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Timestamp: 2020-08-14 20:31:26
Document Index: 312860425

Matched Legal Cases: ['artículo 265', 'artículo 34', 'Artículo 206', 'artículo 137', 'artículo 46', 'artículo 5', 'artículo 144', 'artículo 317', 'artículo 68', 'in fine', 'artículo 203', 'artículo 76', 'artículo 211']

Cada Departamento será ad­minis­trado y gobernado por un Intendente que ejercerá las funciones ejecu­tivas, y por una Junta Departamental que tendrá funciones de contralor y legislativas.
Este artículo fue modificado por el inc. 1 del art. 262 de la Constitución de la República, por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996:
“El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Depar­tamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada depar­tamento e iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección. …”
Ver: Coincide en lo demás con los acápites de los arts. 273 y 274 de la Constitución de la República.
En toda población fuera de la planta urbana de la capital del Departamento, podrá, además, haber una Junta Local.
Este artículo fue modificado por el inc. 2 del art. 262 de la Constitución de la República por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996:
“… Podrá haber una autoridad local en toda población que reúna las condiciones mínimas que fijará la ley. También podrá haber una o más autoridades locales en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental, a iniciativa del Intendente.”
Ver: Disposición Transitoria Letra Y num.2); Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009.
Las Juntas Departamentales se com­pondrán, de once miembros en Montevideo y de nueve en los demás Departamentos, distribuyéndose los cargos entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno.
La elección se hará directamente por el pueblo con las garantías que para el sufragio se establece en la Sección III de la Constitución.
Se atribuirá a la lista cuyo candidato a Inten­dente haya resultado triunfante, la totalidad de los cargos que correspondan a su lema.
Dentro de los demás lemas, la distribución se hará por el sistema de la representación proporcional in­tegral.
Los miembros de las Juntas durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones.
Conjuntamente con los titu­lares serán elegidos hasta el triple número de suplen­tes.
El inc. 1 fue modificado por los arts. 263 y 272 inc.1 de la Constitución de la República:
Art. 263 “Las Juntas Departamentales se compondrán de treinta y un miembros”
Art. 272: “Los cargos de miembros de las Juntas Departamentales se dividirán entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes”.
El inc. 3 fue modificado por el art. 272 de la Constitución de la República: “Los cargos de miembros de la Juntas Departamentales se distribuirán entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.
Los demás cargos serán distribuídos por el sistema de la representación proporcional integral, entre los lemas que no hubiesen obtenido representación en la adjudicación anterior”.
El inc. 5 fue modificado por el artículo 265 de la Constitución de la República: “Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes”.
Las Juntas Departamentales se reunirán inmediatamente después de ser proclamadas, a fin de proceder a su instalación.
En los casos de muerte, incapacidad, renuncia aceptada, inhabilidad o cese de los titulares, los suplen­tes respectivos los reemplazarán con carácter permanente. En los demás casos reemplazarán automáticamente a los titulares por ausencia o inasistencia de éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o inasistencia.
Las Juntas Departamentales sesionarán ordinariamente en las fechas que ellas mismas designen. Tres de sus miembros o el Intendente podrán convocar extraordinariamente a la Junta en cualquier momento.
Los miembros de las Juntas Departamentales se denominarán ediles y sus funciones serán honorarias.
Para ser miembro de la Junta Departamental, se requerirán 25 años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio, y ser nativo del Depar­tamento o estar radicado en él desde tres años antes, por los menos.
Este art. fue modificado por el art. 264 de la Constitución de la República por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996: “Para ser miembro de la Junta Departamental se requerirá dieciocho años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años antes por lo menos”.
Los ediles no serán responsables por las opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones, con propósi­to de interés general.
La Junta celebrará sesión con la mayoría de sus miembros, y la Secretaría pondrá a disposición de quien lo solicite, un resumen de los asuntos tratados y resueltos, salvo los que hubieran sido declarados secretos por la mayoría de los presentes.
Todas las resoluciones de la Junta serán revoca­das por el voto de la mayoría absoluta de sus componen­tes, sin perjuicio de los derechos de terceros, que serán ventilados en la vía correspondiente.
El Presidente presidirá las sesiones, firmará con el Secretario las resoluciones de la Junta, a la que representará y tendrá las demás funciones que le acordase el reglamento interno.(*)
(*) Ver Reglamento Interno de la Junta Departamental de Montevideo.
El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta y tendrá voz en ella, pero no voto.
Este art. fue modificado por el art. 282 de la Constitución de la República: “El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta Departamental y sus comisiones internas y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto”.
Los libros de actas y demás documentos de la Junta son instrumentos públicos, si para su expedición se hubieren llenado las formalidades legales y reglamentarias. Ninguna ordenanza y, en general, ninguna resolución de las Juntas será válida si no consta en el acta de la sesión en que haya sido adoptada. Se excep­túan las medidas y resolucio­nes urgentes y demás que esté facultado para hacer cumplir el Presidente de la Junta, de acuerdo con los reglamentos y ordenanzas vigentes.
En todos los casos en que de acuerdo con esta ley sea necesaria la aprobación o autorización de la Junta para determinados actos o resoluciones, ésta deberá conce­derla o denegarla dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la respectiva solicitud.
Ver: el art. 275 num. 5 de la Constitución de la República.
Si el Intendente no devolviese el proyecto cum­plidos los cinco días hábiles que establece el número 7 del artículo 34, tendrá fuerza ejecutiva y se publicará como tal, reclamándose esto, en caso omiso, por la Junta.
Este art. fue modificado por el art. 281 inc.3 de la Constitución de la República “Si el Intendente Municipal no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales”.
Reconsiderado por la Junta un proyecto que hubie­se sido devuelto por el Intendente con objeciones u obser­vaciones, si aquella lo confirmase por dos terceras partes de votos, se tendrá por su última sanción y comunicado, al Intendente, éste lo hará cumplir enseguida
Este art. fue modificado por el art. 281 inc.2 “Este podrá observar aquellos que tenga por inconveniente, pudiendo la Junta Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia”.
Si la Junta desaprobara el proyecto devuelto por el Intendente, quedará suprimido por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta el año siguiente.
En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Intendente, las votaciones serán nominales por sí o por no, y los nombres y fundamentos de los sufra­gantes como las objeciones y observaciones del Intendente, se podrán publicar por la prensa.
No podrán ser observadas:
A) Las venias, acuerdos, autorizaciones o resoluciones de la Junta en que ésta actúa por vía jurisdiccional o de contra­lor;
La referencia al art. 254 debe entenderse realizada actualmente al art. 225 de la Constitución de la República.
Ver: art. 281 inc.4 de la Constitución de la República.
El Intendente tendrá a su cargo la fun­ción ejecu­tiva del Gobierno Departamental.
El inc. 1 fue modificado por el art.274 de la Constitución de la República “Corresponden al Intendente las funciones ejecutivas y administrativas en el Gobierno Departamental”.
El inc. 2 fue modificado por el art.266 de la Constitución de la República “Los Intendentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos, por una sola vez, requiriéndose para ser candidatos que renuncien con tres meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de las elecciones”.
Ver: Decreto Ley 10.255 promulgado el 21 de octubre de 1942 y publicado en el Diario Oficial el 24 de octubre de 1942, art.1
Los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo a mayoría simple de votantes, mediante el siste­ma del doble voto simultáneo y con las garantías que para el sufragio se establecen en la Sección III de la Consti­tución, teniéndose por triunfante al candidato de la lista más votada del lema más votado.
Este art. fue modificado por los arts. 270 y 271 de la Constitución de la República, Art. 270 “Las Juntas Departamentales y los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo, con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio establece la Sección III.”
Art. 271 con la redacción dada por la Reforma Constitucional aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996: “Los Partidos políticos seleccionarán sus candidatos a Intendente mediante elecciones internas que reglamentará la ley sancionada por el voto de los dos tercios de componentes de cada Cámara.
Para la elección de Intendente Municipal se acumularán por lema los votos a favor de cada Partido político, quedando prohibida la acumulación por sub-lemas.
La ley, sancionada por la mayoría estipulada en el primer inciso, podrá establecer que cada Partido presentará una candidatura única para la Intendencia Municipal”.
Este art. fue modificado por el art.267 de la Constitución de la República “Para ser Intendente se requerirá las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años antes de la fecha de toma de posesión por lo menos”.
Los Intendentes no gozarán de licencia con remu­neración por más de un mes al año, que le será acorda­da por la Junta Departamental; tampoco podrán obtener licen­cia sin remuneración por más de seis meses.
El Intendente tendrá un primer y segundo suplen­te, electos conjuntamente con el titular, que deberán poseer las mismas calidades y que en caso de vacancia temporal o definitiva, lo sustituirán con sus mismas atribuciones.
Cuando se conceda licencia al Intendente o se produz­ca por cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal del cargo, se convocará al suplente respectivo, quien percibirá en todos los casos igual remuneración que el titular
Este art. fue modificado por el art. 268 de la Constitución de la República “Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento temporal o licencia del titular. La no aceptación del cargo por parte de un suplente le hará perder su calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para suplir una vacancia temporal.
Si el cargo de Intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementario del período de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental –siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267- y en su defecto por los Vicepresidentes que reuniesen dichas condiciones.
Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el Intendente electo o fuese anulada la elección departamental quedará prorrogado el período del Intendente cesante, hasta que se efectúe la trasmisión del mando”.
El cargo de Intendente suplente es compatible con el de miembro de la Junta Departamental. El Edil que pase a ocupar la Intendencia quedará entre tanto suspenso en sus funciones.
Este art. fue modificado por el art. 293 de la Constitución de la República: “Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.”
Las resoluciones del Intendente, debidamente refrendadas por el funcionario que corresponda, se asen­tarán en los libros registros, y sus constancias o tes­timonios expedidos en forma, constituirán instrumen­tos públicos. Dichas resoluciones no serán válidas si no constan en el libro respectivo. Se exceptúan las medidas y resoluciones urgentes, que deberán hacerse constar por acta especial.
Este art. fue modificado por el art. 277 inc.1 de la Constitución de la República “El Intendente firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones con el Secretario o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlos. No obstante podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con los mismos requisitos precedentemente fijados”.
D) La limpieza de las calles y de todos los sitios de uso público, así como el transporte de los residuos generados en esas operaciones, para su reciclado u otras formas de valorización, tratamiento y disposición final.
E) La recolección de los residuos domiciliarios y su transporte, para el reciclado u otras formas de valorización, tratamiento y disposición final.
Nota: El texto de los literales D) y E) fue dado por la Ley Nº 19.829 promulgada el 18 de setiembre de 2019 y publicada en el Diario Oficial el 30 de setiembre de 2019, art. 9.
E) Reglamentar el tránsito y los servicios de transpor­tes, de pasajeros y carga, de conformidad con las or­denanzas y consentir el estacionamiento de vehículos en los sitios de uso público, pudiendo fijar en todos los casos las tarifas del servicio y las normas a que deben sujetarse;
Compete igualmente al Intendente, sin perjuicio de las medidas o iniciativas que tomare la Junta Departa­mental:
1. Adquirir terrenos y edificios para oficinas y estable­cimientos departamentales o mandar construir otros nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta Depar­tamental por dos tercios de votos;
2. Dirigir a los Poderes Públicos las peticiones que tuviese por convenientes, relativas al bien general del país y al particular del Departamento;
Nota: Ver art. 276 de la Constitución de la República.
3. Acordar, con las otras autoridades, las medidas que estime convenientes, en los servicios que le sean comunes o que convenga conservar o establecer en esta forma, determi­nando a la vez las cuotas que para dichos servicios corres­pondan a cada una;
Nota: Ver arts. 262 inc. 5 de la Constitución de la República.
4. Promover la agricultura y el mejoramiento de la ganade­ría:
B) Propendiendo a la fundación de escuelas agronómicas, granjas, cabañas, harás, y realización de ferias y exposi­ciones;
F) Adoptando todas las medidas que considere favorables al mayor incremento de la agricultura, la ganadería y las industrias rurales;
5. Propender igualmente a la prosperidad del departamento:
A) Estimulando la fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y de las instituciones de fomen­to, previsión, crédito y ahorro;
6. Sugerir a la Junta las modificaciones o ampliaciones que considere convenientes a esta ley.
Nota: Ver: Art.273 inc.3 num.11 de la Constitución de la República.
7. Adquirir alimentos por el sistema de la Unidad Centralizada de Adquisiciones y comercializar los mismos, en caso de existir dificultades referidas a la escasez y/o altos precios, que impliquen problemas de abastecimiento a la población.
Nota: Este num. fue incorporado por la ley 18.465 promulgada el 11 de febrero de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 17 de febrero de 2009, art.4.
Los Ediles e Intendentes no podrán durante su mandato:
1. Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con los Municipios, o con cualquier órgano público que tenga relación con ellos;
2. Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los Municipios salvo lo preceptuado en el artículo si­guiente;
Nota: Ver art. 291 num. 2 de la Constitución de la República.
3. Ser cesionarios o fiadores ante el Municipio en asuntos municipales.
La inobservancia de lo dispuesto en este artículo y en el 9 de la presente ley, importará la pérdida inmediata del cargo, que será decretada por el Senado, previa acusación de un tercio de votos de las Juntas Departamentales.
Nota: Este num. fue modificado por los arts. 289, 290, 291 de la Constitución de la República: art. 289 “Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental”.
Art. 290: “No podrán formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, los empleados de los Gobiernos Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban retribución por servicios de empresas privadas que contraten con el Gobierno Departamental.
Art. 291: “Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales tampoco podrán: 1) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental o con cualquiera otro órgano público que tenga relación con el mismo. 2) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental”;
Ver: Art. 292: “La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedente, importará la pérdida inmediata del cargo”.
Cuando alguno de los Ediles tenga que tramitar asunto propio o defender sus derechos lesionados, deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo siguiente, e inte­grarse la Junta con el suplente respectivo para considerar esos asuntos.
Cuando se tratare de asuntos propios del Intendente, éstos serán resueltos por el Presidente de la Junta con apela­ción ante ésta. De igual manera se procederá en aquellos asuntos contenciosos, en que estuvieren interesados los parientes de dicho funcionario hasta el 4° grado de consanguinidad o 2° afinidad.
Ningún Edil ni el Intendente podrán estar presen­tes en la discusión y votación de asuntos en que ellos o sus parientes hasta el 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad, estuvieran interesados.
Es absolutamente nulo todo acto o contrato en que se contravenga lo dispuesto en los artículos anteriores y en el 9 de la presente ley, y el que los infringiera responde­rá de los perjuicios resultantes.
Ver art.292 de la Constitución de la República.
Los Contadores Municipales serán desig­nados por el Intendente, previa venia de la Junta Departamental, otorgada por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Ver art. 211 lit. B) de la Constitución de la República.
Ley 16.736 promulgada el 5 de enero de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996 art. 43, incorporado al art. 103 del TOCAF/12.
Compete al Contador:
A) Todos los cometidos y facultades que le fije la ley de Contabilidad y Administración Financiera. (Artículo 206 de la Constitución).
Nota: La referencia al art. 206 debe entenderse actualmente realizada al art. 213 de la Constitución de la República.
Ver: Ley 16.736 promulgado el 5 de enero de 1996 y publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996 art. 43 incorporado al art. 103 del TOCAF/12.
Art. 212 de la Constitución de la República.
C) Intervenir preventivamente en los gastos y pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, obser­vando por escrito ante el Intendente todo libramiento u orden de pago que considere ilegal o que no sea con­forme al presupuesto. Si el Intendente reiterara la orden y la Contadu­ría insis­tiera en que ella es improcedente, deberá cum­plirla pero dando cuenta de inmediato a la Junta Departa­mental y al Tribunal de Cuentas;
Nota: Ver: Art. 211 lit. B) de la Constitución de la República;
Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, art. 553 con la redacción dada por el art. 653 de la Ley 16.170 promulgada el 28 de diciembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1991, incorporado al art. 113 del TOCAF/12.
D) Informar a la Junta de la rendición de cuentas y ges­tiones financieras de la Intendencia, presentándole la memoria anual relativa a dichas gestiones;
El gasto improcedente hace responsable solidariamente al Intendente y al Contador que intervenga en el pago contraviniendo la disposición del artículo anterior.
Este artículo fue modificado por la ley 16.736 promulgada el 5 de enero de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996, art. 54, incorporado al art. 139 del TOCAF/12: “La responsabilidad alcanza mancomunada y solidariamente a todos los que resuelvan, dispongan, ejecuten o intervengan en la formación de actos u ocurrencia de hechos que incurran en los supuestos a que refiere el artículo 137.
Quedan exceptuados los integrantes de directorios u órganos colegiados, que se hubieran opuesto al acto y dejado constancia escrita su oposición, así como los funcionarios sujetos a jerarquía que en oportunidad de su intervención, hubieran expuesto, también por escrito, sus observaciones y los fundamentos de las mismas”.
Son rentas propias de los Departamentos, admi­nis­tradas y empleadas por ellos de conformidad con esta ley, los ingresos municipales provenientes de:
Nota: Ver art. 297 de la Constitución de la República.
1. Abasto, tabladas, plazas de frutos, mercados y ferias;
2. Rodados;
3. Alumbrado o luces;
4. Cementerio;
5. Contraste de pesas y medidas;
6. Las guías y tornaguías;
7. La revisión o aprobación de planos;
8. Los testimonios y certificados que se expidan a razón de $0.25 por foja, con excepción de los de partidas del Registro de Estado Civil, que se cobrarán según lo esta­blecido por la ley;
9. Los servicios de salubridad para la limpieza, barri­do, riego y otros análogos;
11. Pontazgo, peaje, barcaje, muelles y pescantes munici­pales;
14. Entierros pompas fúnebres;
19. El producto de la venta de las vacunas o cualquier suero terapéutico que elaboren las oficinas departamen­tales;
20. La mitad del valor de los frutos excedentes en las guías o abandonados en las estaciones de carga y no recla­mados dentro de un mes de la revisación;
A) Para edificación, reedificación y construcciones urbanas en general, aperturas de puertas y ven­tanas, construcciones y remoción de veredas;
B) Para limpieza de letrinas, desagotes de aljibes, reconstrucción de caños maestros en el interior de las casas y en las vías públicas;
Nota: Este lit. fue derogado por la ley No. 16.736 promulgado el 5 de enero de 1996 y publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de 1996, art. 274: “Derógase el apartado D) del numeral 21 del artículo 46 de la Ley Nº9.515, de 28 de octubre de 1935.”
G) Para cercar propiedades rurales.
22. El producto de la venta de bienes departamentales y las rentas de éstos;23. Las donaciones, herencias y legados en dinero;
27. Los protestos al Municipio por deudas particulares, según el derecho que fije el Municipio;
28. El producto de la venta de basura o sus derivados;
29. El setenta y cinco por ciento (75%) de lo producido durante el año por el impuesto a la propiedad inmueble situada dentro de sus límites, con exclusión de adiciona­les y recargos.
La Dirección General de Impuestos Directos, en la Capital, y sus sucursales en el Interior, verterán en el Banco de la República o en sus Agencias, en la cuen­ta de los respectivos Municipios, el porcentaje in­dicado en este inciso, a medida que se vaya realizando la recaudación.
Nota: Este num. fue derogado tácitamente por el art.297 num. 1) de la Constitución de la República: “Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
1º)	Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental”.
Ver: Ley 13.892 de 20 de octubre de 1970, art. 446 establece: “Declárase que no podrán generar rentas departamentales los bienes producidos en el país y destinados a la exportación, no siéndoles aplicables los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.
Son también rentas departamentales todas las que han sido atribuidas a las Municipalidades por leyes vigen­tes o que lo fueran por nuevas leyes.
Ver: art. 297 num. 3 de la Constitución de la República;
Ley 13.892 promulgada el 19 de octubre de 1970 y publicada en el Diario Oficial el 20 de octubre de 1970, art. 446 establece: “Declárase que no podrán generar rentas departamentales los bienes producidos en el país y destinados a la exportación, no siéndoles aplicables los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.”
Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de la Deuda Departamen­tal.
Si dicha deuda no existiese, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamen­tal a pro­puesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.
Ver: art. 302 de la Constitución de la República.
El tiempo de vigencia del presupuesto será de un año y coincidirá con el año civil. La ley fijará, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, el porcentaje de los gastos totales que podrán ser destinados a pagar sueldos y salarios, tanto en el presupuesto ordina­rio como en las erogaciones extraordina­rias para obras públicas, etc.
Este art. fue modificado por los arts. 223 y 216 inc.1 de la Constitución de la República respectivamente:
Art. 223 “Cada Intendente proyectará el Presupuesto Departamental que regirá para su período de Gobierno y lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato”.
Art. 216 inc. 1:“Podrá por ley establecerse una Sección especial en los presupuestos que comprenda los Gastos Ordinarios permanentes de la Administración cuya revisión periódica no sea indispensable…”
El proyecto de presupuesto del Municipio será siempre presentado en forma comparativa tanto para some­terlo a la Junta Departamental, como para elevarlo al Poder Ejecutivo y cuando corresponda en su caso, al Parla­mento.
Ver art. 216 inc.3 de la Constitución de la República.
Este art. fue derogado tácitamente por el art. 297 de la Constitución de la República, en la redacción dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996: “Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del Presupuesto Nacional, fijará la Ley Presupuestal."
Sólo el Poder Legislativo, a solicitud del Inten­dente, de acuerdo con la Junta Departamental, y previo informe del Tribunal de Cuentas, podrá crear nuevos im­puestos municipales. Serán recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados exclusivamente por éstos, las tasas o tarifas por utilización o aprove­chamiento de servicios municipales.
En toda población fuera de la planta urbana de la capital del Departamento podrá haber una Junta Local honoraria que será designada de acuerdo con esta ley.
Su número será de cinco miembros, con triple número de suplentes respectivos, que tendrán las mismas calidades exigidas para ser miembro de la Junta Depar­tamental, y deberán estar avecindados en la localidad.
Ver art. 287 y Disposición Transitoria letra Y) de la Constitución de la República, ésta última en la redacción dada por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de 8 de diciembre de 1996.
Ley 18.567 promulgada el 13 de setiembre de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2009, arts. 1, 2, 9.
Las Juntas Locales durarán en el ejercicio de sus funciones por igual término que la Junta Departamental.
Los suplentes actuarán de acuerdo con lo precep­tuado en el artículo 5(*) de esta ley.
Ver: (*) Se refiere al artículo 144 del Volumen I del Digesto Departamental.
Se instalarán de inmediato Juntas Locales en todas aquellas jurisdicciones en que actuaban Concejos Auxiliares.
Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente, podrán crear nuevas Juntas Locales en las poblaciones que ofrezcan alguna de las condiciones siguientes:
1. Que cuenten con más de 2.000 habitantes;
2. Que tengan establecidas industrias agrícolas, fabriles y otras de significación equivalente, de evidente interés local.
Este num. 2 fue modificado por el art. 288 de la Constitución de la República: “La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas”.
En las poblaciones que, sin ser capital del Depar­tamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el turismo, la ley, por mayoría absoluta de votos de cada Cámara, podrá ampliar las facul­tades de gestión de las Juntas Locales, a iniciativa de las mismas, de la Intendencia o de la mayoría de la Junta Departamental, sin perjuicio de la iniciativa parlamenta­ria.
El inc.1 fue modificado por el art. 288 de la Constitución de la República: “La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el cuerpo electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas”.
Las Juntas Locales darán cuenta igualmente del empleo de los fondos que les entregue el Intendente para servicios y necesidades locales.
Sin perjuicio de los informes que en cualquier tiempo el Intendente solicite de ellas, cada año, antes del 31 de diciembre, le remitirán memoria suscinta de sus trabajos.
La Intendencia deberá destinar el 70% de las rentas que se produzcan dentro de la jurisdicción de la Juntas Locales Autónomas para los servicios y necesidades de las localida­des en que ellas actúan.
Los arts.62 a 66 fueron derogados por el art.109 del Decreto-Ley 15.524 promulgado el 9 de enero de 1984 y publicado en el Diario Oficial el 30 de enero de 1984: “Deróganse los artículos 62 a 66 de la ley 9.515 de 28 de octubre de 1935; 56 y 60 de la Ley 12.549, de 16 de octubre de 1958; 345 a 348 de la ley 13.318, de 28 de diciembre de 1964; 44 y 47 de la ley 14.101, de 4 de enero de 1973; 78 inciso 1°, 79 y 82 de la ley 14.306, de 29 de noviembre de 1974 y todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.”
Ley 15.869 de 22.06.1987
Ver: Arts. 312, 317 de la Constitución de la República.
Ley 15.869 promulgada el 22 de junio de 1978 y publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1978, art.4.
Ley 17.292 promulgada el 25 de enero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 29 de enero de 2001, arts. 40, 41, 42.
Este artículo fue derogado tácitamente por el art. 4 de la Ley 15.869 promulgada el 22 de junio de 1987 y publicadoa en el Diario Oficial el 2 de julio de 1987: “La acción de nulidad no podrá ejercerse si previamente no ha sido agotada la vía administrativa. A este efecto los actos administrativos, expresos o tácitos, deberán ser impugnados con el recurso de revocación ante el mismo órgano que los haya dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes a su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por el Directorio o Director General de un Servicio Descentralizado, deberá interponerse además en forma conjunta y subsidiaria, el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido a jerarquía en un Servicio Descentralizado deberá interponerse además, en forma conjunta y sucesivamente subsidiaria, el recurso jerárquico, para ante el Directorio o Director General, y el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo.
Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano de un Gobierno Departamental, deberá ser impugnado mediante el recurso de reposición ante ese órgano (artículo 317 de la Constitución), dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación personal o su publicación en el Diario Oficial. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado como se indica, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento”.
Según la gravedad del caso, las Juntas Departamentales cuando conozcan por vía de recursos, y las autoridades judiciales en cualquier instancia, podrán decretar la suspensión del acto reclamado.
Ver: Ley 15.869 promulgada el 22 de junio de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1987, art. 2.
Ley 15.903 promulgada el 10 de noviembre de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1987, art. 510 con la redacción dada por el art. 44 de la Ley 18.834 promulgada el 4 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2011, incorporado al art. 73 del TOCAF/12.
Los decretos y resoluciones de las Juntas, y las resoluciones y reglamentos de los Intendentes, contrarios a la Constitución o a las leyes, serán apelables para ante la Cámara de Representantes, por un tercio de la Junta, por trescientos ciudadanos inscriptos en el Departamento, o por el Poder Ejecutivo.
La apelación deberá ser interpuesta dentro de los diez días a contar desde que el decreto tenga fuerza ejecutoria y este plazo será de veinte cuando el apelante fuere el Poder Ejecutivo.
Este art. fue modificado por el art. 303 de la Constitución de la República: “Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo. Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto. La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se de cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos. El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente”.
Cuando la resolución apelada haya tenido por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apela­ción interpuesta no podrá tener efecto suspensivo. Tampoco lo tendrá cuando la apelación se interpon­ga en el segundo caso previsto por el artículo 68(*).
Ver: art.303 inc.1 in fine de la Constitución de la República.
(*) Se refiere al artículo 203 del Volumen I del Digesto Departamental.
Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia, por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del Depar­tamento, señalando concretamente el precepto constitucional o legal violado, y en qué consiste la violación.
Nota: El inc. fue modificado por el art. 283 de la Constitución de la República: “Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del departamento, en la forma que establezca la ley”.
Ver: Art. 313 de la Constitución de la República.
Nota: El inc.2 fue derogado por el art. 544.1 del Código General del Proceso: “Deróganse el Código de Procedimiento Civil, sus modificaciones y todas las disposiciones legales que establecen procedimientos diversos a los previstos en este Código”.
Ver: arts. 348, 508 y ss del Código General del Proceso.
En cuanto a las demandas contra los actos de las autoridades municipales, a que se refiere el Capítulo II de la Sección XVII de la Constitución de la República, se estará a lo que establezca la ley respec­tiva.
Ver: arts. 24, 312 de la Constitución de la República;
Ley 15.881 promulgada el 26 de agosto de 1987 y publicada en el Diario Oficial el 9 de setiembre de 1987.
Los Tribunales Administrativos o los Judiciales, en caso de condenación del Municipio, harán declaración expresa sobre si hubo culpa grave que sea imputable a los miembros de las autoridades departamen­tales.
Este art. fue modificado por el art. 25 de la Constitución de la República: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.
El recurso del referéndum podrá en­tablarse por un quinto de los ciudadanos inscriptos en el Departa­men­to, para que se deje sin efecto un decreto o resolución de la Junta Departamental.
Ver: art. 304 inc.1 de la Constitución de la República.
El referéndum deberá efectuarse pasados los treinta días y dentro de los sesenta siguientes a la fecha en que les sean presentadas al Intendente las peticiones populares.
Los recurrentes al referéndum podrán solicitar que éste se realice en la más próxima elección, caso en el cual el pedido de referéndum no tendrá efecto suspen­sivo.
En el referéndum la votación se hará por si o por no, y su resultado se publicará y tendrá fuerza ejecu­toria de inmediato.
El quince por ciento de los inscriptos residen­tes en una localidad, tendrá el derecho de iniciativa ante su respectiva Junta en asuntos de dicha jurisdicción. La Junta Local deberá considerar las proposiciones formuladas, dándoles trámite ante las autoridades competentes.
Ver: art. 305 de la Constitución de la República.
El mismo porcentaje de inscriptos residentes en un Departamento tendrá igual derecho de iniciativa ante la respectiva Junta Departamental.
Esta deberá pronunciarse dentro de los sesenta días de recibida la iniciativa, y, en caso de resolución negati­va, lo hará saber al Intendente a fin de que proceda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76(*).
Procederá también así el Intendente, en caso de que vencido el término a que se refiere al inciso anterior, la Junta no hubiere adoptado resolución, bastando al efecto el requerimiento de cualquiera de los firmantes de la iniciati­va que acreditare en forma los extremos correspon­dientes.
Este art. fue modificado por el art. 304 inc.2 de la Constitución de la República: “También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámaras, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental”.
Ver: (*) Se refiere al artículo 211 del Volumen I del Digesto Departamental.
Se declaran en su fuerza y vigor las leyes y reglamentos que hasta aquí han regido, en todo lo que directa o indirectamente no se oponga a la presente ley.
Ver: art. 329 de la Constitución de la República.
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