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Timestamp: 2019-04-22 14:41:01
Document Index: 404496834

Matched Legal Cases: ['artículo 1280', 'artículo 1279', 'artículo 1280', 'artículo 6', 'artículo 1218', 'artículo 1216', 'artículo 1217', 'artículo 1008', 'artículo 1280', 'artículo 1008', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 14', 'artículo 34', 'artículo 990', 'artículo 988', 'artículo 989', 'artículo 997', 'artículo 814', 'artículo 9', 'artículo 1280', 'artículo 1008', 'artículo 1280', 'artículo 1218']

BOE.es - Documento BOE-A-2011-18878
Documento BOE-A-2011-18878
«BOE» núm. 289, de 1 de diciembre de 2011, páginas 127880 a 127893 (14 págs.)
BOE-A-2011-18878
Calviá, a 11 de julio de 2011. (Firma ilegible) El registrador, Fdo. Jesús Nicolás Juez Pérez».
a) Nuestro ordenamiento jurídico está construido sobre la base del principio esencial de libertad de formas (principio espiritualista) con muy escasas excepciones; y ese principio está expresamente proclamado en los artículos 1278, 1279 y 1280 del Código Civil. Es notoria y unánime la opinión doctrinal y la doctrina jurisprudencial de que, incluso en los supuestos concretos enumerados en el artículo 1280 del Código Civil, la «forma» contractual de «documento público» no es un requisito «ad validitatem» sino simplemente «ad probationem»; y consiguientemente, la inobservancia de esa «forma contractual específica» no conlleva la nulidad ni la anulabilidad, sino el simple derecho de las partes a «compelerse recíprocamente a llenar aquella forma» (artículo 1279 del Código Civil). El artículo 1280 del Código Civil establece una norma de carácter general, y además enumera algunos supuestos concretos comprendidos en esa norma general, pero se trata de una «enumeración enunciativa» y no de una «enumeración exhaustiva»; en otras palabras, no se trata de un «numerus clausus» sino de un «numerus apertus». Por otra parte, en todos los casos enumerados se observa que la exigencia de la «forma contractual de documento público» se justifica («ratio legis») por la necesidad de proteger derechos reconocidos por normas legales imperativas o por la necesidad de proteger a terceros, aunque esos derechos puedan ser renunciables a posteriori, si la renuncia no es contraria al orden público ni perjudica a terceros (artículo 6.2 del Código Civil).
b) Los «documentos públicos» hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste; también hacen prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros (artículo 1218 del Código Civil). Son «documentos públicos» los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley (artículo 1216 del Código Civil); y los documentos en que intervenga un notario público se regirán por la legislación notarial (artículo 1217 del Código Civil).
c) El artículo 1008 del Código Civil sobre la forma de repudiar la herencia es una norma de carácter especial que prevalece sobre la norma general del artículo 1280 del Código Civil; y dicho artículo 1008 dice literalmente que la repudiación de la herencia debe hacerse en «instrumento público» o en «documento auténtico» o «por escrito presentado ante el Juez competente para conocer de la testamentaría o del abintestato». Ciertamente la «escritura pública» tiene el carácter de «instrumento público» y de «documento auténtico» entre las partes; pero existen también «otras formas» de «instrumento público» que reúnen los requisitos de «documento auténtico» entre las partes, y una de esas «otras formas» es el acta notarial; y si el acta notarial en cuestión contiene una clara manifestación de renuncia a la legítima, y esa manifestación se refiere a la totalidad de la legítima y no está sometida a plazo ni a condicionamiento alguno (artículos 990 y 1008 del Código Civil) esa renuncia es un «documento público» y un «documento auténtico» entre las partes; y consiguientemente esa renuncia a la legítima (naturalmente con posterioridad a la muerte del causante) es totalmente válida, tanto en cuanto al fondo como en cuanto a la forma. El que a ese documento notarial se le haya denominado «acta notarial de manifestaciones», e incluso el hecho de que en ese documento se hubieran incluido requerimientos, cotejos de fotografías, envío de cartas por correo certificado, etc.) no desvirtuaría su naturaleza de «documento público»; ni tampoco desvirtuaría su posible naturaleza de «instrumento público» entre las partes.
d) Cuestión totalmente distinta es la eficacia frente a terceros de una renuncia a la legítima, cuando esa renuncia se refiere a un bien inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad. La seguridad del tráfico jurídico de los derechos reales y la protección registral de los terceros de buena fe es el fundamento esencial y la razón de ser del Registro de la Propiedad. La Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario (que la desarrolla y hace una «interpretación legal» de la misma, pero que no puede modificarla por ser norma de rango legal inferior) establecen una serie de formalidades, al sólo y único efecto de garantizar que la «realidad fáctica» coincida con la «realidad registral». La Ley Hipotecaria es una Ley especial, que puede establecer normas especiales sobre el acceso al Registro de la Propiedad de los derechos reales, pero no puede derogar el Principio General del Derecho que informa todo nuestro ordenamiento jurídico, esto es, el principio espiritualista y de libertad de formas (artículos 1274 a 1281 del Código Civil). La Ley Hipotecaria establece taxativamente que «el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio público y demás derechos reales» (artículo 1) entre ellos los «actos» en cuya virtud se adjudiquen a algunos bienes inmuebles (artículo 2.3); y agrega que para su inscripción «deberán estar consignados en «escritura pública», «ejecutoria», o «documento auténtico» expedido por Autoridad Judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriben los Reglamentos (artículo 3). Por otra parte, la Ley Hipotecaria establece que «el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, la declaración judicial de herederos abintestato o el acta de declaración de herederos abintestato» (artículo 14); y el Reglamento Hipotecario aclara que «se entenderá por título para los efectos de la inscripción, el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquella y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de inscripción, por sí solos o con otros complementarios o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite»(artículo 33); y también aclara que «se considerarán documentos auténticos para los efectos de la Ley los que sirviendo de títulos al dominio o derecho real o al asiento practicable, estén expedidos por el Gobierno o por Autoridad o funcionario competente para darlos y deban hacer fe por sí solos» (artículo 34). El citado artículo 3 de la Ley Hipotecaria se refiere al «título formal», esto es, al documento que constituye la prueba de que efectivamente ha ocurrido el hecho, acto o negocio jurídico que ha provocado la adquisición o modificación de un derecho real, cuya inscripción se pretende; el citado artículo 33 del Reglamento Hipotecario se refiere al «título substantivo», esto es; al hecho, acto o negocio jurídico que ha provocado la adquisición o modificación del derecho real, cuya inscripción se pretende; el citado artículo 14 de la Ley Hipotecaria se refiere al «título formal» y el citado artículo 34 del Reglamento Hipotecario se refiere tanto al «título formal», como al «título substantivo».
e) La competencia atribuida por la Ley a los registradores de la Propiedad (con la consiguiente responsabilidad) es la de velar por la seguridad del tráfico jurídico, no tanto entre quienes han sido partes en el hecho, acto o negocio jurídico, sino principalmente frente a los terceros que no han sido parte. Por ello, la competencia de los registradores está limitada al control de los «títulos formales», esto es, a que el «documento» presentado para acreditar la adquisición o modificación del derecho real, cuya inscripción se solicita, reúna los requisitos formales necesarios para que ese documento haga prueba de que el hecho, acto o negocio jurídico (causante de la adquisición o modificación) ha ocurrido efectivamente. La competencia para controlar la validez del «título substantivo» la atribuye la Ley a los notarios, a los jueces y tribunales y a las autoridades y funcionarios públicos (conforme a las leyes y disposiciones reglamentarias). Por ello, cuando se trata de dejar constancia fehaciente de un hecho, acto o negocio jurídico, en la esfera del Derecho privado, la competencia está atribuida a los notarios; si el hecho, acto o negocio afecta a la esfera del Derecho público, la competencia está atribuida al funcionario o autoridad competente; y si el hecho, acto o negocio ha tenido lugar en el curso de un procedimiento judicial, la competencia está atribuida a los jueces y tribunales. Ellos son los que tienen la competencia para valorar si el hecho, acto o negocio es compatible con la ley (válido) o no es compatible (inválido) y bajo su responsabilidad expiden el «titulo formal,» que servirá de prueba a los interesados para hacer valer sus derechos y para inscribirlos en el Registro de la Propiedad (en los casos en los que legalmente es posible). El juicio de validez sobre el «título substantivo» no puede ser revisado por el registrador; lo único que puede hacer es revisar si el «título formal» presentado cumple los requisitos formales (establecidos por la correspondiente Ley y sus respectivos reglamentos de desarrollo) para hacer prueba fehaciente de que realmente se ha generado el «título substantivo». Precisamente por eso, las inscripciones en el Registro pueden y deben practicarse, según el tema de que se trate, bien mediante documento notarial (escritura pública, o acta notarial de uno u otro tipo) bien por «documento auténtico» o por «ejecutoria». En el caso presente, la renuncia a la legítima por las cuatro hijas-legitimarias después de la muerte del causante se realizó mediante sendas actas notariales, firmadas en enero de 2007, ante el mismo notario don Antonio Huerta Trólez; esas actas tienen indudablemente la naturaleza de «instrumento público» y además de «documento auténtico» entre las partes, por lo que constituyen «título substantivo válido,» y así lo consideró el notario autorizante, que ni se negó a autorizar las actas ni hizo ninguna observación o salvedad a las otorgantes. Por otra parte, para la repudiación de la herencia (y consiguientemente de la legítima) la ley no exige unas «palabras sacramentales» sino simplemente que la renuncia sea clara, total, incondicionada y no sometida a plazo (artículo 990 del Código Civil) y las palabras utilizadas en las referidas actas de manifestaciones cumplen sobradamente los requisitos exigidos por la Ley.
f) El acto o negocio jurídico cuya inscripción se está solicitando no es la renuncia a una legítima adquirida «ope legis» en una sucesión abintestato, sino la sucesión testamentaria a título universal de la viuda del causante; la renuncia a la legítima era un requisito previo para la validez de la escritura pública de sucesión testamentaria universal; ese requisito previo lo controló y lo instrumentó el mismo notario don Antonio Huerta Trólez, cinco años antes de autorizar la escritura pública presentada a inscripción, y en esa escritura pública da fe de que el requisito previo ya se había cumplimentado válidamente con anterioridad. Hay que tener en cuenta que la renuncia a la legítima (y la renuncia a la herencia) no constituye una cesión de bienes o derechos que ya hubieran entrado en el patrimonio del legitimario-renunciante, sino una expresa negativa de éste a que entren en su patrimonio unos bienes o derechos del patrimonio del causante- fallecido; y consiguientemente esa renuncia no implica ninguna transmisión de dominio (ni de ningún derecho real o personal) desde el legitimario-renunciante en favor de los demás herederos. La aceptación y la repudiación de herencia son actos enteramente voluntarios y libres (artículo 988 del Código Civil), sus efectos se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda (artículo 989 del Código Civil) y una vez hechas son irrevocables, en la sucesión testamentaria (artículo 997 del Código Civil); y la institución de heredero a favor del cónyuge sólo se anulará en cuanto perjudique a las legítimas (artículo 814 del Código Civil). En el caso que nos ocupa ninguna de las cuatro hermanas P. J. C. llegó a adquirir derecho alguno (ni derecho real ni derecho personal) sobre el punto de amarre; consiguientemente no ha existido ninguna cesión o transmisión de ellas en favor de su madre respecto dicho punto de amarre; y consecuentemente no ha existido ningún «título substantivo», ni ningún «título formal» que pueda ser objeto de calificación por el registrador. El registrador tiene que hacer su calificación en base a los datos que figuran en los Libros del Registro y en base al documento presentado a inscripción, exclusivamente; lo que consta en los Libros del Registro es que el 50% indiviso del punto de amarre pertenece a don M. P.J. y el otro 50% indiviso pertenece a su esposa doña F. C. P. J.; y lo que consta en la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, presentada a inscripción, es que don M. P. J. instituyó heredera universal testamentaria a su esposa, y que las cuatro hijas de don M. P. J. conocieron plena y detalladamente el testamento de su difunto padre, y renunciaron a su legítima en enero de 2007, ante el mismo notario que ha autorizado la escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada por la instituida heredera universal testamentaria.
B) En la calificación impugnada el registrador parte de los siguientes presupuestos: a) la legislación aplicable al presente caso es la española por remitirse a ella la ley nacional del causante (venezolana, conforme a lo establecido en el apartado 8 del artículo 9 de nuestro Código Civil) –sic–; b) la validez del testamento referido; y c) la existencia de preterición de las legitimarías -las cuatro hijas antes citadas-. Considera que, «conforme al artículo 1280 del Código Civil, la renuncia a los derechos hereditarios (en este caso legítimas) debe constar en documento público (según numerosísima jurisprudencia este documento debe ser escritura pública y no un acta notarial, y mucho menos de acuerdo con la calificación del notario acta de manifestaciones)». Y concluye suspendiendo la inscripción por «no aportarse escritura pública de ratificación del cuaderno particional o de renuncia de los derechos hereditarios, por parte de la única hermana no compareciente», toda vez que, respecto de las tres restantes legitimarías, entiende que el otorgamiento de la escritura de adjudicación de herencia constituye, como acto propio de las mismas, la pura ratificación de sus manifestaciones anteriores en las actas referidas.
2. La repudiación de la herencia, por la que el titular del «ius delationis» manifiesta su voluntad de no adquirir la cualidad de heredero, constituye en nuestro Derecho una declaración de voluntad unilateral, no recepticia, que debe ser expresa y revestir la forma especialmente exigida. En este sentido, el artículo 1008 del Código Civil dispone que «La repudiación de la herencia deberá hacerse en instrumento público o auténtico, o por escrito presentado ante el Juez competente para conocer de la testamentaría o del abintestato»; y, según el artículo 1280, apartado 4, del mismo Código, deben constar en documento público «La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios…».
3. Respecto de la idoneidad formal del documento notarial en el que se expresa la declaración de voluntad cuestionada, calificado como acta de manifestaciones y que el registrador rechaza por entender que aquélla debe constar necesariamente en escritura pública, debe tenerse en cuenta que la distinción entre escrituras públicas y actas notariales, formas documentales encuadrables ambas en la categoría genérica de documentos públicos conforme al artículo 1218 del Código Civil y en la de «instrumentos públicos», según los artículos 17 y 17 bis de la Ley del Notariado, con la fe pública y fuerza probatoria que dicha normas les atribuyen, ha de hacerse sobre la base de su contenido que, a su vez, condiciona las respectivas exigencias formales.
4. Por último, procede analizar una cuestión procedimental que debe considerarse relevante, como es la relativa a la notificación que sobre la interposición del recurso ha hecho el registrador a la persona cuyo consentimiento o renuncia entiende que debe acreditarse.