Source: http://www.gerencie.com/principio-de-favorabilidad.html
Timestamp: 2015-11-30 09:45:47
Document Index: 35777627

Matched Legal Cases: ['artículo 363', 'artículo 338', 'artículo 575', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 338']

Principio de favorabilidad | Gerencie.com
Guía LaboralProcedimiento Tributario Manual de ExcelManual de MacrosEmprenda en Internet Impuestos · Derecho laboral · Más Principio de favorabilidad Inicio » Impuestos. » (10 / 09 / 2013 )
Aplicación de la ley 1111 de diciembre de 2006 en la declaración de renta del año gravable 2006
Por MIGUEL ÁNGEL BUSTOS VÁSQUEZ
Abogado – Derecho Tributario
Como ya ha sido ampliamente publicado, la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, por medio de la cual se modificó el Estatuto Tributario, ha traído consigo importantes cambios en materia del impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre, el gravamen a los movimientos financieros y algunos asuntos de procedimiento, entre otras disposiciones.
En lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y su aplicación para el año gravable 2006, la mencionada Ley debe ser analizada con profundo detalle, para establecer si algunas de sus disposiciones tienen aplicación en la declaración de renta del año 2006.
Para ello es necesario abordar el análisis de los principios de irretroactividad y el de favorabilidad, respectivamente.
Principio de Irretroactividad:
A diferencia de muchas legislaciones superiores de otros países, la Constitución Política de Colombia, ha previsto que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, con el propósito de evitar que el legislador modifique las tarifas, bases gravables y hechos generadores del tributo, en perjuicio del contribuyente, cuando ya se han configurado y consolidado los hechos económicos con base en normas preexistenetes.
Es así, como el artículo 363 de nuestro ordenamiento superior, señala:
“El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán retroactivamente”.
Cuando la Constitución prevé la irretroactividad de “las leyes tributarias”, lo hace de manera general, lo que quiere decir que incluye también los tributos de carácter territorial definidos mediante acuerdos municipales y ordenanzas departamentales.
También haciendo referencia al principio de irretroactividad de las leyes tributarias, el artículo 338 de la Constitución, en su parte final dispone su aplicación en el caso de los impuestos de período, dentro de los que se incluye, obviamente, el impuesto sobre la renta:
“Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
El artículo primero del Decreto 187 de 1975, señala, en concordancia con el artículo 575 del Estatuto Tributario nacional, que “el año, período o ejercicio impositivo, en materia de impuesto sobre la renta y complementarios, es el mismo año calendario que comienza el 1º. de enero y termina el 31 de diciembre”, por lo que en el más estricto de los sentidos, la Ley 1111 de 2006 debería empezar su aplicación, en lo que tiene que ver con este impuesto, a partir del año gravable 2007.
Desde luego, este principio constitucional conlleva a conservar una mayor confianza y seguridad jurídica, toda vez que impide que, como ocurría en otros tiempos, el legislador modifique los elementos de los tributos, incluyendo tarifas más altas, al final del año, haciendo muy gravosa la situación para todos los contribuyentes.
De esta manera, como lo señala la doctora Lucy Cruz de Quiñónez en la obra Derecho Tributario, publicada por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (pág. 285): “En general a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Esta prohibición opera en materia fiscal y en todas las demás materias. Así, para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre hacia el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores”.
Y continúa la tratadista afirmando claramente (pág. 288 ibídem), y trayendo un aparte de la polémica sentencia C-527/96 de la Corte Constitucional: “Por otro lado, la Corte ha dicho que la restricción de retroactividad o vigencia para el período siguiente ‘está encaminada a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso’, es decir es una prohibición de retroactividad en lo desfavorable al contribuyente, pero si la medida le es favorable, la Corte admite su vigencia inmediata”.
Lo anterior nos lleva al consecuente análisis relacionado con el principio de favorabilidad, para determinar si existen disposiciones de la Ley1111 de 2006 que puedan aplicarse en lo que respecta al impuesto sobre la renta por el período gravable 2006.
La eventual aplicación de algunas disposiciones de la Ley1111 de 2006 en la declaración de renta correspondiente al año gravable 2006, tiene su sustento en las siguientes consideraciones:
La primera pregunta que debe resolverse, es ¿Qué es el principio de favorabilidad?.
En la definición más sencilla, podemos decir que el principio de favorabilidad consiste en que los ciudadanos, y en el caso que nos ocupa, los contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán aplicar preferentemente las normas más favorables para sus intereses, aunque esta norma sea posterior a la restrictiva o desfavorable.
Este principio universal se aplica en materia penal, laboral, disciplinaria, entre otras tantas, y por supuesto tiene cabida en la legislación tributaria.
Habrá quienes manifiesten que este principio no es aplicable en materia fiscal, pues en los artículos 29 y 53 de la Constitución Política de Colombia sólo se prevé para asuntos de carácter penal y laboral respectivamente. Pero salgo al paso de esta interpretación restrictiva y exegética, tomando las palabras del doctor Diego Younes Moreno en su obra Derecho Constitucional Colombiano – primera edición 1993 -, cuando analiza los diferentes métodos de interpretación normativa (exegético, histórico y sistemático), indicando que, si bien estos “métodos tradicionales prestan un concurso importante para desentrañar el sentido de las normas constitucionales, … no bastan por sí solos para ese efecto, por la naturaleza peculiar de la Constitución. Su condición de norma organizadora de una sociedad políticamente estructurada, demanda conceptos adicionales y distintos de aquéllos que pudiéramos denominar clásicos”
Continúa el doctor Younes Moreno: “Para el destacado constitucionalista Salvador Linares Quintana, esas reglas para la hermenéutica constitucional son las siguientes:
En la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido teleológico o finalista de la Constitución.
La Constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal y práctico, y nunca estrecho, limitado y técnico…
En ningún caso ha de suponerse que un término constitucional es supérfluo o está de más, sino que su utilización obedeció a un designio preconcebido de los autores de la Ley Suprema.
La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con las partes restantes.
Así pues, si debe consultarse el contenido teleológico en su más extenso significado, el principio de favorabilidad es de aplicación general, absoluta y sin ningún tipo de restricción.
En este orden de ideas, la CorteConstitucional, como guardiana de nuestro máximo ordenamiento legal, y como entidad encargada de dar el alcance teleológico a cada principio y mandato constitucional, en varias oportunidades se ha pronunciado sobre la favorabilidad normativa en materia tributaria.
El doctor Alfredo Lewin Figueroa en su obra Principios Constitucionales del Derecho Tributario – Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992 – 2001 (Pág. 145) señala: “Son ya varias y reiteradas las Sentencias que ha proferido la Corte Constitucional desde 1993, en las cuales ha acogido la tesis de que el principio de irretroactividadad no es absoluto en el sentido de que si las normas tributarias generan efectos retroactivos benéficos o favorables a los contribuyentes, ellas no vulneran la Constitución, ya que de acuerdo con la historia de su consagración, tienen un carácter garantista”.
Lo dicho encaja perfectamente dentro del concepto de impuesto de período, como lo es el impuesto sobre la renta, y no se violenta en manera alguna la parte final del artículo 338 de la Constitución, si antes de culminar el período gravable, por ejemplo se disminuye la tarifa del impuesto sobre la renta, pues al momento de terminar ese período gravable, es decir el 31 de diciembre, es cuando los hechos generadores del tributo se han consolidado, es decir los que determinan la base para aplicar la nueva tarifa. No de otra manera puede estar vinculado el contribuyente por la norma fiscal en su condición de sujeto pasivo de la obligación tributaria sustancial, y legitimado el Estado para realizar el cobro, en su condición de sujeto activo de tal derecho.
Dicho de otra manera: El 31 de diciembre de cada año se configuran los hechos generadores del tributo, los cuales están sometidos a una tarifa. ¿Cuál?; pues la que esté vigente a ese día. De la misma forma pueden tener aplicación todas las nuevas disposiciones favorables al contribuyente, esto es, en materia de nuevas deducciones, exenciones, exclusiones o disminuciones de algunas otras tarifas, como puede ser la de la renta presuntiva.
Dentro de ese marco teleológico de interpretación normativa, y principalmente de la Constitución Política, la Corteha dicho:
Sentencias C-527/96 M. P. Dr. Jorge Arango Mejía
“Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución.La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe”. (Resalto).
Sentencia C-185/97 M. P. Dr. José Gregorio Hernández
“Estas normas constitucionales plasman garantías en beneficio de los contribuyentes, pues tienen origen en la necesidad de evitar que un Estado fiscalista abuse de su derecho de imponer tributos y pretenda dar a las normas que los plasman efecto hacia el pasado. Se trata, entonces, de normas favorables al contribuyente y como tales deben ser interpretadas y aplicadas”. (Resalto).
Sentencia C-006/98. M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell
“Cabe indagar si las previsiones del inciso tercero del artículo 338 superior que se acaba de examinar se imponen como marco de la conducta legislativa para las regulaciones que suprimen o reducen una obligación tributaria, esto es, si la norma respectiva tiene aplicación a partir del período que sigue después de iniciarse su vigencia, o puede comenzar a regir de forma inmediata.
La CorteConstitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el particular y su criterio constante sobre el tema ha sido, el de que no es aplicable, para estos casos, el inciso 3 del art. 338, por razones de justicia y equidad”. (Resalto)
Posteriormente, la Corte señaló:
“Al limitarse en el tiempo la aplicación inmediata de una norma que regula un impuesto de período se busca favorecer al contribuyente, así sea en desmedro del erario, para defender en cierta medida el patrimonio de aquél y otorgarle la elemental oportunidad de que programe el gasto y ordene los medios que le permitan asumir su costo. En eso no hay nada de extravagante ni censurable, y por el contrario, ello responde a finalidades que se adecuan al principio de equidad y al de una justicia tributaria claramente cifrada sobre la realidad social.
Por lo mismo, las normas que derogan tributos o establecen medidas que eximen o disminuyen de tales obligaciones a los contribuyentes, tiene efecto general inmediato y principian a aplicarse a partir de la promulgación de la norma que las establece, salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya establecido reglas específicas para su vigencia”.(Resalto) Al hacer una interpretación teleológica, como ya hemos dicho, ese efecto inmediato y aplicación a partir de su promulgación, en cuanto se trata de impuestos de período, debe entenderse que se aplica, en lo favorable, desde el primer día del inicio del período, sin que ello, en absoluto, vaya en contra del artículo 338 de la constitución en su inciso tercero. Es decir, puede ser retroactiva la 01 de enero, en la medida en que favorece al contribuyente.
Por último la CorteConstitucional, en Sentencia C-929/00 M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, dijo: “La retroactividad de la ley está íntimamente ligada con su aplicación en el tiempo, pues una ley no puede tener efectos hacia el pasado, salvo que se trate de garantizar el principio de favorabilidad” (Resalto). Esto confirma lo dicho anteriormente, en cuanto que la Corte Constitucional ha admitido la aplicación del principio de favorabilidad en cualquier marco normativo, desde luego incluyendo la ley tributaria.
Si desde esta perspectiva lógica, devienen perjuicios al erario público, no es un tema que atañe al contribuyente, pues el Estado, dentro de su política fiscal, debe velar por que esos intereses macroeconómicos no se vean afectados por deficiencias, no sólo por la falta de técnica legislativa, sino, más importante aún, en la estructura legal de fondo, pues los que fuimos testigos de algunos de los debates en el Congreso de la República, no pudimos dejar de sorprendernos de la forma como se estructuró la Ley1111, ello sin entrar a analizar de fondo el primer proyecto de reforma tributaria estructural, que en mi parecer era una barbaridad legislativa.
Luego de estas consideraciones, pasemos a analizar en detalle, si el contenido d