Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43558654
Timestamp: 2020-07-14 03:54:25
Document Index: 406710304

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 137', 'artículo 152', 'artículo 146', 'artículo 10', 'artículo 153', 'artículo 145', 'artículo 153']

Sentencia de Constitucionalidad nº 008/95 de Corte Constitucional, 17 de Enero de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 43558654
Sentencia citada en: 143 sentencias, 9 artículos doctrinales
El texto que a continuación se transcribe es el enviado a la Corte por el S. General del Senado de la República mediante oficio fechado el 10 de junio de 1994, en el cual se certifica que la versión definitiva del proyecto fue aprobada por las plenarias de Cámara y Senado el día 8 de junio del presente año.
La Información Comercial solamente podrá ser divulgada para los fines específicos para los cuales se recopiló, y no podrá ser usada para coaccionar de manera ilegítima a personas o entidades, o para ejercer arbitrariamente el propio derecho, ni para fines distintos de los del último inciso del artículo 15 de la Constitución Nacional, en los términos de la presente Ley.
No podrán existir archivos o registros secretos de Información Comercial y toda persona tendrá acceso a la información o datos que sobre ella se conserven, así como a solicitar su rectificación o actualización, sin perjuicio de las normas especiales relativas a la seguridad nacional, prevención, control y represión de actividades ilícitas o delictivas y la información tributaria en poder de la administración de impuestos.
Serán gratuitas las consultas presenciales o no documentarias, que sean efectuadas por el sujeto concernido, tanto como el trámite de sus solicitudes de rectificación o actualización que prosperen. La información que se provea por escrito en virtud de las solicitudes de consulta sobre el estado de los registros, o de las peticiones de rectificación o actualización que prosperen, podrán ser cobradas a las mismas tarifas que los operadores tengan establecidas para los usuarios habituales.
Transparencia, es decir, que la circulación de datos sea libre siempre y cuando se dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.
Confidencialidad y seguridad, es decir que los bancos y los archivos deben estar protegidos contra los peligros de pérdida, destrucción y uso no autorizado o fraudulento, de la información en ellos contenida.
C.V. y correcta utilización de los datos, para que sean exactos y actualizados, de tal manera que permitan responder sobre la situación real de las personas sobre quien versa.
La persona objeto de la información o sus legítimos representantes.
B.C. persona que haya tenido relaciones de índole civil, comercial, administrativa, bancaria o laboral con la persona objeto de la información, siempre y cuando ésta se refiera a los actos, situaciones, hechos, derechos y obligaciones objeto de tales relaciones o derivados de las mismas, sobre las cuales la fuente tenga conocimiento directo.
Los registros, documentos o publicaciones a los cuales haya tenido acceso el banco o archivo y de los cuales dará noticias, en los casos previstos en esta ley.
Otros bancos o archivos, cuando actúan en calidad de fuentes de información, que serán responsables por la información que suministren, y otras personas naturales o jurídicas que hayan recibido su información de las fuentes mencionadas en éste y en los numerales anteriores y que, por lo tanto, puedan ser fácilmente comprobados.
A las personas objeto de dicha información a quienes se refiere el artículo 4o. de la presente Ley o a sus legítimos representantes o a sus herederos o legatarios si hubieren fallecido, o a cualquier otra persona debidamente autorizada por los anteriores.
A los funcionarios de la rama judicial, de la Procuraduría General de la Nación, a la administración de impuestos nacionales, a la Contraloría General de la República, a las Comisiones del Congreso Nacional en los términos del artículo 137 de la Constitución Nacional y a cualquier otra Autoridad que tenga jurisdicción para exigirla.
A cualquier persona de quien se sepa con razonable certeza que:
La usará para una transacción crediticia que concierne a la persona objeto de la solicitud.
La usará para efectos de conferir empleo a la misma persona.
La usará para evaluar una solicitud de amparo de seguro.
La usará para cualquier otro fin que exija el indagado la asunción de responsabilidades de naturaleza financiera o comercial frente al Estado o a entidades particulares o en relación con una operación legítima de negocios.
1) El ciudadano J.H.B.A. solicita a la Corte que declare exequible la totalidad del proyecto en revisión.
2) El ciudadano N.R.A., en extenso documento, impugna parcialmente el proyecto de ley objeto de revisión así:
- A su juicio, una ley estatutaria debería desarrollar, para el caso de la intimidad, el buen nombre, el Habeas Data y el derecho a la información -que son los temas "involucrados superficialmente en el texto del proyecto"-, el concepto moderno de tales derechos y prescribir la manera como el Estado debe respetarlos y garantizarlos, así como las condiciones en que el ciudadano tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre él.
3) J.C.T., en su condición de Defensor del Pueblo, manifiesta sobre el proyecto que se examina:
4) El ciudadano W.A.P. solicita en su escrito que la Corte declare la inconstitucionalidad de varios artículos integrantes del proyecto:
El día 29 de noviembre de 1994, por decisión de la S.P. de la Corte, se llevó a cabo una Audiencia Pública durante la cual, con la participación del Viceministro de Comunicaciones, el Procurador General de la Nación, el Ponente del proyecto en el Senado, el Defensor del Pueblo, el doctor C.A.B., en calidad de experto, y todos los intervinientes, se efectuó un detenido análisis sobre el contenido y los alcances del articulado.
V. la Corte en primer lugar si, según las pruebas que obran en el expediente, el procedimiento de aprobación del proyecto de ley Nº 12/93 Senado, 127/93 Cámara se ajustó en su integridad a las prescripciones de la Carta Política.
En cuanto se refiere a derechos fundamentales, esta Corte ha destacado que la reserva constitucional de su regulación por el trámite calificado, propio de la ley estatutaria, no supone que toda norma atinente a ellos deba necesariamente ser objeto del exigente proceso aludido, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la competencia del legislador ordinario".
De lo cual resulta que, al fijar el exacto alcance del artículo 152 de la Constitución, no puede perderse de vista que el establecimiento de reglas mediante las cuales se ajuste u ordene el ejercicio mismo de los derechos fundamentales implica, de suyo, una regulación, que, por serlo, está reservada al nivel y los requerimientos de la especial forma legislativa en referencia". (Corte Constitucional. S.P.. Sentencia C-425 del 29 de septiembre de 1994).
Según certificación expedida por el S. General del Senado y de acuerdo con lo aparecido en los números correspondientes de la "Gaceta del Congreso" (280 de 1993, 27 y 57 de 1994), el proyecto fue publicado oficialmente antes de darle curso y fue aprobado en la Comisión primera del Senado el día 21 de octubre de 1993 y en sesión plenaria de la misma Corporación el 2 de noviembre de 1993.
Como se deja dicho, aprobado en la pertinente comisión y en la plenaria del Senado los días 21 de septiembre y 2 de noviembre de 1993, respectivamente, y aprobado también en la respectiva comisión permanente de la Cámara de Representantes el 4 de mayo de 1994, el proyecto fue sometido a consideración de la plenaria de dicha Corporación y aprobado por ella el 1º de junio de 1994, pero debe anotarse que el texto votado favorablemente por el Senado difería en varios aspectos del que se consideró en la Cámara de Representantes. Fue integrada, entonces, el 7 de junio de 1994, una comisión accidental de concertación compuesta por senadores y representantes. (Cfr. "Gaceta del Congreso" Nº 78. Junio 17 de 1994. P.. 40), la cual rindió informe a las plenarias en estos términos:
aprobación definitiva al proyecto de ley por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el ejercicio de la actividad de recolección, manejo, conservación y divulgación de información comercial.
F.R.F.G.G. CORREA
El informe fue aprobado por las plenarias de Senado y Cámara el 8 de junio de 1994 (Cfr. Certificación del S. General del Senado y "Gaceta del Congreso" No. 75 del miércoles 15 de junio de 1994, pág. 4, y No. 79 del viernes 17 de junio de 1994, pág. 7).
Las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las cámaras en el término que les fijen sus P.s.
Por su parte, en materia de mayorías, el artículo 146 de la Carta determina: "En el Congreso pleno, en las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial".
En el asunto que se considera, en los números correspondientes de la "Gaceta del Congreso" no aparece consignado el número de votos con el que cada cámara aprobó el proyecto.
En la certificación expedida por el S. General del Senado de la República, remitida a la Corte junto con el proyecto, se dice:
"El Congreso Nacional le ha dado trámite a este proyecto de Ley Estatutaria atendiendo los artículos 152 y 153 de la C.N., los artículos 207 y 208 numeral 2º de la Ley 5a de 1992, particularmente en la exigencia de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso".
Ante la aludida falta de información, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 19 de agosto de 1994, delegó a la doctora M.C.R., M.A. (artículo 10, inciso 2, del Decreto 2067 de 1991), para que practicara una diligencia de inspección judicial en las secretarías de Senado y Cámara, con el objeto de determinar si en el caso del proyecto materia de examen se cumplió lo previsto en el artículo 153 de la Constitución Política.
"La Secretaría General a cargo del doctor D.V.T., informa a la Presidencia que se ha constituido el quórum decisorio. En consecuencia la P. (sic) declara abierta la sesión plenaria..." (Subraya la Corte).
Se dió entonces curso al segundo punto del orden del día ya que el primero estaba destinado cabalmente al llamado a lista y a la verificación del quórum. Este segundo punto se refería a los "negocios sustanciados por la Presidencia", en cuyo primer lugar se encontraba la consideración del informe presentado a la Cámara por una comisión accidental de conciliación sobre objeciones presidenciales. Se votó al respecto y se continuó votando sobre diversos proyectos de ley, entre ellos el que se revisa.
En efecto, pese a que en la página 4 se dice que "en el curso de la sesión" se hicieron presentes otros representantes, no se determina cuándo ocurrió eso, si antes, después o mientras se efectuaban las distintas votaciones y, por otra parte, es claro que tanto la Secretaría como la Presidencia habían partido de la base, desde el comienzo, de que había quórum decisorio sin haberlo.
El P. dice:
El S. General anuncia: es aprobado el articulado del Proyecto de ley número 127/93 Cámara, señor P..
El señor P. solicita al señor S. leer el título del Proyecto de ley número 127/93 Cámara.
El S. procede así:
Dice el señor P.: ¿Aprueba la plenaria el título del Proyecto de ley número 127/93 Cámara?
El S. General contesta: Es aprobado el título del Proyecto de ley número 127/93 Cámara, señor P..
Pregunta el señor P.: ¿Quieren los honorables Representantes que el Proyecto de ley aprobado se convierta en ley de la República?
El S. General anuncia: Así lo quieren señor P.".
La sesión plenaria de la Cámara, durante la cual se dijo haber aprobado en segundo debate el proyecto de ley objeto de examen, se llevó a cabo sin haberse completado siquiera el quórum decisorio, pues según el artículo 145 de la Carta, "las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente".
Puesto que no está probado en qué momento se completó el quórum decisorio respecto de cada una de las votaciones y conociéndose que ellas se habían iniciado sin que aquél se hubiera conformado, todas las determinaciones adoptadas durante la mencionada sesión carecen de efecto.
En cuanto al trámite propio de las leyes estatutarias, fue vulnerado abiertamente el artículo 153 de la Constitución, que establece el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso para que un proyecto de esa categoría se entienda aprobado.
Como antes se ha dicho, con posterioridad a las sesiones en las cuales se dió segundo debate al proyecto en Cámara y Senado, dadas las divergencias entre los textos votados en una y otra corporación, se constituyeron comisiones accidentales de conciliación que, después de reunidas conjuntamente, acordaron "acoger en su integridad el texto aprobado por la plenaria de la Cámara".
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la S.P. de la Corte Constitucional, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los requisitos que establece el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
C., comuníquese al P. del Congreso de la República y al P. de la República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
Sentencia nº 11001-03-15-000-2013-01388-01(AC) de Consejo de Estado - Sección Quinta, de 21 de Mayo de 2014