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Timestamp: 2018-09-20 05:41:52
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LAS RELACIONES DOMINICO HAITIANAS
By On mayo 25, 2016 mayo 25, 2016 In Otras
La realidad es que Haití siempre estará ahí y nosotros también; que el territorio será del mismo tamaño y que en 20 años en la isla seremos 30 millones de habitantes que demandaran más agua, más alimentos, más energía, más servicios de salud y educación y más y más fuentes de empleos.
El tema de las relaciones dominico haitiana, es un tema muy delicado que tiene sus orígenes muy atrás, en pleno siglo XVII, cuando España se vio obligada a ceder la parte occidental de la isla a Francia, mediante el Tratado de RYSWIK (1697) y otros tratados que fijaron las fronteras como el de Aranjuez (1777) y el de Basilea (1795). Ahí se inicia el recelo de la parte oriental hacia los habitantes de la parte occidental que en ese entonces eran los fuertes y terminaron ocupando la parte oriental al convertirse en República en 1804.
En este trabajo se hará un estudio del tema dominico haitiano, tomando como referencia el derecho internacional privado. Veremos como han sido esas relaciones desde el punto de vista de la doctrina y se tratará además el tema desde el punto de vista de la jurisprudencia.
Esperamos que el presente ensayo cumpla con los lineamientos que nos hemos propuesto en la realización del mismo, puesto que este tema es bastante amplio, pero nos hemos ocupado fundamentalmente del problema que se está viviendo en la actualidad entre las dos naciones vecinas.
A pesar de las restricciones que puso el Estado Dominicano en la Era de Trujillo, restricciones que llevó al Gobierno Dominicano a iniciar una repatriación forzosa que culminó con la “Matanza de Haitianos” de 1939, lo cierto es que la ocupación pacífica de haitianos a la República Dominicana no ha cesado y crece cada año sin que el Estado Dominicano aparente tener solución.
Este proceso de ocupación continúa, generando una enorme preocupación para nuestras autoridades, pues ya la ocupación haitiana más que un problema social es un problema económico para ambas naciones, pero más para la República Dominicana.
El problema de la inmigración haitiana es más un problema económico que social para la República Dominicana, que por no atenderse como debería ser ha devenido en un problema político de repercusión internacional. Construimos una trampa y caímos en ella y ahora no encontramos la forma de salir.
Lo que vive hoy la República Dominicana se comenzó a diseñar varias décadas atrás. Se destruyó la Industria Azucarera y se sustituyó por el modelo neoliberal de las zonas francas industriales que atrajeron a cientos de miles de obreros y obreras; no se profundizó ni se continuó con los planes de hacer una reforma agraria integral que retuvieran los habitantes del campo en sus predios y que incluyera a los jóvenes que iban creciendo, abriéndole nuevos horizontes sin tener que abandonar sus ciudades y predios.
Posteriormente las zonas francas fracasaron en su mayoría al no poder competir con la tecnología y mano de obra más barata de otros países y esos cientos de miles de jóvenes ya no querían ni podían volver hacia atrás a sus campos.
LA LLEGADA DEL SIGLO XX.
Sorprendió a dominicanos y haitianos la llegada del siglo XX. El problema de la frontera quedó solucionado con el Tratado sobre Fronteras de 1929 y el Protocolo de 1936. Pero un gran problema se había estado incubando sin control: el de la migración de haitianos al territorio nacional. No fue solo hasta la llegada de los marines norteamericanos en 1916 cuando se inició un conteo de la entrada de haitianos al territorio nacional. Para entonces decenas de haitianos fueron contratados para trabajar en los ingenios propiedad de norteamericanos.
Esa emigración haitiana al territorio nacional, con sus respectivos flujos y reflujos, se mantuvo constante. A la caída de la dictadura de los Duvalier en 1986 el paso de haitianos a territorio dominicano se incrementó, y en la medida que Haití ha ido sufriendo una degradación intensa en lo económico y político esa emigración ha sido mayor. Otros eventos, como el terremoto de 2010, se convirtieron en factores claves para la emigración de miles de haitianos a la República Dominicana.
LA EMIGRACIÓN HAITIANA SIGLO XXI
En la actualidad esa emigración es un fuerte dolor de cabeza para la República Dominicana. En algunos renglones de la economía la mano de obra haitiana es imprescindible (como la agricultura y el ramo de la construcción). Una buena parte del pueblo dominicano rechaza la masiva presencia haitiana, y algunos la han definido como una “invasión pacífica”.
Ese estado de cosas, vinculado con prejuicios históricos, ha creado una corriente nacionalista muy beligerante que se extiende a todo el territorio nacional, y se ha creado una burbuja antihaitiana que patrocina la confrontación entre ambos pueblos a unos niveles alarmantes. Actualmente la población haitiana constituye el 12 por ciento de la población total de la República Dominicana.
DISTINTOS ASPECTOS DE LA NACIONALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
Analizando los distintos aspectos relacionados con la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana encontramos lo siguiente: primero: Los hijos de padre y madre extranjeros en condición de residentes legales. Segundo: Los hijos de padre y madre extranjeros en condición de ilegales, tanto en cuanto al ingreso y/o permanencia. Tercero: Los hijos de unión de dominicanos y haitianos con residencia legal o sin ella.
Estamos ante un conflicto de leyes entre sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Sanguinis”, previsto en la Constitución Haitiana, y sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Soli”, previsto en la Constitución Dominicana.
En cuanto al primero de los aspectos precedentemente indicados, debemos prestar atención a lo que expresa la Constitución de la República en su artículo 11, inciso 1, el cual copiado a la letra dice así: “Art. 11.- Son dominicanos: 1.- Todas las personas que nacieren en el territorio de la República con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”.
A la luz de la primera parte de ese precepto constitucional, queda evidenciado que nuestro país ha adoptado el sistema que se conoce como “Jus Soli”, que significa que la nacionalidad de las personas es la del lugar de su nacimiento, con las exclusiones que ese mismo texto establece para los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él.
En lo que concierne a “los hijos legítimos” de los diplomáticos, no se presenta ningún problema, debido a la transparencia de la disposición constitucional que los rige. Los inconvenientes surgen respecto a los hijos de los transeúntes, porque ni la Constitución ni las leyes adjetivas definen quienes son transeúntes en la República Dominicana.
Tampoco existe problema alguno respecto a los hijos de extranjeros que han sido legalmente autorizados a establecer su domicilio en el país. No se puede discutir que los hijos de éstos son dominicanos por el jus soli. El problema surge cuando se trata de inmigrantes ilegales, y por tanto, que no tienen un domicilio legalmente establecido en el país.
Esta situación se presenta prácticamente solo con los haitianos que cruzan la frontera clandestinamente, y se establecen ilegalmente en el territorio nacional. La pregunta obligada que surge de esa anómala situación es si los hijos de esos haitianos que nacen en el país son dominicanos. Si nos atenemos al primer enunciado del artículo 11 de nuestra Ley Sustantiva, que dice que son dominicanos “todas las personas que nacieren en el territorio de la República”, no habría ningún problema.
El conflicto jurídico surge cuando el mismo artículo 11 en la parte in-fine de su inciso 1, no confiere nuestra nacionalidad a los hijos de extranjeros que están de tránsito en el país. Ni la Constitución ni las leyes adjetivas definen quiénes son extranjeros transeúntes en nuestro país. Sin embargo, a propósito de la aplicación de los artículos 16 del Código Civil y 166 del Código de Procedimiento Civil, relativos a la fianza judicatum solvi que debe prestar todo “extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario, nuestra Suprema Corte de Justicia ha decidido que es extranjero transeúnte el que “no haya hecho la prueba de que ha sido autorizado a establecer domicilio en la República” (Sentencia del 1° de diciembre de 1982; B. J. 865, p. 2375); el que no ha hecho la prueba de que ha sido autorizado por el Poder Ejecutivo para establecer su domicilio en la República Dominicana, en los términos del artículo 13 del Código Civil (Sentencia del 16 de marzo de 1983; B. J. 867, p. 698); el extranjero sin residencia permanente en el territorio de la República Dominicana” (Sentencia del 11 de abril de 1983; B. J. 868, p. 882). De modo pues, que de acuerdo a ese criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia, podría definirse el extranjero transeúnte como aquel que encontrándose en el territorio nacional, no ha obtenido la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo para establecer su domicilio en el país.
En ese orden de ideas, en caso de que fuera admitida esa definición, no cabe duda de que los hijos de padre y madre de nacionalidad extranjera, que no tienen un domicilio en el país legalmente autorizado, en principio, no son dominicanos.
La situación es distinta en el caso planteado en cuanto a los hijos de unión de dominicanos y haitianos con residencia legal o sin ella, pues en esta hipótesis, los padres o las madres dominicanos, mientras se encuentren residiendo en la República Dominicana, siempre tienen su domicilio legal en el país, y por tanto, sus hijos son dominicanos, aunque uno de los progenitores sea extranjero no domiciliado legalmente en el territorio nacional. Este criterio ha sido adoptado por numerosos países.
Por ejemplo, en Francia, donde existe un Código de Nacionalidad, la atribución de la nacionalidad francesa de origen está subordinada a la sola calidad de francés de uno de los padres, sin que pueda tomarse en consideración ni el sexo, masculino o femenino, de cualquiera de los padres, ni la filiación, legítima o natural, del hijo. (Ivon Lioussouarn et Pierre Bourel, Derecho Internacional Privado, Precis Dalloz, 4ta. edic. año 1993, No. 557, p. 571).
Sobre el planteamiento referente al conflicto de leyes entre sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Sanguinis” previsto en la Constitución Haitiana, y sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Soli”, previsto en la Constitución Dominicana”, debo señalar que tal conflicto solo existiría cuando tanto el Estado Haitiano como el Estado Dominicano reclamaran la nacionalidad respectiva para los hijos de padre o madre haitianos nacidos en el territorio nacional.
Cuando el conflicto de doble nacionalidad se ha presentado, en los países de Europa, ha sido aplicado el denominado principio de efectividad, que consiste en hacer corresponder en la medida de lo posible las calificaciones jurídicas con la realidad concreta”. (Pierre-Marie Dupuy, Derecho Internacional Público, Precis Dalloz, 3ra. edic., año 1995, No. 76, p. 55).
Este mismo autor, bajo el título de “Nacionalidades múltiples y apátridas”, enseña lo siguiente: “Puede resultar de la aplicación concurrente de dos legislaciones nacionales en materia de nacionalidad, que en presencia de ciertos acontecimientos, por ejemplo un matrimonio, un individuo renuncie a una doble nacionalidad”.
Esta situación, que puede presentar algunas ventajas, expone también al individuo a ciertas dificultades, en particular cuando uno u otro, o los dos Estados de nacionalidad exigen a aquél el cumplimiento de ciertas obligaciones, como el cumplimiento del servicio militar.
Esto lo contemplan las convenciones internacionales que hayan sido suscritas sea bilateralmente sea en un cuadro multilateral y regional así como lo ilustra la convención de Strasburgo del 6 de mayo de 1963, relativa a la reducción de los casos de pluridad de nacionalidades de la cual Francia es parte. Es sobre todo a propósito del ejercicio de la protección diplomática que la doble nacionalidad puede presentar ciertos inconvenientes.
Una sentencia rendida por la Comisión italo-americana el 10 de junio de 1955 (asunto Mergé, RSA, tomo XIV, p. 236) hace prevalecer la solución de acuerdo a la cual se debe buscar aquella de las dos nacionalidades que es preponderante en aplicación del criterio de la efectividad”. No es ocioso recordar aquí y ahora, que los hijos de padres y madres haitianos que no tengan un domicilio legalmente establecido en el país, no serían dominicanos por el jus soli.
En cambio, tienen la nacionalidad haitiana por el jus sanguinis, de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de la Constitución de la República de Haití, que dice así: Art. 11: “Posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos y no hayan renunciado jamás a su nacionalidad al momento del nacimiento”.
En consecuencia, los mismos no tendrían derecho a invocar el artículo 20 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Resolución No. 739 del Congreso Nacional, de fecha 25 de diciembre de 1977, que luego de establecer en el inciso 1) de dicho artículo que “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, en el inciso 2) dispone: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, pues los hijos de padres haitianos adquieren de pleno derecho por el jus sanguinis la nacionalidad haitiana, cual que sea el lugar donde nazcan. Sin embargo, cuando sus padres estén legalmente autorizados a fijar su domicilio en el país, al nacer, ellos adquieren también la nacionalidad dominicana por el jus soli, y por tanto, tienen una doble nacionalidad.
Entre Haití y República Dominicana existe un comercio de tal magnitud que hoy es nuestro segundo socio comercial, debe disponerse la negociación formal de un tratado de libre comercio con nuestro vecino y mercado exterior más cercano. Esto beneficiará a ambas naciones, eliminará el contrabando o lo reducirá ampliamente y mejorará la seguridad en la frontera.
Para el desarrollo Fronterizo, se debe diseñar un plan decenal de desarrollo de nuestra frontera. El sello más efectivo en la línea fronteriza, tendente a frenar la migración masiva de haitianos hacia nuestro territorio, es crear una frontera viva de dominicanos con empresas en la región, donde los trabajadores binacionales puedan trabajar y regresar a sus ciudades.
Con la ayuda internacional se pueden crear ciudades satélites en Haití con buenas escuelas, hospitales e incentivos para que la frontera no deje espacios abiertos a los haitianos para ingresar libremente. Con los miles de millones de pesos que cada año invierte el Estado Dominicano en brindar salud a los haitianos que cruzan la frontera y las miles de mujeres haitianas que vienen a parir en los hospitales dominicanos de todo el país, se pueden construir al menos cuatro hospitales fronterizos en territorio haitiano y que sean allí donde nazcan los hijos de los haitianos, pues de otra manera tanto las madres como los hijos se quedan por miles en el país cada año.
Para las mujeres embarazadas ya en territorio Dominicano se puede desarrollar una política humana de salud y se brinde logística de asistencia y transporte para que las haitianas embarazadas de todo el país sean llevadas cada semana en autobuses especiales a parir en esos hospitales y que sus hijos sean empadronados como ciudadanos haitianos y obviamente que se queden en su país.
Nuestro país debe convertirse en un país que se haga escuchar en todos los foros internacionales. De ahí la importancia que nuestro servicio diplomático y consular esté integrado por personas preparadas, capaces de enfrentar en cualquier escenario internacional las continúas campañas de descrédito que se montan frecuentemente contra el país.
El pueblo dominicano y el haitiano tienen la obligación de reajustar sus relaciones históricas y ponerse a tono con el mundo global del siglo XXI si no quieren llegar tarde al banquete de la civilización. Dos factores tendrán que conjugarse: pragmatismo e inteligencia emocional y social. Dos deberán suprimirse: el prejuicio y la irracionalidad.
RELACIÓN DOMINICO HAITIANA DURANTE LA PRIMERA REPÚBLICA