Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-250-11.htm
Timestamp: 2017-11-18 19:29:25
Document Index: 298214980

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 2347', 'artículo 141', 'artículo 100', 'artículo 90', 'artículo 100', 'artículo 14', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 100', 'artículo 241', 'artículo 228', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 107', 'artículo 29', 'artículo 141', 'artículo 2', 'artículo 229', 'artículo 89', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 229', 'artículo 228', 'artículo 100', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 100', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 250', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 1', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 100', 'ARTÍCULO 100', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 79', 'artículo 69', 'artículo 137', 'artículo 137']

En el presente caso, en relación con los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, no observa la Corte que los contenidos normativos sean idénticos frente a los problemas jurídicos analizados en las sentencias C-423 de 2006, C-425 de 2006 y C-717 de 2006, y por lo mismo que no se considera que exista cosa juzgada constitucional material, procede el examen de constitucionalidad de los artículos referidos de la Ley 1395 de 2010
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Concepto
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Concepto
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Procedencia y ejercicio/SOLICITUD DE REPARACION INTEGRAL EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Caducidad/INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Procedencia, ejercicio y caducidad no vulneran derechos del tercero civilmente responsable
Los artículo 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, modificatorios de los artículos 102 y 106 de la Ley 906 de 2004 prevén la procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral, una vez en firme la sentencia condenatoria, y precisa el término de caducidad para la solicitud de reparación integral a los treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio, circunstancias que, para la Corte, no vulneran los derechos del tercero civilmente responsable, ya que dichas disposiciones no entrañan limitación a los derechos de participación en las decisiones del tercero civilmente responsable, puesto que el derecho a su participación dentro del proceso penal será constitucionalmente legítima únicamente a partir del momento en que se ha determinado la responsabilidad penal del sujeto por el cual deberá responder civilmente, momento que surge necesariamente - después de encontrarse en firme la sentencia de condena - con la iniciación del incidente de reparación integral y su citación al mismo, en el que contará con todos los derechos y garantías tendientes a su participación activa y a la construcción de la decisión que lleve a su culminación. Asimismo, al ser citado el tercero civilmente responsable al incidente de reparación integral, cuenta con todas las garantías de acceso a la justicia, con la posibilidad de debatir, dentro del incidente, la existencia o no del perjuicio y el monto de la reparación; a objetar las pretensiones de la víctima, así como su relación para con el condenado y su deber de reparación; a solicitar la citación al asegurador; a participar en las audiencias; a conciliar y a interponer los recursos a que haya lugar, en desarrollo de los postulados establecidos en los artículos 102 y ss. del CPP. En cuanto a la caducidad de la solicitud de reparación integral treinta (30) días después de haber quedado en firme la sentencia de condena, tampoco se vulnera el derecho del tercero civilmente responsable a la participación en las decisiones que le afectan y a la tutela judicial efectiva, ya que si bien, en desarrollo de la libertad de configuración legislativa el legislador estableció dicho término con el fin de racionalizar los procedimientos judiciales e imprimirles seguridad jurídica, el límite se considera válido pues establecida la constitucionalidad del papel del tercero civilmente responsable circunscrito a la etapa del incidente de reparación integral, la norma acusada busca la celeridad en los procesos judiciales, sin menoscabo de los derechos de partes e intervinientes.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR HECHO AJENO-Concepto/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR HECHO AJENO-Carácter excepcional
La responsabilidad por el hecho ajeno se encuentra en el artículo 2347 del Código Civil que dispone: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Esta forma de responsabilidad por el hecho ajeno ha sido considerada por la Corte Constitucional como de carácter “excepcional”, basada en la presunción de culpa indirecta o mediata del responsable
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Participación sólo se legitima a partir de la determinación de responsabilidad penal del sujeto por el cual debe responder
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Participación circunscrita a la etapa del incidente de reparación integral
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-No es parte ni interviniente
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL-Oportunidad para citación de tercero civilmente responsable
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL-Concepto/TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL-Cambios suscitados respecto de su vinculación y participación en el proceso penal
El tercero civilmente responsable es la persona que civilmente debe responder por el daño causado por la conducta del condenado, siendo su papel responder por el hecho ajeno y resarcir los perjuicios ocasionados a la víctima. La obligación de reparación solo nace una vez se ha determinado la generación del daño y con posterioridad a la sentencia de condena. La figura del tercero civilmente responsable tiene su fundamento en la existencia de la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, también conocida como indirecta o refleja. Hasta antes del Acto Legislativo 03 de 2002, el tercero civilmente responsable era un sujeto procesal que podía participar en el trámite incidental de la liquidación de perjuicios que se promoviera con posterioridad a la sentencia, no pudiendo ser condenado en perjuicios cuando no hubiese sido notificado debidamente ni se le hubiera permitido controvertir las pruebas en su contra. Posteriormente, en los términos de la Ley 600 de 2000, la vinculación del tercero civilmente responsable podía solicitarse desde la admisión de la demanda de parte civil, o incluso antes de proferirse la providencia de cierre de la investigación, por lo que el embargo y secuestro de los bienes de aquél podía solicitarse una vez ejecutoriada la resolución de acusación, reconociéndosele, de conformidad con el artículo 141 de la citada Ley, los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal. Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906/04 se avanzó hacia un sistema de investigación y juzgamiento penal de marcada tendencia acusatoria, que introduce un nuevo enfoque respecto de los actores que integran la relación jurídico-procesal, previendo expresamente la intervención en el proceso de: (i) las víctimas; (ii) el imputado; (iii) el fiscal; (iv) el juez de conocimiento; (v) el Ministerio Público; (vi) el juez de control de garantías. Tales modificaciones incidieron en la regulación legal del tema bajo examen: al (i) desaparecer la parte civil; (ii) al dejar el tercero civilmente responsable de ser sujeto procesal; (iii) al permitirse durante la etapa de investigación la imposición de una medida cautelar consistente en la entrega provisional del vehículo, nave o aeronave, para el caso de los delitos culposos; y (iv) al establecer un incidente de reparación integral, el cual se lleva a cabo con posteridad al fallo condenatorio y previa solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, durante el cual es citado quien debe responder por el hecho ajeno.
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Alcance en relación con procesos judiciales y ritualidades/CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites
La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el Legislador lo habilita con amplio margen de configuración para regular procedimientos, etapas, términos, efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general, a través de los cuales fija las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso y del acceso efectivo a la administración de justicia, constituyéndose en reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. No obstante, dicha libertad de configuración del Legislador tiene sus límites que se encuentran claramente dentro de la misma Carta Política y que se concretan en: (i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; (ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; (iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y (iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas
CADUCIDAD-Figura procesal/CADUCIDAD-Concepto/CADUCIDAD-Debe ser declarada oficiosamente
La caducidad constituye una figura procesal que ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente.
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA-Implicaciones como derecho fundamental de aplicación inmediata
Las omisiones legislativas relativas resultan inconstitucionales por ser discriminatorias y cuando se configuran no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición omisiva la que se impone, sino la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales mediante una sentencia integradora que le permita al Tribunal Constitucional llenar los vacíos dejados por el legislador, a fin de armonizar la disposición con el ordenamiento superior
VICTIMA EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Reconocimiento como interviniente especial
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Ejercicio deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales de este sistema
Los derechos de la víctimas del delito a la verdad, la justicia y la reparación integral son derechos que se encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado mediante Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1395 de 2010, entre otras; pero dicha protección no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto, como podríamos mencionar la caracterización de las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el legislador.
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Configuración en norma que excluye la participación de la víctima en audiencia de individualización de la pena y sentencia/SENTENCIA INTEGRADORA-Aplicación con miras a garantizar la intervención de la víctima en la audiencia de individualización de la pena y sentencia
Encuentra esta Corporación que siendo la etapa de individualización de la pena y sentencia una fase posterior al juicio y habiéndose establecido por el Constituyente la facultad del Legislador de fijar los términos en que las víctimas podrán participar en el proceso penal, la exclusión de la víctima o su representante a ser oída por el Juez en la etapa de individualización de la pena y sentencia, en condiciones diversas a la defensa y a la Fiscalía, implica no solamente el desconocimiento del derecho a la igualdad, sino la limitación de su derecho al acceso a la administración de justicia, no vislumbrándose una razón objetiva y suficiente que justifique la omisión de brindar a las víctimas la posibilidad de ejercer el derecho a ser oídos en dicha etapa, en los casos en que haya fallo condenatorio o se haya aprobado el acuerdo celebrado con la Fiscalía, de lo que se colige que la omisión genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso, particularmente entre víctima y acusado, a quienes cobija por igual una concepción bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva. Por tal motivo la Corte, declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, bajo el entendido de que el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra a la víctima o su representante para que se refiera a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, y si lo considera conveniente, a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.
JUICIO EN PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Características
Son características del juicio en materia penal: la publicidad, la oralidad, la concentración, la inmediación en las pruebas y la contradicción, siendo la inmediación un principio básico del sistema penal acusatorio, en lo que se refiere a que las pruebas deben practicarse dentro de la etapa de juzgamiento, ante el juez, la fiscalía, los jurados y demás intervinientes, ofreciendo un contacto directo del fallador con las mismas para la formación de la decisión.
PRINCIPIO DE INMEDIACION EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Concepto/PRINCIPIO DE INMEDIACION EN EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Implicaciones de su vulneración
La inmediación exige que el juez deba tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, esto es, con los sujetos del mismo -partes e intervinientes- y con su contenido o materia. La violación de este principio implica la violación del principio del debido proceso, que garantiza a toda persona imputada o acusada, a ser procesada o juzgada de acuerdo a procedimientos y formas propias de cada juicio
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN PROCESO PENAL-Apelación de autos
NORMAS PROCESALES-Objeto
Esta Corporación ha afirmado que el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica de los asociados. De allí que las normas procesales propendan por asegurar la celeridad, oportunidad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y por la protección de los derechos e intereses de las partes, intervinientes y demás sujetos vinculados al proceso.
RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS EN PROCESO PENAL-Trámite
RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS EN PROCESO PENAL-Presentación y sustentación ante juez de primera instancia no desconoce principio de inmediación ni debido proceso/RECURSO DE APELACION-No constituye un proceso autónomo ni un juicio nuevo
RECURSO DE APELACION-Resolución no exige la inmediación de las pruebas con el juez de segunda instancia/PRINCIPIO DE INMEDIACION DE LAS PRUEBAS-No se exige para la resolución de recursos de apelación de autos en proceso penal
El demandante considera que el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 al disponer que el recurso de apelación se interpone y sustenta ante el juez de primera instancia y no ante el de segunda instancia, vulnera el principio de inmediación de las pruebas, que establece que éstas deben practicarse directamente ante el juez, en forma pública y con la participación directa del imputado. Sin embargo, para la Corte, en razón a que el recurso de apelación no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en el cual deban debatirse todos los temas del mismo y como tal, requerirse la inmediación de las pruebas con el juez de segunda instancia y en la medida en que la apelación constituye la oportunidad en la cual el superior jerárquico controla una decisión adoptada en la primera instancia, sin tener que reconstruirse íntegramente la acusación y la defensa, siendo en consecuencia suficiente que con los registros que sobre el mismo y la interposición y sustentación del recurso que se hayan realizado en audio y/o video, y hayan sido allegados al juez de la segunda instancia, pueda adquirir elementos de juicio para la decisión que corresponda.
Referencia: Expedientes D-8231, D-8232, D-8240 acumulados
2.2. Contra el artículo 100 de la Ley 1395/10: por la vulneración de los artículos 2, 13, 228, 229 de la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad (Pacto Universal de los Derechos Humanos -Ley 74 de 1968, artículo 14-; Convención Interamericana de Derechos Humanos -Ley 16 de 1972, articulo 8-), vía de omisión legislativa relativa
2.3. Contra el artículo 90 demandado: por vulneración de los artículos 29 y 250 de la Constitución
3. Concepto del Procurador General de la Nación[2] e intervenciones públicas y ciudadanas
3.1. Inconstitucionalidad apartes subrayados de los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010
3.1.2 El Ministerio de Interior y de Justicia
Con fundamento en el pronunciamiento que sobre la figura del tercero civilmente responsable realizó la Corte Constitucional (C-423 de 2006), la norma acusada se encuentra ajustada a la Constitución, dentro del esquema trazado por el Acto Legislativo 03 de 2002, sobre el sistema penal acusatorio, al señalar que el tercero civilmente responsable no participa dentro del proceso penal en igualdad de condiciones que los demás intervinientes, siempre y cuando se le respete su derecho a la defensa en relación con sus bienes, derecho que se encuentra garantizado por lo establecido en el articulo 107 de la Ley 906 de 2004 y que fue declarado exequible mediante sentencia de la Corte Constitucional C- 425 de 2006. Expresa que con base en los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en las citadas providencias, permiten afirmar que “[a] la luz del nuevo sistema penal acusatorio, establecido en el Acto Legislativo 03 de 2002, en tanto el tercero civilmente responsable sea debidamente citado durante el trámite del incidente de reparación integral, no se desconocen los preceptos constitucionales sobre efectividad de los derechos de defensa, justicia, verdad material y acceso a la justicia, el hecho de que el legislador no haya contemplado la posibilidad de que dicho tercero intervenga en el juicio penal dentro del cual se produce la condena al procesado, puesto que en virtud de este nuevo sistema, en el que impera la igualdad de armas, se rompería el equilibrio procesal en relación con la víctima, porque tendría mayor participación dentro de dicho proceso el acusado, al estar coadyuvado por el tercero civilmente responsable.”[3]
3.1.3. Fiscalía General de la Nación
3.1.4. Academia Colombiana de jurisprudencia
Al iniciarse la participación del tercero civilmente responsable tan solo desde que el fallo de responsabilidad penal se encuentre en firme y se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, éste “[s]e verá abocado a defender su posición frente a una situación en la que se tiene probada la fuente de su responsabilidad”. De acuerdo con la Jurisprudencia Constitucional y los Tratados internacionales suscritos por Colombia y que hacen parte de la Constitución, los intervinientes deben contar con la facultad de acceder a una segunda instancia sin limitaciones, siempre que se considere que los intereses no se encuentran debidamente protegidos o juiciosamente analizados por los juzgadores de instancia, lo cual resulta improcedente frente a los artículos acusados de la ley 1395 de 2010, en la medida que la participación del tercero civilmente responsable se inicia cuando el fallo de responsabilidad penal se encuentra en firme y se han agotado todos los recursos, haciéndolo de esta forma, incontrovertible.
3.1.5. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
3.2. Inconstitucionalidad artículo 90 de la Ley 1395 de 2010
3.2.1. La Procuraduría General de la Nación[5]
3.2.2. El Ministerio de Interior y de Justicia
3.2.4 Academia Colombiana de jurisprudencia
3.2.5. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
3.2.6. Intervención ciudadana (ciudadano Mauricio Pava Lugo)
3.3. Inconstitucionalidad apartes subrayados del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010
3.3.1. La Procuraduría General de la Nación[6]
La Corte Constitucional en sentencia C-454 de 2006, mediante la cual declaró exequibles los artículos 11,132, 133, 134, 135, 136, y 357 de la Ley 906 de 2004, se pronunció sobre la posición de las víctimas y la protección de sus derechos en el nuevo sistema procesal penal, lo que en su criterio, si bien no constituye cosa juzgada, es un precedente de importancia. En dicha providencia la Corte resaltó que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación integral y a la Justicia, la cual comprende tres aspectos: i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente los autores y participes de los delitos; ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso”. Igualmente señaló que “es necesario que se permita que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente”. La misma providencia estableció: “[e]l Acto Legislativo 03 de 2002, … por el cual se reformó la Constitución Política para introducir un sistema de investigación y juzgamiento criminal de tendencia acusatoria … asignó a la Fiscalía General de la Nación unas especificas funciones en relación con las víctimas de los delitos.”
Del análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el papel de la víctima, su participación en los procesos, se concluye que si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial, determinando que no tiene las mismas facultades que el procesado y la Fiscalía, pero puede intervenir activamente en el mismo. La definición del sistema penal acusatorio como un sistema adversarial, en el que se confrontan claramente dos partes, la acusada y la acusadora, dejando de lado la posibilidad de que haya varios acusadores, ya que la participación de la víctima como un acusador adicional a la Fiscalía, generaría desigualdad de armas. Al no equiparar a la víctima con las demás partes dentro del proceso, no puede concluirse que se le están vulnerando sus derechos mediante una discriminación injusta, aspecto que ha sido señalado por la Corte en la sentencia C- 516 de 2007, al estudiar si los límites que imponían las normas demandadas sobre los derechos a las víctimas resultaban proporcionales, dijo: “si bien, en efecto, es en la audiencia de formulación de acusación en donde se formaliza la intervención de la víctima mediante la determinación de su condición y el reconocimiento de su representación legal, su participación, directa o mediante apoderado, se encuentra garantizada aun desde la fase de investigación.”
3.3.2. El Ministerio de Interior y de Justicia
“[D]eclaró la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 que excluyen a las víctimas de los actores procesales que pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo, oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral.[7] Sobre este aspecto consideró la Corte que existe una razón objetiva que justifica la limitación de los derechos probatorios de la víctima en el juicio oral, como quiera que su participación directa implicaría una modificación de los rasgos estructurales del sistema acusatorio, convirtiendo a la víctima en un segundo contradictor del acusado en desmedro de la dimensión adversarial del proceso.
No obstante, estimó también que “la víctima, a través de su abogado podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho a impugnarla, de conformidad con el articulo 177 de la Ley 906 de 2004.”[8]
3.3.3. Fiscalía General de la Nación
3.3.4. Academia Colombiana de jurisprudencia
3.3.5. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- CNRR-
La Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Republica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución.
2. Análisis formal de los cargos de inconstitucionalidad de la demanda
2.1. Contra los artículos 86 y 89 la Ley 1395/10, por la vulneración de los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución Política
La interpretación de los artículos 86 y 89 que desarrolla la demanda admite un examen de constitucionalidad. En efecto, lo que se cuestiona es la exclusión del tercero civilmente responsable en el proceso penal y su remisión a un momento procesal posterior al juicio de responsabilidad penal, esto es, al incidente de reparación integral. Por eso considera inconstitucional la disposición que supedita la procedencia del citado incidente y la oportunidad de su solicitud -término de caducidad- a que la sentencia condenatoria haya quedado en firme. Así, este cargo suscita una duda mínima en torno a la exequibilidad de la norma impugnada frente a los artículos 2 y 229 de la CP. No obstante, el cargo por vulneración del artículo 228 de la CP es inepto, por cuanto no se aporta un mínimo de argumentación que sustente la violación de dicho texto, específicamente en relación con lo que se denomina en la demanda “eficacia de los tribunales”.
2.2. Contra el artículo 100 de la Ley 1395/10: por la vulneración de los artículos 2, 13, 228, 229 de la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad
3. Cargo 1º: los artículos 86 y 89 la Ley 1395/10 vulneran los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución Política
3.1. Problema jurídico a resolver
3.2.1. La Corte Constitucional ha expresado que la cosa juzgada constitucional “no sólo se predica de la norma formalmente analizada sino también de su contenido material y su efecto irradia tanto el contenido actual de la ley estudiada como de la ley posterior”[9]. Alude esta perspectiva jurisprudencial, la cosa juzgada constitucional puede ser: (i) formal, cuando se predica del mismo tenor literal que ha sido objeto de pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional; (ii) material, cuando a pesar de tratarse de un texto diferente del que ya fue objeto de pronunciamiento constitucional, su contenido sustancial es igual al del texto normativo ya revisado. Ambos dan lugar a la inhibición de la Corte, pudiendo la primera incluso dar lugar al rechazo de la demanda.
3.2.2. En la sentencia C-308 de 2007, se tipifica el fenómeno de la cosa juzgada material:
3.2.3. En Sentencia C-423 de 2006, la Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 100 (totalidad) y 104, (parcial) de la Ley 906 de 2004, que se refieren al tercero civilmente responsable. El problema jurídico analizado por la Corte en dicha sentencia y la forma de resolverlo, se resume así: (i) “Debe determinar si el legislador incurrió o no en una inconstitucionalidad por omisión relativa, por el hecho de no haber facultado al tercero civilmente responsable para interponer recurso alguno ni poder controvertir pruebas frente a la decisión de un juez de control de garantías de imponerle durante la investigación una medida cautelar sobre un bien”(…); (ii) Vulnera o no el derecho de defensa (art. 29) del tercero civilmente responsable y de las compañías aseguradoras que, a pesar de no haber sido citados a lo largo de la investigación, no comparecen a la audiencia dentro del incidente de reparación integral y por lo tanto quedan vinculados y deben adoptar la decisión que allí se tome (…).
Al respecto, no se observa que los contenidos normativos sean idénticos: en el primer caso, lo que se impugna es la no participación de un tercero civilmente responsable en la fase de investigación respecto de la imposición de una medida cautelar por el juez de control de garantías -artículo 100 de la Ley 906/04[10]-, en las normas -arts. 86 y 89 de la Ley 1395/10- se discute la exclusión del mismo en la etapa de juicio y respecto de la imposición de una condena por el juez de conocimiento; y en el segundo caso, se refiere a terceros civilmente responsables que no comparecen a la audiencia de reparación integral, situación que no corresponde a la de las normas demandadas en donde el cargo se estructura independiente de la comparecencia o no comparecencia del tercero. En consecuencia, no se advierte la presencia de una cosa juzgada material.
En la Sentencia C-425 de 2006, la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 107 (totalidad) de la Ley 906 de 2004[11]. Aunque en la sentencia se abordó la vulneración del artículo 29 constitucional, “(...) por cuanto al tercero civilmente responsable no se le permite ejercer su derecho de defensa con antelación al incidente de reparación integral de perjuicios...” y su intervención en el proceso penal “(...) resulta ser posterior a la sentencia condenatoria, cuando ya es imposible coadyuvar la defensa del imputado”, el contenido material de la norma, hace referencia a la definición de tercero civilmente responsable, a la iniciativa y oportunidad de la citación del mismo. Así, no es posible hablar de cosa juzgada material.
3.3. El tercero civilmente responsable y el procedimiento penal acusatorio (L 906/04)
“De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa[12]; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso[13]. Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual.”[14]
Con anterioridad al Acto Legislativo 03 de 2002, en el marco del proceso penal mixto -inquisitivo y acusatorio- el Decreto Ley 2700 de 1991 preveía que el tercero civilmente responsable era un sujeto procesal que podía participar “en el trámite incidental de la liquidación de perjuicios que se promueva con posterioridad a la sentencia[15]", no pudiendo ser condenado en perjuicios “cuando no se haya notificado debidamente ni se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra”, disposiciones que fueron declaradas exequibles por la Corte en sentencia C-541 de 1992. Posteriormente, en los términos de la Ley 600 de 2000, la vinculación del tercero civilmente responsable podía solicitarse desde la admisión de la demanda de parte civil, o incluso antes de proferirse la providencia de cierre de la investigación[16]. Como consecuencia de lo anterior, el embargo y secuestro de los bienes de aquél podía solicitarse una vez ejecutoriada la resolución de acusación[17]; y de conformidad con el artículo 141 de la citada Ley, el tercero civilmente responsable tenía “los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal”.
3.4. El desconocimiento del principio de participación y del acceso a la justicia por las disposiciones de los artículos 86 y 89 de la ley 1395/10
Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. Por una parte, constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y contribuye a la realización material de los fines esenciales e inmediatos del Estado. En otro sentido, se configura como un derecho fundamental de aplicación inmediata[19], que forma parte del núcleo esencial del debido proceso e implica: (i) la existencia en el ordenamiento jurídico, de diversos mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) la posibilidad de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, por parte de todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones; (iii) el derecho a que la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas, y que esta se produzca dentro de un plazo razonable; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso[20].
En relación con el derecho de participación y el derecho de acceso a la justicia, la jurisprudencia de la Corte ha manifestado que son materias de configuración legal, cuyo diseño y condiciones corresponde establecerlos al Legislador en ejercicio de su cláusula general de competencia, para lo cual goza de “de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales”[21]. Con todo, tal potestad legislativa de configuración no puede consistir en regulaciones excesivas o irrazonables que se conviertan en obstáculos a la efectividad de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y participación en las decisiones que afectan a las personas.
3.4.2. Los artículos 86 y 89 de la Ley 1395/10, al condicionar la procedencia del incidente de reparación integral -y su solicitud en treinta días- a la firmeza de la sentencia condenatoria -art 86-, no permiten la participación del tercero civilmente responsable en el juicio de responsabilidad penal, ya que para el momento de iniciación de su concurrencia al proceso -en el incidente de reparación- estará concluido el juicio de penal. Violan estas disposiciones el artículo 2 de la CP que establece las reglas de debido proceso y erige como fin esencial del Estado “la participación de todos en las decisiones que los afectan”? Y el artículo 229 de la CP, por considerar que la intervención del tercero civilmente responsable es parte de la garantía del debido proceso y de su derecho de defensa? Para responder los interrogantes ha de examinarse si la iniciación y solicitud del incidente de reparación, sujeta a que se encuentre en firme la sentencia de condena, implica la imposición de limitaciones al tercero civilmente responsable razonables constitucionalmente, o excesivas, carentes de razonabilidad, y por lo tanto contrarias a la Carta.
3.4.6. En cuanto a que lo preceptuado por el artículo 89 de la Ley 1395 de 2010, sobre la solicitud “para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio”, es pertinente verificar la libertad de configuración del legislador en la definición de los procesos judiciales y sus ritualidades, así como sus limitaciones. La jurisprudencia de esta Corte, ha establecido que la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el Legislador -CP, artículo 150.2- lo habilita con amplio margen de configuración para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general, a través de los cuales fija las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y del acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), constituyéndose en reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho[23]. Vale decir, que el Legislador cuenta con un margen amplio de discrecionalidad para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como “el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas”[24]siempre que se respeten las garantías básicas previstas por la Constitución. No obstante, dicha libertad de configuración del Legislador tiene sus límites que se encuentran claramente dentro de la misma Carta Política y que se pueden concretar en: (i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; (ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos[25] como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; (iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y (iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)[26].
4. Cargo 2º: el artículo 100 de la Ley 1395/10 (apartes subrayados) vulnera los artículos 2, 228 y 229 de la Constitución Política y tratados internacionales
4.1. Problema jurídico constitucional a decidir
4.2. La omisión legislativa relativa
4.2.1. Cuando el legislador regula una materia, mas no de manera integral, al no cobijar “a todas los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia”[27]. Sobre el particular, esta Corporación ha expresado que hay omisión legal relativa cuando:
“(i)... el legislador ha regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad. (ii) El cargo de omisión legislativa relativa debe dirigirse contra un contenido normativo específico (sentencia C-427 de 2000), de suerte que resultan inadmisibles las acusaciones que se dirigen a derivar la omisión no de lo prescrito en una norma, sino en un sistema o conjunto de normas (...)”[28].
Para su configuración se requiere que el legislador haya incumplido un deber expresamente impuesto por el Constituyente[29]. Se trata, entonces, de una regulación que deja por fuera “otros supuestos análogos”[30] que debieron haber sido incluidos, a fin de que la misma armonizara con el texto superior; o que dicha condición jurídica, aun habiendo sido incluida, resultare insuficiente o incompleta frente a situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos[31].
4.2.2. En cuanto a la medida a adoptar en los casos en que se configure una omisión legislativa relativa, esta Corporación ha establecido que no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición omisiva sino la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales. Así, “como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución”[32]. Así, en sentencia C-043 de 2003 se expresó que las omisiones legislativas relativas que resulten inconstitucionales por ser discriminatorias, pueden ser subsanadas mediante una sentencia integradora que permita al Tribunal Constitucional llenar los vacíos dejados por el legislador, a fin de armonizar la disposición con el ordenamiento superior.
4.3. Los derechos de las víctimas en la jurisprudencia constitucional e internacional
Esta Corporación en sentencia C- 209 de 2007, dispuso: “[e]l artículo 250 (7) de la Constitución no supedita a las víctimas a recibir la protección del Fiscal, exclusivamente, sino que reconoce que ellas pueden intervenir en el proceso penal y confía al legislador desarrollar dicha posibilidad. Así, la víctima del delito no es un sujeto pasivo de protección por parte de la Fiscalía, sino un interviniente activo, constitucionalmente legitimado para hacer valer sus derechos dentro del proceso penal, y su intervención no se circunscribe únicamente a su participación al final del juicio en el incidente de reparación integral, pues esto significaría una restricción a sus derechos a la justicia y verdad, en contravención a lo establecido en el artículo 250.7 de la Carta Política. No obstante como lo ha expresado esta Corporación, el que la participación de las víctimas no esté limitada a alguna de las etapas del proceso penal, no obsta para que dicha intervención deba ser armónica con la estructura del proceso acusatorio, su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa del proceso[33].
“De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a una reparación económica – fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito” [37].
“3.3. A lo anterior se suma la consideración de que, como ha sido reiterado por la Corte, el debido proceso se predica no solo respecto de los derechos del acusado sino de los de todos los intervinientes en el proceso penal, a quienes, junto al derecho al debido proceso, debe garantizárseles el derecho también superior de la eficacia del acceso a la justicia (art. 229 C.P.) [47].
“En particular la Corte Constitucional ha concluido que la Carta de 1991 reconoce a las víctimas y perjudicados por un hecho punible unos derechos que desbordan el campo de la reparación económica, pues incluyen también el derecho a la verdad y a que se haga justicia[48]. En ese contexto, si bien la impugnación de la sentencia condenatoria es un derecho consagrado expresamente a favor del sindicado en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, no es menos cierto que la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria es expresión de derechos de similar entidad de las víctimas y materialización del deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo. Al pronunciarse en sede de constitucionalidad con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la posibilidad de interponer el recurso de casación frente a las sentencias absolutorias en materia penal, esta Corte señaló que “…si, se accediera a la petición hecha por el actor en el sentido de descartar la procedencia de la casación en las circunstancias que él invoca y por tanto no se permitiera al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la víctima, o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de la sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la Ley, se estaría no solo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del estado, de la sociedad, de la víctima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación[49].”[50] Mutatis Mutandis, tales consideraciones resultan aplicables a la posibilidad de apelar la sentencia penal absolutoria.
“Como lo ha establecido esta Corporación en varias oportunidades las víctimas en el proceso penal tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación[53].
“Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos se han pronunciado en varias ocasiones sobre los derechos de las víctimas[54]. En sus pronunciamientos se han consolidado las formas de reparación de las víctimas que constituyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición que incluyen entre otras la garantía de la verificación de los hechos y la revelación completa y pública de la verdad[55].
“31. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad[57] (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal[58] , y el derecho a participar en el proceso penal[59], por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en " que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas"[60]
“c. El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito...”[61]
Como lo ha dicho la CIDH, el derecho a la justicia implica la garantía del pleno acceso y la capacidad de actuar de la víctima, en todas las etapas e instancias de las investigaciones y los procesos “de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y en síntesis hacer valer sus intereses”[65].
4.4. Examen concreto del cargo de omisión legislativa relativa contra el artículo 100 de la Ley 1395/10
4.4.2. De conformidad con el Acto Legislativo 03 de 2002, la consagración constitucional establece de manera explícita que la víctima es un sujeto que merece especial consideración en el conflicto penal y elevó los intereses de la misma a rango constitucional, constituyéndose en factor determinante de los fines del proceso penal, coherentes con los paradigmas de procuración de justicia provenientes del derecho internacional[66]. Dentro de esos derechos a la verdad, justicia y reparación que tienen las víctimas, se encuentran el derecho a conocer lo que sucedió, a que se investiguen los hechos por parte de las autoridades del Estado, a que los autores del delito sean sancionados en forma adecuada y a que se reparen los daños ocasionados, aspectos que conllevan necesariamente que la participación de ellas en el proceso penal tenga su punto de partida en el sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva; y tales garantías suponen, como lo ha expresado esta Corporación, la existencia de un sistema bilateral de garantías, predicable tanto del acusado como de la víctima, que implica el acceso a la justicia (Art.229), la igualdad ante los tribunales (Art.13), la defensa en el proceso (Art.29), la imparcialidad e independencia de los tribunales[67] y la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228).
5. Cargo 3º: el artículo 90 de la Ley 1395/10 viola el principio de inmediación y el debido proceso (CP, arts. 250 y 29)
5.1. Problema jurídico constitucional a decidir
Al disponer el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 que el recurso de apelación se sustenta -además de interponerse y correrse traslado a los no impugnantes- ante el juez de primera instancia quien estudia la sustentación del mismo, y no ante el de segunda instancia que es el que habrá de conocerlo y decidirlo, se vulnera el principio de la inmediación procesal establecido en el artículo 250 de la Carta Política y el derecho al juez natural -el que debe conocerlo y decidirlo- y debido proceso del artículo 29 de la Carta?
5.2. El Sistema Penal Acusatorio
“(…) En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la prueba (…).
5.2.3. Al respecto, como lo expresó esta corporación, en su sentencia C- 920 de 2007, en desarrollo del postulado constitucional, el legislador a través de la Ley 906 de 2004, estructuró el sistema penal, conformado por dos etapas o fases unidas por una etapa intermedia, que se caracterizan por: (i) indagación e investigación[68], cuyo objetivo básico es la preparación del juicio, basada en el recaudo de la evidencia y de los elementos materiales probatorios que se han de llevar al juicio[69]; (ii) la etapa intermedia, caracterizada por la presentación que hacen las partes e intervinientes antes el juez, para buscar una aproximación al objeto del debate y una definición del marco en el que habrá de desenvolverse el juicio oral; (iii) la fase de juicio oral, público, concentrado y con inmediación de la prueba, que gira sobre tres ejes fundamentales: la presentación de la teoría del caso por las partes, la práctica de las pruebas previamente decretadas por el juez, y la exposición de los alegatos por las partes e intervinientes, tras lo cual se anuncia el sentido del fallo. En esta última fase, como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corporación[70], adquieren su mayor énfasis los rasgos adversariales del sistema. Al respecto, dijo la Corte en Sentencia C- 536 de 2008:
En relación con las facultades del imputado dentro del actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria se ha pronunciado esta Corporación en numerosa jurisprudencia[71], en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema acusatorio se radica tanto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como en cabeza del acusado y del Juez. Se afirma que en el nuevo sistema acusatorio -numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta- se introdujeron modificaciones importantes en materia probatoria, dentro de las cuales se encuentra el alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción. (Subrayado fuera del texto original)
5.3. El Recurso de apelación
“La apelación no consiste, por consiguiente en una solicitud general y abstracta orientada a que se reexamine en su integridad lo actuado por el juez de primera instancia, sino que quien manifieste su inconformidad debe precisar y sustentar las razones que esgrime para ello. Se trata no de un nuevo juicio en el que deba repetirse íntegramente la acusación y la defensa, sino de la continuación del proceso en una instancia de control que se ha previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión justa, sin perjuicio de la amplitud con la que, en ejercicio de su potestad de configuración, el legislador decida establecer el recurso.[73]
“Se dispondrá el empleo de los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado, de conformidad con las siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código expresamente autorice:
5.4. La libertad de configuración legislativa
5.4.3. Tal y como lo ha afirmado esta Corporación, el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) [75] de los asociados. De allí que las normas procesales propendan por asegurar la celeridad, oportunidad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y por la protección de los derechos e intereses de las partes, intervinientes y demás sujetos vinculados al proceso. En estos términos, mientras el Legislador no ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como “el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas”[76]. Así, es extensa la doctrina constitucional[77] que ha reiterado que conforme con lo establecido en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.[78]
5.5. Análisis concreto: constitucionalidad del recurso de apelación de Autos
5.5.2. Es importante verificar el contenido dado por la Constitución Política al principio de la “inmediación de las pruebas” establecido en el artículo 250.7, como una de las características del juicio en materia penal, dentro del sistema instaurado por el Acto legislativo 03 de 2002 de corte acusatorio. Sobre el particular, la jurisprudencia ha determinado que la inmediación es el principio por el cual se establece que las pruebas deben practicarse directamente ante el juez, en forma pública y con la participación directa del imputado.
Encuentra esta Corporación que acorde con lo preceptuado por el artículo 250.7 Superior que determina que corresponde al Legislador fijar los términos de intervención de las víctimas dentro del proceso penal, en concordancia con los artículos 29, 229 de la misma, la omisión de la víctima o su representante en la etapa de la individualización de la pena y la sentencia, entraña el incumplimiento por parte del legislador de su deber de configurar una verdadera “intervención” tendiente a la garantía y a la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que implica no solamente el desconocimiento injustificado de su derecho a la igualdad frente al condenado, sino la limitación de su derecho al acceso a la justicia. Por las consideraciones expuestas la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, bajo el entendido de que el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra a la víctima o su representante para que se refiera a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, y si lo considera conveniente, a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.
[2] Concepto No 4808, recibido en la Corte Constitucional el 13 de julio de 2010.
[5] Concepto No 4808, recibido en la Corte Constitucional el 13 de julio de 2010.
[6] Concepto No 4808, recibido en la Corte Constitucional el 13 de julio de 2010.
[9] Sentencia C- 489 de 2009.
[10] “ARTÍCULO 100. AFECTACIÓN DE BIENES EN DELITOS CULPOSOS. En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro.
[11] “Artículo. 107. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado.
[20] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-046/93, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093/93, MP, Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, C-301/93, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544/93, MP, Antonio Barrera Carbonell, T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell., C-742/99, MP, José Gregorio Hernández.
[22] C-423 y 425de 2006,
[27] Sentencia C-891A de 2006, fundamento jurídico No. 3.1.
[29] Sentencia C-543 de 1996, fundamento jurídico No. 1.
[31] Sentencia C- 454 de 2006.
[32] Cfr. Sentencia C-1064 de 2001.
[33] Sentencia C- 209 de 2007.
[34] Sentencia C- 209 de 2007.
[46] Sentencia C-047 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de la expresión “absolutoria”, contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el numeral 1º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004, cuestionada porque supuestamente violaba la garantía del non bis ibídem a favor del procesado. La Corte declara la exequibilidad de los apartes demandados y señala que la posibilidad de impugnar la sentencia absolutoria en el proceso penal regulado por la Ley 906 de 2004, no sólo no viola el principio del non bis ibídem sino que es además una de las garantías a los derechos de las víctimas. La Corte resolvió: Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de la expresión “absolutoria”, contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el numeral 1º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
[49] Ver Sentencia C-228/02 MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. En dicha sentencia se hicieron las siguientes consideraciones que resulta pertinente recordar “(t)anto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a una reparación económica – fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos. ║ De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso: ║ 1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. ║ 2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. ║ 3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.
[52] Sentencia C-1154 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería, en donde la Corte decidió lo siguiente: “Décimo octavo.- Declarar por el cargo analizado la exequibilidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de 2004 en el entendido de que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.” En sentido similar, en la sentencia C-1177 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño, la Corte dispuso la comunicación a las víctimas o denunciantes en el evento de inadmisión de denuncias o demandas cuando éstas carecen de fundamento. en donde la Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.”
[53] Sentencia C-228 de 2002 MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. AC: Jaime Araujo Rentería. La sentencia revisó la constitucionalidad del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. El actor solicitaba a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la norma demandada, que regula la constitución de la parte civil en el proceso penal para los perjudicados o sus sucesores con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, por ser violatoria de los artículos 13, 93 y 95 de la Constitución, así como de los artículos 1 y 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789). Los problemas jurídicos que resolvió la Corte en dicha oportunidad fueron i) ¿Es la exigencia de que la parte civil en el proceso penal se constituya a través de abogado, una violación de su derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad? Y ii) ¿Son las limitaciones que se le imponen a los perjudicados o sus sucesores para intervenir dentro de la “actuación penal” sólo a partir de la resolución de apertura de instrucción y para acceder al expediente durante la investigación preliminar, violaciones a su derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad? La sentencia estableció los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como derechos de las víctimas en el proceso penal. La parte resolutiva de la sentencia es del siguiente tenor “Primero.-Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia.
[55] Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú) Sentencia de 14 de Marzo de 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en la sentencia Barrios Altos del Perú estableciendo que la amnistía que había concedido Perú era contraria a la Convención, a pesar de que el país se había comprometido a reparar materialmente a las víctimas, pues se estaba desconociendo su derecho a la verdad y a la justicia:“Todo Estado está en la obligación de realizar una investigación exhaustiva de hechos de los cuales tenga conocimiento como presuntas violaciones de derechos humanos, además de sancionar a los responsables de los mismos… El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.¨ (párrafos 47-49 sentencia de fondo). En el mismo sentido la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo que el derecho de participación de los afectados por atentados contra la dignidad humana en proceso penales no se limita sólo a la reparación material sino además les corresponde un derecho a la reparación integral incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia (Ver sentencias T-1267 de 2001 MP. Rodrigo Uprimny Yepes; SU-1184 de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett; C-578 de 2002 MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-875 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil; C-228 de 2002 MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-004 de 2003 MP. Eduardo Montealegre Lynett; T-249 de 2003 MP. Eduardo Montealegre Lynett.)
[57] Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
[63] La impunidad ha sido definida por el Derecho Internacional de los derechos Humanos como “una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones , adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. (principios contra la impunidad. Principio 1). Rincón Tatiana, Verdad, Justicia y Reparación. Pág. 62.
[64] Naciones Unidas. Comité de derechos Humanos. Observación general No. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el pacto, 29 de marzo de 2004. Párr. 18. Rincón Tatiana, Verdad, Justicia y Reparación. Pg. 62.
[69] Sentencia C- 920 de 2007.