Source: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-derecho-proceso
Timestamp: 2017-06-26 07:00:21
Document Index: 252712345

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Artículo 6: Derecho a un proceso equitativo - La jurisprudencia del TEDH - Ministerio de Justicia
Tribunal Europeo de Derechos Humanos Cumbre de Londres 2016
La jurisprudencia del TEDHAsuntos en los que España ha sido parte
Asunto: Comunidad de Propietarios Pando 20 (64204/10)
Sentencia Comunidad Propietarios 20 v España (PDF. 172 KB)
En el presente caso, el Ayuntamiento de Madrid requirió a la Comunidad de Propietarios demandante el abono de los gastos de reparación de un muro medianero perteneciente a dicha Comunidad, de los que se había hecho cargo el citado Ayuntamiento por considerar que el mal estado del muro suponía un grave peligro de derrumbamiento. El demandante inició dos procedimientos en 1994 y en 1996, respectivamente, hasta llegar al Tribunal Constitucional, que inadmitió el recurso de amparo en 2010 por falta de justificación de relevancia constitucional.
En 2010, la Comunidad de propietarios demandante apeló al TEDH alegando que la duración del proceso había sido incompatible con la obligación de que los procedimientos se resuelvan dentro de un plazo razonable, establecida en el artículo 6.1 del Convenio. El Tribunal considera que la razonabilidad en la duración de los procedimientos debe evaluarse desde criterios como la complejidad del caso, el comportamiento del demandante y de las autoridades, y aquello que el demandante arriesga en el litigio. Al respecto, el Gobierno alegó, entre otras, la falta de postulación de uno de los demandantes para actuar en nombre de la Comunidad de propietarios, y que no se había solicitado la tramitación conjunta de ambos procedimientos. El Tribunal considera que este caso no parece ser especialmente complejo, y que ambos procedimientos podrían haberse tramitado de forma separada sin que ello causara dilaciones.
En consecuencia, el TEDH declara admisible la demanda, considera que se ha vulnerado el artículo 6.1 del Convenio en cuanto a la excesiva duración del proceso y condena al Estado español a indemnizar al demandante por daños morales.
No obstante, el Tribunal inadmite la solicitud en cuanto a la satisfacción equitativa y al pago de costas igualmente solicitadas por el demandante.
Sentencia S.A. del Ucieza (Satis. equit.) c España (PDF. 104 KB)
El caso se origina en torno al litigio entre la empresa demandante y el Obispado de Palencia sobre la inscripción registral de un edificio (iglesia cisterciense) enclavado en una finca de la sociedad demandante. Se trata de un lugar donde se celebran actos del culto católico desde tiempos inmemoriales y de cuyo mantenimiento siempre se ha ocupado la Iglesia. El edificio en cuestión se incluía en la descripción de la finca cuando la sociedad demandante accedió como titular al registro de la propiedad. La inscripción no fue impugnada por la Iglesia en el plazo prevenido por la legislación hipotecaria. Más de 10 años después, el Obispado de Palencia inmatriculó mediante un certificado propio el mismo edificio en el registro de la Propiedad. Las acciones tendentes a obtener la nulidad de la inmatriculación instadas por la empresa fueron rechazadas por los órganos jurisdiccionales españoles en primera y segunda instancia. Los Tribunales españoles consideran que el derecho material de propiedad corresponde al Obispado de Palencia. El recurso de casación ante el Tribunal Supremo fue inadmitido porque la cuantía que había fijado inicialmente el demandante era “indeterminada”. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido. EL TEDH, en sentencia sobre el fondo de 4/11/2014 , declaró que se habían violado los arts 6.1 CEDH ( por haber realizado una interpretación excesivamente formalista de la normativa reguladora de la cuantía necesaria para admitir el recurso de casación) y el art 1 del Protocolo 1 ( por haber perturbado el disfrute del derecho de propiedad en base a una inmatriculación practicada en base al certificado expedido por su propietario – el Obispado- contraria al derecho inscrito previamente). La decisión sobre la fijación de la satisfacción equitativa (indemnización de daños y perjuicios) se dejaba para procedimiento ad hoc posterior.
En el examen de la solicitud de satisfacción equitativa la fundamentación jurídica que emplea el TEDH es la siguiente:
a) Sobre la violación del art 1 del Protocolo 1 (Disfrute del derecho de propiedad)
Principios generales (pº 12): Si una sentencia del TEDH constata una violación del Convenio el Estado debe poner fin a la vulneración y restablecer la situación previa. Los Estados son libres de escoger la manera en que han de hacerlo, siempre que aseguren el respeto al derecho violado. Si es posible la restitutio in integrum (reponer las cosas a su situación previa) el Estado debe llevarla a la práctica por sí mismo, sin la ayuda del TEDH. Si el derecho interno sólo permitiera la restitutio in integrum parcialmente debe acordarse una indemnización de daños y perjuicios conforme al art 41 del Convenio.
Aplicación al caso (pº 13-20): La inmatriculación del bien por la iglesia católica, permitida por la ley interna sin justificación aparente, ha causado un perjuicio a la sociedad recurrente. La iglesia no había discutido en plazo la inscripción registral previa de propiedad a favor de la sociedad recurrente. La recurrente ha soportado una carga exorbitante . Sólo la declaración de nulidad de la inmatriculacion registral en favor del Obispado de Palencia habría satisfecho el derecho del interesado y proporcionado una restitución in integrum.
Sin embargo, según el Gobierno, para que ello se produzca el demandante debería ejercitar nuevamente demandas ante los tribunales internos. El Obispo de Palencia debería ser oído en el curso de este procedimiento y, como resultado de este procedimiento, se debería ordenar al Estado anulación de la inmatriculación. Asimismo el interesado debería entablar demandas judiciales para obtener la nulidad de las resoluciones judiciales que le han sido contrarias y debería instar un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo conforme a las modificaciones introducidas a la Ley de Enjuiciamiento Civil tras el 1 de octubre de 2015.
El TEDH estima que el medio propuesto por el Estado no es apropiado para proporcionar una restitutio in integrum, pues entiende que:
- a diferencia de lo que sostiene el Estado demandado, no puede invitar al Obispado de Palencia a participar como tercero en este procedimiento que trata sobre la satisfacción equitativa. La inscripción registral a su favor ya ha sido declarada contraria al art 1 del Protocolo 1.
- el demandante ya intentó un procedimiento judicial interno para anular la inmatriculación a favor de la Iglesia y no puede exigírsele que vuelva a intentar procedimientos judiciales internos (acción declarativa de la nulidad de la inmatriculación, acción reivindicatoria de la propiedad o recurso extraordinario de revisión) para hacer efectivos derechos que el TEDH ya le ha reconocido. La regla según la cual hay que agotar los recursos internos antes de acudir al TEDH no se aplica a las demandas de satisfacción equitativa presentadas ante el Tribunal con arreglo al art 41 del Convenio.
En tales circunstancias, el TEDH considera que la mejor forma de reparación consiste en la indemnización por el Estado demandado del daño material y moral sufrido por el interesado como consecuencia de la injerencia en su derecho de propiedad.
El TEDH considera que la indemnización debe consistir en el valor íntegro del bien inmueble en el momento en el que se priva de los derechos derivados de la inscripción registral, tal y como ha sido aceptado por la jurisdicción interna competente. El TEDH tiene en cuenta el informe emitido por el perito designado por el Juez de Primera Instancia nº 5 de Palencia a la hora de estimar cuáles eran las costas del proceso seguido ante el Tribunal Supremo (600.000 €). Si bien cabría pensar en la necesidad de su actualización, dado el tiempo transcurrido desde dicha fijación, conforme pide el demandante, el TEDH debe también tener en cuenta que en España no existe mercado que permita la venta de una iglesia cisterciense. Por ello limita el importe al 600.000 €.
b) Sobre la violación del art 6 del Convenio ( Derecho a interponer recursos sin obstáculos formales excesivos)
Se desestima la solicitud de pago de gastos y costas procesales internos, recordando que ya se rechazó en la sentencia del TEDH sobre el fondo.
c) Sobre el daño moral
El TEDH recuerda su jurisprudencia sobre la posibilidad de atribuir daños morales a personas jurídicas . En este caso, la incertidumbre provocada por la imposibilidad de anular la inmatriculación de la iglesia, practicada 16 años después de que la demandante la hubiera inscrito registralmente a su nombre, habría perturbado el funcionamiento de la sociedad y generado gastos. No se le puede exigir a la demandante que inicie las vías judiciales sugeridas por el Estado demandado. Se concede, por tanto, en concepto de daño moral la cantidad de 15.600 €.
La sentencia condena a España a pagar:
- 600.000 € en concepto de indemnización de daños y perjuicios
- 15.600 € en concepto de daños morales
La cantidad debe pagarse en el plazo de tres meses a contar desde la firmeza de la sentencia ( si no se anuncia recurso ante la Gran Sala en el plazo de 3 meses a partir de su fecha – art 43.1 ECHR- o desde que la solicitud fuera rechazada).
Y desestima:
-Parcialmente, la solicitud de indemnización por importe de 1.341.878 € efectuada por el demandante (ya que limita la cantidad a 600.000 €)
-Totalmente la solicitud de capitalización financiera de la suma de la indemnización, que el demandante cifraba en 396.410 €
-Totalmente la solicitud de costas procesales.
Las cantidades en que se cifra la condena devengarán intereses moratorios al tipo marginal interbancario aplicado por el Banco Central Europeo a partir del transcurso de 3 meses a contar desde la fecha de firmeza de la sentencia
Asunto: Sentencia Ruiz-Villar Ruiz c. España (16476/11)
Sentencia Ruiz-Villar Ruiz v España (PDF. 160 KB)
Las circunstancias del presente caso se remontan a un procedimiento instado en relación con una cuestión de dominio público respecto a las Lagunas de Ruidera. El procedimiento se inició en 1991, y tras seguir las instancias jurisdiccionales correspondientes hasta el Tribunal Constitucional, este inadmitió la demanda en 2010 por ausencia de relevancia constitucional.
Los demandantes apelan al TEDH en 2011, alegando que la duración del proceso había sido incompatible con la obligación de que los procedimientos se resuelvan dentro de un plazo razonable, establecido en el artículo 6.1 del Convenio. El Tribunal considera que la razonabilidad en la duración de los procedimientos debe evaluarse desde criterios como la complejidad del caso, el comportamiento del demandante y de las autoridades, y aquello que el demandante arriesga en el litigio. Al respecto, el Gobierno alegó que la naturaleza del litigio había sido verdaderamente compleja debido al elevado número de partes involucradas, la necesidad de recoger opiniones de varios expertos y lo voluminoso del expediente, además de que algunos demandantes habían entorpecido el proceso. El Tribunal, sin embargo, consideró que no se había probado suficientemente que dicho comportamiento tuviera incidencia en la duración del procedimiento, ni que la suspensión del procedimiento durante seis años fuese atribuible a los demandantes.
En consecuencia, el TEDH declara admisible la demanda, considera que se ha vulnerado el artículo 6.1 del Convenio en cuanto a la excesiva duración del proceso y condena al Estado español a indemnizar al demandante por daños morales, así como al pago de las costas.
Asunto: Cano Moya c. España (3142/11)
Sentencia CANO MOYA v. ESPAÑA (PDF. 318 KB)
El demandante, Vicente Manuel Cano Moya, de nacionalidad española, cumple actualmente condena en España. En el momento de los hechos el demandante estaba en prisión preventiva en Foncalent (Alicante). El asunto se refiere a la sanción impuesta por infracción disciplinaria mientras estaba encarcelado y, sobre todo, por el rechazo de las autoridades internas a facilitarle una copia completa de su expediente. El demandante fue declarado culpable de infracción disciplinaria por parte de la Comisión Disciplinaria de la cárcel de Alicante en octubre de 2009, por amenazar a funcionarios penitenciarios, desobedecer sus órdenes y dañar bienes del establecimiento.
El demandante recurrió dicha sanción ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Comunidad Valenciana, quien ratificó parcialmente dicha sanción en noviembre de 2009. El demandante interpuso un recurso de reforma ante el mismo juzgado y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ambos recursos fueron desestimados en febrero y septiembre de 2010, respectivamente.
El demandante decidió formular una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo que solicitó copia de su expediente. No obstante, las autoridades rechazaron facilitárselo nuevamente sobre la base de que el Tribunal Europeo tenía competencia para solicitarlo. Basándose en concreto en el artículo 34 (derecho a una demanda individual), el demandante reclamó que las autoridades habían vulnerado su derecho a una demanda individual por haber rechazado facilitarle una copia de su expediente con el fin de interponer una demanda ante el Tribunal Europeo.
El Tribunal ha declarado inadmisible la demanda respecto a los artículos 6.2 y 10 del Convenio. Declara por seis votos a uno la vulneración del artículo 34 respecto a la denegación por parte de las autoridades en facilitarle una copia de su expediente para demandar ante el Tribunal Europeo. Declara igualmente por seis votos a uno que la vulneración ya supone en sí misma satisfacción equitativa suficiente en relación con los daños morales solicitados por el demandante, y declara inadmisible el resto de la demanda.
Artículo 34: Demandas individuales Artículo 35: Condiciones de admisibilidad
Asunto: Flores Quirós c. España (75183/10)
Trad. Sentencia FLORES QUIRÓS c España (PDF. 88 KB)
Este caso atañe a la no ejecución de una sentencia que anulaba la venta en subasta pública de un local comercial del que la ahora demandante era, junto con su ex esposo, copropietaria.
Con el fin de asegurar el resarcimiento de unas deudas impagadas por el ex esposo de la demandante, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) promovió un procedimiento de ejecución judicial y procedió, en septiembre de 2003, a la venta en pública subasta de un local comercial perteneciente a la pareja. En la subasta, el local fue adquirido por un tercero, interponiendo la demandante y su ex esposo sendos recursos contencioso-administrativos con el fin de impugnar la legalidad de la subasta. Por una parte, la demandante inició un procedimiento ante el Juzgado nº 25 de lo contencioso administrativo de Madrid, quien anuló la subasta mediante sentencia de 8 de mayo de 2006, al reconocer la existencia de un defecto de procedimiento, a saber, la falta de notificación del precio de tasación fijado para el local. Confirmado en apelación el día 15 de diciembre de 2006, esta sentencia adquirió carácter de firmeza y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid ordenó, el 23 de marzo de 2007, su ejecución en un plazo de 10 días. Por otra parte, el ex esposo de la demandante, interpuso un recurso ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Madrid, siendo desestimado mediante sentencia de 31 de julio de 2006, al considerar el Juez que la venta había sido legal en lo que respecta al ex esposo, y que incumbía a la demandante el interponer los recursos oportunos a fin de cuestionar el defecto de procedimiento que le había perjudicado.
El día 4 de junio de 2007, la demandante instó la ejecución de la sentencia de 8 de mayo de 2006 pero la TGSS se opuso, invocando la sentencia de 31 de julio de 2006 dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Madrid que declaró legal la subasta. Mediante auto de 9 de octubre de 2007, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid desestimó el incidente de ejecución de la demandante, al estimarlo incongruente, e indicó que la TGSS podía proseguir con el procedimiento de apremio. La demandante recurrió, e interpuso también un recurso de amparo, pero sin que el mismo prosperara.
Invocando el artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la demandante se quejaba del incumplimiento de la sentencia de 8 de mayo de 2006, que era ya firme, por el que la venta en pública subasta del local comercial en cuestión había sido anulada.
El TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 6.1, pero no otorga satisfacción equitativa, al no haberla reclamado la demandante en el plazo concedido por el Tribunal.
Asunto: M.L.R. c. España (22353/14)
Decisión M.L.R. c. España (PDF. 111 KB)
La demandante es madre de seis hijos. Los tres primeros viven con su padre, anterior marido. Ante el deficiente cuidado que proporcionaba, junto con su nueva pareja, a los dos siguientes, los servicios sociales le proporcionaron ayudas y un programa de mejora de la situación familiar. Al no cumplir con el programa y verse afectado el bienestar de los menores, se les declaró en situación de desamparo y quedaron acogidos por la Administración competente, quien promovió su acogimiento pre adoptivo en otra familia. La declaración de desamparo fue recurrida judicialmente, solicitando su anulación o, subsidiariamente, el establecimiento de un régimen de visitas. Negada la solicitud en primera instancia y en apelación, el Tribunal Superior de Justica, en casación, casa parcialmente las anteriores sentencias en el sentido de que si bien se había declarado administrativamente el desamparo la cesación de los contactos con la familia biológica sólo podía acordarse motivadamente por la autoridad judicial. En ejecución de la sentencia de casación, la Administración reevalúa con numerosos estudios y antecedentes la situación de los menores, concluyendo que una reanudación del contacto con la familia biológica atentaría gravemente contra el bienestar de los menores. En el ínterin, los padres biológicos se habían trasladado a residir a Portugal, , habían tenido otro hijo y las autoridades portuguesas se encontraban vigilando la situación de deficiente cuidado en la que este último se encontraba. Se deniega, por lo tanto, la reanudación de la visitas y se concede el derecho de recurrir ex novo jurisdiccionalmente el acto administrativo. La demandante elige no recurrir este último acto y opta por instar un incidente de ejecución de la sentencia obtenida en casación. Esta vía impugnatoria no prospera ni en primera instancia ni en apelación. Recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional. El Amparo es inadmitido. Tras ello interpone demanda ante el TEDH considerando que se han vulnerado los artículos 6 (Derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar). El procedimiento judicial interno sobre adopción quedó, mientras tanto, en suspenso.
España opone que no se han agotado los recursos internos, tal y como exige el art 35.1 del Convenio. La segunda decisión administrativa por la que se denegaba el régimen de visitas, tras una nueva evaluación del mejor interés de los menores, no había sido recurrida en el plazo de 2 meses concedido para ello. No se podía invocar la sentencia dictada en casación, que ya se había ejecutado debidamente mediante la anterior reevaluación con pruebas de la situación de la demandante y el mejor interés de los menores.
El Tribunal recopila su jurisprudencia sobre agotamiento de los recursos internos como requisito de admisibilidad de las demandas ante el TEDH. Concluye que, en este caso, las vías de recurso interno que estaban a disposición de la demandante y eran susceptibles de ser efectivas, no han sido agotadas.
Inadmite, por ello, la demanda conforme al art 35.1 CEDH.
Asunto: Barik Edidi c. España (21780/13)
Decisión BARIK EDIDI c. España (PDF. 94 KB)
La demandante es una letrada que portaba yihab y fue expulsada de estrados por el Presidente de la Sala por diversos motivos – no acreditarse estar personada en la causa en representación de ninguno de los acusados y por portar el yihab-. Se quejaba ante el TEDH por vulneración del derecho a un juicio justo (art 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), del derecho al respeto a la vida privada y familiar (art 8 CEDH), del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art 9 CEDH) y la prohibición general de la discriminación (art 1 Protocolo 12).
El TEDH declara inadmisible la demanda, conforme se solicita por España, porque siendo procedente el recurso de audiencia en justicia en el plazo legal de 5 días, no se formuló, sin considerar necesario entrar en el fondo del asunto.
Asunto: Sentencia Gómez Olmeda c. España (61112/12)
Sentencia Gómez Olmeda c. España (PDF. 317 KB)
En el presente caso el demandante fue condenado por desobediencia grave a seis meses de prisión por un juzgado de primera instancia, desestimándose otros cargos. El juez consideró acreditado que, en su calidad de administrador de la web en la que se publicaron declaraciones difamatorias, el demandante ignoró de forma deliberada las solicitudes de la policía de no alterar dichas declaraciones, por lo que incurrió en desobediencia grave. Pero, por el contrario, no consideró perpetrados los delitos de calumnias e injurias.
La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial por la acusación y el acusado. No se solicitó vista previa. La Audiencia Provincial por su parte se limitó a ver el vídeo de la vista en primera instancia. En la sentencia de apelación se condena ex novo por los delitos de calumnias e injurias, condenando al pago de una multa. El demandante interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue inadmitido por falta de relevancia constitucional.
Respecto a la supuesta vulneración del artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio, el Tribunal considera que, basándose en casos similares, una vista es necesaria con el fin de examinar y evaluar de nuevo los hechos probados en primera instancia si se desea imponer una condena respecto de un asunto en el que previamente existió una absolución, siempre que la cuestión debatida no fuere esencialmente jurídica
Respecto a la aplicación del artículo 41 (satisfacción equitativa) del Convenio, el Tribunal declara que España debe abonar al demandante sendas indemnizaciones por daños morales y por las costas incurridas
Asunto: Blesa Rodríguez c. España (61131/12)
Sentencia Blesa Rodríguez c. España (PDF. 320 KB)
El TEDH declara que ha habido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio respecto al requisito de un tribunal imparcial.
El asunto se refiere a una querella por falsedad documental interpuesta por la Universidad de la Laguna contra el demandante, profesor en la facultad de Farmacia de dicha Universidad, recurrida por el demandante quien afirmó que dos de los magistrados que le condenaron (A. y Sa.) no fueron imparciales.
El Gobierno alegó que el demandante no había agotado las vías de recurso internas respecto a sus demandas sobre la imparcialidad en relación con ambos magistrados. Respecto al magistrado A., el demandante admitió no haberle recusado, siendo rechazada su demanda tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional por no haber utilizado primero los recursos disponibles. El TEDH constata que el demandante no ha agotado las vías internas de recurso, rechazándose esta parte de la demanda con arreglo al artículo 35.1 y 35.4 del Convenio.
Respecto al magistrado Sa., el Gobierno alegó que el demandante no había solicitado su recusación. Este informó que la composición de la Sala de la Audiencia Provincial se había modificado sin haberle informado de la identidad de los tres magistrados que la componían. El TEDH considera que el demandante formuló la queja de falta de imparcialidad tan pronto como le fue permitido, concretamente interponiendo su recurso sobre cuestiones de derecho ante el Tribunal Supremo, que abordó el asunto examinando en su totalidad el fondo de la demanda sobre la falta de imparcialidad. El TEDH indica que esta queja no está manifiestamente mal fundada a los efectos del artículo 35.3.a) del Convenio, debiendo admitirse a trámite.
Respecto al fondo, el demandante se quejó de que se había conculcado su derecho a un tribunal independiente e imparcial a causa de las relaciones profesionales y económicas entre el magistrado Sa. y la Universidad. El Gobierno consideró que carecía de fundamento dicha declaración. El TEDH reitera que la imparcialidad debe evaluarse por medio de un análisis subjetivo y objetivo. El magistrado era profesor asociado y realizaba labores administrativas por las que percibía ingresos por parte de la universidad. Por dichos motivos, se debe considerar que el magistrado mantuvo relaciones profesionales regulares, estrechas y remuneradas con la universidad mientras llevaba a cabo sus labores como magistrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En opinión del TEDH, estas circunstancias sirven objetivamente para justificar el recelo del demandante de que el magistrado Sa. carecía de la imparcialidad necesaria.
Asunto: Otegi Mondragon c. España y otras 4 demandas (4184/15)
Otegi Mondragon c. España y otras 4 demandas (PDF. 252 KB)
El asunto concierne a varios demandantes que reclaman por una presunta vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, alegando la eventual vulneración del principio de imparcialidad del Tribunal enjuiciador (Audiencia Nacional) y en el Tribunal Constitucional , que desestimó el recurso de amparo formalizado posteriormente.
El Tribunal Europeo de Derecho Humanos rechaza parcialmente , mediante esta decisión, por manifiestamente infundada, la demanda en lo que se refiere al Presidente del Tribunal Constitucional –recusado por haber sido militante de un partido político- y y un Magistrado del mismo – por haber sido previamente Fiscal de la Audiencia Nacional-.
El TEDH considera sucintamente, sin embargo, que todavía no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la admisibilidad y fondo de la demanda en lo referente a la queja sobre la falta de imparcialidad de la Sala enjuiciadora de la Audiencia Nacional. Decide, en consecuencia, comunicar la demanda a España para que aporte datos adicionales que permitan decidir en su día
Condena en recurso de apelación o en recurso de casación previa absolución en la instancia
Asunto: Atutxa Mendiola y otros c. España (41427/14)
Sentencia ATUTXA MENDIOLA y otros c España (PDF. 133 KB)
Los demandantes (D. Juan María Atutxa Mendiola, D. Gorka Knorr Borras y Dª. Concepción Bilbao Cuevas), en su día eran el Presidente, Vicepresidente y Secretario General del Parlamento Vasco, respectivamente.
Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se ilegalizaron los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna se ordenó a los demandantes la disolución del grupo parlamentarios de Batasuna en el Parlamento Vasco.
Ante el incumplimiento de la mencionada orden se iniciaron procedimientos penales por delito de desobediencia por “negativa abierta” al debido cumplimiento de resoluciones judiciales, que integraba el tipo del art 410.1 del Código Penal.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó inicialmente las denuncias por no considerar que los hechos fueran constitutivos de delito (Auto de 27/12/2004). Contra dicha decisión se presentó recurso por uno de los denunciantes solicitando la reapertura de a instrucción por entender que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a lo cual el TSJ - PV accedió mediante Auto de 22/2/2005.
Tras la celebración de una vista en la que se practicaron numerosos medios de prueba, el TSJ – PV dictó sentencia absolutoria el 7/11/2005 al declararse incompetente para sentenciar por razón de la inviolabilidad parlamentaria de los acusados.
Ante el incumplimiento de la mencionada orden se iniciaron procedimientos penales por delito de desobediencia.
Recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, el mismo casa la sentencia el 10/11/2006 devolviendo el asunto al TSJ – PV y retrotrayendo las actuaciones la momento anterior al de dictar la sentencia, para que se pronuncie una nueva sentencia sobre el fondo sin necesidad de nueva vista.
El TSJ – PV celebra, no obstante, una nueva vista y dicta sentencia absolutoria sobre el fondo con fecha 19/12/2006, al considerar que no había existido “negativa abierta” a desobedecer pues se habría intentado poner en marcha los mecanismos necesarios para la ejecución de la sentencia. Se registró un voto particular disidente.
Interpuesto recurso de casación por la acusación popular, el TS celebró una vista en la que fueron oídos los abogados de los acusados y dictó sentencia de 8/4/008 condenando a los acusados. Se registraron 5 votos particulares disidentes que consideraban que el Tribunal Supremo debía haber celebrado una nueva vista completa porque no se habría limitado a una cuestión jurídica sino a una re-evaluación de la prueba practicada en primera instancia.
Contra la sentencia interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, informado favorablemente por el Ministerio Fiscal. Mediante sentencia de 5/12/2003 el Tribunal Constitucional rechaza las demandas de amparo porque considera que el TS había resuelto una mera cuestión jurídica, sin que fuera necesaria la práctica de nuevo de pruebas testificales. Se registró un voto particular disidente de cuatro magistrados.
DELIMITACION DE LA CUESTIÓN POR EL TEDH
El TEDH concreta el objeto del procedimiento ante él en las preguntas que formula a las partes el día 17/6/2015.
Se cuestiona exclusivamente si era o no necesario celebrar una vista completa ante el Tribunal Supremo antes de dictar sentencia sobre el recurso de casación referido al fondo para cumplir los requisitos que el artículo 6 párrafos 1 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece para que un enjuiciamiento penal respete las garantías procesales de inmediación, publicidad y contradicción.
Dado que la primera condena se produce en la segunda instancia (TS) cuando existía una previa absolución en la anterior (TSJ-PV), el debate se centra en si el TS respeta los hechos declarados probados anteriormente y simplemente realiza una operación de interpretación jurídica siendo suficiente oír a los abogados de los acusados- o si, por el contrario se altera la relación de hechos probados de la primera instancia –siendo necesaria el testimonio de los propios acusados ante el Tribunal Supremo.
No se cuestiona la conformidad con el Convenio de la obligación de cumplir las sentencias de los Tribunales y la posibilidad de sancionar dicho comportamiento penalmente, conforme al delito de desobediencia previsto en el artículo 410.1 del Código penal. De hecho el TEDH en múltiples ocasiones ha recordado la importancia que en un Estado de derecho tiene el cumplimiento de las sentencias dictadas por los Tribunales (por ejemplo, en la sentencia de 19/7/2016 en el asunto Flores Quirós c. España párrafos 27 y 28.)
Asimismo se cuestiona si debe indemnizarse a los demandantes en concepto de costas (600 € por la interposición del recurso de amparo), daños materiales (10.030 € de costas del recurrente en casación más 42.000 € de la multa, cantidades a cuyo pago fueron condenados por el TS) o/y daño moral.
El TEDH pone de relieve que ninguna de las partes discute que el Tribunal Supremo se ha limitado a determinar si ha existido o no una negativa “abierta” a cumplir la sentencias y que la misma , de existir, daría lugar a una condena por el delito de desobediencia (§ 40 de la STEDH)).
El TEDH aprecia que ha habido vulneración del artículo 6.1 del Convenio (derecho a un proceso con inmediatez, publicidad y contradicción) porque, en este caso, si bien el Tribunal Supremo decide sobre una cuestión jurídica ( si la negativa fue o no “abierta”) ello implica una decisión sobre la concurrencia o no de un elemento subjetivo del tipo penal por lo que, aunque se respeta la relación de hechos probados en la primera instancia, los acusados debían haber sido interrogados como testigos ante el propio Tribunal Supremo (§ 45 de la STEDH)..
Esto no supone que no hubiera podido dictarse en su día una sentencia condenatoria por el Tribunal Supremo por delito de desobediencia sino, simplemente, que habría sido necesario celebrar una vista ante el propio Tribunal Supremo –con práctica de dicho testimonio- antes de hacerlo. Por ello el TEDH señala que la forma más adecuada de remediar la violación sería “colocar a los demandantes, en la medida de lo posible, en la misma situación en la que se hubieran encontrado si no se hubiera producido esta vulneración del Convenio” (§51 de la STEDH), siendo oportuno para ello utilizar la vía que permite el art 954.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española - recurso extraordinario de revisión - (§52 de la STEDH).
En cuanto a la indemnización el TEDH concede 600 € por costas del recurso de amparo, deja la determinación de los eventuales daños materiales a lo que resulte del recurso extraordinario de revisión interno y concede 1 € a cada demandante en concepto de daño moral.
Esta sentencia fue declarada conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humano por sentencia del TEDH de 30 de junio de 2009 dictada en los casos acumulados nº 25803/04 y 25817/04 Herri Batasuna y Batasuna c. España. La mencionada disolución se consideró conforme con el art 11 CEDH y con la Resolution 1308 (2002) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on restrictions on political parties in the Council of Europe member States.
A instancias del Ministerio Fiscal y el Sindicato Manos Limpias (Acusación popular).
El Sindicato Manos Limpias.
Si los acusados habían opuesto una negativa “abierta” al cumplimiento de la sentencia del TS o dicha negativa no había sido “abierta”.
Esto supone que los demandantes, en el plazo de un año, podrán solicitar del Tribunal Supremo la revisión de su sentencia conforme a la reciente modificación en la materia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual puede dar lugar a la celebración de nuevo del acto del juicio cumpliendo las exigencias del art 6 del Convenio.
Asunto: Hernández Royo c. España (16033/12)
Sentencia HERNÁNDEZ ROYO c España (PDF. 274 KB)
ANTECEDENTES: En este caso, los demandantes, que estaban acusados por delito de estafa y falsedad en la venta de un vehículo fueron absueltos por el Juzgado de lo penal tras celebrarse la oportuna vista pública. Tanto la Fiscalía como el comprador recurrieron la sentencia. La Audiencia Provincial de Zaragoza admitió la solicitud del comprador proponiendo dos testificales como prueba y señalo el día de la celebración de la vista pública citando personalmente a cada uno de los acusados. Al término de esta vista, en la cual los dos testigos fueron oídos en presencia de uno de los dos acusados sin que éste fuera oído, la Audiencia Provincial modificó parcialmente los hechos considerados acreditados en primera instancia y llegó a una conclusión opuesta a la del Juzgado de primera instancia respecto de la firma del documento y del conocimiento, por parte de los acusados de las anomalías que presentaba el vehículo. Por ello condenó a los acusados a una pena de prisión y al pago de una indemnización, ratificando, por otra parte, la absolución por el delito de falsedad. Los ahora demandantes solicitaron la nulidad del procedimiento de apelación, pero la Audiencia Provincial consideró que la sentencia había respetado las exigencias constitucionales en lo que se refiere a la posibilidad de revisión de las sentencias absolutorias pronunciadas en primera instancia. Posteriormente, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo de los demandantes al considerar en particular que el derecho de defensa se había garantizado mediante la citación para comparecer en la vista pública, lo cual permitía a los interesados ser oídos aun cuando éstos no lo habían aprovechado. QUEJAS: Invocando el artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) los demandantes se quejaban de una vulneración de su derecho a ser oídos y denunciaban la legislación interna en vigor (La Ley de Enjuiciamiento Criminal) en el sentido de que no preveía la posibilidad para los acusados de ser oídos en apelación. Por otra parte, indicaban que la Audiencia Provincial había modificado los hechos considerados acreditados en primera instancia y que todas las pruebas practicadas ante el Juzgado de lo penal deberían haber sido reproducidas ante la jurisdicción de apelación. La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el día 6 de marzo de 2012.
DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH recuerda su jurisprudencia según la cual una audiencia es necesaria cuando la jurisdicción de apelación realiza una nueva valoración de los hechos considerados acreditados en primera instancia y los analiza de nuevo, situándose así al margen de consideraciones estrictamente jurídicas.
El TEDH suscribe las conclusiones de las jurisdicciones internas sobre las posibilidades de las que disponían los demandantes para ser oídos ante la Audiencia Provincial. En efecto hubieran podido solicitar ser oídos en el momento en el que la jurisdicción de apelación les informó de la existencia de un recurso contra la sentencia de 25 de junio de 2008. Además, en el momento de la audiencia de apelación ante la Audiencia Provincial, y tras oír a los testigos, el representante de los demandantes omitió proponer que se interrogara a sus clientes, lo que hubiera permitido impugnar las declaraciones de dichos testigos.
El TEDH añade que no se puede reprochar ninguna falta de diligencia a la Audiencia Provincial en cuanto al derecho de los demandantes a que su causa fuera oída justamente. En efecto, habida cuenta de la naturaleza de las cuestiones planteadas en la apelación, que incluían la práctica de nuevas pruebas, la Audiencia Provincial, por propia iniciativa, citó personalmente a los demandantes para personarse en la vista pública, lo que les hubiera permitido intervenir, si tal hubiera sido su deseo. El primer demandante no se personó en la audiencia sin que su representante justificara su ausencia. En cuanto al segundo, estaba presente en la audiencia junto con su representante, pero no deseó intervenir. El TEDH considera que los propios demandantes renunciaron a ejercer esta posibilidad ofrecida por la Audiencia Provincial.
Finalmente, al examinar por una parte la queja de los demandantes relativa a la necesidad de practicar de nuevo la totalidad de las pruebas ya practicadas ante el Juzgado de lo penal, el TEDH recuerda que las normas en materia probatoria atañen, en primer lugar, al Derecho interno. Al examinar por otra parte si la forma de obtener las pruebas ha sido justa en su conjunto, el TEDH no percibe ninguna razón válida para apartarse de las conclusiones a las que llegaron las jurisdicciones internas y, particularmente, el Tribunal Constitucional. En efecto los demandantes tenían la posibilidad de estar presentes en la audiencia y de expresarse entonces sobre la nueva valoración de los hechos pero no lo hicieron. El TEDH concluye en consecuencia que no ha habido violación del artículo 6 § 1.
Asunto: Porcel Terribas y otros c. España (47530/13)
Sentencia PORCEL TERRIBAS c España (PDF. 97 KB)
Asunto: Sainz Casla c. España. Asunto repetitivo
Sainz Casla (PDF. 164 KB)
El TEDH concluye que ha habido violación del artículo 6 § 1 del Convenio
Asunto: Naranjo Acevedo c. España
Sentencia Naranjo Acevedo c. España (PDF. 128 KB)
En este caso, el TEDH constata que los aspectos que el Tribunal ha debido analizar para pronunciarse sobre la culpabilidad del demandante tenían un carácter jurídico predominante. Por ello, la sentencia se ha limitado a interpretar de manera diferente la noción de "dolo eventual" en el marco de un delito de robo con violencia y uso de armas de fuego. En efecto, mientras que la Audiencia había considerado que un delito tal no conllevaba obligatoriamente el riesgo de resultado de muerte y que, en consecuencia, debía existir un acuerdo previo de los autores del delito al respecto, el Tribunal Superior hizo notar que tal eventualidad debía ser obligatoriamente contemplada a partir del momento en que unas armas de fuego eran utilizadas. La amplitud del análisis efectuado por el Tribunal Superior de Justicia, en el presente caso, conduce por lo tanto al TEDH a considerar que el testimonio del demandante durante la vista pública no era indispensable. En efecto, el representante del demandante tuvo la oportunidad de participar en esta vista en la que presentó los argumentos que estimó eran necesarios para la defensa de su cliente. De esta manera, el TEDH constata que el demandante ha tenido un procedimiento contradictorio, de conformidad con el artículo 6 § 1.
El TEDH desestima la demanda y concluye que no ha habido violación del Convenio.
Asunto: Román Zurdo y Otros c. España
Román Zurdo y Otros Sentencia (PDF. 178 KB)
El TEDH considera infundada la queja con respecto a la falta de imparcialidad de las Magistradas y la rechaza.
Los demandantes son los Sres. Román Zurdo, González Carrasco y Calle Arcal. El primer y el segundo demandante residen en Marbella, y el tercero en Madrid. Se quejaban de que su condena en apelación se había efectuado sin haber sido oídos personalmente, y que se había apoyado, según los demandantes, en una nueva valoración de las cuestiones de hecho declaradas probadas por el Juez de lo penal, así como de las pruebas presentadas ante éste. En efecto, en una fecha no precisada, la Fiscalía se querelló contra varios concejales de la ciudad de Marbella, entre los cuales se encontraban los demandantes, presuntos autores de delitos relacionados con la ordenación del territorio. Absueltos por una sentencia dictada en 2006 tras la celebración de una vista pública donde fueron oídos, fueron condenados en apelación por sentencia de la Audiencia Provincial en 2007, a una pena de prisión, así como a una de inhabilitación para ejercer sus funciones de concejales. Cuando se celebró la audiencia ante la Audiencia Provincial, los demandantes no fueron oídos. Los recursos de amparo interpuestos por el Sr. Román Zurdo por una parte, y por los Sres. González Carrasco y Calle Arcal, por otra parte, fueron rechazados por el Tribunal Constitucional en los años 2008 y 2009, respectivamente. Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo), los demandantes denunciaban, en particular, una violación del principio de inmediación en el proceso ante la Audiencia Provincial
TEDH concluye que ha habido violación del artículo 6 § 1 del Convenio.
Asunto: Nieto Macero c. España. Asunto repetitivo
Sentencia Nieto Macero (PDF. 149 KB)
En este asunto, invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo), el demandante se quejaba del hecho de que la Audiencia Provincial de Sevilla había efectuado una nueva valoración de los hechos declarados probados por el Juez penal, sin respetar el derecho de inmediación.
El TEDH concluye que ha habido violación del artículo 6 § 1 del Convenio.
Asunto: Asunto Vilanova Goterris Y Llop García c. España
Sentencia Vilanova Goterris Y Llop García (PDF. 210 KB)
Asunto: Serrano Contreras c. España
Sentencia Serrano Contreras (PDF. 203 KB)
Asunto: Valbuena Redondo c. España
Sentencia Valbuena Redondo (PDF. 741 KB)
Asunto: Lacadena Calero c. España
Sentencia Lacadena Calero (PDF. 184 KB)
Asunto: Almenara Álvarez c. España
Sentencia Almenara Álvarez (PDF. 177 KB)
Asunto: García Hernández c. España
Sentencia García Hernández (PDF. 160 KB)
Asunto: Marcos Barrios c. España
Sentencia Marcos Barrios (PDF. 170 KB)
Asunto: Nouredine Bellid y Azzedine Bellid c. España (32336/12 y 32340/12)
Decisión BELLID y BELLID c. España (PDF. 71 KB)
El TEDH considera, en un caso en el que se solicitaba condena por vulneración del derecho a la presunción de inocencia conforme al artículo 6.2 del Convenio, tras haber sido absueltos los demandantes del delito de pertenencia a una organización terrorista por falta de elementos de prueba a cargo suficientes y serles denegada una indemnización por el tiempo en el que habían estado privados de libertad, que no han sido agotados los recursos internos (artículo 35 apartados 1 y 4 del Convenio) puesto que los demandantes no invocaron ante el Tribunal Constitucional la presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia sino que se limitaron a formular la queja respecto de la inadmisión de sus recursos de casación, por lo que el TEDH procede a la inadmisión de las demandas.
Asunto: Vaquero Hernández y otros c. España
Sentencia Vaquero Hernández y otros (PDF. 271 KB)
Derecho a la presunción de inocencia. Consecuencias extraprocesales
Asunto: Lizaso Azconobieta c. España
Sentencia Lizaso Azconobieta (PDF. 234 KB)
Contenido de la rueda de prensa para dar a conocer una detención.
Asunto: Tendam c. España. Responsabilidad patrimonia de la Administración de Justicia
Sentencia Tendam (PDF. 215 KB)
Responsabilidad patrimonia de la Administración de Justicia.
Asunto: Cándido González Martín y Plasencia Santos c. España (6177/10)
Decisión CÁNDIDO GLEZ. MARTÍN Y PLASENCIA SANTOS c. España (PDF. 97 KB)
Los demandantes interpusieron demanda por considerar que las sucesivas prórrogas mensuales del secreto de las diligencias sumariales que les afectaban- que tenían su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales- podían constituir una violación del derecho a ser informados de la acusación formulada en su contra y suponer una duración excesiva del proceso, con infracción, respectivamente, de los artículos 6.3.a) y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Intervino como tercero la ONG Fair Trials International defendiendo que el derecho a conocer la acusación debe extenderse a toda la duración de la investigación judicial –no sólo a la fase de enjuiciamiento- en la medida en que el retraso en el conocimiento de los detalles de la acusación por los investigados podría suponer merma en sus derechos de defensa jurídica. Asimismo proponía que los límites subjetivos y objetivos de la declaración de secreto debieran ser los mínimos indispensables, permitiéndose los recursos contra las decisiones adoptadas por los jueces de instrucción en este sentido.
El TEDH inadmite la demanda, estimando las observaciones formuladas por España, en el sentido siguiente:
a) Sobre la demanda de violación del art 6.3.a) CEDH (derecho a ser informado, en el más breve plazo y de manera detallada, de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra él):
- Respecto de las decisiones judiciales que establecían el secreto del sumario en lo que concierne a delitos respecto de los cuales los demandantes ya han sido absueltos, considera que no tienen éstos ya la cualidad de víctima, que requiere para gozar de legitimación activa el artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
- En lo que concierne al resto de delitos, por los que podría abrirse en su caso el juicio oral contra ellos, la demanda ante el TEDH es prematura (artículo 35 apartados 1 y 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Debe agotarse previamente la vía judicial interna, esperando a la sentencia y a los recursos internos existentes contra la misma.
b) Sobre la demanda de violación del art 6.1 CEDH (Derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas):
- El mantenimiento durante un periodo prolongado del secreto de la instrucción (en este caso de 1 año para unos delitos y 4 años para los restantes), previsto en el artículo 302.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se justifica en este caso para evitar interferencias o acciones de los demandantes que pudieran comprometer el éxito de la investigación.
- No se acredita ningún periodo de inactividad imputable a las autoridades (el magistrado ha adoptado más de 150 decisiones, se han practicado escuchas telefónicas, registros domiciliarios, toma de 44 declaraciones de los investigados y testigos, realizado complejas investigaciones patrimoniales, con movimientos de 300 cuentas bancarias.
- Se ha intentado recusar al magistrado instructor y uno de los investigados ha resultado sobrevenidamente aforado, con envío de parte de la causa al Tribunal Supremo.
- Los magistrados han revisado mensualmente, para cada uno de los afectados, la necesidad de prorrogar o no el secreto de las actuaciones.
- Las actuaciones sobre los delitos de corrupción y blanqueo de capitales han sido muy extensas, documentándose en varios miles de páginas.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal considera, en este caso, que “(…) el mantenimiento prolongado del secreto de la instrucción no ha tenido incidencia decisiva sobre la duración del procedimiento en su conjunto y no puede, por consecuencia, ser considerado desconocedor de las exigencias de la “duración razonable” garantizada por el artículo 6§1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Debe, pues, rechazarse esta alegación como manifiestamente mal fundada, en aplicación del artículo 35§§3 y 4 del Convenio”
Asunto: Sentencia Joaquin Ruiz-Giménez Aguilar (49022/09)
Asunto: González Nájera c. España (61047/13)
González Najera c. España (PDF. 325 KB)
El demandante fue acusado por delitos de abuso sexual de menores cometidos aprovechándose de su condición de profesor de psicomotricidad de los mismos.
En primera instancia la prueba consistió en el testimonio del acusado, de los padres de las víctimas, de dos tutores escolares de las mismas, la reproducción de los vídeos en los que las víctimas fueron entrevistadas por forenses psico-sociales, y la declaración de estos propios expertos forenses sobre su informe psico-social de los menores. Ninguna parte pidió que los menores testificaran en persona en el acto del juicio ni impugnó las pruebas practicadas. Resultó condenado a 12 años de prisión por la comisión de seis delitos de abuso sexual a menores y absuelto de otro más.
El demandante recurrió la sentencia por considerar que se había quebrantado su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, pero fue confirmada.
En el recurso de amparo argumentó que la petición de que las víctimas comparecieran en el acto de juicio debía haberla hecho al acusación porque a ella le incumbía la carga de probar y que, al no hacerlo, le había privado de su derecho a preguntar a las mismas, en detrimento de su derecho a un juicio justo contradictorio y de su presunción de inocencia. En su opinión, los vídeos no debían haber sido admitidos como pruebas pues se habían grabado sin intervención de su abogado. El Tribunal Constitucional rechazo el amparo.
Ante el TEDH solicitó que se declarara la violación del derecho a un juicio justo (art 6§1 CEDH) por infracción de su derecho a la contradicción de los testigos ( art 6§3-d ) y por una inadecuada valoración de la prueba practicada.
La demanda se considera manifiestamente mal fundada (Art 35§3-a CEDH) porque: El demandante no cumplió con sus cargas procesales (proponer o/y impugnar pruebas) y la prueba practicada fue suficiente para el enjuiciamiento y bien valorada por los Tribunales españoles.
Asunto: Alony Kate c. España
Asunto Alony Kate (PDF. 1,38 MB)
La sentencia declara que España ha violado el derecho a un tribunal imparcial, en tanto que en la sentencia fue ponente una Magistrada que, a su vez, había sido ponente del Auto por el que la propia Sala acordó de forma directa, no en vía de recurso, la prisión provisional del demandante. Apreciando elementos que permitían dudar de la imparcialidad objetiva de la Magistrada, el TEDH condena a España por violación del artículo 6 del Convenio. Por el contrario, el TEDH desestima el resto de las quejas del demandante. En particular, considera que no se ha violado el derecho a un proceso equitativo por el hecho de haber utilizado como prueba de cargo determinadas pruebas practicadas después de unas escuchas telefónicas que el Tribunal Supremo declaró nulas y excluyó del procedimiento. El Tribunal avala la conclusión de la jurisdicción española que consideró que no había vínculo de antijuridicidad entre las escuchas ilegales y el resto de las pruebas de cargo (las declaraciones en fase de instrucción y en el juicio oral del demandante y del resto de coimuptados), no aplicando, por tanto, la doctrina del "fruto del árbol envenenado" invocada de contrario. Igualmente, rechaza el resto de las quejas del demandante, referidas al modo en que se designó al resto de los miembros de la Sala de la Audiencia Nacional o a la supuesta falta de acusación formal por el delito por el que fue condenado.
Asunto: Cardona Serrat c. España
Cardona Serrat (PDF. 154 KB)
Asunto: Vera Fernández-Huidobro c. España
Vera Fernández-Huidobro (PDF. 406 KB)
El derecho a un juez imparcial se aplica también a la fase de instrucción de un proceso penal. Cuando el Juez de Instrucción se reintegró a su puesto, tras una excedencia y ser alto cargo en un Ministerio, incumplía las exigencias de imparcialidad objetiva para ocuparse de un sumario que afectaba a otros altos cargos de ese Ministerio. Dicha vulneración se considera subsanada por la nueva instrucción llevada a cabo por el Tribunal Supremo.
Asunto: Menéndez García y Alvarez González c. España (73818/11 y 19420/12)
Sentencia Menéndez García y Álvarez González c. España (PDF. 225 KB)
En el presente caso los demandantes fueron condenados por fraude y falsificación documental. Por su parte, denunciaron la excesiva duración del proceso en base a una injustificada demora del caso. La apertura de juicio oral se inició en 2004, llevándose a cabo la vista en 2009. La Audiencia Provincial de Asturias alegó la complejidad del caso, sobre todo a la hora de recoger pruebas, por el elevado número de partes involucradas, por la dificultad para notificar y por la falta de celeridad de los abogados de los demandantes en presentar sus alegaciones.
En cumplimiento del artículo 42.1 (acumulación y examen simultáneo de demandas) del Reglamento del Tribunal, este decide acumular ambas demandas.
Respecto a la supuesta vulneración del artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo dentro de un plazo razonable) del Convenio, el Tribunal declara ambas demandas admisibles. Respecto al fondo, considera que efectivamente la duración del proceso fue excesiva, incumpliendo el requisito de “plazo razonable”. Manifiesta por tanto la vulneración del artículo 6.1 del Convenio
Respecto a la aplicación del artículo 41 (satisfacción equitativa) del Convenio, el Tribunal manifiesta que no procede ya que los demandantes no han solicitado satisfacción alguna.
Asunto: Balsells i Castelltort y Otros c. España (62239/10)
Decisión BALSELLS i CASTELLTORT. c. España (PDF. 77 KB)
El TEDH considera, en un caso en el que se solicitaba condena por vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas conforme al art 6.1 CEDH, que la demanda debe ser inadmitida por falta de agotamiento de los recursos internos efectivos (Art 35 apartados 1 y 4 TEDH). Se considera que no se agotan los recursos internos en estos casos cuando, pese a haber recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, era posible haber solicitado la responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Asunto: Fernández Cabanillas c. España. Decisión de 18-02-2014 (22731/11)
Decisión Fernández Cabanillas (PDF. 275 KB)
El demandante es un hombre divorciado que, pese a haberse acordado judicialmente medidas para que pueda mantener contacto con sus hijos, no puede verlos de manera efectiva por la contumaz oposición de su exmujer. Ello pese a que las autoridades judiciales adoptan todo tipo de medidas para hacer efectivo su derecho. Demanda al Reino de España considerando que ha sido discriminado por su condición de varón en relación a su exmujer (art 14 CEDH y art. 5 del Protocolo 7), que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar (art 8 CEDH), que los recursos judiciales internos no han probado ser efectivos (art 13 CEDH) y que se ha quebrantado su derecho a ser oído en un juicio justo sin dilaciones (art 6 CEDH). La demanda se considera manifiestamente mal fundada (art 35 § 3 a) y §4 a CEDH)
Los tribunales españoles permanecieron en todo momento activos y tramitaron cuantas demandas formuló el demandante.
Aunque el derecho a comunicarse con los hijos forma parte de este derecho (§44-51 recogen la jurisprudencia general en esta materia) en este caso los tribunales españoles adoptaron todas la medidas adecuadas y efectivas posibles (incluso intento de contacto, en último extremo, mediante videoconferencia) , recurriendo en último extremo a la adopción de medidas coercitivas (apercibimiento, imposición de multas, privación del derecho de custodia, elevación de tanto de culpa al Ministerio Fiscal), aunque estas no pudieran ser aplicadas en la práctica debido a la oposición de la mujer y el rechazo de los hijos (cuyo interés es prevalente, que fue dictaminado por expertos en psicología).
Asunto: Ortuño Ortuño c. España
Sentencia Ortuño Ortuño (PDF. 173 KB)
Asunto: Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de Alcocer Torra c. España
Decisión Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de Alcocer Torra (PDF. 231 KB)
Asunto: Moreno Carmona c. España (26178/04)
Sentencia Moreno Carmona c. España (PDF. 113 KB)
Asunto: Bendayan Azcantot y Benalal Bendayan c. España (28142/04)
Sentencia Bendayan Azcantot y Benalal Bendayan c. España (PDF. 136 KB)
Este arresto le fue impuesto, tras el oportuno expediente, el día 22 de febrero de 2006 por su superior jerárquico (Teniente Coronel). Debía cumplir la sanción en su alojamiento en el campamento sin perjuicio de que, durante el horario laboral, participara en las actividades propias de su función en la Unidad. Esta sanción se impuso de acuerdo con los artículos 7.9 y 9.1.3 de la Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Contra la misma interpuso recurso de alzada en vía administrativa que fue desestimado mediante resolución del General Jefe del Estado Mayor de la Defensa de 5 de abril de 2006. La sanción fue posteriormente confirmada por los órganos jurisdiccionales mediante sentencia de 9 de abril de 2008 dictada por el Tribunal Territorial Militar Primero de Madrid. Esta sentencia fue recurrida en casación invocando exclusivamente la no aplicación de la reserva. El demandante no cuestiona la validez de la reserva sino su eficacia en determinado lapso de tiempo, comprendido entre la entrada en vigor de las Leyes correspondientes y su notificación al Consejo de Europa. El Tribunal Supremo, Sala Quinta de lo Militar, dicta sentencia el día 2 de abril de 2009 que desestima el recurso confirmando la validez y la aplicabilidad de la reserva española de 1979 a la aplicación del Convenio. Contra la mencionada sentencia interpuso el interesado incidente de nulidad, alegando infracción del derecho a una tutela judicial efectiva (art 24.1 de la Constitución Española) o del derecho a la libertad personal (art 17.1 CE) desestimado por Auto de 16 de julio de 2009. Interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, fue inadmitido por Auto de 22 de febrero de 2010 por carecer de especial transcendencia constitucional.
En el momento de la ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales mediante Instrumento de 4 de octubre de 1979, España formuló la siguiente reserva: “De conformidad con el Artículo 64 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, España reserva la aplicación de:
En 2007, tras la sustitución de la Ley 12/1985 por la Ley 8/1998 se modifica de nuevo la reserva quedando su redacción como sigue: (…) “España, de conformidad con el artículo 64 del Convenio, se reserva la aplicación de los artículos 5 y 6 en la medida en que resulten incompatibles con la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre – Capítulos II y III del Título III y Capítulos I,II,III,IV y V del Título IV-, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que entró en vigor el 3 de febrero de 1999”.
Que en la medida en que la reserva formulada por España respecto de los artículos 5 y 6 del Convenio era aplicable a las disposiciones en cuestión de la Ley Orgánica 8/1998 (aunque no fue notificada, la declara bajo la cobertura de la reserva inicial, dándose el caso, además, de que la Ley Orgánica 12/1985 ya redujo el ámbito de restricción de libertad de la legislación anterior a 30 días de arresto), no procede examinar la queja del demandante relativa a la privación de libertad que éste habría padecido en base a una decisión tomada por sus superiores jerárquicos sin previa intervención judicial. Por ello, la demanda es incompatible ratione materiae con las disposiciones del Convenio a efectos de lo dispuesto en el artículo 35.3.a) y debe ser rechazada en aplicación del artículo 35.4. Esta conclusión exime al TEDH de examinar las demás excepciones de inadmisibilidad planteadas por el Gobierno. En consecuencia el TEDH declara la demanda inadmisible. Artículos relacionados:
Asunto: Cerrato Guerra c. España (22916/13)
Decisión CERRATO GUERRA (PDF. 66 KB)
ANTECEDENTES: Este caso atañe a un trabajador al que se extingue la relación laboral de manera forzosa una vez llegada la edad legal de jubilación.
Mediante sentencia de 20 de febrero de 2007, confirmada en casación el 12 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró este despido, acordado en razón de la edad del interesado, improcedente, ordenando al empleador que aquel fuera reintegrado en su puesto de trabajo. El día 1 de julio de 2009 el demandante se reintegró. Sin embargo, el 8 de julio de 2009, el empleador, al amparo del nuevo Convenio Colectivo procedió a la extinción de la relación laboral por jubilación forzosa. El demandante entabló entonces dos procedimientos en paralelo: presentó demanda de incidente de ejecución de la sentencia que le fue favorable, y demanda de despido.
Mediante Auto de 5 de noviembre de 2009, el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid inadmitió la demanda puesto que las alegaciones del demandante trataban de un nuevo despido y que, por consiguiente, debía presentar un nuevo recurso por despido improcedente. Este Auto fue confirmado por sentencia del TSJM de 12 de enero de 2011.
En cuanto al segundo procedimiento, mediante Auto de 19 de octubre de 2009, el Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid archivó el caso considerando que el mismo trataba en realidad de una no-reintegración. El día 11 de noviembre, el demandante interpuso ante el mismo Juzgado recurso de reposición que fue inadmitido mediante Auto de 23 de noviembre de 2009 por no haber citado el demandante cual era el precepto legal que se vulneraba. El día 30 de marzo, el demandante interpuso un segundo recurso de reposición ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid, el cual fue inadmitido por extemporáneo ya que el interesado no recurrió en tiempo el Auto de 23 de noviembre de 2009. La resolución recurrida fuera de plazo fue notificada en su domicilio a su mujer y el demandante alegaba que la notificación no había sido realizada correctamente porque no se había hecho en el despacho de su abogado, que sobrevenidamente se había designado como domicilio a efectos de notificaciones. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo del demandante por carecer de especial transcendencia constitucional.
QUEJAS: Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio, el demandante se queja de que el fondo de sus pretensiones no ha sido examinado por las jurisdicciones internas.
Declarar la demanda inadmisible por haber reaccionado extemporáneamente el demandante contra el Auto del 23 de noviembre, siendo el propio demandante el responsable de la situación de la que se queja. En efecto, su actuación ha impedido a las jurisdicciones internas que se pronunciaran sobre el fondo del asunto. En consecuencia se inadmite la demanda por estar manifiestamente mal fundada en aplicación del artículo 35 §§ 3 y 4 del Convenio.
Asunto: Aparicio Navarro Reverter y García San Miguel y Orueta c. España (39433/11)
Sentencia Aparicio Navarro c España (PDF. 117 KB)
ANTECEDENTES: Este caso atañe a la ausencia de notificación a los dos propietarios de un apartamento, los ahora demandantes, en un proceso contencioso-administrativo sobre la legalidad de una licencia de obras.
En septiembre de 2001, los demandantes adquirieron un apartamento en Sanxenxo. Un vecino interpuso un recurso contencioso-administrativo impugnando la legalidad de los trabajos de construcción del inmueble y solicitando la paralización de la obra. El Ayuntamiento sólo informó del procedimiento al promotor de la urbanización, único titular de la licencia. Los ahora demandantes no fueron por tanto informados.
En enero de 2004, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Pontevedra estimó parcialmente el recurso del vecino y anuló la licencia de obras sin decretar, sin embargo, la demolición de los apartamentos. Esta sentencia no les fue notificada a los compradores. En apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ordenó la demolición de varios apartamentos. A solicitud del vecino, se iniciaron los trámites que tenían por objeto la ejecución de esta sentencia. El Ayuntamiento y el promotor impugnaron esta tramitación pero sus recursos fueron rechazados y la sentencia firme fue notificada por el Ayuntamiento a los demandantes en febrero de 2009, informándoles de la anulación de la licencia de obras concedida al promotor y del requerimiento para demoler varios apartamentos, entre otros, el suyo.
En marzo de 2009, los demandantes solicitaron la nulidad del procedimiento pero su recurso fue rechazado por el TSJG. Recurrieron igualmente en amparo ante el Tribunal Constitucional, manteniendo que no se había realizado ningún trámite para poner el procedimiento en su conocimiento. El Alto Tribunal inadmitió el recurso. Al día de hoy, los trabajos de demolición están paralizados y un procedimiento que permita la adecuación de la licencia de obras está en curso.
QUEJAS: Los demandantes se quejan de una vulneración del artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos por no haber sido informados, como parte interesada, del procedimiento ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Pontevedra y que de esta vulneración derivan las de los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 13 (derecho a un recurso efectivo) y del artículo 1 del Protocolo nº 1 al Convenio (Protección de la propiedad).
DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH concluye que ha habido vulneración del artículo 6.1 del Convenio (equivalente al 24 de la Constitución Española) y
- Condena al Estado al pago de 1.000 € a cada uno de los demandantes por daños morales.
- Condena al Estado al pago de 33.446,66 € en concepto de gastos y costas.
- Considera que no ha lugar a indemnización alguna en concepto de daño material
- Que no procede el examen de las quejas respecto de los artículos 8 y 13 del Convenio y del artículo 1 del Protocolo nº 1 al Convenio.
El Tribunal Constitucional inadmitió el amparo por falta de relevancia constitucional. El TEHD, sin embargo, admite y estima la demanda.
Asunto: Arice Del Carmen Caballero Ramírez c. España (24902/11)
Decisión CABALLERO RAMÍREZ (PDF. 104 KB)
ANTECEDENTES: Este caso atañe a un concurso de movilidad interna para ciertas categorías de funcionarios en el que intervienen las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas de Canarias y de Andalucía, y por el que se adjudica a la ahora demandante un puesto “a resultas”.
Con fecha 21 de noviembre de 2005, un funcionario, compañero de la demandante, que ocupa plaza en un Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria solicita una - que se le adjudica con posterioridad - que ofrece la Comunidad Autónoma de Andalucía en un Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera. Como consecuencia de ello aquella plaza se ofrece “a resultas” a la demandante. Dentro del plazo para presentar alegaciones, dicho compañero renuncia a la plaza que le había sido adjudicada, sin que la Comunidad Autónoma de Canarias tuviera conocimiento de ello, por lo que la demandante, no debería haber ocupado la plaza que en principio iba a quedar vacante.
A raíz de estos errores administrativos - al haberse producido unos actos administrativos antijurídicos (adjudicaciones definitivas viciadas de nulidad de manera encadenada, pues el vicio de nulidad de la adjudicación definitiva de la plaza en el Juzgado de Jerez de la Frontera acarrea la antijuridicidad de la adjudicación definitiva de la plaza en el Juzgado de Las Palmas), y tras varias resoluciones judiciales, se reponen, tanto al afectado por la adjudicación en Jerez de la Frontera como a la demandante, en sus plazas de origen.
Una vez recibida la correspondiente notificación de su reposición, el día 28 de enero de 2009, la demandante ejercita acciones de recursos simultáneas ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Jerez de la Frontera, de Las Palmas de Gran Canaria y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta sentencia el 1 de julio de 2011 en la que estima parcialmente la demanda y le concede una indemnización de 5.000 € por daños morales y perjuicios económicos producidos.
QUEJAS:La demandante se queja de una vulneración del artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo) por no haber sido oída, como parte interesada, en el marco del procedimiento contencioso-administrativo promovido por su compañero ante el Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera y cuyo resultado – reposición de su compañero en su plaza de origen, le habría causado un perjuicio innegable.
DECISIÓN DEL TEDH:
Inadmite la demanda por considerar que el comportamiento de la demandante en el presente caso ha sido contrario a la finalidad del derecho al recurso individual, según lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Convenio y al artículo 47.7 del Reglamento de Procedimiento del TEDH por:
- haber omitido informar al TEDH de la solicitud, por parte de la demandante, de responsabilidad patrimonial de la Administración por anormal funcionamiento de la justicia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así como de la sentencia de 1 de julio de 2011 por la que se le concedía 5.000 € en concepto de daños morales y materiales padecidos que responden, precisamente, a la no comparecencia en el procedimiento litigioso.
- haber omitido informar al TEDH que estaba pendiente un recurso extraordinario de revisión que había sido interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el momento en que la demandante recurrió al TEDH, y que éste fue desestimado el 18 de diciembre de 2012. El TEDH considera que estas informaciones conciernen al fondo del asunto.
Asunto: Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias c. España (23298/12)
Sentencia Iglesias Casarrubios c España (PDF. 140 KB)
ANTECEDENTES: Este caso atañe a la denegación por parte del Juez de oír a las hijas, que eran menores en el momento en el que se llevaba a cabo el procedimiento de divorcio de los padres, siendo los demandantes ante el TEDH la esposa y dos de sus hijas.
En el mes de octubre de 1999, el esposo de la demandante acudió al Juzgado para interponer una demanda de separación. En sentencia dictada en el mes de junio del 2000, el Juzgado acordó la separación atribuyendo la guardia y custodia de las dos hijas menores a la madre, compartiendo ambos padres la patria potestad y concediendo al padre un derecho de visita. En el año 2006, el esposo inició un procedimiento de divorcio al que se opuso la madre, quien solicitó que las dos hijas menores, que contaban entonces con edades de 13 y 11 años, fueran oídas en el procedimiento. El propio Juez no las oyó pero ordenó que las niñas se entrevistaran con el equipo psicosocial adscrito al Juzgado, entrevista que a la postre no se desarrolló.
El día 17 de diciembre de 2007, el Juzgado acordó el divorcio y concedió la guardia y custodia a la madre con la patria potestad compartida con el padre. La madre recurrió ante la Audiencia Provincial.
Mediante auto dictado el día 12 de junio de 2008, habida cuenta del desacuerdo entre padres, el Juzgado solicitó un informe sobre la conveniencia de que se concediera la guardia y custodia de las niñas a su padre, a un tercero o a una Institución pública de acogida. La madre interpuso un recurso de reposición contra este auto, al que se adjuntaban dos escritos dirigidos al Juez por las niñas en los que se quejaban de que éste no les hubiera oído personalmente en el marco del procedimiento, y que sólo conocía la relación que mantenían con su padre por terceras personas. La madre indicaba que sus dos hijas deseaban ser oídas por el Juez y por la Fiscalía. El Juzgado no dio respuesta alguna.
El día 30 de septiembre de 2010, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de la madre. En el mes de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial inadmitió el recurso extraordinario interpuesto por la madre, en el que invocaba expresamente el derecho de las menores a ser oídas por el Juez, por infringir las normas de procedimiento. Su recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido por carecer de especial transcendencia constitucional.
QUEJAS: La primera demandante y sus dos hijas, menores en el momento de los hechos, se quejaban de una vulneración del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) como consecuencia del rechazo de las jurisdicciones internas a oír a las menores y por la falta de respuesta de las jurisdicciones internas a su solicitud.
DECISIÓN DEL TEDH: El TEDH:
- Inadmite la demanda en lo que concierne a las hijas, en la medida en que no eran parte en el procedimiento interno y no agotaron los recursos internos.
- La admite respecto de la madre, en la medida en que la decisión de no oír a las hijas personalmente pudo afectarle como parte en el procedimiento de divorcio.
- En cuanto al fondo, concluye que ha habido violación del artículo 6§1 CEDH con respecto a la madre, en la medida en que –desconociendo la propia normativa nacional- no se oyó en persona a la hija mayor y no se motivó la falta de audiencia de la que, en ese momento, era menor. Concede asimismo 6.400€ en concepto de perjuicio moral y 2.000 € en concepto de costas y gastos.
Asunto: ER.N.E. c. España (45892/09)
Asunto: Sardón Alvira c. España
Sentencia Sardón Alvira (PDF. 194 KB)
El demandante es un nacional español nacido en 1942 y residente en Madrid. El caso atañía a la acción penal dirigida contra él, a resultas de la cual fue declarado culpable, en marzo de 2008, de vaciamiento de activos y de apropiación indebida de una sociedad de cartera, GESCARTERA, de la que era el Administrador. Fue condenado a nueve años de prisión, y condenado solidariamente junto a los demás culpables a abonar cerca de 88.000.000 € en concepto de daños e intereses. Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, mantenía, en particular, que el recurso de casación que interpuso posteriormente ante el Tribunal Supremo no había sido equitativo en tanto que su responsabilidad había sido reconocida como beneficiario del fruto de una infracción cuando, en realidad, no había sido ni siquiera acusado por esta infracción. Consideraba, además, que el Tribunal Supremo había mal interpretado en su caso, la legislación nacional en materia de responsabilidad civil y que, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional habían motivado suficientemente sus resoluciones.
El TEDH desestima la demanda y concluye que no ha habido violación del artículo 6 § 1 del Convenio.
Garantías procesales en la jurisdicción penal
Asunto: Varela Geis c. España
Sentencia Varela Geis (PDF. 294 KB)
Asunto: Gani c. España
Sentencia Gani (PDF. 226 KB)
Asunto: Jaurrieta Ortigala c. España
Sentencia Jaurrieta Ortigala (PDF. 305 KB)
Asunto: Prado Bugallo c. España
Decisión Prado Bugallo (PDF. 150 KB)
Asunto: Valencia Díaz c. España
Decisión Valencia Díaz (PDF. 124 KB)
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