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Timestamp: 2019-12-11 22:45:29
Document Index: 3046031

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'e contrario', 'artículo 27', 'artículo 107', 'e contrario', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 140', 'artículo 131', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 149', 'artículo 107', 'artículo 27', 'artículo 107', 'artículo 107']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 259-1879, de 06/11/2013
cve: BOCG_D_10_259_1879
(621/000048)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 48
Núm. exp. 121/000048)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
Palacio del Senado, 29 de octubre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Gobierno del PP está utilizando la mayoría absoluta que lo sustenta para introducir profundos cambios, las reformas estructurales, que pretenden amoldar una sociedad más conservadora. Ningún ámbito de la vida de los ciudadanos escapa a su afán, de ahí la «loca carrera» de reformas legislativas, de prisa, de prisa… No importa que, incluso para la consecución de sus objetivos, las normas ni tan siquiera cumplan un estándar mínimo de calidad. La derecha no quiere desaprovechar su oportunidad.
Y ahora toca a la educación, con un Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que, hundiendo sus raíces en la ideología más conservadora, atenta al principio de igualdad en el acceso al derecho a la educación y es un ataque directo a la escuela pública, como garante fundamental de este derecho.
Se trata de una reforma innecesaria, que manipula las legítimas aspiraciones de mejora del sistema educativo para ponerlas al servicio de una contrarreforma que comporta un retroceso importante en aspectos clave de la educación. Y para su justificación se parte de una falsedad, el supuesto fracaso del sistema educativo existente en nuestro país a pesar de haberse realizado un esfuerzo de recursos públicos importante, lo que se pretende demostrar, además, manipulando resultados parciales de estudios
comparados en el ámbito internacional. Ni existe el fracaso, ni se dedican más recursos que los países de nuestro entorno.
La cifra de abandono escolar alcanzó su punto más elevado en el momento en el que había una demanda de mano de obra no cualificada más alta, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, cuando España tenía una tasa de ocupación juvenil superior a países como Alemania o Austria; no era, por tanto, consecuencia del sistema educativo.
En el momento en que nuestro dedicó un mayor porcentaje del PIB que fue en 2008, llegó al 5% mientras que la media de la UE se sitúa en el 7%. Y, aun con este menor nivel de recursos, los famosos informes de la OCDE, que se pretenden convertir en la coartada de la reforma educativa, reconocen que el sistema español existente alcanza un grado de equidad por encima del promedio de los países estudiados; nuestro sistema educativo ha logrado que el origen socio-económico y cultural del alumnado sean menos importantes para conseguir el éxito escolar.
Frente a esta realidad, el proyecto plantea ideológicamente un conflicto entre equidad y excelencia y apuesta claramente por buscar la segunda a costa de sacrificar la primera.
Y lo que no reconoce en ningún momento es que el conjunto de cambios que se plantean no han dado buenos resultados en ningún país.
Es un proyecto impuesto, que ha sido redactado sin diálogo social y de espaldas a la comunidad educativa, sin tener en cuenta ningún análisis objetivo y despreciando a los organismos e instituciones que trabajan en favor de la educación pública.
Para elaborarlo no se ha realizado ninguna diagnosis previa, mínimamente rigurosa, de la situación actual del sistema educativo, porque para imponer la ideología los análisis, el diálogo y los datos estorban.
Desde la llegada del Gobierno del PP, hace poco más de un año, los recortes educativos han ascendido a 5.212 millones de euros, lo que ha supuesto un mayor deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas dirigidas a los profesionales de la educación (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar), con el consiguiente impacto negativo en la calidad educativa y en la igualdad en el acceso al derecho a la educación.
Y ello, a pesar de que la Memoria del Proyecto calcula que incrementar un punto la tasa de titulación en Bachiller supone un coste de 74.365.011,77 euros; que hacerlo en la tasa de titulación en Ciclos Formativos de Grado Medio exigiría 88.595.351,51 euros y lograrlo en Formación Profesional Básica demandaría 24.989.141,27 euros. ¿Cómo va a lograr esta reforma mejorar la titulación con ese recorte de aproximadamente 9.000 millones en educación, que comprometió en el Programa de Reformas remitido a la Comisión Europea?
Es una reforma que no aporta los recursos suficientes para mejorar el sistema educativo, como se señala más arriba, que carece de una memoria económica creíble y en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra la equidad en el acceso al derecho a la educación. Este proyecto elude las recomendaciones de la propia Unión Europea sobre la necesidad de priorizar la inversión educativa, sobre el incremento del gasto público en educación y su equiparación progresiva a la media de los países de la Unión Europea.
Todo esto se ha puesto de manifiesto en el preceptivo Dictamen del propio Consejo de Estado, que ha señalado graves insuficiencias en aspectos centrales del proyecto de ley, empezando por cuestionar la necesidad de la misma para alcanzar los objetivos que supuestamente persigue, así como el escaso
esfuerzo ministerial (por no decir nulo), a la hora de alcanzar un mínimo nivel de acuerdo con personas expertas y organizaciones representativas de la sociedad y la comunidad educativa.
El Proyecto de Ley concibe la educación no como un Derecho, sino como un factor productivo al servicio de un modelo económico que otorga a los mercados una función reguladora de las relaciones sociales que sólo corresponde a las instituciones democráticas. Y con esta concepción se supedita la educación a los intereses economicistas, anteponiendo las exigencias de los poderes económicos a la formación integral, mediante la supresión de materias y contenidos considerados poco «útiles» para la «empleabilidad». Este proyecto renuncia a que el sistema educativo forme ciudadanos y apuesta porque, otra vez, se dirija a lanzar «productores» al mercado laboral, apuntillando la ya maltrecha enseñanza de las humanidades.
Confunde deliberadamente la autonomía pedagógica de los centros, positiva, con una autonomía de gestión que busca la esponsorización de los centros haciéndoles dependientes en financiación de sus benefactores privados.
Así mismo, es una reforma que confunde deliberadamente las funciones que solo corresponden a los sectores públicos, al otorgar a los «agentes privados» funciones «de facto» reguladoras del Sistema Educativo. Además de promover la creación de centros privados con recursos públicos, y extender y fomentar los conciertos con entidades privadas (habitualmente confesionales). Fomenta además la competitividad entre los centros, en lugar de la cooperación, mediante formas de «especialización» para poder seleccionar a su alumnado, y estableciendo clasificaciones según resultados, que servirán además para obtener mayor financiación a los centros mejor situados en el ranking y no a los que más lo necesiten. Este modelo de «competitividad» propicia la selección adversa del alumnado y convierte al sistema educativo en un instrumento de reproducción e incremento de las desigualdades, en lugar de ser como debiera la principal política de reducción de la desigualdad social y personal.
Es una contrarreforma segregadora, sexista y adoctrinadora que restaura viejos itinerarios selectivos desde temprana edad, devalúa la Formación Profesional y convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Potencia además la enseñanza de la religión e impone una alternativa «dura y evaluable» al gusto de la jerarquía católica, permitiendo así mismo la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a los centros ultraconservadores que la practican. Y lo que es más grave, asegurando que la educación separada por sexos no comporta discriminación, lo que podría ser la puerta de entrada a otras formas de segregación.
La LOMCE es una reforma intervencionista y recentralizadora, que persigue la homogeneización a partir de procesos de permanente erosión de las funciones y competencias de las Comunidades Autónomas y que desconoce el papel de la descentralización en la gestión educativa en los buenos resultados alcanzados en términos de equidad y eficiencia en otros sistemas educativos de la Unión Europea. Hasta ahora las Comunidades Autónomas, con el respaldo de sus respectivas sociedades, han desarrollado políticas educativas que han asegurado mayor equidad del sistema, garantizando la igualdad de oportunidades y adaptando, para hacerlo más eficaz, el sistema educativo a las singularidades propias de su sociedad y su territorio. Reducir la capacidad de las Comunidades Autónomas para configurar el currículo o planificar la oferta educativa no contribuirá a mejorar la atención educativa que estamos obligados a proporcionar a alumnos y familias.
En este terreno del adoctrinamiento y la homogeneización del alumnado supone un ataque sin precedentes al sistema de inmersión lingüística, que ha contado históricamente con un amplísimo consenso social y político y que ha supuesto un factor imprescindible para la integración y la cohesión social en las Comunidades Autónomas con lenguas propias oficiales. Un modelo que ha contado históricamente con un amplísimo consenso social y político y que cabría extender a las que, teniendo lengua propia, no la han reconocido, para las que este proyecto supone nuevas amenazas.
Por otro lado, el carácter recentralizador, segregador y elitista de la contrarreforma que plantea el Gobierno del PP también supone una amenaza para el conjunto del sistema educativo que las diferentes Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han desarrollado.
La LOMCE apuesta por un sistema educativo sin democracia y sin participación de la Comunidad Educativa en la vida de los centros educativos. Este aspecto de la Ley es claramente contrario al contenido y espíritu proclamado en el artículo 27 de la Constitución Española. El ataque a la democracia y la participación en la gestión de los centros, disfrazado de lo que el PP denomina «autonomía del centro» rompe con la tradición participativa de la escuela pública y abre las puertas a una gestión jerárquica, al estilo del que se ha impuesto en buen número de escuelas privadas concertadas.
El Consejo Escolar pasa a ser un órgano meramente consultivo e informativo y, por el contrario, las funciones de decisión pasan a la competencia exclusiva del director o directora del centro (designado directamente por la Administración y no mediante una elección democrática de la comunidad educativa). El equipo de los centros pasa a ser una gerencia profesionalizada restringiendo, por tanto, el acceso a tareas de dirección. El equipo directivo avanza hacia un modelo jerárquico y unipersonal donde pierden peso las direcciones colegiadas.
Los Senadores que suscriben esta propuesta de veto consideran que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que encaminarse en la dirección de ofrecer una educación de calidad para toda la población escolar, tanto para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender, como sobre todo para quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje y necesitan por tanto más apoyo educativo. Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación personal y familiar de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más y mejor educación para todos: este es el camino a seguir.
Se necesita una educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine del currículo escolar toda forma de adoctrinamiento. Ello exige derogar los acuerdos con la Santa Sede y otras religiones, excluir la educación religiosa del horario lectivo y suprimir la simbología religiosa de los centros escolares. Este proyecto, por el contrario, promueve la elección de la asignatura de religión y permite que la nota obtenida en la misma acabe repercutiendo en la concesión de becas.
Hace falta una educación personalizada, integral e inclusiva, que reduzca el número de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo.
No podemos renunciar a una educación en igualdad que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo o de orientación sexual, ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural.
Nuestro país, lastrado todavía por la larga y siniestra sombra de la dictadura franquista precisa una educación democrática que favorezca y potencie la participación real de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y de los distritos escolares.
Es imprescindible una educación que motive al profesorado, reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y permanente.
Pero nada de ello será posible sin una educación con financiación pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.
Por todos estas poderosas razones presentamos esta propuesta de veto al proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Y por ello reclamamos al Gobierno de España la retirada inmediata de este proyecto de ley.
El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.
Nuestro grupo, recogiendo el sentir de nuestra comunidad educativa, defiende firmemente que la educación, como elemento básico, vertebrador y cohesionador de la sociedad y espejo de su salud, debe ser inclusiva, compensatoria de las desigualdades de origen y adaptada curricularmente a las características de cada alumna y alumno, para garantizar su pleno desarrollo y el éxito escolar.
En ese sentido, estamos comprometidos con la promoción de la calidad educativa integral, como servicio público, con un sistema educativo solidario y que tenga como objetivo la equidad e igualdad de oportunidades para todo el alumnado, siempre orientada a responder a los retos presentes y futuros que Nafarroa, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tenemos planteados como país. Firmemente comprometidos en la defensa de nuestro sistema educativo propio.
Una educación basada en la laicidad, la educación ético-cívica y social, la co-educación y el respeto entre ambos sexos para lograr una verdadera igualdad de género, que forme personas y fomente en definitiva una convivencia democrática basada en el respeto a todos los derechos humanos y la pluralidad ideológico y social.
Asimismo, nuestro grupo hace una apuesta firme por garantizar el bilingüismo efectivo de todo el alumnado al finalizar la ESO. Un reto que aún queda muy lejos. Porque el único modelo que garantiza una educación plurilingüe es aquel que parte de una enseñanza en euskera, y sin embargo, vivimos en una situación de diglosia en el que el euskera está muy lejos de ocupar el lugar que le corresponde. Mediante el sistema de modelos de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa sube su conocimiento, pero no su uso, y en Nafarroa, escudada en una supuesta defensa del inglés, se ha reducido casi a la nada la presencia del euskera. Y es un hecho demostrado que el alumnado en un modelo de inmersión siempre supera el nivel de castellano, mientras en el resto de modelos se acaba siendo monolingüe y por supuesto, en castellano.
Estas son las prioridades de AMAIUR en materia educativa, y seguimos comprometidos en mejorar y avanzar hacia nuestro sistema educativo propio, en preservar y mejorar los altos niveles de calidad que comparativamente tiene el sistema Educativo Vasco.
Porque, mientras la justificación de la LOMCE se basa en el 26.5% de fracaso escolar, se oculta entre otras cosas, que la realidad en la CAV y en Nafarroa es bien distinta (12,5% y 16,3% respectivamente) además de la significativa menor tasa de abandono escolar, gracias a la implicación de la comunidad educativa y desarrollando al máximo esas competencias recortadas.
Pues bien, la lectura de este Proyecto de Ley no deja lugar a dudas: su filosofía, sus objetivos y su contenido van en un sentido totalmente contrario a las prioridades mencionadas, a los objetivos de consenso asumidos por toda la comunidad educativa. Por eso, mostramos nuestra más radical oposición al modelo que propugna, que nos retrotrae a otros tiempos.
Así, en primer lugar, resulta palpable e insultante esa visión totalmente uniformizadora, ese modelo caduco y retrógrado de estado en educación, que no responde en absoluto a nuestras necesidades y retos, situándose fuera de nuestra realidad social y lingüística, lo que supondría un gravísimo retroceso en la educación de nuestras hijas e hijos.
Partiendo de la inexistencia del más mínimo análisis de la realidad educativa y de las diferencias existentes en el Estado, fruto de una imposición, sin consulta ni consenso con las administraciones ni con los protagonistas directos, es decir, la comunidad educativa de este pueblo, resulta descaradamente
invasora de nuestra capacidad de decidir, arrogándose competencias educativas que no le corresponden, recortando nuestra soberanía, ya limitada, y avanzando en la recentralización del Estado.
Porque esta reforma vacía prácticamente, de una manera ilegítima, nuestra soberanía en este campo, quedando sometidos a una mera aplicación de las regulaciones propuestas.
Consideramos inadmisible y antidemocrática esa involución en aspectos fundamentales: que sea el Estado quien diseñe el 50% de las asignaturas troncales de la enseñanza obligatoria así como del bachiller, o que corran a cargo del Estado las pruebas de las evaluaciones finales de cada etapa, con el único fin de condicionar el curriculum es inaceptable a todas luces, porque además de la invasión curricular, entendemos que fomentarían claramente la discriminación prematura del alumnado, sometiéndole a una carrera de obstáculos, además de la grave intromisión que supondría en la autonomía de los centros y en el trabajo del profesorado.
Igualmente grave y totalmente antidemocrática es el aspecto del funcionamiento de las escuelas. Obvian totalmente la importancia del clima escolar en una buena educación. Es inadmisible la limitación de lo que entendemos es el eje fundamental para el impulso de una verdadera calidad educativa, la participación y capacidad de decisión de los consejos escolares, reduciendo a la nada la implicación de madres, padres y capacidad de decisión de los consejos escolares, reduciendo a la nada la implicación de madres, padres y alumnado así como la pérdida total de autonomía de las escuelas, con la centralización del poder decisorio en las direcciones de los centros, pervirtiendo la figura del director, brazo ejecutor de la administración central, así como grave nos parece la reducción de la capacidad de los centros de adaptar y definir proyectos educativos a las necesidades particulares del entorno social y del alumnado del centro.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la concepción de la educación, consideramos que es una Ley contra la equidad, que no mira para nada al modelo de sociedad, que no tiene en cuenta la pluralidad y diversidad del alumnado, y dejando de lado criterios pedagógicos y de integración, y con la palabra mágica de la «empleabilidad» como excusa, plantean una involución total en el aspecto ideológico, poniendo la educación al servicio del mercado y las empresas, con un modelo competitivo, basado en la meritocracia y que arrincona al más débil; el alumnado y el sistema educativo deberán moldearse al gusto y necesidad del mercado, pervirtiendo el objetivo de desarrollo personal y social, base de la educación, acabando con el derecho irrenunciable a la igualdad de oportunidades. Hace años que nuestro sistema educativo trabaja por limar las diferencias por origen, nivel de recursos… Este proyecto quiere deliberadamente parar esa maquinaria para mantener precisamente esas diferencias de origen. Esto provocaría irremediablemente que haya estudiantes de primera y de segunda.
A ello, hay que añadir el riesgo más que manifiesto de adoctrinamiento en valores conservadores que presenta este proyecto, ese espíritu de la eliminación de las visiones de la sociedad que incomodan al partido gobernante. Nos resulta inquietante ese objetivo claramente ideologizante, como queda patente por ejemplo con la impartición de religión o la marcha atrás en las políticas de igualdad de género derivado de una discriminación positiva de los colegios segregados por sexos.
Y por último, especialmente grave nos parece el ataque que supone contra el euskera. El idioma de nuestro pueblo, vejado, castigado, minorizado, en una situación de peligro de desaparición que exige un esfuerzo y tratamiento singular, lo cual es admitido por toda la comunidad educativa y la ciudadanía de Euskal Herria.
El elemento principal de cohesión social como viene siendo demostrado claramente, vuelve a ser castigado, despreciado y relegado a un nivel secundario. Esto supondría poner en peligro de muerte los modelos de inmersión lingüística o aquellos en los que la lengua vehicular sea el euskera, desandando el camino recorrido durante los últimos años, violando los derechos lingüísticos y asestando un tremendo golpe de bilingüismo real y a la normalización lingüística.
Por todo ello, AMAIUR sumándose a la voz de toda la comunidad educativa, sindical y social (profesorado, alumnado, madres y padres, personal no docente que trabaja en las escuelas, agentes en defensa del euskera) que vienen demostrando su más profundo y unánime rechazo a este Proyecto de Ley, entendiendo que no tiene el aval de la de Euskal Herria, presenta este veto y pide la retirada inmediata de la LOMCE, el respeto a la realidad de Euskal Herria y a su derecho a decidir el sistema educativo que sus agentes educativos y la sociedad vasca quieran.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—Ester Capella i Farré.
El Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa responde a una concepción partidista, intervencionista, clasista, jerárquica y reaccionaria de la educación que avala una metodología tradicional, autoritaria, disciplinaria y acrítica, que supuestamente pretende afrontar los principales retos educativos y, en particular, el abandono y el fracaso escolar. En su lógica, establece un modelo que pretende obligar al estudio, en lugar de estimularlo, mediante la reintroducción de reválidas que provocarán regresiones pedagógicas y didácticas (al dirigirse a aprobar el examen) y mayores tasas de abandono escolar por parte del alumnado que no supere las pruebas.
La LOMCE establece, asimismo, un modelo educativo inspirado en una ideología nacionalista española que tiene como objetivo, tal como el mismo ministro tuvo la voluntad de dejar evidenciado, que los profesores enseñasen a sus alumnos el orgullo de ser españoles, a vertebrar la nación española y a españolizar «a todos los niños catalanes». En este sentido, y fiel a esa ideología nacionalista española que históricamente ha prohibido y perseguido las lenguas minoritarias, este proyecto de ley representa un episodio más en la historia de la persecución de la lengua catalana. La LOMCE está coherentemente enmarcada en una estrategia de minorización y marginación de la lengua catalana por parte del Partido Popular allá donde gobiernan: proceso contra la inmersión lingüística en les Illes Balears; rechazo de la Generalitat Valenciana al derecho de estudiar en la lengua propia reclamado por 125.000 familias valencianas; surrealista invención de una «nueva» lengua LAPAO para negar la lengua catalana en Aragón.
La LOMCE niega la diversidad lingüística de las Comunidades Autónomas con lengua propia y supone un ataque al modelo de inmersión lingüística, que garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al finalizar la formación obligatoria y que ha sido fundamental para la cohesión social y la convivencia lingüística en Catalunya. Un modelo que ha contado históricamente con un amplísimo consenso social y político.
Efectivamente, el carácter recentralizador se refleja en todo lo que afecta al ámbito curricular al romper los acuerdos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en cuanto a los porcentajes de elaboración de los currículos, reservando a la primera la potestad de establecer todo el currículum de las asignaturas troncales y de las específicas. De igual manera, queda evidenciada la voluntad recentralizadora en la pretensión de establecer procesos evaluadores unitarios a final de primaria, secundaria y bachillerato.
El proyecto de ley se inspira en valores reaccionarios que responden a fórmulas de escuela no comprensiva y no inclusiva que rechaza el trabajo por competencias, que entiende el aprendizaje como una carrera de obstáculos y no como la facilitación de los medios adecuados y las ayudas que cada alumno requiera para progresar. Asimismo, ignora las desigualdades y atenta contra el principio de igualdad de oportunidades al consolidar un modelo segregacionista que establece dos tipologías en 4º de ESO: una, tendente a lo que denomina «enseñanzas académicas» y la otra «enseñanzas aplicadas», devaluando la Formación Profesional, y discriminando, en definitiva, por origen y procedencia social a través de la tipología de centros especializados que favorecerá la exclusión y estabulación del alumnado con dificultades.
Propugnan un carácter conservador, ultraliberal, clasista y regresivo de la educación, que deja de ser un derecho para convertirse en un servicio y que abre camino a la escuela selectiva. La LOMCE actúa como un catalizador del proceso de privatización de la educación, tal como se refleja a través de la oficialización del concierto a los centros de élite que rompen los principios de coeducación.
De igual manera, se consolida un modelo de escuela confesional, heredero del nacionalcatolicismo negador de la libertad de conciencia, que establece la religión como materia fundamental, agravando aún más la actual situación —no compartida por el republicanismo— de presencia de la enseñanza de la religión en el sistema escolar público a través de un profesorado, pagado por la Administración pública, pero designado y controlado por la propia Iglesia. La ofensiva de la jerarquía de la Iglesia Católica es tanto más inaceptable —y lamentable su asunción por parte del gobierno— en cuanto corre en paralelo a la expulsión del currículo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que había sido cuestionada por la Conferencia Episcopal.
Asimismo, mientras se potencia la enseñanza de una materia dogmática como la religión, son suprimidas o relegadas otras materias imprescindibles para la formación integral del alumnado como el Conocimiento del Medio como Área de Educación Primaria, la Historia Contemporánea para los estudiantes de Secundaria de las ramas científicas y tecnológicas, la Música u otras.
El proyecto de ley representa un paso atrás en todo aquello que estimula la cogestión de los integrantes de la Comunidad Educativa en el proyecto educativo, al suprimir el carácter decisorio del Consejo Escolar, así como la participación de la sociedad hasta el extremo de menoscabar el papel de los ayuntamientos como administración educativa.
Todo ello nos hace concluir que el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa no responde a una sincera voluntad de aspiración de mejora del actual sistema, tal como queda demostrado, más allá de la voluntad de imposición, intolerancia y rechazo al diálogo demostrada por el Gobierno, en la ausencia de una memoria económica creíble suficiente. Al contrario, su contenido impedirá, sin duda, fracturar al conjunto de la Comunidad Escolar e impedirá alcanzar los objetivos que se pretenden en la Unión Europea para el año 2020 de reducir el fracaso escolar y la tasa de abandono escolar, así como el de aumentar el porcentaje de alumnado que finaliza con éxito los estudios postobligatorios.
Por todo ello, se presenta veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa y su devolución al Gobierno.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
El Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), supone un cambio de modelo educativo. Un cambio involutivo, pasar de un modelo inclusivo, comprensivo y descentralizado a otro segregador, centralizado y confesional.
Un cambio involutivo que se manifiesta en todos los ámbitos, pedagógicos, competenciales, aconfesionales y democráticos así como en el tratamiento inadmisible que se otorga a las lenguas cooficiales.
La finalidad es evidente atentar contra la igualdad de oportunidades y atacar la escuela pública.
Por otro parte, la LOMCE se ha elaborado sin un proceso previo de dialogo y debate con la comunidad educativa.
Hay muchas razones para la presentación de esta propuesta de veto a la LOMCE, pero queremos destacar las siguientes:
1. Es segregadora
La segregación empieza ya al definir trayectorias que traen a titulaciones diferentes. Separación temprana. Formación Profesional básica dentro del sistema obligatorio como una vía alternativa y, sobre todo, los dos tipos de graduado que representan una afrenta para la dignidad de la Formación Profesional.
La segregación de los alumnos en los ámbitos curricular, funcional o por la misma tipología del alumnado en diferentes tipos de centros es una de las claves de la reforma legal.
En vez de trabajar por la cohesión, subraya las diferencias: se podrá segregar por lengua, por sexo y por capacidades, puesto que se podrá separar el alumnado en función de sus resultados académicos.
2. Promueve la exclusión social
Se suprime el apartado 2 del artículo 140 de la LOE, que impedía que las evaluaciones externas sirvieran para hacer clasificaciones de alumnos y centros en listados públicos para evitar un uso pernicioso para el proceso educativo.
A partir de la nueva ley, las clasificaciones de resultados en pruebas externas se publicarán. Se concibe la educación como un marco de competición entre individuos.
Además, se pedirán cuentas a los centros, siendo la Administración quien impondrá los indicadores básicos para su evaluación y por los contenidos curriculares a impartir que se derivan. Servirá para dotar de recursos los centros con mejores resultados y presumiblemente situados en entornos sociales favorecidos en detrimento de los sectores sociales más débiles y desfavorecidos. Agravará la magnetización de centros en entornos sociales más desfavorecidos.
3. Es una ley recentralizadora
Es una ley recentralizadora: el Gobierno de Madrid decidirá los contenidos de las materias troncales y las preguntas de las reválidas.
Se aumenta el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado central y se incorporan evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Se controlan así los conocimientos concretos que se tienen que impartir, así como la selección del alumnado hacia una u otra vía de la educación postobligatoria, dado el carácter de reválida de estas pruebas.
El proyecto de ley cambia profundamente la distribución competencial que ha funcionado durante 30 años y fulmina las competencias de la EAC, artículo 131, que establece competencias compartidas en programación de la educación, su definición, la evaluación del sistema, y el establecimiento de planes de estudio y ordenación curricular.
4. Equipara la educación a la superación de pruebas
Refuerza en todas las etapas el aprendizaje de materias instrumentales, pero aumentan la ratio y sacan desdoblamientos en estas materias (lengua, matemáticas).
Reducen la presencia de las asignaturas más creativas (música, artes plásticas).
Enfocan el estudio a la superación de pruebas externas (PISA). No olvidamos que preparar una prueba no es lo mismo que aprender.
Va en sentido contrario a la necesaria laicidad del sistema educativo porque elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, atendiendo las presiones de la cúpula eclesial, vuelve a colocar con fuerza la religión como asignatura que cuenta para la nota final de ESO.
6. Favorece la privatización y el espíritu mercantilista
Favorece la privatización y el espíritu mercantilista. Amplía la duración de los conciertos económicos, blinda las escuelas de élite que segregan los alumnos por sexos, permite la selección de alumnos, crea rankings de resultados y no asegura la gratuidad en la educación infantil y en los estudios postobligatorios.
Tampoco garantiza la oferta pública suficiente en un territorio porque la oferta se ordenará en función de la demanda de las familias. La escuela pública puede quedar como oferta subsidiaria de la concertada.
Además de fomentar la exclusión y la segregación, la LOMCE promueve la competencia entre el alumnado y entre los centros por encima del valor de la cooperación y el trabajo en equipo. Prevé la publicación de rankings y se priorizan los resultados por delante de la calidad y de la equidad de los procesos educativos. Se prevén medidas correctoras para los centros con bajos resultados.
7. Un ataque al modelo de escuela democrática
Es un ataque al modelo de escuela democrática porque la participación del profesorado y las familias queda reducida, se reduce la autonomía de los centros, los consejos escolares serán consultivos y pierden competencias en favor de las direcciones y las direcciones son escogidas con más intervención por parte de la Administración.
8. Relega a los gobiernos locales
Relega a los gobiernos locales. Los municipios dejan de ser interlocutores para la programación de la oferta educativa y no tendrán representantes en los consejos escolares de las escuelas concertadas. Este hecho quedará reforzado por la reducción de las competencias municipales prevista en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
9. Relega el catalán a materia residual y dinamita el modelo de inmersión lingüística
Obliga los territorios con lengua cooficial a garantizar «en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofertas en las diferentes asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas». En caso contrario, los gobiernos autonómicos tendrán que ofrecer a los padres la posibilidad «de escoger la lengua vehicular» y, si no hay oferta en la escuela pública o en la concertada de su localidad, tendrán que «sufragar los gastos de escolarización» en «centros privados».
«Disposición adicional trigésima novena. Lengua castellana y lengua vehicular de la enseñanza.
— Las Administraciones educativas podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respeto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano.
— Mientras no se realice la determinación a que se refiere el párrafo anterior, los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos. Cuando, como consecuencia de dicha falta de determinación, no exista oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la localidad de residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados.
Este planteamiento es contrario a cualquier estrategia de fomento de las lenguas propias, diferentes del castellano. Y, en especial, un ataque al modelo de inmersión lingüística del cual nos hemos dotado en Cataluña cómo uno de los elementos (no el único) de cohesión social, que ratifica su bravata de españolizar los alumnos catalanes.
10. Fomenta el negocio educativo y profundiza la privatización
Se incluye como parte del sistema educativo los «agentes privados» que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo en España. Artículo claramente orientado a legalizar la progresiva privatización del sistema educativo español y a sustituir el «derecho» a la educación por la «prestación del servicio» de la educación.
11. Centros concertados
Se prolonga el periodo para renovar los conciertos: de un máximo de 4 a un mínimo de 6 años en Primaria y cuatro años en Secundaria. Además, las administraciones deberán tener en cuenta la «demanda
social» a la hora de programar el reparto de plazas, es decir, si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a la escuela concertada en vez de a la pública.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.
El artículo 16 del Estatuto de Gernika dispone que:
«En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de le Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.»
Queda patente en dicho precepto estatutario la especialidad o singularidad de la competencia de Euskadi en materia educativa, cuyo ejercicio se ha plasmado, entre otras, en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, que en su Preámbulo recalca este origen singular de las competencias de Euskadi en materia educativa, a lo que cabría añadir que esa Comunidad Autónoma tiene además características culturales propias que el sistema educativo debe considerar, como lo es la existencia de dos lenguas oficiales, una propia y otra común. Ley en la que se recogen los principios generales y los fines de la escuela pública vasca, que se define como plural, bilingüe, democrática, al servicio de la sociedad vasca, enraizada social y culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad, y en la que se apuesta firmemente por una escuela pública suficientemente dotada de medios materiales y humanos, en la que participen todos los sectores sociales implicados y en la que los centros gocen de una autonomía efectiva, siendo la escuela pública el instrumento de actuación directa de la Administración en el cumplimiento del precepto constitucional que garantiza el derecho a la educación y en la compensación de las desigualdades.
Sin embargo, el texto del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, al no reconocer a la Comunidad Autónoma Vasca especialidad alguna en materia de enseñanza, desconoce su singularidad constitucional derivada de sus derechos históricos y que encuentra amparo y respeto, como ya hemos señalado, en la disposición adicional primera de la Constitución y cuya actualización general ha sido operada en el marco de la Constitución y del propio Estatuto de Gernika que se erige el marco normativo primario atributivo de competencias y facultades en la materia.
En definitiva, transgrede el bloque de constitucionalidad y obvia que ha sido precisamente el ejercicio del autogobierno y la aplicación extensiva de estos principios a la totalidad del sistema educativo vasco la que ha posibilitado construir con un amplio consenso entre los diversos agentes, docentes, alumnos y alumnas, padres y madres, escuela pública y concertada e instituciones, un modelo estable basado en la mejora continua y la excelencia.
De hecho, las últimas evaluaciones internacionales y las evaluaciones de diagnóstico, las mismas que han servido de argumento al Ministerio de Educación para promover la reforma de la LOE, han reflejado que la situación y realidad de nuestros centros es diferente a la de otros sistemas educativos del Estado.
Las tasas de abandono escolar temprano, el porcentaje de alumnado titulado en ESO y Bachillerato, los ratios de titulados superiores y la alta satisfacción de las empresas y de inserción laboral de la FP,
contribuyen a que el alumnado vasco alcance la media europea, e incluso la supere y se sitúe entre las dos primeras posiciones en el Estado.
Mantenemos igualmente profundas discrepancias con la práctica totalidad del Proyecto de Ley en tanto que propone cambios de enorme calado que tienen efecto directo en la totalidad del sistema educativo español, e inciden en ámbitos tan diversos como el pedagógico, el organizativo o el económico.
Aspectos como el tratamiento de la realidad plurilingüe del Estado español, la configuración del currículo, la organización de los ciclos, el sistema de evaluaciones, el modelo de Formación Profesional o la autonomía de los centros, entre otros, nos llevan al rechazo de este Proyecto de Ley que además, carece del imprescindible consenso social y político que requiere una reforma educativa de semejante calado, que adolece de un marcado carácter recentralizador y uniformador y que produce la quiebra del principio de equidad, elemento clave de cualquier sistema educativo de calidad.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El Gobierno del Partido Popular ha presentado a través de este proyecto de Ley una reforma ideológica del principal pilar de construcción de la sociedad moderna, la Educación. Y lo hace sólo con el apoyo de su mayoría parlamentaria, en contra de toda la oposición, la comunidad educativa y la mayoría de Comunidades Autónomas que competencialmente son las encargadas de gestionar la educación en sus territorios. Presenta esta norma con una prepotencia impropia de un Ejecutivo cuya acción de gobierno debe basarse en el principio de interés general y no, como ya es costumbre en sus propuestas legislativas, en el interés particular de ciertos sectores.
Las senadoras y senadores firmantes de esta enmienda rechazamos de plano este proyecto de Ley y solicitamos su devolución al Gobierno por innecesario y por injusto, por subordinar la Educación pública a la concertada y a la privada, por reducir la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, por segregar y discriminar a los alumnos más vulnerables, por devaluar la Formación profesional, por eliminar la educación en valores éticos y democráticos de la asignatura Educación para la ciudadanía, por computar como obligatoria la formación religiosa, por favorecer la financiación pública de la educación segregada por sexos, por reducir drásticamente la participación de la comunidad educativa en los Consejos Escolares, y por conculcar las competencias educativas y lingüísticas de las Comunidades Autónomas, atacando injustamente el modelo de inmersión lingüística y el conjunto del sistema educativo de Cataluña establecido en el Estatut y desarrollado en la Ley de Educación catalana.
El Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa es innecesario porque cambia la arquitectura organizativa de la Educación Pública que está funcionando y ha logrado el equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza que establece el artículo 27 de la Constitución.
Todos coincidimos en la necesidad de mejora permanente del sistema educativo en nuestro país. Pero, dada la importancia para nuestras generaciones presentes y futuras, cualquier mejora debe estar basada en un diagnóstico compartido y un consenso entre todas las administraciones competentes y el conjunto de la comunidad educativa. Y este proyecto no lo está. Y lo que es más grave, este texto ha concertado la oposición en bloque de toda la sociedad, desde el profesorado al alumnado, de la escuela infantil a la universidad, de las comunidades autónomas, los sindicatos, las familias, y los partidos políticos.
Toda esta oposición a la reforma ha culminado en la convocatoria de dos huelgas generales en la Educación, el 9 de mayo y el pasado 24 de octubre, la presentación de once vetos en su tramitación en el Congreso y la firma de un pacto entre los grupos parlamentarios de la oposición y las organizaciones sociales comprometiéndose a la derogación de la Ley ante un eventual cambio de gobierno y a colaborar en la elaboración de una nueva ley que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa.
Además, en el inicio de la tramitación de esta norma en el Senado, y tras la celebración de una sesión monográfica de la Comisión General de Comunidades Autónomas sobre la invasión de competencias autonómicas que implica el proyecto de ley, cinco Comunidades Autónomas han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Esta norma incorpora implícitamente una filosofía claramente recentralizadora de las competencias autonómicas en Educación. Y esto es intolerable. En Catalunya, en virtud de la Constitución y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía se promulgó una Ley de Educación en 2009, aprobada por el 85% de los diputados del Parlament, que está funcionando de forma satisfactoria desde su entrada en vigor.
A nuestro juicio, este proyecto de ley condiciona gravemente el ejercicio de las competencias educativas de la Generalitat de Catalunya, deja sin contenido real sus competencias en materia de ordenación educativa y definición de los contenidos curriculares e interfiere en su capacidad de planificar la oferta educativa de acuerdo con las necesidades de escolarización.
La norma lleva al límite el ejercicio de las competencias estatales de homologación de los títulos académicos, mediante una regulación exhaustiva y la introducción de unas pruebas externas centralizadas que anulan la capacidad de determinar los contenidos educativos, en contra de las previsiones del Estatut de Catalunya sobre el establecimiento de políticas propias por parte de la Generalitat.
Además, el texto del proyecto de ley reduce y altera las competencias de la Generalitat en materias como la evaluación general del sistema y la planificación educativa, llegando al extremo de poder alterar la planificación de la oferta de servicio público y las normas de admisión que son, sin ninguna duda, de competencia autonómica.
También el calendario de implantación de la ley afecta de forma negativa al ejercicio de las competencias de la Generalitat. No parece razonable que los plazos de implantación de una ley, que no corresponde exclusivamente al Ministerio, sean tan reducidos. No es casual que en las anteriores leyes que establecían cambios en la estructura académica (tanto con la LOGSE y la LOE como también con la LOCE) el calendario no se definía en la ley sino que se habilitaba al Gobierno para su concreción. Concreción que lógicamente, hay que hacerla de acuerdo con las administraciones educativas, tal y como señala el Consejo de Estado en su Dictamen.
El proyecto, con su actual redacción, implica que la Generalitat, y el resto de Comunidades Autónomas, tendrán que producir nuevas normas reglamentarias que afecten a la ordenación curricular y a la organización de los centros. Y hará falta, también, hacer acciones de formación para el profesorado.
El hecho de que el proyecto proponga un calendario de aplicación tan acelerado demuestra la voluntad del Gobierno de agotar, también en el ámbito reglamentario, todo el margen de actuación. En realidad implica dejar a la Generalitat sin posibilidades para el ejercicio de sus propias competencias.
Otro de los motivos principales para la devolución al Gobierno de este texto es el cambio en la regulación lingüística que ataca injustificadamente el modelo de inmersión lingüística de Catalunya. Y lo hace con el espurio argumento de que existe un «problema» lingüístico y hay que proteger el castellano. Este modelo de probada eficacia garantiza el conocimiento del catalán y del castellano al finalizar la formación y ha sido fundamental para la cohesión y para la convivencia lingüística en nuestro territorio.
La medida introducida en la Disposición Adicional 38 de asumir el compromiso de una escolarización especial para aquellos —contados— alumnos que acrediten que no disponen de «una oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular», asumida directamente por el Ministerio y repercutiendo los gastos a la Generalitat no es razonable. Constituye una muestra de desconfianza institucional, de falta de respeto a las competencias estatutarias
y, también, una demostración de la falta de confianza en los instrumentos jurisdiccionales como el propio Tribunal Constitucional que ha revalidado este sistema en numerosas sentencias.
Un análisis en detalle del contenido del proyecto de ley muestra el cambio de un modelo que garantizaba la igualdad de oportunidades efectiva en el acceso a la educación, independientemente del origen o de las condiciones socioeconómicas, obligando a la existencia de plazas públicas en la educación obligatoria, hacia otro en el que se relega la preponderancia de la escuela pública en favor de la escuela concertada. Y esto, unido a la zona única de escolarización, y en contra de las recomendaciones de la OCDE, puede provocar que sean los propios centros los que elijan a los alumnos, y la red de escuela pública se convierta en el único espacio donde puedan estudiar los alumnos más vulnerables, con problemas y riesgo de exclusión social.
Estamos radicalmente en contra de una ley que es un foco de segregación y discriminación temprana de los alumnos. Así, el sistema de evaluaciones finales o reválidas que incorpora y que pueden tener consecuencias académicas impredecibles ya que potencia el progreso de los mejores en vez de favorecer la igualdad de oportunidades para el progreso de todos. Esto también va a suponer la competencia entre centros centrando sus esfuerzos en preparar a los alumnos para estas reválidas en vez de reforzar la evaluación continua en cada una de las etapas de la formación. El adelanto en la elección de itinerarios, y la sustitución de la selectividad por pruebas de acceso va a reducir el número de alumnos que finalmente van a acceder a los estudios superiores. Pero, aún más grave es la eliminación de los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a los alumnos más débiles, con más dificultades y más vulnerables.
Finalmente, no podemos permitir que este proyecto de ley nos haga retroceder en el tiempo eliminando derechos y avances muy importantes que hemos logrado en la educación cívica y democrática en nuestro sistema educativo, como la eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, el carácter obligatorio de la asignatura de Religión y de sus alternativas, y el apoyo explícito del Gobierno a los centros educativos que segregan por sexo.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha manifestado en reiteradas ocasiones que para mejorar en la calidad educativa era imprescindible el consenso. Consenso parlamentario y entre aquellas administraciones responsables de la actividad educativa, para que las reformas no sean coyunturales sino estables y consenso social, para que las reformas tengan el apoyo y el impulso de la comunidad educativa, profesorado, familias y expertos, ya que reformar en profundidad el marco legal que regula la educación equivale a reformar uno de los pilares del Estado y no puede hacerse de manera partidista e ideológica, es obligatorio encontrar consensos más amplios y duraderos que la simple mayoría parlamentaria de cada legislatura. Lamentablemente la tramitación y los objetivos del Proyecto de Ley en ningún caso han buscado acuerdos y consensos.
Si además se trata de reformar el marco educativo de un estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, como es el caso del estado español, es evidente que la reforma debe ser especialmente
sensible para integrar las diferentes realidades de aquellos territorios con lengua y cultura diferenciada de la castellana.
El conjunto de la sociedad, la práctica totalidad de la comunidad educativa y las fuerzas políticas suelen coincidir en el diagnóstico de los aspectos a mejorar de nuestro sistema educativo: reducir significativamente el fracaso escolar, aumentar los graduados en educación secundaria, fidelizar a los alumnos hasta obtener una formación que facilite su empleabilidad, aumentar los índices de éxito escolar entre nuestros estudiantes, reforzar las áreas estructurales, dominar una lengua extranjera y potenciar la Formación Profesional. También coinciden que para mejorar la calidad de la educación lo importante no es modificar de nuevo la estructura legislativa, competencias y curriculums, sino mejorar en la prioridad social por la educación y en la colaboración de las administraciones y la comunidad educativa para mejorar los resultados y la calidad de la educación entre nuestros jóvenes.
Sin embargo el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa propone un cambio estructural, una transformación total del actual sistema educativo y pretende abordarlo como decisión partidista e ideológica del Partido Popular, sin pacto con las demás fuerzas parlamentarias, sin pacto con las administraciones autonómicas, verdaderas responsables de la institución educativa y sin acuerdo alguno con aquellas comunidades, como Catalunya, con realidades nacionales, culturales y lingüísticas diferenciadas.
A nuestro entender, el objetivo del Proyecto de Ley no es la mejora de la calidad educativa, su finalidad es ideológica y de recentralización del sistema educativo entorno al Ministerio de Educación con voluntad de homogeneizarlo, sin previos consensos y excluyendo a las comunidades autónomas, incluso a aquellas como Catalunya con lengua y cultura propias diferentes del castellano. De ahí la creación del llamado «sistema educativo español» y la distribución de las asignatura en troncales, específicas y de libre configuración autonómica, reservándose el Gobierno el total control sobre las troncales y marginando las de configuración autonómica.
Además, la reforma de la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) ataca el modelo catalán de inmersión lingüística elemento relevante del bilingüismo que respira Catalunya y, por lo que parece, tanto molesta al Gobierno del Partido Popular. Un modelo de éxito de la sociedad catalana, conseguido, con muchos esfuerzos, y que, después de 30 años de funcionamiento, demuestra que garantiza el conocimiento del catalán y del castellano al finalizar la formación obligatoria, y demuestra que ha evitado la división social por comunidades lingüísticas. El Proyecto de ley del Ministro Wert opta por proteger exclusivamente la enseñanza en castellano, incluso con la expropiación de recursos económicos propios de las CCAA. Su aprobación supondría un ataque frontal al Estatut de Autonomía de Catalunya, a la Ley de Educación de Catalunya y a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
No ha habido voluntad de consenso ni de acuerdos en el trámite parlamentario del Proyecto en el Congreso de los Diputados, y las muestras de posibles flexibilizaciones del proyecto de ley han sido escasas, en el debate del contenido autonómico del Proyecto de Ley en la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrado en el Senado.
Por ello este Grupo Parlamentario presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley de mejora de la calidad educativa.
Más allá de la falta de consenso y de lo planteado en cada una de las enmiendas al articulado, destacar cuatro puntos de gran discrepancia.
En primer lugar, discrepancias en la distribución competencial. Esta distribución, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito educativo se fundamenta en la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía, como normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma que definen las competencias asumidas dentro del marco constitucional. Se puede afirmar, por tanto, que existe una reserva estatutaria en el ámbito de la distribución de competencias.
La LOMCE pretende un cambio de modelo de distribución de competencias que, cuando menos, es contrario al espíritu constitucional. Del modelo tradicional de competencias compartidas, que podríamos denominar horizontal, donde el Estado fija la parte común de las enseñanzas y las Comunidades Autónomas pueden ejercer sus competencias en la parte restante, se pasa a un modelo de competencias repartidas, completamente vertical, donde el Estado fija absolutamente el contenido, el horario mínimo y los criterios de evaluación de las asignaturas troncales, hasta el punto que puede impedir de facto que las Comunidades Autónomas desarrollen políticas propias en materia educativa.
Merece especial atención el caso de las Comunidades Autónomas con lengua propia puesto que las asignaturas de Lengua cooficial y de Literatura son relegadas al bloque de las asignaturas de libre
configuración autonómica, cuando es evidente que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma correspondiente, la Lengua cooficial y Literatura deben formar parte del bloque de asignaturas troncales, con un tratamiento curricular al mismo nivel que la lengua castellana y literatura.
En segundo lugar, discrepancias respecto al tratamiento marginal que se da a la lengua catalana en el texto del proyecto de ley. El tratamiento de la lengua castellana y la lengua catalana está específicamente desarrollado en el bloque de constitucionalidad, formado por la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía.
En relación al redactado actual del Proyecto desconoce y no se adecua a la realidad del régimen lingüístico del sistema educativo de Catalunya, más plural, enriquecedor y cohesionador que el reflejado en la norma, puesto que garantiza que al finalizar la enseñanza obligatoria los alumnos tienen pleno dominio de las lenguas oficiales catalana y castellana, de acuerdo con el Marco europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas, y permite a los centros educativos, en ejercicio de su autonomía y a través de sus proyectos lingüísticos, adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas a su realidad sociolingüística, que en ningún caso comporta la separación de los alumnos por razones de lengua.
En tercer lugar, discrepancias en la regulación en el Proyecto de Ley de un Calendario de aplicación y una financiación imposibles de cumplir.
Las precedentes reformas educativas han contemplado en sus respectivas leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales (LOGSE, LOCE y LOE), un plazo global para el calendario de aplicación, siendo regulada posteriormente la concreción de dicho calendario mediante los Reales Decretos correspondientes.
Si se analizan en detalle los calendarios de aplicación de las leyes antes mencionadas se observa que, aparte de consultar previamente con las Comunidades Autónomas su concreción, la implantación progresiva tiene lugar a partir de un curso y medio después de la aprobación de la ley y, como señala el Consejo de Estado en el dictamen sobre el Proyecto de Ley:
Al margen de lo anterior, cabe destacar que el calendario de implantación nunca se ha fijado en una norma de rango legal, sino que siempre ha habido una remisión a la aprobación por el Gobierno en decretos posteriores. Lo único que se ha previsto en las sucesivas leyes ha sido la duración total de la implantación gradual (LOGSE: 10 años; LOCE y LOE: 5 años).
Las razones de carácter ideológico parecen las únicas que pueden avalar tanta precipitación ya que es evidente ello no responde a criterios de calidad.
La precipitación en la aplicación de la ley también representa un riesgo de quiebra en los itinerarios formativos de los alumnos que cursan las diferentes enseñanzas y etapas de acuerdo con la normativa vigente. Especial reflexión requieren los cambios que se introducen respecto de las condiciones de acceso y admisión en las enseñanzas de formación profesional, con la supresión del curso de formación específica para el acceso a los ciclos de grado superior, lo cual puede provocar un gravísimo perjuicio a los alumnos que realizan actualmente el curso de acceso al grado superior (unos 5.800 alumnos en Catalunya) puesto que en el curso 2014-2015 no podrían acceder a los ciclos de formación profesional de grado superior.
Por otra parte, el Proyecto de Ley no acompaña la reforma educativa de la correspondiente financiación y una reforma como esta es costosa. Tampoco el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, primer año de aplicación de la ley, contemplan partida alguna para implementar la reforma. ¿Quién la debe financiar, las comunidades autónomas? Es necesario recordar que la austeridad presupuestaria ha castigado especialmente la educación: maestros de baja que no pueden ser sustituidos, más alumnos por aula, problemas con las becas comedor, ..., aplicar la austeridad a la educación ha sido una decisión durísima para las comunidades autónomas y no puede agravarse ahora desde el Gobierno obligando a las Comunidades a financiar una reforma precipitada, que no resuelve los problemas existentes.
En cuarto lugar, discrepancias en la regulación en el Proyecto de Ley del denominado «mecanismo subsidiario», el cual llega a modificar la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.
El Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa es una norma profundamente ideológica cuya aprobación provocará un deterioro de la equidad y la calidad en la Educación pública y perjudicará gravemente la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación; conculca las competencias educativas y lingüísticas de las Comunidades Autónomas, ha sido elaborado con la oposición generalizada de la comunidad educativa y nos aleja de los objetivos internacionales en educación.
El Gobierno ha despreciado a la comunidad educativa y a los interlocutores sociales y políticos en la elaboración y tramitación del proyecto. Por ello, la LOMCE tiene a todos ellos en contra, desde profesores hasta alumnos, desde padres hasta sindicatos, desde partidos políticos hasta la Conferencia de Decanos de Educación de toda España.
La LOMCE utiliza un nuevo planteamiento educativo. Utiliza la crisis como pretexto y plantea una nueva ordenación educativa cargada de ideología profundamente conservadora y neoliberal atacando la calidad de la escuela pública y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, tratando de desmantelar un sistema público educativo levantado con el esfuerzo de todos desde hace más de tres décadas.
A pesar de los datos manipulados y tergiversados que presenta el Ministerio de Educación, según la OCDE somos el segundo país, después de Finlandia, que más equidad tiene en el sistema educativo. La OCDE también señala que somos el segundo país que más ha progresado, después de Corea, en los últimos cincuenta años.
En cuanto a la participación de la comunidad educativa, es absolutamente limitada por la LOMCE al vaciar de competencias los consejos escolares. Estos consejos no pueden ser meros órganos consultivos, debe reforzarse su participación que, además, es un derecho constitucional que mejora y potencia la motivación y la corresponsabilidad social.
Por su parte, la inmersión lingüística garantiza el conocimiento de la lengua cooficial y el castellano al finalizar la formación, pero el Gobierno pone en peligro la cohesión social y la convivencia lingüística con las medidas que pretende imponer.
El Gobierno no debe olvidar que los modelos de inmersión lingüística existentes en España, y en especial el catalán, se han venido configurando gracias al esfuerzo de los poderes públicos, de los docentes y profesionales del sector y a la implicación de toda la comunidad educativa, y han contado históricamente con un amplio consenso social y político, factores imprescindibles para la integración y la cohesión social en los territorios con lengua cooficial.
Se instrumenta en la ley una carrera de obstáculos que va seleccionando y a la vez segregando a los alumnos con repeticiones de curso en los diversos niveles educativos y la elección de itinerarios, que se adelanta a tercero de la ESO, lo que significa un proceso prematuro de selección y segregación del alumnado que les va a estigmatizar y castigar en su desarrollo formativo con resultados previsibles de mayor fracaso y abandono escolar, en contra de lo que se pretende atajar.
La respuesta adecuada al fracaso escolar y al abandono temprano tiene que ser concentrar medios y recursos adicionales sobre alumnos o grupos en riesgo. La LOMCE, por el contrario, elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad abandonando a su suerte a los más vulnerables o derivándolos a itinerarios de hecho irreversibles.
Las evaluaciones también forman parte de una auténtica carrera de obstáculos. La LOMCE no trata a la educación como un derecho, pues al introducir las distintas pruebas de reválida en las diferentes etapas, nos encontramos con que si no se aprueban el alumno queda automáticamente excluido del sistema.
La LOMCE no impulsa y respalda la Formación Profesional, no le da ni el peso ni la importancia que necesita para dotarla de atractivo para los jóvenes y eso es nefasto para un país como España, que atraviesa una crisis que nos augura que los técnicos de formación profesional están llamados a ocupar en un futuro inmediato el 65% de los puestos de las empresas y que van a ser los que más van a contribuir a la competitividad de nuestra economía.
Por su parte, la selectividad tal y como la conocemos ahora desaparece pero para duplicarse. Según la LOMCE, en lugar de esa prueba habrá dos, una de final de bachillerato y otra que podrán fijar las universidades según sus propios criterios de admisión. Este nuevo acceso a la universidad no contribuirá a la mejora de la calidad educativa sino a frenar el ingreso a la misma de los que menos recursos tienen quebrando, de esta forma, la equidad de nuestro sistema educativo. El propósito del Gobierno es el de dificultar el acceso universitario con el acceso previsto en la LOMCE junto con la subida de precios, la brutal bajada de becas y los cambios en los requisitos para obtenerlas.
La LOMCE, igualmente, se carga el servicio público de la educación haciendo desaparecer la prevalencia de la educación pública sobre la concertada. El Gobierno, por medio de este proyecto de Ley, da herramientas a las Comunidades Autónomas para invertir el principio de subordinación de la escuela pública a la concertada, en detrimento de la pública.
Este es el verdadero cambio de modelo que plantea el Gobierno del Partido Popular en el sistema educativo. La LOMCE discrimina en función de la clase socioeconómica y en función de la procedencia de los alumnos.
Igualmente, la LOMCE trastoca el sistema de valores.
El proyecto devuelve a la Religión la condición de asignatura computable para la media y para obtener beca, y la alternativa a la Religión separa y diferencia por cuestiones de creencias.
La LOMCE discrimina, asimismo, al favorecer la segregación por sexos porque elimina el valor de la coeducación, lo cual lleva a perpetuar los estereotipos sexuales y la desigualdad. El Gobierno apoya y alienta por una parte a los centros que segregan por sexo dotándoles de dinero público, cuando diversas sentencias del Tribunal Supremo señalan que dichos colegios no tienen derecho a financiarse con fondos públicos.
Por último, sobre el calendario de aplicación llama la atención la rapidez con la que el Gobierno pretende empezar a implantar las modificaciones en el sistema educativo, llevándolo a partir del curso 2014-2015, lo cual representa un periodo de tiempo claramente insuficiente para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para su implantación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza el Proyecto de Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa y formula el presente veto a este Proyecto de Ley Orgánica, solicitando su devolución al Gobierno.