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Timestamp: 2017-11-23 22:26:19
Document Index: 209942843

Matched Legal Cases: ['artículo 381', 'artículo 266', 'artículo 5', 'artículo 377', 'artículo 377', 'artículo 37', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 116', 'artículo 268', 'artículo 33', 'artículo 378', 'artículo 4', 'artículo 37', 'Artículo 115', 'artículo 95', 'artículo 75', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 6', 'artículo 285', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 200', 'artículo 200', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 266', 'artículo 112', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 380', 'artículo 112']

Sentencia que declara Con Lugar la solicitud de antejuicio de mérito ejercida contra el Diputado Richard Mardo (Sala Plena) ~ Jurídicas de Interés
Sentencia que declara Con Lugar la solicitud de antejuicio de mérito ejercida contra el Diputado Richard Mardo (Sala Plena)
El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 381 dispone la enumeración taxativa de los altos funcionarios que gozan de esta prerrogativa constitucional del antejuicio de mérito, en obsequio a la protección de la función pública que despliegan en el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y demás actos sublegales le encomiendan, a saber: el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Ministros o Ministras del Despacho, Procurador o Procuradora General de la República, Miembros del Alto Mando Militar, Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional, Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República.
En la Constitución de 1901 se incluye la referencia expresa a la declaración que correspondía a la Corte Federal y a la Corte de Casación, reunidos ambos cuerpos en “Supremo Tribunal Federal”, si“ha o no lugar a formación de causa; si declarare lo primero, quedará de hecho en suspenso el funcionario acusado; si declarare lo segundo, cesará todo procedimiento”; ello en cuanto a una enumeración taxativa de funcionarios que se mantuvo esencialmente en torno a los siguientes: Presidente de la República, Ministros del Despacho, Consejeros de Gobierno, Procurador General de la Nación, Gobernador del Distrito Federal y los propios “Vocales”, tal como eran denominados los miembros de las referidas Cortes.
Ya para el año de 1953, se promulgó la Constitución de la República de Venezuela, que incluyó expresamente entre tales altos funcionarios con la mencionada prerrogativa procesal, a los “miembros del Congreso Nacional”, valga anotar, a los Diputados; al igual que a los “Secretarios Generales” de los “Gobernadores de los Estados, el Distrito Federal y de los Territorios Federales” y los “miembros de las Cortes Superiores de los Estados y de los Juzgados Superiores donde no hubiere Corte”.
En ese sentido, atinente a la institución del antejuicio de mérito, se ha pronunciado el Máximo Tribunal de la República en diversos fallos, de los cuales pueden citarse los siguientes:
En la Sentencia n° 24 del 15 de mayo de 2003 (Caso: “Julián Isaías Rodríguez Díaz, Fiscal General de la República contra Carlos Rafael Alfonzo Martínez, General de División (G.N.))”, se apuntó sobre la naturaleza del antejuicio de mérito, así como se citó anteriores fallos de este Supremo Tribunal, en los términos siguientes:
En este sentido, en sentencia de la Corte en Pleno de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 18 de enero de 1990, caso: José Angel Ciliberto, se expresó que establecer la existencia de motivos suficientes para el enjuiciamiento de un alto funcionario del Estado ‘... significa analizar los elementos probatorios existentes en los autos con el objeto de establecer la perpetración de algún hecho presuntamente delictivo y la participación en el mismo del nombrado ciudadano, sin adelantar opinión sobre el fondo del asunto, pues la Corte no actúa, en este momento, como un Tribunal de la causa, sino que se concreta a examinar los recaudos traídos y deducir una precalificación de los hechos, así como sus eventuales consecuencias de carácter penal...’
En otra sentencia de la Corte en Pleno de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha, 25 de junio de 1992, caso: Antonio Ríos, se expresó lo siguiente:
a) El ante-juicio no constituye sino una etapa previa al posible enjuiciamiento de aquellos funcionarios respecto a los cuales la Ley Fundamental de la República lo consagra como una forma de resguardar el cumplimiento de sus funciones, ya que dicho procedimiento tiene por objeto evitar a los mismos el entorpecimiento producido por la apertura de causas penales posiblemente temerarias o infundadas. En el ante-juicio no se dicta propiamente una sentencia de condena, sino que sólo se tiene como fin, eliminar un obstáculo procesal para que un ciudadano comparezca a juicio, donde tendrá la oportunidad de para acreditar su inocencia.
b) El ante-juicio de mérito no debe implicar, en modo alguno, la búsqueda de la comprobación plena del cuerpo del delito ni de la culpabilidad del funcionario en relación con el cual opera dicho procedimiento especial, como si se tratase de un juicio propiamente dicho. Sólo se trata de constatar si los hechos imputados son punibles y si ciertamente la acusación está seriamente fundada como para formar causa. Por consiguiente, no se debe adelantar opinión sobre el fondo del asunto, pues de lo que se trata es de examinar los recaudos y deducir una precalificación de los hechos.
c) El ante-juicio de mérito tiene por objeto el análisis y estudio previos de las actas procesales, con el fin de establecer si de la reconstrucción de los hechos que de ella deriva, emergen presunciones vehementes de la comisión de un hecho punible y de que en la perpetración del mismo se encuentra comprometida la responsabilidad del funcionario.
De igual manera, en sentencia de fecha 20 de mayo de 1993, de la Corte en Pleno de la extinta Corte Suprema de Justicia, caso: Carlos Andrés Pérez Rodríguez, se expresó que en el antejuicio de mérito ‘...se trata de un procedimiento especial en un doble aspecto: En primer lugar por lo que atañe a los sujetos enjuiciables y en segundo término, por lo que se refiere al procedimiento. En el primer caso, únicamente a los Altos Funcionarios están sometidos al Antejuicio de Mérito por ante el más Alto Tribunal de la República. Y en cuanto a las características procedimentales, la Ley ha previsto determinados elementos, entre los cuales se destaca que dada su finalidad fundamental, el Antejuicio, como su misma denominación lo indica, no indica un juicio propiamente dicho, sino un pronunciamiento previo a la causa, que cuando se declara con lugar constituye la base para la iniciación del juicio o de su prosecución, según las normas aplicables en cada caso. No constituye por ello un indicativo de absolución o condena, sino una declaratoria acerca de la procedencia o no de la apertura del juicio penal correspondiente’. (Resaltados de la cita)
“[El] procedimiento conocido como antejuicio de mérito, (…) ha sido definido por la jurisprudencia y la doctrina como un procedimiento especial, de única instancia, previo y distinto al juicio penal propiamente dicho. Es decir, a semejanza de una etapa inicial (in jure actum), en cuya primera fase se califican los hechos como relevantes o no para pasar, si fuere el caso, a la segunda fase del juicio de fondo, (in judicium), ya que, quien tiene derecho a ese antejuicio o juicio de mérito, se inviste de una prerrogativa (jure esse).
En otras palabras, el antejuicio de mérito se traduce en una prerrogativa para la altas autoridades del Estado, prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 266, numerales 2 y 3, así como en el artículo 5, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal”.(Subrayados de la cita)
“Así, las personas que se encuentran investidas de las más elevadas funciones públicas, gozan de prerrogativas constitucionales para el ejercicio de sus funciones, siendo una de ellas el antejuicio de mérito, cuyo conocimiento le corresponde a esta Sala Plena. En tal sentido, ha señalado el Máximo Tribunal en reiteradas decisiones que el régimen del antejuicio de mérito previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consiste en un privilegio para las altas autoridades del Estado, que tiene por objeto proteger la labor de los funcionarios públicos que ocupan y desempeñan cargos de alta relevancia, en procura de la continuidad en el desempeño de las tareas esenciales que corresponden al ejercicio de la función pública. En otras palabras, el antejuicio de mérito es una prerrogativa procesal de la que son acreedores los altos funcionarios del Estado, para garantizar el ejercicio de la función pública y, por ende, evitar la existencia de perturbaciones derivadas de posibles querellas, injustificadas o maliciosas, que se interpongan contra las personas que desempeñen una alta investidura.
De manera que, ante la supuesta comisión de un hecho punible por parte de los altos funcionarios, la ley le otorga la facultad al titular de la acción penal, específicamente, al Fiscal General de la República, para proponer formalmente, ante la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de antejuicio de mérito, mediante una querella, como lo señala el artículo 377 de Código Orgánico Procesal Penal, lo que también puede ser realizado por la víctima, a criterio de la Sala Constitucional, tal como lo dejó sentado en sentencia número 1.331 de fecha 20 de junio de 2002 (caso: Tulio Álvarez vs. Fiscal General de la República)”.
“…Se trata de un procedimiento especial en un doble aspecto, en cuanto a los sujetos enjuiciables y en lo que se refiere al procedimiento:
Además, el antejuicio de mérito no debe implicar, en modo alguno, la búsqueda de la comprobación plena del cuerpo del delito ni de la culpabilidad del alto funcionario; sólo se trata de constatar si los hechos imputados son punibles y si ciertamente la querella está seriamente fundada como para formar la causa penal. En consecuencia, no debe adelantarse opinión sobre el fondo del asunto, pues de lo que se trata es de examinar los recaudos y precalificar los hechos…”.
“Rol del Fiscal o la Fiscala General de la República.
Ello es así, ya que con el trámite del antejuicio de mérito se protegen funciones públicas trascendentales para el Estado y la sociedad de aquellas acciones destinadas a perturbarlas, pudiendo afectarse además del interés público, la gobernabilidad”. (Subrayado de la cita)
4.- Comunicación N° P/13/02/105 de fecha 15 de febrero de 2013, suscrita por el Diputado Pedro Carreño, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, quien remite un dossier contentivo de documentos como complemento de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en fecha 06 de febrero de 2013, relacionados con hechos de corrupción de altos dirigentes de la organización con fines políticos Primero Justicia.
6.- Oficio n° DFGR-VFGR-DGAP-DCC-39/018918 del 23 de abril de 2013, suscrito por la Fiscal General de la República, mediante la cual remite oficio del 27 de marzo de 2013 de la doctora Adelina González, Contralora General de la República, el cual acompaña de la copia certificada de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo en los años 2011 y 2012.
7.- Oficio n° 29252 del 10 de junio de 2013 suscrito por la Fiscal General de la República, mediante el cual remite comunicación n° P/13/06-489 de esa misma fecha, suscrita por el Secretario de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, adjunto a la cual envía copia de la siguiente documentación:
7.1.- Relación de catorce (14) cuentas bancarias del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo en las instituciones financieras: Banco Nacional de Crédito, Banesco, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Venezuela y Banco Mercantil.
7.3.- Relación de cheques emitidos a nombre del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo.
7.4.- Estados de cuenta de la cuenta corriente Banesco n° 0134-0783 517833024902, correspondiente al ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo.
8.- Oficio n° 31148 del 19 de junio de 2013 suscrito por la Fiscal General de la República, mediante el que remite la comunicación n° 2013/000750 del día 18 del mismo mes y año, suscrita por la Intendente Nacional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en el que informa que el 15 de agosto de 2012, mediante providencia administrativa n° SANT/INTI/GRTI/RCNT/DF/2012/ISLR/01154 de fecha 09 de agosto de 2012 “…se inició proceso de fiscalización y determinación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo: Richard Mardo Mardo, para el ejercicio fiscal 2011, en atención a la solicitud presentada por el Consejo Legislativo del Estado Aragua, mediante Oficio distinguido con el N° 191-12, de fecha 11 de junio de 2012, de todo lo cual fue debidamente notificado en fecha 15 de agosto de 2012 el ciudadano Richard Mardo Mardo…”. Asimismo remitió copia de la declaración de Impuesto sobre la Renta del citado ciudadano correspondiente al ejercicio fiscal 2012. La presente remisión la efectúa la Fiscal General de la República, a los fines de que la documentación fuera agregada al expediente respectivo.
Antes de emitir pronunciamiento respecto a la argumentación de hecho y de derecho expuesta por la Fiscal General de la República en la querella mediante la cual solicita el antejuicio de mérito, considera esta Sala necesario analizar, en primer lugar, las solicitudes de nulidad que fueron planteadas por el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo y su defensa, y en tal sentido observa:
Mediante escrito del 19 de marzo de 2013, el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo presentó escrito mediante el cual invocó los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal para solicitar la nulidad absoluta de la petición de la Fiscal General de la República.
1. Ausencia de notificación de la investigación preliminar hecha por la Fiscalía:
a. Que la investigación fiscal se inició sin que hubiera sido notificado de la existencia de la causa, sus cargos y sin poder tener acceso al expediente. Que el Ministerio Público no le notificó de la investigación, ni le dio oportunidad de solicitar diligencias de investigación.
b. Que si el Ministerio Público llevó a cabo una investigación sin haberlo notificado, la solicitud de antejuicio estaría viciada de nulidad. A su vez, que si éste no llevó a cabo una investigación, se habría violado el debido proceso ya que el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, a su decir, establece que antes de ser celebrado el antejuicio debe llevarse a cabo una investigación preliminar, la cual debió realizarse con su conocimiento.
c. Que las personas tienen derecho a su defensa desde la misma fase de investigación lo que implicaría que los investigados sean informados de los cargos que motivan la investigación, que puedan acceder a las actas y pruebas que conforman el expediente, que dispongan de un tiempo adecuado para ejercer la defensa, que puedan solicitar la práctica de diligencias destinadas a demostrar su inocencia.
2. Afectación de sus derechos a la defensa y al debido proceso:
a. Que para presentar la solicitud, la Fiscalía General de la República debió efectuar una investigación, pues si el antejuicio es declarado con lugar, se iniciaría el juicio “propiamente dicho”.
b. Que sus derechos humanos habrían sido lesionados por el Ministerio Público, al presentar una solicitud de antejuicio sin que se le haya permitido su defensa durante la investigación preliminar que debió haberse realizado.
c. Que si sólo pudiera demostrar su inocencia durante el juicio oral y público, para ese momento ya se habría dictado una medida desfavorable en su contra. Que esos derechos –defensa y debido proceso- habrían sido vulnerados incluso si el Ministerio Público llevara a cabo la investigación luego de que se realizara el antejuicio de mérito que solicitó. Que si la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo parte de la investigación y pretende continuarla luego de haberse celebrado el antejuicio, también se estaría transgrediendo el orden lógico del procedimiento.
3. Del mismo modo solicitó la “improcedencia in limine litis” de la solicitud fiscal, pues la Fiscal General de la República habría pretendido utilizar el antejuicio como una autorización para seguir investigando y no para determinar si hay méritos para la celebración de un juicio.
4. Solicitó finalmente que se repusiera la causa al momento de que se le imputen formalmente los cargos en su contra, así como que se realizara un pronunciamiento sobre la presente solicitud de nulidad antes de la celebración del antejuicio de mérito.
El antedicho escrito fue acompañado de copia de noticias publicadas sobre declaraciones de la Fiscal General de la República, y de la copia de la solicitud presentada por abogados defensores del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo al Fiscal 10° del Ministerio Público con competencia plena a nivel nacional, mediante la cual exponen que se enteraron por “hecho público y comunicacional que existe una causa abierta” en contra de dicho ciudadano ante esa Fiscalía; que de ello se desprende que el mencionado ciudadano estaría “imputado” y que deben respetarse sus derechos; solicitaron que se le diera acceso al expediente de la Fiscalía para ejercer su derecho a la defensa; que aun cuando se le negase su condición de imputado, poseía “un interés legítimo, personal y directo en las resultas del proceso”; y por último preguntan: “a) ¿Cuáles son los hechos y por qué delitos se [le] está investigando?; b) ¿A quién más se está investigando en esta causa y por qué?; c) ¿Cuáles son las operaciones financieras que forman parte de la denuncia que públicamente dio a conocer el Diputado Pedro Carreño?; d) ¿Cuál es el sustento por el que [esa] fiscalía (sic) solicitó a la Fiscalía General estudiar la pertinencia de pedir al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de haber lugar para [su] enjuiciamiento?”.
Respecto de la supuesta ausencia de notificación de la investigación efectuada por la Fiscalía General de la República, se denuncia particularmente que el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo no fue puesto en conocimiento de la labor investigativa que emprendió el Ministerio Público; que no tuvo acceso al expediente en la Fiscalía ni tuvo oportunidad de solicitar diligencias de investigación, lo que habría afectado su derecho a la defensa para demostrar su inocencia; así como, que si no se hubiera llevado a cabo una investigación preliminar se habría violado el debido proceso.
“Cuando para la persecución penal se requiera la previa declaratoria de haber mérito para el enjuiciamiento, el o la Fiscal que haya conducido la investigación preliminar se dirigirá a el o la Fiscal General de la República a los efectos de que éste o ésta, solicite de ser pertinente, la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento. Hasta tanto decida la instancia judicial correspondiente, o cualquiera otra instancia establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las de los Estados u otras Leyes, no podrán realizarse contra el funcionario investigado actos que impliquen una persecución personal, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La regulación prevista en este artículo no impide la continuación del procedimiento respecto a los otros imputados.” (Resaltado de esta Sala)
En tal virtud, se observa que la querella de antejuicio presentada por la Fiscal General de la República, se basa primordialmente en la denuncia que fue recibida por su Despacho de parte del Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, así como en el resto de los elementos de convicción relatados en el capítulo así intitulado en este fallo, que le llevan a solicitar la declaratoria de mérito para el enjuiciamiento del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo.
· Copia certificada de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo en los años 2011 y 2012, remitida a la Fiscal General de la República por la Contralora General de la República mediante el oficio n° 01-00-000191 del 27 de marzo de 2013.
· Relación de cuentas bancarias del Diputado Richard Mardo; Comunicación n° ONA-P-0001013 del 26.03.2013 suscrita por el Subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas; Relación de cheques emitidos a nombre del Diputado Richard Miguel Mardo Mardo; Estados de cuenta, correspondientes a la cuenta corriente del banco Banesco n° 0134-0783 517833024902, correspondiente al ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo. Todo ello fue remitido a la Fiscal General de la República por el Secretario de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional mediante la comunicación n° P/13/06-489 del 10 de junio de 2013.
ISLR/01154 del 09 de agosto de 2012, suscrita por la Jefe de División de Fiscalización de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se inició el proceso de fiscalización y determinación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo: Richard Miguel Mardo Mardo, para el ejercicio fiscal 2011. Copia de la declaración de Impuesto Sobre la Renta del citado ciudadano correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Tal documentación fue remitida a la Fiscal General de la República mediante el oficio n° SNAT/INTI/2013/000750 del 18 de junio de 2013, suscrito por la Intendente Nacional de Tributos Internos del SENIAT.
“…Es de conocimiento público, es decir, es un hecho público, notorio y comunicacional que existe una causa abierta en mi contra y que la misma está siendo ventilada por este despacho, ya que así lo ha señalado el Ministerio Público a través de distintas notas de prensa…”.
De la referida comunicación, se evidencia palmariamente que el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo estuvo en conocimiento de la investigación preliminar que se le seguía en el Ministerio Público a los fines del antejuicio de mérito, hecho que convierte en falsa la denuncia sobre el supuesto desconocimiento por vía de la ausencia de notificación de la investigación. Por otra parte también se desvirtúa la denuncia sobre la presunta imposibilidad de solicitar diligencias de investigación, pues tal como la defensa pudo dirigir la antedicha petición al Fiscal 10° del Ministerio Público con competencia plena a nivel nacional, pudo presentar peticiones en ese sentido, mas ello no lo efectuó. Antes bien, el referido Fiscal del Ministerio Público extendió oportuna respuesta a la predicha solicitud, mediante el oficio n° 00-F10-0138-2013 del 22 de febrero de 2013 –cursante en autos-, dirigido al abogado defensor Ángel Viso Cartaya, mediante la cual aludió a la imposibilidad para el reconocimiento de la cualidad de representantes legales que alegaba tener éste, conjuntamente con los abogados Jesús Alejandro Loreto y José Domingo Campos, ya que no consignaron instrumento poder, ni habían sido juramentados como tales; así como tampoco estaba presente el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo para cuando se presentó dicha solicitud ante el Ministerio Público.
En ese particular resáltese que el derecho a la defensa del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo fue plenamente respetado, incluso cuando fue solicitado por parte de la Fiscal General de la República, el diferimiento de la audiencia que había sido pautada para el día 11 de junio de 2013, dado que al haber aportado al expediente una documentación atinente al caso, que fuera recibida en su Despacho, se concedió el tiempo suficiente y razonable para que éste y su defensa privada se impusieran debidamente sobre el contenido de aquella, antes de la nueva fecha fijada para la audiencia oral y pública.
Finalmente, el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, planteó en el escrito que analiza esta Sala en este estado, una solicitud de que se repusiera la causa al momento de que se le imputaran formalmente los cargos en su contra. Sobre este particular la Sala determina que al haber declarado denegadas todas las cuestiones denunciadas, deviene esta petición en improcedente. Adicionalmente cabe señalar que en modo alguno puede pretenderse la “imputación formal” como se solicita en este escrito, toda vez que este acto es propio de un juicio penal en sí, y no de un antejuicio de mérito.
Mediante escrito del 4 de junio de 2013, el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo presentó escrito en el cual invocó el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de “oponer excepciones a la persecución penal que se ha materializado con ocasión a (sic) la solicitud de antejuicio”. Adujo asimismo dar respuesta a la querella fiscal mediante este mismo escrito.
DE LA CONTESTACIÓN A LA QUERELLA FISCAL POR PARTE DEL CIUDADANO RICHARD MIGUEL MARDO MARDO
Mediante escrito del 4 de junio de 2013, el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo presentó escrito en el cual adujo dar contestación a la querella fiscal esgrimiendo los siguientes alegatos, refiriendo además que en la audiencia oral y pública los expondría, a saber:
o La solicitud de antejuicio se basó en copias simples de cheques, los cuales habrían sido solicitados irregularmente al Diputado Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, en vez de haber sido requeridos a las instituciones bancarias o a los organismos administrativos competentes en la materia.
§ a) Los hechos no revisten carácter penal, con fundamento en el artículo 28.4.c eiusdem. El supuesto enriquecimiento ilícito es inferior a las dos mil Unidades Tributarias (2.000 UT), y el artículo 116 del Código Orgánico Tributario determina que para que exista defraudación el enriquecimiento debe superar dicha cantidad. En el escrito efectúa un ejercicio contable sobre el enriquecimiento neto obtenido en los años 2009 al 2012, para desvirtuar en su argumentación, la presunta comisión del delito de defraudación tributaria. Así afirma que aun en el supuesto de que fuera cierto lo afirmado por el Ministerio Público, no se cumple la condición para que se considere cometido el delito de defraudación, sobre el enriquecimiento superior a dos mil Unidades Tributarias (2.000 UT). También pretende desvirtuar la comisión del delito de legitimación de capitales, dado que niega que los fondos de las operaciones financieras realizadas sean producto de un delito. Igualmente señala que no existe ocultamiento de ingresos y que la transferencia por doscientos mil bolívares (Bs. 200.000), contrario a lo que afirma el Ministerio Público, fue realizada por él y no fue recibida a su favor, por un presunto préstamo sin intereses que éste le habría otorgado al ciudadano Hadad Bechara el 29 de abril de 2009. Alegan que posterior a este préstamo, este último ciudadano habría librado diversos cheques de parte de empresas en las que tiene participación, a los efectos de pagar la deuda y que sólo le adeuda aún dos mil bolívares (Bs. 2.000). Aduce que todos estos montos que recibió para saldar la deuda no son gravables ni debían ser declarados a los fines del Impuesto Sobre la Renta.
§ c) Falta de requisitos esenciales para intentar la acción de antejuicio, pues alega que son insuficientes las pruebas y los elementos aportados por el Ministerio Público; asimismo menciona que la Fiscal General de la República hace una “narración confusa y genérica de los hechos relatando simplemente” que Richard Mardo recibió ciertas cantidades de dinero y que la suma de las mismas es superior a lo reflejado en su declaración de Impuesto Sobre la Renta; tampoco se señala, a su decir, el dolo ni el perjuicio provocado al Fisco. Sobre la legitimación de capitales, alega, que el Ministerio Público fue muy impreciso y que faltan elementos de convicción suficientes para que sea declarado con lugar el mérito para el enjuiciamiento. En cuanto a la denuncia del Diputado Pedro Carreño denuncia que no cumplió con los requisitos del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente indica que en su escrito de solicitud de antejuicio, el Ministerio Público no solicita literalmente que sea enjuiciado el funcionario.
“PRIMERO: Se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Solicitud de Antejuicio de Mérito por ser violatoria a los derechos a la defensa y el debido proceso del Diputado Richard Mardo, así como por estar basada en elementos de convicción falsos y forjados.
TERCERO: En el supuesto negado de que esta Sala estimare que no existen los evidentes vicios de nulidad absoluta de la Solicitud de Antejuicio de Mérito, SE DECLARE CON LUGAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS, y en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4 del artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal y el último aparte del artículo 378 ejusdem (sic),SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA”.
Es así como el 22 de mayo de 2013, la Sala Plena mediante el auto N° 29, acordó convocar a la audiencia oral y pública, para el décimo día hábil siguiente, a las diez ante merídiem (10:00 am), después de que constara en autos la última notificación. En efecto, tal como se señaló, el 28 de mayo de 2013 el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, fue notificado de la referida audiencia.
De esa manera, bajo el rigor de las actuaciones cursantes en el expediente, la audiencia se celebraría el día 11 de junio de 2013 a la hora pautada. No obstante, el 11 de junio de 2013, la Sala Plena dictó el auto n° 32 mediante el cual acordó diferir, a solicitud de la Fiscal General de la República, contenida en el oficio n° 29252 del 10 de junio de 2011, la audiencia oral y pública prevista para dicho día y fijó para el 25 de junio de 2013, a las diez ante merídiem (10:00 am), la celebración de tal audiencia en la presente causa de antejuicio de mérito. Tal auto ordenó a su vez la práctica de las respectivas notificaciones a la Fiscal General de la República y al ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, siendo notificados efectivamente en la misma oportunidad.
Tal audiencia tuvo lugar precisamente el día 25 de junio de 2013, iniciándose a la hora pautada en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia. A ésta asistieron la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás Magistrados integrantes de la Sala Plena, la abogada Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, y sus abogados defensores ciudadanos Jesús Alejandro Loreto, José Domingo Campos y Ángel Viso Cartaya.
De seguidas el abogado Jesús Alejandro Loreto, expuso alegaciones en defensa del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, concluyendo en la inexistencia de mérito para su enjuiciamiento.
Por último se le concedió el derecho de palabra al ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo quien expuso los alegatos que consideró a su favor para que la Sala Plena determinara la inexistencia de mérito para su enjuiciamiento.
Ahora bien, como se ha indicado, corresponde a esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia determinar si los hechos explanados en la querella presentada por la Fiscal General de la República contra el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, Diputado a la Asamblea Nacional, generan presunciones que comprometan su responsabilidad para establecer si hay o no méritos para su enjuiciamiento, siendo precisamente éste el objeto del presente fallo, en el curso del proceso que ha ocupado a este Supremo Tribunal.
El ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, en el escrito del 4 de junio de 2013, mediante el cual manifiesta dar respuesta a la querella fiscal de antejuicio de mérito, reitera la solicitud de nulidad de esta última fundamentada en la supuesta ausencia de notificación de los cargos por parte del Ministerio Público. Sobre esta solicitud ya se refirió este fallo en el capítulo correspondiente a las nulidades solicitadas.
En idéntico sentido, sobre el delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, la Fiscal General de la República dictamina que “…se hace necesario fuera de cualquier especulación posible, verificar la aplicación o destino de los fondos comprometidos, pues llama la atención que estas cantidades no hayan estado sujetas a declaración ante la Administración Tributaria del sujeto obligado, razón por la cual considero que la conducta presuntamente desplegada por el Diputado podría encuadrar en el referido tipo penal de Legitimación de Capitales (…). Con relación al delito de Legitimación de Capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo o reciclaje de capitales o blanqueo de bienes, cabe destacar que éste constituye el modo de asegurar los frutos de actividades ilícitas. Las ganancias de tales actividades deben diluirse en la complejidad del sistema económico o financiero de uno o varios países, a los fines de darles apariencia de legitimidad, vale decir, ‘reciclándolos’. Así lo ha resaltado nuestro máximo Tribunal (…): ‘El artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se refiere a una acción en la cual mediante el logro de la impunidad del delito cometido, se alcanza el lucro’…”.
Ahora bien, en este estado estima conveniente la Sala hacer referencia a los delitos que presuntamente habría cometido el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, Diputado a la Asamblea Nacional.
“Artículo 115. Constituyen ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad:
15. Omitir la presentación de la declaración informativa de las inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal”.
“Ahora bien, del análisis de las actas que contienen el expediente judicial y de lo expuesto en este fallo, se observa la conducta omisiva e injustificada de la contribuyente respecto a su ineludible obligación de declarar la totalidad de sus enriquecimientos provenientes de las ventas realizadas. (…) [A]precia esta Sala que la defraudación tributaria resulta una conducta dolosa per se, que presupone engaños, artificios o maniobras para conseguir un fin determinado. Por consiguiente, para que la omisión de ingresos tributarios advertida en el caso de autos pudiese ser calificada como dolosa, tan evidente como para permitir a la autoridad contralora y al juzgador revisor afirmar automáticamente la existencia de tan grave infracción a cargo de la contribuyente omisa, sin poner en riesgo la aplicación de determinados principios fundamentales y límites de la potestad sancionadora y su ordenamiento rector, necesariamente dicha conducta debía encuadrar en la tipología específica de conductas que presuponen la intención de defraudar, y que como tales resultan sancionables según lo dispuesto en los citados artículos 94 y 95 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable ratione temporis.”.
“[C]onstata esta Sala que en el caso de autos, en el momento que la contribuyente procedió a presentar sus declaraciones de impuesto al valor agregado, sin incluir la totalidad de los ingresos por ventas, según se desprende de la comparación de la información obtenida durante la fiscalización y los registros contables, efectivamente derivó para el Fisco Nacional en una disminución ilegítima de sus ingresos tributarios, lo cual configuró el ilícito fiscal de defraudación tipificado en los artículos 93 y 94 del Código Orgánico Tributario de 1994, cuya sanción se encuentra prevista en el artículo 95 eiusdem, con multa de dos a cinco veces el monto del tributo omitido en concordancia con el artículo 75 eiusdem que establece la aplicación supletoria de los Principios y Normas del Derecho Penal, procediendo la sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Código Penal. En consecuencia, habiendo declarado esta Sala procedente el ilícito fiscal, el cual comportó un perjuicio al Fisco Nacional, confirma la procedencia de la sanción impuesta a la contribuyente Tiendas Karamba San Fernando, C.A. Así se decide.”
“Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos”.
Sobre estos particulares la querella fiscal señala que “…con relación al delito de Legitimación de Capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo o reciclaje de capitales o blanqueo de bienes, cabe destacar que éste constituye el modo de asegurar los frutos de actividades ilícitas. Las ganancias de tales actividades deben diluirse en la complejidad del sistema económico o financiero de uno o varios países, a los fines de darles apariencia de legitimidad, vale decir, ‘reciclándolos’. Así lo ha resaltado nuestro máximo Tribunal (…): ‘El artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se refiere a una acción en la cual mediante el logro de la impunidad del delito cometido, se alcanza el lucro’…”. Precisa además que “…la regulación internacional de este delito, se encuentra contenida en el artículo 6 de la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional –Convención de Palermo-…”. Y en lo atinente al caso bajo examen refiere lo siguiente: “…observemos entonces cada una de tales fases; en cuanto a la primera, es posible que haya habido una colocación de fondos -a través de la emisión de unos cheques y específicamente de una transferencia por un monto de doscientos mil bolívares (200.000 Bs.)-, los cuales al no ser declarados por el contribuyente, puede considerarse que hubo un encubrimiento u ocultamiento, en virtud que se desconoce además su destino final, cumpliéndose con ello la segunda etapa; y con respecto a la última de éstas, al no conocer qué utilidad hubo con respecto a tales fondos…”.
En idéntico orden de ideas, esta Sala observa que corre inserto en el expediente, la copia del oficio n° ONA-P-0001013 del 26 de marzo de 2013, suscrito por el Subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas. En esta comunicación se describe que en dicha Oficina Nacional no reposa ninguna investigación con relación al ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo; sin embargo, se asevera que se realizó un análisis económico-financiero al período comprendido entre los años 2002 a enero de 2013, basado en la información que reposa en la base de datos de esa Oficina, arrojando lo siguiente:
En este mismo oficio de la Oficina Nacional Antidrogas, se analiza financieramente por igual a las siguientes personas naturales y jurídicas: Eduardo Andrés Guanipa, Gustavo Marcano, Corporación Milenio de Venezuela, C.A., Constructora Cargil, C.A., Distribuidora Orion C.A., y la Empresa 3 ½ Publicidad, C.A. En sus conclusiones, este estudio de la referida Oficina Nacional, alude que existen elementos que harían presumir la comisión del delito de legitimación de capitales y, que debe indagarse más acuciosamente al respecto.
De todo ello llama la atención de la Sala, la verosimilitud que en apariencia se presenta entre los hechos relatados por la Fiscal General de la República en su querella, sobre la participación del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo en diversas operaciones bancarias no señaladas presuntamente en sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y, el acaecimiento de un posible ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes y capitales, entre otros fenómenos que luego puedan ser esclarecidos de conformidad con la ley.
En definitiva, el Ministerio Público, institución con rango constitucional que acorde con las competencias que le corresponden según el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictaminó que “…los elementos que cursan en la causa, podrían comprometer la responsabilidad del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, en la comisión de delitos previstos en el Código Tributario y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, por lo cual resulta indispensable continuar con la investigación ya referida, en la cual se requiere realizar actos de investigación que suponen una persecución penal personalizada en contra del citado Diputado, tales como: verificación de cuentas bancarias, relación de bienes a su nombre, entre otras, todo lo cual supone la previa Declaratoria de Mérito para su enjuiciamiento…”.
En tal virtud, esta Sala Plena determina que los hechos relatados en la querella de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal General de la República, devienen en indiciarios, verosímiles y/o posibles en torno a la presunta comisión por parte del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente. Así pues, tales hechos son elementos de juicio suficientes para iniciar el procedimiento en sede penal del ciudadano antes citado, cumplidos como sean los pasos subsiguientes.
Adicionalmente a los argumentos y delaciones examinadas en lo anterior, no pasa inadvertido para la Sala lo apreciado en el desarrollo de la audiencia oral y pública celebrada en este Supremo Tribunal, en cuyo contexto el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo reconoció que “…a lo mejor yo como funcionario público no puedo recibir donaciones, pero yo puedo pedirle a varios de ustedes, vamos a hacer una vaca para pagarle la operación a ese niño…”, toda vez que esta declaración pudiera ser objeto de esclarecimiento en el marco de un juicio para la indagación de los hechos denunciados y su autoría.
Siendo así, es forzoso para la Sala estimar la suficiencia de indicios conexos, serios y fundados, que se han acopiado en el procedimiento del presente antejuicio de mérito, no rebatidos, contradichos ni justificados efectivamente según la ley por el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, Diputado a la Asamblea Nacional, ni por sus abogados defensores, todo lo cual implica la composición de una presunción que por su verosimilitud es susceptible de comprometer la eventual responsabilidad penal de aquél, y por ende, amerita ser investigada adecuadamente en el curso de un proceso penal según dispone el Texto Fundamental y la ley, por lo que acuerda que existe mérito para el enjuiciamiento del mencionado ciudadano, en cuyo tracto se observarán los derechos y garantías que acuerdan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el resto del ordenamiento jurídico que resultare aplicable. Así se decide.
No pretende la Sala emitir un juicio valorativo sobre la posible antijuridicidad de los hechos denunciados por la Fiscal General de la República, ni esta decisión prejuzga acerca de la responsabilidad penal del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, pues ello será materia a debatir en el juicio ordinario, en el que se dilucidarán los extremos sustantivos y razones de fondo en el marco de la tramitación reglada que acuerda el Código Orgánico Procesal Penal, siguiendo al efecto las formalidades que este mismo instrumento manda, en concatenación con la legislación que resultare aplicable y en observancia a los derechos que ésta acuerda.
En lo que respecta a la instauración del procedimiento penal conducente al enjuiciamiento del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, es preciso referirse a su condición de Diputado a la Asamblea Nacional y la consecuente inmunidad que le asiste en virtud del artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“…[S]i el parlamentario no es sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito ya que en tal caso sí es necesario que el máximo Tribunal examine los recaudos que enviaría el tribunal sumariador (hoy Ministerio Público) para verificar si se ha configurado un tipo delictivo y si hay indicios de culpabilidad del congresista a quien se le imputan hechos punibles. En este caso, en el cual media necesariamente una acusación o denuncia, es imprescindible el antejuicio de mérito, en cuyo caso si la Corte Suprema de Justicia decidía que había lugar a la prosecución de juicio, debía enviarse la decisión a la Cámara correspondiente para que esta autorizara mediante el allanamiento la continuación del procedimiento respectivo (Ibidem, pág.46).
De lo expuesto debe concluirse que tanto la tesis doctrinaria expuesta como la jurisprudencia de la Corte en pleno, siguen vigentes en cuanto a la situación de la condición de delitos en flagrancia. De acuerdo a lo señalado, es imprescindible el allanamiento de la inmunidad en cualquier caso para el enjuiciamiento, por tratarse de un privilegio irrenunciable…”.
“…Con miras a efectuar un pronunciamiento a este respecto, se estima impretermitible analizar, preliminarmente, el régimen de protección a la función parlamentaria estatuido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Las normas recién transcritas vienen a formar parte del denominado estatuto parlamentario, entendido como el sistema normativo que dispone los deberes, derechos, prerrogativas e incompatibilidades que invisten a los miembros del Poder Legislativo. Específicamente, las anotadas disposiciones constitucionales consagran el régimen de inmunidad (lato sensu) que asiste a los representantes del pueblo en el seno de la Asamblea Nacional: (i) la inviolabilidad o irresponsabilidad y (ii) la inmunidad (stricto sensu), como garantías fundamentales de protección de las funciones legislativas y de control político y fiscal que acometen sus miembros. La primera de tales prerrogativas, la inviolabilidad o irresponsabilidad, impide que los diputados sean perseguidos –en cualquier tiempo- por la manifestación de opiniones en el ejercicio de su función parlamentaria. La segunda de ellas, la inmunidad en sentido estricto, consagra la imposibilidad de perseguir criminalmente a los miembros del Parlamento con ocasión de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie la autorización de la Cámara de la cual forman parte (allanamiento) y el antejuicio de mérito, a menos que hayan sido aprehendidos en flagrancia (sobre este último supuesto, véase stc. nº 16 del 22 de abril de 2010, caso: Wilmer Azuaje).
Ya esta Sala tuvo ocasión de pronunciarse en torno a la señalada inmunidad, mediante fallo del 26 de julio de 2000 (caso: Miguel Díaz Sánchez), estableciendo lo siguiente:
Así las cosas, mal puede amparar la inmunidad al parlamentario por la comisión de delitos cuya persecución se haya iniciado con anterioridad a su proclamación, en el entendido de que tal momento tiene lugar una vez que hayan sido satisfechos los extremos previstos en los artículos 153 al 155, ambos inclusive de la Ley Orgánica de Procesos Electorales…”
“...Partiendo de que la ratio de la inmunidad parlamentaria es la protección de la función legislativa, debe determinarse a partir de qué momento empiezan sus miembros a gozar del beneficio. En ese sentido se aprecia, que el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:
De la interpretación literal del citado dispositivo constitucional, se desprende claramente que los diputados gozan de inmunidad 1) en el ejercicio de sus funciones, y 2) desde su proclamación, de manera que resulta claro que se requieren dos condiciones concurrentes para que opere el privilegio, por una parte haber sido proclamado y por otra estar en ejercicio de sus funciones, lo que encuentra una perfecta correspondencia con la razón de su previsión por parte del Constituyente, toda vez que si el fin de ese beneficio es garantizar el desenvolvimiento de la labor parlamentaria, se justifica que los asambleístas estén protegidos de cualquier acción externa a ese cuerpo que les impida legislar sólo mientras estén desempeñando su labor. En ese sentido, expresa Recoder de Casso, que ‘…Lo normal es que opere únicamente durante los períodos de sesiones y que en los intervalos entre dos períodos queden los parlamentarios sujetos al derecho común, sin perjuicio de que al iniciarse el período siguiente la Asamblea puede pedir la suspensión de las actuaciones iniciadas…’…”
En el caso que ocupa a la Sala Plena en esta ocasión, el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo ostenta en la actualidad la condición de Diputado a la Asamblea Nacional, según se desprende de certificación n° ANAP/C099/13, suscrita por el Secretario de la Asamblea Nacional –la cual corre inserta en autos-, motivo por el cual, habiendo sido declarada en el presente fallo, la existencia de mérito para su enjuiciamiento, corresponderá a la Asamblea Nacional la respectiva deliberación a los fines de decidir la aludida autorización, también conocida como allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
A renglón seguido, huelga referirse a la naturaleza de los delitos que presuntamente pudo haber cometido el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, consistentes en los tipos penales de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente. Tales delitos son considerados de naturaleza común, y sobre el particular la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, mediante sentencia n° 1.684 del 4 de noviembre de 2008, se pronunció en los siguientes términos:
“…Ahora bien, lo que sí constituye una sustancial alteración del espíritu, propósito y razón de la referida norma [artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela] -en lo que respecta a sus antecedes históricos-, es el cambio de criterio para determinar el órgano jurisdiccional competente que deberá continuar conociendo de la causa una vez declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito.
Ahora bien, atribuirle a la Sala Plena de este Máximo Tribunal el conocimiento de las causas instauradas contra los altos funcionarios públicos cuando el delito por ellos presuntamente cometido fuese calificado como ‘delito común’, revela la existencia de un error material del Constituyente de 1999, y con ello una inconsistencia de la norma, es decir, que la solución aportada no responde a las propiedades que tomó en cuenta el mismo Constituyente para establecer el supuesto de hecho de dicha consecuencia jurídica. Siendo así, se está en presencia de un enunciado que presenta una laguna, que a su vez conduce a una solución jurídica ilógica e inaceptable.
En tal sentido, a los efectos de dar una solución que resulte coherente o pertinente con las propiedades del supuesto de hecho, esta Sala considera que en caso de darse los elementos anteriormente mencionados, deben remitirse los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva”. (Subrayado de la cita)
En tal sentido, por tratarse de delitos de naturaleza común aquellos en los que podría estar incurso el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, y de conformidad con la precitada decisión n° 1.684 del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, el enjuiciamiento del mencionado ciudadano, luego de allanada su inmunidad, deberá hacerse por ante los tribunales ordinarios competentes y la causa se tramitará conforme a las reglas del proceso ordinario, según lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal y demás normas aplicables. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la remisión de los autos a la Fiscal General de la República a los fines contemplados en la referida Ley Orgánica y en el Código Orgánico Procesal Penal y, para la observancia de los extremos aplicables dispuestos en el Texto Fundamental y en tales instrumentos legislativos.
PRIMERO: No ha lugar a las solicitudes de nulidad interpuestas por los abogados defensores privados del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo.
SEGUNDO: Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente.
TERCERO: Que hay mérito para el enjuiciamiento del ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente.
CUARTO: Se ordena notificar a la Asamblea Nacional, en la persona de su Presidente, Diputado Diosdado Cabello Rondón, sobre la presente decisión, a los fines de que ese Órgano Legislativo Nacional delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, con lo cual de ser acordado, operará de pleno derecho lo referido en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
QUINTO: Se ordena remitir las actuaciones que conforman el presente antejuicio de mérito a la abogada Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, de conformidad con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
SEXTO: Se ordena notificar de la presente decisión a la abogada Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y al ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/tplen/Julio/38-16713-2013-2013-000060.html
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