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Timestamp: 2018-04-25 01:06:07
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Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 1/2015, DE 1 DE ABRIL, DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN (DOG NÚM. 81 DE 30)
BOE 123 DE 23 DE MAYO
La Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2007, 2329) , proclamada en la cumbre de Niza de diciembre del año 2000, reconoce por primera vez en Europa el derecho a la buena administración. Esta carta, tal y como reconoce el Tratado de Lisboa (RCL 2009, 2289 y RCL 2010, 1463) en su artículo 6 , tiene el mismo valor jurídico que los propios tratados de la Unión. Y aunque ese valor no es de aplicación directa a los actos que los Estados o las comunidades autónomas dicten en el marco de sus propias competencias, se debe tomar como marco de actuación para la actividad pública.
Así, el principio de eficacia de las administraciones públicas, emanante del artículo 103 de la Constitución española (RCL 1978, 2836) y asumido como propio de la Administración pública gallega, como el resto de los principios generales, por el artículo 39 del Estatuto de autonomía (RCL 1981, 990) , debe combinarse, en una administración moderna, con el derecho de participación de la ciudadanía, consagrado en el artículo 4.2 del Estatuto.
El servicio a la ciudadanía, principio fundamental de las administraciones públicas según el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, fue complementado en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre (LG 2010, 548) , de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. Así, el artículo 4 de esta norma consagra como otro de los principios fundamentales de la organización administrativa autonómica el de proximidad a la ciudadanía.
Las medidas de calidad en la Administración autonómica gallega tuvieron su inicio con el Decreto 148/2004, de 1 de julio (LG 2004, 225) , sobre cartas de servicios y Observatorio de Calidad. Este decreto incorporaba como anexo una carta general de servicios de la Xunta de Galicia que expresaba una voluntad de avance en el establecimiento de una administración más eficaz, eficiente, transparente, participativa y al servicio de la ciudadanía.
Posteriormente, la Ley 4/2006, de 30 de junio (LG 2006, 243) , de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, incorporó por primera vez al ordenamiento legal gallego el reconocimiento del derecho a la buena administración derivado de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Incorporaba además, expresamente, como principio general, el fomento de la participación ciudadana en el diseño y mejora de los servicios públicos.
En consonancia con los principios de optimización y reestructuración del sector público autonómico instaurados en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre (LG 2014, 27) , de racionalización del sector público autonómico, la disposición derogatoria incluye dos previsiones relativas a la unificación de las competencias en materia de evaluación de la calidad en los ámbitos sanitario y educativo. Por un lado, se incluye la supresión de la regulación de dos entes creados en la Ley 8/2008, de 10 de julio (LG 2008, 323) , de salud pública de Galicia, y cuyas funciones quedaron atribuidas por dicha Ley 14/2013 a una nueva agencia en materia de docencia, formación, investigación, innovación y evaluación de tecnologías y servicios sanitarios. Al mismo tiempo, se suprimen los artículos de la Ley 3/2002, de 29 de abril (LG 2002, 141) , de medidas fiscales y administrativas, por los que se creó la Agencia para la Gestión Integrada, Calidad y Evaluación de la Formación Profesional, cuya extinción, pensada para unificar todas las competencias de evaluación educativa en la propia estructura de la Consejería, fue establecida por el acuerdo del Consejo de la Xunta de 11 de septiembre de 2014 por el que se autoriza la implantación de las medidas necesarias para la ejecución del III Plan de evaluación de entes dependientes de la Xunta de Galicia.
El título I se centra en los mecanismos e instrumentos derivados de la consagración del derecho a la buena administración y, en el capítulo I, define el concepto de atención a la ciudadanía y configura un sistema de atención a la ciudadanía integral y multicanal, estableciendo y regulando los mecanismos de atención a la ciudadanía, y el procedimiento para la presentación de sugerencias y quejas. En el capítulo II se establece una serie de garantías de eficacia administrativa derivadas de la simplificación y de la informatización de trámites.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia (RCL 1981, 990) y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero (LG 1983, 451) , reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.
2. Su ámbito de aplicación será el sector público autonómico, integrado, de acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre (LG 2010, 548) , de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y por las entidades instrumentales.
La información pública, en función de su contenido, podrá ser de carácter general o particular, y comprenderá, además de la recogida en los artículos 11 y 12 de la presente ley, la que determine la normativa de transparencia de la actividad pública, así como el acceso a los archivos y registros a que se refiere el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Esta información sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesadas en cada procedimiento, o a quien ejerza su representación legal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en los términos establecidos en el artículo 37 de dicha ley, en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (RCL 1999, 3058) , de protección de datos de carácter personal, y en el artículo 14 de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772) , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La documentación con origen y destino en el órgano competente en materia de evaluación y calidad de los servicios deberá ser objeto de la correspondiente diligencia de entrega y recepción y deberá tener garantizada su confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (RCL 1999, 3058) , de protección de datos de carácter personal, o en la normativa básica vigente en esta materia.
c) Derecho a utilizar los bienes de la Administración cuando sean precisos para la prestación del servicio público. En los pliegos del contrato deberán precisarse las condiciones de utilización de dichos bienes, y se identificarán las que tengan carácter de condición esencial del contrato a efectos de su resolución así como el régimen de penalidades aplicable a los incumplimientos del contratista. Las penalidades y, en su caso, la resolución del contrato se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que deban imponerse al contratista de acuerdo con la Ley 5/2011, de 30 de septiembre (LG 2011, 412) , del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. El órgano de contratación podrá comprobar, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos tienen que hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en ellos. De este modo, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarde una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del ente público contratante, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos una vez finalizada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (RCL 2004, 2678) , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.
Hasta tanto no se proceda a aprobar el decreto a que se refiere el artículo 42 de la presente ley, continuará en vigor el capítulo II del Decreto 117/2008, de 22 de mayo (LG 2008, 253) , por el que se regulan las cartas de servicios de la Xunta de Galicia (DOG núm. 113, de 12 de junio).
Mientras no se proceda a aprobar el reglamento a que se refiere el artículo 16 de la presente ley, continuará en vigor lo establecido en el Decreto 164/2005, de 16 de junio (LG 2005, 242, 260) , con respecto al procedimiento de tramitación de quejas y sugerencias.
1. Quedan derogados los artículos 4 , 6 y 12.2 de la Ley 4/2006, de 30 de junio (LG 2006, 243) , de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega.
2. Quedan derogados los artículos 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134 y 135, así como la disposición adicional única de la Ley 8/2008, de 10 de julio (LG 2008, 323) , de salud de Galicia.
3. Quedan derogados el artículo 37 y la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2002, de 29 de abril (LG 2002, 141) , de medidas fiscales y administrativas.
4. Quedan suprimidos los artículos 20 y 21 de la Ley 3/2003, de 19 de junio (LG 2003, 232) , de cooperación para el desarrollo.
5. Quedan derogados los artículos 41 y 42 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre (LG 2008, 520) , de servicios sociales de Galicia.
6. Queda derogado el artículo 36 de la Ley 15/2010, de 28 de diciembre (LG 2010, 543) , de medidas fiscales y administrativas.
Disposición Final primera. Modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre (LG 2008, 520) , de servicios sociales de Galicia
7. En las funciones que desarrollará el Consejo Gallego de Bienestar Social se tendrá en cuenta la adopción, entre otros, de los necesarios enfoques y perspectivas de género. El reglamento establecerá la forma de designación de las personas integrantes del Consejo, de manera que se procure en este órgano una composición de género equilibrada según lo previsto en la Ley 7/2004, de 16 de julio (LG 2004, 249) , para la igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Galicia, y en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo (RCL 2007, 586) , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres».
Disposición Final segunda. Modificación de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre (LG 2014, 27) , de racionalización del sector público autonómico
a) El conocimiento y la resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las reclamaciones a que se refieren el artículo 40 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el artículo 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre (RCL 2007, 1965) , sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
4. En el caso de que los vocales o el presidente sean designados entre funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril (RCL 2007, 768) , del Estatuto básico del empleado público, éstos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 76 de dicha ley.
7. En la designación de los miembros del Tribunal se procurará una composición de género equilibrada, según lo previsto en la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres, y en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo (RCL 2007, 586) , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
A estos efectos, el presidente será sustituido conforme a lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre (LG 2010, 548) , de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.
Artículo 35 quinquies. Régimen de funcionamiento
1. Serán aplicables al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, y demás normativa aplicable.
– La Ley 8/1994, de 30 de diciembre (LG 1995, 21) , de creación del Instituto Gallego de Consumo.
– La Ley 1/2011, de 28 de febrero (LG 2011, 103) , reguladora del Consejo Gallego de la Competencia.
– El Decreto 329/1995, de 21 de diciembre (LG 1995, 351) , que desarrolla la Ley 8/1994, de 30 de diciembre (LG 1995, 21) , de creación del Instituto Gallego de Consumo.
– El Decreto 60/2011, de 17 de marzo (LG 2011, 158) , por el que se desarrolla la estructura organizativa del Consejo Gallego de la Competencia.
– El Decreto 184/2011, de 15 de septiembre (LG 2011, 391) , por el que se establece la estructura orgánica del Instituto Gallego de Consumo».
Disposición Final tercera. Modificación de la Ley 3/2003, de 19 de junio (LG 2003, 232) , de cooperación para el desarrollo
1. Se modifica el artículo 22 de la Ley 3/2003, de 19 de junio (LG 2003, 232) , de cooperación para el desarrollo, que queda redactado como sigue: