Source: https://www.scribd.com/doc/135378895/7-JJ19512-CS-Clase-3
Timestamp: 2016-10-21 23:59:38
Document Index: 351456475

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 17']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicVoces: RECURSO DE RECLAMACIÓN - SEGURIDAD SOCIAL - RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIÓN - SOCIEDADES ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIAL - DIRECTORIO- SOCIOS GERENTES SANCIONES ADMINISTRATIVAS - MULTA - DEBIDO PROCESO - RECURSO ACOGIDO Partes: Ortúzar Solar, Antonio y otros c/ Superintendencia de A.F.P. | Reclamo administrativo Recurso de casación en el fondo Tribunal: Corte Suprema Fecha: 27-ene-2009 Cita: MJCH_MJJ19512 | ROL:6792-07 Producto: MJ,LJ Doctrina: 1.- Reconociendo la existencia de la potestad sancionatoria que compete a la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, con arreglo a los preceptos del Decreto Ley 3.500 y Decreto con Fuerza de Ley 101 , de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en lo concerniente a infracciones de leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las Administradoras de Fondos de Pensiones o al incumplimiento de las instrucciones y órdenes que aquélla les imparta, en ejercicio de sus facultades legales concluyó, que el procedimiento usado para imponer las medidas punitivas, recaídas sobre los reclamantes no se ajustó al marco constitucional y legal establecido para desarrollar esas potestades públicas de contenido sancionatorio y que se expresa en los artículos 6 , 19 Nº 3 y 26 de la Constitución Política de la República, desde que no se emplazó al gerente del ente sancionado. 2.- No habiéndose dado aplicación supletoria a las normas contempladas en la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Órganos de la Administración del Estado en cuanto en las investigaciones sumarias que la Superintendencia instruye, de conformidad al artículo 3° letra n) de su Estatuto Orgánico, se debe dar a conocer a los afectados los elementos de cargo que puedan servir de base a una probable sanción, único modo de asegurarles una adecuada defensa, corresponde acoger el recurso de reclamación de los Directores de la A.F.P., por no haber respetado la Superintendencia al imponerles sanciones pecuniarias en un procedimiento donde no se acataron las normas concernientes al debido proceso legal. 3.- Toda vez que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones aplicó sanciones pecuniarias a los reclamantes, sin poner previamente en su conocimiento la existencia de una investigación iniciada en su contra y los antecedentes que le servían de fundamento a fin de que expusieran los argumentos que estimaran idóneos a la defensa de sus intereses y eventualmente aportaran pruebas destinadas a acreditar la veracidad de sus aseveraciones, resulta acertada la conclusión a que arribaron los sentenciadores del fondo en orden a que en el procedimiento utilizado
al no haberles ésta dado aplicación en el caso de autos.
Santiago. 26. en atención a la calidad de los cargos que ostentaban en ella. de lo que se sigue que los efectos del emplazamiento a una persona jurídica no pueden hacerse extensivos a los Directores de esa sociedad como antecedente idóneo para hacer efectiva la responsabilidad personal que a éstos pudiera haberles correspondido en los hechos irregulares atribuidos a la empresa. por las cuales la reclamada imponía a los reclamantes don Antonio Ortúzar Solar. 27 de enero de 2009. habrían sido transgredidos por la sentencia impugnada. Contra esta sentencia la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones dedujo recurso de casación en el fondo. que está escrita a fojas 427. se acogió la reclamación interpuesta y se declaró que se dejaban sin efecto la resoluciones números 25. todas de 26 de diciembre de 2006. motivo por el cual. 28 y 29.F.. sin necesidad de acudir a otra clase de consideraciones.L Nº 101 del mismo año del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. por no haber respetado la Superintendencia al imponerles sanciones pecuniarias en un procedimiento donde no se acataron las normas concernientes al debido proceso legal. a los reclamantes.P. se ha ordenado traer estos autos en relación. por sentencia de trece de septiembre de dos mil siete. don Leopoldo Enríquez. cuya ausencia en la especie ha motivado el justificado reproche que el fallo recurrido dirige a la actuación de la entidad pública fiscalizadora. inciso 5° de la Carta Fundamental.Vistos: En estos autos ingreso Corte Nº 6792-07 y que corresponden a los caratulados Antonio Ortúzar Solar y otros contra Superintendencia de A.por el órgano sancionador no se respetaron los principios del debido proceso consagrados en el artículo 19 N° 3.. 7 y 17 del D. dos clases de errores de derecho a la sentencia que impugna: la vulneración de los artículos 94 Nº 8 del D. don Oscar Spoerer Varela.500 de 1980.L Nº 3. y al considerar que no se le confirió derecho a defensa y. 4. para cuyo conocimiento.Los razonamientos desarrollados precedentemente demuestran que la sentencia impugnada no ha incurrido en error de derecho al acoger las reclamaciones de los Directores de la A. el recurso de casación en el fondo con que se pretende la declaración de invalidez de ese fallo no puede prosperar. una vez declarado admisible.F. Considerando: Primero: Que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones atribuye. 3 . por ende.
.F. Segundo: Que el primer grupo de preceptos legales a que se ha aludido se vincula a las potestades de fiscalización y sanción de que se encuentra dotada la Superintendencia recurrente y que. 5.. seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol Nº 483-2007. que garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.Los principios de la audiencia bilateral y la posibilidad de rendir prueba constituyen elementos esenciales del debido proceso legal. don Cristián Pizarro Goicochea y don Carlos Mario Saporito una multa de trescientas unidades de fomento a cada uno. 27. a un debido proceso. señalando que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y que le corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. según su parecer.P. al fundamentar su recurso de casación.
. con arreglo a los preceptos anteriormente citadas del D.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Órganos de la Administración del Estado en cuanto en las investigaciones sumarias que la Superintendencia instruye. 0028 y 0029. haciéndose responsable los aludidos Directores de la veracidad de la información entregada en una declaración suscrita por ellos. b)Los Directores sancionados dedujeron sendas reclamaciones en contra de las resoluciones mencionadas ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Cristián Pizarro y Carlos Mario Saporito. concluyó sobre la base del razonamiento consignado en el acápite c) del fundamento precedente. reconociendo la existencia de la potestad sancionatoria que compete a la Superintendencia.F. como hecho de la causa. resulta acertada la conclusión a que arribaron los sentenciadores del fondo en orden a que en el procedimiento utilizado por el órgano sancionador no se respetaron los principios del debido proceso consagrados en el artículo 19 Nº 3. de conformidad al artículo 3º letra n) de su Estatuto Orgánico. único modo de asegurarles una adecuada defensa. Planvital S. presentado a la Superintendencia estados financieros maliciosamente subvalorados e inconsistentes. en ejercicio de sus facultades legales. impuso a los Directores de la A. En la misma línea de razonamientos. todas de 26 de diciembre de 2006. sin poner previamente en su conocimiento la existencia de una investigación iniciada en su contra y los antecedentes que le servían de fundamento a fin de que expusieran los argumentos que estimaran idóneos a la defensa de sus intereses y eventualmente aportaran pruebas destinadas a acreditar la veracidad de sus aseveraciones. Cuarto:Que el fallo impugnado.Tercero:Que una adecuada ilustración de los antecedentes relacionados con los planteamientos del recurso supone tener en consideración los siguientes elementos de juicio.F. por medio de las resoluciones Nº 0025. apunta el fallo recurrido que no se dio aplicación supletoria a las normas contempladas en la Ley Nº 19. en lo concerniente a infracciones de leyes.P.F.880.500 y D. y c)La sentencia de la Corte de Apelaciones estableció en su fundamento octavo.que en el procedimiento administrativo que concluyó con la aplicación de sanciones en su contra no se respetaron principios básicos del debido proceso y aquéllos relativos a la transparencia y contradictoriedad reconocidos en la Ley Nº 19. aduciendo "en lo que interesa para el análisis del presente recurso.P.L Nº 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 0027. Quinto:Que. se debe dar a conocer a los afectados los elementos de cargo que puedan servir de base a una probable sanción. una multa ascendente a 150 unidades de fomento cada uno. inciso 5º de la Carta Fundamental.P. que el procedimiento usado para imponer las medidas punitivas. recaídas sobre los reclamantes no se ajustó al marco constitucional y legal establecido para desarrollar esas potestades públicas de contenido sancionatorio y que se expresa en los artículos 6 . haciendo uso de las potestades de fiscalización y de carácter sancionatorio que le otorga la normativa legal mencionada en el basamento primero de este fallo. por el hecho de haber esa A. 0026.. reglamentos y demás normas que rijan a las Administradoras de Fondos de Pensiones o al incumplimiento de las instrucciones y órdenes que aquélla les imparta.A. 19 Nº 3 y 26 de la Constitución Política de la República. que obran como hechos de la causa: a)La Superintendencia de A. Leopoldo Enríquez. que "de los antecedentes acompañados y de las propias declaraciones de la Superintendencia resulta claro que en la inves tigación sumaria que culminó con la resoluciones sancionatorias impugnadas no se confirió audiencia a los reclamantes en términos que les permitieran exponer sus defensas respecto de cada uno de los incumplimientos que motivaron la aplicación de las multas ni se les dio a conocer los antecedentes justificativos de esa sanción".L Nº 3. habiendo aplicado la Superintendencia sanciones pecuniarias a los reclamantes. Antonio Ortúzar Solar.
. Oscar Spoerer Varela.
el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados (acápite a). en cualquier momento. De ello se sigue que los efectos de dicho emplazamiento no pueden hacerse extensivos a los Directores de esa sociedad como antecedente idóneo para hacer efectiva la responsabilidad personal que a éstos pudiera haberles correspondido en los hechos irregulares atribuidos a la empresa.se dirigió únicamente a ésta en su condición de entidad fiscalizada. contenido en los ya citados artículos 94 Nº 8 del D. razón por la que. se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad y sobre contradictoriedad. en sus relaciones con la Administración. en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales.F. en cualquier momento del procedimiento. respecto de tal materia. su artículo 17 dispone que las personas.P.Siempre en función de la necesaria cautela del derecho defensa cuya aplicación práctica procura el cuerpo legal en referencia.880 de 2003 se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo en las actuaciones que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado al asumir su tarea de satisfacer las necesidades públicas. el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados (acápite a). Séptimo:Que el ordenamiento referente a las atribuciones investigativas y sancionatorias que corresponden a la Superintendencia de A. puntualizando en el artículo 1º que sus preceptos se aplicarán. Octavo: Que. donde se señala que los interesa dos podrán. Décimo: Que los razonamientos desarrollados precedentemente demuestran que la sentencia
. El principio de contradictoriedad se establece en el artículo 10.F.A.500 y 3º letra n) y 17 del D. en cualquier momento. Los dos primeros están consagrados en el artículo 16. contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. con carácter supletorio. Noveno: Que es conveniente poner de manifiesto como situación fáctica emanada de los antecedentes de la causa que el oficio mediante el cual la Superintendencia emplazó a la A.880.. tienen derecho a conocer. en atención a la calidad de los cargos que ostentaban en ella. aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.L Nº 3. Planvital S.P. cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley Nº 19. señalando que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y que le corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Siempre en función de la necesaria cautela del derecho defensa cuya aplicación práctica procura el cuerpo legal en referencia. cuya ausencia en la especie ha motivado el justificado reproche que el fallo recurrido dirige a la actuación de la entidad pública fiscalizadora. Los principios de la audiencia bilateral y la posibilidad de rendir prueba constituyen elementos esenciales del debido proceso legal.L Nº 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades. en el cual se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento.F. su artículo 17 dispone que las personas.que garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. en sus relaciones con la Administración. entre los principios previstos en esa ley. tienen derecho a conocer. Sexto: Que la Ley 19.
de trece de septiembre de dos mil siete. con lo dispuesto en los artículos 764. Ismael Ibarra. Sr. Adalis Oyarzún. Planvital S. motivo por el cu al. 765. Por estas consideraciones y de conformidad.. por no haber respetado la Superintendencia al imponerles sanciones pecuniarias en un procedimiento donde no se acataron las normas concernientes al debido proceso legal. Nº 6792-2007 Pronunciado por la Tercera Sala. 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil.impugnada no ha incurrido en error de derecho al acoger las reclamaciones de los Directores de la A. escrita a fojas 427.P. Pedro Pierry.A. se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en lo principal de la presentación de fojas 436.F. Regístrese y devuélvase. el recurso de casación en el fondo con que se pretende la declaración de invalidez de ese fallo no puede prosperar. sin necesidad de acudir a otra clase de consideraciones. además.
. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Sr. Héctor Carreño. integrada por los Ministros Sr. en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sr. Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún.
7. JJ19512 CS (Clase 3)Uploaded by Gabriel Ibáñez Lastra1 viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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