Source: https://www.icalm.es/estatutos-icalm/
Timestamp: 2019-12-06 08:26:26
Document Index: 152212325

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'e contrario', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32']

Estatutos ICALM – ICALM
El partido INICIATIVA CIUDADANA POR ALMENDRALEJO, nace como una organización política de hombres y mujeres vecinos de este municipio, profundamente comprometidos con la problemática de su ciudad y que trabajan para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus vecinos dentro de un marco de desarrollo sostenible y con el más absoluto respeto por los derechos consagrados en nuestra Constitución. Este proyecto político tiene por tanto, el propósito de proponer iniciativas que devuelvan el impulso y las ganas de progresar a una Ciudad que siempre ha sido referente regional en cuanto a dinamismo social, económico, empresarial y cultural. Iniciativas pensando sobre todo y fundamentalmente en el interés general de nuestra Ciudad. INICIATIVA CIUDADANA POR ALMENDRALEJO pretende ser referente en el gobierno del municipio, para promover la participación activa y real de los vecinos de Almendralejo en las instituciones representativas de carácter político. Por ello, se pretende que los vecinos comprometidos con nuestra Ciudad, además de tener voz en la sociedad almendralejense a través de sus distintas asociaciones, tengan voz y voto en los órganos de gobierno de su Ayuntamiento.
CAPÍTULO PRIMERO – DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1: Denominación y características generales
INICIATIVA CIUDADANA POR ALMENDRALEJO (en adelante ICALM) se configura como un partido político español que, constituido al amparo del artículo 6 de la Constitución Española, se rige por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (en adelante, LOPP), por las demás disposiciones legales vigentes, por los presentes Estatutos y por los reglamentos internos que los desarrollen.
Su estructura interna y funcionamiento serán democráticos y se someterán al principio de transparencia.
Las siglas del partido son ICALM y su logotipo es un círculo de color verde claro y un borde en blanco que lo rodea, donde en su interior, en la parte superior-central se dibuja un árbol de color verde intenso y detrás un Skyline (horizonte) de edificios de ciudad. En su parte inferior tres trazos curvos y horizontales todo ello de un color verde más oscuro. Igualmente dentro del círculo y en su parte central se sitúa las siglas del partido ICALM en colores verde intenso las iniciales IC y en blanco las iniciales ALM.
La sede social del partido se fija en la ciudad de Almendralejo, calle Cervantes, 40-2ºA, código postal 06200 y podrá ser trasladada por acuerdo del Comité Ejecutivo, sin necesidad de modificar los presentes Estatutos. Su sitio web es www.icalm.es; www.iniciativaciudadana.es; y su correo electrónico info@icalm.es .
Las normas internas que desarrollen los presentes Estatutos, serán de obligado cumplimiento para todos los órganos del partido, para los afiliados y para los grupos institucionales del partido. Ante disposiciones en contrario prevalecerá lo dispuesto en los presentes estatutos.
ARTÍCULO 2: Ámbitos y Fines.
INICIATIVA CIUDADANA POR ALMENDRALEJO, es un partido político español de ámbito de actuación local en el municipio de Almendralejo (Badajoz).
ICALM ha sido constituido con el fin de contribuir democráticamente a la formación de la voluntad política de los ciudadanos, con voluntad progresista, así como a promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones municipales. ICALM desarrollará su acción política en la sociedad de acuerdo con los documentos ideológicos, principios y valores aprobados por su Asamblea General.
CAPÍTULO SEGUNDO – DE LOS AFILIADOS, SUS DERECHOS Y DEBERES
ARTÍCULO 3: Afiliados, derechos y deberes
Podrán ser afiliados a ICALM todos los ciudadanos del Estado Español, mayores de edad, así como los ciudadanos extranjeros conforme a las leyes vigentes, reconociendo los mismos derechos y obligaciones.
La afiliación a ICALM se adquiere a título individual previa solicitud del interesado e implicará:
La aceptación de los principios ideológicos que constituyen el pensamiento político del partido, así como de sus programas de gobierno.
El compromiso de cumplir los Estatutos, los reglamentos internos del partido, así como cuantas normas de organización y dirección interna se desarrollen en el seno del partido.
El Comité Ejecutivo designará el órgano que admitirá o rechazará las solicitudes de afiliación presentadas, conforme a lo que se establezca reglamentariamente
ARTÍCULO 4: Derechos de los afiliados
Todos los afiliados de ICALM tendrán los siguientes derechos:
A participar en las actividades internas y externas del partido, contribuyendo activamente a la formación de la voluntad de ICALM mediante el ejercicio de la libre expresión.
A ejercer el derecho de voto directamente.
A participar como electores y elegibles en la elección de los órganos de gobierno del partido y en representación del partido en las instituciones.
A expresar libremente sus opiniones en el ámbito interno del partido.
A colaborar en las campañas electorales y actividades públicas regulares del partido.
A asistir a la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos.
A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.
ARTÍCULO 5: Deberes de los afiliados
Todos los afiliados de ICALM tendrán los siguientes deberes:
Compartir los principios, fines e ideario del partido y colaborar en la defensa y consecución de los mismos.
Respetar públicamente la imagen del partido, de sus órganos y de todos sus afiliados, así como la dignidad de sus miembros.
Respetar y cumplir lo dispuesto en los presentes Estatutos, en los reglamentos internos del partido y en las leyes.
Acatar y cumplir los acuerdos y directrices válidamente adoptados por los órganos directivos del partido y aceptar la plena discreción y reserva respecto de sus trabajos y documentos.
Colaborar de manera activa en las campañas electorales en las que participe el partido (siempre que así lo permitan las circunstancias personales, familiares y laborales, que en el caso de representantes institucionales y cargos orgánicos deberán estar debidamente justificadas).
Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos y a la normativa específica, puedan corresponder a cada uno de ellos con la periodicidad que se establezca.
Cumplir con diligencia y responsabilidad las funciones y trabajos asumidos o que sean inherentes al cargo ocupado.
Participar en los procesos electorales como apoderados del partido cuando se les requiera para ello, siempre que así lo permitan sus circunstancias personales, familiares y laborales.
Guardar secreto de las deliberaciones y de los acuerdos de los órganos de gobierno del partido a los que pertenezcan.
ARTÍCULO 6: Pérdida de la condición de afiliado
Cualquier afiliado del partido podrá dejar de serlo, si así lo estima libremente, mediante la oportuna comunicación por escrito dirigida al Comité Ejecutivo. La baja deberá anotarse en el Libro de Registro de Afiliados y tendrá efecto en el mismo momento de su comunicación.
Se consideran causas de pérdida automática de la afiliación y, por tanto, de extinción completa de la condición de afiliado:
El fallecimiento del afiliado;
La baja voluntaria, desde el mismo momento de su comunicación;
La expulsión;
El impago de las cuotas que le correspondan por un periodo de más de seis meses;
La afiliación o la promoción de la afiliación a otro partido político, o la participación, sin autorización del Comité Ejecutivo, en listas electorales no pertenecientes a ICALM. Sin perjuicio de lo anterior, los afiliados a ICALM podrán ser también afiliados, previa autorización del Comité Ejecutivo, a otros partidos políticos que no tengan su ámbito de actuación en Almendralejo y no defiendan intereses y principios abiertamente contrapuestos a los defendidos por ICALM.
La realización de actos de propaganda o cualquier otra forma de colaboración a favor de otros partidos políticos, listas electorales o candidatos, cuando en las mismas elecciones concurra ICALM.
La solicitud de voto a favor de otros partidos políticos, listas electorales o candidatos en contra de la posición oficial del partido.
La manifestación pública de discrepancia grave con la ideología, principios, o fines del partido, realizada durante actos de propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de comunicación que garantice la publicidad del hecho.
Corresponde al Comité Ejecutivo la declaración motivada de pérdida automática de la condición de afiliado, dando al afiliado traslado inmediato por escrito de la resolución. El afectado podrá recurrir en reposición ante el mismo Comité Ejecutivo en el plazo de quince días naturales contados desde la comunicación, debiéndose resolver el recurso en la siguiente reunión que de la misma se celebre y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes. De confirmase la resolución el afectado podrá, en el plazo de cinco días naturales, interponer recurso de apelación ante la Comisión de Garantías y Valores, que decidirá definitivamente y sin ulterior recurso, en la siguiente reunión que de la misma se celebre.
En tanto se tramite el recurso mencionado, el interesado quedará automáticamente suspendido de sus funciones en el seno del partido e inhabilitado para desempeñar cualquier cargo en el partido o en su representación.
CAPÍTULO TERCERO – RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 7: Principios inspiradores. Definiciones y clases.
La expulsión y las medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos a los afiliados sólo podrán imponerse mediante procedimiento contradictorio, en el que se garantice al afectado el derecho a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oído con carácter previo a la adopción de las mismas que correspondan, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado, y el derecho a formular, en su caso, el recurso interno procedente.
El régimen disciplinario tiene como finalidad conocer de cuantas infracciones de carácter disciplinario se produzcan en el seno del partido, tramitando y resolviendo los procedimientos correspondientes con sujeción a lo establecido en este capítulo.
Se consideran infracciones disciplinarias las acciones u omisiones voluntarias o no, realizadas por cualquier afiliado a ICALM que estén expresamente tipificadas en los presentes estatutos. En ningún caso podrá ser de aplicación la analogía a la hora de calificar una acción u omisión como infracción.
El procedimiento disciplinario que se establece en estos Estatutos deberá garantizar al afiliado expedientado los siguientes derechos:
A serle notificado, en su caso, el nombramiento de instructor, así como su derecho a recusarlo.
A ser informado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora.
A un procedimiento contradictorio, donde pueda formular alegaciones con carácter previo a la adopción de las sanciones, con excepción de adopción de la medida cautelar de suspensión de militancia, teniendo derecho de recurrir la misma en los términos que se establezca.
A proponer pruebas para la determinación de los hechos.
A poder actuar en el procedimiento asistido de letrado.
A que el acuerdo por el que se le imponga la sanción sea motivado.
A recurrir las resoluciones sancionadoras.
ARTÍCULO 8: Infracciones disciplinarias. Clasificación
El incumplimiento de las directrices emanadas del Comité Ejecutivo o de alguna de sus secretarías en el ejercicio de sus competencias.
La condena como autor de un delito doloso que sea sancionado con pena privativa de libertad superior a dos años.
Las manifestaciones públicas que menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados, así como la creación o participación en grupos organizados que sean contrarios a los intereses del partido.
La utilización indebida por parte de los afiliados de la documentación o información a la que tengan acceso por razón del desempeño de su cargo.
La conducta negligente en relación a la custodia de documentos del partido que dé lugar al conocimiento, revelación o difusión de acuerdos o decisiones del partido, o de cualquier grupo institucional que forme parte del mismo.
La difusión de datos personales de afiliados, cargos, personal o colaboradores del partido.
Actuar en el ejercicio del cargo público de forma contraria a los principios y programas establecidos por el partido, con deslealtad al partido, así como hacia sus órganos de gobierno.
Incitar, con publicidad, al incumplimiento de acuerdos y decisiones adoptadas por los órganos del partido.
La negativa reiterada, sin causa justificada, a participar como interventor o apoderado, o a colaborar activamente en las campañas electorales por parte de cualquier cargo del partido.
La realización de manifestaciones públicas que puedan ser consideradas desleales o contrarias a los intereses del partido.
La realización de declaraciones y manifestaciones públicas en nombre del partido que comprometan políticamente al mismo sin contar con la autorización que reglamentariamente corresponda.
Adopción de cualquier tipo de acuerdo o compromiso con otras formaciones políticas sin una previa autorización expresa del partido.
La difusión de falsedades o injurias sobre compañeros o candidaturas para influir de manera maliciosa en los procesos electorales internos.
La utilización de recursos del partido, la realización de gastos injustificados, o la contratación de servicios por parte de un afiliado en nombre del partido, sin la debida autorización del órgano competente.
La comisión de una falta grave cuando con anterioridad hubiere sido sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas.
La agresión física, el insulto, la amenaza, coacción o la vejación a cualquier afiliado o trabajador del partido.
Tales infracciones llevarán aparejadas las siguientes sanciones:
Suspensión de la condición de afiliado de dos hasta cuatro años.
Pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando.
Inhabilitación para cargo orgánico del partido por el plazo de dos hasta cuatro años.
El incumplimiento reiterado de las funciones que corresponda desempeñar como cargo orgánico.
La utilización de los medios del partido a los que tenga acceso por razón de sus funciones para influir en procesos electorales internos, sea a favor o en contra de alguna candidatura.
La agresión física, el insulto, la amenaza, coacción o la vejación a cualquier afiliado o trabajador del partido, que no sean constitutivas de falta muy grave.
El impedir injustamente a otro afiliado el ejercicio de los derechos que tiene reconocidos en estos Estatutos.
La obstrucción intencionada a las labores y decisiones de los órganos del partido.
Defender públicamente fuera del ámbito interno del partido opiniones o ideas opuestas al Ideario, cuando no constituya falta muy grave.
La tercera falta de asistencia consecutiva o quinta alternativa en un periodo de tres años, de forma injustificada, por un miembro de cualquier órgano colegiado a reuniones del mismo debidamente convocadas.
Negar su colaboración a los trabajos asumidos o inherentes al cargo ocupado.
La condena como autor de un delito en los supuestos en que no sea considerado infracción muy grave en los presentes estatutos.
La negligente utilización de los datos personales a los que tenga acceso con ocasión de su participación en las actividades del partido.
Incumplimiento de las directrices dictadas por quien presida las reuniones de los diferentes órganos en el ejercicio de sus facultades de moderación.
La comisión de una falta leve cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos leves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido cancelada.
Tales infracciones podrán llevar aparejadas las siguientes sanciones:
Suspensión de la condición de afiliado por un periodo comprendido entre seis meses y dos años.
Pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando durante el plazo establecido en el apartado anterior.
Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste durante el plazo establecido en los apartados anteriores.
Se considerarán faltas leves las infracciones de quienes incurran en alguno de los supuestos descritos en el apartado precedente cuando no revistan especial gravedad.
Suspensión de militancia por un periodo de tiempo de hasta seis meses.
Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.
Apercibimiento verbal o amonestación por escrito.
Todas estas sanciones no se excluyen entre sí y se graduarán proporcionalmente en función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción.
Las sanciones de suspensión de afiliación y/o inhabilitación para el desempeño de cargo orgánico por un periodo superior a 12 meses, conlleva la pérdida definitiva de cualquier cargo orgánico que se ostente.
Asimismo, la sanción de expulsión del partido conlleva, en todo caso, la pérdida de los cargos públicos dependientes del partido que ostentase el sancionado. La sanción de suspensión de militancia es compatible y acumulable a la de inhabilitación de cargos.
ARTÍCULO 9: Graduación de las infracciones disciplinarias
Los criterios para la determinación de la graduación del régimen de sanciones previsto en los artículos precedentes se basarán en los siguientes:
Perjuicio causado al partido o a los afiliados.
Grado de participación en la comisión de la falta.
Reiteración o reincidencia.
ARTÍCULO 10: De la prescripción de las infracciones y de las sanciones
Las muy graves a los cuatro años.
Las faltas leves a los doce meses.
El plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de su comisión, y si no constare, desde que fuera conocida. Dicho plazo únicamente podrá ser objeto de interrupción en caso de que se encuentre en curso el expediente disciplinario. En ningún caso, la interrupción podrá ser superior a seis meses.
El plazo de prescripción de las sanciones es de seis meses, en caso de faltas leves; un año, en caso de faltas graves y dos años, en el de las muy graves. Este plazo de prescripción comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga y se interrumpe con cualquier actuación encaminada a hacer cumplir la sanción.
ARTÍCULO 11: De las medidas cautelares
Se establecerá la suspensión cautelar de forma automática, la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral o por delito relacionado con la corrupción, así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de estos delitos.
Durante la tramitación del expediente disciplinario podrán ser adoptadas medidas cautelares sobre el afiliado expedientado, siempre que los hechos objeto del expediente disciplinario sean susceptibles de ser sancionados con suspensión de afiliación o expulsión, y que existan indicios racionales suficientes de la participación del afiliado expedientado en los hechos instruidos. Tales medidas cautelares no podrán superar los seis meses, salvo que los hechos enjuiciados revistan especial complejidad, en cuyo caso el plazo para la resolución podrá prorrogarse un mes más. Su adopción será recurrible en el plazo de cinco días hábiles ante el mismo órgano al que le corresponda la resolución de los recursos contra el acuerdo sancionador. No obstante, la interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos.
ARTÍCULO 12: Del procedimiento sancionador
El expediente disciplinario se iniciará a instancia del Comité Ejecutivo que designará de entre sus miembros un instructor, que procederá a tramitarlo en la forma establecida en los presentes estatutos.
Examinados los antecedentes, el instructor, dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a su apertura, propondrá el archivo del expediente o formulará el oportuno pliego de cargos, del que se dará traslado al afectado, para que conteste y alegue lo crea conveniente en su favor, en el plazo de quince días naturales contados desde la notificación, pudiendo aportar y proponer las pruebas que estime oportunas.
En los cinco días naturales siguientes, el instructor decidirá si considera conveniente la práctica de las pruebas propuestas u otras adicionales que él considere oportunas. Contra su decisión cabe recurso de alzada ante el Comité Ejecutivo, que decidirá, sin ulterior recurso, en la siguiente reunión que de la misma se celebre y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes. Decididas las pruebas que hayan de practicarse, se llevarán a cabo en el plazo máximo de un mes, en presencia del instructor y del afectado (salvo la prueba documental de la que, en todo caso, ambas partes deberán tener copia). Tanto el instructor como el afectado podrán hacerse acompañar de cualquier otro afiliado que esté en pleno uso de sus derechos en el partido.
En los cinco días naturales siguientes a la finalización de la práctica de las pruebas, el instructor propondrá el archivo del expediente o confirmará, ampliará o reducirá el pliego de cargos, dando traslado al afectado de sus conclusiones, a fin de que éste, en el plazo de cinco días naturales, informe de las conclusiones que, en su opinión, hubiera ofrecido la práctica de la prueba.
En los cinco días naturales siguientes a la presentación del escrito de conclusiones por parte del afectado, el instructor elevará al Comité Ejecutivo, a través del Presidente, el escrito de calificación y propuesta de sanción o, en su caso, archivo del expediente, con copia al propio afectado. El escrito de calificación y propuesta deberá ser motivado y recogerá un resumen más o menos pormenorizado de las actuaciones realizadas, de forma que el Comité Ejecutivo pueda formarse opinión fundada en relación con el expediente disciplinario tramitado.
El Comité Ejecutivo resolverá lo que proceda en la siguiente reunión que de la misma se celebre y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde que se elevó el escrito de calificación pudiéndose apartar de la propuesta realizada por el instructor mediante resolución debidamente motivada. El instructor del expediente deberá de abstenerse de votar en la resolución del expediente por parte del Comité Ejecutivo.
La resolución del Comité Ejecutivo que deberá contener los correspondientes antecedentes de hecho y de derecho y el fallo, se notificará al afectado, quien tendrá un plazo de quince días naturales para interponer recurso de reposición ante el mismo órgano, que deberá resolver en la siguiente reunión que del mismo se celebre y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes. De confirmase la resolución el afectado podrá, en el plazo de cinco días naturales, interponer recurso de apelación ante la Asamblea General, que decidirá definitivamente y sin ulterior recurso, en la siguiente reunión que de la misma se celebre.
Los plazos de recurso establecidos en el presente procedimiento son preclusivos, si bien los de resolución y práctica de prueba podrán ser extendidos moderadamente y por una sola vez, mediante resolución motivada y previa a la terminación del plazo inicial, del órgano o instructor competente.
CAPÍTULO CUARTO.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PARTIDO
El sistema de órganos de gobierno y dirección de ICALM responde a los principios de elección y estructura democrática eficiencia, coordinación, distribución competencial y unidad de acción.
ARTÍCULO 14: Órganos.
Son órganos de gobierno del partido los siguientes:
ARTÍCULO 15: La Asamblea General
La Asamblea General de ICALM está constituida por el conjunto de sus afiliados que estén en pleno uso de sus derechos políticos como tales, actuando directamente o por medio de cualquier otro afiliado al que le otorgue su representación por escrito. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del partido.
Las reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias o extraordinarias. Su desarrollo se regulará mediante un reglamento interno.
Las reuniones ordinarias se celebrarán una vez al año y serán convocadas por el Comité Ejecutivo del partido quien elaborará el orden del día de la misma.
Cuando lo soliciten al menos un tercio de los afiliados mediante la firma de una petición expresa, se podrá incluir en dicho orden del día nuevos asuntos a tratar y deliberar en la Asamblea General ordinaria.
Por acuerdo del Comité Ejecutivo adoptado por mayoría cualificada de dos tercios.
Cuando lo soliciten al menos un tercio de los afiliados mediante la firma de una petición expresa que habrá de incluir el orden del día con los asuntos a tratar y deliberar.
En todos los casos, la convocatoria deberá incluir un orden del día cerrado que será fijado por el órgano convocante.
En cualquier caso, no cabrá la celebración de Asamblea General ordinaria o extraordinaria en un periodo anterior a cuatro meses previos y cuatro posteriores a cualquier proceso electoral al cual el partido haya aprobado concurrir.
La convocatoria de cualquier reunión de la Asamblea General se remitirá por escrito, indicando el lugar, el día y la hora de celebración de la misma junto con el orden del día, preferiblemente en soporte electrónico, a todos los afiliados y con una antelación de al menos quince días respecto de la fecha señalada para su celebración.
Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de los presentes. Se requerirá una mayoría cualificada de dos tercios de los presentes cuando los acuerdos se refieran a la disolución del partido o a su integración en otro.
La Asamblea General elegirá en cada convocatoria y entre los asistentes a la misma una mesa que ordene en base al orden del día el desarrollo de la asamblea, los debates y las votaciones sobre los acuerdos. La mesa estará compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario de actas.
Aprobar los informes de gestión del Comité Ejecutivo.
Conocer del estado de cuentas del partido y aprobar los presupuesto anuales presentados por el Comité Ejecutivo.
Desarrollo de la Asamblea General. Reglas, debates y deliberación:
Todo/a militante puede hacer uso de la palabra en el punto del orden del día que se debate, previa petición al Presidente/a, quien se la concederá en el turno riguroso que le corresponda.
Cualquier militante podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la asamblea, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Ningún/a militante podrá hacer uso de la palabra sin haber pedido y obtenido del/la Presidente/a la palabra. El/la Presidente/a concederá la palabra en el lugar y tiempo que corresponda, y siempre dentro de lo que los Estatutos y Reglamentos respectivos determinen. Si se es llamado por el/la Presidente/a y no se encuentra presente, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.
Derecho a intervenir sin interrupciones.
Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino por el/la Presidente/a, para advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden a la Asamblea o alguno de sus miembros.
Cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de los debates se hicieran alusiones que impliquen un juicio de valor o inexactitud sobre la persona o conducta de una persona militante, podrá concederse al aludido/a el uso de la palabra por tiempo no superior a tres minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto del debate, conteste estrictamente a las Alusiones realizadas. Si esta persona excediere estos límites, el/la Presidente/a le retirará inmediatamente la palabra.
En todo debate, quien fuera contradicho en sus argumentaciones, por otra u otras de las intervinientes, tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez, siendo el tiempo máximo de cinco minutos, que será fijado por la presidencia en función del debate que se esté realizando.
Intervención de la Comisión Ejecutiva.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva podrán hacer uso de la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de las facultades de ordenación de los debates que posee el/la Presidente/a de la Asamblea.
Las intervenciones de los miembros de la Comisión Ejecutiva podrán ir destinadas tanto a facilitar información a aclarar conceptos o expresar su posición.
Retirada del uso de la palabra.
Transcurrido el tiempo establecido, la presidencia, tras indicar dos veces al orador u oradora que concluya, le retirará la palabra.
Participación en el debate de los miembros de la Mesa.
Cuando alguno de los miembros de la Mesa de la Asamblea deseara tomar parte en el debate abandonará su lugar en la mesa antes del comienzo del punto del orden del día correspondiente y no volverá a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate.
Desarrollo general de los debates.
Los debates sobre cualquier asunto se desarrollarán con un turno a favor y otro en contra. La duración de las intervenciones en una discusión no excederá de diez minutos.
Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las facultades de la presidencia para ordenar el debate y las votaciones. La presidencia, oída la Mesa podrá ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones.
Cierre del debate. La presidencia podrá cerrar un debate, de acuerdo con la Mesa, cuando estime que un asunto está suficientemente debatido.
Validez de los acuerdos. Para que los acuerdos tomados en una Asamblea sean válidos se requiere la presencia en la misma, a la hora de la votación, de los tres quintos de las personas en la apertura de la misma.
No interrupción de las votaciones. Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante el desarrollo de la votación, la presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún militante podrá entrar en el recinto donde se celebre la Asamblea.
Tipos de votación. Las votaciones podrán ser:
Por asentimiento.
Se considerará aprobadas por asentimiento las propuestas que haga el Presidente/a cuando, una vez enunciadas, no susciten reparo u oposición. En caso contrario, se realizará una votación ordinaria.
Las votaciones ordinarias son las que se manifiestan públicamente por signos convencionales de aceptación, disentimiento o abstención.
Nominal (pública por llamamiento).
La votación se realizará mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos, y la persona nombrada responderá en voz alta «sí», «no» o «abstención». La votación será nominal cuando lo decida la Mesa de la Asamblea atendiendo la solicitud de la mayoría de presentes en la Asamblea.
Las votaciones secretas son las que se realizan mediante papeleta individual y depositada en una urna. Este tipo de votación se utilizará cuando la Asamblea lo acuerde por mayoría y en aquellos asuntos en los que las normas del Partido así lo reconozcan. En todo caso, la elección de representantes o cargos de dirección en el Partido se llevará a cabo siempre mediante este tipo de votación, que necesariamente deberá constar en el orden del día de correspondiente convocatoria.
Control del escrutinio.
El Presidente/a es el único responsable del control estricto de los escrutinios de las votaciones y el único autorizado para abrir la urna una vez terminada la votación.
El escrutinio lo efectuará la presidencia, auxiliado por los otros dos miembros de la Mesa, operación que pueden presenciar cuantos militantes lo deseen. No obstante, cuando se pueda celebrar la votación secreta de manera paralela a la continuación de la asamblea, podrá proponerse una mesa de escrutinio, formada por tres militantes, actuando uno como Presidente, y otros dos como asistentes, que de ser aceptada, realizará las funciones de la Mesa, durante la continuación de la Asamblea, sin perjuicio, de que el escrutinio sea realizado por la Mesa de la Asamblea.
ARTÍCULO 16: El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo será elegido en la Asamblea General por medio del sistema de voto mayoritario, mediante voto individual, directo y secreto de todos los militantes en las listas cerradas y bloqueadas.
El mandato del Comité Ejecutivo es de 4 años, desde su elección por la Asamblea General.
El Comité Ejecutivo estará compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros, incluyendo al Presidente, al Secretario General y al Secretario de Organización y Finanzas.
La responsabilidad del Comité Ejecutivo es colegiada, lo que no exime a sus miembros de la responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
El Comité Ejecutivo se reúne con la frecuencia que por sí misma acuerde y que como mínimo serán de una vez al trimestre natural o a petición de la mayoría absoluta de sus miembros.
Los debates del Comité Ejecutivo serán moderados por el presidente con los turnos de palabras que se soliciten por sus miembros y sus deliberaciones y acuerdos serán adoptados por mayoría simple de miembros presentes. Para que las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la convocatoria de la reunión y el quórum de mayoría simple.
La convocatoria de las reuniones del Comité Ejecutivo corresponderá a la Secretaría General, estableciendo el correspondiente Orden del día, lugar y fecha de celebración de la misma, de común acuerdo con el Presidente, con una antelación mínima de cinco días, salvo motivos de urgencia. Podrán incluirse puntos en el orden del día cuando lo solicite la mayoría absoluta de sus miembros y siempre que se presenten con 48 horas de antelación a la convocatoria del mismo.
Contra los actos del Comité Ejecutivo que los afiliados consideren que conculcan sus derechos estatutarios estos podrán acudir en amparo ante la Comisión de Garantías y Valores conforme a los establecido en los presentes Estatutos.
El presidente del partido podrá realizar los cambios que considere necesarios en la organización interna del Comité Ejecutivo, cesar a alguno de sus miembros o nombrar otros nuevos. La incorporación de nuevos miembros requerirá la aprobación de la Asamblea General.
Dirigir con carácter general la actividad política del partido, en el marco de las directrices, programas y resoluciones adoptadas por la Asamblea General.
Elaborar y someter anualmente a la aprobación de la Asamblea General un informe de actuación y un documento de estrategia política.
Proponer a la Asamblea General la participación del partido en los procesos electorales que considere oportuno.
Dirigir la gestión económica y administrativa del partido. A tal fin, el Comité Ejecutivo elabora los presupuestos anuales, que deberán ir acompañados de una memoria explicativa y someterá la aprobación de la Asamblea General.
Acordar la posición del partido en todas aquellas cuestiones relevantes que se susciten no contempladas en el Ideario, los programas o los documentos de estrategia política aprobados por la Asamblea General.
Acordar nuevas versiones del logo del partido con motivo de campañas de imagen, sin perder la esencia del mismo.
Elaborar y mantener el censo de afiliados del Partido y custodiar el Libro de Registro de Afiliado
Es responsable del archivo documental del Partido
ARTÍCULO 17: Procedimiento de control democrático de los dirigentes electos
Los órganos de gobierno del Partido y sus dirigentes, deberán dar cuenta de su gestión ante la Asamblea General anual ordinaria, o en sesión extraordinaria cuando así lo solicite el Comité Ejecutivo o a petición de un tercio de los afiliados según lo establecido en los presentes estatutos.
En la misma, se podrá censurar o aprobar por acuerdo de los afiliados mediante voto universal, libre y secreto dicha gestión y someterse a las preguntas que se formulen ya que deberán realizar su acción política acorde con los principios y fines del partido. También se les podrá pedir información sobre su situación patrimonial o actividades económicas en las que estén relacionados.
Los órganos de gobierno del Partido y sus dirigentes, deberán cumplir el siguiente código ético:
CÓDIGO ÉTICO. Los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido se guiaran siempre por el siguiente código ético:
Deberán velar siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y abstenerse de realizar cualquier conducta que pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización política.
Asumirán el compromiso de cumplir estrictamente el régimen de incompatibilidad previsto en las leyes, absteniéndose entre otros supuestos de participar o desarrollar toda actividad privada que pueda conllevar un supuesto claro de conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo y no aceptando ningún trato de favor, ni de ninguna otra índole que implique directa o indirectamente algún tipo de privilegio o ventaja.
Asimismo, los representantes institucionales y los cargos orgánicos del Partido deberán poner su cargo y en su caso el Acta, a disposición del Comité Ejecutivo en los siguientes casos:
ARTÍCULO 18: La Comisión de Garantías y Valores
La Comisión de Garantías y Valores estará formada por cinco miembros, elegidos en la Asamblea General con al menos un cargo de Presidente y Secretario. Su mandato será de cuatro años desde su elección por la Asamblea General. Ninguno de ellos podrá ser miembro de otro órgano de gobierno o dirección del partido.
Realizar el control interno que garantice la adecuada intervención, contabilizadora de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico
La Comisión de Garantías y Valores actúa a requerimiento de cualquier afiliado u órgano del partido, y de conformidad con su reglamento, que será aprobado por la Asamblea General.
La Comisión de Garantías y Valores, a requerimiento del Comité Ejecutivo, podrá informar en relación a la interpretación de los Estatutos o los reglamentos del partido respecto de un asunto concreto.
En los procedimientos de los que conozca la Comisión de Garantías y Valores se expresará siempre motivadamente bajo la forma de resoluciones, informes y acuerdos.
Las resoluciones de la Comisión de Garantías y Valores no admitirán recurso alguno.
La Comisión de Garantías y Valores deberá presentar un informe anual de su actividad ante la Asamblea General.
ARTÍCULO 19: Procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del Partido.
Los afiliados tendrán derecho a impugnar los acuerdos y decisiones de los órganos del partido que estime contrarios a la Ley o a los Estatutos, según el siguiente procedimiento.
Los acuerdos de los órganos del partido se impugnarán ante la Comisión de Garantías y Valores.
Al igual que ocurre en el procedimiento sancionador, para las decisiones y acuerdos tomados por la Comisión de Garantías, solamente cabe recurso ante la Asamblea General.
Para iniciar el proceso de reclamación, el afiliado deberá presentar un escrito ante el Presidente y el Secretario de la Comisión de Garantías y Valores. En este escrito deberá exponer y argumentar el motivo de la reclamación y podrá adjuntar tantas pruebas como considere necesarias.
Dicho órgano dispondrá de 15 días hábiles para el iniciar el procedimiento de reclamación, y deberá remitir a ambas partes el acuerdo de apertura del procedimiento.
Una vez abierto el procedimiento, ambas partes dispondrán de 20 días hábiles para aportar las alegaciones y documentos que mejor convengan a su derecho.
El órgano competente, una vez finalizado el plazo de alegaciones, dispondrá de 30 días hábiles para resolver.
ARTÍCULO 20: Procedimiento de rendición de cuentas. Administración, fiscalización y control.
El ejercicio económico del Partido y de todas sus organizaciones coincidirá con el año natural y se cerrará a 31 de diciembre.
El Comité Ejecutivo elaborará los presupuestos que tendrán una duración anual. Dichos presupuestos y su memoria explicativa deberán ser aprobados por el Comité Ejecutivo antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, y deberán ser ratificados por la Asamblea General. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.
Se deberá prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención, contabilizadora de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico. La Comisión de Garantías y Valores será la encargada de realizar dicho control interno.
Los afiliados podrán acceder a todos los datos fiscales y financieros del Partido por el procedimiento que se establezca reglamentariamente
Para conocimiento general de toda la ciudadanía, el Partido hará público, por los medios más adecuados, los resultados del cierre del ejercicio anterior. Dicho cierre será elaborado por el Comité Ejecutivo y ratificado por la Asamblea General. Deberá contener una memoria explicativa de las desviaciones más significativas respecto al presupuesto del ejercicio aprobado.
El Comité Ejecutivo tendrá lo obligación de remitir anualmente el informe del ejercicio anterior, que incluirá el resultado económico y la memoria explicativa, al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido.
ARTÍCULO 21: Régimen documental
El Partido llevará, además del Libro de Registro de Afiliados, los Libros de Actas, Contabilidad, de Tesorería y de Inventarios y Balances, cuyo contenido se fijará reglamentariamente y que permitirán en todo momento conocer su situación financiera.
ARTÍCULO 22: El presidente del partido
El presidente de ICALM ostenta la representación política y legal del partido.
Dirigir la política y estrategia del partido.
Definir las competencias de cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo.
Cesar a los miembros del Comité Ejecutivo o nombrar otros nuevos de acuerdo y en las condiciones dispuestas en los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 23: El secretario general
El impulso de la ejecución de las decisiones y de la aplicación de los criterios adoptados por el Comité Ejecutivo.
ARTÍCULO 24: El secretario de Organización y Finanzas.
El secretario de Organización y Finanzas es el responsable económico-financiero del Partido
Las facultades del secretario de Organización y Finanzas son las siguientes:
La Custodia, gestión y control de los recursos económicos del partido.
La elaboración y presentación de las propuestas de presupuesto, de balance y de liquidación de las cuentas del partido para su formulación por el Comité Ejecutivo.
El pago de las facturas aprobadas que habrán de ser visadas previamente por el Presidente y, en su defecto o ausencia, por el Secretario general.
El cargo de secretario de organización y finanzas como responsable económico-financiero del Partido será designado en la elección del Comité Ejecutivo por la Asamblea General del Partido con el resto de componentes del Comité Ejecutivo del Partido.
CAPÍTULO QUINTO.- RÉGIMEN ELECTORAL INTERNO
ARTÍCULO 25: Principios generales
Los integrantes de los distintos órganos de representación y gobierno del partido se elegirán por votación entre los afiliados de acuerdo con los presentes Estatutos y con los reglamentos que los desarrollen.
Salvo las excepciones previstas en los presentes Estatutos o en los reglamentos aprobados por la Asamblea General, para las elecciones de los órganos de gobierno de ICALM, así como de los miembros que compongan La Comisión de Garantías y Valores, podrán ser considerados como electores todos aquellos afiliados al partido que se encuentren en plenitud de sus derechos políticos, que cuenten con una antigüedad mínima, como afiliado, de seis meses a la fecha de convocatoria de las elecciones y estar al corriente de sus obligaciones como afiliado.
No se permitirá el voto delegado en la elección de los integrantes de ningún órgano de gobierno del partido.
ARTÍCULO 26: Requisitos de Elegibilidad
No obstante, será causa de inelegibilidad el encontrarse acusado por el Ministerio Fiscal, al tiempo de la presentación de la candidatura, por la comisión de cualquier delito. El Comité Ejecutivo, vistas las circunstancias que concurrieren en el caso, podrá no obstante permitir la candidatura, de forma razonada. La mera calificación como investigado en la fase de instrucción aún sin acusación, tratándose delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal, será en todo caso causa de inelegibilidad.
ARTÍCULO 27: Propuestas electorales. Candidaturas electorales.
Ante la convocatoria o la proximidad de una previsible convocatoria de un proceso electoral, el Comité Ejecutivo deberá fijar una resolución proponiendo la participación del partido en las elecciones o desestimándola.
En caso de que proponga participar en las elecciones, deberá elevar la propuesta a la Asamblea General, que la aprobará o rechazará.
Un reglamento de la Asamblea General regulará el procedimiento de elaboración de las candidaturas electorales y en el mismo se determinarán los requisitos generales de elegibilidad, facultades y funciones de los distintos órganos del partido en el proceso y sistema de garantías electorales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento a que se refiere el punto primero anterior, se elegirán mediante elecciones primarias los siguientes candidatos del partido:
El candidato a la Alcaldía.
Para la confección del resto de lista electoral, el candidato a la Alcaldía elegido en primarias, elaborará una propuesta que someterá a la aprobación de la Comisión Ejecutiva.
Para concurrir a un proceso de elecciones primarias será necesaria una antigüedad mínima en el partido de al menos 6 meses de militancia en el momento de la convocatoria del proceso. La Asamblea General podrá exceptuar este requisito de forma motivada por mayoría absoluta de sus miembros.
ARTÍCULO 28: Compromiso de los candidatos
Quienes resulten elegidos como candidatos están obligados a defender y promover el cumplimiento del programa electoral aprobado, así como el resto de principios y valores del partido. Si no estuvieran dispuestos a ello, deberán renunciar a su candidatura.
ARTÍCULO 29: Declaración de bienes
ARTÍCULO 30: Inelegibilidad en listas electorales
Será causa de inelegibilidad para las listas electorales que presente ICALM el encontrarse acusado por el Ministerio Fiscal, al tiempo de la presentación de la candidatura, por la comisión de cualquier delito. El Comité Ejecutivo, vistas las circunstancias que concurrieren en el caso, podrá, no obstante, permitir la candidatura, de forma razonada.
La mera calificación como investigado en la fase de instrucción aún sin acusación, tratándose delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal, será en todo caso causa de inelegibilidad.
CAPÍTULO SEXTO – RÉGIMEN DE DOCUMENTACIÓN, PATRIMONIAL Y ECONÓMICO
El partido en su fundación certifica que carece de patrimonio fundacional.
ARTÍCULO 31: Régimen patrimonial
El partido disfruta, desde el momento de su constitución e inscripción en el registro correspondiente, de plena capacidad jurídica lo que le permite adquirir, administrar y enajenar su patrimonio, que está conformado por el conjunto de bienes y derechos que pertenecen al partido o que éste pueda adquirir y que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines.
En concreto, los recursos económicos del partido están constituidos por:
Las cuotas y aportaciones voluntarias de sus afiliados.
Los créditos que concierte.
Las herencias, legados o donaciones que reciba.
Las subvenciones públicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley.
Cualesquiera otros ingresos que reciba de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
CAPÍTULO SÉPTIMO – DE LA DISOLUCIÓN DEL PARTIDO
ARTÍCULO 32: Disolución del partido
La Asamblea General podrá acordar la disolución del partido. El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones financieras que existieren, se destinará a asociaciones de carácter benéfico o social, según lo acordado por la Asamblea General.
Una vez que el Partido adquiera la personalidad jurídica conforme a la ley, en un plazo máximo de 20 días se convocará Asamblea General extraordinaria donde podrán acudir con derecho a voz y voto todos los afiliados, con independencia de la antigüedad, para convalidar o en su caso elegir los cargos directivos según lo establecido estatutariamente.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez que el Partido adquiera la personalidad jurídica conforme a la legalidad vigente.