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Timestamp: 2019-08-21 17:49:11
Document Index: 392932889

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 18', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'ARTÍCULO 22', 'artículo\n233']

SUP-RAP-57-2019 | Jurisprudencia | Instituciones sociales
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Se confirmó la resolución del INE, al determinarse adecuada la sanción fijada a un partido político que incumplió con sus obligaciones de transparencia, derivado de la vista dada por el INAI a dicho instituto.
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Huchim Eduardo, Sumisión Del Tribunal Electoral, 6 Mayo 2015
Examen Final Blindaje
02-03-2015 Puebla Noticias - La Única Forma de Consolidar Un Desarrollo Equilibrado en El País Es a Través Del Fortalecimiento de Las Instituciones; RMV
SUP-RAP-57/2019
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del INE
Tema: Incumplimiento de ese partido político a sus obligaciones de transparencia.
17-12-2018. Dio vista al INE por el incumplimiento de Morena a sus obligaciones de transparencia,
consistente en la omisión de publicar los montos destinados a gastos relativos a comunicación social
y publicidad oficial correspondientes al ejercicio 2018.
10-04-2019. Determinó fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de
Conejo General
Morena y le impuso una multa de mil unidades de medida y actualización, equivalentes a $80,600.00.
16-04-2019. Interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable.
22-04-2019. Se recibió en Sala Superior la demanda y demás documentación relacionada con la
misma, por lo que, en esa fecha, por acuerdo del Magistrado Presidente, se registró y turnó como
Recepción y turno recurso de apelación con la clave de identificación SUP-RAP-57/2019 a la ponencia del Magistrado
En su oportunidad, se radicó el expediente, se admitió a trámite la demanda y, al no existir diligencia
Admisión pendiente por desahogar, se declaró cerrada la instrucción.
Agravios Respuestas
Ineficaz, puesto que sus argumentos en manera alguna controvierten
A) Indebida valoración de los medios los razonamientos lógico-jurídicos desarrollados por la responsable
probatorios. en el acto impugnado.
Infundado, porque la responsable si fundó y motivo su
determinación; calificó la falta, consideró el tipo de infracción, el bien
B) Indebida calificación e
jurídico tutelado, las circunstancias de modo tiempo y lugar; la culpa
en el actuar; además, para la individualización analizó la reincidencia,
la calificación, determinó la sanción y fijó el monto de la multa.
EXPEDIENTE: SUP-RAP-57/2019
Ciudad de México, tres de mayo de dos mil diecinueve.
Sentencia que confirma la resolución INE/CG194/2019 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral en el que determinó fundado el
procedimiento sancionador ordinario en contra de Morena, que inició con
motivo de la vista dada por el pleno del Instituto Nacional de
Personales por el incumplimiento de ese partido político a sus
obligaciones de transparencia, resuelto en el expediente DIT 0185/2018.
GLOSARIO .................................................................................................................................. 1
II. COMPETENCIA ....................................................................................................................... 3
III. PRESUPUESTOS PROCESALES ......................................................................................... 3
IV. ESTUDIO DE FONDO ............................................................................................................ 4
1. Metodología ........................................................................................................................ 4
2. Problema general ............................................................................................................... 5
3. ¿Por qué el Consejo General sancionó a Morena?......................................................... 5
4. ¿Por qué el recurrente considera que la determinación del Consejo General no es
conforme a Derecho? ............................................................................................................ 6
5. Análisis de los conceptos de agravio .............................................................................. 7
A) Indebida valoración de los medios probatorios. ............................................................ 7
B) Indebida calificación e individualización de la sanción. ...............................................10
V. RESUELVE .............................................................................................................................16
Acuerdo impugnado INE/CG194/2019 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario que se
inició con motivo de la denuncia ordenada en el acuerdo de catorce
de noviembre de dos mil dieciocho, por el pleno del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, ante la presunta violación a la normativa electoral
atribuida a Morena, por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia a la que están sujetos los partidos políticos.
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
1Secretarias: Araceli Yhalí Cruz Valle, María Fernanda Arribas Martín y Cruz Lucero Martínez
Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Ley de Transparencia. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
SIPOT: Sistema de Portales de Obligación de Transparencia, a través del
cual los ciudadanos pueden consultar la información pública de los
sujetos obligados de cada una de las entidades federativas y de la
Federación, establecidas en la Ley General de Transparencia y
1. Vista. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el INAI dio vista
al INE2 por el incumplimiento de Morena a sus obligaciones de
transparencia, determinado en el expediente DIT 0185/2018, consistente
en la omisión de publicar los montos destinados a gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial correspondientes al ejercicio dos
mil dieciocho3.
2. Acto impugnado. El diez de abril4, el Consejo General determinó
fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de
Morena y le impuso una multa de mil unidades de medida y actualización,
equivalentes a $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
3. Recurso de apelación. Inconforme con la determinación del Consejo
General, el dieciséis de abril, Morena interpuso recurso de apelación ante
4. Recepción y turno. El veintidós de abril se recibió en esta Sala
Superior la demanda y demás documentación relacionada con la misma,
por lo que en esa fecha, por acuerdo del Magistrado Presidente, se
registró y turnó como recurso de apelación con la clave de identificación
2 Tal denuncia fue presentada mediante oficio INAI/STP/1083/2018.
3 De conformidad con los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales,
supuesto normativo contenido en el artículo 70, fracción XXIII, de la Ley de Transparencia.
4 Salvo mención expresa, todas las fechas corresponden a dos mil diecinueve.
SUP-RAP-57/2019 a la ponencia del Magistrado Felipe de la Mata
5. Admisión. En su oportunidad, se radicó el expediente, se admitió a
trámite la demanda y, al no existir diligencia pendiente por desahogar, se
declaró cerrada la instrucción.
Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente
medio de impugnación5, al ser un recurso de apelación interpuesto por
un partido político nacional, contra una resolución emitida por el Consejo
General, que es un órgano central de dicho instituto, a través del cual
impuso una multa a Morena.
Esta Sala Superior considera que el recurso de apelación satisface los
requisitos de procedibilidad6, conforme a lo siguiente:
1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad
responsable; en ella se hace constar la denominación del instituto político
recurrente y la firma autógrafa de su representante; se identifica tanto el
acto impugnado como la autoridad responsable; se menciona los hechos
en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto
impugnado y los preceptos presuntamente violados.
2. Oportunidad. Esta Sala Superior considera que el recurso de
apelación se interpuso oportunamente, porque el acuerdo impugnado se
aprobó el miércoles diez de abril y fue notificado de manera automática
(surte efectos al del día siguiente)7, por lo que el plazo transcurrió del
jueves once al martes dieciséis del mismo mes.
5 Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto,
fracción VIII, de la Constitución Federal; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de
la Ley Orgánica; 4, 40, apartado 1, inciso b), y 44, apartado 1, inciso a), de la Ley de Medios.
6 Acorde con los artículos 7, párrafo 2; 8; 9, párrafo 1; 18, párrafo 2; 40, párrafo 1, inciso b); 42, y
45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Medios.
Ello conforme a lo establecido en la jurisprudencia 18/2009, de rubro: NOTIFICACIÓN
AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE CONFIGURA, CON INDEPENDENCIA DE
Puesto que Morena presentó su demanda precisamente el último día del
vencimiento, se debe considerar presentada dentro del plazo de cuatro
días previsto en la Ley de Medios.
Lo anterior, sin computar el sábado trece y domingo catorce de abril por
ser inhábiles, ya que el acto controvertido no está vinculado de manera
inmediata y directa con algún proceso electoral, federal o local, que
actualmente esté en curso.
3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están
satisfechos, dado que el recurso fue interpuesto por un partido político a
través de su representante ante el Consejo General, calidad que le es
reconocida por la autoridad responsable en su informe circunstanciado8.
4. Interés jurídico. Morena cuenta con interés jurídico para interponer el
recurso, porque es la persona jurídica que fue sancionada mediante la
resolución del Consejo General que ahora impugna.
5. Definitividad. Esta Sala Superior no advierte algún otro medio de
impugnación que deba ser agotado por el recurrente antes de acudir a
esta instancia, con lo cual se debe tener por satisfecho el requisito.
A fin de analizar de manera contextual los argumentos del recurrente, en
primer lugar, se planteará el problema general; posteriormente, se
precisarán las razones del Consejo General para sancionar a Morena; se
establecerá la pretensión y causa de pedir del recurrente y, por último, se
dará contestación a los agravios planteados.
ULTERIOR NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES). Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 3, Número 5, 2010, páginas 30 y 31.
8 Acorde a lo establecido en el artículo 18, párrafo 2, de la Ley de Medios.
2. Problema general
Determinar si la resolución mediante la cual el Consejo General sancionó
a Morena por incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales, fue
3. ¿Por qué el Consejo General sancionó a Morena?
En el expediente DIT 0185/2018 consta que el veintidós de agosto de dos
mil dieciocho, el pleno del INAI instruyó a Morena para que publicara los
oficial durante el ejercicio dos mil dieciocho9.
Dentro del mismo expediente, el veintitrés de noviembre de dos mil
dieciocho, la autoridad federal en materia de transparencia emitió un
acuerdo de incumplimiento, en el cual resolvió que el partido político no
acató su instrucción de veintidós de agosto de dos mil dieciocho.
Asimismo, determinó dar vista al INE sobre el incumplimiento de Morena
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de
Una vez recibida la vista por parte del INAI de su acuerdo de
incumplimiento dictado dentro del expediente DIT 0185/2018, el INE
inició el procedimiento sancionador ordinario
UT/SCG/Q/INAI/CG/312/2018, a fin de determinar el grado de
responsabilidad del partido político y con base en ello, imponer la sanción
correspondiente de acuerdo a la normativa electoral.
9En términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley de Transparencia, el
cual establece que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener
actualizada en medios electrónicos, la información de diversos temas, documentos y políticas. De
manera específica, la fracción XXIII, se refiere a: “Los montos destinados a gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de
contrato y concepto o campaña”.
En el acuerdo recurrido por Morena, el INE determinó sancionar a dicho
instituto político por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de
transparencia, determinado por el INAI en el expediente DIT 0125/2018,
con una multa de mil unidades de medida y actualización, equivalentes a
$80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Para ello, el INE calificó la falta, por lo que tomó en consideración: el tipo
de infracción; el bien jurídico tutelado; la singularidad; las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de la infracción; la intencionalidad en el actuar;
así como las condiciones externas y medios de ejecución.
En cuanto a la individualización, la responsable analizó la no reincidencia;
la calificación de la gravedad de la falta; y descartó las sanciones que
consideró insuficientes para inhibir la conducta cometida por el infractor,
y aquellas que valoró desproporcionadas.
4. ¿Por qué el recurrente considera que la determinación del
Consejo General no es conforme a Derecho?
El recurrente alega que la responsable realizó una indebida valoración
de las pruebas ofrecidas por Morena, a través de las cuales demostró
que no existía incumplimiento en materia de transparencia, acceso a la
Asimismo, que la sanción impuesta es desproporcionada, dado que
emitió el acuerdo impugnado sin la debida fundamentación y motivación
en la calificación de la falta y en la imposición de la sanción.
En ese orden de ideas, pretende que este órgano jurisdiccional revoque
la sanción impuesta para que la responsable estudie las pruebas que
ofreció dentro del procedimiento sancionador ordinario y determine que
no existió incumplimiento en materia de transparencia, o bien, que
califique la falta como leve y modifique la sanción impuesta.
5. Análisis de los conceptos de agravio
Los argumentos de Morena en razón de los cuales afirma que la
determinación del Consejo General no es apegada a derecho son
A) Indebida valoración de los medios probatorios.
B) Indebida calificación e individualización de la sanción.
Los agravios serán atendidos en ese orden, lo cual no causa afectación
jurídica a los derechos de los apelantes.
i. Argumento de la demanda
El recurrente señala que el procedimiento ordinario sancionador que se
impugna no se realizó de acuerdo a las formalidades esenciales del
procedimiento, pues se vulneró su garantía de audiencia, ya que al
momento de dar contestación al emplazamiento, ofreció el contenido de
un vínculo electrónico10 a través del cual, asegura, demuestra haber dado
cumplimiento a su obligación en materia de trasparencia y acceso a la
No obstante, la responsable se limitó a manifestar que su solicitud de
verificar que la información que le fue requerida se encuentra disponible
en la plataforma, es improcedente al tratarse de obligaciones y portales
diversos, y que ello no le exime del cumplimiento de la obligación prevista
en la Ley de Transparencia.
Consecuentemente, alega, vio vulnerada su garantía de audiencia
puesto que no se valoró correctamente la prueba que demuestra que
cargó en el portal de transparencia la información que le fue requerida
10 https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/?idSujetoObligadoParametro=321&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=28
por el INAI y que, por tanto, no existe incumplimiento alguno por
El planteamiento del recurrente es ineficaz, puesto que sus argumentos
en manera alguna controvierten los razonamientos lógico-jurídicos
desarrollados por la responsable en el acto impugnado.
De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales
conferidas al Consejo General, la autoridad electoral nacional es
competente, entre otras cuestiones, para vigilar que las actividades de
los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a la normativa
que les resulta aplicable y, de ser el caso, para conocer de las
infracciones e imponer las sanciones que correspondan.
Dentro de las obligaciones de los partidos políticos se incluye la de
cumplir con la legislación en materia de transparencia y acceso a la
información, en lo que les resulta aplicable.
En ese sentido, el Consejo General tiene facultades para conocer de los
procedimientos e imponer sanciones a los partidos políticos, por el
incumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a
Ello, puesto que en las leyes generales, tanto en las materias de
transparencia como electorales, se prevé un sistema mixto que implica la
participación del INAI y del INE –o de los OPLE—, ante el incumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información
Lo anterior significa que, como lo estableció esta Sala Superior en el
diverso SUP-RAP-14/2019, en primer lugar, el INAI conoce de las
denuncias sobre el posible incumplimiento de las obligaciones de
En segundo, y en caso de que aquel hubiera determinado que existió un
incumplimiento, el INE –o los OPLE—, a través del procedimiento
administrativo previsto en las leyes electorales, impone y ejecuta las
sanciones correspondientes11.
En otras palabras, contrario a lo afirmado por el recurrente, la
participación del INE no tiene el objetivo de pronunciarse sobre el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de los partidos
políticos en materia de transparencia, sino que la finalidad de instaurar
un procedimiento administrativo electoral es calificar la infracción y
establecer la sanción a imponer por el incumplimiento determinado por el
En la resolución controvertida, el Consejo General expuso que en el
escrito de desahogo del emplazamiento, Morena solicitó se realizara la
inspección de un enlace electrónico que proporcionó y que se levantara
acta circunstanciada con el resultado de esa diligencia.
Ello pues, en concepto del partido político, el INAI debió advertir que la
información requerida ya se encontraba en la plataforma, lo que se
comprueba mediante el vínculo en cuestión y que, por tanto, no incumplió
con sus obligaciones de transparencia.
La responsable determinó que la acreditación del supuesto cumplimiento
de la obligación en materia de transparencia y acceso a la información
pública mediante la verificación del enlace digital, escapaba a su
competencia y calificó la prueba de improcedente.
Asimismo, apreció que la manifestación de Morena respecto al supuesto
cumplimiento fue formulada de manera posterior a que el órgano federal
de transparencia emitiera la resolución dictada en el expediente
11Al respecto, cabe precisar que, además del SUP-RAP-14/2019, esta Sala Superior ya resolvió
con anterioridad los recursos de apelación SUP-RAP-496/2016 y SUP-RAP-638/2017, en los
cuales se confirmaron las resoluciones del INE derivadas de vistas del INAI por el incumplimiento
de obligaciones en materia de transparencia.
DIT 0185/2018, en la que determinó el incumplimiento cometido por ese
Además, consideró que el partido político tenía conocimiento de su
obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada en
los respectivos medios electrónicos la información establecida en la Ley
de Transparencia12.
De lo expuesto se concluye que lo alegado por Morena respecto a que la
responsable debió valorar la prueba puesto que con ella se demuestra el
supuesto cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, de ninguna
manera controvierte lo determinado por la autoridad electoral en la
Ello pues, como se ha dicho, la participación del INE se circunscribe a
determinar el grado de participación del partido político en el
incumplimiento de su obligación en materia de transparencia, el cual fue
determinado por el INAI dentro del expediente DIT 0185/2018, que es la
autoridad competente para determinarlo.
De ahí lo ineficaz del concepto de agravio.
A consideración del recurrente, la multa de mil unidades de medidas y
actualización, equivalentes a $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos
00/100 moneda nacional) resulta desproporcional, excesiva e irracional,
así como contraventora de los principios de certeza, legalidad, equidad,
proporcionalidad y exhaustividad.
En ese sentido, estima que no se aplicaron de manera adecuada los
elementos objetivos y subjetivos para la calificación e individualización
12 En la citada fracción XXIII, del artículo 70 de la Ley de Transparencia.
de la sanción, ya que la autoridad responsable no valoró las condiciones
del infractor, así como ciertas atenuantes, como que no existía
reincidencia, que no hubo dolo y el grado de intencionalidad.
Estima que, en el peor de los escenarios, no debió calificar la falta de
grave ordinaria, sino de leve y que la sanción debió ser una amonestación
pública, ya que no se acreditó ninguna intencionalidad de pretender
evadir la obligación de transparencia.
Por el contrario, dio cumplimiento a su obligación, por lo que la afectación
al derecho a la información fue mínima, pues nunca hubo ocultamiento
de información, en consecuencia, se trató de una falta formal.
Asimismo, el apelante señala que debió imponérsele la mínima sanción,
puesto que Morena sí dio cumplimiento a sus obligaciones de
El agravio es infundado, porque la responsable si fundó y motivo su
jurídico tutelado, las circunstancias de modo tiempo y lugar; la culpa en
el actuar; además, para la individualización analizó la reincidencia, la
calificación, determinó la sanción y fijó el monto de la multa.
El agravio relativo a que debió imponérsele la sanción mínima es
ineficaz, porque el recurrente parte de la premisa incorrecta de que se
acreditó el cumplimiento de Morena a su obligación de transparencia.
En el capítulo de individualización de la sanción, la responsable citó,
entre otros, los artículos 456, párrafo 1, inciso a), 458, párrafos 6 y 7, de
la Ley de Instituciones, así como diversas jurisprudencia, tesis relevantes
y precedentes de este Tribunal Electoral.
Asimismo, para su individualización procedió de la siguiente manera:
Calificó la falta, considerando que:
1. Tipo de infracción. La falta derivó de una actitud pasiva, consistente en
la omisión de publicar la información prevista en la fracción XXIII, del
artículo 70, de la Ley de Transparencia.
2. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es el derecho humano
3. Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada. La falta fue singular.
4. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Modo: la falta
consistió en la omisión de publicar de los montos destinados a gastos
relativos a comunicación social y publicidad oficial correspondientes al
ejercicio dos mil dieciocho13, en cumplimiento a lo ordenado por el INAI
el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente
DIT 0185/2018.
Tiempo: mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil
dieciocho, el Pleno del INAI tuvo por acreditado el incumplimiento de la
Lugar: la conducta aconteció en la Ciudad de México, en donde el partido
infractor tiene sus oficinas centrales.
5. Comisión dolosa o culposa de la falta. La comisión de la infracción se
consideró culposa, en tanto que no se advirtieron elementos de
intencionalidad deliberada o el deseo de provocar molestia, por el
contrario, a través de los diversos oficios pretendió dar cumplimiento.
6. Condiciones externas y medios de ejecución. La omisión se reflejó en
el SIPOT, puesto que el denunciado omitió almacenar diversa
Individualizó la sanción:
13 Según lo previsto en la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley de Transparencia.
1. Reincidencia. Determinó que no se actualiza la reincidencia.
2. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurrió.
Consideró la falta como de gravedad ordinaria, para lo cual tuvo en
cuenta que: a. La infracción es de tipo constitucional y legal; b. Se tuvo
por acreditada la conducta infractora; c. Se trata de una sola infracción;
d. No se acreditó reincidencia y e. Se estableció que la infracción fue de
3. Sanción a imponer. Determinó que se debía imponer una multa, por
considerar que Morena inobservó sus obligaciones en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales,
por lo que con tal medida se permitiría cumplir con la finalidad correctiva
de una sanción administrativa, es decir, disuadir al infractor de la posible
comisión de faltas similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos
de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.
Fijó el monto de la multa.
Primero precisó que la multa podría ser de una hasta diez mil unidades
de medida y actualización al momento de la comisión de la infracción,
esto es, en dos mil dieciocho.
A continuación señaló que tomando en cuenta las circunstancias
objetivas que rodean la infracción, era adecuado, en el caso concreto,
imponer una multa de mil unidades de medida y actualización,
equivalentes a $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100
moneda nacional), lo anterior, en tanto que se trataba de una falta que
se cometió derivado de una omisión, que vulneró el derecho humano de
acceso a la información pública, y la cual sería suficiente para inhibir una
posible repetición de conductas similares.
Tuvo en cuenta que no se acreditó un beneficio económico cuantificable,
así como las condiciones socioeconómicas e impacto en sus actividades
del infractor, para lo cual destacó que, para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias para el mes de abril de dos mil diecinueve, a
Morena le correspondía la cantidad de $130,560,482.00 (ciento treinta
millones, quinientos sesenta mil, cuatrocientos ochenta y dos pesos
00/100 M.N.), una vez descontado el importe de las sanciones, por lo que
está en posibilidad de pagar la multa sin que se afecte su operación
ordinaria, dado que dicha multa representa el 0.06% de su ministración
En consecuencia, contrariamente a lo que señala el recurrente, la
autoridad responsable sí consideró sus condiciones socioeconómicas.
De todo ello se desprende que la responsable sí fundó y motivo la
calificación de la falta y la imposición de la sanción, pues tuvo en cuenta
las circunstancias materiales en las que se registró la conducta infractora,
y las circunstancias subjetivas del partido infractor, incluidas sus
condiciones económicas y el posible impacto de la sanción en el
desarrollo de sus actividades ordinarias.
Además, contrario a lo que sostiene el recurrente, la autoridad
responsable tuvo por acreditado los hechos que dieron origen a la
Aunado a ello, justificó plenamente por qué no era pertinente la
imposición de una amonestación pública (por insuficiente) o la reducción
de ministraciones de financiamiento público (por desproporcionada), así
como las razones por las que era adecuado imponer una sanción mayor
a la mínima prevista en la norma aplicable y mucho menor a la máxima,
para cumplir con los fines de ejemplaridad, sin llegar a una pena
excesiva, ruinosa o desproporcionada.
Por lo que hace a su manifestación de que la infracción debió
considerarse como una falta de forma y calificarse como leve al no
acreditarse ninguna intencionalidad de pretender evadir la obligación de
transparencia, el agravio es infundado.
Lo anterior, ya que, al calificar la gravedad de la infracción, la responsable
sí tuvo presente que la infracción fue de carácter culposo, esto es, que
no existen elementos de que tal omisión haya obedecido a una intención
deliberada o a una acción concertada de la que se advierta el deseo de
provocar molestia o daño.
Por otra parte, con relación a que se trata de una multa desproporcional
y excesiva, ya que la autoridad responsable no valoró ciertas atenuantes
como que no existía reincidencia y que no hubo dolo, el grado de
intencionalidad, el agravio deviene infundado.
Contrario a lo aducido por el partido recurrente, la responsable sí tomó
en cuenta que no existía reincidencia, que se trataba de una infracción
de carácter culposo.
Además, no es posible utilizar la reincidencia como un elemento
atenuante de la sanción, porque dicho aspecto constituye en realidad una
agravante, sin que su ausencia pueda ser considerado para reducir la
sanción a imponer14.
A partir de lo señalado, esta Sala Superior considera que la responsable
sí justificó de manera suficiente la imposición de la multa, aunado a que
la sanción no resulta desproporcionada en relación con la conducta
sancionada y, por ende, el agravio debe ser desestimado.
Similares consideraciones se sostuvieron en el recurso de apelación
SUP-RAP-14/2019.
Por otra parte, esta Sala Superior considera que el agravio relativo a que
debió imponérsele la sanción mínima es ineficaz, porque Morena parte
Dicho criterio ha sido sostenido por esta Sala Superior, entre otros, en los recursos de apelación
SUP-RAP-336/2018, el SUP-RAP-423/2016 y el SUP-RAP-412/2016.
de la premisa incorrecta de que se acreditó el cumplimiento a su
obligación de transparencia, lo cual, como se ha dicho, no aconteció.
Finalmente, no tiene razón el promovente respecto a que, para la
resolución del procedimiento ordinario sancionador, debieron aplicarse y
resultan obligatorias las tesis emitidas por los tribunales colegiados, de
rubros MULTAS EXCESIVAS. (ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL) y
MULTA. MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FIJA SU MONTO,
DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
Lo anterior, pues los criterios que emiten los tribunales colegiados de
circuito, si bien, en ocasiones pueden resultar orientadores para la
resolución de los casos en la materia, no resultan obligatorios para los
órganos electorales encargados de impartir justicia, como sí lo es la
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral, en términos del artículo
233 de la Ley Orgánica o los criterios que emita sobre la materia la
En ese contexto, si lo que pretende el partido actor al invocar las referidas
tesis, es reforzar la idea de que no se motivó adecuadamente la
imposición de la sanción, a lo largo del presente análisis ha quedado
evidenciado que dicha apreciación es incorrecta.
Ante lo infundado e ineficaz de los conceptos de agravio, esta Sala
Superior determina confirmar el acuerdo controvertido.
En su oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan y
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los
Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada Mónica
Aralí Soto Fregoso y del Magistrado José Luis Vargas Valdez. Ante la
Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
FELIPE INDALFER
DE LA MATA PIZAÑA INFANTE GONZALES
JANINE M. OTÁLORA REYES
MALASSIS RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
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SUP-REC-330/2019 Voto Particular Conjunto
SUP-JE-70/2019 Voto Particular Conjunto
SUP-REP-60/2019 Voto Particular Conjunto
SUP-REP-63/2019 Voto Particular
SUP-JE-44-2019
Voto Particular SUP-REC-272/2019 y acumulados
SUP-RAP-52-2019
SUP-JDC-82-2019
Derecho privado 1.pdf
Contestacion Vista Mercantil Ejecutivo