Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2018/acuerdos_y_sentencias/ays_31_18.php
Timestamp: 2018-09-24 19:56:31
Document Index: 352310075

Matched Legal Cases: ['artículo 233', 'artículo 95', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 1']

Acuerdo y Sentencia 31/2018 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. DEL TRABAJO Nº 31/18
JUICIO: “MA. DE LOS ANGELES GUERRERO C/ EMBAJADA ARGENTINA S/ COBRO DE GUARANIES EN DIVERSOS CONCEPTOS”.
En la ciudad de Asunción, a los veinticuatro días del mes de abril el año dos mil dieciocho, estando reunidos en la sala de Acuerdos del TRIBUNAL DE APELACION DEL TRABAJO, Segunda Sala, 7° Piso del Palacio de Justicia, los señores Miembros; ALMA MENDEZ DE BUONGERMINI, MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH Y ÁNGEL R. DANIEL COHENE G., bajo la Presidencia del primero de los nombrados, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “MA. DE LOS ANGELES GUERRERO C/ EMBAJADA ARGENTINA S/ COBRO DE GUARANIES EN DIVERSOS CONCEPTOS”, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la S.D. Nro. 101 de fecha 06 de Junio de 2016, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Quinto Turno.
Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plantear la siguiente;
¿Está ajustada a derecho la sentencia apelada?
Conforme al sorteo de ley, dio como resultado el siguiente orden; MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH, ALMA MENDEZ DE BUONGERMINI y ÁNGEL R. DANIEL COHENE G .
OPINIÓN DEL MAGISTRADO MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH, DIJO: que por la sentencia apelada número 101 de fecha 06 de junio de 2016, el Juez resolvió: “1) HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda promovida por la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO contra la EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PARAGUAY, y en consecuencia condenar a la misma, a que en el perentorio término de 48 horas de quedar ejecutoriada la presente sentencia, abone a la actora la suma que resulte de la liquidación final de haberes a ser practicado por Secretaria, conforme a los parámetros establecidos en el considerando de esta resolución. 2) ANOTAR, registrar y remitir copias a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.
Previamente es pertinente resaltar que ambas partes en litigio han recurrido la S.D. Nro. 101 de fecha 06 de Junio de 2016, de referencia.
AGRAVIOS DE MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO: A fs. 274 a 277, el representante convencional de la Sra. María de los Ángeles Guerrero, expresa agravios y en tal sentido expone que: “Agravian a mi parte dos aspectos del fallo recurrido, a saber: 1) que el A-quo, a pesar de haber reconocido en sus Considerandos que el porcentaje salarial aumentado a todos los funcionarios de la Embajada Argentina fue del 8%, le concedió a mi mandante únicamente un aumento del 4 % basándose en supuestas razones de equidad; y 2) que el A-quo, a pesar de haber reconocido la existencia del hecho discriminatorio alegado en la demanda tanto en lo referido a la omisión del aumento salarial como a la omisión del aporte a la seguridad social, decidió rechazar el daño moral alegado por mi mandante. La decisión del A-quo, debe ser modificada en ambos aspectos pues se apartó tanto de las pruebas producidas enjuicio como de los principios rectores en materia laboral. Veamos(Sic.).
Así, en tomo a la decisión de conceder el aumento salarial solicitado en la demanda pero solo al 4 % y NO al 8 % -afirma el representante convencional de la actora- que la decisión del A-quo deviene arbitraria por cuanto que a lo largo del juicio, tal como se reconoce en los Considerandos del fallo, quedaron bien establecidos algunos puntos que ni siquiera fueron controvertidos en juicio, como por ejemplo: a) que la embajada decretó un aumento del 8 % a todos sus funcionarios a partir del mes de abril de 2014; y, b) que la embajada no extendió el aumento únicamente a la Sra. María de los Ángeles Guerrero so pretexto que la misma percibe su salario en una moneda distinta. Agrega el profesional que, para justificar su decisión, el juez de primera instancia, pese a reconocer el acto discriminatorio denunciado en la demanda, alegó razones de equidad y supuestas lagunas legales” basándose en que la actora efectivamente percibe su salario en dólares mientras que los demás funcionarios cobran en guaraníes.
Agrega el profesional que, no estando en controversia que la embajada efectivamente estableció un aumento salarial del 8 % para todos sus funcionarios pero excluyendo a la actora del presente juicio, queda probado el acto discriminatorio. Por ende, resulta inadmisible que el A-quo haya resuelto disculpar la conducta arbitraria del empleador imponiendo un aumento parcial del salario. El orden jurídico laboral no establece diferencias o discriminaciones en función al tipo de moneda con el que el empleador abona el salario. Los artículos 9, 227 y 229 del CODIGO LABORAL son clarísimos al respecto.
Sigue manifestando el representante de la actora que, lo relevante en el caso concreto es que quedó probado, desde la misma contestación de demanda, que la Embajada le dio un trato discriminatorio a la funcionaria María de los Angeles Guerrero privándola injustificadamente del aumento que sí le otorgó al resto de los funcionarios. Así las cosas, las razones de equidad invocadas por el A-quo, lejos de eximir de responsabilidad a la parte que desplegó una conducta discriminatoria, debieron ser invocadas para admitir íntegramente la demanda. Al respecto, resulta falso que exista una laguna en el orden jurídico tal como lo señala el fallo apelado. Muy por el contrario, existe texto normativo expreso en todos los niveles que establecen en forma clara que cualquier acto discriminatorio está prohibido y por ende, debe ser sancionado si acontece.
Invoca el profesional el art. 88 de la C.N. y el art. 9, 227 y 229, todos del Código del Trabajo.
Agrega el representante de la actora que, como el Tribunal podrán apreciar, no solo resulta falso que exista una laguna en tomo al tema como se sostiene en el fallo apelado sino que muy por el contrario, toda forma de discriminación tiene regulación y sobre todo sanción normativa (constitucional y legal) clara, expresa y sin margen a interpretaciones arbitrarias como las realizada por la Embajada Argentina que pretende justificar su actitud discriminatoria introduciendo una distinción (pago de sueldo en moneda distinta) no prevista en la norma. Estando probado y reconocido que: a) el aumento salarial fue decretado en abril de 2014; b) que el aumento se dio en un 8 % sobre el salario; y, c) que el aumento le benefició a todos los funcionarios de la Embajada menos a la Sra. María de los Ángeles Guerrero, no queda otra que admitir la existencia del acto discriminatorio y por ende, equiparar las cosas permitiendo que la actora acceda al mismo porcentaje de aumento salarial que recibieron sus demás compañeros. Mi parte insiste en que el A-quo reconoció en forma expresa en el fallo (fs. 265, penúltimo párrafo) que el tema sometido a juzgamiento, según el tenor de los escritos de demanda y contestación, estaba exento de hechos controvertidos y por ello, reconoció que el caso sometido a juzgamiento se trata de una cuestión de puro derecho. Así las cosas, resulta inconcebible que no haya ajustado su decisión a lo que el derecho establece en forma clara cuando censura, prohíbe y castiga todo tipo de discriminación en el seno del ambiente de trabajo. Así las cosas, se impone que la S.D. N° 101 de fecha 6 de junio de 2016 dictada en estos autos, sea modificada con costas estableciéndose que la trabajadora María de los Ángeles Guerrero tiene derecho a acceder al aumento del 8 % sobre su salario en forma retroactiva y con el pago de intereses tal como sí lo dispuso acertadamente el A-quo -Afirma el representante de la parte actora-.
Respecto a los agravios en tomo a la decisión del A-quo de negar la indemnización por daño moral reclamada en la demanda, asegura el representante convencional de la actora que, agravia también a su parte que el Juzgador haya negado la indemnización solicitada para reparar tanto el daño moral como los perjuicios ocasionados a la trabajadora por la conducta omisiva y discriminatoria de la patronal. La decisión del A-quo en este punto es doblemente contradictoria dado que no solo dejó de considerar la prueba fundamental que acredita el daño sino que en el propio fallo reconoce y declara en forma expresa que la Embajada Argentina ocasionó perjuicios de consideración a la Sra. María de los Ángeles Guerrero a tal punto, que el Juzgado sí estimó prudente aplicar la penalidad establecida en el artículo 233 del CPT alegando literalmente que: “existiendo una omisión injustificada del empleador en dar una respuesta favorable a las peticiones de la trabajadora (fs. 3 y 4 de autos) que ha obligado a la misma a promover el presente juicio, se impone a la patronal el pago de un porcentaje sobre el monto de la condena en concepto de indemnización compensatoria de los perjuicios ocasionados...”. (Sic.).
Asegura el representante convencional de la actora que, el fallo recurrido debe ser modificado también en este punto pues se ha probado con suficiencia que el empleador omitió dar cumplimiento a obligaciones de orden público y de rango constitucional vinculadas a la seguridad social. En efecto, el artículo 95 de la C.N establece la obligatoriedad del pago y puesta al día de la seguridad social. Por ende, cualquier omisión de parte del empleador genera graves perjuicios que afectan el patrimonio jurídico laboral de todo trabajador. En el caso concreto, agrega el profesional, el A-quo omitió valorar una prueba de trascendental importancia dada por el informe remitido por el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL obrante a fs. 174/175 de autos. El informe de referencia, en su última parte, establece en forma clara que la Embajada Argentina fue penalizada por la entidad previsional por la suma de Gs. 346.339.851, por aportes no ingresados al IPS desde el inicio de las relacionales laborales respectivas, a favor de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO. En términos coloquiales, la patronal timbeó varios años con la plata de la trabajadora, reteniendo su porcentaje salarial pero evadiendo el pago al IPS. Excelencias: Si esa circunstancia no justifica una reparación del daño, solo nos resta tirar por la borda todo el plexo normativo y tuitivo que apunta a dignificar al trabajador y mantenerlo a resguardo de actitudes arbitrarias y abiertamente ilegales como las que incurrió la Embajada Argentina.
Afirma el representante de la actora que, como se podrá apreciar, mi mandante acreditó en forma expresa a través del informe remitido por la propia entidad encargada de la SEGURIDAD SOCIAL (IPS) que la patronal evadió durante años el pago del aporte jubilatorio situación que claramente configura un perjuicio que debe ser reparado pues, la multa impuesta por la previsional tiene carácter punitivo en contra de la Embajada Argentina pero NO tiene carácter resarcitorio para reparar el perjuicio de la verdadera damnificada, en este caso, la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO.
Otra situación valorada por el A-quo al margen del texto expreso de la ley y que justifica plenamente la indemnización por daño moral solicitada en la demanda -Afirma el representante de la actora-, tiene que ver con el perjuicio causado por el empleador al desplegar una actitud abierta y arbitrariamente discriminatoria. Efectivamente, a lo largo del fallo se reconoce que la patronal incurrió en una conducta discriminatoria al otorgar un aumento salarial del 8 % a todos sus funcionarios excluyendo únicamente a la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO pero a pesar de ello, el A-quo le negó a la trabajadora el derecho a recibir una reparación digna y acorde con la magnitud del daño. El solo hecho de que se encuentre probado en autos que la patronal discriminó a la trabajadora al momento de realizar el incremento salarial es suficiente para admitir la pretensión articulada por la actora en el escrito de demanda. Pero si a ello se le suma que el IPS ha confirmado y reforzado la tesis expuesta por la trabajadora mediante el informe obrante a fs. 174/175, en el presente juicio no puede sino concluirse que se impone el pago de la indemnización que incluso, debiera ser proporcional o igual a la multa que la previsional le aplicó a la Embajada Argentina para sancionar la abierta violación del orden jurídico en la que incurrió al omitir el pago del aporte obrero - patronal correspondiente a la trabajadora MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO. -Asegura el representante de la actora-.
Asegura el representante convencional de la actora que, el calvario que ha vivido la trabajadora que se vio obligada a mendigar sus derechos desgastándose y cuasi humillándose durante meses en los pasillos del IPS, primero, y del Poder Judicial, después, justifican que el Tribunal ponga las cosas en orden y modifique el fallo apelado en el sentido de otorgar la indemnización solicitada para resarcir el daño moral y los perjuicios causados por la omisión del pago del IPS y por la alevosa discriminación de la que fue víctima la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO.
Como se ve, la S.D. N° 101 de fecha 6 de junio de 2016 dictada en estos autos debe ser modificada en el sentido de equiparar el aumento salarial al 8 % y de otorgar la indemnización que permita reparar los daños y perjuicios y el daño moral, pues, resulta evidente que el A-quo omitió valorar a fondo algunas pruebas fundamentales como el informe del IPS obrante a fs. 174/175 y pasó por alto claras disposiciones constitucionales (artículos 88 y 95 CN) y legales (artículos 9, 227 y 229 CT) que debían y deben ser aplicadas en el caso concreto. -Finaliza argumentando el representante de la trabajadora-.
Solicita el profesional al Tribunal de Apelación que se sirva dictar Resolución, modificando la misma en los apartados que han sido objeto de estos agravios y en consecuencia, se admita íntegramente la pretensión articulada por la trabajadora en el escrito de demanda. Protesto costas en ambas en instancias.
CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA: El representante convencional de la Embajada Argentina, a fs. 279/282, al contestar los agravios de su adversa legal sostiene que: “El representante convencional de la parte actora, se agravia contra la S.D. N° 101 de fecha 6 de junio del 2016, dictada en los autos arriba individualizados, fundamentando sus agravios como sigue: 1) Agravios en torno a la decisión de conceder el aumento salarial solicitado en la demanda, pero solo al 4% y no al 8%”: “el juez de primera instancia, pese a reconocer el acto discriminatorio denunciado en la demanda, alego razones de equidad y supuestas lagunas legales basándose en que la actora efectivamente percibe su salario en dólares mientras que los demás funcionarios cobran en guaraníes... ”, “...resulta inadmisible que el A-quo haya resuelto disculpar la conducta arbitraria del empleador imponiendo un aumento parcial del salario”. (Sic.). Afirma el representante convencional de la Embajada Argentina que sobre estos supuestos, en la etapa probatoria ya fue acreditado que la Sra. María de los Ángeles optó por no cambiar la moneda del cobro de sus haberes, es decir mantener el salario en dólares americanos. Fue una decisión personal el mantener y no modificar la moneda de pago de salario, por lo que no se configuró acto de discriminación alguno -Asegura el representante de la demandada-.
No se ajusta a la verdad -dice el representante de la demandada- la manifestación del representante de la parte actora que el supuesto aumento salarial no fue otorgado únicamente a la señora María de los Ángeles Guerrero. Ahora bien, el A-quo concedió a la trabajadora un aumento del 4% del salario en dólares, es decir, aún sin estar acreditada la supuesta discriminación alegada por la actora. Prosigue argumentando el representante de la Embajada Argentina, indicando a éste Tribunal, según su parecer, que en éste caso no existe acto de discriminación alguno, al hacer la conversión y cobrar en una moneda distinta a la moneda local, tenemos que percibe demás y ahora es beneficiada con un 4% adicional. Si es así, los demás trabajadores deberían tener un salario igual al de la Sra. María de los Ángeles. El A-quo concedió arbitrariamente un aumento del 4%, pues no existe disposición legal que así lo respalde, y ese punto se encuentra debidamente desarrollado en la fundamentación de agravios presentado por mi parte.
Seguidamente fundamenta el representante de la parte demandada que, su adversa expone que: “no solo resulta falso que exista una laguna en tomo al tema como se sostiene en el fallo apelado, sino que muy por el contrario, toda forma de discriminación tiene regulación sobre toda sanción normativa (constitucional y legal) clara, expresa y sin margen a interpretaciones arbitrarias como las realizada por la Embajada Argentina que pretende justificar su actitud discriminatoria introduciendo una distinción (pago de sueldo en moneda distinta) no prevista en la norma”. Afirma el representante de la Embajada Argentina que, por más que el apelante alegue que existe distinción o acto discriminatorio por pagarle en moneda distinta, esto no es en perjuicio para la trabajadora, pues como ya en reiteradas ocasiones hemos afirmado y probado fue decisión propia mantener en dólares su salario y en virtud al art. 228 del C.T. se estipulo libremente, y dicho salario es varia veces superior al mínimo legal. Continuando en líneas de la agraviada, en virtud del art. 229 del C.T., la trabajadora recibe su remuneración igual al trabajo realizado. En nuestra legislación no existe prohibición alguna que los trabajadores cobren en moneda distinta, por lo que en virtud al principio de legalidad todo lo que no está prohibido está permitido -Enfatiza el representante de la demandada-.
Sigue con su argumento el representante de la Embajada Argentina, afirmando que: “Agravios en torno a la decisión del A-quo de negar la indemnización por daño moral”. Agravia igualmente a la parte actora el hecho de que el inferior haya negado la indemnización para reparar tanto un supuesto daño moral como supuestos perjuicios ocasionados a la trabajadora por lo que califica una conducta omisiva y discriminatoria de la patronal Manifiesta la adversa que: “el fallo recurrido debe ser modificado también en este punto pues se ha probado con suficiencia que el empleador omitió dar cumplimiento a obligaciones de orden público y de rango constitucional...” “el a-quo omitió valorar una prueba de transcendental importancia dado que el informe remitido por el I.P.S”. (Sic.). Agrega el representante de la Embajada Argentina que, muy por el contrario a lo que sostiene la parte actora, el A-quo no omitió valorar la prueba presentada, sino que consideró y estimó que la penalización impuesta a la Embajada ya fue cumplida. Cabe resaltar que la Embajada Argentina se encuentra al día con los pagos del Aporte Obrero Patronal al I.P.S.
Argumenta también el represente de la parte demandada que su adversa legal sostiene falsamente que: “... el A-quo le negó a la trabajadora el derecho a recibir una reparación digna y acorde con la magnitud del daño...”. El A-quo no ha negado absolutamente nada, en el expediente, no ha sido acreditado, pues no existió, daño moral, ni de ningún otra índole que merezca reparación alguna”. (Sic.). Solicita finalmente el profesional sea rechazado el recurso de apelación, con costas, interpuesto por su adversa.
AGRAVIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA:
Expresa sus agravios el representante convencional de la Embajada Argentina sosteniendo inicialmente que, la sentencia cuya impugnación se persigue, en los puntos que son objeto de agravio para su representado, no se halla ajustada a derecho, ello al haberse omitido la aplicación estricta de las normas legales y convencionales de aplicación, existiendo también una omisión inexcusable en la valoración de las pruebas arrimadas y un apartamiento de las circunstancias de hecho que fueron objeto de esta Litis, todo ello sin dejar de resaltar que la sentencia de marras es contradictoria y arbitraria.
Dice el profesional que, agravia a su parte la resolución recurrida por ser arbitraria y contradictoria, en cuanto, sin que el A-quo haya hecho una correcta valoración de las pruebas agregadas en autos y apartándose de las circunstancias fácticas en que se desarrolló y ejecutó la prestación de servicios por la demandante resuelve “...Hacer lugar con costas a la presente demanda promovida por la trabajadora MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO contra la EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA en Paraguay, y en consecuencia condenar a la misma...”, condenando a mi mandante a pagar a la actora la suma global resultante de la liquidación de haberes a practicarse, costas y lo que resulte del 20% sobre el monto de la condena en concepto de indemnización compensatoria. Agrega el Abogado de la Embajada de Argentina, argumentando que, en efecto, como lo tengo dicho, agravia a mi parte, en razón de que el inferior no ha valorado, conforme a derecho, las pruebas ofrecidas, diligenciadas y agregadas en autos, que demuestran con suficiencia que la Sra. María de los Ángeles Guerreros no fue discriminada ni mucho menos afectada por el cambio de moneda para el pago de salarios, al tener la posibilidad la misma de elegir la moneda para el pago de salario, y al percibir salarios muy por encima que los demás, inclusive son el cambio de moneda.
Es así, que en estos autos, -afirma el representante de la Embajada Argentina- que ha sido sobradamente demostrado que la Sra. Ma. De Los Ángeles es la trabajadora que percibe el salario más alto en toda la nómina de funcionarios dependientes de la Embajada Argentina en la República del Paraguay, incluso con la diferencia de la moneda. Como fue alegado y demostrado en juicio, la iniciativa de cambio de moneda para el pago de salarios, fue una propuesta hecha por la Embajada de la República Argentina para que no sean afectados los trabajadores por las fluctuaciones en el tipo de cambio, y es aquí donde la Sra. María de los Ángeles se equivoca al alegar una supuesta discriminación al no otorgársele un supuesto aumento, siendo que fue una opción de todos los trabajadores elegir cual sería la moneda de cambio para el pago de salarios. Estos extremos fueron debidamente acreditados a través de pruebas incontrastables debidamente agregadas en autos, inexplicable y arbitrariamente omitida por el inferior, situación está que agravia a mi representada. Como se verá seguidamente, todos los fundamentos en que el A-quo fundó su sentencia resultan de una apreciación subjetiva y arbitraria que van en contra de las normas y disposiciones legales de aplicación, como así también de la doctrina aplicable en la materia, por lo que solo corresponderá que VV.EE. revoquen la sentencia recurrida por ser notoriamente infundada y arbitraria. —Asegura el representante de la Embajada Argentina.
Aduce también el representante de la Embajada Argentina una errónea aplicación del art. 7 del C.P.T., y en tal sentido afirma que, en el caso de autos, no hay ningún caso previsto en la ley que otorgue al Juez la facultad de imponer una obligación al empleador.
El juez por medio de la sentencia creó una obligación a mi mandante, que la ley no impone es decir; una obligación no prevista en la ley, de aquí surge la arbitrariedad de la sentencia recurrida. Seguidamente el profesional transcribe jurisprudencia respecto a la equidad contemplada en el código de rito, a los efectos de robustecer sus agravios.
En tal sentido, agrega el representante convencional de la Embajada Argentina que, la equidad no debería ser aplicada de manera irrestricta y en desmedro a los derechos de las partes, ni debe constituirse en un medio para liberar a un demandante de conseguir lo que reclama y en su contrapartida, obligar al demandando a cumplir lo no previsto. Así las cosas, resulta evidente que el A-quo actuó con arbitrariedad al invocar dicha norma en el caso de marras, agraviando con ello a su representado, pues hizo recaer sobre su mandante obligaciones que la ley no establece.
El representante convencional de la Embajada Argentina también asegura que, no existe obligación legal que obligue al empleador a aumentar el salario. En la línea de arbitrariedad incurrida por el A-quo, esta sostiene, sin que exista obligación legal alguna, por el principio de equidad, y para salvar la laguna jurídica dispuso que: “a la funcionaría se le aumente el 4% sobre el sueldo que percibe la misma en dólares americanos”. Agrega el profesional que su parte negó que la Embajada les haya comunicado a todos sus funcionarios que otorgaría un aumento salarial del 8%, ya que esto no fue así sino como bien se expuso en la contestación de la demanda, la Cancillería Argentina dictó un lineamiento a la Embajada donde el personal en relación de dependencia de las distintas sedes debían percibir sus salarios en la moneda local del país en donde se encontrare prestando servicios.
En efecto, -agrega el Abogado de la Embajada Argentina- que por medio de los despachos cablegráficos se hace constar las directrices recibidas por la Cancillería a la Embajada. Por lo que las del cambio de moneda y el aumento del 8%, se refleja en los mismos, y los argumentos de la actora referentes a supuestos problemas con el IPS que hayan motivado el no aumento salarial a la misma carecen de sustento fáctico. Es la actora la que se ha negado a aceptar el cambio de moneda, otorgando la embajada la opción de elegir, este hecho está corroborado con la prueba confesoria de la actora, específicamente en la tercera posición a f. 166 de autos.
No existe norma legal en nuestro ordenamiento jurídico vigente -asegura el Abogado de la Embajada Argentina- que obligue a la empleadora aumentar los salarios y al mismo tiempo e indirectamente hacer una diferencia con el resto de los trabajadores, siendo que la misma percibe un salario varias veces superior que los demás trabajadores de la Embajada, situación que también fue probada en autos, a través de los informes remitidos por I.P.S. y los libros laborales de tenencia obligatoria a todo empleador. Agrega el Abogado de los trabajadores que, en autos no quedo demostrado, ni siquiera indiciadamente, que supuestamente a raíz del requerimiento por parte del IPS mi mandante o sus representantes hayan tomado la decisión de privarle de un aumento salarial a la trabajadora.
Insiste el Abogado de la Embajada Argentina que, la modificación del pago de los haberes mensuales en moneda local fue un ofrecimiento y no una imposición esto fue reconocido por la propia actora quien desarrollara de manera clara y precisa como se dieron los hechos al momento de Absolver posiciones, lo que representa un reconocimiento espontaneo y de manera inexplicable ni siquiera fueron valoradas por el A- quo en su agraviante sentencia. El hecho de haber ofrecido la modificación o moneda local para el pago de los haberes mensuales a los trabajadores y que algunos hayan aceptado y otros no, no puede ser interpretado o considerado como un acto de discriminación y por ello decidir invocando la equidad que la empleadora debe aumentar en un 4% el sueldo, como lo hace el Inferior sin exponer ningún fundamento científico que lo sostenga, y lo que es peor, sin que exista disposición legal que lo imponga. Aún con el riesgo de ser reiterativo dice el Abogado de la demandada-, debemos resaltar nuevamente, que la trabajadora percibe el salario más alto en toda la nómina de trabajadores en relación de dependencia laboral con la Embajada de la República Argentina en Paraguay, teniendo en cuenta la cotización y la devaluación del dólar, de todas formas cobra haberes mucho mayores que los demás trabajadores y fue la actora por decisión propia la que optó por seguir percibiendo sus haberes en dólares americanos. En esencia, el A-quo en su espeluznante fallo, sin existir obligación legal alguna que imponga a mi mandante, arrogándose funciones legislativas decide se otorgue a la actora un aumento salarial del 4 por ciento, para salvar esta laguna jurídica, y el aumento lo establece con retroactividad al mes de abril del 2004 hasta la fecha, y como si esto no fuera poco, aplica un interés del 2,5 por ciento mensual.
Finalmente agravia a mi parte -sostiene el Abogado de la Embajada Argentina- la disposición del inferior de tener que practicar una liquidación final que contemple un aumento salarial del 4% retroactivo a abril de 2014 y la condena al pago de intereses sobre ese aumento, puesto que como ha quedado plenamente demostrado en autos, no existe obligación legal que obligue a mi mandante a otorgar aumento salarial alguno a la actora. Tampoco corresponde la condena al pago de indemnización compensatoria del 20%, puesto que la misma procede solo en caso de negativa injustificada del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales, situación que no se ha dado en este caso, al no existir obligación alguna de su mandante a otorgar el aumento salarial. Esto es reconocido en la propia sentencia que resuelve invocando equivocadamente el art. 7 del CPT, es decir, invocando la equidad condena a mi mandante a otorgar un aumento de salario y pago de intereses, por lo tanto, no puede hablarse de negativa injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones legales como lo establece el art. 233 del CPT. -Asegura el representante convencional de la Embajada Argentina- que tampoco la condena en costas corresponde, pues siguiendo los lineamientos expuestos en el considerando de la propia resolución recurrida, debió ser impuesta en el orden causado, en la hipótesis, pero solicita al Tribunal, por los argumentos claramente sostenidos en el presente escrito, sea revocada con costas la resolución recurrida.
Expuestos los agravios y sus respectivas contestaciones por parte de ambas partes litigantes ante esta Instancia de Grado, corresponde a esta Magistratura someter a análisis los argumentos esgrimidos por los apelantes como agravios contra la Sentencia dictada por el inferior de Grado, teniendo presente la relación circunstanciada de las pruebas y los fundamentos de la resolución cuestionada.
Así, sometido a estudio, la primera cuestión a objeto de agravio por los recurrentes en esta instancia superior tiene que ver con la procedencia o no referente al aumento salario solicitado por la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO, ante la oposición del representante de la Legación Diplomática de la República Argentina en la República del Paraguay.
Para determinar los derechos procesales de las partes es relevante aclarar que la relación laboral en estos autos se encuentra plena y expresamente reconocida por la empleadora.
En efecto, haciendo una recreación del objeto de la demanda promovida por la trabajadora en la que manifiesta como fundamento de su reivindicación, que ha sufrido discriminación en su lugar de trabajado, la Embajada de la República Argentina, en razón de no habérsele aumentado el porcentaje del 8% respecto a su salario, cuando que - afirma- que tales aumentos salariales efectivamente ha beneficiado a los demás trabajadores de dicha representación diplomática, no así para la ella. Asegura la trabajadora que el incremento salarial de referencia en beneficio de sus demás funcionarios, fue aplicable desde el mes de abril de 2014 en adelante.
Por su parte, la empleadora al oponerse a la pretensión de la demanda sustenta su tesis, en que la Embajada Argentina en el Paraguay, siguiendo lineamientos dictados desde la Cancillería Argentina, ha iniciado, en las distintas sedes, la política de pasar a pagar salarios en moneda local del país donde se encontrase prestando servicios el trabajador, pues generalmente el salario era abonado casi en la totalidad de los casos en dólares americanos. Sostiene la Embajada Argentina que se ha iniciado un proceso en el 2011 por el cual todo el personal en relación de dependencia debía pasar a percibir sus salarios en guaraníes.
En consecuencia; la A quo resolvió en la sentencia ut-supra mencionada, otorgar a la demandante un reajuste del 4 % sobre el salario percibido por la actora con efecto retroactivo desde el mes de abril del 2014.
En ese estado de la Litis; se debe entrar a valorar los elementos facticos que hacen a la pretensión de las partes objeto del presente recurso promovido ante esta Instancia de Revisión.
Estando así el conflicto de derechos de los recurrentes, es importante enfatizar que a fs. 07 a 31 del expediente se adjuntan las fotocopias de las Liquidaciones de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre del año 2012 al mes de Junio del año 2014 de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO, emitidas por la Embajada de la República Argentina. En esas instrumentales se observa que el sueldo básico percibido por la actora con regularidad es de: 2.381,00 Neto en Dólares Americanos, excepto el del mes de junio del año 2014, donde solo se observa la mitad del sueldo indicado de la actora -1.190,50 $ Neto-.
Se observa en ese sentido que desde el mes de abril del año 2014, en las Liquidaciones de Sueldo de la Sra. MARÍA DE LOS ANGELES GUERRERO, se lee al pie de la misma la frase que reza: “Dejo constancia que la firma del presente recibo no significa conformidad con el monto abonado, pues no incluye el aumento abonado a los empleados de esta embajada” (sic.), suscripta por la referida actora.
Igualmente se asienta en las Planillas de Declaración Jurada del Instituto de Previsión Social, obrantes a fojas 63/72. En dichas instrumentales efectivamente se registra un aumento en el salario real y en el imponible, respecto a los demás funcionarios de la Embajada, tales incrementos salariales ha beneficiado a la mayoría de los empleados cuyos datos están consignados en la referidas Planillas de Declaración Jurada de Bienes del I.P.S., situación que se corrobora haciendo un cotejo entre las planillas de los meses anteriores a abril del 2014, la liquidación desde ese mes y los meses posteriores. Sin embargo, no se observa incremento salarial alguno respecto a la trabajadora MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO, desde el mes de abril del año 2014 hasta el mes de octubre del mismo año, conforme a las Planillas del I.P.S. de referencia. Nótese que la promoción de la demanda según sello de cargo de Secretaria es de fecha 11 de agosto del 2014.
Continuando con las ponderaciones de las pruebas rendidas en autos, cobra especial relevancia las notas enviadas por parte de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO, dirigidas al Señor Ministro Encargado de Negocios de la Embajada Argentina LUIS PABLO NISCOVOLOS. Las mismas están fechadas respectivamente el 02 de junio 2014 y el 17 de junio del 2014 (fojas 3 y 4). Las indicadas misivas dan cuenta esencialmente: a) del reclamo de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO respecto al otorgamiento del aumento salarial generalizado a los empleados de la Embajada Argentina, aumento salarial que la suscribiente afirma no haber percibido desde el mis de abril del 2014, b) la misma aduce discriminación salarial en razón a la falta del aumento salarial que reclama, y c) la intimación de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO a la Embajada Argentina, a los efectos de que dicha representación diplomática proceda a la regularización de sus aportes jubilatorios al Instituto de Previsión Social, como un derecho adquirido dentro de la Seguridad Social y que la patronal ha dejado de abonar por ese entonces con relación a la actora y no así con relación a los otros funcionarios de la embajada, situación que una vez más ha producido un estado de desamparo a la demandante.
Igualmente se destacan las declaraciones testificales de los funcionarios de la Legación Diplomática, Sra. MARIA FABIANA BOCACCIO DE SANCHEZ, (fs. 162) Sr. MILTON HERNAN SCHIMPF (fs. 163) y Sra. SILVIA AMANDA FUNES DE TROTTI (fs. 164), quiénes contestaron a la sexta pregunta del cuestionario de testigos presentado por el representante convencional de la trabajadora, que dice: “Diga el testigo si sabe y le consta, si el aumento decretado en el mes de abril de 2014 alcanzó o no a la Sra. María de los Angeles Guerrero” (sic.), invariablemente los tres testigos han respondido “que no le alcanzo”.
En igual sentido, se destaca la declaración del testigo, ANGEL ALFREDO ALFONSO LOPEZ, funcionario de la Embajada a (fs. 253), al momento de responder el sexto preguntado del interrogatorio de testigos presentado por el representante convencional de la Embajada Argentina, que dice: "Diga el salario decretados por la Embajada de la República Argentina a su personal en el año 2004 fue a todos los empleados o solo a los que percibían remuneración en guaraníes” (sic.), el referido testigo respondió: “en guaraníes".
También ha sido relevante la declaración del testigo, MARTIN GONZALEZ GOMEZ, funcionario de la embajada a (fs. 254), al momento de responder el tercer preguntado del interrogatorio de testigos presentado por el representante convencional de la Embajada Argentina, que dice: "Diga el testigo si sabe y le consta si la Embajada de la República Argentina en el Paraguay ha iniciado un proceso por el cual todo el personal en relación de dependencia, en las distintas sedes, debía pasar a percibir sus salarios en guaraníes, y en caso afirmativo, desde cuando y en que condiciones (sic.), el citado testigo respondió: "en ese momento el dólar estaba muy bajo, el proceso empezó en el 2011, todo el personal recibió aumento los que ganábamos en guaraníes y en dólares (sic.).
Así pues, enumerados la síntesis probatorias relevantes, sometido a una valoración razonada de los elementos facticos obrantes en el expediente surge la convicción de que los representantes sucesivos de la Legación Diplomática de la República Argentina ha dispensado a la Señora MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO un trato discriminatorio con relación a los demás funcionarios dependiente de esa representación, esa situación se desprende de los mentados salarios devengados en dólares originariamente como forma de pagos de salarios y su posterior conversión en guaraníes, situación que ha desencadenado en la discriminación salarial de la hoy recurrente; tal escenario se desprende de las planillas agregadas y enumeradas anteriormente, como así mismo de las testificales rendidas y citadas como pruebas esclarecedoras en el proceso, por lo que dentro de la construcción lógica del razonamiento, no cabe duda que existió la situación laboral planteada.
Ahora bien; es relevante resaltar si la decisión tomada por los representantes de la patronal ha sido producto de una consideración por alguna deficiencia en el rendimiento de la trabajadora?; o por otra circunstancia relevante que justifique esa discriminación de mejora de salario planteado en esta oportunidad?; de la valoración razonada de la prueba como se ha examinado anteriormente la demandada no ha justificado su negativa a acceder al aumento de salario en las proporciones dadas a la mayoría de los trabajadores, por lo que se debe concluir que la decisión recurrida más bien ha sido por motivaciones ajena a la actividad laboral desarrollada por la trabajadora.
En ese entendimiento; se debe concluir en grado de certeza que la decisión de no aumentar a la recurrente sus haberes salariales ha sido por negarse a avenirse a la conversión de sus haberes salariales del dólar al guaraní, por lo que en ese escenario se debe analizar si corresponde o no tener en cuenta el derecho de la Trabajadora de seguir percibiendo su salario como ha venido haciendo hasta antes del hecho objeto de la presente demanda; revisada la norma legislativa establecida en el Código del Trabajo vigente en su artículo 5 última parte establece “Las prestaciones ya reconocidas espontáneamente o mediante convenio por los empleadores y que fuesen más favorables a los trabajadores, prevalecerán sobre las que esta Ley establece” declaración normativa que justifica el derecho pretendido por la recurrente en el sentido de percibir su salario en la forma percibida originariamente, teniendo en cuenta que ha ingresado a la actividad laboral en las condiciones laborales y por supuesto en la forma de percibir su haberes salariales, por lo que permanecer en esa intención de seguir en la moneda anteriormente pactada con la patronal por la Señora MARIA DE LOS ANGELES ha sido legitima de modo que tal situación que ha desencadenado a un acoso moral discriminatorio al negársele tales beneficios, como así mismo cuando la patronal ha dejado de depositar en la previsional social IPS los aportes obreros patronales.
Ha sido correcta la determinación del A-quo, cuando afirma en la sentencia cuestionada, que en el presente caso la patronal no puede dejar de aumentar a sus funcionarios que ganan en dólares americanos por el sólo hecho de percibir sus haberes en esa moneda y por no aceptar el cambio monetario. Porque eso supone un trato desigual. A dicho razonamiento agregamos que, constituyen menoscabo todo hecho o circunstancia que determine una disminución del nivel socio-económico del trabajador en la empresa, tales como mayores gastos, condiciones ambientales adversas, disminución de ingresos, entre otros. La discriminación en todos los ámbitos atenta contra la dignidad humana y el principio constitucional de igualdad.
Uno de los fundamentos más resaltante sobre el cual basa su tesis la empleadora en el juicio, descansa en el hecho de que Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO es la funcionaría que más remuneración percibe en la Embajada y que a la misma se le ha ofrecido, al igual que a todo el personal dependiente de la Embajada Argentina, el cambio de moneda para el pago de su salario en moneda guaraní. Esto, en razón a las directivas que había recibido la Embajada de parte de la Cancillería Argentina. Sin embargo, tales argumentos no faculta a la empleadora a dispensar un trato desigual, para con la demandante por el hecho de recibir su salario en dólares americanos, cuando que ciertamente ha existido un incrementado en forma generalizada de los salarios de los demás trabajadores dependientes de la Embajada Argentina que han aceptado percibir sus haberes en moneda guaraní, especialmente desde el mes abril del 2014.
El cambio de política de la Embajada de la República Argentina en cuanto al pago de salarios de sus trabajadores subordinados no puede compeler a los mismos a aceptar el cambio de moneda propuesto por dicha representación diplomática. Pues, se desprende de la propia tesis de la empleadora; que se le propuso a la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO el cambio de moneda de dólares americanos a guaraní para el pago de su salario. Es decir, no estamos hablando de un derecho o facultad del empleador, como sí lo son por ejemplo; la facultad disciplinaria, la facultad de dirección, el derecho de exigir secreto al trabajador, la facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo (ius variandi) entre otros; por lo que ese derecho de aceptar o no el cambio de moneda en la forma de pago de salario como se ha observado anteriormente es derecho de la trabajadora como lo establece el artículo 5 última parte del Código del Trabajo que rige, en la República del Paraguay.
Con relación al trato discriminatorio dispensado por los Representantes de la Embajada para con su trabajadora la Señora MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO al violar su valor a la dignidad como persona trabajadora y en sus derechos otorgados a sus demás compañeros y no así para ella, por lo que se le ha sometido a tratos injustos con relación a sus beneficios en transgresión a principios de los Derechos Humanos Fundamentales garantizado por la Constitución Nacional incorporado en el Título II De los Derechos, De los Deberes y De Las Garantías” Capítulo III -De La Igualdad-, art. 46 dispone que: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien". Esta norma constitucional establece una cláusula general de igualdad, determina un derecho subjetivo a un trato igual.
Interpretando la norma transcripta tenemos que se prohíbe diferencias de trato si no existe justificación objetivo y razonable. Un juicio de razonabilidad.
Sobre el punto, no nos parece razonable teniendo en cuenta la ponderación del derecho a la igualdad que debe ser observada, más aun cuando que la embajada como Legación Diplomática debe dispensarle a la trabajadora la Tutela efectiva de sus derechos en representación del Gobierno Argentino y no de otra manera; por lo que la postura asumida por la Embajada de la República Argentina de aumentar los salarios de sus subordinados dependientes que decidieron adherirse a la propuestas hecha por la Embajada de cobrar en moneda guaraní, y no aumentar los salarios de los trabajadores que han optado por percibir sus salarios en moneda diferente a la propuesta por la citada representación diplomática —dólares americanos— ha sido dentro de un trato laboral injusto para con su empleada.
Otro fundamento en el cual apoya su tesitura la Embajada de la República Argentina se basa en que existen criterios técnicos, económicos y financieros debidamente fundados para la aplicación de reajustes salariales, considerando principalmente a ese efecto la devaluación de la moneda y la pérdida del valor adquisitivo, por lo tanto -afirma la Embajada- no puede calificarse de discriminación salarial, cuando estos factores no se presentan y no afectan de la misma manera al trabajador que percibe su salario en guaraníes y al que lo percibe en dolares americanos, por tanto, pretender un reajuste utilizando las mismas tasas o porcentajes cuando los supuestos facticos son distintos, resulta improcedente.
En ese contexto; la norma positiva con relación a los derechos pro-operario tiene una relevancia inusitada y enfática en pro del principio de igualdad que se debe observar para todos los trabajadores, por lo que al no ajustar su trato igualitario para con sus empleados como el caso que nos ocupa se transgrede normas Constitucionales como la establecida en el mismo Título II “De los Derechos, De los Deberes y De Las Garantías” Capítulo VIII -De Los Derechos Laborales-, en su art. 88, Parte de la Constitución Nacional -Sección de los Derechos Laborales- establece: “No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, religión, condición social y preferencia políticas o sindicales.”. Este artículo determina un mandato de no discriminación por razones específicas, que no se contrapone al precitado art. 46 de la C.N. sino que lo complementa, lo integra, y ha sido por la inspiración de las normas internacionales declaradas en sendas convenciones- El convenio marco de la OIT que declara en el artículo 1-A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: inciso a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;- b)cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación....; como así mismo se ha establecido las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales- que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU-Parte III- que declara en su artículo 7 Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial : a. i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.-; a.ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto”.
De la ponderación de derechos inobservado; establecidas en las normas de protección interna y universal de los derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho del trabajador; la patronal ha incumplido sendas normas constitucionales, legales y de protección internacional, los cuales han sido ratificados por los Gobiernos de Latinoamérica por lo que los Estados Partes deben otorgar la tutela efectiva a la trabajadora, cuyos derechos fundamentales laborales han sido conculcados, más aun cuando que se ha dado por una Representación Diplomática, como es la Embajada Argentina.
Sobre la cuestión, consideramos que el supuesto fáctico al que alude la empleadora no puede estar por encima del principio de igualdad que hemos enunciado en líneas precedentes, máxime cuando que dicha cuestión fáctica ha sido generada, -en cierta medida-, por la propia Embajada Argentina al hacer diferencias en cuanto al pago en moneda distinta a sus trabajadores dependientes. En otras palabras, los argumentos esgrimidos por la empleadora en el escrito de demanda aduciendo cuestiones fácticas no justifican el trato desigual respecto al aumento salarial exclusivamente para los trabajadores que decidieron optar por cobrar sus salarios en guaraníes. En todo caso, la circunstancia que se plantea con el cambio de moneda para el pago de los salarios y los aumentos salariales para los dependientes que perciben sus haberes en guaraníes resulta ser una problemática ulterior de la Embajada Argentina, pero que en ningún caso dicha coyuntura puede afectar peyorativamente derechos laborales de los trabajadores.
En base a lo expuesto, no nos queda más que repetir lo manifestado previamente respecto a que, efectivamente ha existido un menoscabo en cuanto al salario de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO, específicamente desde el mes de abril del 2014, al haberse demostrado un incremento salarial de prácticamente todo el personal de la Embajada Argentina, incremento salarial del cual la mencionada trabajadora no ha formado parte.
Consiguiente, la sentencia definitiva recurrida es correcta y se encuentra ajustada a derecho respecto a la existencia de la discriminación salarial invocada por la recurrente.
Corresponde pues, seguidamente pasar a analizar la segunda cuestión en controversia surgida en esta instancia superior. En efecto, procede analizar cuál es porcentaje más equitativo a ser aplicado respecto al salario de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO.
Así, la tesis de la trabajadora se fundamenta que todo el personal dependiente de la Embajada de la República Argentina ha experimentado un aumento salarial del 8% desde el mes de abril del año 2014, decretado por la citada representación diplomática a todos sus funcionarios, incremento salarial del cual no ha sido parte la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO so pretexto que la misma percibe su salario en moneda distinta - dólares americanos-.
Por su parte, el A quo ha argumentado en la sentencia cuestionada respecto al aumento salarial que debería de ser aplicado a la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO, que: “Que, por todos los fundamentos expuestos, el Juzgado, de conformidad al principio de igualdad, y para salvas esta esta laguna jurídica, dispone que a la funcionaría recurrente se le aumente los salarios en 4% sobre el sueldo que percibe la misma en dólares americanos, con retroactividad al mes de abril del 2014 hasta la fecha, con un intereses del 2,5 % sobre meses devengados” (sic.).
En efecto, el porcentaje más razonable que deber ser aplicado al salario de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO es del 8%, en razón de que si lo que se pretende es superar el trato desigual al que hemos hecho alusión en párrafos precedentes dicho porcentaje resulta ser el más adecuado a los efectos de restablecer la diferencia de trato en cuanto al aumento de salarios de los trabajadores dependientes de la Embajada Argentina que perciben sus salarios en guaraníes y aquellos trabajadores, en particular la recurrente, que perciben sus salarios en dólares americanos y que no ha experimentado incremento salarial alguno desde el mes de abril del 2014.
Por lo demás, los argumentos desarrollados al momento de estudiar la primera de las cuestiones en controversia suscitada ante esta Alzada, nos parecen aplicables y suficientes para decretar que el porcentaje al ser aplicado al salario de la trabajadora debe ser del 8% -como dijimos-, por lo que nos remitimos a tales fundamentaciones. Por consiguiente, corresponde que a la trabajadora recurrente se le aumenten los salarios en el porcentaje establecido sobre el sueldo que percibe la misma en dólares americanos, con retroactividad al mes de abril del 2014 hasta la fecha, con un intereses del 2,5 % sobre meses devengados.
La tercera cuestión en controversia que debe ser resuelta en esta instancia superior versa sobre la existencia o no del daño moral invocado por la trabajadora y negado por la empleadora.
Así, a los efectos de resolver la procedencia o no del daño moral invocado por la trabajadora resulta necesario resaltar la instrumental obrante a fs. 174/175, Nota PR/SG N° 217/2015, de fecha 03 de setiembre de 2015, donde en su apartado b) dice: “La Dirección Aporte Obrero Patronal, a través de su dependencia la Jefatura Sección Liquidación y Emisión de Comprobantes, Por Providencia de fecha 27 de agosto de 2015, informa. Con respecto al pago individualizado como extracto N\ 4.087.297, transacción N° 3.018.016 de fecha 21/10/2014, realizado por la Patronal N° 0006-82-0102 EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la suma de Gs. 346.339.851, corresponde al cobro de planillas complementarias, a favor de la Sra. María de los Angeles Guerrero, por aportes no ingresados al IPS, desde el inicio de las relaciones laborales respectivas, dicho cobro fue aprobado por la Resolución N° 079-002/14 de fecha 16 de setiembre de 2014, cuya copia se adjunta(Sic.) (La negrita es de esta Magistratura).
También resalta la Nota PR N° 3075/2014, de fecha 20 de mayo de 2014, donde se el Presidente del Instituto de Previsión Social, Hugo Royg Aranda se dirige al Señor Ministro Encargado de Negocios de la Embajada Argentina LUIS PABLO NISCOVOLOS, en la misma se da cuenta de una denuncia formulada por la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO, solicitando la misma la regularización de sus aportes jubilatorios del periodo comprendido entre setiembre de 1999 a diciembre de 2002, periodo en que prestaba servicios en la Embajada de la República Argentina. Dicha nota es copia simple, sin embargo no fue cuestionada por la parte empleadora.
De igual forma, también se destaca las notas de fecha 02 de junio de 2014 y 17 de junio de 2015, obrantes a fs. 3 y 4, respectivamente -referidas al momento de resolver la primera de las controversias- suscriptas por parte de la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO dirigidas al Señor Ministro Encargado de Negocios de la Embajada Argentina LUIS PABLO NISCOVOLOS. En dichas notas, entre otras cuestiones, la Sra. MARÍA DE LOS ANGELES GUERRERO solicita a la Embajada Argentina ajuste su conducta a la normativa legal vigente respecto a sus aportes jubilatorio que debe ser ingresados al I.P.S. Haciendo la salvedad la trabajadora, que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado a la Embajada, recurría a los estados judiciales a los efectos de reclamar sus derechos.
Con las pruebas resaltadas, vemos pues que la trabajadora ha agotado la instancia administrativa para la obtener la regularización de sus aportes jubilatorios que por algún motivo, injustificado por cierto, no fue ingresado al Instituto de Previsión Social por la patronal. Esta ardua situación para la Sra. MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO tuvo que llegar a instancias judiciales reclamando la citada trabajadora la regulación de sus aportes jubilatorios -que por ley le correspondan- a la Embajada de la República Argentina.
Que, es importante recordar lo que expone el autor Trigo Represas sobre el Daño , definiéndolo como: “Todo detrimento, mengua o menoscabo que sufre una persona, en sus bienes patrimoniales o económicos, en ciertas condiciones —daño material— o en su honor o a las afecciones íntimas, o en general a los llamados derechos de la personalidad o personalísimos" daño moral o extra patrimonial. Ahora bien, debe mencionarse que el daño es siempre integral, es decir, un evento normalmente tiene consecuencias en ambas esferas, material e inmaterial. Ej., un despido, trae consecuencias de orden material o económico, así como en el espíritu, en el ánimo de la persona. Sin embargo, las clasificaciones que se hacen son mas bien a nivel académico, a los efectos de lograr una mejor comprensión del tema. Así, se distingue entre daño patrimonial y extra patrimonial o económico y extraeconómico -que se reflejada en la definición de Trigo Represas- y entre contractual y extracontractual según se origine en el contexto de un contrato o fuera de él. Entonces, el daño que la accionante pretende se le repare en el caso de autos es uno originado en el ámbito de un contrato laboral y con derivaciones patrimoniales o económicos (daño emergente y lucro cesante) y extra patrimoniales o extraeconomicos (daño moral).
En efecto; con la regularización de los aportes jubilatorios por parte de la patronal, con relación a la pretensión resarcitoria plateada por la actora, se debe en primer lugar considerar el incumplimiento de la patronal del depósito correspondiente al aporte obrero patronal en cumplimiento de sus obligaciones patronales, que posteriormente ha sido regularizado como consecuencia de la sanción aplicada por la Previsional IPS por esta falta administrativa; se ha constituido en una imposición en cumplimiento de esa obligación prevista en el artículo 18 del Decreto Ley 1860/50 y su modificatoria artículo 1° de la Ley 427/73; de modo que si bien ha sido por el impulso de la Señora MARIA DE LOS ANGELES ante la autoridad administrativa, que ha ordenado tales cumplimientos y la consecuente sanción administrativa debemos someter a estudio si se ha producido en ese sentido un daño moral en la persona de la recurrente.
Con relación al daño moral pretendida, se debe someter a estudio las consecuencias que ha tenido en la persona de la trabajadora la situación plateada desde la determinación del incumplimiento de la seguridad social y los derechos jubilatorios; en ese orden debemos determinar el “agravio moral” causado en desmedro de la misma y que no sea determinado en el ámbito patrimonial; situación que por su naturaleza debe ser comprobada por un hecho real que tenga una repercusión directa sobre el “valor moral” de la agraviada por hechos concretos; en ese sentido el tan mentado incumplimiento de las obligaciones ya analizada, por su sola determinación sin otro hecho concreto que sirva de nexo causal entre la falta administrativa y la persona de la trabajadora que repercuta en forma directa e inmediata en su persona causándole un perjuicio concreto e incuestionable, no puede configurarse dentro del daño moral, desde el momento que ha sido reestablecido el derecho conculcado por el Órgano Administrativo, sin que haya tenido como desenlace menoscabo personal directo en la persona del recurrente; otro hubiera sido, si por la falta de ese cumplimiento la actora no haya podido acceder a una atención dentro de la previsiones de la seguridad social o en la etapa jubilatoria se produzca la situación planteada, ahí se habría configurado un daño moral como la pretendida; podemos en grado de certeza, en consecuencia arribar a la conclusión de que no se ha configurado el daño moral pretendido por la recurrente, por lo que debe ser confirmada la Sentencia de la Inferior de Grado en ese sentido.
Respecto a los demás agravios invocados por la Embajada de la República Argentina consideramos que los mismos ya se hallan resueltos en los fundamentos que hemos expuestos en el cuerpo de la presente resolución. Por lo que, resulta ya no es procedente pasar a analizar tales agravios.
Costas: Las costas deben ser impuestas a la parte perdidosa.
OPINIÓN DE LA MAGISTRADA ALMA MÉNDEZ DE BUONGERMINI: esta Magistratura se adhiere parcialmente al sentido del voto del colega preopinante por los fundamentos que serán expuestos a continuación: en el caso de autos agravia a la parte actora la resolución recurrida en dos puntos, primero alega que el a quo concedió un aumento salarial del 4% basado en “supuestas razones de equidad”, cuando que -según dice- el porcentaje salarial que corresponde imponer es de 8% que fue el aumentado, y con el cual se benefició a todos los funcionarios de la embajada. Otro punto de agravio radica que el juez de grado inferior no hizo lugar al reclamo del rubro de daño moral solicitado, pues, arguye que no valoró el informe del Instituto de Previsión Social obrante a f. 174/175 el que da cuenta que la patronal fue penalizada por aportes no ingresados en relación con la actora, situación que, alega, causó perjuicios a la trabajadora. Además, funda este punto de sus agravios en el hecho de que la conducta discriminatoria de la demandada hacia la accionante quedó demostrada, pues, el a quo hizo lugar al reclamo del beneficio del aumento salarial, aunque no en el porcentaje solicitado.
Por su parte la demandada se agravió, básicamente, porque el juez de grado inferior realizó una errónea valoración de las pruebas producidas en autos, así como una equivocada evaluación de las circunstancias fácticas del caso. Sostiene que fue la trabajadora quien optó -a pesar del ofrecimiento que hiciera la empleadora- por seguir percibiendo su salario en la moneda de dólares americanos. Sigue explicando que los aumentos otorgados por la patronal a los funcionarios que perciben su salario en moneda local, obedecen a la pérdida del valen adquisitivo del dinero, con la finalidad de preservar el poder de compra real de los salarios. Por consiguiente, al decidir la trabajadora percibir su subido en dólares americanos, su situación es diferente a los demás compañeros que lo perciben en guaraníes; es por esta circunstancia que no puede hablarse de discriminación como mal lo entendió el a quo disponiendo el pago de un reajuste salarial para la accionante. Cuestiona que el juez de grado inferior no tuvo en cuenta la confesoria de la trabajadora, quien en su posición tercera confirmó que ella no aceptó el cambio de moneda en la percepción de sus haberes. Además, no valoró el informe del Instituto de Previsión Social obrante a f. 169/250, así como tampoco los libros laborales de tenencia obligatoria presentado por su parte obrante a f. 138/152. Menciona que como si fuera poco el a quo dispuso la aplicación del 2,5% de interés mensual. Por último, alega que no corresponde el pago de la indemnización compensatoria del 20%, pues, no existe disposición legal que obligue a su parte a otorgar el referido aumento, siendo que la trabajadora percibe un salario muy superior que los demás trabajadores de la embajada.
Entrando a estudiar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, por cuestiones de lógica y para una mejor comprensión del análisis de los mismos, corresponde -en primer lugar- tratar los agravios de la parte demandada. Así, debe decirse que en autos no está en discusión que ante el ofrecimiento que hiciera la embajada a sus empleados para el cambio de moneda en la cual se les abonaría el salario, la actora opto por seguir percibiéndolo en dólares americanos; tampoco se controvierte que la patronal dispuso en abril de 2014 un reajuste salarial del 8% para los funcionarios que percibían sus salarios en guaraníes. Entonces, lo que corresponde determinar es si el argumento expuesto por la patronal -mantener el poder adquisitivo y el valor real de compra del salario, ver f. 95 y 97- para no beneficiar a la trabajadora con dicho aumento es válido, o, si por el contrario, fue una conducta discriminatoria para la accionante.
En ese sentido, debe hacerse notar que de las constancias de autos surge que en el escrito de promoción de la demanda la trabajadora sostuvo que ya en el año 2013 se produjo un aumento en los salarios de todos los funcionarios, incluyéndola. En efecto, a f. 40 dijo: “... que durante el mes de febrero de 2013, por idénticas razones a las que motivaron el aumento de abril de 2014, se había otorgado un ajuste del 9% que se extendió a TODOS los funcionarios independientemente a la moneda utilizada para el pago del salario...” (las negritas son de este Tribunal). Es de hacer notar que esta afirmación no fue negada, rebatida ni objetada por la patronal al contestar la acción; es más, los testigos - quienes manifestaron ser funcionarios de la embajada- ante la tercera pregunta: “.. .Diga el testigo si sabe y le consta, si la Embajada Argentina decretó un aumento salarial para todos sus funcionarios en el mes de febrero de 2013...” contestaron: “...que, si...” “...que, si decretó...” (ver actas de f. 162, 163 y 164). Por otro lado, en autos obran los recibos de salarios de los meses de enero y febrero de 2013 -instrumentales que no fueron desconocidas por la parte demandada-, donde consta que en el mes de enero, la trabajadora percibió la suma de 2.180 dólares americanos, en tanto que al mes siguiente - febrero 2013- el monto del sueldo fue de 2.381 dólares americanos. Con lo expuesto se comprueba que en el año 2013, efectivamente, el salario de la trabajadora, a pesar de ser en dólares americanos, registró un aumento del 9%, considerando los valores del tipo de cambio a esa fecha.
En este estado de cosas, el argumento de la empleadora -con el que pretendió justificar el no beneficio de la trabajadora con el reajuste decretado en abril del año 2014- cae por su propio peso. En efecto, la conducta de la patronal en aquella oportunidad - febrero de 2013- no se corresponde con la del año 2014, menos aun si se consideran los argumentos expuestos en este juicio para justificar la exclusión de la trabajadora. Con base en los fundamentos expuestos, esta Magistratura no puede sino concluir que, efectivamente, la trabajadora fue sujeto de una medida discriminatoria en cuanto a su salario; por ende, los agravios de la parte demandada deben ser desestimados. Consecuentemente, los agravios de la parte actora en este punto deben prosperar, atendiendo a las claras disposiciones del Código del Trabajo (art. 9), Convenio n° 100 de la OIT (Ley n° 925/64) y de la Constitución Nacional (art. 88) ya que si en el aumento del año 2013, el porcentaje del reajuste fue el mismo para todos -sin distinguir la moneda en la que percibían sus salarios los empleados— en el año 2014, no habría causa razonable para hacerlo. En consecuencia, debe otorgarse a la trabajadora el aumento del 8% en su salario desde el mes de marzo de 2014, modificando este punto de la sentencia.
En relación con los agravios de la demandada referentes a la aplicación de los intereses moratorios -que si bien, debe decirse, no se explayó sobre ellos, sin embargo, esta Magistratura no puede desconocer que los mencionó objetando su aplicación así con la tasa impuesta- deben ser analizados a la luz del art. 232 del C.P.T. en concordancia con los artículos 424 y 475 del Código Civil, que disponen: “En las obligaciones a plazo la mora se produce por el solo vencimiento de aquel...”, y, “...Los intereses se deben por el hecho de la mora, aunque no se justifique el perjuicio... ”, (las negritas son de esta Magistratura). Los artículos transcriptos precedentemente son claros al establecer que los intereses se deben por el hecho de la mora, y que esta se produce por el solo vencimiento de la obligación, por lo que -con base en las normas transcriptas- los intereses moratorios deben computarse desde el momento en que el empleador entró en mora, esto es desde el momento en que la obligación debió ser cumplida. Ello implica que en el caso de autos, la mora se verificó en el momento en que entró a regir el aumento salarial del 8 % dispuesto por la patronal en abril del año 2014, con vigencia desde marzo de 2014. Ergo, los intereses moratorios deben ser impuestos en este caso desde el 01 de abril de 2014, ya que es cuando la patronal entra en mora respecto del pago del salario correspondiente al mes de marzo del mismo año. Ahora bien, al momento de realizar los cálculos, deberá tenerse presente que la obligación del pago de los salarios, es mensual -mes a mes- circunstancia que incide en el momento en el cual habrá de entrar en mora el pago de cada uno de ellos.
Ahora bien, para establecer la tasa del interés moratorio a ser aplicada en el caso de autos, se deben tener en cuenta los parámetros expresamente fijados en el art. 475 del Código Civil, el que está complementado con el art. 1 de la Ley n° 2.339/2004, modificatorio del art. 44 de la Ley n° 489/1995 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”, con lo que resulta que la tasa del interés moratorio que debe aplicarse en el presente caso es de 2,2% mensuales. En consecuencia, los agravios de la demandada sobre el porcentaje de la tasa del interés moratorio, deben prosperar.
Respecto de los agravios de la demandada en cuanto a la aplicación por parte del a quo de la indemnización compensatoria -del 20%-, alega que no procede porque no existe obligación de su parte para otorgar el aumento salarial. Puestas así las cosas, habiendo esta Magistratura encontrado procedente el reclamo de la trabajadora en cuanto al reajuste salarial, la suerte de este punto de agravio, está definida, pues, implica que la empleadora no cumplió con su obligación en tiempo y forma. Es decir, la trabajadora tuvo que recurrir a los estrados judiciales para ver correspondidos sus derechos, presupuesto que justifica al art. 233 del C.P.T. En estas condiciones, este punto de agravio debe ser desestimado.
Pasando a tratar los agravios de la parte actora referentes al daño moral, debe hacerse notar que, normalmente, probada la discriminación, el daño moral surge in re ipsa (surge del hecho mismo), ver fallos dictados en los expedientes: “Miguel Alfonso Vera Cuellar c/ Entidad Binacional Yacyreta (EBY) s/ Cobro de guaraníes” (Ac. y Sent. n° 82 de fecha 29 de septiembre de 2016), “Víctor Raúl Duarte Nuñez c/ ABN AMRO BANK y Banco Regional SAECA s/ nulidad de sanción e indemnización de daño moral” (Ac. y Sent. n° 87 de fecha 05 de junio de 2015) y “Carlos Antonio Franco Colmán y otros c/ Entidad Binacional Yacyreta (EBY) s/ Cobro de guaraníes en diversos conceptos, reconocimiento de antigüedad y otros derechos” (Ac. y Sent. n° 160 de fecha 23 de diciembre de 2015). Sin embargo, para evaluar la entidad del daño, debe tenerse en cuenta que dada la peculiar situación generada entre la demandada y sus trabajadores, a raíz de la decisión de la patronal de cambiar la moneda de pago del salario, del dólar a la moneda local, sujeta a la aceptación de cada uno los funcionarios-, la decisión de la trabajadora - consentida por la demandada- de seguir percibiendo su salario en dólares americanos, tuvo como resaltado la conservación -y hasta el aumento- del valor adquisitivo del sueldo de la trabajadora. En efecto, conforme con el cuadro que se expone más abajo –que muestra el impacto de la variación del dólar -a la compra- en el valor adquisitivo del salario en guaraníes de la trabajadora, en el lapso comprendido entre mediados del año 2011, momento en el cual la patronal cambia la moneda en la cual abona el salario de sus trabajadores, hasta marzo de 2014, donde entra a regir el aumento reclamado por la actora, resulta que la señora María de los Angeles Guerreros tuvo un aumento en su salario del 18,93%.
4.571,79
4.562,33
4.165,80
4.624,41
4.558,59
4.379,61
4.080,13
4.279,72
4.255,63
3.993,16
4.432,08
4.046,84
4.267,14
4.083,18
3.984,32
4.336,88
4.210,11
4.482,50
4.383,13
3.889,73
4.395,28
4.448,31
3.829,57
4.381,39
4.419,08
3.963,49
4.389,50
4.445,74
4.098,90
4.444,92
4.261,62
4.430,31
4.427,71
4.355,51
4.244,28
4.487,16
salario (en U$S)
9.966.493
9.945.878
9.081.434
11.010.718
9.937.734
9.547.557
9.714.778
10.721.668
9.329.781
9.277.263
9.507.713
10.552.790
9.302.361
9.722.056
8.685.818
9.454.388
10.024.281
8.655.219
9.771.850
10.436.221
8.479.616
9.581.719
10.591.415
8.348.452
9.551.435
10.521.823
8.640.418
9.569.110
10.585.317
8.935.599
9.640.872
10.583.351
9.290.330
9.658.081
10.542.374
9.495.015
9.252.522
Salario Prom. Anual
9.049.064
9.546.086
10.166.422
10.761.725
Fuente del promedio del dólar: www.bcp.gov.py»
Conforme con el análisis realizado, esta Magistratura entiende que la entidad de la “disvaloración espiritual de la trabajadora”, no tuvo el componente del apremio económico que pretendió evitar la patronal con la decisión de aumentar los salarios de los trabajadores que ganaban en guaraníes. Por otro lado, ya en esta instancia, la parte actora expone sus agravios sobre el resarcimiento moral, poniendo un especial énfasis en la supuesta situación generada por la denuncia que contra la patronal radicara ante el ente previsional, sin embargo, si bien se probó que la demandada fue objeto de una sanción por el IPS, la actora no se encargó de generar elementos de convicción que vinculen este hecho con su no incorporación en la nómina de funcionarios beneficiados con el aumento dispuesto en abril de 2014, por la patronal. Por todo lo expuesto, esta Magistratura entiende que corresponde hacer lugar al agravio sobre este punto, disponiendo el resarcimiento de la trabajadora en concepto de daño moral, fijando como sum a indemnizatoria la de G. 5.000. 000 (Guaraníes cinco millones).
Puestas así la cosas, con base en lo expuesto, corresponde confirmar la S.D. n° 101 de fecha 06 de junio de 2016, con las siguientes modificaciones: 1. Fijar la tasa del aumento salarial en 8%; 2. Fijar la tasa del interés moratorio en 2,2 % mensual, a ser calculado conforme con el vencimiento mensual de la obligación patronal del pago del salario; 3. Fijar en G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones), la indemnización por daño moral.
En cuanto a las costas, dado que los reclamos de la demandada fueron rechazados en su mayoría, en tanto que los de la parte actora prosperaron en su totalidad, esta Magistratura considera que deben ser impuestas a la de la demandada (art. 232 C.P.T.).
OPINIÓN DEL MAGISTRADO ÁNGEL R. DANIEL COHENE G.: Que, me adhiero al voto de la colega Dra. Alma Méndez de Buongermini en su análisis del caso de autos y por los fundamentos en el sostenido. No obstante, es oportuno mencionar que con respecto al reclamo del daño moral como miembro del Tribunal de Apelación Laboral, Primera Sala en reiterados fallos se ha conceptualizado que debe hacerse en otro fuero, que no sea éste. Basta mencionar el Ac. y Sent. n° 71 del 9-VIII-16, recaído en los autos “María Milva Gauto Morcillo c/ Venus Comunicaciones S.A”. Es mi voto.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Señores miembros todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue a continuación:
ASUNCION, 24 de abril de 2018.
VISTO: por los méritos que ofrece el acuerdo precedente, el Tribunal de Apelación del Trabajo Segunda Sala;
1-) MODIFICAR la S.D. n° 101 de fecha 06 de junio de 2016 en lo que respecta al porcentaje del aumento salarial que queda fijado en 8%, a la tasa del interés moratorio que se fija en 2,2 %, con el alcance y según lo explicado en los fundamentos de la presente resolución.
2-) NO HACER LUGAR, al recurso de apelación respecto a la indemnización por daño moral invocada por la parte apelante según lo explicado en los fundamentos de la presente resolución.
3-). IMPONER las costas en ambas instancias a la perdidosa.
4-). ANOTAR, registrar y remitir copia a Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Alma Mendez Buongermini. Miembro
Abg. Guillermo Zillich. Miembro
Dr. Mario Y. Maidana G. Miembro
Abg. Rubén Valdez. Actuario
DÓLAR 5790 5830
REAL 1385 1430