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Timestamp: 2020-08-05 15:08:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 73', 'artículo 16', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 22', 'artículo 39', 'artículo 15', 'artículo 39', 'artículo 51', 'artículo 39', 'Artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 51', 'artículo 55', 'artículo 39', 'artículo 56', 'artículo 39', 'artículo 60', 'artículo 67', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 80', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 12', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 149', 'artículo 28', 'artículo 149', 'artículo 28', 'artículo 80', 'artículo 86', 'artículo 82', 'artículo 73', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 39', 'artículo 67']

Vigencia desde 06 de Noviembre de 2003. Revisión vigente desde 06 de Noviembre de 2003 hasta 05 de Noviembre de 2004
Uno. Se crea un nuevo artículo 16 bis en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«Artículo 16 bis Cobertura de créditos preferentes
Dos. Se modifica el artículo 18 «Fondo de garantía» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. La tercera parte de la cuantía mínima del margen de solvencia constituye el fondo de garantía, que no podrá ser inferior a 3.000.000 de euros para las entidades que operen en alguno de los ramos de vida, caución, crédito y cualquiera de los que cubran el riesgo de responsabilidad civil, así como para las que realicen actividad exclusivamente reaseguradora, y a 2.000.000 de euros para las restantes.
2. Para las mutuas con régimen de derrama pasiva y las cooperativas, el fondo de garantía mínimo será de tres cuartas partes del exigido para las restantes entidades.
3. Las cuantías previstas en el apartado 1 serán objeto de una revisión anual que se iniciará el 20 de septiembre de 2003, a fin de tener en cuenta los cambios del índice europeo de precios al consumo publicado por Eurostat.
Tres. Se modifican los apartados 3.c) y 6 del artículo 27 «Liquidación de entidades aseguradoras», cuya redacción actual pasa a ser el apartado 7 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, según la siguiente redacción:
«3. El régimen jurídico del nombramiento, actuación y responsabilidad de los liquidadores se ajustará a las siguientes reglas:
c) Los liquidadores suscribirán, en unión de los administradores, el inventario y balance de la entidad y deberán someterlo, en plazo no superior a un mes desde su nombramiento, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, si la liquidación fuese intervenida, al interventor. Deberán informar a los acreedores sobre la situación de la entidad, en particular a los asegurados acerca de si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha determinado el vencimiento anticipado del período de duración de los contratos de seguro que integren la cartera de la entidad aseguradora y sobre la fecha del mismo, y la forma en que han de solicitar el reconocimiento de sus créditos, mediante notificación individual a los conocidos y llamamiento a los desconocidos a través de anuncios, aprobados en su caso por el interventor, que se publicarán en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil”, y en dos diarios, al menos, de los de mayor circulación en el ámbito de actuación de la entidad aseguradora.
Cuando el acreedor conocido tenga su domicilio en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto a España, la información anterior se facilitará en castellano, si bien el escrito deberá llevar, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, el encabezamiento "Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables” o "Convocatoria para la presentación de observaciones sobre los créditos. Plazos aplicables”, según proceda. No obstante, cuando el acreedor lo sea por un crédito de seguro, la información se facilitará en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de su domicilio.
Los acreedores con domicilio en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto a España podrán presentar los escritos de reclamación de créditos o de observaciones a los mismos en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de su Estado de domicilio, si bien el escrito deberá llevar el encabezamiento "Presentación de créditos" o en su caso "Presentación de observaciones sobre los créditos" en castellano.»
«6. La resolución administrativa correspondiente o el acuerdo en el que traiga causa la liquidación será reconocido en el territorio de los demás Estados miembros del Espacio Económico Europeo, de conformidad con lo previsto en su legislación, y surtirá efectos en ellos tan pronto como lo haga en España.
A estos efectos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha en que se dicte dicha resolución o tenga conocimiento del acuerdo, informará a las autoridades supervisoras de los restantes Estados miembros del Espacio Económico Europeo sobre la existencia del procedimiento y sus efectos. Asimismo, el citado órgano publicará en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas”, un extracto de dicha resolución o acuerdo, que en todo caso indicará la competencia del Ministerio de Economía sobre el procedimiento, que la legislación aplicable a dicho procedimiento de liquidación es la contenida en esta ley y sus normas de desarrollo, así como la identificación del liquidador o liquidadores nombrados.
7. En todo lo no regulado expresamente en este artículo, la liquidación y extinción de entidades aseguradoras se regirá por lo dispuesto en los artículos 266 a 281 de la Ley de Sociedades Anónimas, con exclusión de los artículos 269 y 270.»
Cuatro. Se modifica el apartado 3 y se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 28 «Acciones frente a entidades aseguradoras sometidas a procesos concursales o en liquidación» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«3. En los supuestos de liquidación intervenida por el Ministerio de Economía las acciones individuales ejercitadas por los acreedores, antes del comienzo de la liquidación o durante la misma, podrán continuar hasta el pronunciamiento de sentencia firme pero su ejecución quedará suspendida y el crédito que, en su caso, declare dicha sentencia a su favor se liquidará conjuntamente con los de los demás acreedores. No obstante, transcurrido un año desde que la sentencia adquiera firmeza, la suspensión quedará alzada automáticamente sin necesidad de declaración ni resolución al respecto, cualquiera que fuese el estado en que se encontrase la liquidación.
4. Los créditos de los asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro gozarán de prioridad absoluta sobre todos los demás créditos contra la entidad aseguradora respecto de los activos que, representando las provisiones técnicas, se encuentren incorporados al registro especial a que se refiere el artículo 16 bis.
Cinco. Se añade un nuevo artículo 28.bis de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«Artículo 28 bis Procesos concursales
1. Dictado por el órgano jurisdiccional competente auto de declaración de concurso respecto de una entidad aseguradora, dicho órgano procederá de inmediato a su notificación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual en los 10 días siguientes informará a las autoridades supervisoras de los restantes Estados miembros del Espacio Económico Europeo sobre la existencia del procedimiento y sus efectos. Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones procederá a la publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de un extracto de las mencionadas resoluciones en el que se indicará en todo caso el órgano jurisdiccional competente y la aplicación al procedimiento de la legislación española.
2. Se deberán observar, en todo caso, las normas de derecho internacional privado previstas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá solicitar al juez del concurso información acerca del estado y evolución de los procesos concursales que afecten a entidades aseguradoras.»
Seis. Se modifica el título de la sección 3.ª del capítulo III del título II de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que pasa a denominarse «Liquidación por el Consorcio de Compensación de Seguros» y se suprime la división en subsecciones de dicha sección 3.ª
Siete. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 37 «Procedimiento de liquidación», de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, pasa a tener la siguiente redacción:
«1. Encomendada la liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros, todos los acreedores estarán sujetos al procedimiento de liquidación por éste y no podrá solicitarse por los acreedores ni por la entidad aseguradora la declaración de concurso, sin perjuicio de que las acciones de toda índole ejercitadas ante los tribunales contra dicha aseguradora, anteriores a la disolución o durante el período de liquidación, continúen su tramitación hasta la obtención de sentencia o resolución judicial firme. Pero, la ejecución de la sentencia, de los embargos preventivos, administraciones judicialmente acordadas y demás medidas cautelares adoptadas por la autoridad judicial, la del auto despachando la ejecución en el procedimiento ejecutivo, los procedimientos judiciales sumarios y ejecutivos extrajudiciales sobre bienes hipotecados o pignorados que se encuentren en territorio español, así como la ejecución de las providencias administrativas de apremio quedarán en suspenso desde la encomienda de la liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros y durante la tramitación por éste del procedimiento liquidatorio.»
Ocho. El segundo guión del párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 «Medidas de control especial» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, pasa a tener la siguiente redacción:
«d) Además, en todos los supuestos de adopción de medidas de control especial y con objeto de salvaguardar los intereses de los asegurados, podrá adoptar conjunta o separadamente cualquiera de las siguientes medidas:
Prohibir la prórroga de los contratos de seguro celebrados por la entidad aseguradora en todos o algunos de los ramos. A estos efectos, la entidad aseguradora deberá comunicar por escrito a los asegurados la prohibición de la prórroga del contrato en el plazo de 15 días naturales desde que reciba la notificación de esta medida de control especial; en este caso, el plazo previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro quedará reducido a 15 días naturales. Con independencia de la comunicación por escrito a los asegurados, la resolución por la que se adopte tal medida se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".»
Nueve. Se modifica el párrafo a) y se crea un nuevo párrafo f) en el apartado 4 del artículo 39 «Medidas de control especial», de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«4. La sustitución provisional de los órganos de administración de la entidad aseguradora se ajustará a lo siguiente:
a) La resolución administrativa designará la persona o personas que hayan de actuar como administradores provisionales e indicará si deben hacerlo mancomunada o solidariamente. Dicha resolución, de carácter inmediatamente ejecutivo, será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de inscripción en los registros públicos correspondientes, incluidos, en su caso, los existentes en el resto de Estados miembros del Espacio Económico Europeo, determinando la antedicha publicación la eficacia de la resolución frente a terceros. A idénticos requisitos y efectos se sujetará la sustitución de administradores provisionales cuando fuera preciso proceder a ella.»
«f) Los administradores provisionales podrán desarrollar su actuación en el territorio de todos los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, pudiendo ejercer en ellos las mismas funciones y poderes que en España. A estos efectos, resultará título suficiente para acreditar la condición de administrador una certificación de la resolución por la que se acuerde su nombramiento. Asimismo, podrán otorgar poderes de representación o solicitar asistencia, cuando ello resulte necesario para llevar a cabo la ejecución en el territorio de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo de las medidas adoptadas, y en particular, para resolver las dificultades que pudieran encontrar los acreedores residentes en ellos. En todo caso las personas que les asistan o representen han de tener reconocida honorabilidad y reunir las condiciones necesarias de cualificación o experiencia profesional para ejercer sus funciones, en los términos del artículo 15 de esta ley.»
Diez. Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 39 «Medidas de control especial» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«9. Adoptada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, alguna de las medidas contempladas en los párrafos a), b) y c), o en el segundo, quinto y octavo guión del párrafo d) del apartado 2 anterior, la prevista en el apartado 3, así como la relativa a la prohibición de distribuir dividendos, derramas activas o retornos, la misma surtirá efectos, de conformidad con lo previsto en su legislación, en todos los Estados miembros del Espacio Económico Europeo. A estos efectos y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo a) del apartado 2 anterior y en el apartado 3 del artículo 51, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará a las autoridades supervisoras de los restantes Estados miembros del Espacio Económico Europeo del acuerdo por el que se adopte la medida y sus efectos en el plazo de 10 días a contar desde su adopción.
Once. Se crea un nuevo artículo 39 bis en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«Artículo 39 bis Medidas de garantía de la solvencia futura de las entidades aseguradoras
1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar las medidas contenidas en el apartado 2 de este artículo cuando concurran circunstancias, deducidas de comprobaciones efectuadas por la Administración, que puedan poner en peligro la solvencia futura de la entidad o puedan suponer una amenaza para los intereses de los asegurados o el cumplimiento futuro de las obligaciones contraídas, como consecuencia de una inadecuada selección de riesgos, la aplicación de tarifas de primas insuficientes, la existencia de desviaciones significativas de la siniestralidad, la inadecuación de la política de reaseguro o de cualquier otra causa que pueda generar en el futuro una situación grave de desequilibrio o de debilidad financiera.
2. Las medidas de garantía de la solvencia futura de las entidades aseguradoras podrán consistir en:
a) Exigir a la entidad aseguradora un plan de recuperación financiera para garantizar y prever su solvencia futura, que deberá ser sometido a aprobación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Dicho plan deberá, al menos, contener indicaciones y justificaciones para los próximos tres ejercicios relativas a: las estimaciones de los gastos de gestión, en especial las comisiones y los gastos generales corrientes; estimaciones detalladas de los ingresos y gastos relativos a las operaciones de seguro directo, a las aceptaciones en reaseguro y a las cesiones en reaseguro; los balances de situación previstos; estimaciones de los recursos financieros con los que se pretenda cubrir los compromisos contraídos y el margen de solvencia obligatorio, y la política global de reaseguro.
b) Exigir que la entidad aseguradora disponga de un margen de solvencia superior al resultante de la aplicación de lo dispuesto en las normas de desarrollo reglamentario de esta ley, que garantice el cumplimiento en el futuro de los requisitos de solvencia de la entidad. A estos efectos la cuantía mínima del margen de solvencia de que deberá disponerse será la que se determine por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y se basará en el plan de recuperación financiera que le sea aprobado a la entidad.
3. La adopción de las medidas de garantía de la solvencia futura de las entidades aseguradoras a que se refiere este artículo, se tramitará conforme a lo dispuesto por el apartado 5 del artículo 39 de esta ley.»
Doce. Se añade al apartado 2 del artículo 51 «Medidas de intervención» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, un nuevo y último párrafo con la siguiente redacción:
Trece. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 55 «Establecimiento de sucursales» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados:
«2. En el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información a que hace referencia el apartado 1 precedente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones lo comunicará a la autoridad supervisora del Estado miembro de la sucursal, acompañando certificación de que la entidad aseguradora dispone del mínimo del margen de solvencia legalmente exigible y no se encuentra sometida al plan de recuperación financiera previsto en el artículo 39 bis de esta ley, e informará de dicha comunicación a la entidad aseguradora.
Catorce. Se da nueva redacción al párrafo a) del apartado 2 del artículo 56 «Actividades en régimen de libre prestación de servicios» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en los siguientes términos:
«a) Que la entidad aseguradora dispone del mínimo del margen de solvencia y no se encuentra sometida al plan de recuperación financiera previsto en el artículo 39 bis de esta ley.»
Quince. Se da nueva redacción al artículo 60 «Deber de información al tomador» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en los siguientes términos:
«1. Antes de celebrar un contrato de seguro, la entidad aseguradora deberá informar al tomador sobre el Estado miembro y la autoridad a quienes corresponde el control de la actividad de la propia entidad aseguradora, extremo éste que deberá, asimismo, figurar en la póliza y en cualquier otro documento en que se formalice todo contrato de seguro.
2. Antes de celebrar un contrato de seguro distinto al seguro de vida, si el tomador es una persona física, o cualquier contrato de seguro de vida, la entidad aseguradora deberá informar al tomador sobre la legislación aplicable al contrato, sobre las disposiciones relativas a las reclamaciones que puedan formularse y sobre los demás extremos que se determinen reglamentariamente.
3. Cuando el contrato de seguro vaya a celebrarse en el marco de un sistema de prestación de servicios a distancia organizado por el asegurador que utilice exclusivamente una o varias técnicas de comunicación a distancia hasta la celebración de ese contrato, y el tomador sea una persona física que actúe con un propósito ajeno a una actividad comercial o profesional propia, además de la información prevista en los apartados anteriores, deberá informarse sobre la existencia, en su caso, del derecho de rescisión a que se refieren los artículos 6 bis y 83.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y su forma de ejercicio, así como acerca del procedimiento que se vaya a seguir para la celebración del contrato y demás extremos que reglamentariamente se establezcan.
4. Toda la información a que se refiere el apartado anterior, así como las condiciones contractuales deberán ser puestas por el asegurador a disposición del tomador en soporte duradero accesible al tomador con antelación suficiente al momento en que éste asuma cualquier obligación derivada del contrato de seguro.
5. A efectos de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores se entenderá por:
"Técnica de comunicación a distancia": todo medio que pueda utilizarse para la celebración de un contrato de seguro entre el asegurador y el tomador sin que exista una presencia física simultánea de las partes.
"Soporte duradero": todo instrumento que permita almacenar la información de modo que pueda recuperarse fácilmente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los que tal información está destinada y permita su reproducción sin cambios.
6. Durante todo el período de vigencia del contrato de seguro sobre la vida, la entidad aseguradora deberá informar al tomador de las modificaciones de la información inicialmente suministrada y asimismo sobre la situación de su participación en beneficios, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen.»
Dieciséis. Se da nueva redacción al párrafo b) del apartado 2 del artículo 67 «Fondo mutual y garantías financieras» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en los siguientes términos:
«b) Tendrán la obligación de constituir las provisiones técnicas a que se refiere el artículo 16, deberán disponer del margen de solvencia que regula el artículo 17 y del fondo de garantía exigido por el artículo 18.
Diecisiete. Se añaden al artículo 80 «Medidas de intervención» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, dos nuevos apartados 4 y 5, con la siguiente redacción:
«4. Cuando respecto a una entidad aseguradora domiciliada en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto a España, incluidas sus sucursales en España o en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, se haya adoptado una medida de saneamiento o un procedimiento de liquidación, dicha medida o procedimiento surtirá efectos en España tan pronto como lo haga en el Estado miembro del Espacio Económico Europeo en el que se haya adoptado la medida o incoado el procedimiento.
Una vez sea notificada a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la adopción de la medida o la incoación del procedimiento, ésta publicará en el "Boletín Oficial del Estado" un extracto del acuerdo o resolución del que traiga causa la medida o procedimiento; en todo caso, en dicho extracto constará la autoridad competente del Estado miembro que haya adoptado la medida o procedimiento, la legislación que resulte de aplicación, así como, en su caso, la identificación del liquidador o liquidadores designados.
3.º Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este artículo la adopción de medidas de saneamiento o la incoación del procedimiento de liquidación no afectará a los derechos reales de los acreedores o de terceros respecto de activos materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, tanto activos específicos como conjuntos de activos indeterminados, cuya composición está sujeta a modificación, pertenecientes a la entidad aseguradora que se hallaren situados en España en el momento de adopción de dichas medidas o incoación de dicho procedimiento, ni al derecho exclusivo a cobrar un crédito, en particular, el derecho garantizado por una prenda de la que sea objeto el crédito o por la cesión de dicho crédito a título de garantía, cuando dichas garantías se rijan por la ley española.
4.º La adopción de medidas de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación sobre una entidad aseguradora compradora de un bien no afectará a los derechos del vendedor basados en una reserva de dominio, cuando dicho bien se encuentre en el momento de la adopción de la medida o de la incoación del procedimiento en territorio español.
7.º La nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos jurídicos perjudiciales para el conjunto de los acreedores se regirá por la legislación del Estado miembro del Espacio Económico Europeo de origen salvo que la persona que se benefició del acto perjudicial para el conjunto de los acreedores pruebe que el citado acto está sujeto a la legislación española y que esta legislación no permite de ningún modo su impugnación.
5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir a las autoridades supervisoras de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo información acerca del estado y desarrollo de los procedimientos de liquidación que se lleven a cabo respecto a las entidades sometidas a la supervisión de dichas autoridades.»
Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 86, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que pretendan operar en España en régimen de libre prestación de servicios vendrán obligadas a designar un representante con residencia fiscal en España a efectos de las obligaciones tributarias a que se refiere esta ley por las actividades que realicen en territorio español.»
Diecinueve. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 87 «Establecimiento de sucursales» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, pasa a tener la siguiente redacción:
«1. El Ministerio de Economía podrá conceder autorización administrativa a entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países no miembros del Espacio Económico Europeo para establecer sucursales en España al objeto de ejercer la actividad aseguradora, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
c) Que presenten y se atengan a un programa de actividades ajustado al artículo 12. Asimismo, deberán presentar la documentación que reglamentariamente se determine.»
Veinte. Se crea un nuevo apartado 3 en el artículo 87 «Establecimiento de sucursales» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir la comunicación sistemática de las bases técnicas utilizadas para el cálculo de las primas y de las provisiones técnicas, sin que dicha exigencia pueda constituir una condición previa para el ejercicio de la actividad.»
Veintiuno. Se suprime el apartado 3 del artículo 88 «Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Veintidós. Se añade un nuevo y último párrafo al apartado 1 del artículo 89 «Normas especiales de intervención de sucursales» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«En el supuesto de que una entidad aseguradora domiciliada en un tercer país no miembro del Espacio Económico Europeo, tuviere sucursales establecidas en España y en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones coordinará sus actuaciones con las del resto de autoridades supervisoras implicadas.»
Veintitrés. El apartado 3 de la disposición adicional decimosexta «Régimen especial de las entidades aseguradoras suizas» de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, pasa a tener la siguiente redacción:
«3. La autorización administrativa previa, la aprobación o la puesta a disposición antes de su utilización de los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas. No obstante, la Dirección General de Seguros podrá requerir la presentación, siempre que lo entienda pertinente, de los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas al objeto de controlar si respetan las disposiciones técnicas y sobre contrato de seguro. Esta exigencia no podrá constituir para la entidad aseguradora condición previa para el ejercicio de su actividad.»
Veinticuatro. Se modifican los párrafos a) y b) del apartado 2 de la disposición final primera «Bases de la ordenación de seguros y competencias exclusivas del Estado», que pasan a tener la siguiente redacción:
«a) Con arreglo al artículo 149.1.6.ª de la Constitución, las materias reguladas en el artículo 28 bis y en las disposiciones adicionales sexta, octava, novena, décima y undécima en sus apartados 1 a 13, 15, 19 y 21, asimismo las contenidas en las disposiciones transitorias duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimoséptima.
b) Con arreglo al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, las materias reguladas en el artículo 28, apartado 2, y en el artículo 80, apartados 4 y 5.»
Veinticinco. Se añade una disposición adicional decimoséptima a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimoséptima Obligaciones de carácter fiscal del representante designado por las entidades de seguros que operen en libre prestación de servicios
El representante designado en el apartado 1 del artículo 86 de esta ley deberá cumplir, en nombre de la entidad aseguradora que opera en régimen de libre prestación de servicios, además de las previstas en el artículo 82 de esta ley, las siguientes obligaciones tributarias:
1.º Practicar retención o ingreso a cuenta e ingresar el importe en el Tesoro en relación con las operaciones que se realicen en España en los términos previstos en la normativa reguladora de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.
2.º Informar a la Administración tributaria en relación con las operaciones que se realicen en España de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.»
Veintiséis. El artículo 73 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, pasa a tener la siguiente redacción:
«1. En el Ministerio de Economía funcionará la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones como órgano colegiado administrativo asesor del Ministerio de Economía en los asuntos concernientes a la ordenación y supervisión de los seguros privados y de planes y fondos de pensiones que se sometan a su consideración. El informe que emita no será vinculante.
2. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones será presidida por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones y de ella formarán parte, como vocales de ésta, representantes de la Administración General del Estado, asegurados y consumidores, entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones, mediadores de seguros titulados, organizaciones sindicales y empresariales y corporaciones de prestigio relacionadas con el seguro privado, actuarios, peritos de seguros y comisarios de averías, en la forma que reglamentariamente se determine. Además, el Presidente podrá solicitar la asistencia a ésta de otras personas o entidades según la naturaleza de los asuntos a tratar.»
Artículo primero derogado por la letra d) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados («B.O.E.» 5 noviembre).
Se modifica la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, en los siguientes términos:
Uno. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 3 «Incumplimiento de la obligación de asegurarse»:
«En todo caso, la no presentación a requerimiento de los agentes de la documentación acreditativa del seguro será sancionada con 60 euros de multa.»
«c) Sanción pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa graduada según que el vehículo circulase o no, la categoría del mismo, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción.»
«El procedimiento sancionador será el previsto en la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la forma que reglamentariamente se determine y se instruirá por la Jefatura de Tráfico correspondiente. En todo caso las sanciones de multa previstas podrán hacerse efectivas antes de que se dicte resolución del expediente sancionador con una reducción del 30 por ciento sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado en el boletín de denuncia por el agente o, en su defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente y ello siempre que se acredite mediante el recibo de prima la suscripción del seguro de responsabilidad civil del automóvil con anterioridad a la fecha de la denuncia.»
Dos. Se modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 8 «Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros», que pasa a tener la siguiente redacción:
«b) Indemnizar los daños a las personas y en los bienes ocasionados con un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España, así como los ocasionados dentro del territorio español a personas con residencia habitual en España o a bienes propiedad de las mismas situados en España con un vehículo con estacionamiento habitual en un tercer país no firmante del Convenio Multilateral de Garantía, en ambos casos cuando dicho vehículo no esté asegurado.»
Tres. La tabla VI, «Clasificaciones y Valoración de Secuelas», del anexo (Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, queda redactada en los siguientes términos:
Impidiendo las actividades de la vida diaria 80-90
Moderado (limitación moderada de algunas, pero no de todas las funciones interpersonales y sociales de la vida cotidiana ; existe necesidad de supervisión de las actividades de la vida diaria) 20-50
Grave (limitación grave que impide una actividad útil en casi todas las funciones sociales e interpersonales diarias ; requiere supervisión continua y restricción al hogar o a un centro) 50-75
Hisposmia 3-6
Afaquia unilateral tras fracaso quirúrgico ; valorar según trastorno de la agudeza visual (ver tablas A y B adjuntas y combinar valores obtenidos) y añadir 5 puntos.
Manifestaciones hiperestésicas o hispoestésicas 1-5
Homonómicas 35-45
En posiciones altas de la mirada -menos de 10º de desviación- 1-10
En el campo lateral -menos de 10º de desviación- 5-15
En la parte inferior del campo visual -menos de 10º de desviación- 10-20
En todas las direcciones, obligando a ocluir un ojo -desviación de más de 10º- 20-25
Cuadro clínico derivado de hernia/s o protusión/es discal/es operada/s o sin operar ; se considera globalmente todo el segmento afectado de la columna (cervical, torácita o lumbar) 1-15
R. Total o parcial de un pulmón (neumonectomía) (añadir valoración de insuficiencia respiratoria) 12
Yeyuno-llectomía parcial o total (según repercusión funcional) 5-60
Grado III: 60-30 ml/min . 20-40
Lesiones vulvares y vaginales que dificulten o imposibiliten el coito (según repercusión funcional) 20-30
Después la menopausia 10
Grado IV: disnea de reposo (fracción de eyección: < de 30 por ciento) 60-90
Con repercusión regional (edemas, varices ...) 20-40
Adducción (N: 30º) 1-3
Artrosis postraumática y/o hombro doloroso 1-5
En posición no funcional 5-8
De 6 a 10 centímetros. 24-40
Unilateral, a nivel de diafisario o de la rodilla 50-60
Bilateral, a nivel de diafisario o de las rodillas 85-90
Artrosis postraumática (se refiere a las articulaciones fémoro-tibial y fémoro-patelar e incluye las limitaciones funcionales y el dolor) . 1-10
Aducción (N: 15º) 1-3
Tetraplejia C5-C6 (movilidad de cintura escapular) 95
Tetraplejia C7-C8 (puede utilizar miembros superiores. Posible la sedestación) 90
Paraplejia D1-D5. 85
Paraplejia D6-D10 80
Paraplejia D11-L1 75
Dolores intermitentes . 2-12
Dolores continuos . 15-30
Nervio femoral (nervio crural) . 25
Nervio peroneo profundo (nervio tibial anterior) 8
Nervio tibial (nervio ciático poplíteo interno) 22
Nervio peroneo profundo (nervio tibial anterior) 2-4
Nervio tibial (nervio ciático poplíteo interno) 5-8
Uno. Se añade un nuevo párrafo inmediatamente después del primero en el artículo 6.1 del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, con la siguiente redacción:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, serán indemnizables por el Consorcio de Compensación de Seguros los daños personales derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos en el extranjero cuando el tomador de la póliza tenga su residencia habitual en España.»
Dos. Se modifica el párrafo segundo del artículo 23.4 del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, con la siguiente redacción:
«Están sujetos a dicho recargo la totalidad de los contratos de seguro que se celebren sobre riesgos localizados en España, distintos al seguro sobre la vida y al seguro de crédito a la exportación por cuenta o con apoyo del Estado. No quedarán sujetos al recargo los planes de previsión asegurados cualquiera que sea la contingencia o contingencias que cubran.»
Artículo cuarto derogado por la letra e) del número 1 de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros («B.O.E.» 5 noviembre).
1. La tasa por expedición del diploma de mediador de seguros titulado se regirá por esta ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la formalización del expediente y la expedición del diploma de mediador de seguros titulado.
5. La cuantía de la tasa será de 24,04 euros.
6. El importe de la tasa se podrá recaudar mediante autoliquidación, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen.
7. La administración, liquidación y recaudación en período voluntario de la tasa corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
8. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrá actualizar la cuantía de la tasa.
La elección por parte de la entidad aseguradora de la opción de fraccionar el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras juntamente con las primas conllevará las obligaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 18 del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, conforme la redacción dada al mismo por el número nueve del apartado tercero del artículo 11 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
Disposición adicional segunda derogada por la letra e) del número 1 de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros («B.O.E.» 5 noviembre).
Téngase en cuenta que los tipos del recargo por fraccionamiento regulados en este precepto entrarán en vigor el 5 de febrero de 2003, conforme establece la letra c) de la disposición final tercera de la presente Ley.
Las modificaciones introducidas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, en materia de medidas de saneamiento y liquidación de entidades aseguradoras, resultarán de aplicación a las medidas y a los procedimientos adoptados o incoados con posterioridad a su entrada en vigor. Las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación de entidades aseguradoras, adoptados o incoados, respectivamente, con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por esta ley, se regirán por las disposiciones que les resultasen de aplicación en el momento de su adopción o incoación.
Disposición transitoria primera derogada por la letra d) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados («B.O.E.» 5 noviembre).
A 31 de diciembre de 2006, las entidades aseguradoras deberán haberse adaptado a las nuevas exigencias de fondo de garantía previstas en el artículo 18 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, según la redacción dada por esta ley. La adaptación se efectuará linealmente o mediante otro criterio sistemático acordado por la entidad con carácter irreversible, comunicado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley.
Las entidades que previeran no poder alcanzar las nuevas exigencias de solvencia en la fecha indicada deberán presentar, antes de dicha fecha, para su aprobación por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, un plan en el que se determinen las medidas a adoptar, con indicación de las condiciones y el plazo, que no podrá ser superior a dos años, para alcanzar, en todo caso, las nuevas exigencias de solvencia.
Las mutualidades de previsión social que no operen por ramos de seguros dispondrán de un plazo máximo de 10 años para alcanzar el importe de garantías financieras derivadas de lo establecido en el apartado 2 del artículo 67 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, según la redacción dada por esta ley. A tal efecto, se deberá presentar un plan de adaptación en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley para establecer las medidas a adoptar que determinarán los importes a constituir en cada ejercicio y las fuentes de financiación para cubrir las diferencias que resulten de las nuevas exigencias, de forma lineal o mediante otro criterio sistemático acordado por la entidad.
Disposición transitoria segunda derogada por la letra d) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados («B.O.E.» 5 noviembre).
La contraprestación por la valoración de inmuebles de entidades aseguradoras por los servicios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones seguirá exigiéndose con arreglo a lo previsto en la Orden del Ministerio de Hacienda de 9 de mayo de 1957 hasta que por orden del Ministro de Economía se establezca su nueva regulación adecuada a su naturaleza de precio público, de conformidad con lo establecido en el título III de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
OM Hacienda 9 May. 1957 (se reorganiza el servicio de valoración de inmuebles afectos directamente a la cobertura de reservas legales de las entidades de seguros, ahorro y capitalización) D 659/1960 de 31 Mar. (convalidación de las tasas que percibe la DG de Banca, Bolsa e Inversiones por valoración de inmuebles afectos a reservas)