Source: https://es.scribd.com/doc/103466528/resolucion-3
Timestamp: 2016-05-29 14:30:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 210', 'artículo 9', 'artículo 210', 'Artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 210', 'artículo 10', 'Artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 87', 'artículo 1246', 'artículo 210', 'artículo 9', 'artículo 139', 'artículo 122', 'artículo 139', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 210', 'artículo 10', 'Artículo 48', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 65', 'artículo 211', 'artículo 211', 'Artículo 60', 'Artículo 60', 'artículo 24']

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: 00682-2011-0-1601-JR-LA-01
DEMANDANTE DEMANDADAS MATERIA JUEZ
: CELIA CECILIA MONTEJO BACA. : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Y OTROS. : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. : HAYDEE R. MONTALVO BONILLA.
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE Trujillo, tres de mayo del Año dos mil doce.VISTOS; En Audiencia Pública, según constancia de Secretaría que antecede; de conformidad con lo opinado por la señora Fiscal Superior en su dictamen obrante de folios ciento treinticinco a ciento treintisiete; por los fundamentos pertinentes de la sentencia. I.- PARTE EXPOSITIVA: 1.1. Es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número seis, su fecha ocho de agosto del año dos mil once, obrante de fojas ciento uno a ciento doce, que falla declarando FUNDADA la demanda interpuesta por CELIA CECILIA MONTEJO BACA contra la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTADH y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo; con lo demás que contiene. 1.2. La Procuradora Pública AD-HOC del Gobierno Regional La Libertad, interpone recurso de apelación contra la sentencia mediante escrito de folios ciento diecisiete a ciento veinte; por cuanto considera que hay error de hecho por cuanto el D. Legislativo N° 847 aplicable porque establece que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general, toda
cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores del sector público continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente y con respecto a los intereses legales no le corresponde porque la demandante en ningún momento ha dejado de percibir la bonificación por preparación de clase y no ha sido requerido en la vía administrativa en el extremo que otorga intereses legales. 1.3 Por su parte, don José Alex Eduardo Roldán Pérez, abogado de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, interpone recurso de apelación contra la sentencia mediante escrito obrante de folios ciento veintidós a ciento veinticinco; argumentando principalmente que el A-quo ha basado su fallo en una norma que fue modificada, pues el artículo 210° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por D.S N° 19-90-ED se modificó por el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM, norma que establece que las bonificaciones beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos, servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a la remuneración total permanente, norma que es de igual jerarquía que la norma modificada , que al respecto existen precedentes judiciales en donde las salas civiles de la Corte Superior de Justicia de La Libertad vienen declarando infundadas las demandas sobre pago de preparación de clases, no existiendo precedente emitido por el Tribunal Constitucional , siendo esto así los artículos 9° y 10° del D.S. N° 051-91-PCM; por ser normas de igual jerarquía que el D.S. 19-90-ED (artículo 210°); la modificatoria sobre ésta norma resulta perfectamente válida. 1.4.Según el escrito postulatorio de demanda obrante de folios veintidós a veintiocho, la demandante peticiona que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Gerencial Regional N° 008453-2010-GRLL-GGR/GRSE de fecha tres de agosto de dos mil diez y de la Resolución Ejecutiva Regional N° 3153-2010-GR-LL/PRE de fecha 20 de Octubre de dos mil diez; y, en consecuencia, se disponga que la entidad demandada (Gerencia Regional de Educación de la Libertad – GRELL) expida nueva Resolución en la que ordene el Reintegro de Bonificación especial por concepto de preparación de clases y
evaluación desde el mes de Noviembre de mil novecientos noventiséis hasta la actualidad, incluido el pago de los intereses legales por el derecho reclamado. II.-PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO: Que, el Artículo 8° del Decreto Supremo 051-91-PCM, establece que para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad. b) Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común. SEGUND O : Que, el artículo 48° de la Ley del Profesorado - Ley 24029 modificada por la Ley 25212, prescribe que “El profesor tiene derecho a
percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres.”. Asimismo, el Decreto Supremo No 019-90-ED que aprueba el Reglamento
de la Ley del Profesorado, dispone en su artículo 210: “El profesor tiene derecho
a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El personal Directivo o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración de la Educación, y el personal docente de Educación Superior, perciben además una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.
TERCERO: En el caso de autos, se advierte de la Resolución Directoral USEHCO N° 000368 y de las boletas de pago de folios trece a quince, que la actora es nombrada como profesora desde el 16 de Noviembre de 1990, habiendo sido reasignada a partir de 05 de octubre de 1998 conforme se aprecia la Resolución Directoral Regional N° 03428 y que viene percibiendo por la bonificación
especial por preparación de clases la suma de S/. 19.80
que vendrían a
constituir el equivalente al 30% de la Remuneración Total permanente, monto que conforme lo sostienen las entidades demandadas en las resoluciones administrativas cuestionadas, viene siendo otorgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo No 051-91-PCM, que precisa que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el referido Decreto Supremo. CUARTO: En ese sentido, corresponde señalar que las resoluciones
cuestionadas, al denegar el pago de la bonificación de referencia en base a las remuneraciones totales o íntegras de la accionante, resultan violando sus derechos constitucionales de orden remunerativo, puesto que dicha bonificación constituye una prestación económica de naturaleza alimentaria; asimismo con la aplicación que se hace del artículo 8° y 10° del Decreto Supremo 051-91-PCM, estrictamente, se incurre en vulneración de sus derechos legales y el Principio de jerarquía normativa previsto en el numeral 51° de la Constitución Política del Perú, puesto que el referido Decreto Supremo es de menor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley 24029 modificada por Ley No 25212; asimismo, lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Supremo 051-91-PCM resulta contrario a lo establecido en el Reglamento de la Ley del Profesorado aprobado por Decreto
Supremo No 19-90-ED, y si bien es cierto, son dos normas de igual jerarquía, debe preferirse la aplicación de la norma especial sobre la general, ello en virtud del Principio de Especialidad entendido como la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad, no correspondiendo por ende de la aplicación del Decreto Supremo No 051-91-PCM; siendo así, las resoluciones administrativas cuestionadas que deniegan la solicitud de la actora se encuentran incursas en causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° de la Ley No 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, y en consecuencia corresponde que se otorgue al demandante la bonificación especial por preparación de clases y evaluación en un monto equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. QUINTO: Que, al amparar la pretensión principal, corren la misma suerte las pretensiones accesorias de pago de devengados e intereses legales, en aplicación extensiva de la norma contenida en el último extremo del primer párrafo del artículo 87° del Código Procesal Civil en cuanto dispone que “ … al
declararse fundada la principal, se amparan también las demás”, debiendo
precisarse que dichos conceptos deberán calcularse desde la fecha en que adquirió el derecho; asimismo, debe indicarse que los intereses legales deberán calcularse hasta la fecha del pago íntegro y efectivo de los devengados y aplicando la tasa de interés legal establecida por el artículo 1246° del Código Civil. III.-PARTE RESOLUTIVA: Por los fundamentos expuestos: CONFIRMARÓN la sentencia apelada contenida en la resolución número seis, su fecha ocho de agosto del año dos mil once, obrante de fojas ciento uno a ciento doce que declara FUNDADA la demanda interpuesta por CELIA CECILIA MONTEJO BACA contra GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD y GOBIER NO REGIONAL DE LA LIBERTAD; en consecuencia: Declara NULA y Sin EFECTO legal la Resolución Gerencial Regional N° 008453-2010-GRLL-GGR/GRSE
de fecha tres de agosto de dos mil diez y de la Resolución Ejecutiva Regional N° 3153-2010-GR-LL/PRE de fecha 20 de Octubre de dos mil diez a, en consecuencia ORDENA que la entidad demandada competente, en la persona de su representante legal o persona encargada, en el plazo de quince días, expida nueva resolución con arreglo a ley, disponiéndose el pago y reajuste a la actora de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, desde NOVIEMBRE DE 1996 en adelante y los intereses legales hasta la fecha del pago efectivo de los devengados. Ponencia discordante de la señora Juez Superior Provisional doctora Yvonne Lúcar Vargas.SS. VALDIVIEZO GARCÍA BURGOS ZAVALETA LÚCAR VARGAS MANUEL JESUS RUIZ BRICEÑO SECRETARIO DE LA TERCERA SALA ESPECIALIZADA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD; CERTIFICA: QUE EL VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPERIOR TITULAR, Mg. HILDA ROSA CHÁVEZ GARCÍA, ES COMO SIGUE:
VISTOS; en audiencia pública el presente Expediente Contencioso Administrativo; estando expeditos los autos para resolver, con lo expuesto por la señorita Fiscal Superior (P) de la Primera Fiscalía Superior Civil, mediante Dictamen de folios ciento treinta y cinco a ciento treinta y siete; se absuelve la elevación en Grado de la Sentencia impugnada, con las motivaciones siguientes; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Es materia de apelación, la Sentencia contenida en la Resolución número SEIS, de fecha ocho de Agosto del año dos mil once, que obra de folios ciento uno a ciento doce, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por doña CELIA CECILIA MONTEJO BACA, contra la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, sobre Acción Contencioso Administrativa; en consecuencia [DECLARA]: NULAS la Resolución Gerencial Regional N° 008453-2010-GRLL-GGR/GRSE de fecha 03 de Agosto del 2010, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 3153-2010-GRLL/PRE de fecha 20 de Octubre del 2010; ORDENA que
la primera de las demandadas emita resolución administrativa, dentro del plazo de quince días, otorgando a la demandante la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la Remuneración Total e Íntegra desde noviembre de 1996 en adelante; asimismo, proceda la demandada a PAGAR los devengados generados desde la fecha antes citada hasta que se hagan totalmente efectivos; más el pago de INTERESES LEGALES SIN COSTAS NI COSTOS; con lo demás que contiene expresamente. SEGUNDO.- Dentro del plazo legal, la Procuradora Pública Ad Hoc del Gobierno Regional de la Libertad, abogada Hilda Julia Pereyra Araujo, con escrito obrante de folios ciento diecisiete a ciento veinte, ha interpuesto recurso de apelación contra la citada sentencia, solicitando que la misma sea revocada y reformándola se declare Infundada la demanda, invocando agravios de naturaleza procesal y patrimonial, alegando errores de hecho y de derecho, por cuanto el Decreto Legislativo N° 847 establece que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores del sector público continuarán percibiendo en los mismos montos en dinero recibidos actualmente y con respecto a los intereses legales no le corresponde porque la demandante en ningún momento ha dejado de percibir la bonificación por preparación de clases, así como que no ha sido requerido en la vía administrativa. Asimismo, don José Alex Eduardo Roldan Pérez, abogado del Gerente Regional de Educación La Libertad, con el escrito de folios ciento veintidos a ciento veinticinco, ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia, solicitando que el Superior Jerárquico la revoque, alegando errores de hecho y de derecho, como que el Juzgador no ha efectuado una debida interpretación y aplicación de las normas aplicables al caso en concreto; que el Juzgador ha basado su fallo en una norma que fue modificada, pues el art. 210° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por D.S. N° 19-90-ED; que el artículo 210° del Reglamento de la Ley del Profesorado, fue modificado válidamente por el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM, norma ésta de igual jerarquía de la norma modificada, entre otros argumentos. Invoca agravios de naturaleza jurídico procesal y de orden moral. TERCERO.- Son garantías de la administración de justicia los principios de la Observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva, plasmados en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, y cuyas reglas y pautas se encuentran recogidas en las normas procesales vigentes; por lo que en este sentido, en todo proceso judicial su observancia es obligatoria, máxime, si estas garantías consagran el derecho de los justiciables a iniciar o participar en un determinado proceso judicial con plena protección del derecho de defensa que les asiste, a
efectos de que puedan plantear sus distintas pretensiones y/o hacer uso de los medios de defensa y elementos de prueba que resulten idóneos a fin de coadyuvar al esclarecimiento de la verdad; pero siempre y cuando se hubiera procedido en el modo y forma que establece expresamente la Ley Procesal; asimismo, debe tenerse en cuenta que para la validez de toda Resolución Judicial de trascendencia, debe requerirse que ésta sea el reflejo debido del mérito de lo actuado y del Derecho, según lo exige la norma constitucional antes acotada, en concordancia con el artículo 122°, incisos 3) y 4), del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en el presente proceso, según lo permite la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). CUARTO.- Asimismo, debe precisarse que la garantía de la motivación adecuada y razonada de las resoluciones judiciales se encuentra directamente relacionada con el Estado Social y Democrático de Derecho, siendo una exigencia ineludible consagrada en el artículo 139°, inciso 5 de la Constitución Política, por la que se exige la expresión de los fundamentos en que sustenta la Resolución expedida como una garantía a favor del justiciable, tanto de las normas legales aplicables como de los razonamientos jurídicos interpretativos de las normas aplicadas, explicando el porqué se indica que el concepto jurídico se ha concretado o no al caso sub judice; situación que pone en relieve los principios de imparcialidad y sujeción a la ley por parte del Juzgador, y que, por ende, exige el necesario respeto de las pautas, reglas y principios que ha establecido nuestro Ordenamiento Nacional a efectos de que se expida una Resolución respetuosa de los parámetros formales y materiales, congruente y que contenga una adecuada valoración de los elementos probatorios que hubieran sido ofrecidos por las partes procesales y recabados durante la actividad procesal, para así dilucidar en forma definitiva las peticiones que hubieran sido sustentadas por las partes; con mayor razón, si el primer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil ( de aplicación supletoria) ha establecido que el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en Justicia. QUINTO.- En el caso de autos, la pretensión de la demandante consiste en que se disponga que la demandada expida la respectiva resolución que ordene el reintegro de Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación desde el mes de Noviembre de 1996 hasta la actualidad ; que se disponga el pago de la continua por este concepto, además pago de intereses legales. SEXTO.- En atención a la materia controvertida, se debe precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Nº
24029 - Ley del Profesorado (artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 25212), concordante con lo previsto en el artículo 210 del Decreto Supremo Nº 19-90-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado, regula que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. (…)”, el mismo que conforme al artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, dicha bonificación debe aplicarse sobre la remuneración total permanente, así lo ha establecido al señalar que: “Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo”; norma concordante con lo previsto en el artículo 9 del citado Decreto Supremo, que prevé: “Las Bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, (…)”. Siendo que la remuneración total permanente se encuentra definido en el inciso a) del artículo 8 del ya citado Decreto Supremo, como: “(…) Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal ( Remuneración Básica y Reunificada), Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad. (…)”. SÉTIMO.- A la luz de los indicados preceptos normativos y del examen de la Sentencia materia de Alzada y de las piezas procesales que conforman el presente Expediente, se determina que la A-quo ha efectuado una incorrecta labor de dilucidación final del conflicto de intereses suscitado entre las partes procesales, por cuanto ha decidido estimar la pretensión sustancial expuesto por la accionante en la demanda postulatoria de su propósito (obrante de folios veintidos a veintiocho), esto es, el pago de Reintegro de Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación; sin haber efectuado un debido análisis de la normatividad aplicable a la pretensión planteada. OCTAVO.- En el caso concreto, como es de apreciarse, en ninguna de las normas citadas en el SEXTO Considerando de la presente Resolución, se preceptúa que las bonificaciones deben ser practicadas sobre la base de la remuneración íntegra, por el contrario, se ha previsto que ésta debe efectuarse sobre la remuneración total permanente, tal como se aprecia del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; máxime, que de conformidad con lo regulado en el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, se ha prohibido el incremento de dicha bonificación, al establecer que “Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y, en
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionista de los organismos y entidades del Sector Público, excepto Gobiernos locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente”. Habiéndose efectuado únicamente un reajuste a la Remuneración Básica de los Profesores en el monto de S/.50.00 en virtud del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, conforme viene percibiendo la actora, tal como se verifica de las copias de las Boletas de Pago obrantes de folios trece a quince. NOVENO.- Asimismo, de las Boletas de Pago que se mencionan en el Considerando precedente, se aprecia que la demandante viene percibiendo por el concepto demandado –Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación-, la suma de S/.19.80 nuevos soles; de lo que se puede determinar que no existe vulneración al derecho demandado por la actora y que se encuentra previsto en el artículo 48 de la Ley Nº 24029, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 25212. Ello, en atención a que dicho beneficio se viene otorgando conforme a lo regulado en las precitadas normas legales, en armonía con la Ley Nº 24977 que aprueba la Ley del Presupuesto de los Organismos del Sector Público para el año 1989, que en su artículo 65 establece: “En la ejecución del gasto en Remuneraciones queda prohibido realizar las siguientes acciones: (…) f) Incrementar todo tipo de remuneraciones (…)”, así como la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que en su Cuarta Disposición Transitoria, sobre tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del Sector Público, establece: “1. Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.” DÉCIMO.- De otro lado, es menester tenerse en cuenta que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, fue expedido en Marzo de 1991, por el Presidente de la República, de ese entonces, de conformidad con el artículo 211°, inciso 20 de la Constitución de 1979, que establecía, entre las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República, la de dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso, siendo que efectivamente, en virtud de ello, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, resulta tener rango de ley y con capacidad modificatoria sobre la ley, como así se
ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 20512002-AA/TC; Caso: NOEMÍ TORIBIA GÓMEZ SALAZAR, cuando señala en sus fundamentos: “1. De acuerdo con lo expresado por este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 0419- 2001-AA/TC, debe tenerse presente lo siguiente:
a. Conforme a su parte considerativa, el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM fue expedido al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución de 1979, vigente a la fecha de su promulgación, significándose con ello su jerarquía legal y, en consecuencia, resulta plenamente válida su capacidad modificatoria sobre la ley–en el caso de autos, respecto del Decreto Legislativo N.° 276 que tiene rango de ley– para otorgar, en materia de bonificaciones y otros beneficios, un tratamiento diferente al establecido en el precitado decreto legislativo. (…)”
UNDÉCIMO.- El indicado Decreto Supremo por su origen tuvo el carácter de norma reglamentaria transitoria, sobre los niveles remunerativos de los servidores del Estado, como la propia norma lo señala taxativamente cuando indica que sus normas están “orientadas a establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado, en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones dispuesto por el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con las reales posibilidades fiscales. Por su parte el Artículo 60 de la Constitución Política de 1979 prescribía: “Un sistema único homologa las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado. (…)” En este sentido, en los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 05191-PCM, se definen los conceptos de Remuneración Total Permanente y Remuneración Total, y su aplicación respecto a Bonificaciones y Beneficios con el propósito de evitar la distorsión salarial a favor de determinados sectores, como en el presente caso. DUODÉCIMO.- El artículo 24 de la Constitución Política vigente establece que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual; sin embargo, sin soslayar el reconocimiento de este derecho, se debe tener en cuenta que las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado conllevando a reajustes remunerativos cuando las circunstancias lo requieren en armonía con las reales posibilidades fiscales, siendo que en el presente caso, lo pretendido no constituye un reajuste
remunerativo, sino un beneficio específico regulado por el Decreto Supremo N° 051-91-PCM el mismo que ha sido emitido en el marco de un Estado de Derecho. DÉCIMO TERCERO.- En cuanto a lo argumentado por la A quo, que la Ley N° 24029 o Ley el Profesorado que rige la Carrera Pública del Profesorado y su Reglamento, son normas específicas, esto es, que regulan el régimen del profesorado como carrera pública y como ejercicio particular, los derechos y deberes de los profesores, jornada laboral, estructura de la Carrera Pública del Profesorado, ingreso, cese, remuneraciones, etc.; sin embargo, es de tenerse en cuenta que al Magisterio se aplica un solo sistema único de remuneraciones, bonificaciones y pensiones, que rige para los servidores públicos, pues no existe un régimen especial para los profesores. DÉCIMO CUARTO.- En este sentido, se determina que la pretensión planteada en la demanda por la accionante, carece de sustento, al haberse determinado que el beneficio por preparación de clase y evaluación se le viene otorgando conforme a las disposiciones legales previstas para su propósito, no evidenciándose pues vulneración al principio de legalidad por parte de la parte emplazada por lo que no cabe amparar la demanda, toda vez que deviene en Infundada; siendo esto así, deberá REVOCARSE la Sentencia materia de Alzada, y, reformándola, deberá declararse INFUNDADA la demanda. Por todas estas consideraciones; SE RESUELVE: 1) REVOCAR la Sentencia contenida en la Resolución número SEIS, de fecha ocho de Agosto del año dos mil once, que obra de folios ciento uno a ciento doce, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por doña CELIA CECILIA MONTEJO BACA, contra la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, sobre Acción Contencioso Administrativa; en consecuencia [DECLARA]: NULAS la Resolución Gerencial Regional N° 008453-2010-GRLL-GGR/GRSE de fecha 03 de Agosto del 2010, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 3153-2010GRLL/PRE de fecha 20 de Octubre del 2010; ORDENA que la primera de las demandadas emita resolución administrativa, dentro del plazo de quince días, otorgando a la demandante la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la Remuneración Total e Íntegra desde noviembre de 1996 en adelante; asimismo, proceda la demandada a PAGAR los devengados generados desde la fecha antes citada hasta que se hagan totalmente efectivos; más el pago de INTERESES LEGALES SIN COSTAS NI COSTOS; con lo demás que contiene
expresamente; y REFORMÁNDOLA, se DECLARA INFUNDADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por doña CELIA CECILIA MONTEJO BACA, contra la Gerencia Regional de Educación La Libertad y el Gobierno Regional de La Libertad;
2) DISPONER que, producida la anotación de la presente Resolución en los libros respectivos, y su notificación oportuna a los sujetos procesales, se remitan los autos al Juzgado de Origen, en el modo y forma de Ley.- Ponencia de la Señora Jueza Superior Titular, Ms. Hilda Rosa Chávez García..
S. CHÁVEZ GARCÍA
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