Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc17394-2014-de-diciembre-19-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0d059a2711c90118e0530a0101510118&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 14:18:26
Document Index: 80123064

Matched Legal Cases: ['artículo 380', 'artículo 380', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 384', 'artículo 392', 'artículo 384']

﻿ SENTENCIA SC17394-2014 DE DICIEMBRE 19 DE 2014
SENTENCIA SC17394-2014 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN POR APARICIÓN TARDÍA DE DOCUMENTOS REQUIERE QUE ESTOS NO HAYAN SIDO ALLEGADOS EN LAS INSTANCIAS DEBIDO A LA OCURRENCIA DE CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR U OBRA DE LA CONTRAPARTE. LA LEY 95 DE 1890 SEÑALA QUE ESOS EVENTOS SE CONSIDERAN IMPREVISTOS IMPOSIBLES DE RESISTIR, COMO UN NAUFRAGIO O TERREMOTO O LOS ACTOS DE AUTORIDAD EJERCIDOS POR UN FUNCIONARIO. POR ENDE, SE TRATA DE FENÓMENOS EXTERNOS, SORPRESIVOS, INSOSPECHADOS E IRRESISTIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, RECURSO DE REVISIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
PONENTE:GARCÍA RESTREPO, ÁLVARO FERNANDO
Sentencia SC17394-2014/2011-02049 de Diciembre 19 de 2014
Dr. Álvaro Fernando García Restrepo
SC17394-2014
Rad.: 11001-0203-000-2011-02049-00
Demandante: Jaime Hernández Cruz
Demandado: Germán Velandia García y personas indeterminadas.
(Aprobado en sesión de 4 de noviembre de 2014).
Bogotá, D.C., diecinueve de diciembre de dos mil catorce.
EXTACTOS: «IV. Consideraciones
1. El recurso extraordinario de revisión ha sido concebido para remover el principio de inmutabilidad característico de la cosa juzgada, con el propósito de salvaguardar la primacía de la justicia en las decisiones judiciales, pero únicamente cuando se configure alguna de las específicas circunstancias que el legislador ha establecido en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, las que dan lugar a invalidar las sentencias pronunciadas sin contar con documentos que hubiesen sido determinantes en el criterio del fallador y que por las razones allí consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, así como las obtenidas con fraude o engaño, ya sea mediante la utilización de pruebas ilícitas, o con prescindencia de otras relevantes que podrían cambiar el sentido de la decisión, o conseguidas con maniobras tramposas, o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hipótesis del num. 9º ibídem, se tutela la seguridad jurídica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias.
Así las cosas, se trata, sin duda, de un medio de impugnación con marcada naturaleza extraordinaria, motivo por el que su prosperidad depende del cumplimiento estricto de los supuestos consagrados con criterio taxativo en la norma citada.
Asimismo, es preciso destacar que no constituye una nueva instancia, ni un escenario propicio para ventilar una vez más lo que ya fue decidido por los jueces de instancia en las etapas naturales del proceso de que se trate. Tampoco, para mejorar el soporte fáctico, o el caudal probatorio recaudado, ni para corregir los errores o deficiencias en que se haya podido incurrir en las etapas ya surtidas del proceso, pues de lo contrario se convertiría esa herramienta en un mecanismo para obstaculizar el cumplimiento de decisiones judiciales obtenidas de manera legítima.
En palabras de la Corte, la revisión «no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna» (CSJ SC, 24 Abr. 1980, reiterada en fallo CSJ SC, 01 Jul. 1988, CXCII, pág. 9).
2. El numeral primero del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil establece como motivo de revisión, «haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
En relación con el alcance de este supuesto normativo, la Corporación tiene sentado que dada «la finalidad propia del recurso, no se trata (…) de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae (…) a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto», puesto que no «es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla», ya que, de lo contrario, no habría jamás cosa juzgada, y bastaría con que la parte vencida en juicio adecuara la prueba en revisión o produjera otra.
De allí que, desde este punto de vista, «la prueba de eficacia en revisión (…) debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción», de donde si no constituye «esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al material (…) recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido» (Sentencia de 12 de junio de 1987, sin publicar).
La Corte ha reiterado este entendimiento de modo invariable en las providencias CSJ SC No. 047, 22 Sep. 1999 (CCLXI-339); CSJ SC No. 063, 26 Jun. 2003, Rad. 2002-0072-01; CSJ SC 11 Feb. 2004, Rad. 2002-00182-01; CSJ SC 27 Abr. 2009, Rad. 2005-01294-00; CSJ SC 21 Abr. 2010, Rad. 2007-00773-00; y, CSJ SC 29 Feb. 2012, Rad. 2010-00033-00, entre otras.
En consonancia con lo expuesto, para la configuración de la causal que se examina, se exige la presencia concurrente de elementos imprescindibles, que a criterio de la Sala son: que «a) [s]e trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir con la suficiente antelación, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se produzca después de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea determinante de una decisión diferente a la adoptada en él, es decir, que sea trascendente» (CSJ SC 20 Ene. 1995, Rad. 4717, reiterada, entre otras, en SC 26 Jul. 1995, Rad. 4785 y SC 13 Dic. 2011, Rad. 200901153-00).
3. En el caso que ocupa la atención de la Corte, el recurrente presentó copia de escrito sin fecha, suscrito por el señor Germán Velandia G. en el que éste le comunica a Concasa, que «h[a] vendido el apartamento gravado con la obligación hipotecaria de la referencia y agradecería en consecuencia tramitar lo pertinente para la subrogación en cabeza del señor Jaime Hernández Cruz, titular de la cédula de ciudadanía No. 2.914.837 expedida en Bogotá» (fl. 75, cd. Corte), documento que, tal como lo manifiesta el recurrente en el escrito de demanda (de revisión), fue hallado después de proferida la sentencia acusada, el cual en su criterio habría variado el sentido de la misma, pero no pudo ser aportado por el demandante debido a sus limitaciones visuales.
4. A la luz de lo que se ha expuesto, respecto del escrito mencionado -que sirve de soporte al cargo formulado en sede de revisión-, así como la valoración que el recurrente le atribuye, la Corte concluye que los requisitos enunciados no se hallan cumplidos, tal como a continuación se pasa a explicar.
Si bien pudiera ser correcto afirmar que el documento apareció después de pronunciada la sentencia, como lo exige la casual de revisión alegada, no lo es menos que también se requiere que éste no se hubiera podido aportar al proceso «por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria»; sin embargo, en el asunto que se examina, el recurrente indicó como evento que constituiría la fuerza mayor, la limitación visual de que padece, la que en su sentir le impidió encontrarlo para cuando presentó la demanda de pertenencia.
Al respecto, es preciso recordar que el evento de la fuerza mayor o el caso fortuito, se encuentra definido en el artículo 1º de la ley 95 de 1890 como «el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.»; es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se analiza, que reúnan las características que de antaño estereotipan la figura, esto es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc.) y la irresistibilidad (que los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados o conjurados por una persona común).
Sin embargo, verificada la actuación surtida, se observa que aunque el médico oftalmólogo acreditó que el recurrente padece una patología denominada «retinitis o retinosis pigmentosa o pigmentaria», es decir, de una enfermedad «genética que causa disminución de la visión, lenta y progresivamente» (fl. 71, cd. Corte), dicha circunstancia, per se, no ostenta el valor probatorio suficiente para justificar que se hubiese dejado de aducir el referido documento al proceso de pertenencia, máxime cuando el mismo recurrente manifestó en la demanda de revisión, que fue debido a que perdió el litigio, que «se dio a la tarea de revisar exhaustivamente entre sus papeles» con la ayuda de su actual esposa, «con miras a encontrar alguna prueba que lo ayudase a demostrar que desde que le fue entregado el apartamento por parte del demandado Germán Velandia García en el año de 1.984, se ha comportado como su auténtico poseedor, y providencialmente encontraron la copia de un documento suscrito por el propio Germán Velandia García dirigido a Concasa» (fls. 14 y 15, cd. Corte).
Al respecto, la Corte ha sostenido que «si tal documento no se adujo porque simplemente no se había averiguado en donde reposaba, o porque no se pidió su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley señala para que pueda valorarse su mérito de persuasión, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión» (G. J. Tomos CXLVII, págs. 141 a 143 y CXCII, pág. 5).
Así las cosas, «el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión” (CSJ SC 25 jun. 2009, rad 2005-00251-01).
Ahora bien, con abstracción de la motivación que se deja sentada, de por sí suficiente para desestimar las aspiraciones del revisionista, no debe perderse de vista que el documento en que se afinca el recurso con apoyo en la causal primera, ha de ser de tal trascendencia que otra hubiese sido la decisión del fallador si hubiese tenido la oportunidad de valorarlo.
Analizada la sentencia censurada, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 10 de febrero de 2011, se observa que ésta se soportó en que si bien el demandante expresó que su relación con el inmueble objeto del proceso de pertenencia se inició en calidad de poseedor en el año 1984, y que en ejercicio de la misma pagó una obligación hipotecaria preexistente, así como los impuestos que gravan dicho activo, y que lo utilizó como vivienda y oficina, al punto de darlo en administración a una inmobiliaria, lo cierto es que aquél siempre tuvo conciencia de que otra persona tenía un derecho superior al suyo, como lo manifestó en el interrogatorio de parte que absolvió en el trámite de dicho proceso, cuando señaló que ante la imposibilidad de finiquitar la negociación verbal que celebró con el demandado, «continuó esperando la presencia del señor
Velandia a sabiendas de que si él aparecía el trato que habíamos hecho se formalizaría en forma regular (…) si Germán aparece sé que no tengo problema con él para formalizar notarialmente nuestro trato y si no aparece me tocará correr el albur de esperarme los 20 años que ordena la ley para poder judicialmente alegar mi derecho de poseedor pacífico» (fl. 19, cd. 2).
De esta manera, independientemente del raciocinio en virtud del cual el juzgador de instancia concluyó que el actor no logró demostrar su calidad de poseedor, y por ende, que podía adquirir por prescripción, el cual se intentó desvirtuar con el recurso que se analiza, lo cierto es que el documento de aparición sobreviniente lejos está de demostrar lo contrario, esto es, que el demandante ingresó al apartamento en calidad de poseedor, ni que existió la interversión del título de apoderamiento del mismo, de tenedor a poseedor, pues el hallazgo documental no sugiere ni infirma la percepción sobre su propia situación que el demandante reconoció en el interrogatorio de parte. En general, quien compra empieza a considerarse dueño, a diferencia de quien celebra promesa de compraventa, a quien solo le transfieren la posesión si así se estipula expresamente.
Por lo expuesto, la Corte colige que no se configuran los requisitos establecidos en la causal primera de revisión para su prosperidad, ya que, por una parte, no se demostró la fuerza mayor o el caso fortuito, o la obra de la parte contraria que habrían imposibilitado aportar la señalada prueba documental al proceso, y por otro, tal escrito no ostenta, por sí solo, el mérito de persuasión suficiente como para considerar que de haberlo conocido el juzgador, la decisión adoptada tendría un sentido diferente al que plasmó en la sentencia censurada.
5. De todo lo anterior fluye el fracaso de la impugnación extraordinaria, lo que supone la condena en costas a la parte recurrente, según lo previsto en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, y que se fijen agencias en derecho como lo ordena el num. 1º del artículo 392 ibídem.
En armonía con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
1. Declarar infundado el recurso de revisión propuesto por Jaime Hernández Cruz contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.
2. Condenar al recurrente en costas, y al pago de los perjuicios causados en el trámite del recurso que en esta providencia se decide, en favor de los demandados. En la liquidación de aquellas inclúyase como agencias en derecho, la suma de $3.000.000,oo, habida cuenta que hubo oposición; la tasación de los segundos se hará mediante incidente según lo establecido en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, y los pagos se harán con cargo a la caución constituida por el impugnante.
3. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Ofíciese.
4. Archivar, en su momento, el expediente aquí formado.
Cópiese, notifíquese y cúmplase»