Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-833-de-2013?documento=legcol&contexto=legcol_d8533e634ab40020e0430a0101510020&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-17 17:04:23
Document Index: 325111084

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 74', 'artículo 209', 'artículo 3', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 22', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 47', 'artículo 31', 'artículo 76', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 55', 'artículo 20']

RESOLUCIÓN 833 DE 05 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:REGLAMENTA EL TRÁMITE INTERNO DE LAS PETICIONES EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, DERECHO DE PETICIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN, DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL, DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN, FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
RESOLUCIÓN 833 DE 2013
“Por la cual se expide el reglamento interno del derecho de petición”.
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
Que el artículo 2º de la Constitución Política consagra entre los fines esenciales del Estado los de: servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo;
Que el artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental que tiene toda persona —natural o jurídica, nacional o extranjera— a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución;
Que el artículo 74 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley;
Que el artículo 209 de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que las actuaciones administrativas se deben desarrollar con arreglo a los principios de: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante estas;
Que el artículo 84 constitucional prevé que cuando un derecho o una actividad haya sido reglamentado de manera general, las autoridades públicas no pueden establecer ni exigir requisitos adicionales para su ejercicio;
Que el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los dispuesto en el artículo 34-19 del Código Disciplinario Único, establece que las autoridades deben reglamentar el trámite interno de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo;
Que el artículo 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que se denominan autoridades y, en consecuencia, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la parte primera de este cuerpo normativo, todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles; los órganos autónomos e independientes del Estado y los particulares cuando cumplan funciones administrativas;
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011, declaró la inexequibilidad de los artículos 13 a 33 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, por haberse violado la reserva de ley estatutaria consagrada en la Carta;
Que el artículo 35-8 del Código Disciplinario Único establece que está prohibido a todo servidor público: omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares y, por su parte, el artículo 47-h del mismo cuerpo normativo establece la afectación a los derechos fundamentales como uno de los criterios para la graduación de las sanciones;
Que el artículo 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé que la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolverlas constituye falta gravísima y da lugar a las sanciones correspondientes;
Que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que en toda entidad pública, debe existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad; así mismo, prevé que en la página web de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios, denuncias de actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad y sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público,
I. Reglamentación general
ART. 1º—Objeto. El objeto de la presente resolución es reglamentar el trámite interno de las peticiones en el Consejo Nacional Electoral.
Toda solicitud que formule cualquier persona ante el Consejo Nacional Electoral implica el ejercicio del derecho de petición sin que sea necesario invocarlo de manera expresa.
ART. 2º—Alcance. Mediante el ejercicio del derecho de petición, los administrados pueden solicitar al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de un derecho, que se resuelva una situación jurídica, que se preste un servicio, información, conceptos, copias de documentos, presentar quejas, denuncias y reclamos, la revocación directa de actos administrativos, interponer recursos, entre otros asuntos.
La presentación y trámite de las peticiones que se encuentren sometidas a procedimientos especiales se regirán por estos.
ART. 3º—Presentación de las peticiones. Las personas pueden presentar peticiones verbalmente, por escrito o por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en el Consejo Nacional Electoral.
Los servidores del Consejo Nacional Electoral deben recibir y tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, aún por fuera de las horas de atención al público. En este último evento, se procederá a imprimir la solicitud y se radicará, para efectos del turno, con la fecha y hora de su recepción.
Las solicitudes en físico pueden ser recibidas por correo y para efectos del cómputo del término de respuesta, se entenderán radicadas el día en que efectivamente el documento llegue al Consejo Nacional Electoral y no el día de su incorporación al correo.
Salvo disposición legal en contrario, la presentación de las peticiones no requiere de abogado ni de diligencia de presentación personal por parte del peticionario.
ART. 4º—Turnos. Para efectos de dar pronta respuesta a las peticiones, el Consejo Nacional Electoral implementar un sistema electrónico de turnos que cumpla las exigencias del artículo 15 de la Ley 962 de 2005 y respete el derecho a recibir atención especial y preferente que tienen las personas que se encuentren en estado de indefensión o debilidad manifiesta.
El trámite de las peticiones se realizará dentro de los términos legales, respetando los respectivos turnos.
ART. 5º—Prohibiciones. Los servidores del Consejo Nacional Electoral no podrán:
1. Negarse a recibir las peticiones.
2. Negarse a expedir constancias sobre las peticiones recibidas.
3. Exigir la presentación personal de peticiones o de documentos cuando la ley no lo exija de manera expresa.
4. Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en el Consejo Nacional Electoral.
5. Devolver o rechazar solicitudes por errores simplemente formales mecanográficos o aritméticos.
6. Exigir la presentación, suministro o entrega de documentos originales autenticados o de copias o fotocopias autenticadas, sin perjuicio de los controles y verificaciones que se deban realizar. Los documentos privados que tengan como destino servir de prueba en actuaciones administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales.
7. Irrespetar el orden derivado del sistema de turnos para la atención de las peticiones.
ART. 6º—Deberes de las personas. Las personas que formulen peticiones ante el Consejo Nacional Electoral, deberán:
1. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de efectuar y aportar a sabiendas, declaraciones o documentos falsos, hacer afirmaciones temerarias o emplear maniobras dilatorias en las actuaciones, entre otras conductas.
3. Abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.
4. Observar trato respetuoso con los servidores del Consejo Nacional Electoral.
II. Modalidades del derecho de petición
ART. 7º—Petición de extensión de la jurisprudencia. Las peticiones de extensión de los efectos de las sentencias de unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en las que se haya reconocido un derecho, procederán siempre que el respectivo medio de control no haya caducado y, además de los requisitos legales generales, deberán contener y anexar:
1. La justificación razonada de que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y derecho reconocida en la respectiva sentencia de unificación jurisprudencial.
2. Las pruebas que el peticionario tenga en su poder y la enunciación de las que reposen en el Consejo Nacional Electoral y las que haría valer en un eventual proceso.
3. La copia o referencia de la sentencia de unificación jurisprudencial invocada por el peticionario.
4. La indicación de haber sido formulada, o no, petición anterior con el mismo propósito.
Una vez radicada la petición de extensión de la jurisprudencia, el Consejo Nacional Electoral solicitará concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad que cuenta con diez (10) días para informar su intención de rendir concepto, caso en el cual la emisión del concepto se debe producir en un término máximo de veinte (20) días.
A partir del día siguiente al del recibo del concepto o al de vencimiento del término para rendirlo, comenzará a contarse el término de treinta (30) días con que cuenta el Consejo Nacional Electoral para adoptar la correspondiente decisión.
ART. 8º—Petición de conciliación extrajudicial. Las peticiones de conciliación extrajudicial deben presentarse mediante apoderado y contener los requisitos previstos en el artículo 6º del Decreto 1716 de 2009, o normas que lo modifique o sustituyan.
Estas peticiones serán resueltas, en cada caso específico, por el comité de conciliación del Consejo Nacional Electoral, constituido mediante la Resolución 458 de 2009, dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo. En todo caso, la decisión se comunicará en el curso de la correspondiente audiencia de conciliación, diligencia a la cual el apoderado de la entidad aportará copia auténtica de la respectiva acta debidamente aprobada y suscrita por el presidente y el secretario del comité de conciliación.
ART. 9º—Consultas. Las peticiones mediante las cuales se eleve consulta al Consejo Nacional Electoral en relación con las materias a su cargo, serán proyectadas por el magistrado a quien corresponda por reparto y resueltas por el consejo en pleno, dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
En la parte final de los respectivos conceptos se advertirá expresamente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
ART. 10.—Peticiones interadministrativas de información. Cuando una autoridad administrativa formule ante el Consejo Nacional Electoral peticiones de información, este deberá resolverlas en un término no mayor a diez (10) días.
ART. 11.—Peticiones de información o de acceso a documentos públicos. Las peticiones de información o de acceso a documentos públicos que se formulen ante el Consejo Nacional Electoral, deben resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.
Las decisiones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral niegue las peticiones de información o de acceso a documentos públicos deben ser motivadas e indicar, en forma expresa y precisa, las disposiciones legales que establecen la reserva. Si el interesado insiste, se ha de remitir la documentación correspondiente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que decida en única instancia si niega o acepta la petición formulada.
En todo caso, el Consejo Nacional Electoral puede solicitar al Consejo de Estado que asuma conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema.
PAR.—En ningún caso el precio de las copias, simples o autenticadas, que se soliciten ante el Consejo Nacional Electoral puede exceder el valor de la reproducción, el cual corre por cuenta del interesado y se fija para el año 2013 en la suma de cien pesos ($100.00) por hoja, cifra que será actualizada anualmente mediante resolución, en la misma suma que para el efecto determine la Registraduría Nacional del Estado Civil para sus asuntos.
ART. 12.—Término general. Salvo los casos de que tratan los artículos anteriores y los previstos en leyes especiales, el término general para resolver las peticiones es de quince (15) días.
PAR.—Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver una petición en los términos previstos en el presente capítulo, se deberá informar esta circunstancia al peticionario antes del vencimiento del término legal para contestar, expresando los motivos de la demora y señalando el plazo razonable dentro del cual se resolverá la petición, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
ART. 13.—Suspensión de términos. En caso de presentarse conflicto de competencia administrativa, los términos previstos para resolver las peticiones se suspenderán mientras se resuelve el conflicto por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
En caso de presentarse impedimento o recusación, la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o la presentación de la recusación, hasta cuando se decida.
III. Tramitación de las peticiones
ART. 14.—Radicación de las peticiones. Las peticiones formuladas ante el Consejo Nacional Electoral, se radicarán con la fecha y hora de su recepción y el número que corresponda en el sistema electrónico de turnos.
Si a la petición no se acompañan los documentos e informaciones legalmente requeridos, en la diligencia de recibo, el respectivo funcionario debe indicarle al peticionario lo faltante. Sin embargo, si el peticionario insiste en que se radique la solicitud, así se hará dejando constancia expresa de los requisitos o documentos faltantes.
ART. 15.—Quejas y reclamos. El Consejo Nacional Electoral implementar una oficina especializada para la atención de quejas y reclamos y para brindar orientación al público, la cual debe estar integrada por personal debidamente capacitado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 190 de 1995, las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo.
ART. 16.—Reparto. Radicado un asunto, se procederá a su reparto e inmediato envío al respectivo funcionario para que adelante el trámite y proyecte la respectiva decisión.
ART. 17.—Falta de competencia. En primer término ha de verificarse si el asunto al que se refiere la petición es de competencia del Consejo Nacional Electoral. En caso negativo se informará de inmediato al interesado si actúa verbalmente o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito, término dentro del cual se remitirá la petición al competente y se enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
ART. 18.—Clasificación de las peticiones. Determinada la competencia del Consejo Nacional Electoral, el respectivo funcionario procederá a establecer si se trata de aquellas peticiones que requieren atención prioritaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, caso en el cual se tramitará y decidirá lo más pronto posible y sin sujeción al turno.
El funcionario clasificará la respectiva petición según su modalidad para efectos de establecer el término con que se cuenta para resolverla.
ART. 19.—Peticiones incompletas. La solicitud bajo estudio se examinará integralmente y en ningún caso se estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla.
No obstante lo anterior, cuando se constate que una petición radicada está incompleta, pero que la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente a aquel en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la petición.
Vencido el término respectivo sin que haya sido satisfecho el requerimiento, el Consejo Nacional Electoral decretará el desistimiento de la solicitud y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado.
ART. 20.—Peticiones oscuras. Si no se comprende el objeto de la petición, el Consejo Nacional Electoral la devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes, advirtiéndole que en caso de no corregirse o aclararse se archivará la petición.
ART. 21.—Peticiones reiterativas. Si se trata de peticiones reiterativas ya resueltas, el Consejo Nacional Electoral se remitirá a las respuestas anteriores, para lo cual podrá anexarse la copia respectiva.
ART. 22.—Peticiones análogas de información. Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones de información análogas, el Consejo Nacional Electoral puede brindar una única respuesta que se publicará en un diario de amplia circulación y en la página web y se entregarán copias a quienes las soliciten.
ART. 23.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución comienza a regir a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.