Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20023002
Timestamp: 2019-07-21 07:01:03
Document Index: 38804618

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C-366 de 2014
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020023002CC-SENTENCIAC366201411/06/2014CC-SENTENCIA_C_366__2014_11/06/2014200230022014Sentencia C-366/14 Referencia: expediente D-9967
NILSON PINILLA PINILLAD9967CONSTITUCIONALIDADLuis Carlos Jiménez Rodríguez.Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "o realizar la captura", contenida en artículo 219 de la Ley 906 de 2004.Identificadores20020023003true38414Versión original20023003Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "o realizar la captura", contenida en artículo 219 de la Ley 906 de 2004.
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "o realizar la captura", contenida en artículo 219 de la Ley 906 de 2004.
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución, el señor Luis Carlos Jiménez Rodríguez demandó la expresión "o realizar la captura", contenida en artículo 219 de la Ley 906 de 2004.
Artículo 219. Procedencia de los registros y allanamientos. El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia físicao realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial. Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.
Explicó que si bien la Constitución faculta a la Fiscalía para expedir órdenes de captura, excepcionalmente, en tanto por regla general la orden debe provenir de los jueces con funciones de control de garantías, la preceptiva impugnada pasa por alto que el artículo 250 superior preceptúa que en esos casos la ley definirá su procedencia y límites, mientras que el artículo 219 de la Ley 906 de 2004 analizado, otorga de manera "genérica y desprevenida esta delicada tarea a la Fiscalía sin tener presente lo estipulado por el constituyente en el Acto Legislativo [3 de 2002]".
Expresó que para proteger el derecho a la libertad resulta plausible una segunda interpretación, acorde con la cual "la captura que se lleva a cabo en estos eventos solo será legal de haber estado acompañada de una orden de captura expedida por un juez de control de garantías o por un fiscal siempre y cuando se trate de lo regulado por el artículo 300 [L. 906/04] para así evitar que la libertad de las personas pueda llegar a ser restringida por los fiscales contrariando la voluntad del constituyente".
Los intervinientes consideran que la preceptiva demandada sólo admite una interpretación, mientras que el actor efectúa juicios subjetivos "en los que no consigna una interpretación de la ley procesal penal defendible desde la perspectiva hermenéutica como un componente necesario que le permita a ese organismo hacer un análisis de fondo, de tal manera que pueda emitir concepto en pro o en contra de la exequibilidad de la norma".
Uno de los académicos expresó que el segmento demandado debe declararse inexequible, al igual que la expresión "Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado…"
En primer lugar, indicó que el segmento inicialmente censurado desconoce precedentes de la Corte según los cuales la captura no puede ser ordenada por la Fiscalía, salvo lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, "previo el agotamiento de búsqueda del juez de control de garantías que es la persona autorizada por la ley para restringir la libertad de un ciudadano".
Agregó que la expresión "Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado…", también es inexequible, pues "si la persona está condenada quien imparte la orden de captura es el juez que impuso la condena o si esta está ejecutoriada le corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, si no se ha hecho efectiva la que dispuso el juez de garantías en la indagación o en la investigación o el juez de conocimiento cuando dictó sentencia".
El Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales del Consultorio Jurídico y un docente de dicha facultad solicitaron a esta corporación declarar exequible la preceptiva demandada, "en el entendido de que la captura del indiciado solo procede sí existe una situación de flagrancia o cuasi flagrancia tal como lo prescribe el art. 28 de la Constitución y de cualquier persona cuando exista orden escrita de autoridad judicial competente".
En concepto 5700 de diciembre 19 de 2013, el señor Procurador General de la Nación solicitó a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo por falta de certeza y especificidad, "debido a que la demanda parte de una interpretación errada de la disposición parcialmente acusada".
Planteó que la norma impugnada no faculta a la Fiscalía para efectuar capturas, en tanto al efectuar una interpretación sistemática, se colige que "la captura que puede realizar el Fiscal -y a la que se refiere el artículo 219 parcialmente acusado-, tiene como presupuesto ineludible (i) una orden judicial previa; o (ii) la existencia de flagrancia; o (iii) una orden del Fiscal en los casos excepcionalísimos previstos en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal. No sobra advertir que estos tres eventos en los cuales se puede privar de la libertad a una persona, deben ser interpretados restrictivamente (art. 295 de la Ley 906 de 2004) en virtud del principio, derecho constitucional y regla general, contenidos en el artículo 28 superior: 'Toda persona es libre'. Por lo anterior, es errada la interpretación que hace el demandante en el sentido de afirmar que el artículo 219 le otorga una competencia 'genérica y desprevenida' al Fiscal para capturar sin orden judicial, porque se trataría de una lectura aislada y parcial de esta disposición que, simultáneamente, desconocería el principio constitucional de la hermenéutica que se ha denominado pro persona (art. 5º constitucional), en tanto que escoger dicha lectura supondría elegir la más restrictiva para los derechos fundamentales de la persona".
La Sala Plena anuncia que aunque el actor únicamente impugnó la expresión "o realizar la captura", es necesario efectuar para efectos de este fallo una integración normativa[1] de todo el artículo 219 de la Ley 906 de 2004, para efectos de establecer si desconoce o no el artículo 28 superior, dada su inescindible concordancia y su estrecha relación con el ejercicio de la libertad.
Sobre este tema, esta corporación ha indicado que "la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional"[8].
Al respecto, en el fallo C-978 de diciembre 1° de 2010[9], M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original): "No obstante, también ha resaltado, con base en el principio pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y quedebe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[10]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[11]; en tal medida, 'el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.'[12]"
"4- Esto es claro en materia penal, puesto que si bien la Carta de 1991 constitucionalizó, en gran medida, el derecho penal[16], lo cierto es que el Legislador mantiene una libertad relativa para definir de manera específica los tipos penales (CP arts 28 y 29).
Así,ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados - particularmente en el campo de los derechos fundamentales - que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el Legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas.
Pero lo anterior no implica que la Constitución haya definido de una vez por todas el derecho penal, puesto que el Legislador, obviamente dentro de los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las condignas sanciones (principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más o menos drásticas, según el propio Legislador lo considere políticamente necesario y conveniente."
"Dentro de ciertos límites son posibles entonces diferentes desarrollos de la política criminal, que corresponden a orientaciones distintas en la materia. Esto es perfectamente compatible con el carácter democrático de la Constitución y el reconocimiento del pluralismo político que implica la alternancia de mayorías políticas. Las leyes no son entonces siempre un desarrollo de la Constitución sino que son, en muchas ocasiones, la concreción de una opción política dentro de los marcos establecidos por la Carta: son pues un desarrollo dentro de la Constitución, ya que la Carta es un marco normativo suficientemente amplio, de suerte que en él caben opciones políticas y de gobierno de muy diversa índole.
Esto es claro porqueel Legislador tiene frente a la Constitución una relación compleja puesto que ésta es tanto de libertad como de subordinación. El Legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del Legislador. Esta Corporación ya había señalado con claridad al respecto:
'Es propio de una constitución democrática y pluralista como la Colombiana, que sus normas materiales o sustantivas, en principio, puedan permitir, dentro de ciertos límites, diversas políticas y alternativas de interpretación. De otra parte, no podría pretender la Constitución ser eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad si la amplitud de la materia que abarca, no pudiera remitirse a las normas abiertas que la integran y que permiten su permanente vinculación y adaptación a la realidad.
La relación de la ley con la Constitución no puede, en consecuencia, ser análoga a la existente entre la ley y el reglamento. El legislador, en estricto rigor, no ejecuta la Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales - que en el tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio básico del pluralismo - y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebrante'[17]."
Acorde con la doctrina, la jurisprudencia de esta corporación ha puntualizado que esa reserva judicial para la referida limitación guarda relación con el "principio de legalidad de la privación preventiva de la libertad", el cual deviene del "principio de legalidad de la sanción penal"[21], de modo que las exigencias para la aplicación de este último se hacen extensivas a aquéllas, aunque no exista una sanción definitiva por haber transgredido la normatividad penal. Lo anterior, por tratarse de una medida de carácter preventivo, mientras se determina la responsabilidad, sin que ello constituya la imposición de una sanción penal, habida cuenta que su naturaleza es cautelar y con carácter meramente instrumental o procesal, más no punitivo[22].
Así, se reconoce que la detención preventiva de una persona tiene un carácter excepcional[23], como quiera que el numeral 3° del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra que la "prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general", de modo que como se reiteró en la citada sentencia C-774 de 2001, se hace necesario que el legislador colombiano señale los motivos que lleven a esa clase de restricción, dentro del ordenamiento jurídico interno.
Resulta pertinente recordar que en fallo C-106 de 1994 ya citado, se indicó que la privación de la libertad no puede estar siempre precedida de la culminación del proceso, pues comportaría la desnaturalización de su finalidad preventiva. En aquella ocasión se estudio la constitucionalidad de la detención preventiva y de las medidas de aseguramiento, principalmente de cara al debido proceso y a la presunción de inocencia, donde se concluyó que dichas figuras se avienen a la carta política "en cuanto tienen un carácter preventivo, no sancionatorio", máxime cuando uno de sus fines es que la persona comparezca al proceso, o como allí fuera indicado "no escape a la acción de la justicia".
Empero, como se indicó en fallo C-123 de 2004 ya citado, con fundamento en doctrina extranjera y nacional, no es suficiente que los supuestos fácticos por los cuales el legislador considera que una conducta delictiva da lugar a la imposición de una medida de aseguramiento se encuentren establecidos en la ley, es imperativo además que aquéllos sean claros, precisos y unívocos, esto es, "deben excluir cualquier ambigüedad previsible y deben abstenerse de hacer generalizaciones y abstracciones que pudieran minar la seguridad jurídica de los asociados". Pero, se aclara, la Corte además planteó que el poder legislativo no puede abarcar la totalidad de los fenómenos o supuestos que son regulados por el derecho penal, de modo que todo comportamiento quede subsumido en la descripción contenida en la norma, evento en el cual acorde con el tratadista alemán Claus Roxin, obtiene relevancia el criterio judicial, donde el funcionario debe llevar a cabo la interpretación de la ley.
5.7. Para establecer si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, el artículo 310 de la Ley 906 de 2004[31], inicialmente fue modificado por el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, estableciendo como "suficiente" la gravedad y la modalidad de la conducta, dejando al arbitrio judicial, según el caso, poder valorar adicionalmente las cuatro circunstancias que originalmente contenía la norma.
La Corte Constitucional mediante fallo C-1198 de diciembre 4 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras determinaciones, resolvió declarar exequible la expresión "será suficiente la gravedad y modalidad de la punible (sic). Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias", contenida en el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el 310 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que para determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible, el juez debe valorar si se cumplen los fines constitucionales de la detención preventiva señalados en los artículos 308 y 310 de la Ley 906 de 2004.
Empero, dicha norma fue nuevamente modificada -claro resulta, conservándose la interpretación consignada en el citado fallo C-1198 de 2008- por el artículo 65 de la Ley 1453 de 2011, cuyo texto actual preceptúa:
"Artículo 24. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:
3.[El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento,] o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
8. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada."
La expresión en corchetes ["El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento"] del numeral 3º del artículo citado, fue declarada inexequible en el ya referido fallo C-121 de 2012, ratificando que de "forma consistente, y como una afirmación de la libertad y de la presunción de inocencia que ampara a la persona sometida a proceso penal, la jurisprudencia de esta Corte[32] ha destacado la importancia de que la decisión acerca de la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva tome en cuenta la necesidad e idoneidad que ésta ofrezca para asegurar los fines constitucionales del proceso, y que esté mediada por criterios de razonabilidad. Esta valoración debe efectuarse en concreto, en relación con las características específicas del proceso en el cual se examina la posibilidad de adoptar una medida de aseguramiento, y no tomando en cuenta circunstancias que ya fueron objeto de valoración a la luz de los fines específicos de otro proceso".
5.9. Al modificarse el artículo 312 de la Ley 906 de 2004 por el 25 de la Ley 1142 de 2007, se remplazó la expresión "además"[33], por "en especial"[34], estableciendo que al momento de determinarse la eventual no comparecencia del imputado al proceso, se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta y la pena a imponer, además de los factores originalmente contemplados: (i) falta de arraigo, (ii) gravedad del daño causado y la actitud asumida por el agente frente al mismo, y (iii) el comportamiento del imputado durante la actuación o en otra anterior, de modo que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad de sujetarse a la investigación, la persecución penal y el cumplimiento de la pena.
La expresión "en especial", del artículo 312 de la Ley 906 de 2004 fue declarada inexequible en el referido fallo C-1198 de 2008, pues la forma como se presentó la conducta punible o su envergadura, no pueden ser los criterios especiales y únicos para determinar si el imputado obstaculizará la acción estatal. Por el contrario, en esa decisión se explicó que es necesario que se analicen "además" los criterios subsiguientes contenidos en el artículo 312 ibídem, de modo que pueda determinarse la necesidad o no de la medida de aseguramiento no sólo para garantizar la comparecencia del imputado, sino el cumplimiento de la sentencia, todo bajo los criterios de necesidad y razonabilidad que constituyen sus presupuestos, al igual que la interpretación restrictiva que sobre las mismas se debe efectuar.
En dicho fallo C-1198 de 2008 se explicó que en el proyecto presentado por el Gobierno y la Fiscalía, que se convertiría en la Ley 1142 de 2007, se consignó que la detención preventiva, acorde con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe ser excepcional, necesaria y racional, "no sólo sujeta a una base probatoria mínima que indique la autoría o participación del imputado, sino igualmente a la consecución de los fines del proceso, conforme con el artículo 308 de la Ley 906 de 2004"[35].
Pese a lo anterior, la Corte Constitu cional en el fallo C-1198 de 2008 puntualizó que las modificaciones allí censuradas de los artículos 24 y 25 de la Ley 1142 de 2007, no se ajustaban a la jurisprudencia de esta corporación, aunque dentro del trámite legislativo se asegurase lo contrario.
Bajo tales supuestos, en la sentencia C-774 de 2001 se expresó que para la procedencia de tal medida de detención preventiva, "no sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que requiere, además, y con ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma".
Aunado a lo anterior, en el citado pronunciamiento se puntualizó que para la completa determinación del concepto de detención preventiva, la carta política contiene elementos que sin excluir otros constitucionalmente admisibles, pueden configurar finalidades válidas. Así, se indicó que al tenor del artículo 250 superior son admisibles como propósitos, velar por la protección de las víctimas, los testigos e intervinientes y de la comunidad en general, como quiera que el propio Estado debe propender por la prevalencia del interés general y asegurar la convivencia pacífica. En ese orden, se concretó que "no obstante, esta atribución debe actuar en concordancia con el principio de la dignidad humana, y por lo tanto, para no lesionar las garantías fundamentales del sindicado, el ejercicio de esta atribución impone la necesidad de investigar lo favorable como desfavorable al acusado".
De otro lado, la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá, abogó por la exequibilidad de la norma, en particular de la expresión "o realizar la captura", al considerar que se ajusta a la Constitución, pues la referida potestad otorgada a la Fiscalía debe analizarse sistemáticamente con los demás contenidos de la Ley 906 de 2004.
Siguiendo esos parámetros, en fallo C-519 de julio 11 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, se indicó que "la definición constitucional de domicilio excede la noción civilista", por lo que comprende además de los lugares de habitación, todos los espacios en donde la persona desarrolla de manera más inmediata su intimidad y su personalidad, abarcando entonces la protección de la seguridad, la libertad y la intimidad del individuo.
Más adelante en el mismo pronunciamiento que se acaba de citar, se expresó que el vocablo domicilio constitucionalmente tiene una significación más amplia que en las normas del derecho civil, como quiera que abarca, entre otros, "el recinto o vivienda, sea móvil o inmóvil, de uso permanente, transitorio o accidental", verbi gratia, la habitación en un hotel, el camarote de un barco, una casa rodante.
Igualmente, aunque se especificó lo amplio del concepto, también se aclaró que esa garantía no es absoluta, cuando se constituya en un instrumento para facilitar la impunidad del agente que busca eludir la captura o sea necesario ejercer solidaridad con personas puestas en peligro grave e inminente, por lo que en eventos como los planteados la medida queda sometida a una "cuidadoso y exhaustivo análisis del juez", para determinar la razonabilidad de la intromisión en el ámbito privado.
6.4. El numeral 2° del artículo 250 superior impone a la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones, "adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones", evento en el cual el juez de control de garantías efectuará el examen posterior respectivo, dentro del término perentorio de las 36 horas siguientes. Se presenta un control amplio e integral de la medida, como fuera señalado en fallo C-1092 de noviembre 19 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis[37], es decir, se adelanta un examen de la orden y de su cumplimiento.
El inciso 2° del artículo en comento impone el mismo proceder cuando, "resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones"[38].
El artículo 220 ibídem fija los fundamentos para la expedición de una orden de registro y allanamiento. Sólo puede librarse cuando existan "motivos razonablemente fundados", que deben tener respaldo probatorio (art. 221 ib.), "de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código,para concluir que la ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple tenedor del bien para registrar, al que transitoriamente se encontrare en él; o que en su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción o los objetos producto del ilícito" (no está en negrilla en el texto original).
6.5. Acorde con el artículo 222 ibídem (modificado por el artículo 14 de la Ley 1142 de 2007), la orden de registro y allanamiento deberá determinar los lugares que se van a registrar. Esa modificación efectuada por la Ley 1142 se limitó a suprimir la expresión "con precisión", que precedía al verbo determinar, como analizó en su momento esta corporación en la sentencia C-131 de febrero 24 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla[39].
En ese fallo se indicó que en el debate legislativo fue considerado que de no ser posible la descripción exacta de los lugares objeto de la orden de registro, es obligación del fiscal "indicar en la orden los argumentos para que, a pesar de ello, deba procederse al operativo". Además, la norma prohíbe que la Fiscalía diligencie órdenes de registro y allanamiento "indiscriminados, o en donde de manera global se señale el bien por registrar".
6.7.1. Mediante fallo C-730 de julio 12 de 2005, M. P. Álvaro Tafur Galvis, esta corporación declaró inexequible la expresión "En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito", contenida en el artículo 2º de la Ley 906 de 2004, antes de ser modificado por el artículo 1º de la Ley 1142 de 2007:
"Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito[42], el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes."
En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes."[43]
La Corte expresó además que el fiscal, "es una autoridad que en principio no es competente para dicho asunto", pero acorde con el numeral 1º del artículo 250 superior, "puede llegar a serlo, pues se señala que la ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas, pero ello solamente, si el ejercicio de dichas competencias se enmarca en dicho presupuesto de excepcionalidad".
"…para realizar excepcionalmente capturas no puede entenderse como el mantenimiento en cabeza de dicho organismo de una competencia que expresamente quiso dejarse en cabeza de una autoridad judicial de la que se predicara autonomía e imparcialidad en el derecho del proceso penal dentro del nuevo sistema, como se desprende claramente de los apartes respectivos de la exposición de motivos del proyecto que se convertiría en el Acto Legislativo 03 de 2002 y de los debates que para su aprobación se resurtieron en el Congreso[44].
En ese orden de ideas, si el desarrollo legal de dicha posibilidad no comporta verdaderos elementos de excepcionalidad y por el contrario permite convertir en regla general la excepción así establecida, se contraría evidentemente el artículo 250-1 superior."
Así, en el fallo citado se indicó que el solo hecho de que la ley brinde a la Fiscalía la posibilidad excepcional de ordenar capturas, no desconoce per se el artículo 28 de la Constitución, habida cuenta que el artículo 250 ibídem, así lo permite, siempre que se enmarque dentro del presupuesto de la excepcionalidad, ello es, cuando se trate de situaciones extremas y de "imposibilidad manifiesta de poder acudirse ante el juez de garantías que son las que podrían predicarse de una situación excepcional como a la que aludió el Constituyente derivado".
Todo lo arriba reseñado llevó a esta corporación a concluir que la expresión "…y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes", contenida en el artículo 2º del artículo 906 de 2004, desconocía el artículo 250 de la Constitución, al otorgar un amplio margen de interpretación a la Fiscalía, ostensiblemente indeterminado y contrarío al carácter excepcional establecido en la carta política para esa clase de órdenes de captura, afectando así el principio de legalidad.
En el mismo fallo C-730 de 2005, no sólo se declaró inexequible la frase arriba transcrita, sino también la expresión "En lascapturas en flagrancia"[45] allí contenida, expresando que lo relacionado con la flagrancia está regulado en los artículos 301 a 303 de la Ley 906 de 2004, por lo que "deben ser dichas normas las que se tomen en cuenta para regular el tema de la detención en flagrancia por parte de la Fiscalía, en tanto de ellas se desprenden unos criterios precisos que atienen al carácter de inmediatez con que se deberá poner a disposición del juez al capturado en flagrancia según la Constitución" (no está en negrilla en el texto original).
Con todo, se preciso que lo expuesto, "en manera alguna puede interpretarse en el sentido de privar a la Fiscalía General de la Nación de la posibilidad de efectuar capturas en flagrancia pues dicha posibilidad existe para cualquier persona y por tanto y con mayor razón para la Fiscalía General, solamente que en atención al mandato señalado en el artículo 32, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías inmediatamente".
"Al respecto, la Corte constata (i) que no se evidencia en la regulación efectuada por el Legislador en la norma acusada el presupuesto de excepcionalidad a que se refirió el Constituyente derivado en el tercer inciso del numeral 1º del artículo 250 de la Constitución tal como quedó establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 para autorizar la posibilidad de que la Fiscalía realizara capturas; (ii) que la norma acusada reitera como requisitos para este efecto algunos de los elementos incorporados en el artículo 2° de la Ley 906 de 2004 que por su indeterminación y excesivo margen de discrecionalidad que otorgaban al Fiscal General de la Nación fueron declarados inexequibles por la Corte en la sentencia C-730 de 2005.
4.2.2.1 Así mientras para poder ordenarse la captura por el juez de control de garantías se requiere orden escrita con las formalidades legales, dicho requisito no se señala para el Fiscal o su delegado en la norma acusada, que alude simplemente a la imposibilidad de obtener inmediatamente orden judicial."
Acorde con lo consignado, en el fallo C-1001 de 2005 se concluyó que el artículo 300 de la Ley 906 de 2004 desconocía la excepcionalidad instituida en el artículo 250 superior, no solo al establecer unos presupuestos menos exigentes que los ordinarios para la procedencia de la captura sin orden judicial previa por parte de la Fiscalía, sino que a "ello debe sumarse que en tanto no se da el presupuesto de excepcionalidad que exigió el Constituyente para atribuirle competencia al Fiscal General de la Nación, -por cuanto se alude a requisitos similares pero menos exigentes que los que se señalan para el juez de control de garantías-nada impide concluir como lo hace la demandante y alguno de los intervinientes que la norma acusada termine convertida en regla general en abierta contradicción con el mandato del artículo 250-1 de la Constitución"(no está en negrilla en el texto original).
Para reforzar lo anterior, la Corte Constitucional expresó en el fallo en cita que (i) las condiciones del ejercicio de las competencias deben ser establecidas en la ley, y en el caso en referencia, el constituyente señaló al legislador las precisas directrices para hacerlo; además (ii) se trata en la norma allí analizada de la restricción de la libertad, por lo que los motivos y las condiciones para ello deben estar expresamente consignados en la ley, no siendo posible que queden a "discreción de quien ordene la captura".
6.7.3. Antes de la Ley 1142 de 2007 y de los desarrollos jurisprudenciales que de allí se derivaron, en fallo C-190 de marzo 15 de 2006, M. P. Jaime Araújo Rentería, esta corporación declaró exequible la expresión "o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación", contenida en el parágrafo del artículo 297 de la Ley 906 de 2004[47] (requisitos generales de la captura), "en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación".
Para efectos de lo anterior, la Corte reiteró lo expuesto en los fallos C-730 y C-1001 de 2005 arriba reseñados, acorde con los cuales existe una reserva judicial para expedir órdenes de captura (art. 28 Const.). Con todo, se expuso que la posibilidad excepcional de la Fiscalía para efectuar capturas debe cumplir los presupuestos, requisitos, límites e hipótesis "claramente definidos en la ley, conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución".
Así, en el fallo C-190 de 2006 se indicó que la expresión "o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación", contenida en el parágrafo del artículo 297 de la Ley 906 de 2004 admite dos interpretaciones:
"Una primera, inconstitucional, según la cual por cuanto las características, presupuestos y requisitos de la captura excepcional en cabeza de la Fiscalía General de la Nación no están claramente definidos por la ley, se estaría violando el principio de legalidad protegido Constitucionalmente.
Una segunda, constitucional, en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación."
Con esos argumentos, la Sala Plena declaró el condicionamiento de la expresión "o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación", contenida en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, "en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación".
"Artículo 21. El artículo 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando [por motivos serios y de fuerza mayor] no se encuentre [disponible][48]un juez que pueda ordenarla[49], siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información[50] que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales:
La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión."
En ese orden, esta corporación manifestó que los vocablos motivos serios y de fuerza mayor carecen de la suficiente concreción, precisión y determinación que requiere la fijación de los límites y eventos en que excepcionalmente la Fiscalía puede realizar capturas, como lo exige el artículo 250 de la Constitución, habida cuenta que dichas expresiones y el criterio de la falta de "disponibilidad" del juez, "dan lugar a las más variadas hipótesis y supuestos que dejan a la discrecionalidad del propio fiscal que ha de efectuar la captura, la determinación de esas circunstancias", desconociendo así el principio de legalidad reseñado en el artículo 29 ibídem.
Al margen de lo anterior, el citado fallo C-185 de 2008 reconoció que acorde con la jurisprudencia y para asegurar la excepcionalidad de la captura por la Fiscalía, la finalidad del legislador era establecer requisitos más exigentes que los de la captura ordenada por el juez con funciones de control de garantías. Así, se indicó que "la inexequibilidad parcial de la norma busca preservar aquellos elementos incluidos en la norma por el legislador que aseguran esa excepcionalidad y suprimir expresiones que por su ambigüedad impiden que esta figura esté sometida a límites precisos y más rigurosos, como ocurre con las expresiones 'motivos serios y de fuerza mayor' y 'disponible' empleadas en la primera parte del inciso primero del artículo bajo revisión".
De otro lado, tratándose igualmente de la excepcionalidad predicable desde la carta política a la captura por parte de la Fiscalía, en el fallo citado se explicó que el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 exige que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información[51] que permitan inferir "razonablemente" que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, al igual que la necesidad de la medida como ya se reseñó previamente, siendo así mas rigurosa y exigente que el original artículo 300 de la Ley 906 de 2004, declarado inexequible en la sentencia C-1001 de 2005.
En efecto, en el fallo C-185 de 2008 que se viene citando, se explicó que en el original artículo 300 ibídem, bastaba que al fiscal no le "fuera posible obtener inmediatamente orden judicial", para así ordenar la captura, sin un adecuado fundamento fáctico para tal imposibilidad; no era exigible presentar elementos materiales probatorios, evidencia física, testigos, peritos y/o funcionarios de policía judicial que permitiesen constatar la necesidad de la medida. Por el contrario, en el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007 se piden esos elementos, materializando una "exigencia fáctica tan rigurosa como la exigida al juez de control de garantías al momento de decidir si ordena la captura".
Así, la Corte declaró "exequible el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, salvo las expresiones 'por motivos serios y de fuerza mayor' y 'disponible'", declaradas inexequibles. Igualmente, declaró exequible "la expresión 'cuando (…) no se encuentre (…) un juez que pueda ordenarla', en el entendido de que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante." A su vez, la expresión "o información" fue declarada exequible, "en el entendido de que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004".
6.7.5. En fallo C-228 de marzo 5 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte declaró exequible el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, frente al cargo de desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, indicando que "las medidas legislativas establecidas para la implementación de la captura excepcional de la Fiscalía, no tienen la vocación de regular la materia de la restricción del derecho a la libertad personal, y ni siquiera de las capturas dentro del proceso penal, de manera integral; tampoco se refieren a la regulación de un mecanismo de protección de derechos fundamentales; ni atañen al establecimiento de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental".
En el citado fallo se indicó que "la captura excepcional por parte de la Fiscalía es una modalidad distinta de restricción del derecho a la libertad personal, tal como se encuentra contenido en artículo 28 superior, pero dicha restricción no fue introducida por el legislador, sino por el constituyente. Luego, si no fue introducida por el legislador, no se puede confundir la posibilidad de dicha modalidad de captura (introducida por el constituyente), y el alcance de las condiciones bajo las cuales ella es posible, en desarrollo de los procedimientos penales".
"En aplicación de la jurisprudencia constitucional expuesta más arriba, encuentra la Sala Plena que, las disposiciones acusadas en efecto se relacionan con un derecho fundamental; el derecho fundamental a la libertad personal. Pero, no lo desarrollan ni lo complementan, pues no incluye ni excluye nuevas conductas o supuestos, que no hayan estado contemplados por la misma Constitución en la definición de su alcance. Ante esto podría argumentarse, que la captura excepcional por la Fiscalía configura justamente, una excepción a la reserva judicial en materia de capturas. Lo cual es cierto, aunque dicha excepción, como se explicó, está contenida en la Constitución, y su origen no deriva del legislador.
Con base en lo anterior, su regulación legal tiene el alcance de establecer requisitos, que permitan su realización en la práctica, y que sean coherentes con las regulaciones de la garantía y restricción de la libertad personal en los procesos penales. Y, esto no implica la necesidad de que el legislador se involucre con la afectación del núcleo esencial de dicho derecho fundamental. Afirmar lo contrario, querría decir que toda regulación que tenga que ver con derechos fundamentales, debe necesariamente afectar su núcleo fundamental o su alcance."
6.10. Esta corporación ya tuvo ocasión de efectuar un estudio parcial del artículo 219 de la Ley 906 de 2004, mediante fallo C-479 de 2007 ya referido, donde se censuraba la posibilidad de efectuar la captura del "indiciado" durante una diligencia de registro y allanamiento, pues en sentir de los allí demandantes, solo puede ordenarse tal aprehensión frente a los imputados.
En el referido fallo, se consignó, tal como se expresó previamente, que dicho artículo 219 "dispone concretamente sobre la procedencia de los registros y allanamientos y al respecto señala que 'El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura delindiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial' en el mismo artículo se precisa que 'Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva'."
Al respecto, se indicó (no está en negrilla en el texto original): "En este caso [art. 230 L. 906/04] se autoriza entonces para que con ocasión de la captura del indiciado -ordenada necesariamente por el Juez de garantías como a continuación se recuerda- se lleve a cabo un registro o allanamiento sin orden escrita de la Fiscalía General de la Nación."
En esa ocasión, la Corte además enunció: "La única excepción a la necesidad de mandato judicial escrito fue establecida por el propio Constituyente de 1991 en el artículo 32 superior donde reguló el caso de la flagrancia. En dicho artículo se estableció que 'el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona'".
Recuérdese que el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007, en concordancia con el artículo 28 superior y con la jurisprudencia de esta corporación que destaca, entre otros, los principios de reserva judicial y legal para la privación de la libertad y demás derechos fundamentales, que "para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221, para inferir que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal".
Mas adelante, el artículo 297 en cita establece que salvo los casos de captura en flagrancia, o de captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, que no corresponden a lo consignado en el artículo 219 ibídem analizado, "el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada del juez de control de garantías" (no está en negrilla en el texto original).
Aunado a lo anterior, el artículo 299, modificado por el artículo 20 de la Ley 1142 de 2007, regula el trámite de la orden de captura, según el cual una vez emitida, "el juez de control de garantías o el de conocimiento, desde el momento en que emita el sentido del fallo o profiera formalmente la sentencia condenatoria, la enviará inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que disponga el o los organismos de policía judicial encargados de realizar la aprehensión física, y se registre en el sistema de información que se lleve para tal efecto…".
Exequible por el cargo formulado Artículo 219 LEY_906_2004_31/08/2004
[1]En la sentencia C-892 de octubre 31 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se recordó que acorde con la jurisprudencia de esta corporación, la integración de la unidad normativa procede de forma excepcional, entre otros eventos, como en el presente asunto, cuando "la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad". Allí también se indicó que los demás eventos acontecen: "(1) 'cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.' (2) 'Cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas.'." Para tal efecto se invitó a revisar, entre muchas otros, los fallos "C-320 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero); C-357 de 1999 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo); C-539 de 1999 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-781 de 2003 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández); C-227 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-271 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil); C-409 de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra); C-538 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C- 925 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-536 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto); C-941 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva)".
[3]Procurador General de la Nación yFacultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá.
[4]Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052, ambos de octubre 4 de 2001, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
[5]C-1052 de 2001, previamente citada.
[6]Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y fallos C-1052 de octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas ellos con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[7]Sentencias C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
[8]Sentencia C-1052 de 2001, precitada.
[9]Reiterada en las sentencias C-533 de julio 11 y C-589 de julio 25 de 2012, C-511 de julio 31 de 2013 y, más recientemente, C-033 de enero 29 y C-081 de febrero 12 de 2014, todas con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[10]"Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010."
[11]"Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009."
[12]"Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003."
[13]Cfr. C-645 de agosto 23 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, donde la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2001, mediante el cual se modificó el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, acorde con el cual en los casos en que exista flagrancia, la persona sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 ibídem.
[14] En el fallo C-079 de febrero 22 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se explicó (no está en negrilla en el texto original): "en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al Legislador le está vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer las penas de muerte (CP art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (CP art. 34), así como someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CP art. 12). Por otra parte, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (CP art. 2)…"
[15]Reiterado en el fallo C-121 de febrero 22 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otros.
[16]"Ver, por ejemplo, Sentencia C-127/93. M. P. Alejandro Martínez Caballero."
[17]"Corte Constitucional. Sentencia C-531/93 del 11 de noviembre de 1993. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz."
[18]Norma que guarda concordancia con diferentes instrumentos internacionales que no sólo lo contemplan, sino que avalan eventuales formas de restringirla, entre otras, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 1°, 3°, 4°, 9° y 13), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (arts. I y XXV), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, (arts. 8°, 9°, 10 y 11), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978 (arts. 6° y 7°).
[19]T-490 de agosto 13 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[20]C-327 de de julio 10 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
[21]C-123 de febrero 17 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22]C-318 de abril 9 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[23]Ver, entre otras, las sentencias C-106 de marzo 10 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, C-327 de 1997 ya citada, C-425 de septiembre 4 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz, C-774 de julio 25 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar y C-318 de 2008, previamente citada.
[24]Cfr. C-695 de octubre 9 de 2013, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, donde se declaró exequible la expresión "o que no cumplirá la sentencia", contenida en la parte final del numeral 3º del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado frente al presunto desconocimiento de los artículos 28, 29 y 250 superiores.
[25]El artículo 250 de la Constitución fue modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 2012.Originalmente el artículo 250 superior preceptuaba que correpondía "a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá (no está en negrilla en el texto original):
1.Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
La Fiscalía Generalde la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten."
[26]Acorde con el actual artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia (C-209 de marzo 21 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, donde se analizó la exequibilidad del texto original de dicho artículo), la víctima o su apoderado también pueden acudir directamente al juez de control de garantías para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, cuando ésta no sea pedida por la Fiscalía General de la Nación.
[27]A diferencia de la Ley 906 de 2004, la Ley 600 de 2000 únicamente contempla la detención preventiva como medida de aseguramiento para los imputables (art. 356), la cual procede para "garantizar la comparecencia del sindicado al proceso,la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria" (art. 355, no está en negrilla en el texto original). Al respecto, cabe recordar que la Corte Constitucional declaró exequible el citado artículo 355 de la Ley 600 de 2000, mediante fallo C-774 de julio 25 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar, puntualizando que la detención preventiva tiene un carácter preventivo y excepcional, que no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad indiscriminado.
[28]Modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011.
[29]Modificado por los artículos 24 de la Ley 1142 de 2007 y 65 de la Ley 1453 de 2011.
[30]Modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007.
[31] El artículo 310 original de la Ley 906 de 2004, consagraba que "además"de la gravedad del hecho y la pena imponible, debían tenerse en cuenta: (i) la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales; (ii) el número de delitos imputados y su naturaleza; (iii) el hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; y, (iv) la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o culposo. El texto señalaba:
"Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la punible (sic). Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional."
[32]"Sentencias C-1198 de 2008: C-774 de 2001; C-634 de 200 (sic) y C-549 de 1997."
[33]Inicialmente, el artículo 312 de la Ley 906 de 2004, preceptuaba:"No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, además de la modalidad y gravedad del hecho y de la pena imponible se tendrá en cuenta:
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena."
[34]El nuevo texto es el siguiente: "Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta, [en especial], la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:
[36]Cfr. C-695 de 2013, ya citada.
[37]En esa oportunidad fue declarada inexequible la expresión "al solo efecto de determinar su validez", contenida en la parte final del numeral 2° del artículo 2° del Acto Legislativo 03 de 2002, correspondiente al actual artículo 250 de la Constitución.
[38] Lo subrayado fue declarado exequible condicionadamente, en la sentencia C-336 de mayo 9 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño, "en el entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos personales, organizados con fines legales y recogidos por instituciones públicas o privadas debidamente autorizadas para ello".
[39]Mediante ese pronunciamiento se declaró exequible la expresión "La orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a registrar", contenida en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el 222 de la Ley 906 de 2004.
[40]Acorde con el artículo 275 de la Ley 906 de 2004 (adicionado por el artículo 1º de la Ley 1652 de 2013), son elementos materiales probatorios y evidencia física: (i) las huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva; (ii) armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva; (iii) dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva; (iv) elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal; documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí; (v) elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público; (vi) mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen; (vii) los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente; y (viii) la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A de la Ley 906 de 2004 (adicionado por el artículo 2º de la Ley 1652 de 2013).
[41]Cfr. C-1092 de 2033, ya referida.
[42]Como se indicó, aparte declarado inexequible mediante sentencia C-730 de 2005.
[43]Inciso declarado exequible mediante fallo C-163 de febrero 20 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente.
[44]"En la exposición de motivos se señaló en efecto al respecto:
'De cara al nuevo sistema no podría tolerarse que la Fiscalía, a la cual se confiere el monopolio de la persecución penal y por ende, con amplios poderes para dirigir y coordinar la investigación criminal, pueda al mismo tiempo restringir, por iniciativa propia, derechos fundamentales de los ciudadanos o adoptar decisiones en torno de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal, pues con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos.
De otra parte, armonizando la naturaleza de las medidas de aseguramiento con la filosofía que inspira el sistema acusatorio y acorde con la jurisprudencia constitucional, sobre la materia, su imposición queda supeditada a unos fines que justifican la restricción del derecho fundamental a la libertad. En consecuencia, no bastará con evidencias de las cuales se pueda inferir la autoría o participación en la comisión de un delito, sino que se torna indispensable que la privación de la libertad devenga necesaria en razón del pronóstico positivo que se elabore, a partir de tres premisas básicas: que el imputado estando en libertad pueda obstruir el curso de las investigaciones; que pueda darse la fuga; o que, por la naturaleza del hecho investigado, constituya un peligro para la sociedad o las víctimas del delito.' Exposición de motivos del Acto Legislativo 237 de 2002 - Cámara (Actual Acto Legislativo 02 de 2003). Gaceta del Congreso # 134 del 26 de abril de 2002."
[45]Según el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 57 de la Ley 1453 de 2011 se entiende que hay flagrancia cuando:
"1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.
Parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004."
[46]El artículo 300 de la Ley 906 de 2004 preceptuaba: "Captura sin orden judicial. En los eventos en que proceda la detención preventiva, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente ordenes de captura cuando en desarrollo de la investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona ha participado en la conducta investigada, no sea posible obtener inmediatamente orden judicial, y concurra al menos una de las siguientes causales:
[47]La sentencia C-190 de 2006 citada fue dictada antes de ser expedida la Ley 1142 de 2007 que como se indicó, modificó el artículo 297 de la Ley 906 de 2004 relacionado con los requisitos generales para la expedición de órdenes de captura. Con todo, el paragrafo original del artículo 297 se mantuvo incólume en la modificacion efectuada por el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007.
[48]Las expresiones "por motivos serios y de fuerza mayor" y "disponible", que aparecen en corchetes, fueron declaradas inexequibles en la sentencia C-185 de febrero 27 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[49]En el fallo C-185 de 2007, se declaró la exequibilidad condicionada de la expression "cuando (….) no se encuentre (…) un juez que pueda ordenarla", bajo el "entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de garantías ambulante".
[50]Mediante la sentencia C-185 de 2007,tambien se declaró exequible de forma condicionada la expresión "información", en el entendido de "que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004".
[51]Con todo, como se indicó previamente, la expresión "información", fue declarada exequible en el entendido de "que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004"
[52]Cfr. C-228 de 2008, ya citada.
[53]Cfr. C-730 y C-1001 de 2005 y C-185 de 2008, entre otras.
[54]La expresión indiciado, contenida entre otros en el artículo 219 de la Ley 906 de 2004, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante fallo C-479 de junio 13 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[55]Cfr. Art. 299 L. 906 de 2004.