Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614791
Timestamp: 2020-08-07 01:36:22
Document Index: 338253384

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 80', 'artículo 130', 'artículo 147', 'artículo 241', 'artículo 130', 'artículo 144', 'artículo 80', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 150', 'artículo 87']

Sentencia de Constitucionalidad nº 555/01 de Corte Constitucional, 31 de Mayo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614791
Sentencia citada en: 112 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa
Actor: J.P.R.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.P.R. presentó demanda contra los artículos 80, 84, 130 y 147 parciales de la Ley 200 de 1995.
Por auto de tres (3) de noviembre de dos mil (2000), el entonces magistrado sustanciador, doctor A.M.C., admitió la demanda presentada en contra los artículos 80, 130, y 147 parciales de la Ley 200 de 1995, y la rechazó respecto del artículo 84, por existir cosa juzgada constitucional sobre esa disposición. En consecuencia, ordenó fijar en lista las normas acusadas, comunicar la demanda al señor P. de la República, al señor P. del Congreso, al Ministerio de Justicia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con el objeto de que si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas demandadas. Así mismo, ordenó dar traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia.
Considera que los principios de celeridad y eficacia de los procedimientos no pueden "servir de título suficiente para sacrificar uno de los pilares del estado de derecho cual es la presunción de inocencia que solo puede desvirtuarse luego de una actividad probatoria concienzuda en la que se haya, no solo permitido, sino patrocinado la intervención del investigado solicitando pruebas y controvirtiendo las allegadas, contrainterrogando testigos, y aportando nuevos elementos de juicio para que se llegue a la verdad real." En su sentir, esta actividad probatoria a que hace referencia, es especialmente importante dentro de los procesos disciplinarios, toda vez que en este caso la potestad sancionadora "se erige sobre tipos legales más abiertos y discrecionales que los del derecho penal... Por esa razón, la observancia del debido proceso debe ser absolutamente estricta... porque el riesgo de arbitrariedad y abuso del poder está más latente que en el proceso penal que se adelanta ante un juez imparcial."
El ciudadano J.C.G.S. intervino en el proceso en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, para defender la constitucionalidad de las normas demandadas. En primer lugar, considera que el actor yerra cuando señala que al momento de formularse el pliego de cargos, el funcionario ya tiene una idea sobre la conducta del procesado y ha presumido su responsabilidad. Tampoco coincide con el demandante cuando éste señala que el disciplinado debe ser notificado personalmente al momento de la investigación preliminar. Precisa que el contexto general de la Ley 200 de 1995 está orientado a revestir de garantías al procesado, de manera que se le reconoce el derecho a conocer la actuación procesal y a controvertir las pruebas tanto en la indagación preliminar como en la investigación. Afirma que el investigado puede solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes en la etapa de indagación preliminar, antes de que se formulen los cargos y durante el término de los descargos. Así, indica, desde esta etapa queda asegurado el principio de contradicción.
El P. General de la Nación, J.B.C., en su concepto de rigor, solicita a la Corte declarar exequible el inciso segundo del artículo 80 acusado, "bajo el entendido que la comunicación que allí se ordena debe surtirse mediante el acto de notificación personal al imputado, y en su defecto, mediante edicto". Igualmente, solicita estarse a lo resuelto en la sentencia C-430 de 1997, que declaró exequible el artículo 130 e inexequible la parte acusada del artículo 147 de la ley 200 de 1995.
Conforme al ordinal 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los artículos 80, 130 y 147 parciales de la Ley 200 de 1995, ya que se trata de una demanda interpuesta en contra de disposiciones que forma parte de una ley de la República.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430 de 1997 Magistrado ponente: A.B.C.. , declaró exequible el artículo 130 de la Ley 200 de 1995, exequible la expresión "Oportunidad para rendir exposición. Quien tenga conocimiento de la existencia de una investigación disciplinaria en su contra y antes de que se le formulen cargos, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la exposición espontánea", del art. 147 de dicha Ley, bajo la condición de que se entienda que la oportunidad para rendir la exposición voluntaria se contrae no sólo a la etapa de la investigación sino de la indagación preliminar, e inexequible la expresión "aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite", contenida en el mismo artículo y demandada nuevamente en la presente causa.
"Esta Corte en varias sentencias ha sostenido que el derecho de defensa debe asegurarse permanentemente, es decir, tanto en la etapa de la investigación previa como en la investigación y en el juicio Sentencias C-150/93 M.P.F.M.D.; C-411/93 M.P.C.G.D.; C- 412/93 M.P.E.C.M., por lo tanto, no se justifica que se restrinja el derecho a rendir exposición en la etapa de la indagación preliminar.
"... En conclusión, la Corte considera que los artículos 77-2 y 130 se ajustan a la Constitución y, por lo tanto, serán declarados exequibles, no así la expresión "aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite", que será declarada inexequible.
El procedimiento administrativo que establece el Código Disciplinario Único para la imposición de sanciones disciplinarias a los servidores públicos, comprende tres etapas bien diferenciadas, a saber: la indagación preliminar, la investigación disciplinaria y el juzgamiento. Cf. Sentencia C- 430 de 1997 M.P A.B.C. La primera es de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, y tiene lugar cuando existen dudas sobre la necesidad de llevar a cabo la investigación disciplinaria. Por lo tanto su finalidad es verificar la ocurrencia de la conducta que constituye falta disciplinaria y determinar al presunto autor de la misma. Establecida existencia de la falta y la identidad del presunto autor, se inicia la etapa de investigación Cf. artículo 144 CDU la cual puede concluir con el archivo de las diligencias Cf. artículos 23, 148, 149, 150 y 151 C.D.U., o con la formulación de un pliego de cargos, que abre paso a la etapa de juzgamiento. El auto de cargos debe ser notificado al investigado, quien en esta etapa procesal dispone de un término para rendir descargos y solicitar pruebas.
El artículo 80 de la Ley 200 de 1995, cuya constitucionalidad ahora se examina, en la parte no acusada le reconoce a la persona investigada dentro del proceso disciplinario el derecho a conocer las diligencias que se adelantan en su contra, tanto en la etapa de indagación preliminar, como en la investigación disciplinaria, a fin de que pueda controvertir las pruebas que se alleguen así como solicitar aquellas otras que estime pertinentes. Para garantizar la posibilidad de ejercer el anterior derecho, la misma disposición añade que "iniciada la indagación preliminar o la investigación disciplinaria se comunicará al interesado para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa".
El artículo 29 de la Constitución inicia su redacción con la siguiente frase:
Nótese que el aparte del artículo 29 superior que se transcribió anteriormente, explícitamente dice que el debido proceso se aplicará a toda actuación administrativa, de donde se deduce que todo el trámite del proceso disciplinario, en cualquiera de sus etapas, debe permitir las garantías que se derivan de dicho principio constitucional. En tal virtud, la Corte entiende, y ha entendido Cf. entre otras Sentencias C- 430 de 1997, C-597 de 1996, C- 150 de 1993, que los derechos de contradicción y controversia tiene vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo disciplinario, es decir desde la indagación preliminar pasando por la investigación disciplinaria y el juzgamiento. Sobre el particular son claros los siguientes conceptos vertidos en la Sentencia anteriormente citada:
"Esta Corte en varias sentencias ha sostenido que el derecho de defensa debe asegurarse permanentemente, es decir, tanto en la etapa de la investigación previa como en la investigación y en el juicio Sentencias C-150/93 M.P.F.M.D.; C-411/93 M.P.C.G.D.; C- 412/93 M.P.E.C.M., por lo tanto, no se justifica que se restrinja el derecho a rendir exposición en la etapa de la indagación preliminar." Sentencia C-430 de 1997, M.P A.B.C.
Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha afirmado que en virtud de la cláusula general de competencia a que se refieren los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución, al legislador corresponde regular los procedimientos judiciales y administrativos. En virtud de tal facultad, puede el Congreso definir entre otras cosas, las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de las actuaciones etc.
"Como lo ha señalado esta Corporación en numerosas decisiones Véase las Sentencias C-38 DE 1995; C-032 y C-081 de 1996; C-327, C-429 y C-470 de 1997;y, C-198 de 1998., en las materias en las que compete al Congreso de la República "expedir códigos en todos los ramos de la legislación," este goza de una importante "libertad de configuración legislativa," a la que son inherentes mayores prerrogativas de valoración y de regulación normativa, pues, sin ella, no sería posible que, mediante el desarrollo de la función de "expedir las leyes," pudiese atender los requerimientos y particularidades propias de las cambiantes exigencias de la realidad nacional.
"Esto no significa obviamente que el Congreso pueda configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos, pues -ciertamente- la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a la igualdad (CP art. 13), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables y proporcionadas, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado en numerosas sentencias Ver, entre otras, las sentencias C-537 de 1993 y C-373 de 1995..
Así, pues, corresponde a ese órgano político evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos integrantes de los procedimientos mediante los cuales se adelanten los procesos judiciales." Sentencia C-135 de 1999, M.P.F.M.D.
Los artículos 29 y 228 superiores, en forma explícita consagran el principio de publicidad como una de las garantías que conforman la noción de debido proceso. A esto se refiere la primera de estas disposiciones cuando indica que "quien sea sindicado tiene derecho ... a un debido proceso público", y la segunda cuando señala que las actuaciones de la administración de justicia "serán públicas". En desarrollo de estos principios, las decisiones que se adopten dentro de cualquier procedimiento deben ser puestas en conocimiento de los interesados. Así, la publicidad viene a ser garantía de imparcialidad y de operancia de los derechos de contradicción y de defensa, pues solo quien conoce las decisiones que lo afectan puede efectivamente oponerse a ellas.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 892 de 1999 M.P A.B.S.. , retiró del ordenamiento jurídico la palabra "Sólo", contenida en la disposición anteriormente transcrita, por considerar que ella cercenaba en forma grave el principio de publicidad del proceso. En sustento de esa decisión expuso las siguientes consideraciones:
A partir de los anteriores criterios jurisprudenciales, se pregunta la Corte si la disposición que ahora analiza, cuando prescribe que "iniciada la investigación preliminar o la investigación disciplinaria se comunicará al interesado para que para que ejerza sus derechos de contradicción y de defensa", resulta ser suficiente garantía de los derechos que pretende proteger. Y al anterior interrogante responde negativamente, si se entiende que la expresión comunicará, se refiere a cualquier medio apto para hacer saber la decisión al interesado, y no a la notificación personal como medio específico de comunicación de las decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario. En efecto, resulta evidente que la simple comunicación del auto que inicia la investigación preliminar, cuando ésta tiene lugar, o de lo contrario del auto que inicia la investigación disciplinaria, en manera alguna garantiza al disciplinado la posibilidad de concurrir al trámite para solicitar pruebas, controvertir las aducidas, y en general ejercer su derecho de defensa en estos estadios procesales, toda vez que, como se dijo claramente en la Sentencia anteriormente citada, las normas del Código Disciplinario Único no señalan de manera precisa la forma en la cual deben realizarse las "simples comunicaciones", por lo cual no se asegura que sean efectivamente conocidas, ni que el contenido de las decisiones que pretenden "comunicar" pueda ser controvertido. Tampoco dichas normas indican cuándo han de producirse dichas comunicaciones, ni a partir de qué fecha deben entenderse surtidas.
T. además, de hacer saber a los interesados el contenido de providencias que son las primeras que se dictan dentro del proceso disciplinario (la que inicia la investigación preliminar cuando la hay, o la que inicia la investigación disciplinaria en caso contrario), resulta imprescindible que las mismas sean comunicadas a través del principal mecanismo de publicidad de la decisiones que se adoptan dentro de este procedimiento, cual es la notificación personal, la cual sólo puede ser reemplazada por la notificación por edicto cuando se evidencia la imposibilidad de ser llevada a cabo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del C.D.U. En efecto, abundante jurisprudencia, que fue resumida en la Sentencia C- 925 de 1999 M.P V.N.M.. , corrobora que por regla general, las primeras decisiones que vinculan a las personas a un procedimiento judicial o administrativo, deben serles notificadas en forma personal:
"Además, si del principio de igualdad se trata, la exigencia de esta clase de notificaciones para ciertas personas, en lugar de quebrantarlo, lo realiza y afianza. En efecto, desde ese punto de vista, la notificación se concibe como forma de protección a favor de quienes, siendo partes o interesados en el proceso, se encuentran en una situación de desventaja, por su imposibilidad o dificultad de acceso al conocimiento de decisiones judiciales que los puedan afectar, pudiendo en consecuencia, ver desconocido su derecho de defensa. Tal es el caso del demandado en cuanto al auto que confiere traslado de la demanda, pues de no mediar la necesaria notificación personal del mismo, muy seguramente se iniciaría el proceso a sus espaldas ante la ausencia de medios con mayor aptitud para garantizar que conoce de su existencia..." (Sentencia C-472/92, M.P.J.G.H.G.. (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Así las cosas, la Corte estima que la expresión "se comunicará", que se demanda en la presente oportunidad, no puede ser entendida como referente a simples comunicaciones, sino que necesariamente debe hacer alusión a la forma principal de comunicación procesal, cual es la notificación personal. Por ello, en aras de dar aplicación al principio de conservación del derecho, que impone al juez constitucional interpretar la norma legal en aquel sentido en cual respeta la Constitución y no en aquel otro en el cual la vulnera, la declarará exequible siempre y cuando se entienda que hace alusión exclusiva a esta forma de notificación y en subsidio a la notificación por edicto, cuando a pesar de las diligencias pertinentes, de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se haya podido notificar personalmente.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52026 de 27 de Enero de 2011