Source: http://aldip.org/derechos-humanos-y-sistemas-penitenciarios/
Timestamp: 2019-11-16 02:44:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 200', 'artículo 2', 'artículo 139', 'artículo 46', 'artículo 200']

DERECHOS HUMANOS Y SISTEMAS PENITENCIARIOS – ALDIP | Asociación por la Libertad y Derechos de los Internos Penitenciarios
En materia de Derechos Humanos, el literal h) del numeral 24) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el artículo 5 de le Declaración Universal de los Derechos Humanos son objetivos al señalar que la ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados tienen que estar exentas de torturas o trato inhumano o humillante, es decir, la carcelería de toda persona debe desarrollarse respetando su dignidad, ello en virtud del principio de humanidad.
Concordante con el párrafo anterior, la Asamblea General de la ONU en su Resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990, ha adoptado y proclamado los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, en los cuales resalta el respeto absoluto de la dignidad humana de éstos.
Por las razones expuestas, el artículo 139, numeral 21 de nuestra Constitución y el artículo 3 del Código de Ejecución Penal, establecen, expresamente, que los internos tienen que ocupar ambientes adecuados.
Al respecto, un ambiente adecuado lo determina, entre otras cosas, el tamaño de la celda y el número de camas que en ella haya.
Se debe tener presente que de acuerdo a las Disposiciones Finales de nuestra Constitución Política “Las normas relativas a los derechos humanos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”.
Ergo, el brutal hacinamiento que impera en las cárceles del Perú, constituye una flagrante agresión a todas las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos, así como contra la dignidad de los internos penitenciarios, pues tal situación está ocasionando que los mismos vivan de manera inhumana.
Sobre el particular, nos vemos obligados a interponer una Acción Popular, proceso establecido en el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución, que procede por incumplimiento de la Constitución y de la ley.
No olvidemos que un Estado de Derecho, como el nuestro, es garantista de la dignidad del ser humano, además del respeto incondicional de los derechos humanos, que son de carácter universal
Converjo con el Presidente de la Asociación por la Libertad y Derechos de los Internos Penitenciarios- ALDIP, Dr. Ricardo Castro, al advertir en su artículo “Uso y Abuso de la Prisión Preventiva en el Perú”, que en el Perú se está abusando sobremanera del uso de la medida cautelar de prisión preventiva.
Como él bien argumenta, dicha medida no se debe adoptar en función al delito que se impute, ni por el pronóstico de la pena, ni tampoco se debe aplicar bajo la presunción legal del peligro procesal, ni mucho menos por la presión mediática, social o política, sino mediante argumentos que deben ser razonables, necesarios y proporcionales, puesto que ella es una medida cautelar y no punitiva, razón por la cual, señala el Dr. Castro, la prisión preventiva tiene que ser la excepción y no la regla.
No obstante, en razón del derecho constitucional de presunción de inocencia, normado en el artículo 2 numeral 24 literal e) de la Constitución, de las pruebas subjetivas, que no son más que conjeturas que en muchos casos ocasionan injustificadamente la detención preventiva de personas que jamás infringieron la ley, y las más de 5,000 personas que anualmente salen absueltos de los presuntos delitos que habrían cometido, resulta necesario suprimir de nuestro ordenamiento jurídico la prisión preventiva.
Cabe remarcar que de acuerdo a estadísticas hechas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de las más de 82,000 personas que se encuentran recluidas en las cárceles del país, el 60% está presa por mandato de detención o prisión preventiva.
La pena existe para evitar una conducta inadecuada, no para oprimir a quien la haya cometido. En ese sentido, no se puede modificar continuamente la legislación penal en función de reprimir a la persona que haya infringido la ley, sino con el único propósito de prevenir la conducta delictiva. Pues, el objetivo y la esencia de la condena es preventiva y resocializadora, tal como lo consagra el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, que dice: “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.
Así entonces, cuando las autoridades apelan a la tolerancia cero, lo deben hacer respecto al delito, no al que ha delinquido.
El principio de proporcionalidad de la pena de que habla el artículo Vlll del Título Preliminar del Código Penal, dice que la pena no puede sobrepasar la gravedad del delito penal cometido.
En efecto, la magnitud de la sentencia tiene que ser determinada por los hechos y no por factores como la presión mediática, social o política.
Entonces, para proteger los derechos de los que van a ser sentenciados, el juzgador tendrá que considerar, además de la condición de primario del imputado y el grado de participación de éste, de ser el caso, lo normado en el artículo 46, literal d) del mencionado Código, que señala que la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta delictiva, son circunstancias de disminución de la condena.
Sin embargo, en casi todos los casos, los jueces no están respetando los preceptos legales, como si los reos primarios fueran reincidentes, están siendo condenados con la máxima de la pena contemplada para el delito que han cometido. La Ley Penal tiene que ser aplicada a todos por igual. El grado de participación de los inculpados, es una figura legal que tampoco se contempla al momento de sentenciar. Se está condenando bajo el ilógico criterio de que las penas altas van a corregir las conductas delictivas.
Las condenas altas son contrarias al Principio de Humanidad, Oportunidad, Prevención y Resocialización que debe tener la ejecución penal, razón por la cual se deben prohibir las penas crueles que ocasionan no sólo que demasiadas personas tengan que pasar muchos años en prisión, sino también que la condena pierda sus efectos preventivos-resocializadores, además del inhumano hacinamiento en las cárceles.
El programa de política criminal del Perú, encara erróneamente el problema de la delincuencia, pretender reducirla mediante la dación de leyes severas, es por demás irracional.
Aunque lo dicho y anhelado por el Presidente Kuczynski se haga ley y cuelguen a todos los rateros o se aplique de manera uniforme la cadena perpetua para todos los delitos, éstos van a seguir dándose, porque la conducta delictual no se da a causa de leyes flexibles, sino a imperiosas necesidades sociales no cubiertas.
Los efectos de la resocialización debe llegar de manera positiva a la sociedad, sólo así la pena tendrá sentido. La razón de la pena estriba en la resocialización, las penas altas no son resocializadoras, sino vengativas, inhumanas y crueles.
Frente a este abuso, amparados en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución, debemos unirnos e interponer la acción de inconstitucionalidad, que procede contra normas, decretos legislativos, decretos de urgencia que sean contrarios a los mandatos constitucionales, como son las actuales penas establecidas en el Código Penal.
Los beneficios penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento de reinserción social, cuya finalidad es que el condenado pueda lograr su libertad antes del término de su condena.
Por tal motivo el acceso a ellos tiene que ser lo más flexible y razonable posible, sobre todo en el caso de los reos primarios, quienes más allá del delito que hayan cometido, deben redimir su pena con el 2×1 (dos días de trabajo o estudio redime uno de pena).
La eliminación y recorte de los beneficios penitenciarios para delitos que cometen, mayormente, personas de los sectores populares, hacen que tales beneficios pierdan sus efectos estimulantes en los condenados de dicho sectores. Así como que éstos tengan que pasar 10, 15, 20… años en prisión.
Es preciso remarcar que los beneficios penitenciarios en el Perú no son un derecho, como en otros países, sino una gracia, que por su naturaleza pueden ser admitidos o rechazados por el juez, es decir, aunque el peticionario tenga un buen informe psicológico, social, legal y cumpla con el tiempo exigido por ley, el pedido puede ser denegado ya sea por el criterio personal del juez, que desestima el buen informe del solicitante, o por razones no debidamente motivadas, lo cual es inconstitucional.
Por esto es necesario que los beneficios penitenciarios en el Perú sean considerados un derecho objetivo, no un estímulo o gracia.
El Decreto Legislativo N° 1296 que reformula el modelo de otorgamiento de los beneficios penitenciarios, lo único que va a lograr, es que el lucrativo negocio que gira entorno a éstos y al sistema progresivo resocializador, beneficie, aún más, a los psicólogos, asistentes sociales y abogados encargados del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT).
Nuestra sociedad, sobre todo nuestros legisladores y quienes administran justicia, deben comprender que la época medieval ya pasó, y que el Derecho Penal tiene que ponderar el espíritu garantista que caracteriza a todo Estado de Derecho.
La cárcel debe ser para el preso, lo que el hospital es para el enfermo.
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