Source: https://boja.vlex.es/vid/leyes-transposicion-directiva-parlamento-206928639
Timestamp: 2019-07-20 17:38:43
Document Index: 379507258

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 58', 'artículo 56', 'artículo 58', 'artículo 42', 'artículo 64', 'artículo 149', 'artículo 68', 'artículo 81', 'artículo 178', 'artículo 55', 'artículo 149', 'artículo 57', 'artículo 149', 'artículo 20', 'artículo 58', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 55', 'artículo 36', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 53', 'artículo 47', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 50', 'artículo 43', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 44', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 57', 'artículo 50', 'artículo 58', 'artículo 51', 'artículo 62', 'artículo 55', 'artículo 65', 'artículo 68', 'artículo 60', 'artículo 10', 'artículo 91', 'artículo 83', 'artículo 10', 'artículo 92', 'artículo 84', 'artículo 93', 'artículo 85', 'artículo 94', 'artículo 86', 'artículo 95', 'artículo 87', 'artículo 85', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 49', 'artículo 29', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 35', 'artículo 32', 'artículo 34', 'artículo 35', 'Artículo 35', 'artículo 49', 'artículo 36', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 49', 'artículo 13', 'artículo 59', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 49', 'artículo 60', 'artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 49', 'artículo 62', 'artículo 35', 'artículo 49', 'artículo 65', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 48', 'artículo 36', 'artículo 55', 'artículo 12', 'artículo 53', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 20', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 45', 'artículo 67', 'artículo 77', 'artículo 64', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 45', 'Artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 74', 'artículo 77', 'artículo 80', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 43', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 109']

Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. - BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Legislación - VLEX 206928639
Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Fecha de Entrada en Vigor: 28 de Junio de 2010
Artículo primero. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
Artículo segundo. Modificación de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante.
Artículo tercero. Modificación de la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
Artículo cuarto. Modificación de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Artículo quinto. Modificación de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
Artículo sexto. Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Artículo séptimo. Modificación de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
Artículo octavo. Modificación de La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo noveno. Modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Artículo décimo. Modificación de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.
Artículo undécimo. Modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
Artículo duodécimo. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Artículo decimotercero. Modificación de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Artículo decimocuarto. Modificación de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales.
Artículo decimoquinto. Modificación de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
Artículo decimosexto. Modificación de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Ley por la que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior
El sector servicios, el más importante de nuestra economía, es un motor de crecimiento y creación de empleo en España y, en particular, en Andalucía. De esta manera, es el sector de mayor importancia cuantitativa por su peso en el PIB (a nivel nacional 66,7% y a nivel andaluz 67,5%) y empleo total (a nivel nacional 66,2% y a nivel andaluz 66,9%), y de él dependen de manera decisiva el crecimiento y la competitividad del resto de ramas de actividad.
El fin perseguido por la Directiva es eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de quienes presten servicios en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a las personas destinatarias como a las prestadoras de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado.
En relación con la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, la Directiva establece la eliminación de todo procedimiento de autorización que afecte al acceso o ejercicio de una actividad de servicios, si dicho procedimiento no cumple con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio.
La legislación de los Estados miembros relativa al acceso o ejercicio de una actividad de servicios no podrá contener una serie de requisitos prohibidos, listados en el artículo 14 de la Directiva, y deberá justificarse la exigencia de otros, listados en su artículo 15, atendiendo a los criterios señalados en el párrafo anterior.
En cuanto a la libre prestación de servicios, que tiene lugar cuando un prestador o prestadora ya establecido en un Estado miembro se desplaza a otro Estado miembro para prestar temporalmente un servicio, la Directiva establece los principios que deberán respetar los Estados miembros para asegurar el libre ejercicio de la actividad en su territorio.
Además, la Directiva establece, con carácter general, en su artículo 5 la simplificación de los procedimientos.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha incorporado parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. Ahora bien, como indica su exposición de motivos, para alcanzar el objetivo de reformar significativamente el marco regulatorio no basta con el establecimiento de los principios generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades de servicios, sino que es necesario proceder a un ejercicio de evaluación de toda la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, para adecuarla a los principios que dicha ley establece.
El objetivo de la presente Ley es adaptar la normativa andaluza de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y por tanto, incorporar parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
En el marco de la transposición de la citada Directiva se ha realizado un ejercicio de evaluación de toda la normativa andaluza reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio para adecuarla a los principios que dicha Directiva establece.
El resultado de la evaluación de las normas con rango legal en Andalucía ha concluido en la conveniencia de introducir reformas en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo; en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía; en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía; en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía; en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía; en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales; en la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana; en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres; en la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante; en la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, y en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas, en virtud del artículo 58.1.1.º del Estatuto de Autonomía, tanto en materia de comercio interior como en materia de ferias, del artículo 56.3 y 5, en materias de urbanismo y de ordenación del territorio, y del artículo 58.2.4.º, en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras.
El Estatuto de Autonomía no solo ha clarificado el marco competencial en materia de comercio, sino que, al mismo tiempo, ha determinado de forma inequívoca la orientación que debe tomar la legislación de Andalucía en esta materia, al anudar la planificación territorial y la autorización de las grandes superficies minoristas. La evolución del sector de la distribución comercial, en el contexto del proceso de terciarización de las economías desarrolladas, ha provocado que el comercio tenga un importante protagonismo, no solo desde el punto de vista económico, sino también territorial, cultural e incluso como elemento de comunicación ciudadana.
Además, el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma en su artículo 42.4 competencias en relación con la aplicación del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias. Asimismo se le atribuye la competencia exclusiva, que comprende la potestad legislativa, en materia de turismo (artícu-lo 71) y en materia de carreteras (artículo 64.1); en materia de cultura, lo que está directamente relacionado con cuanto se refiere a la protección del patrimonio histórico de Andalucía y a los museos y colecciones museográficas de Andalucía, sin perjuicio de la asunción de competencias ejecutivas sobre aquellos aspectos culturales que el Estado se haya reservado la titularidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.28.ª de la Constitución (artículo 68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía). La atribución competencial en materia de juego se contiene en el artículo 81 en lo referente a la actividad, y en el artículo 178, en lo concerniente a su consideración como fuente de ingreso. De igual modo, el artículo 55 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de sanidad interior y de ordenación farmacéutica, que comprende la potestad legislativa y ejecutiva dentro del marco de la normativa estatal básica dictada al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución; en materia de medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad, el artículo 57 atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución.
En Andalucía, la transposición de la Directiva afecta a las tres leyes que regulan la actividad comercial y ferial: la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía; la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, por lo que se ha escogido como técnica legislativa la opción de una modificación conjunta para que se visualice con mayor nitidez el objeto y alcance de la adaptación realizada, así como por economía procedimental.
Los principales elementos de la legislación comercial y ferial que se eliminan para dar cumplimiento a los requerimientos de la Directiva son:
La licencia comercial específica previa a la licencia municipal de los grandes establecimientos comerciales, prevista en el Título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Los límites inferiores a 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta para la consideración de gran superficie minorista.
Las pruebas económicas para fundamentar la decisión de otorgamiento de la licencia comercial específica.
Las disposiciones que permitían la intervención en el procedimiento de autorización de personas que representan los intereses comerciales ya presentes en el mercado.
La licencia comercial específica para los establecimientos de descuento y de venta de restos de fábrica con una superficie útil de exposición y venta mínima de 400 metros cuadrados.
La tasa autonómica por la tramitación de la licencia comercial.
Las inscripciones previas en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, en el Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía y en el Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
Los obstáculos a la libertad de establecimiento de los prestadores pertenecientes a los Estados miembros, y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros en la organización de las ferias comerciales.
La presente Ley, que modifica profundamente la legislación comercial y ferial andaluza, da un paso más incorporando la perspectiva territorial y urbanística a la planificación comercial, mediante la redacción de un nuevo Título IV y la introducción de modificaciones sustantivas en los Títulos I y II de la Ley 1/1996, de 10 de enero, para profundizar en la coherencia entre la actividad (dimensión sectorial), el propio medio en que se inserta (dimensión territorial ambiental) y el uso que se hace del suelo (dimensión urbanística). Por tanto, la planificación que se realiza es de naturaleza estrictamente territorial y urbanística, por lo que no le es de aplicación la Directiva de Servicios, tal como se aclara en el considerando nueve de la misma.
Respecto a la regulación de los horarios comerciales, se realiza una clarificación de los párrafos c y e del artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, relativos a los establecimientos con libertad horaria, con el objeto de evitar interpretaciones que vayan contra la finalidad de la Ley.
El nuevo Título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cambia por completo el régimen jurídico de los establecimientos comerciales en Andalucía, especialmente el de las grandes superficies minoristas. A tal efecto, su nuevo Capítulo I procede a delimitar los conceptos y definiciones que van a ser utilizados para lograr una mayor precisión, destacando la definición de las grandes superficies minoristas como cualquier establecimiento minorista con una superficie útil de exposición y venta superior a los 2.500 metros cuadrados. En la sección 2.ª de este capítulo, se establecen criterios de aplicación general, como el de la cohesión y equilibrio territorial, la defensa de la ciudad compacta, la cercanía y fácil acceso de la oferta comercial para los consumidores, la previsión de la red viaria o la conexión con redes de transporte público, entre otros. Asimismo, se determina el contenido mínimo de la planificación comercial y urbanística.
El Capítulo II regula el Plan de Establecimientos Comerciales, cuyo objeto es contribuir al emplazamiento eficiente de las grandes superficies minoristas mediante la delimitación de ámbitos aptos para su localización, teniendo carácter preferente para el planeamiento urbanístico. La determinación de los ámbitos potencialmente aptos para las grandes superficies minoristas se lleva a cabo mediante la aplicación de criterios territoriales que den cobertura a todas las exigencias y requisitos físicos y ambientales.
En la Sección 2.ª de este mismo Capítulo se establece una nueva regulación del informe comercial relativo a los instrumentos de planeamiento urbanístico, que deberá pronunciarse en relación con los intereses generales afectados por las previsiones sobre grandes superficies minoristas que contengan.
Una novedad que contiene la Sección 3.ª de este Capítulo es la instauración del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía, para los municipios que hayan adaptado su Plan General de Ordenación Urbanística a las determinaciones de esta Ley y al Plan de Establecimientos Comerciales, diseñando una estrategia para el mantenimiento y mejora de la estructura comercial urbana y previendo zonas de rehabilitación de espacios comerciales.
El Capítulo IV regula de forma novedosa la autorización de las grandes superficies minoristas, caracterizadas tanto por sus dimensiones como por el acceso masivo de las personas consumidoras. El control previo, atendiendo al principio de simplificación administrativa y ventanilla única, se delega en los municipios y se incardina dentro de la licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas, al mismo tiempo que los criterios para su ejercicio son estrictamente territoriales, urbanísticos y medioambientales. Destaca en este único procedimiento un informe autonómico preceptivo de la Consejería competente en materia de comercio interior sobre la adecuación del proyecto a los criterios para la implantación de las grandes superficies minoristas establecidos en esta Ley y al contenido del Plan de Establecimientos Comerciales, motivado por el carácter supramunicipal de la incidencia territorial de estos establecimientos. Conviene destacar que la licencia municipal de obras es plenamente compatible con la Directiva de Servicios.
En los dos artículos siguientes se modifican la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
La Ley 9/1988, de 25 de noviembre, es la norma que ha venido regulando el comercio ambulante durante los últimos veinte años. Su aprobación se vio justificada por el crecimiento que experimentó dicho comercio en el último tercio del siglo XX, lo que hizo necesaria una regulación jurídica en la que la Comunidad Autónoma Andaluza fue pionera. No obstante, esta actividad ha continuado creciendo y diversificándose a lo largo de estos años, como se aprecia en el último censo realizado en el año 2006, cuando los mercadillos andaluces alcanzaban la cifra de 889 y los comerciantes inscritos en el Registro General de Comerciantes Ambulantes ascendían a cerca de veinticinco mil. Por otra parte, el comercio ambulante, al igual que el comercio establecido y los demás sectores económicos, no ha cesado en su diversificación, aumentando las mercancías comercializadas, así como los cauces para su venta. Por ello, se hace preciso abordar una nueva regulación que se adapte a la realidad comercial actual y que configure el comercio ambulante como una forma más de actividad comercial.
El ejercicio del comercio ambulante, por su propia naturaleza, tiene lugar en suelo público, lo que conlleva la necesidad de contar con autorización previa de los ayuntamientos donde se vaya a llevar a cabo esa actividad. Este régimen de autorización previa que se establece en la Ley viene plenamente justificado por razones de orden público, protección de los consumidores, protección civil, salud pública, protección de los destinatarios de los servicios, del medio ambiente y del entorno urbano.
Otra novedad importante que introduce esta Ley es la desaparición, como requisito previo al ejercicio del comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la inscripción obligatoria en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y la obtención del carné profesional, pasando a ser la inscripción voluntaria. Dicha inscripción voluntaria puede suponer una serie de incentivos para el ejercicio de la actividad.
También se introducen algunas modificaciones en el régimen sancionador, con el objeto de garantizar de una manera más eficiente el cumplimiento de las disposiciones que se contienen en la ley. De este modo, se introducen criterios de graduación para la imposición de las sanciones y se establece la posibilidad de acordar medidas provisionales, como la incautación de productos objeto de comercio no autorizados, el levantamiento inmediato o la incautación de los puestos.
La Ley 3/1992, de 22 de octubre, ha sentado las bases normativas de las ferias que con carácter oficial se han celebrado en Andalucía. Dicha norma preveía la exclusividad de las Instituciones Feriales como organizadoras de las ferias comerciales oficiales, debiendo tener una determinada personalidad jurídica y un recinto ferial adecuado, limitando su ámbito territorial de actuación a la provincia. La Consejería competente en materia de comercio interior participaba en sus órganos de gobierno, correspondiendo el reconocimiento y la aprobación de sus estatutos al Consejo de Gobierno.
En dicha ley, se determinaba que era requisito para la celebración de las ferias comerciales oficiales obtener una autorización previa, valorando la administración, entre otros, el impacto comercial o el resultado y el balance de ediciones anteriores, previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, integrado, entre otros, por los operadores económicos presentes en el mercado.
La Directiva 2006/123/CE propugna la eliminación de obstáculos que se opongan a la libre circulación de los servicios y prohíbe autorizaciones administrativas previas para el acceso a una actividad, salvo que su necesidad esté justificada por una razón imperiosa de interés general y no se pueda conseguir el objetivo perseguido, mediante una medida menos restrictiva.
Por su parte, la Comunicación interpretativa de la Comisión referente a la aplicación de las reglas de mercado interior al sector de las ferias y exposiciones ya analizaba determinadas medidas incluidas en esta Ley 3/1992, de 22 de octubre, concluyendo las que estaban justificadas o no, bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad.
Es por ello que la modificación de la Ley 3/1992, de 22 de octubre, salvaguarda la libertad para celebrar ferias comerciales en Andalucía, pudiendo cualquier operador ser entidad organizadora, instaurando el reconocimiento oficial de las ferias con vocación de continuidad, garantías, prestigio y calidad mínimos, y estableciendo un registro de oficio con todas las ferias que se planifiquen en un calendario de ferias comerciales oficiales.
En el artículo cuarto se recogen las modificaciones que es necesario introducir en la vigente Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, para garantizar su compatibilidad con la Directiva de Servicios en una serie de procedimientos.
La Ley del Turismo experimenta una profunda reforma en la ordenación de la actividad turística tradicionalmente basada en el esquema clásico de intervención jurídico-público de «policía administrativa». Esto es, mediante el establecimiento de una reglamentación estricta de requisitos iniciales exigibles para el ejercicio de la actividad controlables a priori mediante el instituto de la autorización administrativa; lo que se ve acompañado por el despliegue de una actividad administrativa de control e inspección y, en su caso, sancionadora por parte de las Administraciones competentes.
Puede sostenerse que, con la reforma que opera la presente Ley, el régimen general de establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios pasa de la sujeción a autorización previa a una mera declaración responsable que facilite el control de la actividad.
En definitiva, de un control previo de la Administración basado en la autorización previa se pasa a un control a posteriori basado en la actuación inspectora.
En este ámbito, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía pierde su carácter autorizatorio para desempeñar un papel necesario como instrumento de información para la actuación inspectora así como de fuente estadística. Ello conlleva una modificación considerable del procedimiento de inscripción en el que esta se conceptúa como un acto debido de la Administración que trae causa de la mera declaración responsable.
La transposición de la Directiva también incide en la concepción tradicional de determinados servicios turísticos, especialmente, la intermediación turística realizada por agencias de viajes, a las que se asigna, con carácter exclusivo, la organización y/o comercialización de viajes combinados de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Finalmente, se da una nueva redacción a la habilitación de guías de turismo acorde con los principios de la Directiva.
En los artículos siguientes se regulan las modificaciones a introducir en las siguientes leyes andaluzas: la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía; la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía; la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, y la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, se modifica en su artículo 58 en relación con el procedimiento relativo al otorgamiento de autorización para la instalación, fuera de la zona de dominio público, de rótulos de establecimientos mercantiles o industriales, indicativos de la actividad que se desarrolla en los mismos, el cual queda sustituido por un régimen de comunicación previa por parte de la persona interesada. En concordancia con este nuevo régimen de comunicación previa, se modifica la infracción tipificada en los artículos 71.a y 72.1.a de la Ley.
Las modificaciones a introducir en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, se refieren al procedimiento de autorización para la disolución de museos y colecciones museográficas, regulado en su artículo 12, y al procedimiento de notificación y autorización de salida de fondos museísticos regulado en su artículo 36.3.
El primero de estos procedimientos, relativo a la disolución de museos, consiste en la comprobación, por parte de la Administración competente en materia de museos, de que la extinción de la institución no comporta riesgo o peligro para la protección y conservación de los bienes culturales de la institución extinguida. Este procedimiento de autorización previa para la disolución de un museo quedará sustituido por una comunicación previa de la persona titular del mismo indicando fecha de extinción, destino de los bienes y medidas de seguridad, para garantizar su protección y conservación. En concordancia con este nuevo régimen de comunicación previa, se modifica la infracción tipificada en el artículo 55.d de la Ley.
En el segundo de estos procedimientos, relativo a la notificación y autorización de salida de fondos museísticos, se modificará el artículo 36.3 de la Ley 8/2007, en el sentido de establecer un régimen único de control de los movimientos de fondos, desapareciendo la anterior distinción. El procedimiento único consistirá en la notificación previa de los movimientos de los fondos con indicación de las condiciones de seguridad que se establezcan reglamentariamente.
Además, se recoge una modificación en relación con la autorización para actividades arqueológicas preventivas, y aun cuando estas actividades están reguladas en el artículo 59 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, se estima que la modificación normativa precisa para que el régimen de autorización no resulte ni directa, ni indirectamente discriminatorio, no implica la modificación del artículo 59, del que por sí mismo no se sigue discriminación alguna, sino del artículo 53, por la remisión que este efectúa al régimen de autorizaciones previsto en el mismo Título de la citada Ley.
En las reformas introducidas en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se suprime la exigencia de autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales que revistan, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna, cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice.
La supresión de la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de las citadas combinaciones aleatorias requiere la reforma del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Igualmente, se modifica el artículo 68.3 de Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en cuanto al requisito de los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos de disponer de un número adicional suficiente de farmacéuticos adicionales para garantizar su adecuado funcionamiento. Dicha modificación viene determinada, a su vez, por la modificación que la Ley estatal de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realiza en el párrafo segundo del artículo 71 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Por último, se modifica el artículo 29 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, para eliminar el régimen de autorización de los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, las restricciones a la forma jurídica que deben adoptar los prestadores de servicios; así como incluir la exigencia legal del seguro de responsabilidad civil.
En los artículos siguientes se regulan las modificaciones a introducir en las leyes medioambientales andaluzas: Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales; Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Las reformas a introducir en las citadas leyes responden a la necesidad de tipificar determinadas infracciones en los casos en los que por vía reglamentaria se establezcan mecanismos alternativos al régimen de autorización para determinadas y concretas actuaciones siempre que no pongan en peligro los valores a proteger.
Con carácter adicional a las reformas anteriores, se modifican la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, con el fin de eliminar requisitos prohibidos por la Directiva de carácter discriminatorio.
Artículo primero Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. Se suprime el apartado 2 del artículo 6, quedando un solo apartado sin numerar.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 7, se introduce un nuevo apartado 3, y los actuales apartados 3, 4 y 5 pasan a ser los apartados 4, 5 y 6, quedando redactados de la siguiente manera:
3. En los supuestos en que por motivos de especialidad técnica, por acumulación de tareas, por razones de urgencia o por insuficiencia de personas inspectoras, no sea posible llevar a cabo adecuadamente las tareas encomendadas a la inspección de comercio, la Dirección General competente en materia de comercio interior podrá habilitar a otras personas funcionarias para su realización conforme a un procedimiento que garantice la formación especializada de estas.
4. Las personas inspectoras así como las que tengan asignadas las funciones de inspección en los respectivos ayuntamientos tendrán, en el ejercicio de su cometido, la consideración de autoridad pública, disfrutando como tales de la protección y facultades que a estos les dispensa la normativa vigente.
5. Las actas de inspección deberán hacer constar: los datos identificativos del establecimiento o actividad de la persona interesada y de las personas inspectoras actuantes; los hechos constatados, con expresión del lugar, fecha y hora, destacando, en su caso, los hechos relevantes a efectos de tipificación de la infracción; la infracción que tales hechos puedan constituir con expresión del precepto infringido, graduación de la sanción y persona presuntamente responsable de aquella; así como las alegaciones o aclaraciones efectuadas, en su caso, en el acto por la persona interesada.
Tres. Se modifica el artículo 10, que queda con la siguiente redacción:
4. Los ayuntamientos, por su parte, comunicarán al Registro el otorgamiento de la licencia municipal de obras para grandes superficies minoristas en el plazo máximo de diez días desde su notificación al interesado.
6. El Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía se instalará en soporte informático, teniendo en cuenta los principios de unidad, desconcentración, simplificación administrativa, y garantizándose la tramitación de todos los procedimientos y trámites a través de la ventanilla única que han de regir su gestión y con arreglo a la normativa vigente en materia de tratamiento de datos automatizados.
Cuatro. Se modifica la denominación del Título II, que queda con la siguiente redacción:
Cinco. Se modifica el artículo 12, que queda con la siguiente redacción:
Seis. Se modifica el artículo 13, que queda con la siguiente redacción:
e) En aquellos otros supuestos que por esta Ley o por su normativa de desarrollo se determine o cuando, por su relevancia para el comercio en Andalucía, le sea solicitado su parecer por la Consejería competente en materia de comercio interior.
Siete. Se modifica el artículo 14, que queda con la siguiente redacción:
i) Cuatro personas de reconocida capacidad técnica en materia de comercio interior designados por la Consejería competente en materia de comercio interior.
Ocho. Se modifican las letras c y e del apartado 1 del artículo 20, que quedan con la siguiente redacción, y se renumeran el último inciso del apartado 1 y los apartados 2 y 3, que pasan a ser los apartados 2, 3 y 4, respectivamente.
c) Los establecimientos instalados en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, que tengan acceso restringido para los viajeros. En el caso de no existir zonas restringidas, la libertad horaria solo se aplicará a un total de quinientos metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público. Esta superficie será determinada por quien posea la titularidad de los puntos fronterizos, estaciones y medios de transporte, excepto en el caso de establecimientos de carácter colectivo, que será determinada por la entidad promotora de los mismos.
Nueve. Se modifica en su integridad el Título IV, que queda con la siguiente redacción:
2. Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo los mercados municipales de abastos así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales que tengan por finalidad realizar cualquier forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en alguno de los dos supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500 metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público, este se considerará gran superficie minorista.
3. A los efectos de la aplicación de esta Ley, las grandes superficies minoristas colectivas constituyen un único establecimiento comercial.
4. No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista el establecimiento individual que, teniendo una superficie útil para la exposición y venta al público que supere el límite establecido en el apartado 1, forme parte, a su vez, de una gran superficie minorista de carácter colectivo.
1. Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público la superficie total, esté cubierta o no, de los espacios destinados a exponer las mercancías con carácter habitual o permanente, o con carácter eventual o periódico, a la que puedan acceder los consumidores para realizar las compras, así como la superficie de los espacios internos destinados al tránsito de personas. El cómputo se realizará desde la puerta o acceso al establecimiento.
2. En ningún caso tendrán la consideración de superficie útil para la exposición y venta al público los espacios destinados exclusivamente a almacén, aparcamiento o a prestación de servicios, ya sean estos últimos inherentes o no a la actividad comercial. En los establecimientos de jardinería no computará la superficie destinada a la producción de plantas para su venta posterior en viveros.
3. En las grandes superficies minoristas de carácter colectivo se excluirán del cómputo las zonas destinadas exclusivamente al tránsito común que no pertenezcan expresamente a ningún establecimiento. Si existiera algún establecimiento que delimitara parte de su superficie por una línea de cajas, el espacio que estas ocupen se incluirá como superficie útil para la exposición y venta al público.
4. Para calcular la superficie útil para la exposición y venta al público solo se computará la superficie estrictamente comercial, excluyéndose, por lo tanto, cualquier superficie destinada al ocio, la restauración o cualquier otra actividad distinta de la definida en el artículo 3 de esta Ley.
c) La cercanía y el fácil acceso de la oferta comercial para los consumidores.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán definir como deberes de la urbanización para la implantación de una gran superficie minorista los previstos en el Capítulo II del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
1. El planeamiento comercial, territorial o urbanístico que prevea o permita la implantación de grandes superficies minoristas deberá utilizar los conceptos y definiciones de esta Ley sobre establecimiento comercial, grandes superficies minoristas, superficie útil para la exposición y venta al público y espacios comerciales.
2. El planeamiento comercial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, deberá incorporar a su contenido, información de la estructura comercial existente en su ámbito, parámetros y expectativas de desarrollo local, el derecho de los consumidores y el análisis espacial de los establecimientos comerciales existentes.
4. La planificación, en los supuestos anteriores, deberá contener entre sus determinaciones una estrategia relativa a la implantación de las grandes superficies minoristas, de acuerdo con los criterios previstos en esta Ley.
1. El Plan de Establecimientos Comerciales tiene por objeto contribuir al emplazamiento eficiente de las grandes superficies minoristas mediante el análisis del comercio, el desarrollo de criterios o la determinación de ámbitos aptos para su localización, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio.
3. La determinación, en su caso, en desarrollo de esta Ley, de criterios para la localización de las grandes superficies minoristas.
4. Un Programa de Establecimientos Comerciales para cada una de las zonas, que incluirá, al menos:
1. La previsión de emplazamientos para las grandes superficies minoristas se efectuará por el planeamiento urbanístico de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y en el Plan de Establecimientos Comerciales, así como en los Planes de Ordenación del Territorio.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoristas en función de los ámbitos aptos determinados por el Plan de Establecimientos Comerciales. Cualquiera otra previsión deberá ser motivada en el mismo instrumento de planeamiento, de acuerdo con los criterios territoriales previstos en esta Ley.
6. El planeamiento urbanístico que prevea espacios comerciales susceptibles de rehabilitación valorará su accesibilidad, peatonalización, aparcamientos y mobiliario urbano, programando, en su caso, su rehabilitación mediante actuaciones integradas de reforma.
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y las innovaciones de los mismos que prevean o permitan la instalación de una gran superficie minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados se someterán a informe comercial de la Consejería competente en materia de comercio interior, que deberá pronunciarse, en todo caso, sobre los intereses generales afectados.
El informe comercial manifestará la adecuación o no del instrumento de planeamiento urbanístico al Plan de Establecimientos Comerciales pronunciándose, entre otros aspectos, sobre:
1. El empleo de los conceptos de carácter comercial establecidos en esta Ley.
1. La Administración competente para la formulación del instrumento de planeamiento urbanístico deberá solicitar a la Consejería competente en materia de comercio interior el correspondiente informe comercial acompañando la documentación requerida en el artículo 19.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3. La Consejería competente en materia de comercio interior deberá emitir el informe comercial solicitado en el plazo máximo de dos meses, cuando se trate de planeamiento general, y en el de un mes cuando se trate de planeamiento de desarrollo, ambos plazos a contar desde la fecha de entrada de la solicitud, con la documentación completa, en su registro. El silencio tendrá carácter favorable.
a) La adaptación de su Plan General de Ordenación Urbanística a las determinaciones de esta Ley y al Plan de Establecimientos Comerciales.
e) La información, educación, orientación y asesoramiento de las personas consumidoras y usuarias y la tramitación de quejas, reclamaciones y denuncias que estas formulen a través de la oficina de información al consumidor de su ámbito territorial.
3. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior resolverá previo informe del Consejo Andaluz de Comercio.
5. La denominación de ?Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía? solo podrá ser utilizada de acuerdo con lo que determina la presente Ley.
1. Las grandes superficies minoristas estarán sometidas a la obtención, previa a su instalación o ampliación, de la licencia municipal de obras que, además de instrumento para el ejercicio de las competencias propias municipales, comprobará el cumplimiento de las prescripciones de esta Ley y de las normas y planes que la desarrollen.
a) La dotación de al menos cinco plazas de aparcamientos por cada cien metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público. Cuando las plazas de aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al menos tres plazas por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, se requerirá a las personas interesadas para que subsanen. Una vez subsanada, en su caso, la solicitud, el Ayuntamiento procederá al trámite de información pública en el Boletín Oficial de su provincia.
3. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización, sin necesidad de tramitar los informes preceptivos, cuando compruebe que la solicitud de la licencia municipal de obras para la gran superficie minorista incumple las prescripciones de esta Ley, de las normas y planes que la desarrollen, o de los planes territoriales o urbanísticos que le sean de aplicación.
4. Además de los trámites propios del procedimiento en materia de licencia municipal de obras de establecimientos, el Ayuntamiento solicitará informe sobre el proyecto a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, de acuerdo con la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.
6. Corresponde al Ayuntamiento resolver las solicitudes de licencia municipal de obras para grandes superficies minoristas, una vez recibidos los informes preceptivos.
9. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. El informe de la Consejería considerará la adecuación del proyecto al contenido del Plan de Establecimientos Comerciales y al cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley.
3. La Consejería competente para la emisión del informe podrá requerir al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias observadas, siempre que no motiven por sí mismas un informe desfavorable, suspendiéndose el plazo para la emisión del informe hasta que las mismas sean subsanadas, o haya transcurrido el plazo otorgado para la subsanación.
5. El informe no será vinculante para el Ayuntamiento cuando el emplazamiento de la gran superficie minorista se encuentre dentro del ámbito territorial de un instrumento de planeamiento urbanístico adaptado a las previsiones de esta Ley y cuente con informe comercial favorable.
7. Si el informe fuera favorable con especificaciones o condiciones concretas, estas deberán ser incorporadas a la Resolución municipal.
Diez. Se suprimen los artículos 43 a 49 y se renumera el artículo 50, que pasa a ser el artículo 43.
Once. Se suprime el apartado 2 del artículo 51 y se renumera el apartado siguiente como 2. Se renumera el artículo 51, que pasa a ser el artículo 44.
Doce. Se renumera el artículo 52, que pasa a ser el artícu-lo 45.
Trece. Se modifica el artículo 53, que pasa a ser el artícu-lo 46, con la siguiente redacción:
3. Las direcciones donde se atienden los encargos y las solicitudes de información, así como las posibles reclamaciones de los consumidores.
Catorce. Se renumeran los artículos 54, 55 y 56, que pasan a ser los artículos 47, 48 y 49, respectivamente.
Quince. Se modifica el artículo 57, que pasa a ser el artículo 50, con la siguiente redacción:
Dieciséis. Se modifica el artículo 58, que pasa a ser el artículo 51, con la siguiente redacción:
2. La venta automática de productos alimenticios solo se permitirá cuando estos se hallen envasados y etiquetados según la normativa específica vigente.
Diecisiete. Se renumeran los artículos 59, 60 y 61, que pasan a ser los artículos 52, 53 y 54, respectivamente.
Dieciocho. Se suprime la letra a del artículo 62, pasando las letras b y c a constituir las letras a y b, respectivamente, y se renumera, pasando a ser el artículo 55.
Diecinueve. Se renumeran los artículos 63 y 64, que pasan a ser los artículos 56 y 57, respectivamente.
Veinte. Se suprime el artículo 65.
Veintiuno. Se renumeran los artículos 66 y 67, que pasan a ser los artículos 58 y 59, respectivamente.
Veintidós. Se renumera el artículo 68, que pasa a ser el artículo 60, y se le añade un apartado 3 con la siguiente redacción:
3. Asimismo, las personas consumidoras podrán ejercitar el derecho de desistimiento reconocido en el artículo 10.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y en el Capítulo II del Título I del Libro II del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Veintitrés. Se renumeran los artículos del 69 al 90, que pasan a ser los artículos del 61 al 82.
Veinticuatro. Se introduce una letra f al artículo 91, pasando a ser el artículo 83, con la redacción que se indica a continuación, y la actual letra f pasa a ser la letra g:
f) La omisión de comunicación al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía en el caso establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 10 de la presente Ley.
Veinticinco. Se suprimen las letras e y g del artículo 92, pasando las letras f, h, i, j, k, l, m y n a constituir las letras e, f, g, h, i, j, k y l, respectivamente, se añade la letra m con la siguiente redacción, y se renumera, pasando a ser el artículo 84.
m) La utilización de la denominación de ?Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía? sin su previo reconocimiento por la Consejería competente en materia de comercio interior.
Veintiséis. Se modifica la letra a del artículo 93, que queda con la siguiente redacción, y se renumera, pasando a ser el artículo 85:
a) El inicio de actuaciones sin que se haya obtenido previamente la licencia municipal de obras de acuerdo con lo establecido en el Título IV de esta Ley.
Veintisiete. Se renumera el artículo 94, que pasa a ser el artículo 86.
Veintiocho. Se modifican las letras b y c del apartado primero del artículo 95, que pasa a ser el artículo 87, quedando con la siguiente redacción:
c) Las infracciones muy graves, con multa desde 45.001 hasta 150.000 euros. Esta última cantidad se podrá sobrepasar hasta alcanzar su décuplo, en el supuesto contemplado en el artículo 85 a de la presente Ley.
Veintinueve. Se renumeran los artículos 96 y 97, que pasan a ser los artículos 88 y 89.
Artículo segundo Modificación de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante.
La Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, queda modificada como sigue:
Uno. Se suprime el párrafo segundo del artículo 1.
Dos. Se modifican, en el artículo 2, las letras a y c del apartado 1, la letra c del apartado 2, y se introduce un apartado 3, quedando todos ellos con la siguiente redacción:
1.a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos.
1.c) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil.
2.c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
3. Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
Tres. Se modifica el artículo 3, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 3. Autorización municipal.
La duración de la autorización podrá ser de uno a cuatro años. No obstante, este periodo será prorrogado con el fin de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. La autorización será transmisible, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigencia.
4. Las personas físicas o jurídicas, que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial. Además, en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador o manipuladora de alimentos.
6. Los ayuntamientos entregarán a las personas físicas o jurídicas que hayan autorizado para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización.
Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 4. Ordenanzas municipales.
3. Las Ordenanzas Municipales y sus modificaciones, antes de su aprobación y publicación en el boletín oficial correspondiente, habrán de ser informadas por el Consejo Andaluz de Comercio. El informe versará sobre su adecuación a las previsiones recogidas en la presente Ley y su normativa de aplicación y será preceptivo y no vinculante. No obstante, en caso de que la ordenanza se separe del criterio expresado en el informe, el Ayuntamiento deberá, mediante Resolución motivada y notificada al citado Consejo Andaluz de Comercio, indicar las razones de dicha discrepancia.
Cinco. Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 5. Ejercicio de la actividad.
3. Por la Consejería competente en materia de comercio interior se podrán adoptar medidas de fomento para la mejora de los mercadillos de aquellos municipios cuyas ordenanzas hayan sido objeto de informe favorable por el Consejo Andaluz de Comercio.
Seis. Se modifica el artículo 6, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 6. Del Registro General de Comerciantes Ambulantes.
1. Las personas físicas y jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán solicitar su inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes. Este Registro tiene naturaleza administrativa y carácter público y gratuito.
2. Las inscripciones se realizarán por la Dirección General competente en materia de comercio interior. Asimismo, a solicitud de los ayuntamientos y mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, la Dirección General competente en materia de comercio interior deberá facilitar información sobre si las personas físicas o jurídicas que solicitan la autorización municipal prevista en el artículo 3 de la presente Ley están inscritas en el Registro de Comerciantes Ambulantes.
3. La inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes es voluntaria, tiene una validez de cuatro años, y las personas comerciantes inscritas podrán obtener los siguientes beneficios:
a) Ser reconocidas como profesionales del sector, pudiendo expedirse a tal efecto una certificación acreditativa de la inscripción en el Registro.
d) Participar en cursos, conferencias y demás actividades de esta índole que organice la Consejería competente en materia de comercio interior, o en las que colabore dicha Consejería.
Siete. Se modifica el artículo 8, que queda con la siguiente redacción:
1. Corresponde a los ayuntamientos la inspección y sanción de las infracciones a la presente Ley y disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente, y en especial en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía.
2. A efectos de esta Ley, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
A. Infracciones leves.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en esta Ley, siempre que no esté calificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en las Ordenanzas Municipales, salvo que se trate de infracciones tipificadas por la presente Ley como infracción grave o muy grave.
B. Infracciones graves:
C. Infracciones muy graves:
En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los ayuntamientos podrán comunicar esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de comercio interior, a fin de que, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita en el Registro de Comerciantes Ambulantes, se pueda acordar la cancelación de la inscripción.
4. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o reiteración.
6. Además de las sanciones previstas en el apartado 3, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
Artículo tercero Modificación de la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 1, que queda con la siguiente redacción:
1. La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones que rigen la organización, participación y reconocimiento de las ferias comerciales que se celebren con carácter de ?Oficial? en Andalucía.
2. Quedan excluidas de la presente Ley:
Dos. Se modifica el artículo 2, que queda con la siguiente redacción:
1. A los efectos de esta Ley, son ferias comerciales las muestras profesionales con finalidad comercial en las que, de forma colectiva, temporal y periódica, un grupo de operadores expone bienes u ofrece servicios con objeto de favorecer su conocimiento y difusión, y promueve contactos e intercambios comerciales facilitando el acercamiento entre la oferta y la demanda en un entorno propicio a los operadores económicos, no siendo su finalidad la venta directa.
2. Son ferias comerciales oficiales las ferias comerciales que se celebren con arreglo a esta Ley y así sea reconocido por la Consejería competente en materia de comercio interior, en orden a asegurar su nivel de calidad y la coordinación de su calendario de celebración.
3. La venta directa que de modo ocasional se realice en una feria comercial oficial, que suponga retirada de la mercancía o conclusión del contrato de servicios, tendrá la consideración de venta especial fuera de establecimiento comercial permanente, conforme a lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.
Tres. Se modifica la denominación del Capítulo II, que queda con la siguiente redacción:
Cuatro. Se modifica el artículo 3, que queda con la siguiente redacción:
1. Atendiendo a la procedencia territorial de los expositores y al origen de los bienes y servicios expuestos, las ferias comerciales oficiales se clasificarán en nacionales, regionales, provinciales, comarcales y locales.
Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
Seis. Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción:
1. Las entidades organizadoras de las ferias comerciales oficiales tendrán personalidad jurídica propia y llevarán a cabo la promoción, organización y celebración de estas con arreglo a las disposiciones de esta Ley.
2. Las entidades organizadoras deberán disponer de un seguro de responsabilidad profesional u otros medios adecuados para garantizar de forma suficiente las eventuales responsabilidades que se deriven de la celebración de las ferias comerciales oficiales que organicen.
Siete. Se suprimen los artículos 6, 7 y 8.
Ocho. Se modifica el artículo 9, que pasa a ser el artículo 6, que queda con la siguiente redacción:
Aquellas ferias que no vengan indicadas en la declaración responsable no podrán obtener la condición de ferias comerciales oficiales, y no se incluirán en el calendario correspondiente.
2. Constituir un comité organizador para cada feria comercial oficial, bajo la dependencia directa de la entidad organizadora, responsable de su promoción y organización, en el que deberán estar representadas, al menos, las organizaciones sectoriales más representativas del objeto de la muestra.
3. Admitir como expositores a las entidades privadas que ejerzan legalmente su actividad garantizando la no discriminación, así como a aquellos entes públicos que lo soliciten, siempre con adecuación a la clasificación de la feria comercial oficial.
5. Garantizar, dentro del recinto ferial, el mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas, productos, instalaciones, medio ambiente, y protección de las personas consumidoras y usuarias, así como el cumplimiento de la normativa sanitaria que resulte de aplicación.
8. Tener a disposición pública las hojas de quejas y reclamaciones de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo I del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas.
10. Cumplir aquellos otros requisitos contenidos en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Nueve. Se modifica el título del Capítulo IV, que queda con la siguiente redacción:
Diez. Se modifica el artículo 10, que pasa a ser el artículo 7, con la siguiente redacción:
1. A fin de coordinar los espacios adecuados para la celebración de ferias comerciales oficiales y el calendario de celebración de las mismas, las entidades organizadoras que deseen el reconocimiento oficial de las ferias comerciales que celebren deberán presentar, en la Consejería competente en materia de comercio interior, una declaración responsable con sus datos identificativos y los relativos a las actividades feriales para las cuales solicitan la obtención del reconocimiento oficial.
f) El nivel de participación previsto, tanto de expositores, como de profesionales y, en su caso, períodos de acceso al público en general.
g) Solvencia y profesionalidad de la entidad organizadora.
3. La Consejería competente en materia de comercio interior otorgará la condición de Feria Comercial Oficial mediante la publicación del calendario anual, inscribiéndolas de oficio en el Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. La inscripción deberá notificarse a la entidad interesada.
Once. Se modifica el artículo 11, que pasa a ser el artículo 8, con la siguiente redacción:
2. La supervisión de las ferias comerciales oficiales y sus entidades organizadoras en los términos previstos en la presente Ley.
4. La revocación, previo requerimiento, de la condición de una feria comercial oficial y, en su caso, su clasificación, cuando se incumpla lo previsto en la presente Ley y disposiciones de desarrollo o en la declaración responsable a que se refiere el artículo 7.
7. El ejercicio de aquellas funciones que le sean asignadas por la presente Ley o disposiciones de desarrollo.
Doce. Se modifica el título del Capítulo V, con la siguiente redacción:
Trece. Se modifica el artículo 12, que pasa a ser el artícu-lo 9, con la siguiente redacción:
3. Serán objeto de anotación en el Registro las sanciones impuestas por las infracciones previstas en el Capítulo VI.
Catorce. Se suprime el artículo 13.
Quince. Se modifica el artículo 14, que pasa a ser el artículo 10, con la siguiente redacción:
Son infracciones administrativas las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones contenidas en la presente Ley, pudiendo ser calificadas como infracción leve, grave o muy grave.
a) No tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones exigidas en el artículo 6.8, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo I del Decreto 72/2008, de 4 de marzo.
b) Cualquier acción u omisión que resulte contraria a la presente Ley, siempre que no deba ser calificada como infracción grave o muy grave.
a) El uso indebido de la denominación ?Feria Comercial Oficial? u ?Oficial? para muestras carentes de tal carácter.
b) El uso indebido de las clasificaciones reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley.
3. Se considera infracción muy grave la reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Dieciséis. Se modifica el artículo 15, que pasa a ser el artículo 11, con la siguiente redacción:
2. Las sanciones serán graduadas atendiendo a las circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran concurrir en la infracción cometida, teniéndose en cuenta la existencia o no de intencionalidad, reiteración, connivencia en la comisión, participación en el perjuicio, y mayor o menor cifra de negocios afectada.
3. En los supuestos de infracciones graves y muy graves en los que medien reiteradamente circunstancias agravantes, las sanciones establecidas en el apartado primero podrán llevar aparejadas la prohibición de organización y participación en futuras ferias durante el año siguiente al de la fecha de resolución firme en el caso de infracciones graves y los dos años siguientes en el caso de infracciones muy graves.
Diecisiete. Se modifica el artículo 16, que pasa a ser el artículo 12, con la siguiente redacción:
3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de comercio interior sancionar las infracciones cometidas al amparo de esta Ley.
Dieciocho. Se modifica el artículo 17, que pasa a ser el artículo 13, con la siguiente redacción:
Artículo cuarto Modificación de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, queda modificada como sigue:
Uno. La letra g del apartado 1 del artículo 3 queda con la siguiente redacción:
La planificación y ordenación del turismo y de los recursos turísticos de interés para Andalucía y la coordinación de las actuaciones que en esa materia ejerzan las entidades locales.
Dos. La letra d del artículo 25 queda con la siguiente redacción:
d) Al reconocimiento por parte de la Administración turística, en los supuestos previstos en la presente Ley, de la clasificación administrativa de los establecimientos de su titularidad.
Tres. El artículo 28 queda con la siguiente redacción:
Artículo 28. Libertad de establecimiento y de prestación de los servicios turísticos.
1. Cualquier prestador de servicios turísticos podrá establecerse libremente en Andalucía, sin más limitaciones que las derivadas del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que les sean de aplicación, previa presentación de la declaración responsable en los términos expresados en el artícu-lo 35.2, la cual habilitará para el ejercicio de la actividad.
Los prestadores de servicios turísticos que ejercen una actividad turística y estén legalmente establecidos en otra Comunidad Autónoma podrán desarrollarla en Andalucía sin necesidad de presentar la citada declaración.
2. Los prestadores de servicios turísticos establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea podrán prestar libremente servicios turísticos de carácter temporal en Andalucía sin necesidad de presentar declaración responsable alguna.
3. A efectos de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, se consideran prestadores de servicios turísticos quienes se dediquen en nombre propio y de manera habitual y remunerada a la prestación de algún servicio turístico conforme a la normativa de aplicación, debiendo figurar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía en los supuestos y en la forma que dispone la presente Ley.
La habitualidad se presumirá respecto de quienes ofrezcan la prestación de servicios turísticos a través de cualquier medio publicitario o cuando se preste el servicio en una o varias ocasiones dentro del mismo año por tiempo que, en conjunto, exceda de un mes, salvo que reglamentariamente se determine otro para determinados servicios turísticos, en razón de las peculiaridades de los mismos.
4. La publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos sin haber cumplido el deber de presentación de la declaración responsable prevista en el artículo 35.2 o de la comunicación regulada en el artículo 49.3, párrafo segundo, de esta Ley, será considerada actividad clandestina.
Cuatro. El artículo 29 queda con la siguiente redacción:
En toda la publicidad, anuncios, documentación, correspondencia y tarifas de precios y facturas, las empresas turísticas y los sujetos no empresariales que presten servicios turísticos deberán hacer constar, de manera legible e inteligible, la clasificación administrativa del establecimiento turístico, con los símbolos acreditativos de la misma que reglamentariamente se determinen.
Cinco. Se incorpora un nuevo artículo 31 bis con la siguiente redacción:
Artículo 31 bis. Clasificación en base a una declaración responsable.
1. Los interesados en la construcción, ampliación o reforma de un establecimiento de alojamiento turístico sujeto a clasificación administrativa presentarán ante el Ayuntamiento competente, junto con la solicitud de la licencia de obras, la documentación establecida reglamentariamente, con declaración responsable expresa de que el establecimiento proyectado reúne los requisitos previstos en la normativa aplicable para ostentar una determinada clasificación turística de acuerdo con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad del establecimiento proyectado.
2. En el plazo máximo de diez días, el Ayuntamiento remitirá la documentación y la declaración a las que se refiere el apartado anterior a la Consejería competente en materia de turismo, que comprobará la adecuación de la declaración responsable a la normativa turística reguladora de la clasificación aplicable al establecimiento proyectado en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de aquellas, pudiendo reformular la clasificación pretendida, lo que deberá ser objeto de notificación a la persona interesada y al Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la Consejería hubiera comunicado o notificado objeciones, se considerará conforme con el proyecto.
3. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o reforma, la persona interesada presentará ante la Consejería competente en materia de turismo la documentación preceptiva y la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 de la presente Ley, incluyendo en esta última declaración expresa sobre la adecuación del establecimiento a la normativa reguladora de la clasificación de los establecimientos turísticos, cuyo reconocimiento se solicite.
4. Reglamentariamente podrán eximirse de la obligación contenida en el presente artículo aquellos tipos de establecimientos de alojamiento turístico que así se determinen.
Seis. El apartado 1 del artículo 32 queda con la siguiente redacción:
1. En los términos que reglamentariamente se determine, los establecimientos turísticos deberán cumplir los requisitos mínimos de infraestructura, los establecidos en materia de seguridad, los relativos al medio ambiente, los relativos a la seguridad y salud laboral en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como, en su caso, los exigidos por cualquier otra normativa que resulte aplicable.
Los municipios exigirán la acreditación del cumplimiento de dicha normativa en el ámbito de sus procedimientos de autorización y control.
Siete. La letra c del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 34 quedan con la siguiente redacción:
c) Las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados.
2. Los titulares de viviendas turísticas deberán comunicar el inicio de la actividad a la Consejería competente en materia de turismo para su anotación en el Registro de Turismo de Andalucía.
Ocho. El artículo 35 queda con la siguiente redacción:
Artículo 35. Inscripción en base a una declaración responsable.
1. Los sujetos y establecimientos turísticos a que se refiere el apartado primero del artículo anterior deberán figurar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, aunque no concurra en aquellos la condición de empresarios o la prestación de los servicios turísticos no se realice en establecimientos permanentemente abiertos al público.
No obstante, no están obligados a inscribirse los prestadores de servicios turísticos legalmente establecidos en otras Comunidades Autónomas y en otros Estados de la Unión Europea que operen en régimen de libre prestación, salvo, en este último caso, los guías de turismo en los términos previstos en el artículo 49.3, párrafo segundo.
2. Salvo los supuestos previstos en la normativa vigente, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía se practicará de oficio previa presentación, por parte de quien esté legalmente habilitado para ello, de una declaración responsable manifestando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente relativos al servicio o al establecimiento y su clasificación; el compromiso de su mantenimiento durante el tiempo de vigencia de la actividad; así como la disposición, en su caso, de la documentación acreditativa que corresponda.
Podrá exigirse como requisito a los prestadores de servicios la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional adecuado u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio turístico que corresponda a agencias de viajes, actividades de turismo activo y establecimientos de alojamiento turístico en los términos que se determine reglamentariamente.
3. La presentación de la declaración responsable a que se refiere el apartado anterior bastará para considerar cumplido el deber de figurar inscrito de la persona o el establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía, pudiendo iniciar la actividad, salvo en aquellos supuestos en que se determine reglamentariamente.
4. La Consejería competente en materia de turismo procederá a inscribir a la persona o establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía conforme al contenido de la declaración responsable y, en su caso, de la documentación a la que se refiere el apartado 6; sin perjuicio del ejercicio de las potestades administrativas de control y de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder.
5. Toda modificación de los presupuestos, requisitos y datos contenidos en la declaración a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, determinantes de la inscripción, incluidas las bajas, deberá ser comunicada al Registro de Turismo de Andalucía.
6. Reglamentariamente se determinará la documentación complementaria que, en su caso, deba acompañarse a la declaración responsable, así como los términos y condiciones procedimentales para la realización de los trámites a los que se refieren los apartados anteriores.
Nueve. El apartado 5 del artículo 36 queda con la siguiente redacción:
5. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de otras determinaciones previstas en la legislación vigente, el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el presente artículo será objeto de comprobación por la Consejería competente en materia de turismo, así como por los ayuntamientos al tramitar las correspondientes licencias.
Diez. El apartado 2 del artículo 40 queda con la siguiente redacción:
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los campamentos de turismo podrán construirse elementos fijos destinados a alojamiento, tipo bungaló, siempre que la superficie que ocupen no supere el límite establecido reglamentariamente y sean explotados por la misma persona titular que la del campamento.
Once. El apartado 1 del artículo 41 queda con la siguiente redacción:
1. Son casas rurales aquellas edificaciones situadas en el medio rural que presentan especiales características de construcción, ubicación y tipicidad, prestan servicios de alojamiento y otros complementarios, que figuren inscritas como tales en el Registro de Turismo de Andalucía en los términos establecidos en la presente Ley.
Doce. El artículo 47 queda con la siguiente redacción:
Artículo 47. Empresas de intermediación turística.
2. Las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados pertenecerán necesariamente al grupo de agencias de viajes, debiendo, a estos efectos, constituir una fianza en los términos establecidos reglamentariamente.
Dicha fianza no se exigirá a aquellas agencias de viajes que ejerzan legalmente la actividad en otra Comunidad Autónoma española.
3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos exigidos a las empresas de intermediación turística.
Trece. El artículo 49 queda con la siguiente redacción:
1. Se considera actividad propia de los guías de turismo la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios de información turística a quienes realicen visitas a los bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan excluidas las funciones de divulgación y difusión desarrolladas por el personal de museos o instituciones del patrimonio conforme a lo establecido en su normativa de aplicación.
2. Quienes pretendan establecerse en Andalucía para desarrollar la actividad propia de los guías de turismo deberán estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por la Administración turística o, en su caso, el reconocimiento de la misma, en los términos que se determine reglamentariamente.
3. El reconocimiento por la Administración turística de la habilitación para el ejercicio de la actividad de guía de turismo, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, conllevará su inscripción de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía.
No obstante, los guías de turismo ya establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea que deseen ejercer la actividad de forma temporal en Andalucía en régimen de libre prestación deberán comunicarlo a la Administración turística, antes de la primera actividad transfronteriza, en los términos y condiciones que se regulan en el artículo 13 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Catorce. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 59 y se añade un apartado 9, que quedan con la siguiente redacción:
1. La publicidad o prestación de un servicio turístico habiendo cumplido el deber de presentación de la declaración responsable prevista en el artículo 35.2, pero careciendo de documentos que al efecto sean exigibles por las disposiciones turísticas que regulen dicha actividad.
5. El retraso en el cumplimiento de las comunicaciones que exija la normativa turística.
9. La inexactitud de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 o en la comunicación prevista en el artículo 49.3 de esta Ley.
Quince. Los apartados 1, 4, 5, 7 y 13 del artículo 60 quedan con la siguiente redacción:
1. La realización o prestación clandestina de un servicio turístico, definida en el artículo 28.4 de la presente Ley.
4. El incumplimiento del deber de realizar las comunicaciones que exija la normativa turística, tras ser requerido al efecto.
5. La falsedad de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 o en la comunicación prevista en el artículo 49.3 de esta Ley así como su alteración sin haber instado su modificación en los términos legal o reglamentariamente establecidos.
7. Prestar el servicio turístico tras efectuar modificaciones estructurales que afecten al grupo, categoría, modalidad o especialidad del establecimiento sin la presentación de la declaración responsable en los términos legal o reglamentariamente establecidos.
13. El no mantener vigente la cuantía de las garantías de fianza y, en su caso, seguro exigidas por la normativa de aplicación.
Dieciséis. El apartado 1 del artículo 62 queda con la siguiente redacción:
a) Las personas titulares de empresas, establecimientos o actividades turísticas, a cuyo nombre figure la habilitación o inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.
b) Las personas que hubieren suscrito la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 o la comunicación prevista en el artículo 49.3 de esta Ley.
c) Las personas que presten cualquier servicio turístico de manera clandestina.
Diecisiete. El artículo 65 queda con la siguiente redacción:
a) Principales.
? Apercibimiento.
? Multa.
b) Accesorias.
? Suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos y clausura temporal del establecimiento.
? La clausura definitiva del establecimiento o actividad turística.
Dieciocho. El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 67 queda con la siguiente redacción:
La clausura definitiva del establecimiento procederá, en el caso de infracciones muy graves, cuando la persona responsable haya sido sancionada dos o más veces, mediante resolución firme en vía administrativa, por este tipo de infracciones en el transcurso de tres años consecutivos y medien graves perjuicios para los intereses turísticos de Andalucía derivados de la conducta de la persona infractora.
Diecinueve. La letra c del artículo 69 queda con la siguiente redacción:
c) El Consejero o Consejera competente en materia turística para la imposición de las sanciones correspondientes a infracciones muy graves cuya cuantía supere los 90.152 euros o consista en la clausura definitiva del establecimiento o actividad turística.
Artículo quinto Modificación de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
La Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 12 queda con la siguiente redacción:
Artículo 12. Disolución de museos y colecciones museográficas.
1. La disolución de museos y colecciones museográficas de titularidad privada deberá ser comunicada previamente a la Consejería competente en materia de museos y colecciones museográficas.
En la citada comunicación, que deberá cursarse con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha prevista de disolución, la persona titular de la institución hará constar la fecha de disolución, el destino de los bienes y las medidas de seguridad para garantizar la protección y conservación de los mismos.
2. La disolución de museos y colecciones museográficas de titularidad de las entidades locales se acordará por el órgano al que corresponda autorizar la creación. En este caso, el procedimiento para la disolución se iniciará a petición de su titular, y deberá resolverse y notificarse en el plazo de seis meses, a contar desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, el titular podrá entender estimada la solicitud.
3. Cuando existan causas de peligro para la protección, conservación o accesibilidad de los fondos, la Consejería competente en materia de museos y colecciones museográficas podrá acordar el depósito forzoso previsto en el artículo 48 de esta Ley.
4. El órgano competente para autorizar la creación de un museo o colección museográfica, a la vista de la comunicación de disolución o del acto de disolución, según proceda, dispondrá la cancelación de su inscripción en el Registro andaluz de museos y colecciones museográficas.
5. En todo caso, los bienes integrantes de museos o colecciones museográficas disueltos conservarán el régimen jurídico de protección que les otorgue la legislación general de protección del patrimonio histórico.
Dos. El apartado 3 del artículo 36 queda con la siguiente redacción:
3. La salida de fondos museísticos pertenecientes a los museos y colecciones museográficas no comprendidos en los apartados anteriores deberá comunicarse previamente a la Consejería competente en materia de museos y colecciones museográficas. En la citada notificación, que deberá cursarse con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha prevista de la salida, se harán constar las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Durante el expresado plazo, la citada Consejería comprobará la documentación presentada, a efecto, en su caso, de requerir que se subsane la misma o se completen las condiciones de la salida. En este último caso, no podrá efectuarse la salida hasta que se cumplimente el requerimiento.
Tres. La letra d del artículo 55 queda con la siguiente redacción:
d) La disolución sin autorización de un museo o colección museográfica de titularidad de las entidades locales o sin la comunicación prevista en el artículo 12.1 en el caso de un museo o colección museográfica de titularidad privada.
Artículo sexto Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, queda modificada en su artículo 53 con la siguiente redacción:
a) Las personas físicas, individualmente consideradas o formando equipos de investigación, que cuenten con la titulación o acreditación profesional que normativamente se determine.
b) Los departamentos de universidades u otras instituciones científicas, españolas o comunitarias, relacionados con la investigación del Patrimonio Arqueológico.
c) Los museos arqueológicos o que cuenten con sección de Arqueología.
Cuando se trate de personas físicas, equipos de investigación o instituciones científicas extranjeras no comunitarias, la solicitud se acompañará de informe emitido por otra persona o institución española de entre las enumeradas en este apartado.
2. En todo caso la solicitud habrá de ir suscrita por la persona con titulación suficiente y acreditada experiencia que asuma la dirección de los trabajos.
3. Por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá recabarse de los organismos y autoridades competentes la información precisa para comprobar los datos referentes a titulación y experiencia profesional.
Artículo séptimo Modificación de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo 58 queda con la siguiente redacción:
2. No se considera publicidad los carteles informativos autorizados por la Administración titular de la vía, o, en su caso, comunicados a esta, en los términos que establece el apartado 7 de este artículo, y que se adecuen a las prescripciones siguientes:
a) Señales de servicio.
b) Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés general para los usuarios de las carreteras, ya sean culturales, medioambientales o turísticos, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo desde la carretera, siempre que no contengan, a su vez, mensajes publicitarios.
c) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera.
d) Rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de la actividad que se desarrolla en los mismos, siempre que estén situados sobre los inmuebles en que aquellos tengan su sede o en sus accesos y no incluyan comunicación adicional alguna tendente a promover la contratación de los productos o servicios que ofrezcan.
Dos. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 58, con la siguiente redacción:
7. Fuera de la zona de dominio público, los interesados podrán colocar los rótulos de establecimientos mercantiles o industriales a que se refiere el apartado 2 d del presente artículo, previa comunicación a la Administración titular de la vía. Reglamentariamente podrá establecerse el régimen de instalación.
En el supuesto de comunicación, la Administración tendrá un plazo preclusivo de un mes para denegar la actuación comunicada por razones de seguridad vial, sin perjuicio de las potestades administrativas de control y de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder.
Tres. La letra a) del artículo 71 queda con la siguiente redacción:
a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones, incluida la colocación de carteles, en el dominio público viario o en las zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, sin las autorizaciones o comunicaciones requeridas o incumpliendo alguna de las condiciones impuestas en las mismas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior y esta se solicite en el plazo correspondiente.
Cuatro. La letra a del apartado primero del artículo 72 queda con la siguiente redacción:
a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas, incluida la colocación de carteles, en el dominio público viario o en las zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, llevadas a cabo sin las autorizaciones o comunicaciones requeridas o incumpliendo alguna de las condiciones impuestas en las mismas, cuando no sean susceptibles de legalización posterior o esta no se solicite en plazo correspondiente.
Artículo octavo Modificación de La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. La letra e del apartado 1 del artículo 4 queda con la siguiente redacción:
Dos. Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
Artículo noveno Modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
El Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, queda modificado en su artículo 47.1 con la siguiente redacción:
En el caso de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales que revistan, incluidos los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y que en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice, los sujetos pasivos habrán de presentar una autoliquidación de la tasa dentro de los treinta días siguientes al devengo.
Artículo décimo Modificación de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.
La Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, queda modificada en el apartado 3 de su artículo 68, con la siguiente redacción:
3. Los almacenes mayoristas autorizados dispondrán de una dirección técnica, a cargo de un farmacéutico o farmacéutica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 29/2006, de 26 de julio. Reglamentariamente se establecerán las condiciones, requisitos y procedimiento para su nombramiento, así como la exigencia de la presencia de un farmacéutico o farmacéutica durante el horario de actividad del almacén.
Artículo undécimo Modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, queda modificada en el artículo 29, con la siguiente redacción:
Artículo 29. Control administrativo y organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
1. La Consejería competente en materia de energía podrá comprobar en cualquier momento, por sí misma o a través de organismos colaboradores, el cumplimiento de la normativa en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
2. Los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética serán personas naturales o jurídicas, con capacidad de obrar, con la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones que se establezcan por esta Ley y su normativa de desarrollo.
3. Las certificaciones o actas de inspección y comprobación de los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética tendrán valor probatorio.
4. Los requisitos, régimen de funcionamiento y procedimiento de inicio de actividades en Andalucía de los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética se establecerán reglamentariamente.
5. Los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética deberán tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de sus actuaciones mediante una póliza de seguros u otra garantía equivalente, cuya cuantía y actualización se determinarán reglamentariamente, sin que dicha cuantía limite la citada responsabilidad.
Artículo duodécimo Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 15 bis queda redactado como sigue:
1. No obstante lo previsto en los artículos 10.2, 13.1 y 14 de esta Ley, los instrumentos de planificación y las normas declarativas de los espacios naturales protegidos podrán excepcionar del régimen de autorización aquellas actuaciones que no pongan en peligro los valores objeto de protección, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán realizarse.
2. En el supuesto de que, por razones ambientales, la normativa de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los Planes Rectores de Uso y Gestión y los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional establezcan una prohibición que impida la realización de infraestructuras lineales, estas podrán implantarse siempre que resulten autorizables de acuerdo con los procedimientos de prevención y control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000.
En el caso de que por razón de su naturaleza y características las citadas infraestructuras lineales no estuvieran sometidas a procedimientos de prevención y control ambiental, conforme a lo previsto en el Anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el procedimiento a seguir para su autorización será el establecido para la calificación ambiental en la Sección V del Capítulo II del Título III de dicha ley.
Dos. Se añaden las letras m, n y ñ al apartado 2 del artícu-lo 26, con la siguiente redacción:
m) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
n) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
ñ) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Artículo decimotercero Modificación de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. Se deroga el artículo 67 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, que queda sin contenido.
Dos. Se añaden tres nuevos apartados al artículo 77, con la siguiente redacción:
9.º La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
10.º La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
11.º La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Artículo decimocuarto Modificación de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales.
Se añaden tres nuevos apartados al artículo 64, con la siguiente redacción:
13. La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
14. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
15. La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Artículo decimoquinto Modificación de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
La Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, queda modificada como sigue:
Uno. Se añaden las letras g, h e i al artículo 41, con la siguiente redacción:
g) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
h) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
i) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Dos. Se añaden las letras l, m y n al artículo 42, con la siguiente redacción:
l) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
m) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
n) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Tres. Se añaden las letras k, l y m al artículo 44, con la siguiente redacción:
k) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
l) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
m) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Cuatro. El apartado 2 del artículo 45 queda con la siguiente redacción:
2. Son infracciones graves las descritas en los artículos siguientes: Artículo 41, letras d, e, f, g, h e i; artículo 42, letras a, b, c, e, f, h, j, l, m y n; artículo 44, letras a, b, d, g, i, j, k, l y m.
Artículo decimosexto Modificación de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 3 del artículo 44 queda con la siguiente redacción:
Dos. Se incorporan tres nuevos apartados al artículo 74, que quedan con la siguiente redacción:
Tres. Se incorporan tres nuevos apartados al artículo 77, que quedan con la siguiente redacción:
Cuatro. Se incorporan tres nuevos apartados al artículo 80, que quedan con la siguiente redacción:
Disposición adicional primera Acceso y comunicación electrónica.
El Plan de Establecimientos Comerciales será accesible a través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.
La Consejería competente en materia de comercio interior dictará las normas y desarrollará los mecanismos necesarios para que la comunicación entre esta y los municipios en relación con el informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico, el informe autonómico para la autorización de grandes superficies minoristas, así como en relación con las personas inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y las autorizaciones municipales para el ejercicio del comercio ambulante, se realice por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la letra e del artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
La acreditación, autenticidad e integridad de los documentos electrónicos presentados se garantizarán mediante la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la normativa citada en el apartado anterior.
La Consejería competente en materia de comercio interior facilitará asistencia técnica a los municipios en materia de comercio interior a través de una plataforma digital, sin perjuicio de las competencias de las Diputaciones Provinciales.
Disposición adicional segunda Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.
Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior se desarrollarán las características y el uso del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.
Disposición adicional tercera Consejo Andaluz de Comercio.
Desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, todas las menciones realizadas por la normativa vigente a la Comisión Asesora de Comercio Interior se entenderán hechas al Consejo Andaluz de Comercio.
Disposición adicional cuarta Plan de Establecimientos Comerciales.
El Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Establecimientos Comerciales en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoristas en las ubicaciones que consideren más idóneas aplicando los criterios establecidos en esta Ley, si en la fecha de su aprobación inicial no estuviera en vigor el Plan de Establecimientos Comerciales.
En el supuesto previsto en el apartado anterior, el informe comercial sobre estos instrumentos de planeamiento urbanístico tendrá carácter vinculante.
Tras la entrada en vigor del Plan de Establecimientos Comerciales, los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuya aprobación inicial se produzca con posterioridad al mismo, deberán localizar los usos comerciales, con carácter preferente, en función de los ámbitos aptos establecidos en el Plan.
Disposición adicional quinta Prohibición de grandes superficies minoristas sobre suelo no urbanizable.
Desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, no puede concederse licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas en suelo no urbanizable.
Disposición adicional sexta Licencia municipal de obras.
Desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, todas las menciones realizadas a la licencia comercial se entenderán hechas a la licencia municipal de obras.
Disposición adicional séptima Régimen de seguros.
Con el fin de dar cumplimiento al principio de reserva de ley establecido en el artículo 21 de la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y sin perjuicio de aquellos otros seguros que vengan establecidos en cualesquiera otras normas con rango de ley, en el Anexo se relacionan las actividades de servicios para las que será necesario la cobertura de un seguro por presentar un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de la persona destinataria o de una tercera, o para la seguridad financiera de la misma.
Disposición adicional octava Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio regulado en normas preexistentes.
A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en la Administración de la Junta de Andalucía se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general en aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por normas con rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.
Disposición adicional novena Notificación a la Comisión Europea.
El órgano administrativo competente comunicará a la Consejería de la Presidencia, antes de su aprobación y en los términos que se establezcan reglamentariamente, cualquier proyecto legal, reglamentario o administrativo que contenga requisitos de los previstos en el apartado 2 del artículo 15 o del artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, motivando su compatibilidad con los criterios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, para su posterior notificación a la Comisión Europea por los conductos correspondientes.
Disposición transitoria primera Previsiones del planeamiento urbanístico sobre grandes superficies minoristas.
No será necesaria la calificación expresa de uso pormenorizado de gran superficie minorista en aquellos casos en que los instrumentos de planeamiento urbanístico, vigentes a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, ordenen de forma concreta y pormenorizada la parcela en donde esté prevista la instalación de una gran superficie minorista.
Igual régimen será aplicable una vez aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento urbanístico que ordene la gran superficie minorista, cuando el mismo se encontrara en tramitación y contara con la aprobación inicial a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre.
Disposición transitoria segunda Adaptación del planeamiento sin aprobación inicial.
El planeamiento que a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, no hubiera sido aprobado inicialmente deberá adaptarse a las determinaciones de esta Ley.
En todo caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico, que a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, no hubieran sido aprobados inicialmente, deberán calificar, en su ámbito territorial, suelo de uso pormenorizado de gran superficie minorista como requisito necesario para la instalación de una gran superficie minorista.
Disposición transitoria tercera Aplicación de los requisitos establecidos en el Título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero, a las solicitudes de licencia municipal de obras.
Los requisitos para la instalación de grandes superficies minoristas previstos en el apartado 2 del artículo 39 serán de aplicación a las solicitudes de licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas presentadas con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, y que no cuenten con licencia comercial.
Disposición transitoria cuarta Licencias comerciales y licencias municipales en tramitación.
Los promotores cuya solicitud de licencia comercial se encontrara tramitándose a la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, podrán optar, previo requerimiento del órgano administrativo competente, entre su archivo, sin perjuicio de la conservación de los trámites útiles para la tramitación de la licencia municipal de obras, o la continuación de su tramitación, que continuará rigiéndose por la legislación vigente en la fecha de su presentación, excepto en la necesidad de informe preceptivo de la Comisión Asesora de Comercio Interior. Si la solicitud fuese resuelta favorablemente, el proyecto no estará sometido a los trámites específicos de la licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas que se regulan en la presente Ley.
En el caso de que no haya una respuesta expresa por la persona promotora, en el plazo de diez días, el expediente continuará su tramitación de acuerdo con la legislación vigente en la fecha de presentación de la solicitud, conforme a lo previsto en el apartado anterior.
Asimismo, no será aplicable el régimen específico de licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas establecido en esta Ley, a quienes ya sean titulares de una licencia comercial, sin perjuicio de la obligación de obtener las licencias municipales necesarias.
Disposición transitoria quinta Solicitudes de licencia municipal de obras con planeamiento con ordenación pormenorizada a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre.
Toda persona con derecho a uso de parcelas o fincas que, a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, tuvieran ordenación pormenorizada apta para la instalación de una gran superficie minorista y no estuvieran calificadas expresamente como uso pormenorizado de gran superficie minorista, o cuya ordenación pormenorizada se esté realizando por un instrumento de planeamiento que tuviera la aprobación inicial, podrá solicitar la licencia municipal de obras, sin necesidad de que su emplazamiento esté calificado expresamente de uso pormenorizado de gran superficie minorista.
En los supuestos previstos en el apartado anterior, serán preceptivos, en la tramitación de las licencias municipales de obras de grandes superficies minoristas, los informes de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y de urbanismo, que serán emitidos con antelación al informe autonómico para la autorización de grandes superficies minoristas. Dichos informes tendrán carácter vinculante y su plazo de emisión será de dos meses.
Disposición transitoria sexta Prórroga de licencias comerciales no ejecutadas.
Disposición transitoria séptima Personas inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes.
Las personas que se encuentran inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y estén en posesión del carné profesional de comerciante ambulante, podrán obtener los beneficios establecidos en el artículo 6.3 de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, durante el tiempo de vigencia que les reste.
Disposición transitoria octava Instituciones Feriales.
Las Instituciones Feriales existentes en Andalucía, creadas al amparo de la Ley 3/1992, de Ferias Comerciales Oficiales, deberán adaptar su forma jurídica antes del 28 de diciembre de 2010.
Disposición transitoria novena Ferias Comerciales Oficiales.
Las Ferias Comerciales Oficiales que hayan sido objeto de autorización expresa antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, quedarán sujetas al régimen legal anterior para la edición incluida en el calendario aprobado.
Disposición transitoria décima Régimen transitorio en materias distintas al área comercial y ferial.
Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Si la tramitación y resolución se produce a partir del 28 de diciembre de 2009 y la normativa de aplicación incluye requisitos prohibidos según el artículo 14 de la Directiva, estos no se tendrán en cuenta por el órgano competente.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley y, expresamente, las siguientes:
La disposición adicional segunda de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
El Decreto 208/2007, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-2010 y se regulan los criterios de evaluación para el otorgamiento de la licencia comercial de grandes establecimientos comerciales.
El Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales de Andalucía.
Disposición final primera Delegación legislativa para la refundición de normas en materia de comercio.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente Ley, apruebe los respectivos textos refundidos de las siguientes Leyes:
Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los textos legales que se refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido
Disposición final segunda Desarrollo.
Sevilla, 21 de mayo de 2010
ANEXOActividades de servicios para las que será necesaria la cobertura de un seguro
Seguro Normativa de referencia
Seguro de responsabilidad civil profesional cuya cobertura sea suficiente para garantizar los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos que se deriven de la actividad arqueológica autorizada. DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Seguro de accidentes para todo el personal participante en la actividad arqueológica. DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Seguro para preservar los fondos museísticos que salgan de Andalucía, su conservación y su regreso. DECRETO 284/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Póliza de seguros multirriesgo y de responsabilidad civil para los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía. ORDEN de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas.
Póliza de responsabilidad civil, que cubra los riesgos de su responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros de las Entidades de Formación Autorizadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se regulan los procedimientos para la obtención/convalidación del carné profesional en Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE-07), los requisitos de acreditación de las Entidades de Formación Autorizadas en Instalaciones Térmicas de Edificios, y sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (RITE-07).
Póliza de seguro de responsabilidad civil para la autorización de los laboratorios de ensayo y contraste. DECRETO 155/1996, de 7 de mayo, por el que se regulan los laboratorios de ensayo y contraste de objetos fabricados con metales preciosos.
Orden PRE/1231/2009, de 18 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 16 de abril de 2009, por el que se modifica el umbral de renta familiar que da acceso al abono social.
Orden Foral 189/2012, de 2 de julio que aprueba la convocatoria pública de subvenciones para desarrollo de programas de formación musical promovidos por Ayuntamientos durante el ejercicio 2012.
ORDEN FORAL 1180/2000, de 18 de octubre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que la que se renueva la acreditación al laboratorio de ensayos 'Laboratorio de Ensayos Navarra', en las siguientes áreas.