Source: https://www.scribd.com/doc/299469581/Venezuela-TSJ-Enforcing-Economic-Emergency-Decree-11-February-2016
Timestamp: 2020-06-02 02:39:24
Document Index: 2008102

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 339', 'artículo 136', 'Artículo 136', 'Artículo 27', 'Artículo 34', 'artículo 339', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 34', 'artículo 187', 'artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 339', 'artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 136', 'artículo 335', 'artículo 7', 'artículo 98', 'artículo\n145', 'Artículo 337', 'artículo 236', 'artículo 337', 'artículo\n226', 'Artículo 190', 'artículo 116', 'artículo 31', 'artículo 265', 'Artículo 17', 'artículo 337', 'artículo 338', 'artículo 339', 'artículo 4', 'artículo 226', 'artículo 236', 'Artículo 299', 'artículo 11', 'artículo 337', 'artículo 17', 'artículo 226', 'artículo 236', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 339', 'artículo\n31', 'artículo 38', 'artículo 336', 'artículo 33', 'Artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 31', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 334', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 95', 'artículo 27', 'artículo 59', 'artículo 27', 'in fine']

Venezuela TSJ - Enforcing Economic Emergency Decree - 11 February 2016 | Parlamento | Constitución | Free 30-day Trial | Scribd
Venezuela TSJ - Enforcing Economic Emergency Decree - 11 February 2016
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Consta en autos que, el 3 de febrero de 2016, los ciudadanos HERNÁN TORO, titular de la cédula de identidad n.° V-15.343.932 miembro del Consejo Comunal “San Antonio de Galipán”; NORCY ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad n.° V- 5.981.614, miembro de la Organización Social “CONSEJO COMUNAL PÉREZ BONALDE”; ROSA CORRO, titular de la cédula de identidad n.° V-14.071.077, habitante del urbanismo “Ciudad Tiuna”; ALEJANDRA VARGAS, titular de la cédula de identidad n.° V-11.991.289, miembro de la Comuna “Bicentenaria Socialista”, Parroquia Santa Teresa; JOSEFINA MARÍN, titular de la cédula de identidad n.° V- 7.998.530, miembro del Consejo Comunal “Árbol de las Tres Raíces” (Estado Vargas); RUDY PUERTA, titular de la cédula de identidad n.° V-20.005.750, miembro de la Comuna “Guaicamacuto” (Estado Vargas); JESÚS SULBARÁN, titular de la cédula de identidad n.° V-5.578.359, miembro de la Comuna Socialista “Guaicamacuto” (Estado Vargas); GERARDO BUITRAGO, titular de la cédula de identidad n.° V-5.091.537,
miembro de la Comuna “Moncasig” (Estado Vargas); FLOR GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad n.° V-12.163.314, miembro del Consejo Comunal “La Perla” (Estado Vargas); YOVANI MIERY, titular de la cédula de identidad n.° V-13.826.717, miembro del Consejo Comunal “Piedra Azul” (Estado Vargas), todas las referidas organizaciones debidamente inscritas ante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales; asistidos por el abogado Carlos Navarro, inscrito en el Inpreabogado n.° 54.621, acudieron ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, a los fines de interponer “RECURSO DE INTERPRETACIÓN DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL, en conformidad a lo previsto en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que le atribuye al Tribunal Supremo de Justicia la cualidad de máximo y último interprete de la Constitución, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y de su uniforme, interpretación y aplicación en concordancia con el artículo 25 numeral 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con el objeto de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie en sentencia interpretativa sobre el alcance, particulares y consecuencias del artículo 339 en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 34 [rectius: 33] de la Ley Orgánica sobre los (sic) Estados de Excepción”.
Constitucional a decidir, previas las consideraciones siguientes:
Que “[l]as normas, objeto de solicitud interpretativa, en jurisdicción
constitucional están contenidas en los artículos 339, 136 constitucionales (sic) son del
El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público. (Subrayado nuestro). Artículo 136 El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. (Subrayado nuestro)”.
Que “[l]a solicitud que legítimamente interponemos, debe necesariamente
concatenarse con los artículos 27 y 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción
Artículo 27 El decreto que declare el estado de excepción, la solicitud de prórroga o aumento del número de garantías restringidas, será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizara sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto. (Subrayado nuestro). Artículo 34 [rectius: 33] La Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia. (Subrayado nuestro)”.
Que “[e]l artículo 339 constitucional in comento establece un sistema de
controles internacionales, pero también de orden interno. En efecto, al referirse a las
exigencias internacionales habría que afirmar que los principios que conforman tanto el sistema internacional, como el sistema interamericano, en materia de estados de excepción, no puede desvincularse del ejercicio de la democracia a que alude el artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, ni al conjunto de derechos esenciales de la persona humana, contenida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”.
Que “[e]l 14 de enero de 2016 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 6.214 Extraordinario se publicó el Decreto Presidencial Número 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, de conformidad a la Constitución, las leyes y por un lapso de 60 días. De conformidad al Texto Constitucional, dicho Decreto debe ser sometido a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitciona1 del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Cumplidos estos requisitos constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando constitucional, conforme a la Constitución, el Decreto in comento, en sentencia N° 04 Expediente 16-0038 de fecha 20 de enero de 2016, publicando su constitucionalidad en la Gaceta N° 40.838 de fecha 28 de enero de 2016. El hecho que ocupa nuestra atención y evaluación es que dicho Decreto sometido a la Asamblea Nacional no fue aprobado, en el lapso de cuarenta y ocho horas tal como lo pauta el artículo 27 de la Ley (sic) sobre Estados de Excepción; sino que fue desaprobado según el Acuerdo de sesión Plenaria en fecha 22 de enero del año que discurre, publicado en la
página web de la Asamblea Nacional; es decir ya desde el 14 de enero data de su publicación en la Gaceta Oficial era pública y notoria la declaratoria del ‘Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días’. Ello ha creado una situación de zozobra en algunos sectores de la vida nacional, puesto que [se] pregunta[n] qué ocurriría si se producen catástrofes, calamidades públicas, conmoción interior o exterior por conflicto interno o externo que ponga en peligro la seguridad de la nación y la del pueblo de Venezuela. La no aprobación en el ejercicio de la función de control político de la Asamblea Nacional sobre los Estados de excepción, la negativa de la Asamblea Nacional como Poder Público que inexcusablemente debe colaborar con los demás Poderes Públicos ¿Podría ello impedir o interrumpir el ejercicio de una función fundamental del Jefe del Estado y hasta alterar el
económica en la cual se encuentra el Estado, es inminente que se requiere y necesita la colaboración y concierto de todos los Poderes Públicos. ¿Puede uno de ellos interferir para la consecución de los objetivos del Estado? ¿De impedir que se solucionen las
Público?;
necesidades primarias del pueblo?
Que “[d]ada la gravedad del comportamiento de la mayoría en la Asamblea Nacional la situación ocasionada se hace menester, en consecuencia, evaluar, dilucidar, aclarar con base a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la actual situación, puesto que la no aprobación de la Asamblea Nacional del estado de
emergencia económica, no afecta de nulidad, ni sustenta o impide el ejercicio del Decreto Presidencial que declara dicho Estado en todo el territorio nacional, dadas las acciones de ofensiva económica y de graves amenazas, la caída inusitada de los precios petroleros, y a su vez, la obligación inajenable que tiene el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de proteger al pueblo y preservar sus derechos a la vida, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, e incluso la soberanía de Venezuela”.
Que “[e]l Decreto que declara el estado de excepción, aunque es considerado por la doctrina como un Acto de Gobierno, tiene rango y fuerza de ley y tiene preeminencia temporal en el ordenamiento jurídico, siempre subordinado a la Constitución. Este Decreto, que declara el estado de excepción entra en vigencia una vez dictado, y su efecto de la declaratoria es la ampliación de la potestad normativa del Ejecutivo Nacional al restringir garantías constitucionales de conformidad al artículo 6 de la Ley Orgánica de (sic) los Estados de Excepción. Facilita también la ejecución de medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional, en una reglamentación que incide democráticamente, constitucionalmente en los derechos ciudadanos, no extendiéndose a funciones judiciales, ni a las funciones de los otros Poderes, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de los (sic) Estados de Excepción. Las facultades del Presidente incluyen las medidas necesarias, de acuerdo al principio de proporcionalidad con la necesidad, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de los (sic) Estados de Excepción in comento, todo ello con base a la doctrina, jurisprudencia y la Constitución. El Decreto de estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los
Poderes Públicos, aunque acumula, en el Presidente de la República, por razones extraordinarias, constitucionales, las potestades ejecutivas y legislativas. El control parlamentario, control político, corresponde a la Asamblea Nacional. El acuerdo que emana de la Asamblea Nacional sólo puede negar la continuación de la declaratoria, examinando los motivos de méritos, de oportunidad y proporcionalidad, una vez que el Presidente de la República solicita la única prorroga”.
Que “[e]n el caso que nos ocupa, sometido, mediante Recurso de Interpretación Constitucional a esa honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha desarrollado una guerra económica, iniciada contra el pueblo de
Venezuela, en coordinación con factores internos y externos, perjudicando gravemente al pueblo y dificultando el ejercicio de su derecho a disponer de bienes y servicios esenciales en detrimento de derechos esenciales como la salud y la alimentación. Está amenazada la sostenibilidad de la economía nacional, también por el efecto de los precios en bajada del petróleo, y el gobierno está en la obligación de proteger a Venezuela en función de las amenazas existentes, cuyo impacto social y económico afectan gravemente el desenvolvimiento normal y la estabilidad de la República, se afectan los ingresos fiscales y de divisas el país y, como hemos dicho, los derechos del pueblo. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de los Consejos Comunales; los Consejos Comunales ‘son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social’; igualmente con fundamento en el artículo 62 constitucional, el cual pauta: ‘Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas’”.
Que “[e]n el Título VIII de la Protección de esta Constitución, de la garantía de esta Constitución, Capítulo II de los Estados de Excepción, se desarrollan en tres normas, artículos 337, 338 y 339 todo lo relativo a las condiciones o requisitos
constitucionales de validez y vigencia de la declaratoria del llamado por la doctrina ‘ius exorbitante’ en el marco del Estado de Derecho y de los valores y principios de la democracia”.
Que “[c]uando el constituyente de 1.999 le da la atribución a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para pronunciarse sobre su constitucionalidad, está separando el control político (Parlamento) del control
jurisdiccional. Además, la misma Constitución le confiere al Tribunal Supremo de Justicia ser el máximo intérprete de la Constitución; por ello resulta incongruente como un artículo de una ley como el artículo 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción (sic) cercena el control sobre el orden jurídico al Tribunal Supremo de Justicia”.
Que “[e]l acto revocatorio, cuando se solicita la prórroga a que hemos hecho referencia ut supra, no es un pronunciamiento de legitimidad, sino que es un
pronunciamiento sobre la continuidad de los efectos del Decreto, la Asamblea Nacional, en
este caso, lo único que hace es cesar las consecuencias del Decreto o acto de gobierno, por
estimar que no debe continuar ya que concluyeron las causa que lo motivaron”.
Que “[s]i existe siempre, a nuestro ver, un control de constitucionalidad,
pues los actos de gobierno tienen el mismo nivel en la jerarquía en las fuentes del Derecho
que una ley formal, y por tanto es controlable por el órgano jurisdiccional en lo que ataña
a su constitucionalidad. Es de advertir que aunque el contenido del recurso de
inconstitucionalidad sea limitado, el puede versar sobre la incompetencia; sí fue asumido
por la fuerza; si fue dictado con desviación de poder; si hubo falta de procedimiento
previsto; o si hubo abuso de poder; o si se incumplió con los tratados internacionales de
Que “… es indubitable la eficacia y vigencia del Decreto Presidencial
referido al Estado de emergencia, económica en todo el territorio nacional”.
Que “… el artículo 187 constitucional referido a las atribuciones de la
Asamblea Nacional, no establece ‘autorización’ para el Presidente de la República en lo
que respecta al Decreto de los Estados de excepción. A su vez, la Ley sobre los (sic)
Estados de Excepción (sic) en el Titulo IV del control al decreto Capitulo I el Control por
la Asamblea Nacional, artículos 26, 27, 28, 29 y 30, no refiere los efectos de la no
aprobación parlamentaria del decreto in comento, por el contrario en el artículo 30 habla
(sic) ‘acuerdo’ dictado por la Asamblea Nacional y en el artículo 26 repite la formula
constitucional sobre el control político parlamentario al Decreto, y a pesar que trata el
tema de la prórroga del Estado de excepción, no refiere la potestad revocatoria
constitucional, ni ningún otro efecto”.
Que “… en el presente caso [se encuentran] con la inminente necesidad de
obtener seguridad jurídica mediante una declaración de certeza que permite esclarecer el
alcance de consecuencias de la norma de este objeto, o recurso, en lo que respecta al
sistema de control interno y de manera particular, al control de la Asamblea Nacional de
los estados de excepción a que se contrae el artículo 339 Constitucional in comento.
Pretende[n], con el respeto y la venia de esta Sala Constitucional, esclarecer el alcance
que surge de la interpretación de las normas que [han] señalado, puesto que, ellas no
refieren los efectos de la no aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Decreto
que declara el estado de excepción. Claro está, la norma del 339 artículo in comento en su
parte final expresa ‘el Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga
por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional, antes del término señalado
al cesar las causas que lo motivaron’, pareciera indicar el Constituyente que la
aprobación o no aprobación parlamentaria es una forma de control político que no puede
anular, ni revocar, ni suspender el Decreto que declara el estado de excepción, no
obstante, el Constituyente le da potestad revocatoria del Decreto a la Asamblea Nacional o
su Comisión Delegada ‘al cesar las causas que lo motivaron’ (Subrayado nuestro)”.
Que “[t]al como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, el recurso de
interpretación de naturaleza constitucional tiene como prioridad de resolver cuestiones
hermenéuticas y, su relación con un caso particular, sólo está dirigida a demostrar que
ante una determinada situación se ha suscitado la duda por las distintas interpretaciones
dadas a un mismo precepto y que además existe interés general en la solución del asunto.
Por otra parte, cuando el juez en su función hermenéutica está impedido de pronunciar
una anulación, respecto del caso planteado, la jurisprudencia ha señalado la necesidad
que la declaratoria de interpretación verse sobre un caso concreto, a los fines de permitir
al intérprete apreciar objetivamente la existencia de la duda que alegue como fundamento,
y así evitar que el mismo se convierta en un ejercicio académico sin la finalidad práctica de la mejor aplicación”.
3) Que el presente Recurso de Interpretación declare con certeza - otorgando la debida seguridad jurídica- los efectos de la consideración y aprobación o no aprobación de la Asamblea Nacional sobre el Decreto que declara el estado de excepción.
León”, esta Sala Constitucional determinó su competencia para interpretar el contenido y
alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en
el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
concordancia con el artículo 336 eiusdem.
Al respecto, esta Sala Constitucional como máximo y último interprete de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha precisado que la facultad
interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia n.º 1415 del 22 de noviembre de 2000, caso: “Freddy Rangel Rojas”, entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia n.º 1860 del 5 de octubre 2001, caso:
“Consejo Legislativo del Estado Barinas”), del cual formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos
multiestatales (sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: “Servio Tulio León”)
o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia n.º 1563 del 13 de diciembre de 2000, caso: “Alfredo Peña”).
Así las cosas, se observa que la petición de los recurrentes de autos estriba
interpretar los artículos 339, en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de
República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 34 [rectius: 33, pues
el que se corresponde con el contenido señalado por los solicitantes, conforme a la ley
vigente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001] de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción; los dos primeros (artículos constitucionales), relacionados con la declaratoria del estado de excepción, la distribución del Poder Público y el principio de colaboración entre poderes, y
los segundos (artículos de la Ley referida), sobre la aprobación o no del decreto que declare
el estado de excepción por la Asamblea Nacional, dentro de los lapsos señalados en dicha
norma, junto a sus efectos, y a la declaratoria de omisión de la instancia, si la Asamblea Nacional desaprobare el decreto de excepción o denegare su prórroga); por lo que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales señalados, con lo previsto en el artículo 335 Constitucional y en atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de este Máximo Juzgado, esta Sala resulta competente para decidir el
asunto sometido a su conocimiento. Así se declara.
En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo
145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Así se decide.
Que “…La no aprobación en el ejercicio de la función de control político de
la Asamblea Nacional sobre los Estados de excepción, la negativa de la Asamblea Nacional como Poder Público que inexcusablemente debe colaborar con los demás Poderes Públicos ¿Podría ello impedir o interrumpir el ejercicio de una función fundamental del Jefe del Estado y hasta alterar el funcionamiento de los órganos del Poder Público?; es eminente la problemática económica en la cual se encuentra el Estado, es inminente que se requiere y necesita la colaboración y concierto de todos los Poderes Públicos. ¿Puede uno de ellos interferir para la consecución de los objetivos del Estado?
¿De impedir que se solucionen las necesidades primarias del pueblo?
Como puede apreciarse, la pretensión gira en torno al contenido y alcance de
varias normas constitucionales y legales vinculadas a los estados de excepción (que
inclusive trascienden a las señaladas por los demandantes), a su control a lo interno del
Poder Público y a los efectos del mismo, razón por la que, con motivo de la necesaria
interpretación integral y conforme al principio de supremacía constitucional, resulta
necesario atender al contenido de esas normas, así como del resto de las fuentes del derecho
vinculadas a las mismas, de acuerdo a las incertidumbres hermenéuticas planteadas por los
justiciables de autos.
Al respecto, directamente sobre los estados de excepción, la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, prevé las siguientes disposiciones:
(…) 7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución. (…) El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican
expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Así pues, según el referido artículo 236.7 Constitucional, es atribución y
obligación del Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, declarar
los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta
Constitución. Autoridad que se ratifica en el artículo 337 eiusdem, según el cual “se
califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político,
natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones
y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de
las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos”. Asimismo, indica la norma en
cuestión que “En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías
consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición
de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y
los demás derechos humanos intangibles”.
Al respecto, la tendencia predominante del constitucionalismo patrio y del
sistema fundamentalmente presidencialista que ha imperado en el mismo, ha optado,
históricamente desde el siglo XIX, en asignar esta especial potestad que incide en los
derechos fundamentales, al Presidente o Presidenta de la República, quien es Jefe de Estado
y Jefe del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno (artículo
226 Constitucional), y sólo en algunas Constituciones se ha dado intervención,
generalmente limitada y referida al control político, al Poder Legislativo Nacional en esta
materia, tal como ocurre en las Constituciones de 1961 y de 1999, entre otras tantas.
“Capítulo II. Título VI Artículo 190, De las Atribuciones del Presidente de la República. (…)
6. Declarar el Estado de Emergencia. Decretar la Restricción o Suspensión
8. Dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ellos por ley especial; (…) Título IX, Capítulo II De la Emergencia. Artículos 240 al 244.
Así pues, en la Constitución de 1961 (sin control jurídico-constitucional), la
declaración de restricción o supresión de garantías también correspondía al Presidente de la
República, pero el constituyente sólo indicó que el decreto que la contenía debía ser
sometido a consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada. La
actual, como ya lo referimos, se refiere a su consideración y aprobación.
Como ha podido apreciarse, entre otros aspectos, la Constitución de 1961
otorgaba al Presidente de la República, la potestad de dictar estas medidas de excepción,
señalando simplemente que “El Decreto de Suspensión o Restricción de Garantías será
(…) sometido a consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión
Delegada”, sin que se estableciera posibilidad de aprobar políticamente o no tal decreto,
sino únicamente que “El Decreto de restricción o supresión de garantías será revocado por
el Ejecutivo Nacional, o por las Cámaras en sesión conjunta, al cesar las causas que lo motivaron”, y que “La cesasión del estado de emergencia será declarada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y con la autorización de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada”.
Sin embargo, la aprobación o desaprobación del decreto de estado de excepción, por parte de la Asamblea Nacional, lo afecta desde la perspectiva del control político y, por ende, lo condiciona políticamente, pero no desde la perspectiva jurídico- constitucional, pues, de lo contrario, no tendría sentido que el constituyente, en correspondencia con los principios de supremacía constitucional y del Estado Constitucional (no del otrora Estado Legislativo de Derecho), hubiere exigido, además de aquel control, el examen constitucional del mismo, por parte de esta Sala, como máxima protectora de la Constitucionalidad (vid. artículos 335 y 339 del Texto Fundamental); de allí que aquel control, sobre la base de los principios y normas mencionados, además de la autonomía del Poder Público, no invalida la tutela definitoria de la constitucionalidad.
Incluso en los regímenes parlamentarios, el estado de excepción
generalmente es competencia del Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros, aunque siempre se prevea como regla general el control político parlamentario
(ver, por ejemplo, el artículo 116 de la Constitución española). En cualquier caso o
modalidad, el estado de excepción “emana de la necesidad de autoconservación y se
legitima porque existe para la protección y la salvaguarda del orden existente en la
sociedad” (Calvo Baca, Emilio. Terminología Jurídica Venezolana. Ediciones Libra C.A,
Caracas, 2011. P. 326).
Así pues, y sin que esas menciones impliquen el reconocimiento de la
constitucionalidad o no de estas normas, salvo que se indique expresamente, el artículo 31
de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción dispone “El decreto que declare el estado
de excepción, su prórroga o aumento del número de garantías restringidas, será remitido
por el Presidente de la República dentro de los ocho días continuos siguientes a aquél en
que haya sido dictado, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los
fines de que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad. En el mismo término, el
Presidente de la Asamblea Nacional enviará a la Sala Constitucional el Acuerdo mediante
el cual se apruebe el estado de excepción”. A su vez, el único aparte de esa disposición
legal prevé que “Si el Presidente de la República o el Presidente de la Asamblea Nacional,
según el caso, no dieren cumplimiento al mandato establecido en el presente artículo en el
lapso previsto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará de
oficio”; sin que se establezca responsabilidad disciplinaria, como sí ocurre respecto de los
magistrados y magistradas que integran esta Sala, según lo ordenado en el artículo
Si la Sala Constitucional no se pronunciare en el lapso establecido en el presente artículo, los magistrados que la componen incurrirán en responsabilidad disciplinaria, pudiendo ser removidos de sus cargos de
conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Como puede apreciarse, el propio legislador reconoció las limitaciones
propias del control político que ejerce el Poder Legislativo Nacional, no sólo cuando omitió
aludir a la responsabilidad disciplinaria de los diputados en el contexto de la referida ley,
sino que previó la convalidación política automática del decreto que declare el estado de
excepción: “Si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare
dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto”, el cual, en este
caso, “se entenderá aprobado”; no ocurriendo lo propio con el control constitucional que sí
resulta insoslayable por su contenido, naturaleza y alcance, que condiciona la legitimidad,
validez, vigencia y eficacia jurídica del decreto en cuestión y de su prórroga (siendo
posible, ulteriormente, dictar otro u otros decretos de estados de excepción, en razón del
posible mantenimiento de las circunstancias o del surgimiento de otras que lo
fundamenten), sino que además incide sobre los efectos jurídicos en tiempo del referido
decreto, estableciendo, inclusive, que:
En lo que a ello se refiere, esa norma se corresponde con las previstas en los
artículos 7, 334, 335, 336, 337 al 339 Constitucionales, y con todas las normas de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción que reconocen la vigencia inmediata de los decretos
de estados de excepción, entre ellas, las previstas en los siguientes artículos:
“Artículo 17. Decretado el estado de excepción, toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares,
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, con la correspondiente indemnización de ser el caso.
Con relación a los estados de excepción y a la regulación de este tipo de
actos jurídicos, esta Sala, en sentencia n.° 1173 del 28 de agosto de 2015, señaló lo
“Así pues, en general la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la posibilidad de que el Presidente de la República en Consejo de Ministros decrete estado de excepción, en sus distintas formas:
estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, conforme a lo previsto en sus artículos 337 y 338.
Igualmente, el artículo 337 Constitucional establece los escenarios que deben considerarse para decretar los estados de excepción, es decir, el i) estado de alarma, ii) el estado de emergencia económica y iii) el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, así
como el tiempo por el que puede ser instaurado cada uno de ellos. Este mismo artículo enumera taxativamente los supuestos de hechos en los cuales procedería la declaratoria de los referidos estados de excepción y alude a la posibilidad de restricción temporal de las garantías consagradas en la Constitución “salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles”.
Por su parte, el artículo 338 Constitucional desarrolla los extremos de estos estados de excepción y determina los controles a los cuales debe sujetarse el Decreto mediante el cual se declara el estado de excepción, precisando que
la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la
En este sentido, el artículo 339 eiusdem dispone que el Decreto que declare
el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del o los derechos
cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho (8) días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, para su
consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
En la doctrina patria, los estados de excepción han sido definidos como circunstancias extraordinarias dotadas de la característica de la irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus efectos, que se
plantean en un régimen constitucional, afectando o amenazando con hacerlo
a sus instituciones fundamentales, impidiendo el normal desarrollo de la
vida ciudadana y alterando la organización y funcionamiento de los poderes públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. El Régimen de los estados de excepción en la Constitución de 1999, en Cuatro Temas Álgidos de la
Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2004).
derivados del hombre, de la naturaleza o de los fenómenos socio-
‘-Los
3.- La lesividad de los hechos, esto es, la producción o inminencia de producción de daños a las personas, a las cosas y a las instituciones, derivados directa o indirectamente de las circunstancias que conforman el estado de excepción. El daño grave o amenaza de daño, se refiere tanto al de naturaleza material como al que está en el orden de lo
inmaterial. Así, el daño psicológico que se produce por el temor de enfermedades o peligros y, por la inducción al odio irracional contra personas o instituciones, también configura al supuesto de la norma. Uno de los daños más graves que los movimientos desestabilizadores producen es el que afecta la psiquis, creando una situación de miedo o manía persecutoria en las personas, todo lo cual llega a conformar sentimientos colectivos de inseguridad y temor permanentes’.
Igualmente, los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos. De allí que uno de los extremos que ha de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decretadas respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas, vinculadas a la criminalidad organizada, con especial énfasis en la criminalidad económica y en los atentados contra la seguridad ciudadana y a la seguridad nacional, las cuales inciden de forma negativa y directa en el orden público constitucional. De tal modo que las medidas tomadas en el marco de un estado de excepción, deben ser proporcionales a
la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica.
Ahora bien, para que el acto de gobierno sometido al examen sea controlable constitucionalmente, requiere al menos de un fundamento objetivo, lo cual, en el caso de los estados de excepción o de necesidad, se traduce en la invocación directa de las normas constitucionales y legales - contenidas en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, que habilitan al Presidente de la República para ejercer esa potestad, y el establecimiento de medidas razonables y proporcionales a la situación que se pretende controlar, que justifiquen la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y garantías constitucionales de sus ciudadanos.
Así, por lo que respecta a la base jurídica invocada por el ciudadano Presidente de la República, para dictar el Decreto sub examine, resaltan el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce que “El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción de Gobierno”; el numeral 7 del artículo 236 del mismo Texto Constitucional, que alude a la competencia específica del Presidente de la República para declarar los estados de excepción y decretar las restricciones de garantías en los casos previstos en esta Constitución, los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, así como los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, y 23 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, que dan cuenta de una diversa gama de medidas oportunas que permitan atender eficazmente
las situaciones coyunturales, sistemáticas, inéditas y sobrevenidas. Tal basamento jurídico, además de constar de forma clara en el Decreto, ha sido ampliamente difundido por el Presidente de la República en diversas alocuciones.
‘Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El
Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta’.
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias presentadas en la región fronteriza del estado Táchira, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento –tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la vida digna de su ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y
servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.
Ello así, se observa que el Decreto sub examine dispone las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis
e impedir la extensión de sus efectos, con lo cual cumple con lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. En tal sentido, se observa que con la finalidad de resolver las circunstancias que amenazan el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de los referidos municipios, y en general, de todos los habitantes del territorio nacional, vinculados al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dispuso de manera ponderada las medidas que consideró necesarias el Ejecutivo Nacional, proporcionales a los elementos fácticos detectados, dentro del tiempo que establece la ley y de manera suficientemente razonada, en completo acatamiento de lo establecido en el artículo 337 del Texto Fundamental, sin haber restringido de ninguna forma o intensidad, expresa ni tácita, las garantías constitucionales a que hacen referencia tal dispositivo Constitucional, y los artículos 2 y 4 del Pacto Internacional de
Esta Sala considera atinado referir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, disponen normas precisas en cuanto a la materia de deberes generales de la ciudadanía, y particularmente bajo la vigencia de un estado de excepción decretado conforme al Texto Fundamental, destacando que
toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, está obligada
a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas,
bienes y lugares, y que el incumplimiento o la resistencia a esa obligación de cooperar prevista en el artículo 17 de la aludida Ley, será sancionado con
arreglo a lo dispuesto en las respectivas leyes.
En fin, estima esta Sala que el Decreto en cuestión cumple con los principios y normas contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente
suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Adicionalmente, esta Sala se ha pronunciado con relación a los decretos de
declaratoria de estado de excepción números 1.969 y 1.989, de 21 de agosto de 2015, 29 de
agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente, así como los números 2.013,
2.014, 2.015 y 2.016, del 15 de septiembre de 2015, también sometidos a control de este
órgano, cuyo propósito fue atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y
sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la
violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público,
la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza
y del resto de la Nación; respecto de los cuales esta Sala Constitucional declaró su
constitucionalidad, mediante sentencias números 1.174 del 8 de septiembre de 2015; 1.176
del 15 de septiembre de 2015; y 1.183, 1.181, 1.182 y 1.184 del 22 de septiembre de 2015,
y, finalmente, 1.353 del 4 de noviembre de 2015, respectivamente, así como también la
constitucionalidad de los decretos que prorrogan el lapso de duración de los referidos
estados de excepción, mediante sentencias n.ros 1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.369 del
12 de noviembre de 2015 y 1.465 del 20 de noviembre de 2015; 1.547, 1.545, 1.546 y
Además de estos decretos, y para seguir haciendo frente a la situación
económica que atraviesa actualmente la República, consta en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016, que
el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales,
dictó el Decreto n.° 2.184, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica, en
todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, el cual establece lo siguiente:
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,
Que las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como
lo es el petróleo, lo cual atenta contra los derechos del pueblo venezolano, afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.
1. Disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del
ejercicio económico financiero 2015, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos esenciales para la
2. Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de
Presupuesto a los órganos y entes de la Administración Pública, para optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como
salud, educación, alimentos y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las Misiones y Grandes Misiones.
3. Diseñar e implementar medidas especiales, de aplicación inmediata, para
la reducción de la evasión y la elusión fiscal.
4. Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados
sectores, a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia, dentro del plazo de vigencia de este Decreto.
importación y nacionalización de mercancías, cumpliendo con los
requerimientos fitosanitarios pertinentes.
por puertos y aeropuertos de todo el país, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requiera para hacer posible dicha agilización, salvo en lo concerniente a salud y seguridad y defensa de la
7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por
el Banco Central de Venezuela, a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional, la reactivación productiva del país o el aumento de la capacidad tecnológica productiva, sin que esto se constituya en modo alguno como un mecanismo en
detrimento de la recuperación del aparato productivo nacional.
8. Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles
de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos.
9. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno
de la población a los alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales y jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como de otros bienes de primera
10. Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera
en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como las
exportaciones de rubros no tradicionales, como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos.
11. Desarrollar, fortalecer y proteger el Sistema de Misiones y Grandes
Misiones Socialistas, en aras de propender a la incorporación de los pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o
A todo evento, las medidas que adopte el Ejecutivo Nacional en atención a
la emergencia económica que regula este Decreto, estarán orientadas a proteger y garantizar los derechos y el buen vivir de las familias, de los
niños, niñas y adolescentes y de los adultos mayores.
Artículo 4°. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas podrán efectuar las coordinaciones necesarias con
el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de
ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos
debidamente autorizados en el país, para la protección de la moneda nacional.
Artículo 5°. Los Poderes Públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a que
se refiere este Decreto.
Artículo 8°. Este Decreto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación
conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de
De igual forma, esta Sala Constitucional, en cumplimiento al artículo 339 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo
31 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, dictó la sentencia n.° 4 del 20 de enero
de 2016, en la cual declaró el carácter constitucional del referido Decreto Presidencial, y,
por ende, garantizando la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica del mismo,
dentro del marco constitucional, en los siguientes términos:
Por otra parte, el 22 de enero de 2016, en sesión de la Asamblea Nacional,
fue presentado acuerdo en el cual, desaprueba políticamente dicho Decreto, en los
acertadamente, hay
necesariamente una sanción, el control político no posee, de modo general y constante, efectos sancionadores per se; los tiene en determinados casos, en aquellos en que el ordenamiento jurídico lo ha previsto.”.
En efecto, mientras el control jurídico, en este caso, jurídico-constitucional,
conlleva una sanción en caso de verificarse la contradicción con el Texto Fundamental, lo
que implicaría la declaratoria de inconstitucionalidad y, por ende, la nulidad del acto
contrario al texto fundamental (vid. p. ej. artículo 38 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción), el control político sólo pudiera conllevar de forma excepcional alguna sanción
(ello por la subjetividad, relatividad y discrecionalidad de ese control que, por ende, no está
exento de examen jurídico), circunstancia que implica que, por ejemplo, el Texto Constitucional vigente sólo se refiriese al sometimiento del decreto que declara estado de excepción a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y sólo alude, en el contexto de la prórroga de ese estado, a la posibilidad de revocatoria “por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron”, actuación (revocatoria) que, de ser el caso, pudiera ser sometida a conocimiento de la jurisdicción constitucional, por ejemplo, sobre la base de lo previsto en el cardinal 4, o, de ser el caso, en el 9, del artículo 336, dependiendo del supuesto de hecho que se plantee.
Por tal razón, el artículo 33 de la referida ley, según el cual, “la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia”; no sólo advierte insalvables antinomias frente a otras normas de ese mismo texto legal (vid. artículos 31 y ss), sino una evidente contradicción con los artículos 339, 335, 334, 253, 137, 138, 136 y 7 Constitucional; en fin, con la norma cardinal según la cual, sin excepción, “El Decreto que
declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya
garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse
dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y
aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se
pronuncie sobre su constitucionalidad”, así como también con los axiomas de supremacía
constitucional, del Estado Constitucional, de jurisdicción constitucional y de autonomía del
Al respecto, los artículos 7, 136,
Fundamental, disponen lo siguiente:
335 del Texto
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes
y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en
cuando colidan con aquella.”
“Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y
último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación
y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional
sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás
Así pues, de las referidas normas se desprende que el control constitucional,
inherente a esta máxima y última intérprete de la Constitución, constituye el control
supremo de los actos del Poder Público, tal como lo evidencia la referida potestad de
declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta
Constitución o dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera
de los órganos del Poder Público, incluyendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
En similar sentido, el autor Allan Brewer-Carias, en su trabajo “Las
Potestades Normativas del Presidente de la República: Los Actos Ejecutivos de Orden
Normativo”, en cuanto al control de este Tribunal Supremo de Justicia, señaló:
“De acuerdo con el artículo 336.6 de la Constitución, compete a la Sala Constitucional ‘revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente de
la República’. Se trata de un control de la constitucionalidad automático y obligatorio que la Sala, incluso, puede ejercer de oficio. La Ley Orgánica desarrolla el ejercicio de este control, estableciendo diferentes regulaciones que deben destacarse. a. La remisión del decreto a la Sala Constitucional Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica, el decreto que declare el estado de excepción, su prórroga o el aumento del número de garantías restringidas, deben ser remitidos por el Presidente de la República dentro de los 8 días continuos siguientes a aquél en que haya sido dictado, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad. En el mismo término, el Presidente de la Asamblea Nacional debe enviar a la Sala Constitucional, el Acuerdo mediante el cual se apruebe el estado de excepción. Si el Presidente de la República o el Presidente de la Asamblea Nacional, según el caso, no dieren cumplimiento al mandato establecido en el presente artículo en el lapso previsto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará de oficio (art. 31). Por supuesto, estimamos que este no es el único supuesto en el cual la Sala Constitucional puede revisar de oficio el decreto, lo cual puede hacer desde que se dicte y se publique en la Gaceta Oficial, y no sólo al final del lapso indicado ni sólo si no se le remite oficialmente al decreto. Debe destacarse que con la previsión de este sistema de control de constitucionalidad automático y obligatorio, una vez que el mismo se efectúa por la Sala Constitucional y ésta, por ejemplo, declara la constitucionalidad del decreto, no podría entonces ejercerse una acción popular de inconstitucionalidad contra el decreto, pues contrariaría la cosa juzgada constitucional. Por otra parte, debe destacarse que el artículo 33 de la Ley Orgánica dispone que Artículo 33. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia. Esta norma, sin duda, también puede considerarse como inconstitucional pues establece una limitación al ejercicio de sus poderes de revisión por la Sala, no autorizada en la Constitución. La revisión, aún de oficio, del decreto de estado de excepción puede realizarse por la Sala Constitucional, independientemente de que la Asamblea Nacional haya negado su aprobación, máxime si el decreto, conforme a la Ley Orgánica al entrar en vigencia ‘en forma inmediata’ incluso antes de su publicación, ha surtido efectos” (Brewer-Carias, Allan. “Las Potestades Normativas del Presidente de la República: Los Actos Ejecutivos de Orden Normativo” en Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. t. I, UCAB, 2007, pp. 527-528)
Tal como concluye el referido autor, y con lo cual concuerda esta máxima
instancia constitucional, revisar la constitucionalidad de los decretos que declaren estados
de excepción dictados por el Presidente de la República, se trata de un control de la
constitucionalidad automático y obligatorio que la Sala Constitucional debe ejercer incluso
de oficio, lo cual puede hacer desde que se dicte y se publique en la Gaceta Oficial, y no
sólo al final del lapso indicado ni sólo si no se le remite oficialmente al decreto. Por lo que
afirma que el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cual señala que
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento si la
Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción
o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia, es, en efecto, inconstitucional,
pues establece una limitación al ejercicio de sus poderes de revisión por la Sala, no
autorizada en la Constitución y que quebranta la propia supremacía y protección última del
Texto Fundamental.
Al respecto, debe señalarse que la Constitución dicta la organización
fundamental de un Estado y de la República, razón por la que sin ella, ninguna de esas
instituciones pudieran conformarse como tales, pues el respeto de los derechos y el
cumplimiento de las normas que se encuentran dentro de la Constitución es lo que hace
posible que una Nación pueda vivir con justicia, bienestar y paz; por ello la importancia de
que estas normas sean cumplidas por todos: tanto por los gobernantes como por los
gobernados. En fin, sin una Constitución y sin el cabal respeto a la misma, no existirían de
los elementos necesarios para la pervivencia de la sociedad; de allí la importancia de la
consideración permanente y garantía de los valores de la democracia constitucional, en su
dimensión formal y, sobre todo, en su expresión sustancial, pues, como se sabe, la
democracia ya no es únicamente el conjunto de reglas que determinan quién y cómo se
decide, sino que es, asimismo, las reglas que definen qué es lo que se puede decidir y qué
decisiones no pueden tomarse.
En cuanto a la emergencia y al control judicial, el autor Román Duque
Corredor, en su obra “Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Legis,
2008, p. 151-152”, señala:
“La revisión judicial de las medidas de un estado de emergencia preserva la distribución de poderes y fundamentalmente la protección de los
derechos y garantías individuales, es decir, la propia legitimidad de un gobierno democrático durante una situación de emergencia. No se trata de establecer ‘un gobierno de los jueces’, como lo argumentaba Edouard Lambert al criticar el control de la constitucionalidad porque es un freno al progreso de la legislación. Hoy en día el control de la constitucionalidad se extiende no sólo a las leyes formales sino también a los actos del Poder Ejecutivo que en ejecución directa de la Constitución la contradigan o afecten los derechos y garantías constitucionales. La intervención del Poder Judicial, pues, en estos casos extraordinarios, tiene por finalidad controlar el uso de los poderes de emergencia para que se mantengan dentro de los límites establecidos en la Constitución. En efecto, en un estado de emergencia el Poder Judicial cumple las siguientes funciones: 1) Tutelar que los derechos y las garantías constitucionales no se vean afectados más allá de la estricta necesidad del caso; y 2) velar porque los poderes de emergencia se ejerzan conforme con los requisitos formales y de distribución de competencias fijados en la Constitución, de manera que se garantice ‘El principio de la no interrupción del funcionamiento de los poderes públicos’. Ello para evitar el exceso de los límites constitucionales del estado de emergencia”.
Igualmente, el referido autor, en esa misma publicación, en cuanto al
legislador como intérprete de la Constitución y el papel de los tribunales constitucionales,
Asimismo, el autor en cuestión, en relación a la Supremacía Constitucional,
… En la Constitución venezolana de 1999 se consagra expresamente la supremacía constitucional (Art. 7°), y como consecuencia, se prevé el derecho – garantía Fiel de la obligación de cumplir con los principios constitucionales (artículos 3° y 131) y el principio de la aplicación directa de las normas Constitucionales en materia de derechos fundamentales (artículos 22, 27, 28 -y-29 ibídem), así como del control jurisdiccional difuso y concentrado de la constitucionalidad para garantizar su supremacía e integridad (artículos 334 y 336, ibídem)” (Duque Corredor, Román. “Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Legis, Bogotá, 2008, p. 92. 93 y 95”)
Ello así, lo ajustado al orden constitucional es desaplicar por control difuso
de la Constitución, conforme a lo ordenado en el artículo 334 del Texto Fundamental, la
disposición contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, tal
como lo hizo esta Sala, por ejemplo, en sentencia n° 1881 del 8 de diciembre de 2011, en la
cual, desaplicó, parcialmente y por control difuso de la Constitucionalidad, algunos
artículos del Código Penal. Así se declara.
Finalmente, sintetizando las respuestas a las inquietudes interpretativas
presentadas, esta Sala debe señalar que, como ha sido acreditado en diversas fuentes
materiales y formales del derecho aquí citadas, comenzando por el Texto Constitucional, el
control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de
excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos; y el
Texto Fundamental prevé de forma expresa que la Asamblea Nacional puede revocar la
prórroga del decreto de estado de excepción, antes del término señalado, al cesar las causas
que lo motivaron, actuación que pudiera ser objeto de control de la constitucionalidad por
parte de esta Sala, sea, por ejemplo, como acción en ejecución directa e inmediata de la
Constitución o como controversia constitucional entre poderes públicos.
En vista de lo expuesto, la Sala observa que la Asamblea Nacional no cumplió oportunamente y, en fin, dentro de los límites constitucionales y legales, con el control político del referido decreto; y al haber realizado la Sala Constitucional el control jurisdiccional dentro del lapso contemplado en el Título II, capítulo IV de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, es decir, dentro de los ocho (8) días continuos siguientes a aquel en que se haya dictado (artículo 31 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción), previo agotamiento del lapso de cinco (5) días para que los interesados consignaran ante la Sala alegatos y elementos de convicción para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto, en cuyo caso estaba obligada a tramitarlos (artículos 33 y 36 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); no existe objetivamente, además, controversia constitucional entre órganos del Poder Público que resolver con relación a esa
situación fáctica, a pesar de la írrita decisión negativa de la Asamblea Nacional pronunciada el día 22 de enero de 2016, que debe entenderse como inexistente y sin ningún efecto jurídico-constitucional.
En efecto, el Poder Ejecutivo ejerció su competencia de dictar el decreto de emergencia económica, el Poder Legislativo no cumplió con su obligación de considerarlo en sesión especial dentro de las 48 horas después de haberse hecho público el decreto y la Sala Constitucional ejerció su atribución de declarar la constitucionalidad del mismo de manera oportuna, mediante sentencia n.° 4 del 20 de enero de 2016, en el expediente n.°
16-0038.
A tal efecto, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional, ordena a la Secretaría que le de trámite al referido procedimiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 135 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, encabezando las actuaciones con la copia certificada del presente fallo. En consecuencia se acuerda citar mediante oficio al ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional y notificar a la Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensora del Pueblo. La notificación del ciudadano Procuradora General de
la República, se practicará con arreglo a lo ordenado en el artículo 95 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
3.1.- El control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica
de los mismos; y el Texto Fundamental prevé de forma expresa que la Asamblea Nacional puede revocar la prórroga del decreto de estado de excepción, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron, actuación que pudiera ser objeto de control de la constitucionalidad por parte de esta Sala, sea, por ejemplo, como acción en ejecución directa e inmediata de la Constitución o como controversia constitucional entre poderes públicos.
3.4.- El lapso máximo para su decisión es de ocho (8) días, pero para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del artículo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que además solo puede tratar ese único objeto – artículo 59 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional- y, de ser necesario, acordar una prórroga debidamente justificada para
considerar el decreto con posterioridad al aludido lapso, pero dentro de los ocho (8) días, salvo caso fortuito o fuerza mayor (artículo 27 in fine).
7.- Se ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel,
publicado en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del lapso
de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.
8.- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta
Judicial, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la página Web
de este Máximo Tribunal, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de febrero de dos mil
dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO Expediente n.° 16-0117
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