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Timestamp: 2019-07-16 15:11:29
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10 años de PGOU: algo ocurrió, pero nadie sabe nada | últimoCero
El concejal de urbanismo José Antonio García de Coca, durante una visita de terrenos.
Más de 70 artículos de la norma urbanística se alteraron en el otoño de 2003. Tras las denuncias del PSOE y la Fiscalía, el TSJ de Castilla y León ordenó revisar el Plan en 2011. De un solo imputado (José Antonio García de Coca) se ha pasado a una veintena. Las alteraciones facilitaban y modificaban licencias, cambiaban la tipología de suelo u otorgaban acciones al Ayuntamiento antes ilegales.
:: Jueves, 03 de Enero de 2013 ::
Han pasado casi 10 años desde que el pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobara provisionalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, norma por la que se rige cualquier aspecto relacionado con el urbanismo en una ciudad. Fue el 7 de marzo de 2003.
Hoy, 9 de enero de 2013 y tras un largo periplo político y judicial, los ciudadanos saben, a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que la modificación del PGOU sufrió “alteraciones conscientes” o, según la Fiscalía, “alteraciones subrepticias […] en beneficio de ciertas personas y en perjuicio del Ayuntamiento”. Casos llamativos son la multiplicación de licencias de una parcela para viviendas en la Avenida de Madrid (pasaron de 9 a 124) o la ampliación del espacio de edificabilidad en la llamada Ciudad de la Comunicación, entre otros muchos.
Al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valladolid han acudido –y no precisamente de visita- una veintena de imputados a lo largo del pasado año, entre concejales y exconcejales de los distintos equipos de Gobierno del Partido Popular, técnicos del Ayuntamiento o de la Consejería de Fomento y hasta el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva.
Lo que para el consejero de Fomento, Antonio Silván, fueron “errores materiales”, para algunos órganos judiciales no lo son tanto (el TSJ anuló la Orden del consejero en la que calificaba así las alteraciones). Pero parece claro que, desde la orden de la Consejería de “subsanar” algunos errores hasta que estos fueron corregidos, algunas manos inquietas entraron en los ordenadores donde se guardaba el PGOU y modificaron, según el PSOE y la Federación de Asociaciones Vecinales, más de 70 puntos entre artículos y planos, los cuales nada tenían que ver con aquellos errores descubiertos por los técnicos de Fomento y que sí debían ser corregidos.
Y en el medio, posponiendo su declaración ante el juez José María Crespo ya en un par de ocasiones, está el que fuera concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, José Antonio García de Coca, encargado de enviar aquellas “subsanaciones” a la Junta de Castilla y León. Una persona clave en este entramado en el que también destaca un técnico municipal, Luis Álvarez Aller.
Como en Twin Peaks y el caso Laura Palmer, parece claro que la modificación del PGOU aprobada en el pleno sí fue alterada, pero, ¿quién es el culpable? Pues una veintena de personas tenían las claves para acceder a esos ordenadores.
AGITADO VERANO, LARGO OTOÑO
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) debía adaptarse a la Ley 5/1999 y, por ello, el Pleno del Ayuntamiento aprobó su modificación provisional el 7 de marzo de 2003. Y era provisional porque el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, compuesto por una ponencia técnica y un pleno, debían indicar su posición al Consejero de Fomento antes de que rubricara el acuerdo plenario.
Así, la ponencia técnica propuso al Pleno la suspensión de la modificación, puesto que se debían corregir algunos errores. Era 18 de julio de ese mismo año. El concejal de Urbanismo de entonces, José Antonio García de Coca, sin apoyarse en un informe técnico, emitió una “1ª subsanación”, con informe favorable del Pleno (30 de julio) aunque aún deberían corregirse algunos fallos. Así pues, con un plazo de 15 días, García de Coca presentó, el 14 de agosto, más documentación con otra “2ª subsanación”. Pero tampoco fue válida. De este modo, Antonio Silván pidió que, en un plazo de 30 días, el concejal integrara en un único documento “las correcciones que introdujera el propio Ayuntamiento como consecuencia de los informes de la ponencia técnica”, se desprende de la denuncia de la Fiscalía. El Consejero hizo esta petición a través de una Orden el día 18 de agosto.
Al día siguiente y sin firma ni fecha, llega la “3ª subsanación”. Y el 27 de agosto el BOCyL publica la Orden, pero sin el anexo con la memora y la normativa urbanística. García de Coca se ocupó de la refundición del texto con los errores y la parte aceptada, pero, a punto de cumplirse el plazo de entrega (esto fue el 26 de septiembre y el plazo expiraba el 29), el concejal pidió una ampliación que le fue concedida por el Consejero de Fomento.
Pasaron tres meses, hasta el 15 de diciembre de 2003, en los que el texto fue refundiéndose a fuego lento. Es ahí cuando, según la Fiscalía y confirmado en gran medida por el TSJ, “solo o de acuerdo con otras personas no determinadas hasta el momento, realizó en el texto de la modificación del PGOU variaciones sustanciales en las posibilidades de desarrollo urbanístico de determinados suelos y obtención de licencias para determinados proyectos, que no eran las exigidas en la Orden del Consejero de Fomento, con beneficio económico para algunas personas y en perjuicio del Ayuntamiento”.
Y fue el 13 de noviembre –las fechas de las alteraciones quedan reflejadas en los archivos informáticos- cuando los culpables realizaron algunos de los cambios que más han llamado la atención. El resto fue puro trámite. El 15 de diciembre García de Coca informó del nuevo texto con las supuestas correcciones al Pleno del Ayuntamiento, sin ser sometido a votación ya que se trataba, según éste, de una Orden de Silván.
Ya al año siguente, 2005 y tal día como el 5 de febrero, el consejero, sin ninguna comprobación por parte de los técnicos de la Dirección General de Urbanismo, ordena publicar el texto en el Boletín Oficial de la Provincia. Y el 27 de ese mismo mes se hace público un PGOU que, a juicio del abogado Carlos Castro, se sitúa en “un limbo legal”, o, según Javier Izquierdo, portavoz del grupo municipal socialista, es “un atentado contra la democracia”, ya que es una norma que “no ha votado nadie”, puesto que lo que se debatió en el pleno poco tiene que ver con el texto alterado.
CASAS HASTA DEBAJO DE LAS PIEDRAS
Sitúense en la primavera de 2003. Elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Ahora, fíjense en las promesas electorales del Partido Popular (la imagen del folleto electoral puede verse en un documento adjunto). ¿Todos los concejales de todas las áreas sentían la misma fiebre por el ladrillo? Debió ser así. Porque, a partir de ese momento, comenzaron a sucederse hechos que, acordes al PGOU de las “alteraciones conscientes”, no al aprobado por el Pleno en marzo de 2003, iban directamente relacionados con la construcción o rehabilitación de viviendas.
A los citados y conocidos casos de la Avenida de Madrid y la Ciudad de la comunicación, se sumaron más consecuencias de las “alteraciones conscientes” del PGOU. En la denuncia presentada por la agrupación municipal del PSOE se pueden contabilizar varias decenas de artículos y planos manipulados. Estos son algunos ejemplos.
Avenida de Madrid: alteración del plano 54-07. El caso más notorio es el acaecido en una parcela de 18700 metros cuadrados ubicada en la carretera de Madrid. La eliminación de la frase “parcela mínima 2000 m2” supuso el paso de las 9 viviendas unifamiliares permitidas por el PGOU a 124, ya que el terreno se dividió en 62 partes de 300 metros cuadrados con dos viviendas por parcela. Es decir, del millón de euros que costarían las 9 viviendas del principio se llegaría, con 100.000 euros de precio por casa, a 12,4 millones, 11,4 más.
Ciudad de la comunicación: alteración del artículo 160. Crece el uso del suelo residencial y el índice de edificabilidad absoluta residencial supera al permitido por la Ley de Urbanismo de Castilla y León, ya que a los 0,80 metros cuadrados por cada metro cuadrado, legales, se les suma los 0,52 de uso terciario. Es decir, disponibilidad total para construir.
Academia de Caballería: alteración del artículo 178 y creación de otro. El Pleno aprueba distintas áreas de actuación urbanística, pero no se desarrollan las características ni el uso del suelo. Es más, tan siquiera se debaten. En el PGOU manipulado aparece un nuevo artículo especificando esos usos del suelo y, además, se incluye un nuevo Área de Planeamiento Específico (APE): el de la Academia de Caballería, tampoco aprobado por el Pleno.
Harinas la Perla: alteración del artículo 368. A pesar de que, en el año 2002, el Ayuntamiento de Valladolid denegó la construcción de un hotel en lo que era una fábrica de harinas, hoy el establecimiento funciona con toda normalidad. ¿Por qué? El artículo 368 fue ‘ligeramente’ modificado para permitir, en un edificio catalogado como industria urbana, la instalación de un hotel de 5 estrellas: el Marqués de la Ensenada.
Arca Real: alteración del artículo 271. El Pleno del Ayuntamiento destina el uso de esa parcela a la construcción de un local para centros de salud, hospitales, residencias de ancianos, etc. En la manipulación se incluye la posibilidad de construir apartamentos tutelados “integrados en un conjunto residencial cuyos espacios generales mancomunados representan al menos el 40% de la superficie construida”. La Junta había negado anteriormente la construcción de una residencia de ancianos.
Cáritas: plano manipulado. Y lo dice el TSJ, que lo utiliza como ejemplo para pedir la revisión del PGOU. El terreno calificado como Suelo Urbano No Consolidado pasó a Suelo Urbano Consolidado, por lo que, según marca la ley, el Ayuntamiento perdió una cesión de parte de la parcela valorada en 700.000 euros.
Más difícil salir del garaje: alteración del artículo 345. Los manipuladores eliminan los 6 metros de radio de los aparcamientos privados que deberían mantenerse para permitir girar a los vehículos para poder salir holgadamente. Eso puede facilitar la obtención de alguna plaza más de garaje.
Construir con desnivel: alteración del artículo 406. Si se edifica en una calle con un gran desnivel y con un máximo de altura en la edificación, no sería necesario, según el artículo manipulado, escalonar la vivienda y construir en ambos lados del bloque (la parte baja y la alta) el mismo número de plantas: en la diferencia de metros entre una parte y otra, podrían construirse más pisos. Hay edificios que, con lo aprobado el 7 de marzo de 2003, no hubieran obtenido licencia.
Computación de metros: alteración del artículo 432. Cambia las reglas del juego de lo aprobado en el Pleno, pues es el artículo en el que se delimitan los metros computables o no a la hora de edificar. Al ser un punto ampliamente alterado, muchos edificios construidos desde su manipulación no hubieran obtenido licencia si el PGOU modificado fuera el aprobado por Pleno del Ayuntamiento.
Demoliciones: alteración del artículo 66. La Junta de Castilla y León debería intervenir a la hora de descatalogar un edificio histórico para poder ser demolido o rehabilitado. Los manipuladores lo obvian. Por lo tanto, el PGOU redactado ‘en la sombra’ permitió la demolición del edificio de Monedero, antes ubicado en la Bajada de la Libertad.
Junto a estos ejemplos ‘gordos ’o llamativos, también se produjeron modificaciones para la instalación de oficinas en edificios residenciales, eliminación de una comisión que regule las rehabilitaciones en fachadas protegidas, disminución del metraje máximo de las parcelas en suelo industrial… es larga la lista de los artículos manipulados del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid que, por otra parte, cumple escrupulosamente con el programa del PP en las elecciones de 2003: construir, construir y construir.
Después de que, en julio de 2008, el grupo municipal socialista se decidiera por resolver el caso por vía judicial y que, tras no poder hacer frente a la fianza impuesta por la Audiencia Provincial para que una entidad como el PSOE, sin personalidad jurídica, pudiera personarse en el caso (fijada en 45.000 euros y posteriormente rebajada a 20.000), apareció la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’ y consiguió esos 20.000 euros. La fianza, según la Audiencia Nacional, era nula.
No obstante, tras todos estos años de denuncias y recursos y en los que la Fiscalía también presentó denuncia (poco después de que lo hiciera el PSOE, ya que éste se dirigió a la Fiscalía), llega una acción clave: la Orden del consejero de Fomento, Antonio Silván, declarando “errores materiales” a los artículos alterados del Plan General. Esa acción del político popular le costó que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarase nula esa Orden y ordenara revisar todo el PGOU alertando de “alteraciones conscientes” en el texto. Sitúense: ya ha llegado el año 2011.
Así las cosas, José María Crespo, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valladolid, es el encargado de llevar el caso, que partió con un único imputado: José Antonio García de Coca, concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007.
Desde que en 2011 volviera a tomar impulso el ‘caso PGOU’, ya han pasado una veintena de imputados por los juzgados. Entre ellos, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, quien acudió “tranquilo” a declarar el pasado verano. También lo hicieron los ex concejales Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos, quienes aseguraron que no sabían lo que firmaban ya que respondían a la disciplina de grupo. Además, también acudieron los hoy concejales Manuel Sánchez y Gonzalo Hernández Santamaría, junto con varios técnicos del Consistorio y de la Consejería de Fomento. También han declarado el actual director general de Urbanismo, Ángel María Marinero, y el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino.
A la espera de las consecuencias de las declaraciones ya realizadas por Luis Álvarez Aller (acusado de saltarse la Ley de Incompatibilidades y favorecer a varias empresas con las que mantuvo una relación laboral) y las de José Antonio García de Coca, las cosas siguen igual: nadie sabe nada. Lo que está claro es que las alteraciones se produjeron. ¿Quién fue?
Imagen de un folleto informativo del PP durante la campaña a las elecciones municipales de 2003