Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/231208/ley-8-2015-de-25-de-marzo-de-transparencia-de-la-actividad-publica-y-participacion-ciudadana-de-ar
Timestamp: 2017-10-18 00:03:57
Document Index: 159826129

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 61', 'artículo 71', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 105', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 52', 'Artículo 52']

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 8/2015, DE 25 DE MARZO, DE TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ARAGÓN (BOA NÚM. 68 DE 10 DE ABRIL)
BOE 115 DE 14 DE MAYO
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artículo 71.1.ª y 7.ª, de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril (RCL 2007, 822 y 2223), de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, la competencia exclusiva para la «creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno», así como sobre «el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia», respetando los límites que marca la legislación básica del Estado en materia de procedimiento administrativo común, de tal manera que se garantice un tratamiento igual ante las Administraciones públicas. En coherencia con ello, por medio del artículo 61 del citado Estatuto, la Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su Administración propia conforme a la ley.
Asimismo, el artículo 71.27.ª del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de «encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de la regulación del referéndum y de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875)».
La regulación de medidas que promuevan la transparencia política y administrativa, así como la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos públicos, se ha ido perfilando en los últimos años a nivel europeo, tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2000, 3480) proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, como en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea aprobado por la Comisión el 25 de julio de 2001. Asimismo, de especial relevancia resultan los parámetros definidos por el convenio 205 de 2009, del Consejo de Europa, sobre Acceso a los Documentos Públicos, que en su preámbulo resalta la importancia de la transparencia de las autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista.
La adaptación de nuestro modelo de Administración pública a este escenario se ha convertido en centro de atención para el legislador estatal. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya estableció los primeros pasos en esta línea, al señalar en su artículo 3.5 que, en sus relaciones con los ciudadanos y las ciudadanas, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y participación. Esta normativa ha sido posteriormente desarrollada por medio de otros textos legales, como la Ley 11/2007, de 22 de junio (RCL 2007, 1222 y 1293), de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, o la Ley 37/2007, de 16 de noviembre (RCL 2007, 2081), sobre reutilización de la información del sector público. Sin embargo, será la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (RCL 2013, 1772), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la que suponga un avance definitivo en la materia, reforzando la transparencia en la actividad pública y garantizando el derecho de acceso a la información. Así, la presente ley tiene por objeto desarrollar, completar y ampliar las obligaciones que contiene esta norma básica estatal en materia de transparencia, así como establecer los mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos que reconoce a los ciudadanos y las ciudadanas.
Nuestra Comunidad Autónoma carece de una normativa específica que desarrolle esta materia, habiéndose regulado la misma de manera parcial, fragmentada y sectorializada. El texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio (LARG 2001, 224), del Gobierno de Aragón, establece que la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma se ajustará, entre otros, a los principios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales; eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos; planificación, gestión por objetivos y control de los resultados; servicio efectivo y acercamiento de la Administración a la ciudadanía; así como de transparencia y publicidad, con objeto de garantizar la efectividad de los derechos que la legislación atribuye a los ciudadanos y las ciudadanas.
Por su parte, la política de participación ciudadana impulsada en nuestra Comunidad Autónoma ha permitido generar progresivamente una nueva cultura política y administrativa para la construcción de un Gobierno y una Administración relacional, basados en la cercanía y la relación directa con los ciudadanos y las ciudadanas. Como reflejo de esta tendencia, la reciente Ley 5/2013, de 20 de junio (LARG 2013, 270), de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que liga la calidad de las políticas públicas, entre otros criterios, con la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el interés público. Esta apuesta exige la regulación de ese modelo de participación ciudadana impulsado en los últimos años, reconociendo a nivel legal el proceso de participación ciudadana como instrumento de debate público para las políticas públicas del Gobierno de Aragón. La presente ley se dirige a la promoción de espacios concretos impulsados por el Gobierno de Aragón que garantizan una participación sustentada en los principios de igualdad, transparencia, pluralismo y corresponsabilidad.
La ley desarrolla los dos aspectos que conforman la transparencia en la actividad pública, la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El capítulo II, referido a la publicidad activa, establece la obligación de difundir una amplia información, de manera obligatoria, gratuita y en condiciones de veracidad, accesibilidad, objetividad, a través de medios electrónicos. Se parte de las obligaciones que establece en materia de publicidad activa la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (RCL 2013, 1772), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya estructura se mantiene, y se amplían aspectos como los relativos a la transparencia política, la información sobre el empleo público y sobre la ejecución de los contratos, entre otros.
Finalmente, la ley contiene las disposiciones necesarias para establecer los distintos regímenes transitorios y de habilitación para su desarrollo reglamentario. Aunque se prevé su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», se contempla un plazo mayor para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
l) El principio de accesibilidad, velando por su incorporación para que el diseño de las políticas y el conjunto de las actuaciones públicas garanticen el principio de accesibilidad universal, tal y como está definido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (RCL 2013, 1746), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local, siempre que se encuentren adscritos a una Administración pública aragonesa.
Artículo 5. Derecho a la información pública
Artículo 6. Obligaciones de transparencia
Artículo 7. Obligaciones de los prestadores de servicios públicos y personas privadas que ejerzan potestades administrativas
Artículo 8. Otros sujetos obligados
Artículo 9. Obligaciones de suministrar información
Artículo 10. Límites a las obligaciones de transparencia
Artículo 12. Información institucional y organizativa
Artículo 13. Transparencia política
Artículo 14. Información sobre planificación
Artículo 15. Información de relevancia jurídica
Artículo 16. Información sobre contratos
Artículo 17. Información sobre convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios
Artículo 19. Información financiera, presupuestaria y estadística
Artículo 20. Información sobre relaciones con la ciudadanía
Artículo 21. Información sobre los resultados de investigación
Artículo 22. Información sobre ordenación del territorio y medio ambiente
Artículo 23. Apertura de datos
3. Los nuevos conjuntos de datos generados por la formalización de contratos, convenios, acuerdos, conciertos, subvenciones u otras figuras jurídicas en las que se plasme la relación del Gobierno de Aragón y otras entidades se dispondrán como conjunto de datos abiertos, siempre que sea posible. Para ello se fomentará que dichos instrumentos jurídicos contengan una cláusula «open data« que garantice la efectiva liberación de los conjuntos de datos.
Artículo 24. La reutilización de la información pública
Artículo 25. Derecho de acceso a la información pública
1. Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre, como en nombre y representación de las personas jurídicas legalmente constituidas, tienen derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española (RCL 1978, 2836), en la normativa básica en materia de transparencia y en esta ley.
Artículo 27. Solicitud de información pública
Artículo 29. Comunicación previa tras el recibo de la solicitud
Artículo 30. Causas de inadmisión
Artículo 31. Plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio
Artículo 34. Acceso a la información y condiciones de utilización
Artículo 35. Información sobre violencia y represión durante la Guerra Civil y el Franquismo
Artículo 36. Reclamación en materia de acceso a la información pública
3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros, se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
Artículo 37. Consejo de Transparencia de Aragón
Artículo 38. Departamento competente en materia de transparencia
Artículo 39. Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón
Artículo 40. Unidades de transparencia del Gobierno de Aragón
Artículo 41. Control
Artículo 42. Ámbito objetivo de aplicación
Artículo 43. Ámbito subjetivo de aplicación
Artículo 44. Fines del Gobierno de Aragón en el ámbito de la participación ciudadana
Artículo 45. Competencias
Artículo 46. El Programa Anual de Participación Ciudadana
Artículo 47. Portal de Participación Ciudadana
Artículo 48. Fichero de Participación Ciudadana
Artículo 49. Derecho de participación
Artículo 50. Derecho de información para la participación ciudadana
Artículo 51. Derecho a formular propuestas de actuación y regulación o sugerencias
Artículo 52. Instrumentos de participación ciudadana
Artículo 53. Instrumentos de consulta popular
Artículo 54. Procesos de deliberación participativa para la adopción de políticas públicas o durante la ejecución de las mismas
Artículo 55. Encuestas y estudios de opinión
Artículo 56. Participación ciudadana y Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Artículo 57. Órganos de participación ciudadana
Artículo 58. Informe de evaluación
Artículo 59. Medidas de fomento para las entidades locales
Artículo 60. Medidas de fomento para las entidades ciudadanas
Artículo 61. Distintivo de buenas prácticas en materia de participación
Artículo 62. Programas de formación para la participación ciudadana
Se modifica el artículo 52 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio (LARG 2001, 224), pasando a tener la siguiente redacción:
«Artículo 52.– Derecho de acceso a la información pública.