Source: https://es.scribd.com/doc/85185036/Reimplantar-La-Pena-de-Muerte-en-Bolivia-2012
Timestamp: 2016-05-24 18:34:12
Document Index: 306513127

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 26']

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La semana pasada, se puso en discusión nuevamente la posibilidad de reimplantar la pena de muerte en Bolivia. Inclusive, se organizó una marcha para exigir “pena de muerte para los asesinos, violadores y cogoteros…” y así lograr su consideración a través de las autoridades de gobierno. Esta protesta, se desató tras el asesinato de Verónica Peñasco y su hermano Víctor Hugo, que trabajaban en estaciones de radio y cuyos cuerpos fueron encontrados en un camino rural, con señales de haber sido lamentablemente estrangulados. Ciertamente, -según informó ABC Digital- en el último año, al menos 69 personas fueron estranguladas por delincuentes, ahora denominados “cogoteros” y que atracan a sus víctimas en vehículos de transporte público falsos. Al respecto, es importante poner de relieve el programa de seguridad vehicular y ciudadana “Pasajero Seguro” que ha puesto en marcha la Alcaldía de La Paz, para contrarrestar de alguna forma el peligro que supone abordar radiotaxi en la ciudad, a cualquier hora del día.
SITUACIÓN NORMATIVA Ahora bien, en medio de la protesta, el presidente de las juntas de vecinos de El Alto, dijo que “tiene que cambiarse el Código Penal, que es más benevolente con los delincuentes”, agregando que “los cogoteros nos están matando como animales. Han rebasado nuestra paciencia y vamos a estar movilizados…”, advirtiendo con masificar las protestas si el gobierno no garantiza seguridad. Al respecto, cabe apuntar que el tema, no implica solamente una simple modificación de la Ley Penal, respecto a las sanciones legalmente establecidas, sino que necesariamente supone una reforma constitucional sobre las directrices penales que contiene nuestra Ley Fundamental. Asimismo, se debe tener muy en cuenta también que la policía de la ciudad de El Alto, con 1,2 millones de habitantes aprox., cuenta sólo con una cantidad (aproximada) de 2.000 guardias de seguridad pública, que en este último mes atraparon a 15 delincuentes que integraban cuatro bandas de “cogoteros” (según informa @abcdigital). Lamentablemente el tema no quedó ahí, sino que inclusive Diputados Nacionales se pronunciaron, bajo el argumento nada sólido de que “a lo único que le temen los delincuentes es a perder la vida…”, sugiriendo que el mismo sea tratado a nivel de la Asamblea Legislativa. Es ahí, que me resulta increíble haber escuchado por parte de algunos de nuestros "representantes nacionales" (sean Diputados o padrastros de la Patria), que debería analizarse la reimplantación de la Pena de Muerte en Bolivia ante la inseguridad ciudadana, cuando la misma Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, y que juraron respetar al asumir el cargo, establece expresamente (artículo 15 parágrafo I): “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”. Inclusive, posteriormente la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que fue aprobada con el objeto de regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, así como determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente, estableció la prohibición de aplicar la pena de muerte (artículo 6), señalando que: “En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute”; todo ello en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, aprobado y ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993) que declara expresamente (artículo 4) que “no podrá reimplantarse la pena de muerte en los Estados que la han abolido...”, lo cual se ha efectivizado por vía constitucional, en el caso de Bolivia. Al respecto, cabe tener presente que en la actualidad, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, también prevé entre sus disposiciones (Artículo 13, parágrafo IV), que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, y en complemento de lo anterior, se ha dispuesto expresamente que “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos” (Artículo 14, parágrafo III, NCPE), de lo cual se puede inferir que el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución ha decidido seguir la tendencia de otorgar una jerarquía especial con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos a favor de los ciudadanos, conformando así un perfecto bloque de constitucionalidad en Bolivia. SOLUCIÓN ILÓGICA Por otro lado, es difícil saber quién fue la persona de mente retrógrada, a quien se le ocurrió hacer creer esta fórmula: “PENA DE MUERTE = SEGURIDAD CIUDADANA” (¿?), dado que siendo conceptos tan distintos en sus alcances, es algo absolutamente ilógico suponer que la reimplantación de la pena de muerte, nos brindará seguridad ciudadana, o viceversa, que la seguridad ciudadana tiene como base fundamental la eliminación de los delincuentes (idea que tampoco puede ser considerada una solución eficaz), cuando en realidad, su base fundamental es (o debería ser) el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Esto me recuerda a la falaz idea que tuvieron algunos (o muchos) de nuestros con-ciudadanos al pensar que la Asamblea Constituyente (que para algunos, no pasó de ser una divina comedia) le pondría fin a todos los problemas de crisis social, económica, y política, que atravesaba Bolivia en los años posteriores a Octubre de 2003. En este sentido, se debe reivindicar el hecho de que una pena de tal magnitud, que ataca directamente la vida del condenado (dado que se impone a un reo condenado en razón de delito, con la finalidad de privarle de la vida), no aporta nada constructivo para el desarrollo del país, sino que menoscaba las bases y fundamentos éticos y morales de nuestra sociedad, además de perjudicar la estabilidad de nuestro régimen democrático que tanto sacrificio nos cuesta preservar, frente a las repentinas arbitrariedades (y eventuales abusos) en que suelen incurrir las autoridades que detentan el poder. Sobre este aspecto, debe considerarse principalmente que el sistema democrático que rige en Bolivia, ha dado paso a la construcción de un régimen penal destinado principalmente a formar ciudadanos conscientes y responsables, capaces de conducirse de acuerdo a su razón y aptitudes propias, siendo en consecuencia proclive a la abolición de la pena de muerte, conforme se ha expresado ahora por “voluntad nuestra” (al menos en teoría) a través del pacto social y político adoptado en la Asamblea Constituyente. Mientras que, en un Estado Totalitario, que simboliza básicamente el encumbramiento de la irracionalidad, generalmente se hace del derecho represivo y castigador, un instrumento de dominación que se derrocha en el uso indiscriminado de una
medida extrema como es la pena capital, y no precisamente para hacer justicia, sino para excluir políticamente a quienes no concuerdan con esa ideología (Cfr. Oscar Crespo Soliz. Proyecto de Reforma de la Constitución Política del Estado. Régimen Penal. Cochabamba – Bolivia, 1986). RÉGIMEN PENAL ANTIGUO Un ejemplo claro de lo referido, fue el establecimiento de la pena de muerte en la redacción original del Código Penal de 1973 (artículo 26), y la razón de esta inclusión se encontraba precisamente en el Decreto Ley Nº 09980 de 5 de noviembre de 1971, que con bastante anticipación ordenó el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos de asesinato, parricidio, y traición a la patria, además del terrorismo, el secuestro de personas y los actos de guerrilla, todo ello durante el régimen banzerista y de facto que se apoderó del país, lo que se encuentra entre las más deplorables anécdotas del desarrollo histórico de Bolivia. Esta redacción del texto original del Código Penal Boliviano, fue posteriormente modificada por la Ley Nº 1768 de Reformas al Código Penal (1997), dada su abierta contradicción con el derecho a la vida consagrado expresamente por la misma Constitución, que es una norma de aplicación preferente en virtud de la supremacía constitucional; y cabe hacer notar que dicha "preferencia", no debe ser entendida como opcional, que permita a las autoridades, jueces o tribunales, optar alternativamente entre la Constitución y una Ley, Decreto o Resolución y, en su caso, aplicar las normas legales ordinarias frente a la Constitución, sino que debe entenderse en el sentido de la prelación, es decir, que la norma constitucional tiene primacía para ser aplicada frente a las otras normas legales ordinarias, por lo tanto, siempre se aplica primero la Constitución, luego las leyes, conforme al rango que tengan, después los decretos supremos, resoluciones supremas y así sucesivamente. El tema de la reimplantación de la pena de muerte, suele renovarse generalmente bajo la presión popular, estimulada por eventuales estados de ánimo provocados por la indignación que causan ciertos crímenes violentos, además del terrorismo, los cuales (según los partidarios de esta pena) darían lugar a un “mecanismo legítimo de defensa”. No obstante, dicho argumento resulta sumamente engañoso e inconsistente, por cuanto está basado en la creencia de que los delitos violentos, se suprimen por la vía del ejemplo o la represión intimidatoria, lo cual tiene un fondo de venganza inconscientemente alimentada por la multitud anónima, todo ello carente de una fundamentación filosófico-jurídica, respetable y autorizada (Crespo Soliz). INCONSTITUCIONALIDAD EVIDENTE En este sentido, se debe señalar que en Bolivia (ahora Estado Plurinacional) la pena de muerte y su pretendida reimplantación en el ordenamiento jurídico, será siempre INCONSTITUCIONAL (que es diferente de lo anticonstitucional, dado que esto supone la realización de un acto contrario a lo dispuesto en la Constitución), en tanto nuestra organización política se encuentre sustentada en el régimen democrático, que implica la supresión de toda clase de torturas y/o penas crueles, inhumanas, degradantes o humillantes, en razón del respeto a la
dignidad humana, dado que dichas bases constitucionales son absolutamente incompatibles con la destrucción de la vida mediante padecimientos físicos (en una especie de venganza del talión – Ojo po Ojo, y el mundo quedará ciego), de manera que, implementar esta forma de castigo, sería una espléndida contradicción (como decir, “luz oscura” o “fuego frío”) frente a los valores humanos que rigen nuestro desenvolvimiento en sociedad. Se debe comprender que, en esta etapa de desarrollo de la humanidad, no se puede vengar la muerte de una persona, con más muerte (un delito con otro), y ni aunque eliminemos de una vez por todas a los delincuentes, desaparecerá el delito. Asimismo, a nivel mundial, ha quedado abundantemente demostrado que la pena de muerte, además de ser censurable desde todo punto de vista ético y moral, nunca ha servido para disuadir a los delincuentes y, en todo caso, generalmente suele ser la fuente principal de errores e injusticias irreparables, un vez ejecutada la sentencia que condena a la pena capital a un reo. Entonces, no es pertinente afrontar el problema de la criminalidad, de forma simple y sin criterio científico alguno. El delito, según se puede percibir, tiene determinadas causas, factores y condiciones, y entre tanto éstos no sean eliminados, seguirá existiendo; es decir que por más de que se fusile o se envíe a la cámara de gas a todos los violadores de una sola vez, si persisten las causas, condiciones y factores, entonces surgirán otra cantidad de violadores, y así sucesivamente. De ahí que, no es recomendable encarar el problema por las ramas sino por las raíces (Cfr. José Antonio Rivera Santivañez. Constitución Política del Estado. Comentario Crítico. La Paz – Bolivia, 2004). POLÍTICAS NECESARIAS Por otro lado, mientras las teorías partidarias de la pena de muerte sostienen que es la única pena que posee eficacia intimidativa para luchar contra la gran criminalidad, el argumento más sólido y consistente utilizado por las modernas corrientes abolicionistas de la pena capital, señala que la pena de muerte es irremediable, por cuanto no ofrece recurso alguno contra el posible error judicial en cualquier caso. Todas las demás penas, aún las más duras y severas, permiten una reparación en caso de error judicial, mas la pena capital no permite reparación alguna. (Este es el argumento más sólido y consistente esgrimido por Hans Von Hentig, quien dice que el error judicial, en caso de aplicación de la pena de muerte, es definitivamente irreparable). Por tanto, hay que insistir en que no es racional plantear la reimplantación de una pena que lesiona derechos humanos, valores y principios fundamentales, entre ellos la vida, para resolver un grave problema, como es el delito (sea de violación, asesinato, atraco u otros) que tiene sus causas y factores múltiples que requieren ser eliminados; y pienso que lo único que hace falta es encarar una POLÍTICA CRIMINAL de manera integral en Bolivia, que no solamente se ocupe de atacar el delito, sino también de rehabilitar al delincuente, a fin de lograr su reinserción a la sociedad. Así también, una verdadera POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA, teniendo como requisitos mínimos indispensables, el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos, debe comenzar por planificar el relanzamiento de las principales instituciones de defensa de los intereses de la sociedad frente al crimen, me refiero a la Policía Nacional y al Ministerio
Público (ambas instituciones carentes de equipamiento técnico y recursos humanos suficientes), cuyas funciones y atribuciones legalmente asignadas, deben ser optimizadas para el esclarecimiento de los hechos (investigación del delito), y la búsqueda de la verdad (identificación del delincuente y su participación), esto en el marco del procedimiento penal, que también requiere profundas modificaciones, dada la inutilidad de muchas de sus previsiones. Finalmente, y para contextualizar éste comentario, les invito a leer un pequeño trabajo de análisis e investigación de mi autoría, sobre: “La Pena de Muerte en la Legislación Boliviana. Evolución histórico-normativa y su proyección internacional”. Monografía histórico-descriptiva sobre la anterior vigencia y actual abolición constitucional de la pena capital, escrita en la ciudad de La Paz (Bolivia), en el mes de Diciembre de 2009. Publicado en: “LA GACETA JURÍDICA”, Bisemanario de circulación nacional, en ediciones consecutivas desde fecha 14 de diciembre de 2010, al 18 de enero de 2011. Ahora disponible para consulta gratuita en la Biblioteca Virtual del sitio web: http://www.derechopenalenlared.com/; también disponible en Scribd: http://es.scribd.com/doc/59472122; y en el Blog Jurídico Tren Fugitivo Boliviano (http://alanvargas4784.blogspot.com/)
A continuación, he visto pertinente transcribir la opinión autorizada del ex Diputado Nacional y extinto Penalista boliviano, Dr. Benjamín Miguel Harb (1926 - 2008), en el Debate suscitado en el entonces H. Congreso Nacional de Bolivia (1987) respecto a la pena de muerte y su probada inutilidad frente al aumento de la criminalidad, además de la imposibilidad fáctica y jurídica de su incorporación al ordenamiento jurídico boliviano.
VERSION MAGNETOFONICA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL H. BENJAMIN MIGUEL H. EN EL TEMA LA PENA DE MUERTE(*) La Paz, 15 de Enero de 1987. Muchas gracias Señor Presidente. Realmente el tema que estamos tratando tiene una importancia que muchas veces desborda cualquier precisión y circunstancia determinada. Es evidente Señor Presidente que por los delitos que se van cometiendo en el país se justifica una reacción social desesperada ante la impunidad de ciertos delincuentes. Sobre todo aquella delincuencia bárbara, donde existe violación seguida de muerte o secuestro seguido de muerte. El Poder Legislativo Señor Presidente, frente a la reacción social tiene que mantener serenidad por el bien de la Nación y es por eso que yo personalmente felicito a la Honorable Cámara de Diputados haber optado por un procedimiento correcto enmarcado dentro del orden constitucional, la decisión de la Reforma Constitucional si se quiere reponer la Pena de Muerte, porque lo contrario constituiría el antecedente más peligroso para la vida de la Nación, interpretar lo que no es interpretable porque es claro sobre todo para interpretar la Ley Fundamental aplicando la Pena de Muerte, abre las puertas de par en par. Para que en el futuro un Gobierno de fuerza por cualquier circunstancia aplique la Pena de Muerte interpretando a su vez y a su manera la Constitución como lo hubiese hecho la Cámara de Diputados, creo que hemos dado un gran paso Señor Presidente y esto debe alegrarnos; salvamos el texto constitucional y salvamos la propia institucionalidad de la República aplicando en su propio sentido las normas que nos rigen pese a las presiones sociales y pese a una angustia colectiva. Señor Presidente lo expresado por Doña Yolanda Landívar tiene una existencia real, en el país existe angustia de la impotencia ante la delincuencia, pero la impotencia no arranca de la propia Constitución ni de las propias Leyes sino del mal funcionamiento de los organismos del Estado y en este caso concreto del mal funcionamiento del Poder Judicial. Refiriéndonos a la Pena de Muerte Señor Presidente, este tema es el que ha cubierto la mayor bibliografía de la Penología a nivel Universal y hasta ahora la teoría, la doctrina Penológica no ha decidido quién tiene razón si los abolicionistas o si los mantenedores de la Pena de Muerte, pero hay hechos reales que deben conducimos a estudiar esta situación con calma y de aquí surge una pregunta, ¿la Pena de Muerte ha logrado disminuir en algún país la delincuencia? La respuesta no está dada teóricamente, sino desde los puntos de vista real y de las diferentes legislaciones. Solamente pondremos un caso concreto, el de los Estados Unidos de Norteamérica, la pena de muerte casi está prescrita en la mayor parte de los Estados, su aplicación es continua pero al mismo tiempo la delincuencia feroz en lugar de disminuir en algunas circunstancias aumenta, y ¿por qué Señor Presidente? Es que la Pena de Muerte no ataca la raíz de los problemas que originan el delito, la Pena de Muerte es la culminación de una carrera delictiva, pero el problema está en atacar el mal en MIGUEL, Benjamín. Actuaciones Parlamentarias y Notas. De la Democracia Formal a la Democracia Participativa. Legislatura 1986 – 1987. La Paz (Bolivia), 1987. pp. 35‐42. (*)
sus causas y el delito tiene diferentes causas sociales, económicas, morales, desorganización de la familia, etc., etc. Por lo tanto la Pena de Muerte va a atacar el efecto; pero no ataca la causa de la delincuencia y es por esto que ningún país del mundo que la mantiene ha disminuido la delincuencia, pero sí cuando existe la pena de muerte y el sentenciado cuenta con recursos económicos casi nunca va al cadalso, porque la pena de muerte constituye la mejor manera de negociar la vida de una, persona que ha cometido algún horrible crimen. Además, Señor Presidente, desde el punto de vista real existe un problema jurídico que la pena de muerte no va a poder solucionar: el error judicial, muchas veces se lo comete al dictar una sentencia porque no aparece en ese momento la prueba o porque la prueba es mal interpretada o porque concretamente hay dolo en la conducta del juzgador y si se aplica la pena de muerte; y después se, descubre que no hay causal para la pena de muerte, ¿Cómo se resarce el .daño? El ejemplo claro en la historia jurídica es el juzgamiento de Sacco y Vanzetty en, 1927 en los Estados Unidos, dos emigrantes Italianos que en una manifestación por demandas sociales se provoca un conflicto, mueren tres guardias, se los acusa y sentencia; se los ejecuta con la pena de muerte y las investigaciones en 1974 dan por resultado que los señores Sacco y Vanzetti eran inocentes. ¿Qué hace el Estado Norteamericano? Indemniza a los descendientes de estos dos fusilados injustamente, pero en relación a ese valor vida, a ese valor profundo y el máximo valor que tiene la persona humana, qué importa una indemnización si el hombre ya no existe, se le ha cometido una injusticia. Y un tercer argumento desde el punto de vista real, objetivo, la pena de muerte Señor Presidente cuando existen sistemas arbitrarios de Gobierno es el mejor instrumento para aterrorizar y someter a una sociedad y esto es un caso patético de la política boliviana en todos sus vaivenes con sus altibajos. Es por esto Señor Presidente que debemos meditar seriamente como legisladores, teniendo conciencia clara de lo que significa la pena de muerte, del sistema judicial y de, la aplicación correcta o incorrecta de las leyes de nuestro país, pero ahora hay Señor Presidente el argumento contundente de la penología contemporánea, el fin de la pena ¿Cuál es el fin de la pena? El fin de la pena Señor Presidente y Honorables Diputados está en el Art. 25 del Código Penal que dice concretamente lo siguiente: “(La Sanción) la sanción comprende las penas y las medidas de seguridad, tiene como fines la enmienda y la readaptación social del delincuente". Este fin que señala el Art. 25 del Código Penal, no puede cumplirse con la pena de muerte, el Código Penal es claro, solamente tiene dos fines la pena en Bolivia: la sanción, la readaptación del delincuente y su enmienda, pero qué ha sucedido en la legislación nuestra Señor Presidente. El actual Código que es de 1973 es copia fiel del anteproyecto de 1964 con algunas añadiduras y en 1973 se tergiversó el original del Art. 26 que corresponde al numeral 26 del actual Código y ese original decía lo siguiente: "Son penas principales las siguientes: Presidio, reclusión, prestación de trabajo, multa; son penas accesorias: inhabilidad absoluta, inhabilidad especial". Pero este proyecto que ha sido hecho en base a la Reforma Constitucional de 1961 que elimina la pena de muerte para tres delitos, para asesinato, parricidio y traición a la patria y no para otros, este Art. 26 del original, se modifica de una manera absurda en el Art. 26 del actual Código Penal que dice: “Además de la Pena de Muerte”, le agregan esa frase y esto distorsiona totalmente la legislación y es por esto que nos encontramos en esta encrucijada en que unos quieren interpretación y otros quieren reforma constitucional; siguiendo el espíritu de la ley; si nosotros aceptamos el enunciado del Art. 25 Que la pena tiene por fin la enmienda social del
delincuente, no procede la pena de muerte, ya que la pena de muerte no enmienda nada, simplemente suprime la vida. Es por eso Señor Presidente que es preciso que los legisladores tengan imaginación para dar soluciones dentro del marco de la ley y de la legalidad, sin alterar la Constitución, si existe una presión social Señor Presidente, Honorables Diputados, una angustia social por los graves delitos que se están cometiendo en nuestro país, para imponer la pena de muerte quienes sean partidarios, no necesitan reformar la Constitución Política del Estado; basta leer con claridad y comprender los alcances del Art. 17 de la Ley Fundamental para darnos cuenta que son reformas menores que la reforma Constitucional. El Art. 17 de la Constitución dice: A los delitos de asesinato, parricidio y traición a la patria, se les aplicará la pena de 30 años de presidio, pero no dice la Constitución en ningún párrafo que no se aplicará de ninguna manera la pena de muerte; simplemente veta la pena de muerte para los tres delitos, o sea que si nosotros queremos aplicar la pena de muerte al asesinato, parricidio y traición a la patria, tenemos que reformar la Constitución, pero si hay otros delitos graves que atentan contra la sociedad lo que tenemos que hacer es modificar mediante una ley pura y corriente el Código Penal, este es un camino de técnica jurídica que se nos abre. Pero repito, la solución no es la Pena de Muerte, la Penología nos da otras soluciones. Honorables Diputados, existe lo que se llama la pena indeterminada en el máximo. La pena indeterminada en el máximo es aquella pena en que el máximo de sentencia no tiene límite y que una persona pueda cumplir el mínimo por ejemplo 10 años, pero el máximo está abierto a una posibilidad de que el sujeto se enmiende, se corrija a través de tratamiento carcelario y previo los informes psiquiátricos, penológicos, etc., pueda salir en libertad, por qué no establecer la pena indeterminada en el máximo para ciertos delitos que hieren a la sociedad y para cierta clase de delincuentes que gozando otra vez de libertad no han de corregirse después del tratamiento carcelario, entonces tenemos esta gran solución Penológica, establecemos por ejemplo una reforma de los respectivos artículos del Código Penal y ponemos como mínimo la pena de 10 años y abierta en el máximo. Esta es una proposición para hacer un esfuerzo de reformar las leyes del país y asegurar la privación de libertad de quienes seguramente otra vez en libertad han de causar daño; esta misma pena puede aplicarse a los narcotraficantes que no se corrigen en su conducta delictiva. Es por esto Señor Presidente que leyendo con calma y comprendiendo los alcances de la Constitución Política del Estado y del Código Penal se pueden hacer enmiendas y modificaciones sin atentar contra la Constitución y sin atentar contra el orden institucional del país, talvez accediendo a demandas sociales, a una exigencia pública que como legisladores tenemos la obligación de escuchar. Y en este mismo sentido Señor Presidente, Honorables Diputados, el Art. 308 que define la violación en la última parte dice: Si la violación fuere a menor que ha llegado a la pubertad, el hecho se sancionará con la pena de 10 a 20 años de presidio y si como consecuencia del hecho se produjera la muerte de la víctima se aplicará la pena correspondiente al presidio de 30 años por mandato de la Constitución Política del Estado; entonces no se puede aplicar la pena de muerte, pero se puede reformar esta última parte de dos maneras. Yo les señalo a Uds. dos vías de reforma simplemente legal, una vía que ya la he presentado a la Honorable Cámara de Diputados y que está en la Comisión de Constitución y Justicia, aquella vía que dice: Si a consecuencia de la violación muere la víctima se le aplicará la pena de muerte. Y otra vía que es
esta, que es la correcta si queremos seguir las vías de la Penología humanista, que diría el proyecto lo siguiente: "Si la violación fuere a menor que ha llegado a la pubertad el hecho se sancionará con la pena de 10 a 20 años de presidio y si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima se aplicará la pena de presidio de 30 años como mínimo dejándose abierto el máximo al cumplimiento de los fines señalados por el Art. 25 de este Código previo los informes Penológicos, Criminológicos y Psiquiátricos". Esta es una verdadera penología contemporánea respetando la vida ajena, aun el delincuente por más que corneta el peor delito, sigue siendo persona humana, no se convierte en un ser distinto de la especie humana y muchas veces la explicación del delito en el caso concreto entraña una complicación tan grande que no la podemos dar nosotros. Lo mismo que he dicho con el secuestro, con la siguiente diferencia; quiero hacer notar a los Honorables Legisladores la gran aberración del Código Penal: el secuestro es un delito contra la libertad de las personas. En el Código Penal el secuestro está entre los delitos contra la propiedad, como si el secuestrado fuera cosa y de estas cosas nosotros no estamos tomando conciencia de lo que pasa con las leyes del país que tergiversan totalmente las figuras delictivas; cómo es posible tener en una legislación penal el secuestro como delito contra la propiedad, debiendo estar clasificado entre los delitos contra la libertad de las personas. En cuanto al secuestro, el Art. 334 sigue el mismo camino que el anterior, si a consecuencia del secuestro, dice el Art. 334, muere la víctima, al autor se le aplicará la pena correspondiente al asesinato, y si el asesinato está con 30 años de presidio hay que aplicarle ésta, pero a este aspecto del secuestro le puede aplicar el mismo tratamiento que a la violación, se le puede aplicar o la condena indeterminada en el .máximo o también transformarlo como pena de muerte, sin tocar la Constitución Política del Estado. Honorables Diputados, Honorable Señor Presidente, creo que estos son los caminos que con creatividad, antes de atacar la esencia y el espíritu de la Constitución Política del Estado, debemos seguir nosotros para responder a las necesidades sociales y para responder a un imperativo, legislar para un sistema de justicia y para un sistema de reconocimiento de derechos y no legislar como instrumento de venganza, aunque se trate de un delincuente empedernido. El Derecho, esto que estamos haciendo día a día aprobando leyes en la Cámara de Diputados, es el mejor instrumento de convivencia civilizada, es el mejor Instrumento regulador de las conductas y del entendimiento entre las personas; quien viole el Derecho debe ser responsable para cumplir la sanción que esto importa. Por esto que, para legislar hay que estar a la altura de los pueblos y del propio Derecho, esforzándonos en encontrar el camino de la creatividad en la legislación y no el camino fácil de atropellar las leyes, lo que nosotros no podemos hacer de ningún modo porque somos legisladores. Para un legislador está prohibido de modo absoluto violar la Ley, porque él además de ser representante nacional debe constituir un ejemplo para su sociedad y un ejemplo presente y del futuro. Si el legislador viola la ley, con menos responsabilidad siguiendo su ejemplo, el ciudadano común tendrá también las mismas condiciones para violar las leyes, pues la responsabilidad no es igual para todos sino que es proporcional de acuerdo a las funciones que se ejercen por ello nuestra responsabilidad es mayor. (…) Muchas Gracias Señor Presidente.
¿Reimplantar La Pena de Muerte en Bolivia? - 2012 by Alan Vargas Lima1,6K viewsEmbedDownloadCategories: Types, ReviewsRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
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