Source: https://archivo.consejo.org.ar/publicaciones/eca/junio04/junio.htm
Timestamp: 2020-08-12 11:51:36
Document Index: 269107463

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 73', 'artículo 113', 'artículo 32', 'artículo 113', 'in Fine']

ECA - Junio 2004
La Agrupación Lista Azul 2004 resultó triunfadora en los comicios para la renovación de las autoridades del Consejo, que se realizaron el pasado 16 de junio.
Al término de las 12 horas de sufragio, votaron más de 25.000 profesionales matriculados sobre 43.395 habilitados para hacerlo, es decir que sufragó el 57.88 % del padrón.
De las cuatro agrupaciones que se presentaron, la Azul ganó con el 40.5 %, que sumó 10.147 votos a su favor.
La Lista Blanca de Graduados en Ciencias Económicas obtuvo la representación de la minoría en la conducción con el 28.8 % y 7217 votos.
En tercer lugar se colocó la Lista Naranja Trabajo y Transparencia con 5288 votos, lo que significó el 21.1 %, y, por último, figuró la Lista Violeta Grupo Valuar con 1920 votos, el 7.7 %.
Estos resultados indican que la lista Azul, que conduce el Consejo desde 1979, seguirá al frente de la Institución durante los próximos tres años y que la lista Blanca, como en las elecciones pasadas, representará a la minoría.
El presidente entrante y las restantes autoridades asumirán sus cargos luego del nombramiento, que surgirá de la primera reunión que realice la nueva conducción en los primeros días de julio.
Juicio con el CPCE de la Provincia de Buenos Aires
La representación letrada de este Consejo cuestionó en su momento la intervención de un juez de la ciudad de La Plata para entender en el juicio iniciado por el Consejo de la Provincia de Buenos Aires contra nuestro Consejo.
Como consecuencia de dicha presentación, un Juez Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamó el reconocimiento de su competencia al mencionado juez provincial, quien rechazó el pedido.
Al no contar ambos jueces con un Tribunal superior común, la contienda tuvo que pasar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que decidiera sobre la competencia de ambos jueces.
Con un dictamen favorable del Procurador General, el Alto Tribunal reconoció la procedencia del planteo efectuado por nuestro Consejo y declaró pertinente la intervención del Juez Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud del domicilio de nuestra Institución, en su carácter de demandada.
Al cierre de esta edición, se aguarda la recepción de las actuaciones por parte del juzgado que debe entender en la contienda con el fin de continuar la litis en los tribunales de esta Ciudad.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires solicitó a los tribunales de la Ciudad de La Plata una medida cautelar, que motivó la suspensión de las legalizaciones de nuestro Consejo respecto de sociedades y personas cuyo domicilio legal se encuentre en su jurisdicción.
En el juicio, el Magistrado de la justicia provincial ordenó a nuestro Consejo "...que se abstenga de realizar y/o convalidar y/o autorizar y/o cobrar actos profesionales efectuados con respecto a entes con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires...”.
Ley 25.865 - Monotributo
Las autoridades del Consejo enviaron una nota al señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, con copia al Ministro de Economía y Producción, al Secretario de Hacienda, al Subsecretario de Ingresos Públicos y al Director Nacional de Impuestos, en relación con la entrada en vigencia del Título I de la Ley 25.865 sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).
En dicha nota le solicitaron que la fijación de la fecha en que comience a surtir efectos este régimen se establezca tomando en consideración la necesidad de la previa difusión e interpretación de esta norma a efectos de que los contribuyentes puedan realizar los análisis respectivos.
Se recuerda que esta Ley, en su artículo 20, establece:
“las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Las contenidas en el Título I surtirán efectos a partir de la fecha que disponga el Poder Ejecutivo nacional, la que no podrá superar los ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de publicación oficial.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer normas transitorias que permitan poner en vigencia gradualmente las reformas establecidas en el Título I de esta ley, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior”.
Como consecuencia de un pedido del Consejo, la Administración Federal de Ingresos Públicos actualizó, mediante la RG 1694, el importe dispuesto en la Resolución General 1457 y lo elevó de $ 1.500 (mil quinientos pesos) a $ 5.000 (cinco mil pesos).
Dicha resolución establece el importe máximo de los créditos morosos de escasa significación que tengan origen en operaciones comerciales, a efectos de su deducción en el Impuesto a las Ganancias para la tercera categoría, sin necesidad de tener que iniciar gestiones judiciales.
Este pedido de actualización del importe mencionado anteriormente es en virtud de la relación entre el costo de la litigiosidad judicial y la magnitud de este importe; por ello nuestro Consejo solicitó, con carácter de urgente y, a través de una nota enviada el pasado 10 de mayo, que el monto razonable estuviera comprendido entre $ 5.000 (cinco mil pesos) y $ 10.000 (diez mil pesos).
Otro reclamo a la AFIP
Las autoridades del Consejo enviaron una nota al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos en relación con el nuevo Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA), dispuesto por la Resolucion General 1678.
Este régimen establece un plazo de ingreso en hasta 36 cuotas de las deudas de aportes correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia.
El artículo 17 de la RG 1678 señala que la inclusión de tales deudas en el mencionado régimen implicaría su regularización a todos los efectos. Sin embargo, el Consejo advirtió que tal situación no impide a la DGI efectuar la denuncia penal por dicho ilícito, ya que el artículo 73 de la ley 25.401, modificado por la ley 25.678, establece que el organismo recaudador estará dispensado de formular denuncia penal respecto de los delitos de la ley 24.769 en aquellos casos en que el PEN haya dispuesto regímenes de presentación espontánea en función de lo reglado por el artículo 113, en la medida en que el responsable regularice la totalidad de las obligaciones tributarias omitidas a que ellos se refieran.
En atención a que la RG 1678 se dictó sobre la base del artículo 32 de la ley 11.683 y no del artículo 113 y, por lo tanto, los sujetos que se adhieran al régimen quedan a merced de la respectiva denuncia penal, el Consejo solicitó a ese organismo fiscal su inmediata intervención con el fin de otorgar una adecuada solución al tema planteado.
Se extienden las relaciones
Por Resolución de la Mesa Directiva N° 15/2004 se incrementó el Grupo de Enlace Permanente con la Inspección General de Justicia (IGJ), creado en su oportunidad por Resolución MD N° 70/98.
Con el fin de ampliar el canal de comunicación existente se incorporó al temario de este Grupo de Enlace las cuestiones relacionadas con la atención que brindan los profesionales matriculados en este Consejo a las asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre las que la IGJ ejerce funciones de fiscalización pública.
Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Actuación Profesional en Cooperativas y otras Entidades sin Fines de Lucro, da respuesta a las necesidades que se derivan de la prestación de servicios profesionales especializados, tanto a las asociaciones civiles y fundaciones como a las cooperativas y mutuales.
En atención a cooperativas y mutuales, por los motivos expuestos anteriormente, la Resolución MD N° 16/2004 creó el canal de comunicación con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
En ambos casos, se incorporan autoridades y miembros de la Comisión mencionada como interlocutores activos de las necesidades que planteen los profesionales ante estos organismos.
Los interesados que deseen expresar sus inquietudes podrán hacerlo a través de la siguiente dirección de e-mail: info29@cpcecf.org.ar
El Profesional y el Régimen Penal Tributario
En los autos caratulados “M., S. A. c/ P. de M., Z. s/ liquidación de sociedad conyugal” - R. Nº 369.556, que fueran elevados en apelación a la Sala A de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, los magistrados han resuelto: “Buenos Aires, mayo 27 de 2003 - … c) Con respecto a la cuestionada ‘solidaridad’ frente a la obligación de las partes de afrontar los honorarios periciales, es preciso hacer una distinción, con fundamento en el criterio del Tribunal sobre el particular. En efecto, hemos sostenido que el principio que autoriza al perito a perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, con prescindencia del curso de las costas, reside en que su gestión, en calidad de tercero, ha beneficiado a ambas. Opera, por tanto, con independencia de la responsabilidad final por las costas y, en su caso, por vía de la acción de reembolso. No media solidaridad (en tanto la fórmula no deriva de la ley, ni de pacto entre las partes, sino que surge de la pacífica doctrina judicial de nuestros tribunales). Trátase, en cambio, de un supuesto de obligaciones ‘concurrentes’. Quien paga –en lugar del condenado en costas– no es un tercero que pueda invocar los beneficios del pago por subrogación –conf. art. 768, inc. 2º, del Código Civil–. El deudor concurrente no se subroga en los derechos del acreedor contra otros deudores del mismo objeto. Por tanto, mientras que la causa obligaciones del vencido es la condena en costas, la de quien paga, pese a haber sido eximido de dicha carga, afrontando los honorarios del perito, reside en el empleo útil -conf. art. 2306 del Código Civil-. La obligación que pesa sobre el no condenado en costas proviene de la ley. El pago que realiza ese deudor de la obligación concurrente hace nacer una acción de reintegro contra el deudor de la condena en costas, cuya naturaleza también se adecua a la “actio in rem verso” (conf. R. Nº 158.659, del 07-12-94). De ahí que, pese al modo en que fueron distribuidas las costas en autos (v. fs. …), procede el embargo trabado a fs. …, con los alcances indicados y con fundamento en la citada norma del art. 212, inc. 3º, ritual. Por lo que este aspecto de la providencia apelada será confirmado. … - Fdo.: Ana María LUACES - Hugo MOLTENI - Jorge ESCUTI PIZARRO”.
CÓDIGO CIVIL - Capítulo V: Del pago con subrogación - Art. 768: La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor: inc.) 2º: Del que paga una deuda al que estaba obligado con otros o por otros.
CÓDIGO CIVIL - Título XVIII: De la gestión de negocios ajenos - Art. 2306: Cuando alguno sin ser gestor de negocios ni mandatario hiciese gastos en utilidad de otra persona, puede demandarlos a aquellos en cuya utilidad se convirtieron.
Código Procesal Civil y Comercial - Capítulo III: Medidas Cautelares - Sección II: Embargo preventivo - Art. 212: Situaciones derivadas del proceso: Además de los supuestos contemplados en los artículos anteriores, durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo: inc.) 3º: Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.
Plenario de la Cámara Civil ratifica el uso de la tasa pasiva
Autos: “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios” - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en PLENO.
En Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2004, en los autos caratulados “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios”, reunidos en Acuerdo Plenario los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 298 del Código Procesal, en los términos de la votación efectuada en el Acuerdo Plenario celebrado el día 11 de noviembre de 2003 y con el objeto de exteriorizar los fundamentos de la doctrina legal aplicable respecto de la siguiente cuestión: “Si corresponde a partir de la vigencia de la ley 25.561 (6/01/02) y normativa concordante mantener la doctrina establecida en el fallo plenario dictado el 2 de agosto de 1993 en los autos ‘Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios' “.
SE RESUELVE: “A partir de la vigencia de la ley 25.561 (6/01/02) y normativa concordante corresponde mantener la doctrina establecida en el fallo plenario dictado el 2 de agosto de 1993 en los autos ‘Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios’”.
El 7 de junio pasado se firmó un convenio tendiente a establecer tareas de complementación y de cooperación académica, cientifica y tecnológica entre nuestro Consejo y la Universidad Tecnológica Nacional, que cuenta con 22 facultades regionales y 7 unidades académicas que le otorgan caráter de federal.
Este convenio se inscribe en el proyecto del Instituto de Ciencias Económicas y fue suscripto por el rector de la Universidad Tecnológica, Ing. Héctor Carlos Brotto, y los Dres. Horacio López Santiso, Carlos Albacete y Alfredo Lamagrande en representación del Consejo.
En el Centro de Información Bibliográfica (CIB) del Consejo, durante el mes de mayo, casi 5300 profesionales utilizaron los servicios que brinda el Centro.
Además, 1300 usuarios ingresaron al catálogo del CIB en Internet y más de 2700, al catálogo Unired, también en Internet.
El horario del CIB es de 9 a 20.30 y las consultas pueden realizarse en el 6° piso de Viamonte 1549 o telefónicamente al 5382-9358.
Sistema Médico Consejo
La Mesa Directiva del Consejo aprobó adjudicar a la consultora D’Alessio IROL la realización de un Estudio de Investigación de Mercado.
Esta investigación tiende a: evaluar la calidad objetiva y la calidad percibida por los asociados del SIMECO Sistema Médico Consejo; revelar los factores que generen la atracción de matriculados no afiliados y el conocimiento de los planes ofrecidos; y las posibilidades de aprovechamiento de los aportes de ley.
El esquema de trabajo contempla dos etapas: una cualitativa, sobre la base de grupos motivacionales, y otra cualicuantitativa, mediante encuestas telefónicas.
Es por ello que algunos matriculados, asociados y no asociados al SIMECO, elegidos al azar, serán convocados para integrar los grupos motivacionales y otros, para las consultas telefónicas.
Agradecemos la colaboración que se brinde a este proyecto.