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Timestamp: 2020-08-04 18:01:41
Document Index: 165959540

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 41', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'artículo 63', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 73', 'Artículo 118', 'artículo 122', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 141', 'artículo 27', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'artículo 123', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159']

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Justia México Estatales Hidalgo Constitución Política del Estado de Hidalgo
TITULO PRIMERO - ESTRUCTURA POLÍTICA FUNDAMENTAL
Artículo 1. El Estado de Hidalgo, como integrante de la Federación, es libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Ley Suprema, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen integran el orden jurídico del Estado de Hidalgo.
Artículo 3. Las Autoridades y los servidores públicos del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les concedan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen.
El Estado podrá, en los términos de Ley, convenir con la federación la asunción por parte de aquel, del ejercicio de funciones de dicha federación, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.
TÍTULO SEGUNDO - DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES
Artículo 4. En el Estado de Hidalgo, todo individuo gozará de las garantías y derechos que otorga esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece.
En el Estado de Hidalgo queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, Nacional o regional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos. Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición, que deben combatirse.
Artículo 4 Bis. El derecho de petición, será atendido por los Funcionarios y Empleados Públicos, cuando se formule por escrito o por los medios que al efecto prevenga la Ley, de manera pacífica y respetuosa. En materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho los Ciudadanos Hidalguenses.
A toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer al peticionario en breve término.
Toda persona tiene derecho de acceder a la Información Publica conforme a la Ley de la Materia y estará garantizada por el Estado.
Artículo 4 Ter. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni Autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
No están obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder los periodistas, como información de carácter reservada, así como los profesionistas, los ministros de cualquier culto con motivo del ejercicio de su ministerio y los servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo oficio o profesión, cuando la Ley reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional.
Los habitantes del Estado gozan del derecho a que le sea respetado su honor, su crédito y su prestigio.
Artículo 5. Sin distinción alguna, todos los habitantes del Estado tienen los derechos y obligaciones consagrados en esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el respeto a la dignidad de la niñez, los adolescentes y las personas con capacidades diferentes y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares, para que se coadyuve al cumplimiento de los derechos de la niñez.
El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los derechos a preservar la forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios patrones de conducta, en cuanto no contraríen normas de orden público, así como a que se consideren tales rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que participen, mediante criterios de equidad. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las diversas comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Los Poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán en cuenta las prácticas y las costumbres jurídicas de las comunidades indígenas en los términos que las propias leyes establezcan.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo. Las Autoridades Estatales y Municipales instrumentarán y aplicaran en el ámbito de su competencia los planes, programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales en su Territorio, asi como para prevenir, y sancionar toda forma de contaminación ambiental.
Artículo 6. El patrimonio familiar será inalienable, imprescriptible e inembargable y se instituirá como una protección a la familia, conforme lo determinen las leyes locales.
Artículo 7. Todo individuo tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverá el empleo y la organización social para el trabajo, sin contravenir las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella se deriven.
El trabajo se entenderá como un derecho y una obligación que debe de cumplirse responsablemente, en beneficio de la sociedad.
La ley determinará cuales son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlos.
Artículo 8. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la alimentación, a la salud, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y en general, al bienestar y a la seguridad individual y social, como objetivos de la permanente superación del nivel de vida de la población. La ley definirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la Federación.
Artículo 8 Bis. Todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación que imparta el Estado, la que será pública, gratuita, laica y democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad social en lo nacional y en lo internacional, dentro de la independencia y la justicia.
El Estado procurará el acceso a programas de becas para los alumnos más destacados en su desempeño académico dentro de las instituciones de educación pública, así como de aquellos que su condición económica les impida la conclusión de estudios profesionales.
Artículo 9. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.El Estado regulará un Sistema de Justicia Alternativa, cuyo servicio también será gratuito.Las leyes locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.Queda prohibida la pena de muerte o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.Toda persona reducida a prisión tiene derecho a la readaptación social y a los beneficios que de ella resulten, sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y reestructuración de su personalidad inspirados en un criterio de justicia social, eliminando todo concepto de venganza colectiva, con el objeto de restablecer su dignidad.
El Gobierno del Estado creará instituciones especiales para el tratamiento de los menores infractores.
El Estado implementará un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en los términos de la Ley en la materia.
Artículo 9 Bis. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de carácter autónomo y de servicio gratuito encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos en el Estado.
Sin perjuicio de las facultades y obligaciones de los órganos y de las instancias legales que ésta Constitución establece y garantiza para la administración y procuración de justicia, ésta Comisión conocerá de las violaciones de derechos humanos provenientes de las actividades de la Administración Pública Estatal y Municipal y de los actos administrativos de cualquier otra autoridad pública de la Entidad. En su caso formulará recomendaciones públicas no vinculatorias.
Los derechos humanos a que se refiere el párrafo anterior, son los reconocidos como garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución y por las Leyes que de ellas emanen, así como los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por los órganos correspondientes del Poder Federal.
La organización, facultades y obligaciones, así como la competencia de ésta Comisión serán reguladas por la Ley Orgánica correspondiente.
Artículo 10. Para garantizar el interés social, en todo momento, el Estado tendrá facultades de fijar el uso y destino de la tierra a efecto de que los asentamientos humanos cumplan con lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y con la Planeación del Desarrollo Urbano. Así mismo podrá reglamentar el uso del suelo conforme a la vocación productiva de la tierra a fin de hacer operativos los programas garantizando el bienestar social.
TÍTULO TERCERO - DE LA POBLACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO - DE LOS HABITANTES DEL ESTADO
Artículo 11. Son habitantes del Estado quienes temporal o definitivamente establezcan su domicilio en la Entidad, así como aquéllos que tengan intereses económicos en la misma.
Artículo 12. Son obligaciones de los habitantes del Estado:
Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los de las leyes, reglamentos, y disposiciones que de ellos emanen, así como respetar a las autoridades;
Contribuir a los gastos públicos del Estado y del Municipio en que residan o tengan bienes, en la forma proporcional y equitativa que dispongan las Leyes;
Contribuir a que los satisfactores y servicios que se generen en la Entidad, se destinen preferentemente a resolver las necesidades del Estado;
Dar auxilio a las autoridades en caso de urgencia, o cuando éstas lo requieran y sea necesario; y
Si son extranjeros, contribuir a los gastos públicos de la manera que dispongan las Leyes, obedecer y respetar a las instituciones, leyes y autoridades del Estado, sujetándose a los fallos y sentencias de los Tribunales competentes, absteniéndose de invocar o intentar el uso de otros recursos que los que se concedan a los mexicanos.
CAPÍTULO SEGUNDO - DE LOS HIDALGUENSES
Artículo 13. Son hidalguenses:
Los nacidos en el territorio del Estado;
Los mexicanos y mexicanas que tengan domicilio establecido y una residencia efectiva de cinco años por lo menos, dentro del territorio del Estado y manifiesten su deseo de adquirir tal calidad; y .
Los mexicanos y mexicanas que habiendo contraído matrimonio con hidalguenses, residan cuando menos tres años en el Estado y manifiesten su deseo de adquirir esa calidad.
Artículo 14. Son vecinos del Estado los que tuvieren, por lo menos, un año de residencia en él.
Artículo 15. La calidad de hidalguense a la que se refieren las fracciones II y III del artículo 13 se pierde por ausentarse de la Entidad durante más de dos años consecutivos, excepto cuando la causa sea:
El desempeño de cargos públicos o de elección popular;
La realización de estudios profesionales, científicos o artísticos, efectuados fuera de la Entidad por el tiempo que lo requieran; y
Por el desempeño de actividades administrativas o docentes que aporten beneficios a la Entidad.
Por desempeñar sus actividades laborales en el extranjero.
CAPÍTULO TERCERO - DE LOS CIUDADANOS HIDALGUENSES
Artículo 16. Son ciudadanos del Estado, los Hidalguenses que habiendo cumplido 18 años, tengan un modo honesto de vivir.
Artículo 17. Son prerrogativas del ciudadano del Estado:
Votar en las elecciones populares;
Ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, reuniendo las condiciones que establezca la Ley;
Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado;
Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, conforme a la Ley.
Artículo 18. Son obligaciones de los ciudadanos del Estado:
Inscribir sus bienes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial que les corresponda, así como registrarse en el Catastro de la Municipalidad, expresando la industria, profesión o trabajo del que subsistan;
Inscribirse en los Padrones Electorales, en los términos que determine la Ley de la materia;
Votar en las elecciones populares, en los términos que señale la Ley;
Desempeñar los cargos de elección popular que en ningún caso serán gratuitos; y
Desempeñar gratuitamente los cargos consejiles del Municipio donde resida, así como las funciones electorales y censales.
El incumplimiento de alguna de estas obligaciones se sancionará con suspención de la ciudadanía hasta por un año.
Artículo 19. La ciudadanía hidalguense se pierde:
En los casos de pérdida de la nacionalidad o de la ciudadanía mexicana;
Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena esa sanción; y
Por adquisición expresa de otra ciudadanía.
Artículo 20. Las leyes determinarán a qué autoridad le corresponde resolver la suspensión, pérdida o recuperación de los derechos ciudadanos, en los términos y requisitos con que ha de dictarse el fallo respectivo y el tiempo que durará la suspensión.
Artículo 21. Los derechos de ciudadanía hidalguense se restituyen:
Por recobrar la nacionalidad o ciudadanía mexicana, volviendo a residir en el Estado de Hidalgo; y
Por cumplimiento de la pena o por haber finalizado el término o cesado las causas de suspensión y rehabilitación.
Artículo 22. Los hidalguenses serán preferidos para toda clase de concesiones y para todo empleo,cargo o comisión del Gobierno en que sea indispensable la calidad de ciudadano.
TÍTULO CUARTO - DEL TERRITORIO DEL ESTADO
Artículo 23. El Territorio del Estado es el expresado en el Supremo Decreto de Erección de 15 de enero de 1869, y se integra con los 84 Municipios que a continuación se enumeran: 1.- Acatlán, 2.- Acaxochitlán, 3.- Actopan, 4.- Agua Blanca de Iturbide, 5.- Ajacuba, 6.-Alfajayucan, 7.- Almoloya, 8.- Apan, 9.- Atitalaquia, 10.- Atlapexco, 11.- Atotonilco El Grande, 12.- Atotonilco de Tula, 13.- Calnali, 14.- Cardonal, 15; Cuautepec de Hinojosa, 16.- Chapantongo, 17.- Chapulhuacán, 18.- Chilcuautla, 19.- El Arenal, 20.- Eloxochitlán, 21.- Emiliano Zapata, 22.- Epazoyucán, 23.- Francisco I. Madero, 24.- Huasca de Ocampo, 25.- Huautla, 26.- Huazalingo, 27.- Huehuetla, 28.- Huejutla de Reyes, 29.- Huichapan, 30.- Ixmiquilpan, 31.- Jacala de Ledezma, 32.- Jaltocán, 33.- Juárez Hidalgo, 34.- La Misión, 35.- Lolotla, 36.- Metepec, 37.- Metztitlán, 38.- Mineral del Chico, 39.- Mineral del Monte, 40.- Mineral de la Reforma, 41.- Mixquiahuala de Juárez, 42.- Molango de Escamilla, 43.- Nicolás de Flores, 44.- Nopala de Villagrán, 45.- Omitlán de Juárez, 46.- Pacula, 47.- Pachuca de Soto, 48.- Pisaflores, 49.- Progreso de Obregón, 50.- San Agustín Metzquititlán 51.- San Agustín Tlaxiaca, 52.- San Bartolo Tutotepec, 53.- San Felipe Orizatlán, 54.- San Salvador, 55.- Santiago de Anaya, 56.- Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 57.- Singuilucan, 58.- Tasquillo, 59.- Tecozautla, 60.- Tenango de Doria, 61.- Tepeapulco, 62.- Tepehuacán de Guerrero, 63.- Tepeji del Río de Ocampo, 64.- Tepetitlán, 65.- Tetepango, 66.- Tezontepec de Aldama, 67.- Tianguistengo, 68.- Tizayuca, 69.- Tlahuelilpan, 70.- Tlahuiltepa, 71.- Tlanalapa, 72.- Tlanchinol, 73.- Tlaxcoapan, 74.- Tolcayuca, 75.- Tula de Allende, 76.- Tulancingo de Bravo, 77.- Villa de Tezontepec, 78.- Xochiatipan, 79.- Xochicoatlán, 80.- Yahualica, 81.- Zacualtipán de Ángeles 82.- Zapotlán de Juárez, 83.- Zempoala, 84.- Zimapán.
Las adiciones o supresiones a los nombres de los Municipios se podrán realizar a iniciativa de los Ayuntamientos respectivos y con aprobación del Congreso, debiendo, preferentemente, respetarse los nombres tradicionales.
TÍTULO QUINTO - DE LA SOBERANÍA Y DE LA FORMA DE GOBIERNO
Artículo 24. La soberanía del Estado, reside esencial y originariamente en el pueblo hidalguense, quien la ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de esta ley fundamental.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los que cuenten con registro nacional o estatal tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación ciudadana en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación Estatal y Municipal y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten equitativamente con financiamiento público para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto; señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
La Ley establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos locales que pierdan su registro y los supuestos en que sus bienes y remanentes pasarán a formar parte del patrimonio del Estado.
Los partidos políticos tendrán derecho de acceso a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas en el Apartado B de la Base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley electoral fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador; y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con los que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
La Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular; las reglas para el desarrollo de las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos; y las sanciones para quienes las infrinjan.
La Ley señalará la duración máxima de las campañas, las que no podrán exceder de noventa días para la elección de Gobernador y de sesenta días para las elecciones de diputados locales o Ayuntamientos. Asimismo, las precampañas no podrán exceder las dos terceras partes del tiempo previsto para las respectivas campañas electorales.
Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de las Autoridades Estatales, como Municipales y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
La ley determinará los supuestos y las reglas para la realización, por parte de las autoridades administrativas o jurisdiccionales, de recuentos totales o parciales de votación, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos legales.
La organización de las elecciones estatales y municipales es una función del Estado, que se realiza a través de un organismo público, autónomo, de carácter permanente, denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones, funcionamiento y profesional desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
Será facultad del Consejo General del Instituto Estatal Electoral convocar a elecciones extraordinarias, cuando procedan.
El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán en los términos que señale la ley.
El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. La propuesta para la celebración del convenio correspondiente deberá ser aprobada por el voto de al menos cuatro de los Consejeros Electorales del Consejo General y deberá contener los motivos y fundamentos que sustenten la necesidad y posibilidad para la celebración del convenio, el proyecto de reestructuración administrativa, financiera y laboral del propio Instituto Estatal, los montos a erogar y la forma en que habrán de cubrirse al Instituto Federal Electoral.
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo podrá coordinarse con el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a través de la suscripción de un convenio, en el que se establezcan las bases y los procedimientos para superar las limitaciones derivadas de los secretos bancario, fiduciario y fiscal en la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos en el ámbito de la Entidad.
Para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señale esta Constitución, y las leyes respectivas. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos de esta Constitución. Correspondiendo al Tribunal Electoral la aplicación del sistema mencionado.
El Tribunal Electoral será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y tendrá la competencia que determinen esta Constitución y la Ley.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
El Código Penal tipificará los delitos y la Ley determinará las faltas en esa materia, en ambos casos se establecerán las sanciones que por ello deban de imponerse.
Artículo 25. El Estado adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republicano, democrático, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre.
Artículo 26. El Poder del Estado, en el ejercicio de sus funciones, se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
Los Poderes colaborarán entre sí para el eficaz cumplimiento de las funciones del Estado.
Artículo 27. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial residirán en la ciudad capital, Pachuca de Soto.
La sede de cualesquiera de los Poderes podrá trasladarse a otro sitio, con la aprobación del Congreso, siempre que las circunstancias lo justifiquen.
TÍTULO SEXTO - DE LOS PODERES DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO - DEL PODER LEGISLATIVO
SECCIÓN I - DEL CONGRESO
Artículo 28. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en un órgano que se denominará “CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO”.
SECCIÓN II - DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS E INSTALACIÓN DEL CONGRESO
Artículo 29. El Congreso se integra con Diputados de mayoría electos por votación directa, secreta y uninominal en dieciocho distritos electorales y Diputados de representación proporcional, quienes como resultado de la misma elección se designarán en el número y mediante el procedimiento que la Ley de la materia establezca.
Artículo 30. Los Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, son representantes del pueblo y tienen la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente y la elección se hará por fórmula.
Los diputados tienen la obligación de informar en el mes de agosto de cada año, sobre las actividades desempeñadas durante su ejercicio constitucional.
Artículo 31. Para ser Diputado se requiere:
Ser hidalguense;
Tener 21 años de edad como mínimo;
Tener una residencia efectiva no menor de tres años en el Estado; y
(DEROGADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 1995).
Artículo 32. No pueden ser electos Diputados:
Quienes pertenezcan al estado eclesiástico;
Los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo, los Consejeros del Consejo de la Judicatura, el Procurador General de Justicia del Estado, el Subprocurador General de Justicia y los Servidores Públicos de la Federación, residentes en el Estado, que no se hayan separado de sus respectivos cargos, cuando menos sesenta días antes del día de la elección.Los Consejeros Electorales, el Subprocurador de Asuntos Electorales, los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, tampoco podrán serlo, a menos que se separen de su cargo un año antes del inicio del proceso electoral de que se trate.
Los Jueces de Primera Instancia y los Administradores de Rentas, en la circunscripción en la que ejerzan sus funciones y los Presidentes Municipales en el Distrito del que forme parte el Municipio de su competencia, si no se han separado unos y otros de sus cargos cuando menos sesenta días naturales antes del día la elección; y
Los Militares que no se hayan separado del servicio activo, cuando menos seis meses antes de la elección.
Artículo 33. Los Diputados al Congreso del Estado, no podrán ser reelectos para la Legislatura siguiente. Los Suplentes podrán ser electos para la Legislatura inmediata, con el carácter de Propietarios, siempre que no hubiesen estado en ejercicio durante la última Legislatura, pero los Diputados Propietarios no podrán serlo en la Legislatura subsecuente con el carácter de Suplentes.
Artículo 34. Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y no podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.
El Presidente del Congreso, velará por el respeto al fuero constitucional de los Diputados y por la inviolabilidad del Recinto Oficial.
Artículo 35. Los Diputados en ejercicio, no podrán desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, salvo el académico o de beneficencia pública. La violación de esta disposición, será sancionada con la perdida del cargo de Diputado.
Artículo 36. El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años, mediante elección que se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda, debiendo tomar posesión de su cargo los integrantes de la nueva Legislatura, el cinco de septiembre del año de la elección.
Artículo 37. (DEROGADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 1995) .
SECCIÓN III - DE LAS SESIONES
Artículo 38. El Congreso tendrá durante el año, dos períodos ordinarios de sesiones, como sigue: (REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2009). El primero se iniciará el cinco de septiembre y concluirá a más tardar el último de diciembre. El segundo comenzará el primer día de abril y terminará a más tardar el último de julio.
Los períodos no podrán prorrogarse más allá de la fecha de su terminación.
Artículo 39. El Congreso podrá celebrar sesiones extraordinarias a convocatoria de la Diputación Permanente por sí o a solicitud formulada por el Gobernador del Estado.
Artículo 40. Los Diputados que falten a una Sesión sin causa justificada o sin permiso del Presidente de la Directiva, no tendrán derecho a percibir la dieta correspondiente al día de su inasistencia.
Artículo 41. Cuando algún Diputado deje de asistir a tres Sesiones consecutivas, sin previa autorización del Presidente de la Directiva o causa justificada, se llamará al Suplente respectivo, quien ejercerá las funciones durante el resto del periodo de Sesiones correspondientes.
Artículo 42. Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, y para que rijan en el año siguiente, el Congreso se ocupará prioritariamente de examinar y aprobar en su caso, la Ley de Ingresos del Estado y las de los Municipios, así como el Presupuesto de Egresos del Estado, que el Gobernador deberá enviarle a más tardar el quince de diciembre.
Durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, el Congreso se ocupará preferentemente de conocer el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública del Estado, las de los Municipios, las de los Organismos Autónomos y de cualquier persona física o moral que reciba por cualquier título recursos públicos.
El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en las conclusiones técnicas del Informe del Resultado de la Revisión, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoria Superior del Estado, siga su curso.
Artículo 43. El Gobernador del Estado asistirá a la apertura del primer período ordinario de sesiones. Podrá asistir también cuando lo solicite para informar sobre asuntos de su competencia y que así lo acuerde el Congreso del Estado.
Artículo 44. Las sesiones serán publicas, excepto cuando se traten asuntos que exijan reserva o así lo determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo reglamento.
Artículo 45. El Congreso se reunirá en la capital del Estado, pero podrá cambiar temporalmente su sede, si así lo acuerdan las dos terceras partes de la totalidad de los Diputados, notificando lo anterior a los otros Poderes.
Artículo 46. La Ley Orgánica del Poder Legislativo fijará las demás formalidades de instalación, funcionamiento y clausura de los trabajos del Congreso.
Artículo 56. Son facultades del Congreso:
Legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado;
Expedir las Leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades otorgadas por esta Constitución a los Poderes del Estado;
Expedir las leyes reglamentarias y ejercer las facultades que le otorga la Constitución General de la República;
Iniciar Leyes y Decretos ante el Congreso General;
Expedir y aprobar su Ley reglamentaria, así como la Ley que regule las facultades y organización interna de la Auditoría Superior, conforme a las bases establecidas en esta Constitución.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es el Órgano Técnico responsable de la fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado y de los Ayuntamientos, de acuerdo a la Legislación correspondiente;
(DEROGADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 1995) .
Recibir la protesta al cargo de Diputados, Gobernador, Magistrados, Consejeros del Consejo de la Judicatura, Procurador General de Justicia y Subprocurador de Asuntos Electorales; .
Aprobar en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo, así como conocer de su renuncia o remoción; Nombrar de las listas propuestas por el titular del Ejecutivo, al Procurador General de Justicia del Estado y al Subprocurador de Asuntos Electorales, así como conocer de su renuncia o remoción;
(DEROGADA, P.O. 9 DE MAYO DE 1998) .
Nombrar al ciudadano que debe suplir al Gobernador Constitucional, en caso de falta temporal o definitiva de éste;
Conceder a los Diputados, Gobernador, Auditor Superior, Magistrados, Consejeros del Consejo de la Judicatura, Procurador General de Justicia y Subprocurador de Asuntos Electorales, licencia para separarse de sus cargos, en los términos establecidos por esta Constitución;
Expedir las leyes que rijan el patrimonio del Estado y el de los Municipios;
Resolver los conflictos que se susciten entre dos o más municipios del Estado, así como entre los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, exceptuando los de carácter judicial;
Dar posesión a los Diputados suplentes en caso de inhabilitación o licencia de los Diputados Propietarios;
Nombrar al Auditor Superior y al Secretario de Servicios Legislativos;
Decretar se tramite la reivindicación de los bienes Estatales y Municipales, sin perjuicio de las facultades que para ello correspondan al Poder Ejecutivo del Estado y a los gobiernos municipales;
(DEROGADA, P.O. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009). .
Declarar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión o la desaparición de ayuntamientos; suspender o revocar el mandato de alguno o algunos de sus miembros por cualquiera de las causas graves que las leyes prevengan, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, dentro de los términos de ley.
(DEROGADA, P.O. 19 DE ABRIL DE 2004) XX.- (DEROGADA, P.O. 9 DE MAYO DE 1998) .
Hacer comparecer a los servidores públicos titulares de dependencias o directores y representantes legales de Entidades de la Administración Pública del Estado, al Procurador General de Justicia del Estado y al Subprocurador de Asuntos Electorales, para que informen de los asuntos de su competencia;
SECCION VIi - DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
Artículo 57. Durante los recesos del Congreso, habrá una Diputación Permanente, compuesta de nueve Diputados con el carácter de Propietarios y dos como Suplentes.
Artículo 58. La Diputación Permanente será electa por el Congreso, en la última Sesión de cada período de Sesiones Ordinarias.
Artículo 59. Son facultades de la Diputación Permanente:
Convocar a sesiones extraordinarias por si o a solicitud formulada por el Gobernador del Estado;
Conceder licencia al Gobernador del Estado cuando sea por un lapso mayor de un mes y a los Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, así como a los Consejeros del Consejo de la Judicatura, al Procurador General de Justicia y al Subprocurador de Asuntos Electorales, cuando sea por un periodo mayor de tres meses;
Recibir la protesta al Cargo de Gobernador y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, Consejeros del Consejo de la Judicatura, así como al Procurador General de Justicia y al Subprocurador de Asuntos Electorales;
Resolver asuntos de su competencia y recibir durante el receso del Congreso del Estado las iniciativas de Ley y proposiciones que le dirijan, turnándolas para dictamen a fin de que se despachen en el período inmediato de sesiones;
Conocer las propuestas de nombramiento de los Consejeros Ciudadanos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y las de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado y de su licencia o renuncia, en los términos que establezca la Ley de la materia;
Nombrar con carácter interino al Auditor Superior del Estado de Hidalgo;
Nombrar Gobernador Provisional en los casos previstos por esta Constitución;
Conocer en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo, de la renuncia de estos a su encargo. Así como la lista de propuestas que presente el titular del Ejecutivo para el nombramiento de Procurador General de Justicia del Estado y de Subprocurador de Asuntos Electorales, y de su renuncia o remoción;
Autorizar cualquier tipo de enajenación de los bienes inmuebles propiedad del Estado ;
Asumir la función de Comisión Instaladora de la Legislatura entrante y
Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.
Artículo 60. La Diputación Permanente dará cuenta en la segunda sesión del Congreso, del uso que hubiere hecho de las facultades consignadas en el artículo anterior.
CAPÍTULO II - DEL PODER EJECUTIVO
SECCIÓN I - DEL GOBERNADOR
Artículo 61. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominara Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien será electo en jornada comicial que se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda, durará en su encargo 6 años, deberá tomar posesión el cinco de septiembre del año de la elección y nunca podrá ser reelecto.
Artículo 62. La elección del Gobernador será directa, secreta, uninominal y por mayoría en todo el territorio del Estado, en los términos de la Ley de la materia.
Artículo 63. Para ser Gobernador del Estado, se requiere:
Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos políticos.
Ser hidalguense por nacimiento o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección;
Tener treinta años de edad cumplidos el día de la elección.
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de culto religioso;
No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando de los cuerpos de Seguridad Pública; en ambos casos, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la elección;
No ser Servidor Público Federal o Local, Secretario de Despacho del Ejecutivo, Procurador General de Justicia del Estado, Subprocurador General de Justicia, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo, Consejero del Consejo de la Judicatura, Diputado Local o Presidente Municipal en funciones, a menos que se hayan separado de su encargo, noventa días naturales antes de la fecha de la elección.
Artículo 64. Para suplir las faltas temporales del Gobernador no mayores de 6 meses, el Congreso del Estado nombrará un Gobernador Interino. En caso de darse la solicitud de licencia estando en receso el Congreso, la Diputación Permanente convocará de inmediato a una sesión extraordinaria del Congreso, para cumplir esta finalidad.
El Gobernador del Estado, electo popular, ordinaria o extraordinariamente, en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o Encargado del Despacho.
Tampoco podrá ser electo Gobernador Constitucional, el ciudadano que hubiere sido designado Gobernador Interino, Provisional o Sustituto.
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: A).- El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; B).- El Gobernador Interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualesquiera denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.
Artículo 65. Al tomar posesión de su cargo el Gobernador rendirá la protesta ante el Congreso del Estado en los términos siguientes:“PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO, QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE HIDALGO, SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE”.
Artículo 66. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en período ordinario, convocará inmediatamente a sesión y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, designará en votación secreta y por mayoría de votos, un Gobernador Interino, notificando lo actuado al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, requiriéndole convocar a elecciones extraordinarias para elegir al Gobernador Constitucional que habrá de concluir el período correspondiente.
Si el Congreso del Estado, no estuviere en período ordinario de sesiones, la Diputación Permanente nombrará desde luego un Gobernador Provisional y convocará inmediatamente a sesión extraordinaria al Congreso, para que este a su vez, designe al Gobernador Interino, conforme lo que previene el párrafo primero de este artículo.
Cuando la falta absoluta de Gobernador ocurriere en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso del Estado se encontrare en sesiones, designará en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los diputados presentes, al Gobernador sustituto que habrá de concluir el ejercicio constitucional, concurriendo cuando menos las dos terceras partes del númºero total de sus miembros, si el Congreso del Estado no estuviere reunido, la Diputación Permanente nombrará un Gobernador provisional y convocará inmediatamente al Congreso del Estado a sesión extraordinaria para que, erigido en Colegio Electoral, haga la designación del Gobernador, en los términos ya señalados.
Artículo 67. Si al iniciarse un período constitucional no se presenta el gobernador electo, o la elección no estuviera hecha y declarada, el Gobernador cuyo mandato haya concluido cesará en sus funciones. En tal caso se procederá conforme a los párrafos primero y segundo del Artículo anterior.
Artículo 68. Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional, son indispensables los mismos requisitos señalados por el artículo 63 de esta Constitución, con excepción de los señalados en la fracción VI del mismo Ordenamiento legal.
Artículo 69. El ciudadano electo para suplir las faltas temporales o absolutas del Gobernador, rendirá la protesta constitucional ante el Congreso del Estado, si éste estuviere en receso, la Diputación Permanente lo convocará a una sesión extraordinaria para tal efecto.
Artículo 70. El Gobernador del Estado, podrá ausentarse de la Entidad, sin licencia del Congreso o de la Diputación Permanente, por un plazo que no exceda de treinta días.
SECCIÓN II - DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR
Artículo 71. Son facultades y obligaciones del Gobernador:
Promulgar y ejecutar las Leyes y Decretos, proveyendo en la esfera administrativa lo necesario para su exacta observancia;
Expedir los Reglamentos que fueren necesarios para la mejor ejecución de las leyes;
Cuidar de que se instruya a la Guardia Nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 fracción XV de la Constitución General de la República;
Solicitar al Congreso de la Unión el consentimiento al cual se refiere la fracción II del Artículo 118 de la Constitución General;
Informar al Congreso, por escrito o verbalmente, por conducto del Secretario del ramo, sobre los asuntos de la administración, cuando el mismo Congreso lo solicite;
Remitir al Congreso a mas tardar el 31 de marzo de cada año, la Cuenta Pública del Estado, correspondiente al año anterior;
Facilitar a los Poderes Legislativo y Judicial los elementos necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones;
Ordenar que se cumplan las sentencias ejecutoriadas de los Tribunales;
Cuidar del orden y la tranquilidad pública del Estado,
Mandar las fuerzas de seguridad pública del Estado y dictar órdenes a las policías municipales en los casos que considere como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;
Resolver las dudas que tuvieren los agentes de la Administración Pública, sobre la aplicación de las Leyes a casos particulares;
Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho y a todos los empleados y funcionarios, que conforme a la Constitución y a las leyes, no deban ser nombrados por otra autoridad;
Nombrar a los funcionarios y agentes integrantes de las fuerzas de seguridad pública Estatal y a los responsables de los servicios públicos del gobierno, que en todos los casos se considerarán como empleados de confianza;
Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Fiscal Administrativo con la aprobación del Congreso del Estado y recibir sus renuncias para tramitarlas en términos de Ley;
Iniciar ante el Tribunal Superior de Justicia, la separación de los servidores públicos del Poder Judicial que observen conducta inconveniente;
Proponer al Tribunal Superior de Justicia, la modificación de la división y límites de los Distritos Judiciales, a fin de enviar en su caso la correspondiente iniciativa al Congreso;
Conceder licencia a los servidores públicos que se expresan en la fracción XII, en los términos que fijen las leyes;
Organizar y fomentar la educación pública en el Estado;
Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo, científico y tecnológico de la Entidad;
Registrar títulos para el ejercicio de una profesión a las personas que hayan obtenido el derecho a él, conforme a las Leyes de la materia;
Conceder indulto con justificación, a los condenados por sentencia ejecutoriada emanada de los Tribunales del Estado;
Nombrar representantes del Estado para los negocios en los que éste tenga interés y que deban ventilarse fuera del mismo;
Cuidar de los distintos ramos de la administración, procurando que los caudales públicos estén siempre asegurados y se recauden e inviertan con arreglo a las Leyes;
Presentar un informe por escrito al Congreso del Estado, el día cinco de septiembre de cada año, para dar cuenta del estado que guardan los diversos ramos de la Administración Pública. El último año del Ejercicio Constitucional, el informe se enviará el cinco de agosto. Cuando por causas de fuerza mayor no fuera posible enviarlo en estas fechas, el Congreso expedirá el correspondiente Decreto, fijando el día para su presentación. .
Solicitar del Congreso autorización para el arreglo de los límites de la Entidad con los Estados Limítrofes y una vez aprobado el arreglo por la Legislatura, dirigirse al Congreso de la Unión, para los efectos de dar cumplimiento a los Artículos 73 fracción IV y 116 de la Constitución General de la República;
Delegar en cualquiera de los organismos o servidores de la administración pública estatal, el ejercicio de las facultades mencionadas anteriormente en la fracción XXVI;
Nombrar a los miembros del Consejo Tutelar para Menores en los términos que disponga la ley.
Conceder amnistía cuando así lo amerite, siempre que se trate de delitos de la competencia de los Tribunales del Estado;
Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución General de la República;
Ejercer el derecho de veto en los términos de esta Constitución;
Ejercer las facultades que le otorga la Constitución Federal en relación con la Guardia Nacional;
Facilitar a la Procuraduría General de Justicia, los elementos necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones;
Representar al Estado en las comisiones tanto federales, como interestatales regionales;
Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del Estado, en los términos que dispongan las leyes;
Contratar empréstitos con aprobación del Congreso del Estado para destinarlos a inversiones públicas productivas conforme a las bases o en los términos que determine dicho Congreso mediante una ley o decreto.
Presentar al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, que deberán regir en el año inmediato. Asimismo para su autorización en dicho presupuesto, presentar las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.
Presentar al Congreso, al término del período constitucional del Gobernador, una memoria sobre el estado que guardan los asuntos públicos;
Mantener a la Administración Pública en constante superación, adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la Entidad;
Gestionar ante las dependencias federales lo necesario, a efecto de que se cumplan totalmente en el Estado las Leyes, impuestos o derechos que emanen de la Constitución General de la República;
Retener las cantidades que le correspondan al Estado, como participación convenida con la Federación o por virtud de un mandato legal .
Fomentar en el Estado, la creación de industrias y empresas, buscando la participación armónica de todos los factores de la producción, estableciéndose especialmente el equilibrio entre el campo y los centro urbanos.
Planificar y regular el crecimiento de los centros urbanos, otorgando los servicios necesarios, a fin de propiciar el espíritu de solidaridad en la convivencia social y el desarrollo pleno y armónico de la población;
Recabar las participaciones que correspondan a los Ayuntamientos, que por cualquier título se perciban, para entregarlos a la Hacienda Municipal;
Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo estatal; así como elaborar, con la participación de los municipios, los planes y programas, para promover e impulsar el desarrollo regional.
Actuar como árbitro en los conflictos que se susciten entre los Municipios;
Otorgar patentes de Notario, con sujeción a la Ley respectiva;
Tomar las medidas necesarias en los casos de desastre y situaciones económicas difíciles o urgentes;
Decretar expropiaciones por causa de utilidad pública, mediante el pago de las indemnizaciones que correspondan conforme a le Ley; y
Designar al Consejero del Consejo de la Judicatura; y
Realizar, promover y alentar los programas de prevención, erradicación, defensa, representación jurídica, asistencia, protección, previsión, participación y atención en materia de lucha contra la discriminación en el Estado de Hidalgo.
Las demás que le confiera esta Constitución y la General de la República.
SECCIÓN III - DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Artículo 72. El titular del Ejecutivo, previa consulta a las agrupaciones de abogados registradas en la Entidad, someterá al Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, la lista de propuestas de candidatos para ocupar los cargos de Procurador General de Justicia del Estado y Subprocurador de Asuntos Electorales, cuyos nombramientos deberán resolverse en el término de diez días.
Si el Congreso o la Diputación Permanente en su caso, nada resolvieren dentro del plazo señalado, el titular del Ejecutivo nombrará al Procurador General de Justicia y Subprocurador de Asuntos Electorales hasta en tanto el Congreso nombre a los titulares, quienes deberán rendir la protesta de Ley ante el Congreso del Estado.
Artículo 73. La Administración Pública del Estado, será centralizada y paraestatal de acuerdo a la Ley Orgánica que expida el Congreso, la que establecerá las dependencias y entidades necesarias para el despacho de los asuntos del Ejecutivo Estatal y los requisitos que deberán cumplir los servidores públicos.
En todo caso, las dependencias de la Administración Pública centralizada y las entidades de la Administración Pública paraestatal deberán planear, programar y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo estatal.
Artículo 74. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981).
Artículo 75. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981).
Artículo 76. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981).
Artículo 77. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) .
Artículo 78. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981).
Artículo 79. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981).
Artículo 80. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981).
Artículo 81. El Gobernador podrá delegar en cualquier funcionario, las facultades otorgadas a él, así como a las dependencias del Ejecutivo.
SECCIÓN IV - DE LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL DESARROLLO
Artículo 82. Corresponde al Gobierno Estatal la rectoría del desarrollo de la Entidad, para garantizar que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, la ocupación y una mas justa distribución del ingreso, permitiendo el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, dentro de lo que prescribe la Constitución General de la República, la particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen.El Estado programará, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica en la Entidad, y regulará fomentará las actividades que demande el interés público sin menoscabo de las libertades y derechos que otorgan esta Constitución y la General de la República.
Artículo 83. En el desarrollo estatal concurrirán con responsabilidad, los sectores público, social y privado. Así mismo, el sector público del Estado podrá participar por sí o con los otros, de acuerdo con la Ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias de desarrollo del Estado, de conformidad con la legislación correspondiente.
La Federación podrá concurrir al desarrollo de la Entidad, en forma coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios correspondientes y los Objetivos Nacionales y Estatales.
Artículo 84. En un sistema de economía mixta, el Gobierno Estatal, bajo normas de equidad social, producción y productividad, dará protección, apoyo, ayuda y estímulos a las empresas de los sectores social, y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, cuando contribuyan al desarrollo económico y social, en beneficio de la colectividad, procurando que en el aprovechamiento de los recursos se cuide su conservación y el medio ambiente.
Artículo 85. El desarrollo integral del Estado se llevará a cabo mediante un sistema de planeación democrática, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad a dicho desarrollo.
Los objetivos de la planeación estatal estarán determinados por los principios rectores del proyecto nacional, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los fines contenidos en esta Constitución, teniendo a conservar, en todo caso, la autonomía de la entidad, e impulsar la democratización política, social y cultural de la población.
Artículo 86. La planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos sectores del Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al Plan y a los programas de desarrollo.
Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas sectoriales, institucionales, operativos, regionales, municipales, y especiales que se elaboren en el Estado.
Artículo 87. La ley determinará las características del sistema estatal de planeación democrática, los órganos responsables del proceso de planeación, las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine mediante convenios con los Municipios y el Gobierno Federal, induzca y concerté con los sectores social y privado, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. La Ley señalará la intervención que el Congreso tendrá en la planeación.
Así mismo, la Ley facultará al Ejecutivo Estatal para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema estatal de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación del Plan y los Programas de Desarrollo.
Artículo 88. (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987) .
Artículo 88 Bis. (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987).
Artículo 88a
Artículo 88a. (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987).
Artículo 88b
Artículo 88b. (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987).
Artículo 88c
Artículo 88c. (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987).
Artículo 88d
Artículo 88d. (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987) .
SECCIÓN V - DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 89. El Ministerio Público, representante del interés social, es una institución de buena fe, con autonomía técnica y administrativa para garantizar su independencia en la emisión de las determinaciones de su competencia.
Artículo 90. Son facultades y obligaciones del Ministerio Público: velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social, mantener el orden jurídico, ejercitar la acción penal, exigir el cumplimiento de la pena, cuidar de la correcta aplicación de las medidas de política anticriminal que establezca el Ejecutivo del Estado y proteger los intereses colectivos e individuales contra toda violación de las leyes, así como las establecidas en su Ley Orgánica.
Artículo 91. El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General y su organización estará determinada por la Ley Orgánica correspondiente.
Artículo 92. Para ser Procurador General de Justicia del Estado y Subprocurador de Asuntos Electorales, se requiere:
Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos;
Ser licenciado en derecho con título legalmente expedido y acreditar un ejercicio profesional de 5 años, cuando menos;
No haber sido condenado por delitos dolosos o faltas graves administrativas.
El Procurador General de Justicia y el Subprocurador de Asuntos Electorales, duraran en su cargo tres años; deberán rendir la protesta de Ley ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, pudiendo ser ratificados por el primero.
Solo podrán ser removidos en los términos previstos por esta Constitución; por la comisión de delitos; por faltas establecidas en las leyes vigentes y por incumplimiento grave de sus atribuciones de ley calificado así, por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, a solicitud del Congreso o a virtud de la demanda que al efecto formule el titular del Ejecutivo ante el Congreso del Estado.
CAPÍTULO TERCERO - DEL PODER JUDICIAL
Artículo 93. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un Tribunal Superior de Justicia y Jueces del Fuero Común, en un Tribunal Fiscal Administrativo y en un Tribunal Electoral, en los términos de esta Constitución y su Ley Orgánica.Será representante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien desempeñe el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El desempeño de la función jurisdiccional, en los asuntos del fuero común, lo mismo que en los del orden federal, en los casos que expresamente traten las leyes, corresponde a:
El Tribunal Superior de Justicia y jueces del fuero común;
El Tribunal Fiscal Administrativo;
El Tribunal Electoral y
Los demás funcionarios y auxiliares de la administración de justicia en los términos que establezcan las Leyes.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Electoral, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las Leyes.
Los Magistrados y los Jueces en el Estado, tendrán independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. Los Consejeros del Consejo de la Judicatura ejercerán su función con independencia e imparcialidad.
Los magistrados y los jueces en el Estado, tendrán independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Artículo 94. El Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Electoral estarán integrados por el número de magistrados que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Fiscal Administrativo, serán nombrados por el Gobernador del Estado con la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, en los términos de esta Constitución.
Los Magistrados del Tribunal Electoral serán nombrados por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, en su caso, a propuesta de los Partidos Políticos.
Para el trámite de renuncias de los magistrados del Poder Judicial, se seguirá el mismo procedimiento que para su nombramiento.
Artículo 95. Para ser magistrado del Poder Judicial, se requiere:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hidalguense, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la elección;
Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de abogado expedido por la Autoridad o Corporación legalmente facultada para ello;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y
Haber residido en el País durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en el servicio de la República por un tiempo menor de seis meses. Los nombramientos de los Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que haya prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
No ser ministro de algún culto religioso;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos seis años;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal de algún partido político en los últimos seis años y
Lo previsto en las fracciones VII, VIII y IX, no será aplicable a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo.Los nombramientos de los magistrados y jueces serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes, en otras ramas de la profesión jurídica.
Artículo 96. Los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo, que el Gobernador someta al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, será aprobados o no dentro del improrrogable término de diez días.
Si el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, nada resolvieren dentro del plazo señalado, se tendrán por aprobados los nombramientos y el o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.
En caso de que no se aprueben dos nombramientos sucesivos respecto a una misma vacante, el Gobernador del Estado hará un tercero, que surtirá efecto desde luego, como provisional y será sometido a la consideración del Congreso del Estado en el siguiente período de sesiones.
Dentro de los primeros diez días de sesiones del Congreso del Estado se deberá aprobar o rechazar el nombramiento; si nada se resuelve el Magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter definitivo, y el Gobernador hará la declaratoria correspondiente.
Si el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado provisional y el Gobernador someterá nuevo nombramiento en los términos que se indican en este precepto.
Los magistrados que integren al Tribunal Electoral serán electos de acuerdo al siguiente procedimiento:
Cada partido político con registro, tendrá derecho a presentar una lista de cuatro candidatos;
Aquellos candidatos que obtengan el consenso de todos los partidos políticos serán nombrados magistrados;
En caso de no existir consenso o éste sea parcial, el Congreso del Estado solicitará a las asociaciones de abogados reconocidas por la Dirección de Profesiones y al Colegio de Notarios de la entidad, propongan una lista de cuando menos el doble de candidatos al número de magistrados que se pretenda cubrir y
Las propuestas serán presentadas al Congreso del Estado, para elegir por votación de por lo menos las dos terceras partes de los Diputados presentes, al número de magistrados que faltare por designar.
Artículo 97. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Fiscal Administrativo, durarán en el ejercicio de su cargo seis años a partir de su nombramiento; podrán ser reelectos y si lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determina esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. La duración de los magistrados del Tribunal Electoral en el ejercicio de su cargo, se determinará por lo dispuesto en la ley orgánica.
Obtendrán su jubilación al totalizar 60 años, sumando su edad a la antigüedad en el servicio.
Artículo 98. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Electoral, así como los Consejeros del Consejo de la Judicatura, otorgarán la protesta de Ley ante el Congreso del Estado.
Los Jueces protestarán ante el Consejo de la Judicatura y los demás funcionarios y empleados de la Administración de Justicia, rendirán protesta ante la autoridad de la cual dependan.
En escrutinio secreto, los magistrados de cada Tribunal, nombrarán de entre ellos al que será Presidente, quien durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto. Estos funcionarios deberán rendir un informe sobre el estado que guarda la administración de justicia, en los términos establecidos en la ley orgánica.
Artículo 99.- A
Artículo 99.- A. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia:
Conocer de las controversias en que el Estado fuere parte, salvo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Resolver las controversias que se susciten en materia civil, familiar y penal;
Conocer de las controversias que resulten por la aplicación de leyes federales, en los casos que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Conocer de los recursos de apelación, queja y cualesquiera otros señalados en las leyes locales;
Conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces;
(DEROGADA, P.O. 17 DE JULIO DE 2006) .
Erigirse en órgano de sentencia en los juicios políticos;
Informar al Gobernador o al Congreso, para determinar los casos de indulto, rehabilitación y demás que las leyes determinen, previos los trámites y con los requisitos que ellas establezcan;
Conocer de las acusaciones o quejas que se presenten en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y demás Magistrados, haciendo la substanciación correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que señale esta Constitución y las Leyes respectivas;
Resolver los conflictos de carácter judicial que surjan entre los municipios, entre éstos y el Congreso y entre aquéllos y el Ejecutivo estatal y
Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
B.- Son facultades del Tribunal Fiscal Administrativo:
Dirimir las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre la Administración Pública Estatal o Municipal y los particulares. En ningún caso podrá sustituirse a la autoridad administrativa;
Conocer de los recursos que establezca la ley de la materia y
Son facultades del Tribunal Electoral resolver en forma definitiva en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley sobre:
Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen. .
Artículo 100. La Ley Orgánica del Poder Judicial regulará la forma de su organización, funcionamiento y determinará los requisitos indispensables para ser juez y para ser servidor público en la Administración de Justicia.
Ningún funcionario judicial podrá tener ocupación o empleo diverso, con excepción de los docentes, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo.
El Consejo de la Judicatura será un Órgano del Poder Judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
El Consejo se integrará por cinco Consejeros, de los cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado y un Juez del Orden Común, designados por el Pleno del mismo Tribunal; un Consejero designado por el Congreso del Estado y un Consejero designado por el Gobernador del Estado.
Los Consejeros del Consejo de la Judicatura, durarán en el ejercicio de su cargo cinco años a partir de su nombramiento y solo podrán ser privados de su puesto, en los términos que determine esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
El Gobernador solicitará ante el Congreso del Estado, la destitución de cualesquiera de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Fiscal Administrativo, así como de Consejeros del Consejo de la Judicatura, y ante el último, la de los Jueces del Orden Común, por delitos, faltas y omisiones en las que incurran, previstas en esta Constitución y las Leyes de la materia. Si el Congreso del Estado o el Consejo de la Judicatura, respectivamente, de conformidad con los procedimientos que marca la Ley, declara que ha lugar a proceder, el funcionario acusado quedará privado, desde luego, de su puesto, independientemente de cualquier responsabilidad legal en la que hubiere incurrido, procediéndose a hacer una nueva designación para cubrir la vacante.
Artículo 100 Bis
Artículo 100 Bis. Los Consejeros deberán reunir como requisitos:
Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos.
Ser Licenciado en Derecho, con título legalmente expedido.
Tener modo honesto de vivir.
Artículo 100 Ter
Artículo 100 Ter. El Consejo de la Judicatura funcionará en pleno y en comisiones y tendrá las siguientes facultades:
Discutir, aprobar y modificar en su caso, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que para el Ejercicio anual proponga el Presidente del Consejo, el que será sometido a la aprobación del Congreso;
Nombrar, adscribir, ratificar y remover Jueces de Primera Instancia, de acuerdo a lo establecido en la Ley;
Nombrar y remover, de conformidad con lo establecido en la Ley, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, con excepción de los del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral.
Determinar la creación de nuevos Juzgados.
Implementar las medidas adecuadas para la formación de funcionarios y el desarrollo de la carrera judicial, con base en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Expedir los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar al Consejo, que expida los acuerdos generales que considere necesarios, para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, así como revisar y revocar los acuerdos del Consejo;
Conocer de las acusaciones o quejas que se presenten en contra de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribuna Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, haciendo la substanciación correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que señale esta Constitución y las Leyes respectivas;
Implementar el Sistema de Justicia Alternativa;
TÍTULO SÉPTIMO - DEL PATRIMONIO Y LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO - DEL PATRIMONIO
Artículo 101. Los bienes que integran el patrimonio del Estado son:
De dominio público; y
De dominio privado estatal.
Artículo 102. Son bienes del dominio público del Estado de Hidalgo:
Los de uso común sitios dentro del territorio Estatal, que no pertenezcan a la Federación o a los Municipios;
Los inmuebles destinados por el Estado a un servicio público y los que se equiparen a éstos conforme a la legislación ordinaria; .
Las tierras y sus componentes y las aguas, situadas dentro del territorio del Estado, que no pertenezcan a la Federación, a los Municipios o a otras personas físicas o jurídicas, conforme se defina por la ley que expida el Congreso del Estado;
Los inmuebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente substituibles; y
Los demás que con ese carácter señale la Legislación ordinaria.
Artículo 103. Son bienes de dominio privado estatal, los que le pertenecen en propiedad y los que en el futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en las fracciones del artículo anterior.
Artículo 104. Los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Para su disposición por el Gobierno del Estado, se requiere su previa desincorporación del dominio público, la que podrá ser decretada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
CAPÍTULO SEGUNDO - DE LA HACIENDA PÚBLICA
Artículo 105. La Hacienda Publica del Estado está constituida por:
Los ingresos que determine la Ley de la Materia y demás normas aplicables; y
Los ingresos que se perciban por concepto de convenios, participaciones, legados, donaciones o cualesquiera otras causas.
Artículo 106. La administración de la Hacienda Pública estará a cargo del Gobernador, por conducto de la dependencia que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Artículo 107. La ley de la materia determinará la organización y funcionamiento de las oficinas de Hacienda en el Estado.
Artículo 108. Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado y la Administración Pública Paraestatal, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las Leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de los recursos económicos estatales se sujetarán a las bases de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Décimo de esta Constitución.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que se establezcan, con objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los Artículos 56 fracción XXXI y 71 fracción XXXVIII.
Artículo 109. Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, en tanto se expida éste, continuará vigente el del año inmediato anterior.
Artículo 110. Las cuentas de los caudales públicos, deberán fiscalizarse sin excepción, por la Auditoría Superior.
Artículo 111. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la Ley.
Artículo 112. Todo empleado de Hacienda que deba tener a su cargo el manejo de fondos del Estado, otorgará previamente fianza suficiente para garantizar su manejo en los términos que la Ley señale.El Gobernador cuidará de que el Congreso del Estado conozca de la fianza con que los empleados de la Tesorería General caucionen su manejo.
TÍTULO OCTAVO - DE LA JUSTICIA DELEGADA DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
Artículo 113. (DEROGADO, P.O. 9 DE MAYO DE 1998).
Artículo 114. (DEROGADO, P.O. 9 DE MAYO DE 1998) .
TÍTULO NOVENO - DE LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO PRIMERO - DEL MUNICIPIO LIBRE
Artículo 115. El Municipio Libre es una Institución con personalidad jurídico- política y territorio determinado, dotado de facultades para atender las necesidades de su núcleo de población, para lo cual manejará su patrimonio conforme a las leyes en la materia y elegirá directamente a sus autoridades.
El desarrollo social y económico del Municipio se llevará a cabo en forma planeada. Los planes y programas estatales respetarán la libertad de los gobiernos municipales.
Los Municipios participarán en la formulación de planes de desarrollo regional que elaboren la Federación o el Gobierno Estatal, en los términos que señale la Ley.
Cada Municipio deberá formular y expedir su Plan y Programa de Desarrollo Municipal en los términos que fijen las leyes.
Artículo 116. La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución Política del Estado de Hidalgo, otorgan a los Municipios, se ejercerá por el Ayuntamiento en forma exclusiva.
CAPÍTULO SEGUNDO - DE LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS
Artículo 117. El territorio del Estado de Hidalgo se divide en ochenta y cuatro municipios con las cabeceras que se señalan en la ley de la materia.
Los límites de los municipios se consignarán en la Ley Orgánica municipal.
Artículo 118. Para la creación de Municipios en la Entidad se requiere la aprobación del Constituyente Permanente del Estado y la concurrencia de los siguientes elementos:
Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes;
Que el territorio donde se pretenda erigir un nuevo Municipio, sea capaz de cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de desarrollo futuro;
Que los recursos para su desarrollo potencial le garanticen posibilidades económicas para prestar en forma adecuada los servicios públicos y ejercer las funciones que están a su cargo, en los términos que fije la ley;
Que su población no sea inferior de cien mil habitantes.
Que la comunidad en la que establezca su cabecera cuente con más de diez mil habitantes;
Que el territorio que constituya el nuevo Municipio sea por lo menos de 500 kilómetros cuadrados;
Que la población que se señala en la fracción IV, tenga equipamiento urbano adecuado para sus habitantes; y
Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los Municipios que resultaren afectados en su territorio, su economía y su población, con la creación del nuevo Municipio.
Artículo 119. El Constituyente Permanente del Estado podrá declarar la supresión de un municipio y la consecuente fusión de sus elementos, cuando en él dejen de concurrir las condiciones requeridas para su supervivencia, en los términos de las fracciones del artículo anterior.
Artículo 120. El Ejecutivo del Estado, podrá promover, en coordinación con los Ayuntamientos respectivos, la fusión de comunidades para crear otras de mayor extensión, que permitan integrar a los núcleos aislados de población, con el objeto de ejecutar programas de desarrollo estatal y regional.
Artículo 121. Los conflictos de límites que se susciten entre las diversas circunscripciones municipales, se podrán resolver mediante convenios que al efecto celebren con la aprobación del Congreso del Estado.Cuando dichas diferencias tengan carácter judicial, conocerá de ellas el Tribunal Superior de Justicia.
CAPITULO TERCERO - DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 122. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá autoridad alguna intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
Artículo 123. El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno municipal a través del cual, el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad.
Artículo 124. Los Ayuntamientos se integran por un Presidente, los Síndicos y los Regidores que establezca la Ley respectiva.
En la elección de los Ayuntamientos se aplica el principio de representación proporcional de acuerdo a las reglas que establezca la ley de la materia.
Artículo 125. Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.
Artículo 126. En caso de falta absoluta del Ayuntamiento, si conforme a esta Constitución y a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos al Concejo Municipal que concluirá el periodo respectivo; este Concejo estará integrado por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.
En caso de falta absoluta del Ayuntamiento en el primer año, el Congreso designará un Concejo Municipal interino y notificará lo actuado al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para que éste convoque a elecciones extraordinarias para elegir al Ayuntamiento que deba terminar el período.
Si la falta absoluta del Ayuntamiento acontece en los dos últimos años, el Congreso nombrará un Concejo Municipal sustituto que termine el período.
Si el Congreso no estuviere en período ordinario, la Diputación Permanente lo convocará a sesión extraordinaria para los efectos anteriores.
Hay falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se hubieren efectuado las elecciones, se hubiesen declarado nulas, no se presente el Ayuntamiento a rendir la protesta, por renuncia mayoritaria de sus miembros, por haber sido desaparecidos los Poderes municipales o por muerte o incapacidad absoluta de la mayoría de sus integrantes.Si alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
Artículo 127. Los Ayuntamientos serán electos por sufragio directo, libre y secreto, en jornada comicial que se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. Durarán en su encargo tres años y tomarán posesión el cinco de septiembre del año de la elección.
Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por planillas, en los términos de la ley, por cada miembro propietario, se elegirá su suplente.
Artículo 128. Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere:
Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia no menor de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección;
Tener, al menos 21 años de edad en el caso del Presidente y de los Síndicos y de 18 años de edad en el caso de Regidores, al día de la elección.
Tener modo honesto de vivir;
No desempeñar cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en la circunscripción del municipio, a menos que se separen de aquéllos cuando menos con sesenta días naturales de anticipación al día de la elección, a excepción de los docentes;
No ser ministro de culto religioso alguno, ni pertenecer al estado eclesiástico;
Saber leer y escribir y
En el caso de los Consejeros electorales, el Subprocurador de Asuntos Electorales, los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, deberán separarse de su cargo un año antes del inicio del proceso electoral de que se trate.
Artículo 129. La elección de los miembros de los ayuntamientos será declarada válida o nula por el organismo electoral que señale la ley.
Artículo 130. Ningún ciudadano puede excusarse de atender el cargo de Presidente, Síndico o Regidor, salvo causa justificada, sancionada por el Ayuntamiento.
Artículo 131. Los Ayuntamientos electos se instalarán en ceremonia pública y solemne. El Presidente entrante rendirá la protesta de ley en los términos siguientes: "PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO DE HIDALGO Y DEL MUNICIPIO DE (nombre oficial del Municipio). SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE"
Artículo 132. A continuación el Presidente municipal tomará la protesta a los demás integrantes del Ayuntamiento.
CAPITULO CUARTO - DEL PATRIMONIO Y DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Artículo 133. Los bienes que integran el patrimonio municipal son:
De dominio privado municipal.
Artículo 134. Son bienes de dominio público municipal:
Los inmuebles destinados a un servicio público, los expedientes de las oficinas y
Los muebles e inmuebles que sean insustituibles; archivos, libros raros, obras de arte, históricas y otros previstos por las leyes federales sobre municipios y zonas arqueológicas, artísticas e históricas.
Artículo 135. Son bienes de dominio privado municipal, los que le pertenecen en propiedad y los que en el futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en las fracciones del artículo anterior.
Artículo 136. Los bienes de dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a acción reivindicatoria alguna o de posesión provisional o definitiva, mientras no varíe su situación jurídica.
Artículo 137. Los bienes de dominio privado podrán ser enajenados mediante acuerdo del Ayuntamiento. Toda enajenación de bienes inmuebles deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, respetando los procedimientos señalados por la ley.
De los actos mencionados en el párrafo anterior, el Ayuntamiento informará al Congreso del Estado a través de la Cuenta Pública.
Artículo 138. La Hacienda de los Municipios del Estado se formará con las percepciones que establezca su Ley de Ingresos y demás disposiciones relativas, así como las que obtengan por concepto de participaciones de impuestos federales y estatales, convenios, legados, donaciones y por cualesquiera otras causas y en todo caso, los Ayuntamientos:
Administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor;
Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;
Recibirán las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos, que anualmente se determinen por la Legislatura del Estado; y
Dispondrán de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las Leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las contribuciones a que se refieren las fracciones II y IV de este artículo en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo estarán exentos del pago correspondiente los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Al presentar la Ley de Ingresos Municipal, los Ayuntamientos propondrán a la Legislatura del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en su demarcación territorial.
La Legislatura del Estado analizará y en su caso aprobará la Ley de Ingresos de los Municipios; asimismo revisará y fiscalizará sus cuentas públicas.Los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, conforme a las bases, conceptos y montos anuales que fije la Legislatura del Estado a través de una Ley.
CAPITULO SEXTO - DE LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
Artículo 141. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, esta Constitución y las Leyes, Decretos y disposiciones federales, estatales y municipales;
Expedir y aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de competencia municipal y aseguren la participación ciudadana y vecinal;
Conceder licencia al Presidente Municipal hasta por treinta días y llamar a quien debe suplirlo; si la licencia fuese por un periodo mayor, conocerá de ella y resolverá el Congreso del Estado, escuchando previamente la opinión del Ayuntamiento;
Designar al Regidor que deba sustituir al Presidente Municipal, en caso de falta absoluta de éste y de su suplente y llamar a los suplentes de los Síndicos o Regidores en los casos de falta absoluta de éstos;
Establecer en el territorio del Municipio, las Delegaciones y Subdelegaciones que sean necesarias;
Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia, atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, regionales y especiales, así como el del municipio;
Proceder conforme a la Ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas con auxilio del organismo correspondiente, así como ordenar la suspensión provisional de las obras de restauración y conservación de bienes declarados monumentos y que se ejecuten sin autorización, permiso o cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes y decretos correlativos;
Promover el mejoramiento de los servicios y el acrecentamiento del patrimonio municipal;
Formular anualmente su proyecto de Ley de Ingresos, que será sometido a la aprobación del Congreso del Estado;
Analizar y Aprobar en su caso, el Presupuesto de Egresos, que cada año le será presentado por el Presidente Municipal, así como la cuenta comprobada de gastos mensuales del ejercicio en curso, en los términos que señale la ley.
Presentar a la Auditoría Superior del Estado a más tardar el 31 de marzo de cada año, la Cuenta Pública del año anterior, con excepción a la correspondiente a la del tercer año de ejercicio, que deberá presentar a más tardar el 15 de febrero.
Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales en lo que respecta a su municipio, así como cumplir su Programa Municipal de Desarrollo;
Promover el desenvolvimiento material, social, cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico y educativo en general, en la comunidad, defendiendo y preservando su ecología a través de programas concretos;
Mantener actualizada la Estadística del municipio;
Facultar al Presidente municipal para que pueda celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, requiriéndose la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento en la enajenación de bienes inmuebles propiedad del municipio o para comprometer a éste por un plazo mayor al periodo del gobierno municipal en funciones.
Admitir o desechar la licencia que soliciten los Síndicos o los Regidores;
Ejercer, en los términos de las leyes federales y estatales respectivas, las atribuciones siguientes: a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b).- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c).- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios; d).- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e).- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f).- Otorgar licencias y permisos para construcciones; g).- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de Programas de ordenamiento en esta materia; h).- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte publico de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; i).- Celebrar convenios para la administración y custodia de las Zonas Federales.
En lo conducente, los ayuntamientos podrán expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarios de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales del Estado de Hidalgo y otra u otras entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, el Estado y los municipios respectivos planearán con la Federación y él o los otros Estados y sus municipios y regularán en el ámbito de sus competencias, de manera conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros, con apego a la Ley Federal de la materia, observando las normas vigentes en el Estado y
Las demás que le concedan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.
CAPITULO SÉPTIMO - DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 142. Corresponde al Presidente, Síndicos y Regidores, el ejercicio exclusivo del Gobierno Municipal, así como la representación de los intereses de la comunidad, en sus respectivos ámbitos competenciales.
Artículo 143. El Presidente municipal tendrá a su cargo la representación del gobierno del municipio y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
Artículo 144. Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:
Cumplir y proveer a la observancia de las leyes federales y estatales, así como los ordenamientos municipales;
Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal;
Ejecutar los reglamentos y acuerdos expedidos por el Ayuntamiento;
Presidir las sesiones del Ayuntamiento y participar en las deliberaciones y decisiones, con voto de calidad en caso de empate;
Rendir anualmente al Ayuntamiento el día cinco de septiembrede cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal; cuando por causas de fuerza mayor no fuera posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que exceda del veinte de septiembre;
Proponer al Ayuntamiento la designación de Comisiones de Gobierno y Administración entre los Regidores;
Presentar al Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Municipio para cada ejercicio fiscal, para los efectos previstos por esta Constitución y las leyes, así como la cuenta mensual de egresos;
Nombrar y remover libremente a los directores de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a los delegados y subdelegados y demás personal administrativo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;
Convocar al Ayuntamiento a sesiones conforme a la ley respectiva;
Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública y tránsito, en los términos del reglamento correspondiente, salvo en los casos señalados en los párrafos segundo y tercero de la presente fracción.
El Gobernador del Estado podrá dictar ordenes a las policías municipales en casos que considere como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
El titular del Poder Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los municipios donde residiere habitual o transitoriamente;
Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del municipio por más de quince días;
Presentar ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, su declaración patrimonial inicial, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de posesión; de modificación anual durante el mes de mayo de cada año y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes y
Las demás que esta Constitución y las leyes le confieran.
Artículo 145. Los Síndicos tienen a su cargo la vigilancia de la Hacienda Pública municipal y además las siguientes facultades y obligaciones:
Comparecer ante las autoridades judiciales, en los asuntos que revistan interés jurídico para el Ayuntamiento;
Tramitar ante las autoridades correspondientes, los asuntos de su competencia;
Presidir la Comisión de Hacienda municipal y revisar las cuentas de la tesorería, mismas que deberá dar a conocer en forma mensual a la Asamblea Municipal;
Concurrir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto y percibir su dieta de asistencia que señale el Presupuesto de Egresos del Municipio;
Los Síndicos no podrán, en ningún caso, desempeñar cargos, empleos o comisiones remunerados en la Administración Pública Municipal y
Las demás que le confieren las Leyes y los Reglamentos y Acuerdos del Ayuntamiento.
Artículo 146. Los Regidores ejercerán las funciones que les confieran esta Constitución y las leyes, teniendo las facultades y obligaciones siguientes:
Asistir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto. Los Regidores percibirán la dieta de asistencia que señale el Presupuesto de Egresos del Municipio.
Vigilar la correcta observancia de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento;
Someter a la consideración del Ayuntamiento, proyectos de acuerdos y programas correspondientes a su esfera de competencia;
Cumplir con las funciones inherentes a sus comisiones, e informar al Ayuntamiento de sus resultados;
Realizar sesiones de audiencia pública para recibir peticiones y propuestas de la comunidad.
Los Regidores no podrán, en ningún caso, desempeñar cargos, empleos o comisiones remunerados en la administración pública municipal.
Artículo 147. Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas, salvo que por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes se acuerde que sean privadas, debiendo mediar causa justificada para esa decisión.
Artículo 148. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por la ley que expida la Legislatura del Estado con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TÍTULO DÉCIMO - DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 149. Para los efectos de la responsabilidad se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del poder Judicial, a los presidentes municipales, a los funcionarios y empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal Electoral y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El Gobernador del Estado, será responsable por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales que de ésta emanen, por traición a los intereses del Estado, por delitos graves del orden común, así como por el manejo indebido de fondos y recursos de esta Entidad Federativa.
Artículo 150. Serán sujetos de juicio político: los Diputados al Congreso Local, el Auditor Superior, los Presidentes Municipales, los Síndicos Procuradores, los Regidores, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, los Consejeros del Consejo de la Judicatura, los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, el Subprocurador de Asuntos Electorales, el Oficial Mayor y los Coordinadores que nombre el Ejecutivo, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, los Directores Generales o sus equivalentes, de los Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas, Fideicomisos Públicos de esta Entidad Federativa y Jueces de Primera Instancia, por las acciones u omisiones indebidas en que incurran en el tiempo de su encargo y serán responsables por la comisión de los delitos del Orden Común que se cometan durante su gestión.Para proceder por responsabilidad en la comisión de delitos del orden común contra los servidores públicos comprendidos en el párrafo anterior, cometidos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.Las sanciones que se impondrán mediante juicio político, cuando los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, por sus actos y omisiones perjudiquen a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho, consistirán en la destitución del servidor y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
No procede el juicio político, por la mera expresión de las ideas.
Artículo 151. La comisión de delitos del fuero común por cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal, y tratándose de delitos cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido o con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios originados por su conducta ilegal. Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad y eficiencia que deban de observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas, se desarrollarán pronta y expeditamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.
Artículo 152. Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se debe sancionar penalmente por causas de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos, que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran o se conduzcan como dueños sobre bienes, cuya procedencia no pudieran justificar lícitamente.
Las Leyes penales en estos casos, sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
Artículo 153. Siempre que se trate de los funcionarios mencionados en los Artículos 149 párrafo primero y 150 párrafo primero, y el delito fuere del orden común, el Congreso del Estado erigido en gran jurado declarará por mayoría absoluta de los miembros presentes, si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. En caso afirmativo, por esta sola declaración, quedará separado de su cargo y sujeto a la autoridad judicial competente.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la acusación.
Artículo 154. En las faltas graves administrativas cometidas por los mismos funcionarios a que se refiere el precepto legal anterior, conocerá la Legislatura del Estado; tanto en este caso, como en los que especifica el Artículo que precede a éste, conocerá el Congreso como órgano de acusación y el Tribunal Superior de Justicia del Estado como Jurado de Sentencia, con sujeción a lo previsto en la ley reglamentaria de la materia.
En las demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para ningún servidor público del Estado.
El procedimiento de juicio político, sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, ALCANCE P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) La responsabilidad por delito del orden común, cometido durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los cargos a que hacen referencia los artículos 149 y 150 de esta Constitución.
La Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado, señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones ilícitos. Cuando dichos actos u omisiones fueran graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO - PREVENCIONES GENERALES
Artículo 155. Los servidores públicos, cuando así lo establezca la Ley, antes de tomar posesión de su cargo, otorgarán protesta de guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la de la Entidad y las leyes que de ellas emanen.
Artículo 156. Nadie puede a la vez ejercer en el Estado dos o más cargos de elección popular, pero el interesado podrá escoger cualquiera de ellos.
Todo cargo o empleo público de la Entidad es incompatible con cualquiera otro del Estado, cuando por ambos se perciba sueldo, excepto en el caso de que se trate de los ramos de la docencia o de la beneficencia.
Artículo 157. Todo servidor público tendrá derecho a percibir el emolumento que la ley respectiva señale.Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, los ayuntamientos, las dependencias y cualquier otro ente de la administración pública estatal y municipal del Estado de Hidalgo, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La infracción a las disposiciones previstas en este Título será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO - DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 158. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Las iniciativas que tengan este objeto deberán estar suscritas por el Gobernador o por tres Diputados cuando menos, por el Tribunal Superior de Justicia, o por diez Ayuntamientos como mínimo, o por el Procurador General de Justicia en su ramo. Estas iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos para la expedición de leyes señalados por esta Constitución, pero requerirán de la aprobación cuando menos de los dos tercios del número total de Diputados.
Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá someterse a la sanción de los ayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente, cuando así lo expresen la mayoría de ellos.
Artículo 159. Esta Constitución mantendrá su vigencia aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por algún trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, en atención a que se mantiene la vigencia de esta Constitución con arreglo a ella y a las Leyes que en su virtud se hubiesen expedido, serán juzgados tanto los que hubieran figurado en el gobierno de la rebelión como los que hubieran cooperado con éste.