Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-912-03.htm
Timestamp: 2017-11-24 01:37:57
Document Index: 222265508

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 113', 'Artículo 17', 'Artículo 23', 'artículo 36', 'artículo 23', 'artículo 23']

T-912-03
Sentencia T-912/03
DERECHO DE PETICION-Alcance/DERECHO DE PETICION-Requisitos de la respuesta
ENTIDADES TERRITORIALES-Administración y vigilancia de la carrera docente
DERECHO DE PETICION-Vulneración por falta de respuesta de fondo clara y precisa sobre ascenso en el escalafón docente
DERECHO DE PETICION-La información sobre excepción de nueva ley no satisface lo pedido
DERECHO DE PETICION-No constituye respuesta a información suministrada al juez de tutela
Referencia: expediente T-754452
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil tres (2003).
La Gobernación del Norte de Santander, en respuesta dada al juez de instancia, sostuvo que en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001 y del decreto 300 de 2002 del Ministerio de Educación, “(...) las solicitudes posteriores a dicha fecha sólo se tramitarán una vez se expida el correspondiente reglamento a que se refiere el numeral 6.2...15 del art. 6 de la ley 715 de 2001”.
II. DECISIÓN QUE SE REVISA.
Mediante sentencia de abril 1 de 2003 el Juzgado Primero Laboral de Cúcuta decidió no tutelar el derecho de petición a la peticionaria, argumentando que la entidad demandada ya le dio respuesta, y señalando además que la demandada no podía resolver y tramitar las solicitudes de ascenso de los docentes por cuanto estaba a la espera de la reglamentación que de la Ley 715 de 2001 debe hacer el Gobierno Nacional.
Por su parte la sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, confirmó el anterior proveído, indicando que, “si bien es cierto que las autoridades deben dar respuesta a las solicitudes elevadas por las personas interesadas, no deja de ser menos cierto (sic) que ellas deben obrar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin que sea dable reclamárseles que obren en contravía de los normado por la rama legislativa del poder público, pues ellos deben obrar de conformidad con las leyes y decretos, máxime si respecto de estos últimos impera la presunción de legalidad”.
En sentencia T-377 de 2000[1] se delinearon algunos criterios básicos del derecho de petición, respecto del cual merecen mencionarse los siguientes:
A los anteriores criterios, la Corte añadió posteriormente otros dos: primero, ha establecido que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder;[2] y segundo, ha precisado que ante la presentación de una petición la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.[3]
Tal como lo sostienen los entes demandados, la Ley 715 de 2001 suprimió las Juntas Seccionales de Escalafón, encargadas de aprobar y efectuar inscripciones, reinscripciones, y ascensos en el escalafón docente. La mencionada ley asignó a las entidades territoriales la competencia para conocer de estas peticiones, siguiendo el reglamento que deberá expedir el Gobierno Nacional. Así en su artículo 7 numeral 7.15 estableció:
“Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional”
Asimismo el decreto estableció en su artículo segundo que: “las solicitudes de inscripción y ascenso en el escalafón docente, presentadas a partir de la vigencia de la ley 715 de 2001, sólo podrán ser tramitadas una vez sea expedido por el Gobierno Nacional el correspondiente reglamento a que se refiere el numeral 6.2.15 del artículo 6 y el numeral 7”.
Así, en cumplimiento del artículo primero del decreto 300 de 2001, la Gobernación de Norte de Santander expidió el decreto 00379 de mayo de 2002, mediante el cual dispuso:
Se advierte que todas estas disposiciones atribuían la competencia para resolver de fondo las solicitudes de ascenso presentadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 715 de 2001; vigencia que conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-618 de 2002, en la que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 113 de la citada Ley, es del 1 de enero de 2002.
“Artículo 17. Administración y vigilancia de la carrera docente. La carrera docente se orientará a atraer y a retener los servidores más idóneos, a promover el desarrollo profesional y el mejoramiento continuo de los educadores y a procurar una justa remuneración, requiriendo al mismo tiempo una conducta intachable y un nivel satisfactorio de desempeño y competencias. Será administrada y vigilada por las entidades territoriales certificadas, las cuales, a su vez, conocerán en primera instancia de las reclamaciones que se presenten en relación con la aplicación de la carrera. La segunda instancia corresponderá a la Comisión Nacional del Servicio Civil”.
“Artículo 23. Inscripción y Ascenso en el Escalafón Docente. En cada entidad territorial certificada existirá una repartición organizacional encargada de llevar el registro de inscripción y ascenso en el Escalafón de los docentes y directivos docentes estatales, con las correspondientes evaluaciones y los documentos de soporte para cada grado y nivel salarial, comunicando a la dependencia que se encargue de las novedades de nómina cada vez que se presente una modificación de los mismos.
“Los ascensos en el Escalafón y la reubicación en un nivel salarial superior procederán cuando la entidad territorial certificada convoque a evaluación de competencias y se obtenga el puntaje establecido en el artículo 36 de este decreto. Dicha convocatoria establecerá el monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial. No podrán realizarse ascensos y reubicación que superen dicha disponibilidad”. (Se subraya).
Según lo interpretó la Corte en las sentencias reseñadas, “por medio de este decreto, el Gobierno radica en cabeza de las entidades territoriales certificadas la administración y vigilancia de la carrera docente, así como la inscripción y ascenso de los docentes y directivos estatales”. En consecuencia, la determinación de si son las Secretarías de Educación de los entes territoriales los competentes para resolver las solicitudes de ascenso en el escalafón es un asunto que deber ser reglamentado por el Gobierno Nacional, tal como lo indica igualmente el artículo segundo del Decreto 300 de 2002.
Ahora bien, en el presente caso se trata de una solicitud de ascenso al grado 12 del escalafón docente, presentada el 26 de marzo de 2002, es decir, corresponde a peticiones radicadas después de la vigencia de la Ley 715 de 2001. Aparentemente podría tenerse por respuesta válida la otorgada por la Gobernación de Norte de Santander en el sentido de que no tienen competencia para resolver el asunto, debido a la fecha de radicación. Sin embargo, en casos similares, en los que igualmente las solicitudes de ascensos en el escalafón docente fueron presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001, la Corte ha precisado, que no obstante las respuestas de los entes territoriales que se niegan a tramitar las peticiones, “no puede el juez de tutela, ser ajeno a la vulneración del derecho de petición que se presenta, bajo la excusa de la falta de competencia de las entidades demandadas, pues la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho de petición (artículo 23 C.P.) está por encima de cualquier disposición de naturaleza legal”. T-1095 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
Así pues, aplicando iguales criterios para este caso, es de concluir de los datos allegados al presente expediente que no queda duda de que la entidad demandada está vulnerando el derecho fundamental de petición de la solicitante al no proferir un pronunciamiento de fondo, claro y concreto que resuelva su solicitud radicada desde marzo de 2002. A los demandantes, en casos similares, “lo único que les interesa es saber si han cumplido con los requisitos necesarios para obtener un ascenso en su carrera, y no tienen porqué soportar indefinidamente la incertidumbre de saber cual es su situación”. T-1095 de 2002.
1. La información acerca de la expedición de una nueva Ley que cambia la situación anterior, no satisface los requerimientos del artículo 23 de la Constitución, pues como se sabe el derecho de petición implica prontitud y oportunidad. En otras palabras, la satisfacción del derecho de petición lleva consigo además de una certera resolución, la oportunidad de la misma, es decir, que no se dilate en el tiempo, sino que sea conveniente para el interés que invoca el peticionario.[4]
2. La respuesta que la entidad demandada dio a la petición de la demandante a través del escrito de contestación de la acción de tutela, no se compadece con los criterios resaltados por ésta Corte en los acápites anteriores. Según lo tiene establecido la Corte una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado.
Si la Gobernación del Norte de Santander es de la opinión que no tiene competencia para resolver el asunto para el cual se le ha peticionado, debe responder en este sentido. Guardar silencio y expresar una “respuesta” únicamente tras haber sido notificada del proceso judicial en su contra, es a todas luces violatorio del derecho de petición de la demandante.[5]
En los anteriores términos, se concederá el amparo solicitado por la señora ELVA MARINA SANTANDER y se ordenará a la Gobernación de Norte de Santander,- que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia resuelva de fondo la solicitud presentada por la demandante.
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en la tutela instaurada por ELVA MARINA SANTANDER MORALES. En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado en los términos expresados en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. En consecuencia, ORDENAR a la Gobernación de Norte de Santander- Oficina de Escalafón- que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, resuelva de fondo la solicitud presentada por la demandante desde el 26 de marzo de 2002.
JAIME ARÁUJO RENTERÍA
[1] Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.
[2] Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.
[3] Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4] T-1095 de 2002 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5] Argumento similar se utilizó en un caso similar decidido en la sentencia T-1105 de 2002 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.