Source: http://www.gafe.com.mx/analisis-fiscales/%E2%96%B2-delitos-impartidores-de-justicia/
Timestamp: 2020-08-07 00:20:42
Document Index: 91889963

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 128', 'artículo 225', 'Artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 17', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 39', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 192']

Delitos en que Incurren los Magistrados del TFJA
DELITOS EN QUE INCURREN LOS MAGISTRADOS DEL TFJFA
En días pasados hemos sido partícipes de como el personal de la delegación en Querétaro de la Procuraduría General de la República, así como el juez cuarto de distrito, del Poder Judicial de la Federación Rodolfo Pedraza Longhi, actuaron con parcialidad, violando gravemente normas legales y constitucionales en el caso de la indígena Jacinta Marcial, quien estuvo presa durante más de tres años, supuestamente por haber “secuestrado” a seis agentes Federales en la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro.
No entraremos en detalle lo que aconteció durante todo el procedimiento penal, lo cierto es que la Procuraduría General de la República, presionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales, decidió dar marcha atrás y no presentó sus conclusiones acusatorias, lo cual dio pie a que el Juez decretara su libertad, bajo el principio de “duda razonable”.
Es de recordar que el H. Juez Cuarto de Distrito, en ningún momento le permitió a indígena el derecho a ser asistida por un traductor (ella únicamente hablaba la lengua Otomí), omisión que contraviene flagrantemente lo dispuesto por el inciso A, fracción VIII del artículo 2 de la Constitución General de la República.[1]
De lo anterior se evidencia la falta de respeto al estado de derecho, a la ética, a los valores morales, tanto del juzgador como del personal actuante de la Procuraduría General de la República, quienes trataron de justificar lo injustificable, y peor aún, ante la incertidumbre de si la C. Jacinta presentará demanda por reparación del daño, desvergonzadamente afirman su improcedencia con el deleznable argumento que en ningún momento quedó plenamente demostrada su inocencia.
Lo antes expuesto, conocido por la opinión pública nacional e internacional, es un caso de injusticia en materia penal, sin embargo, en el caso que nos atañe cabe hacer la siguiente interrogante:
¿Cuántos casos existen en nuestro país en materia fiscal en el que se han violentado las normas legales y constitucionales por parte de los magistrados del TFJFA?
Es de todos conocido que en nuestra patria existe una gran desconfianza hacia nuestras instituciones, no siendo las encargadas de aplicar la justicia la excepción, en tal tesitura, el TFJFA no escapa a ello, puesto que si como abogado postulante el amable lector se dedica a la defensa fiscal, me dará la razón al considerar que el citado tribunal actúa con parcialidad al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.
De nada sirve a la colectividad que exista una modificación legal que permita al TFJFA agilizar los procedimientos sometidos a su jurisdicción a través del juicio en línea, si al emitir la sentencia correspondiente, esta no se encuentra apegada a derecho, o bien se cometieron violaciones durante el procedimiento, lo cual ocasiona que el contribuyente tenga que acudir al Juicio de Amparo, para reparar esas violaciones.
Es de recordar que los funcionarios del TFJFA, desde antes de tomar posesión de su encargo, se comprometen a guardar la constitución y las Leyes que de ella emanen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución General de la República, precepto que para un mayor abundamiento a continuación se transcribe:
ARTICULO 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestara la protesta de guardar la constitución y las leyes que de ella emanen.
De lo anterior se desprende, que existe por parte de los magistrados y demás funcionarios del TFJFA de guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen; sin embargo, tal parece que dicho precepto es olvidado en cuanto inician sus funciones, puesto que es muy frecuente que realicen por acción u omisión actividades en detrimento del actor, que pudiesen ser constitutivos de delito, entre los que se pueden señalar a manera enunciativa algunos ejemplos:
La tardanza sin fundamento para acordar el cierre de la instrucción una vez que se han presentado los alegatos correspondientes.
La indiferencia para aplicar la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (funcionando en Pleno o en Salas), así como la Jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito.[2]
Las sentencias contrarias a derecho, muy a pesar de que la razón la tenga el sujeto pasivo.
Necedad en el sobreseimiento de asuntos sometidos a su consideración, con el deleznable argumento de incompetencia, ocasionando con esta actitud que el sujeto pasivo tenga que agotar los recursos antes de acudir al amparo, tan solo para lograr que el TFJFA, admita la demanda para su estudio.
Estas son tan solo algunas de las evidencias que demuestran la complicidad o parcialidad de los magistrados del TFJFA al momento de dictar sentencia o durante el procedimiento, los cuales pudiesen ser constitutivos de delito, según lo dispone el artículo 225 del Código Penal Federal, el cual para un mayor abundamiento a continuación se transcribe:
TITULO DECIMOPRIMERO – Delitos cometidos contra la administración de justicia
CAPITULO I – Delitos cometidos por los servidores públicos
Artículo 225.- (Código Penal Federal)
III.- Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio de su profesión;
IX.- Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito, cuando ésta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, acusación o querella;
Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución;
XXI.- A los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento que cobren cualquier cantidad a los interinos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen;
XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales, y
XXX. Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas;
XXXI. Alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos; los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito, y
XXXII. Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV y XXVI, se les impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa.
El precepto antes transcrito, trae un listado de tipos penales, en los cuales la conducta del funcionario puede encuadrar para poder ser constitutivo de delito, sin embargo, por razones de espacio únicamente se clasificarán los delitos en cuatro grandes grupos:
Prevaricación o resolver injustamente.
Retardo en la justicia.
Abuso de autoridad judicial.
Por razones de espacio, únicamente se señalarán en qué consiste cada clasificación, dejando pendiente el análisis de cada uno de los grupos antes citado.
De conformidad con el Diccionario Jurídico Mexicano, el término prevaricación, deviene del latín (praevaricario). El vocablo tiene una gran amplitud y los subsiguientes, vaguedad y ambigüedad lingüísticas, lo que es tanto como decir que se presta a considerable cantidad de errores y confusiones.
En una acepción amplia (lato sensu) prevaricar puede ser equiparable a delinquir de los servidores públicos, cuando dictan, proponen a sabiendas, o por inexcusable ignorancia, una resolución de manifiesta injusticia; consecuentemente, el prevaricato sería la acción de cualquier funcionario o servidor público que falte a los deberes de su cargo.[3]
Si bien es cierto, la legislación penal no utiliza la acepción “prevaricación”, la reconstrucción dogmática de sus preceptos concluye que el concepto gramatical y penalístico del término abarca su significación primordial en la fracción VI del artículo 225 del Código Penal Federal antes citado.[4]
La idea de Administración de Justicia implica el ejercicio del Poder Judicial de que están investidos los juzgadores durante los procesos jurisdiccionales y al momento de resolver las controversias.
A lo largo del proceso, los juzgadores son los directores de las etapas procesales, en consecuencia son responsables del cumplimiento irrestricto del debido proceso legal, en consecuencia deben de actuar en todo momento con absoluta independencia e imparcialidad durante el juicio, toda vez que su infracción implica una negación irreparable a los derechos de las partes y de los terceros afectados, en perjuicio de la debida administración de justicia como realización del derecho.
Este grupo de delitos se encuentra contemplado en las fracciones I, II, III, IV, VII, XII, XIII, XIV, XXV y XXVIII del artículo 225 del Código Penal Federal antes transcrito.
El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República dispone:
El texto constitucional antes transcrito es diáfano, no requiere interpretación para entender su espíritu, sin embargo es de los más olvidados o violentados por los juzgadores, recordemos el aforismo según el cual, “justicia retardada es justicia denegada”. ¿Cuántas veces amable lector no tenemos casos de demandas ante el TFJFA que duermen el sueño de los justos porque no se ha dictado la sentencia correspondiente?
Este grupo de delitos se encuentra contemplado en las fracciones I, V, VIII, XVI y XVII del artículo 225 del Código Penal Federal.
El común denominador en los casos de retardo en la justicia es una conducta omisiva en el juzgador, que entorpece la debida administración de la justicia.
Este grupo de delitos supone un ejercicio abusivo de facultades y atribuciones jurisdiccionales en perjuicio de las partes, que obligan a éstas a soportar un hecho, que no tienen obligación jurídica de sufrir en virtud de no existir legalidad en la actuación de la autoridad jurisdiccional.
Este grupo de delitos se encuentra contemplado en las fracciones XI, XII, XIV, XVIII, XIX, XX y XXVII del artículo 225 del Código Penal Federal.
Por lo antes expuesto podemos concluir que nuestros Juzgadores no son intocables, por lo tanto si deseamos que en las sentencias correspondientes apliquen irrestrictamente el estado de derecho, debemos de forzar al cambio, recordemos que la soberanía nacional reside en cada uno de nosotros los gobernados, tal como lo afirma el artículo 39 de nuestra Carta Magna.
[1] ARTÍCULO 2, A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
[2] Cabe recordar que la Jurisprudencia que provenga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para el TFJFA, por así preceptuarlo el artículo 192 de la Ley de Amparo.
[3] Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Edit. Porrúa. Pág. 3008.
[4] Nader Kuri, jorge. La responsabilidad Penal del Juzgador. Edit. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pág.206