Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-15875-de-diciembre-11-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920425875f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-29 23:40:46
Document Index: 253838193

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﻿ SENTENCIA 15875 DE DICIEMBRE 11 DE 2008
SENTENCIA 15875 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS. EL REQUERIMIENTO LEGAL DE TENER ABIERTA Y VIGENTE UNA CUENTA CORRIENTE BANCARIA COMO REQUISITO PREVIO PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA FRENTE AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES DE CAMBIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
Sentencia 15875 de diciembre 11 de 2008
Rad.: 110010327000200600001-00
Número interno: 15875
Asociación de empresarios profesionales del cambio, AEPC, contra la DIAN. Acción de nulidad.
EXTRACTOS: « La asociación de empresarios profesionales del cambio, AEPC, solicitó la nulidad del artículo 3º [literal d] de la Resolución de la DIAN 396 de 20 de enero de 2005 y de los artículos 2º [lit e] y 3º [lit d] de la Resolución de la DIAN 3416 de 10 de abril de 2006, por las cuales, respectivamente, la demandada fijó los requisitos y condiciones para la autorización como profesionales de compra y venta de divisas antes de su inscripción en el RUT y para el ejercicio de la actividad. Los actos acusados son los que se subrayan:
“Resolución 396
(20 de enero de 2005)
Por medio de la cual se establecen los requisitos y condiciones para la autorización como profesionales de compra y venta de divisas de las personas residentes en el país, en forma previa a su inscripción en el Registro Único Tributario, RUT.
En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por los literales a), m) y t) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999 y el numeral 2º del artículo 75 de la Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Resolución Externa 6 de 2004 de la Junta Directiva del Banco de la República [...].
ART. 3º—Para obtener y mantener la autorización como profesionales de compra y venta de divisas en forma previa a su inscripción en el RUT, las personas naturales y jurídicas residentes en el país deben presentar la siguiente documentación ante la división programas de fiscalización cambiaria de la subdirección de control cambiario de la DIAN:
“Resolución 3416
Por medio de la cual se establecen los requisitos y las condiciones para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país.
En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por los literales a), m) y t) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999 y el numeral 2º del artículo 75 de la Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Resolución Externa 6 de 2004 de la Junta Directiva del Banco de la República y 3º bis de la Resolución Externa 4º de 2005 de la Junta Directiva del Banco de la República [...].
e) Tener abierta y vigente una cuenta corriente en moneda legal colombiana en una entidad financiera del país, a nombre de la persona que va a desarrollar la actividad de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero.
ART. 3º—Para obtener la autorización como profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, las personas naturales y jurídicas residentes en el país deben presentar la siguiente documentación [...]:
Decide la sala sobre la legalidad del artículo 3º [d] de la Resolución 396 de 2005 expedida por la DIAN, conforme a la cual para obtener y mantener la autorización como profesionales de compra y venta de divisas, en forma previa a su inscripción en el RUT, tales profesionales deben presentar, entre otros documentos, la constancia de apertura y vigencia de una cuenta corriente en moneda legal colombiana abierta en una entidad financiera del país, a nombre del solicitante, expedida por la entidad correspondiente.
También decide si se ajusta a derecho la Resolución de la DIAN 3416 de 10 de abril de 2006, de acuerdo con la cual para autorizar a los profesionales de compra y venta de divisas, estos deben, entre otros requisitos, tener abierta y vigente una cuenta corriente en moneda legal colombiana en una entidad financiera del país, a nombre de la persona que va a desarrollar la actividad de compra y venta de divisas (art. 2º [e]) y tener la constancia de apertura y vigencia de la cuenta (art. 3º [d]).
Sea lo primero precisar que la Resolución de la DIAN 396 de 20 de enero de 2005, fue modificada por la Resolución 5610 de 1º de julio del mismo año y derogada expresamente por el artículo 20 de la Resolución 3416 de 10 de abril de 2006, que también se acusa parcialmente.
Lo anterior significa que al momento de solicitarse la nulidad del artículo 3º [d] de la Resolución 396 de 2005, no estaba vigente su texto inicial, pues, había sido modificado y que al fallar no hacía parte ya del ordenamiento jurídico. Tal hecho, sin embargo, que se conoce como la sustracción de materia, no impide que la sala ejerza el control de legalidad sobre dicha norma.
Ello, porque, como lo ha sostenido la corporación, el acto administrativo derogado sigue amparado por la presunción de legalidad que “solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad (1) .
También ha precisado la corporación que basta que un acto administrativo general haya tenido vigencia, para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncie ante una demanda de nulidad, pues, durante el lapso en que rigió pudieron producirse situaciones jurídicas particulares que ameriten reparación del daño y la restauración del derecho que eventualmente se haya afectado. Lo anterior, porque mientras tal pronunciamiento no se produzca, la norma, aún si ha sido derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando los efectos a aquellos actos de contenido particular que se han expedido durante su vigencia (2) .
Los anteriores criterios son válidos en el caso sub examine, porque pesar de que la Resolución 396 de 2005 perdió vigencia, su legalidad fue cuestionada; y, es posible que existan situaciones jurídicas particulares y concretas que resulten afectadas con la decisión que sobre su legalidad se profiera (3) .
De otra parte, si bien la Resolución 3416 de 10 de abril de 2006, cuya nulidad parcial solicitó la actora al adicionar la demanda, no estaba vigente al momento de la presentación de la demanda (ene. 24/2006), sí lo estaba cuando conforme al artículo 208 del Código Contencioso Administrativo, formuló la adición a la misma (mayo 30/2006), motivo por el cual también debe ser objeto de control de legalidad.
El artículo 371 de la Constitución Política otorga al Banco de la República, entre otras funciones, la de “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”. Y, el artículo 372 ibídem dispone que la Junta Directiva del Banco es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley.
Conforme al artículo 150 [19-b] de la Constitución, corresponde al Congreso de la República, mediante las llamadas leyes marco, dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Carta Política asigna a la Junta Directiva del Banco de la República. También corresponde al legislador, expedir las leyes relacionadas con el banco y con las funciones que compete desempeñar a su junta directiva.
Por tanto, en lo que tiene que ver con el régimen de cambios internacionales, el Congreso de la República establece las pautas, criterios y objetivos generales a los que debe someterse la Junta Directiva del Banco de la República, sin que pueda invadir las competencias propias de la misma, pues, al legislador le está vedado señalar directrices concretas, dado que con ello estaría desplazando la decisión autónoma del Banco, como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria (4) .
El artículo 4º de la Ley 31 de 1992, por la cual, entre otros aspectos, se dictan las normas a las que debe sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, dispone que la Junta Directiva del Banco, en su carácter de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, cumple las funciones asignadas en la Constitución y la ley, mediante normas de carácter general. Y, el artículo 16 [h] ibídem señala que a la junta directiva le corresponden las funciones de regulación cambiaria previstas en la Ley 9ª de 1991.
La Ley 9ª de 1991, que es la ley marco en materia cambiaria, fijó los lineamientos generales a los cuales debe sujetarse el Banco de la República para regular el régimen de cambios, y en su artículo 4º dispuso que el Gobierno Nacional debe determinar las distintas operaciones de cambio que han de sujetarse al régimen cambiario, con base en las categorías allí precisadas (5) .
Al Banco de la República le corresponde regular estas operaciones con el fin de verificar su cumplimiento, prevenir actuaciones improcedentes, establecer controles y actuaciones administrativas para verificar la naturaleza de la transacción, el cumplimiento de las normas pertinentes y realizar un efectivo control de cambios (L. 9ª/91, art. 5º).
Para ello, la Ley 9ª de 1991 estableció dos mercados de divisas el “cambiario” y el “libre”. El primero, es un mercado controlado y está constituido por la totalidad de las divisas que deben ser transferidas o negociadas por conducto de los intermediarios autorizados. Y, el segundo, está integrado por todas aquellas divisas que no se llevan al mercado cambiario y, por tanto, se pueden conservar, disponer o vender libremente.
El artículo 6º de la Ley 9ª prevé que el mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deban ser transferidas o negociadas por conducto de los intermediarios que la misma ley autoriza y que el gobierno debe fijar las normas tendientes a organizar y regular el funcionamiento de este mercado.
Para facilitar la canalización de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, la Ley 9ª de 1991 fija los criterios que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para determinar los intermediarios del mercado cambiario, quienes tienen el deber de colaborar activamente con las autoridades del régimen cambiario y de comercio exterior (art. 8º). Así, pueden ser intermediarios del mercado cambiario, las instituciones financieras y las entidades cuyo objeto exclusivo consista en realizar operaciones de cambio.
El artículo 8º de la Ley 9ª dispone también que el Gobierno Nacional es el encargado de determinar los requisitos y condiciones de las operaciones de cambio que pueden realizar los distintos tipos de intermediarios del mercado cambiario y los requisitos que los mismos deben cumplir para operar en el mercado.
En ejercicio de las facultades de regulación del mercado cambiario previstas en la Ley 9ª de 1991 y el artículo 16 [h] de la Ley 31 de 1992, la Junta Directiva del Banco de la República expidió la Resolución Externa 8 de 2000, “por la cual se dictan normas generales a las que debe sujetarse el gobierno para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias”.
Las regulaciones de la Junta Directiva del Banco de la República sobre las condiciones, requisitos y demás reglamentaciones específicas necesarias para el funcionamiento y desarrollo de la actividad cambiaria, son leyes en sentido material, puesto que tienen el mismo alcance y valor de estas, o sea, como si hubieran sido expedidas por el Congreso de la República (6) .
El artículo 58 de la Resolución 8 de 2000 señala que son intermediarios autorizados del mercado cambiario, los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, Bancóldex, las cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa y las casas de cambio.
Además de los intermediarios del mercado cambiario, existen los profesionales de compra y venta de divisas, que son los residentes en el país que se encargan de comprar y vender moneda y cheques de viajero de manera profesional, previa inscripción en el registro mercantil y en el registro de profesionales de compra y venta de divisas que establezca la DIAN, conforme a los requisitos y condiciones que señale esa entidad (Res. Ext. 8/2000, art. 75 [2], modif. por Res. 6/2004, art. 1º) (7) .
Así pues, para que los profesionales de compra y venta de divisas puedan ejercer su actividad, la Junta Directiva del Banco de la República exige que se inscriban tanto en la cámara de comercio como en el registro que establezca la DIAN, respecto del cual dicha entidad debe fijar los requisitos y condiciones. En consecuencia, la DIAN tiene plena facultad legal para fijar los requisitos y condiciones que deben cumplir los profesionales del cambio para inscribirse en su registro y obtener la autorización para actuar como tales.
En relación con la facultad asignada a la DIAN, la Sala ha precisado que no existe una indebida delegación de funciones por parte de la banca central a la DIAN. Y, que tiene plenas facultades “para el caso específico de vigilar y controlar a los profesionales de compra y venta de divisas, definiendo los aspectos operativos necesarios para un adecuado control [...], entre las que se encuentran la exigencia del registro, lo mismo que se hace con el RUT para otros efectos tributarios (8) ”.
La exigencia del registro de los profesionales del cambio en la DIAN debe analizarse también con base en las normas tributarias, que son las que regulan la actuación de la DIAN en lo que tiene que ver con dicho registro.
Pues bien, según los artículos 555-2 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 19 de la Ley 863 de 2003 y 1º del Decreto Reglamentario 2788 de 2004, el registro único tributario, RUT, constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Los profesionales de compra y venta de divisas están obligados a inscribirse en el RUT (D. 2788/2004, art. 5º [f]) (9) . A su vez, según el artículo 1º del Decreto 65 de 2005, que adicionó el Decreto 2788 de 2004, el RUT incorpora el registro de profesionales de compra y venta de divisas autorizados por la DIAN.
Conforme al artículo 555-2 [par. 2º] del estatuto tributario, la inscripción en el registro único tributario, RUT, deberá cumplirse en forma previa al inicio de la actividad económica ante las oficinas competentes de la DIAN, de las cámaras de comercio o de las demás entidades que sean facultadas para el efecto.
Por su parte, el artículo 2º del Decreto 65 de 2005 (10) , vigente a la expedición de la Resolución 396 de 2005, adicionó el artículo 5º del Decreto 2788 de 2004, con el parágrafo 4°, conforme al cual los profesionales de compra y venta de divisas en forma previa a su inscripción en el registro único tributario, RUT, deberán obtener autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezca la DIAN mediante resolución de carácter general, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Externa 6 de 2004 de la Junta Directiva del Banco de la República.
Así pues, las normas tributarias en materia de RUT también facultan a la DIAN para exigir a los profesionales del cambio, el cumplimiento de requisitos previos a la inscripción en el RUT, en concordancia con las normas de la Junta Directiva del Banco de la República.
Con base en las normas cambiarias y tributarias en mención, la DIAN expidió la Resolución 396 de 2005, en la cual fijó como requisito para obtener y mantener la autorización como profesionales del cambio, en forma previa a la inscripción en el RUT, allegar la constancia de apertura y vigencia de una cuenta corriente (art. 3º -d).
Tal exigencia no es ilegal, pues, por el contrario, tiene pleno sustento en el artículo 75 [2] de la Resolución 8 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Resolución Externa 6 de 2004, que asigna a la DIAN la competencia para fijar los requisitos y condiciones que deben cumplir los profesionales del cambio para registrarse en el RUT de la entidad, que, se reitera, es el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN.
Además, el acto acusado también se sustenta en las normas legales y reglamentarias que atribuyen a la DIAN la obligación de llevar el RUT, dentro del cual se incorporan los profesionales del cambio y que dan a dicho registro el carácter de requisito previo para que tales profesionales puedan ejercer su actividad económica.
Por su parte, la Resolución de la DIAN 3416 de 10 de abril de 2006, fue expedida con fundamento en el artículo 75 [2] de la Resolución 8 de 2000, modificado por el artículo 3º de la Resolución Externa 4 de 2005, que reitera la obligación que tienen los profesionales del cambio de inscribirse en el registro mercantil y en el registro de la DIAN, conforme a los requisitos y condiciones que fije dicha entidad. En consecuencia, cabe el mismo análisis que el efectuado en relación con la Resolución 396 de 2005, esto es, que los requisitos para obtener la autorización como profesionales del cambio, de tener abierta y vigente una cuenta corriente en una entidad financiera del país (art. 2º [e] ) y de tener constancia de apertura y vigencia de la misma (art. 3º [d]), tienen pleno sustento en la norma de la junta directiva que asigna a la DIAN la competencia para fijar los requisitos y condiciones que deben cumplir los profesionales del cambio para registrarse en el RUT de la entidad.
La Resolución 3416 de 10 de abril de 2006 también se fundamenta en las normas tributarias sobre el RUT y en el artículo 1º del Decreto 189 de 24 de enero de 2006, que adicionó el artículo 5º del Decreto 2788 de 2004, con el parágrafo cuarto, de acuerdo con el cual los profesionales de compra y venta de divisas deberán obtener la autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezca la DIAN mediante resolución de carácter general, de acuerdo con el artículo 75 [2] de la Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Resolución Externa 6 de 2004 y el artículo 3º de la Resolución Externa 4 de 2005 de la Junta Directiva del Banco de la República.
En suma, el acto acusado, que es la resolución de carácter general, fue expedido con fundamento no solo en la resolución externa de la junta directiva, sino en las normas tributarias relacionadas con el RUT.
De otra parte, la exigencia de abrir una cuenta corriente bancaria antes de la inscripción en el RUT (Res. 396/2005), no viola las normas tributarias sobre dicho registro, pues, la inscripción debe ser previa al inicio de la actividad económica.
Además, no es cierto que los profesionales del cambio no puedan cumplir la exigencia de abrir una cuenta corriente en una institución financiera nacional, pues, si bien la actora allegó oficios de marzo y abril de 2005, en los que algunos bancos, como el Agrario, se negaron a abrir cuentas corrientes a profesionales del cambio (fls. 6 y ss.), también aparece la circular del Banco Agrario de 20 de mayo de 2005, en donde se precisa que “Teniendo en cuenta las políticas del Gobierno Nacional relativas a la regulación y control del mercado libre cambiario y [...] la Resolución 396 de 20 de enero de 2005 de la DIAN, sobre los requisitos y condiciones para la autorización como profesionales de compra y venta de divisas [...] la Dirección General del Banco ha dispuesto autorizar el ingreso de nuevos clientes con esta actividad [...]” (fls. 216 a 222).
También figura la Circular Externa 23 de 3 de agosto de 2005 de la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera), en donde el organismo de inspección, vigilancia y control advierte a las entidades vigiladas que no pueden restringir injustificadamente el acceso a los servicios que prestan y que la negativa para su prestación debe basarse exclusivamente en criterios objetivos y razonables.
En consecuencia, continúa la superintendencia, prácticas como las de algunas entidades vigiladas, de negar o terminar unilateralmente los servicios que prestan, sin ilustrar la razón o fundándose solo en la autonomía de la voluntad o en que es política de la entidad abstenerse de vincular personas o empresas que desarrollan determinadas actividades, implica la violación del artículo 98 [4.1] del estatuto orgánico del sistema financiero, que prevé los deberes de actuar con diligencia en los servicios que prestan y de evitar el abuso de posición dominante (fls. 223 y 224).
Los documentos en mención corroboran que no es cierto que los profesionales del cambio estén imposibilitados para abrir cuentas corrientes en todos los bancos del país; y, que si bien, algunos bancos se negaron inicialmente a abrir tales cuentas, al momento de la presentación de la demanda (ene. 24/2006), ya habían cambiado de política y ya la Superintendencia Bancada (hoy Financiera), había advertido que la negativa injustificada y que implicara discriminación en contra de alguna actividad, era violatoria de las normas financieras.
Adicionalmente, mediante oficio 499 de 20 de abril de 2006, el subdirector de control de cambios de la DIAN informó al jefe de representación externa de la oficina jurídica de la misma entidad, que a 7 de abril del mismo año, se habían recibido a nivel nacional 1569 solicitudes de autorización de profesionales del cambio, de las cuales 291 estaban en trámite; 115 habían sido canceladas, negadas y archivadas y 1163 habían sido evacuadas. De las solicitudes tramitadas, 249 eran autorizaciones provisionales y 914, definitivas, lo que corrobora que la gran mayoría de los profesionales de compra y venta de divisas dieron cumplimiento a las exigencias de la DIAN, y, en concreto, a la apertura de la cuenta corriente (fls. 225 a 228).
En suma, los actos acusados no violan en manera alguna el artículo 555-2 del estatuto tributario, que previó el RUT.
Tampoco vulneran el artículo 1º de la Resolución Externa 6 de 2004, de la Junta Directiva del Banco de la República, modificado por el artículo 3º de la Resolución Externa 4 de 2005, pues precisamente estas normas fueron las que facultaron directamente a la DIAN para que fijara los requisitos y condiciones del registro de los profesionales del cambio. Y, como se precisó, no es cierto que la exigencia de la apertura de la cuenta corriente fuera de imposible cumplimiento.
La apertura de la cuenta corriente no viola la libertad económica (C.P., art. 333), pues, además de que no impide el ejercicio de la actividad de los profesionales del cambio, dado que tales cuentas sí se están abriendo, dicha libertad no es absoluta. Ello, por cuanto las actividades que la conforman están sujetas a limitaciones impuestas por la Constitución y las leyes, por razones de seguridad, salubridad, moralidad, utilidad pública o interés social (11) .
En este caso, la obligación de los profesionales de compra y venta de divisas de abrir cuentas corrientes para ejercer su actividad, tiene su fundamento no solo en las resoluciones de la Junta Directiva que facultan a la DIAN para fijar los requisitos y condiciones del registro ante dicha entidad, sino en el artículo 75 de la Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 4º de la Resolución Externa 5 de 2003, que impuso a los profesionales del cambio la obligación de pagar en cheques la compra de divisas que exceda de US$ 3000.
Y, esta medida que constituye una ley en sentido material, fue fijada por el Banco de la República en cumplimiento de la función constitucional y legal de regular las operaciones de cambio y el mercado cambiario y con base en el interés general, que es el que inspira el ejercicio de sus funciones como organismo encargado de regular los cambios internacionales y de administrar las reservas internacionales del país (C.P., art. 371 [1]), y, de la Junta Directiva como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia (art. 372 1] ib.).
Las normas acusadas tampoco violan la libre competencia, pues, la misma supone responsabilidades (C.P., art. 333), dentro de las cuales está el cumplimiento de las normas que rigen las distintas actividades económicas.
Por último, no existe violación del principio de buena fe, porque el requisito de la apertura de la cuenta corriente y mantenimiento de la misma, no es una arbitrariedad de la DIAN por el hecho de que dude de los profesionales de compra y venta de divisas, sino una medida que guarda perfecta armonía con la norma de la junta directiva que, por razones de control, obliga a tales profesionales a pagar en cheques las operaciones que excedan de cierto monto, medida que, a su vez, persigue el interés general.
NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad del artículo 3º [literal d] de la Resolución de la DIAN 396 de 20 de enero de 2005 y de los artículos 2º [lit. e] y 3º [lit. d] de la Resolución 3416 de la DIAN de 10 de abril de 2006.
(1) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de enero de 1991, expediente S-157, C.P. doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, reiterada entre otras, en sentencias de Sala Plena de 6 de marzo de 1991, expediente S-148, C.P. doctor Jaime Abella Zárate, y de 23 de julio de 1996, expediente S-612, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
(3) En idéntico sentido se pronunció la Sala entre otras sentencias, en la de 5 de mayo de 2003, expediente 13080, C.P. doctora María Inés Ortiz Barbosa.
(4) Corte Constitucional. Sentencia C-481 del 7 de julio de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(5) Según el artículo 4º de la Ley 9ª de 1991, las siguientes son las categorías a las que debe sujetarse el Gobierno para determinar las operaciones de cambio: a) Los actos, contratos y operaciones de adquisición, tenencia o disposición de bienes o derechos en el extranjero realizados por residentes, y los actos, contratos y operaciones de adquisición, tenencia o disposición de bienes o derechos en Colombia por parte de no residentes; b) Los actos, contratos y operaciones en virtud de los cuales un residente resulte o pueda resultar acreedor o deudor de un no residente y los actos de disposición sobre los derechos u obligaciones derivados de aquellos; c) La tenencia, adquisición o disposición de activos en divisas por parte de residentes, o, la tenencia, adquisición o disposición de activos en moneda legal colombiana, cuando se trate de no residentes; d) Las entradas o salidas del país de divisas o moneda legal colombiana y de títulos representativos de las mismas, y e) Los actos en virtud de los cuales se produzca la extinción de obligaciones entre residentes y no residentes.
(6) Sentencias del 20 de mayo de 1994, expediente 5184, C.P. Guillermo Chahín Lizcano, y de 22 de febrero de 2007, expediente 14802, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(7) El artículo 75 [2] de la Resolución Externa 8 de 2000 también fue modificado por el artículo 3° de la Resolución Externa 4 de 2005.
(8) Sentencia de 17 de julio de 2008, expediente 16109, C.P. doctor Juan Ángel Palacio Hincapié.
(9) El Decreto 189 de 2006 adicionó el parágrafo cuarto al artículo 5º del Decreto 2788 de 2004 y en el mismo previó que los profesionales de compra y venta de divisas deberán obtener la autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezca para el efecto la DIAN, mediante resolución de carácter general, de acuerdo con el artículo 75 [2] de la Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Resolución Externa 6 de 2004 y el artículo 3º de la Resolución Externa 4 de 2005 de la Junta Directiva del Banco de la República.
(10) Derogado por el artículo 3º del Decreto 189 de 2006.
(11) Corte Constitucional, Sentencia T-425 de 2002.