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Timestamp: 2019-03-19 15:40:01
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ABC: El Desafío a España | Estatutos de Autonomía
ABC: El Desafío a España
Por Narrador - 17 de Octubre, 2005, 5:26, Categoría: Información en la Prensa
Amplísima información en el diario ABC que define perfectamente lo que representa el ‘Estatut’, todo un desafío a la nación española y por extensión a los españoles. 50 posibles casos de inconstitucional y el ‘efecto llamada’ que ha producido en el BNG también son analizados por el rotativo de ‘la calle Serrano’.
MARAGALL CONSUMA SU DESAFÍO Y EXIGE A ESPAÑA QUE CAMBIE EL MODELO DE ESTADO
El independentista Carod-Rovira recuerda que para ERC esta reforma sólo es «un paso más» hacia el objetivo de crear un «Estado propio» en Cataluña
BARCELONA. «Buen viento... pero con barca nueva». Con estas palabras, adaptación libre de las dichas por Ulises al emprender el regreso a su patria en la isla de Ítaca tras la guerra con Troya -aunque también de uso común a finales del siglo XIX para despedir a los emigrantes catalanes que hacían las Américas e inspiradoras del cantautor independentista Lluís Llach- puso ayer Pasqual Maragall el broche final a la aprobación por el Parlamento de Cataluña de su propuesta de reforma del Estatuto, avalada por 120 de los 135 votos de la Cámara -todos los grupos menos el PP-. Aquel viaje imaginado por Homero duró diez años de penurias, a las que no sobrevivió ninguno de los acompañantes del héroe mitológico, prototipo del cálculo medido, de las iniciativas ingeniosas y del visionario que lo sacrifica todo al éxito de sus proyectos.
Cuando el primer presidente socialista de la Generalitat de Cataluña apostó en el año 2000 por José Luis Rodríguez Zapatero para liderar el PSOE, tuvo muy presente que había sido un leonés consorte -Anselmo Carretero- el padre de la concepción teórica de España como una «nación de naciones», la meta de su particular viaje a Ítaca y la idea de fondo que alienta la reforma estatutaria, según reconocieron explícitamente, con distintos matices y alcances, los cuatro grupos que la han apoyado -PSC, CiU, ERC e ICV-. Así, para el ecosocialista Joan Saura se trata ya de «un Estatuto de máximos que plantea el reto del reconocimiento del Estado plurinacional» y para el independentista Carod-Rovira sólo de «un paso más» hacia el objetivo último de «un Estado propio», mientras que para el nacionalista Artur Mas establece con claridad el «referente nacional» de que «Cataluña es nuestra patria» y para la socialista Manuela de Madre representa un avance «hacia la idea de una España federal».
«Dudas constitucionales menores»
El PSC sostiene que ha cumplido su deber para con los catalanes y que lo ha hecho respetando los dos requisitos puestos por Zapatero. «El consenso es más que mayoritario y las dudas de constitucionalidad serán de orden menor si no se hace una interpretación restrictiva de la Constitución», dijeron a ABC miembros de su dirección, que defienden haber subsanado ya las 19 que planteó el Consejo Consultivo.
Ahora, Maragall espera que Zapatero, aupado al Gobierno, haga realidad su sueño político de redefinir España merced a una alianza renovada entre dos políticos nacidos en territorios que formaron parte de las dos coronas que constituyeron la «esencia genética» de España -Aragón y Castilla-. «Nuestra propuesta se aceptará. Los que han de decirlo y hacerlo, lo dirán y lo harán», pronosticó Maragall, en una clara alusión a Zapatero.
Maragall se mostró convencido de que las Cortes asumirán la definición de Cataluña como «nación» porque, de lo contrario, el resto del Estatuto «no se entendería». Pero, siendo este concepto el que más polémica pública genera, desde el PSC se reconoce que la reforma contiene aspectos competenciales que serán aún más problemáticos, por lo que el horizonte es de una «negociación larga y compleja».
Por encima de las dificultades, Maragall confía en la complicidad política de Zapatero, como volvió a apuntar al afirmar que «la paz en Euskadi y el Estatut de Cataluña son las pruebas de fuego de la España de hoy, y las ganaremos». Recordaba así, de modo indirecto, que la Ítaca de Zapatero es la pacificación del País Vasco y su encaje definitivo en España, un objetivo al que, en su diseño estratégico, debiera contribuir la «vía catalana» de la profundización en su autogobierno por vías estrictamente democráticas y pacíficas.
Lejos de esta visión, el popular Josep Piqué advirtió de que, si como todos -sin excepciones- prevén, habrá «rebajas» al paso del texto por el Congreso de los Diputados, «lo que estaremos haciendo entre todos es alimentar el discurso victimista del nacionalismo durante los próximos 25 años». El tripartito catalán ha salido fortalecido en su cohesión interna, pero aún habrá de afrontar nuevas pruebas. Así, mientras que Carod, Saura y Mas coincidían en la necesidad de acudir a Madrid como «una piña», desde el PSC se confirmó su intención de replantear en el Congreso, si no todas, sí buena parte del casi medio centenar de sus enmiendas que fueron derrotadas o retiradas en aras del consenso final.
Dos bloques se perfilan en el PSOE
En todo caso, como subrayó Artur Mas -emancipado de la tutela de un Jordi Pujol que se declaró «feliz» a pesar de que Maragall le hará sombra en la historia catalana-, si en el Parlamento catalán la llave la tenía CiU, en el Congreso de los Diputados la tiene el PSOE -bastan 176 votos para que la reforma prospere-, y en las filas del PSOE se perfilan ya dos bloques.
Mientras que los socialistas de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía se han apurado a tachar la reforma de «inconstitucional» o «inaceptable», los del País Vasco, Navarra, Aragón, Valencia o Baleares se alinean en la defensa del respeto a las decisiones del Parlamento catalán, y algunos de los primeros, temerosos de que Zapatero «sucumba» ante el PSC, invocan el nombre de Felipe González.
El debate que en Cataluña se ha prolongado durante veinte meses se traslada ahora al resto de España y, como poco, durará hasta finales de 2006.
UNA PROPUESTA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA ESPAÑA AUTONÓMICA
El concepto de nación o el sistema de financiación del Estatuto catalán se inspira en la concepción de España como Estado federal que supone el fin del Estado de las Autonomías
BARCELONA. El tren «imparable» de la independencia de Josep Lluís Carod-Rovira -así lo califica en su último libro «Un país, un futuro», que presentó una semana antes del pleno del Estatuto catalán- ya ha salido del apeadero del Parque de la Ciutadella, sede de la Cámara catalana, con destinación a la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados. «Nosotros que vamos dentro de un tren que tiene destino la última estación de la independencia, estamos dispuestos, los próximos años, a avanzar junto con España hacia la estación anterior, la estación federal», apunta el presidente de ERC en su obra tras explicar su estrategia política para lograr «por etapas» el Estado catalán, aunque primero, dice, «Cataluña debería de ser reconocida como nación».
Un primer paso que ayer dio la Cámara catalana al aprobar, con el voto en contra del PP, el proyecto de reforma del Estatuto que en su primer artículo afirma tajante y escuetamente que «Cataluña es una nación». Este reconocimiento -avalado por el Consejo Consultivo de la Generalitat siempre y cuando el uso del término «nación» se limite a aspectos culturales, sociológicos o jurídicos y no al concepto clásico de soberanía porque entonces sería claramente inconstitucional- será, sin duda, uno de los principales escollos del Estatuto catalán en su tramitación en el Cámara Baja.
En el Preámbulo del Estatuto se define a «la nación catalana» dentro de un Estado «plurinacional y federal» con el fin de colmar las aspiraciones soberanistas de algunos políticos no de los catalanes, tal y como quedó reflejado en una reciente encuesta ciudadana..
El presidente del Parlamento catalán, el republicano Ernest Benach, viajará el próximo miércoles a Madrid para entregar el texto del nuevo Estatuto catalán al presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín. Inicialmente se valorará su admisión a trámite y, tras ello, se remitirá a la comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, que durante tres meses estudiará con lupa los artículos que puedan vulnerar la Carta Magna.
El histórico dirigente socialista, junto a tres ministros del Gobierno y otros líderes destacados del PSOE, ya se han pronunciado públicamente en contra de que Cataluña sea reconocida como nación porque, entre otras cuestiones, obligaría a reformar la Constitución. El «Estatuto de Maragall» no cuenta con las simpatías, todo lo contrario, de muchos diputados socialistas en Madrid que exigen un texto plenamente constitucional para poder contar con su voto.
Ante esta situación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá muy difícil cumplir su compromiso con los líderes políticos catalanes de sacar adelante en Madrid el texto del Estatuto aprobado por una amplía mayoría en la Cámara catalana. Si cumple su promesa y lo apoya incondicionalmente podría provocar un cisma en el PSOE. Si, por el contrario, cede a las presiones de los «barones» socialistas para rebajar la «ambición» del Estatuto catalán en sus principales demandas -nación y financiación- los ocho diputados de ERC y el de ICV podrían dejar de apoyar al Ejecutivo del PSOE y, entonces, Zapatero estaría obligado a convocar elecciones anticipadas.
Un modelo tributario federal
El nuevo sistema de financiación de Cataluña -un modelo muy parecido al Concierto vasco- es otra de las propuestas del Estatuto catalán que tienen difícil encaje en la Constitución española y, por tanto, su aceptación en el Congreso. Según el texto pactado a última hora entre el PSC y CiU, la Generalitat recaudará todos los tributos, estatales y autonómicos, en Cataluña y pagará una parte al Estado.
El modelo tributario de «concepción federal», así lo califican los socialistas catalanes, establece la «Aportación Catalana a la Hacienda del Estado» -en la propuesta nacionalista este concepto se llamaba «cuota de retorno»- que consta de dos partes: la contribución a los gastos del Estado y la aportación a la solidaridad con el resto de comunidades autonómicas.
EL GOBIERNO INTENTA MINIMIZAR EL IMPACTO Y AVANZA QUE NO PODRÁ CUMPLIR SU PROMESA A MARAGALL
Líderes del PSOE como Chaves, Guerra o Simancas abren la espita de la división interna y tildan el Estatuto de Maragall de «inconstitucional e inaceptable»
MADRID. El Gobierno es consciente de que tiene ante sí una embarazosa y muy delicada papeleta con la aprobación del Estatuto de Cataluña porque excede con mucho el marco constitucional. Pese a ello, ayer no ahorró esfuerzos en tratar de minimizar el coste que, en términos de desgaste político -para el Ejecutivo y para el PSOE fuera de Cataluña- y personal -para José Luis Rodríguez Zapatero-, puede acarrear la tramitación en el Congreso de un texto que en su actual redacción es «absolutamente inasumible», según admiten en privado fuentes del Ejecutivo, poniendo en cuarentena que Cataluña vaya a ser una nación o que pueda gozar de un sistema de financiación al margen del régimen común y de corte federal.
En el Gobierno, la procesión va por dentro. Por fuera, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, trató de resumirlo en tres palabras: «respeto» para el Parlamento de Cataluña; «rigor» para los trabajos del Congreso; y «Constitución», un reconocimiento implícito de que, en efecto, no todo lo que llegará a Madrid se ajusta a la Carta Magna.
No hubo felicitaciones
Pero más allá, dos datos avalan la preocupación del Gobierno ante lo que se le viene encima: uno, muy significativo, es que ayer ni el PSOE ni el Gobierno dieron la bienvenida al texto. Tampoco hubo felicitaciones o parabienes al Parlamento catalán. Otro, quizá no muy relevante para las formas, pero sí para el fondo, es el reconocimiento por parte de Fernández de la Vega de que Zapatero no podrá cumplir su promesa, hecha a Pasqual Maragall durante un mitin -con éste aplaudiendo en pie-, de que el Congreso aprobaría, sin tocarlo, el Estatuto que naciese del Parlamento catalán.
Aquella promesa no implica que el texto «no pueda retocarse si hay algún aspecto con problemas de constitucionalidad», tuvo que admitir ayer De la Vega, recordando que las condiciones del Ejecutivo siempre fueron consenso -en este caso existe el del 90 por ciento del Parlamento catalán-, Constitución y servicio al ciudadano.
«Vamos a respetar, negociar y escuchar sin perder nunca de vista que la reforma del Estatuto no es, ni va a ser nunca, la reforma de la Constitución», dijo Fernández de la Vega. Interpretado entre líneas: no se modificará el artículo 2 de la Carta Magna y, por tanto, difícilmente Cataluña será una nación; ni gozará de una suerte de «concierto económico» semejante al «cupo vasco». El texto que termine aprobando el Congreso, posiblemente antes del próximo verano, «será constitucional de la A a la Z», pronosticó De la Vega.
De cualquier modo, la vicepresidenta primera, muy prudente, definió como «retoques» lo que voces del Grupo Parlamentario socialista en el Congreso denominan sin tapujos «necesidad de rehacer el Estatuto casi de arriba a abajo». Es cierto que en el PSOE diferencian entre el Estatuto catalán y el «plan Ibarretxe» y dan por hecho que superará sin problemas el filtro de la Mesa del Congreso para que su toma en consideración esté resuelta a finales de noviembre. Pero también lo es que los socialistas asumen como un «problema» la losa que Maragall se ha quitado de encima y traslada a Madrid con la anuencia de Zapatero.
Zapatero, el factor disuasorio
Durante semanas, ha habido un profundo malestar en el seno del PSOE por cómo se estaba escenificando la negociación del Estatuto; temor por el coste de imagen, incluso electoral, que puede conllevar la apariencia de sumisión a las tesis de Maragall; y cierta preocupación por que puedan reabrirse grietas en el partido, más o menos cosidas desde que Zapatero fuera elegido secretario general en el año 2000.
Sin embargo, en el PSOE se niega cualquier posibilidad de que el Estatuto vaya a dividir al Grupo Socialista o que pueda producirse en los próximos meses una rebelión contra la disciplina de voto. «Quien crea eso es que no conoce al Grupo por dentro», mantiene uno de sus portavoces, porque «una cosa son las peleas internas y otra que no sepamos dónde estamos».
Es más, en el PSOE atribuyen tal capacidad disuasoria a Zapatero, que no sólo será capaz de enfriar los ánimos y consolar los lamentos de los secretarios generales más críticos con el Estatuto (Chaves, Ibarra, Simancas, Barreda...), sino que además sabrá convencer a Maragall de que no le queda otra opción que aceptar las severas rebajas que el Congreso impondrá al texto.
Zapatero tiene trabajo por delante. Para empezar, sofocar los primeros conatos de incendio. Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, auguró una «negociación» del Estatuto «complicada y larga porque son muchos artículos los que plantean dificultades de encaje constitucional». Manuel Chaves, presidente del PSOE y de la Junta andaluza, dijo «no estoy de acuerdo con el Estatuto» y recordó a Maragall que la soberanía nacional «está en el Congreso», no en el Parlamento catalán. Y en idéntica línea están, el líder del PSOE en Madrid, Rafael Simancas, o la «guerrista» Matilde Fernández, que lo ven «inconstitucional e inaceptable».
PIQUÉ REPROCHA EL OLVIDO DEL CARMELO EN FAVOR DE LA REFORMA
BARCELONA. El presidente del PP catalán, Josep Piqué, asumió el difícil papel de ser el único dirigente político contrario al nuevo Estatuto. En un clima de euforia colectiva, el líder popular dio un baño de realidad al resto de grupos al recordar, desde la tribuna, que el texto debe someterse a las Cortes, que al igual que el Parlamento catalán, son soberanas para enmendar el proyecto. Piqué criticó el «autismo político» de los partidos catalanes al ignorar, por un lado, que aún no se puede cantar victoria y, por otro, el desinterés ciudadano.
«Se han pasado dos años discutiendo una cosa que sólo les interesa a ustedes y en cambio, en la retina de los ciudadanos queda que se hundió el Carmel». Estas palabras fueron abucheadas por los aludidos. Pero añadió: «Los mismos que hoy han pactado esta proposición de ley son los que pactaron echar tierra a ese asunto», en alusión al carpetazo de la crisis del 3%, sobre la supuesta corrupción durante el Gobierno de CiU.
Piqué recordó que el PP ha sido «firme defensor del pacto constitucional» de 1978, aunque precisó que la Constitución «se puede reformar, pero según los mecanismos que ella misma establece, no a través de reformas estatutarias». El presidente del PP reprochó a CiU que votara a favor de un modelo de país que no es el suyo, pues, según el dirigente popular, el Estatuto da luz verde al aborto libre y la eutanasia.
PUJOL ENTIERRA EL HACHA DE GUERRA Y FELICITA A MAS Y MARAGALL POR EL ESTATUTO
BARCELONA. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, olvido ayer la guerra abierta con el actual Ejecutivo catalán por las «afrentas» del último Onze de Setembre y su íntima oposición a un Estatuto que inevitablemente quedará en el haber de su máximo rival, Pasqual Maragall, para acudir ayer a la tribuna de invitados del Parlamento catalán. Junto al ex «President», que tras la votación felicitó a Maragall y a Artur Mas por haber pactado «un buen Estatut», se encontraban los ex presidentes de la Cámara Heribert Barrera (ERC) y Joan Rigol (CiU), los vicepresidentes del Congreso Carme Chacón (PSC) y Jordi Vilajoana (CiU) y toda la corporación municipal de Barcelona. Quien no estaba, sin embargo, es uno de los responsabldes «en la sombra» del texto aprobado, el ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla, que ayer regresó a Madrid para asistir al Consejo de Ministros tras haber participado activamente en el pacto final de financiación. Al margen de la clase política, el presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, fue quien más flashes consiguió captar con su presencia en la Cámara, a la que también acudieron los máximos responsables de UGT y CC.OO. en Cataluña, entre los representantes de la sociedad civil catalana.
MAS LLAMA AL PSC A «HACERSE RESPETAR» Y RECUERDA SU PROMESA A ZAPATERO
El líder de CiU, Artur Mas, defiende un texto «aprobado dentro del marco legal por amplio consenso» y pide a «España que no dé la espalda a Cataluña»
BARCELONA. El presidente de CiU, Artur Mas, pasó página de los desencuentros provocados por el largo proceso estatutario catalán y recordó al PSC que, a partir de ahora, ellos soportarán la mayor parte de la presión con la negociación del nuevo texto en Madrid. En este contexto, advirtió de que «Cataluña ha hablado a través del Parlamento» autonómico y señaló que «ahora tenemos que saber hacernos respetar».
Mas, quien recordó que en esta primera fase del Estatuto la máxima presión ha recaído sobre CiU, aludió una vez más a la promesa realizada por José Luis Rodríguez Zapatero en el sentido de que aprobaría el Estatuto que saliera de Cataluña para señalar que «tenemos que reclamar los compromisos previos porque nos dan fuerza». En alusión a esa promesa, aseguró que «hemos hecho un Estatuto dentro del marco legal y por amplio consenso» y advirtió, frente a «la actitud de derrota previa» con la que algunos afrontan el trámite en las Cortes, que «Cataluña no ha dado nunca la espalda a España y ahora debemos reclamar que España no nos dé la espalda a nosotros».
El líder de CiU rindió honores a Pasqual Maragall, al reconocer que le hubiera sido más fácil olvidar la reforma estatutaria tras la victoria del PSOE que emprender un proyecto «pensado para que nos dijeran que no» -en referencia a la situación política cuando Maragall accedió a la Generalitat y Rodríguez Zapatero hizo su promesa, en un momento en el que las encuestas situaban al PP prácticamente en la mayoría absoluta-.
En este contexto de «méritos compartidos», Mas reclamó también el reconocimiento para su formación y se quitó la espina del acuerdo tripartito que le excluyó del Gobierno y la Presidencia de la Generalitat. «Un Gobierno de CiU también habría impulsado un Estatuto ambicioso y quiero pensar que también habría salido adelante», apuntó en referencia a las dificultades que presumiblemente habría tenido para arrastrar al PSC por la senda de la reforma estatutaria sin Pasqual Maragall al frente de la Generalitat.
MÁS DE CINCUENTA SOMBRAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
El PP dice haber detectado más de cincuenta sombras de posible inconstitucionalidad en el proyecto de nuevo estatuto catalán. Acebes, que ayer inauguró un foro sobre el agua con la presencia, entre otros, del presidente de la Generalitat valenciana -artífice de la otra gran reforma estatutaria que ya está en la Cámara Baja-, cree que el texto colisiona con la Carta Magna en una serie de aspectos fundamentales como son el término «nación», concepto jurídico constitucional que va aparejado a la idea de soberanía y que vulnera el artículo 2.
Otros puntos cuestionables son la referencia a los derechos históricos; el deber de conocer el catalán (artículo 3); la creación de un Poder Judicial (artículos 117 y 122); el blindaje de competencias, que llevaría en la práctica a una delimitación de la legislación básica del Estado (Título VIII); la atribución de competencias vía artículo 150.2; la modificación de, al menos, seis leyes generales del Estado; la posible vulneración de la reserva estatal en materia de relaciones exteriores o el establecimiento de un modelo de financiación que vulneraría los artículos 2, 156, 157 y 133.
EL PP EXIGE ELECCIONES PARA QUE LOS VOTANTES OPINEN SOBRE «LA RUPTURA DE ESPAÑA»
Los populares creen que la situación es «más preocupante» que la que generó el plan Ibarretxe puesto que el texto catalán viene «azuzado» por Rodríguez Zapatero
MADRID. El aterrizaje ya imparable del nuevo Estatuto catalán en el Congreso augura uno de los debates políticos más tensos de la democracia. Si ya lo fue por contenido e intensidad el del plan Ibarretxe -cuando no tenía posibilidades de prosperar por la negativa socialista a apoyarlo-, la probabilidad de que salgan adelante muchos aspectos del texto catalán ha terminado de encender todas las luces de alarma en el principal partido de la oposición.
El PP entiende que no se trata tanto de una reforma estatutaria como de «una Constitución para Cataluña» y, desde esta comunidad, «aprobar una reforma constitucional para España», según denunció ayer el «número dos» del PP, Ángel Acebes. La estrategia de los populares pasará por reclamar que se tramite en las Cortes como reforma constitucional y no estatutaria. En caso de que la mesa de la Cámara Baja admitiera su tramitación como reforma estatutaria «Zapatero deberá disolver el Congreso y el Senado y convocar elecciones», señaló Acebes apelando al derecho de los ciudadanos a «pronunciarse sobre si quieren la ruptura de España».
La diferencia entre los dos procedimientos (reforma estatutaria o reforma constitucional) la marcan las mayorías parlamentarias. Para la primera no es necesaria más que la mayoría absoluta de la Cámara, por lo que los votos del primer partido de la oposición no son imprescindibles. En cambio, para una reforma constitucional se establece la salvaguarda de una mayoría reforzada (dos tercios), de modo que no se puede abordar ningún cambio sin el consenso de las dos grandes fuerzas políticas del país.
Además, para la petición de elecciones anticipadas, el PP se ampara en el artículo 168 de la Constitución, que establece que cualquier revisión total o parcial que afecte, entre otros, al Titulo Preliminar (indisoluble unidad de la Nación española), al Título I (de los Derechos y Deberes Fundamentales) o Título II (de la Corona) exigirá el respaldo de dos tercios de la Cámara y la disolución inmediata de las Cortes.
Se trata de una situación de «extrema gravedad» por la cual «una parte de España impone al resto su modelo», un modelo, prosiguió Acebes, que supone la desmembración territorial de España, la ruptura del consenso constitucional y de las reglas del juego y el fin del concepto de igualdad entre los españoles, y todo ello con la intervención «de un presidente del Gobierno que ha azuzado a una comunidad autónoma para que se separe de España».
Tras recordar las inequívocas palabras de Josep Lluís Carod-Rovira en el sentido de que este texto es «un paso más» hacia el estado catalán, Acebes estableció un paralelismo entre el estado de libre asociación que defiende el lendakari, Juan José Ibarretxe, y un Estatuto que proclama que Cataluña es una nación, que defiende una relación bilateral con la administración central, que respalda una fiscalidad y justicia propias y que constituye «un paso decisivo para convertir Cataluña en un estado independiente». En definitiva, pocas diferencias entre ambos proyectos aunque el catalán acaso «más preocupante» porque viene «impulsado» por el presidente del Gobierno y con el voto de los socialistas, según destacó el secretario general del PP.
En el PP no confían en que el texto sufra modificaciones sustanciales a su paso por el Congreso, aunque ellos se implicarán de manera activa en el debate. «Que no se juegue ni se nos engañe -rogó Acebes-. Se nos dijo que el texto no iba a salir y al final lo ha hecho con los votos del PSOE y el impulso de Zapatero y no vale decir «luego lo convertiremos en constitucional». Engaños, ninguno. Esto es una reforma de la Constitución y debe tratarse como tal». Por lo pronto, Rajoy, que se pronunciará hoy sobre la cuestión, ha convocado para el lunes una nueva reunión de la ejecutiva popular para tratar monográficamente la cuestión.
EL PORTAVOZ DEL CGPJ ADVIERTE DE QUE LA PROPUESTA SOBRE JUSTICIA DESBORDA EL MARCO DE LA CARTA MAGNA
MADRID. El portavoz del CGPJ, Enrique López, denunció ayer que la reforma del sistema judicial que se contempla en el proyecto del nuevo estatuto catalán es «inconstitucional», porque contiene varios puntos que «desbordan el marco constitucional» establecido. López declaró a Servimedia que la reforma estatutaria establece un «título competencial del que carecen las comunidades autónomas y que sólo se puede adquirir mediante una ley de traspaso» del Estado.
Además, indicó que en la reforma hay otros puntos que rebasan la Constitución, entre los que mencionó la regulación de manera indirecta del recurso de casación, puesto que lo califican como unificador de doctrina, al situar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como la última instancia judicial, reservando el Supremo sólo para unificar doctrina. También enumeró que con esa medida se altera el sistema competencial porque el TSJC es quien «culmina» la organización judicial y no la última instancia. López anunció que la próxima reunión del Consejo, el 5 de octubre, estudiará los diferentes proyectos de reformas estatutarias.
Las opiniones de López fueron secundadas por el vocal del CGPJ para el País Vasco, Juan Pablo González, que indicó que las previsiones existentes en el Estatuto son «claramente inconstitucionales». A su juicio, la creación de un Consejo de Justicia propio y «desconcentrado» del estatal supone «un ataque frontal» al Poder Judicial y abriría «una brecha» en su estructura.
En cambio, la minoría progresista del Consejo criticó la valoración de López al considerar «una vergüenza» que repita el mensaje lanzado por Acebes. El portavoz de esta minoría, Juan Carlos Campo, declaró a Ep que rechazan lo manifestado por López, «pues no habla más que en nombre propio, repitiendo, para mayor vergüenza de la institución, el mensaje lanzado por un líder del principal partido de la oposición». Para Campo, el Consejo «no puede ni debe en este momento entrar en valoraciones sobre la reforma del Estatut, al no ser su función constitucional».
PNV Y BATASUNA PIDEN A ZAPATERO EL MISMO TRATO QUE RECIBA MARAGALL
Para la formación ilegalizada, «sería interesante que la última palabra la tenga el pueblo catalán como lo reivindicamos también para Euskal Herria»
BILBAO. Los partidos nacionalistas del País Vasco instaron ayer al Gobierno a mantener la misma actitud hacia la Cámara de Vitoria que han tenido con el Parlamento catalán, después de que fuera aprobado en Barcelona el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña. La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, aseguró que se alegran «sinceramente» del acuerdo alcanzado pues, a su juicio, «supone indudablemente una expresión democrática» que debería «respetarse en su integridad en el debate posterior en las Cortes, igual que deberían respetarse las futuras decisiones que adopte el Parlamento vasco». Así, confió en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «cumpla su palabra».
El portavoz de la Ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, también recordó las palabras de Zapatero en favor del «respeto a la voluntad» del Parlamento catalán y pidió que las Cortes aprueben su Estatuto y, si es necesario, se proceda a la modificación del ordenamiento jurídico. Además, expresó su deseo de que «se mantenga el respeto» para el Plan Ibarretxe, «la medida que se aprobó también con la mayoría absoluta requerida».
Urkullu, en declaraciones a Ep, felicitó a las formaciones políticas catalanas por el paso dado ayer y destacó el «valor» que tiene como «augurio que debería ser positivo en el Estatuto de Cataluña en cuanto a sentimiento identitario y profundización del autogobierno»
No injerencia del Gobierno
Por su parte, la ilegalizada Batasuna también tuvo palabras para el proyecto de Estatuto aprobado en Cataluña. Para el dirigente Joseba Permach, «sería interesante que la última palabra la tenga el pueblo catalán como lo reivindicamos también para Euskal Herria» y pidió al Gobierno «la misma no injerencia con respecto al proceso político que se pueda llevar aquí».
Sin embargo, afirmó que los procesos políticos de ambas Comunidades no se pueden equiparar porque «nadie se puede llevar a engaño y nadie puede pensar que un supuesto proceso en Euskal Herria pasa por la aprobación de un nuevo Estatuto». En este sentido, afirmó que en el País Vasco la superación del problema «pasa por el reconocimiento explícito de que los ciudadanos vascos tienen derecho a decidir su futuro».
EL BNG TAMBIÉN EXIGE EL TÉRMINO «NACIÓN» PARA EL ESTATUTO DE GALICIA
Izquierda Unida presentará una redacción del Título Preliminar del Estatuto de Andalucía inspirada en la aprobada por el Parlamento catalán
MADRID. La aprobación en el Parlamento catalán de la reforma del Estatuto provocó toda suerte de reacciones en el resto de Comunidades autónomas. El vicepresidente de la Xunta de Galicia, el nacionalista Anxo Quintana, transmitió al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien se reunió en La Moncloa, la intención de su Gobierno de que Galicia cuente «pronto» con un nuevo Estatuto que la reconozca como «nación». «He transmitido al presidente el deseo y la determinación de que Galicia juegue dentro del Estado en la división de las naciones; es la liga que nos pertenece y en la queremos estar», afirmó.
El objetivo sería que el Estatuto gallego «recoja el carácter nacional» de la región pues «no pasa nada por que se reconozca que en España hay varias nacionalidades, no se va a romper la unidad de España por ello».
En la misma línea se manifestaron los representantes de Izquierda Unida en Andalucía que propondrán, el próximo jueves en la reunión de la ponencia parlamentaria para la reforma de su Estatuto, una redacción del artículo 1 del Título Preliminar que define a la región como «nación», inspirada en la aprobada por el Parlamento catalán, según anunció Antonio Romero, portavoz de IU en la ponencia. El Partido Andalucista comparte con IU la pretensión de denominar a Andalucía como nación en el Estatuto, mientras que los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, descartan esta fórmula y apuestan por el término nacionalidad histórica.
Recurso de Valencia
Más críticas con la aprobación del Estatuto se mostraron otras Comunidades, como la Valenciana, Baleares o La Rioja. El vicepresidente de la Generalitat valenciana, Víctor Campos, anunció que recurrirá «a todas las instancias a las que legalmente pueda para defender los intereses de los valencianos» si el Congreso de los Diputados aprobara la reforma del Estatuto catalán. Además, advirtió que su Gobierno no va a permitir que se apruebe un «modelo de financiación y de fiscalidad que favorece que existan Comunidades de primera y de segunda».
Para el vicepresidente valenciano, el texto aprobado ayer evidencia que algunos «buscan privilegios y beneficios que no les importa que no tengan otros» y por ello afirmó que «los ciudadanos de la Comunidad Valenciana no estaremos quietos si desde otra Comunidad se pretenden tener ventajas, en detrimento de otras regiones». En este sentido, Campos anunció que su Gobierno va a exigir que el marco de financiación autonómica recogido en la Constitución «no se rompa unilateralmente por la presión de ningún partido nacionalista».
Asimismo, el Gobierno balear aseguró que no aceptará que haya «autonomías de primera y de segunda», por lo que si las Cortes dan su apoyo al Estatuto catalán tal y como se ha aprobado en esa Comunidad, las Islas tendrán «derecho» a que su sistema de financiación se negocie también de manera bilateral con el Estado, según afirmó el portavoz del Ejecutivo balear, Joan Flaquer.
Tampoco ha gustado nada el nuevo proyecto estatutario al Gobierno de La Rioja, cuyo consejero de Presidencia, Emilio del Río, consideró que el Estatuto catalán «no es bueno porque se carga la Constitución». «Liquida el sistema de financiación que es el primero de los principios de autonomía», aseveró. Por eso, confía en que el Congreso haga que «no salga adelante y el presidente Zapatero no consienta que haya diferencias entre los españoles según su lugar de residencia».