Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2012/as201221172L.htm
Timestamp: 2019-03-20 07:15:53
Document Index: 116989446

Matched Legal Cases: ['artículo 337', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 244', 'artículo 216', 'artículo 153', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 254', 'artículo 251', 'artículo 244', 'artículo 42', 'artículo 8']

201208-Sala Civil liquidadora-1-172
Auto Supremo: Nº 172
Expediente: SC-120-11-S
Partes:Roger Aguilera Paz c/Eduardo Villegas Ibáñez y Lola Salazar de Villegas.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 314 a 317 interpuesto por Roger Aguilera Paz, contra el Auto de Vista Nº 177 de fecha 27 de julio de 2011, cursante de fojas 308 a 310, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión, seguido por Roger Aguilera Paz contra los demandados Eduardo Villegas Ibáñez y Lola Salazar de Villegas ; la respuesta de fojas 319 a 320 vuelta, el auto concesorio de fojas 321, los antecedentes procesales, y:
CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, la Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 17 de 12 de febrero de 2011 de fojas 277 a 280, declarando improbada la demanda ordinaria de hecho sobre usucapión planteada por Roger Aguilera Paz contra Eduardo Villegas Ibáñez y Lola Salazar de Villegas, y probada la reconvención de fojas 116 a 121 de obrados en consecuencia, ordeno que en ejecución de sentencia el demandante desocupe el inmueble en un plazo de 30 días después de ejecutoriada la presente sentencia, sin costas por ser proceso doble.
En grado de apelación deducida por el demandante Roger Aguilera Paz, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 177 de fecha 27 de julio de 2011, cursante de fojas 308 a 310, confirma en todas sus partes la sentencia apelada de fojas 277 a 280, con costas en ambas instancias.
La resolución de segunda instancia, motivó que el demandante Roger Aguilera Paz, mediante memorial cursante de fojas 314 a 317, y al amparo de los artículos 253 y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil interponga recurso de casación en el fondo y en la forma contra el Auto de Vista Nº 177 de fecha 27 de julio de 2011, cursante de fojas 308 a 310, con los siguientes argumentos:
I.- En el fondo acusa:
1.- La conducta delictiva el de vender como bienes libres los que fueren litigiosos, hecho tipificado como estelionato según el artículo 337 del Código Penal, extremo denunciado a fojas 139 en el otrosí I de obrados, pedido rechazado por el juez de primera instancia sin ningún argumento ni fundamento, extremo que da lugar a lo establecido por el artículo 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil; asimismo manifiesta la falta de apreciación de la prueba que demuestra la transferencia del inmueble certificado de tradición específica saliente a fojas 128 de obrados, incurriendo en error de derecho según lo establecido por el artículo 253 inciso 3) del código de Procedimiento Civil.
2.- Por otro lado sostiene que el artículo 244 del Código Civil señala en forma clara que el usufructo se extingue por el cumplimiento establecido en el título constitutivo; además manifiesta que el Código Civil, en forma expresa, clara y taxativa en su título IV capítulo I desde el artículo 216 al 249, reglamenta lo que es el usufructo, en consecuencia no se pueden aplicar las reglas del contrato de arrendamiento, que por los argumentos expuestos también es un contrato nominado, y no se puede aplicar la tasita reconducción que es norma propia del contrato de arrendamiento al contrato de usufructo, por lo que menciona que se dictó una resolución contraria a la ley e incumplimiento de deberes formales en consecuencia se abre la jurisdicción del tribunal de alzada conforme lo establece el artículo 153 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil.
3.- Asimismo el recurrente manifiesta que nunca reconoció el contrato de usufructo como vigente lo reconoció como extinguido, vale decir inexistente cosa que va en contra poción del auto de vista, incurriendo en un error de derecho, abriéndose de ese modo la jurisdicción del tribunal de alzada conforme lo establece el artículo 253 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil
4.- Igualmente sostiene que no se hizo un análisis minucioso del recurso de apelación en virtud a que no se ha pronunciado sobre la extinción de la obligación del contrato de usufructo y pretende dar valor legal a una obligación extinguida por ley y prescrita en el tiempo, consiguientemente se realizó una interpretación errónea de la ley abriéndose nuevamente la jurisdicción del tribunal de alzada conforme el artículo 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil.
II.- En la forma acusa:
La falta de pronunciamiento sobre el delito denunciado, la venta del inmueble a una tercera persona, reclamada oportunamente ante los tribunales inferiores, conforme establece el artículo 254 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil.
De igual manera alega la falta de pronunciamiento sobre la extinción del contrato de usufructo reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores, además menciona que no se ha denunciado referente al cómputo del tiempo, incurriendo en errónea interpretación conforme el artículo 254 inciso 4) del Código de Procedimiento Civil.
Finaliza su recurso, señalando que al amparo de lo dispuesto en los artículos 253 y 254 del código de Procedimiento Civil, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma contra el auto de vista, solicitando se conceda el recurso para que el tribunal de alzada, dicte auto supremo revocando el ilegal y arbitrario auto de vista de referencia y declare probada su demanda.
Según ha establecido este Tribunal Supremo, la doctrina sostiene que siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace o desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley.
Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa, en caso de hacerlo, debe imponerse una sanción.
Dependiendo de la inobservancia de la ley, Couture clasifica a los actos procesales nulos en absolutamente nulos y relativamente nulos. Respecto a los primeros, señala que la gravedad de la desviación resulta de tal magnitud que es imperativo enervar sus efectos, pues el error conlleva un deterioro en las garantías que integran el debido proceso, que insistir en su subsistencia hace peligrar tales garantías; v. gr., la falta de citación al demandado que ha impedido que haga valer sus derechos, habiéndose dictado sentencia condenatoria en su contra. En cuanto al segundo, también hay un apartamiento de las formas procesales, pero de menor gravedad; de ahí que no necesariamente requiere ser declarado inválido, pues habrá que analizar si el acto ha ocasionado efectivamente un perjuicio a la parte interesada.
Al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.
Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad. A saber:
Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla, pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.
Principio de Protección.- En virtud de este principio, la nulidad sólo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la sentencia, queden en indefensión. La declaratoria de nulidad únicamente debe darse cuando sea un medio para proteger los intereses jurídicos que han sido lesionados, a partir del alejamiento de las formas procesales.
Establecidos los principios en los que se basa toda nulidad procesal y ajustados los mismos al caso concreto, abundamos en señalar que no existe mérito para una nulidad de obrados, por cuanto, como se tiene expresado, el demandante acusa como vicio de nulidad la venta del inmueble a una tercera persona, la falta de pronunciamiento sobre la extinción del contrato de usufructo y cómputo del tiempo, sin embargo ahora, el recurrente no h precisado el daño que dichas omisiones le hubiesen causado, tampoco estableció la trascendencia que esas infracciones hubiesen tenido en la esfera del debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa de la parte recurrente, tampoco observó o cuestionó en su debido momento el motivo de nulidad que ahora acusa en casación; es decir, la pretendida nulidad habría quedado convalidada.
Por todo lo expuesto, el motivo de nulidad acusados por el recurrente, no le causó daño que tuviese incidencia en su derecho a la defensa. De igual manera, se concluye que el interesado oportunamente no reclamó la infracción acusada ante los tribunales de instancia, concluyendo este Tribunal advierte que no existe mérito para disponer la nulidad pretendida por el recurrente.
Sobre la valoración de la prueba, carga de la prueba y otros aspectos concernientes todos ellos referentes a la prueba es menester realizar estas consideraciones:
Compartiendo el criterio del Auto Supremo Nº 130 del 11 de abril de 2011, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.
Por otra parte, se debe entender que el Principio de Adquisición Procesal o Comunidad de Pruebas, establece claramente que todas las pruebas son del proceso, por lo que cualquiera de las partes puede valerse de ellas. Derivando de aquello:
1- Que la prueba no es ni está destinada para el que la presenta, sino para el juez quien valorará la misma, una vez introducida al proceso el juez tiene libertad de valorarla, ya sea que favorezca o no a quien la presentó. En ese marco, en el caso de autos, se concluye que no es evidente, como sostiene el recurrente que la prueba que aportó el mismo, debió ser valorada por el juez en un sentido que le favorezca únicamente, toda vez que por lo expuesto anteriormente la misma pudo ser valorada en su favor o en su contra.
2.- Si bien el recurrente indica que cumplió con la carga probatoria habiendo demostrado los presupuestos de su pretensión; de la revisión de obrados se establece que ninguno de los medios de prueba a los que hace referencia, demuestran, como correctamente estableció el juez a quo, que el actor hubiese estado en posesión (animus domini) del bien inmueble objeto del litis, por cuanto si bien es evidente que el actor contaba con la posesión material (corporal), es decir estaba en tenencia material del inmueble, ese aspecto no desvirtúa ni contradice el hecho de que era Eduardo Villegas Ibáñez y Lola Salazar de Ibáñez quienes ejercían el derecho de titularidad del inmueble, según los alodiales y certificaciones aportadas como el de saguapac que demuestra su posesión, y los pagos de impuestos al día; con referencia al delito de estelionato denunciado, si considero que dicho rechazo le causaba perjuicios debió de hacer uso de los medios impugnativos en el momento procesal oportuno por una parte, y por otra dada la naturaleza del recurso de casación en el fondo este tipo de denuncia que tiene que ver con aspectos de orden procesal no pueden ser motivo de análisis en el recurso de casación en el fondo ; asimismo en cuanto artículo 244, y el título IV capítulo I artículos 216 a 249 del Código Civil referente a la reglamentación del usufructo, los mismos no desvirtúan el derecho de quienes ejercen la titularidad del inmueble. Con relación al contrato de usufructo y la extinción de la obligación de la misma, en la que el accionante manifiesta que nunca reconoció como vigente pero si lo reconoció como extinguido, vale decir inexistente, al respecto, el contrato de usufructo suscrito en fecha 23 de agosto de 1997 el cual tenía una vigencia de un año, se cumplió en fecha 23 de agosto de 1998, al no existir manifestación alguna de las partes suscriptoras del mismo, concurrió lo que en términos jurídicos se conoce como la tasita reconducción del contrato, más aun cuando el contenido del contrato de usufructo tenía como objetivo, para que funcione una carpintería, actividad que según el acta de audiencia de inspección preliminar de fojas 64, seguían realizando los demandantes.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación en el fondo y la casación en la forma, interpuesto por Roger Aguilera Paz, cursante de fojas 314 a 317, con costas.
ibro Tomas de Razón 172/2012