Source: http://www.drlawyer.com/es/publicaciones/Ley-Contratacion-Publica-Dominicana.html
Timestamp: 2013-12-13 18:07:13
Document Index: 46932008

Matched Legal Cases: ['Artículo 72', 'in fine', 'Artículo 36', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 28']

inicio » publicaciones derecho comercial » Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones
CONSIDERANDO: Que la eficiencia que persigue el Estado dominicano exige disponer de un nuevo instnimento jurídico que elimine las insuficiencias del mareo jurídico vigente y coadyuve a la armonización con la normativa prevista internacionalmente y con los métodos más modernos de compras y de contrataciones públicas;
VISTA la Ley No.105, del 16 de marzo de 1967, G. O. No.9026, que somete a concurso para su adjudicación, todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$ 10,000.00.
VISTA la Ley No.27-01. del 2 de febrero del 2001, sobre Fondos Fiscales.
VISTA la Reglamentación de la Ley No.322, expedida con el No. 578-86, del 2 de junio de 1981, G. O. No. 9556, por la cual se crea el Directorio para Empresas Extranjeras.
VISTA la Reglamentación contenida en el Decreto No. 262-98 que hace referencia a la Ley No.295, del 30 de junio de 1966, de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública.
TÍTULO I DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES Y SUS NORMAS COMUNES CAPÍTULO I
Art. 2.- Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos, los organismos del sector público que integran los siguientes agregados institucionales: 1) El Gobierno Central; 2) Las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras;
6) Cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes. servicios, obras y concesiones con fondos públicos.
Párrafo I.- A los efectos de esta ley se entenderá por Gobierno Central, la parte del sector público que tiene por objeto la conducción político-administrativa, legislativa, judicial, electoral y fiscalizadora de la República, conformada por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.
Párrafo III.- Las empresas públicas no financieras, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y las empresas públicas financieras deberán aplicar las disposiciones de la presente ley. La adquisición de insumos, materiales y repuestos que requieran estas instituciones estarán sujetas a disposiciones especiales que establezca el reglamento de la presente ley. De. igual manera, podrán tener acceso a los sistemas de información de precios previstos en la misma.
2) Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. Los reglamentos de esta ley y disposiciones que rijan los procedimientos especificos de las contrataciones, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes;
5) Principio de equidad. El contrato se considerará como un todo en donde los intereses de las partes se condicionan entre si. Entre los derechos y obligaciones de las partes habrá una correlación con equivalencia de honestidad y justicia;
6) Principio de responsabilidad y moralidad. Los servidores públicos estarán obligados a procurar la correcta ejecución de los actos que conllevan los procesos de contratación, el cabal cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Las entidades públicas y sus servidores responderán ante la justicia por las infracciones legales;
8) Principio de participación. El Estado procurará la participación del mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida. Al mismo tiempo, buscará estimular la formación de nuevas empresas locales con capacidad financiera y tecnológica que contribuyan al desarrollo nacional;
Bienes: Los objetos de cualquier índole, incluyendo las materias primas, los productos, los equipos, otros objetos en estado sólido, liquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda del de los propios bienes.
Concesión o contrato de concesión: Según se define por el Artículo 72 de esta ley.
Consultor: Personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas, incluyendo firmas consultoras, firmas de ingeniería, gerentes de construcción, agentes de procuración, agentes de inspección, las agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones multinacionales, bancos de inversión, universidades, instituciones de investigación, agencias de gobierno, asociaciones sin fines de lucro, e individuos, en fin, proponente o contratista de servicios, conforme la definición dada en esta ley.
Contratista: Toda persona fisica (natural) o moral (jurídica) a la que se haya adjudicado y con quien se haya celebrado un contrato, siendo la otra parte el Estado.
Fondos públicos: Los obtenidos a través de la recaudación de las personas fisicas o jurídicas que tributan en la República Dominicana, del Presupuesto General de la Nación, de financiamientos nacionales o internacionales, o cualquier otra modalidad lícita de obtención de fondos por parte de la Administración Pública, con un propósito o finalidad de carácter estatal.
Oferente, proponente, ofertarte o postor: Persona natural o jurídica, legalmente capacitada para participar presentando oferta o propuesta en las licitaciones de bienes, obras, servicios o concesiones.
Obra adicional o complementaria: Aquélla no considerada en los documentos de licitación ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y lo necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional.
Órgano Rector de las Contrataciones Públicas u Órgano Rector: Según se define por el Artículo 36, Párrafo 1 de esta ley.
Pliegos de condiciones: Documentos que contienen las bases de un proceso de selección y contratación, en las cuales se indican los antecedentes, objetivos, alcances, requerimientos, planos para el caso de obras, especificaciones técnicas o términos de referencia, y más condiciones que guían o limitan a Ios interesados en presentar ofertas.
Reglamento de aplicación de la ley o reglamento: Es el reglamento que preparará el Organo Rector y que dictará el Poder Ejecutivo por decreto.
Términos de referencia: Los términos de referencia son a los servicios de consultoría, lo que las especificaciones técnicas son a los bienes y obras; esto es,condiciones técnicas a ser cumplidas para alcanzar los objetivos con la calidad exigida.
1) Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hagan oferta de bienes y servicios requeridos por las instituciones de la administración pública o contraten obras o concesionen obras o servicios o ambos
2) Dos o más personas presenten oferta como un conjunto actuando orno una sola, estableciendo en un acto notarial que actúan bajo esa Condición, que no son personas diferentes, las obligaciones de cada o de los actuantes y su papel o funciones y el alcance de la relación e conjunto y las partes con la institución objeto de la oferta.
Art. 6.- Se excluyen de la aplicación de la presente ley los procesos de compras y contrataciones relacionados con:
1) Tratados internacionales, acuerdos comerciales o de integración, convenios de préstamo o donaciones de otros Estados y de entidades de derecho público internacional, cuando así lo determinen los tratados, acuerdos y convenios, los cuales se regirán por las normas que se acordaren;
2) Operaciones de crédito público y la contratación de empleo público, que se rigen por sus respectivas normas y leyes;
3) Las actividades que por razones de seguridad nacional, emergencia o urgencia manifiesta que pudieran afectar vidas o la economía del país, previa calificación y sustentación mediante decreto cuando se trate de entidades del Gobierno Central, descentralizadas y autónomas y por resolución de la máxima autoridad competente cuando se trate de las demás entidades. La tipificación de esta calificación se establecerá en el reglamento de esta ley;
4) La realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas, o restauración de monumentos históricos cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Cuando se trate de la adquisición de bienes y servicios técnicos y científicos donde no exista más de una oferta nacional en primer lugar, e internacional en segundo lugar, o bienes y servicios que sin tener sustituto y teniendo un carácter exclusivo y especializado sólo sean ofrecidos por una sola persona natural o moral, se podrá prescindir de las formalidades y rocedimientos de la presente ley con la previa publicación de una descripción de los servicios solicitados y el otorgamiento de un plazo de veinte (20) días para la recepción de ofertas. Cuando se trate de bienes, servicios técnicos o científicos de educación y salud, que tengan igual carácter, se prescindirá de las formalidades y procedimientos establecidos en la presente ley y de los requisitos de publicación establecidos en este articulo; 5) Las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica:
6) Las compras con fondos de caja chica, las que se efectuarán de acuerdo con el régimen correspondiente;
7) La actividad que pudiese contratarse entre entidades del sector público;
8) Las compras y contrataciones que se realicen para la construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior;
9) Contratos rescindidos cuya terminación no exceda el cuarenta por ciento (40%) del monto total del proyecto, obra o servicio, de conformidad con los mecanismos que establezca el reglamento correspondiente.
Párrafo I.- El reglamento respectivo de la presente ley establecerá los procedimientos a que se sujetarán los casos enumerados en los numerales 4), 5), 6). 7) y 8) de este artículo.
Párrafo II.- Cuando las compras o contrataciones se realicen con financiamiento interno y externo simultáneamente, la aplicación de las normas de la presente ley se hará siempre y cuando el financiamiento interno sea mayor o igual al cincuenta y uno por ciento (5 1%) del total.
Párrafo III.- En ningún caso los fondos fijos de caja chica podrán exceder los cincuenta mil pesos (RD$5,000.00), y sólo podrán cubrir gastos que no excedan de los cinco mil pesos (RD$5,000.00) en cada caso. Estos montos podrán ser ajustados por inflación anualmente de acuerdo con el multiplicador publicado para tales fines por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Párrafo IV.- Cuando en la compra de un bien o servicio el período de entrega supere los seis (6) meses o requiera una operación de crédito cuyos pagos o Financiamiento supere el año fiscal y requiera la aprobación del Congreso Nacional, no podrá ser considerado una situación de calamidad pública y por tanto no se aplicarán las disposiciones de la parte capital de este articulo. Del mismo modo, cuando una compra de bienes y servicios, contratación de obra y su construcción supere un período de entrega de seis (6) meses, o cuando en una ejecución por etapas el conjunto de las etapas supere un periodo de seis (6) meses y cuando una concesión supere el mismo periodo, tampoco podrán considerarse dentro de una situación de calamidad pública y tendrá que regirse dicha compra, contratación o concesión por las disposiciones de la presente ley.
Párrafo V.- Las instituciones sujetas a las disposiciones de la presente ley cuando tengan una asignación presupuestaria anual, igual o inferior a los veinte millones de pesos (RD$20,000,000.00), tanto para gastos corrientes como para gastos de capital, podrán contratar para la adquisición de bienes y servicios, sin las formalidades y procedimientos de la presente ley, hasta el diez por ciento (10%) de su asignación mensual.
Art. 7.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en cualquier proceso de licitación o contratación deberán estar inscritas en el registro nacional correspondiente.
Párrafo.- El reglamento de la ley establecerá la organización, funciones y procedimientos de los registros, así como los requisitos, periodicidad, validez, vigencia y relación de inhabilitados, entre otros aspectos, siempre observando el criterio de simplificación administrativa,
Párrafo I.- En los casos de controversia se aplicarán para su resolución el orden de preferencia establecido en este articulo.
Párrafo II.- Son fuentes supletorias de esta ley las normas del derecho público y. en ausencia de éstas, las normas del derecho privado.
Art. 10.- La autoridad administrativa con capacidad de decisión en un organismo público no permitirá el fraccionamiento de las compras o contrataciones de bienes, obras o servicios, cuando éstas tengan por objeto eludir los procedimientos de selección previstos en esta ley para optar por otros de menor cuantia.
Art. 12.- Todo funcionario publico que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento.
Art. 14.- No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas: 1) El presidente y vicepresidente de la República, los secretarios y subsecretarios de Estado, los senadores y diputados del Congreso de la República, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden ,judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los síndicos y regidores; el contralor general y el subcontralor de la República, el director y subdirectores de Presupuesto; el director nacional y el subdirector de Planificación; el procurador general de la República y los demás miembros del ministerio público; el tesorero nacional y el subtesorero y demás funcionarios del Gobierno Central y de las instituciones incluidas en el Artículo 2 de la presente ley, se ejerzan honorífico o no;
2) Los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones descentralizadas, así como los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa del ente en donde desempeñen sus funciones;
3) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional;
4) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos 1), 2) y 3) están impedidos de participar en los procesos de contratación de las entidades a las cuales pertenezcan;
5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive de los funcionarios. También, los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, parejas consensuales o con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas, están impedidos de participar en los procesos de contratación de las entidades a las cuales pertenecen dichos funcionarios;
6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a los que se refieren los numerales 1), 2) y 3) tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;
7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas y los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión de obras y concesiones;
8) Las personas fisicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua; 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
11) Las personas que suministraran informaciones falsas en ocasión del proceso de calificación o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;
12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y su reglamento;
13) Los funcionarios citados en los incisos anteriores, no podrán hacerlo hasta seis (6) meses después de haber cesado en el cargo;
14) Las personas naturales o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, o que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y su reglamento.
Párrafo. Las propuestas entregadas contraviniendo lo dispuesto en el presente articulo, así como los contratos celebrados en contravención de la presente ley y su reglamento, son nulos, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.
5) La adjudicación:
6) La resolución de dejar sin efecto o anular el proceso en alguna etapa del procedimiento
o en su globalidad, asi como de declarar desierto o fallido el proceso; 7) La aplicación de sanciones a los oferentes o contratistas;
8) Los resultados de los actos administrativos de oposición. a los pliegos de condiciones, así como a la impugnación de la calificación de oferentes y a la adjudicación de los contratos.
Art. 16.- Los procedimientos de selección a los que se sujetarán las contrataciones son:
1) Licitación pública. Es la convocatoria pública y obligatoria a un número indeterminado de interesados. Podrá haber licitaciones nacionales y/o internacionales. En el caso de la ejecución de proyectos, obras o servicios de que se trate, la licitación internacional se llevará a efecto cuando ello resulte obligatorio por tratados o convenios internacionales o con organismos multilaterales de crédito; o cuando previa investigación del mercado los oferentes nacionales no cuenten con la capacidad requerida para la ejecución de los mismos; o cuando habiéndose realizado una licitación nacional, no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones;
2) Licitación restringida. Es la invitación a participar a un número limitado de personas que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de los bienes a adquirirse, de las obras a ejecutarse o de los servicios a prestarse, razón por la cual sólo puede obtenerse un número limitado de participantes; o porque el tiempo y los gastos que requeriría la evaluación de un gran número de ofertas sería desproporcionado con respecto al valor de los bienes, las obras o los servicios. En todo caso los proveedores, contratistas de obras o consultores, estarán registrados conforme a lo previsto en la presente ley y su reglamento, de los cuales se invitará un mínimo de cinco (5) cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación restringida se hará de conocimiento público por los medios previstos;
3) Sorteo de obras. Es la adjudicación al azar o aleatoria de un contrato entre participantes que cumplen con los requisitos necesarios para la realización de obras sujetas a diseño y precio predeterminados por la institución convocante;
4) Compra o contratación directa. Es el procedimiento de contratación mediante el cual la entidad contratante, atendiendo a las razones enumeradas en el Artículo 4 y a los límites establecidos en el Artículo 15, podrá adquirir o adjudicar directamente con cualesquiera de las personas físicas o jurídicas inscritas en los respectivos registros contemplados en esta ley;
5) Comparación de precios. Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares y adquisición de servicios;
6) Compras menores. Consiste en el requerimiento de cotizaciones a un número limitado de oferentes inscritos en el registro respectivo y se utilizará cuando el monto estimado de la contratación o compra de bienes y servicios no supere el límite máximo establecido;
7) Subasta inversa. Cuando la compra de bienes comunes con especificaciones estándares se realice por medios electrónicos, se seleccionará el oferente que presente la propuesta de menor precio. Este procedimiento debe posibilitar el conocimiento permanente del precio a que realizan las ofertas todos los participantes, así como del momento en que se adjudica y debe estar basado en la difusión de la programación de compras y contrataciones.
Art. 17.- Cuando el Presupuesto Referencia] del Objeto de la Contratación (PROC) supere la multiplicación dd Presupuesto de Ingresos Corrientes del Gobierno Central para el año en vigencia por los factores presentados en la tabla del presente artículo, según sean obras, bienes o servicios, la modalidad más cercana e inmediatamente inferior en valoración al PROC será la establecida para la contratación.
1) Licitación pública 0.00060 0.000040 0.000030
2) Licitación restringida 0.00025 0.000020 0.000015
4) Contratación directa 0.00025 0.000015 0.000010
5) Comparación de precios 0.00040 0.00000 15 0.000008
6) Compras menores No aplica 0.0000005 No aplica
Párrafo I. Se entenderá por Presupuesto Referencial del Objeto de la Contratación (PROC) el costo estimado de la obra, bien o servicio a licitar por la entidad convocante.
Párrafo II.- Las modalidades superiores en valoración al PROC podrán ser utilizadas por la entidad contratante, en caso que así lo estime conveniente.
Párrafo IV.- En el caso de compras de bienes la subasta inversa será un método aplicable a cualquier valor del PROC, siempre que cumpla con los requerimientos de la presente ley y su reglamento.
Párrafo V.- Tendrán derecho a participar en la contratación pública de obras menores, reparaciones, mantenimiento y demás en la modalidad de SORTEOS, los técnicos medios (maestros de la construcción) calificados por las entidades competentes y que definirá el reglamento correspondiente de esta ley, hasta un monto igual al diez por ciento (10%) del que determina en esta modalidad el presente Artículo 17.
Art. 18.- La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en la gaceta oficial y en dos diarios de mayor circulación del país por el término de tres (3) dias, con un mínimo de veintidós (22) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.
En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la reglamentación. ,Cuando se trate de licitaciones internacionales deberán disponerse, además, avisos en publicaciones de países extranjeros, en los plazos, con la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación. La invitación a presentar ofertas en licitaciones restringidas deberá efectuarse por el término de dos (2) días en la Gaceta Oficial y en dos diarios de mayor circulación del país, con veinte (20) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación. La invitación a presentar ofertas en .comparación de precios deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en la Gaceta Oficial y en el diario de mayor circulación en el país, durante dos
(2) días, con un mínimo de diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.
2) La índole y la cantidad, el lugar de entrega, de los bienes a suministrarse; o la índole y ubicación de las obras que hayan de efectuarse;
3) El plazo, de ser el caso según la modalidad, para el suministro de los bienes o la terminación de las obras;
5) La fecha y el lugar previsto para la presentación de propuestas; Párrafo II.- El plazo razonable entre la convocatoria y la presentación de propuestas, será establecido por la entidad pública, atendiendo las características propias de cada proceso. En ningún caso el plazo será menor a veinte (20) dias hábiles para licitaciones públicas y a quince (15) días hábiles para licitaciones Para la comparación de precios, el plazo no será menor a diez (10) días hábiles.restringidas.
Párrafo III.- Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifiquen. a juicio de la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen observaciones del proyecto de pliego de condiciones, conforme lo determine la reglamentación.
Párrafo IV.- Los pliegos de condiciones no podrán ser modificados mientras dure cada proceso de selección.
Párrafo V.- Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirá por internet o por cualquier medio similar que lo reemplace o amplie, en el sitio del organismo que la realice.
Párrafo I.- Los organismos públicos comprendidos en el ámbito de esta ley podrán aceptar el envio de ofertas, la presentación de informes, documentos,comunicaciones, recursos administrativos, entre otros aspectos, en formato digital. Se considerarán válidas las notificaciones firmadas digitalmente.
Párrafo II.- La reglamentación determinará de manera detallada los procesos de contrataciones por medios electrónicos, especialmente se considerará la forma de publicidad y difusión, la gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago, las notificaciones, la digitalización de los documentos y el expediente digital, de tal manera que se pueda garantizar la transparencia, autenticidad, seguridad jurídica, utilización como medio de prueba y conlidencialidad.
Art. 20.- El pliego de condiciones proporcionará toda la información necesaria relacionada con el objeto y el proceso de la contratación. para que el interesado pueda preparar su propuesta. El pliego de condiciones no podrá ser modificado mientras dure el proceso de selección.
Párrafo I.- Los participantes podrán solicitar a la entidad convocante aclaraciones acerca del pliego de condiciones, hasta la fecha que coincida con el cincuenta por ciento (50%) del plazo para presentación de propuestas. La entidad dará respuesta a tales solicitudes de manera inmediata, y no más allá de la fecha que signifique el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo previsto para la presentación de propuestas. Las aclaraciones se comunicarán sin indicar el origen de la solicitud a todos los oferentes a los cuales se hubiere entregado el pliego de condiciones.
Párrafo II.- La entidad contratante convocará, luego de transcurridos los cinco dias hábiles siguientes a la fecha en que se inició la entrega de los pliegos de condiciones, a una audiencia con los interesados, para aclarar el pliego de condiciones y responder a las inquietudes que presenten. sobre lo cual se levantarán actas en las que se consignen las consultas y las respuestas, a las cuales tendrán acceso todos los participantes.
Art. 21.- El principio de competencia entre oferentes no deberá ser limitado por medio de recaudos excesivos, severidad en !a admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones formales subsanables, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias, dándosele la oportunidad de subsanar dichas deficiencias, en tanto no se alteren los principios de igualdad y transparencia establecidos en el Artículo 3 de esta ley, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Art. 22.- La propuesta tendrá validez durante el periodo que se señale en el pliego de condiciones; no obstante, antes de que venza el plazo de validez de la propuesta, la entidad podrá solicitar una prórroga de duración determinada. El oferente podrá negarse a la solicitud sin perder por ello la garantía de mantenimiento de oferta y su validez cesará al expirar el plazo de vigencia original, en cuyo caso ya no será considerado en el proceso. Para que la oferta se estime prorrogada se requiere que el oferente presente el documento de renovación de la garantía, determinándose que quien no entregue la garantía prorrogada no será considerado en el proceso.
Art. 23.- Las ofertas se abrirán en la fecha y hora indicadas en el pliego de condiciones o en sus alcances sobre prórrogas, en el lugar y con las formalidades que se hayan indicado. El acto de apertura será público, para el cual los proponentes se considerarán los principales protagonistas. En e] acto se hará público el nombre de los oferentes, sus garantías y los precios de sus ofertas. Dicho acto se efectuará con la presencia de notario público, quien se limitará a certificar el acto.
Párrafo I.- El acto será público y sólo podrá postergarse cuando surjan causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. En estos casos se levantará acta en la que constarán los motivos de la postergación.
Párrafo IV.- Las propuestas inmediatamente después de recibidas en el lugar indicado, serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta eI momento de la apertura.
Art. 26.- La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio. la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos.
Párrafo II.- La notificación de adjudicación al proponente correspondiente se realizará dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.
Párrafo IV.- La resolución de adjudicación se cursará a la máxima autoridad ejecutiva de la institución quien aprobará o rechazará ordenando por escrito su revisión con la indicación de los desacuerdos que formule. Los funcionarios responsables del análisis y evaluación de las ofertas podrán confirmar, complementar o modificar, si fuere el caso, sus recomendaciones. Si la adjudicación fuese nuevamente rechazada por la máxima autoridad, se solicitará la decisión al Organo Rector.
Art. 27.- Los contratos que realicen los organismos públicos para la adquisición de bienes o la contratación de obras y servicios, podrán documentarse indistintamente, por escrito en soporte papel o formato digital, en las condiciones que establezca la reglamentación y se ajustarán al modelo que forma parte del pliego de condiciones. con las modificaciones aprobadas durante el proceso de selección. El reglamento señalará los casos en que la contratación pueda formalizarse con una orden de compra u orden de servicio.
Art. 28.- El contrato, para considerarse válido, contendrá cláusulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto. plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio económico-financiero, garantías, modificación, terminación, resolución, arbitraje, nulidad, sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidación, solución de controversias, y las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratación y con las condiciones que establezca el reglamento de la presente ley.
Párrafo II.- Las garantías podrán consistir en pólizas de "seguro o garantías bancarias, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables; se otorgarán en las mismas monedas de la oferta y se mantendrán vigentes hasta la liquidación del contrato; con excepción de la garantía por el buen uso del anticipo, la que se reducirá en la misma proporción en que se devengue dicho anticipo.
1) El derecho de interpretar administrativamente los contratos y de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, el Organo Rector la opinion defnitiva.
2) Podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato origina] de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público; 3) En la contratación de bienes, no habrá modificación alguna de las cantidades previstas en los pliegos de condiciones;
9) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el proveedor o contratista no lo hiciere dentro de plazos razonables y proceder al encausar al incumplidor ante la jurisdicción correspondiente,
10) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén obligados a llevar los proveedores y contratistas, previa autorización de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
Párrafo.- La revocación, modificación o sustitución de los contratos por tazones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización por concepto de lucro cesante.
Art. 33.- Cualquier persona natural o jurídica, con residencia debidamente legalizada en la República Dominicana, podrá presentar iniciativas para la ejecución de obras y concesiones, siempre y cuando el Estado no las haya definido como prioritarias ni estén incluidas en el plan de inversiones destinadas al desarrollo nacional.
Art. 34.- El Sistema de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones se organizará en función del criterio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa, con domicilio en la capital de la República, y jurisdicción nacional, teniendo como fin general el de procurar la excelencia y transparencia en las contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios de esta ley, realizará los actos y ejercerá las funciones contenidos en la presente ley y su reglamento de aplicación. documentación contractual, el contratista tendrá:
Art. 34.- El Sistema de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones se organizará en función del criterio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa, con domicilio en la capital de la República, y jurisdicción nacional, teniendo como fin general el de procurar la excelencia y transparencia en las contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios de esta ley, realizará los actos y ejercerá las funciones contenidos en la presente ley y su reglamento de aplicación.
Art. 35.- Los órganos del sistema serán:
1) La Dirección General de Políticas y Normas de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones que fungirá junto a las Sub-direcciones correspondientes a cada tipo de contratación para adquirir bienes, obras, servicios y concesiones como Organo Rector del Sistema, y
2) Las unidades operativas de contrataciones que funcionarán en los organismos mencionados en el Artículo 2 de la presente ley que tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.
Párrafo I.- El Órgano Rector se crea como organismo público descentralizado, adscrito de manera orgánica a la Secretaría de Estado de Finanzas, con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.
Párrafo II.- El Órgano Rector contará con una comisión consultiva, integrada por:
3) Por el presidente de la Cámara Dominicana de Comercio o su delegado,
Párrafo III.- Si durante el periodo de duración del mandato correspondiente al Director General o a uno de los sub-directores se produjera el cese de su titular, su sucesor cesará al término del referido mandato.
Párrafo IV.- Cuando el último cese se produzca antes de haber transcurrido un año desde el nombramiento, no resultará de aplicación el limite previsto en el párrafo III, pudiendo ser renovado el mandato en dos ocasiones.
Párrafo V.- No podrán conformar el Órgano Rector de Contrataciones Públicas:
1) Dos (2) o más personas que sean parientes entre si dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad;
2) Dos (2) o más personas que tengan participación en el capital o en el órgano de dirección de una misma persona jurídica o un grupo de posibles oferentes o contratistas; a efectos de la presente ley se tendrán en cuenta las personas que participen de posibles oferentes o contratistas vinculadas entre sí, incluso domiciliados o creados fuera del territorio de la República Dominicana;
3) Las personas que tengan participación mayoritaria en el capital o cualquier participación en el órgano de dirección de un posible Oferente o Contratista, incluso fuera del territorio de la República Dominicana;
4) Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, así como aquélla contra las cuales estuvieren pendientes procedimientos de quiebra;
5) Las personas que estuvieren subjúdices, o cumpliendo condena o que hayan sido condenadas a penas aflictivas o infamantes.
Párrafo VI.- Remuneración. El Director General, los sub-directores, asi como todos los funcionarios y empleados del Organo Rector de Contrataciones Públicas devengarán salarios competitivos en el mercado privado, nunca inferior al devengado de las instituciones descentralizadas y autónomas encargadas de regular mercados. El Director General, los sub-directores, asi como todos los funcionarios y empleados del Organo Rector de Contrataciones Públicas tendrán seguridad en sus puestos e ingresarán al régimen de Servicio Civil y Carrera Administrativa a fin de garantizar dicha seguridad.
Párrafo VII.- Funcionamiento y Facultades de la Dirección General del Organo Rector. Compete a la Dirección General del Organo Rector de Contrataciones Públicas, sujeta a los principios de legalidad, de garantías procesales establecidas y reconocidas por la Constitución de la República, y en conformidad con las disposiciones de esta ley:
1) Investigar y actuar de oficio en los casos en que existan indicios de violación a esta ley;
2) Recibir las denuncias de parte interesada de violación a esta ley;
3) Instruir y sustanciar los expedientes;
4) Tomar todas las medidas necesarias para la sustanciación de los expedientes, incluyendo, requerir la presentación de documentos, la comparecencia de personas, el acceso a lugares, de manera voluntaria con la finalidad de llevar a cabo las investigaciones puestas a su cargo. En el caso de que dichas medidas sean compulsivas, deberá obtener la autorización previa del Pleno del Organo Rector de Contrataciones Públicas, y podrá obtener el auxilio de la fuerza pública;
5) Motivar la acusación a ser presentada al Pleno del órgano Rector de Contrataciones Públicas;
6) Archivar el expediente por inexistencia del hecho imputado, verificación de que el mismo no se encuentra sancionado por la presente ley, que el inculpado no pueda ser individualizado, por subsanación o por aplicación del criterio de oportunidad;
7) Presentar al Órgano Rector las acusaciones y recomendar la imposición de las sanciones pertinentes de conformidad con lo previsto por la presente ley;
8) Apoyar a Órgano Rector en la promoción y realización de estudios, trabajos y otras actividades de investigación y divulgación, con el fin de inducir una cultura de transparencia, eficiencia y priorización del interés público en materia de contrataciones públicas del país;
9) Mantener relaciones de cooperación con organismos extranjeros homólogos.
Párrafo VIII.- Del Financiamiento de sus Operaciones.
1) El Órgano Rector de Contrataciones Públicas preparará anualmente su presupuesto operativo, de conformidad con la normativa vigente para la formulación de presupuesto para la Administración Pública;
2) El Presupuesto Operativo del Organo Rector será financiado con las siguientes fuentes de recursos: i. Derechos y contribuciones por concepto de tramitación y procedimientos, determinadas por el Organo Rector mediante acto administrativo;
ii. Sanciones pecuniarias y multas coercitivas;
iii. Recursos provenientes de los organismos de cooperación financiera y técnica internacional;
iv. Legados y donaciones debidamente transparentados,
v. Recursos provenientes de los fondos públicos consignados en el Presupuesto General de la República, cada año, en un monto no menor al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Operativo del Organo Rector.
3) Los fondos y eI patrimonio del Órgano Rector serán objeto del control y vigilancia establecido por las leyes para los Fondos Públicos
Art. 36.- El Organo Rector tendrá las siguientes funciones básicas:
1) Velar por el cumplimiento y difusión de la ley, su reglamento y normas complementarias y proponer modificaciones a la misma;
2) Establecer las políticas de compras y contrataciones de bienes y servicios y evaluar su aplicación, en el marco de la política presupuestaria;
3) Diseñar e implantar el Catálogo de Bienes y Servicios de Uso Común para los organismos comprendidos por el ámbito de la ley;
4) Diseñar e implantar un Sistema de Información de Precios;
5) Establecer la metodología para preparar los planes y programas anuales de compras y contrataciones de bienes y servicios por parte de los organismos comprendidos en el ámbito de la ley;
6) Diseñar e implantar normas y procesos comunes para las compras y contrataciones de bienes y servicios según los distintos tipos y modalidades e implantar un manual de procedimientos comunes para las entidades que se encuentran en el ámbito de aplicaciones de esta ley;
7) Verificar que en los organismos comprendidos en el ámbito de la ley se apliquen en materia de compras y contrataciones de bienes y servicios ,las normas establecidas por esta ley, su reglamento, asi como las políticas, planes, programas, normas y procesos dictados al efecto; 8) Capacitar y especializar a su personal y al de las unidades ejecutoras en la organización y funcionamiento del sistema, así como en la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios. Absolver consultas sobre la materia;
9) Organizar, llevar y mantener actualizado el Registro de Proveedores y Consultores del Estado, de carácter ilimitado, tomando en cuenta los datos suministrados por las unidades ejecutoras y de acuerdo al tipo de bien o servicio en que se especialicen los oferentes;
10) Mantener un registro especial, y publicarlo en su página web, de proveedores y consultores que hayan incumplido con lo establecido en esta ley, en su reglamento, o en las compras o contrataciones con el Estado, asi como de las sanciones que se les hayan aplicado por violaciones a los mismos;
11) Recibir las sugerencias y reclamaciones de los proveedores y consultores, estén o no inscritos en el registro respectivo;
12) Recomendar, cuando corresponda, las sanciones previstas en lapresente ley;
13) Resolver en última instancia administrativa, los asuntos de su competencia y designar el árbitro dirimente en los casos en que se susciten controversias entre entidades y contratistas;
14) Crear y administrar el Sistema de Información de Contrataciones, en soporte tísico y electrónico, con un portal web de acceso gratuito, en el que se incluyen las:
i. Las bases de datos de todos los contratos de bienes, servicios,obras y concesiones;
ii. La base del Registro Nacional de Proveedores Públicos;
iii. El Catálogo de Bienes y Servicios de Uso Común;
La base de datos del Sistema de Información de Precios; v.
Las políticas de compras y contrataciones; vi. Manuales de procedimientos y modelos de formatos y pliegos y contratos;
vii. Presupuestos y aplicaciones presupuestarias de la Administración Pública, y
viii. Plan Anual de Contrataciones de la Administración Pública;
15) Crear y Administrar el Registro Nacional de Proveedores Públicos tomando en cuenta los datos suministrados por las unidades ejecutoras y de acuerdo al tipo de bien o Servicio en que se especialicen los oferentes, de inhabilitados para contratar con el Estado, de incumplidores y otorgar los correspondientes Certificados de Registro;
16) Diseñar e implantar el Catálogo de Bienes y Servicios de Uso Común para los organismos comprendidos por el ámbito de la ley;
17) Diseñar e implantar un Sistema de Información de Precios quemantenga actualizados los valores de mercado de los bienes y servicios de uso común, así como sobre las garantías, condiciones de entrega, condiciones y forma de pago y otras que establezca el reglamento de aplicación Asimismo, mantendrá información sobre los precios a los que los organismos comprendidos en el ámbito de la ley compraron o contrataron los bienes y servicios adquiridos;
18) Participar en coordinación con la instancia estatal competente, en la negociación y celebración de tratados, acuerdos o convenios Internacionales relacionados con el tema de contrataciones públicas, de los que República Dominicana sea parte o estén en vías de negociación;
19) Establecer la metodología para preparar los planes y programas anuales de compras y contrataciones de bienes y servicios por parte de los organismos comprendidos en el ámbito de la ley, en el marco de las apropiaciones presupuestarias aprobadas para cada ejercicio, la programación de la ejecución del presupuesto y las políticas que sobre el tema dicte la Secretaría de Estado de Finanzas. Dichos planes y programas deberán ser consolidados por el Organo Rector, que tendrá la responsabilidad de su difusión pública, así como de la evaluación de su cumplimiento, bajo el Plan Anual de Contrataciones de la Administración Pública.
Párrafo II.- El uso del sistema de información de precios será obligatorio para todos los organismos comprendidos en el ámbito de la presente ley y será optativo para el resto de organismos del sector público.
Art. 38.- Los Organismos comprendidos en el ámbito de la presente ley están obligados a elaborar planes y programas anuales de contrataciones, de acuerdo con las normas y metodologías que al respecto dicte el Organo Rector. Los planes y programas anuales se elaborarán con base en las políticas que dicte la Secretaría de Estado de Finanzas y serán consistentes con las apropiaciones presupuestarias aprobadas para cada ejercicio. Asimismo, los planes y programas servirán de base para la programación periódica de la ejecución del presupuesto Párrafo.- Los planes y programas deberán ser consolidados por el Órgano que-tendrá la responsabilidad de su difusión pública, así como de efectuar la valuación de su cumplimiento.
Art. 39.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en cualquier proceso de contratación deberán estar inscritas en el Registro de Proveedores, Contratistas,Consultores y concesionarios administrado por el Órgano Rector.
Párrafo I.- El reglamento establecerá la organización, funciones y del Registro.
Párrafo II.- Para la inscripción en el Registro los interesados deberán acreditar su condición de persona natural o jurídica y su inscripción ante la autoridad
Art, 40.- El Órgano Rector de Contrataciones Públicas estará regido por el Pleno del &gano Rector, e integrado por un Director General, quien lo presidirá y cuatro (4) subdirectores, nombrados mediante Decreto del Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República por cinco (5) años renovables por una sola vez. No obstante, expirado el plazo del mandato correspondiente al Director General o a los sub-directores, los mismos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Director General o en su caso de los nuevos sub-directores.
Art. 41.- El funcionamiento del Órgano Rector de Contrataciones Públicas se regirá por las siguientes reglas generales:
1) El Pleno del Órgano Rector de Contrataciones Públicas Dominicano se entiende válidamente constituido con la asistencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales será el Director General, y en caso de su ausencia a la sesión, se requerirá la asistencia de los cuatro (4) miembros restantes;
2) El Pleno será convocado indistintamente (i) por el Director General o (ii) por dos subdirectores como mínimo, actuando de forma conjunta;
3) Las decisiones y acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de votos de los asistentes a la sesión. En caso de empate decidirá el voto quien presida;
4) En caso de ausencia del Director General a una sesión, el sustituto será escogido por los sub-directores presentes. Esta sustitución será de carácter provisional y por tiempo definido;
5) El Órgano deberá elaborar los reglamentos que dictaminen sobre su Organización y funcionamiento interno, así como de toda la estructura de apoyo administrativo que requiera este último, todo lo cual aprobará por Decreto el Presidente de la República. Dichos reglamentos internos se publicarán en la Gaceta Oficial, en un periódico de circulación nacional y en el medio de difusión físico o electrónico del órgano;
6) Toda decisión o regulación del Órgano Rector será tomada por escrito mediante acto administrativo motivado;
7) El Órgano Rector deberá elaborar la reglamentación de aplicación de la presente ley, lo cual no será obstáculo para la entrada en vigor y ejecución plena de la presente ley.
Art. 42.- El Director General y los sub-directores del Órgano Rector de Contrataciones Públicas serán personas fisicas con plena capacidad legal, ejercerán su función con dedicación exclusiva y absoluta, tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la Administración Pública y en adición deberán ser profesionales de la ingeniería, las finanzas, la economía o materias afines con experiencia acreditable por más de cinco (5) años en alguna de las siguientes disciplinas:
i. En asuntos relacionados con las contrataciones y concesiones públicas;
ii. En las finanzas y administración pública.
Además se requiere lo siguiente:
1) Ser dominicano y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;
2) No tener relación alguna contractual con el Estado, como proveedor, contratista de obras, consultor o poseer acciones en empresas con los mismos fines,
3) No tener relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con su superior jerárquico u homólogo.
NORMAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS
1) De calidad y precio. Cuando la selección se basa conjuntamente en la calidad de la propuesta, idoneidad del proponente y en el costo de lo servicios a suministrar. En primer término se evaluará la calidad,2) De calidad. Cuando los servicios sean de naturaleza excepcionalmente compleja o altamente especializados o de servicios que exijan innovación, se utilizará la modalidad basada exclusivamente en la idoneidad del proponente y en la calidad de la propuesta técnica.
Art. 44.- En los procedimientos de selección para consultorías el pliego de condiciones preverá el cumplimiento del proceso en dos etapas, mediante la presentación de dos ofertas. La primera oferta contendrá los documentos que respalden la solvencia, idoneidad, capacidad y experiencia, de los proponentes en el que se adjuntará adicionalmente la propuesta técnica; la segunda contendrá la oferta financiera.Párrafo.En cl caso de que la selección se base exclusivamente en la calidad de los servicios, la entidad contratante procederá a negociar el precio con quien haya sido. evaluado en primer lugar. En caso de no llegar a un acuerdo en términos de precio, podrá desestimar la oferta y proceder a negociar con quien haya quedado en el siguiente lugar de la selección.
NORMAS ESPECIALES PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Art. 46.- Para los fines de esta ley, se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares, personas naturales o jurídicas para que por su cuenta y riesgo construyan, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren, produzcan, operen o administren una obra, bien o servicio público, bajo la supervisión de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos. A cambio, el concesionario tendrá derecho a la recuperación de la inversión y la obtención de una utilidad razonable o el cobro a los usuarios de la obra, bien o servicio de una tarifa razonable para mantener cl servicio en los niveles satisfactorios y compromelidos en un contrato con duración o plazo determinado, siguiendo la justificación y prioridad establecida por la planificación y el desarrollo estratégico del país.
Párrafo I.- El reglamento indicará las modalidades de contratación dependiendo del tipo de bien, obra o servicio que la entidad desee concesionar, y propondrá entre éstas la que estime más conveniente para los intereses del país, contando con el criterio y autorización del Organo Rector, quien efectuará la determinación definitiva.
Art. 48.- Cada una de las entidades públicas del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas serán competentes para realizar las acciones preparatorias de cualquier tipo de concesión que corresponda a su área funcional, de conformidad con las políticas que dicte el Organo Rector de la Contratación y Concesiones de la presente ley y su respectivo reglamento.
Párrafo I.- Excepcionalmente, y por. una sola vez, podrá prorrogarse un contrato de concesión, por un período de hasta el 50% del plazo original, cuando se demuestre que las condiciones son beneficiosas para el Estado y los usuarios, en cuyo caso se atenderán los procedimientos que indique el reglamento, respetando los principios de esta ley.
Párrafo II: En el caso de que el Estado decida continuar con un bien, obra o servicio público concesionado, con por lo menos un año de anticipación, realizará nuevas acciones preparatorias, para poder terminar y liquidar el contrato presente y volver, mediante licitación pública a un nuevo proceso de concesión, en el cual podrá participar el concesionario con responsabilidad por concluir, cumpliendo todos los requisitos que demande el nuevo proceso.
Art. 50.- Todo contrato de concesión que implique inversión de recursos por parte del concesionario y cuyo plazo sea mayor de cinco (5) años de duración, se considerará legalmente perfeccionado cuando cuente con la obtención de la Resolución del Organo Rector de Contratación y Concesiones y el correspondiente Decreto del Poder Ejecutivo. Si la concesión implica exención de impuestos ylo enajenación de inmuebles deberá ser ratificado por el Congreso de la República. En el caso de los municipios, en adición, recibirán aprobación de la Sala Capitular.
2) Obtener los derechos de los servicios concesionados; 3) Rescatar el servicio por causas de afectación a la utilidad pública, tales como servicio deficiente, incremento-desmedido de precios y que superan los acuerdos del equilibrio financiero definido en el contrato;
5) Supervisar todas las etapas de la concesión, calidad de ejecución. certificar la inversión, cumplimiento de la operación, cumplimiento de los niveles de servicio, hasta la liquidación del contrato,
1) Cumplir las funciones otorgadas contractualmente con apego a las normas del derecho público, en cuanto a las relaciones que mantiene con [a institución encargada de la administración del contrato y a aquellas vinculadas con otras entidades del sector público, y
Art. 53.- Con los elementos de juicio, y fundamentalmente los estudios técnicos y económicos que disponga la entidad pública, previa convocatoria y con el apoyo del Organo Rector de la Contratación y Concesiones, llevará a cabo una audiencia pública. La misma se desarrollará dentro de los procedimientos que señale el reglamento de esta ley, preferiblemente en el sitio que pudiese constituir el punto de mayor trascendencia del proyecto, al cual puedan acudir autoridades regionales, representantes y la misma sociedad civil.
Art. 54.- La convocatoria se realizará a través de los medios de amplia difusión nacional, y si la licitación es internacional se utilizará un medio conocido internacionalmente, por lo menos en tres publicaciones continuas, o máximo dentro de un período de diez días; el Organo Rector de la Contratación y Concesiones, divulgará la convocatoria en la página web.
Art. 55.- El pliego de condiciones contendrá con suficiente amplitud el objeto de la concesión, el proceso de la contratación y la guía que ayude al interesado a presentar su oferta con certeza y claridad, de conformidad con las características propias y la naturaleza del bien, obra o servicio público a conexionarse. Su contenido mínimo será:
4) proceso o modelo de contrato;
7) En materia de obras por construirse o rehabilitarse, se entregará los estudios de ingeniera definitivos, estudios de demanda de tráfico o de requerimientos de servicios por parte de los usuarios; disponibilidad de licencias ambientales y legalización de derechos de servidumbre;
8) Características de la supervisión en las etapas de: "ingenierías y programación", "construcción o rehabilitación" y "operación";
Pagos ofrecidos por el oferente al Estado, en el caso de que el Estado entregue bienes, instalaciones o derechos para su utilización en la concesión; v.
Ingresos garantizados por el Estado; vi. Grado de compromiso de riesgo que asume la entidad pública y el oferente durante la construcción o la explotación de la obra, bien o servicio público, tales como fuerza mayor o casó fortuito;
Consideraciones de carácter ambiental, plan de manejo y remediación, x.
Condiciones y estándares de construcción, mantenimiento de los niveles del servicio y condiciones de devolución de las obras al término de la concesión. Párrafo I- Cuando el contrato de concesión tenga-por objeto la construcción y explotación de obras públicas, los pliegos de condiciones generales o particulares que rijan la concesión, deberán exigir que el concesionario se obligue a ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y sean necesarias para que el conjunto cumpla la finalidad determinante de su construcción, permitiendo su mejor funcionamiento y explotación.
Art. 56.- Las ofertas serán presentadas en los términos y forma establecida en el pliego de condiciones. La información que se entregue estará identificada en dos ofertas por separado; la primera, con los elementos de solvencia, idoneidad y capacidad, los cuales serán evaluados y calificados. La segunda oferta sólo se considerará cuando el oferente hubiera alcanzado la calificación; en ésta última, se adjuntarán las condiciones de carácter técnico-económico que permitan evaluar si se cumplen las coniciones exigidas en el pliego de condiciones y cuál oferta es la más conveniente a los intereses institucionales y nacionales.
Párrafo II.- Dependiendo de la modalidad y características de cada una de las concesiones, en el pliego de condiciones constarán los criterios de evaluación de las propuestas. tanto en la parte de idoneidad, solvencia y capacidad, como en la propuesta técnico-económica, aspectos que no podrán ser variados ni cambiados hasta que culmine el proceso. Se considerarán como mínimo las siguientes condiciones:
3) Que haya demostración de que se está atendiendo las nesecidades de:
i. Estudios, diseños e ingeninerías, al nivel necesario, si así hasido pedido en los pliegos de condiciones;
ii. especificaciones técnicas con las cuales se proveerá omantendrá el bien, obra o servicio que se concesionar
iv. Oue las fuentes de posible financiamiento sean seguras y exista el compromiso formal para ello
5) Que las condiciones financieras, ecuaciones de equilibrio financiero, tasas en función de la descripción de niveles de servicio en el tiempo. programas de ejecución, mantenimiento y operación. así como los plazos, sean de conveniencia para los intereses ciudadanos, preferiblemente de los usuarios, y del país en general:
6) Si la Tasa Interna de Retorno (TIR), o cualquier otro índice que se haya utilizado en la factibilidad por parte de la entidad, es adecuada la presentada por el proponente, o si los cambios propuestos asegura la eficacia de la concesión.
ADJUDICACION Y CONTRATO DE CONCESION
Párrafo I.- El contrato que se suscriba, será dado a conocer públicamente, para lo cual cada entidad remitirá la información al Organo Rector de la Contratación y Concesiones, quien dará a publicidad a un resumen ejecutivo del contrato en la página web.
Párrafo II: El contenido del contrato, seguirá similares exigencias que aquellas contempladas en el Título I de esta ley y lo que al respecto señale el reglamento; no obstante ello, serán cláusulas fundamentales del contrato, entre otras, las siguient,
9) Régimen jurídico en la relación concedente-concesionario Y concesionario-usuarios; 10) Realización de auditorías de carácter técnico, contable y ambiental, por parte de la entidad concedente;
Párrafo II.- Los bienes y derechos que a cualquier título adquiera el concesionario para cumplir con el objeto contractual pasarán a ser de dominio público desde, que se incorporen a los bienes, obras o servicios, sea por adherencia o por destinación y no podrán ser enajenados, ni hipotecados o sometidos a gravámenes de ninguna especie separadamente de la concesión.
Párrafo I.- El concesionario entregará a la entidad contratante el proyecto final con su ingeniería de detalle acompañados de los planos y memorias explicativas del objeto de la concesión, así como el plan de conservación actualizado, por lo menos sesenta (60) dias antes de la conclusión de las obras. La inobservancia de este requisito conllevará la aplicación de las sanciones previstas por la presente ley y su reglamento.
Art. 6.- La concesión podrá ser suspendida temporalmente en los casos que se describen en el presente articulo, como consecuencia de ello el concesionario gozará de un aumento en el plazo de la concesión, igual al período de suspensión, además de las compensaciones que pudiesen definirse en el pliego de condiciones y el contrato.
3) Incumplimiento de las obligaciones del concesionario, previamente calificadas por la entidad concedente y con el criterio y autorización del Organo Rector de la Contratación y Concesiones, en conformidad con la presente ley y el correspondiente reglamento, y
Art. 64.- En materia de contratos de concesión, se considerará perfectamente aplicable todo el contenido del Titulo IV de esta ley y lo que al respecto se contemple en el reglamento correspondiente.
Art. 65.- En el caso de los funcionarios civiles de la rama ejecutiva del gobierno, las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley se aplicarán las previstas en el régimen de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. En los restantes casos, la aplicación de sanciones, se regirá por lo establecido en los respectivos estatutos disciplinarios.
ii. Suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses;
iii. Despido sin responsabilidad patronal;
iv. Sometimiento a la Justicia.
Párrafo II.- Los funcionarios y empleados de las instituciones sujetas a las disposiciones de esta ley, que intervengan en una compra de bienes y servicios, contratación u otorgamiento de una concesión, sin cumplir las disposiciones de la misma, serán sancionados con pena de tres (3) meses a dos (2) años de prisión, o con multa penal de hasta un monto igual al valor de los bienes y servicios adquiridos o del valor involucrado en el contrato y la concesión en cuestión, o ambas penas a la vez, y la prohibición de ejercer funciones públicas por cinco (5) años.
Párrafo III.- Los funcionarios de las instituciones sujetas a las disposiciones de la presente ley y administradores de empresas públicas, financieras y no financieras, que intervengan en la compra de bienes y servicios en contratación o concesión que violen las disposiciones del Artículo 28, de la presente ley, serán sancionados con pena de prisión de tres (3) meses a dos (2) años o multa penal de dos (2) hasta diez (10) veces el impuesto dejado de pagar por la parte beneficiada, o ambas penas a la vez, y la prohibición de ejercer funciones públicas por cinco (5) años.
Párrafo IV.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas en este artículo la entidad contratante o el organismo superior jerárquico de la misma, podrán someter ante los tribunales penales ordinarios en los casos que los oferentes incurran en violaciones de las disposiciones penales.
Párrafo V.- Para los casos de incumplimiento de contrato de concesiones la entidad contratante podrá establecer en el contrato cláusula sobre sanciones pecuniarias que podrá aplicar considerando el monto implicado en contrato.
Párrafo VI.- En el caso de valores avanzados por la entidad contratante, en los cuales, deberá reconocer como valores recibidos estos montos actualizados con base en el indice de Precio al Consumidor (IPC) más la tasa de interés indemnizatorio aplicable para los casos de mora en el Código Tributario, sin perjuicio de las demás sanciones previstas por esta ley y su reglamento para los casos de incumplimiento.
Párrafo VII.- Todos los funcionarios que participen en los procesos decompra o contratación serán responsables por los daños que por su negligencia o dolo causare al patrimonio público y será pasible dé las sanciones establecidas en la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales de la que pueda ser objeto.
Art. 66.- Los oferentes, proveedores, contratistas o concesionarios podrán ser pasibles a las siguientes sanciones:
1) Advertencia escrita; 2) Ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato;
3) Multa por retraso en el cumplimiento de sus obligaciones;
Párrafo I.- El reglamento tomará en cuenta los siguientes conceptos en materia de sanciones: Inhabilitación, podrá inhabilitarse una persona natural o jurídica, por un periodo de uno a cinco años o permanentemente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que estipule la ley pertinente, según la gravedad de la falta, por:
2) Presentar recursos de revisión o impugnación sin fundamento o basado en hechos falsos, con el sólo objetivo de entorpecer los procedimientos de adjudicación o de perjudicar a un determinado adjudicatario;
6) Cambiar, sin autorización del contratante la composición, la calidad y la especialización del personal que se comprometieron asignar a la obra o servicios en sus ofertas;
7) Obtener la precalilicación o calificación mediante el ofrecimiento de ventajas de cualquier tipo, presentando documentos falsos o adulterados o empleando procedimientos coercitivos;
9) Obtener información de manera ilegal que le coloque en una situación de ventaja, respecto de otros competidores,
10) Participar directa o indirectamente, en un proceso de contratación, pese a encontrarse dentro del régimen de prohibiciones.
Párrafo II.- Las sanciones previstas en los literales a), b), e) y d) serán aplicadas por los organismos contratantes y las del e) por el Organo Rector.
Párrafo III.- Los organismos deberán remitir al Órgano Rector copia fiel de los actos administrativos mediante los cuales hubieren aplicado sanciones a los oferentes o proveedores, contratistas o concesionarios.
Párrafo IV.- Sin perjuicio de lo previsto en los literales a, h, e, d y e, la entidad contratante podrá incoar demanda ante los tribunales ordinarios en los casos que los oferentes incurran en violaciones de disposiciones penales.
Párrafo V.- En los casos de incumplimiento de contrato de concesiones la entidad contratante podrá establecer sanciones económicas equivalentes a los montos recaudados.
Párrafo VI.- En el caso de valores avanzados por la entidad contratante, en los cuales el contratista conserve por periodos más allá de lo estipulado contractualmente, deberá reconocer como valores recibidos estos montos actualizados con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) sin perjuicio de las demás sanciones previstas por esta ley y su reglamento para los casos de incumplimiento de contrato.
Art. 67.- La reglamentación preverá cuáles actuaciones podrán ser susceptibles de observaciones, o impugnaciones, el trámite que se dará a ellas y los requisitos para su procedencia formal. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine la misma.
Párrafo.- El recurso de impugnación, en primera instancia, será presentado ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad que lleva el proceso, y en segunda instancia,ante el Órgano Rector respectivo.
Art. 68. Las controversias que se generen en la ejecución de los contratos, serán resueltas, ya sea en forma directa entre las partes o a través de arbitraje, utilizando los instrumentos disponibles en las cámaras, colegios de profesionales o entidades jurisdiccionales correspondientes. En todo contrato se establecerá el procedimiento de arbitraje, conforme a lo dispuesto en el reglamento y a lo contemplado en los tratados de los cuales la República Dominicana sea parte
Art. 69.- Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el articulo anterior. se someterán a la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Art. 70.- Jurisdicción del Órgano Rector. El Órgano Rector de Contrataciones Públicas conocerá en atribuciones jurisdiccionales exclusiva y privativamente de las causas siguientes:
1) Acciones originadas por el Director General y reclamaciones individuales o colectivas promovidas de acuerdo con la presente ley;
2) Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente ley, en materia de Contrataciones Públicas, y
3) Cualquier otra que determine esta ley expresamente.
Párrafo.- Sus decisiones serán ejecutorias en actos administrativos jurisdiccionales.
Art. 71.- Inicio de las investigaciones. Para la investigación, prevención, control y sanción de los actos calificados como faltas o causas de nulidad por la presente ley, la Dirección General actuará, de oficio o a petición de parte interesada, de conformidad con el presente procedimiento y lo que se establezca en la reglamentación de la presente ley. En el caso de las faltas graves y las causas de nulidad absoluta establecidas en esta ley, la denuncia podrá ser interpuesta por cualquier ciudadano en ejercicio de sus derechos.
Art. 72.- Las denuncias de parte interesada. Todo interesado podrá denunciar una violación a la presente ley.
Párrafo I.- La denuncia se hará por escrito ante la Dirección General, señalando al presunto o presuntos responsable. Deberá describir en qué consiste la violación de la ley, el daño o perjuicio que se le ha causado o que le pueda causar en un futuro, incluyendo en su escrito de denuncia los elementos que configuren la falta o la nulidad, y los argumento que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño o perjuicio económico sustancial.
Párrafo II.- La Dirección General podrá archivar las denuncias que sean notoriamente improcedentes.
Art. 73.- La confidencialidad. Todo el proceso de investigación de las denuncias y casos de oficio, asi como la sustanciación de los expedientes será conducido por el órgano Rector de Contrataciones Públicas, todos sus funcionarios y empleados bajo la discreción propia de la naturaleza de los hechos e informaciones que se manejen de tiempo en tiempo.
Párrafo I.- Él Órgano Rector de Contrataciones Públicas, todos sus funcionarios y empleados, en el ejercicio de sus funciones, se reservarán la potestad al transmitir cualquier tipo de información que reciban con motivo de sus funciones a cualquier otro organismo del Estado, a excepción de sospecha legítima de hechos castigados a penas aflictivas e infamantes o de orden judicial.
Párrafo II.- Será aplicable al órgano Rector y todos sus funcionarios la legislación relativa a secretos comerciales.
Párrafo III.- Toda información suministrada voluntariamente al Órgano Rector de Contrataciones Públicas, sus funcionarios y empleados, por Oferentes o Contratistas que sea entregada de manera expresa con carácter de confidencialidad, será conservada como tal por el órgano Rector, sus funcionarios y empleados. Tal deber de confidencialidad no podrá ser obstáculo para la plena aplicación de la presente ley.
Art. 74.- Inspecciones e investigaciones. Las funciones de investigación e inspección, se realizarán por el funcionario instructor designado y formalmente autorizado por la Dirección General del Organo Rector de Contrataciones Públicas para cada caso. Los funcionarios, se harán auxiliar de peritos si fuere necesario y podrán obtener copias de documentos incluyendo libros contables, pudiendo retenerlos, sin instrumentar expediente, por un máximo de diez (10) días.
Art. 75.- Autorización para investigar. El libre acceso a las instalaciones fisicas y electrónicas, tales como libros de acta y registros contables, entre otros en donde se realicen las investigaciones en relación con un oferente o contratista, o una Administración Pública de la Administración Pública, se podrá efectuar con consentimiento de las personas allí presentes, o de los directivos del oferente, contratista o Administración Pública de la Administración Pública, o mediante mandamiento compulsivo y por escrito del Organo Rector de Contrataciones Públicas, el cual deberá presentarse al momento de intentar el acceso.
Párrafo I.- A petición del Director General, el mandamiento del que se habla en el presente articulo, podrá ser emitido por el Organo Rector de Contrataciones Públicas, o la autoridad judicial más cercana, en el término no superior a cuarenta y ocho (48) horas.
Párrafo II.- La ,obstrucción o impedimento de la actividad de inspectoría, podrá ser sancionada por el Organo Rector de Contrataciones Públicas como una falta grave, de conformidad con la presente ley.
Art. 76.- De los plazos y etapas del procedimiento.
1. Proceso Preliminar.
Para el conocimiento y tramitación de los procesos conducentes a sanción previstos en esta ley, se observará el siguiente procedimiento:
1) Recibida una denuncia por la Dirección General del Órgano Rector de Contrataciones Públicas, o iniciada una investigación de oficio, ésta notificará por escrito al oferente, contratista o a la Administración Pública supuestamente implicada en una violación a esta ley, que el Organo Rector de Contrataciones Públicas ha iniciado un proceso de investigación de sus actividades relacionadas con contrataciones públicas;
2) La Dirección General iniciará, a partir de dicha notificación, el proceso de investigación del caso, con la finalidad de determinar si procede acusar al Oferente, Contratista o a la Administración Pública supuestamente implicado. Para ello podrá tomar todas las medidas que se encuentran a su alcance, de conformidad con las atribuciones conferidas por la presente ley, y el reglamento de aplicación, incluyendo requerir la comparecencia personal de las partes envueltas o el acceso a lugares;
3) La Dirección General otorgará al oferente, contratista o a la Administración Pública supuestamente implicado, un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación para aportar voluntariamente todos los medios de prueba en su defensa. En este mismo plazo el oferente, contratista o Administración Pública puede ofertar un acuerdo comprometiéndose a suspender la práctica ilegal y a subsanar o reparar los daños ocasionados;
4) La Dirección General evaluará el caso, y de acuerdo a la opinión que se forme respecto del mismo decidirá, por acto administrativo, archivar el expediente, acusar al oferente, contratista o Administración Pública de la Administración Pública, o aceptar elacuerdo. Con estas actuaciones se cierra el Proceso Preliminar.
2. Proceso de Fondo.
1) Organo Rector de Contrataciones Públicas notificará por escrito al oferente, contratista
o a la Administración Pública que se ha recibido una acusación en su contra, lo que deberá ocurrir a más tardar a los treinta (30) días hábiles de la recepción de la acusación;
2) En la notificación de acusación se otorgará a las partes un plazo de treinta (30) dias hábiles para que aporten todos los medios de prueba que pretenderán hacer valer en el proceso de fondo. En este mismo plazo el oferente, contratista o Administración Pública de la Administración Pública podrán presentar una propuesta de acuerdo comprometiéndose a suspender la práctica ilegal y a subsanar o reparar los daños ocasionados;
3) Una vez concluido este plazo, el Organo Rector concederá un plazo de diez (10) días hábiles para que las partes objeto de la acusación formulen los alegatos, los que podrán ser verbales o por escrito según lo establezca el Organo Rector. En el transcurso de dicho plazo, el Organo Rector podrá convocar a un máximo de dos (2) audiencias a fin de que las partes presenten sus alegatos oralmente. No se admitirán medios de prueba nuevos en este período, a menos que se trate de nuevos descubrimientos, imposibles de detectar con anterioridad, o que puedan cambiar el curso del proceso de manera sustancial;
4) Concluido el plazo para presentación de los alegatos y el análisis de la prueba, elÓrgano Rector dictará su resolución en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles; 5) En casos de complejidad manifiesta, cayos criterios se establecerán en el reglamentode aplicación de esta ley, el Órgano Rector podrá ampliar los plazos, observando siempre el principio de economía del procedimiento.
1. En lo no previsto, materia de procedimiento, se observará lo dispuesto en el reglamento de aplicación de esta ley.
2. La violación al acuerdo será una falta grave.
3. Los plazos previstos en esta ley son contados en días hábiles, a menos que se indique lo contrario expresamente.
Art. 78.- El Presidente de la República deberá dictar los respectivos reglamentos de aplicación en el plazo de noventa (90) días contados a partir de la promulgación de la presente ley. Además, presentará al Congreso de la República, dentro del mismo plazo, un programa de implementación progresiva de todas sus disposiciones hasta alcanzar su aplicación integral en un plazo no mayor de doce (12) meses, trescientos sesenta y cinco (365)
días, a partir de su promulgación, dividido en tres etapas: 1ra. Compras y contrataciones de bienes y servicios, doce (12) meses, o sea trescientos sesenta y cinco (365)
días; 2da. Contratación de obras, seis (6) meses, y en la 3ra. Concesiones, doce (12) meses, a partir de la promulgación. TÍTULO V
Art. 79.- Se considerará incorporada a la presente ley la Ley No.322, del 2 de junio de 1981, sobre la participación de empresas extranjeras en la contratación y ejecución de proyectos de obras del Estado, contenida en la Gaceta Oficial No.9556, se aplicará en forma compatible a la presente ley y para ello esta ley faculta al Poder Ejecutivo y al Organo Rector tomar todas las medidas que estime necesarias. El Poder Ejecutivo expedirá en reemplazo del Reglamento No.578-86, del 2 de junio de 1981, aquél que se ajuste a las condiciones de esta ley.
Art. 80.- Luego de transcurridos los doce (12) meses del período de transición para la aplicación de la presente ley, quedarán completamente derogadas las siguientes leyes:
1) Ley No.295. del 30 de junio de 1966, de Aprovisionamiento del Gobierno, y sus Reglamentos de Aplicación;
2) Ley No.105, del 16 de marzo de 1967, que somete a concurso para su adjudicación, todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$ 10,000.00.
3) Ley No.27-01, del 2 de febrero del 2001, sobre Fondos Fiscales.
4) Así como cualquier otra ley, reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos que se le opongan.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacionat, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil seis (2006); años 163/ de la Independencia y 143/ de la Restauración.
Alfredo Pacheco Osoria; Presidente
Severina Gil Carreras; Secretaria
Josefina Alt. Marte Durán; Secretaria
Andrés Bautista García; Presidente
Enriquillo Reye Ramírez; Secretario
Pedro José Alegría Soto; Secretario
LEONEL FERNANDEZ;
Santo Domingo, D. N.,República Dominicana