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Timestamp: 2017-08-20 17:20:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 4', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 385', 'e contrario']

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.
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Luz Montes Martín
1 SENTENCIA No. 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, nueve de marzo del año dos mil cuatro. Las ocho y cuarenta y cinco minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: I Por oficio del diecisiete de Junio del año dos mil dos, suscrito por el Jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (D.I.C.) recibido el mismo día, la Policía Nacional de Estelí remitió al Juez de Distrito del Crimen de Estelí, la causa por Tráfico Interno de Estupefaciente Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas instruida bajo Expediente Policial No contra los ciudadanos Félix de Jesús Valle Trujillo, Jhovany Salvador Quinto Osorno y Oscar José Manzanares Selva, por ser los presuntos autores del delito de Tráfico Interno de Estupefaciente Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas en perjuicio de la salud Pública, por lo que aquel Juzgado por auto cabeza de proceso que dictó a las dos de la tarde del día diecisiete de Junio del año dos mil dos ordenó seguir el informativo de ley para proveer con su resultado y encausó a los señores Félix de Jesús Valle Trujillo, Jhovany Salvador Quinto Osorno y Oscar José Manzanares Selva, se puso en conocimiento del Ministerio Público teniéndose como parte a la fiscal Departamental Licenciada Sandra Matta Sarantes; se les previno nombraran sus respectivos Abogados defensores; nombrando el primero a la Licenciada Esmeralda Morazán Casco, el segundo al Licenciado Kenex Guardado Savillón y el tercero pidió se le nombrara de oficio recayendo dicho nombramiento en la Licenciada infieri Esmeralda Morazán Casco; La citada diligencia ordenó de conformidad a los artículos 48 y 49 de la Ley 285 Ley de estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias controladas, realizar inspección ocular en la droga encautada. En el curso de la instructiva se produjeron las siguientes diligencias: El día dieciocho de Junio del año dos mil dos se recibieron las declaraciones indagatorias de los procesados; rola escrito del procesado Félix de Jesús Valle Trujillo solicitando cambio de defensa proponiendo al Licenciado Carlos Javier Chavarría Rivas, en sustitución de la Licenciada Esmeralda Morazán Casco a quienes se les notificó. Rola en el folio 45 Acta de inspección ocular del día dieciocho de Junio del año dos mil dos. Se proveyó al Capitán Modesto Zeledón de la oficina de criminalista de la Policía Nacional para que se realizara examen químico en la droga incautada. El Licenciado Leopoldo Castrillo Ramos, en representación de la señora Mirna Maria Habed Cornavaca, presentó escrito solicitando la devolución del vehículo incautado por ser propiedad de su representada adjuntando Poder Especial y declaración de la señora Habed Cornavaca brindada en la Dirección de Investigaciones Criminales. Escrito del defensor Carlos Javier Chavarría Rivas solicitando ampliación de la declaración Indagatoria de los procesados y fotocopia del expediente, en los folios 53 y 54 rola informe pericial del Laboratorio de criminalista de la Policía Nacional, concluyendo que la droga examinada corresponde a heroína. Declaración Ad Inquiréndum de Ernesto Matías Hernández Hudiel, Se tomó declaración testifical de Carmelo Zeas Herrera. Por auto de las tres de la tarde del veinticuatro de Junio del dos mil dos se mandó ampliar las declaraciones de los procesados y a incinerar la droga incautada. Escrito de la Fiscal Departamental Licenciada Sandra Mata Sarantes solicitando comparezcan en calidad de testigos los oficiales de Policía Rigoberto Blandón Ruiz y Lenar Gutiérrez Rugama. Rola en el folio 63 informe pericial del jefe de Laboratorio de Criminalista relacionado con la investigación química concluyendo que la sustancia incautada a los procesados corresponde a heroína. Se recibieron fototabla de la droga incautada así como fotografías de los procesados. Escrito del Licenciado Kenex Guardado Savillón defensor del procesado Jhovany Salvador Quinto Osorno solicitando sea llamado a declarar como testigo Jorge Abed Quant. Se ampliaron las declaraciones indagatorias de los procesados Félix de Jesús Valle Trujillo, Jhovany Salvador Quinto Osorno y Oscar José Manzanares Selva, Se tomaron las declaraciones testificales de Juan Daniel Montenegro Molina, del comisionado de la Policía Nacional Domingo de Jesús Navas Funes, Rigoberto Rogelio Blandón Ruiz, Francisco Javier Sánchez Díaz, Lenar Gutiérrez Rugama. Escrito del defensor Carlos Javier Chavarría Rivas solicitando sobreseimiento definitivo para su defendido Félix de Jesús Valle Trujillo. Rola en el folio 103 acta de incineración con fecha veintiséis de Junio del año dos mil dos. A las siete y treinta minutos de la noche del día veintiséis de Junio del año dos mil dos el Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí dictó la sentencia interlocutoria de calificación de los hechos e imputación de responsabilidad, habiéndose ordenado en ella que los procesados Félix de Jesús Valle Trujillo, de cincuenta y siete años de edad, soltero comerciante y del domicilio de Tipitapa departamento de Managua; Oscar José Manzanares Selva, de cuarenta y seis años de edad, soltero técnico Agrícola y del domicilio de Managua y Jhovany Salvador Quinto Osorno, de treinta y cuatro años de edad, casado tipógrafo y del domicilio de Managua, permanezcan en segura y formal prisión por ser los autores del delito de Tráfico Interno de Estupefacientes Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, en perjuicio de la Salud Pública. Notificadas que fueron las partes apelaron de la Resolución los defensores Carlos Javier Chavarría Rivas y Esmeralda Morazán Casco. Por auto de las tres de la tarde del día cinco de Julio del año dos mil dos, se admitió la Apelación en el efecto devolutivo. Escrito del procesado Félix de Jesús Valle Trujillo solicitando cambio de defensa proponiendo a la Licenciada Diana Trujillo Moreno, en sustitución de Carlos Javier Chavarría Rivas, nombramiento que se hizo saber a las partes. Auto del ocho de Julio del año dos mil dos, mandando escuchar a la Fiscal Departamental Matta Sarantes, sobre la devolución del vehículo solicitado por la señora Mirna Maria Habed Cornavaca. El día doce de Julio del año dos mil dos se notificó la sentencia dictada a los procesados, quienes fueron filiados y se les recibió respectiva confesión con cargos, acto en el cual cada uno de los procesados dijeron no ser responsable de la imputación criminal que se les hacía; se elevo la causa a plenario. Escrito del Licenciado Leopoldo Castrillo Ramos, presentando recibo de caja y Boletín de liquidación extendidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que se refiere al vehículo en que viajaban los procesados al momento de la captura; escrito del Licenciado Mauricio Peralta Espinoza, fiscal auxiliar de Estelí pronunciándose sobre la devolución del vehículo. Escrito del procesado Jhovany Salvador Quinto Osorno, solicitando cambio de defensa proponiendo a la Licenciada Juana de Fátima Manzanares López, en sustitución del Licenciado Kenex Guardado Savillón, nombramiento que se hizo saber a las partes. Auto del treinta y uno de Julio del año dos mil dos
2 proveyendo para que el vehículo fuese entregado en calidad de deposito al Licenciado Leopoldo Castrillo Ramos, y acta de deposito de la misma fecha del auto referido. Se corrieron las primeras vistas a cada una de las partes; iniciando en primer lugar con el Fiscal Auxiliar Licenciado Mauricio Peralta Espinoza. Dos escritos de la Licenciada Manzanares López solicitando valoración médica por lo que adjunta constancia y que comparezca en calidad de testigo el señor Jorge Habel Cornavaca. Por auto del seis de Agosto se ordenó que las primeras vistas continuaran con la Licenciada Diana Trujillo Moreno. Escrito de la Licenciada Diana Trujillo Moreno renunciando al término de los tres días de las primeras vistas a que tiene derecho. Auto del siete de Agosto del dos mil dos, ordenando que continúen las primeras vistas con la Licenciada Esmeralda Morazán. Por auto del trece de Agosto del dos mil dos se continúan las primeras vistas con la Licenciada Juana de Fátima Manzanares; escrito de la nominada Licenciada renunciando al término de los tres días. Auto del quince de Agosto del año dos mil dos, abriendo la causa a pruebas por el término de diez días. La Licenciada Trujillo Moreno, presento escrito solicitando se cite a declarar en calidad de testigos a los señores: Róger Narváez Obando, Juan José López Mendoza, Antonio Hernández Grijalba, William José Barahona Sánchez y Pedro Valle; al mismo tiempo solicita que se gire oficio al Juez de Distrito del Crimen de Tipitapa para que ordene celebrar inspección ocular judicial en la casa de su defendido Félix Valle. Se proveyó lo solicitado por las defensoras Juana de Fátima Manzanares y Trujillo Moreno por lo que se giró exhorto a la Doctora Vanesa Chévez, Juez Cuarto de Distrito del Crimen de Managua, con la finalidad de que se mande a citar al señor Jorge Habed Quant, y a la vez se citó para que se recibieran las declaraciones testificales solicitadas; se tomaron las declaraciones testificales de los señores: José Armando Silva, José Antonio Hernández Grijalva, Tómas Salgado, José Leonel Tórrez Tórrez, Juan José Mendoza y William José Barahona; escrito del Licenciado Leopoldo Castrillo Ramos. La Licenciada Juana de Fátima Manzanares, solicitó ampliación del período probatorio y se proveyó no ha lugar a lo solicitado. Por auto del veintisiete de Agosto del año dos mil dos, se corrió traslado a las partes para las segundas vistas, las que deberán iniciar con la fiscal Departamental Licenciada Sandra Matta Sarantes. La Licenciada Juana de Fátima Manzanares, presentó escrito alegando nulidades del proceso. Escrito de la Licenciada Diana Trujillo Moreno, alegando nulidades del proceso y por concluidas las diligencia, por auto del tres de Octubre del año dos mil dos se citó a las partes para dictar sentencia. A las tres de la tarde del nueve de Octubre del año dos mil dos, el Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí dictó sentencia condenando a los procesados Félix de Jesús Valle Trujillo, Jhovany Salvador Quinto Osorno y Oscar José Manzanares Selva, todos de generales en auto, a la pena de siete años de presidio mas las accesorias de Ley y una multa de un millón de Córdobas por ser autores del delito de Tráfico Interno de Estupefacientes Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado de Nicaragua, sentencia que les fue notificada a los defensores el día catorce de Octubre del dos mil dos y a los procesados el día veintinueve de Noviembre del mismo año quienes Apelaron por no estar conforme. El reo Oscar Selva Manzanares solicitó cambio de defensa proponiendo a la Licenciada Juana de Fátima Manzanares, en sustitución de la Licenciada Esmeralda Morazán Casco. A las doce y veinte minutos de la tarde del dos de Diciembre del dos mil dos se dictó auto que admite en ambos efectos la apelación interpuesta por los procesados, en el acto de la notificación, por lo que en el mismo auto se emplazo a las partes para hacer uso de sus derechos ante el tribunal de Apelaciones Circunscripción de Las Segovias. Con lo que concluyeron las diligencias de primera instancia. II El día cuatro de Diciembre del dos mil dos, se personaron las Licenciadas Diana Trujillo Moreno y Juana de Fátima Manzanares, ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción de Las Segovias; por auto de las nueve y veinte minutos de la mañana del veintisiete de Diciembre del dos mil dos, la Sala Penal del Tribunal referido radicó la causa numero 214, tuvo por apersonados a los letrados mencionados y corrió traslados a la Licenciada Juana de Fátima Manzanares defensora apelante, quien el día tres de Enero del dos mil tres expresó agravios para mejorar su recurso de Apelación en contra de la sentencia condenatoria dictada contra Jhovany Salvador Quinto Osorno y Oscar José Manzanares Selva. Por auto del siete de Enero del dos mil tres, la Sala Penal del Tribunal referido corrió traslado a la Licenciada Diana Trujillo Moreno, quien el día tres de octubre del dos mil dos expresó sus respectivos agravios; escrito de la Fiscal Departamental de Estelí Licenciada Sandra Matta Sarantes, pidiendo se tenga al Ministerio Público como parte y por auto del quince de Enero del dos mil tres, el que fue notificado el veinte del mismo mes, se le corrió traslado por cinco días para que conteste agravios; por escrito presentado hasta el siete de Febrero del dos mil tres dijo que contestaba agravios. El reo Félix de Jesús Valle Trujillo, solicitó cambio de defensa proponiendo a la Licenciada Juana de Fátima Manzanares, en sustitución de la Licenciada Diana Trujillo Moreno, por lo que por auto del catorce de Febrero del dos mil tres se le discernió del cargo a la Licenciada Juana de Fátima Manzanares. A las nueve y doce minutos de la mañana del primero de Abril del año dos mil tres, la Sala dictó Sentencia reformando la sentencia apelada para los efectos de fijar la pena impuesta a los reos Félix de Jesús Valle Trujillo y Jhovany Salvador Quinto Osorno a cinco años de presidio y multa de un millón de córdobas, mas las penas accesorias de ley, confirmando la sentencia contra Oscar José Manzanares Selva de generales en autos; notificada que fue la sentencia a la defensora de los tres procesados Licenciada Juana de Fátima Manzanares, esta interpuso recurso extraordinario de casación, en base a las causales 1ª y 4ª del articulo 2 de la Ley de Recurso de Casación en materia Criminal. Por auto de las tres de la tarde del veintinueve de Abril del año dos mil tres, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias admitió en ambos efectos el recurso de casación, interpuesto y emplazó a las partes para estar a derecho ante el respectivo superior, con lo que concluyeron las diligencias de segunda instancia. III Por escrito de las dos y treinta y cinco minutos de la tarde del veintiuno de Mayo del año dos mil tres, se personó en esta Sala la recurrente defensora Juana de Fátima Manzanares López, expresando en el mismo escrito los respectivos agravios; por auto de las nueve y quince minutos de la mañana del nueve de Junio del año dos mil tres, esta Sala Penal radicó los autos y tuvo como personada a la defensora
3 recurrente a quien le dio la intervención de ley, mandó a comunicar lo proveído al Ministerio Público y siendo que la recurrente expresó agravios en su escrito de personamiento y que el Ministerio Público no se personó previno a las partes para que presentaran sus escritos y documentos adjuntos, conforme lo ordena el artículo 60 del Reglamento de la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial y por estar conclusos los autos se citó para sentencia, con lo que concluyeron las diligencias en la tramitación de este Recurso de Casación, por lo que es el caso de resolver lo que en derecho corresponde. SE CONSIDERA: I Que en el escrito de interposición del recurso de casación la recurrente hace mención de las sentencias siguientes: a) Sentencia interlocutoria de las siete y treinta minutos de la noche del veintiséis de junio del año dos mil dos, dictada por el Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí, y que se refiere al auto de prisión; b) Sentencia condenatoria de las tres de la tarde del nueve de Octubre del año dos mil dos dictada por el juzgado antes mencionado; c) Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias de las nueve y doce minutos de la mañana del primero de Abril del año dos mil tres; con posterioridad refiere que en el momento de ocuparse la supuesta droga el Fiscal no compareció ni firmó el acta de incautación y que los testigos Zeas Herrera, Montenegro Molina Lezama omitieron presentar sus respectivas cédulas de identidad en el acto de rendir sus declaraciones, por lo que se han violado los artículos 4 y 49 de las Leyes número: 152 ( Ley de identificación ciudadana) y Ley 285 (Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas), respectivamente. Refiere también que durante el juicio de primera instancia se violó lo contenido en los artículos 442 y 443 del Código de Instrucción Criminal y que igualmente dicha violación tampoco fue valorada y estimada por la honorable Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias. A la vez hace mención la recurrente que en la sentencia interlocutoria no se aplicó las disposiciones constitucionales, las cuales no identifica diciendo únicamente que están en nuestro ordenamiento jurídico específicamente en el Código de Instrucción Criminal. Concluyendo la recurrente que en base a lo planteado da suficiente mérito para interponer el recurso extraordinario de casación, de conformidad al articulo 2 numerales 1 y 4 de la Ley de Casación en Materia Criminal de 29 de agosto de 1942 y pide que se le admita el Recurso interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria de conformidad al articulo 4 de la Ley antes mencionada. La Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias admitió libremente el recurso y lo consideró interpuesto contra la Sentencia Reformatoria que dictó esa misma Sala a las nueve y doce minutos de la mañana del primero de Abril del año dos mil tres. II En el escrito de apersonamiento y expresión de Agravios que la recurrente presentó refiere que recurre contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí, a las siete y treinta minutos de la noche del veintiséis de Junio del año dos mil dos, en tanto que los agravios expresados en base a la causal primera del articulo 2 de la Ley de Casación en materia criminal y después con fundamento en la causal cuarta del mismo articulo, fueron referidos contra la Sentencia interlocutoria objeto de este Recurso. Vemos pues que no se ha recurrido, ni se ha expresado agravios contra la Sentencia reformatoria de la Condenatoria dictada por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias. III El artículo 2 de la Ley de Casación en lo Criminal, refiere que este recurso se concede contra las Sentencias definitivas e interlocutorias con fuerza de tales que no admitan otro recurso. Si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley referida permite recurrir contra las Sentencias interlocutorias como las del auto de segura y formal prisión, esto debe de hacerse, tal y como se conoce en el argot judicial, en ancas u ocasión de articular el recurso contra la Sentencia definitiva o con fuerza del tal, que no admita otro recurso. En el caso de autos vemos que la recurrente no cumple con los requisitos o condiciones que para el correcto ejercicio de su acción casacional establece la Ley, notándose que todas sus alegaciones y argumentos están dirigidos a refutar el auto de Prisión tal y como lo expreso en sus agravios y que podemos observar en el considerando primero. En consecuencia de conformidad con los artículos 12 y 30 de la ley de Casación en materia Criminal; y 2002 in fine Pr y siendo el criterio de este Supremo Tribunal quien en reiteradas Sentencias ha mantenido la doctrina de que para recurrir en Casación de una Sentencia Interlocutoria debe de hacerse al mismo tiempo que se impugna por Casación la Sentencia definitiva del Tribunal de Alzada, de acuerdo con el Articulo 4 de la Ley del 29 de Agosto de 1942, (B.J. págs. 76 del año del año 1968, 372 del año 1963, 236, año 1969, 8:30 a.m. del 2 de Marzo de 1971, Sentencia 10:30 a.m. 7 de Marzo de 1972 y Sentencia de las 10:00 a.m. del 9 de Mayo de Pág 112 Cons. I.). No existe mérito para admitir el presente recurso de casación interpuesto en forma autónoma contra la sentencia interlocutoria de auto de segura y formal prisión, dictada por el Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí, a las siete y treinta minutos de la noche del veintiséis de junio del año dos mil dos, por lo que debe declararse improcedente el recurso de casación por haber sido indebidamente admitido. POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, consideraciones hechas, Leyes, artículos y Boletines Judiciales citados; artos. 13, 18, 21, 22, 23 y 143 numeral 2, Ley Orgánica del Poder Judicial; artos. 1, 4 y 30 del Decreto número 225, Ley de Casación en lo criminal del 29 de agosto de 1942; y artos: 413, 414, 424, 426, 429, 434, 435, 436, 442 in fine, y 2002 in fine Pr., los suscritos Magistrados, resuelven: I. Se declara improcedente el recurso contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias de las nueve y doce minutos de la mañana del primero de Abril del año dos mil tres, en consecuencia queda firme la dictada. II. Es improcedente el recurso interpuesto por la
4 Licenciada Juana de Fátima Manzanares López en su carácter de defensora de los reos Félix de Jesús Valle Trujillo, Jhovany Salvador Quinto Osorno y Oscar José Manzanares Selva, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí, a las siete y treinta minutos de la noche del veintiséis de junio del año dos mil dos. III. No hay costas a cargo de la parte recurrente. IV. Cópiese, notifíquese, publíquese y en su oportunidad vuelvan los autos a la Sala del Tribunal de origen con testimonio concertado de lo aquí resuelto. Esta sentencia se encuentra escrita en cuatro hojas de papel bond membretado de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. NUBIA O. DE ROBLETO, RAMÓN CHAVARRÍA D., MANUEL MARTÍNEZ S., Y. CENTENO G. GUILLERMO VARGAS S., A. L. RAMOS, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio. SENTENCIA No. 2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, diecinueve de Mayo del año dos mil cuatro. Las ocho y cuarenta y cinco minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: I Por remisión de la Instructiva Policial número 2136/99 que hizo el Jefe de Investigaciones Criminales (DIC) al Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua el día veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, se empezó a instruir la causa del Expediente número en contra de los señores Carmen Mercedes Chavarría Guido y Jairo Antonio Acevedo Acevedo por ser los presuntos autores del delito de Asesinato en perjuicio de Claudia Ivette Alemán Martínez. El auto cabeza de proceso se dictó a las cuatro y cinco minutos de la tarde del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. A las seis y treinta minutos de la tarde del treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, fulminó sentencia de auto de segura y formal prisión en contra de Jairo Antonio Acevedo Acevedo en calidad de autor y de Carmen Mercedes Chavarría Guido en calidad de cómplice por el delito de Asesinato. Notificada que fue la sentencia interlocutoria referida ambos procesados Apelaron de la misma por lo que se les concedió la alzada en el efecto respectivo. Los reos fueron filiados y se les recibió confesión con cargos por lo que la causa se elevó a plenario, habiéndose agotado los trámites de Ley. El día veintinueve de Marzo del año dos mil el Tribunal de Jurado encontró culpable a Jairo Antonio Acevedo Acevedo e inocente a Carmen Mercedes Chavarría Guido, por lo que a las diez y cinco minutos de la mañana del veintiséis de Abril del año dos mil el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, dictó sentencia condenatoria imponiéndole a Jairo Antonio Acevedo Acevedo la pena de quince años de presidio más las accesorias de Ley por ser autor del delito de Asesinato en perjuicio de Claudia Ivette Alemán Martínez, en tanto que absolvió a la procesada Carmen Mercedes Chavarría Guido. Notificada que fue esta sentencia condenatoria, la Abogada Reyna Jarquín Zepeda, defensora del reo Acevedo Acevedo, apeló, por lo que se le concedió la alzada en el efecto libre y se le emplazó para estar a derecho ante el respectivo superior, con lo que concluyeron las diligencias de primera instancia. - Una vez que fue admitida la Apelación la Abogada defensora se apersonó y expresó agravios y corridos que fueron los trámites de ley con el Ministerio Público, la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, A las dos y cuarenta minutos de la tarde del diecisiete de Febrero del año dos mil tres dictó Sentencia que reformó la dictada por el Juez A quo a las diez y cinco minutos de la mañana del veintiséis de Abril del año dos mil, imponiéndole al reo Jairo Antonio Acevedo Acevedo la pena principal de veinte años de presidio más las accesorias de Ley, lo que se notificó a las partes. Por no estar de acuerdo con la pena impuesta el Licenciado infieri Juan Ramón Pasos, nuevo Abogado defensor del reo Jairo Antonio Acevedo Acevedo interpuso recurso extraordinario de casación en contra de dicha sentencia de conformidad con los artos. 5 y 6 del Decreto No. 225 del 29 de agosto de 1942, Ley de Casación en Materia Penal, basándose en las causales 1, 4 y 6 del articulo segundo de dicha Ley. Por auto de las tres y treinta y cinco de la tarde del dieciocho de Marzo del dos mil tres, la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, admitió en ambos efectos el recurso de casación interpuesto y emplazó a las partes para estar a derecho ante el respectivo superior, con lo que concluyeron las diligencias de segunda instancia. SE CONSIDERA: I Por escrito presentado a las tres y cuarenta minutos de la tarde del día primero de Abril del año dos mil tres, se personó el recurrente defensor Juan Ramón Pasos; por lo que esta Sala Penal radicó los autos y le tuvo como personado concediéndole la intervención de ley, y mandó comunicar lo proveído al Ministerio Público, previniendo a las partes para que presentaran sus escritos y documentos adjuntos, conforme lo ordena el artículo 60 del Reglamento de la Ley No. 260, Ley Orgánica del Pod er Judicial. A las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde del cuatro de Junio del año dos mil tres, el Licenciado Juan Ramón Pasos presentó su escrito de Expresión de Agravios, los que contestó el Representante del Ministerio Público por escrito presentado el dieciséis de Junio del año dos mil tres. A las nueve y veinticinco minutos de la mañana del año señalado la Sala de lo Penal del Supremo Tribunal citó para sentencia, por estar conclusos los autos, con lo que concluyeron los trámites del Recurso de Casación y es el caso de resolver lo que en derecho corresponde. II En su escrito de interposición del recurso extraordinario de Casación el recurrente expresa que lo articula contra la Sentencia número 25 dictada a las dos y cuarenta minutos de la tarde del día diecisiete de febrero del año dos mil tres por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones
5 Circunscripción Managua, que se le notificó por cédula a las once y cincuenta y siete minutos de la mañana del veinte de febrero del dos mil tres y en él manifiesta que impugna la sentencia dictada por la Sala A quo con fundamento en las Causales: Cuarta, Primera, Cuarta y Sexta del artículo 2 de la Ley de Casación en Materia Penal (sic). La Causal Primera se refiere a violación, mala interpretación y aplicación indebida de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la calificación del delito, a la aplicación de la pena, a la punibilidad del hecho inquirido y a la participación en este del procesado. La Causal Cuarta comprende los errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba; en tanto que la Causal Sexta se refiere a la posibilidad de que la sentencia sometida a la censura de la casación contenga alguna de las nulidades mencionadas en los artículos 443 y 444 In. y 2058 Pr. (Casación en la forma por nulidades de procedimiento o in procedendo.). III El escrito de expresión de agravios del recurrente Juan Ramón Pasos, consta de dos Agravios. Su Primer Agravio está contenido del frente del folio uno, parte final, al frente del folio cuatro, primera parte, y en él expresa que es nula la sentencia reformatoria dictada por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, por no haberse ajustado a la prescripción del arto. 184 In. y no estar suficientemente motivada. Y agrega el recurrente: Que la Sala sentenciadora A quo no interpretó en debida forma las pruebas testificales que rolan en el proceso, refiriéndose en concreto a las que obran en los folios: 2, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 28, 38, 39, 40, 64, 68, 69, 131, 132, 133 y 134; en tanto que fueron mal apreciados los medios de prueba que figuran en los folios: 3, Acta de Inspección Ocular; 177 al 181, Informe Pericial del Laboratorio de Criminalista sobre fibras de pelo y sangre examinados; 182 y 183 Informes Periciales sobre navaja examinada; 213 al 218 Informe Pericial sobre exámenes de sangre y fibras. En los folios cuarto, parte final, quinto y sexto de su escrito de agravios, el defensor Juan Ramón Pasos expresa su Segundo Agravio el cual refiere que la Sentencia número quinientos treinta y tres (533), de las seis y treinta minutos de la tarde del treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, que impuso auto de segura y formal prisión por el delito de asesinato a los procesados Jairo Antonio Acevedo Acevedo y Carmen Mercedes Chavarría Guido en calidad de autor y cómplice respectivamente, violenta los derechos individuales de su defendido, pues según su criterio el proceso debió ajustarse a lo que se expone en los folios cuatrocientos cuarenta y cuatro y cuatrocientos cuarenta y cinco (444 y 445) que contienen citación y auto de dos y cincuenta minutos de la tarde del catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el cual accede a la petición de citar a un testigo. Acto seguido el recurrente, bajo este motivo de queja o censura, expone: Que no se tomaron en cuenta, o que se evadieron las preguntas que aparecen en los folios del 360 al 363; del 377 al 381; del 404 al 407; y del 601 al 602; que no se probó lo que dispone el artículo 43 In. (Requisitos de la acusación.); y que le causa agravios la sentencia condenatoria número 240 dictada a las diez y cinco minutos de la mañana del veintiséis de abril del año dos mil por el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua. Para finalizar, el recurrente expresa que la jurisprudencia nacional y la sana crítica expresan que las diligencias policiales deben corroborarse dentro del proceso judicial para ayudar a esclarecer los hechos y llegar a la verdad y que encausa este Segundo Agravio en la Causal Cuarta del artículo 2 de la Ley de Casación en Materia Penal del 29 de agosto de Hecha la exposición anterior sobre el contenido del Escrito de Agravios del recurrente, procederemos a examinar sus argumentos. IV Lo expuesto en el considerando anterior nos permite afirmar que el recurrente en su Primer Agravio se refiere tanto a la nulidad de la sentencia por falta de motivación, como a violaciones, malas interpretaciones o aplicación indebida de disposiciones legales, y para ello señala la mala apreciación que ésta hizo de innumerables piezas del proceso, las cuales referimos oportunamente. Es obvio que el recurrente no se apegó a la técnica casacional establecida por la Ley: no señaló las causales invocadas y no encasilló las disposiciones señaladas como violadas, además de no expresar con claridad el concepto de la nulidad y violaciones. (Sentencia de las 12:00 m. de 27 de enero de 1992, Cons. Único.). Antes bien, el recurrente en este su Primer Agravio mezcló situaciones que son típicas de la Causal Primera con otras que son propias o características de las causales cuarta y sexta, pero no expresó con claridad y precisión los conceptos en que estima que la sentencia impugnada incurrió en la infracción de Ley que alega (arto. 6 Ley de Casación en Materia Penal). Esta circunstancia impide que la Sala de lo Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia entre a considerar los agravios expresados en función de la Causal Primera, que es a la que en términos generales, y haciendo un gran esfuerzo de nuestra parte, entendemos que se refiere este Primer Agravio. En casación no es permitido suplir las omisiones en que incurre el recurrente. La Sala encuentra también, que el defensor Juan Ramón Pasos incurrió en falta de técnica procesal al configurar sus segundos agravios los que con gran esfuerzo de nuestra parte entendemos que trató de fundamentarlos en las causales cuarta y sexta del artículo 2 del Decreto No. 225, pues no refirió si los posibles errores en que incurrió la Sala sentenciadora fueron errores de hecho o errores de derecho. Tampoco dijo el recurrente cuáles fueron las disposiciones constitucionales o derechos individuales de su defendido violados directamente por la sentencia recurrida. En todo caso, la violación de los preceptos constitucionales solo es posible alegarla con fundamentos en la causal primera de la Ley, por lo que nuevamente se impone decir que el recurrente al expresar estos segundos agravios mezcló argumentos y conceptos propios de dos causales diferentes. Así mismo, el recurrente fue incapaz de referir de manera clara el concepto de los agravios fundamentados en esta causal, por lo que cabe repetir los argumentos expresados en el Considerando anterior para rechazar esta Causal Cuarta. (Sentencia de las 9: 30 a.m. del 13 de septiembre de Cons. Único). V Por lo que hace a supuestos Agravios expresados con fundamento en la causal sexta debemos decir que el recurrente fue vago y confuso a este respecto y no logró precisar los conceptos en que hizo consistir dicha nulidad. De igual forma, y con gran esfuerzo de nuestra parte, apreciamos que el recurrente
6 expuso de manera confusa este motivo de queja en sus primeros agravios cuando expresó que la sentencia era nula por falta de motivación, lo que hizo conjugando la causal sexta con la causal primera de la ley de la materia, por lo que nuevamente se impone decir que el recurrente adolece de técnica procesal, por lo que habrá que desestimar los agravios expresados en base a esta causal. VI Los agravios expresados contra las sentencias de auto de segura y formal prisión y condenatoria, dictadas por el Juez Segundo de Distrito de lo Penal de Managua, a las que el recurrente se refiere de manera breve y confusa en su escrito de agravios, no puede tomarlos en cuenta la Sala de lo Penal desde luego que el defensor no recurrió estas sentencias en forma directa y en ocasión de interponer su recurso extraordinario de casación, como lo prescribe o determina el artículo 4 de la Ley de Casación en Materia Penal. El Escrito de interposición del Recurso de Casación del recurrente se refiere únicamente a la sentencia reformatoria de condena dictada por la Sala A quo. Esta Sala de lo Penal observa también que el recurrente al expresar agravios invocó como punto nuevo la causal segunda del artículo 2 de la Ley de Casación en Materia Penal, (ver folio cuatro escrito de agravios, primer párrafo, parte final:... encauso a lo versado en el inciso 2, 4, 6 del artículo 2 del Decreto 225) novación que no es permitida por la técnica casacional, ya que así lo determina el artículo 6 de la Ley de la materia. Lo anterior constituye razón suficiente para no entrar a conocer los agravios que el recurrente expresa con fundamento en esta causal 2. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia considera que la acción ejercida en el presente recurso no tiene mérito para casar la sentencia recurrida por el Licenciado Juan Ramón Pasos defensor del reo Jairo Antonio Acevedo Acevedo, y así debe declararse. POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, consideraciones hechas, Leyes, artículos y Boletines Judiciales citados; artos: 413, 414, 424, 426, 429, 434, 435 y 436 Pr., artos. 13, 18, 21, 22, 23 y 143 numeral 2, Ley Orgánica del Poder Judicial; artos. 1, 2, 4 y 6 del Decreto número 225, Ley de Casación en lo criminal del 29 de agosto de 1942; los suscritos Magistrados, resuelven: I. Se declara improcedente el Recurso de Casación interpuesto por el Licenciado Juan Ramón Pasos defensor de Jairo Antonio Acevedo Acevedo en contra de la Sentencia dictada a las dos y cuarenta minutos de la tarde del día diecisiete de Febrero del año dos mil tres, por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, la que en consecuencia queda firme. II. No hay costas a cargo de la parte recurrente. III. Cópiese, notifíquese, publíquese y en su oportunidad vuelvan los autos a la Sala del Tribunal de origen con testimonio concertado de lo aquí resuelto. Esta sentencia se encuentra escrita en tres hojas de papel bond membreteado de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. GUILLERMO VARGAS S., RAMÓN CHAVARRÍA D., NUBIA O. DE ROBLETO M. AGUILAR G., A. CUADRA L., A. L. RAMOS, MANUEL MARTÍNEZ S., Y. CENTENO G., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio. SENTENCIA No. 3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, veinte de Mayo del año dos mil cuatro. Las ocho de la mañana. VISTOS, RESULTA: Mediante escrito presentado a las dos y treinta minutos de la tarde del día diez de diciembre del año dos mil uno, el señor Sergio Morice Jirón portador de la cédula de identidad número A, compareció ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, promoviendo acusación por el delito de Falsificación de Documento Público, invocando el Arto. 473 Pn., sin especificar en cual de las ocho causales fundamentaba su acusación, la cual entabló en contra del Notario Róger Pérez Aguilar, portador de la cédula de identidad número L. Alegó para demostrar su acusación que el doctor Carlos Arroyo Ugarte en su carácter de apoderado especial judicial del Señor Luis Alejandro Román Trigo, presentó en su contra denuncia por supuesto delito de estelionato; que dicho poder fue otorgado por el aludido Román Trigo ante el oficio del Notario Róger Pérez Aguilar, en escritura número 69, de su Protocolo número 22 en Peñas Blancas, Cantón de la Cruz, Provincia de Guanacaste, de la República de Costa Rica, a las cuatro y cinco minutos de la tarde del día veintinueve de junio del año dos mil uno antes citado; que por tal razón y siendo que acompañó además de otros documentos, informe de la Dirección General de Migración y Extranjería en el que se decía que el Notario no había salido del país a la hora y fecha de otorgamiento del Poder, el mismo tenía que ser falso. Por auto de las diez y treinta minutos de la mañana del once de diciembre del mismo año dos mil uno, se ordenó por la Sala la tramitación de dicha acusación y se comisionó para que instruyera las diligencias a la Juez de Distrito del Crimen de la ciudad de Rivas, quien debió sujetarse en todo a las funciones que ejercen los Jueces Locales en los juicios ordinarios, pero sin dictar auto de detención ni de prisión y una vez concluida la instructiva dar cuenta de la misma a la Sala comitente. El Juzgado comisionado por auto de las once de la mañana del día ocho de enero del año dos mil dos, resolvió dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, y de conformidad con lo dispuesto por el arto. 403 In., y siguientes procedió el juicio de instrucción correspondiente, previniendo al acusado nombrar abogado defensor, bajo apercibimiento de nombrárselo de oficio y lo citó para rendir su declaración indagatoria, lo mismo que al acusador para que rindiera su Ad Inquirendum, señalando la audiencia correspondiente para dar cumplimiento a lo ordenado. En fecha veintidós de enero del mismo año dos mil dos, el Notario acusado rindió su indagatoria dando las explicaciones que tuvo a bien y nombrando como su defensor al Lic. Ubaldo Gómez Gómez, reservándose el derecho a defenderse por si dada su condición de Abogado. En la misma fecha el acusador rindió su Ad Inquirendum haciendo las explicaciones que consideró necesarias. La
7 Juez comisionada a solicitud hecha en varias ocasiones por el acusador practicó inspección ocular en el Protocolo del Notario acusado y por la vía del exhorto dirigido al Juzgado Octavo de Distrito del Crimen de la ciudad de Managua, ordenó se recibiera declaración testifical al Director General de Migración y Extranjería quien explicó lo pertinente a los permisos migratorios alegados por el Notario acusado y recibió como prueba certificaciones de piezas de otro juicio que fueron solicitadas por el acusador y se requirieron por la vía del suplicatorio al Tribunal Comitente y de otra documentación aportada por el acusado. Concluido el informativo la Juez comisionada remitió las piezas instruidas al Tribunal Comitente para que se dictase la correspondiente sentencia. Llegados los autos al Tribunal A-Quo, ambas partes; acusador y acusado, presentaron sendos escritos con los alegatos que consideraron pertinentes, después de lo cual, la Sala Penal A-Quo dictó la sentencia de las nueve y quince minutos de la mañana del dieciocho de Septiembre del año pasado en la que se resolvió que no ha lugar a formación de causa en contra del Notario Pérez Aguilar. Inconforme con este fallo la parte acusadora interpuso recurso de apelación, el que oportunamente admitió y emplazadas las partes para ocurrir ante esta superioridad, ambas partes se personaron y por auto de las nueve y cuarenta minutos de la mañana del veintidós de Octubre del año pasado se tuvo por radicados los autos ante este Tribunal, se ordenó pasar el proceso a la oficina y se tuvo por personados al señor Morice Jirón como apelante acusador y al Licenciado Pérez Aguilar como apelado a quienes se concedió intervención y se ordenó el traslado con el señor Sergio Morice, por el término de cinco días para expresar agravios, previniéndose a las partes la presentación de sus escritos y documentos conforme lo ordena el arto. 60 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En escrito presentado a las doce y tres minutos de la tarde del veintiocho de Enero de este año por el Licenciado Marcio Guadamuz Cerda, comisionado al efecto por el Notario acusado, expuso éste último que el treinta de Octubre del año pasado, el acusador, se ñor Morice Jirón, con la fianza de autos del Licenciado Juan Joel Rodríguez Torres, llevó en traslado el expediente de autos, sin que hasta esa fecha lo hubiese regresado, por lo que de conformidad con los artos. 100 y 166 Pr., solicitó se ordenara a Sergio Morice Jirón y a su fiador de autos la devolución del expediente en el término de veinticuatro horas después de notificados, bajo los apercibimientos legales en caso de no hacerlo. Esta Sala, por auto de las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana del diez de febrero de este año, previno al Licenciado Rodríguez Torres, al tenor del arto. 166 Pr., que tenía el plazo de veinticuatro horas después de notificado para devolver los autos de referencia bajo apercibimientos legales si no lo hacía. En escrito presentado a las tres y cincuenta minutos de la tarde del diecisiete de febrero de este año, el señor Sergio Morice Jirón, expresó los agravios que consideró pertinentes, en tanto que el acusado Licenciado Pérez Aguilar, por escrito de fecha veintiocho de febrero de este año, presentado a las ocho y veintitrés minutos de la mañana de esa misma fecha, solicitó que previo informe de Secretaría, se declarara desierto el recurso interpuesto por haberse devuelto el traslado con fecha fuera del término de ley para hacerlo. Esta Sala por auto de las nueve y veinte minutos de la mañana del tres de Marzo de este año, ordenó continuaran los traslados con el Licenciado Pérez Aguilar a quien se concedió el término de cinco días para contestar agravios. El aludido Licenciado en escrito presentado a las diez y cinco minutos de la mañana del seis de marzo pasado solicitó reposición del auto anterior, para que en su lugar se ordene pronunciarse sobre la solicitud de deserción que había planteado. Esta Sala por auto de las nueve y cincuenta minutos de la mañana del trece de marzo aludido, ordenó oír de la referida solicitud a la parte contraria, señor Morice Jirón, quien por escrito presentado a las dos de la tarde del veinte de Junio del corriente año desistió del recurso interpuesto y pidió se declare firme la sentencia recurrida. No habiendo otro trámite que llenar, se ordenó por auto de las nueve y diez minutos de la mañana del dos de julio de este año, pasar los autos a esta Sala para su estudio y resolución, por lo que llegado el caso de resolver, SE CONSIDERA: I De conformidad con el arto. 601 In., las reglas y procedimientos establecidos para los asuntos civiles, tienen lugar en lo criminal en cuanto le sean aplicables y no se encuentren modificados expresamente por el Código de Instrucción Criminal. De la lectura del artículo 385 Pr., se desprende, que es un derecho potestativo de todo aquel que haya intentado una demanda, en el presente caso, una acusación, desistir en ella en cualquier estado de la contienda, manifestándolo así al Juez o Tribunal que conoce del asunto, por lo que es obvio decir que el señor Sergio Morice Jirón en su carácter de ofendido acusador, está jurídicamente capacitado para desistir del Recurso de Apelación que interpuso y, a que se refieren las presentes diligencias, ya que lo hace en ejercicio de un derecho que le confiere la ley; de manera que el desistimiento del recurrente señor Morice Jirón está debidamente planteado y fundamentado en lo que específicamente prescribe el Art. 391 Pr., relativo a que este puede ser de una demanda o acusación, o del recurso y que de acuerdo con lo artos. 391 y 396 Pr., el desistimiento del recurso en el presente caso es legalmente admisible. Por otra parte, en Materia Penal el Art. 19 de la Ley de Casación, sólo expresa una prohibición para desistir, y es cuando el recurrente ha sido el defensor; no se señala nada en lo referente a los acusadores. Por esas razones no cabe más que aceptar el desistimiento propuesto y en consecuencia declarar ejecutoriada la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal de fallo; todo lo anterior está de acuerdo con sentencia de las ocho y veinte minutos de la mañana del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, visible en el Boletín Judicial página 172 del año citado. POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, disposiciones citadas, jurisprudencia acotada, artos. 34, 9 Cn., 13, 33, 1, 98, 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 403 y siguientes In, 424 y 434 Pr. Los suscritos Magistrados que integran la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia, resuelven: I. Ha lugar al desistimiento de que se ha hecho referencia, en consecuencia, téngase por desistido el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Sergio Morice Jirón en contra de la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, Granada, a las nueve y quince minutos de la mañana del dieciocho de septiembre del año dos mis dos. En consecuencia; II. Se declara firme la sentencia recurrida. III. Cópiese, notifíquese, publíquese y con testimonio concertado de la presente,
8 vuelvan los autos a su lugar de origen. Esta sentencia se encuentra escrita en dos hojas de papel bond membretado de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. RAMÓN CHAVARRÍA D., GUILLERMO VARGAS S., M. AGUILAR G., A. CUADRA L., A. L. RAMOS, NUBIA O. DE ROBLETO, MANUEL MARTÍNEZ S., Y. CENTENO G., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio. SENTENCIA No. 4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL. Managua, uno de Junio del año dos mil cuatro. Las ocho de la mañana. VISTOS, RESULTA: En escrito presentado a las ocho y cincuenta minutos de la mañana del día veintitrés de diciembre del año dos mil dos, por el Dr. Mario Navarro Cerrato, el Lic. Norlando Olivas Morales en representación del Señor Raúl Antero Valladares Ortíz como apoderado especial para acusar, interpuso Recurso Extraordinario de Casación en materia criminal, en contra de la sentencia de las nueve y treinta minutos de la mañana del veintiocho de Noviembre del año dos mil dos, dictada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Occidental; Sentencia que confirmó la de las tres de la tarde del veintisiete de Febrero del mismo año, dictada por el Juez Primero de Distrito del Crimen de Chinandega, en la que se sobreseyó definitivamente a los acusados Donald Juan Meza Tórrez, María Josefa Vega Medina y Pablo Mauricio Castro Alemán de los delitos de Estafa y Estelionato en perjuicio de su representado. El recurso fue interpuesto al amparo del Decreto No. 225, Ley de Casación en lo Criminal, de veintinueve de Agosto de mil novecientos cuarenta y dos, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 203 de veintitrés de Septiembre del mismo año, fundamentado en el Arto. 2 de la referida Ley e invocando las causales 1, 4 y 6, manifestando que con la sentencia dictada por el Tribunal A-quo se violó para la causal 1 ra., las disposiciones legales sustantivas de los artos. 283 incos. 3 y 7 y 285 inco. 1 Código Penal; para la causal 4 ta. dijo que se cometió error de hecho en la apreciación de la prueba que sirvió de base y fundamento para la Sentencia de que recurre, pues no se tomó en cuenta los documentos públicos que rolan a los folios 1, 2, 6 y 7 del cuaderno de primera instancia; ni la declaración indagatoria rendida por la señora María Josefa Vega Medina visible a los folios del 23 reverso a 25 frente, ni tampoco se tomó en cuenta la declaración del procesado Donald Juan Meza Tórrez, visible a los folios del 25 reverso a 28 frente del mismo cuaderno y en las que confiesan sus delitos; para la causal 6 ta., dice que hay omisión en la comprobación del cuerpo del delito conforme el arto. 443, inco., 1 In. Pues no se tomó en cuenta los documentos públicos visibles a los folios 1, 2, 6 y 7 del referido cuaderno. El recuso fue admitido en el efecto devolutivo por auto de las dos y cincuenta y nueve minutos de la tarde del catorce de Enero de este año, ordenándose librar el testimonio de la sentencia dictada por aquél Tribunal, del Recurso y de su admisión, y que el recurrente entregara en secretaría la cantidad de timbres de ley para certificar una vez fotocopiados, los cinco folios últimos de la segunda instancia. Una vez librado el testimonio de ley, por auto de las tres y treinta minutos de la tarde del once de Febrero del año corriente, se emplazó a las partes para que en el término de diez días más el correspondiente por razón de la distancia compareciera a este Tribunal a hacer uso de sus derechos. Por auto de las nueve y quince minutos de la mañana del veinte del mismo mes de Febrero se amplió el auto anterior en el sentido de tener como nuevo apoderado del Señor Raúl Antero Valladares Ortiz al Lic. Juan Gregorio Urbina, en sustitución del Lic. Norlando Olivas Morales, quien se le hizo saber que dejó de ser parte en el juicio y se ordenó dar intervención al nuevo Apoderado en el estado en que se encontraba el juicio. Llegados los autos a este Tribunal, el Lic. Juan Gregorio Urbina García, a las nueve y treinta minutos de la mañana del catorce de Marzo de este año, compareció personándose y expresando los agravios que la resolución recurrida causa a su representado. Por auto de las nueve y cincuenta minutos de la mañana del veintidós de Abril de este año y por recibidas las diligencias a que se refiere el presente recurso, se tuvo por radicados los autos ante esta Sala de lo Penal, se ordenó pasar el proceso a la oficina y tener por personado al Licenciado Norlando Olivas Morales como recurrente acusador brindándole la intervención de Ley y corriéndole traslado por el término de diez días para expresar agravios. Así mismo, se ordenó comunicar de esa providencia al Ministerio Público y se previno a las partes la presentación de escritos y documentos adjuntos de conformidad con lo ordenado por el arto. 60 del Reglamento de la LOPJ. Por auto de las nueve y cinco minutos de la mañana del cinco de Mayo del año corriente, y por cuanto en el auto anterior por un lapsus se tuvo por personado al Licenciado Norlando Olivas Morales como recurrente acusador, cuando éste fue sustituido por el Licenciado Juan Gregorio Urbina García, de conformidad con el Arto. 448 Pr., se ordenó reformar dicho auto mandando tener al Lic. Urbina García como recurrente acusador, concediéndole la intervención de ley y entendiéndose los traslados para expresar agravios con el mismo, empezando a correr el término una vez notificada esta última providencia. Por auto de las nueve y cinco minutos de la mañana del veintidós de Mayo del año corriente, vista la constancia puesta por el oficial Notificador de esta Sala, informando que la oficina señalada para oír notificaciones por el Lic. Juan Gregorio Urbina García fue trasladada y se ignora su actual ubicación de conformidad con lo dispuesto por el Arto. 122 Pr., se ordenó hacer la notificación de este auto y del anterior por medio de la Tabla de Avisos de este Supremo Tribunal. En Escrito presentado a las nueve y diez minutos de la mañana del cinco de junio de este año, el Lic. Urbina García señaló nueva oficina para oír notificaciones. Por evacuado el traslado para expresar agravios por el recurrente acusador y por cuanto el recurrido defensor ni los procesados se personaron en estas diligencias, de conformidad con lo dispuesto por el arto. 11 de la Ley de Casación del 29 de agosto de 1942, se nombró como defensor de oficio de los ciudadanos Donald Meza Tórrez y María Vega Medina, al Lic. Ulises José Torres Morales, a quien se discernió el cargo y se corrió traslado por el término de diez días para contestar agravios, todo en auto de las once y diez minutos de la mañana del nueve de junio de este año. En escrito presentado a las tres y quince minutos de la tarde
9 del veintisiete del mismo mes de junio citado, el Lic. Ulises José Torres Morales, contestó los agravios exponiendo lo que consideró pertinente. Finalmente por auto de las nueve y cinco minutos de la mañana del dos de julio de este año, se concedió vista por tres días al Representante del Ministerio Público, quien expuso lo que creyó conducente, en escrito presentado a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde del día ocho del mismo mes de julio precitado y por estar conclusos los autos, en providencia de las nueve de la mañana del catorce del señalado mes de julio se citó para sentencia, por lo que llegado el caso de resolver; SE CONSIDERA: I Observa esta Sala, que las quejas planteadas por el recurrente tanto en el escrito de interposición de recurso como en el de expresión de agravios, en forma más o menos coherente, se sujeta a los tecnicismos básicos de la casación en lo penal, por lo que es imperativo pasar al análisis de las infracciones señaladas. La primera lesión se plantea al amparo de la causal 1 ra. del arto. 2 del Decreto Ley No. 225 de 29 de agosto de 1942, argumentado: que con la sentencia dictada a las nueve de la mañana (por decir nueve y treinta minutos de la mañana) del veinticinco de Noviembre del año dos mil dos, esto es la sentencia dictada por el Tribunal A-quo, se violó para la causal número 1 de la Ley de Casación Criminal, las disposiciones legales sustantivas de los Artos. 283, inciso 3, 7 y 285, inciso 1 Pn., pues claramente quedó comprobado que los señores Pablo Mauricio Castro Alemán y Donald Juan Meza Tórrez, vendieron dos veces el mismo vehículo y agrega los datos del vehículo en cuestión, diciendo a continuación: Vosotros podéis observar una serie de irregularidades cometidas por los acusados que te llevarán a indicios fehacientes de la comisión de los delitos investigados y se le deberán agregar otros más... Es preciso aclarar que cuando la Ley de Casación en lo Criminal, en su Arto. 2 señala que procede la Casación de conformidad con la causal 1 ra, cuando se violen, mal interpreten o apliquen indebidamente las disposiciones constitucionales o legales en cuanto a la calificación del delito -esto es en el hecho inquirido se está refiriendo a la infracción de la norma penal, infracción que por supuesto ha de ser culpable. Es decir al delito como conducta típicamente antijurídica, conducta amenazada con una pena por la Ley. Nuestro Código Penal, como ya lo hizo ver esta Sala en sentencia de las once de la mañana del doce de junio del dos mil uno, Cons. IV define el delito o hecho punible con base a la acción u omisión, calificada y penada por la ley, y según la gravedad lo clasifica en delito o falta (arto. 1 Pn; 34 inc. 11 Cn). De este concepto podemos deducir que los elementos esenciales del delito (no el cuerpo) son la acción, la tipicidad, antijuricidad y con menos precisión, la culpabilidad. Esta definición que establece el Pn., no es idéntica al concepto doctrinal, sin embargo, como la doctrina, varios elementos del concepto teórico del delito están reflejadas aún con otras palabras en la definición legal. En efecto, acciones y omisiones designan el elemento básico de la acción o conducta en sus modalidades activa y pasiva. La expresión penadas por la ley implica en primer lugar, la tipicidad como descripción legal de la conducta y por otra, si se entiende que las penadas abstractamente por la ley son las acciones, las conductas, con independencia que se sancione o no al sujeto en el caso concreto, significa también penalmente (típicamente) antijurídicas esto es, acciones desvaloradas y prohibidas de modo general por la ley penal. En cambio, no parece que el concepto de delito que expresa el Pn. Recoja la exigencia de culpabilidad, a no ser que se interprete que penadas por la ley significa también que la acción sea en concreto punible en vista de las condiciones del sujeto lo que parece admisible ya que entonces más que de acciones penadas por la ley, que denota idea de previsión legal general, debería hablarse de acciones legalmente previstas y susceptibles de ser judicialmente penadas o castigadas, es decir, en el caso individual y más adelante en la misma sentencia se dijo: Esta Sala sostiene que para comprobar el delito, es necesario comprobar, más allá de toda duda razonable (arto. 252 In.) la existencia del delito (delicti) cada uno de los elementos que integran el mismo, o sea probar que hubo una acción típica, antijurídica y culpable y en el caso de autos, de acuerdo con las voces de la sentencia recurrida, la Sala A-quo dice: Por lo que hace a la acusación interpuesta por Raúl Antero Valladares en contra de María Josefa Vega, Donald Juan Meza y Pablo Mauricio Castro como presuntos autores de los delitos de Estafa y Estelionato en su aparente perjuicio, la Juez hace señalamientos precisos del porqué no aparecen demostrados dichos delitos y así tenemos que el acusador dice haber entregado dos mil dólares por la compra del carro Dodge al señor Meza Tórrez, pero la verdad del caso eso no pasó de su puro dicho, pues no presentó documento alguno para demostrar la supuesta entrega de dólares, ni el señor Meza Tórrez aceptó haber recibido dinero alguno, es decir, que las razones para fundamentar la sentencia recurrida fueron la de falta de probanza de la acusación y de los hechos acusados, es decir, no se demostró más allá de toda duda razonable la existencia de los hechos delictuosos imputados a los procesados, de conformidad con lo dispuesto por el arto. 252 In., ni cada uno de los elementos que los integran, esto es acción típica, antijurídica y culpable. De tal manera que se hace innecesario proceder al análisis de las otras causales invocadas para sustentar el recurso y declarar sin lugar la casación intentada. POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, disposiciones citadas, jurisprudencia acotada, artos. 34, 8 Cn. 13, 33. 1, 98, 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 424 y 434 Pr. Los suscritos Magistrados que integran la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia. resuelven: I. No ha lugar al recurso de Casación interpuesto del cual se ha hecho mérito; en consecuencia, II. Se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones de la Región Occidental, dictada a las nueve y treinta minutos de la mañana del día veinticinco de noviembre del año dos mil dos, la cual confirmó la sentencia dictada en el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de la ciudad de Chinandega, a las tres de la tarde del veintisiete de Febrero del mismo año dos mil dos, en la que se sobreseyó definitivamente a los procesados Donald Juan Meza Tórrez y María Josefa Vega Medina, ambos de calidades en autos y a favor de Pablo Mauricio Castro Alemán de generales ignoradas, por lo que hace a los delitos presuntos de Estafa y Estelionato en perjuicio del acusador Raúl Antero Valladares Ortiz, representado por el Licenciado Juan Gregorio Urbina García, también de calidades en las mismas diligencias. III. Cópiese, notifíquese, publíquese y con testimonio concertado de lo resuelto, remítanse las presentes diligencias al Tribunal de
10 Apelaciones de la Circunscripción Occidental. Esta sentencia se encuentra escrita en tres hojas de papel bond membretado de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. RAMÓN CHAVARRÍA D., GUILLERMO VARGAS S., M. AGUILAR G., A. CUADRA L., A. L. RAMOS, NUBIA O. DE ROBLETO, MANUEL MARTÍNEZ S., Y. CENTENO G., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio. SENTENCIA No. 5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, tres de Junio del dos mil cuatro. Las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: A las dos y treinta y cinco minutos de la mañana del día veinticuatro de Marzo del año en curso dos mil tres la Licenciada en Derecho Celia Eugenia Cuestas Zeledón, acompañando un legajo de fotocopias en doce folios, presentó ante este Tribunal Recurso extraordinario de Apelación por el de Hecho, en contra de resolución denegatoria del Recurso de Derecho que interpuso ante el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias, en contra de sentencia de las nueve y cincuenta minutos de la mañana del día veinticuatro de Febrero del dos mil tres, por la cual el citado Tribunal en su parte resolutiva declara sin lugar la formación de causa para Rosa María Rodríguez Herrera, mayor de edad, soltera, abogado, en su calidad de Juez de Distrito para lo Civil de Ocotal, y del abogado de nombre Juan Ramón Vílchez Ardon, casado de ese mismo domicilio, ambos por lo que hacer al delito de Prevaricato, siendo los acusadores los poderdantes de la Licenciada Cuestas Zeledón, señores: Julio Cesar, Vladimir y Rosa Inés todos ellos de apellidos Rubio Agurcia. Posteriormente el día veintiséis de Marzo del dos mil tres, el señor Julián de Jesús Herrera Sevilla, a las ocho y quince minutos de la mañana por delegación de la citada Licenciada Cuestas Zeledón, presentó escrito a este Tribunal donde la citada apoderada acompaña en original Escritura de Poder Especial Para Acusar Criminalmente, el que por omisión involuntaria dice que no acompañó en el testimonio que inicialmente presentó con su escrito de interposición del citado recurso de apelación por el de hecho. Este escrito con el poder fue agregado al testimonio y formando los folios 16 al 18 en orden sucesivo de este expediente. La citada Licenciada Cuestas Zeledón, hace su alegato, esgrimiendo razones para que se le admita dicho recurso, y se está en el caso de, CONSIDERAR ÚNICO: Es bien conocido que el Recurso por el de hecho tanto la Apelación como la Casación tienen el carácter de Extraordinarios, y que son por lo tanto de carácter muy formalista. Es así, y en sentencia de este Alto Tribunal de las doce meridiano del día cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, Considerando I se dijo lo siguiente: El Recurso de Hecho es un Juicio distinto del juicio principal por lo que el que recurre en representación de otro está obligado a demostrar su representatividad. En el B. J Pág., 12001, la Corte dijo: Cabe decir que son ya muy repetidas las sentencias que este Tribunal Supremo ha dictado declarando que los recursos de hecho son diligencias independientes de los autos del juicio en que ha sido dictada la sentencia cuyo recurso de casación se denegó y por lo tanto es absolutamente necesaria la presentación del Poder original o al menos que este venga copiado en el testimonio necesario para recurrir de hecho. En el caso de autos de su simple lectura más la presentación tardía del testimonio del mismo, nos demuestra axiomáticamente que el testimonio de este Recurso es diminuto y que la Licenciada Cuestas Zeledón en estas diligencias no ha demostrado en el tiempo y forma de ley su representación de los recurrentes. POR TANTO: En base de lo considerado y apoyo de los Artos. 414, 424, 426, 444, 2079 y 2099 Pr., los suscritos Magistrados de la Sala de lo Penal dijeron I. Es improcedente el Recurso de Apelación que por el de Hecho interpuso en este Tribunal y Sala la Licenciada Celia Eugenia Cuestas Zeledón, en escrito de fecha veinticuatro de Marzo del presente año dos mil tres de las dos y treinta y cinco minutos de la tarde y en contra de resolución denegatoria de Recurso de Apelación del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias de que se ha hecho mérito. II. Cópiese, notifíquese, publíquese y con su testimonio regresen los autos al Tribunal de origen. Esta sentencia está escrita en una hoja de papel común con membrete de la Corte Suprema de Justicia y rubricada por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. NUBIA O. DE ROBLETO, RAMÓN CHAVARRÍA D., MANUEL MARTÍNEZ S., Y. CENTENO G. GUILLERMO VARGAS S., A. L. RAMOS, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio.
11 SENTENCIA No. 6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, cuatro de Junio del año dos mil cuatro. Las diez de la mañana. VISTOS, RESULTA: En escrito presentado a las once de la mañana del seis de Diciembre del año dos mil dos, el Doctor Danilo Pereira López, mayor de edad, casado, Abogado, del domicilio de la ciudad de León, compareció ante este Supremo Tribunal y expresó: Que el señor Julio Barba Serrano, fue encontrado culpable de los delitos de Abusos Deshonestos, en las personas de los menores Xochilt del Carmen Moreno Muñoz y Leyser Margarita Baldez, dictando Sentencia la Juez Segundo del Distrito para lo Criminal de León, a tres años de prisión por cada delito, sumando seis años de prisión. Que los familiares del reo, a los tres años de cumplida la pena recurrieron a sus oficios profesionales para que solicitara la liquidación de la pena lo que así hizo ante el Juzgado correspondiente, que dictó sentencia denegando su petición; que no estando de acuerdo apeló de dicha sentencia, personándose ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Occidental, la que por auto lo tuvo por personado (en su calidad de defensor apelante del procesado Julio Barba Serrano) admitiendo que dicha apelación la hacia solicitando la Libertad Condicional y Liquidación de la Pena del Reo. Que sin embargo, cuando interpuso Recurso de Casación, (en contra de la sentencia) que dictó el nueve de Septiembre de ese año, a las diez y cuarenta minutos de la mañana, confirmando la sentencia recurrida, deniega el recurso por auto de las once y cincuenta y siete minutos de la mañana del día siete de Noviembre de ese mismo año, fundamentando su criterio en el Arto Pr., que se refiere a que no habrá Recurso de Casación en contra de las resoluciones que dicten las Cortes de Apelaciones en los procedimientos para ejecución de sentencia. Que los Magistrados sabían desde el inicio del recurso de apelación, de manera especifica, que la apelación se refiere a Liquidación de Pena y no de Cumplimiento de Sentencia. Que por esta Denegación del Recurso, adjunta certificación de lo actuado en la segunda instancia para venir ante este Supremo Tribunal interponiendo el Recurso de Casación de Hecho contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de Occidente. Que dicha certificación contiene la sentencia dictada por dicho Tribunal a las diez y cuarenta minutos de mañana del nueve de Septiembre de dos mil dos, y el auto denegatorio del recurso de casación, obligándolo a venir en recurso de hecho. El recurrente a continuación, dice personarse ante este Supremo Tribunal y expresa los agravios que, en su concepto, le causa la sentencia recurrida de la cual se le denegó el recurso de casación de hecho; y concluye pidiendo a esta Corte Suprema de Justicia, que dicte sentencia revocando la dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de Occidente, donde injustamente se confirma una sentencia no ajustada a derecho, y que ordene la libertad del reo. La certificación de las diligencias para efecto de interponer por el de hecho el recurso de casación relacionando, le fueron entregadas el día cuatro de Diciembre de dos mil dos, habiéndose personado en tiempo ante este Supremo Tribunal el día seis de Diciembre de ese mismo año, y siendo el caso de resolver; SE CONSIDERA: El Recurso de Casación de Hecho constituye un remedio extraordinario que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de que ésta admita el Recurso de Casación que denegó el Tribunal correspondiente, y tiene por finalidad demostrar ante este Alto Tribunal, que el Recurso de Derecho interpuesto es procedente y por lo tanto debe admitirse. Este es así, en materia penal, de conformidad con los Artos. 8 y 30 de la Ley de Casación en Materia Penal; 601 In., y 2079 Pr., que literalmente dice: Del artículo en que se deniega la casación se puede ocurrir de hecho para ante el Tribunal a quien corresponde conocer de dicho recurso. En el presente caso, el recurrente aún cuando expresa las razones por las cuales según su criterio, debió admitirse su recurso de casación, en ninguna parte de su escrito aparece su petición de que se declare mal denegada su admisión y se instruya al Tribunal A-quo para que lo admita y le de la tramitación debida. Por el contrario, apelando de una manera totalmente errada lo dispuesto en el Arto. 10 de la Ley de Casación en Materia Penal, expresa agravios en el mismo escrito en que recurre de hecho. Esta expresión de agravios cabe para la parte reo hacerla en el mismo escrito de interposición del recurso de casación de derecho; pero no cabe en el recurso de casación de hecho que, como ya se dijo, solo tiene por objeto obtener que el Tribunal Supremo declare mal denegado el recurso y ordene la admisión y transformación del mismo, cosa que no pidió el recurrente, quien en la parte petitoria de su escrito dice: Pido a Vos, Excelentísima Corte, que no habiendo más que realizar en esta instancia, donde expresé los agravios dictéis sentencia revocando la dictada por el Honorable Tribunal de Apelaciones de Occidente, donde injustamente se confirma una sentencia no ajustada a derecho. Pido por lo tanto ordenéis la libertad del reo. Por otra parte y para aclarar toda duda, este Supremo Tribunal considera que fue bien denegada la admisión del Recurso de Casación con base en que no se trata del recurso contra una sentencia definitiva, sino de ejecución de sentencia, y no está basada en el Arto Pr. Efectivamente la sentencia definitiva fue la sentencia condenatoria, y si la parte reo no estaba conforme con que fuesen seis años los que debería de permanecer en prisión el reo, sino tres; fue cuando se le notificó esa sentencia la oportunidad para recurrir y debatir la duración del tiempo que deberá guardar prisión el reo y no tres años después, ya en la fase de ejecución de la sentencia, conforme lo dispuesto en el Titulo II del Libro Segundo In., de la ejecución de las sentencias. POR TANTO: De conformidad con las consideraciones hechas, disposiciones legales citadas y Artos. 424, 435, 436, 446, y 2084 Pr., y 601 In., los suscritos Magistrados resuelven: I. Está bien denegado el Recurso de Casación interpuesto por el Doctor Oscar Danilo Pereira López en su calidad de defensor del procesado Julio Barba Serrano, ante el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Occidental, Sala de lo Penal; en consecuencia No Ha Lugar al presente Recurso de Casación de Hecho de que se ha hecho mérito. II. Cópiese, notifíquese, publíquese y con testimonio concertado de lo resuelto, vuelvan los autos a su lugar de origen. Esta sentencia está escrita en dos hojas de papel común con membrete de la Corte Suprema
12 de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. GUILLERMO VARGAS S., RAMÓN CHAVARRÍA D., Y. CENTENO G., NUBIA O. DE ROBLETO, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., A. L. RAMOS, MANUEL MARTÍNEZ S., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio. SENTENCIA No. 7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, siete de Junio del dos mil cuatro. Las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: La señora doña Clarisa del Socorro Ibarra Blandón, mayor de edad, casada, factor de comercio y del domicilio de Tonalá Municipio de Puerto Morazán, Departamento de Chinandega, Circunscripción Occidental, introdujo ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelacione s de la citada Circunscripción, acusación en contra del ciudadano de nombre Emigdio de Jesús Tellez Mairena, mayor de edad, casado, obrero del domicilio de Tonalá, Puerto Morazán en su calidad de Alcalde Municipal de ese Puerto, por los delitos de Abuso de Autoridad, Daños, Delito contra la Administración de la Justicia, Usurpación de Dominio Privado, Penetración Ilegítima y otros. Se siguió la causa en la citada Sala hasta concluir con la Sentencia de las once y veinte minutos de la mañana del día seis de Diciembre del dos mil dos, por la cual dicho Tribunal declara: Que no ha lugar a la Formación de Causa en contra del citado Alcalde y deja a salvo los derechos de la acusadora para que si desea haga valer su derecho por lo que hace a los delitos comunes en los Tribunales unipersonales del Departamento de Chinandega competentes. El Apoderado de la parte acusadora Licenciado Reemberto Damián Pichardo Silva, apeló de dicho fallo ante este Tribunal y por elevados los autos a esta Sala, y habiéndose presentado el citado apoderado el día veintinueve de Enero de este año dos mil tres, luego de ser admitido su recurso y emplazado para hacer uso de su derecho ante este Supremo Tribunal, con la Constancia de su personamiento de la Secretaría de la Sala y auto de trámite donde se ordena resolver el caso por lo tardío del apersonamiento y se está en el caso de CONSIDERAR: I El señor Secretario de esta Sala de lo Penal con fecha diez de Febrero del año en curso dos mil tres, hace constar: Que el señor Apoderado de la parte apelante en este caso, Licenciado Reemberto Damián Pichardo, en el juicio seguido en contra del citado Alcalde de Puerto Morazán señor Emigdio de Jesús Téllez Mairena, fue debidamente notificado por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Occidental, el día veintiuno de Enero del presente año dos mil tres y se personó en esta Sala mejorando el Recurso de Apelación el día veintinueve de Enero del citado año, este Tribunal debe considerar: Que la deserción es un castigo procesal que le da el legislador a la parte que no es diligente en la tramitación de su derecho de acción procesalmente dicho. En el caso de autos conforme el Arto Pr., el apelante fue notificado el día veintiuno de Enero del año dos mil tres y tenía seis días hábiles para personarse y mejorar el Recurso en este Tribunal. Por lo que el sexto día hábil del mismo fue el día veintiocho de Enero del presente año dos mil tres, sin embargo él se personó y mejoró su recurso el día veintinueve de Enero. Aplicando el citado Arto Pr., al caso de autos, tenemos que ver lo siguiente: Dicha norma procesal es muy clara cuando dice que si en los dos días subsiguientes al vencimiento del plazo del emplazamiento del apelante y personado el apelado, pide éste la deserción, debe declararse, pero sí a contrario sensu, como es el presente caso, el apelado ni siquiera se personó, y el apelante lo hizo con una mora de un día, sin haberse cumplido los cinco días más de gracia que le otorga el citado Arto 2005 Pr., para que el Tribunal de oficio declare la deserción, esta sala debe tener por bien personado y mejorado el recurso del apelante, darle la intervención de ley y correrle el traslado para su expresión de agravios. POR TANTO: En base de lo considerado y Artos. 414, 424, 436 y 2005 Pr. Los suscritos Magistrados resuelven: I. No se ha operado Deserción del Recurso de Apelación en el caso presente donde la señora Clarisa del Socorro Ibarra Blanco por medio de su Apoderado, introdujo el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Occidental en el proceso de Formación de causa en contra del Alcalde del Municipio de Puerto Morazán señor Emigdio de Jesús Téllez Mairena. En consecuencia téngase por personado al apelante y désele la intervención de ley, debiendo de corrérsele el traslado para que exprese los agravios que le causa la sentencia apelada. II. Cópiese, notifíquese y publíquese. Esta sentencia está escrita en una hoja de papel común con membrete de la Corte Suprema de Justicia y rubricada por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. GUILLERMO VARGAS S., RAMÓN CHAVARRÍA D., Y. CENTENO G., NUBIA O. DE ROBLETO, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., A. L. RAMOS, MANUEL MARTÍNEZ S., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio.
13 SENTENCIA No. 8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, ocho de Junio del año dos mil cuatro. Las nueve y treinta minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: Por escrito de las dos y cincuenta minutos de la tarde del día veintiséis de noviembre del año dos mil dos, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Licenciado José Noel Salazar Ibarra, quien expresó ser mayor de edad, soltero, abogado de este domicilio, aduciendo que comparecía en su calidad de Apoderado de la empresa comercial Cruz Lorena Exportación Importación, Sociedad Anónima, acompañando para ello fotocopias razonadas notarialmente que corresponden a un Poder General Judicial y a un Poder General Judicial con Cláusula Especial para Acusar en Causa Criminal. El interesado en su escrito de interposición del Recurso de Casación por la Vía de Hecho en síntesis expresa: Que a las nueve de la mañana del día dieciocho de Octubre del año dos mil dos interpuso Recurso extraordinario de Casación contra la sentencia de las dos de la tarde del día dos de Octubre del año dos mil dos, dictada por la Honorable Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Central con sede en Juigalpa, resolución que declaró nulo el proceso penal a partir del auto cabeza de proceso iniciado en el Juzgado de Distrito del Crimen de la ciudad de Boaco, el que había dictado sentencia interlocutoria fulminando con auto de segura y formal prisión a la procesada Lesbia del Socorro Guindo señalándola como autora de los delitos de Estafa y Defraudación en perjuicio de Cruz Lorena, S.A. mediante sentencia de las doce meridianas del día quince de mayo del año dos mil uno. Siguió exponiendo el recurrente que por resolución de las cuatro de la tarde del día veintidós de Octubre del año dos mil dos, la Sala Pe nal del referido Tribunal de Apelaciones, declaró improcedente el Recurso de Casación interpuesto, aplicando indebidamente el Arto Pr. Que por las razones esgrimidas comparecía ante este Supremo Tribunal, a interponer recurso de casación por la vía de hecho en contra de la sentencia dictada a las dos de la tarde del día dos de Octubre del año dos mil dos, dictada por la Honorable Sala Penal, del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Central con sede en Juigalpa, y también atacaba la resolución de las cuatro de la tarde del día veintidós de Octubre del año dos mil dos, por la que el referido Tribunal declaró la improcedencia del recurso de casación de derecho interpuesto, alegando que dicha resolución es nula porque rechazó un recurso que debía aceptarse, debido a que se trata de una sentencia en que no se resolvió sobre la responsabilidad de la acusada Lesbia del Socorro Flores Guindo, y la convierte en una declaratoria de nulidad que le veda el camino para que se determine la participación de la proc esada en los hechos, y que su comportamiento la señalan como autora de los delitos de Estafa y Defraudación en perjuicio de su representada. Sostiene el recurrente que si bien es cierto que el Arto Pr., establece que no procede la casación cuando se declara nulo un juicio o parte de él, la doctrina asentada por esta Suprema Corte ha aclarado que: se deben excluir de ese precepto los recursos cuando tienden a atacar cuestiones de fondo que hieren de una manera definitiva el derecho de las partes (B.J. Pág. 185, año 1971, Cons. Único). Expresado de otra manera, debe de restringirse a nulidad por violaciones de procedimiento y en consecuencia no es aplicable a aquellas sentencias en que se afecte el fondo de la controversia. Con tales antecedentes pidió se admitiera el Recurso de Casación por la Vía de Hecho y se ordenara el arrastre de los autos. Estando así las cosas y siendo el caso de resolver; SE CONSIDERA: Previo al estudio del fondo del presente recurso, examinaremos si el mismo cumple con uno de los principales presupuestos procesales, como lo constituye específicamente el Testimonio que por ley es necesario acompañar. Al respecto encontramos que se adjuntaron testimonios de las dos instancias que contienen en demasía las piezas señaladas como indispensables para que no sea tenido como diminuto. Sustenta su impugnación el recurrente sobre la base de que cuando se declare la nulidad de un proceso o parte del mismo, debe entenderse como nulidad del procedimiento propiamente dicho y no sobre cuestiones de fondo que hieren de manera definitiva el derecho de las partes que intervienen en el proceso como en el presente caso. Pero a juicio de este Supremo Tribunal el recurrente no tiene razón en su análisis, puesto que la nulidad del proceso declarada por la Sala de Apelaciones, descansa sobre el hecho indubitable de que el Juez de Primera Instancia dio por demostrado el cuerpo del delito con el informe de un perito que no demostró su condición de Contador Público Autorizado, al incumplir con lo preceptuado por la Ley del ramo en lo relacionado a expresar su quinquenio de ejercicio, sello y constancia del Colegio de Contadores Públicos que lo autorizaban para tal ejercicio, de esta circunstancia deviene la nulidad del auditoriaje realizado y por ende la del juicio de que se trata, puesto que en ningún momento la resolución del Tribunal sentenciante, se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad de la procesada, que sí constituiría un pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, lo que no sucede en la presente causa. Es por los anteriores razonamientos, que el Recurso por la Vía de Hecho objeto del correspondiente estudio debe ser declarado improcedente como en efecto lo es. POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, disposiciones legales citadas y Artos. 424 y 436 Pr., los suscritos Magistrados resuelven: I. Es improcedente el Recurso de Casación que por la vía de Hecho intentó el Licenciado José Noel Salazar Ibarra en su calidad de representante de la empresa Cruz Lorena, Exportación e Importación, Sociedad Anónima, en contra de la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central Juigalpa, a las dos de la tarde del día dos de Octubre del año dos mil dos de que se ha hecho mérito. II. Cópiese, notifíquese, publíquese, envíese testimonio concertado de lo resuelto al Tribunal correspondiente y archívense las presentes diligencias. Esta sentencia está escrita en dos hojas de papel común con membrete de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. GUILLERMO VARGAS S.,
14 RAMÓN CHAVARRÍA D., Y. CENTENO G., NUBIA O. DE ROBLETO, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., A. L. RAMOS, MANUEL MARTÍNEZ S., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio. SENTENCIA No. 9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, nueve de Junio del dos mil cuatro. Las nueve y treinta minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: Por recibidas las diligencias del Distrito Cinco de la Policía Nacional, el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, a las once y treinta minutos de la mañana del catorce de Agosto de mil novecientos noventa y siete, dictó auto cabeza de proceso en donde se tiene a los señores José Javier Mendoza Corea, Isidro de La Cruz Urbina Salguera, Adolfo Humberto González Vásquez y Jorge Alberto Martínez Sánchez como los presuntos autores del delito Robo con Intimidación y Homicidio, en contra de los señores Alba Nubia Hernández (q.e.p.d.), Toribio Antonio Reyes Gutiérrez y Jorge Luis McCoy Bermúdez, haciendo del conocimiento del presente proceso a la Procuraduría Penal de Justicia, en nombre de la cual se personó la Licenciada Claudia Núñez Ramírez, a quien se le brindó la intervención de ley. El señor Adolfo Humberto González, rindió su declaración indagatoria, nombrando como Abogado defensor al Licenciado Francisco Fletes. El señor Isidro de la Cruz Urbina Salguera, en su declaración indagatoria nombró como Abogado defensor a la Licenciada Alejandra Mercedes López. El señor José Javier Mendoza Corea, nombró como su Abogado defensor a la Licenciada Alejandra López Carmona. El señor Jorge Alberto Martínez Sánchez, nombró como su abogado defensor al Licenciado Félix Salazar Pereira. Mediante providencia se les discernió el cargo a los abogados defensores. Abierto a pruebas el proceso, se recibieron declaraciones testificales, se efectuaron reconocimiento de reos, pruebas periciales, inspecciones oculares, asimismo se recibieron las declaraciones de los ofendidos y, agotados los trámites a las ocho de la mañana del veinticinco de Agosto de mil novecientos noventa y siete, se dictó sentencia interlocutoria en la cual se fulmina con auto de segura y formal prisión a los señores José Javier Mendoza Corea, Isidro de la Cruz Urbina Salguera y Jorge Alberto Martínez Sánchez, por lo que hace al delito de Robo con Intimidación en las personas, en perjuicio de los señores José Arnoldo Sandoval Rocha, Alma Nubia Hernández, Toribio Antonio Reyes y Jorge Luis McCoy Bermúdez, y en cuanto al delito de Homicidio Doloso en perjuicio de la señora Alma Nubia Hernández, asimismo se sobreseyó provisionalmente al señor Adolfo Humberto González Vásquez, por los delitos mencionados. Una vez notificados los procesados, apelaron de la sentencia interlocutoria, procediéndose a su filiación y a su declaración con cargos. Concluidos los trámites, se elevó la causa a Plenario en donde luego de las primeras vistas, se abrió a pruebas la presente causa, y concluido el plazo de ley, se corrieron las segundas vistas a las partes, una vez finalizado el trámite se elevó la presente causa al conocimiento del Tribunal de Jurados, el que se integró a las nueve y diez minutos de la mañana del veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y ocho dictando un veredicto de culpabilidad en contra de los procesados por lo que hace únicamente al delito de Robo con Intimidación y Homicidio Doloso en perjuicio de la señora Alma Nubia Hernández Obando, razón por la cual se dictó sentencia a las cuatro de la tarde del treinta de Marzo del año mil novecientos noventa y ocho, en la que se declara la nulidad del veredicto por haber omitido pronunciamiento en cuanto al delito de Robo con intimidación en contra de los demás ofendidos. Convocado nuevamente el Jurado, e integrado a las nueve de la mañana del ocho de Octubre del año mil novecientos noventa y ocho, a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde del mismo día emitió el veredicto de culpabilidad en contra de los procesados por los delitos investigados. A las ocho de la mañana del diecinueve de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, se dictó sentencia definitiva en la cual se resuelve condenar a los procesados Jorge Alberto Martínez Sánchez, José Javier Mendoza Corea e Isidro de la Cruz Urbina Salguera, a la pena de veintiún años de prisión por ser los autores del delito de Homicidio y Robo con Intimidación en perjuicio de la señora Alma Nubia Hernández Obando, y a la pena de cuatro años de prisión por el delito cometido en perjuicio de José Arnoldo Sandoval Rocha, Toribio Antonio Reyes Gutiérrez y Jorge Luis McCoy Rodríguez. En contra de esta sentencia interpusieron apelación los procesados, en virtud de lo cual fue admitido el recurso, y remitidas las diligencias al superior jerárquico. II Admitido el recurso y remitidas las diligencias ante el Honorable Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Sala Penal, se personaron el Licenciado Félix Salazar Pereira, como abogado defensor del señor Jorge Alberto Martínez Sánchez y el Licenciado Francisco Fletes Largaespada como Abogado defensor de Isidro Urbina Salguera, a quienes se les brindó intervención de ley y se le corrieron traslados respectivamente para que expresaran agravios. Por expresados los agravios se le corrió traslados a la Procuradora Penal de Managua a fin de que los conteste. Finalizados los trámites, a las ocho y diez minutos de la mañana del dieciocho de Julio del año dos mil tres, se dictó sentencia en la cual se enmienda el fallo dictado en primera instancia, por lo que hace a la sentencia interlocutoria en cuanto a la tipificación del delito, teniéndose como tal el Robo con Intimidación con Secuelas de Muerte, y en cuanto a la sentencia definitiva se condena a los procesados por el delito de Robo con Intimidación con Secuelas de Muerte, a la pena de veintiún años de prisión. El señor Isidro Urbina Salguera, nombró como su nuevo Abogado defensor a la Licenciada Infiere Argentina del Socorro Medina, quien con intervención de ley en el proceso, interpuso Recurso de Casación en contra de la sentencia dictada por dicho tribunal amparándose en las causales 4ª y 6ª del arto. 2 de la Ley de Casación en Materia Penal. Admitido libremente el recurso, fueron emplazadas las partes para hacer uso de su derecho ante el Superior Jerárquico. III
15 Ante este Supremo Tribunal, compareció la Licenciada Infiere Argentina del Socorro Medina, en su calidad de defensora del señor Isidro de la Cruz Urbina Salguera. Mediante providencia de las dos y treinta minutos de la tarde del veintidós de Septiembre del año dos mil tres, se radicaron los presentes autos, se le brindó intervención de ley a la Lic. Inf. Medina y una vez puesto en conocimiento el presente Recurso al Ministerio Público, se corrieron los traslados de ley a la parte recurrente para que exprese agravios. En escrito presentado a las dos y cincuenta minutos de la tarde del tres de Octubre del año dos mil tres, la Licenciada Infiere Argentina del Socorro Medina, expresó que la sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua Sala Penal Número Uno, incurrió en errores de derecho en la apreciación de la prueba pues existen contradicciones en las declaraciones testificales que se rindieron, con las que el Judicial fundamentó la delincuencia de su defendido no aplicando lo dispuesto en el arto. 261 In párrafo infine, también enfoca dicho error de derecho en cuanto a la prueba de balística que señala que su defendido no tenía residuos de pólvora ni restos de nitrato en sus manos, destacando el incumplimiento de los artos Pr. y 252 In. En relación la causal 6ª del arto. 2 de la Ley de Casación en Materia Penal, señalando como violados los artos. 442 y 443 inco 2 In, pues era preciso la existencia de la prueba legal de la delincuencia la cual no se lleno de la forma debida, ya que considera que los testigos son contradictorios en sus declaraciones, por todo lo cual solicita sea casada la sentencia a que se ha hecho mérito. Vistos los agravios expresados por la recurrente, se dictó providencia a las ocho y diez minutos de la mañana del siete de Octubre del año dos mil tres, en donde se concede vistas al representante del Ministerio Público para que alegue lo que tenga a bien. Mediante escrito presentado a las diez de la mañana del veintitrés de Octubre del año dos mil tres, compareció en representación del Ministerio Público, el Licenciado Alejandro Estrada Sequeira, quien considera que la sentencia impugnada ha sido dictada conforme a derecho por lo cual debe ser desestimado el presente recurso. Por conclusos los autos, se dictó auto de las diez y veinticinco minutos de la mañana del veinte de Enero del año dos mil cuatro en donde se cita a las partes para sentencia, y siendo el caso de dictar la que en derecho corresponde; SE CONSIDERA: I Al amparo de la causal 4ª del arto. 2 de la Ley de Casación en lo Criminal la recurrente esboza una serie de contradicciones en las declaraciones testificales, que ponen en tela de juicio la comprobación de la delincuencia de su defendido, circunstancia que debe ser determinante para justificar su condena por el ilícito objeto del presente juicio. Esta Sala observa, que pese al alcance o eficacia del análisis de los elementos probatorios que sirvieron de cimientos al fallo que se impugna, el Recurso de Casación, es un recurso de rigor formal, mediante el cual las partes recurrentes presentan las causales a la luz de las cuales esbozan sus planteamientos, los que requieren coherencia y claridad, y en algunos casos se perfila la interdependencia de una causal con otra para lograr el efecto deseado; tal es el caso de la prueba en relación a la delincuencia, ya que mediante los errores de hecho o de derecho se pretende demostrar el yerro en que ha incurrido el Tribunal al valorar determinada prueba, pero ese yerro debe traducir su efecto inmediato en la violación, mal interpretación o aplicación indebida de las disposiciones legales en cuanto a la participación del procesado, es por ello que en dilatada jurisprudencia se ha señalado que la prueba en relación con el cuerpo del delito y la delincuencia, etc., se combate mediante el uso conjunto de las causales 1ª y 4ª, lo que no se hizo en el presente caso, y esto es fundamental para el caso del error de derecho (Sentencia de las 9:45 a.m. del siete de Noviembre de mil novecientos setenta y tres), y en otro fallo se agrega que esto es así porque es la causal primera la que concede el recurso de Casación en lo Criminal en contra de las sentencias que violen, mal interpreten o apliquen indebidamente las disposiciones constitucionales o legales en cuanto a la delincuencia y es la causal 4ª del mismo artículo, la que concede el citado recurso cuando en la apreciación de la prueba ha habido error de derecho o error de hecho (Sentencia de las diez de la mañana del veintitrés de Junio de mil novecientos noventa y siete). En el caso que nos ocupa, resulta infructuoso el planteamiento de la recurrente al amparo de la causal 4ª sin exponer su queja de forma conjunta con la causal 1ª, por lo que debe ser desestimada. II Bajo el auspicio de la causal 6ª la recurrente expone que la sentencia impugnada le causa agravios, pues señala que en el proceso se ha incurrido en la nulidad contenida en el numeral segundo del arto. 443 In, que establece la falta de prueba legal de la delincuencia. En relación a este planteamiento, vale destacar, que nuevamente al amparo de esta otra causal, la recurrente entra a exponer las contradicciones que estima existen en las pruebas rendidas en juicio, valoración que no fue demostrada en el caso de autos, pues contrario a lo que señala la recurrente, pueden observarse que en la etapa probatoria el procesado fue reconocido en rueda de reos, lo cual sumado a los demás elementos probatorios, sirven de suficiente fundamento para determinar su participación en el ilícito que nos ocupa, por lo que no existe la nulidad planteada, y por ende la queja expuesta al amparo de la presente causal debe ser desestimada, no quedando más que confirmar la sentencia recurrida. POR TANTO: De conformidad a lo antes considerado, disposiciones legales citadas, a los artos. 424 y 436 Pr. y a la Ley de Casación en lo Criminal del 29 de Agosto de 1942, los suscritos Magistrados dijeron: I. No se casa la sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, Sala Penal Número Uno, a las ocho y diez minutos de la mañana del dieciocho de Julio del año dos mil tres. II. Cópiese, notifíquese, publíquese y con testimonio concertado regresen los presentes autos a su lugar de origen. Esta sentencia está escrita en tres hojas de papel común con membrete de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. GUILLERMO VARGAS S., RAMÓN CHAVARRÍA D., Y. CENTENO G., NUBIA O. DE ROBLETO, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., A. L. RAMOS, MANUEL MARTÍNEZ S., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio.
16 SENTENCIA No. 10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, diez de Junio del dos mil cuatro. Las nueve y treinta minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: Por escrito presentado de las diez y cincuenta minutos de la mañana del día diez de agosto del año dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Distrito del Crimen de Estelí, la Licenciada Tatiana Indira Medrano Leiva, en nombre y representación de María Estela y Marlene, ambas de apellidos Palma Morán, acusando al Notario Mario Solón González Jarquín, por el supuesto delito de Falsificación de Documentos Públicos. El Juzgado se pronunció declarando su incompetencia para la investigación del ilícito promovida, remitiendo los autos al conocimiento de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción las Segovias. La Sala Penal dictó providencia de las tres de la tarde del día diez de septiembre del año dos mil uno, radicando las diligencias, ordenando la tramitación de ley, concediendo intervención a la Señora Procuradora Departamental de Justicia y comisionando al doctor Carlos Manuel Vílchez, Magistrado de la Sala Penal, para levantar el instructivo correspondiente, de igual manera previno al doctor González Jarquín para que nombrara defensor conforme a la ley, bajo apercibimiento de nombrárselo de oficio si el procesado no lo hacía. El doctor Mario Solón González Jarquín presentó escrito a las tres y veinte minutos de la tarde del día diecisiete de Septiembre del año dos mil uno, alegando lo que tuvo a bien. Por providencia de las nueve de la mañana del día uno de Octubre del mismo año, el Magistrado Instructor radicó las diligencias ante su conocimiento y nombró como secretaria de la instructiva a la señora Daysi Elieth Arcia Cárdenas. El Magistrado instructor ordenó inspección ocular en el Protocolo del doctor González Jarquín, la que se llevó a efecto a las diez de la mañana del día dieciocho de Octubre del año dos mil uno, habiéndose agregado a los autos fotocopia de la escritura número 16 de Compra y Venta que aparece al folio 9 del referido Protocolo. De igual manera el Instructor ofició al señor Registrador del Estado Civil de las Personas del Municipio de Estelí, a fin de que certificara el acta de defunción del señor Rigoberto Palma Morán la que se agrega a dichas diligencias. Por concluido el instructivo de ley, el Magistrado designado remite las diligencias detalladas a la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias. Por sentencia de las ocho y treinta minutos de la mañana del día diecinueve de febrero del año dos mil dos, la Sala Penal del Tribunal antes nominado dicta sentencia declarando con lugar la Formación de Causa en contra del Notario doctor Mario Solón González Jarquín, mayor de edad, casado, Abogado, del domicilio de la ciudad de Estelí, por ser autor del delito de Falsificación de Documento Público en perjuicio de las señoras María Estela y Marlene ambas de apellidos Palma Morán, mayores de edad, soltera y estudiante la primera, casada, ama de casa la segunda, ambas del domicilio de la ciudad de Estelí. Por escrito de las once y diez minutos de la mañana del día veintiuno de Febrero del año dos mil dos, el doctor Mario Solón González Jarquín apeló de la sentencia anterior, recurso que le fue admitido en ambos efectos, emplazándosele para que viniera ante este Supremo Tribunal para hacer uso de sus derechos. Ante esta Suprema Corte se personó la doctora Tatiana Indira Medrano Leiva en su calidad de Apoderada Especial de las señoras María Estela y Marlene, ambas de apellidos Palma Morán. Consta en el cuaderno de Casación, Memorandum Interno del Señor Secretario de la Sala Penal, doctor José Antonio Fletes Largaespada, dirigido a la encargada de la Oficina de Control de Notarios, Licenciada Marling Jarquín Ortega para que informe a la Sala Penal de este Supremo Tribunal, si el doctor Mario Solón González Jarquín se encuentra activo en los Registros de la mencionada oficina. La Licenciada Jarquín Ortega respondió a la solicitud anterior, en el sentido de informar que según acta de defunción en poder de dicha dependencia, bajo el número 062, Tomo 0074, Folio 602, del Libro de Defunciones que lleva el Registro del Estado Civil de las Personas del Municipio de Estelí en el presente año, consta que el doctor Mario Solón González Jarquín falleció el día veintiuno de abril del año dos mil dos. Siendo el caso de resolver y, CONSIDERANDO: La presente causal criminal para determinar la Responsabilidad del Notario doctor Mario Solón González Jarquín, se inició por acusación que fue debidamente instruida al tenor del Arto. 403 y siguientes In., el Magistrado Instructor comisionado doctor Carlos Manuel Vílchez Castillo informó de su investigación al Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, el que dictó la sentencia declarando con lugar la Formación de Causa en contra del investigado Notario. Habiendo apelado el perjudicado de la resolución dictada en su contra por el Tribunal Instructor, siendo de que dicha impugnación fue admitida en ambos efectos para ser conocida por esta Suprema Corte con fundamento en los Artos. 409 y 416 In., se estaba en el caso de conocer en vía de apelación, cuando en este Máximo Tribunal de Justicia se tuvo conocimiento del fallecimiento del procesado, razón por la que de oficio, esta Corte Suprema de Justicia deberá dictar sentencia de Sobreseimiento Definitivo a favor del enjuiciado. POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, Artos. 424 y 436 Pr., Arto. 114 numeral 1 Pn. y Arto. 187 numeral 1 In. consideraciones hechas y disposiciones legales citadas, los Suscritos Magistrados de la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia dijeron: I) Se sobresee Definitivamente al doctor Mario Solón González Jarquín, mayor de edad, casado, abogado, del domicilio de la ciudad de Estelí, por lo que hace al delito de Falsificación de Documento Público en perjuicio de las señoras María Estela y Marlene ambas de apellidos Palma Morán y demás calidades conocidas en autos. II) Cópiese, notifíquese, publíquese y con testimonio concertado de lo resuelto vuelvan los autos al Tribunal de origen. Esta sentencia está escrita en dos hojas de papel común con membrete de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. GUILLERMO VARGAS S., RAMÓN
17 CHAVARRÍA D., Y. CENTENO G., NUBIA O. DE ROBLETO, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., A. L. RAMOS, MANUEL MARTÍNEZ S., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio. SENTENCIA No. 11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, once de Junio del dos mil cuatro. Las nueve y treinta minutos de la mañana. VISTOS, RESULTA: Ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Matagalpa, compareció el Doctor PANFILO JOSÉ OROZCO IZAGUIRRE, mayor de edad, casado, Abogado y de tránsito por aquella ciudad, en su calidad de Apoderado Especial del señor JAIME TINOCO CASTRO, a presentar acusación en contra de los señores JOHNNY URBINA TREMINIO, quien es mayor de edad, y JOSÉ LUIS LOASIGA, mayor de dieciocho años de edad, ambos del domicilio de San Andrés de Bilwas, municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa, señalándolos como los autores del delito de ASESINATO EN GRADO DE FRUSTRACION, en perjuicio de su mandante. El judicial levantó auto cabeza de proceso, y se ordenó al Juez Local Único del Municipio de Río Blanco, que levantase la instructiva de ley correspondiente, se ordenó al médico forense examinará al ofendido. El Médico Forense de Matagalpa emitió su dictamen estableciendo la existencia de lesiones producidas por arma de fuego corta que pusieron en riesgo la vida del ofendido. Se recibió la declaración de la parte ofendida y testificales de los señores ELOY CANALES, MARVIN JOSÉ TINOCO BLANDÓN, JOSÉ ALEXIS CANALES MURILLO, SANTIAGO JIRÓN MARTINEZ, DAMASO ERNESTO TINOCO MEJÍA, HAROLD ANTONIO TINOCO CASTRO, MARITZA DEL SOCORRO TINOCO BLANDÓN, estos tres últimos fueron debidamente habilitados de conformidad con el arto. 262 In. Se realizó inspección ocular en el lugar donde presuntamente acaecieron los hechos investigados. La parte acusadora solicitó ampliación del auto cabeza de proceso teniendo como procesado al señor LEOPOLDO LOASIGA, a lo que se accedió mediante providencia, decretándose asimismo arresto provisional en contra de los indiciados, girándose la correspondiente orden de captura y allanamiento. Mediante providencia se acumularon las diligencias remitidas por la policía nacional relacionadas a los mismos hechos investigados. Compareció la señora RAFAELA ORTEGA, quien expresa ser la madre del menor JOSÉ LUIS LOASIGA ORTEGA, y en tal carácter solicita que la causa instruida contra su hijo sea conocida por la jurisdicción especial para menores. El Judicial accedió a lo solicitado y se declaró incompetente para conocer de la presente causa en relación al menor JOSÉ LUIS LOASIGA ORTEGA, remitiendo en consecuencia las diligencias formadas al Juzgado de Distrito de Adolescentes de Ciudad Darío. Por recibidas las diligencias por el Juzgado Penal de Distrito de Adolescentes de Ciudad Darío se puso en conocimiento de la causa al Ministerio Público para lo de su cargo. Se levantó el Acta de Depósito de Procesado con medidas constituyéndose como depositaria carcelera del procesado JOSÉ LUIS LOASIGA ORTEGA, la señora AMANDA RAFAELA ORTEGA SEQUEIRA. Mediante acusación presentada por DARA ANGELICA BALTODANO GARCÍA, en su carácter de Procuradora Auxiliar de Justicia, en contra del Adolescente JOSÉ LUIS LOASIGA ORTEGA, por ser el presunto autor del delito de LESIONES DOLOSAS en perjuicio de JAIME TINOCO CASTRO, se abrió el proceso y se designó como abogado defensor del menor a la Doctora TERESA SAENZ MONTENEGRO, citando al menor para rendir su declaración indagatoria, y ordenando el estudio Biosicosocial del adolescente. El menor JOSÉ LUIS LOASIGA ORTEGA, al rendir su declaración indagatoria nombró como su abogado defensor al Doctor JORGE BYRON ALEGRÍA CASTELLÓN, absteniéndose de declarar. Compareció el ofendido JAIME ANTONIO TINOCO CASTRO, y mediante auxilio judicial se solicitó al Juez Primero de Distrito del Crimen remitiera certificación del expediente formado ante su Judicatura en donde también se investigan los mismos hechos, todo de conformidad con el arto. 133 CNA. Diligencias que fueron recibidas y adjuntadas al expediente. En su carácter de Apoderado Especial de JAIME TINOCO CASTRO, compareció el Doctor PANFILO JOSÉ OROZCO IZAGUIRRE, presentando acusación en contra de JOSÉ LUIS LOASIGA ORTEGA, siendo tenido como parte en representación del ofendido. En la lugar, fecha y hora señalada se llevó a cabo la audiencia de debate, en donde se les concedió la palabra a las partes, se recibieron la declaración del ofendido JAIME TINOCO CASTRO, las testificales de DANILO HERNÁNDEZ IRIAS, MARITZA LORENA JARQUÍN RUIZ, DAMASO ERNESTO TINOCO MEJÍA, HAROLD ANTONIO TINOCO CASTRO, JOSÉ ALEXIS CANALES MURILLO, CELSO LUMBI HERNÁNDEZ, ROMAN JARQUÍN MEJÍA. Luego intervinieron nuevamente las partes presentando sus alegatos, dando por cerrado el debate la Judicial de la causa. A las nueve y cinco minutos de la mañana del veintiséis de Julio del año dos mil dos, se dictó sentencia declarando sin responsabilidad penal al adolescente y sobreseyéndolo definitivamente por lo que hace al delito investigado. Inconformes con esta resolución la Doctora BALTODANO GARCÍA, y el Doctor OROZCO IZAGUIRRE, interpusieron Recurso de Apelación, recurso que les fuera admitido mediante providencia de las dos y treinta minutos de la tarde del veintiuno de Agosto del dos mil dos. II Por remitidas las diligencias a la Sala Penal del Honorable Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, comparecieron a personarse los Doctores PANFILO OROZCO IZAGUIRRE, JORGE BYRON ALEGRÍA CASTELLÓN, y la Doctora DARA ANGELICA BALTODANO GARCÍA, todos ellos en el carácter que actúan respectivamente. Mediante providencia el Tribunal admitió el recurso y ordenó pasarlo a la oficina y se emplazó a las partes para celebrar la audiencia oral para que las partes fundamenten la apelación. Siendo el lugar, fecha y hora se llevó a cabo la audiencia oral en donde intervinieron las partes para fundamentar sus posiciones jurídicas. Por concluidas las diligencias se citó a las partes para dictar sentencia, la que fue dictada a las cuatro y veinte minutos de la tarde del veintidós de Octubre del año dos mil dos, reformando la sentencia dictada en primera instancia y en su
18 lugar declara con responsabilidad penal al adolescente e impone privación de libertad por un periodo de cuatro años. Contra esta sentencia el Doctor JORGE BYRON ALEGRÍA CASTELLÓN, en su calidad de defensor del menor JOSÉ LUIS LOASIGA ORTEGA, interpuso Recurso Extraordinario de Casación Criminal amparado en las causales 1ª, 4ª y 6ª del arto. 2 del Decreto 225 del 29 de Agosto de Por auto de las tres de la tarde del dos de Diciembre del año dos mil dos, se admitió el recurso interpuesto por la defensa y se emplazó a las partes para que concurrieran en el término de ley ante el superior respectivo. III Ante este Supremo Tribunal se personó el Doctor JORGE BYRON ALEGRÍA CASTELLÓN, y por auto de las diez y treinta minutos de la mañana del trece de Marzo del año dos mil tres, se le brindó intervención de ley y se le corrió traslados por el término de ley para que expresara agravios, asimismo, se ordenó poner en conocimiento al Ministerio Público para lo de su cargo. Mediante escrito presentado por la señora MARINA AUDELY CALERO LÓPEZ, a las tres y veinte minutos de la tarde del treinta y uno de Marzo del año dos mil tres, compareció el Doctor ALEGRÍA CASTELLÓN, expresando los agravios que le causa la sentencia recurrida, aduciendo que al amparo de la causal 1ª del arto. 2 del Decreto 225 la sentencia recurrida debe ser casada pues el Tribunal A-quo, violó los artos. 54, 55 y 184 In y 13 Pn, pues alega que no se ha demostrado el cuerpo del delito al no haber establecido el arma con la que se causaron las lesiones graves, en cuanto a la causal 4ª, expresa que el Tribunal incurrió en error de hecho al tomar en consideración las declaraciones testificales rendidas en varias ocasiones de HAROLD ANTONIO TINOCO CASTRO y JOSÉ ALEXIS CANALES MURILLO, por considerarlas contradictorias, por otro lado infiere que el Tribunal A-quo cometió error de derecho en cuanto a los requisitos que debe reunir un testigo para que su declaración pueda ser tenida como válida, violando con ello los artos. 1353, 1354, 1356, 1317 Código de Procedimiento Civil; finalmente bajo el amparo de la causal 6ª, invoca la nulidad del auto de habilitación de los testigos y la admisión de los documentos certificados de las diligencias formadas por el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Matagalpa. Mediante providencia de las nueve y diez minutos de la mañana del veintidós de Abril del año dos mil tres, se concede vista al representante del Ministerio Público para que alegue lo que tenga a bien. En representación del Ministerio Público, compareció el Doctor ALEJANDRO BOSCO ESTRADA SEQUEIRA, solicitando se declarado sin lugar el recurso de que se ha hecho mérito. Por conclusos los autos se dictó auto de las diez y diez minutos de la mañana del doce de Mayo del año dos mil tres, citando a las partes para sentencia, y siendo el caso de resolver como en derecho corresponde; SE CONSIDERA: I El Recurso Extraordinario de Casación en materia penal, pese a que se ha atenuado un poco el rigor y formalismo que lo envuelve, persiste y es de ineludible observancia el cumplimiento de los requisitos mínimos que la Ley del 29 de Agosto de 1942 en su arto. 6 ha estatuido, estableciendo que: En el escrito de interposición del recurso se especificará la causal o causales en que se funda y en el de expresión de agravios se citarán las disposiciones que se suponen violadas, mal interpretadas o indebidamente aplicadas, expresándose con claridad y precisión el concepto en que el recurrente estima que la sentencia ha incurrido en la infracción de ley que alega. Tales escritos sin estos requisitos no tendrán valor legal. El carácter imperativo de la norma transcrita nos conduce al examen obligatorio a que se hace objeto el escrito de interposición del recurso y el de expresión de agravios en lo que corresponda. II De autos se desprende que el escrito de interposición del recurso cumple a cabalidad las exigenc ias formales. Empero en el escrito donde el recurrente expresa agravios puede observarse de manera clara que se aparta de la técnica casacional. Puede notarse que el recurrente al amparo de la causal 1ª del arto. 2 de la precitada ley, expone que el: Cuerpo del Delito y su comprobación en el caso que no ocupa, establece la relación de causalidad entre los hechos investigados, la norma penal o tipo penal (lesiones graves) y la persona de mi defendido que en este proceso figura como sujeto activo del delito. El argumento antes mencionado, presenta de forma concomitante la figura de la delincuencia y el cuerpo del delito, introduciendo bajo la figura del cuerpo del delito su reclamo pues aduce que su comprobación es deficiente por cuanto no se demostró cual y a quien pertenecía el arma que causó la lesión grave al hoy ofendido circunstancia que debió determinarse en el dictamen forense, no obstante que en sus agravios de forma acertada invoca el arto. 54 In, que dispone que el cuerpo del delito viene a probarse con la cosa en que, o con que, se ha cometido algún delito o falta. La disposición citada es clara al establecer dos formas de comprobar el cuerpo del delito una de ellas descansa en el instrumento u objeto con que se comete el ilícito, tal y como lo asevera el recurrente es una forma de comprobarlo, no obstante la norma señalada no nos limita a esa única forma, pues establece que también se comprueba el cuerpo del delito al presentar el objeto (en este caso persona) en que se comete el delito. En el caso que nos ocupa se encuentra plenamente demostrado mediante varios dictámenes médicos forenses las lesiones graves que fueron causadas al joven JAIME ANTONIO TINOCO CASTRO, razón por la cual resultan desafortunados los alegatos del recurrente en relación a esta queja. Asimismo, es necesario hacer mención que este Supremo Tribunal en reiterada Jurisprudencia ha resuelto que: La prueba en relación con el cuerpo del delito y la delincuencia, etc., se combate mediante el uso conjunto de las causales 1ª y 4ª, lo que no se hizo en el presente caso... (B.J. S. 9:45 a.m. del 7 de Noviembre de 1973, Pág. 199, Cons. I) y es notorio que en el caso que nos ocupa el recurrente no entrelaza la causal 1ª con la 4ª del arto. 2 de la ley del 29 de Agosto de 1942, pues abandona este argumento al abordar la causal 4ª, razón por la cual no puede prosperar la queja planteada por el recurrente al amparo de la presente causal.
19 III El recurrente al amparo de la causal 4ª del arto. 2 de la Ley del 29 de Agosto de 1942, expresa que: La Sala A-quo valora las declaraciones testificales como productoras de certeza para la comprobación de los hechos, y acto seguido entra al análisis de las declaraciones de los testigos Harold Antonio Tinoco Castro, José Alexis Canales Murillo, las cuales clasifica como contradictorias, además señala que el dictamen médico forense establece que las heridas fueron hechas de frente, contrario a lo que manifiestan los testigos en cuanto a que los disparos fueron hechos de espaldas, empero, el dictamen médico legal establece: Al examen físico encuentro cicatrices antiguas de proyectil de arma de fuego a nivel de región infraescapular derecha, a nivel del séptimo espacio intercostal derecho línea media clavicular a nivel del décimo espacio intercostal derecho..., (Véase folio 78) todo ello refiere a la región de la espalda estableciendo su altura y ubicación, por lo cual no es cierto lo aseverado por el recurrente, pues por el contrario las testificales y el dictamen pericial son coincidentes en cuanto al lugar del cuerpo en donde fueron causadas las lesiones. En relación a las contradicciones propias de las declaraciones, puede observarse que en este sentido no puede hablarse de un error de hecho propiamente dicho, pues a como se ha establecido en reiterada jurisprudencia, éste consiste en que la autoridad judicial leyera de los autos lo que no dice o no leyera lo que dice, y por el contrario en caso de que la parte afectada considerara que las deposiciones de testigos son contradictorias y en consecuencia no tuvieran valor probatorio este sería en todo caso un error de derecho pues en caso de que fueran ciertas las aseveraciones del recurrente estaríamos ante un yerro en cuanto a la valoración de la prueba en contraste con la disposiciones de carácter adjetivo. Por otro lado debe recordarse que en materia penal no existe en cuanto a la valoración de las pruebas el sistema de la prueba legal o tasada el cual fue sustituido mediante el sistema de la sana crítica, sistema que aparece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico a través del decreto 644 de 1981, que lo definía en su arto. 4 como: la apreciación discrecional de las pruebas sin límites en su especie, pero respetando las reglas unívocas de carácter científico, técnico, artístico, o de la experiencia común; y observando los principios elementales de justicia y de la sana lógica. Fluye del análisis de la queja expuesta por el recurrente que el Tribunal A-quo en pleno ejercicio de la sana crítica analizó en conjunto las pruebas las que contrario a ser contradictorias, se complementan y fundamentan su fallo, por lo cual la queja planteada no debe prosperar bajo el auspicio de la presente causal. IV Bajo el amparo de la causal 6ª del arto. 2 de la Ley del 29 de Agosto de 1942, el recurrente se queja de que la Sala A-quo admitió el auto de la Juez de Primera Instancia en la que habilita de forma genérica a los testigos sin nominarlos, además no está conforme con la recepción de los documentos certificados del proceso que se siguió ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua. Por lo que reclama la nulidad por ambas faltas. Puede observarse de manera evidente cómo el recurrente se abstrae totalmente de la técnica casacional que según los requisitos citados en el considerando primero de esta sentencia exigen citar las disposiciones violadas, mal interpretadas o aplicadas indebidamente, y en el caso de la presente causal encontramos que se refiere a las nulidades establecidas en los artos. 443 y 444 In y 2058 Pr en lo que fuere aplicable, por ende puede notarse que el recurrente omitió señalar a qué nulidad se refiere y en base a qué disposición legal, por lo que hace inadmisible el estudio de su queja al amparo de esta causal. No obstante de lo alegado por el recurrente, debe decirse que por un lado en autos consta la providencia que al amparo del arto. 262 In ordena habilitar a los testigos propuestos y por el otro, el arto. 133 CNA establece la recepción de los documentos que indica el recurrente, de manera que no puede decirse que los actos calificados como nulos por el recurrente, se hayan alejado del ordenamiento jurídico, pues por el contrario, estan previamente establecidos en la ley. De todo lo antes expuesto se colige como lógico corolario que la sentencia a que se ha hecho mérito no merece la censura del Recurso Extraordinario de Casación. POR TANTO: Con base en lo considerado, disposiciones legales citadas y los Artos. 424 y 436 Pr., arto. 18 de la Ley del 29 de Agosto de 1942, los suscritos Magistrados dijeron: No ha lugar al Re curso de Casación Criminal interpuesto por el Doctor Jorge Byron Alegría Castellón, en su calidad de defensor del reo José Luis Loasiga Ortega, en consecuencia: I) Se confirma la sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte Sala de lo Penal, a las cuatro y veinte minutos de la tarde del veintidós de Octubre del año dos mil dos. II) Cópiese, notifíquese, publíquese y con testimonio concertado de este fallo regresen los autos al lugar de su procedencia. Esta sentencia está escrita en tres hojas de papel común con membrete de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal. GUILLERMO VARGAS S., RAMÓN CHAVARRÍA D., Y. CENTENO G., NUBIA O. DE ROBLETO, A. CUADRA L., M. AGUILAR G., A. L. RAMOS, MANUEL MARTÍNEZ S., ANTE MÍ: J. FLETES L. Srio.
20 SENTENCIA No. 12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO PENAL. Managua, dos de Julio del año dos mil cuatro. Las once de la mañana. VISTO, RESULTA: Por diligencias presentadas por el señor Miguel Ángel Montiel, ante este Supremo Tribunal en vía de Recurso de Casación interpuesto por la parte ofendida en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Sur, conteniendo el juicio seguido en contra de la señora Jeanethe del Socorro Obando, por el delito de estafa en perjuicio del patrimonio del señor Miguel Ángel Montiel Abendaña, exponiendo lo siguiente: El veinte de julio del año dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Distrito del Crimen de Granada, denunciando por Estafa a la señora Jeanethe del Socorro Obando, quien el Judicial por auto de las dos y treinta minutos de la tarde del cuatro de julio del dos mil uno resolvió declarar: "vista la denuncia que antecede, No ha lugar a su tramitación, por haber prescrito la acción penal, todo de conformidad con el arto. 115 Pn". De dicho auto el señor Montiel Abendaña interpuso Recurso de Apelación que le fuera admitido en ambos efectos, emplazándose y personándose ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Sur, éste resolvió: I) No ha lugar al Recurso de Apelación promovido por el señor Miguel Ángel Montiel Abendaña, de calidades conocidas; II) Se confirma la providencia emitida por el Juzgado de Distrito del Crimen de Granada de las dos y treinta minutos de la tarde del cuatro de julio del dos mil uno; y se sobresee definitivamente por prescripción de la acción penal del delito de estafa a la actora de calidades dichas. De esta resolución disiente el Magistrado Roberto Rodríguez. No conforme con lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Sur, el señor Miguel Ángel Montiel Abendaña interpuso Recurso Extraordinario de Casación en materia penal, con fundamento en las Causales 1 a y 4 a de la mencionada Ley. Radicados dichos autos ante la Sala Penal de este Supremo Tribunal, y habiéndose admitido en el efecto devolutivo, pasó el proceso a la oficina teniéndose por personado al señor Montiel Abendaña como recurrente acusador, brindándole la debida interve nción de ley; se le corrió traslado por el término de ley para que exprese agravios. No habiéndose personado la parte recurrida ni su defensor se le nombró al Licenciado Douglas Iván González, abogado defensor de oficio de la señora Jeanethe del Socorro Obando, poniendo en conocimiento al Ministerio Público. Por evacuado el traslado de las partes tanto recurrente como recurrido para que expresaran y contestaran agravios, no haciendo uso el Representante del Ministerio Público del traslado, se concluye y se cita para sentencia, estando el caso a resolver; CONSIDERANDO: I Después de analizar los requisitos que la Ley señala para la procedencia del presente Recurso, y previo al análisis si la sentencia es de aquellas susceptibles del mismo, en el presente caso se observa que el recurso está interpuesto en contra de una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Sur que confirma un auto resolución de primera instancia con fuerza de definitiva, por lo que al tenor del arto. 2 de la Ley de Casación, cabe entrar al análisis del Recurso de Casación que ha interpuesto el ofendido señor Miguel Ángel Montiel Abendaña, en contra de la sentencia antes relacionada. II El recurrente se basa en la causal 1 a del arto. 2 de la Ley de Casación, y considera que el Tribunal de Apelaciones violó el arto. 27 Cn., por cuanto confirma la sentencia de primera instancia y sobresee definitivamente por prescripción de la acción penal del delito de estafa a la actora señora Jeanethe del Socorro Obando, y no dar trámite a investigar lo denunciado a como lo establece la ley, alegando dicho Tribunal que la acción penal se encuentra prescrita, dejando con tal decisión a la parte denunciante, ahora recurrente en una total y absoluta indefensión, violando de esta forma también el arto. 46 Cn., al no darle trámite a dicha denuncia. También al amparo de la causal 1 a, el recurrente considera que el Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Sur violó los artos. 115, 116 y 122 Pn. En relación al arto. 115 Pn., el recurrente considera que el Tribunal de Apelaciones hace una indebida aplicación con dicho artículo, pues no es aplicable al contenido del escrito de la denuncia interpuesta por el ofendido ante la primera instancia, ya que, a criterio del agraviado, la prescripción de la acción penal no se ha operado, pues el delito y el ánimo de delinquir inicia a partir de la fecha en que la denunciada ahora recurrida, señora Jeanethe del Socorro Obando, interpuso la demanda civil de desahucio en el año De esta manera, también ha violado el Tribunal de Apelaciones el arto. 116 Pn., porque no se demostró que la acción penal del delito de estafa se encuentre prescrita. Así también el arto. 122 Pn., por cuanto no se pudo haber demostrado que la acción penal estaba prescrita si a la denuncia no se le dio trámite, misma que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones lo resuelto por el juez de primera instancia, cuando debió revocarla. También al amparo de la causal 4 a del arto. 2 de la Ley de casación, el recurrente argumenta que el Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Sur, incurrió en error de hecho, por cuanto el Tribunal en su sentencia confunde el acto jurídico privado de promesa de venta que fue suscrito en el mes de mayo de 1991 y lo relaciona con la fecha del escrito de la denuncia, que fue el veintiséis de junio del Pues al momento de suscribir el contrato de promesa de venta del inmueble en mayo de 1991, no existía ánimo, ni dolo, ni intención de estafar, y que para esa fecha no había nada construido en el inmueble. El delito de estafa se concretiza el nueve de mayo del 2001, año en que la denunciada interpuso un Juicio Especial de Desahucio con acción de Comodato Precario ante el Juzgado Civil de Distrito de Granada, en contra del denunciado, ahora recurrente, señor Miguel Ángel Montiel Abendaña, ahora que en el inmueble hay una construcción que el señor Montiel Abendaña ha efectuado a lo largo de diez años. Al amparo de la misma causal 4 a, el recurrente invoca error de
SENTENCIA No. 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, veintiséis de Enero del año dos mil cinco. Las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana. RESULTA: El Juzgado para lo Penal de Rivas,
82-P-98 LEIDO EL JUICIO Y CONSIDERANDO:
82-P-98 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las doce horas veintinueve minutos del día doce de diciembre de dos mil. El presente juicio contencioso administrativo