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Timestamp: 2017-11-18 19:22:55
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DEFENSORES - Profesionales de la Justicia! - CORTE SUPREMA. RECHAZA EXTRADICIÓN:
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CORTE SUPREMA. RECHAZA EXTRADICIÓN:
LA PENALIDAD MÍNIMA DE LOS DELITOS SE APRECIA EN ABSTRACTO. 27 DE ABRIL DE 2007, ROL 2682-2006
En la apreciación de la penalidad mínima, se debe considerar la pena que el delito tiene asignada en el país requirente en conjunción con la pena que el delito tiene asignada en el país requerido. Por último, estima que también debe considerarse si se ha producido algún acontecimiento de aquellos que impliquen la extinción de la posibilidad de perseguir criminalmente los delitos de que se trata, en este caso de acuerdo a la legislación chilena, la Corte afirma que la respectiva acción penal esta prescrita.
CONSIDERANDOS RELEVANTES. “Que en cuanto a M.S.S.G., cabe señalar que aunque los antecedentes aportados en la documentación aneja al pedido del tribunal, que se consignan en su resolución de doce de mayo de dos mil seis, acompañada a fojas 19 de estos autos, conducirían a estimar que los delitos que se le imputaron en la causa están suficientemente acreditados y que la requerida participó en ellos, en los términos del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal chileno, resulta que no es posible acceder a su extradición, porque lo impide la disposición que contiene la letra b) del artículo I del Tratado de Montevideo antes citado” (considerando 16°). “Que, en efecto, esa norma exige que la penalidad mínima de los delitos que motivan la extradición, tanto en la legislación del Estado requirente como en la del país requerido, sea superior a un año de privación de libertad y, como quiera que, conforme el N° 2 del artículo 167 del Código Penal de la Nación Argentina, copia de cuyo texto rola a fojas 17, el robo en poblado y en banda tiene asignada una pena de reclusión de tres a diez años, la que en el grado de tentativa, se reduce de un tercio a la mitad, de acuerdo con el artículo 43 del mismo cuerpo legal cuyo texto figura en copia a fojas 14, fuerza es admitir que por el hecho punible imputado a Silva Gallardo, a ésta podría corresponderle, en el grado de participación que se le ha atribuido, una pena mínima inferior a la establecida en la letra b) del artículo I del Tratado que rige en la especie” (considerando 17°). “Que lo anterior es, al margen de tener en cuenta que la misma figura delictiva en el artículo 442 del Código Penal chileno tiene asignada la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, es decir, superior a un año, lo que no obsta al rechazo de la extradición pedida respecto del delito ya mencionado, en atención a la menor penalidad que posee en el ordenamiento argentino” (considerando 18°). “Que, en estas condiciones, es dable concluir que la extradición de Silva Gallardo solicitada por los ilícitos criminales antes indicados no cumple con la exigencia prevista en la letra b) del artículo I de la Convención que gobierna la materia, en orden a que los delitos que motiven la petición deben tener asignada, como mínimo, una pena superior a un año de privación de la libertad en la legislación, tanto del país solicitante como en la del Estado requerido, ya que esta condición sólo concurre respecto de la sanción que el artículo 442 del Código Penal chileno prevé para los robos en lugar no habitado” (considerando 22°). “Que, por otra parte, los delitos en que incide esta solicitud de extradición, en conformidad con los antecedentes aparejados a ella, se ejecutaron, según quedó anotado, durante los días diez y once de octubre del año dos mil, de suerte que al ocho de agosto de dos mil seis, fecha en que se inició el presente procedimiento en contra de Marcela Soledad Silva Gallardo y se ordenó su arresto, la respectiva acción penal estaba prescrita con arreglo al ordenamiento criminal chileno” (considerando 24°). “Que a este conclusión conduce la lectura del artículo 93 del Código Penal nacional, que fija en cinco años el plazo de prescripción tratándose de simples delitos, calidad que poseen los ilícitos imputados a la requerida, de modo que la extradición solicitada deberá denegarse, por no cumplir la condición relativa a la vigencia de la acción penal exigida en la letra a) del artículo Tercero del Tratado de Montevideo” (considerando 25°).
Santiago, 27 de abril de 2007.
La copia del requerimiento de remisión a juicio en contra de J.F.U.G. y M.S.S.G. formulada por el Agente Fiscal con fecha cuatro de noviembre de dos mil dos, respecto del primero en calidad de autor de disparos con un arma de fuego contra Irma del C. R. el día doce de enero de dos mil dos frente a la vivienda ubicada en calla Libertad N° 8XX de Río Grande, sin causar lesiones a persona alguna y respecto de ambos como coautores de tenencia y reaceptación de arma de fuego. La copia de la resolución del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Rio Grande, de veintiocho de abril de dos mil cuatro, que dispuso la interdicción de salida del país de M.S.S.G., a quien se había concedido permiso para ausentarse de la provincia con destino a Buenos Aires hasta el día seis de mayo de dos mil cuatro. La copia de la resolución de catorce de mayo de dos mil cuatro, del mencionado tribunal, que declaró la rebeldía de M.S.S.G .y ordenó su inmediata detención; La copia del oficio remitido por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas N° 2565-2005, de veintiséis de octubre de dos mil cinco al Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande para comunicarle que en la causa RUC N° 0500356469-I RIT N° 1953-2005, por los delitos de hurto y otros se encuentran privados de libertad y en prisión preventiva los imputados M.B.P. y M.S.S.G. desde el veintitrés de septiembre de dos mil cinco. La copia de la resolución de veintitrés de junio de dos mil seis, del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Distrito Judicial Norte, de Río Grande, que sobreseyó a J.F.U.G. de los delitos de abuso de armas y encubrimiento y a M.S.S.G. del delito de encubrimiento, ordenó la captura internacional del primero de los imputados por el delito de tenencia de armas y solicitó la extradición de la segunda por este delito a la República de Chile. Las copias de l texto de los artículos 40 a 71 y 186 a 195 del Código Penal de la Nación Argentina, certificado por el Secretario subrogante del mencionado Tribunal. La copia del oficio enviado por el Presidente del referido tribunal al Juez de Turno correspondiente de la República de Chile con fecha cuatro de julio de dos mil dos, pidiendo la detención y extradición de M.S.S.G. por el delito de tenencia de arma de guerra previsto en el artículo 189, cuarto párrafo, del Código Penal de la Nación Argentina y que está aparejado a fojas 226. La providencia de trece de septiembre de dos mil seis del Presidente de esta Corte Suprema, que remitió la solicitud de extradición al Ministro infrascrito, por tratarse de la misma persona requerida en los autos Rol N° 2682-2006, a cargo de este tribunal. La resolución de veintiuno de septiembre de dos mil seis del suscrito, que ordenó la acumulación del nuevo requerimiento de extradición a los autos signados con el Rol N° 2682-2006 y dispuso su foliación correlativa. L a resolución de veintidós de septiembre de dos mil seis, del Ministro infrascrito que ordenó la detención de Marcela Soledad Silva Gallardo y pedir cuenta a la Policía de Investigaciones de Chile sobre la orden de detención de M.B.P. La declaración indagatoria prestada con fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis, por M.S.S.G, al presentarse en forma voluntaria ante este tribunal y en la que, exhortada a decir verdad, expone acerca de los requerimientos d e extradición de fojas 170 y 275, señalando, en torno al primero de ellos, que no tuvo ninguna participación en los robos cometidos el once de octubre de dos mil en Avenida Belgrano Nos 556, 568 y 570, de Río Grande, pero reconoce que utilizó unos cheques en el establecimiento comercial Montecarlo, en el estudio jurídico del Dr. Juan Landereche y en el local de Alan Sport y que esos documentos habían llegado a su poder a través de un cliente que ingresó al bar llamado "Farolito", que tenía en la calle 25 de mayo de Río Grande, y que le pidió guardar dos bolsos pequeños mientras permanecía en el local. Agrega que como después pretendió no pagar lo consumido, se negó a devolverle los bolsos y después de discutir y patear las cosas, el individuo se marchó y ella, con el ánimo de pagarse de los consumos, abrió lo bolsos y encontró, según recuerda, un pantalón, una corbata y una chequera de la que quedaban tres cheques, firmados y en blanco. Admitiendo que no fue correcto su proceder, declaró también que entregó u n primer cheque al abogado Juan Landerreche, el que se cobró sin problemas y que las especies que obtuvo con los otros, las devolvió cuando fueron a su casa en la tarde del día en que los utilizó, pues al hacer compras con ellos dio sus datos sin tratar de engañar a nadie. Añade que por este asunto no estuvo detenida, pero si arraigada por el tribunal argentino ante el cual hizo las misma declaración. Sobre la solicitud de extradición de fojas 275 manifiesta que I.del C.R. era su cuñada, pues vivía con su hermano J.C. R., todos los cuales y otros hermanos tienen problemas con la justicia y que en el asunto de que se trata sucedió que J.U.G., hermano de la declarante, tuvo un altercado con R. R., quien lo amenazó con un arma y Javier consiguió otra y fue en la camioneta Dodge Dakota de ella a desquitarse, y para tratar de detenerlo, debió subir a la fuerza al vehículo, pero no es cierto que haya empuñado o apuntado un arma a I.R. ni que la haya disparado, pues todo esto lo hizo su hermano, que está confeso y actualmente en libertad. La declarante y su hermano fueron detenidos a metros del cuartel de la policía, mientras ella iba a dejar una denuncia de lo que había pasado, pues sabía que las otras personas iban a tratar de quedar como víctimas; estuvo tres meses detenida por este problema y luego salió el libertad por no haber mérito en su contra, pues la favorecieron las pruebas balísticas que se hicieron y que confirmaron la versión de su hermano s obre los hechos. La resolución del Ministro infrascrito de veintisiete de septiembre de dos mil que a fojas 282, mantuvo en detención preventiva y en libre plática, a disposición de este tribunal a M.S.S.G. y ordenó su ingreso al Centro de Orientación Femenino de Santiago. La resolución de este tribunal de veintisiete de septiembre de dos mil seis, que concedió a M.S.S.G. el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, que se fijó en la suma de ciento cincuenta mil pesos, acogiendo la solicitud presentada por el abogado de la afectada don Helmuth Griott Bohn con la misma fecha, con consulta. La resolución de dos de octubre de dos mil seis de la Segunda Sala de la Corte Suprema que aprobó la libertad provisional de la requerida y que figura a fojas 289.El Informe Policial N° 450/0060, de cuatro de octubre de dos mil seis, de la Oficina Centra Nacional INTERPOL Santiago, que, ampliando el anterior informe N° 414, de trece de septiembre de dos mil seis, dio cuenta que mediante mensaje electrónico N° 4262, de tres de octubre de dos mil seis, recibido de la Oficina INTERPOL de Buenos Aires, se comunicó que M.B.P. había sido detenido el día primero de septiembre de dos mil seis y puesto a disposición del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, Tierra del Fuego. La resolución del suscrito de once de octubre de dos mil seis, que a fojas 298, dejó sin efecto la orden de detención de M.B.P. y ordenó comunicar la medida a la Embajada de Argentina. El dictamen de la señora Fiscal de la Corte Suprema, de veintisiete de noviembre de dos mil seis, que rola a fojas 300 y siguientes y en el que, en síntesis, expone que los hechos a que se refieren las tres solicitudes de extradición que pesan sobre M.S.S.G. son de aquellos que autorizan esta medidas, por haberse ejecutado en el territorio de Argentina y sobre el que sus tribunales tienen jurisdicción y tratarse de delitos penados tanto por la legislación de ese Estado como por la chilena y no corresponder a delitos políticos, conexos ni puramente militarse o en contra de la religión. Agrega que en la legislación argentina el robo con fuerza en la cosas en lugar no habitado y las estafas consumadas se castigan con una pena mínima de sólo seis meses de prisión, de modo que no se cumpliría respecto de estas acciones imputadas a la requerida, la exigencia que establecen la letra b) del artículo I de la Convención de Montevideo y el artículo 354 del Código de Bustamante. Expresa, además, que los delitos en que inciden las peticiones de extradición de fojas 19 y 226, es decir, robo en poblado y en banda en grado de tentativa y tenencia de armas, respectivamente, no se encuentran prescritos, a diferencia de lo que sucede con los señalados en la solicitud de fojas 163, esto es, robos reiterados en concurso con estafas reiteradas y con estafas en grado de tentativa y encubrimiento, pues se cometieron los días 10 y 11 de octubre de dos mil, de modo que a la fecha de iniciarse este procedimiento, se hallaba vencido el plazo de prescripción que indica la ley chilena. En tal virtud, el informe recomienda se conceda la extradición solicitada respecto de M.S.S.G. por los delitos descritos en las rogatorias de fojas 19 y 226, la que no es obligatoria según los artículos II de la Convención de Montevideo y 345 del Código Bustamante, dada la nacionalidad de la requerida, si bien, en caso de rechazarse, ésta debería ser juzgada por los tribunales chilenos. El oficio N° 15.811, de veintitrés de octubre de dos mil seis, del Subdirector Jurídico del Ministerio de Relaciones de Chile, en la que se expresa que por Nota N° 607/2006, el señor Encargado de Negocios de Argentina, se remitió el oficio 522, de doce de septiembre de dos mil seis, cursado por el Tribunal en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Río Grande, Tierra del Fuego, cuya copia figura a fojas 311, para informar que en la causa N° 217/04 se había dispuesto dejar sin efecto la extradición solicitada respecto de M.B.P., por cuanto el nombrado fue detenido en Buenos Aires. El escrito, aparejado a fojas 316 y siguientes, en el que el abogado don Helmuth Griott Bohn, en representación de Marcela Soledad Silva Gallardo, evacuó el traslado que le había sido conferido a fojas 314 y manifestó, en suma, que los delitos de robo en lugar no habitado y estafas consumadas a que alude la segunda petición de extradición de su defendida tienen asignada una pena de seis meses de prisión en el Código Penal argentino, de manera que a su respecto no se cumple la exigencia establecida en la letra b) del artículo 1° de la Convención sobre Extradición de Montevideo, aparte que a la fecha de iniciarse el procedimiento estaba vencido el plazo de prescripción señalado en el artículo 94 del Código Penal chileno. En cuanto a los delitos incluidos en la primera y tercera solicitudes de extradición que afectan a M.S.S.G., robo con fuerza en lugar habitado y tenencia de armas de fuego, la defensa de la requerida sostiene en ninguno de estos casos los antecedentes remitidos por la justicia argentina permiten concluir que se cumpla el estándar objetivo establecido en el N° 3 del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a un mínimo de certeza de la veracidad de los hechos en que se fundan estas peticiones y que otorgue convicción acerca de la participación de la encausada en la comisión de tales delitos y solicita no se haga lugar a ninguno de los requerimientos de extradición que la afectan. La resolución de este tribunal de diecisiete de abril de dos mil siete, que, como medida para mejor resolver, ordenó agregar copia de la sentencia recaída en los autos Rol N° 970/2006, sobre extradición de M.S.S.G. y traer los autos para dictar sentencia. La copia de la sentencia dictada en los mencionada causa Rol N° 970/2006, con fecha treinta de agosto de dos mil seis, confirmada por la Segunda Sala de la Corte Suprema al día dos de octubre del mismo año y que no dio lugar a la extradición de M.S.S.G. pedida por el tribunal de Juicio en lo Criminal de la Provincia de Tierra del Fuego en la causa N° 54/01, por falso testimonio, tanto porque la pena mínima asignada al delito en la legislación argentina es inferior a un año, como porque los antecedentes acompañados a la solicitud no permitían dar por probada la imputación formulada en contra de la requerida.
PRIMERO.- Que, sin perjuicio del examen diferenciado de cada uno de los requerimientos de extradición en contra de M.S.S.G., que se han acumulado en estos autos, corresponde referirse previamente a los aspectos comunes que concurren en todas estas solicitudes;
SEGUNDO.- Que, en este orden de consideraciones, puede apuntarse que a falta de un tratado especial de extradición entre Chile y Argentina, las solicitudes de autos se rigen por la Convención celebrada en Montevideo en 1933, que suscribieron ambos países y se promulgó por decreto supremo N° 942, del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno de 6 de agosto de 1935, y por Argentina mediante la Ley N° 14.467, de 19 de abril de 1956, sin perjuicio de que la materia puedan aplicarse, además, las normas pertinente del Código de Derecho Internacional Privado o de Bustamante, suscrito y ratificados por ambos países, en todo lo que no sean contrarias a la legislación chilena
TERCERO.- Que los delitos a que se refieren los pedidos de extradición son, en principio, de los que permiten concederla de acuerdo con la letra b) del artículo I de la Convención de Montevideo ya citada, porque los hechos imputados a la requerida tienen carácter delictual en la legislación argentina cuyo texto se ha acompañado e igualmente son sancionados como tales en la normativa penal chilena;
CUARTO.- Que las solicitudes de extradición afectan a quien esta identificada como M.S.S.G., ciudadana chilena, nacida en Osorno el día 10 de agosto de de 1974, hija de H.del C.S.S. y de M.G.P., labores de casa, soltera, domiciliada en Avenida Francia N° 1.XXX, Villa Lomas de Bellavista, Osorno, y que posee el RUN N° 8.830.XXX-X, según resulta de los certificados del Servicio de Registro Civil e Identificación acompañados a fojas 53 y 54 y de la declaración prestada por la requerida a fojas 59;
QUINTO.- Que los delitos imputados a S.G. no son políticos ni conexos con uno de esta índole, de manera que las peticiones de extradición cumplen con la exigencia prevista en la letra a) del artículo III del aludido Tratado internacional:
SEXTO.- Que las solicitudes de extradición reúnen los requisitos de orden formal señalados en el artículo V de la misma Convención antes citada, tanto en lo que se refiere al personero del Estado requirente que debe formularla, como a los antecedentes que deben acompañarse a tales peticiones y en el idioma del país requerido;
SEPTIMO.- Que con arreglo a lo prevenido en el artículo VIII de la aludida Convención de Montevideo, la solicitud de extradición debe resolverse de acuerdo con "la legislación interior del Estado requerido", de suerte que corresponde examinar si las peticiones que originan estos autos satisfacen las exigencias que impone el ordenamiento chileno y, en especial, las condiciones que indica el Párrafo 2° del Titulo VI del Código de Procedimiento Penal, que se refiere justamente a la extradición pasiva que deben resolver los tribunales nacionales;
OCTAVO.-Que, al respecto, el artículo 646 del mencionado cuerpo de leyes dispone que el arresto del procesado a quien afecta la solicitud de extradición debe decretarse "si los antecedentes dan mérito" y agrega que para resolverlo se procederá conforme a lo establecido en el párrafo 2° del Título IV, Primera Parte, del Libro II;
NOVENO.- Que de las reglas que encierra la normativa a que a alude el precepto citado en el fundamento precedente, se desprende que la detención de una persona puede disponerse "cuando estando establecida la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y el tribunal tenga fundadas sospechas para reputar, autor, cómplice o encubridor a aquel cuya detención ordene", de acuerdo con lo que dice el N° 1 del artículo 255 del Código de Procedimiento Penal;
DECIMO.- Que, al tenor de lo que previenen las letras a) y b) del artículo 647 del mismo Código de Enjuiciamiento Penal chileno, la investigación que debe llevar a efecto el tribunal al que le compete resolver acerca de una extradición pasiva se dirige no solamente a "comprobar la identidad del procesado y a establecer si el delito que se le imputa es de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o a falta de éstos en conformidad con los principios del Derecho Internacional", sino también a acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o no el delito que se le atribuye, conforme lo señala la letra c) de dicho precepto legal;
UNDECIMO.- Que estas normas demuestran que en el procedimiento de extradición que ellas gobiernan, corresponde al tribunal nacional que debe resolverlo, formarse su propio juicio respecto de la comisión del delito imputado al requerido y de la participación que éste ha podido tener en su ejecución, lo que debe hacer mediante el examen de los antecedentes que se aparejen al pedido de extradición o se alleguen con posterioridad en la investigación del caso;
DUODECIMO.- Que ese análisis, al igual que la resolución que se apruebe acerca de la extradición solicitada, ciertamente no importan revisar ni objetar las decisiones adoptadas por los tribunales del Estado requirente, pues se producen en el ejercicio de una función diversa y autónoma, que por su naturaleza, habilita a los tribunales patrios para apreciar el mérito de los antecedentes acompañados en abono de la petición de extradición, con el objeto de pronunciarse precisamente, sobre la solicitud aplicando sus propias potestades jurisdiccionales;
DECIMO TERCERO.- Que este criterio ha seguido la jurisprudencia de la Corte Suprema referente a la materia al concluir que "la extradición es un acto de jurisdicción nacional, de la esfera exclusiva del tribunal requerido, sin sujeción alguna a la opinión del juez o autoridad requirente. Corresponde a los tribunales chilenos, apreciando las probanzas acompañadas por el Estado requirente y las producidas en la sustanciación de la causa de extradición, determinar la existencia de los delitos materia de la requisitoria y si aparecen presunciones fundadas de culpabilidad de los refugiados. En consecuencia, no es prueba decisiva que se haya dictado un auto de prisión en el país requirente". (Entre otros fallos, sentencia de la Corte Suprema de 24 de septiembre de 1957, publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LIV, Segunda Parte, Sección 4ª. Pag. 197);
DECIMO CUARTO.- Que sobre la base de las consideraciones antes expuestas, es del caso examinar el primero de los pedidos de extradición que afecta a M.S. S.G.y que inicialmente alcanzó, asimismo, al ciudadano argentino M.B.P. y fue formulado por el Tribunal de Juicio en Lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Río Grande, por los delitos de robo en poblado y en banda, en grado de tentativa, cuyos antecedentes se describieron en el N° I de la parte expositiva de esta resolución;
DECIMO QUINTO.- Que en lo que hace a la situación de B.P., debe anotarse que la solicitud de su extradición se dejó sin efecto, a raíz de la detención del requerido en Buenos Aires con fecha primero de septiembre de dos mil seis, según lo comunicó el tribunal exhortante por oficio N° 522, de doce del mismo mes y año, enviada por el señor Encargado de Negocios de Argentina en Chile mediante Nota N° 607/2006, tal como aparece a fojas 311 y 312;
DECIMO SEXTO.- Que en cuanto a M.S.S.G., cabe señalar que aunque los antecedentes aportados en la documentación aneja al pedido del tribunal, que se consignan en su resolución de doce de mayo de dos mil seis, acompañada a fojas 19 de estos autos, conducirían a estimar que los delitos que se le imputaron en la causa están suficientemente acreditados y que la requerida participó en ellos, en los términos del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal chileno, resulta que no es posible acceder a su extradición, porque lo impide la disposición que contiene la letra b) del artículo I del Tratado de Montevideo antes citado;
DECIMO SEPTIMO.- Que, en efecto, esa norma exige que la penalidad mínima de los delitos que motivan la extradición, tanto en la legislación del Estado requirente como en la del país requerido, sea superior a un año de privación de libertad y, como quiera que, conforme el N° 2 del artículo 167 del Código Penal de la Nación Argentina, copia de cuyo texto rola a fojas 17, el robo en poblado y en banda tiene asignada una pena de reclusión de tres a diez años, la que en el grado de tentativa, se reduce de un tercio a la mitad, de acuerdo con el artículo 43 del mismo cuerpo legal cuyo texto figura en copia a fojas 14, fuerza es admitir que por el hecho punible imputado a S.G., a ésta podría corresponderle, en el grado de participación que se le ha atribuido, una pena mínima inferior a la establecida en la letra b) del artículo I del Tratado que rige en la especie
DECIMO OCTAVO.- Que lo anterior es, al margen de tener en cuenta que la misma figura delictiva en el artículo 442 del Código Penal chileno tiene asignada la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, es decir, superior a un año, lo que no obsta al rechazo de la extradición pedida respecto del delito ya mencionado, en atención a la menor penalidad que posee en el ordenamiento argentino;
DECIMO NOVENO.-Que la segunda de las peticiones de extradición formuladas respecto de M.S.S.G., se consigna en el oficio despachado el veintidós de junio de dos mil seis por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Río Grande, Tierra del Fuego, agregado a fojas 45 y siguientes y versa sobre los delitos de robos reiterados en establecimientos comerciales (tres hechos en concurso real) y en concurso con estafas reiteradas (dos de ellas consumadas y otra en grado de tentativa) perpetrados los días diez y once de octubre de dos mil y por los cuales se había dispuesto su procesamiento, junto a J.C.S., mediante resolución de 6 de diciembre de dos mil, ampliado por resolución de veintiocho de mayo de dos mil uno que, además, ordenó el procesamiento como encubridora de esos delitos de L.D.A.G., todas del Juzgado de Instrucción correspondiente;
VIGESIMO.- Que tales delitos corresponden en la legislación chilena por un lado, al robo en lugar no habitado, que describe el artículo 442 del Código Penal y sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo y, por el otro, a estafas que, atendido el reducido monto de lo que se trató de defraudar, pueden asimilarse a la figura delictiva que el N° 2 del artículo 467 de este cuerpo legal castiga con presidio menor en su grado medio y multa, si bien, por consistir en una tentativa de ejecución de estos delitos, podría significar solamente prisión en su grado máximo;
VIGESIMO PRIMERO.- Que, a su turno, el robo con fuerza en las cosas y la estafa están sancionados con las penas de prisión de tres a diez años y de un mes a seis años, respectivamente, como mínimo, con arreglo a los artículos 67 y 172 del Código Penal argentino, pero, en el caso de tentativa, la pena debe rebajarse de un tercio a la mitad, de acuerdo con el artículo 43 del mismo texto normativo;
VIGESIMO SEGUNDO.- Que, en estas condiciones, es dable concluir que la extradición de Silva Gallardo solicitada por los ilícitos criminales antes indicados no cumple con la exigencia prevista en la letra b) del artículo I de la Convención que gobierna la materia, en orden a que los delitos que motiven la petición deben tener asignada, como mínimo, una pena superior a un año de privación de la libertad en la legislación, tanto del país solicitante como en la del Estado requerido, ya que esta condición sólo concurre respecto de la sanción que el artículo 442 del Código Penal chileno prevé para los robos en lugar no habitado;
VIGESIMO TERCERO.- Que, por la misma circunstancia, obligado es señalar que la solicitud de extradición por los delitos ya referidos no satisface el requisito que fija el N° 2° del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, porque los delitos comprendidos en esta petición no son de aquéllos que autorizan la entrega de los requeridos, según el tratado vigente en la materia;
VIGESIMO CUARTO.- Que, por otra parte, los delitos en que incide esta solicitud de extradición, en conformidad con los antecedentes aparejados a ella, se ejecutaron, según quedó anotado, durante los días diez y once de octubre del año dos mil, de suerte que al ocho de agosto de dos mil seis, fecha en que se inició el presente procedimiento en contra de M.S.S.G. y se ordenó su arresto, la respectiva acción penal estaba prescrita con arreglo al ordenamiento criminal chileno;
VIGESIMO QUINTO.- Que a este conclusión conduce la lectura del artículo 93 del Código Penal nacional, que fija en cinco años el plazo de prescripción tratándose de simples delitos, calidad que poseen los ilícitos imputados a la requerida, de modo que la extradición solicitada deberá denegarse, por no cumplir la condición relativa a la vigencia de la acción penal exigida en la letra a) del artículo Tercero del Tratado de Montevideo;
VIGESIMO SEXTO.- Que la tercera de las peticiones de extradición que afecta a la requerida se contiene en la resolución del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Río Grande de cuatro de julio de dos mil seis, rolante a fojas 226 y siguientes y recae sobre el delito de tenencia de arma de fuego, por el cual está procesada en la causa N° 99 de ese tribunal, junto a F.U. G., mediante resolución de veintitrés de enero de dos mil dos, aclarada por resolución de veintiocho del mismo mes y año y, confirmada en lo que atañe a la requerida, por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Tierra del Fuego de veinticinco de febrero de dos mil dos;
VIGESIMO SEPTIMO.- Que, según los antecedentes acompañados a la solicitud, el delito imputado a Silva Gallardo se cometió el día doce de enero de dos mil dos, mientras circulaba por Río Grande con U. G. en un vehículo azul Dakota marca Dodge, patente DSV 701, que fue interceptado por la Policía, que bajo el asiento que ella ocupaba encontró un arma de fuego tipo pistola semiautomática Bersa, modelo Thunder, calibre 9 mm., serie N° 19.562, pavonado, con quince cartuchos sin percutar, clasificada como arma de guerra, que había sido sustraída con fecha catorce de octubre de dos mil uno a la agente de Policía Provincial Marcela Ceballos y reaceptada por los procesados en una época indeterminada anterior a su detención;
VIGESIMO OCTAVO.- Que dichos antecedentes sirven idónea y ampliamente de fundamento para afirmar que existen fundadas sospechas de que la requerida tuvo participación en el hecho descrito, en los términos que señala el N° 1 del artículo 255 del Código de Procedimiento Penal y que, por ende, puede estimarse que en la especie se da la situación a que alude el N° 3 del artículo 646 del mismo cuerpo de leyes;
VIGESIMO NOVENO.- Que el delito que dio lugar a la petición de extradición de la afectada es reprimido por el inciso tercero del artículo 189 bis del Código Penal argentino con cuatro a diez años de prisión o reclusión y, en Chile el artículo 13 de la Ley N° 17.798 sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo (quinientos cuarenta y uno días a cinco años), a quienes posean o tengan las armas o elementos señalados en su artículo 3°, entre las cuales puede considerarse comprendida la pistola cuya tenencia ilícita se imputó a Silva Gallardo;
TRIGESIMO.-Que, dada la naturaleza y penalidades del ilícito que origina esta solicitud de extradición, la acción penal correspondiente no se encontraba prescrita al veintiuno de octubre de dos mil seis, fecha de inicio de este procedimiento respecto de la requerida, tanto conforme el N° 2 del artículo 62 del Código Penal argentino, como de acuerdo con el artículo 94 del mismo cuerpo legal chileno;
TRIGESIMO PRIMERO.- Que, aun cuando en razón de la nacionalidad de la imputada, en la especie no sea forzoso conceder la extradición relativa al delito indicado, en virtud de lo que establecen tanto el artículo II de la Convención de Montevideo como el artículo 345 del Código de Bustamante, este tribunal estima que corresponde acceder a ella, ya que, atendidas las circunstancias en que se perpetró esa acción criminal y la participación de otras personas en ella, su investigación y juzgamiento deben estar a cargo del tribunal requirente, en el mejor interés de la acción de la justicia; y EN CONFORMIDAD, además, con lo dispuesto en los artículos 644 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; 52 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales y I, II, III, V y VIII del Tratado sobre Extradición de Montevideo, SE RECHAZAN las extradiciones de M.S.S.G. solicitadas por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, remitidas mediante las Notas N° s. 3212/2006 y 433/2006, de veinticuatro de mayo y veinte de julio de dos mil seis, respectivamente, de la Embajada de Argentina en Chile y SE ACOGE la extradición pedida en estos autos por el mismo Tribunal respecto de la aludida M. S.S.G. en la causa 99/03, por el delito de tenencia de arma de guerra, enviada con la Nota N° 437/2006, de veintiséis de julio de dos mil seis, de la referida representación diplomática. Ejecutoriada que sea esta sentencia, dése cumplimiento a lo establecido en los artículos 509 bis y 655, inciso primero del Código de Procedimiento Penal.
Regístrese y consúltese si no es apelada.
Dictada por don Urbano Marín Vallejo, Ministro Instructor de la Corte Suprema y autorizada por el señor Secretario don Carlos A. Meneses Pizarro.
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