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Timestamp: 2017-12-15 02:46:26
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 290', 'ARTÍCULO 293', 'ARTÍCULO 294', 'artículo 207', 'ARTÍCULO 297', 'Artículo 34']

el blog de don benito: Los delitos societarios ante la legislación gatopardiana de la crisis económica
Los delitos societarios ante la legislación gatopardiana de la crisis económica
(Años 2013 a 2015). Síntesis (1)
Sobre los delitos societarios es creencia general que sólo se han visto afectados tras la reforma penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 por la derogación del delito del art. 295 CP/1995 de administración desleal y su sustitución por el nuevo delito genérico de administración desleal de patrimonios ajenos del art. 252 CP/2015. Sin embargo, dadas las
c o n t i n u a s r e f e r e n c i a s d e n o r m a s e x t r a p e n a l e s, preferentemente
mercantiles y económico-financieras, a las que se remiten todos los delitos societarios y los numerosos cambios legislativos realizados entre los años 2013 al 2015 en estas materias, en realidad, todos los delitos societarios desde el art. 290 al 297 CP/1995, excepto el art. 296, han sufrido modificaciones importantes, cuya síntesis revela este trabajo.
Los intensos cambios normativos sufridos en España en los últimos tres años, salvo en el
año 2016 —año de incertidumbre política y gobierno en funciones—, que pueden
calificarse de verdadero «tsunami» legislativo, han afectado a todo nuestro ordenamiento
jurídico, tanto público como privado. En materia penal, lógicamente, se atiende a los
producidos por la Ley Orgánica 1/2015. Y, en concreto, para los delitos societarios, se pone
de relieve la derogación del delito societario de administración desleal del art. 295
CP/1995 y su sustitución por el delito genérico de administración desleal de patrimonios
ajenos del art. 252 CP/2015. Sin embargo, se desconoce que los demás delitos societarios,
falsedad documental del art. 290, imposición de acuerdos abusivos por la mayoría del art.
291, imposición de acuerdos lesivos mediante mayorías ficticias del art. 292, negación o
restricción de los derechos del socio del art. 293, obstaculización de la actividad
supervisora o inspectora del art. 294 y hasta el concepto de sociedad del art. 297
CP/1995, se han visto afectados sustancialmente dado las continuas referencias a la
normativa mercantil y económico-financiera que realizan estos tipos penal, a la vista de
las importantes modificaciones legislativas de aquella normativa. En el presente estudio,
se hará una síntesis de cómo han resultado afectados todos los delitos societarios, tras
estas importantes reformas legislativas de la crisis económica.
I. INTRODUCCIÓN: DELITOS SOCIETARIOS, CRISIS ECONÓMICA Y LEGISLACIÓN GATOPARDIANA
Si nos fijamos en la información suministrada por el Congreso de los Diputados en su página web
(2) , en la X Legislatura (2011-2016), sólo desde el año 2013 a 2015 se aprobaron 283 normas
legales, que según su rango, corresponden a 33 Leyes Orgánicas, 111 Leyes, 46 Reales Decreto-
Ley y 9 Reales Decretos-Legislativos.
La intensa actividad legislativa de nuestras Cortes Generales en aquella legislatura contrasta con
las dos siguientes (XI y XII —2016—), en las que no se ha aprobado ninguna ley (3) , dada la
parálisis política existente ante la incapacidad de formar un nuevo gobierno.
Aquella actividad legislativa fue in crescendo llegando a lo que podría denominarse paroxismo
legislativo en el año 2015, si se observan las siguientes cifras:
NORMAS 2013 2014 2015 TOTAL
Ley Orgánica 9 8 16 33
Ley 27 36 48 111
RD-Ley 17 17 12 46
RDLegislativo
TOTAL 54 61 84 283
Tal tsumani legislativo afectó a todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado, sin que ninguna rama del Derecho español se haya visto inmune al virus normativo de esos años, cuyos efectos todavía no se han calibrado con la suficiente perspectiva temporal que permita un estudio sosegado y serio de tales mutaciones, tanto en cuanto a su etiología cuanto a su impacto en el orbe jurídico español. Sobre todo, quedan por analizar en profundidad las causas de esta legislación de la crisis económica: ¿por qué se dicta? ¿a quién beneficia?
Quizás estemos en el mismo contexto, mutatis mutandi, que expresaba Luchino Visconti en su
película El Gatopardo (1963) basada en el libro de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que reflejó las reflexiones del príncipe Di Salina sobre la decadencia de su clase nobiliaria y su mundo que
agonizaba, mientras una nueva burguesía ascendía al poder económico y político en el marco de los acontecimientos que sacudieron Sicilia en 1860 (la invasión de los camisas rojas conducidos por Giuseppe Garibaldi).
«Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie» (4) .
Desde otra perspectiva, algo parecido a lo que en Derecho Penal se llama preceptos simbólicos o ad exhibendum (5) .
Sin perjuicio de abordar las respuestas a los anteriores interrogantes en otros estudios, nos vamos a centrar ahora en su impacto (luces y sombras) en los delitos societarios (6) , regulados en los arts. 290 al 297 CP/1995, para desvelar en contra de la creencia general que no sólo ha afectado al delito de administración desleal del art. 295 CP/1995 mediante su desafortunada derogación sino que también alcanza a los demás delitos societarios, a la vista de las continuas referencias que estos hacen a normas mercantiles y económico-financieras extrapenales, que han sido modificadas por aquella legislación gatopardiana de la crisis económica.
II. EL DELITO SOCIETARIO DE FALSEDAD DOCUMENTAL DEL ARTÍCULO 290 CP/1995
El falseamiento de balances, cuentas e informes a que se refiere el art. 290 CP/1995 (7) tiene
como normativa extrapenal al llamado Derecho contable para las sociedades mercantiles que se integra por numerosas normas, básicamente recogidas en el Código de Comercio (Libro I, Título III, art. 25), en las leyes reguladoras de las distintas sociedades mercantiles —en especial, los arts. 253 a 284 relativos a cuentas anuales del TR de la Ley de Sociedades de Capital—, aprobado por RD legislativo 1/2010, de 2 julio (8) , también, en los Planes Generales de Contabilidad, tanto para las empresas en general como para las Pymes y en la Ley de Auditoría de Cuentas.
Toda esta normativa está fuertemente condicionada por Directivas europeas, de las que son
transposición, a los efectos armonizadores. Hay que resaltar que la Auditoría de cuentas se ha regulado de nuevo mediante la Ley 22/2015, de 20 julio (BOE 173 del 21), con entrada en vigor escalonada según las materias al día siguiente de su publicación, el día 1 enero 2016 y el día 17 junio 2016, la cual ha derogado el TR del año 2011 y a efectos de este trabajo modifica los siguientes cuerpos legislativos, según sus disposiciones finales:
Disposición final primera. Modifica el Código de Comercio (art. 34.1 —cuentas anuales empresarios— y art. 38 bis.1, suprime apartados 3, 4 y 5 del art. 38 bis, da nueva redacción al apartado 4 del art. 39 y art. 43).
Disposición final segunda. Se añade un apartado b) al art. 100 de la Ley 24/1988, de 28 julio del
Mercado de Valores. Si bien se observa que sobre esta materia habrá que estar al TR de la Ley de Mercado de Valores, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 octubre (BOE 255 del24).
Disposición final cuarta. Modifica el TR de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, afectando a la letra d) del apartado 2 del art. 107, el
apartado 2 del art. 124, el apartado 3 del art. 128, el apartado 3 del art. 257, el art. 260 —
contenido de la Memoria—, art. 261 —Memoria abreviada—, art. 264, art. 265, art. 266 añadiendo un párrafo final, art. 267 añade apartado 3, art. 270 apartado 2, se suprime el apartado 4 del art.273, art. 279 apartado 1, letras a) y c) del apartado 2 del art. 308, apartado 1 del art. 353, art.354, art. 355, letra b) del apartado 2 del art. 417, apartados 1, 2 y 3 del art. 505 y art. 529 —Comisión de auditoría—.
Esta nueva norma transpone la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril 2014, que, a su vez, modificó la Directiva 2006/43/CE relativa a auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.
Las normas que regulan la contabilidad y la publicidad vienen a reconocer la necesidad de que los datos económicos más relevantes, que reflejan la situación de una empresa y que son de
publicación obligatoria ofrezcan un reflejo de la misma que responda a su realidad, en definitiva, que sean paradigma de la imagen fiel (9) de su verdad, trasunto de la máxima inglesa «true and fairview», para que los intereses de la sociedad, los de quienes pretendan entablar con e l l a relaciones y los del mismo Estado, persuadido por razones fiscales y económicas en saber de su realidad contable, no se vean defraudados, facilitando que las obligaciones y derechos, se adquieran y contraigan en el marco de unas previsiones fundadas en la solvencia de quienes se comprometen —de conformidad con lo establecido en el art. 1258 del Código Civil— al amparo de la buena fe, el uso y la ley.
Por otra parte, sobre la responsabilidad de los auditores de cuentas, en la Ley 22/2015 no existe un precepto similar al anterior art. 30.4 que se refiere a la responsabilidad penal, pero sí se cita esta responsabilidad en el art. 60.3 relativo a la confidencialidad y deber de secreto, en caso de infringirse, ya que puede generar responsabilidad penal, civil o administrativa.
Con anterioridad a esta ley, la doctrina estaba dividida acerca de si el auditor podía contraer responsabilidad penal por el delito del art. 291 CP. Como recuerda PAVÓN HERRADÓN (10)
, «la mayoría de la doctrina se inclina por considerar que el auditor de cuentas, a pesar de su importante papel, no puede ser sujeto activo del delito, por no desempeñar funciones de
administración, siendo un extraño a la organización de la sociedad, no ostentando la condición de administrador ni de derecho ni de hecho». En contra de esta posición, CHOCLÁN
MONTALVO (2003) y nosotros, que entendemos responsables penalmente a los auditores, en su caso, a título de partícipes (11) .
Tras la reforma legislativa, ¿habrá más argumentos a favor de la impunidad de los auditores, a
pesar de que, en cierto modo, si no detectan falsedades e irregularidades, son partícipes de este delito? ¿Es ésta una legislación gatopardiana?
La nueva Ley de Auditoría de Cuentas se refiere a la responsabilidad civil del auditor en su Título I (De la auditoría de cuentas), capítulo III (Ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas), sección 3.ª (Responsabilidad y garantía financiera), estableciendo en el art. 26 que «1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones según las reglas generales del Código Civil, con las particularidades establecidas en este artículo.
2. La responsabilidad civil de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría será exigible de forma proporcional y directa a los daños y perjuicios económicos que pudieran causar por su actuación profesional tanto a la entidad auditada como a un tercero.
A estos efectos, se entenderá tercero cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que acredite que actuó o dejó de actuar tomando en consideración el informe de auditoría, siendo éste elemento esencial y apropiado para formar su consentimiento, motivar su actuación o tomar su decisión.
La responsabilidad civil será exigible de forma personal e individualizada, con exclusión del daño o perjuicio causado por la propia entidad auditada o terceros.
3. Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor de cuentas en nombre de una sociedad de auditoría, responderán solidariamente, dentro de los límites señalados en el apartado precedente, el auditor que haya firmado el informe de auditoría y la sociedad de auditoría.
4. La acción para exigir responsabilidad contractual del auditor de cuentas y de la sociedad de
auditoría prescribirá a los cuatro años a contar desde la fecha del informe de auditoría».
Sin perjuicio de lo anterior, el art. 27 de la Ley citada establece la obligación de prestar garantía financiera por parte de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría.
III. LOS DELITOS SOCIETARIOS DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS POR LA MAYORÍA DE LOS ARTÍCULOS 291 Y DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS LESIVOS MEDIANTE MAYORÍAS FICTICIAS DEL 292 CP/1995 (12)
En relación con estos delitos, hay que recordar que han sido criticados unánimemente por la doctrina la conveniencia de la incorporación al Código Penal de una conducta cuya configuración, amén de haberse efectuado con defectuosa técnica legislativa, conlleva un solapamiento con uno de los motivos de impugnación de los acuerdos sociales regulados en el ordenamiento mercantil, cual es: el de la adopción por cualquier órgano social de acuerdos que en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros lesionen los intereses de la sociedad regulado en el art. 204 TRLSC 2010, reformado por Ley 31/2014, de 3 diciembre, antes art. 115.1 LSA (13) .
Esta doble regulación y el principio de mínima intervención del Derecho Penal pueden permitir interpretaciones que excluyan de la vía penal las conductas descritas por mor de su previsión e
impugnación por la vía mercantil (14) . ¿Otro efecto de la legislación gatopardiana?
IV. EL DELITO SOCIETARIO DE NEGACIÓN O RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS DEL SOCIO DEL ARTÍCULO 293 CP/1995 (15)
La reforma del gobierno corporativo realizada por la Ley 31/2014 ha afectado a este delito ya que se le ha dado nueva redacción al art. 197 TR Ley de Sociedades de Capital de 2010 al regular el derecho de información de los accionistas, cuya redacción queda así:
«1. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas
podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la
2. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera
satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información
solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.
3. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo
de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de
los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse
para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades
4. La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los
estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del
5. La vulneración del derecho de información previsto en el apartado 2 solo facultará al
accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y
perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta
6. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio
será responsable de los daños y perjuicios causados».
V. EL DELITO SOCIETARIO DE OBSTACULIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
SUPERVISORA O INSPECTORA DEL ARTÍCULO 294 CP/1995 (16)
Para este delito son muy importantes la Ley 10/2014, de 26 junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de Entidades de Crédito (17) , el TR de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 octubre (18) y la Ley 20/2015, de 14 julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (19) .
En esta materia, es importante destacar las dificultades que la incorporación de art. 294 CP ha
supuesto para adecuar la sanción a la naturaleza óntica de la infracción cometida, ante la
evidencia de un Derecho disciplinario preexistente en los ámbitos sectoriales: en el mercado de
valores, financiero y de seguros.
A mayor abundamiento ante preceptos como el art. 117 de la Ley 10/2014, de 26 junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, antes art. 2 LDIEC y el artículo 207 de la Ley 20/2015, de 14 julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, antes art. 47 del TRLOSSP, declarando la posible compatibilidad de ambas funciones estableciendo que: la aplicación de la potestad sancionadora será independiente de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal y que no obstante su declaración de prioridad del orden penal sobre el administrativo, con la suspensión del procedimiento sancionador hasta tanto recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial, reanudado aquél la resolución que recaiga en el expediente deberá respetar la apreciación de los hechos que contenga el pronunciamiento judicial.
No obstante, los arts. 194 de la Ley 20/2015, que modifica el TRLOSSP, 92 de la Ley 10/2014, que deroga la LDIEC y el 278 del TRLMV, aprobado por RDLegislativo 4/2015, que deroga la
LMV, ya no recogen como infracciones administrativas muy graves la negativa o resistencia a la acción inspectora, que habrá que entender siempre pasará a ser el delito del art. 294
CP y no una mera infracción administrativa.
En cuanto a la supervisión del mercado de capitales o financiero, hay que destacar que la Ley 10/2014 reserva las competencias del Banco Central Europeo y somete al sistema
financiero español a la supervisión europea. Véase también la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.o 575/2013 (20)
VI. EL CONCEPTO DE SOCIEDAD DEL ARTÍCULO 297 CP/1995 (21)
En esta materia, del período indicado (2013-2015) son importantes las siguientes leyes:
— Para las cooperativas: Ley 13/2013, de 2 agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (22) .
— Para las cajas de ahorro: Ley 26/2013, de 27 diciembre, de cajas de ahorro y
fundaciones bancarias (23) , que entró en vigor el 29 diciembre 2013, cuya última
modificación se ha producido por la Ley 10/2014, de 26 junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades de crédito.
El art. 2 de la Ley 26/2013, citada, sobre definición, finalidad y normativa aplicable, señala:
«1. Las cajas de ahorros son entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social,
cuya actividad financiera se orientará principalmente a la captación de fondos reembolsables
y a la prestación de servicios bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y
Su ámbito de actuación no excederá el territorio de una comunidad autónoma. No obstante,
podrá sobrepasarse este límite siempre que se actúe sobre un máximo total de diez
provincias limítrofes entre sí.
2. La obra social de las cajas de ahorros podrá tener como destinatarios a los impositores, a
los empleados de la propia caja y a colectivos necesitados, así como dedicarse a fines de
interés público de su territorio de implantación.
3. Sin perjuicio de la normativa de las comunidades autónomas donde las cajas de ahorros
tengan su domicilio social, estas se regirán, con carácter básico, por lo previsto en esta Ley
y, supletoriamente, en cuanto sea de aplicación, por lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, y demás normas del ordenamiento jurídico-privado».
Es importante destacar que la disposición adicional cuarta de la Ley 26/2013, de 27 diciembre, ya citada, señala que: «Las cajas de ahorros que a la entrada en vigor de esta Ley no cumplan los requisitos para continuar operando como tales, en los términos previstos en el capítulo II del título II de esta Ley, dispondrán de un plazo de seis meses para cumplir tales requisitos o, en caso contrario, para transformarse en fundación. A tal efecto, traspasarán todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de e s t a ú l t i m a y s e transformarán en una fundación bancaria o, en su caso, ordinaria, perdiendo su condición de entidad de crédito».
— Para las Mutuas: art. 41.1 Ley 20/2015, de 14 julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ya citada.
— Para cooperativas de seguros: art. 42 Ley 20/2015, de 14 julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ya citada.
— Para las mutualidades de previsión social: art. 43.1 Ley 20/2015, de 14 julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ya
— Para entidades financieras o de crédito: Ley 10/2014, de 26 junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades de crédito, ya citada, que derogó a la antigua Ley 31
diciembre 1946 de Ordenación bancaria.
— Para las sociedades laborales y participadas: Ley 44/2015, de 14 octubre (24) .
Este trabajo está basado en el libro de SEQUEROS SAZATORNIL, Fernando y DOLZ LAGO, Manuel-Jesús,
Delitos societarios y conductas afines. La responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios yadministradores, LA LEY grupo Wolters Kluwer, 4.ª edición en prensa. Para un estudio más extenso, legal,doctrinal, jurisprudencial y bibliográfico, véase la citada obra, donde se examina también el nuevo delitode administración desleal de patrimonios ajenos del art. 252/2015 no tratado aquí.
Sólo consta en la XI y XII Legislaturas (2016) con rango de Decreto-Ley, el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. (BOE, núm. 92, de 16 de abril de 2016). Convalidación (Tramitación parlamentaria) y Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. (BOE, núm. 237, de 30 de septiembre de 2016). (Tramitación parlamentaria)
Como recuerda GRONDONA, Mariano, (La Nación, Buenos Aires, 16 noviembre 2003) «Un representante de la nobleza siciliana, el duque Giuseppe di Lampedusa, dejó al morir en 1957 el manuscrito de su única novela, IlGattopardo. Publicada al año siguiente por Feltrinelli, la novela obtuvo un éxito fulminante.
Puede leerse su versión castellana en El Gatopardo, Madrid: Unidad Editorial, 1999. La acción de El Gatopardo transcurre en el sur de Italia en 1860, cuando las tropas de Garibaldi y las ideas de Mazzini parecían anunciar el colapso del orden tradicional y el advenimiento revolucionario de una nueva Italia. El príncipe Fabrizio Salina, protagonista de la novela en cuyo escudo nobiliario se destaca la figura de un gatopardo, felino parecido a nuestro gato montés, teme el advenimiento de los nuevos tiempos y el fin de la nobleza. Se entera con horror, además de que su amado sobrino Tancredi se ha unido a los revolucionarios.
La fórmula según la cual a veces es preciso que todo cambie para que nada cambie ingresó en el análisis político, desde el libro de Lampedusa, bajo el nombre clave de gatopardismo. La multitud se entusiasma en las calles y en las plazas porque cree que todo está cambiando. En discretos salones, los entendidos saben que todo sigue igual».
Sobre la función simbólica del Derecho Penal, en especial, del llamado Derecho Penal del Trabajo, me he referido en otros estudios, v.gr. «Los delitos contra la Seguridad Social: entre la corrupción pública y la privada. Algunas claves frente al tsunami de la crisis económica y las quiebras del principio de igualdad», en Revista de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social n .o 38 (enero-abril 2014), Iustel, haciendo referencia a otros autores. Así, MENA ALVAREZ, José M.ª, en su artículo «Virtualidad práctica del art. 348 bis a)», publicado en Protección penal de los derechos de los trabajadores, Jornadas organizadas por Jueces para la Democracia, Universidad de Santiago de Compostela, 1985, pág. 43, afirmaba que «La verdadera incidencia de estos preceptos es la de la neutralización de la dinámica social que deriva del juicio de reproche social de los sectores huérfanos de incidencia en la producción legislativa, por eso los
tipos penales "ad exhibendum" florecen en los cuerpos legales autoritarios, siempre portadores de preceptos accesorios paternalistas, "compensadores" de la indefensión forzosa que imponen a la dinámica social. Este es el origen de nuestro art. 348 bis a), como ha puesto de manifiesto ARROYO». Véase también LUZÓN PEÑA, Diego Manuel «Función simbólica del Derecho Penal y delitos relativos a la manipulación genética», en Genética y derecho penal: previsiones en el Código Penal Español de 1995.
Coordinado por Carlos María Romero Casanoba, 2001, págs. 49-60.
Las normas más importantes que afectan a estos delitos son las siguientes: Año 2013. Ley 13/2013, de 2 agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (BOE 185 del 3); Ley 20/2013, de 9 diciembre, de garantía unidad de la unidad de mercado (BOE 295 del 10); Ley 26/2013, de 27 diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (BOE 311 del 28), muy importante; Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derechos español a la normativa de la UE en materia de Supervisión y Solvencia de Entidades Financieras (BOE 287 del 30), que se recoge en Ley 10/2014, de 26 junio, de ordenación, supervisión y solvencia de Entidades de Crédito (BOE 156, del 27), muy importante.
Año 2014. Ley 3/2014, de 27 marzo, modifica el TR de la Ley Gral. para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes, aprobado por RD-Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (BOE 76 del 28); Ley 4/2014, de 1 abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (BOE 80 del 2); Ley 10/2014, de 26 junio, de ordenación, supervisión y solvencia de Entidades de Crédito. (BOE 156 del 27) Deroga la anterior Ley 26/1988, de 28 julio, muy importante. Afecta al RDL 14/2013.
Desarrollada por Real Decreto 84/2015, de 13 febrero (BOE del 14); Ley 22/2014, de 12 noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo. (BOE 275 del 13) , muy importante.; Ley 27/2014, de 27 noviembre, del Impuesto de Sociedades; Ley 31/2014, de 3 diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (BOE n.o 293, del 4), muy importante; Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 septiembre, de medidas urgentes en materia concursal (BOE 217 del 6).
Año 2015. Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre, del Código Penal (BOE 77 del 31 marzo). Corrección de errores en BOE 139 de 11 junio, muy importante; Ley 5/2015, de 27 abril, fomento de la financiación empresarial (BOE 101, del 28), muy importante. Modifica varias leyes mercantiles importantes. Corrección de errores en BOE 279 del 21 noviembre; Ley 9/2015, de 25 mayo, de medidas urgentes en materia concursal (BOE 125 del 26), muy importante. Modifica varias leyes mercantiles importantes; Ley 11/2015, de 18 junio, de recuperación y resolución de Entidades de Crédito y Empresas de servicios de inversión (BOE 146, del 19) Corrección de errores de 18 junio 2015 en BOE 212 del 4 septiembre 2015) Modifica TRLSC2010 y otras. Desarrollada por Real Decreto 1012/2015, de 6 noviembre (BOE 267 del 7); Ley 15/2015, de 2 julio, de la Jurisdicción
Voluntaria (BOE 158, del 3) Corrección de errores de 2 julio 2015 en BOE 210 del 2 septiembre 2015. Muy importante. Modifica Código de Comercio, LECivil, Ley de Contrato de Seguro y LSC2010, Ley 211/1964, de 24 diciembre, emisión obligaciones sociedades no anónimas y Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios; Ley 20/2015, de 14 julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE del 15, vigencia 1 enero 2016), muy importante; Ley 25/2015, de 28 julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE del 20, vigencia 30 julio 2015); Real Decreto 84/2015, de 13 febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 junio, de ordenación, supervisión y solvencia de Entidades de Crédito (BOE del 14); Circular 2/2015, de 23 junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la
que se modifica la Circular 3/1999, de 22 septiembre, sobre transparencia de las operaciones de mercados oficiales de valores (BOE 190 del 10 agosto); Circular 3/2015, de 23 junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre especificaciones técnicas y jurídicas e información que deben contener las páginas web de las sociedades anónimas cotizadas y las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores (BOE 190 del 10 agosto); Cataluña. Ley de Cooperativas (Ley 12/2015, de 9 julio- BOE 194 del 14 agosto); Ley 20/2015, de 14 julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE 168 del 15). Muy importante.
Modificada por Disposición final undécima de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de régimen jurídico del sector público. Desarrollado por Real Decreto 1060/2015, de 20 noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE 288 del 2 diciembre); Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas (BOE 173 del 21). Muy importante; Circular 3/2015, de 29 julio, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 1/2013, de 24 mayo, sobre Central de Información de Riesgos; y la Circular 5/2014, de 28 noviembre, por la que se modifican las Circulares 4/2004, de 22 diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, la Circular 1/2010, de 27 enero, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras, y Circular 1/2013, de 24 mayo, sobre Central de Información de Riesgos (BOE 192 del 12 agosto); Circular 4/2015, de 29 julio, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, la Circular 1/2013, de 24 mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios b a n c a r i o s y responsabilidad en la concesión de préstamos (BOE 193 del 13 agosto); Resolución de 30 julio 2015, de la Intervención General del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente (BOE 190 del 10 agosto); Resolución de 30 julio 2015, de la Intervención General del Estado,
por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública (BOE 190 del 10 agosto); Orden JUS/1840/2015, de 9 septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como relación de actividades que pueden formar parte del objeto social (BOE 219 del 11); Ley 40/2015, de 1 octubre, régimen jurídico del sector Público (BOE 236 del 2). Reforma en DF 4.ª la Ley 50/2002, de 26 diciembre de Fundaciones; DF 5.ª la Ley Concursal, DF 6.ª la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas —ver sociedades mercantiles estatales—; Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas (BOE 247 del 15); Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 255 del 24). A
propósito del Personal de Alta Dirección (administradores) como relación especial; Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores (BOE 255 del 24). Corrección de errores BOE 296 del 11 diciembre 2015. Muy importante; Real Decreto 952/2015, de 23 octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1072/2010, de 20 agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales (BOE 255 del 24); Circular 6/2015, de 17 noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de las
cajas de ahorro que no emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores y sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito (BOE 278 del 20); Orden ECC (Ministerio de Economía y Productividad) /2575/2015, de 30 noviembre, por la que se determina el contenido, la estructura y los requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y se establecen las obligaciones de contabilidad, de las fundaciones bancarias (BOE 290 del 4 diciembre)
Año 2016. Circular 8/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se aprueban los modelos de notificación de participaciones significativas, de los consejeros y directivos y sus vínculos estrechos, de operaciones del emisor sobre acciones propias, y de otros modelos (BOE 23, del 27 enero 2016); Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.o 575/2013 (BOE 34, del 9 febrero 2016); Instrucción de 9 de febrero
de 2016, de la Dirección General de Registros y del Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su inscripción en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas (BOE 39, de 15 febrero 2016); Circular 1/2016, de 31 de marzo, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de reconocimiento y valoración de contingencias, impuestos diferidos y determinadas inversiones en entidades de crédito y aseguradoras a efectos del régimen especial de solvencia (BOE 85 del 8 abril 2016)
«Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior».
Modificado por Ley 1/2012, de 22 junio, de simplificación de las obligaciones de información y
documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (BOE n.o 150, de 23 junio de 2012).
En este orden el art. 34 C. Comercio dispone que:
«1. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una unidad. El estado de flujos de efectivo no será obligatorio cuando así lo establezca una disposición legal.
Número 1 del art. 34 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas ("B.O.E." 21 julio). Lo previsto en la presente disposición será de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016.
Artículo 34 redactado por el apartado uno del artículo primero de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea ("B.O.E." 5 julio). Vigencia: 1 enero 2008.
Véanse: — Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad — Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas y los criterios específicos para microempresas.
RD 1514/2007 de 16 Nov. (Plan General de Contabilidad)
RD 1515/2007 de 16 Nov. (Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y criterios contables específicos para microempresas)».
Por su parte el art. 254 del TRLSC 2010 (antes, art. 172 TRLSA) sobre el contenido de las cuentas anuales, dice: «Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
El delito de falsedad documental societaria, Bosch, Wolters Kluwer, 2016, págs. 233 y 234.
Véase SEQUEROS SAZATORNIL, F. y DOLZ LAGO, M.J., ob. cit. 3.ª edición, pág. 134 y 135. 4.ª edición, en prensa.
Art. 291 «Los que prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido». Art. 292 «La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovechasen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio
de este derecho a quienes lo tengan reconocido por ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito».
El art. 204 TRLSC (2010), tras la reforma operada mediante el apartado siete del artículo único de la Ley 31/2014, de 3 diciembre, que modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo, dice: «1. Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés
propio y en detrimento injustificado de los demás socios. 2. No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho del que impugne a instar la eliminación de los efectos o la reparación de los daños que el acuerdo le hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor. 3. Tampoco procederá la impugnación de acuerdos basada en los siguientes motivos: a) La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los
estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante.
d) La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible. Presentada l a demanda, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación previstos en este apartado se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento». Vid. idem: antes, los arts. 115.1 y 143 LSA, arts. 56 y 70 Ley 2/1995, de 23 de marzo, SRL y 31 y 37 Ley 3/1987 de 2 de abril, General de Cooperativas, que se mantienen con la misma numeración de esta última en la Ley 27/1999, de 16 julio, General de Cooperativas (BOE n.o 170/1999), que derogó parcialmente la Ley 3/1987.
En nuestro estudio «Aspectos sobre la reforma de los delitos de administración desleal de patrimonios ajenos privados y de apropiación indebida, tras la L.O. 1/2015», publicado en el n.o 1 de la Revista Ministerio Fiscal (2016), editada por la Fiscalía General del Estado, en una reflexión que puede aplicarse también a este delito del art. 291 CP/1995, ya decíamos «Por ello, el nuevo art. 252 CP/2015, precisa ser analizado según afecte a patrimonio ajeno social —que será lo más habitual— o no. Esta precisión es necesaria para dotar de su razón de ser al delito de administración desleal de patrimonio ajeno social conforme al anterior y sutilmente derogado art. 295 CP/1995 y su decisiva jurisprudencia interpretativa, si no se quiere dejar en la impunidad conductas de los administradores sociales gravemente perjudiciales para el orden socioeconómico, so pretexto de dos vías de "huida del Derecho Penal". La primera,
considerar que la exigencia de la responsabilidad de los administradores sociales debe realizarse preferentemente en el orden de la jurisdicción civil/mercantil conforme a la Ley de Sociedades de Capital (TR 2010 reformado por Ley 31/2014) y no en el penal. Y la segunda, en congruencia con la anterior, valorar el nuevo precepto, por un lado, como un simple delito meramente patrimonial, al margen del orden socioeconómico, y, por otro, sólo en su modalidad de tipo de abuso, omitiendo el tipo de infidelidad, que es inherente a aquél en cuanto la confianza es un presupuesto para su configuración (cfr. v.gr. STS -2.ª- 599/2014, de 18 julio —Del Moral—)».
«Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses».
«Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.
Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar alguna de las medidas previstas en el art. 129 de este Código».
BOE 156 del 27. Desarrollada por Real Decreto 84/2015, de 13 febrero (BOE del 14, vigente 15 febrero 2015) y por Circular 2/2016, de 2 febrero del Banco de España. La Ley 10/2014 deroga la anterior Ley 26/1988, de 29 de julio de 1988, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito BOE 182/1988, de 30 julio, que fue modificada por: Ley 9/1992 de 30 abril 1992; Ley 13/1992 de 1 junio 1992; Ley 2/1994 de 30 marzo 1993; Ley 3/1994 de 14 abril 1994; Ley 13/1994 de 1 junio 1994; Ley 30/1995 de 8 noviembre 1995; Ley 43/1995 de 27 diciembre 1995; Ley 12/1998 de 28 abril 1998; Ley 44/2002 de 22 noviembre 2002; Ley 53/2002 de 30 diciembre 2002; Ley 5/2005 de 22 abril 2005; Ley 6/2005 de 22 abril 2005; Ley 41/2007 de 7 diciembre 2007; Ley 36/2007 de 16 noviembre 2007; RDL 9/2009 de 26 junio 2009; Ley 5/2009 de 29 junio 2009; Ley 16/2009 de 13 noviembre 2009; Ley 2/2011 de 4 marzo 2011;
Ley 21/2011 de 26 julio 2011; RDL 10/2012 de 23 marzo 2012; RDL 24/2012 de 31 agosto 2012; Ley 9/2012 de 14 noviembre 2012. Para concreción de estas reformas véase base de datos laleydigital.es, referencia La Ley 10274/2014, donde se recogen las últimas modificaciones de la Ley 10/2014, en
concreto, la operada por Ley 11/2015, de 18 junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (La Ley 10250/2015)
BOE 255 del 24 —corrección de errores en BOE 296 del 11 diciembre 2015—.
BOE del 20, vigencia 1 enero 2016.
BOE del 9 febrero.
«A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad, toda cooperativa, Caja de Ahorro, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado».
Publicado por josé andrés en 4:33
Etiquetas: delitos societarios y conductas afines, Manuel Jesús Dolz
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