Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-123-95.htm
Timestamp: 2020-02-18 17:03:18
Document Index: 376264420

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 1080', 'artículo 40', 'artículo 85', 'artículo 1080', 'artículo 83']

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y el Doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero en calidad de conjuez, ha pronunciado
1. La sociedad Seguros Generales Aurora S.A, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la División Segunda de Ejecuciones Fiscales de Desarrollo Urbano, por considerar que ésta, mediante resolución de abril 22 de 1994, aprobatoria de la liquidación efectuada el día 14 de abril de 1994, dentro del trámite de ejecución fiscal iniciado por la División Segunda de Ejecuciones Fiscales del Instituto de Desarrollo Urbano contra Seguros Aurora S.A. y Soproin Ltda, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso (C.P art. 29) y a la igualdad ante la ley (C.P art. 13).
2. Los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela, son los siguientes:
2.1. Soproin Ltda celebró, en 1982, un contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano.
2.3 El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, declaró la caducidad del contrato 025 de 1982, celebrado con Soproin, mediante resolución 199 de agosto 11 de 1982, confirmada por la resolución 231 de septiembre 13 de 1982.
3. La entidad demandada inició proceso de ejecución coactiva contra Soproin y Seguros Aurora S.A.
Dentro del trámite del ejecutivo fiscal y con anterioridad a la liquidación del crédito, como se desprende del expediente, Soproin interpuso varios recursos, los cuales fueron resueltos en forma adversa a sus pretensiones. Dentro de los recursos interpuestos por la sociedad en mención, cabe destacar la queja presentada ante el Consejo de Estado, contra la providencia de diciembre 12 de 1991 proferida por la División Segunda de Ejecuciones Fiscales, que ordenaba adelantar la ejecución. El Consejo de Estado decidió el recurso de queja, de manera contraria a los intereses de la sociedad, según se deriva de las resoluciones proferidas por el IDU los días 18 de marzo de 1994 y 24 de junio de 1994.
4. Efectuada la liquidación, la División Segunda de Ejecuciones Fiscales del IDU corrió traslado por el término de tres días, para su objeción, a las sociedades ejecutadas. No objetada la liquidación, ni por Soproin ni por sus garantes, fue confirmada mediante resolución, proferida el 22 de abril del mismo año. Esta última providencia, tampoco fue objeto de recurso, por parte de las ejecutadas quedando en firme la providencia y la liquidación efectuada.
DECISION ATACADA
DECISION DEL RECURSO POR PARTE DEL IDU
Reposición y en subsidio apelación. La aseguradora alega falta de notificación del mandamiento de pago.
Decisión del IDU, de abril 22 de 1994, confirmatoria de la liquidación.
Negados por
extemporáneos, mediante providencia del 24 de mayo de 1994
Reposición. Solicitud de copias para instaurar queja.
Providencia, del 24 de mayo de 1994, proferida por el IDU.
Negado por extemporáneo, mediante decisión de junio 24 de 1994.
Decisión del IDU, del día 7 de julio de 1994, mediante la cual se pone en conocimiento de Confianza, la preclusión del término para cancelar las copias solicitadas.
Soproin Ltda. y Seguros Generales Aurora S.A.
Providencia, dictada, por el IDU, el 22 de abril de 1992, en la que se confirma la liquidación.
Negado, mediante decisión de junio 24 de 1994.
A juicio de la entidad ejecutora, el recurso de queja se concede en el efecto devolutivo, razón por la cual la prosecución de la liquidación se encuentra ajustada a derecho.
Soproin Ltda. y
Seguros Generales Aurora S.A.
Providencia de junio 24 de 1994, emanada del IDU, mediante la cual se resuelve el incidente de nulidad.
Mediante decisión de junio 25 de 1994, el IDU, niega el recurso de reposición y concede la apelación en el efecto suspensivo, ante el Consejo de Estado.
5. La actora, Seguros Aurora S.A., afirma que la actuación del IDU, contenida en la providencia de abril 22 de 1994, providencia en firme, constituye una vía de hecho, violatoria de sus derechos al debido proceso y a la igualdad.
“Como quiera que de las relaciones contractuales surgen derechos y obligaciones para las partes, éstas deben quedar al abrigo del cambio de legislación, pues no parece justo y equitativo que celebrada una convención consultando la legislación existente, queden las partes expuestas en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones a una legislación posterior que acaso no previnieron ni se imaginaron. Es esta la razón para que desde el siglo pasado se hubiera sentado el principio legal de que los contratos se rigen por la ley vigente al tiempo de su celebración (art. 38 Ley 153 de 1.887), postulado reiterado por el actual Código de Comercio cuando preceptúa que "Los contratos Mercantiles bajo el imperio de la legislación que se deroga conservará la validez y efectos reconocidos en dicha legislación, con arreglo a lo establecido en los artículos 38 a 42 de la Ley 153 de 1887" " (Corte Suprema de Justicia, agosto 18 de 1974).
"Se tiene, entonces, que el artículo 83 de la ley 45 de 1990, de cuyo supuesto pretende el apoderado de la entidad ejecutante, derivar el cobro de intereses por todo el período de la vigencia de la norma no es de aplicación en este caso ni en uno ni en otro sentido, ni antes ni después de la vigencia de la norma, porque se reitera, el contrato de seguro se celebró bajo el postulado del artículo 1080 del Código de Comercio y esta norma se entiende incorporada a dicha convención y es la que señala el derecho del beneficiario a cobrar el interés del 18 % anual y la obligación correlativa del asegurador de pagarlo durante todo el tiempo de la mora. Y no se ve razón alguna para establecer una contradicción entre estas disposiciones, como lo prevé el apoderado del ejecutante, recurriendo a los artículos 2o y 3o de la ley 153 de 1887, ni tampoco de la aplicación del artículo 40 de la misma ley que se refiere a la sustanciación y ritualidad de los juicios, cuyo supuesto no encaja en la situación de hecho y de derecho relacionados con el caso materia de estudio”. (Sección Quinta del Consejo de Estado, julio 19 de 1991)
6. La sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia proferida el 18 de agosto de 1994, rechazó la tutela interpuesta por los actores.
7. La actora impugnó la decisión. El recurso fue posteriormente sustentado, mediante escrito dirigido por la actora al Consejo de Estado. La sociedad demandante, sostiene, en el escrito, que dentro de un proceso ejecutivo, como lo es el proceso adelantado por el IDU contra la aseguradora, "La División Segunda del IDU actúa como ejecutor fiscal con carácter judicial y no como ente de la administración, por lo que la providencia de liquidación del crédito, no puede tomarse como un acto gubernativo (...)". Por esta razón, - indica -, la afirmación del Tribunal sobre la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es incorrecta, toda vez que "al tenor de lo dispuesto en el artículo 85 del C.C.A. dicha acción sólo es procedente contra un acto administrativo”.
8. El Consejo de Estado, mediante providencia del 6 de septiembre de 1994 resolvió la apelación en el sentido de negar la acción de tutela y confirmó la providencia del a- quo.
Adicionalmente señala el alto Tribunal que "al ir dirigida la tutela contra una providencia judicial que puso fin a un proceso, como es la que aprobó la liquidación del crédito dentro del proceso de ejecución coactiva adelantada contra la demandada (...)", la acción resulta improcedente. Pone de presente que, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, la acción de tutela, sólo es procedente contra providencias judiciales, cuando las mismas configuran un vía de hecho. Estima que "En el caso sub-examine no existe elemento de juicio alguno que permita establecer la existencia de dicha vía en el proceso de ejecución que se adelantó por jurisdicción coactiva.”
1. Corresponde a la Corte determinar si la acción de tutela es el medio judicial idóneo para establecer si una entidad pública, que obra como ejecutor fiscal, ha violado derechos fundamentales del ejecutado o de su garante, pese a que contra la liquidación del crédito, dejaron de interponerse por los interesados los recursos legales ordinarios.
Según la sociedad actora, la actuación del liquidador ostenta los rasgos de una típica vía de hecho. La arbitrariedad la hace consistir básicamente en la aplicación retroactiva de la ley a un supuesto gobernado por la ley anterior. La interpretación prohijada por el ejecutor, en punto al interés moratorio a cargo del asegurador, parece reñir con la jurisprudencia reiterada tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia. De acogerse la tesis del demandante (aplicación preferente del artículo 1080 del Código de Comercio), la condena por este concepto ascendería a cincuenta y un millones novecientos mil ochocientos sesenta y ocho pesos (51'900.868) aproximadamente. Al paso que, de mantenerse la posición del IDU (aplicación del artículo 83 de la ley 45 de 1990), la condena sería de doscientos once mil millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve mil pesos con cincuenta y seis centavos (211’889.986.56). Dado que las pólizas se expidieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 45 de 1990, alega el actor, la efectividad de la liquidación reviste el carácter de protuberante arbitrariedad.
2. La sentencia desestimatoria del Consejo de Estado fundamenta la improcedencia de la tutela en el hecho de que la misma fue impetrada por una persona jurídica. La Corte Constitucional reiteradamente ha sostenido que la acción de tutela, por regla general, puede ser entablada también por personas jurídicas (sentencias T 411 de 1992 y T 513 de 1993, entre otras).
3. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, denegó la acción de tutela, en primera instancia, bajo la equivocada apreciación de que el demandante había agotado la vía gubernativa y existía, por lo tanto, la posibilidad de ejercitar contra el acto liquidatorio la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En realidad, como lo reconoce el actor, se trataba de un acto firme y ejecutoriado. La liquidación, anota la Corte, se produjo dentro del procedimiento de ejecución coactiva y los recursos jurisdiccionales que las distintas partes interpusieron no prosperaron, pues, como se lee en el informativo, dentro del traslado de aquélla no se formularon objeciones ni impugnaciones (C. de P.C., arts. 108 y 521).
4. Con prescindencia de la suerte de la presente acción, el aspecto de fondo a que alude la demanda de tutela, tiene relevancia constitucional. En efecto, el principio de igualdad no se contrae exclusivamente a la producción de la ley. Asimismo, la aplicación de la ley a los diferentes casos debe llevarse a cabo con estricta sujeción al principio de igualdad.
Cuando el término de comparación no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio. Sin embargo, un caso especial se presenta cuando el término de comparación está constituido por una sentencia judicial proferida por un órgano judicial colocado en el vértice de la administración de justicia cuya función sea unificar, en su campo, la jurisprudencia nacional. Si bien sólo la doctrina constitucional de la Corte Constitucional tiene el carácter de fuente obligatoria (Corte Constitucional, sentencia C-.083 de 1995, MP Dr. Carlos Gaviria Díaz), es importante considerar que a través de la jurisprudencia - criterio auxiliar de la actividad judicial - de los altos órganos jurisdiccionales, por la vía de la unificación doctrinal, se realiza el principio de igualdad. Luego, sin perjuicio de que esta jurisprudencia conserve su atributo de criterio auxiliar, es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art. 13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución.
5. El término de comparación que ofrece el demandante para derivar el cargo de violación al principio de igualdad, no es una decisión del mismo organismo ejecutor, sino la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia referente a la irretroactividad de la ley 45 de 1990 en relación con contratos de seguro celebrados con anterioridad a su vigencia.