Source: http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol12/noticias_judiciales/1sala4-15a.htm
Timestamp: 2017-01-22 22:16:15
Document Index: 34935509

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 376', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 112', 'artículo 96', 'artículo 64', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 85', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 132', 'artículo 33']

QUINCE AÑOS DE JUSTICIA
Por años la justicia constitucional estuvo en los
cajones de escritorios, estantes y bibliotecas. Durante décadas no se tomó en
cuenta en la aplicación de los derechos fundamentales. No representaba
supremacía dentro del sistema jurídico nacional que por jerarquía le
correspondía, pero a partir de 1989 la
Sala Constitucional le da vida y la coloca en la cúspide de cada una de sus
Al respecto el jurista nacional Walter Antillón dijo recientemente que “reinaba
remedio y prosperaban las leyes y códigos que contradecían sus preceptos”.
“Antes de la aprobación y vigencia de la jurisdicción
constitucional se vivió en Costa Rica un constitucionalismo “ligth”, pues había
un desgano en el ejercicio de la defensa de los derechos ciudadanos”, ha
enfatizado el Dr. Antillón. Cuarenta años después de la promulgación de la Carta Magna nace la Sala
Constitucional, constituyéndose en un tribunal para el ejercicio de una jurisdicción que tiene como función
primordial la interpretación del texto de sus 197 disposiciones normativas.
Lic. Alejandro Rodríguez Vega, quien a la vez fuera su primer Dr. Rodolfo Piza Escalante, q.d.g; Dr. Luis Paulino Mora Mora;
Lic. Luis Fernando Solano Carrera; Lic. Jorge Castro Bolaños; Lic. Jorge Baudrit Gómez y el Lic. Juan Luis
Miranda; Lic. Adrián Vargas Benavides; Dr. Gilberth Armijo Sancho y el
pendiente el nombramiento de quien sustituirá en este cargo al Lic.
Carlos Arguedas Ramírez, quien se acogió recientemente a su jubilación.
También formó parte de este tribunal el Lic. Eduardo Sancho González,
jubilado hace dos años, quien ocupó el cargo durante 10 años.
La Sala Constitucional abrió sus puertas en el mes de setiembre de 1989 con un
Inconstitucionalidad que provenían de la Corte Plena. Al cumplirse el
mes ya tenían 250 asuntos por resolver. Desde esa fecha la tónica ha sido el crecimiento constante de expedientes. En el 2003 la Sala Constitucional
resolvió 14044. De dicha cantidad se votaron 1300 recursos de Hábeas Corpus; 12406
Este balance numérico ha provocado que algunos sectores la califiquen como una
macrosala, donde acuden los costarricenses en busca de una pronta solución a
sus problemas que ya a su criterio, otros órganos judiciales y administrativos no brindan la respuesta rápida que necesitan. Lo anterior, en criterio de expertos, no es más que la tutela efectiva de los derechos fundamentales que es
la razón se ser del control de constitucionalidad.
Las resoluciones dictadas por la Sala siempre son objeto de comentario y debate jurídico. Muchas de ellas forman parte de la
historia nacional por sus implicaciones, consecuencias y carácter oponible. Por ello presentamos una reseña de algunas éstas sentencias. Juan SIN Tierra CON debido proceso
El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos
fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías
vigencia y eficacia. Este es el voto 1739-92 del llamado Debido Proceso con redacción del Dr. Rodolfo Piza Escalante, q.d.g. el cual se extrajo d el capítulo 39 de
la Carta Magna inglesa de 1215 que desarrolló ese derecho de los barones
prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin el
La teoría de la libertad sindical, llamada también teoría triangular de la libertad sindical, lo conforman tres
La autonomía necesaria de las asociaciones sindicales para actuar libremente frente al Estado, frente a
Este es el voto 5000-93, con redacción del magistrado suplente Fernando Del Castillo
En el caso concreto la Sala restituyó en el pleno goce de sus derechos a tres
trabajadores de una compañía bananera quienes fueron despedidos por ejercer
actividades sindicales, señalando además que la empresa recurrida debía evitar la repetición de una actuación
similar y con aplicación del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la resolución debía aplicarse erga omnes, de manera que lo dispuesto es vinculante y de acatamiento general y obligatorio.
Sin derecho a Huelga servicio público esencial
Del análisis hecho queda claro que la Constitución difiere a la ley enunciar en qué
servicios públicos procede excluir o limitar el ejercicio del derecho de la huelga. Esto no tiene un efecto impeditivo absoluto, que proscriba de los servicios públicos
qué casos ese ejercicio no es legítimo, tomando en cuenta la naturaleza de la
prestación y los efectos que produciría la huelga en el ámbito de los derechos
debe hacerse con aplicación de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Carlos Arguedas Ramírez. Además se dispone la inconstitucionalidad de la atribución del Poder Ejecutivo de decidir en que funciones públicas se prohíbe
la huelga por exceder el principio de reserva de ley dispuesto en el numeral 61 constitucional. Dicha atribución recae exclusivamente en el Poder Legislativo. En consecuencia la Sala declaró la inconstitucionalidad de los
incisos a) y e) del artículo 376 del Código de Trabajo. Contratación en Moneda Extranjera
Prohibir negocios jurídicos en moneda extranjera entraña una violación a la libertad de
contratación. Por ello la Sala mediante voto 3495-92 redactado por el Dr. Piza
Escalante dispuso que el artículo 6 de la Ley de la Moneda se leyera de la
siguiente manera: En toda determinación de precios, fijación de sueldos, jornales, honorarios, pensiones y toda clase de remuneraciones, indemnizaciones
o prestaciones, imposición de derechos, impuestos y contribuciones, y en cualesquiera otras obligaciones públicas o privadas, que impliquen empleo de
dinero y deban solventarse en Costa Rica, los importes correspondientes deberán necesariamente expresarse en colones.
Sin embargo, podrán celebrarse contratos y contraerse obligaciones en monedas
extranjeras, pudiendo, a opción del deudor, cancelarse en colones
No a la Fecundación in Vitro
La Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria atenta contra la
vida humana. El embrión humano es persona desde el momento de la concepción,
por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser
sometido a procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es
fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a
Esta es la opinión de la Sala externada en el voto 2306 –00, redactado por el Dr. Piza. La fundamento principal de la Sala
es que la aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de embriones,
que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es lograr un
ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo. La Sala es conciente de que los avances de la
ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a
ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados aquí desaparezcan. Sin embargo, las condiciones en las
que se aplica actualmente, llevan a concluir que cualquier eliminación o
destrucción de concebidos voluntaria o derivada de la impericia de quien
ejecuta la técnica o de la inexactitud de ésta, viola su derecho a la vida, por
lo que la técnica no es acorde con el Derecho de la Constitución y por ello el
reglamento cuestionado es inconstitucional por infracción al artículo 21 de la
Constitución Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Salvaron el voto el Magistrado Carlos Arguedas Ramírez y la magistrada Ana
Virginia Calzada Miranda declarando sin lugar la acción. Convenciones Colectivas
sí, quiénes no?
Son inconstitucionales las convenciones colectivas reguladas por los artículos 54 y siguientes del Código
de Trabajo que se celebran en el sector público, cuando se trata de personal regido por la relación
de empleo de naturaleza pública es decir una relación estatutaria.
Así mismo se dispuso que no son inconstitucionales las convenciones colectivas que se celebran en el mismo
sector público, cuyas relaciones laborales se regulan por el Derecho común.
resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los
Habitantes que impugnaba algunas normas de la convención colectiva de Recope. La redacción del voto estuvo a
cargo del entonces magistrado Eduardo Sancho González.
Además se analiza la naturaleza jurídica de RECOPE y se indica que no puede, por la vía de la
negociación colectiva, dispensarse o excepcionarse de leyes, reglamentos o
o regulan competencias de los entes públicos, atribuidas en razón de la jerarquía
normativa o de las especiales condiciones de la Administración Pública con
relación a sus trabajadores.
Dicha conclusión se extrae de la lectura del artículo 112 inciso 3) de la Ley General de la
Administración Pública y además de las sentencias No. 1696-1992 y 04453-2000 de la Sala Constitucional. De esta manera se concluyó que los artículos 28, 33, 107 y 112 de la
Convención Colectiva de RECOPE son contrarios a los artículos 11, 33, 50, 56, 62 y 68 de la Constitución Política,
legalidad y de igualdad, y de los deberes de la función pública.
No financiación en Deuda Política
Una acción de inconstitucionalidad presentada
por la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Estela Quesada que impugnó una
serie de disposiciones constitucionales y electorales en relación el
financiamiento de los partidos políticos, la Sala mediante voto 980-91 declaró
la inconstitucionalidad y nulidad de la inclusión del vocablo financiación en
el artículo 96, de la Constitución Política, adicionados según Ley No. 4765
de 17 de mayo de 1971, por violación de los trámites constitucionales
previstos para su promulgación.
Lo anterior tuvo como consecuencia la anulación
del financiamiento adelantado por parte del Estado a los partidos políticos. Así mismo se dispuso mediante voto que el
texto del artículo 64 del Código Electoral quedara de la siguiente manera: “La inscripción de partidos podrá hacerse
en cualquier tiempo, excepto dentro de los seis meses anteriores a una elección.
Para la inscripción el presidente del comité
imposibilidad cualquiera de los otros miembros del comité ejecutivo debidamente
autorizado al efecto, presentará, con la solicitud, la certificación del acta
notarial de constitución, conforme con el artículo 57, y un número de tres
partidos de carácter nacional. Para inscribir partidos de carácter
provincial se necesitará un número de adhesiones equivalente al uno por ciento
del número de electores inscritos en la respectiva provincia, y para los
partidos cantonales el mismo porcentaje de los electores inscritos en el cantón.
organizados conforme con el artículo 57, podrán hacer uso de los medios de
comunicación colectiva para la propaganda político-electoral, conforme lo
prescribe el artículo 85 del citado cuerpo de leyes”. Tutela efectiva de Libertad de Expresión Un comentarista deportivo quien fue sentenciado por ejercicio ilegal de la profesión, impugnó vía acción de inconstitucionalidad el artículo 22 de la Ley del Colegio de Periodistas, que exigía la colegiatura obligatoria alegando que se lesionó su libertad de expresión. Al resolver la acción la Sala cita una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en
1985 cuyos jueces por unanimidad declararon : que la colegiación obligatoria de los periodistas,
comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir
información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana
En la resolución 2313-95 del actual presidente de la Sala, Luis Fernando Solano
Carrera se indicó además que tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos
vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la
Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para
los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del
Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o
garantías a las personas, se colocan sobre ésta.
De esta manera se declaró con lugar la acción y se anuló el artículo 22 de la Ley N° 4420, de 22 setiembre de 1969, que obligaba a
los periodistas costarricenses integrar el Colegio de Periodistas para ejercer la profesión. Si al derecho a Reelegir La Sala Constitucional mediante voto 2771-03 declaró con lugar acciones acumuladas interpuestas contra la reforma introducida al
artículo 132, inciso 1) de la Constitución Política por la Ley No. 4349 del 11 de julio de 1969, en cuanto se lesionó los derechos fundamentales a ser electo
y a elegir. La Sala estimó, igualmente, que la Asamblea Legislativa no podía, en
este caso, cercenar o restringir derechos fundamentales por su carácter
indisponible así como por su rango y jerarquía. En este sentido votaron los Magistrados Luis Fernando Solano Carrera,
Ana Virginia Calzada Miranda, Adrián Vargas Benavides, Gilberth Armijo Sancho y Ernesto Jinesta Lobo. Los
Magistrados Luis Paulino Mora Mora y Carlos Arguedas Ramírez salvaron el voto y
Taxímetros con Voz, billetes al Tacto Un ciudadano costarricense acudió a la Sala Constitucional, acusando que se siente
discriminado en su condición de persona no vidente porque no puede determinar
la distinta denominación de los billetes de circulación nacional, lo que le
obstaculiza su desarrollo normal. Asimismo porque los taxímetros que se
utilizan en los automóviles de servicio público sólo permiten la comprobación
de la tarifa de inicio del servicio y el monto final a través de medios
visuales, no auditivos, situación que facilita a los taxistas el cobro de tarifas y montos no comprobables
La Sala declaró con lugar el recurso de amparo por violación al artículo 33 de la
Constitución Política de acuerdo al voto 8800-04.
En consecuencia se ordenó al Director Ejecutivo del Consejo Ejecutivo del
Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
que dentro del plazo de un mes, iniciara los estudios técnicos para
buscar una solución viable y satisfactoria tendiente a realizar la modificación
de una proporción razonable de los taxis con el fin de que cuenten con medios
auditivos o de otra índole que permita a las personas no videntes realizar la
verificación del pago de la tarifa en el servicio público, modalidad taxi. Asimismo, se dio el plazo de un año para haber
ejecutado dicha solución.
También se ordenó a la Presidencia del Banco Central que inicie los estudios para
permitan a la población no vidente en nuestro país distinguir la denominación
La Sala Constitucional marcó novedosas pautas y lineamientos en la gestión integrada y la protección de los reservas de aguas
subterráneas, de los cuales, en buena parte, depende por su valor estratégico,
Dichos lineamientos se encuentran en el Voto No. 1923-04 en el cual se declaró con lugar un recurso de
amparo interpuesto por el Comité Pro-No Construcción de la Urbanización Linda
Vista en Poás de Alajuela. El alto Tribunal estimó que el proyecto urbanístico que pretendía construir cada vivienda con su respectivo tanque séptico podía afectar ostensiblemente el área de recarga y descarga del manto acuífero de Poás que nutre del líquido vital a varias
comunidades de la zona, sea por contaminación bactereológica e
impermeabilización del mismo. La sentencia, redactada por el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, hace un extenso análisis del régimen
jurídico, naturaleza y protección de las aguas subterráneas, los mantos acuíferos, su tipología en Costa Rica, sus
áreas de carga y descarga. Así mismo establece las competencias sectoriales en materia de gestión integrada de recursos hídricos
subterráneos ordenando a una serie de entes y órganos públicos que cumplan
jurídico en materia de protección de aguas subterráneas.
El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales
humanos. No a la Guerra Por ser contrario a la Constitución Política, al sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al derecho
internacional aceptado por Costa Rica, la Sala Constitucional anuló el acuerdo del Poder Ejecutivo en el que se dio apoyo moral a la intervención armada en
Irak. Se ordenó al Gobierno de la República realizar las gestiones pertinentes para que el
Gobierno de los Estados Unidos excluya a nuestro país de la lista de países
aliados o de la coalición. Por este caso se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Luis Roberto Zamora Bolaños, estudiante
de derecho de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Abogados y la Defensoría de los Habitantes. Las coadyuvancias fueron del Lic. Alberto Salom Echeverría y el Lic. José Miguel Corrales Bolaños.