Source: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/78-09sp.htm
Timestamp: 2016-12-03 00:16:33
Document Index: 259542556

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 61']

No. 78/09
A través de estos 50 años de trabajo, la CIDH ha constatado que la desigualdad y discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes. La discriminación contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los pobres, los inmigrantes y diversos grupos sobre la base de su orientación sexual, entre otros, es un problema grave en todos los países de la región. La Comisión insta a los Estados a adoptar medidas urgentes a fin de avanzar en forma decidida en la prevención y el combate de todas las formas de discriminación, así como en la eliminación de la pobreza, en especial la pobreza extrema. En estas cinco décadas la CIDH ha observado avances significativos en los derechos políticos y civiles, en tanto muchos países que sufrían dictaduras y conflictos armados viven ahora en democracia. Sin embargo, el desafío actual es mejorar la calidad de esa democracia, incluyendo todos los derechos políticos y civiles. Especialmente grave es la situación en Honduras, donde el 28 de junio se perpetró un golpe de estado que tiene un impacto directo en los derechos humanos de los habitantes de ese país. La CIDH considera que es indispensable restituir al Presidente Manuel Zelaya y restablecer el orden constitucional como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos.
En lo referente al 137º Período de Sesiones, la CIDH recibió a una delegación de alto nivel del Gobierno de Colombia, encabezada por el Vicepresidente Francisco Santos. Sin perjuicio de la información recibida, la CIDH considera de suma gravedad las actividades de inteligencia que fueron adelantadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) respecto de funcionarios judiciales, líderes políticos, defensores de derechos humanos y una Comisionada de la CIDH. La Comisión Interamericana espera que se adopten acciones concretas para que esta situación no se repita y para que se identifiquen y sancionen a los responsables.
No obstante la gravedad de los desafíos pendientes, en sus cinco décadas de existencia la CIDH ha sido testigo de significativos avances en el respeto y garantía de los derechos humanos. El 137º Período de Sesiones fue escenario de avances en diversas áreas.
En este sentido, la CIDH valora muy positivamente que el Estado de El Salvador haya reconocido su responsabilidad internacional en el caso del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y en cuatro casos de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, y por su aceptación explícita del carácter vinculante de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la CIDH expresa su satisfacción por los avances en procesos de solución amistosa de casos relativos a Argentina y Paraguay que se registraron en reuniones de trabajo celebradas durante este período de sesiones. Durante estas sesiones se celebraron 52 audiencias y 28 reuniones de trabajo y se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. La CIDH está integrada por Luz Patricia Mejía, Presidenta; Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente, y los Comisionados Paolo Carozza, Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton. El 31 de diciembre de 2009 termina el período para el cual fueron electos los Comisionados Víctor Abramovich, Paolo Carozza y Sir Clare K. Roberts. Asimismo, se hará efectiva ese día la renuncia del Comisionado Florentín Meléndez. En julio de 2009, el Comisionado Meléndez asumió como Vicepresidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. La CIDH expresa su agradecimiento y reconocimiento por el trabajo, la dedicación y los valiosos aportes al sistema interamericano de derechos humanos que han dejado como legado los Comisionados Abramovich, Carozza, Roberts y Meléndez.
La CIDH cumplió 50 años como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Enlaces útiles
Página del 137 Período de Sesiones
Fotos del 137 Período de Sesiones
ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 78/09
SOBRE EL 137º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 137º período ordinario de sesiones del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009. La CIDH está integrada por Luz Patricia Mejía, Presidenta; Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Paolo Carozza, Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es Santiago A. Canton. La CIDH es el órgano principal de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de velar por la observancia de los derechos humanos en todos los Estados del continente. Durante el 137º período de sesiones se celebraron 52 audiencias y 28 reuniones de trabajo. Asimismo, se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Estos informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las personas privadas de libertad y de la población LGBT, entre otros asuntos. La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación. Al respecto, cabe destacar la participación de altas autoridades gubernamentales de varios países, en una demostración de voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con la CIDH y con la sociedad civil. Las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias. En una resolución aprobada el 8 de junio de 1990, la Asamblea General de la OEA urgió a los Gobiernos a “que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones”. Asimismo, el artículo 61 del Reglamento de la CIDH dispone: “El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
La CIDH valora muy positivamente que el Estado de El Salvador haya reconocido su responsabilidad internacional en el caso del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y en cuatro casos de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, y por su aceptación explícita del carácter vinculante de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Informes
90/06,
11/08 y
66/08).
Asimismo, la Comisión Interamericana destaca muy especialmente su satisfacción ante la buena disposición y voluntad demostrada por las partes en las reuniones de trabajo sobre casos que están en proceso de solución amistosa, lo cual permitió registrar avances importantes. En especial, la CIDH desea destacar los avances registrados durante el 137º Período de Sesiones en casos relativos a Argentina, Guatemala, México y Paraguay.
El 4 de noviembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado en el Caso 12.330, Marcelino Gómez Paredes y Cristián Ariel Núñez, Paraguay, en la que las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo de solución amistosa el Estado paraguayo reconoció su responsabilidad internacional en el caso, que se refiere a la desaparición forzada, a principios de 1998, de Marcelino Gómez Paredes y Cristián Ariel Núñez, niños soldados reclutados ilegalmente para prestar servicio militar, quienes desaparecieron mientras se encontraban bajo la custodia del Ejército paraguayo. Entre otras cosas, el Estado se comprometió a continuar con la investigación de los hechos y sancionar a los responsables, así como presentar un proyecto de ley que adecue la legislación interna a los estándares de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Las partes agradecieron la permanente colaboración y seguimiento que la CIDH ha hecho del caso y solicitaron la aprobación del acuerdo de solución amistosa alcanzado, mediante la adopción del informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proceso de diálogo para una solución amistosa se había reanudado durante el 129° periodo de sesiones de la CIDH, después de una interrupción en 2003, año en que se aprobó el
Informe de Admisibilidad N° 82/03. El 4 de noviembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado en el Caso 12.306, Juan Carlos de la Torre, Argentina, en la que las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa. Mediante el acuerdo alcanzado, el Estado argentino se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los estándares internacionales que fueran exigibles en materia migratoria, en base a una agenda de trabajo acordada por las partes, la cual incluye: la reglamentación de la nueva Ley de Migraciones; un análisis pormenorizado de la legislación vigente en la materia (Nacional y provincial) a fin de impulsar la adecuación de aquella normativa que eventualmente contenga disposiciones que efectúen discriminaciones ilegítimas con base en la condición de extranjero de la persona o en su condición migratoria a los estándares internacionales y constitucionales en la materia. En ese sentido, las partes destacaron la aprobación del “Plan Nacional contra la Discriminación”, que incluye un capítulo específicamente dedicado a los migrantes y a los refugiados. Este proceso de solución amistosa se inició en el marco del 118º período de sesiones de la CIDH, y ha contribuido de manera decisiva a la derogación de la ley de migraciones por entonces vigente, conocida como “Ley Videla”, y a su sustitución por la ley 25.871, sancionada el 20 de enero de 2004; a la implementación de un mecanismo de consultas con distintas organizaciones a efectos del dictado de la reglamentación de la nueva norma; a la adopción de las medidas necesarias para la aprobación y posterior ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias; a la suspensión de las inspecciones migratorias y sus secuelas de retenciones, detenciones y expulsiones; al dictado del Decreto 836/04 que regla la normalización documentaria para todos los nativos del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Perú; y al dictado del Decreto 1169/04 con idéntico objetivo para las personas oriundas de todo otro Estado. Las partes expresaron su beneplácito por los resultados de este proceso de solución amistosa, que ratifica una vez más el alto valor y potencialidad del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y particularmente de la institución de la solución amistosa, como legítimo mecanismo de alerta temprana y para la instrumentación efectiva de medidas tendientes al mejoramiento institucional del Estado.
El 4 de noviembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado en el Caso 11.670, Menéndez Caride y otros, Argentina, conocido como el caso ANSES o caso de los jubilados,
donde las partes firmaron un acuerdo. El caso fue presentado ante la CIDH a favor de jubilados y pensionados de Argentina, en virtud de que los juicios que habían iniciado a nivel interno por reajuste de haberes presentaban demoras en su sustanciación y/o en el cumplimiento de las sentencias. El objetivo principal del acuerdo es asegurar que las prácticas administrativas se ajusten a la legislación sobre seguridad previsional, la cual fue adoptada en el marco del caso. Respecto de este caso, la Comisión emitió el 19 de enero de 2001 un informe de admisibilidad (Informe N. 03/01). En octubre de 2003, en el marco del 118º período ordinario de sesiones de la CIDH se inició un proceso de diálogo entre las partes. El proceso de solución amistosa impulsado ante la CIDH contribuyó de manera decisiva a la reforma de la ley 24.463 sobre Seguridad Previsional, en septiembre de 2006. También colaboró para que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en su nueva integración, reestableciera la doctrina constitucional en materia de seguridad social y su interpretación compatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Las partes agradecieron la permanente colaboración y seguimiento que del caso ha hecho la Comisión y solicitaron la aprobación del acuerdo de solución amistosa alcanzado, mediante la adopción del informe previsto en el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 4 de noviembre de 2009 se realizó una reunión de trabajo correspondiente al caso No 9.168 – Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, Guatemala (Informe 29/04). En el marco de esa reunión, los representantes del Estado manifestaron su voluntad de cumplir con las medidas de reparación fijadas en el acuerdo de solución amistosa e hicieron referencia a las limitaciones existentes en el acuerdo original. En este sentido, respecto de las medidas de reparación en materia de educación, las partes convinieron que el Estado de Guatemala, a través del Fondo Nacional de Becas y Créditos (FONABECE) otorgará a María Luisa Rosal Vargas una beca para que pueda realizar sus estudios de maestría en la Universidad McGill, de Québec, Canadá, a partir de enero de 2010. El 6 de noviembre de 2009, las partes firmaron un acta en la que el Estado de Guatemala se comprometió a otorgarle la beca, que incluirá los gastos de matrícula y materiales de estudio, como así también los gastos correspondientes a alojamiento, comidas y seguro médico. Asimismo, la beneficiaria se comprometió a informar al Estado respecto de sus avances académicos y cualquier otra circunstancia referida al desarrollo y ejecución de la beca otorgada. Finalmente, las partes acordaron mantener el diálogo a fin de concretar similares acuerdos en relación con la obligación en materia de educación respecto de Jorge Alberto Rosal Vargas. Las partes también avanzaron en las negociaciones e intercambiaron información a fin de cumplir con las obligaciones en materia de provisión de vivienda y medidas de justicia del caso, que aún quedan pendientes de cumplimiento.
El 4 de noviembre de 2009 se celebró una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado del Caso 12.623 - Luis Rey Villagrán García,
México (Informe 49/07). En dicha oportunidad, las partes informaron a la Comisión sobre la suscripción de un acuerdo conciliatorio el 3 de noviembre de 2009, celebrado con la intención de impulsar una solución amistosa para el caso de referencia. En razón de dicho acuerdo, el Estado asumió responsabilidades tales como la de gestionar el traslado de la presunta víctima –quien se encuentra privada de su libertad- a un centro de reinserción social de sentenciados mas cercano al lugar de residencia de su familia, y someter el expediente del caso a una Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado de Chiapas con la finalidad de que estudie y analice el procedimiento penal que se siguió en su contra, ajustándose a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Respecto a las medidas de reparación a ser adoptadas, indicaron que las mismas serán discutidas y acordadas de común acuerdo por ambas partes, y posteriormente notificadas a la CIDH. Finalmente, solicitaron que el referido acuerdo fuera homologado por la Comisión a través de un informe de solución amistosa y que, una vez que se de cumplimiento total del mismo, el caso se considere cerrado. Sin perjuicio de ello, manifestaron que, en caso de no respetarse dicho convenio, continuarían con la sustanciación del caso. En su
Informe 49/07, la CIDH se pronunció sobre la admisibilidad de la denuncia presentada en razón de presuntas violaciones de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, como así también de los artículos 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, con base en las alegaciones sobre detención ilegal, condiciones de detención, y actos de tortura a los que habría sido sometida la presunta víctima, entre otras.
Desafíos en materia de derechos humanos en la región
La CIDH observa que la desigualdad y la discriminación son graves problemas estructurales en el hemisferio, que constituyen importantes obstáculos para el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes. La discriminación contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los pobres, los inmigrantes y diversos grupos sobre la base de su orientación sexual, entre otros, es un problema grave en todos los países de la región. La Comisión insta a los Estados a adoptar medidas urgentes a fin de avanzar en forma decidida en la prevención y el combate de todas las formas de discriminación, así como en la eliminación de la pobreza, en especial la pobreza extrema. La CIDH continúa observando con preocupación la frecuencia de los conflictos sociales y hechos de violencia asociados con disputas sobre las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Estas situaciones de conflicto, normalmente surgen porque los Estados no garantizan en forma debida la protección de los territorios indígenas ni les garantizan el derecho a participar en las decisiones sobre las actividades que afectan sus derechos.
En Chile se han constatado graves conflictos asociados a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La CIDH observa con especial preocupación las denuncias sobre abusos de agentes de la policía en contra de miembros del pueblo mapuche, incluyendo mujeres, niños y niñas. Sobre esta situación el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se pronunció en el mes de mayo de 2009 y solicitó al Estado realizar investigaciones sobre abusos cometidos contra integrantes de pueblos indígenas y enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan este tipo de actos.
Por otra parte, la Comisión ha observado con preocupación los hechos ocurridos en
Ecuador en torno a una serie proyectos de ley y decretos presidenciales en ámbitos mineros, de recursos hídricos y asuntos religiosos sobre evangelización que afectan derechos los pueblos indígenas, sin que éstos hayan sido debidamente consultados. En este marco se produjeron una serie de movilizaciones en el país, donde varios indígenas resultaron heridos y murió un miembro del pueblo
Shuar. Asimismo, la Comisión manifiesta su preocupación por la situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Iniciativa para la Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA) y la situación de las comunidades indígenas Ngobe y otras en Panamá. Al respecto, la CIDH manifiesta su preocupación por información recibida en la que se observa que los Estados del hemisferio están faltando al deber de protección de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. La Comisión reitera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a realizar consulta previa libre e informada destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas por programas de desarrollo, proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios y medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
La Comisión reitera además que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas comprende el deber positivo de los Estados de disponer mecanismos idóneos y eficaces a fin de obtener el consentimiento previo, libre e informado de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, antes de emprender actividades que impacten sus intereses o puedan afectar sus derechos sobre sus tierras, territorio o recursos naturales, así como de cualquier medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. En otro orden, la CIDH recibió durante estas sesiones a una delegación de alto nivel del Gobierno de Colombia, encabezada por el Vicepresidente Francisco Santos. Sin perjuicio de la información recibida, la CIDH considera de suma gravedad las actividades de inteligencia que fueron adelantadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) respecto de funcionarios judiciales, líderes políticos, defensores de derechos humanos y una Comisionada de la CIDH. La Comisión Interamericana espera que se adopten acciones concretas para que esta situación no se repita y para que se identifiquen y sancionen a los responsables.
Durante este período de sesiones también se realizaron audiencias sobre procesos judiciales en relación a graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado. Al respecto, la CIDH destaca que los órganos del sistema interamericano se han pronunciado acerca de la inadmisibilidad de la prescripción en materia penal en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En particular, la Comisión reafirma la jurisprudencia de la Corte IDH, según la cual se consideran inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y de exclusión de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En relación a Haití, el 4 de Noviembre de 2009 se realizó una reunión de trabajo sobre la situación de las personas detenidas en la estación policial Toussaint Louverture en Gonaïves. La CIDH fue informada por la Alianza de Gonaïves por el Desarrollo y por el Respeto de los Derechos Humanos (AGREDAH) que a pesar de que la Comisión otorgó medidas cautelares en junio de 2008 (MC 144-08), persisten las graves condiciones de detención en pequeñas celdas y la infraestructura inadecuada. En este sentido, la Comisión saluda el hecho de que la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) haya construido celdas separadas para los menores detenidos, pero expresa su preocupación sobre el hecho de que más de 300 personas están actualmente detenidas en la estación de policía Toussaint Louverture, que originalmente fue diseñada para 75 personas, lo cual resulta en condiciones inhumanas de detención. Las celdas no tienen luz natural, electricidad ni ventilación, el acceso a alimentación y agua es escaso, y no hay atención médica. La Comisión Interamericana insta al Estado de Haití a adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad y la integridad de todas las personas detenidas en Toussaint Louverture, y a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En relación a Perú, la CIDH expresa su preocupación por la información recibida en una reunión de trabajo con las partes del Caso 12.191, Maria Mamérita Mestanza Chávez, que comprende a más de 200 mujeres víctimas de esterilización forzada, una práctica que habría afectado a 2074 mujeres en Perú. Según la información recibida, la Fiscalía a cargo de la investigación del caso resolvió el 26 de mayo declarar la prescripción del asunto y archivar la investigación. La decisión es recurrible ante el Fiscal Superior. En la misma reunión, el Estado peruano expresó que los plazos para iniciar procesos disciplinarios contra los médicos y otros funcionarios públicos responsables de las esterilizaciones y de la falta de investigación oportuna también se han extinguido. La CIDH expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de que este asunto quede en la impunidad y espera que se adopten las medidas necesarias para que se investigue y se sancione a los responsables.
En una audiencia realizada durante este período de sesiones, el Comisionado Carlos Castresana Fernández, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expuso sobre las actividades desarrolladas con el objeto de fortalecer el Estado de derecho; dotar a Guatemala de un sistema más eficiente que permita a los guatemaltecos disfrutar los derechos fundamentales que se les garantizan en la Constitución y en los instrumentos internacionales, todo en el contexto del cumplimiento por parte del Estado guatemalteco de la obligación de garantizar los derechos humanos, consagrada en el artículo 1 de la Convención Americana. En la oportunidad, el Comisionado Castresana solicitó a la CIDH que acompañe y dé seguimiento a los esfuerzos realizados por la CICIG, creada como un instrumento de derechos humanos, en la lucha contra la impunidad, en especial al fortalecimiento institucional en materia de justicia en Guatemala. Asimismo, expuso sobre las principales líneas de trabajo de la CICIG: asistencia técnica, propuestas legislativas, inicio de acciones disciplinarias y ejercicio de acciones penales con el Ministerio Público. El Comisionado Castresana hizo referencia a la formación y capacitación de cuerpos policiales y al diseño de mejores prácticas orientadas al desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos en Guatemala. En particular, informó que una de las dificultades fundamentales es la falta de independencia e imparcialidad del Organismo Judicial y los problemas de implementación que presenta la Ley de Comisiones de Postulación, que regula la selección de las nóminas de candidatos a cargos públicos de relevancia. Las deficiencias del Organismo Judicial se verifican también en la renovación periódica de los cargos judiciales, la elección de candidatos a través de un proceso corporativo, las deficiencias en los estándares de selección y la falta de claridad para la identificación de criterios objetivos de idoneidad, entre otros. La Comisión Interamericana ha monitoreado en forma permanente la situación de los derechos humanos en Guatemala y ha expresado en numerosas oportunidades su preocupación por la falta de capacidad del Estado guatemalteco de proveer un sistema de administración de justicia adecuado y eficiente, que garantice la existencia de un poder judicial independiente e imparcial. Así lo hizo en su Informe sobre Guatemala del año 2003 y en la visita de trabajo, realizada en junio de 2009. Más recientemente y reiterando las recomendaciones vertidas con anterioridad, la CIDH en octubre de 2009 hizo un llamado, en el contexto de la elección de los miembros de las Cortes de Apelaciones, a alcanzar una adecuada implementación del mecanismo establecido por la Ley de Comisiones de Postulación, que garantice la publicidad de los antecedentes y de los actos de selección en un proceso amplio e inclusivo, así como la efectiva participación y la fiscalización de la sociedad civil en todo el proceso, en el contexto de la elección de los miembros de las Cortes de Apelaciones. La CIDH insta a las autoridades guatemaltecas y a la sociedad civil a tener especial cuidado en los procesos de selección de la Fiscalía General y de la Corte de Constitucionalidad que se realizarán próximamente, que permitan la elección de candidatos idóneos que puedan desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad y que contribuyan activamente a la erradicación de las estructuras de impunidad en Guatemala.
El índice de impunidad que alcanza el 98% en Guatemala, afecta no sólo a los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y genocidio, sino también a los crímenes posteriores al término del conflicto armado interno. En este contexto, la CIDH valora y reitera su apoyo a la labor de la CICIG, a fin de lograr el fortalecimiento institucional en el ámbito de la justicia en Guatemala.
En relación a Honduras, la CIDH considera que es indispensable restituir al Presidente Manuel Zelaya y restablecer el orden constitucional quebrantado con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos. La CIDH recibió información actualizada durante estas sesiones que indica que la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en ese país se deteriora día a día, en el contexto de otras violaciones a los derechos humanos desde el golpe de Estado. Se indicó que los defensores y defensoras de derechos que mantienen una actitud de denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades de facto son amenazados, hostigados, difamados y acusados públicamente. Agregaron que ha habido atentados contra sus viviendas y las de sus familiares, así como contra las sedes de organizaciones de derechos humanos. En particular, la CIDH tomó conocimiento que personas desconocidas vigilan la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y que funcionarios de COFADEH y sus familiares han recibido llamadas intimidatorias y han sido objeto de seguimientos. También se conoció que bombas lacrimógenas fueron lanzadas hacia adentro de la sede cuando había allí 127 personas, en momentos que se tomaban testimonios. Asimismo, la Presidenta de COFADEH habría sido acusada públicamente por el delito de traición a la Patria como consecuencia de la información que presentó en la audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en este período de sesiones. En estas circunstancias, la CIDH exhorta a las autoridades del gobierno de facto a garantizar la seguridad, vida e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular, del personal del COFADEH y sus familiares, como así también implementar las medidas necesarias para garantizar la inviolabilidad de las sedes de esa organización. Asimismo, la CIDH recuerda que en función de lo estipulado por el artículo 61 del Reglamento de la Comisión, el Estado “no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”. Por otra parte, el 7 de octubre de 2009, el gobierno de facto de Honduras publicó en la Gaceta oficial el Acuerdo Ejecutivo número 124-2009, que instruye a “CONATEL y demás órganos competentes del Estado” para que procedan, “a efectos de proteger la seguridad nacional en función de los grandes intereses de la patria, los bienes, la integridad física y moral de la persona humana”, a “revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes” otorgados por CONATEL a los operadores de radio y televisión que “emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”. La CIDH observa con preocupación que este Decreto continúa vigente y que, como consecuencia de su aplicación, se habrían cancelado al menos tres programas de radio, afectando el derecho a la libertad de expresión de los habitantes de Honduras. La CIDH reitera al gobierno de facto que debe garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras, especialmente en el marco del próximo proceso electoral, absteniéndose de implementar las prácticas que la CIDH constató y condenó durante su visita y con posterioridad a la misma, que resultan violatorias de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión y derecho de reunión, entre otros.
Finalmente, la CIDH reitera la importancia de que el sistema interamericano avance hacia la aceptación y aplicación universales de sus normas a través de la ratificación de sus diversos instrumentos regionales de derechos humanos, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH alienta a los Estados a avanzar en la ratificación de los siete instrumentos interamericanos de derechos humanos, de manera de alcanzar su universalización.
En otro orden, la CIDH decidió las fechas de los períodos de sesiones que tendrán lugar en 2010: el 138 será el 28 y 29 de enero; el 139 será del 15 al 26 de marzo; el 140 será del 12 al 16 de julio, y el 141 será del 20 de octubre al 5 de noviembre. Habrá audiencias y reuniones de trabajo en el 139 y el 141 períodos de sesiones. Además de las presentes sesiones, durante 2009 la CIDH celebró el 134 período de sesiones del 16 al 27 de marzo, el 135 del 3 al 8 de agosto, y el 136 del 7 al 8 de septiembre, en Argentina. I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos.
Entre el 2 y el 6 de noviembre se celebraron 52 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Las audiencias que tuvieron lugar en la Sala Padilha Vidal fueron transmitidas en vivo por Internet. Los videos de esas audiencias, así como grabaciones de audio de todas las audiencias públicas, están disponibles en la
Derechos humanos de las mujeres en el contexto del golpe de Estado en Honduras Situación de derechos humanos en Bolivia
Situación de las personas afectadas por las “Mega Represas” en las Américas Situación de niños y niñas en centros correccionales juveniles de Jamaica
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Impunidad por violaciones de derechos humanos de las mujeres en Guatemala
Asimismo, se realizaron dos de audiencias privadas, a petición de las organizaciones y personas que solicitaron su realización: Derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela e Institucionalidad democrática, grupos parapoliciales y cárceles en Venezuela. B. Audiencias sobre medidas cautelares, peticiones y casos individuales
En este período de sesiones se realizaron las siguientes audiencias sobre medidas cautelares, peticiones y casos:
Caso 12.380 – Alirio Uribe Muñoz y otros miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia Caso 12.660 – Ricardo Ucán Seca, México
En el marco del 137º Período de Sesiones se llevaron a cabo 28 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela, según el siguiente detalle:
Caso 12.204 - Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Argentina
Caso 11.670 – Menéndez, Caride y otros, Argentina
Caso 12.674 - Marcio Lapoente da Silveira, Brasil
MC 269/07, 93/08 y 119/09 - Magistrados de la Corte Suprema, Colombia
MC 509/03 – Victoria Fallon, Colombia
Cárceles colombianas (MC 792/04, Palo Gordo / MC 129/00 - Modelo de Bogotá), Colombia
MC 555/03 – Gloria Flórez y otra, Colombia
MC 01/00 – Hollman Morris y familia, Colombia
MC 113/07 – CORPADES, Colombia
Caso 12.542 - Trabajadores de FERTICA, Costa Rica
Caso 12.683 – Melba Suárez Peralta, Ecuador
Caso 12.631 – Karina Montenegro y otras, Ecuador
Pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani, Ecuador
MC 144/08 – Condiciones de detención en la Estación de Policía de Toussaint L´Ouverture, Haití
Caso 9.168 – Jorge Alberto Rosal Paz, Guatemala
Medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, Guatemala
Caso 12.623 – Luis Rey Villagrán García, México
Caso 12.116 – María Estela García Ramírez y Celerino Jiménez Almaraz, México
MC 56/07 – Santiago Rafael Cruz y Miembros del FLOC, México
MC 54/08 – Josefa López Gutiérrez y otros, México
MC 277/08 – Pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico, Paraguay
Caso 12.359 – Cristina Aguayo y otros, Paraguay
Caso 12.330 – Marcelino Gómez y Ariel Núñez, Paraguay
Caso 12.191 – Maria Mamérita Mestanza Chávez, Perú
Jubilados de VIASA, Venezuela
Esta sección contiene un breve resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas por la CIDH, a través de sus Relatorías especiales y áreas temáticas, desde su 134º período de sesiones, que tuvo lugar en marzo de 2009.
A. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, a cargo del Comisionado Sir Clare K. Roberts, continuó sus esfuerzos para promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas Afrodescendientes en la región. Durante este período, la Relatoría continuó asesorando a la Secretaría Ejecutiva en la evaluación de peticiones y solicitudes de medidas cautelares relativas a asuntos de discriminación racial y/o la situación de los Afrodescendientes en las Américas.
El 16 de septiembre de 2009, el abogado especialista de la Relatoría hizo una presentación en el Taller de Capacitación Incrementando la Participación e Incidencia de los y las Afrodescendientes en la Organización de los Estados Americanos y el Proceso de Cumbres de las Américas, organizado por la organización Global Rights y el Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, del cual participaron 17 activistas Afrodescendientes del Hemisferio.
La Relatoría continuó brindando asistencia técnica al Grupo de Trabajo del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA que está encargado de hacer el borrador de un nuevo instrumento regional, la Convención Interamericana contra el Racismo y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Durante el 137° período de sesiones, en seguimiento a las Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la Visita del Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial a la República de Colombia, se llevó a cabo una audiencia sobre la situación de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas del Norte de Cauca.
La Relatoría de las Mujeres, a cargo de la Comisionada Luz Patricia Mejía, continúa implementando tres iniciativas de recopilación de información cualitativa y cuantitativa con miras a identificar los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos libre de discriminación en las esferas de la participación política, de los derechos reproductivos, y de sus derechos económicos y sociales. Estos tres proyectos, que cuentan con el apoyo de los gobiernos de Finlandia y España, culminarán con la publicación de informes temáticos. Asimismo, la Relatoría continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de las mujeres.
El 28 y 29 de abril de 2009, la Relatoría participó en la audiencia pública del caso de Claudia Ivette Gonzalez y otras (Campo Algodonero) contra México, que se realizó en Chile. Este es el primer caso ante la Corte Interamericana que versa comprehensivamente sobre asuntos relacionados a los derechos de las mujeres. Los peticionarios del caso alegaron que el Estado mexicano cometió una serie de violaciones a los derechos humanos por irregularidades e inconsistencias en la investigación de la desaparición y muerte de tres mujeres en la localidad de Ciudad Juárez, México. Durante esta visita a Chile, la Relatoría dictó una conferencia sobre avances jurisprudenciales sobre los derechos de las mujeres en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales que tuvo lugar el 30 de abril, con la participación de representantes de la facultad de dicha institución y estudiantes de distintas disciplinas. En el marco del proyecto sobre derechos reproductivos financiado por España, la Relatoría organizó el 6 de mayo de 2009 un tercer taller subregional para abordar el tema del acceso a la información en el ámbito reproductivo, desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello se contó con reconocidas expertas de la región en el tema y con la participación de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión de la CIDH.
La Relatoría igualmente llevó a cabo una visita a Bolivia entre el 22 y 26 de junio de 2009 para recopilar información específica a nivel nacional sobre los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos económicos y sociales libres de discriminación. Durante la visita, la Relatoría se reunió con altas autoridades del Gobierno, representantes de organizaciones sindicales y de la sociedad civil, así como agencias internacionales. Durante la visita a Bolivia, la Relatoría también llevó a cabo el miércoles 24 de junio una reunión regional de expertas para identificar los mayores avances y desafíos que enfrentan las mujeres para obtener, en condiciones de igualdad, un acceso y control de los recursos, oportunidades educacionales y condiciones de empleo y la adecuada protección de sus derechos económicos y sociales.
En el marco de la visita a Bolivia la Relatoría participó en un taller el viernes 26 de junio de 2009 para dar seguimiento al acuerdo de solución amistosa en el caso de MZ v. Bolivia. El caso versa sobre la falta de debida diligencia de la administración de justicia en sancionar a su agresor sexual, en base a prejuicios discriminatorios de género. En el informe de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de MZ, protegidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, en particular respecto del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y a la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estos actos. Asimismo, el Estado se comprometió en el acuerdo a implementar medidas para evitar la repetición de estos hechos y capacitación a funcionarios y funcionarias de la administración de justicia. El objetivo del taller del viernes 26 de junio fue capacitar
a funcionarios y funcionarias de todos los niveles del poder judicial sobre asuntos relacionados a la violencia y discriminación contra las mujeres. El taller contó con la participación de aproximadamente 250 representantes del gobierno, la administración de la justicia, la sociedad civil y agencias internacionales.
La Relatoría asimismo ha realizado un seguimiento cercano a las audiencias convocadas por la CIDH en el marco del 137 periodo de sesiones, donde se abordaron temas como la mortalidad materna en las Américas, el seguimiento de las recomendaciones del informe de la CIDH sobre Acceso a la Justicia de las Mujeres en las Américas, los derechos humanos de las mujeres en el contexto del golpe de Estado en Honduras, la violencia institucional contra las mujeres en México, la impunidad por violaciones de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala, la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Colombia, y la ausencia de regulación de uniones civiles homosexuales, entre otras audiencias y reuniones de trabajo sobre casos individuales.
La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo del Comisionado Víctor Abramovich, continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de los pueblos indígenas y/o sus miembros. Además, continuó asesorando en audiencias públicas y privadas de casos que se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refieren a derechos de los pueblos indígenas. Del 7 a 12 de junio de 2009, el Comisionado Víctor Abramovich, en su calidad de Relator para Guatemala y Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, encabezó una delegación de la CIDH que realizó una visita de trabajo a la República de Guatemala. La visita tuvo por objetivo observar y recabar información sobre la situación de derechos humanos, en particular la situación en que se encuentran las investigaciones y los juicios a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, la situación de derechos de los pueblos indígenas y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, durante la visita se realizaron reuniones de trabajo sobre implementación de las medidas cautelares y sobre los casos de Maurilia Coc Max y Otros (Masacre de Xaman), Angélica Jerónimo Juárez, Masacre de la Aldea Los Josefinos, Edgar Fernando García y Oscar David Hernández Quiroa. Finalmente, el 10 de junio, el Comisionado Abramovich realizó en Ciudad Guatemala la presentación del informe El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El 11 y 12 de junio de 2009, el Comisionado Víctor Abramovich y una delegación del la CIDH, en el marco de la visita de trabajo a la República de Guatemala, realizó una visita a la comunidad indígena de Río Negro y se trasladó a Pcoxom, Pacux y Rabinal, con la finalidad de conversar con familiares y sobrevivientes de las masacres que sufrieron los habitantes de Río Negro. Asimismo, se reunió con varias organizaciones de victimas del conflicto armado interno de la zona. La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas está preparando un estudio regional sobre El deber de protección de los Estados al derecho de propiedad de los pueblos indígenas con énfasis en el derecho a la consulta y el consentimiento previo. Con el objeto de compartir experiencias y recibir insumos para el informe, la Relatoría realizó el 7 de junio de 2009, en Ciudad de Guatemala una reunión regional para América Central y México, que contó con la participación de destacados expertos y expertas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador y organismos internacionales. Con el objetivo de recabar insumos para el informe mencionado, sobre mejores prácticas, incluyendo legislación, jurisprudencia y políticas públicas, así como los obstáculos existentes sobre el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, la Relatoría preparó un cuestionario que fue enviado a los Estados el 7 de agosto de 2009 y divulgado ampliamente por correo electrónico a los pueblos indígenas, organizaciones indígenas y sociedad civil, además de ser colocado en la página web de la CIDH. Producto de este proceso, se han recibido importantes aportes que enriquecerán el informe. El estudio es elaborado por el abogado Luis Rodríguez-Piñero.
El 15 de julio de 2009, la Relatoría participó en la audiencia pública ante la Corte IDH sobre supervisión de cumplimiento de la sentencia en el Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Durante la audiencia, la CIDH presentó sus observaciones con respecto al cumplimiento de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas en este caso.
Los días 5 y 6 de octubre de 2009 el Relator participó en el seminario sobre
Por otra parte, el abogado Juan Pablo Albán participó a nombre de la Relatoría en una conferencia que se realizó el 25 de septiembre en Lima, Perú, organizada por el Colegio de Abogados de Lima, sobre El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, del 26 al 28 de septiembre participó en un taller organizado por la Oficina de Acción Social de la Conferencia Episcopal Peruana CEAS, en el que dictó conferencias sobre: Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas; Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y; Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, la Relatoría continuó asesorando al Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La abogada Isabel Madariaga, especialista de la Relatoría, participó en varias reuniones con el presidente del Grupo de Trabajo, el embajador de Bolivia ante la OEA, José Enrique Pinelo, así como representantes de las delegaciones de los Estados miembros de la OEA, para la preparación de las reuniones de negociación que se realizarán en el mes de diciembre de 2009 y que contarán con la participación de representantes indígenas de las Américas.
Desde el 18 de septiembre de 2009 se incorporaron a la Relatoría como becarios de la Beca Pueblos Indígenas los abogados Maurilio Santiago, del pueblo mixteco de México, Elga Tizicap, del pueblo maya de Guatemala, y Miriam Liz, del pueblo naso de Colombia, quienes fueron elegidos a través de convocatoria y proceso de selección. Asimismo, el 10 de septiembre de 2009, la CIDH publicó la convocatoria a concurso para contratar a un especialista en derechos humanos y derecho indígena para trabajar en la Relatoría.
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo del Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, ha continuado con su trabajo de promoción y publicación de informes dirigidos a atender las diferentes formas de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en las Américas. En este sentido, conforme lo prevé el convenio de cooperación suscrito entre la CIDH y la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se llevaron a cabo visitas de trabajo y consultas subregionales a fin de recabar información sobre el tema de justicia juvenil en las Américas, para el informe que sobre esta materia está elaborando la CIDH. Específicamente se realizaron dos consultas subregionales: una para los países de Centroamérica, República Dominicana y México, que se celebró en San José, Costa Rica, el 2 y 3 de marzo de 2009; y otra para países de la región andina y Brasil, que se celebró en Bogotá, Colombia, el 5 y 6 de marzo de 2009. Ambas consultas estuvieron referidas tanto a la temática seguridad ciudadana como justicia penal juvenil y derechos humanos. La Relatoría condujo visitas al Caribe y se reunió con oficiales de gobierno y organizaciones no gubernamentales de los siguientes países: Suriname, Guyana, Trinidad y Tobago, Belice, Jamaica, Santa Lucia y Haití. Asimismo, se visitaron centros de detención para niños en todos estos países. Estas visitas tuvieron por objeto recolectar información para preparar el informe temático sobre justicia juvenil en las Américas. Por otra parte, se llevó a cabo una consulta subregional sobre justicia juvenil en el Caribe Oriental y las Bahamas en mayo, con la colaboración de la oficina subregional de UNICEF. En esta consulta, que contó con la presencia del Relator Pinheiro, participaron representantes de los gobiernos de Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, y San Vincente y las Grenadinas. De agosto a octubre, la Relatoría ha continuado con las consultas regionales y de expertos dirigidas a proporcionar insumos para el informe sobre justicia penal juvenil y derechos humanos. El 31 de agosto se realizó la última consulta regional con 50 participantes de Estados Unidos y Canadá, en Washington DC. Por otra parte, el 29 de septiembre, en Montevideo, Uruguay y 23 de octubre, en Washington DC, se llevaron a cabo dos reuniones con expertos en materia de justicia penal juvenil en las Américas y el Caribe. Para tales reunión se presentó el índice del informe, el capitulo introductorio y las conclusiones referentes a cada uno de los capítulos.
La Relatoría también presentó una ponencia en el Seminario sobre Justicia para Adolescentes, que se desarrolló el 1º de abril y fue organizado por la Comisión De Derechos Humanos del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En agosto de 2009 se publicó el informe Castigo corporal y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en español e ingles. Actualmente se esta trabajando en la traducción al portugués.
El 14 de septiembre, la Relatoría presentó una ponencia sobre la temática El derecho a la alimentación de los niños menores de 2 años en el sistema interamericano en el marco de una consulta técnica organizada por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y otras agencias del sistema de la ONU. La consulta, que tuvo lugar en Panamá, fue sobre el impacto de la crisis internacional sobre el derecho a la alimentación en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, específicamente niñas y niños menores de dos años, en América Latina y el Caribe.
Durante la visita a Santiago de Chile y a Buenos Aires en septiembre para participar en los eventos de celebración del 50 aniversario de la CIDH, el Relator Pinheiro mantuvo reuniones con organizaciones de derechos de los niños a fin de intercambiar ideas e información sobre los temas prioritarios relativos a la infancia en ambos países. Del 22 al 25 de septiembre, el Relator fue el principal orador en el XX Congreso Panamericano de Niños y Adolescentes que tuvo lugar en Lima, Perú. También realizó visitas a proyectos y mantuvo encuentros con la Oficina Regional de la organización sueca Save the Children, Plan International, y UNICEF, así como redes de organizaciones que trabajan con niños. Adicionalmente, el Relator participó en una conferencia sobre castigo corporal y en una mesa redonda sobre los derechos de los niños. El relator mantuvo reuniones con el Primer Ministro de Perú, el Presidente del Congreso y el Ministro responsable de los temas de familia y de derechos de los niños. También se reunió con el Representante Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra la Niñez y con el director de UNICEF TACRO, a fin de intercambiar información y estudiar posibles mecanismos de cooperación para desarrollar estrategias conjuntas para un plan semestral sobre violencia contra niños y niñas en la región, y sobre seguimiento a las recomendaciones de los informes de la Relatoría.
La Relatoría sobre Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, a cargo del Comisionado Felipe González, continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de los migrantes y miembros de sus familias. Asimismo, la Relatoría continúa con sus investigaciones sobre las condiciones de detención y el derecho al debido proceso de los inmigrantes en Estados Unidos. Del 20 al 24 de julio, una delegación de la Relatoría visitó dos refugios para menores de edad sin compañía adulta, un centro de detención para familias y tres centros de detención para adultos, y se reunió con varios representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relativos a la inmigración a Estados Unidos. La delegación, encabezada por el Relator, visitó el Refugio Southwest Key para Menores No Acompañados (Southwest Key Unaccompanied Minor Shelter - Phoenix, Arizona), El Centro de Servicios de Procesamiento de Florence (Florence Service Processing Center - Florence, Arizona), la Cárcel del Condado de Pinal (Pinal County Jail - Florence, Arizona), El Centro Residencial Familiar T. Don Hutto (T. Don Hutto Family Residential Center - Taylor, Texas), el Centro de Detención de Willacy (Willacy Detention Center - Raymondville, Texas), y el Centro IES para Menores No Acompañados (International Education Services IES Unaccompanied Minor Shelter - Los Fresnos, Texas). La delegación de la Relatoría también sostuvo reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de inmigración en Arizona y Texas. La Relatoría emitió sus observaciones preliminares sobre la visita el 28 de julio de 2009. El comunicado de prensa está disponible en el siguiente enlace: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/53-09sp.htm
El 2 de octubre de 2009, una delegación de la Relatoría mantuvo un encuentro con autoridades de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), para presentar sus observaciones de las visitas realizadas a los centros de detención de inmigrantes durante julio. Por su parte, ICE ofreció a la delegación una presentación sobre los planes del nuevo Gobierno a fin de reformar la detención de inmigrantes adultos y de familias en Estados Unidos. El 22 de octubre de 2009, la Relatoría tuvo otro encuentro con las autoridades de ICE para recibir información sobre las reformas al programa 287(g), que permite a las fuerzas de policía estatal aplicar las leyes migratorias federales.
Del 16 al 20 de septiembre de 2009, la Relatoría participó en la 3a Conferencia Hemisférica sobre Política Migratoria en Quito, Ecuador. Durante el segundo día de la conferencia, el abogado especialista de la Relatoría, Mark Fleming, fue el presentador principal sobre el concepto de ciudadanía interamericana, y destacó los avances en la jurisprudencia del sistema interamericano. La Relatoría planifica participar en la conferencia regional sobre protección a los refugiados de ACNUR, que tendrá lugar del 19 al 20 de noviembre en San José, Costa Rica.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, a cargo del Comisionado Florentín Meléndez, continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de las personas privadas de libertad. La Relatoría continuó también con sus esfuerzos para promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en la región. El 24 de abril de 2009 el Relator Meléndez y el abogado especialista de la Secretaría Ejecutiva Juan Pablo Albán realizaron una visita a la Penitenciaría Provincial de Mendoza y a la Granja Penal Gustavo André, de la Provincia de Mendoza, Argentina, con el fin de constatar el estado actual de dichos centros y el grado de cumplimiento de las Medidas Provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004. En esta diligencia se observó que a pesar de algunos adelantos realizados a partir de la orden de medidas provisionales, la situación que originó tales medidas sigue siendo esencialmente la misma. Durante la visita se sostuvieron reuniones de trabajo con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gobierno de la provincia de Mendoza, entre ellos: el Gobernador, el Subsecretario de Justicia, el Director del Sistema Penitenciario Provincial, la Directora de Derechos Humanos del Gobierno Provincial, jueces de ejecución de la pena, funcionarios, personal profesional y agentes de seguridad de los dos centros visitados. También se sostuvo una reunión de trabajo con los peticionarios de las medidas provisionales. Para realizar la visita el Relator recibió el apoyo y la cooperación del Gobierno Nacional, del Gobierno de Mendoza y de los peticionarios de las medidas provisionales.
El Relator también participó como conferencista en el seminario sobre derechos humanos para Jueces de Ejecución de la Pena de Argentina, celebrado en la Universidad Nacional de Mendoza. El Gobierno de Mendoza publicó en esa ocasión en edición de bolsillo los Principios y Buenas Prácticas sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH, el cual fue entregado a los jueces de ejecución de la pena y a funcionarios penitenciarios de Mendoza. La CIDH agradece este valioso aporte del Gobierno de Mendoza, ya que es la primera vez que estos principios se publican en el continente americano. El Relator realizó otra visita a la República Oriental del Uruguay el 6, 7 y 8 de mayo, donde participó en el IV Congreso de Defensores Públicos del MERCOSUR, en el cual impartió una conferencia sobre los Principios y Buenas Prácticas sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. En Montevideo, el Relator visitó el Centro Nacional de Rehabilitación, el Complejo Carcelario Santiago Vásquez y la casa hogar Medio Camino, para mujeres. Durante la visita, el Relator sostuvo reuniones de trabajo con el Canciller de la República, la Ministra del Interior, el Director Nacional del Sistema Penitenciario, el Comisionado Parlamentario de Cárceles, el Director Nacional de la Defensa Pública, así como con funcionarios, agentes penitenciarios y personal técnico y profesional. La Relatoría también trabajó en la actualización de la información contenida en su página Web y en la publicación, en papel y en la página de la CIDH en Internet, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en los cuatro idiomas oficiales de la OEA. Este documento fue adoptado por la CIDH a través de su Resolución 1/08 del 13 de marzo de 2008. En octubre de 2009 la CIDH contrató al abogado Andrés Pizarro Sotomayor como especialista de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo de Catalina Botero, participó de la vista oficial realizada a Honduras del 17 al 21 de agosto de 2009. Durante su visita se reunió con directores de medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales, representantes de organizaciones defensoras de libertad de expresión, representantes del Colegio de Periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y corresponsales de agencias de noticias internacionales. La Relatora también participó de las reuniones de la CIDH con funcionarios del gobierno de facto, tales como el ministro de defensa, el alto mando militar y policial, y el directorio de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones). Asimismo, participó de la reunión con una delegación del Congreso y de la reunión con el comisionado de Derechos Humanos y con miembros de la Fiscalía General y Fiscalía General de Derechos Humanos. Al final de la visita la CIDH y la Relatoría produjeron un comunicado de prensa. La Relatoría preparó un informe especial sobre la visita realizada en Honduras sobre la situación de la libertad de expresión en este país en el contexto del golpe de estado, que será uno de los capítulos del informe que prepara la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.
Entre el 30 de marzo y el 3 de abril, la Relatora Especial asistió a las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebradas en Santo Domingo, República Dominicana, junto con el abogado Carlos Zelada, de la Relatoría Especial. En esta ocasión se celebró una audiencia por el caso Francisco Usón vs. Venezuela, vinculado a la criminalización de la expresión.
Entre el 13 y 15 de abril de 2009, la Relatora Especial participó en el Foro Libertad de Expresión y Protección al Honor, organizado por la Defensoría del Pueblo, en Panamá. El 14 de abril de 2009, la Relatora realizó una conferencia magistral sobre Estándares Interamericanos en Materia de Libertad de Expresión: Logros y Desafíos. Entre el 16 y el 22 de abril de 2009, la Relatora Especial realizó una visita académica a México, donde sostuvo reuniones con distintos actores vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y participó en seminarios. El 16 de abril, la Relatora Especial participó en el foro Libertad de Expresión, Procesos Democráticos y Derechos Humanos, organizado por Article XIX, la Universidad Autónoma de Ciudad de México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante su visita, mantuvo reuniones en la Ciudad de México con representantes de organizaciones no gubernamentales, legisladores, miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y con integrantes de los medios de comunicación. El 18 de abril de 2009, dictó un seminario dirigido a periodistas en la Universidad Iberoamericana, organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sobre el sistema interamericano y la libertad de expresión, con énfasis en el acceso a la información. El 20 de abril de 2009, la Relatoría Especial organizó un taller para periodistas en Oaxaca, referido a los mismos temas, en coordinación con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Al día siguiente, la abogada Alejandra Negrete representó a la Relatoría Especial en el Foro El Derecho a la Acceso a la Información: sistema interamericano, estándares internacionales y balance, organizado en conjunto con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Article XIX.
Entre el 23 y 24 de abril de 2009, la Relatoría Especial organizó una sesión especial sobre la libertad de expresión ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. En esta sesión, cuya inauguración estuvo a cargo de la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, participaron la Relatora Especial, Catalina Botero, y especialistas en temas de libertad de expresión. El 29 de abril, la Relatora Especial participó en un seminario sobre acceso a la información que organizó la Embajada de Gran Bretaña en Colombia, y que se celebró en Bogotá.
Entre el 28 y 30 de abril de 2009, se celebró en Lima, Perú, la Conferencia Regional de las Américas sobre el Derecho de Acceso a la Información, organizada por el Centro Carter, con la colaboración de la OEA y el Knight Center for Journalism in the Americas. El abogado Carlos Zelada, de la Relatoría Especial, asistió a los talleres que se celebraron esos días. La Relatora Especial participó en el panel de cierre de la actividad, junto al ex Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el Vice-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayan, en el cual se realizó la discusión y consideración de los pasos a seguir para la implementación de un plan de acción regional.
El 4 de mayo, la Relatora Especial asistió a la reunión de Medio Año de la Asociación Internacional de Radiodifusión que se celebró en Washington, D.C., y a la que también asistió el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. El 6 de mayo, la Relatora Especial brindó una exposición ante el Consejo Permanente en ocasión de que se realizara una conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El 7 de mayo, la Relatora Especial participó en la presentación del Informe Anual 2008 de la CIDH, que incluye el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ante el Consejo Permanente.
El 27 de mayo, la Relatora Especial realizó una exposición sobre temas de libertad de expresión en la organización Inter-American Dialogue, junto a otros especialistas en la materia.
Entre el 1 y el 3 de junio, la Relatora Especial asistió a la Asamblea General de la OEA que se celebró en San Pedro Sula, Honduras.
El 8 de junio, la Relatora Especial fue parte del panel denominado Libertad de Expresión: Un elemento clave en la agenda de la CIDH, en el Curso Anual Interdisciplinario de Derechos Humanos de American University. La Relatora Especial realizó una exposición sobre los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
El 12 de junio de 2009, la Relatora participó en el panel titulado Libertad de Expresión: un tema clave en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cual se desarrolló en el marco de IV Reunión anual sobre Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de American University. El 24 de julio de 2009 la Relatora Especial dictó un seminario llamado Protección del periodismo de investigación dentro del sistema interamericano de Derechos Humanos en la Jolla, California, dirigido a periodistas de investigación. La actividad fue organizada en coordinación con el Institute of the Americas.
El 6 de agosto de 2009 la Relatora Especial realizó una capacitación sobre el mandato de la Relatoría y los estándares interamericanos sobre libertad de expresión a trece periodistas latinoamericanos que visitaron Washington invitados por el International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A solicitud del diario The Washington Post se realizó esta capacitación nuevamente a otro grupo de diez periodistas el 2 de octubre. El 29 de septiembre realizó otra capacitación a otro grupo de periodistas latinoamericanos invitados por el International Visitor Leadership Program. Del 30 de agosto a 5 de septiembre de 2009 la Relatora Especial realizó una visita académica a Chile, en la que sostuvo reuniones y presentaciones con miembros de organizaciones de la sociedad civil tales como el Consejo de Transparencia de Chile, Corporación Humanas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Chile, Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de Chile, académicos de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente, el 1 de septiembre dictó un seminario sobre principios de radiodifusión en la Universidad Diego Portales y el 2 de septiembre un seminario sobre protección y fortalecimiento de la libertad de expresión en la Universidad de Chile y un seminario sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Estos seminarios académicos estuvieron dirigidos a estudiantes y profesores de derecho.
El 3 y 4 de septiembre de 2009 la Relatora estuvo con los Comisionados de la CIDH en Santiago, Chile, donde participó en las reuniones con autoridades de Gobierno y en los actos de conmemoración de los 50 años de la CIDH. Uno de ellos fue el Seminario organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, realizado el 4 de septiembre de 2009, en el que la Relatora desarrolló una conferencia sobre la CIDH y la protección de los derechos fundamentales, con particular énfasis en el derecho a la libertad de expresión. Entre el 9 y el 12 de septiembre de 2009 la Relatora Especial estuvo en Argentina, en donde participó de las sesiones de la CIDH realizadas en este país por invitación del Gobierno. Allí participó en las actividades protocolares con representantes de las autoridades estatales, con miembros de la sociedad civil así como en las sesiones sustantivas de la Comisión. Durante la visita la Relatora participó en las actividades académicas sobre la difusión y alcances del sistema interamericano de derechos humanos, sobre la labor de la CIDH y, en particular, sobre el mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Entre el 13 y el 15 de septiembre de 2009 la Relatora Especial realizó una visita académica a la República Argentina, en la que desarrolló diversos eventos de difusión y educación, así como varios diálogos con actores claves. La Relatora se reunió con miembros de organizaciones que trabajan por la defensa de la libertad de expresión, tal como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y FOPEA. Además participó en el Encuentro Regional sobre publicidad oficial y censura indirecta: hacia una definición de estándares de regulación, organizado por ADC con apoyo de Open Society Initiative, el cual se llevo a cabo el 14 de septiembre.
Entre el 16 y 17 de septiembre de 2009 la Relatora Especial, con la colaboración de la Universidad de Palermo y la Universidad de La Plata y con el apoyo del Gobierno Suizo, dictó dos seminarios en Argentina referidos al sistema interamericano de derechos humanos con énfasis en la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Uno de los seminarios se realizó en Buenos Aires y el segundo en la ciudad de La Plata. Fueron capacitados más de 50 profesionales de derecho, comunicación social, periodistas, miembros de organizaciones sociales y funcionarios estatales.
El 18 de septiembre de 2009 participó en XXI Reunión de las altas autoridades en derechos humanos y cancillerías del Mercosur y Estados asociados con una presentación sobre el sistema interamericano de derechos humanos, el mandato de la CIDH y principalmente de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Entre el 23 y 25 de septiembre de 2009 la Relatoría Especial, con la colaboración de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Nacional de Diarios Colombianos (Andiarios) y la Universidad ICESI de Colombia, con el apoyo del Gobierno Suizo, organizó y desarrolló dos seminarios en Colombia, para capacitar a 80 periodistas, abogados y miembros de organizaciones no gubernamentales y funcionarios estatales sobre los estándares del sistema interamericano sobre libertad de expresión, y particularmente sobre acceso a la información pública. Los seminarios se dictaron en las ciudades de Bogotá y Cali. Adicionalmente, durante este periodo la Relatora se reunió con miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, así como con el Presidente y algunos magistrados de la Corte Constitucional, con la Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y con periodistas de revistas de opinión.
Entre el 21 y el 27 de octubre de 2009 la Relatora realizó una visita académica a México para desarrollar las actividades académicas y de difusión para la Semana Nacional sobre Transparencia. En estas actividades la Relatoría Especial formó parte de los organizadores junto con la Relatoría de Naciones Unidas y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Adicionalmente, la Relatoría Especial participó en un seminario sobre derechos civiles y políticos organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Federal Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También participo en el desarrollo de un seminario sobre libertad de expresión en la Universidad Autónoma de Guerrero. Además, sostuvo reuniones con diversas autoridades federales y de organizaciones no gubernamentales para tratar diversos asuntos relacionados con transparencia y acceso a información, protección a periodistas, reformas legislativas, radios comunitarias e investigaciones judiciales. Finalmente, la Relatora Especial también participó en una sesión extraordinaria de la subcomisión de armonización legislativa. El evento fue organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil.
La Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a cargo del Comisionado Paolo Carozza, ha observado durante este período diversas situaciones de preocupación en relación a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Entre ellas, los asesinatos a líderes indígenas y sindicales, las distintas manifestaciones de la criminalización de la protesta social en algunos países de la región y la interceptación de comunicaciones telefónicas a diferentes entidades, entre ellas organizaciones de derechos humanos, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia. En la actualidad la Unidad se encuentra preparando el informe de seguimiento al Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, aprobado el 7 de marzo de 2006. Para ello, la Unidad envió cuestionarios a los Estados miembros a fines de 2008 y a la sociedad civil a principios de 2009, buscando recabar información sobre la implementación de las recomendaciones del informe de 2006 y sobre nuevos obstáculos a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos al ejercer su labor. Actualmente la Unidad está analizando las respuestas recibidas con el fin de incorporar la información al informe de seguimiento.
Asimismo, la Unidad de Defensores co-organizó junto con el FIDH y la OMCT la II reunión Inter-mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA durante los días 21 y 22 de octubre de 2009. Por la CIDH participaron el Comisionado Paolo Carozza, el Secretario Ejecutivo, Santiago Canton, y la abogada Angelita Baeyens, especialista que apoya a la Unidad. Asimismo, estuvo presente la Relatora Especial de Naciones Unidas para los defensores, Margaret Sekaggya, la Relatora Especial para los defensores y defensoras del Sistema Africano, Reine Alapini-Gansou, así como representantes de varias organizaciones de distintas regiones del mundo que se enfocan en la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Por último, la Unidad está realizando un proceso de actualización de su página Web para incluir y difundir las decisiones y resoluciones de la CIDH relacionadas con defensoras y defensores de derechos humanos, así como en crear su página en el idioma inglés. V. TRABAJO RELACIONADO CON LA CORTE INTERAMERICANA La CIDH consideró durante sus sesiones el estado general de los casos y medidas provisionales que ha sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analizó los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal. La Comisión Interamericana ha sometido 132 casos contenciosos a conocimiento de la Corte. De ellos, diez se encuentran en espera de audiencia pública; cuatro en espera de sentencia; 103 en etapa de cumplimiento de sentencia y 16 se encuentran cerrados. Asimismo, hay 39 medidas provisionales activas.
Desde el 134º período ordinario de sesiones, celebrado en marzo, la CIDH sometió los siguientes casos a la jurisdicción contenciosa de la Corte (las demandas se encuentran disponibles en la página Web de la CIDH).
Caso 11.552, Julia Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) v. Brasil. Caso No. 12.599, Florencio Chitay Nech y Otros v. Guatemala. Caso 12.580, Inés Fernández Ortega v. México. Caso 12.529, Rainer Ibsen Cárdenas y José Ibsen Peña v. Bolivia.
Caso 12.449, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores v. México. Caso 12.420, Comunidad Indígena Xákmok Kásek del pueblo Enxet-Lengua y sus miembros v. Paraguay. Caso 12.579, Valentina Rosendo Cantú y Otra v. México. Caso 12.549, Lysias Fleury y su familia v. Haití. Caso 12.581, Jesús Tranquilino Vélez Loor v. Panamá. Entre marzo y octubre del año 2009, la Comisión participó en las audiencias del LXXXIII y LXXXIV períodos ordinarios de sesiones de la Corte, celebrado en su sede, así como en los XXXVIII, XXXIX y XL períodos extraordinarios de sesiones, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana; Santiago, Chile y La Paz, Bolivia. En dichos períodos de sesiones se realizaron audiencias públicas en los casos: Usón Ramírez (Venezuela), Anzualdo Castro (Perú), González y otras “Campo Algodonero” (México), Sétimo Garibaldi (Brasil), DaCosta Cadogan (Barbados), Barreto Leiva (Venezuela), Radilla Pacheco (México) y Masacre de las Dos Erres (Guatemala). Asimismo, se realizó una audiencia pública sobre Reparaciones y Costas en el Caso Salvador Chiriboga (Ecuador) y audiencias sobre implementación de medidas provisionales en el asunto de Haitianos y Dominicanos de Descendencia haitiana en República Dominicana (República Dominicana), en el asunto de Urso Branco (Brasil), así como una audiencia conjunta respecto de las cárceles de Venezuela que incluyó los siguientes asuntos: Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare), Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Por otro lado, la Corte llevó a cabo una audiencia sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por Argentina (OC-21) en relación con la procedencia de la figura del juez ad hoc en casos contenciosos que no son entre Estados y la participación de jueces nacionales de casos en contra del país de su nacionalidad. Asimismo, cabe destacar que desde el 134º Período de Sesiones se han realizado audiencias privadas sobre cumplimiento de sentencia en relación con los casos: Ivcher Bronstein (Perú), Blanco Romero y otros (Venezuela), Suárez Rosero (Ecuador), del Caracazo (Venezuela), Zambrano Vélez y otros (Ecuador), Niñas Yean y Bosico (República Dominicana), Trabajadores Cesados del Congreso (Perú), Herrera Ulloa (Costa Rica), Instituto de Reeducación del Menor (Paraguay), Retén de Catia (Venezuela), Mack Chang (Guatemala), Molina Theissen (Guatemala), Goiburú y otros (Paraguay) y Trujillo Oroza (Bolivia). Además, en el período extraordinario de sesiones celebrado en Bolivia, la Corte Interamericana realizó una audiencia pública de supervisión de cumplimiento en el caso de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa (Paraguay).
En particular, la CIDH agradece las contribuciones efectuadas en el año 2009 por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Canadá, Chile y Estados Unidos. También desea agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión: Corea, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Suecia y Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Universidad de Notre Dame.
Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.