Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=116&id_a=3275&sub_pa=AP
Timestamp: 2020-02-23 07:12:34
Document Index: 185679583

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 148', 'artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 11']

ARARTEKO, Diagnóstico de accesibilidad en los hospitales de la CAPV para las personas con discapacidad
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Los derechos de las personas con discapacidad han ocupado siempre un lugar destacado en el Ararteko, ya que se trata de un colectivo que se encuentra con grandes obstáculos para el ejercicio de los derechos de los que son titulares. Las numerosas actuaciones que ha llevado a cabo esta institución a lo largo de estos años han tenido como objetivo prioritario procurar una mayor sensibilización de la sociedad hacia las necesidades reales del colectivo, y hacer más real y efectivo su derecho a no ser discriminados y a poder disfrutar de las mismas oportunidades.
Por ello, además de las actuaciones que, de forma continuada realiza esta institución en relación con las quejas individuales y colectivas recibidas, han sido varias las ocasiones en las que el Ararteko ha abordado los problemas que, con carácter general, afectan a las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de su día a día.
Así, en el año 2011, se publicó el informe extraordinario sobre la Accesibilidad del sistema de transporte público en la CAP, cuyo objetivo era identificar las carencias y deficiencias del sistema público de transportes en la CAPV, con relación a la seguridad y funcionalidad de los desplazamientos para el colectivo de personas con movilidad reducida.
Coincidiendo con el año europeo de las personas con discapacidad, el año 2003, esta institución presentó en el Parlamento Vasco el informe extraordinario titulado La integración laboral de las personas con discapacidad en la CAPV. El informe se refería a un importante colectivo de las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad (unas 60.000 en edad laboral) y abordaba una cuestión de enorme trascendencia: el acceso al trabajo remunerado, que sigue siendo, para muchas personas, la principal vía de integración social.
Asimismo, también en el año 2003 el Ararteko finalizó el informe extraordinario sobre la Accesibilidad en edificios de uso público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se examinaba en qué medida las administraciones públicas −Gobierno Vasco, diputaciones forales y ayuntamientos− habían ido cumpliendo sus obligaciones en este ámbito.
En él se optó por analizar las vías de acceso a las dependencias del sistema sanitario. Desde esta perspectiva limitada del acceso inicial a los edificios, se ap untaba que, si bien la accesibilidad en los servicios sanitarios podría considerarse como globalmente adecuada, estaba lejos de alcanzar los niveles de accesibilidad obtenidos por edificios que albergan otros servicios públicos, como los relativos a justicia o seguridad.
Es indudable que para lograr la plena integración y la participación social de las personas con discapacidad es preciso disponer de edificios y servicios de salud accesibles, que permitan su utilización en condiciones de igualdad para todas las personas. Por ello, a diferencia del informe realizado en 2003, en el estudio que ahora se presenta se ha hecho un esfuerzo para analizar la accesibilidad a los edificios sanitarios de una manera integral, tanto en relación con las propias edificaciones como en relación con los servicios sanitarios que en ellas se prestan.
El Ararteko decidió elaborar este informe en repuesta, principalmente, a las demandas formuladas ante esta institución por el colectivo de personas con discapacidad, que a lo largo de estos años, de manera individual o colectiva, ha presentado numerosas quejas relacionadas con las barreras existentes en los centros hospitalarios de la CAV y otros servicios o centros auxiliares.
Igualmente, este estudio viene a dar cumplimiento a la obligación dimanante de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ap robada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y ratificada por España el 3 de diciembre del 2007, BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008, que señala: “los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y ap licar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención”.
El horizonte de cualquier estudio que se dirija a analizar la situación concreta a la que se enfrentan las personas con discapacidad en cualquiera de sus modalidades (física, psíquica o sensorial), debe contemplar el paradigma de la accesibilidad universal, que implica la accesibilidad de los entornos urbanos, de las edificaciones, de los transportes, de la comunicación y de los servicios, los cuales se constituyen en elementos fundamentales para garantizar la igualdad de las personas y el respeto de sus derechos. A su vez, la accesibilidad universal presupone la estrategia de un diseño para todos, que significa admitir que es la sociedad en su conjunto la que debe adaptarse a la diversidad de sus miembros.
Objetivos, alcance y metodología del informe
A partir de las informaciones provenientes de las quejas gestionadas en el Ararteko, se había ido consolidando la conveniencia de abordar un informe diagnóstico que permitiera analizar el grado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad por parte de los hospitales pertenecientes a Osakidetza y de los hospitales concertados con Osakidetza, para, de esta forma, poder obtener una imagen más precisa de la accesibilidad en los hospitales vascos.
Por tanto, el objetivo perseguido por este informe es conocer y analizar la situación en el ámbito de la accesibilidad de los centros hospitalarios del País Vasco.
Para ello, se han seleccionado y estudiado los hospitales de los tres territorios, Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa pertenecientes a Osakidetza, así como otros hospitales concertados con Osakidetza (con el fin de poder analizar, al menos, dos de ellos por cada territorio). Asimismo, se han visitado los hospitales psiquiátricos y los centros de Osatek. En total se han visitado y estudiado 36 hospitales y 7 centros de Osatek.
En una primera fase, la institución del Ararteko mantuvo contactos con los responsables de Osakidetza para solicitar su colaboración, con el fin de que pudieran permitir el acceso a la información y documentación necesaria para realizar el informe, y también para coordinar las visitas y el acceso a la red de hospitales públicos y privados concertados de la CAPV seleccionados, con vistas a ejecutar la labor de campo por parte del equipo de Elkartu, que ha colaborado con el Ararteko en la realización de este estudio.
En este sentido, se recogieron los datos mediante visitas presenciales a los hospitales, y posteriormente se procedió a su sistematización, tratamiento y valoración de los resultados obtenidos. Para ello, el equipo técnico ha contado con el ap oyo de profesionales del área de intervención social, del área de asesoramiento socio-jurídico y del área administrativa de su organización.
En el proceso de diagnóstico se ha atendido a los tres segmentos/etapas que constituyen la denominada cadena de accesibilidad:
– El primer segmento se vincula a la accesibilidad exterior, es decir, al itinerario accesible o practicable entre la calle y el equipamiento sanitario.
– Un segundo segmento se concreta en la accesibilidad interior, que abarca el desplazamiento en el interior del equipamiento bien como paciente o como visitante.
– Por último, se trata de analizar la accesibilidad hospitalaria, en los servicios, consultas, habitaciones, pruebas, etc.
Como elemento transversal, se ha analizado la comunicación en toda la cadena de accesibilidad.
También se ha investigado y documentado el marco jurídico a nivel internacional, nacional y autonómico que regula el objeto del estudio, tanto desde la perspectiva de las condiciones de accesibilidad que han de cumplir los hospitales como desde el punto de vista de los diferentes instrumentos en materia de ordenación urbanística.
En los grupos de contraste propiciados por el Ararteko en el curso de la elaboración del informe se ha contado con la participación de personal sanitario (que ha colaborado a título personal), así como de personas con discapacidad usuarias del sistema sanitario vasco.
El tratamiento de este extraordinario volumen de información ha determinado unos plazos de elaboración del informe superiores a los que a priori se habían establecido. La sistematización de todos los datos obtenidos de las visitas ha exigido un largo tiempo. Ello ha permitido enriquecer con gran profusión de datos la información técnica disponible, lo cual será, sin duda, de interés para los propios gestores sanitarios, para los responsables de las infraestructuras de acceso a los hospitales y de los elementos de transporte; y, lo que resulta también importante, permitirá la comparabilidad cuando se lleven a cabo ulteriores actualizaciones.
Se ha optado por incluir un número considerable de fotografías, que permiten, de forma gráfica y elocuente, ap reciar los diagnósticos de accesibilidad realizados.
Algunas reflexiones e ideas básicas que se derivan del informe
La sanidad vasca ostenta un lugar destacado en el conjunto del Estado, por lo que, lo que el Ararteko ha pretendido con esta iniciativa ha sido ap ortar elementos relevantes que propicien mejoras del sistema en el ámbito específico de la accesibilidad.
Esta institución tiene constancia de la voluntad de los responsables del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de implantar progresivamente medidas que favorezcan la prestación de servicios sanitarios a las personas con discapacidad, como lo demuestra el hecho de que, a lo largo del tiempo de elaboración del presente informe, se han ido realizando diversas actuaciones en diferentes centros hospitalarios, las cuales, por haber tenido lugar con posterioridad a las visitas, no han podido ser incorporadas al presente diagnóstico. No obstante, en los seguimientos que del informe se realicen en los próximos años, serán debidamente consignados.
Sabedor de la entrada en funcionamiento del Hospital de Urduliz en el segundo semestre de 2016, el Ararteko optó por no dar por concluido el informe hasta incorporar la información sobre la accesibilidad de los servicios puestos en marcha inicialmente tras la ap ertura de este nuevo hospital (en el capítulo V del presente informe). Ello ha permitido ap reciar avances y mejoras significativas comparativamente con otros hospitales de la red.
No cabe duda de que la implantación coetánea de todas las reformas que se recomiendan en el informe implicaría una tarea titánica, que, razonablemente, no podría abordarse a corto plazo sin desatender las necesidades generales de funcionamiento y las previsiones de inversión necesarias para el conjunto del sistema sanitario vasco. En consecuencia, la respuesta a las recomendaciones efectuadas en el informe requerirá una planificación temporal adecuada en el marco de los oportunos planes cuadrienales y, un compromiso presupuestario sostenible en el tiempo que, permita, a medio y largo plazo, con ap oyo en una priorización realista y eficaz, sentar las bases para la mejora de la accesibilidad del sistema sanitario.
En ese sentido, saludamos que se haya incluido dentro del Programa de Gobierno de la XI Legislatura EUSKADI 2020, en el ap artado de Salud (EJE II.1. El derecho universal a la salud), dentro de la Acción 64: Garantizar la cobertura universal y la accesibilidad al sistema sanitario, la INICIATIVA 3, que es Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad física y sensorial en todos los centros, instalaciones, recursos y servicios del sistema vasco de salud.
Por otra parte, existen realidades que no podemos olvidar y deben integrar las futuras estrategias a adoptar para abordar las reformas que se sugieren:
– La Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, y sus decretos de desarrollo, que establecen las condiciones técnicas que resultan de ap licación en los diferentes ámbitos de intervención definidos por la ley. Integran la normativa técnica que debe ser respetada en cualquier actuación de cualquier tipo que se aborde por la Administración sanitaria.
– La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ap robado por las Naciones Unidas (2006), que recoge los principios básicos que conforman el paradigma de los derechos de las personas con discapacidad.
– La inexorable realidad del progresivo envejecimiento de la población y las condiciones especiales que concurren en el espacio sanitario. El porcentaje de personas con discapacidad en Euskadi alcanza el 8% y el de personas con movilidad reducida transitoria en hospitales un 9%. Además, como puede ap reciarse en el capítulo I del informe, las personas mayores de 65 años representaban ya (en datos de hace 2 años) el 21% de la población vasca. En suma, el 38% de la población actual residente en la CAPV y usuaria de los hospitales forma parte o puede potencialmente formar parte del colectivo de personas que sufren, al menos ocasionalmente, situaciones de movilidad reducida. Por tanto, no estamos hablando de unas necesidades que afecten a un número pequeño de personas usuarias, sino a una parte significativa de la ciudadanía que progresivamente irá en aumento.
El informe contiene, en primer lugar, un ap artado de conclusiones generales (17). Seguidamente, se formulan conclusiones pormenorizadas en relación con cada uno de los elementos examinados en el informe. Todas las conclusiones, las generales y las específicas, encuentran ap oyo en la normativa vigente, la cual incluye, de forma muy destacada, normas técnicas de gran profusión y detalle.
El informe arroja luz sobre algunas actuaciones urgentes a desarrollar. En ese sentido, hasta que se alcance, en un plazo realista y factible, el objetivo último de disponer de un sistema sanitario vasco que garantice la accesibilidad universal diseñado para todas las personas, habrán de irse dando, de manera paulatina pero decidida, aquellos pasos necesarios para garantizar, en un primer momento, un porcentaje mínimo de elementos accesibles en los diferentes servicios y componentes de los hospitales vascos (habitaciones, aseos, cabinas diagnósticas, salas de espera, ap arcamientos, etc.). Asimismo, por resultar mucho más sencillo, será preciso realizar una revisión funcional de los elementos ya existentes que no llegan a cumplir su función de garantizar la accesibilidad, pues se encuentran obstaculizados por mobiliario o por un uso inapropiado de las instalaciones.
El primer paso para lanzar el proceso de mejora de la accesibilidad que reclama el informe debería ser la redacción del correspondiente Plan de Accesibilidad de cada centro hospitalario. En el momento de abordar dicha planificación, la Administración sanitaria deberá tener presente la necesidad de contemplar los 3 segmentos de la cadena de accesibilidad, para asegurar que las reformas que se emprendan obtengan la máxima eficacia. Así, deberán adoptarse soluciones integrales, pues las actuaciones puntuales −por muy interesantes y modélicas que sean− devienen ineficaces, si la persona con movilidad reducida no tiene asegurada toda la cadena de accesibilidad.
Al igual que se concluía en el informe diagnóstico sobre la Accesibilidad del sistema de transporte público en la CAP, el mayor déficit se produce en el ámbito de la comunicación, ya que ap enas existen medidas para facilitar el acceso a la información en el sistema sanitario a las personas con discapacidad visual o sensorial.
Por su parte, las recomendaciones (42 en total) se han estructurado en 3 grandes bloques: el primer bloque lo integran dos recomendaciones de carácter general; el segundo bloque, destinado a las administraciones vascas con responsabilidad en los entornos urbanos y sistemas de transporte; el tercero, el más extenso, incluye aquellas recomendaciones dirigidas a los responsables del sistema hospitalario.
En un anexo se recogen exhaustivamente datos porcentuales de los diferentes niveles de cumplimiento en cada uno de los ap artados del informe.
Como ya se ha hecho constar, el estudio base del presente informe extraordinario se adjudicó a Elkartu, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, que cuenta con más de 30 años de trayectoria consolidada trabajando para conseguir una sociedad más accesible e inclusiva, y se constituye como un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física. El Ararteko quiere agradecer su dedicación y compromiso para que este ambicioso Informe haya podido culminarse.
Desde esta institución queremos mostrar, asimismo, nuestro agradecimiento al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por su colaboración para la realización de las visitas de recogida de información en los hospitales y centros de salud, así como en la interlocución permanente para la elaboración del informe, lo que ha permitido disponer de una exhaustiva información y documentación de soporte, y una adecuada coordinación que permitiera interferir lo mínimo posible en el funcionamiento de los centros analizados.
De forma especial se quiere destacar la colaboración desinteresada de las personas que han participado en los grupos de discusión, que nos han ap ortado interesantes elementos de contraste.
Introducción: Objetivo y alcance del proyecto. Metodología del estudio
En el Libro blanco sobre la discapacidad en Euskadi1, elaborado por EDEKA, entre los principales problemas que las entidades sociales destacan en el ámbito de salud, varios tienen que ver con la subsistencia de barreras y los déficits de accesibilidad.
A modo de ejemplo, se destacan los siguientes:
“Entre las personas con discapacidad auditiva se denuncia que el servicio de intérprete sólo cubre servicios ordinarios. Por ejemplo, si hay que acudir a urgencias o al hospital, hay que ir acompañado de algún familiar u otra persona.
También el sistema de cita previa que recientemente se ha implantado en Euskadi es completamente inaccesible para las personas con discapacidad auditiva.
Las recetas no están adaptadas para que personas con discapacidad visual las pueda manejar.
La asistencia a los centros de salud o a los propios edificios de Osakidetza es un entorno complicado para las personas ciegas si no lleva una persona de ap oyo.
También hay personas con problemas de movilidad en la calle o en el transporte público y se les complica mucho acceder a los servicios de Osakidetza.
En accesibilidad de centros de salud, hospitales, hay muchas carencias. Desde puertas pesadas, camillas no accesibles, no espacio para sillas de ruedas, mostradores altos, pavimentos no lisos, habitaciones no adaptadas…
Los servicios de atención a la mujer no son accesibles.
En general se reivindica que todos los medios y condiciones faciliten la autonomía y respeten la dignidad de las personas”.
Los objetivos concretos que, a través de la realización de este estudio, se ha planteado la institución del Ararteko son los siguientes:
Analizar el grado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad en los hospitales pertenecientes a Osakidetza o concertados.
Propiciar que las personas con discapacidad y movilidad reducida que utilicen los establecimientos hospitalarios en el País Vasco puedan hacerlo en las mismas condiciones de igualdad que cualquier otra persona, máxime al tratarse de una cuestión que puede afectar a toda la ciudadanía en algún momento de su vida.
Reclamar, sobre una base objetiva y metodológica, las medidas legales y administrativas que garanticen el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en las actuaciones urbanísticas vinculadas con los establecimientos hospitalarios.
Concienciar a la Administración pública sanitaria de la necesidad de cumplir la legislación vigente en materia de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en condiciones de igualdad de oportunidades, procurando que los servicios sanitarios, incluidos los servicios de salud mental, de ayuda psicológica, de consultas externas y de cuidados a pacientes hospitalizados, estén suficientemente equipados y sean eficaces para satisfacer las necesidades de dichas personas con discapacidad.
Analizar, de forma específica, el acceso a los servicios de asesoramiento y tratamiento ginecológico para las mujeres con diversidad funcional.
Asegurar que se lleven a cabo medidas para facilitar la comunicación a las personas y con las personas con discapacidad, de una forma comprensible, de la información necesaria (ya sea por medio de intérpretes de signos, de información en braille, sonora o de algún otro tipo) sobre sus necesidades en materia de asistencia sanitaria o sobre los tratamientos médicos que deben proporcionárseles.
Para determinar el contenido y la estructura del informe se han tenido en cuenta, por una parte, los grupos de personas con dificultades permanentes en la accesibilidad (discapacidad física, psíquica o sensorial), las personas con movilidad reducida y, por otra, aquellas personas cuya merma en la capacidad de desplazamiento puede venir motivada por otro tipo de factores como la edad o como consecuencia de una intervención quirúrgica que precisa que los y las pacientes permanezcan ingresadas de manera temporal en el centro hospitalario (el análisis sociodemográfico del colectivo de personas con movilidad reducida se aborda en el ap artado siguiente).
2.1. Accesibilidad
Por otra parte, para delimitar el contenido de este estudio ha sido necesario concretar el ámbito funcional del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco desde la perspectiva de la accesibilidad, teniendo en cuenta la cadena de accesibilidad que determina la disposición y la usabilidad de los itinerarios, edificaciones y servicios para las personas con movilidad reducida.
La accesibilidad se concibe bajo la premisa de que cualquier persona debe disponer y poder utilizar las edificaciones, los servicios o los productos en igualdad de condiciones. Esto implica algo más que eliminar u ofrecer una alternativa a un escalón en la entrada de un edificio; implica tener las mismas oportunidades y beneficios y disfrutar de los mismos programas o servicios que los demás. Entre ellos no deben olvidarse, como a menudo ocurre, los servicios relacionados con la comunicación y la información.
Asimismo, el concepto de accesibilidad debe entenderse teniendo en cuenta tres formas básicas de actividad humana: la movilidad, la comunicación y la comprensión. Las tres actividades están sujetas a limitación como consecuencia de la existencia de barreras.
Tal y como establece el Libro blanco2, se define la accesibilidad como “…el conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad”.
El Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se ap rueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 22.1 determina que: “Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
En este sentido, hemos de señalar que garantizar la accesibilidad implica garantizar el acceso a un determinado entorno, edificio, medio de transporte o medio de comunicación, y poder posibilitar a todas las personas el uso para el que está pensado. Además, se debe garantizar un uso autónomo, es decir, que todas las personas puedan hacer uso del medio de que se trate de forma independiente.
2.2. Cadena de accesibilidad
El desplazamiento de una persona entre un punto de origen y un destino debe ser de manera continua y sin que existan problemas. Esto es, que el recorrido deberá ser accesible de principio a fin para poder ser realizado por todas las personas en condiciones de igualdad.
En este sentido, podemos señalar que los elementos fundamentales de la cadena de accesibilidad son los siguientes:
1. Conexión de la vivienda con el espacio público: desplazamiento desde la casa hasta el exterior de la vivienda, desde el portal a la calle.
2. Conexión del espacio público con la infraestructura de acceso al transporte (parada o estación, automóvil): itinerario peatonal por el espacio urbano hasta llegar a la estación de acceso al transporte público o hasta un ap arcamiento.
3. Conexión de la parada o estación con el vehículo o transporte: acceso al vehículo, desplazamiento en el interior, descenso del vehículo.
4. Conexión de la infraestructura de acceso al transporte con el espacio público y destino: desplazamiento en las estaciones y paradas o ap arcamientos hasta acceder al destino final.
5. Destino final.
Esta cadena de accesibilidad debe disponer también de facilidad de acceso a la información para realizar los desplazamientos, para recibir y comprender los mensajes, etc.
Todo desplazamiento está integrado por diversas etapas que configuran la denominada CADENA DE ACCESIBILIDAD.
Para la elaboración de este informe, los elementos fundamentales que se han tomado en consideración para configurar la cadena de accesibilidad son a partir del transporte, tanto público (paradas cercanas al hospital) como privado (aparcamientos), aquellos que resultan necesarios para acceder al centro hospitalario, el itinerario del exterior del centro hasta acceder al hospital y la propia edificación del hospital.
1. ACCESIBILIDAD EXTERIOR: el desplazamiento (itinerario) hasta el equipamiento (parada, estación, ap arcamiento, etc.) ha de ser accesible o al menos practicable, así como la parada, estación o ap arcamiento en sí.
2. ACCESIBILIDAD INTERIOR: (visitante-paciente) compuesta por el acceso, el desplazamiento en el interior del equipamiento y la accesibilidad a los diversos elementos interiores y equipamiento.
3. ACCESIBILIDAD HOSPITALARIA: (paciente) condiciones de desplazamiento en el interior de las habitaciones, así como a los diversos servicios que implican la hospitalización, acceso a consultas, acceso a servicios de rehabilitación, radiografías, ecografías, etc.
Como aspecto transversal se analiza en todo el recorrido de la cadena de accesibilidad la comunicación. Esta comunicación es importante, con el fin de poder llegar a destino, y debe ser ofrecida por medio de señalética, franjas guías de orientación y elementos con información acústica y visual, tanto para personas con discapacidad auditiva como visual.
Itinerario peatonal accesible/practicable.
Accesibilidad motorizada:
autónomo y seguro.
Desplazamiento funcional en el servicio hospitalario.
Acceso a funciones básicas (habitaciones, análisis diversos, radiografía, etc.).
exterior hospitales
3.1. Personas con discapacidad y movilidad reducida
El concepto de persona con movilidad reducida (PMR) engloba a aquellas personas que tienen temporal o permanentemente limitada la capacidad de desplazarse sin ayuda externa (Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se ap rueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación).
Según el Parlamento Europeo, se considera a las “personas con movilidad reducida” no solo a las personas mayores de 65 años o con discapacidad, sino a todas las personas que tengan dificultades o restricciones diversas en su movilidad, entre las que se incluyen:
las personas con discapacidad (incluidas aquellas con deficiencias psíquicas y sensoriales y los usuarios de sillas de ruedas);
las personas con discapacidades en las extremidades;
las personas de baja estatura;
las personas que llevan equipaje o bultos;
las personas con carritos de la compra;
los padres/madres que llevan niños (incluidos niños sentados en cochecitos).
Los grupos de personas con dificultades en la accesibilidad, bien sea por causas de movilidad o de comunicación, vienen definidos en el artículo 3 del anexo I del Decreto 68/2000, de 11 de abril.
La merma en la capacidad de desplazamiento, bien sea de manera transitoria o temporal, es provocada por una discapacidad física, psíquica, intelectual o sensorial, aunque también puede estar motivada por otros factores como la edad y otros problemas de movilidad reducida temporal o transitoria de los y las usuarias de los hospitales, como mujeres embarazadas, personas con niños menores de 3 años, entre otros.
A los efectos de este estudio, se consideran personas con movilidad reducida de forma permanente tanto a las personas mayores como a las personas discapacitadas, y como personas con movilidad reducida de manera transitoria a las personas con diversas enfermedades o impedimentos varios (mujeres embarazadas, personas escayoladas, personas con ictus, personas con enfermedades del corazón, a quienes presentan enfermedades osteoarticulares diversas, etc.), así como a las personas con menores de 3 años usuarias de los hospitales en algún momento.
Según los datos del Eustat (Instituto Vasco de Estadística) de 2015, en el País Vasco había una población de 2.173.210 personas. De estas, 458.396 eran personas mayores de 65 años, que representaban el 21% de la población. Así mismo, según datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del año 2008, había un total de 169.400 personas con discapacidad en la CAPV, lo que correspondía al 7,79% de la población.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su “Informe Mundial sobre la Discapacidad” del año 2011, más de mil millones de personas, es decir, el 15% de la población mundial, sufrían alguna forma de discapacidad. Esta tasa de discapacidad aumenta debido al mayor envejecimiento de la población.
En cuanto a los datos ofrecidos por el Eustat sobre la población hospitalizada en el año 2014 en los centros de la CAPV, el “46,5% fueron personas mayores de 65 años, siendo 78 años la edad más frecuente de hospitalización”.
A este número de personas tenemos que añadir, como usuarios de los centros hospitalarios, a cualquier persona con movilidad reducida temporal, esto es, personas que, no teniendo una discapacidad reconocida, pueden tener dificultades de movilidad en determinados momentos, como son las personas con alguna discapacidad temporal, las mujeres embarazadas, las personas escayoladas, las personas que hayan sufrido algún tipo de accidente, las personas enfermas en general, etc.
Debemos tener en cuenta además que las personas con movilidad reducida pueden llegar a ser hasta un 50% de la población, tal y como se explicaba en el “Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV”, siendo previsiblemente mayor ese porcentaje al tratarse de personas usuarias de los servicios sanitarios.
En el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, ap robada por las Naciones Unidas (2006), se reconoce que “las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación”.
Los principales problemas que se puede encontrar dicho colectivo en la accesibilidad a los hospitales pueden ser:
De carácter físico: en los itinerarios a seguir, por la imposibilidad de salvar desniveles, pendientes y escaleras para llegar a las infraestructuras; imposibilidad de transitar por sitios o pasos estrechos y sin espacio de giro; dificultad para abrir y cerrar puertas; dificultad para accionar mecanismos que precisen la utilización de las dos manos a la vez; dificultad en el uso de ascensores o escaleras; dificultad para acceder a consultas o para realizar exámenes o exploraciones concretas, etc.
De carácter sensorial: por la imposibilidad para la identificación de objetos como botoneras o rótulos; para detectar obstáculos como desniveles o elementos salientes; por la falta de información para determinar las direcciones o itinerarios a seguir; por dificultad para identificar diversas señales acústicas o luminosas como alarmas, petición de turno, etc.
Bajo esta premisa, el gráfico y las tablas adjuntas exponen el volumen de población con movilidad reducida en la CAPV distribuida según los diferentes colectivos considerados como posibles usuarios de los hospitales. Para su cálculo, se han empleado diversas fuentes estadísticas y documentales por cada categoría de personas con movilidad reducida que ha sido considerada en el estudio:
COLECTIVOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Total de población del País Vasco
Eustat (Instituto Vasco de Estadística), datos de 2015
Población de la Comunidad Autónoma de Euskadi por año de nacimiento, según territorio histórico y sexo. Eustat 2015
Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD-2008)
Personas con discapacidad temporal
Estado de salud, morbilidad hospitalaria. Eustat 2014
En este sentido, se podrían establecer dos grupos dentro del conjunto de la población que engloba a las personas con movilidad reducida: las personas con movilidad reducida de forma permanente y las que tienen una movilidad reducida de manera temporal o transitoria:
La movilidad reducida permanente: hace alusión a las personas que, por motivos de edad o por discapacidades de carácter físico o sensorial, han visto limitada su capacidad de desplazamiento de forma autónoma. Este grupo se encuentra integrado por las personas mayores y por las personas con discapacidad de carácter permanente.
Población de la CAPV, año 2015
Hay que tener en cuenta el hecho de que la pirámide poblacional cada vez es mayor. En el año 2000, en el País Vasco, las personas mayores de 64 años representaban el 17,6% de la población (datos del Eustat) y, sin embargo, en el año 2014, las personas mayores de 65 años representaban ya el 21% de la población. Es decir, en 15 años ha aumentado la población mayor de 65 años en un 3,4%. La previsión de la evolución para los próximos años se espera que sea similar.
Pirámide de población de la CAPV,
año 2015 (elaboración propia, según datos del Eustat)
Proyecciones demográficas para 2026 (fuente: Eustat)
La población de 65 o más años podría aumentar en más de 110.000 personas, por lo que su peso llegará al 26,5% en 2026 –casi 7 puntos más que en 2013–. De este total, 32.000 personas irían al grupo de 85 y más años, que pasará a suponer el 4,6% del total (datos del Eustat).
La movilidad reducida transitoria: alude a las personas cuya capacidad de desplazamiento autónomo se ve mermada de forma temporal. Este colectivo se encuentra integrado por mujeres embarazadas, por personas con discapacidad temporal y por aquella población usuaria de hospitales que tiene enfermedades o situaciones limitantes de forma temporal.
3.2. Personas con movilidad reducida permanente
Tal y como se ha comentado anteriormente, según el Eustat, datos del año 2015, en el País Vasco había una población de 2.173.210 personas, de las que 458.396 eran personas mayores de 65 años, esto es, el 21% de la población. Así mismo, según datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, año 2008, había un total de 169.400 personas con discapacidad en la CAPV, lo que correspondía al 7,79% de la población.
Personas con movilidad reducida permanente (elaboración propia)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TERRITORIOS Y COLECTIVOS PMR
1.141.442
2.173.210
3.3. Personas con movilidad reducida transitoria
Para obtener la información correspondiente a las personas con movilidad reducida transitoria, los datos se han extrapolado del Eustat, 2015, “Población de la C.A. de Euskadi por año de nacimiento, según el territorio histórico y el sexo”, del cual se ha extraído la de “Estado de Salud. Tablas estadísticas. Morbilidad hospitalaria”.
De la estadística citada, se han tomado en cuenta los datos referidos a los pacientes que han recibido el alta en los hospitales, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las variables desde las que se han extraído los datos son por diagnóstico y por territorio histórico durante el año 2014.
Se han extrapolado los datos sobre los pacientes que pueden sufrir movilidad reducida de forma transitoria durante su estancia en los hospitales de agudos, por entender que son este tipo de pacientes los que a priori mayores problemas de accesibilidad pueden tener en los hospitales. Así, podemos identificar a las mujeres embarazadas, mujeres que han dado a luz, personas con diversas enfermedades incapacitantes (por infarto agudo de miocardio, enfermedades osteoarticulares y locomotoras, trastornos de ojo, cataratas, anomalías perinatales, lesiones y envenenamientos) y a las personas acompañantes de menores de 3 años.
En las siguientes tablas se encuentran estos datos, así como el total de las personas que fueron hospitalizadas en el año 2014.
Personas hospitalizadas con movilidad reducida transitoria, año 2014 (elaboración propia)
Enfermedades osteoarticulares y locomotoras
Anomalías perinatales
TOTAL DE ALTAS PAÍS VASCO
Personas con movilidad reducida transitoria en hospitales de la CAPV (elaboración propia)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TERRITORIOS Y COLECTIVOS PMR HOSPITALIZADOS
TRANSITORIA EN HOSPITALES
TOTAL MOVILIDAD REDUCIDA TRANSITORIA EN HOSPITALES
% MOVILIDAD REDUCIDA TRANSITORIA EN HOSPITALES
Enfermedades PMR transitoria
Los datos relativos por territorios históricos revelan repartos equivalentes de personas tanto con movilidad reducida permanente como transitoria. No obstante, llama la atención el porcentaje de población con movilidad reducida de carácter permanente residente en Bizkaia que, en número de habitantes, representa en valor el 1% por encima de Gipuzkoa y 3,1 puntos porcentuales por encima de Araba/Álava.
Porcentaje de personas con movilidad reducida en la CAPV (elaboración propia)
REDUCIDA PERMANENTE
TOTAL, MOVILIDAD REDUCIDA TRANSITORIA
TOTAL PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
% PERSONAS CON
Personas con movilidad reducida sobre el total de la población de la CAPV (elaboración propia)
Personas con movilidad reducida en los hospitales de la CAPV (elaboración propia)
De los datos resultantes se concluye que el 38% de la población actual residente en la CAPV y usuaria de los hospitales puede ser considerada como persona con movilidad reducida (PMR).
El 76,5% de las personas usuarias de hospitales tienen movilidad reducida, ya sea de carácter permanente o transitorio. Este dato revela la premura que tiene el abordaje del tema de la accesibilidad en los recintos hospitalarios, siendo imprescindible que sea abordado en las agendas de las diferentes instituciones y agentes competentes, y se le dote de un presupuesto adecuado que permita el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y uso normalizado de los hospitales del País Vasco.
Distribución de colectivos de personas con movilidad reducida en la CAPV por territorio histórico (elaboración propia)
4. Estructura del informe
El informe se estructura en torno a los siguientes contenidos:
Este capítulo 1 presenta los objetivos, el alcance del proyecto y la metodología del estudio.
El capítulo 2 incorpora el marco jurídico-conceptual en materia de accesibilidad, situando la cuestión en el ámbito teórico y favoreciendo la comprensión de la evolución normativa. Para ello, se ofrece una exposición genérica del marco normativo internacional y estatal y un análisis detallado de la normativa vigente en el ámbito de la CAPV.
El capítulo 3, que constituye el cuerpo central del informe, recoge el análisis de los datos referidos a la valoración del grado de accesibilidad de todos y cada uno de los centros hospitalarios de la CAPV, siguiendo básicamente un mismo esquema:
– Entorno urbano.
– Ap arcamientos.
– Entradas y salas de espera.
– Aseos reservados en zonas comunes.
– Habitaciones y boxes.
– Otras estancias.
El capítulo 4 incorpora los resultados obtenidos en los grupos de contraste.
El capítulo 5 informa sobre los programas de actuación llevados a cabo, o que tiene previsto adoptar próximamente, por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
El capítulo 6 incorpora las conclusiones del estudio.
El capítulo 7, y último, recoge las recomendaciones que dirigimos a las administraciones públicas, especialmente al Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
En el anexo 1 se analiza de una manera global, pero detallada, los datos de accesibilidad obtenidos de los distintos elementos que componen la cadena de accesibilidad.
El estudio se ha basado en un método de investigación participativa, de manera que los profesionales que han tomado parte han sido sujetos protagonistas del mismo, interactuando a lo largo de todo el proceso (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas etc.).
La investigación ha combinado la metodología cuantitativa y la cualitativa. La metodología cuantitativa ha sido realizada a través de plantillas de indicadores del grado de cumplimiento de la accesibilidad, que han sido completadas por parte del personal técnico, y también a través de unos cuestionarios que, previa a la visita, han sido enviados a los hospitales, lo cual nos ha permitido recoger los datos cuantificables de las diferentes áreas analizadas.
La metodología cualitativa ha sido recogida mediante entrevistas que se han realizado en las visitas a los hospitales, así como en los grupos de contraste que se han realizado con profesionales técnicos de distintos hospitales.
Para realizar este estudio se ha seguido una metodología basada en diferentes fases que, a su vez, se componen de diversas acciones y que han permitido recoger e integrar las ap ortaciones de los diversos agentes que han participado en su elaboración (técnico, social y legal), con el fin de conocer y analizar el estado actual del objeto del mismo.
ACCIÓN 1: selección del personal técnico participante en el estudio.
ACCIÓN 2: compilación de una base documental sobre las áreas específicas a investigar.
ACCIÓN 3: elaboración de la ficha a completar en las visitas a los hospitales.
ACCIÓN 4: elaboración del sistema informático de recogida de datos y realización de la base de datos.
ACCIÓN 1: concertación y posterior realización de las visitas a los hospitales.
ACCIÓN 2: recopilación de los datos extraídos en las visitas realizadas a los hospitales.
ACCIÓN 1: análisis de los datos extraídos en las visitas.
ACCIÓN 2: elaboración de un primer informe de conclusiones preliminares.
ACCIÓN 1: realización de grupos de contraste sobre las diferentes áreas temáticas objeto de estudio y análisis.
ACCIÓN 1: elaboración, una vez de analizadas las conclusiones preliminares y las ap ortaciones de los grupos de contraste, del informe final.
ACCIÓN 2: diseño de un programa de puesta en conocimiento del informe a la sociedad y las diferentes instituciones públicas con competencias en la materia de estudio.
Las fases indicadas se han desarrollado entre 2014 y 2016.
El proceso de evaluación de la accesibilidad en los hospitales del País Vasco se organiza en torno a una exhaustiva ficha técnica que permite recoger los diferentes aspectos que, según la normativa vigente en materia de accesibilidad, han de cumplir los hospitales, tanto de uso público como privado, para tener la consideración de accesibles. Así, esta ficha ha servido de herramienta para la recogida de datos en las visitas presenciales que se han realizado sobre cada uno de los centros hospitalarios y es la que ofrecerá toda la información para su posterior tratamiento.
En su diseño se han tenido en cuenta los principios básicos en los que el Centro para el Diseño Universal de la North Columbia State University de Estados Unidos se basa para el desarrollo de productos bajo este concepto: 1. Uso universal para todos: diseño útil y ap rovechable para cualquier grupo de usuarios. 2. Flexibilidad de uso: el diseño se adapta a un amplio abanico de preferencias y destrezas individuales. 3. Uso simple e intuitivo: el diseño permite un uso fácil de entender, con independencia de la experiencia del usuario, su conocimiento, habilidad de lenguaje o capacidad de concentración. 4. Información perceptible: el diseño ap orta la necesaria información de forma efectiva al usuario, con independencia de las condiciones ambientales o las habilidades sensoriales del individuo. 5. Tolerancia para el error o mal uso: el diseño minimiza daños y consecuencias adversas de las acciones realizadas involuntariamente o por error. 6. Poco esfuerzo físico requerido: el diseño puede ser utilizado eficientemente y confortablemente, y con mínima fatiga. 7. Tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso: tamaño y espacio adecuados para ap roximación, alcance, manipulación y uso, con independencia del tamaño corporal del usuario, la postura o movilidad.
También se han recogido los diversos datos técnicos que contienen tanto el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se ap rueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, como el Código Técnico de la Edificación, tomando en cuenta el “Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad” para su realización.
En el exterior se ha analizado el itinerario a seguir en cada zona, desde el sistema de transporte, bien de autobús o de metro, que resulte más cercano a los hospitales hasta los ap arcamientos reservados para personas con movilidad reducida.
También se ha examinado el recorrido a seguir hasta las diversas entradas, aceras, rampas, escaleras, señales, etc. El ámbito de actuación sobre dichos entornos urbanos corresponde a los ayuntamientos donde están ubicados los hospitales, por lo que, en su caso, serán ellos quienes deban encargarse de corregir las irregularidades que se han ido detectando.
En los accesos de los propios centros se ha estudiado, además de los itinerarios exteriores y ap arcamientos, si el acceso está a nivel de calle, el tipo de puerta utilizada, la señalización para personas con discapacidad visual, la señalización de recorridos, etc.
En cuanto al interior de los hospitales, se han recogido datos referidos al tipo de pavimento, los itinerarios, las consultas, los aseos y vestuarios, las salas de espera, las habitaciones, las cafeterías, así como otros elementos como capillas, tanatorios, farmacias, etc. Se ha intentado analizar todo elemento de los hospitales que sea utilizable tanto por los pacientes como por los familiares, y en algunos casos desde el punto de vista del trabajador.
Todos los datos obtenidos (fotografías, fichas y planos) se han volcado en una ficha de análisis y en una base de datos que permiten recopilar y sistematizar la información que se fue recogiendo de cada uno de los hospitales para su posterior tratamiento, y que sirven para tener organizados y accesibles todos y cada uno de los datos analizados.
Ejemplo de ficha técnica (elaboración propia)
Por lo tanto, las fuentes de información para la elaboración de la base de datos de los centros hospitalarios han sido:
La ficha de recogida de información.
La información recogida del análisis de accesibilidad que se ha hecho in situ.
La información facilitada por los profesionales de cada hospital.
Los establecimientos seleccionados para el análisis directo fueron localizados en un mapa digital y organizados según calle, código postal y municipio, con el objeto de facilitar el desarrollo del examen directo o presencial.
16 hospitales pertenecientes a Osakidetza
9 hospitales privados concertados con Osakidetza
8 hospitales psiquiátricos (4 específicos y 4 dentro de otros hospitales)
Total de hospitales analizados
5.3. Hospitales analizados
El total de hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 42, 16 de carácter público y 26 de carácter privado. De esos 42, 29 son hospitales de “agudos”3 (aunque el servicio de hospitalización médica del Hospital de Urduliz aún no se encuentre operativo a la fecha de cierre del presente informe). Por otra parte, hay que señalar también que 8 de los hospitales son de atención psiquiátrica.
Para este estudio, han sido analizados los 16 hospitales de la red pública de Osakidetza, 12 hospitales privados-concertados con Osakidetza y los 8 hospitales psiquiátricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Han sido objeto de la muestra los hospitales más significativos y los de “agudos”.
También se han analizado los 7 servicios de Osatek existentes, ya que se consideran como un complemento muy necesario e importante de los hospitales, además de una herramienta básica para realizar el análisis y posterior tratamiento de diversas enfermedades.
Distribución de la muestra según el territorio histórico y los hospitales públicos, concertados, psiquiátricos y servicios de Osatek:
Distribución de la muestra según territorio histórico (elaboración propia)
PÚBLICOS/
Hospitales y servicios de Osatek analizados:
Listado de hospitales analizados
Hospital del Alto Deba
Hospital Psiquiátrico de Bermeo
Hospital Psiquiátrico de Zaldibar
Hospital Santiago Ap óstol
Edificio Aranzazu
Onkologikoa-Donostia
Osatek, Ambulatorio de Las Arenas
Osatek, Ambulatorio Doctor Areilza
Porcentaje de hospitales públicos, privados-concertados, psiquiátricos y servicios de Osatek:
Porcentaje de hospitales analizados (elaboración propia a partir de la muestra seleccionada para el estudio)
Para realizar el análisis de campo en los hospitales, se solicitó la colaboración de una persona encargada de cada centro, con el fin de organizar la visita y que acompañara al equipo de investigación en el análisis que se iba a realizar.
Este análisis presencial se llevó a cabo desde agosto del año 2014 hasta marzo de 2015, excepción hecha del Hospital de Urduliz, que se realizó en el año 2016, tras su entrada en funcionamiento. El tiempo empleado para la realización del análisis de cada uno de los hospitales visitados ha variado, oscilando entre las 4 y las 40 horas.
En el siguiente cuadro se informa de las fechas en las que se realizaron las visitas a cada uno de los hospitales y las zonas analizadas:
Exterior de Hospital de Cruces
Exterior de Hospital de Basurto
Exterior de Hospital Universitario Donostia
Exteriores de Hospital Universitario Donostia y Hospital Ricardo Bermingham
Exterior de Hospital de Gorliz
Exteriores de Hospital del Alto Deba, Hospital de Mendaro y Hospital de Zumarraga
Exteriores de Clínica Virgen Blanca, Clínica Indautxu, Hospital Victoria Eugenia y Osatek-Ambulatorio Doctor Areilza
Visita a Hospital de Zumarraga
Exterior de Hospital Bidasoa
Visita a Hospital Bidasoa
Visita a Hospital de Mendaro
Visita a Hospital del Alto Deba
Visita a Hospital Universitario Donostia
Visita a Onkologikoa-Donostia
Visita a Hospital de Gorliz
Visita a Hospital Santa Marina
Visita a Hospital San Eloy
Visita a Hospital Gernika-Lumo
Visita a Hospital de Basurto
Visita a Hospital Galdakao-Usansolo
Exterior de Hospital Aita Menni
Visita a Hospital de Cruces
Visita a Hospital Aita Menni
Visita a Hospital Txagorritxu
Visita a Osatek-Ambulatorio de Las Arenas
Visita a Hospital Psiquiátrico de Zamudio
Visita a Hospital Psiquiátrico de Bermeo
Visita a Hospital Psiquiátrico de Zaldibar
Visita a Hospital Psiquiátrico de Álava
Visita a Clínica Santa Maria de la Asunción
Visita a Sanatorio de Usurbil
Visita a Hospital de Leza
Visita a Clínica Virgen Blanca
Visita a Hospital San Juan de Dios
Visita a Hospital Victoria Eugenia
Visitas a Hospital de Cuidados San Onofre y Hospital Quirón Vitoria
Visita a Hospital Vithas San José
Visita a Hospital Ricardo Bermingham
Visita a Hospital de Urduliz
5.4. Explotación de los datos obtenidos
Los datos recogidos en fotografías, fichas y planos cumplimentados en el análisis presencial fueron incorporados y sistematizados, en soporte informático, en una base de datos que permite disponer de la información de cada uno de los datos analizados de una manera accesible.
En el momento del análisis presencial se fueron cumplimentando los planos que se habían facilitado desde los hospitales, según un código propio realizado para este análisis. Los datos recogidos en las fichas técnicas, planos y fotografías fueron incorporados y sistematizados, en soporte informático, en una base de datos que permite disponer de la información de cada uno de los datos analizados de una manera accesible.
Este es un ejemplo de planos y códigos utilizados:
No es posible realizar un giro adecuado.
Es posible realizar un giro adecuado.
No existe espacio de trasferencia adecuado.
Existe espacio de trasferencia adecuado.
No existe espacio reservado adecuado.
Existe espacio reservado adecuado.
Asiento de altura X sin reposabrazos.
Asiento de altura X con reposabrazos.
Ancho de paso libre en la puerta.
Las siguientes notas, también se han utilizado como forma de clasificar la accesibilidad de los elementos analizados:
NOTAS DE ASEOS:
- *A1 Aseo completamente inaccesible.
- *A2 Espacio de trasferencia<80 cm u ocupado.
- *A3 Inodoro <45 cm.
- *A4 No dispone de barras asideras o están mal instaladas.
- *A5 Lavabo a altura >80 cm y/o pedestal.
- *A6 Espejo a altura >90 cm sin desplome.
- *A7 Puerta sin zócalo protector o inadecuado.
- *A8 Accesorios de lavabo inadecuados.
- *A9 Iluminación automática.
- *A10 Puerta con ap ertura hacia dentro.
- *A11 No dispone de alarma para aviso al personal o está mal instalada.
NOTAS DE VESTUARIOS:
- *V1 Vestuario completamente inaccesible.
- *V2 Espacio de trasferencia<80 cm u ocupado.
- *V3 Puerta con ap ertura hacia dentro.
- *V4 Iluminación automática.
- *V5 Camilla para cambio de ropa inadecuada.
- *V6 No dispone de alarma para aviso al personal o está mal instalada.
- *V7 Perchas o baldas a altura elevada.
- *V8 No dispone de barras asideras o están mal instaladas.
NOTAS DE CONSULTORIOS:
- *C1 Consultorio completamente inaccesible.
- *C2 Mobiliario que obstaculiza el acceso.
- *C3 Mesa de dimensiones inadecuadas.
- *C4 Cabina para pruebas complementarias inaccesible.
- *C5 Camilla a altura elevada.
NOTAS DE HABITACIONES:
- *H1 Habitación completamente inaccesible.
- *H2 Espacio de trasferencia <90 cm o ocupado.
- *H3 Altura de la cama inadecuada.
- *H4 Ancho del acceso al mobiliario <90 cm.
- *H5 Mecanismos de control a altura >120 cm.
- *H6 Baldas y cajones situados entre 50-120 cm.
NOTAS DE BAÑOS:
- *B1 Aseo completamente inaccesible.
- *B2 Espacio de trasferencia <80 cm o ocupado.
- *B3 Inodoro a <45 cm.
- *B4 No dispone de barras asideras o están mal instaladas.
- *B5 Lavabo a altura >80 cm y/o pedestal.
- *B6 Espejo a altura >90 cm sin desplome.
- *B7 Puerta sin zócalo protector o inadecuado.
- *B8 Accesorios de lavabo inadecuados.
- *B9 Iluminación automática.
- *B10 Puerta con ap ertura hacia dentro.
- *B11 No dispone de alarma para aviso al personal o está mal instalada.
- *B12 Ducha inaccesible.
- *B13 Espacio de trasferencia a la ducha inadecuado.
- *B14 Bañera inaccesible.
- *B15 No dispone de asiento en baño.
En los siguientes planos se observa la utilización de estas notas y códigos:
Plano “materno infantil”. Hospital Universitario Donostia
Detalle de plano “materno infantil”.
Base de datos (elaboración propia)
Detalle de la base de datos (elaboración propia)
5.5. Análisis de los datos obtenidos y conclusiones preliminares
Los datos recogidos e incorporados a la base de datos se recogieron en un “excel” para ser posteriormente tratados y analizados mediante el programa estadístico correspondiente, incorporando las variables que se estimaron que ap ortaban valoraciones y conclusiones más relevantes.
Ilustración 12.
Ejemplo excel de ap arcamientos de ayuntamiento
Resultado de ap arcamientos de ayuntamiento
Los datos obtenidos permitieron extraer las conclusiones preliminares que servirían de base para la posterior elaboración del informe final y de las conclusiones definitivas. Con todo ello se pretende fundamentar objetivamente las recomendaciones correspondientes en materia de cumplimiento de la normativa de accesibilidad en los hospitales de la CAPV.
5.6. Grupo de contraste
Una vez se obtuvieron las conclusiones preliminares, se constituyó un “grupo de contraste”, con el fin de analizar si estas conclusiones preliminares alcanzadas se ajustaban al sentir general de las personas con discapacidad usuarias en su relación y uso de los hospitales, y con lo que observan y conocen los profesionales de la sanidad.
En este grupo de contraste participaron médicos, personal del hospital, tanto enfermeras como celadores, así como personas con discapacidad que han estado hospitalizadas o que son trabajadores, personal de Elkartu y del Ararteko.
La metodología, estructura y conclusiones de este grupo se encuentran en el capítulo 4 del informe.
1. Marco jurídico-conceptual
El cambio conceptual que en las últimas décadas se ha producido en el ámbito de la accesibilidad ha contribuido a importantes avances legislativos a favor del reconocimiento social del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
El primer cambio se da con el paso de las teorías de la discapacidad basadas en el enfoque de la rehabilitación individual a las teorías que defienden su carácter social. Este planteamiento, en materia de accesibilidad, supuso asumir que no es el individuo el que debe adaptarse a un entorno diseñado para el hombre medio, sino que es el entorno el que debe ajustarse a la diversidad de las necesidades de la población, resultando dicho entorno accesible a todas las personas.
Esta modificación conceptual ha provocado que las normas de accesibilidad eligieran la silla de ruedas como elemento de referencia, teniendo en cuenta que la cobertura de las discapacidades más limitadoras llevaría la de las demás. Por ello, la silla de ruedas, símbolo de la discapacidad, se convierte en el símbolo de la accesibilidad.
Un segundo cambio se produce con la entrada en la escena jurídica de las leyes antidiscriminación en el tratamiento normativo de la discapacidad. Estas normas se fundamentan en el reconocimiento y la defensa de los derechos civiles y sociales, en el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la plena ciudadanía, en vez de basarse en los derechos que pudieran derivarse para una persona con discapacidad de las normas reguladoras de las características del entorno físico. La principal consecuencia que deriva de la naturaleza jurídica de estas normas es la posibilidad de poder exigir su cumplimiento en los tribunales.
Por otro lado y de manera paralela, pero resultando compatible con las normas antidiscriminación, en esta última década venía afianzándose la filosofía de la accesibilidad universal desde la premisa del concepto de un diseño para todos.
Hace treinta años ya esta visión había sido propuesta por Dessertine, uno de los artífices de la ley francesa de 1975, que fue el primero en la escena internacional en afirmar que la accesibilidad concernía a toda la población: personas con discapacidad sin duda, pero también ancianos, niños, mujeres embarazadas, personas que llevan un coche de niño, personas que transportan bultos, etc. En su opinión, “toda persona ha sido, es o será un día una persona con discapacidad”.
La asunción de la filosofía de la accesibilidad universal implica admitir que es la sociedad en su conjunto quien debe adaptarse a la diversidad de sus miembros, introduciendo las modificaciones ambientales necesarias para garantizar la plena participación de todas las personas en cada una de las áreas de la vida, y que esta adaptación de la sociedad a la diversidad es la única vía que conduce, de forma efectiva, hacia la igualdad de las personas y hacia el respeto de sus derechos.
Este proceso de evolución conceptual tiene su plasmación con la ap robación, el 13 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de la ONU, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entra en vigor en el Estado español el día 3 de mayo de 2008.
Esta convención ha supuesto un cambio significativo en el tratamiento de la discapacidad. Desde el punto de vista jurídico, podemos decir que ha significado la superación del tratamiento o la manera de abordar la discapacidad desde la concepción del modelo rehabilitador a la asunción de los modelos social y de la diversidad. La conjugación de estos dos modelos inspira la filosofía de la convención.
Como se ap untaba, la premisa del modelo social parte de la idea de reconocer como causas del origen de la discapacidad las limitaciones que la sociedad impone en la prestación de servicios y en la adecuación de las necesidades específicas que requieren las personas con discapacidad para su participación en la organización de la sociedad en condiciones de igualdad. Por ello, las soluciones que se deben adoptar no deben ir dirigidas solo individualmente a la persona, sino también a la sociedad para tratar de superar las situaciones de discriminación que se producen.
Por otra parte, la dimensión de la diversidad alcanza los principios de los movimientos de vida independiente. Dicho movimiento considera que la discapacidad es un hecho inherente al ser humano y una manifestación más de la diversidad humana. Demandan el reconocimiento de las personas con discapacidad como seres humanos diferentes con igualdad de derechos y oportunidades, y entienden que este carácter universalista de la discapacidad exige que la sociedad asuma el esfuerzo necesario para llegar a dicha situación.
A su vez, la convención sitúa la discapacidad en el ámbito de los derechos humanos. Prueba de ello los constituyen los principios rectores en los que se basa:
Como hemos referido, los avances legislativos de las dos últimas décadas, en el ámbito nacional e internacional, han constituido el elemento vehicular sobre el que se asientan las estrategias en favor del reconocimiento social del derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.
El campo legislativo sobre la accesibilidad determina la movilidad de la persona como un elemento esencial para tomar parte en el mundo económico y social actual. La ausencia de la accesibilidad condiciona el derecho de las personas con discapacidad a una participación de manera autónoma y en condiciones de igualdad en la sociedad.
Se trata, por lo tanto, de un principio nuclear que, a través del marco jurídico internacional y comunitario, se ha ido incorporando al ordenamiento jurídico estatal a través de una estructura normativa amplia y detallada.
A escala internacional, el marco político de referencia en materia de discapacidad se ha consagrado a partir de la promulgación de una serie de normas uniformes en el contexto de las Naciones Unidas, en el que se ha ido consolidando progresivamente la consideración de la discapacidad desde el punto de vista de los derechos humanos.
Conceptualmente, la evolución normativa ha propiciado un cambio significativo en las políticas de accesibilidad pasando de considerar a las personas como “discapacitadas” a considerar los entornos como “discapacitantes”.
Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (A/RES/48/96) de 4 de marzo de 1994, que establecen en su articulado los requisitos para la igualdad de participación, los ámbitos en los que se debe materializar dicha igualdad, las medidas de ejecución y los mecanismos de supervisión.
A los efectos del presente informe, cabe hacer referencia al artículo 5 de esta resolución, que al regular las posibilidades de acceso establece:
“Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben: a) establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible, y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación”.
Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas de 30 de noviembre de 2001 acordó promover un convenio internacional para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad que, como anteriormente hemos señalado, tuvo su hito en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, (A/RES/61/106) 24 de enero de 2007, que entró en vigor en España el día 3 de mayo de 2008. Protocolo opcional de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La convención defiende y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida (educación, salud, trabajo, cultura, ocio, participación social y económica...), mostrando la accesibilidad como un elemento transversal de cada uno de estos contextos.
Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad. Entre las principales, se destaca la “visibilidad” de este colectivo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, la asunción irreversible de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se ap licarán, entre otras cosas, a:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la ap licación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y ap oyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo”.
A su vez, el artículo 19 c) establece que “los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.
Por lo que se refiere al derecho a la salud, la convención determina en su artículo 25 que “los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”. En este sentido, no puede obviarse la definición de “discriminación por motivos de discapacidad” que establece en su artículo 2: “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
En el año 1992 se ap rueba la recomendación sobre una política coherente en materia de integración de las personas con minusvalías [Recommendation N° R (92) 6 of the Committee of Ministers to member states on a coherent policy for the rehabilitation of people with disabilities, de 9 de abril de 1992].
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Lexislacions/recomendacion_R92-6_sobre_la_elaboracion_de_una_politica_.....pdf).
En el año 1993 se elabora una guía de principios y directrices en materia de accesibilidad.
En el año 1996 la Carta Social Europea recoge el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida comunitaria, mediante medidas destinadas a superar las barreras de comunicación y de movilidad, así como facilitar a estas personas el acceso al transporte, la vivienda y a las actividades culturales y de ocio (Carta Social Europea revisada, de mayo de 1996).
En el año 2001, mediante la denominada Resolución de Tomar, el Consejo de Europa asume la filosofía de la accesibilidad universal [Resolución ResAP(2001)1 sobre “Introducción de los principios de la concepción universal en los programas de formación del conjunto de las profesiones que trabajan en el ámbito del medio edificado”, Resolution ResAP(2001)1 on the introduction of the principles of universal design into the curricula of all occupations working on the built environment, de 15 de febrero de 2001].
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_029646.htm).
También es preciso citar la Recomendación REC(2006)5 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre el Plan de Acción del Consejo de Europa para la promoción de derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa 2006-2015, de 5 de abril de 2006 (Implementation of the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: Improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015).
En el año 1996 se dicta la Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los representantes de los Gobiernos y de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 20 de diciembre, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía (DOCE 13/01/97), que incide en la necesidad de eliminar las barreras que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidad a una ciudadanía plena [Una nueva estrategia comunitaria en materia de minusvalía COM(96) 406 final, 30 de julio de 1996].
En el año 2000 se ap rueba la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones “Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad” [Bruselas, 12 de mayo de 2000, COM 2000 (284) final, no publicada en el DOCE]. La comunicación incide en el papel de la Unión Europea como elemento tractor para el impulso de la cooperación entre los Estados miembros, del fomento del intercambio y desarrollo de las mejores prácticas que conduzcan a eliminar las barreras actuales.
La comisión preconiza una mayor coordinación en los ámbitos del empleo, la educación, la formación profesional, el transporte, el mercado interior, la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y la política de los consumidores. Asimismo, establece un itinerario a seguir con una serie de líneas estratégicas de acción: hacia una mejora de la movilidad y la accesibilidad; hacia una sociedad de la información al servicio de todos; hacia un mercado común más desarrollado en lo que respecta a tecnologías de ap oyo.
– Favorecer la movilidad como componente de la ciudadanía.
– Colmar las deficiencias de la política intersectorial en materia de accesibilidad.
– Dar acceso a las personas con discapacidad a la sociedad de la información.
– Mejorar el mercado de las tecnologías asistencial.
– Proteger los derechos e intereses de los consumidores con discapacidad en el mercado.
En ese mismo año se ap rueba la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DOCE L303/16, de 2 de diciembre de 2000). Se trata de una norma antidiscriminatoria relativa a las cuestiones de accesibilidad física al trabajo.
Aprovechando el impulso generado en 2003 por el “Año Europeo de las personas con discapacidad”, la comisión desea ap rovechar sus resultados mediante la instauración de un plan de acción plurianual. El objetivo de este plan de acción es integrar, antes de 2010, la dimensión de la discapacidad en las políticas comunitarias afectadas y ap licar acciones concretas en ámbitos clave, con el fin de mejorar la integración económica y social de las personas con discapacidad [Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un plan de acción europeo (2004-2010), COM(2003) 650 final, de 30 de octubre de 2003].
En el año 2008 la Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 17 de marzo de 2008 relativa a la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea (2008/C 75/01) (DOCE C 75/1, de 26 de marzo de 2008). Invita a los Estados miembros y a la comisión a que garanticen: la accesibilidad para las personas con discapacidad; el aumento de la participación en el mercado laboral combinando planes de empleo flexible, la inclusión activa y las medidas positivas, como la utilización de tecnologías de asistencia y asistencia personal; el fomento de la inclusión de todos los ciudadanos en la sociedad de la información de acuerdo con la Declaración de Riga sobre inclusión digital, desarrollando tecnologías de información y comunicación accesibles y mediante tecnologías de asistencia a las personas con discapacidad.
Por último, hemos de referirnos a la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras [COM(2010) 636 final], de 15 de noviembre de 2010. La estrategia se centra en la supresión de barreras. La comisión ha identificado ocho ámbitos primordiales de actuación: accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, sanidad y acción exterior.
En lo que afecta a la sanidad, junto con el reconocimiento de que las personas con discapacidad “tienen derecho al mismo acceso a la asistencia sanitaria que el resto de la población”, señala que “la actuación de la UE ap oyará las medidas nacionales cuyo objeto sea proporcionar unos servicios y unas instalaciones sanitarias accesibles y no discriminatorias”, estableciendo como objetivo “potenciar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y a las instalaciones vinculadas para las personas con discapacidad”.
a) La Constitución Española, a través de los mandatos establecidos en los artículos 9.2, 14 y 49, insta a los poderes públicos a fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la persona; a impulsar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, religiosa, cultural y social; a eliminar los obstáculos que dificulten su plenitud; y a facilitar la accesibilidad de todas las personas mediante políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
b) El artículo 49 del texto constitucional constituye el fundamento directo de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI). Esta ley se configuró como una ley marco y como tal sentó las bases para que la integración plena en la sociedad de las personas con discapacidad pudiera llevarse a efecto.
c) No obstante, tras dos décadas de vigencia de la LISMI, la persistencia de la desigualdad en la sociedad se seguía manifestando de forma notoria y los nuevos enfoques y las estrategias derivadas de los cambios operados en la concepción de la discapacidad en el ámbito comunitario (lucha contra la discriminación, accesibilidad universal), con expreso reconocimiento de las limitaciones sociales, exigían una evolución legislativa acorde con los nuevos principios, que se materializó con la promulgación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). Esta norma, que no deroga la LISMI, suponía un gran cambio en la manera de abordar el fenómeno de la discapacidad, ya que planteaba su consideración como una cuestión de derechos humanos.
En este texto legislativo convergen las ya comentadas corrientes de accesibilidad universal y no discriminación, constituyendo el marco sobre el que se plasma un conjunto de disposiciones que persiguen con nuevos medios un objetivo ya conocido: garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades y a la participación en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.
d) La entrada en vigor de la LIONDAU y de sus posteriores normas de desarrollo ha supuesto un importante impulso de los nuevos conceptos demandados con insistencia por las personas con discapacidad y por el movimiento asociativo. En lo que atañe al ámbito de ap licación del presente proyecto, cabe destacar el siguiente cuerpo legislativo:
d.1) El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se ap rueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Esta norma regula las condiciones de accesibilidad en el espacio público urbano y en los edificios, garantizándose a todas las personas un uso independiente y seguro de aquellos. Asimismo, se da respuesta a la necesidad de armonizar y unificar términos y parámetros, así como de establecer las medidas de acción positiva que favorezcan el uso normalizado del entorno construido y de los espacios urbanos a las personas con discapacidad.
Por otra parte, se ofrece una normativa adaptada a la visión de la accesibilidad fundamentada en el diseño para todos y la autonomía personal, y también más abierta de las necesidades existentes, asumiendo la pluralidad dentro de la discapacidad.
En su disposición final tercera determina que “las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los edificios que se ap rueban en virtud del presente real decreto, se incorporarán con el carácter de exigencias básicas de accesibilidad universal y no discriminación a la Parte I del Código Técnico de la Edificación, ap robado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Asimismo, se incorporará a la Parte II del CTE un documento básico relativo al cumplimiento de dichas exigencias básicas”. Asimismo, la disposición adicional quinta, establece que “las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los edificios que se ap rueban en virtud del presente real decreto y que serán incorporadas al Código Técnico de la Edificación en cumplimiento de la disposición final tercera, serán obligatorias, para los edificios nuevos, así como para las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en los edificios existentes, en el plazo que disponga el real decreto mediante el que sean incorporadas al Código Técnico de la Edificación”.
d.2) El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Esta norma determina las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para su utilización por las personas con discapacidad para los modos de transporte ferroviario, marítimo, aéreo, por carretera, en autobús urbano y suburbano, ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de transporte especial, fijando su calendario de implantación en el marco de lo establecido por la disposición final octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
d.3) La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Esta norma de ámbito estatal en materia de accesibilidad es de ap licación supletoria a la legislación autonómica. Las comunidades autónomas han promulgado sus respectivas leyes para garantizar los principios de la accesibilidad universal.
e) Como hemos señalado anteriormente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ap robada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, supone la consagración del enfoque de los derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de los derechos y obliga a los poderes públicos a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. Conforme establece el artículo 4 de la convención, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Es en este ámbito del modelo social de la discapacidad en el que ahonda la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dando un decidido impulso reformador con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, para avanzar hacia la autonomía personal y la no discriminación.
En materia de sanidad, se modifican diversas leyes, de modo que se incluye la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias y se regula el derecho a la información en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.
Asimismo, en el ámbito que nos ocupa, resulta significativa la modificación del ap artado 3 del artículo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (artículo 10 de la Ley 26/2011), que queda redactado en los siguientes términos:
“3. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, adoptará las medidas de acción positiva necesarias para que, en las convocatorias anuales de pruebas selectivas, para el acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, al menos, un siete por ciento de la totalidad de las plazas ofertadas en cada una de ellas sean cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el ap artado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, siempre que superen el proceso selectivo, acrediten la discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta.
Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias, para que, tanto en las pruebas de acceso como en los puestos en los que se formen los adjudicatarios de plaza en formación, se lleven a cabo las adaptaciones y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad”.
Por ello, para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho precepto, será preciso disponer de instalaciones accesibles para que las personas con discapacidad que accedan a dichas plazas puedan desarrollar su formación.
En relación con la accesibilidad como elemento clave e indispensable para la plena efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, destaca la modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, mediante la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
f) A su vez, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ap rueba el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se ap rueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
El real decreto legislativo refunde en esta norma las tres principales leyes marco anteriormente citadas: la Ley 13/1982, la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007. Del mismo modo, estas tres leyes quedan derogadas y todas las referencias y remisiones legales a dichas leyes se entienden referidas a partir de ahora a esta. Se actualizan los términos, definiciones, principios y contenidos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el ámbito de la accesibilidad, el artículo 22.1 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que “las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”. A su vez, el artículo 26 dictamina que: “las normas técnicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos básicos, de ejecución y parciales, denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de colegios profesionales o de oficinas de supervisión de las administraciones públicas competentes, a aquellos que no las cumplan”.
g) Por último, en cuanto a las exigencias en la edificación, también hemos de referirnos a las siguientes normas:
g.1) La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece: “Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos básicos de la edificación, que deberán satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:
a.4) Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones ap ropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica” (artículo 3.1).
g.2) Cabe destacar también el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se ap rueba el Código Técnico de Edificación, que “es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE.
2. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de «seguridad estructural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de utilización y accesibilidad», «higiene, salud y protección del medio ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de energía y aislamiento térmico», establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas” (artículo 1).
g.3) El Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, ap robado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (BOE 61, de 11 de marzo de 2010).
g.4) La Orden VIV/ 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE 61, de 11 de marzo de 2010).
g.5) La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, establece como uno de los fines de las políticas públicas para un medio urbano más sostenible, eficiente y competitivo “garantizar el acceso universal de los ciudadanos a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios, así como su movilidad” (artículo 3 e).
g.6) El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se ap rueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 261, de 31 de octubre de 2015).
h) Por otra parte, hemos de señalar que el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, a la hora de abordar el ámbito de la salud, recoge como objetivo concreto la necesidad de reforzar los servicios e instalaciones sanitarias accesibles y no discriminatorias.
En este sentido, cabe significar que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 2 establece entre los principios que informan la ley “la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad”. Asimismo, el artículo 23 determina que debe garantizarse en todo momento la accesibilidad precisando que “todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva”.
A este respecto, resulta especialmente relevante el artículo 28, que, al regular las garantías de calidad y servicios de referencia, determina que “la accesibilidad de los centros, servicios y prestaciones de carácter sanitario para personas con discapacidad constituye un criterio de calidad que ha de ser garantizado por el Sistema Nacional de Salud. Los centros sanitarios de nueva creación deberán cumplir las normas vigentes en materia de promoción de la accesibilidad y de eliminación de barreras de todo tipo que les sean de ap licación. Las Administraciones públicas sanitarias promoverán programas para la eliminación de barreras en los centros y servicios sanitarios que, por razón de su antigüedad u otros motivos, presenten obstáculos para los usuarios con problemas de movilidad o comunicación”.
La CAPV, antes de la ap robación de la LISMI, ya se había pronunciado en materia de accesibilidad urbanística mediante el Decreto 59/1981, de 23 de marzo, de supresión de barreras urbanísticas. No obstante, la regulación de la accesibilidad a la edificación no se establece en la normativa vasca hasta finales de 1983, con la ap robación del Decreto 291/1983, de 19 de diciembre, sobre supresión de barreras arquitectónicas. Esta disposición tenía un carácter marcadamente progresista para la época, ya que, al definir su objeto, aludía a las “personas que sufran cualquier tipo de minusvalía, orgánica o circunstancial, niños, mujeres gestantes, personas cargadas, etc.”, es decir, de algún modo, recogía uno de los postulados básicos del diseño universal, que consiste en adaptar el entorno a las necesidades de todos.
Esta norma, que constituye el antecedente directo de la normativa vigente en la actualidad, adolecía de un defecto básico: carecía de un sistema sancionador que forzara a su cumplimiento.
En la actualidad, la normativa vigente en materia de accesibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco se estructura en:
a) Un marco general de actuación, definido por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad. Este marco recoge:
– El objeto de la ley y su ámbito material de ap licación.
– La definición de las medidas para garantizar la accesibilidad en los cuatro ámbitos de intervención –entornos urbanos y espacios públicos, edificios, sistemas de información y comunicación, y transportes–, definición que incluye, por un lado, las condiciones generales, y por otro, las reservas.
– Las medidas que deberán adoptar las administraciones públicas –Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y demás entidades públicas– para promover y fomentar la accesibilidad.
– Las medidas de control del cumplimiento de los requisitos normativos.
– El régimen sancionador, es decir, la definición de las infracciones, de las sanciones y del procedimiento ap licable en caso de incumplimiento de la normativa.
– La creación del Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad como órgano consultivo y de participación en esta materia.
b) Las condiciones técnicas ap licables en los diferentes ámbitos de intervención contenidas en los dos decretos de desarrollo de la ley:
– El Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se ap rueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Este decreto se compone de cinco anejos:
El anejo I establece los parámetros antropométricos, que incluye una serie de definiciones básicas de conceptos de accesibilidad, identificando los colectivos de personas con dificultades de accesibilidad y estableciendo las medidas, dimensiones corporales, situaciones de alcance y control, necesidades de espacio para los movimientos y transferencias.
El anejo II regula las condiciones técnicas de accesibilidad en los espacios públicos y elementos de carácter comunitario.
El anejo III establece las condiciones técnicas de accesibilidad en la edificación.
El anejo IV fija las condiciones técnicas de accesibilidad de los sistemas de comunicación.
Por último, el anejo V regula las condiciones técnicas de accesibilidad previstas en los anejos anteriores en las obras de reforma, ampliación o modificación en las urbanizaciones y en la edificación.
– El Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se ap rueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en el Transporte.
Este decreto contempla las condiciones de accesibilidad en las infraestructuras del transporte, así como en el material móvil del transporte público por carretera y ferrocarril, incluyendo determinadas condiciones para el transporte privado y regulando los aspectos relativos a la ejecución de las adaptaciones y al control de las condiciones de accesibilidad.
Igualmente, resulta de interés la Guía de ap licación de la normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco (julio de 2012).
c) También serían de ap licación las siguientes normas:
– Ley 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo (BOPV 190, de 7 de octubre de 2014).
– Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (BOPV 138, de 20 de julio de 2006).
– Decreto 42/2005, de 1 de marzo, de modificación del Decreto por el que se ap rueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación (BOPV 49, de 11 de marzo de 2005).
d) Por su parte, hemos de significar que el plan Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020 incluye la perspectiva de equidad de forma sistemática en todos los planes e intervenciones del sistema sanitario y de salud pública. Ello implica adoptar distintas acciones destinadas a primar la asignación de los recursos dirigidos a los grupos sociales con mayor desventaja social y de salud, así como “garantizar la accesibilidad universal a los servicios sanitarios, la continuidad de los cuidados y la atención integral de calidad para todas las personas que viven en Euskadi, eliminando los obstáculos que generan a determinados colectivos o grupos de personas desventajas o dificultades en el acceso a los cuidados de salud, como:
– Barreras físicas y de transporte por la diversidad funcional de las personas.
– Barreras de género.
– Barreras por estigma social producido por determinadas enfermedades y trastornos.
– Barreras sociales, culturales y económicas”.
d.1) El Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, señala en su artículo 7 como obligación de las personas titulares de los centros, servicios y establecimientos sanitarios “mantener las condiciones y los requisitos técnicos que establezcan las normas vigentes para cada tipo de centro, servicio o establecimiento sanitario”.
d.2) La Orden de 29 de febrero de 1996, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan las autorizaciones de creación, de realización de modificaciones y de funcionamiento de los hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene por objeto “regular las autorizaciones administrativas previas para la creación, para la realización de modificaciones sustanciales y las autorizaciones de funcionamiento de los hospitales de titularidad pública o privada, ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, establece también la obligación de que no existan barreras arquitectónicas en las unidades de rehabilitación al regular en su anexo III los requisitos específicos de las distintas áreas hospitalarias.
d.3) La Orden de 12 de noviembre de 2013, del Consejero de Salud, establece los requisitos técnicos ap licables a los centros y servicios sanitarios en los que se realicen actividades quirúrgicas y/o procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos invasivos sin internamiento, cuyo objeto es ”la regulación de los requisitos generales y específicos que deben cumplir los centros y servicios sanitarios que realicen actividades quirúrgicas y/u otros procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos invasivos sin internamiento”, y recoge el deber de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas al regular en su anexo I los requisitos técnicos generales para la autorización de centros y servicios sanitarios.
2.4. Marco competencial
Por lo que respecta a la distribución competencial entre el Estado y la comunidad autónoma en materia de accesibilidad al entorno edificado, los principales ámbitos afectados son el urbanismo y la vivienda, ambos de competencia exclusiva de la CAPV, de conformidad con lo establecido en el artículo 148-1-3ª de la Constitución y en el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía. Así lo expresa la propia Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad en su exposición de motivos.
En cuanto a la distribución competencial entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, no establece expresamente ninguna asignación de competencias, sino que implica a las diferentes administraciones públicas, imponiéndoles obligaciones específicas “en el desarrollo y ejecución de sus competencias respectivas”. Esta remisión genérica se explica por el hecho de que esta ley es una norma que cabría calificar de transversal, esto es, afecta a diversos ámbitos de actuación administrativa. En tales supuestos, las obligaciones impuestas por la norma se ap lican a las diversas administraciones públicas en función de las competencias que tengan atribuidas en cada uno de dichos ámbitos mediante la legislación que en cada caso los regule.
Con carácter general cabría indicar que:
Salvando la facultad de dictar normas con rango de ley que corresponde en exclusiva al Parlamento Vasco, la competencia normativa en materia de accesibilidad a la edificación recae fundamentalmente en el Gobierno Vasco. Por su parte, los ayuntamientos tienen, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.d) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la facultad de ap robar ordenanzas municipales, bien entendido que las mismas en ningún caso podrán contradecir lo previsto en otras normas de rango superior, tal y como especifica el artículo 11 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.
Las competencias de ejecución de la normativa recaen en el conjunto de las administraciones públicas:
– Por un lado, todas ellas tienen la obligación de respetar las previsiones normativas en los edificios de su titularidad.
– Por otro, en el ámbito de la promoción de la accesibilidad, deben contar con programas cuadrienales, con objeto de garantizar la adaptación progresiva de los edificios ya existentes, de titularidad, uso o servicio público, a las condiciones de accesibilidad previstas en la ley y en sus normas de desarrollo.
– Las competencias de control recaen fundamentalmente en los ayuntamientos que, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de régimen local y de ordenación urbanística, son los competentes para otorgar licencia, entre otros, en casos de obras de nueva planta, modificación de la estructura o del aspecto exterior de las existentes y demolición de construcciones.
No obstante, el Gobierno Vasco cuenta con competencias de control previo en aquellos casos en los que deba otorgar una autorización, una calificación u otros actos de análoga naturaleza, así como con competencias de inspección en determinados servicios, como es el caso en el ámbito de los centros sanitarios de conformidad con lo previsto en el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Por último, los ayuntamientos serán los responsables de la accesibilidad del trayecto peatonal, del entorno urbano que va desde la calle hasta los distintos equipamientos, así como de los servicios urbanos de autobús y el servicio de taxi adaptado.
2.5. Condiciones de accesibilidad en los hospitales
Para llevar a cabo el análisis de accesibilidad a los hospitales nos hemos basado en las normativas vigentes referenciadas, ya que son ellas las que nos dan las principales condiciones y pautas para garantizar la autonomía y plena accesibilidad de las personas con movilidad reducida en general y personas con discapacidad en particular.
En consecuencia, se hace referencia a las normativas tanto autonómica como estatal que detallan las condiciones básicas de accesibilidad.
Por un lado, se toma en cuenta el anejo II del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, y por otro lado, el Código Técnico de la Edificación.
En los exteriores, según el anejo II del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, los elementos necesarios y básicos para la movilidad de las personas con discapacidad que se han tomado en cuenta son:
Paradas de autobuses, marquesinas.
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad. CTE (Código Técnico de la Edificación)
“Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad”.
DECRETO 68/2000.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9:
ACCESIBILIDAD. CTE
La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2 m.
No presentará resaltes ni escalones aislados.
La pendiente longitudinal será ≤6%.
Los árboles, arbustos, etc. nunca invadirán el itinerario peatonal.
La pendiente transversal será como máximo del 2% –se recomienda 1,5%–.
Ningún elemento de entrada y salida de vehículos deberá invadir el itinerario peatonal accesible.
Altura libre de paso de 2,20 m.
Pavimento duro, compacto y antideslizante.
En los desniveles, cambios de cota, depresiones –rampas, escaleras, pasos subterráneos, etc.–. Se colocarán franjas señalizadoras de aviso (≥1 m) perpendiculares al sentido de la marcha.
Dejar un pavimento como predominante, abarcando la mayor parte del itinerario peatonal.
No tendrán juntas con resalto de más de 4 mm.
Eje del itinerario otro pavimento que sirva como guía de dirección y de orientación a las personas con problemas visuales.
Desniveles que no excedan los 5 cm se resolverán con pendientes máximas de 25%.
Rejas y registros enrasados y cuadrículas de 1 X 1 cm.
No habrá huecos en los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Se cubrirán los alcorques de los árboles.
Barreras para delimitar zonas de circulación de altura mínima de 80 cm.
Los itinerarios peatonales no deben estar afectados por las pendientes longitudinales y transversales.
Los vados de vehículos no serán los mismos que los peatonales.
Ancho de acera mínimo de 1,50 m con las pendientes admitidas.
Si la acera es de 1,50 m, se rebajará el bordillo.
Señalización en el itinerario peatonal por medio de “franjas señalizadoras”. Igual o mayor a 1 m de ancho en el eje del paso peatonal.
Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada, enrasado.
Señalización del paso.
Los vados peatonales formados por tres planos deben tener la misma pendiente.
Pendiente longitudinal máxima 8%.
Los desniveles laterales deben estar protegidos mediante un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado.
Pendiente transversal 1,5% máximo.
El ancho mínimo del plano inclinado a cota de calzada debe ser de 1,80 m.
Ancho de acera mínimo de 1,50 m.
Señalización con pintura antideslizante.
A cota de calzada.
Visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa.
Ancho igual al paso de peatones.
Isletas al mismo nivel que la calzada y del ancho del paso de peatones.
En isletas de doble sentido y con tres o más carriles, el fondo mínimo será de 2 m para resguardarse.
Semáforo con señal sonora.
En aceras estrechas, se rebajará la acera a cota de calzada en todo el ancho peatonal.
La isleta intermedia será igual al paso peatonal y el pavimento igual al vado.
Longitud mínima de 1,50 m.
Viales de doble sentido y tres o más carriles, fondo mínimo de 2 metros.
Tendrán señalización táctil.
No podrán construirse con peldaños aislados.
Protección de desniveles: existirán barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas con cota de más de 55 cm.
Dotadas de contrahuella y carecerán de bocel.
Se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. Esta comenzará, como mínimo, a 25 cm del borde.
Con pasamanos a ambos lados si superan el 1,20 m de anchura en todo el recorrido.
En tramos curvos, huella mínima de 28 cm a distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm como máximo del borde exterior.
Cuando la anchura de la escalera supere los 2,40 m, también a doble altura.
Franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional en ambos extremos de rampa o escalera.
Señalización táctil en los accesos a la escalera.
Placa de orientación en los pasamanos.
Anchura mínima de 2 m en el entorno urbano y de 1,80 m en el interior del edificio.
Pendiente máxima del 8% (se recomienda el 6%) y pendiente transversal del 1,5%.
Longitud máxima del tramo sin rellano de 10 m.
Accesos deben permitir una maniobra de giro de 1,80 m de diámetro.
Pasamanos en ambos laterales, a doble altura y en todo el recorrido.
Protección lateral en las rampas.
Señalización táctil en los accesos a la rampa.
Ancho libre mínimo de 1 m.
Superficie horizontal de 0,80 m antes de generar peldaños
Pasamanos antes y después de la escalera al menos 0,80 m.
Señalizar principio y final de la escalera con franja de pavimento táctil indicador direccional.
No se colocarán encastrados.
Se rematarán de forma que se eviten los enganches.
Aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
Serán dobles, a 100 +/- 5 cm y a 70 +/- 5 cm, y se prolongarán 45 cm en los extremos de las rampas/escaleras, garantizando la cobertura de todo el tramo de escalera/rampa.
Se dispondrán placas de orientación táctil en los pasamanos de escaleras y rampas en sistema braille y altorrelieve.
Parques, jardines, espacios libres públicos
Caminos o sendas de 2 m.
Itinerario peatonal accesible, prohibida la utilización de tierra suelta, grava o arena.
Pavimento indeformable y antideslizante, contrastado.
Bancos accesibles.
Plataformas elevadas de más de 40 cm con elementos de protección.
Información para la orientación y localización de itinerarios.
Plantaciones de árboles sin invadir itinerario peatonal en menos de 2,20 m.
Los mapas, planos o maquetas táctiles no tendrán cristales ni obstáculos enfrente. Situados en los accesos principales entre 0,90 y 1,20 m de altura. En relieve y contrastado.
Mobiliario urbano alineado.
Planos táctiles.
Reserva de una plaza por cada 40 o fracción para vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
Espacio de transferencia de 1,50 m de ancho mínimo. Dos espacios pueden compartir este espacio de transferencia.
Plazas cercanas a itinerarios peatonales y de accesos a edificios.
Plazas en línea tendrán zona de ap roximación y transferencia posterior de un ancho igual a la plaza y longitud mínima de 1,50 m.
Símbolo internacional de accesibilidad tanto vertical como horizontalmente.
Señalizado con prohibición de ap arcar para el resto de vehículos.
Señalización horizontal antideslizante.
Entre dos plazas reservadas el recorrido no superará los 250 m.
Se garantizará el acceso de personas usuarias de silla de ruedas desde la plaza reservada al itinerario peatonal o acera, evitándose situaciones de riesgo.
Dimensiones mínimas de las plazas 6 X 3,60 m en ap arcamiento en línea y de 5 X 3,60 m en ap arcamiento en batería.
Cuando se sitúen en el interior de la edificación, se reservarán preferentemente en plantas a nivel de calle, facilitando la evacuación en caso de emergencia y junto a las zonas de acceso peatonal.
No interferirá en la accesibilidad.
Inexistencia de cantos vivos.
Todos los elementos de uso público, fuentes, bancos etc. se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultades de accesibilidad.
Mobiliario urbano alineado junto a la banda exterior de la acera. A 0,40 m del límite entre bordillo y calzada.
Los elementos salientes de fachada deberán estar situados con el borde inferior superando la altura de 2,20 m.
Elementos transparentes con bandas opacas de color vivo y contrastado y abarcando toda la anchura de la superficie vidriada.
Cualquier elemento con altura inferior a 2,20 m se prolongará hasta el suelo.
El mobiliario urbano debe estar colocado en el sentido longitudinal del itinerario peatonal.
En aceras, estarán colocados en el borde exterior y sin reducir el itinerario peatonal a menos de 2 m.
No deben invadir los vados peatonales.
Los elementos transparentes tendrán dos bandas señalizadoras horizontales de 20 cm de ancho. Colocados a doble altura, 1,50 m y 0,90 m.
Sistema de emisión de sonidos.
Pulsador situado a distancia no superior a 1,50 m del límite externo del paso de peatones, evitando obstáculos.
Pulsador para accionar el cambio de luz estará a una altura de entre 0,90 a 1,20 m.
Diámetro mínimo de 4 cm y emisión de tono o mensaje de voz de confirmación al ser pulsado. Icono y textura de reconocimiento. Flecha direccional.
Serán visibles por volumen y color, y no serán susceptibles de enganches.
Altura situada entre 0,75 y 0,90 m de ancho o diámetro mínimo de 10 cm, y diseño redondeado y sin aristas.
Color contrastado con el pavimento.
Alineados y sin invadir el itinerario peatonal.
Los paneles de información, carteles, puntos de información interactivos, etc. deberán estar situados a una altura que permita, por el tamaño de letra y contraste cromático, la lectura a todo tipo de usuario.
Los elementos manipulables que tengan medios informáticos de interacción con el público deben tener adaptaciones que permitan el uso de braille o conversión en voz y la ampliación de caracteres.
Los sistemas de información interactivos deben ser fácilmente localizables y accesibles. Deben permitir un radio de giro de 1,80 m de diámetro libre de obstáculo.
Teclado entre 0,90 y 1,20 m de altura y ligeramente inclinado y pequeña repisa de punto de ap oyo.
Pantalla inclinada entre 15º y 30º a una altura entre 1 y 1,40 m, y bien visible también para una persona sentada.
Paradas de autobuses, marquesinas
Algún lateral y en la zona de espera y andén existirá una franja libre de obstáculos con ancho libre de 1,80 m.
Situadas próximas al itinerario peatonal y sin invadirlo.
Asientos con altura de 45/50 cm.
Información sobre recorridos y horarios según anejo IV sobre accesibilidad en la comunicación.
Parada cercana a vado peatonal.
Si hay plataforma, será con el mismo pavimento y características que la acera con bordillo de 20 cm de altura.
Si tiene elementos transparentes, deberá tener bandas señalizadoras a doble altura.
En el espacio interior de los hospitales, según el anejo III de las Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en los edificios del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, así como la Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad del CTE (Código Técnico de Accesibilidad), los elementos necesarios y básicos para la movilidad de las personas con discapacidad que se han tomado en cuenta son:
Deben estar al mismo nivel que el pavimento exterior.
Si hay escaleras, estas deberán complementarse con rampa.
Los itinerarios peatonales o comunicaciones entre edificios cumplirán lo referente a itinerarios peatonales.
Las áreas libres de edificación, como pasillos o porches, deben estar señalizadas con pivotes luminosos a ambos márgenes para que los delimiten en la oscuridad.
Destacar la puerta del resto de fachada mediante contraste cromático y debe contar con buena iluminación.
Fuerza de ap ertura de las puertas de salida: <=25 N.
Cartel informador del número o letra e informando también del uso del edificio. Colocado a la derecha de la puerta de acceso y situado a una altura entre 1,50 y 1,60 m del suelo.
Distancia desde mecanismo de ap ertura hasta el rincón: >=0,30 m.
Los sistemas de comunicación, llamada o ap ertura se situarán junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m. Estos sistemas deberán ser utilizables por personas con dificultades de manipulación.
Los sistemas de ap ertura de puerta mediante porteros automáticos cuyo accionamiento se realice por pulsador, introducción de tarjeta o cualquier otro mecanismo similar estarán situados entre 0,90 y 1,20 m, y adoptarán los medios técnicos necesarios que supongan liberar el sistema de seguridad de la puerta o cancela hasta completar la maniobra de ap ertura y cierre.
A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas de la puerta, que permita describir un círculo libre de obstáculos de 1,80 m de diámetro.
Angulo de ap ertura no inferior a 90º.
Ancho mínimo de hueco de paso debe ser de entre 0,90 y 1,20 m en las puertas automáticas.
En puertas de dos hojas, la que habitualmente se abra debe dejar un hueco de paso libre de 0,90 m de ancho.
Los muelles o dispositivos de cierre automático de ap ertura de la puerta no deben superar los 30 newton.
Las puertas de emergencia deben disponer de doble barra, a 0,90 m y a 0,20 m, la inferior de forma plana. Accionamiento por presión.
En puertas automatizadas, el tiempo programado de ap ertura será el adecuado para el paso de la persona con movilidad reducida y no superará los 0,5 m/s.
Las puertas acristaladas estarán provistas de doble banda de señalización horizontal de marcado contraste cromático a 1,50 y 0,90 m de altura.
– Vidrio de seguridad.
– Zócalo protector a 0,40 m de altura.
Puertas interiores lo bastante ligeras como para facilitar la ap ertura con una sola mano.
Con espacio libre de obstáculos y con anchura suficiente (0,90 m mínimo para las puertas de dos hojas), que garantice la maniobra de la silla de ruedas.
Con dispositivos de accionamiento manual (picaportes, tiradores ergonómicos) a la altura adecuada (0,90-1,20 m) y dentro de la zona de acción de las personas con movilidad reducida. Prohibidos los tipo “pomo”.
Los tiradores deben estar situados entre 0,90 y 1,20 m de altura. Si están verticalmente situados, en la parte inferior de la puerta deben dejar 40 cm libres. Situados a 4 cm del plano de la puerta.
Se debe poder describir un círculo de 1,80 m de diámetro.
Los felpudos y moquetas estarán encastrados o fijados al suelo.
Iluminación permanente y sin sombras, mínimo 300 lux. Evitar el deslumbramiento entre el exterior y el interior.
Se señalizarán los itinerarios accesibles, con los puntos de atención accesibles, mediante banda señalizadora de acanaladuras paralelas a la dirección de la marcha y con ancho de 40 cm y profundidad de 3 +/- 1 mm en interiores y 5 +/- 1 mm en exteriores, y contrastado con el pavimento.
Contraste cromático entre suelos y paredes.
Percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm, mediante diferenciación visual y táctil, mínimo a 25 cm del borde.
Debe haber planos y maquetas en los vestíbulos.
Situados entre 80 y 120 cm de altura, elementos de mando y control. Y entre 40 y 120 cm si son tomas de corriente o de señal.
Distancia a encuentros en rincón, de 35 cm mínimo.
Interruptores y pulsadores accionables mediante puño cerrado, codo y con una mano, o de tipo automático.
Contraste cromático con el entorno.
No admisibles interruptores de giro y palanca.
Los desniveles se salvan mediante rampa accesible o ascensor accesible. No se admiten escalones.
Cuando existan desniveles, deberán existir rampas para salvarlos.
Colores contrastados entre suelo y paredes.
Estarán libres de obstáculos en un prisma de 2,20 m de altura y 1,80 m de ancho. Sin invasión de mobiliario, radiadores, extintores o elementos análogos.
Franjas guías de dirección.
Pavimentos antideslizantes, continuos, sin bordes o pliegues.
Más de 100 m de itinerario debe haber para sillas de ruedas de personas con dificultades en la deambulación. 1 por cada 100 personas de ocupación máxima previsible.
Cuando sea necesario colocar elementos de mobiliario en pasillos, estarán colocados todos en el mismo lado.
Estarán debidamente iluminados.
Los mecanismos y cierres de ventana estarán a una altura entre 0,80 y 1,10 m, sin obstáculos que dificulten el alcance.
La ap ertura de la ventana no invadirá el pasillo en una altura inferior a 2,20 m.
Comunicaciones verticales:
No puede haber peldaños aislados.
También contará con pasamanos al menos un lado de las escaleras que salven una altura mayor de 55 cm.
Altura libre de paso mínima bajo las escaleras de 2,20 m.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve y de 3 +/- 1 mm en interiores y 5 +/- 1 mm en exteriores. Para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, el ancho del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.
Deben tener contrahuella y carecer de bocel.
Prohibido solapar escalones.
El intradós del tramo más bajo de la escalera debe estar cerrado hasta una altura mínima de 2,20 m.
Todas las escaleras deben tener pasamanos a ambos lados si tienen más de 1,20 m de ancho y en todo el recorrido. Si superan los 2,40 m, debe haber pasamanos intermedios.
Debe disponerse de señalización táctil en los accesos a las escaleras.
Escaleras debidamente iluminadas.
Ancho mínimo de 1,80 m.
Pendiente de 8% en longitudes menores a 6 m y del 6% en el resto de casos.
En la prolongación de la rampa no puede haber ninguna escalera a menos de 3 m de distancia que conduzca hacia abajo.
Longitud máxima de 9 m máximo.
Pendiente máxima permitida del 10% en longitudes no superiores a 3 m y en el resto de 8%, recomendándose 6%.
Rellanos intermedios de 1,80 m de longitud.
En accesos debe poder describirse un círculo de 1,80 m de diámetro.
Laterales con bordillos resaltados de 5 cm.
Cuando el tramo supere una longitud de 2 m, debe tener pasamanos a ambos lados.
Diseño anatómico, con forma que se adapte a la mano. Se recomienda sección circular entre 4 y 5 cm de diámetro.
Pasamanos dobles y continuos. El superior a 100 +/- 5 cm y el inferior a 70 +/- 5 cm.
Deben prolongarse 45 cm en los extremos de escaleras y rampas, siempre que no invadan itinerarios ni superficies de encuentro o giro. En estos casos, como mínimo debe cubrir el largo de la escalera.
Estarán rematados, evitando enganches.
Color contrastado con el resto de elementos.
Deben tener placas de orientación en pasamanos de escaleras y rampas.
Plataforma de acceso en la que se pueda describir un círculo de 1,80 m de diámetro.
Señalizar el área de acceso al ascensor con 100 lux a nivel de suelo y la colocación de franja señalizadora de textura y color contrastado que indique la zona de embarque. Superficie de 1,50 X 1,50 m.
Indicadores de piso a 1,50 m de altura. Al lado derecho en la jamba del marco exterior, información en relieve y sistema braille.
Avisadores luminosos y sonoros.
Confirmación de registro de llamada por medio de señal acústica y luminosa.
Apertura de la puerta con señal acústica.
Indicadores luminosos con el sentido de la marcha, subida o bajada.
Pulsadores por presión e instalados a una altura entre 0,90 y 1,20 m, colocados en todas las plantas del mismo lado. Con buena iluminación y bien contrastado con la superficie.
Botonera con caracteres bien legibles por su tamaño, en altorrelieve y braille, con buen contraste cromático con el resto de la botonera.
Dimensiones interiores libres de obstáculos, de 1,40 m de profundidad y 1,10 m de ancho mínimo. Si la entrada y salida es en distinta dirección, debe tener 1,80 m de profundidad y 1,50 m de ancho.
La diferencia de nivel entre cabina y plataforma de acceso no será de más de 20 mm y la separación no superará los 35 mm.
Pavimento duro, antideslizante en seco y mojado, liso y fijo.
Botonera en un lateral a la puerta de embarque principal y a una altura entre 0,90 y 1,20 m. La distancia a cualquier otra pared será al menos de 400 mm.
Los pulsadores se accionarán por presión y con iluminación al ser pulsados. Coloración distinta al resto de la botonera. Bien contrastado con el color de fondo, como el resto de la cabina.
Pulsadores con números en altorrelieve y sistema braille.
Pulsador de alarma y parada bien diferenciado del resto.
Marcador posicional luminoso que señale la planta tanto en parada como en tránsito.
Llegada al piso y ap ertura de la puerta señalizada con indicador acústico.
Iluminación homogénea no inferior a 100 lux.
Pasamanos continuo a 0,90 +/- 5 m.
Espejo frente a puerta de acceso.
Sistema de detección para impedir cierre automático
Ancho libre de paso de 0,90 m.
Se complementarán con ascensor.
Los tapices rodantes y escaleras mecánicas no forman parte de los itinerarios peatonales accesibles. Son elementos complementarios.
Pasamanos a 90 +/- 5 cm prolongados en 45 cm.
Zona de embarco y desembarco de 1,80 m de diámetro.
Mandos tanto en plataforma como en zona de embarque y desembarque a una altura entre 0,90 y 1,20 m.
Panel de instrucciones de uso.
Dimensiones mínimas de 1,40 m de largo por 1,10 m de ancho. Barrera de protección y topes de seguridad.
Capacidad de elevación mínima de 250 kg.
Puertas de plataforma de 0,90 m.
Plataforma de traslación oblicua
Solo se colocará cuando no exista otra posibilidad de eliminar la barrera existente.
Embarque y desembarque igual que las plataformas verticales.
Dimensiones mínimas de 1,25 m de largo por 1 m de ancho.
Barrera de protección y topes de seguridad.
Procurar diferenciar entornos y ambientes por medio de diferencia cromática e intensidad de iluminación, resaltando puntos de interés, como puntos de información y puertas.
Elementos visuales, información, señalización, rotulación
Plano de lectura a 1,50 m. Segunda línea visual para personas usuarias de silla de ruedas desde 60 a 145 cm.
La información contenida en los indicadores será accesible mediante la inclusión de sistema braille y macrocaracteres marcados en altorrelieve. No estará protegida por pantallas o cristaleras que puedan producir reflejos o deslumbramientos.
Ubicación en lugares accesibles y fácilmente localizables. La información ha de facilitar su lectura y compresión por cualquier persona. Contraste cromático marcado entre la información y el fondo.
Las franjas táctiles se emplean para señalizar escaleras, rampas, etc., cumpliendo la doble función de información y aviso.
Las franjas guía de dirección deben orientar hacia las zonas y elementos de interés.
Mostradores, ventanillas de atención
Máximo a 1,10 m de altura. Con tramo de 1,20 m de longitud mínima, a una altura de 0,80 m y hueco libre de obstáculos de 0,70 m de alto y 0,50 m de profundidad.
Mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible o un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
Si dispone de intercomunicación, esta tendrá bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.
Punto para recibir asistencia: comunicado mediante itinerario accesible con entrada