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Timestamp: 2019-12-12 22:44:10
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'artículo 241', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 97', 'artículo 42']

Puede hablarse de familia legítima para referirse a la originada en el matrimonio, en el vínculo jurídico; y de familia natural para referirse a la que se
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título Puede hablarse de familia legítima para referirse a la originada en el matrimonio, en el vínculo jurídico; y de familia natural para referirse a la que se
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Sentencia C-595/96
FAMILIA-Clasificación/IGUALDAD DE HIJOS
Puede hablarse de familia legítima para referirse a la originada en el matrimonio, en el vínculo jurídico; y de familia natural para referirse a la que se establece solamente por vínculos naturales. Esta clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia. No hay duda alguna sobre la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos y sobre cómo esta igualdad comprende a los ascendientes y descendientes.
CONSANGUINIDAD ILEGITIMA-Inconstitucionalidad/AFINIDAD ILEGITIMA-Inconstitucionalidad
Si la Constitución reconoce, en un pie de igualdad, la familia constituída por vínculos "naturales o jurídicos", no se ve cómo la inexistencia del matrimonio origine una "consanguinidad ilegítima", entendiéndose ésta como ilícita. La igualdad de derechos de los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, establecida fue elevada a norma constitucional. Siendo esto así, el calificativo de ilegítimo dado a un parentesco, no tiene ninguna finalidad, pues sólo la tendría si implicara una diferencia en los derechos. La declaración de inexequibilidad carece de efectos prácticos. A juicio de la Corte, la declaración de inexequibilidad es razonable porque elimina la posibilidad de cualquier interpretación equivocada de la expresión "ilegítimo", y ratifica toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por el origen familiar. La declaración de inexequibilidad no implica la desaparición de la afinidad extramatrimonial.
Referencia: Expediente D-1267
Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 38, 39, 47 y 48 Código Civil.
Demandante : Rocío Esmeralda Arias Páez
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D. C., según consta en acta número cincuenta y tres (53) a los seis (6) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
La ciudadana Rocío Esmeralda Arias Páez, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6o., y 241, numeral 5o., de la Constitución, presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 38, 39, 47 y 48, del Código Civil.
Por auto del 29 de marzo 1996, el Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la fijación del negocio en lista para asegurar la intervención ciudadana. Dispuso, también, el envío de copia de la demanda al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso; además, al señor Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor.
Cumplidos los requisitos exigidos por el decreto 2067 de 1991, y recibido el concepto del señor Procurador General de la Nación, entra la Corte a decidir.
II. NORMAS ACUSADAS.
"ARTÍCULO 38. - Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las generaciones de que resulta, han sido autorizadas por la ley; como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común.
"ARTÍCULO 39. - La consanguinidad ilegítima es aquella en que una o más de las generaciones de que resulta, no han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos hijos legítimos de dos hermanos uno de los cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo común.
"ARTÍCULO 47. - Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer.
"ARTÍCULO 48. - Es afinidad ilegítima la que existe entre una de las personas que no han contraído matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra o entre una de dos personas que están o han estado casadas, y los consanguíneos ilegítimos de la otra."
A. LA DEMANDA.
La actora considera que los artículos demandados desconocen los artículos 13 y 42 de la Constitución.
El cargo gira en torno al desconocimiento del derecho a la igualdad, pues considera la actora que las normas demandadas establecen una discriminación al calificar el parentesco de legítimo o ilegítimo.
Señala que al no consagrar la Constitución distinción alguna, se presenta una inconstitucionalidad sobreviniente.
De conformidad con el informe secretarial del 23 de abril de 1996, en el término constitucional establecido para intervenir en la defensa o impugnación de los artículos 38, 39, 47 y 48 del Código Civil, presentó escrito oponiéndose a los cargos de la demanda, el ciudadano Alvaro Name Vargas, designado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El interviniente, afirmó que la clasificación del parentesco establecida en las normas acusadas debe ser analizada desde el punto de vista del régimen sucesoral.
Indicó que las diferencias establecidas en la ley 45 de 1936, para los órdenes sucesorales, desaparecieron con la expedición de la ley 29 de 1982, pues ésta eliminó toda distinción práctica entre filiación legítima y extramatrimonial, estableciendo una equivalencia de los derechos sucesorales.
Por medio del oficio número 959 de mayo 22 de 1996, el Procurador General de la Nación (E), rindió el concepto de rigor, solicitando a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de las normas acusadas.
Considera que la clasificación establecida en los artículos 38, 39, 47 y 48 del Código Civil, consagra una discriminación para las personas, basada en el origen del parentesco, que vulnera el derecho a la igualdad. Al respecto, dice:
"La familia originada por vínculos matrimoniales o por relaciones extramatrimoniales puede ser regulada de manera diversa por el legislador, en tanto que de hecho son dos hipótesis diferentes; sin embargo, ello no quiere significar de manera alguna que se pueda discriminar a las personas por razón de su origen familiar, pues en la hora actual la normativa en la materia debe respetar el principio fundamental de la igualdad, debe ser armónica, razonable y proporcional, pues se trata de dos instituciones que indistintamente son fuente de la familia y en consecuencia, están bajo el amparo del ordenamiento superior".
Se remite, también, a lo dicho por la Corte en la sentencia C-105 de 1994.
II.- CONSIDERACIONES.
Procede la Corte Constitucional a dictar la decisión que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones.
La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, por haberse originado en la demanda contra normas que hacen parte de una ley, es decir, del Código Civil (numeral 4 del artículo 241 de la Constitución).
Sostiene la demandante que las normas acusadas quebrantan los artículos 13 y 42 de la Constitución, porque consagran una desigualdad entre las personas por razón de su origen.
Se analizará, en consecuencia, este argumento.
Tercera.- La igualdad de los hijos en la Constitución y en la ley.
Según el inciso primero del artículo 42 de la Constitución, “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Esta norma consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a “la voluntad responsable de conformarla”. Aquí no hay un vínculo jurídico en el establecimiento de una familia. La segunda corresponde a “la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”: aquí el vínculo jurídico es el contrato de matrimonio.
Por lo anterior, bien puede hablarse de familia legítima para referirse a la originada en el matrimonio, en el vínculo jurídico; y de familia natural para referirse a la que se establece solamente por vínculos naturales.
Esta clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia. Obsérvese que los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del mismo artículo 42 de la Constitución, se refieren a la familia, a su protección, a sus prerrogativas, a las relaciones entre sus miembros, sin establecer distinción alguna por razón de su origen.
Consecuente con la diferencia establecida en el inciso primero, el inciso sexto del artículo 42 consagra la igualdad de los hijos, así:
“Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”.
Aquí aparecen ya, expresamente, las tres clases de hijos: legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. La referencia a los procreados “con asistencia científica” es impropia, no obedece a un criterio jurídico, porque los procreados en esta forma necesariamente serán legítimos, extramatrimoniales o adoptivos.
Esta disposición constitucional consagró el principio de igualdad que ya se había plasmado en el artículo 1o. de la ley 29 de 1982, así: “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”. Y que había reconocido expresamente el inciso primero del artículo 97 del decreto 2737 de 1989, Código del Menor, al referirse a los hijos adoptivos, así: “Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo”.
No hay, pues, duda alguna sobre la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos y sobre cómo esta igualdad comprende a los ascendientes y descendientes. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:
“Tercera.- ¿Hasta dónde se extiende la igualdad consagrada por la ley entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos?
“Reconocida por la ley 29 de 1982, y ahora por la Constitución, la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, no hay duda en lo que se refiere exclusivamente a las relaciones entre padres e hijos. Basta atenerse al tenor literal del artículo 1o. de la ley 29 y del inciso sexto del artículo 42 de la Constitución. El problema surge cuando se considera la relación entre los ascendientes y descendientes de los grados siguientes: ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el hijo extramatrimonial o adoptivo de quien a su vez es hijo extramatrimonial, o adoptivo, en relación con el padre extramatrimonial o adoptante de su padre? ¿Podría concurrir a la sucesión intestada en igualdad de derechos con quien es nieto legítimo? Dicho en otros términos: ¿la igualdad que existe entre los hijos, frente al padre, se extiende a los demás descendientes? En el caso concreto de la cuarta de mejoras, ¿puede el testador favorecer con ella a quien es hijo extramatrimonial o adoptivo de su propio hijo también extramatrimonial o adoptivo?
“Para contestar estas preguntas, es menester analizar cuál es la situación de la familia de conformidad con la Constitución.
“Cuarta.- La familia en la Constitución.
“El artículo 42 de la Constitución comienza con una referencia expresa a la familia:
"La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla".
“Y el inciso segundo agrega: "El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable".
“El texto de las normas implica, inequívocamente, lo siguiente:
“a) La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituida "por vínculos naturales o jurídicos", es decir, a la que surge de la "voluntad responsable de conformarla" y a la que tiene su origen en el matrimonio.
“b) "El Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la familia", independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato.
“c) Por lo mismo, "la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables", sin tener en cuenta el origen de la misma familia.
“d) Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio.
“En conclusión: según la Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio o constituídas al margen de éste.
“Quinta.- El origen familiar y la igualdad de derechos y obligaciones.
“Ya vimos cómo la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos establecida por el artículo 1o. de la ley 29 de 1982, fue consagrada por el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución. Ante sus padres, pues, estas tres clases de hijos tienen iguales derechos y obligaciones.
“Lo anterior lleva a una conclusión lógica y justa: así como antes la desigualdad y la discriminación se transmitían de generación en generación, ahora la igualdad pasa de una generación a la siguiente. Basta pensar en los sentimientos de los hombres, para entender porqué la discriminación ejercida contra el hijo afecta a su padre, como si se ejerciera contra él mismo.
“En apoyo de esta tesis, está el inciso primero del artículo 13 de la Constitución: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". Es evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado.
“Y lo que se dice de los descendientes legítimos y extramatrimoniales debe predicarse igualmente de la descendencia basada en la adopción. No repugna a la lógica ni a la justicia, el aceptar que la adopción da lugar a una descendencia que tiene iguales derechos y obligaciones que la basada en la sangre, legítima o extramatrimonial. A esta conclusión se llega por estas razones.
“De tiempo atrás, la ley colombiana ha establecido la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Ya se hizo referencia al artículo 1o. de la ley 29 de 1982. Además, el artículo 97 del decreto extraordinario 2737 de 1989, llamado Código del Menor, dice: "Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo". Y el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución, ratifica la igualdad.
“En síntesis: en virtud de la adopción, el adoptivo ingresa a la familia y se convierte en parte de ésta, del mismo modo que los hijos de la sangre. Se ha hecho realidad la frase del Primer Cónsul, cuando en el Consejo de Estado francés se discutía el tema de la adopción: "El hijo adoptivo debe ser como el de la carne y los huesos".
“Sexta.- La igualdad de derechos y obligaciones no termina en los hijos: se extiende a todos los descendientes.
“Todo lo dicho lleva a esta conclusión: la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, no termina en ellos: continúa en sus descendientes, sean éstos, a su vez, legítimos extramatrimoniales o adoptivos.
“Es evidente, por todo lo dicho, que toda norma que establezca una discriminación basada en el origen familiar, es contraria a la Constitución. Partiendo de esta base, se examinarán las normas demandadas.” (Sentencia C-105 del 10 de marzo de 1994, Magistrado ponente, doctor Jorge Arango Mejía).
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