Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-00197-de-marzo-11-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920425b7ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 07:50:23
Document Index: 157704249

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﻿ Sentencia 2002-00197 de marzo 11 de 2009
SENTENCIA 2002-00197 DE 11 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:DESAPARICIÓN FORZADA O SECUESTRO DE UN COMPAÑERO PERMANENTE. NO ES HECHO QUE INICIE EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA OBTENER LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO, UNIÓN MARITAL DE HECHO, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:449 DE MAYO DE 2009, PG.663
Sentencia 2002-00197 de marzo 11 de 2009
DESAPARICIÓN FORZADA O SECUESTRO DE UN COMPAÑERO PERMANENTE
No es hecho que inicie el término de prescripción de la acción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial.
Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil nueve.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de noviembre de 2005, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Civil - Familia - Laboral - Penal en el proceso instaurado por Mauricio Romero Fajardo frente a Diana Reyes Plazas y Nelly Plazas viuda de Reyes, esta última en su calidad de interviniente adhesiva.
1. En la demanda presentada el 31 de mayo de 2002, se solicitó declarar la existencia de una sociedad patrimonial entre las partes “por haber sido compañeros permanentes desde agosto de 1992 hasta la fecha” (fls. 3 a 4, cdno. 1), súplica que fue sustituida para pedir que se declarara la “unión marital de hecho” como “única pretensión” en reforma del libelo de 7 de noviembre de 2002 (fl. 65, cdno. 1) y, que fuera precisada en la audiencia del 20 de noviembre de 2003, al decidirse la excepción de “inepta demanda”, y sentarse como petitum: “Que se declare la existencia de unión marital de hecho, entre los señores Mauricio Roberto Romero Fajardo y Diana Reyes Plazas y en consecuencia se declare la sociedad patrimonial nacida de esa unión marital”, solicitud ratificada expresamente por el demandante “en el sentido de declarar la unión marital de hecho y en consecuencia se declare la sociedad patrimonial”, declarando el juez, “subsanado los defectos anotados por el curador ad-litem de la demandada”.
2. La causa petendi, en síntesis, se sustentó en los siguientes hechos:
3. Concurrió al proceso la madre de la demandada en condición de tercera interviniente adhesiva, oponiéndose al petitum, sosteniendo la soltería de su hija, no constarle los restantes hechos e interponiendo las excepciones de prescripción de la acción y falta de legitimidad en la causa por activa (fls. 19 a 23, cdno. 1).
4. Agotado el trámite de rigor, el a quo, el 28 de junio de 2005, desestimó las excepciones de mérito declarando la existencia de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, su disolución y estado de liquidación (fls. 197 a 218, cdno. 1), sentencia revocada por el ad quem, en la suya de 30 de noviembre de 2005, para declarar probada “la excepción de prescripción de la acción familiar” (fls. 19 a 39, cdno. Tribunal).
Previa reseña de los antecedentes procesales, la apelación interpuesta, su contestación, presupuestos procesales y legitimidad de la litisconsorte de la demandada, analizó la prescripción de la acción prevista en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, calificándola de corta duración, objetiva e interrumpible con la presentación de la demanda, denotando la inclusión por el a quo de un ingrediente subjetivo contrario a su naturaleza en su conclusión a propósito de la separación física no definitiva de los compañeros por derivar de una fuerza mayor ajena a estos, refiriendo a continuación las doctrinas atinentes a las semejanzas y diferencias entre la unión marital, la sociedad patrimonial, la duración y el fundamento de la prescripción de la acción de la sociedad conyugal indivisa y la sociedad de hecho (fls. 19 a 31, cdno. Tribunal).
Para el juzgador la separación entre los compañeros es definitiva y no temporal, por cuanto la desaparición de la demandada ocurrió el 25 de abril de 2001 “y hasta la fecha no ha aparecido y se desconoce su paradero”, han transcurrido cuatro años después del secuestro por grupos armados ilegales y, el demandante, según consta en el proceso de declaración de ausencia ha realizado diligencias para ubicar a la secuestrada, estando surtido “el tiempo requerido por el artículo 97 del Código Civil” sin tener noticias de la ausente, pudiendo pensarse en su muerte presunta; menciona el fallador las afirmaciones de las partes sobre el estado civil de Diana, los intereses del actor, la causa de la separación, el proceso de la declaración de muerte presunta y sus efectos; igualmente, alude a las constancias existentes en el expediente en torno a la declaración de ausencia relativas a las circunstancias de la separación, la búsqueda de pruebas de supervivencia, la investigación adelantada por la fiscalía, coligiendo la autoría del secuestro, los posibles móviles y concluyendo que “siendo realistas y no sentimentales, resulta difícil creer que la doctora Diana regrese a la libertad” por el modo de operar de los secuestradores y el tiempo transcurrido.
Lo anterior, dice el Tribunal, significa el carácter definitivo de la separación de la demandada de su hogar, de su oficina, de sus familiares y amigos, que “el secuestro (...)” y la “consiguiente desaparición” de la compañera no deben ser utilizados por el demandante a su favor, en tanto las prerrogativas de los secuestrados, entre otras, la imposibilidad de demandarlos durante el cautiverio y las protecciones del artículo 13 de la Ley 986 de 2005 sobre la interrupción de términos y plazos, favorecen a la secuestrada y no a otras personas ni al demandante, quien no puede invocarlos a su favor para la interrupción del término prescriptivo, aun sabiendo del plazo corto y objetivo de un año para promover las acciones encaminadas a obtener la declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, su disolución y liquidación, el cual se cuenta “a partir de la separación de hecho (física y definitiva) de la compañera con motivo del secuestro definitivo”, habiendo vencido el 25 de abril de 2002 con antelación a la presentación de la demanda, “el 31 de mayo de 2002, cuando la acción estaba prescrita” (fls. 31 a 38, cdno. Tribunal).
1. Imputa a la sentencia el quebranto directo por aplicación indebida del artículo 8º de la Ley 54 de 1990 y falta de aplicación de los artículos 7º y 10 de la Ley 589 de 2000 en concordancia con el artículo 13 de la Ley 986 de 2005, al prescindir del análisis de la situación sub examine, aplicar la norma impropia para llegar a la conclusión equivocada y omitir los artículos 2º y 5º de la Ley 54 de 1990, hoy 1º y 3º de la Ley 979 de 2005, declarando extinguida la acción para el reconocimiento del derecho subjetivo del compañero de la desaparecida, violando también los artículos 96, 97 y 99 del Código Civil consagratorios de los aspectos fundamentales de la litis dirimida, especialmente la disolución de la sociedad conyugal aplicable por extensión a la sociedad patrimonial de hecho.
2. Concreta el recurrente, el error atribuido a la sentencia de segundo grado al revocar la de primera instancia por encontrar prescrita la acción, en el desconocimiento de la situación específica generada por la separación física de la pareja, determinante de un empleo distinto del artículo 8º citado, pues en este caso la demandada fue víctima de la privación de la libertad por desaparecimiento de grupos al margen de la ley, sin saberse su paradero o muerte física, correspondiendo al juzgador, por especialidad (L. 57/87, art. 5º) tener en cuenta la Ley 589 de 2000 modificada por la Ley 599 del mismo año, sobre desaparición forzada y preferir la norma posterior sobre la anterior (L. 153/87, art. 2º), de cuya omisión inaplicó los artículos 7º sobre caducidad y 10 sobre administración de los bienes de la víctima y relegó la filosofía de protección de la víctima, debiendo interrumpir los términos y computarlos desde los eventos indicados en el artículo 7º de la Ley 589 de 2000, para el fenecimiento de la acción.
3. Puntualiza la censura, el desconocimiento por el Tribunal de la Ley 589 de 2000 y normas concordantes reguladoras del caso, partiendo de una supuesta normalidad social y jurídica al aplicar de manera indebida el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, consagrando tres supuestos para iniciar el cómputo del término de ejercicio de la acción, en los cuales no está la desaparición forzada, errando al asimilar la desaparición forzada con la separación física definitiva, pues cada uno de estos eventos tiene su propio contexto y dimensión, impidiendo subsumir bajo su sombra hechos no mencionados y, siendo un error, porque los compañeros jamás usaron su voluntad o conciencia para llegar a la separación física y definitiva, en tanto su alejamiento fue violento, arrebatado, irresistible, extraño, externo, independiente y ajeno.
En su sentir, el artículo 8º citado considera un estado de habitualidad acorde a circunstancias sociales familiares, personales y de conciencia o voluntad de la pareja acerca de las alternativas definitorias de la ruptura final de la unión, mientras en la desaparición forzada, intervienen terceros sustrayendo a uno de los compañeros sin dar certeza del suceso ulterior, como ha señalado la Corte Constitucional en providencia C-400 de 2003; el artículo 7º de la Ley 589 de 2000, consagra los puntales de la operancia del término de caducidad, contraídos al día de aparición de la víctima o desde la ejecutoria del fallo penal estableciendo su muerte, o del que la declare muerta por presunción, debiéndose utilizar los mecanismos judiciales si no se tiene la certeza de la ocurrencia de los hechos, sin que la acción del actor haya prescrito porque no ha empezado a correr el término; el artículo 13 de la Ley 986 de 2005, por su parte, establece la interrupción de términos a favor o en contra del secuestrado, siendo por ello que como jamás ocurrió la prescripción de la “acción familiar”, por consiguiente debió declararse la unión marital, la “sociedad marital de hecho y su disolución”, lo que hubiera permitido tomar medidas preventivas para favorecer los bienes comunes.
Cita el impugnante la sentencia T-520 de 2003 sobre protección de los derechos del desparecido y de sus familiares, en este caso, el compañero víctima de la ruptura violenta e intempestiva de la convivencia con su compañera, afectando su patrimonio.
4. El Tribunal, dice el censor, no se detuvo a analizar la situación vivida por la pareja, la causa de su separación, ni menos la normatividad aplicable, especialmente las leyes 282 de 1996, 589 de 2000 y 986 de 2005, mencionando normas procesales orientadoras de este asunto, como el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil respecto de la interrupción de la prescripción, el artículo 13 de la Ley 986 de 2005 que prevé la interrupción de términos y plazos de toda clase durante el cautiverio y los artículos 649 ss. y 657 del estatuto procesal civil relativos al proceso de jurisdicción voluntaria de muerte por desaparecimiento y, desde el punto de vista sustancial, los artículos 96, 97, 99 y 107 del Código Civil sobre declaración de ausencia, prueba y consecuencias de la muerte presunta, disolución de la sociedad conyugal, los artículos 1º y 10 de la Ley 589 de 2000 (modif. por la L. 599/2000) y las sentencias C-400 y T-520, ambas de 2003 de la Corte Constitucional sobre el mismo asunto.
Por último, concluye el impugnante, señalando las consideraciones enteramente subjetivas del sentenciador de segunda instancia sobre la ausencia de Diana Reyes Plazas para sustentar el carácter definitivo de la desaparición, cercenando el artículo 13 de la Ley 986 de 2005 al considerar que la interrupción allí prevista solo opera para la desaparecida y también el artículo 5º de la Ley 54 de 1990 (hoy art. 3º de la L. 979/2005) sobre las causales de disolución de la sociedad conyugal, aplicando equivocadamente el artículo 8º ejusdem de naturaleza restrictiva.
1. Denuncia el quebranto directo de las normas sustanciales relacionadas en los cargos anteriores, insistiendo en la aplicación indebida del artículo 8º y la inaplicación de los artículos 2º y 5º de la Ley 54 de 1990, 2512, 2513, 2522, 2523 y 2535 del Código Civil, como consecuencia de haber apreciado la contestación de la demanda.
2. Seguidamente precisa el alcance de los artículos del Código Civil citados, del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de las exigencias del artículo 22 del Decreto 196 de 1971, del artículo 7º de la Ley 589 de 2000 sobre desaparición forzada y la caducidad de las acciones, de los artículos 97 y 107 del Código Civil y el 13 de la Ley 986 de 2005 concerniente a la interrupción de términos y plazos, señalando la ausencia de dato alguno para iniciar el descuento de la prescripción al no saberse la condición de la víctima, pudiéndose demandar mientras no ocurra el hecho que dé inicio al término de prescripción, por lo cual erró el Tribunal al identificar la desaparición forzada con la separación física definitiva y computar la iniciación del término prescriptivo desde una fecha indebida.
3. Dicho lo anterior, reseña el casacionista las varias formas de medir el plazo de prescripción de acuerdo a la situación: obligaciones de hacer o crediticias, acciones ejecutivas, falsedad documentaria, honorarios profesionales y del mandatario, de donde colige que el cómputo de la prescripción se hace en relación con la situación juzgada, equivocándose el sentenciador sobre la existencia, validez y alcance de la norma legal aplicable, al basarse en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 sin concurrir ninguno de los casos allí establecidos, pudiéndose conforme con normas especiales y específicas sobre la materia como el artículo 7º de la Ley 589 de 2000, interponer las acciones en cualquier momento desde la ocurrencia de los hechos; omite el Tribunal el artículo 5º de la Ley 54 citada (hoy 3º de la L. 979/2005), sobre las causales de disolución de la sociedad patrimonial, los artículos 96 a 109 del desaparecimiento de la demandada, el 10 del mismo ordenamiento, (sustituido por el num. 1º del art. 5º de la L. 53/87), el 8º de la Ley 153 de 1887, el 18 y 94 del Código Civil, además de los artículos 2522 y 2535 inciso 2º del Código Civil, el 13 de la Ley 986 de 2005.
1. Acusa el censor, la sentencia por violación directa de la ley, al interpretarse erróneamente el artículo 13 de la Ley 986 de 2005 llevando a declarar la prescripción de la acción, cuando el término anual ni siquiera había empezado a correr, generando la aplicación indebida del artículo 8º de la Ley 54 de 1990, falta de aplicación de los artículos 7º y 10 de la Ley 589 de 2000, 2º y 3º de la Ley 979 de 2005, al considerar restringido y ajeno el artículo 13 citado, dándole unos límites ajenos al precepto.
2. Siguiendo el esquema de los reproches anteriores, señala el recurrente, la aplicación del artículo 13 supra citado, sobre interrupción de términos, únicamente a favor o en contra del secuestrado, sea parte activa o pasiva produciendo los mismos efectos, cuando rectamente entendido es imposible dividir los tiempos legales o judiciales, para interrumpir los del secuestrado o desaparecido y dejando correr en forma opuesta y paralela los del contradictor, posición inconcebible porque los trámites se paralizan para todas las partes, frenando el proceso, conforme a la previsión del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil.
3. Censura al Tribunal por limitar la interpretación del artículo 13 de la Ley 986 de 2005 a una sola persona, dejando desprotegido al compañero demandante también afectado, sabiendo que el proceso es uno solo, sin que los términos puedan ser desiguales para las partes, por el carácter general impersonal y abstracto de la ley, olvido que llevó al juzgador a decretar la prescripción de la acción por apreciación equivocada del artículo 8º de la Ley 54 de 1990 y restringida del artículo 13 de la Ley 589 de 2005, marginando a los otros involucrados con la situación; el susodicho artículo consagra una interrupción relativa de términos al permitir ejercer las acciones necesarias para proteger los derechos en riesgo del secuestrado y también del compañero en cualquier tiempo, antes de que sucedan los eventos que permitan fijar la fecha del conteo de la caducidad o prescripción de las acciones, circunstancias que en este caso no han sucedido.
4. La especialidad de la norma es la víctima del secuestro pero se puede aplicar al desparecido forzado, porque sus supuestos parten de la libertad o sustracción de la persona de su medio familiar y social por terceros, por lo que aunados supuestos y filosofía se concluiría que el caso se subsume en el artículo 13 de la Ley 986 de 2005, junto con las prescripciones de los artículos 7º y 10 de la Ley 589 de 2000, generándose una interrupción parcial de términos que permite al actor obrar en cualquier tiempo realizándose el cómputo de términos desde los sucesos señalados en las normas que determinan la oportunidad de la reclamación.
1. En sentir del juzgador de segunda instancia, “el demandante disponía del plazo corto y objetivo de un año, para promover las acciones encaminadas a obtener la declaración judicial de existencia de sociedad patrimonial de bienes entre compañeros permanentes, así como para pedir la disolución y liquidación de la misma” al tenor del artículo 8º de la Ley 54 de 1990 consagratorio de una “prescripción” de corta duración, objetiva e interrumpible con la presentación de la demanda, siendo inaplicable el artículo 13 de la Ley 986 de 2005 en torno de la interrupción de plazos y términos, por tratarse de una norma favorable solo a la secuestrada, no susceptible de invocación sino por esta y no por el demandante para interrumpir el término prescriptivo.
El recurrente, por su parte, denuncia la indebida aplicación del artículo 8º de la Ley 54 de 1994 por no adecuarse a la situación fáctica y en tanto el tiempo de la prescripción no ha empezado a correr, censurando el olvido de sus artículos 2º y 5º respecto de la presunción y declaración de la sociedad patrimonial y las causales de disolución de la “sociedad marital”, de la normatividad y doctrina atañedera a los desaparecidos (secuestrados y rehenes), en especial, las leyes 589 y 599 de 2000, 986 de 2005 (art. 13) y los fallos C-400 y T-520 de 2003 de la Corte Constitucional, dándose un alcance indebido a las reglas rectoras de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial; de donde, el juzgador, sin ocuparse de la declaración judicial de la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes pretendida, concluyó la prescripción de la acción para pedir la disolución y liquidación; contrario sensu, el impugnador, afirma la ausencia siquiera de alguno de los eventos previstos en los artículos 5º y 8º de la Ley 54 de 1990 para decretar la disolución de la sociedad patrimonial, la presunción de esta última a partir del reconocimiento de la unión marital con su compañera desaparecida acorde al artículo 2º de la misma ley y la vigencia de la acción para tal efecto, porque el término prescriptivo ni siquiera ha empezado a descontarse.
2. En superación de la ostensible inequidad devenida del trato inmemorial discriminatorio y desigual a las uniones libres, la jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia desde 1935 inició un proceso de transformación de alto contenido social y jurídico, ab initio, registrando su realidad, para admitir, en veces, sus efectos económicos, especialmente a través de la sociedad de hecho cuando concurrían sus elementos (cas. civ. nov. 30/35, G.J. 1987, pág. 476) y, en la época actual, en su dimensión familiar y del estado civil de las personas.
El 28 de diciembre de 1990, el legislador expide la Ley 54, publicada en el Diario Oficial 39.618 de 31 de diciembre de 1990, “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes” para corregir mediante “el reconocimiento legal de un núcleo familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan” (CSJ, auto de sep. 16/92), una “grave injusticia”, entre otras causas, en virtud de “un vacío en la legislación acerca de un hecho social cada vez más extendido” (Anales del Congreso 79 de 15 de agosto de 1988, ponencia para primer debate al proyecto de Ley 107/88 - Cámara de Representantes).
Destácase la definición legal de la unión marital de hecho (L. 54/90, art. 1º), cuya existencia “se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia” (artículo 4º, ib., en su redacción primaria, modificada por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005 publicada en el Diario Oficial 45.982 de 27 de julio de 2005, previendo la declaración de existencia por mutuo consenso elevado a escritura pública, conciliación o sentencia judicial), las concretas presunciones iuris tantum de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en las cuales “hay lugar a declararla judicialmente” (artículo 2º, modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 27 de julio de 2005), sus causas de disolución (artículo 5º modificado por el artículo 3º de la Ley 975 de 2005), el derecho a solicitar su liquidación y la adjudicación de bienes por proceso judicial de conocimiento de los jueces de familia (artículo 6º modificado por el artículo 4º de la Ley 979 de 2005) y la prescripción de “las acciones para obtener la disolución o liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” en el término de “un año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio o de la muerte de uno o ambos compañeros”.
De la regulación mencionada, es relevante precisar la diferencia legal a propósito de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, la sociedad patrimonial, su disolución y liquidación, cuanto, en caso de contención, la inherente a las acciones respectivas, por sus finalidades, exigencias, término prescriptivo y efectos. En este sentido, la acción declarativa de la unión marital, procura la certidumbre de su existencia por demostración plena de sus presupuestos objetivos, o sea, la convivencia more uxorio, comunidad de vida estable y permanente plasmada en las relaciones sexuales, ayuda, socorro mutuo y affectio marital, genera efectos para los compañeros permanentes proyectados en derechos y obligaciones análogos a los del matrimonio, en su situación individual, familiar y estado civil (L. 54/90, art. 1º) y, su declaración podrá orientarse a fines diferentes de los estrictamente patrimoniales o económicos, los más, relativos al status familiar y el estado civil. Análogamente, al proceso judicial se acude en presencia de una controversia y, la unión marital libre, per se, de suyo y ante sí, no forma la sociedad patrimonial que, en veces no se presenta.
De su parte, la declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial, estricto sensu, concierne a un aspecto económico, está orientada al reconocimiento de su certeza, “se presume”, “y hay lugar a declararla judicialmente” cuando exista unión marital de hecho “ por un lapso no inferior a dos años e impedimento para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”, siendo esa la causal de impedimento.
A su vez, la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, entre compañeros permanentes, desde luego, orientada esta a la ocurrencia de una causa legal de terminación, a finiquitar el patrimonio social y naturalmente supone su existencia. Por ende, la preexistencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial gestada —anterius, prius—, es presupuesto de su disolución y liquidación —posterius, consequentia—, es decir, sin unión marital entre compañeros permanentes no se forma entre estos, sociedad patrimonial, como tampoco, es factible su disolución y liquidación. Expresado en otros términos, la existencia de la unión marital libre y de la sociedad patrimonial, actúa como una condicioiuris para su disolución y liquidación, pues, si no existe la unión marital nunca podrá formarse una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, ni esta tampoco podrá disolverse y liquidarse; o, lo que es igual, sin sociedad patrimonial ex ante, no puede disolverse y liquidarse, ex post.
Efectuada esta precisión, el segmento de mayor relevancia social y jurídica de la Ley 54 de 1990, concierne al reconocimiento del statu normativo de la unión marital de hecho como forma expresiva de la relación marital extramatrimonial, comunidad singular de vida estable, genitora de la familia y de un estado civil diverso al matrimonial. Y, en este sentido, la norma ostenta un marcado cariz imperativo o de ius cogens al referir a la familia y al estado civil, cuestión de indudable interés general, público y social. Aspecto diverso, incumbe a las relaciones jurídicas patrimoniales, en línea de principio, susceptibles de disposición por concernir a derechos de contenido económico y, por lo mismo, al interés privado o particular.
Justamente, esta nítida diferenciación, sostiene el diverso contenido y alcance de las acciones; así, la tendiente a la declaración de existencia de la unión marital, es materia de orden público, propia de la situación familiar, del estado civil y es indisponible e imprescriptible, lo cual no obsta para que las partes la declaren por mutuo consenso en escritura pública o en acta de conciliación (L. 54/90, art. 4º), en tanto el estado civil dimana de los hechos, actos o providencias que lo determinan (D. 1260/70, art. 2º), en el caso de la unión marital declarada por los compañeros permanentes; sin que tal posibilidad se entienda como dispositiva del estado civil, por mandato legal indisponible, so pena de nulidad absoluta, pues el legislador autoriza conciliar las diferencias respecto de la existencia de la unión, es de esta y no de la conciliación ni de su reconocimiento declarado, de la cual dimana, en cambio, las relativas a la declaración de existencia de la sociedad patrimonial, disolución y liquidación, ostentan evidente e indiscutible naturaleza económica, obedecen al interés particular de los compañeros permanentes y, como todos los derechos subjetivos de contenido económico, son disponibles y están sujetos a prescripción.
En suma, para la Corte, la acción declarativa de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes en cuanto refiere al estado civil es imprescriptible, en tanto que, la concerniente a la declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital y la relativa a su disolución y liquidación, es prescriptible. Así, cuando además de la existencia de la unión marital, se pretenda la de la sociedad patrimonial o, su disolución y liquidación, la acción, a propósito de los efectos económicos o patrimoniales, está sujeta a prescripción, más no respecto del estado civil.
En efecto, el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, desde su vigencia, reconoció la unión marital de hecho “para todos los efectos civiles”, sin consagrar distinción o excepción alguna, por lo cual, incluye el estado civil, acatándose así la exigencia de su asignación legal y la calificación de los actos, hechos o providencias de los cuales deriva, tanto cuanto más, por la consagración de sus requisitos objetivos, la conformación de una familia por los compañeros permanentes (C.P., art. 42, inc. 1º), la comunidad de vida estable y singular generatriz de derechos y obligaciones similares a los de la pareja matrimonial. De donde lo precisó la Sala, viendo “en la unión un núcleo familiar, pues que la convivencia y la cohabitación no tienen por resultado otra cosa. La pareja se une y hace vida marital. Al punto ha dicho la Corte que la Ley 54 ‘conlleva el reconocimiento legal de un núcleo familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan’ (CSJ, auto de sep. 16/92). ‘El Estado entiende así que tutelando el interés familiar tutela su propio interés y que del fortalecimiento de la familia depende en gran parte su suerte’” (cas. civ. sent. de sep. 10/2003, exp. 7603), “la realidad social llevó al legislador a ocuparse frontalmente de esa especie de relación de pareja y fue así como expidió la Ley 54 de 1990, en la que reconoció la unión marital de hecho como institución jurídica a la que, entre otros efectos, le asignó unos de carácter patrimonial” (cas. civ. sent. 27 de jun./2005, exp. 7188).
Por esto, la Corte, recientemente rectificó la doctrina sostenida antaño por mayoría que desestimaba el estado civil originado en la unión marital de hecho (autos A-266-2001, nov. 28/2001, exp. 0096-01; A-247-2004, nov. 10/2004, exp. 0073-00, A-179-2005, exp. 00042-01, A-028-2006, ene. 30/2006, exp. 01595-00, A-081-2006, mar. 21/2006, exp. 11001-02-03-000-2005-01672-00, entre otros), puntualizando los cambios normativos “que tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio”, por ejemplo, “la Ley 1060 de 2006, mediante la cual se introdujeron importantes reformas al Código Civil, reputa como hijo de los cónyuges o compañeros permanentes, al que es concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho o al que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes a la celebración de aquel o a la declaración de esta”, la eficacia legal de la declaración formal por mutuo consenso expresado ante notario o en conciliación para conformarla (L. 640/2001, art. 40, num. 3º y L. 979/2005, art. 4º, nums. 1º y 2º), la regulación de los derechos y obligaciones derivados de la sociedad patrimonial, su reconocimiento legislativo “para todos los efectos civiles”, el surgimiento de la familia ex artículo 42 de la Constitución Política “por vínculos naturales o jurídicos”, matrimonio o “voluntad responsable de conformarla”, la igualdad de trato a ambas formas de constituirla, los derechos y deberes personales inmanentes a la comunidad de vida permanente y singular, por todo lo cual, “así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital de hecho también genera el de ‘compañero o compañera permanente’” y si bien no la ley (sic) no la “designa expresamente (...) ‘como un estado civil’”, tampoco “lo hace con ningún otro, simplemente los enuncia, aunque no limitativamente”, imponiendo el deber de registrar “los demás ‘hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil’”, en todo caso, “distintos, a los que menciona” (auto de jun. 17/2008, exp. C-0500131100062004-00205-01).
Con este entendimiento, la acción para la declaración de existencia de la unión marital de hecho, en cuanto hace al estado civil es “imprescriptible” (D. 1260/70, art. 1º) y desde la verificación fáctica de sus requisitos legales, o sea, la unión y la comunidad de vida, permanente y singular con las características legales, el derecho, voluntas legis, surge y puede ejercerse la acción para su reconocimiento judicial.
Por el contrario, ex artículo 8º de la Ley 54 de 1990, “las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros”, sin condicionarlo mutatis mutandis, a la declaración judicial de la unión marital y de la sociedad patrimonial, conforme señaló la Corte, en sentencia de 1º de junio de 2005, pues “que la ley reclame una declaración —no necesariamente judicial— de certeza de la existencia de la citada sociedad patrimonial, no puede traducir que la irrupción del término prescriptivo de la acción encaminada a disolverla y liquidarla, esté condicionada a que medie sentencia ejecutoriada o acta de conciliación que dé fe de esa sociedad, pues si se miran bien las cosas, es apenas lógico que la disolución tenga lugar cuando la vigencia de la sociedad patrimonial llega a su fin, con independencia de si media o no la referida declaración. Tal es la razón para que la ley ponga pie en tres hechos que, en sí mismos considerados, son bastante para ultimar la unión marital entre compañeros permanentes y, desde luego, a sus efectos patrimoniales, como son el distanciamiento definitivo de la pareja, la celebración de matrimonio con un tercero, o el fallecimiento de uno de ellos. De esta forma, a no dudarlo, se otorgó seguridad a los asuntos familiares en materias tan delicadas como la prescripción de las acciones vinculadas al finiquito del patrimonio común de los compañeros, cuyo plazo no puede manejarse en términos contingentes como sería la duración de un pleito judicial encaminado a que se reconozca la existencia de la unión marital de hecho y de la respectiva sociedad patrimonial, pues si así fuera, quedaría incierto el momento en el que despuntaría el plazo prescriptivo, cuyo cómputo, por expresa voluntad del legislador, quedó condicionado a la configuración de situaciones objetivas vinculadas a la disolución de la familia estructurada por vínculos naturales, concretamente a la verificación de uno de los acontecimientos que integran el aludido trinomio, ex lege” (cas. civ. jun. 1º/2005, [SC-108-2005], exp. 7921).
Adviértase, entonces que la acción judicial tendiente a la declaración de la unión marital de hecho, podrá ejercerse durante su existencia, aún unidos los compañeros permanentes y, por ende, antes de su terminación o después de esta y es imprescriptible en lo relativo al estado civil.
Contrario sensu, “el derecho a pedir la disolución y liquidación, ministerio legis, nace cuando fenece la sociedad patrimonial, no así cuando se declara que ella existió” (cas. civ. jun. 1º/2005, [SC-108-2005], exp. 7921), sino con “la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros”, situaciones objetivas desde cuya ocurrencia, puede ejercerse la acción y computa el plazo prescriptivo (L. 54/90, art. 8º).
Por tanto, la hermenéutica impone la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la unión marital de hecho en lo atañedero al estado civil y la prescriptibilidad de la acción judicial para la “disolución y liquidación” de la sociedad patrimonial, cuyo término de prescripción es de un año contado a partir de la terminación de la unión marital por separación física y definitiva de los compañeros —de mutuo consenso elevado a escritura pública ante notario o expresado en acta de conciliación— sentencia judicial, matrimonio de uno con un sujeto diferente, o muerte, ya real, ora presunta (art. 5º [L. 979/2005, 3º] y L. 54/90, art. 8º), sin que dentro de las situaciones objetivas preordenadas en la ley esté la desaparición forzada ni el secuestro como causas de terminación y, por tanto, de iniciación del plazo.
3. Desde esta perspectiva, razón tiene el impugnante al elevar su protesta, también al reclamar en casación, por cuanto, el fallador, aplicó normas impertinentes, omitió las reguladoras de la situación fáctica específica y desbordó el alcance de los artículos 5º y 8º de la Ley 54 de 1990, aplicándolos más allá de su previsión al subsumir en una de sus hipótesis la ausencia forzada de Diana Reyes Plazas equiparándola con su muerte y atribuyéndole el efecto de separación física definitiva de los compañeros para ocuparse de la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, declarando “la prescripción” sin distinguir las acciones relativas a la declaración de la unión marital de hecho de las de “disolución y liquidación” de la sociedad patrimonial.
El desatino del juzgador ad quem, deviene palmario, por cuanto la acción judicial para la declaración de la unión marital de hecho como acción de estado civil es imprescriptible y distinta de la relativa a la “disolución y liquidación” de la sociedad patrimonial, prescriptible en el plazo de un año cuyo despunte se verifica “(...) en el instante mismo en que puede demandarse la repartición del patrimonio social, esto es, cuando ocurre uno de los hechos que da lugar a la disolución (terminación de la unión marital por matrimonio con un tercero, o por voluntad de los compañeros, o por muerte de uno de ellos), según lo establece el artículo 5º de la Ley 54 de 1990, disposición que se encuentra a tono con lo previsto en el artículo 8º de la misma ley” (cas. civ. jun. 1º/2005, [SC-108-2005]), sin que la desaparición forzada, el secuestro y la toma de rehenes estén previstos en el factum normativo del artículo 5º de la Ley 54 de 1990 (modificado por la L. 979/2005, art. 3º en vigor desde su promulgación jul. 27/2005), por causa de disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, ni en el artículo 8º ibídem, como uno de los pilares a partir del cual empieza a computarse el término prescriptivo, referido expresa y exclusivamente a las acciones tendientes a la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, más no a las concernientes al reconocimiento de la existencia de la unión marital de hecho, resultando ostensible el yerro denunciado e incidente en la decisión, ante la improcedencia de la aplicación extensiva, dada la naturaleza y explicitud de la norma.
Por lo mismo, si no aconteció ninguno de los sucesos señalados en el artículo 5º de la Ley 54 de 1990 para la disolución de la sociedad patrimonial ni los indicados para el conteo del plazo prescriptivo de la acción de disolución y liquidación disciplinados en su artículo 8º, dirigida la demanda a obtener la declaración de la unión marital y la consecuente sociedad patrimonial, la sentencia combatida queda sin sustento, en cuanto todo el planteamiento del fallador descansa en tales artículos, sin existir ninguna duda a propósito de la pretensión incoada dirigida al reconocimiento de la unión marital y de la expresada sociedad patrimonial.
En efecto, en la demanda genitora de este asunto se solicitó “que se declare que entre los señores existió una sociedad patrimonial por haber sido compañeros permanentes desde agosto de 1992 hasta la fecha” (fl. 3, cdno. 1) y, esta pretensión única se modificó para “que se declare la unión marital de hecho” (fl. 65, cdno. 1), quedando finalmente formulada para “que se declare la existencia de unión marital de hecho, entre los señores Mauricio Roberto Romero Fajardo y Diana Reyes Plazas y en consecuencia se declare la sociedad patrimonial nacida de esa unión marital” (fl. 107), sin por parte alguna postular la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, no presentándose, por ello, según insiste el casacionista, ninguno de los sucesos señalados en el artículo 5º de la Ley 54 de 1990 para deshacerla, necesarios para la iniciación del cómputo de la prescripción extintiva.
En cualquier caso, en virtud de la especificidad de la situación fáctica litigiosa, el término estatuido en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 no se consumó ni ha empezado a correr, conforme a las previsiones normativas reseñadas, por cuanto, se itera, el plazo prescriptivo del año se computa desde “la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros”, circunstancias objetivas dentro de las cuales no está consagrada la desaparición forzada o el secuestro ni pueden asimilarse.
Por tanto, si ninguno de los plazos determinantes de la prescripción de las acciones ha empezado a descontarse, no podía declararse, según hizo el tribunal, “probada la excepción de prescripción de la acción familiar encaminada a obtener la declaración judicial sobre existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y sus consiguientes disolución y liquidación” y desaparecida.
En suma, si la base normativa de la sentencia recurrida encarna un desatino como el evidenciado, consultando las finalidades ontológicas del recurso extraordinario de casación, la función constitucional y legal privativa atribuida a la Corte de preservar la plenitud e integridad del ordenamiento jurídico y los derechos, libertades y garantías consagrados en este, en tensión en el caso concreto, será casada, para en sede instancia proferir la de reemplazo.
1. Al no aparecer obstáculo para fallar de fondo, es pertinente desatar la apelación formulada contra el fallo de primer grado, estimatorio de las pretensiones de la demanda.
2. Apúntase para comenzar, que el discernimiento del tema relativo a la prescripción de “las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” realizado a partir del artículo 8º de la Ley 54 de 1990, argumento único de la apelación del fallo, determina el éxito de los cargos.
Efectivamente, la impugnante basa su contradicción en que la ausencia de la “exigencia concurrente” advertida por el a quo, carece de apoyo jurídico y que la prescripción por ella excepcionada es tajante, no prevé situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor, no trae excepciones ni exclusiones y estando demostrada “que la acción se instauró pasados 30 días del año que la ley consagra y que la ley no establece excepciones (...) se colige de manera lógica que la acción instaurada se construyó fuera del término”, argumentos suficientemente atendidos al desatar los cargos formulados contra el fallo del tribunal, que necesariamente incide en el alcance de la impugnación, y de rebote en esta sentencia de reemplazo.
Similarmente, tratándose de desaparecidos y personas secuestradas, nuestra legislación contiene un régimen jurídico tutelar inspirado en evidentes directrices de solidaridad.
De entrada conviene recalcar, sin ser menester un análisis profundo para su entendimiento, la constante preocupación en todos los tiempos y espacios, de las naciones civilizadas en la preservación de la vida, integridad, bienes y valores de la persona cuanto centro motriz fundante de toda conocida ordenación, el diseño y adopción de un catálogo mínimo de ius cogens a propósito de los derechos, libertades y garantías del sujeto iuris, el repudio de conductas lesivas reprochables y desestabilizadoras del orden, la convivencia pacífica, la paz, los fines y derroteros primarios de la comunidad organizada, de todos los cuales, una justicia autónoma, independiente, ecuánime e imparcial, impartida por los jueces naturales, es, ha sido y será garante genuina.
Tampoco se ignora en nuestro país, la constante alteración del orden público, el permanente estado de anormalidad institucional, la criminal e ilegítima actuación de grupos armados al margen de la ley con fines políticos o de otra naturaleza, su presencia en ciertas regiones, la indiscriminada comisión de delitos de genocidio, asesinato, secuestro, retención ilegal, toma de rehenes, desaparición forzada y el esfuerzo de las autoridades, para evitar la impunidad y alcanzar la verdad, la justicia y la paz.
En particular, tratándose del secuestro, la toma de rehenes, desaparición forzada y toda manifestación atentatoria de los derechos humanos a la libertad, la integridad y la seguridad personales, desde la Declaración universal de los derechos humanos, “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; ni “podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (arts. 3º, 5º y 9º), preceptiva reiterada en la Convención americana sobre derechos humanos suscrita el 22 de noviembre de 1969, aprobada por Ley 16 de 1972, ratificada el 31 de julio de 1973 (arts. 5º y 7º) y complementada con múltiples instrumentos de derecho internacional, entre otros, de manera general, la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, suscrita el 10 de abril de 1985, aprobada por la Ley 70 de 1986, y ratificada el 8 de diciembre de 1987, la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, aprobada el 28 de octubre de 1997 por Ley 408, pendiente de ratificación; la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 en vigor desde el 12 de enero de 1951 y aprobada mediante la Ley 28 de 1959, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de noviembre de 1968, la Convención sobre prevención y represión del terrorismo de Washington en febrero de 1971, la Resolución adoptada al respecto por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1972 y la Resolución 3074 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1973, sobre los Principios de cooperación internacional de la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad y, en particular, el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II, aprobado por L. 171/94, sent. C-225/95) y la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (aprobada por L. 707/2001, sent. C-580/2002).
A esta orientación universal no ha sido ajena la jurisprudencia con desarrollos significativos, incluso con antelación a la Constitución de 1991, cuyos artículos 5º, 12 y 95, dispusieron la garantía de no ser “sometido a desaparición forzada (...)”, la protección especial a la familia “como institución básica de la sociedad” y el principio superior de solidaridad de los particulares, ni el legislador con la expedición de normas jurídicas singulares tendientes a proteger a las víctimas y a su núcleo familiar de las perniciosas e inefables consecuencias del flagelo (decretos 1723 y 2238 de 1995, declarados inexequibles mediante sentencias C-582 de 1995 y C-135 de 1996, Ley 282 de 1996 parcialmente inexequible sentencia C-400 de 2003 y reglamentada por Decreto 1923 de 1996, Ley 589 de 2000 modificada por la Ley 599 de 2000, Ley 971 de 2005 - sentencia C-473 de 2005 - Ley 986 de 2005 – cuyo artículo 2º se declaró exequible condicionalmente mediante sentencia C-394 de 2007 con “efectos retrospectivos”- modificada por Ley 1175 de 2007).
Por su parte, la Ley 589 de 2000, “por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones”, tipificó entre otros, el delito de desaparición forzada, instituyó la comisión de búsqueda de desaparecidos, el mecanismo de localización urgente de personas (reglamentado por la L. 971/2005), el registro nacional de desaparecidos y de personas capturadas y detenidas, determinando en su artículo 7º que “el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” y en el artículo 10 los mecanismos para la administración de los bienes de las personas desaparecidas (sent. C-400/2003).
Empero, la Ley 986 expedida el 26 de agosto de 2005, “por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”, de cuya inaplicación también se duele la censura por considerarla vigente no sólo para el secuestrado o desaparecido sino para las víctimas de estos sucesos y su núcleo familiar, previno un completo sistema de protección, acentuándose de su contenido, por su importancia y pertinencia en el asunto sometido a la Sala, los siguientes aspectos relevantes:
a) Se inspira en la salvaguardia de los secuestrados y su núcleo familiar, la mitigación de su nocividad y en la consagración de “una serie de medidas que pretenden evitar en el futuro situaciones injustas que afectan hoy a los colombianos secuestrados y sus familias, agravando su padecimiento, tales como el cobro de obligaciones a cargo del secuestrado, la desprotección en materia de seguridad social de las familias, la falta de claridad frente al pago de salarios, la pérdida de derechos por el vencimiento de términos procesales judiciales o administrativos que no pudo cumplir la persona retenida, entre otros. Se trata de problemas que surgen por vacíos legales que para casos específicos han tenido que ser resueltos por vía judicial, y que por el impacto que generan deben ser previstos por la ley de manera general”. (Informe ponencia primer debate del proyecto de ley 20 de 2004 - Senado, Gaceta del Congreso 556, sep. 17/2004).
Desarrolla, por consiguiente, una concepción más tuitiva, solidaria, de interés o utilidad social y el principio fundamental de solidaridad, como uno “de los pilares sobre los cuales se cimienta el Estado social de derecho. Consagrado por el artículo primero de nuestra Constitución Política, su función es la de equilibrar las relaciones sociales, allí en donde existan personas o grupos de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, que no puedan ser corregidas por el normal funcionamiento de las estructuras sociales y económicas, tal como están planteadas. Es en el deber de solidaridad así definido, donde encontramos el mayor sustento no solo para el sentido de los citados desarrollos jurisprudenciales, sino también para el proyecto de ley del cual somos ponentes” (informe ponencia primer debate del proyecto de ley 20 de 2004 - Senado, Gaceta del Congreso 556, sep. 17/2004).
En consonancia, la ley tiene por finalidad disciplinar “en virtud del principio de solidaridad social y del cumplimiento de los deberes del Estado consagrados en la Constitución Política, un sistema de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, los requisitos y procedimientos para su aplicación, sus instrumentos jurídicos, sus destinatarios, y los agentes encargados de su ejecución y control” (art. 1º; resaltado ajeno al texto).
b) En lo concerniente a los destinatarios de sus instrumentos de protección, “se incluyen no solo a las familias sino en general a las personas que dependan económicamente del secuestrado” (informe ponencia primer debate del proyecto de Ley 20 de 2004 - Senado, Gaceta del Congreso 556, sep. 17/2004).
Su objeto orientado está a “proteger a la víctima del secuestro, a su familia y a las personas que dependan económicamente del secuestrado”, incluida su empresa unipersonal, entendiéndose por “secuestrado” y “víctima del secuestro”, “la víctima de un delito de secuestro, según se desprenda del proceso judicial adelantado por la autoridad judicial competente” (art. 2º) y se extiende “a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, sus familias y las personas que dependan económicamente de ellas”, “es decir: (i) afecta las situaciones de hecho en curso, de manera que se aplica a personas cuya condición de desaparecidas o rehenes se haya configurado con anterioridad al presente fallo; y (ii) dichas personas y sus familiares solo tendrán derecho a aquellos beneficios contemplados en la Ley 986 de 2005 que se causen a partir de la fecha de adopción de esta sentencia” (C. Const., sent. C-394/2007).
c) El título II de la Ley 986 de 2005, dentro de los instrumentos de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, instituyó una serie de medidas tutelares, ad exemplum, el secuestro como eximente de responsabilidad civil para el retenido, la interrupción de plazos y términos de toda clase, vencimiento de obligaciones pecuniarias, de hacer y de dar distintas de las dinerarias y la suspensión de procesos ejecutivos (cap. I, arts. 10 a 14), garantes del mínimo vital de los familiares del secuestrado mientras permanezca en cautiverio (caps. II y III, arts. 15 a 19) y en materia de salud, educación (cap. III, arts. 17 a 19) y tributaria (cap. IV, arts. 20 y 21), todo lo cual selló el legislador “con un conjunto de sanciones dirigidas a las entidades y funcionarios que incumplan los deberes necesarios que garanticen la protección a las víctimas del secuestro y sus familias” (art. 20).
Ahora, el legislador estatuye como regla general la interrupción de los términos o plazos de vencimiento de las obligaciones pecuniarias, civiles o comerciales, de las de dar de contenido diferente a las dinerarias y de las de hacer, así como la imposibilidad de iniciar acciones judiciales o extrajudiciales contra el secuestrado y la suspensión de los procesos ejecutivos en su contra.
Empero, a juicio de la Sala, esta directriz general, debe aplicarse con sujeción a claros principios de plenitud, coherencia e integridad del ordenamiento jurídico, concordando unas leyes con otras (leges legibus concordare promptum est), las ulteriores con las precedentes, salvo contrariedad (posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint).
En otras palabras, para la Corte, las previsiones abstractas de la Ley 986 de 2005, no excluyen la posibilidad de promover determinados procesos y ejercer ciertas acciones, particularmente, las referentes al núcleo familiar y estado civil de las personas, en cuanto destinada la ley a brindar singular protección al secuestrado, a su familia y personas dependientes económicamente, sería aberrante, la absoluta desprotección de estos durante el término del cautiverio y un periodo adicional no superior a un año o hasta el establecimiento de la muerte real o su declaración presunta, verbi gratia, en casos como el presente, donde el compañero permanente pretende la declaración de existencia de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial consecuente, con miras al ejercicio de los derechos que dicha comunidad de vida singular y estable, entraña o, tratándose, de acciones relativas a la declaración de paternidad de los hijos procreados y nacidos durante la unión o también de aquellas inherentes a derechos prevalentes frente a los de los demás sujetos de derecho, según acontece, por ejemplo, en hipótesis donde se involucre el interés superior de los niños (C.P., arts. 42, 44, 45, 50, 53, 67, 93 y 356; L. 1098/2006, art. 6º), casos en los cuales, de acuerdo con el marco de circunstancias fácticas se impone su análisis para determinar la procedencia o improcedencia de tales acciones y procesos.
Téngase presente que la unión marital de hecho, tiene incidencia preferentemente familiar y que la calidad de compañero permanente, en el estado actual de nuestra legislación, reviste singular connotación para diferentes efectos legales, dentro de estos, el régimen prestacional, asistencial e incluso, más ampliamente el acceso a los instrumentos de protección consagrados en la Ley 986 de 2005. Aún más, el artículo 23 de la Ley 282 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 986 de 2005, concede legitimidad en primer término al compañero o compañera permanente “para ejercer la curaduría de bienes” en el proceso de declaración de ausencia del secuestrado, pero, en el sub examine, al demandante, ante la disputa presentada por la madre de la demandada, tal derecho se le negó, requiriendo la declaración judicial de existencia de la unión marital de hecho.
Por tanto, en el caso específico de la unión marital de hecho, contemplando esta ley la protección, también para el núcleo familiar del secuestrado, cuando quiera, que fuere menester para tales efectos o para los consagrados en el ordenamiento, la declaración judicial de existencia de la unión marital, pueden promoverse las acciones y procesos al respecto, pues de otra manera, negar esta posibilidad, lisa y llanamente conduce a infirmar sus propósitos y finalidades tutelares singulares.
Igualmente, “durante el tiempo del cautiverio estarán interrumpidos los términos y plazos de toda clase, a favor o en contra del secuestrado, dentro de los cuales debía hacer algo para ejercer un derecho, para no perderlo, o para adquirirlo o recuperarlo”, sin perjuicio en casos excepcionales, “cuando circunstancias extraordinarias lo exijan, y con el propósito de proteger derechos en riesgo inminente de la persona secuestrada, además del curador de bienes, el agente oficioso o cualquier otra figura procesal instituida para estos efectos puedan ejercer todas las acciones que sean necesarias para garantizar dicha protección” (L. 986/2005, art. 13).
Del mismo modo, se adiciona el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, elevándose al secuestro como causal de suspensión de los procesos ejecutivos “en contra de una persona secuestrada originados por la mora causada por el cautiverio, y los que se encuentren en curso al momento de entrar en vigencia la presente ley”, los cuales, “se suspenderán de inmediato, quedando legalmente facultado el curador de bienes del secuestrado para pedir la suspensión al juez competente” (L. 986/2005, art. 14).
Los instrumentos de protección regulados en la Ley 986 de 2005, se aplican al secuestrado, a su núcleo familiar y a las personas que dependan económicamente de aquel, tal como se desprende del texto y ratio legis y, en particular de sus artículos 1º y 2º.
Por demás, la norma se declaró exequible bajo este entendimiento, destacándose “que las medidas consagradas en la Ley 986 de 2005, relativas a las eximentes de responsabilidad civil, como la interrupción de plazos y términos de vencimiento de obligaciones y la suspensión de los procesos ejecutivos en contra de la víctima del delito, como también la suspensión de términos en materia tributaria, también pretenden evitar que tales obligaciones recaigan sobre los familiares del retenido y que este último deba soportar las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones, por circunstancias ajenas a su voluntad y que, por tal razón, no pueden serle imputables, ante la ocurrencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito como lo es la privación ilegal de su libertad” (C. Const., sent. C- 394/2007).
En consecuencia, para la Sala, la recta inteligencia del artículo 13 de la Ley 986 de 2005, al disciplinar durante el cautiverio, la interrupción de “los términos y plazos de toda clase, a favor o en contra del secuestrado, dentro de los cuales debía hacer algo para ejercer un derecho, para no perderlo, o para adquirirlo o recuperarlo”, desde luego, actúa no solo para el secuestrado, retenido o desaparecido, sino también para su núcleo familiar y dependientes económicamente.
d) Relativamente a la vigencia y aplicación de la Ley 986 expedida el 26 de agosto de 2005, su artículo 28 la dispone “a partir de su promulgación”, esto es, el 29 de agosto de 2005, fecha de su publicación en el Diario Oficial 46.015.
En lo pertinente a la aplicación de los instrumentos de protección consagrados en la ley, su artículo 27, con precisión, dispone que “serán aplicables a los secuestrados que al momento de entrada en vigencia de la misma se encuentren aún en cautiverio, así como a quienes sean secuestrados a partir de esa fecha. También podrán acceder a los instrumentos de protección aplicables con posterioridad al secuestro aquellas personas que han recobrado la libertad y se encuentren dentro de los términos establecidos por la presente ley para cada uno de dichos instrumentos” y, reiterando lo dicho, estos instrumentos, aplican a su núcleo familiar (C. Const., sent. C- 394/2007).
Las evidentes razones de interés público o social de esta regulación normativa, justifican ampliamente su efecto general e inmediato (L. 153/1887, art. 18), definitorio de su aplicación desde su vigencia, a todas las situaciones, aún en curso o iniciadas con anterioridad, “a consecuencias aún no realizadas, derivadas de una determinada situación fáctica, inclusive preexistente a ella”, gobernando “todos los efectos que se produzcan desde el momento en que entra en vigor, incluidos los que se deriven de una situación surgida de antemano” (sent. mar. 20/2003, exp. 6726).
Y, naturalmente, habiéndose proferido la sentencia censurada el 30 de noviembre de 2005, la Ley 986 de 2005, era aplicable a la cuestión litigiosa.
De lo expuesto, se impone una conclusión: el acervo legislativo y jurisprudencial mencionado, buscan con afán el resguardo de los secuestrados, rehenes y desaparecidos, para evitar el empeoramiento de sus circunstancias, consagrándose, en particular, con la Ley 986 de 2005, entre los “instrumentos de protección”, la interrupción de plazos y términos de obligaciones dinerarias (art. 11), de obligaciones de hacer y de dar (art. 12), la suspensión de los procesos ejecutivos (art. 14) y la interrupción durante el cautiverio de “los términos y plazos de toda clase, a favor o en contra del secuestrado, dentro de los cuales debía hacer algo para ejercer un derecho, para no perderlo, o para adquirirlo o recuperarlo” (art. 13).
Razones todas que con las expuestas al decidir los cargos, también sustentan la desestimación de la excepción de prescripción y la posibilidad de promover este proceso.
3. Atenuadas, aunque no totalmente superadas, las notorias desigualdades e iniquidades de la irrazonable discriminación de la familia conformada por la unión libre de parejas no casadas o extramatrimonial y su prole, el legislador expidió la Ley 54 de 1990 regulando la “unión marital de hecho”, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, su reconocimiento, disolución y liquidación, entendiendo “para todos los efectos civiles” por tal “la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” e “igualmente, y para todos los efectos civiles” por “compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho” (art. 1º, ejusdem, declarado exequible mediante sent. C-098/96).
De acuerdo con la Corte Constitucional,
“La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al promediar este siglo, fue la encargada de comenzar el proceso de hacer justicia en el caso de las uniones libres, en favor de la mujer, generalmente la parte más débil de la relación, en razón de factores económicos y culturales, es decir, sociales en general. La corriente renovadora de la jurisprudencia, fue una de las consecuencias de las profundas transformaciones legislativas de los años treinta, en lo que tiene que ver con la mujer casada, iniciadas con la Ley 28 de 1932. Era natural que las leyes que elevaban la condición de la mujer casada y de los hijos naturales, movieran a los jueces en defensa de la concubina, en un país donde aproximadamente la mitad de las uniones son de hecho. Fue así como se construyó la teoría de la sociedad de hecho entre concubinos, teoría que representó un segundo paso en el camino hacia la igualdad económica de los miembros de la pareja, pues el primero se había dado al aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa y hacer, en consecuencia, titular de la acción in rem verso al concubino cuyo trabajo había sido una de las causas para la adquisición de bienes en cabeza del otro. La Corte Suprema resumió así todo este proceso: ‘El concubinato, que es la resultante de relaciones sexuales permanentes y ostensibles entre un hombre y una mujer no casados entre sí, como situación de hecho que es, desde el punto de vista jurídico ha sido diversamente apreciado por los sistemas de derecho positivo; en algunos aparece repudiado enérgicamente; en otros admitido con definitiva y total eficacia; y, en los más, se lo recibe y regulan sus efectos con determinadas restricciones. Estas diversas posiciones se apoyan, no obstante, en el mismo fundamento: la moral. Quienes ven en el concubinato una afrenta a las buenas costumbres o un ataque a la familia legítima, lo estiman contrario a la moral y por tanto lo rechazan, negándole eficacia jurídica a las consecuencias que de él dimanan; quienes, en cambio, propugnan su defensa, aseveran que lo inmoral es desconocer en forma absoluta validez a las obligaciones y derechos que son efecto del concubinato. Los partidarios de la tesis ecléctica ven en la circunstancia del concubinato dos aspectos diferentes: de un lado, las relaciones sexuales que, por no estar legitimadas por el vínculo matrimonial, consideran ilícitas; y de otro, las consecuencias de orden económico que, en rigor jurídico, no están cobijadas por presunción de ilicitud y que, por lo tanto, estiman que deben ser objeto de regulación por el derecho. De acuerdo con ella, el concubinato no genera, como sí ocurre con el matrimonio, una sociedad de bienes que la ley se anticipa a reconocer y reglamentar. Con base en la equidad, empero, se sostiene que una conjunción de intereses, deliberada o no por los amantes, un largo trabajo en común puede constituir una sociedad de hecho, producto casi siempre más de las circunstancias que de una actividad razonada y voluntaria. Fue, pues, así como la doctrina, en punto de relaciones económicas o patrimoniales de los concubinos, al comienzo abrió la puerta inicialmente a la actio in rem verso, en beneficio del concubino que ha colaborado con el otro en sus empresas; y luego, para la partición de los bienes adquiridos en común y la repartición de los beneficios, se consagró la actio pro socio’ (sent., feb. 26/76, CLII, 35)” (C. Const., sent. C-239/94).
La Constitución Política de 1991, atribuyó a la familia relevancia constitucional singular, admitiendo su conformación no solo por vínculos jurídicos sino “naturales” y dispuso la especial protección de la unidad familiar en su artículo 42, con arreglo al cual, “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”, adoptando, como ha dicho la Sala, “en lo relativo a su conformación, un criterio abierto y dúctil que se contrapone a los principios férreos y cerrados que otrora caracterizaron el ordenamiento jurídico nacional en el punto; por supuesto que, sin ambages de ninguna especie, se admite que la familia se forma, no solo a partir del vínculo matrimonial, sino, también, por la voluntad libre y responsable de la pareja de conformarla, sin mediar, en este caso, ningún ligamen jurídico de aquellos que surgen para ella cuando está unida por matrimonio” (sent., nov. 25/2004, exp. 7291).
Como es suficientemente conocido, la unión marital de hecho, o sea, la “forma de vida enderezada a la complementación de la pareja, a la consecución de sus ideales, a la satisfacción mutua de sus necesidades psico-afectivas y sexuales, entre otros aspectos; en fin, para la construcción de su proyecto de vida” (cas. civ. abr. 10/2007, [SC-034-2007], exp. 2001 00451 01), presupone “elementos fácticos objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritales” (cas. civ. dic. 12/2001, exp. 6721) y es “una de las formas reconocidas para constituir una familia, pilar fundamental dentro de la organización social, que es objeto de protección especial (C.P., arts. 42 y 5º)” (sent., abr. 10/2007, exp. 2001 00451 01).
De suyo, la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, comporta una comunidad “que por definición implica compartir la vida misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo techo; y de carácter permanente, lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante y continua por lo menos durante dos años, reflejando así la estabilidad que ya la Corte reconoció como aspecto fundamental de la relación, reduciendo a la condición de poco serias las uniones esporádicas o efímeras que no cumplen con tal requisito” (sent., sep. 20/2000, exp. 6117).
En idéntico sentido, dicha comunidad es singular “que sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie” (cas. civ. sep. 20/2005, exp. 1999-0150-01), de carácter estable, permanente y toca “con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual” (sent., sep. 20/2000, exp. 6117) y “no nace, sino en cuanto que se exprese a través de los hechos, reveladores de suyo de la intención genuina de mantenerse juntos los compañeros” (sent., sep. 10/2003, exp. 7603).
Del mismo modo, la unión marital de hecho en las condiciones de singularidad dispuestas por el ordenamiento por lapso no inferior a dos años entre personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, entraña presumir la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, en los términos del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 (ley, declarada exequible “tal como fue modificada por la L. 979/2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”, mediante sent. C-075/2007).
4. Ahora, la unión marital la hallaron suficientemente acreditada los juzgadores de ambas instancias y es asunto que no viene controvertido por la opositora.
De su conformación y condiciones da fe la prueba testimonial que en forma coincidente precisa y fundada deja ver la comunidad de vida, singular y permanente entre los compañeros, además del tiempo transcurrido y la documental aportada también es concluyente de la unión.
Germán Arango Lombana, expresó conocer a las partes demandante y demandada desde hace 18 y 12 años, respectivamente, constándole la iniciación del noviazgo aproximadamente en 1993, viajando con ellos y su esposa al mundial de fútbol de 1994, la terminación de la residencia en el conjunto Tramonti en 1995 donde vivían juntos, su convivencia hasta la desaparición de Diana, la oficina compartida por ellos, su trabajo conjunto en la inmobiliaria, habiendo visitado a la pareja y alojándose en su casa durante cinco meses en 1998; relata su conocimiento de los bienes de uno y otro, el trabajo independiente de cada uno existiendo ayuda, solidaridad, respaldo profesional y económico; compartió reuniones sociales y familiares, paseos a finca, precisando una divergencia entre la pareja sin parecerle interruptiva de la relación porque en la campaña de gobernación del año 2000, ambos participaron, se movilizaban juntos y hasta el día del secuestro vivían juntos para la época de su secuestro fue retenida en su casa del conjunto Tramonti; y, en el mismo sentido, Julio César Malpica, dice que conoció a Diana y a su compañero, en su orden, desde hace treinta y 20 años por su trabajo en construcciones, empezando a trabajar con ellos en 1992 en la inmobiliaria, en que empezaron a vivir juntos en una casa de la mamá de aquella y luego en el conjunto Tramonti hasta la fecha de su desaparición, constándole su hogar, convivencia y relación continúa, desde entonces hasta su secuestro en el año 2000 y compartiendo fines de año en una finca, almuerzos y reuniones; no le constan la interrupción ni terminación de la relación en el año de 1999, expresando que la relación era normal para la fecha de la desaparición y relata que la pareja en 1992 carecía de bienes, el arquitecto tenía una casa y la compañera una oficina en arrendamiento, luego adquirieron un terreno donde construyeron tres casas en el conjunto Tramonti, compraron otros predios y un vehículo, lo que le consta directamente por su trabajo con ellos, la confianza depositada y conocer sus negocios conjuntos (fls. 121 a 128, primer cdno.).
Actúa asimismo, copia de la solicitud de adopción radicada por la pareja Romero Reyes ante el ICBF que contiene en sus anexos la petición conjunta de 4 de agosto de 2000, las valoraciones médicas, las declaraciones extrajuicio sobre su condición de compañeros, dando cuenta de su convivencia como pareja bajo el mismo techo desde hace más de siete años, el estudio socio familiar del ICBF con concepto de la trabajadora social respecto de un “[a]mbiente familiar estable, caracterizado por la unión, la comprensión, la calidez y el respeto por el otro; es una pareja introvertida, hogareña y asertiva (...) Familia que maneja los espacios de concertación, respeto por la opinión y la posición del otro lo que les ha permitido cultivar una relación bastante sólida y estable” (fls. 31 a 54, cdno. 1); copia de la providencia que decreta la disolución y liquidación de la sociedad conyugal del demandante y el acta de su liquidación (fls. 29 a 30 y 100 a 101); registro fotográfico de los compañeros (fls. 84 a 94); las notas de solidaridad enviadas al actor con ocasión de la desaparición de Diana (fls. 95 a 98); copia de la solicitud de visa de Reyes Plazas en compañía de su “esposo Mauricio Roberto Romero Fajardo” y las copias del expediente de declaración de ausencia promovido por el demandante.
Todo este material probativo acredita, se reitera, la comunidad de vida permanente entre los compañeros y permite concluir la sociedad patrimonial incluso con la copia de los documentos de la propia compañera permanente, tal como se desprende del formulario único de declaración juramentada de bienes, rentas y actividad económica privada por Diana Reyes Plazas cuando tomó posesión de secretaria de despacho de la gobernación de Casanare el 2 de enero de 2001, en cuyo numeral 1.2. responde con un sí la pregunta sobre la existencia de sociedad conyugal o de hecho suministrando el nombre del demandante como su compañero (fls. 49 y 49 vto., cdno. 1), la solicitud de adopción radicada por ambos en el año 2000 ante el ICBF y los conceptos anexos de este instituto, no siendo por ello, verosímil su supuesta terminación a fines de 1999, tanto cuanto más en las deposiciones extrajuicio anexas a ese trámite fechadas a 4 agosto de 2000, hacen constar para esa época la unión familiar desde hace más de siete años.
Y si tal unión mantúvose hasta la desaparición forzada de Diana —acaecida en el año 2001— es patente su perduración por más del bienio y, por tanto, la presunción de la sociedad patrimonial, estando por demás comprobada la disolución y liquidación de la sociedad conyugal tenida con anterioridad por el demandante.
Corresponde, pues, confirmar el fallo de primer grado, salvo en lo relativo al numeral 4º de la parte resolutiva que dispuso “declarar disuelta la aludida sociedad patrimonial y en estado de liquidación”, por exceder lo pretendido, contraviniendo con ello el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la congruencia del fallo.
Ante este resultado, naturalmente la decisión sobre costas en segunda instancia varía y habrá de imponérsele a la vencida.
En mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral - Penal - del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 30 de noviembre de 2005, dentro del proceso ordinario instaurado por Mauricio Romero Fajardo contra Diana Reyes Plazas y, en su lugar, como juez de instancia,
Confirmar la sentencia pronunciada el 28 de junio de 2005, por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Yopal, salvo en lo relacionado al numeral 4º de la parte resolutiva por las razones antedichas, el cual se revoca.
Costas de segunda instancia a cargo de la parte apelante. Sin costas en el recurso de casación, ante su prosperidad.
Arturo Solarte Rodríguez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.