Source: https://www.scribd.com/doc/108772522/Intervencion-ante-el-congreso-2-de-octubre-2012-vf
Timestamp: 2017-04-26 08:32:57
Document Index: 248519912

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 13']

Intervención ante el congreso 2 de octubre 2012 vf
ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinIntervención ante el congreso 2 de octubre 2012 vfUploaded by ColombiaDiversa0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentBogotá, 28 de septiembre de 2012Honorables integrantes del CONGRESO DE LA REPÚBLICA Att: Comisión Primera del Senado L.C.
Ref.: Intervención de Colombia Diversa ante la Comisión Primera del Senado, en la audiencia pública convocada a propósito del trámite del PL No. 47 de 2012 Senado Autor: H. S. Armando Benedetti; acumulado con los P.L. 113 de 2012 Cámara; 101 de 2012 Cámara y 67 de 2012 Cámara.
Respetados(as) Senadores(as) y Representantes a la Cámara: Colombia Diversa es una organización no gubernamental cuya labor es la promoción y defensa de los derechos y libertades de las lesbianas, gay, bisexuales y personas trans, en el país. En desarrollo de su objeto social, Colombia Diversa ha promovido los derechos de las parejas del mismo sexo, ante instancias democráticas y judiciales, desde el año 2004. Gracias a la actividad conjunta con numerosas organizaciones sociales, universidades, grupos de investigación y ciudadanos, se logró el reconocimiento ante la Corte Constitucional de las parejas del mismo sexo como familias, con derecho a beneficiarse del régimen de protección jurídica dispuesto para las uniones maritales de hecho, reguladas mediante la ley 54 de 1990 y demás leyes que regulan los derechos de las parejas no casadas en Colombia. Con el fin de presentar las consideraciones de Colombia Diversa a los proyectos de ley que actualmente surten trámite ante el Congreso de la República, por medio de los cuales se busca reglamentar el vínculo jurídico que permitirá superar el déficit de protección que padecen las
parejas del mismo sexo en nuestro país, a continuación presentamos consideraciones que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de su importante labor legislativa.
I. El matrimonio es la única opción constitucionalmente válida para el vínculo contractual, formal y solemne, al que tienen derecho las parejas del mismo sexo, según los criterios fijados por la sentencia C-577 de 2011 En primer lugar, Colombia Diversa desea recodar que el exhorto al Congreso de la República proferido por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-577 de 2011 buscó darle la oportunidad a esta Corporación para remediar el déficit de protección histórico que enfrentan las familias compuestas por personas del mismo sexo en Colombia, comparadas con aquellas que sí tienen acceso a la institución matrimonial. Como puede verse en la parte resolutiva de aquella decisión, la invitación al Congreso es para que “legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas”. Así mismo, en la parte motiva, la Corte reconoció que la ausencia de una figura contractual “solemne” y “formal” que vincule jurídicamente a las parejas del mismo sexo y las dote de las mismas garantías previstas por la institución matrimonial, las pone en una situación de inferioridad, exclusión y discriminación, incompatible con los principios de libertad, igualdad y dignidad humana previstos en la constitución de 1991 y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable en Colombia. La principal razón para que la Corte Constitucional reiterara aquel déficit de protección y solicitara una pronta intervención legislativa, es el carácter de “núcleo esencial de la sociedad” que poseen las familias compuestas por individuos con orientaciones o identidades de género diversas. Ahora bien, es evidente que la institución jurídica por excelencia creada para garantizar los derechos de la familia y de cada uno de sus integrantes, de manera que logre ser una verdadera red de apoyo para el crecimiento y el desarrollo individual, es el matrimonio.
En consecuencia, de entrada es válido sostener que el déficit de protección identificado debe remediarse con la extensión del matrimonio a las parejas del mismo sexo, so pena de perpetuar la discriminación histórica que opera en este ámbito familiar. Esta conclusión encuentra respaldo en los criterios que, según la Corte Constitucional, deben orientar al Congreso de la República al momento de configurar el vínculo contractual, formal y solemne, que proteja a las parejas del mismo sexo y a sus familias. De forma enunciativa retomo los siguientes:
1) El Congreso de la República debe tener en cuenta que va a regular
el “núcleo esencial de la sociedad” (Art. 5 de la Constitución). En efecto, la figura contractual objeto de legislación dará lugar de manera formal y solemne a una “familia”, con toda la entidad jurídica propia de esta institución. Por ende, las normas que se adopten incidirán de forma directa en la dinámica y el buen funcionamiento de un tipo de organización social considerada como “fundamental” por el constituyente y frente a la cual el Estado y la sociedad están obligados a garantizar su “protección integral” (Ídem.).
2) Las normas que expida el Congreso también definirán el derecho
fundamental de las personas LGBT a conformar una familia. Entendido de este modo, el vínculo contractual entre las personas del mismo sexo deberá proteger los intereses individuales y fundamentales en juego, y abstenerse de negar la extensión del matrimonio en virtud de una supuesta “tradición jurídica nacional”, “cultura mayoritaria del pueblo colombiano” o “visión del mundo propia de un amplio sector social”, que lo impide. Esta clase de consideraciones tienen por efecto excluir a un titular de derechos fundamentales del disfrute efectivo de los mismos con base en factores ajenos al derecho y contrarios al espíritu pluralista de la Constitución. En tal sentido, es importante señalar que el cumplimiento de los derechos fundamentales es una obligación estatal que no puede evadirse argumentando razones de inconveniencia o impopularidad, pues como lo señala Corte interamericana de Derechos Humanos, “la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas”1.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, (Fondo y Reparaciones), p. 239.
3) El parámetro para determinar la validez constitucional de la figura
contractual solemne y formal que establezca el Congreso, es el nivel de protección jurídica que otorga el matrimonio a los integrantes del grupo familiar. Este parámetro también operará frente a los acuerdos que celebren jueces y notarios, en el evento en que el Congreso no legisle en la materia. Así, en la parte motiva de la sentencia C-577 la Corte Constitucional sostuvo que “si el 20 de junio del año 2013 no se ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar un vínculo contractual que les permita constituir una familia, de acuerdo con los alcances que, para entonces, jurídicamente puedan ser atribuidos a ese tipo de unión”. Como en nuestro ordenamiento jurídico el único vínculo contractual solemne que da origen a la familia es el matrimonio, entonces es forzoso concluir que la regulación de este contrato será el punto de evaluación tanto de la legislación como de los acuerdos que celebren jueces y notarios entre parejas del mismo sexo. Por lo demás, este entendimiento lo compartieron los magistrados que aclararon su voto en la citada providencia, al sostener que: “los notarios y los jueces deberán celebrar los contratos maritales entre parejas de personas del mismo sexo, aplicando las normas legales, como si reunieran los actuales requisitos legales para contraer el matrimonio de parejas de sexo distinto, hasta tanto el legislador supere el déficit de protección existente”.
4) Según la Corte Constitucional, la figura contractual creada por la ley
no podrá limitarse a establecer los efectos patrimoniales de la relación familiar surgida entre personas del mismo sexo. Resulta evidente que esta clase de relaciones no persiguen necesaria o únicamente la conformación de comunidades de bienes, pues trasciende los intereses económicos y abarca la asunción voluntaria de obligaciones mutuas y personales de respeto, asistencia, apoyo y cuidado, cuyas prestaciones no siempre pueden tasarse en valores monetarios. Por ello, en la sentencia C-577 de 2011 la Corte indicó que: “la protección a las parejas homosexuales no puede quedar limitada a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, porque hay un componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que, además, se encuentra en las uniones heterosexuales
o en cualquiera otra unión que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituya familia”2.
5) El ejercicio de su ámbito de configuración legislativa, el Congreso
deberá acoger la opción contractual para las parejas del mismo sexo que resulte más coherente con los principios constitucionales del Estado Social de Derecho, el pluralismo (Art. 1º), la diversidad (Artículo 7º), la promoción de “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” y la adopción de medidas a favor de los discriminados o marginados” (Artículo 13). A la luz de estos principios superiores, el Congreso deberá reconocer que ni el tenor literal ni la interpretación sistemática del artículo 42 de la Constitución restringen el matrimonio a las parejas de diferente sexo. En sentido contrario, una lectura objetiva del texto constitucional demuestra que no tiene un significado unívoco y que entre la multiplicidad de entendimientos posibles de la norma, cabe el matrimonio entre personas del mismo sexo3.
6) De acuerdo con la sentencia C-577, bajo ninguna óptica la
regulación del vínculo formal y solemne entre parejas del mismo sexo podrá dar origen a una categoría “especial” de familia ubicada en un nivel inferior a la familia ligada con el instituto matrimonial. El virtud del derecho a la igualdad (artículo 13 de la Constitución) las parejas del mismo sexo deberán disfrutar de las mismas garantías que gozan las compuestas por personas de sexo diferente.
En sentencias de tutela la Corte Constitucional ha reiterado el carácter de familia que ostentan las parejas del mismo sexo. Así ocurrió, por ejemplo, en las sentencias T-717 y T-716 de 2011, en cuya última indicó: “la familia constitucionalmente protegida es aquella que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, al igual que por la simple voluntad de conformarla. En ese sentido, la nota característica de esta institución es la concurrencia de una relación de solidaridad y ayuda mutua, en la que aspectos como el parentesco o la conformación de parejas son rasgos que pueden concurrir o no. Como esas calidades efectivamente se verifican en la pareja del mismo sexo, no existe ninguna razón constitucionalmente relevante para dejar de reconocerlas como familia. Incluso, negar ese carácter es una discriminación injustificada, contraria a los derechos fundamentales de sus integrantes. Se impone, en consecuencia, una conclusión unívoca sobre la materia analizada: la pareja del mismo sexo, entendida como comunidad de vida estable y singular, es una modalidad de familia constitucionalmente protegida. Por lo tanto es titular de las prerrogativas, derechos y deberes que la Constitución y la ley le reconocen a la familia, en tanto núcleo fundamental de la sociedad”. 3 Por ejemplo, en la sentencia T-163 de 2003 la Corte evidenció que del tenor literal del artículo 42, es posible extraer una multiplicidad de normas, entre las cuales se encontraban las cuatro siguientes: “(a) La familia se constituye por tres tipos de vínculos (i) naturales, (ii) jurídicos, (iii) matrimonio o decisión responsable de conformarla. || (b) La familia se constituye por cuatro tipos de vínculos (i) naturales, (ii) jurídicos, (iii) matrimonio y, (iv) decisión responsable de conformarla. || (c) La familia se constituye (i) por vínculos naturales o (ii) por vínculos jurídicos, que son el matrimonio o la voluntad responsable de conformarla. || (d) La familia se constituye por vínculos naturales –i.e. voluntad responsable de conformarla- o por vínculos jurídicos –i.e. matrimonio-. || La Corte analizará cada una de estas hipótesis hermenéuticas, pues resulta indispensable establecer las formas de conformación de la familia que la Constitución ha contemplado. Ello por cuanto resulta decisivo comprender que constituye el ‘núcleo fundamental de la sociedad’ y es merecedora de ‘protección integral’, en los términos del artículo 42 de la Carta”.
7) El Congreso deberá contemplar las diferentes situaciones en que los
derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo se vulneran por la decisión de excluirlos del matrimonio. Por ejemplo, aquellos eventos en que: a) la ausencia de un vínculo matrimonial les impida responder por los hijos, biológicos o adoptivos, de su pareja; b) ciudadanos con doble nacionalidad se casen con personas del mismo sexo en otros países donde se permita el este tipo de matrimonio y luego pretendan su reconocimiento por el Estado colombiano4; c) sujetos cuyas confesiones religiosas reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo y demanden un trato igualitario frente al rito celebrado en Colombia, entre otras, por la Iglesia Católica5; o, c) todas las demás situaciones que atraviesen las parejas del mismo sexo cuando deban acreditar un estado civil reconocido a nivel internacional, como el matrimonio, y no lo puedan hacer (cuando deban, por ejemplo, justificar la solicitud conjunta de visas y permisos de ingreso ante autoridades migratorias de otros países o tramitar avales consulares para la reunificación familiar).
8) El Congreso deberá tener en cuenta que el contrato marital, formal
y solemne, que jueces y notarios podrán celebrar a partir de junio del 2013, “es un acto jurídico que actualmente no puede ser llevado a cabo”6, por lo cual, no se puede configurar como un simple acuerdo de voluntades para la convivencia en un lugar común o para el aprovechamiento conjunto de una masa de bienes. Pensar lo contrario es negarle utilidad al exhorto de la Corte Constitucional, puesto que esta clase de acuerdos pueden celebrarse bajo el actual el ordenamiento jurídico, a través de figuras contractuales típicas o atípicas. En consecuencia, “no tiene ningún sentido pensar que la Corte autorizó que se celebrara un contrato que hoy se puede llevar a cabo”7.
9) La ponderación de las razones socio-culturales que demandan el
reconocimiento del vínculo matrimonial entre las parejas del mismo sexo, debe efectuarse de cara a las realidades actuales de la sociedad colombiana y no a partir de los modelos particulares o arcaicos de la familia y la pareja que, por ejemplo, animaron su regulación en el Código Civil de 1873. Como lo advirtió la Corte
Aclaración de voto de aclaración de voto de los magistrados María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva a la sentencia C-577 de 2011. 5 Ídem. 6 Ídem. 7 Ídem.
Constitucional, “‘la familia es una realidad sociológica que fue objeto de un reconocimiento político y jurídico en la Constitución de 1991’8 y, en cuanto tal, ‘antecede a la sociedad y al propio Estado que, precisamente, han sido instituidos para servir a su bienestar y para velar por su integridad, supervivencia y conservación’ 9”10. En este orden de ideas, no le corresponde al legislador imponer, ordenar o privilegiar un tipo especial de familia y pareja. Por el contrario, su actividad debe limitarse a reconocer y regular las múltiples modalidades existentes, permitiendo el matrimonio en condiciones de igualdad a las parejas que deseen revestir de formalidad su relación sentimental y pretendan fundar una familia. Tampoco es de su resorte invocar una interpretación desactualizada del texto constitucional, para sostener a reglón seguido que sus autores ordenaron reservar el matrimonio a las parejas de sexo diferente, pues la Constitución es un texto “viviente”, cuyo significado normativo “evoluciona” y se debe ajustar a las características socio-culturales del momento histórico en el cual pretende ser aplicada. En la sentencia C-577 de 2011 la Corte manifestó al respecto lo siguiente: “La interpretación evolutiva (de la Constitución) no se produce, entonces, de manera súbita e inconsulta, sino como el resultado de un proceso que progresivamente ha conducido a ajustar el sentido de las cláusulas constitucionales a las exigencias de la realidad o a las inevitables variaciones, proceso que ya había sido objeto de consideración en la Corte y cuya ocurrencia está prevista en la jurisprudencia constitucional al explicar el concepto de constitución viviente, que ‘puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible a la luz de la Constitución (…) un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada norma’11”.
10)Por último, el vínculo marital formal y solemne que deberá crear el
Congreso, estará en todo caso sometido a los dictámenes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud de los cuales: a) el derecho a la familia es un derecho humano, universal e inalienable, y b) el matrimonio no es una institución exclusiva para
Cfr. Sentencia C-289 de 2000. Cfr. Sentencia C-271 de 2003. 10 Sentencia C-577 de 2011. 11 Cfr. Sentencia C-774 de 2001.
las parejas de sexo diferente. Los tratados internacionales vinculantes para Colombia en materia de Derechos Humanos soportan estas dos conclusiones. Por ejemplo, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, establece: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. || 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello (…)”. Como se observa, la norma internacional no ordena que el matrimonio se celebre entre un hombre y una mujer, en su lugar, le confiere a ambos sexos el derecho a contraerlo, de lo cual se infiere que podrán hacerlo incluso con personas del mismo sexo. En sentido similar, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, de 1979, reconoce el derecho a la igualdad de las mujeres y, en especial, a disfrutar en pie de igualdad con los hombres: “a. El mismo derecho para contraer matrimonio; || b. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; […]”. Esta disposición no limita el pacto matrimonial a las parejas de sexo diferente, pues su intención es garantizar que las mujeres en ejercicio de su autonomía, escojan con toda libertad la persona con la cual desean compartir su proyecto de vida. En otras palabras, a la luz de este tratado, impedirles contraer matrimonio con un individuo del mismo sexo, constituye una restricción ilegítima a los derechos humanos de las mujeres.
II. Las figuras jurídicas alternativas al matrimonio son insuficientes para remediar el déficit de protección que agobia a las parejas del mismo sexo y crean confusión jurídica a la hora de su aplicación En segundo lugar, Colombia Diversa desea señalar que los pactos o acuerdos alternativos al matrimonio propuestos por algunos proyectos de ley, ofrecen un nivel precario de protección a las familias de parejas del mismo sexo. Es importante recordar que la institución matrimonial representa hasta el momento el contrato solemne con mayores garantías para quienes desean compartir un proyecto de vida común, animados por sentimientos de solidaridad y asistencia recíproca. De allí que figuras alternativas, como los pactos de unión civil o los acuerdos de mera convivencia, perpetúen el déficit de protección identificado por la jurisprudencia constitucional, desde un punto de vista formal y material. Desde el punto de vista formal, el nivel de protección de las figuras contractuales alternativas es inferior al que ofrece el matrimonio, pues omiten regular los efectos: a) personales o no económicos que subyacen a la familia de personas del mismo sexo (p. ej., los deberes de asistencia mutua); b) familiares (p. ej., el régimen de protección de los niños, las niñas y los adolescentes que existan en su interior; c) civiles (p.ej., los órdenes sucesorales en caso de fallecimiento de algún integrante de la pareja); d) mercantiles (p.ej., las eventuales sociedades regulares de comercio que se constituyen entre cónyuges); d) laborales (p.ej., las inhabilidades aplicables por vínculos matrimoniales). Al respecto, basta apreciar el complejo entramado de efectos personales derivados del contrato matrimonial reconocidos por la jurisprudencia constitucional, para comprender el amplio alcance que posee dicha figura en nuestro ordenamiento jurídico, en contraste con la precaria entidad que tendrían los pactos civiles alternativos contenidos en algunos proyectos de ley en curso: “Quienes tienen la calidad de cónyuges adquieren, por esa sola circunstancia, recíprocos derechos, cargas, deberes y obligaciones, en la medida en que son miembros de una relación familiar y los tienen en condiciones de igualdad entre ellos mismos como pareja, pero también ‘frente a la sociedad y al Estado’12. En este sentido la
Cfr. Sentencia C-875 de 2005.
Corte ha explicado que ‘la familia encuentra firmeza y solidez en la alianza que surge entre los esposos”, quienes, ‘en el seno de la familia’ y en forma conjunta, ‘asumen el cumplimiento de las obligaciones y derechos correlativos que el orden natural y positivo les imponen’, bien sea, ‘por su condición de esposos’ o por su calidad de padres, si llegan a serlo13. En el caso de los esposos, esas obligaciones y derechos se concretan en el debítum conyugal, la fidelidad, la convivencia, la asistencia y auxilio mutuo, la solidaridad y la tolerancia14 y, a juicio de la Corte, ‘entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua’, habiéndose destacado adicionalmente que ‘algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente’15”16. Del mismo modo, en la sentencia C-577 de 2011 la Corte sostuvo enfáticamente que la superación del déficit de protección de las parejas del mismo sexo, suponía contemplar aspectos diferentes a los netamente patrimoniales, toda vez que: “la consideración de estas uniones como familia y la protección constitucional que de ahí se desprende impiden circunscribir el amparo constitucionalmente exigido a unas medidas, por cierto importantes, pero de un claro contenido económico, que distan bastante de agotar los requerimientos de una unión estable y formalizada llamada a constituir familia, sobre todo en lo que hace al ámbito afectivo y emocional que, de acuerdo con lo expuesto, es el común denominador de todas las familias”. En suma, las propuestas de acuerdos o pactos de unión civiles ventiladas ante el Congreso en la presente legislatura, no ofrecen el nivel de protección jurídica previsto por la Corte Constitucional para las parejas del mismo sexo, y crean, en consecuencia, una categoría inferior de familia que contradice el mandato de igualdad aplicable en esta materia. Por otro lado, desde el punto de vista material, las figuras contractuales alternativas al matrimonio también devienen insuficientes porque facilitan interpretaciones, prácticas o aplicaciones del derecho, contrarias al mandato de protección integral a las familias compuestas por personas del mismo sexo (artículo 42 de la Constitución).
Cfr. Sentencia C-271 de 2003. Ibídem. 15 Cfr. Sentencia C-533 de 2000. 16 Sentencia C-577 de 2011.
Para comprender mejor esta idea, es preciso señalar que el principal reto que enfrentan las parejas del mismo sexo tras el reconocimiento de sus derechos en la jurisprudencia constitucional, consiste en que los funcionarios públicos apliquen correctamente ese marco jurídico. La experiencia cotidiana demuestra que a lesbianas, bisexuales, gay y personas Trans se les niegan sus derechos con base en interpretaciones jurídicas impregnadas de prejuicios y subjetivismos. Aprobar leyes con figuras legales y derechos diferentes al matrimonio exclusivas para ellos y ellas perpetúa estos prejuicios y legitima la idea de que incluso legalmente existen poblaciones que merecen menos derechos que las demás, lo cual a la luz de la Constitución del 91 debe justificarse adecuadamente17. Los casos son numerosos. Por ejemplo, si bien la Corte Constitucional en la sentencia C-075 de 2007 ordenó aplicar el régimen de las uniones maritales de hecho a favor de las parejas del mismo sexo y, en la parte resolutiva declaró “la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”; muchos operadores jurídicos se abstuvieron de cumplir con este mandato. Ante este panorama, la Corte Constitucional debió aclarar luego, caso por caso, que el régimen de protección de la unión marital de hecho entre personas del mismo sexo, también incluía el derecho a la seguridad social en materia de salud (en las sentenciasT-856 de 2007 y C-811 de 2007), pensiones (en las sentencia C-336 de 2008 y T-1241 de 2008) y el derecho-deber de alimentos (en la sentencia C-798 de 2008). Es probable que dicha abstención de los funcionarios públicos no haya sido un efecto esperado o previsible de la jurisprudencia constitucional, pero se verificó en la práctica y, seguramente, se hubiese podido corregir evitando utilizar figuras jurídicas especiales, derechos especiales o parciales y declaraciones de constitucionalidad permeables a interpretaciones subjetivas. Un ejemplo conocido de esta tendencia a interpretar y aplicar el derecho de familia en perjuicio de las parejas del mismo sexo, se observa en la sentencia T-51 de 2010. En esta providencia la Corte Constitucional constató que la pensión de sobreviviente les es negada sistemáticamente,
En efecto, tratándose de diferenciaciones basadas en el “sexo” de las personas, la Corte Constitucional ha establecido que por aludir a un factor “sospechoso” de discriminación” y “potencialmente prohibido”, es menester aplicar un “juicio de igualdad” “estricto” al evaluar la constitucionalidad de la medida, en virtud del cual “en principio sólo son admisibles aquellas regulaciones que sean necesarias para alcanzar objetivos imperiosos para la sociedad y para el Estado” (Sentencia C-112 de 2000).
con base en argumentos tales como: a) estas parejas no son familia y por ende no tienen derechos herenciales, b) estas parejas no constituyen uniones maritales de hecho sino simplemente sociedades patrimoniales, y por ende, se equiparan a sociedades o comunidades de bienes, b) no acreditaron el vínculo marital con un documento público solemne suscrito ante un juez o notario; o, en todo caso, c) estas parejas no tienen derecho a la aplicación retrospectiva de las sentencias C-075 de 2007 y C-336 de 2008 en materia de pensiones. Otras prácticas irregulares podrían perpetuarse de no ampliar la institución matrimonial a las familias compuestas por parejas del mismo sexo. Por ejemplo, cuando un integrante de la pareja se encuentre recluido en un centro penitenciario, difícilmente podrá exigir su derecho a la unidad familiar, en situaciones como la negación de la visita conyugal, el traslado a una cárcel lejos de su familia o la separación de su pareja, de encontrarse ésta recluida en su mismo centro penitenciario. En suma, las figuras contractuales alternativas al matrimonio abren la puerta a interpretaciones y aplicaciones del derecho que prolonguen el déficit de protección de las parejas del mismo sexo. Esta situación repercute directamente en la familia que surge al interior de esta clase de parejas y, por lo tanto, el legislador deberá optar por permitirles acceder al matrimonio, en aras de evitar o prevenir las tendencias irregulares observadas en la aplicación diaria del derecho.
III. No existen obstáculos constitucionales para extender el matrimonio a las parejas del mismo sexo En tercer lugar, deseo resaltar que no existen obstáculos jurídicos constitucionales para extender el matrimonio civil a esta clase de parejas. La Carta Política no ordena ni prohíbe nada en relación con el sexo que deben tener las personas con derecho a casarse, por un lado, o con respecto a la finalidad supuestamente reproductiva que debe existir en este tipo de convenio, por otro. De esta realidad dejaron constancia los cuatro magistrados que aclararon su voto en la sentencia C-577 de 2011, quienes sostuvieron que la Constitución “en palabras claras y directas” “de ninguna manera excluye, prohíbe o impide al legislador la posibilidad de consagrar un matrimonio para parejas de personas del mismo sexo. La institución marital, formal y solemne que en tal sentido sea desarrollada podrá tener en cuenta las especificidades y particularidades de los grupos humanos que se
beneficiarán de tal tipo de medida, pero siempre que se haga, precisamente, para respetar, proteger y garantizar los derechos constitucionales de carácter marital involucrados. Las especificidades de éste, como cualquier otro tipo de pareja, no pueden ser resaltadas con el fin de, o a costa de, irrespetar, desproteger o no garantizar sus derechos”. De tal forma, resulta evidente que recae en la potestad legislativa de este Honorable Congreso autorizar la extensión de la figura matrimonial a las parejas compuestas por personas de igual sexo. Por otro lado, tampoco existe un obstáculo para que el legislador consagre el matrimonio igualitario, fundado en la supuesta finalidad reproductiva que tiene tal institución. Al respecto, en la sentencia C-577 de 2011 la Corte Constitucional aclaró que cada pareja, de diferente sexo, tiene libertad de optar por tener hijos o no. De esta forma, la figura del matrimonio puede aplicar para las parejas del mismo sexo, pues en ellas subsisten las mismas finalidades de las uniones heterosexuales que deciden o no pueden traer hijos al mundo. Como lo resaltó la Corte Constitucional, existen situaciones reguladas por el derecho, en las cuales personas de diferente sexo se pueden casar aun cuando no tiene capacidad o intención de reproducirse. Entre los casos que se suelen señalar están el “casamiento de personas ancianas cuya edad fértil ha pasado, de quienes contraen matrimonio in articulo mortis o a sabiendas de la infertilidad de alguno de los cónyuges o de ambos y de los casados que se proponen no tener hijos, lo que en nada afecta a sus derechos individuales o de pareja, tampoco los deberes u obligaciones que en razón del vínculo jurídico surgen entre ellos ni, por supuesto, la condición de familia fundada en el matrimonio” (sentencia C-577 de 2011). Por las anteriores razones, se concluye que no hay obstáculos jurídicos de estirpe constitucional para mantener la exclusión legal impuesta a las familias de personas del mismo sexo en lo relativo a formalizar su vinculación haciendo uso de la figura matrimonial. IV. La restricción del derecho fundamental al matrimonio no supera un juicio estricto de constitucionalidad En cuarto y último lugar, impedirle a las lesbianas, gay, bisexuales y a las personas trans acceder al contrato de matrimonio es una restricción a sus derechos fundamentales que resulta inconstitucional a primera vista.
Como es sabido, toda restricción de un derecho fundamental, como el matrimonio18, debe superar un juicio estricto de constitucionalidad, y en el caso colombiano, ni la jurisprudencia ni la legislación ha demostrado que exista 1) un fin legítimo para impedirles casarse a las parejas del mismo sexo, 2) una necesidad imperativa en una sociedad democrática detrás de dicha prohibición, y 3) que se logren mayores beneficios que daños con tal restricción. En el caso bajo estudio, la limitación en cuestión debe justificarse de forma objetiva, a partir de los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional para evaluar la licitud de las restricciones a esta clase de derechos. Sin embargo, eso no ocurre en la actualidad, pues ni el legislador ni la Corte Constitucional han ofrecido razones objetivas para prodigar un trato diferente entre parejas de igual sexo y aquellas de sexo diferente que no deseen o puedan tener hijos. Adicionalmente, el juicio de constitucionalidad sobre esta restricción es riguroso, pues se basa en un criterio sospechoso como el sexo, y ya se ha establecido en el artículo 13 de la Carta Política que las diferencias de trato fundadas en el sexo de las personas se presumen inconstitucionales y se encuentra sometidas a un “control constitucional estricto” por tratarse de una distinción fundada en “un criterio sospechoso de diferenciación”19. En otras palabras, para que el Congreso pueda adoptar una regulación que trate diferente a las parejas de personas del mismo sexo que a las demás, es necesario que justifique con alta rigurosidad los fundamentos constitucionales que tiene para tal efecto, o de lo contrario incurre una diferenciación prohibida calificable de discriminación. Al respecto, tanto las cortes nacionales como los tribunales internacionales de derecho humanos han sido enfáticos en sostener que todo trato desigual entre sujetos de derechos que tenga por efecto privar o restringir a alguno de ellos de un derecho esencial, debe contar con una justificación de suficiente peso, que permitan validar el trato desigual impuesto por la ley20.
Cfr., Sentencia C-577 de 2011, donde se reiteró que “tanto la familia como el matrimonio, son derechos de carácter fundamental”. 19 Cfr. Sentencia C-075 de 2007. 20 Como lo estableció la aclaración de voto a la sentencia C-577 de 2011, “tal ha de ser el estándar que tenga en cuenta el legislador al evaluar la constitucionalidad de las medidas que elija, a saber: hacer un juicio de constitucionalidad estricto respecto de las alternativas legislativas existentes, una herramienta metodológica axial para poder responder este tipo de cuestiones”.
Así las cosas, teniendo en cuenta que ninguno de los dos proyectos de ley que rechazan la idea del matrimonio igualitario exhiben una justificación constitucional del tipo descrito, las únicas alternativas válidas a estudiar y aprobar por el Congreso de la República en este caso, son los proyectos de Ley 113 de 2012 Cámara y 101 de 2012 de Cámara.
Conclusión A partir de las anteriores consideraciones, Colombia Diversa insta al Honorable Congreso de la República a legislar en favor del reconocimiento de las familias de parejas del mismo sexo, y en tal sentido, a permitirles su acceso al contrato civil de matrimonio, con el fin de que puedan acceder en condiciones de plena igualad al nivel de protección jurídica inmerso en él. Jurídica y constitucionalmente el Congreso de Colombia está habilitado para legislar en igualdad, es su decisión política si decide hacerlo o no y por tanto continuar generando privilegios para algunas poblaciones, sin sustentos jurídicos, ni éticos que puedan sostenerse a la luz de la Constitución política y sus desarrollos jurisprudenciales. La Corte Constitucional expresó claramente que el Congreso de la República puede legislar con los mismos derechos y los mismos nombres, es decir reconocer el matrimonio a las parejas del mismo sexo, para reconocer el déficit de protección que actualmente tienen estas parejas. Con el debido respeto al Honorable Congreso de la República,
MARCELA SÁNCHEZ BUITRAGO Directora Ejecutiva
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