Source: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-9799
Timestamp: 2019-08-24 06:50:06
Document Index: 221523229

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 25', 'artículo 14', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 21']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2017-9799
Documento consolidado BOE-A-2017-9799
«DOGC» núm. 7418, de 24/07/2017, «BOE» núm. 196, de 17/08/2017.
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2017/07/20/14/con
Última actualización publicada el 25/10/2018
Texto inicial publicado el 24/07/2017
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 25/10/2018»
Incluye las correcciones de erratas publicadas en DOGC núm. 7429, de 8 de agosto de 2017. Ref. DOGC-f-2017-90443, DOGC núm. 7451, de 8 de septiembre de 2017. Ref. DOGC-f-2017-90457 y DOGC núm. 7488, de 6 de noviembre de 2017. Ref. DOGC-f-2017-90498
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 14/2017, de 20 de julio, de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El aumento de la pobreza y del número de personas en riesgo de pobreza es una de las consecuencias graves que ha dejado la crisis económica mundial. Se consideran personas en riesgo de pobreza o de exclusión social aquellas que se encuentran en alguna de estas situaciones: las que tienen una carencia material extrema, las que tienen ingresos por unidad de consumo por debajo del 60 % del promedio y las que viven en hogares con una intensidad de ocupación muy baja o nula.
En el marco de la Estrategia Europea 2020, la Comisión Europea hace de la lucha contra la pobreza un elemento clave de su agenda económica, laboral y social. Así, la Unión Europea se plantea el objetivo de reducir en veinte millones el número de personas en situación de pobreza y exclusión social para el año 2020. Justo es decir que en la Unión Europea hay hoy más de ochenta millones de personas en situación de riesgo de pobreza, entre ellas veinte millones de niños y el 8 % de la población activa.
La regulación que prevé el Estatuto se enmarca en la Declaración universal de los derechos humanos y la Carta social europea. Así, el artículo 25 de la Declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas, del 1948, proclama que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para él y su familia, la salud y el bienestar, especialmente en cuanto a alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios» y el artículo 14 de la Carta social europea dispone que «para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las partes se comprometen a fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos del trabajo social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social».
Artículo 2. Finalidad y tipos de prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía.
Artículo 3. Características de las prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía.
Artículo 4. Carácter complementario y subsidiario de la renta garantizada de ciudadanía.
Artículo 5. Titulares y beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía.
Artículo 6. Unidad familiar.
1. A los efectos de lo establecido por la presente ley se considera unidad familiar la formada por una o más personas que mantienen entre ellas vínculos familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como por adopción o acogimiento, o vínculos de convivencia asimilados a los vínculos mencionados, excluyendo los que sean de simple vecindad compartida. La relación de parentesco se cuenta a partir del titular.
Redactado conforme a la corrección de erratas publicada en DOGC núm. 7429, de 8 de agosto de 2017. Ref. DOGC-f-2017-90443
Artículo 7. Requisitos para tener derecho a la renta garantizada de ciudadanía.
Tener a cargo menores o personas con discapacidad.
Ser huérfanas de los dos progenitores.
Haber sido víctimas de violencia machista en el ámbito del hogar.
Cualquiera otra situación o circunstancia que se establezca por reglamento.
– Personas sin hogar.
– Mujeres víctimas de violencia machista.
– Personas beneficiarias de una prestación pública o privada de servicio residencial permanente de tipo social, sanitario o sociosanitario.
Se modifica el apartado 1.e) por el art. 1 de la Ley 3/2018, de 23 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15299
Véase en cuanto a su aplicación la disposición final de la citada ley.
Última actualización, publicada el 25/10/2018, en vigor a partir del 26/10/2018.
Texto original, publicado el 24/07/2017, en vigor a partir del 15/09/2017.
Artículo 8. Evaluación y acreditación del derecho del solicitante o la unidad familiar a la renta garantizada de ciudadanía
Artículo 9. Determinación de la empleabilidad.
Artículo 10. Duración del derecho a percibir las prestaciones.
Artículo 11. Obligaciones de los destinatarios de la prestación económica.
Las personas que tienen reconocida la condición de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 65 %.
Las personas que, según el organismo encargado de la gestión de la prestación, en colaboración, si procede, con los servicios sociales municipales, y teniendo en cuenta el criterio de estos servicios, no se encuentran en situación de incorporarse al mercado laboral a corto o medio plazo.
Artículo 12. Modificación y revisión de la prestación.
Artículo 13. Suspensión de la prestación.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en el DOGC núm. 7488, de 6 de noviembre de 2017. Ref. DOGC-f-2017-90498
Artículo 14. Extinción del derecho a recibir la prestación.
Artículo 15. Datos personales.
Artículo 16. Integración de datos.
Artículo 17. Financiación de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía.
Artículo 18. Cuantía de la prestación económica.
1. El importe máximo de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, y el umbral de ingresos para percibir la prestación, incluida la cantidad correspondiente a la prestación complementaria de activación e inserción, es, cuando se trate de una unidad familiar de un solo miembro, del 100 % de la cuantía del indicador de renta de suficiencia de Cataluña.
2. En el caso de que la unidad familiar del titular de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía conste de dos miembros, el importe máximo mensual, incluida la cantidad correspondiente a la prestación complementaria de activación e inserción, es del 150 % de la cuantía del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, salvo cuando el titular de la unidad familiar monoparental compatibiliza la prestación con el trabajo a tiempo parcial, en que el segundo miembro percibe, inicialmente, el importe fijado por el apartado 3.
5. El importe total de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía no puede exceder en ningún caso del 182 % del indicador de renta de suficiencia de Cataluña vigente en cada momento ni puede ser inferior al 10 % de este indicador.
Artículo 19. Pago de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía.
Artículo 20. Acuerdos de inclusión social y laboral.
[Bloque 23: #a2-3]
Artículo 21. Administraciones públicas competentes.
[Bloque 24: #a2-4]
Artículo 22. Órganos para gestionar la renta garantizada de ciudadanía.
[Bloque 25: #a2-5]
Artículo 23. Órgano de seguimiento de la renta garantizada de ciudadanía.
b) Evaluar el posible efecto llamada que se haya producido y, en su caso, constatar que ha habido un incremento de como mínimo un 10 % de nuevas solicitudes de la renta garantizada de ciudadanía de personas recién censadas en Cataluña. Si es así, informar favorablemente para que se amplíe el requisito de residencia previa hasta un total de treinta y seis meses. En este caso, se habilita al Gobierno para que por reglamento pueda ampliar el período de veinticuatro meses de residencia legal hasta treinta y seis meses, para tener derecho a la prestación.
[Bloque 26: #a2-6]
Artículo 24. Coordinación de las actuaciones.
[Bloque 27: #a2-7]
Artículo 25. Presentación de las solicitudes.
[Bloque 28: #a2-8]
Artículo 26. Resolución administrativa de las solicitudes.
[Bloque 29: #a2-9]
Artículo 27. Recursos administrativos y judiciales contra las resoluciones.
1. El solicitante puede interponer recurso de alzada contra las resoluciones de aprobación, denegación, modificación, suspensión o extinción de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía. El recurso debe resolverse en el plazo de tres meses. Vencido este plazo sin que se haya dictado resolución expresa, el recurso puede considerarse desestimado.
Disposición adicional primera. No inclusión en el sistema de la seguridad social.
Disposición adicional segunda. Complementación de las prestaciones económicas de protección social de la Administración del Estado.
Disposición adicional tercera. Prestaciones complementarias.
«Artículo 21. Prestaciones económicas complementarias a las ayudas, pensiones y prestaciones estatales.
«1. Se crea una prestación de derecho subjetivo para complementar las ayudas, pensiones y prestaciones estatales.
b) Ser usuario de una prestación económica o de servicios de acogida residencial, sanitaria o de naturaleza análoga, siempre y cuando esta prestación se financie con fondos públicos, o estar internado en un centro penitenciario en régimen ordinario o cerrado».
[Bloque 33: #da-4]
Disposición adicional cuarta. Derecho de los refugiados a la renta garantizada de ciudadanía.
Para el acceso de los refugiados al derecho a percibir la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, en cumplimiento de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el resto de normativas internacionales reguladoras de la condición de refugiado y de beneficiarios de protección internacional, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
[Bloque 34: #da-5]
Disposición adicional quinta. Hogares con más de una unidad familiar.
[Bloque 35: #da-6]
Disposición adicional sexta. Informe general de evaluación.
[Bloque 36: #da-7]
Disposición adicional séptima. Informe de aplicación y efectividad.
[Bloque 37: #da-8]
Disposición adicional octava. Convenios con otras comunidades autónomas.
[Bloque 38: #da-9]
Disposición adicional novena. Medidas de desarrollo y cobertura.
Disposición transitoria primera. Titulares de la renta mínima de inserción regulada por la Ley 10/1997.
[Bloque 40: #dt-2]
Disposición transitoria segunda. Plazo y efectos.
[Bloque 41: #dt-3]
Disposición transitoria tercera. Desarrollo y cuantía de la prestación.
1. Las cuantías económicas de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía deben desarrollarse de modo gradual, entre la fecha de entrada en vigor de la presente ley y hasta su plena implantación el 1 de abril de 2020. El requisito de carencia de ingresos inferior es entre el 85 % del principio (15 de septiembre de 2017) y el 100 % del indicador de renta de suficiencia al final de este período.
2017, 15 de septiembre
2018, 15 de septiembre
2019, 15 de septiembre
2020, 1 de abril
Redactado conforme a la corrección de erratas publicada en DOGC núm. 7429, de 8 de agosto de 2017. Ref. DOGC-f-2017-90443, en la redacción dada por la corrección de erratas publicada en el DOGC núm. 7451, de 8 de septiembre de 2017. Ref. DOGC-f-2017-90457
[Bloque 42: #dt-4]
Disposición transitoria cuarta. Compatibilidades.
b) Personas que hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarias de la renta mínima de inserción y la estén compatibilizando con rentas de contratos de trabajo a tiempo parcial en los términos legalmente establecidos. En este caso, el importe de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía consiste en la diferencia entre las rentas del trabajo y el importe de la prestación, de acuerdo con lo establecido por la disposición transitoria tercera.
[Bloque 43: #dt-5]
Disposición transitoria quinta. Solicitudes de la renta mínima de inserción pendientes de resolución o suspendidas.
Las solicitudes presentadas al amparo de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción, que se encuentren pendientes de resolución o suspendidas en la fecha de entrada en vigor de la presente ley se resuelven con el sistema de protección establecido por esta última.
[Bloque 44: #dt-6]
Disposición transitoria sexta. Vigencia de las atribuciones de la Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción y del órgano técnico.
[Bloque 45: #dt-7]
Disposición transitoria séptima. Ausencias justificadas.
[Bloque 47: #df]
[Bloque 48: #df-2]
Disposición final segunda. Partida presupuestaria.
[Bloque 49: #df-3]
[Bloque 50: #fi]
Palacio de la Generalidad, 20 de julio de 2017.