Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXII/2014/oct/20141022-2.html
Timestamp: 2018-10-21 13:20:36
Document Index: 152852518

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 159', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 72', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 141', 'artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 72', 'artículo 104', 'artículo 38', 'artículo 109', 'artículo 144', 'artículo 87', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 2', 'artículo 159', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 159', 'artículo 130', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 144', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 159', 'artículo 7', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 160', 'artículo 159', 'artículo 160', 'artículo 159', 'artículo 104', 'artículo 109', 'artículo 144', 'artículo 160', 'artículo 159']

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del miércoles 22 de octubre de 2014
De la Secretaría de Gobernación, con informes; de diversas autoridades, con respuestas puntos de acuerdo; de la Cámara de Senadores, con minutas e iniciativas
Que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, fundamentación
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 8o. de la Ley de Migración, fundamentación
Que reforma el artículo 160 y adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración, posicionamiento de los grupos parlamentarios
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 382 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:58 horas): Se abre la sesión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta de la sesión anterior.
El diputado Alberto Díaz Trujillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Me solicita la palabra el diputado Alberto Díaz. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Alberto Díaz Trujillo (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. Pues para hacer un llamado enérgico al gobernador del estado de México, a Eruviel Ávila Villegas, para que solicite al gobierno federal el reforzamiento de las fuerzas federales, para que cubran de manera permanente la seguridad de los municipios que han sido violentados por esta ola de crímenes, que sería: Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, así como aquellos que han sido incrementados la ola de violencia. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su intervención en el Diario de los Debates, señor diputado.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señora diputada Claudia Bojórquez.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Gracias, presidente. Buen día. Para seguirle pidiendo a la Comisión de Presupuesto, y a todos los diputados que la integramos, que podamos sumarnos a la solicitud del punto de acuerdo donde estamos pidiendo que se genere una bolsa para los estados que tienen problemas de laudos, de manera particular mi estado de Tabasco, para que se puedan hacer los pagos a todas las personas que ya tienen un laudo ejecutorio y que se pueda así solventar, al menos que puedan generar una primera bolsa 2015 y que se pueda aprobar en este PEF que próximamente tendremos nosotros aquí en Cámara. Se sigue haciendo el llamado a todos los participantes de la comisión para que nos sumemos a este punto de acuerdo y a toda la asamblea. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted. Seguramente la están escuchando, pero queda debidamente registrado en el Diario de los Debates su preocupación. También me ha pedido la palabra el diputado Fernando Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí. Gracias, presidente. Pues México está viviendo una crisis de Estado muy profunda, el día de ayer intelectuales y ciudadanos muy prestigiados dieron a conocer un documento, la verdad es que lo comparto, en plenitud comparto este documento, pero no quiero dispersarme, quiero decir que apoyo con todo, apoyo entusiastamente la propuesta de hacer una comisión de la verdad para aclarar lo que sucedió en Iguala, Guerrero, para que se establezcan las responsabilidades y se sepa, primero, porque los ciudadanos tenemos derecho a la verdad y, segundo, para que no haya impunidad en ninguno de los órdenes de gobierno, en ninguno de los tres órdenes de gobierno, en ninguno de los tres órdenes de gobierno, porque puede y se presume que ha habido acciones u omisiones y esto tiene que quedar plenamente aclarado.
Es urgente porque además hay que reconocerlo, hay una crisis también de credibilidad en las instituciones y hay demasiadas versiones y estamos casi cumpliendo 30 días y n se sabe el paradero de los 43 normalistas.
Entonces respaldo plenamente la creación de una comisión de la verdad. Ojalá que podamos contribuir a la creación de ésta y que se establezca, porque, simplemente para dar un dato, no sólo de los tres órdenes de gobierno. Se han encontrado decenas de fosas comunes en esa zona, prácticamente en las narices de la zona militar.
También hay una zona militar en Iguala y urge saber qué pasó ahí, en qué grado está la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, no sólo en ese estado, es un problema del Estado en general, hay que recordar muchísimas condiciones.
Usted mismo recordó hace poco lo de San Fernando, está también el caso de los presos comunes que usaban de una cárcel de Durango para ir a asesinar a Torreón, y cosas que nos ha mostrado esta penetración terrible y muy complicada del Estado mexicano, que hacen que esto sea un crimen con participación del Estado al menos.
Entonces simplemente para decir que respaldo plenamente la creación de una comisión de la verdad ciudadana, con personalidades nacionales e incluso internacionales, porque esto es un escándalo mundial, que todos exigen su presentación.
Termino diciendo, presidente. Un exhorto muy respetuoso a la Junta de Coordinación Política para que podamos discutir este problema tan grande. Sé que es incómodo, por supuesto que es incómodo incluso obviamente para mi partido, para mi grupo parlamentario, pero es una responsabilidad institucional de este Congreso, de esta Cámara de Diputados discutir los grandes problemas nacionales, y vaya que esta crisis de Estado lo amerita.
Entonces un exhorto para que podamos debatirlo en la máxima tribuna de la nación. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada en el Diario de los Debates su participación y seguramente le han escuchado también los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Tengo registrada y registrados tres diputados más e inmediatamente después de ello continuaremos con el orden del día. ¿Con qué objeto, señor diputado Oviedo Herrera?
El diputado J. Jesús Oviedo Herrera (desde la curul): Gracias, presidente. A nombre de los diputados del PAN de Guanajuato, quiero denunciar en esta soberanía los actos de desvío de recursos públicos en que la delegada de Sedesol en Guanajuato, Claudia Brígida Navarrete Aldaco, ha incurrido, entregando despensas de programas sociales a favor de candidatos priistas.
Tenemos las pruebas que así fue, cuando en grabaciones que se han vertido a la opinión pública da instrucciones para repartir mil 800 despensas. Cito textualmente parte de la grabación: Ya ve que al diputado le gusta ir y dejar e ir abarcando buena cobertura y poco a poquito ir empujando. Vamos juntando números.
Las evidencias ahí están, por lo que demandamos una investigación a fondo y se castigue destituyendo a los responsables de desviar recursos públicos y hacer uso electoral de programas sociales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, muchas gracias. Su participación queda debidamente registrada en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Me ha pedido también la palabra el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. El día de ayer la Comisión Especial para el caso Iguala, Guerrero, tuvimos una reunión en las oficinas del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Atendiendo el objeto de esta Comisión, que es dar seguimiento a las investigaciones, evidentemente esta reunión no suple en modo alguno la comparecencia que hemos reiteradamente solicitado y que ya acordó también tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Junta de Coordinación Política.
El tema es que en esta reunión, interrogado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre cuándo comparecería ante la Cámara, cuando acudiría a rendir cuentas dijo que él en ningún momento ha sido comunicado y en ningún momento ha tenido comunicación esta Cámara, incluso interrogado sobre si la diputada hoy con licencia, Miriam Cárdenas, en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos había comentado con él o había entrado en comunicación, él negó categóricamente cualquier comunicación para convocarlo.
Entonces, señor presidente, aquí alguien miente, alguien no está haciendo la tarea, o alguien lo encubre para que no venga a la Cámara o simplemente se están cubriendo unos a otros.
Por eso, reiterarle, y toda vez que está acéfala hasta el día de hoy la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que usted, en su carácter de presidente de la Cámara, convoque ya directamente a comparecer a esta persona.
Independientemente de que vaya a ser o no reelecto tiene que rendir cuentas, él acaba su periodo hasta el 15 de noviembre y no tiene por qué haber ninguna razón para que tenga esta protección política, esta cobertura. Y también que se aclare si se le convocó o no, porque alguien está mintiendo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Queda registrada su participación en el Diario de los Debates, y esta Presidencia habrá de trasladar esta solicitud nuevamente a la Junta de Coordinación Política, para que proceda lo conducente.
Me pide la palabra también la diputada Nelly Vargas, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente, por permitirme el uso de la voz. Quiero esta tarde solidarizarme con mi compañera tabasqueña la diputada Claudia Bojórquez, con el tema de los laudos a los municipios.
Hoy tenemos un grave problema en Tabasco y en varias regiones del país, donde los alcaldes tienen una gran preocupación porque sus participaciones federales están recortadas de manera importante, parte de esas participaciones federales son descontadas para pagar laudos, para personal que demandó a los municipios, y que hoy se tiene que dar respuesta a esos pagos que mandata la ley.
Me parece que es importante que la Comisión de Presupuesto de esta Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda también, puedan hacer una reflexión profunda y puedan contemplar dentro del presupuesto de 2015 una partida especial para apalancar financieramente a esos municipios que hoy se encuentran en una crisis financiera.
Hoy desafortunadamente tenemos alcaldes que son electos para cumplir dos misiones, para pagar laudos y para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que es un tema que se tiene que empezar a discutir en esta Cámara de Diputados, porque es un tema que ya está afectando seriamente las finanzas de los municipios. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su participación señora diputada, en el Diario de los Debates.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite los siguientes asuntos:
Comunicación por la que informa que se llevará a cabo la Evaluación de la Consistencia y Resultados 2014, del Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria, en sustitución de la Evaluación Específica de Costo-Efectividad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Informe final de la Evaluación Complementaria de Diseño 2014, del Fondo Nacional Emprendedor, programa a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Desarrollo Social para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2014 de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, secretaria. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Sí, señor presidente, es solo para solicitarle que también pudiera ser turnado a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. ¿Se refiere usted al de las Reglas de Operación “S” y “U”? Se turna también a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para su conocimiento. A solicitud de la diputada presidenta. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron de diversas autoridades dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2; 6, fracción IV; 19, fracción XVII; 43, segundo párrafo; 71, primer párrafo y 78, segundo párrafo; y adiciona las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Vivienda.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para su dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para su dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficios de la Cámara de Senadores con los que se remiten las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 9-A a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.-A, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Para hablar sobre este tema se han registrado distintas oradoras y oradores de las distintas fracciones parlamentarias. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra la diputada Lourdes Adriana López Moreno, hasta por cinco minutos. Tiene usted la palabra, señora diputada, para fundamentar el dictamen y ponerse a discusión.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Muchas gracias, señor presidente. Honorable asamblea. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en efecto fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la cual se abordan proyectos propuestos de dos iniciativas presentadas en marzo de 2011 durante la LXI Legislatura; una por el diputado Fernando Espino Arévalo y otra por la diputada Gabriela Pérez Barron.
Es importante señalar que ambas propuestas, con congruencia con la legislación ambiental que en ese momento era vigente, hacían una serie de propuestas de modificaciones a la Ley General de Residuos para considerar algunos aspectos, básicamente encaminados a la prohibición de recolectar, transportar o almacenar residuos de materiales que no fueran biodegradables o bien también a la prohibición del uso de bolsas de plástico.
Sin embargo se hizo una revisión tanto por nuestra colegisladora como por esta comisión, considerando distintas modificaciones que hubieron posteriores a la presentación de esta iniciativa, en las cuales muchas de estas propuestas ya forman al día de hoy parte de la ley vigente, por lo que se determinó retomar únicamente aquellas que podían ser aplicables y que realmente tenían al momento actual razón de ser.
Esto lo comento también un poco como una observación en el sentido de que muchas veces se han quedado temas a discusión en alguna comisión, en cualquiera de ambas Cámaras y de repente se van aprobando modificaciones a la legislación en el mismo tema que va dejando sin efectos iniciativas que son discutidas en fecha posterior y que creo y lo comento con todo respeto, honorable asamblea, valdría la pena revisar los mecanismo de coordinación con nuestra colegisladora para estos casos.
Sin embargo, insisto, con fundamento en las atribuciones que nos confiere el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se retoman aspectos de los proyectos originales contenidos en las iniciativas, que son el antecedente primario del dictamen que hoy nos ocupa.
Reconocemos en el tema de residuos que si bien es cierto nuestro país no se encuentra entre los principales generadores, existe un crecimiento experimentado en la materia.
Aunado al mal manejo y a la indebida disposición de los residuos, conlleva a la contaminación de aire, agua, suelos, y por supuesto con ello se propicia la reproducción de efectos dañinos para la salud pública y el orden social.
Coincidimos en el reconocimiento de que todo producto o artículo elaborado con materiales no biodegradables al concluir su vida útil se convierten en residuos que causan graves daños ambientales y que atentan contra toda forma de vida.
Concordamos también en que los ordenamientos jurídicos y las políticos públicas dirigidas a atemperar los impactos negativos de los residuos en el medio ambiente, al lado de las ineficientes acciones de los tres órdenes de gobierno en la materia, robustecen la necesidad de fortalecer la búsqueda de los mecanismos e instrumentos y acciones orientados hacia la sustentabilidad mediante un eficiente y eficaz manejo de los residuos en nuestro país.
Es importante señalar que se ha determinado por esta comisión la necesidad de que, a pesar de que la ley en materia de residuos es una ley bastante joven que tiene alrededor de 10, 11 años de vigencia, se realice una revisión integral para plantear una iniciativa de reforma integral a esta ley.
Sin embargo, atendiendo a la pertinencia de la propuesta del dictamen que hoy nos ocupa, consideramos la reforma de la fracción VI del artículo 35 de la Ley General para la Gestión Integral de Residuos planteada en esta minuta que busca impulsar el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y que su tecnología también cumpla con estos criterios de eficiencia ambiental, dando paso preferente al uso de materiales biodegradables.
Además, se reconoce también la importancia de reformar el artículo 38 que establece una periodicidad anual para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaboren y difundan informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el capítulo IV que es el derecho a la información.
Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, considerando básicamente dar prioridad al uso de materiales, insisto, que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, además de imponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la obligación de difundir anualmente informes sobre aspectos relevantes en el manejo de residuos, de acuerdo a sus respectivas competencias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Está a discusión en lo general el dictamen y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios las siguientes diputadas y diputados: de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, el diputado René Fujiwara Montelongo; del Partido del Trabajo, la diputada Magdalena Núñez Monreal; de Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia; el diputado Abraham Correa Acevedo, de la Fracción Parlamentaria del PRD; la diputada María Isabela Ortiz Mantilla, de la Fracción Parlamentaria del PAN, y el diputado Ignacio Mestas Gallardo, de la Fracción Parlamentaria del PRI.
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado René Fujiwara, hasta por cinco minutos para fijar la postura con respecto al dictamen.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, los plásticos son polímeros sintetizados a partir de los compuestos orgánicos, y una de las principales aplicaciones que tiene el plástico es el empaquetado de los productos.
En México, es latente la problemática ambiental derivada de la contaminación del agua, del aire y del suelo ocasionado por los grandes volúmenes de residuos que se generan a partir de las diversas necesidades de la vida cotidiana del hombre, y que por desgracia y responsabilidad tanto de las autoridades como de la población en general, recibe un tratamiento inadecuado. Esto agrava la situación, debido a que la basura de composición muy variada, se junta y se mezcla durante la labores de recolección, lo que dificulta su manejo y su destino final.
Si bien de primera pauta la mayoría de los plásticos sintéticos no representan un riesgo latente para el medio ambiente, sí se transforman en un problema mayor y grave para la población cuando el plástico, como residuo, no puede ser degradado por el entorno. Es decir, los plásticos no se oxidan ni se descomponen al corto plazo, por lo que su eliminación se vuelve un problema ambiental de dimensiones considerables.
También es cierto que nuestro país no es uno de los principales generadores de residuos plásticos, pero el crecimiento en la materia, las consecuencias que se originan de su mal manejo y la indebida disposición de los residuos y de las bolsas de plástico, han propiciado graves efectos dañinos para la salud pública y el orden social.
Señalamos, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, que todo aquello que se fabrique para satisfacer las necesidades de la población y que no haya sido elaborado bajo un estándar de material biodegradable, se convierte en residuo que causa graves daños ambientales.
Resulta prioritario, por lo tanto, robustecer y fortalecer la búsqueda de mecanismos, instrumentos y acciones orientados hacia la sustentabilidad mediante un eficiente y eficaz manejo de nuestros residuos.
Es imperante que al comprender el grave problema que representa la generación de residuos en el país, las autoridades cuenten con un centro de información que permita acceder de manera oportuna a los datos fidedignos y actualizados para la mejor toma de decisiones.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos informar a la población sobre los impactos que se derivan de la contaminación e impulsar una consciencia ecológica. Esto para lograr acciones conjuntas entre las autoridades y la población, para contribuir a la prevención y a la gestión integral de los residuos, así como al uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia, ambiental y tecnológica.
Debemos garantizar una mejor calidad de vida para todos los seres humanos, por ello hay que actuar oportunamente para evitar una mayor degradación ambiental y llevar a cabo los cambios estructurales que se requieren en las políticas estratégicas y leyes que el Estado genera para adaptarse a las necesidades actuales.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos preocupados por la crisis medio ambiental de nuestro tiempo, y en particular estamos preocupados por los efectos que se derivan de una generación sin control ni atención a los diferentes tipos de residuos. Esto nos obliga a actuar inmediatamente para forjar en las nuevas generaciones el compromiso por el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de los niveles de bienestar en la población. Es por eso que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado René Fujiwara. Tiene ahora la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, hasta por cinco minutos.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la minuta que se nos presenta, como muchas otras, se trata de un buen intento para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio nacional, pero por lamentable que nos parezca no garantiza en la realidad que el cuidado del medio ambiente sea por cuestiones de ley y no por malas costumbres en la sociedad.
Desafortunadamente la realidad es otra, la producción de bolsas de plástico está en aumento y la contaminación de las mismas va tomando otras características. El hecho de incluir desde hace algunos años las condiciones a las que deben someterse las industrias procesadoras de polímeros y de ceración de bolsas de plástico o refleja en absoluto la posibilidad de mejorar el medio ambiente.
En este escenario debemos tener en cuenta que existen otras complicaciones ambientales de las que no se ha querido tomar nota, por ejemplo: debemos comentar que se tiene detectado a través de investigaciones científicas que las bolsas biodegradables se tardan en deshacerse en alrededor de un año, pero durante este proceso se dejan fragmentos de polímeros que son imperceptibles a la vista y por consecuencia degradarlas contamina más que reciclables.
Este tipo de bolsas ecológicas generan gas metano en su proceso de descomposición y, lejos de considerarlo un gas natural en el ambiente, en estas condiciones masivas produce hasta 20 veces más contaminación que aquella que se produce por el plástico convencional.
Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos conscientes de lo importante que es dejar en claro que cualquier acción para cuidar el medio ambiente debe estar siempre respaldada por la ley, como lo es la presente de la minuta. No obstante, también nos queda claro hacer más que dejar una sencilla redacción en nuestros marcos normativos para lograr la buscada correspondencia en el ecosistema.
Es necesario construir mecanismos de participación social e industrial para adoptar medidas que suplan el uso y la inadecuada disposición final de las bolsas de plástico mediante la reducción de su consumo, pero con una estrategia que no merme las utilidades de la industria en el ramo.
Por otra parte, también es pertinente tomar en cuenta todos los detalles que puedan ser adheridos en la formulación de propuestas alternas, debido a que también pueden resultar contraproducentes en su aplicación, como ya lo estamos observando en la producción y el uso de materiales biodegradables.
Sin embargo, coincidimos con que al impulsar la conciencia ecológica y la aplicación de la presente ley a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad, para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, es un importante avance en materia de cuidado del medio ambiente.
Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de la presente minuta. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia, de la fracción de Movimiento Ciudadano.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Uno de los problemas ambientales más serios de la sociedad actual es sin duda el de los residuos sólidos. La gran producción de basura doméstica obliga a establecer servicios especiales de recogida y almacenamiento de los desperdicios, sin embargo, muchos de estos residuos se siguen vertiendo al río y a sus riberas, se acumulan en vertederos clandestinos y producen un serio impacto sobre el paisaje, la flora y la fauna del lugar.
Los residuos sólidos corresponden al material de desecho resultante de todas las actividades humanas, por lo tanto son una realidad que no se puede evitar. Se entiende por residuos sólidos cualquier basura, desperdicio, lodo y otros materiales sólidos de desechos resultantes de las actividades domiciliarias, industriales y comerciales.
Según su origen, los desechos pueden diferenciarse entre domésticos e industriales. A su vez, los desechos domésticos pueden ser de origen habitacional, hospitalario o provenir de actividades comerciales o de los servicios en general. Con respecto a los residuos industriales pueden ser cenizas procedentes de combustibles, sólidos, escombros, de la demolición de edificios, materias químicas, pinturas y escoria.
La cantidad de residuos que genera una industria guarda relación con la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias empleadas, combustibles utilizados y/o envases y embalajes del proceso.
Entre los residuos más tóxicos a nivel mundial están los producidos por la industria química y los desechos de productos químicos usados en sectores urbanos. Entre ellos destacan las dioxinas, el cloruro de vinilo, los binéfilos policlorados contenidos en el aceite de transformadores eléctricos, pueden mencionarse además arsénico, plomo, mercurio y cromo, sin contar los de carácter radiactivo.
Por otra parte, la generación de residuos sólidos domiciliarios comprende rastros de vegetales, de animales y comestibles, papeles, cartones, metales, plásticos y vidrios, entre otros, generados en los hogares. También ha comenzado a convertirse en un gran problema la cantidad de artefactos, tales como refrigeradores, lavadoras, cocinas, computadoras y televisores, para los cuales no se ha determinado lugares de disposición y hoy comienzan a verse en algunos sitios y orillas de los caminos.
Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. Sin duda alguna, lo que nos aqueja hoy en día y además de que es verdaderamente preocupante son las calles de las ciudades, debido a que necesitan un cuidado especial en lo que concierne a su limpieza y eliminación de residuos.
El volumen de desperdicios generados en las ciudades ha crecido mucho en los últimos años y esto ha generado problemas respecto a su recogida y eliminación. Este problema se agrava año tras año debido a cuatro causas principales: el crecimiento demográfico, la concentración de la población en núcleos urbanos, la mayor utilización de bienes de rápido envejecimiento y el uso más generalizado de envases sin retorno, fabricados con materiales no biodegradables.
De acuerdo con los datos del Inventario Nacional de Emisiones, los mexicanos emitimos 40 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera, de los cuales el 58 por ciento son por fuentes naturales y el 42 por ciento por actividades humanas.
En México la generación de contaminantes atmosféricos es mayor en el estado de México, Veracruz, Jalisco y el Distrito Federal, con un promedio de entre 6.4 por ciento y 9.4 por ciento de las emisiones por actividades humanas nacionales. En contraste, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes emitieron menos del 1 por ciento del total nacional.
En la minuta presentada se propone que el gobierno federal, los gobiernos de la entidades federativas y los municipios, en la atmósfera de su competencia promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención, de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, así como en el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, estableciendo que los tres órdenes de gobierno elaboren y difundan anualmente informes sobre los aspectos relevantes en los sistemas de información.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen, que es un dictamen noble para el cuidado de nuestro medio ambiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Abraham Correa Acevedo, de la fracción parlamentaria del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Abraham Correa Acevedo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, es para mí un honor acudir a esta tribuna para expresar y fundamentar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Votaremos a favor del dictamen, no obstante, consideramos propicia la ocasión para plantear un conjunto de reflexiones críticas a propósito de las reformas propuestas.
Desde noviembre de 2011, este pleno había votado un conjunto de reformas que el Senado, como Cámara revisora, tardó en analizar y dictaminar. Seguramente constituyó para los senadores un problema dictaminar una minuta cuyo contenido fundamental versaba en la regulación del empleo de bolsas plásticas, que comúnmente se emplean para contener la basura doméstica, justo en el tiempo que entraba en vigor una normativa de corte similar.
El Senado debió considerar en aquel tiempo desechar la minuta, pero simplemente la congeló por tres años para luego modificarla y enviar a esta soberanía un dictamen de contenido suplementario muy alejado del contenido original de la minuta enviada por este pleno en la pasada Legislatura.
Por el tiempo transcurrido para la colegisladora, pudo haberse dado la oportunidad de solicitar a la autoridad ambiental y a las organizaciones dedicadas al estudio del tema, el impacto de la reforma respecto a la facultad del Ejecutivo federal para expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaboran productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y polietileno expandido, que al desecharse se convierten en residuos.
¿Por qué consideramos necesaria una evaluación? Porque la implementación de la norma oficial mexicana en la materia ha dado lugar a la simulación y no ha contribuido eficazmente a la reducción, reciclaje y reutilización de los recipientes plásticos.
La discusión de la minuta en el Senado y la propia Comisión de Medio Ambiente debió abrir la oportunidad para reflexionar y modificar la ley, en el sentido que en su momento plantearon los diputados de la LXI Legislatura, a efecto de especificar el tipo de materiales a emplear para la fabricación de bolsas, de empaques y embalajes.
Consideramos importante también evaluar los alcances del sistema de información sobre la gestión integral de residuos, figura establecida en la ley pero subestimada en la práctica, ya que no existe información relevante arrojada por dicho sistema, que no sea otra que aquella que consultores contratados le han provisto, pero no las dependencias responsables de los tres órdenes de gobierno.
Esperamos que al establecer la obligación de informar anualmente, por parte de la federación, de las entidades federativas y municipios, se impulse y desarrolle el denominado sistema de información sobre la gestión integral de residuos.
A la par de estas reformas consideramos necesario impulsar la creación de programas federalizados, para que con la mezcla de recursos estatales, federales y municipales puedan construirse centros para el manejo integral de residuos sólidos que cumplan con las especificaciones establecidas por ley, ya que muchos municipios a lo largo del país carecen de la capacidad para clasificar, separar y reutilizar la mayor parte de los residuos, y mucho menos cuentan con información confiable y verificable para integrar el sistema de información que esta reforma pretende fortalecer. Ésa, compañeros y compañeras diputadas, será la tarea pendiente. Por su fina atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. En materia de residuos cada mexicano producimos aproximadamente un kilogramo de basura al día. ¿Qué le sucede a la basura que generamos cada uno de nosotros? No porque la depositemos en un contenedor o salgamos afuera de nuestra casa esperando que la recolecten esa basura va a desaparecer. Los que han sido alcaldes lo saben, el manejo de los residuos en un municipio es un tema muy complejo, muy complicado.
Y es por ello, que si solo hablamos de un tipo de residuos, los que les llamamos sólidos urbanos, es decir, los que generamos en nuestras casas y en general producimos por cualquier actividad urbana, al día este país produce 102 mil 894 toneladas de residuos sólidos urbanos. ¿A dónde van esas más de 100 mil toneladas de basura al día?
Aproximadamente solo el 9.6 por ciento se recicla y el 78.5 por ciento termina en un relleno sanitario, pero todos sabemos que en este país una gran cantidad de los residuos terminan en tiradero a cielo abierto, contaminando no solamente el aire, sino el suelo y el agua y todo esto genera graves complicaciones de salud pública.
Si hablamos de bolsas de plástico, este país utiliza al día 20 millones de bolsas de plástico, 20 millones. La Agencia de Protección al Ambiente calcula que a nivel mundial al año utilizamos cada persona 288 bolsas y solamente se recicla el uno por ciento. Si revisamos el Fondo Internacional para la Protección de Animales y su Hábitat, señala que estos empaques tardan más de 400 años en biodegradarse. Tenemos que hacer algo al respecto. El problema es grande, el problema es complicado –como decíamos–, por eso esta reforma nos parece valiosa porque contiene tres ejes fundamentales para atender esta problemática.
El primero es sobre la necesidad de que los tres niveles de gobierno realicen acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos. Sólo con los ciudadanos, con procesos de educación ambiental lograremos concientizar a la población y con ello lograr los cambios de hábitos que se requieren.
El segundo eje contempla el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, es decir que permitan reutilizar o reciclar con la finalidad de disminuir los residuos que requerirán una disposición final.
El tercer y último eje se refiere a la importancia y a la necesidad de contar con la información necesaria para prever el manejo adecuado de los residuos y con esto también disminuir la disposición final.
Es por ello que en el artículo 38 de esta propuesta se dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán informes anualmente sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información de los residuos generados.
Todo con el fin de que las políticas públicas sean mucho más acertadas, si tenemos esta problemática no podemos seguir actuando sin ton ni son. Tenemos que tener la información para que nuestras acciones den soluciones concretas.
Es por ello que Acción Nacional apoya esta iniciativa, ya que consideramos que como legisladores tenemos una obligación de integrar los principios como la eficiencia medioambiental y la rendición de cuentas.
Mi partido en los últimos días ha estado hablando sobre la importancia de este tema, la rendición de cuentas, porque es muy importante que la acción de gobierno se oriente hacia una sociedad económicamente sustentable en la cual el respeto al medio ambiente sea una prioridad. No un tema accesorio, sino un tema transversal, un tema principal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señora diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Tiene ahora la palabra el diputado Ignacio Mestas Gallardo, de la fracción parlamentaria del PRI, por cinco minutos.
El diputado Ignacio Mestas Gallardo: Con su venia, señor presidente. En la presente administración se han efectuado cambios en la política ambiental en relación con el manejo de los residuos nocivos para el medio ambiente, de tal modo que es una simple recolección. Se han dirigido los esfuerzos hacia una gestión integral acompañada de enfoque preventivo que representa la única solución a la compleja problemática que en esta materia enfrenta nuestro país.
En este sentido desde esta tribuna hemos emprendido una serie de acciones legislativas en la materia para dar inicio a una serie de actividades dirigidas hacia la gestión integral de residuos que garantice un marco jurídico moderno que pueda enfrentar la problemática ambiental vigente.
En los últimos años el aumento de la población generó un aumento exponencial en el consumo y en consecuencia la generación de estos residuos creció de manera proporcional.
Dar solución a esta situación derivada de diferentes usos e inadecuada disposición final de los residuos, debemos dirigirnos a la reducción de la generación de los mismos y concientizar a la sociedad sobre los beneficios implícitos en el uso de materiales biodegradables.
El aumento del número de basura y contaminantes que no son dispuestos apropiadamente, desechos sin control, representan un alto riesgo tanto para la salud como para el ambiente en diversos puntos de recolección y estos puntos son basureros. Sin embargo en estos también llegan a emplearse como espacios públicos, jardines desocupados, predios abandonados, costados de carretera, lagunas, ríos, presas, canales y playas; situación que debe acabarse ya, compañeros.
En el Partido Revolucionario Institucional saludamos todas las encuestas que tendían a un manejo de residuos más amigable con el medio ambiente y por ende, con la población en general.
Establecer en el marco normativo del fortalecimiento de la gestión integral de los residuos, acompañado de un enfoque preventivo que incentive el uso del insumo biodegradable y encamina en sentido propuesto. Establecer las prohibiciones y obligaciones relacionadas con la generación y el manejo de la disposición final de los residuos, pretendiendo abatir su volumen en los rellenos sanitarios y por ende en lotes baldíos, en cuerpos de agua y en otros sitios comúnmente utilizados como vertederos de este tipo.
En el mismo sentido, establecer el impulso a la conciencia ecológica con la aplicación de la normativa en la materia a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y la gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica.
Es un avance más que favorece en materia medioambiental y coadyuva en la generación de una conciencia generalizada sobre la reutilización y el reciclado de materiales, más aún cuando su inadecuada disposición genera un impacto ecológico considerable.
Por lo expuesto, es necesario generar las condiciones de coordinación entre las autoridades federales y municipales para elaborar y difundir anualmente informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información en materia de gestión integral de recursos, incidiendo así en el abatimiento del problema ambiental que el día de hoy representan los residuos objeto de una no apropiada disposición. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Se ha terminado la lista de oradores. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados... dígame, señor diputado Orihuela, con qué objeto.
El diputado Javier Orihuela García (desde su curul): Quiero proponer que se devuelva a la Comisión de Medio Ambiente. Aquí se han vertido muchos criterios que están totalmente rebasados por la sociedad, por la realidad.
Presidente, están proscritos ya los rellenos sanitarios que son un foco de emisiones a la atmósfera y me parece que la Comisión de Medio Ambiente debe revisar a profundidad esta ley de residuos, porque ya no está a la altura de las necesidades ambientales de ningún país, y mucho menos de México.
Además, debe sancionarse, y para eso está la Ley de Protección al Medio Ambiente, debe sancionarse a todos aquellos funcionarios que todavía permiten el establecimiento de rellenos sanitarios transformándose éstos en focos de infección de emisiones a la atmósfera, y está en total contradicción con la Ley del Cambio Climático.
Por eso propongo, si no hubiera inconveniente, que se revisen nuevamente, porque no es posible que estamos solamente aprobando modificaciones tan ridículas a una ley tan importante.
Por eso solicito que la Comisión de Medio Ambiente revise a profundidad esta Ley de Residuos Orgánicos y, sobre todo, en materia de responsabilidades se asignen las que correspondan en base a la gravedad que ocasiona disponer de una manera irresponsable de los residuos sólidos urbanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda registrada su intervención.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: en virtud de que no presentó usted ninguna moción suspensiva y estamos en el proceso de votación. Su preocupación habrá de expresarse entonces en la votación en el pleno.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 350 votos a favor, 1 abstención y 14 votos en contra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención el proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió de la Comisión de Derechos de la Niñez dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y una adenda que se encuentran publicados y publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles ya en el monitor de sus curules.
De conformidad como lo establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8o. de la Ley de Migración. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Gracias. Señor presidente, agradeciendo que se incluya ya en este momento estas reformas que hemos aprobado en la Comisión de Asuntos Migratorios, le quiero solicitar que se incluyan las dos iniciativas de reforma que han sido propuestas en un solo acto, de tal manera que podamos contribuir a un desarrollo ágil de esta sesión y en el entendido de que en la Comisión de Asuntos Migratorios las propuestas de reforma.
Las iniciativas diversas que han sido presentadas en la Gaceta el día de hoy ha sido votadas por unanimidad y, por supuesto, esperamos adicionalmente que en este pleno también sean votadas por unanimidad. En lo que se refiere...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señora diputada, entonces queda así registrado. Toma nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios en virtud de que usted hablará de los dos dictámenes.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Así es. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia tiene también más minutos para fundamentarlos.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Gracias, muy amable. En el caso de la iniciativa para reformar el artículo 8 de la Ley de Migración, deseo expresar, compañeras, compañeros, que apenas hace unos cuantos momentos en una sesión solemne hemos señalado la importancia de que los fundamentos de nuestra nación con Morelos, puedan ser recogidos.
En estas iniciativas que hoy se presentan para su discusión y finalmente votación, incluimos algunos de los aspectos sustanciales que le da vida a la nación mexicana. Yo me quiero referir en primer lugar al artículo 8 y tiene que ver con un derecho que está en nuestra Constitución; el derecho a recibir educación y también, además, el derecho y la obligación del Estado mexicano de impartir esa educación.
Adicionalmente a lo que dice nuestra Constitución y siendo un derecho el recibir educación, también hay que subrayar que México ha suscrito diversas convenciones e instrumentos internacionales, yo subrayo específicamente el Convenio 182 de la Organización Internacional el Trabajo, que señala que se debe garantizar a todas, a todos los niños un modelo de educación que ponga énfasis en los hijos, hijas de jornaleros agrícolas.
En México tenemos un fenómeno de migración muy complejo, diverso, no solamente un Estado nacional que tiene migrantes fuera de su territorio; no solamente migrantes que llegan de otros países a nuestro territorio, sino es un hecho que hay una migración interna muy intensa. Se señala oficialmente el dato de 2.5 millones de jornaleros agrícolas.
Si tomamos en cuenta y todas, todos aquí conocemos este fenómeno, sabemos que los jornaleros agrícolas se mueven en el país con su familia, van junto con los hijos y las hijas y si el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar educación y los mexicanos y mexicanas tienen el derecho de que se les imparta educación, hemos considerado pertinente que lo que ya está en la Constitución, que lo que es sujeto de tratados internacionales, que lo que se ha afirmado con la OIT también se garantice en la Ley de Migración, de tal manera que se agregue un párrafo que señale: La Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.
Son miles de migrantes los que viven este fenómeno, migrantes internos, migrantes mexicanos con derechos. Tal vez algunos de los casos mejor conocidos son esa enorme migración que hay desde Guerrero hacia Sinaloa y también hacia Sonora, pero se da a distintos estados de la República. Y estos hijos de jornaleros y jornaleras agrícolas deben tener garantizado lo que ya está en nuestra Constitución; es decir, el derecho a la educación.
En lo que se refiere, compañeras, compañeros, señor presidente, a las reformas que proponemos a otros artículos de la Ley de Migración, el 159, con un 159 Bis, que es lo que estamos proponiendo y al 160, quiero subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, desde 2011, que debe ser tutelado como un bien la integridad y vida de los indocumentados; es decir, de los migrantes. y si este es un bien tutelado que se debe proteger, también es fundamental señalar que en México los migrantes viven una situación de riesgo extremadamente grave, se requiere entonces poner el acento en no sólo medidas preventivas, sino también sancionar, castigar ese riesgo que viven estas miles de personas.
De manera destacada subrayaría que en el caso de los migrantes indocumentados se dan dos fenómenos, el del tráfico de personas y el de la trata de personas. De tal manera que es indispensable, fundamental que se tomen medidas para protegerlos.
Hemos conocido de hechos verdaderamente graves en nuestro país con estos dos fenómenos del tráfico de personas y de la trata de personas que se han convertido en algunos casos en una tragedia verdaderamente grave, que no puede ser solamente sujeto de una expresión de condena, sino que tiene que reflejarse en nuestra ley, en nuestra legislación, que a quienes estén involucrados en el tráfico y la trata de personas se le sancionará severamente.
Hay casos como el de San Fernando, en Tamaulipas, en el que 72 migrantes fueron masacrados y sabemos que en el caso de los migrantes en muchas ocasiones este acoso por parte de las bandas del crimen organizado es o para incorporarlos en esta moderna y brutal esclavitud, que es la trata de personas, tanto para utilización sexual como laboral y en muchas ocasiones también y cada vez más frecuente existen los testimonios documentados de que se les incorpora o se les intenta incorporar, y se les amenaza y presiona, a las propias bandas del crimen organizado.
Es por ello, que ante esta situación de riesgo que viven los migrantes, que es un fenómeno que se da, no son suficientes las declaraciones, requerimos que en la legislación y, precisamente, en la Ley de Migración se establezca con toda claridad que estas conductas deben ser sancionadas, y por ello es que se ha propuesto que se agreguen algunos párrafos en el artículo 160.
Un párrafo que señale, que de las conductas que han sido descritas, éstas a las que he hecho referencia, de tráfico de personas y también de trata de personas, a quienes pongan en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, se agreguen, se aumenten las penas hasta en una mitad de las previstas en la propia ley, pero que señalan el caso de quien ponga en peligro la integridad, la seguridad, la vida o el trato inhumano a las persona, habla de menores de edad. Es fundamental que se hable de los menores de edad, pero también de los adultos, de tal manera que se incluya a todos aquellos, a todas aquellas que están en riesgo.
Es también pertinente señalar que se ha hecho una propuesta, de una adición a un artículo 159 Bis, que dice lo siguiente: “La misma pena establecida en el artículo 159 de esta ley se aplicará a quien obligue a uno o a varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.
Y adicionalmente en el artículo 159 de esta ley, en el numeral 4, se propone que se agregue lo siguiente: “Cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros, de conformidad con lo establecido en los artículos relativos aplicables de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos”.
Es entonces, compañeras, compañeros, sobre los derechos de los hijos, hijas de jornaleros agrícolas a la educación, por un lado, en el primer dictamen, y segundo, en el otro dictamen, en relación con tráfico o trata de personas, que estamos proponiendo que se aumenten las penas, que no haya impunidad y que se incluya a la totalidad de quienes pueden ser víctimas de estos delitos, para que la ley ponga en el centro una determinación del Estado mexicano y, por supuesto, de este Legislativo, de que estas conductas son inadmisibles y además que las hagamos evidentes en la propia ley, de tal manera que no haya lugar para la impunidad.
Se trata entonces de que ante un fenómeno tan grave que lesiona no sólo a los migrantes, que lesiona al propio Estado nacional por la obligación de proteger los derechos humanos, y que además significa obligación del Estado mexicano en sus compromisos en instrumentos internacionales, la Ley de Migración ponga en el centro la garantía, la protección y la determinación de que no haya impunidad.
Es cuanto, señor presidente. Compañeras, compañeros, estoy segura de que podrán ser votadas por unanimidad, tal como sucedió en la Comisión de Asuntos Migratorios estas iniciativas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado García Medina.
Me doy la licencia, compañeras, compañeros diputados, para saludar a alumnos, alumnas de la escuela primaria Coronel Adalberto Tejeda, de aquí del Distrito Federal.
Saludamos también a sus maestras, sus maestros, en este fomento del conocimiento de la cultura cívica. Sean bienvenidos, bienvenidas a este recinto legislativo. Gracias por su visita. Gracias a ustedes. Saludos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgo la palabra a la maestra, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Adelante, estimada diputada.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Compañeras y compañeros legisladores, las niñas y los niños son un grupo que por sus características, derivadas de su edad, se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Esta situación se demuestra en el grado de dependencia y el cuidado especial que requieren para desarrollarse de manera adecuada y sin que su vida u otros de sus derechos corran peligro.
Dentro de las situaciones que agravan la condición de vulnerabilidad de nuestra niñez se encuentra la condición de migrantes.
En ese sentido, sabemos que las niñas y los niños deben estar protegidos durante su infancia por sus familias, por la sociedad y por el mismo Estado, en virtud de que es necesario que se desarrollen en un entorno que les proporcione las herramientas y condiciones básicas para que puedan lograr una vida digna, así como garantizados todos sus derechos.
Para nuestro instituto político, garantizar que la niñez mexicana tenga acceso a una educación de calidad que goce de buena salud, se desenvuelva en un ambiente libre de violencia y de explotación laboral, física o sexual es tarea fundamental. Y son solo algunos de los derechos que el Estado mexicano debe garantizar.
Sin embargo, cada año aproximadamente, 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en busca de trabajo y mejores ingresos, son hijos de jornaleros agrícolas quienes trabajan de manera temporal en el campo. Muchas de estas niñas y niños tienen que trabajar en los campos para contribuir con el sustento familiar.
Se estima que un 44 por ciento de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o una niña trabajadora, lo que representa el 41 por ciento del ingreso familiar; dicha situación está relacionada de manera directa con la calidad de vida de los menores.
Cifras revelan que alrededor del 42 por ciento de los niños y niñas que desarrollan estas actividades padecen algún grado de desnutrición; la mayor parte de las hijas e hijos de jornaleros agrícolas proviene de comunidades indígenas, por lo que la migración a los estados del norte del país representa para ellos cambios en sus costumbres, cultura e idioma, además de que debido a la constante movilidad no pueden contar con una educación de calidad.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que la educación es la base del desarrollo de una nación, siendo primordial garantizar el acceso a la misma de las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, ya que muchos de ellos si es que asisten a la escuela, suspenden sus estudios debido a las complicaciones que significa el cambiar constantemente su lugar de residencia, lo que ahonda sin duda el rezago educativo en el país.
Es por ello que nuestro grupo parlamentario votaremos a favor del presente dictamen, que pretende establecer la obligación de la Secretaría de Educación Pública, de diseñar, implementar y ejecutar un modelo integral de inclusión educativa para las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, como un derecho humano de los mismos.
Acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, porque es nuestra obligación garantizar sus derechos y darles la oportunidad de desarrollarse plenamente con acceso a una educación que les permita detonar su pleno potencial. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lucila Garfias. Tiene el uso de la palabra, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios.
En el dictamen se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la ley corriéndose en su orden el actual párrafo segundo para pasar a ser párrafo tercero y así sucesivamente.
Se nos propone que la Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los niños de jornaleros agrícolas migrantes.
Esta reforma y este dictamen tienen por finalidad ajustarse a los instrumentos internacionales que ha celebrado México y también a nuestra Constitución, en específico al artículo 1o. que contemplan el derecho de toda persona, de todo niño o niña que se encuentre en territorio nacional, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, documentados o indocumentados, al derecho a la educación en base al derecho de no discriminación.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincide con el contenido del dictamen, porque reconocemos la problemática de las familias de migrantes en territorio nacional, quienes tienen que trasladarse de una zona geográfica a otra dependiendo del tipo de siembra o cosecha que se da en los ciclos agrícolas, en donde los menores de edad, dada la movilidad de las familias, no pueden completar –si es que van a la escuela- sus años escolares.
Estamos de acuerdo con la propuesta que se contiene en el dictamen porque se tiende a beneficiar a niñas y a niños. Es común que cuando los padres mudan su domicilio, en escuelas no se admiten a los niños bajo el argumento de lo avanzado del ciclo escolar. Si eso ocurre en una misma entidad federativa, el problema se recrudece cuando se pasa de un estado de la República a otro.
En el ideal de las políticas públicas, tratados internacionales, Constitución y las leyes mexicanas, está el propósito de que los menores de edad, niñas y niños, disfrutan de la edad biológica en la que se encuentran.
Desafortunadamente las condiciones materiales en las que se sus familias se encuentran este ideal resulta difícil de cumplir, porque los menores de edad deben de trabajar para contribuir al exiguo ingreso familiar.
Hoy que las normales rurales del país son víctimas de una campaña sistemática para desprestigiarlas, sería interesante que sus egresados pudieran ser incorporados a programas educativos enfocados directamente a niños migrantes que por lo general son indígenas y familias sumamente pobres.
Conforme al dictamen que conocemos, en México existen 2.5 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 700 mil son migrantes. Hay una gran movilidad en ese sector y por ello difícilmente, en caso de que lo hagan, pueden mantenerse en la escuela.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos también que hay que avanzar en el establecimiento de un sistema de becas económicas y alimenticias a estos niños para arraigarlos en el sistema de educación escolarizado formal.
No obstante las críticas que podemos hacer al sistema educativo nacional, consideramos que el contenido del dictamen puede contribuir a beneficiar escolarmente a los hijos de los jornaleros agrícolas, en virtud de que la Secretaría de Educación Pública deberá diseñar el modelo de inclusión educativa de los menores.
Estamos convencidos de que todo aquello que se haga en beneficio de las niñas y niños siempre será bienvenido y contará con nuestro apoyo.
Por todas estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Martha Beatriz Córdova Bernal, tiene el uso de la palabra para fiar la postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. “Aunque el tema de la crisis humanitaria de los niños migrantes sin compañía comenzó a ganar espacio en los medios de comunicación hasta apenas hace unos meses, el problema no es nuevo, siempre ha existido; pero la violencia de otros delitos ocultaba el fenómeno”, dice Olga Sánchez Martínez, Premio Nacional de Derechos Humanos 2004.
“Comencé en 1991 la ayuda a migrantes enfermos y desde entonces hemos apoyado a niños amputados, menores de 12, 13 y 14 años de edad que sufrieron accidentes graves, pero era una parte del fenómeno migratorio que no se toaba –asegura-; sólo este año, nos dice, el Instituto Nacional de Migración ha rescatado a más de 10 mil menores sin compañía”.
La Suprema corte de Justicia de la Nación señaló que es particularmente preocupante este fenómeno en este momento, el problema de la niñez migrante, por lo que es necesario que las instituciones del Estado mexicano colaboremos en el ámbito de nuestras competencias constitucionales para poder proteger los derechos y la integridad de este grupo de la población.
El último informe sobre la situación de la infancia en México, de UNICEF 2013, dio a conocer que 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, el 53.8 por ciento de la población menor de 18 años, padece pobreza y 4.7 millones viven en pobreza extrema.
Si nos damos cuenta la pobreza y el hambre en el mundo, son la mayor epidemia que existe. Cada día mueren alrededor de 10 mil personas en el mundo a causa del hambre.
Hemos visto y hemos tocado el tema del ébola, con esta gran epidemia, en donde en tan sólo 10 meses han muerto a causa de ella alrededor de 4 mil personas. Sin embargo si vemos en este mismo lapso de tiempo, han muerto más de 3 millones de personas en el mundo a causa del hambre y la pobreza.
Lamentable aparecen en esta situación, son de reconocer las acciones del Poder Judicial de la Federación en las que se busca evitar que el paso por el sistema de justicia genere los menores de edad, sentimientos de miedo, temor o culpa, y que lejos de cumplir con su objetivo, genere violaciones adicionales a sus derechos y cause daños irreparables para su bienestar y desarrollo.
Lamentablemente aparecen, como siempre lo estamos señalando, los actos de corrupción, sobre todo con las personas encargadas de brindar seguridad y protección en las fronteras, tanto en la frontera sur como en la frontera del norte, poniendo a todos los menores en calidad de víctimas.
El flujo de niños migrantes no ha bajado, ya que en los albergues a donde llegan a alojarse se mantienen los mismos números estadísticos desde que se declaró la emergencia humanitaria en julio del presente año, según datos de la organización de México World Vision, especializada en atender a niños en pobreza extrema.
No es posible que los albergues en la frontera tengan que estar a expensas de las aportaciones económicas por parte del vecino país del norte. Este fenómeno no es otra cosa más que la incompetencia de las autoridades federales, estatales y municipales para hacer frente a este hecho tan lamentable y denigrante.
Según datos arrojados por la Secretaría de Educación Pública, de estos niños y niñas menos del 10 por ciento asiste a la escuela; la mayoría tiene que suspender sus estudios debido al cambio de residencia, a las cuestiones económicas o mayormente porque deben comenzar con una vida laboral a esta corta edad.
Según datos del Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes de la SEP, el 50 por ciento de estos menores se encuentra en primero o segundo grado de primaria y dentro de este grupo se registra el mayor rezago educativo de nuestro país.
Lamentablemente, esto se convierte en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, ya que al no tener acceso a la educación los menores no podrán lograr esa calidad de vida y seguirán buscando un nivel precario porque no tendrán más expectativas.
Es por esto que nos pronunciamos a favor de la iniciativa, porque consideramos que la educación es el crecimiento más importante para la superación no sólo de una nación, sino del mundo entero y de cualquier país. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Córdova Bernal. Tiene la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, Presidente. Señoras y señores diputados: de acuerdo al Inegi, en México hay aproximadamente tres millones de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años que realizan alguna actividad económica, de los cuales un 29.5 por ciento trabaja en el sector agropecuario, porcentaje que incluye a los miembros de familias de jornaleros agrícolas, niñas y niños que trabajan para contribuir en la economía de sus familias, dejando a lado sus necesidades y derechos fundamentales, como lo es la educación y la salud.
Estas niñas y niños se enfrentan generalmente a condiciones de explotación laboral y otro tipo de abusos, viendo cada vez más lejanas sus posibilidades reales de acceder a nuevas y mejores oportunidades; oportunidades que les garanticen el desarrollo pleno de sus potencialidades y de una vida digna y segura como les corresponde de acuerdo a su edad.
Todas las temporadas de cosecha que van de septiembre a mayo, alrededor de 300 mil niños y niñas mexicanos entre los 6 y los 14 años, emigran junto con sus familias para trabajar en los sembradíos, principalmente del norte de nuestro país. La mitad de estas niñas y niños comienza a trabajar al cumplir los 10 años de edad, pero se dan casos en que lo hacen desde los 6 o 7 años.
Estima Unicef que únicamente uno de cada diez niños y niñas que trabajan en el campo acude a la escuela, y muy pocos, por supuesto, terminan la educación primaria, situación que inevitablemente los condena a perpetuar en la pobreza.
Bajo el anterior orden de ideas, coincidimos plenamente con la dictaminadora en que es necesario garantizar el acceso a la educación de los hijos e hijas de jornaleros agrícolas, toda vez que además de las dificultades ya señaladas, muchas veces suspenden sus estudios debido a las complicaciones administrativas que implica el cambio de residencia.
Ha quedado plenamente demostrado que la inasistencia y la deserción escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales. La deserción escolar hace mucho más vulnerable a las niñas y niños. Por lo tanto, están más expuestos a toda clase de abusos, situación que deriva en diversos problemas sociales y culturales de gran magnitud.
El Estado mexicano desde hace más de tres décadas ha impulsado distintos programas a través de la SEP y del Conafe, para la atención educativa de las niñas y niños jornaleros migrantes. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado insuficientes para garantizar el acceso, permanencia y eficiencia terminal en el nivel educativo básico. De ahí, que de acuerdo con el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, así como la obligación de garantizarles un modelo de inclusión educativa y social con mayor énfasis en la situación de los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes.
Por ello, mi grupo parlamentario considera, no sólo pertinente, sino urgente, legislar para perfeccionar el marco jurídico, estableciendo en la ley que la Secretaría de Educación Pública diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes, propuesta que objetiva un derecho para las jornaleras y los jornaleros como para las niñas y los niños.
Esta Cámara no puede mantenerse al margen de esta problemática, en donde el futuro de una nueva generación de mexicanas y de mexicanos se torna incierta. Nuestro voto, por supuesto, será a favor, toda vez que resulta inaceptable la realidad que vive este sector de la niñez. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Romo Fonseca. Nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara, aquí presente, ha invitado a un grupo de vecinos, de ciudadanos, de Iztapalapa, de la delegación Iztapalapa, del Distrito Federal. A su nombre y del nuestro les damos una cordial bienvenida. Gracias por su visita a este salón de pleno de la Cámara. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD. Le menciono a la asamblea que estamos discutiendo una adición al artículo 8 de la Ley de Migración, sin embargo inmediatamente después abordaremos otro dictamen que encuentra relación con éste. Sin embargo, la discusión y la votación se contraerán exclusivamente al artículo 8 de la precitada Ley de Migración, aun cuando se aluda al segundo dictamen y nos ha anticipado el señor diputado López Rosado. Adelante, por favor, señor diputado.
El diputado Roberto López Rosado: Gracias, señor presidente. Con la anuencia de todos. En el presente posicionamiento explicaremos por qué las legisladoras y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de estos dictámenes.
La agricultura, junto con la minería y la construcción, se encuentra catalogada como una de las tres ocupaciones más peligrosas por el Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT. Los principales riesgos y peligros que amenazan la salud de los jornaleros agrícolas, de acuerdo a la OIT, son:
Excesivas horas de trabajo durante la época de plantación y cosecha. Las jornadas laborales se extienden desde el amanecer hasta el anochecer, y con muy pocas horas de descanso. Trabajo agotador y extenuante debido a que la labor requiere pasar largas horas de pie, agachados o inclinados.
Una exposición permanente a temperaturas extremas, como suelen ser largas jornadas bajo pleno sol o exposición al frío. Problemas cutáneos, exposición a pesticidas tóxicos, algunos muy venenosos y potencialmente cancerígenos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes, el 49.6 por ciento de la población migrante tiene su lugar de origen en municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis, Hidalgo, Chihuahua y Durango.
En la ruta del Pacífico los estados de Oaxaca y Guerrero son las principales zonas de expulsión, en tanto que aquellos que fungen como receptores son los estados del noroeste y algunos del occidente, como son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit.
En la ruta del Golfo los jornaleros de la sierra Norte de Puebla, Veracruz e Hidalgo acuden a los campos de Tamaulipas y Nuevo León, principalmente.
Una ruta también muy importante es la del sureste, sobre todo la que se da en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche.
Por todo lo expuesto, resulta urgente que la Secretaría de Educación Pública brinde al menos un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de migrantes, de jornaleros agrícolas, como lo propone el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.
En cuanto al dictamen el cual solicita reformar el artículo 160 y adiciona el artículo 159 Bis, de la Ley de Migración, relacionado a los flujos migratorios, salud púbica, la inseguridad y la vida de los indocumentados, podemos comentar varias cosas.
A pesar de tener índices migratorios por debajo de la media latinoamericana es un fenómeno de inconsciente colectivo. Los mexicanos, paradójicamente, tendemos a creer que nuestro país tiene altos porcentajes de inmigración, en un claro mecanismo defensivo para levantar la autoestima ante el fenómeno migratorio masivo.
La emigración se produce cuando en un país donde vives no hay trabajo, pues te tienes que trasladar a otro y así estás emigrando. La combinación entre un notorio chovinismo discursivo y un desarraigo forzado por la invasión cultural estadounidense y la necesidad socioeconómica de migrar, es una contradicción esbozada y analizada ya por especialistas.
Es procedente en sus términos, en virtud de que efectivamente no se contempla a la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, como criterios rectores de la política migratoria del país y aunque es el caso de la Constitución esta observancia está implícita en toda la ley que derive de ella, no lo es respecto a los instrumentos internacionales, en los términos que la propia Constitución establece en su artículo primero.
Hay que señalar como criterio el interés superior del niño así como de todos los migrantes, establecido en instrumentos internacionales de los que México es parte y entre el que existen definiciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Ley de Migración señala los principios a que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, pero en ellos no establece la convencionalidad ni el interés superior de la mujer y de la niña, niño o adolescente. Es por eso que debe de ponderarse los siguientes derechos: el control de flujos migratorios, la salud de los indocumentados, la seguridad de los indocumentados, la vida de los indocumentados y el derecho a no recibir tratos inhumanos o degradantes.
Como se podrá apreciar, todos los bienes jurídicamente tutelados por el artículo 130 de la Ley General de Población pasaron al artículo 159 de la Ley de Migración. Por lo tanto, podemos decir que el tipo penal contenido en el artículo 159 de la Ley de Migración vigente no tiene como único bien jurídicamente tutelado el flujo migratorio, sino que además protege otros bienes jurídicos, como la integridad y la vida de los indocumentados.
Es necesario garantizar los mecanismos de protección en materia de control de flujos migratorios, así como el de la salud pública, la seguridad, la integridad y la vida de los migrantes en territorio mexicano, o en algún lugar un trato de inhumano degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, señalando expresamente la aplicación de la Constitución Política y de las leyes aplicables y, asimismo, establecer diversos principios en materia de derechos humanos, en los cuales debe sustentarse la política migratoria.
En este sentido, resulta pertinente la adición que se propone al artículo 159 de la Ley de Migración, en tanto que dicha propuesta de reforma busca proteger precisamente la integridad y la vida de los indocumentados.
Por tales razones, invito a las legisladoras y a los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a votar a favor de ambos dictámenes presentados hoy ante este pleno, para luchar por los derechos de nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Sólo para reiterar a la asamblea, el señor diputado López Rosado ha anticipado la posición que corresponde a su grupo parlamentario en el dictamen inmediato posterior, como ya lo había señalado. Gracias, por su participación, señor diputado.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI, para fijar la postura correspondiente.
El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputado.
El diputado Javier Filiberto Guevara González: Compañeras y compañeros diputados, en el año 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ésta representó un cambio profundo en la manera en que aplican e interpretan tales derechos en nuestro país.
En otras cosas, se hizo específica la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora todo derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales trae consigo obligaciones para las autoridades mexicanas.
Como la educación es un derecho humano que se encuentra establecido en el artículo 3 de la Constitución, el Estado está obligado a prestar servicio de educación básica y media superior a toda la población.
De ahí que los migrantes tengan el derecho de recibir educación por el simple hecho de encontrarse o permanecer en el territorio nacional. Por mandato constitucional deben gozar de las prerrogativas consagradas en la Carta Magna.
No olvidemos que debido a la posición geográfica de nuestro país, anualmente se integran de manera indocumentada, un promedio de 140 mil extranjeros, principalmente procedentes de los países hermanos de Centroamérica.
Una parte de esta población desarrolla trabajos temporales como jornaleros agrícolas migrantes, generalmente acompañados por sus familias, integradas por niñas y niños que tienen el derecho y la necesidad de acceder a los servicios básicos para su desarrollo como la educación, con independencia del lugar físico donde se encuentren.
Sabemos del penoso trabajo infantil que realizan los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes. Sabemos también que del 44 punto 8 por ciento de familias jornaleras en las que se presenta un trabajo infantil se trata de niñas y niños indígenas, que aparte de enfrentar retos y adaptación a costumbres distintas deben afrontar barreras para acceder a los centros de enseñanza.
Por esta razón, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del dictamen, el cual adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración para que la Secretaría de Educación diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.
De esta manera se contempla la disposición ya prevista en la ley en comento, la cual establece que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos previstos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Las reformas y adiciones que se plantean en el presente dictamen cumplirán con el derecho que tiene toda persona de gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Éste es el caso de la educación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Guevara González.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que el proyecto de decreto contenido en el dictamen aborda solamente la adición a un artículo y en atención a que no se ha reservado para su modificación, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Nos damos oportunidad para darles la bienvenida a jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria, número 7 del Plantel Ezequiel Chávez de esta Ciudad de México, Distrito Federal. Sean bienvenidos y les reconocemos su interés por los temas que se abordan en el Congreso. Gracias por su visita.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre la Secretaría el sistema de votación electrónico.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.
El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul). A favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se emitieron 366 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 160 y adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración. En atención a que ya ha sido fundamentado este dictamen por la comisión en voz de la Diputada García Medina, para la fijación de las posturas de los grupos parlamentarios otorgo el uso de la palabra al señor diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos. Adelante, señor diputado.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores. Uno de los delitos que más daña el tejido social es la explotación de las personas. No sólo rompe el orden social sino que deshumaniza las relaciones entre los individuos.
El Estado de derecho tiene la obligación de inhibir este tipo de conductas a través de normas que sancionen de manera efectiva a quien o a quienes cometan este delito, más aún cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad como son los migrantes.
Por ello la reforma que propone el presente dictamen nos parece conducente toda vez que se busca vincular la Ley de Migración con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de que la explotación y sometimiento de los migrantes por la delincuencia organizada sean tipificados como delitos en materia migratoria.
Con ello se pretende que las autoridades correspondientes lleven a cabo acciones tendientes a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes e impedir que sean víctimas del crimen organizado.
El fenómeno migratorio y las consecuentes vertientes económicas, políticas y sociales que conlleva, no es algo nuevo. Sabemos que los migrantes toman la difícil decisión de dejar su tierra y a su familia, en busca de una mejor calidad de vida para los suyos.
El desempleo e inseguridad, son factores determinantes para que abandonen su país de origen y decidan cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos.
México es un país de tránsito para hombres y mujeres y menores de edad que buscan alcanzar el denominado sueño americano.
Por desgracia la mayor parte del tiempo no logran su cometido y esa voluntad se convierte en pesadilla. La realidad que viven estas personas al intentar atravesar el territorio nacional, los expone a un grave y constante peligro.
Desde que deciden iniciar la travesía son objeto de abusos. Se estima que los traficantes y polleros logran ganancias de más de 7 mil millones de dólares anuales por el trasiego de indocumentados en territorio mexicano. Peor aún, por estos pagos no se les brinda ninguna garantía a su seguridad y en el trayecto se ven expuestos a cualquier cantidad de riesgos.
Así la población migrante en México es víctima de un sinnúmero de violaciones, vejaciones, a sus derechos esenciales; son extorsionados, discriminados y explotados laboral y sexualmente por bandas delincuenciales. Se han detectado casos en donde criminales llegan a los albergues para migrantes y se hacen pasar por uno de ellos con la finalidad de secuestrarlos para ser utilizados en actividades delictivas.
En este contexto debemos reconocer que en México el crimen organizado es el peor enemigo de los migrantes, los cuales se convierten en sus víctimas.
En el caso de los hombres son obligados a trabajar como sicarios sobre la producción, transporte y venta de drogas; y por lo que hace a las mujeres son sometidas a trabajos forzados y utilizadas con fines sexuales.
Las cifras nos muestran una realidad que nos lastima. La masacre de San ]Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010 donde 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados; repetidas denuncias por hechos similares en algunas partes de la frontera de nuestro país nos dejan claro que el problema existe y que se requiere atención. Para ello resulta indispensable un marco normativo que prevea las sanciones a quien comete este tipo de conductas.
En el Grupo Parlamentario del Nueva Alianza trabajamos con la firme convicción de salvaguardar los derechos humanos de cada individuo, independientemente de su nacionalidad, así como también exigimos que se respeten los derechos de nuestros connacionales que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos.
En este sentido es que mi grupo, el Grupo Parlamentario del Nueva Alianza, votará a favor del presente dictamen para incorporar como delito en materia migratoria la explotación y sometimiento a la delincuencia organizada de las personas migrantes y de esta manera impulsar las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos humanos y obtener la reciprocidad que deseamos en favor de nuestros migrantes. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para fijar la postura de su grupo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores: el dictamen a discusión, a debate, tiene por objeto implementar un tratado internacional que hace tiempo celebró México, en específico el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que se adoptó en Nueva York el 15 de noviembre del año 2000.
En su preámbulo indica este instrumento internacional que para la solución de este problema se requiere de un enfoque amplio e internacional, así como la cooperación, el intercambio de información y la adopción de medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómico en los planos nacional, regional e internacional.
Se subraya asimismo la necesidad de dar un trato humano a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos humanos, ahora más que nunca expuestos a transgresión en vista del notable aumento de actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de inmigrantes y actividades delictivas conexas, lo que pone en peligro su vida y seguridad.
Se define el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.
El tráfico ilícito de migrantes se encuentra regulado en específico en el artículo 7, donde se destaca –subrayo– la obligación de los estados de cooperar en la mayor medida de lo posible para prevenir y reprimir este delito.
En razón de este instrumento internacional, es que era necesario, indispensable, modificar la Ley de Migración en su título octavo que alude a los delitos en materia migratoria, y el artículo 159 que establece una pena –ahora con este dictamen– de ocho a 16 años de prisión, a quienes cometan los delitos que en ese artículo se establecen, con la adición que se está presentando al artículo 159 bis, que se propone la misma plena establecida en el 159. Esto es, de 8 a 16 años que se aplique a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer delitos que en la ley de la materia se establece.
El tráfico de migrantes es uno de los crímenes del crimen organizado, son cuatro en concreto. Es el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de migrantes. Enhorabuena que se está adoptando este dictamen por esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para fijar la postura de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, señor presidente. México es un país de origen y tránsito de migrantes; sin embargo, esta situación es dolorosa para los miles de niños que en su intento de conseguir el gran sueño americano, sufren violaciones a sus derechos humanos.
Durante el agudo peregrinar, los migrantes están expuestos a abusos de guardias de seguridad privada, funcionarios de migración, policías, militares, tratantes de personas y hasta bandas delictivas.
En el mejor de los casos, pueden ser detenidos y expulsados del país, pero también están expuestos a sufrir extorsión, violencia física, violencia sexual, secuestros y asesinatos. Al entrar o encontrarse en México sin un permiso legal, los migrantes se vuelven invisibles y las arbitrariedades que sufre este colectivo vulnerable a manos de autoridades y/o delincuentes queda oculto debido a que el Estado no actúa con la diligencia debida para prevenir y castigar los abusos.
Es por eso que debemos tomar medidas para las familias migrantes en su estancia o transcurso por este país, además de medidas justas a delincuentes que usan y abusan de los derechos de las personas.
El tráfico de personas a nivel mundial, es el tercer negocio más lucrativo después del comercio de armas y de drogas, lo cual es sumamente grave. Y para darnos una idea la Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo 2.4 millones de personas son víctimas de trata de personas y de engaño, quienes se ven obligados a realizar trabajos en condiciones de explotación.
Según datos del presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante los últimos años, los cuales son sustraídos y son llevados a la explotación sexual, venta y tráfico de órganos.
En nuestro país miles de niños y adolescentes cruzan la frontera sur de México, pero lamentablemente la mayoría no llega a su meta ni mucho menos a su destino. Muchos se quedan en poblaciones sobreviviendo, vendiendo dulces o realizando trabajos domésticos, pero tristemente muchos sufren de esclavitud sexual o son explotados en fincas agrícolas en donde laboran.
Sin embargo no se tienen datos oficiales de los indocumentados que se encuentran en el territorio mexicano, y mucho menos de estos desaparecidos en mención. Como un indicador tenemos la cifra de que en 2010 el Instituto Nacional de Migración expulsó de México a 4 mil 815 menores de 18 años y el año pasado la cifra aumentó a 6 mil 894.
El presente dictamen reforma el artículo 160 y se adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración, con ello se pretende sancionar a todo aquel que obligue a los extranjeros a cometer actos delictivos en nuestro país, además se aumentará la pena a los individuos que realicen explotación sexual a extranjeros.
Estamos de acuerdo con las modificaciones de dicha ley, sin embargo la realidad es que podemos reformar todas las leyes, pero hacerlas cumplir es lo que hace realmente falta. Vemos día a día que la delincuencia organizada realiza actos de violencia en contra de los mexicanos y no tan sólo obligan a los extranjeros, sino a millones de jóvenes también a pertenecer a la mafia del crimen organizado, prometiéndoles una mejor calidad de vida, lo cual sabemos que no es cierto.
Por lo anterior hacemos un llamado a las autoridades federales a realizar una estrategia efectiva para combatir la delincuencia organizada y asimismo garantizar a los ciudadanos extranjeros una estancia segura en nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Córdova Bernal. Tiene el uso de la palabra don Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado, hasta por cinco minutos para fijar la postura de su propio grupo. Adelante.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, es imposible no estar de acuerdo en un dictamen que por supuesto se preocupa no sólo por los derechos de las personas, ya sean nacionales o extranjeros, sino por su propia integridad, porque no exista abusos sobre su persona. Y como todos saben, en nuestro país esto es una práctica común, ya que por su ubicación geográfica de origen, tránsito y destino de emigrantes e inmigrantes nacionales y extranjeros, la problemática que aborda el dictamen es parte de nuestra vida diaria.
Durante el siglo XX nuestro país registró una considerable migración hacia los Estados Unidos. Adicionalmente a ello, en tiempos recientes México se enfrenta a los desafíos de una creciente migración irregular de tránsito por nuestro territorio, principalmente de nuestros vecinos del sur.
Este fenómeno se ha incrementado debido a que tuvieron lugar en los países que se sitúan en el sur de nuestra frontera múltiples acontecimientos, como procesos políticos, económicos y sociales que han incrementado esta situación en detrimento de las condiciones de vida de la población de esas regiones, lo cual ha dado como resultado un éxodo masivo de personas que huyen de la pobreza, el hambre y la violación extrema que prevalece en sus lugares de origen.
Al igual que los emigrantes mexicanos, los migrantes centroamericanos sobre todo, que deciden salir de sus comunidades, también van en busca de un futuro mejor para ellos y para sus familias, no obstante que cruzar de manera ilegal la frontera entre nuestro país y los Estados Unidos supone un riesgo cada vez mayor, a causa del endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
La cantidad de migrantes de origen centroamericano que transitan por nuestro territorio con el objeto de llegar a los Estados Unidos alcanza un promedio, de acuerdo a las cifras oficiales, de 150 mil personas, pero de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil esto puede rebasar a más de 400 mil personas. Pero sabemos que gran parte de ellas y ellos terminan siendo retenidas y regresadas a sus países de origen por las autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses.
El mayor riesgo al que se enfrentan los migrantes que transitan por nuestro país en su camino hacia el territorio norteamericano es sin lugar a dudas el crimen organizado, que durante los últimos años ha logrado hacerse del control casi absoluto de las rutas de los migrantes, lo que le ha permitido a los criminales cometer todo tipo de delitos en contra de ellas y ellos, poniendo en peligro la mayoría de las ocasiones su integridad.
Desgraciadamente, como sabemos, miles de migrantes ya han sido víctimas de crímenes, como robo, extorsión, tráfico de personas e incluso secuestro, además de violaciones y asesinatos. Asimismo muchos de ellos han sido obligados a trabajar al servicio de las mafias del crimen organizado, obviamente sin remuneración alguna, maltratándolos, deteriorando su salud, o han sido forzados a incurrir en conductas ilícitas como parte del engranaje de esa práctica delincuencial.
La esclavitud, la prostitución, la mendicidad, son formas de explotación de las cuales estas personas están siendo víctimas al transitar por nuestro país. Asimismo los criminales han incursionado en la adopción ilegal de menores, en el matrimonio forzoso y en el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos. Esta es una práctica que no podemos tolerar, no podemos permitir.
Lo anterior –ya lo dije– es una situación inaceptable, en un Estado sobre todo de derecho como el nuestro, por lo cual, al igual que los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, consideramos en el Partido Verde Ecologista de México de suma importancia incorporar como delito en materia migratoria la explotación y sometimiento de personas nacionales o extranjeras por parte de la delincuencia organizada.
Asimismo en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México expresamos que votaremos a favor de este dictamen, el cual también no sólo se preocupa por la parte de que esas personas sean sometidas de manera irregular a cuestiones delincuenciales, sino que también ve la medida de cómo inhibir estas prácticas al endurecer las penas a las que serán sometidas estas personas por realizar estos hechos ilícitos en contra de las personas que emigran y migran el territorio de Estados Unidos de América.
Por último, no puedo dejar pasar por alto el felicitar al promovente, el diputado Isaías Cortés Berumen, ya que es una gran iniciativa que por supuesto se preocupa y ocupa por los derechos humanos de las personas nacionales y extranjeras. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rubén Acosta. En voz del señor diputado López Rosado, el Grupo Parlamentario del PRD, como lo señalamos, conjugó y anticipó su postura con relación a este dictamen. Por esa virtud, le otorgo el uso de la palabra al diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, para que fije la postura del mismo. Promotor iniciante de la materia del dictamen, adelante, diputado.
El diputado Isaías Cortés Berumen: Gracias, presidente. Señoras y señores legisladores, el día de hoy tenemos la oportunidad de sumar esfuerzos a un tema que nos ocupa a todos, la delincuencia organizada, en específico en la trata de personas. Esta actividad afecta de una forma directa y múltiple al respeto por la vida y la dignidad humana, y en consecuencia a todos nosotros como sociedad.
La trata de personas es forma de esclavitud, lo que representa un irrefutable delito de componentes trasnacionales. La delincuencia organizada ha encontrado un modus operandi a efecto de posicionarse en el escenario nacional e internacional, vulnerando de un modo aberrante el libre desarrollo psicosexual y psicosocial de los seres humanos en todas las latitudes de la tierra. Asimismo, la corrupción económica pone en peligro a las personas más vulnerables de la población, quienes son víctimas potenciales de la delincuencia organizada.
Por todos son conocidos los peligros que enfrentan las comunidades migrantes, las mujeres y menores de edad, quienes se dedican a manipular a estas personas con el fin de lucrar a través del tráfico humano, atentando con ello en contra de su libertad.
Por consiguiente, se demuestra la compleja naturaleza de este fenómeno, cuyos elementos esenciales sirven de base para plantear un frente homogéneo de medidas que sirvan para el combate y erradicación de la trata de personas en el territorio nacional.
En México, cada año cruzan por toda la república aproximadamente 400 mil migrantes, de los cuales al menos 200 mil son explotados con fines de lucro por la delincuencia organizada y el número va en aumento.
En el texto de la presente iniciativa se manifiesta la necesidad de reforzar la protección a los migrantes en contra de la delincuencia organizada, así como la lucha en contra de los delitos en materia de tráfico humano en sus distintas modalidades, ya que se reconoce que estos delitos son a lo que se encuentra mayormente sometida la población migrante, por su alto grado de vulnerabilidad.
En la reforma del artículo 160 y las adiciones al artículo 159 de la Ley de Migración, se reconoce la situación de México, no sólo como un país de tránsito, sino también como un destino de migrantes, por lo tanto, es de gran urgencia contar con un marco normativo que garantice de manera mucho más profunda la salvaguarda de los derechos humanos por parte del Estado de derecho.
Ante esta problemática se requiere asegurar de manera eficiente e integral la protección de todo ser humano, a través de la adecuada aplicación de instrumentos constitucionales y demás disposiciones normativas nacionales e internacionales en la materia.
El presente dictamen aborda la necesidad de contar con un marco jurídico eficaz, en cuyas disposiciones se asegure un combate frontal a la impunidad y a la preservación del principio de la legalidad a favor de los derechos humanos, particularmente de la comunidad migrante.
Señoras y señores diputados, como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, para Acción Nacional es importante resaltar lo siguiente. Sin un respeto cabal a los derechos humanos no hay democracia.
De su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho.
Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, con el objetivo de contar con un marco jurídico sólido y eficiente que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad migrante frente a las acciones del crimen organizado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cortés Berumen. Tiene la palabra el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, diversos factores que van desde la marginación, la falta de información, la ausencia de una cultura de la legalidad, hasta la proliferación de las organizaciones delictivas en diversos países, han fomentado se vea incrementado el flujo de migrantes a nuestro país.
Debido a su posición geográfica, a México se integran de manera indocumentada alrededor de 140 mil extranjeros al año, con el objetivo de cruzar hasta los Estados Unidos, o en algunos casos, quedándose a radicar en nuestro país.
Los migrantes internacionales que llegan a transitar por México sin documentación, provienen, en un 95 por ciento principalmente de Centroamérica. Es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Y en menor medida están las migraciones procedentes del Caribe, Cuba, la Región Andina, Ecuador y de algunos países extra continentales como China y la India.
Es bien conocido que ningún indocumentado cuenta con garantía plena para transitar y llegar sin menoscabo de sus bienes, sin exposición a su integridad física a riesgos de distinta índole, incluso la muerte.
Lo que constituye desafío desencadenado por el nuevo proceso delictivo. No olvidemos que los migrantes que intentan cruzar a nuestro país luchan contra grandes peligros en su trayecto: robo, secuestro, violación, esto a manos de la delincuencia organizada y las autoridades migratorias.
Las reformas a la Ley de Migración que hoy tenemos a consideración son adecuadas, esto debido a que se encuentran orientadas a vincular la Ley de Migración, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y con la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con la finalidad de que las conductas que atenten en materia de explotación y sometimiento a la delincuencia organizada hacia los migrantes, sea tipificada como delitos en materia migratoria.
De tal forma que al llevar a cabo estas reformas se estaría avanzando en la aplicación de las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los migrantes, situación que del mismo modo esperamos se aplique con la misma reciprocidad que en beneficio de nuestros connacionales que emigran a otras latitudes.
Actualmente el Estado mexicano asume que el tema de la migración es un asunto que no se puede dejar pasar. El Grupo Parlamentario del PRI es sabedor de las necesidades a las cuales nos enfrentamos; por tal motivo estamos encaminados a buscar mejoras que pongan a nuestro país en un ámbito de igualdad y respeto para todas las personas. No podemos permitir que en un país como lo es México, ocurran hechos de esta magnitud. Permitir que los derechos de las y los migrantes continúen siendo vulnerados.
Compañeras y compañeros legisladores, toda vez que al ser éste un país clave para el tránsito, destino y retorno de miles de migrantes, los cuales se encuentran expuestos a diversos riesgos como lo es la delincuencia organizada, al momento de cruzar las fronteras de forma ilegal es necesario se busque un cambio profundo para superar las condiciones que permiten el surgimiento de la violencia y así evitar la violación de los derechos a los migrantes.
Por lo que el Grupo Parlamentario del PRI, se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Ruiz Gutiérrez.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que ha concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios, con apoyo en el artículo 104, el numeral 1, fracción V del Reglamento, para la discusión en lo general y para hablar en pro, le otorgo el uso de la palabra, hasta por tres minutos, a la diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la voz, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Estamos a favor del dictamen, sin embargo no puedo sustraerme de presentar una reflexión a todos ustedes. Entendemos perfectamente el contenido de la iniciativa del propio dictamen para dar más seguridad o derechos a los migrantes que son explotados o que son obligados a formar parte de una organización de delincuencia.
Sin embargo debo comentar también que la solución que se está planteando no es la más adecuada, porque el imponer una mayor pena de ocho a 16 años de prisión y multas a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer delitos relativos a la misma no va a solucionar el problema de la delincuencia, no va a solucionar tampoco el problema que tienen los migrantes al cruzar todo el país al ser explotados y ser obligados a cometer ciertos delitos.
Primeramente habría que decir que la justicia en nuestro país es nula. Que la impunidad está por las nubes. Entonces primero se tendría que atrapar, sancionar en todo caso, al integrante mexicano de la delincuencia organizada para que esto suceda.
Esta reforma que hoy se está planteando no va a solucionar –lo vuelvo a repetir– el problema que tienen los migrantes al ser explotados o al ser obligados a cometer un delito.
Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que el aumentar las penas, el crear nuevas sanciones no soluciona los conflictos. Entendemos perfectamente cuál es el planteamiento del problema y por eso lo votaremos a favor, pero no estamos de acuerdo en que al imponer penas sea la solución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, señor diputado Ricardo Monreal Ávila?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul). Para hablar en pro, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en pro. Entonces lo hará hasta por tres minutos por el Grupo Parlamentario, evidentemente, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores. Normalmente estas disposiciones y modificados, estos artículos modificados pasan de noche, desapercibidos, ignorados, pero deberíamos detenernos en ellos como un asunto de responsabilidad legislativa.
Este dictamen reforma dos artículos de la Ley de Migración, el 160, y se adiciona el 159 Bis. ¿Por qué razón se modifica o se pretenden modificar si esta asamblea lo aprueba? Porque se pretende sancionar a todo aquel ciudadano, individuo, que obligue a los extranjeros a cometer actos delictivos en nuestro país y además se aumenta la pena a los individuos que realicen explotación sexual a extranjeros.
El asunto es de mayor trascendencia. En efecto, tiene que ver con trata de personas, que en nuestro territorio nacional en los centros urbanos de mayor población se está incrementando la trata de personas de origen extranjero, mujeres u hombres que son explotados sexualmente y que de manera ilegal muchos de ellos o indocumentadas se encuentran en el país.
Sin embargo la modificación que se pretende no va a resolver el fondo de la problemática, y no la va a resolver solamente con establecer tipos penales con los que aparentemente podrá darse freno o combatir estos graves flagelos.
Por eso les he comentado que se requiere un tratamiento integral, no sólo para este tipo de delitos, sino para todo el contenido de trata de personas, y en el capítulo relativo a la Ley de Migración, los migrantes que acuden a nuestro país vía tránsito, hacia los Estados Unidos, y que son sometidas y sometidos no sólo a explotación sexual, sino a una verdadera esclavitud o a incorporarse al crimen organizado.
Sí es un asunto delicado. No va a resolver –como lo dijera aquí la diputada Zuleyma– el problema de fondo porque estimamos que se requiere un mayor rigor jurídico y una mayor discusión sobre el tema.
México es un país de origen y tránsito de migrantes y la situación dolorosa de miles de niños es similar a lo que está pasando con adultos en su intento de conseguir realizar el sueño americano.
Este intento provoca violaciones a sus derechos humanos y México ahora está en una crisis de violación permanente de derechos humanos. Por eso no deberíamos aprobar de manera apresurada esta serie de medidas y modificaciones. Se requiere mayor profundidad, de verdad.
El problema rebasa en mucho. El problema de trata de personas, de violación de derechos humanos a migrantes en el territorio nacional, de explotación sexual, de esclavitud y de incorporación al crimen organizado va más allá de lo que establece esta reforma, y lo digo con todo respeto al autor, que es un esfuerzo que hace, pero que deberíamos hacer un alto para realizar con mayor integridad esta modificación a la ley de la materia.
Por su atención muchas gracias. En lo personal, aunque mi grupo ya se pronunció a favor, en lo personal no estoy convencido; soy muy estricto en estas cosas y mi voto será abstención.
Le faltaba gritar al Bronx, que es lo único que hacen, hablar, chiflar, abuchear. Por eso les pagan tanto, señores del Bronx.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que, conforme al artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados que estamos consultando, no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De viva voz:
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadana secretaria, instruya el cierre del sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 350 votos a favor, 10 abstenciones y 1 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 160, y adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (14:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para al que tendrá lugar mañana, jueves 23 de octubre de 2014 que se cursa, a las 11 horas, y se les informa –como se estila– que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.