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Timestamp: 2019-01-23 01:42:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 279', 'artículo 115', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 2003-00463 de febrero 18 de 2010
SENTENCIA 2003-00463 DE 18 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ORDINARIA DE LOS DOCENTES OFICIALES
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE PENSIONES, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN DEL DOCENTE
Sentencia 2003-00463 de febrero 18 de 2010
Ref.: Expediente 150012331000200300463 01
Número interno: 0363 - 2009
Actora: Blanca Inés Peña
El problema jurídico consiste en determinar si la actora en su calidad de docente, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación con base en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, por ostentar un régimen especial en materia de pensiones.
• Nació el 27 de mayo de 1945, en el Municipio de Saboya, Boyacá (fl. 57).
• El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Boyacá mediante Resolución 370 de 3 de mayo de 2001, le reconoció a la actora pensión de jubilación, efectiva a partir del 28 de mayo de 2000, con los siguientes factores salariales, base liquidación así: asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, ordenanza 23/59, prima de vacaciones, y prima de navidad (fl. 40 y 41).
• El 4 de julio de 2000 la demandante solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación (fl. 60).
• Mediante Oficio JOPS 0964-02 de 27 de noviembre de 2002, el Coordinador del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Boyacá resolvió su solicitud, en el cual, señaló:
“...la docente Blanca Inés Peña se encuentra pensionada desde el 28 de mayo de 2000 según Resolución 370 de 3 de mayo de 2001.
... Por lo anteriormente expuesto no es posible dar tramite a la petición de la referencia y se ordenará el archivo de la misma” (fl. 2).
• Según la certificación expedida por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá del 26 de octubre de 2006, la demandante prestó servicios en el nivel básica primaria, como Nacionalizado en forma continua, con una vinculación desde el 21 de abril de 1971 (fl. 43).
Así mismo, se exceptúan a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida ...”.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley ...”.
Está probado en autos, que la actora en su calidad de docente nacionalizado ha venido prestando sus servicios en el ramo de la educación, desde el 21 de abril de 1971 (fl. 43), por ende, se le aplica la Ley 91 de 1989, en cuanto señala que a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes, esto es, la Ley 33 de 1985.
El artículo 1º de la Ley 33 de 1985 no sólo equiparó la edad de la mujer con la del varón para efectos de jubilación sino que se estableció la regla general para la pensión de los empleados oficiales de todos los niveles y se consagraron unas excepciones.
Por otro lado, por disposición del artículo 3º del Decreto 2277 de 1979, los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital, y municipal, son empleados oficiales de régimen especial. La especialidad del régimen comprende aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, entre otros.
Los docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo (D. 224/72, art. 5º), algunos gozan de la denominada pensión gracia (L. 114/13; L. 116/28 y L. 37/33), prestaciones que reiteran las leyes 91 de 1989, 100 de 1993, artículo 279 y 115 de 1994, artículo 115 lo que permite aceptar que, de alguna manera, gozan de un régimen especial en materia salarial y prestacional.
Sin embargo, en materia de pensión ordinaria de jubilación no disfrutan de ninguna especialidad en su tratamiento de acuerdo con las normas que regulan su actividad porque un régimen especial de pensiones se caracteriza por tener, mediante normas expresas, condiciones propias en cuanto a edad, tiempo de servicio y cuantía de la mesada, diferentes de las establecidas en la norma general, lo que no se da respecto de los maestros que, a pesar de ser servidores públicos de régimen especial, no gozan de un régimen especial de pensiones de jubilación.
Bajo estos supuestos, el Decreto-Ley 2277 de 1979, régimen especial, sólo se aplica en los temas relacionados con la materia que regula; ahora, con las pensiones ordinarias docentes no fueron contempladas en la disposición, por lo que, no resulta aplicable en ese campo, y por ello, la actora no goza de régimen especial para el reconocimiento de su pensión ordinaria.
Ahora bien, con relación a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 relativo a la posibilidad para los empleados oficiales de continuar sometidos a las disposiciones anteriores, pero con la condición de que hubieren cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, al 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la ley.
En otras palabras, si la demandante para el 13 de febrero de 1985, llevaba 15 años continuos o discontinuos de servicios, tenía derecho a pensionarse a la edad de 50 años.
La actora no cumplía con las exigencias señaladas en la anterior disposición, pues, para el 13 de febrero de 1985, fecha de la promulgación de la Ley 33 de 1985, sólo tenía como tiempo de servicio trece (13) años, nueve (9) meses y veintitrés (23) días, debido a que entró a laborar el 21 de abril de 1971.
Por las razones que anteceden, se confirmará el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia de 12 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Blanca Inés Peña contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.