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Timestamp: 2020-05-25 15:46:01
Document Index: 384656411

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 37', 'artículo 315', 'artículo 315', 'artículo 315', 'artículo 315', 'artículo 193', 'artículo 315', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 41', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 499, de 21/07/2014
cve: BOCG-10-D-499
161/002911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio del derecho de huelga... (Página4)
161/002912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio del derecho de huelga... (Página5)
161/002903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de aprobación de un Plan urgente de actuación para la zona de Baztán-Bidasoa (Navarra) afectada por las inundaciones producidas durante los primeros días del mes de julio del año 2014... (Página6)
161/002918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para mejorar las políticas de actuación en el ámbito de la inmigración irregular... (Página8)
161/002913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cierre de estaciones de ferrocarril de ancho métrico en Cantabria... (Página10)
161/002915 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la privatización de AENA... (Página11)
161/002923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre autorizaciones de transporte de mercancías por carretera... (Página12)
161/002924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la defensa del servicio público de Correos... (Página13)
161/002921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la incorporación de la variable "coste de la vida" de cada territorio, en la fijación de las políticas de becas universitarias y ayudas al estudio... (Página15)
161/002922 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de adoptar medidas para la erradicación de comportamientos racistas en los eventos deportivos... (Página16)
161/002927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la erradicación del sexismo en el deporte... (Página17)
161/002914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía... (Página18)
161/002907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre implantación de un modelo español de acreditación de competencias digitales... (Página20)
161/002908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para facilitar las condiciones de exportación de las empresas españolas... (Página21)
161/002904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con ayudas para paliar los daños ocasionados a la agricultura en la provincia de Almería... (Página22)
161/002909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la recuperación de la Charca de los Clicos, en Lanzarote... (Página23)
161/002916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre daños en la agricultura de Castilla-La Mancha por incidencias climatológicas... (Página24)
161/002917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las ayudas para aminorar los daños ocasionados a la agricultura... (Página25)
161/002929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre daños en la agricultura de la Comunitat Valenciana por incidencias climatológicas... (Página26)
161/002910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al urgente acceso de la nueva generación de fármacos para erradicar la hepatitis C para los casos graves y de riesgo para la vida... (Página27)
161/002919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión del índice glucémico en el etiquetado de los alimentos comercializados específicamente para diabéticos... (Página29)
161/002905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del VI Centenario de la llegada del Rey Juan I de Portugal a Ceuta en 1415... (Página31)
161/002928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas contra la violencia por orientación e identidad sexual... (Página32)
161/002920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del grado de discapacidad de las personas afectadas por una cardiopatía congénita compleja... (Página34)
181/001963 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx), sobre medidas que tiene previsto aprobar el Gobierno para paliar los daños derivados de las inundaciones acaecidas el 04/07/2014 en el Valle de Baztán (Comunidad Foral de Navarra)... (Página36)
181/001962 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de impulsar la entrada de nuevos operadores en el sector ferroviario con el proceso de reestructuración de Renfe-Operadora... (Página36)
181/001974 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre cantidad de dinero destinado y por qué conceptos concretos a los proyectos de infraestructuras Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro, Estación de Alta Velocidad en Huelva capital, Variante Beas-Trigueros de la N-435 y desdoble de la carretera N-435 o A-83, de la provincia de Huelva... (Página36)
181/001964 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Moscoso del Prado Hernández (GS), sobre actuaciones previstas para paliar las consecuencias de las graves inundaciones que han tenido lugar en el Valle del Baztán en el mes de julio de 2014... (Página37)
181/001969 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medios de extinción que están a disposición de la Comunidad Autónoma de Galicia para la campaña de incendios de este verano en la provincia de Ourense .
181/001970 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medios de extinción que están a disposición de la Comunidad Autónoma de Galicia para la campaña de incendios de este verano... (Página37)
181/001971 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medios destinados a la prevención de incendios forestales en Galicia durante el año 2014... (Página37)
181/001972 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medios destinados a la prevención de incendios forestales en Ourense durante el año 2014... (Página38)
181/001973 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre ejecución presupuestaria de cada una de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en los años 2012 y 2013 del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, así como porcentaje de ejecución total de cada año... (Página38)
Palacio del Congreso de los Diputados,15 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002911
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el ejercicio del derecho de huelga, para su debate en la Comisión Constitucional.
Nuestro constituyente definió el modelo de Estado español como social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político.
Justificado en la necesidad de equilibrar la desigual estructura en el ámbito laboral, el desarrollo posterior del artículo 37 de la Constitución se llevó a cabo en relación al derecho a la negociación colectiva y a la adopción de las medidas de conflicto colectivo, así como el desarrollo jurisprudencial, además del desarrollo de la libertad de sindicación, estableciendo un sistema de relaciones laborales más democráticas para corregir la asimetría de las relaciones laborales preexistentes a 1978.
Con la crisis como oportunidad desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno.
Si el inicio fue atacar el frente de los trabajadores mediante una reforma laboral que devaluaba o directamente eliminaba sus derechos y que prácticamente excluía la negociación colectiva, ello no ha parecido suficiente y han continuado con un ataque directo a todas las medidas que exterioricen el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la ley de seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo y trabajando ,en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del Gobierno.
Las afirmaciones realizadas quedan de manifiesto al considerar los incrementos en las sanciones por el ejercicio del derecho de manifestación y lo que es mucho más grave, el incremento de las condenas a pena privativa de libertad utilizando a la Fiscalía.
Y así podemos observar que los atestados o informes que redactan las fuerzas de seguridad o los escritos de acusación de la Fiscalía presentan sospechosas notas en común como la consideración de todas las actuaciones como "preconcertadas" elemento esencial para que sea de aplicación la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan.
Con esta aplicación de la ley se estaría tratando de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.
Todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo .
1. Garantizar que el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, consagrado constitucionalmente, no sea vaciado de contenido por mor de la actuación concertada del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Ministerio Fiscal, privando a los trabajadores de un instrumento legítimo y necesario en defensa de sus intereses.
2. Paralizar las reformas llevadas a cabo por el Gobierno, tanto en el ámbito penal, administrativo y laboral, orientadas a la criminalización de las organizaciones sindicales y a la desarticulación de la negociación colectiva, desconociendo con ello la función que la propia Constitución les atribuye de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
3. Interesar de la Fiscalía General del Estado una actuación decidida e inequívoca en defensa del ejercicio del derecho de huelga y ajustada a la interpretación que de dicho derecho ha hecho el Tribunal Constitucional evitando la situación actual que evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del ejercicio de tal derecho, incluso pidiendo la aplicación sistemática del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal.
4. Proceder a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal en la reforma que del mismo está en tramitación actualmente en la Cámara."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002912
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el ejercicio del derecho de huelga, para su debate en la Comisión de Justicia.
Si el inicio fue atacar el frente de los trabajadores mediante una reforma laboral que devaluaba o directamente eliminaba sus derechos y que prácticamente excluía la negociación colectiva, ello no ha
parecido suficiente y han continuado con un ataque directo a todas las medidas que exterioricen el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la ley de seguridad ciudadana, el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo y trabajando ,en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del Gobierno.
Todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo.
161/002903
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de aprobación de un Plan urgente de actuación para la zona de Baztán-Bidasoa (Navarra) afectada por las inundaciones producidas durante los primeros días del mes de julio del año 2014.
Entendiendo que es el Congreso de los Diputados el que insta al Gobierno y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Don Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de AMAIUR (Grupo Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de aprobación de un plan urgente de actuación para la zona de Baztán-Bidasoa (Nafarroa) afectada por las inundaciones producidas durante los primeros días del mes de julio del presente año, para su debate en Comisión.
Las intensas lluvias habidas en la zona de Baztan-Bidasoa (Nafarroa) durante la pasada semana (días 1 al 5 de julio), que tuvieron su culminación el jueves 4 con una fortísima "gota fría" que afectó especialmente a la zona de Baztan, han producido numerosos e importantes daños tanto en propiedades familiares, negocios y empresas particulares, como en bienes públicos de todo tipo.
Las citadas lluvias, no conocidas en intensidad desde hace exactamente ciento un años en que se registraron unas inundaciones parecidas, han supuesto que numerosas viviendas, explotaciones agrarias, negocios de todo tipo (tiendas, establecimientos hosteleros, locales de negocio...) hayan resultado gravemente afectadas. Los daños también han afectado a distintas infraestructuras, mobiliario urbano (calles, aceras arrastradas por el agua, instalaciones deportivas...), así como a diversos servicios municipales (biblioteca y centro de salud de Elizondo...), etc.
Los daños anteriores han trastocado seriamente la vida municipal en distintas localidades de la zona (Elizondo, Erratzu, Doneztebe...) tanto desde un punto de vista estrictamente económico como también social. Ello exige la actuación conjunta y solidaria de las distintas Administraciones públicas implicadas a fin de hacer frente de la manera más urgente posible a los distintos y graves problemas resultantes de las inundaciones padecidas.
Es preciso señalar a estos efectos que desde un primer momento los Ayuntamientos de la zona ya han iniciado las gestiones necesarias para intentar obtener las ayudas necesarias a fin de paliar los daños producidos y recuperar en el más breve plazo posible la normalidad de la vida económica, comercial y social de la zona. En esta misma dirección, el propio Gobierno de Navarra ha iniciado ya los trámites pertinentes a fin de obtener la declaración de zona catastrófica para las localidades afectadas.
Habida cuenta todo lo anterior, AMAIUR (Grupo Mixto) presenta la siguiente
"El Pleno del Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar al Gobierno a:
1. En el marco de las distintas y complementarias competencias correspondientes a la Administración central y foral de Nafarroa, elaborar en el plazo de tiempo más breve posible una valoración pormenorizada de los daños producidos en la zona de Baztán-Bidasoa por las intensas lluvias e inundaciones habidas durante los días 1 al 5 de julio de 2014.
2. Aprobar mediante el oportuno Decreto-ley un Plan integral de ayudas económicas y sociales destinado a las localidades y actividades que en su momento sean determinadas como Zona catastrófica,
reparándose así los daños producidos y favoreciendo la recuperación económica y la normalidad social en la zona. "
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-El Portavoz Adjunto del Grupo Mixto.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar las políticas de actuación en el ámbito de la inmigración irregular, para su debate en la Comisión de Interior.
La inmigración y la emigración son procesos complementarios y coordinados, por los que se producen pautas migratorias globales que vinculan los países de origen y los receptores, aumentando la diversidad étnica y cultural de muchas sociedades y configurando dinámicas de carácter demográfico, económico y social. La intensificación de este fenómeno ha supuesto que la inmigración se haya convertido en un importante problema político para numerosos Estados de nuestro entorno, así como para España.
De los tradicionales modelos de inmigración, que según la sociología pueden definirse como, el modelo clásico de naciones de inmigrantes -como Canadá, Estados Unidos o Australia-, el modelo colonial -de países como Francia o Reino Unido-, el modelo del trabajador invitado -de países como Suiza, Bélgica o Alemania- y finalmente el modelo de inmigración irregular, caracterizado por la entrada de forma clandestina o utilizando un estatus jurídico de "no inmigrante", España debe hacer frente sobre todo al último modelo.
Sin embargo, no podemos olvidar que las fronteras de España con el continente africano, son las fronteras de la Unión Europea y que la emigración hacia la Unión Europea, procedente de países que no pertenecen a dicha Unión, se ha convertido en uno de los asuntos más acuciantes de la agenda política de varios Estados europeos como pueden ser Italia, Grecia o Malta.
En la actualidad, una parte importante de la inmigración irregular que se ha detectado en los Estados miembros de la Unión Europea viene derivada de los procesos de reunificación familiar, así como de las entradas legales mediante visados de estudios, trabajo o turismo, pero que caducan sin que la persona en cuestión abandone el territorio nacional. Sin embargo, los conflictos bélicos del África subsahariana y Oriente Medio, así como la situación de pobreza extrema existente en otros tantos países de nuestro entorno hacen que la presión migratoria que soportan 105 Estados limítrofes de la Unión Europea, sobre todo con el continente africano, posea una etiología diferente.
La inmigración irregular que soporta España, en el actual marco de globalización, no puede considerarse un problema de índole estrictamente nacional. Debemos enfocar este fenómeno en un ámbito estrictamente europeo. El International Centre for Migration Policy Development estima que, al menos, 400.000 personas entran de manera irregular mediante las fronteras de España, Italia, Grecia y Malta al territorio comunitario. La European Union Agency for Fundamental Ríghts, en su informe de 2013 titulado "Derechos fundamentales en las fronteras marítimas del sur de Europa" confirma estas preocupantes cifras.
A medida que se han ido eliminando fronteras interiores en el proceso de integración europeo, a través de la desaparición de los controles internos en cumplimiento del Acuerdo de Schengen, también se ha producido un enorme impacto en la emigración ilegal que se dirige a la UE y en la delincuencia internacional que se sustenta de la inmigración irregular. La conclusión es que los inmigrantes sin documentación que consiguen entrar de manera irregular en un país firmante del acuerdo de Schengen, también consiguen moverse libremente por todos los demás de la zona incluida en el acuerdo, aunque con ciertas limitaciones derivadas de los controles de identidad fronterizos todavía existentes.
Debemos tener en cuenta que el fenómeno de la inmigración irregular no sólo supone un reto político, sino también un drama humano. Es difícil calcular el número de personas que mueren en el intento de alcanzar las costas de los Estados miembros de la Unión Europea. Un estudio publicado recientemente
por ACNUR señala que cerca de 2.000 personas mueren anualmente ahogadas intentando cruzar el Mediterráneo. Teniendo lugar la mayor parte de las muertes en las costas del norte de África.
Sin embargo, los peligros y situaciones críticas que padecen las personas que se atreven a intentar entrar de manera irregular en el territorio comunitario no se ciñen únicamente al tránsito marítimo. Las situaciones de explotación y hacinamiento a las que se ven abocadas estas personas en los países de tránsito, donde en la mayoría de las ocasiones no existen unas garantías ni derechos mínimos para estas personas, se complementan con las situaciones de sobrepoblación y desamparo que pueden sufrir en su reclusión en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) o Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
1. Solicitar a la Comisión Europea que, en el ámbito de sus competencias en fronteras exteriores la implementación de las siguientes medidas:
a. Solicitar e instar la modificación del Reglamento FRONTEX para favorecer la eficiencia de dicha agencia, y especialmente respecto a la capacidad de ésta para prestar ayuda a los Estados miembros que sufran una presión específica y desproporcionada, a través de una asistencia técnica y operativa en sus fronteras exteriores y la organización de operaciones de retorno conjuntas de los Estados miembros su potencialidad para formalizar acuerdos con terceros Estados y desarrollo y aplicación de la Decisión 2010/252 que permite la vigilancia de fronteras marítimas exteriores.
b. Establecer un marco global de colaboración con las Organizaciones Internacionales y las ONGs humanitarias con el fin de prestar asistencia médica y otras ayudas de emergencia lo antes posible al llegar a tierra con el fin de garantizar una identificación temprana de las necesidades de tratamiento médico urgente e incluso prevenir, en el ámbito de la salud pública cualquier tipo de enfermedad que pudiera suponer un potencial riesgo para la salud pública y su seguimiento.
2. Instar a la Comisión Europea a redoblar los esfuerzos encaminados a hacer eficaz la protección en los países de tránsito en colaboración con ACNUR y los organismos competentes de las Naciones Unidas, mediante el fomento del Estado de Derecho y la protección frente al abuso y la explotación, así como proporcionar recursos para la gestión de fronteras a terceros países vecinos.
3. Potenciar los planes operativos de operaciones conjuntas en las fronteras con terceros países, actualizar las instrucciones y formación impartidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad participantes y dotarles de los recursos humanos y materiales proporcionales y coherentes a la dimensión de las necesidades variables, arbitrando los procesos de reacción adecuados para ello teniendo presente que la responsabilidad y el control de las fronteras exteriores corresponde a los Estados miembros,
4. Actualizar el Acuerdo entre el Reino de España y de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid, el 13 de febrero de 1992, mediante la creación de un sistema eficaz y ágil que permita los retornos, la obtención e intercambio de información dentro del marco jurídico aplicable, así como otras medidas preventivas eficaces en el ámbito de la gestión de fronteras y la inmigración ilegal, desarrollando especialmente las medidas de readmisión en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115/CE.
5. Establecer las medidas reales, eficaces y oportunas para velar porque los Centros de Internamiento de extranjeros (CIE) y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), además de cumplir con los criterios sobre derechos humanos y los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuenten con la equipación necesaria para ofrecer una atención y protección adecuadas a los menores no acompañados, personas con necesidades específicas, incluso mediante la firma de convenios o acuerdos de cooperación con las entidades del tercer sector que sean necesarias, siendo auditados por organismos independientes y estableciendo los mecanismos pertinentes para la detección de los supervivientes de torturas, las víctimas de la trata de seres humanos, los solicitantes de asilo o refugio y cualesquiera otros que deban de ser objeto de traslado a centros especiales.
6. Analizar la posible modificación de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, para garantizar que los trabajadores públicos, así como trabajadores del ámbito privado que desempeñen sus funciones en los CIE y CETI, que estén en contacto con inmigrantes estén instruidos
para la remisión de solicitudes de asilo, mayor facilidad de presentación de estas solicitudes, aún con las garantías adecuadas y protocolarizar el modo de determinación del derecho de una persona a solicitar protección internacional, así como la agilización de los trámites para su resolución."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002913
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de estaciones de ferrocarril de ancho métrico en Cantabria, para su debate en la Comisión de Fomento.
Según han puesto de manifiesto diversos medios de comunicación, ADIF tiene previsto el cierre de nueve estaciones de RENFE Ancho Métrico en Cantabria: Puente San Miguel, Torrelavega, Astillero, Orejo, Solares, Liérganes, Treto, Marrón, Gibaja y Hoz Anero.
Esta decisión, unilateralmente impuesta y socialmente disuasoria de la utilización del ferrocarril, se suma a los déficit permanentes de inversión en mantenimiento y modernización de la red y supondrá un enorme retroceso en cuanto a calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos y un paso más hacia lo que parece un deliberado aniquilamiento de los servicios de la red de ancho métrico que se han venido prestando tradicionalmente a los ciudadanos a través de la antigua empresa FEVE, promovida con oscurantismo y sin diálogo con trabajadores e instituciones afectadas, sin visión integral, sin un mínimo análisis coste-beneficio, y con el único hecho cierto de una continuada y pretendida caída de viajeros que parece llamada a servir de pretexto futuro para un desmantelamiento de dicha compañía.
En lugar de potenciar los servicios del ferrocarril, desde una visión integrada, y con medidas de promoción de la demanda, se adoptan medidas de desincentivación como la anunciada del cierre de estaciones.
Dentro del componente social que ofrece el ferrocarril, la medida de cerrar nueve estaciones es una medida inaceptable, a la que desde distintas instituciones se está mostrando el debido rechazo, solicitando la paralización de esta decisión y defendiendo la solicitud de presentación de un Plan Global de Ordenación y Gestión de las cercanías ferroviarias, algo indispensable para poder ver el futuro de este esencial y sostenible modo de transporte público.
No hay duda que los avances tecnológicos, argumento que parece haberse invocado para eliminar el personal de las estaciones, pueden hacer que una instalación funcione sin personal, pero el componente de relación social e informativo resulta muy importante su preservación en zonas como las afectadas por las decisiones planteadas, y un factor inequívoco de atracción de usuarios, evitando asimismo que las estaciones se acaben convirtiendo en enclaves de marginalidad e inseguridad ciudadana.
El número de viajeros transportados por la antigua empresa FEVE no ha dejado de caer desde el año 2005, y lejos de planificar inversiones y acciones de mejora de forma integrada, se está procediendo a este tipo de medidas que restan atractivo, y consiguientemente demanda, al servicio de transporte ofrecido a los ciudadanos
1. La paralización inmediata de los planes encaminados a cerrar las estaciones de Puente San Miguel, Torrelavega, Astillero, Oreja, Solares, Liérganes, Treto, Marrón, Gibaja y Hoz de Anero.
2. Elaborar y presentar, a la mayor brevedad, un Plan Global de Ordenación de las cercanías ferroviarias cántabras, un plan que se ajuste a las necesidades del ancho métrico, antes de llevar a cabo ninguna otra decisión aislada, como la planteada, que podría conllevar retrocesos irreversibles en la implantación ferroviaria en Cantabria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2014.-Rafael Simancas Simancas y María del Puerto Gallego Arriola, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002915
Los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (CiU), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la privatización de AENA, para su debate en Comisión.
El Gobierno ha anunciado la decisión adoptada de llevar a cabo un proceso para la entrada de capital privado en AENA AEROPUERTOS, S.A.
Según se anunció en conferencia de prensa por la Ministra de Fomento tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 13 de junio de 2014, el Gobierno se propone aprobar un texto legal para la creación de un marco regulatorio, que denomina "DORA" para establecer cada cinco años los niveles de calidad del servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas del servicio y de las inversiones y el marco tarifario. La base jurídica de la operación la centra el Gobierno en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Según la presentación del proyecto se pretende la privatización del 49 % del capital de AENA AEROPUERTOS, S.A., estructurándolo entre un 28 % que se colocará en Bolsa a través de una OPV y un 21 % que se licitará para obtener un núcleo estable de accionistas seleccionados mediante publicidad y concurrencia, situando el hito final de la operación en noviembre de 2014.
El modelo de gestión aeroportuaria por el que opta el Gobierno tiene por base dos posicionamientos políticos de gravedad e irreversibles si se consuma el proyecto, con los que quiebra las legítimas aspiraciones de los Grupos que suscriben esta Proposición no de Ley y los más contrastados y eficientes sistemas de gestión aeroportuaria.
Los Estatutos de Autonomía de nuestras respectivas Comunidades asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. En los términos de finales de los 70, cuando eran redactados y pactados, nadie podría imaginar que, recurriendo a disculpas de índole administrativa en la definición de cuándo una sociedad mercantil se mantiene en el sector público, se vetaría la competencia autonómica de gestión aeroportuaria en un escenario en el que el 49 % del capital de la sociedad gestora es privado.
En los términos del pacto estatutario la única alternativa a la gestión integral de los aeropuertos por el Estado era la gestión autonómica de los mismos, no su privatización. Esa fue la base del pacto de convivencia constitucional y estatutario que con este proyecto se está rompiendo en el continuo desvalor de los Estatutos de Autonomía que constituye la seña de identidad de la política territorial de este Gobierno.
En segundo lugar, el proyecto quiebra toda opción a la gestión individualizada de los aeropuertos. El Gobierno dice basarse legalmente en el citado Real Decreto-ley 13/2010, pero oculta que su propio Preámbulo, epígrafe V, subrayaba como propósito normativo abrir vías para la "gestión individualizada" de los aeropuertos a través de la creación de filiales o del otorgamiento de concesiones de gestión. Vías en las que cabría aunar ambos propósitos de eficiencia y participación autonómica.
Esa gestión individualizada por aeropuerto es un modelo común en Europa donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene el Estado encubriéndose en un interés general, que en la realidad abandona en favor del interés del inversor privado. El modelo elegido acabará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia, de profundas repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario.
Es por todo ello que, entendiendo que el Gobierno opta por dejar otro apartado esencial de nuestros Estatutos de Autonomía vacío de contenido y por un sistema contrario a la gestión individualizada de los aeropuertos, que está en el fundamento de la norma en que la operación se ampara legalmente y en la práctica más consolidada europea,
1. Suspender la operación de privatización de AENA AEROPUERTOS y diseñarla mediante el desarrollo del Real Decreto-ley 13/2010 y la creación de un marco regulatorio que posibilite de manera real y efectiva la integración de las Comunidades Autónomas de Euskadi y Catalunya en el sistema de gestión aeroportuaria resultante, concibiendo éste en base al principio de gestión individualizada por aeropuerto.
2. Presentar el Proyecto de privatización de AENA AEROPUERTOS, ante las autoridades europeas de competencia, con carácter previo a su ejecucións con el fin de evitar que este proyecto vulnere la legislación europea sobre competencia, a causa del monopolio que tendría AENA AEROPUERTOS sobre el control de la práctica totalidad del sistema aeroportuario español. Una sentencia europea que declare el modelo centralizado y monopolístico de AENA AEROPUERTOS, como contrario a las normas de la competencia comportaría un enorme coste presupuestario público que, en su caso, revertirá sobre los impuestos que pagamos los ciudadanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002923
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, para su debate en la Comisión de Fomento.
EI proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera pretende reformar de manera parcial el sistema de otorgamiento de autorizaciones de transporte de mercancías, tanto de servicio público como del privado complementario.
Diversas asociaciones de transportistas estiman que esta reforma parcial planeada va a tener consecuencias muy negativas.
Argumentan, por un lado, que podría provocar la desprofesionalización creciente del transporte ligero al quedar este fuera de cualquier requisito relacionado con la cualificación de sus profesionales, ya que a los titulares de los vehículos, como empresarios, no se les exige la capacitación profesional y como conductores quedan fuera de la formación de conductores profesionales.
Por otro lado, temen la desaparición a medio plazo de la figura de la empresa persona física al impedir de facto la nueva incorporación de empresarios autónomos por el endurecimiento de las condiciones impuestas a la transmisión de las autorizaciones de transporte. Todo ello por el endurecimiento de los requisitos para la transmisión de la autorización al no permitir el acceso, mediante la adquisición del patrimonio de otra empresa como persona física titular de uno o dos vehículos al sector del transporte pesado, pero sí permitir esa misma presencia a través de la forma jurídica societaria al seguir vigente la posibilidad de la reducción de flota.
Por último, también estiman en relación con lo anterior la pérdida de una parte del patrimonio que actualmente tienen los transportistas autónomos como consecuencia de la pérdida de valor que pueden sufrir en sus empresas al ser casi imposible la transmisión de la autorización junto con sus vehículos y clientes. El valor de las empresas de los autónomos podría verse seriamente perjudicado al eliminar el valor que pudiese tener la autorización de transporte, en beneficio de las empresas con otras formas
jurídicas que sí podrán considerar su autorización como algo susceptible de ser valorado. Para el transportista ligero esto no será así ya que al seguirse manteniendo el requisito de antigüedad del vehículo y requerirse uno sólo se permite la incorporación de transportistas autónomos mediante la adquisición del vehículo y la autorización de transporte, al menos si dicha inversión es sustancialmente menor que la que suponga la adquisición de un vehículo nuevo.
Es probable que estas medidas perjudiquen al colectivo de autónomos del transporte pesado sin propiciar en paralelo la presencia de empresas de mayor tamaño dentro del sector. Por el contrario sí parece que se pretende estimular la presencia de empresas con otras formas jurídicas diferentes a la del empresario persona física en el transporte pesado y desviar la figura del transportista autónomo hacia el transporte ligero.
También se elimina en la propuesta de modificación de la Orden ministerial la exigencia de una antigüedad mínima para el transporte privado complementario. Tanto en el transporte público como en el privado la cuestión de la exigencia de una antigüedad determinada se justificaba por la necesidad de ir promoviendo flotas modernas y eficientes, de tal forma que parece cuestionable eliminar ese requisito en su totalidad.
En suma, según las asociaciones de transportistas, las modificaciones que se pretenden introducir amenazan seriamente los equilibrios existentes en el mercado actual del transporte, cuestionan la permanencia en el mismo de la figura jurídica del empresario autónomo y precarizan de forma definitiva el transporte ligero.
En todo caso, el transporte de mercancías por carretera es un sector complejo en el que confluyen diversos intereses y que tiene importantes impactos económicos y sociales, de tal forma que cualquier modificación normativa debería asegurar la supervivencia de las empresas que operan en el sector y mantener el equilibrio del mercado sin que ninguna de las partes vea primados sus intereses en perjuicio del resto, así como evitar cualquier degradación de las condiciones sociales de los trabajadores.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar la modificación de la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera y establecer un proceso negociador con las asociaciones y agentes implicados con el objetivo de que cualquier modificación normativa preserve el equilibrio del mercado y permita la supervivencia de las empresas que operan en el sector, e impida la precarización del transporte ligero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002924
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del servicio público de Correos, para su debate en la Comisión de Fomento.
En un contexto como el actual, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica de España asumiendo y prestando un servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.
Los datos así lo ponen de manifiesto: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas, de las cuales más del 99 % son pequeñas y medianas, un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros recorridos diarios.
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.
No obstante lo anterior, se observa con preocupación el sistemático asedio al servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.
Hemos tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos sino al propio papel del Estado como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.
El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, de Fomento y SEPI), está sufriendo el operador conlleva un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos de trabajo suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas). Y sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de sus casi 55.000 trabajadores.
A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras seis meses de negociación sin avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias, y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos, esto es, del plan de desarrollo empresarial.
Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido consideramos que, además de realizar una clara dejación de responsabilidades, se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, provocar un claro riesgo de conflictividad laboral y social.
1. Definir una posición que exprese sin ambigüedad la defensa del servicio postal público y su compromiso con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones encontradas entre ministerios.
2. Garantizar los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales al conjunto de la sociedad expresados y aprobados en sede parlamentaria.
3. Impulsar una regulación del mercado que no recorte el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y que cierre espacios a los intereses mercantiles de las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta de los derechos de la ciudadanía.
4. Asegurar que los ciudadanos y ciudadanas reciben el reparto de correspondencia cinco días a la semana, tal y como mandata la Directiva Postal Europea.
5. Desbloquear las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo de paquetería.
6. Desbloquear las decisiones ministeriales que impiden la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá no solo el empleo y las condiciones de trabajo de 55.000 trabajadores, sino también la paz social y la estabilidad en la gestión del operador público Correos.
7. Garantizar el 100 % de participación pública en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A."
161/002921
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la incorporación de la variable "coste de la vida" de cada territorio, en la fijación de las políticas de becas universitarias y ayudas al estudio.
Desde Bruselas se ha puesto de relieve la importancia de las ayudas públicas para paliar la subida de las tasas universitarias. La Comisión Europea hizo público el pasado 23 de junio, un informe que destaca la "crucial" importancia de las becas o préstamos para compensar los efectos negativos de un incremento del precio que pagan los estudiantes, en especial en el caso de los alumnos procedentes de grupos de población vulnerables.
En España, uno de los países con los precios más altos de la Unión Europea (UE) el coste de los estudios universitarios se ha disparado en varias comunidades autónomas -con Madrid y Cataluña a la cabeza-, mientras que la cuantía media de las becas ha pasado de 3.101 a 2.824 euros al año en el curso 2013-2014.
Los precios de las matrículas universitarias españolas se dispararon en 2012, después de que el Ministerio de Educación aprobara el Real Decreto que establecía el cálculo de las tarifas en función de una horquilla del coste total del curso (entre el 15 % y el 25 %) y que supuso un incremento de hasta 540 euros al año. Al mismo tiempo, endureció los criterios académicos para obtener ayudas y, posteriormente, las dividió en una cuantía fija y otra variable. Las diferencias del coste de los estudios superiores entre comunidades autónomas se han disparado desde entonces, con incrementos de hasta el 60 % en Cataluña y Madrid.
La cuantía media de las becas universitarias que recibe el 27 % de los alumnos universitarios españoles ha caído en 300 euros en el curso 2013-2014. La tasa de cobertura de estas ayudas es inferior a la de 12 países de la UE como Finlandia, Reino Unido, Irlanda o Grecia, según la última comparativa elaborada por el Ejecutivo comunitario.
Por otra parte, es bien conocido que el coste de la vida entre unas Comunidades Autónomas y otras difiere de forma considerable, al igual que el importe de las tasas no es el mismo en Catalunya que en Galicia o en Andalucía, y sin embargo el cálculo de la cuantía que reciben los alumnos en concepto de ayudas a los estudios no considera estas variaciones en el poder adquisitivo de las familias según el territorio en el que vivan o acudan a la Universidad los estudiantes.
Evidentemente en aquellos territorios que tienen el coste de vida más elevado, lo habitual es que también se obtengan unos salarios más elevados para poder afrontar unos mayores costes de la vida, por lo cual resulta necesario tener en cuenta esta variable en el momento de determinar los umbrales de renta que limitan el acceso a becas y ayudas al estudio; de igual forma por tanto consideramos que el importe de la ayuda que reciba un estudiante en una ciudad u otra, debe tener en cuenta la variable del coste de la vida de la ciudad en cuestión, a fin de no exigirle a un estudiante o a su familia más sacrificios que a otro según el lugar de residencia o en el que se halle la Universidad donde pueda realizar los estudios deseados.
Actualmente ya existen cuantías adicionales de hasta 623 ? por domicilio insular o en Ceuta y Melilla, para aquellos alumnos residentes en estas dos ciudades o en alguna de las islas Canarias o Baleares y deban trasladarse por estudios a una comunidad peninsular.
El importe de las becas Erasmus aportado por la Unión Europea, a través del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) contempla una asignación mayor o menor en función del nivel de vida del país de destino del alumno, por lo que nos parece razonable y lógico que ese criterio también se aplicase a las ayudas concedidas a los estudiantes dentro del territorio del Estado Español en función del nivel de vida de la Comunidad Autónoma en la que el alumno realice sus estudios.
1. Incorporar la variable del coste de la vida de cada comunidad autónoma en el cálculo del importe de las becas y ayudas al estudio concedidas a los estudiantes universitarios a fin de adecuarlo al nivel de vida de la comunidad autónoma donde estos desarrollen sus estudios.
2. Incorporar igualmente la variable del coste de la vida de cada comunidad autónoma en la determinación de los umbrales de renta que limitan el derecho al acceso a becas y ayudas al estudio.
3. Acatar la Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001 en la cual dictamina que Catalunya es competente para la gestión, la resolución y el pago de las becas y ayudas al estudio universitario y que el Estado debe distribuir entre las Comunidades Autónomas los créditos presupuestarios necesarios con criterios objetivos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalá (Convergència i Unió).
161/002922
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la necesidad de adoptar medidas para la erradicación de comportamientos racistas en los eventos deportivos.
La publicación de una verdadera avalancha de mensajes antisemitas en Twitter, a raíz de una competición de baloncesto entre un equipo español y otro israelí, ha hecho sonar todas las alarmas sobre un tema que, aunque no es en absoluto nuevo, parece olvidarse mientras no se producen situaciones del alcance de la anteriormente mencionada, y ha llevado a diversas asociaciones de la comunidad judía en Catalunya y a asociaciones de amistad con Israel a presentar una denuncia colectiva contra más de 17.500 usuarios de la red social. Nos referimos al preocupante alcance que los comportamientos racistas poseen en el ámbito del deporte y especialmente entre los aficionados.
Pocas semanas antes del escándalo provocado por la ola de antisemitismo, el jugador brasileño Dani Alves, ocupó también las redes sociales y dio lugar a una campaña de solidaridad contra el racismo, al comerse en el campo de juego un plátano que un aficionado le había lanzado desde la grada a modo de humillación. Poco después de este hecho, sin embargo, volvieron a producirse insultos racistas durante la celebración de otro partido de fútbol.
Los deportes como el fútbol o el baloncesto, los conocidos como deportes de masas, cuentan con miles de seguidores. Por supuesto no debe generalizarse, pero no hay que olvidar que el racismo es una lacra que existe en el Estado español y que en las competiciones deportivas se manifiesta de una forma preocupante y en los estadios e instalaciones deportivas se han vivido momentos auténticamente desagradables para los deportistas que compiten en territorio español.
Uno de los más recordados y de mayores consecuencias, fue el del jugador Samuel Eto'o en 2006. El camerunés, tras recibir insultos por su raza y color de piel, se plantó con el ya famoso "me voy, no juego más". Eso marcó un antes y un después. Este hecho llegó hasta la Unión Europea, que pidió a la UEFA y a las Federaciones que "consideren la posibilidad de imponer sanciones deportivas a las Ligas nacionales y los clubes cuyos seguidores o jugadores incurran en insultos racistas graves, incluida la posibilidad de expulsar de sus competiciones a los reincidentes"
Es absolutamente necesaria una mayor implicación por parte de los clubes en la solución del problema y es necesaria la colaboración del Gobierno. Existen grupos radicales o extremistas que utilizan estos comportamientos racistas gracias al fútbol y otros eventos deportivos de masas, donde se vive una cierta
permisividad en cuanto a la forma de exaltar los sentimientos. Precisamente contra esa permisividad debe lucharse de forma contundente.
Aunque la mayoría de las agresiones verbales racistas se dirigen a los jugadores del equipo rival, también se han dado casos de racismo por parte de los aficionados contra un jugador de su propio equipo, y la lista de incidentes es lo suficientemente larga como para que en pleno siglo XXI resulte preocupante e inadmisible.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convèrgencia i Unió presenta la siguiente
- Tomar medidas pedagógicas, con campañas publicitarias y con programas exclusivos para el comportamiento cívico y racional, con el fin de erradicar los comportamientos racistas de los eventos deportivos.
- Colaborar con las distintas Federaciones Deportivas para desarrollar programas de concienciación contra la violencia y el racismo en el ámbito del deporte."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002927
El Grupo Mixto, a instancia de la diputada Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la erradicación del sexismo en el deporte, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte
La Federación Española de Balonmano playa pretende exigir que las jugadoras (femenino) vistan con top y braguita, en sintonía con aquello que establece el reglamento de la federación europea. Sin embargo, la mayoría de equipos femeninos acostumbran a jugar con unas camisetas sin mangas y con culotes, cosa que en un futuro les puede suponer la expulsión de la competición.
Esta polémica se une a otras ya vividas respecto a las equipaciones femeninas en otros deportes. Entre otras, la que se produjo cuando la FIBA impuso uniformes ajustados a las jugadoras de baloncesto.
En una sociedad que se pretende igualitaria es vergonzosa la visión sexista que se tiene y se difunde del deporte. Asimismo, los medios de comunicación -incluidos los públicos- ayudan a reforzar los estereotipos sexistas cuando son las competiciones masculinas (especialmente aquellas con una perspectiva más lucrativa del deporte y de los deportistas) quienes monopolizan la información deportiva. Hecho aún más gravoso si tenemos en cuenta el sobredimensionado espacio que ocupa la información deportiva dentro de los informativos.
Pero más allá de este sesgo y de la visión patriarcal y lucrativa imperante en el mundo del deporte y en la información deportiva, es absolutamente intolerable convertir el deporte femenino en un exhibicionista escaparate del cuerpo femenino que pretende reducir a las deportistas a objetos sexuales, a la vez que explota y refuerza los más retrógrados estereotipos heteropatriarcales.
1. Solicitar a la Federación Española de Balonmano playa la retirada de la exigencia de que las jugadoras vistan de manera sexista. Y, en su caso, condicionar las posibles subvenciones y patrocinios públicos a una vestimenta no sexista.
2. Aplicar al deporte y a la reglamentación de las federaciones deportivas la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para la erradicación de las conductas sexistas.
3. Proponer ante la Unión Europea una directiva para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la erradicación del sexismo en el deporte.
4. Impulsar una presencia cotidiana y equitativa de las competiciones deportivas femeninas en los medios de comunicación públicos y difundir una visión no sexista del deporte en ellos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2014.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La Constitución Española, en su artículo 41, establece que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad".
La grave crisis económica que sufre España ha provocado el incremento del número de personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y en riesgo de exclusión social; de hecho, el descenso estadístico del número de personas que están en situación de desempleo va acompañado del incremento del número de personas que han dejado de percibir las prestaciones por desempleo.
Actualmente, de las 5.933.300 personas que la Encuesta de Población Activa considera se encuentran en situación de desempleo, hay inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo 4.449.701. Esta situación afecta especialmente a las mujeres que, siendo el 46 % de la población activa, suponen el 53 % de las personas desempleadas.
La tasa de cobertura de las prestaciones del desempleo en junio 2014 calculada sobre las personas demandantes de empleo ha descendido hasta el 57,7 %, con solo 2.487.956 personas que perciben alguna prestación. Y de estas solo 1.008.196 personas, o sea el 42,7 % son beneficiarias de la prestación contributiva, siendo el resto, o sea el 59,5 % beneficiarios de alguna modalidad asistencial (Subsidio, Renta Activa de Inserción o Subsidio de Eventuales Agrarios). Eso significa que hay 2.126.186 personas demandantes de empleo que no perciben prestación alguna.
Las reformas del marco legal de protección del desempleo han incidido de manera directa en la caída de la protección. Tanto en relación a las prestaciones contributivas como las asistenciales. También en programas como el Prepara que a partir de la última reforma legal, acordada por el Real Decreto-ley 1/2013, han sufrido una significativa reducción de su nivel de cobertura.
Esta es sin duda una de las causas, aunque no la única, del aumento de la pobreza en España, que según datos armonizados de Eurostat asciende al 28 % del conjunto de la población. Y si atendemos a la situación de pobreza extrema también se ha producido un incremento insostenible desde un punto de vista social y humano. Además la pobreza e incluso la pobreza extrema está alcanzando a sectores sociales que hasta hace muy poco estaban en situación de seguridad. De manera que hoy los colectivos
en los que más está creciendo la pobreza son el de parejas con hijos a cargo y familias monoparentales, fundamentalmente mujeres.
Estamos ante una evidente cronificación de la pobreza y de la exclusión social y los poderes públicos tienen la obligación y el mandato constitucional de garantizar, de manera real y efectiva, unas prestaciones suficientes ante la situación de necesidad en la que vive una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de tres meses, un proyecto de Ley para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía con las siguientes características:
1. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es una prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social que tiene por objeto hacer frente al estado de necesidad en que se encuentren los ciudadanos.
2. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene por finalidad armonizar en todo el Estado el acceso a una misma prestación para hacer frente al estado de necesidad de los ciudadanos.
3. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es un derecho subjetivo de los ciudadanos que se encuentren en estado de necesidad, al que se accederá si se cumplen los requisitos predeterminados por la ley, y sin que esté sujeto a disponibilidades de carácter presupuestario.
a) Tendrán derecho todos los ciudadanos mayores de 18 años y los menores emancipados.
b) Que vivan legalmente en España.
c) Que carezcan de rentas, por cualquier origen, superiores a la cuantía del IPREM.
4. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es un derecho de carácter individual, que se modulará, en cuanto al requisito de la carencia de rentas y a la cuantía económica básica de la prestación económica, en función de las diferentes situaciones, ya sean personas que vivan solas o en núcleos familiares o de convivencia.
5. La cuantía económica que conforma el límite de carencia de rentas, como requisito de acceso al derecho, conformará también la cuantía básica de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía.
6. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene un carácter suplementario de cualquier tipo de rentas que pueda percibir el ciudadano, por cualquier origen.
7. El derecho a la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía comportará también el derecho del beneficiario a acceder a programas de inserción profesional, laboral o social en función de las características de cada persona.
8. La persona beneficiaria de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía no podrá rechazar, durante la percepción de la prestación, una oferta de trabajo adecuada. Se regularán los supuestos en que el beneficiario de la renta mínima garantizada de ciudadanía podrá percibir ingresos derivados del trabajo, sin por ello perder el derecho a la prestación. Y las condiciones de esta compatibilidad parcial y temporal.
9. La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
10. El reconocimiento y gestión de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía corresponderá a las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales básicos de las Administraciones locales, en los términos fijados por la ley.
11. La regulación de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se realiza sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de la asistencia social, para establecer prestaciones económicas de naturaleza complementaria y para atender a la misma finalidad.
12. El establecimiento de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía, como prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social, comportará la supresión de
las ayudas de carácter económico, a cargo de la Administración General del Estado, existentes con la misma finalidad, sin perjuicio de las previsiones de carácter transitorio que deban establecerse."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002907
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre implantación de un modelo español de acreditación de competencias digitales, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La mitad del aumento de la productividad registrado en los últimos quince años se debe a las TIC, que por si solas representan el 5 % del PIB europeo. Esta tendencia se va a acelerar en los próximos años, por lo que es urgente la creación de un mercado único digital, en el que los ciudadanos y las empresas podrán recibir servicios directos, previo a lo cual es necesario profundizar en sus competencias digitales.
La Agenda Digital Europea es una respuesta sistematizada, consensuada y ambiciosa con vocación de contribuir al crecimiento económico de la UE y la distribución justa de los beneficios potenciales de la era digital entre todos los sectores sociales.
Por ello, la Agenda Digital Europea ya prevé un epígrafe de medidas para "fomentar la cultura, las competencias y la integración digital".
El 15 de febrero de 2013 el Gobierno aprobó la Agenda Digital para España como "marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica y establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa.
En el marco de la Agenda Digital para España, en junio de 2013 se publicó el "Plan de inclusión digital y empleabilidad" con el objetivo de "aumentar la accesibilidad de Internet, avanzar en la alfabetización digital, disminuir la brecha digital de género y mejorar la empleabilidad en España".
Dentro del eje II: "Alfabetización", existe una línea de trabajo específica para la "Formación en competencias TIC", consistente en el desarrollo de programas de formación para la mejora de las competencias digitales, enfocados especialmente a colectivos desfavorecidos.
A su vez, en el eje IV: "Empleabilidad", está prevista una línea de acción para el "Establecimiento y difusión de modelos de competencias digitales para profesionales y ciudadanos".
Y, entre las principales acciones a desarrollar, se encuentran las "Acciones de difusión del modelo europeo de competencias digitales para profesionales y de modelos básicos de competencias TIC para ciudadanos.
La extensión de este modelo al resto de Comunidades Autónomas sería relativamente sencilla, si partimos de lo hecho en Cataluña y si somos capaces de integrar en esta generalización al sector privado de las TIC que, en cierta forma, es también beneficiario de esta iniciativa junto a los ciudadanos.
Efectivamente, para las empresas españolas TIC y no TIC es útil y necesario que los procesos de incorporación y renovación de recursos humanos vengan acompañados de una cierta objetividad a la hora de valorar las aptitudes digitales, sin que ello suponga costes ni trámites añadidos. Por ello, es conveniente que participen activamente en la creación e implantación del modelo español de acreditación de competencias digitales.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la implantación de un modelo español de acreditación de competencias digitales, en la línea de la Agenda Digital europea y la Agenda Digital para España, extendiendo a todo el territorio nacional las buenas prácticas ya existentes en algunas Comunidades Autónomas, mediante instrumentos de colaboración público-privada entre las distintas Administraciones y empresas."
161/002908
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar las condiciones de exportación de las empresas españolas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Según los últimos datos publicados por el INE a 1 de enero de 2013 el 95,65 % de las empresas españolas serían consideradas por la Comisión Europea como microempresas, por tener un número de trabajadores inferior a diez. Con carácter general, las PYMES, dada su propia naturaleza, suelen adolecer de algunos problemas que dificultan su internacionalización, entre los que cabe citar el difícil acceso a los mercados de capitales y por tanto la falta de la necesaria financiación requerida por un proceso de internacionalización, así como la inexistencia de economías de escala dado su tamaño o su baja capacidad para incorporar nuevas tecnologías que pueda favorecer la productividad.
En el año 2013 las empresas que exportaron más de 250 millones de euros anuales suponen tan sólo el 0,1 % de las empresas con actividad exportadora en España y el 41,3 % del total de la exportación
española, mientras que las empresas con un volumen de exportación inferior a 25.000 euros anuales, supusieron el 69,4 % del número de empresas exportadoras, aunque solo representan el 0,1 % de la exportación total.
El impulso a la internacionalización de las empresas es obligado para contribuir al crecimiento económico a través del sector exterior, compensando así la debilidad de la demanda interna, en su caso.
El Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), tiene como objetivo iniciar en la exportación a las PYMES españolas. Cuenta con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio de España y el apoyo de los Fondos FEDER. Desde 1997, con el Programa PIPE, casi 5.500 empresas han comenzado o consolidado su actividad exportadora.
En la actualidad, el ICEX trabaja en el apoyo a la iniciación y consolidación de la presencia internacional de las PYMES españolas con el programa ICEX NEXT.
En esta línea, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización incorporó la elaboración de un Plan Estratégico de Internacionalización de la economía española, el cual se elaborará con carácter bianual y cuyo objetivo es la mejora de la competitividad y potenciar la aportación del sector exterior al crecimiento de la economía española y especialmente a la creación de empleo.
El Plan para los años 2014 y 2015 fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero e incluía 41 medidas de toda índole con el objetivo de favorecer la competitividad de la economía española a través del sector exterior.
En esta misma línea, el sistema fiscal puede jugar un papel fundamental para fomentar la exportación de las empresas españolas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar apoyando la competitividad de las PYMES de nuestro país a través de la ejecución de estrategias nacionales que fortalezcan su capacidad exportadora y de comercialización en el exterior."
161/002904
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con ayudas para paliar los daños ocasionados a la agricultura en la provincia de Almería, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Laujar de Andarax, municipio ubicado en la comarca de la Alpujarra aImeriense, tiene alrededor de 1.671 habitantes y su economía y empleo depende enormemente de la agricultura.
El pasado 23 de junio se produjo una tormenta de granizo en la provincia de AImería, que afectó, de forma especial, a los campos de este municipio, provocando serios daños en las explotaciones agrícolas. Sobre todo se vieron afectadas las explotaciones de cultivo de uva de vino (principal cultivo de la zona), de las que se ha perdido en torno al 80 % de la producción. Asimismo, sufrieron daños, en menor medida, las explotaciones de uva de mesa, almendra, oliva, frutas y hortalizas.
Según las organizaciones profesionales agrarias, los daños pueden estimarse en 7,9 millones de euros, dado el carácter fundamental que este sector tiene en la economía del municipio y en su nivel de
empleo, incluyendo la industria adyacente como son las bodegas de la zona que ven limitada la compra de uva al ámbito geográfico de la IGP a la que pertenecen.
Estos daños no se refieren, exclusivamente, a la presente campaña pues los daños en las plantaciones de uva obligarán a realizar podas severas y a replantar vides, con lo que la recuperación de los cultivos dañados se prolongará durante dos o tres años.
Ante esta situación, los agricultores y las organizaciones profesionales agrarias demandan la adopción de medidas efectivas que ayuden a paliar los daños producidos por las tormentas de granizo y que permitan mantener la actividad agrícola futura en esta comarca.
- Valorar los daños ocasionados a la agricultura, como consecuencia de la granizada ocurrida en el municipio de Laujar de Andarax (Almería) el pasado 23 de junio.
- Aprobar, de forma inmediata, un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para paliar los daños catastróficos que se han producido como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos, que, como mínimo, incluirá las medidas contempladas en el Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2014.-María Consuelo Rumí Ibáñez y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002909
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación de la Charca de los Clicos, en Lanzarote, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Al suroeste de la isla de Lanzarote se encuentra el volcán del Golfo, área donde está ubicada la playa de "El Golfo". En dicha área se encuentra la "Charca Verde" también conocida como "Charca de los Clicos", una laguna de aguas salobres que se alimenta por infiltración de agua de mar, habitada por una elevada biomasa fitoplanctónica que le da su color verde característico, que inicialmente ocupaba una superficie de unos 15.000 m2, y cuya toponimia se debe a unos mariscos comestibles llamados "clicos" muy abundantes en la antigüedad.
La costa oeste del municipio de Yaiza, donde se localiza la laguna, próxima al Parque Nacional de Timanfaya, se integra en el espacio natural protegido Parque Natural de los Volcanes, con consideración de área de sensibilidad ecológica (ASE). Además, dicha zona recibe la calificación de lugar de importancia comunitaria (LlC) de "Los Volcanes" y zona de especial protección para las aves (ZEPA) de "La Geria".
La "Charca de los Clicos" forma parte del patrimonio natural y geológico, pero también engrosa parte del patrimonio cultural de la isla de Lanzarote. Ensalzado por artistas, el paisaje del Golfo ha sido escenario de varias películas, forma parte de la oferta de las rutas turísticas más habituales de la isla de Lanzarote y es una de las imágenes más reconocidas del conjunto de las Islas Canarias.
Las extracciones de arena de la playa, realizadas durante las décadas de los años 60 y 70, del pasado siglo, desestabilizaron la estructura y morfología de la playa. Así, en episodios de temporal, el oleaje penetraba en la laguna, arrastrando la arena y originando acumulaciones de sedimentos en la parte sur del interior de la charca, alterando las dimensiones, configuración y calado de la laguna y provocando
alteraciones en la dinámica natural de la "Charca". Como consecuencia de ello, la charca ha disminuido hasta un 60 % de su superficie inicial.
La playa, de característica arena negra que contrasta con el verdor de la laguna y el azul del mar, fue regenerada en la década de los años 90 mediante la construcción de un dique sumergido de escollera y se estima que es conveniente el dragado de 40.000 metros cúbicos de sedimento marino, depositado en la laguna, para que la charca quede restaurada.
El consenso entre las diferentes fuerzas políticas sobre la necesidad de realizar la obra de restauración siempre ha sido unánime. El proyecto de "Recuperación del Lago del Golfo (Los Clicos)" ha ido tomando forma durante más de una década. Con fecha 16 de septiembre de 2005 tiene entrada el documento inicial del proyecto en el Ministerio de Medio Ambiente y, tras cinco años, por la Resolución de 8 de noviembre de 2010, se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Dragado del Lago". En diciembre de 2013 se presentó una solicitud de concesión para la ejecución del proyecto por iniciativa privada.
La necesidad de actuar sobre el entorno se ha agravado por el deterioro de los accesos peatonales a la playa y la seguridad en la zona de aparcamientos debido a la posibilidad de desprendimientos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover a la mayor brevedad la ejecución del proyecto "Acondicionamiento y recuperación Charco de Los Clicos. T. M. Yaiza, Lanzarote", redactado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, bien sea con financiación de la iniciativa privada, mediante la correspondiente concesión, o bien con financiación pública, a través de los Presupuestos Generales del Estado, dentro del respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera."
161/002916
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre daños en la agricultura de Castilla-La Mancha por incidencias climatológicas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el año agrícola en el que nos encontramos se están produciendo en Castilla-La Mancha diversas incidencias meteorológicas que van a dar como resultado un mal año agrícola y en el que miles de explotaciones van a sufrir fuertemente en sus economías.
En primer lugar, un año agrícola en el que ha habido unas precipitaciones en los meses de febrero y mayo muy bajas, desconocidas en muchos años, y que han producido graves daños a la ganadería extensiva por ausencia de pastos y a la agricultura de secano, fundamentalmente cereales y plantaciones de aImendro.
Por otra parte, este año 2014 se recordará como uno en los que las tormentas de granizo han sido más frecuentes provocando daños en muchos municipios de Castilla-La Mancha.
Los daños en la agricultura pueden calificarse de catastróficos en varias comarcas por lo que se hace necesario la actuación de las Administraciones Públicas, como ha sido habitual en los últimos años en situaciones como las que nos estamos refiriendo.
La actuación de la Administración es en esta ocasión más necesaria si cabe, puesto que el Sistema Nacional de Seguros Agrarios, referencia obligada para paliar daños por inclemencias climatológicas, está
dando síntomas de agotamiento debido a los drásticos recortes que ha sufrido en los tres últimos presupuestos del Partido Popular.
En el caso de Castilla-La Mancha los daños por sequía son muy importantes en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo y los daños por pedrisco afectan a diversas comarcas en las cinco provincias, especialmente en La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), comarca de Almansa y centro en Albacete, en la comarca de La Manchuela, en las provincias de Cuenca y Albacete, y las comarcas de los Montes y Talavera de la Reina en la provincia de Toledo. Otros municipios de forma aislada también han sufrido tormentas de pedrisco con daños
El listado pormenorizado de los municipios afectados debe ser elaborado con urgencia en base a los estudios técnicos de los servicios agrarios de la Comunidad Autónoma.
1. Elaborar con urgencia un exhaustivo trabajo de evaluación de daños por las inclemencias climatológicas (sequía y pedrisco) en las diversas comarcas de Castilla-La Mancha que se han visto afectadas.
2. Aprobar, de forma inmediata, un Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños catastróficos que se han producido como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos, que, como mínimo, incluirá las medidas contempladas en el Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Magdalena Valerio Cordero, José María Barreda Fontes, Isabel Rodríguez García, María Guadalupe Martín González, Manuel González Ramos y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con ayudas para aminorar los daños ocasionados a la agricultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El pasado 8 y 9 de julio, una enorme granizada que tuvo lugar en los municipios turolenses de Belmonte de San José, Valjunquera, Valdealgorfa, Villarluengo, Cuevas de Cañart, Fórnoles, Monroyo y Fuentespalda y Aguaviva, en la provincia de Teruel, provocó graves e importantes pérdidas en la agricultura.
De igual modo se han producido graves tormentas en la comarca de Calatayud y Cinco Villas (en Ainzón y Brea de Aragón), municipios de Zaragoza, y en Peralta de Alcolea, Lastanosa y Sariñena, de las comarcas de Monegros y Sobrarbe, en la provincia de Huesca.
Según denuncian los sindicatos agrarios han sido 5.600 Ha dañadas en las tres provincias aragonesas, 1.900 Ha en Teruel, 2.300 Ha en Huesca y 1.400 Ha en Zaragoza. Todos los cultivos establecidos en esta fecha en los campos de estas comarcas se han visto afectados, en mayor o menor medida, por la tormenta de granizo que dejó tras su paso un paisaje desolado de frutas dañadas y en el suelo, aceitunas picadas y caídas, viñas afectadas, cereal y maíz, así como pérdidas entre el 30 y 31 40 % en la cosecha del melocotón y otras hortalizas destrozadas en cantidad, y sobre todo, en calidad para la venta en mercados.
Los daños no se verán sólo en esta campaña, sino que para años posteriores supondrán una merma en la producción y una elevación en los costes de la misma, puesto que las heridas en los árboles pueden suponer una fuerte entrada de enfermedades en los mismos, que se verán claramente a partir del año próximo.
Ante la situación, los agricultores demandan la declaración de zona catastrófica en las zonas más afectadas y la aportación de las ayudas correspondientes para aminorar las cuantiosas pérdidas ocasionadas.
- Valorar los daños ocasionados a la agricultura, como consecuencia de la granizada ocurrida en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2014.-Vicente Guillén Izquierdo, Alejandro Alonso Núñez, María Pilar Alegría Continente, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002929
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre daños en la agricultura de la Comunitat Valenciana por incidencias climatológicas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el año agrícola en el que nos encontramos se están produciendo en la Comunitat Valenciana, diversas incidencias meteorológicas que van a dar como resultado un mal año agrícola y en el que miles de explotaciones van a sufrir fuertemente en sus economías.
En primer lugar, a causa de la sequía, este es un año agrícola en el que ha habido unas precipitaciones muy bajas durante los meses de febrero a mayo, desconocidas en muchos años, y que han producido graves daños a la ganadería extensiva por ausencia de pastos y a la agricultura de secano, fundamentalmente a los cereales y plantaciones de almendro, así como sobrecostes en cítricos.
Toda la cosecha de cereal se ha perdido en la Comunidad Valenciana. Las comarcas del interior ven cómo los almendros expulsan los frutos. La naranja llegó partida y la fruta de verano se espera de tamaño reducido y poco rentable. La ausencia de lluvia, inédita desde 1950, hasta el momento ha producido pérdidas calculadas en 343 millones de euros.
Solo uno de los nueve sistemas agrícolas que dividen el territorio valenciano presenta normalidad, el del Júcar. Seis de ellos están en prealerta, uno más que hace un mes. El sistema de La Marina Alta y el del Vinalopó-I'Alacantí ya están en alerta. En el último mes, los embalses alicantinos han caído por debajo del 45 % de su capacidad. El del Turia está en un 40 %, los de Castellón, al 38 %. Aunque se riegue, explican los agricultores, el goteo no empapa, ni limpia las raíces, va directo al bulbo de la planta, pero el árbol sufre.
La lista de penalidades es extensa: acuíferos al límite, pozos que se salinizan en zonas de regadío, baja calidad de la producción, aumento del coste energético, llegadas de plagas, pérdida de arbolado de secano. Todo cuantificable: casi 17 millones de déficit en el cereal; de 27 millones, en frutos secos; en el olivo se puede perder el 70 % de la cosecha, más de 23 millones de euros; solo los cítricos suman pérdidas de 240 millones.
Los agricultores piden al Ministerio de Medio Ambiente y a la Generalitat una comisión de seguimiento de la sequía y ayudas directas a aquellas explotaciones dañadas: concesiones mínimas de 15.000 euros por empresa agraria a repartir en tres años, reducciones en el IRPF de los afectados, condonación del IBI
rústico con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y bonificación del 100 % de las cotizaciones de la Seguridad Social, entre otras.
En 2005, el Ministerio subvencionó durante ocho meses el 50 % de las cotizaciones de Seguridad Social, hubo ayudas directas o créditos que tuvieron intereses del 0 %. La diferencia entre entonces y ahora, es que en 2005 la sequía no fue tanto pero lo fue en toda España.
Por tanto, hay que tomar las medidas reclamadas para las comunidades autónomas afectadas, como es la Comunitat Valenciana, tal como se hizo en 2005.
Por otra parte, este año 2014 se recordará como uno en los que las tormentas de granizo han sido más frecuentes provocando daños en muchos municipios de la Comunitat Valenciana.
Han sido varias las granizadas e incluso en el mes de junio se han producido dos que han afectado a la provincia de Castellón, especialmente a Vilafranca, a la provincia de Valencia, en las comarcas de Requena-Utiel, en Requena, La Costera, en Font de la Figuera, La Vall d'Albaida, en Fontanars, La Ribera, en Alberic, Antella, Carcaixent, Massalavés, Alzira, Villanueva de Castelló, La Pobla Llarga, Énova, Càser, y Favara, la Safor, en Tavernes y Xeraco, y Camp del Turia, entre las carreteras de Lliria-Casino y Lliria-Alcublas, y a la provincia de Alicante, especialmente en Villena.
Los daños en la agricultura pueden calificarse de catastróficos en varias comarcas, por lo que se hace necesario la actuación de las Administraciones Públicas, como ha sido habitual en los últimos años en situaciones como las que nos estamos refiriendo.
Dado que la sequía y el granizo han afectado a zonas amplias, es necesario elaborar un listado pormenorizado de los municipios afectados, que debe ser elaborado con urgencia en base a los estudios técnicos de los servicios agrarios de la Generalitat Valenciana.
Todas estas reivindicaciones, a las que hay que añadir las referentes a los seguros agrarios, fueron solicitadas por el Grupo Socialista a través de una moción consecuencia de interpelación urgente, que contó con el voto en contra del Grupo Popular y el voto favorable del resto de los grupos.
Pero la actuación de la Administración es en esta ocasión más necesaria si cabe, puesto que el Sistema Nacional de Seguros Agrarios, referencia obligada para paliar daños por inclemencias climatológicas, está dando síntomas de agotamiento debido a los drásticos recortes que ha sufrido en los tres últimos presupuestos del Partido Popular,
1. Elaborar con urgencia un exhaustivo trabajo de evaluación de daños por las inclemencias climatológicas (sequía y pedrisco) en las diversas comarcas de la Comunitat Valenciana que se han visto afectadas.
2. Aprobar, de forma inmediata, un Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños catastróficos que se han producido como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos, que, como mínimo, incluirá, las medidas contempladas en el Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Antonio Such Botella y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002910
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de ley relativa al urgente acceso de la nueva generación de fármacos para erradicar la hepatitis C para los casos graves y de riesgo para la vida. Debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
La hepatitis C es una enfermedad crónica que afecta a miles de personas en el Estado español. El virus se identificó en 1992, y hasta entonces sólo se sabía que existía una grave dolencia hepática que derivaba en cirrosis o cáncer hepático. La hepatitis C se transmite por sangre y es muy peligrosa en grupos de riesgo como drogodependientes, personas infectados por VIH, parejas sexuales de infectados y otros muchos grupos de riesgo.
Los cálculos oficiales estiman que unas 900.000 personas están afectadas por hepatitis C en el Estado español. Es una dolencia que puede permanecer latente durante mucho tiempo y manifestarse a través de una cirrosis o de un cáncer hepático. Se calcula que provoca la muerte de unas 10.000 personas al año, además de que es la causa de la mitad de los trasplantes de hígado que se realizan anualmente.
Los tratamientos clásicos con antivirales tienen un porcentaje de curación bajo, además de que provocan numerosos efectos secundarios adversos.
Hasta 2011 la terapia clásica era de interferón y rivabirina cuya tasa de curación (erradicación del virus) era del 40 %, aunque variaba mucho entre pacientes (más eficaz entre los más sanos, menos entre los cirróticos). Conllevaba fuertes efectos secundarios. El interferón puede provocar cuadros graves de depresión, ansiedad o irritabilidad; la ribavirina, anemia.
A partir de 2011 salieron al mercado nuevos productos (telaprevir, boceprevir) que se administraban cada uno de ellos por separado combinados con los otros dos fármacos. Se consiguió elevar la tasa de curación hasta el 75 %, pero solo en un genotipo (el 1, presente en el 60 % de los afectados en el conjunto del Estado), aunque seguía siendo poco eficaz en los cuadros más graves y potenciaba la toxicidad del interferón y la ribavirina, por lo que su aplicación seguía siendo limitada.
Es en la actualidad donde reside la esperanza. Se ha descubierto una nueva familia de fármacos que han suscitado el optimismo de las personas infectadas puesto que tiene porcentajes de efectividad de más del 90 %. Puede llegar a erradicar del todo la enfermedad. Son tratamientos antivirales que combinados de dos en dos, o usando tres a la vez, pueden curar más del 90 % de los casos en un periodo que se sitúa entre las 12 y las 24 semanas, dependiendo del caso.
El problema es que el tratamiento con sofosbuvir, que así se llama el medicamento, tiene un precio muy elevado. Cuesta casi 60.000 euros por tratamiento. Y no está en el catálogo de medicamentos que entran en el sistema nacional de salud.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó el sofosbuvir, de nombre comercial Sovaldi, en enero pasado. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad todavía no llegó a un acuerdo con la empresa que lo produce, Gilead, respecto al precio del reembolso.
En el mismo mes de enero, la Agencia del Medicamento estableció excepcionalidades para su administración: grupos de personas en situaciones muy graves a las que se da acceso precoz, como personas en lista de espera de trasplantes hepáticos, los trasplantados y las personas con cirrosis alto riesgo de descompensación o muerte. Pero al poco tiempo se restringieron las condiciones, lo que causó una gran frustración entre pacientes y personal sanitario porque el tiempo es una baza muy importante para parar la enfermedad en personas con alto riesgo, y evitar un desenlace fatal.
El sentimiento de impotencia entre los hepatólogos que tratan estos casos crece al ser conscientes de que existe un fármaco capaz de curar esta dolencia.
La situación generada no se entiende desde el punto de vista sanitario y humano. No se puede entender que no se administre el medicamento a los casos graves porque hablamos de vidas humanas. La respuesta a las demandas de tratamientos procedentes de grandes hospitales es que "se siguen evaluando" y no hay tiempo para perder en evaluaciones, se trata de casos urgentes donde lo que está en juego es la vida humana. El Ministerio debería asumir la urgencia y actuar cuanto antes para posibilitar la curación de personas que pueden fallecer.
Tampoco se puede comprender que hagan esperar a pacientes que ya fueron trasplantados, con el altísimo coste que este tipo de operaciones tiene, además de la espera por nuevo hígado que se puede degenerar en un tiempo acelerado. Es a todas luces una irresponsabilidad doble: humana y vital, y también económica porque se permite que el hígado nuevo de un trasplantado se degenere.
Desde el BNG consideramos prioritario que el Ministerio desbloquee la disposición de sofosbuvir para los casos graves y prioritarios. Ese sería el primer paso. El siguiente es acelerar las negociaciones con la farmacéutica para conseguir que este fármaco forme parte del catálago de medicinas del sistema nacional de salud.
Admitimos que el coste de esta medicina es verdaderamente abusivo, pero se trata de otro debate que se debería afrontar con presión a nivel europeo. La compañía farmacéutica no inventó el fármaco, simplemente compró el laboratorio que lo creó. Hay otros laboratorios en competencia con nuevos productos muy efectivos como el simeprevir que fue aprobado en el pasado mes de mayo por la Agencia Europea del Medicamento. Según las informaciones, el Ministerio también estaría negociando el precio de este último medicamento. Pero a los pacientes graves les resulta un tiempo de negociación excesivo.
Los nuevos fármacos han provocado un sentimiento de esperanza entre las personas que no responden a los tratamientos vigentes debido a su alto porcentaje de efectividad y porque apenas tienen efectos adversos como los tratamientos clásicos.
La situación en otros países europeos es variable. En países como Alemania, Austria, Francia, Holanda, Suecia y Dinamarca no existen problemas para acceder al fármaco. De hecho en Alemania no sólo se administra en los hospitales sino que se vende también en las farmacias.
Hepatólogos de reconocida profesionalidad piden que se solucione el problema de la administración de este efectivo fármaco para los casos más graves y hablan de una segunda fase, una vez resueltos los pacientes con enfermedad avanzada, para tratar con antivirales a todos los afectados, lo que evitaría el desarrollo de cirrosis, disminuirá la tasa de cáncer de hígado y la necesidad de trasplante. Políticas preventivas que también redundarían en una buena administración del dinero público porque reduciría enfermedades graves derivadas de dicho virus.
- Acelerar las negociaciones con las empresas que fabrican la nueva generación de fármacos destinados a erradicar la grave enfermedad de la hepatitis C a fin de incluirlos en el catálogo de medicamentos del sistema nacional de salud debido a su alto porcentaje de curación (más del 90 %).
- Con carácter urgente, anular las restricciones establecidas para permitir el acceso a dichos medicamentos a los grupos de personas infectadas en situación grave o de alto riesgo para sus vidas.
- Abrir un diálogo con los especialistas sanitarios en la materia como hepatólogos y otros expertos para lograr un adecuado asesoramiento en relación a la administración de esta nueva generación de medicamentos para combatir la hepatitis C."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002919
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión del índice glucémico en el etiquetado de los alimentos comercializados específicamente para diabéticos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La diabetes afecta a entre el 5 y el 10 % de la población general, esta variación depende de los estudios consultados. Debe tenerse en cuenta que se estima que por cada paciente diabético conocido existe otro no diagnosticado. Su frecuencia aumenta significativamente con la edad y también con el exceso de peso y la vida sedentaria, por estos motivos se espera un importante aumento del número de diabéticos en los próximos decenios.
Según la última Encuesta Nacional de Salud del año 2001 un 5,6 % de la población había sido diagnosticada de diabetes.
Los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social indican que la prevalencia estimada de diabetes en España se sitúa en torno a un 6,5 % para la población entre los 30 y 65 años.
La Federación Española de Diabetes (FED) señala que las personas con esta enfermedad en nuestro país supera los tres millones. Se prevé que esta cifra se duplique en 20 años, hasta llegar a los seis millones, a quienes habría que sumar los enfermos que aún no están diagnosticados.
La FED insiste en la necesidad de desarrollar "planes urgentes de prevención y tratamiento de la enfermedad que incidan en la importancia de la educación, la dieta y ejercicio físico". El objetivo es evitar y retrasar las "costosas complicaciones" de esta enfermedad.
Los datos expuestos en el XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes indican que de cada 100 euros del gasto sanitario en España, 15 corresponden a la diabetes, situación que "podría poner en jaque cualquier presupuesto futuro", aseguran desde la FED. De hecho, el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones asociadas al "control insuficiente" de la diabetes representa más del 50 % del gasto sanitario de esta patología.
La Federación afirma que la inversión en programas de educación y autocontrol de la enfermedad reduce las complicaciones y los costes económicos asociados a esta patología. A este respecto, la FED destaca que el coste de fármacos hipoglucemiantes (9,3 %) y de material de autocontrol (0,6 %) representa menos del 10 % del gasto total de la diabetes. En cuanto a inversión en salud y, de forma particular en diabetes, "España está por debajo del nivel que le corresponde comparado con países del entorno europeo", según afirma el presidente de la FED, el doctor Ricardo García Mayor. Sí se tiene en cuenta que la mayor partida de gasto se debe a las complicaciones asociadas a un control deficiente de la diabetes, "resulta lógico pensar que se debería invertir más en prevención, diagnóstico precoz y educación diabetológica tanto del paciente como del personal sanitario implicado".
Entre las medidas a incluir en la educación sobre diabetes, el conocimiento del índice glucémico puede contribuir a un mejor control de la diabetes en aquellas personas que la padecen y, además, prevenir su aparición entre la población de riesgo.
El índice glucémico de un alimento relaciona la asimilación de los azúcares de los alimentos y el incremento que experimenta la glucosa en la sangre. La velocidad a la que se digieren y asimilan los diferentes alimentos depende del tipo de nutrientes que los componen y de la cantidad de fibra presente. Su interpretación es muy sencilla: los índices elevados implican una rápida absorción, mientras que los índices bajos indican una absorción pausada. Este índice es de gran importancia para los diabéticos, ya que deben evitar las subidas rápidas de glucosa en sangre.
Los alimentos de alto índice glucémico aumentan rápidamente el nivel de glucosa en sangre y, en consecuencia, el páncreas segrega insulina con cuyo concurso se facilita el paso de la glucosa al interior de las células, pero como las células no pueden utilizar toda la glucosa, esta comienza a transformarse en grasa, que se almacenan en el tejido adiposo, favoreciéndose la aparición de obesidad.
A las dos o tres horas toda esa insulina segregada consigue que el azúcar abandone la corriente sanguínea generándose una caída de la glucemia por debajo de lo normal, hipoglucemia, que provoca la necesidad de volver a ingerir más alimento. Comiendo de nuevo se entra en un círculo vicioso que se repetirá una y otra vez cada pocas horas.
El estudio "Seccaid-Costes Directos de la Diabetes y sus Complicaciones en España" elaborado por Ciberdem y Cabimer, cifra el coste directo anual de la diabetes en 5.809 millones de euros, el 8,2 por ciento del gasto sanitario total. Los costes farmacológicos ascienden a 2.232 millones de euros. Por otro lado, los costes hospitalarios ascienden a 1,934 millones de euros, siendo las subcategorías principales los costes de las complicaciones crónicas, con 924 millones de euros y los costes de las altas no relacionadas directamente con la diabetes, con 568 millones de euros. Además, destaca que, del total de pacientes diabéticos hospitalizados (544.515), el 4,6 por ciento tenía diagnóstico principal o secundario de hipoglucemia.
En este sentido, cabe destacar que cada episodio de hipoglucemia tiene un coste de 3.554 euros con una media de 6,75 días de estancia. Teniendo en cuenta estas cifras, el coste total de las hipoglucemias hospitalizadas asciende a 28 millones de euros. Uno de los datos más alarmantes que se desprenden es el del coste generado por las complicaciones, que representa el 37 por ciento del total, 2.143 millones de euros.
Precisamente las hipoglucemias son una de las complicaciones de la diabetes evitables con un control adecuado. La obtención de hábitos alimentarios saludables y una adecuada información del índice glucémico en los productos alimentarios pueden contribuir a una mayor salud de los ciudadanos y a una disminución efectiva de los costes de esa epidemia del siglo XXI que es, junto a la obesidad, la diabetes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una regulación que establezca la obligación de incluir el índice glucémico en el etiquetado de los alimentos comercializados específicamente para diabéticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-José Martínez Olmos y Guillem García Gasulla, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del VI Centenario de la llegada del Rey Juan I de Portugal a Ceuta en 1415, para su debate en la Comisión de Cultura.
Son varios los acontecimientos históricos con los que se ha pretendido establecer la fecha inicial de entrada en la Edad Moderna. Las comúnmente aceptadas son la toma de Constantinopla en 1453, la llegada de los españoles a América en 1492, y la apertura de las rutas oceánicas logradas por castellanos y portugueses en torno a 1500.
No obstante, el elemento consustancial que define la entrada en la Edad Moderna es el carácter transformador de las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas propias de la Edad Media.
Las exploraciones patrocinadas por las monarquías europeas, especialmente las de España y Portugal, abrieron nuevas rutas comerciales y dieron paso a la aventura en tierras desconocidas hasta entonces, centrando paulatinamente el protagonismo en el océano Atlántico en detrimento del mar Mediterráneo.
Paralelamente, y aprovechando una serie de mejoras en el ámbito de la náutica, como la brújula o la carabela, se estimuló la búsqueda de nuevos horizontes mercantiles, la acumulación de capital y el desarrollo del comercio.
Es en el descrito periodo histórico en el que Ceuta se convierte en una ciudad costera clave, y en un objetivo prioritario de la corona de Portugal en su objetivo de expansión comercial. La llegada a Ceuta de don Juan I de Portugal el 21 de agosto de 1415 y la posterior transmisión del mando el 2 de septiembre a don Pedro de Meneses marcan el inicio de ese proceso.
La historia de Ceuta no puede ser descrita sin tener en cuenta la de todas las civilizaciones que por ella han transitado y dejado su huella, conformando el crisol de culturas que hoy la caracterizan. La influencia del Reino de Portugal llegó a todos los ámbitos de la vida de la ciudad: a su lengua, a sus símbolos, a su estructura administrativa, a su religión, a su economía, y en definitiva, a todos y cada uno de los aspectos que conforman su identidad y carácter.
La ciudad de Ceuta ha decidido celebrar durante 2015 el VI Centenario de la llegada del Reino de Portugal a la ciudad, así como la importancia que ello tuvo en la extensión de la modernidad por todo el mundo.
Por todo lo expuesto, y teniendo presente que las celebraciones serán organizadas desde un punto de vista funcional y operativo por la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015,
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
3. Colaborar con la Ciudad Autónoma de Ceuta y con instituciones nacionales e internacionales geográficamente vinculadas a ella, en la realización de actividades, exposiciones, publicaciones y demás acciones que se consideren oportunas en el marco de la Conmemoración "Ceuta Crisol de Culturas 2015" en territorio nacional y en el exterior,
161/002928
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a medidas contra la violencia por orientación e identidad sexual, para su debate en Comisión de Igualdad.
Hombres y mujeres somos seres sexuados, diferentes en sexo y en género, y este hecho tiene una gran diversidad de matices en la que nos incluimos todos y todas.
La diversidad sexual, en función de la cual cada persona puede identificarse, o no, con su sexo biológico, y puede vivir y sentir su sexualidad atendiendo, o no, a los roles de género culturalmente establecidos para cada sexo, no puede suponer una desigualdad de derechos.
Identificados con un sexo, con un género, con un cuerpo, la atracción puede darse hacia personas de diferente o igual sexo, lo que nuevamente no puede suponer derechos desiguales.
En España, esta diversidad y el derecho a la igualdad y la no discriminación, están protegidas por tratados, por la CE y por estatutos y normas de todo rango, pero no en todos los países es así.
Hoy incluso retrocedemos.
Hay 77 países en los que se persigue y se condena a las personas por su orientación o identidad sexual, en siete incluso se impone condena de muerte.
Nuestro Gobierno no puede quedar impasible ante esta atrocidad, y le hemos pedido en varias ocasiones que denuncie y condene de forma contundente la violación de derechos humanos de las personas LGTB, como ya lo han hecho otros países.
Es justo recordar que el Gobierno español, bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, colocó a España como país pionero en la lucha por la igualdad, con la Ley 13/2005 que permitió el matrimonio igualitario, y la Ley 3/2007 que posibilitó que las personas transexuales pudieran cambiar su nombre y su DNI sin pasar por el quirófano previamente.
En Andalucía, que fue pionera en el tratamiento en la Unidad de Trastornos de Identidad de Género de Málaga, una vez más hemos sido avanzadilla, aprobando por unanimidad una Ley de Transexualidad, propuesta por el Partido Socialista e IU Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Es la primera ley en Europa que defiende el protocolo de atención para los colegios para evitar discriminación.
A pesar de estos avances nos queda mucho por hacer. Los ataques, la represión y los abusos sexuales a personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales están, también en nuestro país, en el día a día, en las familias, en los colegios, en las redes, etc. Son muchas las personas que sufren y tienen miedo a denunciar.
En el Registro de Delitos de Odio, en nuestro país, en 2013, se han registrado 1.172 incidentes y de ellos 452, un 38 %, fueron por orientación o identidad sexual.
En esta lucha no ayuda que se recorte en derechos laborales ni civiles, como ocurre en nuestro país, porque se suman las situaciones de precariedad a las discriminaciones sufridas por la orientación sexual. La eliminación de la asignatura de "Educación para la ciudadanía" y la eliminación en la reforma educativa de cualquier mención a promover el respeto a la diversidad sexual y familiar tampoco ayuda a la igualdad. La eliminación del acceso a la reproducción asistida a mujeres lesbianas supone eliminar derechos alcanzados hace años.
Según información aportada por el Gobierno, en respuesta a pregunta escrita, el número de infracciones penales cometidas por hechos contra la orientación o identidad sexual de las personas ha aumentado sustancialmente en nuestro país en los últimos años, se han llegado casi a duplicar del año 2008 al 2013.
El último dato, correspondiente al año 2013, es que el número de hechos conocidos de delitos y faltas contra la orientación o identidad sexual, con lesiones, han sido 16. Consideramos que aunque el aumento es importante, también son datos poco significativos porque las agresiones continúan sin denunciarse, principalmente en el ámbito rural, donde el nivel de tolerancia sigue siendo bajo y donde persiste la homofobia en muchos casos.
Las agresiones se siguen produciendo en los colegios, en el trabajo y en la gran mayoría de los ámbitos sociales. No obstante, se percibe una baja disposición por los agredidos a formular la correspondiente denuncia, por vergüenza o miedo.
Corresponde a las instituciones públicas facilitar y animar a que se denuncien estas agresiones, haya lesiones o no, y que se determine un protocolo en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para hacer cómoda y fácil la denuncia de las agresiones.
1. Diseñar e implantar en todo el territorio, coordinado con las Comunidades y Ciudades Autónomas, una campaña de sensibilización ante las agresiones por orientación e identidad sexual, para concienciar a la población general y animar a las personas afectadas a denunciar.
2. Diseñar e implementar, coordinado con las Comunidades y Ciudades Autónomas, un protocolo de atención a las víctimas de las agresiones por orientación e identidad sexual, en los ámbitos de Educación, Sanidad y Fuerzas de Seguridad.
3. Diseñar e implementar, coordinado con las Comunidades y Ciudades Autónomas, un plan de formación en la diversidad sexual, dirigido a profesionales de Educación, Sanidad y Fuerzas de Seguridad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-Antonio Hurtado Zurera y Gracia Fernández Moya, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002920
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la valoración del grado de discapacidad de las personas afectadas por una cardiopatía congénita compleja, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
No hace mucho más de tres décadas, los niños y niñas que nacían con una cardiopatía congénita presentaban una alta mortalidad precoz o sobrevivían con una calidad de vida muy mermada. Los avances médicoquirúrgicos han determinado un cambio crucial en este pronóstico. Sin embargo, este cambio no siempre conlleva la capacitación para realización de una vida plenamente normal en muchos casos, presentando limitaciones que, unidas a que interfieren en las primeras etapas de desarrollo de estas personas, condicionan de forma seria su plena integración social y la realización de una vida con buena calidad en igualdad de oportunidades.
En este sentido, estos niños y niñas son evaluados por los equipos de valoración y orientación de las diferentes CC.AA. con un resultado cuanto menos incierto y frecuentemente lejano de la verdadera limitación que presentan para poder desarrollarse plenamente. El motivo de esta disparidad obedece, en gran parte, al procedimiento con el que se lleva a cabo la valoración mediante la aplicación del baremo establecido por el Real Decreto 1971/1999, cuyo abordaje de las cardiopatías congénitas está alejado de los criterios más actuales y cercanos a la problemática que presentan.
Las asociaciones representativas de estos pacientes, así como determinadas Unidades médico quirúrgicas estrechamente relacionadas con ellos y sensibles al tema en cuestión, manifiestan que esta discordancia podría obedecer a la consideración primordial hacia la discapacidad motora que contempla el baremo en vigor, entendida ésta como la discapacidad física que padecen aquellas personas que tienen afectada la capacidad de movimiento por diversas causas. Para hacer una valoración adecuada es necesario que el baremo contemple también lo que se denomina discapacidad no motora u orgánica, entendida como aquella discapacidad física y psíquica que por causas orgánicas no permiten al paciente desenvolverse en una vida plena.
Existe una profusa bibliografía sobre la repercusión de las enfermedades cardiacas en el funcionamiento del sistema nervioso y la frecuente relación de las cardiopatías congénitas con manifestaciones neurológicas adversas, de manera que, en general, las evidencias sugieren que son frecuentes las deficiencias globales del desarrollo, particularmente en la capacidad motora gruesa y fina, lenguaje, aprendizaje y de déficit de atención, que implican la necesidad de concurrir a clases especiales o de recibir enseñanza individualizada.
En definitiva, ya sea por algún tipo de complicación neurológica, por haber tenido una lactancia tormentosa con retraso en los hitos del desarrollo psicomotor, hipoxemias originadas por la cardiopatía, hospitalizaciones, las técnicas quirúrgicas complejas a las que son sometidos (con circulación extracorpórea), estancias en UCI, ausencias escolares, falta de estimulación temprana, incluso el tipo de apoyo e intervención educativa recibida, la realidad es que estos niños y niñas y jóvenes afectados por una cardiopatía congénita, suelen presentar algunos perfiles característicos. Las repercusiones que pueden presentar estos pacientes afectan al desarrollo físico (talla baja, altos niveles de fatiga, ritmo de vida lento,...), al desarrollo motriz y psicomotriz (retraso madurativo, dificultades en la psicomotricidad fina,..), al área de desarrollo del lenguaje (retraso de la adquisición del lenguaje, dificultades de la lectoescritura,...) o en el área del desarrollo psicológico (dificultades de atención y concentración, baja autoestima, sentimiento de vulnerabilidad y dificultades de regulación emocional...), lo que condiciona de forma muy importante su adolescencia y juventud.
Por otro lado, al referirse a esta problemática no se debe aludir a la totalidad de afectados por una cardiopatía congénita, sino a aquellos que padecen una cardiopatía severa, crítica o compleja. Esto es, del 8 % de los nacidos vivos que presentan algún tipo de cardiopatía, tan sólo el 30 % requiere tratamiento
invasivo (2,4 %), de los que sólo el 60 % de los casos su tratamiento quirúrgico se lleva a cabo con circulación extracorpórea (1,4 %), a lo que hay que unirle que la mortalidad global (intervenidos quirúrgicamente y no intervenidos) oscila entre 10-14 %. Por lo tanto, estaríamos hablando de enfermos crónicos, de cardiopatías que se encuadran como enfermedades raras según el listado y concepto elaborado por REplER que integra a enfermedades con una prevalencia para estas enfermedades en general menor de 5/10.000, cronicidad, escaso conocimiento etiológico, falta de tratamiento curativo o de baja accesibilidad, importante carga de enfermedad o limitación de la calidad de vida. En concreto, en el caso de las cardiopatías congénitas cumplirían estos criterios hasta 16 entidades, no obstante, podrían aunarse todas ellas en aquellas que conlleven la necesidad de técnicas paliativas tipo Fontan, Senning o Mustard, que son técnicas quirúrgicas paliativas que "curan fisiológicamente" pero persiste una alteración anatómica importante que continúa limitando una calidad de vida óptima y con ello una plena integración social.
Esta preocupación no es nueva, ni la reivindicación por los colectivos afectados, como tampoco es esta sería la primera vez que la cámara muestra la sensibilidad necesaria para abordar y dar una solución a este tema como lo refleja el hecho de que se aprobara por unanimidad en el año 2006 una enmienda transaccional que insta al Gobierno a la inclusión de las cardiopatías en la revisión del Real Decreto 1971/1999, que regula el baremo.
Por todo ello, en la revisión del citado baremo, se debe dar respuesta a la problemática planteada, a la disparidad de criterios en las valoraciones y, sobre todo, a lo inadecuado de los dictámenes; a modo de ejemplo podríamos exponer casos de grado de discapacidad 0 con diagnóstico de ventrículo único. Concretamente, deberían establecerse criterios objetivos que posibiliten a estos pacientes ser valorados con un grado de discapacidad que les reconozca la titularidad de derechos, fomentando su desarrollo y la plena integración social (prioridad en la obtención de plaza escolar, atención temprana, acceso a recursos de atención a los niños con necesidades educativas especiales, asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, medidas de fomento para el empleo dirigidas a personas con discapacidad, etc.)
Se ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a la supervivencia de los niños y niñas con cardiopatías congénitas, pero ahora es necesario avanzar en la calidad de vida de estos pacientes, ya con una mayor esperanza de vida.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la revisión del baremo de discapacidad (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía) tenga en cuenta las necesidades y problemática específica de las personas diagnosticadas de cardiopatías congénitas complejas, que necesitan intervenciones quirúrgicas paliativas (Fontan, Senning o Mustard), de forma que permita aunar criterios para hacer un análisis integral, físico, psíquico y social, según la edad, en la valoración de la discapacidad. Todo ello se realizará en coordinación con las Comunidades Autónomas y con la participación del movimiento asociativo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Grupo Parlamentario Mixto (UPN)
Diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz
¿Qué medidas tiene previsto aprobar el Gobierno de España para paliar los daños derivados de las inundaciones acaecidas el pasado 4 de julio en el valle de Baztán (Comunidad Foral de Navarra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.
¿Piensa el Gobierno impulsar la entrada de nuevos operadores en el sector ferroviario con el proceso de reestructuración de Renfe-Operadora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Diputada doña María José Rodríguez Ramírez
A estas alturas de la legislatura, liquidados ya los Presupuestos de los años 2012 y 2013, ¿cuánto dinero se ha destinado, de manera efectiva, y por qué conceptos concretos, a los siguientes proyectos de infraestructuras de la provincia de Huelva? Desglósese por años.
- Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro.
- Estación de Alta Velocidad en Huelva capital.
- Variante Beas-Trigueros de la N-435.
- Desdoble de la carretera N-435 o A-83.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2014.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
Diputado don Juan Moscoso del Prado Hernández
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para paliar las consecuencias de las graves inundaciones que han tenido lugar en el Valle del Baztán en el mes de julio de 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2014.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.
¿Qué medios de extinción están a disposición de la Comunidad Autónoma de Galicia para la campaña de incendios de este verano en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
¿Qué medios de extinción están a disposición de la Comunidad Autónoma de Galicia para la campaña de incendios de este verano? Desglosar por provincias.
¿Qué medios ha destinado el Gobierno de España a la prevención de incendios forestales en Galicia durante 2014? Desglosar por provincias.
181/001972
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado.
¿Qué medios ha destinado el Gobierno de España a la prevención de incendios forestales en Ourense durante 2014?
¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria (cantidad concreta y porcentaje sobre el total inicialmente previsto) de cada una de las partidas consignadas para la provincia de Huelva en los años 2012 y 2013 del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación? ¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución total de cada año?