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Timestamp: 2017-05-26 04:00:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 40']

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS - PDF
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Juan Luis Segura Silva
1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS SOCIAL1 ANTECEDENTES Existe una directa relación entre democracia, derechos humanos y medios de comunicación social. Una democracia requiere una ciudadanía informada, participativa, que pueda scalizar diariamente a las autoridades públicas y, en ese sentido, los medios de comunicación constituyen una fuente de información esencial.asimismo, los medios de comunicación tienen la posibilidad de denunciar prácticas, políticas o normas que constituyan una violación a los derechos fundamentales de las personas. Los medios construyen realidades y desde esa construcción determinan qué hechos son los relevantes de dar a conocer y desde qué perspectiva hacerlo. Esto último no es indiferente para los derechos humanos, en razón que los medios de comunicación juegan un rol preponderante en la construcción o el refuerzo de estereotipos de grupos vulnerados que, generalmente, no tienen acceso a esos medios para plantear sus puntos de vista. En este sentido, la pluralidad en los medios de comunicación es fundamental para que la ciudadanía tenga acceso a diversas fuentes de información, donde cada una ofrecerá diferentes énfasis, con distintas líneas editoriales y con diversas posturas frente a los hechos. Esto enriquece el debate democrático, re eja la pluralidad de opiniones de una sociedad y construye una realidad más acorde a la diversidad de la ciudadanía. Por lo mismo, para el derecho internacional de los derechos humanos, la concentración en los medios de comunicación es uno de los principales indicadores a través de los cuales se mide el pluralismo informativo. De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la concentración en la propiedad de los medios de comunicación 317 masiva es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad en la información (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2004, p. 131). Así, la concentración en la propiedad de los medios limita el acceso a la información por parte de la ciudadanía, derecho fundamental en una democracia. La Corte IDH ha señalado que es posible a rmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre 1. En 2012, según el ranking de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Chile bajó en el último año del puesto 33 al 80, lo que se debería, entre otros factores, a la concentración de los medios de comunicación y a la discriminación a las radios comunitarias en relación con las radios comerciales. En efecto, dicho informe plantea que la prensa chilena padece una dramática concentración de los medios de comunicación, que se encuentran en manos de dos grandes grupos de comunicación: Copesa (que edita el diario La Tercera) y El Mercurio, agregando en cuanto a la comunicación comunitaria que disponen de poco margen de acción en un espacio radiofónico que pertenece en más de 60% al grupo español Prisa (Reporteros Sin Fronteras, 2012b). Si bien en las últimas décadas se han creado medios digitales, favoreciendo la pluralidad informativa, el acceso a internet aún no es universal, lo que limita el acceso a dichos medios. De hecho, según la CASEN 2011, en un 51,8% de los hogares no hay computador y en los hogares que sí cuentan con uno, el 49,8% no tiene internet por ser demasiado caro, un 1 Corte IDH. Opinión Consultiva 5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas. 13 de noviembre de 1985, párr. 70.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 9,1% no tiene porque nadie sabe usarlo y un 2,1% porque no existe servicio donde vive (Ministerio de Desarrollo Social, 2012). El presente capítulo analiza, por un lado, como a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, la concentración en la propiedad de los medios de comunicación existente en Chile implica una afectación de la libertad de expresión tanto en su dimensión individual (derecho de todas las personas a expresarse), como social (acceso a fuentes plurales de información por parte de la sociedad). Por otro lado, el capítulo revisa la forma en que algunos medios de comunicación han cubierto hechos que involucran a grupos vulnerados como migrantes o el pueblo mapuche, cobertura que ha sido reprochada desde el punto de vista de los derechos humanos y sancionada. Al respecto, el INDH presentó ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) un requerimiento contra Televisión Nacional de Chile (TVN) por vulneración al correcto funcionamiento del medio, en un programa sobre migrantes de nacionalidad colombiana. Asimismo, en enero de 2012, diversas organizaciones dedicadas a las comunicaciones llevaron a cabo una Misión de Observación a medios de comunicación en La Araucanía, producto de la cual se criticó cómo los medios de comunicación tradicionales ofrecen estereotipos del pueblo mapuche y el escaso acceso de éstos a los medios de comunicación comunitarios. NORMAS NACIONALES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Tanto el derecho internacional de los derechos humanos como la normativa nacional regulan el derecho a la libertad de expresión y, en particular, la libertad de prensa. En relación con los medios de comunicación, el derecho internacional de los derechos humanos ha planteado un conjunto de estándares en la materia. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 19, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 318 cualquier otro procedimiento de su elección. El Comité de Derechos Humanos ha planteado que la existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos reconocidos por el Pacto. Es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática. [E]llo comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública 2. A nivel interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de expresión en su art. 13, planteando especí camente sobre medios de comunicación en su párrafo tercero que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles o ciales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Para la Corte IDH, la libertad de expresión tiene una doble dimensión, es decir, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento [lo que] representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno 3.Agrega la Corte que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que 2 Comité de Derechos Humanos. Observación General 34 sobre libertad de opinión y libertad de expresión de fecha 12 de septiembre de CCPR/C/GC/34, párr Corte IDH. Opinión Consultiva 5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas. 13 de noviembre de 1985, párr. 30.3 sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas 4.Asimismo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, plantea que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos 5. En línea con lo anterior, la Corte IDH también ha señalado que la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a con gurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones 6. Así entonces, la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades cientí cas y culturales, y en general, quienes deseen in uir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en n, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté su cientemente informada. Por ende, es posible a rmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre 7. 4 Ibídem, párr Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Principio Nº 12. Aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108º período ordinario de sesiones en octubre de Corte IDH. Opinión Consultiva 5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas. 13 de noviembre de 1985, párr Ibídem, párr Asimismo, en cuanto a las concesiones de radiodifusión televisiva o radial, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (Relatoría) ha señalado que la regulación que pueden y deben realizar los Estados en materia de radiodifusión está destinada a crear un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas, de forma tal que se asegure al mismo tiempo que esta facultad no será usada como forma de censura y que se garanticen la diversidad y la pluralidad (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2009, pág. 4). Especí camente, acerca de las radios comunitarias, la Relatoría ha planteado que desempeñan una función esencial no sólo en el proceso de inclusión social, sino como mecanismos para fomentar la cultura e historia, y para el desarrollo y educación de las distintas comunidades (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2009, pág. 27), y por lo mismo, su regulación debería permitirles a estos medios de comunicación diferentes fuentes de nanciamiento; entre ellas la posibilidad de recibir publicidad en tanto existan otras garantías que impidan el ejercicio de competencia desleal con otras radios y siempre que no inter era en su nalidad social (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2009, pág. 30). A nivel nacional, la Constitución establece en el art. 19 Nº12 diversas normas en relación con los medios de comunicación social. Así, tras asegurar la libertad de toda persona para emitir opinión e informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, el artículo señala en su inciso segundo que la Ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Asimismo, establece que toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar, mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. En materia de televisión, el art. 19 Nº 12 permite que el Estado establezca, opere y mantenga estaciones de televisión. Finalmente, la Constitución crea el Consejo Nacional de Televisión como un órgano autónomo con personalidad jurídica cuya función principal es velar por el correcto funcionamiento de la televisión, lo que está desarrollado con mayor detalle en su Ley Diversas leyes reglamentan la labor de los medios de comunicación. Una de ellas es la Ley sobre libertades4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS de opinión e información y ejercicio del periodismo, la que junto con reiterar ciertas garantías constitucionales ya señaladas como la libertad para fundar, crear y mantener medios de comunicación o la libertad para emitir opinión y recibir información, de ne a los medios de comunicación social en su artículo 2 como aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado. Asimismo, el artículo 3 establece que el pluralismo en el sistema informativo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país. Con este propósito se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social. Una segunda ley de relevancia es la que regula el Consejo Nacional de Televisión. En su artículo 1 señala como función principal velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión y, para tal n, tendrá su supervigilancia y scalización, en cuanto al contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen. Así, de ne correcto funcionamiento como el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación; a la dignidad de las personas; a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente, y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico. La infracción al correcto funcionamiento puede acarrear como sanción la amonestación al canal de televisión, la imposición de una multa no inferior a 20 ni superior a 200 UTM, la suspensión de las transmisiones hasta por siete días o la revocación de la concesión televisiva (art. 33). Por su parte, la Ley General de Telecomunicaciones regula el sistema de concesiones de radiodifusión, de- niendo la telecomunicación en su artículo 1 como toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por línea física, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. A continuación, el artículo 2 establece que todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones y cualquier persona podrá optar a las concesiones y permisos en la forma y condiciones que establece la ley. 320 Finalmente, en mayo de 2010 fue publicada la Ley que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana (conocida como Ley de radios comunitarias ), la que no entrega una de nición de lo que entiende por estas radios, sino que se limita a señalar que tales radios tendrán como zona de servicio máxima una comuna o una agrupación de comunas, conforme al ámbito de acción comunitaria de la entidad concesionaria (art. 1 inciso segundo). Esta norma, en relación a la cobertura, circunscribe su transmisión a una amplitud determinada 25 watts máximo y a una comuna o conjunto de comunas. Del mismo modo, esta Ley no permite la transmisión de avisos comerciales en estas radios en razón de que no persiguen - nes de lucro, pero sí permite menciones comerciales, entendidas como el saludo o agradecimiento a una entidad, empresa, establecimiento o local comercial, indicando únicamente su nombre y dirección (art. 13). Esto implica un obstáculo para las radios comunitarias, ya que les limita una fuente de ingreso primordial en todo medio de comunicación como es la publicidad. Junto a lo anterior, el artículo 13 prohíbe también que estos medios difundan propaganda electoral o política. Desde una perspectiva de derechos humanos, esto último implica una restricción ilegítima al acceso a la información, principalmente en época de elecciones donde la información es un elemento fundamental a la hora de decidir por quién votar. Tal como plantea la Corte IDH es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación 8. Parte de generar las condiciones es asegurar el acceso a la información por todos los medios que sean necesarios, entre los cuales se encuentran las radios comunitarias. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CHILE Tal como establecen los estándares internacionales, la existencia de medios de comunicación autónomos y pluralistas en una democracia es un aspecto fundamental, ya que inciden en el debate público, informan a la sociedad, y pueden 8 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 16 de junio de 2005, párr. 195.5 interpelar a las autoridades. En este sentido, la existencia de una concentración en la propiedad de los medios de comunicación social, tal como lo han demostrado diversos estudios, es un aspecto preocupante en Chile 9. Esta concentración en la propiedad es un fenómeno presente en los últimos 40 años. El 11 de septiembre de 1973, mediante el Bando Nº 15 10, la Junta Militar resolvió autorizar solamente la emisión de los siguientes diarios: El Mercurio y La Tercera de la Hora 11, advirtiendo que la emisión de todo otro órgano de prensa escrita que no sea la debidamente autorizada será requisada y destruida 12. Esto implicó el cierre de un conjunto de medios contrarios a la dictadura como Clarín, La Prensa, Puro Chile, Tribuna, El Siglo, Las Noticias de Última Hora y La Tarde (Couso, 2012, pág. 134). En este sentido, con el golpe miliar se quebró el sistema democrático de comunicación, que había caracterizado al país por más de cincuenta años. Los medios de comunicación se vieron afectados por una combinación de medidas como con scaciones, restricciones legales y represión física a los periodistas y comunicadores, todos ellos dispositivos de censura que buscaban desmovilizar y despolitizar a la población (Rivera, 2008). Con la recuperación de la democracia en 1990 no hubo mayores cambios en la situación de los medios de comunicación. La Constitución prohíbe el monopolio del Estado sobre los medios de comunicación, pero nada señala respecto a los monopolios privados, cuando en ambos casos monopolio 9 Al respecto ver Sunkel, Guillermo y Geoffroy, Esteban. Concentración económica de los medios de comunicación. Peculiaridades del caso chileno. 2001; Corrales, Osvaldo y Sandoval, Juan. Concentración del Mercado de los Medios, pluralismo y libertad de expresión. 2005; e Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile Centro de Derechos Humanos. Universidad Diego Portales Los Bandos están regulados en el Código de Justicia Militar en su art. 77 estableciendo que el General en Jefe del Ejército o el General Comandante de una División o Cuerpo de Ejército que opere por separado, tendrá autoridad para promulgar los bandos que creyere conveniente dictar para la seguridad y disciplina de las tropas; y estos bandos, como las penas que impusieren, obligarán a cuantas personas sigan al Ejército, sin excepción de clase, estado, condición o sexo. No obstante lo anterior, al inicio de la dictadura la Junta Militar utilizó esta herramienta para establecer normas de carácter general para toda la población, civil y militar. 11 Junta Militar. Bando Nº 15 sobre Censura y Clausura de medios de prensa. 11 de septiembre de Disponible en archivochile.com/dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/dmdocjm0021.pdf. 12 Ibídem público o privado se afecta el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a una pluralidad de fuentes de información. En este sentido, el Estado tiene un deber de promover la pluralidad en los medios de comunicación en la sociedad como mecanismo de asegurar la doble dimensión de la libertad de expresión, es decir, establecer garantías para una mayor pluralidad de voces informativas y que la sociedad acceda a esta información. PRENSA ESCRITA La prensa escrita juega un rol relevante en la determinación de la pauta del resto de los medios de comunicación en radio, televisión y digitales (Couso, 2012). En este sentido, en Chile existen dos grandes conglomerados periodísticos que concentran la propiedad sobre la prensa escrita, que son los mismos que el citado Bando Nº 15 de la Junta Militar permitió seguir funcionando tras el 11 de septiembre de Uno de ellos es el Grupo Copesa, Consorcio Periodístico de Chile S.A., cuyo dueño en un 83,3% es Álvaro Saieh, y que está compuesto por los periódicos La Tercera, La Cuarta, La Hora, Pulso, El Diario de Concepción y la revista Qué Pasa. El Grupo Copesa, además, es dueño del Grupo Dial compuesto por seis radioestaciones y otras empresas, entre ellas, Meta, encargada de servicios de distribución, elemento fundamental para la difusión de medios de prensa escritos. El segundo conglomerado es El Mercurio S.A.P., dueño de los periódicos El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda. Además es propietario de 25 diarios regionales a lo largo del país y de dos radioestaciones 13. Los periódicos del Grupo Copesa y El Mercurio S.A.P. son los que tienen mayor nivel de circulación y lectura Información disponible en Los medios regionales son: La Estrella de Arica, La Estrella de Iquique, El Mercurio de Antofagasta, El Mercurio de Calama, La Estrella del Norte, La Estrella del Loa, La Estrella de Tocopilla, El Diario de Atacama, El Ovallino de Ovalle, El Diario de La Serena, La Estrella de Quillota, El Líder de San Antonio, El Líder de Melipilla, El Rancaguino de Rancagua, La Estrella del Huasco, El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, La Tribuna, El Andino de Los Andes, El Observador, El Sur, La Estrella de Concepción, Crónica de Chillán, La Prensa de Curicó, El Centro, El Austral de La Araucanía, El Austral de Los Ríos, El Austral de Osorno, El Llanquihue de Puerto Montt, La Estrella de Chiloé y La Prensa Austral. 14 No se considera para estos efectos los periódicos de circulación gratuita (La Hora y Publimetro), sino que solamente aquellos que se venden.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS CUADRO PROMEDIO DE LECTORES (ENERO JUNIO 2012) LUNES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO El Mercurio Las Últimas Noticias La Tercera La Cuarta Fuente:Valida. Boletín de Circulación y Lectoría Diarios 1er semestre Uno de los pocos diarios que no pertenece a estos conglomerados es La Nación, del cual el Estado es propietario mayoritario en un 70%. En septiembre de 2012, el Poder Ejecutivo anunció el cierre de este diario, el cual había dejado de imprimirse desde noviembre de 2010, funcionando solamente en su versión digital. El gobierno explicó el cierre en base a que, por una parte, considera que el Estado no debe tener un medio de comunicación y, por otra parte, en virtud de que al estar integrada La Nación por un socio privado minoritario, este adquiría parte de la rentabilidad que producía el Diario O cial (El Dínamo, 2012). Desde el punto de vista de los derechos humanos, el cierre de este medio preocupa en tanto reduce la oferta de prensa escrita existente en el mercado. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha dicho que si los medios están controlados por un número reducido de individuos o sectores sociales, o bien por uno solo, se genera una carencia de pluralidad que impide el funcionamiento de la democracia. La democracia requiere del enfrentamiento de ideas, del debate y de la discusión. Cuando este debate es inexistente o se encuentra debilitado porque las fuentes de información son limitadas, se ataca el pilar principal del funcionamiento democrático (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2004, pág. 132). Al respecto, el Colegio de Periodistas señaló que la determinación de liquidar al diario se sustenta más en una decisión política del actual mandato del Presidente Sebastián Piñera que en una razón técnica, económica o, como han dicho algunos personeros o cialistas, a la necesidad de que sea el mercado, y no el Estado, el que regule la libertad de expresión e información 15. Por su parte, un grupo de dipu- tados presentó un proyecto de acuerdo con el objetivo de elevar el estatus jurídico de La Nación a la de un diario público con una administración independiente, plural y transparente, pero el proyecto fue rechazado por la Cámara 16. La sociedad Colliguay, socia minoritaria del periódico, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de evitar la liquidación de la sociedad, el cual está pendiente de resolución a la fecha de cierre de este informe. Adicionalmente, la decisión suscitó comentarios en el ámbito de los derechos humanos a propósito del valor que este diario tuvo durante la dictadura, el cual ofreció información sobre los hechos que ocurrían que no era publicada por otros medios de comunicación. En conclusión, y tal como señala la Relatoría, la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2004, pág. 153). La pluralidad de medios amplía la posibilidad de difundir una mayor diversidad de voces, lo que permite, a su vez, que la ciudadanía acceda a un mercado variado y libre de ideas, enriqueciendo así el debate público democrático. En este sentido, es deber del Estado llevar a cabo acciones que permitan abrir el mercado informativo a voces diferentes a las del oligopolio conformado por el Grupo Copesa y El Mercurio S.A.P. Una de estas acciones dice relación con los criterios de distribución de la publicidad o cial.tal como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la publicidad estatal con frecuencia ofrece medios a voces que, sin la ayuda nanciera del Estado, no podrían sobrevivir. La creciente consolidación de la propiedad y la propiedad cruzada de medios de comunicación signi ca que los periódicos y las estaciones de radio y televisión más pequeños enfrentan una competencia cada vez más fuerte por los ingresos de la publicidad disponibles[ ] La publicidad estatal 15 Colegio de Periodistas, Declaración Pública de 14 de octubre de 2012, punto Proyecto de Acuerdo Nº 752 para la adopción de medidas respecto al Diario La Nación. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto por 52 votos contra 49 a favor.7 puede compensar los vastos recursos de la comunicación controlados por intereses empresariales o por los círculos nancieros, pues pueden ampliar la voz de periodistas y medios de comunicación locales, de los medios más pequeños y de los que critican a las empresas (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2003, pág. 188). La publicidad o cial no debe ser utilizada como un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión. Por lo mismo, el Estado debe de nir este gasto considerando en qué medida la publicidad o cial es una herramienta relevante para garantizar el pluralismo informativo de los medios de comunicación. Así, la distribución arbitraria de publicidad o cial, como otros mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos de necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden afectarlos. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2012, pág. 6). RADIODIFUSIÓN A diferencia de la prensa escrita, la radiodifusión es un área con mayor control estatal, ya que su ejercicio depende del otorgamiento de una concesión sobre una frecuencia, la que es otorgada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Esto se debe a que las frecuencias son un bien escaso, por lo que el Estado debe administrarlas y otorgarlas conforme a principios objetivos, técnicos y en pos del pluralismo informativo. Tal como señala la Relatoría para la libertad de Expresión, la regulación que pueden y deben realizar los Estados en materia de radiodifusión está destinada a crear un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas, de forma tal que se asegure al mismo tiempo que esta facultad no será usada como forma de censura y que se garanticen la diversidad y la pluralidad (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2009, pág. 4). En esta área en los últimos años se ha producido también 323 una concentración en la propiedad provocada principalmente por la entrada en el mercado de la empresa espa- 1 ñola Prisa 17 al adquirir el Grupo radial Claxon S.A. hoy Ibero Americana Radio Chile o IARC. Así, tal como informa IARC en su página web, son propietarias de 212 frecuencias y de 11 radioemisoras (Imagina, Pudahuel, Concierto, ADN, Futuro, Radioactiva, Rock & Pop, Radio Uno, FM Dos, Corazón y 40 principales) 18. Esto implica, tal como constata Reporteros Sin Fronteras, que el grupo español Prisa posee cerca del 60% de las frecuencias radiofónicas (Reporteros Sin Fronteras, 2012a, pág. 66). Hace unos años, al conocer de esta compra, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia reconoció que dicha adquisición de emisoras produciría una concentración de medios radiales y, no obstante, autorizó la operación. El Tribunal planteó que la principal barrera a la entrada que enfrenta un potencial competidor es la obtención de una concesión para la transmisión de señales de radio. Adicionalmente, el hecho que exista un conglomerado que cuente con un número importante de radios y con participación signi cativa en el mercado, sea en términos nacionales o en determinados segmentos del mismo, es probable que aumente los costos de formar una cadena de radios que permita desa ar la posición de dominio de la empresa resultante de la operación de concentración 19. En ningún pasaje de la sentencia el Tribunal aplica una perspectiva de derechos humanos, a excepción del voto disidente del Ministro Menchaca, quien planteó que debía atenderse al consumidor de los servicios informativos que presta la radio, que si bien no pagan por escucharla, se podrían ver severamente afectados en su derecho al pluralismo informativo que a su vez es necesario para garantizar las libertades de opinión e información que pretende proteger la Ley en caso que se concentre excesivamente el mercado de dichos servicios 20. Llevado el caso ante la Corte Suprema, esta rati có el fallo del TDLC 17 Promotora de Informaciones Sociedad Anónima (PRISA), es dueña entre otras empresas, del Diario El País y la Editorial Santillana. 18 Ver Las frecuencias permiten transmitir en una zona geográfica determinada, por lo que una radio para transmitir en todo Chile, requiere la concesión de más de una frecuencia. Por eso la diferencia entre el número de frecuencias y el número de emisoras. 19 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Resolución 20/2007. Rol NC Sentencia de 27 de julio de 2007, considerando Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Resolución 20/2007. Rol NC Sentencia de 27 de julio de 2007, voto disidente del Ministro Mechaca, considerando 3.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS señalando que del análisis de los antecedentes de la causa aparece que las medidas dispuestas por la sentencia que se revisa por esta vía aparecen como su cientes y adecuadas para cautelar la libre competencia, garantizando así la pluralidad de medios y con ello la libertad de expresión y la diversidad de la información 21. Además de IARC, el espectro nacional de radios comerciales está compuesto por i) la Compañía Chilena de Comunicaciones, dueños de Cooperativa y Universo; ii) Canal 13, que a través de Radiodifusión SpA, son propietarios de Play FM, Sonar y en septiembre de este año el TDLC permitió la compra de las radios Oasis y Horizonte a Julián García Reyes 22 ; iii) Grupo Bezanilla, dueños de In nita, FM Tiempo y Romántica; iv) Bio Bio comunicaciones, dueños de radio Bio Bio, El Carbón (que transmite solo en la VIII y IX región) y Radio Punto 7; v) Diarios Regionales de El Mercurio, dueños de Digital FM y Positiva FM; vi) Grupo Copesa, que a través del Grupo Dial son dueños de Paula FM, Duna, Carolina, Disney, Zero y Beethoven; y otras radios no conglomeradas en grupos empresariales como Agricultura que pertenece a la Sociedad Nacional de Agricultura. Además de las radios comerciales también existen en Chile las radios comunitarias, las que con anterioridad a la Ley eran denominadas de mínima cobertura. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, estas radios son, en muchos casos, y cuando actúan en el marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que dejan los medios masivos; se erigen como medios que canalizan la expresión donde los integrantes del sector pobre suele tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener en los medios tradicionales (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2002, pág. 8). Asimismo, para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el reconocimiento y diferenciación de los medios comunitarios [ ] debe tener como objetivo garantizar el derecho a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de medios y promover este sector (AMARC, 2010, pág. 47). 21 Corte Suprema. Rol Nº Sentencia del 22 de noviembre de 2007, considerando 6º. 22 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Rol Nº 41/ de septiembre de Pese a que la publicación de una ley especí ca (20.433) que regula estos medios fue valorado por profesionales que se desempeñan en este ámbito 23, a los problemas normativos ya analizados se debe sumar un problema de ejecución de la norma, referido a la reserva de espectro en FM para radios comunitarias establecido por el art. 3 de la Ley. La Ley establece un espacio reservado para estos medios entre el y el 107.9, ampliándolo para casos especí cos de zonas con mayor población como la Región Metropolitana. Así, la Subtel debe llevar a cabo un proceso complejo que implica por una parte reposicionar a radios comerciales situadas en ese espacio y posicionar a las cerca de 400 radios comunitarias existentes en Chile dentro del espectro reservado en FM. Según la propia Subtel, hasta el 15 de noviembre de 2012 se recibirían todos los documentos de las radios comunitarias para llevar a cabo el proceso de acreditación para el traslado de frecuencia, por lo que la asignación de nitiva se realizará con posterioridad a esa fecha 24. Bajo estas condiciones, solo un máximo de dos radios comunitarias pueden funcionar bajo un territorio determinado, en una reserva de espectro que es aproximadamente el 5% del total, quedando un 95% para radios comerciales, que tienen una potencia 250 veces mayor a una comunitaria y con la posibilidad de vender publicidad 25. No obstante la complejidad del proceso, es deber del Estado garantizar un acceso equitativo al espectro. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la CADHP 23 Entre ellos, María Pia Matta, Presidenta de AMARC; Rosario Puga, de La Morada; y Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano. Ver Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, 2010, capítulo Libertad de expresión: Acceso a la información y libertad de comunicación, pág Subsecretaría de Telecomunicaciones. Oficio Nº 7048 de 7 de septiembre de 2012, en respuesta al INDH. Cabe precisar que para el INDH no es posible en este Informe Anual 2012 revisar el cumplimiento de las fechas informadas por la Subtel en el oficio, ya que tanto metodológicamente como por razones de imprenta, el Informe Anual 2012 revisa hechos ocurridos hasta el 31 de octubre de Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Fundación Pro Bono, MapuExpress y Unión Sudamericana de Corresponsales Internacionales. Informe Misión de Observación sobre libertad de expresión en medios de comunicación y radios comunitarias mapuche. Enero de Anexo. Disponible en node/4196. El informe contó con la colaboración del Observatorio del Derecho a la Comunicación de los Pueblos Indígenas.9 sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, en declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión, señalaron que se debe asignar su ciente espacio para la transmisión de las diferentes plataformas de comunicación para asegurar que el público, como un todo, pueda recibir un espectro variado de servicios de medios de comunicación. En términos de difusión terrestre, ya sea análoga o digital, esto implica una asignación apropiada de las frecuencias para usos de radiodifusión (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2009, pág. 47). El Estado, en virtud de los estándares internacionales de los derechos humanos, debe promover la radiodifusión comunitaria, de manera tal de incrementar las voces en el espectro radioeléctrico, lo que redunda en un bene cio para la ciudadanía que tendrá acceso a un mercado de ideas más amplio y robusto. TELEVISIÓN A partir de los años cincuenta, universidades como la Ponti cia Universidad Católica (PUC), la Universidad de Chile (UCH) o la Ponti cia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), comenzaron a desarrollar proyectos de investigación en materia de televisión, que derivaron en las primeras transmisiones de corto alcance. Ante la creación de Canal 13 (1959), Chilevisión (1960) y Televisión Nacional de Chile (1969), en 1970 se produce una regularización de sus transmisiones, y se les otorga concesiones inde nidas de transmisión, lo que permanece hasta el día de hoy (Anguita, 2005). Posteriormente, a partir de la recuperación de la democracia se otorgaron concesiones de televisión por un máximo de 25 años, con derecho preferente de renovación para quienes se adjudicaran tales concesiones. Este es el caso de los canales Mega (del Grupo Bethia) y La Red (del Grupo mexicano Albavisión). El fundamento de las concesiones inde nidas se basaba en que las labores televisivas de las universidades serían principalmente culturales, donde la televisión no estaba inserta en un mercado como el de hoy con un alto interés empresarial en la adquisición de una frecuencia, bien escaso, regulado por el Estado y otorgado en concesión por el Consejo Nacional de Televisión. Así, las universidades han vendido sus estaciones a grupos empresariales. La PUC vendió el 67% de su propiedad al Grupo Luksic y la Universidad de Chile arrienda su frecuencia a Chilevisión, propiedad de Time Warner 26. Los estándares internacionales en la materia señalan la facultad del Estado de administrar las frecuencias para radio y televisión con el objetivo de optimizar su uso en pos del pluralismo informativo. En ese sentido, se requiere un análisis crítico para proponer eventuales cambios en la situación nacional en tanto la interpretación realizada hasta el momento por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto a las operaciones mercantiles de este tipo, donde lo que está en juego es la cesión de un bien escaso como es la frecuencia televisiva, no está logrando garantizar la pluralidad informativa. En la actualidad, el debate está instalado en el Congreso con el proyecto de ley sobre televisión digital (Boletín ), que a la fecha de cierre de este Informe está en segundo trámite constitucional en el Senado. El debate es relevante para los derechos humanos, ya que el paso de la televisión análoga a la digital implica la posibilidad de aumentar la oferta de canales y, con ello, incrementar el pluralismo informativo. Chile adoptó en 2009 el modelo japonés de televisión digital conocido como Integrated Services Digital Broadcasting 27 (ISDB-T), el cual permitiría, según expertos, una mejor calidad de recepción por las condiciones geográ cas, haciendo posible también que se capte la televisión abierta gratuita en celulares, así como desplegando alta de- nición y una mayor diversidad de canales que bene ciarán a todos los habitantes (Bustos, 2010). Desde una perspectiva de derechos humanos, más allá del modelo especí co que un Estado adopte, este debiera traducirse en un mayor pluralismo informativo que asegure el igual acceso a los procesos de adjudicación de las concesiones como también un uso óptimo del espectro por parte 26 Como referencia del interés empresarial en la televisión, el Grupo Bethia pagó en marzo de 2012 US$182 millones de dólares por el 100% de Mega. Por su parte, durante 2010 el Grupo Luksic compró el 67% de Canal 13 en US$55 millones de dólares, y la internacional Turner Broadcasting Systems adquirió Chilevisión en US$144 millones de dólares. 27 Servicios Integrados de Radiodifusión Digital. Las otras dos opciones eran el modelo estadounidense (ATSC) y el europeo (DVB-T).10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS de todo tipo de medios de comunicación (comercial, público o comunitario).tal como señala la Relatoría Especial para la libertad de Expresión, el desarrollo tecnológico ofrece una oportunidad fundamental para garantizar acceso a las frecuencias a personas o sectores generalmente marginados o excluidos. En este sentido, el desafío en estos tiempos, y en el futuro inmediato, es convertir la actual desigualdad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una oportunidad digital para todos y todas (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2009, pág. 21). MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRUPOS VULNERADOS El debate en torno a los medios de comunicación en el país también gira en torno a cómo estos informan las noticias y hechos de interés público donde se ven afectadas personas o grupos vulnerados. Así, se ha planteado que la falta de participación equitativa impide el desarrollo de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2002, pág. 135). Los medios de comunicación pueden crear en sus relatos estereotipos hacia grupos vulnerados, construyendo o reforzando prejuicios sociales y, por ende, propiciando un trato discriminatorio hacia los mismos. Por ello, es necesaria la existencia de una labor periodística no solo apegada a las normas legales que las regulan, sino que también a límites ético-profesionales que determinan su actuar. Un caso que re eja la relevancia de este tema para la garantía de los derechos humanos ha sido la cobertura de las demandas del pueblo mapuche. El 2004, Rodolfo Stavenhagen, entonces Relator Especial sobre los Derechos Indígenas y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, recomendó en su visita a Chile que los medios de comunicación existentes en Chile redoblen los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas así como a las situaciones 326 de con icto social en las regiones indígenas 28. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha planteado que a efectos de la protección de los derechos de los usuarios de los medios de comunicación, entre ellos los miembros de las minorías étnicas y lingüísticas, a recibir una amplia variedad de informaciones e ideas, los Estados partes deberían poner especial empeño en promover medios de comunicación independientes y diversi cados 29. El llamado de los organismos internacionales de derechos humanos es a desarrollar una labor periodística que evite la estigmatización, el prejuicio y los estereotipos sobre el pueblo mapuche como personas, dando una cobertura periodísticamente rigurosa sobre los hechos. No obstante lo anterior, según una Misión de Observación a comunidades mapuche realizada por AMARC, entre otras organizaciones, ante hechos de violencia ocurridos en zonas aledañas a comunidades mapuche, la prensa inmediatamente imputa responsabilidad y cataloga como terroristas a los detenidos mapuche, quienes principalmente son dirigentes y autoridades ancestrales (AMARC, 2012, pág. 5). En un segundo caso, el Consejo Nacional de Televisión sancionó con una multa de 200 UTM a cuatro canales de televisión abierta (CHV, TVN, Canal 13 y Mega) por la manera truculenta y sensacionalista en que informó sobre el incendio en la cárcel de San Miguel en diciembre de Dicha resolución fue rati cada por la Corte Suprema en contra de Mega (que impugnó judicialmente la resolución), estableciendo en su sentencia que es posible constatar la presencia del factor de reproche que se les atribuyó, cual es la intromisión y sobreexposición del estado de extrema vulnerabilidad emocional de los familiares de los internos que se hallaban en el recinto carcelario afectado por el incendio 31. Ya anteriormente, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación había señalado respecto de la cobertura 28 Relatoría Especial sobre los Derechos Indígenas y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. Informe de Misión a Chile. E/ CN.4/2004/80/Add.3, párr Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 34 sobre libertad de opinión y libertad de expresión. CCPR/C/GC/ de septiembre de 2011, párr Consejo Nacional de Televisión. Acta de Sesión Ordinaria de 14 de marzo de Puntos 10, 11, 12 y Corte Suprema. Rol Nº Sentencia de 25 de octubre de Considerando octavo.11 de este hecho, la necesidad de observar las pautas éticas contenidas en las resoluciones del Consejo, buscar la verdad y respetar la dignidad; la vida privada y el dolor de las personas involucradas en un suceso informativo 32. Así, es motivo de preocupación para el INDH el modo en que algunos medios de comunicación dan cobertura periodística a hechos delictuales en sectores de escasos recursos socioeconómicos, difundiendo muchas veces imágenes que estigmatizan a las personas que allí viven. Sobre este punto el INDH recurrió ante la Contraloría General de la República (CGR), exponiendo que existen fundadas razones para sostener la ilegalidad de toda forma de autorización, expresa o tácita, de parte de Carabineros o la PDI y a favor de particulares para que éstos [medios de comunicación] asistan y/o participen en compañía de funcionarios públicos policiales de todas aquellas actuaciones vinculadas a la investigación de un delito 33. En su dictamen, la CGR resolvió que no constituye una transgresión al ordenamiento jurídico, el que los servicios públicos en examen admitan la presencia de los medios de prensa con el debido resguardo de la identidad y de los derechos de los afectados, en los procedimientos que realizan en razón de sus atribuciones legales, en materia preventiva y de control 34. La labor de los medios de comunicación es fundamental en una democracia y la libertad de prensa ampara que puedan buscar la información y difundirla, aún más si es de interés público. Con todo, el derecho en virtud del cual una persona se presume inocente hasta que una sentencia rme y ejecutoriada demuestre lo contrario, obliga al Estado y, en este caso a las Fuerzas de Orden y Seguridad así como a los medios de comunicación social, a tomar los debidos resguardos para garantizar el respeto de este derecho en la cobertura realizada. También se ha llamado la atención sobre el rol de los medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones sociales. Si bien los medios deben informar sobre los 1 hechos de violencia que ocurren en el contexto de manifestaciones sociales y el Estado debe investigarlos, asimismo, los medio tienen el deber de entregar información completa, permitiendo que la ciudadanía acceda también a información referida a las demandas sociales que se plantean en tales manifestaciones. En referencia a una denuncia contra Canal 13 y su noticiario transmitido el 16 de junio de 2011, el CNTV planteó que si bien en la mayoría de las notas reseñadas es notoria la predominancia en sus imágenes de los desmanes ocurridos en forma simultánea al hecho de la marcha convocada por los estudiantes, no es menos cierto, que su audio da cuenta cabal de sus motivos y del pliego de las demandas estudiantiles, produciendo así, en la suma de los aspectos señalados, una cuantía su ciente de información sobre los hechos 35. Paralelamente, en los meses de junio y julio de 2011, TVN utilizó la imagen de un adolescente encapuchado para presentar noticias relacionadas con marchas estudiantiles en tres noticiarios centrales de días distintos 36.Tras la queja del Colegio de Periodistas por contravenir el Código de Ética, TVN reconoció su error (Colegio de Periodistas, 2011). Especí camente, el art. 17 de dicho código establece que el material grá co y los titulares siempre deberán guardar concordancia con los textos que les corresponden, de modo que el lector, televidente o auditor no sea inducido a confusión o engaño. Asimismo, los medios de comunicación pueden jugar un rol preponderante en integrar al debate público a grupos vulnerados como las personas con discapacidad. Así, la utilización de lengua de señas en algunas transmisiones de televisión implica un paso relevante en el acceso a la información de estas personas, lo que les permite a su vez participar de manera informada en el debate público. En este sentido, el Estado debe establecer una legislación adecuada en la materia que impida que la discapacidad sea un obstáculo en el acceso a la información de los medios de comunicación. 32 Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Comunicado Público del 16 de diciembre de Instituto Nacional de Derechos Humanos. Oficio Nº 7 solicitando a la Contraloría General de la República dictamen sobre materia que indica. 10 de enero de 2012, pág Contraloría General de la República. Dictamen Nº , de 26 de septiembre de Consejo Nacional de Televisión. Caso Nº 427/2011.Acta sesión ordinaria de 1º de agosto de Punto Corresponde al noticiario 24 Horas transmitido los días 14 y 26 de junio y 11 de julio, todos de 2011.12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS El rol de los medios de comunicación también es relevante en la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia. En particular, la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo consigna que algunos medios de comunicación, al promover imágenes falsas y estereotipos negativos de grupos y personas vulnerables, en particular migrantes y refugiados, han contribuido a la difusión de sentimientos racistas y xenófobos entre el público y, en algunos casos, han alentado la violencia por parte de individuos y grupos racistas 37. El pasado 10 y 17 de junio,tvn emitió el programa Inmigrantes ilegales y narcotrá co en Chile dentro de la temporada de Informe Especial, que en varias de sus partes promovió imágenes falsas y estereotipos sobre la población colombiana. A propósito de esta situación, el INDH expresó al CNTV que los pasajes del reportaje individualizado dan tres mensajes cuestionables en relación a las personas de nacionalidad colombiana: a) las personas de nacionalidad colombiana y su vínculo directo con la delincuencia y otros hechos de violencia; b) las personas de nacionalidad colombiana presentarían costumbres insalubres; c) las personas de nacionalidad colombiana y su vínculo directo con el aumento de enfermedades de transmisión sexual 38. En consecuencia, el INDH solicitó al CNTV que TVN a futuro adoptara las medidas necesarias para que los canales de televisión no contribuyan a la creación o reproducción de estereotipos sobre las personas inmigrantes y respete sus derechos en la cobertura de las noticias y en investigaciones periodísticas. La interpelación del INDH no fue la única; en el acta de la sesión ordinaria que revisó la materia se da cuenta de cuatro denuncias al mismo programa 39. El Consejo Nacional de Televisión concluyó que la dignidad personal de los inmigrantes de origen colombiano fue vulnerada y acordó, por unanimidad, formular cargos contra Televisión Nacional de Chile, lo cual marca un importante precedente a ser tomado en cuenta por los medios televisivos. Si bien principal responsable de respetar, promover y proteger los derechos humanos es el Estado, esto no implica que las personas naturales y jurídicas estén ajenas a este deber. Tal como establecen los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, la responsabilidad de respetar estos derechos exige a las empresas que eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan, como también que traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos 40. En este sentido, los medios de comunicación, como empresas informativas, deben respetar los estándares de derechos humanos en las actividades que desarrollan, y entre estos, no contribuir a generar estereotipos y tratos discriminatorios. 37 Declaración y Programa de Acción de Durban, párr. 88 y ss. 38 Instituto Nacional de Derechos Humanos. Oficio Nº 311 dirigido al CNTV. 28 agosto Consejo Nacional de Televisión. Acta de la sesión ordinaria de 3 de septiembre de 2012, punto Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. A/HRC/17/ de marzo de 2011, principio 13, letras a y b.13 BIBLIOGRAFÍA AMARC. (2010). Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual. Buenos Aires. AMARC. (2012). Informe Misión de Observación sobre libertad de expresión en medios de comunicación y radios comunitarias mapuche. Anguita, P. (2005). El derecho a la información en Chile. Análisis de la Ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Bustos, H. (enero de 2010). Televisión digital: en espera del modelo japonés. Cuerpo Diplomático(180). Obtenido de Cuerpo Diplomático: Colegio de Periodistas. (26 de julio de 2011). 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