Source: https://legislacion.vlex.es/vid/2-proteccion-medio-ambiente-galicia-71503789
Timestamp: 2019-10-16 22:30:22
Document Index: 386005238

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 27', 'artículo 149', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 11', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 12', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 14', 'Artículo 14', 'ARTÍCULO 15', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 16', 'Artículo 16', 'ARTÍCULO 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'Artículo 31', 'ARTÍCULO 32', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'Artículo 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'Artículo 42', 'ARTÍCULO 43', 'artículo 42', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 32', 'Artículo 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49']

Ley de Protección del Medio Ambiente de Galicia (Ley 1/1995, de 2 de enero) - Normativa de Galicia - Legislación - VLEX 71503789
CAPÍTULO II. De la evaluación de impacto ambiental - arts. 7 a 9
CAPÍTULO III. De la evaluación de efectos ambientales - arts. 10 a 12
CAPÍTULO IV. De la evaluación de incidencia ambiental - arts. 13 a 19
CAPÍTULO V. Otras medidas de protección ambiental - arts. 20 a 26
CAPÍTULO I. Inspección y vigilancia - arts. 29 a 32
CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones - arts. 33 a 38
CAPÍTULO III. Responsabilidad y suspensión de actividades - arts. 39 a 43
CAPÍTULO IV. Procedimiento - arts. 44 a 49
Norma citada en: 91 sentencias, 41 artículos doctrinales, 58 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, así como la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales para promover y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. El Estatuto de Autonomía de Galicia, en el artículo 27, reconoce a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para aprobar las normas adicionales sobre protección del medio ambiente y el paisaje, en los términos del artículo 149.1.23 de la Constitución, y le atribuye, en otros preceptos, competencias diversas en relación con diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente, como son la ordenación del territorio y la sanidad, o sectores del medio físico, como el suelo y el agua, y actividades como la pesca y los vertidos industriales contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral gallego.
ARTÍCULO 2 Principios y objetivos.
Clasificación de las actividades de acuerdo con su incidencia ambiental, a fin de evitar y corregir los efectos negativos que estas pueden tener en el medio ambiente, a través de los procedimientos de evaluación ambiental previa, en su caso, y de la vigilancia y control de las mismas.
De prevención, compatibilizando la defensa de los valores ambientales con el desarrollo económico y el progreso técnico.
De utilización racional y de defensa de los recursos naturales y el paisaje, que constituyen el patrimonio natural de Galicia, al objeto de que su utilización se realice de manera racional, orientada al aprovechamiento sostenido, al mantenimiento de la diversidad genética y a la conservación de la capacidad de retroalimentación y regeneración del ecosistema, evitando en todo momento los daños irreversibles al equilibro ecológico y contribuyendo a la protección de la salud humana y a la conservación de las especies.
De promoción de la investigación científica y tecnológica, orientando la acción investigadora al reciclaje y recuperación de los residuos, a la protección del medio ambiente, a la lucha contra la contaminación y a la defensa de la calidad de los distintos sectores que integran el medio natural y humano.
De promoción de la educación ambiental, en todos los niveles educativos, y de la concienciación ciudadana, en todos los sectores sociales, para una eficaz defensa de los valores ambientales, a fin de que, de acuerdo con una información objetiva, completa y actual, pueda participar la totalidad de la población en la defensa de su medio ambiente.
De coordinación, tanto en lo que hace referencia a las distintas administraciones y regulaciones, ya sean sectoriales, ya de actividades con incidencia ambiental, como a sus componentes, a fin de asegurar su coherencia, de manera que se facilite su aplicación y gestión administrativa, al objeto de potenciar y agilizar la actividad administrativa.
De subsidiariedad, a fin de garantizar la actuación de los Ayuntamientos para que afronten sus problemas ambientales y para asegurar el ejercicio efectivo de la disciplina ambiental, a cuyo objeto se fomentarán las fórmulas consorciales entre municipios, con arreglo a la Ley de bases de régimen local, para la solución de los problemas ambientales comunes.
De corrección del ilícito ambiental mediante un efectivo régimen sancionador que sirva para corregir las conductas manifiestamente insolidarias y atentatorias al bien común que es el medio ambiente.
De publicidad, participación y transparencia administrativa, por lo que las actuaciones sobre medio ambiente se basarán en el libre acceso del público a una información objetiva, fiable y concreta, que sirva como base para una efectiva participación de los sectores sociales implicados.
De pacto ambiental, como actuación encaminada a obtener acuerdos, tanto en el establecimiento de medidas preventivas y correctoras como, sobre todo, en situaciones con planteamientos ambientales conflictivos que afecten a sectores sociales y económicos, en las que, mediante una estrategia adecuada, se consiga la compatibilización de las medidas correctoras con la viabilidad de las empresas a través de innovaciones tecnológicas en los procesos de fabricación y en los sistemas de eliminación de agentes contaminantes, teniendo presente que la Administración no podrá aceptar la pervivencia de situaciones que produzcan agresiones o deterioro grave del medio ambiente.
De integración de los requisitos de protección del medio ambiente en las políticas económicas, industriales, agrarias y sociales.
De fomento de las actuaciones dirigidas a regenerar los deterioros y degradaciones producidos en el medio ambiente.
Artículo 2, letra a), modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 3 Mandato general.
ARTÍCULO 4 Ambito de protección.
TÍTULO II Técnicas y medidas de defensa Artículos 5 a 26
ARTÍCULO 5 Clasificación del grado de protección y autorización de actividades.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 2.a) y 4, todos los proyectos, obras y actividades que sean susceptibles de afectar al medio ambiente deberán obtener una declaración ambiental, si así lo exige la clasificación del grado de protección aplicable a ellos.
La clasificación del grado de protección para determinar el procedimiento podrá ser:
De evaluación del impacto ambiental.
De evaluación de la incidencia ambiental
Por evaluación se entenderá la actividad del órgano ambiental competente que tenga por objeto determinar la compatibilidad de un proyecto, obra o actividad con el medio ambiente y, en su caso, las medidas correctoras que es preciso incluir en el proyecto y/o en su desarrollo.
La declaración ambiental será un requisito previo, preceptivo y vinculante para la autoridad municipal, en cuanto a las medidas correctoras.
Los particulares podrán solicitar, por escrito y adjuntando la documentación pertinente que estimen precisa, información previa sobre el régimen que según la clasificación se tiene que aplicar a un determinado proyecto, obra o actividad.
Cuando la declaración ambiental imponga la adopción de medidas correctoras, el órgano administrativo al que corresponda su emisión podrá exigir la prestación de una fianza que cubra la reparación de los posibles daños y el posible coste de la restauración.
Artículo 5, modificado por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, publicada en el Diario Oficial de Galicia, el 30 de Diciembre de 2011.
Artículo 5, apartados 1, 4 y 6, modificados por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 6 Aplicación a actividades en funcionamiento.
CAPÍTULO II De la evaluación de impacto ambiental Artículos 7 a 9
ARTÍCULO 7 Ámbito.
ARTÍCULO 9 Efectos de la declaración de impacto.
CAPÍTULO III De la evaluación de efectos ambientales Artículos 10 a 12
Capítulo III derogado por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, publicada en el Diario Oficial de Galicia, el 30 de Diciembre de 2011.
ARTÍCULO 10 Ámbito.
Artículo 10 derogado por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, publicada en el Diario Oficial de Galicia, el 30 de Diciembre de 2011.
ARTÍCULO 11 Actividades sujetas y procedimiento.
Artículo 11 derogado por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, publicada en el Diario Oficial de Galicia, el 30 de Diciembre de 2011.
ARTÍCULO 12 Efectos.
Artículo 12 derogado por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, publicada en el Diario Oficial de Galicia, el 30 de Diciembre de 2011.
CAPÍTULO IV De la evaluación de incidencia ambiental Artículos 13 a 19
Capítulo IV derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
Artículo 13, derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
Artículo citado en: 17 sentencias, 5 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas
ARTÍCULO 14 Actividades sujetas y procedimiento.
Artículo 14, derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 15 Delegación.
Artículo 15, derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 16 Contenido y publicidad del acuerdo.
Artículo 16, derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 17 Facultades autonómicas en supuestos de delegación.
Artículo 17, derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
Artículo 18, derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
Artículo 19, derogado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
CAPÍTULO V Otras medidas de protección ambiental Artículos 20 a 26
ARTÍCULO 20 Régimen de registros, catálogos e inventarios.
La administración autonómica redactará inventarios de los distintos espacios, sectores ambientales y ecosistemas que haya que proteger, entre ellos el paisaje, como fase previa a una catalogación de los mismos, que los dotará de un estatuto jurídico de protección adecuado a las características singulares del espacio, sector o ecosistema.
Los inventarios y catálogos serán abiertos, y reglamentariamente se determinarán los contenidos obligatorios mínimos de las distintas regulaciones y regímenes de protección, así como del procedimiento de revisión y modificación, a fin de mantenerlos permanentemente actualizados.
ARTÍCULO 21 Conexión con los instrumentos de planeamiento.
En los instrumentos de planeamiento urbanístico de carácter general, planes generales de ordenación urbana y normas subsidiarias habrá de tenerse en cuenta la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. A este fin se determinarán reglamentariamente las medidas o condiciones tipo de protección de la naturaleza y el paisaje, así como de la calidad ambiental, que habrán de incorporarse al planeamiento.
No constituirá causa suficiente para modificar la clasificación original de un suelo como no urbanizable de protección especial el hecho de que el terreno o espacio hubiese sufrido cualquier clase de agresión que afectase a las causas o motivos que han justificado su clasificación.
ARTÍCULO 22 Educación ambiental.
La educación ambiental estará orientada a la formación de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, en una mayor aproximación y respeto a la naturaleza, con un enfoque interdisciplinario, abarcando el conjunto de los niveles educativos y con carácter eminentemente práctico, que fomente la necesaria conciencia ecológica en la defensa del medio.
El órgano de la administración ambiental correspondiente promoverá, en conexión con los demás órganos competentes de la administración autonómica y los medios de comunicación de titularidad pública, la educación y formación ambiental que responda a los anteriores criterios, así como el uso didáctico-recreativo de la naturaleza, la orientación de los jóvenes de cara a profesiones nuevas, desaparecidas o minusvaloradas en el mercado de trabajo, prestando una especial atención al medio rural y a los pequeños municipios, fomentando las escuelas-taller ambientales, las aulas y los centros de interpretación de la naturaleza y cualesquiera otras instituciones que faciliten dicha formación integrada.
ARTÍCULO 23 Investigación.
La administración autonómica potenciará la investigación sobre problemas ambientales y las vías de trabajo y colaboración en esta materia, principalmente a través del plan gallego de investigación y desarrollo y de sus organismos ejecutores.
En especial, esta asistencia científica y técnica se orientará a la elaboración de estudios básicos de la contaminación y el medio físico, al establecimiento de laboratorios homologados, a la determinación de la tecnología más adecuada en cada momento para el medio ambiente, el asesoramiento en el establecimiento de redes de control, programas, medidas estándares de calidad y métodos de análisis, entre otros.
ARTÍCULO 24 Información y participación ciudadana.
Las actuaciones sobre el medio ambiente en Galicia se basarán en el libre acceso del público a una información objetiva, fiable y completa, además de la especial relativa a determinados expedientes sobre asuntos concretos, como base de una efectiva participación de los sectores sociales implicados y los Ayuntamientos.
Se dará especial relevancia a los trámites de información pública, facilitando la presentación de alegaciones, sugerencias y propuestas alternativas.
ARTÍCULO 25 Pacto ambiental.
La acción administrativa en esta materia estará orientada a la consecución de un pacto ambiental para las situaciones más conflictivas, así como para acometer aquellas que puedan mejorar la imagen pública de las empresas a través de los instrumentos de participación dispositiva de las mismas y de los ciudadanos en la defensa del medio, pudiendo extenderse a estrategias y acciones de carácter local o comarcal.
Este pacto ambiental, que se planteará con los sectores sociales implicados, constará de los siguientes contenidos mínimos: Objetivos que pretenden conseguirse, inconvenientes de las medidas propuestas, compensación, medidas que se van a adoptar y plazo para realizarlas.
En aplicación del pacto ambiental, se establecerá un sistema de ecogestión y ecoauditoría que permita la participación voluntaria de las empresas que desarrollen actividades industriales para la evaluación y mejora de los resultados de sus actividades industriales en relación con el medio ambiente y la facilitación de la correspondiente información al público.
El establecimiento y la aplicación, por parte de las empresas, de políticas, programas y sistemas de gestión medioambientales en relación con sus centros de producción.
La evaluación sistemática, objetiva y periódica del rendimiento de dichos elementos.
La información al público acerca del comportamiento en materia de medio ambiente.
TÍTULO III Administración ambiental Artículos 27 y 28
ARTÍCULO 27 Administración ambiental.
La administración ambiental estará constituida por aquellos órganos de la Administración con competencias en materia de esta Ley.
La administración ambiental tendrá como objetivo ejercer las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma de Galicia, y entre ella:
Velar por el cumplimiento de las normas medioambientales.
Desarrollar actuaciones públicas en relación con la protección, conservación, mejora y restauración del medio ambiente.
Llevar a cabo las acciones precisas para la utilización racional de los recursos naturales.
Asegurar y mejorar la calidad ambiental.
En general, las demás que en relación con el medio ambiente se deriven de esta Ley.
Su organización, composición, funciones y competencias se desarrollarán reglamentariamente de acuerdo con los principios de integración y coordinación de gestión, eficacia y autonomía.
ARTÍCULO 28 Consejo Gallego de Medio Ambiente.
A fin de cumplir el principio de participación pública y de establecer una vía de participación de los estamentos interesados de la sociedad gallega y de su comunidad científica, se crea, como órgano consultivo de la administración ambiental, el Consejo Gallego de Medio Ambiente.
Su organización, composición, funcionamiento y régimen jurídico, así como el carácter de sus informes se determinarán reglamentariamente.
TÍTULO IV Disciplina ambiental Artículos 29 a 49
CAPÍTULO I Inspección y vigilancia Artículos 29 a 32
ARTÍCULO 29 Órganos de inspección.
Sin perjuicio de las específicas funciones inspectoras que correspondan a órganos sectoriales competentes en los términos que reglamentariamente se determinen, en el ámbito de la administración autonómica corresponderá el ejercicio de la función de control y vigilancia a una inspección ambiental única, coordinada por el órgano de la administración ambiental que reglamentariamente se determine. Para dicho ejercicio podrá servirse del personal adecuado de los órganos que tengan la competencia sustantiva.
La administración local desarrollará su propia inspección de cara al correcto ejercicio de su competencia en el marco de la presente Ley y demás reguladoras del régimen local.
ARTÍCULO 30 Inspección ambiental.
La inspección ambiental tiene como función, en el marco de la defensa y protección del medio ambiente de Galicia, la ejecución del control y vigilancia de las actividades e instalaciones de cualquier tipo que fuesen susceptibles de afectarle negativamente.
Los funcionarios que ejerzan la inspección ambiental de la Comunidad Autónoma gozarán en el ejercicio de sus funciones de la consideración de agentes de la autoridad, estando facultados para acceder, sin previo aviso y tras ser identificados a las instalaciones en que se desarrollen las actividades objeto de esta Ley.
Las demás policías o guarderías municipales o estatales están obligadas a prestar un auxilio administrativo en las funciones de inspección reconocidas en esta Ley.
ARTÍCULO 31 Clases de inspección.
Previas al otorgamiento de una autorización.
Las que puedan acordarse de oficio durante el funcionamiento de una actividad.
Artículo 31, letra a), modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 32 Comprobación.
Las inspecciones que se realicen para vigilar el cumplimiento de esta Ley adoptarán las medidas necesarias para asegurar el buen resultado de las mismas, en la forma que reglamentariamente se determine.
Las actas de inspección que se levanten en dichos términos gozarán de la presunción de veracidad respecto a los hechos que en la misma se declaren probados.
Las prescripciones anteriores se entienden sin perjuicio de las establecidas para determinadas inspecciones, tanto por la legislación básica estatal como por la regulación autonómica.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de la inspección y su alcance, contenido y efectos.
CAPÍTULO II Infracciones y sanciones Artículos 33 a 38
La iniciación o realización de proyectos, obras o actividades sin obtener la previa autorización o sin presentar la comunicación previa cuando se trate de actividades sometidas a este trámite.
La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas marítimas o continentales, suelo o subsuelo y atmófera de productos o sustancias, en estado sólido, líquido o gaseoso o de formas de energía, incluso sonoras, que constituyan un riesgo objetivamente verificable para la salud humana y los recursos naturales, supongan un deterioro o degradación de las condiciones ambientales o afecten negativamente al equilibrio ecológico en general. No tendrán la consideración de infracción los vertidos o emisiones en cantidades o condiciones expresamente autorizados con arreglo a la normativa aplicable en cada caso.
La explotación indebida, el abuso o la destrucción de los recursos naturales, entendiendo que la misma se produce cuando se realice contraviniendo los términos de la autorización o de las normas que la regulan.
La ocultación de datos o su falseamiento, total o parcial, en el procedimiento de obtención de la autorización, o en el de presentación de la comunicación previa.
La transgresión o el incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización o declaración ambiental, o el incumplimiento de las órdenes de clausura o de aplicación de medidas correctoras o restauradoras del medio ambiente.
La negativa o resistencia a facilitar datos que sean requeridos y la obstrucción a la labor inspectora de la Administración.
El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en esta Ley.
En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidos en esta Ley y en la normativa que la desarrolle.
Artículo 33, letras a), d) y e) modificadas por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
Las infracciones ambientales reguladas en el artículo anterior se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Se consideran infracciones leves los incumplimientos de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley, salvo cuando, de acuerdo con los apartados siguientes constituyan infracciones graves o muy graves.
Se consideran infracciones graves las señaladas con las letras desde la a) hasta la g) del artículo anterior.
Las señaladas en los apartados a), b), c) y e) del artículo anterior, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Las señaladas en los apartados d), e) f) y g) del artículo anterior, en caso de reincidencia.
La reincidencia en dos infracciones leves o graves conllevará la aplicación del grado inmediatamente superior. Se entenderá que existe reincidencia cuando se cometan dos faltas graves en el período de dos años o leves en el de seis meses.
Las infracciones en materia ambiental contempladas en esta Ley serán sancionadas según su gravedad:
Infracciones leves: Con multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
Infracciones graves: Con multa entre 1.000.001 y 10.000.000 de pesetas.
Infracciones muy graves: Con multa entre 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas.
En casos de infracción grave, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad, total o parcial, por un plazo no superior a dos años. En caso de que se impongan medidas correctoras, el cierre subsistirá hasta que éstas se cumplan.
En casos de infracción muy grave:
El cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad, total o parcial, por un plazo no superior a cuatro años y, en todo caso, hasta la adopción de las medidas correctoras.
En todos aquellos supuestos en los que la legislación sancione el inicio de la realización de un proyecto sometido a evaluación ambiental sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, la resolución sancionadora firme, además de la sanción, impondrá la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente mediante los procedimientos previstos en la legislación de evaluación ambiental.
Artículo 35, apartado 4, añadido por la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia.
ARTÍCULO 37 Aplicación de las sanciones.
La aplicación de las sanciones se efectuará atendiendo a su repercusión en el medio ambiente y en los recursos naturales, al coste de restitución, al riesgo y trascendencia por lo que respecta a la salud de las personas y en los recursos ambientales a las circunstancias del responsable, al grado de malicia o intencionalidad a los beneficios obtenidos con la agresión, a la irreversibilidad del daño o del deterioro producido a la calidad del recurso o capacidad de retroalimentación y regeneración del ecosistema y a la reincidencia.
En el supuesto de sanción que implique el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad se computará, en la sanción definitiva, el tiempo que hubiese estado cerrado o suspendido como medida cautelar.
ARTÍCULO 38 Compatibilidad de sanciones.
CAPÍTULO III Responsabilidad y suspensión de actividades Artículos 39 a 43
ARTÍCULO 39 Sujeto responsable.
Las personas que directamente realicen la actividad infractora o, en su caso, las que ordenen la mencionada actividad, cuando el ejecutor tenga obligación de cumplir dicha orden.
Las personas que, de acuerdo con los estatutos o escritura social, sean titulares o promotoras de la actividad o proyecto del que se derive la infracción.
Cuando concurra en varias personas la autoría de la infracción o cuando el deterioro ambiental esté ocasionado por una acumulación de infracciones y no fuese posible determinar el grado de participación efectiva de cada una de ellas, la responsabilidad será solidaria.
En los casos en que la infracción sea imputable a una administración pública, ésta se someterá a las reglas generales y de carácter disciplinario aplicables a la administración y a sus agentes y funcionarios.
Toda actividad que hubiese comenzado a realizarse sin autorización o sin presentar comunicación previa, o incumpliendo manifiestamente las condiciones establecidas, cuando tales trámites estuviesen impuestos por la legislación vigente, será suspendida en su ejecución a requerimiento del órgano de la Administración ambiental competente, sin perjuicio de que se exijan las responsabilidades a que hubiere lugar.
Asimismo, sin perjuicio de la imposición de las sanciones y la determinación de responsabilidades que procedan, el órgano sustantivo acordará la suspensión en los siguientes supuestos:
Cuando se hubiese acreditado la ocultación de datos o su falseamiento o la manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación, siempre que hubiese influido de forma determinante en el resultado de dicha evaluación.
Cuando se hubiesen incumplido o se hubiesen transgredido de modo significativo las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto o las medidas preventivas, correctoras y de restauración recogidas en la memoria presentada con la solicitud en los casos de silencio positivo.
El requerimiento del órgano de la Administración ambiental competente a que se refiere el apartado 1 puede ser acordado de oficio o a instancia de parte, una vez justificado el supuesto a que hace referencia dicho apartado.
En el caso de suspensión de actividades, se tendrá en cuenta lo previsto en la legislación laboral.
Artículo 40, modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 41 Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.
En aquellos casos en que exista riesgo grave o inminente para el medio ambiente, el órgano competente para la incoación del expediente podrá ordenar motivadamente a la vez que acuerda la apertura del expediente la suspensión inmediata de la actividad o cualquier otra medida cautelar necesaria, sin perjuicio de la iniciación del expediente de disciplina ambiental que, en todo caso, proceda.
La adopción de las medidas cautelares previstas en el apartado anterior se llevará a cabo, previa audiencia del interesado, en un plazo de cinco días, salvo en los casos que exijan una actuación inmediata.
La administración autonómica y la municipal se comunicarán mutuamente las medidas cautelares que adoptasen.
ARTÍCULO 42 Restauración del medio ambiente e indemnización
Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor habrá de reparar el daño causado. La reparación y la reposición de los bienes tendrán como finalidad lograr la restauración del medio ambiente a su estado anterior a la comisión de la infracción. El órgano correspondiente de la administración competente para imponer la sanción lo será para exigir la restauración.
Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo que se le señale, la administración que impuso la sanción procederá a la imposición de multas coercitivas sucesivas de hasta 3.000 euros cada una o, en su caso, a realizar la ejecución subsidiaria.
En el supuesto en que una resolución administrativa sancionadora imponga el sometimiento de un proyecto ejecutado, total o parcialmente, a un procedimiento de evaluación ambiental, la reparación y la restauración del medio natural solo procederán en el caso de que así se determinase en la correspondiente declaración de impacto ambiental o en el informe de impacto ambiental.
En cualquier caso, el promotor del proyecto o titular de la actividad causa de la infracción habrá de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará por la administración, previa tasación contradictoria cuando el citado responsable no diese su conformidad a aquella.
Los recursos generados por las sanciones que impusiera la administración habrán de destinarse íntegramente a acciones dirigidas a la mejora del medio ambiente.
Las sanciones que supongan la suspensión de actividades o el cierre de establecimientos se publicarán en el Diario Oficial de Galicia.
Artículo 42, modificado por la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia.
ARTÍCULO 43 Responsabilidad penal y administrativa.
En el supuesto de que la infracción pudiese ser constitutiva de delito o falta, la administración que instruye el expediente dará traslado a la jurisdicción competente, quedando en suspenso la actuación sancionadora en vía administrativa. No obstante, la vía penal no paralizará el expediente que se incoase para la restauración y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios a que hace referencia el artículo 42 de la presente Ley.
Si la resolución judicial fuese absolutoria, la administración proseguirá las actuaciones para, si procediese, imponer la sanción administrativa correspondiente.
CAPÍTULO IV Procedimiento Artículos 44 a 49
ARTÍCULO 44 Remisión normativa.
ARTÍCULO 45 Competencia.
La incoación y la instrucción de expedientes sancionadores por las infracciones a que se refiere el artículo 32 corresponden:
Al órgano autonómico o municipal, en su caso, que tuviese atribuida la competencia por razón de la materia para otorgar la autorización.
Al órgano municipal competente, por la falta de comunicación previa o del inicio de la actividad.
La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores a que hace referencia el apartado 1.a) anterior, instruidos por el órgano administrativo que a los efectos de esta Ley, tenga atribuida la consideración de órgano ambiental sustantivo, corresponderá:
En faltas leves, al titular del centro directivo competente por razón de la materia.
En faltas graves, el Consejero del ramo.
En faltas muy graves, al Consejo de la Xunta de Galicia.
Artículo 45, apartado 1, letra b), modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia, 27 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 46 Vía del apremio.
ARTÍCULO 47 Recursos contra resoluciones sancionadoras.
Las resoluciones de los Alcaldes, que habrán de comunicarse al órgano correspondiente de la administración autonómica en el plazo de quince días, ponen fin a la vía administrativa.
Las resoluciones del órgano correspondiente de la administración ambiental autonómica serán comunicadas a los Alcaldes del término municipal en el que recaiga la sanción, dentro del plazo de quince días y tendrán el siguiente régimen:
En caso de infracciones leves, podrán ser objeto de recurso ordinario ante el Consejero del ramo.
En caso de infracciones graves y muy graves, pondrán fin a la vía administrativa.
ARTÍCULO 48 Incumplimiento de medidas cautelares.
ARTÍCULO 49 Resoluciones municipales no ajustables a Derecho.
El Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se apruebe el Reglamento de actividades molestas, insalubles, nocivas y peligrosas.
Disposición Derogatoria Única, modificada por la Ley 2/1995, de 31 de marzo, de protección del medio ambiente, publicada en DO. Galicia 12 abril 1995