Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/01/03/probar-la-consecusion-de-contratos-de-locacion-de-servicios-no-da-derecho-a-la-estabilidad-de-la-administracion-publica/
Timestamp: 2020-07-09 12:17:44
Document Index: 156423807

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 7']

Probar la consecusión de contratos de locación de servicios no da derecho a la estabilidad de la administración pública – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Acosta Paula Fernanda c/ Provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa
Cita: MJ-JU-M-101140-AR | MJJ101140 | MJJ101140
1.-Debe rechazarse la acción contencioso administrativa que procura la incorporación de la actora en planta permanente por entender que se encuentra amparada por la estabilidad en el empleo público al haber estado contratada como prestadora de servicios con cinco contratos de locación de servicios consecutivos, pues la existencia de vinculaciones contractuales, el tiempo transcurrido o el carácter de las tareas desarrolladas son insuficientes para justificar que se acuerde un derecho cuyo nacimiento está supeditado a determinadas condiciones, y tales no no se cumplieron.
2.-Si lo que debe controlarse jurisdiccionalmente es que la actuación de la Administración se ajuste al principio de legalidad, mal podría -aún cuando ello respondiera al propósito de limitar la discrecionalidad administrativa en el uso o abuso de la modalidad contractual- concederse el reconocimiento directo de un derecho -en el caso a la estabilidad- cuya adquisición se encuentra debidamente reglamentada y lucen ausentes los presupuestos para su obtención.
3.-La actora debe ser incorporada a la planta de personal permanente de la Administración, toda vez que ha quedado comprobado que la demandada ha hecho un uso fraudulento de una figura legalmente permitida, comprometiendo de ese modo la garantía de estabilidad en el empleo (Del voto del Dr. Massei – disidencia)
En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los días veintidós del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS KOHON y OSCAR E. MASSEI y, por existir disidencia, con el señor Presidente Subrogante Doctor ALFREDO ELOSU LARUMBE, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ACOSTA PAULA FERNANDA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTATIVA”, Expte. 2778/09, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 27/30, la Srta. Paula Fernanda Acosta, mediante apoderado, con patrocinio letrado interpone acción procesal administrativa contra la Provincia de Neuquén, a los efectos de obtener la declaración de nulidad del Decreto 933/09, por estar afectado de vicios graves, conforme el artículo 67 de la Ley 1284 y, en consecuencia, solicita que se la incorpore a la Planta permanente del Estado provincial.
Manifiesta que posee los títulos de Licenciada en Turismo (UNC-Neuquén) y Guía Universitaria de Turismo (UNC- Neuquén).
Indica que en primer término se desempeñó para la demandada como informante turístico en la temporada 2004 (20 de enero al 30 de abril) en la Subsecretaría de Turismo.
Refiere que, luego, a partir del 1 de febrero del 2006, ingresó como contratada para cumplir funciones en el Dirección de Habilitaciones Turísticas de la Dirección General de Servicios y actividades turísticas, realizando tareas técnicas relacionadas con la habilitación de establecimientos hoteleros y extra hoteleros, evaluando proyectos de alojamiento turístico, asesoramiento personal a prestadores actuales y potenciales y a las Direcciones Municipales de Turismo, elaboración de proyectos de disposiciones, notas, comisiones de servicios, etc.
Señala que las tareas realizadas se efectuaban de acuerdo a los Decretos421, del 02/04/06; 098, del 16/1/07; 154, del 6/2/08; 745, del 12/5/08 y 161, del 11/02/09, respectivamente, ejecutándose 5 contratos de locación de servicios consecutivos.
Informa que la asignación de tareas se encontraba estrechamente vinculada con las funciones del Departamento del área, llevándose a cabo con igual responsabilidad e idoneidad que el personal de planta (permanente, política o mensualizada) perteneciente al mismo.
Explica que el Departamento de Habilitaciones se constituye de acuerdo al Organigrama oficial, según Decreto 191/08, por una jefatura, que se encontraba vacante, con 4 agentes a cargo: tres en planta permanente y 1 contratado.
Dice que no recibió capacitación oficial.
Indica que en el 2007 se efectuó una evaluación de desempeño, requerida por la Dirección General de Recursos Humanos, al personal contratado, con el modelo de evaluación del personal de la Subsecretaría de Turismo: fue presencial, con interacción de criterios, resultados y debidamente firmada por el agente y los directores inmediatos y general.
Señala que siempre estuvo contratada como prestadora de servicios con 5 contratos de locación de servicios -monotributo- consecutivos con los siguientes períodos de vigencia: 01/01/06 al 31/12/06; 01/01/07 al 31/12/07; 01/01/08 al 31/3/08; 01/04/08 al 31/12/08 y 01/01/09 al 31/12/09.
Plantea que realizaba las mismas tareas que el personal de planta, exigiéndole durante el 2006 una jornada laboral de 40 hs.semanales y a partir del 2007, 7 horas diarias, 35 semanales, igual que sus compañeros de planta permanente y con el mismo horario de entrada y salida.
Sostiene que posee una antigüedad ininterrumpida de más de 3 años, realizando siempre las mismas tareas normales y habituales de su sector, recibiendo órdenes y directivas de sus superiores, con igual horario que los demás trabajadores, con remuneración mensual, dependencia jerárquica y subordinación administrativa.
Analiza el reclamo administrativo realizado y los fundamentos de su rechazo; así argumenta respecto de la estabilidad laboral del empleado público conforme la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las disposiciones del Estatuto Provincial del Empleado Público.
Se explaya sobre la adquisición de la estabilidad en el empleo público, considerando las características del personal contratado. Cita jurisprudencia.
Efectúa reserva del caso federal. Ofrece prueba.
A fs. 183, amplía demanda, acompañando prueba documental.
II.- Luego de decretada la admisión del proceso mediante R.I. 315/10, la actora opta por el procedimiento ordinario (fs. 194).
III.- Sustanciada la acción, a fs. 201/203, se presenta la demandada, mediante apoderado con patrocinio letrado.
Solicita su rechazo, con costas. Efectúa la negativa de los hechos planteados por la actora.
Destaca que la accionante no menciona expresamente el vicio por el que impugna el Decreto 933/09; solo reitera su pretensión de ser incorporada a la planta, pero sin atacar el decreto concretamente.
Agrega que, más allá de eso, la Srta.Acosta celebró con la Administración varios contratos de locación de servicios en los términos del artículo 1° inciso f) del E.P.C.A.P.P., conociendo y aceptando al momento de firmarlos que tal vínculo contractual no genera relación de empleo público, ni laboral.
Así, se encuentra excluida del régimen normativo que establece el E.P.C.A.P.P., encuadrándose en el personal regido por contratos especiales.
Analiza los argumentos expuestos en el Decreto 933/09 que rechazó el reclamo administrativo.
Concluye que la calidad de contratada no genera la estabilidad en el cargo, ni el derecho a ser incorporada a la planta, al no aplicárseles el Estatuto Provincial, ni los derechos que emanan de él.
Afirma que el personal contratado y el empleado público no están en igual situación legal.
IV.- A fs. 206 se recibe la causa a prueba, clausurándose ese período a fs. 296.
V.- A fs. 299/304 se expide el Sr. Fiscal General quien propicia el rechazo de la demanda interpuesta.
VI.- A fs. 306 se dicta la providencia de autos, la que encontrándose a la fecha firme y consentida, coloca a las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.
A fs. 309 se dicta la R.I. 97/15 mediante la cual se acepta la excusación del Dr.Moya.
VII.- Al acceder a esta instancia judicial, la accionante solicita que se declare su derecho a ser incorporada a la planta de personal permanente de la Provincia de Neuquén.
Funda su pretensión en la circunstancia de haberse vinculado contractualmente por un período mayor a tres años, en forma ininterrumpida y realizando tareas normales, habituales y propias de la Subsecretaría de Turismo.
Ahora bien sobre la cuestión sometida a tratamiento, sin desconocer la existencia y alcance de la garantía de estabilidad en el empleo público, quien aquí acciona, no se encuentra protegida por la misma.
Vale señalar que, por presentar la cuestión a resolver -con sus matices- analogía con el precedente “Tamborindegui” -Acuerdo 12/11-, en lo sustancial, se seguirá en este voto la línea argumental allí trazada.
VIII.- En primer término corresponde abordar el estudio del caso, desde el punto de vista estatutario.
Como premisa inicial, debe tenerse presente que, conforme el ordenamiento constitucional provincial, el ingreso de los trabajadores a la Planta de Personal Permanente, se encuentra supeditado a la existencia de un acto expreso de nombramiento, previo concurso público.
En este orden, el E.P.C.A.P.P. -normativa aplicable al caso- en el capítulo III, regula el ingreso a la administración provincial. Así, luego de determinarse en el artículo 5º los requisitos que deben reunirse para el ingreso, y en el artículo 6º que, como regla general, se lo hará por el puesto inferior del grupo correspondiente a cada categoría, el artículo 7º se centra en el nombramiento (correlacionándose con el artículo 1º que exige para la inclusión de los agentes la existencia de este acto efectuado por autoridad competente) estableciéndose su carácter “provisorio” por el término de seis meses.
Este nombramiento provisorio, automáticamente y sin necesidad de acto de confirmación expreso, se transforma en nombramiento definitivo en caso de reunirse dos condiciones:que transcurra un período de seis meses y que con antelación a su vencimiento, no medie informe desfavorable de los jefes inmediatos ratificado por el superior jerárquico.
De lo expuesto, entonces, se deduce lo siguiente: a) El acto de nombramiento en Planta Permanente de la Administración emanado de autoridad competente (art.
1º); b) no obstante, éste acto por sí sólo, no determina el ingreso del agente- este nombramiento es de naturaleza “provisoria”; c) para que se consolide el ingreso -se torne definitivo- es necesario además que se reúnan dos condiciones: una positiva (transcurso de seis meses) y otra negativa (ausencia de informe desfavorable); d) cumplidas estas dos condiciones, automáticamente, y sin necesidad del dictado de otro acto, el nombramiento es definitivo, y el personal queda incorporado, “ingresa”, a la Administración.
En definitiva, para ingresar a la administración como empleado público incluido en el ámbito de aplicación del E.P.C.A.P.P., es necesaria la existencia de un acto de nombramiento, pero este acto por si sólo es insuficiente, es necesario además, el cumplimiento de los recaudos establecidos en el artículo 7º: reunidos la totalidad de estos requisitos, el agente ha de tenerse por “ingresado”.
Limitado a estos alcances la operatividad del artículo 7º -perfilando así un riguroso sistema de ingreso que extrema los recaudos para su confirmación, solución que no se presenta irrazonable si se piensa que los agentes de la administración han de ser ciertamente calificados, para gestionar con idoneidad la cosa pública-, es claro q ue su mero cumplimiento, no acarrea la adquisición de la garantía de estabilidad.
Y cuando se adquiere la misma?el artículo 3° expresamente determina:
“El derecho a la estabilidad que establece el artículo anterior, nace al cumplir los agentes tres años de servicios efectivos y continuos o cinco años de servicios discontinuos, desde su ingreso a la Administración Provincial”.
A mi criterio la normativa en este punto es clara, en tanto reglamentando la garantía de estabilidad en el empleo público -lo que ya he indicado como factible- condiciona su adquisición a la prestación de servicios efectivos y continuos durante un período de tres años, o discontinuos durante cinco, computados desde el ingreso a la Administración, aspecto este último al que me he referido anteriormente.
Y si el derecho a la estabilidad se adquiere cumplidas las condiciones previstas en el artículo 3º, es claro que con antelación a los tres años de prestación de servicios efectivos y continuos -o cinco discontinuos- contados desde el ingreso, el agente no se encuentra amparado por la garantía de estabilidad (cfr. Acuerdo 14/11, autos “Hernández Liria” voto del suscripto).
IX.- Desde esta perspectiva, para admitir la pretensión de obtener y conservar el empleo público con derecho a la estabilidad, es imprescindible acreditar la preexistencia de una relación de carácter estable en los términos que se vienen señalando.
Por ello, en mi posición, la existencia de vinculaciones contractuales, el tiempo transcurrido o el carácter de las tareas desarrolladas son insuficientes para justificar que se acuerde un derecho cuyo nacimiento está supeditado a determinadas condiciones, si éstas no se cumplieron (Fallos 310:195; 310-1390; 310:2927). Ello así, no sólo por cuanto en materia de funciones y competencias, el marco normativo, la gestión y la estructura de la organización, en la generalidad de los casos, no permiten obtener una definición uniforme de lo que debe entenderse por “tarea propia del personal permanente” (Cfr. Miriam Ivanega, op. cit. pág.256) sino porque, además, esta práctica termina por desnaturalizar el sistema (particularmente en lo referido al “ingreso”), lo que en nada contribuye a las finalidades en orden a la cuales se han dictado las normas regulatorias del empleo público.
Coadyuva a esta posición, el art. 153 de la Constitución Provincial, en cuanto dispone que “sólo se crearán los empleos estrictamente necesarios y justificados”.
Recapitulando, entonces, hasta aquí tenemos que: a) la regla general es que el ingreso a la planta permanente requiere de un acto expreso de designación, precedido de un concurso público tendiente a hacer efectivos los requisitos de idoneidad, transparencia e igualdad; b) las excepciones deben interpretarse restrictivamente, por lo cual, salvo disposición estatutaria en contrario, el mero transcurso del tiempo es insuficiente para suplir aquellos recaudos; c) la garantía de estabilidad se encuentra reservada para los agentes que integran la planta de personal permanente de la Administración Pública.
Debe insistirse en que, si lo que debe controlarse jurisdiccionalmente es que la actuación de la Administración se ajuste al principio de legalidad, mal podría -aún cuando ello respondiera al propósito de limitar la discrecionalidad administrativa en el uso o abuso de la modalidad contractual- concederse el reconocimiento directo de un derecho -en el caso a la estabilidad- cuya adquisición se encuentra debidamente reglamentada y lucen ausentes los presupuestos para su obtención.
X.- Entonces, salvo los supuestos en que los propios ordenamientos legales expresamente determinan que la situación de los empleados temporarios se transforma en un vínculo estable por el transcurso del tiempo, en los restantes casos, ello sólo es insuficiente para generar un derecho a la incorporación a la planta permanente. Esta circunstancia, además, es de interpretación restrictiva, en la medida en que se trata de la modificación de un status jurídico vigente, aceptado por ambas partes del contrato y que constituye una excepción al sistema que las leyes prevén para la incorporación de agentes a la administración (cfr. Sup.Corte de Justicia de Mendoza, “Infante, Gabriela M. c. Provincia de Mendoza” Lexis, 70044384).
Sobre estas premisas reitero que, si las vinculaciones contractuales no están amparadas por la garantía de la estabilidad del empleo público, tampoco otorgan derecho a la incorporación a la planta de personal permanente.
Es más, en esta línea se ha mantenido la Corte Nacional al sostener que, aún frente al dilatado tiempo de prestación en calidad de contratados, el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios en un plazo superior a los doce meses no puede trastocar por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración (causas “Rieffolo Basilotta”, “Jasso”, “Marignac”, “Gil”, “Galiano”, “Castelluccio”). Así también, en la causa “Wolf”, afirma que aunque no se fije expresamente en el respectivo instrumento la fecha de vencimiento del contrato, tal ausencia no confiere, por sí misma, el carácter permanente a la relación en tanto y en cuanto de los términos del contrato no surja esa condición.
De la reseña de la doctrina del Máximo Tribunal Nacional puede afirmarse que sólo cabe remitirse al acto de la incorporación y a la voluntad allí manifestada y que el problema debe ceñirse a la formalidad del título y a la inexistencia de algún acto expreso que modifique su carácter y no a la legitimidad del reclamo según sus circunstancias (duración total de la relación bajo la figura de la contratación; tipo de tareas asignadas, etc.).
Y, estas conclusiones no se modifican a partir del pronunciamiento que la CSJN dictara en los autos:”Madorrán” y en “Ramos José Luis” puesto que, aún cuando – en este último caso- reconoció que, ante la sucesivas vinculaciones contractuales, el comportamiento del Estado tuvo aptitud para generar una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección del artículo 14 bis contra el despido arbitrario, aclaró que “…la solución propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a reparación de los perjuicios derivados del ilícito obrar de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo ni a la aplicación de un régimen laboral específico.
En particular, no puede sostenerse que el actor tenga derecho a la reincorporación en el cargo…”.
XI.- Después de todo este desarrollo es claro que, en mi posición, la actora no posee el derecho que intenta hacer valer, esto es, ser incorporada a la Planta Permanente de la Provincia de Neuquén.
En efecto, el Estatuto del Empleado Público Provincial contiene requisitos que determinan que la actora -al momento de proponer la demanda- careciera del derecho a ser incorporada automáticamente a la Planta de Personal Permanente.
Así, la falta de acto de designación y las exclusiones consignadas en el inciso f), que excluye de su ámbito de aplicación al “personal regido por contratos especiales”.
En esta línea, de la lectura de los contratos suscriptos entre la actora y el Sr. Subsecretario de Turismo del Ministerio de Producción y Turismo surge que, en forma expresa, se consignó que “las partes ratifican que este contrato de locación de servicios se encuentra encuadrado dentro de lo normado por el art.
1° del E.P.C.A.P.P.(que es leído en este acto) que EL LOCADOR manifiesta conocer y aceptar y consecuentemente no genera relación de empleo público, ni laboral entre las partes”.
Ello determina la imposibilidad para la actora de merecer la protección estatutaria.
Por ello, aún cuando he revisado la posición que sostuviera, y entiendo que, reunidos determinados extremos, corresponde acordar a los agentes contratados la protección constitucional contra el despido arbitrario, traducida en el derecho a obtener una indemnización en el caso de la finalización arbitraria del vínculo (cuando ello ha sido requerido, lo que no acontece en los presentes) ello no implica acordarles el derecho al ingreso a la planta de personal permanente.
En consecuencia, circunscribiéndose la pretensión deducida en autos a la declaración del derecho al ingreso, por las consideraciones expuestas, entiendo que la demanda no puede prosperar.
En cuanto a las costas, por las particulares circunstancias de autos y las modificaciones que ha sufrido la doctrina del Tribunal con posterioridad a la promoción de la demanda, propongo que se exima a la actora de su pago, pese a resultar perdidosa. ASI VOTO.
El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: I.- He de disentir con la solución que, en definitiva, propone mi colega de Sala.
Ello porque, tal como he sostenido en las anteriores oportunidades que he integrado este Cuerpo, soy de la opinión que “si la contratación es realizada en forma ilegítima, cobra operatividad la garantía de la estabilidad en el empleo, debiendo en consecuencia, ordenarse la incorporación del agente a la planta permanente de la Administración”.
Tal posición -en minoría- mantuve en el precedente citado por el Sr.Vocal que abrió el Acuerdo, autos “Tamborindegui”, remitiendo a las consideraciones allí vertidas.
Mi posición en punto a cuándo se adquiere la estabilidad en el empleo (tal lo expuesto en la causa “Hernández” -Acuerdo 14/11-, oportunidad en la que rememoré el criterio que sostuve en el Acuerdo 318/94, autos “Rebolledo”) parte de la premisa que puede ser válidamente reglamentada, debiendo sujetarse a las concretas y expresas disposiciones contenidas en el Capitulo II del EPCAPP (arts. 2, 3 y 4).
En lo que importa, su art. 3, determina cuando se adquiere la garantía de estabilidad en el empleo, estableciendo que ésta nace al cumplir los agentes tres años de servicios efectivos y continuos o, cinco años de servicios discontinuo s, desde su ingreso a la Administración Provincial.
Y, en mi opinión, tal reglamentación no aparece como irrazonable, en orden a los principios que informan la relación de empleo público.
Por su parte, es de destacar que este Cuerpo -en otras composiciones- ha acordado a ese dispositivo la calidad de “fuente de la obligación de la estabilidad”. En efecto, en la causa “Fuentes” (Acuerdo 540/98) se ha sostenido que: la estabilidad limita la discrecionalidad que en materia de nombramiento y remoción de agentes públicos ejerce el Poder Ejecutivo, fijándole contornos precisos a la atribución de remover, con la cual tiende a desterrarse la arbitrariedad administrativa en esta materia. Pero la estabilidad en el empleo no puede adquirirse por el mero transcurso del tiempo. Requiere de un acto administrativo formal del que surja indubitablemente la designación en función de empleo público permanente, o de una disposición legal que establezca la adquisición de la estabilidad a partir de la concreción de determinadas condiciones, cumplidos que sean esos requisitos. Al personal transitorio de la administración pública provincial y salvo regímenes especiales, le es aplicable la disposición del art.3 del EPCAPP, según el cual el derecho subjetivo a la estabilidad nace cuando el agente cumple tres años de servicios efectivos continuos o cinco discontinuos… Estamos de tal modo en presencia de la fuente de la obligación de estabilidad, cual es el art. 3 del EPCAPP…” (cfr. también Acuerdo 536/98 causa “Lerner”).
En virtud de lo expuesto, es claro entonces que con anterioridad al cumplimiento del plazo referenciado en el art. 3 del EPCAPP, el agente no se encuentra amparado con la garantía de estabilidad en el empleo, razón por la cual puede ser dado de baja bajo la condición del dictado de un acto que exprese razonablemente los motivos que indujeron a su dictado.
Una interpretación distinta en relación con el artículo 7 del EPCAPP (por caso, que vencido el plazo de prueba, el agente queda amparado por la garantía de estabilidad), implicaría tanto como vaciar de contenido el capitulo II del Estatuto, dejando en letra muerta todo lo atinente a la reglamentación de la adquisición de la estabilidad en el empleo, a la par de reconocer una garantía a quienes aún no están en condiciones de obtenerla.
Entonces, pasado el período de prueba y de darse las circunstancias previstas en el art. 7, el nombramiento hasta ese momento provisorio, queda automáticamente “confirmado”. Pero, “confirmación del nombramiento” no es lo mismo que “estabilidad en el empleo público”; ésta última, reitero, nace o se consolida, cumplido el plazo estatutario contenido en el art. 3 del EPCAPP y no el del art. 7 del mismo Cuerpo.
Luego, en el caso de la accionante, de la prueba arrimada a la causa surge que, computando los años en que fue contratada, se ha superado el plazo contenido en el art. 3 del EPCAPP.
II.- En este orden, los distintos regímenes estatutarios establecen los requisitos a cumplimentar por parte del agente para alcanzar la mentada garantía, siendo por lo general, uno de éstos requisitos, el acto administrativo expreso de designación como personal estable (en el caso, cfr.art. 6 del Estatuto).
Y es frente a tal exigencia, donde surge la necesidad de extremar el análisis de la situación, pues no en pocos casos, puede advertirse el fraude al régimen estatutario que se produce cuando la Administración, sin dictar el acto de nombramiento, mantiene “sine die” en situación de transitoriedad a sus agentes, prestando servicios en iguales condiciones que los empleados de planta permanente (cfr. Santiago Díaz Cafferata,”La estabilidad…” antes citado).
De tal forma, en cada caso concreto, debe evaluarse las circunstancias de hecho que se extraigan de la causa a fin de descubrir y alcanzar la verdad material u objetiva por sobre la formal, y en su caso, si la verdad formal encubre una treta para eludir la estabilidad, la verdad material estará, en principio a favor de la incorporación estable y regular, porque tal es el principio constitucional que surge del art. 14 bis (cfr. voto del suscripto en Ac.
985/03, autos “Sepúlveda” con cita de Bidart Campos, “La estabilidad…”, en ED, t. 144, pág. 483).
Esta, en mi opinión, es la forma de hacer efectivo el principio protectorio, sentado por la Corte en la causa “Madorran”, pues el amparo al hombre que trabaja, se logra con el simple recurso de hacer primar la verdad real sobre la formal, la buena fe sobre la maniobra fraudulenta.
Luego, traídos esos argumentos al caso, se constata que las tareas desempeñadas por la actora (conforme lo consignado en los respectivos contratos; fs. 10/22), tanto en el Programa de Información Turística, con los lineamientos elaborados por la Subsecretaria de Turismo, como desde la Dirección de Habilitaciones Turísticas aparecen como normales y habituales del sector, recibiendo órdenes y directivas de sus superiores, con un horario idéntico a los demás empleados (planillas de fichado de fs. 32/36, fs. 73), que percibió una remuneración mensual pactada como honorario global que se liquidaba (tal lo consignado en los respectivos contratos:por razones de índole administrativa, fraccionado en tres pagos), el tiempo por el que se prolongó la vinculación, mediante la renovación de los distintos contratos que alcanzó el lapso de 3 años y 1 mes y el trato dispensado, no se corresponden con una designación precaria.
Así, del análisis de las circunstancias fácticas, ha quedado comprobado, y a resultas de ello, acreditado, que la Administración ha hecho un uso fraudulento de una figura legalmente permitida, comprometiendo de ese modo la garantía de estabilidad en el empleo. Por ello, en mi posición, no cabe más que reconocer a la actora, aquel status -de personal permanente- que, por haber sido desconocido, está siendo reclamado en autos.
Consecuentemente, su incorporación a la planta de personal permanente de la Administración se impone.
Las costas, en mi opinión, deben ser soportadas por la demandada vencida, en función de la inexistencia de motivos que lleven a apartarse de la regla general de la derrota (art. 68 primera parte, CPC y C). ASI VOTO.
El señor Presidente Subrogante Doctor ALFREDO ELOSU LARUMBE dijo: I.- Llega este caso a mi estudio, en atención a la disidencia existente entre los votos de los Sres. Vocales que integran la Sala Procesal Administrativa.
Luego de analizar las posiciones aquí asumidas, he de adherir a la propuesta por el señor Vocal que emitiera su voto en primer término, en tanto comparto los razonamientos y ponderaciones que en su voto se efectúan, los que confluyen -en mi criterio- en una adecuada composición de los valores y principios en juego.
Por estas consideraciones, compartiendo en su totalidad los desarrollos y argumentaciones efectuadas, debo adherir a la solución brindada por el Dr.
Kohon. TAL MI VOTO.
De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Sr.
Fiscal General, por mayoría, SE RESUELVE: 1º) Rechazar la acción procesal administrativa incoada por la Sra. PAULA FERNANDA ACOSTA contra la Provincia del Neuquén; 2º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68, segunda parte, del C.P.C.y C., de aplicación supletoria en la materia); 3°) Regular los honorarios profesionales: al Dr. ., apoderado de la actora, en la suma de ($.) y al Dr. ., patrocinante, en la suma de ($.) (arts. 6, 9, 10, 38 y ccdtes. de la Ley 1594); 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaría, que certifica.
Dr. ALFREDO ELOSU LARUMBE – Presidente Subrogante.
Dr. RICARDO TOMAS KOHON – Dr. OSCAR E. MASSEI Dra. LUISA A. BERMUDEZ – Secretaria
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