Source: http://www.sde.gov.ar/justicia/constitucion.html
Timestamp: 2020-04-02 16:40:07
Document Index: 3592241

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'in fine', 'Artículo 74', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 97', 'Artículo 101', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 109', 'Artículo 111', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 120', 'Artículo 122', 'Artículo 126', 'Artículo 128', 'Artículo 131', 'Artículo 133', 'artículo 160', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 147', 'Artículo 154', 'Artículo 156', 'Artículo 158', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 167', 'Artículo 170', 'Artículo 172', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 184', 'Artículo 187', 'Artículo 188', 'Artículo 195', 'Artículo 198', 'Artículo 199', 'artículo 195', 'Artículo 202', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'Artículo 210', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'Artículo 218', 'Artículo 222', 'Artículo 225', 'Artículo 229', 'Artículo 230', 'Artículo 231', 'Artículo 235', 'Artículo 237', 'Artículo 238', 'artículo 80', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 202', 'artículo 208', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 213', 'ARTÍCULO 234']

Promover el progreso de la educación y la economía para asegurar a todos los habitantes una digna calidad de vida; Garantizar la autonomía municipal y promover un federalismo de concertación regional;
En consecuencia, los constituyentes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia y de nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona del Pueblo de la Provincia, sancionamos la presente Constitución.
Artículo 1.- Forma de gobierno. La Provincia de Santiago del Estero, parte integrante de la
República Argentina, con los límites que por derecho le corresponden, es autónoma, democrática y organiza su gobierno bajo la forma republicana y representativa, dando por
incorporados a la presente los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional. Reafirma su inquebrantable unidad de destino con las demás provincias y tierras aún irredentas, en el marco del federalismo.
Artículo 3.- Titularidad y defensa de la soberanía. El poder reside en el pueblo, pero éste no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y con arreglo a esta Constitución, sin perjuicio de los sistemas de democracia semidirecta que ella reconoce.
Artículo 5.- Integración regional. La Provincia podrá celebrar tratados de integración en los que se atribuya a una organización o institución regional de la que forme parte, el ejercicio de competencias de esta Constitución. Corresponderá a los poderes públicos, según los casos, la garantía del eficaz cumplimiento de tales tratados y de las resoluciones que emanen de los organismos regionales creados en virtud de la presente autorización.
Artículo 6.- Asiento y responsabilidad de las autoridades. Las autoridades del gobierno residen en la ciudad de Santiago del Estero, capital de la Provincia, salvo que por causas especiales se determine por ley o por decreto, durante el receso de la Cámara y con carácter transitorio, otro lugar de la Provincia. No ejercen otras atribuciones que las que esta Constitución les confiere y son responsables de conformidad con esta Constitución y las leyes. Los actos que realicen fuera de sus atribuciones o a requerimiento de fuerza armada o de reunión sediciosa que se atribuyan los derechos del pueblo, carecen de valor alguno.
Artículo 9.- Estabilidad laboral. Declárase la estabilidad laboral de los empleados públicos mientras dure su buena conducta. No podrán ser separados de sus empleos sin sumario previo donde se observen las garantías del debido proceso. La legislación no podrá alterar o suspender la estabilidad ni prohibir la actividad política de los empleados públicos fuera del ejercicio de sus funciones. La filiación partidaria no es requisito para la admisión ni causa para la cesantía. El funcionario o empleado público a quien se impute delito en el desempeño de sus funciones estará obligado, en los casos y formas que la ley determine, a acusar para vindicarse, gozando del beneficio del proceso gratuito.
Artículo 11.- Responsabilidad del Estado. La Provincia y los municipios como personas de derecho carecen de todo privilegio especial. Pueden ser demandados ante los tribunales ordinarios y, al efecto, será suficiente que los interesados acrediten haber agotado la vía administrativa, siéndole desconocido o negado el derecho invocado, o que, transcurridos tres meses después de la iniciación de dicha vía, no se hubiere dictado resolución. Cumplidos estos requisitos, quedará expedita la vía judicial sin que sea menester autorización alguna ni otra formalidad previa.
Los embargos no podrán recaer sobre los bienes afectados a las funciones esenciales del Estado. Esta disposición se incluirá en todos los contratos en que sea parte el Estado provincial o municipal.
Artículo 13.- Interrupción del orden constitucional. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos y sus autores serán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución, los que responderán civil y penalmente de sus actos
En ningún caso podrá comprometer el patrimonio presente o futuro de la Provincia. Los magistrados, funcionarios y empleados nombrados por la intervención federal cesan automáticamente al asumir las autoridades electas, salvo confirmación o nuevo nombramiento de éstas. Los sueldos, retribuciones, compensaciones, viáticos y demás adicionales del interventor federal, ministros, secretarios de estado, subsecretarios y funcionarios no escalafonados designados por aquél, no serán abonados con fondos provinciales.
Artículo 15.- Vigencia de las garantías. En ningún caso y por ningún motivo, los poderes provinciales ni sus autoridades, podrán suspender en todo o en cualquiera de sus partes la vigencia de esta Constitución. Ninguno de los poderes puede pedir ni se le concederá por motivo alguno facultades extraordinarias ni la suma del poder público.
Artículo 17.- Libertad de culto. Es inviolable el derecho de todos los habitantes a ejercer su culto libre y públicamente según los dictados de su conciencia. La Provincia coopera al sostenimiento del culto Católico, Apostólico y Romano.
Artículo 19.- Libertad de expresión. Todo habitante tiene libertad de expresar y difundir, sin censura previa, sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como la libertad de buscar, recibir y transmitir información.
Ninguna autoridad provincial o municipal puede dictar leyes, decretos u ordenanzas que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de la libertad de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión no pueden ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de clausura, confiscaciones o decomisos. Toda norma en contrario es absolutamente nula.
2. A la permanente capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico.
4. A una retribución justa en base a un salario mínimo, vital y móvil.
5. A igual remuneración por igual tarea en igualdad de condiciones y a retribuciones complementarias por razones objetivas, motivadas en las características del trabajo y del
medio en que se presten.
6. A la defensa de los intereses profesionales, individuales y colectivos.
Artículo 22.- La Provincia dará prioridad a la atención primaria de la salud. Promoverá la protección materno infantil y la lucha contra las endemias, drogadicción, alcoholismo y las enfermedades infecto contagiosas.
Artículo 24.- El medicamento es considerado un bien social, debiendo el Estado arbitrar los mecanismos que tiendan a promover su accesibilidad para todos los habitantes de la provincia, así como la fiscalización de su procedencia y calidad.
Artículo 25.- El Estado promoverá la creación de centros de estudios e investigación, de formación y capacitación en materia de salud, especialmente dirigidas a las enfermedades existentes en la provincia y en la región.
Artículo 26.- El Estado podrá implementar la aplicación de un seguro provincial de salud para toda la población, según lo determine la ley que se dicte al efecto, así como también la progresiva implementación de la autogestión y descentralización hospitalaria.
Artículo 27.- Promoción de la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una obligación de los padres.
El Estado provincial asegura su cumplimiento.
Artículo 29.- Protección de la infancia. La Provincia asegura la protección de la infancia y el respeto a su identidad, previniendo y penando cualquier forma de mortificación, tráfico o explotación que sufriere.
Artículo 32.- Desarrollo de la juventud. Los jóvenes tienen derecho a que el Estado provincial promueva su desarrollo integral sin discriminación alguna, posibilite su perfeccionamiento humano y contribuya a una plena formación democrática, cultural y laboral, orientada a despertar la conciencia nacional de los mismos y la aspiración a una sociedad más justa y solidaria, que lo arraigue a su medio y le facilite su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.
Artículo 34.- Amparo a la ancianidad. La familia prioritariamente, la sociedad y el Estado provincial, atenderán a la asistencia y protección de los ancianos, propiciando que la legislación contemple: el acceso irrestricto a la salud, a la vivienda y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de reinserción laboral, de realización personal y de servicios a la comunidad.
Artículo 35.- Calidad de vida. Todo habitante tiene derecho a un ambiente sano y a que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, la conservación de los recursos naturales, culturales y la diversidad biológica y la preservación de la flora y fauna. Se prohíbe el ingreso, la instalación o radicación en el territorio provincial de residuos actual o potencialmente tóxicos.
Artículo 36.- Defensa del consumidor. Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, en especial del cuidado de los alimentos en general y con estricto control de calidad de los destinados a planes de apoyo nutricional para la infancia y ancianidad, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones en defensa de sus intereses. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial, previendo la participación de las organizaciones de usuarios y consumidores en los organismos de control.
El sufragio es universal, igual, único, secreto, obligatorio, no acumulativo e intransferible.
Artículo 40.- Derecho de iniciativa. La Provincia asegurará a los ciudadanos el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, la que deberá darles expreso tratamiento dentro del término de seis meses a partir de su presentación. La Cámara de Diputados, por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del cinco por ciento (5%) del padrón electoral para admitir la iniciativa y contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la misma.
No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados interprovinciales, tributos y presupuesto.
Artículo 41.- Consulta popular. La Legislatura, con mayoría absoluta de votos, podrá someter a consulta popular vinculante proyectos de ley sobre materias de su competencia.
La ley de convocatoria no podrá ser vetada. La aprobación del proyecto por el cincuenta por ciento (50%) de los votos emitidos, lo convertirá en ley y su promulgación será automática.
No podrán ser objeto del presente procedimiento las leyes que por esta Constitución requieran mayorías especiales para su sanción.
La Legislatura o el Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.
Una ley, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, reglamentará la consulta popular vinculante y no vinculante.
Artículo 43.- Régimen de los partidos políticos. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos y participar en su organización y funcionamiento. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución. Compete exclusivamente a los partidos políticos postular candidatos para las elecciones provinciales y municipales. Los procedimientos de selección de éstos y la elección de las autoridades partidarias son democráticos, fiel expresión de la voluntad de sus afiliados, con manifestación pública de principios y plataforma y garantizarán la representación de las minorías. En los cuerpos colegiados las bancas pertenecen al pueblo.
6. Todos los electores gozan durante el acto comicial de inmunidad de arresto, salvo en el caso de flagrante delito o de orden escrita de autoridad competente.
La ley que reglamentará el régimen electoral deberá ser sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados.
Artículo 45.- Simultaneidad electoral. Las elecciones provinciales podrán celebrarse en forma simultánea con las nacionales.
Artículo 46.- Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral de la Provincia será presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia e integrado además, por el fiscal de estado y un diputado de la minoría. En caso de impedimento serán subrogados por sus reemplazantes legales o suplentes según el caso. Actuará como fiscal del tribunal, el fiscal general.
4. Practicar el escrutinio definitivo, proclamar a los electos, otorgar sus diplomas y establecer la nómina de los suplentes. Serán proclamados suplentes los titulares que no hubieran asumido y los candidatos suplentes, en el orden de lista.
Artículo 47.- Es deber de todo habitante honrar y defender a la Patria y la Provincia, resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la
Provincia, cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional y esta Constitución provincial y las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia; cumplir y hacer cumplir los tratados interprovinciales, contribuir a los gastos que demande la organización social y política del Estado, armarse en defensa de la Patria en la forma que lo establezcan y determinen las leyes y demás normas aplicadas por las autoridades establecidas por la Constitución nacional; prestar servicios civiles en caso de que las leyes por razones de solidaridad social así lo requieran; formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales; evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.
2. El derecho de defensa en juicio no podrá ser coartado por excesos rituales manifiestos, que dificulten el acceso a la verdad jurídica objetiva sin que ello implique, en los procesos que así corresponda, suplir la actividad procesal a cargo de las partes.
Artículo 55.- Principio de inocencia. Se considera inocente a todo aquel que no haya sido declarado culpable por sentencia de juez competente pasada en autoridad de cosa juzgada.
Artículo 56.- Defensa de la libertad. La privación de la libertad durante el proceso, tiene carácter excepcional y en ningún caso se dispondrá la misma si los delitos imputados no dieren lugar a penas de prisión de cumplimiento efectivo. En todos los casos, las normas que coarten la libertad son de interpretación restrictiva.
Artículo 57.- Condiciones de la detención. Las cárceles y todos lo demás lugares destinados para el cumplimiento de penas de privación de libertad, serán sanas y limpias y organizadas sobre la base de obtener primordialmente la reeducación y reinserción social del penado mediante el trabajo productivo y remunerado. En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones que se
Artículo 59.- Amparo judicial. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo, los entes reguladores provinciales
Artículo 62.- Secreto sumarial. Los jueces podrán decretar el secreto del sumario. Pero el mismo dejará de ser secreto para las partes inmediatamente después que el acusado haya prestado declaración indagatoria ante el juez, salvo las excepciones por el término que la ley establezca.
Artículo 64.- Derecho a la cultura. La cultura es un derecho fundamental.
1. Alentar, difundir, proteger y facilitar las prácticas y productos culturales que afiancen las identidades en el ámbito de la provincia, respetándose la interculturalidad bajo el principio de la igualdad y como condición para el desarrollo humano y la paz.
Artículo 65.- Financiamiento de la cultura. El Estado proveerá los recursos necesarios para atender los emprendimientos culturales de las comunidades y actores sociales de la
Provincia y a la protección de su patrimonio.
Artículo 67.- Derecho a la educación. La educación es un derecho de las personas durante toda la vida. Constituye un medio fundamental e indispensable para lograr su plena realización y consolidar los valores de solidaridad, libertad, igualdad, justicia y paz.
Artículo 68.- Fines de la educación. La educación tiene como fin esencial propender a la formación de seres libres, críticos y con principios éticos. Estará inspirada en el reconocimiento de la dignidad de la persona, el fortalecimiento, respeto y defensa de los derechos humanos, el pluralismo ideológico, la protección del medio ambiente, la integración social para un desarrollo humano sostenido, la afirmación del sentido de pertenencia provincial, regional, nacional y latinoamericano, abierto a la integración con otras culturas.
Artículo 71.- Política educativa. La determinación de la política educativa y su fiscalización son responsabilidad del Estado, que asegurará en ella la participación de la familia, la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.
El Estado adecuará, en forma permanente, la educación a los avances pedagógicos y a las demás disciplinas científicas. Implementará programas acordes a las necesidades y características regionales de la Provincia, que guardarán una estrecha relación con la realidad social, procurando el logro de crecientes niveles de calidad y pertinencia.
La educación tendrá un financiamiento privilegiado no menor al treinta por ciento (30%) de las rentas generales de la Provincia, además de los otros recursos que leyes especiales determinen al efecto, las contribuciones de los particulares y los aportes del
Estado Nacional. La prioridad en la inversión estará orientada a las unidades educativas de mayor riesgo social.
Artículo 73.- Educación privada. La educación pública de gestión privada brindará servicios educativos en todos los niveles que la ley determine y estará sujeta a pautas generales establecidas por el Estado, quien podrá cooperar a su sostenimiento, con autoridad indelegable para acreditar, evaluar, regular y controlar su gestión. Las unidades educativas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial, deberán ser entidades sin fines de lucro.
Artículo 74.- Contenidos fundamentales. Los planes y programas de la educación pública obligatoria enfatizarán los contenidos referidos al conocimiento de la Constitución, defensa de los derechos humanos, protección de los recursos naturales y medio ambiente, educación para la salud, cooperativismo y mutualismo.
Artículo 79.- Educación especial. El Estado fomentará e intensificará la educación dirigida a personas con necesidades educativas especiales, garantizando la igualdad de oportunidades y el ingreso y permanencia en el sistema educativo.
Artículo 80.- Consejo General de Educación. El sistema educativo público estatal estará administrado por un Consejo General de Educación, que será el responsable de hacer cumplir la política fijada por los poderes del Estado y de articular los niveles educativos que la ley determine. Estará constituido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo y seis vocales docentes con una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de la profesión: tres designados por el Poder Ejecutivo y tres por elección directa de sus pares mediante el sistema proporcional de sufragios, según lo establezca la ley. Los vocales electos durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por una sola vez.
Artículo 81.- Direcciones. La Dirección de cada uno de los niveles o modalidades de enseñanza que la ley determine, estará a cargo de un docente con una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de la profesión, designado por el Poder Ejecutivo.
Artículo 85.- El Consejo General de Educación preservará la compatibilidad de los planes y programas de la enseñanza municipal con los similares de la Provincia.
Artículo 86.- Garantías. El Estado garantizará al docente del sector público el libre ejercicio de su profesión, la carrera profesional según sus méritos, el ingreso y ascenso por concurso, la estabilidad en el cargo, la retribución justa y la formación y capacitación permanente.
Artículo 90.- Incompatibilidad. Es incompatible el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, provinciales y municipales, salvo la docencia y las excepciones que determine la Ley. Artículo 91.- Declaración jurada y remuneración extraordinaria. Los funcionarios y magistrados deben presentar declaración jurada de su patrimonio al iniciar y concluir su gestión en la forma que determine la ley.
Artículo 97.- Empréstitos, bienes y fondos públicos. La Cámara de Diputados puede autorizar empréstitos sobre el crédito general de la Provincia o emisión de fondos públicos.
Artículo 101.- Cooperativas y mutuales. El Estado reconoce la función económica y social de las cooperativas y mutuales y alienta su formación y desarrollo. Deberán estar inscriptas y autorizadas para funcionar.
-Estimular la industrialización en la Provincia promoviendo, preferentemente, la relacionada con la transformación de las materias primas locales. Promueve también la radicación de capitales y de tecnología, así como de las pequeñas y medianas empresas.
- Elaborar planes de colonización de las tierras, orientados a su aprovechamiento económico y social, con preferencia en la adjudicación para la explotación directa y racional por el ocupante, su familia y grupos organizados como cooperativas.
Artículo 104.- Participación sectorial. Los poderes públicos, en consulta con los sectores productivos y del trabajo, establecen planes económico-sociales indicativos para el sector privado de la economía e imperativos para el sector público provincial y municipal. Dichos planes procurarán la creación de regiones geoeconómicas para el desarrollo equilibrado, armónico e integral de la Provincia, conjugando los intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del norte argentino y de la Nación.
Artículo 105.- Crédito. Es obligación de los poderes públicos velar por la orientación del crédito hacia tareas productivas, impidiendo la especulación. Ello, dentro del marco de las competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de moneda y crédito.
Artículo 106.- Servicios públicos. Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los municipios. Se prestan en forma directa o indirecta, por medio de concesión o a través de órganos constituidos por el Estado, los agentes afectados a la prestación y los usuarios. Deberá organizarse por ley un ente regulador de los servicios públicos privatizados, a privatizarse o concesionados.
Artículo 109.- La Legislatura, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, podrá autorizar al Poder Ejecutivo para que enajene los bienes del fisco en venta directa o cesión gratuita para la fundación de colonias, instituciones de asistencia social u otros fines de utilidad pública.
Artículo 111.- Régimen del agua. Las aguas de dominio público de la Provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción.
Artículo 117.- Turismo. El Estado provincial fomenta y coordina las políticas de desarrollo de la actividad turística en todas sus formas, como fuente inagotable de recursos de relevante importancia en nuestra economía provincial.
Artículo 118.- Composición. Funciones. El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de Diputados, compuesta por cuarenta legisladores, elegidos en forma directa por el electorado, en distrito único y bajo el sistema proporcional. La ley asegurará la participación de los ciudadanos del interior de la Provincia en no menos del cincuenta por ciento (50%) de las postulaciones expectables y de las suplencias.
Artículo 120.- Presidencia de la Legislatura. El vicegobernador es el presidente nato de la Legislatura, ejerce su coordinación y administración, conduce los debates, tiene iniciativa legislativa y sólo vota en caso de empate.
3. Tener más de dos años de residencia inmediata en la Provincia, no causando interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales o circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del elegido.
Artículo 122.- Impedimentos. No podrán ser diputados: los militares en actividad, los condenados por delitos dolosos mientras no hayan cumplidos sus penas, los que no reúnan los requisitos para ser electores en la Provincia, los que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos y quienes hubieren sido condenados por crímenes de lesa humanidad o delitos contra la administración pública.
Artículo 126.- Remuneraciones. Los legisladores gozarán de una remuneración establecida por la ley, que no podrá ser inferior a la que perciben por todo concepto los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, ni alterada mientras dure su mandato salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.
Artículo 128.- Juicio acerca de los títulos y derechos. Juramento. La Cámara de Diputados es el juez definitivo de los títulos y derechos de sus miembros.
Los legisladores, al asumir el cargo, prestarán juramento de desempeñar y cumplir fielmente la Constitución de la Nación y de la Provincia.
Artículo 131.- Sesiones. La Cámara de Diputados se reunirá automáticamente, en sesiones ordinarias desde el quince de febrero hasta el quince de diciembre, pudiendo ser prorrogadas por mayoría absoluta de sus miembros o por el Poder Ejecutivo.
La Legislatura podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, siempre que el interés público lo reclame y también por su presidente con idéntico motivo, a solicitud de un tercio de sus miembros. En caso de convocatoria por el Poder Ejecutivo los diputados podrán, hasta la iniciación de las sesiones y con el apoyo de un tercio de la
Cámara, introducir otros temas, debiendo respetarse la prioridad de trato para los propuestos por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara convocará a sesiones extraordinarias por sí, sólo cuando se trate de las inmunidades de los diputados.
Artículo 133.- Reglamento. Orden en las sesiones. La Cámara de Diputados dictará su reglamento interno. En los casos en que proceda como juez o como cuerpo elector, no podrá reconsiderar sus resoluciones, ni aún en la misma sesión. Sus decisiones serán adoptadas a pluralidad de votos, salvo los casos de mayorías especiales previstos por esta Constitución.
Las sesiones se celebrarán en local fijo y serán públicas, a menos que resolviese lo contrario cuando algún grave interés general lo exija. La Cámara es el único juez de las faltas cometidas dentro y fuera del recinto contra el orden de las sesiones y podrá reprimirlas con arresto, dando inmediata intervención al juez competente.
6. Fijar, anualmente, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. En éste deberán figurar los servicios ordinarios y extraordinarios de la administración provincial, aún cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, que se tendrán por derogadas si no se consignan en el presupuesto del año siguiente las partidas para su ejecución. En ningún caso la Legislatura podrá votar aumentos de gastos que excedan el cálculo de recursos. Si el Poder Ejecutivo no presentare el proyecto en el plazo fijado en el artículo 160 inciso 8, la
Legislatura podrá iniciar su discusión tomando como base el que esté en ejercicio.
11. Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia o la donación de terrenos fiscales para objetos de utilidad pública nacional o provincial, con exclusión de los de propiedad municipal. La decisión deberá adoptarse con los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros. Las leyes dictadas en período de excepción que no fueron ratificadas por la
Legislatura en el primer período siguiente, quedan derogadas.
Artículo 138.- Origen de las leyes. Las leyes tendrán origen en la Cámara de Diputados, por proyectos presentados por uno o más de sus miembros, por el Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial, el Defensor del Pueblo o por los ciudadanos en las condiciones previstas en esta Constitución. En la sanción de las leyes se empleará la fórmula siguiente: “La Cámara de
Diputados de la Provincia sanciona con fuerza de ley”.
Artículo 139.- Aprobación en comisiones. La Cámara de Diputados, luego de aprobar un proyecto en general, puede delegar en sus comisiones permanentes la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros.
Asimismo podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión se seguirá el trámite ordinario.
Las comisiones permanentes de la Legislatura podrán aprobar, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, los proyectos de comunicaciones y declaraciones.
Artículo 140.- Promulgación. Veto. Todo proyecto sancionado y no vetado por el Poder Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles de recibida por éste la comunicación correspondiente, quedará convertido en ley.
Vetado totalmente un proyecto, volverá a la Cámara de Diputados. Si ésta lo acepta, el proyecto quedará desechado y no podrá repetirse en las sesiones de ese año. Si la
Legislatura lo rechaza, podrá insistir en su sanción con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Vetado parcialmente un proyecto, volverá a la Legislatura. Si ésta estuviese conforme, el proyecto quedará convertido en ley con las modificaciones que motivaron el veto. Rechazadas las modificaciones, la Legislatura podrá insistir en su sanción con mayoría de dos tercios de votos de los miembros presentes, con lo que el proyecto se convertirá en ley.
Artículo 141.- La Defensoría del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito de la Legislatura, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de manera excluyente de los derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración provincial.
Artículo 142.- Sujetos. El gobernador y vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal de estado y los miembros del Tribunal de Cuentas, serán removibles por juicio político por causas de mal desempeño de sus funciones, faltas graves o delitos comunes.
Artículo 147.- Sustanciación. Aceptada la acusación, la comisión de Juicio Político sustanciará el proceso ante los demás miembros de la Legislatura, quienes deberán prestar juramento en su carácter de jurados. Para sesionar durante el juicio, el jurado requerirá un quórum de la mayoría absoluta de sus miembros y para dictar sentencia, las dos terceras partes de sus miembros.
4. En caso de vacancia del vicegobernador, la Legislatura se reunirá con el objeto de designar al reemplazante, por simple mayoría de votos, de entre una terna que propondrá el
Poder Ejecutivo integrada por legisladores de la Cámara de Diputados, hasta el fin del mandato.
5. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del gobernador y del vicegobernador y faltando más de dos años para completar el período, quien ejerza el Poder
Ejecutivo conforme lo estipulado en el inciso tercero, deberá convocar al pueblo de la Provincia a una nueva elección dentro de los sesenta días de producida la acefalía.
Artículo 154.- Residencia. El gobernador y vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la capital de la Provincia. No podrán ausentarse de ella por más de quince días continuos sin autorización de la Cámara de Diputados. En el receso de la Cámara podrán ausentarse de la Provincia por motivos de interés público y por el tiempo necesario, dando cuenta a aquélla oportunamente.
Artículo 156.- Remuneración. Inmunidades, incompatibilidades e impedimentos. El gobernador tendrá el tratamiento de "Excelencia". Tanto él como el vicegobernador percibirán el sueldo que la ley fije, el que no podrá ser alterado durante el término de su mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general. El gobernador y vicegobernador gozarán, desde su proclamación, de las mismas inmunidades e incompatibilidades que los diputados y tendrán los mismos impedimentos.
Artículo 158.- Tiempo de la elección. La elección se realizará entre los ciento veinte y cuarenta y cinco días antes de que expire el período de gobierno. El Poder Ejecutivo hará la convocatoria con un mes, por lo menos, de anticipación.
17. Prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, presidente de la Legislatura, comisiones legislativas, Convención Constituyente, Tribunal de Juicio Político,
Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas y a las municipalidades, con arreglo a la ley.
Artículo 161.- Reglamentos de necesidad y urgencia. En casos de necesidad y urgencia o que esté amenazado de una manera grave e inminente el funcionamiento regular de los Poderes Públicos o constitucionales, el Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros y previo dictamen del fiscal de estado, puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa siempre que no se trate de normas que regulen materia tributaria, electoral, régimen de los partidos políticos o tratados interjurisdiccionales. En tal caso, deberá remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocando de inmediato a sesión extraordinaria si estuviere en receso.
Artículo 162.- Régimen de ministerios. El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a cargo de los ministros y secretarios de estado que determine la ley especial de su organización, la que deslindará los ramos y funciones de cada uno.
Artículo 163.- Requisitos. Para ser ministro y secretario de estado se establecen los mismos requisitos e impedimentos que esta constitución determina para los diputados.
Podrán resolver, no obstante, por sí solos todo lo referente al régimen económico y administrativo de sus carteras.
Artículo 167.- Pedidos de informes. Los ministros y secretarios de estado deben asistir a las sesiones de la Legislatura cuando fueren llamados por ella, o suministrarle los informes escritos que se les pidiere. El incumplimiento de esta obligación constituye causal de mal desempeño en sus funciones, a los fines de su remoción.
Artículo 170.- Naturaleza y funciones. El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo de las cuentas y de la gestión del sector público provincial y de los municipios que no tuvieren tribunal de cuentas, en los aspectos legales, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales y operativos. Ejerce facultades jurisdiccionales en sede administrativa, de acuerdo con lo previsto por esta Constitución y la ley. Goza de plena independencia y autonomía funcional, dictando su propio reglamento de funcionamiento.
Los miembros del Tribunal de Cuentas serán designados tres por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados y dos por ésta; uno a propuesta del bloque de la mayoría y el segundo a propuesta de la minoría.
Artículo 172.- Duración. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva o alternada.
5. Ejercer jurisdicción exclusiva en sede administrativa para determinar las responsabilidades y los daños al patrimonio fiscal, en juicios de cuentas y administrativos de responsabilidad.
El Poder Judicial conservará todas las potestades necesarias para afirmar y consolidar su independencia frente a los otros poderes del Estado y gozará de autarquía financiera. El presupuesto general de la Provincia garantizará los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
Artículo 178.- Integración. Inmunidades. Causales de destitución. Intangibilidad de remuneración. Capacitación. El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, los demás tribunales inferiores y el Ministerio Público, de conformidad con las competencias que establezcan las leyes.
Artículo 179.- Juramento. Al asumir el cargo los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los jueces, fiscales y defensores, prestarán juramento ante el presidente del Superior
Tribunal de administrar justicia bien y legalmente y de defender la vigencia de la presente Constitución.
Artículo 180.- Incompatibilidades e inhabilidades. Los magistrados en actividad no podrán desempeñar otros cargos públicos. Prohíbase a los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial llevar a cabo acto alguno que comprometa la imparcialidad y dignidad del cargo. Les está vedada toda actividad política, salvo la emisión del voto. El quebrantamiento de dicho principio constituirá caso flagrante de mal desempeño de sus funciones y causal de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
4. Los condenados por delitos dolosos, mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha de la designación.
Artículo 181.- Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá la constitución y funcionamiento de los tribunales. Determinará el estatuto jurídico de los jueces, funcionarios y miembros del Ministerio Público y del personal al servicio de la administración de justicia.
Regulará el funcionamiento de la escuela judicial que será el ámbito natural de formación, capacitación y perfeccionamiento de los integrantes del Poder Judicial y abogados que aspiren al mismo.
Artículo 182.- Fundamento de las sentencias. Las sentencias que pronuncien los tribunales judiciales serán fundadas en el texto expreso de la Constitución o de las leyes o, en su defecto, en las leyes análogas o en los principios generales del derecho atendiendo a las circunstancias del caso.
Artículo 184.- Participación de los ciudadanos. Las leyes fomentarán la participación de los ciudadanos en la administración de justicia mediante la institución de jurados en la forma y respecto de aquellos procesos penales que la ley determine.
Artículo 187.- Superior Tribunal de Justicia. Integración. Designación. El Superior Tribunal de Justicia, con jurisdicción en toda la Provincia, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, sin perjuicio de lo dispuesto para materias federales.
Artículo 188.- Organización. Autoridades. División en salas. La organización del Superior
Tribunal de Justicia, la competencia de sus salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, así como los mecanismos para unificar criterios de jurisprudencia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.
Las autoridades del Superior Tribunal de Justicia serán elegidas, anualmente, mediante el voto de sus miembros y en todos los casos sus resoluciones deberán expresar la opinión de la mayoría absoluta de ellos.
El Superior Tribunal de Justicia tendrá una Sala Constitucional cuya competencia y funcionamiento serán fijados por ley.
1. Ser ciudadano argentino o naturalizado con ocho años de ejercicio de la ciudadanía y tres años de domicilio real e inmediato en la Provincia, si no hubiera nacido en ésta.
Los demás jueces deberán reunir las mismas condiciones de ciudadanía, residencia y título. Tener, como mínimo, treinta años de edad y menos de sesenta y cinco, y seis años, al menos, en el ejercicio activo de la profesión, computados conforme al inciso 4.
4. Nombrar a los empleados del Poder Judicial, mediante un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad; también podrá removerlos por justa causa y previa formación de un sumario.
9. Aplicar sanciones disciplinarias a jueces, funcionarios y empleados judiciales, con excepción de los miembros del Ministerio Público, de conformidad con el régimen y procedimiento que establezca la reglamentación interna.
Toda vacante en los cargos de jueces inferiores deberá ser informada por el Superior
Tribunal de Justicia al Consejo de la Magistratura en el término de cuarenta y ocho horas.
Las designaciones se realizarán dentro de un plazo de sesenta días, siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo anterior. Hasta tanto sea designado el magistrado titular en forma definitiva, el Superior Tribunal de Justicia procederá a cubrir la vacante con carácter provisorio, preferentemente con funcionarios retirados que hubiesen sido designados conforme al procedimiento constitucional. Los magistrados provisorios gozarán de idénticas potestades, inmunidades e inamovilidad que los magistrados titulares designados, salvo la limitación temporal de su nombramiento.
5. Tres representantes de la Cámara de Diputados, legisladores o no, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la minoría, a propuesta de los respectivos bloques.
Todos sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que exige esta Constitución para ser vocal del Superior Tribunal de Justicia, a excepción de los representantes referidos en el inciso 5.
Los miembros del Consejo de la Magistratura, con excepción del presidente, durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata por una sola vez.
Cesan si se altera la condición funcional por la que fueron elegidos o por la pérdida de algunos de los requisitos exigidos o por el mal desempeño de sus funciones. En este último caso, la separación la decidirá el Consejo de la Magistratura con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
Artículo 195.- Funciones del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones:
La acción será pública y podrá ser instada, ante el Consejo de la Magistratura, por la denuncia de cualquier persona o funcionario.
Una ley, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, reglamentará el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento.
4. Tres abogados elegidos por el Superior Tribunal de Justicia mediante sorteo, que se realizará anualmente de una lista con los abogados de la matrícula que reúnan los requisitos para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 198.- Excusaciones y recusaciones. El cargo de miembro del jurado es honorario e irrenunciable. Los miembros del jurado podrán excusarse y ser recusados sólo con causa fundada en la primera oportunidad posterior a la notificación al acusado de la integración del Tribunal. En estos casos se integrará conforme a lo dispuesto por la ley respectiva.
Artículo 199.- Apertura del proceso de remoción. Interpuesta la denuncia, previa investigación sumaria a cargo del Consejo de la Magistratura y oído el magistrado denunciado, se decidirá si se hace lugar o no a la formación de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 195 inciso 6. La resolución negativa pondrá fin al procedimiento.
Artículo 202.- Ministerio Público. Integración. Requisitos. El Ministerio Público tiene autonomía funcional dentro del Poder Judicial y estará integrado por el Ministerio Fiscal y el
Ministerio de la Defensa, representados por un fiscal general y un defensor general, respectivamente, quienes actuarán ante el Superior Tribunal de Justicia.
Una ley, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, regulará el estatuto orgánico del Ministerio Público y establecerá la competencia de los fiscales, defensores, asesores tutelares y demás funcionarios inferiores; determinará su orden jerárquico, número, sede, atribuciones, responsabilidades y normas de funcionamiento.
8. Asesorar, representar y defender los derechos de los pobres, menores, ausentes e incapaces, como así también a todo aquel que careciere de defensa penal.
Artículo 208.- Principios. La Ley de Municipalidades y las cartas orgánicas deberán asegurar los principios del régimen democrático, republicano y representativo, un régimen de control de gastos, la participación y el funcionamiento de entidades intermedias en las gestiones administrativas y de servicio público; garantizarán al electorado municipal el derecho de iniciativa, la consulta popular vinculante y no vinculante y la revocatoria de mandatos.
Artículo 209.- Concejales. Los concejales serán elegidos en forma directa por el electorado en distrito único. Durarán cuatro años en sus mandatos y podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. En caso de ser reelectos, no podrán serlo nuevamente sino con intervalo de un mandato. Para ser concejal se requiere tener veinticinco años de edad como mínimo y dos años de residencia inmediata y efectiva en el municipio que lo elige.
Artículo 210.- Intendente. El intendente será elegido directamente por el electorado de cada municipio a simple pluralidad de sufragios. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido por un sólo período consecutivo. Si fuere reelecto, no podrá ser elegido nuevamente sino con intervalo de un período.
Artículo 212.- Tribunal de Cuentas Municipal. Los municipios de primera categoría deberán crear un Tribunal de Cuentas dentro de su jurisdicción.
Artículo 213.- Comisionados municipales. El gobierno de las localidades o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de sufragios. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, con las facultades y requisitos que la ley establezca; podrán ser reelegidos por un sólo período consecutivo. Si fueren reelectos, no podrán ser elegidos nuevamente sino con intervalo de un período.
Los comisionados serán removidos por mal desempeño en sus funciones, faltas graves o delitos comunes. El procedimiento de remoción será realizado por el Poder Ejecutivo, quien podrá disponer la suspensión del funcionario con conocimiento de la
Legislatura. La ley establecerá el procedimiento que garantice el derecho de defensa del acusado.
Artículo 214.- Electores. Serán electores en el orden municipal, todos los argentinos inscriptos en el padrón nacional que corresponda a su jurisdicción. Podrán ser también electores los extranjeros mayores de edad con más de dos años de residencia inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción en el padrón municipal, conforme lo determinen la ley o la carta orgánica.
Artículo 218.- Entidades públicas de participación vecinal. Los pequeños núcleos poblacionales que no estuvieren organizados en algunas de las formas previstas por esta
Constitución podrán constituir una Comisión Rural de Fomento, conforme a las condiciones que la ley establezca.
Artículo 222.- Coparticipación. La distribución de la coparticipación de la Provincia a los municipios se efectuará de acuerdo con la ley en base a los principios de proporcionalidad y redistribución solidaria, contemplando criterios objetivos de reparto y procurando el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en el territorio provincial.
Asimismo, la ley dispondrá la creación de un fondo especial para atender desequilibrios financieros y solventar situaciones de emergencia.
Artículo 225.- El pueblo será convocado en virtud de ley en que se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expresándose al mismo tiempo si ésta debe ser total o parcial y determinando en caso de ser parcial, los artículos o la materia sobre los cuales ha de versar la reforma. La ley que se dé con ese objeto, en todos los casos deberá contar con despacho de comisión, sin que pueda ser objeto de tratamiento de sobre tablas. Además, deberá ser sancionada por tres cuartos de votos si fuere total y dos tercios de votos de ser parcial, en ambos casos de los miembros que integran la Cámara.
Artículo 229.- El cargo de convencional es irrenunciable. El que sin causa justificada no se incorporase o faltare al número de sesiones que establezca el reglamento de la convención, incurrirá en una multa igual al total de la retribución mensual de un diputado, la que será ejecutada por fiscalía de estado y su producido destinado a la biblioteca de la Legislatura, más la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos electivos.
Artículo 230.- La convención se compondrá de un número de miembros igual al de los diputados, quienes gozarán de las mismas inmunidades que éstos desde su proclamación hasta su cese y recibirán como única retribución gastos de representación.
Artículo 231.- La convención funcionará preferentemente en la capital de la Provincia; se instalará en el local de la Legislatura o en el que ella misma establezca. Determinará su duración hasta un máximo de noventa días a partir de su constitución, que podrá prorrogar en treinta días más. La convención tendrá facultades para dictar su propio reglamento, nombrar su personal y confeccionar su presupuesto.
Artículo 235.- Himno cultural. Adóptase como himno cultural de la Provincia de Santiago del Estero, la obra musical “AÑORANZAS” (Chacarera), con letra y música del poeta Julio
Argentino Gerez.
Artículo 237.- La Provincia de Santiago del Estero reivindica los derechos inalienables de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, como parte integrante de la Nación Argentina y apoya toda acción tendiente a la recuperación de estas tierras aún irredentas.
Artículo 238.- La Provincia de Santiago del Estero reivindica sus derechos inalienables que, por razones jurídicas, geográficas e históricas le corresponden sobre las aguas del Río Bermejo y todos los funcionarios del gobierno tienen la obligación de la defensa de los derechos de la provincia sobre dicho río regional.
SEGUNDA.- La provincia de Santiago del Estero ratifica y defiende los límites territoriales que por historia y por derecho, le corresponden.
Ratifícanse los límites de la Provincia de Santiago del Estero con las Provincias de Córdoba, Catamarca, Tucumán y Salta, fijados por las Leyes Nacionales Nros. 22.789/83, 22.742/83,
22.310/80 y 22.347/80, respectivamente.
PRIMERA.- Los integrantes del Consejo General de Educación, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones y del Tribunal de Disciplina electos en forma directa, serán reemplazados al finalizar sus mandatos en diciembre de 2007. En esa oportunidad el Poder Ejecutivo designará el tercer representante ante el Consejo conforme lo establecido en esta
Constitución. Al finalizar el período de los actuales vocales que fueron designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, serán reemplazados por los representantes designados por el mismo poder por un tiempo igual al faltante para el cumplimiento de los mandatos de los miembros elegidos en 2007. (Referida al artículo 80, 82 y 83).
TERCERA.- A los efectos de adecuar la renovación de la Legislatura a lo establecido en el artículo 118, en la elección correspondiente al año 2007, por única vez, se elegirán veinticinco diputados cuyos mandatos tendrán una duración de dos años.
CUARTA.- A los fines de la reelección que establece el artículo 119, no se computará el mandato excepcional correspondiente al período 2007-2009 a los diputados actuales, reelectos o electos en aquel período.
UNDÉCIMA.- Déjase establecido que el fiscal general del Ministerio Público será, a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma, el actual fiscal del Superior Tribunal de
Hasta tanto sea integrado el Ministerio Público de la Defensa, la representación y atribuciones del Ministerio Público continuará a cargo del fiscal general.
La ley orgánica del Ministerio Público deberá ser aprobada dentro de los ciento ochenta días de esta sanción. (Referida al artículo 202).
DUODÉCIMA.- La Ley Orgánica de Municipalidades deberá ser sancionada dentro de los ciento ochenta días a partir de esta sanción.
Los municipios de primera categoría deberán adecuar sus cartas orgánicas a lo establecido en esta Constitución. (Referida al artículo 208).
El mandato de los actuales intendentes electos en el año 2005 será considerado como primer mandato a los efectos del artículo 210.
El mandato de los intendentes reelectos en el año 2005 durará cuatro años no siendo posible la reelección inmediata. (Referida al artículo 210).
DECIMOQUINTA.- El mandato de los concejales de la ciudad de Clodomira, electos en oportunidad de la renovación parcial del Honorable Concejo Deliberante a realizarse en el año 2006, será de tres años por única vez. El mandato de los concejales de la ciudad de Villa Atamisqui, electos en oportunidad de la renovación parcial a realizarse en 2007, será de dos años por única vez.
DECIMOSEXTA.- La asunción de los comisionados municipales por elección directa, será día 23 de marzo de 2009 y su período se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2013.
(Referida al artículo 213).
DECIMOCTAVA.- Una comisión compuesta por el presidente de la Honorable Convención Constituyente, los integrantes de la comisión redactora, los presidentes de las comisiones y los presidentes de bloques revisarán la forma en que se ha registrado la sanción de esta Constitución, hecho lo cual la firmarán juntamente con los convencionales que deseen hacerlo y, sellada con el sello oficial de la Convención, se pasará copia al Archivo General de la Nación, al Archivo de la Provincia, al Museo Histórico provincial, a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Nación y de la Provincia.
Dr. Ricardo Daniel Daives, Presidente; Dr. Darío Santiago Nassif, Secretario; Sr. Héctor
Rodolfo Díaz Zanoni, Secretario; Dr. Cristian Rodolfo Oliva, Presidente de la Comisión Redactora y de Disposiciones Transitorias
En el corazón del campo central, se adosará en forma cargada o superpuesta, una estrella federal de gules de ocho (8) puntas, que simboliza el federalismo argentino, sobre ella el sol
Indígena y la cruz de Santiago Apóstol, patrono de la provincia tomado de manera idéntica a su inserción en la Bandera Oficial de la Provincia y con igual significado.
ANEXO DEL ARTÍCULO 234 DEL CAPÍTULO VII