Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/proyecto_de_ley_248_de_2010__senado_reglamentacion-consumo.html
Timestamp: 2018-11-18 19:39:41
Document Index: 6548824

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 30', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 45', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 43']

PROYECTO DE LEY 248 DE 2010 - SENADO.
POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009 Y SE ESTABLECEN MEDIDAS Y TRATAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PEDAGÓGICO, PROFILÁCTICO O TERAPÉUTICO PARA LAS PERSONAS QUE CONSUMAN SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS
Temporalidad: Las medidas impuestas con base en la presente ley, sólo son vigentes mientras se logran los fines que con la misma se persiguen. Las medidas de protección que recaigan en menores de edad se regirán por las disposiciones del Código de la Infancia y de la Adolescencia.
Estupefaciente: Cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y que haya sido catalogada como tal en los convenios internacionales y adoptada por la legislación colombiana. Para todos los efectos legales el término estupefaciente se considera en la misma acepción del término droga ilícita.
Enfermo dependiente o adicto: Persona que presenta un patrón caracterizado por repetida autoadministración de una sustancia, a pesar de los problemas relacionados con su consumo, la cual se manifiesta a través de un grupo de síntomas psicológicos y fisiológicos. La dependencia o adicción se diagnostica por un profesional de la salud, a partir de la confirmación de la presencia de los síntomas psicológicos y fisiológicos según criterios internacionales establecidos por la OMS y/o APA.
Para los efectos del inciso anterior, la Comisión Nacional de Televisión establecerá las sanciones pertinentes frente a aquellos programas que sean transmitidos en horario familiar y que inciten al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Artículo 11. El Ministerio de la Protección Social diseñará el proyecto institucional de prevención al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que asegure un ambiente de trabajo saludable, impulsando y fomentando especialmente el desarrollo de programas de prevención permanente al interior del lugar de trabajo.
Artículo 30. Tráfico. Si del dictamen forense, o de las circunstancias que rodearon los hechos, se deduce que la persona portaba sustancias estupefacientes o psicotrópicas para traficarlas o distribuirlas, se pondrá a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se inicie el trámite correspondiente.
Artículo 36. Centros de Orientación: Los Centros de Orientación C.O. funcionarán como una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio de la Protección Social como un sistema separado de cuentas cuyo objetivo es realizar gastos destinados a propiciar la prevención, tratamiento y rehabilitación de consumidores y adictos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Artículo 37. Recursos de los Centros de Orientación: Se destinará hasta un 40% de los recursos que ingresen anualmente al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen organizado (FRISCO) para el fortalecimiento de los programas de prevención, mitigación, superación y desarrollo institucional establecidos en el marco de la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias estupefacientes o psicotrópicas y su Impacto.
Deberán informar al Ministerio de la Protección Social el monto de los recursos destinados para la implementación de las acciones para la atención de los consumidores y adictos.
Artículo 45. Se facultará a la Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas con el fin de realizar programas y proyectos que permitan la aplicación y difusión de la presente ley.
Tal y como se manifestó en los motivos que se expusieron en el trámite del Acto Legislativo que reformó el artículo 49 de la Constitución Política la idea inicial fue la de consagrar sanciones no restrictivas de la libertad, en aquellos casos de porte y consumo en lugares públicos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal, en la medida que ello resulta aconsejable para garantizar los derechos de la población, particularmente la salud pública, así como el deber que toda persona tiene de procurar el cuidado de su salud.
En decir del Gobierno Nacional, si bien la norma del artículo 49 de la Constitución Política actualmente vigente se ocupa de consagrar, la garantía a toda persona de su derecho al acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, imponiendo obligaciones al Estado para su satisfacción conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, no deja de lado la responsabilidad correlativa, que a título de deber le corresponde a la persona misma, en cuanto sujeto de derechos y deberes lo es, y como miembro de la sociedad, cuando le impone procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.< /p>
Es así, como atendiendo al deber que por remisión del artículo 2° de la Constitución Política, recae en cabeza del Estado y del artículo 95 en cabeza de los particulares, se enaltece el principio de solidaridad con el fin de lograr el cumplimiento de los deberes sociales que pregona el Estado colombiano.
En cuanto al derecho a la salud la Corte Constitucional en Sentencia T-597 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, ha expresado que este comprende ¿la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento... la salud supone ¿un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades¿.
Por su parte, los entes descentralizados también juegan un papel importante en el desarrollo de este tema, así lo ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia T-211 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil de la siguiente manera: ¿la Ley 715 de 2001 establece claramente las competencias de las entidades territoriales en materia de prestación de servicios de salud de los participantes vinculados. El artículo 43.2 de la ley determina que corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud en el territorio de su jurisdicción y le asigna entre otras las funciones de gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, mediante instituciones prestadoras del servicio de salud públicas o privadas. También debe financiar con recursos propios o asignados por participaciones la prestación de servicios de salud de esta población, así como también le corresponde organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas en el departamento¿.
En el ámbito laboral el Ministerio de la Protección Social diseñará el proyecto institucional preventivo con el fin de asegurar un ambiente de trabajo saludable, impulsando y fomentando el desarrollo de programas de prevención permanente al interior del lugar de trabajo. La implementación de este proyecto institucional, estará a cargo de las secretarías de salud.
El procedimiento que se seguirá con el fin de dar aplicación a estos medios de protección con que cuenta el Estado a efectos de brindar ayuda y apoyo a las personas que consumen sustancias estupefacientes o psicotrópicas, tendrá como actor principal la presencia de un médico psiquiatra o psicólogo, que será en primer lugar la persona encargada de atender a aquellos que sean conducidos por parte de la Policía Nacional a los Centros de Orientación.
Para efectos de dar cumplimiento a las medidas rehabilitadoras los pacientes serán remitidos al Centro de Atención del Drogadicto que en ese momento cuente con cupos disponibles a efectos de iniciar el tratamiento respectivo. Para ello, el Ministerio de la Protección Social deberá adelantar un registro de los CAD existentes en el país con la disponibilidad de cupos que tenga, así como del tipo de tratamiento que implementa a efectos de ubicar a la persona en aquel que esté acorde con sus necesidades.
Esto puede corroborarse para el caso de los adolescentes con el estudio realizado para el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes en Conflicto con la ley por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Bienestar Familiar, el cual demuestra que las posibles razones para el uso de estas sustancias es para relajarse, olvidar los problemas y sentirse bien. La edad de inicio de comisión de la conductas delictuales y entrada a pandillas es de 14 años, siendo en la mujer en más avanzada edad.
SECRETARÍA GENRAL
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley estatutaria número 248 de 2010 Senado, por la cual se reglamenta el Acto legislativo 02 de 2009 y se establecen medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General. La materia de que trata el mencionado Proyecto de Ley Estatutaria, es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el Proyecto de Ley Estatutaria de la referencia a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.