá su testimonio en la vista preliminar, sin perjuicio de que el imputado pueda confrontarlos en el juicio, de determinarse causa probable para acusar; disponer que el tribunal debe celebrar una vista evidenciaria en la que fundamente por escrito su determinación de aceptar o denegar una solicitud de desestimación bajo la regla 64; establecer que de proceder una desestimación bajo la Regla 64 el Ministerio Público podrá presentar una denuncia o acusación por el mismo delito en la etapa en que se encontraban los procedimientos; disponer que una segunda desestimación bajo la referida regla será con perjuicio; para variar el momento en el que se comenzará a computar el término de juicio rápido en determinadas circunstancias; que siempre que un acusado renunciare a juicio por jurado, se necesitará la anuencia del Ministerio Público y el consentimiento del Tribunal, para la renuncia; que en ciertos casos que sean por tribunal de derecho, el tribunal vendrá obligado a fundamentar su fallo absolutorio en cuanto a sus conclusiones sobre los hechos y el derecho aplicado a los mismos; con el propósito de que el tribunal pueda modificar una sentencia final y firme, a solicitud del Ministerio Público, en los casos en los que el convicto coopere en una investigación o procesamiento criminal; que se celebrará una vista privada a tales efectos y que el récord de la vista permanecerá sellado e inaccesible al público para salvaguardar la seguridad del informante y la confidencialidad de la información; requerir que se presente una moción, dentro de un término no menor de tres (3) días antes de la vista señalada, en la que se notifique al tribunal la intención de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de incapacidad mental del imputado o acusado; que en la vista la representación legal presente alguna prueba de la incapacidad mental del imputado o acusado además de en adición a su propio testimonio; que el magistrado o juez determine mediante preponderancia de la prueba que el imputado o acusado de delito se encuentra mentalmente incapacitado y que exponga detalladamente por escrito los fundamentos que motivan su determinación de suspender los procedimientos y señalar una vista para determinar la capacidad mental de éste; incluir la no procesabilidad permanente de un imputado o acusado de delito en la consideración de la necesidad de la internación en una institución adecuada para su tratamiento o imposición de una medida de seguridad contra éste y la aplicación de esta regla en la etapa de vista preliminar; que el Ministerio Público pueda solicitar el sobreseimiento o archivo de una denuncia o acusación con o sin perjuicio para un nuevo proceso; que el sobreseimiento o archivo de una denuncia o acusación sólo será con perjuicio cuando sea de aplicación el inciso (c) de la Regla, cuando el tribunal así lo determine conforme al inciso (b) la misma o cuando se trate de un delito menos grave; y para otros fines relacionados.
Puerto Rico está atravesando por una ola de criminalidad, que para muchos parece no tener solución. No obstante, esta Asamblea Legislativa está comprometida con nuestros ciudadanos y su seguridad, y nos mantenemos positivos en que podremos combatir la misma. La Constitución de Puerto Rico le asigna al Tribunal Supremo de Puerto Rico el deber de adoptar Reglas de Procedimiento Criminal, por lo cual, actualmente, el alto foro tiene ante su consideración unas nuevas reglas. Sin embargo, entendemos que es vital, para la lucha contra el crimen, hacer varias enmiendas a las reglas vigentes.
Estas enmiendas tienen como objetivo principal, el proveerle herramientas adicionales al Ministerio Público para que pueda cumplir con mayor eficacia su labor de investigar las acciones delictivas y el procesamiento criminal de los responsables de estas acciones. Además, tienen como objetivo, el devolverle a la ciudadanía la confianza en nuestro Sistema Judicial Criminal, por lo que proponemos enmiendas donde se requiere un cambio sustancial en la forma en que se le comunica al pueblo las decisiones judiciales.
Luego de analizar los eventos acaecidos, recientemente, en nuestro Sistema Judicial Criminal una de las enmiendas que proponemos es a la Regla 111 de Procedimiento Criminal. Esta enmienda atempera nuestra regla a la Regla 23 (a) de Procedimiento Criminal Federal, la cual requiere la anuencia del Ministerio Público y la aprobación del Tribunal siempre que un acusado decida renunciar a juicio por jurado. Tanto el acusado como el Ministerio Fiscal, tienen el mismo interés legítimo de que su caso se vea por un tribunal imparcial, donde exista un procedimiento justo.
La enmienda propuesta a la Regla 111 recoge lo dispuesto por la jurisprudencia interpretativa sobre el derecho a juicio por jurado y su renuncia, tanto a nivel federal como estatal. En Singer v. United States, 380 US 24 (1965), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se expresó sobre el particular y expuso que la Constitución de Estados Unidos garantiza, en su Artículo III y la Sexta Enmienda, que las causas criminales se vean por jurado y que éste sea un jurado imparcial, respectivamente, y nada se dispone sobre la renuncia a juicio por jurado. La máxima curia ha sido enfática al determinar que el hecho de que un ciudadano tenga un derecho constitucional, no necesariamente implica que dicho ciudadano pueda insistir en lo contrario a ese derecho. Por lo que, concluyen que no existe un derecho constitucional que garantice la renuncia a juicio por jurado, los ciudadanos tienen derecho a juicio por jurado, sin embargo, no tienen derecho a juicio por tribunal de derecho.
Años más tarde, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre la renuncia a juicio por jurado. En Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982), el Tribunal concurrió con lo expresado en Singer, supra, y expuso que en nuestra Constitución tampoco existe el derecho a renunciar a juicio por jurado. La Constitución de Estados Unidos al igual que la Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho a juicio por jurado en causas criminales, pero no así, la renuncia al juicio por jurado.
No obstante, es importante tomar en consideración que pueden surgir circunstancias en las que la no concesión de un juicio por tribunal de derecho, provoque una violación al derecho a un juicio imparcial, el cual está garantizado por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico y por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, Pueblo v. Borrero Robles, supra; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454 (1988). En estos casos, sería responsabilidad del acusado demostrar que la negativa del tribunal a aceptar la renuncia al jurado o la negativa del Ministerio Fiscal a consentir a tal, constituye una violación a dicho derecho.
Esta Asamblea Legislativa reconoce que la renuncia a juicio por jurado no está cobijada en la Constitución Federal por lo que, es discrecional de cada estado el decidir si desea otorgarla como un derecho o si desea condicionarla. Aunque la Constitución de Puerto Rico, garantiza el derecho a juicio por jurado, no impide que podamos condicionar la renuncia. Siendo así, hemos determinado que se debe condicionar la misma. Enfatizamos que desde un punto de vista constitucional, no hay ninguna violación al disponer que se condicione la renuncia a juicio por jurado y más cuando el resultado a la negación de la renuncia es lo que dispone nuestra propia Constitución, juicio por jurado.
Como mencionáramos anteriormente, la ciudadanía necesita tener entera confianza en nuestro sistema criminal, donde las ramas del Gobierno, incluyendo la Rama Judicial, gocen de una apariencia pulcra e impecable. Recientemente, se han ventilado casos en el ojo público de crímenes atroces, cuyos autores quedan impunes ante la ley. Ejemplo de lo anterior se vio el pasado año cuando un Juez absolvió a los acusados de una masacre, aún cuando la prueba demostró que habían sido ellos. El juez absolvió sin dar explicaciones ulteriores.
Es por sucesos como los explicados anteriormente que esta Asamblea Legislativa entiende que se debe enmendar la Regla 160 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, a los fines de compeler a los magistrados de Puerto Rico, fundamentar mediante conclusiones de hechos y de derecho, sus fallos absolutorios en algunos casos criminales.
Nuestro sistema de derecho no permite que los fallos absolutorios sean revisables, por lo que el Ministerio Público está impedido de acción ulterior. No obstante, los ciudadanos se merecen una explicación del razonamiento jurídico, que llevó al magistrado a relevar de culpa criminal a los acusados de determinados delitos. Esta necesidad se desvanece en los casos donde el magistrado determina culpabilidad, toda vez que en esa instancia el acusado sí puede revisar la determinación judicial, ya sea en el Tribunal de Apelaciones y/o en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El Pueblo tiene que estar consciente que de Puerto Rico es una Sociedad de Ley y Orden y que esta Legislatura, en el ejercicio legítimo de aprobar leyes en protección de la vida, la salud, el bienestar y la seguridad del Pueblo, según lo dispone el Artículo II, Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico, aprueba esta legislación no va a permitir que personas inescrupulosas se burlen de la justicia y así queden impunes.
Artículo 1.-Se enmienda la Regla 5 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue:
“Regla 5.-La denuncia
Igualmente, el Ministerio Público podrá presentar una denuncia contra una persona de la cual se desconoce su verdadero nombre o identidad, pero se cuenta con evidencia biológica de su perfil genético o ácido desoxirribonucleico (ADN). La denuncia servirá como base para la determinación de causa probable para arresto o citación contra la persona identificada mediante nombre ficticio y su perfil genético o ácido desoxirribonucleico (ADN). La misma será enmendada tan pronto se logre correlacionar la evidencia biológica de perfil genético o ácido desoxirribonucleico (ADN) con la identidad de la persona imputada, y constituirá el documento formal que imputará la comisión del delito hasta la celebración de la vista preliminar o vista preliminar en alzada.
Artículo 1 2.-Se enmienda el inciso (a) de la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue:
“Regla 6.-Orden de arresto a base de una denuncia
Expedición de la orden. Si de una denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la regla 7(a). El Ministerio Público podrá tendrá discreción para presentar cargos en ausencia a toda persona sospechosa de delito cuando entienda que existen circunstancias justificadas, excepto: (a) cuando el sospechoso comunique por sí o a través de su representación legal que está disponible para acudir a la vista de Regla 6 o su alzada, en el día y la hora indicada por el fiscal; (b) cuando se tenga al sospechoso de delito y esté bajo custodia estatal o federal en una institución penal; (c) cuando se tenga del sospechoso de delito una dirección física de trabajo o dirección residencial en la cual se pueda notificar personalmente de la radicación de cargos en su contra. El Tribunal deberá evaluar la justificación presentada por el Ministerio Público para radicar en ausencia antes de tomar una determinación. No obstante, la determinación del Ministerio Público de que existen circunstancias justificadas para someter el caso en ausencia será merecedora de amplia deferencia por parte del magistrado. La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afectada, el magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable.
En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba a su favor.
Artículo 2 3.-Se enmienda el inciso (b) de la Regla 6.1 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue:
“Regla 6.1.-Fianza hasta que se dicte sentencia; cuando se exigirá
(b) En casos graves o menos graves en que hubiere derecho a juicio por jurado. En todo caso grave o menos grave en que hubiere derecho a juicio por jurado el magistrado exigirá la prestación de fianza al imputado para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. En casos apropiados el magistrado podrá permitirle al imputado permanecer en libertad provisional bajo su propio reconocimiento, bajo custodia de tercero, bajo fianza diferida o bajo cualesquiera condiciones que estime pertinentes imponer. El tribunal podrá imponer, motu proprio o a solicitud del Ministerio Fiscal, condiciones de conformidad con la Regla 218(c). En los casos de personas a quienes se le imputen alguno de los siguientes delitos graves, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales, Además además de fijar la fianza correspondiente, el tribunal tendrá, al fijar la fianza, que imponer la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado y aquéllas otras condiciones enumeradas en el inciso (c) de la Regla 218 de estas reglas, conforme al procedimiento establecido en dicha Regla. Sin embargo, en los casos de personas a quienes se le imputen alguno de los siguientes delitos graves, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales: Los delitos son: asesinato, homicidio negligente- cuando se impute una muerte ocasionada al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas; secuestro, secuestro agravado, secuestro de menores; robo agravado; incendio agravado; utilización de un menor para pornografía infantil; envenenamiento intencional de aguas de uso público; agresión sexual; maltrato intencional de menores según dispuesto en el Artículo 75 de la Ley Núm. 177, supra o su análoga en una ley posterior; Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, específicamente cuando la transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o más de cocaína o heroína, o un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405 sobre Distribución a personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa Criminal Continua y 411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones; los siguientes artículos de la Ley de Armas: Artículos 2.14 sobre Armas de Asalto, el 5.01 sobre Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.03 sobre Comercio de armas de fuego automáticas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios para Silenciar, el 5.09 sobre Facilitación a terceros y el 5.10 sobre Remoción o Mutilación de Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; violaciones a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, que impliquen grave daño corporal y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma, según ésta se define en la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”. En estos casos, la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio deberá recomendar la alternativa de supervisión electrónica antes de ser impuesta por el tribunal.
En todos los casos en que se impute la comisión de los delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de evaluación y recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, salvo que no autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del imputado, la fianza que fije el magistrado, sólo podrá ser modificada mediante moción bajo la Regla 218.
Artículo 3 4.-Se enmienda el inciso (c) de la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue:
“Regla 23.-Vista Preliminar
(c) Procedimiento durante la vista. La vista iniciará con la presentación de la prueba del Ministerio Público. Éste pondrá a disposición de la persona imputada las declaraciones juradas en su poder de aquellos testigos que hayan declarado en la vista. La persona podrá contrainterrogar a estos testigos y ofrecer prueba a su favor. Al hacer la determinación de causa probable, el tribunal tomará en cuenta la admisibilidad en el juicio de la evidencia presentada por el Ministerio Público sobre los elementos del delito y la conexión de la persona imputada con el delito. En ningún caso se requerirá será obligatoria la presentación de informes periciales forenses. En caso de que se Si, a pesar de lo anterior, fueran a presentar