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Timestamp: 2018-02-20 21:17:01
Document Index: 122387116

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 55']

Sentencia de 3 de Diciembre de 2001
VOTO RAZONADO JUEZ A.A.CANCADO TRINDADE
En el caso Cantoral Benavides,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante ·la Corte·, ·la Corte Interamericana· o ·el Tribunal·), integrada por los siguientes jueces*:
de acuerdo con los artículos 29, 55, 56.1 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante ·el Reglamento·)**, en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante ·la Convención· o ·la Convención Americana·) y en consideración de lo establecido en los puntos resolutivos décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia sobre el fondo emitida el 18 de agosto de 2000, dicta la presente Sentencia sobre reparaciones.
1. La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, para decidir sobre las reparaciones, costas y gastos en el presente caso, en razón de que el 28 de julio de 1978 el Estado del Perú (en adelante ·el Estado· o ·el Perú·) ratificó la Convención y el 21 de enero de 1981 reconoció la competencia contenciosa de la Corte.
2. El presente caso fue sometido ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante ·la Comisión· o ·la Comisión Interamericana·) mediante demanda de 8 de agosto de 1996. El 20 de septiembre de 1996 el Estado interpuso siete excepciones preliminares y el 3 de septiembre de 1998 la Corte dictó la sentencia correspondiente [1] . Finalmente, el 18 de agosto de 2000 la Corte dictó la sentencia sobre el fondo del caso, en la cual decidió:
1. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 8.2.c), 8.2.d) y 8.2.f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 8.2.g) y 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
8. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
9. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10. [·] que el Estado ha incumplido las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores [de la] sentencia.
11. [·] que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
12. [·] que el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en [la] sentencia y sancionarlos.
13. [·] que el Estado debe reparar los daños causados por las violaciones.
14. [·] abrir la etapa de reparaciones, a cuyo efecto comision[ó] a su Presidente para que oportunamente adopt[ara] las medidas que fuesen necesarias.
3. El 13 de septiembre de 2000 el Presidente de la Corte (en adelante ·el Presidente·), en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo décimo cuarto de la sentencia sobre el fondo, resolvió:
1. Otorgar a la víctima o, en su caso, a sus representantes y sus familiares, plazo hasta el 13 de noviembre de 2000 para que present[aran] sus argumentos y las pruebas de que disp[usieran] para la determinación de las reparaciones y costas.
2. Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, transmit[iera] todos los escritos y las pruebas recibidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Otorgar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plazo de un mes, que se contar[ía] partir de la fecha en que recib[iera] los referidos escritos y pruebas para que present[ara] las observaciones que consider[ara] pertinentes en materia de reparaciones y costas.
4. Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que hace referencia el punto resolutivo anterior, transmit[iera] al Estado del Perú todos los escritos y las pruebas presentados.
5. Otorgar al Estado del Perú un plazo de dos meses, que se conta[ría] a partir de la fecha en que recib[iera] los escritos y las pruebas a que hace referencia el punto resolutivo anterior, para que present[ara] sus observaciones y las pruebas de que disp[usiera] para la determinación de las reparaciones y costas en el presente caso.
6. Convocar a la víctima o, en su caso, a sus representantes y sus familiares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado del Perú, una vez finalizada la etapa escrita del procedimiento, a una audiencia pública, en fecha que ser[ía] comunicada oportunamente.
4. El 9 de noviembre de 2000 los representantes de la víctima solicitaron a la Corte que prorrogara por 40 días el plazo fijado por este Tribunal para presentar el escrito y las pruebas sobre las reparaciones. El 13 de los mismos mes y año, la Secretaría de la Corte (en adelante ·la Secretaría·), siguiendo instrucciones de la Corte, amplió el plazo hasta el 5 de enero de 2001.
5. El 5 de enero de 2001 los representantes de la víctima presentaron su escrito sobre reparaciones y costas.
6. El 9 de febrero de 2001 el Estado remitió la Resolución Suprema No 062-2001- RE, mediante la cual se designó al señor Francisco Eguiguren Praeli y al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda como agente y agente alterno, respectivamente, en el presente caso.
7. El 19 de febrero de 2001 la Comisión Interamericana presentó el escrito sobre reparaciones y costas en el presente caso.
8. El 8 de marzo de 2001 se recibieron dos poderes otorgados por Luis Alberto Cantoral Benavides (en adelante ·Luis Alberto·, ·la víctima· o ·el señor Cantoral Benavides·) a favor de José Burneo Labrín de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Viviana Krsticevic y Juan Carlos Gutiérrez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch/Americas, para que lo representaran ante la Corte.
9. El 6 de abril de 2001 la señora Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos remitió un informe psicológico referido a la terapia recibida por la víctima. El 19 de ese mismo mes y año la Secretaría informó a los representantes de la víctima y a la Comisión que dicho escrito no podía ser considerado por la Corte hasta tanto alguna de las partes solicitara su incorporación al acervo probatorio, por lo cual les solicitó que comunicaran si tenían intención de proceder de esta manera. El 30 de abril y el 4 de mayo de 2001 la Comisión y los representantes de la víctima, respectivamente, solicitaron que se incorporara al acervo probatorio del caso el informe realizado por la señora Vasconcellos.
10. El 15 de mayo de 2001 el Estado presentó extemporáneamente su escrito sobre reparaciones y costas (infra párr. 31).
11. El 19 de junio de 2001 el Presidente de la Corte resolvió convocar a los representantes de la víctima, a la Comisión Interamericana y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte el 6 de septiembre de 2001, con el objeto de recibir la declaración de los testigos Luis Alberto Cantoral Benavides, Gladys Benavides López y Eloy Urso Cantoral Huamaní, así como el dictamen del perito Oscar Maldonado Fernández.
12. El 13 de julio de 2001 los representantes de la víctima reiteraron su solicitud de que se incorporara al acervo probatorio del caso el informe pericial de la señora Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos y solicitaron que ésta fuera convocada a la audiencia pública sobre reparaciones, con el fin de que rindiera un peritaje sobre el estado de salud y el tratamiento psicológico que recibe Luis Alberto. El 1 de agosto de 2001 los representantes de la víctima reiteraron esta última solicitud. Por su parte, el 17 de julio de 2001 la Comisión informó que consideraba útil que la Corte pudiera contar con dicho peritaje en la audiencia pública sobre reparaciones. El Estado no presentó observaciones al respecto. El 27 de agosto de 2001 el Presidente resolvió convocar, conforme al artículo 44.1 del Reglamento, a la señora Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos para que compareciera a dicha audiencia pública en calidad de perito.
13. El 6 de septiembre de 2001 la Corte celebró la audiencia pública sobre reparaciones.
Por los representantes de la víctima:
Viviana Krsticevic; y
Domingo E. Acevedo, Delegado.
Luis Alberto Otárola Peñaranda, Agente alterno.
Testigos propuestos por los representantes de la víctima:
Perito propuesto por los representantes de la víctima:
14. El 1 de octubre de 2001 el Estado remitió un escrito al cual adjuntó una copia del ·Informe elaborado por la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación emitida desde el 5 de abril de 1992·, el cual fue ofrecido durante la audiencia pública sobre reparaciones. Al día siguiente la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó plazo hasta el 15 de los mismos mes y año, para que los representantes de la víctima y la Comisión presentaran las observaciones que estimasen pertinentes en relación con la documentación presentada por el Estado. El 15 de octubre de 2001 los representantes de la víctima presentaron sus observaciones. La Comisión no presentó escrito alguno al respecto.
15. El 2 de octubre de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó plazo hasta el 2 de noviembre de 2001 para que los representantes de la víctima, la Comisión y el Estado presentaran sus conclusiones escritas sobre reparaciones.
16. El 5 de octubre de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, requirió a los representantes de la víctima, a la Comisión y al Estado que presentaran, a más tardar el 16 de octubre del mismo año, y de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, la información referente al salario promedio de un oficinista y de un profesional promedio en biología en el Perú, en el período comprendido entre el 6 de febrero de 1993 hasta la fecha. El 16 de octubre de 2001 los representantes de la víctima y el Estado presentaron la mencionada documentación solicitada como prueba para mejor resolver y, el 25 de los mismos mes y año, el Estado presentó un escrito mediante el cual amplió la información. La Comisión no presentó la información solicitada.
17. El 9 de octubre de 2001 el Estado presentó su escrito de conclusiones sobre reparaciones y costas.
18. El 1 de noviembre de 2001 la Comisión presentó su escrito de conclusiones sobre las reparaciones y costas en el presente caso.
19. El 2 de noviembre de 2001 los representantes de la víctima remitieron sus conclusiones sobre reparaciones y costas.
20. Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte, a la luz de lo señalado en los artículos 43 y 44 del Reglamento, realizará algunas consideraciones aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas en la jurisprudencia de este Tribunal.
21. Según la práctica reiterada del Tribunal, durante la etapa de reparaciones las partes deben señalar qué pruebas ofrecen en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito. Además, el ejercicio de las potestades discrecionales de la Corte, contempladas en el artículo 44 de su Reglamento, le permite a ésta solicitar a las partes elementos probatorios adicionales, en carácter de prueba para mejor resolver, sin que esta posibilidad otorgue a aquéllas una nueva oportunidad para ampliar o complementar sus alegatos u ofrecer nueva prueba sobre reparaciones, salvo que la Corte así lo permitiera [2] .
22. La Corte ha señalado anteriormente que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos internos, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuado prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites dados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes [3] .
23. Esta práctica es extensiva a los escritos en que se formulan las pretensiones sobre reparaciones de los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus familiares y de la Comisión Interamericana y al escrito de respuesta del Estado, que son los principales documentos de la presente etapa y revisten, en términos generales, las mismas formalidades que la demanda respecto al ofrecimiento de prueba. Con base en lo dicho, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto de los elementos que conforman el acervo probatorio del caso, según la regla de la sana crítica [4] , dentro del marco legal del caso en estudio.
24. Como anexos al escrito sobre reparaciones, los representantes de la víctima presentaron copia de 106 documentos contenidos en 49 anexos (supra párr. 5) [5] .
25. Como anexos al escrito de observaciones a la solicitud de reparaciones, el Estado presentó copia de dos resoluciones supremas dictadas por el Poder Ejecutivo del Perú (infra párr. 31) [6] .
26. El 6 de abril de 2001 la señora Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos remitió a la Corte un informe psicológico de fecha 28 de febrero de 2001 sobre el tratamiento psicoterapéutico recibido por el señor Cantoral Benavides (supra párr. 9) [7] .
27. El 1 de octubre de 2001 el Estado remitió copia del ·Informe elaborado por la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación emitida desde el 5 de abril de 1992· (supra párr. 14) [8] .
28. El 16 de octubre de 2001 los representantes de la víctima y el Estado presentaron información referida a los salarios promedio de un oficinista y de un profesional en biología en el Perú, según lo solicitado por la Corte (supra párr. 16) [9] . El 25 de los mismos mes y año el Estado presentó un escrito con información adicional al respecto (supra párr. 16) [10] .
29. La Corte recibió, durante la audiencia pública celebrada el 6 de septiembre de 2001, las declaraciones de los testigos Luis Alberto Cantoral Benavides, víctima del caso; Gladys Benavides López, madre de la víctima; y Eloy Urso Cantoral Huamaní, tío de la víctima. Asimismo, el Tribunal recibió las pericias de los psicólogos Oscar Maldonado Fernández y Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos.
30. En el presente caso, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos oportunamente presentados por las partes que no fueron controvertidos ni objetados ni su autenticidad puesta en duda.
31. El 15 de mayo de 2001 el Estado presentó su escrito relativo a las observaciones a las reparaciones, costas y gastos, el cual había sido requerido el 20 de febrero de 2001 por la Secretaría, de acuerdo con la Resolución del Presidente de 13 de septiembre de 2000 (supra párrs. 3 y 10). El plazo para la presentación de dicho escrito venció el 26 de abril de 2001, de manera que éste fue recibido 19 días después de vencido el término. Al respecto, la Corte considera que el tiempo transcurrido no puede considerarse razonable, según el criterio seguido por ella en su jurisprudencia [11] . En las circunstancias del presente caso el retardo no se debió a un simple error de cómputo del plazo. Además, los imperativos de seguridad jurídica y equidad procesal exigen que los plazos sean observados [12] , salvo cuando lo impidan circunstancias excepcionales, lo cual no ocurrió en el presente caso. En consecuencia, la Corte rechaza, por haber sido presentado extemporáneamente, el escrito del Estado de 15 de mayo de 2001 y se abstiene de pronunciarse sobre lo señalado en éste. En razón de lo anterior, la prueba presentada por el Estado junto con el escrito de observaciones sobre reparaciones (supra párr. 25), también se tiene como presentada extemporáneamente.
32. En cuanto al informe psicológico escrito sobre el señor Cantoral Benavides presentado por la señora Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos (supra párr. 9); a los documentos presentados por los representantes de la víctima y el Estado referentes a la información sobre los salarios promedio de un oficinista y de un profesional en biología en el Perú (supra párr. 16) y el ·Informe elaborado por la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación emitida desde el 5 de abril de 1992·, remitido por el Estado (supra párr. 14), la Corte los considera útiles dentro del contexto del acervo probatorio y los incorpora al mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 del Reglamento.
33. En lo que respecta a la prueba testimonial y pericial, la Corte la admite únicamente en cuanto concuerde con el objeto del interrogatorio y del dictamen propuesto.
34. Finalmente, es conveniente señalar que el acervo probatorio de un caso es único e inescindible y se integra con la prueba presentada durante todas las etapas del procedimiento [13] .
35. Con el fin de determinar las medidas de reparación procedentes en este caso, la Corte tendrá como base de referencia los hechos admitidos como probados en la sentencia sobre el fondo emitida el 18 de agosto de 2000. Además, en la presente etapa del procedimiento, las partes han aportado al expediente nuevos elementos probatorios en orden a demostrar la existencia de hechos complementarios que tienen relevancia para la determinación de las medidas de reparación. La Corte ha examinado dichos elementos, así como los alegatos de las partes, y declara probados los siguientes hechos:
a) Luis Alberto Cantoral Benavides nació el 21 de marzo de 1972; al momento de su detención tenía 20 años, realizaba estudios de biología en la Universidad Nacional de San Marcos, en el Perú, y efectuaba labores pedagógicas informales que le permitían obtener ingresos ocasionales [14] ;
b) Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido el 6 de febrero de 1993 y liberado el 25 de junio de 1997, por lo que estuvo encarcelado cuatro años, cuatro meses y diecinueve días. Fue indultado el 24 de junio de 1997 mediante Resolución Suprema N° 078-97-JUS. Luis Alberto Cantoral Benavides abandonó el Perú por temor e inseguridad y tiene miedo de regresar a este país. Desde junio de 1998 vive en Brasil [15] ;
c) la madre de la víctima es Gladys Benavides López, y sus hermanos son José Antonio, Luis Fernando e Isaac Alonso, todos ellos de apellido Cantoral Benavides. Su padre, Isaac Cantoral Huamaní, murió el 29 de diciembre de 1975 [16] ;
d) durante su encarcelamiento y como consecuencia de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometido, Luis Alberto Cantoral Benavides sufrió padecimientos psíquicos y físicos, para cuyo tratamiento fue necesario realizar gastos, los cuales fueron sufragados por sus familiares [17] ;
e) como consecuencia de los hechos que motivaron este caso, Luis Alberto Cantoral Benavides ha sufrido y sigue sufriendo trastornos de salud física y psíquica [18] ;
f) Luis Alberto Cantoral Benavides recibió atención psicológica a través del programa especializado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Lima, Perú. También ha recibido tratamiento psicoterapéutico en Brasil [19] ;
g) la señora Gladys Benavides López, madre de la víctima, sufrió daños materiales e inmateriales como consecuencia de los hechos del caso [20] , así como diversos padecimientos, por lo que debió recibir atención física y psicológica e incurrió en gastos para solventar el pago de sus medicinas [21] ;
h) los hermanos de Luis Alberto Cantoral Benavides sufrieron daños materiales e inmateriales como consecuencia de los hechos del caso [22] ; y
i) los familiares de la víctima realizaron diligencias administrativas y judiciales conforme al derecho interno, que generaron diversos gastos. La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y a Human Rights Watch/Americas asumieron la representación de la víctima [23] y recurrieron ante al sistema interamericano de derechos humanos, por lo cual tuvieron que asumir ciertos gastos [24] .
36. La Corte pasa ahora a determinar cuáles personas deben considerarse como ·parte lesionada· en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana. En vista de que las violaciones a la Convención, establecidas por la Corte en su sentencia de 18 de agosto de 2000, fueron cometidas en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, éste debe considerarse comprendido dentro de dicha categoría y ser acreedor de las reparaciones que fije la Corte.
37. No existe controversia respecto a la calidad de beneficiarios de Gladys Benavides López y de Luis Fernando, Isaac Alonso y José Antonio Cantoral Benavides. La señora Benavides López debe ser considerada como beneficiaria por su condición de madre de la víctima, condición que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corte [25] , da pie a que se presuma que la persona de que se trata sufrió un daño que debe ser reparado. Luis Fernando, Isaac Alonso y José Antonio Cantoral Benavides son hermanos de Luis Alberto Cantoral Benavides. En esa calidad, no debieron ser indiferentes a los sufrimientos padecidos por Luis Alberto [26] .
38. Observa, por otra parte la Corte, que en el presente caso existen pruebas de que los hechos de los cuales fue víctima Luis Alberto Cantoral Benavides acarrearon a su madre y a sus tres hermanos daños de diversa naturaleza e intensidad, que los convierten en titulares del derecho a obtener una reparación.
39. En el punto resolutivo décimo tercero de la sentencia sobre el fondo de 18 de agosto de 2000, la Corte decidió que el Estado debía reparar los daños causados por las violaciones de la Convención en el presente caso. En esta Sentencia la Corte determinará las reparaciones que el Estado peruano deberá efectuar de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana.
40. En lo que respecta al artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que esta disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación [27] .
41. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados [28] . Esta obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su derecho interno [29] .
42. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores [30] . En este sentido, las reparaciones que se establezcan en esta Sentencia, deben guardar relación con las violaciones declaradas en la sentencia sobre el fondo dictada por la Corte el 18 de agosto de 2000 (supra párr. 2).
43. Los representantes de la víctima solicitaron que el Estado indemnice a Luis Alberto Cantoral Benavides y a sus familiares. Al respecto, señalaron lo siguiente:
a) para estimar el lucro cesante se debe tomar en cuenta que Luis Alberto era un estudiante a quien se le truncó su carrera profesional de biología. La víctima hubiese concluido sus estudios universitarios en 1996 y a partir de 1997 podría haber estado trabajando en su profesión. Considerando, de forma razonable, el nivel de remuneración de un profesional que se inicia en la vida laboral, su ingreso no percibido podría estimarse en US$300.00 (trescientos dólares de los Estados Unidos de América) mensuales. Dicho ingreso dejó de obtenerse durante los cuatro años que van del momento en que la víctima habría terminado sus estudios hasta la fecha, ingreso que se calcula que asciende a la cantidad de US$14.400,00 [31] (catorce mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), más los intereses legales;
b) en cuanto al daño emergente, en el presente caso deben incluirse las pérdidas de dinero y bienes personales producidas durante el acto de registro domiciliario efectuado en la residencia de la víctima [32] , los gastos mensuales de la víctima durante su encarcelamiento por adquisición de alimentos [33] , de artículos de aseo [34] , de medicinas [35] , de ropa y zapatos [36] , los gastos quincenales por compra de material para la realización de trabajos manuales [37] , y los gastos de transporte de los familiares de la víctima a los establecimientos penitenciarios de Cachiche y Miguel Castro Castro [38] . Las visitas practicadas a la víctima en la cárcel, una vez al mes, los días viernes, que son hábiles, obligaron a sus familiares, en cada ocasión, a dejar de realizar sus actividades diarias normales;
c) asimismo, solicitan que se rehabilite a Luis Alberto, ya que requiere atención tanto de su salud física como psicológica por las secuelas del encarcelamiento prolongado, la tortura y los malos tratos de que fue objeto. También solicitan que se brinde atención médica y psicológica a sus familiares;
d) la señora Gladys Benavides López realizó diversos gastos médicos a raíz de los padecimientos que sufrió;
e) la madre de la víctima pidió prestado dinero a los familiares para afrontar los gastos del mantenimiento de sus hijos durante el encarcelamiento de Luis Alberto y se vio obligada a trasladarse de Nazca, donde vivía, a Ica y a Lima. Ella tenía un negocio de venta de abarrotes en Nazca que sirvió para sufragar gastos, pero debió cerrarlo debido a la detención de sus dos hijos [39] ; y
f) el Estado debe pagar los montos solicitados con los intereses legales correspondientes [40] .
44. Por su parte, la Comisión alegó:
a) en cuanto al lucro cesante, que se trata de todo ingreso que la víctima pudo haber percibido a partir de 1997, es decir, a partir del año siguiente en que se hubiese graduado de biólogo, de no haber sido detenido ni encarcelado por el Estado, por lo que estima que la cantidad solicitada por los representantes de la víctima constituye ·una apreciación prudente de los daños·; y
b) en lo referente al daño emergente, entendido como el daño directamente producido por los hechos del caso, se remite a las cantidades [41] solicitadas por los representantes de la víctima y considera que éstas representan una apreciación razonable de los gastos en que incurrieron los familiares de aquélla desde febrero de 1993.
45. En atención a lo señalado en el párrafo 31 de la presente Sentencia, la Corte se abstiene de incluir las argumentaciones contenidas en el escrito del Estado relativo a las observaciones sobre reparaciones, por haber sido presentado extemporáneamente. Sin embargo, se incluyen los alegatos del Estado expuestos durante la audiencia pública y las conclusiones escritas respecto a las reparaciones.
46. El Estado, en sus argumentos sobre reparaciones, señaló que:
a) en relación con el daño material, la Corte ha sido muy equilibrada en la determinación de las indemnizaciones, y solicitó un análisis ponderado tanto de las reparaciones a que hubiere lugar como del monto de la indemnización que se determine, de acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, en este caso, la víctima goza del derecho a la vida y ese sólo hecho lo diferencia de otros casos; y
b) el Estado peruano sólo podría cumplir cabalmente con una reparación que se orientara a resarcir el daño causado si la víctima se encontrara dentro de la jurisdicción nacional, pues el Estado tiene la capacidad técnica y operativa para solventar el tratamiento médico y el estudio universitario de la víctima a través de instituciones especializadas. Sin embargo, el señor Cantoral Benavides reside actualmente en Brasil y ·se niega [·] a retornar al Perú·, debido a lo cual el Estado no podría asumir ciertos gastos y atenciones médicas en una jurisdicción ajena.
47. La Corte, teniendo presente la información recibida en el presente proceso, los hechos considerados probados y su jurisprudencia constante, estima que la indemnización por daño material en este caso debe comprender los rubros que van a indicarse en este apartado.
48. En cuanto a la pérdida de ingresos, los representantes de la víctima solicitaron que la Corte debía tomar en cuenta para su cálculo el salario de un profesional en biología. Esta Corte considera que está probado que Luis Alberto Cantoral Benavides realizaba, cuando fue detenido, estudios de biología; que era previsible que su graduación como biólogo se efectuara en 1996 y que al momento de los hechos no tenía un trabajo estable pero realizaba labores pedagógicas informales, que le permitían obtener algunos ingresos ocasionales. Por otra parte, en la declaración rendida ante la Corte el 6 de septiembre de 2001, la víctima manifestó que
había planeado prácticamente [su] vida. Desde que empe[zó] la Universidad [·]pensaba ya terminar, hacer una maestría, un doctorado[; · s]e dedicaba bastante también al estudio [·] hasta que sucedió ese problema y han pasado nueve años prácticamente y hasta ahora no lo h[a] conseguido[; ·] sient[e] las ganas de realmente continuar y terminar [sus] estudios[; ·] intent[ó] retomar [sus] estudios de biología, pero inicialmente como alumno especial, pero para esto [·] tenía que dar una prueba para ser un alumno regular y esto no lo h[a] conseguido; h[a] intentado [hacer los cursos] pero h[a] abandonado siempre por [problemas] económicos.
49. En razón de lo anterior, este Tribunal puede establecer lo siguiente:
a) que Luis Alberto Cantoral Benavides debe recibir del Estado el importe de los salarios mínimos vitales correspondientes al período en que estuvo sometido a detención y prisión. El pago de las respectivas cantidades de dinero indemnizará a la víctima por haber dejado de percibir los ingresos que habría obtenido en el desarrollo de las labores ocasionales a las que se hizo referencia anteriormente;
b) que la víctima debe recibir del Estado la remuneración correspondiente a los salarios que hubiera obtenido un biólogo en sus primeros años de labor profesional, durante el lapso que ha mediado entre el momento en que Luis Alberto Cantoral Benavides fue puesto en libertad y la fecha de la presente Sentencia. El pago de las correspondientes cantidades de dinero indemnizará al señor Cantoral Benavides por haber dejado de percibir los respectivos ingresos.
El cálculo de los ingresos dejados de percibir se efectuará sobre la base de 12 salarios al año, más las bonificaciones anuales correspondientes, de acuerdo con la normas peruanas. La cantidad resultante debe traerse a valor presente a la fecha de la Sentencia [42] .
50. El valor correspondiente a los rubros de que trata el párrafo anterior asciende aproximadamente a US$24.000,00 (veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos de América), cantidad que fija la Corte como compensación de los perjuicios correspondientes por considerarla adecuada en términos de equidad.
51. En consideración de la información recibida, la jurisprudencia y los hechos probados, la Corte declara que la indemnización por daño material en el presente caso debe comprender también lo siguiente:
a) una suma de dinero correspondiente a los gastos médicos de la víctima durante su encarcelamiento. La prueba presentada en relación con esos gastos no es concluyente, por lo que la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$1.000,00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización por el respectivo concepto;
b) una suma de dinero correspondiente a los gastos médicos futuros de la víctima, pues la Corte considera que existe evidencia suficiente que demuestra que los padecimientos de la víctima se originaron durante su reclusión, y que actualmente requiere de tratamiento psicoterapéutico (supra párr. 35 e) y f) ), como fue demostrado con los dictámenes de la psicóloga Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos y del psicólogo Oscar Maldonado Fernández. Dichos informes se complementan con las declaraciones de la víctima y la madre de ésta, Gladys Benavides López. La Corte considera pertinente fijar, en equidad, como indemnización por el correspondiente concepto, la cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Luis Alberto Cantoral Benavides;
c) una suma de dinero correspondiente a los gastos de traslado de los familiares, en particular de la madre de la víctima, para visitar a Luis Alberto durante su encarcelamiento. La Corte considera pertinente determinar, en equidad, como indemnización por el respectivo concepto, una cantidad de US$500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América) los cuales deben ser cancelados a la señora Benavides López;
d) una suma de dinero correspondiente a los gastos médicos efectuados para atender de la señora Gladys Benavides López. La Corte considera que la madre de la víctima efectivamente tuvo y tiene padecimientos físicos y psicológicos originados por la reclusión y situación de su hijo Luis Alberto, de acuerdo con la constancia médica aportada y con lo manifestado por ella durante la audiencia pública, al afirmar que se ha enfermado del estómago, que padece de gastritis crónica, de artritis, de colesterol alto, de nervios y que está mal de la vista. Esta Corte estima pertinente fijar, en equidad, como indemnización por el respectivo concepto, una cantidad de US$1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América);
e) tratamiento médico y psicológico a la señora Gladys Benavides López, en relación con los padecimientos de salud física y mental causados por los hechos de este caso; y
f) una suma de dinero correspondiente a los gastos médicos y psicológicos futuros de Luis Fernando Cantoral Benavides quien, conforme a lo establecido en el párrafo 105 de la sentencia sobre el fondo (supra párr. 2), se vio muy afectado por la situación padecida por su hermano Luis Alberto, hasta el punto que es de presumir que debe recibir tratamiento médico o psicológico. La Corte estima pertinente fijar, en equidad, como indemnización por el respectivo concepto, una cantidad de US$3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América).
52. Con base en lo anterior, la Corte fijará como indemnización de los daños materiales ocasionados por las violaciones declaradas en la sentencia de 18 de agosto de 2000, las siguientes cantidades:
Gastos traslado de familiares
Gastos médicos ocasionados
53. La Corte pasa a considerar aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y que no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El mencionado daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria, así como las alteraciones de condiciones de existencia de la víctima o su familia. Es una característica común a las distintas expresiones del daño inmaterial el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir [43] .
54. Los representantes de la víctima señalaron que:
a) como está demostrado, Luis Alberto Cantoral Benavides estuvo privado de su libertad por cuatro años, cuatro meses y diecinueve días. Durante su detención y encarcelamiento fue exhibido a la prensa vestido con ropas infamantes, incomunicado, torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando Luis Alberto fue liberado, se vio forzado a emigrar a Brasil en resguardo de su libertad e integridad, país en el cual ha sufrido problemas de adaptación. Además, actualmente, como secuela de los hechos de este caso, la víctima sufre de diversos padecimientos psicológicos;
b) la familia de Luis Alberto, su madre y sus hermanos, Luis Fernando, Isaac Alonso y José Antonio, todos Cantoral Benavides, sufrieron la ausencia de aquél y compartieron su angustia en razón de la forma en que ocurrieron los hechos, las condiciones en que fue privado de libertad y la naturaleza de los cargos que se le imputaron -traición a la patria y terrorismo-, el trato humillante que recibían cuando visitaban a la víctima y la estigmatización de la que fueron objeto por parte de los vecinos, conocidos, autoridades y un sector de la prensa. Incluso algunos de ellos fueron objeto de persecución estatal;
c) Gladys Benavides López, madre de la víctima, afrontó personalmente la responsabilidad de lograr la libertad de su hijo Luis Alberto y tuvo que enfrentar las condiciones de detención de sus hijos, que comportaban para ella un maltrato psicológico y que le acarrearon agravios físicos, como las inspecciones vaginales a las que debió someterse en algunas oportunidades al visitar en los centros de reclusión a Luis Alberto y a Luis Fernando, según lo manifestó ante la Corte durante la audiencia pública. Además, durante el encarcelamiento de su hijo Luis Alberto se vio sometida a un régimen de restricción de visitas y durante el desarrollo de las mismas no se le permitió tener ningún tipo de contacto físico afectuoso con él. Su salud física y psicológica se ha visto seriamente afectada. Por otra parte, la señora Benavides López no pudo conocer la identidad de los responsables de los hechos de este caso, en razón de que las autoridades correspondientes se abstuvieron de investigar los delitos y sancionarlos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, ella tiene derecho a ser indemnizada por esos sufrimientos;
d) Luis Fernando Cantoral Benavides, hermano de la víctima, sufrió condiciones similares a las de Luis Alberto. Actualmente se encuentra refugiado en Bolivia, sufriendo las condiciones de exilio forzado, separado de su familia y en una situación económica y social precaria;
e) Isaac Alonso Cantoral Benavides, hermano de la víctima, vio cómo cambió su vida, ya que su entorno familiar se modificó violentamente. Padeció de depresión y aislamiento, dejó sus estudios por algún tiempo y ha sufrido las consecuencias sociales de la estigmatización. También ha sufrido agresiones con anterioridad y posterioridad a la liberación de Luis Alberto;
f) José Antonio Cantoral Benavides, hermano de la víctima, actualmente se encuentra en Bolivia;
g) la compensación por el sufrimiento y el dolor causado a la víctima durante 1.599 días de prisión y sus secuelas persistentes hasta el día de hoy, debe fijarse, según los representantes de la víctima, y de acuerdo a criterios de equidad, en la cantidad de US$80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América), y la compensación por el sufrimiento ocasionado al conjunto de sus familiares debe apreciarse en un monto global de US$40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Esto fue lo pedido por dichos representantes en su escrito de solicitud de reparaciones. Sin embargo, en el escrito de conclusiones sobre reparaciones solicitan, una vez más en términos de equidad, la cantidad de US$80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para Luis Alberto Cantoral Benavides y la cantidad de US$40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno de sus familiares;
h) las siguientes personas deben ser consideradas como beneficiarias del pago de la compensación del daño moral:
h.i) Luis Alberto Cantoral Benavides, víctima;
h.ii) Gladys Benavides López, madre;
h.v) José Antonio Cantoral Benavides, hermano; e
i) Luis Alberto, a sus 20 años y siendo estudiante de biología de la Universidad Mayor de San Marcos, con absoluta frustración y angustia, vio truncado su proyecto de vida ante el menoscabo de las oportunidades personales y profesionales. Por ello, es admisible la pretensión de que se repare la pérdida de opciones causada por el hecho ilícito. La reconstrucción del proyecto de vida de la víctima se encuentra íntimamente relacionada con su educación profesional, y debe ser garantizada por el Estado sin exigir para ello el retorno de Luis Alberto al Perú, pues no está en condiciones psicológicas para hacerlo. En consecuencia, solicitan una cantidad similar a la compensación del daño moral, de US$80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América), como indemnización por pérdida del proyecto de vida, suma que, dada la juventud y potencialidad de la víctima, garantizaría sus estudios y su permanencia en el Brasil. Para dicha estimación no se utilizó una valoración en equidad, sino un criterio más objetivo basado en el cálculo de una serie de gastos específicos relacionados con la reubicación de la víctima en el ámbito académico y su rehabilitación psicológica. El cálculo se ha efectuado con base en una estimación aproximada de lo que se necesita para vivir en Brasil (US$700,00 -setecientos dólares de los Estados Unidos de América- u US$800,00 -ochocientos dólares de los Estados Unidos de América- por mes), más el costo de los estudios (US$400,00 -cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América- por mes) y más el pago de la seguridad social (US$200,00 -doscientos dólares de los Estados Unidos de América- por mes), suma cuyo total multiplicado por 12 meses asciende a un monto de US$15.600,00 (quince mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América). Este resultado multiplicado, a su vez, por cinco años, se aproxima a la solicitada cantidad de US$80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América).
55. La Comisión señaló que:
a) todos los miembros de la familia Cantoral Benavides se vieron perjudicados y sufrieron en forma directa la ausencia de Luis Alberto, por la forma y condiciones en que arbitrariamente se le privó de la libertad. Además, sufrieron el trato humillante a que eran sometidos cada vez que lo visitaban en el establecimiento penal, y la persecución ilegal de que fueron objeto algunos de ellos por parte del Estado peruano;
b) los sufrimientos derivados de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que fue injustamente sometida la víctima por parte de los agentes del Estado peruano le causaron un perjuicio de naturaleza irreversible;
c) el sufrimiento moral causado al señor Cantoral Benavides y a su familia sólo puede ser reparado mediante el pago de una indemnización pecuniaria que debería ser fijada en aplicación del principio de equidad. La Comisión está de acuerdo con lo que exponen y solicitan al respecto los representantes de la víctima; y
d) considera procedente la solicitud de los representantes de la víctima en relación con el proyecto de vida de Luis Alberto Cantoral Benavides.
Alegatos del Estado [44]
56. Durante la audiencia pública el Estado solicitó que, al estimar las reparaciones referidas a la carrera y estudios interrumpidos de la víctima, al daño al proyecto de vida, al daño moral y al daño emergente, la Corte ratifique su justo y cauto precedente jurisprudencial, según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El Estado entiende la negativa de la víctima de regresar al Perú, pues en Brasil desarrolla sus estudios y recibe tratamiento psicológico. Sin embargo, considera que no existe impedimento legal o de hecho para que Luis Alberto Cantoral Benavides retorne a su país, donde el Estado podría garantizarle seguridad, y proporcionarle estudios y servicios de salud en instituciones especializadas.
57. Esta Corte, al igual que otros Tribunales Internacionales, ha señalado reiteradamente que la sentencia de condena puede constituir per se una forma de compensación del daño inmaterial [45] . Sin embargo, por las graves circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los respectivos hechos causaron a la víctima y que de algún modo produjeron también sufrimientos a sus familiares, las alteraciones de las condiciones de existencia de la víctima y sus familiares y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que le acarrearon a estos últimos, la Corte estima que debe ordenar el pago de una compensación por concepto de daños inmateriales, conforme a la equidad [46] .
58. Los representantes de la víctima han hecho referencia a diversas clases de daños inmateriales: los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por la víctima; la destrucción de su proyecto de vida; la desintegración de la familia; y los sufrimientos padecidos por la madre y los hermanos de la víctima.
59. Para considerar el daño inmaterial, la Corte observa que Luis Alberto Cantoral Benavides fue sometido a condiciones de reclusión hostiles y restrictivas; fue torturado y sometido a diversos tratos crueles, inhumanos y degradantes y esto le produjo intensos dolores corporales y sufrimientos emocionales. Además, se determinó que las actuaciones que se siguieron en su contra no cumplieron con los requisitos de un debido proceso (detención arbitraria, exhibición en traje infamante ante la prensa, falta de garantías judiciales y protección judicial) y que no se han investigado los hechos relacionados con la tortura de que fue objeto. Al respecto, el párrafo 104 de la sentencia sobre el fondo, dictada por la Corte el 18 de agosto de 2000, señala:
[a]tendiendo al conjunto de las circunstancias del caso y al contexto en que se produjeron los hechos, estima este Tribunal, sin lugar a duda razonable, que cuando menos parte de los actos de agresión examinados en esta causa pueden ser calificados como torturas, físicas y psíquicas. Considera también la Corte que dichos actos fueron preparados e infligidos deliberadamente contra el señor Cantoral Benavides cuando menos con un doble propósito. En la fase previa a la condena, para suprimir su resistencia psíquica y forzarlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas. En la etapa posterior a la condena, para someterlo a modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en sí misma.
60. Es, por otra parte, evidente para la Corte, que los hechos de este caso ocasionaron una grave alteración del curso que normalmente habría seguido la vida de Luis Alberto Cantoral Benavides. Los trastornos que esos hechos le impusieron, impidieron la realización de la vocación, las aspiraciones y potencialidades de la víctima, en particular, por lo que respecta a su formación y a su trabajo como profesional. Todo esto ha representado un serio menoscabo para su ·proyecto de vida· [47] .
61. En el caso de sus familiares inmediatos, para la fijación de la indemnización por daño inmaterial, la Corte considera que:
a) en lo que respecta a la señora Gladys Benavides López, la Corte reitera que no es necesario demostrar el daño moral en cuanto respecta a los padres de la víctima [48] . Además, en este caso es claro que la madre de la víctima afrontó personalmente la responsabilidad de liberar a su hijo Luis Alberto; conoció de las condiciones de detención de su hijo, lo que supuso un maltrato psicológico y además padeció agravios físicos, fue humillada, hostilizada y amedrentada; sufrió inspecciones vaginales con ocasión de algunas de las visitas a su hijo, y durante las mismas le fue impedido todo contacto físico afectuoso con él; además, le fue restringida la frecuencia de las visitas a los centros de detención y reclusión. Se produjo una desintegración de su familia; sus hijos Luis Alberto, Luis Fernando y José Antonio tuvieron que salir del país por la situación imperante en el Perú y las circunstancias que vivieron. Además, ha sufrido diversos padecimientos de salud causados por los hechos del caso;
b) en lo que se refiere a Luis Fernando Cantoral Benavides, hermano mellizo de la víctima, que la acompañó cuando fue detenido y por razones similares también fue detenido y encarcelado, vivió de cerca el sufrimiento de su hermano. Como consecuencia de los hechos del presente caso también tuvo que salir del país, por lo que se encuentra separado de su familia. En consideración de lo anterior, la Corte reitera que en el caso de los hermanos deber tenerse en cuenta el grado de relación y afecto que existe entre ellos [49] , por lo que, dadas las circunstancias del caso, Luis Fernando Cantoral Benavides debe también ser indemnizado por daño inmaterial;
c) con respecto a Isaac Alonso Cantoral Benavides, fue víctima de seguimiento por parte de personas desconocidas; constantemente lo molestaban y, tal como lo manifestó su madre en la audiencia pública, Isaac Alonso ha tenido problemas psicológicos, pues él estaba solo cuando sus hermanos fueron presentados a la prensa, y esto
[l]e chocó muchísimo. Salió esa noche, estuvo caminando solo y cuando fueron a verlo [sus] familiares no quiso hablar, estuvo llorando y ahí se traum[atizó], no quiso seguir estudiando. Ha perdido tres años de estudio. [Hubo] que ponerlo en tratamiento psicológico y así poco a poco pasando el tiempo se fue recuperando y ahora está estudiando nuevamente.
Además, su entorno familiar cambió y se produjo una desintegración de su familia. La situación planteada respecto a Isaac Alonso demuestra claramente el vínculo afectivo entre él y su hermano Luis Alberto, y como le afectó la situación. En razón de lo anterior también debe ser indemnizado por daño inmaterial;
d) con respecto a José Antonio Cantoral Benavides, por haber sido afectado por la situación por la que pasaba su familia, el encarcelamiento de sus hermanos, la inseguridad y el temor de ser apresado, salió del país y actualmente se encuentra en Bolivia. Si bien no hay una prueba fehaciente que demuestre los daños inmateriales sufridos por él, se puede presumir que al igual que su madre y sus hermanos, no podría ser indiferente a lo sucedido a su hermano y a su familia, y en consecuencia debe ser indemnizado por daño inmaterial [50] .
62. Teniendo en cuenta las distintas facetas del daño a las que se viene haciendo referencia, aducidas por los representantes de la víctima y con las que la Comisión está de acuerdo, en cuanto sea pertinente y responda a las particularidades del caso, la Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por concepto de daño inmaterial, que deben efectuarse a favor de la víctima y sus familiares, en los términos que se indican en el cuadro que se transcribe:
Víctima y familiares
Luis Alberto Cantoral Benavides(víctima)
Gladys Benavides López (madre)
José Antonio Cantoral Benavides (hermano)
TOTAL US$ 128.000,00
63. La compensación del menoscabo del ·proyecto de vida· será efectuada en los términos indicados más adelante (infra párr. 80).
64. Los representantes de la víctima solicitaron como medidas de restitución que:
a) se anule la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condenó a la víctima, para que recupere el buen nombre y el honor, ya que el indulto es un remedio político y no jurisdiccional;
b) se anulen los antecedentes policiales, penales y judiciales para facilitar la reinserción social y laboral de la víctima, que de acuerdo con la Ley No. 2699476 debió hacerse de oficio. FEDEPAZ ha realizado solicitudes en ese sentido sin resultado alguno; y
c) se reformen los Decretos-Leyes 25.475 y 25.659, referentes a los delitos de terrorismo y traición a la patria, ya que han vulnerado principios y derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú de 1993 y consagrados en la Convención Americana. Lo anterior ha sido establecido en el ·Informe elaborado por la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación emitida desde el 5 de abril de 1992·. La aplicación de dichos decretos en el presente caso violó los derechos de la víctima. En consecuencia, solicitan que el Perú adopte las medidas legislativas o de otra naturaleza que fueren necesarias para adecuar su legislación interna en materia de terrorismo a la Convención, en cumplimiento de los artículos 1 y 2 de ésta última, haciendo así efectivos los derechos y libertades consagrados en la misma, y garantizando que las violaciones no se repitan en el futuro. La Corte debe ceñirse al precedente establecido en la sentencia sobre el caso Barrios Altos, y en consecuencia ·debe declarar que aquellas normas de los Decretos-Leyes 25.475 y 25.659 que violan los derechos consagrados en la Convención Americana carecen de efectos jurídicos, para este caso y para todos aquellos en que dichas disposiciones hubieren sido aplicadas·.
65. Asimismo, los representantes solicitaron las siguientes medidas de satisfacción y no repetición:
a) que el Estado publique comunicados en cinco de los principales diarios peruanos, incluido el Diario Oficial, y en prestigiosos diarios internacionales, que contenga una admisión de responsabilidad, la declaración de que la víctima era inocente, una disculpa a la víctima y a sus familiares y el compromiso del Estado de que hechos como los acontecidos nunca se repetirán en el país;
b) que el Estado publique, por una vez en el diario oficial y en diversos medios de comunicación masiva, el texto de las sentencias de fondo y de reparaciones; y
c) que el Estado investigue y sancione en forma efectiva a los autores materiales, intelectuales y encubridores de los hechos.
66. Por su parte, la Comisión señaló que:
a) está de acuerdo con lo que aducen los representantes de la víctima con respecto a los dos rubros que a continuación se indican:
a.i) ·reparaciones morales o pedido de disculpas públicas y restitución del honor· de la víctima y sus familiares; y
a.ii) la investigación y sanción efectiva, tanto en sede administrativa como en sede judicial, de los autores materiales e intelectuales y encubridores de los hechos. Con este fin, la Corte debe exigir al Estado que remueva cualquier obstáculo legal o de cualquier otra índole.
b) Se adhiere a lo manifestado por los representantes en el sentido de que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que estas violaciones se repitan en el futuro; y
c) en cuanto a las leyes de antiterrorismo, la Corte debe seguir el criterio establecido en el caso Barrios Altos respecto a las leyes de amnistía, ya que el Estado debe adecuar su normativa interna a la Convención, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 2 y 63.1 de aquélla.
Alegatos del Estado [51]
67. El Estado, durante la audiencia pública sobre reparaciones, en este punto señaló que:
a) expresa su más absoluta disposición para respetar, acatar y ejecutar las resoluciones emanadas de este órgano supranacional, así como también el pleno reconocimiento del Estado peruano respecto de la validez y ejecutabilidad de la sentencia sobre el fondo dictada por la Corte el 18 de agosto de 2000 y la presente Sentencia sobre reparaciones;
b) comparte el criterio de los representantes de la víctima en cuanto a que la reparación pecuniaria es sólo uno de los aspectos que deben ser considerados en una reparación integral. El Estado se ha comprometido a actuar en las siguientes materias esenciales: reparación económica, búsqueda de la justicia, dignificación de la víctima, así como apoyo educativo y de salud, y fortalecimiento e impulso del sistema interamericano de derechos humanos; y
c) manifiesta su preocupación por la vigencia de una serie de normas sobre amnistía, en particular las Leyes 26.479 y 26.492, que limitan el debido proceso legal y la tutela jurisdiccional efectiva y que podrían dificultar la ejecución de la sentencia en cuanto a la investigación y sanción de los responsables. También se refirió el Estado al ·Informe elaborado por la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación emitida desde el 5 de abril de 1992· el cual estudia, en forma específica, los alcances de los Decretos-Leyes 25.475 y 25.659 y señala que estas disposiciones podrían afectar derechos sustantivos, especialmente los reconocidos por los pactos de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
68. De conformidad con el resolutivo décimo segundo de la sentencia sobre el fondo dictada el 18 de agosto de 2000, el Perú debe realizar una investigación efectiva para individualizar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos declaradas en dicho fallo y, en su caso, sancionarlas. De esta manera, dentro de las reparaciones que debe asumir el Estado necesariamente se encuentra la de investigar efectivamente los hechos y sancionar a todos los responsables.
69. Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a las víctimas y a sus familiares de conocer lo que sucedió [52] y quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos. ·[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad· [53] . Además, este Tribunal ha indicado que el Estado ·tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [ésta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares· [54] . El Estado que deja impune las violaciones de derechos humanos estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción [55] .
70. Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana en el presente caso, identificar a sus responsables y sancionarlos.
71. Esta Corte señala, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el deber general establecido en el artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber:
[p]or una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías [56] .
72. Sobre el particular, cabe tener en cuenta el ·Informe de la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación emitida desde el 5 de abril de 1992· [57] . Dicha Comisión fue instalada el 4 de diciembre de 2000, y en el informe mencionado señaló que
[l]as normas antiterroristas y las que regulan el tema de terrorismo especial, vulneran reiteradamente derechos fundamentales y principios constitucionalmente consagrados. Las normas materia de análisis, adicionalmente, violan tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Perú es parte. Dichos principios y derechos tienen relación directa con el debido proceso, el principio de legalidad, la socialización de los procesados y el respeto a la independencia de la Administración de Justicia.
73. La Corte considera conveniente reiterar que a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención [58] . De acuerdo con ello los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que desconozcan esas garantías incurren en una violación de las normas citadas.
74. En la sentencia sobre el fondo del presente caso la Corte decidió que las ·disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por el Estado para hacer frente al fenómeno del terrorismo, y en particular los Decretos Leyes Nos. 25.475 y 25.659· violan el artículo 2 de la Convención. Como consecuencia de dicha decisión los representantes de la víctima solicitaron en la presente etapa de reparaciones (supra párr. 64 c)) que se ordene al Estado adoptar las medidas de derecho interno que sean necesarias para adecuar su legislación, en materia de terrorismo, a la Convención y además que se declare que los decretos leyes arriba mencionados carecen de efectos jurídicos.
75. Luis Alberto Cantoral Benavides fue procesado al amparo de los Decretos Leyes Nos. 25.475 y 25.659, condenado a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de terrorismo -mediante sentencia de 6 de octubre de 1995 dictada por la Corte Suprema de Justicia del Perú-, e indultado mediante la Resolución Suprema No. 078-97-JUS de 24 de junio de 1997, cuyos considerandos dicen, en lo pertinente, lo que sigue:
Que mediante Ley Nº. 26655 se creó una Comisión Ad Hoc encargada de evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República en forma excepcional, la concesión del indulto y derecho de gracia, para quienes se encuentren condenados por delitos de terrorismo o traición a la patria, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan a la Comisión presumir, razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas; y,
Que por encontrarse la solicitud de Luis Alberto Cantoral Benavides dentro de los alcances del Artículo 1º de la Ley Nº 26655, los miembros de la mencionada Comisión Ad Hoc han recomendado por unanimidad el otorgamiento del indulto en favor de Luis Alberto Cantoral Benavides.
76. La Corte tiene conocimiento de que los Decretos Leyes Nos. 25.475 y 25.659 han sido reformados. Sin embargo, no es procedente examinar los alcances de la correspondiente reforma, en orden a establecer si las nuevas disposiciones se adecuan a la Convención Americana, puesto que, de acuerdo con lo que se señala en los párrafos siguientes, ni los mencionados Decretos Leyes ni aquellos mediante los cuales fueron modificados, inciden en la situación jurídica del señor Cantoral Benavides.
77. Es un hecho evidente para este Tribunal que la sentencia condenatoria expedida por la Corte Suprema de Justicia del Perú en contra del señor Cantoral Benavides, y las demás resoluciones adoptadas en los procesos a que éste fue sometido, fueron emitidas con base en
una legislación incompatible con la Convención Americana y que en desarrollo de las respectivas actuaciones se violaron los derechos a la protección judicial y al debido proceso consagrados en la Convención. En consecuencia, en el marco de esta Sentencia de reparaciones, esta Corte deberá disponer que el Estado deje sin efecto alguno, recurriendo para ello a las vías previstas en la legislación interna, la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú contra Luis Alberto Cantoral Benavides.
78. A la luz de lo anterior, el Estado deberá proceder a anular los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales que existan en contra de Luis Alberto Cantoral Benavides, en relación con los hechos del presente caso y a cancelar los registros correspondientes.
79. En cuanto a las medidas de satisfacción y no repetición solicitadas por los representantes de la víctima y la Comisión, la Corte estima que la sentencia per se constituye una forma de reparación. Sin perjuicio de esto, la Corte considera, como medida de satisfacción, que el Estado peruano debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una única vez, la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo dictada el 18 de agosto de 2000.
80. Estima la Corte que la vía más idónea para restablecer el proyecto de vida de Luis Alberto Cantoral Benavides consiste en que el Estado le proporcione una beca de estudios superiores o universitarios, con el fin de cubrir los costos de la carrera profesional que la víctima elija -así como los gastos de manutención de esta última durante el período de tales estudios- en un centro de reconocida calidad académica escogido de común acuerdo entre la víctima y el Estado.
81. Por último, la Corte ordena que el Estado peruano realice un desagravio público en reconocimiento de su responsabilidad en este caso y a fin de evitar que hechos como los de este caso se repitan.
82. Los representantes de la víctima señalaron que:
a) realizaron diversas diligencias ante las instancias de la jurisdicción interna, lo cual generó gastos. Las correspondientes gestiones comprendieron la elaboración de escritos, la interposición de recursos, el traslado de los familiares y los abogados de la víctima, entre otras personas, a diversas dependencias públicas, y la obtención de fotocopias; la elaboración y presentación de comunicaciones dirigidas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al Ministerio Público, a directores de centros penitenciarios y a medios de comunicación. También fueron efectuados numerosos trámites ante la Comisión Ad Hoc que concedió el indulto a Luis Alberto Cantoral Benavides [59] ;
b) efectuaron diversas gestiones ante el sistema interamericano de derechos humanos, las cuales también generaron gastos que deben serles restituidos. Han realizado viajes, elaborado escritos y participado en las audiencias públicas ante los órganos de dicho sistema, entre otras gestiones; y
c) estiman que el Estado debe resarcirles por concepto de gastos y costas la cantidad total de US$8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América).
83. Por su parte, la Comisión señaló que la Corte debe ordenar al Estado que pague los gastos en que han incurrido los familiares de la víctima en la tramitación del caso ante las autoridades nacionales y ante los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, con fundamento en lo expuesto por los representantes de Luis Alberto Cantoral Benavides.
Alegatos del Estado [60]
84. El Estado solicitó en sus conclusiones sobre reparaciones que la Corte, al momento de determinar el monto por concepto de los gastos y costas en que hayan incurrido los representantes de la víctima, tenga presente la oportuna comprobación de los mismos, las circunstancias del caso concreto y los principios de equidad y razonabilidad.
85. Las costas y gastos deben entenderse comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por la o las víctimas, sus derechohabientes o sus representantes para acceder a la justicia internacional implica erogaciones y compromisos de carácter económico que deben ser compensados al dictar sentencia condenatoria. Este Tribunal considera que las costas a que se refiere el artículo 55.1.h del Reglamento comprenden los gastos necesarios y razonables en que la o las víctimas incurren para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, figurando entre los gastos, los honorarios de quienes brindan asistencia jurídica. Corresponde a la Corte apreciar prudentemente el alcance de las costas y gastos, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, a la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos y a las características del respectivo procedimiento, que presenta rasgos propios y diferentes de los que pudieran revestir otros procesos de carácter nacional o internacional [61] .
86. Ya este Tribunal ha señalado anteriormente que en el concepto de costas deben quedar comprendidas tanto las que corresponden a la etapa de acceso a la justicia a nivel nacional, como las que se refieren a la justicia a nivel internacional ante la Comisión y la Corte [62] .
87. A ese efecto, la Corte considera que es equitativo, dado que no se aportaron la pruebas suficientes para sustentar dichos gastos, reconocer a la víctima y a sus representantes, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch/Americas, como reintegro de los gastos y costas generados en la jurisdicción interna y ante el sistema interamericano, la cantidad de US$8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América).
88. Los representantes de la víctima en su escrito sobre reparaciones manifestaron que la Corte debe supervisar el cumplimiento de la presente Sentencia, en particular lo relativo a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones.
89. La Comisión no se pronunció al respecto.
Alegatos del Estado [63]
90. En su escrito de conclusiones el Estado expresó su disposición de acatar las resoluciones dictadas por la Corte y de reconocer la ·validez y ejecutabilidad· de la sentencia sobre el fondo dictada por la Corte el 18 de agosto de 2000 y de la presente Sentencia de reparaciones. Sin embargo, señaló a la Corte que tendría dificultades para cumplir con la Sentencia sobre reparaciones, en razón de que el señor Cantoral Benavides se encuentra residiendo actualmente en el Brasil y señaló que ·la única forma en que el Estado peruano puede cumplir cabalmente con una reparación que realmente se oriente a resarcir el daño causado, se plasmaría si el peticionario se encontrara dentro de la jurisdicción nacional·.
91. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá ejecutar el pago de las indemnizaciones compensatorias, el reintegro de costas y gastos y la adopción de las otras medidas ordenadas dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia.
92. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de la víctima y sus familiares, según sea el caso, será hecho directamente a ellos. Si alguno de ellos hubiere fallecido o fallece, el pago será hecho a sus herederos.
93. Los pagos correspondientes al reintegro de gastos y costas generados por las gestiones realizadas por los representantes de la víctima en los procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, serán efectuados a favor de dichos representantes (supra párr. 35 i) ).
94. Si por algún motivo no fuese posible que los beneficiarios de las indemnizaciones las reciban dentro del plazo indicado de seis meses, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria peruana solvente, en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda peruana y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Si al cabo de diez años la indemnización no es reclamada, la cantidad será devuelta, con los intereses devengados, al Estado.
95. El Estado puede cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda peruana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
96. Los pagos ordenados en la presente Sentencia estarán exentos de todo impuesto actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro.
97. En caso de que el Estado incurra en mora, pagará un interés sobre el monto adeudado, correspondiente al interés bancario moratorio en el Perú.
98. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en aquélla.
99. Por tanto,
1. que el Estado debe pagar por concepto de daño material:
a) a Luis Alberto Cantoral Benavides, en la forma y condiciones que se expresan en los párrafos 49, 50, 51 a) y b) y 52 de esta Sentencia, la cantidad de US$35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
b) a Gladys Benavides López, en la forma y condiciones que se expresan en los párrafos 51 c) y d) y 52 de esta Sentencia, la cantidad de US$ 2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
c) a Luis Fernando Cantoral Benavides, en la forma y condiciones que se expresan en los párrafos 51 f) y 52 de esta Sentencia, la cantidad de US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
2. que el Estado debe pagar por concepto de daño inmaterial:
a) a Luis Alberto Cantoral Benavides, en la forma y condiciones que se expresa en el párrafo 62 de esta Sentencia, la cantidad de US$60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
b) a Gladys Benavides López, en la forma y condiciones que se expresa en el párrafo 62 de esta Sentencia, la cantidad de US$40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
c) a Luis Fernando Cantoral Benavides, en la forma y condiciones que se expresa en el párrafo 62 de esta Sentencia, la cantidad de US$20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
d) a Isaac Alonso Cantoral Benavides, en la forma y condiciones que se expresa en el párrafo 62 de esta Sentencia, la cantidad de US$5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
e) a José Antonio Cantoral Benavides, en la forma y condiciones que se expresa en el párrafo 62 de esta Sentencia, la cantidad de US$3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana.
3. que el Estado debe pagar, por concepto de gastos y costas, en la forma y condiciones que se expresan en el párrafo 87 de esta Sentencia, la cantidad de US$8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana, a favor de los representantes de la víctima.
4. que el Estado debe dejar sin efecto alguno, recurriendo para ello a las vías previstas en la legislación interna, la sentencia condenatoria emitida por la Corte Suprema de Justicia del Perú contra Luis Alberto Cantoral Benavides, de conformidad con lo establecido en el párrafo 77 de la presente Sentencia.
5. que el Estado debe anular los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales que existan en contra de Luis Alberto Cantoral Benavides, en relación con los hechos del presente caso y a cancelar los registros correspondiente, de conformidad con lo establecido en el párrafo 78 de la presente Sentencia.
6. que el Estado debe proporcionarle una beca de estudios superiores o universitarios a Luis Alberto Cantoral Benavides, con el fin de cubrir los costos de la carrera profesional que la víctima elija, así como los gastos de manutención de esta última durante el período de tales estudios, en un centro de reconocida calidad académica elegido de común acuerdo entre la víctima o sus representantes y el Estado, de conformidad con lo establecido en el párrafo 80 de la presente Sentencia.
7. que el Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una única vez, la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo dictada el 18 de agosto de 2000 y celebrar un desagravio público en reconocimiento de su responsabilidad en este caso y a fin de evitar que estos hechos se repitan, de conformidad con lo establecido en los párrafos 79 y 81 de la presente Sentencia.
8. que el Estado debe proporcionar tratamiento médico y psicológico a la señora Gladys Benavides López, en el Perú, de conformidad con lo establecido en el párrafo 51 e) de la presente Sentencia.
9. que el Estado debe investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a sus responsables, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 70 de la presente Sentencia.
10. que el Estado debe cumplir con las medidas de reparación ordenadas en la presente Sentencia dentro de los seis meses contados a partir de su notificación.
11. que los pagos dispuestos en la presente Sentencia estarán exentos de cualquier gravamen o impuesto existente o que llegue a existir en el futuro.
12. que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento.
13. que supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en ella.
, el cual acompaña esta Sentencia.
* El Juez Oliver Jackman informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en el LIII Período Ordinario de Sesiones del Tribunal, por lo que no pudo participar en la deliberación y firma de la presente Sentencia.
** De conformidad con la Resolución de la Corte de 13 de marzo de 2001 sobre Disposiciones Transitorias al Reglamento de la Corte vigente desde el 1 de junio de 2001, la presente Sentencia sobre reparaciones del caso se dicta en los términos del Reglamento adoptado mediante Resolución de la Corte de 16 de septiembre de 1996.
[1] cfr. Caso Cantoral Benavides, Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40.
[2] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 20; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 39; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50.
[3] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 89; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 21; y Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 40.
[4] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 3, párrs. 90 y 91; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 23; y Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 42.
[5] cfr. expediente denominado ·anexos de prueba aportados por los representantes de la víctima junto con el escrito sobre reparaciones·, que reposa en la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[6] cfr. expediente del caso Cantoral Benavides tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la etapa sobre reparaciones, Tomo I, folios 151 al 153.
[7] cfr. expediente del caso Cantoral Benavides tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la etapa sobre reparaciones, Tomo I, folios 129 a 131.
[8] cfr. expediente del caso Cantoral Benavides tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la etapa sobre reparaciones, Tomo II, folios 292 a 302.
[9] cfr. expediente del caso Cantoral Benavides tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la etapa sobre reparaciones, Tomo II, folios 340 a 354.
[10] cfr. expediente del caso Cantoral Benavides tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la etapa sobre reparaciones, Tomo II, folios 361 a 365.
[11] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 3, párr. 159; Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 50; y Caso ·La Última Tentación de Cristo·(Olmedo Bustos y otros). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de noviembre de 1999, considerando No. 4.
[12] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 3, párr. 159; y Caso ·La Última Tentación de Cristo·(Olmedo Bustos y otros), supra nota 11, considerando No. 4.
[13] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 3, párr. 98; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 53; y Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 28.
[14] cfr. partida de nacimiento de Luis Alberto Cantoral Benavides No. 809 de 19 de abril de 1972 de la Sección Nacimientos, Registros del Estado Civil del Concejo Distrital de Jesús María del Departamento de Lima, República del Perú; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso y testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 20 de septiembre de 1999 durante la audiencia pública sobre el fondo dentro del presente caso.
[15] cfr. hechos probados en la sentencia sobre el fondo del presente caso dictada por la Corte el 18 de agosto de 2000, párr. 63 a) y s); Resolución Suprema N° 078-97-JUS de 24 de junio de 1997 publicada en el diario oficial, Diario El Peruano, el 25 de junio de 1997; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso e informe pericial de Ana Luiza Laureiro de Vasconcellos rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso.
[16] cfr. partida de nacimiento de Luis Alberto Cantoral Benavides No. 809 de 19 de abril de 1972 de la Sección Nacimientos, Registros del Estado Civil del Concejo Distrital de Jesús María del Departamento de Lima, República del Perú; partida de nacimiento de José Antonio Cantoral Benavides No. 796 de 22 de abril de 1971 de la Sección Nacimientos, Registros del Estado Civil del Concejo Distrital de Jesús María del Departamento de Lima, República del Perú; partida de nacimiento de Luis Fernando Cantoral Benavides No. 808 de 19 de abril de 1972 de la Sección Nacimientos, Registros de Estado Civil del Concejo Distrital de Jesús María del Departamento de Lima, República del Perú; partida de nacimiento de Isaac Alonso Cantoral Benavides No. 2205 de 6 de noviembre de 1975 de la Sección Nacimientos, Registros del Estado Civil del Concejo Distrital de Jesús María del Departamento de Lima, República del Perú; y oficio de 31 de diciembre de 1975 del Comisario de Policía dirigido al Jefe del Registro Civil del Concejo Distrital de Jesús María sobre el deceso de Isaac Cantoral Huamaní ocurrido el 29 de diciembre de 1975.
[17] cfr. testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 20 de septiembre de 1999 durante la audiencia pública sobre el fondo dentro del presente caso; testimonio de Gladys Benavides López rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; notas manuscritas de Luis Alberto Cantoral Benavides y Luis Fernando Cantoral Benavides dirigidas a su madre, contenidas en los anexos 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la prueba sobre reparaciones presentada por los representantes de la víctima; oficio no. 23-98-DN-EPRENCC de 10 de marzo de 1998 del Jefe de Salud del Instituto Penitenciario Miguel Castro Castro dirigido al Director del mismo Instituto Penitenciario; escrito de 1 de junio de 1994 de Víctor Alvarez Pérez, abogado de Luis Alberto Cantoral Benavides en ese momento, dirigido al Fiscal Superior Decano de Ica; hechos probados en la sentencia sobre el fondo del presente caso dictada por la Corte el 18 de agosto de 2000, párr. 63 e), f), g), i), j), y k); y documentos de soporte de gastos contenidos en el anexo 19 de la prueba presentada por los representantes de la víctima.
[18] cfr. informe pericial de Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; informe pericial de Oscar Maldonado Fernández rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 20 de septiembre de 1999 durante la audiencia pública sobre el fondo dentro del presente caso; testimonio de Gladys Benavides López rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; informe psicológico realizado el 28 de febrero de 2001 por Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos sobre Luis Alberto Cantoral Benavides; informe psicológico de 19 de diciembre de 2000 sobre Luis Alberto Cantoral Benavides realizado por Carmen Wurst, Coordinadora de equipo, y Oscar Maldonado, psicoterapeuta, dentro del Programa de atención de víctimas de tortura y violación de los derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.; y notas manuscritas de Luis Alberto Cantoral Benavides y Luis Fernando Cantoral Benavides dirigidas a su madre, contenidas en los anexos 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la prueba sobre reparaciones presentada por los representantes de la víctima.
[19] cfr. informe psicológico de 19 de diciembre de 2000 sobre Luis Alberto Cantoral Benavides realizado por Carmen Wurst, Coordinadora de equipo, y Oscar Maldonado, psicoterapeuta, dentro del Programa de atención de víctimas de tortura y violación de los derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú; informe pericial de Oscar Maldonado Fernández rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; informe psicológico realizado el 28 de febrero de 2001 por Ana Luiza Loureiro de Vasconcellos sobre Luis Alberto Cantoral Benavides; informe pericial de Ana Luiza Laureiro de Vasconcellos rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; y testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso.
[20] cfr. testimonio de Gladys Benavides López rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; y testimonio de Eloy Urso Cantoral Huamaní rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso.
[21] cfr. escrito de 15 de noviembre de 1999 del Director Ejecutivo de FEDEPAZ dirigido al Director del Hospital Nacional ·Dos de Mayo· del Ministerio de Salud; constancia de 27 de octubre de 1999 expedida por el Consultorio Externo de Psicología del Servicio Salud Mental del Hospital Nacional ·Dos de Mayo· del Ministerio de Salud; oficio no. 1905-99-DG-HNDM de 29 de noviembre de 1999 del Director General del Hospital Nacional ·Dos de Mayo· del Ministerio de Salud dirigido al Director Ejecutivo de FEDEPAZ; y documentos de soporte de gastos contenidos en los anexos 25, 26 y 47 de la prueba sobre reparaciones presentada por los representantes de la víctima.
[22] cfr. testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 20 de septiembre de 1999 durante la audiencia pública sobre el fondo dentro del presente caso; testimonio de Gladys Benavides López rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; notas manuscritas de Luis Alberto Cantoral Benavides y Luis Fernando Cantoral Benavides dirigidas a su madre, contenidas en los anexos 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la prueba sobre reparaciones presentada por los representantes de la víctima; escrito de 21 de mayo de 1998 del Sub Director de la Asociación Pro Derechos Humanos y Gladys Benavides López viuda de Cantoral dirigido al Defensor del Pueblo del Perú; escrito de solicitud de garantías personales de 24 de septiembre de 1993 presentado por Gladys Benavides López ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos; constancia de 6 de abril de 1995 del Coordinador General Adjunto de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sobre denuncia presentada por Gladys Benavides López ante esa institución; constancia médica de 20 de mayo de 1998 del Departamento Médico de la Universidad Nacional de Ingeniería sobre una contusión sufrida por Alonso Cantoral Benavides y la atención brindada; oficio No. 095-94-CODEH-ICA de 5 de diciembre de 1994 del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica dirigido al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Ica; y memorandum de 13 de agosto de 1997 de la abogada del Departamento Jurídico dirigido al Administrador de FEDEPAZ.
[23] cfr. testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 20 de septiembre de 1999 durante la audiencia pública sobre el fondo dentro del presente caso; testimonio de Gladys Benavides López rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; notas manuscritas de Luis Alberto Cantoral Benavides y Luis Fernando Cantoral Benavides dirigidas a su madre, contenidas en los anexos 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la prueba sobre reparaciones presentada por los representantes de la víctima; escrito de 21 de mayo de 1998 del Sub Director de la Asociación Pro Derechos Humanos y Gladys Benavides López viuda de Cantoral dirigido al Defensor del Pueblo del Perú; escrito de solicitud de garantías personales de 24 de septiembre de 1993 presentado por Gladys Benavides López ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos; constancia de 6 de abril de 1995 del Coordinador General Adjunto de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sobre denuncia presentada por Gladys Benavides López ante esa institución; constancia médica de 20 de mayo de 1998 del Departamento Médico de la Universidad Nacional de Ingeniería sobre una contusión sufrida por Alonso Cantoral Benavides y la atención brindada; oficio No. 095-94-CODEH-ICA de 5 de diciembre de 1994 del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica dirigido al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Ica; y memorandum de 13 de agosto de 1997 de la abogada del Departamento Jurídico dirigido al Administrador de FEDEPAZ.
[24] cfr. testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides rendido ante la Corte el 20 de septiembre de 1999 durante la audiencia pública sobre el fondo dentro del presente caso; testimonio de Gladys Benavides López rendido ante la Corte el 6 de septiembre de 2001 durante la audiencia pública sobre reparaciones dentro del presente caso; notas manuscritas de Luis Alberto Cantoral Benavides y Luis Fernando Cantoral Benavides dirigidas a su madre, contenidas en los anexos 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la prueba sobre reparaciones presentada por los representantes de la víctima; escrito de 21 de mayo de 1998 del Sub Director de la Asociación Pro Derechos Humanos y Gladys Benavides López viuda de Cantoral dirigido al Defensor del Pueblo del Perú; escrito de solicitud de garantías personales de 24 de septiembre de 1993 presentado por Gladys Benavides López ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos; constancia de 6 de abril de 1995 del Coordinador General Adjunto de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sobre denuncia presentada por Gladys Benavides López ante esa institución; constancia médica de 20 de mayo de 1998 del Departamento Médico de la Universidad Nacional de Ingeniería sobre una contusión sufrida por Alonso Cantoral Benavides y la atención brindada; oficio No. 095-94-CODEH-ICA de 5 de diciembre de 1994 del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica dirigido al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Ica; y memorandum de 13 de agosto de 1997 de la abogada del Departamento Jurídico dirigido al Administrador de FEDEPAZ.
[25] cfr. Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 66; Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 108; y Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 88.
[26] cfr. Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 68; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 110.
[27] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 35; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 62; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 78.
[28] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 33; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 60; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 76.
[29] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 34; Caso de los · Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 61; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 77.
[30] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 36; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 63; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 79.
[31] De acuerdo con lo anterior, según los representantes de la víctima, el ingreso dejado de percibir es la cantidad de US$14.400,00 (catorce mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), a los cuales deben agregarse intereses legales; dicha evaluación se hace sobre la base de que en el Perú el sueldo mínimo vital era de aproximadamente US$100,00 (cien dólares de los Estados Unidos de América) y un profesional joven en promedio puede superar varias veces la remuneración mínima, por lo que es razonable concluir que su expectativa de ingreso pudiera ser más alta.
[32] Según los representantes de la víctima, las pérdidas por este concepto ascienden a la cantidad de US$1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América).
[33] Los representantes de la víctima estiman estos gastos en la cantidad de US$2.600,00 (dos mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América).
[34] Según los representantes de la víctima por gasto de US$10,00 (diez dólares de los Estados Unidos de América) mensuales, en aproximadamente 52 meses que la víctima permaneció detenida, da un total de US$520,00 (quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América).
[35] Según los representantes de la víctima por gasto de US$20,00 (veinte dólares de los Estados Unidos de América) mensuales, da un total de US$1.040,00 (mil cuarenta dólares de los Estados Unidos de América).
[36] Según los representantes de la víctima por gasto anual de US$100,00 (cien dólares de los Estados Unidos de América) da un total de US$430,00 (cuatrocientos treinta dólares de los Estados Unidos de América).
[37] Según los representantes de la víctima por gasto mensual de US$20,00 (veinte dólares de los Estados Unidos de América), en aproximadamente 52 meses que la víctima permaneció detenida, hace un total de US$1.040,00 (mil cuarenta dólares de los Estados Unidos de América),
[38] Según los representantes de la víctima la familia Cantoral iba cuatro veces al penal donde estaba recluida la víctima, una para entregar alimentos, otra para entregar víveres y las otras dos para llevar materiales. El costo del traslado era cada vez de US$,.00 (cinco dólares de los Estados Unidos de América) aproximadamente (incluye ida y vuelta), y a veces se requería del servicio de taxi. El gasto mensual era de US$20,00 (veinte dólares de los Estado Unidos de América), lo que hace un total de US$1.040,00 (mil cuarenta dólares de los Estados Unidos de América).
[39] Según los representantes de la víctima la madre de ésta solicitó prestada la cantidad de US$5.950.00 (cinco mil novecientos cincuenta dólares) y S/.2,100.00 (dos mil cien nuevos soles peruanos).
[40] Según los representantes de la víctima algunos de los montos son estimados, en razón de que dadas las circunstancias del caso, la familia no conservó los comprobantes respectivos.
[41] Según la Comisión, esas cantidades ascienden a US $ 6.670,00 (seis mil seiscientos setenta dólares de los Estados Unidos de América) más los intereses correspondientes.
[42] La Corte emplea a tal fin una tasa del 6 % de interés anual.
[43] cfr. Caso de los · Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 84.
[44] Ver párrafo 45 de la presente Sentencia.
[45] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 3, párr. 166; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 51; y Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 88.
[46] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Suno) Awas Tingni, supra nota 3, párr. 167; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 51; y Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 88.
[47] Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147.
[48] cfr. Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 66; Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 108 y Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 25, párr. 88.
[49] cfr. Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 109.
[50] cfr. Caso de los ·Niños de la Calle·. Reparaciones, supra nota 2, párr. 68; Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 110; y Caso Loayza Tamayo. Reparaciones, supra nota 47, párr. 142.
[51] Ver párrafo 45 de la presente Sentencia.
[52] cfr. Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 100; Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 200; y Caso Aloeboetoe y Otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 109.
[53] Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 62; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 100; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 200.
[54] Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 63; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 100; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 201.
[55] cfr. Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 99; Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 199; y Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 129.
[56] cfr. Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 178; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 137; y Caso Castillo Petruzzi y Otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207.
[57] Dicha Comisión fue creada por el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema No. 281-2000-JUS el 4 de diciembre de 2000.
[58] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 66; Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 43; y Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 134 y 135.
[59] Se trata de la Comisión creada mediante Ley Nº 26655 y ·encargada de evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República en forma excepcional, la concesión del indulto y derecho de gracia, para quienes se encuentren condenados por delitos de terrorismo o traición a la patria, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan a la Comisión presumir, razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas·.
[60] Ver párrafo 45 de la presente Sentencia.
[61] cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 71; Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 107; y Caso de la ·Panel Blanca· (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 212.
[62] cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 3, párr. 168; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 72; y Caso de los ·Niños de la Calle· (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 108.
[63] Ver párrafo 45 de la presente Sentencia.