Source: https://www.aireg.es/2018/08/
Timestamp: 2019-09-22 00:14:10
Document Index: 95464050

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 98', 'artículo 15', 'artículo 5', 'Artículo 156', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 296', 'artículo 296', 'artículo 296', 'artículo 50']

AIRE » 2018 » agosto: Asociación Independiente de Registradores
Jueves 30 de agosto de 2018 lamoncloa.gob.es
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el proceso para convocar la comisión encargada de revisar las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal. La reunión constitutiva ha sido fijada para el próximo 27 de septiembre, según figura en la carta que ha remitido el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz Lago, a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda Romero.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, cumple así el compromiso que asumió en la reunión mantenida el pasado 23 de julio con los representantes de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y de fiscales, a quienes anunció la convocatoria de la ‘mesa de retribuciones’ para finales de septiembre.
Esa primera reunión servirá para constituir la comisión y fijar el calendario de trabajo con el que se intentará dar respuesta a las reivindicaciones salariales de estas asociaciones de jueces y fiscales, uno de los primeros puntos de la plataforma reivindicativa pactada entre ellas y que estuvo en el origen de las movilizaciones que ambas carreras protagonizaron el pasado mes de mayo.
En la reunión del pasado 23 de julio, el Ministerio y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales acordaron estudiar mejoras retributivas para jueces y fiscales mediante nuevas retribuciones variables a través del complemento de productividad. La comisión encargada de la revisión salarial deberá estudiar cómo encajar esas mejoras en las dotaciones presupuestarias fijadas por el Parlamento para 2018.
La Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, establece que esa comisión está compuesta por tres representantes del Ministerio de Justicia y otros tantos del Ministerio de Hacienda, designados por los respetivos titulares de esas carteras. Asimismo, también son tres los representantes del Consejo General del Poder Judicial, elegidos por el pleno de esta institución. Por su parte, la Fiscalía General del Estado debe designar un representante.
Aunque la Ley 15/2003 establece que la ‘mesa de retribuciones’ debe reunirse de manera quinquenal, lo cierto es que esta comisión solo se convocó una primera vez en 2003, tras su creación legal. En 2010 hubo un segundo intento de convocarla que no fructificó, sin que haya vuelto a reunirse desde entonces.
Apertura del curso «El futuro de las pensiones a debate: retos y alternativas para su sostenibilidad»
Lunes 27 de agosto de 2018 lamoncloa.gob.es
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, considera que trabajar para lograr la estabilidad financiera del sistema de pensiones es fundamental y ha recordado las recomendaciones del Pacto de Toledo de separar las fuentes de financiación.
Para la ministra la sostenibilidad del sistema de pensiones incumbe al Gobierno en primer lugar, pero también a la sociedad en su conjunto. Y, por ello, ha puesto en valor los trabajos del Pacto de Toledo y el Diálogo Social en la búsqueda de un consenso social y político, en una materia tan fundamental como es garantizar el presente y el futuro de las pensiones.
De este modo, según ha puntualizado, se evitarán situaciones vividas en el pasado, donde la ruptura del consenso ha dado lugar a la aprobación de reformas que sólo han buscado reducir los gastos y han penalizado a los pensionistas. «El objetivo de las reformas que se acometan en materia de Seguridad Social no puede ser otro que garantizar la viabilidad del actual sistema público de pensiones en España, como pilar fundamental del Estado de Bienestar, y unas pensiones dignas».
La titular de Trabajo, que hoy ha participado en la apertura del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UIA) en Baeza (Jaén) sobre «El futuro de las pensiones: Retos y alternativas para sus sostenibilidad», ha resaltado que cuando se habla de pensiones, se habla de personas y que, de acuerdo con la última Encuesta de Presupuestos Familiares de 2017, publicada el 20 de junio de 2018, las pensiones constituyen la principal fuente de ingresos del 35,10% de los hogares en España.
Durante su intervención ha calificado a la Seguridad Social como una de las instituciones más importantes de nuestro Estado social y democrático de derecho y «hay que garantizar su sostenibilidad, y esto debe abordarse desde cuatro perspectivas: financiera, social, jurídica y política.
Más afiliados pero menos ingresos
En el año 2017 el número de afiliados (cotizantes en alta) a la Seguridad Social se situó en 18.222.519, frente a los 17.433.162 de 2011, un 4,53% más. Sin embargo, los ingresos por cotizaciones en 2017 no pasaron de 109.038 millones de euros, frente a los 105.312 millones de 2011, un aumento del 4,8%.
Téngase en cuenta, además, que con la actualización de precios de estos 5 años (+4,8% según el INE) esos casi 800.00 afiliados más hubieran supuesto para las arcas de la Seguridad Social en 2011 una recaudación de 110.367 millones de euros, es decir, en términos reales, y pese al incremento del número medio de afiliados anuales entre 2011 y 2017, ni tan siquiera se han mantenido en 2017 los ingresos por cotizaciones del 2011.
Asimismo, ha destacado que el trabajo es un elemento nuclear del Estado de Bienestar y que pensiones y mercado laboral deben ir unidos porque «sostener las pensiones y fomentar un mercado de trabajo digno es sinónimo de cohesión social».
La ministra, en este sentido, ha hecho referencia al Plan Director Por un Trabajo Digno aprobado el pasado 27 de julio en Consejo de Ministros. Un plan que supone la lucha contra el uso de la figura del autónomo y cooperativista de manera fraudulenta y que va a aumentar de forma importante la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, se van a dedicar 15 millones de euros a la mejora de los medios de que dispone la Inspección.
Ha llegado el momento de rectificar y, en su opinión, la manera de hacerlo es con Diálogo Social y sacando adelante un nuevo Pacto de Toledo. La mesa de Diálogo Social sobre Seguridad Social ya se ha puesto en marcha con el fin de corregir aspectos negativos de la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en el año 2013. «El incremento del 0,25% establecido por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, ha provocado que los pensionistas no hayan participado del crecimiento económico, y eso no parece justo».
Complementar los ingresos
Sin embargo, para la responsable de Trabajo el desequilibrio del sistema no reside en un gasto excesivo, sino en la reducción de ingresos y, para ello, es necesario actuar en diferentes ámbitos: fomentando más empleo y de más calidad y que los gastos que no correspondan a prestaciones se complementen con Presupuestos Generales del Estado, entre otras medidas que están sobre la mesa del dialogo social y son objeto de debate en el Pacto de Toledo, y que ya están establecidos en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Fomentar la igualdad de genero
Valerio ha puesto también de relieve la importancia de la igualdad de género que la Seguridad Social debe fomentar, con prestaciones de maternidad y paternidad igualitarias, que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, de manera que se reduzca la brecha existente entre hombres y mujeres. Una brecha entre trabajadores y trabajadoras que se hace más grande cuando hablamos de pensiones: «Hay que hacer mucho en este campo». Lo mismo que hay que hacer un esfuerzo para, según la ministra, «incrementar la tasa de ocupación femenina y que todas las mujeres que quieran trabajar puedan hacerlo».
Para terminar, la ministra ha indicado que «tenemos muchos problemas, pero solo si nos ponemos manos a la obra podremos poner sobre la mesa la soluciones, y eso es lo que está haciendo este Gobierno».
Por último, se ha comprometido a trasladar las conclusiones de este curso y las aportaciones de los expertos que se darán cita en él a la mesa del Pacto de Toledo.
19 Agosto 2018 ugt.es
clientebancario.bde.es
El Banco de España ha impuesto una multa al Banco Santander por incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en lo relativo a la obligatoriedad de aplicar las medidas del Código de Buenas Prácticas desde que el cliente acredita encontrarse en una determinada situación económica de dificultad.
El Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión del 24 de octubre de 2017, ha aprobado la resolución al expediente disciplinario incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 20 de diciembre de 2016 a la entidad BANCO SANTANDER, S.A. con la imposición de la sanción de multa por importe de cuatrocientos ochenta y cinco mil euros (485.000 €), prevista en el artículo 98.1 letra a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, consistente en haber incumplido la Entidad las obligaciones del artículo 5.4 de dicho Real Decreto-Ley 6/2012, referidas a la debida aplicación del Código de Buenas Prácticas.
Dicha sanción, si bien es firme en vía administrativa, se encuentra recurrida en vía judicial.
La agencia japonesa R&I ha revisado al alza la calificación crediticia del Reino de España, desde BBB a A- con perspectiva estable. La agencia considera que la mejora en el rating de España está justificada por la buena marcha de la economía española. Señala, además, que la orientación pro europea del Gobierno permite esperar que se siga avanzando en el proceso de consolidación fiscal.
Asimismo, R&I pone en valor en su informe la trayectoria descendiente de la ratio deuda/PIB, así como la resiliencia de la economía española ante los cambios que se puedan producir en el entorno económico, lo que les hace anticipar la continuidad del crecimiento económico.
Finalmente, la agencia nipona no considera relevante la revisión al alza de la senda de reducción del déficit, mientras que esta siga siendo descendiente.
El 63% de las pymes conocen el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que se aplica desde el pasado 25 de mayo
La Agencia y CEPYME inciden en la importancia de que las pymes, que suponen el 99.8% del tejido empresarial español, se adapte a la nueva normativa
La herramienta Facilita_RGPD de la Agencia, creada para ayudar al cumplimiento, acumula más de 450.000 accesos
(Madrid, 19 de julio de 2018). El 63% de las pymes españolas conocen el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que se aplica desde el pasado 25 de mayo. Ello supone, no obstante, que un importante porcentaje,casi cuatro de cada diez empresas, no tienen aún conocimiento de esta normativa.
Así se pone de relieve en la Encuesta sobre el grado de preparación de las empresas españolas ante el RGPD, elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Confederación Españolade la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que han presentado hoy la directora de la AEPD, Mar España, y el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi. La encuesta se enmarca en el ámbito del protocolo de colaboraciónsuscrito entre estas entidades y de la voluntad de ambas partes de conocer la realidad de las pymes españolas en este ámbito para seguir realizando acciones de información y difusión para impulsar el cumplimiento.
Los resultados de esta encuesta recogen que los tratamientos de datos que las pymes realizan con mayor frecuencia son los de clientes, proveedores y empleados, que son tratados por la casi totalidad de las empresas (del 97% al 92%) y, en menor medida, los relativos a la videovigilancia(38%) y formularios en Internet (17%). Estos datos coinciden con el análisis que realizó la Agencia de los 4,3 millones de ficheros inscritos por parte de empresas. Al observar que un 75% de ellos hacían referencia a tratamientosde datos de escaso riesgo, y que se trataba de pymes en más de un 90% de los casos, la AEPD lanzó Facilita_RGPD, una herramienta para ayudar al cumplimiento de la nueva normativa a las pymes españolas. Este test online, que permite obtener los documentos mínimos indispensables para facilitar la adaptación al Reglamento,ha recibido más de 450.000 visitas desde que se lanzó el pasado septiembre.
La encuesta refleja que aún es necesario llevar a cabo un esfuerzo de difusión de la normativa vigente entre las pymes. En este sentido, tanto la AEPD como CEPYME y las organizaciones empresariales miembros de esta Confederación han difundido en las diferentes CCAA a travésde varias vías las obligaciones del nuevo Reglamento y las herramientas que ofrece la Agencia a las empresas para facilitar el cumplimiento de la nueva normativa. Pese a que la adaptación a la nueva normativa puede suponer unesfuerzo para las pymes, éstas valoran positivamente el Reglamento. Así, casi 9 de cada 10 pymes considera que el Reglamento es mejor que la normativa anterior y 8 de cada 10 lo percibe como positivo.
El estudio también pone de relieve la falta de recursos de muchas pymes para poder afrontar las obligaciones de la normativa en materia de protección de datos, aunque también manifiesta la actitud positiva de estas empresas para cumplir sus obligaciones en esteámbito. Así un 85% están dispuestas a contratar un servicio de asesoramiento; un 79% muestran su disposición a informarse mejor sobre el Reglamento y un 60% optan por gestionar la protección de datos conmedios propios y el apoyo de las herramientas y guías de la AEPD.
Para la AEPD y CEPYME, extender el conocimiento de la normativa sobre protección de datos; dimensionar bien las herramientas y las acciones de implantación de la misma, de acuerdo con los recursos a gestionar y el tamañode las empresas, son elementos imprescindibles para establecer un valor añadido de confianza ante los clientes y para mejorar en competitividad. En este sentido, durante la presentación de los resultados de la encuesta, ambasentidades han anunciado que continuarán realizando acciones formativas y de concienciación a través de las organizaciones y asociaciones sectoriales, apoyando asimismo la digitalización de las pymes.
16 agosto, 2018 Salud laboral
El Tribunal Supremo ha reconocido como accidente laboral el desprendimiento de retina sufrido por una trabajadora mientras se encontraba delante de su pantalla de ordenador, en el ejercicio de las funciones que ejercía como administrativa. La trabajadora, estando en su puesto de trabajo, comenzó a sentir molestias en los ojos y alteraciones visuales, por lo que decidió acudir a un centro de salud, siendo poco después operada de urgencia por un desprendimiento de retina. El Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró el carácter de la incapacidad temporal sobrevenida, como derivada de enfermedad común.
La afectada, disconforme con el no reconocimiento como laboral del daño sufrido, cursó demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, el cual la dio la razón, calificando su incapacidad como accidente de trabajo. A continuación, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la cual declaró que la incapacidad derivaba de enfermedad común. Según la sentencia, no procedía aplicar presunción de laboralidad, pues no se acreditaba que la causa del desprendimiento fuese un traumatismo, y tampoco había datos de los que deducir una relación de causalidad entre la lesión y el trabajo, pues la literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas de ordenador como causa de desprendimiento de retina.
Posteriormente, la trabajadora, en desacuerdo con la sentencia, la recurrió ante el Tribunal Supremo, quien juzgó los hechos objeto de controversia teniendo en cuenta algunos criterios destacados:
– “Ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que, de alguna manera, concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación. Debe otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso”.
– “Para destruir la presunción de laboralidad a que se refiere el Artículo 156.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (según la cual “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo”), es necesario que la falta de relación entre la lesión y el trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de una patología que, por su propia naturaleza, excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal”.
– “La presunción de laboralidad entra en juego cuando concurren las dos condiciones: tiempo y lugar de trabajo. Es decir, si la parte afectada prueba el hecho básico de que la lesión se produjo en el tiempo y el lugar de trabajo, existe presunción de laboralidad del resultado lesivo materializado. Ello a su vez determina que a la parte que niega la existencia de accidente de trabajo le incumba probar la falta de conexión entre el hecho dañoso y el trabajo”.
– “En el caso en cuestión, el desprendimiento de retina materializado fue una lesión súbita que ocurrió en tiempo y lugar de trabajo, lo que conduce necesariamente a aplicar la presunción de laboralidad, en cuya virtud se presume que se trata de un accidente de trabajo. Más aún si se tiene en cuenta que no cabe excluir el factor trabajo en el desencadenamiento de patologías oculares, en concreto, el desprendimiento de retina, sin perjuicio de que, estadísticamente, existan otras causas productoras más frecuentes”.
– “Establecida la presunción de laboralidad, corresponde a quien pretende destruirla acreditar la falta de conexión causal entre trabajo y lesión. Esta acreditación no se realizó por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, habida cuenta de que no puede considerarse como tal el argumento de que no existen casos en la literatura médica que conecten trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de retina. Esto es así por dos motivos: en primer lugar, porque, aunque la tarea realizada cuando se produjo el fatal evento se producía ante una pantalla, la presunción legal se refiere al tiempo y lugar de trabajo y no a los instrumentos de los mismos; en segundo lugar, porque la destrucción de la presunción hubiera exigido la acreditación de una radical incompatibilidad entre el trabajo y la lesión, circunstancia que en este caso no se produjo”.
El Tribunal Supremo, con base en estos criterios en sentencia firme (Sentencia de la Sala 4ª de 21 de junio de 2018, EDJ 2018/513438), resolvió la controversia creada sobre el origen laboral o no del daño sufrido por la trabajadora, reconociendo el desprendimiento de retina producido como accidente de trabajo. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta sentencia constituye un importante precedente jurídico para que, en un futuro, casos similares sean reconocidos igual
Jueves 23 de agosto de 2018 lamoncloa.gob.es
El Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos.
El proceso penal conocido como ‘el procès’, instruido por el magistrado demandado, está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española. Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción.
La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función.
Pero en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.
La Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y el Reglamento que la desarrolla, no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional.
Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
La Convención de Naciones Unidas de 2004 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, en su artículo 5, establece que «todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en la presente Convención».
Se trata de la primera iniciativa del programa Moncloa abierta
Madrid – 20/08/2018 lamoncloa.gob.es
A partir de septiembre, las visitas a La Moncloa ya no estarán limitadas ni reducidas puntualmente a grupos de escolares y universitarios, sino que se abrirán al conjunto de la sociedad. Cualquier ciudadano que desee conocer de primera mano las instalaciones que desde 1977 acogen al presidente del Gobierno y donde se celebran los Consejos de Ministros podrá hacerlo gracias a la primera iniciativa del programa Moncloa abierta.
El complejo de La Moncloa no puede ser un espacio cerrado ajeno a los ciudadanos, es patrimonio de todos los españoles y como tal ha de abrirse a ellos. Con esta filosofía el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar respuesta a la voluntad de una sociedad que reclama naturalidad, proximidad y trasparencia. Para ello, el Ejecutivo pone en marcha este nuevo programa, que supone seguir avanzando en esa demanda de puertas abiertas que solicitan los ciudadanos a sus representantes públicos.
Moncloa abierta iniciará su andadura en septiembre, con una visita semanal, abierta a los ciudadanos. Será un recorrido guiado que comprenderá un paseo por el complejo y sus jardines e incluirá visitas a los edificios del Consejo de Ministros y de la Secretaría de Estado de Comunicación, donde se celebran las ruedas de prensa semanales posteriores a las reuniones del Consejo.
Estas visitas tendrán un aforo limitado y para participar en ellas será necesario hacer una reserva previa a través de un formulario que se habilitará próximamente en la página web www.lamoncloa.gob.es dentro de un área específica destinada al nuevo programa Moncloa abierta.
07/08/2018. ccoo.es
Lunes 20 de agosto de 2018 lamoncloa.gob.es
. Las Administraciones superan de nuevo su récord de precariedad, con 440.100 contratos interinos
. CSIF emplaza al Gobierno a aplicar nuevas mejoras en septiembre, como las 35 horas y medidas de conciliación (bolsa de horas, equiparación de los permisos de paternidad y maternidad), así como en las retribuciones
27 de Julio de 2018 csif.es
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora de manera positiva la oferta de empleo público en la Administración General del Estado aprobada hoy por el Consejo de Ministros, tras el acuerdo con alcanzado con los sindicatos.
No obstante, CSIF considera preciso un esfuerzo adicional para recuperar las 38.800 plazas perdidas en la Administración General del Estado desde 2010. Según Función Pública, en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, se retomarán las negociaciones para los presupuestos y oferta de empleo público de 2019. Además, reclamamos que se agilicen los procesos selectivos.
Por otra parte, CSIF muestra su preocupación por los últimos datos de la EPA: en el último trimestre se han registrado un total de 440.100 contratos interinos (un 14 por ciento de todo el empleo público), 95.800 por circunstancias de la producción o demanda de servicios públicos y hasta 344.300 para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador.
Tal y como se puede comprobar en las tablas, se trata de la cifra más alta de personal interino de la historia de nuestras administraciones públicas. Solo en este último año, en relación al mismo periodo de 2017, se han realizado 72.900 contratos interinos nuevos.
CSIF también valora de manera positiva que por fin se eliminen los descuentos en la nómina por Incapacidad Temporal en la Administración General del Estado y velará para que esta mejora se extienda al resto de las administraciones.
Finalmente, CSIF emplaza al Gobierno a continuar las negociaciones a la vuelta de las vacaciones, para analizar estos datos de precariedad y otras cuestiones pendientes en materia de retribuciones y condiciones laborales (35 horas, conciliación, permisos de paternidad y maternidad equiparables e independientes…)
Hoy, a las 18 horas, en la Parroquia Concepción de Nuestra Señora, calle Goya número 26 de Madrid, tendrá lugar el funeral por el eterno descanso de Don Luis María Cabello de los Cobos y Mancha.
17 de Agosto 2018 cámara.es
Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, CCAA donde más negocios se abrieron
Universitario, con edad comprendida entre los 25 a 54 años y en paro menos de un año, perfil del emprendedor español
Los menores de 25 años más emprendedores que los mayores de 54 años
Madrid, 17/8/18. Durante el primer semestre del año, la Cámara de España ayudó a 856 emprendedores a poner en marcha su propio negocio, a través del programa España Emprende. Estas empresas de nueva creación generaron 911 nuevos puestos de trabajo.
Desarrollado a través de la red de cámaras de comercio territoriales, España Emprende está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y su objetivo es contribuir a la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales, incidiendo especialmente en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo.
Murcia ha sido en este periodo la Comunidad donde más empresas se han creado, concretamente un total de 168. En segundo lugar, se coloca la Comunidad Valenciana con 147, seguida de Castilla-La Mancha (116), Andalucía (97) y Galicia (84).
La mayoría de los negocios que se crearon a través de este programa pertenecen al sector servicios (86%). En segundo lugar y a mucha distancia del primero se sitúa la construcción (9,2%). Dentro del sector servicios, destacan “otros servicios” especialmente servicios personales (50,7%), seguidos de comercios minoristas (27,2%) y hostelería con un 12,2%.
Por forma jurídica, el 57,7% de los negocios abiertos fueron empresas individuales, seguidas de las sociedades de Responsabilidad Limitada, con un 38,2%.
Durante este primer semestre del año, las cámaras de comercio atendieron a través del programa España Emprende a un total de 4.243 usuarios, de los cuales el 83,4% eran emprendedores con una idea de negocio y el 5,6% ya había creado una empresa.
Jueves, 16 de agosto de 2018 – poderjudicial.es
El CGPJ otorga amparo al magistrado Pablo Llarena ante el “ataque planificado” a su independencia por parte de los procesados huidos
La Comisión Permanente considera que la demanda presentada contra Llarena en Bélgica intenta, “sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”. El CGPJ adoptará “todas las medidas necesarias” para garantizar la independencia y seguridad del magistrado y pide a los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores que actúen “para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy otorgar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde el amparo contemplado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante lo que considera “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional” por parte de cinco de los procesados en la causa abierta por el proceso secesionista de Cataluña que permanecen huidos de la Justicia española “con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse” en ese y otros procedimientos.
El órgano de gobierno de los jueces, al que Llarena dirigió su solicitud de amparo el pasado 30 de julio, califica así la demanda presentada contra el magistrado ante los tribunales belgas por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
En la demanda, los procesados afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.
El juez decano de Madrid rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del emplazamiento para que comparezca ante un tribunal belga el próximo 4 de septiembre, al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007, ya que la solicitud versa sobre asuntos relacionados con la responsabilidad del Estado español por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad y, por tanto, carece de contenido civil o mercantil real.
El decano de los Juzgados de Madrid sí puso la demanda en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo, que el pasado 10 de julio se dirigió a los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores para, tras concluir que el texto de la demanda ponía en cuestión “las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”, instarles a llevar a cabo “las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica”.
En su solicitud de amparo, Pablo Llarena dice que tiene conocimiento de estas actuaciones, así como de las que, tras la carta remitida por el presidente del Tribunal Supremo al ministro de Asuntos Exteriores, ha realizado el Gobierno español ante el de Bélgica, aunque añade que ignora si esas gestiones han dado lugar “a una decisión concreta de actuación procesal por parte del Gobierno belga”.
El magistrado señala en su escrito el carácter “groseramente fraudulento” fraudulento de la demanda, que en su opinión solo pretende “sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española” defraudando los instrumentos del ordenamiento jurídico español para asegurar la independencia de la función jurisdiccional: el aforamiento de los jueces y magistrados ante el Tribunal Supremo y la prohibición, contenida en el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de que puedan dirigirse demandas directas contra ellos por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su función.
Vulneración “flagrante y burda” de la independencia judicial
El acuerdo hace también referencia al intento de los procesados de eludir la garantía establecida en el artículo 296 de la LOPJ, circunstancia que –dice- “añade un plus de gravedad a la planificación del ataque que se dirige contra el magistrado, ya que ni por justicia, ni por la dignidad de la función que desempeña, debe soportar una acción de responsabilidad civil directa que prohíbe nuestro ordenamiento jurídico”.
“La conclusión de todo ello es que los procesados en la causa especial instruida por el magistrado Pablo LLarena, con la interposición de la demanda contra él en Bélgica, han realizado un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional, pretendiendo desacreditar la instrucción llevada a cabo en el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional ante la opinión pública internacional a través de un cauce inidóneo para ello, con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse en la causa especial nº 20907/2017 y en otros procedimientos que puedan sustanciarse ante la jurisdicción española”, concluye la Permanente.
Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la independencia de Llarena
La Comisión, una vez otorgado el amparo solicitado, insta de los huidos “el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional” de Llarena y señala que, “a los efectos de que el amparo otorgado proporcione al magistrado inquietado el marco de independencia y seguridad debido”, se adoptarán “todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones propias de dicho marco de independencia y seguridad, incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la LOPJ”.
El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.
Martes 14 de agosto de 2018 lamoncloa.gob.es
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó una décima en julio de 2018, hasta el 2,2% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa idéntica a la adelantada por el INE.
Esta evolución se explica por la desaceleración de los precios de la alimentación y, en menor medida, de los servicios. La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, se redujo una décima, hasta el 0,9%. En términos intermensuales, el IPC registró una caída del 0,7% en julio de 2018, al igual que en el mismo mes de 2017.
Jueves 9 de agosto de 2018 lamoncloa.gob.es
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de diálogo que el Gobierno central sostiene con las Comunidades Autónomas.
A la reunión también han asistido la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y el consejero gallego de Hacienda, Valeriano Martínez.
Durante el encuentro, María Jesús Montero ha trasladado el compromiso del Ejecutivo central en la mejora del modelo de financiación autonómico. En este sentido, ha destacado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya aprobó la constitución de un grupo de trabajo de perfil político para abordar la insuficiencia financiera de las Comunidades Autónomas, uno de los problemas estructurales del modelo.
Montero también ha recordado durante el encuentro que las Comunidades Autónomas verán incrementados sus recursos en 2019. En concreto, las entregas a cuenta que se comunicaron en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera ascienden a 102.920 millones, un 7,23% más que en 2018. Si se incluye la liquidación del ejercicio 2017, los recursos totales suman 108.058 millones, un 4% adicional.
La ministra de Hacienda ha criticado que el cambio normativo en la gestión del IVA que aprobó el Gobierno anterior en 2017 haya supuesto que la liquidación de este impuesto en 2019 sea inferior a la cifra inicialmente prevista por las comunidades. En su etapa como consejera de Hacienda de Andalucía, Montero ya alertó de este efecto negativo y pidió medidas compensatorias.
La puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA a partir de julio de 2017 elevó en diez días el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones para las empresas acogidas a este nuevo régimen. El límite se estableció en los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual. Este cambio normativo aprobado por el anterior gobierno provocó, en términos de caja, una menor recaudación de IVA para el año 2017, que afecta a la liquidación que se producirá en 2019.
Montero ha lamentado esta situación, que perjudica a todas las Comunidades Autónomas, y ha trasladado su compromiso de explorar una solución dialogada y multilateral. De hecho, el Ministerio de Hacienda viene trabajando desde el cambio de Gobierno en una propuesta que permita a las Comunidades Autónomas recuperar esos recursos. Actualmente, el departamento que dirige Montero está analizando los aspectos técnicos y jurídicos de la medida para revertir el efecto negativo que sobre las finanzas de las comunidades tendrá el próximo año el cambio en la gestión del IVA que aprobó el anterior Gobierno.
Montero ha destacado durante la reunión que este Gobierno ha mantenido desde el primer día una postura leal con las Comunidades Autónomas y ha insistido en que el compromiso del Gobierno para mejorar la financiación de las comunidades autónomas es firme.
Ha recordado que la senda de estabilidad 2019-2021 que ha propuesto el Gobierno eleva el objetivo de déficit público del 1,3% al 1,8% del PIB para el próximo año. De esas cinco décimas adicionales, dos son para las Comunidades Autónomas, dos para la Seguridad Social y sólo una para la Administración Central.
En concreto, el objetivo para las Comunidades Autónomas en 2019 propuesto por Hacienda es del 0,3% frente al 0,1% del PIB fijado por el anterior Ejecutivo. Ello se traduce en un mayor margen para financiar servicios básicos como la sanidad o la educación.
01 de Agosto 2018 camara.es
Parlamento Europeo de Empresas 2018
La delegación empresarial española en el Parlamento Europeo de Empresas estará liderada por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet
Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani y Donald Tusk intervienen en el acto
La situación actual del comercio internacional, la vuelta a posiciones proteccionistas, el Brexit y la escasez de mano de obra cualificada, principales temas que centrarán esta nueva edición
Madrid, 1 /8 /18. Más de 800 empresarios de 45 países europeos se darán cita el próximo 10 de octubre en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. Con esta nueva edición del Parlamento Europeo de Empresas, las empresas del continente quieren renovar su compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores comunitarios su opinión sobre las políticas que afectan directamente a la actividad empresarial.
La delegación española está compuesta por 54 empresas y estará liderada por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.
El Parlamento Europeo de Empresas, que adopta a partir de esta edición el formato de conferencia de alto nivel del Parlamento Europeo, está organizada por Eurochambres, la asociación de Cámaras de Comercio europea, la Cámara de Comercio de España y el Parlamento Europeo.
En esta quinta edición contará con las intervenciones de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el negociador principal de la Unión Europea del Grupo de trabajo para la aplicación del artículo 50 con el Reino Unido, Michel Barnier.
La escasez de mano de obra cualificada, la situación actual del comercio internacional con la negociación de importantes acuerdos comerciales y de inversión con terceros países y el futuro de Europa son los temas más destacados que se tratarán en este encuentro.
Según ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, “el Brexit y el cuestionamiento que desde determinados grupos políticos se está haciendo del actual modelo europeo nos mueven a reivindicar el papel de la Unión Europea y a reforzar el compromiso de las empresas con este proyecto”.
“Por ello”, ha añadido José Luis Bonet, “esperamos mantener con los legisladores europeos un diálogo fluido y productivo, porque las empresas estamos obligadas a hacer que se escuche nuestra voz y a participar activa y constructivamente en todos los procesos de toma de decisiones que nos afectan”.
Encuentro con los eurodiputados españoles
Antes del inicio del Parlamento Europeo de Empresas, la delegación empresarial española será recibida por la Embajada de España en Bélgica y mantendrá un desayuno de trabajo con eurodiputados españoles con el fin de propiciar un acercamiento entre la comunidad empresarial y los legisladores europeos para propiciar un intercambio de opiniones sobre políticas y programas comunitarios de interés para las empresas. Asimismo, la delegación pretende poner en valor el papel de España en la escena comunitaria como cuarta potencia de la Unión Europea.
27 de Julio 2018 camara.es
Madrid, 27/7/18. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España impulsarán actuaciones orientadas a promover la modernización e innovación del comercio minorista, a través del convenio que han firmado ayer la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y el Presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.
La CNMC recurre la normativa urbanística municipal de viviendas turísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián
07 Ago 2018 nota de prensa cnmc.es
La CNMC considera que la normativa aprobada en estas tres ciudades no protege adecuadamente a los ciudadanos.
La CNMC pidió a los tres ayuntamientos que modificaran los aspectos más problemáticos de sus normas para evitar la interposición del recurso contencioso-administrativo.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha acordado impugnar la reciente normativa urbanística municipal de Madrid, Bilbao y San Sebastián[i], al considerar que las normas de estos Ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios.
Normativa de Madrid, Bilbao y San Sebastián
[i] El Acuerdo de 23 de enero de 2018 de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de febrero de 2018, de la ciudad de Madrid.
La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao.
Encuesta de población activa. segundo trimestre 2018
26 de Julio 2018 – camara.es
La ocupación y el desempleo consolidan su mejora gradual hasta los niveles del año 2008.
Cualquier revisión del marco laboral debería partir del consenso y orientarse a impulsar determinadas reformas estructurales en su funcionamiento.
Madrid, 26/7/2018. La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística confirma la fortaleza de la economía española durante el primer semestre del año, manifestada en unos niveles de ocupación y paro inéditos desde el año 2008.
En los últimos doce meses se han creado 530.800 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 2,8% interanual, mientras que el desempleo se ha reducido en 424.200 personas, marcando un descenso del 10.8% en un año. En este contexto, la tasa de paro se ha situado en el trimestre en el 15,3% de la población activa. Al tiempo, el número de activos ha conseguido remontar en el trimestre, tras los sucesivos recortes desde finales del pasado ejercicio, aumentando en 106.600 personas desde el nivel del segundo cuarto de 2017. Todo ello, sin duda, reflejo de la traslación directa del vigor de la actividad productiva al mercado laboral.
La notable reducción en el desempleo en los últimos doce meses, además de generalizada a nivel sectorial, es particularmente destacable tanto para los que perdieron su empleo hace más de un año (descenso interanual del 12,5%), como para aquellos que buscan su primera oportunidad laboral (reducción del 12,8% interanual).
Por otra parte, el avance en la contratación temporal en el segundo trimestre de cada ejercicio vuelve a manifestarse, al calor de la temporada estival. De este modo, los asalariados con contrato temporal aumentaron en un 5,7% en el segundo trimestre, frente al avance del 2,0% en la contratación indefinida. No obstante, en los últimos doce meses, tanto los asalariados con contratos indefinidos como temporales han crecido al mismo ritmo del 3,6%.
La Cámara de Comercio de España estima que el proceso de creación de empleo proseguirá con dinamismo durante la segunda mitad del año, con un incremento medio de la ocupación del 2,4%, alrededor de 450.000 puestos de trabajo, durante el conjunto del 2018. A finales del ejercicio, la economía española podría situar su tasa de paro en el entorno del 14,5%, en un contexto de crecimiento del PIB del 2,7% para el conjunto del año.
Las perspectivas favorables en materia económica para 2019, con un avance en el entorno del 2,4% según las últimas previsiones de la Cámara de Comercio de España, permiten asimismo pronosticar la continuación de la senda de creación de empleo durante el próximo año, con aumentos en la ocupación en el entorno del 2%.
No obstante, las cuestiones laborales deben seguir figurando entre las prioridades en la agenda de la política económica, al presentar nuestro país una tasa de paro que sigue duplicando la registrada en la Unión Europea y permanecer los problemas para acceder a un puesto de trabajo por parte de los jóvenes o los parados de larga duración.
En este sentido, cualquier revisión del marco laboral debería partir del consenso y orientarse a impulsar determinadas reformas estructurales en su funcionamiento, en aras de mejorar la calidad del empleo, aumentar la tasa de actividad, reducir la burocracia y los costes derivados de la contratación, y reformar las políticas activas de empleo.
A nivel agregado, los principales retos a atender con potencial incidencia sobre el mercado laboral, se centran en la inestabilidad territorial en España, los riesgos de desviación presupuestaria que impidan alcanzar los objetivos acordados con nuestros socios comunitarios, el avance en las reformas estructurales pendientes (financiación autonómica, sistema de pensiones o funcionamiento de las Administraciones Publicas), y la resolución de determinadas incertidumbres a nivel internacional (como la tensión comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos o la escalada de los precios del crudo).
agosto 2, 2018 Notas de prensa – registradores.org
02.08.’18.- La campaña de presentación de cuentas anuales que terminó el pasado 30 de julio ha culminado con éxito y con un incremento del 4 por ciento respecto a la campaña anterior. Desde el Colegio de Registradores se confirma la generalización del uso de medios telemáticos por parte de las sociedades mercantiles a la hora de presentar sus cuentas.
El Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores ha desarrollado íntegramente la plataforma de presentación telemática registral que habilita el derecho a la presentación de todo tipo de documentos en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, promoviendo el derecho de los ciudadanos, empresas y administraciones a relacionarse con los Registros Públicos por medios electrónicos.
Con ello, el Colegio de Registradores conjuntamente con los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles asumen el reto de promover el uso de las nuevas tecnologías incorporando los medios telemáticos a la prestación de servicios registrales orientados al ciudadano y la administración pública, factor clave para el aumento del bienestar económico y social.
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, las sociedades mercantiles deben presentar para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría.
agosto 1, 2018 Notas de prensa – registradores.org
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