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Timestamp: 2019-03-18 17:29:54
Document Index: 250647005

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 160', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 8', 'artículo 160', 'Artículo 40', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 162', 'artículo 241', 'artículo 202', 'artículo 45', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 241', 'artículo 89']

Sentencia de Constitucionalidad nº 027/11 de Corte Constitucional, 26 de Enero de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 259548570
Sentencia de Constitucionalidad nº 027/11 de Corte Constitucional, 26 de Enero de 2011
PonenteJorge Ignacio Pretelt Chaljub
ActorRevsion Oficiosa
DemandadoLey 1254 de 2008
Fecha de Resolución26 de Enero de 2011
ExpedienteLAT-340
Revisión oficiosa de la ley 1254 de 2008 “por medio de la cual se aprueba el “convenio básico de cooperación técnica y científica entre el gobierno de la república de guatemala y el gobierno de la república de colombia” hecho en la ciudad de lima, el 23 de noviembre de 2001”. La corte realiza un análisis formal de la suscripción y aprobación del convenio, se encuentra que en el presente caso no era necesario agotar la consulta previa, se estudia el trámite dado al proyecto de ley en el congreso de la república, luego se estudia la compatibilidad del convenio con la constitución, además se estudia la constitucionalidad de los convenios complementarios, se encuentra que tanto el convenio como su ley aprobatoria son acordes con la constitución nacional, por lo tanto se decide declararlos. Exequibles
Sentencia citada en: 14 sentencias, 4 disposiciones normativas
C-027-11 Sentencia C-027/11 Sentencia C-027/11
Revisión oficiosa de la Ley 1254 de 2008 Por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
En el proceso de revisión automática del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001, y de la Ley 1254 de 2008, por medio del cual fue aprobado.
El Congreso de la República, mediante la Ley 900 del 21 de julio de 2004, había dado aprobación al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001). En estos términos, mediante auto del 26 de agosto de 2004, con el objeto de ejercer el control de constitucionalidad que el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política ordena, la Corte Constitucional asumió el examen del Convenio bajo estudio y de la Ley 900 de 2004 que lo aprobaba.
Una vez remitido nuevamente a esta Corporación, ésta determinó que el vicio no había sido subsanado y declaró la inexequibilidad de la Ley 900 de 2004. Dijo la Corporación en aquella oportunidad En ese orden de ideas dado que en aplicación del principio de instrumentalidad de las formas procesales la Corte ordenó por intermedio de la Secretaría General la remisión al Senado de la República del expediente para que en el término de treinta (30) días contados a partir de su llegada a la Presidencia del Senado (art 45 del decreto 2067 de 1991) se subsanara el vicio en que se incurrió y en consecuencia se rehiciera la votación en segundo debate en la Plenaria de dicha cámara legislativa, dando cumplimiento al requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo No. 01 de 2003, y ello no ocurrió lo que procede es declarar la inexequibilidad tanto de la Ley 900 de 2004 "Por medio de la cual se aprueba el CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, hecho en la ciudad de Lima, el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001), así como la Ley  de 3 de marzo de 2006 expedida con el mismo fin en cumplimiento del Auto A-088 de 2005.
De la misma manera y teniendo en cuenta que la declaratoria de inexequibilidad únicamente recayó sobre la Ley aprobatoria y no sobre el Tratado que aprobaba, la Corporación dijo: No sobra advertir que la decisión así adoptada no comporta ningún tipo de determinación en relación con la constitucionalidad o no del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001).
Por lo anterior, el Gobierno presentó nuevamente a consideración del Congreso, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, que finalmente fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 1254 de 2008, la que hoy es analizada por esta Corporación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 1 de diciembre de 2009, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1254 de 2008 Por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
El proyecto de ley fue anunciado para primer debate en la sesión conjunta de las Comisiones Segunda de Senado y Cámara de Representantes, tal como se observa en el Acta Nº 01 del 6 de mayo de 2008, para el día siguiente, esto es para el 7 de mayo de 2008.
Sin embargo, como consta en el Acta No. 02 del 7 de mayo de 2008, en la sesión conjunta de las Comisiones Segunda de Senado y Cámara de Representantes publicada en la Gaceta del Congreso No. 632 del 12 de septiembre de 2008, la discusión y aprobación del proyecto de ley en estudio no se llevó a cabo y fue nuevamente anunciado: Anuncio de proyectos de ley para aprobarse en primer debate en la próxima sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003 () Proyecto de ley número 236 de 2008 Cámara, 18 de 2007 Senado, () y al finalizar se lee () Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, () Me permito citar a los honorables Miembros de la Comisión Segunda de Cámara para el próximo martes 13 de mayo de 2008 a las 10:00 de la mañana.
Ante la insuficiencia de elementos probatorios que dieran cuenta del trámite legislativo en la Comisión Segunda de la Cámara, mediante Auto del 20 de febrero del 2009, el Magistrado Ponente solicitó al Secretario General de esa Comisión que se sirviera informar y certificar si el día 13 de mayo de 2008 se llevó a cabo sesión ordinaria. En la certificación consta que El día martes 13 de mayo de 2008, no se realizó sesión oficial de la Comisión Segunda de la Cámara, convocada por el señor Presidente de ese entonces, doctor AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ, en sesión conjunta del día miércoles 7 de mayo de 2008. La sesión oficial anunciada no se hizo en razón a que para ese día se había previsto visita oficial de unos parlamentarios de la República de Canadá
Por lo anterior advierte esta Sala la existencia de un vicio de trámite legislativo. En efecto, el anuncio de discusión y votación del proyecto fue para una fecha cierta y determinada el 13 de mayo de 2008-, de modo que era imperativo hacerlo en esa fecha y no un día después el 14 de mayo de 2008-, como finalmente ocurrió, sin que obre en el expediente prueba del anuncio para esta última sesión.
En efecto, el día 13 de mayo no se llevó a cabo la sesión anunciada previamente, a pesar de que la convocatoria fue para una fecha precisa y determinada, y no consta de qué manera los congresistas pudiesen conocer la fecha en que se llevaría nuevamente a cabo la discusión y votación. En consecuencia, tal situación sólo podía ser superada con un nuevo llamado acorde con las exigencias constitucionales antes reseñadas. Empero, como la nueva convocatoria nunca se realizó, se configuró un vicio en el trámite legislativo por violación del inciso final del artículo 160 de la Carta Política.
Primero. Por Secretaría General de esta Corporación, DEVUÉLVASE a la presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1254 del 27 de noviembre de 2008, Por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001, con el fin de que subsane el vicio de procedimiento señalado en esta providencia.
Cuarto. Cumplido el trámite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la ley correspondiente, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.
LEY 1254 DE 2008
Por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
Visto el texto del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001, que a la letra dice:
Artículo 1o. Apruébase el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 71 ‹sic, es 7› de 1944, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima el 23 de noviembre de 2001, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su apoderada, intervino en el proceso de la referencia y solicitó la declaración de Constitucionalidad del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia y de la Ley que lo aprueba.
Resalta que dicho instrumento mantiene el espíritu de la Cooperación Técnica entre Los Países en Desarrollo (CTPD) trazado por las Naciones Unidas, como una herramienta importante de solidaridad y crecimiento entre los países hermanos.
La Universidad del Rosario, a través de su catedrático del área de derecho internacional, doctor Juan Ramón Martínez Vargas, intervino en el proceso de la referencia y solicitó la declaratoria de exequibilidad del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia y de la Ley que lo incorpora.
En estos mismos términos, considera que el Convenio desarrolló los artículos 226 y 227 de la Constitución Política que establecen como un deber del Estado Colombiano la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Agrega que el instrumento materializa la aspiración de la internacionalización de las relaciones exteriores y a la integración latinoamericana plasmado en los artículos 9 y 227, sumado a los establecido en los artículos 67, 70 y 71, en el sentido de comprometer al Estado con el fomento en el acceso a la ciencia y tecnología
Luego de hacer una síntesis del cuerpo del instrumento internacional considera que el mismo se ajusta a los parámetros constitucionales y sobre todo desarrolla el concepto de integración contenido en la Carta Política. En efecto, a través de ella los Estados celebran acuerdos, con la finalidad de lograr un desarrollo social, económico y político. A través de la suscripción del Convenio en estudio, se busca promover y fomentar el desarrollo y progreso de nuestra población mediante el intercambio de capacitación, considerándola como un factor de desarrollo económico.
Así las cosas, concluye que el contenido del Tratado desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta Política, pues acatando la soberanía nacional, busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1254 de 2008 Por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001, es aprobatoria de un Tratado Público por lo que, tanto desde el punto de vista material como formal, esta Corporación es competente para adelantar su estudio, por vía de control automático y oficioso de constitucionalidad.
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido, en múltiples oportunidades, que el control de constitucionalidad de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias, presenta las siguientes características[1]: (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.[2]
El Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001 le fue impartida la aprobación ejecutiva el 5 de marzo de 2002, el entonces Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Acuerdo de la referencia. Dicha autorización, cuya referencia consta a folio 2 del cuaderno No. 1 de pruebas, ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
La consulta debe efectuarse en un momento previo a la radicación del proyecto en el Congreso de la República, para que los resultados del proceso de participación incidan en el contenido de la iniciativa que se somete a consideración; no obstante, durante el trámite legislativo en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe. (subraya original)
De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha previsto un deber de consulta.
De acuerdo con el inciso final del artículo 154 de la Carta, Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.
Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta[5].
proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión () Proyecto de ley número 18 de 2007 Senado () Citamos para mañana 31 de octubre, a las 10:00 a.m. ().
Y al final se indica: Citamos para mañana miércoles 31 de octubre, a las 10:00 a. m
por orden del presidente de la Comisión Segunda del senado de la república, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión () El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda () cita para el miércoles 7 de noviembre a las 10:00 a.m. para proyectos.
Al finalizar la sesión, la Presidenta encargada de la Comisión, manifestó: El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda agradece a los Senadores por la asistencia y cita para el miércoles 7 de noviembre a las 10:00 a. m. para proyectos.
Proposición
Articulado del proyecto ()
En consecuencia el señor Presidente nombra como ponente para el segundo debate en Plenaria del Senado, al Senador Jesús Enrique Piñacué. (Subrayas fuera de texto)
se informa que al no haber existido solicitud de verificación del mismo [quórum deliberatorio y decisorio] durante la discusión del proyecto de ley No. 18/07 Senado, éste quedó integrado por nueve (09) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma ()
Los proyectos para discutir y votar en la próxima Sesión Plenaria son los siguientes () Proyecto de ley número 18 de 2007 Senado.
Al final se lee: Siendo las 9:30 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 11 de diciembre de 2007, a las 11:00 a.m.
La Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión () Proyecto de ley número 18 de 2007 Senado
Y al finalizar la sesión se informó: Siendo las 9:40 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 12 de diciembre de 2007, a las 10:00 a.m.
Proyecto de ley número 18 de 2007, por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de lima, el 23 de noviembre de 2001.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República? Y estos responden afirmativamente.
Anuncio de proyectos de ley, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto legislativo número 01 de 2003 para ser aprobados en próxima sesión de comisión, tal como lo ordena el señor Presidente, de acuerdo con las facultades de la Ley 5ª. Proyecto de ley número 236 de 2008 Cámara, 018 de 2007 Senado
Este anuncio se realiza con el fin de subsanar un vicio de procedimiento.
Debo informarles a los honorables Representantes que este proyecto se somete nuevamente a consideración y votación en primer debate dada la providencia de la Corte Constitucional para subsanar un vicio de constitucionalidad en cuanto al anuncio del Proyecto señor Presidente.
10 votos por el Sí, en consecuencia ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia, señor Presidente.
Se anuncian los siguientes proyectos para sesión plenaria del día 8 de junio en la cual se debata proyectos de ley o acto legislativo según el acto legislativo 01 del julio 03 del 2003 () Proyecto de ley número 236 de 2008 Cámara, 018 de 2007 Senado () En consecuencia, se levanta la Sesión y se convoca para el martes 8 de junio a las 2 p. m. [9]
Proyecto de ley 236 de 2008 Cámara, 018 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia. Hecho en la ciudad de Lima el día 23 de noviembre de 2001.
Ha sido aprobado el informe de ponencia.
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (10 de diciembre de 2007) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (9 de diciembre de 2009) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo 160 de la Carta Política.
Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes[16]. Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas[17].
Desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos, la jurisprudencia sostiene que el anuncio facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en influir en la formación de la ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política (Artículo 40 C. P.) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa (Artículos 1 y 3 C.P.)[18]
a) El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley.
d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado.
Al respecto, la jurisprudencia ha precisado que si en la sesión en la cual pretende hacerse la votación de conformidad con la fecha del anuncio - no es posible adelantar la votación, es requerido por la naturaleza del anuncio que el mismo se vuelva a hacer, pues de lo contrario se rompe la cadena correspondiente y se desnaturaliza la finalidad del requisito. A ese respecto dijo la Corporación:
4- Cuando la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de manera que no se lleva a cabo en la sesión para la cual fue anunciada, es deber de las mesas directivas continuar con la cadena de anuncios; es decir, reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la aprobación del proyecto, toda vez que no existe otro instrumento constitucional que permita garantizar la efectiva realización del fin que se pretende satisfacer mediante la formalidad del aviso, el cual -según se ha visto- consiste en evitar que los congresistas y la comunidad en general sean sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias. Si ello no tiene ocurrencia, es decir, si no se cumple con la secuencia temporal del aviso cuando por razones de práctica legislativa el debate y votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, se entiende que la votación se realizó en una sesión distinta a la que fue anunciada, incumpliéndose el requisito previsto en el artículo 160 de la Carta Política.
Sobre el particular, ha señalado la Corte que, a pesar de presentarse el fenómeno de la ruptura de la cadena de anuncios respecto de un proyecto de ley cuya votación se ha venido aplazando indefinidamente, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión.[26] Si esto último no tiene ocurrencia, es decir, si además de romperse la cadena de anuncios el proyecto aplazado indefinidamente se vota sin haberse anunciado tal hecho en la sesión inmediatamente anterior, se entiende que se ha incumplido el requisito de anuncio previo consagrado en el artículo 160 Superior[27].
Ahora bien, debe precisarse que el límite temporal a que alude el artículo 162 superior según el cual ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas, solamente es predicable del trámite dado por el Congreso pero no de la revisión encomendada a la Corte Constitucional.
Así, dado que el trámite que se debe surtir para la subsanación del vicio identificado es una consecuencia del ejercicio del control efectuado por la Corte (art. 241-10), no puede entenderse que en estas circunstancias se desconozca el requisito de que el trámite se surta en máximo dos legislaturas (art. 162 C. P.), pues éste se predica de la actuación del legislador que en el presente caso efectivamente tramitó y votó el proyecto de ley en dicho plazo como se desprende del expediente legislativo analizado por la Corte, pero no de las consecuencias que se deriven del ejercicio del control de constitucionalidad, las cuales se rigen por los mandatos superiores y legales que permiten el saneamiento de los vicios de procedimiento (parágrafo del artículo 241 C. P., artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 y artículo 45 del Decreto 2067 de 1991)[28].
Así, se encuentran, entre otros, el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá, el 16 de julio de 1991, aprobado mediante Ley 305 de 1996 y declarado exequible en sentencia C-104 de 1997[29]. Además, el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., el 20 de abril de 1994, aprobado por Ley 460 de 1998 y declarado exequible en sentencia C-186 de 1999[30]. También, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República de Nicaragua, hecho en Bogotá, el 28 de junio de 1991, aprobado mediante Ley 604 de 2000, declarado exequible en sentencia C-303 de 2001[31]. Y, más recientemente, en sentencia C-378 de 2009 se declaró exequible el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004con condicionamientos relacionados con la posibilidad de modificarlo por la vía diplomática y con la celebración de convenios complementarios.
En las oportunidades citadas, esta Corporación consideró que dichos Convenios, y así se reitera en esta ocasión, desarrollan varios preceptos Superiores, en especial el contenido en el artículo 70 de la Carta, conforme al cual el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional.
En sentencia C-303 de 2001, la Corte señaló que Sin duda, la ejecución en asocio con otra Nación, de programas y proyectos que tienden a promover la investigación científica y técnica, contribuye al fortalecimiento de la cultural nacional y por esta vía permite hacer efectivo el deber señalado al Estado por la norma constitucional en comento.
De otro lado, el artículo 71 de la Constitución Política, en cuanto dispone que el Estado creará incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología, también encuentra en el presente Convenio un mecanismo de realización efectiva en cuanto éste impulsa la participación de dichas personas e institucionales en los proyectos de cooperación a los que se refiere.
Lo anterior igualmente constituye un mecanismo de fomento y garantía del derecho a la educación consagrado en el artículo 67 de la Carta Política, así como una forma de cumplir con el deber establecido en el artículo 69 Superior de fortalecer la investigación científica en las universidades públicas y privadas. Al respecto, la sentencia C-186 de 1999 señaló: Entre esos preceptos constitucionales, que encuentran realización en los mencionados objetivos del Convenio que se revisa, está el contenido en el artículo 67 superior, que señala que la educación es un derecho fundamental y un servicio público, que tiene entre otros el objetivo de formar al colombiano ...en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente; así mismo, el consignado en el inciso tercero del artículo 69, que establece que le corresponde al Estado fortalecer la investigación científica en las universidades oficiales y privadas, y ofrecer condiciones especiales para su desarrollo, lo cual encuentra justificación en el hecho de que las comunidades científicas en nuestros países, encuentran su origen y espacio natural, por lo general, en las instituciones de educación superior.
El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje universal, que implica para los países no sólo la necesidad de promover y fomentar internamente la consolidación de sus comunidades académicas, las cuales tienen como fundamento de su quehacer la investigación científica y tecnológica, sino el compromiso ineludible de facilitar que ellas se incorporen y participen activamente en las tareas que adelanta la comunidad científica internacional; de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende el rezago en el acceso al conocimiento, el cual en el Estado social de derecho se reivindica como un derecho de todas las personas, que las sociedades modernas y postmodernas reclaman como un componente esencial e insustituible para su propio desarrollo[32]
En relación con lo dispuesto en el artículo XIV del Convenio sobre la posibilidad de modificarlo, la Corte observa que en cuanto el mismo artículo señala que dichas modificaciones sólo se podrán realizar una vez se sometan a lo dispuesto en el ordenamiento interno para la aprobación de tratados internacionales, la Sala considera que no resulta necesario realizar un condicionamiento a la constitucionalidad de este artículo. El artículo XIV señala: 2. El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento y las modificaciones acordadas entrarán en vigor en la fecha en que las Partes, mediante un Canje de Notas Diplomáticas, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su Legislación Nacional.(Subrayas fuera de texto)
Es preciso aclarar que el problema jurídico ahora estudiado difiere de aquel analizado en la Sentencia C-378 de 2009[33]. En efecto, en esa ocasión sí fue necesario condicionar la constitucionalidad del artículo XII del Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004 pues en el mismo se establecía la posibilidad de modificarlo de mutuo acuerdo por la vía diplomática sin que se sometiera al ordenamiento interno.
En efecto, en la Sentencia C-1439 de 2000[35], la Corte estudió el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República del Perú que estipulaba que para el desarrollo del mismo los Gobiernos podían concertar acuerdos complementarios. La Corte declaró la constitucionalidad de la disposición y consideró que en este caso, dichos acuerdos forman parte de un tratado que cumplió con los pasos previstos en la Constitución (arts. 189-2 y 150-16) y ahora sometido a la revisión constitucional ordenada en el artículo 241-10 del ordenamiento superior. Así las cosas, resulta claro que las obligaciones genéricas de cada parte se fijan en el tratado marco, de suerte que el país no adquirirá obligaciones distintas a las inicialmente estipuladas y en este sentido, el inciso tercero del artículo I no contradice ningún precepto constitucional. Este mismo año, en la Sentencia C-1258 de 2000[36], la Corte reiteró la incompetencia de la Corte para estudiar acuerdos simplificados que no generan nuevas obligaciones para el Estado.
En aplicación de la mencionada precisión, algunas de las sentencias posteriores introdujeron condicionamientos, en su parte motiva, a la constitucionalidad de la facultad otorgada por los tratados de cooperación a las partes consistente en suscribir, en el futuro, convenios o acuerdos complementarios. Así, en la sentencia C-303 de 2001 se dijo: este Tratado es constitucional condicionadamente en la medida que los Acuerdos Complementarios previstos en este Convenio: a) No contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el mismo; b) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del Convenio, que pretende desarrollar el conjunto de las relaciones y científicas entre los dos países, con base en el respeto de los principios de igualdad de ventajas mutuas como lo dice el Preámbulo; y c) No se modifique el convenio, ni se refieran dichos Acuerdos a aspectos diferentes a la cooperación técnica y científica entre los dos Estados () si se crean nuevas obligaciones, o se modifica o adiciona el Convenio, debe someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de constitucionalidad por esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2° y 241 de la Constitución En la Sentencia C-896 de 2003[37], al analizar la constitucionalidad del artículo 89 de la Ley 788 de 2002, que establecía la posibilidad de valorar las pruebas obtenidas en el extranjero, la Corte consideró que los acuerdos internacionales requieren de aprobación por el Congreso, sanción ejecutiva y revisión constitucional por la Corte Constitucional, salvo que el acuerdo sea simplificado, no contenga obligaciones nuevas y forme parte, como instrumento de ejecución, de un tratado que haya cumplido los pasos esenciales del ordenamiento interno pues en este caso no es indispensable la aprobación legislativa y la revisión constitucional. Posición reiterada, en Sentencia C- 280[38] y 622 de 2004[39]. Al estudiar la constitucionalidad del "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, la Corte reiteró la constitucionalidad de los también llamados acuerdos de ejecución, y señaló que los mismos no debían ser tramitados por el Congreso ni surtirse control constitucional (Sentencia C-241 de 2005[40])
Primero: Declarar EXEQUIBLE el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1254 de 2008, por la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.