Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-ap666-2016-47498-de-febrero-10-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_3d6b930cd82e40b4960daac619cbaf93&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-12-12 21:25:44
Document Index: 154992052

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 26', 'artículo 218', 'artículo 18', 'artículo 51', 'artículo 11', 'artículo 215', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 215']

AUTO AP666-2016 DE 10 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:DEFINICIÓN DE COLISIÓN DE COMPETENCIA. LA COLISIÓN DE COMPETENCIA ES EL MECANISMO PREVISTO POR EL LEGISLADOR, ENCAMINADO A DETERMINAR QUÉ JUEZ ES EL FACULTADO PARA CONOCER DE DETERMINADOS ASUNTOS, CUANDO EXISTE DISCUSIÓN ENTRE VARIOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, ATENDIENDO A LOS FACTORES DE COMPETENCIA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, QUE DEBEN OBSERVARSE EN RAZÓN DEL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EXTINCIÓN DE DOMINIO, CONFLICTO DE COMPETENCIA
Auto AP666-2016/47498 de febrero 10 de 2016
Rad.: 47.498
1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer de las colisiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción penal entre las salas de un mismo tribunal, entre tribunales o entre éstos y juzgados de otro distrito judicial; o entre juzgados de diferentes distritos.
Ese ordenamiento procesal es aplicable a este asunto, por expresa remisión del artículo 26 de la Ley 1708 de 2014(1).
2. La colisión de competencia es el mecanismo previsto por el legislador, encaminado a determinar qué juez es el facultado para conocer de determinados asuntos, cuando existe discusión entre varios funcionarios judiciales, atendiendo a los factores de competencia y al principio de legalidad, que deben observarse en razón del debido proceso.
3. La extinción del derecho de dominio y el procedimiento para hacerla efectiva fueron inicialmente regulados por la Ley 333 de 1996, norma posteriormente derogada por la Ley 793 de 2002. Esta última disposición fue objeto de varias modificaciones introducidas con las Leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011. Finalmente, fue sustituida por la Ley 1708 de 2014, denominada Código de Extinción de Dominio.
Por mandato expreso del artículo 218 de la última norma en cita, a partir de su entrada en vigencia (que tuvo lugar el 20 de enero de 2015), fueron derogadas “las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles con las disposiciones de este Código. / Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 18 de la Ley 793 de 2002, y los artículos 9º y 10 la Ley 785 de 2002, seguirán vigentes”.
Y precisó además, en el artículo 51 de ese acto administrativo que “la segunda instancia de los procesos de los Jueces penales del circuito especializados de extinción de dominio del territorio nacional, se debe surtir ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.
4. Es cierto, que la Ley 1708 de 2014 buscó desconcentrar el trámite de los procesos de extinción de dominio cuya competencia, por vía del inciso último del artículo 11 de la derogada Ley 793 de 2002(2) había sido fijada en Bogotá.
En ese sentido, la Sala de Casación Penal, en pacífica jurisprudencia ha referido que el trámite extintivo debe adelantarse por los juzgados especializados en extinción de dominio del territorio donde se encuentre el bien objeto de la acción. Pero si dichos despachos no han sido creados, la competencia recae entonces sobre los jueces penales del circuito especializados.
Dicha postura es claro reflejo de la desconcentración que pretendió el Código de Extinción de Dominio, la que fue explicada por la Sala de Casación Penal en providencias CSJ AP2572 – 2015 y CSJ AP1817 – 2015, entre otras, bajo los siguientes términos:
Así lo quiso el legislador al expedir el Código de Extinción de Dominio —Ley 1708 de 2014—, buscando descentralizar la función judicial, en tanto, la competencia recaía de manera exclusiva en los despachos judiciales de la ciudad de Bogotá, toda vez que únicamente en esta ciudad habían sido creados los juzgados penales del circuito especializados de extinción de dominio, circunstancia que conducía a que ellos, independientemente del lugar de la ubicación del bien denunciado, impulsarán la fase del juzgamiento y emitieran la correspondiente sentencia.
Corresponderá a los Jueces Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá, proferir la sentencia de primera instancia que resuelva sobre la extinción de dominio, sin importar el lugar de ubicación de los bienes. La segunda instancia se surtirá ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.
En ese orden de ideas, no es, como lo afirma el juzgado especializado, que la norma invocada por su homólogo opera residualmente, solo para los lugares en que la Ley 1708 de 2014 no dispuso la creación de esa clase de dependencias judiciales. Tampoco, que la misma no rige por cuanto dichos juzgados de extinción de dominio aún no han sido creados, puesto que de su lectura se desprende claramente que el legislador previó esa situación, determinando quiénes conocerían, por lo menos provisionalmente, de los juicios de extinción de dominio.
Lo anterior es apenas natural si en cuenta se tiene que la finalidad de la mencionada ley es desconcentrar esa actividad judicial, pues, el impulso de la actuación en el lugar donde se encuentre el bien denunciado, no solo permitirá agilizar el trámite respectivo, tanto en su fase inicial como en la de juzgamiento, sino también facilitará el acceso a la administración de justicia y el cabal ejercicio de las garantías procesales de las partes e intervinientes. (Negrillas fuera del texto original).
Pero el Código de Extinción de Dominio facultó al Consejo Superior de la Judicatura “para determinar la composición y competencias de las salas y los juzgados especializados en extinción de dominio” (inciso final del artículo 215 de la Ley 1708 de 2014).
Y fue en ejercicio de tal facultad dispuesta por la Ley 1708 de 2014, que la Sala Administrativa del Consejo Superior dispuso, en el artículo 51 del Acuerdo PSAA10402 – 2015, que “la segunda instancia de los procesos de los Jueces penales del circuito especializados de extinción de dominio del territorio nacional, se debe surtir ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.
En esa línea, debe advertir la Corte que no es el incidente de colisión de competencias, el escenario idóneo para cuestionar los actos administrativos que emite el Consejo Superior de la Judicatura, como lo sostuvo esta Corporación en providencias CSJ AP4470 – 2014 y CSJ AP4253 – 2014, entre otras, donde acotó que:
(…) cuando el Tribunal de Medellín optó por inaplicar el acuerdo mencionado haciendo uso del control difuso de constitucionalidad, también denominado excepción de inconstitucionalidad; en realidad no lo confrontó con una norma de rango constitucional, sino legal.
En el presente asunto, el artículo 1º del Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura, ordenó “trasladar 260 procesos en estado de fallo de Ley 906, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, a excepción del despacho de la Dra. NA, del más reciente al menos reciente, para ser distribuidos entre 13 despachos de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín”.
Dicho acto administrativo se encuentra vigente y es de obligatorio acatamiento, pues su legalidad se presume hasta tanto el juez natural no resuelva lo contrario. En cumplimiento de dicho mandato, es posible e incluso imperativo, exceptuar la regla general de competencia territorial para la resolución de aquellas 260 actuaciones, una de las cuales es precisamente la que motiva el presente pronunciamiento. (Todos los resaltados fuera de texto).
Vistas así las cosas, se concluye entonces que hasta tanto se creen las salas de extinción de dominio en los demás tribunales superiores del país, la segunda instancia en los procesos de esa naturaleza debe recaer en la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
Por tal razón, se concluye sin dificultad alguna que la presente actuación debe ser asignada a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, enterando de lo aquí resuelto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.
Finalmente, y en aras de prevenir que la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, por vía de lo dispuesto en el artículo 51 del Acuerdo PSAA10402 – 2015 resulte congestionada en razón de una eventual sobrecarga laboral, se dispondrá exhortar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que dentro del ámbito de sus competencias, realicen las gestiones necesarias para crear las correspondientes Salas de Extinción de Dominio en los tribunales del país, conforme con lo establecido en el artículo 215 de la Ley 1708 de 2014.
1. ASIGNAR el conocimiento de la presente actuación a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, a donde se remitirá de inmediato el diligenciamiento.
2. ENVIAR copia de esta determinación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.
1 ART. 26.—Remisión. La acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración:
2 Corresponderá a los Jueces Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá, proferir la sentencia de primera instancia que resuelva sobre la extinción de dominio, sin importar el lugar de ubicación de los bienes. La segunda instancia se surtirá ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.