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Timestamp: 2020-03-29 11:40:39
Document Index: 69075168

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1']

REQUISITOS PARA CERRAR LA PUERTA DE LA SOLUCIÓN POLÍTICA | E L N
REQUISITOS PARA CERRAR LA PUERTA DE LA SOLUCIÓN POLÍTICA
Por Equipo Digital ELN 19 noviembre, 2018 19 noviembre, 2018
Escrito por Equipo Digital ELN 19 noviembre, 2018 19 noviembre, 2018
Autor: Asociaciones e Instituciones de la Sociedad
Bogotá, noviembre 13 de 2018
Honorables Senadores y Representantes que integran las Comisiones primeras de Senado y Cámara
Ref. Solicitud en torno al Proyecto de Ley No. 180 de 2018 Senado – No. 188 Cámara “Por medio del cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1106 de 2016, 1421 de 2010 y 1738 de 2014”.
Las organizaciones sociales, de víctimas y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de manifestar nuestra profunda preocupación respecto al Proyecto de Ley No. 180 de 2018 Senado – No. 188 Cámara “Por medio del cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1106 de 2016, 1421 de 2010 y 1738 de 2014”, el cual fue acogido en su integralidad en el informe de ponencia y tendrá su primer debate en Comisiones Primeras Conjuntas del H. Congreso de la República, el día martes 13 de noviembre de 2018.
Específicamente la preocupación versa sobre el artículo 4° nuevo del Proyecto de Ley, que pretende modificar el Capítulo I del Título I de la Ley 418 de 1997, relativo a las “Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, para su desmovilización, reconciliación entre colombianos y la convivencia pacífica”, que en nuestra consideración cierra las puertas a la solución política y pacífica del conflicto armado interno en Colombia. El contenido del artículo propuesto en el Proyecto de Ley es el siguiente:
“Artículo nuevo. El Consejo de Seguridad Nacional establecerá las condiciones que son requisitos para adelantar diálogos conducentes a acuerdos para la desmovilización, desarme y reintegración de un grupo armado organizado al margen de la ley.
En cualquier caso, será indispensable la demostración de la voluntad de disolución del aparato armado, su desarme absoluto y la reinserción efectiva a la vida civil por parte del grupo armado organizado al margen de la ley y de sus miembros, para lo cual se requiere la realización de actos que conduzcan a la celebración de diálogos y suscripción de acuerdos, tales como, la liberación de los secuestrados, el cese de actividades criminales, la terminación de la vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico, el final del reclutamiento de niños y jóvenes menores de 18 años, los ataques a la infraestructura estratégica, las acciones terroristas y la manifestación inequívoca de compromiso de entregar todos los bienes lícitos e ilícitos que pertenezcan a la organización y a sus miembros, individualmente considerados, con el fin de que sirvan para la reparación de las víctimas” [1].
Si bien dicho proyecto pretende ser una herramienta jurídica para la consolidación de una “política de seguridad y lucha contra la criminalidad”, consideramos que resulta lesivo para la materialización de una paz estable y duradera que, en el corto plazo, involucre a otros actores distintos a los que ya han efectuado negociaciones con el gobierno nacional. Quienes suscribimos esta carta, rechazamos el reclutamiento de niños y niñas para la guerra, consideramos urgente la liberación inmediata de las personas que los grupos armados tienen en su poder y exigimos la suspensión inmediata de las conductas que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, consideramos también que establecer límites legales al gobierno para entablar diálogos en la búsqueda de la paz, podría tener graves consecuencias en la continuidad del conflicto armado interno y prolongar las condiciones en las cuales este tipo de conductas se desarrollan.
El espíritu de la Ley 418 de 1997, anteriormente conocida como de Orden Público, es proporcionar al Estado herramientas e instrumentos eficaces, que faciliten la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia, la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia [2].
En ese sentido, la Ley 418 de 1997, contiene disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados con la intención de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, como derecho humano y universal y derecho fundamental contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia [3]. Por ello, la ley permite realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con grupos armados y a la fecha no ha fijado condiciones o requisitos que obstaculicen la labor del gobierno nacional en la búsqueda de la paz.
Contrario a esto, el artículo 4 propuesto, obstaculiza de forma grave e innecesaria la salida política y pacífica al conflicto armado interno que se vive en Colombia, a la vez que impediría la firma de acuerdos bilaterales que disminuyan su intensidad.
Las condiciones y requisitos previstos, son materialmente inalcanzables para dar inicio a cualquier diálogo de paz, y son los escenarios de diálogo los que permiten acordar rutas que conlleven a la suscripción de acuerdos para la terminación del conflicto armado. Condicionar de esta manera, es dar exclusividad al uso de la fuerza y la violencia que no ha dado resultados y por el contrario, ha dejado miles de víctimas durante estas décadas en Colombia en un conflicto social y armado no resuelto por la vía política.
Además, la grave situación humanitaria en los territorios de Colombia podría profundizarse; propuestas como como el Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó, los Desminados Humanitarios de Nariño, el Cese Bilateral al Fuego, u otros acuerdos especiales humanitarios y/o mecanismos para poner en marcha obligaciones del DIH- no se podrían pactar, pues en principio requieren del diálogo entre las partes y con el artículo propuesto no sería posible.
La prórroga de la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones no debería establecer procedimientos estrictos que contradigan e impidan el propósito y espíritu de la misma Ley o que disminuyan o limiten la capacidad del gobierno para materializarla.
Los esfuerzos de las distintas ramas del poder público y los diferentes actores de la sociedad civil, deben estar encaminados en la búsqueda, consecución y consolidación de la Paz como un derecho fundamental inalienable y como un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución, atendiendo lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que una de las Sentencias sobre el tema contempla:
“La jurisprudencia constitucional ha concluido en diversas decisiones y de una manera estable, que la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución. Para ello, se reconoce la triple condición de la paz como derecho, deber y valor fundante de dicho modelo, lo cual conlleva a obligaciones directas en, al menos, tres aspectos definidos: (i) un deber estatal de diseño e implementación de acciones, normativas y de política pública, dirigidas a la superación del conflicto armado y, en general, el logro de la convivencia pacífica; (ii) un deber social de preferir a la solución pacífica como mecanismo exclusivo y constitucionalmente admisible de resolución de las controversias; y (iii) el logro progresivo de la plena vigencia de los derechos fundamentales, lo cual es un presupuesto tanto para la paz como para la vigencia del orden democrático, concebido desde una perspectiva material” [4].
Hacemos un llamado respetuoso a quienes integran las Comisiones primeras de Cámara y Senado a que el artículo 4º mencionado sea eliminado de la discusión del proyecto de Ley No. 180 de 2018 Senado – No. 188 Cámara “Por medio del cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1106 de 2016, 1421 de 2010 y 1738 de 2014”, y por el contrario, instamos a que se amplíen las herramientas para el diálogo y la negociación, que permitan alcanzar una paz estable y duradera, y superar las causas estructurales de la guerra en Colombia, como garantía de no repetición para toda la sociedad.
211 asociaciones y instituciones de la sociedad colombiana; respaldadas desde Bélgica, Canadá, España, Italia y Portugal.
[1] Proyecto de Ley No. 180 de 2018 Senado – No. 188 Cámara “Por medio del cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1106 de 2016, 1421 de 2010 y 1738 de 2014”. Art. 4.
[2] Véase Ley 418 de 1997, artículo 1º.
[3] Véase Ley 418 de 1997, artículo 8o. Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016.
[4] Corte Constitucional Sentencia C-379/16. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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