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Timestamp: 2018-08-16 04:27:16
Document Index: 34105589

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 151', 'artículo 2', 'artículo 157', 'artículo 2']

Inicio Derecho de Autor Normas y Jurisprudencia Normas Nacionales Sentencia C- 975 del 13 de noviembre de 2002
La Corte, mediante Auto de mayo tres (3) de 2002, proferido por el Despacho del magistrado sustanciador, admitió la demanda y ordenó comunicarla al Presidente del Congreso de la República, al Ministro del Interior, al Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, al Director de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) y al Director de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores de Fonogramas (ACINPRO) para que intervengan impugnando o defendiendo las disposiciones acusadas.
“ LEY 719 DE 2001
a). El ciudadano Herbert Vásquez Pinzón intervino dentro del proceso de la referencia, con el objeto de solicitar a esta Corte declarar inexequible la Ley acusada, al estimar que: "la competencia para conocer de los asuntos sobre propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos de autor) corresponde exclusiva y taxativamente a la Comisión Primera Constitucional del Senado y Cámara, fue por tal razón que el Presidente de la Comisión Primera del Senado José Renán Trujillo, el 15 de noviembre comunicó al Presidente del Senado de la República Carlos García Orjuela, planteándole el conflicto de competencia entre las Comisiones Sexta y Primera; el que debió haberse surtido, pues es expresa la competencia de la Comisión 1ª, para conocer en forma exclusiva y excluyente de los asuntos sobre propiedad intelectual" (Anexa la citada comunicación).
b). El ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, en su calidad de presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, intervino dentro del proceso de la referencia con el objeto de solicitar a esta Corporación declarar exequible la Ley acusada, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
· En este orden de ideas, concluye que "si bien, la relación de beneficiarios con incorporación de las sumas pagadas y los datos inherentes a su identidad deben hacer parte de los estados financieros, su disponibilidad debe estar reservada a los titulares de los derechos y a los órganos de control del Estado que, en razón de sus funciones deban verificarlos, lo anterior en aplicación del principio de datos y documentos sujetos a reserva y, en aras de la protección de los ciudadanos miembros de las sociedades reguladas en la Ley 23 de 1982 y de sus derecho-habientes"
4.4. Cargos contra el artículo 8°.
Ahora bien, de acuerdo con el criterio hermenéutico fijado por esta Corporación, el desconocimiento del mandato contenido en el artículo 2 de la Ley 3ª de 1992, “acarrea un vicio de relevancia constitucional”[10], que le impone al organismo de control constitucional el deber de retirar del ordenamiento jurídico la regulación normativa tramitada en forma irregular. A juicio de la Corte, “si es el propio constituyente quien dispone que cada comisión permanente se ocupe de ciertas materias según determinación de la ley, la inobservancia de esta especialidad temática a la hora de repartir los proyectos, generaría un vicio que afectaría la constitucionalidad del trámite legislativo correspondiente, y llevaría a la declaración de inexequibilidad formal de la ley así expedida, pues resulta claro que no fue respetada la voluntad constitucional,”[11] tal y como ésta ha sido desarrollada por el ordenamiento legal antes citado, cuya categoría es la de una ley orgánica según las voces del artículo 151 de la Carta Política.
Precisamente, en la sentencia C-353 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), la Corte se ocupo de explicar in extenso el alcance del control constitucional frente al mandato contenido en el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, en los siguientes términos:
“...al identificar la naturaleza material de un proyecto de ley para remitirlo a la comisión permanente, si se genera duda ésta debe resolverse a partir de la finalidad de la ley y no con base en un criterio cuantitativo o matemático. No será necesariamente el mayor número de artículos que se refieran a un mismo tema dentro del proyecto el que se constituya en el criterio prevalente para tomar la decisión, pues pueden darse casos en que la esencia temática del proyecto se extracte de algunos de sus artículos solamente.
De esta manera, para apreciar el alcance de la expresión ´comisión respectiva´ del artículo 157 de la Constitución Política, hay que asumirla en un sentido material, en referencia al tema y a la finalidad de la ley y este será el criterio para determinar la comisión permanente a la que se remita el proyecto para su trámite en primer debate. (Sentencia C-540/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
De acuerdo con la acusación formulada en la presente demanda, el proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 719 de 2001 no debió tramitarse en las Comisiones Sextas de Cámara y Senado, en razón a que su materia dominante: los derechos de autor, no hacen parte de los asuntos asignados por el artículo 2° de la Ley 3° a dicha comisión. A juicio de los actores, las comisiones competentes para discutir y aprobar en primer debate el referido proyecto, eran las comisiones primeras de ambas células legislativas, ya que ellas tienen señalada la atribución de conocer los proyectos relativos a la propiedad intelectual.
[21] Gaceta del Congreso N° 633 de 10 de diciembre de 2001, Ponencia para segundo debate en el Senado del proyecto de Ley N° 026/2001 Cámara, 142/2001-Senado, pág 1.