Source: http://www.enfoquederecho.com/2012/12/16/el-indulto-los-fines-de-la-pena-y-separacion-de-poderes/
Timestamp: 2018-04-20 14:27:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 85', 'artículo 89', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 138', 'Artículo 138', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 118', 'artículo 57', 'Artículo 139', 'Artículo 19', 'Artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 57', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 100']

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El indulto, los fines de la pena y separación de poderes
Por: Cecilia Pezo Roncal
Abogada por la PUCP, Adjunta de Docencia de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la PUCP y alumna de la Maestría en Derecho Penal de la misma casa de estudios
Ha sido muy discutido por estos días el pedido de indulto para el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori. En su caso, las razones que fundamentan la solicitud son de carácter humanitario –por lo menos, es en lo que se sostiene el pedido–. Quien, por disposición constitucional, tiene la atribución de concederlo o no, es el actual Presidente de la República Ollanta Humala Tasso.
Si bien la Comisión respectiva está evaluando el caso para recomendar o no su concesión, en este caso particular la sociedad se ha pronunciado en distintos sentidos que no sólo atienden o toman como criterio la enfermedad que padece el condenado Fujimori. Un gran sector de la sociedad considera que al margen del estado de salud –terminal o no-, no se le debe conceder el indulto debido a las graves violaciones contra los Derechos Humanos cometidos en su régimen y por los que ha sido condenado. Siendo así, la posición del Presidente de la República –asumiendo que éste podría tener las mejores intenciones de otorgarlo en base a criterios “objetivos” y no por conveniencias políticas-, no es fácil.
Sin pretender pronunciarme al respecto, a propósito del citado caso, a continuación dedico unas líneas a la figura del indulto humanitario y su relación con los fines de la pena. Posteriormente a ello, y como principal motivo de este artículo, pretendo sentar una posición que adelanto: El indulto como atribución del Presidente de la República no debe pervivir en nuestro ordenamiento. Espero ser útil con mis argumentos.
El indulto: atribución del presidente de la república
La figura del indulto está reconocida como una atribución del Presidente de la República en el artículo 118° (21) de la Constitución Política del Perú[1] y como una causa de extinción de la ejecución de la pena –artículo 85°(1) del C.P.-. Asimismo, según reza el artículo 89° del C.P.: “el indulto suprime la pena impuesta”. Como puede apreciarse de los dispositivos citados, al margen de su estudio como acto de gobierno, el indulto tiene un efecto directo sobre la ejecución de la pena y, por lo tanto, con los fines de la misma. En lo que a este apartado corresponde, interesa diferenciar, en principio, las ‘clases’ de indulto que puede conceder el Presidente de la República como parte de sus atribuciones reconocidas constitucionalmente.
Lo primero a acotarse es que el texto constitucional parece diferenciar entre el indulto y el derecho de gracia. En estricto, el derecho de gracia tiene como destinatario –o en términos más exactos, beneficiario- a aquella persona que aún no ha sido sentenciada y que aún se encuentra siendo procesada. Genéricamente, el indulto se considera como una gracia más que puede conceder el Presidente de la República. En lo que aquí interesa, el indulto es una gracia concedida por la máxima autoridad del Estado mediante la cual al condenado se le perdona por el delito cometido –esto es, el perdón se refleja en la pena que no seguirá siendo ejecutada-.
Para efectos informativos, y como suele asociarse el indulto a los fundamentos humanitarios para su concesión, debo recordar aquí que en el Perú existen hasta cuatro clases de gracias presidenciales, a saber:
– El indulto común y ordinario
– El derecho de gracia
– La conmutación de la pena
– Las gracias por razones humanitarias: indulto y derecho de gracia.
De las mencionadas gracias presidenciales, en estas líneas nos enfocaremos en el Indulto –con especial énfasis en el indulto por razones humanitarias-. En tal sentido, si el indulto es el perdón por el delito cometido, ello presupone que exista una resolución previa firme que haya determinado la responsabilidad del sujeto por el hecho. Esto, además, implica que el condenado esté cumpliendo condena y que, por lo tanto, la pena aplicada en su caso sea efectiva y que no se haya dado un supuesto para la suspensión de la ejecución de la pena regulados en el Código Penal[2].
Lo primero que habría que resaltar es que si la pena aplicada a un procesado es impuesta por un órgano jurisdiccional y el indulto es concedido por el Presidente de la República, existe por lo menos una intervención en las potestades exclusivas que le competen a uno de los poderes del Estado. Esto es, por un lado, el encargado de administrar justicia (Poder Judicial) y por el otro el Poder Ejecutivo. Sobre este punto volveremos más adelante.
Por su parte, y para efectos informativos, la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS[3] (en adelante, el Reglamento) define al indulto por razones humanitarias como “la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, por razones de carácter humanitario” y en su artículo 22° establece cuáles son las condiciones que debe presentar el condenado para que, en su caso, sea recomendable la concesión del indulto:
“Artículo 22°.- Se recomendará el Indulto y el Derecho de Gracias por razones Humanitarias, sólo en los siguientes casos:
a) Los que padecen enfermedades terminales y no terminales irreversibles o degenerativas
b) Los que pese a padecer enfermedades no terminales, las condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad
c) Los afectados por transtornos mentales crónicos, irreversibles o degenerativos
d) Los mayores de 65 años”
En consecuencia, en el caso del indulto por razones humanitarias, al condenado se le perdona el delito cometido en razón a que se encuentra en una condición grave que nada tiene que ver con su avance en el tratamiento rehabilitador. Esto es así, en la medida en que para el caso del indulto común, se exige que el condenado haya cumplido con las normas de conducta dentro del centro penitenciario y una buena recepción al tratamiento rehabilitador dentro de éste. Hay en esto último una exigencia relacionada con la respuesta positiva del condenado respecto al fin buscado – en el siguiente apartado tratamos este punto- con la pena. En el caso del indulto por razones humanitarias el énfasis se encuentra en la salud del condenado.
Fines de la pena y realidad penitenciaria
Según lo establece el Código Penal en su Título Preliminar[4], la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora. Estos mismos fines le asigna la Constitución Política al régimen penitenciario al mencionar a la rehabilitación, reeducación y reinserción del penado a la sociedad como tales[5].
Por otra parte, en doctrina existen diversas teorías al respecto[6] , pero en lo que aquí interesa[7] nos enfocaremos en el llamado fin preventivo-especial positivo. Es decir, al fin resocializador y rehabilitador que se le asigna a la pena. Al respecto, lo primero que debemos entender es que no se trata con ello de lograr que el condenado adopte determinado modo de ver la vida o de incorporar en él valores morales o pautas de vida que no atiendan a su libertad de conciencia. Lo que debe con ello entenderse es que el condenado, una vez cumplida su condena, ajuste sus pautas de comportamiento a lo que el ordenamiento jurídico (que lo rige como parte de determinada sociedad) le dicta. Es decir, que no viole la ley. Ello, sin embargo, es algo a lo que se debe aspirar con la ejecución de la pena, pero no necesariamente es una obligación del Estado garantizar y velar porque ello se cumpla siempre. Me explico: dentro del penal y en el marco de su régimen penitenciario, el Estado debe otorgarle las herramientas para que el sujeto logre ese fin. Esas herramientas son, por ejemplo, el trabajo y la educación mientras cumple su condena. No obstante, si asumimos que por el hecho que un condenado trabaje y se eduque en el centro penitenciario, nunca volverá a delinquir, estaríamos creyendo algo que no podemos asegurar de manera absoluta[8]. Sería lo mismo que creer que todo aquel que nunca ha delinquido no lo hará jamás –tampoco, claro está, podemos asegurar con el mismo absolutismo lo contrario de nadie-. Por lo tanto, en realidad el fin que le asigna la Constitución al sistema penitenciario es algo a lo que se aspira. El Estado no puede garantizar que eso se cumpla sino que deberá garantizar que se adopten las medidas correspondientes y se otorguen las herramientas idóneas para que ello sea aprovechado por el condenado para lograr su rehabilitación.
Sin embargo, la realidad penitenciaria de nuestro país es bastante desalentadora. Como sabemos, las cárceles están sobrepobladas y reina la delincuencia al interior de los penales –lo cual resulta irónico y un contrasentido al que ya nos hemos acostumbrado-. ¿Ello es coherente con el fin que se busca? Sencillamente, no. Los penales, en términos generales y a pesar de los esfuerzos que puedan tener varios reclusos de mantener el orden allí, son una fuente de peligro para la salud e integridad de éstos y una “escuela de delicuencia”. Quién ingrese sano, podría contraer una enfermedad por el gran foco infeccioso que pervive con ellos. Quién ingresa enfermo podría empeorar su salud. Quién ingresa por un solo delito cometido, podría terminar cumpliendo condena por otros tantos delitos que pueda haber cometido en el penal. Quién no consumía drogas o lo hacía ocasionalmente, podría terminar convirtiéndose en una persona adicta[9]. Por supuesto, lo contrario podría suceder también, aunque (bien sabemos) sería la excepción. En suma, la realidad carcelaria no es para nada alentadora y los esfuerzos del Estado y su obligación mínima de garantizar esas herramientas y medidas idóneas para el logro del fin deseado, no es cumplida –no interesa aquí si por falta de presupuesto, por decisiones políticas incorrectas o si sólo se trata de olvido-.
Lo dicho anteriormente me obliga a concluir que en casos muy extremos –los supuestos establecidos para conceder el llamado indulto humanitario-, es factible y razonable evaluar la posibilidad del perdón de la ejecución de la pena. Ello, sin embargo –y como más adelante argumentaremos-, no contradice mi posición contraria a la atribución concedida al Presidente de la República para ello.
El indulto concedido por el presidente de la república frente a la decisión judicial de imponer una pena: el ejercicio del ius puniendi
Como se sabe, para la concesión de un indulto por razones humanitarias fue creada una Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena (en adelante, la Comisión). Dicha Comisión, será la que recomiende la concesión del indulto respecto de determinado recluso al Presidente de la República. Según el Reglamento, será el Director del Centro Penitenciario ante quien se presentará dicha solicitud[10] y, luego de formarse el expediente, éste será remitido a la Comisión. Con la solicitud deberá adjuntarse la sentencia que impone la pena así como los informes sociales y médicos respecto a la situación de salud del condenado que solicita el indulto. Luego, la Comisión evaluará. Si bien, se toman en cuenta criterios como la lesión al bien jurídico en concreto, la pena impuesta, la calificación jurídica, el tiempo de condena que lleva el procesado, entre otros[11], en el caso de los indultos por razones humanitarias, primará el carácter humanitario de la decisión. Es decir, que el criterio más importante sería el de la gravedad de la condición en la que se encuentra el condenado.
Si la Comisión decide avalar la solicitud del condenado, elevará mediante el Viceministro de Justicia al Ministro de Justicia la recomendación para que el Presidente de la República la aprueba o no.
Es pues, una decisión del Presidente de la República. Si decide conceder el indulto deberá motivar o fundamentar los motivos de dicha concesión. Y si bien existe un control constitucional respecto a los actos de gobierno, ello no es óbice para obviar que es otro Poder del Estado el que está decidiendo que la pena impuesta en virtud del ejercicio del ius puniendi que le corresponde al órgano jurisdiccional.
Como se puede apreciar del trámite descrito líneas antes, ninguna autoridad del Poder Judicial o del propio Centro Penitenciario decide al respecto. La Comisión, por ejemplo, está integrada por miembros del sector ejecutivo[12] . Si bien, existe una Comisión evaluadora antes que el caso llegue a manos del Presidente, incluso la misma Comisión está conformada por miembros elegidos por el Ejecutivo.
Recordemos lo que establece el artículo 138° de la Constitución Política:
“Artículo 138°.-La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (…)”
Recordemos también lo que establece el artículo 43° de nuestra Carta Magna:
“Artículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, se organiza según el principio de la separación de poderes” (subrayado nuestro)
Ahora bien ¿a qué se refiere la Constitución del Perú con “administrar justicia”? Nada más y nada menos que ejercer el ius puniendi y hacer efectivo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que ésta misma reconoce y que se encuentra contemplada en los Tratados sobre la materia de los que el Perú forma parte[13]. Esa tutela se concreta con la efectiva posibilidad que tienen los ciudadanos de recurrir a la justicia para hacer valer sus pretensiones y exigir que determinado delito sea sancionado. Por el lado de quien es procesado, a que su proceso sea encausado correctamente y que, en ese marco, se le respete siempre su condición de persona humana cuyo derecho inherente es la dignidad. Siendo el órgano jurisdiccional quién tendrá la competencia exclusiva de procesar y sancionar, es también posible que al momento de determinar la pena[14] el Juez considere –si bien en determinados casos- que por razones de falta de necesidad de pena y en base al principio de humanización, si bien se considere responsable al procesado, no se le ejecute la sanción penal. Con esto último me refiero al caso de la suspensión de la ejecución de la pena[15] que, cómo no, se justifica en la innecesariedad de ejecutar la pena debido a la escaza necesidad rehabilitadora de condenado y por considerarse que sería más dañoso internarlo en un centro penitenciario que no coadyuvará (sino que lograría incluso un efecto contrario) a un proceso rehabilitador del condenado. No son otros sino esos los fundamentos de la suspensión de la ejecución regulada en nuestro ordenamiento. Ello, es decir, las consideraciones relacionadas a la necesidad de la ejecución de la pena en este caso, son evaluadas por quien tiene la potestad exclusiva de imponer la pena: el Juez.
Es el Juez quien, por tener conocimiento cercano de los casos en los que se ha pronunciado, sería el más apto para decidir que ante un fallo condenatorio, a determinado condenado no se ejecute aquello que él ha ordenado. Debemos recordar, en vista que nos enfocamos en el indulto por razones humanitarias, que no sólo se trata de que el condenado gravemente enfermo no sufra más o empeore su situación –colocando así por encima su derecho a la salud y a la vida- sino que hay una relación directa con la falta de efectos resocializadores y/o rehabilitadores en un condenado que, por sus condiciones, solo padecerá y no podrá si quiera mantenerse activo o educarse en el centro penitenciario. ¿Cómo se puede llevar a cabo un “tratamiento” del interno en esas condiciones?
Siendo así, el primer –aunque no el único- cuestionamiento que me hago es: ¿porqué es el Poder Ejecutivo –que nada conoce del caso sino hasta la solicitud recomendada por la Comisión- quien debe decidir si un condenado dejará de cumplir la pena impuesta por el Poder Judicial –en base a criterios que se entienden motivados y coherentes con los actuado en un proceso que sólo éste tiene a su cargo-¿ ¿No sería, en todo caso, la propia Administración de Justicia –el órgano jurisdiccional- quién debería decidirlo? Creo que sí, pero también sostengo que ello debe ser solamente en los casos del Indulto por razones humanitarias. Reitero que considero que no tiene porqué permanecer en nuestro ordenamiento la atribución presidencial de conceder ninguna clase de Indulto. El llamado “indulto por razones humanitarias”, debería en todo caso, ser una especie de beneficio que finalmente decida otorgar el Juez –órgano jurisdiccional- mediante un procedimiento reglado y con la posibilidad de ser revisado.
Lo sostenido líneas antes, es decir, la posibilidad de que por razones humanitarias un condenado deje de cumplir su pena tiene también un fundamento en la falta de necesidad de la misma en casos en los que ningún efecto positivo resocializador se lograría con un condenado que está padeciendo los sufrimientos de su enfermedad terminal.
Respecto al indulto como atribución del Presidente de la República, considero que debe desaparecer. Somos conscientes que al margen del control sobre estos actos, no puede permanecer una institución contraria a la separación de poderes que además tiene tiznes políticos que manchan de duda la decisión.
Sobre el tema, Roy Freyre sostiene al referirse a las gracias en general como atribución del Presidente de la República: “(…) afirmamos que con el nombre de ‘derecho de gracia’ no es posible identificar en la legislación peruana vigente a una auténtica institución de carácter constitucional-penal. No por simbolizar precisamente un rezago histórico, sino por representar una infeliz innovación legislativa que le permite al Poder Ejecutivo interferir en el ejercicio independiente de la función propia del Poder Judicial. Por esta razón, estimamos que debe ser derogada la indicada atribución presidencial”[16]
Al margen de los propios abusos que el Ejecutivo pueda cometer en el ejercicio de esta atribución[17] y de la exigencia de la motivación de su otorgamiento, la institución no es coherente con una de las máximas del Estado Social Democrático y de Derecho que nos rige: La División de Poderes.
(*) Abogada por la Universidad Católica del Perú (PUCP). Adjunta de Docencia de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la PUCP y alumna de la Maestría en Derecho Penal de la misma casa de estudios.
[1] El citado artículo establece lo siguiente:
“Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República:
21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”
[2] El artículo 57° establece al respecto: “El Juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 1) Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. 2) que la naturaleza, modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito; y 3) que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. El plazo de suspensión es de uno a tres años”
[3] Esta Resolución contiene el Reglamento del Decreto Supremo N° 004-2007-JUS mediante la cual de crea la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena.
[4] “Art. IX.- La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación; tutela y rehabilitación”
[5] “Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
22) El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en sociedad.
[6] Así, tenemos las teorías retributivas o absolutas en la actualidad rechazadas aunque sin dejarse de aceptar que en la imposición de toda sanción hay un rasgo de retribución por el hecho cometido. Por otro lado, las teorías relativas que asignan una utilidad a la aplicación de la sanción. Dentro de éstas últimas se encuentran las teorías preventivo-generales (referidas al efecto que la pena debería surtir en la ciudadanía en general como destinataria de la norma) y las preventivo-especiales (dirigidas directamente a la persona concreta a quien se le aplica la sanción penal). Dentro de las teorías preventivo-especiales, se encuentra la teoría preventivo-especial positiva en donde se ubicaría el fin de resocialización y rehabilitación del condenado.
[7] Una perspectiva interesante respecto a los fines de la pena según el momento en que ésta es aplicada: García Cavero, Percy: Acerca de la función de la pena. En: http://www.unifr.ch/derechopenal/?menu=artículos#G . En jurisprudencia del Tribunal Constitucional: STC Exp. N° 0019-2005-PI/TC
[8] Tal aseveración no implica que se considere que el sujeto no pueda reencausar su vida hacia un camino respetuoso de las normas jurídicas, sino que nada se puede asegurar de forma absoluta sobre ninguna persona –haya delinquido o no-. Además, en el caso de un condenado que luego de cumplir condena intente reincorporarse a la sociedad respetando siempre la ley, puede ocurrir que las posibilidades le sean negadas por la propia sociedad.
[9] Al respecto, un interesante estudio de campo realizado por el Dr. José Pérez Guadalupe: Faites y atorrantes. Una Etnografía del penal de Lurigancho. Lima, FTPCL, 1994
[10] Artículo 19° de la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS (el Reglamento)
[11] Artículo 28° de la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS (el Reglamento)
[12] El Decreto Supremo N° 004-2007-JUS en su artículo 3° se refiere a quiénes conforman la Comisión
[13] El más importante de los instrumentos: La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). También: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) reconoce una gran parte del contenido de este derecho.
[14] Los artículos 45° y 46° del Código Penal (así como el 46-B para el caso de la reincidencia y habitualidad como causales específicas de agravación de la pena), regulan los criterios para determinar la sanción a aplicarse dentro del marco abstracto del tipo penal en concreto –es decir, dentro de los máximos y mínimos legales-
[15] El artículo 57° del C.P. que regula ello, establece: “El Juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 1) Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años; 2) que la naturaleza, modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito; y 3) que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. El plazo de suspensión es de uno a tres años”
[16] Roy Freyre, Luis: La necesidad de pervivencia del derecho de gracia e indulto y sus formas de control en el Estado Constitucional. Lima, JUS Constitucional N° 5, Mayo 2008. p. 97.
[17] El caso más simbólico, aunque no el único, es el de Alfredo Jalilie Awapara en STC Exp. N° 4053-2007-PHC/TC
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Ludwing 28 diciembre, 2012 at 10:42 am
Estimada Cecilia: la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS (Reglamento de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena) no está vigente desde el 2010. En julio de 2010, se dictó la Resolución Ministerial N° 162-2010-JUS (Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales), que es el que actualmente rige, y que introduce modificaciones importantes al Reglamento aludido en el artículo.
Por otro lado, Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena, desde julio del 2010, ha sido absorvida por la Comisión de Gracias Presidenciales (vigente a la fecha), conjuntamente con otras 3 Comisiones que proponía gracias presidenciales.
El presente comentario lo hago únicamente con un afán de tener acualizada la información.
Cecilia Pezo 3 enero, 2013 at 3:49 pm
Ludwing,
Olvidaba acotar que las modificaciones que indicas sobre el Reglamento, para efectos de mi posición no son sustanciales. Si bien pueden tener relevancia respecto al procedimiento para su otorgamiento, el fin del artículo no es una comentario al mismo, sino una crítica a su permanencia como atribución presidencial. Nuevamente, muchas gracias por la aclaración. Sldos.
Cecilia Pezo 3 enero, 2013 at 3:41 pm
Estimado Ludwing,
Muchas gracias por la acotación. Yo tenía asumida una posición sobre el indulto desde antes de la modificación que indicas y que he completado para este artículo. Si embargo la modificación realizada, la misma no implica ningún cambio sustancial respecto de la institución del indulto y, por lo tanto, mi postura sigue siendo la misma -esto es, que el indulto no debe permanecer como atribución presidencial, salvo el llamado “indulto humanitario” que debería ser atribución de la administración de justicia que es la que juzga- . De todas formas, muchas gracias, pues al margen de posiciones, es importante citar las normas vigentes -aún así no impliquen un cambio sustancial respecto de la norma anterior-.
Cecilia Pezo
Cecilia Pezo 3 enero, 2013 at 9:21 pm
La Resolución Ministerial N° 162-2010-JUS establece modificaciones al Reglamento que le precede –citado en el artículo-, incorporando a mayor detalle el procedimiento a seguir en cuanto a la concesión de las gracias presidenciales en general –incluyendo, en este caso, el caso del indulto por razones humanitarias-. Básicamente, establece cuatro modelos de presentación de solicitudes de concesión de las gracias. Sin embargo, tales modificaciones, no enervan lo sostenido, por quien suscribe, en el artículo comentado. En principio, la norma constitucional que establece como atribución del Presidente de la República la concesión del indulto –no sólo el humanitario- sigue formando parte de nuestro ordenamiento. El reglamento ahora vigente, no hace otra cosa que, en dicho extremo, confirmar lo que constitucionalmente está establecido en el artículo 3° (b) del mismo. Igualmente, y ya en el plano del procedimiento, la comisión encargada de la evaluación de las solicitudes –que ahora se llama Comisión de Gracias Presidenciales-, sigue estando conformada por miembros elegidos por el ejecutivo. De igual modo, la comisión propondrá la concesión de la gracia –como también establecía el reglamento anterior-, así como elevará al Ministro de Justicia la propuesta y el informe –artículo 22° del reglamento vigente-. En suma, si bien han operado algunos cambios formales respecto del procedimiento, sustancialmente, y para efectos de la posición asumida por quien suscribe, el conflicto con los principios aludidos sigue permaneciendo. Por lo menos, desde mi punto de vista.
Ludwing 4 enero, 2013 at 4:38 pm
Totalmente de acuerdo que la cita de normas no comportan un cambio en la naturaleza de la institución, pero si en cuanto a la tramitación, procedimiento y criterio para su recomendación. Las precisiones obedecieron al hecho de que en tu artículo recurres con frecuencia a la expresión “Para efectos informativos…”. El ánimo de mis comentarios fue que esos efectos informativo sean actualizados. Saludos.
Cecilia Pezo 15 enero, 2013 at 3:46 pm
Como te manifesté, se agradece la actualización de la modificación. En ningún momento se ha negado el verdadero “ánimo” que has tenido con tu comentario. Sobre mi expresión “para efectos informativos”: no sólo está referido a la norma modificada sino a otros aspectos que no están relacionados con el procedimiento o lo que establece el reglamento. Nuevamente, e innecesaria la acotación del ánimo que tuviste con tu comentario pues ha sido perfectamente entendido.
Te envío un cordial saludo. Éxitos.
Ludwing 25 enero, 2013 at 11:29 am
Estimada Cecilia: No me parece innecesaria la referencia al ánimo de mi comentario, por que es notoria tu incomodidad, o en todo caso es la percepción que me generas. No debería costarte tanto admitir y reconocer que tuviste un error en la referencia de normas; todos nos equivocamos alguna vez, sobre todo cuando recién se comienza.
Saludos e igualmente muchos éxitos.
Cecilia Pezo 28 enero, 2013 at 9:59 am
Qué tal!. creo que has confundido nuevamente mi comentario. Te aseguro que no me has molestado. Al contrario, te hacía la aclaración porque me pareció que pensaste que me había molestado y a mí no me cabe duda que no tuviste ninguna mala intención. No el el primer artículo que escribo -aunque no en este portal- así que no me molesta para nada. Creo sí innecesario hacer de esto un debate, al margen de la norma que ahora es distinta pero que en cuanto a la definición y en relación al tema al que apunto, es otra; sería más interesante saber si consideras si el indulto debe ser siendo una “gracia” otorgada por el ejecutivo. Como parece que sigues preocupado por el tema de la norma, te cuento que este artículo y la opinión que expreso en él fue iniciado hace unos años, nunca lo terminé de redactar. Por supuesto que cuando lo comencé a rescribir para el portal (era un poco más largo) no edité el reglamento correspondiente. Un error no que se me haya pasado!!! Pero ciertamente, las definiciones sobre el indulto son las mismas en el anterior como en el de ahora. Quizás has confundido -quiero entenderlo así- esa incomodidad que dices que siento pues este tipo de mensajes son impersonales. Así que es erróneo lo que indicas sobre lo que siento. Y por su puesto que todos nos equivocamos alguna vez. Estoy segura que en tu caso también ha sucedido y ello no define nada.Te solicito que leas los mensajes de contestación anteriores y no asumas sentimientos que no son. Si tuvieras algo relacionado con el tema en concreto del artículo con gusto lo conversamos. Quizás puedas escribir tu propio artículo sobre el tema -seguro citando la norma actual- pero manifestando lo que piensas del tema “Indulto”. Quizás coincidas en algunos puntos conmigo, quizás no, pero ello es algo que se debe respetar y que solo se puede saber si opinas sobre el tema central y no solo nos enfrascamos en un debate sobre la omisión citar una norma que no modifica ni contraargumenta la posición acá planteada.
Por supuesto, te envío un cordial saludo. Y para nada me incomodó tu inicial acotación, es importante que lo hayas hecho pero no creo que sea necesario un debate sobre “ánimos” o “incomodidades” ni sentidas ni asumidas.
(penalista)
Cecilia Pezo 28 enero, 2013 at 10:01 am
Lo olvidaba!
Por cierto, quién hizo referencia al “ánimo” has sido tú. En fin. Todo más que bien.
Ludovica 28 enero, 2013 at 2:47 pm
Coincido contigo en cuanto a lo que desarrollas en tu artículo. Creo que es una reflexión muy interesante sobre instituciones que damos por sentadas solo porque están en la Constitución. Sumándome a tu opinión deseo agregar que las conveniencias políticas también juegan un papel importante. Seguramente los indultos y las gracias no son otorgadas solo a políticos como en el caso de Fujimori sino también a cualquier persona que cumpla con los requisitos y seguro que en esos casos no hay tantos problemas para concederlos como en el caso de un político. Si bien puede haber buena fe en el Presidente de la República , los intereses politicos juegan un papel importante. Tu has hecho referencia a un aspecto interesante relacionado con los fines de la pena para sostener que debe permanecer el indulto humanitario sin embargo creo que para casos de delitos contra los derechos humanos no debería concederse ningún indulto. Por ello, en ese punto discrepo un poco contigo. Pero estamos de acuerdo en que no debe ser concedido por el poder ejecutivo.
Si bien como dice el sr. Ludwing la norma reglamentaria fue modificada , no cambia en nada los conceptos que has desarrollados. Felicito tu paciencia de responder amablemente sus comentarios, pero creo que estos espacios son para debatir o sentar posición sobre el tema ya sea con posiciones contrarias o con posiciones acordes, parece que el sr. Ludwing solo busca demostrar que has cometido un error porque no citaste el número del reglamento modificado. Por ello, igual debo felicitarte por expresar tu punto de vista y particularmente leí un texto tuyo hace unas semanas sobre el arresto domiciliario en el caso Quimper , entré acá y veo este comentario sobre el indulto. Es una interesante reflexión. Te dejo una pregunta: Consideras,a parte del indulto, que hay alguna otra figura en la Constitución que debería desaparecer o ser modificada? Hasta qué punto en nuestro Sistema de gobierno deben mantenerse instituciones que no necesariamente están de acuerdo a nuestro sistema o que son traidas de otras legislaciones?
Ah por cierto, leí hace ya un tiempo atrás también al penalista Meini en una publicación que opinaba en similar sentido, me pareció interesante pero el artículo era muy corto era una entrevista más que nada. Por eso ha sido interesante leer tu artículo pero desde otras perspectivas.
pd.- Estimado Ludwing: Con mucho respeto, creo que es innecesario que hagas referencias en tus comentarios a varias cuestiones que solo pareces asumir tú o que indiques que la autora “recién comienza” no sé si se conocen o son amigos pero se lee algo tendencioso tu comentario. Al final nadie sabe si concuerdas en algo con la posición de la autora.
Cecilia Pezo 29 enero, 2013 at 9:04 am
Estimada Ludovica,
Gracias por tu comentario. Sobre tu posición de que el indulto humanitario no sea concedido en casos de delitos de lesa humanidad, no me atrevería a plantear que no se pueda conceder -justamente por los motivos en los que sostuve mi posición sobre los fines que cumpliría (o no cumpliría) la pena para casos de enfermos terminales-. Creo que el indulto humanitario debe mantenerse y por razones que -por principio de igualdad y siempre hablando de casos extremos- obedecen a aspectos que no atienden al delito cometido sino a la situación particular del sujeto. En todo caso, no creo que deba mantenerse como atribución del Ejecutivo (que es en lo que concordamos). Sobre tu pregunta, en realidad no creo que lo que esté constitucionalmente establecido (salvo los derechos fundamentales, obviamente) como “institución”, deba mantenerse necesariamente. No soy constitucionalista (más bien penalista) pero desde mi punto de vista –como probablemente el de muchos- algunas reformas serían más adecuadas. No puedo desarrollar en extenso lo siguiente pero se me ocurre que casos como la inhabilitación como atribución del Congreso en el artículo 100° de la Constitución o el caso de las llamadas “infracciones a la Constitución” pueden ser objeto de alguna reforma – a pesar del precedente vinculante del TC de hace algunos años acerca de la inhabilitación en casos de acusaciones constitucionales-.
Acerca de la postura del Prof. Iván Meini, te soy sincera, a pesar que lo conozco y ha sido mi profesor desde el pregrado, no he leído su posición sobre el tema ni conversado con él al respecto. Por el gran respeto y aprecio que le tengo, qué bueno si he coincidido con él en algún punto de este tema.
Por último, sobre las instituciones traídas de otras legislaciones,suele ocurrir no solo desde el punto de vista constitucional (sin ir más lejos, muchas de las posiciones del Tribunal Español son traídas o importadas a nuestra jurisprudencia. Ello no está mal siempre que, como has reflexionado, no se oponga al sistema y realidad nuestro), sino en el ámbito penal a nivel doctrinal por ejemplo. Creo que si es que sí aporta y se “enlaza” sin rear un conflicto con nuestro sistema, y siempre que aporte una solución, no se puede descartar de plano soluciones jurisprudenciales o doctrinales que provengan de otros ordenamiento.
Ludwing 31 enero, 2013 at 12:53 pm
Sobre la originalidad de las instituciones y su compatibilidad con “nuestro sistema”; sería conveniente que se recuerde y tome en cuenta que existen sistemas jurídicos originarios y derivados. Nosotros estamos en el segundo grupo (derivados, que supone extrapolar instituciones originarias a nuestra realidad. Ciertamente no es calco, sino una adaptación).
Por otro lado, sobre la aplicación de los fines constitucionales de la pena para efectos de determinar la procedencia de una gracias presidencial, el TC ya se pronunció en ese sentido (parámetros material de la gracia) en el Exp. N.° 4053-2007-PHC/TC (caso ALFREDO JALILIE).
Celebro que Ludovica también tenga la capacidad de determinar y calificar que cosa es innecesaria y que no. Que bueno que no pensemos igual, sino que aburrido sería estar en un flujo y reflujo de melosos halagos.
R. Ludovica 4 febrero, 2013 at 5:18 pm
Sr. Ludwing: usted parece olvidar que el tribunal constitucional también se equivoca o puede ser susceptible de crítica en cuanto a sus pronunciamientos. Que se haya pronunciado en el caso Jalilie sobre los fines de la pena no implica que se tenga que llegar a una misma opinión o que ello sirva para desvirtuar postura distinta en base a los mismos argumentos. Sobre la adaptación – o lo que usted haya entendido – de instituciuones, parece olvidar que al margen de esas nomenclaturas que usted a usado, muchas instituciones en este país o regulaciones no se ajustan a nuestra realidad. No lo conozco -por lo menos su nombre de pila no lo he escuchado nunca- pero por sus comentarios parece estuadiante de derecho y es bueno incentivarlo a que siga opinando aunque discrepo particularmente de su respuesta anterior. Le respondo porque ha hecho alusión a mi persona “celebrando mi capacidad de determinar y calificar lo innecesario o no”, como si de inicio no la tuviera o usted estuviera en una posición superior intelectualmente. Contesta usted con mucha soberbia.
Mis consideraciones a la dra. Pezo por haberme respondido y a usted. Sin embargo, no se equivoque Sr. Ludwing, uno puede discrepar y manifestarlo sin ser soberbio. Pero también cuando uno esta de acuerdo con algo lo puede decir con toda la humildad del mundo sin que eso signifique que tenemos la intención de “halagar melosamente” como usted indica.
Ludwing 14 febrero, 2013 at 1:06 pm
Parece que una condición y/o característica de las seguidoras de la Dra. Pezo, es la intolerancia y la falta de rigurosidad. Primero pude advertir una férrea resistencia de la Dra. Pezo de admitir -como cualquier mortal- que había omitido -como luego se infirió- actualizar su artículo escrito varios años atrás. Eso me parece falta de rigurosidad. La publicación supone seriedad en las citas y referencias, por mas que no cambien el sentido del escrito, sino citemos la Constitución del 79, por que muchos de sus artículos han sido reproducidos en la del 93.
Luego leo a Ludovica (me imagino que también es nombre de pila) que trata de “disminuirme” por que infiere que soy estudiante. Así como el TC se equivoca, el hecho de que alguien tenga un título profesional no lo hace riguroso ni más capacitado o entendido sobre un determinado (huelgan ejemplos cercanos).
Y sobre la sentencia Jalilie, sería bueno que la revises, por lo que escribes entiendo que no lo has hecho.
Sigo celebrando nuestras discrepancias alturadas.
Cecilia Pezo 15 febrero, 2013 at 3:45 pm
Primero, debo solicitar que leas mis primeras respuestas. No sólo acepté que cite la norma (reglamento) anterior, sino que agradecí tu aclaración. Por otro lado, me parece justo que haga uso de mi derecho de replica el aclarar que esa omisión -que ciertamente no debí obviar (por más trabajo y ocupaciones que haya tenido en ese momento)- no generaba algún cambio en cuanto a la postura u opinión que yo tengo sobre la institución del Indulto.
Más allá de ello y leyendo los comentarios de Ludovica ( que entiendo es la misma persona que escribe como R. Ludovica ) y tuyos, debo manifestar la innecesariedad de algunos comentarios tanto tuyos como los de ella -cuando se refiere a tu persona-.
Por un tema de respeto, que creo merecer, me parece innecesario que nuevamente hayas hecho referencia a mi persona en este último comentario al responderle a la persona que previamente se dirigió a ti. No sé quién es, y agradezco sus palabras, pero me parece que el sarcasmo de comentar que son “mis seguidoras” queda fuera de todo lugar.
En vista que este no es un espacio para este tipo de comentarios, que ciertamente iniciaste tú y continuó la señorita de nombre (o seudónimo) Ludovica, no volveré a responder algo sobre lo que has redundado incluso para responder un comentario que yo no hice.
Tu opinión sobre la rigurosidad, la comparto y suelo ser bastante rigurosa y responsable con los temas académicos, que esta vez no haya citado el número de reglamento vigente no es óbice para hace cuestión de estado repitiéndolo constantemente.
Con todo respeto, y felizmente para cualquiera que lea la seguidilla de comentarios (y respuestas) aquí, quien denota total falta de tolerancia es tu persona.
Por cierto, el ejemplo que colocas sobre la Constitución del 79 y la del 93 es totalmente irrelevante. No se ha tocado ese tema en el artículo y, además, los conceptos sobre la clase de indultos y gracias no han variado con el nuevo reglamento. El nuevo reglamento, Ludwing, agrega temas de trámite (formularios para solicitar las distintas gracias, si mal no recuerdo), y unifica en una la comisión revisora. Esos temas no son el elemento que fundamenta mi posición ni las hubiera comentado, sencillamente porque tengo un espacio extremadamente limitado para tocar el tema y porque, repito, no es el tema problemático que encuentro en la institución del indulto.. La citas bibliográficas no son erróneas y, como es lógico aceptar y TAL COMO LO SOSTUVE INICIALMENTE, fue un error no haber citado el número del nuevo reglamento vigente, pero no por ello es razonable reaccionar verbalmente como te has referido en tus distintos comentarios.
Cierro con esto mis comentarios a los tuyos debido a que no se está aportando en nada desde lo académico, y aunque pareces desvirtuarlo: ese ha sido mi único ánimo.
Saludos y, agradeceré que si la srta. Ludovica ó R. Ludovica te responden y desees responderle (s), no me involucres nuevamente, por una cuestión de respeto mínimo.
Éxitos, estimado.
Denice 3 noviembre, 2014 at 11:29 am
Porfavor como podria contactarme con la Dra Pezo quiero presentar una solicitad de derecho de gracia para mi papa de68 años, y quisiera q me ayude, gracias
Ludwing 25 febrero, 2013 at 12:48 pm
Ramiro Rojas 7 abril, 2013 at 1:35 pm
Interesante artículo de opinión. Felicito el lenguaje sencillo para lectores que no somos abogados. Muchas veces damos por sentados conceptos que pueden ser reevaluados. Justo ahora que se está por decidir el indulto a Fujimori, uno piensa en el peso político de la decisión del Presidente Humala. La pregunta es si el Pdte. ha estado enterado de todos los debates de los miembros que han evaludo esto. Cómo decidir por “sí” o “no”? Es muy acertado considerar que solo por razones humanitarias deba concederse un indulto y la lectura de la opinión de la abogada invita a pensar sobre la posibilidad de que hayan cambios y modifique el proceso de otorgamiento de indultos. El presidente no tiene nada que ver con las penas ni es miembro del poder judicial, entonces porqué debe decidir él?.Porqué lo dice la Constitución?. Además, tienen un reglamento y luego modifican el reglamento con sistemas burocráticos que son importantes para el procedimiento pero no para la decisión final. De qué sirve?, donde queda la administración de justicia en manos de los competentes para decidir??
No me cabe duda que el presidente en casos como los de Fujimori no decidirá sólo en base al caso o su situación sino a los cotos políticos y lo que pueda beneficiarle a él para quedar bien parado frente a la sociedad.
Estoy de acuerdo con la opinión de la abogada. Y aplaudo su altura para responderle al sr. que parece tener algún problema personal con ella y con quien esté de acuerdo con su opinión en el artículo. Un poco de hepabionta sr. Ludwing!!! si no está de acuerdo con la opinión de la srta. diga la suya y fundaméntela con respeto.
Finalmente, felicito al portal por permitir un espacio de opinión sobre diversos temas.
Negra 7 abril, 2013 at 2:04 pm
Muy interesante perspectiva del artículo. El poder judicial dice: condenar y el Presidente dice: perdonar?. Ahí tenemos en caso de Alan García que lo hizo por doquier y ahora están los resultados. Muchos han vuelto a delinquir!! acaso sabía él de su resocialización?. Y el caso de Humala es peor porque al margen que Fujimori merezca el indulto por razones de humanidad, el Presidente hará lo que más le convenga a su posición política. Estoy de acuerdo de que no haya gracias así nomás, los delincuentes deben pagar por lo que hacen y las cárceles también deben ser mejores. En el caso de humanidad por alguien que está terminal sí puede ser como dice el artículo pero igual creo que no tendría que seguir siendo facultad del presidente. Y porque lo diga la Constitución de 1979 o la de 1993 o una sentencia del Tribunal Constitucional no quiere decir que TENGA que ser así.
jesus 25 marzo, 2014 at 4:56 pm
Hola señorita Cecilia me parece muy interesante su artículo, precisamente yo estoy avanzando una tesis en la que los derechos de gracia en general no deben ser aplicados por violación al principio de separación de poderes; así que espero contactarla para intercambiar posiciones…gracias…
Denice 3 noviembre, 2014 at 11:32 am
Quisiera contratar a la Dra. Pezo, quisiera q me asesore quiero hacer una solicitud de gracia para mi papá. Gracias