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Timestamp: 2018-03-21 00:59:54
Document Index: 190598629

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 14', 'in fine']

Caso FARMACITY, peligra el federalismo y la soberanía provincial.
Farmacity S.A inició en mayo de 2012 una acción legal contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de la Resolución Nº 000235/12 del Ministerio de Salud Provincial, acto administrativo que rechazó la solicitud efectuada por la sociedad para habilitar farmacias en la Provincia de Buenos Aires sin adecuarse a las leyes vigentes.
Ello dio inicio a la causa Nº 24.974 que tramitó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata, a cargo de la Dra. Martínez, cuya carátula es: “FARMACITY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO”.
Luego la Fiscalía de Estado de la provincia solicitó al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (CFPBA) que actuara como tercero coadyuvante en dicha causa, presentándose para defender la profesión farmacéutica y el acceso al medicamento de la población en cada barrio y cada pueblo, ya que esta ley de la democracia posibilitó una distribución racional de farmacias, evitando la concentración de las mismas, teniendo en cuenta parámetros demográficos y geográficos: una farmacia cada trescientos metros y cada tres mil habitantes.
En el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata se resolvió denegar el pedido de Farmacity S. A. para habilitar oficinas de farmacia en la Provincia de Buenos Aires, tomando como base a la Jueza: “(…) el bloque normativo aplicable a nivel provincial ha tomado recaudos plasmados en tales normas a los fines de evitar que se configuren posiciones dominantes en el mercado que redunden en perjuicio del derecho a la salud… Las restricciones de nuestra ley resultan razonables y proporcionales a los fines perseguidos con su dictado, y en especial protección otorgada por la Constitución Provincial al derecho a la salud, de conformidad a lo expresado en el artículo 36, Inciso 8° de tal cuerpo normativo”, ente otros argumentos de ley.
FARMACITY SA pretende una LEY A SU MEDIDA ya que se quiere instalar en los centros comerciales, al lado o en frente de otra farmacia existente como lo ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires.
Las grandes cadenas de farmacias, en su búsqueda incesante de rentabilidad se ubican en las zonas más pobladas y promocionan la venta de medicamentos como si se tratara de una mercancía o un bien de consumo en lugar de poner el acento en la protección de la salud de la población, desconociendo abiertamente el carácter de servicio público impropio de las farmacias, la condición de bien social del medicamento y el derecho a la salud.
En el fallo se señala que “…al contrario de lo planteado por la actora (Farmacity S. A), la legislación provincial vigente defiende la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y de esta manera cumple con la manda constitucional del artículo 42 de la nuestra Constitución Nacional”.
Asimismo, la regulación de propiedad de farmacias vigente en el territorio de la provincia de Buenos Aires “se ocupa de proteger ampliamente otro de los derechos constitucionales enunciados en el texto del artículo 42, la protección de la salud y seguridad de los consumidores de medicamentos”.
La Ley Nº 10.606 no es ni vaga, ni ambigua, por el contrario, es sumamente clara en cuanto a los sujetos alcanzados por la misma y resultan razonables las restricciones acerca de la titularidad de las farmacias.
En su fallo, la Jueza establece sobre la norma establecida que “(…)el proyecto de referencia sitúa al quehacer farmacéutico en su verdadera dimensión fáctica y jurídica de ´servicio público´, con las características generales y particulares que le son propias, tendiendo a su eficiencia, generalidad, regularidad y continuidad del mismo, mediante los controles que el Estado, por intermedio de la autoridad sanitaria debe ejercer cumpliendo sus facultades de policía administrativa de fiscalización y control dentro del marco de referencia de las acciones de salud, uno de cuyos efectores es la farmacia, de relevante importancia para la prevención y curación de las enfermedades”.
A su vez plantea que “el medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización”.
Además, se reafirma con este fallo “…el poder de policía de seguridad, salubridad y moralidad corresponde como principio general a las provincias (Fallos: 277/147), toda vez que es una facultad que se han reservado (art. 121 de la Constitución Nacional y por lo tanto su ejercicio no puede ser invalidado”. Ratificando la soberanía de la provincia de Buenos Aires sobre los poderes no delegados a Nación.
La Ley de Farmacias N° 10.606, establece que “es criterio de los suscriptos mantener el sentido sanitarista que posee la legislación vigente, evitando introducir, en aspectos tan importantes para la salud de todos los bonaerenses, un criterio mercantilista puro que desnaturalice el fin de la norma”, según consta en el fallo.
Es importante destacar que el fallo rescata distintos principios, entre ellos el de la OMS: “la Organización Mundial de la Salud, que aconseja la localización de farmacias cerca de la vivienda de la gente como criterio de acceso al medicamento y disminución del costo de bolsillo en salud de paciente , la familia y la comunidad .
El fallo también establece que carece de asidero el argumento de Farmacity para considerar que el artículo 3° de la Ley N° 10606 es inconstitucional, porque establece una limitación que promueve un monopolio legal en beneficio de las farmacias existentes.
Frente a este argumento el fallo indica que la Ley N° 10.606 no establece ningún monopolio a favor de sociedades o persona alguna, sino que por el contrario, en su artículo 14 habilita a diferentes sujetos de derecho y distintos tipos societarios a ser propietarios de farmacias siempre y cuando cumplan los requisitos allí expuestos.
Así se resguarda la actividad farmacéutica como servicio público impropio y a deslindar la responsabilidad de los asociados intervinientes.
También se derriba allí del falso argumento sobre el precio, porque el precio el medicamento no lo establecen las farmacias, ya que estas no son formadoras de precios.
El precio de venta al público lo propone el fabricante con acuerdo del gobierno nacional. Por otro lado, la seguridad social impone un precio uniforme en todo el país como así también, el descuento otorgado por cada obra social.
Este fallo judicial viene a fundamentar la defensa del modelo de farmacia que, como agentes de salud, impulsamos y defendemos los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia sostiene la racionalidad del modelo de farmacia profesional destinada a dar servicio farmacéutico, a favorecer la accesibilidad a los medicamentos y productos para la salud, pero evitando el modelo polishopping, que favorece la concentración económica y alienta el consumo irracional de fármacos.
Como respuesta Farmacity SA acudió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata que oportunamente rechaza el recurso de apelación interpuesto por la cadena y confirmó la sentencia atacada, en todo cuanto fuera materia de sus agravios.
Pero la cadena insistió con su reclamo y el 27/10/15 ingresa la causa a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que el 22/06/16 dictó sentencia y en un Fallo UNANIME rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Así la Suprema Corte de Justicia Provincial denegó la concesión del recurso extraordinario federal.
EN RESUMEN LA JUSTICIA PROVINCIAL EN PRIMERA, SEGUNDA Y ULTIMA INSTANCIA FALLARON EN CONCORDANCIA A LOS ARGUMENTOS DE FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ARGUMENTOS QUE COMPARTE EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS EN SU CARÁCTER DE TERCERO ADYUVANTE BAJO EL PATROCINIO DEL CONSTITUCIONALISTA DANIEL SABSAY.
Pero frente a perder en tres instancias y denegado el recurso federal (por la Suprema Corte Provincial) por encontrarse en juego la salubridad pública MATERIA NO DELEGADA AL GOBIERNO NACIONAL, RESERVADA Y PROPIA DE LOS ESTADOS LOCALES, Farmacity interpone queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es importante destacar que el Dr. Rosenkrantz, quién es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que antes actuó como letrado patrocinante de la demandante Farmacity SA., se excusó de intervenir en la causa.
Contra todos los pronósticos la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó la remisión del expediente a mediados de agosto de 2017. Sorprende porque se trata de un tema de orden local no delegado a la Nación y reservado a la Provincia de Buenos Aires. Por eso se esperaba que la Corte Suprema de la Nación lo rechazara y sin embargo lo admitió para su revisión.
Gran preocupación causa este tema ya que Mario Quintana, ex Ceo de Farmacity y accionista de la Empresa propietaria, es actual Vice jefe de Gabinete de la Nación y fue la persona que inicio las acciones.
A pesar de ocupar un cargo en el gobierno Nacional y ser accionista del Grupo Pegasus, Quintana continua adelante con este juicio tratando de revertir los fallos de la Corte de la Provincia, pretendiendo anular una ley de la democracia (sancionada en 1987), de corte netamente sanitario, que posibilitó el acceso a millones de bonaerenses a sus medicamentos y servicios farmacéuticos y que hoy se ve amenazada para generar una LEY A MEDIDA DE FARMACITY SA.
Para finalizar también nos preocupa que FARMACITY SA intente ampararse en un fallo anterior a favor de la organización humanitaria Caritas.
Farmacity es una Sociedad Anónima (es el FONDO DE INVERSION PEGASUS) y dista mucho de tener un fin humanitario.
Que pretenda igualar su actividad a la de una entidad sin fines de lucro como Caritas Argentina es otra muestra de la metodología que usa la cadena de farmacias para justificar sus reclamos.