Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1414_2010.htm
Timestamp: 2017-09-23 14:27:08
Document Index: 226731982

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 158', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 23']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1414_2010]
Artículo CAPÍTULO I 1 2 3 4 CAPÍTULO II 5 6 7 8 9 10 11 12 CAPÍTULO III 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 CAPÍTULO IV 24 25 26 27
Mediante oficio radicado el 28 de enero del año en curso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2067 de 1991, el Presidente del Senado de la República remitió a la Corte Constitucional el Proyecto de ley número 028 de 2007 Senado, 341 de 2008 Cámara, por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan principios y lineamientos para su atención integral, objetado por el Presidente de la República por razones de inconstitucionalidad.
No obstante lo anterior, cabe destacar que previa la notificación del citado auto, tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes, allegaron a esta corporación las Gacetas del Congreso correspondientes, por lo que el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 10 de mayo de 2010, ordenó continuar con el trámite de revisión de constitucionalidad de las objeciones presidenciales.
El Proyecto de Ley 028 de 2007 Senado – 341 de 2008 Cámara, por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral, tiene como objetivo general, como se señala en su artículo 1o, “(...) garantizar la protección y atención integral de las personas que padecen epilepsia”, para lo cual se dispone que “(...) el Ministerio de la Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud (Cres) y la Superintendencia Nacional de Salud, establecerán los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios para brindar un manejo multidisciplinario, continuo y permanente a las personas que sufren esta enfermedad” y que “[l]as Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes, las entidades territoriales responsables en la atención a la población pobre no asegurada, los regímenes de excepción, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas deben garantizar el acceso, la oportunidad y la calidad en la atención integral a la población que padece de epilepsia en los términos que se define en el Plan Obligatorio de Salud.”
Destacó la Corte que, como lo ha sostenido la jurisprudencia[14], lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política supone que la seguridad social tiene la doble connotación de ser un derecho irrenunciable y a la vez un servicio público prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, “en los términos que establezca la ley”. En concordancia con ello, el artículo 49 de la Carta consagra el derecho a la atención en salud y la obligación del Estado de ordenar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios bajo los mismos principios rectores, “en los términos y condiciones señalados en la ley”.
En la referida sentencia, la Corte Constitucional fijó como regla jurisprudencial que serviría de pauta para el análisis de buena parte de las objeciones planteadas por el Gobierno Nacional, la consideración conforme a la cual “(...) el Congreso goza, por expreso mandato constitucional, de amplia libertad de configuración legislativa en materia de definición del contenido y diseño institucional del SGSSS. En consecuencia, una regulación legislativa sobre la materia violará los postulados de la Carta cuando; (i) desconozca los límites materiales o sustanciales antes anotados; (ii) incurra en una práctica discriminatoria que no esté amparada por un criterio de razón suficiente. Estos límites, en virtud de su generalidad, implican que el juicio de constitucionalidad que adelante la Corte debe tener carácter flexible, en aras de conservar el amplio margen al que se hizo referencia. Lo contrario, esto es, aplicar un análisis estricto sobre el tópico, llevaría a considerar que existe un solo modelo de definición del SGSSS, conclusión que contradice lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución, que defirieron esa función, de manera prevalente, al legislador”.
En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de unidad de materia implica que en toda ley debe existir correspondencia entre el título y el contenido de la misma, así como conexidad interna entre las distintas normas que la integran. De este modo, ha dicho la Corte[15], la Constitución fija en su artículo 158 dos condiciones al Congreso para el ejercicio de la función legislativa, “pues este se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquella”.[16] De esta manera, el Congreso vulnera el principio constitucional sobre unidad de materia “cuando incluye cánones específicos que, o bien [no] encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado”.[17]
En la Sentencia C-662 de 2009, de manera general, sobre este aspecto se señaló que de los artículos 48 y 49 del Ordenamiento Superior se sigue que la Constitución le confiere al Congreso la potestad para definir el contenido del SGSSS, lo que implica que el órgano de representación democrática tiene la posibilidad de fijar distintas modalidades de organización prestacional e institucional del sistema de salud, sometido solamente a las pautas fijadas directamente en la Constitución y a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y no discriminación.
Por otra parte, llama la atención la Corte el hecho de que el gobierno haya objetado el proyecto de ley por desconocer las competencias de la CRES, sin especificar de qué disposiciones del mismo deriva esa conclusión y sin aludir a la previsión del artículo 10 del proyecto, en la que, de manera expresa, se dispone “[l]a Comisión de Regulación en Salud (CRES) deberá incluir en los planes de beneficios del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado la cobertura de la epilepsia, mediante la adopción de guías y protocolos que prevean los procedimientos, medicamentos y demás servicios de salud, que se requieran para el tratamiento de esta patología”. Esta discordancia entre el sentido de la objeción y el contenido del proyecto, independientemente de cuál pueda ser el alcance de la aludida previsión del artículo 10 del mismo, se traduce en una falta de certeza de la objeción, que impide que sobre este aspecto la Corte emita un pronunciamiento de fondo.
“El Ministerio de la Protección Social en coordinación con el Ministerio de Educación diseñará un programa especial para capacitar a los médicos generales y al personal docente en la detección temprana de los síntomas que pueden dar lugar a una enfermedad neurológica entre ellas la epilepsia” [artículo 23 del proyecto de ley].
22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-251 de 1998, C-013 de 1993, C-313 de 1994, C-620 de 2001 y C-646 de 2001, entre otras. Por ejemplo, la Sentencia C-646 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), ofrece reglas similares en cuanto a las normas que regulan derechos fundamentales, sometidas a la reserva de ley estatutaria. En este fallo, la Corte indicó que De acuerdo con esa jurisprudencia y con los precedentes constitucionales anteriores a esta, puede concluirse que tal situación ocurre cuando (i) el asunto trata de un derecho fundamental y no de un derecho constitucional de otra naturaleza, (ii) cuando por medio de la norma está regulándose complementándose un derecho fundamental, (iii) cuando dicha regulación toca los elementos conceptuales y estructurales mínimos de los derechos fundamentales, y (iv) cuando la normatividad tiene una pretensión de regular integralmente el derecho fundamental. // En este orden de ideas, puede observarse entonces que la existencia de las leyes estatutarias tiene una función doble, identificada especialmente por medio de los criterios (ii) y (iii). Por un lado, la de permitir que el legislador integre, perfeccione, regule y complemente normas sobre derechos fundamentales, que apunten a su adecuado goce y disfrute. Y por otro, la de establecer una garantía constitucional a favor de los ciudadanos frente a los eventuales límites que, exclusivamente en virtud del principio de proporcionalidad, pueda establecer el legislador. // 7. Por la especial importancia que tienen las leyes estatutarias dentro del ordenamiento, es necesario que el análisis sobre un cargo que reproche el desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, cuide también por lo menos tres aspectos fundamentales. Primero, evite que en la determinación del alcance material de la ley estatutaria, sea vaciada la competencia del legislador ordinario. Segundo, impida que en busca del mantenimiento de la anterior competencia constitucional ordinaria del legislativo, sea eliminado el contenido material y el ámbito propio de las leyes estatutarias. Y tercero, prevenga que una interpretación sobre el contenido de las leyes estatutarias les otorgue una competencia tal en materia de regulación de derechos fundamentales, que les permita afectar sus contenidos conceptuales básicos, sin un adecuado juicio de proporcionalidad previo. // Con base en los anteriores supuestos, para poder determinar si la norma acusada debió haberse tramitado por medio de una ley estatutaria, no basta con determinar si el objeto de esa disposición tiene alguna relación con un derecho fundamental. Será necesario además, constatar si el contenido normativo expresado por la ley desde el punto de vista material, regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, límites o condicionamientos sobre estos, deberá verificarse si estas tienen un carácter proporcional y constitucionalmente razonable”.