Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43624079
Timestamp: 2020-03-30 06:25:42
Document Index: 413987751

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 36']

Sentencia de Tutela nº 1167/05 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43624079
Derechos fundamentales de las personas discapacitadas al igual que los derechos de los hijos menores por la decisión de la entidad de terminar la relacion laboral que lo vinculaba con la misma sin tener en cuenta su discapacidad. Solicita se ordene su reintegro al cargo que venia desempeñando asi como el pago de los salarios y demas prestaciones dejadas de percibir, y se le garantice la permanencia en el reten social mientras termina la liquidación de la empresa. Fundamento de la protección constitucional a las personas discapacitadas y adopción de acciones afirmativas. Existe una garantia en la permanencia del empleo del discapacitado como una medida de protección especial que se dirige principalmente a reconocer el principio de la dignidad humana de las personas. Facultades de la administración en los procesos de reestructuracion. Precedente constitucional en la materia. En el presente caso se reunen los criterios establecidos para acoger sus efectos inter comunis. Concedida
Sentencia T-1167/05
ACCIONES AFIRMATIVAS-Soporte constitucional/PROCESO DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DEL ESTADO-Fundamentos
RETEN SOCIAL-Protección especial a trabajadores en condiciones de debilidad manifiesta/PADRE CABEZA DE FAMILIA-Indemnización última alternativa en procesos de reestructuración
PADRE Y MADRE CABEZA DE FAMILIA Y PERSONAS DISCAPACITADAS-Limitación a la protección reforzada fijada en la ley 813/03 declarada inconstitucional por la sentencia C-991/04
Referencia: expediente T-1155103
Acción de tutela instaurada por E.E.C.J. contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM en liquidación representada legalmente por la Fiduciaria la Previsora.
B.D.C., noviembre diecisiete (17) de dos mil cinco (2005).
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 27 Penal del Circuito de B.D.C. y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor E.E.C.J. en contra de la Empresa Nacional de telecomunicaciones -TELECOM- en liquidación.
El señor E.E.C.J. interpuso acción de tutela en contra de TELECOM por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas al igual que los derechos fundamentales de sus hijos menores de edad, con ocasión de la decisión adoptada por la entidad demandada de terminar la relación laboral que los vinculaba. El peticionario fundamenta la acción presentada en los hechos que se relacionan en el acápite siguiente.
1.1. Antes de cumplir un año de edad el actor sufrió de poliomielitis en el miembro inferior derecho, enfermedad que le ha dejado secuelas fisiológicas, las cuales sintetiza de la siguiente manera en el escrito de tutela: ''En la pierna derecha: inmovilidad total del pie, presentando pie péndulo; existe atrofia severa a nivel muscular, en el muslo derecho presento atrofia muscular evidente con disminución del perímetro del muslo con relación al izquierdo, presentando una diferencia de once (11) centímetros menor, en la pantorrilla prácticamente no tengo masa muscular. En la pierna izquierda: hipertrofia de la pantorrilla izquierda como consecuencia de la exigencia permanente, hipertrofia del cuadriceps izquierdo como consecuencia de la misma patología. C.: A nivel de la dinámica de la cadera, esta se ve considerablemente afectada como consecuencia de la poliomielitis y las secuelas a nivel de columna lumbar por la misma causa, que ocasiona dolor lumbar permanente. Columna: desde hace algunos años, las secuelas y la dificultad funcional de las mismas, han complicado aun más la deformidad a nivel de la columna lumbar, en otras palabras, han acentuado la escoliosis presente con su consecuente manifestación clínica de dolor permanente'' Cuaderno 1 folio 2..
1.2. El primero (01) de noviembre de 1989 comenzó a trabajar en TELECOM como J. de Grupo I en Ocaña.
1.4. Mediante Oficio de 005503 de dieciocho (18) de noviembre de 2003, la empresa en liquidación incluyó al Sr. Claro J. dentro del denominado ''reten social'', previsto por la Ley 790 de 2002, en calidad de PERSONA CON LIMITACIÓN FÍSICA, MENTAL, VISUAL O AUDITIVA, y le comunica que ''deberá continuar laborando dentro del proceso liquidatorio de TELECOM hasta la culminación del programa de renovación de la administración pública''.
1.5. A pesar del anterior reconocimiento, mediante oficio de veintidós (22) de enero de 2004, el apoderado general de la entidad en liquidación comunica al Sr. E.E.C.J. la terminación de su contrato de trabajo, a partir del día primero de febrero del mismo año, por la supresión del cargo que venía desempeñando prevista en el artículo cuarto del Decreto 2062 de julio 24 de 2003.
1.6. Al momento de la terminación del contrato laboral el Sr. Claro J. ocupaba el cargo de Jefe de Grupo I y devengaba un sueldo básico de un millón trescientos catorce mil cuatrocientos veintiséis pesos ($1.314.426).
1.7. El Sr. Claro J. fue indemnizado con la suma neta de cuarenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil setecientos treinta y seis pesos ($45.598.736) por TELECOM en liquidación.
1.8. El Sr. Claro J. está casado y es padre de dos menores de edad, afirma que su núcleo familiar, del cual también hacen parte sus padres, depende económicamente de él.
El peticionario considera que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones- TELECOM- en liquidación, lo despidió e indemnizó sin tener en cuenta su situación particular de discapacidad, y en virtud de tal decisión dejó en una situación de desamparado tanto a él como a su familia. Solicita, entonces, que se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y se le garantice la permanencia en el reten social mientras termina el proceso de liquidación de TELECOM.
El representante legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM en Liquidación se opuso a la solicitud formulada por el Sr. Claro J., con los siguientes argumentos:
En primer lugar afirma que la Corte Constitucional en la sentencia T-876 de 2004 confirmó los fallos de tutela de instancia que habían denegado el amparo solicitado por distintas madres cabezas de familia y discapacitados que habían sido desvinculados de TELECOM. Sostiene que este precedente debe ser aplicado en el caso que se revisa.
Arguye que la sentencia C-991 de 2004, en virtud de la cual se declaró la inexequibilidad del aparte del artículo 8 de la Ley 812 de 2003, que establecía un límite temporal al retén social y en virtud del cual fueron expedidas las disposiciones reglamentarias que sirvieron de fundamento para la desvinculación de las personas amparadas por el retén social de TELECOM, no tiene efectos retroactivos y que por lo tanto no puede ser aplicada a situaciones jurídicas consolidadas antes del pronunciamiento del fallo de constitucionalidad, como era la situación del Sr. Claro J. cuyo contrato de trabajo había terminado antes que se profiriera la sentencia en cuestión.
Argumenta que la acción de tutela es improcedente frente a controversias laborales, por existir otros medios de defensa judicial.
Alega que el peticionario no demuestra la existencia de un perjuicio irremediable, razón por la cual tampoco es procedente el amparo transitorio mientras se pronuncia de manera definitiva la jurisdicción ordinaria.
Finalmente alega que la tutela presentada carece de inmediatez, porque el Sr. Claro J. dejó transcurrir más de un año contado desde la fecha de terminación del contrato laboral para solicitar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
4.1. Certificado de registro civil de nacimiento del Sr. E.E.C.J. y de sus hijos A.F.C.A. y V.C.A..
4.2. Solicitud de reintegro presentada por el Sr. Claro J. ante TELECOM en liquidación, el día veinticinco (25) de noviembre de 2004.
4.4. Copia de certificación expedida por la EPS Sanitas sobre el período de afiliación del Sr. Claro J. y de su grupo familiar.
4.5. Copia del Oficio de 005503 de dieciocho (18) de noviembre de 2003, suscrito por el apoderado general de TELECOM en liquidación, mediante el cual le comunica al Sr. Claro J. que ha sido incluido en el ''reten social''.
4.6. Copia del Oficio 4015 suscrito por el apoderado general de TELECOM en liquidación, de fecha veintidós (22) de enero de 2004, mediante el cual le comunica al Sr. Claro J. la terminación del contrato de trabajo a partir del primero (01) de febrero de 2004 por supresión del cargo que desempeñaba.
4.8. Copia de constancia de recibo del pago de la indemnización, suscrita por el Sr. Claro J..
El Juzgado Veintisiete (27) Penal del Circuito de Bogotá, mediante providencia de veintidós (22) de abril de 2005 denegó el amparo solicitado. Consideró el juez de primera instancia que en el presente caso no era aplicable la jurisprudencia constitucional en materia del reten social de los trabajadores de TELECOM pues las circunstancias fácticas eran distintas. La diferencia sustancial que impedía la aplicación del precedente constitucional en esta ocasión era la ausencia del requisito de inmediatez para la procedencia de tutela, pues el Sr. Claro J. había interpuesto la acción de tutela más de un año después de la finalización de la relación laboral, mientras que los casos en los cuales la Cote Constitucional había amparado los derechos de los trabajadores desvinculados a la entidad demandada, éstos habían impetrado el amparo constitucional antes de la terminación de los respectivos contratos de trabajo.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de B.D.C. confirmó el fallo de primera instancia. Considero el a quem que la petición formulada por el demandante carecía de inmediatez y que además en este caso no procedía aplicar el precedente sentado en las sentencias SU-388 y SU-389 de 2005 porque en tales ocasiones la procedencia de la tutela estaba ligada a la calidad espacialísima de los actores, madres y padres cabeza de familia, y por lo tanto tal línea jurisprudencial no era aplicable de manera extensiva a los discapacitados.
Corresponde a esta S. establecer, si la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM en liquidación vulneró los derechos fundamentales del demandante, al suprimir el cargo que venía desempeñando a pesar de haber sido incluido, por la mencionada entidad, en el denominado retén social, debido a la discapacidad física que le aqueja.
Así mismo, el artículo 47 de la Constitución, entre otros, establece que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieranLa obligación que tiene el Estado de adoptar medidas tendientes a proteger y salvaguardar los derechos de las personas discapacitadas, se desprende de los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política, los cuales disponen que el Estado debe proteger de manera especial a las personas con limitaciones físicas o mentales. .
Entonces, la estabilidad laboral reforzada para las personas con limitaciones físicas o mentales se entiende como una manifestación de las acciones afirmativas dirigidas a sujetos de especial protección. La sentencia SU-388 de 2005 tuvo el mismo fundamento constitucional para proteger a las madres cabeza de familia de la aplicación del límite temporal establecido para las personas protegidas por el denominado ''retén social'' contemplado en la Ley 790 de 2002.
De acuerdo a las facultades de reglamentación que le fueron concedidas al Gobierno Nacional, el 30 de enero de 2003 expidió el Decreto 190, mediante el cual se reglamentó parcialmente la Ley 790 de 2002, y en su artículo 16 estableció que las disposiciones allí contenidas se aplicarían a partir del primero (1) de septiembre de 2002, dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública del orden nacional, y hasta su culminación, la cual no podrá exceder, en todo caso, el treinta y uno (31) de enero de 2004, disposición que en criterio de la Corte es violatoria de la Constitución. Así lo determinó la Sala Primera de Revisión al considerar que la limitación en el tiempo del beneficio que se les otorgó a las madres cabeza de familia en la Ley 790, artículo 12, por el Decreto 190, artículo 16, no es ajustada a la Constitución, por cuanto una norma de menor jerarquía (Decreto 190 de 2003, artículo 16), estableció un límite que la norma que le daba validez (Ley 790 de 2002, artículo 12) no establecía, por esta razón, la Corte inaplicó el límite temporal fijado por el artículo 16 del Decreto 190 de 2003.
Igualmente la Corte sostuvo, que cada vez que se adelantan procesos de reestructuración del Estado, sus efectos repercuten de un lado, en la comunidad beneficiaria o receptora de los servicios prestados en desarrollo de una función administrativa, y, de otro, en sus propios trabajadores, quienes son los directamente afectados con la medida. Por lo tanto, en uno u otro caso, la reestructuración deberá hacerse respetando la Constitución y los derechos fundamentales de los sujetos involucrados Sentencia T-602 de 2005 f. j. 2.2...
El precedente constitucional en la materia.
No obstante, la Corte Constitucional abandonó de manera expresa dicha línea jurisprudencial a partir precisamente de la sentencia SU-388 del año 2005 en la cual se consideró que en el caso de los sujetos de especial protección constitucional las indemnizaciones que hubiera pagado la empresa en liquidación no garantizaban la protección de los derechos fundamentales, razón por la cual se procedió a ordenar el pago de los salarios adeudados desde el despido de los trabajadores y en el evento en que se hubiera pagado una indemnización se efectuara un cruce de cuentas con las compensaciones y restituciones. Precedente reiterado por las sentencia T-602 Al respecto se expresó en la sentencia:
''En este sentido, pese a que según las normas que regulan el proceso de liquidación de la empresa, se consagró el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho las personas que resultaran desvinculadas de la entidad como consecuencia de la supresión de la misma, esta Sala considera que con el pago de una indemnización, en este caso, no se garantiza la protección de los derechos fundamentales del actor, en la medida en que éste es un sujeto constitucionalmente protegido de manera especial al cual no se le debe dar el mismo trato que a los demás trabajadores en un proceso de reestructuración'' (f. j. 2.2.) y T-726 del mismo año.
El caso concreto que se revisa
De los hechos narrados por el actor y de las pruebas aportadas al expediente se desprende con entera claridad que el Sr. Claro J. es un discapacitado, el cual inicialmente fue cobijado por el retén social de TELECOM pero posteriormente la entidad demandada retiró la medida especial de protección que le beneficiaba y terminó el contrato laboral de manera unilateral. Están presentes en este caso, por lo tanto, todos los elementos señalados por la jurisprudencia constitucional para conceder el amparo constitucional.
Al respecto cabe señalar que la fecha de interposición del amparo constitucional no ha sido considerada como un hecho relevante por la Corte Constitucional para establecer la procedencia del amparo constitucional en estos casos. De la atenta lectura de las sentencia T-602 y T-726 de 2005 se infiere que en estos casos los actores habían interpuesto la acción de tutela con mucha posterioridad a la terminación unilateral de sus contratos y no obstante las salas de revisión estimaron procedente el amparo solicitado y profirieron fallos estimatorios.
Un argumento final torna completamente irrelevante cualquier discusión sobre el requisito de la inmediatez, precisamente en la sentencia T-726 de 2005 la Corte Constitucional decidió que existía un universo de personas en igualdad de condiciones del tutelante -esto es, discapacitados que habían estado vinculados laboralmente a TELECOM a los cuales la empresa en liquidación había reconocido tal calidad y cobijado inicialmente por la medida de especial protección del retén social- y por lo tanto extendió los efectos de esa decisión a los extrabajadores de Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM- en liquidación siempre que: 1) reunieren los requisitos para permanecer en la entidad; 2) hayan acreditado mediante valoración de la E.P.S. correspondiente su condición de personas con limitación física, mental, visual o auditiva y, además, TELECOM hubiere reconocido dicha calidad expidiendo las certificaciones correspondientes antes del 31 de enero de 2004; 3) a la fecha de esta sentencia hubieran presentado acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y, 4) sus procesos no se hayan seleccionado para revisión en la Corte Constitucional o en cualquier caso hubieren sido resueltos desfavorablemente Sentencia T-726 de 2005 f. j. 7..
Es decir, decidió aplicar los efectos inter comunis a la decisión proferida en esa oportunidad, y afirmó lo siguiente: ''De esta manera, aquellas personas con limitación física, mental, visual o auditiva que así lo deseen, si se encuentren en las condiciones descritas, deben acudir directamente ante el Liquidador de TELECOM para solicitar su reintegro y el pago de acreencias laborales, invocando el presente fallo que sigue en lo pertinente el precedente de la SU-388 de 2005. El procedimiento a seguir será el mismo establecido en dicha sentencia de unificación'' Ibidem..
Como no cabe duda que el Sr. Claro J. reúne los criterios establecidos en la anterior decisión es claro que lo acogen sus efectos inter comunis, por lo tanto se revocaran los fallos de instancia y se concederá el amparo solicitado. Finalmente como el peticionario recibió una indemnización con posteridad a la terminación del contrato laboral la orden que se impartirá será de conformidad a lo establecido por la jurisprudencia constitucional para estos casos.
Primero.- REVOCAR el fallo proferido el veintidós (22) de abril de 2005 por el Juzgado Veintisiete (27) Penal del Circuito y el fallo proferido el trece (13) de junio de 205 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en el asunto de la referencia. En su lugar CONCEDER por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo a los derechos fundamentales invocados.
Segundo.- ORDENAR al liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom -en liquidación-, que dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, reintegre al señor E.E.C.J., sin solución de continuidad desde la fecha en la cual fue desvinculado de la entidad y hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa.
Cuarto.- LIBRENSE, por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
N., comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.