Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25199
Timestamp: 2020-04-08 13:27:52
Document Index: 123576100

Matched Legal Cases: ['Artículo 47', 'Artículo 51', 'Artículo 72', 'Artículo 87', 'Artículo 40', 'Artículo 112', 'Artículo 126', 'Artículo 13', 'Artículo 552', 'Artículo 695', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 213/2016
SENTENCIA 213/2016, de 15 de diciembre
ECLI:ES:TC:2016:213
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4985-2013, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Ha comparecido y formulado alegaciones el Letrado de las Cortes Generales, en la representación que legalmente ostenta. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha sido parte el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación y Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer de este Tribunal.
c) El Grupo Parlamentario Socialista solicitó, el 12 de abril de 2013, la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
i) La denuncia de la vulneración de los arts. 112 y 126.5 RCD y de los arts. 23 y 87.3 CE, por la presentación por el Grupo Parlamentario Popular de enmiendas al articulado que, a juicio de los recurrentes eran una enmienda a la totalidad con texto alternativo que, en su consecuencia, privó al Pleno de su deliberación, y su ulterior aprobación que comportó la desaparición del texto, no puede prosperar, en los términos en los que está expresado en la demanda, que se vincula con la imposibilidad de los grupos de la minoría de ejercer su función. Al respecto, debemos recordar que si bien la materia y el objeto del procedimiento lo delimita el autor de la iniciativa legislativa, ello no obsta a que a través del ejercicio del derecho de enmienda los representantes de los ciudadanos puedan incidir en el texto de la iniciativa, rechazándolo (enmienda de totalidad con devolución del texto), alterándolo (enmienda de totalidad con proposición de texto alternativo) o modificándolo (enmiendas parciales de modificación, supresión o adición) (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6). A ello ha de añadirse que, como ya dijimos en la STC 129/2013, de 4 de junio, “el principio democrático consagrado por nuestra Constitución (art. 1.1 CE) impone que la formación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como fórmula para la integración de voluntades concurrentes" [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 5; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 c), y 209/2012, 14 de noviembre, FJ 2].
Antes de abordar la resolución de esta cuestión resulta necesario comprobar sí la impugnación de esas dos disposiciones transitorias se acompaña con una fundamentación que permita a la parte, a la que asiste el derecho de defensa (en este caso, al Abogado del Estado), así como a este Tribunal, conocer las razones por las cuales los recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional (STC 103/2013, de 25 de abril, FJ 7). Tal carga alegatoria es una condición inexcusable inherente a la presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado, conectado con el precepto impugnado, que las sustente [STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 7 c)].
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 4985-2013
Se enjuicia la constitucionalidad de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Se recurre, en primer lugar, la totalidad de la referida Ley y, subsidiariamente, el recurso se dirige contra determinados preceptos de la misma. Entre otros: los plazos y supuestos de suspensión de los lanzamientos, los requisitos para considerar deudores hipotecarios en el umbral de exclusión y la referencia al procedimiento de venta extrajudicial.
La Sentencia desestima el recurso de inconstitucionalidad. A juicio del recurrente las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular suponían una enmienda a la totalidad de la Ley. Se declara la inexistencia de vulneración constitucional alguna, toda vez que se reconoce el derecho de enmienda, cuyo origen trae causa en el respeto al principio democrático, articulado mediante el principio mayoritario. Respecto de la tramitación conjunta de la iniciativa legislativa popular de dación en pago, paralización de los desahucios y de alquiler social y el texto del proyecto de ley relativo a la adopción de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la Sentencia considera adecuada la tramitación parlamentaria. La tramitación conjunta no se encuentra prohibida y la decisión ha sido adoptada por los órganos competentes y por mayoría. Finalmente y en cuanto a la decisión de la Mesa del Congreso de no someter a deliberación la propuesta de avocación al Pleno de esta iniciativa, la Sentencia declara que el recurrente se limita a mencionarla sin aducir una concreta vulneración, por otro lado no observa la Sentencia la violación de los derechos derivados del ejercicio de la función representativa.
En cuanto a la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley, la Sentencia declara la perdida sobrevenida del objeto en relación con: los plazos y supuestos de suspensión de los lanzamientos, los requisitos para considerar deudores hipotecarios en el umbral de exclusión, la referencia al procedimiento de venta extrajudicial, la alteración de dos preceptos de la Ley recurrida que modifican la Ley de Enjuiciamiento Civil y la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades financieras.
La posibilidad de tramitación conjunta de dos iniciativas legislativas no está expresamente prevista en el Reglamento del Congreso de los Diputados, pero tampoco se establece su prohibición en ningún precepto del mismo [FJ 4].
Hay que distinguir las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan, del plano bien distinto de la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos (STC 136/2011) [FJ 3].
Como ya hemos afirmado en relación con el derecho de enmienda, el autor de la iniciativa (art. 87 CE), tiene la prerrogativa de decidir qué materias serán sometidas al conocimiento, debate, y, en su caso, aprobación de las Cortes Generales (STC 136/2011). Por lo tanto, en la tramitación conjunta de dos iniciativas legislativas es exigible, como en el ejercicio de derecho de enmienda, que exista una conexión material entre ambas iniciativas (STC 216/2015) [FJ 4].
La derogación o modificación de los preceptos recurridos hace desaparecer el objeto del recurso de inconstitucionalidad en lo que a ellos se refiere (STC 223/2012) [FJ 5].
Carecería de sentido que este Tribunal se pronunciase sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento (STC 134/2011), salvo cuando la controversia se suscite sobre el carácter orgánico de un precepto o sobre motivos competenciales [FJ 5].
Artículo 47, ff. 1, 5
Artículo 51, ff. 1, 5, 6
Artículo 72, ff. 3, 4
Artículo 87.3, ff. 1, 3, 4
Artículo 40.1, ff. 2, 5
Artículo 112, ff. 3, 4
Artículo 126.5, ff. 3, 4
Artículo 13.2 (redactado por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo), f. 3
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993. Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
Artículo 552.1 (redactado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo), ff. 1, 5
Artículo 695.4 (redactado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo), ff. 1, 5
Artículo 3 (redactado por la Ley 1/2013, de 4 de mayo), f. 5
Artículo 3.1 b) 4º (redactado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo), f. 1
Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre. Medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
Artículo 3.3, ff. 1, 5
Artículo 7.14, ff. 1, 5
Artículo 8.2, ff. 1, 5
Disposición transitoria primera, ff. 1, 5 a 7
Disposición transitoria segunda, ff. 1, 5 a 7
Dispoisición final primera, f. 5
Disposición transitoria cuarta, ff. 1, 5, 7
Disposición transitoria quinta, f. 5
Disposición final cuarta, apartado 1, f. 5
Disposición final decimoséptima, f. 5
Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre. Medidas urgentes en materia concursal
Ley 9/2015, de 25 de mayo. Medidas urgentes en materia concursal
Artículo único, apartado 61, f. 5
Derecho a la igualdadDerecho a la igualdad, ff. 1, 5
Derecho a la inviolabilidad del domicilioDerecho a la inviolabilidad del domicilio, ff. 1, 5
Impugnación de preceptos no recogidos en el suplico de la demandaImpugnación de preceptos no recogidos en el suplico de la demanda, f. 7
Tramitación de enmiendasTramitación de enmiendas, ff. 2 a 4
Pérdida de vigencia de las normas jurídicasPérdida de vigencia de las normas jurídicas, ff. 2 a 4
Proceso de ejecución hipotecariaProceso de ejecución hipotecaria, f. 6