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Timestamp: 2018-09-21 09:54:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 14', 'artículo 62', 'artículo 33', 'artículo 14', 'artículo 57', 'artículo 29', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 153', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 89', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 584', 'artículo 13', 'artículo 20', 'Artículo 20']

militar - Reformas al fuero militar.
Reformas al fuero militar.
por Karapilot el 14/12/2013, 10:41 am
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre.- El pleno del Senado dio ayer el primer paso para aprobar el paquete completo de avances en materia de derechos humanos, enviado por el presidente Enrique Peña Nieto, y que incluye el retiro de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con lo cual los militares mexicanos ya no tendrán la protección del fuero de guerra en caso de incurrir en desaparición forzada.
Desde octubre, el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado un paquete inédito de reformas para poner al país a la vanguardia internacional en esa materia, al grado de retirar el fuero de guerra para castigar con 50 años la desaparición forzada y regular la actuación del Estado en la suspensión de derechos y garantías.
De igual forma, planteó la regulación del procedimiento de expulsión de los extranjeros que incurran en hechos que constituyan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden o la seguridad públicos.
Ayer, el pleno del Senado dejó en primera lectura el paquete de siete decretos que permitirán que México se actualice en materia de respeto a los derechos humanos.
Se trata de un paquete que incluye cambios al capítulo de desaparición forzada de personas del Código Penal Federal; la Ley Reglamentaria al artículo 29 constitucional, referente a la suspensión de derechos y garantías en caso de afectaciones graves a la seguridad nacional; a la seguridad interior, a la salud pública o desastres naturales o antropogénicos de gran magnitud e impacto a la población, y que se deriva de la reforma en materia de derechos.
Otra propuesta es para crear la Ley Reglamentaria al artículo 33, referente al proceso de expulsión de extranjeros.
De igual forma, informó de su decisión de retirar las reservas hechas por el gobierno de México a diversos instrumentos internacionales, para que el país se inscriba en la vanguardia de los parámetros de derechos humanos.
Se trata de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; Convención sobre el Estatuto de los Apátridas; al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; a la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.
Además, retira la reserva al instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la cual se refiere al fuero de guerra que existe en México.
“El gobierno de México al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa al Artículo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio.
“El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución Mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”, establece la explicación del entonces presidente Vicente Fox que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Para la declaración de suspensión de derechos y garantías, el dictamen propone un procedimiento en el cual una vez reunidos los secretarios de Estado con el Presidente, donde se determine esa medida, la propondrá al Congreso, que tendrá hasta 72 horas para aprobarla.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/14/933751
Re: Reformas al fuero militar.
por Monakyo101 el 6/2/2014, 4:36 pm
-Aprueba el Senado retirar reservas del gobierno a Convención Interamericana.
Juzgarán en tribunales civiles a militares acusados de desaparición forzada
-Se podría llevar a juicio a los soldados que participaron en la Guerra Sucia de los años 70 y 80.
Víctor Vallinas y Andrea Becerril
Miércoles 5 de febrero de 2014 p8
Por unanimidad el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el retiro de una reserva que el gobierno hizo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con lo cual los militares que participaron en la llamada Guerra Sucia-en los años 70 y principios de los 80.-desaparecíeron personas podrían ser juzgados por tribunales civiles. El texto se remitió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El dictamen aprobado subraya que los"presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas podran ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
"Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas no podrán ser considerados como cometidos en el ejercicio de las funciones militares".
También por unanimidad se aprobó otro dictamen por el.cual se retira la reserva que formuló el gobierno de la República al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución.
Asi,"el Ejecutivo no podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, sin que previamente se les realize un juicio y se les de el derecho de audiencia. "También fue turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La reserva que se retiró a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que el gobierno mexicano formuló en 2002, reconocía el Fuero de Guerra y consideraba que éste no constituía una jurisdicción especial, toda vez que, conforme al artículo 14 de la Constitución Mexicana, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En el dictamen se destaca que esa convención establece"la obligación de tipificar y perseguir a los perpetradores de estos actos; los principios de jurisdicción y extracción; la exclusión de las jurisdicciónes militares,; los presuntos responsables de los hechos del delito de desaparición forzada de personas, sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciónes del derecho común competentes en cada Estado y excluye las jurisdicciónes militares o especiales.
Los senadores consideraron que la propuesta del gobierno federal para retirar esa reserva es acordé con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco-quien fuera desaparecido por militares en Guerrero durante la denominada Guerra Sucia-contra los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha sentencia, precisan en el dictamen, resolvió que la reserva formulada por México"no satisface el primer requisito de la Convención y por ello debe ser invalidada.
La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez aseveró en tribuna que este instrumento internacional señala que los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas no podrán considerarse cometidos en el ejercicio de las funciones militares-y no se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas en tales procesos
http://www.jornada.unam.mx/2014/02/05/politica/008n1pol
por Monakyo101 el 7/2/2014, 1:59 pm
"Es una intromisión en algo que no saben", sostiene.
El General en Retiro Garfias Magaña crítica la decisión de los senadores
Miércoles 5 de febrero de 2014 p.8
El General de División en Retiro Luis Garfias Magaña criticó la decisión de la Cámara de Senadores de retirar la reserva que el gobierno mexicano hiza a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, con lo cual los militares que participaron en la llamada guerra sucia de los años 70 del siglo XX podrán ser juzgados por tribunales civiles. La decisión de los legisladores es"una intromisión en el fuero de guerra y en el ámbito militar, es una intromisión en algo que no saben".
En entrevista, Garfias Magaña lamentó la decisión, aunque aclaró que aún cuando hubo soldados involucrados en la represión de aquellos años, los delitos prescribieron.
El General, quien fue presidente de varios consejos de guerra, lamentó la ignorancia de los legisladores sobre el Fuero de Guerra y que en las comisiones de Defensa o de Marina en las cámaras de Senadores y de Diputados no participen elementos de las fuerzas armadas.
"Si hubiera militares en esas comisiones defenderían las posturas del Ejército y no se entrometería el Congresoen cosas que Ignora ", dijo el divisionario, quien en su momento integró la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Aseveró que la decisión del Senado es incongruente y no puede aplicarse, porque en el Código de Justicia Militar (CJM) continúa vigente el delito de violencia contra civiles, por lo que los militares que cometan ese tipo de ilícitos deben ser juzgados en el fuero de guerra
Garfias rechazó que la declaración de invalidez del artículo 57 de CJM (de la Suprema Corte De Justicia de la Nación a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla), que permitía juzgar a militares en el fuero de guerra cuando cometieran delitos en agravio de civiles, sea aplicable a estos casos.
Aseguró que la decisión de los senadores tendrá impacto en los militares y marinos que participan en funciones de seguridad pública, particularmente los que estan en Michoacán, "porque están en constante contacto con los civiles".
Acerca de la violencia que se vive en Michoacán y otras partes del país, dijo que el gobierno federal ha tenido miedo de aplicar el artículo 29 constitucional-que proviene de la Constitución de 1857-que prevé la suspensión de garantías.
La suspensión de garantías permitiría a soldados y marinos actuar con el respaldo de la ley donde la violencia se ha desbordado,porque actualmente las fuerzas armadas están desarmadas legalmente subrayó.
http://www.jornada.unam.mx/2014/02/05/politica/008n2pol
Última edición por Monakyo101 el 26/10/2014, 5:41 am, editado 1 vez
por Monakyo101 el 8/3/2014, 9:23 pm
-Ampara a dos soldados acusados de delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Inconstitucional, traslado de presos de penal militar a federal, determina la Corte
-Los cambios de centros de reclusión solo procederán por decisión de un juez castrense.
Periódico La Jornada jueves 6 de marzo de 2014 p.19
La 1a Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Dirección General de Justicia Militar no puede trasladadar a discreción a soldados presos de un penal castrense a otro federal de máxima seguridad sin contar con la autorización"fundada y motivada"del juez militar que instruyó el proceso penal.
Al conceder amparo a dos militares acusados de delitos contra la salud y delincuencia organizada, los ministros precisaron que aún cuando las acusaciones sean por delitos federales graves, el cambio de penal solo será procedente por una decisión judicial, en la que se estipule "racionalmente"la imposibilidad de mantener la prisión preventiva en el lugar donde se instruye la causa penal.
La 1a Sala precisó en su sentencia que el juez militar debe tomar lax medidas necesarias para garantizar la defensa adecuada de los procesados, el Capitán 1o Juan López Raymundo y el Cabo de Caballería Benito Gómez Gapi, quienes se encuentran en prisión preventiva; para que estén en condiciones de contar con una defensa legal adecuada.
El amparo concedido es para efecto de que la Dirección General de Justicia Militar de la Secretaria de la Secretaria de la Defensa Nacional deje sin efecto los oficios con los cuales trasladó a ambos acusados del penal de la 1a. Región Militar al CEFERESO 5 de máxima seguridad del municipio de Villa Aldama, Veracruz; y que en caso de haber hecho el cambio, los acusados tendrán que ser regresados al penal de la 1a. Región Militar ubicado en el Distrito Federal.
La Corté aseveró que en caso de que la Defensa Nacional insista en trasladarlos a un penal de máxima seguridad, deberá acudir ante el juez militar correspondiente para que esté autorice la orden emitida por la Dirección General de Justicia Militar.
De acuerdo con el expediente de la causa, el Capitán 1a. y el Cabo fueron acusados de aprovecharse de que formaban parte de las células de mantenimiento de simuladores de tiro, lo que les permitía viajar a diversas entidades del país, para transportar droga en.los vehículos militares-con la complicidad de otros soldados de diversas unidades-, hasta que fueron descubiertos en 2011 por el Jefe del Centro Adiestramiento Regional de la 2a. Región Militar, quien detectó que de un vehiculo militar sacaban"sacos verdes", que contenían metanfetaminas y cocaína y los colocaban en un vehículo particular.
A los acusados se les dictó auto de formal prisión por presuntamente transportar droga en colaboración con Salvador y Alfredo Quintero Beltrán, El Chava y El Jabalí, "integrantes del Cartel del Chapo Guzmán".
Cabe señalar que gran parte de los militares acusados de vinculos con el narcotráfico, como el General Ricardo Martínez Perea (actualmente preso), fueron trasladados en su momento de la prisión militar a un penal federal sin hacerlo del conocimiento de sus familiares y sin contar con la autorización de un juez, situación que la 1a. Sala determinó que es inconstitucional.
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/06/politica/019n1pol
por Monakyo101 el 11/3/2014, 6:45 am
-Posponen senadores debate sobre cambios al CJM.
Militares que violen garantías deber ser juzgados por civiles, insisten ONG
Viernes 7 de marzo de 2014 p.12
La discusión de los cambios al Código de Justicia Militar se pospusó en el Senado debido a que organizaciones sociales y el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, formularon varias observaciones al proyecto de dictamen.
Además hay divergencias del PRD con el proyecto, que cuenta con el aval de PRI y PAN y fue consensuado con el Alto Mando castrense.
Incluso, en el documento se incluyó la petición que hicieron representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina la semana pasada, de no incluir de manera expresa en el Código de Justicia Militar el delito de desaparición forzada.
También se acotó que los militares que violen derechos humanos de ciudadanos sean juzgados en tribunales civiles.
Se crea la figura de jueces de ejecución de sentencia y se deja abierta la posibilidad de que soldados y marinos sentenciados cumplan sus condenas en prisiones castrenses.
El senador perredista Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las dictaminadoras, comentó que está a discusión el artículo 57 del Código de Justicia Militar, con la finalidad de que se establezca que"en tiempo de paz cualquier delito cometido por militares en activo, ya sea del orden común, federal o militar, donde el sujeto pasivo sea un civil, será procesado por la jurisdicción ordinaria federal.
Encinas resaltó que las organizaciones defensoras de derechos humanos a las que ayer recibieron, plantearon que el dictamen debe circunscribirse a las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dejar claro que en casos en que se vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.
Expusó que a la reunión con las organizaciones no gubernamentales asistieron el Presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN), la senadora Arely Gómez (PRI) y los perredistas Manuel Camacho Solís y Dolores Padierna.
Modificar el Código de Justicia Militar para acotar el fuero ha enfrentado fuerte resistencia de los mandos de las Fuerzas Armadas en los 10 años recientes.
Luego de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Radilla, el ex presidente Felipe Calderón se vio obligado a enviar una iniciativa al Senado con el propósito de suprimir el Fuero Militar, pero sólo en el caso de tres delitos:tortura, desaparición forzada y violación sexual. Esa iniciativa quedó congelada en la pasada legislatura.
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/07/politica/012n2pol
por Monakyo101 el 11/3/2014, 11:23 pm
-Se propone que soldados sean procesados por jueces civiles.
Exige la ONU al Senado seguir dictado sobre el Fuero Militar
Domingo 9 de marzo de 2014 p.13
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidos (ONUDH) demandó a los senadores que dictaminan las reformas sobre el Fuero Militar que sigan las recomendaciones de organismos internacionales y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la nueva legislación fijé de manera clara que los elementos de las Fuerzas Armadas que vulneren derechos humanos o cometan delitos contra civiles, serán juzgados en tribunales federales comunes, fuera de la jurisdicción castrense.
En un documento que el representante de ese organismo Javier Hernández Valencia, entregó a los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Roberto Gil y Arely Gómez se formulan observaciones de fondo al proyecto de dictamen, que se pretende aprobar la próxima semana.
De entrada la ONUDH pide que se suprima la fracción tercera del artículo 57 del Código de Justicia Militar, donde se permite que el fuero militar siga operando cuando el delito contra civiles-tortura, desaparición forzada, violación o asesinato-se hubiera cometido"en territorio declarado estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial, conforme a lad reglas del derecho de la guerra".
Tal excepción debe suprimirse, a fin de que"en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el delito cometido por un militar contra un civil sea conocido por las autoridades militares.
Es una posición consistente con las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha formulado a México, entre ellas en el.caso Radilla y con jurisprudencia de la Suprema Corte, se destaca en el documento.
El organismo de la ONU propone incluso una redacción distinta para el artículo 57, que establezca que podrán definirse como delitos contra la disciplina militar,"siempre que no se trate de víctimas civiles o de violación de derechos humanos".
Esa redacción propuesta excluye de manera explícita a las víctimas civiles y de las violaciones de derechos humanos que se cometen contra todas las personas independientemente de si se trata de civiles o militares y del.tiempo o contexto en el que se comete el delito.
La ONUDH se manifiesta contra el artículo 153, en que se establece que los"menores de 18 años que por cualquier causa estuvieren prestando sus servicios en el Ejército y cometan conductas tipificadas como delito en el Código de Justicia Militar o en la legislación ordinaria, serán puestos a disposición de las autoridades del sistema de justicia para adolescentes que corresponda.
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/09/politica/013n2pol
por Albert_B el 12/3/2014, 10:34 am
Creo que la opción de que cumplan la sentencia por medio del un juzgado de ejecución correcta. Independientemente del delito que se cumpla en activo es una falla al CJM.
Y la ley dice que cualquier delito cometido en activo se procesará por el fuero de guerra. A mi parecer creo que se debe ampliar el fuero de guerra mas que atraer los delitos al fuero civil.
por Monakyo101 el 31/3/2014, 7:12 am
-Indefinido aún, cuando será aprobada.
Victor Balinas
Lunes 31 de marzo de 2014 p.18
Las comisiones de Justicia y la de Estudios Legislativos del Senado consideran que la reforma al Código de Justicia Militar podría aprobarse el próximo mes, aunque no tienen fecha precisa,"ni esta en la agenda para los próximos días".
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, sostuvo que se ha frenado un acuerdo de consenso entre los legisladores, pues "hay una negativa de organizaciones no gubernamentales a modernizar el fuero, lo que quieren es eliminarlo, y eso no es posible".
A su vez, el perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, manifestó que espera que pronto haya avances en el tema. "Vamos a trabajar con las organizaciones civiles y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACJUDH) y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del fuero".
Resaltó que"estamos trabajando una redacción para que quedé perfectamente claro que todo lo que tenga que ver con delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra civiles sean juzgados en tribunales civiles. Estamos en la parte final, pero queremos que quede claramente definido el cumplimiento de la recomendación de la CORIDH".
Gil Zuarth indicó que"estamos trabajando en las observaciones que formularon las ONG y aún no hemos llegado a un equilibrio. Ellas han insistido en la desaparición absoluta del fuero militar, nosotros les hemos planteado que la propia Constitución señala que debe existir una jurisdicción para salvaguardar la disciplina militar".
El senador del PAN insistió:"lo que tenemos que hacer es armonizar la necesidad de mantener la disciplina militar con el acceso a la justicia civil. En eso estamos; creó que estaremos llegando a un acuerdo pronto".
La senadora priista Arely Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia, manifestó que"el martes pasado se había previsto una reunión de la directiva de la Comisión de Justicia con Encinas para tratar de avanzar en la redacción, pero no se realizó. Ahora no hay fecha prevista, y tampoco esta en la agenda de esta semana".
La reforma al fuero militar esta pendiente en el Senado desde el pasado sexenio, cuando el entonces presidente Felipe Calderón envió una propuesta de modificación, pero fue impugnada por organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, que consideraron que la iniciativa del Ejecutivo"no cumplía con los estándares internacionales".
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/31/politica/018n1pol
Última edición por Monakyo101 el 26/10/2014, 10:09 am, editado 1 vez
por Belcebu el 24/4/2014, 11:44 am
Aprueban en comisiones del Senado modificación a fuero militar
Los cambios en la ley precisan que los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgados por civiles cuando cometan delitos del fuero común.
Entre aplausos y por unanimidad de las 5 comisiones dictaminadoras, el Senado aprobó las reformas que limitan el fuero militar, para que los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgados por civiles cuando cometan delitos del fuero común.
Los senadores Alejandro Encinas, Fernando Yunes, Angélica de la Peña, Arely Gómez, entre otros, destacaron que concluye así un debate de años en que se trató de un tema tabú.
La secretaria de la Comisión de Justicia, Arely Gómez, subrayó que si bien se acota el fuero militar, se preserva la disciplina castrense que es la esencia fundamental de operación de las fuerzas armadas.
A su vez el perredista Manuel Camacho pidió hacer un reconocimiento a las fuerzas armadas por las disposición que han tenido para democratizar su funcionamiento, toda vez que a diferencia de otros países donde los cambios han sido traumáticos, en México los secretarios de la Defensa y de Marina instruyeron a su personal para que este proceso caminara “y hoy tenemos una decisión importante. No es una reforma más, se trata de soltar la esencia del estado, de la relación civil y militar”, destacó el perredista.
A su vez la senadora Angélica de la Peña, hizo notar que todavía las ONG’s no están completamente satisfechas pero hay la disposición de reconocer las modificaciones.
Se plantea que los alumnos de los establecimientos de educación militar mayores de dieciocho años de edad que se encuentren en escuelas de formación y que cometan un delito contra la disciplina militar conforme a las disposiciones de este Código, serán castigados con la mitad de las penas señaladas para el delito respectivo
http://www.milenio.com/politica/Aprueba-Senado-comisiones-modificacion-fuero_militar-fuerzas_armadas_0_286771469.html
Limita Senado fuero militar
por Karapilot el 24/4/2014, 5:28 pm
El Senado de la República aprobó este jueves poner límites al fuero militar para que los miembros del Ejército y la Marina sean juzgados en tribunales ordinarios cuando cometan delitos que afecten a civiles.
Hasta ahora, si un militar cometía algún delito contra civiles, era juzgado en tribunales militares, condición que no se había modificado desde 1934.
El dictamen, aprobado por unanimidad con 106 votos, será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión y, en su caso, la posterior publicación por el Ejecutivo.
El cambio principal se hizo al artículo 57 del Código de Justicia Militar que establece que los militares responderán ante la justicia civil cuando el sujeto pasivo de los delitos sea un civil.
También se crea la figura de jueces de ejecución de sentencias en el fuero militar y se establece que cuando los militares cometan delitos del fuero común serán ingresados en prisiones comunes, salvo que se trate de un convicto por delitos contra la salud o exista una solicitud expresa del imputado y sea aprobada por el tribunal que dictó sentencia.
La reforma acota que estos cambios aplicarán únicamente para las condenas que se emitan posteriormente a su publicación y cuando se trate de delitos cometidos también después de promulgada.
"Las modificaciones al Código de Justicia Militar modernizan el ordenamiento dando primacía al respeto de los derechos humanos y homologándolo con los tratados signados por el Estado mexicano", afirmó el senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Defensa.
Leer más: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=213720&v=2#ixzz2zqT0s2LK
por Monakyo101 el 26/4/2014, 7:10 am
El Ejército puede investigar a civiles
Alertan de riesgos en la reforma al código militar
Sábado 26 de abril de 2014, p. 10
Aunque la reforma para limitar el Código de Justicia Militar, aprobada por unanimidad en el Senado, tiene puntos positivos para evitar que los delitos cometidos por uniformados en contra de civiles sean llevados por los tribunales castrenses, hay aspectos riesgosos y poco analizados de la iniciativa, como permitir a las fuerzas armadas detener a civiles e iniciar las investigaciones de algunos delitos.
Así lo advirtió Silvano Cantú, abogado especialista en temas de derechos humanos, quien señaló que mediante la figura de la Policía Ministerial Militar se deja abierta la puerta para que las fuerzas armadas sigan incidiendo en ciertos procesos judiciales y en la estrategia de seguridad pública.
El nuevo Código de Justicia Militar contempla la posibilidad de que elementos del Ejército puedan tener facultades para investigar delitos cometidos por civiles contra otros civiles e incluso detener personas, lo que puede convertir la eliminación del fuero militar en un mero accesorio, porque la justicia civil podrá conocer de casos integrados primero por el Ejército, señaló.
De esta forma, “los militares hacen una especie de intercambio al decir: ‘cedemos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla y reformamos el fuero castrense, pero al mismo tiempo podemos actuar en delitos cometidos por civiles’”, lo cual entraña un peligro altísimo, porque de esta manera se legitima la militarización de la seguridad pública, dijo Cantú.
Desde 2010, recordó el litigante, el Ejército ha estado buscando que se modifique el marco normativo actual para poder tener facultades de investigación. Por lo que hace al fuero militar, todos lo aplaudimos, pero envuelta en esa capa de legitimidad hay varias manzanas envenenadas, alertó.
Por su parte, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que aunque la reforma que limita el fuero militar se trata de un avance, pues cumple con los términos de cuatro sentencias de la CIDH contra el Estado mexicano, hay otros puntos por resolver para que dicha modificación legal tenga éxito, como frenar la militarización de la seguridad pública.
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/26/politica/010n2pol
Última edición por Monakyo101 el 3/11/2015, 1:56 pm, editado 1 vez
por Shirok el 5/5/2014, 11:53 am
La traición al ejército
05/May/2014 11:26
Las dos cámaras del Congreso aprobaron la reforma al código de justicia militar para llevar a soldados a tribunales civiles por daños civiles.
Justo cuando los saldos de las estrategias de seguridad de 2007 a la fecha estaban dando resultados en la lucha contra el crimen organizado, las dos cámaras del Congreso aprobaron la reforma al código de justicia militar para llevar a soldados a tribunales civiles por daños civiles.
El tratamiento dado por todos los partidos en el Senado al tema del fuero militar partió de la equivocación de privilegios. En términos legales-constitucionales el fuero tiene que ver exclusivamente con tribunales militares para juzgar a uniformados y no representa algún estatus especial para perdonar delitos. La impunidad en tribunales militares es de menos de 5%, en tanto que en tribunales civiles llega a 95 por ciento.
Los senadores que debatieron la reforma al artículo 57 del código de justicia militar equivocaron las prioridades: las denuncias de violaciones de derechos de civiles por acciones militares son efectos del estado jurídico de indefiniciones en la lucha de los militares contra el crimen organizado. Se ha olvidado que la responsabilidad directa de la criminalidad ha tenido que ver con la incapacidad, ineficiencia y corrupción de las autoridades civiles y políticas para permitir la consolidación de bandas delictivas, su penetración en las estructuras de Estado y el acceso a armas poderosas superiores al armamento policiaco.
Los militares se han visto obligados, en sus tareas de defensa de la soberanía del Estado y de la república, a combatir al crimen organizado por el desmoronamiento de las instituciones policiacas federales, estatales y municipales. El ejército no pidió intervenir. El presidente Calderón y el presidente Peña Nieto invocaron la fracción VI del artículo 89 constitucional que le otorga al jefe del Estado la facultad de “preservar la seguridad nacional” y para ello “disponer de la fuerza armada (…) para la seguridad interior”. Sin embargo han faltado —por apatía de los legisladores— las leyes para explicitar la seguridad interior.
Los militares se rigen por la doctrina de la disciplina castrense que es diferente y más estricta que la civil. Los militares sentenciados en tribunales militares en estos años habrían salido en libertad de haber sido juzgados en tribunales civiles.
Hasta ahora los militares han sido los más preocupados por evitar acusaciones de violaciones de derechos humanos en sus acciones contra el crimen organizado. Inclusive por decisión propia el ejército creó una dirección de derechos humanos y realiza permanentes cursos de capacitación a tropa y oficiales. Por ello fue un abuso político haber dejado en el Senado la impresión de que el ejército es represor o violador.
Si el tema del fuero es consecuencia de la falta de un marco jurídico de certeza institucional, entonces la Cámara de Diputados tiene la obligación de contextualizar la reforma al artículo 57 del código de justicia militar con la decisión de entrarle de lleno a la reforma de la ley de seguridad nacional, pero de paso diseñar una ley de seguridad interior y una reglamentación más coherente del fuero.
Al final la reforma legal para mandar a militares a tribunales civiles por presuntos delitos contra la ciudadanía no resolverá el problema central que es la fuerza del crimen organizado por la incapacidad civil para combatirlo y sí afectará la moral de soldados que luchan contra la violencia criminal y cometen, en apenas 1% de los casos, daños colaterales civiles.
La reforma del fuero fue una traición del Congreso al ejército.
http://www.vertigopolitico.com/articulo/32850/La-traicin-al-ejrcito
por violeta22 el 5/5/2014, 5:29 pm
¿Que opinaran las personas que son militares de estas disposiciones?
Seria muy interesante conocer como se sienten al respecto.
Los poquitos militares con quien he hablado sobre eso, han opinado por igual que estas nuevas decisiones les afectan en sentido que coartan sus acciones de combate directo, y que dios los libre de en algún momento cometer un error por el cual tengan que ir a una prisión civil, llena de delincuentes con sobrados rencores hacia el ejército.
por Shirok el 5/5/2014, 5:34 pm
Le recomiendo darse una vuelta por esta sección hay algunos artículos al respecto.
http://www.todopormexico.org/f84-apuntes-de-un-soldado
por violeta22 el 5/5/2014, 5:44 pm
por Monakyo101 el 5/5/2014, 6:51 pm
Lo que representa la decisión del Congreso para las Fuerzas Armadas.
por Monakyo101 el 5/5/2014, 7:00 pm
Lo que representa para el crimen organizado.
por Monakyo101 el 14/6/2014, 7:34 am
-Detallan los niveles de sanción, encarcelamiento y libertad bajo fianza, entre otros.
Entran en vigor cambios al código militar, de procedimientos penales y normas minimas
-El desafío llevarla a la práctica estás modificaciones normativas: Alto Comisionado de la ONU.
Fabiola Martínez y Fernando Camacho Servin
Sábado 14 de junio de 2014 p. 18
Esté sábado entra en vigor el Código de Justicia Militar, el Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Destaca la obligación de los policías militares de informar de la dimensión de los delitos y presuntos responsables al agente del Ministerio Público.
La normatividad señala que la inocencia de todo imputado se presumirá mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme. Se detallan los niveles de sanción, encarcelamiento y libertad mediante caución. Por ejemplo, indica indica que no se ejecutará la privación de la libertad sí el sentenciado tiene estado de enajenación mental.
Los funcionarios del Servicio de Justicia tendrán facultades para imponer amonestaciones y arresto al personal de las fuerzas armadas, así como"correcciones disciplinarías"a los subalternos por faltas que cometan en la desempeño de sus cargos.
En los textos reformados se detallan las funciones de la Policía Ministerial Militar, la cual actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, y tendrá la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público Militar cuando reciba la noticia de un hecho que pueda constituir una conducta delictiva.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(sOACUNDH)señaló que aún persiste el desafío de llevar a la práctica está modificación legal que limita el alcance de la jurisdicción castrense y establece que los delitos y las violaciones a derechos humanos cometidos por uniformados contra civiles son competencia de la jurisdicción civil. En un comunicado, el organismo saludó la reforma y consideró que es la "culminación de un largo proceso participativo" cuya ruta fué determinada por los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos, así como por mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, indicó que el reto ahora es aplicar de manera efectiva este cambio y plantearse vías para alcanzar un marco superior de garantías que permitan a los tribunales conocer las violaciones a los derechos humanos cometidos contra los militares por otros elementos de las propias fuerzas armadas.
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/politica/018n1pol
por Monakyo101 el 12/3/2015, 4:32 pm
Valida Corte aumento de pena a militares y policías que acopien armas
Por Jesús Aranda mié 11 mar 2015 18:54
México, DF. La agravante de aumentar hasta en la mitad la pena a los militares o policías que utilicen o acopien ilícitamente armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas es constitucional.
Asi lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)al resolver una controversia de tesis entre tribunales colegiados sobre diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que incrementan las sanciones a quien haya sido"servidor público de alguna corporación policiaca o miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en situación de retiro, reserva o en activo".
Los ministros precisaron en su resolución que resulta inaplicable para estos casos la base de sanción mínima de 3 días y un día de multa, que establecen los artículos 26 y 29 del Código Penal Federal "pues no tendría razón una agravante que sólo incremente la pena a 3 días más, cuando la intención del legislador fue inhibir esas conductas ilícitas cometidas por la labor que desempeñan; proporcionar seguridad pública o privada, prevenir la comisión de delitos y combatir la delincuencia.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/11/valida-corte-aumento-de-pena-a-militares-y-policias-que-acopien-armas-1998.html
por Monakyo101 el 12/3/2015, 4:52 pm
Ya ni la chingan ponen al Ejército al mismo nivel de un velador.
por Monakyo101 el 6/10/2015, 8:28 am
Revisará el PRI el código de justicia castrense
Martes 6 de octubre de 2015, p. 4
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados informó que en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) revisará el Código de Justicia Militar y las leyes relacionadas con las actividades de las fuerzas armadas, para dar más certeza y garantía a los militares que participan en tareas de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada.
El secretario de la Comisión de Defensa (Capitán en Retiro) Carlos Sarabia Camacho, explicó que cuando algún elemento de las fuerzas armadas realiza operativos, en cumplimiento de las órdenes del Ejecutivo, ‘‘no sabe sobre qué marco cumple su misión y bajo qué ley será juzgado’’ si comete algún delito.
Durante una conferencia de prensa anunció que se invitará a los titulares de la Defensa, Marina y Fuerza Aérea a participar en mesas de trabajo en la Cámara de Diputados. Se trata, dijo, de lograr consenso para presentar una iniciativa que permita a los militares contar con las garantías del debido proceso cuando sean sujetos a juicio.
‘‘El objeto es ayudar a construir un sistema de justicia y dotarlo de leyes justas, definir la actuación del Ejército, el castigo que podría recibir (algún elemento) en cumplimiento de su misión y el derecho de tener un juicio justo’’.
Actualmente, indicó, la dispersión de leyes y reglamentos deja a los militares en la incertidumbre; éstos no pueden alejarse más de 80 kilómetros de sus bases, aun en su día de descanso y, en caso de hacerlo, cometen el delito de deserción.
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/06/politica/004n3pol
por Monakyo101 el 20/2/2016, 8:40 pm
[size=37]Milicia y Justicia / Modernizar la justicia militar[/size]
vie, 19 feb 2016 06:50
Foto Roberto García Ortiz / Archivo
Más allá de los discursos en los que se reconozca la participación de los militares mexicanos en labores de seguridad interna, lucha contra el narcotráfico y delincuencia organizada, operaciones de paz en el extranjero, etc., el ejecutivo federal y el Congreso deben aprovechar la conmemoración del Día del Ejército, para impulsar una amplia discusión que modernice el marco legal que regule la actividad de los soldados fuera de los cuarteles y que modernice el anquilosado sistema de justicia militar.
Justicia Militar que está basada en la llamada “justicia de mando”, en la que el secretario de la Defensa Nacional nombra al procurador militar, jueces y magistrados, así como a los defensores de oficio.
Las fuerzas armadas requieren de una cirugía mayor que modernice su estructura y atribuciones de acuerdo a las actuales circunstancias –que hace mucho dejaron de ser, la de garantizar la soberanía nacional ante amenazas externas y preservar la seguridad interior-.
La inminente entrada del nuevo sistema de justicia penal, aunado a la exigencia del respeto pleno de los derechos humanos y al debido proceso penal, exige que las fuerzas armadas estén cobijadas de un nuevo marco legal que dé certeza a sus actuaciones, pero también garantice a sus elementos que no serán objeto de persecución penal porque se apartaron del camino legal en el cumplimiento de sus deberes.
Es absurdo, pero la captura Joaquín El Chapo Guzmán fue ilícita, porque no se respetó el debido proceso cuando los marinos irrumpieron en el inmueble en el que se encontraba en Los Mochis, sin contar con una orden de aprehensión.
Todos los días, soldados y marinos que están en la primera línea contra la delincuencia organizada actúan al filo de la navaja entre lo legal y lo ilícito, pero no es su culpa, es responsabilidad del ejecutivo federal y del congreso que se han negado a enfrentar la situación y emitir leyes que definan y limiten el actuar de las fuerzas armadas en labores de seguridad.
Seguramente en su discurso de hoy, en las instalaciones de la Cuarta Brigada de Policía Militar en Escobedo, N. L., en donde se llevará a cabo la ceremonia del “Día del Ejército”, el también comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto será pródigo en halagos y reconocimiento a la labor de los más de 200 mil soldados.
Pero los militares están cansados de discursos, exigen herramientas legales que les den certidumbre a su actuar.
En cuanto a la “justicia de mando”, es imposible esperar que se imparta justicia, cuando el titular de la Defensa Nacional designa al procurador militar, al responsable de justicia militar, a los abogados de oficio, a los jueces y magistrados militares e indirectamente a los integrantes de los Consejos de Guerra.
El actual esquema deslegitima la actuación de la justicia militar, porque no hay condiciones para confiar en que los fallos fueron emitidos conforme a derecho y no por ajuste de cuentas, favoritismo o amiguismo.
Un paso importante sería, de entrada, que los integrantes del sistema de justicia militar sean autónomos, independientes y que su designación no dependa del secretario de la Defensa Nacional en turno.
Los militares que fueron sentenciados, que están bajo proceso o que son investigados bajo la “justicia de mando” actual, serían los primeros agradecidos.
La Suprema Corte, ¿otra oportunidad perdida?
En el poder legislativo iniciaron las consultas para aprobar una ley en materia de desapariciones. A partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el tema se colocó en la agenda nacional.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver un amparo en el que familiares de dos migrantes salvadoreños –que fueron asesinados, junto con otros 120 migrantes en San Fernando Tamaulipas, en 2011- reclaman a la Procuraduría General de la República (PGR) ser reconocidas como víctimas, tener acceso a la averiguación previa y coadyuvar para que se haga justicia y se castigue a los responsables.
Sin embargo, en éste como en muchos casos en los que se requiere de una altura de miras, el proyecto de dictamen –elaborado por Jorge Pardo Rebolledo-, se quedó corto.
Condiciona que a la madre y hermana de las víctimas se les reconozca como víctimas, al hecho de que se demuestre de que su ADN es compatible con los dos migrantes asesinados, plantea a la PGR que cumpla con su obligación de llegar de atender el derecho de las quejosas a conocer la verdad, pero niega el reconocimiento a la organización civil que las representa legalmente, con el argumento de que no tiene interés jurídico.
El proyecto se quedó corto. Otros ministros de la sala consideran que en el marco del debate sobre la Ley de Desaparecidos, el máximo tribunal del país tiene la oportunidad de emitir lineamientos que aporten a la discusión del tema y que, por primera vez, el máximo tribunal vaya en el primer vagón de la historia y no en el último.
De entrada, el documento no reconoce a las víctimas producto de una violación grave a los derechos humanos; tampoco establece estándares de protección a los derechos humanos de los migrantes extranjeros en tránsito hacia Estados Unidos, tampoco establece la necesidad de que el gobierno federal establezca un banco de datos de las personas desaparecidas –nacionales o extranjeras-, entre muchos aspectos que deben tomarse en cuenta.
Trascendió que hay ministros que están conscientes de la trascendencia del asunto y que pretenden “robustecer” el proyecto presentado por Pardo para que la sentencia establezca un precedente en el tema.
Los ministros de la primera sala tienen la palabra.
Desechada la demanda de Movimiento Ciudadano contra reforma política de la Ciudad de México.
Más tardo el Movimiento Ciudadano en interponer una acción de inconstitucionalidad (15/2006) en contra de la reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial el 29 de enero pasado, que el ministro Javier Laynez Potisek en desecharla por notoriamente improcedente.
En su acuerdo, el ministro precisa que las acciones de inconstitucionalidad sólo proceden para establecer si las leyes generales, leyes electorales (locales y federales y tratados internacionales) son “conformes” o respetan y cumplen con la constitución.
De manera que la propia constitución no contempla la posibilidad de que la Suprema Corte pueda ejercer control sobre la constitucionalidad de reformas constitucionales. Además de que, los partidos políticos carecen de legitimación para impugnar reformas a la constitución en materia electoral, porque ello implicaría que la Corte conceptualizara la constitución como una ley ordinaria –local o federal-, lo cual según el ministro, “no es posible”.
Laynez se apoyó en criterios y jurisprudencias de la Corte que datan de 2009 que sustentan su acuerdo. Cualquier abogado que conozca un poco de derecho constitucional lo sabe o tendría que saberlo.
¿Cuánto costó (en tiempo, dinero y recursos humanos) al Movimiento Ciudadano la elaboración y presentación de una acción de inconstitucionalidad que no tiene ninguna posibilidad de ser siquiera discutida por el máximo tribunal? Seguramente los gastos corrieron a cuenta del erario público, ¿hubiera sido lo mismo si los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de ese instituto político hubieran pagado la demanda con dinero propio?
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/19/milicia-y-justicia-modernizar-la-justicia-militar-1098.html
por Monakyo101 el 7/3/2016, 8:59 pm
[size=47]Rompería la disciplina en las fuerzas armadas, argumenta[/size]
[size=37]Comisión de diputados rechaza iniciativa que pretende eliminar el fuero militar[/size]
[size=37]Periódico La Jornada
Lunes 7 de marzo de 2016, p. 7[/size]
La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados rechazó eliminar el fuero militar y la figura del arraigo, previstos en el Código de Justicia Militar, con el argumento de que hacerlorompería con el principio de disciplina en las fuerzas armadas.
De esta manera, la comisión desechó una iniciativa de la bancada de Movimiento Ciudadano, que propuso modificar el artículo 57 del citado código, que propuso definir que en todos los casos cuando concurran militares y civiles como sujetos activos, o se violen derechos humanos, deberán ser juzgados por tribunales del Poder Judicial, no por la justicia militar.
Además, se negó a derogar el artículo 584, en el cual se señala:cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar acerca del delito, de sus circunstancias o de la persona del acusado, el juez, a pedimento de cualquiera de las partes, podrá arraigar al testigo por el tiempo que fuere estrictamente necesario para que rinda su declaración.
El presidente de la comisión, el ex subsecretario de la Defensa Nacional Virgilio Méndez Bazán, argumentó que el fuero militar conoce y resuelve los delitos en ese ámbito, y es necesario para mantener la justicia y la disciplina militar, porque así lo requiere la nación por el cabal cumplimiento de las obligaciones militares, ya que para que algo funcione debe haber orden y así funcionan las fuerzas armadas, con orden, justicia y disciplina.
La negativa a modificar el Código de Justicia Militar, publicada en la Gaceta Parlamentaria, incluye la opinión del ex rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en el sentido de que buscar suprimir el fuero militar implicaría derogar el fuero de guerra previsto en el artículo 13 constitucional y se convertiría en letra muerta.
Respecto del arraigo, el dictamen ponderó que se trata de un supuesto de derecho para ser aplicado a un testigo militar, a petición de la parte actora o de la parte demandada, y no es una atribución del agente del Ministerio Público o del juez militar.
En su iniciativa, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco refirió que aun cuando a partir de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros; Rosendo Cantú y otra, y Cabrera García y Montiel Flores o campesinos ecologistas, se reformaron diversas disposiciones del citado código, el propio organismo las consideró insuficientes.
Esto porque, explicó el legislador, el código todavía autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares. Además, que una nueva reforma constituiría un paso más en la prevención de las desapariciones forzadas, el abuso del poder, la tortura y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos militares con protección del fuero.
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/07/politica/007n2pol
por Monakyo101 el 18/4/2016, 8:32 pm
Modificarán códigos de acuerdo con derechos humanos
Alistan en San Lázaro ajuste en la estructura de justicia militar
Se suprimen consejos de guerra y fiscalía remplaza a procuraduría
Ante miles de soldados congregados en la plaza Damián Carmona del Campo Militar número 1, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se disculpó por los actos de tortura contra una mujer, difundidos en un video donde se observan algunos militaresFoto Francisco Olvera
Domingo 17 de abril de 2016, p. 4
La Cámara de Diputados enlistó en su agenda la aprobación del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.
Los ajustes a la estructura orgánica de justicia militar contemplan la supresión de los consejos de guerra; la creación de juzgados militares de control y de juicio oral; la transformación de la Procuraduría General de Justicia Militar en Fiscalía; la modificación del Cuerpo de Defensores de Oficio en Defensoría de Oficio Militar, y la creación de la coordinación de servicios periciales y ciencias forenses.
La Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro determinó elaborar un solo dictamen para ambas iniciativas. En lo relativo a las reformas al Código de Justicia Militar se propone ajustar la estructura orgánica castrense con el nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio, el cual consigna los derechos humanos de las víctimas, como sigue: derecho a ser atendido, a recibir trato digno, a denunciar el delito, a ser informado, a recibir asistencia, a obtener la reparación del daño, a ser escuchado, a interponer querella, a participar en el proceso y a inconformarse.
El sistema procesal prevé la creación de la figura del juez de control, que será el garante de los derechos humanos –citados– y que podrá participar en todas las etapas procesales del juicio. Además, por primera vez, contempla la posibilidad de mecanismos alternativos de solución de controversias, a efecto de darle celeridad a la impartición de justicia. Esto significa que no todos los juicios llegarán a la oralidad para dirimir sus diferencias.
En aquellos juicios que llegara a ser necesaria la oralidad, el nuevo sistema se sustentaría en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, derivados de la reforma al artículo 20 constitucional.
Por lo que se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, la propuesta ajusta su estructura orgánica y funcional como un Sistema de Justicia Penal Militar y se apegaría a las disposiciones del citado Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.
Entre los cambios al Código de Justicia Militar se suprimen los consejos de guerra y se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral. Estos juzgados serán dirigidos por los jueces de control, entre cuyas funciones se encuentra garantizar los derechos humanos de las víctimas.
La procuraduría se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar, que encabezará la institución del Ministerio Público, responsable de la investigación y persecución de los probables hechos constitutivos de delito de la competencia de los tribunales militares.
Además, con la extinción de la procuraduría se suprime su función de consejero jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se transforma el Cuerpo de Defensores en Defensoría de Oficio Militar, con el propósito de garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputados por delitos de la competencia del fuero militar.
Se crea la coordinación de servicios periciales y ciencias forenses con el objetivo de otorgar servicios periciales tanto al Ministerio Público como a la defensa, materializando el principio constitucional de igualdad de las partes, delimitándose los deberes a cargo de los peritos militares; con ello se cumple además con el derecho a recibir asistencia.
Por lo que corresponde a la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales, se trata de una nueva legislación que viene a incorporarse al derecho positivo mexicano, en la especialización de materia penal en la jurisdicción militar.
Se instituye que será objeto de dicho cuerpo normativo fijar las reglas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se repare el daño y, mediante la ejemplaridad de la pena, prevenir que se vuelva a cometer, contribuyendo a la protección de la disciplina militar, asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos.
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/17/politica/004n1pol
por Monakyo101 el 22/4/2016, 9:05 pm
Aprueba la Cámara de Diputados modificaciones al código de justicia militar
Patricia Torres Rodriguez/El Sol de México
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, a fin de transitar hacia el nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.
Con estas reformas se suprimen los consejos de guerra y crea los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral; y la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalia General de Justicia Militar.
Asimismo, el Cuerpo de Defensores de Oficio se convierte en la Defensoría de Oficio Militar, y se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
La discusión y votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que preside el priista Virgilio Daniel Méndez Bazán, se llevó a cabo en medio de acusaciones de Morena de "negociar en lo oscurito " el PRI, PAN y PRD modificaciones al dictamen, las cuales se presentaron como una adendum antes de la votación en lo general.
Esto provoco la molestia de Morena, quien abandono el salón de plenos antes de la votación en lo general del dictamen, arumentando que ellos no habían sido "invitados" a la reunión de coordinadores que se llevó a cabo en el area conocida "tras banderas" del pleno.
La reforma se aprobó en lo general con 253 votos a favor, 67 en contra (entre ellos los de los diputados de Moreno que no se encontraban en el salón de plenos) y 2 abstenciones. Se turno al Senado para sus análisis.
El dictamen lo fundamentó el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán del PRI, quien señaló que con dichas modificaciones se impone "al Sistema de Justicia Penal Militar su transformación, en aras de estar debidamente alineados con las reformas transformadoras en la materia y cumplir a cabalidad con una nueva óptica la subsistencia del Fuero de Guerra".
Agregó que el documento se apega al plazo de ocho años estipulado en el Segundo Transitorio de la Reforma del Artículo 20 Constitucional de 2008, que estipula que "el proceso penal será acusatorio y oral". El plazo límite prescribe el próximo 18 de junio.
El nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio consigna los derechos humanos de las víctimas como sigue: derecho a ser atendido, recibir trato digno, denunciar el delito, ser informado, recibir asistencia, obtener la reparación del daño, ser escuchado, interponer querella, participar en el proceso y a inconformarse.
Desde su curul, el diputado Alfredo Basurto Román (Morena) dijo que su grupo parlamentario no participaba porque no fue convocado a la elaboración de una adenda al dictamen, que facilitaría su aprobación.
Posteriormente, el diputado Jonadab Martínez García (MC) habló a favor del documento, pero también expresó su inconformidad porque tampoco participaron en la elaboración del agregado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de 20 minutos con el fin de que se concluyera la redacción de adendum. Poco después de que se reanudó la sesión, se aprobó el agregado.
Durante la discusión de las reservas se registró un acalorado debate en el que diputados de MC y PRD, cuestionaron su contenido, mientras legisladores del PRI refutaron sus señalamientos.
Los diputados de Morena que abandonaron la sesión en rechazo a que se modificó el dictamen que se discutía sobre reformas al Código de Justicia Militar, que expiden el Código Militar de Procedimientos Penales, acusaron al
PRI, PAN, PRD y MC de negociaron cambios "con los que no estamos de acuerdo", indicó en conferencia de prensa, junto con sus compañeros de bancada Alfredo Basurto Román y Mario Juárez Rodríguez.
Insistió en que esos diputados pactaron "tras bambalinas" cambios que violan los derechos humanos.
Basurto Román, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que "el dictamen que se aprobó en esa comisión, es distinto al que se presentó" y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, "y por ello los legisladores de Morena abandonamos la sesión".
Con los cambios al Código de Justicia Militar se suprimen los Consejos de Guerra y se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral. Entre las funciones de los jueces de control está garantizar los derechos humanos de las víctimas.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar y encabezará la institución del Ministerio Público, responsable de la investigación y persecución de los probables hechos constitutivos de delito, en cuanto a la competencia de los tribunales militares.
Con la extinción de la Procuraduría General de Justicia Militar, se suprime la función de ejercer como consejero jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se transforma el Cuerpo de Defensores de Oficio en Defensoría de Oficio Militar, para garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputados por delitos de la competencia del fuero militar.
También se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el objeto de otorgar servicios periciales tanto al Ministerio Público como a la defensa, materializando el principio constitucional de igualdad de las partes, delimitándose los deberes a cargo de los peritos militares; con ello se cumple, además con el derecho a recibir asistencia.
Con la reforma, se armoniza la redacción y se precisan las funciones de los operadores del sistema con el Código Militar de Procedimientos Penales en la figura del juez de control.
Se derogan las disposiciones contenidas en el Libro Tercero denominado "Del procedimiento", cuyos supuestos jurídicos se desvinculan del Código de Justicia Militar y se incorporan junto con otras nuevas hipótesis para expedir el Código Militar de Procedimientos Penales.
Por lo que respecta al nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, se fijan las normas para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos en un marco de respeto a los derechos humanos.
Se establece que el proceso penal, en la jurisdicción militar, será acusatorio y oral, en cuyos trabajos se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, es decir, bajo los mismos principios que la reforma constitucional de 2008.
Garantiza que las partes reciban el mismo trato, con las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa, y un principio preponderante es que todo militar se presume inocente, y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad.
En abono a lo anterior, se garantiza la defensa como un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, el cual podrá ejercerlo con la asistencia de su Defensor que deberá ser licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional.
Plantea que la participación de miembros de pueblos y comunidades indígenas en procedimientos penales en la jurisdicción militar, será exclusivamente con el carácter de testigo, a quienes se les nombrará un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, dando certeza a su intervención.
Respecto de menores que participen como testigos en un proceso penal en la jurisdicción militar, para garantizar sus derechos y prerrogativas, se sujetará a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico militar gratuito si lo hubiere o ser asesorado por el Ministerio Público en cualquier etapa del procedimiento; o bien, podrá contar con asesor jurídico particular en caso de que lo decida.
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