Source: https://survey.ituc-csi.org/Rwanda.html?lang=es
Timestamp: 2019-09-23 06:20:30
Document Index: 140276597

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 134', 'artículo 151', 'artículo 51', 'artículo 155']

Rwanda - CSI - Informe sobre las violaciones de los derechos sindicales
Las afiliadas de la CSI en Rwanda son la Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda (CESTRAR) y el Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda (COTRAF).
Para obtener el registro (un requisito previo indispensable para el estatus legal con vistas a la negociación colectiva) un sindicato debe poder demostrar que sus representantes no han sido condenados a ninguna pena de prisión de seis meses o más (artículo 3(5), Orden Ministerial No 11 del 07/09/2010).
Las autoridades disponen de 90 días para completar la solicitud de registro de un sindicato (artículo 5, Orden Ministerial No 11 del 07/09/2010).
Los sindicatos que aspiren a obtener su reconocimiento como organización más representativa deberá autorizar a la administración del trabajo a inspeccionar sus registros de inscripción de afiliados así como sus propiedades (artículo 124, Código del Trabajo, 2009).
Un sindicato debe estar registrado para poder obtener estatus legal a efectos de la negociación colectiva y debe publicar sus Estatutos en el Boletín Oficial para obtener personalidad legal (artículo 1, Código del Trabajo, 2009; artículo 7, Orden Ministerial No 11 del 07/09/2010).
La ley prevé una posible extensión únicamente para aquellos convenios que cubran a 2/3 de los trabajadores o empleadores en una categoría profesional, y que dicha extensión puede ser solicitada por una mayoría de los sindicatos o asociaciones de empleadores implicados (artículo 134, Código del Trabajo, 2009). No obstante, el Ministro de Trabajo está también facultado a iniciar el proceso unilateralmente, y al parecer dispone de amplios poderes discrecionales para escoger qué disposiciones del acuerdo se extenderán.
Se establece un proceso de conciliación y arbitraje en caso de conflictos colectivos, que puede durar más de dos meses (artículos 143-148, Código del Trabajo, 2013). El derecho de huelga tras este proceso se limita a dos únicas situaciones: i) cuando el comité de arbitraje no hubiera adoptado una decisión en el pazo de 15 días; o ii) cuando los acuerdos alcanzados en base al procedimiento de conciliación no se aplicasen (artículo 151, Código del Trabajo, 2013).
El único derecho de que disfrutan claramente los funcionarios públicos es el derecho a afiliarse a sindicatos, en base a la Ley sobre el Estatuto General de los Agentes de la Función Pública (artículo 51, Ley sobre el Estatuto General de los Agentes de la Función Pública, 2013).
El Ministro de Trabajo dispone de amplios poderes discrecionales para determinar aquellos servicios que se consideran ‘indispensables’ y la manera en que podrá ejercerse el derecho de huelga en dichos servicios (artículo 155, Código del Trabajo, 2013).
Miembros de SYPELGAZ ilegalmente despedidos comparecerán nuevamente ante el juez el 4 de junio04-06-2018
El sindicato del sector de energía, agua y saneamiento de Rwanda, SYPELGAZ ha estado en los tribunales desde mayo de 2016 reclamando la debida compensación para cinco miembros de su ejecutiva, despedidos de manera improcedente.
La cuestión data de 2014, cuando el Gobierno de Rwanda decidió reformar la Autoridad de suministro energético, agua y saneamiento (EWSA), convirtiendo el ente estatal en una empresa comercial. Por aquel entonces, prácticamente todos los trabajadores de EWSA eran funcionarios públicos, en base a la Ley No. 87/2013 que establece los Estatutos Generales para el Servicio Público. El proceso de privatización desembocó en que EWSA se dividiese en dos compañías: Rwanda Energy Group (REG) para el sector de la energía, y Water and Sanitation Corporation (WASAC) para la distribución de agua y saneamiento; y se invitó a los antiguos empleados públicos a presentar nuevamente sus candidaturas para cubrir los puestos de trabajo, dado que todos los puestos en ambas compañías se consideraron vacantes. Este proceso derivaría en el despido de 700 trabajadores, en su mayoría sindicalizados, incluidos cinco de los dirigentes de SYPELGAZ.
SYPELGAZ inició un proceso judicial en mayo de 2016 para reclamar una compensación apropiada para los cinco miembros de su ejecutiva despedidos ilegalmente, así como varios otros derechos sindicales que les fueron denegados desde hacía tiempo. Tras escuchar los testimonios de ambas partes el 27 de noviembre de 2017, el Tribunal postergó su dictamen final sobre el caso hasta el 4 de junio de 2018.
Empleadores del servicio público encontrados culpables de violar la legislación laboral24-01-2017
En enero, la Comisión sobre Servicios Públicos revisó el informe fiscal nacional correspondiente a los años 2015-2016. Según los datos, el Gobierno perdió el 75 por ciento de las causas legales presentadas por los empleados contra sus empleadores del sector público. Según la presidencia de la Comisión, esa alta incidencia de violaciones reconocidas viene a demostrar el nivel de injusticia presente en el servicio público, y apunta a la falta de sanciones serias para aquellos empleadores que vulneren la ley en la gestión de su personal.
Despido improcedente de docentes30-06-2014
Seis docentes que trabajaban en la Escuela Privada Mweya en Rubavu fueron despedidos ilegalmente en febrero de 2013, sin preaviso alguno e ignorando el convenio colectivo convenio colectivo Acuerdo, generalmente por escrito, que incorpora los resultados de una negociación colectiva entre representantes de trabajadores y empleadores. También contrato colectivo.
vigente. La escuela adujo tener dificultades financieras pero no facilitó ningún informe de auditoría. Como resultado de ello, los trabajadores presentaron una queja ante el tribunal, que dictaminó a su favor en junio de 2014, ordenando a la institución escolar a pagarles una indemnización.