Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl12862-2017-50978-de-agosto-23-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_44a921898cd546e59310bcd6ad011538&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 19:58:38
Document Index: 324219731

Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 57', 'artículo 348', 'artículo 84', 'artículo 2', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 64', 'artículo 216', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 216', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL12862-2017/50978 DE AGOSTO 23 DE 2017
SENTENCIA SL12862-2017 DE 23 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO. LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR FRENTE A LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR CONTRA CAÍDAS POR TRABAJO EN ALTURAS NO SE EXTINGUE CON EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN, CAPACITACIONES Y OTROS, SINO QUE IMPLICA LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE SER EL CASO, LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE COMPROMETEN LA VIDA DE LOS OPERARIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, ASISTENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE DE TRABAJO, SEGURIDAD INDUSTRIAL, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO, REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, PRESTACIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL TRABAJADOR, INCAPACIDAD LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO, EXCEPCIONES AL ACCIDENTE DE TRABAJO, TRABAJO EN ALTURAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:550 DE OCTUBRE DE 2017, PÁG.1691
Sentencia SL12862-2017 de agosto 23 de 2017
SL12862-2017
Rad.: 50978
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la sociedad Chaneme Comercial S.A. contra la sentencia proferida, el 30 de noviembre de 2010, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral que Hernán Gutiérrez Peñaloza adelanta contra la recurrente, en el que se llamó a garantía a Suratep S.A.
Hernán Gutiérrez Peñaloza llamó a juicio a la sociedad Chaneme Comercial S.A. a fin de que fuera condenada a pagarle la indemnización plena de perjuicios, la indexación y las costas del proceso.
En respaldo de tales pretensiones, afirmó que se vinculó a la demandada el 10 de abril de 2000; que el 4 de mayo de 2002 siendo, aproximadamente, las 4.30 pm, momento en el cual se encontraba realizando mantenimiento en el «boom de la pala MI-09 en las minas de cerromatoso», sufrió un accidente de trabajo al caerse de una altura de cinco metros.
Expresó que la demandada no le proporcionó las medidas de protección necesarias para garantizarle su integridad y salud, como es la línea de vida indispensable para trabajos en alturas; aclaró que si bien es cierto la convocada a juicio le suministró un cinturón de seguridad, el mismo no era utilizado por él en razón a que no existía la baranda o línea de vida para adherirse.
Dijo también que como consecuencia del accidente de trabajo tiene una pérdida de su capacidad laboral del 66.95%, circunstancia que si bien es cierto lo hizo merecedor de la pensión de invalidez por parte de Suratep S.A., lo cierto es que le impide realizar actividades laborales acordes con su edad o profesión y así obtener mayores ingresos; por demás, su estado de discapacidad le ha generado perjuicios físicos y morales que sólo pueden ser reparados con la indemnización solicitada con el presente asunto (fls. 1 a 5).
La convocada a juicio al dar respuesta a la demanda aceptó los hechos referidos a la vinculación laboral que la unió al demandante, la ocurrencia del accidente y el reconocimiento de la pensión por parte de Suratep y negó los demás. Aclaró que el accidente sufrido por el actor fue por su propia negligencia al no observar los protocolos de seguridad que son muy rigurosos en la zona donde desempeña su labor, pues el arnés y demás elementos para trabajos en alturas, que le fueron suministrados, tenía dos líneas de vida donde podía engancharse.
Se opuso a las pretensiones y en su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción. Llamó en garantía a Suratep S.A. (f.° 75 a 81).
A su turno, Suratep S.A. en calidad de llamada en garantía al dar respuesta a la demanda, aceptó los hechos relacionados con el accidente de trabajo, el grado de pérdida de la capacidad laboral del actor y el reconocimiento pensional. Sobre los demás dijo que no le constaban en tanto no era la empleadora del actor. Se opuso a las pretensiones. En su defensa y luego de oponerse también al llamamiento en garantía, formuló la excepción previa de prescripción, y de fondo las de inexistencia de la obligación, prescripción y la genérica (fls. 96 a 105).
El Juzgado Octavo Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 31 de julio de 2009, absolvió a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra por Hernán Gutiérrez Peñaloza, a quién condenó a pagar las costas de la instancia. Igualmente declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación formulada por Suratep S.A.
Por apelación de la parte demandante, conoció la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, mediante la sentencia recurrida en casación, revocó el fallo de primer grado para en su lugar declarar que la sociedad Chaneme Comercial S.A. era la responsable del accidente de trabajo sufrido por Hernán Gutiérrez Peñaloza, y con ello la condenó a pagarle la suma de $310.970.880.93 por concepto de indemnización plena de perjuicios. Dispuso que las costas de la primera instancia las debía cancelar la convocada a juicio, y se abstuvo de imponerlas en la segunda.
En sustento de su decisión, el fallador de segundo grado comenzó por señalar que en el proceso se encontraba debidamente acreditado que el día 4 de mayo de 2002, el demandante sufrió un accidente de trabajo consistente en la caída desde una plataforma de cinco metros de altura, hecho que le ocasionó discapacidad laboral del 66.95%, con fecha de estructuración 4 de mayo de 2002.
Precisado lo anterior, entró a dilucidar si el accidente de trabajo sufrido por el actor obedeció a la falta de previsión y dotación de medidas de seguridad por parte de la demandada, toda vez que para efectuar el mantenimiento del «BOOM de la pala M109», no contaba con una línea de vida a la cual pudiera asirse el cinturón que se le había suministrado.
En ese orden de ideas, luego de analizar los hechos en que se soporta la demanda y su respectiva contestación, se remitió al interrogatorio de parte rendido por el accionante, para con ello poner de presente que previo a iniciar sus labores se realizó un análisis de riesgo del oficio que se iba a ejecutar el 4 de mayo de 2002, sólo que en el desarrollo de la labor apareció una nueva tarea que no estaba dentro de la orden de trabajo, que fue necesaria cumplirla en razón de las ordenes que recibiera del supervisor Byron Ortiz, labor esta que se hizo sin la presencia de los ingenieros de Cerromatoso, ni de la demandada.
En seguida examinó el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad demandada, para con ello poner de presente que, en el sitio de los hechos, únicamente se encontraba el supervisor Byron Ortiz, que todo accidente de trabajo para la demandada se averigua, tal como se evidencia con la investigación efectuada por Cerromatoso y que, como empleadora, había cumplido todos los protocolos de seguridad.
El ad quem estudió la investigación efectuada por Cerromatoso, la cual la transcribe. Igualmente, el testimonio del supervisor Byron Ortiz, quien, entre otros hechos, relató que el accidente del actor se dio por no estar amarrado, ni tener una baranda que lo protegiera, y además por la «premura, ligereza y/o a las ganas de sacar rápido el trabajo». El análisis probatorio que antecede, lo llevó a concluir que:
De lo anterior recuento se puede colegir que la afirmación de la demandada en el sentido del presunto engaño por parte del actor hacía su Supervisor y al Ingeniero de soporte haciéndoles creer que se había amarrado pese a no haberlo hecho realmente, no se encuentra demostrada debido a que las probanzas arrimadas al plenario sólo ponen de manifiesto que el actos (sic) sólo se encontraba acompañado por el Supervisor Byron Ortiz en el momento que ocurrió el accidente de trabajo.
Bajo esa premisa destacamos que aunque se acepta por ambas partes la realización de análisis de riesgo antes de la realización de las actividades laborales, ese análisis no se encuentra demostrado respecto a la labor específica que desembocó en el accidente de trabajo; máxime cuando no se contaba con la presencia del Ingeniero de Chaneme S.A., ni del Ingeniero de Cerromatoso. Entonces, no resulta desatinada como una de las causas inmediatas del accidente de trabajo, el hecho de haberse subido al boom de la pala MI-09 sin que dicha actividad hubiese sido objeto de un análisis previo de riesgo por parte de los ingenieros de la empresa Chaneme y Cerromatoso.
Luego si el único superior que se encontraba con el actor era el Supervisor Byron Ortiz, no resulta de recibo para esta Colegiatura que éste indique que el accidente de trabajo se produjo a causa de la premura, ligereza o ganas de desarrollar rápidamente la actividad por parte del señor Gutiérrez. Lo anterior por cuanto él en calidad de Superior jerárquico estaba en condiciones de exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte del demandante o en su defecto de impedir que aquel las desarrollara sin el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
Posteriormente y luego de citar una sentencia de esta Sala de la Corte, continúa diciendo:
De tal suerte que el señor Byron Ortiz al desempeñar el cargo de Supervisor del actor es evidente que estaba en condiciones de ejercer poder de subordinación sobre el señor Gutiérrez e imponerle las condiciones en que éste habría de desarrollar la actividad. No de otra forma se puede entender la capacidad para imponer órdenes o reglamentos por parte del empleador o sus representantes en virtud de la subordinación a la cual se encuentra sometido todo empleado, incluyendo por supuesto al demandante.
En lo que toca a las medidas de prevención y capacitación en seguridad industrial tendientes a contrarrestar la ocurrencia de accidentes laborales por medio de la ARP a la cual se encontraba afiliado el demandante por la empresa Chaneme S.A., nos topamos con que a pesar de manifestarse por parte de la ARP la realización de actividades de prevención y promoción en las instalaciones de la demandada en Cerromatoso (fls. 222-224), para lo cual recalca las 728 unidades de asesoría, capacitación, exámenes y medición de higiene industrial realizadas en la empresa demandada. Empero, observa la colegiatura en los documentos en los cuales reposan las unidades de asesoría y capacitación que durante el año 2002, calenda en que el actor sufre el accidente de trabajo sólo se corroboran 5 unidades en lo que toca a conceptos básicos en salud ocupacional, realización de la programación para el periodo y seguimiento a planes desarrollo (fls. 217 - 221). Mientras que la estadística de asesoría en los años posteriores arroja unas cifras mucho más altas por partes de la ARP.
Bajo los anteriores planteamientos encontramos que a pesar de no desestimar que la empresa demandada aportó elementos de seguridad al actor para el desarrollo de sus actividades laborales, el accidente de trabajo que aquel sufriera encuentra su génesis en la negligencia por parte de la demandada para brindarle todas las medidas de seguridad tendientes a minimizar el riesgo de la labor que realizara el día 4 de mayo de 2002.
Toda vez que se estima que la accionada no realizó el análisis previo de riesgo sobre la labor que el demandante desarrollaría sobre el boom de la pala MI-O9, razón por la cual aunque el actor poseía un cinturón de seguridad el mismo careció de utilidad práctica en virtud a que como consecuencia de la omisión del análisis de seguridad previo no se pudo anticipar la necesidad de disponer de una línea de vida que le permitiera asirse a un punto de resistencia.
Advirtiendo que esa conducta debía ser consecuencia del análisis previo a la actividad y no como resultado de una lógica desarrollada por el actor en el mismo instante en que desarrollaba la labor y que lo determinara a asirse a las orejas de la pala MI-O9 o a otro punto de resistencia.
Corolario de lo anterior se estima la existencia de los méritos suficientes para declarar la culpa patronal en el accidente de trabajo que sufriera el demandante el día 04 de mayo de 2002.
Con tal propósito formula dos cargos, oportunamente replicados, la Sala procede a estudiarlos.
[…] La acuso de violar por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 2, 6, 7, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, como medio artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 251, 252, 253, 254, 258, 268 y 345 del Código de Procedimiento Civil.
Dice que tal violación se dio por haber incurrido en los siguientes errores de hecho:
En la demostración del cargo, comienza por precisar que no discute los hechos referidos a la existencia del vínculo laboral, sus extremos y el accidente de trabajo que incapacitó al señor Hernán Gutiérrez Peñaloza.
La inconformidad, precisa, está centrada en el hecho de que el Tribunal se equivocó al dar por demostrada la culpa patronal en el accidente de trabajo, cuando en verdad en el expediente está plenamente demostrada la inexistencia de la misma.
En efecto, si hubiese analizado la demanda con la cual se dio inicio al proceso, habría concluido el Tribunal, que fue el propio demandante quien confesó que el señor Byron Ortiz Caicedo, en calidad de supervisor, fue el único testigo presencial de los hechos, por tanto, si la hubiera valorado:
«[…] no habría supuesto, como lo hizo, que el señor Byron Ortiz Ortiz omitió el exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad al trabajador, al ejecutar la labor sin esperar que se hiciera la valoración del riesgo por parte del empleador y de Cerromatoso […] dado que es al trabajador a quien se le exige el cumplimiento del protocolo de seguridad y por ello, era a el quien le incumbía esperar a que se le hiciera la valoración del riesgo por parte del empleador y de Cerromatoso o al menos, que si se arriesga a desarrollar el oficio, debió amarrar el cinturón de seguridad a la guaya que tiene la parte superior del boom o a la oreja que tiene el boom para izarse (sic), denominada la "línea de vida"».
Más adelante expresa que los manifiestos errores de hecho se cometieron al haber apreciado mal la pieza procesal de la contestación de la demanda (fls. 75 a 82), el interrogatorio de parte que absolvió el demandante (fls. 135 a 137), la investigación que realizara la empresa Cerromatoso (fls. 138 a 152), el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la sociedad demandada (fls. 192 a 195), el testimomo de Byron Ortiz (fls. 198 a 200), los documentos entregados por el representante legal de Suratep durante su interrogatorio de parte (fls. 217 a 221) y el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de Suratep (fls. 222 a 224); pues no vio en tales pruebas lo que contienen, ni más ni menos, que el actor jamás amarró su cinturón de seguridad a la guaya que tiene la parte superior del boom o a la oreja que tiene dicho el boom para sujetarse a la denominada «línea de vida», es decir, no existe prueba de que el actor hubiere cumplido el protocolo de seguridad de asirse el cinturón de seguridad a la aludida línea de vida, por demás éste no esperó a la realización de la valoración del riesgo por parte del empleador y de la empresa Cerromatoso.
Concluye que el accidente de trabajo ocurrió por culpa del trabajador en razón a que no esperó a la realización de la valoración del riesgo por parte del empleador y de la empresa Cerromatoso, ni tampoco se amarró a la línea de vida que habría evitado que al perder el equilibrio hubiere caído al vacío.
En síntesis, el opositor demandante manifiesta que el cargo no está llamado a prosperar en razón a que, tal como lo dio por demostrado el Tribunal, está plenamente acreditada la culpa patronal en tanto no existía línea de vida, la que, por demás, sólo fue implementada con posterioridad a la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el accionante.
Vista la sentencia recurrida y los reproches de orden fáctico que a la misma le atribuye la censura, le corresponde a la Sala dilucidar si el accidente de trabajo sufrido por Hernán Gutiérrez Peñaloza, obedeció a culpa suficientemente comprobada del empleador, como lo concluyó el Tribunal o, si por el contrario, dicho accidente ocurrió porque el demandante no cumplió el protocolo de seguridad de asirse a la línea de vida existente en el sitio de los hechos y por no haber esperado a la valoración del riesgo, como lo sostiene la demandada.
Previo a dilucidar lo anterior, oportuno es recordar que la condena por indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 CST, debe estar precedida de la culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo tal que su imposición amerita, además de la demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo, la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia de su negligencia en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores (art. 56 CST).
Particularmente, tales obligaciones se encuentran consagradas en los numerales 1º y 2º del artículo 57 del ibídem, según las cuales los empleadores deben «[…] Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores», y procurarles «locales apropiados y elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud».
De igual manera, el artículo 348 ibídem preceptúa que toda empresa está obligada a «[…]suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores», y adoptar las medidas de seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, lo cual guarda plena armonía con las disposiciones que en materia de salud ocupacional y seguridad en los establecimientos de trabajo que prevén dentro de las obligaciones patronales las de «proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad» (Res. 2400/79, art. 2º).
En esa misma línea el artículo 84 de la Ley 9 de 1979, estableció que, entre otras obligaciones, los empleadores están impelidos a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad; implementar métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de los procesos de producción; observar y hacer cumplir las disposiciones relativas a salud ocupacional; responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores; adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los empleados mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo y realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén expuestos los trabajadores y acerca de los métodos de su prevención y control.
Ya en el marco del Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy Sistema General de Riesgos Laborales, se reiteró la obligación a los empleadores de «[…] procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo» (D. 1295/94, art. 21).
Lo visto en precedencia, muestra cómo las disposiciones sustantivas laborales de salud ocupacional, hoy seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, han sido unívocas en comprometer al empleador a cuidar y procurar por la seguridad y salud de los trabajadores, y adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir los accidentes y enfermedades profesionales, todo ello en perspectiva a que «[…]la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país, su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario» (L. 9/79, art. 81).
En materia de trabajos en altura, considerados como tales «[…]toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior» (Res. 3673/2008), ha existido una constante preocupación por generar una reglamentación clara y precisa tendiente a reducir los riesgos propios de esta actividad, considerada de por sí como de alto riesgo (Res. 3673/2008 y 1409/2012), en atención a los elevados índices de accidentalidad y muerte ocasionadas en este tipo de labores.
En este orden, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social expidió la Resolución 2400 de 1979, en la que en sus artículos 188 y 190 estableció la obligación a los empleadores de implementar líneas de vida para la ejecución de trabajo en altura, en los siguientes términos:
“ART. 188. Para aquellos trabajos que se realicen a ciertas alturas en los cuales el riesgo de caída libre no pueda ser efectivamente controlado por medios estructurales tales como barandas o guardas, los trabajadores usarán cinturones de seguridad o arneses de seguridad, con sus correspondientes cuerdas o cables de suspensión. Las cuerdas o cables de suspensión, estarán firmemente atados al cinturón o arnés de seguridad y también a la estructura del edificio, torre, poste u otra edificación donde se realice el trabajo. Los cinturones o arneses de seguridad y sus cuerdas o cables de suspensión tendrán una resistencia de rotura no menor de 1.150 kilogramos y el ancho de los cinturones no será menor de 12 centímetros, con un espesor de 6 mm (1/4 pulgada), de cuero fuerte curtido al cromo, de lino o algodón tejido u otro material apropiado.
“ART. 190. Las cuerdas salvavidas serán de cuerda de manila de buena calidad y deberán tener una resistencia a la rotura de por lo menos 1.150 kilogramos (2.500 libras). Los herrajes y fijaciones de los cinturones de seguridad deberán soportar una carga por lo menos igual a la resistencia de la rotura especificada para el cinturón.
Bajo esa misma orientación, el entonces Ministerio de la Protección Social con miras a generar un reglamento técnico sobre la materia, expidió la Resolución 3673 de 2008 «[…] por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas» y definió el trabajo en tales condiciones como «toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior»; dicha reglamentación se modificó mediante las resoluciones 736 de 2009 y 2291 de 2010, normativa que amplió notablemente las obligaciones a cargo del empleador en esta materia.
El referido reglamento mantuvo en cabeza de los empleadores la ineludible obligación de ejercer labores de vigilancia y control en torno al cumplimiento de las condiciones de seguridad en el trabajo en altura, a través de personal idóneo en la materia y con capacidad de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, lo cual por demás no hace otra cosa que acogerse a los lineamientos establecidos en el Convenio 167 y la Recomendación N° 175 de la OIT, el primero ratificado el 6 de septiembre de 1994.
Actualmente rige la Resolución 1409 de 2012 (modificada en aspectos puntuales en materias de capacitación, formación, entrenamiento y certificación, y coordinación de trabajo en alturas mediante las resoluciones 1903 de 2013 y 3368 de 2014) «por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas», que derogó los anteriores reglamentos en lo que le era contrario, empero, en esencia, conservó una estructura sustancialmente similar al que lo precedió, con algunos ajustes y modificaciones, tales como la ampliación de las obligaciones del empleador; la inclusión de obligaciones especiales para las administradoras de riesgos laborales; el fortalecimiento de los programas de capacitación; la necesidad de contar con un trabajador capaz de identificar los peligros en el sitio donde se realizan labores en alturas y autorizado «para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros»; el deber de contar con elementos y equipos certificados, y personal con formación especializada. Resolución que, en los numerales 28, 29, 30 y 31 del artículo 2º, definió cuatro clases de líneas de vida, a saber:
Naturalmente, esa obligación de seguridad de la persona del trabajador, en virtud de la cual se reviste al empleador y a su delegado de plenas facultades para «cumplir y hacer cumplir las disposiciones», «ordenar las medidas de control necesarias» y «adoptar las medidas necesarias para la prevención y control de los riesgos profesionales» (Res. 2413/79, art. 12), no se extingue con la sola acreditación de que el empleador suministró a su trabajador charlas sobre seguridad industrial, lo dotó de los elementos «mínimos» de seguridad industrial necesarios para el desarrollo de sus funciones como el arnés, lo afilió al sistema de riesgos profesionales y le ordenó la práctica de exámenes médicos para determinar su aptitud física para desplegar el trabajo en alturas.
En efecto, sus obligaciones van más allá, al punto que se convierte en un imperativo suyo exigir el cumplimiento de las normas de seguridad en el desarrollo de la labor y, de ser el caso, prohibir o suspender la ejecución de los trabajos hasta tanto no se adopten las medidas correctivas, o como lo señala el Convenio 167 de la OIT: «interrumpir las actividades» que comprometan la seguridad de los operarios. Todo lo anterior en el entendido de que en el ámbito laboral debe prevalecer la vida y la seguridad de los trabajadores sobre otras consideraciones (Sent. CSJ SL9355-2017).
Precisado lo anterior y descendiendo al caso de autos, la Sala procede a dilucidar el problema de orden fáctico planteado por la censura y que al comienzo de estas consideraciones se determinó. Para ello, pertinente es recordar que el Tribunal fundamentó su decisión en que la culpa de la empleadora estaba suficientemente demostrada por la «negligencia» al no proporcionarle al trabajador todas las medidas de seguridad tendientes a evitar o minimizar el siniestro, pues de una parte «no realizó el análisis previo de riesgo sobre la labor que el demandante desarrollaría sobre el boom de la pala MI-09», y de otra, porque si bien «el actor poseía un cinturón de seguridad» el mismo carecía de utilidad práctica en razón a que no se contaba con una línea de vida.
El censor no comparte la anterior conclusión, en razón a que en su decir la culpa de la empleadora no está suficientemente comprobada. Ello, porque en su entender, fue el propio Gutiérrez Peñaloza quien incumplió con los protocolos de seguridad al no esperar a que se realizara la valoración del riesgo, y además porque no amarró el cinturón de seguridad a la guaya que tiene la parte superior del boom o a la oreja que tiene el boom de la pala MI-09.
En este orden de ideas, la Sala considera que no le asiste razón a la censura en las crítica de orden fáctico que le atribuye a la decisión recurrida, pues como bien lo precisó el Tribunal, los trabajos que el demandante realizaba en el «boom de la pala MI-09», donde al final pierde el equilibrio y cae, eran ejecutadas en obedecimiento a las órdenes impartidas por el supervisor Byron Ortiz, quien como representante del empleador no tomó las medidas necesarias para prevenir el accidente, de ahí la existencia de la negligencia que se le atribuye a la convocada a juicio, pues de tal declaración (fls. 198 a 200) y de la investigación efectuada por Cerromatoso (fls. 138 a 150) aparece demostrado que el citado supervisor ni efectuó la valoración del riesgo, ni mucho menos exigió al trabajador, como era su deber legal, utilizar el arnés para con el mismo sujetarse a una «oreja que tiene la parte superior del boom», que desde luego no es una línea de vida, pero por lo menos, hubiese minimizado el peligro.
Por demás, no aparece acreditado en el expediente, que la máquina donde se realizaban los trabajos contase con una guaya para que el técnico pudiera adherirse a ella, como como lo sostiene la censura; ello es tan cierto que dentro de la investigación que se hizo con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, se precisó que una de las acciones correctivas que debía tomarse era la de «Instalar cuerda de vida sobre el boom a las palas Hitachi» (fl. 149).
De otra parte, si bien puede resultar cierta la aseveración de la censura, que Gutiérrez Peñaloza ejecutó tales labores con exceso de confianza e inclusive con negligencia, ello, en momento alguno releva de responsabilidad a la demandada Chaneme Comercial S.A. quien indiscutiblemente soslayó sus obligaciones como empleadora, en la medida en que pese a que el causante tenía que desarrollar trabajos en una altura que superaba 1.5 mts, pues lo hacía a 4.7 mts, no tenía implementada la llamada línea de vida.
Si ello no fuera todo, la empresa accionada no ejerció su deber de supervisión, control y exigencia que le asistía para prevenir e impedir el accidente de trabajo del accionante, pues lo cierto es que el supervisor Byron Ortiz, no ejerció sus funciones de vigilar, inspeccionar y exigir la adecuación de ese instrumento, el uso de los demás elementos de seguridad, tales como el arnés o cinturón de seguridad y el cumplimiento de las normas de seguridad en el desarrollo de la labor, y tampoco le prohibió o solicitó al demandante suspender la ejecución de los trabajos en el boom de la pala MI-09 hasta tanto no se adoptaran las medidas preventivas necesarias para emprender la actividad de manera segura.
Todo ello pone en evidencia la conducta pasiva y negligente del empleador que no se desvirtuó en el curso del proceso, en cuanto en su defensa se limitó a invocar la culpa del trabajador que, de existir, se itera, no lo exime de responsabilidad tal como lo ha dicho esta Sala de la Corte en múltiples oportunidades, entre otras, en la Sentencia CSJ SL5463-2015, en la que señaló que la «responsabilidad de la empresa en el accidente laboral no desaparece en el evento de que este ocurra también por la concurrencia de un comportamiento descuidado o imprudente del trabajador, toda vez que, conforme al tenor del artículo 216 del CST, en la indemnización plena de perjuicios a consecuencia de un siniestro profesional con culpa del empleador no se admite la compensación de culpas».
Así las cosas, de las pruebas y piezas procesales analizadas por el Tribunal, entre las cuales y contrario a lo afirmado por la censura se encuentra la demanda con la cual se dio inicio al proceso, fluye con nitidez que la empresa no cumplió con las obligaciones legales y reglamentarias cuyo análisis se realizó en precedencia, lo que significa ni más ni menos, que no cumplió con las normas de seguridad, ni le proporcionó a su trabajador elementos y condiciones de trabajo seguros.
Por tal motivo, no puede desestimarse o minimizarse la omisión de la demandada en el suministro del medio de seguridad pertinente y esencial (línea de vida), así como tampoco la negligencia que se concretó en la falta de acciones de supervisión, control y exigencia ante un posible proceder imprudente del trabajador, todo lo cual pone de manifiesto la falta de cuidado del empleador, que es la que censura el artículo 216 CST.
Esta línea de pensamiento acorde con el análisis que se realizó, ha sido consistente y reiterada en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal y como en los últimos años se ha adoctrinado en las sentencias CSJ SL160102-2014, CSJ SL17216-2014, CSJ SL5463-2015, CSJ SL 7056-2016, CSJ SL 2644-2016 y CSJ SL 9396-2016.
En consecuencia, no se equivocó el Tribunal al encontrar demostrada la culpa de la empleadora en la concurrencia del accidente de trabajo que sufrió el demandante.
Todo lo anterior, lleva a concluir que no se cometieron los yerros fácticos endilgados, y el cargo no prospera.
La acuso de violar por vía directa, en el concepto de interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con el artículo 64 del Código Civil, dado que existió fuerza mayor o caso fortuito en el accidente de trabajo que exime de culpa al empleador[…]
En la demostración del cargo, la censura expresa que, la culpa de la propia víctima es eximente de la culpa patronal, dado que fue el propio Gutiérrez Peñaloza, quien no se esperó a que se le hiciera el análisis previo del riesgo sobre la labor a ejecutar, sino que lo asumió, al emprenderla sin disponer de una línea de vida que le permitiera asirse a un punto de resistencia, por demás, el trabajador sabía que debía esperar a que estuvieran presentes tanto el ingeniero de Cerromatoso como el ingeniero de Chaneme S.A. para que realizaran el análisis del riesgo.
Así las cosas, como el trabajador asumió el riesgo en la labor a desarrollar, al no amarrarse a la línea de vida, ni haber esperado a que se realizara el análisis previo de riesgo, constituye una fuerza mayor o caso fortuito exonerante de responsabilidad del empleador al haber existido culpa de la propia víctima. Apoya su argumentación, en una sentencia de la Sala Civil de esta Corporación, fechada el 13 de noviembre de 1962, lo que no tuvo en cuenta el Tribunal.
Expresa que la colegiatura en momento alguno infringió el artículo 216 del CST ora el 64 del CC, toda vez que en el proceso están demostradas las imprevisiones del empleador en razón a que desconoció estándares nacionales e internacionales sobre el desarrollo de las actividades riesgosas, como es el trabajo en alturas, por demás, nunca se probó la presencia de los ingenieros de la demandada y de Cerromatoso y jamás se justificó su ausencia.
La Sala comienza por recordar que la causalidad, es decir, la relación de causa efecto que debe existir entre la culpa patronal y el daño, además de ser un elemento sine qua non de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios del empleador, es una pauta de justicia, en la medida que, nadie está obligado a resarcir un daño sino cuando ha dado causa o contribuido a él. De allí que la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, y el caso fortuito y la fuerza mayor denominados por la doctrina causas ajenas, sean considerados como eximentes de responsabilidad, en tanto que, con su establecimiento, el nexo causal se rompe o quiebra, ante la imposibilidad de imputar el resultado dañino a quien se afirma lo cometió por acción u omisión culposa.|
No puede olvidarse también que la fuerza mayor o el caso fortuito, están definidos tanto por el artículo 64 del CC como por el artículo 1º de la Ley 95 de 1989, en los siguientes términos: «Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.».
Lo anterior resulta de vital importancia precisarlo, en razón a que el recurrente confunde la fuerza mayor o el caso fortuito, con la negligencia, descuido, imprudencia, etc., pues los primeros (fuerza mayor o el caso fortuito), obedecen a hechos a los que no es posible resistirse o que no es factible advertirse o preverse; al paso que los segundos (negligencia, descuido, imprudencia, etc.) llevan intrínsecas características fundamentales como las de previsibilidad y resistibilidad, por tanto si es posible preverlos.
Ahora bien, tal como se dejó precisado al desarrollar el primer cargo, si eventualmente Gutiérrez Peñaloza hubiese incurrido en un actuar descuidado e imprudente en el desarrollo de la labor encomendada por el supervisor Byron Ortiz (trabajos en el boom de la pala MI-09), tal actuar no hace desaparecer la culpa suficientemente comprobada de la empresa en el accidente laboral, toda vez que, conforme al tenor del artículo 216 del CST, en la indemnización plena de perjuicios a consecuencia de un siniestro profesional con responsabilidad del empleador no se admite la compensación de culpas, por tanto mal puede endilgársele al fallador de segundo grado que interpretó erróneamente la citada preceptiva.
Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el Tribunal no incurrió en el yerro jurídico enrostrado por la censura, y, por tanto, el cargo no prospera.
Las costas del recurso extraordinario, en virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, estarán a cargo de la parte recurrente demandada y a favor del opositor demandante. Se fija como agencias en derecho, la suma de siete millones de pesos ($7.000.000) que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada, el 30 de noviembre de 2010, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral que Hernán Gutiérrez Peñaloza le adelanta a la sociedad Chaneme Comercial S.A. y la llamada en garantía Suratep S.A.