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Timestamp: 2016-10-27 14:44:58
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Fallo de la Corte Suprema sobre la despenalización de La tenencia de marihuana para consumo personal en un caso concreto | Estudio Jurídico Schifrin
Fallo de la Corte Suprema sobre la despenalización de La tenencia de marihuana para consumo personal en un caso concreto
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena en la causa Arriola, Sebastián y otros s/ causa n 9080″, para decidir sobre su procedencia.
1 ) Que esta causa se inició el 19 de enero de 2006, a raíz de lo informado por el Jefe de la Sección Rosario de la Policía Federal Argentina, dando cuenta que de distintas actuaciones sumariales labradas en esa dependencia por infracción a la ley 23.737 surgía que todos los detenidos habían tenido contacto en forma esporádica con una finca emplazada en la calle Nicaragua casi esquina Forest, donde se habían observado los movimientos típicos de la venta de estupefacientes al menudeo.
En virtud de ello se dispuso la instrucción del sumario que fue delegada a la fiscal en turno, quien en función de las tareas de observación y vigilancia llevadas a cabo por la prevención, las imágenes captadas y grabadas en un video casete que se incorporó al expediente, y en las constancias que surgían de las copias de los sumarios acumulados al proceso, sostuvo que podía inferirse que en la finca aludida un sujeto se dedicaría a la comercialización de estupefacientes. En función de ello solicitó y obtuvo la correspondiente orden de allanamiento, registro y secuestro, que tuvieron lugar el 26 de febrero de 2006, conforme a lo que surge del acta que luce a fs. 63/64 y, posteriormente, el 27 de abril de 2006 (fs. 119/122). También en el marco de las distintas medidas procesales adoptadas en el sumario, se acumularon los expedientes n 1268/05 “Fares, Gustavo Alberto s/ ley 23.737″,
n 81/06 “Acedo, Marcelo Ezequiel; Villarreal, Mario Alberto
s/ ley 23.737″ y n 506/06 “Medina, Gabriel Alejando y Cortejarena, Leandro Andrés s/ ley 23.737″, entre otros.
2 ) Que, tras la realización del debate oral y público
(fs. 997/1020), el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 2 de Rosario, Provincia de Santa Fe, con fecha 30 de agosto de 2007, rechazó las nulidades interpuestas por las defensas y el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, y condenó a: I) Sebastián Eduardo Arriola o Eduardo Sebastián Arriola, como autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización —dos hechos, en concurso real— (artículos 55 del Código Penal y 5 , inc. c, de la ley 23.737), a la pena de seis años de prisión, multa de seiscientos pesos ($ 600) e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena, imponiéndole la medida de seguridad curativa prevista en el artículo 16 de la ley citada; II) Carlos Alberto Simonetti, como autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización —dos hechos en concurso real— (artículos 55 del Código Penal y 5 , inc. c, de la ley 23.737), a la pena de cuatro años de prisión, multa de quinientos pesos ($ 500) e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena (artículo 12 del Código Penal); III) Mónica Beatriz Vázquez, como autora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización —dos hechos en concurso real—, en carácter de partícipe secundaria (artículos 5 , inc. c, de la ley 23.737, y 46 y 55 del Código Penal), a la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de doscientos pesos ($ 200); IV) Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena, como autores del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737) a la pena de un mes de prisión de ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal), imponiéndoles por el término de dos años las siguientes reglas de conducta (artículo 27 bis del Código Penal): 1) fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato; 2) abstenerse de usar estupefacientes, de abusar de bebidas alcohólicas y de relacionarse con personas vinculadas al expendio o consumo de estupefacientes. En todos los casos sustituyó la aplicación de la pena y dispuso una medida de seguridad educativa en la forma prevista por el artículo 21 de la ley 23.737, dando intervención a ese efecto al señor juez de ejecución penal (fs. 1021/1023 y 1048/1063).
3 ) Que la defensa interpuso recurso de casación en favor de Eduardo Sebastián Arriola, Mónica Beatriz Vázquez, Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena (fs. 1101/1130), que fue rechazado por el tribunal a quo a fs. 1154/1157, quien —a su vez— declaró inadmisibles los recursos extraordinarios deducidos por la defensa.
4 ) Que, en este sentido, corresponde señalar que al fijar la materialidad de los hechos el tribunal de juicio tuvo por acreditada la tenencia por parte de Gustavo Alberto Fares de tres cigarrillos de marihuana de armado manual (con un peso de 0,283 gramos, 0,245 gramos y 0,161 gramos, cada uno; y dosis umbrales: 0,8; 1,1 y 0,5, respectivamente), incautados del bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestía Fares por parte del personal de la Sección Rosario de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, en el procedimiento que tuvo lugar el 29 de octubre de 2005 en la intersección de las calles Forest y México, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
5 ) Que en el recurso de casación la defensa se agravió del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, y postuló la revisión de lo decidido sobre la base de la nueva composición de la Corte Suprema y de los argumentos que habían conformado el fallo dictado por dicho Tribunal en el caso “Bazterrica”, en el cual se había declarado la invalidez constitucional de un texto normativo —ley 20.771, artículo 6 — que incriminaba la tenencia de estupefacientes para uso personal con un alcance semejante al que lo hace la norma impugnada.
6 ) Que por su parte, los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazaron el recurso señalando que esa sala se había expedido con anterioridad en los antecedentes que citan, acerca de la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737.
7 ) Que en el recurso extraordinario la defensa sostuvo que la sentencia apelada era violatoria del principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, puesto que la conducta de los imputados se había llevado a cabo dentro del marco de intimidad constitucionalmente resguardado.
Expuso que la postura asumida por la Corte Suprema en los precedentes “Bazterrica” y “Capalbo” era la más adecuada a un Estado de Derecho que respete el ámbito de autodeterminación de los ciudadanos; en este sentido avaló su posición en torno a la afectación al principio de reserva con transcripciones del fallo “Bazterrica”, y el voto en disidencia del juez Petracchi en “Montalvo”. Asimismo, subrayó que el argumento de cambio de composición del Tribunal había sido utilizado por la misma Corte como fundamento al retomar en “Montalvo” lo decidido en “Colavini”.
8 ) Que, por su parte, el tribunal a quo declaró inadmisible el recurso extraordinario, pues según entendió los argumentos expuestos por el apelante eran insuficientes para conmover la doctrina sentada por esa sala en torno a la constitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737.
Tal decisión dio origen a la presente queja. 9 ) Que de la reseña efectuada surge que la defensa ha articulado un genuino caso constitucional. En efecto, el núcleo de su argumentación estuvo dirigido a cuestionar la validez constitucional de la figura legal que sanciona la tenencia de estupefacientes para consumo personal, por la afectación que tal incriminación ocasionaría al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. De ese modo, puso en tela de juicio una ley federal (artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737) como contraria al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Carta Magna, y la decisión definitiva fue contraria a los derechos que la recurrente fundó directamente en la Constitución Nacional (artículo 14, inciso 1, de la ley 48). 10) Que como primera consideración cabe señalar que las cuestiones centrales en debate en el sub lite, tales como el alcance que cabe otorgarle a las “acciones privadas” pre-vistas en el artículo 19 de la Constitución Nacional, al bien jurídico “salud pública”, han sido resueltas acertadamente en “Bazterrica” (Fallos: 308:1392), precedente que en los últimos veinte años, se ha transformado en un caso emblemático, e incluso en uno de los más estudiados en círculos académicos, razones por las cuales este Tribunal no pretende emular sino sostener.
Cabe señalar que la decisión mayoritaria del caso “Bazterrica” se integró con el voto conjunto de los jueces Belluscio y Bacqué, y por el individual del juez Petracchi; a las consideraciones de este último voto este Tribunal hoydecide remitirse, habida cuenta de las ilustradas consideraciones sobre intimidad y autonomía personal que allí se exponen,ello sin perjuicio de los conceptos relevantes del otro votoconjunto que complementa la resolución jurídica correcta dela cuestión aquí traída
11) Que si bien con posterioridad a “Bazterrica”,la Corte dictó otro pronunciamiento in re “Montalvo” (Fallos:313:1333), que consideró legítima la incriminación de la tenencia para consumo personal, este Tribunal, hoy llamadonuevamente a reconsiderar la cuestión, decide apartarse de ladoctrina jurisprudencial de ese último precedente —y como seha dicho— afianzar la respuesta constitucional del fallo inre “Bazterrica”
12) Que, como lo han señalado varios de los sujetosprocesales que intervinieron en estas actuaciones, la jurisprudencia de esta Corte en un tema tan trascendente, lejos deser pacífica, ha sido zigzagueante. Así en “Colavini” (Fallos:300:254) se pronunció a favor de la criminalización; en”Bazterrica” y “Capalbo”, se apartó de tal doctrina (Fallos:308:1392); y en 1990, en “Montalvo” vuelve nuevamente sobresus pasos a favor de la criminalización de la tenencia paraconsumo personal (Fallos: 313:1333), y como lo adelantáramos en las consideraciones previas, hoy el Tribunal decide volvera “Bazterrica”
13) Que si bien el debate jurídico sobre la tenenciade estupefacientes para consumo personal, aparece claramenteplanteado y resuelto en las posturas antagónicas de “Montalvo”y “Bazterrica”, lo cierto es que habida cuenta el carácterinstitucional de la Corte Suprema, llevan hoy a dar las razonesde este nuevo cambio.
En tal sentido esta Corte admitió que ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen, pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de circunstancias objetivas relacionadas con ellas (Fallos: 328: 566). 14) Que en lo que aquí respecta han pasado diecinueve años de la sanción de la ley 23.737 y dieciocho de la doctrina “Montalvo” que legitimó su constitucionalidad. Este es un período, que por su extensión, permite descartar que un replanteo del thema decidendum pueda ser considerado intempestivo.
Por el contrario, la extensión de ese período ha permitido demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba “Montalvo” han fracasado. En efecto, allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333), pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales. 15) Que así la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica en el informe correspondiente al 2007 que Argentina ha cobrado importancia como país de tránsito, y que también hay indicios de producción local de cocaína. Allí se agrega que nuestro país lidera el ranking latinoamericano en “estudiantes secundarios” que consumen pasta base de cocaína conocida como “paco”. También el consumo de paco ubica a Argentina, Chile y Bolivia como los países con más injerencia en la región y en el mundo (2007 World Drug Report. Naciones Unidas. Oficina de Drogas y Delito).
A similares conclusiones arriba el informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas en el 2006. Allí se expone el importante incremento de consumo de drogas ilícitas en nuestro país, así como su liderazgo respecto de otros países de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupefacientes, especialmente entre la juventud (Primer Estudio Comparativo sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). 16) Que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída, es que el debate jurídico plasmado en “Bazterrica” y “Montalvo”, se ha llevado a cabo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. En efecto, “Bazterrica” es un pronunciamiento del año 1986, y “Montalvo” de 1990.
Estos parámetros internacionales han sidoespecialmente tenidos en cuenta por esta Corte al dictardiferentes pronunciamientos, así en cuestiones tales como lascondiciones carcelarias mínimas aceptables (“Verbitsky”Fallos: 328: 1146); a la revisión del fallo condenatorio encausas penales (“Casal” Fallos: 328:3399); derecho de losmenores en conflicto con la ley penal (“Maldonado” Fallos:328:4343); el debido proceso en internaciones psiquiátricasinvoluntarias (“Tufano” Fallos: 328:4832); alcance de lagarantía de imparcialidad (“Quiroga” Fallos: 327:5863,”Llerena” y “Dieser” Fallos: 328:1491 y 329:3034,respectivamente); defensa en juicio (“Benitez” y “Noriega”Fallos: 329:5556 y 330:3526, respectivamente); derecho a unproceso sin dilaciones indebidas (“Barra” Fallos: 327:327);precisiones sobre el concepto de peligrosidad (“Gramajo”Fallos: 329:3680); derecho de las víctimas (“Santillán” Fallos:321:2021); y fundamentalmente, todo lo vinculado a lainvestigación y sanción de graves violaciones a los derechoshumanos (“Arancibia Clavel” Fallos: 327:3312; “Simón” Fallos:328:2056 y “Mazzeo” Fallos: 330:3248), entre otras cuestiones
17) Que así, los tratados internacionales, en sustextos, reconocen varios derechos y garantías previstos en laConstitución Nacional de 1853, entre ellos —y en lo que aquíinteresa— el derecho a la privacidad que impide que las personassean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vidaprivada (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Estos principios se encuentran en consonancia con lo establecido en “Bazterrica”. 18) Que también el principio de dignidad del hombre, proclamado en el sistema internacional de derechos humanos (Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana), guarda más compatibilidad con la solución postulada en “Bazterrica”. En efecto, tal principio de dignidad que consagra al hombre como un fin en sí mismo, se opone a que sea tratado utilitariamente. Parece dudosa la compatibilidad de tal principio con los justificativos de la ley 23.737 y “Montalvo”, respecto de la conveniencia, como técnica de investigación, de incriminar al consumidor para atrapar a los verdaderos criminales vinculados con el tráfico. 19) Que el derecho internacional también ha hecho un vehemente reconocimiento de las víctimas y se ha preocupado en evitar su revictimización, a través del acceso a la justicia (artículo 25 de la Convención Americana). En consonancia nuestra Corte ha receptado determinados principios tendientes a darle a aquél un mayor protagonismo en el proceso (“Santillán” Fallos: 321:2021).
No hay dudas que en muchos casos los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización. 20) Que la jurisprudencia internacional también se ha manifestado en contra del ejercicio del poder punitivo del Estado en base a la consideración de la mera peligrosidad de las personas. Al respecto se ha señalado que “La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán…Sobra ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos…”(CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005).
Así aquellas consideraciones que fundan la criminalización del consumidor en base a la posibilidad de que estos se transformen en autores o partícipes de una gama innominada de delitos, parecen contradecir el estándar internacional que impide justificar el poder punitivo del Estado sólo en base a la peligrosidad. 21) Que, cabe señalar que la jerarquización de los tratados internacionales ha tenido la virtualidad, en algunos casos, de ratificar la protección de derechos y garantías ya previstos en nuestra Carta Magna de 1853; en otros, le ha dado más vigor; y en otros casos realiza nuevas proclamaciones o describe alcances de los mismos con más detalle y precisión. Pero, además, dichas convenciones internacionales también aluden a los valores que permiten establecer limitaciones al ejercicio de esos derechos para preservar otros bienes jurídicos colectivos, tales como “bien común”, “orden público”, “utilidad pública”, “salubridad pública” e “intereses nacionales” (artículo 22 inc. 3º, del Pacto de San José de Costa Rica; artículos 12 inc. 3 , 14, 19 inc. 3º b, 21 y 22 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 29 inc. 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
No hay que olvidar que los tratados internacionales sobre derechos humanos establecen una protección mínima por debajo de la cual se genera responsabilidad internacional, y que nuestra Constitución Nacional, en relación a los parámetros antes transcriptos, es más amplia (Colautti, Carlos, “Los tratados internacionales y la Constitución Nacional”, Ed. La Ley 1999, Bs. As., pág. 76). 22) Que sobre la interpretación de tales bienes colectivos la Corte Interamericana ha dado claras pautas interpretativas, para evitar que la mera invocación de tales intereses colectivos sean utilizados arbitrariamente por el Estado.
Es claro que las consideraciones en que se sustenta el precedente “Bazterrica” se ajustan más a esa pauta inter-pretativa de la Corte Interamericana, que el precedente “Montalvo”, en referencia a los bienes colectivos invocados. 23) Que a nivel internacional también se ha consagrado el principio “pro homine”. De acuerdo con el artículo 5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el 29 dela Convención Americana, siempre habrá de preferirse lainterpretación que resulte menos restrictiva de los derechosestablecidos en ellos. Así cuando unas normas ofrezcan mayorprotección, estas habrán de primar, de la misma manera quesiempre habrá de preferirse en la interpretación la hermenéuticaque resulte menos restrictiva para la aplicación del derechofundamental comprometido (CIDH OC 5-85). No hay dudas que talprincipio “pro homine” resulta más compatible con la posiciónde la Corte en “Bazterrica” que en “Montalvo”, pues aquél amplíala zona de libertad individual y este último opta por unainterpretación restrictiva
24) Que sin perjuicio de todo lo expuesto hasta aquí,no se puede pasar por alto la creciente preocupación mundialsobre el flagelo de las drogas y específicamente sobre el tráficode estupefacientes. Esta preocupación, que tampoco es nueva,se ha plasmado en varias convenciones internacionales.
En lo referente a la contención de la demanda, ademásde la persecución de la oferta, se obliga a los Estados a prepararsu aparato de salud pública, asistencia y educación, de modoque asegure que los adictos puedan recibir tratamientos físicosy psicológicos para curarse de sus adicciones
25) Que no obstante ello, ninguna de las mencionadasconvenciones suscriptas por la Argentina la compromete acriminalizar la tenencia para consumo personal.
Por su parte la Oficina de las Naciones Unidas sobreDroga y Control (UNODC), al elaborar los principios básicosde prácticas alternativas a la prisión, incluye expresamente,entre otros, a los consumidores de estupefacientes (NacionesUnidas Oficina de Droga y Crimen Handbook Básic Principles onAlternatives to Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series,New York, 2007)
26) Que si bien el legislador al sancionar la ley 23.737, que reemplazó a la 20.771, intentó dar una respuestamás amplia, permitiendo al juez penal optar por someter alinculpado a tratamiento o aplicarle una pena, la mencionadaley no ha logrado superar el estándar constitucional ni internacional. El primero, por cuanto sigue incriminando conductas que quedan reservadas por la protección del artículo 19 de la Carta Magna; y el segundo, porque los medios implementados para el tratamiento de los adictos, han sido insuficientes hasta el día de la fecha. 27) Que la decisión que hoy toma este Tribunal, en modo alguno implica “legalizar la droga”. No está demás aclarar ello expresamente, pues este pronunciamiento, tendrá seguramente repercusión social, por ello debe informar a través de un lenguaje democrático, que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes, que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas (Ordoñez-Solis David, “Los Jueces Europeos en una Sociedad Global: Poder, Lenguaje y Argumentación”, en European Journal of Legal Studies, vol. I EJLS, n 2)
28) Que, frente a la decisión que hoy toma este Tribunal se debe subrayar el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir al narcotráfico. A nivel penal, los compromisos internacionales obligan a la Argentina a limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, y comercio de los estupefacientes, a fines médicos y científicos. Asimismo a asegurar, en el plano nacional, una coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito, adoptando las medidas necesarias, para que el cultivo, la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta de venta, distribución, despacho, expedición de tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, sean consideradas como delitos que se cometen intencionalmente, y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión y otras penas privativas de la libertad (artículo 36 de la Convención).
Obviamente que la conducta no punible solo es aquellaque se da en específicas circunstancias que no causan dañosa un tercero
30) Que en síntesis, después de la reforma constitucional han ingresado principios internacionales, que hanimpactado fuertemente en nuestro derecho constitucional. Ellose ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte—algunos de los cuales hemos citado aquí—, que han generadouna constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente”Bazterrica” encaja cómodamente. Por ello, las razones allíexpuestas y los resultados deletéreos que hasta el día de lafecha demostró la aplicación del artículo 14, segundo párrafo,de la ley 23.737, conducen a este Tribunal a declarar suincompatibilidad con el diseño constitucional, siempre con elalcance que se le asignara en el mencionado precedente”Bazterrica” —voto del juez Petracchi—.
31) Que si bien como principio lo referente al mejor modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes jurídicos que requieren mayor protección, constituyen cuestiones de política criminal propias de las otras esferas del Estado, lo cierto es que aquí se trata de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que —realizadas bajo determinadas circunstancias— no afectan a un tercero y, por lo tanto, están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, cabe afirmar que el Congreso ha sobrepasado las facultades que le otorga la Carta Magna
De esta manera, nuestra Constitución Nacional y sumado a ello los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos jerarquizados reflejan la orientación liberal garantizadora que debe imperar en un estado de derecho democrático para resolver los conflictos entre la autoridad y los individuos y respeto de éstos entre sí, y en ese sentido el estado de derecho debe garantizar y fomentar los derechos de las personas siendo éste su fin esencial. 33) Que es jurisprudencia inveterada de esta Corte que “la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico” (Fallos: 315:923; 316:188 y 321:441, entre otros). 34) Que ello se debe a que las normas sancionadas regularmente por el Congreso gozan de legitimidad democrática, piedra angular del autogobierno de los pueblos. Pero los jueces no deben legitimar las decisiones mayoritarias, simplemente porque son mayoritarias (Cemerinsky Edwin Fireword: The Vanishing Constitution, en Harvard Law Review, 103:43). 35) Que sobre tal cuestión la Corte Interamericana ha señalado que […] no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30 [de la Convención], como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual “los derechos esenciales del hombre…tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Baena Ricardo v. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). 36) Que, por todas las consideraciones expuestas, esta Corte con sustento en “Bazterrica” declara que el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, como ha ocurrido en autos.
Por ello, y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLII “Villacampa” —que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, con el alcance señalado en el considerando final, y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja a los autos principales. Hágase saber y devuélvase.
Que el infrascripto concuerda con los considerandos1º a 9º del voto que encabeza este pronunciamiento, que se danpor reproducidos
10) Que entonces queda claramente configurado elconflicto constitucional entre una norma federal que sancionauna conducta sin que se acredite peligro concreto o daño y porlo tanto en abierta contradicción con el artículo 19 de laConstitución Nacional. 11) Que, conforme con los argumentos que se desarrollarán en los considerandos siguientes, cabe adoptar elsiguiente criterio de juzgamiento: A) El artículo 19 de la Constitución Nacionalconstituye una frontera que protege la libertad personal frentea cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sinodel reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adultoes soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo devida que desea. B) Este poderoso reconocimiento de la libertadpersonal implica una inversión de la carga argumentativa, demodo que toda restricción de ese ámbito debe ser justificadaen la legalidad constitucional. C) No cabe penalizar conductas realizadas en privadoque no ocasionan peligro o daño para terceros. Los argumentosbasados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia ola moralidad pública no superan el test de constitucionalidad. D) La conducta realizada en privado es lícita, salvoque constituya un peligro concreto o cause daños a bienesjurídicos o derechos de terceros.
E) De conformidad con lo expuesto, corresponde aplicar el criterio que esta Corte desarrollara en el precedente “Bazterrica” (Fallos: 308:1392). F) Corresponde exhortar a las Instituciones para que implementen medidas efectivas para el combate preventivo de la drogadicción.
Estos criterios encuentran fundamento suficiente en la Constitución Nacional, conforme surge de los considerandos siguientes. 12) Que la tutela de la privacidad, cuando no hay peligro, ni daño a terceros, ni ostentación del consumo, ha motivado posiciones diferentes de esta Corte Suprema y del Congreso de la Nación.
Pronto habría de plantearse el tema relativo a la tenencia para uso personal y en el plenario de la Cámara Criminal de la Capital Federal, in re “González, Antonio”, del 17 de octubre de 1930 (Fallos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, tomo 3º, pág. 21), se resolvió, con votos divididos, que el uso personal de alcaloides no debía admitirse como excusa por parte de quien los poseía ya que no constituía una razón legítima de su tenencia. Un nuevo plenario de la misma Cámara, para ese entonces con una integración diferente, in re “Terán de Ibarra, Asunción”, del 12 de julio de 1966 (Fallos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, tomo 15, pág. 325) mantuvo la doctrina del plenario anterior sosteniendo que la tenencia de alcaloides configuraba delito.
El Proyecto Peco (1942) sólo reprimía la tenencia de sustancias estupefacientes enderezada “a algún propósito de destinarlas al comercio o de suministrarlas o procurarlas a otro” (artículo 230; exposición de motivos, página 399). El proyecto de 1960 excluyó de punición “la tenencia de una dosis para uso personal” (artículo 262 y su nota). En 1968 la ley 17.567, derogó la reforma al Código Penal de la ley 11.331, modificando nuevamente este cuerpo legal por la introducción del párrafo tercero del artículo 204 que sancionaba al “que, sin estar autorizado, tuviere en su poder en cantidades que excedan las que correspondan a un uso personal, sustancias estupefacientes…”. La exposición de motivos de esta ley vinculaba la tenencia de dosis correspondientes al mero consumo individual con las acciones de la esfera de libertad consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La determinación de la cantidad que correspondía a un uso personal se tradujo en una casuística jurisprudencial que hizo de muy difícil aplicación la norma legal. A ello se sumaron opiniones que sostuvieron que aquella casuística caótica en la vida real había terminado por facilitar “el tráfico de estupefacientes haciendo que en su modus operandi el pasador portara solamente cantidades justificables como de uso personal” (de la sentencia de la Cámara Federal del 22 de diciembre de 1976, in re “Colavini, Ariel Omar, infracción a la ley 20.771″, voto de los jueces Servini y Cortés).
La ley 20.771 tipificó como delito la mera tenencia de estupefacientes con penas de notable severidad, sin que se legislara, en forma global y sistemática sobre la cuestión de los estupefacientes, sobre sus diversos efectos en sectores individualizados de la sociedad, como jóvenes o adolescentes, y sin establecer una política general de soluciones alternativas o complementarias de la mera punición (del voto concurrente del juez Petracchi, in re “Bazterrica”, Fallos: 308:1392, considerando 14).
La ley 20.771 dio lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios en lo que atañe a su artículo 6º. En varios casos se resolvió en primera instancia su invalidez con base en el artículo 19 de la Constitución Nacional, criterio que no fue aceptado por la alzada.
El 21 de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23.737, mediante la cual se derogaron los artículos 1 a 11 de la ley 20.771 y se incorporó en su artículo 14, segundo párrafo, la punición “…cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia [de estupefacientes] es para uso personal”.
El 11 de diciembre de 1990, esta Corte Suprema dictó sentencia en la causa “Montalvo” (cfr. Fallos: 313:1333, en particular pág. 1349) por el que concluyó que “la tenencia de estupefacientes, cualquiera que fuese su cantidad, es conducta punible en los términos del artículo 14, segunda parte de la ley 23.737 y tal punición razonable no afecta ningún derecho reconocido por la Ley Fundamental…” (Fallos: 313: 1337, considerando 27 in fine).
Estos cambios legales y jurisprudenciales deben transformarse en una regla más estable a los fines de dar seguridad jurídica a los ciudadanos, lo que únicamente puede hacerse mediante una prudente ponderación de los principios en juego. Por esta razón corresponde desarrollar el razonamiento constitucional a partir de la afirmación de los derechos individuales, examinando con rigor los fundamentos de toda restricción. Lo contrario, es decir, partir de la afirmación de valores públicos para limitar la libertad conduce a soluciones cuyos límites son borrosos y pueden poner en riesgo la libertad personal, protegida de manera relevante por nuestra Constitución Nacional. 13) Que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea (artículo 19 de la Constitución Nacional).
Una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético para superar el estado de agresión mutua (Hobbes, Thomas, “Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil”, México, Fondo de Cultura Económica, 1994), pero nadie aceptaría celebrar ese contrato si no existen garantías de respeto de la autonomía y dignidad de la persona pues “aunque los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el estado de naturaleza, poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ello según lo requiera el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con el deseo de ir a peor” (Locke, John, “Segundo Tratado sobre el gobierno civil”, capítulo 9, Madrid, Alianza, 1990).
El ejercicio de la libertad tiene límites y puededar lugar a la punición, pero un Estado de Derecho debeconstruirse sobre una cuidadosa delimitación de esa frontera.Por ello es posible señalar que: a) no es posible que el legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceroscomo ocurre en los delitos llamados “de peligro abstracto”; b) no es posible imputar un daño a una acción cuando ella esconsecuencia directa de otra acción voluntaria más cercana enla cadena causal, y por ello no es necesario penar el consumoen casos donde la punición deviene como consecuencia de un delitocometido en función de la drogadicción; c) no es posible imputarun mismo daño dos veces a los efectos de la punibilidad —estoexcluye la punición por el consumo que conduce a delitos queson independientemente penados—; d) no es posible computar dañosque son demasiado nimios e indirectos, en comparación con lacentralidad que puede tener la actividad que los provoca paraun plan de vida libremente elegido —lo que excluye como dañoslos provocados por el tratamiento médico— de los adictos (cfr.Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional,Buenos Aires, 1992, p. 307)
14) Que la norma constitucional que protege laprivacidad no habilita la intervención punitiva del Estado basada exclusivamente en la mera posibilidad de que el consumidorde estupefacientes se transforme en autor o partícipe de unagama innominada de delitos.
Este principio ha sido receptado por esta Corte (in re: “Gramajo” Fallos: 329:3680) al señalar que “…En un Estado, que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno, la Constitución no puede admitir que el propio Estado se arrogue la potestad —sobrehumana— de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realización del mismo, sin que importe a través de qué mecanismo pretenda hacerlo, sea por la vía del reproche de culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad, o si se prefiere mediante la pena o a través de una medida de seguridad…”.
En sentido coincidente también in re: “Maldonado”, Fallos: 328:4343). También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en sentido similar, diciendo que “La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, que agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán…Sobra ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos…” (CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005).
15) Que las razones de conveniencia en que se sustentó la doctrina del precedente “Montalvo” (Fallos: 313: 1333), tampoco constituyen un fundamento constitucionalmente admisible.
En segundo lugar, está claro que, aun cuando se admita el sacrificio, no se logra el resultado. En efecto, en el precedente mencionado se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333). Ello no se ha producido, pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales. 16) Que la tendencia que predomina en la legislación de los países de la región resulta totalmente contraria a la que pretende la habilitación del poder punitivo para los casos del tenedor de estupefacientes que sólo lo hace para el consumo personal y sin lesionar o poner en peligro concreto bienes o derechos de terceros.
En este sentido, la ley brasileña 11.343, del 23 de agosto de 2006, instituyó el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas y en su artículo 28 decidió contemplar la tenencia para consumo personal a la que no incrimina penalmente sino que aplica sustitutivos penales como la advertencia al tenedor sobre los efectos de las drogas, la prestación de servicios a la comunidad o la aplicación de medidas educativas de asistencia a cursos educativos. El código penal peruano, sancionado por Decreto Legislativo Nº 635, promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril del mismo año preveía la exención de pena en su artículo 299, bajo el título de “posesión impune de droga” el que luego de su modificación por el artículo 1 de la Ley N 28.002, publicado el 17 de junio de 2003, mantuvo la misma impronta. Por su parte, la ley 19.366 de la República de Chile, que sancionaba el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas resultó sustituida por la ley Nº 20.000, promulgada el 2 de febrero de 2005 y publicada el 16 del mismo mes y año y en su artículo 4º, deja impune la tenencia para uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. A su vez, la Ley Nº 1340 de la República de Paraguay, del 20 de octubre de 1988, que modifica y actualiza la ley Nº 357/72 y que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de fármaco dependientes en aquel país, regula en su artículo 30 la tenencia para exclusivo uso personal a la que deja exenta de pena. Algo similar sucede con la ley uruguaya 17.016 de estupefacientes, sancionada el 7 de octubre de 1998, promulgada el 22 octubre y publicada el 28 de ese mismo mes y año, que prevé en su artículo 3º la sustitución de los artículos 30 a 35 de la anterior normativa vigente por decreto ley 14.294 del 31 de octubre de 1974. En esa sustitución, se reemplazó el artículo 31 que en su parte pertinente refiere que quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal. 17) Que a su vez, ninguna de las convenciones suscriptas por el Estado Argentino en relación a la temática (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1917 y la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961) lo comprometen a criminalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal. Antes bien, se señala que tal cuestión queda “a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico” (artículo 3, inciso 2º; artículo 22 y artículos 35 y 36 de las mencionadas Convenciones, respectivamente) con lo que las mismas normativas de las Convenciones evidencian sin esfuerzo su respeto por el artículo 19 constitucional. 18) Que de conformidad con los argumentos desarrollados, corresponde aplicar al sub lite el estándar jurídico y la regla de derecho enunciados en “Bazterrica” ya citado. De ello se sigue que debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto. Por aplicación de este criterio la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal resulta violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional y por tanto debe ser declarada su inconstitucionalidad.
Por todas las razones expuestas, el artículo 14,segundo párrafo de la ley 23.737, debe ser invalidado, puesconculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medidaen que invade la esfera de la libertad personal excluida dela autoridad de los órganos estatales. Por tal motivo, se declarala inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuantoincrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal quese realice en condiciones tales que no traigan aparejado unpeligro concreto o un daño a derechos o bienes jurídicos deterceros, como ha ocurrido en autos, respecto de losrecurrentes. 19) Que es cierto que el consumo que traiga aparejadouna lesión a un bien jurídico o derecho de terceros o los pongaen concreto peligro, y la distribución de estupefacientes debenser combatidos. También lo es que desde hace muchos años estaCorte ha señalado esa necesidad y no se ha advertido una políticapública consistente y efectiva, con lo cual el problema no sólono ha disminuido, sino que ha aumentado
Esta Corte reitera esta necesidad de combatir el tráfico de drogas, no a través de la persecución penal de sus propias víctimas, los consumidores, sino de los distribuidores. Cabe aclarar que ya en “Bazterrica” se decía que “Un consumidor que ejecute actos de ‘tráfico hormiga’, puede ser punible…” señalando claramente los límites del concepto de libertad.
En suma: una persona que posee estupefacientes paraconsumo personal es hoy en día criminalizada con pena de prisiónque sólo puede ser reemplazada a criterio del juez —y por unaúnica vez— por una medida de seguridad. Por lo demás, si eltratamiento fracasa la respuesta exigida vuelve a ser el castigocarcelario
11) Que en primer lugar se impone el examen de validezde la norma cuestionada a la luz de la experiencia recogidadurante los casi veinte años de su vigencia, pues aunque elacierto o conveniencia de las soluciones legislativas no sonpuntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran (Fallos: 328:566 y sus citas).
Dicho de otro modo: estar a lo que se ha decidido previamente no sólo es un principio básico de la administración de justicia de aplicación prácticamente universal (conf. Cross Rupert, Precedent in English Law, Oxford University Press, 1961, pág. 4), sino también la especial consideración que debe existir respecto de la necesidad de certeza. Pero cuando esa necesidad de certeza en la aplicación de la ley, conduce a soluciones que —en punto a los límites de razonabilidad— no pudieron tener en cuenta elementos relevantes de la evaluación prospectiva que aporta la experiencia, mantener la doctrina establecida sin atemperar su rigor importaría incurrir, entre otras cosas, en un discurso autorreferente. A su vez, dicho déficit se traduciría en formas de argumentación que soslayan el examen de la realidad, con el consiguiente menoscabo —en cuanto punto medular en el sub lite— de la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. 12) Que, precisamente, las lecciones de la experiencia conducen a realizar una serie de consideraciones acerca de la validez de una norma que, aunque no ostensiblemente incorrecta en su origen, ha devenido irrazonable, pues —como seguidamente se expondrá— no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción.
Cabe recordar que en la disidencia mencionada se afirmó como holding que la presunción de peligro en la que se asentaba la figura descripta por la norma no aparecía comoirrazonable respecto de los bienes que pretendía proteger(considerando 13). Mas hoy, la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineficaz e inhumana
13) Que a fin de realizar un examen completo de lacuestión por el que se fundamenta la conclusión antedicha, nodebe olvidarse que ya en el precedente mencionado se afirmóque resultaba indudable que, para asegurar la libertad deconciencia, el ciudadano de la era de la dignidad del hombredebía ser protegido por el estado liberal (considerando 17).También se había indicado que el constitucionalismo actualreconoce como principio normativo la dignidad de la personay los derechos inviolables que le son inherentes, que constituyen el fundamento del orden político y la paz social (TítuloI, artículo 10.1. de la Constitución Española de 1978; artículo1 de la Grundgesetz de la República Federal Alemana).
Son todos esos principios los que hoy nuevamente se conjugan y que, al realizarse el juicio de ponderación, se traducen en un resultado diferente. En efecto, hace veintitrés años se ha afirmado que el legislador consciente de la alta peligrosidad de estas sustancias, ha querido evitar toda posibilidad de su existencia. Es claro, tal como se detallará a continuación, que ese fin no se ha logrado y entonces se ha vuelto irrazonable una interpretación restrictiva en cuanto al modo de entender el señorío del hombre. Por ello, desaparecidoel argumento que justificaba la exégesis más limitativa, cobranuevamente su real dimensión el principio de la autonomíapersonal
14) Que los datos de la realidad han permitido demostrar que las razones pragmáticas en las que se sustentabala doctrina establecida en las disidencias de “Bazterrica” y”Capalbo” y mantenida en el “Montalvo” (Fallos: 313:1333)respecto del nuevo texto legal, han perdido virtualidad. Comose adelantó, allí se había sostenido que la incriminación deltenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmentea las actividades vinculadas con su comercio y arribar a resultados promisorios (considerando 26 del último fallo citado)que no se han cumplido, pues tal actividad criminal lejos dehaber disminuido se ha acrecentado notablemente.
Podrá decirse que dicho resultado —como cualquierotro fenómeno— no obedece a una única causa, pero al fracasoya reseñado debe sumársele el hecho de que esta estrategiaprodujo, incluso respecto de los individuos en concreto criminalizados, efectos negativos claramente no deseados
Esta tendencia que informa las Naciones Unidas también es confirmada por estadísticas nacionales oficiales. Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005, se ha realizado un análisis comparativo 2001- 2005, cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicofármacos sin prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha incrementado. Puntualmente, el incremento en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica es del 6.1% y de estimulantes creció un 44.4%. Dentro de las drogas ilícitas, la de mayor incremento en el consumo es la pasta base, con un aumento del 200%, explicado fundamentalmente por el mayor consumo de las mujeres; le sigue la cocaína, con un 120%, donde la diferencia entre sexos es menor, y por último la marihuana, con el aumento del 67.6%, explicado por el incremento del 100% en las mujeres frente al 50% de los varones (Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005, Informe Final de Resultados Área de Investigaciones, enero de 2006, SEDRONAR, Presidencia de la Nación). A similares conclusiones arriba el informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas en el año 2006. Allí se expone el importante incremento de consumo de drogas ilícitas en nuestro país, así como su liderazgo respecto de otros países de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupefacientes, especialmente entre la juventud (Primer Estudio Comparativo sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; énfasis agregado).
Lo reseñado hasta aquí revela la contundencia conla que se ha demostrado la ineficacia de la estrategia que sevino desarrollando en la materia; en especial el hecho deconsiderar que perseguir penalmente la tenencia para consumocombatiría exitosamente el narcotráfico. De tal modo, ha quedadodemostrada cuán perimida resulta la antigua concepción deinterpretar que toda legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al binomio traficante-consumidor
16) Que si bien se ha afirmado que la Corte no podríaanalizar si las penas conminadas para cualquier delito delcatálogo penal resultan útiles o contraproducentes para laabolición del delito en sí (“Capalbo”, disidencia de los juecesCaballero y Fayt, considerando 18), lo cierto es que una conductacomo la que se encuentra bajo examen que involucra —como sedijo— un claro componente de autonomía personal en la medida en que el comportamiento no resulte ostensible, merece otro tipo de ponderación a la hora de examinar la razonabilidad de una ley a la luz de la mayor o menor utilidad real que la pena puede proporcionar. Dicha valoración otorga carácter preeminente al señorío de la persona —siempre que se descarte un peligro cierto para terceros—, sin desentenderse, a su vez, de la delicada y compleja situación por la que transita quien consume estupefacientes (especialmente quien abusa en su utilización).
Corresponde, entonces, que esta Corte se refiera nuevamente al sustrato constitucional que da adecuada solución al delicado caso examinado, a fin de ejercer el primero y el más elemental de sus deberes: el de ser custodio e intérprete supremo de la Constitución y los derechos y garantías en ella consagrados, conforme lo ha asumido desde los inicios de la organización nacional (Fallos: 1:340). 17) Que en efecto, lo que se encuentra en juego a la hora de tratar el tipo penal de tenencia de estupefacientes para consumo personal —a ello y sólo a ello se circunscribe el presente recurso— es la “adecuada protección de la dignidad (…), los sentimientos y la intimidad del común de los hombres y por consiguiente la garantía jurisdiccional para el sostenimiento de estos valores de la personalidad”. Se trata de asegurar como derechos del hombre que nacen de su propia naturaleza, “la legítima defensa de la dignidad (…), la intimidad (…). A que su vida, su privacidad, (…), siga siendo suya; a seguir respetándose a sí mismo” (conf. “Ekmekdjian c/ Sofovich”, Fallos: 315:1492).
Se trata, en definitiva, de los derechos esencialesde la persona, relacionados con la libertad y la dignidad delhombre. El marco constitucional de los derechos de la personalidad comprende la intimidad, la conciencia, el derecho aestar a solas, el derecho a disponer de su propio cuerpo, etc.En rigor, cuando el artículo 19 de la Constitución Nacionalestablece que “las acciones privadas de los hombres que de ningúnmodo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen aun tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridadde los magistrados” concede a todos los hombres una prerrogativasegún la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, desu propio cuerpo, de su propia vida, de cuanto le es propio(“Bahamondez”, voto de los jueces Barra y Fayt, Fallos:316:479)
18) Que, como principio, al Estado —en tanto organización del poder político dentro de una comunidad nacional—le está impedida toda injerencia sobre el individuo —cuandocomo en el caso se desenvuelve en el marco de su autonomía—,soberano en su obrar, en su pensar y en su sentir. Esta protecciónalcanza a todos los individuos y es por ello que el propioartículo 19 citado habilita al Estado a intervenir sólo a finde proscribir interferencias intersubjetivas.
De ese modo se estaría negando, a su vez, la dignidad del hombre como imperativo categórico y se desdibujaría notablemente aquello que propugnaba Séneca —símbolo de la filosofía estoica— en una epístola dirigida a Lucilio: “el hombre debe ser algo sagrado para el hombre” (homo res sacra homini).
Por lo demás, se violentan sus sentimientos, en tantoa quien se encuentra ante esta problemática (medida curativa),o bien, como en el caso, el tribunal de mérito califica comosimple principiante o experimentador (medida educativa), selo somete a la invasión de su persona y su intimidad
19) Que sumado a ello, debe recordarse que la normaque aquí se cuestiona establece pena de prisión que sólo facultativamente —y siempre que se trate de la primera vez— puede ser suspendida por una medida de seguridad educativa o curativa.
Precisamente, teniendo en cuenta que el poder punitivo no se manifiesta sólo mediante la imposición de una pena, sino también con la manera en que es ejecutada y la existencia de condiciones carcelarias adecuadas (cfr. “Maldonado”, voto del juez Fayt, Fallos: 328:4343), cabe advertir que quien padece una adicción e ingresa por tal motivo a una unidad penitenciaria buscará el reemplazo del objeto adictivo de cualquier modo. Dicha situación produce un empeoramiento en la adicción porque el condenado consigue dicho objeto —o su reemplazo— con las anomalías propias que implica acceder a ellos en un lugar de encierro. Por tanto, antes que mitigarse, el proceso adictivo se agrava. Ejemplo de ello son los serios desórdenes en otros aspectos de la salud que produce la sustitución de la sustancia, así como las dosis elevadas que se consumen —si se accede al estupefaciente— y que pueden ser letales ante la falta de periodicidad en la adquisición. Por lo demás, todo ello se refleja en un aumento de los focos de violencia ya característicos de los establecimientos carcelarios
20) Que sentado lo anterior, es claro que las respuestas definitivas para estos planteos no pueden encontrarseen el marco de una causa penal, sin perjuicio de la posibilidadde soluciones en otros ámbitos. Es indudablemente inhumano criminalizar al individuo, sometiéndolo a un proceso criminal que lo estigmatizará de por vida y aplicándole, en su caso, una pena de prisión.
En ese cometido, no debe soslayarse que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída, es que la doctrina establecida en los precedentes mencionados se ha elaborado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. 21) Que la reforma mencionada —junto con nuevas concepciones a partir de la definición de la Organización Mundial de la Salud— condujeron a un desarrollo en el concepto del derecho a la salud en un grado tal que permiten observar que de haber contado con ese instrumento, bien pudo ser distinta la respuesta en los precedentes que hoy se revisan. En efecto, el derecho a la salud se encuentra reconocido con jerarquía constitucional merced a los tratados incorporados por el artículo 75, inciso 22 y el Estado argentino ha asumido el compromiso internacional de lograr progresivamente su plena efectividad obligándose “hasta el máximo de los recursos”
22) Que desde esta perspectiva y en lo que específicamente hace a la cuestión aquí en estudio, cabe recordar—sin recurrir al arracimado de documentos internacionales eneste sentido— que dentro de los objetivos que se incluyen enuna mejor combinación de políticas públicas, se insta a losEstados miembros a promover el derecho a la salud de las personasque consumen estupefacientes y a que “luchen por el logro delobjetivo del acceso universal al tratamiento de la toxicomanía como un compromiso para salvar vidas y reducir la demanda de drogas” y, por tanto, como “uno de los mejores modos de [combatir] el mercado ilegal de drogas” (cfr. UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre las Drogas, 2009, Resumen Ejecutivo; énfasis agregado).
Desde esta perspectiva se asume claramente que la “adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados” (cfr. UNODC, Informe del año 2009 ya citado; énfasis agregado). Antes bien, es primariamente en el ámbito sanitario—y mediante nuevos modelos de abordaje integral— que el consumopersonal de drogas debería encontrar la respuesta que sepersigue. Se conjuga así la adecuada protección de la dignidadhumana sin desatender el verdadero y más amplio enfoque querequiere esta problemática, sobre todo en el aspecto relacionadocon la dependencia a estas sustancias
23) Que en conexión de sentido puede tambiénsostenerse, que tal es el fin público que —amén de encontrarseincluso comprometido en el plano internacional— tuvo en mirasel legislador al sancionar, por ejemplo, leyes como la 24.455y la 24.754, en las que junto con otras normas federales quese han dictado en la materia, subyace la idea de la adecuadaprotección de la dignidad del individuo, la que por cierto debeelevarse por sobre cualquier otro tipo de respuesta.
En efecto, las normas antes mencionadas establecen, en uno de los aspectos que aquí importan, que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga, deben otorgar cobertura médico asistencial respecto de los riesgos derivados de la drogadicción (artículo 1 de la ley 24.455 y 1 de la ley 24.754).
Dichas disposiciones, así como otras en materia de salud y asistencia sanitaria “vienen a constituirse en la expresión legislativa de la asunción por el Estado Nacional de aquellos compromisos, respecto de materias que por su proximidad con los derechos a la vida y a la dignidad personaldeben entenderse señeras del ordenamiento, como por otra parte,se insiste, lo dejaron establecido, por medio del artículo 75,inciso 22 de la Ley Fundamental, los constituyentes en ocasiónde la última reforma” (Fallos: 324:754, dictamen de laProcuración General a cuyos fundamentos y conclusiones remitenlos jueces Fayt y Belluscio). 24) Que, por lo demás, tales consideraciones posibilitan situar esta cuestión en el marco de la normativaconstitucional que enfoca el problema desde la perspectiva delas acciones positivas por parte del Estado. En esteentendimiento esta Corte ya ha afirmado que los legisladoreshan pretendido alcanzar con medidas de acción positiva la situación de aquellos afectados por patologías como el S.I.D.A. ola droga (conf. dictamen citado al que remiten los jueces Fayty Belluscio). No puede pensarse, entonces, que el mismolegislador que propugna la obligatoriedad de un enfoque positivode la problemática, pueda coexistir con otro que criminalizandogenere efectos hasta deteriorantes de la salud
25) Que el derecho a la salud “no es un derechoteórico, sino uno que debe ser examinado en estrecho contactocon los problemas que emergen de la realidad social, para lograrasí contornear su genuino perfil”. Como su correlato se haafirmado que normas como la ley 24.754 “pretenden, en elejercicio de potestades reglamentarias, asentir a una novedosarealidad que reconoce en este campo a nuevos actoresinstitucionales y a recientes o potenciadas patologías”(dictamen de la Procuración General citado al que remiten losjueces Fayt y Belluscio). 26) Que, en consecuencia, si lo que siempre haprevalecido —y debe prevalecer— es el respeto por la dignidad humana, no puede menos que interpretarse ello en consonancia con el cambio acaecido a partir de la aludida reforma constitucional, que explícitamente incorpora a la salud como una garantía a cumplir por parte del Estado y que, en lo que a las prestaciones médico-asistenciales obligatorias se refiere, incluyen a la drogadicción y los riesgos derivados de ella, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación.
Por lo demás, de acuerdo a tales directivas y a lasnormas federales en juego que han comenzado a delinearlas,resulta incomprensible que mediante sanciones penales quepropenden, en definitiva, a la reafirmación del valor de determinados bienes jurídicos, se termine restringiendo precisamente dicho bien. Ello, por cuanto quien es señalado como”delincuente” —e ignorado en su problemática— no acude alsistema de salud o bien tienden a dilatarse en grado extremolos tiempos de latencia entre el inicio del consumo y la solicitud de atención. A su vez, el sistema sanitario —escudadoen la ajenidad del problema— parece replegarse en serviciosde salud poco flexibles para atender el espectro de cuestionesvinculadas con el uso y consumo de drogas
27) Que en suma la evolución reseñada pone de resaltola imperiosa necesidad de un compromiso mayor de todas las partesinteresadas, así como la ineludible obligación de promover la salud —y en especial la de los jóvenes— mediante una política sensata.
Las tendencias de consumo parecen corresponderse con factores culturales, económicos y sociales, y no con la intimidación penal. Más aún, tal como señala el Informe Anual 2004 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías con sede en Lisboa (OEDT) que valoró el impacto de la legislación en materia de estupefacientes, el Consejo Nacional para la Delincuencia de Suecia había concluido que “no exist[ían] indicios claros de que la criminalización del consumo de drogas [hubiera tenido] efecto disuasorio para los jóvenes”.
Sólo mediante una visión integradora que enlace lasdistintas variables antes señaladas —y atravesadas éstassiempre por la autonomía propia y sagrada de cada individuo—puede arribarse a la consecución de los fines que se pretendía
28) Que sobre la base de las consideracionesprecedentemente expuestas, corresponde concluir que el artículo14, segundo párrafo, de la ley 23.737 carece actualmente dela racionalidad exigida por la Ley Fundamental, toda vez quecuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos en losque se encuentra inserto, es deber de los jueces apartarse detal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la supremacíade la Constitución Federal, pues precisamente esa funciónmoderadora constituye uno de los fines supremos del PoderJudicial y una de las mayores garantías con que éste cuentapara asegurar los derechos de los individuos (conf. Fallos:328:566 y sus citas). 29) Que frente a la decisión que hoy toma este Tribunaldebe subrayarse el compromiso ineludible que deben asumir todaslas instituciones para combatir el narcotráfico, redireccionando los recursos que durante más de dos décadas estuvieron prácticamente destinados a perseguir al consumidor de escasas cantidades. En este sentido resulta elocuente que según una investigación relevada por el “Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes” creado por resolución 433/2008 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en los últimos veinte años sólo una de cada diez causas iniciadas por infracción a ciento de los expedientes lo fue por tenencia para consumo personal y el ochenta y siete por ciento se inició por tenencia de hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes entre 20 y 30 años en la vía pública, que no portaban armas ni estaban cometiendo otro delito. A su vez, la persecución no se ha dirigido a delitos tales como el lavado de dinero y el ingreso de precursores químicos [acetona, efedrina, ácido clorhídrico, permanganato potásico, entre muchísimos otros, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Centro Internacional de Viena, Lista de Precursores y Sustancias Químicas utilizadas frecuentemente en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas], cuando en América Central y del Sur parecen estar traficándose cada vez con mayor frecuencia (Informe Mundial sobre Drogas, Resumen Ejecutivo, UNODC, año 2009). Conclusiones similares pueden colegirse a partir de los datos suministrados por el Observatorio Argentino de Drogas dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
En el mismo sentido, esta Corte ha señalado que “(l)osdelitos que afectan a la comunidad de las naciones como elnarcotráfico internacional requieren razonablemente de unproceso multijurisdiccional basado en la cooperación judicial”(Fallos: 323:3055). En el mismo empeño, puede citarse aprácticamente la mayoría de los países de la región que a lapar de haber despenalizado la tenencia para consumo personal,dedican los recursos disponibles a la persecución del tráficode estupefacientes
30) Que a ello, entonces, debe circunscribirse y reforzarse la persecución penal, pues, a su vez, toda extralimitación al respecto importaría validar lo que constituye en definitiva una intromisión en el ámbito de señorío personal en tanto marco de una acción autorreferente. Ello por cuanto no es misión del derecho penal prevenir los daños que una persona puede causarse a sí misma. No hay lugar para plantear dicha cuestión cuando la conducta de esa persona no afecta a los intereses de ninguna otra (conf. John Stuart Mill, On Liberty, en Wasserstrom R., comp. “Morality and the Law“, Belmont, California, 1971, cap. III, págs. 92-93).
Como clara aplicación del principio de reserva y de la garantía de autonomía moral de la persona, consagrados en el artículo 19 de la Constitución Nacional, no puede imponerse pena a ningún individuo en razón de lo que la persona es, sino únicamente en razón de lo que la persona haya hecho; sólo puede penarse la conducta lesiva, no la personalidad. Lo contrario permitiría suponer que los delitos imputados en causas penales son sólo el fruto de la forma de vida o del carácter de las personas (conf. doctrina de Fallos: 308:2236, citado en Fallos: 324:4433, voto del juez Fayt). Asumir aquella posibilidad implicaría considerar al delito como síntoma de un estado del sujeto, siempre inferior al del resto de los ciudadanos; significaría, en última instancia, desconocer la doctrina según la cual ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana aunque su conducta haya sido reprobada (conf. voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en Fallos: 318:1874 y disidencia del juez Fayt en Fallos: 313:1262, citados en Fallos: 324:4433). La Constitución de un Estado de Derecho no puede admitir que ese Estado se arrogue la facultad de juzgar la existencia de una persona, su proyecto de vida y su realización. Semejante proceder le está vedado a un Estado democrático que parte del principio republicano de gobierno (voto del juez Fayt in re “Gramajo”, Fallos: 329:3680).
31) Que, por último, la solución a la que aquí se arriba —teniendo en cuenta, además, que el consumo afecta en mucho mayor medida a aquellos sectores sociales postergados que no encuentran en su entorno grupos de contención efectivos—, conduce inevitablemente a advertir sobre la necesidad de establecer políticas públicas en materia de prevención, promoviendo la difusión de la información, la formación de los recursos humanos entre los profesionales de la salud y de la educación, el debate acerca de nuevos modelos de abordaje que fomenten a su vez la participación mediante un enfoque integral (familias, entornos y de contexto general) y en los que se invierta en evaluaciones de calidad cuyo marco conceptual se encuentre basado en el desarrollo humano. Asimismo, en lo que respecta a la problemática específica de la adicción deben establecerse programas nacionales de salud asistenciales, que encuentren en el ámbito civil y administrativo el debido respaldo a la consecución de los fines que allí se perfilen.
Que según se desprende de los considerandos 1 a 9 del voto que encabeza este pronunciamiento, la situación planteada en la presente causa es sustancialmente idéntica a la que motivara mi voto en el caso “Bazterrica” (Fallos: 308:1392) y, con posterioridad —ya bajo la vigencia del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 aquí en discusión—, mi disidencia en “Montalvo” (Fallos: 313:1333), cuyas consideraciones corresponde tener aquí por reproducidas.
Que el infrascripto concuerda con los considerandos 1º a 9º del voto que encabeza este pronunciamiento, que se danpor reproducidos
10) Que para tomar una decisión respecto del casoen análisis, se debe examinar previamente los alcances yrestricciones que el artículo 19 de la Constitución Nacionalle impone al Estado, a fin de salvaguardar el ámbito de privacidad de las acciones individuales que no ocasionan lesión opeligro concreto a terceros. 11) Que desde los albores de nuestra ciencia constitucional, fue nada menos que José Manuel Estrada quien relevósu importancia como eje central de la Constitución, y afirmócerteramente el carácter intrascendente de nuestro derecho,o sea, la imposibilidad de que pueda ponerse al servicio decualquier mito metahumano, concluyendo que “según la doctrinaargentina, el papel de la potestad social se reduce a protegerderechos” (Curso de Derecho Constitucional y Administrativo, Buenos Aires, 1895, pág. 181). El mismo Estrada es quien señala que el artículo 19 consagra con claridad la separación del derecho y la moral individual, decidiendo de una vez y para siempre, entre el Estado que impone una moral y el que respeta el ámbito de libertad moral de la persona: a la primera actitud la califica de “pagana y socialista” y a la segunda de “cristiana y liberal” (loc. cit.). 12) Que es menester recuperar y consolidar el valor central de esta norma como viga maestra del derecho argentino, tal como lo hiciera no sólo el ilustre Estrada, sino también uno de los pioneros del penalismo nacional, Adán Quiroga: “ninguna verdad es más evidente para la ciencia penal: la sociedad no tiene la misión de hacer reinar la moralidad en las acciones privadas; el ser ficticio que denominamos poder público, ha sido instituido para conservar y guardar el orden y la armonía de los derechos, los que no pueden alterarse cuando las acciones son puramente individuales, cuando no se ejercitan en la esfera de la vida de relación” (Delito y pena, Córdoba, 1885, págs. 36-37)
13) Que los maestros del siglo XIX nos recuerdan los muchos siglos de confusión y los torrentes de sangre que corrieron para llegar a esta conquista de la modernidad, tan despreocupadamente despreciada en nuestros días por opiniones irreflexivas teñidas de posmodernismo con raro aroma a premodernismo, y con base en situaciones y necesidades, pretendidamente diferentes, pasando por alto que siempre fueron supuestas nuevas urgencias como pretextos legitimantes de todos los crímenes cometidos por los estados, cuando se les otorgó la oportunidad de desconocer la condición de ente moral como esencia de la persona
14) Que el artículo 19 no arranca en 1853, sino que su vigencia e importancia para nuestra Constitución se refuerza aún más por su genealogía como norma que proviene de los primeros ensayos de organización constitucional de la República, o sea, que atraviesa como filosofía básica de nuestra Constitución todas las etapas precedentes, pues proviene de Monteagudo y del Presbítero Sáenz, consagrado en el Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815, del Reglamento Provisorio de 1817, del artículo 112 de la Constitución de 1819 y del artículo 162 de la Constitución de 1826 (cfr. Arturo Enrique Sampay, La filosofía jurídica del artículo 19 de la Constitución Nacional, Buenos Aires, 1975, págs. 10 y ss.; también Agustín De Vedia, Constitución Argentina, Buenos Aires, 1907, pág. 100)
15) Que los antecedentes de la legislación nacional han sido desarrollados extensamente en el voto del juez Petracchi en la causa “Bazterrica” (Fallos: 308:1392, considerando 14) a los que me remito en honor a la brevedad. En el mencionado fallo “Bazterrica”, esta Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 6º de la ley 20.771 que, al igual que en la norma cuestionada en el presente, punía la tenencia de estupefacientes para uso personal. 16) Que el 21 de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23.737, aún vigente, que en su artículo 14 segundo párrafo mantiene la prohibición y punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal, y en ese marco, y debiéndose expedir sobre el tema, esta Corte varió su jurisprudencia a partir de la causa “Montalvo” (Fallos: 313:1333), considerando punible esa conducta, y consecuentemente retomando el criterio anterior al dictado del fallo “Bazterrica”; criterio que, en términos generales, se ha mantenido hasta el presente. 17) Que si bien no es función del control de constitucionalidad juzgar la política criminal, debería serlo cuando resulta de toda evidencia la patente contradicción entre el fin manifiesto de la norma y el favorecimiento de su efecto precisamente contrario, por resultar violatorio de la racionalidad republicana impuesta por el artículo 1º de la Constitución, como propia de todo acto de gobierno. En el presente caso no es necesario acudir a esta valoración, pero no sale sobrando verificar que el ejercicio del control de constitucionalidad de la norma cuestionada por parte de esta Corte la reafirma fuertemente, teniendo en cuenta que la decisión no sólo no lesiona, sino que habrá de operar a favor de la política criminal encaminada a la represión del tráfico y difusión de tóxicos prohibidos, seriamente obstaculizada en varios sentidos por la norma en cuestión. 18) Que el tipo penal que describe el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 ha pasado a ser un instrumento de poder punitivo que casi nunca se traduce en una pena efectiva, y muy pocas veces en una condena firme. Esta Corte, para pronunciarse, ha debido escoger una causa entre una escasa media docena que habían alcanzado la instancia extraordinaria sin encontrarse prescriptas, toda vez que, en la práctica, prescribe la inmensa mayoría de las causas que tuvieron origen en acciones penales asentadas sobre esta habilitación de poder punitivo. 19) Que no obstante los resultados descriptos, este tipo penal genera innumerables molestias y limitaciones a la libertad individual de los habitantes que llevan a cabo conductas que no lesionan ni ponen en peligro bienes jurídicos ajenos, sin que los procesos originados lleguen a término en la forma que se supone que deben hacerlo todos los procesos penales. Al mismo tiempo, importa un enorme dispendio de esfuerzo, dinero y tiempo de las fuerzas policiales, insumidos en procedimientos inútiles desde el punto de vista político criminal, como lo demuestran los casi veinte años transcurridos desde que esta Corte revirtiera la jurisprudencia sentada en el caso “Bazterrica” (Fallos: 308:1392), con el dictado del fallo “Montalvo” (Fallos: 313:1333).
Similares consideraciones pueden hacerse respecto de la tarea judicial. Tanto la actividad policial como la judicial distraen esfuerzos que, con sano criterio político criminal, deberían dedicarse a combatir el tráfico de tóxicos, en especial el de aquellos que resultan más lesivos para la salud, como los que hoy circulan entre los sectores más pobres y jóvenes de nuestra sociedad, con resultados letales de muy corto plazo y con alta probabilidad de secuelas neurológicas en los niños y adolescentes que logran recuperarse. 20) Que el procesamiento de usuarios —por otra parte— se convierte en un obstáculo para la recuperación de los pocos que son dependientes, pues no hace más que estigmatizarlos y reforzar su identificación mediante el uso del tóxico, con claro perjuicio del avance de cualquier terapia de desintoxicacióny modificación de conducta que, precisamente, se propone elobjetivo inverso, esto es, la remoción de esa identificaciónen procura de su autoestima sobre la base de otros valores. 21) Que, asimismo, el procesamiento de usuariosobstaculiza la persecución penal del tráfico o, al menos, delexpendio minorista, pues el usuario imputado goza de los beneficios que la naturaleza de acto de defensa otorga a ladeclaración indagatoria y, en consecuencia, puede legalmentenegarse a declarar revelando la fuente de provisión del tóxico,cosa que no podría hacer en el supuesto en que se le interrogaraen condición de testigo, so pena de incurrir en la sanción deltestigo remiso o falso
22) Que todas estas consideraciones políticocriminales refuerzan la esencia de la decisión de esta Corte,en el sentido de reafirmar como valor central de nuestra Constitución la norma del artículo 19 que, por cierto, trasciendecon mucho el alcance de la cuestión sometida a la decisión delTribunal en el presente caso. El desconocimiento o debilitamiento de su vigencia hace tambalear las propias bases delsistema constitucional. 23) Que, en orden a lo dicho precedentemente, sólocabe concluir que en el conflicto de normas planteadas en lapresente causa, el artículo 19 de la Constitución Nacionalresulta ser un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico,ya que es el que garantiza el sistema de libertades individualesde los habitantes, en tanto que el artículo 14, párrafo segundode la ley 23.737 se le contrapone, en tanto conculca el ámbitode privacidad personal que el primero garantiza. Por lo tanto,sólo cabe declarar en el caso la inconstitucionalidad de latenencia de estupefacientes para consumo personal.
Que la infrascripta concuerda con los considerandos1º a 9º del voto que encabeza este pronunciamiento, que se danpor reproducidos
10) Tal como surge de los antecedentes que han sidoreseñados, la defensa ha reclamado durante su actividad recursiva que se realice un examen basado en el artículo 19 dela Constitución Nacional que determine si la conducta por laque fueron condenados sus asistidos, calificada como tenenciade estupefacientes para consumo personal (artículo 14, segundopárrafo, de la ley 23.737), se halla protegida por dicha cláusulaconstitucional. Esto es, si la tenencia en el bolsillo delpantalón de los imputados Gustavo Alberto Fares, MarceloEzequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal de algunos cigarrillosde marihuana, hallados con motivo de la requisa de la que fueronobjeto al ser detenidos por personal policial, y la posesiónde Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena dedos paquetes de cigarrillos conteniendo algunos gramos demarihuana, que arrojaron a la vía pública al verse cercadospor la policía, resultan acciones privadas, en los términosde la norma constitucional mencionada que dispone: “Las accionesprivadas de los hombres que de ningún modo ofendan al ordeny a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sóloreservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
No obstante, esta insistencia ha fracasado, fundamentalmente porque las diversas instancias judiciales que han dictado sentencia consideraron que la defensa no introducía ninguna cuestión novedosa respecto de las que fueron tratadas por esta Corte en la causa “Montalvo” (Fallos: 313:1333) y que, tal como había sucedido en ese antecedente, correspondía dictar la condena de los acusados.
Cabe aclarar que la autoridad de “Montalvo” ha sido invocada por los tribunales de grado para justificar en general la punibilidad de la tenencia de estupefacientes para uso personal y la consiguiente irrelevancia de cualquier análisis en particular sobre el modo en que fue realizada la conducta para decidir si ha sido o no una acción privada.
Esta circunstancia hace necesario establecer cuál es la regla de derecho que contiene “Montalvo” y, en su caso, en qué medida puede utilizarse ese antecedente para bloquear a priori el examen judicial de las razones que esgrime el recurrente para justificar la pretensión de que la conducta de cada uno de sus asistidos, en concreto y por las condiciones en que se llevó a cabo, fue una acción privada. 11) a) Según surge de algunos pasajes de “Montalvo”, “el procesado, junto con otra persona, era llevado detenido en un automóvil de alquiler, por presumirse que podría estar vinculado a la sustracción de dólares. Al llegar a la dependencia policial y descender del vehículo, Montalvo arrojó una bolsita que contenía 2,7 grs. de marihuana…” (Fallos: 313:1333).
La mayoría argumentó que el Tribunal “en su actual composición” retornaba a la doctrina del caso “Colavini” (Fallos: 330:254) del año 1978, pues las mismas razones por las que en aquel entonces se había afirmado la validez del artículo 6 de la ley 20.771 que penaba a quien “…tuviere en su poder estupefacientes, aunque estuvieran destinados a uso personal”, resultaban aplicables en el análisis del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, que conmina la misma conducta inclusive cuando por su “escasa cantidad” y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia era para uso personal.
Es claro que ese tipo de análisis se enfrenta con la doctrina elaborada por esta Corte que supedita su actuación jurisdiccional a la existencia de un interés (particular o colectivo) al que la norma resulta aplicable. Precisamente, mucho antes de “Montalvo” e incluso de “Colavini”, se había consolidado la doctrina según la cual la jurisdicción de la Corte se ejerce en el marco de “causas” a las que aluden los artículos 116 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 27 y, por lo tanto, “la impugnación de las leyes con base constitucional no puede contemplarse en abstracto” (doctrina de Fallos: 106:109; 182:398; 187:79; 190:142, 389; 252:328; 256: 602; 259:69; 304:1088; 311:2088; 317:335, 1224, entre otros). De ahí que declarada la inconstitucionalidad de una norma, ésta no pierde vigencia en general, sino en lo que respecta a la decisión del caso concreto; de modo simétrico, tampoco el rechazo de un planteo de inconstitucionalidad tiene como efecto la convalidación absoluta de la ley en cuestión para todos los casos posibles y la consiguiente inmunidad contra cualquier planteo posterior.
Este distingo responde a la diferencia entre las expresiones generales u obiter dicta y aquellas otras que conforman el argumento central que sustenta la decisión. Las primeras, de acuerdo con “Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. Elortondo”, no pueden ser utilizadas para obligarla en otras decisiones. Así, según lo explicado precedentemente, la pretensión de convalidar de manera general y absoluta una norma legal carece de toda fuerza vinculante
b) Por lo tanto, “Montalvo” sólo sería un precedentecon peso en la presente decisión si contuviese una descripciónde los rasgos que el Tribunal estimó relevantes en la accióndel acusado para concluir que era dañina hacia terceros y quepuedan ser comparados con las características de las conductasprobadas en esta causa.
Si se combinan las dos cosas, a saber, la humana imposibilidad de predecir con certeza cómo serán los hechos futuros y la indeterminación con que está definido el delito de tenencia de estupefacientes en lo concerniente justamente a cuáles son los efectos sobre los intereses ajenos, se explica por qué motivo “Montalvo” no puede ser interpretado como una barrera inexpugnable para que los jueces decidan en cada caso si el acusado llevó a cabo una acción privada o no. 12) Por lo que se lleva dicho y regresando a la proposición inicial, si bien puede sostenerse que al analizar el caso la mayoría concluyó que la conducta de Montalvo tenía aptitud para dañar a terceros y por lo tanto escapaba a la protección del artículo 19 de la Constitución Nacional, el fallo no ofrece ninguna pauta para examinar si en casos como el que hoy estamos juzgando el comportamiento probado de los imputados constituye o no una acción privada protegida por aquella norma constitucional.
Por el contrario, se consideró que la conducta del condenado no era una acción privada cuando “fue sorprendido fumando marihuana en un sitio público —plaza San Martín—” (Fallos: 310:2836), o en un caso en que el imputado fue descubierto con marihuana en su poder “en oportunidad en que transitaba por la vía pública en un vehículo con tres acompañantes, a quienes no sólo había invitado a consumir la droga, sino además había logrado que uno de ellos aceptara el convite” (“García, Alejandro Marcelo y otros”, Fallos: 311:2228). Tampoco se encontraba resguardada la conducta de quien poseía marihuana en el interior de dos bolsos y en distintas cajas de fósforos, cuando “Gerstein —en concordancia con Gabriel Pereyra, quien ocasionalmente cohabitaba con ella— no sólo reconoce la posesión de estupefacientes sino que admite también que, parte de éste fue consumido en su departamento por distintas personas quienes, incluso, armaron algunos de los cigarrillos secuestrados” (“Gerstein, Myriam Noemí”, Fallos: 311:2721), ni la conducta de quien fumaba marihuana mientras caminaba “sin rumbo fijo” con un amigo (“Fiscal c/ Ideme Galesi, Daniel y Galesi, Alberto”, Fallos: 312:587), ni la de quien tenía la droga para consumirla en un lugar público. En esta ocasión, el condenado fue detenido al presentarse en una dependencia policial para visitar a un amigo allí alojado, y al efectuársele la requisa de rigor se le secuestraron dos cigarrillos de marihuana (“Di Capua, Sergio Héctor”, Fallos: 312:1892). 13) La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional.
En conclusión, la adhesión a los postulados sentadosen “Bazterrica” implica que los jueces de la causa deberánanalizar en el caso concreto si la tenencia de estupefacientepara consumo personal se realizó en condiciones tales que trajoaparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos deterceros, que le quiten al comportamiento el carácter de unaacción privada protegida por el artículo 19 de la ConstituciónNacional
14) En el caso de Gustavo Alberto Fares, MarceloEzequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal el hecho por el quefueron condenados guarda similitud con las circunstanciastomadas en cuenta por esta Corte en el precedente “Noguera”, al que ya se ha hecho referencia más arriba, en el que la tenencia de droga destinada al propio consumo “no era ostensible, pues debieron revisarle las pertenencias de la procesada para encontrarlos”.
Por ello, y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V.515.XLII “Villacampa” —que antecede—, se resuelve: I) Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, con el alcance señalado en el considerando 13, y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja a los autos principales. Hágase saber y devuélvase.
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