Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1191050
Timestamp: 2020-02-21 21:47:37
Document Index: 265762584

Matched Legal Cases: ['artículo 214', 'artículo 207', 'artículo 51', 'artículo 124', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 235', 'artículo 260']

El TS avala que la indemnización de trabajadores fijos y temporales sea diferente
Se resuelve en el presente litigio si es conforme a derecho la diferente indemnización percibida por los trabajadores fijos y temporales cuya relación se extingue por el cierre de la empresa que inició un procedimiento de despido colectivo, incluyendo a todos los trabajadores fijos y excluyendo a los temporales que terminaron su relación laboral por la finalización del servicio para el que fueron contratados.
Para resolver la cuestión la Sala aplica la doctrina del TJUE que ha establecido que no es contrario al Derecho europeo la normativa española que establece distinta indemnización al terminar el contrato temporal por la conclusión de su objeto y la que fija para la extinción de un contrato fijo por la existencia de causas objetivas sobrevenidas. Señala que en el presente caso la empresa puso en marcha el despido colectivo para extinguir los contratos de los trabajadores indefinidos, y procedió a la terminación de los temporales acudiendo a la concurrencia de causa válida de terminación, por fin de obra. Declara que, si bien se está ante un mismo hecho que provoca la extinción de los contratos fijos y temporales, sin embargo, ello no equivale a que el supuesto extintivo sea el mismo, pues el despido colectivo trae su causa en razones objetivas legalmente procedentes, mientras que la finalización de la contrata constituye la causa de terminación natural de un contrato temporal. Formula voto particular la Magistrada D.ª María Lourdes Arastey Sahun, al que se adhieren los Magistrados/as D. Fernando Salinas Molina, D.ª María Luisa Segoviano Astaburuaga, D.ª Rosa María Viroles Piñol y D.ª María Luz García Paredes.
Sentencia 7/2019, de 09 de enero de 2019
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 108/2018
Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por el sindicato CCOO de Asturias, representado y asistido por la letrada D.ª. Nuria Fernández Martínez, contra la sentencia dictada el 22 de febrero de 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en autos núm. 2/2018 seguidos a instancia de la ahora recurrente contra Telecyl SA, Unisono Soluciones de Negocio, Liberbank y Factoría de Transformación y Operaciones y Servicios FK2, en procedimiento de despido colectivo.
Han comparecido como recurridas las empresas Unisono Soluciones de Negocio SA representada y asistida por la letrada D.ª. Gracia María Mateos Ruiz, Factoría de Transformación y Operaciones y Servicios SL (FK2) representada y asistida por D. Álvaro Jiménez de Laiglesia Vergarajauregui, Liberbank SA, representada y asistida por el letrado D. Rafael Virgós Sáinz, y Telecyl SA representada y asistida por D. Tomás Gómez Álvarez.
"1.º.- La codemandada Telecyl S.A., constituida en 1992 como Telecyl S. L., se configura actualmente como una empresa multiservicios, dedicada a la prestación de servicios a terceros en el ámbito del contact center, la consultoría y los servicios sociales, figurando concretamente en el apartado 1° del art. 2 ° de sus estatutos, dentro de su objeto social, la prestación de servicio de telemarketing de emisión y telemarketing de recepción, incluyendo servicios de publicidad o venta como prestación de servicios de telemarketing a entidades financieras o de seguros, incluso como intermediarios financieros o de seguros. Cuenta con una plantilla de 1.150 trabajadores, repartidos en cinco centros de trabajo. En Asturias posee actualmente dos centros de trabajo, ambos en el sector laboral de contact center, uno de ellos en San Martín del rey Aurelio con 187 empleados, y otro en la ciudad de Oviedo, calle San Francisco 15, con un plantilla 225 trabajadores para atender una contrata con Liberbank, que es el centro de trabajo afectado por el presente procedimiento de despido colectivo.
2.º.- El 20 de agosto de 2009 las mercantiles Caja de Ahorros de Asturias (CajAstur) y Telecyl S.A. otorgaron un contrato de arrendamiento de servicios por virtud del cual la segunda de las entidades prestaría a CajAstur los servicios de centralita, servicio de ayuda al empleado, banca telefónica y banca electrónica, servicios consistentes en atención y emisión de comunicaciones telefónicas, electrónicas y telemáticas a los teléfonos y direcciones habilitados a tal fin en el Centro de Contacto, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, según las necesidades requeridas por CajAstur y en concreto:
3.º.- Ese servicio de atención telefónica de CajAstur había nacido en el año 2004, y con anterioridad a la fecha del contrato reseñado, el servicio de contact center había estado contratado con la mercantil Gestión Integral de Contratas y Centros de Trabajo SL (Gestión-C), sin que conste el formato contractual conforme al que se prestaba o regía la materialización del citado servicio. Unos 40 operarios de Gestión-C pasaron a prestar servicios para la nueva contrata, bajo la modalidad de contrato por obra o servicio determinado.
4.º.- El servicio que venía prestando Telecyl SA se materializaba en el edificio sito en la c/ San Francisco núm. 15, de Oviedo, plantas 3.ª, 4.ª y 7.ª que la entidad bancaria le tenía arrendado por un canon mensual de 3.972,07 €, IVA aparte. Telecyl S.A. se hacía cargo del pago del impuesto sobre bienes inmuebles del local en el que radicaba el centro de trabajo, corriendo de su cuenta igualmente los gastos de seguro, luz, calefacción y demás suministros. Con anterioridad, y durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 1 de diciembre de 2013 la prestación del servicio se había materializado en un local propiedad de CajAstur sito en la Avd. del Cristo núm. 49 de Oviedo, en virtud de un contrato de arrendamiento de uso distinto a vivienda, y posteriormente, durante los años 2014 y 2015, en un edificio sito en la c/ Palacio Valdés núm. 3 y 5 de Oviedo, cuya titularidad correspondía a la inmobiliaria Zaporrel S.L., en virtud de un contrato de arrendamiento de local de negocio.
5.º.- Los sistemas y equipos informáticos empleados en la prestación del servicio eran de titularidad del banco; los teléfonos, ordenadores, auriculares e instrumental pertenecían igualmente a Liberbank, entidad que también suministraba el papel timbrado. El mobiliario (mesas, sillas, mamparas, persianas...), en parte eran de la titularidad de Telecyl S.A. y, en parte, se encontraban inventariados por Liberbank.
6.º.- Al tiempo del despido que aquí se cuestiona el número de trabajadores adscritos al centro de trabajo de Oviedo ascendía a 225 operarios, de los cuales 73 ostentaban la condición de indefinidos y el resto, 152, estaba vinculado a la empresa con contratos temporales, bajo la modalidad de obra y servicio determinado ligado a la duración de la contrata. Las relaciones laborales se encontraban sujetas al II Convenio Colectivo del sector de Contact Center (antes Telemárketing) (BOE 12/7/17). El cuadro de mando del centro de trabajo de Oviedo estaba integrado por una Responsable del Servicio, la Sra. Eulalia, cuatro supervisores y trece coordinadores. El resto de la plantilla estaba compuesta por teleoperadores y gestores telefónicos, dos administrativos y un técnico de sistemas. Hasta agosto de 2016, junto al personal dependiente de Telecyl S.A., Liberbank tenía adscritas a su servicio de contact center a 3 empleados, los Srs. Jesus Miguel, Juan Francisco y Claudio, con funciones de supervisión y control del funcionamiento del servicio, dación de indicaciones informativas y formativas a teleoperadores, estudio y seguimiento de los planes y objetivos marcados; para cuya ejecución mantenían reuniones semanales con la Sra. Eulalia y otros miembros de cuadro de mandos de Telecyl. Estos operarios ocupaban un despacho aparte en la planta baja del edificio de la calle San Francisco núm. 15 de Oviedo. A partir de agosto de 2016 estos cometidos fueron asumidos por la mercantil Factoría de Transformación de Operaciones y Servicios S.L. (FK2), sociedad filial de Liberbank, quien adscribió a esta tarea al Sr. Ángel (Director de división contact center de FK2-Liberbank), auxiliado por las Sras. Marta y Milagrosa. El expresado director de división contact center intervino y dio el visto bueno al redimensionamiento de la plataforma mediante la contratación de ETTs en el periodo estival y durante la huelga convocada por los trabajadores de Telecyl en el mes de agosto de 2017.
7.º.-La actividad de los teleoperadores y gestores telefónicos concernidos por la litis y en relación con los productos que comercializa y gestiona Liberbank a través del contact center, se vertebra en los siguientes cometidos: recepción de comunicaciones telefónicas de clientes y conclusión a través del oportuno soporte informático de las operaciones ordenadas que presentan mayor sencillez dentro de la operativa bancaria: de cuenta corriente y de ahorro (traspasos, transferencias, petición de extractos...); gestión de créditos (credicomercio); préstamos (solicitud de préstamos); de visa y tarjeta 6000 (solicitud, bloqueo, espía tarjetas, alertas CECA); de valores (compra-venta de títulos, cotización de títulos); de fondos de inversión (apertura, suscripción, reembolso); venta de entradas a través del programa ANTO; estado de cajeros etc.; realización de comunicaciones telefónicas por las propias teleoperadoras y para divulgar y ofrecer el servicio de banca telefónica u otros productos comerciales. En relación con el Servicio de Atención al Empleado (SAE) los operarios de Telecyl S.A. resolvían telefónicamente las dudas que los empleados de Liberbank les planteaban en relación con la tramitación y perfeccionamiento de las operaciones ordenadas por clientes que revestían alguna complejidad, o bien, en el caso de superar sus competencias o conocimientos, rebotaban la consulta a los correspondientes especialistas de la entidad financiera, para su ulterior resolución por estos. No obstante, a través del servicio de banca telefónica no se efectuaban operaciones como el acceso a préstamos con garantía real, determinadas contrataciones de seguros o aquellas otras que demanden análisis de riesgos, no circulando tampoco dinero físico en el citado servicio.
8.º.- Los miembros del cuadro de mandos del contact center recibieron desde los centros directivos competentes de Liberbank informaciones, instrucciones diversas e indicaciones atinentes a modificaciones en los programas y tiempos de respuesta que emplean los operadores, alteraciones o nuevos tratamiento de concretas operatorias, información a facilitar a clientes en relación con concretos productos, etc. Los trabajadores afectados por el presente despido colectivo recibieron formación a cargo de Liberbank en materia de blanqueo de capitales, valores, espía troyano, facturación electrónica, SAE.
9.º.- Respecto de los trabajadores afectados por el despido colectivo Telecyl S.A. se encargaba de organizar los calendarios, los turnos y los horarios de trabajo y de cubrir las necesidades de personal que pudieran surgir. La empresa adjudicataria ejerce el control y supervisión del personal que presta el servicio, tanto en orden al debido desempeño de su cometido como en lo que respecta a la puntualidad y asistencia al trabajo. A través de una plataforma de la intranet Telecyl gestiona asimismo las bajas voluntarias, las excedencias, las ausencias médicas, las bajas maternales y médicas, accidente de trabajo, guardas legales, permisos retribuidos y no retribuidos, horas sindicales, incidencias nóminas etc.. Durante las vacaciones, permisos, bajas médicas, etc., se encarga de las sustituciones del personal afectado por tales contingencias. Las nóminas de los empleados son abonadas por la contrata y entregadas personalmente por sus coordinadores. Telecyl elaboraba planes de formación, contando con una lista de formadores entre los que se encontraban los agentes Srs. Clemente, Domingo, Eliseo, Claudio, Darío y otros, e impartía acciones formativas con vistas a cubrir las necesidades de gestión de la plataforma, en materia de ficheros, gestión de skills, escucha de llamadas, clientes inbound, módulo de cuentas, módulo de valores, backoffice...; registrándose las acciones formativas en la aplicación "Gestión de Plataforma". El correo electrónico de los agentes de Telecyl adscritos al contact center giraba bajo el dominio "@ externos.liberbank.es "; era la contrata quien ejercía las facultades sancionadoras y disciplinarias y, en fin, quien se cuidaba de la vigilancia de la salud de los trabajadores, del desarrollo de la política de prevención de riesgos laborales y de los reconocimientos médicos de empresa.
10.º.- El centro de trabajo de Telecyl en Oviedo cuenta con un comité de empresa de 9 miembros elegidos todos ellos en la lista del sindicato Comisiones Obreras. A raíz de la huelga convocada para el 14 de agosto de 2017 por los representantes de los trabajadores, para protestar frente a los tiempos y ritmos de trabajo impuestos por la empresa, la Dirección de la empresa y el comité constituyeron un grupo de Trabajo en el SASEC que celebró reuniones los días 23 y 28 de agosto, 4 y 18 de septiembre y 23 de octubre de 2017, para negociar sobre la problemática que habían generado la convocatoria de la huelga y otros temas laborales.
11.º.- El 6 de abril de 2017 Liberbank publicó el Pliego de condiciones para la prestación de servicios de contact center, presentando oferta Telecyl S.A. en fecha de 27 de abril siguiente. Mediante comunicación de 17 de octubre de 2017 la dirección del banco participó a Telecyl S.A. la extinción del contrato firmado el 20 de agosto de 2009 entre ambas mercantiles para la prestación del servicio de atención telefónica, electrónica y telemática en el Centro de Contacto, que se daba por resuelto con efectos de 21 de diciembre siguiente.
12.º.- El 9 de noviembre de 2017 Telecyl notifica a la representación legal de los trabajadores y a la Autoridad Laboral la decisión de iniciar el procedimiento de despido colectivo en el seno de la empresa que afectaría a la plantilla del centro de trabajo de San Francisco 15 de Oviedo. En dicha comunicación se señala que el motivo de dicho despido colectivo es la resolución unilateral por parte de Liberbank del contrato de prestación de servicios que la compañía mantenía con este cliente, al haber adjudicado la entidad bancaria el expresado proyecto de banca telefónica a otra empresa.
13.º.- El 15 de noviembre de 2017 se constituyó la comisión negociadora, compuesta por 4 miembros del comité de empresa. La empresa entregó en esa fecha la documentación siguiente:
14.º.- La comisión negociadora celebró reuniones los días 23, 28 y 29 de noviembre y 4 de diciembre de 2017. En la primera de ellas los representantes legales de los trabajadores consideraron que tanto el contenido de la memoria como la documentación eran conformes con la normativa, pero manifestaron que no mediaba causa justificativa porque se trataba de un supuesto de sucesión de empresas del art. 44 del ET; en otro caso, interesaban el abono a cada uno de los 225 trabajadores del centro de trabajo una indemnización por despido de 20 días por año de servicio, con independencia del vinculo contractual. En la segunda reunión la empresa manifiesta que mantiene el despido para los 73 trabajadores con vínculo de naturaleza indefinida, y que valora la posibilidad de mejorar la indemnización por finalización de contrato a los 12 días para aquellos trabajadores con contratos de obra anteriores al año 2010 y la oportunidad de recolocar a algunos trabajadores en los centros del Entrego y de Valladolid. Los representantes legales de los trabajadores manifestaron que los 20 días de indemnización para toda la plantilla era un punto de partida mínimo. En la tercera reunión los representantes legales de los trabajadores plantearon que la petición de 20 días para toda la plantilla se reduzca a 18 días para todos los trabajadores con contrato temporal. La empresa considera que no era posible aceptar esa propuesta y plantea como última oferta una indemnización de 21 días por año para los 73 trabajadores afectados por el despido colectivo, 15 días para los contratos temporales suscritos antes de la reforma laboral de 2010 y 12 días para el resto de los contratos temporales; como requisito o condición para el reconocimiento de la mejora los trabajadores deberían firmar un documento renunciando a plantear acciones de cesión ilegal frente a Telecyl y Liberbank. En la cuarta y última reunión ambas partes insistieron en sus respectivas propuestas, cerrando el periodo de consultas sin acuerdo. En esta última reunión el comité de empresa dio traslado a la empleadora del informe previsto en el art. 64.5 del ET, haciendo constar en el mismo que se oponían al despido colectivo por las siguientes razones: a) porque desde el inicio de la relación laboral se había producido una cesión ilegal de todos y cada uno de los trabajadores a Liberbank, limitándose Telecyl a una mera función de puesta a disposición de la entidad bancaria de los trabajadores por ella contratados; b) que en todo caso se trataba de un supuesto de sucesión de plantillas residenciable en el art. 44 del ET, al venir obligada la nueva contrata, en virtud de lo previsto en el art. 18 del convenio a contratar al 90% de la plantilla de la empresa saliente, estando fuera de lugar el pago de indemnizaciones, toda vez que no existía una extinción de contratos; c) por último consideraba discriminatorias las diferentes indemnizaciones ofertadas por la empresa a los trabajadores despedidos.
15.º.- El 5 de diciembre de 2017 la empresa notificó a la Autoridad Laboral la conclusión del período de consultas sin acuerdo. En la citada comunicación la empresa manifestó que el despido colectivo afectaría finalmente a 63 trabajadores no estando incluido en dicho listado ningún trabajador mayor de 55 años. En la misma fecha, notificó a la RLT su decisión de ejecutar el despido colectivo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió el 4 de enero de 2016 en el que se constataba que la empresa había observado el procedimiento establecido legalmente y que el expediente de regulación de empleo concluía sin acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores afectados. En el informe se da cuenta de que la diferencia entre los 63 trabajadores que finalmente habían resultado afectados por el despido colectivo y los 73 inicialmente proyectados obedecía:
3°) 2 trabajadoras, las Sras. Gabriela y Inocencia, en situación de excedencia, se habían reincorporado a sus puestos de trabajo.
El propio informe de la Inspección de Trabajo ponía de manifiesto que dos trabajadoras, las Sras. Leticia y Manuela, con contrato de obra y servicio, gozaban de la condición de trabajadores con contrato de trabajo indefinido conforme al Art. 14 del convenio colectivo de aplicación, por lo que finalmente el número de trabajadores afectados ascendía a 65. El día 2 de enero de 2018 la empresa remitió a la Autoridad Laboral un listado definitivo con 64 trabajadores afectados por el despido al haber solicitado, entre tanto, otra de las empleadas la baja voluntaria.
16.º.- El criterio seguido por la dirección de Telecyl S.A. para determinar los 64 trabajadores afectados por el despido colectivo fue la de ostentar la condición de trabajadores con contrato de trabajo indefinido. Los restantes trabajadores de la empresa afectos al servicio de contact center de Liberbank y que habían suscrito un contrato temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado bien antes de la publicación del R.D.-Ley 10/2010 o bien porque lo habían suscrito posteriormente pero no habían superado los 4 años de duración, vieron extinguidos sus contratos de trabajo por la causa contemplada en el art. 49.1.c) de Ley del Estatuto de los Trabajadores, esto es, por finalización de la obra o servicio objeto del contrato.
17.º.- Durante el desarrollo del procedimiento de despido 6 trabajadores afectados por el despido colectivo solicitaron la baja voluntaria en Telecyl y suscribieron contratos de trabajo de duración indefinida con Unisono. En documento aparte esta última empresa se comprometía a abonar a dichos trabajadores una indemnización adicional a la legalmente prevista para el despido, en el supuesto de que este fuera declarado improcedente.
18.º.- Entre la documentación aportada por Telecyl S.A. al inicio del período de consultas, obraba informe técnico elaborado por un economista, cuyo contenido fundamental transitaba por poner de relieve la trascendencia del contrato con Liberbank en las cuentas de la sociedad y los efectos que la cancelación del mismo ocasiona en sus presupuestos así como la imposibilidad de mantener la plantilla de los trabajadores afectados por el despido colectivo. De acuerdo con el expresado informe la pérdida del contrato con Liberbank comporta la perdida de uno de los clientes más relevantes, representado entre el 12,14% y el 14,81% del conjunto de los ingresos de la Sociedad en los años 2016 y 2017; en concreto en el año 2016, dicho contrato supuso una cifra de negocio de 4,77 millones de euros de un total de 33,78 millones de euros para el conjunto de la compañía, ascendiendo la media anual durante los años de vigencia del contrato al 11,50%. -Si no se llevaran a cabo las medidas de reestructuración planteadas, en la previsión de cierre para el ejercicio 2018 las pérdidas estimadas alcanzarían los 3,3 millones de euros, mientras que la racionalización de la estructura propuesta generará en el ejercicio 2018 un ahorro estimado de unos 3,1 millones de euros, al no mediar ninguna demanda de prestación de servicios alternativa, ni en volumen ni en rentabilidad en el plazo previsto. Dicho informe obra unido al folio 1574 de los autos y se da aquí por reproducido.
19.º.- El 11 de diciembre de 2017 la mercantil Factoría de Transformación de Operaciones y Servicios S.L. (FK2) y la también demandada en el presente pleito Unisono Soluciones de Negocio S.A., suscribieron contrato mercantil para la prestación por la segunda de las entidades el servicio de Contact Center para banca telefónica y centro de soporte de oficinas de Liberbank, identificándose en aquel contrato el objeto del citado servicio a través de los siguientes contenidos: a) Servicios de soporte a cliente: atención bancaria al cliente 24 horas; banca online; asistencia y gestión de las llamadas efectuadas por los comercios que tienen contratado un TPV. Operativa de Tarjetas (denuncias, tarjeta no operativa, operatorias con seguridad, traspaso de fondos lextransport y comercio seguro; phishing y troyano; credicomercio, incluyendo labores de backoffice. Servicio llamadas desviadas de oficinas (atender las peticiones del cliente que llama a su oficina); vivienda (utilizando las herramientas de la sección inmobiliaria de Grupo Liberbank facilita (sic) para la venta, alquiler y mantenimiento de los bienes). Venta de entradas de espectáculos y recintos. B) Servicios de atención al empleado (SAE) asistir a los empleados de las oficinas de Grupo Liberbank en la gestión de sus tareas diarias, y en su relación con los clientes; compresivo del SAE Operativo (resolución de consultas derivadas de las operativas habituales de las oficinas: gestión de cuentas de clientes, contratación de valores y fondos, transferencias, operaciones), y del SAE Help Desk (resolución de incidencias relacionadas con el funcionamiento de los equipos, aplicaciones, comunicaciones, etc.). El servicio acabado de referir se lleva a cabo en la plataforma o centro de trabajo sito en la ciudad de Gijón, en la planta 2.ª del edificio de usos múltiples de la Fundación Laboral de la Construcción, sito en la Avda. de los Campones núm. 75, y se presta con mobiliario, equipos informáticos e instalaciones y sistemas de comunicaciones de titularidad de Unisono. La citada plataforma se constituyó en noviembre del año 2017 para asumir las tareas del citado servicio para Liberbank.
20.º.- El 18 de octubre de 2017 Unisono Soluciones de Negocio S.A. comunicó a Telecyl que era la nueva adjudicataria del servicio y le solicitó el listado de trabajadores que venían realizando el servicio de banca telefónica para Liberbank a efectos de aplicar el art. 18 del II Convenio colectivo sectorial de contact center. Recibida dicha información, el 31 de octubre de 2017 la dirección de Unisono se dirigió también por escrito a los trabajadores que prestaban el servicio de banca telefónica para Liberbank, convocándolos a una entrevista de trabajo previa a su eventual contratación, entrevistas que tuvieron lugar en la planta baja del inmueble sito en la c/ San Francisco 15 de Oviedo, con la presencia del Sr. Ángel de FK2. El 29 noviembre de 2017 la dirección de Unisono se dirigió de nuevo al colectivo de trabajadores anteriormente identificado, trasladando a los mismos ofertas de trabajo para integrarse en la plantilla de aquella empresa y, en concreto, en el servicio de Contact Center, oferta que se acomodaba a las siguientes condiciones:
21.º.- Factoría de Transformación de Operaciones y Servicios S.L. (FK2), es una sociedad filial de Liberbank constituída el 13 de noviembre de 2015 y participada al 100% por dicha entidad, cuyo objeto social es la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, formación, planificación y organización empresarial, y cuyo cometido es el de centralizar las tareas operativas y administrativas de la red de oficinas de la expresada entidad financiera. Se han cumplido las previsiones legales".
QUINTO.- Contra la expresada resolución se preparó recurso de casación a nombre del sindicato CCOO de Asturias. Su Letrada Sra. Fernández Martínez, en escrito de fecha 13 de abril de 2018, formalizó el correspondiente recurso, basándose en los siguientes motivos: PRIMERO.- Al amparo del art. 207.d) LRJS, por error de hecho en la apreciación de la prueba obrante en autos. SEGUNDO.- Al amparo del art. 207.e) LRJS, por vulneración del art. 51 ET, art. 14 CE, en relación con el art. 15.1 y 6 ET así como la Directiva Europea 1999/70 del Consejo relativa al Acuerdo Marco de duración determinada. TERCERO.- Al amparo del art. 207.e) LRJS, por infracción del art. 43 ET. CUARTO.- Al amparo del art. 207.c) LRJS, por vulneración del art. 44 ET.
SÉPTIMO. - Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente se declararon conclusos los autos, y, dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia, de conformidad con el art. 197 LO del Poder Judicial, se acordó inicialmente el debate del asunto por el Pleno de la Sala, señalándose para votación y fallo el día 14 de noviembre de 2018, suspendiéndose el mismo por providencia dictada en dicha fecha, y volviéndose a señalar para el Pleno del 12 de diciembre de 2018, en cuya fecha tuvo lugar. En dicho acto, la Magistrada Ponente Excma. Sra. D.ª Maria Lourdes Arastey Sahun señaló que no compartía la decisión mayoritaria de la Sala y que formularía voto particular, por lo que se encomendó la redacción de la ponencia al Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio V. Sempere Navarro.
2. Demanda por despido colectivo.
El segundo de los motivos de recurso, encauzado por el art. 207.e) LRJS, se estructura en otros cuatro subapartados, que identifica como "causas" de infracción (normativa). Van referidas a la vulneración del deber de negociar de buena fe ( art. 51 ET ), del principio de igualdad ( art. 14 CE, en relación con el art. 15.1 y 6 ET así como la Directiva Europea 1999/70 del Consejo relativa al Acuerdo Marco de duración determinada), a la existencia de cesión de mano de obra ( art. 43 ET ) y a la existencia de sucesión de empresa ( art. 44 ET ).
5. Impugnación del recurso.
Cumplimentando el trámite previsto en el artículo 214.1 LRJS, la representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta ha emitido su Informe. Expone las razones por las que considera improcedentes tanto las pretendidas revisiones de la valoración del material probatorio cuanto las denunciadas infracciones normativas. Aduce asimismo doctrina de esta Sala Cuarta que sostiene criterios análogos a los de la sentencia recurrida, por lo que interesa su confirmación.
A) El artículo 207.d) LRJS admite la posibilidad de que se articule un recurso de casación fundado en el " error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradicho por otros elementos probatorios ".
C) El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ) o 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:
La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, rec. 1244/1991 ). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, rec. 19/2002 ).
2. Rectificación del HP Quinto (Motivo Primero, apartado 1.º del recurso).
3. Ampliación del HP Décimo (Motivo Primero, apartado 2.º del recurso).
4. Ampliación del HP Sexto (Motivo Primero, apartado 3.º del recurso).
A) Análisis del HP Sexto.
El cuadro de mando del centro de trabajo de Oviedo estaba integrado por una Responsable del Servicio, la Sra. Coral, cuatro supervisores y trece coordinadores.
Hasta agosto de 2016, junto al personal dependiente de TELECYL S.A., Liberbank tenía adscritas a su servicio de contact center a 3 empleados, los Srs. Jesus Miguel, Juan Francisco y Darío, con funciones de supervisión y control del funcionamiento del servicio, dación de indicaciones informativas y formativas a teleoperadores, estudio y seguimiento de los planes y objetivos marcados; para cuya ejecución mantenían reuniones semanales con la Sra. Eulalia y otros miembros de cuadro de mandos de TELECYL. Estos operarios ocupaban un despacho aparte en la planta baja del edificio de la calle San Francisco núm. 15 de Oviedo.
A partir de agosto de 2016 estos cometidos fueron asumidos por la mercantil FACTORÍA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS S.L. (FK2), sociedad filial de Liberbank, quien adscribió a esta tarea al Sr. Ángel (Director de división contact center de FK2-Liberbank), auxiliado por las Sras. Marta y Milagrosa. El expresado Director de división contact center intervino y dio el visto bueno al redimensionamiento de la plataforma mediante la contratación de ETTs. en el periodo estival y durante la huelga convocada por los trabajadores de TELECYL en el mes de agosto de 2017.
5. Ampliación del HP Décimo noveno (Motivo Primero, apartado 4.º del recurso).
A) Análisis del HP Décimo noveno.
El servicio acabado de referir se lleva a cabo en la plataforma o centro de trabajo sito en la ciudad de Gijón, en la planta 2.ª del Edificio de usos múltiples de la Fundación Laboral de la Construcción, sito en la Avda. de los Campones núm. 75, y se presta con mobiliario, equipos informáticos e instalaciones y sistemas de comunicaciones de titularidad de Unisono. La citada plataforma se constituyó en noviembre del año 2017 para asumir las tareas del citado servicio para Liberbank.
De cuanto antecede deriva que hemos de abordar el estudio del recurso de casación formalizado sobre la base de los hechos declarados probados por la STSJ Asturias 2/2018, bien que con la posibilidad de basar la argumentación jurídica en datos tácitamente indicados en ellos.
TERCERO.- Incumplimiento del deber de negociación de buena fe (Primer subapartado del motivo 2.º).
A) El recurso considera que la sentencia de instancia infringe el pasaje del artículo 51.2 ET cuando prescribe que "la consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad". Por su lado, el artículo 124.11 LRJS, al regular la modalidad procesal de despido colectivo, dispone que "la sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores ".
2. Doctrina pertinente de la Sala.
La STS 27 mayo 2013 (rec. 78/2012, Aserpal ), seguida por otras muchas posteriores, aborda el examen de la buena fe explicando que " la expresión legal ofrece innegable generalidad, al no hacerse referencia alguna a las obligaciones que el deber comporta y -menos aún- a las conductas que pudieran vulnerarlo. Pero de todas formas, en la configuración del mismo no cabe olvidar: a) que la previsión legal no parece sino una mera especificación del deber general de buena fe que corresponde al contrato de trabajo (como a todo contrato: art. 1258 CC ) y que en el campo de la negociación colectiva especifica el art. 89.1 ET ("ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe"); b) desde el momento en que el art. 51 ET instrumenta la buena fe al objetivo de "la consecución de un acuerdo" y que el periodo de consultas "deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento", está claro que la buena fe que el precepto exige es una buena fe negocial ".
En STS 21 mayo 2014 (rec. 249/2013, Vaersa ) se explica que " No puede hablarse de una postura inamovible de la empresa... El hecho de que, al no alcanzarse un acuerdo, la decisión empresarial final se limitara a la indemnización legal de 20 días, sin otras mejoras, no puede afectar a la calificación de la actitud de la empresa durante el periodo de consultas. La inamovilidad contumaz como prueba de carencia de buena fe la apreciamos en el caso resuelto en la STS/4.ª/Pleno de 20 marzo 2013 (rec 81/2012 ), pero porque allí se daba la doble circunstancia de la falta de información a la representación de los trabajadores y el mantenimiento a ultranza de la posición empresarial desde el inicio. Precisamente, indicábamos que cabía negar que se hubiera desarrollado un verdadero periodo de consultas "y no tanto porque no se moviesen las posiciones empresariales en el curso de las tres reuniones, sino porque a lo anterior se une también el dato significativo de la referida desinformación de los representantes de los trabajadores y la constancia inicial y final inamovible de extinguir desde el principio y sin información relevante la totalidad de los contratos de trabajo".
Coincidimos con la sentencia recurrida cuando señala que la empresa mantuvo durante el periodo de consultas una actitud negociadora que aleja cualquier sospecha de mala fe. No creemos que la misma haya infringido la exigencia del artículo 51 ET, preceptos concordantes y nuestra doctrina. Revisemos, para justificar, esta valoración, las líneas argumentales desenvueltas por el recurso.
El Informe del Ministerio Fiscal pone de relieve varios datos fácticos relevantes. Seis trabajadores fijos se dieron de baja voluntariamente (HP 15.º) y suscribieron contratos de trabajo de duración indefinida con Unisono; cuatro durante el periodo de consultas (entre 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2017) y dos con posterioridad (HP 17.º). Unisono había pedido antes (18 de octubre de 2017), como nueva adjudicataria del servicio, el listado de los trabajadores que habían realizado el servicio de banca telefónica y les convocó a entrevista de trabajo (el 31 de octubre), trasladándoles luego ofertas de trabajo para integrarlos en su plantilla (HP 20.º). A la vista de todo ello no es posible sostener que hubo una negociación paralela entre Telecyl y los trabajadores individuales porque las negociaciones fueron entre Unisono y los trabajadores de la contrata para cumplir con lo dispuesto en el art. 18 del Convenio Colectivo aplicable, habiéndose limitado Telecyl a facilitar a Unisono la lista de los trabajadores afectados.
En cuanto a las seis personas "recolocadas" en Telecyl (HP 15.º), la sentencia guarda silencio, probablemente porque es una causa de pedir la nulidad no alegada hasta ahora, como se deduce del FJ Segundo cuando recoge las pretensiones de la demandante. Pero a mayor abundamiento, dado que la finalidad de la negociación del PDC es reducir o evitar los efectos del despido, como el propio recurso expone, mal puede reprocharse a la empresa que instrumentara esa medida, aunque las deliberaciones finalizasen sin acuerdo.
CUARTO.- Perímetro del despido colectivo (Segundo subapartado del motivo 2.º).
A) Necesaria afectación a toda la plantilla.
Tal y como viene defendiendo, CCOO considera que el DC debía afectar a toda la plantilla adscrita a la contrata, ya fueran personas con contratos fijos o temporales, dado que la causa o fundamento para despedir es la misma: la pérdida de la contrata, no siendo el tipo de contrato un elemento que justifique por sí solo el distinto trato dispensado a la plantilla, pues los fijos han podido negociar durante el periodo de consultas y se les abona una indemnización de 20 días por año, mientras que a los temporales, sin posibilidad alguna de negociación, se les ha abonado lo que dispone la DT 8.ª del ET, vulnerándose así la cláusula cuarta de la Directiva Europea 1999/70 y la STJUE de 14.9.2016, pues todos realizan el mismo trabajo y la pérdida de la contrata es una causa objetiva para extinguir los contratos. Además sostiene que la STS de 13 julio 2017, citada en la recurrida, contiene doctrina que avala esta causa de nulidad, al señalar que " el despido colectivo sí debe incluir a los contratos indefinidos o a los temporales que no finalicen como consecuencia de la misma causa que la invocada en él ", finalización que aquí no se produce pues el motivo es la pérdida de la contrata, no la realización de la obra o servicio objeto del contrato.
B) Desnaturalización de los contratos temporales.
Sostiene el recurso que la mayoría de los trabajadores temporales tendrían que ser fijos, por lo que también por esta razón deberían haberse incluido en el DC. Al menos los trabajadores que antes estaban en la anterior adjudicataria (cuarenta; HP 3.º) eran fijos de empresa al momento del despido, llevando trabajado unos 15 años, incumpliéndose el límite temporal de cuatro años, que establece el convenio colectivo (BOE 12 julio 2017), que mejora la regulación del ET.
También sostiene que debe seguirse el PDC, según el art. 51 ET, cuando la extinción de los contratos afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, lo que es el caso, al producirse el cierre total de un centro de trabajo, tanto sean fijos como temporales los trabajadores. Se invoca la doctrina de la STS 874/2017 de 14 noviembre.
El Tribunal de Justicia de la Unión ha señalado que, en efecto, la concesión de una indemnización por parte del empresario debido a la extinción de un contrato de trabajo está incluida en el concepto de "condiciones de trabajo", en el sentido de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco. Acogiendo pronunciamientos anteriores, lo indica, precisamente, en la STJUE de 14 septiembre 2016 (C-596/14, De Diego Porras I ), que el recurso invoca; y lo ha reiterado en dos SSTJUE de 5 junio 2018 (C-574/16, Grupo Norte Facility; C-677/16, Montero Mateos) así como en la de 21 noviembre 2018 ( C-619/17, De Diego Porras II).
C) Control de la validez de los contratos temporales en un despido colectivo.
La STS 1108/2016 de 22 diciembre (rec. 10/2016; Monitores de la Junta de Andalucía ) descarta que las extinciones de aparentes contratos temporales puedan examinarse en el marco de un procedimiento de DC:
No cabe duda de que el despido colectivo puede producirse al margen de que la empresa utilice el procedimiento del art. 51 ET (despido colectivo irregular) o que, incluso, se oculte su carácter colectivo (despido colectivo de hecho); y, tanto en un caso como en el otro, la decisión empresarial puede ser impugnada por la vía del art. 124 LRJS ( STS/4.ª/Pleno de 25 noviembre 2013 -rec. 52/2013 - y 21 julio 2015 -rec. 370/2014 -); más en el presente caso la demanda se construye sobre unas afirmaciones no meramente fácticas -las que se refieren a la existencia de la comunicación empresarial de cese de un determinado número de trabajadores-, sino sobre una calificación jurídica -el fraude de ley en la contratación y la inexistencia de justificación de la terminación de los contratos- que necesariamente individualiza la situación de los trabajadores haciendo necesarios unos pronunciamientos previos que no pueden ser incluidos en el objeto del proceso regulado en el precitado art. 124 LRJS.
D) Reducción de la contrata.
En nuestras SSTS 10 junio 2008 (rec. 1204/2007 ), 8 noviembre 2010 (rec. 4173/2009 ), 16 julio 2014 (rec. 1777/2013 ), 17 septiembre 2014 (rec. 2069/2013 ), 22 septiembre 2014 (rec. 2689/2013 ) y 874/2017 de 14 noviembre ( rec. 2954/2015 ), entre otras, hemos puesto de relieve que la reducción del volumen de actividad encomendado por una empresa comitente a otra auxiliar puede justificar la extinción de cierto número de contratos por circunstancias objetivas al amparo del artículo 52,c) ET, pero no la extinción al amparo del art. 49.1,c), preceptos que tienen regímenes indemnizatorios diversos. Como quiera que ni las disposiciones legales y reglamentarias estatales, ni el convenio colectivo aplicable, ni tampoco el propio contrato contienen mandato ni previsión alguna en el sentido de que el tipo de contrato que contemplamos pueda extinguirse por el hecho de que la empresa comitente haya dispuesto que la contratista destine a la ejecución de la contrata un menor número de operarios que los inicialmente requeridos, es visto que este hecho no autoriza a la empleadora a dar por finalizada la relación laboral con el actor, pues lo contrario supondría dejar al arbitrio de uno solo de los contratantes (el empleador) la apreciación acerca de la validez y el cumplimiento del contrato, en contra de la prohibición expresa del art. 1256 del Código Civil.
"Si un contrato de trabajo (fijo, temporal, indefinido no fijo) ve cercenada su continuidad porque la empresa pone en juego causas de tipo organizativo, técnico o productivo, tanto razones de estricta Dogmática contractual (el papel que el artículo 49.1.b ET puede desempeñar) cuanto el tenor de las actuales normas ( DA 20.ª ET; preceptos concordantes del RD 1483/2012) y nuestra más reciente doctrina ( STS 24 junio 2014 ) conducen a la misma conclusión. La decisión patronal de amortizar el puesto de trabajo desempeñado por el trabajador, operando para ello sobre la correspondiente RPT, ha de canalizarse a través de los preceptos sobre despido por causas objetivas o, en su caso, colectivo".
F) Terminación de la contrata y despido de toda la plantilla.
Especial interés posee para nuestro caso el recordatorio de la doctrina sentada en la STS 562/2017 de 28 junio (rec. 45/2017; Grupo Norte y Banco CEISS ), pues examina el DC en una empresa de Contact Center que tenía adjudicada una contrata de banca telefónica. La empresa auxiliar pierde la contrata y promueve un DC en el que incluye a las personas que viene prestando sus servicios mediante contratos indefinidos, pero no a quienes están vinculados mediante contratos para obra o servicio cuyo objeto es, precisamente, la contrata. La sentencia considera ajustada a Derecho la conducta empresarial (incluyendo en el DC solo a quienes la empresa tiene como vinculados mediante un contrato de duración indefinida):
Aunque no sobre banca telefónica, pero sí sobre la actividad de contact center, la STS 624/2017 de 20 julio (rec. 25/2017, Indra y Vodafone) también examina un supuesto en que la empresa extingue todos los contratos, trayendo al DC solo aquellos con duración indefinida. Esta sentencia (invocada tanto por la ahora recurrida cuanto por el recurso y los escritos procesales posteriores) desestima el recurso de la CGT contra Indra y Vodafone contra la de instancia, que declaró justificado el DC promovido por la empresa auxiliar (Indra) al haber rescindido unilateralmente la principal (Vodafone) los contratos de prestación de servicios de atención telefónica a clientes y servicios de activación técnica y back office. Previamente, ya había notificado Indra a la RLT su decisión de extinguir 42 contratos de obra con base en el art. 17 del Convenio sectorial y poco después notificó por iguales razones la extinción de 72 contratos más, de modo que el DC afectó a 400 trabajadores fijos (incluyendo los temporales cuyos contratos se habían reclasificado como indefinidos en la negociación habida en el período de consultas). Recordemos sus pasajes principales:
Como expone el Informe del Ministerio Fiscal, si la extinción de los contratos temporales resulta posible por aplicación del art. 17 del Convenio Colectivo, carece de justificación legal la pretensión de que sean sumados a las extinciones de contratos motivados, no por la reducción de la contrata o por su extinción, sino por la revocación unilateral de la contratista de otros distintos contratos firmados con INDRA antes de su vencimiento.
Ello no obstante, recordemos que si existen contratos de trabajo temporales y concurre su causa específica de terminación (en el caso, anudada a la duración de la obra o servicio) no estamos ante un despido objetivo o colectivo. Basta con leer al afecto los artículos 51.1 ET y 1.5 de la Directiva 98/59/CE.
G) Cuestiones nuevas.
Esta regla tiene su base, fundamento y justificación en el principio dispositivo o de justicia rogada que rige el proceso judicial español. Se recuerda que el epígrafe VI de la LEC precisa que "la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirándose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias con la vista puesta,... en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos, a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso"; y el art. 216 de este mismo cuerpo legal, que se intitula "principio de justicia rogada", dispone que "los Tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales".
A) Sobre la distinta indemnización.
B) Sobre la distinta causa extintiva.
C) Sobre el perímetro del despido colectivo.
Además, la STJUE de 13 de mayo de 2015 (C-392/13, Rabal Cañas ) advierte que, a efectos del DC, no han de tenerse en cuenta las extinciones de contratos de trabajo temporales cuando dichas extinciones tienen lugar en la fecha prevista o cuando el contrato llega a su fin.
Adicionalmente, la sentencia recurrida señala que "la parte actora no identificó a lo largo del debate desarrollado en el acto de la vista un solo caso de un trabajador en el que no se hubiera respetado aquella regla (de inclusión en el DC por ser indefinido) y los dos supuestos identificados por la Inspección de Trabajo resultaron incluidos en la relación definitiva de afectados tal y como se informa en el décimo quinto de los ordinales". Como concluye el Informe del Ministerio Fiscal, la recurrente no acreditó en la instancia que fuera excluido del PDC algún trabajador temporal que tuviera que ser calificado de trabajador fijo, según dice la sentencia, y tampoco lo ha hecho en el recurso con la ampliación fáctica correspondiente a través de la vía prevista en el art. 207 d) LRJS.
En todo caso, queda a salvo el derecho de cualquiera de las personas afectadas por esa terminación de contratos formalmente temporales para cuestionar la validez de su cese al amparo del artículo 49.1.c ET.
E) Sobre el cierre del centro de trabajo.
QUINTO.- Cesión ilegal (Tercer subapartado del motivo 2.º).
C) Los trabajadores de Telecyl estaban integrados en la estructura organizativa de Liberbank para lo que contaban con una numeración como Oficina de la propia entidad, debiendo entender que existe confusión de plantillas cuando se da un desempeño coordinado e íntimamente relacionado entre los trabajadores de la principal y la contratista. Además se fijó en el contrato que el precio del servicio se hacía conforme a un baremo operario/hora (HP 2.º) por lo que se está poniendo la mano de obra sin incurrir en riesgo empresarial alguno, ( STS 16 junio 2003, rec. 3054/2001 ).
A) Para analizar el acierto o desacierto de la decisión de la sentencia recurrida debemos partir, necesariamente, del sustrato fáctico del presente litigio, tal y como ha quedado definitivamente declarado probado. Hemos puesto de relieve numerosas veces que la determinación de la existencia o no de cesión de trabajadores, prohibida por el art. 43 ET, obliga necesariamente a ceñirse al caso concreto.
B) Lo que persigue el art. 43 ET es que "la relación laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones o la disminución de las garantías y que quien efectivamente es empresario asuma las obligaciones que le corresponden" ( SSTS 4 marzo 2008, rec. 1310/2007; 17 octubre 2010, rec. 1673/2010; 4 marzo 2011, rec. 3463/2010; 11 julio 2012, rec. 1591/2011; 12 julio 2017 -rec. 278/2016 -).
El ámbito de la cesión del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es más amplio que el de las cesiones fraudulentas o especulativas, pues lo que contempla el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es -como dice la 14 de septiembre de 2001- un supuesto de interposición en el contrato de trabajo y la interposición es un fenómeno complejo, en virtud del cual el empresario real, que incorpora la utilidad patrimonial del trabajo y ejerce efectivamente el poder de dirección, aparece sustituido en el contrato de trabajo por un empresario formal. La finalidad que persigue el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es que la relación laboral real coincida con la formal y que quien es efectivamente empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de trabajo cuando la regulación profesional vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el trabajador que la que rige en el ámbito del empresario real, o la disminución de las garantías cuando aparecen empleadores ficticios insolventes. Pero ello no implica que toda cesión sea necesariamente fraudulenta por ocultar a la empresa real y solvente a través de una empresa ficticia o por perseguir un perjuicio para los derechos de los trabajadores.
"En suma, descartado el hecho de que en ningún momento se puso en duda la realidad empresarial de Telecyl S.A., cuyo volumen de negocio en el año 2016 se cifraba en 33,7 millones de euros, que contaba con una plantilla global de 1.150 empleados y con unos departamentos centrales en Valladolid, dos de cuyas plataformas operan en Asturias bajo la dirección de una Responsable de operaciones de la zona norte, la Sra. Concepción, a juicio de este Tribunal la empresa ejerció efectivamente las funciones inherentes a la posición jurídica y material de empresario en el contexto de la prestación del servicio de contact center, estableciendo un cuadro de mandos específico, responsabilizándose de llevar a cabo el encargo efectuado por Liberbank con el personal adscrito al centro de trabajo de la c/ San Francisco 15, asumiendo el riesgo y la obligación de rendir cuentas sobre los resultados alcanzados y la calidad de las campañas desarrolladas a cambio de una contraprestación económica del servicio ligada a los resultados obtenidos."
Se desarrollaba en unas instalaciones ocupadas exclusivamente por el personal de Telecyl (HP 4.º), con equipos y materiales que en parte pertenecían a la citada empresa y, en parte, a la entidad bancaria cliente (HP 5.º).
Telecyl pagaba un canon mensual de 3.972 € por la utilización de las plantas 3.ª, 4.ª y 7.ª a Liberbank haciéndose cargo del IBI Y corriendo por su cuenta los gastos de seguro, luz, calefacción y demás suministros (HP 4.º).
En dicho centro prestaban servicios todos los trabajadores de Telecyl, existiendo una dependencia en la que lo hacían tres trabajadores de Liberbank (posteriormente de su filial FK2), que llevaban a cabo funciones de supervisión y control del funcionamiento del servicio, dación de indicaciones informativas y formativas a teleoporadores, y estudio y seguimiento de los planes y objetivos marcados (HP 6.º).
Por parte del Banco se dieron instrucciones e indicaciones diversas al cuadro de mandos de la contratista, y asimismo se llevó a cabo la formación de los trabajadores en materia de blanqueo de capitales, valores, espía troyano, facturación electrónica, etc. (HPP 8.º).
La organización del calendario, turnos y horarios lo llevaba a cabo Telecyl, la cual también gestionaba las cuestiones sobre la puntualidad, ausencias, bajas, excedencias ausencias y sustituciones de personal. Es dicha empresa la que abonaba las nóminas y elaboraba los planes de formación, ejerciendo las facultades disciplinaras, y desplegando las políticas de prevención de riesgos laborales y las obligaciones en relación con la salud de los trabajadores (HP 9.º).
El centro de trabajo afectado en este litigio contaba con comité de empresa, llegándose a convocar una huelga, fruto de la cual se constituyó un grupo de trabajo paritario para negociar en su seno determinados problemas laborales (HP 10.º).
E) Como pone de relieve el Informe de la Fiscalía, no es óbice a lo dicho el que Liberbank fuera la titular de los sistemas y equipos informáticos utilizados en la prestación del servicio, ni que hubiera dado a los operadores de Telecyl formación específica en varias materias. El sistema de banca a distancia ya había sido creado por CAJASTUR en el año 2004 y había sido objeto de una previa externalización (HP 7.º), por lo que la puesta a disposición de Telecyl de dicho material no es un dato decisivo y excluyente de la puesta en juego de una realidad empresarial; y que la contrata también había asumido el SAE (Servicio de Atención al Empleado) de CAJASTUR (HP 2.º), lo que justifica el acceso a los sistemas informáticos de la entidad financiera.
F) Desde luego, la externalización o contratación de servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa cedente no es jurídicamente anómala o ilegal sino que integra el supuesto de hecho de la subcontratación. Desde luego, no cabe sostener que existía una confusión de plantillas por externalizar una parte de la propia actividad que tiene además características propias. Como la propia sentencia recurrida evidencia, en el concreto caso de las entidades de crédito es un fenómeno expresamente previsto en la normativa bancaria ( art. 22 del RD 84/2015, de 13 de febrero, dictado en desarrollo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito). Tampoco el hecho de cambiar el precio del servicio para fijarlo conforme a un baremo operario/hora significa que Telecyl no incurriera en riesgo empresarial alguno.
SEXTO.- Sucesión de empresa (Cuarto subapartado del motivo 2.º).
Antes de dar respuesta específica a este punto del recurso, hemos de poner de relieve que en el mismo no se combate en momento alguno la existencia de la causa del DC. Eso comporta que: 1.º) De prosperar la alegación de una efectiva sucesión empresarial no habría habido finalización del servicio y, por ende, desaparecería la justificación de la causa del DC llevado a cabo por Telecyl. 2.º) El fracaso del razonamiento sobre aplicación del artículo 44 comporta que no sea necesario, ni posible dado que nos encontramos en el ámbito de un recurso extraordinario, examinar la realidad o proporcionalidad de la causa alegada por la empresa para proceder al DC.
La cuarta "causa" que el segundo motivo del recurso desarrolla postula la infracción del artículo 44 ET, cuyo apartado 1 establece la regla general de la subrogación y su efectos cuando media una transmisión empresarial ("El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente"), mientras que el apartado 2 identifica el concepto en cuestión ("existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria").
Recordemos algunos hechos sobre los que se asienta la controversia litigiosa en este punto. 1) La nueva adjudicataria del servicio desarrolla la actividad en que la contrata consiste en la ciudad de Gijón, en un inmueble cuya adaptación supuso un desembolso de 200.000 €, con mobiliario, equipos informáticos, instalaciones y sistemas de comunicaciones de su titularidad (HP 19.º). 2) Unisono efectuó oferta de trabajo a la plantilla de la empresa saliente en los términos que se recogen en el HP 20.º, con fecha de incorporación el 21 de diciembre de 2017; 3) Al menos el 90% de los trabajadores de la contratista entrante proceden de la saliente (Fundamento de Derecho Noveno, con valor de hecho probado), si bien no consta cual es el número de trabajadores de la plantilla de la empresa entrante y, por consiguiente, a cuantos trabajadores de la saliente se contrató por ésta.
A) Esta Sala viene entendiendo que el proceso de DC solo puede tener por objeto las cuatro causas de impugnación que enumera el art. 124.2 LRJS (Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita; Que no se ha realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal; Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho; Que la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas). La naturaleza especial y urgente de esta modalidad procesal impide plantear otras cuestiones, como la posible sucesión de empresa producida tras tomarse y notificarse la decisión extintiva, máxime si no ha mediado un contrato mercantil entre cedente y cesionario en ese sentido. Así lo corrobora igualmente el art. 26.1 LRJS que prohíbe la acumulación a las acciones de despido de cualesquiera otras ("no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo"), con las excepciones que se indican en él.
B) No obstante, sí hemos aceptado el análisis de la cuestión de la existencia de sucesión empresarial en los supuestos de utilización de las previsiones del art. 51 ET para evitar la aplicación del art. 44, o sea para evitar las consecuencias laborales de una transmisión, en clara incursión en el supuesto fraudulento contemplado en el art. 6.4 del Código Civil, que debe llevar como consecuencia la nulidad del acto llevado a cabo como dispone el indicado precepto, y ha de ser entendido aplicable al caso ( STS 18 febrero 2014, rec. 108/2013; Sodeoil y Campsared ). Pero se trata de supuesto diverso al presente, dado que no ha existido aquí negocio jurídico alguno entre las supuestas cedente y cesionaria.
C) La STS 687/2016 de 20 julio (rec. 303/2014; Mercasevilla ) advierte, de manera categórica, que "el objeto del proceso especial de impugnación de los despidos colectivos regulado por el art. 124 LRJS queda limitado a los cuatro supuestos previstos en su apartado 2, sin que la LRJS permita que se le acumule ninguna otra acción ( art. 26 LRJS ) por su carácter especial y urgente ( art. 124.6 LRJS ).
D) La STS 615/2017 de 12 julio (rec. 20/2017; Elsamex y UTE de Arona ) reitera la imposibilidad de acumular las dos acciones y añade lo siguiente:
E) Por su lado, la STS 879/2018 de 2 octubre (rec. 155/2017; Balear de Datos y Procesos, S.A.U. y Ayuntamiento de Calviá ) reitera la doctrina de referencia, explicando nuevamente lo siguiente:
G) De manera específica, la STS 27 enero 2015 (rec. 15/2014 ) declara la inexistencia de sucesión de empresas en un cambio de adjudicataria del servicio de "contact center" por considerar que la nueva empresa aportaba elementos materiales relevantes para el desarrollo del servicio (ponía a disposición sus propias instalaciones, sus medios técnicos y su "know how"). Sostuvimos entonces que "lo importante no es el coste de las inversiones en medios materiales, sino la necesidad de los mismos, ya que, la importancia de los factores que intervienen en la producción no se mide en términos cuantitativos, sino cualitativos, esto es atendiendo a la necesidad de los mismos para el funcionamiento de la actividad, necesidad que en este caso es evidente porque sin las inversiones hechas por la nueva contratista y demás medios materiales puestos por ella los trabajadores que contrató de la antigua no habrían podido prestar el servicio que requería la actividad por falta de instalaciones y demás medios materiales".
C) Además, la doctrina sobre transmisión de empresa recién recordada implica que la mera sucesión de contratistas no implica de modo automático la existencia de una sucesión empresarial, pues también en este caso debe examinarse la concurrencia de las condiciones indicadas, esto es, si ha habido una asunción de activos patrimoniales necesarios por parte de la entrante o, si por tratarse de una actividad en la cual el elemento definidor de la entidad económica es la mano de obra, se ha producido la asunción de la plantilla de la saliente.
En el presente caso, no es posible afirmar que se produce el mantenimiento de la misma entidad económica puesto que resulta relevante el impacto de la infraestructura y medios que la entrante pone a disposición de la ejecución de la contrata, sin que pueda deducirse que nos hallemos en un supuesto de actividad basada exclusiva o significativamente en el potencial de la mano de obra. No podemos pues traer a este caso la solución que hemos aceptado en la STS 873/2018 de 27 septiembre (rcud. 2747/2016 ) porque en aquel caso sí se trataba de una actividad sobre la que no cabía duda de la aplicabilidad de la doctrina sobre la sucesión de plantillas y, por ello, se entendió aplicable el art. 44 ET, aun cuando la subrogación se produjera por imperativo del convenio colectivo.
Por otro lado, pese a lo anterior, no cabe la imposición de costas a la parte vencida en este recurso de casación puesto que así lo prescribe el artículo 235 LRJS.
1) Desestimar el recurso de casación interpuesto por el sindicato CCOO de Asturias, representado y asistido por la letrada D.ª. Nuria Fernández Martínez.
2) Declarar la firmeza de la sentencia 2/2018 dictada el 22 de febrero de 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en autos núm. 2/2018. seguidos a instancia de la ahora recurrente contra Telecyl SA, Unisono Soluciones de Negocio, Liberbank y Factoría de Transformación y Operaciones y Servicios FK2, en procedimiento de despido colectivo.
D.ª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea D.ª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana D.ª. Rosa Maria Viroles Piñol
D.ª. Maria Lourdes Arastey Sahun D. Miguel Angel Luelmo Millan
QUE FORMULA LA MAGISTRADA EXCMA. SRA. D.ª Maria Lourdes Arastey Sahun A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASACION N.º 108/2018, al que se adhieren el Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina y las Magistradas Excmas. Sras. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, D.ª Rosa Maria Viroles Piñol y D.ª Maria Luz Garcia Paredes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 260.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ) y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ), formulo voto particular a la sentencia dictada en el recurso de casación a número 108/2018 para sostener la posición que mantuve en la deliberación, acogiéndome de esta forma a lo dispuesto en los arts. 206.1 LOPJ y 203 LEC.
SEGUNDO.- 1. Mi planteamiento al Pleno de la Sala implicaba analizar si la interpretación, que venimos expresando hasta ahora respecto de la concurrencia de una misma circunstancia que permite extinguir todos los contratos de trabajo de un centro de forma distinta según se trate o no de contratos para obra o servicio, puede generar una situación de trato desigual respecto de los trabajadores temporales sujetos a dicha modalidad.
Por consiguiente, este Voto Particular pretende poner de relieve mi postura respecto de la respuesta dada al segundo apartado del motivo segundo del recurso, en el que la parte recurrente denuncia la vulneración del art. 14 de la Constitución (CE ), en relación con el art. 15.1 y 6 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), así como la Directiva 1999/70, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada, con invocación asimismo de la STJUE de 14 diciembre 2016, Asunto De Diego Porras, C-596/14. Se sostiene, en esencia, que el despido colectivo debía de afectar a toda la plantilla de la empresa adscrita a la contrata cuya finalización se erige como causa de aquél. Se plantea así la diferencia de trato que, en orden a la indemnización, sufren los trabajadores temporales que, al no quedar incluidos en el despido colectivo, vieron extinguidos sus contratos con una indemnización distinta de la que se fija para los afectados por aquél. De hecho, la falta de acuerdo en el periodo de consultas obedeció a esta cuestión, y, dada la negativa a la inclusión por parte de la empresa, cabe presumir que las extinciones de los contratos temporales acabaron indemnizándose con arreglo al parámetro legalmente establecido de 12 días por año trabajado, no alcanzando en todo caso los 20 días dispuestos para los despidos por causas objetivas.
3. Precisamente, del art. 4 de la Directiva y de las STJUE de 14 septiembre 2016, De Diego Porras, C-596/14 (que el recurso invoca ); 5 junio 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, y Montero Mateos, C-677/16; así como en la de 21 noviembre 2018, De Diego Porras II, C-619/17 (par. 59) se extrae con claridad que, en efecto, los trabajadores temporales no pueden recibir un trato distinto al de los indefinidos en materia de indemnización por la extinción de sus contratos cuando la situación en que se hallan es perfectamente comparable. Como señala la sentencia de la mayoría, el Tribunal de la Unión declara que la comparativa exige que, obviamente, se trate de trabajadores en circunstancias idénticas y, que por tanto también se sitúen en supuestos extintivos iguales, de suerte que se justifica que la cuantía de la indemnización pudiera ser distinta cuando la causa de la terminación de la relación laboral es distinta.
No cabe duda de que nuestra doctrina jurisprudencial ha venido admitiendo la licitud de la celebración de un contrato temporal cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata. Y dicha doctrina se complementa ahora con los matices que introducíamos en las STS/4.ª/Pleno de 19 julio 2018 (rcud. 823/2017, 824/2017 y 972/2017), que también recoge el texto de la sentencia de la mayoría.
Ahora bien, en el presente caso, con independencia de cuales sean las circunstancias concretas y específicas de los trabajadores temporales integrantes de la plantilla -y sin que aquí se plantee siquiera que los mismos no fueran ajustados a derecho en términos de duración temporal, como sí sucedía en la STS/4.ª de 8 julio 2012 (rcud. 2341/2011 ) y en el caso de la STS/4.ª/Pleno de 13 julio 2017 (rec. 25/2017 )-, nos encontramos con que la empresa ha acudido a la extinción de sus contratos amparando la decisión en la consideración de que la terminación de la contrata suponía, a su vez, la finalización de la obra o servicio. Sin embargo, esa misma justificación la lleva- vía despido colectivo debido al número de afectados- a extinguir también los contratos de trabajo de los trabajadores indefinidos que, igualmente, prestaban servicios adscritos a la contrata. Se produce así la identidad tanto en el motivo de los respectivos ceses, como en la causa última de su contratación puesto que los dos colectivos desarrollaban el contenido de su prestación de servicios en virtud de la misma contrata en cuestión y la vida de sus respectivas relaciones laborales llega a su fin por la misma razón, siendo la propia empresa la que entiende que la pérdida de la contrata constituye una causa objetiva de extinción.
Hemos afirmado que la calificación de la verdadera causa de extinción de cada uno de los contratos de trabajo tiene contornos estrictamente individuales, en la medida que pueda ser necesario acudir a declarar, con carácter previo, que la verdadera naturaleza de la relación no era temporal, sino indefinida; o que la extinción se produjo antes de que acaeciera el término o hecho objetivo que había de poner fin al contrato temporal. Pero, si se trata de contrataciones temporales en que la obra o el servicio concertados no han finalizado, no cabe excluir del cómputo a tales trabajadores a los efectos de un eventual despido colectivo, ya que, en otro caso, se dejaría al arbitrio del empleador la utilización de la vía del despido colectivo, excluyendo de los referidos umbrales las contrataciones de esta clase (así lo recordábamos en la STS/4.ª de 3 julio 2012 -rcud. 1657/2011 -). Por tanto, la extinción de los contratos temporales queda al margen del despido colectivo, salvo si éste tiene lugar antes de la finalización o el cumplimiento de dichos contratos ( STS/4.ª/Pleno de 22 diciembre 2016 -rec. 10/2016 -). Y es respecto de este último extremo sobre el que cabe examinar minuciosamente el caso presente, puesto que en él se produce la simultaneidad e identidad de la finalización con la de la circunstancia misma que provoca la justificación del despido colectivo.
5. Propuse por ello que quedaría por determinar cuál debe ser la consecuencia de dicha equiparación. Y señalé que, con arreglo al art. 124.11 LRJS, sólo la falta de acreditación de la concurrencia de la causa legal esgrimida por el empresario motiva que el despido se declare no ajustado a Derecho.
Respecto de la incidencia de un cumplimiento empresarial de esta obligación la doctrina de esta Sala ha matizado que las insuficiencias documentales han de evaluarse con un criterio finalista y atendiendo al conjunto de la documentación aportada ( STS/4.ª/Pleno de 25 septiembre 2018 -rec. 43/2018 -). Así, "no todo incumplimiento de las previsiones contenidas en aquel precepto puede alcanzar la consecuencia de nulidad que se pueda desprender del art.124 LRJS, sino tan sólo aquella que sea trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada" ( STS/4.ª/Pleno de 27 mayo 2013 -rec. 78/2012 -; y 26 marzo, 21 mayo, 25 junio y 17 julio 2014 - rec.158/2013, 182/2013, 273/2013 y 32/2014, respectivamente-, entre otras).
6. A mi entender todo ello conduce a la aplicación del último párrafo del mencionado art. 124.11 LRJS, con la consiguiente declaración del derecho de todos los trabajadores afectados por el cese de la actividad en el centro de trabajo en cuestión a la reincorporación a su puesto de trabajo, en los términos establecidos en el art. 123.2 y 3 LRJS.