Source: http://www.revistainmueble.es/2017/12/01/legislacion-12/
Timestamp: 2017-12-16 11:03:31
Document Index: 71021517

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 76', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 50']

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Banco de España. (BOE núm. 267, de 3 de noviembre de 2017)
La resolución hace públicos determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario en octubre de 2017.
Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años es de 0,074
Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años es de 0,233
Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE núm. 291, de 30 de noviembre de 2017)
La inspección técnica de vehículos forma parte de un régimen diseñado para garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente durante su uso. Ese régimen debe abarcar la inspección técnica periódica de los vehículos y las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos utilizados para actividades de transporte comercial por carretera, así como establecer un procedimiento para la matriculación de vehículos que permita la suspensión del permiso de circulación de un vehículo cuando este represente un riesgo inmediato para la seguridad vial. La inspección periódica debe ser el principal instrumento para garantizar que los vehículos se encuentran en buenas condiciones para circular. Las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos comerciales solo deben ser complementarias de las inspecciones técnicas periódicas.
Se regulan las cuentas de pago básicas
Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. (BOE núm. 287, de 25 de noviembre de 2017)
Del lado de los oferentes de servicios, el ámbito de aplicación de la norma es distinto en función de la materia regulada. Así, en el caso de comparabilidad de servicios y comisiones de cuentas de pago o en el caso de traslado de cuentas de pago, los sujetos obligados por la normativa de transposición son los proveedores de servicios de pago, colectivo éste que incluye no sólo a las entidades de crédito, sino a todos los sujetos señalados en el artículo 4.9 de la Directiva 2007/64/CE, sobre servicios de pago en el mercado interior.
Se actualizan las cuantías de las multas por infracciones administrativas en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de La Rioja
Decreto 47/2017, de 24 de noviembre, por el que se revisan y actualizan las cuantías de las multas por infracciones administrativas en materia de vivienda previstas en la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Boletín Oficial de la Rioja de 29 de noviembre de 2017)
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, en su artículo 8.Uno.16 atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja competencia exclusiva en materia de vivienda, lo que le habilita para esta regulación.
La Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, tiene por objeto desarrollar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada mediante la promoción de las condiciones necesarias y estableciendo la normativa pertinente para hacerlo efectivo, regulando los derechos y deberes de los propietarios y usuarios de vivienda, fomentando su acceso, especialmente a los más desfavorecidos, y regulando todas las actuaciones administrativas relacionadas con la vivienda en un marco normativo que dé estabilidad y confianza a los usuarios.
Para el cumplimiento de este objetivo, el Título VI de la Ley 2/2007 regula la Inspección, la restauración de la legalidad y el régimen sancionador por infracciones en materia de vivienda.
La Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, prevé que los contratos de enajenación y arrendamiento de viviendas protegidas deberán ser objeto de autorización de la Consejería competente en materia de vivienda a través del visado administrativo del correspondiente contrato, ya se trate en primera o ulterior transmisión. Igualmente estas transmisiones estarán sujetas a limitación de precio de venta y renta mientras esté vigente el régimen de protección oficial.
El incumplimiento de estas obligaciones conlleva graves consecuencias, estando prevista una sanción mínima de 3.001€ para la omisión de un visado administrativo, resultando desproporcionado atendiendo a la entidad de la infracción y, al mismo tiempo, de difícil aplicación.
En este contexto económico y social la imposición de las multas contempladas en la Ley de Vivienda provocaría un efecto más gravoso del previsto por el legislador en el momento de su aprobación.
En consecuencia, razones de interés público aconsejan revisar la cuantía de las multas para adaptarlas a la realidad de la situación económica y del sector así como permitir la viabilidad del régimen sancionador previsto en el Ley de Vivienda de forma que sea posible sancionar de manera efectiva las infracciones, entre ellas las más generalizadas, como son la omisión de visados.
El artículo 76 de la Ley 2/2007, de 1 de marzo de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja habilita al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la revisión y actualización de las multas previstas para las infracciones administrativas en materia de vivienda.
Se aprueba el Plan de Subvenciones para la Recuperación Urbana de Cascos Antiguos y de Conjuntos Urbanos con Valor Patrimonial 2018-2021 en la Comunidad de Madrid
Orden de 20 de noviembre de 2017, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la Recuperación Urbana Integrada de Cascos Antiguos y de Conjuntos Urbanos Homogéneos con Valor Patrimonial 2018-2021. (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid de 28 de noviembre de 2017)
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 8, apartado 1, con el carácter de legislación básica del Estado, que los órganos de las Administraciones Públicas que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. La Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, recoge en idénticos términos esta misma obligación, en su artículo 4.bis.
En su virtud, y de conformidad con lo previsto en los artículos 4.bis y 7 de la Ley 2/1995, y el artículo 50.3 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la Recuperación Urbana Integrada de Cascos Antiguos y de Conjuntos Urbanos Homogéneos con Valor Patrimonial, que se incorpora como Anexo de la presente Orden.
La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, en el desarrollo de sus competencias mantiene un marco de colaboración con otras Administraciones Públicas que se rige por los principios generales de la acción subvencionada: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos. La elaboración de este plan supone un paso más en el proceso de transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión del gasto público subvencional.
El marco de colaboración se concreta en el establecimiento de una política de subvenciones que, atendiendo a las necesidades de los municipios, está orientada a mejorar y potenciar sus cascos antiguos, preservar los valores arquitectónicos y culturales, a través de la rehabilitación de edificaciones de valor patrimonial y la intervención concreta en su trama urbana, actuando en el entorno inmediato y en los espacios públicos que configuran la ciudad.
Asimismo, con el fin de mejorar la eficacia en el otorgamiento de subvenciones, la Ley 38/2003 establece la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones, que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación.
En el primer trimestre del ejercicio 2018 se efectuará la convocatoria de las subvenciones recogidas en este Plan.
Se aprueba el Reglamento que regula el régimen jurídico de actividades turísticas de Canarias
Decreto 226/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo. (Boletín Oficial de Canarias núm. 224, de 21 de noviembre de 2017)
La norma legal vigente reguladora del turismo de Canarias define las actividades de turismo activo como aquellas en las que la persona responsable de la actividad turística es la propia persona usuaria turística, sin perjuicio de las intermediaciones que procedan de acuerdo con la norma legal vigente reguladora de la ordenación del turismo de Canarias y demás normas de desarrollo, estableciendo que son las de recreo, deportivas o de aventura que se desarrollen normalmente sirviéndose de los recursos que ofrece la propia naturaleza en cualquier medio, sea aéreo, terrestre, subterráneo, acuático o urbano; así como las actividades formativas, informativas o divulgativas en el ámbito cultural, medioambiental u otros análogos. Estas actividades, como indica su nombre, se encuentran principalmente dentro del ámbito de los supuestos que corresponde regular al Departamento Autonómico que ostenta las competencias en materia turística, si bien la presente norma velará por los aspectos ambientales y deportivos intrínsecos a la práctica del turismo activo. Con la presente norma, toda vez que la normativa legal vigente en materia de ordenación del turismo de Canarias se limita a incluir en su ámbito de aplicación las actividades de turismo activo previendo, solamente, la obligación de las empresas que oferten dichas actividades de disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños de los que deban responder, se viene ahora a establecer un marco jurídico apropiado que respalde a este sector emergente de la economía turística mundial y que, cada vez, tiene un mayor auge e incidencia en nuestra región, dada su importancia en el sector económico que la caracteriza y que se evidencia en el aumento de las empresas que exclusivamente se dedican al turismo activo en los últimos años, resultando innegable el desarrollo y expansión de este tipo de empresas en el ámbito regional y nacional.
Con la incorporación de Mariano Moro, el Despacho refuerza sus servicios en las áreas de Derecho del seguro y del reaseguro así como en Litigación y Arbitraje. Mariano es Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria y Master en International Business Law por IE Law School. Cuenta con experiencia en las áreas de Derecho del seguro y del reaseguro, ...	Leer Más »
La candidatura encabezada por la registradora de la propiedad valenciana Mª Emilia Adán García ha resultado vencedora en las elecciones al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, celebradas ayer. El equipo liderado por Adán se ha impuesto a otras dos candidaturas que concurrían a las presentes elecciones de ámbito nacional, lideradas por Gonzalo ...	Leer Más »
No es abusiva una cláusula por la que los compradores renuncian al saneamiento por vicios ocultos En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo, confirma la sentencia que desestima la reclamación realizada por una mancomunidad de propietarios al Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas, basándose en los daños del edificio. Los hechos que declara probados la sentencia recurrida ponen en ...	Leer Más »