Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-01041-de-noviembre-2-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_febb16286ca948d9b0f29d29600eda82&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 20:06:38
Document Index: 106499479

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 35', 'artículo 59', 'artículo 26', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA 2013-01041 DE NOVIEMBRE 2 DE 2016
SENTENCIA 2013-01041 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ABOGADOS SERÁN SANCIONADOS POR RETENER DINEROS A SUS CLIENTES ,PARA DESCONTAR HONORARIOS QUE ESTOS LES ADEUDEN. AL RESPECTO, LA SALA DISCIPLINARIA ESTIMÓ QUE DICHA ASEVERACIÓN NO TIENE RESPALDO, PUES, SI BIEN ES CIERTO LOS PROFESIONALES DEL DERECHO TIENEN EL DERECHO A UNA REMUNERACIÓN POR SUS SERVICIOS, ES CLARO QUE ANTE EL NO PAGO, ESTO NO LOS AUTORIZA PARA RETENER DINEROS AJENOS. DE AHÍ QUE CUANDO SE PRESENTA ESTA CIRCUNSTANCIA, ACLARA LA ALTA CORPORACIÓN, ESTE PUEDE OPTAR POR LOS MECANISMOS LEGALES QUE PARA EL CASO DISPONE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. LO ANTERIOR EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1123 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, HONORARIOS DEL ABOGADO, LEY DEL ABOGADO, APLICACIÓN DE LA LEY DEL ABOGADO, REGLAMENTO DE LA LEY DEL ABOGADO, COBRO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, REGULACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, NOTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN AL ABOGADO
Sentencia 2013-01041 de noviembre 2 de 2016
Exp.: 680011102000201301041-01
Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal
Proyecto registrado el primero (1º) de noviembre de 2016
Aprobado según Acta de Sala 101 del 2 de noviembre de 2016
Bogotá, D.C., dos de noviembre de dos mil dieciséis
La Sala tiene competencia para conocer en apelación las decisiones emitidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º de la Carta política(4) y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996(5), en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(6).
Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1º de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.
En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:
“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”(7) (resaltado nuestro).
Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.
Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.
Del asunto en concreto. Teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento de la abogada Xiomary Andrea González Caro, para determinar si puede ser objeto de reproche disciplinario o no.
Del material probatorio obrante en el expediente se evidencia que la disciplinable en nombre del Conjunto Multifamiliar el Payador, adelantó proceso ejecutivo en contra de los deudores residentes, con el fin de cobrar las cuotas de administración adeudadas.
En el curso del presente proceso, la disciplinable recibió abonos de los deudores en los siguientes montos:
Concepto Fecha Monto
Abono 19 de septiembre de 2012 $ 1.500.000
Abono 28 de septiembre de 2012 $ 1.500.000
Abono 18 de octubre de 2012 $ 131.000
Abono 13 de noviembre de 2012 $ 131.000
Abono 13 de noviembre de 2012 $ 500.000
Dineros respecto de los cuales realizó los siguientes pagos:
Pago 28 de septiembre de 2012 1.000.000
Pago 30 de octubre de 2012 $ 131.000
Pago Noviembre 22 de 2012 $ 550.000
Pago 4 de abril de 2013 $ 81.000
Tipicidad: La primera instancia imputó al profesional del derecho la falta establecida en el numeral 4ª del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007:
Pues bien, de lo expuesto hasta aquí, no cabe duda que la disciplinable en calidad de representante judicial de la quejosa, recibió de los demandantes el pago de $ 3.000.000 por concepto de abonos que realizaron el 18 y 29 de septiembre de 2012. Sin embargo y de acuerdo con las pruebas practicadas en el sub examine, la togada inculpada solamente entregó de dicha cantidad la suma de $ 1.000.000 es decir, no entregó la totalidad del dinero a su poderdante, sabiendo que los mismos no le pertenecían.
De la misma forma demoró la entrega del saldo de las acreencias recibidas el 13 de noviembre de 2012, pues solo hasta el 4 de abril del 2012, procedió al desembolso de la suma de $ 81.000 es decir por más de 4 meses decidió omitir sin justificación alguna el dinero ajeno.
Así las cosas, es suficientemente claro que la disciplinable actualizó los elementos estructurales de la falta establecida en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, pues no entregó a quien correspondía los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional, y tampoco se evidenció que hubiese procedido a su devolución.
Antijuridicidad: En materia disciplinaria el juicio de antijuridicidad hace relación a la infracción de deberes de tal manera que el incumplimiento de estos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; por tanto, no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del estatuto ético del abogado, el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.
En este caso el togado contrarió el deber de honradez que se encuentra consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
En el presente asunto, la abogada disciplinable inconforme con la decisión, manifestó que (I) su poderdante no le canceló sus honorarios por lo tanto podía descontarlo de los abonos que recibía de los deudores. (II) los recibos aportados al plenario demuestran que además de abonos también eran por pago de honorarios. (III) El último pago realizado a la quejosa por el valor de $ 1.004.000 no se hizo por el inicio del proceso ni por la imputación de los cargos en su contra sino porque la suscrita desde el 2013 estaba en disposición de realizarlo, no obstante no se pudieron entregar pese a los requerimientos realizados para su entrega y (IV) No existió ningún daño económico al conjunto residencial multifamiliar los payares.
Frente al primer argumento esbozado según el cual a la togada investigada no se le hizo ningún pago por concepto de honorarios facultándola para descontarlos de los dineros entregados, esta Sala estima que dicha aseveración no tiene respaldo, pues si bien es cierto los profesionales del derecho tienen derecho a una remuneración por sus servicios, es claro que ante el no pago no los autoriza para retener dineros ajenos, en efecto, cuando la circunstancia de deuda de honorarios se presenta, el abogado puede optar por los mecanismos legales que para el caso dispone la ley. Lo anterior se fundamenta por cuanto el recibo de los mencionados recibos no se hace a título traslaticio de dominio, es decir el profesional del derecho que recibe cantidades de dinero en virtud de su gestión profesional no lo hace para acrecentar su patrimonio sino el de su poderdante. En este sentido la afirmación esbozada no tiene la entidad jurídica de absolver la responsabilidad disciplinaria enervada contra la togada investigada.
Ahora bien en cuanto a que los dineros recibidos también contemplaban los honorarios, es una afirmación que se contradice con la anterior, pues no se entiende que por una parte aduzca falta de pago de los servicios prestados, y por el otro alegue que las sumas recibidas incluían los mismos. Siendo esto así y evidenciada la anterior contradicción esta Sala procede a descartar el segundo punto de impugnación pues no se acreditó tal circunstancia.
Por otro lado, no se puede tener en cuenta como “gesto de buena fe” el hecho de que la togada estuviese dispuesta a pagar $ 1.004.000 a la quejosa como pago parcial de la deuda desde el mes de agosto de 2013. Mucho menos admitir que por culpa de la quejosa se imposibilitó realizar dicha entrega. Lo anterior por cuanto el deber profesional exige que los abogados en virtud de su gestión devuelvan en la menor cantidad de tiempo posible los dineros recibidos con ocasión de la gestión. Nótese entonces que el hecho de reconocer parte del saldo demuestra que la togada era consciente de no haber entregado la totalidad de los dineros, situación que se contraviene con el principio general del derecho que establece “nadie puede beneficiarse de su propio dolo” y por lo tanto mal haría esta Superioridad en otorgarle consecuencias jurídicas favorables a un hecho demostrativo de la falta disciplinaria endilgada.
Finalmente reitera esta Superioridad que no es necesaria la ocurrencia de un daño para verificar la ocurrencia de una falta disciplinaria, la afirmación según la cual no hubo un perjuicio económico a la quejosa no tiene la entidad jurídica suficiente para desvirtuar el juicio de responsabilidad realizado en primera instancia.
Culpabilidad: En el presente caso, la modalidad de la conducta deviene en dolosa, pues está claro que la profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas, era consciente (elemento cognoscitivo) de su actuar ilícito, pues luego de haber recibido los dineros, retuvo parte de ellos injustificadamente, absteniéndose de entregarlos completamente a su legítimo propietario (elemento volitivo), en este caso su cliente.
Sanción: Sobre el punto de la consecuencia jurídica estimada por el A quo, esta Colegiatura considera que el quantum de la suspensión impuesto por el a quo es proporcional y razonable, conforme a las siguientes explicaciones:
En primer lugar, frente a la proporcionalidad de la falta, la Corte Constitucional en 1993, a través de Sentencia C-467, puntualizó que:
“(…) La razón jurídica de la razonabilidad y de la proporcionalidad no es otra que la necesidad de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de proporcionalidad rige todas las actuaciones de la administración pública y de los actos de los particulares que estén encargados de la prestación de un servicio público, cuando se trate de la imposición de una sanción que conlleve la pérdida o disminución de un derecho (…)”
De igual manera en pronunciamiento posterior resaltó:
“En un estado de derecho el poder punitivo tiene unos límites dados por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la graduación, en abstracto y en concreto, de la sanción, debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto, y el grado de culpabilidad. Según el primer criterio, la intervención del derecho penal se dirige a sancionar las conductas lesivas de los bienes jurídicos que se estiman más valiosos, teniendo en cuenta que el hecho punible, además de lesionar bienes jurídicos particulares, atenta contra los valores ético-sociales predominantes en una sociedad determinada. El grado de culpabilidad por su parte, involucra consideraciones acerca de la intencionalidad del hecho, esto es, de la conciencia y voluntad presentes en su realización, en virtud de los cuales se considera que la persona habría podido actuar de otra manera”(8).
El ejercicio de la abogacía requiere ser controlado con la finalidad de lograr la efectividad de los derechos y principios consagrados en la Constitución, con mayor razón cuando los juristas deben abstenerse de comportamientos deshonrosos, en el caso sub lite, la conducta del disciplinado dista de la misión de todo profesional del derecho, en cuanto a la posibilidad de que sea ejercida de una manera ecuánime y justa frente a la labor que desempeñen sus colegas en el ámbito profesional, así como la modalidad y gravedad de la conducta imputada, por cuanto dichos comportamientos causan desconfianza, sumado a la afectación de los intereses de los clientes.
En efecto, se observa una conducta disciplinaria sumamente grave por cuanto se demostró que la disciplinable ejecutó todo su actuar de forma dolosa, reteniendo dineros ajenos, gestión exclusiva para la cual la encargaron.
Hace énfasis esta Sala que el comportamiento de la disciplinable desborda la afectación a la relación cliente abogado y sus deberes éticos inherentes, es decir el actuar del profesional del derecho reviste de una gran trascendencia, pues se apropió de los dineros de su cliente, concretándose un impacto negativo en la concepción que tienen las personas sobre los juristas.
Así las cosas, si bien la investigada no cuenta con antecedentes disciplinarios, la gravedad de la conducta, la trascendencia de la misma y la modalidad de su realización, son factores suficientes para la sanción de suspensión por dos meses, en tanto es evidente que se está ante un desconocimiento del deber profesional de honradez y el desprecio de la togada disciplinada a los parámetros que rigen su profesión.
De igual forma, la sanción es necesaria por cuanto cumple con prevenir que la conducta deshonrosa de la abogada se repita, así mismo influye como medio para disuadir a los demás profesionales del derecho en cometer las aludidas actuaciones. Más aún cuando la relevancia social de conductas como estas, evidencian una actitud contraria a la imagen de la abogacía igualmente quebranta la confianza de las personas en sus apoderados, desacreditándola y generando con ello una grave afectación social.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de junio de 2015, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(9), sancionó con suspensión en el ejercicio profesional por el término de dos (2) meses a la abogada Xiomary Andrea González Caro, al declararla responsable de la comisión de la falta establecida en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conforme las motivaciones expuestas en el presente fallo.
3. Por secretaría judicial NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido a la disciplinada y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria en los precisos términos previstos en la ley.
4 . ART. 256: Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
5 ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: (…) 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
6 ART. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este Código.
7 Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8 Sentencia C-285 de 1997 con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Gaviria Díaz
9 Con ponencia del Magistrado Carmelo Tadeo Mendoza Lozano integrando Sala con la Magistrada Martha Isabel Rueda Prada.