Source: https://do.vlex.com/vid/tercera-camara-suprema-corte-justicia-b-360672346
Timestamp: 2020-01-29 03:40:09
Document Index: 66299410

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 2265', 'artículo 2262', 'artículo 2262']

Sentencia nº 11 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Marzo de 1998. - Jurisprudencia - VLEX 360672346
En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.G.V., J.L.V., J.A.S. y E.R.P., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 4 de marzo del 1998, años 155º de la Independencia y 135º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por D.B.R., dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, cédula de identificación personal No. 9895, serie 40, domiciliado y residente en la sección Guazumal, municipio de Tamboril, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 31 de enero de 1991, en relación con las Parcelas Nos. 912 y 985, del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L., cuyo dispositivo se copia más adelante;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro. de abril de 1991, suscrito por el Dr. L.R.C., portador de la cédula de identificación personal No. 52383, serie 1ra., abogado del recurrente, en el cual se invocan los medios que se indican más adelante;
Vista la Resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 16 de junio de 1993, mediante la cual declaró el defecto de los recurridos P.S. y S. y compartes;
Visto el auto dictado el 2 de marzo de 1998, por el Magistrado J.G.V., Presidente de la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, juntamente con los M.J.L.V., J.A.S. y E.R.P., Jueces de este Tribunal, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 del 1934 y 926 de 1935;
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que en fechas 5 de julio y 20 de septiembre de 1988, suscritas la primera por el Dr. P.A.P. a nombre de P.A., Higinia y M.S. y S.; y la segunda por los Lic.s J.M.P. y E.A.L., a nombre de los señores J.M.V.S., D.V. y J.P.V., sometieron al Tribunal Superior de Tierras, sendas instancias a fines de obtener la revisión por causa de fraude del proceso de saneamiento de las Parcelas Nos. 912 y 985, del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L.; b) que en relación con dicho recurso, el Tribunal Superior de Tierras dictó el 31 de enero de 1991, la sentencia ahora impugnada en casación, con el siguiente dispositivo: Primero: Se acoge, el recurso de revisión por causa de fraude elevado por los D.P.A.P., J.M.. P., E.A.L.G., R.G. y M.E.R.E., en relación con la parcela No. 985 del Distrito Catastral, No. 5 del municipio de L.; Segundo: Se declara nula la Decisión No. 1 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 18 de diciembre de 1987, confirmada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 23 de febrero de 1988, en relación con la parcela No. 985 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L.; Tercero: Se ordena, la celebración de un nuevo saneamiento, en relación con la parcela 985 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L., designándose para llevarlo a efecto al Juez del Tribunal de Tierras residente en Santiago, L.. U.A.F.B., a quien deberá comunicársele esta sentencia y enviársele el expediente para tales fines; Cuarto: Se ordena, la cancelación del Decreto de Registro No. 88-217 que ampara la Parcela 985 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L.; Quinto: Se ordena al Registrador de Títulos del Departamento de Puerto Plata, la radiación del Certificado de Título en caso de que se hubiese expedido; Sexto: Se rechaza, el recurso de revisión por causa de fraude en relación con la Parcela No. 912 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L.; y se confirma la Decisión No. 1 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 15 de diciembre de 1987 y confirmada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 29 de febrero de 1988 y se mantiene con toda su fuerza legal el Decreto de Registro No. 88-220 de fecha 18 de marzo de 1988";
Considerando, que el recurrente en su memorial de casación invoca los siguientes medios: Primer Medio: Violación al artículo 140 de la Ley de Registro de Tierras. Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Violación a los artículos 1317 y 1319 del Código Civil (valor probatorio de las actas auténticas); Tercer Medio: Violación a los artículos 2262 y 2265 del Código Civil (la larga prescripción abreviada por el justo título); y Cuarto y Último Medio: Insuficiencia de motivos, motivos contradictorios, falta de estatuir, falta de base legal;
Considerando, que en el desarrollo de los cuatro medios propuestos, los cuales se reúnen para su examen, el recurrente sostiene en síntesis: a) que en ninguna de las audiencias celebradas por el Tribunal a-quo los días 6 de febrero, 4 de julio y 29 de septiembre de 1989, los recurrentes aportaron prueba alguna del fraude alegado por ellos como era su deber, de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Registro de Tierras, según el cual el demandante debe presentar en la audiencia todas las pruebas, orales o escritas a los fines de su demanda, demostrativas de que el intimado obtuvo el registro fraudulentamente, es decir mediante maniobras, mentiras o reticencias para perjudicar al demandante en su derecho y que han permitido la obtención del decreto de registro; que los demandantes, según las notas de audiencia se limitaron a alegar que no fueron citados por el Juez de Jurisdicción Original y que basan sus derechos en un documento de pesos de título en el sitio comunero de Suflé que data del año 1903; que al no aportarse en absoluto ninguna prueba que demuestre actuación dolosa por parte del demandado, el tribunal estaba obligado a rechazar la instancia, en virtud del artículo 140 de la Ley de Registro de Tierras y que al no hacerlo así, violó dicho texto; que en el informativo celebrado en las audiencias del 4 de julio y 29 de septiembre de 1989, todos los testigos, incluyendo los de los demandantes, declararon que la sucesión S. desde antes de 1920 dejó de tener posesión material en esas tierras y que quien entró a ocuparlas fue el señor C.B., a la muerte de cuya esposa, él repartió las mis- @ESPECIAL = mas con sus hijos, entre los que se encontraba I.B., quien continuó ocupándolas hasta que le vendió una parte a R.M.V. y otra a D.B.R., que al deponer los testigos bajo la fe de juramento el tribunal no podía acoger la demanda y al hacerlo incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa suficiente para anular el fallo en lo que respecta a la Parcela No. 985 propiedad del recurrente; b) que los únicos motivos dados por el Tribunal a-quo para justificar su fallo son los de que el J. del saneamiento no tuvo la oportunidad de examinar la procedencia de los derechos adjudicados al recurrente D.B.R. debido a que estando presentes en dicha audiencia tanto él como el vendedor fueron reticentes y nunca declararon quienes eran los poseedores originales de dichos terrenos, con lo que olvidó el tribunal que el recurrente fundó su reclamación en dos actas auténticas, debidamente transcritas que contienen las ventas en su favor de sendas porciones que hoy constituyen la Parcela No. 985 del Distrito Catastral No. 5 de L.; que dichos actos auténticos números 21, del 26 de mayo de 1983, y 3 del 6 de febrero de 1986, instrumentados por el notario público de Puerto Plata Dr. H.C.M., por lo que E.B.G., vende al recurrente 300 tareas cada uno formando un solo cuadro, obligaba al tribunal a acoger dicha reclamación en el saneamiento y que el Juez de Jurisdicción Original administró el valor probatorio de esas actas auténticas en virtud de los artículos 1317 y 1319 del Código Civil, que al no hacer lo mismo el Tribunal a-quo violó dichos textos legales y el principio que de ello se deriva; c) que aquel que de buena fe a adquirido un inmueble y se ha hecho extender título no debe correr el riesgo de ser eviccionado, dado que el artículo 2265 del Código Civil reduce a 5 años la prescripción si el verdadero propietario vive en el Distrito Judicial en el que radica el inmueble y a 10 años si esta domiciliado fuera de este distrito, que él alegó ser un poseedor a justo título y de buena fe y que estaba amparado en dicho texto legal, más aún porque era un continuador de la posesión de sus causantes, quienes la habían continuado de su padre C.B., quien la inició en el año 1929, lo que se estableció en el tribunal, el que a pesar de ello acogió la revisión por causa de fraude, retorciendo el artículo 2262 del Código Civil sin tomar en cuenta el derecho que tiene todo poseedor de sumar a su posesión la de su causante, por lo que se incurrió en la violación de los artículos 2262 y 2265 del Código Civil; y d) que en ninguna parte la decisión recurrida menciona los nombres de los recurrentes en revisión por causa de fraude, integrantes de las sucesiones de M.L.S. y Tomas Salas ni los demás recurrentes en revisión; que tampoco menciona la Parcela No. 972 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L. que figura en la instancia del 20 de septiembre de 1988 y sobre las que se formularon conclusiones en la instancia y en las audiencias; que sin embargo se consignan las conclusiones de los abogados R.G.R. y M.E.R.E. a nombre de los sucesores de T.S. y F.V. (a) P., sin que estos figurasen en la instancia y por tanto personas ajenas al proceso, las que sin embargo obtuvieron ganancia de causa; que el Tribunal a-quo no ponderó, ni analizó los argumentos y las pruebas escritas aportados por el recurrente, ni se contestaron sus conclusiones para rechazarlas, a pesar de estar fundadas en documentación y alegadas en dos escritos dirigidos al Tribunal en lo que se demuestra que C.B. era dueño de 1,500 tareas de terreno mensurado sembrado de yerba de guinea y cercada de @SIN SANGRÍA = alambre de púas, mayas y empalizadas y de 3,000 tareas de terreno de monte mensurado, porque en relación del sitio comunero de Suflé y el notario comisionado para la misma señor G.E.J., había otorgado acta y plano de mensura ordinario y en la constancia o H. de los que C.B. había comprado a P.S. y otros, dicho notario lo hace constar, a pesar de lo cual el Tribunal a-quo no ha dicho nada en relación con esas pruebas escritas, incurriendo en una contradicción de motivos al sostener que en los motivos de la decisión del Juez de Jurisdicción Original el aviso de emplazamiento y auto de fijación de audiencia en el saneamiento se realizó el 9 de abril de 1986 y luego expresar que los recurrentes en revisión por causa de fraude no fueron citados a las audiencias mencionadas por ante el primer juez para conocer del saneamiento de ambas parcelas, olvidando que de acuerdo con los artículos 64 y siguientes de la Ley de Registro de Tierras la fórmula en el referido aviso de "a todos a quienes pueda interesar vale citación "erga omnes", por lo que se ha incurrido en los vicios denunciados, según el recurrente que determina la nulidad de la sentencia recurrida", pero;
Considerando, que es de principio que los jueces que conocen el recurso de revisión por causa de fraude gozan de un poder soberano para apreciar, mediante la valoración e interpretación de los elementos de prueba sometidos al debate, si la parte demandante fue o no víctima del fraude que alega en apoyo de su recurso;
Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto, que el Tribunal a-quo para acoger la demanda en revisión por causa de fraude de los recurridos P.S. y compartes, en lo que se refiere a la Parcela No. 985, en relación con la cual limita su recurso de casación el recurrente, dio por establecido, mediante la ponderación de los elementos de prueba sometidos al debate, lo siguiente: "que el auto de fijación y citación de audiencia no da constancia de que los reclamantes fueron citados; b) que no consta en el expediente, el período mediante el cual se publicó el "aviso" contentivo de la fijación de audiencia y de emplazamiento a los interesados; este Tribunal advierte que en los motivos de la decisión dictada por el Juez a-quo consta que la publicación se efectuó el 9 de abril de 1986, en el periódico "El Sol", no obstante, este Tribunal Superior carece de los elementos para probar la veracidad de lo expuesto más arriba; además, advierte que el Juez a-quo no pudo establecer el origen de los poseedores originarios en relación con la Parcela No. 985 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L., debido a que los adquirientes reclamantes se limitaron a depositar los actos de venta a ellos en los años 1983 y 1986, omitiendo como su causahabiente había adquirido dichos terrenos, en relación con la Parcela No. 912 fue depositado un acto del año 1968;
Considerando, que igualmente se hace constar en la sentencia impugnada: "que en la audiencia celebrada para conocer del saneamiento de la Parcela No. 985 del Distrito Catastral No. 5 que nos ocupa, el Juez a-quo no tuvo la oportunidad de examinar la procedencia de los derechos que le fueron adjudicados al señor D.B.R., debido a que dicho reclamante, comprado como el vendedor quienes estuvieron presentes en dicha audiencias fueron reticentes y en ningún momento declararon quienes eran los poseedores originarios de dichos terrenos, por otra parte, los documentos de venta depositados tienen fechas de 1983 y 1986, por tanto carecen de tiempo para prescribir de acuerdo con nuestro Código Civil, que este Tribunal advierte, en relación con la Parcela No. 912 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L., que fueron depositados dos actas de compra de fechas 3 y 21 de abril de 1968, debidamente transcritos, lo cual justifica la prescripción de conformidad con el artículo 2262 del Código Civil, en tal virtud, este tribunal acoge el recurso de revisión por causa de fraude en relación con la Parcela No. 985 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L.; declara nula la Decisión No. 1 de fecha 18 de diciembre de 1987, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, confirmada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 23 de febrero de 1988; ordena la cancelación del decreto de registro que ampara la parcela mencionada y la radiación del Certificado de Título en caso de que hubiese sido expedido ordenando conocer de nuevo el saneamiento de la parcela mencionada; y, rechaza el recurso de revisión por causa de fraude intentado contra la Parcela No. 912 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de L., por los motivos expuestos más arriba, confirmando la Decisión No. 1 del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de fecha 15 de diciembre de 1987, confirmada por este Tribunal Superior en fecha 29 de febrero de 1988;
Considerando, que de lo que se acaba de transcribir no resulta ni la desnaturalización invocada por el recurrente, ni la violación de ninguno de los textos legales por él invocados, sin que tampoco se advierta ni insuficiencia, ni contradicción de motivos en la decisión, puesto que, tal como se ha expuesto más arriba el Tribunal a-quo pudo formar su convicción para admitir el recurso en revisión por causa de fraude de que conocía, no sólo en la ausencia de constancia en el expediente de la prueba de que la publicación del aviso de emplazamiento y auto de fijación de audiencia fuera publicidad en el periódico "El Sol" del 9 de abril de 1986, sino porque además al haber comprobado que los reclamantes, recurrentes en revisión por causa de fraude no fueron debidamente citados a las audiencias que al efecto celebrara el juez apoderado para conocer del saneamiento, lo que perjudicó a dichos demandantes al no poder reclamar sus derechos en los inmuebles de que se trata y agrega el Tribunal a-quo que el Juez de Jurisdicción Original no tuvo oportunidad de examinar la procedencia de los derechos que le fueron adjudicados al actual recurrente D.B.R., debido a que tanto él como su vendedor, quienes tuvieron presentes en la audiencia, fueron reticentes y en ningún momento declararon quienes eran los poseedores originales de dichos terrenos y que los documentos de venta de 1983 y 1986, carecían de tiempo necesario para prescribir de acuerdo con el Código Civil;
Considerando, que los elementos que caracterizan el fraude, y su intención, son evidentemente cuestiones de hecho cuya apreciación escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización que, como se ha dicho antes, no se ha probado en el caso ocurrente; que los demás alegatos del recurrente relativos al fondo, el está en capacidad de presentarlos en el nuevo saneamiento que ha ordenado el Tribunal Superior de Tierras, por la sentencia impugnada;
Considerando finalmente, que en cuanto a la insuficiencia de motivos, falta de estatuir y de base legal invocados por el recurrente, el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto, que dicho fallo contiene motivos suficientes, pertinentes y congruentes que justifican plenamente su dispositivo, y una exposición de los hechos y circunstancias de la causa que permiten a esta Suprema Corte de Justicia verificar, como Corte de Casación, que el derecho relativo al caso de que se trata ha sido bien aplicado; que, por consiguiente, los medios del recurso que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.
Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casación interpuesto por D.B.R., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 31 de enero de 1991, en relación únicamente a la Parcela No. 985, del Distrito Catastral No. 5, del municipio de L., cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y Segundo: Declara que no procede condenar en costas al recurrente, en razón de que al haber hecho defecto los recurridos, no han hecho tal pedimento.