Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170405-VI.html
Timestamp: 2019-10-19 04:20:27
Document Index: 125967256

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 2', 'artículo 77', 'artículo 4', 'Artículo 77', 'Artículo 77', 'artículo 71', 'artículo 74', 'artículo 79', 'artículo 58', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 33', 'artículo 38', 'artículo 46', 'artículo 79', 'artículo 107', 'artículo 74', 'artículo 79', 'artículo 58', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 33', 'artículo 38', 'artículo 46', 'artículo 58', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 71', 'artículo 205', 'artículo 93', 'artículo 205', 'artículo 122', 'artículo 205', 'Artículo 39', 'Artículo 205', 'Artículo 205', 'artículo 16', 'artículo 2', 'Artículo 128', 'Artículo 138', 'artículo 44', 'Artículo 15', 'Artículo 4']

Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4754-VI, miércoles 5 de abril de 2017
Que reforma el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN
Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP a ejecutar el procedimiento de extinción y liquidación de la Lotería Nacional, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emprender diversas acciones respecto al asesinato del ciudadano Pedro Alberto Vega Barrañón, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la zona chinampera de Xochimilco, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado, doctor Ernesto Ibarra Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 77 Bis 5, de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
En México, desde hace más de tres décadas, el derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En nuestro Sistema Nacional de Salud, existen dos sectores básicos, el público y el privado. En el sector público se encuentran las instituciones de seguridad social y las instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social. El sector privado incluye a las compañías aseguradoras y a los prestadores de servicios que ofrecen servicios profesionales de salud, de manera independiente.
En nuestro país se ofrece beneficios en salud muy diferentes entre grupos de población, dependiendo del grupo social de pertenencia. Básicamente hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud:
• Los auto empleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, y sus familias, y
Dada esta composición, la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, en el año 2003, constituye uno de los hitos más trascendentes en la Historia del Sistema Mexicano de Salud, pues a través de su brazo operativo, el Seguro Popular, ha logrado ofrecer servicios de salud a 40 por ciento de la población que carece de una relación formal de trabajo, que la haría derechohabiente del sistema de seguridad social.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud “el Seguro Popular es un seguro médico, público y voluntario, que fomenta la atención oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección del patrimonio familiar. Además, ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de utilizarlos.”
Resulta indiscutible el éxito, que en materia de cobertura en salud ha logrado el Seguro Popular, sin embargo es preciso que no olvidemos que de 2003 a 2008, solamente se convirtieron en beneficiarios de ese seguro, 27.1 millones de personas y que a la fecha son 50 millones, lo cual le ha otorgado una mayor complejidad en la administración y exige una mayor capacidad de resolución por parte del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y de éste, su brazo operativo.
Es un hecho que los 50 millones de afiliados del Seguro Popular tienen una menor cobertura en comparación con los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE. Mientras que estos tienen garantizada, formalmente, la atención de cualquier enfermedad, Seguro Popular solamente cubren 344 padecimientos (285 esenciales y 59 de alta complejidad). Este número solamente representa 2.4 por ciento, de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (elaborado por la Organización Mundial de la Salud).
Aunque uno de los objetivos del Seguro Popular es reducir el gasto de bolsillo destinado a pagar servicios de salud, a favor de la población más pobre del país, ello aún no se ha cumplido, pues 46 por ciento de los hogares afiliados a este programa realizan gasto de bolsillo para pagar ya sea atención médica, hospitalaria o medicamentos.
Para los usuarios, el tiempo de espera para recibir atención es de regular a muy largo, en promedio de 78 minutos en pasar a la consulta, cuando lo previsto es de media hora. La mayor cantidad de quejas son porque los pacientes no logran surtir del todo su receta médica y la calidad de atención clínica es deficiente.
Un mecanismo reconocido por la Ley General de Salud, para tratar de incrementar la capacidad de resolución del Seguro Popular lo constituye la firma de convenios suscritos entre las entidades federativas y éstas con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios.
No obstante lo anterior y dado el gran volumen de beneficiarios, el Seguro Popular no ha logrado satisfacer, con su capacidad instalada, la gran demanda de servicios de salud; es por ello que la presente iniciativa pretende sentar la base legal para que las instituciones de salud de carácter privado y los profesionales de la salud que ofrecen servicios de salud de manera independiente, puedan ser acreditados para colaborar con el proceso de atención de los beneficiarios del Seguro Popular mediante el esquema de intercambio de servicios y así poder ampliar la cobertura, brindar servicios de salud oportunos, mejorar la atención de la salud de las familias que más lo necesitan y particularmente de aquellas que por diversas razones no han sido incorporadas al seguro popular.
Por lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Que reforma las fracciones XII, XV y XVI, del Apartado A), la fracción VII del apartado B), del Artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, de la Ley General de Salud
Único. Se reforman las fracciones XII, XV y XVI, del apartado A), y la fracción VII apartado B), todas del Artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:
XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y, con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y con las instituciones de salud privadas y con profesionales acreditados, que ofrecen servicios de salud de manera independiente, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios.
XV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de las instituciones de salud privadas, de los profesionales, que ofrecen servicios de salud de manera independiente y en general de los establecimientos de salud prestadores de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud;
XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones, profesionales acreditados y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
XVIII. ....
VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí, con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con las instituciones de salud privadas y con profesionales acreditados, que ofrecen servicios de salud de manera independiente, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables;
XVIII. al IX. ...
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2017.
Diputado Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica)
El suscrito diputado federal, Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV, se reforman los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74 y los párrafos primero y sexto de la fracción II del artículo 79, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman el penúltimo párrafo del artículo 58 y el último párrafo del artículo 107 y se adiciona un nuevo último párrafo al artículo 107, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reforman el primer párrafo del artículo 33, 35, el segundo párrafo del artículo 38 y el primer párrafo del artículo 46, todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación .
Se ha demostrado1 que, de manera sistemática, el gasto realizado por la federación es muy superior al que aprobamos los diputados año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto se debe a que la actual legislación contempla que los aumentos y cambios que se realicen al Presupuesto de Egresos una vez que es aprobado por el pleno sólo deben de ser informados a la Cámara de Diputados, pero éste órgano no tendrá voto en si debe o no proceder dicho cambio. Es decir, en la realidad el Ejecutivo gasta discrecionalmente sin que la Cámara de Diputados pueda hacer algo al respecto.
Por otro lado, pero que también es clave para entender la manera en que se ejercen los recursos públicos, los diputados no cuentan con información suficiente respecto al comportamiento del gasto del Ejecutivo federal. La fiscalización realizada de la Cuenta Pública por la Auditoría Superior de la Federación puede llegar a presentarse hasta 22 meses después de que se ejerció el recurso. Por tanto, los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública no son de utilidad para los diputados al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para determinado ejercicio fiscal, porque ya es demasiado tarde.
Cuando un ejercicio fiscal termina, con la legislación actual, pasará el siguiente año fiscal y diez meses de un segundo año fiscal para que los diputados tengan información al respecto de cómo se gastó ese recurso; sin embargo, esa información ya no tiene la relevancia que tendría si los diputados obtienen el Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior antes de tener que aprobar el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, el proceso está desfasado y hace muy difícil que el Poder Legislativo funja como contrapeso y vigilante del Poder Ejecutivo.
En resumen, el Poder Ejecutivo está decidiendo cómo gasta de manera unilateral, sin que la Cámara de Diputados pueda hacer algo y, además, los diputados obtienen información precisa al respecto de ese gasto hasta casi dos años después de que se ejerció. Ambos problemas significan que el Poder Legislativo está realizando su labor con información asimétrica y que el Ejecutivo no tiene ningún contrapeso en materia de gasto público. Esto se traduce en un detrimento en la rendición de cuentas del Ejecutivo y en la división de poderes que supone una sociedad democrática.
Las iniciativas que aquí presento combaten el problema de la siguiente manera:
1. Obliga a que todos los cambios y aumentos que se realicen al Presupuesto de Egresos de la Federación superiores al 5 % del total del ramo sean turnados a la Cámara de Diputados para su aprobación por el pleno. Sin la aprobación de los diputados no podrán hacerse dichas modificaciones.
2. Reduce dos meses el plazo para que la SHCP presente a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública.
3. Reduce cuatro meses el plazo que tiene la Auditoria Superior de la Federación para presentar a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y seis meses el tiempo que dicha Cámara tiene para concluir la revisión de la Cuenta Pública. Esto con el propósito de que tengamos información del comportamiento del gasto del año previo, antes de aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente.
4. Se economiza el proceso de fiscalización que hoy representa 22 meses en total a solo 10 meses.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es la herramienta que utiliza el Poder Legislativo para controlar la cantidad y el tipo de gastos del Poder Ejecutivo. Éste, en teoría, representa el consenso entre los integrantes de la Cámara de Diputados y el gobierno federal. Sin embargo, en la práctica esto no resulta ser así. Una vez que los diputados aprobamos el PEF, legalmente el Poder Ejecutivo puede hacer modificaciones al mismo sin justificaciones robustas y sin la necesidad de que el legislativo apruebe la modificación.
Gracias a una investigación del maestro Leonardo Núñez González, realizada durante su estancia en el muy reconocido Centro de Investigación y Docencia Económicas, sabemos que estas modificaciones han resultado en un sobregasto, según lo aprobado por los diputados, de 3.3 billones de pesos en los últimos 15 años. Lo que equivale a 17 % del PIB de 2015. En esta misma investigación, el maestro Núñez apunta que, además del sobregasto, lo aprobado para cada ramo llega a ser redistribuido de manera discrecional, al grado de que podemos observar Secretarías de Estado en las que dos terceras partes de lo presupuestado se gastan en rubros diferentes a los asignados. La investigación del maestro Núñez descubre patrones que permiten concluir que el comportamiento del gobierno federal es premeditado y que existen diversas maneras de combatirlo, como las presentadas en esta iniciativa.
La autoridad hacendaria, a sabiendas de que su comportamiento 1) es legal, 2) la Cuenta Pública no es revelada hasta varios meses después de ejercido el recurso; y 3) que la Auditoría Superior de la Federación no califica dicha Cuenta Pública hasta casi dos años después de ejercido el recurso, no tiene ningún incentivo para cambiar su comportamiento. Esto es, la autoridad hacendaria sabe que este comportamiento no representará un riesgo mediático o político para la administración porque cuando los datos de cómo gastó en determinado año son revelados ya ha pasado mucho tiempo.
El proceso legal por el que estas “adecuaciones” son permitidas sólo les pide a los ejecutores del gasto que dichas adecuaciones permitan la “búsqueda del mejor cumplimiento de los Objetivos del Estado”. La investigación del CIDE es clara al calificar a las justificaciones encontradas en la Cuenta Pública como escuetas y poco claras.
Todo esto se ve reflejado en una división de poderes debilitada y en un proceso de aprobación del PEF con información asimétrica. Cada otoño, los diputados discutimos el próximo PEF sin saber a ciencia cierta cuánto se gastó de más y qué tipo de adecuaciones hubo en los diferentes rubros en año fiscal anterior, pues la ASF no emitirá los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública hasta muchos meses después.
Para el próximo 8 de septiembre del presente año, fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que habrá de ejercerse en el año 2018, únicamente contaremos con el informe de la ASF del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, cuyo proceso de revisión aún no termina sino hasta el 31 de octubre de este año, es decir, la discusión del PEF 2018 se desarrolla en una coyuntura en la que no se conocen los resultados finales de la Cuenta Pública de dos años fiscales anteriores, mucho menos el inmediato anterior.
Esto no solamente deriva en un tardado y defectuoso proceso de rendición de cuentas y de transparencia, sino que impacta negativa y directamente en la función constitucional que se ha depositado en los diputados pues no contamos con evaluaciones y resultados actualizados.
El proceso de fiscalización encuentra su fundamento constitucional en los artículos 74, fracción VI, relativo a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: “VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.” y en la sección V, artículo 79: “De la Fiscalización Superior de la Federación”.
Es en el texto constitucional en donde se establecen los lineamientos generales para el proceso de fiscalización de los recursos públicos erogados de cada año, con una duración total de 22 meses que inicia con la construcción de la Cuenta Pública desde el primer día de enero, la cual es presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente y concluye su revisión hasta el 31 de octubre del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública.
Cabe señalar que durante este muy extendido proceso, cuando finalmente la ASF presenta el Informe General del resultado de la Fiscalización Superior el día 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública –hasta el momento ya se han cumplido 14 meses-, y cuando ya se ha turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara para la etapa final de dictaminación y posterior revisión en el pleno, se han de esperar otros ocho meses, de los cuales cuatro se encuentran dentro del segundo período de recesos de la Cámara. Lo anterior, si bien no representa por sí una inactividad total pues las comisiones por disposición reglamentaria están obligadas a sesionar durante los recesos por lo menos una vez al mes, sí representa un grave obstáculo para la celeridad y economía del proceso de fiscalización pues no es sino hasta septiembre que el pleno de la Cámara de Diputados se encontrará en condiciones para concluir la revisión de la Cuenta Pública. Son cuatro meses que alargan injustificadamente el ya de por sí tardado proceso.
Ya en rango legal, el marco normativo de la revisión de la Cuenta Pública se deposita en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 107 y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, mismas que detallan el proceso de fiscalización contenido en la constitución y establecen plazos para la presentación de informes individuales de la ASF a la Cámara de Diputados (últimos días hábiles de junio y octubre), la remisión de los resultados de dichos informes a los órganos fiscalizados, el término que éstos tienen para dar respuesta, el tiempo con el que cuenta la ASF para pronunciarse en relación a las observaciones, etc.
Si lo que se pretende es transitar de un modelo indebidamente extenso a otro más eficaz y expedito, el ajuste en las fechas de la presentación del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior hace necesario que en el mismo sentido, los días en los que la ASF rinde los informes individuales a la Cámara de Diputados sean debidamente reordenados favoreciendo en todo momento la economía del proceso, pues éstos preceden al Informe General y son herramientas indispensables para la revisión final que hace el pleno de la Cámara, no obstante, los plazos y términos con los que cuentan los órganos fiscalizados para dar respuesta a los informes individuales han de mantenerse igual.
La problemática y el reto que se presenta ante nosotros alientan y justifican un cambio por un mayor control del gasto público, mismo que invariablemente debe ser evaluado por la Cámara de Diputados como una de sus facultades constitucionales exclusivas, y al mismo tiempo transitar de modelos aletargados de revisión y control fiscal a esquemas abreviados cuyo dinamismo le permitan en primer lugar al legislador contar con los datos actualizados necesarios al momento de discutir el proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos y en segundo lugar beneficien a la ciudadanía al contar con informes de evaluación del gasto público oportunos y expeditos.
Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV, se reforman los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74 y los párrafos primero y sexto de la fracción II del artículo 79, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman el penúltimo párrafo del artículo 58 y el último párrafo del artículo 107 y se adiciona un nuevo último párrafo al artículo 107, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se reforman el primer párrafo del artículo 33, 35, el segundo párrafo del artículo 38 y el primer párrafo del artículo 46, todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:
Segundo. La reforma al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Las modificaciones a los artículos constitucionales 74 y 79; los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; los artículos 33, 35, 38 y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2018.
1 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: el gasto real del gobierno en la Cuenta Pública. Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2016. Director de Tesina, Mauricio Merino Huerta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de abril de 2017
Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)
La que suscribe, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2 A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado , al tenor de la siguiente:
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del 2013, las emisiones totales de México fueron para ese año, de 665,304.92 Gg de CO2e.1 En los últimos años, el sector transporte ha ido creciendo en consumo de combustibles y, por tanto, en la generación de emisiones de GEI, por lo cual aquellas provenientes del sector transporte se han convertido en las más importantes a nivel nacional con 26.2 por ciento, seguido de la generación eléctrica con un 19 por ciento, tal como se muestra en la siguiente figura 1.2
Figura 1. Participación de los sectores en las emisiones de GEI en 2013
Fuente: INECC/Semarnat 3
Asimismo, el transporte terrestre representa 87.8 por ciento (152mil 891 Gg de CO2e) de las emisiones del sector, corroborando que México depende en gran medida de la movilidad de mercancías y personas de forma terrestre, lo que ha generado un incremento de la demanda de combustibles y del crecimiento exponencial de la flota vehicular.
De acuerdo con el Balance Nacional de Energía (BNE), en 2014 el consumo final total, mostró un incremento de 0.3 por ciento respecto a 2013. El sector transporte consumió 45.9 por ciento del total de energía y el transporte terrestre consumió el 91.34 por ciento, del total de dicho sector. Si lo desagregamos por tipo de combustibles podemos observar que en México 65 por ciento de este combustible es gasolina y 27 por ciento es diésel.
En México, una de las principales causas de incremento en el consumo de energéticos y en consecuencia, un aumento de las emisiones de GEI, es el crecimiento exponencial de la flota vehicular a nivel nacional. De acuerdo con datos del Inegi y ONU Hábitat, entre 2000 y 2014, el índice de motorización pasó de 160 a 341 vehículos por cada mil habitantes,4 en donde se destaca el comportamiento ascendente de los automóviles privados cuya tasa media de crecimiento anual (TMCA) fue de 7.4 por ciento entre 2000 y 2012, superando cinco veces la de la población nacional (1.4 por ciento). Lo que demuestra un aumento acelerado de autos, más que de personas.5
En 2015, los automóviles particulares representaron el 97.5 por ciento de la flota nacional (véase Figura 2), del cual el 72 por ciento se concentra en las zonas metropolitanas (ZM), causando daños sociales, económicos y ambientales.6
Asimismo, un incremento de la flota vehicular trae consigo una serie de externalidades negativas, como lo es la congestión vehicular, contaminación del aire y gases de efecto invernadero, gastos en salud, accidentes viales y saturación del espacio público.
Figura 2. Total de vehículos motorizados por servicio
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles del 2013, los vehículos automotores emitieron 90 por ciento del monóxido de carbono (CO), 45 por ciento de los óxidos de nitrógeno (NOx), 20 por ciento del carbono negro y 15 por ciento de óxidos de azufre (SOx), así como partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y menores a 10 micrómetros (PM10), siendo los automóviles particulares los principales emisores de las mismas.7 La gran concentración de estos gases y contaminantes de efecto invernadero contribuyen al cambio climático y a la degradación ambiental por la contaminación del aire. Con base en las cuentas por costos totales de agotamiento y degradación del Inegi, el costo por la degradación atmósferica en el 2015 fue de 3.2 por ciento del PIB, (577 mil 698 millones de pesos).8
Impactos en la salud. Asimismo, el transporte también tiene afectaciones directas a la calidad del aire y la salud de los habitantes de las ciudades. Las principales zonas metropolitanas del país reportan altos índices de contaminación del aire, que sobrepasan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los impactos que provocan las altas concentraciones de contaminantes, pueden provocar desde malestares simples como dolor de cabeza e irritación de ojos en la población hasta enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias e incluso cáncer pulmonar.
De acuerdo con datos del Centro Mario Molina, la exposición a corto plazo al ozono y a las partículas, se asocia con algunas causas de mortalidad de personas mayores de 65 años en la ZMVM, en las que incluye enfermedades cardiopulmonares, cardiovasculares e infarto cerebrovasculares; mientras que en la población infantil se asocia con mortalidad prematura por infección en vías respiratorias en menores de 1 a 4 años. Asimismo, la exposición a largo plazo, genera un déficit en el crecimiento de la función pulmonar en niños en edad escolar.9
Este problema se ha incrementado en los últimos ocho años , alcanzando en el año 2012 un registro de hasta 17 mil muertes prematuras.10 Siendo, los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas los grupos más vulnerables, a causa de la mala calidad del aire. Si se logrará cumplir con las recomendaciones de calidad del aire de la OMS para PM10 (20 µg/m3 como promedio anual) se podrían evitar más de 10,460 muertes anuales en la población de mayores de 30 años de la zona metropolitana.
Impactos económicos. La contaminación del aire también tiene impactos económicos. El congestionamiento y la contaminación ambiental en la ZMVM, aparte de provocar efectos adversos en la salud, genera importantes daños económicos y sociales colaterales. La exposición a partículas suspendidas incrementa el ausentismo laboral en un 5% y el número de días con actividad restringida en más de 7.5%, lo que provoca grandes pérdidas de productividad. Estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) demuestran que las deficiencias en la movilidad metropolitana provocan una pérdida de 3.3 millones de horas hombre al día, esto equivale a un valor del tiempo de 33 mil millones de pesos perdidos por el congestionamiento.
Congestión de las ciudades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), dentro del territorio nacional existen 384 ciudades con más de 15 mil habitantes, las cuales se distribuyen en 59 Zonas Metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 centros urbanos en donde se concentra el 72.3% de la población (alrededor de 81.2 millones de personas), confirmando que el país es principalmente urbano.11
Actualmente en México, el 56.8% de la población se concentra en las 59 Zonas Metropolitanas.12 El país tiende hacia la concentración de la población y las actividades económicas y sociales en las metrópolis. A mayor población, se demanda mayor número de servicios públicos entre los cuales está la necesidad de mover personas y mercancías. En México, alrededor del 45% de los viajes se hacen a través del transporte público, el 27% es en modos no motorizados y el 25% de los viajes se realiza en auto particular (CTS Embarq).
No obstante, a pesar de la alta demanda de movilidad, el transporte público se ha visto rezagado frente al transporte particular; casi el 77% de la inversión pública de diez zonas metropolitanas se orientó a promover la infraestructura vial para el automóvil, lo que incentivó que el parque vehicular se incrementará de 15.6 millones de unidades en 2000, a más de 35 millones en 2012 (ONU Hábitat, 2015).
El aumento en el número de unidades generó congestionamiento vial, debido a que los autos cuentan con altos requerimientos de espacio 16.66 m2)13 y una tasa baja de ocupación (1.2 personas por unidad). Al apropiarse de la mayoría del espacio público, los demás actores, como los peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte público, están expuestos a accidentes automovilísticos. Lo cual es relevante para México, ya en 2015 se registró un total de 378,232 accidentes terrestres en zonas urbanas y suburbanas, de los cuales el 66% fueron por colisión con vehículo automotor y el 3.8% por atropellamiento a un peatón.14
Una forma de revertir el problema y reducir sus impactos sociales, ambientales y económicos es ofrecer e incentivar otros modos que cuenten con mayor capacidad de pasajeros y que sean amigables con el medio ambiente como es el caso del transporte público que cuenta representa el 2.1% de la flota nacional y cuenta con la capacidad de transportar entre 40 y más de 200 personas por unidad sin emitir tantos contaminantes y GEI por viaje. Liberando las vialidades por el aprovechamiento del espacio y previniendo accidentes de tránsito.
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está conformada por la Ciudad de México, 59 municipios aledaños que pertenecen al estado de México y un municipio del estado de Hidalgo. Al ser la principal zona económica del país por aportar una cuarta parte de PIB nacional, concentra el 17% de la población mexicana.15
No obstante, la expansión acelerada de la ZMVM no ha dado tiempo a que el desarrollo urbano y el crecimiento económico lleguen a las periferias. Los habitantes de esas zonas se ven en la necesidad de moverse a la zona centro (Ciudad de México) en donde se encuentran los servicios y la mayor infraestructura, lo que implica una demanda en el transporte por las largas distancias. Debido a ello, cada día se realizan 21.6 millones de viajes en toda la zona metropolitana.16 El 29% (alrededor de 6.3 millones) se lleva a cabo en automóvil y el 60% en transporte de pasajeros.17
A pesar de que las personas viajan en su mayoría en el transporte público, el predominio cuantitativo lo tiene el transporte particular. De acuerdo con el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México, en 2014, la ZMVM registró una flota total de 5.3 millones de vehículos, dentro de la cual el 80% es de uso particular, seguido del transporte de carga (13%) y en último lugar, el transporte público (7%).18
De seguir con la misma línea tendencial, se prevé que la flota vehicular de la ZMVM seguirá aumentando de tal manera que para el 2020 llegarán a haber 7.5 millones de coches y para el 2030, 9.5 millones.19 Esto debido a diferentes razones que incentivan su uso, como la mayor oferta de infraestructura para automóviles, el fácil acceso a créditos para la compra de un auto, la mala calidad e insuficiencia del servicio del transporte de pasajeros, entre otras, lo que provoca un uso generalizado y desmesurado del transporte particular con impactos en el medio ambiente, en la salud humana y en la economía.
Aunado al tránsito lento por el crecimiento de número de autos y debido a la quema de combustible fósiles para su funcionamiento, el sector transporte tiene un gran impacto en el consumo energético de la ZMVM. De acuerdo con el último inventario de emisiones de la Ciudad de México, la Zona Metropolitana consumió 610 petajoules (PJ), 543 se debieron al uso de gasolina, diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural (GN). Siendo, el sector transporte el de mayor consumo con el 58% por la demanda de 7.1 millones de m3 de gasolina y 1.8 millones de m3 de diésel.
Por esa razón, a dicho sector se le asocia con una participación importante en la generación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Causa de ello fue que de un total de 54.2 millones de tCOe generadas en la ZMVM, las fuentes móviles ocuparon el segundo lugar, después de las fuentes áreas, en contaminación atmosférica por emitir el 96.1 de CO, 78.5% de NOx, el 20.7% de PM10, el 28.7% de PM2.5 y16.5% de SO2.20
Actualmente la flota total se dedica a brindar servicio de pasajeros y en la flota de la ZMVM es el 7%. Éste último realiza dos terceras partes de los viajes realizados diariamente.21 Sin embargo, hay una limitante: mientras el transporte privado aumenta exponencialmente, los sistemas de transporte público se renuevan lentamente lo que hace que los modelos de operación y administración se estanquen y disminuya progresivamente la calidad en el servicio, generando rechazo entre los usuarios. El año del modelo de los vehículos de transporte público indica indirectamente el potencial de generación de emisiones respecto a su edad.
En el caso de la Ciudad de México, el 90% de microbuses han finalizado su vida útil. Actualmente circulan en la ZMVM alrededor de 35 mil microbuses que tienen una edad promedio de entre 20 y 25 años. Por un desgaste natural del motor y falta de mantenimiento estos vehículos emiten anualmente alrededor de 1.5 ton de CO2e al año. Siendo esta una de las principales fuentes de emisiones de GEI a nivel ZMVM. Esto representa, en su conjunto, el 18% de las emisiones en la ciudad, que tienen un impacto directo en el medio ambiente y la salud humana.21
A la vez, la pérdida del espacio público por el aumento de automóviles ocasiona que 9 de cada 10 accidentes viales se concentren en la ZMVM (STCONAPRA,2013). El 37% de estos ocurren en ejes viales y son principalmente colisiones y atropellamientos, lo que origina 20 mil muertes al año, 750 mil lesionados, 40 mil discapacidades. Esto se refleja en términos económicos con un costo anual de 120 millones de pesos para la zona metropolitana.
En vista de ello, la ZMVM necesita gestionar la movilidad de tal manera que implique proveer una mayor oferta de transporte público de calidad y facilitar el transporte no motorizado (bicicletas y caminar), para crear alternativas reales al uso del automóvil, ir recuperado el espacio público y hacerlo más seguro.
El caso de la ZMVM, es emblemático, porque, como se menciona anteriormente, cuenta con ciertas características que nos permitirán hacer un análisis específico de los impactos que tiene la propuesta que se describe a continuación. Para esta propuesta, se toma como ejemplo precisamente la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que esta cuenta con datos actualizados y desagregados que nos permiten hacer una cuantificación del impacto ambiental y social, por la sustitución de nuevas unidades de transporte público por los microbuses actuales.
El legislativo ha presentado diversas iniciativas para promover la compra de vehículos eléctricos en México, pero enfocado a la renovación de vehículos particulares. En este caso, la propuesta hecha a continuación se enfoca a exentar del IVA a la compra de vehículos automotores de transporte público de pasajeros con una tecnología EURO VI /EPA 10.
Este estándar tecnológico tiene beneficios importantes en reducción de contaminantes locales, principalmente material particulado (PMs 2.5 y 10); que son atrapados en los mecanismos postratamiento, como son los filtros de partículas (retrofit). Según datos del ICCT, una tecnología de EURO VI/EPA 10 puede reducir hasta en un 99 % las partículas y en un 90% la emisión de NOXs si se compara con una tecnología de EURO IV.
En ese sentido este proyecto no se limita sólo a la adquisición de nuevas unidades de transporte público eléctricas, sino que se da la oportunidad de exentar el IVA a otro tipo de tecnologías convencionales (Diésel, GNC) y no convencionales (híbridos, eléctricos, híbridos-eléctricos). Debido a que en el país, existe una diversidad de empresas de transporte y de corredores. Cada uno de ellas con sus condiciones de operación, ingresos, necesidades y capacidades diferenciadas.
No todas las empresas, ni todos los corredores pueden acceder a tecnologías de última generación, como es el caso de los eléctricos. Esto depende de si la ciudad cuenta con infraestructura para abastecer el combustible o la electricidad, si la empresa tiene personal capacitado para manejar, mantener los vehículos de última generación o si hay disponibilidad del combustible. Asimismo, vienen aparejadas otro tipo de condiciones, específicamente financieras. Existen empresas formalmente constituidas y otras que tienen concesiones únicas que no cuentan con garantías fiduciarias para acceder a créditos. Esta es una de las principales barreras para que el transporte público se renueve.
Por tanto, se deben tomar las siguientes consideraciones:
-Enfocarse sólo en los autos particulares no resuelve el problema de la congestión de las ciudades ni de la contaminación.
-Si se busca tener un mayor impacto social y ambiental es muy importante enfocarse en transporte público urbano, debido a que en México el 75% de la población se mueve en transporte público y el 25% de la población lo hace en un vehículo particular.
-De aprobarse esta iniciativa, se impactará de forma positiva a las empresas de transporte, pero también favorecerá las condiciones de los usuarios del transporte público.
-En México son pocos los incentivos que existen a nivel federal para promover una renovación de flota y el transportista busca el mayor beneficio, reducir los costos de operación, por lo que siempre es muy limitada la oferta de créditos e incentivos para los transportistas o las empresas.
Por otro lado, existe otra barrera para la promoción de tecnologías de última generación. Con base en una revisión que se hizo a la tecnología disponible en México para vehículos de transporte público urbano, se encontró que la disponibilidad depende mucho de las necesidades del mercado. En México, se ha estado enfocado en los últimos años a tecnologías que utilizan el diésel como combustible. Ya en los últimos años, se ha dado una penetración importante de otras tecnologías, como es el caso del gas natural; sin embargo, son pocas las armadoras que tienen a disposición inmediata unidades híbridas o eléctricas.
Otro de los temas importantes para la elección de las tecnologías tiene que ver con el costo, Actualmente, el precio de los combustibles, la depreciación del peso mexicano frente al dólar y la inflación, han impactado de forma directa en el valor de las unidades de transporte público, haciendo más difícil que las empresas de transporte o los transportistas puedan renovar de forma constante sus unidades. Los precios de los vehículos automotores varían por tipo de tecnología y esto es un factor de suma importancia para el consumidor final. La decisión depende, entre muchas otras cosas, de los costos de operación y de la rentabilidad de la empresa o transportista que desee hacer la renovación de su unidad o flotilla.
En ese sentido, también se suma a la decisión final del consumidor la disponibilidad del combustible o la infraestructura que se requiere para el funcionamiento de las unidades, como es el caso del GNC o de los eléctricos.
Por otro lado, en México no existe un marco legal actualizado que fomente y obligue a la industria automotora a vender dentro del territorio nacional tecnologías de alta calidad, como es el caso de los binomios EURO VI /EPA 10. En México la NOM 044 establece un estándar para vehículos pesados con tecnologías EURO IV/EPA7. La falta de actualización de la NOM 044 en los últimos diez años ha provocado un rezago importante frente a otros mercados internacionales de acceder a mejores y más eficientes tecnologías, limitando consigo los beneficios en calidad del aire y reducción de GEI.
Del mismo modo, la calidad de los combustibles, principalmente diésel, suma un grado de complejidad y atraso en materia de tecnologías de vehículos. En México hasta el 2015 se aprobó la NOM 016 que regula la calidad de los combustibles en México. Actualmente, las tecnologías vehiculares EUROV y VI, requieren de diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA), pero hoy sólo hay disponibilidad de éste en las principales ZM, la zona fronteriza y 11 corredores a lo largo del territorio nacional. Es hasta 2019 que se podrá contar con combustibles de ultra bajo azufre en todo el territorio nacional.
En ese sentido, son diversas las barreras que encontramos para promover la renovación de flota y principalmente en el sector transporte público. Es por eso que esta iniciativa podrá incentivar la renovación en un sector con altos beneficios sociales, ambientales y económicos.
La industria del transporte de vehículos pesados en México es la más grande en América Latina y ocupa el quinto lugar en el mundo, lo que la convierte en uno de los principales motores de la economía mexicana, pues en 2014 aportó el 5.9% del PIB, generó 1.8 millones de empleos directos a nivel nacional.23
A pesar de que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reportó un aumento en sus ventas el 12% anual desde 2009, la flota de vehículos pesados sigue siendo obsoleta dentro del país, debido a que han sobrepasado su edad promedio. Lo que implica una pérdida de eficiencia y la emisión de una mayor cantidad de contaminantes. Pero, incluso, los vehículos nuevos que se venden dentro del país tienen un bajo desempeño ambiental, ya que su regulación tiene un atraso de casi diez años frente a los estándares internacionales más actualizados de emisiones contaminantes: la norma estadounidense EPA 2013 y la norma europea EURO VI. Debido a ello, es necesario que las unidades que salen al mercado cumplan con estándares más estrictos. Con el fin de incentivar el avance tecnológico en los motores de combustión que ayuden a disminuir las emisiones de GEI y contaminantes causantes del cambio climático y de la mala calidad del aire.
Con base en lo anterior, las normas internacionales EURO VI y EPA 2010 tienen como principal objetivo reducir las emisiones de partículas en suspensión (PM) y de óxidos de nitrógeno (NOx), principal precursor del ozono, que se generan por la combustión de hidrocarburos, con una coerción estricta para los automóviles y vehículos comerciales, así como para los pesados que dependen del uso del diésel.
Prueba de ello es que, con respecto a la norma EURO V, los motores de ciclo diésel pasan de emitir un máximo de 2.0 gramos/kilowatt-hora (g/kWh) a entre 0.27- 0.4 (g/kWh) de óxidos de nitrógeno; mientras que en el caso de las PM fue de 0.03 g/kWh a 0.01 g/kWh.24
Si México hiciera el cambio tecnológico de los estándares actuales, EPA 2004 y EURO VI, a los anteriormente mencionados, implicaría una importante reducción en las emisiones de partículas y óxidos nitrosos.25 Una norma menor a la EURO VI y EPA 2010 sería muy laxa y tendría menores resultados.
El endurecimiento del marco normativo obliga a los fabricantes de vehículos a introducir tecnología más avanzada en los motores, además de los filtros de partículas que se establecieron con la EURO V. Algunas de las novedades que trae consigo la EURO VI es la introducción de catalizadores selectivos, también llamados SCR (Selective Catalytic Reduction ). Estos se caracterizan por tener un depósito de urea,26 tambíen llamada AdBlue, la cual se inyecta sobre los gases de escape, eliminando de forma efectiva los NOx. Debido a dicho sistema, este tipo de catalizador necesita de mantenimiento para recargar el AdBlue en cada revisión.27
Otro tipo de tecnología que se emplea son los catalizadores de NOx, cuya ventaja es que no requieren de mantenimiento periódico como el SCR, porque consta de un almacén que contiene elementos químicos, principalmente bario, que no permiten que los NOx salgan, actuando como un purificador. Una vez lleno el almacén, se cambia por uno nuevo para que siga operando.28
En el caso de México, armadoras nacionales han implementado las tecnologías antes mencionadas, entre otros, en sus unidades para cumplir con los estándares internacionales.
A continuación se presentan algunas empresas que cuentan con modelos de vehículos con combustión de diésel para transporte urbano que obedecen la norma EURO VI y EPA 2010.
Por tanto, la aprobación de esta propuesta traerá consigo una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales para la población. Un ejemplo significativo es que, si se sustituyeran 1000 unidades de transporte público a diésel con una certificación de EURO VI /EPA 10 en la ZMVM, se lograría chatarrizar alrededor de 2,500 microbuses con una edad promedio de 20 años, con lo cual se evitaría emitir alrededor de 71.2 toneladas de CO2e al año, además de la emisión de contaminantes del aire como partículas, contaminantes orgánicos volátiles y óxidos nitrosos (PM, COVs, NOX). También una reducción considerable en congestión y tiempo de trasladado. Al mismo tiempo que el transporte público se haría más atractivo provocando un cambio modal (personas que dejan de usar su vehículo particular para usar el transporte público).
En este sentido y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Único. Se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
j) Todas aquellas unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos que cumplan con las certificaciones de EURO VI/EPA 10-13, de tecnologías de combustión interna que utilicen diésel de ultra bajo azufre (DUBA) de 15ppm, gas natural comprimido (GNC), híbridos o eléctricos.
Único. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal inmediato a su aprobación, quedando sin efecto todas las normas vigentes que contravengan su aplicación.
1 Esto sin incluir las absorciones por las permanencias de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS). Consultado el 15/09/16. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013. Disponible en línea en:
http://www.inecc.gob.mx/cclimatico/INVENTARIO_INEGEI/Inventario%20Nacional
%20de%20Gases%20y%20Compuestos%20de%20Efecto%20Invernadero%202013.pdf. Consultado el 15/09/16.
2 INECC y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México. 2015. Pp: 66-67. Disponible en línea en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2015_bur_mexico_low_resolu tion.pdf. Consultado el 15/09/16.
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Índice de motorización por entidad federativa, 2000 a 2014, en línea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb137&s=e st&c=21690, consultado el 19 de enero del 2016. Véase también, ONU Hábitat, Reporte Nacional de Movilidad 2014 -2015, en línea:http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20U rbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf, consultado el 12 de enero de 2017.
5 ONU Hábitat, op. cit. Véase también, Stephanie Ochoa, Crecimiento vehicular supera al de población , en línea:
http://www.milenio.com/region/Crecimiento-vehicular-supera-poblacion-Movilidad-Urbana-Mexico
-congestion-vial_0_505149527.html, consultado 19 de enero de 2017.
7 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Elaboración el Invernadero Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles para México 2013 y proyección 2030 mediante el uso del modelo Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES), en línea: http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_inf_fin_moves.pdf, consultado el 23 de enero del 2017. Véase también, Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México, La importancia de reducción del uso del automóvil en México , en línea:
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/
Importancia-de-reduccion-de-uso-del-auto.pdf, consultado el 23 de enero del 2017.
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Costos totales por agotamiento y degradación en 2015 , en línea:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/, consultado el 19 de enero de 2017.
9 http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/06/
Oportunidades-calidad-del-aire-y-salud-para-ZMVM-final_LeonoraRojas.pdf
10 World Health Organization, Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease .
11 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_Distribucion_Territor ial_de_la_Poblacion, consultado el 24 de enero de 2017.
12 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Delimitacion_zonas_metropolitanas_20 10_Capitulos_I_a_IV, consultado, 24 de enero del 2017.
13 La superficie de rodamiento hace referencia a la superficie de suelo que ocupa un auto de manera estática.
14http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4 /MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=13159, consultado el 24 de enero de 2017.
15 http://www.oecd.org/mexico/presentacion-del-estudio-territorial-del-val le-de-mexico.htm, consultado el 24 de enero del 2017.
16 Encuesta origen-destino 2007.
17 http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20
Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf,
19 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/19/en-2020-el-parque-vehicul ar-llegaria-a-7-5-millones-de-autos-en-df-preven-5268.html, consultado el 24 de enero del 2017.
20 Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Inventario de Emisiones de la Ciudad de México , en línea:
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/
inventario-emisiones-cdmx2014-2/IE-CDMX-2014.pdf, consultado el 12 de enero de 2017.
21 Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Inventario de Emisiones de la Ciudad de México , en línea:
22 Luis Alberto Alonso, “Acabó vida útil de 90% de microbuses y aún circulan ”, en línea: http://www.razon.com.mx/spip.php?article311183, consultado el 12 de enero de 2017.
23 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/2015 Nuevos_camiones_menos_contaminantes-Documento.pdf,
24 http://www.indicadorautomotriz.com.mx/fabricaweb/wp-content/uploads/oct ubre2014.pdf
25 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/2015-Nuevos_camiones_meno s_contaminantes-Documento.pdf
26 Compuesto orgánico blanco y cristalino que contiene alto contenido en nitrógeno.
27 http://www.diariomotor.com/2015/09/14/normativa-euro6/,
28 http://www.km77.com/marcas/volkswagen/lupo_01/fsi/0primera/sumario2.asp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2017
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6o., fracción I y 77, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente:
En medio del clamor popular por disminuir los gastos innecesarios de los tres poderes en los tres niveles de gobierno, es necesario tomar medidas que puedan llevar a un uso eficiente del gasto público, generando importantes ahorros que pueden ser utilizados en inversión o en temas que sean productivos para la sociedad en general.
En ese sentido, es que propongo disminuir en más de 50 por ciento las comisiones legislativas del Congreso, es decir, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, con la finalidad de que esos recursos puedan ser utilizados de manera más eficiente, logrando los mismos resultados de dictamen que tenemos hoy día.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, las comisiones son grupos u órganos de trabajo constituidos por el pleno de las Cámaras e integradas por legisladores de los grupos parlamentarios con representación en cada una de ellas; las cuales tienen la finalidad de estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son turnados por los órganos de dirección de la Cámara a la que pertenecen para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o dictámenes que eventualmente serán discutidos en el pleno cameral.1
Las comisiones fomentan la organización, especialización y distribución del trabajo parlamentario y pueden ser de distintos tipos, a saber: ordinarias, extraordinarias, especiales, de investigación, bicamarales, jurisdiccionales, grupos de trabajo, grupos de amistad y parlamentos internacionales.2
3. Comisiones ordinarias
Las comisiones ordinarias son órganos permanentes de trabajo de las Cámaras que tienen a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y se encargan del análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia. También llevan a cabo tareas de información y control evaluatorio y su competencia se corresponde, en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público.3
Las comisiones ordinarias están obligadas por la normatividad interna del Congreso a diseñar un programa anual de trabajo, el cual deberá ser avalado dentro de los dos primeros meses del primer año de ejercicio de la legislatura, y dentro del primer mes de los años segundo y tercero. Además, deberán presentar dos tipos de informes de actividades ante el pleno: uno semestral, y otro final, que abarcará los tres años de gestión.4
Asimismo, las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.5
4. Comisiones especiales
Son grupos de trabajo acordados al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de alguna de las Cámaras del Congreso y aprobados por el pleno, con el objetivo de realizar investigaciones y analizar algún asunto específico que se le encomienda. Es importante destacar, que a diferencia de las comisiones ordinarias, en ningún caso están facultadas para emitir dictámenes. Las comisiones especiales llevan a cabo su trabajo, dan a conocer al pleno los resolutivos del tema para el que fueron creadas y se extinguen tras haber cumplido con sus objetivos.6
De conformidad con la legislación sustantiva del Congreso, el número de comisiones especiales no pueden exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias, de las que actualmente existen 52, razón por la que el número máximo de comisiones especiales que deberían existir es de 26.7
No obstante lo anterior, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, consideró prudente en razón del cúmulo de asuntos específicos que deben atenderse durante la LXIII Legislatura, crear 42 comisiones especiales, es decir 16 adicionales a lo permitido por la ley.8
Desde prácticamente el inicio de la actual legislatura se encuentra instalada la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, a las que habrán de sumarse las 42 nuevas, para dar un total de 43 comisiones especiales.
Adicional a lo anterior, es menester decir que en no pocos casos, las comisiones especiales podrían no existir, ello en virtud de que la mayoría de los asuntos bien podrían ser tratados por una comisión dictaminadora, lo cual, dicho sea de paso, da mayor peso e importancia al asunto del que se trate.9
5. Jurisdiccionales
La Comisión Jurisdiccional es el órgano legislativo que tiene por objeto intervenir en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, a través de la figura conocida como Juicio Político.
Las funciones de control político de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara de Diputados se llevan a cabo a través de la Sección Instructora, cuya principal función consiste en analizar y recabar las pruebas para declarar o no que ha lugar para proceder en contra de un funcionario público, por las conductas establecidas en la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.10
La función de control político-jurídico en el Senado, lo realiza la Comisión Jurisdiccional a través de la Sección de Enjuiciamiento, la cual propone la sanción en contra del servidor público y el fundamento legal empleado para ello. El Senado se erige en Jurado de Sentencia para decidir sobre la responsabilidad del servidor público enjuiciado.11
Como veremos un poco más adelante, esta es una de las comisiones más ociosas y que no justifican su existencia como tal, al no tener absolutamente ningún asunto turnado además de sólo ser una especie de “pool” para elegir de entre sus integrantes a la Sección Instructora.
En virtud de lo vertido con anterioridad, proponemos sustituir a la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados y únicamente tener una Sección Instructora que se encargue de substanciar los procedimientos correspondientes.
6. Falta la Comisión de Asuntos Político-Electorales
El transitar de México hacia un sistema político democrático, ha sido un proceso gradual que comenzó con las diversas reformas constitucionales y legales de carácter político-electoral. Es preciso reconocer que si bien, no existen instituciones perfectas, se debe transitar de un sistema que busque minimizar e incluso eliminar las barreras entre un régimen político cerrado, a uno que genere y garantice los derechos políticos de los ciudadanos. Es por ello que desde 1947 nuestro país ha transitado por varias reformas que han buscado precisamente la apertura del sistema, retomando al doctor Emilio Rabasa en su texto Las reformas constitucionales en materia político-electoral, el transitar de México a un régimen democrático ha sido un proceso largo y progresivo . Este avance democrático ha llevado “alrededor de cuarenta reformas”12 electorales, de las cuales el Partido Acción Nacional fue y seguirá siendo un actor fundamental para la consolidación de un México democrático.
Hemos podido ver en el transitar de los años, cómo las diversas modificaciones realizadas en el ámbito político-electoral, han abierto muchos espacios para diferentes sectores de la sociedad mexicana, principalmente las mujeres, jóvenes y candidatos independientes. Estas reformas se han caracterizado por ser progresivas y vincular de esta forma en mayor medida a la ciudadanía. Pero la finalidad no sólo se limitaba a que la ciudadanía estuviera inmersa en el proceso, sino que la misma ciudadanía pudiera buscar y proponer nuevas formas de representación, se buscaba pasar de un modelo pasivo a uno activo, en pro de la ciudadanización en los procesos electorales; dichas modificaciones tenían el objetivo de garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos y al mismo tiempo, diseñar y actualizar los marcos jurídicos de las instituciones que se encargan de asegurar el ejercicio de esos derechos.
Las modificaciones político-electorales, así como la realidad del país, nos permiten fijar nuevas metas en materia electoral, encaminadas a fortalecer la inclusión del ciudadano en los procesos electorales, así como la consolidación de la participación ciudadana como eje rector del progreso democrático. Si bien es cierto, las reformas en esta materia son constantes, es preciso señalar que la realidad social que vivimos es cambiante y dinámico; por ello es fundamental que el marco jurídico que se encarga de regularla, se encuentre acorde con las disposiciones internacionales en materia de derechos fundamentales y al mismo tiempo, que sean diseñadas de acuerdo a la realidad que vive nuestro país.
Del proceso electoral de 2015, se generaron nuevos aprendizajes que nos permiten prospectar diversas modificaciones a la legislación en materia electoral.
Existen varios pendientes en la materia para lograr elecciones más transparentes, mayor participación de la ciudadanía, pero sobre todo una mayor equidad en la disputa electoral, teniendo en cuenta que actualmente la legislación en la materia ha incluido a nuevos actores, los cuales también gozan de derechos y obligaciones.
Es menester mencionar que la importancia de esta Comisión Ordinaria de Asuntos Político Electorales, radica en la constante innovación en materia electoral, lo que obliga a que el trabajo legislativo sea constante y permita adecuar los nuevos valores democráticos ciudadanos a la legislación vigente.
7. Evaluación de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, durante el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura
Mediante el oficio STE-104/16, le pedí a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, me informara del tope presupuestal de cada una de las comisiones ordinarias, especiales y de investigación para la presente legislatura, resultando lo siguiente:
Lo anterior, sin contar los sueldos de secretarios técnicos de las comisiones quienes ganan $38,990.00 al mes, aunado a los asesores tipo A, de los cuales hay dos por comisión, quienes ganan $35,520.00 al mes, más los asesores tipo B que perciben $28,543.10 por mes y los asistentes legislativos quienes cobran $21,000.00 por mes.
Un diputado presidente de comisión, cuenta con un secretario técnico, un asesor B, dos asesores A y un asistente legislativo, lo cual significa un gasto total de $159,573.10 en empleados para el legislador que encabeza la comisión, más los $51,000.00 mensuales de gastos de operación, fondo fijo y vales de alimentos de la comisión, refleja un gasto fijo de $210,573.10 mensuales, más el costo que tiene cada uno de los diputados secretarios de cada comisión, quienes tienen el derecho de designar un asesor tipo B; por lo que para obtener el gasto mensual de la comisión, debe sumarse esta cantidad, a los $28,543.10 que representa cada uno de los diputados secretarios de la instancia dictaminadora.
Lo anterior arroja un gasto innecesario para la Cámara de Diputados en las comisiones ordinarias de 28 millones 574 mil 805 pesos con 50 centavos mensuales, lo cual arroja un total de 342 millones 897 mil 666 pesos al año en gastos de las comisiones ordinarias, lo anterior sin contemplar el gasto de las comisiones especiales, de investigación y grupos de trabajo y amistad.
Por otro lado, por medio del oficio STE-121/16, le fue solicitado a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados, el número de turnos que ha tenido cada una de las comisiones dictaminadoras.
Es una sinrazón pretender tener comisiones ordinarias, dictaminadoras de materias, que por un lado pueden ser absorbidas por otra comisión y, por otro, sólo generan gastos innecesarios a este órgano legislativo.
Desde mi punto de vista, es posible disminuir el número de comisiones, utilizando los criterios de, por un lado la cantidad de asuntos turnados y por otro, el ser comisiones espejo de la administración pública federal.
En el caso de la actual Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, considero es viable, por tratarse de la comisión espejo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fusionar con ésta, las comisiones de Pesca y Ganadería, con la finalidad de que la nueva “Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Sistemas de Riego” atienda los asuntos legislativos relativos a la dependencia y se traten ahí todos los temas relativos a dichas actividades primarias, contemplando que las comisiones de pesca y ganadería durante el primer año de la legislatura tuvieron pocos turnos asignados, resulta pertinente que de las tres, la que tiene mayor cantidad de turnos, absorba a las otras dos. La fusión de estas tres comisiones en caso de aprobarse, representa una reducción anual de 11 millones 561 mil 581 pesos con 20 centavos.
En lo tocante a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, considero pertinente que por tratarse de un tema tan importante y nodal como lo es el agua, se cuente con una comisión encargada, sin embargo, también creo que en aras de abonar a la eficiencia presupuestal, se debe fusionar esta comisión que ha tenido pocos turnos durante el primer año legislativo, con la de Recursos Hidráulicos, creando la “Comisión del Agua”, permitiendo un ahorro anual de 5 millones 952 mil 49 pesos con 20 centavos.
En lo relativo a las Comisiones de Asuntos de la Frontera Norte y Sur-Sureste, considero pueden ser eliminadas en su totalidad y sus asuntos pasar a las comisiones de migración, economía o la que sea competente en razón de la materia de la iniciativa o punto de acuerdo que se trate, ya que en todo un año, solo les fueron turnadas entre las dos comisiones, cinco asuntos, lo cual da noción de la escasa carga laboral de esta instancia legislativa cuya la eliminación traería un ahorro anual de 11 millones 219 mil 64 pesos.
Adicionalmente, propongo que la Comisión de Asuntos Indígenas se fusione con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en virtud de que los indígenas han sido históricamente uno de los grupos de mayor vulnerabilidad social en nuestro país, aunado a la escasa carga legislativa que ha tenido la comisión durante el año, veo pertinente integrar los asuntos de esta instancia legislativa con la comisión antes dicha, lo cual resultaría en un ahorro anual de 6 millones 637 mil 83 pesos con 60 centavos.
Por otro lado, considero que los asuntos de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Seguridad Pública, Población, Protección Civil y Radio y Televisión, deben integrarse a la Comisión de Gobernación, en virtud de que las materias que manejan las comisiones antes citadas, son manejadas en la administración pública federal por la Secretaría de Gobernación y carece de sentido tener más comisiones espejo para una sola dependencia federal. El integrar los asuntos de estas comisiones legislativas en una sola, la de Gobernación, permitirá un ahorro anual de 27 millones 705 mil 142 pesos con 80 centavos.
En lo relativo a la Comisión de Cambio Climático, considero pertinente traspasar sus asuntos a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual es la comisión espejo de la administración pública federal y atiende los problemas de cambio climático que enfrenta nuestro país. Al integrar estas comisiones, se logrará un ahorro por año de 5 millones 267 mil 5 pesos con 20 centavos.
Por otra parte, considero pertinente que la Comisión de Ciencia y Tecnología se fusione con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en virtud de que el área de la administración pública federal encargada de atender estos temas es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, integrante del Sector Educativo de nuestro país; aunado a que la comisión en comento tuvo pocos asuntos turnados durante el primer año de ejercicio de la presente legislatura. El fusionar estas comisiones, traería un ahorro anual de 5 millones 952 mil 49 pesos con 20 centavos.
En lo tocante a la Comisión de la Ciudad de México, considero que podría eliminarse, ya que a partir de la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México y la eventual aprobación de la Constitución de la ciudad, la mayoría de los asuntos de dicha comisión, son materia únicamente de punto de acuerdo y bien pueden ser atendidos por las comisiones dictaminadoras del tema que verse el punto de acuerdo; el eliminar esta comisión podría traer un ahorro anual de 6 millones 294 mil 566 pesos con 40 centavos.
Asimismo tenemos la Comisión de Competitividad, la cual tuvo únicamente 13 asuntos turnados y cuyos asuntos pueden integrarse por efectos de sectorización a la Comisión de Economía trayendo un ahorro anual de 5 millones 952 mil 49 pesos con 20 centavos.
Adicionalmente, tenemos la Comisión de Comunicaciones que tuvo únicamente 9 asuntos turnados durante el primer año de ejercicio de la presente legislatura y que por efectos de sectorización, podría unirse con la Comisión de Transportes a efecto de crear una nueva instancia legislativa, la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que dicho sea de paso, sería comisión espejo de la dependencia que se encuentra en la administración pública federal, trayendo un ahorro anual de 6 millones 294 mil 566 pesos con 40 centavos.
En ese mismo tenor, se propone que las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina, se integren en una sola Comisión de Defensa y Marina Nacional, derivado de que por un lado, ambas comisiones tuvieron pocos turnos durante el primer año de ejercicio de la legislatura y, por otro, existen muchas coincidencias en diversos aspectos de la vida consuetudinaria del Ejército y la Armada de México, lo cual podría volver viable que una sola instancia legislativa atienda los asuntos de índole castrense; lo cual traería un ahorro de 5 millones 609 mil 532 pesos anuales.
En lo tocante a la Comisión de Deporte, se propone juntar sus asuntos con la Comisión de Juventud, tal cual se hace ya mismo en varios congresos estatales, con la finalidad de que se logre crear una Comisión de Juventud y Deporte, aprovechando la ventaja comparativa de que ninguna de las comisiones sufre de una carga laboral excesiva y perfectamente podrían absorber las funciones de dictamen en una sola, logrando un ahorro de 5 millones 609 mil 532. Ejemplo de que es posible hacerlo en la Cámara de Diputados, son diversos congresos estatales y a nivel federal el Senado de la República.
En lo que respecta a las Comisiones de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez, se propone fusionarla con la comisión de Derechos Humanos, en virtud de que tanto los niños, las mujeres y los hombres, no dejan de ser humanos y gozar de los mismos derechos y garantías que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, fusionando estas comisiones, se puede lograr un ahorro anual de $12 millones 931 mil 650 pesos. En todo caso, se sugiere abrir subcomisiones de los temas que por su relevancia se estimen convenientes.
Estimamos conveniente que la Comisión de Desarrollo Social absorba a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en virtud de que el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), recientemente fue sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, cuya comisión espejo es justamente la de Desarrollo Social, razón por la que carece de sentido tener otra comisión al respecto, representando un ahorro anual de al menos 5 millones 952 mil 48 pesos.
En lo relativo a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, se propone integrar esta comisión con las de Desarrollo Rural, Desarrollo Municipal, Desarrollo Metropolitano, Reforma Agraria y Vivienda en virtud de que la labor que realizan dichas comisiones, constituyen el ser las comisiones espejo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual maneja los temas de vivienda, reforma agraria y desarrollo del campo y en ciudades, por lo que se propone crear la Comisión de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo cual conllevaría a un ahorro anual de 29 millones 724 mil 246 pesos.
Se propone eliminar la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, derivado de la baja carga laboral con la que cuenta, lo cual provocaría que sus asuntos turnados fueran asignados a otra instancia dictaminadora y devendría en un ahorro anual de 4 millones 924 mil 497 con 60 centavos.
Por lo que hace a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se propone que ésta absorba a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, derivado de que las funciones principales de la segunda, en la rama ejecutiva se encuentran adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta fusión generaría un ahorro aproximado anual de 8 millones 692 mil 222 con 80 centavos.
En lo relativo a la Comisión de Infraestructura, se propone turnar sus asuntos ya sea a la Comisión de Comunicaciones y Transportes o a la Comisión de Economía, en los que cada una de las instancias legislativas pudiese ser competente, trayendo un ahorro anual de 6 millones 637 mil 83 pesos con 60 centavos.
También se propone integrar para efectos de dictamen a las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, derivado de que el sector de la seguridad social pertenece al sector salud y eventualmente podrían constituir la Comisión de Salud y Seguridad Social, aunado a que en este caso en particular, algunos asuntos por su propia y especial naturaleza podrían ser turnados a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, o a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano e incluso a la de Hacienda y Crédito Público, trayendo un ahorro a las finanzas de este órgano legislativo de 6 millones 637 mil 83 pesos con 60 centavos.
En lo que hace a las Comisiones de Cultura y Cinematografía, Energía, Justicia, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de Trabajo y Previsión Social, Turismo, de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, no se pueden integrar sus asuntos a otra comisión dictaminadora y sus funciones son importantes para efectos de la modificación de los marcos normativos en sus respectivas materias y sería contraproducente eliminarlas.
En contraste con la eliminación y fusión de las comisiones antes referidas, se propone crear la Comisión de Asuntos Político-Electorales, en virtud de que por un lado, las normas de índole electoral son de las que sufren mayor número de modificaciones legislativas en el Congreso, aunado a que en varios de los órganos legislativos locales, sí existe una comisión de esta naturaleza para atender dichos cambios legales.
Actualmente, los asuntos de esta índole son turnados eminentemente a la Comisión de Gobernación o a la Comisión de Puntos Constitucionales, las cuales no son enteramente competentes para atender esta clase de asuntos. Salta a la vista que las diversas modificaciones realizadas en el ámbito político-electoral, han abierto muchos espacios para diferentes sectores de la sociedad mexicana, principalmente las mujeres, jóvenes y candidatos independientes. Estas reformas se han caracterizado por ser progresivas y vincular de esta forma en mayor medida a la ciudadanía. Pero la finalidad no sólo se limitaba a que la ciudadanía estuviera inmersa en el proceso, sino que la misma ciudadanía pudiera buscar y proponer nuevas formas de representación, se buscaba pasar de un modelo pasivo a uno activo, en pro de la ciudadanización en los procesos electorales; dichas modificaciones tenían el objetivo de garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos y al mismo tiempo, diseñar y actualizar los marcos jurídicos de las instituciones que se encargan de asegurar el ejercicio de esos derechos.
Las modificaciones político-electorales que hemos mencionado anteriormente, así como la realidad del país, nos permiten fijar nuevas metas en materia electoral, encaminadas a fortalecer la inclusión del ciudadano en los procesos electorales, así como la consolidación de la participación ciudadana como eje rector del progreso democrático. Si bien es cierto, las reformas en esta materia son constantes, es preciso señalar que la realidad social que vivimos es cambiante y dinámico; por ello es fundamental que el marco jurídico que se encarga de regularla, se encuentre acorde con las disposiciones internacionales en materia de derechos fundamentales y al mismo tiempo, que sean diseñadas de acuerdo a la realidad que vive nuestro país.
El integrar esta comisión podría representar un gasto anual aproximado de 5 millones 952 mil 049 pesos con 20 centavos.
La conformación actual de las comisiones ordinarias, refleja un gasto anual aproximado de 28 millones 574 mil 805 con 50 centavos, resultando en una erogación anual de 342 millones 897 mil 666 pesos, los cuales podrían reducirse en más de 50 por ciento, al ahorrarse más de 175 millones de pesos anuales, reduciendo el número de comisiones y únicamente dejar las siguientes:
Por otro lado, el eliminar las comisiones especiales que podrían ser absorbidas por una comisión dictaminadora, podría traer un ahorro los 32 mil 500 pesos de recursos que administra la comisión, más los 38 mil 900 pesos que cobra su secretario técnico, resultan 71 mil 400 pesos mensuales, que multiplicados por las 42 comisiones especiales cuyos asuntos pueden ser absorbidos por una ordinaria, nos resulta en un ahorro mensual de 2 millones 998 mil 800 pesos y anual de 35 millones 985 mil 600 pesos.
Aunado a lo anterior, se propone eliminar los comités de los cinco centros de estudios con los que cuenta la Cámara de Diputados, lo cual representa una erogación mensual similar a la de una comisión especial, la cual es de 71 mil 400 pesos mensuales, que multiplicados por los cinco comités cuyos asuntos pueden ser atendidos por el mismo centro de estudios, nos resulta en un ahorro mensual de 357 mil pesos y anual de 4 millones 284 mil pesos.
Por último, vale la pena destacar que el ahorro descrito en la presente iniciativa, contempla a las comisiones de la Cámara de Diputados, sin embargo, de hacerse el mismo ejercicio de austeridad y responsabilidad en el gasto público en el Senado de la República, se podría lograr un ahorro mucho más sustancial, debido a que además de las mismas comisiones que existen en la Cámara de Diputados, en el Senado tienen comisiones extra que también pueden ser absorbidas por otra o bien, fusionadas de la siguiente manera:
Se puede hacer la misma fusión de comisiones en los temas similares a las de la Cámara de Diputados, con la finalidad de crear instancias legislativas espejo tanto en la Cámara de origen como en la revisora, eliminando comisiones como la de Autosuficiencia Alimentaria que puede ser absorbida por la de Agricultura, Ganadería, Pesca, Sistemas de Riego y Autosuficiencia Alimentaria.
Por otro lado, la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, puede subsumirse en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (actualmente Reglamentos y Prácticas Parlamentarias) del Senado de la República.
Respecto a la Comisión contra la Trata de Personas, considero que los asuntos de esta comisión pueden ser atendidos por la Comisión de Derechos Humanos y por la Comisión de Justicia en los asuntos que cada una pudiere ser competente.
La Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, al igual que en la Cámara de Diputados, puede ser absorbida por la Comisión de Derechos Humanos.
La Comisión de Desarrollo Regional puede ser absorbida por la Comisión de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano y Vivienda, en la que pueden insertarse otras comisiones para homologar sus funciones con respecto a lo dicho páginas antes en lo tocante a las instancias legislativas de la Cámara de Diputados.
Mención aparte merecen las Comisiones de Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda que no tienen razón alguna de ser, en virtud de que los asuntos que le son asignados, perfectamente pueden ser asignados a otra comisión dictaminadora.
En el caso de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, considero que puede ser absorbida por la Comisión de Derechos Humanos.
La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, puede ser absorbida por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República, tal cual se hace en la Cámara de Diputados con la medalla Eduardo Neri, que no tiene una comisión aparte.
En el caso de la Comisión de Reforma del Estado derivado de la baja carga laboral con la que cuenta, puede ser eliminada, provocando que sus asuntos turnados fueran asignados a otra instancia dictaminadora competente según la materia.
Otro caso destacado es la existencia de 8 comisiones en el Senado de la República que atienden los temas relacionados con la agenda de nuestro país en materia internacional, razón por la que sugerimos eliminar las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores Europa, de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales y de Relaciones Exteriores África y dejar únicamente en funciones a la Comisión de Relaciones Exteriores.
a) Es obvio que por el número de turnos que tienen algunas comisiones, su existencia es altamente improductiva.
b) En el caso del Senado de la República, destaca la existencia de Comisiones como “Estudios Legislativos”, “Estudios Legislativos Primera” y “Estudios Legislativos Segunda”, las cuales tienen asuntos turnados que bien pueden ser asignados a otra dictaminadora y ahorrar los recursos erogados por esas tres comisiones.
c) También en el Senado de la República, resulta poco eficiente, tener una Comisión de Relaciones Exteriores y siete comisiones más, para cada uno de los temas que la colegisladora considera prioritarios como lo es el vínculo con América del Norte, América Latina, la región Asia-Pacífico, Europa, África y con organismos internacionales y organismos no gubernamentales.
d) Es evidente que en el contexto de austeridad económica en que se debe encontrar todo el sector público, debemos intentar recortar la mayor cantidad de gastos posibles, máxime, si existen otras instancias con la capacidad de atender los asuntos de las instancias que se pretende desaparecer o fusionar y que no se perdería en lo absoluto la eficiencia del poder legislativo federal.
e) La existencia de la mayoría de las comisiones especiales aprobadas para esta legislatura, realmente son innecesarias por un lado y contrarias al espíritu que debe privar en las comisiones especiales, es decir, no empalmar su competencia con la de las comisiones ordinarias.
f) Al existir 43 comisiones especiales aprobadas para la presente legislatura, se está excediendo en 17 el número permitido por el Reglamento de la Cámara de Diputados.
g) Se debe crear una Comisión de Asuntos Político-Electorales que atienda los cambios normativos que se hacen constantemente a los ordenamientos electorales.
h) La Comisión Jurisdiccional, bien puede ser sustituida por la Sección Instructora, que es la que realmente substancia el proceso contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
i) Al existir únicamente 26 comisiones ordinarias y eliminar las comisiones especiales que emparejan su competencia a una comisión dictaminadora, estaríamos ahorrando más de 175 millones de pesos anuales, lo cual quizás podría resultar insignificante respecto del presupuesto de esta Cámara, pero son recursos que bien podrían destinarse a cubrir otras necesidades, ya sea del Congreso o de los ciudadanos y que podrían aumentar si el Senado de la República decidiera hacer lo propio.
j) Los números aportados durante la exposición de motivos explican lo sucedido en la Cámara de Diputados, lo cual significa que si se contempla el ahorro que podría tener el Senado de la República en caso de aplicar los mismos recortes, aunado a los sugeridos ad-hoc para la colegisladora, sin duda alguna se logrará un monto mucho mayor.
k) Las cifras de ahorro por comisión, no contemplan los pagos por concepto de aguinaldo, liquidaciones, vacaciones, pasivo laboral o cualquier otro concepto extraordinario o para viáticos de los diputados, los cuales deben ser autorizados por la Junta de Coordinación Política.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por la que se reforman los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados
Primero . Se reforman los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:
I. Agricultura, Ganadería, Pesca y Sistemas de Riego;
III. Asuntos Político-Electorales
IV. Atención a Grupos Vulnerables;
V. Comunicaciones y Transportes;
VI. Cultura, Cinematografía, Radio y Televisión;
VII. Defensa y Marina Nacional;
IX. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
X. Desarrollo Social;
XI. Economía;
XII. Educación Pública, Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología;
XIII. Energía;
XIV. Gobernación;
XV. Hacienda y Crédito Público;
XVI. Justicia;
XVII. Juventud y Deporte;
XVIII. Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XIX. Puntos Constitucionales;
XX. Relaciones Exteriores;
XXI. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;
XXII. Salud;
XXIII. Seguridad Social;
XXIV. Trabajo y Previsión Social;
XXV. Transparencia y Anticorrupción, y
XXVI. Turismo.
3. La Comisión de Ciudad de México tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara previstas en el apartado A del artículo 122 constitucional.
5. La Sección Instructora se integrará por un diputado de cada grupo parlamentario, y se encargará de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
2. El número de comisiones especiales se determinará en el reglamento de cada Cámara.
Segundo. Se reforma el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:
3. Las comisiones especiales contarán con el número de integrantes que acuerde la Junta de Coordinación Política, y conformarán la junta directiva un presidente y tres secretarios.
Segundo. Las comisiones ordinarias instaladas durante la presente legislatura, continuarán con sus labores de dictamen hasta el fin de la misma.
Tercero. La Comisión de Asuntos Político Electorales habrá de constituirse al día siguiente de aprobado el presente decreto.
Cuarto. El Senado de la República cuenta con un plazo de 180 días naturales para efectuar las modificaciones a su reglamento con la finalidad de homologar su listado de comisiones con el de la Cámara de Diputados.
Quinto. A partir de la LXIV Legislatura, quedarán integradas las comisiones conforme al presente decreto.
Sexto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
1 Sistema de Información Legislativa (SIL). (2016). Diccionario de Términos Parlamentarios. Junio, 2016, de Secretaría de Gobernación Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=36
2 Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Junio, 2016, Sitio web: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/003_comisiones
3 Sistema de Información Legislativa (SIL). (2016). Diccionario de Términos Parlamentarios. Junio, 2016, de Secretaría de Gobernación Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=43
4 Berlín Valenzuela, Francisco, Diccionario de Términos Parlamentarios, 1997.
5 Artículo 39 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
6 Sistema de Información Legislativa (SIL). (2016). Diccionario de Términos Parlamentarios. Junio, 2016, de Secretaría de Gobernación Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=40
7 Artículo 205 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
8 Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Junio, 2016, Gaceta Parlamentaria. Sitio web:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/20160429- XIX.pdf
9 Artículo 205 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
10 Artículos 108-114 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y arts. 40, 45, 85, 90 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
11 Sistema de Información Legislativa (SIL). (2016). Diccionario de Términos Parlamentarios. Junio, 2016, de Secretaría de Gobernación Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=41
12 Emilio Rabasa Gamboa. (2012). Las reformas constitucionales en materia político-electoral. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, p. 48
La que suscribe, María del Rosario Rodríguez Rubio, diputada a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar el procedimiento de extinción y liquidación de la Lotería Nacional, con base en la siguiente
La Lotería Nacional (Lotenal) se creó el 20 de agosto de 1920 por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se le denominó “Lotería Nacional para la Beneficencia Pública”. Posteriormente, con la publicación del Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1940, la institución cambiaría de nombre a “Lotería Nacional Para la Asistencia Pública”.1
Actualmente, la Lotenal es un organismo descentralizado de la administración pública federal sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, normada por la Ley Orgánica de la Lotería Nacional y su reglamento. La Lotenal tiene personalidad jurídica y patrimonio propios.2
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, el objetivo principal de la Lotenal es la obtención de recursos financieros para destinarlos a la asistencia pública, los cuales obtiene a través de la celebración de sorteos con premios que se pagan en efectivo y basados en los billetes que adquieren los concursantes.
En teoría, la Lotenal ya que ha deducido el monto de los premios, reintegros, comisiones, donativos y gastos de operación, así como el importe asignado para constituir e incrementar las reservas y garantías para el funcionamiento de la entidad, los recursos restantes son enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su objetivo específico: actividades encaminadas a la protección ecológica, prevención y rehabilitación de la salud pública, así como al equipamiento, dotación de instrumental y prótesis para los centros de salud que atiendan a la población no amparada bajo el régimen de seguridad social.
Desafortunadamente se tiene registro que desde 2009, la Lotenal no ha cumplido el principal objetivo, ya que desde ese año dejó de tener ganancias y, como consecuencia, de aportar a la federación para la asistencia pública. Contrariamente a lo que indica el objetivo primordial, la Lotenal ha recibido dinero de la federación en los últimos años.
El último análisis de la Cuenta Pública de 2015, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, en 2015 no registró utilidades, por el contrario tuvo un déficit de 566.4 millones de pesos, por lo que el gobierno federal le transfirió 527.6 millones de pesos. La pérdida total al cierre del ejercicio fiscal de ese año fue de 38.8 millones de pesos. Ello significa que la Lotenal no ha aportado recursos para la asistencia pública, por lo que no ha cumplido con el objetivo de su creación.3
La Auditoría Superior de la Federación señaló que los factores que han afectado a la Lotenal en las utilidades, ha sido la baja de ventas y los gastos de operación. Ese año, la Lotería ejerció 2 mil 205.8 millones de pesos por costos de operación, 18.2 por ciento más que lo presupuestado originalmente para ese rubro, mil 866.9 millones de pesos.4
La Ley de Federal de las Entidades Paraestatales establece en el artículo 16 que cuando un organismo creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél.5
En vista de que efectivamente la Lotenal ya no cumple sus fines y objeto, y su funcionamiento tampoco resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional; se propone el presente punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar el procedimiento de extinción y liquidación de la Lotería Nacional.
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar el procedimiento de extinción y liquidación de la Lotería Nacional, pues ya no cumple su objetivo principal, establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.
1 Véase http://www.lotenal.gob.mx/es/historia
2 Véase Ley Orgánica de la Lotería Nacional.
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0090_a.pdf Página 9.
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0090_a.pdf Página 10.
5 Véase Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2017.
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, al tenor de los siguientes
Que en nuestro país, los delitos de homicidio doloso y el de robo con violencia a bordo de transporte público, son considerados como delitos de alto impacto.
Que por delitos de alto impacto se entienden todos aquellos hechos delictivos que afectan de manera principal a la ciudadanía.1
Que los delitos de alto impacto pueden variar dependiendo del país y su sociedad, en términos generales se dividen en dos grandes rubros, a saber, aquellos delitos contra la vida y la integridad de las personas y los que atentan contra el patrimonio.2
Que en México, se consideran delitos de alto impacto los siguientes:
• Robo de vehículos.
Que la Ciudad de México registró en los primeros once meses de 2016 casi 165 mil denuncias en las agencias del Ministerio Público.
Que más de 40 por ciento de las denuncias corresponden únicamente a los siguientes diez delitos, que son los que se cometen con mayor frecuencia en la capital del país, varios de forma violenta.
• Robo con violencia a transeúnte.
• Robo a negocio sin violencia.
• Daño a propiedad ajena.
• Robo de vehículo sin violencia.
• Robo a casa habitación sin violencia.
• Lesiones culposas.
• Robo sin violencia a transeúnte.
• Robo de vehículo con violencia.
• Despojo.
Que los robos en algunos medios de transporte también se han incrementado. En el metro los asaltos se dispararon más de 60 por ciento, mientras que en microbús, trolebús y tren ligero los robos se han incrementado más de 10 por ciento, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:3
Que el delito más grave que ha subido son los homicidios dolosos que pasaron de 782 casos entre enero y noviembre de 2015 a 848 en el mismo lapso de 2016. Lo anterior representa un alza superior al 8 por ciento de los asesinatos.4
Que comparando diciembre de 2015 con diciembre de 2016, se observa un incremento de 72 a 104 homicidios dolosos, es decir un incremento de casi 50 por ciento, mientras que el robo a pasajero a bordo de microbús pasó de 65 a 77 observando un incremento cercano a 20 por ciento, algo se está haciendo mal.5
Que el 16 de marzo del presente, el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas afirmó que los delitos de alto impacto se han incrementado desde 2014 en la Ciudad de México, en especial los homicidios dolosos, debido a que 2016 se posicionó como el año con más homicidios dolosos desde 1997, el año más violento.6
Que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en 2016 por cada 100 mil habitantes se cometieron 10.78 homicidios, la mayor tasa desde 1997 cuando se reportó una de 10.98.7
Que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, la tasa mensual más alta en 16 años de homicidio doloso en la Ciudad de México fue de 1.06, correspondiente al mes de septiembre de 2016.8
Que de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7 por ciento a nivel nacional durante 2015, mientras que en 2014 fue de 92.8 por ciento.9
Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), una cuarta parte de los delitos en la Ciudad de México ocurren en el transporte público (sin contar homicidios) y, de éstos, el 94% corresponden a robos o asaltos, lo cual lo hace ser el delito con mayor incidencia delictiva.10
Que se acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, únicamente se inició averiguación previa en 6.3 por ciento del total de los delitos, sin embargo, esta encuesta permite estimar de manera certera la “cifra negra”.
Que de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sobre delitos de alto impacto detalla que en febrero de 2017 se iniciaron 59 carpetas de investigación por robo a pasajero a bordo de microbús con y sin violencia, lo que significa que en promedio se cometen dos al día.11
Que de acuerdo con esta encuesta, los delitos con mayor cifra negra son extorsión, robo o asalto en la calle o transporte público, robo parcial de vehículo y fraude.12
Que de acuerdo con la Envipe, la baja incidencia en las denuncias y consecuentemente la elevada “cifra negra”, se debe a que del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en alrededor de 50 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.
2. Caso particular
Que recientemente el joven Pedro Alberto Vega Barranón, quien fuera un joven de 23 años, integrante de la casa de enlace ciudadano del suscrito, falleció el 14 de marzo del presente por dos impactos de bala durante un asalto en el transporte público en la intersección del eje 6 sur y la calle Bolívar.
Que no conforme con haberle privado de la vida a mi asistente, los delincuentes arrojaron el cuerpo sin vida desde el microbús cuando estaba en marcha, dejándolo abandonado entre el primer y segundo carril del eje 6 Sur.
Que los agentes del Ministerio Público de la Coordinación Territorial BJ-3 iniciaron la carpeta por homicidio doloso, tras la muerte del hombre, sin embargo, a pesar de los esfuerzos coordinados entre la Procuraduría General de Justicia Capitalina y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, lamentablemente no se ha encontrado a los responsables.
Que ya se han solicitado peritos en fotografía y criminalística a fin de esclarecer los hechos y evitar impunidad. Que en la Ciudad de México, a quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión.13
Que en la Ciudad de México, el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con alguna de las siguientes agravantes:14
- Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado.
- Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él.
- Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o
- Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie.
- Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor en contra de la víctima, de tal forma que imposibilite o dificulte su defensa. La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia.
• Traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos.
• Alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer.
• Retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada.
• Medio empleado: Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud.
• Saña: Cuando el agente actúe con crueldad o bien aumente deliberadamente el dolor o sufrimiento de la víctima.
• Estar en estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares.
• Odio: Cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
Que es fácil de dilucidar que en el asesinato de nuestro compañero Pedro Vega, son fácilmente identificables las siguientes agravantes:
• Saña: por la crueldad con la que fue pateado y arrojado del microbús el cuerpo sin vida y abandonado en el eje 6 sur.
• Ventaja: de acuerdo con los testimonios, los delincuentes se encontraban en posesión de armas de fuego con las cuales amagaban a los pasajeros de la unidad y dispararon a la cabeza de Pedro Vega, arrebatándole la vida inmediatamente.
Que estas agravantes permitirán a la autoridad jurisdiccional competente, el imponer la máxima condena posible para este tipo penal, la cual oscila entre los veinte y los cincuenta años de prisión, máxime que dado el caso, es evidente que existe un concurso de delitos, al haberse cometido el homicidio en medio de un robo agravado (al interior de transporte público).
Que la prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que atiende y combate el fenómeno social de la delincuencia en aras de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz social.15
Que en aras de poder prevenir la comisión de delitos del mismo tipo, se propone que antes de otorgar o renovar la concesión de las placas para vehículos de transporte público, se realicen exámenes de control de confianza similares a los que realizan funcionarios públicos encargados de áreas de seguridad pública, debido a que los choferes y concesionarios de este tipo de transportes, justamente se encuentran al cuidado del bien jurídico tutelado de la vida e integridad de las personas.
Que para poder inhibir conductas constitutivas de delito al interior del transporte público concesionado se propone la obligatoriedad de la instalación de cámaras de seguridad que resguarden la videograbación de los hechos hasta por una semana, lo cual dará a la autoridad la posibilidad de contar con un elemento fiable que pueda ser constitutivo de prueba en caso de cometerse algún delito al interior de la unidad.
Que adicional a las consideraciones vertidas con anterioridad, vale la pena destacar que en nuestro país no existe la cultura de la denuncia por parte de los ciudadanos, lo cual genera que las cifras con las que cuentan nuestras autoridades en relación con la incidencia delictiva, sea distinto, engrosando únicamente la “cifra negra”, razón por la que se debe concientizar tanto a la ciudadanía, como a las fuerzas de seguridad pública, con la finalidad de que se fomente la presentación del requisito de procedibilidad que constituye la denuncia, la cual es requisito cuasi indispensable para el ejercicio de la acción penal por parte de las autoridades.
En razón de lo manifestado con anterioridad, me sirvo someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a que siga llevando a cabo los trabajos de búsqueda, investigación y captura, que permitan la detención de los responsables del homicidio doloso del joven Pedro Alberto Vega Barrañón, quien fue asesinado el martes 14 de marzo del presente durante un asalto en un microbús que circulaba sobre Eje 6 Sur en la colonia Independencia.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a fin de que rinda ante la opinión pública, un informe pormenorizado sobre las acciones que haya realizado durante el presente gobierno, para combatir los asaltos en el transporte público.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México en sus relativos ámbitos competenciales, con la finalidad de que se instalen cámaras de seguridad en todas las unidades de servicio público de pasajeros.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Seguridad Pública, y de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México en sus relativos ámbitos competenciales, con la finalidad de que se realicen ante certificadoras de prestigio, pruebas de control de confianza a concesionarios y conductores de los vehículos de transporte público de pasajeros.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de las diversas instancias jurisdiccionales por las que transite el caso, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, impongan la pena máxima posible a los responsables del homicidio doloso del ciudadano Pedro Alberto Vega Barrañón.
Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a fin de que se realicen las capacitaciones, campañas y se instauren los protocolos necesarios, con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia.
Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de los estados y a la Policía Federal, a fin de que se realicen operativos de búsqueda y captura de los vendedores y compradores de armas ilegales en territorio nacional, con la finalidad de erradicar la proliferación de armas de fuego en nuestro país.
Octavo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que realice las reformas correspondientes al Código Penal para el Distrito Federal y a la Ley de Movilidad, con la finalidad de que se dé puntual cumplimiento a lo consagrado en los artículos tercero y cuarto del presente punto de acuerdo.
Noveno. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Policía Federal y demás autoridades competentes, a que realicen operativos de vigilancia e inspección a los cargamentos y contenedores procedentes del extranjero, tendientes a disminuir el ingreso de armas de fuego.
Décimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que a través del Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública, cada una dentro de sus respectivas competencias y atribuciones, realicen operativos en todas las rutas de transporte público de pasajeros, individual o colectivo, con la finalidad de sacar de circulación todas las unidades que no se encuentren en regla para poder prestar el servicio.
1 Bernardino Esparza Martínez. (2015). Introducción. En Análisis jurídico operativo del Sistema Penal Acusatorio en México a nivel federal (10). México, D.F. Instituto Nacional de Ciencias Penales.
2 Un lenguaje colectivo en construcción: el diagnóstico de la violencia en México, 2009.
3 Elaboración de México Evalúa con base en los datos de Inegi, Envipe y la PGJ de la Ciudad de México.
4 Arturo Ángel. (2017). Los delitos que más se cometen en la Ciudad de México y las delegaciones más peligrosas. Marzo 16, 2017, de Animal Político Sitio web:
http://www.animalpolitico.com/2017/01/delitos-cdmx-deleg aciones/
5 Dirección General de Política y Estrategia Criminal. (2016). Estadísticas delictivas. Marzo 16, 2017, de Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Sitio web:
http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/procuraduria/estadisti cas/periodo2016 Diciembre 2015 Diciembre 2016
6 Martínez, Marco Antonio. (2017). Aumentan delitos de alto impacto en la CDMX: ONC. Marzo 16, 2017, de Quadrantin Sitio web: https://mexico.quadratin.com.mx/aumentan-delitos-alto-impacto-la-cdmx-o nc/
7 Animal Político. (2017). Inseguridad en la Ciudad de México: homicidios y robos, los delitos que más aumentaron en 2016. Marzo 16, 201, de Animal Político Sitio web:
http://www.animalpolitico.com/2017/03/inseguridad-cdmx-h omicidios-robo-delitos/
8 El Universal. (2016). Clasificación delictiva en la Ciudad de México. Marzo 16, 2017, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-naciona l-ciudadano/2016/12/23/clasificacion-delictiva-en-la-ciudad-de-mexico
9 Inegi. (Septiembre 27, 2016). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016. Boletín de prensa número 399/16, 11 y 12 de marzo 16, 2017, de
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/espe ciales/especiales2016_09_04.pdf
10 Ibíd. Inegi página 9.
11 Dirección General de Política y Estrategia Criminal. (2017). Estadísticas delictivas. Marzo 16, 2017, de Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Sitio web:
http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/procuraduria/estadisti cas/periodo2017
12 Ibíd. Inegi página 11.
13 Artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal.
14 Artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal.
15 Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. (2016). Temas de prevención del delito. Marzo 16, 2017, de Gobierno del Estado de México Sitio web: http://ces.edomex.gob.mx/tripticos_prevencion
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de abril de 2017.
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que a través de las autoridades competentes, la Ciudad de México lleve a cabo el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la zona chinampera de Xochimilco, al tenor de los siguientes
Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, es facultad del jefe de gobierno del Distrito Federal promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.
Que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente integrar a la política ambiental las disposiciones que la legislación establece en materia de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así como de la prevención y control de la contaminación del agua, y su aplicación.1
Que las zonas de chinampas, lacustres y colindantes con los cuerpos de agua en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta sufrieron un grave deterioro en la segunda mitad del siglo veinte, con motivo de la expansión de la mancha urbana entre las décadas de 1960 a 1980 y en tres aspectos esenciales para su supervivencia; primero la extracción masiva de agua causada por el aumento en la densidad poblacional en el sur de la ciudad, el segundo lo constituyó la invasión de zonas ecológicas y de cultivo para la construcción de casas habitación y el tercero, la disminución en la calidad del agua en las chinampas y zonas lacustres.
Que por decreto del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1986, se declaró Zona de Monumentos Históricos un área de 89.65 kilómetros cuadrados, ubicadas en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
Que el 11 de diciembre de 1987, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial, Cultural y Natural al sistema de chinampas de Xochimilco y Tláhuac, por el valor que conservan sus canales y chinampas, similares a los que existían en el Islote que albergaba México Tenochtitlán y que conformaban el sistema que permitía el desarrollo sustentable de una comunidad densamente poblada, por lo que debe ser protegido para beneficio de la humanidad.
Que mediante decreto presidencial, publicado los días 7 y 11 de mayo de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico y se declaró Área Natural Protegida, bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, la zona conocida como “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en la delegación Xochimilco.
Que el 31 de enero de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo de creación de la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, como un órgano de planeación, coordinación, apoyo, consulta y seguimiento de los programas, proyectos, y acciones que promovieran la investigación, difusión, protección, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
Que el área natural protegida asciende a alrededor de siete mil hectáreas.
Que la zona protegida, cuenta con 203 kilómetros de canales para la extracción de lirio acuático.
Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.2
Que el desarrollo de la cultura xochimilca en el sur de la cuenca de México, está estrechamente asociado con la chinampa.
Que la chinampa constituye una solución para la producción de alimentos en una zona lacustre que ha impuesto condiciones ambientales difíciles de manejar.
Que si bien, las chinampas se originaron hace más de dos mil años, permanecen en la actualidad.
Que la “chinampa” es una parcela de corta extensión que sobresale en las lagunas, cuyos bordes son definidos por ahuejotes (Salix bonpladiana) y por cañas entretejidas, en donde se cultivan flores y verduras. Antiguamente estos huertos eran flotantes.3
Que la palabra chinampa proviene de náhuatl “chinamitl” que significa seto de cañas.
Que la chinampa se construye utilizando como elementos básicos lodo y plantas acuáticas, para formar una parcela particularmente rica en materia orgánica y rodeada de agua.
Que las chinampas permiten la producción simultánea de diversos cultivos sin depender de las lluvias.
Que las chinampas son altamente productivas y representan una tecnología sustentable a partir del aprovechamiento racional del ecosistema.
Que si bien aún persiste la zona chinampera, esta se ve seriamente amenazada, ya que sufre de un continuo deterioro derivado de un gran número de problemas ambientales y un mal uso del suelo.
Que entre los problemas ambientales que sufren las chinampas, se encuentra la extracción de agua, descarga de aguas negras a los canales, presión de la mancha urbana, uso excesivo de agroquímicos, plagas, etcétera.
Que las consecuencias de estos desequilibrios, han derivado en la afectación a la estructura y función de la zona lacustre, la degradación física y química del suelo, desaparición de la riqueza biológica y afectando el paisaje natural y cultural de la región.
Que los humedales de Xochimilco y Tláhuac se caracterizan por la presencia de comunidades vegetales de tular y carrizo, con especies propias como la ninfa mexicana y los ahuejotes.
Que el lirio acuático (Eichornia crassipes) es una especie de procedencia sudamericana, la cual es la maleza acuática más seria a nivel mundial.
Que el lirio acuático crece muy rápidamente, causando problemas en lagunas, presas y canales de riego.
Que es sabido, que el lirio acuático, constituye per sé , una plaga que puede afectar las cosechas en la zona chinampera de Xochimilco, sin embargo, también se le han encontrado diversos usos para que en vez de ser considerado como un estorbo, sirva como materia prima para utilizarse como fertilizante para las tierras aledañas.
Que en la zona chinampera, el lirio acuático es uno de los mayores problemas que afecta a los canales y apantles y su retiro y disposición final es una tarea que en muchas ocasiones se realiza con equipos ineficaces.
Que el lirio acuático contamina alrededor de 34 mil hectáreas de cuerpos de agua de México y el tratamiento de la planta requiere inversiones de hasta 70 mil pesos por hectárea.
Que el lirio acuático se retira con maquinaria o en forma manual para que se deshidrate y descomponga, lo que no siempre se efectúa en condiciones controladas, generándose un punto de infección.
Que de acuerdo con información proporcionada por la Cooperativa Asesoría y Servicios de Sustentabilidad Ambiental, SC de RL (CASSA), el martes 24 de mayo de 2012 se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre el manejo de lirio, proveniente de la limpieza del cauce de Canal Nacional, a la cual asistieron el Jefe de Unidad Departamental de Humedales de la Coordinación de Áreas Naturales Protegidas (Corena), personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el técnico de CASSA y productores de la zona.
Que en dicha reunión, se llegó al acuerdo de entregar el 25 de mayo de 2012 la entrega de material a los productores para su aprovechamiento, aunado a que tanto CASSA como Corena y el Sacmex llevarían a cabo trabajos de supervisión y control de dicho material.
Que este proyecto se realizó bajo una visión de integralidad y sustentabilidad, para lograrlo se requirió la participación de Sacmex, Corena y la empresa social CASSA las cuales formaron una alianza y sin cobrar nada a los productores, solo con el fin de un bien social y ambiental.
Que para efectos del mencionado proyecto, se dispusieron de nueve vehículos de carga, con capacidad para retirar el lirio y transportarlo a la zona de cultivo.
Que con este proyecto se logró que una plaga como es el lirio se convierta en un mejorador del suelo y eventualmente sirva para la obtención de mejores cosechas.
Que la experiencia indica que este es uno de los caminos para la recuperación de la zona chinampera de Xochimilco, con el objetivo de lograr un equilibrio entre lo social, el medio ambiente y lo económico, que beneficie tanto al productor, como al consumidor final.
Que el lirio acuático se deja a las orillas de caminos y chinampas donde se pudre y la mayoría de las veces no solo no es utilizado, sino que se convierte en un foco de infección.
Que el lirio acuático es el quinto problema más grave a escala global en materia de gestión de agua, el lirio acuático (Eichhornia crassipes), bajo escenarios de control adecuado, es un recurso de vida y energía que actúa como filtro natural.
Que para resolver el problema del lirio acuático, es necesario retirarlo de los cuerpos de agua y aprovecharlo como recurso para la generación de subproductos que sean aplicables en la agricultura y la industria.
Que en el pasado ya se hizo el retiro sustentable del lirio acuático, el cual se llevó a predios del Ejido de San Gregorio Atlapulco, parcelas con una problemática de salinidad y con altos requerimientos de fertilización.
Que la utilización e incorporación de materia vegetal verde está destinada especialmente a mejorar las propiedades físicas del suelo, a enriquecerlo con un humus joven de evolución rápida, además de otros nutrientes minerales y sustancias fisiológicamente activas, aunado al beneficio de activar la población microbiana del suelo.
Que en la descomposición del lirio acuático, se liberan o sintetizan sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que tienen una acción favorable sobre el crecimiento de las plantas y su resistencia al parasitismo.
Que el lirio acuático ayuda a mantener el medio más húmedo, equilibrar la relación carbono - nitrógeno y activar los microorganismos responsables de la misma.
Que como beneficio adicional, el lirio acuático limita el desarrollo de malezas, por el efecto de la cubierta vegetal.
Una vez retirado el lirio acuático de los canales, se transporta a las parcelas que requieren un manejo de suelo, donde se deposita para poder incrementar su producción. Posteriormente el terreno se barbecha y ya aflojado el suelo se extiende el lirio acuático a lo largo de las parcelas para después aplicar una capa de abono de vaca y así hacer más fértil el suelo y dar utilidad a un tipo de vegetación considerada como plaga.
Que el gobierno de la Ciudad de México tiene la infraestructura y los recursos necesarios para llevar a cabo el retiro y manejo sustentable del lirio acuático, con lo cual se recuperarán alrededor de 400 chinampas, 7 mil hectáreas de área natural protegida, se salvaguardará producción agrícola y se explotarán 203 kilómetros de canales para la extracción de lirio acuático.
Es por ello que en mi calidad de diputado federal, exhorto al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que a través de las autoridades competentes, se sirva llevar a cabo el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la zona chinampera de Xochimilco, garantizando con ello a los habitantes y productores de la zona chinampera, el derecho constitucional de una vida digna y saludable, así como reactivar una zona económicamente importante para el sur de la Ciudad
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que a través de las autoridades competentes, la Ciudad de México lleve a cabo el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la zona chinampera (humedales) de Xochimilco.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que a través de las autoridades competentes, lleven a cabo reuniones con productores agrícolas de la zona chinampera de Xochimilco y empresas especializadas en el transporte del lirio acuático, con la finalidad de definir y firmar convenios de colaboración para que transportara el lirio acuático, con la finalidad de crear un compromiso con los productores para depositarlo en su destino final y utilizarlo como fertilizante de suelos y/o producir composta.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que a través de las autoridades competentes, se realicen trabajos de supervisión y vigilancia para el retiro del lirio acuático hasta llegar a su disposición final, con la finalidad de evitar un mal manejo de los residuos orgánicos no utilizados como fertilizante.
1 Artículo 15 fracción I de la Ley de Aguas de la Ciudad de México.
2 Artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3 Diccionario de la Lengua Española. (2016). chinampa. Agosto 22, 2016, de Real Academia Española Sitio web:
http://dle.rae.es/?id=8nkbnH4
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2017.