Source: https://es.scribd.com/document/35868237/Proteccion-de-Derechos-de-los-Pueblos-Indigenas-en-Chile
Timestamp: 2019-12-08 07:53:41
Document Index: 273023585

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3']

Protección de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile | Multiculturalismo | Nación
¿Existen políticas verdaderamente inclusivas? ¿Es necesaria una reforma Constitucional? En el año en que celebramos el bicentenario de nuestra patria,urge retomar detenidamente la situación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los mapuches para consolidar una deuda pendiente desde -probablemente- la Patria nueva. Para eso, este trabajo intenta abordar cómo han funcionado las políticas públicas que ejecutan instituciones como la Conadi. Además, se analizará la posición tomada por Chile al respecto y las tareas pendientes con la ratificación del Convenio 169. Finalmente se aborda la situación acaecida en otros países con una importante presencia de pueblos tribales y la manera en que se les ha integrado, como ejemplo de asumir las realidades de una sociedad multicultural.
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Marco teórico y contextual
T-UCE-0013-Ab-308.pdf
Protección de Derechos de los Pueblos Indígenas en
Hacia una real política inclusiva
Jesús Sarmiento D.
ii. Conflicto indígena
II. Igualdad en la diferencia
i. Postura de Chile
ii. Ratificación Convenio 169 OIT.
iv. Multiculturalismo
- iv.i Política de la diferencia
v. Reformar la Constitución
En el año en que celebraremos nuestros doscientos años de vida republicana, volver
a analizar el tema de los derechos indígenas puede llegar a resultar algo tardío para algunos.
Para nosotros (y en esto apelo a la buena voluntad del lector), será una tarea donde se
intentará reencontrarnos y de alguna manera, reconocernos en igualdad de derechos ante un
De este modo, debemos comenzar por aclarar a qué nos referiremos por derechos
fundamentales de los pueblos indígenas. Para tales efectos entenderemos por derechos
fundamentales a aquellos que están garantizados a todos los ciudadanos en la Constitución
en su artículo 19 y por lo tanto, a priori la exigencia de los pueblos indígenas consistiría en
una cobertura de tales derechos como a cualquier otro ciudadano que habita en el país.
Sin embargo, y tal como iremos analizando a lo largo de este trabajo, los
requerimientos indígenas van a ir tomando otro color. La situación en el tiempo devino en
una complejidad que merece nos detengamos a estudiar con más calma.
Asimismo, estableceremos cuál es la posición que mantiene Chile frente al tema, por medio
de los tratados y convenios internacionales ratificados (169 de la OIT) y si es que existe
algún tipo de política que promueva la normativa interna al respecto y desde qué fecha
comenzó la preocupación. En esta parte se evaluará si las instituciones creadas en esta
materia (CONADI) cumplen con el objetivo planteado, y más aun, si ese objetivo está a la
altura de lo que esperan las partes involucradas.
En una segunda etapa buscaremos identificar el tratamiento y las políticas de
reconocimiento instauradas a los pueblos indígenas en países como México y si es factible
llevarlo a cabo en Chile. Países como Bolivia y Canadá, han dado un paso más allá y
reconocen en su Constitución a la multiplicidad de grupos étnicos existentes.
La igualdad y el multiculturalismo serán analizados apoyándonos en autores
reconocidos como Kymlicka, Taylor, MacIntyre, etc. De este modo, buscaremos dar
algunas luces de la forma en que podamos resolver como sociedad la discriminación a los
pueblos ancestrales de estas tierras que hoy habitamos. ¿Será necesario realizar una reforma
Constitucional? ¿Existen políticas que sean verdaderamente inclusivas? Son preguntas que
intentaremos responder al final de este ensayo.
1.1 Conflicto Indígena: Una deuda histórica
El conflicto con los pueblos indígenas, específicamente el pueblo mapuche ha ido
incrementando en los últimos 20 años. Con la vuelta a la democracia, pareciera que las
acusaciones de discriminación, abusos policiales y atentados contra la propiedad privada
salieron a la luz pública. En los últimos años los enfrentamientos armados entre grupos
subversivos con carabineros aumentaron en la zona de la región de la Araucanía. La
demanda por tierras ancestrales que fueron usurpadas injustamente es parte de los petitorios
que comúnmente se escucha en la prensa.
Sobre esto podemos incluso remontarnos al periodo de la “pacificación de la Araucanía”,
guerra que duró bastantes años y que acabó con millones de araucanos y se les despojó de
sus tierras. Muchos grandes propietarios adquirieron sus tierras engañando a los indígenas
en el pasado, algunos apoyándose incluso con el beneplácito de la dictadura militar.
A pesar de que recién con los gobiernos de la Concertación se inicia la discusión
para instaurar y regular políticas inclusivas sobre pueblos ancestrales, la actuación de los
gobernantes en estos periodos ha dejado poco claro la relación vinculante o no, de los
conflictos con la demanda de tierras. La reacción policial frente a estos hechos ha sido con
bastante violencia, incluso según el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas las
acusaciones por violaciones a sus derechos han experimentado un alza1. La situación es
mucho más compleja de lo que la prensa tradicional puede transmitirnos, pues existen
abusos y hostigamientos a las familias de los dirigentes mapuches para que se detengan en
sus exigencias de tierras y derechos2.
La ley 18.314 o “ley antiterrorista” como popularmente es conocida, establece en su
artículo 1 en el inciso 2° y 3°: “Se presumirá la finalidad de producir dicho
temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el
hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o
incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos
o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante
el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o
2a Que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la
autoridad o imponerle exigencias”3.
Ante esto el gobierno ha estado en jaque entre aplicar esta normativa o no, dado que a
simple vista los conflictos cumplirían con las características señaladas. Lo grupos que han
atacado las propiedades en el ser de Chile incurren en la utilización de armas e incendios
con el fin de llamar la atención a las autoridades y se les escuche. No obstante, en la visita a
Chile del relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos el año 2003
recomendó a nuestro país no aplicar normativa alguna que criminalice penalmente a grupos
indígenas mientras reclamen por demandas legítimas:
“Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las
legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones
y comunidades indígenas (…) No deberán aplicarse acusaciones de delitos
tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”,“asociación delictuosa”)
a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos
reclamos indígenas.”4
Cualquiera sea la legislación que se adopte, tal parece que los petitorios indígenas con
el apoyo de organizaciones ciudadanas no se detendrán en las manifestaciones hasta que se
consiga una valoración y reconocimiento que se traduzca en hechos legalmente tangibles.
2. Igualdad en la diferencia
2.1 Postura de Chile
Chile ha adoptado paulatinamente con el regreso de la democracia, compromisos y
políticas que tímidamente han ido en busca de estrechar las relaciones con los pueblos
indígenas. La instauración de un organismo como la Conadi en 1995, busca “…proteger y
promueve la conservación y reconocimiento del aporte que las culturas ancestrales
hicieron y siguen haciendo a la conformación de nuestra Nación.”5
Esta institución se ha encargado primordialmente de realizar compras de terrenos y
entregárselas a comunidades indígenas por medio de unos fondos. Del mismo modo, realiza
trabajos e inversiones avocadas en el desarrollo de la cultura y educación indígenas
financiando actividades y becas.
La organización cuenta con la participación de personeros del gobierno, como es de
esperar, y de algunos representantes de los Pueblos Aymara, Atacameño, Colla, Diaguita,
Quechua, Rapa Nui, Mapuche, Kawashkar y Yagán.
Esta institución se creó con el fin de promover e integrar a las comunidades étnicas en
la vida nacional, sin embargo, se le ha acusado de que últimamente los representantes de la
comunidad indígena han realizado funciones más clientelares que incitar a una
participación. Así lo señala José Aylwin (abogado y fundador de la ONG Observatorio
Ciudadano de Temuco6): “Además, las decisiones en su interior –el Consejo Nacional– son
instancias que inicialmente estuvieron pensadas como espacios de co-gestión de la política
pública, con una participación indígena representativa, pero hoy los representantes
indígenas del Consejo Nacional de Conadi que están tomando decisiones sobre las tierras,
no lo hacen en representación de un pueblo, sino en representación de intereses. Esos
representantes, a menudo han establecido relaciones clientelares con su gente, por ende,
tal como está concebido hoy el Fondo de Tierras y Aguas y la Asignación de Tierras, es
fuertemente permeable a las influencias y al clientelismo que se ha establecido por los
sistemas de participación indígena y no indígena.”7
Sumado a lo anterior, la situación al interior de la Conadi parece no ser de las mejores,
pues los fondos asignados a esta institución se han destinados a las compras de tierras en
desmedro de la misión cultural y educacional que también debe cumplir. El abogado de la
Conadi, Lohengri Ascencio, reconoce que ha habido un mal manejo en reiterados conflictos
al interior de la institución y la falta de personal permanente para abastecer la cantidad de
demandas que exigen los pueblos indígenas8.
2.2 Ratificación Convenio 169 OIT
Luego de haber descansado varios años en el congreso, la presidenta Bachelet
envió la ratificación del Convenio 169 a la OIT el año 2008. Esta discusión y aprobación no
estuvo exenta de altercados y propuestas de reservas por parte de parlamentarios de la
Alianza, principalmente durante unos años previo su aprobación definitiva en el congreso9.
Este convenio internacional queda insertado en nuestra legislación como una ley para todos
los ciudadanos, involucrándonos así no sólo al Estado, sino que a cada uno de los
habitantes de esta patria. De esta manera, conforme al artículo 5 de la Constitución en su
inciso segundo: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover
tales derecho, garantizados por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
La ejecución de esta “ley” se percibe por medio de artículos que son autoejecutables como
el artículo 3 n°1 del Convenio que señala: “Los pueblos indígenas y tribales
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.” La consecuencia jurídica del
carácter autoejecutable es que los sujetos de derecho pueden demandar el cumplimiento de
esa obligación al Estado.
No obstante, la tarea del gobierno es cumplir con un marco legal que sea capaz de
hacer ejecutables las normas (la mayoría del Convenio) que requieren de un escenario
político-institucional determinado para que no violente con las disposiciones de nuestra
legislación interna, como señala el artículo 2 n° 1 del Convenio: “ Los gobiernos
deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación
con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz… ”. El
presente tratado propone un reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de
derecho colectivo, es decir, que el Estado debe respetar y reconocer la identidad indisoluble
de individuos vinculados a un grupo determinado.
La legislación mexicana ha determinado por reconocer a los pueblos indígenas. La
gran cantidad de población étnica en dicho país es altísima (cercana a los 12 millones de
habitantes10) y por tanto, se hacía insostenible que una incorporación a la vida nacional no
ocurriese. Es posible notarlo ya en la declaración de “nación pluricultural” de la
Constitución en su artículo 2: “La Nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
A continuación, en los incisos siguientes realiza una descripción taxativa de lo que
entenderá por pueblos indígenas y bajo qué circunstancias se A) garantizará la libre
determinación de sus pueblos. B) promoverá la igualdad de oportunidades de los indígenas
y eliminar la discriminación con la creación de instituciones que las garanticen.
México ha concluido que la mejor forma para reconocer y garantizar los derechos de
los pueblos indígenas es la vía del reconocimiento Constitucional.
De un modo similar lo ha hecho un país más cercano geográficamente a nosotros, Bolivia.
El reconocimiento en la Constitución del año 2009 de la existencia de una nación
pluricultural es una situación que se legitima desde el minuto en que su presidente, Evo
Morales, se asume como perteneciente a un grupo étnico. Este cuerpo legal, es algo más
radical que el mexicano, pues establece un requisito mínimo de escaños a ocupar por
representantes indígenas, es decir, se establece una participación efectiva.
La creación de un preámbulo constitucional en la forma en que los bolivianos la
hicieron, refleja de una manera casi poética la forma en cómo ellos se reconocen, tal como
se demuestra en este extracto: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y
neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de
avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz,
comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.
Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder
originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del
Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y
gracias a Dios, refundamos Bolivia.”
Canadá asume como un hecho la existencia de pueblos aborígenes, al determinar
constitucionalmente en 1988 con la Ley de Multiculturalismo que son un patrimonio de la
población canadiense, debiendo el Estado respetar y promover las características culturales
de cada pueblo. Condicionándolo de la siguiente manera: “El gobierno de Canadá debe:
a) reconocer y promover el entendimiento que el multiculturalismo refleja la diversidad
racial y cultural de la sociedad Canadiense y reconoce la libertad de todos los miembros de
la sociedad Canadiense para preservar, realzar y compartir sus patrimonios culturales;
b) reconocer y promover el entendimiento que el multiculturalismo es una característica
fundamental del Patrimonio y la Identidad Canadienses y que provee un recurso formador
del futuro de Canadá invaluable;
c) promover la participación total y equitativa de individuos y comunidades de todos los
orígenes en la continua evolución y formación de todos los aspectos de la sociedad
Canadiense así como asistirles en la eliminación de barreras para tal participación
d) reconocer la existencia de comunidades cuyos miembros comparten un origen común así
como su contribución histórica a la sociedad Canadiense, y realzar su desarrollo;
e) asegurar que todos los individuos reciban igual trato e igual protección bajo la ley,
respetando y valorizando su diversidad;
f) alentar y asistir a las instituciones sociales, políticas, económicas y culturales de Canadá
para que sean respetuosas e incluyentes del carácter multicultural de Canadá;…”11
2.4 Multiculturalismo
Quizás una de las razones por las cuales en nuestro país (y en Latino América) se ha
marginado constantemente desde nuestra historia republicana a los aborígenes, dice
relación con un sentimiento de inferioridad atribuido a la raza indígena por parte de colonos
europeos. Esta noción perdura hasta nuestros días, en que la mirada peyorativa hacia el
pueblo mapuche se instaura como negación de un vínculo de pertenencia en un país
Las minorías en las sociedades civiles han adquirido un estatus en que las miradas de
los filósofos políticos se han preocupado por resolver. Abundan ejemplos en la historia
donde masacres y actos genocidas provocados por conflictos multiculturales para establecer
un predominio intolerable sobre otra nación (Yugoslavia, Apartheid, etc.). En este sentido,
el reconocido teórico del multiculturalismo, Kymlicka, aborda las problemáticas que puede
acarrear en una sociedad la instauración de políticas públicas que perjudiquen injustamente
a grupos étnicos minoritarios, pues el liberalismo pretende que se homogenicen las
libertades ciudadanas, entendiendo la ciudadanía como un sentimiento común de
pertenencia hacia una cultura. El miedo a que el reconocimiento multicultural rompa esa
unión dentro del Estado de Derecho se cae al considerar que lo que se busca es cierta
protección de grupos minoritarios en la sociedad que no pretende separarlos del Estado.
Entenderemos por multiculturalismo un Estado que cuenta con una pluralidad de naciones
en su composición. Si una nación se distingue por compartir una lengua y cultura común en
un territorio, entonces existen mayoritariamente Estados multinacionales12.
Kymlicka sostiene que en los casos en que las protecciones de derechos comunes de
ciudadanía no aseguran la diversidad de manera legal, es necesario optar por medidas
positivas de regulación constitucional que garanticen la el carácter diferenciador de la
ciudadanía. Frente a esto, los pueblos indígenas cumplen las características de una nación y
por tanto, Chile sería un Estado multinacional que no satisface por medios comunes la
diferencia cultural en igualdad de condiciones.
iv.i Política de la diferencia
Ante esta situación, debemos analizar las opciones que tenemos para realizar
políticas y reformulaciones respecto del tipo de sociedad que somos. Para hacer frente a
esto, Kymlicka formula tres formas de establecer derechos específicos: 1) El derecho de
autogobierno por medio de la autodeterminación, o bien, por vía federalista. 2) Instauración
de derechos poliétnicos. 3) Derechos de representación asegurando escaños permanentes en
el Congreso. La argumentación pasa por asuntos históricos para recuperar una soberanía
previa13 de los pueblos mapuches antes de la llegada de los españoles y posterior dominio
criollo. Suay establece que el legislador puede dictar leyes diferentes según el grupo social
al que van destinados, siempre que aquella diferencia tenga una justificación razonable y
objetiva.14 Por lo tanto, el tratamiento que prescribe la Constitución en su artículo 1
respecto al nacimiento de las personas en igualdad de derechos no se vería truncada por
esta medida diferenciadora en la medida que sea justificada, ya que el art. 19 n°2 señala que
“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
Un filósofo canadiense como Taylor, postula que deben respetarse los derechos universales
de cada individuo, pero con un reconocimiento público de las culturas particulares dentro
de una democracia liberal15. Para eso, se debe fomentar la discusión pacífica y replantearse
los paradigmas frente a la cultura occidental, con el fin de abrir el camino hacia la
En nuestro país, la discusión a nivel académico no se ha expandido lo suficiente a
la población y sobre todo en el ámbito de los colegios y universidades. Sin embargo, hace
unos años comenzó una formulación de un informe redactado por representantes de
distintas áreas, en que se discutieron e investigaron por comisiones temas relacionados a los
pueblos indígenas. Se trata de la Comisión de Verdad histórica y Nuevo trato que publicó
su informe final el año 2003. En una de sus actas durante el debate, Carlos Peña16 interviene
para presentar el trabajo que abordará la comisión a la que pertenece (jurídica) y comenta la
posibilidad de otorgar el derecho de autogobierno a un sujeto colectivo como los pueblos
indígenas, a pesar de no ser un Estado-nación: “Pues bien, el autogobierno colectivo, por
supuesto, tiene variada intensidad. Porque el derecho de gobierno autocolectivo es, de
alguna manera, la idea que ciertos grupos tienen que estar protegidos contra las
decisiones provenientes de otros grupos. Ese es el derecho del autogobierno, pero ese
mismo derecho tiene una muy variada intensidad. En su nivel más tenue el derecho
colectivo al autogobierno supone el derecho a la propia identidad, por ejemplo, supone el
derecho a los llamados derechos lingüísticos, del pueblo indígena a hablar en su lengua.
Por supuesto no en su hogar, no va hablar en su lengua en el espacio público para poder
entenderse y tratar con el Estado, y hablar con los otros en base a su lengua, y no en una
lengua que no es la suya. Derechos a practicar ciertos ritos autoidentificatorios en el
espacio de lo público también, etc. Eso en el nivel más tenue hasta en el nivel más fuerte.
Este derecho al autogobierno colectivo supone el derecho a la autodeterminación desde el
punto de vista político. Entonces, cuando se habla en el problema indígena de derechos
colectivos, se está cubriendo una amplia gama, que va desde formas tenues de protección
de la propia identidad, la protección y supervivencia de ciertas prácticas culturales
autoidentificatorias, hasta en el nivel más extremo, a la autodeterminación política”17.
2.5 Reformar la Constitución
Nuestra Constitución señala en su artículo 3: “ El Estado de Chile es
unitario.” Conforme a esto, en nuestro país la administración no admite el federalismo
como una manera de organizar la multiculturalidad, pues antes que todo debemos reconocer
como una verdad inexcusable la existencia de pueblos étnicos minoritarios, desde incluso
antes de nuestro nacimiento como nación chilena. Este reconocimiento no ha sido
suficiente con las políticas de igualdad fomentadas a toda la ciudadanía, por tanto se hace
necesario incorporar en nuestro texto supremo una realidad latente, entendiendo que la
Constitución es el pacto en donde fijamos las decisiones que nos afectarán como sociedad.
En el Congreso descansan proyectos de ley destinados a reformar diferentes ámbitos de
nuestra norma fundamental referente a los pueblos originarios. Sin embargo, existe uno en
particular que plantea además del reconocimiento, la participación efectiva en las políticas
de Estado: “Para ello se propone que el Estado de Chile reconozca en la Constitución
Política, la existencia de los pueblos indígenas que conforman la nación chilena y les
conceda, en ese Pacto Político, la participación política respectiva en los órganos que
toman decisiones colectivas que afectan, a todos o parte de los habitantes del país, en
circunstancias que los pueblos indígenas como tales forman parte del Estado chileno y les
afectan decisiones de aquel en su vida personal y comunitaria sin tener participación
alguna.”18
En cuanto a los aspectos normativos que dicho proyecto reformula, son los siguientes:
<<Por consiguiente, propongo el siguiente proyecto de Reforma Constitucional:
Art. 1º: Agréguese al art. 1º el siguiente inciso final:
“El Estado reconoce a los pueblos indígenas originarios que integran la nación
chilena y les garantiza el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y
tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico”.
Art. 2º: Agréguese al art. 13 el siguiente inciso final:
“Habrá un Registro Electoral Indígena para los fines que la Constitución y la ley
establezcan”.
Art. 3º: Modifícase el art. 43 (47 después de la reforma del año 2005) en el siguiente
a) Sustitúyase el guarismo “120” por “130”.
b) Agréguese un segundo inciso nuevo, pasando el actual a ser tercero:
“10 de los 130 diputados serán elegidos por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral
Indígena, en la forma que determine la ley orgánica respectiva. Estos ciudadanos no podrán
participar en la elección del resto de los diputados”.
Art. 4º: Agréguese la siguiente letra g) al art. 45 (49 post- reforma):
“g) Tres senadores elegidos por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral
participar en la elección de los senadores a que se refiere el inciso primero y segundo de
este artículo. Los senadores así elegidos tendrán los mismos derechos, obligaciones y
estatuto jurídico del resto de los senadores”.
Art. 5º: Agréguese en el capítulo V después del art. 59 (62 post- reforma), el
siguiente párrafo nuevo:
“Parlamento Indígena”.
Art. 59 A
“El Parlamento Indígena se compone de 30 miembros, elegidos por votación
popular por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Indígena, en la forma y con las
condiciones, requisitos, obligaciones y derechos que establezca una ley de quórum
Los parlamentarios indígenas durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos”.
Art. 59 B
“El Parlamento tendrá las siguientes atribuciones:
a) Distribuir anualmente los recursos que asigne la ley de Presupuestos para la aplicación de la
b) Fiscalizar los actos de los organismos públicos encargados de aplicar las políticas indígenas.
c) Dictar los reglamentos e instrucciones para la aplicación de la política indígena que
determinen las leyes, sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la
d) Dar su aprobación a la propuesta del Presidente de la República que designe el Director
Nacional del máximo organismo encargado de las políticas indígenas del Estado.
e) Las demás atribuciones que le encargan las leyes”.
Art. 6º: Agréguese el siguiente inciso segundo al art. 102 (113 post- reforma),
pasando el actual segundo a ser tercero:
“También deberá integrarse por miembros de los pueblos indígenas, en la forma que
la propia ley lo determine”.
Art. 7º: Agréguese el siguiente inciso final al art. 107 (118 post- reforma):
“Sin perjuicio de lo anterior, las comunas o agrupación de comunas deberán elegir
un concejal más por cada 5% de habitantes indígenas que posean, en la forma, condiciones
y limitaciones que esta misma ley establezca. El o los concejales serán elegidos por los
ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Indígena, quienes no podrán participar en la
elección de los concejales a que se refieren los incisos anteriores”19.>>
Finalmente, se hace necesario enfrentar las realidades socio-culturales en las que
vivimos y comenzar a discutir (aunque sea como pretexto de bicentenario) las políticas
inclusivas que delinearemos hacia el futuro. Se ha recorrido un largo camino para llegar a la
situación en la que estamos y poder siquiera hablar del tema, mas no por eso hay que
conformarse. Hay mucho camino por recorrer, muchos temas por sacar a la luz de la
opinión pública respecto del trato de las minorías étnicas en nuestro país y de la condición
multinacional de la sociedad. De Lucas plantea que para llegar a obtener soluciones
verdaderas y no quedarse en la retórica deben cumplirse tres condiciones: 1) Realismo que
nos permita darnos cuenta de una realidad que nos genera problemas de integración. 2)
Paciencia para aceptar la multiculturalidad y prepararse para gestionar democráticamente
sus consecuencias. 3) Negociación sin exclusiones que garantice la participación sin
exclusiones en el espacio público, desde la pluralidad20. Más adelante continúa sosteniendo
la necesidad de “Un debate acerca de la conveniencia de reconocimiento, por ejemplo, de
determinados derechos colectivos, allí donde no baste con medidas de discriminación
positiva o acción afirmativa para conseguir la integración de quienes, por el hecho de su
diferencia, se ven privados de participar en el espacio público en términos de igualdad. Un
debate que permita obtener acuerdos desde el respeto a los derechos y a las reglas de
juego democrático, lo que exige ante todo el respeto por el disenso, que es el punto de
partida y no un molesto coste subsidiario21”.
Un gran filósofo como Aldous MacIntyre, señala que la manera en que los individuos
se relacionan con la sociedad los configura moralmente. En esta relación debe siempre
preservarse la igualdad, pues nuestra condición de animales racionales nos obliga a
necesitarnos unos con otros y tratarnos como iguales 22. Abordar el problema de esta
manera, es decir, pretender equiparar la multiplicidad étnica de nuestro país con el resto de
la sociedad no soluciona nada. Por tanto, una idea de igualdad a lo Macintyre se debilita
como concepto hegemónico, pues para que la igualdad siga como un concepto unificador es
menester entender que existen desigualdades, tal como señala el proyecto de ley del Boletín
N° 5402-07: “es necesario "acomodar" las diferencias en vez de subordinar a "los
diferentes".” Las instituciones deben defender la igualdad tomando en cuenta la
desigualdad como plantea Theodor Adorno23, para lograr resultados que acojan las
diferentes realidades. Es necesario entonces, que el gobierno tome con seriedad y ánimo de
cumplir las disposiciones y convenios adoptados internacionalmente, haciéndose cargo
finalmente del problema.
- ADORNO, THEODOR Y HORKHEIMER, MAX (1998): Dialéctica de la Ilustración.
Fragmentos filosóficos Madrid. Trotta. pp.304
- DE LUCAS, JAVIER (2008): Multiculturalismo, un debate falsificado. [Fecha de
consulta: 24 de junio de 2010]. Disponible en
http://www.upf.edu/materials/fhuma/etfipo/eticaa/docs/16.pdf
El autor busca desclasificar el término mismo de multiculturalismo.
- DE LUCAS, JAVIER (2001): Multiculturalismo: política no metafísica. [Fecha
de consulta: 24 de junio de 2010]. Disponible en
http://www.upf.edu/materials/fhuma/etfipo/eticaa/docs/15.pdf
En este ensayo, el autor intenta diferenciar entre sociedades multiculturales
y una filosofía multicultural y los dilemas políticos al respecto.
- GÓMEZ MARTÍNEZ, CARLOS (2004): El juez en una sociedad multicultural.
[Fecha de consulta: 5 de mayo de 2010]. Disponible en
http://www.juecesdemocracia.es/congresos/xixCongreso/comunicados/El
%20juez%20en%20una%20sociedad%20multicultural.pdf
Autor que busca analizar las complejidades y problemas que debe abordar
un juez ante casos en que la sociedad es multicultural.
- INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE UDP (2008): Derechos de
los pueblos indígenas. [Fecha de consulta: 3 de mayo de 2010]. Disponible
en http://www.derechoshumanos.udp.cl/wp-
content/uploads/2009/07/derechosindigenas.pdf
Análisis de los hechos ocurridos durante el año 2007 en nuestro país en
- INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE UDP (2009): Derechos de
content/uploads/2010/01/07_pueblos-indic2a6ugenas.pdf
Análisis de los hechos ocurridos durante el año 2008 en nuestro país en
- INFORME FINAL DE LA COMISIÓN VERDAD HISTÓRICA Y UN NUEVO TRATO (2003).
[Fecha de consulta: 5 de julio de 2010]. Disponible en
http://biblioteca.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/
- KYMLICKA, WILL (1996): Ciudadanía Multicultural. (Barcelona, Editorial
Paidos) 304 pp.
Sostiene en esta obra que en una sociedad no se pueden tratar de igual
manera a los distintos grupos culturales con identidades propias.
- MACINTYRE, ALASDAIR (1987): Tras la Virtud. (Barcelona, Editorial Crítica)
Obra maestra de MacIntyre en la que alude al reconocimiento de un trato de
igualdad considerando las diferencias dentro de los grupos sociales.
- SUAY (1985): El Principio de Igualdad en la Justicia Constitucional
(Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local).
Obra que aborda la igualdad como un principio imperante en una teoría de
- TAYLOR, CHARLES (1993): Multiculturalismo y la política de reconocimiento.
(México D.F, Editorial Fondo económico de cultura) 159 pp.
Obra en que se trata particularmente el reconocimiento de las minorías desde
una perspectiva filosófica.
- VARIOS (1994): Derechos indígenas en la actualidad. (México D.F,
Compilación de autores que versan sobre diferentes aspectos relacionados al
reconocimiento de los derechos indígenas.
- NACIONES UNIDAS (2007): Declaración universal de derechos de los pueblos
indígenas. [Fecha de consulta: 25 de mayo de 2010]. Disponible en
Declaración en la que se reconocen internacionalmente la existencia de los
pueblos indígenas y su carácter distintivo.
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2006): Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes. [Fecha de consulta: 25 de
mayo de 2010]. Disponible en http://www.oitchile.cl/pdf/Convenio
%20169.pdf
Convenio al cual Chile suscribió y señala una normativa respecto del
tratamiento que deben recibir los pueblos indígenas en los diferentes países.
Norma fundamental en el que están insertos los derechos fundamentales que
reconoce a cada ciudadano.
Norma fundamental donde, para efectos de este trabajo nos interesa que se
garantizan los derechos indígenas.
Norma fundamental en la que destacaremos su preámbulo.
http://www.observatorio.cl/estudios/estudio-barometro-sobre-abuso-de-poder-2007/ [Fecha de consulta: 15 de mayo 2010]
Ver Caso de Matías Catrileo asesinado por carabineros.
Disponible en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731 [Fecha de consulta: 17 de mayo de 2010]
Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
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http://www.conadi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=53 [Fecha de consulta: 5 de junio de
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación y de los derechos humanos. Fue creado en
septiembre de 2004, en la ciudad de Temuco, como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por un grupo de
ciudadanos de distintos lugares del país, diversas profesiones y procedencia étnica. [Revisar www.observatorio.cl]
Revista El Periodista N° 181, 6 de noviembre del 2009. p. 20
Op. cit. p. 19
Requerimiento de constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT del art. 82 n°2. Sentencia Rol n° 309 del Tribunal
Según datos obtenidos del Consejo nacional de la población mexicana (Conapo).
Traducción Ley de Multiculturalismo. Disponible en http://www.canadaenespanol.com/multiculturalismo.htm [Fecha de
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Abogado, magíster en sociología y profesor universitario. En la actualidad es Rector de Universidad Diego Portales,
preside el Consejo Asesor Presidencial en Educación y destaca como columnista semanal del diario El Mercurio.
Acta del 02 de diciembre del 2002. p.177. Disponible en http://www.memoriachilena.cl/upload/mi973056855-9.pdf
[Fecha de consulta: 5 de julio de 2010]
Proyecto de ley: Reforma constitucional que reconoce la existencia de los pueblos indígenas y les otorga participación
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Idem. p.5-6
DE LUCAS, JAVIER (2008): Multiculturalismo, un debate falsificado. Disponible en
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