Source: http://psicologos.org.ar/actualidad-de-la-implementacion-de-la-ley-nacional-de-salud-mental-en-argentina-2/
Timestamp: 2018-01-18 23:46:49
Document Index: 402912128

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 4', 'Artículo 33', 'Artículo 3', 'artículo 27']

Actualidad de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina - APBA
[1] El artículo 2 determina: “Crease la COMISION NACIONAL INTERMINISTERIAL EN POLITICAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, presidida por la Autoridad de Aplicación de la Ley citada e integrada por representantes de cada uno de los Ministerios mencionados en el artículo 36 de la Ley N 26657.”Más adelante el mismo artículo establece que “La Autoridad de Aplicación deberá convocar a organizaciones de la comunidad que tengan incumbencia en la temática, en particular de usuarios y familiares y de trabajadores, para participar de un Consejo Consultivo de carácter honorario al que deberá convocar al menos trimestralmente, a fin de exponer las políticas que se llevan adelante y escuchar las propuestas que se formulen.”
[2] I) Inclusión social y externación sustentable, II) Interdisciplina y Trabajadores de la salud mental, III) Salud mental y diversidad, IV) Acceso a la salud y V) Comunidad, cultura y comunicación.
[1] I) Inclusión social y externación sustentable, II) Interdisciplina y Trabajadores de la salud mental, III) Salud mental y diversidad, IV) Acceso a la salud y V) Comunidad, cultura y comunicación.
En octubre de 2015 el Ministerio de Salud de la Nación creó la Escuela Nacional de Gobierno en Salud Pública “Ramón Carrillo”. Desde su inauguración ofertó 13 diplomaturas para personas en servicio sanitario, entre ellas, una sobre Salud Mental en el Primer Nivel de Atención. Mediante el decreto 358/2016 de febrero de este año, se derogó el decreto que creó la Escuela de Gobierno, interrumpiendo abruptamente la formación de más de 620 personas que se estaban capacitando en 4 carreras de posgrado y de 2200 que se encontraban inscriptas para este año. De esta manera se cancelaron 10 carreras de posgrado imposibilitando la formación en áreas de salud con especialidades relevantes para el campo de la salud mental. Ninguna otra medida de capacitación para profesionales en servicio ha sido anunciada.
En noviembre de 2009, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Nación en su resolución 1271/2009 creó el Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado “Dr. Fernando Ulloa” en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la misión de efectuar aportes en la planificación y ejecución de las políticas reparatorias del Estado teniendo presente las consecuencias que provocan las violaciones a los derechos humanos en la subjetividad de las víctimas y en la sociedad en su conjunto. Dichas competencias se fueron ampliando incorporando también en la política de reparación a las víctimas de violencia institucional, víctimas de la tragedia de Cromañón, entre otros. Así mismo el Ministerio de Salud de la Nación despidió a todos los profesionales en atención a las víctimas de Cromañón incumpliendo el convenio respectivo. Se efectivizaron los despidos de varios profesionales vinculados a la atención directa de personas tanto en CABA como en otras provincias. Con esto se ven afectados procesos sostenidos con personas víctimas, tanto en el abordaje psicoterapéutico como en el acompañamiento durante los juicios, con las consecuencias que esto implica en términos de la preservación de la integridad psicofísica.
Desde el año 2012 a partir de un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se creó un equipo interdisciplinario que realizaba las evaluaciones de determinación del daño en la salud sufrido en personas víctimas del terrorismo de Estado que iniciaron la solicitud de los beneficios contemplados por las leyes reparatorias 24.043 (Indemnización para Ex-Detenidos), 25.914 (Indemnización para Hijos) y 26.564 (Ley Dovena). Desde su puesta en funcionamiento el equipo realizó 400 evaluaciones a beneficiarios de las siguientes jurisdicciones: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chaco, Neuquén, Jujuy, Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan, así como a beneficiarios que se encuentran radicados fuera del país por medio de la modalidad videoconferencia articulando con Cancillería y Consejo de la Magistratura. A pesar de que el convenio sigue vigente se han discontinuado las funciones de este equipo, así como de otros equipos del sistema público de salud dependientes del poder ejecutivo nacional lo que pone en riesgo la continuidad de las –aproximadamente- 1300 evaluaciones que aún se encuentran en trámite.
8. Reiteradas manifestaciones de diversos sectores ponen en duda el tratamiento de las adicciones en el marco de la Ley nacional 26.657, cuestionando el Art.4 que las incluye. Por ejemplo, en el mes de septiembre la Asociación Antidrogas de la Republica Argentina presenta ante la cámara de diputados una solicitud de derogación. Estos hechos pretenden no solamente sostener los lugares de encierro para las personas con un vínculo problemático con el consumo, sino además la reinstalación de un paradigma que criminaliza al consumidor facilitando el despliegue de políticas represivas. El artículo 4 de la Ley plantea que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, produciendo un desplazamiento de las mismas del campo penal al sanitario. Frente a estas manifestaciones contrarias, se construyó un documento titulado “LAS ADICCIONES COMO UNA
Se constata que un importante número de contratos de trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMA) fueron dados de baja sin prever su renovación. Además de no considerar el derecho a trabajar de las personas despedidas, se desactivan funciones y líneas de acción estatal significativas para sectores de población cuyos derechos de esta manera se ven afectados.
Se dieron de baja programas territoriales dependientes de los Equipos de Abordaje Psicosocial (EAPS): 4 equipos conformados por entre 6 y 7 profesionales cada uno que trabajaban en los barrios de Zavaleta, Villa 31, Albariño (Villa Soldati) y en el municipio de San Martin, de la Provincia de Buenos Aires; se desvinculó a un equipo estable que trabajaba en los Trenes Sanitarios Ramón Carrillo y Eva Perón.
Desde enero cesaron las funciones del equipo interdisciplinario de evaluación de personas con causas relativas a la determinación judicial de su capacidad jurídica y se ordenó la devolución de los más de 800 expedientes que se hallaban en pleno proceso evaluatorio hacia los juzgados de origen. Había surgido por la necesidad de generar una alternativa de evaluación acorde a los presupuestos de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones que apunta al pleno ejercicio de la capacidad mediante la toma de decisiones con apoyos.
Se desactivó el programa Casa SIS Salud e Inclusión para personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. Desde el 29 de febrero decenas de usuarios han perdido asistencia psicoterapéutica y psicosocial.
BAJA A LA ESCUELA NACIONAL DE EN SALUD PUBLICA “RAMON CARRILLO”1
CUESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD MENTAL”, al que han adherido diversas organizaciones sociales que sostiene la necesidad de mantener dicho artículo.
Desde mediados del año 2014 se crearon distintos dispositivos dependientes de SEDRONAR (a partir de la reestructuración de esta Secretaría) cuyo paradigma es el impulsado por la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones y otros marcos normativos (Ley IACOP, ley de Protección integral para niños, niñas y adolescentes n°26061), poniéndose el eje desde el Estado en la inclusión social, la prevención y la asistencia de las problemáticas de consumo. En la provincia de Santa Fe se contaba con unaCET(Casa Educativa Terapéutica) en Rosario y una en Baigorria; dos CePLAs (Centros Preventivos Locales de Adicciones) en Rosario, uno en Rafaela, en Venado Tuerto, en Las Parejas, en Gálvez y en Villa Gobernador Gálvez; dispositivos PEC(Punto de Encuentro Comunitario) cuyo abordaje contempla Rosario y alrededores. Desde que asume la nueva gestión se despidieron a los trabajadores contratados por el Ministerio de Modernización, en el caso de Baigorria son 21 trabajadores, 3 en el CePLA de Rosario “Juntos a la par”, 3 en el de Rafaela, 2 en el de Las Parejas, 1 en el de Venado Tuerto. En Baigorria, además de los directivos, sólo quedaron 4 trabajadores bajo el programa de Médicos Comunitarios, actualmente la misma fue cedida en comodato a 20 años tercerizando de esta manera los recursos del Estado. En relación al programa de Médicos Comunitarios contempla el cursado de un Posgrado que no se ha reiniciado este año. Viendo la situación general de vaciamiento e incertidumbre se pone en riesgo el sostenimiento de estos dispositivos.
El Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno de la ciudad de Rosario abrió sus puertas en Marzo de 2012. Esta decisión fue producto de un acuerdo entre los compañeros y familiares de las víctimas del Triple crimen de Villa Moreno y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ante la situación de violencia instalada en el barrio. Desde su conformación, el C.A.J ha tenido un rol fundamental en la transformación de dicha realidad, por vía de un trabajo interdisciplinario, recibió unas 30.000 consultas: se asistieron trámites en ANSeS, problemáticas sociales y de salud, conflictos familiares y entre vecinos, y se brindó asistencia jurídica. Sus 6 trabajadores fueron despedidos (un coordinador, una abogada, una psicóloga, una trabajadora social y dos administrativos).
En lo que respecta a nuestro Consejo Consultivo Honorario nos preocupa no sólo que no ha sido convocado por la autoridad de aplicación sino que no se haya constituido la Comisión Nacional Interministerial de Políticas en Salud Mental y Adicciones (CONISMA) hasta octubre y que a partir de entonces esta comisión pase a ser compuesta solo por representantes de salud.
El día 3 de octubre de 2016, mediante el Decreto 1053/2016 se ha resuelto según informa el Boletín Oficial de la Rep. Argentina, la primera modificación al Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, produciendo el pasaje de la CONISMA desde Jefatura de Gabinete al ámbito del Ministerio de Salud, con su consecuente empobrecimiento de funciones y áreas que la componen. De esta manera, asistimos a la primera modificación al Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, y a una lamentable reducción de lo estipulado por ella, que definía en el Art. 3º del Capítulo 2: “En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.”
Algunos documentos elaborados por CONISMA y consensuados con el CCH y organizaciones del campo de la Salud Mental, deberían ser tenidos en cuenta por cuanto apuntan a profundizar lineamientos de la LNSMA. Nos referimos por un lado al denominado “Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos u otros tratamientos a partir de problemáticas del ámbito escolar” dirigidas a agentes del sistema de salud, equipos de orientación, gabinetes psicopedagógicos, docentes y comunidad educativa en general. Trabajo de suma importancia considerando el incremento exponencial que se viene dando en los últimos tiempos en la medicalización y patologización de las infancias y adolescencias. Por otro lado el documento Recomendaciones a las Universidades Públicas y Privadas Artículo 33º Ley Nacional Nº 26657 que apunta a la adecuación de la formación de grado y posgrado a los lineamientos de la ley de manera que pueda facilitarse su aplicación.
Instamos a la profundización y evaluación de la composición presupuestaria destinada a salud
mental y adicciones en todas las jurisdicciones, creando dispositivos interdisciplinarios que monitoreen la aplicación adecuada de la Ley Nacional, mediante los organismos técnicos nacionales provinciales y municipales correspondientes. Asimismo se sugiere el incremento de la asignación presupuestaria a los fines de dar cumplimiento a la Ley.
Promoción de la creación de “Grupos de Apoyo Mutuo para la Salud Mental y Adicciones”, reconociéndolo como un dispositivo pertinente en el marco de las normativas vigentes en Salud Mental y Adicciones, con la participación de organizaciones de usuarios y familiares.
Requerir a la Secretaría Técnico Administrativa el aporte de informaciones disponibles acerca de cuáles son los organismos del Estado que realizan aportes, desarrollan programas y/o prevean subsidios a la población comprendida en los alcances de la Ley Nacional657 en relación al arte, la cultura y la comunicación,
Observamos con preocupación que en los discursos de los funcionarios públicos no aparece el compromiso con la desmanicomialización, siendo uno de los puntos centrales de las políticas públicas de acuerdo a la perspectiva de derechos abierta por la legislación. No se cuenta disponible la información pública respecto de la ley y todos los documentos de trabajo y lineamientos para el cumplimiento y el acceso a derechos de toda la población, ni siquiera figura en la página del ministerio y la Dirección Nacional de SMyA el texto de la Ley o referencias al marco normativo ni ninguno de los recursos que se habían diseñado para su difusión y comunicación y constaban en la página web.
Mediante la resolución 1003/2016 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada el 19 de julio en el Boletín Oficial ha sido derogada la Resolución Ministerial 1484 de septiembre de 2015 de Habilitación de Instituciones de Salud Mental, una herramienta sustantiva para la aplicación de la Ley Nacional, que propiciaba “asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos”. Medida realizada en forma inconsulta respecto del Consejo Consultivo Honorario que implica un retroceso aún mayor en lo que venimos señalando. Luego mediante la Resolución 1876 de octubre de 2016 se aprueban las “Normas de Habilitación y Fiscalización de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones” en donde entre otras medidas regresivas se incluye y se avala la práctica del electroshock y el shock insulínico, como consta en el Artículo 3 del Anexo II de dicha disposición ministerial. Asimismo se desconocen los plazos para adecuar y ajustar la estructura y funcionamiento integral de los establecimientos de conformidad a lo establecido en la legislación como también se vulnera el artículo .13 de la Ley 26657 que plantea que “los profesionales de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción de los servicios y las instituciones”.
El día 19 de octubre la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires le ha presentado al Ministro de Salud de la Nación, un proyecto con modificaciones a la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental. Este documento, realizado en conjunto entre diferentes entidades y asociaciones, viola expresamente el artículo 27 de la Ley y su reglamentación que sostiene que ”Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.”
A pesar de los embates contra el Órgano de Revisión y a propósito del riesgo de perder su lugar y función para la aplicación de la Ley, este ha contado con el aval de la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez quien presentó, a pedido del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, un informe donde reconoció “como buenas prácticas en salud mental la creación del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN), como organismo independiente y autónomo de protección de derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial y de la Unidad de Letrados de Salud Mental, como defensoría jurídica especializada para la asistencia técnica de las personas internadas por motivos de salud mental.”
CONSEJO CONSUTIVO HONORARIO
DE SALUD MEN TAL Y ADICCIONES LEY 26657
AMAS (Asociación Manos Abiertas y Solidarias – Río Negro) (*)
Cátedra de Psicología Sanitaria (Psicología – Córdoba)
Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos (Medicina – UBA)
Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina. (Trabajo Social – UBA)
Cátedras de Salud Pública/Mental. (Psicología – UBA)
Departamento de Salud Mental Comunitaria – UNLA