Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/5472
Timestamp: 2020-02-25 03:41:56
Document Index: 382818986

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 9', 'Artículo 27', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 15', 'Artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 212/2005
SENTENCIA 212/2005, de 21 de julio
ECLI:ES:TC:2005:212
1. El día 21 de noviembre de 1996 el Letrado de la Generalidad de Cataluña, en representación de su Consejo de Gobierno, interpone conflicto positivo de competencia en relación con la Orden de 1 de julio de 1996 del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se conceden ayudas de educación especial para el curso 1996-1997.
a) Después de aludir a las actuaciones procesales previas a la interposición del conflicto positivo de competencia (en particular, al requerimiento de incompetencia planteado por el Gobierno de la Generalidad al Gobierno de la Nación y a la aceptación parcial y profuturo del mismo, todo ello considerado insuficiente por el Gobierno autonómico), el Letrado de la Generalidad de Cataluña comienza sus alegaciones señalando que, según se desprende del propio título de la Orden impugnada, nos hallamos una vez más ante una controversia en materia de subvenciones. El ámbito material principalmente afectado es el correspondiente a la “educación”, corolario de la enseñanza. Las ayudas, sin embargo, también tienen relación con la “asistencia social” por tener como destinatarios a alumnos discapacitados y a sus familias.
El Letrado de la Generalidad aduce a continuación que las ayudas convocadas por la Orden impugnada tienen muy escasa incidencia sobre la efectividad del derecho a la educación porque la no obtención de las ayudas en ningún caso comportará que el alumno discapacitado no siga los estudios en el régimen de “educación especial” que le corresponde, puesto que se refiere a una etapa educativa que resulta gratuita para todos en general. Ello ha de comportar que la eventual incidencia de normas básicas estatales deba ser menor que en el caso de las becas convocadas por la Orden de 15 de junio de 1994. En suma, no se justifica la necesidad de la gestión centralizada de las ayudas, vulnerándose también la competencia autonómica de desarrollo legislativo.
b) El Letrado de la Generalidad de Cataluña manifiesta a continuación que el Gobierno de la Nación sostiene en su contestación al requerimiento de incompetencia que los títulos competenciales que amparan la competencia estatal para dictar la Orden impugnada son los contenidos en el art. 149.1.1 y 30 CE, relativos a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles en el ejercicio, en este caso, del derecho a la educación, y al establecimiento de las normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución. A juicio del Gobierno de la Generalidad este planteamiento lesiona la competencia plena de aquélla en materia de “enseñanza” (art. 15 EAC).
El art. 10 del Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, que, según el preámbulo de la Orden de 1 de julio de 1996, regula con carácter general las ayudas públicas de carácter individual destinadas a la educación especial de discapacitados, establece en su punto 1 que dichas ayudas de educación especial se destinan a colaborar en los gastos que tengan que satisfacer las personas que, por su deficiencia o inadaptación, precisen de ese tipo de educación, siendo requisito necesario para obtenerlas el de “estar en edad considerada por la Ley de escolaridad obligatoria”. Este requisito se concreta, en el art. 2.2 de la Orden de 1 de julio de 1996, en “tener cumplidos los tres años de edad y no tener cumplidos los diecisiete”, limites que sólo excepcionalmente pueden se traspasados.
Así pues, estas ayudas están destinadas a hacer menos gravosa para las familias la carga económica que supone que los hijos tengan necesidad de obtener una “educación especial”.
c) El reconocimiento de las potestades normativas y de gestión de las Comunidades Autónomas que realiza la legislación aludida y la jurisprudencia constitucional no se respeta, según el Letrado de la Generalidad, en la Orden de 1 de julio de 1996, objeto de este conflicto, pues la misma agota la regulación de las condiciones de acceso a las ayudas que convoca.
Debe recordarse en este punto que la STC 68/1996 declaró inconstitucional el inciso “oídas las Comunidades Autónomas” de la regla 2 del art. 153 de la Ley general presupuestaria, por entender que la simple audiencia es una fórmula de colaboración insuficiente y que debe propiciarse otra más intensa. En suma, la Orden impugnada desplaza las competencias de la Generalidad, la cual pasa a realizar por encargo competencias que son propias.
2. Mediante providencia de 17 de diciembre de 1996, la Sección Segunda acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno para que, en el plazo de veinte días, se persone en el proceso y formule las alegaciones que considere convenientes. Asimismo, acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por si ante la misma estuviere impugnada o se impugnare la Orden objeto de conflicto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión de aquél. Por último, se acordó publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalidad”.
3. El día 16 de enero de 1997 se registró en el Tribunal un escrito del Abogado del Estado, mediante el cual, en la representación que ostenta, se personó en el proceso y formuló sus alegaciones, las cuales se recogen resumidamente a continuación:
a) El Abogado del Estado señala, en primer lugar, que la súplica del escrito de demanda contiene dos pretensiones: que se declare que la Orden impugnada vulnera las competencias de la Generalidad de Cataluña y que se declare que procede la territorialización de los fondos presupuestados para las ayudas y se transfiera a Cataluña la cuantía correspondiente.
b) A continuación, el Abogado del Estado manifiesta que las normas constitucionales y estatutarias que deben considerarse en este conflicto son el art. 149.1.1 y 30 CE y el art. 15 AEC.
La competencia estatal se asienta en el art. 149.1.1 (en relación con los arts. 9.2 y 27) y en el art. 149.1.30, todos ellos de la Constitución. De acuerdo con la doctrina constitucional (SSTC 64/1989, FJ 2 y siguientes; 189/1989 y 190/1989), es pertinente invocar el art. 149.1.1 CE cuando una mínima centralización ejecutiva es imprescindible en garantía de la igualdad de las posiciones jurídicas de todos los españoles, lo que ha sido específicamente admitido por la STC 13/1992, FJ 7. El art. 66.1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE), declara que la finalidad constitucional de las becas y ayudas que compensan las condiciones desfavorables de los alumnos es “garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la educación”. En igual sentido se pronuncia el art. 66.3 LOGSE.
Está claro que, aparte de dicha invocación del art. 149.1.1 CE, la Orden en conflicto debe ser constitucionalmente medida con las normas constitucionales y estatutarias en materia de “educación” (arts. 149.1.30 CE y 15 EAC). Dicha Orden trata de dar efectividad al derecho básico de los alumnos a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural [art. 6.1 a) de la Ley Orgánica 8/1985, que desarrolla el derecho fundamental a la educación, LODE]. Así pues, los recursos presupuestarios previstos en el art. 14.2 y 3 de la Orden impugnada son recursos del sistema educativo de finalidad compensatoria.
c) Expuesto todo lo que precede, el Abogado del Estado sostiene que, tras la aceptación parcial del requerimiento, no puede imputarse a la Orden de 1 de julio de 1996 la infracción del sistema constitucional de distribución de competencias.
4. Por providencia de 19 de julio de 2005 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 de dicho mes y año.
1. El Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña interpone conflicto positivo de competencia contra la Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 1 de julio de 1996, por la que se convocan ayudas de educación especial para el curso escolar 1996-1997.
2. Antes de abordar el examen de fondo de las cuestiones controvertidas, hemos de valorar la incidencia que pueden tener en este proceso dos cuestiones. De un lado, el hecho de que el Gobierno de la Nación haya aceptado parcialmente el requerimiento de incompetencia que con carácter previo al planteamiento del conflicto le formuló el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. De otro, que la Orden impugnada limitaba sus efectos al curso 1996-1997, de modo que su eficacia se encuentra agotada al día de hoy.
a) En cuanto a los efectos en el proceso de la aceptación parcial del requerimiento, cabe reiterar lo ya dicho al respecto en nuestra STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 2, donde poníamos de relieve, al producirse igual circunstancia, que dicha aceptación parcial no afecta sustancialmente al curso del proceso cuando la Comunidad Autónoma considera no atendida, o atendida de modo insuficiente, su reclamación competencial. Tal ocurre en este supuesto, pues la representación procesal de la Generalidad de Cataluña se refiere a ello en sus alegaciones y rechaza que la posición del Gobierno de la Nación haya atendido su reivindicación. A lo cual se une que tampoco en este caso, como ya sucediera en el resuelto en la citada STC 188/2001, la aceptación parcial del requerimiento se ha concretado en una modificación, siquiera limitada, de la Orden impugnada.
b) En lo relativo a la segunda cuestión, esto es, al agotamiento de los efectos de la Orden de 1 de julio de 1996 como consecuencia de la limitación de los mismos al curso 1996-1997, se aprecia que en los cursos sucesivos se han convocado las ayudas a través de las correspondientes Órdenes (desde la inmediata posterior Orden de 16 de junio de 1997, que las convocó para el curso 1997-1998, hasta la reciente Orden ECI/1457/2005, de 16 de mayo, que hace lo propio para el curso académico 2005-2006), las cuales mantienen similares planteamientos de atribución competencial que la Orden traída a este conflicto, por lo que procede que reiteremos una vez más nuestro criterio de que “en los casos en que se producen modificaciones normativas e, incluso, derogaciones de las disposiciones objeto de conflicto ‘hay que huir de todo automatismo, siendo necesario atender a las circunstancias concurrentes en cada caso, y, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes (por todas, STC 119/1986, 182/1988, 248/1988, 329/1993, 155/1996)’ (STC 147/1998, FJ 3). En este sentido, hemos precisado que, en un procedimiento de naturaleza competencial, esa incidencia posterior ‘no habría de llevar a la total desaparición sobrevenida de su objeto, máxime cuando las partes —como aquí ocurre— sostengan expresa o tácitamente sus pretensiones iniciales, pues la función de preservar los ámbitos respectivos de competencia, poniendo fin a una disputa todavía viva, no puede quedar automáticamente enervada por la, si así resultase ser, modificación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al litigio’ (STC 182/1988, FJ 1). De otro lado, también hemos dicho que si la normativa en relación con la cual se trabó el conflicto no es simplemente derogada, sino parcialmente sustituida por otra que viene a plantear en esencia los mismos problemas competenciales, la doctrina de este Tribunal avala la conclusión de la no desaparición del objeto del conflicto (SSTC 87/1993, 329/1993 y 155/1996)’ (STC 128/1999, de 1 de julio, FJ 4, con cita de la STC 147/1998, de 2 de julio, FJ 5)” (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 2).
3. Es necesario, tras el examen de las cuestiones procesales de orden previo, encuadrar la Orden de 1 de julio de 1996 en el sistema constitucional de distribución de competencias para, así, poder apreciar las que al efecto ostentan el Estado y la Generalidad de Cataluña en la materia correspondiente.
Ambas representaciones procesales señalan que las ayudas de educación especial reguladas por la Orden impugnada tienen una conexión prioritaria con la materia de “educación” (enseñanza), si bien realizan algunas precisiones complementarias.
Por parte del Abogado del Estado se pone de manifiesto que esa naturaleza o incardinación competencial no puede desatender la estrecha relación de estas ayudas con la materia “condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”, regulada en el art. 149.1.1 CE, toda vez que las mismas constituyen un elemento esencial para garantizar el “derecho a la educación” (art. 27 CE).
El Letrado de la Generalidad de Cataluña rechaza que la del art. 149.1.1 CE sea la materia en que deban encuadrarse estas ayudas. Sin embargo, hace referencia a que la materia “asistencia social” también incide en la regulación impugnada, si bien de modo subordinado a la de “educación”.
Pues bien, planteadas así las posibilidades de incardinación competencial, habremos de tener en cuenta que “en casos como el que nos ocupa, en que la norma cuestionada puede entenderse comprendida en más de una regla definidora de competencias, debe determinarse ... cuál de ellas es la prevalente, teniendo presente, junto con los definidos ámbitos competenciales, la razón o fin de la norma atributiva de competencias y el contenido del precepto cuestionado” (STC 153/1985, de 7 de noviembre, FJ 3, con cita de la STC 49/1984, de 5 de abril). Igualmente, habremos de tener en cuenta nuestra tradicional doctrina “de que la inclusión de una competencia genérica debe ceder ante la competencia específica (SSTC 71/1982, F2 y 87/1989, FJ 3, entre otras)” (STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 4).
4. Las distintas leyes orgánicas que han regulado la enseñanza en sus diversas modalidades y niveles han incidido en la necesidad de la existencia de un sistema de ayudas o subsidios para garantizar el acceso a aquélla.
En la STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 4, examinamos el articulado de dichas leyes orgánicas [arts. 26.3 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria; 6.1 g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, de regulación del derecho a la educación; y 66.1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, poniendo de relieve la conexión existente entre dicho sistema de ayudas y subsidios y el derecho a la educación (art. 27 CE), concluyendo entonces que “tanto la legislación orgánica como la normativa reglamentaria configuran las becas como un elemento nuclear del sistema educativo dirigido a hacer efectivo el derecho a la educación, permitiendo el acceso de todos los ciudadanos a la enseñanza en condiciones de igualdad a través de la compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables que pudieran existir entre ellos, lo que determina que los poderes públicos estén obligados a garantizar su existencia y real aplicación” (STC 188/2001, FJ 4).
En este momento, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, que ha derogado buena parte de los preceptos orgánicos antes citados (disposición derogatoria única), mantiene la relevancia antes señalada de las ayudas a la enseñanza. Así, dicha Ley Orgánica dedica una parte del capítulo III de su título preliminar a las “becas y ayudas al estudio”, de modo que su art. 4.1 establece que “para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a superar los obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso a la enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de usarlas con aprovechamiento”. Y el mismo precepto, a continuación, también prevé que “con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán ayudas al estudio que compensen las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obligatorios”.
De la legislación orgánica aludida se desprende que el sistema de becas constituye un instrumento esencial para hacer realidad el modelo de “Estado social y democrático de derecho” que nuestra Constitución impone (art. 1.1), determinando en consecuencia que los poderes públicos aseguren que la igualdad de los individuos sea real y efectiva (art. 9.2 CE). De este modo se garantizan también la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) que suponen la base de nuestro sistema de derechos fundamentales.
No es otra, en definitiva, la finalidad buscada por el legislador orgánico, que en relación con este punto ha señalado en el preámbulo de la Ley Orgánica 10/2002 que el derecho a la educación se garantiza, “entre otras medidas mediante un sistema de becas y ayudas que remueva los obstáculos de orden económico que impidan o dificulten el ejercicio de dicho derecho”, sistema que ha de tener especial significación cuando se trata, como en este caso, de ayudas públicas a discapacitados, los cuales pueden precisar de especiales medidas de orden compensatorio.
5. Lo reseñado hasta aquí, puesto en conexión con el artículo primero de la Orden de 1 de julio de 1996, objeto de este conflicto, que determina su finalidad y contenido (“se convocan ayudas de Educación Especial para el curso 1996-1997 de carácter individual para sufragar el gasto que origine la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales”), así como su adecuación a los niveles educativos relacionados en el artículo tercero de la propia Orden, pone de manifiesto que estas ayudas, aun teniendo una orientación asistencial, se conectan con mayor intensidad con la materia educativa, en la medida en que apoyan el acceso a la educación especial de quienes precisan la misma para cursar con normalidad aquellos niveles educativos.
Por tanto, de las dos materias aducidas por el Letrado de la Generalidad de Cataluña, debe prevalecer la de “enseñanza”, criterio este postulado también por dicha representación procesal que, según queda expuesto en los antecedentes, sólo enuncia el título competencial de la Generalidad de Cataluña en materia de “asistencia social” de modo surbordinado al de “enseñanza”.
Tras esta primera aproximación al encuadramiento de estas ayudas, procede que determinemos en cuál de las dos materias aducidas por el Abogado del Estado (“regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” o “normas básicas, para el desarrollo del art. 27 de la Constitución”) se incardinan aquéllas.
En dicha Sentencia, considerando que “el art. 27.5 CE determina que todos los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza”, indicamos que “tal garantía se configura como una obligación que la Constitución impone a los poderes públicos, sin predeterminación de las prestaciones o medidas que se hayan de emplear a tal fin, puesto que las becas o ayudas no vienen directamente exigidas por aquel precepto constitucional” (FJ 5). Partiendo de aquí alcanzamos dos ideas principales:
“En primer lugar, que el legislador orgánico, al desarrollar el derecho a la educación art. 27 CE), ha considerado a las becas como un elemento central para efectividad de tal derecho. Y, en segundo lugar, que dicho legislador orgánico no ha regulado el entero régimen jurídico de las becas, pues dicha configuración central se complementa con la normativa de rango reglamentario” (STC 188/2001, FJ 5).
De un lado, que basta con trasladar a la Orden de 1 de julio de 1996 el criterio de que, en razón a la delimitación positiva y negativa que presenta en nuestra doctrina el art. 149.1.1 CE (delimitación recogida en el FJ 12 de la STC 188/2001), el mismo no puede amparar los artículos de dicha Orden “que atribuyen a los órganos centrales del Estado competencias de carácter ejecutivo, pues aquél precepto constitucional está constreñido al ámbito normativo”.
Y, de otro, igualmente ocurre con el resto de la regulación material, ya que “ni los estudios objeto de beca, ni tampoco las clases y cuantía de las ayudas pueden estimarse integrantes de ese contenido primario del mencionado derecho fundamental, pues debe distinguirse, de un lado, entre los elementos generales conformadores del derecho a obtener una beca, amparables en el art. 149.1.1 CE y alcanzados por la legislación orgánica y, cumpliendo determinadas exigencias, por la reglamentaria general, y, de otro, los criterios de política educativa que instrumentan coyunturalmente su acceso al mismo” (STC 188/2001, FJ 13).
En suma, en la operación de encuadramiento realizada en dicha Sentencia concluimos que regla competencial del art. 149.1.30 CE prevalecía sobre la del art. 149.1.1 CE por su mayor especificidad. Mayor especificidad que justificamos diciendo que “mientras que la regla 1 del art. 149.1 CE se proyecta de modo genérico sobre todos los derechos fundamentales, el art. 149.1.30 CE, lo hace, de modo específico, sobre el derecho a la educación. De aquí que sea esta última regla competencial la que, en primer término, resulta aplicable al caso que ahora examinamos, pues aparece plenamente justificado que dichas becas, configuradas por el legislador orgánico como un elemento central para la garantía del derecho a la educación, sin mayor precisión normativa, sean reguladas de modo complementario por la normativa básica que le está atribuida al Estado para garantizar, precisamente, ese derecho” (STC 188/2001, FJ 6).
Este criterio debe ser mantenido también ahora respecto de las ayudas de educación especial que se controvierten. Por tanto, procede considerar las competencias que, respectivamente, corresponden al Estado y a la Generalidad de Cataluña en materia de “educación”.
Así, en lo que aquí interesa, al Estado le corresponde el establecimiento de las “normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución” (art. 149.1.30 CE), mientras que a la Generalidad de Cataluña le está atribuida “la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del art. 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del art. 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía” (art. 15 EAC).
6. Las ayudas reguladas por la Orden de 1 de julio de 1996 se concretan en aportaciones dinerarias que pueden obtener sus beneficiarios por conceptos diversos: enseñanza, transporte escolar, comedor escolar, residencia escolar, transporte para traslado de fin de semana y reeducación pedagógica o del lenguaje (artículo cuarto, 1 de dicha Orden). En cuanto a los subsidios, podrán concederse únicamente para los conceptos de transporte y comedor, según el apartado 2 del mismo precepto. Para acceder a estas ayudas y subsidios, que se conceden en cuantías determinadas, han de cumplirse los requisitos que se regulan en dicha Orden.
a) El primero de ellos consiste en tener presente que “en relación con las ayudas o subvenciones incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado, hemos manifestado que no existe una competencia subvencional diferenciada resultante de la potestad financiera del Estado, o, lo que es lo mismo, que el Estado ... no dispone de un poder general para subvenciones (gasto público), entendido como poder libre o desvinculado del orden competencial (STC 13/1992, de 6 de febrero, FFJJ 4 y 6). En los fundamentos jurídicos 7 y 8 de esa misma Sentencia hemos advertido que, cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia, aun si ésta se califica de exclusiva, o bien tiene competencia sobre las bases o la coordinación general de un sector o materia, correspondiendo a las Comunidades Autónomas las competencias de desarrollo normativo y de ejecución, puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino o, al menos, para desarrollar o complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación y siempre que respete las competencias exclusivas de ejecución y gestión que corresponda a las Comunidades Autónomas, salvo que la naturaleza de la medida haga imprescindible la gestión directa y centralizada para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector, para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional o, por último, cuando dicha centralización sea un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados a la subvención. En todo caso, la necesidad de la gestión centralizada debe aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate (STC 91/1992, de 11 de junio)” (STC 188/2001, FJ 7).
b) A este primer criterio le añadimos un segundo, indicando que “el canon de enjuiciamiento expuesto debe ser completado con el que corresponde exigir, según nuestra doctrina, a las normas básicas estatales, con el fin de verificar después si ... [se] satisfacen los requisitos exigibles a dichas normas básicas” (STC 188/2001, FJ 7).
En cuanto a los requisitos de las normas básicas, también insistimos (STC 188/2001, FJ 8) en la doble dimensión formal y material que tiene que caracterizar a aquéllas. En concreto, con referencia especial a la STC 69/1988, señalamos que la dimensión formal se manifiesta a través de la inclusión de la norma básica en la Ley formal, lo que garantiza “una determinación cierta y estable de los ámbitos de ordenación de las materias en las que concurren y se articulan las competencias básicas estatales y reglamentarias autonómicas”. Si bien, por excepción, admitíamos también que el Gobierno pueda servirse de su potestad reglamentaria para regular algunos de los aspectos básicos de una materia mediante Decreto, “cuando resulten, por la naturaleza de ésta, complemento necesario para garantizar el fin a que responde la competencia estatal sobre las bases”. En estos casos, el carácter básico de la norma reglamentaria también debe explicitarse, aceptándose excepcionalmente que no sea así cuando ello se infiera indudablemente de su propio contenido.
7. Procede, por ello, que incidamos en primer lugar en el cumplimiento de los requisitos formales de la normativa básica.
Aún en relación con el carácter básico que en su perspectiva formal pueda atribuirse a la Orden impugnada en este proceso, habida cuenta de que la misma no explicita ese carácter básico, debemos reiterar aquí lo dicho sobre las Órdenes de becas al estudio enjuiciadas en la STC 188/2001, esto es, que su naturaleza de norma básica “puede resultar admisible excepcionalmente si tal carácter se desprende de modo inequívoco de su contenido, como ocurre efectivamente en este caso al tratarse de una regulación completa cuyo cumplimiento resulta inexcusable para la obtención de las ayudas” (STC 188/2001, FJ 8).
8. Satisfecha la exigencia formal de lo básico, podemos abordar ya el examen del contenido material del articulado de la Orden impugnada, con el fin de apreciar si el mismo puede ser calificado de básico también desde esta perspectiva y ser, por ello, de aplicación en Cataluña, como sostiene el Abogado del Estado, o si, por el contrario, hubiera vulnerado las competencias de la Generalidad por carecer, total o parcialmente, de dicha naturaleza básica.
a) De un lado, los artículos que regulan los siguientes aspectos: el objeto de las ayudas y subsidios; los requisitos para su acceso; los supuestos, líneas de ayuda y sus correspondientes cuantías; y los elementos de valoración y selección relevantes para su otorgamiento. En este bloque se inscriben los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y decimotercero. Característica común a todos estos preceptos es la de regular las condiciones especiales de otorgamiento de las becas, esto es, las exigencias a cumplir para poder acceder a las mismas.
b) De otro lado, los preceptos que disciplinan la tramitación administrativa de las ayudas (presentación de solicitudes, recepción, estudio, selección, propuesta y otorgamiento) y los recursos correspondientes. Este segundo grupo, que incluye los restantes artículos de la Orden impugnada, está dedicado a la actividad de gestión de dichas ayudas y concreta las actuaciones que las Administraciones públicas han de realizar en orden a la aplicación de los preceptos del bloque anterior.
“Art. 4. Becas y ayudas al estudio.
4. Sobre la base de los principios de equidad, solidaridad y compensación, las Administraciones públicas cooperarán para articular sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para el mejor logro de los objetivos señalados en los apartados anteriores”.
9. Los preceptos incluidos en el primer grupo regulan el objeto y los tipos de ayudas y subsidios (artículo primero), los requisitos exigidos para su obtención (artículo segundo), los niveles educativos en que pueden aplicarse (artículo tercero), las líneas de ayudas y su cuantía (artículo cuarto) y los elementos a valorar para su otorgamiento (artículo decimotercero).
Hay que tener en cuenta que “en la STC 13/1992, FJ 8 b) hemos declarado que la competencia del Estado para dictar normas básicas (en este caso, en desarrollo del art. 27 CE) le permite consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, debiendo precisar ahora que, en relación con las becas, dichas condiciones esenciales de otorgamiento pueden alcanzar hasta donde sea imprescindible para garantizar el cumplimiento por los poderes públicos de sus deberes en esta materia (art. 149.1.30 CE), y resulte necesario para conseguir la finalidad deseada y garantizar una política educativa homogénea para todo el territorio nacional, sin desconocer las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas” [STC 188/2001, FJ 10 a)].
La misma valoración merecen los elementos que han de ser tenidos en consideración para la concesión de las ayudas que se contienen en el artículo decimotercero. Aunque sean criterios que detalle que han de tenerse en cuenta en el proceso de tramitación administrativa de las ayudas, los mismos se orientan a la finalidad antes señalada de garantizar igual trato a todos los solicitantes del territorio nacional, es decir, constituyen un complemento necesario de los requisitos regulados en el artículo segundo y satisfacen el principio básico de que se incluya en la competencia estatal el establecimiento de “cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas” (art. 4.1, párrafo tercero de la Ley Orgánica 10/2002).
10. En el segundo bloque de artículos se regulan las siguientes cuestiones: cumplimentación de solicitudes en determinados impresos (artículo quinto); presentación de las solicitudes en los centros educativos y admisión a trámite (artículo sexto); verificación de las solicitudes, subsanación de errores y justificación de la no acreditación de requisitos (artículos séptimo, octavo y noveno); remisión de las solicitudes a los órganos administrativos estatales y autonómicos y ordenación y clasificación por los mismos de las solicitudes (artículos décimo y undécimo); estudio y formulación de propuesta de concesión de la ayuda (artículo duodécimo); remisión de las propuestas a la Dirección General de Formación Profesional y Formación Educativa para la denegación o concesión de las ayudas (artículo decimocuarto); publicación de las solicitudes que han recibido la ayuda, otorgamiento de las mismas e interposición de recursos, correspondiendo su resolución al Secretario General de Educación (artículo decimoquinto); y autorización a la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa para el desarrollo y aplicación de la Orden (disposición final tercera).
a) En efecto, comenzando por el segundo aspecto, en dicha resolución pusimos de manifiesto que “aunque la normativa reguladora del sistema de becas tienda a garantizar el acceso a las ayudas a quienes cumplan determinados requisitos, esencialmente de orden académico y económico, asegurando así que las limitaciones de renta no constituyan un obstáculo para el acceso a las enseñanzas correspondientes, lo cierto es que todo ello no debe impedir la gestión descentralizada de las ayudas y la atención a las peculiaridades territoriales. Nuestra doctrina ya ha apreciado que la garantía de la eficacia de la normativa estatal ha de cohonestarse con el respeto al principio de autonomía, de modo que, en tal sentido, las ‘dificultades que pudieran existir ... no pueden ser alegadas para eludir competencias que constitucionalmente correspondan a una Comunidad Autónoma, pues en tal caso, bastaría que en el diseño de una legislación estatal reguladora de una matera se dificultara artificialmente su ejecución autonómica para justificar la negación o supresión de esa competencia (SSTC 106/1987, FJ 4)’ (STC 186/1999, de 14 de octubre, FJ 10)” (STC 188/2001, FJ 11).
Este criterio debe ser mantenido también aquí, no sólo porque nos encontremos en un supuesto similar al entonces enjuiciado, como reconocen las partes, sino, muy especialmente, porque la gestión autonómica de las ayudas ha sido prevista por el art. 4.3, primer párrafo, de la Ley Orgánica 10/2002, que dispone que “el desarrollo, ejecución y control de los sistemas de becas y ayudas al estudio previstos en los apartados anteriores corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia”.
“Las posibles dificultades previas pueden salvarse mediante diversas técnicas. En primer lugar, mediante una planificación que determine ... el tipo de proyectos que deba ser objeto de la actuación estratégica. La información que al respecto posea el Estado, junto con la proveniente de las Comunidades Autónomas, permite alcanzar criterios objetivos para distribuir territorialmente los fondos presupuestarios, con lo cual no tienen por qué producirse quiebras relevantes en la garantía de alcanzarse las mismas posibilidades de obtención de la subvención en todo el territorio nacional. En segundo lugar, mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación, a través de los cuales puede garantizarse la eficacia de las medidas que constituyen el objeto del Plan … [E]l argumento del agotamiento de los fondos no resulta determinante, puesto que pueden arbitrarse sistemas de cooperación que posibiliten el desplazamiento de los fondos (STC 186/1999, FJ 10).
Tampoco resulta justificado el argumento de la necesidad de una lista única de solicitantes de beca para todo el territorio nacional. El empleo de dicha lista única se ha considerado necesario por el Abogado del Estado como garantía del principio de igualdad, a fin de evitar que posibles becarios con mejor derecho en determinada Comunidad Autónoma dejen de percibir la ayuda en beneficio de otros en una Comunidad diferente. Sin embargo esta posibilidad, que, de existir, sólo se daría en el último segmento de becarios de la lista única, puede ser obviada con facilidad, dejando sin distribuir entre las Comunidades Autónomas un porcentaje de los fondos, de modo que, mediante los oportunos instrumentos de colaboración y, específicamente, a través de mecanismos de coordinación (por todas, STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2), dichos fondos se canalicen hacia los becarios con mejor derecho con independencia de su localización territorial, o utilizando cualquier otra técnica que no implique la centralización del procedimiento de otorgamiento del sistema de becas, impidiendo la gestión autonómica de la normativa estatal básica” (STC 188/2001, FJ 11).
En relación con esta doctrina, hay que tener en cuenta, que el párrafo segundo del mismo art. 4.3 de la Ley Orgánica 10/2002 exige la implantación de tales mecanismos de coordinación y cooperación, pues dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para asegurar que los resultados de la aplicación de los sistemas de becas y ayudas al estudio se produzcan sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de éstas en todo el territorio nacional se establecerán los oportunos mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.
Importa destacar que a ello se encauza la hoy vigente convocatoria de ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales (Orden ECI/1457/2005, de 16 de mayo), pues en su preámbulo se lee lo siguiente: “esta Orden y, únicamente, para el curso 2005-2006, prevé la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas a fin de que éstas puedan realizar las funciones de tramitación, resolución, pago, inspección, verificación y control y, en su caso, resolución de los recursos correspondientes a las ayudas convocadas en la misma, en tanto se procede a la sustitución del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por un nuevo Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio que recoja la doctrina establecida en la Sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional”.
En conclusión, la atribución a órganos estatales de funciones de tramitación administrativa de estas ayudas y subsidios, prevista en este segundo bloque de precepto, vulnera las competencias de la Generalidad en materia de “enseñanza”.
b) Falta por examinar la segunda tacha que pudiera afectar a este mismo bloque de artículos, relativa a la incompetencia estatal para regular la tramitación de las ayudas, pues dicha tramitación vaciaría la competencia normativa de la Generalidad de Cataluña.
Esta tacha ha se ser confirmada, “pues la regulación de todos estos aspectos no constituyen normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE, sino normas reguladoras del procedimiento de gestión de las ayudas que se inscribe en el ámbito de la competencia de la Generalidad en materia de enseñanza, y ya hemos declarado con reiteración que las normas procedimentales ratione materiae deben ser dictadas por las Comunidades Autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común (por todas, STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 8, con cita de la STC 227/1998, de 26 de noviembre, FJ 32). Por tanto, debe ser la Generalidad de Cataluña quien establezca el procedimiento de gestión, control y resolución de las solicitudes de beca que se presenten y determine los órganos competentes para ello” (STC 188/2001, FJ 11).
Queda por realizar una valoración específica de la disposición final tercera, que “autoriza a la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa para aplicar y desarrollar lo dispuesto en la presente Orden”. Esta disposición también vulnera las competencias de la Generalidad de Cataluña por un doble motivo:
Y, en segundo lugar, porque la previsión de que dicha Dirección General, en la dimensión normativa, pueda continuar desarrollando lo regulado en la Orden conlleva una infracción de la perspectiva formal de las normas básicas, pues ya dijimos que “no resulta posible que las bases continúen siendo reformuladas de modo sucesivo a través de instrumentos normativos de rango inferior a la Ley y al Real Decreto” (aunque sin excluir la Orden Ministerial capaz de contener regulación básica en esta materia en supuestos muy excepcionales, como ya hemos manifestado más atrás). Por ello, dicha reformulación sólo es aceptable a través de resoluciones administrativas (como serían las que nos ocupan, conferidas a la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa) “en la medida en que, simplemente, realizan la convocatoria anual y no incorporan prescripciones adicionales a las contenidas en las Órdenes Ministeriales respecto a las condiciones de obtención de las ayudas… [y, por ello, en esa sola medida] no contravienen tampoco el principio de no reformulación sucesiva de la normativa básica” (STC 242/1999, de 21 de diciembre, FFJJ 8 y 9). Por lo que, a sensu contrario, en este caso la disposición vulnera las competencias de la Generalidad al prever el desarrollo normativo de la Orden por aquella Dirección General.
11. En cuanto a los efectos del fallo, puesto que la Orden de 1 de julio de 1996 ha agotado todos sus efectos, debemos entender que la pretensión planteada por la Generalidad de Cataluña en este conflicto positivo de competencia se satisface mediante la sola declaración de las competencias que le corresponden.
1º Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia núm. 4215/1996 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra la Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 1 de julio de 1996 por la que se convocan ayudas de educación especial para el curso 1996-1997, declarando que vulneran las competencias de la Generalidad de Cataluña los artículos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimocuarto, decimoquinto y la disposición final tercera de dicha Orden.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez respecto de la fundamentación jurídica de la Sentencia dictada en el conflicto positivo de competencia núm. 4215/1996
La Sentencia reproduce, esencialmente, la doctrina establecida en la STC 188/2001, de 20 de septiembre, frente a la cual en su día formulé voto particular en el que, sin pretender en modo alguno poner en cuestión la lógica del reconocimiento, dentro del marco configurado por el bloque de la constitucionalidad, de las competencias específicas que corresponden a la Generalidad de Cataluña en la materia "enseñanza", expresé mi opinión contraria al establecimiento de vinculaciones o paralelismos excesivos o impropios entre el otorgamiento de subvenciones a determinadas actividades económicas y la concesión de becas o ayudas al estudio. En esta nueva ocasión, y desde luego con el mayor respeto al mantenido por la mayoría del Pleno, considero oportuno reiterar mi anterior criterio, que para evitar reiteraciones excesivas, sintetizo en los siguientes términos:
2. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia dictada en el conflicto positivo de competencia núm. 4215/1996, al que se adhieren los Magistrados don Roberto García-Calvo y Montiel y don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
1. Esta supone la transposición al caso actual de la STC 188/2001, de 20 de septiembre, recaída en un conflicto de competencia en todo similar al actual, trabado entre los mismos contendientes. Sobre esa base comprendo que la Sentencia sea de pura aplicación de la precedente; pero esa comprensión no supone que lo que no me convenció ayer pueda convencerme hoy sin nuevos fundamentos, como es el caso.
Ahorro la transcripción literal de dicho referido Voto, limitándome a la simple remisión al mismo (STC 188/2001, de 20 de septiembre, “Boletín Oficial del Estado” núm. 251, de 19 de octubre).
Baste aquí con indicar, sintéticamente, que considero que la competencia del Estado tanto normativa como administrativo establecida en la Orden cuestionada tenía firme asidero constitucional en la materia enuncia en el art. 149.1.1 CE; que estimo errónea al respecto la prevalencia conceptual del art. 149.1.30 CE respecto al art. 149.1.1 CE, por razón de una mayor especificidad de éste en relación al caso, con la consecuente limitación de las competencias del Estado, asentadas en tal “específico” título; y que estimo así mismo errónea la equiparación de las becas a las subvenciones, a efectos de la aplicación al caso de la doctrina jurisprudencial sobre la territorialización de las últimas.
“En una apreciación global y de conjunto no puedo compartir la idea de que en el marco de nuestra Constitución no pueda tener cabida hasta sus últimas consecuencias un programa nacional de becas, unificado bajo la competencia del Estado, e instrumentado como condición básica para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho fundamental a la educación”.
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 4215-1996
Fecha de resolución 21/07/2005
Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña frente a la Orden del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se conceden ayudas de educación especial para el curso 1996-1997.
Las becas se configuran como un elemento nuclear del sistema educativo dirigido a hacer efectivo el derecho a la educación (art. 27 CE), sistema que ha de tener especial significación cuando se trata de ayudas públicas a discapacitados, los cuales pueden precisar de especiales medidas de orden compensatorio [FJ 4].
Aplica la doctrina de la STC 13/1992 sobre subvenciones públicas [FJ 6].
El Estado no dispone de un poder general para subvenciones (gasto público), entendido como poder libre o desvinculado del orden competencial (STC 13/1992) [ FJ 6].
Las regulaciones de la tramitación de las ayudas no constituyen normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE, sino normas reguladoras del procedimiento de gestión de las ayudas que se inscribe en el ámbito ratione materiae de la competencia de la Generalidad en materia de enseñanza (SSTC 227/1998, 98/2001) [FJ 10].
Aunque la normativa reguladora del sistema de becas tienda a garantizar el acceso a las ayudas a quienes cumplan determinados requisitos, eliminando obstáculos para su acceso a la enseñanza, ello no debe impedir la gestión descentralizada de las ayudas y la atención a las peculiaridades territoriales ( SSTC 106/1987, 188/2001) [FJ 10].
A través de la cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, puede hacerse efectiva la igualdad de tratamiento en el acceso a las becas por los solicitantes de todo el territorio nacional, garantizando que ninguno de ellos resulte perjudicado en dicho acceso, de manera que se les asegure un trato igualitario con independencia del territorio en que se encuentren (STC 188/2001) [FJ 10].
La previsión de que un órgano estatal pueda continuar desarrollando lo regulado en la Orden cuestionada conlleva una infracción de la perspectiva formal de las normas básicas, pues continúen siendo reformuladas de modo sucesivo a través de instrumentos normativos de rango inferior a la Ley (STC 242/1999) [FJ 10].
La fijación del objeto de las ayudas y sus modalidades constituye el elemento esencial de la competencia básica del Estado, que puede determinar la finalidad y orientación de su política educativa en aras de la efectividad del art. 27 de la Constitución, y lo propio ocurre con los requisitos exigibles para su otorgamiento y con la cuantía de las diferentes líneas de ayuda (STC 188/2001) [FJ 9].
La competencia del Estado para dictar normas básicas le permite consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, sin desconocer las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas (SSTC 13/1992, 188/2001) [FJ 9].
El canon de enjuiciamiento que corresponde exigir, según nuestra doctrina, a las normas básicas estatales, con el fin de verificar si se satisfacen los requisitos exigibles a las mismas en su doble dimensión formal y material (STC 188/2001) [FJ 6].
La naturaleza de norma básica de las Órdenes de becas al estudio, puede resultar admisible excepcionalmente si tal carácter se desprende de modo inequívoco de su contenido, como ocurre en este caso al tratarse de un regulación completa (STC 188/2001) [FJ 7].
Aplica la doctrina de la STC 188/2001 sobre el encuadramiento competencial de las ayudas a la educación, reiterando que no se materializa de modo principal en el art. 149.1.1 CE sino en el art. 149.1.30 CE [FJ 5].
Las ayudas de educación especial, aun teniendo una orientación asistencial, se conectan con mayor intensidad con la materia educativa, en la medida en que apoyan el acceso a la educación especial de quienes precisan la misma para cursar con normalidad aquellos niveles educativos [FJ 5].
Cuando la norma cuestionada pueda entenderse comprendida en más de una regla definidora de competencias, debe determinarse cuál de ellas es la prevalente, teniendo presente tanto el fin de la norma atributiva de competencias y el contenido del precepto cuestionado, como que la competencia genérica debe ceder ante la competencia específica (SSTC 71/1982, 49/1984, 190/2000) [FJ 3].
La aceptación parcial del requerimiento, no afecta sustancialmente al curso del proceso cuando la Comunidad Autónoma considera no atendida, o atendida de modo insuficiente, su reclamación competencial, a lo cual se une que dicha aceptación no se ha concretado en una modificación, siquiera limitada, de la Orden impugnada (STC 188/2001) [FJ 2].
Las nuevas convocatorias de ayudas mantienen similares planteamientos que la Orden cuestionada, por lo que procede que reiteremos que en los casos en que se producen modificaciones o derogaciones de las disposiciones objeto de conflicto es necesario atender, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial (SSTC 119/1986, 147/1998) [FJ 2].
La resolución que adoptamos debe tener en cuenta la normativa sobrevenida y vigente en el momento de la adopción de la decisión (STC 1/2003) [FJ 8].
Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 1 de julio de 1996. Concesión de ayudas de educación especial para el curso 1996-1997
Artículos 5 a 12, 14, 15 (delimita)
Disposición final tercera (delimita)
Artículo 1.1, f. 4, VP I
Artículo 9.2, f. 4, VP I
Artículo 27, ff. 3 a 5, 9, 10
Artículo 149.1.1, ff. 1, 3, 5, VP I, VP II
Artículo 149.1.30, ff. 1, 5, 9, VP I, VP II
Artículo 15, ff. 1, 5, VP I
Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero. Régimen unificado de ayudas públicas a disminuidos
Artículo 26.3, f. 4
En general, ff. 1 a 3, 5, 11
Artículo 1, ff. 5, 6, 9
Artículos 2, 4, 13, f. 9
Artículo 3, ff. 5, 9
Artículo 4 apartados 1, 2, f. 6
Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto. Aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre discapacidad
Título preliminar, capítulo III, f. 4
Artículo 4, ff. 5, 6, 8
Artículo 4.1, ff. 4, 9
Artículo 4.3 párrafos 1, 2, f. 10
Orden ECI/1457/2005, de 16 de mayo. Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales, para el curso académico 2005-2006
Canon de constitucionalidad competencialCanon de constitucionalidad competencial, ff. 9, 10, VP I, VP II
Cláusula de prevalenciaCláusula de prevalencia, f. 3, VP II
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 5, 10
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 5, 9, VP I, VP II
Competencias en materia de becas y ayudas al estudioCompetencias en materia de becas y ayudas al estudio, ff. 5, 10
Competencias en materia de educaciónCompetencias en materia de educación, ff. 5, 9, 10, VP I, VP II
Competencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdadCompetencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdad, ff. 9, 10, VP I, VP II
Derecho a la educaciónDerecho a la educación, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ius superveniensIus superveniens, f. 8
Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 3, 9, 10, VP I, VP II
Poder de gasto del EstadoPoder de gasto del Estado, f. 6
Prevalencia del título específico sobre el genéricoPrevalencia del título específico sobre el genérico, ff. 3, 5
Prevalencia relativa del título más específicoPrevalencia relativa del título más específico, ff. 5, 6
Afectación genérica de fondos presupuestariosAfectación genérica de fondos presupuestarios, f. 9
Alumnos con necesidades educativas especialesAlumnos con necesidades educativas especiales, ff. 5, 10
Asistencia socialAsistencia social, ff. 3, 5
Ayudas al estudioAyudas al estudio, ff. 4, 10
BecasBecas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
EducaciónEducación, ff. 9, 10, VP I
Gestión de subvenciones públicasGestión de subvenciones públicas, f. 10
Procedimiento administrativo comúnProcedimiento administrativo común, f. 10
Requisitos formales de la normativa básicaRequisitos formales de la normativa básica, ff. 6, 7
Requisitos materiales de la normativa básicaRequisitos materiales de la normativa básica, ff. 6, 8
Subvenciones públicasSubvenciones públicas, ff. 3, 5, 6, 9, 10
Subvenciones públicasSubvenciones públicas, Doctrina constitucional, f. 6, VP II
Subvenciones públicasSubvenciones públicas, Límites, f. 6