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Timestamp: 2017-11-18 01:09:26
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 43', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 30', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 6', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 21', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 16', 'Artículo 22', 'artículo 29', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 23', 'Artículo 26']

Anteproyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, SlideSearchEngine.com
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SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA Sleg6607 5.03.2014 Audiencia Pública Anteproyecto de Ley XX/2014, de fomento de la financiación empresarial. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La función última del sistema financiero y su aportación más definitiva a la actividad económica consiste en la canalización eficiente de recursos desde los agentes con capacidad de ahorro hacia aquellos que necesitan financiación. Esta transmisión del ahorro hacia la inversión se puede producir de manera intermediada a través de entidades bancarias, o bien a través del acceso a los mercados de capitales que relacionan inversores y demandantes, especialmente empresariales, de financiación de manera directa. El correcto funcionamiento y la adecuada regulación de ambos canales son unos de los parámetros determinantes del crecimiento económico y la creación de empleo. Las empresas españolas han sido tradicionalmente muy dependientes de la financiación bancaria, tanto para financiar sus necesidades de inversión como su operativa corriente. Esta dependencia es todavía más acusada en el caso de las empresas de menor dimensión, cuyo volumen dificulta enormemente el acceso directo a los mercados. A su vez, las pymes constituyen el porcentaje mayoritario del tejido empresarial español y son, en su conjunto, el principal empleador del país, por lo que una restricción en el acceso al crédito bancario, derivada de problemas inicialmente de índole estrictamente financiera, tiene un impacto muy significativo en el conjunto de la economía. La función de la pyme en una economía desarrollada como la nuestra no se agota en su contribución al crecimiento de la renta nacional, al consumo o a la generación de empleo, sino que también se manifiesta sobre el bienestar y la estabilidad social y económica del país. Los efectos de esta fuerte bancarización de la economía se han dejado notar en la economía española en los últimos años. Durante la última etapa de expansión, el crédito a las empresas no financieras y los hogares creció a tasas que triplicaban el crecimiento económico. Desde el año 2009 se ha producido, sin embargo, una muy acusada reducción del crédito, que se ha intensificado en los años 2012 y 2013. Esta restricción en volumen se ha acompañado de un paralelo incremento en el coste de financiación de las empresas. Este contexto es, de nuevo, especialmente acusado para las pymes, debido fundamentalmente a la existencia de menor información sobre su solvencia, lo que dificulta y encarece la labor de valoración del riesgo que realizan las entidades financieras antes de financiar proyectos empresariales. 1
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA Por todo lo anterior, se hace necesario dar un giro estratégico a las fuentes de financiación de la economía española. Para ello se articulan un conjunto de medidas con una doble finalidad. La primera pretende hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes, y parte de la convicción de la necesidad de potenciar la recuperación del crédito bancario dado su vital importancia en nuestro sistema financiero. Y la segunda, pretende avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa (no bancaria) en España. II El título I incorpora dos novedades destinadas a favorecer la financiación bancaria de las pymes. La primera de ellas, recogida en el capítulo I, establece la obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes por escrito y con antelación suficiente su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya venido concediendo. De esta manera, la pyme dispondrá de tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería, de forma que tal interrupción o reducción de la fuente de crédito no genere sorpresivos problemas de liquidez que dificulten o incluso imposibiliten cualquier reajuste. Este preaviso, se acompaña de la obligación de la entidad de crédito de facilitar a la pyme, en un formato estandarizado, información sobre su situación financiera e historial de pagos. De este modo, la pyme podrá iniciar la búsqueda de fuentes alternativas de financiación con mayor facilidad y haciendo el uso que mejor corresponda de su información financiera. Con ello se pretende resolver, al menos parcialmente, el problema de asimetría informativa que dificulta y encarece el acceso de las pymes a la financiación. También se pretende facilitar un mejor acceso de las pymes al crédito bancario mediante la reforma del régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. Desde su creación, la existencia de estas sociedades ha permitido a las pymes obtener financiación bancaria en condiciones más favorables, ya que su objeto social consiste precisamente en la concesión de avales a este tipo de empresas. En este sentido, la principal mejora que se realiza en esta ley en materia de Sociedades de Garantía Recíproca es la modificación del funcionamiento del reaval que la Compañía Española de Reafianzamiento presta a estas sociedades, al explicitar que dicho reaval se activará ante el primer incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca. Se pretende así garantizar que las entidades de crédito valoren adecuadamente el reaval proporcionado por la Compañía Española de Reafianzamiento, lo que debería reflejarse en una mejora en las condiciones del crédito ofrecido a las pymes. Adicionalmente, se hace extensivo el régimen de idoneidad de administradores y directivos de las entidades de crédito a las Sociedades de Garantía Recíproca, en respuesta a las actuales demandas de potenciar y mejorar el gobierno corporativo de las entidades que operan en los mercados financieros y de valores. La inclusión de estrictos criterios de honorabilidad, 2
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA experiencia y buen gobierno contribuirá a incrementar el nivel de profesionalización en estas entidades. El título II recoge el nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito que viene motivado por la reciente aprobación de la normativa europea en materia de solvencia de las entidades de crédito, a saber, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE; y el Reglamento 2013/575/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 2012/648/UE. En adaptación a esta nueva regulación, los establecimientos financieros de crédito pierden su condición de entidades de crédito pero manteniendo intacta si inclusión dentro del perímetro de supervisión y estricta regulación financieras. Este título no sólo aclara y regulariza su régimen jurídico, sino que lo moderniza y lo adapta a las actuales exigencias de los mercados financieros, de forma que se aprovecha esta ocasión para fomentar el desarrollo de este canal alternativo a la financiación estrictamente bancaria, muy relevante en especial, para la financiación del consumo minorista. Un instrumento que ha favorecido el crecimiento de la financiación en las etapas económicas expansivas ha sido la titulización, que permite transformar un conjunto de activos financieros poco líquidos en instrumentos negociables y líquidos que generan flujos de caja de periodicidad fija. En la etapa de crecimiento económico, las titulizaciones crecieron en España a un ritmo superior al de otros países de su entorno, llegando a situar a nuestro país como uno de los grandes emisores de este tipo de valores en Europa. El estallido de la crisis financiera internacional en 2007 supuso la práctica interrupción del uso de este instrumento de financiación, cuyo régimen jurídico conviene ahora revisar en aras a su revitalización. La reforma del régimen de las titulizaciones, contenida en el título III, se articula en torno a tres ejes. En primer lugar, ante la enorme dispersión normativa existente en el régimen jurídico español de las titulizaciones, esta ley opera su necesaria refundición, para garantizar la coherencia y sistemática de todos los preceptos que disciplinan esta materia, aportando mayor claridad y seguridad jurídica al marco regulatorio. En este sentido, cabe destacar que se unifican en una única categoría legal los, hasta ahora, denominados fondos de titulización de activos y fondos de titulización hipotecaria. No obstante, los fondos de titulización hipotecaria existentes en el momento de entrada en vigor de la ley cohabitarán con los nuevos fondos de titulización de activos hasta que se extingan progresivamente. El segundo eje rector de esta ley pretende aproximar nuestro régimen jurídico al de otras jurisdicciones europeas más avanzadas en la materia. Con esta finalidad se flexibiliza la operativa de estos instrumentos, y se suprimen aquellos obstáculos que impiden replicar en España determinadas estrategias innovadoras de titulización de probado éxito y 3
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA utilidad en países de nuestro entorno. Por último, se fortalecen sustantivamente las exigencias en materia de transparencia y protección del inversor, en línea con las mejoras prácticas internacionales. III Un sistema económico plenamente desarrollado y avanzado requiere de unos mercados de capitales que, desde unas bases sólidas y estables, encaucen eficazmente la oferta de fondos hacia el tejido productivo y hacia la economía real. El desarrollo de estos mecanismos de financiación directa fomentará una mayor diversificación de las fuentes de financiación de las empresas españolas. De esta forma, se evitaría que, en el futuro, las tensiones en los mercados interbancarios repercutan de manera tan intensa en la capacidad de financiación de las empresas españolas, reduciendo la vulnerabilidad de nuestra economía a las crisis crediticias. Con esta finalidad, se recogen en el título IV una serie de mejoras en el acceso de las empresas a los mercados de capitales. En primer lugar, introduce reformas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para favorecer el tránsito de las sociedades cotizadas desde un mercado secundario oficial a un sistema multilateral de negociación, y viceversa. Se facilita así que las sociedades que buscan financiación a través de recursos propios puedan acudir al mercado que mejor se adecue a sus características. En el caso del tránsito de un mercado secundario oficial a un sistema multilateral de negociación, se ha identificado que en una etapa de menor actividad económica y bursátil, algunas empresas cotizadas pueden encontrar demasiado costoso cotizar en Bolsa debido a los requisitos de transparencia y gobierno corporativo más exigentes. Para permitir este tránsito sin deteriorar los derechos de los accionistas minoritarios, se elimina la obligación de realizar una OPA de exclusión, pero introduciendo una serie de restricciones y requisitos. Por otra parte, tras varios años de actividad en un sistema multilateral de negociación, algunas empresas podrían considerar, dentro de su estrategia de expansión, pasar a cotizar en un mercado secundario oficial para aumentar sus posibilidades de financiación. Por este motivo, se facilita este tránsito, mediante la reducción de algunos requisitos por un periodo transitorio de dos años. El segundo bloque de reformas para facilitar el acceso a los mercados de capitales atañe a la emisión de obligaciones. Mediante reformas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se facilita la financiación a través de emisiones de renta fija, eliminando las disfunciones que la actual regulación presenta respecto al funcionamiento actual de los mercados de capitales, al proceder, en gran medida, de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951. Entre otras reformas, se elimina el límite a las emisiones vigente hasta ahora, por el que las 4
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA sociedades anónimas y las sociedades comanditarias por acciones no podían emitir obligaciones más allá de sus recursos propios. Por otra parte, se elimina la prohibición a las sociedades de responsabilidad limitada de emitir obligaciones, si bien se introducen una serie de salvaguardias que eviten un endeudamiento excesivo. Además, se homogeneizan las obligaciones relativas a la protección del inversor aplicables a las empresas cuyos valores se emitan, se negocien o se comercialicen en España con independencia de su nacionalidad, siendo obligatorio para todas ellas la constitución de un sindicato de obligacionistas. El título V establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades denominadas en el argot internacional como crowdfunding. Estas plataformas, que constituyen un novedoso mecanismo de desintermediación financiera desarrollado gracias a las nuevas tecnologías, han crecido de manera muy significativa en los últimos años, avivando el debate en la arena nacional e internacional sobre la necesidad de su regulación. El crowdfunding es un fenómeno con diversas manifestaciones, si bien sólo se pretende regular aquí las figuras en las que prime el componente financiero de la actividad o dicho de otro modo, en las que el inversor espera recibir una remuneración monetaria por su participación, dejando por tanto fuera del ámbito de esta norma al crowdfunding basado en compraventas y en donaciones. Las plataformas de financiación participativa ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores o solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. En dicha actividad sobresalen dos características, como son la participación masiva de inversores minoristas que financian con cantidades reducidas pequeños proyectos de alto potencial y el carácter arriesgado de dicha inversión. En este sentido, y sin perjuicio de que la inversión en estos proyectos es intrínsecamente arriesgada, se han diseñado mecanismos de protección al inversor basados en requisitos de registro, de información, prohibiciones, normas de conducta y límites a la inversión. Se establecen límites al volumen que cada proyecto puede captar a través de una plataforma de financiación participativa para asegurar que la actividad de las plataformas está efectivamente limitada a la financiación masiva por inversores minoristas de proyectos de tamaño contenido, de forma que, los proyectos que superen dicho límite, y en coherencia con su elevado importe, deberán atenerse al régimen general de la normativa financiera, y en particular al del mercado de valores. Los límites a la cantidad que pueden invertir los inversores a través de dicha plataforma pretenden, de un lado, circunscribir esta actividad a la auténtica financiación basada en el volumen elevado de financiadores, teniendo estos un carácter minorista no profesional y, de otro, restringir la potencial pérdida que se pudiera padecer por el uso directo de este canal. 5
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA Mediante esta regulación se ha querido clarificar la normativa aplicable y para ello se han flexibilizado los requisitos aplicables a las oferta de venta o suscripción de valores que no constituyen oferta pública y se matiza la definición de captación de fondos reembolsables del público para excluir de la misma la captación de financiación mediante préstamos que cumplan con lo establecido en esta ley. Adicionalmente, se procede a someter la actividad que cumpla los supuestos de hecho de estas plataformas de financiación participativa a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el caso de la emisión de valores, y del Banco de España, para el caso de la solicitud de préstamos. Las entidades cuya actividad no encaje en la definición de plataformas seguirán sometidas al régimen general del mercado de valores, de entidades de crédito y otra normativa aplicable. TÍTULO I Mejoras de la financiación bancaria a las pequeñas y medianas empresas CAPÍTULO I Derechos de las pymes en supuestos de cancelación o reducción del flujo de financiación Artículo 1. Preaviso por terminación o disminución del flujo de financiación a una pyme. 1. Las entidades de crédito notificarán por escrito y con una antelación mínima de 3 meses su intención de no prorrogar el flujo de financiación que vengan concediendo a una pyme o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento. El plazo de 3 meses se computará atendiendo a la fecha de vencimiento del contrato de crédito de mayor relevancia económica de los que componen el flujo de financiación. 2. A estos efectos, se entenderá por: a) Flujo de financiación, el conjunto de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación otorgados a una pyme por una misma entidad de crédito. b) Prórroga del flujo de financiación, la prórroga de los contratos de financiación o la celebración de unos nuevos y por un importe global similar. c) Disminución en un 35 por ciento o más del flujo de financiación, la prórroga de todos o algunos de los contratos en vigor o la celebración de otros nuevos, cuando las prórrogas o los nuevos contratos que se celebren en un periodo de tiempo de 3 meses supongan, en términos agregados, que el importe global de financiación sea inferior en al menos un 35 por ciento con respecto al existente en el momento en el que se debía notificar el preaviso. 6
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA d) Pyme, una pequeña o mediana empresa de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. 3. Se excluyen de la anterior obligación los siguientes supuestos: a) Cuando el plazo de duración máximo del flujo de financiación, incluidas las posibles prórrogas de los contratos que lo componen, sea inferior a 3 meses. b) Cuando la pyme sea declarada judicialmente en concurso de acreedores. c) Cuando la entidad de crédito haya resuelto el contrato por incumplimiento de la pyme de sus obligaciones. d) Cuando los contratos que componen el flujo de financiación hayan sido rescindidos de común acuerdo o cuando este no sea prorrogado o sea disminuido en una cuantía igual o superior al 35 por ciento de común acuerdo. e) Cuando la entidad de crédito ponga fin a las relaciones de negocio u operaciones con la pyme en virtud de lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. f) Cuando la entidad de crédito justifique fehacientemente que las condiciones financieras de la pyme han empeorado de manera sobrevenida y significativa durante los tres meses posteriores a la fecha en la que se debería haber realizado la notificación. Artículo 2. Información Financiera-PYME. 1. Dentro de los 7 días hábiles posteriores a la notificación prevista en el artículo anterior, la entidad de crédito proporcionará a la pyme un documento denominado “Información Financiera-PYME” basado en toda la información que hubiere recabado de ella en relación con su flujo de financiación. La información se basará en los datos históricos a disposición de la entidad de crédito y deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: a) Todas las declaraciones de datos sobre la pyme remitidas por la entidad de crédito declarante a la Central de Información de Riesgos conforme a lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y en sus normas de desarrollo. b) El historial crediticio, que deberá incluir los siguientes datos referidos a los cinco años anteriores a la notificación: 7
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA 1.º una relación de los créditos históricos y vigentes y de los importes pendientes de amortización, 2.º una relación cronológica de las obligaciones impagadas con sus detalles o, en su defecto, la declaración expresa de que la pyme ha cumplido íntegramente con sus obligaciones, 3.º situación actual de impagos y 4.º una relación de los concursos de acreedores, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales. c) Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos del flujo de financiación de la pyme. d) La calificación interna del riesgo de la pyme en términos estandarizados de conformidad con lo previsto en el apartado 3. 2. Las pymes tendrán derecho a solicitar la información prevista en los párrafos a), b) y c) del apartado anterior en cualquier momento y de forma incondicionada. La entidad de crédito deberá poner a disposición de la pyme dicha información en el plazo de 7 días hábiles. 3. El Banco de España especificará el contenido y formato uniforme de la Información Financiera-Pyme. 4. La información prevista en este artículo deberá ser entregada a las pymes de forma gratuita. Artículo 3. Información contractual. Las entidades de crédito deberán incluir en la información contractual referencias a los derechos de las pymes recogidos en los artículos anteriores. Artículo 4. Régimen sancionador. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos anteriores tendrá la consideración de infracción grave de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. 8
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA CAPÍTULO II Mejora del régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca y de las sociedades de reafianzamiento Artículo 5. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca. La Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca queda modificada como sigue: Uno. Se añade un párrafo en el apartado 1 del artículo 11 con la siguiente redacción: «En virtud del reaval, el reavalista quedará responsable ante el acreedor en caso de incumplimiento a primer requerimiento del avalista por quien se obligó, en los términos que se definan en los contratos de reaval.» Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 43 que queda redactado como sigue: «2. Todos los miembros del consejo de administración de las sociedades de garantía recíproca deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como los responsables de las funciones de control interno u ocupen puestos claves para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, conforme establezca el Banco de España. A estos efectos, la valoración de la idoneidad se ajustará a los criterios y procedimientos de control de la honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos con carácter general para las entidades de crédito. Las sociedades de garantía recíproca deberán establecer unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los miembros de su consejo de administración, de sus directores generales o asimilados, y de los responsables de las funciones de control interno y de las personas que ocupen otros puestos claves para el desarrollo diario de la actividad bancaria conforme a lo establecido en esta ley.» 9
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA TÍTULO II Régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Artículo 6. Establecimientos financieros de crédito. 1. Podrán constituirse como establecimientos financieros de crédito aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito, y previa autorización del Ministerio de Economía y Competitividad, se dediquen con carácter profesional a ejercer una o varias de las siguientes actividades: a) La concesión de préstamos y créditos, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y financiación de transacciones comerciales. b) Las de «factoring», con o sin recurso. c) Las de arrendamiento financiero. d) Las de concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares. 2. Los establecimientos financieros de crédito que, además de dedicarse a una o varias de las actividades establecidas en el apartado anterior, realicen alguno de los servicios de pago definidos en el artículo 1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago tendrán la consideración de entidades de pago híbridas y les resultará de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en esta ley, la normativa específica de tales entidades. 3. Los establecimientos financieros de crédito que, además de dedicarse a una o varias de las actividades establecidas en el apartado 1, emitan dinero electrónico en los términos establecidos en el artículo 1.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, tendrán la consideración de entidades de dinero electrónico híbridas y les resultará de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en esta ley, la normativa específica de tales entidades. 4. Los establecimientos financieros de crédito no podrán captar fondos reembolsables del público. No obstante, la captación de fondos reembolsables mediante emisión de valores sujetas a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y sus normas de desarrollo podrán efectuarse con sujeción a los requisitos y limitaciones que para estos establecimientos se establezcan específicamente. Los establecimientos financieros de crédito podrán titulizar sus activos, de acuerdo con lo que prevea la legislación sobre fondos de titulización. Artículo 7. Régimen jurídico. 1. Los establecimientos financieros de crédito se regirán por lo dispuesto en este título y su normativa de desarrollo, y por la normativa aplicable a las entidades de crédito, con las especialidades que se determinen reglamentariamente. 10
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA 2. En especial se aplicará a los establecimientos financieros de crédito la regulación sobre participaciones significativas, idoneidad e incompatibilidades de altos cargos, gobierno corporativo y solvencia contenida en la Ley xx/2014, xx de xx, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, y su normativa de desarrollo. 3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, no resultará de aplicación a los establecimientos financieros de crédito lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley xx/2014, xx de xx, ni la parte sexta del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012. Respecto de aquellos establecimientos financieros de crédito que tengan la condición de pequeñas y medianas empresas tampoco resultará de aplicación la obligación de mantener un colchón de conservación de capital ni un colchón de capital anticíclico. Reglamentariamente se establecerá la obligación de disponer de una cantidad mínima de activos líquidos adaptada a las naturaleza jurídica y especificidades del modelo de negocio de los establecimientos financieros de crédito que permita hacer frente a las potenciales salidas de fondos derivadas de pasivos y compromisos, incluso en caso de eventos graves que pudieran afectar a la liquidez, y la de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en sus activos, pasivos y compromisos con el fin de evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que puedan dañar o poner en riesgo la situación financiera de la entidad. Artículo 8. Obligaciones de información de los establecimientos financieros de crédito. 1. Los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito deberán comunicar al Banco de España y hacer públicos sus estados financieros. 2. El Ministro de Economía y Competitividad, o el Banco de España con su habilitación expresa, podrá desarrollar las normas y modelos a que deberá sujetarse la contabilidad de los establecimientos financieros de crédito. Para el establecimiento y modificación de las señaladas normas y modelos será preceptivo el informe previo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Artículo 9. Reserva de denominación. 1. La denominación de «establecimiento financiero de crédito», así como su abreviatura, «EFC», quedará reservada a estas entidades, las cuales estarán obligadas a incluirlas en su denominación social. 2. La denominación de «establecimiento financiero de crédito-entidad de pago», así como su abreviatura, «EFC-EP», quedará reservada a los establecimientos financieros 11
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA de crédito que tengan la consideración de entidad de pago híbrida, quienes, facultativamente, podrán incluirla en su denominación social. 3. La denominación de «establecimiento financiero de crédito-entidad de dinero electrónico», así como su abreviatura, «EFC-EDE», quedará reservada a los establecimientos financieros de crédito que tengan la consideración de entidad de dinero electrónica híbrida, quienes, facultativamente, podrán incluirla en su denominación social. Artículo 10. Autorización y registro. 1. El Ministerio de Economía y Competitividad autorizará la creación de establecimientos financieros de crédito de conformidad con el procedimiento que se establezca reglamentariamente. A estos efectos, y con carácter previo a la concesión de la autorización, solicitará, en los aspectos que sean de su competencia, informe al Banco de España y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción por el órgano competente, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto podrá entenderse desestimada. 3. Las entidades híbridas a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 6 requerirán una única autorización específica que les faculte para el ejercicio de sus actividades. Los establecimientos financieros de crédito ya autorizados que comiencen a realizar servicios de pago, deberán, a estos efectos, solicitar autorización para operar como entidad de pago híbrida de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y su normativa de desarrollo. Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el ejercicio de la actividad de los establecimientos financiero de crédito, los supuestos de denegación de la autorización, así como las especialidades en la autorización de establecimientos financieros de crédito sujetos al control de personas extranjeras. 5. En lo no previsto por esta ley y su normativa de desarrollo se aplicará el procedimiento de autorización, revocación, renuncia y caducidad establecido para las entidades de crédito en la Ley xx/2014, xx de xx, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, y su normativa de desarrollo. En particular, no resultará de aplicación las previsiones relativas a la autoridad competente para resolver, correspondiendo al Ministro de Economía y Competitividad, previo informe del Banco de España, y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 12
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA de Capitales e Infracciones Monetarias, en su caso, la resolución de los procedimientos relativos a establecimientos financieros de crédito. 6. Las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un establecimiento financiero de crédito deberán ser autorizadas por el Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 1. La entidad resultante de la fusión de dos o más establecimientos financieros de crédito podrá realizar las actividades para las que estuvieran autorizados los establecimientos fusionados. 7. Una vez obtenida la autorización y tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, los establecimientos financieros de crédito deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritos en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito que se creará en el Banco de España. Las inscripciones en este Registro especial, así como las bajas del mismo, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo 11. Supervisión. Corresponderá al Banco de España la función supervisora de los establecimientos financieros de crédito de conformidad con lo establecido por el título III la Ley xx/2014, xx de xx, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, con las adaptaciones que, en su caso, reglamentariamente se determinen. Esta competencia se extenderá a cualquier oficina o centro, dentro o fuera del territorio español, y, en la medida en que el cumplimiento de las funciones encomendadas al Banco de España lo exija, a las sociedades que se integren en el grupo del establecimiento financiero de crédito. Artículo 12. Régimen sancionador. A los establecimientos financieros de crédito les será de aplicación, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen, el régimen sancionador previsto en título IV de la Ley xx/2014, xx de xx. 13
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA TÍTULO III Régimen jurídico de las titulizaciones CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 13. Titulización. La titulización de activos es aquella operación por la que el titular de derechos de crédito presentes o futuros anticipa su cobro mediante la cesión de los mismos, a cambio de un precio, o celebra un contrato de derivado de crédito, a cambio de una prima, con un patrimonio sin personalidad, denominado fondo de titulización, gestionado por una sociedad gestora de fondos de titulización. CAPÍTULO II Los fondos de titulización Artículo 14. Fondos de titulización y sus compartimentos. 1. Los fondos de titulización son patrimonios separados, carentes de personalidad jurídica, con valor patrimonial neto nulo, integrados, en cuanto a su activo, por los derechos de crédito que agrupen y, en cuanto a su pasivo, por los valores de renta fija que emitan, por créditos concedidos por entidades de crédito y por las aportaciones de inversores cualificados. 2. El patrimonio de los fondos de titulización podrá, cuando así esté previsto en la escritura de constitución, articularse en compartimentos independientes, con cargo a los cuales podrán emitirse valores o asumirse obligaciones de diferentes clases. La parte del patrimonio del fondo de titulización atribuido a cada compartimento responderá exclusivamente de los costes, gastos y obligaciones expresamente atribuidos a ese compartimento y de los costes, gastos y obligaciones que no hayan sido atribuidos expresamente a un compartimento de forma proporcional que se establezca en la escritura pública complementaria. Los acreedores de un compartimento sólo podrán hacer efectivos sus créditos frente al patrimonio de dicho compartimento. 3. Los fondos de titulización podrán conceder garantías a favor de otros pasivos emitidos por terceros, utilizando para ello los flujos derivados de los derechos de crédito de su activo. Reglamentariamente, se podrán desarrollar los términos en que se desarrolle esta actividad. 4. A los fondos de titulización les serán de aplicación, en relación con los préstamos y demás derechos de crédito que adquieran, el régimen que en favor de los titulares de las participaciones hipotecarias se contempla en el párrafo final del artículo 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 14
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA Artículo 15. Activo de los fondos de titulización. 1. Podrán incorporarse a un fondo de titulización activos que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes: a) Derechos de crédito que figuren en el activo del cedente. Se entenderán incluidas en esta letra las participaciones hipotecarias que correspondan a préstamos que reúnan los requisitos establecidos en la Sección Segunda de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, así como los certificados de transmisión de hipoteca. Estos valores tendrán el carácter de títulos hipotecarios de la citada Ley 2/1981, de 25 de marzo. b) Derechos de crédito futuros. El riesgo económico o de variación de los importes reales de los derechos de crédito generados respecto a los importes previstos en el momento de la cesión, podrá ser asumido, total o parcialmente, por el cedente, sin que en ningún caso, éste pueda responder, frente al fondo de titulización, de la solvencia del futuro deudor cedido. 3. Asimismo, los fondos de titulización serán titulares de cualesquiera otras cantidades, inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crédito que se hubieren agrupado en su activo, por resolución de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito. 4. Los fondos de titulización también podrán: a) Enajenar, explotar y hacer suyos los frutos y rentas procedentes de: 1º) el remate de procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias o no hipotecarias, 2º) la enajenación o explotación de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administración y posesión interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecución. b) Realizar una gestión activa de los activos, entendida como la posibilidad de que la sociedad gestora ceda o venda activos, adquiera otros nuevos, los pignore o formalice contratos de recompra respecto de los activos integrados en el fondo de titulización. c) Suscribir en mercado primario valores que únicamente incorporen derechos de crédito. 15
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA 5. La inscripción de los bienes inmuebles pertenecientes a los fondos de titulización en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros que correspondan, se efectuará a nombre de los mismos. Artículo 16. Requisitos de la cesión de activos. Las cesiones de créditos a un fondo de titulización deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tanto el cedente como, en su caso, el emisor de los valores creados para su incorporación a un fondo de titulización, deberán disponer en el momento de la constitución del fondo de, al menos, cuentas auditadas de los dos últimos ejercicios. El informe de auditoría del último ejercicio deberá tener opinión y no podrá contener una denegación de opinión, ni opinión adversa, ni limitaciones al alcance. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá denegar la constitución de un fondo de titulización cuando el informe de auditoría del último ejercicio del emisor de los valores presente otro tipo de salvedades que, a juicio de la misma, pudieran afectar a los activos a titulizar. El requisito previsto en esta letra podrá dispensarse por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando la entidad cedente sea de reciente constitución, cuando los valores emitidos por el fondo no vayan a ser objeto de negociación en un mercado secundario oficial o cuando las cuentas auditadas y el informe de auditoría estuvieran publicados por razón de la obligación legal de depósito de las cuentas anuales en la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Sin perjuicio del cumplimiento por parte del cedente de la obligación general de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, aquél deberá depositar sus cuentas anuales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores al objeto de dar publicidad a las mismas. Estos dos requisitos podrán exonerarse cuando el garante o deudor de los activos objeto de cesión sea el Estado, una Comunidad Autónoma o un organismo internacional de los que España sea miembro. c) El cedente deberá informar en todas las memorias anuales acerca de las operaciones de cesión de derechos de crédito futuros que afectan a los ejercicios respectivos, incluyendo todo tipo de operaciones que aseguren el buen fin del proceso de cesión. d) El cedente deberá conservar en balance una participación económica neta equivalente, al menos, al cinco por ciento de los pasivos emitidos por el fondo. Dichos pasivos se situarán en último lugar en el orden de prelación de acreedores. 16
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA e) El cedente conservará la administración y gestión del activo, incluyendo las participaciones hipotecarias y los certificados de transmisión de hipoteca, salvo pacto en contrario o acuerdo posterior por el sindicato de bonistas, atribuyendo estas funciones a un tercero. f) Las cesiones se formalizarán en documento contractual que acredite el negocio. g) En toda nueva incorporación de activos a los fondos de titulización, la sociedad gestora entregará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para su verificación, un documento suscrito también por la entidad cedente que contenga: 1º) Detalle de los activos a incorporar y de sus características, con el mismo grado de concreción con el que se relacionaron los activos agrupados en la escritura pública de constitución del fondo. 2º) Declaración de la sociedad gestora de que los nuevos activos cumplen los requisitos establecidos en la escritura pública de constitución. Artículo 17. Pasivo de los fondos de titulización. 1. Integrarán el pasivo de los fondos de titulización los valores de renta fija que emitan, los créditos concedidos por entidades de crédito y las aportaciones de inversores cualificados. 2. Los valores emitidos deberán ser objeto de negociación en un mercado secundario oficial sin perjuicio de la excepción recogida en el artículo 21 y podrán diferir entre sí en cuanto al tipo de interés, que podrá ser fijo o variable, plazo y forma de amortización, derecho de prelación en el cobro o cualesquiera otras características. 3. Sin perjuicio de las diferencias que puedan establecerse entre sus distintas series, los flujos de principal e interés correspondientes al conjunto de valores emitidos con cargo al fondo deberán coincidir con los del conjunto de los activos agrupados en él, sin más diferencias o desfases temporales que los derivados de las comisiones y gastos de administración y gestión, primas de aseguramiento u otros conceptos aplicables. Reglamentariamente podrán limitarse tales conceptos y desfases temporales. 4. Con sujeción a lo previsto en esta ley, las sociedades gestoras podrán, con la finalidad de aumentar la seguridad o regularidad en el pago de los valores emitidos, neutralizar las diferencias de tipos de interés entre los activos agrupados en el fondo y los valores emitidos con cargo a él o, en general, transformar las características financieras de todos o algunos de dichos valores, contratar por cuenta del fondo permutas financieras, contratos de seguro, contratos de reinversión a tipo de interés garantizado u otras operaciones financieras cuya finalidad sea señalada. 17
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA Artículo 18. Titulización sintética. 1. Los fondos de titulización podrán titulizar de forma sintética préstamos y otros derechos de crédito, transfiriendo total o parcialmente el riesgo de crédito de los mismos mediante la contratación con uno o más terceros de derivados crediticios. El activo de los fondos de titulización que efectúen operaciones de titulización sintética podrá estar integrado por depósitos en entidades de crédito y valores de renta fija negociados en mercados secundarios oficiales, incluidos los adquiridos mediante operaciones de cesión temporal de activos. Dichos depósitos y valores podrán ser cedidos, pignorados o gravados en cualquier forma en garantía de las obligaciones asumidas por el fondo frente a sus acreedores, en particular frente a las contrapartes de los derivados crediticios y cesiones temporales de activos. La contraparte del contrato de derivado crediticio deberá ser una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o una entidad no residente autorizada para llevar a cabo las actividades reservadas en la legislación española a las referidas entidades. 2. Las operaciones de titulización sintética se regirán por lo dispuesto en esta ley con las adaptaciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente. A estos efectos, las referencias en esta ley a cesiones de créditos, cedentes y activos cedidos o incorporados al fondo se entenderán hechas, respectivamente, a los contratos de derivados crediticios, las contrapartes de dichos contratos y los derechos de crédito de referencia cuyo riesgo se transmita al fondo en virtud de los mismos. Artículo 19. Fondos de titulización cerrados. 1. Se considerarán fondos de titulización cerrados aquellos fondos en los que, a partir de los tres meses desde el momento de su constitución, no se modifique ni su activo ni su pasivo. 2. No obstante, podrán establecerse reglas de sustitución y subsanación de activos en los siguientes casos: a) Amortización anticipada de los activos agrupados en el fondo. b) Subsanación de vicios ocultos de los activos inicialmente integrados, cuando se demuestre posteriormente que no tienen los atributos previstos en el folleto o en la escritura pública de constitución. c) Realización de una gestión activa del fondo. 18
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA 3. También se podrá, con la finalidad de cubrir los desfases temporales entre el calendario de los flujos de principal e intereses de los activos incorporados y el de los valores emitidos o los créditos recibidos, adquirir transitoriamente activos de calidad suficiente que no deterioren la calidad crediticio de los pasivos del fondo. Artículo 20. Fondos de titulización abiertos. 1. Se considerarán fondos de titulización abiertos aquellos cuyo activo, pasivo o ambos puedan modificarse después de la constitución del fondo en algunas de las formas siguientes: a) Modificación del pasivo cuando esté prevista tanto la emisión sucesiva de valores, como la concertación de nuevos créditos. b) Modificación del activo cuando tenga carácter de renovable. c) Ampliación del activo, por estar prevista la incorporación de nuevos activos y, en consecuencia, la emisión de nuevos valores o la concertación de nuevos créditos. La escritura pública de constitución de un fondo abierto deberá especificar cuáles de las características señaladas concurren en él. 2. A los fondos abiertos les resultará de aplicación lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo anterior. Artículo 21. Requisitos de constitución de los fondos de titulización. 1. La constitución de los fondos de titulización estará sujeta al cumplimiento previo de los requisitos siguientes: a) Comunicación del proyecto de constitución del fondo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Aportación y registro previo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los documentos acreditativos precisos para la constitución del fondo y de los compartimentos, si los hubiera y de los activos a agrupar en el mismo, junto con el proyecto de escritura pública de constitución del fondo de titulización. c) Aportación de los informes elaborados bien por las sociedades gestoras, bien por auditores de cuentas u otros expertos independientes, con aptitud suficiente a juicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los activos que constituirán el activo del fondo de titulización o de sus compartimentos. Este requisito podrá ser exceptuado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, atendiendo al tipo de 19
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA estructura, y a las circunstancias relevantes de mercado y de protección de los inversores. d) Aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo sobre la constitución del fondo de titulización y los compartimentos, si los hubiera, y los pasivos que financiarán los mismos. Este folleto se adaptará al modelo específico que determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores de conformidad con el Derecho de la Unión Europea. 2. A efectos del cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado anterior, será de aplicación lo previsto en la normativa sobre emisión de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, atendiendo al principio de protección del inversor, podrá condicionar la resolución sobre la constitución del fondo a que el mismo únicamente dirija sus pasivos a inversores cualificados. 3. El fondo no podrá realizar ningún tipo de actuación hasta que no hayan sido verificados y registrados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores los documentos mencionados en el apartado 1, incluida la escritura complementaria de creación de compartimentos. 4. Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre entidades pertenecientes a dichas categorías y dichos valores no podrán ser objeto de negociación en un mercado secundario organizado. En este supuesto, únicamente resultará obligatoria la comunicación previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como la aportación de la escritura pública de constitución. Asimismo, estos fondos estarán exentos de cumplir con la obligación prevista en el artículo 16.d). En caso de constitución de compartimentos deberá igualmente practicarse la comunicación previa y el depósito ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las correspondientes escrituras complementarias. 5. La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa para los fondos de titulización y sus compartimentos. En todo caso, las cuentas anuales de los citados fondos deberán ser depositadas en el Registro Mercantil. Artículo 22. Extinción de los fondos. 1. Los fondos de titulización se extinguirán en todo caso al amortizarse íntegramente los derechos de crédito que agrupen. 2. Asimismo, los fondos de titulización se extinguirán por las causas siguientes: 20
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA a) Las que expresamente se prevean en la escritura pública de constitución del fondo. A estos efectos, podrá preverse la liquidación anticipada del fondo cuando el importe de los derechos de crédito pendientes de amortización sea inferior al 10 por ciento del inicial, debiendo en tal caso determinarse en la escritura la forma en que se dispondrá de los activos remanentes del fondo. b) Cuando, a juicio del sindicato de bonistas o de la sociedad gestora, concurran circunstancias excepcionales que hagan imposible, o de extrema dificultad, el mantenimiento del equilibrio financiero del fondo. c) En los casos de sustitución forzosa de la sociedad gestora, previstos en el artículo 29. d) Cuando en el supuesto de que el fondo sea cerrado, se produzca la amortización íntegra de su activo. CAPÍTULO III Sociedades gestoras de fondos de titulización Artículo 23. Objeto social 1. Las sociedades gestoras de fondos de titulización tendrán por objeto la constitución, administración y representación legal de los fondos de titulización, de los fondos de activos bancarios previstos en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, y de los vehículos de inversión de propósito especial análogos a los fondos de titulización constituidos bajo legislación española o bajo cualquier otra, que a juicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea considerada equivalente. A las sociedades gestoras les corresponderá, sin perjuicio de las funciones atribuidas al sindicato de bonistas, la representación y defensa de los intereses de los titulares de los valores emitidos con cargo a los fondos y vehículos que administren y de los restantes acreedores ordinarios de los mismos. 2. En particular, las sociedades gestoras estarán obligadas a: a) Contar con expertos de probada experiencia o contratar los servicios de asesores independientes que gocen de ella. b) Valorar los riesgos del activo con diligencia y rigor. c) Redactar el folleto con transparencia y claridad. d) Evitar situaciones que supongan conflictos de intereses y dar prioridad a los intereses de los tenedores de valores y financiadores. 21
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA e) Extremar los niveles de diligencia e información en defensa de los intereses de los de los tenedores de valores y financiadores. f) Cumplir con todas las obligaciones de información y conducta que se contienen en esta ley y en la legislación sobre mercados de valores aplicable. g) Disponer de documentación detallada sobre las operaciones realizadas. h) Someterse a la auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ajustando el ejercicio económico al año natural. 3. La sociedad gestora será responsable frente a los tenedores de los valores y restantes acreedores por todos los perjuicios que les cause el incumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, serán responsables en el orden sancionador que les resulte de aplicación, conforme a lo dispuesto en la presente ley. 4. Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización o sin hallarse inscrita en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desarrollar las actividades legalmente reservadas a las sociedades gestoras de fondos de titulización. 5. El uso de la denominación «Sociedad Gestora de Fondos de Titulización» y sus siglas «SGFT» estará reservada a las entidades que hayan obtenido la preceptiva autorización y se hallen inscritas en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no pudiendo ninguna otra entidad utilizar dichas denominaciones u otras que induzcan a confusión con ellas. 6. El Registro Mercantil y los demás registros públicos no inscribirán a aquellas sociedades cuya actividad u objeto social o cuya denominación contradiga lo dispuesto en este título. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serán nulas de pleno derecho. Dicha nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes registros. Artículo 24. Autorización y registro. 1. Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizar la creación de las sociedades gestoras de fondos de titulización. La autorización deberá notificarse dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la solicitud, o al momento en que se complete la documentación exigible. Si transcurre dicho plazo sin que se dicte resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud por silencio administrativo, con los efectos previstos en la Ley 22
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Una vez constituidas, para dar comienzo a su actividad, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicha inscripción deberá producirse en el plazo de seis meses a partir de la concesión de la autorización. Transcurrido el citado plazo sin producirse la inscripción en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la autorización quedará sin efecto. 2. La solicitud de autorización para la creación de una sociedad gestora de fondos de titulización irá acompañada de la documentación que se establezca reglamentariamente, incluyendo en todo caso: a) el proyecto de estatutos sociales, b) una memoria explicativa, en la que se describa con detalle la estructura organizativa de la sociedad, la relación de actividades a desarrollar y los medios técnicos y humanos de que dispondrá, c) la relación de quiénes ostentarán cargos de administración o dirección en la entidad, así como la acreditación de su idoneidad, d) la identidad de los accionistas, ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación significativa en la sociedad y el importe de la misma y e) cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en este capítulo. Artículo 25. Requisitos para ejercer la actividad. 1. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización: a) Revestir la forma de sociedad anónima, constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida. b) Tener por objeto social exclusivo el previsto en el artículo 23. c) Que su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, esté situado en territorio español. d) Disponer de un capital social mínimo de un millón de euros, totalmente desembolsado en efectivo y representado en acciones nominativas. Asimismo, el capital social mínimo exigible se verá incrementado en un 0,02 por cien de la suma 23
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA S.G. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA del valor contable de los activos de los fondos de titulización bajo su gestión, en la medida en que exceda de 250 millones de euros. Reglamentariamente se determinarán los activos que son computables a efectos del cálculo de los recursos propios. e) Que los accionistas titulares de participaciones significativas sean idóneos. Para determinar cuándo una participación es significativa y apreciar la idoneidad se estará a lo previsto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. f) Contar con un consejo de administración formado por al menos tres miembros. Todos ellos serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y deberán poseer, al menos la mayoría de ellos, conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. La honorabilidad, conocimientos y experiencia deberán concurrir también en los directores generales, o asimilados, de la entidad. Para apreciar los requisitos de honorabilidad y experiencia se atenderá a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. g) De conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, contar con una organización administrativa y contable adecuada y proporcionada conforme al carácter, escala y complejidad de sus actividades, y contar con los medios técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo sus actividades. h) lncluir en su denominación social la expresión «Sociedad Gestora de Fondos de Titulización» o su abreviatura «SGFT». i) Contar con procedimientos y mecanismos de control interno adecuados que garanticen la gestión correcta y prudente de la sociedad, incluyendo procedimientos de gestión de riesgos, así como mecanismos de control y de seguridad en el ámbito informático y órganos y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y un régimen de operaciones vinculadas. j) Aprobar un reglamento interno de conducta, que regulará las actuaciones de administradores, directivos, empleados, apoderados y personas o entidades en las que la sociedad pueda delegar funciones, de conformidad con los requisitos exigidos en la normativa aplicable a las empresas de servicios de inversión, con las adaptaciones que resulten necesarias. 2. Cuando la sociedad gestora presente un nivel de recursos propios inferior al previsto en la letra d) del apartado anterior, presentará un programa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que concretará sus planes para retornar al cumplimiento y el plazo previsto para ello, que no podrá ser superior a 3 meses. Artículo 26. Requisitos organizativos. 24
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