Source: https://www.caja-pdf.es/2017/03/25/informetierraymujer-redes/
Timestamp: 2019-10-16 08:29:18
Document Index: 142443125

Matched Legal Cases: ['Artículo 113', 'Artículo 131', 'Artículo 139', 'artículo 20', 'Artículo 73', 'Artículo 63', 'Artículo 48']

InformeTierraYMujer Redes - Caja PDF
InformeTierraYMujer Redes .pdf
Nombre del archivo original: InformeTierraYMujer_Redes.pdf
Este documento en formato PDF 1.7 fue generado por Adobe InDesign CC 2014 (Windows) / Adobe PDF Library 11.0, y fue enviado en caja-pdf.es el 25/03/2017 a las 00:15, desde la dirección IP 201.131.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1518 veces.
Tamaño del archivo: 2.6 MB (78 páginas).
InformeTierraYMujer_Redes.pdf (PDF, 2.6 MB)
Propuestas políticas de las mujeres rurales
centroamericanas para el acceso a la tierra
Un informe de la:
Introducción....................................................................................................... 5
Resumen ejecutivo............................................................................................. 8
1. Las mujeres y la tierra................................................................................... 19
1.1 Mujeres, tierra y poder	19
1.2 Mujeres, tierra y soberanía alimentaria	21
1.3 Mujeres invisibles	21
2. El acceso de las mujeres a la tierra en Centroamérica............................ 24
2.1 Reformas Agrarias con exclusión de género	24
2.2 Las mujeres rurales centroamericanas y el acceso a la tierra	27
2.3 Barreras de acceso a la tierra para las mujeres centroamericanas	29
3. Análisis por país............................................................................................. 32
3.1 Guatemala	32
Concentración de la tierra en Guatemala	33
La brecha de género en acceso a la tierra en Guatemala	35
Barreras culturales, legales e institucionales	36
Fontierras y las reglas de exclusión no escritas
3.2 Nicaragua	40
Reforma y Contrarreforma Agraria en Nicaragua	40
Brecha de género en el acceso a la tierra en Nicaragua	43
El Programa Hambre Cero o la oportunidad perdida
Barreras legales e institucionales	48
3.3 El Salvador	49
Acceso a la tierra en El Salvador	49
La brecha de género en el acceso a la tierra en El Salvador	51
Barreras legales e institucionales	53
3.4 Honduras	55
Reforma agraria en Honduras y exclusión de las mujeres	55
Barreras que impiden el acceso de las mujeres a la tierra en Honduras	57
4. Conclusión: Acabar con la desigualdad.................................................... 58
5. Propuestas de la RECMURIC para que las mujeres campesinas
e indígenas centroamericanas ejerzan su derecho a la tierra................ 60
5.1 Propuestas dirigidas a los Estados Centroamericanos
5.2 Propuestas dirigidas al Gobierno de Guatemala	63
5.3 Propuestas dirigidas al Gobierno de Nicaragua	64
5.4 Propuestas dirigidas al Gobierno de El Salvador	65
5.5 Propuestas dirigidas al Gobierno de Honduras	67
5.6 Propuestas dirigidas al Sistema de Integración Centroamericana	68
Bibliografía......................................................................................................... 69
Siglas y acrónimos.............................................................................................. 71
Anexo 1: Síntesis del marco legal relacionado con el acceso de las mujeres a la tierra..... 72
Anexo 2: Indicadores estadísticos........................................................................... 74
Anexo 3: Marco metodológico del estudio.............................................................. 75
© Laura Martinez Valero / Oxfam
Para las mujeres que integramos la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y
Campesinas (RECMURIC) es una gran satisfacción presentar este Estudio que contiene
información muy importante que ha brotado de lo más profundo del ser de las mujeres
rurales indígenas y campesinas de Centroamérica, quienes por muchos años hemos vivido
en total desigualdad en el ejercicio de nuestros derechos, en especial el derecho a la tierra.
Cuando nos planteamos realizar el presente estudio pensamos, no queremos hablar tanto
de los problemas que estamos enfrentando porque eso todo el mundo lo sabe. Sin embargo la realidad es otra, porque en la práctica no encontramos muchos informes o estudios
que reflejen nuestra situación. Eso nos inspiró y dijimos, si nadie los hace pues nosotras
mismas tenemos que hacerlo, y así fueron surgiendo las ideas.
Esta contribución, aunque modesta, busca hacer visibles las grandes desigualdades que las
mujeres narran en relación al derecho de contar con un pedazo de tierra, rescata las voces
de las mujeres productoras, y pone sobre la mesa nuestras propuestas y demandas a los
estados de la región para que den respuesta o contribuyan a erradicar las desigualdades
que hoy enfrentamos las mujeres rurales en Centroamérica.
Esta publicación forma parte de una de las grandes apuestas de RECMURIC y se enmarca
dentro de su estrategia de influencia. Aunque ahora sólo abarque la participación de 4
países, esta experiencia nos anima a que es necesario ampliar la participación de otras mujeres y seguir descubriendo las otras realidades a las cuales nos enfrentamos las mujeres
rurales. Porque hablamos de la Tierra como un derecho que tenemos, y si la tierra estuviera en nuestras manos no dependeríamos de otros para tomar las mejores decisiones, pues
eso nos lleva a enfrentar situaciones como la violencia y la discriminación, y muchas veces
hasta privarnos de libertad.
Las mujeres de las tres redes que participamos directamente de este estudio reivindicamos
la necesidad de trabajar unidas hasta lograr este tan anhelado derecho, e invitamos a todos y
todas a que hagamos nuestras estas demandas y así juntos y juntas contribuir a dar un paso
trascendental en la vida de las mujeres rurales indígenas y campesinas de Centro América.
Agradecemos profundamente a todas las mujeres que dieron sus aportes y compartieron
sus experiencias, a las instituciones del Estado y a las organizaciones amigas que han contribuido con el presente estudio; en especial a Oxfam y su equipo que nos han apoyado
moral y económicamente con el presente estudio al cual le hemos llamado:
Coordinadora de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas
RECMURIC.
Luz Evelia Godines Solano, campesina de la comunidad de La Chiripa, Nicaragua, en su parcela de vivero de café
Las mujeres rurales centroamericanas producen más de la mitad de los alimentos que se
consumen en la región, se ocupan de tareas clave en las explotaciones familiares y atesoran
un conocimiento tradicional sobre cómo producir de forma sostenible o conservar las
semillas nativas. A lo largo de su interminable jornada de trabajo ellas atienden los huertos
familiares, alimentan a los animales, siembran, cosechan y procesan el maíz, recogen la leña,
buscan el agua, cuidan de los niños y mayores, participan en comités vecinales y a menudo
complementan los ingresos familiares con distintos trabajos fuera del hogar.
Pese a estas múltiples responsabilidades, su papel como productoras no es reconocido y
su aporte económico no queda registrado en las cuentas nacionales. Relegadas a la esfera
doméstica y sometidas a la autoridad patriarcal, escasamente participan en las organizaciones campesinas e indígenas y mucho menos en las decisiones sobre políticas públicas que
las afectan directamente.
La desigualdad que afecta a las mujeres rurales centroamericanas se enmarca dentro de un
problema global de desigualdad más amplio y que se vive de forma acuciante en América
Latina, la región más inequitativa del mundo, donde la riqueza extrema convive con la ex-
trema pobreza. Los procesos democráticos han sido secuestrados por élites que acaparan
el poder político y económico, imponiendo reglas del juego favorables a sus intereses a
costa de la amplia mayoría de la población y perjudicando a las mujeres de forma desproporcionada (Oxfam 2014). Esto perpetúa los mecanismos de exclusión y generación de
pobreza de forma particular en las áreas rurales, donde los intereses del capital predominan sobre aquellos de las poblaciones más vulnerables.
En este escenario de desigualdad, las mujeres rurales son las que más pierden. Según la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en todo
el mundo las mujeres apenas manejan el 18% de las explotaciones agrícolas, reciben sólo
el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica (FAO 2010). Pese a que en todos los
países se han promulgado leyes que reconocen explícitamente la igualdad de derechos en
un sentido amplio entre hombres y mujeres, la brecha sigue ampliándose y en la práctica
las mujeres tienen cada vez menos tierra, de peor calidad y con menor seguridad jurídica.
Las barreras que impiden a las mujeres acceder a la tierra son complejas, dependen de
cada contexto y responden a una combinación de factores históricos, legales, estructurales
y culturales. Con el fin de comprender mejor esta problemática y proponer acciones de
política pública que contribuyan a reducir la brecha de género, la Red Centroamericana de
Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) ha encargado el presente estudio
centrado en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco del proyecto Fortaleciendo la Influencia en la Gobernanza sobre Seguridad Alimentaria de las principales redes
de pequeños/as productores/as de América Latina.
Los objetivos planteados para el estudio fueron: (1) analizar en profundidad la desigualdad
que existe en el derecho de las mujeres al acceso y propiedad de la tierra en Centroamérica (con especial énfasis en mujeres rurales, indígenas y campesinas en Nicaragua, El
Salvador, Honduras y Guatemala); (2) reflejar el porqué de la importancia de que la tierra
esté en manos de las mujeres, partiendo de su lucha, experiencia y del trabajo productivo que ellas hacen aportando a la economía y el desarrollo de la región; (3) colocar las
propuestas políticas que existen desde diferentes espacios de la RECMURIC para hacer
frente y encontrar soluciones a esta desigualdad y (4) sensibilizar a diferentes públicos
externos -políticos, tomadores de decisión, ciudadanía, medios de comunicación- sobre la
Para desarrollar la investigación se realizó una revisión de la literatura disponible y se
visitaron tres de los cuatro países (a excepción de Honduras) donde se llevaron a cabo
grupos focales y entrevistas con las propias mujeres rurales, indígenas y campesinas, las
organizaciones que las representan, centros de estudio, instituciones del gobierno y organismos internacionales de desarrollo (ver el Anexo 3 para la descripción de la metodología
Este informe comparte los resultados del análisis y las propuestas de las organizaciones de
mujeres centroamericanas para cerrar la brecha de género en el acceso a la tierra. La primera sección argumenta por qué es importante ampliar el acceso de las mujeres a la tierra
y a la propiedad, su relación con otros derechos fundamentales y su impacto sobre aspectos clave como la soberanía y seguridad alimentaria y el desarrollo económico local. La
segunda sección expone los problemas comunes que enfrentan las mujeres para acceder
a la tierra en la región centroamericana; no sólo las barreras impuestas por instituciones
formales (leyes, etc.), sino también las derivadas de normas y prácticas informales, condicionadas por una visión patriarcal. La tercera sección realiza un análisis diferenciado para
cada uno de los países estudiados que permita entender los distintos contextos y dinámicas con sus particularidades e impactos, incluyendo los marcos legales e institucionales que
explican posibles aspectos discriminatorios así como algunas medidas de política pública
que reconocen o promueven la equidad de género. Por último, la cuarta sección plantea
las principales conclusiones del estudio y el conjunto de medidas de política pública que
proponen las organizaciones nacionales y la RECMURIC con el fin de mejorar de manera
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en cuanto al derecho a la tierra.
Si nosotras tuviéramos la tierra no se destruiría tanto. Nos gusta cuidar la tierra porque la
tierra da vida. Igual que nosotras, que también damos vida.
Mujer indígena guatemalteca
Que las mujeres tengamos el título de propiedad significa también una seguridad para los
demás. Los hombres ni siquiera tienen la escritura cuando ya están vendiendo, pero nosotras
somos más cuidadosas porque pensamos en el bienestar de nuestros hijos. Por eso, que nosotras seamos dueñas de la parcela da más seguridad para conservar la tierra.
Mujer campesina salvadoreña
En mi comunidad las mujeres siembran pepino, cebolla y rábano en un pedacito cerca de sus
casas, pero apenas es para adornar un poco el plato familiar. No da para que puedan ir al
mercado con esos productos y puedan sobrevivir.
Mujer campesina nicaragüense
La Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) surgió del Encuentro Regional realizado del 22 al 24 de octubre de 2012 por tres
coordinaciones de organizaciones de mujeres rurales:
La Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir,
constituida en Guatemala en 2012 durante el V Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. La integran 50 agrupaciones de seis regiones, las cuales
representan aproximadamente a 18,000 mujeres, que a lo largo de las décadas se
han ido fortaleciendo y organizándose en diversos espacios tanto mixtos como
de mujeres. Los ejes de lucha definidos en 2012 son: (1) el acceso a la tierra y la
soberanía alimentaria, (2) la defensa del territorio y (3) una vida libre de violencia.
La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales trabaja en El
Salvador con más de 50,000 mujeres a nivel nacional. Está integrada por diversas organizaciones de mujeres: la Secretaría de la Mujer de las Asociación de Comunidades
para el Desarrollo de Chalatenango (CCR), la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), la Asociación Agropecuaria de Mujeres Rurales Produciendo la Tierra
(AMSATI), la Red de Mujeres Protagonistas de Cambios (RMPC), el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), el Movimiento Salvadoreño de
Mujeres (MSM) y la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (MAM), la
Fundación REDES y la Mesa Nacional de Mujeres Rurales con el acompañamiento de
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La Coordinadora de Mujeres Rurales en Nicaragua es una alianza de organizaciones cooperativas, comisiones y asociaciones municipales y comunitarias que aglutina a 112 cooperativas, representando en total a más de 10,000 mujeres organizadas.
Más de diez millones de mujeres rurales viven en El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua conjuntamente. La mayoría son mujeres campesinas e indígenas que cada día
trabajan más de quince horas para asegurar la subsistencia y la alimentación de sus familias,
desempeñando un papel fundamental en las frágiles economías rurales de la región. Ellas
atienden los huertos familiares, alimentan a los animales, siembran, cosechan y procesan el maíz,
recogen la leña, buscan el agua, cuidan de niños y mayores, participan en comités vecinales y a
menudo complementan los ingresos familiares con distintos trabajos fuera del hogar.
Son las mujeres quienes se ocupan de producir los alimentos básicos para el hogar, y además
de asumir tareas clave en las explotaciones familiares han diversificado la producción en sus
patios con el fin de producir para el mercado local. Este valioso aporte productivo se suma a
las responsabilidades de cuidado de la familia y la participación comunitaria; una triple tarea
no remunerada ni tampoco reconocida a pesar de ser esencial para la sobrevivencia familiar,
la cohesión social y el bienestar comunitario.
El papel de las mujeres rurales como productoras agrícolas no es visible, a pesar de su importantísima contribución a las economías locales y a la seguridad y soberanía alimentaria.
El último censo agropecuario de Nicaragua, por ejemplo, apenas contabilizaba 61,000 mujeres productoras agrícolas respecto a una población total de 1,100,000 mujeres rurales.
Las cuentas nacionales y las estadísticas de empleo tampoco incluyen en sus cálculos el aporte
económico de las mujeres ni las consideran población ocupada. En toda la región de América
Latina, de 58 millones de mujeres rurales sólo 17 millones son reconocidas como parte de la
población económicamente activa. Esto tiene graves implicaciones cuando tratan de optar a
programas estatales de adjudicación de tierras o de fomento productivo. Es el caso de El Salvador, donde muchas mujeres son excluidas como demandantes de tierra porque la ocupación
que registra su documento oficial de identidad es la de ama de casa en lugar de agricultora.
La brecha de género en el acceso a la tierra
En todos los países existen leyes que reconocen la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, pero se da una profunda brecha entre la igualdad formal y la igualdad real ya que
en la práctica las mujeres rurales cada vez tienen menos tierra, de peor calidad y
con menor seguridad jurídica.
La mayoría de las mujeres centroamericanas cultivan una tierra que no les pertenece, sino
que acceden a ella a través del alquiler, la mediería, el préstamo o el colonato. Esto implica que
no pueden decidir libremente qué y cómo producir, no saben si el siguiente año podrán volver a
sembrar y deben entregar una parte de la cosecha o de los beneficios al propietario de la tierra.
Con la expansión imparable del monocultivo industrial -entre 1990 y 2010 las áreas destinadas al
cultivo de caña y palma africana se han duplicado y cuadruplicado respectivamente en la regióncada vez les resulta más difícil y más caro encontrar un pedazo de tierra donde cultivar.
La brecha de género en el acceso a la tierra no ha dejado de ensancharse. Según los últimos
datos disponibles las mujeres apenas poseen el 12% de la tierra en Honduras y
utilizan el 15% en Guatemala. En el caso de El Salvador, sólo el 13% de los títulos
de propiedad están a nombre de una mujer.Y en Nicaragua el 23% de las explotaciones agrícolas están manejadas por mujeres, siendo explotaciones significativamente más pequeñas que las que manejan los hombres.
Por qué es importante que las mujeres accedamos a la tierra
La falta de tierra impide a las mujeres acceder a otros recursos y servicios esenciales como el crédito y la asistencia técnica. Sin una parcela que aportar como garantía
no es posible obtener un préstamo formal. También las excluye de la mayoría de los programas estatales de inversión productiva y asistencia técnica, que a menudo exigen contar
con tierra propia donde desarrollar la producción.
Por otro lado, la tierra es uno de los principales factores que condicionan las relaciones
de poder. Se ha demostrado que una mujer sin tierra está más subordinada al hombre
y participa menos en las decisiones familiares y comunitarias. Al no contar con bienes
propios su posición de resguardo es más débil, lo que la hace más vulnerable a la violencia
machista. Por el contrario, cuando las mujeres ejercen su derecho a la tierra se ven fortalecidos otros derechos, aumenta su autoestima y la aceptación social.
Dadas las escasas posibilidades que tienen las mujeres rurales de obtener ingresos propios,
la posesión de un activo como la tierra se traduce en un cambio significativo que les permite avanzar en su autonomía económica. Se ha demostrado que esto además repercute
en el bienestar de las familias ya que cuando las mujeres deciden sobre el gasto familiar
priorizan la inversión en alimentación, salud y educación.
Pero más allá del beneficio personal y familiar, ampliar el acceso de las mujeres a la tierra y otros activos productivos, así como a la asistencia técnica y financiera mejoraría la productividad agrícola hasta un 30%, lo que ayudaría a erradicar el hambre y la pobreza rural. Permitiría
disponer de más alimentos y a menores precios en el mercado, contribuyendo a alcanzar la soberanía alimentaria.Y además mejoraría los niveles de empleo y de ingresos en las economías locales.
Políticas agrarias incompletas y con exclusión de género
Todos los países de la región a partir de la década de 1960 emprendieron procesos de
reforma agraria para facilitar el acceso de las poblaciones campesinas a la tierra a través
de dos vías principales: la adjudicación colectiva a cooperativas y asociaciones campesinas
y la adjudicación individual a familias. En ambos casos se asumió como un hecho que las
familias en su conjunto se verían favorecidas si la tierra se registraba a nombre de quien
tradicionalmente se consideraba el “jefe de familia”, es decir, el hombre. Pero descuidaron
una cuestión esencial: no sólo es importante que la familia ejerza su derecho a la
tierra; también importa quién ejerce ese derecho dentro de la familia.
En los primeros procesos de reforma agraria la participación de las mujeres fue minoritaria, apenas del 4% en Honduras o el 10% en Guatemala. En años recientes se ha buscado
ampliar el acceso de las mujeres a la tierra. Pero las medidas de inclusión llegaron demasiado tarde, cuando ya apenas quedan tierras por distribuir, y han sido muy
difíciles de implementar. Su puesta en marcha coincidió con el final de la intervención
estatal y el predominio de las reglas del mercado.
El Fondo de Tierras de Guatemala (Fontierras) es el exponente principal de una política de
acceso a la tierra dirigida por el mercado. En lugar de un mecanismo de redistribución, se
convirtió en un medio para que los grandes propietarios se deshicieran de sus peores tierras a
precio sobrevalorados que asumieron las cooperativas campesinas y posteriormente el Estado.
La gran carencia de los procesos de reforma agraria en la región es que no fueron integrales, pues la entrega de tierras no se acompañó de la necesaria inversión productiva ni
el acompañamiento técnico y financiero o de acceso al mercado. Por ello fracasaron en
su intento de modificar la estructura de tenencia ya que la mayoría de los adjudicatarios
no fueron capaces de alcanzar un uso productivo rentable y terminaron abandonando o
vendiendo la tierra. La exclusión de género también contribuyó a la reconcentración, pues
aunque en general las mujeres se resisten más que los hombres a desprenderse de la tierra,
al carecer de derechos legales no pudieron evitar la venta masiva.
Los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la tierra son complejos, se
refuerzan entre sí y dependen de cada contexto específico, si bien es posible identificar aspectos comunes en todos los países estudiados. La principal barrera cultural es que no se
reconoce a las mujeres rurales como productoras agrícolas pues todas las tareas
que llevan a cabo en la unidad familiar son asimiladas como una extensión del trabajo doméstico, igualmente invisible e infravalorado. En general se toma a la familia como referencia
de la unidad productiva y al hombre como el jefe de familia, situándolo en el centro de las
políticas y programas de redistribución de tierras y de asistencia al desarrollo agropecuario.
Por su parte, las organizaciones campesinas e indígenas tradicionalmente han excluido a las
mujeres como socias y en los órganos de dirección. Esto les impide participar en las decisiones y en
los beneficios, y sobre todo acceder a la tierra a través de los programas estatales de distribución
y titulación colectiva. Por ello las mujeres organizadas demandan cambios en las leyes que rigen los
sistemas de cooperativas. Es el caso de El Salvador, donde la Alianza de Mujeres Cooperativistas
ha planteado una serie de reformas a la Ley General de Asociaciones Cooperativas, encaminadas
entre otras cosas a garantizar una participación activa, igualitaria y equitativa en las decisiones,
disposición y control de los recursos de las cooperativas así como en el goce de los beneficios.
En ocasiones son las propias mujeres quienes renuncian a sus derechos debido a imposiciones
culturales socialmente aceptadas. Por ejemplo en la herencia, a pesar de la igualdad de derechos
consagrada en las leyes nacionales, a menudo en la práctica las mujeres viudas ceden las tierras
que les corresponden a favor de sus hijos varones para que ellos asuman la explotación familiar.
Maria Lidia Guardado, campesina salvadoreña
La legislación y los programas de adjudicación y titulación de tierras en la región
han excluido explícita o implícitamente a las mujeres. Recientemente se han dado
algunos avances, aunque no suficientes, al reconocer tanto a mujeres como a hombres
como sujetos de los programas estatales de adjudicación de tierras independientemente
de su estado civil. En el caso de El Salvador esto ha permitido incrementar la participación
de mujeres en los programas de titulación, si bien el factor decisivo ha sido una clara voluntad por parte de la institución responsable.
Sin duda la reforma legal con mayor impacto ha sido la titulación conjunta o titulación
mancomunada a nombre de ambos miembros de la pareja. Esta medida impide que el hombre venda o alquile la tierra sin el acuerdo de la mujer y protege los derechos de herencia
de las mujeres viudas. Pero su puesta en práctica se ha enfrentado a obstáculos institucionales y culturales que han requerido esfuerzos importantes de sensibilización, tanto
hacia los funcionarios de las instituciones como hacia las familias y las propias mujeres. En
Nicaragua gracias a estos esfuerzos se logró pasar de menos de un 10% de participación
femenina en la titulación entre 1981 y 1990 a más de un 30% a partir de 1994.
En Guatemala, sin embargo, pese a que la ley de creación de Fontierras obliga a emitir los
títulos de propiedad a nombre de ambos miembros de la pareja, en la práctica la mayoría
de las adjudicaciones se realizan a través de empresas asociativas o de cooperativas cuyos
socios son casi exclusivamente hombres.
La desigualdad que afecta a las mujeres rurales centroamericanas se enmarca dentro de
un problema global de desigualdad más amplio y que se vive de forma acuciante en América Latina, la región más inequitativa del mundo, donde la riqueza extrema convive con
la extrema pobreza. Esta crisis de desigualdad es resultado del secuestro de los sistemas
democráticos por las élites económicas, que logran imponer reglas del juego favorables
a sus intereses a costa de la amplia mayoría de la población y en especial de las mujeres.
En las áreas rurales de Centroamérica el reparto de la tierra y la riqueza es cada vez más
injusto y desigual. Las familias campesinas e indígenas, que constituyen la inmensa mayoría
de la población rural y sostienen la producción de alimentos básicos, siguen siendo expulsadas de las mejores áreas de cultivo mientras que la caña de azúcar, la palma africana y las
plantaciones forestales acaparan la tierra y el agua.
En este escenario son las mujeres las que más pierden. Pese a los avances hacia una mayor
equidad de género en los ámbitos legal, político e institucional, aún pesan más las barreras
estructurales y culturales profundamente arraigadas que en la práctica las excluyen del
acceso a la tierra y otros medios para producir. Porque es fundamental reconocer que la
tierra por sí sola no basta. Sin la necesaria inversión productiva, los servicios financieros,
la asistencia técnica y el acceso a los mercados la tierra deja de cumplir su función social y
termina siendo abandonada o vendida.
Por ello una política agraria debe abordar integralmente los problemas que enfrentan las
familias campesinas e indígenas, no sólo el acceso a la tierra, y garantizar los derechos de
todas las mujeres rurales. Las siguientes son las medidas de política pública que proponen
la RECMURIC y las organizaciones de mujeres rurales campesinas e indígenas centroamericanas con el objetivo de cerrar la brecha de desigualdad.
Propuestas dirigidas a los Estados Centroamericanos
El primer paso para superar la desigualdad de género en el acceso a la tierra consiste en
reconocer a las mujeres como ciudadanas plenas, sujetas de derechos y actores
económicos clave en la economía familiar y nacional. Es fundamental superar la visión de
“mujeres vulnerables” que ha justificado los programas asistencialistas para pasar a una visión de “mujeres productoras sujetas de derechos” que reconozca explícitamente nuestra
contribución al desarrollo y nuestra capacidad de contribuir con propuestas transformadoras al diseño de políticas públicas. Por ello demandamos a todos los Estados:
Transformar el imaginario colectivo que ignora a las mujeres como
productoras, haciendo visible nuestra importante contribución al desarrollo local, el bienestar familiar, el equilibrio territorial, la soberanía
alimentaria y la cohesión social.
Reconocer el rol productivo de las mujeres rurales, campesinas e indígenas, y tenerlo en cuenta en la formulación de programas y políticas públicas.
En los programas de adjudicación y titulación de tierras:
Garantizar que en todas las tierras pendientes de obtener un título legal de propiedad se lleve a cabo la titulación mancomunada a nombre de ambos
cónyuges o convivientes.
Llevar a cabo una restitución de derechos en las adjudicaciones colectivas a
cooperativas o empresas campesinas donde las mujeres hemos resultado mayoritariamente excluidas.
Acompañar el acceso a la tierra con el acceso a otros recursos productivos esenciales como el agua, la infraestructura productiva y de transporte, el crédito
y otros servicios financieros, la tecnología y los canales de comercialización,
para avanzar de forma efectiva en el empoderamiento de las mujeres rurales, indígenas y
En los programas de desarrollo productivo:
Incorporar de manera efectiva el enfoque de género en todos los programas de
atención a la agricultura familiar y de subsistencia, así como en programas de combate
a la inseguridad alimentaria, garantizando la participación real en condiciones de igualdad y en todas las acciones, no solamente en las labores tradicionalmente asignadas a
las mujeres sino en otros eslabones de la cadena de mayor valor agregado.
Tanto en la planificación como en el monitoreo y la evaluación técnica y financiera
de los programas desagregar los datos por sexo con el fin de poder evaluar
el alcance de los mismos y la efectiva aplicación de las políticas institucionales de
género en la práctica.
En las estadísticas y cuentas nacionales:
Revisar en las guías metodológicas la definición de productor/a que aplican los
censos agropecuarios nacionales para que reconozcan y hagan visible el papel de las mujeres, con el fin de dimensionar nuestro aporte real a la economía y
a la seguridad y soberanía alimentaria.
Desagregar los datos estadísticos por sexo, especialmente el de tenencia de la
tierra pero también los datos de acceso a tecnología de riego, insumos agrícolas,
crédito y otros recursos productivos, con el fin de conocer la magnitud de la brecha de género y adoptar decisiones de política pública con base en información.
Presentar datos desagregados por sexo en los presupuestos nacionales y las
cuentas de resultados del gasto público en el ámbito agropecuario.
En los mecanismos de herencia:
Registrar legalmente a nombre de las mujeres la parte proporcional de la tierra que le corresponde como bienes adquiridos dentro de la pareja o matrimonio.
Proteger los derechos de las mujeres viudas junto a los derechos de los hijos.
En las organizaciones campesinas e indígenas:
Promover la participación de las mujeres como socias en igualdad de derechos y obligaciones así como en los órganos de dirección y toma de decisiones.
Establecer cuotas de participación de mujeres, especialmente en los órganos
de dirección, como medida de discriminación afirmativa y mecanismos efectivos para asegurar que tienen voz y que logran influir en las decisiones.
Propuestas dirigidas al Gobierno de Guatemala
Desde la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir
denunciamos todos los errores y abusos cometidos por el Fondo de Tierras, institución
que discriminó a las mujeres sin hijos, ignoró las solicitudes de mujeres organizadas, vendió parcelas de mala calidad a precios muy por encima de su valor y no brindó apoyos de
calidad y oportunos para desarrollar proyectos productivos.
También rechazamos los programas asistencialistas y clientelares que provocan división en
nuestras comunidades y son aplicados de manera autoritaria sin tomar en cuenta nuestras
propuestas, además de ser insuficientes para garantizar el buen vivir al que nosotras aspiramos.
Como alternativa, definimos los siguientes planteamientos dirigidos al Gobierno de la República de Guatemala:
Aprobar y dotar de presupuesto una Política pública de acceso a la tierra para mujeres campesinas e indígenas, con mecanismos específicos, que atienda verdaderamente nuestra demanda de tierras para lograr la soberanía alimentaria. Esta política tiene que
adjudicar terrenos fértiles, a precios simbólicos que no dependan de las reglas del mercado,
con subsidios suficientes para la producción, acompañamiento jurídico y acceso a caminos y
Anular las licencias a megaproyectos agrícolas, hidroeléctricos y de minería que
amenazan la vida en nuestras comunidades porque destruyen la naturaleza, generan
conflictos y dan lugar a graves problemas sociales y de seguridad. Exigimos que se
reconozcan y respeten las decisiones de las comunidades expresadas a través de las
consultas comunitarias de buena fe. Rechazamos las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia a estos proyectos y exigimos la anulación de órdenes de captura y la liberación de todos los presos políticos.
Desarrollar el derecho agrario y la institucionalidad agraria que permitan avanzar en
la seguridad jurídica sobre el acceso a la tierra más allá de la propiedad particular,
que en muchos contextos facilita el acaparamiento y la reconcentración de la propiedad.
Identificar a nivel municipal cuáles son las tierras en desuso o que se encuentran bajo
un proceso de extinción de dominio, para que los gobiernos municipales puedan adjudicarlas o cederlas en comodato a mujeres y organizaciones de mujeres campesinas e indígenas.
Establecer una representación legítima de las mujeres rurales, indígenas y campesinas
en el Consejo de Dirección de Fontierras, donde las mujeres podemos hacer
llegar nuestros planteamientos e influir en las políticas institucionales.
Propuestas dirigidas al Gobierno de Nicaragua
Ampliar el acceso de las mujeres nicaragüenses a la propiedad de la tierra y otros activos productivos aportaría importantes beneficios en la lucha contra el hambre y la pobreza rural y contribuiría a una mayor efectividad de los programas impulsados por el Gobierno, especialmente del
Programa Hambre Cero y su mecanismo del Bono Productivo. Por ello desde la Coordinadora
de Mujeres Rurales proponemos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional:
Asignar los recursos del Presupuesto General de la República para iniciar la puesta en marcha del Fondo para la Compra de Tierra con Equidad
de Género para Mujeres Rurales, tal y como obliga la Ley 717.
Poner en marcha de forma inmediata un programa piloto en tres regiones
del país dirigido a 300 mujeres rurales para la adquisición de tierras, un componente de habilitación productiva y acompañamiento técnico. Esto requeriría un
presupuesto aproximado de 50 millones de córdobas (equivalente al 0.06% del
presupuesto general de la República aprobado para 2015).
Adjudicar tierras en poder del Estado para ampliar el Fondo de tierras
(tal y como plantea el reglamento de la ley), incluyendo entre otras las confiscaciones basadas en la Ley de Extinción de Dominio.
Reformar la ley General de Cooperativas (Ley 499) para asegurar la incorporación del enfoque de equidad de género y eliminar la actual exclusión de las mujeres.
Restablecer la autonomía del sector cooperativo (contemplada en el Artículo 113, párrafo segundo) que fue eliminada al trasladar funciones desde el
INFOCOOP al MEFCCA.
Propuestas dirigidas al Gobierno de El Salvador
Las mujeres campesinas e indígenas salvadoreñas contribuimos con nuestro trabajo a la
seguridad y soberanía alimentaria familiar, regional y nacional. Sin embargo no somos reconocidas igual que los hombres y carecemos del mismo acceso a la tierra y otros recursos
imprescindibles para producir.
Por ello desde la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales
proponemos al Gobierno de El Salvador:
Encomendar al ISTA y a las alcaldías realizar un inventario de la tierra disponible,
incluyendo las tierras que fueron adjudicadas por el Estado a cooperativas y excombatientes pero nunca han sido aprovechadas para la producción por distintos motivos.
Basándose en este análisis, desarrollar un paquete de posibles intervenciones
especialmente dirigidas a las mujeres campesinas e indígenas sin tierras. Por ejemplo,
estimulando a que las alcaldías cedan tierra a mujeres organizadas por medio de sistemas de comodato a largo plazo, para que puedan desarrollar iniciativas productivas.
Poner en marcha los mecanismos que garanticen la titulación de tierras a mujeres
rurales individuales y como bien de familia, introduciendo las modificaciones necesarias a la Ley de Tierras y a la Ley de Reforma Agraria para garantizar la incorporación
de mujeres como propietarias de tierras y bienes familiares.
Modificar la forma en que se evalúa la ocupación de “campesino, jornalero o agricultor” para acceder a programas como el de Campesino Sin Tierras del ISTA, basándose
en una verificación de su actividad y no en lo que diga el documento de identidad, y
exigiendo la misma verificación para las mujeres que para los hombres solicitantes.
Aprobar la promulgación del Código Agrario con Enfoque de Género que fue
propuesto en 1999, con el objetivo de velar por los derechos de las personas sin
tierras, en particular las mujeres, y no solamente por los derechos de las personas
propietarias de tierras, como sucede actualmente.
Convertir las mesas de interlocución entre las mujeres y las instituciones
en mecanismos más permanentes e institucionalizados, que actúen como verdaderos
espacios de participación en las decisiones de política pública.
Reformar la Ley General de Asociaciones Cooperativas, con el fin de asegurar la
paridad en la participación de mujeres en las cooperativas existentes mediante acciones afirmativas, así como estimular la creación de cooperativas de mujeres.
Asegurar líneas de créditos blandos en condiciones preferenciales para pequeñas y
medianas productoras, que incluyan seguros de cosecha y se acompañen de asistencia
técnica a través del CENTA y el MAG que responda a las necesidades de las mujeres
sin limitarlas a los roles productivos tradicionales.
En los programas de desarrollo agrícola y productivo:
o	Ampliar la entrega de paquetes de insumos agrícolas a las mujeres.
o	Poner en marcha programas de capacitación microempresarial para mujeres
o	Incluir asistencia productiva a mujeres centrada en áreas de alto valor agregado, sin limitarlas a los roles tradicionales reproductivos y no remunerados
de producción de alimentos para la familia.
o	Incorporar el enfoque agroecológico en todas las capacitaciones y asistencia
o	Eliminar los requisitos de estar registradas como organizaciones legalmente
constituidas y tener tierra en propiedad o en comodato a largo plazo para
poder optar a la asistencia de programas productivos como PRODEMOR.
o	Incorporar a los equipos técnicos a mujeres formadas promotoras o técnicas
agropecuarias para brindar servicios de extensión a otras mujeres.
Propuestas dirigidas al Gobierno de Honduras
Superar la pobreza rural y la brecha de género en Honduras sólo será posible con un cambio del modelo económico-social hacia un desarrollo rural más equitativo y que se base en
la economía campesina y en los mercados locales de alimentos.
Recomendamos específicamente al Gobierno Hondureño:
Facilitar la titulación de tierras a nombre de las mujeres jefas de hogar
para proteger el patrimonio familiar a favor de ellas así como de sus hijas e hijos.
Garantizar la incorporación de un enfoque de género en todos los programas, proyectos e iniciativas de titulación de tierras actualmente vigentes.
Diseñar e implementar un plan de emergencia de distribución de tierra a
las mujeres rurales en las zonas más pobres y con riesgo alimentario.
Aprobar por medio de ley el programa de Crédito Solidario CREDIMUJER,
de manera que las mujeres rurales puedan acceder a préstamos orientados al
desarrollo de rubros que ellas consideren rentables, a bajas tasas de interés y con
garantía solidaria.
Respetar el derecho de consulta a las comunidades sobre concesiones que
tengan que ver con los recursos naturales y cancelar la actual política estatal de
militarización de las zonas rurales.
Aprobar la Ley de Transformación Agraria con Igualdad de Género.
Poner fin a la actual política del Estado de criminalizar las luchas de las
mujeres rurales por su derecho a la tierra, y revertir las medidas tomadas contra
En el caso específico del Bajo Aguán, invitar a expertos internacionales a realizar
investigaciones independientes para esclarecer las disputas sobre tenencia y transferencia de tierras, así como los casos de campesinos asesinados por reclamar su
Propuestas dirigidas al Sistema de Integración
Considerando que el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es un espacio regional que reúne a los distintos Estados y tiene entre sus objetivos alcanzar el bienestar y
la justicia económica y social para los pueblos centroamericanos, así como promover en
forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político
de los Estados miembros y de la región, proponemos las siguientes acciones:
En base a consultas hacia las mujeres rurales, emitir las recomendaciones a
los Estados miembros de la región para que en todos ellos se adopten medidas
que garanticen el desarrollo integral de las mujeres rurales.
Tomar en cuenta a las mujeres rurales en los procesos de formulación de
políticas, planes y programas; en la definición de prioridades, en el fortalecimiento
de capacidades y el establecimiento de sinergias y articulaciones con las instituciones públicas en los diferentes niveles.
Que las mujeres rurales de Centroamérica, organizadas dentro de la RECMURIC,
seamos consideradas como un espacio de consulta y de generación de propuesta y que desde nuestro proceso podamos aportar para la construcción de
iniciativas que buscan garantizar el desarrollo de las mujeres, en especial relacionado a los temas de tierra.
De manera conjunta, generar y profundizar en los estudios que permitan
reflejar la problemática en el acceso al tierra y lo medios de producción para las
Apostar juntas a la búsqueda de iniciativas hasta lograr el pleno ejercicio de los
derechos de las mujeres rurales de Centroamérica.
Profundizar en el apoyo a los procesos de formación para las mujeres rurales
centroamericanas para el
Mujeres, tierra y poder
Ahora que tengo mi manzana de tierra yo puedo decidir qué voy a sembrar, puedo decidir
cómo voy a sembrar, y si voy a sembrar orgánicamente. Porque cuando alquilo tierra es el
dueño quien decide lo que se va a sembrar.
Mujer rural lideresa nicaragüense
La tierra es el activo más importante para las personas pobres que viven en el mundo en
desarrollo, quienes en su inmensa mayoría dependen de la agricultura para subsistir. Las
personas sin tierra o con derechos inseguros sobre ella son las que tienen mayores probabilidades de sufrir la pobreza y el hambre (IFAD 2008). La tierra brinda seguridad y está ligada
a otros recursos productivos vitales como el agua, la leña y los productos del bosque. No
tener tierra impide acceder al crédito y excluye de los programas públicos de inversión y
asistencia productiva. Pero la tierra es mucho más que un recurso económico. Forma parte
de la identidad individual y colectiva y es un factor clave en la vida social y familiar ya que
condiciona las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres (IFAD 2008).
En Centroamérica, décadas de acumulación y despojo han expulsado a cientos de miles de
familias de las mejores tierras y las ha desplazado hacia las laderas de las montañas, las zonas
más áridas y las peor comunicadas. El modelo agrícola dominante, dual y excluyente, prioriza
con incentivos e inversión pública a los grandes empresarios agroexportadores en contra de
la agricultura familiar y la producción de alimentos a pequeña escala. El resultado está a la vista: la pobreza rural generalizada (más de la mitad de la población rural es pobre, llegando
a más del 70% en el caso de Guatemala), la altísima emigración, la inseguridad alimentaria y
la desnutrición infantil crónica son sólo algunos de los problemas endémicos en la región.
Aunque a partir de 1960 todos los países estudiados emprendieron esfuerzos –más o menos
sostenidos- para redistribuir la propiedad de la tierra, las reformas agrarias no lograron el
impacto deseado de garantizar el acceso a las familias rurales pobres y tras ellas se dieron
procesos de contrarreforma que concentraron aún más la propiedad. En los últimos años el
fenómeno del acaparamiento de tierras ha venido a agravar aún más el problema.
Si acceder a la tierra resulta cada vez más difícil para todas las personas –mujeres y hombres- cuyo medio de vida es la agricultura y que necesitan un espacio donde producir, son
las mujeres quienes enfrentan más obstáculos para poder ejercer su derecho a la tierra (ver
el cuadro 1 sobre el derecho a la tierra y otros términos clave). El derecho de las mujeres
a la tierra y a otros recursos productivos resulta fundamental para garantizar su igualdad
en cuanto a otros derechos y un nivel de vida adecuado. Tiene que ver con asuntos tan
relevantes como el empoderamiento económico, la inclusión social o la violencia
machista. Un estudio realizado en Nicaragua demostró que las mujeres propietarias de
tierra tienen menos probabilidad de sufrir la violencia que las que no poseen tierra, dado
que la posesión de bienes propios mejora su posición de resguardo, es decir, su capacidad
para sobrevivir económicamente por fuera del matrimonio (Grabe 2010).
Cuando no tenemos nada las mujeres aguantamos mucho. Cuando una mujer tiene tierra
tiene autonomía económica y ya no depende del hombre y no se siente tan violentada.
Cuadro 1. Acceso, derecho y propiedad de la tierra
Tener acceso a la tierra no necesariamente implica ejercer el derecho a la tierra.
Mientras que el acceso consiste en la posibilidad de trabajar la tierra -lo cual puede
hacerse por medio del alquiler, el préstamo, el comodato u otras formas- el derecho a la tierra es un concepto más amplio que implica una cierta seguridad, así
como la posibilidad de reclamarlo y hacerlo cumplir legalmente. El derecho a la
tierra involucra a su vez:
- el derecho al uso de la tierra, que permite realizar actividades productivas
como la siembra, el pastoreo o la recolección, así como vivir en ella, realizar actividades cotidianas y establecer infraestructura de procesamiento agroindustrial;
- el derecho al control de la tierra, el cual se refiere a la toma de decisiones acerca de cómo la tierra debe ser usada, el derecho a obtener beneficios económicos y a decidir sobre cómo estos beneficios deben ser utilizados;
- el derecho a la transacción de la tierra, que permite o hipotecarla, transferirla a
otras personas, entregarla en herencia o redistribuir los derechos de uso y control.
Tampoco se debe confundir la titularidad del derecho a la tierra con la titularidad
de la propiedad en los términos del derecho civil, pues el primer concepto se
refiere a quién debe ser objeto de las políticas, planes y programas estatales en
términos de derechos humanos. Una persona es titular del derecho a la tierra
aun cuando no tenga título de ninguna clase sobre una porción de ella. Esto debe
entenderse como un mandato para las autoridades públicas, las cuales deben avanzar en la protección de todos los componentes del derecho a la tierra.
Por otro lado, los sistemas de tenencia o propiedad de la tierra se refieren al
conjunto de reglas, normas e instituciones que gobiernan el uso, el control y la
transacción de la tierra y de otros recursos relacionados. Los sistemas de tenencia
gobiernan cómo, cuándo, dónde, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones las
personas tienen acceso a tierra o se encuentran excluidas de dicho acceso. Y se
caracterizan por ser diversos, múltiples, complejos y a menudo contradictorios.
Por último, la seguridad en la tenencia de la tierra es la reconocida capacidad de
una persona de ejercer sus tres derechos a la tierra. Tiene como características la
duración, la protección y la robustez. La duración se refiere a por cuánto tiempo
son válidos los derechos sobre la tierra; la protección se refiere a hasta qué punto
dichos derechos serán protegidos en caso de ser cuestionados o amenazados; y la
robustez se refiere a hasta qué punto pueden ejercerse los derechos sin la interferencia de otras personas.
Fuentes: IFAD (2008) y Deere (2011)
La brecha de género en la propiedad de la tierra está íntimamente ligada a la pobreza y
la exclusión. Cuando no son propietarias de la tierra, las mujeres quedan excluidas de los
programas de crédito pues no cuentan con un bien que aportar como garantía. En ese
caso sólo les queda recurrir a los sistemas informales de préstamo, que exigen el pago
de intereses desorbitados, o bien a los programas de microcrédito que tienen líneas
específicas destinadas a mujeres. También quedan excluidas de participar en programas
de asistencia productiva -pues a menudo ponen como requisito poseer al menos una
parcela- y de formar parte de organizaciones campesinas que no las reconocen como
Está demostrado que el acceso a la tierra es clave para el empoderamiento económico de las mujeres rurales, quienes tienen muy escasas posibilidades de obtener ingresos
propios. La posesión de un activo productivo como la tierra se traduce en un cambio
significativo no sólo por su valor de uso sino también por la capacidad de generar rentas,
intereses y ganancias (Deere 2011). Por otro lado, la posibilidad de que las mujeres participen en las decisiones en cuanto al gasto familiar repercute favorablemente en el hogar,
pues se ha comprobado que las mujeres priorizan la inversión en la salud, la alimentación,
la educación y el bienestar de sus hijos e hijas (FAO 2010).
Pero más allá del aspecto económico, las mujeres rurales adquieren mayor confianza y seguridad cuando son propietarias de la tierra pues ven fortalecido su reconocimiento social y
su nivel de participación comunitaria.Y gracias a una mayor participación política, las mujeres
rurales con acceso a tierra disminuyen la dominancia masculina en la toma de decisiones a
nivel comunitaria, desarrollan las habilidades organizativas, las redes sociales y el capital social
de las mujeres, y hacen que las instituciones respondan mejor a sus necesidades.
Mujeres, tierra y soberanía alimentaria
Para mí tener una manzana de tierra sería como ser rica. Si en mi casa con tres metros que
tengo yo tengo un corral con gallinas, tengo una mata de pilpil, tengo palos de limón, de
aguacate, el maíz. ¡Qué no haría yo en una manzana!
La brecha de género en el acceso a la tierra no sólo perjudica la autonomía económica de las
mujeres y su capacidad de satisfacer las necesidades del hogar. El cierre de esta brecha puede
mejorar la productividad agrícola y reportar importantes beneficios adicionales a través del incremento de los ingresos de las mujeres agricultoras, el aumento de la disponibilidad de alimentos a un precio inferior, así como el crecimiento del empleo y los salarios reales de las mujeres.
Se ha observado que las explotaciones agrícolas manejadas por mujeres obtienen rendimientos por hectárea inferiores que las manejadas por hombres, pero simplemente porque
ellas tienen menor acceso a insumos productivos, servicios de extensión, infraestructura y
crédito. Se calcula que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos productivos que
los hombres podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas
entre un 20% y un 30%. De este modo, la producción agrícola total en los países en
desarrollo podría aumentar entre un 2,5% y un 4%, lo que a su vez permitiría reducir el
número de personas hambrientas en el mundo entre un 12% y un 17% (FAO 2010).
Resulta difícil abordar un problema cuando no se conocen sus dimensiones, y en cuanto a
la brecha de género en el acceso y tenencia de la tierra hay grandes vacíos de información.
Los censos agropecuarios nacionales apenas contienen información específica sobre la situación de las mujeres. Los únicos datos desagregados por sexo se refieren a quién maneja
la explotación agropecuaria y no a quién ejerce la propiedad de la tierra.Y lamentablemente los datos de tenencia no se encuentran desagregados por sexo.
Por otro lado, la mayoría de las mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen dentro de
una explotación familiar y la asignación de roles tradicional otorga a los hombres la responsabilidad principal y a las mujeres las considera como trabajadoras secundarias, cuya función
es complementar los ingresos del hogar, o las hace invisibles como trabajadoras familiares
no remuneradas o como productoras para el autoconsumo. La única información de que
se dispone en cuanto a la actividad productiva de mujeres se refiere a los hogares donde
éstas son las jefas de hogar, en ausencia de un hombre. El resto de mujeres para todos los
efectos realizan un trabajo invisible, ignorado por los instrumentos estadísticos tradicionales y subestimado en el cálculo de la población económicamente activa (ver cuadro 2).
Cuadro 2. El trabajo invisible de las mujeres rurales
La participación de las mujeres en la agricultura está enormemente subestimada, pues
a la gran mayoría de ellas no se las considera agricultoras sino amas de casa. A pesar
de que sus jornadas de trabajo se extienden en promedio hasta las 16 horas diarias
(según datos del Observatorio Centroamericano Mujeres y Tierra y las múltiples
encuestas de uso del tiempo consultadas) durante las cuales combinan tareas dentro
y fuera del hogar, las estadísticas ocultan su aporte productivo bajo la categoría del
trabajo doméstico. Un trabajo no valorado económicamente pese a incluir tareas con
un valor económico y laboral importante como el manejo de los huertos caseros, la
producción de abono, la alimentación y el cuidado de las aves y demás animales de
patio, la siembra y la recolección de granos básicos, la producción de harinas y conservas o la venta en los mercados locales, entre muchas otras cosas.
Si se atiende a las estadísticas laborales, en América Latina sólo 17 de los 58 millones de mujeres rurales son reconocidas como parte de la fuerza de trabajo
agrícola (FAO 2011). Es decir, el 70% de las mujeres rurales no existen a efectos de
las estadísticas nacionales de “población económicamente activa”.
Para analizar con mayor precisión la participación laboral de las mujeres sería necesario
considerar tanto el trabajo para el mercado como para el autoconsumo, valorando dichos
trabajos como actividad económica, tal como lo establece la OIT (Valenzuela 2012).
Ante la necesidad de llenar este vacío de información y evidenciar la contribución de las
mujeres y la problemática que las afecta en la región Centroamericana, la RECMURIC se
propuso el desafío de poner en marcha el Observatorio Centroamericano Mujeres y
Tierra con el propósito de recopilar y monitorear la situación del derecho a la tierra de
las mujeres rurales, campesinas e indígenas desde una perspectiva feminista y de derechos
Este esfuerzo pretende facilitar información desagregada por sexo que permita detallar de
mejor manera la situación de las mujeres, ya que su invisibilidad en los registros vinculados
a la actividad agrícola, acceso a la tierra y otros recursos financieros y técnicos es una de
las principales limitantes para analizar y reflexionar sobre las problemáticas de las mujeres.
1.	Recopilar, sistematizar y analizar indicadores del estado del derecho al uso, acceso
y control de la tierra de las mujeres rurales, campesinas e indígenas en Guatemala,
2.	Difundir resultados de estudios e investigaciones sobre las problemáticas y dificultades que afectan el ejercicio y goce de este derecho.
3.	Monitorear las políticas públicas, programas y acciones gubernamentales orientados a las mujeres rurales, campesinas e indígenas.
http://www.observatoriocentroamericanomujerytierra.com/
tierra en Centroamérica
La lucha por la tierra ha sido fuente de conflictos desde tiempos coloniales hasta nuestros
días. Por la tierra han estallado revoluciones y se han derrocado gobiernos. Por defender la
tierra han perdido la vida miles de personas.Y con el objetivo de ampliar el acceso a la tierra
casi todos los gobiernos de América Latina han emprendido colosales esfuerzos transformadores. En los últimos años la presión sobre la tierra, el agua y otros recursos naturales no ha
hecho más que aumentar. Entre 1990 y 2010 las áreas destinadas al cultivo de caña
y palma africana se han duplicado y cuadruplicado respectivamente en la región
(Baumeister 2013), contribuyendo a un fenómeno global de acaparamiento de tierras que
despierta preocupación entre los organismos nacionales, regionales e internacionales.
Desde la década de 1960 -con la excepción de Guatemala, donde el intento de redistribuir
la propiedad de la tierra apenas duró dos años, entre 1952 y 1954- los países centroamericanos han recorrido procesos similares de Reforma Agraria con un marcado carácter contrainsurgente ya que fueron impulsadas con el apoyo de los Estados Unidos con el objetivo
de evitar la sublevación campesina y contrarrestar la influencia de la revolución cubana.2
Pero el poder terrateniente era demasiado influyente y los programas de distribución de
tierras se concentraron en colonizar tierras baldías en la frontera agrícola, reservando las
áreas más productivas y mejor comunicadas para el monocultivo agroindustrial.
Si algo tuvieron en común estos procesos es que, a excepción de Nicaragua, todos ellos
fracasaron en su intento de modificar la estructura de tenencia de la tierra. Y ninguno logró mejorar las condiciones de acceso para las mujeres, quienes fueron sistemáticamente
excluidas tal y como se analiza más adelante en cada caso particular.
Los Estados llevaron a cabo la redistribución de la tierra a través de dos vías principales: (1) la
adjudicación colectiva a cooperativas agrarias y asociaciones campesinas y (2) la adjudicación
individual a familias. En ambos casos se asumió como un hecho que las familias en su conjunto
se verían favorecidas con el acceso a la tierra si ésta se registraba a nombre de quien tradicionalmente se consideraba el “jefe de familia”, es decir, el hombre. Pero descuidaron una
cuestión esencial: no sólo es importante que la familia ejerza su derecho a la tierra;
también importa quién ejerce ese derecho dentro de la familia.
A partir de la década de 1990 y en pleno ajuste estructural se produjo un giro radical en
las políticas agrarias. La intervención estatal se redujo, se puso fin a las expropiaciones y las
intervenciones redistributivas y se fomentó en su lugar el mercado de tierras. Este período
de Contrarreformas fue especialmente activo en Nicaragua, donde se revirtieron las adjudicaciones anteriores de tierras, devolviendo miles de hectáreas a sus antiguos propietarios.
Pero al mismo tiempo que se revertían las políticas redistributivas, por primera vez se comenzaban a incorporar algunas medidas orientadas hacia una mayor igualdad de género en el acceso a
la tierra. Esto coincidió con la creación de instituciones responsables de atender los asuntos de
las mujeres (ver Tabla 1). Si bien significaron pasos en la buena dirección, en primer lugar estos
cambios llegaban demasiado tarde, cuando ya se habían dado por concluidos los procesos de
reforma agraria en la región y cuando apenas quedaban ya tierras por adjudicar.Y en segundo lugar
su aplicación práctica tuvo muchas dificultades, como se analiza más adelante en cada caso.
Por ello no fueron en absoluto suficientes para revertir las profundas desigualdades de género.
Para una revisión en profundidad de los procesos de reforma agraria en América Latina y la exclusión de la
mujer ver Deere y León (2004).
Entre estas medidas que buscaban ampliar la participación de las mujeres en la
tenencia de la tierra se encuentran: su incorporación explícita como beneficiarias de los
programas de acceso a la tierra; la inclusión de la titulación conjunta o mancomunada (en
algunos casos de forma obligatoria) tanto a parejas casadas como en unión civil; o las modificaciones a los códigos civiles y de familia, que poco a poco otorgaron a las mujeres la
libre administración de sus bienes y un rol más determinante en la familia.
Tabla 1. Instituciones centradas en las mujeres en los países centroamericanos
Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM)
Fuente: Páginas web de las respectivas instituciones
mujeres rurales viven en
pero la mayoría cultiva
una tierra que no
Pregunta difícil de contestar…
No hay datos oficiales suficientes.
Esto es lo que podemos saber:
propietarias del
12% de la tierra
Las mujeres manejan
el 15% de la tierra
(incluye propiedad,
alquiler y otras
formas de acceso)
Las mujeres poseen
el 13% de los títulos
Las mujeres manejan el
23% de las explotaciones
agrícolas (incluye
propiedad, alquiler y
otras formas de acceso)
Las tierras manejadas por mujeres
normalmente son explotaciones
significativamente más pequeñas
que las controladas por los hombres
Las mujeres rurales centroamericanas y el acceso a la tierra
En total, se calcula que más de diez millones de mujeres rurales, campesinas e indígenas viven en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador conjuntamente.
Desempeñan un papel fundamental, aunque a menudo invisible y escasamente valorado,
en las frágiles economías rurales de la región. Muchas participan activamente en las actividades agrícolas familiares, pero no figuran en las estadísticas nacionales y por ello no es
posible conocer exactamente cuántas son ni qué labores desempeñan.
Su jornada de trabajo empieza más temprano y termina más tarde que la de sus compañeros,
prolongándose en promedio durante 16 horas cada día según datos de la RECMURIC.3 Asumen
una triple responsabilidad: (1) las tareas domésticas, que incluyen el cuidado y alimentación
de la familia; (2) las actividades económicas y productivas, bien dentro de la estructura familiar
o fuera del hogar; y (3) la participación en organizaciones comunitarias y vecinales.
Son las mujeres quienes se ocupan principalmente de producir los alimentos para el sustento familiar,
y muchas además han intensificado y diversificado la producción en sus patios con el fin de producir
granos básicos, hortalizas, huevos y animales menores para el mercado local.También trabajan junto a
sus compañeros en las parcelas familiares, asumiendo tareas igualmente pesadas que las de los hombres. Y a menudo complementan los ingresos familiares en sectores informales como el pequeño
comercio o el servicio doméstico.Aún así, todas sus ocupaciones se consideran como una extensión
del trabajo doméstico/reproductivo –no valorado económicamente- mientras que dentro de la unidad familiar el hombre es el único que se reconoce socialmente como un sujeto económico activo.
La mayoría de las mujeres campesinas e indígenas centroamericanas cultivan una
tierra que no les pertenece: tres de cada cuatro mujeres en el caso de Guatemala (ILC
2011) y El Salvador (DIGESTYC 2013).Al no poseer tierra, dependen del alquiler (normalmente
a corto plazo), del préstamo o del colonato, formas de acceso que no ofrecen seguridad y que
les impiden decidir libremente qué y cómo sembrar.
Como no tengo tierra propia tengo que pagar 200 dólares para alquilar mi manzana de tierra donde sembrar maíz. Pero estos dos últimos años con la sequía sólo he tenido pérdidas.
Este año ya pagué el alquiler y aún no ha llovido. No sé si podré cosechar algo.
Mujer productora perteneciente a una cooperativa en Nicaragua
Existen distintas formas de medir la brecha de género en el acceso y la propiedad de la tierra,
y a menudo se utilizan indistintamente de forma errónea, pues no se refieren a los mismos
conceptos. Esta confusión entre indicadores, unida a la falta de datos recientes, dificultan realizar
La tabla 2 presenta las cifras más recientes de que se dispone para la región, el año del dato
y la fuente respectiva, refiriéndose a los siguientes indicadores:
% de superficie de cultivo propiedad de mujeres: Se refiere al porcentaje de la
superficie agrícola total que es propiedad de mujeres (aunque no necesariamente implica
la tenencia legal). Es un buen indicador, pero sólo se encuentra disponible para Honduras.
% de superficie de cultivo manejada por mujeres: Indica el porcentaje de
la superficie agrícola total que es utilizada por mujeres, incluyendo propiedad, alquiler, usufructo, comodato, ocupación u otras formas de acceso. A diferencia del
anterior indicador, no sólo se refiere a la propiedad.
% de explotaciones agrícolas manejadas por mujeres: Es el dato que se encuentra disponible en los censos agropecuarios y se refiere a la proporción de mujeres
que son responsables de la producción, respecto al total de productores. No coincide
Observatorio Regional Mujer y Tierra, Boletín No. 1.
necesariamente con quien ostenta la propiedad de la tierra y tampoco da información
sobre la superficie total que manejan las mujeres, por lo que es menos útil que el primer
indicador para analizar la brecha de equidad de género en la distribución de la tierra,
pues las mujeres suelen manejar parcelas mucho más pequeñas que las de los hombres.
% de mujeres propietarias de tierra respecto al total de propietarios: Indica la
proporción de mujeres que son propietarias de tierra respecto al total de propietarios. Se
basa en encuestas de hogares y no necesariamente significa que la persona tiene un título
de propiedad, sobre todo en países donde aún existe mucha inseguridad jurídica.% de
mujeres propietarias respecto al total de mujeres rurales: Indica qué proporción
de las mujeres rurales poseen tierras. Es un dato relativamente reciente que se encuentra
disponible en la Encuesta de demografía y salud (Endesa) realizada en Honduras.
Tabla 2.Vacíos de información sobre el acceso de las mujeres a la tierra
Superficie agrícola propiedad
Encovi, 2012
Superficie agrícola manejada
Títulos a nombre de mujeres
Censo Agropecuario 2003
tierras (respecto
de vida 2004
mujeres rurales)
El indicador que da una mejor idea sobre la distribución de la tierra es el porcentaje de la superficie agrícola que es propiedad de mujeres. Pero es un dato sólo disponible en Honduras. Para Guatemala se cuenta con un dato similar pero referido al uso de la tierra y no a la propiedad.Y para
El Salvador se dispone del porcentaje de títulos a nombre de mujeres. En el caso de Nicaragua, el
dato disponible es el porcentaje de explotaciones encabezadas por mujeres.4 Sin embargo se ha
comprobado que las mujeres suelen manejar y poseer parcelas de mucho menor tamaño, por lo
que estos dos últimos indicadores no ayudan a analizar la distribución de la tierra.
Según las estadísticas más recientes disponibles en tres de los cuatro países (a excepción
de Nicaragua), la tierra agrícola que está en manos de mujeres no supera el 15%
(ver Gráfico 1), siendo apenas del 12% en Honduras, el 13% en El Salvador (en este caso se
refiere al porcentaje de títulos, y no de superficie) y el 15% en Guatemala. Donde se cuenta
con datos históricos se comprueba además que esta brecha se ha ensanchado.
Censo Nacional Agropecuario 2011, Informe Final. Instituto Nacional de Desarrollo, julio 2012.
Gráfico 1. Distribución de la propiedad de la tierra por sexo
Fuente: Encovi 2012 (Honduras), DIGESTYC 2013 (El Salvador), ENA 2008 (Guatemala)
Nota: En Honduras se refiere al porcentaje de tierra propiedad de mujeres, en Guatemala al porcentaje de tierra
manejada por mujeres (incluye propiedad, alquiler y otras formas de acceso) y en El Salvador al porcentaje de títulos.
Barreras de acceso a la tierra para las mujeres
La brecha de género en el acceso y propiedad de la tierra responde a múltiples causas que están
relacionadas entre sí y tienen que ver fundamentalmente con factores estructurales de carácter
legal, político, cultural e institucional. Al igual que los hombres, las mujeres pueden adquirir tierras
principalmente a través de tres vías: (1) la herencia; (2) el mercado y (3) el Estado. En cada una de
estas formas de acceso actúan reglas escritas y no escritas, formales e informales que suponen
obstáculos para que en la práctica las mujeres puedan ejercer la propiedad y control sobre la tierra.
En todos los ámbitos de la vida de las mujeres, desde el hogar hasta la comunidad y la sociedad
en general existen estructuras y normas, no siempre explícitas, que hacen que los derechos de los
hombres se impongan sobre los de las mujeres. Por otro lado, la legislación y las políticas que tienen
que ver con la tierra a menudo discriminan a las mujeres o no definen claramente sus derechos.Y
aunque en años recientes se han introducido normas específicas más igualitarias -como la titulación conjunta- y mecanismos de inclusión para ampliar el acceso de las mujeres a la tierra -como
la prioridad dada a mujeres viudas o mujeres solas con hijos- su cumplimiento ha resultado problemático debido a actitudes, valores y prácticas culturales machistas profundamente arraigados.
A continuación se analizan algunas de las barreras comunes en los países estudiados.
Barreras culturales e institucionales
El modelo patriarcal dominante ha configurado los conceptos de masculinidad y feminidad que
determinan cuál es el papel de las mujeres y de los hombres en las esferas pública y privada.
Pese a que la legislación agraria en los distintos países ha incorporado la igualdad de género a
las políticas agrarias, se sigue sin reconocer la identidad de las mujeres como productoras agrícolas pues todas las tareas que llevan a cabo en la unidad familiar son asimiladas
como una extensión del trabajo doméstico (FAO 1998). Como resultado, se concibe el sujeto
agrícola predominantemente como varón.
Este concepto se ha fusionado con el de jefe de hogar, que invariablemente se asocia al hombre excepto en el caso de mujeres viudas o madres solteras. La aplicación de ambos conceptos
en la práctica ha excluido sistemáticamente a las mujeres de las políticas de distribución de tierras y de los programas de desarrollo productivo o de apoyo a la agricultura familiar, los cuales
han definido como sujeto priorizado al productor principal y jefe de hogar, es decir, al hombre.
Por otro lado, en el ámbito organizativo los prejuicios patriarcales y machistas permean las cooperativas y otras formas de organización campesina, donde los
esfuerzos para incorporar políticas de género son incipientes y demasiado lentos. La pertenencia a estas organizaciones tradicionalmente se ha restringido a una sola persona por
hogar -el cabeza de familia- excluyendo a las mujeres como socias, más aún de las juntas
directivas, y relegándolas a organizaciones de membresía exclusivamente femenina.
Este hecho ha beneficiado a los hombres con el acceso a la tenencia de la tierra, pues las cooperativas y asociaciones campesinas son las figuras jurídicas que han asumido de forma
mayoritaria en Centroamérica la propiedad legal de la tierra en los programas
de reforma agraria. Esto sitúa a las mujeres en una posición muy vulnerable, pues al no
aparecer como socias no quedan registradas en los títulos de propiedad y en caso de separación o divorcio pierden cualquier derecho legal sobre la tierra. Por otro lado, la exclusión
como socias y en los órganos de dirección les impide participar en la toma de decisiones
clave en cuanto al uso de la tierra y a la gestión, administración e inversión de los beneficios.
En el caso de poblaciones indígenas, sus autoridades tradicionales comunitarias, tales
como los consejos indígenas, siguen siendo espacios muy cerrados a la participación
femenina. En estos casos se hace aún más evidente la tensión entre los derechos colectivos y
los derechos individuales, entre el respeto a los usos, costumbres y autoridades tradicionales
y el reconocimiento de la exclusión de las mujeres en estos contextos (Deere y León 2002).
En ausencia de un Derecho Agrario, el acceso a la tierra en los países estudiados se rige
por el Derecho Civil o Mercantil, el cual protege la propiedad privada sobre los derechos de las personas que carecen de ella, particularmente las mujeres rurales, indígenas y
campesinas. Por esta razón en El Salvador las organizaciones feministas desde hace años
demandan la promulgación de un Código Agrario con Perspectiva de Género que
reconozca la función social de la propiedad privada5 y haga efectivos los derechos económicos y sociales de las mujeres.
La legislación que regula la redistribución o titulación de tierras en la región ha incorporado algunos avances hacia una mayor igualdad de género en el acceso a la tierra. Uno de
A través de la función social de la propiedad se busca alcanzar un uso efectivo y responsable del suelo, es
decir, armonizar la propiedad privada con el interés social. Esto implica en la práctica otorgarle al Estado
herramientas para regular el derecho a la propiedad privada, y para que el acceso al suelo no esté determinado únicamente por el mercado inmobiliario. La función social de la tierra es un principio reconocido en las
constituciones políticas nacionales de los países estudiados.
ellos ha sido el reconocimiento explícito de mujeres y hombres como sujetos de los programas estatales de adjudicación de tierras, independientemente de su estado civil, lo que
en el caso de El Salvador ha incrementado significativamente la participación de mujeres
en los programas de titulación más recientes. Aún así, en todos los casos se han producido
problemas en la implementación de los mecanismos de inclusión.
Una de las medidas más comúnmente adoptadas ha sido la titulación conjunta de la
tierra a nombre de ambos miembros de la pareja, también conocida como titulación mancomunada. Esta medida impide que el hombre venda o alquile la tierra sin el acuerdo de
la mujer. También protege a las viudas de la posibilidad de no heredar nada cuando fallece
su cónyuge. Pero hay quienes cuestionan su efectividad para incrementar la autonomía y
el poder de negociación de las mujeres, debido a que los hombres siguen ejerciendo una
posición de dominio sobre el uso de la tierra. Para equilibrar en la práctica la relación las
organizaciones de mujeres nicaragüenses y guatemaltecas demandan la titulación individual
a nombre de las mujeres.
La titulación conjunta se enfrenta a obstáculos institucionales y culturales a la
hora de ponerla en práctica. En el caso de Nicaragua, en un principio los hombres preferían
titular conjuntamente la tierra con un hijo u otro familiar varón para evitar incluir a las mujeres. No fue hasta que se realizó un esfuerzo importante de sensibilización e información,
dirigido tanto a funcionarios de las instituciones agrarias como a las familias y las propias
mujeres, que se logró realizar la titulación mancomunada.
En cuanto a la herencia, pese a que los Códigos de Familia reconocen los derechos de
las mujeres viudas y de las hijas, las prácticas tradicionales hereditarias suelen favorecer a los hijos varones, dejando a las hijas y viudas sólo la posibilidad de heredar
el hogar familiar. La razón es que se asume que las hijas podrán acceder a la tierra del
hombre con quien se unan o se casen. Por tanto, la patrilocalidad o virilocalidad (el hecho de
que las mujeres sea quienes se desplazan donde viven los hombres) es la causa principal
de la discriminación hereditaria de las hijas. En cuanto a las mujeres que enviudan, aunque
formalmente tienen los mismos derechos que los hijos a heredar, en la práctica a menudo
renuncian a ejercer este derecho en beneficio de los hijos, ya sea por desconocimiento o
por apego a la costumbre.
Carlota Xol, campesina de la comunidad de Caxlampom, Guatemala
Guatemala es un país eminentemente indígena y rural, con menos del 40% de sus 16
millones de habitantes viviendo en áreas urbanas. Pese a su riqueza en recursos naturales, la concentración de la riqueza y las condiciones estructurales de exclusión y
marginalidad mantienen sumida en la pobreza a más de la mitad de la población. Una
tasa que asciende a siete de cada diez personas en el caso de población indígena y en
las áreas rurales.6
Las disparidades regionales son muy acentuadas, con un cordón de pobreza crónica en los
departamentos de Huehuetenango y Quiché (región Noroccidental); San Marcos, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán (región Suroccidental) y Alta y Baja Verapaz (región Norte).
Estas áreas fueron también las más duramente afectadas por más de tres décadas de guerra civil que desangraron el país entre 1960 y 1996.
La agricultura conserva un peso importante en la economía nacional, pues representa
más del 40% del PIB y el 37% del empleo.7 Pero el modelo de crecimiento agrícola es
marcadamente dual, con un sector agroexportador que ocupa las mejores tierras y goza
de importantes incentivos y subsidios por parte del Estado y un sector de agricultura
de subsistencia -el medio de vida predominante de la población indígena y campesinadesplazado a las tierras marginales y prácticamente olvidado en las políticas e inversión
6	Rural Poverty in Guatemala, IFAD Rural Poverty Portal, accesible en: http://www.ruralpovertyportal.org/
country/home/tags/guatemala
7	Datos de FAO para 2011, disponibles en el Anuario Estadístico de FAO.
El abandono en la producción de alimentos básicos, la dependencia de las importaciones y
el alza de precios internacionales han tenido nefastas consecuencias sobre la disponibilidad
de alimentos para la población. La inseguridad alimentaria se ha convertido en un problema
crónico que afecta especialmente a la población rural e indígena. Guatemala presenta una
de las tasas de desnutrición infantil más altas del mundo, en el quinto lugar a nivel mundial.
Según UNICEF, cuatro de cada diez niños y niñas sufren desnutrición crónica en el país.8
Concentración de la tierra en Guatemala
Guatemala es uno de los países de América Latina donde la tierra está peor repartida.
Desde el tiempo de la independencia hasta nuestros días las comunidades indígenas y
campesinas han sufrido un despojo de sus tierras, inicialmente a manos de latifundistas
azucareros, cafetaleros o ganaderos y más recientemente con la expansión del monocultivo industrial a gran escala (principalmente palma africana y caña de azúcar), las industrias extractivas y los proyectos hidroeléctricos. Como resultado, el 80 por ciento
de la tierra agrícola está en manos del 8 por ciento de los propietarios mientras
que el 92 por ciento restante –pequeños productores y productoras de subsistenciaapenas tienen acceso al 20 por ciento de la tierra.9 La concentración de la propiedad es
mayor en los departamentos con las tierras más fértiles, donde se han instalado grandes
En el otro extremo, se calcula que existen medio millón de hogares campesinos
e indígenas sin tierra. Estas familias se ven obligadas a arrendarla, pero debido a la
competencia creciente con los monocultivos cada vez resulta más difícil encontrar tierra
disponible y los precios de alquiler se han encarecido.
Por todo Suchitepéquez se arrienda la tierra porque nadie es propietario. Y ahora hay una
competencia entre los grandes empresarios y nosotros, porque antes cuando no había entrado
la caña cobraban 800 de renta [queztales, equivalentes a unos US$100] pero ahora que llegaron los ingenieros nos suben el costo a mil y algo. Y si no lo tenemos nos quedamos sin tierra
donde sembrar. Además nuestras cosechas no se dan igual porque se afectan con todos los
químicos que echan los finqueros de caña, palma y banano.
Mujer indígena y lideresa guatemalteca
A diferencia de otros países centroamericanos, en Guatemala nunca hubo un esfuerzo
estatal importante por desconcentrar la propiedad de la tierra después de que en 1954
se revirtiese súbitamente la Reforma Agraria que había puesto en marcha el presidente
Arbenz. Hasta mediados de la década de 1980 la política nacional para el acceso a la tierra
se basó en la ampliación de la frontera agrícola mediante una estrategia de colonización en
las llamadas “zonas de desarrollo agrario”, principalmente al norte del país (departamentos
de Petén y la parte norte de otros departamentos) donde se entregaron tierras estatales a
grupos campesinos. Pero estas zonas, lejos de convertirse en polos de desarrollo, quedaron
como áreas marginales de agricultura de subsistencia e infrasubsistencia.
La lucha por la tierra fue uno de los principales desencadenantes del conflicto armado interno, y los Acuerdos de Paz de 1996 incluyeron la resolución del problema agrario entre
sus puntos principales. Sin embargo, nunca se ha llegado a definir una política explícita que aborde el problema de la extrema concentración de la propiedad y
reconozca la función social de la tierra. Tras décadas de políticas agrarias impulsadas
por los sucesivos gobiernos –primero con una alta participación estatal y posteriormente
a través del mercado– el acceso sigue siendo profundamente excluyente, sobre todo para
UNICEF en Guatemala, http://www.unicef.org/guatemala/spanish/panorama_18467.htm
Cálculo propio basado en datos del IV Censo Agropecuario de Guatemala 2003.
Por distintas razones el Fondo de Tierras (Fontierras), creado tras los Acuerdos de Paz como
un mecanismo de reforma agraria a través del mercado, fracasó en su objetivo de ampliar el
acceso a la tierra a familias campesinas e indígenas en situación de pobreza (ver cuadro 3).
Cuadro 3. El Fondo de Tierras no logró sus objetivos
Para cumplir con uno de los acuerdos alcanzados el proceso de paz, en 1999 se
creó el Fondo de Tierras (Fontierras) como un mecanismo de acceso a través del
mercado (basado en la compra-venta y no en la expropiación) que proporcionase
crédito a largo plazo para la compra de tierras a nombre de asociaciones campesinas.10 Su puesta en marcha fue auspiciada por el Banco Mundial, y su ejecución ha
sido fuertemente cuestionada por organizaciones agrarias y sociales que denuncian
cómo muchos terratenientes aprovecharon para deshacerse de sus peores fincas
vendiéndolas a las organizaciones campesinas a precios muy por encima de su valor.
La baja calidad de muchas de las tierras, y sobre todo la deficiente provisión de
infraestructura y asistencia técnica, impidieron desarrollarlas productivamente y
crearon un grave problema de endeudamiento (FIAN 2007).
Con base en la información de Fontierras, entre 1998 y 2013 se adjudicaron tierras
a 20,187 familias por un total de 95,878 hectáreas (un promedio de 4.8 hectáreas
por familia) y un monto del crédito de 713 millones de quetzales (un promedio de
cerca de 1,000 dólares por hectárea). Unas cifras muy alejadas del objetivo fijado por
el Fondo para el año 2025 de 784,764 familias campesinas y 1,333,300 hectáreas.11
En 2010 habían desertado el 50% de los adjudicatarios y la tasa de mora era del
70% (Velásquez 2011). El Estado se vio obligado a condonar una gran parte de las
deudas adquiridas, reduciendo la deuda agraria desde un total de cuatro millones de
quetzales a 300,000 quetzales.12 El objetivo de desarrollo tampoco se ha cumplido. En
muchos de los casos, las familias utilizaron las tierras adjudicadas para construir sus
viviendas pero hoy se emplean como trabajadores agrícolas en plantaciones cercanas.
Otra forma en que Fontierras brinda acceso a la tierra es por medio del programa
especial de arrendamiento (que proporciona créditos y subsidios para el alquiler
de pequeñas parcelas donde sembrar cultivos de subsistencia) el cual ha adquirido
mucha mayor importancia que el de compra. Entre 2004 y 2013 atendió a 460,370
familias con un área de 301,734 hectáreas y un monto del crédito de 868 millones
de quetzales (Secretaría de Asuntos Agrarios 2014). En cuanto a la compra, en 2014
apenas se adquirieron seis fincas por un total de 1,406 hectáreas (respecto a casi
42,000 hectáreas en el programa especial de arrendamiento). La falta de fondos no
parece ser el problema, pues del presupuesto asignado para la compra de fincas en
2014 sólo se ejecutó un 66%.13
Guatemala carece de una Ley o Código Agrario que reconozca la propiedad colectiva indígena, a pesar de que la Constitución sí lo hace (sección tercera, artículos 66 a 70). Como
resultado, muchas comunidades han inscrito sus tierras colectivas a nombre del municipio
con los problemas que ello implica pues algunos municipios se han deshecho de esas tierras, las han adjudicado o las han declarado reservas naturales sin consultar a la comunidad.
En 2009 las organizaciones sociales y campesinas agrupadas en la Alianza para el Desarrollo
Rural Integral (ADRI) y la campaña Vamos al grano junto con muchas otras organizaciones y
Ley del Fondo de Tierras, Decreto 24-99 de 1999.
Memoria de Labores 2014, Fondo de Tierras.
Entrevista a Axel López, Secretario de Asuntos Agrarios, 11 de agosto de 2015.
actores sociales presentaron una propuesta de ley (iniciativa 40-84) para crear el Sistema
Nacional de Desarrollo Rural Integral, orientada a democratizar la propiedad de la
tierra, entre otras cosas ampliando el acceso para las mujeres, desincentivar su concentración y fomentar la producción de alimentos y la economía campesina frente a la agricultura
industrial a gran escala. Pero la campaña emprendida por el sector empresarial agroexportador fue más poderosa y esta ley no llegó a ser aprobada.
La brecha de género en acceso a la tierra en Guatemala
Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), en 2005 las mujeres sólo tenían
acceso al 16% de la tierra mientras los hombres registraban un 84%. Tres años después la
brecha se había ensanchado aún más, pues en 2008 las mujeres sólo tenían acceso al
15% de tierra.14 Lamentablemente no se tiene acceso a datos más recientes, pues la ENA
de 2013 no incluye información sobre tenencia.
Por su parte, el censo agropecuario ofrece información desagregada por sexo en cuanto
al manejo de las explotaciones, indicando si están manejadas por hombres o por mujeres.
Según el último censo realizado en 2003, en ese año apenas el 8% de las explotaciones estaban manejadas por mujeres frente a un 92% manejadas por hombres. Aunque el manejo
no significa necesariamente poseer la tierra en propiedad.
Existen importantes diferencias en la forma de acceder a la tierra de mujeres y hombres.
(gráfico 2). Mientras que los hombres acceden principalmente a través de la propiedad, las
mujeres suelen hacerlo como trabajadoras agrícolas no remuneradas (en la agricultura familiar) o bien como asalariadas o trabajadoras remuneradas fuera de la explotación familiar. Hay
mujeres que adquieren la propiedad, principalmente a través de la herencia o de la compra de
pequeñas parcelas, pero se trata de superficies muy inferiores a las que poseen los hombres.
Gráfico 2. Formas de acceso a la tierra por sexo en Guatemala
Tierra arrendada
Tierra de la familia
Hombres(%)
Fuente: ILC, 2011
En cuanto a la propiedad de la tierra, la Encuesta de Vivienda realizada en 2001 mostraba la
exclusión de las mujeres: sólo el 25% de las mujeres que trabajan en la agricultura declaraba explotar tierra propia, respecto a un 42% de los hombres (ILC 2011). Es decir, tres de
cada cuatro mujeres cultivan una tierra que no les pertenece.
14	Este dato se refiere al régimen simple de tenencia de la tierra, que no sólo incluye la propiedad sino también el arrendamiento, usufructo, colonato, ocupación y otras formas de acceso. Fuente: Encuesta Nacional
Agropecuaria, 2008.
La Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el BuenVivir ha realizado a lo largo de 2015
un ejercicio de diagnóstico participativo con el objeto de conocer la situación de acceso a la tierra
entre las mujeres que pertenecen a sus organizaciones afiliadas. El resultado arrojado a partir de
unas 300 encuestadas fue que apenas el 18% de las mujeres poseen tierra, de las cuales aproximadamente la mitad son propietarias y la otra mitad copropietarias. Por otro lado, se constató que las
parcelas en propiedad de mujeres son considerablemente más pequeñas que las de los hombres.15
Barreras culturales, legales e institucionales
Los obstáculos que enfrentan la mujeres rurales guatemaltecas para acceder a la tierra son
diversos y tienen que ver fundamentalmente con estereotipos culturales y sociales que
impiden reconocerlas como iguales.
En cuanto al marco legal, la Constitución de Guatemala consagra iguales derechos y oportunidades a mujeres y hombres. Las reformas de los años 1980 y 1990 fortalecieron el derecho
a la propiedad, reconociendo explícitamente la igualdad entre las mujeres y los hombres. El
Código de Familia establece el derecho de las mujeres al patrimonio familiar, tanto en matrimonios como uniones de hecho, y desde 1999 el Código Civil (Artículo 131) reconoce a
ambos cónyuges como jefes de familia y administradores del patrimonio conyugal.
Respecto a las políticas, Guatemala cuenta con una Política Nacional de Género que incluye entre
sus ejes garantizar el pleno acceso de las mujeres a la “propiedad, copropiedad, tenencia, uso y usufructo de la tierra”.16 En 2009 el presidente Álvaro Colom mediante acuerdo gubernativo aprobó
la implementación de un plan para el cumplimiento de esa política, comprometiéndose a crear y
difundir programas de información sobre mecanismos de acceso a la tierra y recursos productivos,
así como a establecer medidas que garantizasen a las mujeres la certeza jurídica sobre la tierra.
A pesar de ello las mujeres siguen siendo excluidas y discriminadas en el ámbito agrario y
en el acceso a la tierra. Por su parte, el Código de Trabajo considera a las mujeres como
personas coadyuvantes o complementarias en el trabajo agrícola y ganadero.17 Como consecuencia, las mujeres y los hijos no figuran en las nóminas de salarios ni en las planillas
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sólo los hombres, como jefes de familia,
reciben el salario y los beneficios para todos los miembros.
Hasta hace pocos años ni la ley ni las instituciones protegían el derecho de las mujeres a
la tierra. En gran medida gracias a la presión que ejercieron las organizaciones de mujeres
retornadas de México (quienes se habían refugiado en ese país durante la guerra) la Ley
de creación de Fontierras obligó a emitir los títulos en copropiedad a ambos
cónyuges o convivientes18, dando prioridad en las adjudicaciones a las mujeres jefas de
hogar. Esto supuso un paso muy importante, pues hasta ese momento los títulos de las
tierras adjudicadas por el Estado se expedían únicamente a nombre del “jefe de familia”.19
15	Estos resultados no pueden tomarse como representativos de lo que sucede en todo el país, dado lo reducido de la muestra, pero sí dan una idea sobre el problema de la brecha de acceso a la tierra. Fuente:
Diagnóstico participativo realizado para la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen
Vivir. Agosto 2015.
16	Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades
2008-2023. Guatemala, noviembre 2009. Pg. 31.
17	Artículo 139: “Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquéllas o a éstos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le
atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino
jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo”.
18	El artículo 20 de la Ley del Fondo de Tierras, Decreto No 24-99 (1999) señala: “los títulos serán emitidos a
favor de los cónyuges o convivientes, jefes de la familia beneficiaria”.
19	El Artículo 73 de la Ley de Transformación Agraria establecía la entrega de títulos individuales al jefe de
María Tránsito Peréz Ramírez es campesina de la comunidad La Lupita e integrante de
la asociación Madre Tierra
En la práctica, sin embargo, varios requisitos han actuado como mecanismos de exclusión
de las mujeres para registrar la tierra a su nombre o como copropietarias: entre ellos la
obligación de probar en su solicitud que son mujeres campesinas; el requisito del idioma
castellano, que excluye a gran número de indígenas; y la condición de formar parte de una
persona jurídica tal como una ECA, asociación civil, cooperativa u otra forma de organización.
En la historia de Fontierras no han existido grupos de mujeres que hayan recibido tierras,
pues no hay ninguna ECA conformada por mujeres y su participación en las cooperativas
es marginal. De esta forma, cuando se realiza la titulación colectiva las mujeres no figuran
como copropietarias, excepto las viudas, al no ser reconocidas como socias. La situación
en estos casos es muy vulnerable ya que las mujeres no tienen derecho legal alguno en
caso de separación o divorcio.
Debido a estas barreras la participación de las mujeres en los programas de
compra de tierras de Fontierras ha sido minoritaria -apenas un 11% desde su
creación según las organizaciones de mujeres20- y en su mayoría se trata de mujeres jefas
La institución ha realizado esfuerzos puntuales para ampliar el acceso de las mujeres a la
tierra, como el Programa especial de arrendamiento de tierras o el programa extraordinario Triángulo de la Dignidad, que brinda créditos para la producción de granos básicos y
otros cultivos de seguridad alimentaria. Pero las organizaciones de mujeres señalan que la
institución no cuenta con una política deliberada de empoderamiento de las mujeres en
familia constituyendo una empresa agrícola.
20	Documento de Política y Plan de Acción para articular la Lucha por la Tierra. Articulación Nacional de Mujeres “Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir”. Guatemala, 6 de agosto de 2015. La Memoria de Labores de
Fontierras no ofrece datos desagregados por género.
Cuadro 4. La lucha por la tierra: desde el refugio al retorno
La historia de muchas mujeres y hombres guatemaltecos es una historia de éxodo
y despojo de tierras. La falta de un medio de subsistencia primero empujó a muchas
familias a desplazarse desde las montañas hacia las tierras del Petén, donde se asentaron como colonos. Pero cuando estalló el conflicto armado y el ejército comenzó
a arrasar comunidades enteras muchos decidieron atravesar el río Usumacinta para
refugiarse en el vecino Chiapas.
En distintos lugares de México permanecieron más de una década, pero desde el exilio
algunas mujeres comenzaron a organizarse para demandar una tierra a la que regresar
en Guatemala.Tras años de lucha se organizaron las primeras comisiones que viajarían
a escoger las fincas. “Como no podíamos viajar todos, traían la tierra en bolsitas para
enseñarla a los compañeros”, recuerda una de ellas. Fueron necesarias marchas para
presionar al Gobierno de Guatemala.Y finalmente se negoció la compra.
En una de esas fincas en la Costa Sur se creó la comunidad de Guadalupe, más
conocida como La Lupita. Cada una de las doscientas familias recibió dos parcelas
donde cultivar y un pequeño lote donde construir la casa. El primer año fue el más
difícil, pues tenían que dormir al raso hasta que recibieron las primeras láminas
para los techos. “Ahorita al menos cada quien tenemos un pedacito de tierra donde
vivir”, recuerdan. El nombre de las mujeres se anotó junto al de los hombres en
los títulos, “pero con mucha lucha”, también eso hubo que negociarlo. Las mujeres
solas y sin hijos no tenían derecho a tierra, sólo las viudas o las madres solteras.
Durante cinco años cada familia pagó mil quetzales (unos US$130) hasta saldar
la deuda por la tierra. Hoy en las parcelas se siembra maíz, pues el frijol no se da,
pero este año apenas ha crecido por la falta de lluvias. La Lupita está rodeada da
monocultivos que perforan pozos cada vez más profundos para regar sus plantaciones. “Allí están la piñera, las palmeras, las cañeras. Están llevando para allá el
agua y el pozo de mi casa ya se ha secado. Yo antes sembraba mis hortalizas pero
ya no puedo sembrar porque no hay agua”, se lamentan. También se quejan de los
productos químicos que son fumigados desde las avionetas.
Pero las dificultades para producir y los bajos precios de venta hacen que muchos
hayan renunciado a cultivar las tierras por las que tanto lucharon. Irónicamente, las
plantaciones cercanas son la única posibilidad de lograr un ingreso, aunque sea precario.
Fuente: Basado en entrevistas a mujeres campesinas e indígenas de la comunidad de
La Lupita, en el municipio de Santo Domingo.
En la Política Agraria recientemente aprobada se contempla como una de las principales medidas de inclusión la adjudicación gratuita de tierras a organizaciones de mujeres,
comunidades y población en especial situación de vulnerabilidad.21 Sin embargo, a criterio
de Fontierras mientras no se reforme la ley de creación del Fondo no será posible aplicar
esta medida.22
En cuanto a las barreras institucionales, existe una resistencia al cambio y un desconocimiento en cuanto a los derechos de las mujeres en las instituciones que se ocupan de
21	Acuerdo Gubernativo 372-2014, Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, Octubre
22	Entrevista a Justa de Money, Coordinación de Políticas y Estrategias del Fondo de Tierras, 10 de agosto de
asuntos agrarios y relacionados con la tierra. Pero también en las organizaciones campesinas e indígenas predomina una arraigada cultura patriarcal que excluye a las mujeres de
las decisiones que las afectan.
Durante los largos procesos de ocupación de tierras las mujeres alimentan y cuidan del grupo.
Cuando toca resistir y defender un territorio son ellas quienes se ponen al frente con sus hijos,
enfrentándose a la fuerza pública en los intentos de desalojo. Pero al momento de elegir, negociar
y recibir las tierras sus propios compañeros las hacen a un lado.Así lo han denunciado en el caso
de las familias que fueron expulsadas del Polochic y recientemente reasentadas (ver cuadro 5).
Cuadro 5. Mujeres del Polochic: primeras en la lucha, últimas en decidir
Las mujeres del Polochic venían al frente en la marcha, pero a la hora de entregar los
títulos de propiedad sólo están a nombre de los hombres porque la ECA así lo decidió.
Mujer perteneciente al Comité de Unidad Campesina (CUC)
En marzo de 2011 cerca de 800 familias fueron expulsadas violentamente de las
tierras que cultivaban y donde vivían como colonos en el Valle del Polochic para dar
paso al cultivo de caña de azúcar. Empleados del ingenio Chabil Utzaj (propiedad de
la familia Widmann-Lagarde) junto a unos mil efectivos de los cuerpos de seguridad
del Estado quemaron sus milpas y arrasaron sus viviendas. Tres campesinos murieron tratando de resistir el desalojo.
Con el tiempo, y gracias a la presión nacional e internacional, el expresidente Otto
Pérez Molina se comprometió públicamente a adjudicar tierras a las 800 familias
desalojadas. Pero cuatro años después sólo 140 han sido reasentadas y otras 85
lo serán próximamente. Las más de 500 familias pendientes han vuelto a ocupar
la finca ante el incumplimiento del Gobierno y se encuentran en una situación tan
crítica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado al
Gobierno a garantizarles la alimentación y servicios básicos mínimos.
Las mujeres fueron protagonistas durante la resistencia al desalojo y en la lucha posterior. Pero cuando se formaron las comisiones para escoger las tierras que se comprarían
para reasentar las familias no se integró a ninguna mujer. En la gestión de la compra a
través de Fontierras se creó una ECA, donde todos los socios son hombres. Las mujeres no han participado en la elección de las fincas, ni en su negociación, y la titulación
de las parcelas se ha hecho únicamente a nombre de los varones aunque la entrega
oficial se realizó a cada una de las parejas. Posteriormente se integraron mujeres en la
Junta Directiva y Junta de vigilancia de las ECAS, en reconocimiento al aporte de las
mujeres en todos los ámbitos de la lucha por la recuperación de la tierra.
Según una de las mujeres afectadas, cuando se hizo el listado y recolección de todos
los documentos tanto los hombres como las mujeres fueron incluidos como propietarios por el Fondo de Tierras, pero después les dijeron que el nombramiento
sería únicamente a nombre de sus parejas:
El gobierno se burla de nosotras las mujeres como si no sirviéramos para nada, cuando nosotras somos las que producimos más, somos las que guardamos la semilla
para sembrar y tener con qué comer, como también administradoras del hogar me
pregunto ¿en dónde quedan nuevamente los derechos de las Mujeres y por qué no
nos tomaron en cuenta?
Mujer indígena víctima del desalojo del Polochic
Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica y el segundo de América Latina, sólo
después de Haití. También es el segundo país de la región con mayor proporción de su población subalimentada (16.8 por ciento) de acuerdo con el último Informe Mundial sobre
Inseguridad Alimentaria (FAO 2015).
Cuatro de cada diez nicaragüenses viven en áreas rurales.Y aunque también existen bolsas
de marginalidad urbana, la pobreza es más generalizada en el medio rural. Frente a un 43%
de tasa de pobreza entre la población urbana, el 65% de la población rural vive bajo la línea
de pobreza y la inmensa mayoría se dedica a la agricultura.23
La contribución de las mujeres al sector agropecuario es muy significativa, pues representa una
cuarta parte de la producción agrícola y una tercera parte de la producción pecuaria según una estimación del aporte de las mujeres a las cuentas nacionales (FIDEG 2003).
Si se atiende a productos específicos, la quinta parte de los granos básicos y más de la tercera
parte del café y ajonjolí que se producen en Nicaragua dependen del trabajo de las mujeres.
Reforma y Contrarreforma Agraria en Nicaragua
Yo recibí dos manzanas y media de tierra y he sembrado frutales, plátanos y huertos agroecológicos. Otras mujeres tienen que ir a trabajar por un salario que no llega ni al mínimo. Pero
yo sí puedo vivir de lo que me da la tierra.
Mujer nicaragüense lideresa de una cooperativa de mujeres productoras
© Julissa Morales Perez / Concurso #NoFilter
Trabajadoras de las arroceras, en Sebaco, Nicaragua
23	FIDA, Portal de Pobreza Rural. La pobreza rural en Nicaragua. Disponible en: http://www.ruralpovertyportal.
org/es/country/home/tags/nicaragua
La estructura de tenencia de la tierra ha experimentado importantes cambios en la historia reciente de Nicaragua. El primer intento de reforma agraria, entre 1963 y 1978, consistió básicamente en un proceso de colonización y ampliación de la frontera agrícola que
llevó la producción campesina hacia las regiones periféricas y reservó las mejores áreas
para los cultivos de algodón, caña de azúcar y café, los principales rubros de exportación.
A partir de la revolución sandinista se dio la mayor transformación agraria, cuando se expropiaron los grandes latifundios para redistribuirlos entre campesinos. Se establecieron
límites a la propiedad (un máximo de 500 manzanas24 en el Pacífico y centro del país y
1,000 manzanas en el resto) y una gran parte de las tierras confiscadas fueron cedidas a
trabajadores y campesinos sin tierra para que las explotasen de forma colectiva a través
de empresas estatales y cooperativas de producción y servicios. Entre 1981 y 1990 se
distribuyeron cerca de un millón de hectáreas (un quinto de la superficie agrícola actual).
El 67% fueron tierras adjudicadas a cooperativas y el resto a propietarios individuales.25
Nicaragua fue un país pionero al reconocer en la Ley de Reforma Agraria de 1981 la igualdad de derechos para ambos sexos y a las mujeres como beneficiarias directas
de la adjudicación de tierras, independientemente de su posición de parentesco.26 A diferencia de otras leyes similares en América Latina, no se aplicó el concepto
de “jefatura de hogar” como criterio de selección de los adjudicatarios. Pese a ello, los
obstáculos culturales e institucionales y las prácticas discriminatorias impidieron un acceso
efectivo de las mujeres a la tierra. Ignorando lo establecido por la ley, el título se emitía a
nombre exclusivo del demandante (hombre) y no de la familia. Como resultado, entre 1981
y 1990 nueve de cada diez beneficiarios de la reforma agraria fueron hombres (ver tabla 3).
Tabla 3: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados por los sucesivos programas de distribución de tierras en Nicaragua
Programa/Política
Reforma Agraria sandinista
Programa de Titulación Agraria
Después de las Acciones Conjuntas, Sección
de la Mujer UNAG/INIM
En la década de 1990 se incluyó la titulación mancomunada a nombre de ambos cónyuges,
gracias a la presión de la Sección de Mujeres de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). Pero los hombres se resistieron fuertemente a este cambio y los funcionarios
del ISTA siguieron titulando individualmente o bien de forma mancomunada pero incluyendo
a hijos o hermanos varones en lugar de mujeres.27 Para su efectiva aplicación fue necesario un
esfuerzo importante de información y promoción de su contenido a las mujeres destinatarias,
así como de formación del personal encargado de llevarla a cabo. Desde la Sección de la Mujer
de la UNAG, el INIM y el INRA se fortalecieron los programas de sensibilización dentro de las
instituciones y como resultado el porcentaje de títulos emitidos a nombre de mujeres se elevó
al 31%, es decir, el triple que durante la reforma agraria sandinista (FAO 2007).
La titulación mancomunada abrió una nueva vía de acceso a la tierra para las mujeres, a través de la
cual obtuvieron títulos de propiedad una de cada tres mujeres entre 1992 y 1995 (tabla 4).
24	Una manzana equivale a 0,7 hectáreas.
25	Entre 1981 y 1990 la reforma agraria benefició a 60,545 familias con un área de 1,310,000 manzanas, de las
cuales 880,049 manzanas se distribuyeron entre cooperativas. Fundación Arias (1992).
26	Decreto No. 782/81, con modificaciones por la Ley No.14 de 1986.
27	En una evaluación del programa de titulación realizada en 1997 se encontró que entre 1992 y 1997 los
títulos conjuntos emitidos a nombre de la pareja no llegaban al 8% del total, mientras que el 25% se habían
realizado a nombre de padres e hijos, o dos hermanos y más del 64% seguían siendo títulos individuales. Ver
Lastarria-Cornhiel et al (2003)
A partir de 1997 se estableció por ley28 la obligación de titulación conjunta para todas
las nuevas adjudicaciones de tierras, tanto en el caso de matrimonio como de unión de hecho.
Tabla 4. Porcentaje de mujeres y hombres según forma de titulación (1992-1995)
Fuente: Datos del INRA citados en FAO 2007
Por otro lado, como resultado de los Acuerdos de Paz, durante la década de 1990 se entregaron en torno a un millón de manzanas a personas desmovilizadas del conflicto con el
fin de facilitar su reinserción a la vida civil (FUNIDES 2011). Pero al mismo tiempo se dio
una revisión de las confiscaciones y adjudicaciones anteriores, estableciendo un sistema de
compensaciones a los afectados y mecanismos legales para revertir las expropiaciones.29
Todo ello dio lugar a graves conflictos e inestabilidad cuando los anteriores propietarios de
tierras confiscadas comenzaron a reclamarlas y a expulsar a sus adjudicatarios.
La Ley No.133 de 1991 sobre el Restablecimiento y Estabilidad del Orden Jurídico de la
Propiedad Privada, Estatal y Municipal anuló todas las donaciones del Estado y se aplicó con
carácter retroactivo. Cerca del 85% de las cooperativas que no habían legalizado su situación
se vieron afectadas, y muchos campesinos y campesinas fueron expropiados de gran parte de
las tierras que les habían sido entregadas anteriormente. Antes de dejar el gobierno, el Frente Sandinista se apresuró a emitir en tres meses más de 100,000 títulos de reforma agraria,
principalmente a cooperativas.30 Pero la mayoría de esas tierras ni siquiera habían llegado a
titularse a nombre del Estado. La ausencia de un debido proceso de legalización de las tierras
generó un problema de inseguridad jurídica que se mantiene hasta hoy (FUNIDES 2011).
La Contrarreforma Agraria estuvo acompañada por la reducción en los créditos y asistencia técnica a la producción campesina por parte del Estado. Todo ello dio lugar a la descapitalización, el abandono y la venta masiva de pequeñas propiedades que se transformaron
en grandes pastizales, produciéndose una re-concentración de la propiedad (FAO/Banco
Mundial, 2008). Hoy la competencia por la tierra se ve agravada con la expansión de los
monocultivos de caña y palma africana, las plantaciones forestales y la explotación ganadera, además de los proyectos hidroeléctricos y grandes infraestructuras de transporte.
Los datos que arrojó el último censo agropecuario muestran que casi la mitad de los productores (el 47%) dependen de explotaciones de menos de 5 manzanas y ocupan menos
del 3 por ciento de la tierra agrícola. Mientras que en el otro extremo menos del 3 por
ciento de los propietarios acaparan casi el 40 por ciento de la tierra y manejan
fincas de más de 200 manzanas.31 El aumento de la inequidad en la distribución de la propiedad de la tierra se evidencia en el incremento del índice de Gini32, que entre los dos
últimos censos agropecuarios de 2001 a 2011 pasó de 0,68 a 0,73 (Flores et al, 2014).
28	Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria, Ley 278 del 26 de noviembre de 1997.
29	El Decreto-ley No.10/90 dispuso el arrendamiento provisional de tierras de propiedad del Estado que
habían sido objeto de reforma agraria durante el gobierno anterior. Los antiguos dueños podían entonces
tener acceso en calidad de arrendatarios a estas tierras, siempre y cuando se comprometiesen a presentar
un reclamo formal orientado a recuperar la propiedad.
30	Entrevista a Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas y exministro del MAGFOR. 4 de
31	Censo Nacional Agropecuario 2011, Informe Final. Instituto Nacional de Desarrollo, julio 2012.
32	El índice de Gini expresa la inequidad en la distribución de la propiedad y varía entre 0 y 1: 0 indica que
todos los individuos tienen propiedades de la misma dimensión (equidad total), mientras 1 indica que un
solo individuo posee todas las propiedades (máxima inequidad).
A lo largo de esos años las mujeres, aun no siendo titulares de la propiedad, se mostraron
muy beligerantes en la defensa de la tierra e intentaron por todos los medios frenar la venta por parte de las cooperativas. Sin embargo pese a sus esfuerzos no lograron mantener
los derechos adquiridos ya que los hombres tenían todo el poder de decisión, por ser los
socios, y en la mayoría de los casos optaron por vender.33
Brecha de género en el acceso a la tierra en Nicaragua
De 24 socias que somos en mi cooperativa sólo cuatro cuentan con tierra propia. Por eso
estamos unidas en esta lucha.
Mujer lideresa campesina nicaragüense
En Nicaragua hay más de 1,100,000 mujeres rurales según los últimos datos disponibles.34 Pero el último censo nacional agropecuario apenas contabiliza 61,000 mujeres
productoras (el 23 % de un total de 260,000 productores censados),35 una cifra muy lejos
de la realidad. El problema reside en la definición de productor/a agropecuario que aplica
el censo: “Persona Natural o Jurídica, que tiene la responsabilidad técnica y económica de
la Explotación Agropecuaria. Puede ser apoyado por un administrador(a) y/o mandador(a).
Toma decisiones respecto a los cultivos, crianza de animales, inversiones, asume riesgos
económicos y disfruta de los beneficios”36. Al ser el hombre quien suele tomar las decisiones y disfrutar de los beneficios, la mayoría de las mujeres rurales no figuran
en el censo como productoras a pesar de que realizan importantes labores
El censo agropecuario tampoco sirve para conocer en qué proporción las mujeres son
propietarias de la tierra, ya que los datos de tenencia no están desagregados por sexo.
Sí permite observar diferencias en cuanto al tamaño de la explotación que manejan las
mujeres y los hombres (ya sea en tierra propia, alquilada o prestada). Una de cada cuatro
mujeres productoras trabaja en parcelas de menos de media manzana (un 25%, respecto
al 13% en el caso de los hombres) y apenas un 8% manejan explotaciones superiores a 50
manzanas, mientras que en caso de los hombres son el 16%. Es decir, la brecha de desigualdad de género aumenta a medida que lo hace el tamaño de las explotaciones tal y como
muestra el gráfico 3.
Gráfico 3. Distribución del número de explotaciones según tamaño y sexo
0,5-1	1-2,5
10-20	20-50	50-100	100-200	200-500	&gt;500
Fuente: Censo Nacional Agropecuario de Nicaragua, 2011
33	Entrevista a María Teresa Fernández, Presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua, 3 de
agosto de 2015, Managua.
34	Entrevista a María Teresa Fernández Ampié, Presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales, 3 de agosto
de 2015, Managua.
35	Basado en datos del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2001 y 2011, disponibles en el sitio web del
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE): www.inide.gob.ni/cenagro
36	Censo Nacional Agropecuario 2011, Informe Final. Instituto Nacional de Desarrollo, julio 2012.
Toda la evidencia disponible indica que la mayoría de las mujeres que se dedican a la agricultura en Nicaragua cultivan una tierra que no les pertenece. Una encuesta rápida realizada
entre las mujeres lideresas de cooperativas afiliadas a la Coordinadora de Mujeres Rurales
(CMR) que participaron en el grupo focal arrojó el siguiente resultado: sólo el 20% de las
mujeres son propietarias de tierras. Es decir, cuatro de cada cinco mujeres productoras trabaja una tierra que no le pertenece y si la encuesta se ampliase a mujeres
que no están organizadas probablemente el porcentaje sería significativamente menor.37
Esto las obliga a alquilar pequeñas parcelas donde cultivar, a precios que oscilan entre 200
y 400 dólares por manzana y año (de dos a cuatro veces el salario mínimo mensual en la
agricultura). O bien cuando no pueden pagar un alquiler recurren a otras formas como el
préstamo o la “mediería” (la cesión del uso de la tierra a cambio de la mitad de la cosecha).
Con el fin de ampliar el acceso a la propiedad de la tierra, el 16 de octubre de 2007 la
Coordinadora de Mujeres Rurales presentó ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el anteproyecto de la Ley creadora del Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género. Dicha
ley, aprobada en mayo del 2010 como Ley 717, propone crear un fondo especial en el Presupuesto General de la República, administrado por el Banco de Fomento a la Producción
y destinado específicamente a otorgar créditos con bajas tasas de interés y facilidades de
pago para que las mujeres de escasos recursos del sector rural puedan adquirir tierras
productivas. Pero cinco años después de aprobada la Ley, no se ha reado el Fondo tal y
como lo establece la misma (ver cuadro 6).
Cuadro 6. El Fondo de Tierras para las mujeres: una ley incumplida
Nosotras no queremos cualquier tierra, queremos buenas tierras. Y no las estamos
pidiendo regaladas, las vamos a pagar.
Mujer campesina, miembro de una cooperativa en Nicaragua
El texto de la Ley creadora del Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género
para Mujeres Rurales fue el resultado de un largo proceso de consulta en el que participaron cerca de 2,000 mujeres rurales a través de cincuenta cooperativas. Para
apoyar la propuesta se realizó un censo que demostró que el 65% de las mujeres
campesinas no son propietarias de la tierra que trabajan, por lo que recurren al
alquiler o la mediería.
La Ley se presentó públicamente en plena campaña electoral. Aunque todos los partidos fueron convocados, la única candidata que se hizo presente fue la del Frente
Sandinista Alba Palacios (en aquel momento en la oposición) quien se comprometió
a facilitar el avance de la iniciativa en la Asamblea. La CMR emprendió una recogida
de firmas para respaldarla, y consiguió más del doble de las 5,000 que exige la Ley
de participación ciudadana, todas ellas exclusivamente en las áreas rurales.
Tras años de espera, la Ley y su Reglamento fueron publicados en el diario oficial en
2010.38 Aunque en un inicio no se limitaba al acceso a la tierra sino también a otros
medios de producción, la propuesta fue reducida desde sus 33 artículos iniciales a
17 con lo que perdió una gran parte de su contenido.
Desde su aprobación en 2010 la Asamblea Nacional nunca ha asignado el presupuesto necesario para poner en marcha el Fondo. La CMR y las cooperativas que la
37	Encuesta rápida realizada al grupo focal de mujeres organizadas, 3 de agosto de 2015, Managua.
38	La Ley 717 fue publicada en La Gaceta el 14 de junio de 2010 y el Decreto 52-2010 con el reglamento fue
publicado en La Gaceta el 3 de septiembre de 2010. Se establece como objeto de la ley (Art. 1) “crear un
fondo para la compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, con el fin de otorgar apropiación
jurídica y material de la tierra a favor de las mujeres rurales, lo que permitirá, además de mejorar la calidad
de vida del núcleo familiar, el acceso a los recursos financieros, priorizando a aquellas mujeres cabeza de
familia, de bajos recursos económicos”.
integran han exigido el cumplimiento de la ley durante todos estos años, y tras su
integración a la campaña CRECE otras organizaciones se han sumado a la causa.39
Pero a pesar de la movilización, con acciones como el envío al presidente Ortega de
“100 cartas en 100 días” por parte de mujeres productoras, aún no se ha logrado
Las organizaciones proponen iniciar con un programa piloto en tres regiones del
país, involucrando a 300 mujeres rurales para que puedan acceder -mediante crédito
hipotecario- al menos a una manzana de tierra para producir de forma diversificada,
con un componente de habilitación productiva y acompañamiento técnico. La CMR
calcula el coste de este programa piloto en 50 millones de córdobas, equivalente
al 0.06% del Presupuesto General de la República aprobado para 2015. El monto
inicial para la compra de tierras podría ser fortalecido por medio de un mecanismo
de asignación de tierras estatales, que no presionaría por fondos públicos.
Desde el Gobierno se pone en cuestión la necesidad de destinar más esfuerzos a la
compra y distribución de tierras, argumentando que ya se hizo un esfuerzo enorme
con la reforma agraria y después se produjo una venta masiva de tierras. Además se
argumenta que en muchos lugares ya no hay tierra accesible a un precio que puedan asumir las mujeres. Hoy el énfasis se pone en el apoyo para la producción, con
esfuerzos como el del Bono Productivo del programa Hambre Cero.40
Por un lado es cierto que una tierra sin capital para trabajarla, sin infraestructura
productiva, asistencia técnica y acceso adecuado a los mercados puede convertirse
más en una carga que en una solución. Pero la evaluación del programa Hambre
Cero muestra cómo si no se aborda la carencia de tierras su impacto será muy
limitado. Si realmente se busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres
se necesitan enfoques integrales y basados en derechos, que comiencen por reconocer su papel en la producción agropecuaria y su necesidad de contar con todos
los recursos básicos para producir, incluida la tierra.
Inspirado en su homónimo brasileño, el Programa Productivo Alimentario Hambre Cero es
uno de los programas emblemáticos de la administración Ortega y el instrumento central
de la política nacional de seguridad alimentaria. Su objetivo es fortalecer la producción de
alimentos en las familias rurales, y se basa en tres componentes dirigidos específicamente a
mujeres: (1) la adquisición de activos a través de la entrega del Bono Productivo Alimentario41 (BPA); (2) la capacitación vía acompañamiento técnico y talleres; y (3) la organización
a través de la formación de núcleos y cooperativas.
Creado en 2007, primero estuvo dirigido por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y desde 2012 por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (MEFCCA). Su objetivo inicial era llegar a 75,000 familias, pero a finales de 2012
ya se habían superado las 100,000 entregas del BPA.
39	Comité de Mujeres de Occidente, Federación Agropecuaria de Mujeres Productoras del Campo (Femuprocan), Asomupro, ATC, Centro Humboldt, Ciussan, Fenacoop, MAF, Pecosol, Renicc, UCA, Unapa, UNA y
40	Entrevista a Orlando Núñez, asesor presidencial para asuntos sociales. Managua, 5 de agosto de 2015.
41	La composición del BPA ha variado con los años: en un inicio consistía en una vaca preñada, una cerda cubierta, un gallo, cinco gallinas, materiales de construcción para acondicionar corrales y porqueriza, plantas y
árboles. En la actualidad se entregan básicamente aves de corral y una cerda. Las mujeres se comprometen
a ahorrar el 20% del valor del bono (estimado en 1,500 dólares) y aportarlo para crear un fondo revolvente.
Desde varios sectores se ha cuestionado la escasa transparencia en la gestión del programa y el carácter asistencialista y clientelar del componente de entrega del bono, que se ha
utilizado con fines electoralistas.42 Por otro lado, el programa ha ignorado el problema de
falta de tierras que enfrentan las mujeres principalmente. En sus primeros años se exigía
como requisito contar al menos con una manzana, la superficie mínima para alimentar a
una vaca, en propiedad o en arriendo. Sin embargo no se acompañó de ningún tipo de esfuerzo para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. En casos puntuales, para poder optar a recibir el BPA algunos hombres cedieron parcelas de tierra a nombre de las mujeres
de forma que cumpliesen con el requisito exigido. Pero en general la falta de acceso a la tierra ha dificultado alcanzar las metas de producción establecidas, excluyó a las mujeres más
necesitadas y frustró a las que finalmente vendieron la vaca que les había sido entregada
por no ser capaces de afrontar el alto coste del alquiler de la tierra (Grupo Venancia, 2011).
Esto obligó a un cambio de estrategia, y recientemente se han introducido nuevos tipos
de BPA para mujeres sin tierra llamados “bonos de patio”, que no incluyen la vaca. Pero
además los recortes presupuestarios han reducido el personal de acompañamiento técnico, sustituyéndolo por una red de promotoras. Evaluaciones realizadas concluyen que si
bien el programa ha permitido mejorar la dieta familiar de las familias y obtener algunos
ingresos extra con los excedentes, la mayoría de las mujeres ha sido incapaces de ahorrar
el 20% exigido sobre el valor del bono (Grupo Venancia, 2014).
Probablemente si se hubiese abordado adecuadamente el problema de acceso a la tierra y se
hubiera mantenido y fortalecido un acompañamiento más integral a las mujeres el impacto
de Hambre Cero sería mucho mayor. De no hacerlo así, este tipo de programas se convierten en meros paliativos para las familias rurales en situación de mayor vulnerabilidad.
Para un verdadero empoderamiento económico de las mujeres se necesitan enfoques mucho
más integrales, que consideren a las mujeres como protagonistas de cambio y no como beneficiarias de asistencia y que incluyan acciones en diferentes ámbitos, no sólo el productivo. La
experiencia de la organización feminista Xochilt Acatl muestra lo que se puede lograr cuando
se trabaja con una visión transformadora al servicio de las mujeres rurales (cuadro 7).
42	Grupo focal con mujeres líderes de cooperativas rurales. Managua, 3 de agosto de 2015.
Marta Herrera en su parcela de frijoles en la comunidad de Palo Blanco, Nicaragua
Cuadro 7. Xochilt Acatl: de beneficiarias a protagonistas del cambio
El centro de mujeres Xochilt Acatl, fundado en 1991, impulsa proyectos de desarrollo
con el objetivo de combatir la subordinación y discriminación de las mujeres a través del
empoderamiento y la incidencia en la sociedad. Su experiencia en 40 comunidades del municipio de Malpaisillo y 5 comunidades de Telica (en el departamento de León) demuestra
cómo las mujeres pueden desarrollar plenamente sus capacidades cuando se las considera
sujetas activas de un proceso de transformación y no simples beneficiarias, poniendo a su
disposición una asistencia integral y a largo plazo que responda a sus necesidades reales.
En 1991 Xochilt Acatl comenzó a trabajar con antiguas jornaleras de las plantaciones de algodón que habían quedado desempleadas al abandonarse este cultivo en la
década de 1980. El primer objetivo fue reducir los altísimos niveles de desnutrición
en la región, para lo cual se introdujo la producción de hortalizas y la cría de cabras,
ampliando posteriormente la inversión hacia fincas agroecológicas diversificadas.
Uno de los problemas para la inmensa mayoría de mujeres era la falta de tierra, pues
en la práctica sólo los hombres habían sido beneficiados con la reforma agraria.
Para abordarlo se creó un fondo de tierras a disposición de las mujeres. Son ellas
quienes se ocupan de buscar una finca disponible, negociar el precio y proponer
la compra a la organización. Xochilt Acatl adquiere la finca y la cede a las mujeres,
quien devuelven la mitad de la inversión en un plazo de tiempo y condiciones flexibles. Se busca que no sólo la tierra sino todo el patrimonio adquirido esté en manos
de las mujeres: las viviendas, los pozos, las cabrerizas para el ganado, los sistemas de
riego por goteo, etc.
Tras más de veinte años de acompañamiento los cambios han sido enormes. Aproximadamente 600 familias han superado una situación de pobreza, convirtiéndose
en un referente de un nuevo modelo diversificado que incluye la producción de alimentos básicos, hortalizas, frutales, aves de patio, vacas, ovejas y cabras. La actividad
más rentable es la producción y venta de carne. Semanalmente se sacrifican cabras y
ovejas en el matadero comunal, desde donde se comercializa local y regionalmente.
Gracias a los rendimientos generados han podido mejorar sus viviendas, transformar la economía local y adquirir nuevas tierras para ampliar la producción agropecuaria. En pleno Trópico Seco son capaces de producir comida suficiente para ellas,
sus familias y el ganado durante todo el año. Incluso durante los peores meses de
sequía, cuando en 2014 murieron miles de cabezas de ganado por la falta de lluvias
las mujeres de Xochilt Acatl mantuvieron una pleno producción de leche gracias a
sus propias reservas de forraje.
Una de las claves del éxito ha sido el acompañamiento permanente e integral, que
complementa los aspectos productivos con el acceso a educación formal y la sensibilización en equidad de género dirigida tanto a mujeres como a hombres. Si
al inicio muchas de las mujeres no sabían leer, hoy varias han concluido estudios
universitarios y se han incorporado al equipo técnico del proyecto, o bien como
maestras, gestionando los acueductos o liderando las redes de productoras. Malpaisillo se ha convertido en una de las pocas zonas de Nicaragua donde las jóvenes no
emigran. De hecho toda la tierra que se está comprando actualmente es para las
jóvenes, quienes se sienten motivadas a seguir el referente de sus propias madres.
En cuanto a los hombres, en un inicio no se involucraron e incluso se burlaban de
las mujeres. Pero en vista del éxito muchos han regresado desde Costa Rica para
trabajar con sus compañeras. El trabajo de sensibilización ha contribuido a cambiar
la distribución de las tareas de cuidado familiar para que las mujeres tengan tiempo
de formarse y realizar otro tipo de trabajo productivo. También se han reducido
mucho los casos de violencia machista y las decisiones se toman familiarmente.
Una de las lecciones extraídas de la experiencia de Xochilt Acatl es que la tierra
por sí sola no es suficiente para que las mujeres alcancen su autonomía económica.
Se requiere de una inversión y acompañamiento integrales, que incluyan tanto la
formación en género como el acceso a la educación formal y a la tecnología, así
como la asistencia técnica y financiera necesarias para hacer un uso productivo de
Basado en: Centro Xochilt Acatl (2012) y entrevista a Mertxe Brosa, responsable
del área económica/productiva de Xochilt Acatl, 5 de agosto de 2015, Malpaisillo.
El marco jurídico que regula el acceso a la tierra en Nicaragua incluye disposiciones contenidas en la Constitución Política, el Código Civil, el Código de Familia, la Ley de Reforma
Agraria de 1981 y las normas posteriores dictadas a partir del período revolucionario.
Tanto la Constitución Política de la República de Nicaragua como el Código de Familia y
la Ley 648 de igualdad de Derechos y Oportunidades reconocen expresamente la igualdad
entre hombres y mujeres en cuanto a derechos y responsabilidades.43 De hecho, la Constitución Nicaragüense ha sido considerada como la más avanzada de la región con relación
al reconocimiento de los derechos de las mujeres (FAO 1998). Además considera la tierra
como un recurso esencial y se refiere a la reforma agraria como el instrumento fundamental para la democratización de la propiedad y la justa distribución de la tierra, garantizando
su propiedad a los campesinos y campesinas beneficiarios de la misma (Art. 106). También
determina que el Estado promoverá la asociación voluntaria de los campesinos, sin discriminación de sexo (Art.109).
El Código de Familia de 1959, por su parte, estipulaba que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son de propiedad compartida.Y que en caso de separación o divorcio
deberán dividirse a partes iguales entre ambos cónyuges. En abril del 2015 se aprobó el
nuevo Código de Familia, que en su Artículo 63 establece que los bienes se regirán por el
sistema escogido en el matrimonio.
43	Artículo 48 de la Constitución Política de Nicaragua: “Se establece la igualdad incondicional de todos los
nicaragüenses en el goce y ejercicio de sus derechos políticos, y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del Estado eliminar los
obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida
política, económica y social del país”.
El Salvador es el país más pequeño de América Latina y uno de los que presenta mayor
desigualdad social y menos oportunidades, especialmente entre la juventud. En consecuencia, la migración al extranjero es muy intensa y se calcula que alrededor de dos millones y
medio de salvadoreños viven en otros países, sobre todo en los Estados Unidos. Los ingresos procedentes de las remesas que se envían al país representan el 17% del PIB nacional.44
A pesar del creciente proceso de urbanización, el 38% de los seis millones de salvadoreñas
y salvadoreños aún residen en el área rural y la agricultura sigue siendo un importante
motor económico cuyo peso se ha mantenido en torno al 10% del PIB durante la última
década. Aunque la pobreza rural ha descendido considerablemente según el FIDA, una de
cada dos personas que vive en el área rural se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
En cuanto a la competencia por los recursos, la alta densidad de población, la competencia
con usos urbanos e industriales y la expansión del monocultivo de caña son factores que
ejercen una presión cada vez mayor sobre la tierra y el agua.
Acceso a la tierra en El Salvador
Como el resto de países de la región, El Salvador ha vivido distintos procesos de reforma
agraria a lo largo del siglo pasado. Pese a las medidas de distribución de tierras, entre las
décadas de 1960 y 1970 la desigualdad en la tenencia se acentuó en lugar de reducirse, y
la población sin tierra se incrementó del 12% al 40%.45 Con el fin de revertir esta situación
se creó el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 1975.
La Reforma Agraria fue ejecutada en tres fases. En la primera (a partir de 1980) se expropiaron
fincas de más de 500 hectáreas que fueron adjudicadas a cooperativas campesinas, afectando al
15% de la tierra agrícola. La segunda fase (que debía afectar a fincas entre 150 y 500 hectáreas)
no se llegó a implementar pero la Constitución de 1983 fijó un límite de 245 hectáreas para los
predios privados. Durante la tercera fase se asignaron tierras a campesinos que se encontraban
en régimen de arrendamiento, aparcería u otro tipo de alquiler (Fundación Arias 1992).
44	Indicadores de desarrollo del Banco Mundial, disponibles en http://data.worldbank.org/indicator/ (último
acceso en agosto de 2015).
45	FIDA (n.d.) “La situación de la tenencia de la tierra en El Salvador y las implicaciones para las actividades de
FIDA en el país”.
Documento PDF InformeTierraYMujer Redes.pdf
nosotras acceso hombres nicaragua campesinas derechos rurales tierra tierras guatemala genero entre propiedad mujeres derecho
Este archivo fue compartido por un usuario del sitio. ID del documento: 00041223.