Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-14782-de-diciembre-7-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204201a8f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-03 15:44:52
Document Index: 351570017

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 5', 'artículo 115', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 78', 'artículo 90', 'artículo 85', 'artículo 27', 'artículo 1521', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 37', 'artículo 45', 'artículo 25', 'artículo 171', 'artículo 55']

﻿ SENTENCIA 14782 DE DICIEMBRE 7 DE 2004
SENTENCIA 14782 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:FUNCIÓN NOTARIAL. ES UN SERVICIO PÚBLICO A CARGO DE LA NACIÓN, LA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL NO PUEDE SER IMPUTADA A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SUPERNOTARIADO), PUES LAS FUNCIONES QUE TIENE EN RELACIÓN CON LOS NOTARIOS SON DE ASISTENCIA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO, VIGILANCIA NOTARIAL, FUNCIÓN NOTARIAL
Sentencia 14782 de diciembre 7 de 2004
Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil cuatro.
Radicación: 163.
Nº Interno: 14.782.
Actora: Urbanizadora David Puyana S.A.
Demandado: Nación - Ministerio de Justicia.
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de diciembre de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se decidió absolver a la entidad demandada “de los cargos y pretensiones de la demanda” y condenar en costas a la actora.
1. Mediante demanda presentada el 5 de septiembre de 1994, a través de apoderado, la sociedad urbanizadora David Puyana S.A. solicitó que se declarara que la Nación Ministerio de Justicia es responsable de los perjuicios patrimoniales causados a ella “por falla presentada con ocasión de la autorización que dio el Notario Primero del círculo de Bucaramanga, para la facción de la escritura pública 4078 de septiembre 19 de 1992, sin el lleno de los requisitos legales”.
Pidió, además, que, como consecuencia de esta declaración, se condenara a la demandada a pagarle el lucro cesante “sobre el valor comercial que tiene el inmueble...” identificado como local 246 del centro comercial Cañaveral de la ciudad de Floridablanca, correspondiente a la suma de $ 77.465.000, y por concepto de daño emergente, la suma de $ 3.630.205, así: $ 1.946.282, por los arriendos dejados de percibir desde que la demandante fuera desalojada del inmueble referido, y $ 1.683.923 por las cuotas de administración dejadas de percibir por aquélla, desde la misma fecha, a razón de $ 80.000 mensuales.
En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron los siguientes hechos:
a) Mediante escritura pública 3454 del 21 de octubre de 1986, Ángel María Pérez Archila vendió a la sociedad urbanizadora David Puyana S.A. el local 246 del centro comercial Cañaveral, de la ciudad de Floridablanca.
b) Esta escritura, sin embargo, no pudo ser registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, “dado que el inmueble, según nota dirigida por dicha oficina al comprador, se hallaba embargado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga”.
c) En diversas oportunidades, la demandante le pidió al vendedor que desembargara el bien, para proceder al registro de la venta, pero se negó a hacerlo.
d) Posteriormente, el señor Ángel María Pérez Archila vendió por segunda vez el local mencionado, esta vez a Jorge Enrique Archila Moreno, mediante escritura pública 4078 del 19 de septiembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera de Bucaramanga, la cual fue autorizada por el notario sin el requisito previsto en el artículo 43 del Decreto 2163 de 1970, referido a la necesidad de presentar los comprobantes fiscales respectivos. En efecto, el vendedor no presentó el comprobante fiscal correspondiente al parqueadero 90 del centro comercial Cañaveral, que se enajenó junto con el local 246.
e) Una vez autorizada la escritura 4078, sus otorgantes la presentaron ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga el 14 de enero de 1993, “conjuntamente con el oficio 8 del mismo día, librado por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bucaramanga, en el que se ordenaba levantar el embargo que pesaba contra el inmueble referido”.
f) Cuando la sociedad demandante conoció el desembargo del local y el parqueadero mencionados, presentó inmediatamente, ante la oficina de registro, la escritura 3454 del 21 de octubre de 1986, ya citada. Sin embargo, dicha oficina se negó a registrarla “en cuanto hace referencia al local 246, argumentando que éste ya había sido registrado a nombre de Jorge Enrique Archila Moreno”. Se registró, entonces, únicamente, la venta del parqueadero 90, efectuada a favor de David Puyana S.A.
Se concluyó, conforme a lo anterior, que “[l]a grave omisión del señor Notario Primero de Bucaramanga, al autorizar la escritura 4078, sin la presentación de los comprobantes fiscales, paz y salvo predial, correspondientes a los predios relacionados en la escritura, causó un daño patrimonial a (la demandante) ... ya que ésta, una vez se produjo el desembargo de los bienes tantas veces citados, no pudo hacer valer el derecho por la falla omisiva del notario de marras”.
2. Admitida la demanda y efectuada la notificación respectiva, la Nación-Ministerio de Justicia intervino oportunamente (fls. 38 a 42). Se opuso a las pretensiones de la demanda y expresó que “si bien es cierto ... en la expedición de la escritura 4078 no se cumplió con el requisito contenido en el artículo 43 del Decreto 960 de 1970, sin embargo se debe tener en cuenta que la escritura se perfecciona y obtiene su validez jurídica únicamente con el registro... en el folio de matrícula inmobiliaria... y sólo a partir de ese registro alcanza efectos comerciales y jurídicos”.
Así las cosas y dado que, al otorgarse dicha escritura, sí se cumplió el requisito referido respecto del local 246, mas no respecto del parqueadero 90, por lo cual el registrador de instrumentos públicos no inscribió la venta de éste último, es claro que “no aparece eficacia legal en la pretensión de la demanda sobre los perjuicios causados al actor”. En efecto, dichos perjuicios no existieron, por no haber alcanzado “efectos jurídicos, ni comerciales” la “escritura impugnada”.
Finalmente, interpuso las excepciones de “indebida representación de la parte demandada”, por considerar que aquélla debía ser ejercida por la Superintendencia de Notariado y Registro, conforme al Decreto 2158 de 1992.
De otra parte, el apoderado de la demandada llamó en garantía a la doctora Ofelina Rueda de Cristo, quien autorizó la escritura pública 4078 de 1992, en su condición de Notaria Primera (e) del círculo de Bucaramanga. Suspendido el proceso y hechas las diligencias respectivas, no fue posible realizar la notificación respectiva (fl. 62).
3. Practicadas los pruebas decretadas mediante auto del 18 de enero de 1996 y fracasada la audiencia de conciliación, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto (fls. 62 a 65, 169 a 173, 181 a 189).
3.1. El apoderado de la sociedad demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Precisó que el Notario Primero del círculo de Bucaramanga violó los artículos 37 del Decreto 2163 de 1970 y 43 del Decreto 960 del mismo año, y agregó que el registrador de instrumentos públicos incumplió su obligación de revisar las escrituras antes de proceder al registro, con el fin de verificar si cumplen los requisitos legales, dado que, “haciendo caso omiso de las irregularidades que presentaba la escritura 4078, ordenó su registro el día 14 de enero de 1993, pero sólo en cuanto al local 246, y autorizó igualmente el registro de la escritura 3454, el día 15 de enero de 1993, sólo en cuanto al parqueadero 90 ...”.
Se preguntó, entonces, qué hubiese sucedido si el notario no hubiera extendido la escritura 4078, o sí el registrador hubiera devuelto dicho documento para su saneamiento, y concluyó que, en tales eventos, se habría podido, inscribir la venta del local 246, efectuada mediante la escritura 3454 de 1986, que reunía todos los requisitos legales, de manera que el dominio de dicho bien habría pasado al patrimonio de dicha sociedad.
Adicionalmente, respecto de la excepción propuesta por la demandada, manifestó que, según lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 2173 de 1970, los notarios de primera categoría —como lo es el Notario Primero de Bucaramanga— son nombrados por el Gobierno Nacional, y éste, conforme al artículo 115 constitucional, está constituido por el presidente y el ministro, por lo cual es obvio concluir “que los notarios de primera categoría son nombrados por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia”.
3.2. El apoderado de la Nación, por su parte, expresó, en primer lugar, que si bien la Superintendencia de Notariado y Registro está adscrita al Ministerio de Justicia, de acuerdo con el Decreto 2158 de 1992 es una unidad administrativa especial, con personería jurídica y patrimonio autónomo, y una de sus funciones es velar por la adecuada y eficaz prestación de los servicios de notariado y registro, y orientar a los notarios y registradores sobre las normas que rigen su actividad, de manera que ello no corresponde al Ministerio de Justicia.
Consideró, además, que el actor no obró con la diligencia necesaria para proceder al registro de la escritura pública 3454 de 1986, ya que sólo el 14 de enero de 1993 se informó del registro de la venta del local 246 efectuada a favor de otra persona “y no hizo uso de los medios legales a su alcance durante ese largo lapso, en defensa de sus intereses patrimoniales”. Así, concluyó que obró con culpa, de manera que el daño que pudo haber sufrido no es imputable a la “presunta omisión de la notaría..., sino a la notoria desidia, manifiesta incuria y absoluta carencia de diligencia de la parte actora”.
Por último, indicó que la sociedad demandante “recibió y tomó posesión de los locales mencionados (sic)..., los cuales fueron recibidos “libres de embargo, demandas, etc.”.., por lo cual disfrutó y dispuso de ellos hasta el 14 de enero de 1993, cuando “tuvo todas las oportunidades legales para la inscripción de la... escritura”.
3.3. La representante del Ministerio Público consideró que hay falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la demanda debió dirigirse contra la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo cual solicitó absolver a la Nación.
Mediante sentencia del 15 de diciembre de 1997, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió el proceso en primera instancia, en la forma indicada en la primera parte de esta providencia (fls. 190 a 199). Acogiendo los planteamientos de la representante del Ministerio Público, consideró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la demanda debió formularse contra la Superintendencia de Notariado y Registro, unidad administrativa especial con personería jurídica y patrimonio autónomo, desde la expedición del Decreto-Ley 1659 de 1978. Al respecto, además, precisó:
“Resta anotar que independientemente de quien sea el nominador del notario, la responsabilidad que se impute al servicio de notariado recae sobre la Superintendencia de Notariado y Registro a quien le corresponde la dirección, inspección y vigilancia de los servicios públicos de notariado, según lo establece el artículo 3º del Decreto 1659 de 1978”.
Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso en su contra recurso de apelación (fls. 202 y 205 a 208).
Manifestó que la demanda no se formuló contra la Superintendencia de Notariado y Registro teniendo en cuenta que, como lo acepta el tribunal, a este organismo le corresponde la dirección, inspección y vigilancia de los servicios públicos notariales, pero no su prestación directa. En efecto, dichos servicios están a cargo de la Nación, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º a 3º del Decreto 2163 de 1970, mantenidos en esencia en la Ley 29 de 1973. Así, es la Nación la que debe responder por los daños que se ocasionen a los particulares con el desempeño de las funciones notariales, teniendo en cuenta, además, que el notario es un “empleado o funcionario público de la Nación-Ministerio de Justicia y para ejercer sus funciones toma posesión del cargo, estableciéndose así el vínculo jurídico entre la administración-Ministerio de Justicia y quien presta a ella sus servicios ...”.
El recurso fue concedido el 13 de febrero de 1998 y admitido el 27 de mayo siguiente. Corrido el traslado a las partes para alegar, y al Ministerio Público para rendir concepto, sólo intervino el apoderado de la entidad demandada, quien consideró ajustados a derecho los argumentos expuestos en el fallo apelado y solicitó su confirmación (fls. 204, 213 y 216 a 222).
1. Legitimación en la causa de la entidad demandada:
Como se desprende de los antecedentes expuestos, se ha planteado en el proceso una discusión respecto de la legitimación de la Nación para responder por la falla del servicio que pretende imputarse a la Notaría Primera del círculo de Bucaramanga. Al respecto, considera esta Sala que le asiste razón a la parte demandante, teniendo en cuenta los argumentos que, con anterioridad, ha presentado la jurisprudencia, de los cuales resultan especialmente pertinentes los siguientes, contenidos en la sentencia del 10 de agosto de 2002, pronunciada dentro del expediente radicado con el número 5004 (Nº interno 13.248):
“Para la Sala no tiene duda que son de recibo las apreciaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro dentro del proceso y especialmente en el memorial de apelación, en cuanto a que ella no es la autoridad que debe responder patrimonialmente por las irregularidades en que incurren los notarios en la función pública de notariado y registro.
Precisando que los hechos ocurrieron en vigencia de la Constitución de 1886 y por tanto antes de la expedición de la Carta Fundamental de 1991, se recalca que el ordenamiento jurídico colombiano... es expresivo de que el servicio de notariado es servicio público y función pública a cargo de la Nación colombiana, persona jurídica que la delega en los notarios a quienes inviste de poder público autenticador. Esta deducción no tiene duda, por lo siguiente:
— Como se vio, desde el Acto Legislativo 3 de 31 de octubre de 1910, la Nación en función legislativa y titular del poder público determinó que la creación y supresión de los círculos notariales estaría a cargo de las asambleas departamentales, señalamiento que parte de la titularidad del Estado sobre el servicio de notariado.
— Luego al reformar ese acto legislativo por el 1º de agosto 5 de 1931, la Nación colombiana, partiendo también de su titularidad sobre la prestación de dicho servicio y en ejercicio de poder público, defirió a la ley la “creación y supresión de círculos de notaría..., y la organización y reglamentación del servicio público que prestan los notarios”. Tal acto unilateral legislativo del Estado no sólo evidencia... la pertenencia de dicho servicio a la Nación Colombiana sino... la naturaleza como servicio y función públicos del mismo; ese acto legislativo quedó integrado a la Constitución de 1886 en el año de 1936, conductas legislativas del Estado que dejan ver que tal servicio es del Estado —Nación colombiana—.
— Esa pertenencia del servicio a la Nación se indicó expresamente en el Decreto Legislativo 1.778 de junio de 1954, dictado en estado de sitio, que estableció que los servicios de notariado y registro son “de cargo de la Nación...)” (art. 1º).
— Lo mismo se deduce de los decretos leyes dictados por el Presidente de la República, en virtud de las autorizaciones concedidas en la Ley 8ª de 1969, porque en el Decreto-Ley 960 de 20 de junio de 1970 se calificó al notariado como “una función pública e implica el ejercicio de la fe notarial...” (art. 1º) y porque en el Decreto-Ley 2.163 de 1970, por el cual se oficializó el servicio de notariado, se indicó textualmente que “El notariado es un servicio público del Estado... El notariado forma parte de la rama ejecutiva y como función pública implica el ejercicio de la fe notarial... ”.
— Asimismo, la Ley 29 de 1973, que modificó parcialmente los dos decretos leyes anteriores, consagró en el artículo 1º que “El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial...” y su reglamentario, 2.148 de 1º de agosto de 1983, reiteró el carácter público del servicio de notariado casi en iguales términos a los de ésta última ley (art. 1º).
Todas esas normas jurídicas nacionales (constitucionales, legales y reglamentarias) predican de lo público del servicio y de la titularidad estatal del mismo, no sólo por las manifestaciones de poder público al hacerlo, sino por las calificaciones hechas de calidad del mismo: de la fe notarial pública. Además, se aprecia que, bajo la vigencia de la Constitución de 1991, tal servicio siguió perteneciendo al Estado (art. 131).
La jurisprudencia de esta corporación (1) , en providencia dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado el día 26 de octubre de 1990 (exp. 1.515, actor: César Augusto López Varela), aludió a que un servicio público administrativo del Estado prestado por un particular puede ocasionar la responsabilidad del Estado, porque en tal caso los particulares son funcionarios materiales de función pública;dijo:
“Tanto los funcionarios públicos, como quienes sin serlo ejerzan función pública, asumen responsabilidad personal, la cual no solamente se halla consagrada en la diversidad de normas de jerarquía legal, sino también en la propia Constitución Nacional que en su artículo 20 dispone: “Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación o por omisión en el ejercicio de éstas”. Como ya se anotó, los notarios, por el hecho de ejercer una función pública, participan del tratamiento que la Carta Política y la ley establecen para los primeros con el desarrollo de la función pública en cuestión.
La responsabilidad personal del agente no tiene la virtualidad de excluir la que corresponde por el mismo hecho a la entidad pública a la cual se encuentra aquél vinculado o a cuyo nombre actúa. La conducta del agente que por acción o por omisión y estando vinculado a la prestación de un servicio público administrativo, sea susceptible de generar daño o perjuicio, vincula la responsabilidad del ente estatal y es por esto que quien afirma haber sido perjudicado con ella puede intentar la acción contenciosa pertinente contra aquél, o contra el agente, o contra ambos, y en todos los casos es la jurisdicción administrativa quien conoce del respectivo proceso, tal como lo establece el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo”.
Esta Sección del Consejo de Estado... aludió, en sentencia dictada el día 22 de octubre 1997, a que, indudablemente, las fallas en el servicio notarial pueden originar la responsabilidad de la Nación Colombiana, pero que aquéllas no... pueden originar la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, porque las funciones de esta autoridad relacionadas con las actuaciones de los notarios solo son de inspección y vigilancia. El mismo fallo señaló, con base en la ley, que la responsabilidad de dicha superintendencia por los actos administrativos suyos, de inscripción, puede discutirse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho y no por la acción de reparación directa. Textualmente expresó lo que sigue:
“... la facultad de inspección y vigilancia no llega hasta el punto de sustituir al notario en el ejercicio de la tarea asignada por la ley y por lo tanto sin que pueda llegar a afirmarse que toda falla en la prestación del servicio notarial implique una correlativa de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Pero en todo caso, el notariado es un Servicio Público Nacional, dispensado a cargo de la Nación por medio de funcionario o de particulares que, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, son autoridades, agentes por tanto del Estado y, en esa condición, cuando sus actos gravemente dolosos o culposos causen daño antijurídico, generan responsabilidad patrimonial de la administración.
Considera la Sala que lo dicho respecto de la responsabilidad de los notarios frente a sus actos en ejercicio de sus funciones, se predica igualmente de los actos del registrador, en el sentido que si por medio de dichos actos se producen daños a los usuarios del servicio, estos no guardan en principio, conexidad alguna con la función de vigilancia y control de la Superintendencia de Notariado y Registro,cuya responsabilidad únicamente podría ser cuestionada por las eventuales fallas del servicio derivadas de conductas dolosas o culposas emanadas de los funcionarios vinculados a dicha superintendencia.
Además, la Sala comparte lo dicho por el tribunal cuando destaca que la acción idónea para deducir responsabilidad por la inscripción del mencionado acto en el registro inmobiliario era la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y no la acción de reparación directa aquí interpuesta.
Partiendo del marco jurídico visto y de la jurisprudencia y la doctrina como auxiliares en la administración de justicia, se verá, en primer lugar y como lo dijo la Superintendencia de Notariado y Registro, que el derecho y las pruebas son indicadores de que la irregularidad en que incurrió el notario, no tomar la huella dactilar del índice derecho de los comparecientes, es una falencia que no le es imputable a la mencionada superintendencia y, en segundo lugar, que esa irregularidad sólo es predicable de otra persona jurídica como es la Nación...”.
Conforme a lo anterior, puede concluirse que la falla que se presenta en la prestación misma del servicio notarial no puede ser imputada a la Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta que, si bien la misma constituye una unidad administrativa especial, con personería jurídica y patrimonio autónomo, y, por lo tanto, tendría capacidad para intervenir como parte en un proceso judicial, las funciones que tiene en relación con los notarios son de asistencia, inspección y vigilancia respecto del servicio público que prestan. Así se desprende de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º del Decreto 1659 de 1978, y 1º y 2º del Decreto 2158 de 1992, por el cual se derogó aquél. La función notarial constituye un servicio público a cargo de la Nación, prestado por los notarios, que tienen, además, la condición de particulares y no forman parte de la estructura administrativa de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Por otra parte, es claro que si la falla se presenta en el cumplimiento de las labores de asistencia, inspección y vigilancia a cargo de la mencionada superintendencia, y no en la prestación del servicio notarial, el daño le será imputable a aquélla directamente, puesto que se tratará del incumplimiento de las funciones que legalmente le corresponden, y, en ese evento, tendrá legitimación para ser demandada en el proceso correspondiente.
Por lo demás, debe precisarse lo expresado en la sentencia citada, en el sentido de que una observación similar a la efectuada respecto del servicio notarial puede hacerse sobre la imputación de las fallas que se presentan en la prestación del servicio de registro de instrumentos públicos. En este caso, en efecto, debe tomarse en consideración el hecho de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 1659 de 1978 y en la norma del mismo número del Decreto 2158 de 1992, las oficinas de registro de instrumentos públicos, aunque son autónomas en el ejercicio de la función registral, son dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro. Así, las fallas antes aludidas pueden imputarse a esta última entidad (2) .
Ahora bien, en el caso concreto, el hecho al que pretende atribuirse el daño causado está referido, específicamente, a la autorización de una escritura pública en contra de una prohibición legal, lo que constituye, evidentemente, una típica falla del servicio notarial. Por esa razón, no cabe duda de que la misma resultaría imputable a la Nación, representada por el Ministro de Justicia, y no a la Superintendencia de Notariado y Registro. No puede prosperar, entonces, la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el Ministerio Público.
2. La responsabilidad de la Nación en el caso concreto:
Con fundamento en las pruebas practicadas, está demostrado que, mediante escritura pública 2260 del 17 de mayo de 1985, otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, la sociedad urbanizadora David Puyana S.A. le vendió al señor Ángel María Pérez Archila los siguientes inmuebles, que forman parte del centro comercial Cañaveral, ubicado en la calle 30 Nº 25-71 de la ciudad de Floridablanca: a) El local 246, y b) el parqueadero Nº 90. Estas ventas fueron inscritas el 16 de julio siguiente en los folios de matrícula inmobiliaria números 300-0127-734 y 300-0127-852 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, que, en su orden, identifican a los inmuebles mencionados (fls. 12 y 16).
También está demostrado que el señor Ángel María Pérez Archila vendió los mismos inmuebles a la sociedad urbanizadora David Puyana S.A., mediante escritura pública 3454 del 21 de octubre de 1986, otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga (fls. 2 a 7). Se observa, sin embargo, que, en esta fecha —y desde el 10 de septiembre de 1986—, aquéllos estaban embargados por cuenta de varios juzgados civiles del circuito, lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1521 del Código Civil, impedía la inscripción de títulos que comportaran enajenación (fls. 13, 16 y 17).
De otra parte, se probó que Ángel María Pérez Archila vendió nuevamente el local y el parqueadero antes identificados, mediante escritura pública 4.078 del 19 de septiembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del círculo de Bucaramanga, a Jorge Enrique Archila Moreno. Consta en el texto del instrumento que se protocolizó el certificado de paz y salvo del tesoro municipal de Floridablanca, correspondiente al local 246. No consta, en cambio que se hubiera protocolizado el certificado correspondiente al parqueadero Nº 90 (fls. 9 a 11).
Esta última escritura fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 300-0127-734, que identifica el mencionado local, el 14 de enero de 1993, fecha en la que, previamente, se inscribieron las cancelaciones de los distintos embargos que existían sobre dicho inmueble (fls. 13 y 14).
También el 14 de enero de 1993, se inscribieron en el folio de matrícula inmobiliaria 300-0127-852 las cancelaciones de los embargos que existían sobre el parqueadero 90; sin embargo, en el mismo no se registró la escritura pública 4078 citada. Al día siguiente, esto es, el 15 de enero de 1993, se registró, en cambio, la escritura pública 3454 del 21 de octubre de 1986, por la cual Ángel María Pérez Archila había vendido ese inmueble a la sociedad urbanizadora David Puyana S.A. (fl. 17).
Si bien ello no consta en el proceso, manifiesta la parte demandante que la escritura pública 4078 no fue inscrita en el último folio citado porque el registrador encontró que ésta, en relación con la compraventa del parqueadero 90, no había sido autorizada en legal forma por el Notario Primero del círculo de Bucaramanga, dado que sólo se presentó, en el momento de su otorgamiento, el comprobante fiscal correspondiente al local 246. Esta explicación resulta coherente con la observación que, según se ha expresado, puede hacerse respecto de dicha escritura pública.
Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que el artículo 44 del Decreto 960 de 1970 establece que, en el original de la escritura, se anotarán las especificaciones de todos los comprobantes fiscales allegados, se concluye que, en el otorgamiento de la 4.078 del 19 de septiembre de 1992, corrida en la Notaría Primera del círculo de Bucaramanga, se desconoció el artículo 43 del mismo decreto, modificado por el artículo 37 del Decreto 2163 de 1970, según el cual se prohíbe a los notarios extender instrumentos sin que previamente se hayan presentado los certificados y comprobantes fiscales exigidos por la ley para la prestación de los servicios notariales.
En efecto, el artículo 45 del último decreto citado dispone que los notarios deben exigir la presentación del comprobante de paz y salvo con el municipio de ubicación de los inmuebles objeto de escrituras públicas, por todos los impuestos y contribuciones causados en razón de ellos, de acuerdo con las normas respectivas y, como quedó explicado, de las anotaciones de la citada escritura puede deducirse que, en el momento de su extensión, sólo se presentó el comprobante fiscal correspondiente al local 246.
Puede concluirse, entonces, que está demostrada la falla del servicio notarial a la cual pretende la sociedad demandante atribuir el perjuicio causado.
No obstante, está probado en el expediente que la citada escritura pública 4.078 no fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 300-0127-852, correspondiente al parqueadero 090, y que en el mismo se inscribió, en cambio, la escritura pública 3454 del 21 de octubre de 1986, otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, por la cual Ángel María Pérez Archila vendió dicho inmueble a la sociedad urbanizadora David Puyana S.A. Así las cosas, la falla del servicio notarial no impidió, en modo alguno, que se consolidara en cabeza de la demandante el derecho de propiedad respecto del parqueadero aludido, al realizarse la tradición.
Ahora bien, manifiesta dicha sociedad que no pudo registrar la última escritura mencionada en el folio de matrícula inmobiliaria 300-0127-734, que identifica el local 246, teniendo en cuenta que, si bien la presentó a la oficina de registro de instrumentos públicos tan pronto como conoció el desembargo, ésta se negó a efectuar su inscripción, por cuanto ese inmueble “ya había sido registrado a nombre de Jorge Enrique Archila Moreno”. Así, alega la demandante que perdió su derecho a adquirir la propiedad sobre este inmueble.
Se observa, sin embargo, que este último resultado no puede atribuirse a la falla del servicio antes aludida, dado que la escritura pública 4078 del 19 de septiembre de 1992 constituía un título que contenía varios contratos, en cuanto por ella se efectuaron las compraventas —que bien habrían podido celebrarse mediante instrumentos separados— de dos bienes inmuebles distintos, identificados con diferentes folios de matrícula inmobiliaria y, por esa razón, su calificación e inscripción debía realizarse de manera independiente, en los términos del artículo 25 del Decreto 1250 de 1970. No se presentó, entonces, irregularidad alguna en el otorgamiento de dicha escritura respecto de la venta del local 246, ni en el registro de la misma en el folio que lo identifica, visto que, como instrumento contentivo de la venta de ese inmueble, fue extendida y otorgada válidamente, presentándose y protocolizándose, oportunamente, el comprobante fiscal respectivo.
Así las cosas, se concluye claramente que la pérdida del derecho de la demandante a adquirir la propiedad del local 246 no tuvo su causa en la falla del servicio notarial alegada —referida específicamente a la autorización del instrumento en cuanto contentivo de la venta del parqueadero 090— y, por lo tanto, no puede imputarse a la entidad demandada. En estas condiciones, se debe confirmar el fallo apelado.
Finalmente, dado que no se observa que la parte actora haya incurrido en conductas dilatorias o temerarias, se revocará la condena en costas impuesta en la misma providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 15 de diciembre de 1997, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, y se revoca la misma providencia, en relación con la condena en costas impuesta a cargo de la parte actora.
Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, Presidente de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar.
(1) Véanse las siguientes sentencias: de 22 de octubre de 1981. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 10.817. Actor Nemesio Camacho; 14 de mayo de 1990. Sección Segunda. Expedientes 281 y 2996. Actor: Esther Elena Mercado y otro. Obsérvese también el Concepto de 25 de febrero de 1998 número 1.085, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, rendido a solicitud de consulta del Ministerio de Justicia y del Derecho.
(2) Cfr., al respecto, sentencia del 4 de septiembre de 2003, expediente 12.943 (R-4078).