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Timestamp: 2020-04-07 01:44:06
Document Index: 383649182

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 149', 'artículo 41', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 39', 'artículo 144', 'artículo 2']

DECRETO 48/2002, de 12 de febrero, por el que se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Publicado en BOJA núm. 20 de 16 de Febrero de 2002 y BOE núm. 69 de 21 de Marzo de 2002
Vigencia desde 17 de Febrero de 2002. Revisión vigente desde 01 de Abril de 2020
Artículo 1 Establecimiento del Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía
D 622/2019 de 27 Dic. CA Andalucía (administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía)
Número 2 del artículo 2 derogado por la letra d) de la disposición derogatoria única del D [ANDALUCÍA] 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre).
El artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad intelectual, correspondiendo la competencia exclusiva sobre la legislación en esta materia al Estado de acuerdo con el artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española. A su vez, de acuerdo con el artículo 41.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en las materias en que la Comunidad Autónoma sólo tenga competencias de ejecución, corresponde al Consejo de Gobierno la administración y la ejecución, así como, en su caso, la facultad de dictar reglamentos de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que, en desarrollo, de su legislación, dicte el Estado.
Mediante los Reales Decretos 1075/1981, de 24 de abril, y 864/1984, de 29 de febrero, se efectuaron los traspasos de las funciones y servicios en materia de cultura que incluyen las correspondientes al ámbito de la propiedad intelectual, y asignados a la Consejería de Cultura mediante los Decretos 37/1981, de 13 de julio, y 180/1984, de 9 de junio, habiéndose ampliado los medios adscritos a las funciones y servicios transferidos en virtud del Real Decreto 1409/1995, de 4 de agosto, asignados a la Consejería de Cultura por el Decreto 269/1995, de 24 de octubre.
Por su parte el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, recoge la modificación operada por la Ley 20/1992, de 7 de julio, en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, que modificó el régimen jurídico del Registro General de la Propiedad Intelectual, manteniendo su carácter único sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia determinen la estructura y el funcionamiento del mismo en sus territorios respectivos, y sin perjuicio de que su funcionamiento se rija por la normativa aplicable.
La vigente regulación establece un modelo registral descentralizado, estructurado como un agregado sistemático de órganos: Uno coordinador, la Comisión de Coordinación, de carácter colegiado, al que se le atribuyen competencias relativas a la descentralización en los registros territoriales; otros los distintos Registros Territoriales, encargados de la llevanza del Registro y, por último, el Registro Central, órgano conformado como red de información, al que se atribuye, entre otras, la publicidad general de los asientos de los Registros Territoriales.
El presente Decreto establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura, a la que corresponderá su llevanza de acuerdo con las normas estatales sustantivas y de procedimiento en esta materia, así como la coordinación e información con las restantes Administraciones Públicas competentes.
De conformidad con el artículo 3.1 «in fine» del Decreto 259/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Cultura, modificado por el Decreto 333/1996, de 9 de julio, en relación con el artículo 39.2.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio, es competencia del titular de la Consejería de Cultura proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto relativos a las cuestiones atribuidas a la Consejería de Cultura.
Por todo ello, a propuesta de la Consejera de Cultura, en virtud de la habilitación conferida por los artículos 17.3 y 41.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.2 del citado Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 12 de febrero de 2002,
Se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía, integrado en el Registro General de la Propiedad Intelectual, y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a cuya Secretaría General Técnica queda adscrito.
1. El Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá, a través de los órganos y unidades existentes en los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura, las funciones establecidas para los Registros Territoriales del Registro General de la Propiedad Intelectual en la normativa aplicable.
Número 2 del artículo 2 derogado por la letra d) de la disposición derogatoria única del D [ANDALUCÍA] 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre). Vigencia: 1 abril 2020
3. En las Delegaciones Provinciales de Cultura se podrán desconcentrar o delegar otras competencias o funciones en relación con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, conforme a la normativa de aplicación.
Se faculta al titular de la Consejería de Cultura para que, en el ejercicio de sus competencias, dicte las normas y los actos necesarios para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.