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Timestamp: 2017-03-25 05:04:14
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9 SESION PLENARIAS NUMERO 8 CELEBRADA EL MARTE 14 DE FEBRERO DE 2012 by PEPE SERRANO - issuu
14 de febrero de 2012.—Núm. 9
celebrada el martes 14 de febrero de 2012
— Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los centros especiales
de empleo. (Número de expediente 172/000007.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificación del orden del día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre revisión del estatuto de
los expresidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para
garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 11, de 3 de enero de 2012. (Número
de expediente 162/000052.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de derechos humanos. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 7, de 28 de diciembre de 2011. (Número de
expediente 162/000037.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento
del «Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo
integral y sostenible de las comarcas mineras». (Número de expediente 173/000001.) . . . . . .
— Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del
Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135
de la Constitución española. (Número de expediente 173/000002.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proposiciones no de ley. (Votación.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
regular su régimen de incompatibilidades
entre la percepción de retribuciones con
cargo a fondos públicos y privados . . . . .
Presenta la proposición no de ley el señor Martínez
Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario
Conforme a lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara
la exclusión del orden del día de la presente semana
del punto número 23, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), lo que se aprueba por asentimiento.
los señores Tardà i Coma y Baldoví Roda, del
Grupo Parlamentario Mixto y Centella Gómez, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Modificación del orden del día . . . . . . . . . .
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Amor,
del Grupo Parlamentario Socialista y Gómez de la
Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Presidencia somete a la Cámara la modificación del
orden del día de la presente semana, en el sentido de
que el punto número 24, relativo a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Mixto, pase a debatirse antes del punto 22, relativo a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Unión Progreso y
Democracia, lo que se aprueba por asentimiento.
enmiendas presentadas interviene el señor Martínez
Del Grupo Parlamentario Unión Progreso
y Democracia, sobre revisión del estatuto de los expresidentes del Gobierno y
promoción de las iniciativas legislativas
necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre el Plan de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
enmiendas presentadas interviene el señor Yuste
Presenta la proposición no de ley el señor Esteban
Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
los señores Gil Lázaro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Jáuregui Atondo,
del Grupo Parlamentario Socialista y Salvador
Armendáriz y Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
del Gobierno para las administraciones
públicas en desarrollo de las previsiones
del artículo 135 de la Constitución española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario Unión
Progreso y Democracia; los señores Nuet Pujals,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Defiende la moción el señor Saura García, en nombre
el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario
Unión Progreso y Democracia; la señora Romero
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso; los señores Coscubiela Conesa, del
Izquierda Plural; Quevedo Iturbe y las señoras
Jordà i Roura y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Gil Lázaro solicita la palabra sobre la base
del artículo 70, que no le es concedida.
enmiendas presentadas interviene el señor Esteban
urgentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En turno de fijación de posiciones intervienen los
señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario de IU, ICVEUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
el cumplimiento del «Plan nacional de
reserva estratégica de carbón 2006/2012
y nuevo modelo de desarrollo integral y
sostenible de las comarcas mineras» . . .
enmiendas presentadas interviene el señor Saura
Sometida a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre revisión del estatuto de los ex presidentes
del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia
en su régimen de retribuciones y regular su régimen
de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados, se
rechaza por 26 votos a favor, 291 en contra y tres
Defiende la moción el señor Yuste Cabello, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
el señor Álvarez Sostres y la señora Fernández
Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario
Unión Progreso y Democracia; Sánchez Díaz, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan
de derechos humanos, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, se aprueba por 306 votos a favor, 14 en
(EAJ-PNV) y la señora Riera i Reñé, del Grupo
urgentes. (Votación.) . . . . . . . . . . . . . . . .
Democracia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
sobre el cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo
mineras, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 127
votos a favor y 192 en contra.
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN
PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE REVISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS EX PRESIDENTES DEL GOBIERNO Y PROMOCIÓN
DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN SU RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES Y REGULAR SU RÉGIMEN DE
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LA PERCEPCIÓN DE RETRIBUCIONES CON CARGO A
FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. (Número
de expediente 162/000052.)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones
públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española, se rechaza
por 108 votos a favor, 180 en contra y 32 abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a sustanciar el
punto I del orden del día, relativo a las proposiciones no
de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia,
sobre revisión del Estatuto de los expresidentes del
Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas
necesarias para garantizar la transparencia en su régimen
de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a
fondos públicos y privados. Para la presentación de esta
iniciativa tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
Se suspende la sesión a las siete y veinte minutos de la
Señorías, la PNL que hemos presentado, relativa al
régimen de retribuciones de los expresidentes, no es una
cuestión que tenga que ver con la contabilidad nacional
o con políticas de ahorro en momentos de crisis, sino
que me gustaría dejar claro que para nosotros es ante
todo una cuestión de ética pública que paso a explicar.
En realidad, creo que es importante entender que esta
propuesta se enmarca en la percepción de que lo que
estamos atravesando no es una mera crisis económica;
es también, sobre todo, una crisis social, una crisis política y una crisis, unido a todo ello, de valores. Para salir
de la crisis actual en la que estamos metidos hace falta
tomar reformas políticas de calado, profundas y ambiciosas. Una de ellas, que sin duda tiene mucho que ver
con la situación que estamos viviendo, es la de promocionar medidas de regeneración de la ética pública. No
queremos decir con esto que el régimen retributivo de
los expresidentes sea un régimen inmoral o que ataque
a la ética tal como se entiende o como una serie de
creencias privadas, pero sí que realmente no es de recibo
que en una situación como la actual en la que se están
exigiendo e imponiendo a los ciudadanos que sostienen
el sistema político con sus contribuciones e impuestos
todo tipo de medidas restrictivas —subida de impuestos,
congelación del salario mínimo interprofesional, retraso
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), SOBRE LA CONTINUIDAD DE
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1
del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara
la exclusión del orden del día de la presente sesión del
punto 23, correspondiente a la interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Vasco, PNV. ¿Lo acuerda así la
Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
El señor PRESIDENTE: Asimismo, se propone al
Pleno de la Cámara la modificación del orden del día
en el sentido de que el punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, pase a
debatirse antes del punto 22, relativo a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
privada— o nos dedicamos con todo derecho a la actividad privada pero no aspiramos a retribuciones públicas.
Es fundamental además llamar la atención sobre el
cambio que se está produciendo en la opinión pública
respecto a la percepción de cuáles son estos privilegios
de la llamada clase política. No es un tema banal. Los
barómetros del CIS nos dan la información de que en
el año 2008, al comienzo de la crisis, justo cuando
comenzaba pese a que se negaba, solamente un 7 por
ciento de los encuestados consideraban que la clase
política, así en general, fuera un grave problema para
este país. En el último barómetro —en el de diciembre,
en el de enero exactamente no lo sé—, ese porcentaje
había subido hasta casi el 20 por ciento. Lo que estamos
diciendo es ni más ni menos que el 20 por ciento de las
personas encuestadas por el CIS en España consideran
que los partidos políticos, los que ocupan cargos, la
clase política en general son en sí mismos un problema
para este país. Y este es un problema sumamente grave
que no debería ser ni ignorado ni despreciado ni minusvalorado. Tenemos experiencias históricas precedentes
suficientemente alarmantes para recordar lo que pasó
en Europa entre 1905 y 1939, cuando se unió una gran
recesión, una gran depresión económica, con el auge de
movimientos antisistema. Aunque ahora la situación no
sea la misma —y no se trata de ser agoreros—, sí que
hay que tener en cuenta que este crecimiento constante
y permanente de la actitud de rechazo frontal a la clase
política, que además, por cierto —les quiero subrayar—
según el propio CIS viene de los sectores más politizados y no de los más despolitizados, es un problema
que debería considerarse una emergencia política y no
una cuestión banal.
Por tanto, lo que nosotros les proponemos es tratar
esta cuestión como una cuestión de ética pública. ¿En
qué consiste esta llamada a la ética pública? En que todos
los ex altos cargos del Estado, comenzado por los ex
presidentes del Gobierno —como decía— por el valor
ejemplar que tienen, renuncien; es decir, hagamos que
por ley sea incompatible la percepción simultánea de
retribuciones públicas y privadas, y también de más de
una retribución pública. Esto, por supuesto, se puede ir
concretando y detallando más adelante, pero lo que
nosotros ahora planteamos aquí, como un comienzo de
esta regeneración del sistema, es que los ex presidentes
del Gobierno tengan que elegir —como les decía— entre
retribuciones privadas que les vengan por sus actividades
profesionales, sean las que sean, o retribuciones públicas;
que sea una o y no una y. Aquí la conjunción es absolutamente esencial y elemental. Se trata de enviar un
mensaje a la sociedad de que a la clase política, así llamada, realmente le importa y le interesa la igualdad, y
de que no son una especie de anfibios extraordinarios
que, a diferencia de los ciudadanos corrientes, tienen la
habilidad y la cualidad reconocida legalmente, que se
prohíbe a todos los demás, de tener beneficios privados
y beneficios públicos simultáneamente. Esa es la cuestión y eso es lo que nosotros queremos plantear con esta
de la edad de jubilación, etcétera—, sin embargo, queden
al margen de todo este tipo de medidas eso que los
medios de comunicación y también ya el lenguaje coloquial han dado en llamar la clase política, la casta política. Desde luego puede parecer injusto que se achaque
en general a la clase política o a la casta política el estar
al margen de estas medidas de austeridad que exige la
crisis. Sin embargo, esa es la percepción que existe y
realmente no es una percepción irreal como se percibe
cuando uno recibe, por ejemplo, como respuesta de los
medios de comunicación a la propuesta que estamos
haciendo que 80.000 euros anuales son más o menos
algo así como un dinero de bolsillo, una calderilla para
gastos que los expresidentes deben afrontar.
Todos sabemos que en España el sueldo medio es de
aproximadamente 22.500 euros anuales —la media, con
grandes desigualdades—, que gran parte de los salarios
en España están incluso por debajo de los 1.000 euros
mensuales y que por lo tanto de lo que estamos hablando
no es tanto de una cuestión de contabilidad —insisto—,
de una cuestión de políticas de ahorro como de una
cuestión de ética pública; es decir, de cómo entendemos
los aquí presentes, esta Cámara y en general todos aquellos que tenemos cargos políticos representativos, cuál
debería ser la respuesta de los cargos públicos y de los
excargos —en este caso de los ex presidentes del
Gobierno— a una emergencia como la que la actual
crisis plantea. Me gustaría señalar, además, que si hemos
escogido a los ex presidentes del Gobierno no es porque
sean pocos o porque no sean de nuestro partido o cosas
parecidas; es porque precisamente debido al alto cargo
que han ostentado tienen un efecto de representatividad,
de ejemplaridad pública, que es lo que buscamos. Lo que
intentamos es enviar a la opinión pública un mensaje de
que aquellos que tenemos cargos públicos y vamos a
dejar de tenerlos estamos absolutamente convencidos de
que en ningún caso debemos utilizar esta situación transitoria para acumular privilegios. Porque se quiera
entender como se quiera entender, si al ciudadano
corriente, es decir, al 99,99 por ciento de las personas de
la sociedad se les prohíbe percibir simultáneamente
retribuciones públicas y retribuciones privadas es porque
es un privilegio, es porque es una norma excepcional que
va en contra de la norma universal que dice que no
debemos mezclar los intereses privados con los intereses
públicos. Por lo tanto, si alguien recibe retribuciones
públicas es porque no está empleando su cargo o su
situación particular institucional al servicio de sus intereses privados. Este es el sentido que tiene decir que
también a los ex presidentes del Gobierno —por pocos
que sean, por modestas que a algunos les puedan parecer
las retribuciones que perciben— se les aplique la ley
general. Se trata ante todo de imponer el principio de
igualdad ante la ley, que es el básico de la democracia.
No hay excepciones a la idea de que todos debemos estar
sometidos a un régimen de incompatibilidades en lo que
se refiere a las retribuciones. O escogemos retribuciones
públicas —y en ese caso nos retiramos de la actividad
completo y detallado informe respecto de todas las prerrogativas y demás beneficios existentes, tanto en la
Administración General del Estado como en los órganos
constitucionales. Entendemos que este informe lo debe
incluir todo, desde las tarjetas de crédito y su disponibilidad hasta los regalos institucionales, pasando por todo
aquello que hoy día es motivo de escándalo. Por ello,
señorías, manifestamos nuestro voto favorable a la iniciativa de UPyD y les pedimos que acepten nuestras
enmiendas porque creo que, dicho con toda humildad,
mejoran su buena propuesta.
proposición no de ley. Insisto, no es tanto una cuestión
de montante económico, que tampoco es despreciable
en una situación de crisis, porque a la zaga de los expresidentes se han ido apuntando, como no podía ser menos,
ex presidentes autonómicos, exministros, ex consejeros
autonómicos, ex presidentes del Congreso y del Senado,
ex presidentes también del Tribunal de Cuentas, del
Consejo de Estado, etcétera, y de lo que se trata es
—como decía— de enviar ante todo un mensaje a la
opinión pública de que hay una profunda preocupación
por la moralización de la vida política. Eso es lo que
nosotros les queremos proponer y ese es el sentido de
nuestro proposición no de ley, no tanto como el ahorro,
que sin duda no es importante, que se conseguiría con
esta medida. Y eso es lo que sometemos a su votación.
Por el mismo Grupo Mixto tiene la palabra el señor
Martínez Gorriarán.
Se han presentado enmiendas formuladas por algunos
grupos. Interviene para su defensa, en primer lugar, por
el Grupo Mixto el señor Tardà.
Desde aquí voy a anunciar al grupo UPyD que Compromís Equo también va a apoyar esta propuesta en
coherencia con la propuesta que ya hizo Compromís en
el Parlamento valenciano, donde añadimos dos artículos
al Estatuto de los expresidentes valencianos, en el sentido de: Los presidentes del Gobierno no podrán, desde
el momento en que se produzca el cese, ejercer funciones
directivas o de asesoramiento a ninguna empresa pública
ni privada a excepción de empresas familiares o de titularidad propia y gozar al mismo tiempo de los derechos
y prerrogativas recogidos en los artículos de esta ley. En
el caso de que un expresidente acceda a funciones directivas o de asesoramiento de empresa pública o privada a
que hace referencia el apartado anterior, cesaría inmediatamente en los derechos y prerrogativas antes enunciados. En la proposición que hicimos en el Parlamento
valenciano quisimos introducir —y yo creo que también
estaría bien que se introdujera aquí— un nuevo artículo
que creo necesario a la vista de cómo están algunos
expresidentes tanto en el País Valenciano como en las
Islas Baleares y que hace referencia a presidentes imputados. En ese sentido, cuando un presidente o expresidente sea condenado por sentencia firme por un delito
contra la Administración pública de los tipificados en el
título XIX del Código Penal o norma que le sustituya,
ocurrido durante su mandato, faltando así a la dignidad
y al decoro de las altas funciones ejercidas, será desposeído de la consideración, atención y apoyo recogidos
en los artículos antes referidos. Sería muy conveniente
hacer caso de esta iniciativa, dada la situación dramática
que pasan muchísimas familias. En la actualidad, el
espectáculo de algunos expresidentes cobrando grandes
cifras en la empresa privada y al mismo tiempo aceptando lo que les da la jubilación es un poco injurioso e
insultante para muchas familias. Por cierto, ¿por qué hay
tantos políticos en los consejos de administración de los
grupos energéticos? Este sería el momento de dar
ejemplo y es lo que la gente de la calle espera.
Señorías, en la pasada legislatura el Partido Socialista
y el Partido Popular rechazaron una iniciativa parlamentaria de Esquerra Republicana de Catalunya para eliminar el sueldo vitalicio de los señores Aznar y González.
Repito, el Partido Socialista y el Partido Popular nos la
rechazaron, y blindaron la jubilación de oro al señor
Aznar y al señor González; por cierto, impúdico, máxime
en los tiempos que vivimos, y muy poco de izquierdas
si miro al señor González y a los compañeros del Partido
Socialista, porque además este sueldo vitalicio es compatible con otros ingresos de estos señores al servicio de
las multinacionales y de empresas que acumulan muchos,
muchos, muchos beneficios a costa de la ciudadanía.
Luego no nos llevamos a engaño sobre esta propuesta de
los compañeros de UPyD. Creo que es buena y la vamos
a votar favorablemente. (Risas.) Rían, rían, la vergüenza
fue que ustedes en la pasada legislatura rechazaron
nuestra demanda. Vamos a votar a favor, por supuesto;
cómo no vamos a votar a favor, cuando todos sabemos
cuál es la visión que ciertamente tiene la ciudadanía, que
creo muy injusta, aun cuando a veces parece que queremos darle razones para que pueda opinar francamente
de una forma no demasiado favorable de los políticos,
lo cual nos lleva a preocuparnos sobre los mismos fundamentos del sistema democrático.
Ahora bien, debo decir que para nosotros sería interesante que el grupo proponente aceptara dos enmiendas
nuestras. Creo que son buenas. En una pretendemos que
el Congreso de los Diputados manifieste la voluntad de
crear una comisión de estudio para la eliminación de los
privilegios de ciertos políticos. Además, para que
podamos hacer un buen trabajo en esta Cámara, pedimos
e instamos al Gobierno para que envíe a esta Cámara un
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, tiene que ir
administrar después empresas en cuya privatización ha
podido intervenir él mismo, algo que nosotros no justificamos de ninguna manera. Pero no es solo que no lo
justifiquemos nosotros —sé que eso para ustedes tiene
un valor muy limitado—, sino que, como les digo,
estamos alimentando valores contrarios a la democracia;
estamos alimentando ese fascismo oculto, ese fascismo
de rostro humano que quiere avanzar sobre la ola de
acabar con el prestigio de la política, que quiere sacar a
la ciudadanía de la política, que quiere sacar al ciudadano y a la ciudadana de la identificación con sus dirigentes.
Por eso, es muy importante que hoy aquí, en esta
Cámara, seamos conscientes de lo que votamos, que sean
ustedes conscientes de lo que votan; que sean conscientes de que si hoy aquí rechazamos esta propuesta
estamos diciéndole a la gente que queremos constituir
una casta política, que ustedes quieren hacer una clase
política que nosotros rechazamos. Nosotros creemos que
hoy aquí tendríamos que ser mucho más gente que políticos, tenemos que estar mucho más identificados con la
ciudadanía que con lo que hoy puede ser el privilegio de
unos dirigentes.
Por eso, como decía, la propuesta tiene más valor que
lo que pueda representar su propia redacción; la propuesta tiene el valor de abrir un debate, de abrir una
reflexión fundamentalmente sobre la diferenciación
entre el representante político y el trabajador, el ciudadano normal de a pie. Y no tiene que haber ningún privilegio; tampoco tiene que haber ningún castigo. Nosotros rechazamos que se criminalice a la política, a los
políticos; rechazamos cualquier ataque que pueda haber
hacia la política porque, repito, eso esconde fascismo
puro y duro, pero tampoco podemos darle pie, tampoco
podemos en estos momentos servir para eso. Hemos
criticado y seguiremos criticando que haya presidentes
que dejen de ser presidentes y pasen a la Función pública.
También hemos criticado que pueda haber privilegios
que se utilicen después, cuando uno ya no ejerce el cargo.
Por eso —repito—, los jarrones chinos tienen que ser
cuidados y mimados, pero no pueden estar en El Corte
Inglés o en un centro comercial para su venta al mejor
postor. Tenemos que cuidar esta imagen de la política y
hoy aquí tenemos esa oportunidad. No ha habido ni
siquiera enmiendas para mejorar por parte de los grupos
mayoritarios y nos consta que ustedes van a decir que
no, pero hoy ustedes aquí asumen esa responsabilidad,
que le criticaremos en esta Cámara y también cuando
salgamos porque la gente tiene derecho a saber lo que
ustedes van a votar hoy aquí.
El señor BALDOVÍ RODA: Acabo, me queda una
En todo caso, soy muy escéptico respecto de que vaya
a prosperar esta iniciativa porque también en nuestro
Parlamento el PP se opuso a que prosperara esta iniciativa.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente,
señorías, nuestro grupo va a apoyar esta propuesta en
coherencia con lo que hemos venido defendiendo en
anteriores legislaturas; eso sí, hemos presentado una
enmienda que creemos que la mejora. En todo caso,
estamos dispuestos a llegar a un acuerdo porque es
importante que esta Cámara dé hoy un paso hacia delante
en unos tiempos en los que el verdadero fascismo no
viene levantando el brazo ni marcando el paso de la oca,
sino que viene en la ola del desprestigio de la política y
de los políticos; en unos tiempos en los que es fundamental recuperar la ética pública; en unos tiempos en los
que es fundamental recuperar el concepto de representatividad de los ciudadanos para que se sientan identificados con quienes los pueden gobernar. Por eso, esta
iniciativa tiene un calado importante desde el punto de
vista de las ideas, de la defensa de una transparencia y
de una coherencia. Y no solamente porque estamos en
crisis; esta propuesta tiene valor para siempre. No solamente porque estamos en crisis es fundamental que haya
incompatibilidad entre un sueldo público y un trabajo
privado, sino que aunque no haya crisis es fundamental
que quien ha sido presidente del Gobierno después no
trabaje en una empresa que ha sido privatizada. Es fundamental que los ciudadanos recuperen credibilidad y,
aun a sabiendas de que puedan ser injustas o tendenciosas muchas de las críticas que se pueden hacer a la
política y a los políticos, es clave que hoy aquí demos
un paso hacia delante y marquemos la diferencia con un
pasado que no es presentable, un pasado en el que después de ser presidente —y no es una frase nuestra— se
pasaba a la categoría de jarrón chino pero se podía seguir
ejerciendo en el trabajo privado. Queremos que los
expresidentes sean jarrones chinos, pero que estén para
eso, para ser cuidados y mimados, no para ser utilizados
Es muy importante que la ciudadanía hoy mire a esta
Cámara y vea que sus representantes son conscientes de
lo que hoy pide la mayoría de la población, y hoy la
mayoría de la población nos pide que demos ejemplo de
lo que tiene que ser defender la dignidad de un presidente, de un expresidente o de un ex alto cargo y de lo
que tiene que ser una incompatibilidad regulada para
Para exponer la fijación de posiciones de los grupos
tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco
(EAJ-PNV) el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor
Me temo —esperaba que no— que, dadas las intervenciones de hoy, volvemos a la política espectáculo en
este hemiciclo. Y lo digo por el mensaje que se ha querido enviar desde el proponente, ya que en mi opinión
este ha sido un mensaje dirigido únicamente a la opinión
pública, rodeado de moralina y de bastante demagogia,
y porque además si lo unimos a la interpelación que se
ha presentado, me parece que las iniciativas de su grupo
van a ir por la política espectáculo, al menos en este
inicio de la legislatura. Suscitar este tema, con el cual
nosotros estamos a favor, es decir, creemos que se
debería regular de una manera distinta al estatus de los
expresidentes, al inicio de la legislatura llama la atención. Desde luego, llama la atención la enmienda presentada por el Grupo Esquerra Republicana, desde la
simpatía que tengo al señor Tardà. Sinceramente, la
propuesta que hacen me parece que es la intención de
hacer un Hola de la política. Otra vez escarnio público
y dar a entender que esto es un cachondeo y que todos
los políticos tienen privilegios y se benefician. Y mire,
no; más descrédito para la política, no. Eso no ayuda ni
a la democracia ni a la transparencia que usted dice
pretender, todo lo contrario.
Nuestra opinión ya fue explicitada dos veces en esta
Cámara. Para nosotros los expresidentes deben gozar de
un estatus lo suficientemente honorable, que les permita
vivir correctamente y que también en cuanto a expresidentes les permita desempeñar labores, funciones en
cargos que el Estado pueda entender en algún momento
necesarios. Nos parece que mantener una retribución y
un cierto estatus para los ex presidentes del Gobierno es
algo correcto y que se debe hacer. Ahora bien, cosa
diferente es que un expresidente opte por dejar aparcado
el carácter público de su actividad, aunque no ejerza la
Función pública, quiero decirlo claramente. Puede que
no esté ejerciendo Función pública alguna, pero puede
que su actividad sea únicamente relacionada con temas
públicos. Si esto es así, mientras se mantenga eso, de
acuerdo, que siga recibiendo unos honorarios, pero si
abandona esta exclusividad o en su totalidad el carácter
público de su actividad, parece lógico, parece claro que
no es necesario que el Estado tenga que subvenir a su
mantenimiento. Por lo tanto, creemos que debería haber
una incompatibilidad y en este sentido coincidimos con
lo que decía el señor Rubalcaba en la precampaña, exactamente el sábado 8 de octubre, que venía a decir que un
político, un sueldo. Pues lo mismo con los ex presidentes
del Gobierno, mientras estos sean políticos, un sueldo,
pero si se dedican a otras cosas, pues no. Se dice que es
una asignación para la oficina, que la retribución son dos
años, que después desaparece. ¿Para qué la necesita si
se dedica al lobby o si se dedica a actividades privadas?
¿Es que no tiene ya una secretaria y no tiene ya suficientes medios en el ámbito privado? Además, dinero
público no vamos a poner para eso. Por tanto, como se
suele decir: o a peras, o a Rolex; o a setas, o a Rolex; o
estamos a una cosa, o estamos a otra; o se pretende ser
lobbista y defender determinados intereses de algunos
consejos de administración, o se pretende defender los
intereses del Estado y, por tanto, en esta situación —únicamente en esta situación— sí estaría justificado ese
estatus representativo y esa retribución.
La verdad es que nuestra intención era votar a favor
de la propuesta que hacía UPyD, porque nos manifestamos también en este mismo sentido en la legislatura
anterior. No estamos de acuerdo —ya lo dijimos
entonces— con los límites temporales. Los límites temporales no tienen por qué existir si una persona no entra
en actividades privadas. A nosotros nos parece que la
dignidad de un excargo de estas características no estaría
en absoluto en desacuerdo con que hubiera un sueldo
político. Íbamos a votar a favor, insisto, pero no sé en
qué va a quedar la transaccional, porque, sinceramente,
la transaccional desvirtúa todo. ¿Cuál es la intención?
¿Mejorar la regulación existente o hacer política espectáculo, hacer una comisión, un informe respecto a todas
las prerrogativas y demás beneficios que —esto lo digo
yo— supuestamente reciben quienes ostentan cargos
públicos? ¿Política-demagogia con medidas en lugar de
tratar de encontrar la solución, política-espectáculo o
verdadera intención de modificar la reglamentación
existente? Pues dependiendo de eso, de cuáles sean sus
intenciones y de cómo sea la propuesta que se eleve, será
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Además,
señor Esteban, se ha ajustado perfectamente a su tiempo.
Unió) tiene la palabra el señor Jané.
Señorías, la primera propuesta que el Grupo de UPyD,
como tal grupo parlamentario, plantea en esta X Legislatura es una propuesta en la que, dando prioridad a este
asunto, podría parecer que es lo más urgente que en estos
momentos debe o puede acordar el Pleno de la Cámara
para instar al Gobierno a que presente un proyecto de
ley; un proyecto de ley teledirigido a la figura de los ex
presidentes del Gobierno, de sus llamados privilegios,
de sus atribuciones. Se busca un objetivo, el objetivo de:
vamos a estigmatizar de alguna manera a la clase política
y lo vamos a focalizar en la figura de los ex presidentes
del Gobierno. Esta es para su grupo parlamentario, señor
Martínez, la primera propuesta que plantean ante el
Pleno del Congreso de los Diputados en esta legislatura.
Coincido con el señor Esteban en que es un cierto planteamiento de ir a buscar lo que en estos momentos puede
vender ante un determinado sector de la opinión pública,
de buscar una propuesta que puede ser oportunista, que
puede perseguir esa política-espectáculo de la que
Convergència i Unió quiere apartarse. Esta función, la
función parlamentaria y la función política, o la dignifi-
Otros países, que por suerte tienen un sistema democrático históricamente más consolidado que el nuestro,
nos darían lecciones del rol, del prestigio y de la necesidad de dar ese papel institucional a quienes han sido
sus presidentes de Gobierno. Me gusta saber preservar
en nuestras leyes y en nuestro ordenamiento ese necesario rol institucional que estas personas que han servido
al país y que de alguna manera tienen esa experiencia
pueden y deben aportar.
camos entre todos los que estamos aquí o nadie nos la
va a dignificar. Debemos defenderla entre todos los que
estamos aquí, sabiendo como sabemos que hay disfunciones que debemos corregir. En la propuesta que ustedes
presentan alguna disfunción hay, que yo comparto y que
debemos corregir, pero debemos huir de planteamientos
que pueden alejarse del rigor y de la seriedad y buscar
ese oportunismo que algunos sectores fuera de aquí nos
buscan, y si nos buscan habrá quien quiera que les
encuentren, no Convergència i Unió. Mi grupo está para
esa dignificación de la función parlamentaria, de la función política, de quienes han ejercido ese rol institucional
importantísimo de haber sido presidentes del Gobierno.
Estamos hablando de unas figuras que son piezas
claves en nuestro sistema parlamentario y democrático,
la figura de un ex presidente del Gobierno, y cierto es
que existe una normativa que establece que tras dos años
en los que perciben una indemnización por tener incompatibilidad para realizar otras actividades, reciben una
asignación para llevar a cabo una oficina de expresidente
para ejercer ese rol que pueden y deben desempeñar.
Convergència i Unió está a favor de que los ex presidentes del Gobierno puedan desempeñar ese rol institucional porque tienen mucho que aportar por su experiencia, por lo que han vivido, por las decisiones que han
tenido que impulsar y adoptar, con sus luces y sus sombras en cada uno de sus mandatos. Pero no podemos
despreciar esa labor, ese rol que pueden y deben realizar
los ex presidentes del Gobierno jugando a corto, pidiéndole al Gobierno que con prontitud, en dos meses,
replantee esa oficina del ex presidente del Gobierno, que
entendemos que puede tener su utilidad. Otra cosa distinta —por eso le decía, señor Martínez, que hay aspectos
de su propuesta que podemos entender— es cuando un
ex presidente del Gobierno, legítima y lícitamente,
decide llevar a cabo una actividad privada muy potente,
una actividad privada empresarial muy importante, con
importantes retribuciones privadas también, y hacer eso
compatible con la asignación que se pueda recibir.
Quiero citar a mi buen amigo y exdiputado Jesús Quijano
que, pronunciándose sobre idéntico debate en la pasada
legislatura, decía que esto puede ser legal y lícito, pero
que en ocasiones no es estético o puede parecer menos
ético y, por tanto, aquí quizá sí se abre una brecha de
reflexión de futuro, brecha en la que también podríamos
aprovechar que el propio Gobierno ha anunciado un
proyecto de ley de transparencia en el ejercicio de los
cargos públicos y de transparencia en el ejercicio de la
utilización de todos los presupuestos públicos y, quizás
en ese marco de la futura ley de transparencia, podamos
entre todos, sin demagogia ni oportunismo, intentar
regular mejor aquellas disonancias que se pueda
entender, desde el consenso, que en ocasiones se dan.
Pero, qué quieren que les diga…
Sánchez Amor.
Hemos podido apreciar, con toda nitidez, en este rato
de discusión esta tarde que, además de la habitual alineación ideológica izquierda-derecha en este Parlamento, además de las alineaciones que tienen que ver
con lo territorial, hay otra perfectamente obvia, la de los
partidos que han gobernado habitualmente, la de los
partidos que han sentido el peso de lo institucional, y
los que hacen política con esa perspectiva que, por
decirlo en términos populares, tiene más que ver con
predicar que con la de dar trigo. Además, una variante
de esa política leve, que debo decir que a veces envidio
por esa levedad, es sencillamente seguir miméticamente
los estados de opinión que se detectan en las encuestas:
¿que el CIS detecta un malestar con la política?, se hace
sencillamente un discurso antipolítica. ¿Que hay un
cierto cansancio o reticencia hacia las comunidades
autónomas?, pues se hace política antiautonómica. ¿Que
se pretende una circulación acelerada de las élites?, pues
se habla del exceso de la profesionalización de la política, por cierto, desde carreras políticas a prueba de
bomba. Y cuando alguna encuesta no es capaz de determinar una posición clara de la opinión pública, ese tipo
de política sencillamente se calla. Eso puede ser muy
populista, pero ayuda muy poco a un examen crítico de
nuestro sistema político que posiblemente sea muy
necesario. Esa flexibilidad de nuestro sistema político,
demostrada durante mucho tiempo, no puede ser un
sometimiento a las modas intelectuales de un cierto
experimentalismo irreflexivo. Hablaba el texto de UPyD
de un problema de transparencia y, como el señor
Martínez Gorriarán no ha hablado de ello, me lo evito.
Tampoco parece un coste excesivo —no ha insistido el
señor Gorriarán en ello— Tenemos afortunadamente
una Ley Electoral, alegremente desprestigiada muchas
veces, que cumple perfectamente una de sus mejores
funciones, hacer gobiernos estables, y como efecto
colateral de esa Ley Electoral tenemos muy pocos
expresidentes, cinco desde 1977, mientras que Italia ha
tenido en ese periodo quince.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, tiene usted que
Por tanto, si se va a pedir esa presencia parece lógico
que el régimen que les habilita para hacerlo dignamente
se mantenga hasta el último día con la misma dignidad
que el primer día. En relación con la incompatibilidad,
reitero que no se trata de una retribución, por tanto no
se puede poner el ejemplo de una retribución pública y
una retribución privada. Señor Gorriarán, UPyD parte
de un sofisma. Puesto que un expresidente acepta una
responsabilidad privada remunerada, deja de ser expresidente y no debe tener a su disposición estos medios.
Eso no es así. Con independencia del juicio que merezca
a cada uno —lo han dicho aquí algunos de los intervinientes—…
Se habla en el texto de UPyD de la consideración y
respeto y de la dignidad institucional, y así han hecho
referencia a esa cuestión algunos de los intervinientes.
A nadie nos gustó ver cómo un primer ministro —no se
trata de un primer ministro español— pasó a ser administrador de una empresa de gas rusa. Precisamente,
porque esas cosas no gustan, no son lógicas en un sistema democrático, se crean este tipo de sistemas, que
evitan un paso precipitado desde el poder público a los
intereses privados, porque todos sabemos que además
de las habilidades personales de nuestros primeros ministros, seguramente sus contactos y su agenda tienen
también algo que ver con esas ofertas. Los países
Schengen, por eso, tienen todos un régimen similar al
Se ha hablado poco hoy aquí de una cuestión que me
parece esencial. ¿Por qué la democracia española no
ha sido capaz de sacarles mayor rendimiento a sus ex
primeros ministros? ¿Por qué no se les ha utilizado más
frecuentemente para misiones de Estado? Ha vuelto a
salir aquí la expresión, yo diría que la perversa imagen
del jarrón chino, que está llena de connotaciones peyorativas, —inútil, que sobra o molesta—, pero en otros
países esos jarrones chinos están ejerciendo funciones
en la ONU o en la Unión Europea —Sampaio, Giscard,
Blair—; otros en funciones humanitarias, como Carter,
como Oscar Arias; otros para sus propios gobiernos,
como el señor Villepin en Libia, como el señor Primakov en Medio Oriente, como el señor Fitzgerald en
la pacificación de Irlanda, como el señor Martens en
las crisis belgas. A los nuestros parece que solo se les
llama desde fuera y me parece que deberíamos revisar
por qué eso es así.
Hoy solo está en cuestión aquí, aunque ha salido la
cuestión de la pensión y la de la asignación, la retribución, la llamada dotación para gastos, señor Gorriarán.
No es una retribución, no es un sueldo, no es una pensión, es una retribución para gastos que no tiene una
contraprestación concreta. Y si no se entiende eso,
estamos llevando a la gente a una confusión, porque se
le está hablando a la gente de dos sueldos, cuando no
existe tal doble sueldo; existe el sueldo que tenga cada
expresidente y una asignación para gastos. Y sobre esa
cuestión ustedes plantean dos cuestiones: la duración y
la incompatibilidad. Sobre la duración, lo lógico es que
ese régimen se mantenga mientras exista la condición
que da lugar a ese régimen especial. ¿Cuándo dejan de
ser expresidentes los expresidentes? Nunca, ¿verdad?
Por tanto, lo lógico es que el régimen de los expresidentes se mantenga mientras ellos sean expresidentes,
es decir, para siempre. Los expresidentes no lo son
durante una temporada y luego pasan a ser ciudadanos
anónimos. ¡Qué más quisieran! Por suerte o por desgracia, están sometidos a un escrutinio público —no hay
más que ver cómo las conferencias del señor Aznar o las
propiedades del señor González están en los periódicos—, pero sobre todo se va a requerir su presencia
social, académica y política en la vida pública española.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor, tiene
usted que acabar.
Lo que quiero decirles es que esos expresidentes lo
son irremediablemente y van a ser requeridos para
nuestra vida pública. ¿Qué preferimos? ¿Que vengan a
ejercer su actividad como expresidentes dependiendo
económicamente de Gazprom, o preferimos que ese
billete de avión, ese hotel, ese cuarto, esa secretaría esté
dotada por las instituciones españolas? Desde ese punto
de vista, esta dotación de gastos no es más que una
garantía para una mejor separación de los intereses privados y los intereses públicos. Por estos motivos, señor
Gorriarán, vamos a votar en contra de su proposición no
de ley, diciéndole, para terminar: utilicemos más a los
ex presidentes del Gobierno y, sobre todo, no utilicemos
esta tribuna para seguir desprestigiando la política.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez
el señor Gómez de la Serna.
Señorías, señores de UPyD, es la tercera vez que
presentan ustedes, solos o en compañía de otros, una
iniciativa de estas características en el plazo de un año.
Yo comprendo que esta iniciativa tiene su morbo periodístico, tiene su pegada, es efectista y además les confiere a ustedes un indudable protagonismo. Están en su
derecho, no faltaba más, pero de ahí a que esta sea una
iniciativa de regeneración democrática del país, perdonen, señorías, pero ahí no vamos a estar de acuerdo.
(Aplausos.) Nosotros creemos, señorías, que la regeneración democrática es otra cosa; regeneración democrática es fortalecer la independencia del Poder Judicial, es
fortalecer el Tribunal Constitucional, es fortalecer la
Fiscalía General del Estado, es generar austeridad en las
administraciones públicas, es hacer que los gestores
públicos sean responsables de su gestión también ante
se reduce a esto, a que esos 6.000 euros mensuales para
gastos de oficina se perciban durante solo algunos años
y que además esa cantidad impida a los expresidentes
ejercer su profesión privada. Eso es todo. Es decir,
ustedes pretenden que durante esos años los expresidentes que tengan oficina no puedan tener profesión y
que, pasados esos años, además de quedarse sin profesión, se queden sin oficina. Es un planteamiento, pero
ligar esto a la regeneración democrática, francamente,
me parece demagógico. A los ciudadanos, si se les
cuentan las cosas…
los tribunales, es que en momentos de crisis como la que
atraviesa España las iniciativas parlamentarias, en este
momento durísimo de nuestra realidad, se centren en los
problemas de la ciudadanía, y es también regeneración,
señor Tardà, eso tan español de desterrar el cainismo
político y el resentimiento. Quiero decirles, señorías, que
la regeneración democrática es incompatible con el
populismo, que es incompatible con el efectismo, que es
incompatible con al demagogia. Y señor Martínez
Gorriarán, si a mí esta tarde usted me mezcla en su
intervención los efectos demoledores de la crisis económica con la situación de dos ex presidentes de Gobierno,
yo le diré que mientras ustedes se ocupan —porque es
su primera iniciativa— de esas dos personas, nuestro
grupo se está ocupando de 5.300.000 parados en España.
(Aplausos.) Intentemos, por lo tanto, desterrar los planteamientos facilones e intentemos desterrar la demagogia
de esta Cámara, como se ha dicho ya en alguna intervención anterior.
Lo que ustedes le solicitan a la Cámara y al Gobierno,
señorías, es que se introduzcan tres reformas en tres
aspectos muy claros del Estatuto de los expresidentes.
En primer lugar, que las asignaciones sean temporales y
no vitalicias; como si fueran vitalicias todas ellas. En
segundo lugar, que se establezca un régimen de incompatibilidades; como si no existiera. Y en tercer lugar, que
esas retribuciones se perciban en régimen de transparencia; como si fueran opacas. Empezando por el tema
de la transparencia, yo les diré, señorías, que todas las
asignaciones de los expresidentes del Gobierno están en
los Presupuestos Generales del Estado y que, por lo
tanto, ni son oscuras, ni son poco transparentes, ni son
poco diáfanas, están clarísimas y están allí negro sobre
blanco para todo el que quiera consultar los presupuestos. Le diré además que, siendo eso así, lo que no
podemos hacer es trasladar a los ciudadanos la sensación
de que la situación es la contraria, porque eso además
de demagógico es falso.
En segundo lugar, señorías, en cuanto a la temporalidad y a la compatibilidad, no se puede mezclar todo,
como ha hecho usted hoy en esta tribuna. Hay tres asignaciones que reciben los ex presidentes de Gobierno en
España. En primer lugar, una indemnización equivalente
al 80 por ciento de la retribución que percibían como
presidentes del Gobierno, que no es una indemnización
vitalicia, sino temporal, por dos años; por cierto, señor
Tardà, la mitad que en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, tal y como ustedes aprobaron. La segunda
percepción es la pensión de jubilación, que se percibe
naturalmente a partir de la edad de jubilación y que
además es incompatible con la anterior. Y en tercer lugar,
que es donde parece que está el quid de la cuestión y el
problema de regeneración democrática en España, la
puesta a disposición de los medios en favor de los expresidentes, que son: un coche, un conductor, un servicio
de seguridad, dos asistentes y la dotación de unos 80.000
euros brutos anuales, es decir, unos 6.000 euros brutos
mensuales. Pues bien, señorías, yo creo que su propuesta
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez de la Serna,
tiene usted que acabar.
Si a los ciudadanos se les cuentan las cosas como son,
sin efectismos, entenderían perfectamente que en un país
del nivel de España las personas que han sido ex presidentes del Gobierno no queden en situación de infrarrepresentatividad o de escasa dignidad institucional. Ni lo
entenderían ni les gustaría ni lo aprobarían. Por eso,
señorías, y porque el quid de la cuestión es cómo entre
todos los españoles rentabilizamos al máximo el activo
indudable que supone tener ex presidentes del Gobierno
de la talla de los ex presidentes del Gobierno que tiene
este país, mi grupo va a votar en contra de la proposición
Señor Martínez Gorriarán, ¿acepta su grupo alguna
de las enmiendas presentadas?
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: No, señor
presidente. Agradecemos a los grupos sus enmiendas,
que son muy interesantes, pero preferimos que se vote
(EAJ-PNV), SOBRE EL PLAN DE DERECHOS
HUMANOS. (Número de expediente 162/000037.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto
del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre el Plan de derechos
humanos. Para la presentación de la iniciativa tiene la
palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Mi grupo parlamentario presenta ante esta Cámara una propuesta para
plantear en esta legislatura que ahora comenzamos un
plan de derechos humanos que sirva de marco al
nios internacionales que, a través de la Constitución
—como he dicho antes—, pasan a ser parte del ordenamiento jurídico del Estado, como cualquier otra norma
aprobada por las Cortes. A partir de ahí, instamos al
Gobierno a que realice una evaluación completa sobre
cómo se desarrolló y qué consiguió el Plan de derechos
humanos anterior y cuál es el punto al que hemos llegado, implementando a continuación —y leo literalmente— una estrategia con medidas concretas en política
exterior e interior para la promoción y protección de los
derechos humanos, a fin de cumplimentar el compromiso
internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993. Esto
es, vamos a examinar qué es lo que se ha hecho y, a partir
de ahí, el Gobierno hará un planteamiento para poder ir
desarrollando medidas. No hay un plazo establecido para
esto, pero entiendo que tampoco se puede dejar sine die.
Los propios grupos parlamentarios seremos guardianes
de ello y velaremos por que se vayan cumpliendo las
resoluciones de esta Cámara. En un plazo de un año o
poco más de un año es perfectamente posible realizar
todo lo que supone el compromiso de esta proposición.
En cualquier caso, valoramos muy positivamente que el
grupo mayoritario que apoya al Gobierno haya podido
llegar a un acuerdo con nosotros y que se comprometa
en este sentido. Creemos que es un paso adelante muy
En cuanto al resto de las enmiendas, agradezco al
Grupo Parlamentario Socialista la que ha presentado.
Pero entiendan que, siendo el objetivo fundamental el
compromiso del Gobierno, queda superada la enmienda
que proponen y, por tanto, no podemos aceptarla. Al
representante de Unión del Pueblo Navarro tengo que
decirle que al principio me ha dejado perplejo con su
propuesta, porque esto de los deberes humanos, de
verdad que no lo había oído nunca. No sabía a qué se
refería, si a los diez mandamientos, a los deberes cívicos
o a qué era. Luego he pensado que quizá se refería a los
derechos fundamentales, pero eso es otro apartado y está
dentro de la materia constitucional, que también se cita
en el acuerdo al que hemos llegado, aunque evidentemente es mucho más amplio. Estamos hablando no solo
de los derechos fundamentales sino también de los
derechos humanos, con los que además hay un compromiso a través de los acuerdos internacionales y a través
del artículo 10 de la Constitución del Estado.
En ese sentido —finalizo, señor presidente—, me
congratulo del acuerdo al que hemos llegado.
Gobierno en las actuaciones que vaya a llevar a cabo, y
ello por la experiencia de años anteriores, de la legislatura anterior, en que un plan semejante fue puesto en
marcha con participación interesante de la sociedad civil
y progresivamente con mayor participación institucional,
parlamentaria, que ciertamente supuso un importante
paso para hacer frente al compromiso internacional
adquirido por España a través de la Declaración Final de
la Conferencia de Viena del año 1993. Esta propuesta
que hacemos es compartida por centenares de organizaciones de derechos humanos de este país, que han visto
también como interesante el desarrollo en los últimos
años de este plan, un plan que, ciertamente, iba agotándose en los planteamientos y en los objetivos y que llegaba el tiempo de renovarse. ¿Por qué la necesidad de
este plan? Más allá de que haya un catálogo de derechos
en la Constitución española, de derechos fundamentales;
más allá de que haya un catálogo de derechos humanos
en diversos acuerdos internacionales, muchos de ellos
ratificados por España y que precisamente en virtud de
lo que dice la Constitución esos acuerdos internacionales
pasan a formar parte del ordenamiento jurídico del
Estado y por tanto es una obligación del Estado; más allá
—digo— de la existencia en la letra de esos derechos,
en el mismo momento en que estos dejen de promoverse
por las instituciones, por los organismos públicos, los
derechos comienzan a debilitarse. Evidentemente,
dependen del compromiso cotidiano de todos, pero
especialmente importante es el compromiso cotidiano
de los poderes públicos para su desarrollo y su impulso.
Cada Gobierno pone sus matices, pero es importante
incidir en la igualdad, en la no discriminación, en la
integración de las personas y en la garantía de los derechos humanos, tanto en el ámbito exterior como interior
—dentro del Estado o fuera de él en la política internacional—, y que todo ello se haga de forma coordinada,
que tenga un sentido único, un impulso único por parte
del Gobierno. En el debate del estado de la Nación del 30
de junio de 2011 —hace medio año— se aprobó por
unanimidad una resolución en la que se hacía un llamamiento a hacer una revisión del plan desarrollado hasta
la fecha y a impulsar los trabajos necesarios para poder
aprobar medidas que dieran continuidad y garantizaran
que en todos los ámbitos los derechos humanos iban a
poder ser impulsados.
Tengo que decirles claramente que hemos logrado un
acuerdo con el grupo mayoritario, con el Grupo Parlamentario Popular, para reformular la proposición
teniendo en cuenta que nuestro objetivo era lograr un
compromiso del Gobierno en cuanto a las materias que
he enunciado. Ambos grupos hemos coincidido en que
hay suficiente terreno en común —y estoy seguro de que
puede ser compartido por el resto de los grupos de la
Cámara— para que esto pueda ser así. Por una parte, es
evidente que la Constitución de 1978 es un referente y
un instrumento jurídico fundamental en el que deben
fijarse las instituciones del Estado en todas las decisiones
que adopten. Además de este referente, están los conve-
Se han formulado enmiendas por los grupos y, en
primer término, por el Grupo Popular tiene la palabra el
contenidas en el plan no eran, como decía el plan, una
garantía en sí misma, sino que lo era precisamente a
modo contrario la propia acción concreta del Gobierno
y el cumplimiento real de sus compromisos con las leyes
y con la Constitución. Decía a modo de ejemplo: puede
considerarse que el plan ha cumplido con su espíritu
esencial, que sería, porque no puede ser de otro modo
en el orden interior, fortalecer la condición del ciudadano, cuando la política del Gobierno ha dejado entonces
a casi 5 millones de españoles sin trabajo, a 1,5 millones
de hogares con todos sus miembros en paro o a 10
millones de españoles viviendo al límite de la pobreza y
de la exclusión social. ¿O puede considerarse que el plan
ha contribuido a potenciar, como el plan preveía, los
valores de la solidaridad y de la igualdad cuando la
política del Gobierno ha hecho recaer el peso de la crisis
sobre pensionistas y empleados públicos, ha debilitado
sensiblemente las columnas del Estado del bienestar, ha
generado mayores desequilibrios interterritoriales y, por
tanto, una pérdida de cohesión interna en las bases de
nuestra estructura social? Por eso, señor presidente,
señorías, creemos fundamental señalar —ese es el sentido del primer punto de la moción— que es en verdad
en nuestra Constitución, sin que eso deje sin efecto la
conveniencia de otro tipo de estrategias en la línea de lo
que señalaba la moción original del Grupo Parlamentario
Vasco, donde con fuerza de obligar se impera claramente
la promoción y la vertebración de todas las políticas del
Gobierno y de todas las actuaciones de las instituciones
del Estado, tanto en materia de política interior como en
materia de política exterior desde el respeto a los derechos humanos.
Concluyo, señor presidente. Hace falta, y esa es la
línea de nuestro segundo punto de la moción, un mecanismo previo de evaluación detallado que permita saber
cuáles son los elementos sobre los cuáles de un modo
real se puede constatar mejor una garantía de eficacia
de esa estrategia a la que el señor Esteban se refería, que
viene recogida en nuestro texto y que está inscrita
—vuelvo a repetir— en el sentido mismo de la moción
original. El entonces secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales señalaba, con toda la razón, el 21 de
octubre de 2010 ante la Comisión Constitucional que
una simple comparecencia del secretario de Estado en
esa Comisión para dar cuenta de la ejecución del plan
no podía cubrir todos los resultados de evaluación necesarios. Por eso nosotros introducimos en nuestro
segundo punto de la moción un elemento que consideramos previo; un elemento de garantía, de análisis, de
evaluación adecuado para desde ahí orientar las acciones
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta
una enmienda de modificación que no choca con el
planteamiento de fondo de la iniciativa del Grupo Vasco,
sino que por el contrario se inscribe en el sentido último
de la misma; una enmienda que incorpora dos apartados
sobre cuya base argumentaré brevemente la defensa de
la misma. En primer lugar, esta enmienda trata de situar
una declaración de principios generales que entendemos
que no es ociosa precisamente porque enmarca debidamente la cuestión y el grado de compromiso auténtico
de la misma y, en segundo lugar, formulamos a través de
ella una consideración de eficacia en función de la
garantía del mejor fin que persigue esta iniciativa. En la
Comisión Constitucional del 17 de junio del año 2009
yo mismo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
señalaba expresamente: la cultura de los derechos
humanos es la mejor aportación doctrinal de la que se
dotó el mundo libre tras el final de la Segunda Guerra
Mundial. La Constitución española de 1978 se vertebró
plenamente sobre esa cultura, y hemos dicho siempre
que la Constitución es el auténtico plan de derechos
humanos sobre el que se construye la arquitectura política, institucional y jurídica de la democracia española
en tanto en cuanto su letra obliga a los poderes públicos
y a los ciudadanos de manera expresa.
El 21 de octubre de 2010 en el seno de esa misma
Comisión Constitucional de esta Cámara y en términos
de doctrina general, señalaba también: la esencia de la
cultura de los derechos humanos estriba en dar consistencia y efectividad hoy más que nunca a los derechos
económicos y sociales, porque desde ahí se crece en
calidad democrática, entendida como fortalecimiento de
la autonomía individual para ser ciudadano y ejercer con
plenitud todas las libertades que dimensionan esa condición. La cultura de los derechos humanos ni es ni
puede ser una mera referencia discursiva para teorizar
sin una exigencia cotidiana que se constata y perfecciona
cuando la política de un Gobierno es eficaz y coherente.
Por eso, también en el seno de esa misma Comisión
Constitucional señalaba, a propósito de ese valor de
eficacia que por tanto mueve la consideración segunda
de nuestra enmienda de sustitución: no es verdad, como
decía pretenciosamente el plan anterior, que cada medida
de este plan sea una garantía en sí misma. Eso no es
verdad. No lo es en términos dialécticos y desde luego
no lo es en términos políticos ni desde el planteamiento
auténtico de la realidad. La garantía real vendrá determinada por lo que haga o deje de hacer el Gobierno en
la observancia de la Constitución y de las leyes. La
garantía real vendrá determinada por el planteamiento
de sus políticas sectoriales; la garantía real vendrá determinada por el respeto a la pluralidad intrínseca de la
sociedad española; y la garantía real vendrá determinada
por el servicio a los intereses generales y por su lealtad
Podría hacer mención de algunas de las consideraciones a modo de ejemplo que en ese mismo debate
formulé para señalar precisamente que las medidas
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro tiene
usted que terminar.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo celebrando que
la aceptación de la enmienda signifique que todos juntos
podemos comenzar a abordar en esta legislatura una
cuestión que es fundamental, que es importantísima: la
preeminencia y la promoción de la cultura y de la doctrina de los derechos humanos que sin lugar a dudas está
en el ánimo de la inmensa mayoría, de casi la totalidad
—lamentablemente no puedo decir de la totalidad— de
todas las formaciones políticas representadas en esta
Cámara. Esa es la razón de ser de la acción política y del
proyecto reformista de este Gobierno que en cincuenta
días de ejercicio ha comenzado ya a avanzar notablemente en un conjunto de medidas, para que esos derechos económicos y sociales sean efectivos en nuestra
realidad y permitan que cada individuo, que cada
hombre, que cada mujer de España…
sociales, su política para que las empresas internacionales de sus países cumplan los derechos humanos allá
donde operen, etcétera; es algo más, es una cultura, que
usted, sinceramente, no ha entendido o por lo menos no
ha trasladado aquí en su intervención.
Es la parte que me preocupa del compromiso con el
Partido Nacionalista Vasco, porque mi posición era
apoyar esa propuesta, pero escuchando al Partido
Popular, no sé si están convencidos de lo que hay que
hacer. Este Gobierno lo hizo, hizo un plan y estableció 180 medidas que se han venido desarrollando a
lo largo de los últimos años. Toda la Cámara en el mes
de junio del año pasado acordó que el nuevo Gobierno
hiciera un nuevo plan, y es lo que traemos aquí hoy: que
hagamos un nuevo plan, que implementemos las medidas
para la acción del Gobierno de los próximos años. Voy
a votar eso, porque es lo que este Gobierno, el Gobierno
anterior, hizo, porque es lo que acordaron los países
desarrollados, porque es lo que nos manda Naciones
Unidas, porque es lo que acordó por unanimidad esta
Cámara en el mes de junio del año pasado y porque es
lo que las entidades y las asociaciones de los derechos
humanos piden al Gobierno español.
Voy a apoyar la propuesta que ustedes han hecho no,
señor Esteban, porque la enmienda del PP supere la que
el Partido Socialista había hecho, porque no la supera
para nada, no la supera; admito que es el grupo mayoritario, y yo soy pragmático como usted y quiero entender
que hay un compromiso por parte del PP para que su
Gobierno realice este plan. (El señor Esteban Bravo
hace signos afirmativos.) Vale, hagámoslo, mandémosle
—digamos— ese mandato de toda la Cámara, y yo me
sumo a él; no puedo hacerlo de otra manera porque es
mi grupo, es mi partido el que ha desarrollado esta política en España y quiere que se siga haciendo los próximos
años; pero no porque su enmienda lo diga mejor, no; es
porque compromete al grupo mayoritario y valga ese
compromiso. Ya tendremos ocasión en los próximos
meses para ver si esa política se lleva a la práctica,
porque es muy importante para España que sus empresas,
su política internacional, su legislación interior desarrolle una cultura democrática de ese suelo mínimo de
dignidad humana que son los derechos humanos y que
no está solo en la Constitución, sino en el desarrollo de
una idea, de una concepción de la democracia y de la
dignidad humana que más que nadie los gobiernos democráticos y los países con una economía desarrollada
tenemos que establecer.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro tiene que
El señor GIL LÁZARO: … pueda ejercer su condición de individuo y de ciudadano.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil
Para presentar la enmienda del Grupo Socialista tiene
la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias,
Nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley
que ha presentado el Grupo Nacionalista Vasco, en
primer lugar porque nuestro grupo fue, en nombre del
Gobierno anterior, quien desarrolló el primer plan de los
derechos humanos que estableció 170 medidas concretas
que implementaron las políticas internas o internacionales del Gobierno en el desarrollo de una idea esencial
que acordó en su momento la Convención europea de
Naciones Unidas en Viena en el año 1993.
Señor Gil Lázaro, no se trata de que la Constitución
lo diga y lo haga todo. Es la parte que más me preocupa
de su discurso, que además de retórico desgraciadamente
no compromete a nada y es la parte que me preocupa del
acuerdo que ha alcanzado con el PNV. No, la Constitución establece unos principios pero el Plan de derechos
humanos del año 2008 estableció una serie de compromisos que implementaban todas las políticas —todas—
del Gobierno español en el ámbito interno, en el ámbito
internacional, en el ámbito económico, en el ámbito de
las empresas, etcétera. La Constitución lo dice todo,
claro, pero se trata de que la cultura de los derechos
humanos impregne la política concreta, y usted se
empeña en reiterar que la Constitución ya lo dice.
Entonces, ¿para qué hicieron en el año 1993 todos los
países internacionalmente reunidos en Viena un compromiso de implementar planes especiales?, ¿para qué lo
hicieron? Ya lo decían sus constituciones. Lo que importa
es que cada gobierno haga un plan y que impregne de
esa política sus acciones, su legislación interior, su política contra la no discriminación, su política de derechos
Enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. En
tiempo compartido, en primer lugar, tiene la palabra el
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo
desde el escaño, señor presidente, por la brevedad.
rentes motivos son más vulnerables desde el punto de
vista de los derechos humanos. Me estoy refiriendo a
todas las personas que, por ejemplo, están sufriendo de
manera intensa la crisis económica, que tienen que ver
garantizado su derecho a mantener una vida digna,
empezando por garantizar el derecho a la vivienda y a
prestaciones sociales que les permitan vivir en condiciones humanas. Pero también me refiero a aquellas
personas privadas de libertad, en prisión o en régimen
de detención. A las primeras habrá que garantizarles el
derecho a la libertad y el derecho a poder cumplir las
condenas en centros penitenciarios cercanos a su lugar
de origen. A las segundas habrá de garantizárseles, con
especial intensidad, el derecho a la integridad física y a
no recibir un trato inhumano. Ayer, 13 de febrero, en
Euskal Herria, conmemorábamos el día contra la tortura
con motivo de la muerte, hace treinta y un años, de José
Arregi, en comisaría. Ayer, el presidente del Consejo
General del Poder Judicial manifestaba que prácticamente no se daban casos de tortura. Desgraciadamente,
en los últimos cuarenta años han sido más de 10.000 las
personas que han denunciado torturas y malos tratos en
comisaría; también en los últimos cuatro años, en los
que estaba en vigor el Plan de derechos humanos anterior. Instancias internacionales tan significativas como
el Relator Especial contra la Tortura, Amnistía Internacional o el Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura en numerables ocasiones han reiterado y recomendado al Gobierno y al Estado español que adopten
medidas para erradicar la tortura. El Plan de derechos
humanos al que se hace referencia hoy aquí es una buena
opción. Por ello insistimos: Plan de derechos humanos
sí, pero para mostrar un verdadero compromiso con el
respeto de todos los derechos humanos y poner medios
para erradicar. Con la enmienda del Partido Popular eso
Señor Esteban, me parece fantástico que debatamos
sobre la defensa y la promoción de los derechos humanos.
En fin, es bien cierto que no todos los grupos aquí representados coincidimos en el contenido que estos deban
tener ni tampoco en el modo más ético para promover
su defensa, es más, algún grupo no ha ocultado, ni oculta,
la justificación del uso del terror supuestamente para
defender derechos. Pero cuando hablamos de derechos
humanos, por qué no vamos a hablar de deberes humanos
o es que resulta que sí que existen derechos humanos y
no existen deberes humanos? He pretendido con mi
enmienda que si usted quiere que el Gobierno traiga aquí
un plan de derechos humanos también pensemos en los
deberes, porque tengo la sensación de que parte de lo
que nos pasa, o gran parte de lo que nos pasa, nos pasa
precisamente por haber menospreciado, haber minusvalorado o haber ignorado muchos de los deberes que
deberíamos haber cumplido. Es verdad que hacer los
deberes, o cumplir los deberes o respetar los deberes
—mis hijas lo saben perfectamente— no es plato de buen
gusto y tiene muchos menos defensores que el ejercicio
de los derechos, la promoción de los derechos; pero ese
es precisamente nuestro problema. En la Constitución
española el título I y la sección 2.ª de ese título hablan
de los derechos y de los deberes fundamentales; no es
un concepto que me vaya a inventar. Simplemente quiero
decirle que si se va a traer un plan y parece que puede
ser eficaz, pensemos también en los deberes, abramos
un debate sobre si no es importante que cumplamos
nuestros deberes. Hagamos cumplir nuestros deberes
como lo hacemos con nuestros derechos. Es únicamente
eso. En todo caso, me agrada pensar que han llegado a
un acuerdo el resto de los grupos, sobre todo grupos
mayoritarios que en la pasada legislatura no era algo muy
común. Me agrada, pero hubiera preferido mejorarlo con
esa iniciativa. En todo caso, abro el debate para quien
quiera coger el guante.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de
Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente,
En primer lugar, señor Esteban, Amaiur iba y va a
votar favorablemente a su proposición de ley en tanto en
cuanto no acepte la enmienda del Partido Popular, que
modifica lo que venía a ser el planteamiento de la proposición no de ley. En cualquier caso, íbamos a votar
favorablemente, remarcando que el Plan de derechos
humanos debe suponer un verdadero compromiso por
parte del Gobierno para respetar aquellos derechos
humanos y no una mera declaración de intenciones,
como se ha convertido en muchas ocasiones este tipo de
textos. Este compromiso debería adquirir y debe adquirir
especial trascendencia, a criterio de Amaiur, en relación
con aquellas personas que en estos momentos por dife-
Señorías, voy a ser muy breve, creo que el tema de los
derechos humanos se presta a hacer muchos discursos
floridos, mucha retórica y lo más importante es que en
este caso especialmente, como decía José Martí: hacer
es la mejor manera de decir, y de lo que se trata es de
que hagamos y no de que digamos mucho.
Señor Esteban, nos parecía una buena proposición
no de ley la suya, nos parecía que resultaba impecable,
respaldábamos todos los puntos, sin hacer ningún
juicio de intenciones, por cierto, acerca de los motivos
que llevan al Grupo Vasco a presentarla; simplemente
nos parecía justo, nos parecía razonable lo que plan-
volvemos a votar y a aprobar lo que esta Cámara ya ha
aprobado?, ¿qué es lo que ha cambiado? Ustedes no lo
han explicado aquí, ¿qué es lo que ha cambiado?, ¿el
color del Gobierno?, ¿las intenciones políticas? Queremos saberlo.
La Constitución española no contiene, porque no es
su finalidad ni objetivo, ninguna acción de gobierno,
ningún plan, ni sobre derechos humanos ni sobre ninguna otra política pública. Insinuar que la Constitución
es suficiente como plan de derechos humanos es tanto
como decir que la Constitución es suficiente para planificar la educación secundaria sin necesidad de un plan,
y ustedes saben perfectamente que eso no es así. Además,
la Conferencia mundial de derechos humanos en Viena,
en 1993, a la cual se han referido los distintos portavoces
que aquí han intervenido, no habló de forma genérica,
no habló de forma genérica; habló concretamente de un
manual para elaborar un plan de acción nacional de
derechos humanos y en ese manual hay un desarrollo
concreto para hablar de planes nacionales de derechos
humanos con contenidos concretos, y eso no está en la
enmienda del Partido Popular; no está, hay otra cosa que
no tiene nada que ver con eso. Además, la petición que
el 19 de enero 75 organizaciones no gubernamentales
—hoy ya son más porque se han ido adhiriendo otras—
le enviaron al presidente del Gobierno, el señor Rajoy,
hablaba de un segundo plan de derechos humanos; no
hablaba esa carta ni de la Constitución ni de buenas
intenciones, por tanto, nosotros sí queremos mantener
la idea que han defendido muchas organizaciones no
gubernamentales, organizaciones que hacen un gran
trabajo en el Estado español; luego no queremos que se
pierda el espíritu que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de derechos humanos
pidieron al presidente Mariano Rajoy.
Quiero decirles también que el ministro del Interior
tome buena nota. ¿Por qué? Porque ante el previsible
aumento de la conflictividad social, es uno de los ministerios que debe tomar nota y necesitaría también un buen
plan de derechos humanos. —Voy acabando—. Derechos humanos. A veces alguien piensa, tal vez alguien
que nos está escuchando, que estamos hablando de
países lejanos. Sí, estamos hablando de países lejanos,
por ejemplo, cuando hablamos de pena de muerte, un
elemento importante, una lacra aún en muchos países
del mundo, pero también hablamos de otros derechos
humanos más cercanos, que están aquí en Madrid, que
están aquí en nuestras ciudades. Hablamos de pobreza,
hablamos de impunidad…
teaba. Lamentamos que hayan eliminado la concreción
que había en los plazos respecto a la presentación del
plan. Creemos que ha quedado descafeinada la participación en la Cámara, que sí figuraba con claridad en
su proposición no de ley. En resumidas cuentas, era
mejor su proposición inicial que la posterior. También
entiendo que a usted le importa obtener el apoyo del
Gobierno; ya he visto que en su intervención le concedía incluso más plazo del que fijaba. En fin, la apoyaremos en cualquier caso, sobre todo porque pensamos que sobre esta cuestión hay un amplio consenso
en la totalidad o, mejor dicho, en la práctica totalidad
de los grupos de esta Cámara. Algunos defienden antes
los derechos humanos de los terroristas que los de sus
víctimas, como acabamos de escuchar, en todo caso,
a pesar de que ese consenso político y social ha empeorado en la tramitación, le anuncio que apoyaremos su
Plural tiene la palabra el señor Nuet.
La intención de nuestro grupo cuando leímos la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco era
votarla favorablemente, entre otras razones porque en
concreto hemos presentado una muy parecida, prácticamente en los mismos términos, en esta Cámara y por
tanto coincidíamos plenamente con su desarrollo, pero
nos hemos visto sorprendidos por una enmienda del
Partido Popular que de forma importante adultera y
modifica la propuesta que hoy se nos traía a esta Cámara;
el Grupo Popular, el mismo que en la pasada legislatura
estaba en la oposición y decía en la oposición cosas
distintas de las que hoy dice en el Gobierno. Hay que
recordar que en esta Cámara ustedes, diputadas y diputados del Partido Popular, votaron de forma unánime:
impulsar de forma inmediata los trabajos necesarios para
elaborar un segundo plan de derechos humanos que
asegure su continuidad como garantía de que tales derechos se respetan y cumplan en todos los ámbitos.
Hoy se descuelgan ustedes con una enmienda que en
un primer punto nos habla de la Constitución. Cuando
la vicepresidenta del Gobierno intervino y compareció
en la Comisión Constitucional y varios grupos le preguntaron sobre el Plan de derechos humanos y ella dijo:
no, ya tenemos la Constitución, no sabíamos si había
sido un lapsus linguae. Hoy vemos que no, que no fue
un lapsus linguae; que es una intención política que hoy
el Grupo Popular con la enmienda que nos plantea pone
de largo en esta Cámara, por tanto, pelotas fuera hablando
de la Constitución en la enmienda del PP y, por otro lado,
ya no hablamos de un plan, ya no tenemos plan, y si no
hay plan hay improvisación, señoras y señores diputados,
y falta de voluntad política. Porque, si no, ¿por qué no
El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, tiene usted que
… hablamos de racismo, hablamos de derecho a la
vivienda, hablamos de derecho a la salud y hablamos de
derecho al trabajo. En consecuencia, una lástima,
actual Plan de derechos humanos de la anterior legislatura,
aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
diciembre de 2008, y sobre esta base impulsar de forma
inmediata los trabajos necesarios para elaborar un segundo
plan de derechos humanos que asegure su continuidad
como garantía de que tales derechos se respetan y cumplen
en todos los ámbitos —fin de la cita de la resolución
número 42 del debate de política general del año pasado.
Pues bien, con estos elementos llegamos a la aceptación de esta enmienda, y el señor Gil Lázaro —jurista
fino y capaz de interpretaciones amplias— nos ha exhibido desde esta tribuna la voluntad de recoger el primer
plan a partir de lo que podríamos denominar, especialmente en el punto número 2 de lo que vamos a votar
—porque ha sido aceptado por el grupo de la mayoría—
de un texto lleno de conceptos jurídicos indeterminados
o de textura abierta, la evaluación del plan de la anterior
legislatura. Hablamos de la evaluación, implementación
y, a continuación, de una estrategia con medidas concretas. Y con lenguaje de derechos humanos una estrategia puede ser lo equivalente a un nuevo plan de derechos humanos.
Señores de la mayoría, señor Gil Lázaro, nosotros
votaremos a favor de esta proposición no de ley con
enmienda de sustitución interpretando claramente que
la expresión «estrategia con medidas concretas» es interpretada por parte del Gobierno y del grupo de la mayoría
como el planteamiento de un nuevo plan de derechos
humanos. Además, no me corresponde pero en el capítulo de los consejos le diré que un plan de derechos
humanos tiene que ser un plan que acoja transversalmente los valores compartidos por todos los demócratas.
Si ustedes repasan las 172 medidas del anterior plan que
ustedes vindican, en algunos extremos y en algunas
consideraciones de tipo programático —por no decir
ideológico— verán que les sería mejor hacer y aprobar
su propio plan que reivindicarse como tributarios del
plan formulado por el Grupo Socialista.
Vamos a votar favorablemente en este marco de interpretación abierta, interpretando que cuando votamos
estrategia votamos el compromiso firme del grupo de la
mayoría de presentar un nuevo plan de derechos
humanos, que es lo más apropiado en nuestra sociedad
teníamos una buena propuesta del Partido Nacionalista
Vasco y la hemos cambiado por una mala enmienda del
Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El seño XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor
Señorías, el parlamentarismo da pie y margen a la
interpretación, y esta tarde estamos viendo cómo sobre
este segundo punto del orden del día hay margen para la
interpretación en función del portavoz del grupo parlamentario que fije la posición. El punto de partida del
grupo proponente, de don Aitor Esteban, era instar al
Gobierno a la presentación antes del 30 de junio del
presente año de un nuevo plan de derechos humanos,
recordando que en la anterior legislatura, el anterior
Gobierno, de otro color político, aprobó el Plan de derechos humanos (Muestra un documento a la Cámara.)
que en su última página, la 41, dice claramente que el
periodo de vigencia del plan es la IX Legislatura de las
Cortes Españolas, con lo cual en estos momentos no hay
Plan de derechos humanos. El objeto pues era instar al
Gobierno a la presentación del nuevo plan.
El grupo de la mayoría, coherente, tributario, consecuente y prisionero de sus palabras y de sus posiciones,
en la anterior legislatura había venido manteniendo en la
Comisión Constitucional que el catálogo y el plan de
derechos humanos, único y exclusivo, es el catálogo de
derechos humanos contemplado en la Constitución española. Pues bien, hemos encontrado un punto de transacción entre la propuesta inicial del Grupo Vasco y la propuesta del Grupo Popular. Es evidente que para el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el catálogo
de derechos humanos no queda reducido en pulcritud
únicamente a la Constitución española porque tenemos
una Declaración Universal de los Derechos Humanos de
la cual somos tributarios y herederos, que debemos vindicar y que ha formado y forma parte del ordenamiento
jurídico interno. Hay otros instrumentos de derecho internacional ratificados por la Comisión de Asuntos Exteriores de ambas Cámaras y por el plenario que también se
han incorporado y que forman parte de este catálogo de
derechos humanos. Además, cabe recordar dos elementos
más en esta tarde de interpretación. Uno, el año 1993
España participó en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos en Viena y el Gobierno español, viéndose obligado por las conclusiones de esta conferencia, formuló
este primer Plan de derechos humanos. Segundo elemento
a tomar en consideración, en el último debate de política
general de la anterior legislatura, celebrado el día 30 de
junio del año 2011, los grupos de esta Cámara aprobaron
por unanimidad —con lo cual también el actual grupo de
la mayoría— en su resolución número 42 culminar el
Muchas gracias. (El señor Gil Lázaro pide la
Xuclà.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, pido que
me permita intervenir muy brevemente, un minuto, sobre
la base del artículo 70, en función de que algún interviniente, en vez de defender su enmienda, lo que ha hecho
ha sido contradecir la posición del Grupo Parlamentario
El señor PRESIDENTE: Comprendo lo que dice,
señor Gil Lázaro, pero no me parece adecuado porque
estamos en pleno debate y se han utilizado argumentos
en pro y en contra de todo lo que se ha dicho, aunque
tiene un punto de razón.
Señor Esteban, a pesar de que ya he oído sus planteamientos, quería que ratificara cuál es la postura de su
repito hoy: las comarcas mineras no tienen por qué ser
castigadas por los errores o por los retrasos atribuibles
exclusivamente a la Administración. Las administraciones públicas son lentas y los perjudicados por esa
lentitud y por esos problemas burocráticos de los que
hablaba el ministro son precisamente los municipios y
los vecinos de las comarcas mineras; no les castiguemos
además eliminando el Plan Miner, no les castiguemos
doble. (Aplausos.)
Estamos inmersos en un proceso de reconversión
energética, impulsados sobre todo por el desafío del
cambio climático. La Unión Europea ha puesto fecha de
caducidad a las minas del carbón deficitarias y en ese
contexto, precisamente en ese contexto, es en el que se
pusieron en marcha planes de la minería del carbón y
para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
El primer plan lo puso en marcha el Gobierno Aznar;
con movilizaciones sindicales de la minería en las
comarcas mineras y en las carreteras de esas comarcas,
por supuesto, pero lo puso en marcha el Gobierno Aznar.
Luego, el Gobierno Zapatero le dio continuidad con un
segundo plan. Y todo eso termina abruptamente el 30 de
diciembre cuando el señor Rajoy da por finalizado el
Plan Miner de un plumazo y sin contar con nadie, sin
convocar a la Comisión para el seguimiento del Plan
Miner. Eso es lo que denunciamos en la interpelación de
la semana pasada. Y digo que dio por finalizado este plan
—lo podemos dar ya por finalizado— porque, después
de la interpelación del otro día y vista la enmienda que
hoy nos ha presentado el Grupo Popular, está más que
claro. No solo no se rectifica la eliminación de la financiación de las infraestructuras, no solo se confirma que
no se asumirán la inmensa mayoría de las inversiones
pendientes de ejercicios anteriores, sino que también
quedan bajo amenaza el resto de los programas del plan,
el de atracción de proyectos empresariales generadores
de empleo e incluso los programas de formación. Salvo
las prejubilaciones, todo lo demás está en riesgo. Eso es
lo que dijo el ministro, eso es lo que confirma hoy el
Grupo Popular en su enmienda.
Esa posición del PP nos preocupa mucho. Ha causado
alarma en las cuencas mineras de Asturias, de León, de
Palencia, de Teruel, de Puertollano, de Córdoba, de
Mequinenza o de Berga. A nuestro grupo parlamentario
le preocupa mucho porque solo se garantiza el pago de
las prejubilaciones, pero nada más. El Gobierno estudiará si se pagan algunas de las obras que están en
marcha —igual sí, igual no—, pero del resto no se va a
pagar nada. Y como el nivel de ejecución es bajo no solo
en las infraestructuras sino también en los programas de
formación y en los programas de atracción de proyectos
empresariales generadores de empleo —a eso dedicó el
ministro una batería de datos en el último Pleno—, evidentemente esta excusa, si les vale para eliminar los
programas de infraestructura, les vale también para eliminar el resto, todo el Pan Miner, salvo las prejubilaciones.
El señor ESTEBAN BRAVO: Aceptamos la enmienda
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL,
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL «PLAN
NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE
CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE
DE LAS COMARCAS MINERAS». (Número de
expediente 173/000001.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir ahora las
En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo
Plural, sobre el cumplimiento del Plan nacional de
reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo
mineras. Por este grupo, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor
Señorías, una de las primeras decisiones del Gobierno
Rajoy ha sido atacar el Plan para el desarrollo alternativo
de las comarcas mineras. ¿Por qué? Eso me pregunto yo
desde el 30 de diciembre. ¿Porque al Gobierno del PP
le parece innecesario ese plan? Pues no, o no lo dice.
¿Porque ha ido tan bien estos años que ya no hace falta?
Pues tampoco es eso. (La señora vicepresidenta,
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Simplemente,
eliminan este plan porque hay inversiones que se han
ejecutado con retraso. Esa es la única razón que expuso
largamente el ministro de Industria, Energía y Turismo
durante la interpelación del pasado jueves en este Pleno:
porque se había ejecutado con retraso, se habían ejecutado poco las inversiones y otros programas dentro del
Plan Miner. Y ese es, a juicio de nuestro grupo, un argumento increíble, absolutamente increíble, porque con ese
argumento podríamos eliminar varios ministerios enteros
ya que ejecutan en un porcentaje muy alejado del cien
por cien; probablemente, si no saben ejecutar el cien por
cien de su presupuesto, ni el 90, ni el 80, habría que
eliminarlos. Esa razón tan sólida es la que nos planteaba
el ministro el pasado jueves. Excusas de mal pagador, se
dice en mi tierra. Lo dije durante la interpelación y lo
Asturias y del resto de España desarrollado entre los
sindicatos y el Gobierno de Aznar y que se concretó en
sendos planes de la minería. Los fondos mineros nacen,
por tanto, para impulsar la reestructuración y recuperación económica de los territorios donde se han cerrado
explotaciones mineras o donde se ha producido una
disminución de la actividad extractiva. El recorte, señorías, contraviene flagrantemente las obligaciones garantizadas por el principio de solidaridad interterritorial
amparado por el Tratado de la Unión Europea —ello con
el mismo rango normativo que el de la estabilidad presupuestaria—, contraviene el artículo 138 de la Constitución española y contraviene la Lofca. En Asturias esto
afecta a veintiún ayuntamientos, veintiún concejos, y esa
eliminación supone un golpe definitivo para los intereses, perspectivas y desarrollo de este territorio de las
cuencas mineras y del Principado de Asturias en su
En la contestación a una pregunta mía en la primera
comparecencia del ministro y a una interpelación del
Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el 9 de
febrero, el Gobierno nos confirmó que no solo no rectificaba el citado ajuste sino que se ratificaba en que no
asumía absolutamente ninguno de los compromisos
pendientes del Gobierno socialista anterior. En su intervención para justificar dicho ajuste ha recurrido a un
argumento absolutamente propio de los sofistas griegos:
nos traslada que las distintas líneas de ayuda que gestiona el Instituto para la minería del carbón han disminuido desde el año 2008. Consecuentemente el ajuste
se ha concentrado en las ayudas de menor ejecución
presupuestaria, y ello a pesar de reconocer que esa
menor ejecución obedece a un factor multicausal: burocracia desvaída y desidiosa del Gobierno socialista,
ciclo económico negativo y problemas de financiación
exterior. Todo eso lo reconoce el ministro como causa
de la disminución de la ejecución de los distintos proyectos empresariales y de infraestructuras, pero lo
convierte todo, a pesar de reconocerlo, en un: hay que
ajustar, es lo que hay. Y en ese ajuste entran precisamente esos veintiún convenios por valor de 185 millones
de euros, que fueron correctamente tramitados por la
Administración regional actual y que quedaron pendientes para su financiación de la firma final del secretario saliente del Ministerio de Industria, a los que se
refiere mi enmienda de adición planteada a la moción
que aquí estamos presentando y que no fue aceptada en
sus términos como consecuencia de que al Grupo Socialista teórica o formalmente no le interesaba dicha
Para terminar, permítame aludir a las cuentas con
Asturias, que son las siguientes a efectos de sus planes:
convenios firmados y con ejecución, total de deuda 158
millones de euros; convenios firmados con el plazo
sobrepasado por el propio ministerio en algunos casos,
total de deuda 245 millones de euros…
Señores y señoras del Grupo Popular, diputados asturianos, leoneses, turolenses, castellano-manchegos,
cordobeses, piensen bien lo que van a votar hoy y piensen
bien cómo lo explican luego cuando vayan ante sus
electores, a su circunscripción, porque el mensaje de hoy
del Grupo Popular por fin empieza a ser claro: prejubilaciones sí, esto es, vía libre al cierre de las minas; pero
desarrollo alternativo no, es decir, abandonar a su suerte
a las comarcas mineras abocadas al cierre de minas y sin
proyectos alternativos generadores de empleo. Esa es la
apuesta que está haciendo el Grupo Popular, esa es la
apuesta que está haciendo el Gobierno Rajoy. Queremos
que el Parlamento se defina y que los grupos parlamentarios dejen blanco sobre negro cuál es su posición ante
La moción que defiendo en nombre del Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural propone dejar
sin efecto el recorte del Plan Miner aprobado el 30
de diciembre. Propone, asimismo, que se garantice la
financiación comprometida y la ejecución de todas
las inversiones del Plan Miner 2006-2012. Proponemos también que se busquen medidas, junto con
los agentes implicados, para agilizar la tramitación
de esos proyectos, con el fin de que se eviten los
retrasos y la falta de ejecución que tanto preocupan
al ministro, al menos esa fue la excusa que empleó
para justificar la eliminación del Plan Miner. Finalmente, proponemos que se elabore, en el marco de la
Comisión de seguimiento del plan de la minería del
carbón, un nuevo plan de la minería y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras que
abarque el periodo 2013-2018, siendo consciente de
que ese es precisamente el horizonte en el que en
Bruselas han puesto la fecha de caducidad a las minas
deficitarias de carbón. Por todo ello, pido el voto
favorable a todos los grupos parlamentarios y a todos
los diputados para esta moción.
Gracias, señor Yuste.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar tiene
la palabra por el Grupo Mixto el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora
Señorías, el Consejo de Ministros del Gobierno de
España aprobó el pasado 30 de diciembre una serie de
medidas urgentes con el fin de reducir el gasto y cumplir
con los objetivos del programa de austeridad. Entre las
catorce medidas de reducción del gasto acordadas se
incluyen las relativas —y cito literalmente— a la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación con el cese de la actividad de la minería del
carbón. Esta decisión, que deja en suspenso el Plan
Miner, supone la drástica eliminación de los conocidos
como fondos mineros, resultado del esfuerzo de diálogo
y consenso en defensa de las comarcas mineras de
esas razones vuelvo a decir que el Bloque Nacionalista
Galego va a votar favorablemente.
Señor Álvarez, tiene que terminar.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señora
Convenios sin firmar, 290 millones de euros. Total,
más de 700 millones de euros con nuestra comunidad,
que hemos adelantado cuanto se ha podido. No sé si la
cuantía del ajuste es inferior al grado de la ejecución de
los proyectos correspondientes…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández
Democracia tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora
presidenta, señores diputados, en primer lugar, quiero
decir que nos entristece profundamente constatar que
aquí lo que nos trae hoy es un fracaso; un fracaso doble:
un fracaso del Partido Popular, que decide eliminar unas
ayudas enmarcadas dentro de los fondos mineros que se
crearon en 1998, en su Gobierno, y un fracaso también
de La Izquierda Plural, que le interpela para que no lo
haga, pero que, según nosotros, no asume sus propias
responsabilidades en lo que en Unión Progreso y Democracia creemos que es un fracaso en la gestión de estos
fondos. Es decir, dos temas: la existencia o no de esos
fondos y cómo se han gestionado, dos cuestiones que
para Unión Progreso y Democracia son igualmente
Más allá de las dificultades económicas que llevan al
Partido Popular a aducir que están tomando esta decisión —si se me permite, demostrando una vez más
cuáles son sus prioridades, es decir, quiénes merecen
(por ejemplo, los bancos) dinero público y quiénes no,
lo que por otra parte está bien porque nos van quedando
claras las prioridades a todos los españoles—, a Unión
Progreso y Democracia le parece importante hablar de
cómo se ha gestionado una cantidad ingente de fondos,
porque sin hacer ese diagnóstico nos parece inútil
avanzar en esta discusión. Antes que nada, quiero adelantar que Unión Progreso y Democracia está a favor de
estos fondos. No se puede —es evidente— exigir a
trabajadores de diversas comunidades autónomas, como
Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón o Galicia, que cambien de modelo productivo, que cambien de actividad, y no ayudarles con
alternativas. Ese es nuestro trabajo. Y, por supuesto,
tampoco podemos confiar en que solo mediante una
ayuda que, como todos sabemos, acabará en 2018 solucionaremos el problema.
Señores diputados, como acabo de decir, tenemos que
ofrecer alternativas y ahí es donde se vuelve a poner en
evidencia la ineficiencia de muchos de nuestros cargos
políticos a la hora de prestar servicio a nuestros ciudadanos. La valoración de cómo se han gestionado esos
fondos no nos parece a Unión Progreso y Democracia
un tema caprichoso. Según valoraciones del propio
Ministerio de Industria, y a modo de ejemplo, en
Asturias, tras seis años de tramitación, solo se han ejecutado obras por un valor de 32,3 millones de euros.
Señorías, teníamos a nuestra disposición 431 millones
de euros y solo hemos sabido aprovechar 32,3. Si me
permiten, al hilo de lo que se ha hablado antes en esta
Señor Álvarez, termine.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: … lo que sí sé es
que esta es la deuda del Estado con Asturias en esta
materia. Lo demás es retórica y sofisma y por eso vamos
a apoyar esa moción.
Gracias, señor Álvarez.
Por el mismo grupo, por tiempo de dos minutos, tiene
la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora
Intervengo desde el escaño para fijar la posición del
Bloque Nacionalista Galego a favor de la moción que
estamos debatiendo. La eliminación de la financiación
de infraestructuras sin compensación del cese de actividad de la minería del carbón afecta muy negativamente
a las comarcas gallegas del Eume y Cerceda, unas
comarcas con alta dependencia de la minería y de la
actividad de sus centrales térmicas, que sufren con esta
medida un nuevo castigo que se viene a sumar a una serie
de decisiones claramente perjudiciales para sus intereses.
Hay que tener en cuenta que estas centrales destinaron
buena parte de su producción a abastecer otros mercados
sin apenas reinvertir sus beneficios en Galicia, mientras
Galicia soportaba uno de los índices de contaminación
por lluvia ácida más altos de la Unión Europea. No tengo
tiempo, señora presidenta, señorías, de explicar pormenorizadamente las cosas relacionadas con estas centrales
térmicas, pero quiero recordar que las comarcas mineras
antes aludidas, estas comarcas gallegas, tan solo recibieron el 2,57 por ciento de los fondos, pese a que el
porcentaje de pérdida de empleo de la minería gallega
representó en ese periodo el 8,49 por ciento del total del
Estado. Ahora, en plena vigencia del Plan 2006-2012,
se suspende el programa de inversiones asociado al
mismo, cuando además apenas se ha acometido alguna
de las actuaciones comprometidas, una medida por tanto
que dificulta la diversificación de la actividad económica
de estas comarcas y convierte en papel mojado el objetivo del plan: hacer realidad un nuevo modelo de desarrollo de las comarcas mineras integral y sostenible. Por
Cámara, son actuaciones como esta las que desacreditan
a la clase política y no propuestas como las que ha traído
nuestro partido a la Cámara. Debemos preguntarnos
cómo es posible que hayamos fracasado así, porque no
solamente es importante mantener esos fondos, sino que
es fundamental utilizarlos y hacerlo bien. Lo demás
sería fallar a la ciudadanía y debemos entonar en esto
Pues bien, hablemos de esos fondos y de cómo se
han utilizado. La mitad de los proyectos acordados ni
arrancaron o están en fase de tramitación. Algunos
convenios firmados han caducado sin llegar a iniciarse
las obras. Señorías, es evidente que la mayor parte de
estas ayudas han sido desaprovechadas por nosotros y
en UPyD creemos que esto se debe al modelo implantado para gestionarlas. Vamos a hablar ahora de ese
modelo. Las centrales sindicales —al ser parte importante de la consecución de esas ayudas—, las administraciones centrales y autonómicas y los ayuntamientos
fueron los encargados de tramitar, gestionar y ejecutar
esas obras y todos ellos estaban en las mesas regionales
del carbón, donde se elegían los proyectos. En Unión
Progreso y Democracia debemos denunciar de nuevo
durante estos procesos algo que se ha venido repitiendo
una y otra vez durante los últimos años en nuestro país:
falta de diligencia, burocracia excesiva, obras inútiles,
sobrecostes, funcionarios insuficientes para tramitar
miles de expedientes. Señorías, el cambio que se ha
provocado durante esta época con estos fondos ha sido
superficial, no ha sido un cambio profundo. No existe
modelo económico alternativo. El paro sigue subiendo
en estas comarcas y los jóvenes emigran. El escaso
atractivo que tienen estas comarcas para captar nuevos
residentes y el saldo vegetativo negativo hacen que
caiga la población en estas zonas. Por poner otro
ejemplo, en la zona minera de Asturias existen 30.000
habitantes menos en los últimos veinte años. Se ha ido
gente cualificada y la población ha envejecido notablemente. La cuestión, señores del Grupo Socialista o
señores del Grupo Popular, no es aceptar implícitamente el fracaso de unas ayudas que ustedes pusieron
en marcha o el porqué de su fracaso, sino adoptar
alternativas. Tampoco es cuestión de indignarse sin
haber sido capaces de gestionar todo ese caudal de
dinero público. Por eso, nosotros hemos presentado dos
enmiendas que creemos que mejoran la moción y esperamos que sean aceptadas.
Señor Cantó, vaya terminando.
Es importante, es esencial que diagnostiquemos el
problema y ofrezcamos alternativas. Si se me permite,
estamos a tiempo de hacer bien nuestro trabajo, señorías.
Para eso se nos paga.
Gracias, señor Cantó.
el señor Sánchez Díaz.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor Yuste, los fondos mineros tienen un problema
fundamental: su mala gestión desde 2007. Ese es el
problema fundamental que tienen, que se han gestionado
mal. Desde 2007 no se llevaron al Instituto del Carbón
los fondos necesarios, los que había que llevar cada año
para consignarlos en el presupuesto. No se llevaron y se
decía aquí, en la Cámara, que de momento no hacían
falta porque los proyectos estaban estancados. Voy a
decirle más. El Partido Popular tiene una gran credibilidad en el tema de los fondos mineros. (Rumores.)
¿Sabe usted por qué? Porque lo hizo el Partido Popular.
¿Y sabe con quién lo hizo? No lo hizo con el Partido
Socialista, lo hizo con los sindicatos mineros. Sobre todo
eso que nos dice de grandes manifestaciones, repase un
poco la prensa del momento. No es cierto; ni se hizo
ninguna manifestación por los fondos mineros, porque
la filosofía era mantener las cuencas mineras precisamente con el apoyo de los sindicatos mineros, ni se hizo
ninguna huelga en la empresa pública de Hunosa mientras gobernó el Partido Popular —¿Le parece curioso?
Eso es así, exactamente así—, ni se ha cerrado ningún
pozo minero en ese tiempo. Por lo tanto hay un problema: que a partir de 2007 la gestión fue pésima. Fue
pésima en España, pero también fue pésima en Asturias,
señor Yuste. En Asturias,¿sabe quién estaba en ese
Gobierno? Izquierda Unida. Ocho años estuvieron en
ese Gobierno, con la boca callada, aceptando que los
fondos mineros no se invertían debidamente. Dígaselo
a sus compañeros de escaño, no nos lo diga a nosotros,
que durante el tiempo de Gobierno creamos una gran
credibilidad por los fondos mineros.
Dice usted que está en contra de los recortes del
decreto del 30 de diciembre. Sin duda alguna todos los
decretos de reforma que impulsen la economía tienen
problemas de aplicación; este también los puede tener.
No todo el mundo estará de acuerdo con él, pero convendrá conmigo y con el resto de esta Cámara en que es
necesario tomar medidas para el saneamiento económico
de nuestro país, porque si no hacemos la recuperación
económica, señor Yuste, ¿sabe lo que pasará? Que en
todos los polígonos industriales que podamos hacer en
Asturias, en Castilla y León o en Aragón no habrá
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, estamos a tiempo de mantener esas ayudas y ofrecer
un futuro digno a estas comarcas, de hablar en profundidad y no quedarnos en la superficie. Estamos a tiempo
de corregir tantos desmanes e ineficacias.
el ministro de la eliminación de la financiación en
infraestructuras o en compensación del cese de la actividad de la minería. La primera vez habló en Zaragoza
y dijo una cosa, que efectivamente tenía que hacer un
ajuste de 1.100 millones de euros en su ministerio pero
que lo haría de otras partidas, no de esta. La segunda vez,
31 de enero, habló en esta Cámara en la Comisión de
Industria, donde compareció y nos dijo que no iban a
llevarse a cabo ninguno de los convenios relativos a
infraestructuras. Y la tercera vez, la pasada semana, en
este mismo Pleno nos dijo una cosa diferente. Nos indicó
que los convenios de infraestructuras, uno, los que
estaban acabados los pagarían; dos, los que estaban en
marcha se verían de uno en uno, y suponemos que con
el carné en la boca; y, tres, los que no se habían empezado que perdieran toda esperanza. Esas son las tres
posturas que tuvo el ministro de Industria, en las que
vemos, en primer lugar, desorientación. En segundo
lugar, nos da la sensación de que los avances que está
haciendo el ministerio en el ámbito de la política energética son un auténtico peligro para las comarcas
mineras, especialmente para algunas. Dense cuenta de
que estas comarcas mineras han desarrollado energías
renovables en los últimos años, por esa especialización
que han ido adquiriendo en el ámbito de la energía; han
desarrollado diferentes iniciativas. ¿Qué es lo que nos
plantea el actual Gobierno para las energías renovables?
Cambiarlas de la Champion y meterlas en las ligas
menores. Al mismo tiempo está la supresión de los convenios para el desarrollo para las comarcas mineras, no
solo de infraestructuras. El ministro nos hablo aquí de
que también haría una disminución en los fondos destinados a que las empresas puedan seguir funcionando y
explotando carbón; que haría asimismo una disminución
—más importante que en los convenios de infraestructuras— en aquellos incentivos empresariales destinados
a desarrollar estas comarcas de una forma mucho más
plural, es decir a diversificar su economía. Eso sí, de lo
único de lo que no nos habló fue de los fondos correspondientes a enseñanza y a educación; de los fondos que
hay para formación —que son importantes— no nos dijo
Les decía que en la parte que corresponde a los convenios de infraestructuras lo que está haciendo el ministerio es achicar el espacio de los territorios mineros
hasta dejarlos en su mínima expresión. Este es el objetivo real que creemos que persigue para los territorios
mineros. ¿Por qué? Cuando se da el cerrojazo a la
mejora del entorno urbano, rural y de infraestructuras
llenando de incertidumbres el soterramiento del ferrocarril en Langreo que se estaba llevando a cabo; la
electrificación rural en las aldeas de Fuenteovejuna en
Andalucía; cuando no sabemos qué va a pasar con obras
hidráulicas que son fundamentales para desarrollar en
otros ámbitos la economía de zonas, como en Aragón
con la elevación de aguas del Ebro-Andorra-Sierra de
Arcos; cuando en los ámbitos en que el ministerio tiene
decididas —firmado con los sindicatos— nuevas inicia-
empresas que se instalen allí. La filosofía de los fondos
mineros era atraer un nuevo producto, una nueva empresa
productiva para recolocar y colocar a los jóvenes de las
comarcas mineras. Eso es lo que ha hecho el Partido
Popular. Por tanto es más sensato, más que oponerse a
eso, aceptar la enmienda que yo le propongo. Garanticemos, en primer lugar, las prejubilaciones. Usted no les
daba importancia. Decía: solo las prejubilaciones. Oiga,
la mayor preocupación de las comarcas mineras y de los
mineros son las prejubilaciones. Esa es la mayor preocupación que tienen porque es el sustento de cada día, y es
su futuro, después de haber trabajado durante muchísimos años. Complementemos eso, terminemos las
obras. Se lo dijo el ministro: Las obras de infraestructura
se acabarán. Pero acabar las obras de infraestructuras,
con lo que está en marcha, llevará el 2012 y el 2013.
¿Cree usted que estamos en situación de paralizar fondos
públicos para que no se utilicen porque no hay capacidad
en las administraciones —no la hubo, especialmente con
el Gobierno socialista y con Izquierda Unida—; cree
usted que nos van a permitir los ciudadanos que tengamos cantidades inertes, que no pueden funcionar
porque no tienen firmados los convenios, porque no están
tramitados? Lo que le dijo el ministro es de puro sentido
común: Vamos a acabar las obras que están en marcha,
y vamos a llegar a 2013. Sigamos con las becas. Estudiemos por qué fracasaron 180 convenios, por qué caducaron, por qué se abandonaron; estudiemos por qué. Y
además unamos la comisión de seguimiento donde están
los sindicatos para ver si los fondos mineros están cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado, y sobre
esa reunión y sobre ese seguimiento poder seguir evolucionando y creando ilusión en las comarcas mineras. No
se crea con discursos fáciles o populistas. Es muy fácil
decir aquí: Que se cumpla todo. Se crea con discursos
sinceros, porque el ciudadano sabe quién dice la verdad.
El Partido Popular dice la verdad en el tema de la minería
y tiene una gran credibilidad.
Muchísimas gracias, señor Sánchez Díaz.
Trevín.
Señorías, anuncio que el Grupo Socialista va a votar
a favor de esta moción y que además hemos presentado
una enmienda que ha sido aceptada. ¿Por qué vamos a
apoyar esta moción? Porque estamos seguros, señorías,
de que el Gobierno necesita orientación en este tema.
Como necesita orientación tenemos que orientarlo con
la moción. El ministro de Industria, su ministerio, da la
sensación de que no tiene un plan para este sector. A
pesar de que estamos hablando del plan del carbón el
Ministerio de Industria da la sensación de estar absolutamente desorientado en este sentido. Tres veces habló
tivas empresariales y se carga de un plumazo la posibilidad del desarrollo turístico en zonas de León imposibilitando el parador de Villablino, el Gobierno está
achicando claramente el futuro de las comarcas mineras,
y además lo sabe.
Señorías, este Gobierno ya nos ha avanzado dos cosas.
Nos dicen algo en lo que podemos estar de acuerdo: hay
que disminuir el déficit. ¿Cómo lo está haciendo? Por el
ámbito de los ingresos aumentando la fiscalidad a asalariados, es decir a trabajadores y clases medias; y en el
ámbito de los gastos dando el cerrojazo a las inversiones
en aquellos territorios con más dificultades y más sensibles de este país, por ejemplo en aquellos en los que
todos habíamos llegado al acuerdo —hasta el Partido
Popular cuando gobernaba— de que era necesario un
suplemento para que iniciaran un proceso de convergencia en el desarrollo económico y social con el resto
del país. En eso ha empezado por los asalariados en
cuanto a aumentarles sus cargas fiscales y quitando lo
primero, los incentivos en las comarcas que más lo necesitaban para esa convergencia.
Acabo ya, presidenta. El último tema por el que queremos orientar al Gobierno es por una razón fundamental. En este mismo año, en los próximos meses, el
Gobierno va a tener que afrontar un proceso muy importante: va a tener que volver a sentarse con los sindicatos
mineros; va a tener que volver a sentarse con las comunidades autónomas y los ayuntamientos mineros, y el
problema es con qué credibilidad el Gobierno irá a esa
mesa; un Gobierno que al llegar se carga acuerdos, que
es verdad que venían del Gobierno anterior del Partido
impulsar infraestructuras y proyectos empresariales en
dichas zonas, más allá de financiar las prejubilaciones
de aquellos trabajadores que abandonen la actividad
minera. El ritmo de ejecución de los proyectos en el
pasado y la crisis económica actual con sus consecuencias en los recortes presupuestarios son a juicio del
Gobierno los motivos de la ralentización de las iniciativas. No pretendo ni mucho menos justificar al Gobierno,
pero considero que no es fácil impulsar proyectos compensatorios de la tradicional actividad económica de un
territorio, como es el caso de la minería del carbón, y
más difícil aún es que cuajen y se consoliden dichos
proyectos. Los cambios productivos exitosos son lentos
y no solo se consiguen con dinero. Es necesaria la experimentación, la formación e incluso la voluntad de
cambio; no obstante, desde el Grupo Vasco creemos que
es preciso hacer un esfuerzo en ese sentido, puesto que
sería una gran irresponsabilidad política consentir que
se deserticen las comarcas mineras con las consecuencias
económicas y sociales que pudieran derivarse. Es por
ello por lo que votaremos a favor de dicha moción, sin
embargo no nos podemos engañar: el carbón no tiene
futuro y mucho menos el carbón español, con baja
calidad calorífica, con gran proporción de minas en el
interior, con yacimientos profundos e irregulares. La
presión social y las importantes ayudas al sector es lo
que está manteniendo la actividad. Además, la utilización
del carbón interior conlleva mayores emisiones de CO2
y la utilización menos eficiente de las centrales térmicas
que si se utilizara carbón de importación u otras energías
alternativas. Su obligado consumo distorsiona gravemente el funcionamiento del sector eléctrico. Además,
el único camino posible para la solución económicamente eficiente y dentro de los límites de la legislación
europea es el cierre paulatino de las minas. Asumamos
la realidad, enfrentémonos a ella sin marear la perdiz ni
demorar en exceso la toma de decisiones. Por ello instamos al Gobierno a que impulse las medidas compensatorias con el fin de evitar en las zonas afectadas los
problemas económicos y sociales que de la inacción y
del olvido pudieran derivarse.
Señor Trevín, tiene que finalizar.
El señor TREVÍN LOMBÁN: … pero un proceso
que había iniciado él mismo. Llega este Gobierno con
una falta de credibilidad que nos preocupa y por eso le
pedimos que rectifique.
Gracias, señor Trevín.
Turno de fijación de posición. En primer lugar, por el
Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
En el mismo turno, por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta,
señoras diputadas, señores diputados, con esta moción
el señor Yuste, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, desea evitar que se paralicen
o que se abandonen definitivamente los planes de
impulso y revitalización de aquellas zonas y comarcas
mineras en las que la explotación del carbón constituye
una parte relevante de su actividad económica. Releyendo la interpelación de la pasada semana y analizando
los argumentos del interpelante y del interpelado, cabe
deducir que existe un acuerdo sobre la necesidad de
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías,
debatimos la moción consecuencia de interpelación
urgente al Gobierno, relativa al cumplimiento del Plan
nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 y
el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de
las comarcas mineras. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Déjenme, señorías, presidenta, hacer unas
breves referencias al contexto del debate. El Plan
tante e histórica, que ha condicionado durante muchos
años su desarrollo industrial, económico y social, obliga
a establecer e impulsar programas específicos de ayudas
para reactivación de las zonas afectadas, a impulsar su
reindustrialización y hacer que se llegue a un desarrollo
menos dependiente y más diversificado, apostando por
la formación e impulsando nuevas actividades productivas, generadoras de ocupación en dichas zonas y que
hagan menos dependientes del carbón a las mismas y
permitan que dichas zonas afectadas encuentren su productividad, su competitividad, y su crecimiento y desarrollo social y económico en otros sectores. Este es, a
nuestro entender, señorías, el plan que urge activar y el
que deberíamos apoyar.
las comarcas mineras aprobado por acuerdo del Consejo
de Ministros, de 31 de marzo de 2006, tuvo como objetivo contrarrestar el declive industrial y los efectos
económicos negativos derivados de la reestructuración
de este sector, así como también reducir el impacto social
por la reducción de la actividad de las empresas mineras.
Con este fin, y en aplicación de dicho plan, se han venido
aprobando desde entonces una serie de ayudas dirigidas,
por una parte, a las empresas que reunieran determinados
requisitos y, por otra, a los propios trabajadores, facilitando su prejubilación. En esta línea, el Consejo de
Ministros celebrado el 17 de julio de 2009 aprobó un
real decreto que modificaba otro de 24 de agosto de 2007,
por el que se establecía el régimen de ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del
carbón. Hechas estas consideraciones, presidenta, señorías, desde la perspectiva de Convergència i Unió quisiera hacer otra serie de consideraciones respecto al
contenido de la moción y a nuestro posicionamiento. En
primer lugar, el carbón producido en España es de baja
calidad y altamente contaminante por el elevado contenido de azufre que tiene. Ello implica que se debe
importar carbón de más calidad, lo cual hace del carbón
una energía claramente costosa e ineficiente. En segundo
lugar, el carbón provoca importantes daños medioambientales al liberar contaminantes como óxido de azufre
y nitrógeno y diferentes partículas de elementos pesados
como el mercurio. En este sentido cabe recordar que las
emisiones de CO2 crecieron el año pasado en España en
torno al 6 por ciento, pese a que la crisis económica ha
comportado el descenso de la actividad industrial y un
menor consumo general de electricidad. El aumento del
CO2, por tanto, se debe mayoritariamente al incremento
de electricidad con carbón, cuyo uso se duplicó en 2011,
creciendo un 96 por ciento. En tercer lugar, señorías, si
bien es cierto que el carbón es una fuente de energía
primaria importante, también lo es su falta de eficiencia
y su elevado coste. Por ello, una apuesta acertada sería
dejar de consumir esta reserva energética para que pueda
ser usada en todo caso bajo circunstancias excepcionales
y de extrema necesidad. Desde CiU, señorías, somos
muy conscientes y muy sensibles acerca de la incidencia
social que tiene sobre determinados territorios el Plan
nacional de reserva estratégica y el nuevo modelo de
desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras,
pero precisamente por ello creemos que la mejor forma
de actuar no es financiando infraestructuras como medio
de compensación, sino estableciendo programas de
ayudas para reactivar y reorientar la actividad productiva
Señorías, compartimos muchas de las consideraciones
realizadas por el ministro con ocasión de la interpelación, y el contexto económico— financiero nos obliga
en todo caso a priorizar inversiones y a ser extremadamente exigentes con los recursos públicos, con su gestión y con su eficiencia. Al mismo tiempo, señorías,
reiteramos que la situación en la que se encuentran zonas
del Estado con una industria minera del carbón impor-
Señor Yuste a efectos de aceptación o rechazo de
No puedo aceptar las enmiendas del Grupo Popular
ni del Grupo de UPyD por lo que he explicado en la
intervención; he intentado llegar a una transacción a
partir de la enmienda de Foro Asturias pero al final no
ha sido posible, por lo que tampoco puedo aceptar su
enmienda, y la única que puedo aceptar es la del Grupo
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO
EN DESARROLLO DE LAS PREVISIONES
DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000002.)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de
interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad
presupuestaria del Gobierno para las administraciones
públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135
de la Constitución. Para la defensa de esta moción tiene
la palabra el señor Saura.
Señorías, ¿por qué una moción relativa a la estabilidad presupuestaria en desarrollo del artículo 135 de la
Constitución española? Voy a tratar de explicarlo de
manera sintética. En primer lugar, porque el principal
problema que tiene en este momento la economía espa-
Esta mala conciencia les lleva a ser más papistas que
el Papa, por ejemplo, con la Ley de Estabilidad Europea,
con el último pacto fiscal. Eso tiene que ver con el ratio
de deuda pública con relación al PIB y con algo muy
preocupante, el periodo de convergencia a 2020. Esos
serán los años más complicados que vamos a vivir desde
el punto de vista económico. No es verdad que la Ley
de Estabilidad Europea, que el Tratado de estabilidad,
que el nuevo pacto fiscal, diga que en 2020 tengamos
que tener un 60 por ciento de deuda con relación al PIB;
de ninguna manera. Que el Partido Popular lleve eso al
anteproyecto tiene algunas consecuencias, y es que mete
tanta rigidez que nos lleva a conclusiones que se dan de
bruces con la racionalidad económica; me explico. En
el año 2013 ó 2014 de acuerdo con este anteproyecto,
con un crecimiento del 0,001, que evidentemente no es
un crecimiento que genere empleo ni que se acerque al
crecimiento potencial, habría que reducir directamente
—no el déficit estructural, no el déficit cíclico, que es
razonable reducirlo porque estaríamos en un crecimiento
ligeramente positivo— el ratio de deuda con relación al
PIB. Eso evidentemente ahondaría la recesión y el paro.
Nosotros estamos planteando, como decía anteriormente,
una senda más pausada a la hora de la consolidación
fiscal, y eso también implicaría una ligera adaptación
del tratado en lo que tiene que ver con el ritmo de descenso del ratio de deuda.
Les decía que esa fe del converso, esa mala conciencia, que les lleva a ser más papistas que el Papa, se
recoge en el anteproyecto de ley que ha planteado el
Partido Popular, de tal manera que también eligen la
visión más restrictiva no solo del pacto fiscal europeo
sino la visión más restrictiva del artículo 135 de la Constitución; por otra parte, lo que se recoge en el anteproyecto no coincide con lo acordado con el Partido Socialista, el acuerdo entre el PP y el PSOE, entre el PSOE y
el PP. En ese caso de lo que estamos hablando, cuando
cogen la parte más restrictiva del artículo 135 de la
Constitución, es del déficit estructural; pero de lo que
está hablando el PP es del déficit cero y nuevamente no
está hablando del concepto de estabilidad presupuestaria,
porque la Constitución lo que recoge es el principio de
estabilidad presupuestaria y no el concepto de déficit
cero. Evidentemente nos planteamos esta moción por
una cuestión de confianza. El problema con el anteproyecto es doble, lo explicaba también el otro día en la
interpelación al ministro. Si tenemos este anteproyecto
hay que cumplirlo, porque si no se pierde credibilidad
ante los actores económicos, ante los mercados.
ñola es el crecimiento, es la generación de empleo, y el
desarrollo del artículo 135 no puede ir contra ese crecimiento económico y la generación de empleo. Dicho de
otra manera, el desarrollo de la Constitución no puede
ahondar en la recesión, no puede ahondar en la pérdida
de empleo, porque es el principal problema. Lo explicaba el otro día; en primer lugar el principal problema
de las empresas es que no venden, en segundo lugar que
no cobran lo que venden y después tienen también un
problema de financiación. Por tanto, si se plantea una
estabilidad presupuestaria de manera equivocada las
empresas —la economía— van a tener un problema
adicional. Por eso nosotros somos partidarios de hacer
una senda de ajuste más laxa, porque eso evidentemente
ayudará al crecimiento económico. De hecho, ya hay
muchos economistas de referencia que vienen a decir
que si no se hace una senda más laxa de consolidación
fiscal vamos a ir no ya a un decrecimiento para este año
del menos 1,5 sino a un decrecimiento del 3 por ciento,
o a una tasa de paro del 26 por ciento, a prácticamente 6
En segundo lugar, creemos firmemente que nuestra
Constitución consagra la idea del equilibrio presupuestario pero no la idea del déficit cero. Creemos además
que las leyes de estabilidad presupuestaria del Partido
Popular, de déficit cero, no habrían permitido los superávits presupuestarios que se produjeron en 2005,
en 2006 y en 2007. Incluso esa ley de estabilidad presupuestaria, de déficit cero, del Partido Popular habría
provocado un ajuste de caballo en estos años de crisis
y hasta una recesión y una pérdida de empleo muchísimo mayor. La estabilidad presupuestaria es lo que
vienen a hacer las familias, las empresas, en definitiva
las administraciones: ahorrar cuando las cosas van bien
para invertir en los momentos más necesarios. Dicho
de otra manera, la estabilidad presupuestaria tiene que
ver con la política a favor del crecimiento económico
y a favor de la sostenibilidad de los servicios públicos
En tercer lugar, creemos necesaria esta moción porque
el PP en materia económica siempre tiene mala conciencia. Una cosa es lo que dicen, una cosa es lo que
prometen, y otra bien distinta es lo que terminan haciendo
cuando gobiernan. Hay muchísimas muestras en los
gobiernos municipales y en las comunidades autónomas
donde gobiernan. Hablan del déficit cero pero son las
administraciones más endeudadas. Dicen que van a bajar
los impuestos y cuando empiezan a gobernar provocan,
generan, incrementan los impuestos como nunca en la
democracia. Dicen que no van a abaratar el despido, pero
la mayor agresión a los trabajadores y a sus derechos se
ha producido con la reforma laboral en curso. No me
extrañaría que hubieran inflado el déficit público, que
hayan mentido también en esta cuestión, porque tiene
mucho que ver con esa forma de decir una cosa y hacer
otra bien distinta. Por tanto, no me extraña que hayan
engañado, hayan inflado el déficit público de las cuentas
públicas del año 2011.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene que ir
Hay que cumplirlo para tener y no perder credibilidad
ante los mercados y ante los actores económicos, pero
si se cumple nos lleva a mayor recesión y mayor pérdida
de empleo; es decir doble problema. Por tanto, señor
presidente, estabilidad presupuestaria sí, déficit cero no;
una consolidación fiscal razonable sí pero no una consolidación fiscal que nos lleve a más recesión, a mayor
pérdida de empleo y a una dificultad en la financiación
de los servicios públicos fundamentales y la cohesión
social; ajuste fiscal razonable sí pero no en un periodo
En el punto 2 se nos pide lo que parece el objetivo
central de la política económica del PSOE al inicio de
legislatura, que es una mayor pausa en la reducción del
déficit. No tiene sentido en una economía en recesión
como la nuestra recortar el déficit en 4 puntos de la
noche a la mañana. Por tanto, estamos de acuerdo en una
mayor pausa, pero no deja de ser paradójico que ustedes
se indignen con el tamaño del recorte, ya que hay que
hacer un recorte tan grande porque cuando estaban en el
Gobierno no lo hicieron; eso sí, con cierta ayuda del
Partido Popular en las comunidades que ellos gobiernan.
En el punto 3 se nos pide que los mecanismos preventivos y correctivos respeten el marco constitucional. Nos
parece una obviedad. Esperamos que todo lo que salga
de esta Cámara respete el marco constitucional. Y en
particular —y esto es lo que nos sorprende— se centran
en un único principio constitucional, que es el de autonomía financiera. Mi grupo, UPyD, está de acuerdo en
que se respete la autonomía financiera, es un principio
constitucional, en efecto, pero nos gustaría recordar que
hay muchos otros principios constitucionales que también hay que respetar, por ejemplo, el principio de
igualdad, el principio de solidaridad, el principio de
planificación general de la actividad económica, el principio de coordinación, el principio de armonización.
Todos esos principios también están en la Constitución
y pueden matizar el principio de autonomía financiera
de las comunidades. Por eso hemos presentado una
segunda enmienda pidiendo que se respeten todos los
principios que consagra la Constitución española, porque
parece que se sacraliza un único principio olvidando
En el punto 4 se nos pide mantener los estímulos al
crecimiento y el gasto en cohesión. Estamos de
acuerdo, por eso siempre hemos planteado un recorte
selectivo, pero nos gustaría que algún día los proponentes nos dijesen qué recortarían ellos, porque hay
que mantener el gasto social, hay que mantener el
gasto en infraestructuras, hay que mantener el gasto
en esto y en lo otro. Nosotros proponemos recortes
más fuertes en el gasto superfluo de las administraciones, en duplicidades, ayuntamientos, diputaciones.
Si ustedes quieren mantener esos gastos, ¿qué recortarían?, ¿o no recortarían nada?
Por último, se nos pide buscar el consenso y de nuevo
estamos totalmente de acuerdo, solo lamentamos que esa
misma búsqueda del consenso no tuviese lugar no solo
en el desarrollo de este artículo sino en la propia reforma
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene usted
Un pacto fiscal que sea compatible con el crecimiento
económico y la generación de empleo, y de empleo de
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los
grupos tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo
Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo.
Señorías, el punto 1 de esta moción nos solicita que
la legislación que desarrolle el artículo 135 de la Constitución española se amolde al nuevo pacto fiscal de la
unión económica y monetaria. El Gupo UPyD no puede
estar más de acuerdo. Creemos que España tiene que ser
un socio serio pero digno dentro de la Unión Europea y
que el Gobierno actual y el anterior han caído en una
carrera de intentar ser el mejor alumno de la clase cambiando la Constitución en 24 horas o poniéndose límites
más estrictos que los que la Unión obliga a cumplir.
Consideramos que esto es un error, deberíamos cumplir
los límites de todos los socios, pero cumplirlos de verdad
y no intentar ganar credibilidad por una vía que puede
volverse en contra nuestra. Debemos ser, insisto, un
socio serio, que cumple los compromisos, pero digno,
que actúa como un gran país de la zona euro que es lo
En la segunda parte del punto 1 se nos habla de que
hay que mantener la sostenibilidad económica y social
en nuestro país —por supuesto— y la sostenibilidad de
los servicios públicos fundamentales. Aquí querríamos
realizar una pequeña matización porque la palabra sostenibilidad unida a servicios públicos suele ligarse a la
bajada en los servicios públicos para hacerlos sostenibles. Los servicios públicos pueden ser sostenibles a
niveles muy distintos, a un nivel muy bajo, o pueden ser
sostenibles en una comunidad rica a un nivel alto y en
una comunidad pobre a un nivel bajo. Por eso hemos
introducido una matización en el sentido de que creemos
que lo que hay que defender es la calidad de los servicios
públicos, una calidad similar en toda España.
La señora ROMERO RODRÍ GUEZ: Señorías,
señor presidente, quisiera que mis primeras palabras en
con 5.300.000 parados! Todos sabemos lo que pasó:
presupuestos inflados, previsiones irreales y utópicas y
decrecimiento que provocaron gastos descontrolados,
sobrepasaron en los gastos todo lo que habían inflado,
una situación perversa en la que las comunidades autónomas y ayuntamientos se vieron preparando sus previsiones sobre un cuadro macroeconómico falso —ya
le avisamos que era falso—, y ahora se las ven y se las
desean para poder devolver esos ingresos. Fue el anterior Gobierno socialista el que nos llamó, el que aprobó
el programa de estabilidad. Fue dicho Gobierno con
quien se comprometió con una cifra de déficit. Fueron
los miembros del Grupo Socialista, los que ahora dicen
que esto provocará crisis y paro, los que decían en el
Pleno de 2 de septiembre de 2011 que no era cierto, que
la estabilidad presupuestaria no conllevaba recortes; que
no era cierto en absoluto, para nada, decía en la
página 15 del «Diario de Sesiones» su entonces portavoz el señor José Antonio Alonso. Y ahora ¿qué pasa,
que porque gobierna el PP sí conlleva la estabilidad
presupuestaria déficit, crisis y paro? Señorías, lo que
provocaría paro sería incumplir con nuestros compromisos y poner en cuestión nuestra credibilidad. Un
escenario de estabilidad presupuestaria garantiza un
marco eficiente para la actividad económica, mejora las
condiciones de financiación de nuestra economía con
un importante flujo de ahorro público y reduce el efecto
de expulsión de la inversión privada, con la consiguiente
generación de riqueza y empleo. Estas medidas, junto
con las reformas ya emprendidas por el Gobierno, son
las que nos devolverán a la senda del crecimiento y del
empleo y al lugar que deberíamos de ocupar en Europa,
que gracias a ustedes hoy en día no ocupamos.
Señores del Grupo Socialista, llegamos a un acuerdo
para reformar el artículo 135 de la Constitución, por eso
les pido sensatez. Ahora es el momento de pensar más
en lo que nos une que en lo que nos separa, prestar el
mejor servicio público que se pueda hacer, la mejor
política social que nos pide España, que no es otra que
esforzarnos todos para lograr el objetivo común de la
creación de empleo. Queda todo el trámite del proyecto
de ley en esta Cámara. Pongámonos a trabajar todos y
busquemos un consenso para ello.
esta Cámara en nombre del Grupo Popular fueran una
llamada al consenso, que retomemos la senda del diálogo y del acuerdo que el Grupo Popular y el Grupo
Socialista iniciaron en la reforma del artículo 135 de la
Constitución. Hemos presentado una enmienda porque
el proyecto de ley sobre el que versa la moción ha de
traerse por imperativo constitucional a esta Cámara, por
cuanto el Grupo Popular espera que tenga el máximo
consenso tanto de las fuerzas políticas aquí presentes
como de las administraciones territoriales afectadas
implicadas en su aplicación, para hacer coherente dicho
desarrollo con una política presupuestaria ajustada al
ciclo económico y con el establecimiento de estímulos
al crecimiento, la inversión productiva y la generación
de empleo. Señorías, estamos hablando de un anteproyecto y les pido que tengan visión de Estado, que no se
obcequen en una posición cerrada que impida el
acuerdo. Este anteproyecto tiene que pasar por las
Cortes, así se legisla en democracia y para eso está la
tramitación de las iniciativas legislativas, y es fundamental que se apruebe con el mayor de los apoyos
posible. Trabajemos en esta Cámara para llegar a un
acuerdo. Es fundamental para España. Todos los miembros de esta Cámara tenemos una gran responsabilidad.
La situación económica y social del país lo requiere.
Trabajar juntos y llegar a acuerdos reforzará la posición
de este país. Tenemos un mandato constitucional que
cumplir y hacer esta ley entre todos nos aportaría fuerza
y credibilidad. Señorías, es imprescindible corregir
cuanto antes los desajustes de nuestra economía. Hemos
de actuar con celeridad y credibilidad para recuperar la
posición que España nunca debió perder en Europa. En
el euro y en el cumplimiento de las reglas que ello conlleva está buena parte de la solución de los problemas
que hoy aquejan a la economía española.
El pasado 10 de febrero, el presidente del Banco
Central Europeo afirmaba que España es el país de la
eurozona que mayor restricción crediticia tiene y decía,
asimismo, que era esencial para todos los países cumplir
los objetivos de déficit público anunciados para 2012.
Por ello, la solución no es evitar la reforma y los ajustes.
No podemos titubear y seguir sembrando incertidumbre
sobre nosotros mismos. Los más de 5.300.000 parados
que hay en España necesitan que nos esforcemos para
dar una salida a la dramática situación que están
viviendo. Hay que sanear las cuentas. El sector público
no puede consumir, con su déficit, los recursos que
necesitamos para mantener el bienestar social y generar
empleo y riqueza. Dar marcha atrás sería un error
garrafal. Esos 20.000 millones que dice el señor Saura
que no existían y sobre los que hemos mentido los
detectó el interventor general de la Administración del
Estado y esos 2 puntos de diferencia —que se suman y
al final son 6 puntos con respecto a sus previsiones,
señores del Grupo Socialista— no son el camino. ¿Es
que acaso quieren volver a la laxitud presupuestaria?
¿Es que pretenden que cometamos sus errores? ¡Vaya
papelón, señor Saura, dar recetas de economía aquí
Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Saura, cuando
en el pasado Pleno del día 9 de febrero presentó su
interpelación en representación del Grupo Socialista,
algunos de sus argumentos ofrecían pie a la esperanza.
En algunos de los momentos de su intervención utilizó
razonamientos en la línea de los que nuestro grupo había
utilizado en la anterior legislatura para oponerse a la
reforma del artículo 135 de la Constitución. Hoy nos
complace que el Grupo Parlamentario Socialista comparta con nosotros la impugnación de un concepto de
estabilidad rígido y dogmático, que comparta con nosotros que el riesgo de rigidez en una política fiscal provoca
una mayor caída de la economía y, en consecuencia, un
mayor crecimiento del desempleo. Nos complace también comprobar que el Grupo Socialista comparta con
nosotros que las políticas de estabilidad presupuestaria
se apliquen de manera que no cercenen la recuperación
económica; que las iniciativas legislativas de estabilidad
presupuestaria regulen los mecanismos preventivos y
correctivos de manera escrupulosa con el marco constitucional de ordenación del Estado; que las políticas de
estabilidad presupuestaria se combinen con políticas de
estímulo al crecimiento; que se busque el consenso de
todas las fuerzas políticas de este Parlamento. Nos complace —nunca es tarde si la dicha es buena— que ustedes
compartan con nosotros esas ideas.
Desgraciadamente, hay en su moción dos aspectos
sustanciales que no podemos compartir. Su moción
empieza no solo citando el artículo 135 de la Constitución reformado por el pacto Partido Socialista-PP, sino
incluso condicionando toda ella como anclaje a un artículo que, quiero recordar, en su día fue aprobado rápidamente, con un cierto desprecio a la democracia participativa del pueblo español. Además, su moción plantea
algo que tampoco podemos compartir, nos sitúa ante la
necesidad de un ritmo en el proceso de consolidación
fiscal que permita asumir los objetivos del pacto y que
sea prudente, pero vuelve otra vez a situar como punto
de referencia el pacto fiscal de la Unión Europea.
Señor Saura, creo que ustedes han perdido la oportunidad de ir por la senda que ha empezado, por ejemplo,
el Partido Socialista francés y su candidato a la presidencia de la República cuando ha anunciado que va a
poner en discusión el apoyo a ese pacto fiscal de la Unión
Europea. Son estas discrepancias las que nos han llevado
a presentar nuestras enmiendas que, en el caso de ser
aceptadas, solo en el caso de ser aceptadas, comportarían
nuestro voto favorable.
Señores del Grupo Parlamentario Socialista, hoy no
solo estamos discutiendo cómo aplicar las políticas de
estabilidad y de control del déficit, hoy saben ustedes
que estamos discutiendo alguna otra cosa más; hoy
ustedes tienen que decidir si quieren continuar del brazo
de la política del PP, una política de déficit dogmática,
rígida, que colapsa el crecimiento y que recentraliza el
Estado —porque no se puede decir que se está en contra
pero continuar votando a favor—, o bien si ustedes
quieren construir una alternativa de izquierdas con un
concepto de estabilidad presupuestaria al servicio de la
ciudadanía y no de los mercados y respetuosa con el
modelo descentralizado del Estado. Ese es el acuerdo
que les brindamos a construir hoy. Señores del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Saura, hoy tienen un
motivo más que la semana pasada.
Señores del Grupo Popular, si se confirman las informaciones que llegan de Bruselas que indican que el
Gobierno español puede haber hinchado el déficit
público de manera poco creíble con la realidad, estaríamos sin duda ante una situación extrema. Señor Rajoy,
señora vicepresidenta del Gobierno, señor Montoro, sea
donde sea que estén ustedes —señor Gallardón, si puede
se lo comunica de mi parte— creo que es oportuno que
hoy salgan del paso, porque cada vez más hay muchas
personas en este país que están convencidas de que su
Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, está aprovechando de manera oportunista la crisis para imponer
recortes sociales y un modelo social que no es el que la
ciudadanía reclama. Por eso, señor Saura, señores del
Grupo Parlamentario Socialista, no les ofrezcan ninguna
cobertura, no den cobertura a esas políticas que en
nombre del control del déficit y de la estabilidad practican aplicar políticas que se parecen más a la teología
de los recortes que a un proyecto político serio para este
país. Lo que hemos dicho, señor Saura, en su mano está
el voto a nuestra moción y, sin duda, en su mano está
que podamos compartir en el futuro un concepto de
estabilidad y de déficit más propio de un país con políticas que atienden a sus ciudadanos y no a los intereses
Por el Grupo Parlamentario Mixto y para presentar
sus enmiendas tienen la palabra tres portavoces, se lo
digo para que lo tengan en cuenta a efectos del tiempo.
En primer lugar tiene la palabra el señor Quevedo.
Señorías, los nacionalistas canarios compartimos la
preocupación esencial que subyace en la moción formulada por el Partido Socialista Obrero Español. También
tenemos que recordar que en su momento nos opusimos
con rotundidad a la reforma constitucional favorecida
por un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido
Popular, del cual se derivan los problemas que hoy
tenemos encima de la mesa. Como no tengo demasiado
tiempo para más disquisiciones, iré al grano.
Vamos a plantearles una enmienda de adición al
punto 3 de su moción, ya que los nacionalistas canarios
entendemos que no se pueden aplicar las mismas reglas
de estabilidad a todas las comunidades autónomas
sencillamente porque hay diferentes realidades. No es
razonable que se trate igual a quien ha cumplido con
el endeudamiento, a quien tiene una baja tasa de endeudamiento y además muy negativos indicadores sociales
y laborales, como es el caso de la Comunidad canaria,
que a quien ha hecho una utilización irresponsable de
los fondos públicos. Por tanto, los nacionalistas canarios manifestamos que, si esta realidad no forma parte
de su propuesta, difícilmente podremos apoyar una
taria. Ustedes hipotecaron de por vida para poder pagar
una letra de la hipoteca del déficit, con un artículo que,
a pesar de no ser demasiado concreto, concreta en
extremo a través de la disposición adicional el calendario
de su aplicación. En definitiva, ustedes defienden una
moción que hace referencia a la ley reguladora que tenía
que limitar el déficit a las diferentes administraciones
públicas, pero sin contemplar que dependiendo de cómo
se fijen esos límites y de cómo se distribuyan puede
derivar en dos cosas. La primera sería una austeridad
presupuestaria excesiva, que debilitaría la demanda y, a
la vez, los diferentes programas públicos de promoción
económica. En segundo lugar, puede esconder también
una recentralización de facto por la vía de estrangular a
las administraciones públicas territoriales y marginarlas
en un ínfimo margen de endeudamiento, un margen
mucho más pequeño que el que les corresponde por
propuesta que puede estar bien en el fondo pero que
puede resultar discriminatoria. Debemos insistir en que
una decisión como la que parece que va a tomar el
Gobierno de España, más informada por razones ideológicas que por razones validadas por el análisis económico y social, puede conducir a un retroceso absolutamente histórico de las conquistas del denominado
Estado del bienestar y sus políticas asociadas. En
relación con esa medida, planteamos que es necesario
que la estabilidad sea un objetivo razonable, siempre
que no cuestione la calidad de vida de una sociedad
determinada, siempre que no suponga un retroceso
serio en la cohesión social, como creemos que puede
ocurrir precisamente con las decisiones que se están
tomando en estos inicios de legislatura. Volvemos a
insistir en que la flexibilidad debe ser una característica, pero la tranquilidad, otra. No se pueden cumplir
criterios de reducción del déficit de forma apresurada
porque eso es contrario al desarrollo de la actividad
económica, a la creación de empleo y claramente al
desarrollo del gasto y de los servicios públicos.
El señor PRESIDENTE: Señora Jordà, le recuerdo
que comparte usted su tiempo. Tiene usted que acabar.
Por tanto, para que pudiéramos votar a favor de esta
moción deberían tenerse en cuenta en el desarrollo legislativo del artículo 135 los diferentes niveles del esfuerzo
fiscal —un esfuerzo fiscal relativo a la hora de fijar los
objetivos del déficit y sus planes de reajuste— y que en
lo que se refiere a las administraciones autonómicas se
contemplen también las balanzas fiscales de dichas
comunidades autónomas. Es por ello que nos es imposible apoyar esta moción.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente,
señoras y señores diputados, aunque a alguien le sorprenda, parece que el camino que lleva de Moncloa a la
silla de la oposición en el Congreso provoca extraños
cambios de actitud en este lado del hemiciclo. También
—tengo que decirlo— conlleva contradicción el camino
que lleva de la oposición a La Moncloa. Mientras los
reyes antirrebaja del despido presentan una reforma
laboral que da barra libre a los empresarios, el PSOE
parece que tiene ahora reparos a la enmienda que él
mismo impulsó a la Constitución y que venía avalada
por el neoliberalismo que reina en Europa. Partido
Popular y Partido Socialista, pues, apoyaron una
enmienda que, como todos sabemos, fue escrita en
alemán y celebrada en francés por Merkozy, pero el
debate ya es viejo y parece que el PSOE, en su intento
de renovar sus principios de izquierdas, quiere ahora
puntualizar la reforma del artículo 135. Más allá de la
contradicción, más allá de las prisas y de una reforma
exprés de la Carta Magna, todo indica que ahora compiten para ver quién aplica mejor el artículo, pero, señorías, el problema no es cómo se aplica dicho artículo,
sino haberlo incluido en su día. En su momento, Esquerra
se opuso al asalto neoliberal a la Constitución, no por
compartir el respeto reverencial que ustedes tienen a la
Carta Magna, sino porque era muy peligroso limitar el
déficit con el cambio citado. Nos mostramos contrarios
a un artículo que pretendía agradar los mercados y comprometer a las administraciones públicas del Estado
español a no gastar más de lo que se ingresaba, unos
límites que ya estaban garantizados y fijados previamente en las diferentes leyes de estabilidad presupues-
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor
Señorías, la futura ley de estabilidad presupuestaria
supone la ejecución de la reforma exprés de la Constitución acordada entre el PSOE y el PP. Fue una reforma
constitucional negociada bilateralmente entre ambos
partidos, que ninguno de los dos llevó en su programa y
que no fue sometida a consulta popular. Dicha reforma
pautaba el desarrollo legislativo del artículo 135 de la
Constitución española bajo una óptica muy restrictiva
en la concepción del déficit, así como en la autonomía
El PSOE trata ahora de matizar su posición y marcar
distancias con el Partido Popular con respecto al acuerdo
que propició la reforma constitucional y sentó las bases
de la futura ley que desarrollará el artículo 135. Fue un
acuerdo realizado bajo el estricto dogma neoliberal
relativo a la concepción del déficit y de la deuda pública.
A tenor del discurso y acción del PSOE en el Gobierno
semana pasada, sabíamos muy bien lo que estábamos
votando y lo que significa realmente hacer esa reforma
de la Constitución, y por eso precisamente votamos que
no. Hoy el Grupo Socialista pretende con esta moción
presentar una reclamación para que se cumplan los
compromisos adquiridos con el Grupo Popular al
reformar la Constitución, que se respete el marco competencial de las comunidades autónomas y corporaciones
locales, que la ley de estabilidad sea coherente con las
exigencias europeas y que se busque el máximo consenso en la aprobación de la ley de estabilidad. Eso, a
nuestro juicio, no es decir casi nada. A pesar de no estar
de acuerdo con la reforma constitucional, que ni siquiera
se nos consultó —supongo que porque se entendía que
era una cuestión de Estado en la que los nacionalistas no
teníamos cabida—, votaremos favorablemente una
moción cuyos contenidos son bastante inocuos y poco
aportan, en nuestra opinión, al margen del rifirrafe político entre el PSOE y el PP.
Señores del Grupo Socialista, señores del Grupo
Popular, si estamos preocupados por el crecimiento
económico y por el empleo, si nos preocupa que las
medidas de ajuste y las reformas estructurales que se
están aprobando vayan a tener repercusiones negativas
sobre el mercado de trabajo, sobre la ocupación y el
paro, entonces tenemos que reorientar completamente
el debate. Tenemos que mirar no solo hacia adentro, sino
fundamentalmente hacia afuera para reclamar un
periodo de ajuste más amplio, sí, pero sobre todo para
exigir una política económica europea de impulso a la
actividad económica y a la generación de empleo, para
exigir la puesta en marcha de los eurobonos, que el
Banco Central Europeo actúe como un auténtico banco
central para exigir la creación de un impuesto sobre las
transacciones financieras internacionales que permitan
financiar, junto con otros recursos comunitarios, una
auténtica política anticíclica en pro del crecimiento y
del empleo. De lo contrario, con mociones como la de
hoy nos entretendremos, pasaremos el rato, pero no
avanzaremos en el necesario debate económico para
estos matices no resultan creíbles y, a pesar de que se
tratan de criterios que matizan la concepción que propició la reforma constitucional, las propuestas contempladas en la moción se circunscriben al estricto marco
que fijó dicho acuerdo. Se trata de una concepción que
culpa al déficit y la deuda pública de la intensa crisis,
que impide el uso de estos instrumentos clásicos de
política económica y que limita sobremanera la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Por lo
tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a votar negativamente esta moción.
Por los grupos que van a fijar posiciones tiene la
palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) el señor Azpiazu.
señoras diputadas, señores diputados, señores del Grupo
Parlamentario Socialista, el encanto y la fuerza de la
política económica que pudiera sospecharse del título
de la moción sobre la política de estabilidad presupuestaria para las administraciones públicas en el desarrollo
del artículo 135 de la Constitución española —tal y
como aparece en el texto— desaparecen instantáneamente cuando analizamos el contenido de la misma o
cuando releemos el «Diario de Sesiones» de la pasada
semana en el que se reproduce el debate de la interpelación entre el señor Saura y el señor Montoro. Un tema
de calado económico se convierte en intrascendente y
de difícil comprensión. Con todos los respetos, parece
un debate de alcoba sobre las discrepancias, infidelidades y supuestos incumplimientos de un compromiso
del pasado. El debate gira en torno a si el anteproyecto
de ley de estabilidad recoge o no fielmente lo pactado
entre el señor Zapatero y el señor Rubalcaba por un lado
y el señor Montoro y el señor Rajoy por otro. Señores
del Grupo Socialista y señores del Grupo Popular, ese
debate es hoy irrelevante y al menos a nosotros nos
parece vacío y carente de interés. Nuestro grupo ya se
manifestó en su día en contra de la reforma constitucional exprés que llevaron a cabo el PSOE y el PP
porque entendíamos antes, y entendemos hoy, que no
era en absoluto necesaria, al menos hacerlo con aquella
rapidez para hacerle la pelota a la señora Merkel,
demostrándole que somos los primeros en hacer la
Solo los juristas y algunos políticos de diferente formación —muy pocos economistas, que yo sepa— creen
en el valor resolutivo de las leyes, aunque sea la propia
Constitución. Por mucho que la Constitución impida el
déficit público o reconozca el derecho a la vivienda de
los ciudadanos, la realidad económica o social será la
que se imponga. No era necesario el rango constitucional
para establecer un marco a la estabilidad presupuestaria.
Como señalaba el señor Montoro en la interpelación la
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta ante esta Cámara una moción que va
en la misma dirección política, en cuanto al fondo, que
la proposición no de ley que debatimos hace aproximadamente una semana y que intenta cambiar el plan de
estabilidad y todo el plan de ajuste que se ha planteado
en los diferentes países de la Unión Europea para poder
retrasar los objetivos del déficit en los próximos dos
años, dada la coyuntura negativa actual en el crecimiento
de la economía española y que probablemente vamos a
experimentar a lo largo de este año.
En primer lugar, me gustaría hacer un par de consideraciones al respecto. Me gustaría recordar al Partido
Socialista —y también al Partido Popular, aunque es
verdad que la pasada legislatura gobernaba el Partido
Socialista— que ustedes fueron los responsables, conjuntamente y en una perfecta connivencia con el Partido
Popular, de cambiar con premeditación y alevosía en una
noche el artículo 135 de la Constitución. No solamente
lo cambiaron consiguiendo un acuerdo relámpago entre
las dos formaciones políticas, sino que al mismo tiempo
tuvieron la osadía política de expulsar a partidos que
habíamos colaborado y que habíamos sido padres de la
Constitución. (Rumores.)
que probablemente nos veamos abocados a corregir estos
datos macroeconómicos. De entrada, creemos que es
interesante tener la voluntad firme de conseguirlos y desde
esa perspectiva vamos a abstenernos en esta moción que
ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y
Vemos elementos bien interesantes en las enmiendas
de UPyD, de Izquierda Unida y de Coalición
Canaria-Nueva Canarias, pero entendemos que deberían
concretarse en el debate, en el desarrollo del anteproyecto aquí, en el Parlamento. Vamos a rechazar, por
tanto, todas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Sánchez i
Llibre, un momento. Por favor, ruego silencio para que
se pueda oír al orador.
Repito que tuvieron la osadía política, el valor político
—yo lo defino como osadía política— de expulsar de este
acuerdo a una serie de partidos que habíamos sido padres
de la Constitución. Me refiero en este caso a Convergència
i Unió y también a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que colaboramos en el año 1977 en la formalización
de esta Constitución. Ustedes rompieron en aquella noche
del mes de julio del año 2011 este pacto constituyente. Y
ahora el Partido Socialista, que está en la oposición, paga
en cierta manera el desaguisado que realizaron con el
Partido Popular y nos quieren plantear una serie de modificaciones en las que en el fondo probablemente ustedes
tienen absolutamente toda la razón. Es muy probable, casi
seguro, que en función de la evolución de la economía y
de la coyuntura económica a lo largo del año 2012 el
partido que está en el Gobierno se vea obligado a modificar estos criterios en la evolución del déficit en los
próximos dos o tres años, pero entendemos que en estos
momentos los mercados internacionales esperan que
exista una voluntad firme y segura de que los objetivos de
déficit se van a cumplir. En esto nosotros estamos de
acuerdo. También entendemos que hasta la fecha todos
aquellos indicativos que han dado los diferentes mercados
internacionales han sido positivos en función de la evolución y de las reformas que se han planteado. Por tanto,
nosotros desde esta perspectiva vamos a ser consecuentes
en la aplicación de nuestro voto. En el debate de la política
europea que se formalizó el pasado miércoles nuestro
presidente del grupo parlamentario, señor Duran i Lleida,
ya fue en la misma dirección así como también lo fue la
diputada Inma Riera, que en la moción hizo una intervención parecida a la que yo estoy haciendo. Por lo tanto,
desde esta perspectiva vamos a ser consecuentes, objetivos
con nuestros actos, estando de acuerdo en el fondo con
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de las
proposiciones no de ley y de las mociones, se votará en
cinco minutos. (Pausa.)
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE REVISIÓN
DEL GOBIERNO Y PROMOCIÓN DE LAS
INICIATIVAS LEGISLATIVAS NECESARIAS
EN SU RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES Y
REGULAR SU RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES ENTRE LA PERCEPCIÓN DE
RETRIBUCIONES CON CARGO A LOS FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. (Número de
expediente 162/000052.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las
votaciones. En primer lugar, proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia,
sobre revisión del Estatuto de los ex presidentes del
fondos públicos y privados. Esta proposición no de ley
se va a votar en sus propios términos.
votos emitidos, 320, a favor, 26; en contra, 291; abstenciones, tres.
aceptado la enmienda del Grupo Socialista. En esas
condiciones comienza la votación.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan
de derechos humanos. Esta proposición se vota con la
enmienda aceptada al Grupo Parlamentario Popular.
votos emitidos, 319; a favor, 127; en contra, 192.
votos emitidos, 321; a favor, 306; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad
de la Constitución española. Se vota en sus propios términos.
votos emitidos, 320; a favor, 108; en contra, 180;
abstenciones, 32.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar a continuación las mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. La primera moción, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el
cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica
del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo
integral y sostenible de las comarcas mineras. Se ha
9 SESION PLENARIAS NUMERO 8 CELEBRADA EL MARTE 14 DE FEBRERO DE 2012