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Timestamp: 2019-09-22 14:38:51
Document Index: 395044000

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'Artículo 75', 'artículo 69', 'artículo 90', 'artículo 145', 'artículo 150', 'artículo 140', 'artículo 75']

Jun 9, 2019 | Contratación Pública, Derecho Administrativo
La posibilidad de implementar la solvencia de una PYME para la contratación
Desde el anterior TRLCSP la posibilidad de integración de la solvencia en la contratación ha sido uno de las formas para el acceso a la contratación pública para las pequeñas empresas. No obstante, hay que reconocer que dicha posibilidad no ha sido muy utilizada por la mayorías de las PYMEs que han visto en la contratación pública, habitualmente, un conjunto de procedimientos farragosos demasiado complicados para sus habituales actividades. Además la habitual “individualidad” y atomización de nuestras empresas han hecho muy difícil esa integración de la solvencia como un medio de colaboración entre empresas para acudir a los procedimientos de licitación.
En la actual Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 , la integración de la solvencia con medios externos viene definida en el artículo 75, en los términos siguientes:
Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos. 1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades. 2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140. 3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera.
De la lectura del artículo 75 de la LCSP se determina como elemento fundamental de la integración de la solvencia en la contratación administrativa y, por lo tanto, como condición sine qua non, que la empresa muestre ante el poder adjudicador que dispondrá de los recursos necesarios para la ejecución del contrato, y lógicamente, corresponde a la entidad licitadora (poder adjudicador) comprobar que el licitador podrá efectivamente utilizar los medios de todo tipo que haya invocado, y que esa disponibilidad no se presume, por lo que el órgano al que corresponda apreciar la solvencia de los licitadores o candidatos presentados a un procedimiento de adjudicación deberá examinar minuciosamente las pruebas aportadas por el licitador al objeto de garantizar a la entidad adjudicadora que en el periodo al que se refiere el contrato el licitador podrá efectivamente utilizarlos.
Por tanto, podemos señalar como requisitos para la integración de la solvencia las siguientes:
Demostración de que se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del contrato mediante la integración
Es indiferente el tipo de vinculación jurídica entre las empresas, licitadora y que integra los requisitos de solvencia siempre que quede demostrada la disponibilidad de medios
La integración tiene como limite las prohibiciones de contratar
Si la integración se refiere relativas a la solvencia económica o financiera los pliegos pueden establecer requisitos de responsabilidad conjunta
Los pliegos podrán señalar elementos que siempre hayan de ser ejecutados por el contratista principal
Los limites de la integración de la solvencia.
Una de las lógicas cuestiones que se podría plantear es si toda la solvencia puede ser integrada por un tercero o, si como parece lógico, existen limitaciones a dicha integración. A estos efectos, ¿cabría que un licitador acreditara toda su solvencia económica, financiera o técnica, mediante la de un tercero?.
A este interrogante contesta de modo negativo, entre otras, la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 23 de mayo de 2012, que con análisis de la anterior Ley de Contratos (2007), señala como límite el requisito de capacidad (apitud para contratar) al indicar que:
Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de fecha 23 de mayo de 2012 sobre los límites de la integración de la solvencia en la contrataciónDescarga
Mar 30, 2019 | Derecho Administrativo
Al respecto de la prórroga del destino del superávit para financiar las inversiones financieramente sostenibles durante el ejercicio de 2019
A lo largo de esta semana hemos asistido a una de esas situaciones esperpénticas a las que nos tiene acostumbrados en las últimas fechas el “legislador” -en sentido amplio de la palabra- fruto de una producción normativa desordenada y sin criterio alguno.
La cuestión surgía como consecuencia de la aprobación por muchos municipios de las correspondientes liquidaciones del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2018. A estos efectos, resulta necesario indicar que en los términos del artículo la liquidación del presupuesto de las EELL debe ser objeto de aprobación de formulación a 1 de marzo del ejercicio siguiente y que en ella, obviamente y como uno de sus elementos más significativos su resultado presupuestario, esto es, si ha existido superávit o déficit como consecuencia de dicha liquidación.
Pues bien, como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desde el año 2013, el superávit obtenido por las EELL únicamente puede financiar la reducción del nivel de endeudamiento. No obstante esa norma sufrió con la propia promulgación de la norma una “excepción” que posteriormente se ha convertido en regla, cual es, la posibilidad de que las EELL puedan financiar con dicho superávit inversiones financieramente sostenibles. (Disposición Adicional Sexta de la LOEPySF) . Para ello de un modo u otro (Ley de Presupuestos o Decreto Ley) esa Disposición Adicional que solo tenía en un principio una vigencia anual se fue prorrogando anualmente para cada uno de los ejercicios desde la promulgac ión.
En este estado de cosas y habida cuenta de la situación política nacional, disolución de las Cortes e inexistencia de presupuestos, a lo largo del mes de marzo muchos interventores municipales advirtieron la inexistente prórroga de la Disposición Adicional Sexta de la LOEPySF con la consiguiente imposibilidad de “anunciar” por los órganos municipales nuevas inversiones para el presente ejercicio con cargo a su “adecuada” gestión presupuestaria en el ejercicio -notese con el examen de las urnas cercano-. Ello motivo, que el Ministerio de Hacienda el 25 de marzo de 2019, “permitiera” a través de una nota de prensa que las Entidades Locales pudieran “iniciar los procedimientos de gestión correspondientes de cara a ir agilizando los trámites previos” para la utilización del superávit, circunstancia que atenta con la necesaria seguridad jurídica y que creó, como dijimos y al menos por unos días “una nueva fuente del Derecho Administrativo”, esto es, la Nota de Prensa.
Resulta absolutamente injustificable que, desde el Ministerio de Hacienda, se “permita” a las entidades locales iniciar expedientes de inversiones financieramente sostenibles sin que exista norma legal que lo permita, amparándose en que la normativa se aprobará en el futuro. pic.twitter.com/2M5dXnGUZh
— Consuelo DR. (@ConsueloDR) March 26, 2019
Hoy sábado la “nota de prensa”, tras el támiz del Consejo de Ministros del sábado 29 de marzo de 2019, se ha convertido en norma jurídica en forma de Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional
Dic 29, 2018 | Derecho Administrativo, Urbanismo
El BOA de 13 de diciembre de 2018 publica el Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Aragón, que entrará en vigor el 13 de enero de 2019.
El Reglamento de entidades urbanísticas colaboradoras de Aragón que desplaza la estatal supletoria, esto es, los artículos 8, 67 a 70, 128, 129 y 157 a 193 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto y que deroga la regulación específica autonómica (artículos 8, 11, 12.1, 13, 14, 15 y 16 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, y los artículos 25 a 32 del Decreto 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Público de Convenios Urbanísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento), tiene como objeto mejorar y sistematizar la dispersa normativa existente al respecto de las entidades urbanísticas colaboradoras en Aragón y, sobre todo, regular las nuevas entidades urbanísticas colaboradoras que han aparecido en los últimos años en la legislación estatal y autonómica, derivadas de la legislación básica sobre rehabilitación y renovación urbanas y la nueva regulación de los planes o proyectos de interés general de Aragón.
De la elaboración de este Reglamento ya dimos cuenta en la entrada (aquí) de octubre de 2016, a la que acompañamos el proyecto de reglamento y la memoria del mismo elaborada por la Dirección General de Urbanismo.
Conforme a la norma aprobada quedan reguladas y sistematizadas, las siguientes entidades urbanísticas colaboradoras:
Las juntas de compensación.
Las asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de gestión directa por cooperación.
Las agrupaciones de interés urbanístico en el sistema de gestión indirecta por urbanizador.
Las entidades de conservación.
Las juntas de rehabilitación.
Las entidades colaboradoras en la ejecución de planes y proyectos de interés general de Aragón.
Las juntas provisionales.
El Reglamento de Entidades urbanísticas colaboradoras aprobado introduce novedades regulatorias, o simplemente, en algunos casos, aclaraciones al respecto del régimen jurídico existente en los términos que han sido interpretadas por los tribunales de justicia que permitirán un ejercicio más adecuado de las funciones públicas encargadas a las entidades urbanísticas colaboradoras por el ordenamiento jurídico.
Así por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, el Reglamento determina al respecto del funcionamiento de las juntas de compensación una interpretación al respecto del silencio del propietario en el momento del requerimiento para la incorporación a la misma; aclara la necesidad de sujeción de las mismas al régimen derivado de la legislación de contratos públicos habida cuenta de la función pública urbanística que llevan a cabo estableciendo incluso un contenido mínimo de los contratos a celebrar entre urbanizador (elegido tras el oportuno procedimiento de concurrencia y publicidad) o refuerza las posibilidades de actuación de la Junta frente al incumplimiento de abono de derramas por sus miembros integrantes.
Al respecto de las Entidades de Conservación, por ejemplo, se prevé la posibilidad de que las mismas puedan llevar a cabo funciones relativas a la gestión de servicios comunes, siempre que los mismos sean recogidos en los estatutos, permitiéndose de este modo la determinación de algunos servicios más allá de la “simple” conservación y mantenimiento de la urbanización.
Por último, las mayores novedades residen en la propia regulación, hasta ahora inexistente, de las nuevas tipologías recogidas en el Reglamento, esto es, Juntas de Rehabilitación -derivadas de la Ley de rehabilitación y renovación urbanas- que tienen como finalidad de ejecutar o colaborar con la Administración en la ejecución de actuaciones de rehabilitación, renovación o regeneración urbana, las entidades colaboradoras en la ejecución de planes y proyectos de interés general de Aragón -derivadas de la Ley de Ordenación del Territorio Aragonesa- que tienen por finalidad regular la participación de los propietarios a través de los posibles sistemas de ejecución definidos en la norma y las juntas provisionales, ente preexistente a las juntas de compensación y que precisamente tienen como finalidad impulsar la acción urbanística (redacción planes, modificación planeamiento, aprobación estatutos de junta y bases etc …).
El Gobierno de Aragón aprueba la Oferta de empleo público del SALUD 2018 con un total de 867 plazas.
Mediante Decreto 2016/2018 de 18 de diciembre el Gobierno de Aragón, ha aprobado la oferta de empleo público del SALUD para 2018, con un total de 867, de las que 645 plazas se corresponden con la tasa de reposición legalmente establecida (580 son de acceso libre, 44 se reservan para ser cubiertas por el turno de discapacidad, 13 para víctimas de violencia de género y 2 plazas para atender el cupo de quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo) y 222 plazas de promoción interna, para el personal estatutario de plantilla que reúna los requisitos establecidos al efecto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Esta oferta de empleo público del SALUD 2018, se une a las efectuadas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma que en conjunto supone la previsión de cobertura de un total de 3.703 plazas de empleo público. La propuesta de Oferta conjunta se distribuye de la siguiente manera: 1.389 plazas para personal docente no universitario, 867 para personal estatutario del Salud y 1.447 para personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus entidades de Derecho Público, correspondiente a la oferta ordinaria de 2018 y al proceso de estabilización de los años 2017 y 2018 efectuadas estas dos últimas al amparo de las disposiciones normativas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018.