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Timestamp: 2020-07-09 07:51:46
Document Index: 232730144

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 44']

Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 1998. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Serie C No. 43 - Jurisprudencia - VLEX 428297622
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 1998. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Serie C No. 43
Caso: Castillo Páez Vs. Perú
Caso Castillo Páez Vs. Perú
En el caso C.P.,
de acuerdo con los artículos 29, 55 y 56 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en cumplimiento del punto resolutivo quinto de la Sentencia de 3 de noviembre de 1997, dicta la siguiente Sentencia sobre reparaciones en este caso, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) contra la República del Perú (en adelante “el Perú” o “el Estado”).
De acuerdo con los artículos 62 y 63.1 de la Convención, la Corte es competente para decidir sobre el pago de reparaciones y gastos en el presente caso, en razón de que el Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
Este caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana mediante demanda de 13 de enero de 1995, con la que acompañó el informe No. 19/94 de 26 de septiembre de 1994. Se originó en una denuncia (Nº 10.733) contra el Perú, recibida en la Secretaría de la Comisión el 16 de noviembre de 1990.
La Corte emitió Sentencia el 3 de noviembre de 1997, en cuya parte resolutiva dispuso, por unanimidad:
Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de E.R.C.P., el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. de la misma.
Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de E.R.C.P., el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. de la misma.
Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de E.R.C.P., el derecho a la vida consagrado por el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1. de la misma.
Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de E.R.C.P. y sus familiares, el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes establecido en el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma.
Que el Estado del Perú está obligado a reparar las consecuencias de esas violaciones e indemnizar a los familiares de la víctima y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus actuaciones ante las autoridades peruanas con ocasión de ese proceso, para lo cual queda abierto el procedimiento correspondiente.
El 10 de diciembre de 1997 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) resolvió:
Otorgar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plazo hasta el 10 de febrero de 1998 para que presente un escrito y las pruebas de que disponga para la determinación de las indemnizaciones y gastos en este caso.
Otorgar a los familiares del señor E.R.C.P., víctima en este caso, o sus representantes, plazo hasta el 10 de febrero de 1998 para que presenten un escrito y las pruebas de que dispongan para la determinación de las indemnizaciones y gastos.
Otorgar al Estado del Perú plazo hasta el 10 de abril de 1998 para que formule sus observaciones a los escritos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de la víctima o sus representantes presenten de acuerdo con los párrafos anteriores.
El 16 de diciembre de 1997 la Comisión Interamericana informó a la Corte que había designado como sus delegados en este caso a los señores D.E.A., C.A.C. y A.T.M.. El 18 de junio de 1998 M.M., quien había sido designada como asistente de la Comisión para la audiencia pública sobre excepciones preliminares comunicó a la Corte su renuncia.
El 27 de enero de 1998 la Comisión solicitó una prórroga de treinta días en el plazo señalado por el P. en su resolución de 10 de diciembre de 1997, para presentar su escrito respecto de las indemnizaciones y gastos en el presente caso. El 28 y 29 de enero de 1998 el Presidente prorrogó los plazos señalados a la Comisión y a los familiares de la víctima, hasta el 25 de febrero de ese año, y al Estado, hasta el 11 de mayo de 1998.
El 25 de febrero de 1998 la Comisión y los familiares de la víctima presentaron a la Corte sendos escritos sobre reparaciones con la prueba correspondiente, los cuales fueron transmitidos al Estado el 12 de marzo del mismo año.
El 9 de marzo de 1998 el P. convocó a los familiares de la víctima, a la Comisión Interamericana y al Perú a una audiencia pública sobre reparaciones, que se celebraría en la sede de la Corte el 9 de junio de 1998.
El 11 de marzo de 1998 la Secretaría requirió al Estado la presentación de los siguientes documentos: declaración jurada de ingresos de 1991 del señor C.P.C.C., copia del informe realizado por la Inspectoría General de Policía sobre el operativo en que se detuvo a E.R.C.P., ordenada por el Ministerio del Interior y cualquier otra información de inteligencia relacionada con las circunstancias de la desaparición de E.R.C.P. y su paradero. Por nota del 29 de mayo de 1998, el Estado informó a la Corte que existía impedimento legal para proporcionar la declaración jurada del señor C.P.C.C.. Los documentos restantes, tampoco fueron presentados por el Estado, pese a las reiteraciones hechas por la Secretaría el 21 de julio y 26 de agosto de 1998.
El 24 de marzo de 1998 el Estado presentó un escrito señalando que al no haberse recibido ni los escritos de reparaciones de los familiares de la víctima ni de la Comisión debía tenerse por cerrado el caso. Al día siguiente, la Secretaría informó al Estado que los escritos sobre reparaciones habían sido presentados por los familiares de la víctima y la Comisión el 25 de febrero de ese año y notificados al Estado el 12 de marzo siguiente.
El 20 de abril de 1998 la Secretaría solicitó a los familiares de la víctima y al Estado precisar el número de testigos y peritos que serían ofrecidos para la audiencia pública del 9 de junio de 1998 (supra 8) así como indicar el objeto de esos testimonios o peritajes. Asimismo, siguiendo instrucciones del P., les comunicó que “deb[ían] otorgar especial consideración a la posibilidad de presentar algunos testimonios y experticias mediante declaración jurada, en atención a los principios de economía y celeridad procesal”.
Por nota del 29 de abril de 1998 los familiares de la víctima pidieron a la Corte que les extendiera el plazo para presentar “la lista definitiva de testigos” y se les fijara el plazo para presentar las declaraciones juradas de los padres de la víctima y de su hermana, así como las experticias correspondientes.
El 5 de mayo de 1998 la Secretaría envió una nota a los familiares de la víctima, mediante la cual aclaró los criterios para la presentación de prueba en esta fase del procedimiento y les indicó que el P. había denegado la solicitud de extensión del plazo para la presentación de la lista definitiva de testigos y peritos y que oportunamente se señalaría el plazo para la presentación de las declaraciones juradas ofrecidas. Por nota de la Secretaría del 19 de mayo de 1998 se les informó que este último plazo finalizaría el 5 de junio del mismo año.
El 11 de mayo de 1998 el Perú presentó sus observaciones a los escritos sobre reparaciones de los familiares de la víctima y de la Comisión y adjuntó prueba documental. No ofreció prueba testimonial ni pericial.
El 4 de junio de 1998 los familiares de la víctima presentaron un poder de representación suscrito el 22 de mayo de 1998, en Amsterdam, Holanda, las declaraciones suscritas ante notario de C.P.C.C., M.I.C.P. y C.R.P.W. y el informe técnico realizado por la doctora C.W.C. de L. sobre las “consecuencias psicológicas ante la desaparición y el asilo político” junto con su anexo.
El 4 de junio de 1998 el Perú nombró a A.R.N. como su agente alterna en este caso.
El 9 de junio de 1998 la Corte celebró la audiencia pública sobre las reparaciones e indemnizaciones.
D.E.A., delegado,
A.R.N., agente alterna,
J.V.A. y
W.P.C..
El 20 de julio de 1998 el Estado se opuso, mediante una serie de objeciones en dos escritos, a las declaraciones suscritas ante notario, al informe técnico realizado por la doctora C.W.C. de L. y al poder presentados por los familiares de la víctima el 4 de junio anterior (supra 15). Respecto de las declaraciones suscritas ante notario señaló que éstas le habían sido notificadas de manera extemporánea el 23 de junio del mismo año. El 22 de agosto de 1998 la Secretaría le respondió que, con vista del expediente, las declaraciones citadas le fueron notificadas el 11 de junio del mismo año. El 9 de septiembre de 1998 el Perú solicitó a la Corte que le informara sobre el trámite conferido a dichas objeciones y la Secretaría le informó, el 11 de septiembre de 1998, que habían sido puestas en conocimiento, tanto de la Comisión, como de los familiares de la víctima y serían conocidas por la Corte en su próximo período de sesiones.
Por notas de 21 de julio de 1998 la Corte solicitó a los familiares de la víctima, a la Comisión y al Estado, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, la remisión, antes del 21 de agosto de ese año, de los siguientes documentos como prueba...
Decisión del Panel Administrativo nº D2003-0997 of Tribunal Arbitral de la OMPI, February 23, 2004 (case Tremco Incorporated vs. IA Consulting, Inc)