Source: https://issuu.com/realidadexpuesta/docs/dfensor_08_2011
Timestamp: 2016-12-04 01:56:40
Document Index: 86150403

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'Artículo 3', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 2', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 129', 'artículo 57', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 129', 'artículo 19', 'artículo 13']

[DFensor 2011] by Realidad Expuesta - issuu
df ensor
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Tel.: 5229 5600, ext. 1818
El gran enemigo de la democracia
es la militarización del pensamiento
R e v i s t a d e D e r e c h o s H u m a n o s - A G OSTO d e 2 0 1 1
Milita riz aci ó n de la s egu ridad p ú bli ca , f r act u r a de los de r ec hos h uma nos
df ens r
Número 8, año ix, agosto de 2011
Órgano oficial de difusión de la Comisión
Militarización de la seguridad pública,
2	Consejo
Tercera	Luis Jiménez Bueno
e Incidencia en Políticas Públicas José Antonio Guevara Bermúdez
Comunicación por los Derechos Humanos Hugo Morales Galván
fractura de los derechos humanos
6	Las Fuerzas Armadas en las calles
9	Los derechos humanos, objetivo
fundamental para la iniciativa
Ricardo J. Sepúlveda I.
13	Ley de Seguridad Nacional:
un paso en retroceso
19	Coordinaciones
Vinculación con Instituciones de Derechos Humanos Leonardo Mier Bueno
Relatorías Gerardo Sauri Suárez
Servicio Profesional en Derechos Humanos Ricardo A. Ortega Soriano*
La militarización de la seguridad pública
y su impacto en los derechos humanos de
la población en situación de vulnerabilidad
23	Nuevo pacto o fractura nacional
Órgano oficial de difusión mensual de la cdhdf número 8, año ix, agosto de 2011. Número de reserva otorgada por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública: 04-2003-112814201500-102. Número de
Certificado de Licitud de Título: 12792 y número de Certificado de Licitud de Contenido: 10364, otorgados por la Comisión
29	Comité editorial: Mario Ernesto Patrón Sánchez, Rosalinda Salinas Durán, Luis Jiménez Bueno, Guadalupe Ángela Cabrera
Ramírez, Rosa María Cruz Lesbros, José Luis Gutiérrez Espíndola, José Antonio Guevara Bermúdez, Irma Andrade Herrera, Hugo
Morales Galván, Paz Echeñique Pascal, Alfonso García Castillo, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, Mónica Martínez de la Peña
y Gerardo Sauri Suárez.
Más allá del 8 de mayo:
ejercer ciudadanía, hacer paz
Karime Suri Salvatierra
Editor resposable: Alberto Nava Cortez. Cuidado de la edición: Bárbara Lara Ramírez. Diseño y Formación: María Eugenia
Lucero Saviñón y Ana Lilia González Chávez. Coordinación de contenidos, investigación y redacción: Karen Trejo Flores.
Corrección de estilo: Haidé Méndez Barbosa y Karina Rosalía Flores Hernández.
Créditos de Imágenes: Ángeles García, Anahí G. Alba Navarrete, Joaquín J. Abdiel, Edgar Sáenz Lara, Antonio Vázquez Hernández,
Ernesto Gómez (cdhdf).
Publicación editada por la Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos de la cdhdf. Los artículos firmados que aparecen en esta edición son responsabilidad de las y los autores y los no firmados son de la autoría de la cdhdf.
Impresión: Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V. (iepsa), San Lorenzo 244, col. Paraje San Juan, del. Iztapalapa
09830 México, D. F. Suscripciones y distribución: Jacqueline Ortega Torres, tel.: 5229 5600, ext. 2027, av. Universidad 1449,
col. Florida, pueblo de Axotla, del. Álvaro Obregón, 01030 México, D. F. Tiraje: 3 500 ejemplares. Impreso en México / Printed
in Mexico. issn: 1665-8086.
34	40	La situación de la violencia en México
Edgar A. Gómez Jaimes
48	36	Celebra cdhdf resoluciones de la scjn;
amplían la protección de los derechos
humanos en México
Solicita cdhdf medidas cautelares
a la cidh a favor de personas migrantes
Fotografía: Prometeo Lucero.
Contra la legalización de la ilegalidad:
un repaso a la Ley de Seguridad Nacional
53	México heroico:
62	Morir por el Amazonas:
la otra cara de la moneda brasileña
Ilustraci贸n: Edgar S谩enz Lara/cdhdf.
seguridad pública, fractura
Desde la perspectiva de los derechos humanos la seguridad humana se consolida a partir
de la satisfacción y protección que el Estado hace del conjunto de libertades y derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes, lo cual en una democracia requiere de la corresponsabilidad de los
distintos niveles de gobierno y de la misma sociedad.
Partiendo de este enfoque, resulta problemático que en México la estrategia de seguridad pública
esté delegando principalmente a las fuerzas armadas el combate a la delincuencia, por encima de la democratización de las policías civiles y del reforzamiento de políticas públicas eficaces y de participación
ciudadana a favor de la prevención de la violencia y el delito.
Como consecuencia, el país vive una escalada de violencia atizada no sólo por la lucha territorial
entre grupos de la delincuencia común y organizada, sino también por los enfrentamientos entre éstos
y las fuerzas armadas, las cuales, al desempeñar funciones extraordinarias de seguridad pública por
tiempo indefinido y sin controles de legalidad que transparenten y limiten sus actuaciones, vulneran gravemente los derechos humanos tanto de la población civil como de quienes integran los propios cuerpos
Frente a esta situación, sumada a décadas de corrupción e ineficacia institucionales en materia de
procuración e impartición de justicia, el saldo de la “guerra” contra la delincuencia emprendida desde
2006 por la actual administración federal no podía ser menos alarmante: casi 60 mil personas muertas
y un sinnúmero de casos impunes de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de tortura,
de secuestro, de extorsión… Por acción directa u omisión, el Estado mexicano resulta ser el principal
responsable de esta tragedia que enluta a miles de niños y niñas, hombres, mujeres y personas adultas
Ante tal realidad, es urgente reconocer que México enfrenta un complejo problema de seguridad que
ciertamente no se resolverá con el uso de la mayor fuerza del Estado ni mucho menos con la suspensión
del ejercicio de ciertos derechos humanos mediante la figura de estado de excepción para enfrentar la
criminalidad, tal como ha sido planteado en una cuestionada iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad
Nacional (lsn), la cual para bien del proceso democrático del país es y debería seguir siendo analizada
públicamente en el Congreso de la Unión.
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) lanzamos el llamado a las y
los actores políticos y a la sociedad en su conjunto para avanzar en la construcción de un sistema de seguridad ciudadana que rebase la esfera exclusiva de la participación policial. Apostar al involucramiento
activo de las y los ciudadanos y someter a controles de transparencia y rendición de cuentas a las instituciones de seguridad pública es una garantía del ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales
a la vida, a la integridad, a la justicia y a la libertad personal, entre otros, que están constitucionalmente
reconocidos en la legislación interna y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. México lo requiere y no hay más tiempo que perder.
Número 08 - Agosto 2011
Fotografía: Antonio Vázquez/cdhdf.
en las calles**
ERNESTO LÓPEZ PORTILLO VARGAS*
En este espacio no discutiré si las Fuerzas Armadas deben o no realizar funciones de
seguridad pública. Bajo el supuesto de que seguirán haciéndolo, recomendaré una
acción de gran calado que considero indispensable ante tal escenario. Parto de que
la interpretación más popular percibe que la militarización de la seguridad pública es
lo más adecuado, desde un razonamiento muy simple: ante la extrema violencia de
la delincuencia, lo correcto es emplear la mayor capacidad de fuerza del Estado. Este
fenómeno es altamente complejo, delicado y muy peligroso para el país.
Todo el diseño del Estado democrático moderno descansa en una premisa: el poder público funda su legitimidad en un diseño constitucional que pone los derechos fundamentales
de las personas en la más alta jerarquía de valores y reglas. La autoridad del Estado gira en
torno a esta esfera de derechos. Desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general,
y del uso de la fuerza en particular.
Al Estado se le entregan poderes legítimos de uso de la fuerza (violencia estructural),
precisamente para garantizar el ejercicio de los derechos mencionados. La fuerza legítima
se usa a favor, nunca en contra de los derechos: de lo contrario, ya no es legítima. Surgen así
dos obligaciones del Estado: neutralizar el uso de la fuerza por parte de los actores privados
y evitar el uso propio de la violencia en formatos no legítimos. Entonces el Estado puede
usar la fuerza, pero no puede hacerlo de cualquier manera ya que, de lo contrario, él mismo
incurriría en aquello que está llamado a evitar.
De ahí viene el principio de la racionalización del uso de la fuerza, el cual se traduce en
conceptos y reglas de control que envuelven la violencia del Estado en formatos restrictivos,
es decir, en normas que trazan un continuo que empieza por el menor y van hasta el mayor
uso posible de la fuerza. Los países diseñan normas para asegurar esos formatos y la comunidad internacional hace lo propio. No hay uso legítimo posible de la fuerza sin reglas.
El mandato normativo nacional e internacional del uso racional de la fuerza asigna a la
institución armada civil denominada policía, el rol regular de protección a la ciudadanía; ahí
comienza, en el extremo mínimo posible, el uso de la fuerza; y el mandato mencionado asig-
*	Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y consejero de la cdhdf.
**	Artículo publicado en el periódico El Universal, el 28 de mayo de 2011, disponible en <http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/53010.
html>, página consultada el 1 de julio de 2011.
La salida de las Fuerzas Armadas a las calles a realizar tareas de seguridad
pública invierte el principio de uso racional de la fuerza, dominante en el mundo
democrático contemporáneo, al ubicar el instrumento de uso máximo de la fuerza
en el papel de recurso regular, multiplicando ad infinitum los riesgos del exceso.
na a la institución armada militar el rol de
uso máximo de la fuerza en escenarios no regulares, cual es el caso de la guerra entre Estados o interna. Un policía promedio en un
país en condiciones no extremas de conflicto
y violencia, usa la fuerza y las armas de manera excepcional, en particular la violencia
letal. De hecho, las instituciones policiales
crean cuerpos especiales para usar la fuerza
letal ante amenazas de similar proporción.
El policía debe saber usar la fuerza letal;
pero su método de trabajo le ordena, siempre que la circunstancia lo permita, llamar
a la intervención del cuerpo especial, el
cual deberá manejar la amenaza letal con
procedimientos y recursos más sofisticados y
potentes. El continuo uso de la fuerza –no
lo perdamos de vista– está fundado en la
reducción al mínimo posible de riesgos de
afectación a los derechos, empezando por el
derecho a la vida. El que el Estado haga todo
lo posible por no usar la fuerza letal confi-
gura uno de los más elevados relatos de la
superioridad moral ante la violencia privada.
La salida de las Fuerzas Armadas a las
calles a realizar tareas de seguridad pública
invierte el principio de uso racional de la
fuerza, dominante en el mundo democrático contemporáneo, al ubicar el instrumento
de uso máximo de la fuerza en el papel de
recurso regular, multiplicando ad infinitum
los riesgos del exceso.
Si concedemos que más allá de lo que
unos y otros deseen, las Fuerzas Armadas
mexicanas se quedarán en las calles, entonces el piso mínimo debe ser la reconfiguración de su doctrina para así incorporar
una nueva base conceptual, normativa,
institucional, estratégica, logística y operativa que las habilite en las coordenadas
del uso racional de la fuerza. Los riesgos de
no hacerlo son ilimitados, antes que nada
para las propias Fuerzas Armadas. No hay
para la iniciativa de
ricardo J. SEPÚLVEDA I.*
El 5 de abril de 2004 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(cpeum) para establecer la facultad del Congreso federal de legislar en materia de seguridad
nacional. Esta decisión del constituyente se tomó a partir de las modificaciones que el propio
Congreso realizó al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en
la que se había otorgado a la Secretaría de Gobernación (Segob) “la facultad de establecer
y hacer operar un sistema de información e investigación que contribuya a preservar la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” (de acuerdo con la fracción xxix)
y “contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional,
preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno” (según la fracción
xxx), adición que se hizo para dar un marco de legalidad a las actuaciones que se hacían,
desde esa Secretaría, a través de dependencias como el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen).
Durante décadas las autoridades del país habían desplegado la actividad relacionada con
la seguridad nacional en un marco de discrecionalidad absoluta. Los cambios propuestos
deben entenderse como parte del esfuerzo del proceso de transición democrática, por hacer
imperar el principio de legalidad.
Con esa base constitucional, el 31 de enero de 2005 se publicó la Ley de Seguridad
Nacional, que tuvo por objeto fundamental definir los alcances del concepto mismo y,
particularmente, establecer las reglas de coordinación interna para que se pudiera generar una verdadera política de Estado en la materia. Hay que apuntar, por tanto, que en
ningún momento en esta ley se buscó otorgar facultades extraordinarias a las autoridades
*	Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos (cjdh), consultor internacional de la Organización de los Estados Americanos
(oea) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras.
Lo que hay que buscar con una nueva ley de seguridad nacional
no es que no se violen derechos humanos, sino que realmente
éstos se realicen de una mejor manera. Se trata de preservar
la integridad, permanencia y estabilidad del Estado mexicano
como medio para la plena vigencia de los derechos humanos.
para enfrentar una amenaza de riesgo a la
seguridad nacional1 sino todo lo contrario:
precisar y acotar su actuación.
Estos datos ayudan a entender cuáles
fueron los antecedentes remotos de la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo el
23 de abril de 2009, la cual cambia, desde
nuestro punto de vista, el sentido y los alcances de dicha legislación.
Antes de entrar al análisis del contenido, cabe mencionar algunos datos sobre el
proceso que ha seguido esta iniciativa y que
completa el contexto actual.
La iniciativa parte de la convicción que
tiene el Ejecutivo de que, atendiendo a las
circunstancias de emergencia en materia de
seguridad que vive el país, se requiere una
legislación que le dé sustento y certidumbre a la actuación de las autoridades, tanto
las militares como las de seguridad pública,
para que puedan hacer frente de manera
más eficaz a dichas amenazas.2
La iniciativa del Ejecutivo fue enmendada por el Senado de la República3 y enviada a
la Cámara de Diputados. Hasta ese momento
la atención de la opinión pública sobre la iniciativa fue muy limitada. Sin embargo, en los
últimos días del periodo de sesiones próximo
pasado, ante la versión de que había un predictamen elaborado por un grupo de diputados y se supo que el documento contenía
cambios relevantes, se generó una fuerte oposición al proyecto por parte de organizaciones
de la sociedad civil, tanto nacionales como
Hasta esta parte de la historia hay datos negativos al igual que positivos. Por un
lado está el hecho de que se haya generado
un proyecto de dictamen que se mantuvo
oculto y que generó todo tipo de dudas y
desconfianza. Esta es la parte más negativa,
tomando en cuenta que en todo entorno
democrático y de respeto a la participación
política, la legislación debe ser un espacio
público y transparente de debate.
El otro dato preocupante fue el hecho
mismo de que se violentara el proceso legislativo y de que se forzara a lograr su aprobación en los últimos cinco días del periodo
1	Aunque la ley no ofrece una definición de lo que se debe entender por seguridad nacional, sí se mencionan sus componentes fundamentales, a saber:
Artículo 3º. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a
mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:
i.	La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
ii.	La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
iii.	El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
iv.	El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
v.	La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
vi.	La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
2	Así se expresa en la iniciativa del Ejecutivo. Por ejemplo, en el siguiente párrafo de la exposición de motivos se afirma: “Por ello, la presente iniciativa pretende definir claramente el procedimiento de participación de la Fuerza Armada Permanente y sus atribuciones en
materia de seguridad interior, lo que ofrecerá certidumbre jurídica y operatividad a su intervención, a favor de los ciudadanos.”
3	La minuta de la Cámara de Senadores fue aprobada el 28 de abril de 2010.
El papel positivo lo jugaron quienes
desde sociedad civil, junto con algunos
legisladores, exigieron que el proceso se
transparentara y se diera lugar a un debate
público. Este fue precisamente el llamado
que tomaron las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados al convocar a los foros públicos. Hoy, el proceso sigue en este momento.
De acuerdo con el contenido de la iniciativa persiste una duda inicial, la cual fue
planteada en el curso de los foros y se refiere a si existe una verdadera necesidad de
reformar esta ley y si ésta es adecuada para
regular las facultades de intervención de las
En nuestro caso, y sin desconocer la
pertinencia de este cuestionamiento, hemos
optado por partir del hecho que supone la
necesidad de hacer frente a una situación
de extrema gravedad y al de la necesidad de
mejorar este marco legal. En ello basamos
nuestras consideraciones siguientes:
Lo primero que queremos subrayar
como premisa es la necesidad de que se
adopte una perspectiva de derechos humanos. Esta premisa se apoya en el reconocimiento de que los derechos humanos deben
ser el propósito final de toda acción del Estado en materia de seguridad.
Tener perspectiva de derechos humanos significa concebirlos como el límite de
la actuación estatal y su principal fin y propósito: esto no hay que entenderlo en términos generales sino muy concretos.
Con esto se cambian los términos de la
ecuación, ya que lo que hay que buscar con
una nueva ley de seguridad nacional no es
que no se violen los derechos humanos,
sino que realmente se garanticen y efectúen de
mejor manera. No se trata de preservar la integridad, permanencia y estabilidad del Estado
mexicano con respeto a los derechos humanos,
sino de preservar la integridad, la permanencia
y la estabilidad de éste como medio para la plena vigencia de los derechos humanos.
Evidentemente esto no es mera retórica
sino que tiene consecuencias ineludibles,
entre otras, la necesidad de vincular los derechos humanos con las acciones de seguridad
nacional y no sólo de manera negativa, como
una obligación de no traspaso, sino como un
En ese sentido de nada sirve colocar
cláusulas en las leyes o en los discursos públicos diciendo –de manera sólo formal–
que todo se hará con total respeto a los
derechos humanos; es necesario que la perspectiva de derechos humanos esté presente
desde el diseño del modelo institucional.
Así, existen tres aspectos que preocupan
particularmente en el diseño de la iniciativa
y que deben por tanto cuidarse primordialmente:
a)	El primero es el referente a los mecanismos de contrapeso entre poderes que
deben existir en los mecanismos de decisión. Estos equilibrios deben entenderse
no solamente como mecanismos de ponderación, sino como salvaguardas para
reducir los riesgos a las violaciones a derechos humanos. El punto más importante
en este sentido lo constituye el balance
que se debe dar entre los órganos Legislativo y Ejecutivo en la toma de decisiones.
b)	El segundo tema de especial cuidado es
el que tiene que ver con los mecanismos
de rendición de cuentas y de control
ciudadano, ya que si bien deben existir
medidas de prevención entre poderes,
la mayor salvaguarda estará en manos
de las y los ciudadanos quienes requieren de dos presupuestos para lograr la
defensa efectiva de sus derechos: una
regulación que especifique con claridad
los alcances en la competencia de las autoridades que pueda ser base para el control judicial de legalidad y, por otro, la
existencia de vías de reclamación expeditas e independientes. En este sentido
se requiere que la ley garantice la efectiva limitación de la justicia militar para
los casos exclusivamente de disciplina
militar, como lo manda la Constitución.
c)	El tercer tema de diseño o de modelo
institucional es el referente a la normalización de la intervención militar en
materias de seguridad de manera directa y no sólo como apoyo a los cuerpos
de seguridad. Este punto contraviene
el principio esencial de que la intervención de las fuerzas armadas debe ser
únicamente de manera excepcional y,
por lo tanto, temporal.
Se trata de tres temas de especial relevancia
por sus implicaciones en materia de derechos, humanos, sin embargo hay que advertir una cosa más de fondo y que también
se dijo reiteradamente en los foros: tanto
la iniciativa como las modificaciones que
se propusieron en las cámaras fueron elaboradas bajo un marco constitucional que
ha sido cambiado diametralmente en su capítulo de derechos humanos;4 ello obliga a
que cualquier discusión, a partir de ahora,
debe tomar en cuenta esta modificación y
replantear el análisis bajo el paraguas de las
nuevas disposiciones constitucionales, particularmente, así nos parece a nosotros, las
de los artículos 1º y 29.
4	Véase la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Seguridad Nacional:
MARIECLAIRE ACOSTA*
Durante la última década, México ha experimentado avances institucionales y políticos nada
despreciables en materia de derechos humanos, justicia y democracia. Ejemplo de ello son
los distintos mecanismos creados para la protección de los derechos humanos a lo largo del
país, así como las instituciones de transparencia y rendición de cuentas que han permitido un
mayor escrutinio del ejercicio del poder por parte de la ciudadanía. La recién aprobada reforma
constitucional en material de derechos humanos, así como la reforma en materia de amparo,
son los últimos avances al respecto que permitirán la armonización de nuestro ordenamiento
Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para abatir los altos niveles de inseguridad ni
para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, tanto de la delincuencia común como
de violaciones a los derechos humanos. La democracia en México se encuentra lejos de
estar consolidada, y si no lo hacemos pronto, corremos el riesgo de perder lo poco que se ha
ganado con tan arduo esfuerzo y, peor aún, de exponer al país a una permanente condición
de inestabilidad y atraso.
En México, la protección jurídica de los derechos humanos ha sido impedida, entre
otras cosas, por la falta de recursos legales adecuados y efectivos que garanticen la rendición de cuentas respecto de los crímenes y abusos cometidos tanto por agentes del Estado
como por agentes no estatales. Es importante destacar algunos de los principales factores
que obstaculizan a la fecha la labor de la justicia: la poca eficacia del sistema de procuración de justicia, la falta de independencia del poder judicial, la ausencia de recursos para
la reparación de las víctimas, el desprecio y la ignorancia de las normas internacionales de
derechos humanos, la jurisprudencia internacional y su ausencia en el ordenamiento jurídico, así como un amplio poder discrecional conferido a las autoridades, sobre todo en la
investigación y persecución de los delitos y, finalmente, en la militarización de la seguridad
pública que actualmente vivimos.
La actual Ley de Seguridad Nacional que se discute en el Congreso es un esfuerzo más
por militarizar la seguridad pública y dotar de atribuciones extraconstitucionales a las Fuerzas Armadas, lo cual tendría un efecto negativo sobre las instituciones democráticas que
con tanto esfuerzo hemos construido en México. Desgraciadamente, la llamada transición
*	Profesora afiliada de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).
opini贸n y debate
Ilustraci贸n: Anah铆 G. Alba Navarrete/cdhdf.
La Ley de Seguridad Nacional que se discute en el Congreso
es un esfuerzo por militarizar la seguridad pública y dotar de
atribuciones extraconstitucionales a las Fuerzas Armadas,
lo cual socavará inevitablemente las instituciones democráticas
que con tanto esfuerzo hemos construido en nuestro país.
a la democracia del año 2000 no ha producido cambios significativos en la estructura
de poder y en la forma en que éste se ejerce
en nuestro país. Si bien el presidencialismo
autoritario fue sustituido por un sistema
multipartidista en el que se realizan regularmente elecciones con reglas claras, las
viejas prácticas políticas de antaño como la
corrupción, la impunidad, el patrimonialismo, el corporativismo y el clientelismo todavía están vivas.1
Según datos de la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización de
2005 de la Organización de las Naciones
Unidas, desde hace tiempo existe en México una tendencia de incremento de la actividad delictiva. Sin embargo, actualmente
estamos viviendo un proceso de desbordamiento del crimen organizado que diariamente amenaza la paz y la tranquilidad de
la población y pone a prueba tanto la fortaleza de las estructuras de seguridad como la
de las instituciones jurídicas y políticas. Es
cierto que la principal fuente de violencia
y de inseguridad proviene de las actividades
de la delincuencia organizada, pero lamentablemente también proviene de la política
de seguridad que se implementó para combatirla durante la presente administración.2
Con el incremento de la inseguridad en
México, los reclamos de la ciudadanía por
justicia y mano dura se han agudizado. Sin
embargo, las cifras revelan que la política
actual de combate a la delincuencia no sólo
no ha contribuido a disminuir los índices delictivos sino que, por el contrario, se han elevado. Vivimos actualmente un incremento
sideral de la violencia, de las actividades
delictivas como el secuestro, la extorsión,
los robos a casa habitación y las violaciones
sexuales. Ha significado también un incremento exponencial de la tasa de homicidios,
la cual, a partir de 2008, se disparó en 75%
con relación a años anteriores, rompiendo
una tendencia a la baja de casi veinte años.3
Según cifras oficiales, por lo menos 18 entidades federativas han experimentado una
variación igual o mayor a 50% de incremento en la tasa de homicidios.4
El significativo incremento de delitos
–como el robo y el secuestro– va ligado a
violaciones graves a los derechos humanos,
también frecuentes. Informes recientes sobre la situación de los derechos humanos
1	Cfr., César Verduga, “Notas proyecto de investigación”, en Mariclaire Acosta (coord.), Superando la cultura de la impunidad de los delitos
graves entre mujeres y niñas en México, México, División de Estudios Internacionales-cide, 2010.
2	Eduardo Guerrero, “La raíz de la violencia”, en Nexos, año 34, vol. xxxiii, núm. 402, junio de 2011, pp. 30-47, y José Merino, “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, op. cit., pp. 47-55.
3	Fernando Escalante Gonzalbo, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, en Nexos, núm. 398, enero de 2011, véase gráfica 7.
4	Seis de las cuales superaron 100% de incremento: Baja California (189.03%), Chihuahua (439.29%), Durango (312.53%) y Sinaloa
(178.59%). Cabe mencionar que, contando las 18 anteriores, 27 de las 32 entidades federativas (84.37%) experimentaron un alza cercana o mayor a 30%. Véase Angélica Durán-Martínez et al., 2010 Mid-Year Report on Drug Violence in Mexico, San Diego, Trans-Border
Institute-University of San Diego, 2010.
en México coinciden en que, como efecto
de la actual política de seguridad, se han
multiplicado los casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales
y desapariciones forzadas de personas por
parte del Ejército, las policías y grupos paramilitares. Las cifras dadas a conocer recientemente por el Grupo de Trabajo sobre
Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sitúan en tres mil el número de víctimas
por esta práctica, apenas un indicador de la
ruptura del orden constitucional y el grave
retroceso que en materia de derechos humanos hemos experimentado en los últimos
cuatro años. Habría que agregar a ello el número de desplazados internos y de refugiados que piden asilo político en los Estados
Unidos huyendo de la violencia y la inseguridad de sus lugares de origen.
Por todos es conocida la cifra de 40 mil
muertes en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada. Otras
cifras igualmente alarmantes al respecto en
ocasiones pasan desapercibidas, como la de
los 10 mil menores que han quedado huérfanos y los 1 200 menores de edad muertos
en hechos relacionados con la delincuencia, según informes recientes.5
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Calderón implementó la confrontación directa a los cárteles de la droga como
eje fundamental de su política de combate a
la delincuencia, dirigiendo operaciones policiaco-militares en los estados más afectados
por el narcotráfico y la venta de drogas. Sin
embargo, es un hecho que en aquellos estados en donde se han desarrollado tales operativos, los índices de delincuencia común
también se han disparado muy por encima
de los registrados en el resto del territorio
nacional. Por ejemplo, la incidencia de robo
en 2010, en aquellos estados con presencia
militar fue 33% mayor que en resto del país,
y la cifra de secuestro 330% mayor.6
El contexto actual de violencia e inseguridad en el que se encuentra inmerso
nuestro país ha evidenciado las debilidades
y carencias de un sistema de justicia en su
conjunto, que incluye el de seguridad así
como el de procuración y administración
de justicia, los cuales se encuentran desbordados por la realidad actual. Irónicamente,
en el empeño por imponer un Estado de
derecho, entendido éste como la recuperación del monopolio de la violencia por parte
de las instituciones del Estado, se ha roto el
viejo sistema de regulación del antiguo régimen, basado en acuerdos políticos y en el
uso selectivo de la ley, desencadenando con
ello una ola de violencia implícita en esas
relaciones de poder. Desgraciadamente, la
imposición del orden mediante el uso privilegiado de la fuerza no se ha visto acompañado de un esfuerzo igualmente consistente
por crear una nueva institucionalidad basada en normas democráticas, ni en atacar las
causas estructurales que alimentan la inseguridad imperante.
El fenómeno delictivo en nuestro país,
aunado a la incapacidad de las instituciones
de seguridad y de justicia para contenerlo,
han generado un incremento de la violencia, la criminalidad y las violaciones graves a
los derechos humanos. Estas circunstancias,
a su vez, refuerzan la creciente percepción
de inseguridad y desamparo en la población, que reclama con justificada razón, poner fin a esta angustiante situación. A pesar
5	Red por los Derechos de la Infancia en México, Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del
Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armado, México, 2010, p. 18.
6	icesi, Denuncias por robo y secuestro. Registro ante agencias del Ministerio Público de las entidades federativas, México, 2010, disponible en <www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas_oficiales.asp>.
de las reformas institucionales prometidas
para abatir el problema, las autoridades han
respondido a esta demanda con las mismas
soluciones de fuerza de siempre, aduciendo
su carácter temporal, en tanto fructifican las
reformas al sistema de seguridad y justicia
impulsadas en este gobierno.
Estas prácticas autoritarias han demostrado no sólo su incapacidad para contener
la violencia y el delito, sino su enorme potencial para incrementarlos hasta producir
una verdadera crisis de inseguridad en el
país. En el fondo de esta grave situación
anidan múltiples intereses; una gran ignorancia sobre la naturaleza multidimensional
de los fenómenos delictivos y de otras formas de combate a la inseguridad; así como
la concepción anacrónica de que la delincuencia se combate primordialmente con el
uso de la represión y la violencia estatal, en
una suerte de “guerra al crimen”. La larga
historia de impunidad en nuestro país, tanto
de crímenes por motivos políticos como de
la delincuencia a secas, actúa como un potente abono para esta crítica situación.
Es necesario, en consecuencia, conducir la mirada hacia otras formas de combate
a la inseguridad y la delincuencia que sean
capaces de comprender el carácter integral
del problema, y que se orienten a fortalecer soluciones democráticas y respetuosas
de los derechos de las personas. Algunos de
estos modelos se están explorando en otras
regiones del mundo y en la propia América
Latina, aunque por desgracia, son poco conocidos en nuestro país.
Esto no significa que en México no hayan
existido, y no existan, intentos por construir
políticas de esta naturaleza. Simplemente,
han quedado marginadas por una clase política que en términos generales ha dejado la
solución del problema a manos de quienes
operan la seguridad y la justicia de siempre. Una propuesta, entre otras, que reviste
especial interés por su carácter integral fue
elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, proponiendo los
elementos básicos para el diseño de una política criminológica comprehensiva, racional
y democrática en México con el fin de establecer políticas públicas que den respuesta a
la delincuencia de manera preventiva, y no
reactiva como sucede hoy.
Una política criminológica de tal magnitud debe ser capaz de preveer y no sólo
de reaccionar ante la violencia y la criminalidad. Debe basarse en el registro y análisis
constante de la experiencia colectiva, para
lo cual se requiere de un análisis riguroso
del contexto social en el que se desarrolla el
crimen y la evaluación permanente de los
De esta manera, una política racional en
materia de seguridad pública debe ser capaz
de orientar las acciones colectivas hacia tres
fines básicos independientes entre sí: 1) sancionar al criminal y proteger a la víctima, es
decir, garantizar la justicia; 2) abatir las tasas
delictivas; y 3) ahondar y mejorar las relaciones entre la comunidad y las autoridades.
La Ley de Seguridad Nacional que actualmente se discute en el Congreso debe ser
desechada tal y como se ha dado a conocer,
pues sería un paso más hacia la construcción
de un Estado de excepción institucionalizado, socavando los esfuerzos de tantos años
por consagrar la democracia en nuestro país.
La falta de un sistema de justicia eficaz
está claramente resquebrajando el tejido social y fracturando el Estado de derecho. La
ineficacia procesal del sistema inquisitorio
aún vigente en la mayor parte de la república, así como la inhabilidad de sus operadores para sancionar al criminal y proteger a la
víctima, han dado como resultado los altos
índices de impunidad que padecemos, así
como la generación de mayores incentivos
para la criminalidad.
Disminuir la tasa de violencia y criminalidad en el país requiere mucho más que
aumentar las capacidades de las fuerzas policiacas y militares. Hay que reparar las fallas
procesales y procedimentales del sistema de
justicia para garantizar que personas inocentes no sean inculpadas por crímenes que no
cometieron y que aquellos culpables sean
realmente llevados a prisión. Tenemos frente
a nosotros una gran oportunidad para hacerlo. La reciente reforma constitucional en derechos humanos aunada a la del sistema de
justicia penal de 2008 constituye el andamiaje para construir una política de seguridad
ciudadana basada en el respeto y la garantía
de los derechos y las libertades democráticas.
Una política que convoque a la ciudadanía
a construir un México más justo y solidario,
con instituciones democráticas sólidas y confiables, capaces de abatir los temibles niveles
de violencia y criminalidad que amenazan
con socavar los fundamentos mismos de
nuestra nación y a la par de ello proteger y
garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.
El único camino viable para garantizar
nuestra seguridad como sociedad y como
Estado es el respeto irrestricto a la norma
constitucional, a la separación de poderes
que proporcionan los contrapesos necesarios para el ejercicio del poder y la protección efectiva de los derechos humanos.
y su impacto en los derechos
humanos de la población en
En México la militarización de la seguridad, debida en gran medida a una mayor presencia
de grupos del crimen organizado (entre los que destaca el narcotráfico), ha generado un
contexto complejo y adverso para ejercer, defender y exigir los derechos humanos, afectando
a toda la población y en especial a los grupos de población en situación de vulnerabilidad.
A finales de 2006 el gobierno federal diseñó una estrategia de combate a la delincuencia
basada en la militarización de la seguridad pública, sin atender a las causas sociales que de
fondo han dado origen al aumento de la criminalidad y de la delincuencia. Tal decisión
ha sido muy cuestionada por distintos sectores de la sociedad, particularmente por las organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos, debido a que lejos
de disminuir la espiral de violencia, ésta se ha incrementado de forma alarmante. Aunque
en los últimos cuatro años 50 mil soldados han sido desplegados como parte de las fuerzas
antidrogas, al primer trimestre de 2011 se han contabilizado cerca de 40 mil asesinatos de
personas a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.1
Las Fuerzas Armadas han asumido tareas de seguridad que van más allá del apoyo a las
autoridades civiles y la policía: patrullan las calles, instalan retenes y controles de revisión;
desmantelan centros de distribución de drogas y, realizan arrestos y cateos. En algunos
casos son nombrados titulares de las secretarías de seguridad pública o de las diferentes cor*	Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O. P”. A. C.
1	Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, México, a dos años del Examen Periódico Universal. Balance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la onu, México,
Red tdt, junio de 2011.
La presencia del Ejército en las calles ha incrementado el número
de violaciones a los derechos humanos: de 2006 a 2009, la cndh
emitió más de 40 recomendaciones que, de acuerdo con sus
investigaciones, confirman esos ilícitos.
poraciones policíacas. Esto a pesar de que
se ha insistido de manera reiterada que la
tarea del Ejército es defender al país ante
amenazas externas, preservar la soberanía
y actuar en tiempo de guerra; la seguridad
pública tiene otra naturaleza y es una labor
de fuerzas civiles.
La presencia del Ejército en las calles
ha incrementado el número de violaciones a los derechos humanos. De 2006 a
2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) emitió más de 40
recomendaciones que, de acuerdo con sus
investigaciones, confirman violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.2
La cndh informó a principios de 2011 que
había recibido cerca de 1 500 quejas por
violaciones a derechos humanos de civiles
contra la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), 500 contra la Marina y mil contra la Policía Federal Preventiva. Las quejas
contra estas instituciones militares y de seguridad han aumentado entre 10 y 15% en
los últimos tres años.3
grupos de población en el contexto de la
Desde la perspectiva de algunas autoridades
militares, las y los migrantes ponen en peli-
gro la seguridad nacional al ser personas que
se internan sin documentos al país. Esto las
coloca bajo sospecha y son detenidas arbitrariamente, despojadas de sus pertenencias,
extorsionadas, maltratadas físicamente, discriminadas y en muchas ocasiones sometidas a
abusos físicos y sexuales. En la frontera sur,
en entidades como Chiapas, organizaciones civiles han observado el incremento de
personas migrantes cometidas no sólo por delincuentes, sino por autoridades migratorias
y miembros del Ejército que se coluden con
redes de trata de personas y traficantes.
Desde hace varias décadas existen zonas
del país militarizadas. Estas regiones tienen,
entre otros, dos aspectos en común: la riqueza de sus recursos naturales y la presencia
de pueblos y comunidades indígenas. Estos
pueblos son amenazados u hostigados debido a que defienden su tierra y la riqueza
natural que allí se encuentra. Organizaciones civiles establecidas en los estados de
Guerrero y Chiapas, por ejemplo, reportan
que los militares controlan vastas zonas del
territorio, instalan retenes, realizan cateos y
detenciones y en muchas ocasiones operan
al margen de la ley civil, en total impunidad y coludidos con caciques y autoridades
civiles locales. Violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos sexuales son
2	Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, Observaciones preliminares sobre la visita
al Estado mexicano realizada del 18 al 31 de marzo de 2011, México, onu, 2011.
3	Rocío Adriana Aguilar, “Hasta mil 500 quejas recibe la cndh en contra de la Sedena”, en El Sol de Zacatecas, publicado el 15 de marzo de
2011, disponible en <http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2004364.htm>, página consultada el el 6 de julio de 2011.
cometidas por militares. Como un ejemplo
tenemos los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, mujeres indígenas
que fueron víctimas de violación sexual por
miembros del Ejército mexicano y que a pesar de contar hoy con una sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh), en contra del Estado mexicano, no han logrado que sus victimarios
Las mujeres y los hombres jóvenes son
un grupo de la población discriminado por
la sociedad y las autoridades debido a que
son vistos como probables o futuros delincuentes. Se les juzga por su forma de vestir,
hablar o comunicarse; por su apariencia y
por su comportamiento. Un asunto en verdad delicado es que en un contexto de crisis
económica, en donde los derechos humanos de las juventudes están muy limitados,
en especial la educación y el trabajo, hay
jóvenes que se suman a las filas del narcotráfico. Algunos más son víctimas mortales
de los enfrentamientos entre el Ejército o
los cuerpos de seguridad y el crimen organizado; convirtiéndose en lo que de acuerdo
con la Sedena se llaman “daños colaterales”, término utilizado para identificar a los
civiles víctimas de esta “lucha frontal” contra la delincuencia.4
En un gran número de los asesinatos de
jóvenes en el contexto de la guerra contra el
narcotráfico, autoridades locales, estatales y
sobre todo las federales se han apresurado a
descalificar a las víctimas, señalando que se
trata de jóvenes que participan en bandas de
delincuentes o que están vinculados con el
pública no ha logrado disminuir
la inseguridad en el país.
Por el contrario, ha propiciado
un ambiente que favorece que
las autoridades se deslinden de
sus responsabilidades acusando
de todo mal, de todo crimen,
a la delincuencia organizada
o al narcotráfico.
narcotráfico. Con ello buscan justificar los
errores que comete el Ejército o los cuerpos
de seguridad pública. La guerra contra el
narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, hasta febrero de 2010 tiene un saldo
de más de cuatro mil niños y adolescentes
muertos, en la orfandad o que han sido reclutados por sicarios. De diciembre de 2006
a marzo de 2009, 110 niños murieron en
fuego cruzado entre fuerzas militares y de
seguridad e integrantes de la delincuencia
organizada. En ese periodo, los menores de
edad asesinados se cuentan en 63, mientras
que 427 fueron reclutados por sicarios.5 En
la segunda semana de 2010 el número de
personas ejecutadas por el crimen organizado ya sobrepasaba las 50 víctimas: alrededor
de 40% de ellos son jóvenes menores de 25
años de edad, incluyendo mujeres.6
4	Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O. P.” A. C., Derechos Humanos de las Juventudes en México 2010, México,
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O. P.” A. C., 2010.
5	Red por los Derechos de la Infancia en México, Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, México, Redim, 2010.
6	Ileana Álvarez, “El crimen organizado: ¿fuente de empleo para los jóvenes?”, en Panorama de Baja California, revista en línea disponible
en <http://www.panoramadebc.com/hemeroteca/65-febrero-2010/528-el-crimen-organizado-ifuente-de-empleo-par>, página consultada el 6 de julio de 2011.
no ha logrado disminuir la inseguridad en
el país. Por el contrario, ha propiciado un
ambiente que favorece que las autoridades
se deslinden de sus responsabilidades acusando de todo mal, de todo crimen, a la
delincuencia organizada o al narcotráfico.
Por otra parte, el gobierno federal se niega
a reformar el Código de Justicia Militar para
acabar con el fuero militar y que deja en la
impunidad a un gran número de casos de
violaciones a derechos humanos. Preocupan por supuesto las reformas a la Ley de
Seguridad Nacional las cuales pretenden
legalizar las acciones que, de acuerdo con
los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos, no debiera
realizar el Ejército dentro de la seguridad
Frente a este panorama de militarización de la seguridad pública y violaciones a
los derechos humanos, algunas organizaciones civiles han apuntado hacia la necesidad
de cambiar el enfoque militarista de la seguridad nacional por una seguridad ciudadana, pues ésta parte de la idea de construir
mayores niveles de ciudadanía, poniendo
como centro y eje de toda acción gubernamental a las personas, de manera que se fortalezca el Estado de derecho.7
7	Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, publicado el 31 de
o fractura nacional**
Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria.
Pero tal vez no, todavía no, aún no, a pesar de la inconmensurable necesidad,
a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la
ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión.
(Nuestro) peso es (nuestro) amor; a donde quiera que se (nos) lleve,
es él quien nos lleva. (Ese) don que proviene de (nosotros)
nos inflama y nos eleva: (nosotros) ardemos. Vamos.
Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde
ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese
emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo
de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan, a
esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico
en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan. Hemos llegado aquí para
volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompaña la
desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos
ayuden a alumbrar el camino.
Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con
qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un
muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron
el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de
María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y
ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni
serán nunca los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en
los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos
*	Poeta, periodista y activista mexicano.
**	Discurso leído en el Zócalo de la ciudad de México, en el marco de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.
ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia,
la dignidad y la balbuciente democracia que
estamos perdiendo; para decirnos y decirles
que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas,
para mostrarles a los señores de la muerte
que estamos de pie y que no cejaremos de
defender la vida de todos los hijos y las hijas
de este país; que aún creemos que es posible
rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.
Si no hacemos esto, solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa
llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y de engaño,
donde reinan los señores de la muerte, de la
ambición, del poder y de la complacencia y
la complicidad con el crimen.
Todos los días escuchamos historias
terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿cuándo y en dónde perdimos
nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror
no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no
es el México de nuestros maestros, pero sí
lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo
mejor de sus vidas para construir un país
más justo y democrático, pero sí lo es; esta
casa donde habita el horror no es el México
de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de
Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur, de esos pueblos
mayas que engarzan su palabra a la nación,
y de tantos otros que nos han recordado la
dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y las mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad
sostenerse y sostener a sus familias, pero sí
lo es; no es el de los poetas, de los músicos,
de los pintores, de los bailarines, de todos
los artistas que nos revelan el corazón del
ser humano y nos conmueven y nos unen,
pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa,
está rodeada de grandezas, pero también de
grietas y de abismos que al expandirse por
descuido, complacencia y complicidad nos
han conducido a esta espantosa desolación.
Son esas grietas, esas heridas abiertas,
y no las grandezas de nuestra casa, las que
también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con
nuestros dolores y nuestro amor, para decirle a las autoridades y a los poderes de esta
nación, directamente a la cara, que tienen
que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos –a
esos que la maldad del crimen ha asesinado
de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas
comunes de un silencio ominoso que nunca
será el nuestro–; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los
llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas
policiacas han negado y quieren continuar
negando. Una realidad que los criminales,
en su demencia, buscan imponernos aliados
con las omisiones de los que detentan alguna
forma de poder.
Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos
políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos
con el crimen y tienen al Estado maniatado
y cooptado al usar de sus instrumentos para
erosionar las mismas esperanzas de cambio
de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el Ejército, la Armada, las
iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y
carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres
y mujeres indefensos, para nuestros her-
manos migrantes de Centroamérica? ¿Por
qué nuestras autoridades y los partidos han
aceptado, en Morelos y en muchos estados
de la república, que gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes
y continúen en las filas de los partidos y a
veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se
permitió que diputados del Congreso de la
Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia acusado de tener vínculos
con el crimen organizado y lo introdujeron
al recinto que debería ser el más honorable
de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo, y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad
criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por
qué se permitió al presidente de la república y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que
nos ha costado 40 mil víctimas y millones
de mexicanos abandonados al miedo y a la
incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer
pasar a espaldas de la ciudadanía una ley
de seguridad que exige hoy, más que nunca
una amplia reflexión, discusión y consenso
ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional
no puede reducirse a un asunto militar.
Asumida así es y será siempre un absurdo.
La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia
del Congreso y sus tiempos convertidos en
chantajes administrativos y en banal cálculo
político. ¿Por qué los partidos enajenan su
visión política y piden la reforma política y
bloquean los instrumentos legales que permitirían a la ciudadanía una representación
digna y eficiente que controle todo tipo de
abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido
la revocación del mandato ni el voto blanco
ni el plebiscito?
Estos casos criminales, porque son formas de la criminalidad disfrazada de legalidad –y de estos casos hay cientos de la misma
Si hemos caminado en silencio
es porque nuestro dolor es tan
grande y profundo y porque a
través de él les decimos a las
autoridades, a quienes tienen la
de este país, que no queremos
un muerto más a causa de esta
confusión creciente que sólo
busca asfixiarnos.
o de mayor gravedad– ponen en evidencia
que los partidos políticos, el pan, el pri, el
prd, el pt, Convergencia, Nueva Alianza,
el Panal, el Verde, se han convertido en una
partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos existen
vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza
honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas
elecciones ¿por qué cártel y por qué poder
fáctico tendremos que votar? ¿No se dan
cuenta los partidos y toda la clase política de
que con esa forma están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la
voluntad popular que mal que bien los llevó
a donde hoy se encuentran?
Los partidos políticos debilitan nuestras
instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado, y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de
la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia
Ante el avance del hampa vinculada con
el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume,
junto con la mayoría de la mal llamada clase
política, que hay sólo dos formas de enfrentar
esa amenaza: administrándola ilegalmente
como solía hacerse y se hace en muchos lugares, o haciéndole a la guerra con el Ejército en las calles como sucede hoy. Ignoran
que la droga es un fenómeno histórico que,
descontextualizado del mundo religioso al
que servía, y sometido ahora al mercado y
sus consumos, debió y debe ser tratado como
un problema de sociología urbana y de salud
pública, y no como un asunto criminal que
debe de enfrentarse con la violencia. Si siguen haciéndolo así, se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el
dinero y el poder como premisas absolutas –y
ellos son unos maestros de esa enseñanza–
que deben conquistarse por cualquier medio
y a cualquier precio.
Este clima ha sido tierra fértil para el
crimen que se ha convertido en cobros de
piso, secuestros, robos, tráfico de personas
y en complejas empresas para delinquir y
apropiarse del absurdo modelo económico
de tener siempre más a costa de todos.
A esto, ya de por sí terrible, se agrega
la política norteamericana. Su mercado
millonario del consumo de la droga, sus
bancos y empresas que lavan dinero con la
complicidad de los nuestros, y su industria
armamentista –más letal, por contundente
y expansiva, que las drogas–, cuyas armas
llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen
el crecimiento de los grupos criminales, sino
que también los proveen de una capacidad
inmensa de muerte. Los Estados Unidos han
diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado
¿Cómo reestructurar esta realidad que
nos ha puesto en un estado de emergencia
nacional? El problema es complejo y es un
desafío muy, muy grande, pero México no
puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones
internas y nos fracture hasta hacer casi inaudible el latido de nuestros corazones que es
el latido de la nación. Por eso le decimos a
los poderes políticos que es urgente que los
ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos,
los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los científicos, los artistas, las
iglesias, los empresarios, las organizaciones
civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y
dignidad, que le permita a la nación rehacer
su suelo, un pacto en el que reconozcamos y
asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros
niños recuperar su presente y su futuro, para
que dejen de ser las víctimas de esta guerra
o el ejército de reserva de la delincuencia.
Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país
se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los
que hoy estamos reunidos en el zócalo de
la ciudad de México y en otros estados de la
Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán
vacías de sentido y de dignidad, sino que las
elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas
las fosas en donde, como en Tamaulipas y
Durango, están enterrando la vida del país.
Estamos, pues, ante una encrucijada sin
salidas fáciles, porque el suelo en el que una
nación florece y el tejido en el que su alma
se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger
muchas respuestas de la sociedad civil –el
cual se firmará en Ciudad Juárez, el rostro
más visible de la destrucción nacional y en
lo que puede convertirse todo el país– y de
cara a los nombres de nuestros muertos y
lleno de un profundo sentido de lo que una
paz digna significa.
Yo quisiera que hiciéramos un silencio
de más de cinco minutos en memoria de
nuestros muertos, de la sociedad cercada
por la delincuencia y un Estado cooptado
y omiso, y como una señal de la unidad y
de la dignidad de nuestros corazones que
llama a todos a refundar a la nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en
donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido,
es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común
que nadie tiene en propiedad y de la que, si
sabemos escuchar, puede nacer la palabra
que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra
casa: México.
Seis puntos del Pacto Nacional
Exigimos poner
fin a la estrategia de guerra y
asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
corrupción y la
combatir la raíz
Exigimos la atención
a la juventud y
de recuperación del
y democratización
ejercer ciudadanía,
hacer paz
Karime Suri Salvatierra*
El 8 de mayo de 2011 una parte importante de la sociedad hizo eco de la convocatoria de
Javier Sicilia quien, hasta antes de la muerte de su hijo Juan Francisco, dedicaba su quehacer
profesional a la poesía; tal vez por eso el “estamos hasta la madre” logró conmover y articular
a personas tan diversas. Más allá de factores socioeconómicos y generacionales, la diversidad
se advertía en ese bricolaje que culminó su andar desde Cuernavaca y mostró su voz esa tarde
en el zócalo del Distrito Federal.
Esa fecha será para muchos el inicio de un movimiento que visibilizó a numerosas víctimas
que llegaron a esa condición como resultado de la impunidad, la corrupción, el abuso de
poder y de una supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, presentada
está última como “la estrategia” en materia de seguridad del gobierno federal.
Quizá es pertinente recuperar una serie de reflexiones formuladas como parte de un
foro1 que tuvo como objetivo mostrar que no hay violencia si no violencias, en plural, y que
éstas son resultado de una serie de factores económicos, políticos, sociales y culturales. Ahí,
Clara Jusidman expone que en México se ha “tratado de curar la violencia mediante medidas de contención y el uso de la fuerza del Estado”, siendo así que “esta forma de enfrentar la
violencia está violentando aún más la precariedad de la convivencia y conlleva la violación
de los derechos humanos de amplios grupos de la población a los que con facilidad se les
atribuye una culpabilidad no sustentada, tan sólo por tener ciertas características […]”.2
Con este escenario y en la lógica de abonar para que como sociedad en su conjunto
asumamos que las violencias son un hecho al que debemos buscar alternativas de solución,
un grupo de organizaciones civiles que conformamos el Espacio Social para el Diálogo
*	Directora ejecutiva de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), A. C.
1	Con referencia al Foro Interdisciplinario Orígenes de la Violencia en México realizado en el Museo Nacional de Antropología los días 1 y 2
de diciembre de 2009, el cual fue organizado por Incide Social, A. C., y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (Conavim).
2	Clara Jusidman, Introducción, en Foro Interdisciplinario Orígenes de la Violencia en México, México, Incide Social, A. C./Conavim, 2010,
Una vía ciudadana hacia la paz implica la edificación de espacios
participativos, incluyentes y transformadores, donde el único fin
sea la erradicación de las violencias como forma de vida.
Estratégico,3 elaboramos una propuesta que
denominamos Cinco compromisos para la
acción ciudadana responsable.4
Después de la marcha: cinco compromisos
para la acción ciudadana responsable
A continuación se presentan, de manera breve, una serie de acciones que desde
nuestro actuar cotidiano podemos practicar
en el afán por ejercer nuestra ciudadanía y
con el objetivo de recuperar lazos comunitarios y de fortalecer el tejido social.
1)	El primer compromiso es tratar de mantenernos informados,** lo que implica asumir que no podemos quedarnos
sólo con una versión de un hecho, si
no que hay que buscar fuentes diversas
de información para que así estemos en
la capacidad de constituirnos una posición crítica y reflexiva, sobre todo en lo
concerniente al tratamiento de las violencias en los medios de comunicación,
sobre todo en los electrónicos.
2)	No aceptar a las violencias como un destino, esto es, comprender que nuestra
vida debe llevarse en condiciones de
dignidad y no de violencias y, que todos
tenemos la capacidad de decir alto a la
impunidad, exigiendo tanto a nuestras
autoridades locales como estatales y federales el esclarecimiento de crímenes y
la reparación del daño para las víctimas
3)	Convertirnos en constructores de entornos
de vida y de paz fomentando diálogos respetuosos entre nuestros pares, propiciando el rescate de espacios públicos que nos
permitan el encuentro y el esparcimiento
en nuestros barrios, colonias y pueblos.
4)	Aprender a ser constructores de paz capacitándonos en derechos humanos, libertad de expresión, fomentando la justicia
y la paz como una forma de vivir la vida.
5)	Propiciamos la creación de un mundo
mejor asumiendo que las diferencias
existentes entre los seres humanos no
son sinónimo de desigualdad y exclusión
y promoviendo que estas diferencias requieren la creación de servicios sociales,
desde la armonización legislativa, que se
transparenten las acciones de gobierno y
que haya plena rendición de cuentas.
Una vía ciudadana hacia la paz
Es imprescindible que nos involucremos
como actores con todas las potencialidades
3	Espacio Social para el Diálogo Estratégico es un colectivo de organizaciones civiles en el que participan: Católicas por el Derecho a
Decidir; Cauce Ciudadano; Centro Lindavista; Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; Organización Popular Independienteopi (Ciudad Juárez); Red por los Derechos de la Infancia; Incide Social, A. C.; Ririki Intervención Social; Sin Fronteras, I. A. P.; Instituto de
Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia; Foro del Jóvenes con Liderazgo, y cimac.
4	Véase Cinco compromisos para la acción ciudadana y responsable en <www.incidesocial.org>, página consultada el 14 de julio de 2011.
**	Las cursivas son énfasis de la autora.
y construir una vía ciudadana hacia la paz
propiciando la elaboración de una serie de
pactos políticos más allá de las figuras y presencias gubernamentales.
Una vía ciudadana hacia la paz implica
la edificación de espacios participativos, incluyentes y transformadores, donde el único
fin sea la erradicación de las violencias
como forma de vida, en donde los compromisos sean colectivos, se discuta la creación
de poderes no arbitrarios y otros modelos de
para desactivar los conflictos; esa es una de
las premisas que desde hace varios años se ha
incorporado al movimiento de paz de Colombia.
Este posible movimiento social que encabeza Javier Sicilia y en el que participan
muchas y muchos más, víctimas y personas
que aún no lo son pero que de no hacer algo
podrían serlo, puede llegar a ser el inicio de
la toma de conciencia que necesitamos en
el país para colocar un alto a la violencia,
así como lo ejemplifica el caso colombiano,
Celebra cdhdf resoluciones de
la scjn; amplían la protección de
Tras calificar como histórica la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) que
determinó excluir de la justicia militar y asignar a los tribunales ordinarios los casos de violaciones a
los derechos humanos cometidos por militares, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), celebró que las y los magistrados hayan ido más allá
al resolver, además, que las y los jueces del país acaten los instrumentos internacionales en materia de
El ombudsman capitalino dijo que este fallo establece un precedente importante acerca de la obligación del Estado mexicano de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) y de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. “Esta resolución plantea
un cambio necesario en el corto plazo en la cultura jurídica nacional, mucho más encaminada hacia el
respeto pleno a los derechos humanos de quienes habitan y transitan por México.”
Expresó que la decisión de la scjn también crea una sinergia importante con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó el 10 de junio pasado en el Diario Oficial de
la Federación. “La resolución coloca un criterio de la scjn y vincula a todos los juzgadores de todos los
niveles en el país con la interpretación y aplicación de los tratados internacionales, lo cual me parece una
decisión de lo más afortunada”, afirmó.
Por lo anterior, consideró necesario e inminente la capacitación de las y los juzgadores, y señaló que
“el que la Corte lo diga, ya termina con las interpretaciones que se hacían y que dejaban esa tarea al
Máximo Tribunal del país”.
González Placencia reiteró que espera que la resolución de la scjn redunde en la generación de
condiciones que permitan cumplir efectivamente a cabalidad lo que solicitó la Corte idh en cuatro
sentencias dictadas entre 2008 y 2010 contra México, que es justamente en cuanto a someter ante órganos de justicia civil a los elementos de las Fuerzas Armadas que cometan violaciones a los derechos
La cdhdf considera que las decisiones de la scjn fortalecerán la garantía de los derechos y coadyuvarán al cumplimiento cabal de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano
de acuerdo con su artículo 1º constitucional –recientemente reformado–, en el que se hace el reconocimiento de los tratados internacionales, la interpretación conforme a ellos y el principio pro persona,
Asimismo, en este sentido, la scjn determinó por unanimidad de votos que las sentencias condenatorias de la Corte idh son obligatorias para el Poder Judicial Federal, frente a las sentencias dictadas en
contra del Estado mexicano y aún pendientes de cumplimiento para los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, y Cabrera García y Montiel Flores.
De esta manera, el Máximo Órgano resolvió que las y los jueces deben replicar en casos futuros la restricción al fuero militar en cumplimiento a la sentencia Radilla Pacheco y en aplicación del artículo 1º
constitucional; y que para la efectividad de dicho cumplimiento la scjn deberá reasumir su competencia
originaria para conocer de los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
A decir del ombudsman capitalino, con las decisiones emitidas por la scjn, se confirma que en México
a la cidh a favor de personas
migrantes y sus familias
Como lentos y erráticos calificó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(cdhdf), Luis González Placencia, a los procesos oficiales de identificación de los restos de personas
migrantes víctimas de la violencia en el norte del país.
En conferencia de prensa, convocada antes de reunirse con el relator especial sobre Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh),
Felipe González Morales, el ombusman capitalino dijo que el gobierno mexicano no ha logrado prevenir
la repetición de este tipo de hechos “considerados como sistemáticos y generalizados”.
El ombudsman capitalino insistió en que los crímenes cometidos en contra de la población más
vulnerable de México y Centroamérica, requieren de la atención urgente por parte de los Estados y de
Asimismo, lamentó que hasta la fecha se desconozcan los resultados de las investigaciones realizadas
por el gobierno mexicano sobre el hallazgo de 72 cuerpos de personas migrantes masacradas y enterradas
en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas: “destaca, por su gravedad, que dos familias hondureñas recibieron cuerpos de personas que no eran sus parientes”, dijo.
González Placencia agregó que 14 cuerpos no identificados fueron trasladados del Distrito Federal a
Toluca, Estado de México, para dar cabida a otros 193 cuerpos encontrados en otras 46 fosas clandestinas
más ubicadas en el municipio de San Fernando.
Lo anterior ocurrió a pesar de que las carreteras y caminos a San Fernando estaban siendo vigiladas
por 516 elementos de la Policía Federal, 2 035 miembros del Ejército, 750 de la Marina, y por policías
locales, pues desde diciembre de 2007 había iniciado el operativo Tamaulipas-Nuevo León.
“Es incomprensible que hayan sido secuestrados varios camiones de pasajeros sin que las autoridades
se percataran de lo que estaba sucediendo”, cuestionó González Placencia.
Las medidas cautelares propuestas al relator fueron consensuadas por la cdhdf, la Procuraduría de
Derechos Humanos de Guatemala, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos
de El Salvador (Cofamide); el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih); el Instituto
para las Mujeres en la Migración (Imumi); la Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia, A. C.;
y Humanidad Sin Fronteras, A. C.; Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, A. C.; Sin Fronteras
I. A. P.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A. C.; y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
En su intervención en la conferencia, el padre Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante de
Saltillo, Frontera con Justicia, A. C., recordó que desde hace ocho meses acudieron a la cidh, junto con
otras organizaciones de la sociedad civil, preocupados y con la incertidumbre del paradero de miles de
migrantes secuestrados, y dijo: “ahora, con los acontecimientos de las 72 personas migrantes masacradas
en San Fernando, nos acompaña la indignación, el dolor y la tristeza, porque ya no reclamamos desaparecidos, sino cadáveres”.
“Lo que denunciábamos como desaparición, ahora los denunciamos como exterminio, como eliminación, como holocausto. Presentamos la masacre de los 72 migrantes y el hallazgo de las fosas de San
Fernando como el paradigma histórico de la migración, en cuanto a crueldad social”, reclamó.
El derecho al duelo y a encontrar los restos de sus seres queridos, advirtió el padre Pantoja, reclama
también hoy la protección del Estado mexicano para los familiares que vienen en caravana en busca de
los cuerpos de sus hijos y hermanos desaparecidos.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho, manifestó su temor de que los cuerpos no se identifiquen conforme a los estándares científicamente reconocidos y que sean entregados a familias a las que no pertenecen, o se pierdan o destruyan
las evidencias básicas para la investigación, lo cual imposibilite la sanción de los hechos y la reparación
Dijo que se tienen reportes sobre que las familias de las víctimas no están recibiendo la atención de
las autoridades investigadoras, además de que ellas se han tenido que transportar por sus propios medios
a los lugares donde han sido encontrados los cuerpos de las personas migrantes nacionales y de Centroamérica, corriendo los mismos riesgos al no tener una mejor respuesta de sus gobiernos, incluyendo los
de los estados de la república mexicana.
Perseo Quiroz, abogado de Sin Fronteras, I. A. P., señaló que las garantías de la vida, la libertad, la
privacidad y la intimidad de las víctimas de los delitos, requiere de la voluntad y trabajo conjunto de los
países involucrados, a través de un sistema de información y de protocolos que garanticen la adecuada
y efectiva procuración de justicia. Las medidas buscan evitar un daño irreparable –en términos de vida,
integridad y acceso a la justicia– de los familiares de las víctimas y de las y los testigos relacionados con
los hechos ocurridos en la entidad tamaulipeca.
Mónica Salazar, del Imumi, dijo que se debe investigar el lugar que han ocupado las mujeres y niñas
en este tipo de hechos, para conocer el impacto que han tenido como víctimas directas e indirectas.
La situación de la violencia
Edgar A. Gómez Jaimes*
Antes de describir la situación que atraviesa México hoy en día, es necesario establecer alguna
premisa sobre los modelos de seguridad y sus distintas dimensiones, es decir, plantear un
concepto de seguridad amplio que implique una definición no sólo jurídica sino también
filosófica y política, cuyas características estarán ligadas al tipo de Estado del que se trate.
Así, en uno democrático de derecho el enfoque para construir el concepto tenderá a establecer
un equilibrio entre la preservación de la seguridad sin menoscabar los derechos humanos, es
decir, un modelo de seguridad ciudadana en donde las personas se encuentren no sólo en el
centro de las políticas públicas en la materia sino también en el proceso legislativo.
Ahora bien, en los últimos años el concepto de seguridad evolucionó en México, sobre
todo en su dimensión de seguridad pública. Primero, según la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y antes de su reforma de 2008, al establecerla como
una función del Estado para preservar el orden y la paz públicos, hasta llegar al concepto
vigente expresado en su artículo 21 como “una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias”. Además, dicho
artículo señala que
la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos […] Las instituciones
de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir
los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.1
Por otra parte, existe una evolución dentro del esquema de los derechos humanos en el contexto
de la seguridad en el derecho constitucional mexicano, sobre todo a raíz de la reciente reforma
*	Asesor en litigio estratégico de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf); experto en derecho
penal internacional y derecho internacional humanitario.
1	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917,
artículo 21, párrafos noveno y décimo. Las cursivas son del autor.
a la cpeum en materia de derechos
humanos.2 Este esquema de protección se vuelve incompatible con el
modelo de seguridad vigente que
prioriza la restricción de garantías
con fundamento en la inseguridad
que existe en nuestro país.
También es incompatible este
modelo de seguridad con la cpeum
en lo relativo al uso de la fuerza y
su aplicación en el sistema de seguridad pública o de seguridad nacional. En este sentido, para que
alguna o algún servidor público
encargado de hacer cumplir la ley
(o miembro de alguna corporación
policial) recurra al uso de la fuerza
dentro del alcance de la seguridad
pública3 la situación debe de ser:
necesaria –se recurrirá al uso de la
fuerza únicamente cuando, después de utilizar los medios noviolentos, no haya logrado cumplir el
fin lícito de la aplicación de la ley–,
e inevitable –cuando la o el servidor público se vea obligado a emplear la fuerza, es decir, cuando al
hacer una evaluación rápida de la
situación, no pueda actuar de otra
manera–; además, el proceder de
las y los servidores públicos debe
ser con un fin lícito de la aplicación de la ley. Este marco jurídico
que rige la actuación policial fue
corroborado por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (scjn) en
la resolución del caso Atenco.4
Lo anterior determina, por una
parte, que el uso de la fuerza es un
medio y no un fin; y por la otra,
que la regla general es la prohibición del uso de la fuerza y que el
empleo de ésta es una situación
Por otro lado, el artículo 89,
fracción vi, constitucional establece la facultad del Ejecutivo federal
para “preservar la seguridad nacional […] y disponer de la totalidad
de la fuerza armada permanente o
sea del Ejército, de la Armada y de
la Fuerza Aérea para la seguridad
interior y la defensa exterior”,5 lo
cual no implica el derecho a emplear la fuerza en contra de la población civil.
Como se ha entendido hasta
ahora la seguridad nacional es un
sistema de intercambio de información. Esto se corrobora al observar
que la Ley de Seguridad Nacional
“tiene por objeto establecer las
bases de la integración y acción
coordinada de las instituciones y
autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional […] la
forma y términos en que las autoridades de las entidades federativas y
los municipios colaborarán con la
federación en dicha tarea”.6
En este sentido, la seguridad
nacional en su dimensión de seguridad interior es equiparable a la
situación de un conflicto armado
interno, que se entiende cuando
se recurre a la fuerza armada entre
Estados, o a la violencia armada
prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados
organizados; es decir, se aplican
las disposiciones que regulan lo
relativo a los conflictos armados,
como la protección a la población
civil y a los soldados puestos fuera
de combate por un lado, y los medios y métodos para hacer la guerra
por el otro.7
Dicho conflicto se determina
por su intensidad, por la organización de las partes8 y porque se
diferencia de las situaciones de
tensiones internas y de disturbios
interiores,9 mientras que en su
2	Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo i del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
3	Estas directrices se encuentran enunciadas en el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979; Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana,
Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, onu Doc. A/CONF.144/28/Rev.1, p. 112; onu, Derechos humanos y aplicación de la ley. Manual de capacitación en
derechos humanos para policía, Nueva York y Ginebra, oacnudh, 1997; Servir y proteger. Derecho de los derechos humanos y derecho humanitario para las fuerzas
de policía y de seguridad, Comité Internacional de la Cruz Roja, 1999; “El uso de la fuerza: un estudio comparado”, en Accountability. Sistema policial de rendición de
cuentas, México, Despacho de Ingeniería Cultural, S. C., 2005; Derechos humanos y aplicación de la ley. Guía para instructores en derechos humanos para policía,
Nueva York y Ginebra, oacnudh, 2004; y Normativa y práctica de los derechos humanos para la policía. Manual ampliado de derechos humanos para policía, Nueva
York y Ginebra, oacnudh, 2003.
4	Suprema Corte de Justicia de la Nación, Expediente 3/2006, Resolución del 12 de febrero de 2009.
5	cpeum, artículo 89, fracción vi. Las cursivas son del autor.
6	Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005; última reforma publicada el 26 de diciembre de 2005, artículo 2º.
7	Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Tadic vs. Fiscal, Sentencia del 7 de mayo de 1997, p. 70; y Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Boskoski vs. Fiscal, Sentencia del 10 del julio de 2008, p. 175.
8	Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Boskoski vs. Fiscal, op. cit., p. 175.
9	Ibidem, p. 185.
dimensión de defensa del exterior corresponde a la situación de
un conflicto armado internacional
que existe cuando hay ocupación,
total o parcial, en el territorio de
otro Estado al intervenir con sus
tropas –intervención directa– o
cuando una parte en conflicto actúa en representación de otro Estado –intervención indirecta–.10
La intervención indirecta se demuestra con el control global, que
implica que el Estado representado posee un rol en la organización, coordinación o planeación
de las acciones militares del grupo, aunado al financiamiento, entrenamiento y equipamiento.11
En estos últimos supuestos se
deben tener presente los artículos
29 y 129 de la cpeum. El primero
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que
ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, solamente
Unidos Mexicanos, de acuerdo con las y los titulares de las
secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del
Congreso de la Unión o de la
Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido,
podrá restringir o suspender en
todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los dere-
chos y las garantías que fuesen
obstáculo para hacer frente,
rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por
un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales
y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar
hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias
para que el Ejecutivo haga
frente a la situación; pero si se
verificase en tiempo de receso,
se convocará de inmediato al
Congreso para que las acuerde.12
El artículo 129 es muy claro al reconocer que “en tiempo de paz,
ninguna autoridad militar puede
ejercer más funciones que las que
tengan exacta conexión con la
disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y
permanentes en los castillos y fortalezas y almacenes que dependan
inmediatamente del Gobierno de
la Unión”.13
La concepción con la que
están diseñadas las normas de la
Constitución distingue de manera clara las distintas dimensiones
de seguridad, desde la seguridad
pública que debiera orientarse a
una seguridad ciudadana, hasta la
seguridad nacional y su dimensión
de seguridad interior y defensa
exterior. Esto se relaciona con la
nueva disposición del artículo 1º
constitucional que hace referencia
al respeto del marco regulatorio
nacional e internacional en materia de protección a los derechos
humanos. Ello es así en razón de
que existe un marco regulatorio
constitucional específico para la
materia de seguridad nacional y
otro para la pública. Esta distinción se justifica en razón de quién
tiene la titularidad de las acciones
jurídicas, pues en el caso de la seguridad pública es el Ministerio
Público y las instituciones policiales; mientras que para el caso de la
seguridad nacional, conforme lo
establece la legislación vigente, es
un sistema de intercambio de información. La seguridad interior y la
defensa nacional en sus fases interior o exterior pueden ser encomendadas a las fuerzas armadas, con las
restricciones que la misma Constitución establece.
Esta diferencia es clave para la
consolidación de uno de los principios en que se funda el Estado
mexicano: la supremacía del poder civil sobre el poder militar, lo
que caracteriza a un Estado democrático de derecho.
Descrito entonces el modelo
de seguridad, se hace indispensable contextualizar la situación de
violencia que actualmente existe
en México y que tuviera su origen
principal en la política de seguridad implementada por el actual
10	Corte Penal Internacional, Katanga y Chui vs. Fiscal, Decisión del 30 de septiembre de 2008, p. 238.
11	Corte Penal Internacional, Kabanga vs. Fiscal, Decisión del 29 de enero de 2007, pp. 210-211.
12	cpeum, artículo 29.
13	cpeum, artículo 129.
Fotograf铆a: Ernesto G贸mez/cdhdf.
gobierno federal a su llegada al poder, en la cual se reportan más de
41 567 muertos durante los últimos
cuatro años, esto es, de abril de 2006
hasta febrero de 2011. Además, “de
los primeros meses de 2001 hasta la
última semana de junio se reportan
1 345 ejecuciones relacionadas con
el crimen organizado”, que incluyen efectivos policiacos locales y
federales, miembros del Ejército,
narcotraficantes, sicarios y personas de la sociedad civil.14
Además, el secretario de la Defensa Nacional reconoció que entre
2000 y 2007 desertaron de las fuerzas armadas 112 244 efectivos.15 Y
en el Informe del estado de la seguridad pública en México presentado
el 21 de enero de 2010 por el secretario de Seguridad Pública federal,
Genero García Luna, ante la Comisión Permanente se asegura que
en México hay una fuerte campaña
contra los traficantes de drogas por
lo cual se ha enviado a 45 000 soldados y 20 000 agentes a combatirlos en diversos puntos del país.16
Los altos niveles de inseguridad en nuestro país ayudan a fundamentar las políticas de mano
dura, que durante los últimos treinta años escalan en intensidad y gasto sin que se vislumbre una mejora
sustancial en la materia; además
de justificar dicha actuación con
el argumento de la seguridad pública primero, y después con el de
la seguridad nacional, a partir de la
determinación de que el narcotráfico representa una amenaza, por
lo que es necesaria la intervención
Es importante señalar que, con
independencia del concepto que
se emplee para describir la situación de la violencia en México, los
índices de ésta ocasionaron que la
fuerza policial resultara insuficiente para enfrentarla, situación que
derivó en la presencia de la fuerza armada en algunos sectores del
país para desempeñar funciones
Desde luego, la debilidad institucional del Poder Judicial, del
Ministerio Público, de las policías
y del sistema penitenciario, sumados a la centralidad de una política
represiva y no preventiva, crean el
escenario ideal para una intervención militar cada vez más intensa
que confirma que asignar la seguridad a las fuerzas armadas genera
violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Esto se ratifica cuando se analiza el incremento de las quejas
presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(cndh) contra militares por violaciones a los derechos humanos.
2008 2009 200920102009
389389 389
376 376376
quejasquejas
Fuente: Benito Jiménez, "Aumentan 400% quejas a Ejército" en Reforma, 12 de mayo de 2010.
14	Mauricio Laguna, “Narcotráfico y violencia en México, una combinación peligrosa”, en Acento Veintiuno, lunes 6 de junio de 2011, disponible en <www.acentoveintiuno.
com/?Narcotrafico-y-violencia-en-Mexico>, página consultada el 13 de junio de 2011.
15	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio
de Felipe Calderón, México, Centro Prodh, 2009.
16	Genaro García Luna, Informe del estado de la seguridad pública en México, México, sspf, 21 de enero de 2010.
Los retenes militares merecen
un apartado especial. De 2007 al 30
de noviembre de 2008 hay 17 casos
registrados (siete en 2007 y 10 en el
periodo estudiado de 2008) en los
que civiles han sido agredidos en
retenes, sobre todo recibiendo impactos de arma de fuego por “no detenerse” ante la revisión, resultando
algunas privaciones arbitrarias de la
vida en varios casos.17
La intervención de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad es
una constante preocupación de
la sociedad civil y de los organismos de protección y defensa de
derechos humanos. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) señaló que “dado
que las fuerzas armadas carecen
del entrenamiento adecuado para
el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza
policial civil, eficiente y respetuosa
de los derechos humanos combatir
la inseguridad, la delincuencia y la
violencia en el ámbito interno”.18
En febrero de 2008, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Louise Arbour, al finalizar su visita a México señaló que
utilizar a los militares continúa
siendo problemático, pues es fun-
damentalmente inapropiado –en
cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas– en el desarrollo de funciones
civiles para hacer cumplir la ley. La
atención debe centrarse en dedicar
urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones
civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo. Mientras
tanto, los tribunales civiles deben
tener jurisdicción sobre los actos
del personal militar que desarrolla
funciones de hacer cumplir la ley,
y deben estar disponibles recursos
efectivos ante las violaciones de derechos humanos perpetrados por
el personal militar.19
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevó a
cabo el Examen Periódico Universal a México en 2009, y el Grupo
de Trabajo de dicho mecanismo
hizo observaciones y recomendaciones a nuestro país, relativas
principalmente a la sujeción de los
militares a la jurisdicción civil en
caso de que éstos cometan violaciones a los derechos humanos.20
En respuesta a esas observaciones el gobierno mexicano justificó
la permanencia de la jurisdicción
militar ante el Consejo de Derechos Humanos al establecer que
de jure y de facto, en México el sistema jurídico civil prevalece sobre
el proceso jurídico militar. Ello,
toda vez que las resoluciones de
los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar pueden ser
recurridas ante la justicia civil mediante el juicio de amparo, con lo
cual los tribunales del Poder Judicial de la Federación determinan
en última instancia la legalidad de
los actos de autoridad emanados
de la aplicación del Código de Justicia Militar, y en su caso, la constitucionalidad de este Código.21
El 26 de noviembre de 2009, la
Humanos (Corte idh) emitió la
sentencia del caso Radilla Pacheco
vs. Estados Unidos Mexicanos, que
declara contrario a los derechos
humanos, entre otras cosas, que
sea la jurisdicción militar y no la
civil la que conozca de violaciones
a los derechos humanos cometidas
Además, en su resolución del
19 de mayo de 2011 sobre el cumplimiento de la sentencia del caso
Radilla Pacheco, la Corte idh señaló que estima que “l[a] reforma [d]
el artículo 57 del Código de Justicia
Militar […] es insuficiente pues no
cumple plenamente con los están-
17	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., op. cit.
18	cidh, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, oea, 31 de diciembre de 2009, párr. 100, disponible en <www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad/
seguridadindice.sp.htm>, página consultada el 21 de junio de 2011.
19	Ibidem, párr. 150.
20	Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México, Doc. A/HRC/11/27, 5 de octubre
de 2009, disponible en <www.acnur.org/biblioteca/pdf/7984.pdf?view=1>, página consultada el 21 de junio de 2011.
21	Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México. Adición. Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el estado examinado, disponible en <http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/
Documents/Session4/MX/A_HRC_11_27_Add1_MEX_S.pdf>, página consultada el 21 de junio de 2011.
dares indicados en la Sentencia”,22
y que ésta estableció que
tomando en cuenta la naturaleza
del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar
no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones
de derechos humanos sino que el
procesamiento de los responsables
corresponde siempre a la justicia
ordinaria.23
En este orden de ideas, y a manera
de conclusión sobre la violencia
compleja que enfrenta México, es
indispensable recordar la obligación nacional para prevenir y poner fin a la impunidad contenida
en el decreto emitido por el Senado donde reconoce al Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional como derecho vigente y
valido en México, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 7
septiembre de 2005.24
En este sentido, el Estatuto de
Roma (er), como tratado internacional, tiene por finalidad el ejercicio
de su jurisdicción sobre las personas
respecto de los crímenes más graves
de trascendencia internacional;25 el
reconocimiento de que los crímenes
más graves constituyen una amenaza
para la paz, la seguridad y el bienestar
de la humanidad;26 y la afirmación
de que los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto no
deben quedar sin castigo, para lo
cual hay que adoptar medidas internas; al tiempo que recuerda el
deber de todo Estado de ejercer
su jurisdicción penal contra los
responsables de crímenes internacionales.27
Lo anterior sólo confirma que
cada día existen nuevos asesinatos
que no son investigados y la vio-
lencia se adhiere con mayor profundidad a la sociedad. Mientras
se inyectan recursos en todos los
niveles de gobierno para combatir
a la delincuencia organizada, el índice de desempleo va en aumento
y la ausencia de políticas públicas
encaminadas a reconstruir el tejido social genera inquietud entre
las y los ciudadanos. Además, el
incremento en el índice de desconfianza hacia las instituciones
de gobierno y la distancia que
siente la población entre ésta y sus
representantes es cada vez más notoria, seguida del aumento en las
penas como política legislativa que
condena a pena cuasi vitalicia a
la delincuencia por subsistencia,
mientras los principales responsables de los crímenes que ocurren
en nuestro país viven en la impunidad. Ése es el escenario previo a
las elecciones presidenciales que
se realizarán en 2012.
22	Corte idh, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Resolución del 19 de mayo de 2011, Supervisión de cumplimiento de Sentencia, párr. 21.
23	Ibidem, párr. 20.
24	El decreto por el que se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de septiembre de 2005, se fundamenta en el artículo 76, fracción i, de la cpeum, que contempla las facultades exclusivas del Senado.
25	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado durante la Conferencia de Plenipotenciarios, Roma, 17 de julio de 1998, artículo 1º.
26	Ibidem, Preámbulo, párrafo tercero.
27	Ibidem, Preámbulo, párrafos cuarto y sexto.
Contra la legalización de
la ilegalidad: un repaso a la
SILVANO CANTÚ*
México arrastra una lacerante pobreza, desempleo, un sistema de justicia inoperante,
desigualdad en el ingreso, impunidad y corrupción, a lo que se suma la ola de violencia que
desde 2007 se ha incrementado alarmantemente. Con ese trasfondo llama la atención que
las políticas públicas en materia de seguridad carezcan de una atención amplia e integral
para atacar las causas de fondo que alimentan la violencia y la criminalidad, en lugar de ello se
privilegia el uso de la fuerza. Se ha hecho lo contrario, la estrategia ha agravado los problemas
que busca atacar.1 Ciudad Juárez, hoy la ciudad más violenta del mundo, es un caso elocuente:
mientras en 2006 tenía una tasa de homicidios dolosos de 18 por cada 100 mil habitantes,
pasó a 93 en 2009.2
En esta línea de estratagemas fallidas se inscribe la Ley de Seguridad Nacional que hoy se
discute en la Cámara de Diputados, y que persigue: 1) la hiperinflación de los supuestos
de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a las autoridades locales, fundamentalmente a las policías y
las instituciones de procuración e impartición de justicia, y 2) la dotación de poderes de
excepción tanto a las Fuerzas Armadas como a las agencias de inteligencia civil y militar.
Estas vetas autoritarias, contrarias a nuestro bloque de constitucionalidad en materia de
derechos humanos consagrado el 10 de junio de 2011 –tras ocho años de intensos trabajos
de la sociedad civil, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y de académicas y académicos–, se ven manifiestas en las siguientes figuras
y conceptos que serán objetivo de esta exposición: 1) el concepto de seguridad interior y la
paz graduada; 2) el mecanismo para atender afectaciones a la seguridad interior; 3) la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a casos que involucran a personas civiles; y 4) el uso
de elementos de las Fuerzas Armadas en actividades propias del sistema de justicia penal.
*	Director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (cmdpdh).
1	La militarización de la seguridad pública ha sido un rotundo fracaso. Un dato relevante en este comportamiento anómalo en la estadística nacional de homicidios lo aporta el hecho de que los estados que concentran alrededor de 60% de las ejecuciones y los mayores
índices de tortura y de desaparición forzada son aquellos donde se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas en el
contexto de la guerra contra la delincuencia organizada.
2	Cfr. Kevin Zamora, “¿Clavo o tornillo? La guerra del presidente Calderón”, en Nexos, núm. 399, marzo de 2011, pp. 20-23.
Ilustraciﾃｳn: ﾃ］geles Garcﾃｭa/cdhdf.
Nﾃｺmero 08 - Agosto 2011
interior y la paz graduada
La fórmula de seguridad interior,
constitucionalizada en México en
2004 en calidad de préstamo jurídico de la homeland security de la
administración Bush, tiene como
novedad, en la lectura que se le
está dando en la Ley de Seguridad
Nacional, la mixtificación de la
seguridad nacional con la pública,
creando una zona gris en la cual
los criterios de procedencia son
poco claros y laxos;3 es un concepto tan complaciente que prácticamente todo cabe en él, desde
las epidemias hasta las marchas
Para justificar la construcción
de una seguridad interior en la
cual el uso de las Fuerzas Armadas
resulta inconcebible a la luz del
artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum),4 el documento de
trabajo de la Cámara de Diputados llegó a postular un concepto
graduado, relativo y belicista de la
paz, el cual fija posiciones intermedias entre el estado de guerra y
el de paz tales como la amenaza
o el riesgo, cuando guerra y paz
tienen estatutos jurídicos precisos
que no admiten medianías.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(cidh) ha sido clara al apuntar que
“es fundamental la separación clara
y precisa entre la seguridad interior
como función de la policía y la defensa nacional como función de las
Fuerzas Armadas, ya que se trata de
dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines
para los cuales fueron creadas y en
cuanto a su entrenamiento y preparación”.5 Es “indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave
que sea– no constituye una amenaza
militar a la soberanía del Estado”.6
El mecanismo para atender
las llamadas afectaciones
a la seguridad interior
La llamada alerta de afectación a la
seguridad interior, contemplada en
la iniciativa de reforma a la Ley de
Seguridad Nacional presentada por
el Ejecutivo al Senado de la República el 21 de abril de 2009, era un
procedimiento administrativo con
una mera opinión consultiva del
Congreso para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas en
supuestos hechos de disturbio de
la paz pública. Las alertas fueron
adicionadas con algunos contro-
les democráticos en la minuta del
Senado de 22 de abril de 2010, de
entre los cuales el más importante era la exclusión del fuero militar
en casos de violaciones de derechos
humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas;7 estos
controles se eliminaron del documento de trabajo de la Junta
de Coordinación Política de abril de
2011, si bien reaparecen en los artículos 69 y 72 del predictamen de
la Comisión de Gobernación del 5
Sin embargo, más allá del número y la condición de los controles, un mecanismo de esta
naturaleza equivale –para todos
fines prácticos– a un estado de
excepción irregular,8 y esto es lo
que nos ha movido a demandar
su eliminación. El procedimiento
previsto en la Ley de Seguridad
Nacional corresponde a un estado
de excepción institucionalizado,
en el cual pululan las normas de
excepción paralelas o acumuladas
que están manifiestas en disposiciones retroactivas y regímenes transitorios cuya simultaneidad produce
los mismos efectos de los estados de
excepción regulares y que involucran la intervención de las Fuerzas
Armadas en funciones que exceden
su propósito natural, todo en nom-
3	En el predictamen del 5 de julio de 2011 se señala: “iv. Seguridad interior: La condición de estabilidad interna, paz y orden público que permite a la población su
constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno”.
4	cpeum, artículo 19:“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar [...]”.
5	Cfr. cidh, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Washington, D. C., cidh, 2003, capítulo iii. Seguridad del Estado: las Fuerzas Armadas
y los cuerpos policiales de seguridad, párr. 272; y cidh, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, Washington, D. C., cidh, 2009, párr. 100.
6	cidh, Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, Washington, D. C., cidh, 1998, capítulo v, párr. 403.
7	Otros controles eran la participación de las autoridades locales en las declaratorias de afectación a la seguridad interior, así como el monitoreo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación sobre las actuaciones de elementos castrenses en las alertas en
8	Para mayor información, consúltese el Informe del relator especial Leandro Despouy sobre los derechos humanos y los estados de excepción, Comisión de Derechos Humanos, 49º periodo de sesiones, 23 de junio de 1997, párrs. 115-144, disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/excep/despouy97.html>, página
consultada el 13 de julio de 2011.
bre de una supuesta crisis que justifica las medidas tomadas.
Considerando lo anterior, aunque se cuente con una ley para
regularizar la intervención de las
Fuerzas Armadas en labores extra e
inconstitucionales, las violaciones a
derechos humanos y el menoscabo
a la institucionalidad democrática
implicarán siempre responsabilidad objetiva del Estado ante la comunidad internacional.
La aplicación extensiva
de la jurisdicción militar a casos
que involucran a personas civiles
Es igualmente inaceptable que llegue a consumarse lo que ya una vez
previó el documento de trabajo en
relación con la aplicación extensiva
de la jurisdicción militar a casos en
los que se hallan involucradas personas civiles. Lo anterior, además
de contravenir los estándares internacionales en materia de derechos
humanos resulta inconstitucional
a la luz del artículo 13 de la Carta Magna. Al respecto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) trae a colación
en el párrafo 273 de la Sentencia
del caso Rosendo Radilla Pacheco:
“[…] la jurisdicción penal militar
ordinaria.”
Por ello, la Ley de Seguridad
Nacional no puede desafiar –una
vez más– a la Constitución y a las
cuatro sentencias consecutivas de
la Corte idh (casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y
Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera) en materia de prohibición de la
aplicación extensiva de la jurisdicción militar. Hay que recordar que
esas sentencias se dirigen al Estado
mexicano en su conjunto y que de
desestimarse constituyen responsabilidad internacional por lo que
hace a la actuación del Poder Legislativo en su cumplimiento.
Militarización de la justicia
Finalmente, el proyecto de Ley de
Seguridad Nacional establece un
sistema de excepción penal en el
que los destinatarios de las normas
en las definiciones de amenazas y
riesgos se encuentran ampliamente indeterminados, lo que facilita
el abuso del aparato de justicia
penal y redundaría en la criminalización de conductas que no son
delictivas, tales como la protesta
social pacífica, la defensa de derechos humanos o el ejercicio del
periodismo. Lo anterior es más grave cuando a personal de las Fuerzas Armadas se le otorga la facultad
de privar de su libertad a las personas y mantenerlas en custodia en
coordinación con la Procuraduría
General de la República, así como
a interrogarlas o solicitar, vía el
Ministerio Público, el arraigo, la
privadas o el cateo.
Por todo lo anterior, y debido a que
los contenidos vertidos en la Ley
de Seguridad Nacional tal como se
han venido discutiendo hasta ahora
contravienen a la Constitución y a
los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales,
hemos demandado a las comisiones
dictaminadoras que dictaminen en
sentido negativo la minuta enviada por el Senado y que legislen en
materia de controles civiles, democráticos e institucionales al uso de
la fuerza para frenar la ola de violencia que se ha exacerbado con la
actual política de seguridad; que
establezcan mecanismos efectivos
para que la política de seguridad
incluya la rendición de cuentas y
la transparencia; legislen en materia de reparación integral del daño
a las víctimas de violaciones a derechos humanos y en materia de
estados de excepción; reformen el
Código de Justicia Militar para prohibir explícitamente la aplicación
extensiva de la jurisdicción militar
a casos en los que se hallen personas civiles involucradas; y avancen
en la construcción de un nuevo
concepto de seguridad, que sirva a
las personas, y no al Estado.
La seguridad es un derecho humano, no un pretexto para violarlo. Sólo asumiendo la integralidad
que tiene la seguridad con respecto
a todos los derechos contemplados
por nuestro bloque de constitucionalidad podremos hablar de manera consecuente de seguridad, paz y
justicia en un país que clama por
México heroico:
son mexicanos, son valientes**
“¿No tiene usted miedo, alcalde?” “Todos tenemos miedo, compadre”. Cada vez hay más
mexicanos que se plantan ante el narco y se enfrentan al terror a pecho descubierto. Aquí
están sus historias.
PABLO ORDAZ*
No tuvieron que irse a la guerra, la guerra vino a buscarlos. Desde 2007 hasta ahora, más
de 40 mil mexicanos han muerto víctimas de la guerra que sostienen calle a calle las organizaciones criminales y el gobierno de Felipe Calderón. Día tras día los periódicos cuentan
historias espeluznantes de matanzas, decapitaciones, [de] policías y políticos corrompidos
por el narcotráfico. A ritmo de ametralladora, las editoriales publican libros sobre los principales carteles y hasta la revista Forbes sigue manteniendo en su nómina de multimillonarios
al mítico Chapo Guzmán, el fugitivo líder del cartel de Sinaloa. El mal, por tanto, tiene
su cuota de gloria en la vida cotidiana de México. El resto del paisaje lo conforman unas
autoridades sin prestigio ni credibilidad y una sociedad asustada y desvertebrada, como ausente, sin capacidad de alzar la voz sobre el tableteo constante de las armas de alto poder.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte van saliendo a la luz historias de gente corriente
que, lejos de claudicar o brincar la frontera hacia Estados Unidos, decidió anteponer la dignidad al miedo y enfrentarse al terror, muchas veces con la única protección de su pecho
descubierto. Un cirujano de Ciudad Juárez que fue percatándose de que los sicarios a los
que trataba de salvar la vida cada vez se parecían menos a él –un hombre de 40 años– y más
a su hija adolescente. Una alcaldesa de la tierra caliente de Michoacán, una de las zonas
más peligrosas de México, que un día –después de que unos criminales mataran a su marido– se levantó la blusa y mostró su cuerpo roto a tiros y su decisión de no claudicar. Un edil
de Nuevo León al que los criminales ya han emboscado tres veces, llevándose por delante
a varios de sus escoltas. Un poeta que perdió a su hijo y ahora recorre el país intentando a
duras penas resucitar la conciencia cívica, el orgullo de ser mexicano. Son los nuevos héroes. El México heroico que lucha contra el México salvaje.
De pie junto al quirófano del Hospital General de Ciudad Juárez, el doctor Arturo Valenzuela, de 45 años y con una hija adolescente, se fue dando cuenta de que, hace sólo tres
años, a su quirófano llegaban dos heridos de bala a la semana, a veces tres, tipos duros, here-
*	Periodista, corresponsal de El país para México, Centroamérica y El Caribe.
**	Reportaje publicado el 19 de junio de 2011 en El País, disponible en <http://www.elpais.com/articulo/reportajes/mexicanos/valientes/
elpepusocdmg/20110619elpdmgrep_1/Tes>, página consultada el 1 de julio de 2011.
deros de una estirpe acostumbrada
a matar y a morir según las reglas
de la droga y la frontera, pero que,
mes a mes, la fisonomía de los heridos y de los muertos se iba suavizando hasta tener los rasgos de
una mujer joven. Espantado, pensó en huir. “Lo tenía fácil”, reconoce, “además de la mexicana, yo
tengo la nacionalidad canadiense.
Así que pensé que era hora de probar otra vida, de sacar a mi hija y
a mis padres de aquí, de ponerlos
a salvo cruzando la frontera”. Una
frontera que separa Ciudad Juárez
de El Paso, la ciudad más peligrosa del mundo de la ciudad más pacífica de Estados Unidos.
Al tiempo que valoraba la posibilidad de marcharse, el doctor Valenzuela también iba constatando,
horrorizado, que en Ciudad Juárez
ya se habían acabado los sicarios
de 40 años. Ya no se trataba, pues, de
una guerra tradicional entre carteles. Yo te mato a tres. Tú me matas
a siete. Se trataba ya de una guerra
total. Empujados por la pobreza,
por la desigualdad, por la falta de
afecto en una ciudad acostumbrada a tratar a las mujeres como esclavas –en la cadena de montaje o
en la casa–, cientos de muchachos
crecidos a la intemperie de barrios
sin asfalto ni escuelas, sin energía
eléctrica ni agua corriente, fueron
engrosando las filas del único ejército que los aceptaba. A un ritmo
endiablado, sin capacidad de elegir, esos muchachos bautizados a
semejanza del último galán de la
última telenovela, fueron subiendo rápidamente por la escalera del
crimen. De halcón –el que alerta
de la llegada de la policía– a camello. De camello a sicario. De
sicario a muerto. El doctor Valenzuela pensó que la única manera
de intentar interrumpir ese último
salto mortal pasaba por quedarse.
“Me dije que mi hija o mis padres
no eran los únicos que lo estaban
pasando mal. Que en la biografía
de mi conciencia no podía escribir
con tinta indeleble que cuando mi
ciudad me necesitó, yo me fui. Así
que me senté con otros médicos a
ver qué se podía hacer...”. No hace
falta escribirlo. El doctor Valenzuela decidió quedarse.
“La primera marcha que organizamos fue en noviembre de
2008. Unos 200 médicos. Muchos
con cubrebocas, por temor a represalias. Ya se habían disparado los secuestros, las extorsiones telefónicas
y los homicidios con armas largas,
aunque no tantos como ahora. Se
estaba empezando a fraguar el Comité Médico Ciudadano y yo me
sumé. Lo primero que hicimos fue
crear una página de internet con
información práctica para enfrentar los secuestros. ¿Cómo piensa el
secuestrador? ¿Qué víctima es más
vulnerable? Incluso pusimos un
botón de pánico para que la gente
nos llamara en caso de necesidad,
porque ya por entonces nadie se
fiaba de la policía. Hay que tener
en cuenta que en el año 2007, en
Ciudad Juárez se denunciaron siete
secuestros. En 2008 ya fueron 28.
Al año siguiente ya había más de
200 denuncias... La gente no sabía
qué hacer. Negociaban mal. Pagaban rescates espantosos. Cometían
errores que ponían en peligro a la
víctima. Y lo peor de todo: una vez
que pagaban, ya jamás los dejaban
en paz, seguían extorsionándolos.
Mucha gente empezó a marcharse
El párrafo anterior, sin interrupciones, es la pura declaración
del doctor Valenzuela. En ese
párrafo, y en los que vendrán después, está sintetizada la historia
de lo que ha sucedido en México
en los últimos cinco años, la clave
apenas apuntada en la primera frase del reportaje: los mexicanos no
fueron a buscar la guerra, la guerra
se plantó un día en la puerta de su
casa. La verdadera clase de tropa
de esta guerra sin cuartel –es bueno no equivocarse– no la forman
los miles de militares sacados urgentemente de los cuarteles o los
miles de policías federales instruidos a toda prisa, conectados a una
máquina de la verdad para certificar la pureza de sus intenciones,
armados hasta los dientes después
y finalmente puestos a patrullar en
ciudades que a muchos de ellos
les resultan hostiles y remotas. Los
verdaderos soldados a la fuerza de
esta guerra son los ciudadanos. Los
concejales de ciudades pequeñas
que, pese a la oferta de plomo o
plata, deciden apretar los dientes
y seguir sirviendo a sus comunidades. Las profesoras que, entre la
clase de matemáticas y la de dibujo, tienen que enseñar ahora la de
supervivencia. En caso de balacera,
hay que tirarse al suelo, no levantar
la cabeza, entonar tan fuerte como
sea posible una canción divertida.
“No pasa nada”, les decía Martha
Rivera Alanís a sus alumnos de seis
años mientras afuera repicaban
las balas, “nada más pongan sus
caritas en el piso. Vamos a cantar
fuerte una canción: ¡si las gotas
de lluvia fueran chocolate...!”. El
vídeo que grabó aquella valiente
maestra de Nuevo León venía a
demostrar hasta qué punto la violencia forma ya parte de la vida cotidiana de México, pero también
de qué forma los mexicanos de a
pie lo enfrentan de forma valerosa. “Echándole ganas”, por utilizar
una expresión local.
Como le echan ganas cada día
los periodistas mexicanos del norte.
Hasta hace muy pocos años ejercían su oficio decente y tranquilamente en los pequeños diarios de
las ciudades del norte, hasta que,
de un día para otro, se convirtieron
en corresponsales de guerra. Sólo
que ellos no se visten con chalecos antibalas, no presumen de haber estado en conflictos lejanos ni
dan conferencias al regreso. Ellos
–los periodistas de Chihuahua, de
Tamaulipas, de Nuevo León– ni
siquiera tienen que cruzar la calle para ir a la guerra. Lo hacen
después de dejar a sus hijos en el
colegio, a veces en el mismo colegio que los hijos de los criminales,
temiendo cada día que, después
de cubrir la última balacera en
el barrio más bravo de la ciudad, el
teléfono de la redacción suene y al
otro lado de la línea una voz muy
convincente sugiera que al reyezuelo local del cartel del Golfo o
de Los Zetas no le gustaría que tal
o cual dato ocupara la portada del
día siguiente. Y a pesar de todo, los
periodistas mexicanos siguen ejer-
ciendo su oficio. La prueba es que
Unidas acaba de otorgarle a México el dudoso galardón de haberse
convertido en “el país más peligroso de América para ejercer el
periodismo”, un premio al que sólo
se opta reuniendo muchas coronas
Hay muchos alcaldes en México que, día a día, desprecian el
dinero sucio y ponen en riesgo su
vida. Pero tal vez no haya muchos
que sean capaces de contarlo con
el desparpajo del ingeniero Jaime
Rodríguez Calderón, alcalde de
García, una localidad de 150 mil
habitantes en el área metropolitana de Monterrey, la capital de
––¿Cuántas veces han atentado
contra usted?
––Tres.
––¿Cuál fue la primera?
––Cuando inicié mi campaña
para alcalde, en junio de 2009.
––Porque le dije a la gente lo que
ya venía viendo desde hacía unos años,
que los policías estaban involucrados
en el narcotráfico, cobraban extorsiones, se dedicaban al narcomenudeo...
Pero, a pesar de la amenaza de los criminales, gané la alcaldía.
––¿Y qué fue lo primero que hizo
––Puse al frente de la policía a un
general incorruptible. Me lo mataron
al cuarto día. Y yo, después de ir al funeral, eché al cuerpo de policía completo, despedí a 165 agentes y empecé
a reclutar a gente nueva. Contraté a
otro militar incorruptible y empeza-
mos a limpiar la ciudad. Clausuramos
250 narcotienditas, sacamos a los capos de la ciudad, metimos en la cárcel
a 27 policías y otros salieron huyendo.
Son esos los que me quieren matar.
Estoy pisando muchos callos, pero no
quiero que un día mis hijos digan que
––Y, ya como alcalde, ha sufrido
dos atentados más...
––Se me pone la piel chinita al
acordarme. Yo jamás he disparado un
arma, nunca tuve una pistola. Pero
nos emboscaron y tuve que poner mi
camioneta blindada entre los sicarios
y los escoltas para que no los fusilaran allí mismo. Ahí ya me mataron a
––¿No tiene usted miedo, alcalde?
––Todos tenemos miedo, compadre. Pero yo lo sé controlar. Mire, hay
gente que le tiene tanto miedo a la
muerte que no aprende a disfrutar de
la vida. Hay vivos que están ya muertos.
Y yo no quiero ni ser un muerto en vida
ni que mis hijos me recuerden como
En las dos historias siguientes también adquieren especial importancia los hijos. Los hijos pequeños
de María Santos Gorrostieta y de
Marisol Valles. Los hijos muertos
de Marisela Escobedo, de Luz
María Dávila y de Javier Sicilia.
María Santos Gorrostieta, la
joven alcaldesa del pequeño municipio de Tiquicheo, en el estado
de Michoacán, apenas ocupó un
par de días los titulares de la prensa. Dijo lo que tenía que decir y
luego, sensatamente, volvió a desaparecer. Y lo que tenía que decir
era que el 15 de octubre de 2009
sufrió el primer ataque del crimen
organizado. ¿De quién exactamente? No se sabe. Estas cosas no
suelen saberse en México, donde
la impunidad supera 98% de los
casos. Aquel día, la joven alcaldesa
fue atacada por un grupo de sicarios armados con rifles de asalto y
granadas de fragmentación –esos
juguetes que con tanta facilidad
se pueden comprar en las 12 mil
armerías estadounidenses abiertas
junto a los tres mil kilómetros de
No lograron matarla, pero se
llevaron por delante a su marido
y padre de sus tres hijos pequeños.
En cuanto se recuperó de sus heridas, María Santos regresó a sus
labores de alcaldesa, pero sólo tres
meses después volvieron a atacarla.
Esta vez, cuando salía de un acto
en la Tierra Caliente del estado
de Guerrero. La camioneta Ford
Lobo que conducía su hermano
recibió varias ráfagas de metralleta.
Tres proyectiles hicieron blanco en
el tórax, la pierna y el abdomen de
María Santos. De nuevo estuvo a
punto de morir. De nuevo se salvó.
Y fue entonces cuando la joven alcaldesa llamó a un fotógrafo, se remangó la blusa, mostró su hermoso
cuerpo roto por los disparos y dijo:
“A pesar de mi propia seguridad y
la de mi familia, tengo una responsabilidad con mi pueblo, con los
niños, las mujeres, los ancianos y
los hombres que se parten el alma
todos los días sin descanso para
procurarse un pedazo de pan...; no
es posible que yo claudique cuando tengo tres hijos a los que tengo
que educar con el ejemplo”. Dicho
esto, María Santos Gorrostieta, la
alcaldesa valiente de Tiquicheo, regresó de puntillas a sus labores de
madre y alcaldesa.
María Santos sabía que no es
prudente significarse demasiado.
En ninguna dictadura lo es. Tampoco en esta del terror creciente
que sufre México desde principios
del año 2007. Tan creciente que
el experto Eduardo Guerrero para
la revista Nexos demuestra que –en
contra de la versión oficial– cada
vez son más los municipios mexicanos azotados por la violencia.
Si en 2007 eran 53 los municipios
donde se registraron 12 o más homicidios ligados al crimen organizado, en 2008 ya pasaron a ser 84;
en 2009 la cifra subió a 131 municipios y en 2010 ya fueron 200 las
localidades con 12 o más ejecuciones. La cifra de lugares aquejados
por el cáncer de la violencia se ha
cuadruplicado en sólo cuatro años
y aún no se vislumbra una salida.
Por eso, significarse es peligroso. Muchos de los protagonistas
de nuestro México heroico lo supieron desde el principio. Otros lo
fueron sabiendo. Del primer grupo mencionado podemos rescatar
la lucha de una mujer llamada
Marisela Escobedo.
Marisela tenía una hija de 16
años que se llamaba Rubí. La mataron en Ciudad Juárez en agosto
de 2008, apenas unas semanas después de dar a luz a su bebé. Marisela, como otras muchas de las más
de 500 madres cuyas hijas han sido
asesinadas en la ciudad norteña,
emprendió la búsqueda del asesino
de su hija. Un año después, y gracias a su insistencia, la policía detuvo a un tal Sergio Rafael Barraza,
el ex novio de Rubí, quien confesó
que la había matado y quemado
después, indicando a los agentes
el lugar donde se encontraba el
cadáver. Pese a todo, el convicto
sólo pasó unos meses en prisión.
El 29 de abril de 2010 fue puesto
en libertad por “falta de pruebas”.
Marisela volvió a echarse a la calle
para seguir clamando justicia para
su hija. Logró que el juicio fuera
revisado, pero el asesino, lógicamente, ya había puesto pies en polvorosa. Barraza fue condenado en
rebeldía a 50 años de prisión. Marisela se plantó entonces frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua,
el estado fronterizo con Estados
Unidos cuya ciudad más poblada
y más violenta es Ciudad Juárez.
La presencia de Marisela allí, durmiendo en plena calle, era un grito
constante que dejaba al descubierto las graves carencias del sistema
de seguridad y justicia en México.
No pasó mucho tiempo hasta que
empezó a recibir amenazas. Las
denunció frente a las cámaras de
televisión. “No me voy a esconder”, dijo, “si me van a asesinar,
tendrán que venir a asesinar aquí
para vergüenza del gobierno. Tengo amenazas por parte del asesino
de mi hija, de su familia. Me han
dicho que él ya está involucrado en
un grupo del crimen organizado.
¿Qué está esperando el gobierno?
¿Que venga y termine conmigo?
Pues que termine conmigo, pero
aquí enfrente del Palacio de Gobierno, a ver si les da vergüenza.”
Así lo hicieron. Terminaron con
ella allí mismo, en plena calle, frente al edificio símbolo de la autoridad,
el jueves 16 de diciembre de 2010.
El vídeo grabado por una cámara
de seguridad hizo posible que todo
México pudiera ver casi en directo
la ejecución anunciada de Marisela Escobedo. Tres tipos la atacaron,
ella cruzó la calle intentando salvarse, pero un sicario la alcanzó, le
disparó mortalmente en la cabeza y
se alejó caminando, tan campante,
hasta que un coche blanco lo recogió y lo sacó del lugar.
Marisela –que hoy reposa junto
a los restos de su hija Rubí– sabía
que la iban a matar. Y aun así dio
el paso. Marisol Valles, en cambio,
no se percató en un principio de lo
que significa enfrentarse al crimen.
El pasado mes de octubre, ante la
negativa de todos los hombres, decidió hacerse cargo de la policía de
su municipio, Práxedis G. Guerrero,
fronterizo con Estados Unidos, en
pleno Valle de Juárez. Ante la estupefacción de medio mundo, Marisol
Valles, de 20 años de edad, madre
de una recién nacida y estudiante de
Criminología, se convirtió en la jefa
de 19 policías, nueve de ellos mujeres. Los antecedentes no eran halagüeños precisamente. Sólo un par
de días antes, en el pueblo de al lado,
el crimen había abatido sin contemplaciones a un comisario y a su hijo.
¿Quién los mató? Posiblemente los
mismos que, unas semanas después
y sin que trascendiera a la opinión
pública, empezaron a mandarle
mensajes envenenados a Marisol
Valles. Tal vez fueron los hombres
de Vicente Carrillo, jefe del cartel de
Juárez, o tal vez los del Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Lo
que sí trascendió es que, cuatro meses después y sin decírselo ni al alcalde, la joven jefa de policía cogió
a su hijo y cruzó la frontera para ponerse a salvo. No ha sido hasta ahora
cuando, a través de una cadena de
televisión estadounidense, Marisol
Valles ha declarado con lágrimas en
los ojos que sí, que tuvo miedo, que
la amenazaron con asesinarla a ella,
a su bebé, a su familia...
Mientras todo eso sucedía, muy
cerca de allí, junto a un quirófano
del Hospital General de Ciudad
Juárez, el doctor Valenzuela seguía
observando la progresiva destrucción de su ciudad, pero no sólo de
la suya. Como piezas de dominó
que provocan con su caída la caída
de las demás, muchas ciudades del
norte del país se fueron convirtiendo en verdaderos campos de batalla
–Tijuana, Reynosa, Matamoros–
hasta terminar contagiando al seis
doble, la joya de la corona, Monterrey, la capital del estado de Nuevo
León, otrora el orgullo indiscutible
del México moderno y emprendedor y hoy una ciudad que vive de
sobresalto en sobresalto. Sus vecinos se han acostumbrado a avisarse
a través de las redes sociales –sobre
todo a través de Twitter– de los bloqueos de carreteras que los sicarios
de tal o cual cartel suelen organizar para evitar que los rivales o la
autoridad los interrumpan mientras
hacen de las suyas. Por ejemplo, el
pasado martes, un vecino de Monterrey avisaba a través de su tuiter:
“Situación de riesgo en Chapultepec y Revolución, hombres colga-
dos en puente y disparos, eviten la
zona #MtyFollow”. El tuit informativo era contestado enseguida por
TrackMty, una red ciudadana con
más de 40 mil ciudadanos que intenta ayudar a los ciudadanos a no
convertirse en víctimas de la violencia. Unas horas después, los periódicos locales ya traían la fotografía
de los ahorcados en un puente del
centro de Monterrey, a plena luz
del día. La conmoción que viven
ahora los regiomontanos ante la
caída de su ciudad la vivieron ya
hace tiempo los juarenses. También fueron testigos de cómo los intentos de rescatar la ciudad con la
bayoneta calada fueron fracasando.
Lo cuenta el doctor Valenzuela: “fue entonces cuando llegaron
los militares a Juárez. Capturaron a
muchos delincuentes. Pero no supieron armar los expedientes y los
jueces los dejaban en libertad. La
impunidad estaba por arriba de
98%. Ya teníamos una buena cantidad de homicidios todos los días, los
secuestros se dispararon y se había
puesto de moda el cobro de piso. A
tu negocio llegaba un tipo, a cara
descubierta, y te entregaba un papel con un número de teléfono: a
partir de mañana recibirás protección a cambio de cinco mil pesos
(300 euros) a la semana. Y si no pagabas... Empezaron a cerrarse gran
cantidad de negocios y los homicidios ya superaban los cinco mil.
Ninguno se investigaba. La policía
estaba infiltrada. La procuración
de justicia no existía. Pedimos que
viniera a la ciudad el presidente
Felipe Calderón. Se nos dijo que el
presidente iba a venir... Pero entonNúmero 08 - Agosto 2011
ces pasó lo de Villas de Salvárcar y
eso lo aceleró todo...”.
Lo de Villas de Salvárcar...
Hay un antes y un después de “lo
de Villas de Salvárcar”. Ocurrió el
31 de enero de 2010. Quince jóvenes que celebraban una fiesta en
un barrio de Ciudad Juárez fueron
acribillados. Desgraciadamente, no
fue la crueldad del crimen lo que lo
convirtió en famoso, sino unas declaraciones que hizo el presidente
Felipe Calderón. Sin salirse de la
versión oficial, que sostiene que
la inmensa mayoría de los caídos
desde 2007 son sicarios que se matan entre sí, el presidente de la república atribuyó la matanza a un
ajuste de cuentas entre bandas. El
patinazo no pudo ser mayor. Enseguida se supo que los muchachos
eran en su mayoría buenos estudiantes y deportistas, víctimas de
la espiral de locura y muerte que
azota a Ciudad Juárez, donde en
2010, y a pesar del despliegue de
más de 10 mil policías federales,
se produjeron 3 100 homicidios. El
presidente Calderón no tuvo más
remedio que ir ocho días después
a Juárez y disculparse ante los familiares de los muchachos. Una de las
madres, Luz María Dávila, rota por
el dolor, lo encaró: “disculpe, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no
lo es. Yo quiero justicia. Mis hijos
eran dos muchachitos que estaban
en una fiesta. Y quiero que usted
se retracte de lo que dijo. Dijo que
eran pandilleros. Mentira. Mis dos
hijos estudiaban y trabajaban. No
tenían tiempo de andar en la calle.
Eran mis dos únicos hijos y ya no
los tengo. Ahora quiero justicia.
Ustedes siempre hablan y no hacen
nada. Quiero que se ponga en mi
lugar y sienta lo que ahorita estoy
sintiendo yo. No me diga que sí,
¡haga algo, señor presidente!”.
Aquella súplica sigue pendiente. La situación del país va de mal
en peor. La cifra de asesinatos, de
secuestros, de asaltos, de robos... va
en aumento. Durante los últimos
meses han sido cientos los cadáveres encontrados en fosas clandestinas. Hay zonas, como Tamaulipas,
donde el Estado no es capaz de
garantizar la seguridad ni en la
carretera principal, la 101, la que
une la capital del estado, Ciudad
Victoria, con la fronteriza Heroica
Matamoros. Hace unas semanas se
supo que una madrugada sí y otra
también, grupos de sicarios a bordo
de lujosas camionetas y manejando fusiles de alto poder se sitúan al
borde de la carretera, dan el alto a
los autobuses de línea, suben a ellos,
eligen a punta de pistola a unas
cuantas mujeres y a unos cuantos
hombres y los bajan. A ellas las violan allí mismo y a ellos se los llevan para intentar extorsionar a sus
familias. Luego los entierran en fosas clandestinas. ¿Cuántos? No se
sabe. ¿Quiénes? Tampoco. ¿Por qué?
Menos. Estas tres preguntas con sus
respuestas –o la falta de ellas– se
pueden aplicar a la guerra que vive
México. Más de 40 mil muertos,
nueve mil sin identificar, cinco mil
Y justo ahora, cuando todas las
veredas parecían conducir inexorablemente al precipicio, un rumor
ha empezado a escucharse en la
calle. A ratos sordo como un lamento. A veces indignado. Ante la
incapacidad del gobierno de detener la sangría constante –y también
de abrazar a las víctimas de la barbarie–, un hombre de pelo cano,
sombrero de paja y dos relojes en
la mano izquierda, se ha puesto
en camino. Se llama Javier Sicilia.
Es poeta. Como la mayoría de los
mexicanos, observaba con horror
la deriva de su país. Pero también
como la mayoría, permanecía quieto. El pasado 28 de marzo, su hijo
Juan Francisco, de 24 años, fue asesinado en Cuernavaca junto a otros
cuatro jóvenes y dos adultos. Sicilia, que se encontraba en Filipinas,
regresó a México, anunció que jamás volvería a escribir poesía, puso
junto a su reloj el de su hijo y se
echó a la calle para intentar recuperar la conciencia cívica, enfrentarse
al miedo, reclamar justicia.
––¿Por qué, en vez de encerrarse en
su dolor, ha salido a la calle a decir basta?
––Por dignidad. Y por mi hijo. Porque su desgracia le está poniendo cara
y nombre a la de 40 mil desconocidos.
Y, sobre todo, porque tengo que hacer
todo lo posible para que no muera ni
un muchacho más.
A través del poeta Sicilia, de Marisela Escobedo o de Luz María
Dávila, los mexicanos se han ido
enterando de que la versión oficial
no es del todo cierta. Que muchos
de los 40 mil muertos tal vez sí fueran sicarios, pero que otros muchos
no pudieron evitar su mala fortuna.
Un día, sin avisar, la guerra
vino a buscarlos.
Morir por el Amazonas:
ELIZABETH PALACIOS*
El jueves 9 de junio de 2011 probablemente era un día como cualquier otro en la vida
de Obede Loyla Souza, campesino, de 31 años de edad. Seguramente caminaba en
medio de esos bosques tropicales cuya defensa estaba a punto de cobrarle una cara
factura, aunque me gusta imaginar que él caminaba con esperanza.
Él era padre de tres hijos. Él vivía en el corazón del Amazonas y amaba su tierra −como
todos deberíamos hacerlo pues es el pulmón del mundo−. Él fue asesinado ese jueves. Se
trata del quinto defensor de los derechos ambientales que perdió la vida por ir en contra de
los intereses económicos de unos cuantos, por defender el mundo, que es de todos y todas
El cuerpo de Obede fue hallado descompuesto, dolido, macerado, como ha quedado
el espíritu de quienes defienden la Amazonía en Brasil. Fue asesinado el jueves pero lo
encontraron hasta el martes. Cinco días de incertidumbre y ¿por qué no decirlo? de esperanza. Su gente quería hallarlo con vida.
La ciudad de Tucuruí fue el escenario de este crimen. Es una de las principales zonas
de explotación ilegal de madera del Brasil. La Comisión Pastoral de la Tierra (cpt) reportó
que Obede recibió un disparo en la cabeza, ahí, en medio de los árboles que defendía.
Algunos testimonios de lugareños apuntan a que entre enero y febrero el activista discutió con representantes madereros de la región. La cpt sostuvo además que, el día del asesinato, una camioneta negra con cuatro personas en su interior entró en el Campamento
donde vivía la víctima, un lugar para campesinos sin tierra.
Sirel, Guto dos Santos, presidente de la Federación de Trabajadores de la Agricultura
de Pará (fetagri-pa), confirmó que Obede Loyla integraba el Asentamiento Esperanza,
ubicado en el municipio de Pacajá, estado de Pará. Agregó que el activista discutió con
algunos madereros tras sorprenderlos cortando árboles valiosos en el área del asentamiento.
Eso lo llevó a sospechar que su muerte está relacionada con las amenazas recibidas durante
ese altercado.
*	Editora de la revista Obras.
Cinco asesinatos podría parecer poco, pero si a esta cifra agregamos que todos los crímenes han
sido cometidos en un periodo menor a un mes, que la impunidad
alienta a que se cometan nuevos
asesinatos y que el Estado brasileño parece haber tomado partido
al reformar las leyes para brindar
amnistía a quienes cometan delitos forestales, el escenario parece
Antes del homicidio de Obede,
otro defensor del medio ambiente
encontró la muerte en Rondania y
tres activistas más fueron asesinados en el estado de Pará.
La muerte de Obede ocurrió a
pesar de que desde el 3 de junio,
Rousseff, ordenó el despliegue de
elementos de la Fuerza Nacional
de Seguridad en el estado de Pará,
tras una reunión de emergencia
para discutir la delicada situación
y a la que acudieron seis ministros
y los gobernadores de Pará, Simao
Jatene, de Amazonas, Aziz Elias, y
de Rondonia, Confúcio Moura.
Joao Claudio Ribeiro da Silva y
su esposa, Maria do Espírito Santo,
también fueron encontrados asesinados en Pará, lugar donde habían
estado trabajando durante los últimos 24 años. Ellos eran integrantes del Proyecto Agro extractivista
Praia Alta-Piranheira, en el municipio paraense de Nova Ipixuna.
Luego fue encontrado muerto Herenilton Pereira, posible testigo de
ese doble homicidio.
De acuerdo con familiares y
amigos, la pareja de activistas había recibido amenazas claras por
su defensa del derecho al medio
ambiente, tal como habría ocurrido con Obede.
Adelino Ramos es el nombre
del otro campesino víctima de homicidio en Brasil. Él vivía en Porto
Velho, capital de Rondonia, y fue
asesinado el pasado 27 de mayo.
El despliegue en la región de
la Fuerza Nacional de Seguridad
Pública no parece intimidar a los
madereros y empresarios agropecuarios que son responsables de la
deforestación. Es por ello que las
organizaciones campesinas reclaman una reforma agraria integral
Ahí, en el norte de Brasil, no
sólo hay conflictos de intereses
por la explotación de los recursos
madereros. En ese lugar también
el gobierno brasileño ha iniciado
ya la construcción de una represa
hidroeléctrica. Pero no se trata de
cualquier represa, es Belo Monte,
cuya construcción requiere una
inversión de más de 17 mil millones de dólares y que le permitirá a
Brasil no sólo satisfacer su propia
demanda energética, sino poder
ofrecer –y vender– electricidad a
De construirse esta inmensa
represa se afectarían entre 20 y 40
mil personas, incluyendo comunidades indígenas, indígenas en
aislamiento voluntario y comunidades ribereñas, causando con ello
graves daños socioeconómicos para
la población, afirma Astrid Puentes
Riaño, codirectora de la Asociación
Interamericana para la Defensa del
Ambiente (aida).
“Se inundarían más de 500
km2, casi el tamaño de Chicago,
con lo cual se perdería irreversiblemente el biodiverso ecosistema
de la Volta Grande del Río Xingú,
uno de los más importantes tributarios del río Amazonas”, asegura
la especialista y agrega que la represa y la biomasa inundada emitirán grandes cantidades de metano,
un gas 25 veces más dañino para
el cambio climático que el dióxido
Un polémico Código Forestal
El pasado abril, la Amazonia brasileña perdió 593 km2 de selva, lo
cual quintuplica la tasa de deforestación registrada durante el mismo
mes de 2010, según datos oficiales
difundidos en mayo de este año por
el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales (Inpe) de Brasil.
Ante la situación, el Ministerio de
Medio Ambiente del gobierno brasileño creó un gabinete de crisis y
mediante comunicados oficiales
confirmó las cifras que ya habían
sido reveladas una semana antes
por la organización civil Imazon.
Pocos días después y en medio
de protestas sociales, el parlamento brasileño aprobó una reforma
al Código Forestal que establece
una amnistía general para todos
aquellos que incurrieron en delitos
contra la vegetación hasta 2008, situación que no sólo incrementó el
índice de delitos ambientales en la
región sino que intensificó conflictos prexistentes entre defensores de
la amazonía y madereros.
Además, la reforma del Código
Forestal brasileño amplió las zonas
agropecuarias susceptibles de ser
deforestadas. El nuevo código salió adelante con 410 votos a favor
y 63 en contra. La presidenta Dilma Rousseff calificó de “vergüenza para Brasil” lo aprobado por la
cámara baja y se comprometió a
ejercer su derecho al veto, pero
discusiones en el Senado aún no
En Brasil los madereros se benefician de la deforestación pero
no son los únicos. Los agricultores
brasileños son un poderoso sector
social y aseguran que no cederán a
las presiones de ambientalistas que
buscan más protección de áreas silvestres, según señaló su líder a la
Agency France Presse. “Cualquier
reducción del área que Brasil destina a producir alimentos (que ambientalistas aspiran reforestar) hará
subir el precio de la comida. Eso es
lo que la sociedad va a pagar”, argumentó la presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura
(cna) y senadora, Katia Abreu.
Vale la pena resaltar que, en la
última década, las tierras productivas en Brasil se expandieron 21%,
principalmente a costa de las áreas
forestadas, según datos del Ministerio de Agricultura. Lo que los
agricultores quieren con la reforma
del código forestal es asegurarse 2.3
millones de kilómetros cuadrados
(más de cuatro veces el tamaño de
Francia) que hoy destinan a la producción agropecuaria y que equivalen a 27% del territorio nacional.
Grandes ganancias pisotean
Según datos de la cpt, desde la llamada Masacre de Eldorado dos Carajás en 1996, durante la cual fueron
ejecutados 19 trabajadores sin tierra,
sólo en el estado de Pará han ocurrido hasta la fecha 212 asesinatos por
conflictos relacionados con la tierra,
esto equivale a más de un homicidio
por mes durante los últimos 15 años,
sin contabilizar los perpetrados en
otros estados de Brasil.
Además, 809 personas, en general activistas sindicales, ambientalistas y defensoras de los derechos
humanos, han recibido amenazas
de muerte, de acuerdo con información publicada en el diario O
Globo, de Río de Janeiro.
José Batista, abogado de la cpt,
estima que siete de cada 10 asesinatos ocurren en la zona de Marabá, donde se verifica ya una muy
avanzada deforestación y restan
muy pocas áreas intactas.
Grandes ganancias están detrás de esta deforestación. La venta
de madera selvática es un jugoso
negocio. Un árbol de castaña colocado en el mercado internacional
vale actualmente 14 mil dólares, y
ese es sólo un ejemplo de las múltiples especies forestales valiosas
que existen en la Amazonía.
A juicio de la cpt, es fundamental implementar políticas públicas que permitan la liberación
de mayores recursos para la conservación y, sobre todo, impulsar
una reforma agraria en la región.
Esa es la clave para detener la violencia en la zona, aseguran.
Los ambientalistas dicen que
el pasivo ambiental alcanza entre
600 000 y 800 000 km2 de área selvática que tendría que ser replantado. Pero la agricultura brasileña
ha crecido de manera importante
en los últimos 30 años. De 20 millones de toneladas de granos que
producía en 1974, en 2011 la cifra se disparó a 160 millones. Esto
significa que Brasil se ha convertido en uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo
y proyecta un aumento de la producción de 25% en los próximos
10 años. ¿Este crecimiento seguirá
cobrando facturas al medio ambiente y costando la vida a quienes
lo defienden?
as jóvenes
por el eje
Participa expresando
cómo los jóvenes vivimos
•	elaborar un informe espacial sobre la situación
de los derechos humanos de las personas
jóvenes en la ciudad;
•	se propongan propuestas de política pública
para la atención de las problemáticas•	darles seguimiento al GDF para su realización.
Sábado 13 de Agosto de 11:00 a 15:00 hrs.
Col. Miguel Hidalgo, Delegación Tláhuac, Tel. 2160-5471
Jueves 18 de Agosto de 15:00 a 19:00 hrs.
Av. Dr. Gastón Melo No 40, poblado de San Antonio Tecómitl,
Delegación Milpa Alta, Tel.2160 5471
Sábado 20 de agosto de 11:00 a 15:00 hrs.
Av. Huitzilihuitl (Av. de las torres) num.51. Col. Santa Isabel Tola,
Delegación Gustavo A. Madero, Tel. 5781-6900
Sábado 27 de Agosto de 10:00 a 14:00 hrs.
Calzada I. Zaragoza s/n., Col. Fuentes de Zaragoza,
Delegación Iztapalapa, Tel. 5738-7443
Para más información, llamar a la Dirección de Promoción
Territorial para el Ejercicio de los Derechos Humanos al
Tel.: 5226-5600, a las exts. 1610, 1615 y 1624.
[DFensor 2011]
DFensor es el órgano oficial de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.