Source: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=36978&legiid=483
Timestamp: 2018-06-24 14:40:51
Document Index: 82715346

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 41', 'artículo 53', 'artículo 23', 'artículo 18', 'artículo 23', 'artículo 114', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 101', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 101', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 122']

VINDICACIÓN ANTE EXPRESIONES DE PRESIDENTE DE COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA, SENADOR SEÑOR HERNÁN LARRAÍN
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE JUECES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
RECONOCIMIENTO DE LENGUAJE DE SEÑAS COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN NATURAL PARA PERSONAS SORDAS
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes; de Justicia, señor Teodoro Ribera Neumann, y de Obras Públicas, señor Laurence Golborne Riveros.
El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de la sesiones 34ª, ordinaria, en 11 de julio; 35ª, ordinaria, en 17 de julio, y 36ª, ordinaria, en 18 de julio, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política respecto al proyecto de ley que amplía el plazo que se concedió a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2010, del Ministerio de Educación (boletín N° 8.191-04).
Con el siguiente da inicio al proyecto que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso, y se manda ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el tercero comunica el retiro de la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín Nº 8.149-09).
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", al proyecto que elimina el inciso cuarto del artículo 32 de la ley N° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, que establece la obligación de publicar en su sitio web el padrón electoral y la nómina auditada de inhabilitados (boletín N° 8.345-06).
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", para el despacho de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletín N° 8.324-03).
5.- Proyecto que anticipa el pago del bono de la ley N° 20.506, "bono bodas de oro", para los matrimonios que se indican (boletín Nº 8.443-05).
6.- Proyecto que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines Nºs 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).
8.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina", suscrito en Buenos Aires el 6 de agosto de 2009 (boletín Nº 8.154-10).
Con el octavo hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", al proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
Con el último retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación del proyecto que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (boletín N° 8.091-21).
Con el primero informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional (boletín N° 4.864-29).
Con el segundo comunica que prestó su aprobación al proyecto que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (boletín N° 8.091-21) (con urgencia calificada de "simple").
Con el tercero comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665 en las materias que indica (boletín N° 6.244-07).
Envía copia de resolución dictada en la tramitación del reclamo formulado por un grupo de Senadores respecto a la promulgación de la ley N° 20.595, efectuada por Su Excelencia el Presidente de la República, por contener un título diverso del que constitucionalmente corresponde, y además, de escritos presentados por la parte requerida.
Remite copia autorizada de la resolución recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 6° de la ley N° 20.545, que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso posnatal parental.
Expide copia autorizada de cinco sentencias definitivas dictadas en acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 41, inciso final, del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, sobre construcción y conservación de caminos.
Responde, en su calidad de Presidente del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a una petición de información, enviada en nombre del Senador señor Uriarte, referente a la posibilidad de establecer un nuevo sistema de remuneraciones y de carrera funcionaria.
Da a conocer, atendiendo una petición enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, que el señor Ministro de Desarrollo Social y el señor Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social le han informado que se instruye un sumario administrativo con el fin de verificar si un funcionario del servicio mentado ha incurrido en conductas de proselitismo político.
Envía, para conocimiento de la Corporación, copia del informe de seguimiento al Informe Final N° 76, de 2011, sobre auditoría a las operaciones correspondientes a los contratos en consignación del año 2010 de la Editorial Jurídica de Chile.
Remite, en respuesta a petición cursada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, el Informe de Ejecución del Programa especial de emergencia para micro y pequeñas empresas afectadas por el desborde del río Las Minas, en la ciudad de Punta Arenas, elaborado por el Servicio de Cooperación Técnica.
Contesta solicitud, cursada en nombre del Senador señor Cantero, en orden a que se autorice la recomendación favorable por la Secretaría Regional Ministerial del ramo de la Región de Antofagasta al nuevo proyecto de relleno sanitario en la capital regional y se propicie la realización de la evaluación de impacto ambiental en paralelo al diseño de aquel.
Remite informe del señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en respuesta a petición de antecedentes hecha en nombre del Senador señor Navarro, relativa al Proyecto de Revitalización de Lenguas Indígenas, impulsado por la Unidad de Cultura y Educación de la mencionada entidad.
Responde solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la existencia de estudios, anteproyectos o proyectos definitivos de construcción de un recinto penitenciario en la comuna de Cabrero.
Informa sobre posibilidad de mejorar el acceso al sector Lago Largo, en la localidad de Ñirehuao, comuna de Coyhaique, materia consultada en nombre del Senador señor Horvath.
Da respuesta a solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Kuschel, referente al estudio del trazado de la ruta entre Caleta Pichanco y Caleta Gonzalo, tramo pendiente de terminación en la carretera Austral.
Responde consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a solicitudes de Enerplus S. A., ante esa Secretaría de Estado, en materia de obras de embalse en el río Ñuble, Región del Biobío.
Previene que una solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Quintana, concerniente a obras de mejoramiento de puente sobre el río Cautín, en la comuna de Lautaro, está comprendida en el oficio de respuesta N° 1.117 de esa Secretaría de Estado, que adjunta.
Contesta petición, cursada en nombre del Senador señor Gómez, atinente al envío a tramitación legislativa de un proyecto que autorice para destinar la recaudación fiscal a la Región en que esté ubicada la plaza de peaje correspondiente.
Expresa el agradecimiento institucional por nota, enviada en nombre del Senador señor García-Huidobro, que destaca la entrega gratuita de la droga trastuzumab a pacientes de cáncer de mamas.
Atiende diversas peticiones, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, relativas a los asuntos que se enuncian a continuación:
1.- Situación que afecta a pacientes con enfermedades de alta complejidad a raíz del cierre de la Unidad de Endosonografía del Hospital Regional de Concepción.
2.- Resultado de fiscalizaciones, en los dos últimos años, respecto al nivel de contaminación ambiental en la comuna de Chillán en lo que atañe a calidad del aire y manejo de vertederos y rellenos sanitarios, materia respondida directamente por la Autoridad Sanitaria de la Región del Biobío a Su Señoría.
3.- Fiscalizaciones practicadas en el caso del vertedero ilegal de residuos existente en Chiguayante, consulta respondida, también directamente, por el señor Secretario Regional Ministerial del Biobío.
Contesta petición de antecedentes, remitida en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto a la construcción, bajo la modalidad de concesión, del nuevo hospital de la ciudad de Linares.
Contesta petición de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, sobre estado de tramitación de la declaración como área protegida de los géiseres del Tatio, en la Región de Antofagasta.
Informa, atendiendo a una petición, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre las acciones adoptadas por la Secretaría Regional Ministerial correspondiente en materia de calidad del aire y manejo de vertederos y rellenos sanitarios en la comuna de Chillán.
Contesta una solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre avance del proyecto "Solución integral de extensión de la red de alcantarillado, agua potable y pavimentación Población Estero Manco", en la comuna de Coronel.
Informa haber remitido al señor Comandante en Jefe del Ejército los antecedentes de la consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, referente a diversos aspectos del funcionamiento y costos del sistema de salud de los pensionados de esa institución castrense.
Atiende petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Navarro, respecto a los estudios considerados por esa Secretaría de Estado para implementar los contratos especiales de operación del litio anunciados por el Gobierno.
Contesta consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa al resultado de presentaciones que atribuyen a VTR una situación eventualmente abusiva derivada de una supuesta negativa a permitir el ingreso de otros operadores de cable a condominios y edificios.
Responde solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor García-Huidobro, sobre factibilidad de aumentar las rondas policiales en el sector Pedro de Miranda, localidad de Lo Miranda, comuna de Doñihue, con el propósito de reforzar la fiscalización para la seguridad de la población.
Da respuesta a un acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Honorables señores Girardi, Gómez, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Patricio Walker, relativo a la remisión de un proyecto de ley en materia de incentivo al retiro para los asistentes de la educación en términos iguales a los aprobados para el sector de la salud municipal (boletín N° S 1.492-12).
Remite información, solicitada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, referente a gastos realizados por esa Secretaría de Estado y por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en publicidad o difusión, durante los años 2010, 2011 y 2012.
Anuncia, refiriéndose a petición de informe sobre evolución de los excedentes de cotizaciones de salud en las isapres, formulada en nombre de la Senadora señora Alvear, que está en desarrollo la revisión de aquel proceso, desde 2005 a la fecha, y que el resultado se enviará a Su Señoría tan pronto esté disponible.
Absuelve consulta, remitida en nombre del Senador señor Navarro, concerniente a las metodologías para determinar el número de fallecidos en accidentes de tránsito, según los criterios estadísticos usados por Carabineros y el Ministerio de Salud.
Atiende solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Kuschel, referente al estado de avance del sistema de seguro de vida para pescadores artesanales y su implementación en las comunas de la Región de Los Lagos.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor García, sobre estado de avance en la gestión de los Convenios con Financiamiento Plan Araucanía y fecha más probable de su total tramitación.
Del señor Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Biobío:
Da respuesta a petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Navarro, referente a conformación de la Plataforma Logística del Biobío.
Informa, en respuesta a petición de antecedentes enviada en nombre del Senador señor Navarro, estado de avance del proyecto "Solución integral de extensión de la red de alcantarillado, agua potable y pavimentación Población Estero Manco", en lo referente a la pavimentación de las calles Ongolmo y Estero Manco, en esa comuna.
Informa sobre el estado del proyecto educativo institucional de la Escuela Llaima para la jornada escolar completa y acerca de la desafectación del área verde contigua a la actual edificación, para facilitar su materialización, cuestión consultada en nombre del Senador señor García.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el oficio con que Su Excelencia el Presidente de la República requiere el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Consultivo Previsional, por el período que se indica, a los señores Andras Uthoff Botka y Ricardo Paredes Molina (boletín N° S 1.493-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política).
Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y certificado de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980 (boletín N° 8.333-06) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, sendos informes recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027 (boletín Nº 7.898-04) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, informe recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, para prohibir el envío de citaciones en caso de que las infracciones sean registradas con el vehículo en movimiento (boletín N° 7.292-15).
De los Senadores señor Bianchi, señora Rincón y señores Cantero, Horvath y Muñoz Aburto, con la que se da inicio a un proyecto que sustituye el inciso primero del artículo 18 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para prohibir en los casos que indica la comunicación de obligaciones impagas (boletín N° 8.458-03).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en los cargos de Senador y Diputado la dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales (boletín N° 8.468-07).
De los Senadores señoras Alvear y Allende y señores Muñoz Aburto y Patricio Walker, con la que se da inicio a un proyecto que modifica el Código de Justicia Militar y la ley Nº 20.477 en materia de competencia de los tribunales militares (boletín N° 8.472-07).
De los Senadores señor Navarro, señoras Alvear y Rincón y señores Girardi, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag y Tuma, con el que piden a esta Corporación expresar su reconocimiento al señor Juan Somavía por su notable gestión como Director General de la Organización Internacional del Trabajo, cargo desde el que ha dado un impulso sostenido al concepto de "trabajo decente" en el marco de la globalización de los procesos productivos (boletín N° S 1.499-12).
Del Honorable señor Escalona, con el que propone un conjunto de enmiendas al Reglamento del Senado al objeto de adecuarlo a la ley N° 19.447, que modificó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (boletín N° S 1.500-09).
De Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, con la que requieren el cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT, en materia de consulta a los pueblos interesados, durante la tramitación en esta Corporación del proyecto que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, correspondiente al boletín N° 8.091-21.
Del Senador señor Tuma, para ausentarse del territorio de la república a contar del 5 de agosto próximo.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que anticipa el pago del bono de la ley N° 20.506 ("bono bodas de oro") para los matrimonios que se indican (boletín N° 8.443-5) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
El señor ESCALONA (Presidente).- Queda para tabla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en reunión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar en esta sesión, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980.
2.- Discutir a continuación la iniciativa que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665 en las materias que señala.
3.- Colocar en Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana el proyecto que anticipa el pago del bono de la ley N° 20.506, denominado "bono bodas de oro", para los matrimonios que se indican.
4.- Considerar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana la iniciativa que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027.
5.- En cuanto al proyecto que enmienda la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que señala, enviarlo primero a la Comisión de Economía, y en seguida, a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
6.- Suspender la actividad de la Sala y de las Comisiones entre los días 12 y 16 de noviembre próximo para los efectos de la tramitación y despacho del proyecto de Ley de Presupuestos por la Comisión Especial Mixta.
7.- Tocante al proyecto que establece incentivos especiales para las zonas extremas del país, remitirlo, una vez despachado por la Cámara de Diputados, a las Comisiones de Hacienda y Especial de Zonas Extremas, unidas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha solicitado el uso de la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, quiero hacer uso de mi derecho a vindicación, consagrado en el artículo 114 de nuestro Reglamento, básicamente para rechazar de manera categórica las descalificaciones y los juicios de valor que realizó el Presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, Senador Hernán Larraín, sobre mi honorabilidad, luego de dar una entrevista a propósito de mi opinión respecto a la legalización del autocultivo de la marihuana y, además, entregar un testimonio personal que ha generado, a mi parecer, un sano debate en nuestra sociedad.
Las sustancias psicoactivas o drogas se han utilizado desde los albores de la Humanidad con diversos propósitos.
Tan antiguo como el uso de las drogas ha sido también el intento de las sociedades humanas por controlar y fiscalizar su utilización.
Durante siglos solo existió un control social y cultural sobre las drogas, y es recién a mediados del siglo pasado cuando surge con fuerza la visión prohibicionista que criminaliza penalmente el consumo.
La llamada "guerra a las drogas" y el paradigma prohibicionista, entonces, son relativamente recientes. De hecho, la Convención Única sobre Estupefacientes data de 1961.
Pues bien, desde la década pasada ha comenzado a surgir un fuerte cuestionamiento a ese enfoque criminal y represivo.
Según esta nueva visión, la llamada "guerra contra las drogas" ha fracasado no solo porque el consumo ha seguido subiendo, sino asimismo porque ha generado mayor daño, más violencia, corrupción, lavado de dinero; incluso, algunos hablan de la conformación de verdaderos "narcoestados".
Uno de los hitos más destacables de esta nueva visión se plasmó en la llamada "Declaración de Viena", del año 2010, suscrita no solo por importantes líderes políticos, como Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria, sino también por relevantes miembros de la comunidad científica, como la premio nobel de medicina Françoise Barré-Sinoussi, e intelectuales, como Mario Vargas Llosa.
En lo esencial, la Declaración de Viena es una proclama que llama a los países a debatir y a cambiar sus políticas de control de drogas basadas en la ley penal y en la criminalización por otras que, asentadas en la evidencia científica, impliquen un mayor grado de integración social y avances reales en materia de salud pública.
Según señala el propio Fernando Henrique Cardoso, "Las políticas represivas están firmemente basadas en prejuicios, miedos y en posturas ideológicas. La manera de salvaguardar los derechos humanos, la seguridad y la salud está relacionada con estrategias de paz y no de guerra".
En ese contexto, el consumo personal y privado de marihuana no constituye falta ni delito alguno y es, a mi juicio, una materia que no afecta la honorabilidad de quien libremente ejerce ese derecho, más allá de los prejuicios y miedos que otros puedan tener al respecto. Y, aun, pienso que la legalización del autocultivo controlado puede constituir un mecanismo eficaz contra el consumo de drogas más nocivas, ya que implicaría que los consumidores de marihuana no tuvieran contacto con los traficantes. Todo esto, sumado al uso terapéutico de la marihuana, por ejemplo, en casos de cáncer terminal.
Por intermedio de la Mesa, debo decirle al señor Presidente de la Comisión de Ética del Senado que el tema planteado es parte de la ética social, que en una democracia no es absoluta, sino diversa y cambiante en el tiempo.
En Chile, hasta hace pocos años la homosexualidad era un delito, y hoy estamos protegiendo la diversidad, e incluso, regulando las relaciones de pareja entre personas de un mismo sexo.
Desde mi perspectiva ético-social, resulta indispensable que cada persona pueda, en la esfera de su intimidad, consagrada en el artículo 19, número 4°, de la Constitución, gozar en este tema de un ámbito de libertad.
Señor Presidente de la Comisión de Ética del Senado -de nuevo por intermedio de la Mesa-, sus descalificaciones, e incluso algunas amenazas, se acercan más a una visión autoritaria de la democracia, ya que buscan imponer a partir de las sanciones determinada visión del mundo, y en este caso específico, del consumo de drogas.
El que un Senador de la República reconozca una conducta individual que no constituye delito ni falta alguna, y que además lo haga como forma de promover un debate necesario y urgente en nuestro país, no es ni con mucho una falta a la ética que debe regir a las autoridades públicas. Creo que la mentira y la hipocresía son infinitamente peores.
La libertad, como parte esencial de la dignidad humana, debe ser defendida en todas sus formas, ya que su vulneración constituye la destrucción de la personalidad del hombre.
La Constitución de un país hermano, muy similar a la nuestra, señala: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíba".
Por lo expuesto, solicito la inhabilidad del Senador Hernán Larraín, en cuanto Presidente de nuestra Comisión de Ética y Transparencia, para ver cualquier materia referente a mi persona en este caso, si es que así alguien lo estimase conveniente, ya que sus declaraciones constituyen abiertamente un prejuicio que lo implica y recusa en forma evidente.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero puntualizar que el derecho a vindicación establecido por el Reglamento tiene un alcance bastante preciso, ya que dice relación con las referencias a un miembro de la Corporación que un orador haga en forma indebida, impropia, en el Hemiciclo. No recuerdo haber empleado ninguna expresión que hiciera aplicable dicho ordenamiento o que permitiese al Senador señor Rossi formular un alegato en tal sentido.
Mas esa es una formalidad. En lo sustantivo, he escuchado lo expuesto por Su Señoría, quien se ha extendido latamente acerca de declaraciones que habrían afectado su honorabilidad, y, sin embargo, no ha mencionado ninguna, precisa y concreta, de la cual se pudiera desprender esa conclusión. Si quien habla fuera consciente de haber dicho algo en ese orden de cosas -ciertamente, en ningún momento ha abrigado la intención, en el debate, de afectar la honra del señor Senador-, sería el primero en disculparse; pero como no se ha especificado nada que pudiese interpretarse en esa forma, por no mediar ninguna cita de palabras que lleven a inferirlo, me parece que tal planteamiento se halla completamente fuera de lugar.
He consignado expresamente, además, que el que nos ocupa no es un problema moral, como tampoco legal. Lo que he aseverado es que se trata de una cuestión de responsabilidad, porque -y repito la argumentación- si un país como el nuestro ha contemplado como política de Estado, tanto en el Gobierno anterior como en el actual, impedir el consumo de drogas sobre todo en los más jóvenes, por estimarse dañino, y ha contemplado normas para que todas las autoridades, excepto los parlamentarios, se abstengan de recurrir a ellas y se sometan a controles periódicos, es necesario que estas, mientras exista tal directriz, sean un ejemplo, un modelo. Y nosotros no podemos encontrarnos excluidos, porque, en tal caso, estaríamos amparando, de alguna manera, conductas que van contra lo que ha sido la política de Estado en la materia durante muchos años.
Eso es lo que me parece una irresponsabilidad política. No estoy emitiendo un juicio de valor: estoy expresando una opinión probablemente contraria a la del Senador señor Rossi. Pero entiendo que en una democracia podemos discrepar, podemos mantener diferencias, podemos emitir juicios respecto de lo que significa la acción de una persona o de otra. No pretendo que me asisten la razón última ni la verdad, pero sí tengo derecho a decir lo que pienso.
Tampoco he invocado mi condición de Presidente de la Comisión de Ética, porque no corresponde, aunque, por cierto, si un periodista me la cuelga, no tengo como evitarlo, por ser la calidad que invisto. Pero, consultado respecto de si pensaba llevar a ese órgano técnico a mi Honorable colega por sus declaraciones, respondí en forma negativa, por no parecerme lo procedente. Insisto en que no he observado en sus palabras algo que constituya un motivo para someterlo a esa instancia, ni estimo que haya cometido algún tipo de ilicitud, porque nuestras normas permiten el consumo privado de drogas como la marihuana. De manera que no ha sido eso lo que me ha motivado a hablar.
Lo que sí he manifestado es que se está trabajando en un Código de Prácticas de Buena Conducta Parlamentaria, en donde pienso que deberían incorporarse disposiciones de esta naturaleza. Pero eso no va a definirlo quien habla, sino la Comisión, primero, y luego la Sala, cuando le propongamos el compendio de normas que creemos que deben contemplarse para una mayor claridad en la materia.
Por lo tanto, señor Presidente, estimo que las expresiones del señor Senador, no solo no se ajustan al Reglamento, sino tampoco a la realidad, porque, manteniendo diferencias muy profundas, a lo mejor, en la materia, respeto su opción. Lo que no comparto es que una conducta de esta índole sea responsable, desde un punto de vista político, en una nación que no quiere el consumo de drogas.
Ahora, si se quiere convertir a Chile en el paraíso de la marihuana, si se quiere legalizar su consumo, abrirlo y que ella sea adquirida como los cigarrillos, esa es una discusión que tenemos que llevar a cabo. Si el Senador señor Rossi u otro o cualquier persona se hallan en una posición distinta, estimo que ejercen su legítimo derecho al promoverla. Pero reclamo el mío, no solo de estar en desacuerdo, sino también de manifestar por qué es así y de señalar, con gran respeto, mas con la mayor fuerza posible, que una política de esa naturaleza me parecería extraordinariamente inconveniente para Chile, para su juventud, para sus escolares, ámbito en el cual se ha incrementado notablemente en el último tiempo el consumo de la hierba.
Y, más allá de cualquier consideración médica, área en la que carezco de competencia, puedo señalar que el grueso de los países la tiene prohibida. En Estados Unidos, Alaska, por ejemplo, que la legalizó, a los cinco años tuvo que repenalizar -es lo que textualmente ocurrió- por el incremento masivo del consumo y sus daños complementarios o anexos.
Se trata de una discusión política que no guarda relación alguna con problemas de honorabilidad. Por lo menos hasta este minuto, no he escuchado proferir ninguna expresión en ese sentido.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, seré muy breve.
Juzgo que este no es el momento de entrar en el debate de fondo. He escuchado atentamente tanto al Senador señor Rossi como al Senador señor Larraín y, claro, aquí se están planteando aspectos que tienen que ver más bien con esa etapa. Imagino que, en la medida en que se presente la moción respectiva, tendremos la oportunidad de entrar a una discusión como la que les corresponde a los parlamentarios, con toda la altura de miras necesaria para saber cuál va a ser, en definitiva, la votación de un proyecto de tales características o la adhesión que genera.
Pedí intervenir simplemente para decir lo siguiente. Me alegro, por un lado, de escuchar al Senador señor Larraín puntualizar que no ha pensado en algún momento en plantear la invitación al Honorable señor Rossi de concurrir a la Comisión de Ética; pero tengo que exponer, por el otro, que si bien es cierto que puede haber actuado a título personal -y lo entiendo-, no puede negarse el hecho de que es Presidente de ese órgano técnico, y me parece que tiene que ser extraordinariamente prudente en cualquier declaración pública en que exhiba esa calidad, ya que, lógicamente, inhabilita bastante la emisión de juicios antes de que la Comisión, como tal, incluso se haya reunido.
Porque no fueron las únicas expresiones. La verdad es que conocimos varias, de distintos parlamentarios, algunas de ellas formuladas en términos bastante cautos, y otras, casi beligerantes, diría, lo que me parece que no corresponde, por ser legítimos, en democracia, distintos puntos de vista, opciones y posiciones, y el tema resulta absolutamente debatible. Cuando empezamos con las descalificaciones, vamos bastante mal.
Entonces, quería hacer la presente prevención, porque, formando parte de la Comisión de Ética, estimo que si algo tenemos que resguardar es el debido proceso, lo que significa que no se pueden emitir de antemano declaraciones públicas en una cierta línea contraria a una posición, más allá de la opinión personal que se sostenga, porque, claramente, el primero no queda bien resguardado.
Así que, como integrante de la Comisión, señor Presidente, quería hacer hincapié, por si tomamos mañana la decisión de tratar el asunto, en que tengamos mucho cuidado en la forma, justamente, ya que no puede ser -repito- que se hagan declaraciones previas públicamente. Sería muy distinto si se resolviera abordarlo a raíz de distintas expresiones en la materia: obviamente, correspondería invitar al Honorable señor Rossi para que diera sus argumentos y las razones por las cuales ha creído conveniente dar un testimonio personal. Pero insisto en la gran precaución que es preciso mantener en la manera de expresarse.
El señor ESCALONA (Presidente).- Su intervención se halla fuera de Reglamento, señora Senadora.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido dar más plazo para presentar indicaciones al proyecto que reforma la Ley de Quiebras, pues venció el fijado para tal efecto. Habiendo conversado con otros miembros de la Comisión de Economía y con algunos señores Senadores, sería deseable extenderlo hasta el día 10 de agosto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el artículo 23 del decreto ley Nº 3.551, de 1980, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y certificado de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "suma".
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es aumentar progresivamente las remuneraciones de los funcionarios municipales de manera que en el plazo de cuatro años homologuen sus sueldos base con los de los funcionarios públicos del nivel central.
La Comisión de Gobierno, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Bianchi, Coloma, Rossi, Sabag y Zaldívar, acogió la idea de legislar.
Por su parte, la Comisión de Hacienda la aprobó por 3 votos a favor, de los Honorables señores García, Lagos y Novoa, y 2 abstenciones, de los Senadores señora Rincón y señor Frei.
El texto que se propone sancionar en general se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en los computadores.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, en la última reunión de la Comisión de Hacienda antes de la semana regional se pidió aprobar la iniciativa que ahora nos ocupa a fin de que pasara de inmediato a la Sala en la sesión del miércoles 18 de julio.
Nosotros pedimos recibir a la Asociación Chilena de Municipalidades y contar con la opinión también de los empleados del sector, ya que se trata de una normativa importante y de una nivelación obtenida por estos últimos con el Gobierno y la entidad mencionada.
El proyecto llegó sin financiamiento a dicho órgano técnico. Según lo logrado, el costo ascendería a 24 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno aportaría dos cuotas de 6 mil millones cada una, correspondientes al segundo semestre en curso y a 2013, y la Asociación cubriría la diferencia, de 12 mil millones. Desde ese punto de vista, lo consideramos algo factible. Pero el problema radica en que, a partir de 2014, el monto total va a recaer ciento por ciento en los municipios. Sobre esa base formulamos nuestras observaciones.
Deseo reiterar lo que advertí en la Comisión: desde hace muchos años venimos escuchando a los alcaldes quejarse de los parlamentarios, quienes aprueban iniciativas cuyo alto financiamiento no puede ser enfrentado por los municipios. Y el pato de la boda lo pagan las comunas pequeñas.
En el caso concreto de las dos Regiones que represento, dos comunas no enfrentarán dificultades, pero sí otras 13, por vivir del Fondo Común Municipal y carecer de recursos adicionales. Y las cantidades que nos ocupan son importantes para ellas.
Por esa razón, después de escuchar a representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y a dirigentes de distintas entidades gremiales, el proyecto se aprobó por tres votos a favor y dos abstenciones. Una de ellas fue la mía, para facilitar su paso a la Sala. No estoy en condiciones de pronunciarme a favor de un articulado que significa una carga de ese volumen para las municipalidades, sobre todo en un plazo largo. Si fuera por un año o un año y medio, se podría comprender que hiciesen un esfuerzo por 12 mil millones de pesos, pero no por 24 mil millones en forma definitiva, a menos que en el Presupuesto fiscal de 2013 o 2014 se subsanara de alguna manera la situación. Tal es el motivo por el cual tomamos esa decisión el día de ayer.
Y reitero mi disposición.
El Presidente de la Asociación de Municipalidades, que participó con su equipo, manifestó claramente que entendía nuestra oposición o reflexión sobre el financiamiento.
Alrededor de 50 comunas -podría extenderse el número hasta 100 de ellas, correspondientes a cabeceras regionales o provinciales y a las más grandes- se encuentran en condiciones, sin duda, de asumir los montos respectivos, pero no las demás, en su mayoría rurales, porque, como dije, viven ciento por ciento del Fondo Común Municipal y las obras que ejecutan se llevan a cabo con proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pues carecen de plata para inversión.
Subrayo que hemos escuchado reiteradamente a los municipios quejarse de que los parlamentarios aprobamos iniciativas que representan para ellos un déficit que después deben seguir absorbiendo.
Se plantearon distintas posiciones, pero insistí en mi postura. Y así lo hice saber en la Comisión de Hacienda. Me parece que no es bueno -repito que por una sola vez se entiende, pero no en forma definitiva- cargarles estos montos a las municipalidades.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Pizarro asuma como Presidente accidental.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Puede intervenir el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece que el proyecto de ley ha sido largamente esperado, no solo por los funcionarios del sector -aquí tengo un punto de inflexión con el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra-, sino también por los municipios y las personas.
Al funcionar bien las instituciones, todos funcionan bien. Y, obviamente, cuando se van registrando distorsiones remuneracionales en el mundo de que se trata, que es el que se halla más cerca de la gente, ello va afectando tanto la labor de los municipios como a los ciudadanos que forman parte de la comunidad.
De ahí que la cuestión diera lugar a una aspiración muy sentida, en virtud de la cual las asociaciones respectivas y los municipios coincidieron, con razón, en una iniciativa que subsanará, aunque sea parcialmente, los desniveles que se han ido presentando. La compensación tendrá lugar a través de un bono no imponible ni tributable por las diferencias mensuales que se han ido verificando, sobre la base del año 2012.
En la Comisión de Gobierno preguntamos específicamente por el financiamiento, que formaba parte de las preocupaciones del órgano técnico, y los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades nos explicaron que se había llegado a un acuerdo mediante el cual el Estado pondría 6 mil millones de pesos en el año en curso, y ellos, el saldo restante. ¿Hasta cuándo? Hasta que en la discusión presupuestaria se pueda ojalá coincidir en una respuesta más continua.
Se ha expresado que el sistema no es bueno. Lo único que digo es que mucho peor sería no efectuar la nivelación. Y, desde una perspectiva de ordenamiento económico, espero que en los Presupuestos de 2013 y de 2014 se puedan considerar estos fondos como una realidad permanente. Pero no me cabe duda de que el paso intermedio, discutido en la Comisión de Gobierno, en orden a generar un acuerdo para que tanto al Estado como a los municipios les correspondan partes iguales, constituye un avance muy relevante en ese último ámbito. Por eso, la iniciativa generó unanimidad al menos en dicho órgano técnico.
Y me parece bien que el proyecto se haya tratado en primer lugar en la presente sesión, pues una postergación carecería de sentido. Es preciso apuntar a una nivelación para que, de esa manera, los municipios puedan trabajar de mejor forma.
En consecuencia, vamos a apoyar el texto en estudio, porque nos parece justo y necesario.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Les recuerdo a Sus Señorías que estamos discutiendo la materia como si fuera de Fácil Despacho. Se han inscrito ocho señores Senadores para intervenir, más el señor Ministro.
Si procedemos en forma rápida, podríamos acomodarnos...
El señor LARRAÍN.- En ese caso, pediré la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Su Señoría puede sentirse representado por su colega de bancada que integra la Comisión de Gobierno.
El señor GÓMEZ.- Se puede abrir la votación y quienes lo deseen podrán fundamentar el voto.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Eso es más razonable.
Si hay acuerdo -veo muy entusiasmados a los señores Senadores-, abriré la votación.
Pero antes ofrezco la palabra al señor Ministro, pues, reglamentariamente, no podré otorgársela una vez que se inicie la votación.
Este proyecto, sin lugar a dudas, es muy relevante, por cuanto propone eliminar la brecha de salarios entre los funcionarios municipales y los empleados del mismo grado regidos por la Escala Única de Sueldos.
Recordemos que en el año 2007 se dictó la ley Nº 20.198, que permitió acortar esa distancia. Y ahora la estamos eliminando.
Respecto del tema de fondo planteado aquí, relativo al financiamiento para terminar con esa brecha, creo que ya se han dado suficientes antecedentes. Pero quiero agregar otro que me parece esencial para que los Senadores tomen una decisión adecuada.
La iniciativa en debate va acompañada también de una política del Gobierno orientada a aumentar los recursos para los municipios, en especial, como se ha dicho en esta sesión, para los más vulnerables, los que pertenecen a comunidades rurales, los cuales se financian en gran parte -casi en el cien por ciento- con el Fondo Común Municipal.
Hemos subido el aporte a dicho fondo en una cantidad significativa de recursos en los últimos dos años.
Además -y esto es una novedad-, el año pasado se aprobó en la Ley de Presupuestos una compensación a las municipalidades por las exenciones del impuesto territorial. Este es uno de los problemas de financiamiento más delicados que aqueja a los municipios. Y ahora el Gobierno los está compensando por las exenciones del referido tributo.
¿Cuáles son las municipalidades más beneficiadas con dicha medida? Precisamente las que integran comunidades donde hay un porcentaje mayor de población vulnerable.
De esa manera se está mejorando el financiamiento permanente que requieren tales municipios.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, como señaló el Honorable señor Coloma, este proyecto, que fue discutido en la Comisión de Gobierno, cumple con una aspiración que los funcionarios municipales plantean desde hace mucho tiempo.
Como se recordó, ya se dio un paso para lograr la finalidad de nivelar la escala de sueldos de los funcionarios municipales con la escala única fiscal. En 2007 se dio ese primer paso. Pero queda pendiente -lo estará, mientras no aprobemos el proyecto- esta segunda fase.
Efectivamente en la Comisión se nos indicó que hubo una negociación entre las organizaciones gremiales de los municipios, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Gobierno para lograr el referido objetivo.
La iniciativa propone nivelar las escalas de sueldos en cuatro años.
En la Comisión de Gobierno se analizó también, como ya se precisó, lo relativo al financiamiento para llevar a cabo lo que se propone. Si bien es cierto que se está aumentando el Fondo Común Municipal, cabe consignar que en este Parlamento, cuando se aprueban proyectos que imponen cargas a las municipalidades, normalmente reclamamos por no entregar los recursos necesarios para cumplirlas.
Ya vimos este problema aquí hace poco tiempo, cuando se posibilitó la creación de una serie de juzgados de policía local sin otorgar el financiamiento respectivo. De ese modo, se hacía casi ilusa la autorización para crear tales tribunales.
En el caso que nos ocupa, el Gobierno solo va a entregar dos cuotas de 6 mil millones de pesos durante dos años. Después, por supuesto, ese costo incidirá en los presupuestos municipales. Sin embargo -y por eso dimos nuestro voto de apoyo al proyecto-, creemos que no por eso se debe impedir que los funcionarios municipales logren un objetivo que han perseguido durante tanto tiempo.
El Ejecutivo tendrá que responder después por el posible desfinanciamiento municipal que se produzca a raíz de la aplicación de esta futura ley.
¡Pero por ningún motivo debe dejar de aprobarse esta iniciativa! Hay que respaldarla porque es de justicia para los funcionarios municipales: deben tener una escala de sueldos similar a la de los empleados públicos.
Por otra parte, me parece muy bien que se haya propuesto abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el próximo lunes. Ahora, de acuerdo con la normativa constitucional, el único que puede formularlas en este caso es el Gobierno. Por lo tanto, si este no presenta ninguna hasta esa fecha, el Presidente del Senado, luego de que el Secretario dé cuenta de ello, tendrá que dar por aprobado el proyecto en particular, quedando cumplido su trámite en esta Corporación, con lo cual se concretará una aspiración de los funcionarios municipales, que me parece -insisto- de toda justicia.
Por ello, voto que sí.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente esta iniciativa por varias razones.
La primera es porque se hace cargo de una sentida aspiración de los funcionarios municipales: completar el proceso de homologación de sus sueldos con los del sector público; es decir, a mismo grado, igual renta.
En segundo lugar, porque tenemos la convicción de que los municipios (chicos, medianos y grandes) contarán con los recursos para hacerse cargo del mayor gasto que representa este incremento, el cual, además, es gradual: parte en 2012 y termina en 2015.
¿Por qué afirmo que las municipalidades dispondrán de los recursos necesarios? Porque durante el Gobierno del Presidente Piñera el Fondo Común Municipal ha pasado de 628 mil millones de pesos en el año 2011 a 711 mil millones de pesos este año. O sea, los municipios están administrando alrededor de 90 mil millones de pesos más, recursos que sirven para financiar, entre otras materias, esta importantísima enmienda legal: la homologación de renta de todos los funcionarios.
Además, se suman otros 20 mil millones de pesos, que, tal como dijo el Ministro Larroulet, se destinan a paliar los menores ingresos que obtienen los municipios más pobres, debido a que recaudan mucho menos en materia de impuesto territorial.
Esos 20 mil millones se entregaron durante 2011. Para el presente año, esa compensación superará los 35 mil millones de pesos.
Adicionalmente, hay que recordar que el Fisco efectuará un aporte de 12 mil millones de pesos para contribuir al financiamiento de este proyecto: 6 mil millones para este año y 6 mil millones para el 2013.
Señor Presidente, en lo central, aquí se busca materializar un principio de igualdad: al mismo grado, la misma renta. Porque todos son servidores del Estado.
Ello permite completar un proceso que, como se ha señalado, se inició en 2007.
Ahora, los funcionarios municipales, a través de sus dirigentes, han sido muy claros en señalar que, con lo propuesto, no se cierran las brechas existentes entre el sector público y el municipal. En efecto, ocurre que frente a iguales responsabilidades, normalmente los funcionarios municipales tienen grados inferiores a los que ocupan los de la Administración del Estado. Por lo tanto, aquellos aspiran, legítimamente, a que el paso siguiente sea la homologación total: que a idénticas obligaciones correspondan grados equivalentes.
Señor Presidente, el proyecto -¡qué duda cabe!- es un avance. Por eso lo votamos favorablemente.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Les pido a los asistentes en las tribunas que guarden silencio.
¡Estando transitoriamente en la testera, imagínense lo que pasaría si hago desalojar las tribunas...!
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, sin duda la iniciativa que nos ocupa constituye una legítima aspiración de nuestros queridos funcionarios municipales de todo el país, quienes han luchado por eliminar la brutal diferencia que existe con sus colegas del sector público. A los municipales se los consideraba públicos, dependiendo de la conveniencia de la situación. Por lo tanto, la homologación propuesta, la igualación no solo es justa, sino también necesaria.
Me alegra participar en esta sesión para, una vez más, apoyar, respaldar y respetar la función y la carrera de dichos funcionarios.
El Senador señor Frei, quien me antecedió en el uso de la palabra, tiene razón en algo que es importante recalcar -también lo manifestó el Honorable señor Zaldívar-: el plazo para presentar indicaciones será hasta el próximo lunes, y el único que puede formularlas en esta línea es el Ejecutivo. Yo quiero valerme de tal situación para pedirle al Gobierno que incluya una norma que haga que el Estado de Chile deje de ser el peor empleador. Hoy tenemos una oportunidad para ello.
Si bien vamos a votar favorablemente la idea de legislar, llamo la atención sobre lo que señala el artículo 2° de la iniciativa: "Otórgase un bono no imponible ni tributable, equivalente a la suma de las diferencias mensuales que represente la aplicación del aumento de los sueldos bases para el año 2012 dispuesto en el artículo 1°". Repito: "Otórgase un bono no imponible".
El daño previsional de los funcionarios municipales, como el de tantos otros -hace unos días me reclamaba lo mismo la gente de la salud, ¡con mucha razón!-, implica que jubilarán con pensiones con las cuales no podrán vivir. ¡Esto lo hemos dicho incansablemente! Por eso tal vez a las señoras Senadoras y a los señores Senadores no les asombre lo que estoy señalando.
¡Este asunto lo hemos reclamado mucho, señor Presidente!
Si el Gobierno quiere hoy pasar "la prueba de la blancura" y avanzar para dejar de ser un muy mal empleador, bueno, ¡que haga que el bono mencionado sea imponible! De ese modo, el día de mañana aquellos a los que hoy estamos defendiendo percibirán jubilaciones que les permitirán subsistir.
Felicito a las directivas de los funcionarios municipales, porque esta ha sido una gran lucha. Por muchos años, ellos estuvieron en una condición distinta, por debajo de los empleados públicos. Hoy, con esta homologación, con esta igualación, se está haciendo justicia.
Pero el Gobierno sería tremendamente injusto si no acogiera lo indicado para el artículo 2°. Solo él puede modificar dicha norma; nosotros no poseemos facultad para ello. El bono no debiera perjudicar a los funcionarios municipales, como sí lo hace la redacción propuesta, que lo considera no imponible. Si bien ello les va a servir en un primer momento, lo deseable es que la iniciativa también permita recuperar la dignidad del trabajador, a fin de que, cuando las mujeres y los hombres de la estructura municipal deban jubilar, no se vean perjudicados por el detrimento señalado.
Voy a votar que sí, saludando a los funcionarios municipales de mi país. Y voy a seguir colaborando con ellos. Pero ojalá el Ejecutivo acoja la petición que le hemos formulado. No obstante saber que es poco probable que así ocurra, vamos a apoyar el presente proyecto de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- Me permito hacer presente que se ha cumplido el designio de que los proyectos de "fácil despacho" son de más "largo despacho".
El señor LAGOS.- ¡Pero no "difícil"...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Pero "largo despacho".
El señor LAGOS.- ¡Hay que decir "de fácil y largo despacho..."!
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en verdad, expresar que por aprobar este proyecto, habrá menos médicos y especialistas y menor cantidad de remedios, me parece absolutamente fuera de lugar y sin fundamento.
Comparto en parte el argumento del Senador señor Frei. Hemos planteado en esta Sala, en reiteradas oportunidades, que cuando a los municipios se les entregan nuevas funciones o tareas y hay más exigencias relacionadas con la labor educacional, debemos otorgarles mayor financiamiento.
Mediante la ley en proyecto, estamos regulando las remuneraciones de los trabajadores municipales, las cuales deben pagarse con el presupuesto de las corporaciones edilicias. Y muchas, o gran parte de ellas, podrían haber reajustado los sueldos de sus funcionarios, pero no les era posible, por faltar la legislación adecuada.
Por lo tanto, estamos haciendo referencia a una acción municipal propiamente tal. No existe otra mayor que el mantener en buen lugar a sus trabajadores, con remuneraciones acordes a la labor fundamental que ellos realizan en la comuna.
Aquí no se habla de que les estamos entregando nuevas responsabilidades, obligaciones, tareas y funciones a los municipios. Les estamos planteando que, con los recursos municipales -estos se reajustan año a año (así sucede con el Fondo Común Municipal, con las patentes municipales); nunca han estado estancados- paguen a sus empleados una remuneración digna, lo que significa la homologación con los funcionarios de la Administración Pública.
Por lo tanto, la argumentación para abstenerse: porque estaríamos colocando en riesgo la función municipal, creo que no posee fundamento ni razón alguna. No cabe duda de que el cancelar las remuneraciones de los funcionarios constituye la tarea principal del presupuesto municipal. Y no me parece que eso deba ser financiado con recursos distintos, menos aun cuando el presupuesto municipal y el Fondo Común Municipal son reajustados todos los años.
Yo asumiría el argumento del Senador señor Frei si se les colocaran nuevas funciones a las municipalidades, como mencionaba el Senador señor Zaldívar respecto de los jueces de policía local. Ahí estaríamos entregando una nueva tarea. Y en la Comisión de Gobierno le expresamos al Ejecutivo que debía otorgar el financiamiento pertinente a los municipios.
También debe mencionarse que, cuando el Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó un bono de retiro voluntario para todos los profesores, no se pusieron nuevos recursos para las municipalidades. De hecho, estas debían cubrir el gasto con dineros de la subvención a futuro. En esas situaciones, claramente el argumento adquiere validez.
En el proyecto que nos ocupa, se les está planteando que asuman la responsabilidad de cancelarles a sus funcionarios, los cuales hacen sus tareas, desempeñan su función, cumplen las obligaciones municipales. En este sentido, no considero adecuado el argumento expresado para abstenerse y criticar.
Una larga lucha de los funcionarios municipales -y también de la Asociación Chilena de Municipalidades- está convirtiéndose en realidad en el día de hoy. Y tendremos en esta homologación el resultado de una necesidad y de una justicia hacia los funcionarios municipales que hace mucho tiempo estaban reclamando. Y me parece muy importante que el Gobierno haya podido llegar a acuerdo con esos trabajadores.
Se ha hablado también del bono establecido en el artículo 2º. Este sirve para anticipar, de una u otra manera, el reajuste que se empezará a aplicar desde septiembre, octubre o noviembre del presente año. Y significará una compensación para los funcionarios a partir de enero del año en curso. Por lo tanto, en este caso tampoco se está generando daño previsional a nadie. Si la futura ley hubiera estado vigente el 1º de enero, ello se habría regulado en régimen. En consecuencia, se trata de una buena norma que, además, ha sido utilizada por Gobiernos anteriores.
Señor Presidente, a mi juicio, nos encontramos ante un buen proyecto, pues considera un adecuado mecanismo de financiamiento. Debemos preocuparnos permanentemente de reajustar los presupuestos de las municipalidades y también de otorgarles recursos extras cuando les establecemos funciones, tareas u obligaciones adicionales. Mediante esta iniciativa les estamos diciendo que con sus recursos propios paguen lo que es clave: las remuneraciones de sus funcionarios.
Reitero: me parece que este es un buen proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Agradecemos al Senador señor Lagos que se haya retirado de la lista de inscritos, en beneficio del...
El señor LAGOS.- Del "fácil despacho".
El señor ESCALONA (Presidente).- Ciertamente.
También saludamos a los dirigentes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, que se encuentran en las tribunas.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto que ha sido largamente acariciado por los gremios municipales del país. Y difícilmente podríamos negarnos a aportar nuestra votación para que los funcionarios municipales -que son la cara más cercana del Estado a la gente- tengan una homologación en sus remuneraciones con el sector público.
Si se revisan las cifras de los incrementos a los que van a acceder, considerando, además, que han luchado tantos años por lograrlo, cualquiera pensaría que serían muy significativas. Y en verdad estamos hablando de 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos. Se trata de sumas miserables.
Felicito a los gremios por su tenacidad para defender este reajuste. Pero en realidad es bastante menor comparado con los esfuerzos y el trabajo que lleva a cabo el personal municipal frente a la comunidad.
Los municipios más pequeños deben ser compensados de mejor manera. No solo como lo señaló el señor Ministro, al indicar que se está estudiando un mejoramiento para los que tienen sectores más vulnerables. Así ocurre en comunas donde hay exención tributaria para tierras que tienen la calidad de indígenas, como es el caso de la mayoría de los municipios de la Novena Región. No solo son vulnerables per se, sino también porque poseen tierras indígenas. Entonces, como poseen esa calidad, no tributan, y el municipio no recibe el porcentaje correspondiente a esas contribuciones, por lo que no están en condiciones de prestar servicios a la comunidad a la altura de los de otras comunas donde no hay exención.
En consecuencia, creo que debería aplicarse una doble compensación en comunas vulnerables y en aquellas en que, además, por decisión legislativa y por una cuestión de justicia social, rige una exención del pago de contribuciones territoriales, lo que no permite a los municipios donde hay tierras indígenas obtener fondos adicionales.
Digo lo anterior porque se plantea, con razón, que parte de los recursos para incrementar las remuneraciones de los funcionarios municipales saldrá de las arcas municipales, cuando debería ser totalmente de cargo del Fisco.
No obstante, frente a este proyecto, y atendido el hecho de que los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia presupuestaria, no me queda otra alternativa que aprobar el aumento de remuneraciones para los trabajadores municipales, con el objeto de homologarlos con los funcionarios del sector público.
Sin embargo, debo señalar que vamos a seguir insistiendo en cualquiera de las iniciativas legales que se presenten a futuro o durante la discusión presupuestaria para que los municipios puedan recibir de verdad una compensación frente a la exención tributaria mencionada y al esfuerzo que deberán realizar ahora para un justo incremento de las rentas de sus funcionarios.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, aunque haya mucho apuro, creo que los temas de fondo son importantes de abordar en situaciones como esta, en la que discutimos algo que los funcionarios municipales vienen pidiendo desde hace mucho tiempo: percibir la misma remuneración de los trabajadores públicos, objetivo que han perseguido por muchos años, lo cual no quiere decir que tal renta sea la que merecen los empleados públicos.
En definitiva, estamos debatiendo ahora si el incremento de remuneraciones va a ser financiado por el Fisco o por los municipios. Ya se explicó que los municipios deberán contar con los recursos necesarios para ello.
¿Por qué digo que se trata de una materia de fondo? Porque lo que necesita el Estado de Chile, en el entendido de que las municipalidades forman parte de él, es tener eficientes funcionarios, con muy buenos sueldos, porque tanto los del sector público como los municipales se preocupan de los problemas que el ciudadano necesita resolver.
Por lo tanto, no puede ser que estemos discutiendo desde hace largo tiempo la adecuación de los municipios a los organismos públicos, cuando debiésemos contar con una política que nos permita un Estado fuerte, con capacidades y posibilidades ciertas de atender a los ciudadanos que van a los municipios, los cuales deben contar con los elementos necesarios y la tecnología que les permitan realmente asumir su responsabilidad.
Pero siempre se ha pretendido que el Estado sea pequeño; que los municipios dispongan de escasas condiciones de funcionamiento; que los funcionarios estén mal pagados, con horarios de trabajo que muchas veces exceden de lo que corresponde legalmente.
Por lo tanto, yo planteo que de una vez por todas se discuta la existencia de un Estado -por eso digo que es un tema de fondo- con las condiciones que la sociedad chilena requiere para atender sus necesidades.
No hay otro lugar donde los ciudadanos de clase media o los más pobres vayan a buscar defensa y protección que no sea el municipio, pudiendo también concurrir a los gobiernos regionales o a la Administración central.
En consecuencia, debemos lograr desarrollar una política que posibilite fortalecer al Estado, para que se haga cargo de los problemas y proteja al ciudadano. Esa función será posible, sin duda alguna, si los funcionarios públicos reciben la suficiente capacitación y conocimiento; si gozan de buenas remuneraciones; si laboran en horarios decentes y si disponen de instrumentos, capacidad y tecnología.
Todo ello permitirá la formación de un muy buen Estado, que es lo que espera la ciudadanía.
Por eso, votaré a favor de la idea de legislar. Pero hago el punto en el sentido de que la situación no se resolverá en el Senado, si se aborda políticamente. Pero el Ejecutivo podrá solucionarla con las facultades de que dispone, cuando llegue a la convicción de que nuestra institucionalidad, a la cual accede la ciudadanía para resolver sus problemas, no tiene las condiciones suficientes de infraestructura y de remuneraciones para realizar los trabajos pertinentes de buena manera. De lo contrario, nunca podremos tener lo que la ciudadanía espera: un Estado fuerte y responsable hacia sus ciudadanos.
Los funcionarios públicos y municipales hacen un tremendo esfuerzo, que es valorado y reconocido por la gente. Pero es nuestra obligación introducir un cambio profundo y hacernos responsables del Estado que hemos construido, el cual hay que modificar desde la raíz.
Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, por muchos años los funcionarios municipales han venido planteándonos la aspiración legítima de equipararse al sector público. No hay razón alguna para que ello no ocurra. Por lo demás, se trata de un justo anhelo y un beneficio que se merecen.
Pero, además de eso -lo digo con total claridad-, resulta indispensable que el Estado se modernice, porque el país ha crecido, le ha ido bien, y porque en Regiones, como la de Atacama, la gente del sector público se compara con la del privado, al cual le mejoran sus remuneraciones, pero a aquella no le llega nada.	Esto no solo perjudica a los funcionarios públicos, sino también al empresario o a un emprendedor que desea iniciar alguna gestión o trámite en la Administración Pública o a nivel municipal -que es indispensable-, porque se encuentra con personas poco incentivadas producto de sus malas remuneraciones, que terminan demorando el proceso. En definitiva, en la práctica, la gestión se va debilitando, porque las municipalidades administran patrimonios y actividades económicas diez veces superiores a las de hace quince años; sin embargo, sus funcionarios continúan ganando lo mismo.
Por eso, quiero felicitar a Óscar Yáñez Pol, Presidente de la ASEMUCH, y a Alejando Halles, Presidente de la Federación Regional de Atacama de la ASEMUCH,...
... porque han planteado con insistencia y en forma seria, durante varios años, estas materias.
Es cierto lo que algunos señores Senadores han manifestado aquí en cuanto a que los bonos propuestos no son imponibles y de que muchos elementos son factibles de mejorar. Pero debo señalar con claridad que por largo tiempo pedimos a los Gobiernos de la Concertación el envío de este proyecto, sin tener respuesta.
Por lo tanto, aplicando el dicho de que lo mejor es enemigo de lo bueno, ahora nos encontramos frente a un proyecto de ley que equipara la condición de los trabajadores municipales a la de los públicos.
Sin embargo, es indispensable entender que las remuneraciones son básicas para lograr la modernización y agilidad del Estado, incluido el sector municipal, como una forma de hacerlo atractivo a nuevos profesionales, al contrario de lo que ocurre hoy día en aquellas regiones donde las condiciones económicas han mejorado, en las que se produce la partida al sector privado de los mejores funcionarios, por estar menos "camiseteados".
Por lo anteriormente expuesto, votaré a favor de la iniciativa.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, por cierto, quiero saludar a los dirigentes que nos acompañan y felicitarlos también por la persistencia que han mostrado, aunque esa es su labor.
Entiendo, en primer término, que hay problemas económicos en muchos municipios. Pero la verdad es que yo no pondría el foco, por así decirlo, en dicho aspecto, que deberán resolver los alcaldes con el Gobierno, sino en que finalmente se les hace justicia a los trabajadores.
Además, creo que la iniciativa constituye una señal tímida de descentralización, porque cuando en la Comisión vimos las brechas existentes entre los funcionarios de la Administración centralizada del Estado y los de las municipalidades -estas conforman el poder local, que es la primera instancia con la que el ciudadano se relaciona, por su vida cotidiana, por sus problemas habituales en el día a día-, nos dimos cuenta de que aquellas son una expresión más del centralismo que queremos resolver. Y para ello la Comisión de Gobierno tiene en estudio un proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización del país.
Por eso, pienso que estamos avanzando tímidamente en la descentralización, a través de la presente iniciativa, al igualar en forma progresiva los sueldos base de los funcionarios del poder local, de los municipios, con los de los trabajadores de la Administración Pública centralizada. Y estamos haciendo justicia.
Por lo demás, cuando uno observa las cifras, se percata de que ninguna es demasiado gigantesca. Sin embargo, los sueldos de los grados más bajos se incrementan un poco más. De modo que en esto hay también un principio de equidad, de proporcionalidad, al subir en una cantidad mayor los sueldos base de los funcionarios ubicados en grados inferiores, que ganan menos.
Asimismo, es cierto esto de la transferencia a que se refirió el Ministro Larroulet. Están los 90 mil millones de pesos, más los otros 20 mil millones que se anunciaban.
En régimen, el costo del proyecto ascenderá a 24 mil millones de pesos. Por lo tanto, es completamente financiable.
Entonces, el tema, como lo dijo en forma muy clara el Senador Gómez, no radica solo en aumentar en una luca más o una luca menos las remuneraciones de los funcionarios municipales y en homologarlas con las de los trabajadores de la Administración centralizada, sino también en cómo mejorar la infraestructura, el recurso humano, la capacidad de gestión de los municipios, para que sirvan de manera más eficiente a la comunidad en la cual están insertos.
Señor Presidente, yo estoy muy contento de poder votar a favor este proyecto. Y ojalá que lo podamos despachar pronto, como esperan tantos funcionarios municipales de Arica a Magallanes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se encuentra inscrita a continuación la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, por cierto, quiero saludar a los funcionarios y dirigentes que nos acompañan, que han luchado desde hace tanto tiempo por esta reivindicación legítima, y decirles que los Senadores socialistas vamos a apoyar esta posibilidad de homologación, pues nos parece justa y necesaria.
Pero no puedo dejar de referirme a algo que aquí se ha señalado: que antes esto no se había hecho. Ello no corresponde a la verdad.
El 2007 sí se efectuó un avance. Por lo tanto, es necesario que en esta Sala digamos las cosas como son. Ese año se dio un paso muy importante. Y ahora estamos dando el otro paso que se requería. Reconozcámoslo, como debe ser.
He querido intervenir, no solo para reafirmar mi voto positivo al proyecto, sino también -repito- para que las cosas se digan como son: el año 2007 hubo un importante incremento en las remuneraciones del personal de las municipalidades para reducir el diferencial existente respecto de los empleados públicos. Y hoy estamos dando el paso definitivo.
Espero que con esta iniciativa se compense de una vez la diferencia que pueda haber con la Escala Única. Y que nos comprometamos, como Parlamento -y ojalá también lo entienda el Ejecutivo, por intermedio de su representante, que se halla presente-, a que futuros proyectos no puedan seguir significando más y más desfinanciamiento para los municipios, porque eso atenta contra la calidad de la atención y del servicio que brindan a la comunidad.
El señor ESCALONA (Presidente).- El último inscrito es el Senador señor Quintana.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo), y se fija plazo para formular indicaciones hasta el lunes 6 de agosto, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Frei (don Eduardo) y Lagos.
Boletín N° 6244-07
El señor ESCALONA (Presidente).- De acuerdo con lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse a continuación en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665 en las materias que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6244-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 7 de julio de 2009.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 2ª, en 14 de marzo de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 19ª, en 18 de mayo de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 91ª, en 18 de enero de 2012.
Hacienda: sesión 91ª, en 18 de enero de 2012.
Mixta: sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Sesiones 26ª, en 15 de junio de 2011 (se aprueba en general); 93ª, en 31 de enero de 2012 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados de algunas de las enmiendas introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias, efectúa una proposición que comprende las normas de los incisos primero, segundo, tercero, quinto (sexto del Senado) y octavo (del Senado) del artículo 101 que se incorpora al Código Orgánico de Tribunales en el artículo 1° del proyecto, y del párrafo primero del número 4 ter) que se agrega al artículo 1° transitorio de la ley N° 19.665, contenido en la letra c) del artículo 2°.
La Comisión deja constancia de que algunas de las enmiendas propuestas no tienen origen en discrepancias surgidas entre las dos Cámaras sino que dicen relación directa con las ideas matrices contenidas en el mensaje que dio origen a la iniciativa, pero posibilitaron alcanzar un acuerdo para la aprobación de esta.
Dicha proposición se acogió por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Senadores señores Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker y Diputados señores Ceroni, Eluchans y Saffirio, salvo en lo relativo al inciso primero del artículo 101, aprobado por la unanimidad consignada, más los votos de los Senadores señora Alvear y señor Carlos Larraín, respecto del cual la inclusión de la palabra "preferentemente" se acordó con la oposición de los Diputados señores Ceroni y Saffirio.
Cabe hacer presente que las disposiciones contenidas en la propuesta indicada tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de 22 votos favorables.
Finalmente, corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en su poder figuran, en la cuarta columna, la propuesta de la referida Comisión, y en la quinta, el texto como quedaría si ella fuera acogida.
Tiene la palabra al Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero informar acerca del trámite que cumplió en la Comisión Mixta -que me tocó presidir- este proyecto, tratado por el Senado en el segundo trámite constitucional, que es de gran interés y de mucha antigüedad. Tiene seis años de tramitación y, curiosamente, a pesar de su importancia, no se había logrado despachar.
El propósito fundamental de la iniciativa es facultar a la Corte Suprema para destinar, transitoriamente, a jueces integrantes de distintos tribunales (de garantía, de juicio oral en lo penal, de familia, laborales, de cobranza laboral y previsional, y de algunos juzgados con competencia común) a desempeñar sus funciones en otro tribunal, y, al mismo tiempo, con relación a los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, diferir, de conformidad con un calendario específico que se establece, el nombramiento de determinado número de jueces de tribunales de garantía y de tribunales de juicio oral en lo penal en dichos territorios.
Para lograr el primero de los propósitos, se busca autorizar a la Corte Suprema de manera tal que pueda cumplir su mandato de administrar y gestar debidamente el funcionamiento de los tribunales, pero bajo ciertas condiciones.
Lo que se pretende es que la Corte Suprema redestine en forma transitoria a uno o a más integrantes de los tribunales mencionados a desempeñar sus funciones en otros, pero, preferentemente, que sean de su misma especialidad, por un plazo máximo de seis meses y siempre que se cumplan las siguientes condiciones copulativas:
1) Que haya, efectivamente, notorios desequilibrios entre las dotaciones de jueces y las cargas de trabajo.
2) Que se trate de territorios jurisdiccionales contiguos. Es decir, que estén dentro de un mismo sector, para no tener que trasladar transitoriamente a un juez lejos de su jurisdicción o de donde vive su familia. Estamos hablando de un traslado que, como acabo de señalar, no durará más de seis meses.
3) Que no implique menoscabo de las condiciones funcionarias, remuneracionales, personales o familiares del juez involucrado.
4) En especial, que no se utilice en forma reiterada este mecanismo respecto de un juez y que no se trate de una encubierta medida disciplinaria. Hemos visto que muchos jueces son enviados, como castigo, a regiones, lo cual, obviamente, es una ofensa dentro de un recto concepto de regionalismo. Vivir en ellas no significa un castigo. Y, en todo caso, los traslados de jueces no deben ser utilizados como mecanismo para sancionar a un magistrado, tal como quedó expresamente establecido.
En la Comisión Mixta aprobamos, prácticamente, el grueso de las propuestas que antes había acordado el Senado.
Y algunas de las nuevas modificaciones fueron incorporadas a expresa sugerencia del Presidente de la Corte Suprema, a quien invitamos a participar en la discusión con bastante frecuencia, con el propósito de tener debidamente clara la posición de los tribunales. Por cierto, también escuchamos en su momento a los funcionarios judiciales, para poder conocer también sus puntos de vista y sus inquietudes respecto de una cuestión que los afecta directamente, como son los traslados.
En particular, uno de los elementos que incorporamos fue la sugerencia del titular del Máximo Tribunal, Rubén Ballesteros, en el sentido de no modificar el sistema de remuneraciones, de calificaciones o el régimen estatutario de los jueces, así como el hecho de que los traslados no importen deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. También a instancias del Presidente de nuestro más alto tribunal de justicia se estableció que el magistrado que estime que su destinación le significa un menoscabo en las mencionadas condiciones podrá solicitar, con fundamento, la revocación de la medida a la propia Corte Suprema.
Pensamos que, de esta manera, se garantiza el cumplimiento de los objetivos de los tribunales y la necesaria flexibilidad en el ejercicio de la facultad que se le entrega a la Corte Suprema y, al mismo tiempo, se resguardan los derechos de los magistrados trasladados.
El proyecto actualiza el calendario de nombramiento para las Cortes de Apelaciones de San Miguel y de Santiago, con el propósito de que las vacantes de 131 jueces de garantía y miembros del tribunal de juicio oral en lo penal en dichos territorios jurisdiccionales se llenen de la siguiente forma: 24 este año; 30, el próximo; 30, el 2014, y 47, el 2015,
Finalmente, una última consideración.
En un minuto dado, en la Comisión Mixta tuvimos alguna inquietud respecto al financiamiento de estas medidas, que se suponía iban a ser cubiertas con el presupuesto judicial. Sin embargo, la Corte Suprema nos informó que no contaba con los recursos necesarios. Por eso, suspendimos la tramitación hasta que se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, representado por el Ministerio de Justicia, y la Corte Suprema, con lo cual no se requerirán aportes adicionales para este año, y los que falten para el próximo serán implementados en la correspondiente Ley de Presupuestos.
Luego de lograrse acuerdo en cuanto al financiamiento del proyecto, la Comisión Mixta que resolvió las distintas diferencias que había entre ambas Cámaras llegó a pleno entendimiento, por lo que propone al Senado que apruebe, tal como lo hizo la Cámara de Diputados en la mañana de hoy, el texto legal contenido en su informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrita a continuación la Senadora señora Rincón, quien no se encuentra presente en este momento.
Ha pedido la palabra el señor Ministro, pero, antes de cedérsela, se procederá a tocar los timbres, dado el alto número de parlamentarios que se halla fuera de la Sala.
El señor LARRAÍN.- Pida el acuerdo para abrir la votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en ese sentido?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sí, claro.
Se abrirá una vez que hable el señor Ministro, a quien le cedo el uso de la palabra.
El señor RIBERA (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, este proyecto proviene de la denominada Agenda Judicial que surgió en 2007, por acuerdo entre el entonces Presidente de la República, don Ricardo Lagos, y la Corte Suprema.
Quiero destacar este hecho, porque es muy significativo que iniciativas legales originadas en acuerdos alcanzados por Gobiernos anteriores se sigan tramitando y lleguen a un punto de aprobación. Eso demuestra que, más allá de las permanentes críticas que se hacen, se observa cierta continuidad histórica que estimo importante resaltar. Reitero que estamos ante un proyecto iniciado el 2007, cuya tramitación, tras un largo período, está llegando a su fin, sin perjuicio de que aún falta ser enviado al Tribunal Constitucional para su control previo y obligatorio de constitucionalidad.
Como señaló el Senador informante, el proyecto presenta dos ámbitos de tratamiento distintos. En uno regula el tiempo de destino de determinada cantidad de jueces que quedaron disponibles con la reforma procesal penal. Lo que se hace, en definitiva, es diferir el plazo de provisión de esos cargos y la realización de los nombramientos correspondientes, a fin de que estos se efectúen en forma gradual, hasta completarlos el 2015.
Por tanto, tenemos una cierta reserva de jueces que se calculó que podían estar en Santiago y cuyos cargos no fueron implementados, pero que podrían utilizarse en materia procesal penal, como lo establece la ley, y, quizás con una discusión legal más profunda, incluso ser considerados para otras circunstancias.
El segundo elemento que aborda el proyecto tiene que ver con un tema de eficiencia y eficacia en el uso de los jueces. Se trata de personas que, primero, tienen estudios de Leyes; que han ido a la Academia Judicial; que hacen carrera, y que se transforman en profesionales especializados. Sin embargo, se producen desequilibrios en la demanda de magistrados, porque a veces se registran cambios repentinos en las estructuras demográficas de las zonas. Algunas experimentan una gran explosión poblacional, mientras en otras la carga demográfica disminuye; o bien, mientras el nivel de conflictividad aumenta en ciertos sectores, en otros él baja considerablemente. Todo esto conlleva mayores o menores requerimientos de servicios judiciales.
Por lo tanto, al haber desequilibrios en la carga de trabajo de los tribunales, en el largo plazo se genera la necesidad de revisar si los que hoy existen están bien instalados y son suficientes, pero, en el corto plazo, se necesita una reacción más rápida de las respectivas Cortes de Apelaciones -y Suprema, en su caso- para suplir la carencia de jueces, ya sea por razones coyunturales, por mayor conflictividad, por encontrarse algunos enfermos o porque un número de juezas se halla gozando del pre o posnatal.
Ahora bien, el proyecto, que se inició en la Honorable Cámara de Diputados, ha tenido una larga tramitación, llegando, finalmente, a la instancia de Comisión Mixta, donde se asumieron, en términos muy amplios, diría yo, las propuestas efectuadas por el Senado.
La Cámara había aprobado un texto que no consideraba normas limitativas en cuanto al ejercicio de la atribución por parte de las Cortes de Apelaciones y Suprema. El Senado, en cambio, las incorporó, llamando la atención de los miembros de la otra rama legislativa, que pidieron ampliarlas aún más.
En definitiva, es posible afirmar que el informe de la Comisión Mixta recoge en gran parte las observaciones formuladas en su oportunidad por la Cámara Alta.
En seguida, deseo dejar constancia, en la historia fidedigna de la ley, acerca de las principales ideas del proyecto.
En primer lugar, tanto en la Cámara de Diputados como en esta Corporación existió la certeza de que la atribución de trasladar jueces no debería ser utilizada, bajo ningún respecto, como un instrumento de presión o de castigo. El Senador Prokurica comentó que no veía por qué las Regiones tenían que recibir a los jueces que exhiben mal comportamiento.
Por tanto, se planteó que la facultad de destinación de jueces debía ser excepcional, fundada y en ningún caso usada como instrumento disciplinario por parte de las Cortes de Apelaciones o Suprema. Por eso, el proyecto establece condiciones más objetivas y verificables. En definitiva, no se trata de enviar a un juez a servir a otro tribunal por mera disposición de la Corte de Apelaciones respectiva o de la Corte Suprema, sino que se requieren antecedentes cabales que confirmen la necesidad de dicha medida, dada la sencilla razón de que es imprescindible contar con mayor número de jueces en el lugar correspondiente.
Otro punto que se discutió dice relación con que la destinación de los magistrados tendrá un plazo máximo de seis meses. Nuevamente se pensó en la excepcionalidad de esta norma, por cuanto no está hecha para solucionar problemas estructurales en forma permanente, sino, más bien, para suplir desequilibrios coyunturales provenientes principalmente de enfermedades u otras circunstancias que afecten a los jueces.
En tercer lugar, el Honorable Senado introdujo en su oportunidad diversas normas con el objeto de resguardar la situación laboral, familiar y personal de los magistrados destinados a otro tribunal y el informe de la Comisión Mixta, junto con recoger estas observaciones, agregó otras salvaguardias.
En el articulado propuesto en el informe se exige el consentimiento del juez si la destinación es lejana a la de su tribunal de origen, se establece un procedimiento para solicitar a la Corte Suprema la revocación de la destinación y se prohíbe expresamente emplear esta facultad como mecanismo de sanción o menoscabo, o utilizarla reiteradamente respecto de un mismo juzgador.
Si bien el proyecto contempla una norma que señala que el ejercicio de esta facultad no podrá importar deterioro en la condición funcionaria, personal o familiar del juez, esta disposición debe ser entendida como un detrimento que va más allá de lo que, indudablemente, conlleva el traslado para cumplir funciones a un lugar distinto.
En resumen, el deterioro debe ser de nivel tal que efectivamente cause un perjuicio desmedido o impropio a la función que se solicita al juez, porque entendemos que la nueva destinación donde la persona se radique siempre puede significar un cierto menoscabo en su situación personal o familiar.
Por último, agradezco a la Comisión Mixta, especialmente a los señores Senadores que participaron en ella, y también a esta Corporación, por la disposición de poner esta iniciativa en la tabla de la sesión de hoy para su discusión y votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Recuerdo a la Sala que estamos ante un proyecto de quórum especial, el cual, conforme a la presencia de Senadores en la Sala, aún no se alcanza.
A continuación, está inscrita la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- No intervendré, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a los Comités que hagan presente a sus parlamentarios que aún no se alcanza el quórum constitucional requerido para la aprobación del informe.
El señor WALKER (don Patricio).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, este es un proyecto bien importante que hace mucho tiempo debimos aprobarlo.
La iniciativa establece que cuando existan desequilibrios entre las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo en tribunales de una misma jurisdicción, la Corte Suprema, a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de factibilidad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en que consten datos objetivos para su procedencia y siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial, se podrá disponer el traslado de los jueces en los tribunales de garantía, tribunales de juicio oral en lo penal, tribunales de familia, tribunales laborales, tribunales de cobranza laboral y previsional y en juzgados con competencia común.
Básicamente, los cambios que introdujo la Comisión Mixta dicen relación con que el texto original establecía el traslado por el plazo de un año, mientras que ahora quedó en seis meses.
Asimismo, se requerirá el acuerdo expreso del juez cuando sea destinado a un tribunal de territorio jurisdiccional no contiguo y, naturalmente, la Corte Suprema lo designará dando preferencia a aquellos que manifiesten su interés en ser destinados transitoriamente.
Asimismo, me parece muy relevante destacar que, para no perjudicar a los magistrados que sean objeto de esta medida, el ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneraciones, de calificación o el régimen estatutario de los jueces destinados ni tampoco podrá importar deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. Sin embargo, en caso de que el juez sea destinado a un tribunal que por su ubicación le corresponda una mayor remuneración, será aplicable, mientras dure su destinación, la escala de remuneraciones correspondiente a dicho tribunal.
Por otra parte -y esto es muy importante-, se consagra que el juez que estime que su destinación le significa un menoscabo en aquellas condiciones, podrá solicitar fundadamente la revocación de la medida a la Corte Suprema, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Se establece que, en ningún caso, la facultad dispuesta en este articulado podrá ser empleada como mecanismo de sanción o menoscabo en contra de los jueces destinados ni tampoco utilizarse reiteradamente respecto de un mismo juez.
Lo anterior es muy relevante porque se trasladaba a jueces a algunas ciudades del norte del país -hemos conocido reclamos en Vallenar, Arica y otras- como una medida de sanción y sus habitantes tenían que acatar o tolerar el hecho de que magistrados mal evaluados fueran enviados a esas comunas como una forma de castigarlos, naturalmente con el subsiguiente perjuicio que ello ocasionaba a la gente de esas Regiones.
En consecuencia, este es un buen proyecto de ley.
Por otro lado, teníamos preocupación por el financiamiento de esta iniciativa. Hablamos sobre el particular con el Presidente de la Corte Suprema, con los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con la Dirección de Presupuestos y, naturalmente, al quedar salvadas tales aprensiones y preocupaciones, procedimos a aprobar por unanimidad el informe en cuestión.
Debo recalcar también que trabajamos en la Comisión Mixta con el Ministro de Justicia, con la Subsecretaria del ramo, con la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial y tomamos todos los resguardos necesarios para aprobar esta iniciativa legal con tranquilidad, sin que ella signifique -insisto- un menoscabo o detrimento a los jueces que sean objeto de traslados.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (26 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° 7988-11
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en la forma que indica, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7988-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Salud: sesión 35ª, en 17 de julio de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es confirmar el reconocimiento del lenguaje de señas como el medio de comunicación natural que utiliza la comunidad sorda de nuestro país, consagrado en el artículo 26 de la ley Nº 20.422.
Para ello, se deroga la obligación contemplada en el inciso sexto del artículo primero transitorio de dicho cuerpo legal, el cual establece un plazo de tres años para definir un lenguaje de señas chileno y que vence el 10 de febrero de 2013.
La Comisión de Salud discutió el proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chahuán, Girardi y Uriarte), en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El texto que se propone a la Sala se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señoras y señores Senadores, solicito el asentimiento unánime de la Sala para que ingrese un joven voluntario, que es profesor del lenguaje de señas, con el objeto de que pueda traducir a su comunidad el debate de este proyecto de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general la iniciativa.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la verdad es que el proyecto en sí es muy simple: su objetivo es derogar el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, que establece un plazo de tres años para normar lo que sería el lenguaje de señas, en circunstancias de que todos reconocemos que ese es el lenguaje universal que permite efectivamente la comunicación a la comunidad de personas con déficit auditivo o sordas.
Sin embargo, junto con señalar que estamos por entero de acuerdo con lo anterior y reiterar que la iniciativa es muy sencilla, no quisiera dejar escapar la oportunidad para referirme a ciertos aspectos.
Ante todo, debo manifestar que tengo el orgullo de haber sido una de las que, desde el inicio, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Especial de la Discapacidad que creamos, trabajaron por muchos años en esta materia. Y durante ese tiempo logramos, entre otras cosas, que la televisión abierta transmitiera, en cierto horario repartido, las noticias a través del lenguaje de señas, porque teníamos claro que había esa falta de igualdad de oportunidades. Se argumentó, aparte de otros aspectos, que las personas con déficit auditivo, o simplemente con sordera, no eran capaces de seguir las noticias dadas a conocer por la televisión puesto que no estaba incorporado dicho lenguaje.
También conseguimos que se estableciera un formulario único para las COMPIN, ya que nos dimos cuenta de que podrían ser distintos en cada Región; en algunos casos de una página, y en otros, hasta de ocho, lo cual generaba muchísimos problemas. Y creo que ese fue otro de los logros que alcanzamos en años de funcionamiento de la Comisión Especial de la Discapacidad.
Asimismo, incorporamos lo relativo a los perros guías, que después se introdujo en la nueva normativa que reemplazó a la anterior ley sobre discapacidad.
Al respecto, señor Presidente, quisiera señalar que en nuestro país todavía sigue siendo un cierto eufemismo el que haya igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Todos sabemos que estas, lamentablemente, continúan sufriendo discriminación. Es cosa de ver en nuestra vida urbana cómo no todas las veredas se encuentran preparadas para que ellas puedan deslizarse en sillas de ruedas. Peor aún, podemos observar cómo los edificios públicos no cumplen la normativa de implementar el acceso universal. Es más, a veces presenciamos incluso, lo que es contrario a la ley, el levantamiento de edificios o la restauración de otros antiguos sin que se preserve ese tipo de acceso para las personas con discapacidad.
Hace poco salió en la prensa la queja, legítima, de una persona no vidente a la que simplemente no la dejaron subirse a un transporte público por el hecho de andar con su perro guía.
Es triste, señor Presidente -y por eso lo señalo-, saber que todavía, como sociedad, no hemos asimilado el concepto de la verdadera y real igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. No solo no les garantizamos eso, sino que además las discriminamos, lo cual las hace sentirse doblemente afectadas, pues su vida es más compleja que la del resto de la gente.
Por otro lado, deseo expresar, como testimonio a título personal, que hace muchos años que participo en el directorio de una fundación solidaria que crearon los ciegos de España: la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), que es una entidad única, en solidaridad con los ciegos de América Latina. Y uno de los principales proyectos que ha venido desarrollando por mucho tiempo es tremendamente importante, porque ha permitido, mediante cierta capacitación, la inserción laboral real de esas personas, es decir, con contrato de trabajo y bajo condiciones normales de empleo.
Es preciso reconocer, en consecuencia, lo significativo que ha sido ese programa para diversos países de América Latina, pues ha posibilitado en Chile y en otras naciones de nuestra región la incorporación al mundo laboral de no videntes, de personas ciegas, a través de determinada capacitación.
Y, en ese sentido, espero que el actual Gobierno y las futuras Administraciones, cualesquiera que sean y del signo que fueren, reconozcan que estamos siempre en déficit en cuanto a contar con una verdadera política de Estado sobre el particular, y que muchas veces nos ha costado -¡nos ha costado!- conseguir que el FONADIS tenga más recursos, o que los eleve. Por ejemplo, durante años el mencionado proyecto se llevó a cabo sin cargo alguno para el Gobierno, y hoy día lo único que conseguimos fue la módica suma de 12 millones de pesos. Ello es nada comparado con lo que significan las más de 500 personas que han logrado incorporarse en el último tiempo a través de aquel programa de inserción laboral.
Señor Presidente, deseo terminar señalando que esta -como dije al comienzo- es una iniciativa muy sencilla y que, naturalmente, corresponde aprobarla, porque el lenguaje de señas lo entendemos como el lenguaje natural de comunicación de la comunidad de personas sordas, y punto. No debe tener ningún otro alcance. Es por eso que estamos de acuerdo en derogar la norma.
Sin embargo, quisiera volver a reiterar lo que manifesté en su momento: daríamos un paso como sociedad si fuésemos capaces de acabar con la discriminación que, por desgracia, todavía existe en el mundo de los discapacitados.
Ojalá podamos ir realmente progresando en hacer cumplir la ley. Y no solo esto, sino también en ir ampliando cada vez más las oportunidades.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa se originó en una moción de los Diputados señoras Cristi, Molina, Zalaquett y Kort y señores Accorsi, Carmona, Eluchans y Torres.
La iniciativa contempla un artículo único, y la Comisión de Salud por supuesto que la aprobó en general y en particular por unanimidad.
Su propósito es eliminar una discordancia que existe en la ley N° 20.422, cuerpo legal que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y que reconoce expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad de personas sordas. Pero su artículo primero transitorio dispone que "El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.".
Y, como una forma de solucionar dicha discrepancia, se propone mediante la iniciativa en análisis derogar el mencionado párrafo de aquel precepto.
Durante la discusión del proyecto, el Director Nacional subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad explicó que la norma cuestionada apuntaba a homogeneizar el lenguaje de señas que se emplea en el país, aunque luego aclaró que, a juicio de las propias personas con discapacidad auditiva, solo hay leves diferencias entre los distintos códigos, por lo que no se requeriría de una normativa absoluta.
Del mismo modo, señaló que las comunidades de personas sordas han manifestado su acuerdo con la derogación propuesta en la presente iniciativa.
Por lo tanto, señor Presidente, habiendo sido ella aprobada en forma unánime por la Comisión de Salud, naturalmente que mi voto también es favorable aquí, en esta Sala.
El señor BIANCHI.- Nos sorprendió, señor Presidente. Iba a comenzar mi exposición formulando un reclamo a la Mesa e, incluso, contra nosotros mismos, en el sentido de que el Senado discutiría el proyecto de ley sobre lenguaje de señas sin que hubiese una traducción para las personas sordas respecto de la materia que se está tratando.
¡Así que estoy gratamente sorprendido!
De verdad, felicito al Congreso Nacional por comenzar a dar el ejemplo en la materia y permitir que este tipo de discusiones lleguen a todas las personas, al margen de la capacidad distinta que puedan tener.
El señor ESCALONA (Presidente).- Permítame puntualizar, señor Senador, que debemos agradecer por ello a don Melitón Bustinza, Presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes e Instructores de Lengua de Señas Chilena, quien nos manifestó su disposición a contribuir en tal sentido.
El señor BIANCHI.- Sin duda, señor Presidente. Y, como dije, felicito la medida adoptada, porque la creo absolutamente necesaria.
Ahora, más allá de concurrir a la aprobación de este proyecto de ley, deseo señalar que, a mi juicio, el Estado tendría que incluir el lenguaje de señas en las mallas curriculares de los colegios. Ahí, a través del financiamiento fiscal que se entregue a la educación pública con tal finalidad, debiera enseñarse esa forma de expresión, de manera optativa, a quienes quieran aprenderla o a quienes tengan necesidad de hacerlo. Pienso que esa es la mayor demostración que puede hacer el Estado de que desea integrar de verdad a las personas con capacidades diferentes.
Ahora, señor Presidente, quiero hablar de otros proyectos que he llevado adelante.
Entre ellos se encuentra uno que será necesario debatir pronto en nuestro país: el relativo al teletrabajo.
En el resto del mundo el teletrabajo constituye hoy una posibilidad para que las personas con capacidades distintas, y fundamentalmente las impedidas de desplazarse, trabajen desde su hogar. Y ya hay profesores y profesionales diversos que desempeñan una labor desde su casa.
Desgraciadamente, tenemos una deuda pendiente en esta materia.
Hace algunos años presenté un proyecto de ley en tal línea, pero no ha logrado avances. Y entiendo que el propio Gobierno se había comprometido a incentivar una forma distinta de trabajo, orientada fundamentalmente a aquellos que tienen capacidades diferentes.
Pero una de las situaciones más injustas que viven las personas con discapacidad es la relativa a las pensiones.
Cuando una criatura nace con un grado de discapacidad, recién puede acceder a una pensión por ese concepto al cumplir 18 años, salvo -y está consagrada la excepción- en caso de discapacidad mental, en que la recibe desde el momento de nacer.
¡Pero todas las pensiones son iguales! ¡No hay diferenciación de acuerdo al grado de discapacidad!
Ahí se aprecia una situación brutal, que no debiera existir. Las pensiones tendrían que guardar relación con el grado de discapacidad. Porque los costos son distintos en cada caso. Como es obvio, una discapacidad en que la persona está paralizada por completo, no puede desplazarse o no es autovalente le irroga a su familia un enorme gasto. Y este problema aún no está resuelto.
Otro de los proyectos que hicimos en su momento -lo vimos acá, y después quedó como indicación- tenía por finalidad colocar en los remedios una anotación en braille -estoy hablando de una patología como la diabetes, en la que es muy habitual, desgraciadamente, que la persona pierda la vista- para que los no videntes pudieran conocer el nombre de cada fármaco y su fecha de vencimiento.
En esa línea también avanzamos, señor Presidente.
Sin embargo, falta establecer, por ejemplo, la existencia del bastón amarillo (existe el blanco). Porque mucha gente pierde la vista gradualmente; o sea, no tiene ceguera total, pero ve muy borrosamente. Entonces, con respecto a esas personas se necesita una diferenciación, como la del bastón amarillo, que planteamos en algún momento.
Y, así, podríamos seguir.
Señor Presidente, me alegro de concurrir a la aprobación de esta iniciativa de ley. Pero le exigimos al Estado de Chile no solo que asuma una responsabilidad por vía de ella, sino también que financie, a través de la educación pública, el lenguaje de señas. Eso es absolutamente posible. Y con eso sí estaríamos avanzando como deseamos.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley que nos ocupa, iniciado en moción de diversos Diputados, de distintas bancadas, reconoce plenamente el lenguaje de señas que utiliza la comunidad de personas con discapacidad auditiva en nuestro país; y para ello deroga el plazo de tres años contemplado en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, la que establece normas para la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.
Esta iniciativa posibilitará alcanzar la uniformidad en aquella forma de expresión, que les permite a quienes adolecen de discapacidad auditiva comunicarse adecuadamente.
Como el plazo de tres años que se fijó en dicho cuerpo legal está próximo a vencer y no se ha verificado la unificación del lenguaje de señas, es necesario derogarlo, pues constituye una limitación para tal efecto.
Según expresé durante el debate en la Comisión de Salud, se necesita establecer como obligación de los concesionarios de señales televisivas la incorporación de ese sistema de comunicación, que hasta ahora es voluntaria.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, donde se tramita el importante proyecto sobre televisión digital, instaré para que esa disposición quede materializada adecuadamente, como ha planteado un grupo importante de Senadores.
Felicito a los parlamentarios autores de la moción que originó este proyecto, dado que era menester modificar la ley mencionada.
Por tanto, emitiré entusiastamente mi voto favorable.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, Honorable Senado, en primer lugar, felicito a los autores de esta iniciativa, que efectúa un cambio simple, pequeño, pero indispensable para los discapacitados de la audición.
La ley en proyecto, al posibilitar la uniformidad del lenguaje de señas, establecerá un lenguaje común para la comunicación de aquellas personas.
Se trata, sin duda, de un paso importante.
Hace mucho tiempo, con el entonces Diputado Arturo Longton insistimos -es una legislación vigente- en que los canales de televisión contaran obligatoriamente en sus informativos con un espacio para la traducción en lenguaje de señas a fin de que las personas con dificultades auditivas pudieran conocer las noticias. Sin embargo, eso no ha sido fácil. Las estaciones televisivas se han mostrado más bien reacias a implementar tal medida. Algunas han cooperado; hay que reconocerlo. Pero el tema está pendiente.
Por tanto, quiero hacer un llamado a las autoridades para que, una vez que haya uniformidad en el lenguaje de señas, se les exija a los canales de televisión el cumplimiento irrestricto de la referida obligación.
En segundo lugar, sobre la base de que este proyecto generará una mayor integración de las personas con discapacidad auditiva a la comunidad, quiero hacer un llamado a la Comisión de Salud en términos de que tramite un proyecto de ley -lo presenté hace bastante tiempo- que apunta, corrigiendo una situación que ocurre hoy, a permitirles a los discapacitados conseguir lo que es más importante para ellos: su incorporación a la sociedad por la vía del trabajo y no como carga del Estado, o de su familia, o de la gente que les da limosnas en las calles.
En tal sentido, la mayor barrera que tenemos que derrumbar, curiosamente, se halla en el Estado. Porque el sector privado ha incorporado en áreas donde son competentes -en restoranes, en actividades culturales, en supermercados- a personas con discapacidad; y lo propio han hecho Carabineros y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la Administración Pública se exige salud compatible y se impone un número de requisitos que implica levantar respecto a esa gente una barrera de entrada.
El proyecto que presenté tiene por objeto obligar a que en los llamados a concurso público un porcentaje de las vacantes sea llenado por discapacitados. La idea es generar un espacio de competencia entre ellos a fin de determinar quién tiene las mejores condiciones para desempeñarse en el sector público.
Creo que eso originaría a la vez una mejor comprensión ciudadana. Porque nadie entiende que le hagamos tales exigencias al sector privado y que, sin embargo, el Estado sea el más intolerante con los discapacitados, el que menos los acoge.
Ahora, señor Presidente, no se trata de un invento nuestro. La medida se aplica en los países desarrollados: en los llamados públicos para proveer cargos de la Administración se fijan porcentajes destinados a los discapacitados; es decir, se abren espacios para ellos. Y esto, a mi juicio, también debiera existir en Chile.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, junto con felicitar a los autores de esta moción -entre ellos, a la Diputada Andrea Molina-, quiero decir que esta es una gran oportunidad para el Congreso, en particular para el Senado, al efecto de acercarnos a una realidad marcada por el silencio, la desolación, la incomprensión; por la dificultad para comunicarse, y por una infinidad de experiencias muy duras que uno difícilmente puede entender si no ha pasado por ellas o no las ha conocido muy de cerca.
Por lo mismo, creo que estamos ante una gran iniciativa, que vale la pena respaldar.
Ella es simplísima; tiene una técnica legislativa elemental, pero se hace cargo de un problema que existe en la ley vigente, relacionado con el plazo de tres años fijado para definir "el lenguaje de señas chileno".
Obviamente, la fórmula empleada por dicha legislación no es la más feliz. Establece una pretensión bastante discutible en orden a definir un lenguaje para Chile, en circunstancias de que todos sabemos que los lenguajes, los idiomas, los dialectos y los medios de comunicación son por esencia dinámicos: cambian, van mutando. Por eso, no es conveniente quedarse aferrado a tal fórmula.
Además, la ley en vigor fija un plazo, que vence en febrero del próximo año.
Para sanear los problemas en comento surge este proyecto, de fácil comprensión y tramitación, y que, sobre todo, tiene la gran virtud de ratificar con rango legal el reconocimiento del lenguaje de señas como el medio de comunicación de las personas privadas del don de hablar.
Por todo lo dicho, votaré favorablemente esta iniciativa, que fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Salud.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el pronunciamiento en particular.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador quiere presentar indicaciones?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Delo por aprobado en general y en particular, señor Presidente.
La señora ALLENDE.- Con la misma votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- No podemos proceder así porque se incorporaron Senadores que no participaron en la votación anterior.
--Se aprueba en particular el proyecto (27 votos a favor y un pareo), y su discusión queda terminada en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Agradecemos de nuevo al señor Melitón Bustinza, Presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes e Instructores de Lengua de Señas Chilena, por su contribución durante el estudio del proyecto que el Senado acaba de despachar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
El objetivo principal de la iniciativa es hacer más expedito y cohesionado el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, facultando al directorio de las organizaciones de usuarios para representar a los titulares de derechos de aguas sometidos a su control y a los comuneros, ante el tribunal correspondiente o ante la Dirección General de Aguas, en el procedimiento de perfeccionamiento de los señalados títulos.
La Comisión de Obras Públicas deja constancia en su informe de que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, solo lo discutió en general, con el objeto de efectuar un estudio más completo y acabado durante el debate en particular.
Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García-Huidobro, Horvath, Quintana y Sabag.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión de Obras Públicas y en el boletín comparado que se incorporó en los computadores de Sus Señorías.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, este proyecto, que es relativamente sencillo, faculta a los directorios de las organizaciones de usuarios para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Creo, por ende, que no vamos a tener problemas para aprobarlo.
Sin embargo, me llama la atención que el Ejecutivo no tome la iniciativa para introducir en el Código de Aguas modificaciones que resultan cada vez más indispensables.
Ese cuerpo de leyes, que data de 1981, tiene un enfoque bastante productivista, que ni siquiera garantiza algo esencial: el derecho al consumo humano.
El agua es un bien esencial. Nosotros podríamos hasta, en un momento de crisis, "prescindir" de la energía. Pero, como seres humanos, no lograríamos sobrevivir sin aquel elemento, que es vital.
Quizás por tal obviedad se da por descontada en las discusiones públicas la importancia que dicho recurso reviste para el desarrollo de la existencia de las personas y, por cierto, de un país.
En tal sentido, resulta indispensable tomar conciencia de que enfrentamos de manera frecuente -para qué hablar de lo que ocurre en las Regiones del norte- una escasez hídrica.
Hace algún tiempo la Región de Atacama debió decretar la escasez hídrica. Al final, ello ha permitido sacar agua de un sector para fortalecer otro y "asegurar el consumo humano" en lugares afectados con asiduidad por cortes en el suministro.
Pero quiero ir al fondo del tema. A mí me parece que debiéramos seguir completamente la línea fundamental, tal como lo expresaba el proyecto de reforma constitucional presentado en su momento por la Presidenta Bachelet, que el Gobierno actual desechó, desgraciadamente:
"Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares".
Ello es tremendamente importante, porque se protegerían en cualquiera de sus estados, incluidos, por cierto, los glaciares, ya que últimamente estamos observando que el desarrollo minero en altura los afecta, muchas veces, con la consiguiente gravedad que ello implica.
Por mi parte, presenté una iniciativa de modificación de la Carta precisamente en el sentido expuesto y en la que, además, señalo:
"Corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, asignando sus usos y modalidades según la diversidad geográfica" -es preciso tener en cuenta que una Región como la que represento, Atacama, nunca va a ser lo mismo que la de Aysén, por poner un ejemplo- "y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos, la situación de las cuencas hidrográficas y la seguridad nacional".
Tales derechos, además, no podrían seguir exhibiendo el carácter de perpetuos. El agua dejó de ser un bien nacional de uso público en la medida en que se contemplaron títulos sin plazo desde 1981 en adelante, los que se transformaron en privados. La privatización se tradujo en la concesión de derechos de aprovechamiento para siempre, de por vida, sin mediar un programa ni un objetivo determinados.
Y no se trata solo de eso, sino de que hoy día incluso existe un mercado especulativo en el que se ha llegado a valores siderales. Por ejemplo, en la Región de Atacama se puede comprar un litro por segundo en 100 mil dólares. Porque, evidentemente, se plantea una necesidad en las empresas mineras.
Entonces, es indispensable considerar el no otorgamiento de futuros derechos de aprovechamiento de agua si no van acompañados de un plan y un objetivo específicos y de un plazo determinado. No puede ser que se sigan concediendo a perpetuidad y que la gente pueda venderlos tranquilamente o heredarlos, y que se entreguen, además, gratuitamente.
También estimo importante en la reforma constitucional que he presentado la norma relativa a que "Corresponderá al legislador reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar siempre la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano". Es decir, se pone nuevamente el énfasis en lo que he expuesto: lo primero que debiéramos hacer es garantizar dicho propósito.
A raíz del Código de Aguas, no solo se plantea hoy la especulación mencionada, sino que ni siquiera es posible hacer referencia a un verdadero mercado, porque la información no es transparente. No hay un registro claro de usuarios. En cuanto a la Región que represento, se señala que la agricultura es la principal consumidora, después la minería y muy abajo, desde luego, el consumo humano. Pero la verdad es que, en el primer caso, se sabe que se han otorgado derechos, mas no se dice cuántos se están ocupando realmente y cuántos no.
Por cierto, sabemos de la presión que están ejerciendo las mineras sobre el recurso hídrico, de lo cual deriva la necesidad, obviamente, de instalar plantas desalinizadoras. Como le acabo de decir al Ministro señor Golborne en la Sala, tampoco podemos caer en la irracionalidad de contar con seis u ocho de estas últimas, según cada uno de los proyectos mineros que se presenten, porque la presión sobre la energía no las haría sostenibles.
Entonces, es preciso abordar de una vez por todas una cierta cantidad de aspectos. Pienso que no hemos tomado conciencia, como nación, de la gravedad de que el elemento escasee cada día más, de lo que ello importa para la vida humana y el desarrollo potencial de un país, de lo que implica la falta de transparencia, de lo que significa la ausencia de un Estado que debiera regular y al menos coordinar.
Al respecto, podemos nombrar unas diez o doce instituciones que mantienen hoy día, sectorialmente, una relación con el recurso, entre ellas la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, en el Ministerio de Obras Públicas; el SAG, por un lado, y la CONAF, por el otro; el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera. Es decir, se observa una total desarticulación, sin que exista un organismo al menos coordinador, regulador, de todas las entidades.
Ello es algo que no se ve en otros países. ¿Qué nos muestran claramente modelos como los europeos o el australiano? Que tiene que existir un organismo con la jerarquía suficiente para coordinar todas las instancias relacionadas con el agua, además de verificarse un manejo integrado de las cuencas. Ese es el nivel en el cual debe trabajarse con la participación de todos los actores.
Afortunadamente, tuvimos la posibilidad de realizar el viernes, en Copiapó, un seminario de mucha calidad en las presentaciones y ponencias, al que llevamos, por ejemplo, a Michael Hantke, quizás uno de los mejores expertos del país en agua, y puedo garantizar, por la concurrencia, que existe inquietud, interés, en la materia, pero temo que, como nación, todavía no hemos adquirido la conciencia suficiente de su importancia.
Por eso, sin perjuicio de consignar que el proyecto es sencillo, me gustaría estar discutiendo más bien el asunto de fondo: cuánto más vamos a seguir sin llevar a cabo una auténtica reforma o las modificaciones necesarias en el Código de Aguas y sin enfrentar el problema de una vez por todas, que al menos en la Región que represento y en todo el macronorte se vuelve cada vez más agudo, evidentemente.
Para qué hablar del cambio climático, que no hace más que intensificar la mala gestión existente, como dije, causada por la dispersión y atomización de la institucionalidad; por la debilidad de los usuarios, que no se hallan suficientemente organizados, lo que hace falta a lo largo del país; por la desconexión entre aguas subterráneas y superficiales, y por la ausencia de un Estado regulador, coordinador y con una política pública clara.
Señor Presidente, creo que la iniciativa en examen, de por sí sencilla, tiene que darnos el espacio para discutir con seriedad, lo que no hemos hecho todavía como país y tampoco como Senado. Llegó la hora de tratar de verdad qué está pasando con el agua.
Y todavía estoy esperando que la Comisión de Constitución nos convoque. Porque señalé en la Sala exactamente lo que ha pasado. En la medida en que se cambió la intervención de la Comisión de Medio Ambiente por la de las Comisiones de Constitución y Medio Ambiente, unidas, jamás nos han citado. Ya ha pasado más de un mes. Y es lo que temía. Es decir, se posterga un debate cada día más importante, imprescindible.
En consecuencia, me gustaría que esta fuera la oportunidad de darle realmente una señal al país y de significar que, como Senadores, sí nos importa la cuestión del agua. Para qué decir si representamos la zona del norte, donde todos advertimos la situación aguda que se está viviendo, ya que ni siquiera podemos afirmar que está garantizado cien por ciento el consumo humano.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, le solicito a la Mesa recabar la autorización para que la Comisión de Educación pueda sesionar en paralelo con la Sala. Se encuentra invitado al señor Ministro de Economía para analizar lo relativo a los deudores CORFO, a partir de las 19.
El señor COLOMA.- Lo mismo pido para la Comisión de Agricultura, señor Presidente, que tiene que tratar el proyecto regulador de las transacciones comerciales de productos agropecuarios.
Se podría abrir la votación de la iniciativa en debate.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si no hay objeciones, se abrirá la votación y se autorizará el funcionamiento simultáneo de las Comisiones mencionadas con la Sala.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quisiera justificar la ausencia del señor Ministro de Obras Públicas, quien asistió a la sesión hasta hace poco rato. Entiendo que tuvo que cumplir con un compromiso en Santiago. Deseo precisar que ha estado presente durante toda la discusión del proyecto, junto al Director de Aguas y su equipo legislativo. Por cierto, nos hubiera gustado sostener el debate con su participación, pero vendrán otros proyectos donde seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo.
Dicho lo anterior, parto por expresar que constituye una información pública que el señor Ministro estuvo sobrevolando algunos días atrás, con el señor Director de Aguas, algunas zonas de la cordillera de los Andes. En particular, pudo observar la situación de nuestros glaciares y constatar la disminución del volumen de hielo en todas estas reservas de agua dulce. Entonces, considero que el planteamiento de mi Honorable colega Allende va en la línea de lo que debiéramos estar tratando acá.
Estos proyectos que parecen menores no son nada de inocentes, en verdad. El que nos ocupa busca facultar, como bien se ha señalado, a los directorios de comunidades de agua o de juntas de vigilancia para representar a interesados o asociados en los distintos procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de agua.
Lo que puede parecer un sencillo mejoramiento de una política pública tendiente a favorecer a los agricultores refuerza, en la práctica, el derecho de propiedad sobre el recurso. Como todos sabemos, las tres facultades esenciales del dominio son el uso, el goce y la disposición. Y precisamente desde 1981, como se ha manifestado, las aguas se vienen entregando, se vienen inscribiendo, se vienen haciendo objeto de especulación. La venta de litros por segundo ha ido aumentando gradualmente de precio. Hoy día existe prácticamente una propiedad sobre el elemento. Es decir, algo que la Constitución no consagra sí lo está estableciendo la ley.
Ello dice relación, en general, con distintos bienes de dominio público. En el caso anterior, tenemos el Código de Aguas; en el de la pesca, la ley respectiva -dicho sea de paso, la iniciativa que la modifica llegará al Senado en pocos días-; en el de la minería, el Código del ramo. ¿Cuál es el común denominador en todos ellos? Que su defensa, en la práctica, no está consagrada en la Carta Fundamental.
Por eso también llama la atención que estemos discutiendo proyectos que perfeccionan procedimientos de títulos en circunstancias de que las aguas son del dominio público de la nación. Las estamos entregando hoy día a costo cero y, cuando queramos utilizarlas, el país va a tener que pagar por ellas precisamente debido a lo constatado por el señor Ministro en su sobrevuelo: nos estamos quedando sin reservas. Como decía la Senadora señora Allende, no nos hallamos en condiciones de garantizar el suministro para el consumo humano en muchos sectores del sur y del norte, ni tenemos la posibilidad de hacerlo para proyectos de riego. Entonces, la situación puede favorecer el que muchos de los titulares de derechos de propiedad adquiridos a costo cero sigan aumentando sus inversiones.
Pero no nos estamos refiriendo a la cuestión de fondo: la reforma constitucional presentada por la Presidenta Bachelet, retirada por el Gobierno actual apenas asumió. Me parece que ese es el debate al que debiéramos abocarnos.
La iniciativa en análisis no es la única presentada por el Ejecutivo en materia de aguas. En la Comisión de Obras Públicas se está discutiendo una nueva, que busca sancionar a quienes realizan una extracción ilegal. Es algo que constituye un delito, por cierto. Aproximadamente, se registran 140 casos anuales, según la estadística entregada. Gran parte de ellos ocurren en la gran minería del norte. Lo anterior, asumido y reconocido por el propio Gobierno. Por lo tanto, si eso es así y son las grandes mineras las que están extrayendo aguas subterráneas o superficiales que necesitan para sus operaciones, cabe plantear en el debate por qué no incorporamos tales acciones en la responsabilidad penal de las empresas, como tiene que ser.
Espero que, con motivo del plazo para presentarle indicaciones a ese proyecto, pueda quedar contemplada una norma al respecto, tal como se intentó hacer durante la discusión en la Cámara.
Entonces, la iniciativa en examen, que cuenta con la aprobación unánime de la Comisión, a la que asistieron algunas juntas de vigilancia de comunidades de agua que dieron su opinión favorable, representa un cambio bastante menor que reafirma lo preceptuado en el artículo 19, número 24º, de la Constitución -se halla en un lugar bastante especial y el Gobierno le ha dado mucha relevancia-: el derecho de propiedad. En la actualidad -insisto- todavía se pueden seguir inscribiendo derechos de agua, a costa de perjudicar a muchos chilenos que quisieran beneficiarse de ella para consumirla o para utilizarla en obras de riego.
En definitiva, voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente. Pero anhelo de parte del Ministro señor Golborne y de los demás Secretarios de Estado presidenciables -también está presente en la Sala el señor Longueira- un pronunciamiento sobre los problemas de fondo. O sea, si vamos a ocuparnos en las aguas, que ello no sea para referirnos a un pequeño capítulo, a una cuestión sancionatoria o de perfeccionamiento de títulos de dominio.
Considero deseable una definición de los presidenciables respecto de la reforma constitucional. ¿Qué vamos a hacer con los bienes nacionales de uso público? ¿Van a ser para todos los chilenos o para unos pocos? ¿Quedarán para quienes han aprovechado un privilegio que hoy día se consagra y que será muy difícil, en lo sucesivo, modificar en la Carta? Repito que así sucede en la pesca, en la minería.
A propósito, en la discusión de la iniciativa sobre la televisión digital terrestre hemos comprobado que el espectro radioeléctrico como bien nacional de uso público no se encuentra reconocido en ninguna ley, a diferencia de lo que parece obvio.
El Código Civil dice que los chilenos somos dueños de muchos bienes. Hoy, en la práctica, no hay nada en las leyes y lo único que se reafirma cada vez más es el derecho de propiedad.
Reitero que vamos a aprobar la idea de legislar, señor Presidente, pero echamos de menos una discusión mucho más de fondo respecto de las aguas y, en particular, de la reforma constitucional.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto se halla en la línea adecuada de lograr que el Catastro Público de Aguas se incremente y de que ojalá se inscriban todas las personas con derechos sobre el recurso.
Quisiera consignar primero que se trata de un registro administrativo a cargo de la Dirección General de Aguas.
Su finalidad es la elaboración de un inventario completo y detallado del elemento hídrico, de manera de contar con los antecedentes necesarios para la preparación de políticas públicas en el sector.
Paralelamente, su propósito es garantizar la mayor transparencia posible y poner a disposición del público la información recopilada.
Desde esa perspectiva, es preciso aclarar la diferencia entre el Catastro y el Registro de Propiedad, que mantienen los Conservadores de Bienes Raíces. El primero es solo administrativo -reitero- y su finalidad es la que ya señalé, en tanto que el segundo deja constancia verdaderamente del dominio sobre derechos de agua otorgados. Esta es una razón adicional para que se trate de promover la inscripción de los agricultores en el Catastro, aunque, si la idea es agilizar el proceso, se podrían considerar otras alternativas que detallaré más adelante.
Cabe hacer presente, además, que el Catastro Público de Aguas comenzó a operar el 25 de julio de 1998, fecha de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo N° l.220, que aprobó su Reglamento.
Si bien en el mensaje se expone que la iniciativa podría beneficiar, potencialmente, a 300 mil pequeños agricultores que todavía no perfeccionan sus títulos, otras fuentes expresan que los derechos de agua ya inscritos alcanzan a poco más de 75 mil. De ellos, se han registrado alrededor de 6 mil cambios de propiedad, es decir, poco menos del 10 por ciento, lo que da cuenta del dinamismo en el sector y, por ende, de la necesidad de agilizar la inscripción en el Catastro.
Es una materia importante, especialmente en relación con períodos de escasez, cuando el recurso se hace cada vez más requerido.
A lo que nos enfrentamos hoy es a definir si es acertada y suficiente la propuesta del Ejecutivo de facultar a los directorios de las organizaciones de usuarios para representar a los titulares de los derechos de agua y a los comuneros ante el tribunal correspondiente o la Dirección General de Aguas a fin de realizar el trámite pertinente, previo acuerdo de los dos tercios de los comuneros con derecho a voto, en junta extraordinaria convocada al efecto.
Señor Presidente, ya en el año 2001 se planteó la necesidad de contar con un mecanismo de perfeccionamiento de títulos que funcione y que esté al alcance de todas las personas.
Actualmente, el perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento, procedimiento por el cual se completan los títulos de determinado derecho que no contiene todas las características esenciales de este, consiste en un juicio sumario mediante el uso de las presunciones de los artículos 309 a 313 del Código de Aguas. Consideramos que tal juicio se podría simplificar de modo significativo mediante la implementación de un procedimiento no contencioso, con una etapa administrativa ante la Dirección General de Aguas y otra judicial ante el juez de letras del lugar, quien declararía expresamente dichas características, completando el título del derecho.
Tal procedimiento sería similar al establecido para las regularizaciones del artículo 2° transitorio del Código de Aguas (es una gestión voluntaria o no contenciosa), con lo que se evita el juicio simulado que hoy se utiliza para el perfeccionamiento, con los problemas y costos que aquel acarrea. Así, la Dirección General de Aguas dejaría de ser demandada en el litigio, lo que la mayoría de las veces lo entorpece, y pasaría a actuar como organismo técnico que emite un informe que el tribunal debe tomar en cuenta para la comprobación de los hechos que dan base a las presunciones respecto del uso, caudal, características, etcétera, del derecho que se perfecciona.
Esa es otra alternativa, señor Presidente, aparte de la que hoy estamos discutiendo, que podría constituir una nueva medida de apoyo.
Tales exigencias revelan, asimismo, lo sensible del tema.
Si se pide un quórum tan alto (dos tercios) para que los dirigentes de una organización realicen un trámite aparentemente simple, es porque la responsabilidad implícita es mayor de la que se puede suponer.
En todo caso, el proyecto del Gobierno fue ratificado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Obras Públicas, lo que puede considerarse una clara señal respecto de la pertinencia de la iniciativa.
Pero, al mismo tiempo, no se puede ignorar que la Comisión, aun tratándose de un proyecto de artículo único, resolvió votar solo la idea de legislar, para analizar su contenido luego con mayor profundidad. Porque efectivamente hay aspectos que es posible mejorar, como los que ya mencioné.
Por ejemplo, si se trata de agilizar la inscripción en el Catastro Público de Aguas, cabe consignar que este se halla regulado por un reglamento. En efecto, el Código de Aguas no habla de ese registro. Es una normativa reglamentaria la que establece la forma de realizar tal procedimiento. Entonces, ¿por qué no se modifica el reglamento, en lugar de tramitar una iniciativa que cuesta despachar? Si así se hiciera, andaríamos mucho más rápido.
Además, la principal fuente de información del Catastro Público de Aguas es interna: es la propia Dirección General de Aguas, a través del registro de sus resoluciones de constitución y modificación de derechos de aprovechamiento, autorización de obras, cambios de puntos de captación, traslado de los derechos, etcétera. Toda esa información la aporta la DGA.
Pero también pueden usarse fuentes externas, como los antecedentes que proporcionan los tribunales de justicia y el SAG, que es otro órgano que otorga títulos de dominio en este aspecto.
Ahora, las personas deben inscribir sus derechos de aprovechamiento en el Catastro Público de Aguas. ¿Cómo el Gobierno sanciona a las que no lo hagan? Prohibiéndoles realizar respecto de ellos acto alguno ante la Dirección General de Aguas o la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Vale decir, si el titular del derecho no lo ha inscrito, no puede solicitar subsidios ni efectuar ningún trámite para una obra menor de riego.
Reitero: la exigencia de inscribirse en el Catastro Público de Aguas está contenida en su reglamento, no en la ley, ni siquiera en el Código de Aguas. Pero la aplicación estricta del reglamento implica la suspensión de derechos protegidos por normas de rango superior.
Los derechos de propiedad de las aguas están inscritos en el Conservador de Bienes Raíces; en cambio, un reglamento impide el pleno ejercicio de tales derechos.
Señor Presidente, sería importante, asimismo, homologar el saneamiento de los títulos de los regantes de un mismo canal o cuenca.
Algunas personas ya inscribieron sus derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro Público de Aguas, cumpliendo, por supuesto, con todas las exigencias que el Ministerio les pide: nombre del titular, álveo o ubicación del acuífero, provincia en que se sitúe la captación y restitución, caudal, características de otorgamiento o reconocimiento de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12 del Código de Aguas (derecho consuntivo o no consuntivo; de ejercicio permanente o eventual, o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado).
En otras palabras, cuando un titular inscribe su derecho y quedan establecidos esos antecedentes, debiera aplicarse la misma información para los demás regantes del mismo canal.
Señor Presidente, a mi juicio, la iniciativa del Ejecutivo es buena, pero podemos mejorarla mucho más a través de indicaciones.
Espero que hoy se apruebe la idea de legislar y que se fije un plazo razonable para presentar indicaciones.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, creo que el proyecto que nos ocupa es bastante más simple que la discusión que se está dando en la Sala.
La ley N° 20.017, de 2005, que reformó el Código de Aguas, estableció que cualquiera que sea el origen de los derechos de aprovechamiento de aguas, estos deberán ser inscritos en el Registro de Derechos del Catastro Público de Aguas.
Además, el referido Código agrega que no se podrá realizar acto alguno ante la DGA, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego si el derecho de aprovechamiento no se encuentra debidamente inscrito en el respectivo registro.
En consecuencia, el titular de un derecho no inscrito se ve perjudicado hoy día al no poder acceder a una serie de beneficios, tales como solicitar el cambio de punto de captación de agua; pedir subsidios por la ley N° 18.450 (Ley de Fomento de la Inversión Privada de Obras de Riego y Drenaje); obtener el pago de bonos, la recepción definitiva de una obra hidráulica, el reconocimiento de una inversión por parte de empresas de servicios sanitarios, entre otros.
En tal sentido, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer un informe elaborado por el Banco Mundial, titulado "Chile: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos", de 31 de marzo de 2011, que indica lo siguiente: "Se estima que de unos 350.000 derechos de aprovechamiento de aguas legítimos solamente alrededor de 70.000 están inscritos" -no se hallan registrados, fundamentalmente, los derechos de pequeños y medianos agricultores- "lo que demuestra un desfase importante entre el régimen catastral y la realidad".
El proyecto pretende regularizar esa situación.
Como los trámites son engorrosos y caros, se busca simplificar, sobre todo para el caso de los minifundistas, el procedimiento para la inclusión de los derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro Público de Aguas.
Además, la DGA agregó que el 78 por ciento del agua en Chile es consumida por usuarios agrícolas. Asimismo, indicó que casi la totalidad de los derechos de aprovechamiento no inscritos en el Catastro son de propiedad de regantes que poseen títulos otorgados con anterioridad a la vigencia del Código de Aguas.
Por lo tanto, el proyecto que nos ocupa tiene por objeto facilitar el perfeccionamiento de títulos de derechos de agua para pequeños agricultores, lo que podría beneficiar a unas 300 mil personas. Me parece un poco exagerada esta cantidad, pero...
El señor SABAG.- Es correcta, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- El Diputado Sabag me corrobora el dato.
La mayoría de ellos...
El señor WALKER (don Patricio).- Es Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Perdón?
El señor PROKURICA.- Dijo "Diputado Sabag".
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Senador Sabag! Disculpe.
Es que lo conocí en la Cámara Baja. Fuimos Diputados antes.
Doy excusas por la situación.
Decía que la mayoría de los regantes son medianos y, en particular, pequeños -el problema no afecta a las grandes empresas, pues ellas tienen (se supone) todos sus derechos inscritos-, y ellos deben invertir tiempo y dinero en regularizar su situación. Según el mensaje, la iniciativa pretende establecer un procedimiento para normalizar al máximo dicha realidad.
Señor Presidente, estimo que sería muy importante que el proyecto también lo analizara la Comisión de Agricultura -lo he conversado con algunos de sus integrantes-, porque afecta directamente el saneamiento de derechos de agua de pequeños agricultores.
¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Facultar al directorio de las organizaciones de usuarios, de las juntas de vigilancia o de las comunidades de aguas para representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto.
El proyecto propone que la resolución de dicha junta sea aprobada con un quórum de dos tercios de los votos emitidos en ella.
A mi juicio, la propuesta legislativa es bastante sencilla. Pero considero importante que se escuche la opinión de los miembros de la Comisión de Agricultura en el siguiente trámite, con el fin de que se presenten las indicaciones necesarias.
Ojalá la iniciativa sea ley de la república a la brevedad, porque, sin duda, va en beneficio de los pequeños y medianos regantes, quienes hasta hoy no han podido regularizar su situación.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que el proyecto persigue un gran objetivo: organizar a las comunidades de aguas para los efectos de defender sus derechos y de facilitar, como lo dijo muy bien el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para realizar todo acto ante la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego. En este último caso, con relación a la postulación de proyectos a través de la ley N° 18.450.
Algunos señores parlamentarios han manifestado que esta es una pequeña iniciativa. Yo creo que reviste una extraordinaria importancia.
Si las comunidades de regantes hubieran estado organizadas, por ejemplo, en la Región de Atacama, la hecatombe que vivimos allí en ese ámbito sin duda no se habría producido. De hecho, en el valle del Huasco, una bien organizada junta de vigilancia se opuso a la entrega de derechos de agua y evitó un sobreotorgamiento como el que se dio en la cuenca del río Copiapó.
Y quiero explicar lo anterior.
Por el discurso de algunos parlamentarios, pareciera que la culpa siempre es de las leyes o los códigos, y que mediante reformas constitucionales se solucionarán los problemas del agua. En mi opinión, estas pueden ayudar, pero dudo que remedien situaciones generadas por Administraciones que, a mi juicio, fueron irresponsables.
¡El Estado fue irresponsable en la cuenca del Copiapó!
¿Por qué digo esto, señor Presidente? Porque en el año 1993 la Dirección General de Aguas emitió un informe en el que se señalaba que se había otorgado el uso de 6 mil litros por segundo de aguas subterráneas, y que ello ya constituía el doble de la recarga existente. ¿Sabe cuántos derechos de agua se entregaron desde 1993, con el antecedente de ese informe, hasta 2010, período de la Concertación? Se concedieron 14 mil litros más. ¿Le parece esa una buena Administración?
¡Y se pide que haya más Estado...!
¡Aquí se requiere un Estado más responsable, señor Presidente!
No queremos que se repita el escándalo ocurrido en Copiapó, donde se entregaron papeles de derechos de agua que hoy no poseen ningún respaldo. Se publican en el diario avisos para su venta, pero no valen nada, porque no hay agua.
Lo que ocurrió allí, a mi juicio, podría haber sido amortiguado con una junta de vigilancia o una junta de regantes organizada, que se hubiese opuesto al otorgamiento excesivo de derechos, generando una señal de alerta hacia las autoridades.
Cabe preguntarse: ¿Quién concedió tales derechos de aprovechamiento de agua? ¿Por qué entonces no se declaró ese lugar zona de escasez hídrica, cosa que sí resolvió el actual Gobierno? Y este no siguió entregando más derechos. Creo que esto es lo que había que hacer.
Finalmente, pido al Ejecutivo que patrocine un proyecto de mi autoría que busca no aplicar, en las zonas declaradas de escasez hídrica, una disposición legal, aprobada en 2005, que fija una multa por el no uso de los derechos de agua. Si quienes no utilizan tales derechos en zonas como la cuenca del río Copiapó echaran a andar sus bombas, provocarían una catástrofe total.
Por lo tanto, hay que aprobar la iniciativa que nos ocupa, que pretende organizar a los regantes para facilitar la inscripción de sus derechos de agua, lo que les permitirá, por supuesto, postular a los beneficios que entrega el Estado y actuar frente a sus organismos.
Además, se debe modificar la legislación para los efectos de no aplicar la multa por el no uso de los derechos de agua en lugares donde se declare escasez hídrica. Ello, más que un beneficio, significaría un perjuicio.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, solicité intervenir motivado por algunas intervenciones de mis colegas respecto al contenido del proyecto, pero también sobre el tema de fondo: la forma en que nuestro país está encarando el tema del agua, recurso sumamente escaso y del cual Chile todavía posee reservorios -y muy importantes-, pero que no servirán de mucho si no los administramos y cuidamos como corresponde.
Pido que no confundamos las materias.
Una cosa es la iniciativa en análisis, que me parece positiva porque ayuda a resolver un problema que aqueja a los regantes. Por lo menos para los de mi Región, lo propuesto resulta sumamente relevante.
Hago presente que en este ámbito hoy tenemos una situación bastante caótica. Cuando el agua falta, más se necesita disponer de organizaciones de regantes fuertes, organizadas, con claridad respecto de sus derechos y de la manera de ejercerlos.
Aquí se han planteado varios temas.
El Senador señor Prokurica manifestaba recién -y con razón- que las autoridades se veían obligadas a entregar más derechos de los que realmente podían otorgar dada la existencia real de agua. En zonas del norte eso se hacía de manera condicionada, potencial, porque se sabe desde hace años que los recursos hídricos -por lo menos, los de la Cuarta Región- se hallan totalmente entregados. En el fondo, se decía: "Cuando existan excedentes -si es que llegan a haber-, pueden hacer uso de determinados derechos". En definitiva, tales eventualidades en la práctica no llegaban nunca a concretarse.
Pero el objetivo principal que plantea el proyecto es permitir que las directivas de las asociaciones de regantes y de las juntas de vigilancia puedan representar a quienes las conforman en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas que les han sido entregados producto de peticiones formuladas con anterioridad.
Este elemento, que aparece sencillo, en mi Región resulta de vital importancia -ya se ha mencionado-, porque permite clarificar lo existente y contar con la información exacta respecto de cuántos derechos se han entregado. Tales datos hay que cotejarlos en la práctica con el agua que es posible distribuir de acuerdo a esos derechos.
Recuerdo al Honorable Senado que en mi Región llevamos siete años de sequía. Hemos podido subsistir gracias a la buena administración de las juntas de vigilancia y de las organizaciones de regantes, que han sabido hacer buen uso de la infraestructura de riego en la Cuarta Región, que se ha ido construyendo durante decenas de años. Es la que permite que hoy día Coquimbo sea una Región potente desde el punto de vista productivo agrícola, con una agricultura orientada a la agroindustria y a la exportación. Pero eso se debe a un trabajo realizado por décadas y donde ha costado mucho ir organizando a los regantes.
En consecuencia, me parece positivo respaldar cualquier facilidad que vaya en esa línea.
Otra cuestión es el problema de fondo: qué hará el país frente al desafío de que el agua sea distribuida de manera más equitativa, que sea administrada de modo de garantizar prioridad para el consumo humano, por ejemplo, como lo plantearon algunos Honorables colegas.
Con ocasión de las modificaciones al Código de Aguas de años atrás, las discusiones eran enormes, porque los intereses que se tocaban también lo eran. No olvidemos que antiguamente se pedían los derechos de agua sin necesidad de explicar para qué. Simplemente se solicitaban. Y el Estado se encontraba obligado a entregarlos. Un ex Senador pidió derechos de agua casi de Arica a Magallanes. ¿Por qué? Porque le interesaba tenerlos para después hacer quién sabe qué. Nadie sabe: especular, venderlos a los interesados en desarrollar proyectos de energía o mineros. Lo desconocemos. Pero así era la legislación. Costó un mundo lograr incorporar la exigencia de un proyecto en torno de la petición de un derecho de agua, para saber en qué se quiere usar. Nos demoramos doce años en establecer un caudal ecológico mínimo en las modificaciones al Código de Aguas. También nos costó muchísimo disponer que, de no utilizarse esos derechos, se pagaba por lo menos por el no uso.
Entonces, considero adecuado todo lo que vaya en la dirección de perfeccionar el funcionamiento del sistema -por lo menos en el caso del uso del agua en la agricultura-, de fortalecer las organizaciones de regantes y de dar las facilidades para proteger a los más pequeños. Porque, seamos claros, los grandes agricultores, los consorcios importantes o los exportadores tienen solucionados todos los problemas de títulos. Si las dificultades se dan con los pequeños, que no poseen la capacidad, el conocimiento ni los recursos para llevar adelante por cuenta propia el perfeccionamiento de sus títulos.
Por otra parte, me parece fundamental que el Senado pueda organizar el equivalente a los encuentros que se han venido desarrollando en algunas Regiones -también a nivel global-, relativos al uso del agua y a la forma como el Estado entrega su utilización para determinadas actividades, ya sean económicas, turísticas, productivas o para garantizar el consumo humano.
En muchas zonas de nuestro país, eso último no se encuentra garantizado hoy día.
Producto de la sequía, en la Región que represento hay importantes sectores de secano donde, si no se distribuye agua para la bebida a través de los camiones aljibes en todos los sistemas de agua potable rural, no hay cómo garantizar el consumo a quienes habitan en esas localidades. Hemos tenido que ligar proyectos de obras de riego, como el futuro embalse Valle Hermoso, en la comuna de Combarbalá, con garantizar que dicha obra permita dotar de agua potable rural a más de 27 localidades de la comuna, en las que hoy se cuenta con sistema de agua potable pero no existe la posibilidad de acceso al recurso hídrico para la bebida, pues las fuentes se encuentran agotadas.
Por consiguiente, en el Senado podríamos encargarnos de organizar un evento más de contenido, para adoptar definiciones de Estado, respecto de cómo el país va a administrar este recurso hídrico, que en teoría figura como un bien nacional de uso público, pero que en los hechos prácticamente no existe. ¿Y por qué? Porque está entregado en una cantidad mayor al agua disponible.
Al respecto, me parece bien que, por ejemplo, los grandes proyectos mineros, que actualmente se están implementando de manera importante, sobre todo desde la Cuarta Región hacia el norte, hoy tengan como exigencia clara y precisa que deben usar agua de mar. Y ellos han de entender que su desarrollo se tiene que hacer con agua salina, porque lisa y llanamente la dulce no existe. Además, sería un crimen que para llevar adelante ese tipo de proyectos -generan altas rentabilidades- se utilice un recurso tan escaso como el agua dulce.
En consecuencia, creo que la Mesa podría recoger los planteamientos de la Senadora señora Allende en cuanto a organizar un seminario y un encuentro en donde convoquemos a la comunidad nacional. Hay enorme cantidad de estudios y de evaluaciones a nivel mundial. Podemos -creo yo- solicitar también la participación de científicos, que cuentan con una visión de más largo aliento. Ello sería un aporte de nuestra Corporación en esa línea. Porque es cierto que, a pesar de poseer tremendas reservas, el agua hoy en el país está muy mal distribuida y pésimamente aprovechada.
Tampoco hemos sido capaces de desarrollar políticas de infraestructura de riego o de aprovechamiento de las aguas que nos garanticen un recurso que aspiramos para las futuras generaciones.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el proyecto, como se ha planteado, busca agilizar los trámites de perfeccionamiento de títulos de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia respecto de los derechos de agua.
Conocemos la historia de lo ocurrido en nuestro país con los derechos de agua, particularmente los no consuntivos. Además se han entregado -en esto hay responsabilidad de todos los sectores políticos- más derechos de los que las cuencas realmente soportan.
En esta materia, hay una fórmula clara de solución, que no tiene que ver con la voluntad de la autoridad, sino que ha de hacerse desde cada cuenca, con participación. Y para eso hay un instrumento que se maneja prácticamente en todo el mundo. Nosotros estuvimos ad portas de resolverlo en el Congreso Nacional, con motivo de la última reforma al Código de Aguas, donde, entre otros aspectos, se aprobó el caudal ecológico ambiental. Y se encontraba considerado el instrumento al cual me refiero, que es el manejo integrado de las cuencas. En virtud de él, las distintas organizaciones y las personas que tienen alguna actividad pueden buscar la compatibilidad o la incompatibilidad y definir el buen uso de las aguas, tanto consuntivo como no consuntivo, y particularmente de las subterráneas -hoy en día adquieren cada vez más importancia-, de las cuales también se entregan derechos y no se toma en cuenta que ellas se reponen a veces en períodos no inferiores a 200 años.
Respecto al proyecto que nos ocupa, me sumo al llamado a trabajar en un acuerdo político, a fin de llevar adelante un proceso de recuperación de las aguas para su uso potencial en Chile, tanto consuntivo como no consuntivo. Particularmente un sector que está muy constreñido y no puede desarrollarse es el de las energías renovables no convencionales y el de las energías intermedias -por así decirlo-; o sea, no necesariamente los megaproyectos.
La iniciativa en análisis en sí tiene la facultad de que, una vez obtenidos de manera más rápida los títulos de los derechos de agua, se pueda garantizar -lo ha manifestado, entre otros, el profesor Ludwig Stowhas, que se ha dedicado toda su vida al tema- que las minorías el día de mañana no se vean sobrepasadas. Porque en la actualidad, como se ha mencionado, la necesidad de agua es tan grande que finalmente se puede transformar en una transacción de carácter comercial; es decir, dejar de hacer agricultura o turismo, porque la oferta que plantea el sector minero en este minuto es más alta. Y la idea es que esa minoría que quiere desarrollar la agricultura, que desea seguir en una actividad consuetudinaria, tradicional, que posee una identidad y un valor que no solo se mide desde el punto de vista económico, sea debidamente resguardada. Pienso que en este particular punto debemos tener mucho cuidado. Al respecto, se ha propuesto que la iniciativa sea también revisada por la Comisión de Agricultura.
Ahora bien, los canales de riego que requieren de este perfeccionamiento de títulos también tienen un enorme potencial, no solamente para regar, pues se ha calculado que entre la Región de Atacama y la de La Araucanía, si se consideran caudales superiores a 4 metros cúbicos por segundo y potenciales superiores a 2 megavatios, hay 866,2 megavatios posibles de desarrollo.
Hoy día conversábamos con el Ministro de Agricultura. La Comisión Nacional de Riego ha hecho una evaluación del potencial completo de esos canales y estamos hablando de 1.400 megavatios, que están ahí, a la mano.
Es decir, los que poseen títulos perfeccionados tienen la posibilidad, además de regar, de generar energía y hacer un mejor negocio para esas comunidades.
Por esas razones, entre otras cosas que se han manifestado en la Sala, como bien señaló el Senador Prokurica, justamente las juntas de vigilancia son las que primero reaccionan cuando se intenta adquirir un caudal que supera lo que verdaderamente da la cuenca, cualquiera sea el sector de esta, si se pretende especular con ello o desviar las aguas para otros fines que vulneran esta actividad.
Así que, por tales motivos, voto a favor.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda el tema del agua es sustantivo, relevante.
He escuchado con atención las expresiones de algunos señores Senadores con respecto a cuestiones más de fondo: cómo administrar mejor el agua en un país en que la sequía en cada una de las Regiones, particularmente del centro norte, es una realidad que también se expresa en las Regiones del centro sur. En la del Biobío, entre los meses de octubre y abril, hay vastos sectores precordilleranos en los cuales hay que llevar el agua en camiones aljibes a las distintas comunidades.
Por ende, lo del agua requiere un análisis muy riguroso, una mirada técnica adecuada y llevar adelante soluciones que tengan un efecto positivo en el uso de este recurso.
Lo digo porque muchas veces discutimos una legislación que poco tiempo después hay que modificar, como la norma que hoy día estamos analizando.
El año 2005 el Congreso Nacional estableció la obligación de que todos los derechos de aprovechamiento de aguas deberán estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento del Catastro Público de Aguas (artículo 122, inciso séptimo, del Código de Aguas). ¡En 2005! O sea, hace siete años nosotros tomamos la decisión de que ese registro catastral era básico. Incluso se expresaba con absoluta claridad que si no se encontraban inscritos, no podían realizar diversas actividades fundamentales, particularmente para el mundo agrícola y para cualquier otro; que los programas y proyectos que se llevan adelante con fondos públicos no se podían entregar a los beneficiarios, por no estar en ese registro catastral.
Pero siete años después nos damos cuenta de que el sistema, a lo mejor, presenta trabas o problemas, y hay que ver la manera de resolverlos. Y cómo lo hacemos: entregándole a las organizaciones de aguas la representación de los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas.
De repente, uno siente que es casi lo mismo que entregar representación a una junta de vecinos para regularizar las propiedades de los vecinos. O sea, se trata de una situación extremadamente compleja.
Me gustaría que avanzáramos para saber por qué esto que aprobamos el 2005 ha sido un problema. ¿Por qué lo que el Congreso despachó como ley hace siete años está teniendo tantas dificultades o eventualmente perjudicando a muchas personas? ¿Por qué a los regantes, en particular a los pequeños, se les están presentando inconvenientes?
Si uno analiza el debate de la Comisión de Obras Públicas, advierte que se habla de alrededor de 300 mil pequeños titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que no han podido regularizar su situación en ese lapso.
Algo no se trató bien, por lo tanto, en la discusión legislativa sobre la norma que, en definitiva, aprobamos hace solo siete años.
Por eso, se debe revisar la situación con especial cuidado y rigor técnico. De ahí entonces que me sumo a la proposición del Senador señor García-Huidobro -pese a que no podemos tomar acuerdos en este momento- para que en la discusión en particular también esta materia sea vista por la Comisión de Agricultura, dadas las dificultades de pequeños titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. La mayoría tiene problemas para resolver asuntos relacionados con el mundo agrícola. Por eso, dicho organismo puede tener la experticia necesaria para determinar qué resoluciones hay que tomar o qué camino seguir.
Me parece bien que las organizaciones de aguas y las juntas de vigilancia estén a cargo de la gestión de todas las cuencas y de los cursos de agua -no sé si es algo positivo; no tengo una opinión formada al respecto- y que además asuman la representación de las personas como titulares de un determinado derecho de aprovechamiento de aguas, que no se encuentra perfeccionado para algo tan particular.
Por eso, estimo que este proyecto de ley nos lleva necesariamente a la conclusión de que respecto de una materia tan sensible como el agua debemos tener no solo un debate para analizar temas conceptuales como este, sino también hacerlo desde el punto de vista técnico, para que las soluciones verdaderamente vayan por el camino correcto.
No votaré a favor del proyecto por estar pareado, pero resulta esencial que lo vea la Comisión de Agricultura, por cuanto no se trata solo de un asunto de la Comisión de Obras Públicas, por mucho que la Dirección General de Aguas dependa del Ministerio de Obras Públicas.
Muchas de las dificultades que los señores Senadores han expresado que tienen pequeños regantes se dan en la realidad agrícola. Por ejemplo, cuando quieren pedir subsidios para la ley de fomento a la inversión privada de obras de riego y de drenaje -materia de índole agrícola-o cuando se trata de algo tan fácil como solicitar un cambio de captación de agua, lo que es un elemento esencial para la administración de un recurso tan importante.
El año 2005 expresamos que, si alguien no estaba inscrito en el Registro de Derechos de Aprovechamiento del Catastro Público de Aguas, de la Dirección General de Aguas, no podía hacer una solicitud sobre el particular.
Estoy por la aprobación en general, pidiendo que se discuta en la Comisión de Agricultura; y hago especial mención de que estos temas no son de fácil resolución y tienen que tratarse con rigor técnico, porque hace solo siete años establecimos una obligación que hoy día reconocemos que está generando problemas no a los grandes, sino a los pequeños y medianos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Hemos cumplido con la lista de oradores.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido el Orden del Día.
Por no haber quórum para tomar acuerdos, se levanta la sesión. Pero, en todo caso, se dará curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Director General de Aguas, requiriéndole INFORMACIÓN SOBRE USO DE DERECHOS DE AGUAS DESGLOSADA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y POR REGIÓN, Y EN EL CASO DE ATACAMA, POR PROVINCIA.
Al señor Ministro de Energía, a fin de que se informe acerca de SUBSIDIO DE ENAP A GAS DOMICILIARIO EN REGIÓN DE MAGALLANES Y PROYECTO DE LEY SOBRE VALOR DE DICHO COMBUSTIBLE, y al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, solicitándole antecedentes sobre SESIÓN ESPECIAL DE COMISIÓN DE SALUD EN PUNTA ARENAS PARA OBSERVAR EN TERRENO SITUACIÓN DE CEMENTERIO PARQUE CRUZ DE FROWARD.
Al señor Superintendente de Valores y Seguros, para consultarle sobre razones de NO LIQUIDACIÓN DE SINIESTRO DENUNCIADO POR DON CARLOS IBACACHE GUTIÉRREZ A COMPAÑÍAS ACE SEGUROS Y CARDIF.
Al señor Ministro de Hacienda, a fin de requerir información sobre RESTRICCIÓN DE FRANQUICIA TRIBUTARIA DE IVA A LA CONSTRUCCIÓN EN TÉRMINOS DE MENOR GASTO PRODUCIDO EN CADA AÑO DE VIGENCIA. Al señor Ministro de Justicia y a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que entreguen antecedentes acerca de EVALUACIONES RESPECTO DE FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES DE COBRANZA PREVISIONAL EN ESPECIAL REFERIDA A DURACIÓN PROMEDIO DE CAUSAS.
Al señor Director de Obras Hidráulicas de la Región del Maule, con el objeto de requerirle información sobre el ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LLEPO, COMUNA DE LINARES; a la señora Superintendenta de Seguridad Social, pidiéndole que se resuelva lo relativo a CÁLCULO DE MONTOS DE LICENCIAS MÉDICAS PARA TRABAJADORES CON RENTA VARIABLE, y a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, a fin de obtener un pronunciamiento sobre SOLICITUD DE AUDIENCIA CON RELACIÓN A SITUACIÓN LABORAL DE PERSONAL DE JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS.