Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=636211
Timestamp: 2019-05-19 07:34:20
Document Index: 248947846

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 166', 'Artículo 166', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 111', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 440', 'artículo 440', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 440', 'artículo 440', 'artículo 35', 'artículo 7']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°19
IX .	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
PETICIÓN DE OFICIO : Maria Jose Hoffmann Opazo
PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
FUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
Marcelo Schilling Rodriguez
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES EN VIVIENDAS SOCIALES (Segundo trámite constitucional.Boletín N° 9029-14)
INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
INTERVENCIÓN : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
PROHIBICIÓN DE USO Y SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE BOLSAS NO BIODEGRADABLES EN LA PATAGONIA CHILENA(Primer trámite constitucional. Boletín N° 9133-12)
INTERVENCIÓN : Juan Enrique Morano Cornejo
INTERVENCIÓN : Jenny Paola Alvarez Vera
INTERVENCIÓN : Ivan Aladino Fuentes Castillo
INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
AUMENTO DE PENA AL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO DESTINADO A LA HABITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE ESTE DEL CATÁLOGO DE BENEFICIOS DE LA LEY N° 18.216 (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8934-07)
INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
INTERVENCIÓN : Arturo Squella Ovalle
INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
CREACIÓN DE PLAN PILOTO DE MEDICIÓN DE CONTAMINACIÓN INTRADOMICILIARIA
Patricio Vallespin Lopez
INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
INTERVENCIÓN : Felipe Kast Sommerhoff
PROVISIÓN DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO FRONTERIZO HUEMULES
Ivan Aladino Fuentes Castillo
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS POR CAMBIOS DE LOGOTIPOS DE GOBIERNO DE CHILE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN PASADA (Oficio)
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RESGUARDO DE ÁREAS VERDES EN COMUNAS DEL SECTOR PONIENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA (Oficios)
SALUDOS A DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE RADIO BÍO-BÍO ENEL 48° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (Oficios)
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE OVALLE (Oficios)
INFORMACIÓN SOBRE AMPLIACIÓN DE TERMINAL PORTUARIODE ANTOFAGASTA (Oficios)
HABILITACIÓN DE CAMINO CABO BLANCO-LAS MARÍAS, COMUNADE VALDIVIA (Oficio)
AMPLIACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE RUTA CHILLÁN - YUNGAY (Oficio)
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Ramon Farias Ponce
Tucapel Jimenez Fuentes
Sesión 19ª, en jueves 24 de abril de 2014
(Ordinaria, de 10.36 a 13.26 horas)
Presidencia de los señores Carmona Soto, don Lautaro; y González Torres, don Rodrigo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
V.-	ORDEN DEL DÍA
VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VII.-	INCIDENTES
VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.-	PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
I. ASISTENCIA	7
II. APERTURA DE LA SESIÓN	11
III. ACTAS	11
IV. CUENTA	11
FUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY	12
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA	12
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL	12
V. ORDEN DEL DÍA	15
SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES EN VIVIENDAS SOCIALES (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 9029-14)	15
PROHIBICIÓN DE USO Y SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE BOLSAS NO BIODEGRADABLES EN LA PATAGONIA CHILENA (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9133-12)	23
AUMENTO DE PENA AL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO DESTINADO A LA HABITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE ESTE DEL CATÁLOGO DE BENEFICIOS DE LA LEY N° 18.216 (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8934-07)	31
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN	47
CREACIÓN DE PLAN PILOTO DE MEDICIÓN DE CONTAMINACIÓN INTRADOMICILIARIA	47
REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	49
PROVISIÓN DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO FRONTERIZO HUEMULES	52
VII. INCIDENTES	54
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS POR CAMBIOS DE LOGOTIPOS DE GOBIERNO DE CHILE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN PASADA (Oficio)	54
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RESGUARDO DE ÁREAS VERDES EN COMUNAS DEL SECTOR PONIENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA (Oficios)	55
SALUDOS A DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE RADIO BÍO-BÍO EN EL 48° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (Oficios)	55
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE OVALLE (Oficios)	56
INFORMACIÓN SOBRE AMPLIACIÓN DE TERMINAL PORTUARIO DE ANTOFAGASTA (Oficios)	57
HABILITACIÓN DE CAMINO CABO BLANCO-LAS MARÍAS, COMUNA DE VALDIVIA (Oficio)	58
AMPLIACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE RUTA CHILLÁN-YUNGAY (Oficio)	59
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA	61
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9290-05)	61
2. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Farías, Browne, Espinoza, don Fidel; Jiménez, Pilowsky, Urrutia, don Osvaldo; Verdugo y Walker y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, para hacerla extensiva a los entrenamientos de fútbol profesional (boletín N° 9325-29)	61
IX.	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
-	De la diputada señora Pacheco por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, jueves 24 de abril en curso, por actividades propias de la labor parlamentaria.
-	Del jefe de bancada de diputados del Partido Demócrata Cristiano por la cual informa que el diputado señor Gabriel Silber reemplazará al diputado señor Matías Walker en la Comisión de Minería y Energía.
2.	Notas:
-	Del diputado señor Gahona por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 24 de abril de 2014, para dirigirse a Roma y Polonia.
-	Del diputado señor Tarud por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 6 de mayo de 2014, para dirigirse a Estados Unidos.
-	Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, respecto de la presentación efectuada por el diputado señor Coloma, en relación con la situación generada durante el minuto de silencio que guardó la Corporación en la sesión ordinaria del día 1 de abril de 2014.(Acuerdo N°72-2014).
-	De la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, por el cual pone en conocimiento de la Sala que ha acordado el archivo de 65 mociones, que se detallan en documento adjunto, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento.
-	De la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le remitan los proyectos de ley contenidos en los boletines N°s 8950-13 y 8090-13, radicados en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; 7069-13, de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor, y 7580-03 y 8052-03, de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
-	De la Comisión de Seguridad Ciudadana, por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los boletines N°s 9079-25, 9073-25, 9053-25, 5456-02, 5401-02, 5254-02, 8403-25, 8460-25, 8777-25 y 8776-25.
-	De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica la participación del Presidente de la Corporación , diputado señor Cornejo, en el “I Encuentro Interamericano de Presidentes de los Poderes Legislativos”, que se realizará los días 17 y 18 de julio próximo, en Lima, Perú, y procedió a calificar tal actividad como “Misión Oficial” (64).
-	De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica que los diputados señores Becker, Campos, Kort y Meza integrarán la delegación que concurrirá a las reuniones de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, que se efectuarán los días 22 y 23 de mayo próximo, en la isla de San Martín (65).
-	De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica que los diputados señores Letelier y Rincón integrarán la delegación que concurrirá a las reuniones de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, que se efectuarán los días 28 al 30 de mayo próximo, en Argentina (66).
Respuestas a oficios
-	Diputado Sandoval, Posibilidad de tramitar a la brevedad el decreto 374 del Ministerio de Hacienda, del 7 de marzo de 2014. (25645 al 164).
-	Proyecto de Acuerdo 10, “Solicita la creación de un registro de técnicos de nivel superior a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.” 2673.
X.	PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
-	Diputado Trisotti, Estado de conservación de todos los centros de acogida para niños, niñas y adolescentes dependientes a su institución en las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. (624 de 17/04/2014). A directora del Sename.
-	Diputado Espinoza don Fidel, Autorizar la actualización de los recursos presupuestarios necesarios para mejorar las prestaciones que se realizan en virtud del Convenio suscrito entre esa cartera y la Clínica Alemana de Puerto Varas, acerca de la construcción de un hospital público en Puerto Varas. (639 de 21/04/2014). A Ministerio de Salud.
-	Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de beneficiar a la comuna de Antofagasta en el programa “Plan Chile Verde”, destinado a implementar parques y áreas verdes. (644 de 22/04/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
-	Diputado Trisotti, Posibilidad de construir un vertedero en la zona de Alto Punta Gruesa de la Región de Tarapacá . (645de 22/04/2014). A secretario regional ministerial de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá .
-	Diputado Sandoval, Estado de tramitación del título de propiedad de la parcela de don José Argel Barquero, ubicada en el sector Cerro Las Minas, camino Coyhaique - Puerto Aysén. (646de 22/04/2014). A secretario regional ministerial de Bienes Nacionales Región de Aysén .
-	Diputado Sandoval, Estado de conservación del Galpón de Esquila de la Estancia Valle Chacabuco, afectado por un incendio ocurrido el 12 de abril del presente año, indicando los daños en sititos arqueológicos y las medidas para prevenir eventuales riesgos. (649 de 22/04/2014). A secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales.
-	Diputado Sandoval, Posibilidad de iniciar, junto a la comunidad, las acciones que sean pertinentes para que la señal de Televisión Nacional de Chile, TVN, se transmita por el sistema de libre recepción en Villa Ortega, de la comuna de Coyhaique. (651de 22/04/2014). A alcalde de Coyhaique.
-	Diputada Hoffmann doña María José, Omisión de la garantía de salud en las pensiones de gracia otorgadas desde diciembre de 2012 a ex trabajadores marítimos del puerto San Antonio, considerando la posibilidad de entregarles Tarjetas de Gratuidad y recibir en audiencia a sus dirigentes. (655 de 22/04/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
-	Diputada Hoffmann doña María José, Omisión de la garantía de salud en las pensiones de gracia otorgadas desde diciembre de 2012 a ex trabajadores marítimos del puerto San Antonio, considerando la posibilidad de entregarles Tarjetas de Gratuidad y recibir en audiencia a sus dirigentes. (656 de 22/04/2014). A Ministerio de Interior.
-	Diputada Hernando doña Marcela, Copia de la auditoría externa realizada a las cuentas de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. (661 de 22/04/2014). A secretario ejecutivo Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta.
-	Diputado Fuenzalida, Estado del proyecto de pasarela peatonal de uso público Choroico - La Aguana, de la localidad de Choroico, comuna de La Unión. (662 de 22/04/2014). A servicios.
-	Diputado Jarpa, Necesidad de contar con playas de estacionamientos para la instalación de cadenas en los automóviles en el período invernal, en la ruta N° 55 que une Chillán con la Cordillera y acerca de la posibilidad de incrementar el personal especializado en alta montaña para evitar la ocurrencia de accidentes en el lugar. (663 de 22/04/2014). A ministro del Interior y Seguridad Pública .
-	Diputado Jarpa, Necesidad de contar con playas de estacionamientos para la instalación de cadenas en los automóviles en el período invernal, en la ruta N° 55 que une Chillán con la Cordillera y acerca de la posibilidad de incrementar el personal especializado en alta montaña para evitar la ocurrencia de accidentes en el lugar. (664 de 22/04/2014). A intendencias.
Aguiló Melo, Sergio	IND	VII	37
Álvarez Vera, Jenny	PS	X	58
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo	UDI	VII	38
Andrade Lara, Osvaldo	PS	RM	29
Arriagada Macaya, Claudio	DC	RM	25
Auth Stewart, Pepe	PPD	RM	20
Bellolio Avaria, Jaime	UDI	RM	30
Berger Fett, Bernardo	RN	XIV	53
Boric Font, Gabriel	IND	XII	60
Browne Urrejola, Pedro	RN	RM	28
Carmona Soto, Lautaro	PC	III	5
Carvajal Ambiado, Loreto	PPD	VIII	42
Castro González, Juan Luis	PS	VI	32
Chahin Valenzuela, Fuad	DC	IX	49
Chávez Velásquez, Marcelo	DC	VIII	45
Cicardini Milla, Daniella	IND	III	5
Coloma Álamos, Juan Antonio	UDI	RM	31
De Mussy Hiriart, Felipe	UDI	X	56
Edwards Silva, José Manuel	RN	IX	51
Espejo Yaksic, Sergio	DC	VI	35
Farcas Guendelman, Daniel	PPD	RM	17
Farías Ponce, Ramón	PPD	RM	25
Fernández Allende, Maya	PS	RM	21
Flores García, Iván	DC	XIV	53
Fuentes Castillo, Iván	IND	XI	59
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo	RN	XIV	54
Girardi Lavín, Cristina	PPD	RM	18
Gutiérrez Gálvez, Hugo	PC	I	2
Gutiérrez Pino, Romilio	UDI	VII	39
Hasbún Selume, Gustavo	UDI	RM	26
Hernando Pérez, Marcela	PRSD	II	4
Hoffmann Opazo, María José	UDI	V	15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge	PPD	IV	9
Jackson Drago, Giorgio	IND	RM	22
Jaramillo Becker, Enrique	PPD	XIV	54
Jarpa Wevar, Carlos	PRSD	VIII	41
Jiménez Fuentes, Tucapel	PPD	RM	27
Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	24
Kast Sommerhoff, Felipe	IND	RM	22
Kort Garriga, Issa	UDI	VI	32
Lavín León, Joaquín	UDI	RM	20
Lemus Aracena, Luis	PS	IV	9
León Ramírez, Roberto	DC	VII	36
Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VI	33
Lorenzini Basso, Pablo	DC	VII	38
Macaya Danús, Javier	UDI	VI	34
Melo Contreras, Daniel	PS	RM	27
Molina Oliva, Andrea	UDI	V	10
Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	RM	18
Morales Muñoz, Celso	UDI	VII	36
Morano Cornejo, Juan Enrique	DC	XII	60
Núñez Arancibia, Daniel	PC	IV	8
Núñez Urrutia, Paulina	RN	II	4
Ojeda Uribe, Sergio	DC	X	55
Ortiz Novoa, José Miguel	DC	VIII	44
Paulsen Kehr, Diego	RN	IX	49
Pérez Lahsen, Leopoldo	RN	RM	29
Pilowsky Greene, Jaime	DC	RM	24
Poblete Zapata, Roberto	IND.	VIII	47
Provoste Campillay, Yasna	DC	III	6
Rathgeb Schifferli, Jorge	RN	IX	48
Rincón González, Ricardo	DC	VI	33
Rivas Sánchez, Gaspar	RN	V	11
Rocafull López, Luis	PS	XV	1
Sabag Villalobos, Jorge	DC	VIII	42
Sabat Fernández, Marcela	RN	RM	21
Saffirio Espinoza, René	DC	IX	50
Saldívar Auger, Raúl	PS	IV	7
Sandoval Plaza, David	UDI	XI	59
Santana Tirachini, Alejandro	RN	X	58
Schilling Rodríguez, Marcelo	PS	V	12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra	IND	VI	34
Silber Romo, Gabriel	DC	RM	16
Soto Ferrada, Leonardo	PS	RM	30
Squella Ovalle, Arturo	UDI	V	12
Teillier del Valle, Guillermo	PC	RM	28
Trisotti Martínez, Renzo	UDI	I	2
Tuma Zedán, Joaquín	PPD	IX	51
Urízar Muñoz, Christian	PS	V	10
Urrutia Soto, Osvaldo	UDI	V	14
Vallejo Dowling, Camila	PC	RM	26
Vallespín López, Patricio	DC	X	57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique	UDI	VIII	44
Walker Prieto, Matías	DC	IV	8
-En misión oficial: Las diputadas señoras Karol Cariola Oliva y Marisol Turres Figueroa, y los diputados señores Aldo Cornejo González, Fidel Espinoza Sandoval, Marco Antonio Núñez Lozano, Víctor Torres Jeldes, Mario Venegas Cárdenas y Felipe Ward Edwards.
-Con licencia médica: El diputado señor Ernesto Silva Ménez.
-Con impedimento grave: El diputado señor Jorge Ulloa Aguillón.-
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 11ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 12ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su señoría.
El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señor Presidente , ni en la Cuenta, ni en el anexo de ella figura el proyecto de reforma del sistema electoral binominal, que, según la prensa, ingresó a nuestra Corporación. Al respecto, no hemos sido informados, pese a que es materia de nuestra competencia.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Señor diputado , el proyecto a que se refiere ingresó ayer. La Mesa ha estimado conveniente resolver primero qué Comisión debe tratarlo. Por consiguiente, vamos a dar cuenta del proyecto en la primera sesión luego del regreso de la semana distrital, esto es, el martes 6 de mayo próximo.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, mediante la cual solicita el acuerdo de la Sala para que le remitan los proyectos de ley contenidos en los boletines Nos 8950-13 y 8090-13, radicados en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; 7069-13, de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, y 7580-03 y 8052-03, de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, por medio de la cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los boletines Nºs. 9079-25, 9073-25, 9053-25, 5456-02, 5401-02, 5254-02, 8403-25, 8460-25, 8777-25 y 8776-25.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley Nº 19.479, y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica (boletín Nº 9113-05), con los diputados señores Javier Macaya, Pablo Lorenzini, Alejandro Santana, Marcelo Schilling y Pepe Auth.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- La bancada del Partido Unión Demócrata Independiente ha solicitado hacer uso del derecho que le confiere el artículo 34 del Reglamento de la Corporación.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO .- Señor Presidente , ayer la diputada Camila Vallejo expresó graves y falsas acusaciones contra la figura del asesinado senador Jaime Guzmán, afirmando para un medio de comunicación que este “avaló las violaciones a los derechos humanos en este país, que declaró en su momento que sus principales enemigos eran los comunistas y que fue cómplice de la tortura, de la desaparición, de los asesinatos de miles de compañeros y de muchos ciudadanos de nuestro país”.
Al respecto, considero imperativo señalar que dichas acusaciones son totalmente contrarias a la verdad, tanto en lo referido a la colaboración de Guzmán con el gobierno militar como también en lo que motivó a este a justificar el origen de dicho régimen, pues si bien el senador asesinado siempre defendió el origen del gobierno militar, generado por la profunda crisis social que existía en el país, nunca estuvo siquiera cerca de apoyar violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, siempre las condenó, al punto de ganarse el odio, incluso, del hoy condenado Manuel Contreras .
Además, la diputada desestima que el principal motivo de la colaboración de Guzmán con el gobierno de las Fuerzas Armadas era lograr que nuestro país retornara a la democracia dentro de un marco institucional que fuese respetado. Así lo señalaba públicamente él mismo cuando reconocía, al respecto, que luego de una larga reflexión ante su conciencia, concluyó que “era su deber moral el permanecer en el gobierno para colaborar al proceso de normalización y de institucionalización que permitiera superar los excesos en materia de derechos humanos y contribuir a que el régimen culminara en una plena democracia como en 1973 se lo propusieran las Fuerzas Armadas.”. ( Jaime Guzmán. La otra visión. El Mercurio. Santiago , 10 de marzo de 1991).
Por eso mismo, su esfuerzo se concentró en lograr las condiciones efectivas para generar dicho marco institucional, para así evitar más atropellos a los derechos humanos. De hecho, ha sido ampliamente reconocida la ayuda que Jaime Guzmán prestó a distintas personas para evitar que sufriesen algún tipo de abuso de sus derechos fundamentales. Su preocupación al respecto es lo que lo motivó a ocuparse de que el gobierno militar culminara en democracia.
En este sentido, el testimonio de monseñor Valech es una muestra clara no solo de que Guzmán puso toda su voluntad como cristiano en colaborar para “procurar desde adentro corregir los errores de justicia social, tortura y otros atentados contra la vida”, sino, además, “que hubiese más desarrollo humano, económico y espiritual”.
Por tanto, su decisión de colaborar con el régimen militar es, a juicio de monseñor Valech , “una opción respetable, pues la calidad humana y espiritual de Guzmán es por todos conocida”. (La Segunda, 3 de diciembre de 2004).
Pero las declaraciones de la diputada Vallejo son también injuriosas, porque Jaime Guzmán siempre fue enfático en condenar y rechazar todo tipo de violación a los derechos fundamentales de las personas. Él mismo decía claramente: “Por definición, estoy en contra de todo exceso en materia de derechos humanos y no justifico ninguno de los que se hayan producido”. (Revista Cosas, 11 de julio de 1985).
Y es que más allá de quienes hayan causado la crisis social durante el gobierno de Allende, Guzmán entendía que ningún abuso a la dignidad de las personas podía ser nunca justificado.
El propio Guzmán señalaba “que ser parte de un gobierno no implica considerar que todo está bien”. (11 de julio de 1985).
Entonces, resulta gravísimo e injusto tratar de endosarle una falsa justificación de las violaciones a derechos humanos. En este contexto, constan muchos testimonios de connotadas figuras políticas que, luego del asesinato del senador Guzmán , más allá de las diferencias que tuvieron con él, han reconocido la ayuda que en su momento les prestó y su aporte a la política. Es el caso del exsenador José Antonio Viera-Gallo , quien para la conmemoración de los quince años del asesinato del fundador de nuestro partido, reconocía en él a alguien que servía a la política y estaba consagrado a su ideal.
También el entonces senador Ricardo Núñez , en esa misma ocasión, admitía los esfuerzos que él hizo para que la DINA y, en particular, la CNI no cometieran las tropelías que dichos organismos realizaban.
Del mismo modo, el diputado Osvaldo Andrade ha expresado su gratitud con Guzmán, cuando señala que tiene una deuda personal con el exsenador.
Testimonios similares existen para la conmemoración de los veinte años de su asesinato, como las que en su momento expresaron el senador Ruiz-Esquide o los exsenadores Muñoz Barra y Jaime Gazmuri , y un largo etcétera, pues involuntariamente puedo olvidar a algunos. Agregamos también los nombres por quienes Guzmán intercedió, como Miguel Ángel Solar, Carlos Bau , Felipe Agüero , Herman Schwember , Ángel Parra, Jorge Insunza , Paz Irarrázabal y Jaime Celedón, entre otros.
Sin embargo, la diputada ignora todos estos testimonios históricos que constatan su error y pareciera bastarle un sesgado convencimiento para intentar condenar moralmente al fundador de nuestro partido.
Espero que erradiquemos de nuestro discurso y de nuestras acciones la lógica del odio, porque la historia nos ha mostrado tanto en el mundo como en nuestro país cómo termina ese odio ideológico. Es precisamente ese odio el que ayuda a comprender y demostrar por qué el brazo armado del Partido Comunista de la época asesinó brutal y cobardemente al senador Jaime Guzmán, cuestión que casualmente la diputada no menciona ni cuestiona.
Estamos conscientes de que el senador Guzmán fue un político relevante en la historia de nuestro país. Fue un actor fundamental en la reconstrucción de la institucionalidad.
Termino diciendo que consideramos válido exponer su figura política a la crítica pública; pero en esto no puede haber dos discursos: o se defienden los derechos humanos o se justifican sus violaciones y la vía armada. Nosotros no tenemos ninguna duda: los defendemos siempre y condenamos las violaciones que ocurrieron hace cuarenta años y las que ocurren hoy día.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Joaquín Tuma.
-Segundo informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 9ª de la presente legislatura, en 8 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 10.
Señor Presidente , pido la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
Señor Presidente , esta mañana tuve contacto telefónico con una funcionaria del Ministerio de Vivienda para tratar un asunto relacionado con un comité de mi zona. En esa oportunidad, me manifestaron la posibilidad de que este proyecto pudiera volver a la Comisión, porque quieren aprovechar esta instancia para regularizar lo que está pasando en Valparaíso. Me han pedido en forma muy especial que se haga de ese modo.
Entonces, yo solo doy a conocer esto, y si la Sala lo aprueba, no habría necesidad de que lo siguiéramos analizando ahora y el proyecto tendría que volver a la Comisión.
Señor diputado , debe entregar esa información cuando le corresponda hacer uso de la palabra. En todo caso, le agradecemos su preocupación y el que se haya comunicado con funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor TUMA (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre la moción de los honorables senadores señora Lily Pérez y señores Eugenio Tuma, Pedro Muñoz y Hosaín Sabag , que modifica la ley N° 20.671, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, para regularizar ampliaciones en viviendas sociales.
El propósito de la iniciativa consiste en permitir a los propietarios de viviendas sociales regularizar, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 20.671, las ampliaciones de más de veinticinco metros cuadrados, siempre que la superficie total de la edificación no supere los noventa metros cuadrados.
La iniciativa en estudio fue remitida a la Comisión para su segundo informe, por haber sido objeto de una indicación que permite que las viviendas sociales de que trata la norma puedan ser regularizadas conforme al procedimiento indicado en ella, en cualquier tiempo.
Durante el estudio del proyecto, expusieron en la Comisión la señora Jeannette Tapia , asesora legislativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el señor Pablo Contrucci , jefe de la División de Desarrollo Urbano de dicha cartera.
Durante el debate en la Comisión, el diputado señor Arriagada se manifestó partidario de acoger la indicación del diputado Nicolás Monckeberg y autorizar así la regularización simplificada de viviendas sociales de manera permanente, porque argumentó que hay un urbanismo de hecho en el mundo de los pobres, como afirma la urbanista Monserrat Vergara, que hará siempre necesaria la dictación periódica de una “ley del mono”, dado que esas viviendas nunca se han construido con la idea de que al cabo de algunos años las familias habrán crecido y requerirán ampliar el espacio en que viven. Sin embargo, eso fue rechazado.
El diputado señor Tuma planteó que la regularización de las viviendas sociales es indispensable para acceder a cualquier programa de mejoramiento que implemente el Estado. Abogó por aprobar la iniciativa cuanto antes, porque en su distrito hay muchas poblaciones construidas después del terremoto de 1960 que nunca fueron recepcionadas y cuyos habitantes nunca han podido acceder a los beneficios que ofrece el Estado.
El diputado señor Osvaldo Urrutia , en principio, no compartió la idea de autorizar de manera permanente un procedimiento de regularización que hace excepción a las normas generales de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
El diputado señor Fidel Espinoza planteó que, de autorizarse la regularización que contempla el proyecto de ley en forma permanente, una gran cantidad de personas no se podrá acoger a ella.
La diputada señorita Cariola coincidió en que una medida excepcional como la que contempla el proyecto se hace necesaria por la falencia de las políticas habitacionales desarrolladas hasta ahora, que llevan a que las viviendas sociales no tengan la calidad ni las condiciones de seguridad y comodidad que las familias requieren.
El diputado señor Pilowsky planteó la necesidad de llevar a cabo una campaña de difusión de los derechos que otorga la ley en proyecto, una vez que sea promulgada.
Puesta en votación la indicación del diputado señor Nicolás Monckeberg para eliminar, en el artículo 1° propuesto, la frase “dentro del plazo de dos años contado desde la publicación de esta ley”, fue rechazada en forma unánime por los diputados y las diputadas presentes.
Puesto en votación el artículo único del proyecto aprobado en primer trámite reglamentario, fue aprobado por asentimiento unánime de los diputados y las diputadas presentes.
Tratado y acordado en sesión de fecha 2 de abril de 2014, con la asistencia de los diputados señores Espinoza, don Fidel ( Presidente ); Browne, don Pedro ; de la diputada señorita Cariola, doña Karol ; del diputado señor Farcas, don Daniel ; de la diputada señora Fernández, doña Maya ; de los diputados señores García, don René Manuel ; Jarpa, don Carlos Abel ; de la diputada señora Nogueira , doña Claudia , y de los diputados señores Norambuena, don Iván ; Pilowsky, don Jaime ; Tuma, don Joaquín, y Urrutia, don Osvaldo .
Concurrieron, además, la diputada señora Jenny Álvarez y los diputados señores Claudio Arriagada y Alejandro Santana .
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .-
Señor Presidente , este proyecto permite regularizar situaciones que se han presentado respecto de las viviendas sociales a lo largo del país, las cuales se entregaron en su oportunidad a familias modestas por diferentes circunstancias. Por cierto, ello también habla de la evolución de las políticas públicas en esta materia.
Hace algunos años, cuando era alcalde, recuerdo que se construyeron viviendas sociales, a través de políticas públicas con subsidios del Estado de 220 unidades de fomento. A través del mismo mecanismo se establecieron los programas de mejoramiento de barrios, que permitieron la construcción de sistemas de alcantarillado para muchos campamentos o agrupaciones de viviendas emplazadas de manera absolutamente irregular. En aquella época, el subsidio contemplado para esa solución era de apenas 110 unidades de fomento. Se construyeron viviendas de 18 metros cuadrados para las familias modestas de varias regiones del país. En todas las ciudades se estigmatizaron las llamadas “viviendas pitufo”, que eran pequeñas casas que las familias recibían como una solución y que obviamente estaban al límite de las posibilidades que el Estado podía entregar en ese momento.
Existe una gran diferencia entre aquello y lo que tenemos actualmente, en que el subsidio que se entrega ahora equivale a 700 unidades de fomento. Sin embargo, en todas las comunas y regiones nos quedaron las secuelas de esos tiempos, cuando el Estado no tenía suficientes recursos. Incluso, muchas de esas familias, ante la urgente necesidad, tuvieron que ampliar sus casas, muchas de ellas con todas las irregularidades que ello implica. Además, un gran número de esas construcciones estaban emplazadas en zonas de alto riesgo, como lo hemos podido apreciar a raíz de los acontecimientos vividos en Valparaíso. Por lo demás, eso no es novedad, sino que es la consecuencia lógica de una expansión urbana o de no atender en forma oportuna los requerimientos de las familias para tener una solución habitacional, las que finalmente han terminado por instalarse en diferentes comunas a lo largo del país sin medir las consecuencias.
En mi opinión, el proyecto hace justicia. Es muy importante que a esas personas que tuvieron que ampliar sus casas se les permita acogerse a esta futura nueva versión de la denominada “ley del mono” para que puedan regularizar sus respectivas viviendas y, así, puedan sanear su patrimonio. Muchas de las familias que recibieron esas primeras viviendas hoy no están y hoy solo quedan sus hijos, a los cuales les ha sido imposible disponer cabalmente de su propiedad, porque no cuentan con ese mecanismo de regularización. Si lo hacen por la vía formal, lo que hoy permite la ley, en muchos casos les implica tener que hacer un gran desmantelamiento de las ampliaciones o corregir, mejorar o reconstruir su solución habitacional.
Sin embargo, el proyecto establece ciertas condiciones básicas esenciales para regularizar sus viviendas. Eso se relaciona con el Informe de Certificación de Especificaciones Técnicas Básicas y con las características mínimas en cuanto a lo que significan el diseño y el trazado. En esa línea, el proyecto permite regularizar viviendas de hasta noventa metros cuadrados en el plazo que se señala.
Lamento que se haya rechazado la indicación del diputado Nicolás Monckeberg , porque esta es una situación que se está repitiendo regular e históricamente.
No obstante, no cabe la menor duda de que nuestra bancada, atendiendo el carácter social de esta medida que va a permitir regularizar el patrimonio de familias modestas del país, va a apoyar esta iniciativa.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA .-
Señor Presidente , creo que cometeríamos un gran error si aprobáramos el proyecto tal como viene planteado. Por de pronto, tiene una falla práctica: en la letra b) del número 1) del artículo único, establece que cualquier poblador que quiera regularizar su casa deberá elevar una solicitud ante la Dirección de Obras, con la firma de un arquitecto, o recurrir a la inspección certificada de la Dirección de Obras Municipales.
Se desconoce que el arquitecto tiene poco que ver con cálculo, tratándose de construcciones de segundo o tercer piso adosadas; se desconoce que hay profesionales con cuatro semestres realizados en institutos como Inacap, que sí saben de cálculos, y que hay ingenieros civiles calculistas. Sin embargo, todo se limita a la Dirección de Obras. También se desconoce que algunas direcciones de obras municipales tienen un profesional por dos horas a la semana. Es el caso de Hualañé, Licantén y otras comunas, cuyas direcciones de obras prácticamente no existen, toda vez que descansan en una sola persona. Por lo tanto, estas direcciones no podrían certificar, según lo indica la letra b), que la vivienda está en condiciones de ser regularizada.
Por otro lado, es importante el número de municipios que en este momento tienen en distinto grado de procesamiento la aprobación de sus planes reguladores. Tenemos una realidad de la composición de las direcciones de obras y un estado de situaciones distintas de planes reguladores no aprobados.
Acabamos de vivir las experiencias del norte y de Valparaíso. En ambos casos se han cuestionado los emplazamientos urbanos en lugares no aptos y tampoco certificados.
Por lo tanto, de aprobarse el proyecto, apremiados por beneficiar a los pobladores más modestos, esta sería la cuarta ley que saldría imperfecta. La N° 20.563 -imperfecta-, dio lugar a la N° 20.671. La N° 20.741 sería la tercera y, de aprobarse las modificaciones que estamos introduciendo, estaríamos dando origen a la cuarta ley con serias imperfecciones.
La Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 166, establece:
“Artículo 166.- A las ampliaciones de viviendas sociales, viviendas progresivas e infraestructuras sanitarias, y a las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, emplazadas en áreas urbana o rural, en materia de planes reguladores y normas técnicas sólo les serán aplicables las disposiciones que se indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública y uso de suelo. b) Normas técnicas de las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, cuando corresponda, y las demás que establece el Reglamento Especial de Viviendas Económicas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será certificado sólo por el profesional competente que suscriba la solicitud del permiso de edificación y de recepción de obras.
Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a:
1) La regularización de las ampliaciones a que se refiere el inciso primero.
2) La regularización de una segunda o tercera vivienda en el mismo predio que originalmente contó con una vivienda social, en cuyo caso el valor de 520 unidades de fomento se aplicará, separadamente, a cada vivienda adicional.
3) La regularización de edificaciones construidas con anterioridad al 31 de julio de 1959.
Las municipalidades podrán desarrollar programas de regularización de grupos de viviendas sociales o viviendas sociales ampliadas conforme a este artículo, en cuyo caso podrán aprobarse los permisos y recepciones de los distintos propietarios en forma simultánea.
En las regularizaciones, el certificado señalado en el inciso segundo podrá reemplazarse por un informe favorable de inspección de la Dirección de Obras Municipales.
Los permisos de edificación y la recepción definitiva de las obras que trata este artículo se tramitarán conforme al procedimiento simplificado que para estos efectos establecerá la Ordenanza General.
Los derechos municipales serán los que se establecen en el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, rebajados, a lo menos, en 50 por ciento en los casos contemplados en el presente artículo.”.
He dado lectura a este artículo, porque son numerosos los municipios que hoy lo aplican, generando programas con la comunidad interesada en regularizar sus ampliaciones.
Por lo tanto, llamo a rechazar el proyecto en los términos propuestos. Debemos darnos el tiempo necesario para tener una discusión más profunda, porque la experiencia de Valparaíso nos indica que la nueva futura ley debiera contribuir a reducir la gran cantidad de problemas que se nos generan permanentemente.
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
Señor Presidente , la necesidad de esta iniciativa se refleja en el consenso transversal que ha generado. La razón es que atiende una realidad muy concreta: regulariza las ampliaciones hechas en viviendas sociales mediante un sistema simplificado y, además, gratuito, toda vez que los interesados quedan liberados de pago de los derechos municipales. Con la obtención de la recepción definitiva, para lo cual la normativa posibilita la asesoría de un profesional, se activa un beneficio adicional, cual es que los propietarios de las viviendas regularizadas pueden postular a los diferentes programas que el Estado posee en materia habitacional y que, en las actuales condiciones, están imposibilitados de hacerlo.
El proyecto, además, incorpora a la denominada clase media y también a quienes, bajo la modalidad de la última “ley del mono”, hayan realizado trabajos de autoconstrucción.
Consciente de la realidad de muchas familias de las comunas que represento, que deben normalizar las ampliaciones hechas en sus viviendas, voy a votar favorablemente el proyecto, pues se trata de una iniciativa de enorme impacto social.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente , el proyecto, iniciado en moción, modifica la ley N° 20.671, que establece un procedimiento de regularización simplificado para ampliación de viviendas sociales.
El objetivo de la moción, que tiene carácter social, es bastante específico: aumentar el límite de la superficie para que las viviendas sociales puedan acogerse al procedimiento de regularización que propone.
El objetivo responde a la necesidad de ir adecuando nuestra legislación a la realidad nacional. Muchas viviendas sociales, construidas a través de programas estatales, contemplaron una superficie inicial mínima, lo que hizo necesario e imperioso a las familias beneficiarias efectuar ampliaciones que superaron el límite de 25 metros cuadrados.
Esta reforma legal es un llamado a reconocer esa realidad, de modo que las familias más vulnerables, que viven en infracciones como la descrita, regularicen su situación, con la tranquilidad que ello importa, y, de esta forma -esto es lo más importante-, abrirse el camino para postular a los diferentes subsidios disponibles que se entregan a través del Ministerio de Vivienda y el Serviu respectivo.
Quiero destacar que este proyecto de ley exime del pago de los derechos municipales establecidos en el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Además, deseo destacar que el régimen de regularización de la ley N° 20.671 fue establecido como régimen excepcional de regularización para viviendas sociales, a través de trámites simples y de fácil acceso.
En ese mismo espíritu debemos entender la modificación que votaremos hoy. Se trata de una adecuación a la realidad actual, la que debe mantener el carácter de excepcional.
Votaremos favorablemente esta iniciativa legal, porque, sin duda, favorece a las familias más necesitadas.
Señor Presidente , nadie está en desacuerdo con esta ley en proyecto, la cual es largamente esperada por la gente que necesita regularizar su propiedad y obtener los beneficios que se van a entregar a través de ella.
No obstante, reitero que me han pedido en forma especial que solicite a la Sala que el proyecto vuelva a Comisión, porque quieren engranarlo con la solución al problema que tenemos en Valparaíso. Sería la manera oportuna de hacer bien las cosas. Sobre todo, porque muchas veces nos quejamos de que el Senado despachando proyectos en la forma en que nosotros lo hubiésemos querido, pero no lo hacemos solo por testarudez.
Por ello, solicito a los colegas que este proyecto de ley vuelva a Comisión, con el objeto de que el Ejecutivo le pueda introducir las indicaciones que estime convenientes para perfeccionarlo.
Voy a someter a votación la propuesta que ha hecho el diputado señor García.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , sugiero continuar con la discusión y luego votar, como se ha hecho siempre.
Señora diputada , se trata de un planteamiento explícito del diputado señor García. No puedo soslayarlo, de manera que debo someterlo a votación.
¿Va a quedar hasta aquí su discusión?
Si la Sala decide que el proyecto vuelva a Comisión, pasaremos al próximo proyecto.
Señor Presidente , usted no puede hacer caso a un diputado que dice que lo llamó una persona del Ministerio, en circunstancias de que él ni siquiera es de gobierno. ¿Lo llamó el portero? ¿Quién llamó al señor García para hacerle esa petición?
Esto ya se resolvió en la Comisión en dos oportunidades.
Señor Tuma, de acuerdo con el artículo 111 del Reglamento, el diputado señor García está en su legítimo derecho. Cualquiera que hubiera hecho la petición me obliga a someterla a consideración de la Sala. No tengo alternativa.
Señor Presidente , entiendo la petición del diputado René Manuel García. También me gustaría que el proyecto volviera a Comisión, pero eso nos impide introducir otras observaciones.
Por lo tanto, propongo que continuemos con el debate y, cuando corresponda cerrarlo, votar la proposición del diputado García.
Tiene la palabra el diputado señor García.
Señor Presidente , lamento profundamente las palabras del diputado Tuma . Entiendo su nerviosismo, porque este proyecto es de su hermano. No le importa que salga bien o mal; lo que le importa es que es de su hermano. Me parece una falta de respeto gigantesca a la gente que necesita que este proyecto se apruebe.
Por otra parte, la señora Jeannette Tapia es la asesora personal de la ministra y no la portera del Ministerio. Y si se tratara del portero, el diputado Tuma no tiene derecho a mencionarlo en forma tan despectiva. Ella fue quien me pidió que solicitara que este proyecto volviera a Comisión para poder introducirle las indicaciones pertinentes, a fin de engranarlo con la regularización relativa al problema de Valparaíso. Eso es todo.
No veo la razón de debatir hasta el final si después el proyecto vuelve a Comisión. Es mejor votar ahora y pasar a los siguientes proyectos. No estoy pidiendo nada personal; es un favor que me pidió la señora Jeannette Tapia . Tampoco estoy pidiendo el cierre del debate.
La Sala es soberana para decidir si el proyecto vuelve a Comisión.
Tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , para tranquilidad del diputado señor Joaquín Tuma , en mi condición de diputado de Gobierno , adhiero a la solicitud del diputado René Manuel García, por cuanto significa hacer bien las cosas y no seguir poniendo parches en este tema.
Señores diputados y diputadas, solicito la unanimidad de la Sala para continuar con las intervenciones, antes de someter a votación la petición del diputado señor García.
En votación la petición del diputado señor René Manuel García.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 4 abstenciones.
ÁlvarezVera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Becker Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Chávez Velásquez Marcelo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías.
GonzálezTorres Rodrigo; Soto Ferrada Leonardo; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Urrutia Soto Osvaldo.
NorambuenaFarías Iván; Sandoval Plaza David; Squella Ovalle Arturo; Van Rysselberghe Herrera Enrique.
En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena.
Diputado informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena es el señor David Sandoval.
-Segundo informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, sesión 12ª de la presente legislatura, en 15 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor SANDOVAL (de pie).-
Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, me corresponde informar ante esta Sala, en su segundo trámite reglamentario y primero constitucional, respecto del proyecto de ley que establece la prohibición de uso y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia chilena, iniciado en moción de las señoras Carolina Goic , Karla Rubilar y Alejandra Sepúlveda , y de los señores Accorsi , De Urresti , Espinoza, don Fidel ; Sandoval , Silber , Teillier y Vallespín, la que se encuentra sin urgencia.
Debo recordar a mis colegas que en la sesión celebrada el 8 de abril del año en curso, esta Sala prestó su aprobación en general al proyecto en informe y después de acoger indicaciones de algunos señores diputados, lo remitió a esta Comisión para un segundo informe.
El proyecto de que se trata apunta a lograr la disminución paulatina del uso de las bolsas no biodegradables hasta su total reemplazo por otras hechas de materiales biodegradables que no afecten el medio ambiente y, en consecuencia, la calidad de vida de la población y de los recursos naturales de la Patagonia.
La moción consta de dos artículos permanentes.
El artículo primero dispone la sustitución completa del uso de bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de material no biodegradable en supermercados, almacenes, tiendas, quioscos y cualquier otro tipo de comercio, prohibiéndose su uso dentro del territorio de la Patagonia chilena. Dicha sustitución deberá verificarse dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la ley, y su infracción será sancionada con una multa de una unidad tributaria mensual.
El artículo segundo establece lo que se entiende por Patagonia chilena para los efectos de la ley.
Durante la discusión de la iniciativa en el segundo trámite reglamentario, la Comisión aprobó por unanimidad dos indicaciones.
La primera, presentada por los diputados señores Morano y Sandoval , para intercalar, en el inciso primero del artículo primero, después de la expresión “la entrega”, la frase “a cualquier título”.
La segunda, de los diputados señores Trisotti y Ward , para agregar, en el inciso segundo del artículo primero, después del punto final (.), que pasa a ser coma (,), la expresión “el que deberá estar publicado en la fecha en que la ley entre en vigencia.”. La indicación se refiere al reglamento.
Del mismo modo, la Comisión rechazó por unanimidad la indicación presentada por los diputados señores Saffirio , Schilling y García , que tenía por objeto sustituir, en el inciso primero del artículo primero, la expresión “de la Patagonia chilena” por el vocablo “nacional”, en atención a que se estimó que extender la prohibición de entregar bolsas plásticas a nivel nacional podría entrampar el avance legislativo del proyecto.
En ese contexto, se consideró pertinente mantener la actual redacción, de forma que se pueda ejecutar un plan piloto de la iniciativa en la Patagonia chilena, y, en caso de que esta resulte beneficiosa, hacer los esfuerzos para extenderla a nivel nacional, en el entendido de que las bolsas son un problema en todo el país.
Por otra parte, cabe hacer presente que la segunda indicación presentada en la Sala, que incorporaba, en el inciso primero del artículo primero, luego de la palabra “entrega”, la expresión “venta y, o uso”, fue retirada por sus autores.
Por último, es preciso señalar que el proyecto que se somete a la consideración de la Sala no contiene normas de rango orgánico constitucional ni requiere para su aprobación quorum calificado. Asimismo, que la iniciativa no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado.
Por lo tanto, se somete nuevamente a la consideración de la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.
Señor Presidente , el proyecto tendrá una radical preponderancia en las políticas que a futuro se puedan implementar en materia medioambiental a lo largo del país.
En debates anteriores acerca de esta temática, manifestamos que hay paradigmas que pueden ser implementados a partir de experiencias piloto en algunas zonas del país, las que podrían ser replicadas después en todo Chile.
En materia medioambiental es probable que esta sea, junto con otras, una de las iniciativas más innovadoras que hemos visto, respecto de las cuales muchos tenemos la esperanza de que puedan ser replicadas rápidamente.
Creo que no solo hay que apoyar tales iniciativas, sino también analizar la experiencia de otros municipios que implementaron medidas similares y adoptar otras, ojalá en el corto plazo, con la ayuda de la microempresa, para integrarlas y aplicarlas a la brevedad en todo el país.
Como manifesté, ojalá el ministro del Medio Ambiente adopte una política de esta naturaleza para todo Chile, que replique esto con urgencia.
Por lo tanto, anuncio que apoyaremos en forma muy especial el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Enrique Morano.
El señor MORANO .-
Señor Presidente , si bien la iniciativa abarca una porción del territorio nacional que conocemos como Patagonia, tenemos la esperanza de hacerla extensiva algún día al resto del país.
Ayer algunos colegas se preguntaban por qué no aplicar esta norma en Isla de Pascua o en Juan Fernández. Pero, como lo acaba de expresar el colega Farcas , este es el primer paso, que servirá para medir el impacto que tendrá la medida propuesta y para analizar de qué forma podemos mejorar lo que hoy acordemos.
La iniciativa es, además, la muestra de un trabajo colaborativo con todos los municipios de la región, cuyos alcaldes, en forma proactiva, han dictado ordenanzas municipales en el mismo sentido.
La ley reforzará esas normativas municipales, para que en el mediano plazo no se usen más bolsas plásticas no biodegradables en la Patagonia chilena, pues provocan mucho daño al medio ambiente.
Señor Presidente , algunos colegas han manifestado que la iniciativa debiera volver nuevamente a la comisión técnica, porque aquí no se trata solo de la contaminación de las bolsas plásticas no biodegradables, sino también de que podríamos analizar la forma de terminar con tanto daño que se le está haciendo hoy al medio ambiente.
Como muestra de ello me referiré a lo que sucede con el río Bueno, que es muy especial para la Región de Los Ríos.
Ayer, el consejo regional de Los Ríos aprobó un proyecto de piscicultura, de entre veinte que estaban postulando, en el río Bueno, el torrente más limpio y quizá el más hermoso del sur de Chile.
Contaminación y más contaminación. Y la institucionalidad medioambiental la permite mediante la autorización de tales proyectos.
Entonces, decimos que queremos elaborar proyectos de ley que beneficien al medio ambiente, y, sin embargo, por otro lado, le estamos dando duro a un país que todavía no se encuentra tan contaminado.
Cuando comenzamos a analizar el proyecto, expresé que lo consideraba muy bueno, ya que su objetivo principal es proteger a una de las pocas zonas del país que aún no sufren gran intervención humana, evitar la contaminación de santuarios de la naturaleza mundialmente reconocidos y proteger su flora y fauna.
Asimismo, manifesté que era deseable que la iniciativa incluyera a todo el territorio nacional. Seguramente, me calificarán de “fantasioso”; pero creo que, de una vez por todas, debemos concebir este proyecto de ley como un ejemplo para el futuro cercano de la debida actuación del Poder Legislativo en materia de medio ambiente, porque no solo una parte de Chile es valiosa, sino el país entero.
Por eso, lamento que la Comisión de Zonas Extremas haya desperdiciado la oportunidad de ampliar la aplicación de la futura ley a todo territorio nacional y se haya limitado únicamente a realizar modificaciones formales.
A mi juicio, lo peor es que cometió un error técnico-legislativo, al establecer la dictación del reglamento antes de la entrada en vigencia de la ley. No puede dictarse un reglamento antes de que la ley correspondiente entre en vigor.
Espero que eso se tome en cuenta y que quede establecido en el Boletín de Sesiones.
Repito, según entiendo, el reglamento se dicta a partir del imperativo legislativo y no al revés. La norma legal propuesta señala que el reglamento “deberá estar publicado en la fecha en que la ley entre en vigencia”. Lo correcto era establecer la dictación del referido reglamento en un plazo equis, contado desde la entrada en vigencia de la ley, ya que la fórmula empleada equivale, en buen chileno, a “colocar la carreta delante de los bueyes”. Así de simple.
Espero que se corrija el defecto, a fin de tener una buena norma regulatoria.
Parece que no se dieron las cosas para analizar este buen proyecto de ley en la presente sesión, pues ya se entiende rechazado y que volverá al primer lugar de la Tabla de la Comisión de Zonas Extremas.
Asimismo, pido, con el debido respeto a los autores del proyecto, la diputada Alejandra Sepúlveda , el entonces diputado Alfonso de Urresti , los diputados Fidel Espinoza , David Sandoval , Guillermo Teillier y Patricio Vallespín, que cuando la iniciativa vuelva a la comisión respectiva, tengan la deferencia de asistir a la discusión en esa instancia para analizar lo que considero un error técnico-legislativo sobre la dictación del reglamento, ya que, como manifesté, no se debe colocar “la carreta delante de los bueyes”.
Tiene la palabra la diputada señora Jenny Álvarez.
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Señor Presidente , el proyecto en discusión, que propone la prohibición de uso y sustitución progresiva de las bolsas no biodegradables en supermercados, almacenes, tiendas, quioscos y demás establecimientos del comercio para la contención y el transporte de las mercaderías que expenden a sus clientes, legisla sobre un problema en que han trabajado varios municipios durante mucho tiempo, debido a que las bolsas plásticas contaminan y afean el paisaje. Por ejemplo, Futaleufú, que es una de las comunas del distrito que represento y que pertenece a la provincia de Palena, ha iniciado varios proyectos con ese objetivo, para lo cual se han dictado los decretos municipales respectivos; a su vez, la comuna de Queilén ha implementado la campaña “Queilén sin bolsas plásticas”.
Debemos respaldar la iniciativa que se somete a nuestra consideración, porque si bien sus disposiciones solo dicen relación con la Patagonia, puede ser considerada como un plan piloto para la futura prohibición del uso de bolsas no biodegradables a nivel nacional, porque creo que nadie está en desacuerdo con que la utilización de bolsas plásticas contamina y colapsa los vertederos.
En consecuencia, junto con hacer un reconocimiento a los municipios de la provincia de Palena, que han trabajado con intensidad en eliminar la utilización de las bolsas plásticas, espero que se apruebe el proyecto en discusión, para que tengamos otras zonas libres de ese tipo de contaminación.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Fuentes.
El señor FUENTES.-
Señor Presidente , felicito a los autores del proyecto, en especial a la entonces diputada y actual senadora señora Carolina Goic y al diputado señor David Sandoval , entre otros.
La irresponsabilidad del ser humano ha generado catástrofes como aluviones, tornados y el aumento del cáncer a la piel, debido al cambio climático. Los seres humanos nos hemos autoinferido muchas de las grandes heridas que hoy nos afectan al haber dañado la naturaleza.
Quiero decir con fuerza que la casa donde vivimos no es el techo que nos cubre, sino el entorno, el aire, el agua, la tierra. Cada vez que dañamos la naturaleza, perjudicamos un poco más la casa que alberga la existencia humana. Entonces, cobra mucha importancia el comienzo de la búsqueda de soluciones.
Alguien planteó por qué nos se extendía la prohibición del uso de bolsas plásticas a todo Chile; pero tenemos que empezar por alguna parte. ¡Qué mejor que una tierra bendita por la mano de Dios, como el extremo sur de Chile, para comenzar a establecer un llamado al orden, a la voluntad y a la responsabilidad con la vida y la naturaleza, para que heredemos un mundo diferente a los que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que lo habitarán en ciento cincuenta años más!
Este debate es importante, porque cuando dejamos estas materias a la conciencia del ser humano, casi la totalidad de nosotros cesamos de ser responsables en algún minuto. Por eso, además de crear conciencia sobre el problema, hay que dictar una ley, a fin de que cumplamos con el cuidado de nuestro entorno porque queremos o porque existe una legislación. Hay gente que cumple porque quiere; pero es poca la que hace ese esfuerzo, son pocos los que sienten la naturaleza como algo que no es propio, sino de toda la humanidad. Al haber una ley, los que no entendieron por conciencia lo que debían hacer, tendrán que hacerlo de acuerdo con lo que establece la ley.
Por lo tanto, apoyo el proyecto con toda la fuerza de mi corazón, porque tiene que ver con mi tierra, con mi pueblo, con mis hijos y porque tendrá mucho que ver con la descendencia de esos hijos.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.
El señor SANTANA.-
Señor Presidente , me sumo a las felicitaciones a los autores de la iniciativa en debate, entre ellos la entonces diputada señora Carolina Goic , actual senadora, y el diputado señor David Sandoval , puesto que está en la línea de combatir los efectos y los impactos que han sufrido no solo la zona austral y la Patagonia chilena, sino todo el país.
Hemos sido víctimas y muchas veces cómplices de políticas medioambientales que no satisfacen ni resguardan los intereses de los ciudadanos, de la gente que vive en nuestro territorio. La utilización de bolsas no biodegradables genera efectos negativos en materia de sustentabilidad de los recursos naturales, los cuales abarcan todo el territorio. Muchas industrias dañan el borde costero y transforman muchos terrenos en grandes basurales llenos de bolsas plásticas, de manera que se deben valorar las iniciativas que tienen por objeto solucionar ese problema.
En consecuencia, el diputado señor David Sandoval ha hecho un excelente trabajo en ese sentido, puesto que ha establecido un gran compromiso con su comunidad y con Chile, al ser uno de los autores de esta futura ley, la cual debe ser vinculante no solo para la Patagonia chilena, sino para todo el país.
Señor Presidente , felicito a los autores de la moción, las diputadas señoras Karla Rubilar y Alejandra Sepúlveda ; la entonces diputada señora Carolina Goic , los diputados señores Fidel Espinoza , David Sandoval , Guillermo Teillier , Patricio Vallespín, y los entonces diputados señores Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti, puesto que sin perjuicio de la utilidad que prestan las bolsas plásticas para la contención y el transporte de mercaderías, son una de las principales causas de contaminación. La utilización y el posterior desecho de las bolsas no biodegradables ha sido la causa la muerte de muchos animales y aves en la Patagonia, incluso de ballenas.
En el país se usan 250 millones de bolsas plásticas al mes, de la cuales el 90 por ciento termina en los vertederos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en los que el uso de este tipo de bolsas ha sido totalmente prohibido o ha sido gravado con un impuesto.
En el caso del proyecto en discusión, se propone que la infracción de la prohibición que se establece será sancionada con una multa de 1 a 5 UTM.
En el curso de la discusión de la iniciativa, las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente de la época plantearon algunos reparos, que compartimos, en cuanto a la dificultad para fiscalizar y a que esta proposición esté limitada a la Patagonia, los que fueron acogidos en forma parcial.
Coincido con los autores de la moción respecto de que la aplicación de la futura ley en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena servirá como experiencia piloto para su posterior extensión al resto del país. Espero que esa ampliación sea resuelta en el corto plazo, ante la evidencia que hay sobre el daño que ocasionan las bolsas plásticas al medio ambiente, oportunidad en la que espero se pueda discutir la prohibición de otros elementos de uso habitual hechos con el mismo material, como las botellas, ya que si se trata de evitar la contaminación con productos que no se reciclan con rapidez, no hay motivo para no estudiar todas las alternativas.
En consecuencia, el proyecto de ley en discusión es un avance en materia medioambiental que debemos apoyar.
El señor RATHGEB .-
Señor Presidente , antes de intervenir consulté por qué no se extendía la cobertura de lo que propone la iniciativa al resto del país. Me señalaron que había una serie de problemas en torno a esta situación que obligaban a avanzar de a poco.
Es importante destacar lo planteado por el colega Iván Fuentes respecto de lo que significa el cuidado del medio ambiente y de qué país dejaremos a nuestros hijos.
El proyecto que estamos debatiendo es muy loable, de manera que lo voy a apoyar, porque es el punto de partida para hacer extensivo este tipo de iniciativas al resto de Chile, a fin de entregar, como señalé, un mejor país a nuestros hijos para que puedan disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación. La naturaleza está siendo devastada cada vez más en distintos aspectos, y la utilización de productos como los señalados contribuye a ello.
Señor Presidente , anuncio que votaré a favor el proyecto, porque nos permitirá salir muy fortalecidos para impulsar iniciativas de esta naturaleza para el resto del país.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete.
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones a los diputados que presentaron la moción, porque es necesario e indispensable que nos hagamos cargo de muchas materias que hemos dejado un poco de lado.
Hace poco fuimos muy impactados por un documental de un periodista de Televisión Nacional, llamado “La isla de la basura”, que da cuenta de algunos lugares en los que se concentra el plástico que usamos, que tiramos y que va a parar al mar. En el océano Pacífico se formó una isla de desechos plásticos de 1.400.000 kilómetros cuadrados. El 80 por ciento de ese material fue aportado desde tierra y el 20 por ciento, desde los barcos.
Debemos preocuparnos de este tema en forma urgente. Está de más decir que todo lo que va a parar al mar vuelve a nuestra mesa, ya que la fauna marina consume esos plásticos y luego nosotros comemos productos de esa fauna marina, por lo que nos estamos envenenando en un círculo completamente vicioso.
Esta iniciativa, como proyecto piloto -así lo describió el diputado Daniel Farcas -, es un buen inicio. Pero me parece que debiéramos acelerar el proceso para que todo el país se haga cargo del destino de las botellas y de los envases de plástico. Una medida que podría aplicarse es que cada empresa que use esos productos se haga cargo de reciclarlos y de quitarlos de circulación una vez que ya no se utilicen.
Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor el proyecto.
Señor Presidente , en nombre de los autores de la moción, agradezco las palabras, la apreciación, las visiones y el interés en que un proyecto de esta naturaleza también se aplique a nivel nacional.
Los autores de la iniciativa hemos acogido la observación oportuna e inteligente del diputado Enrique Jaramillo sobre un error técnico-legislativo contenido en la redacción del inciso segundo del artículo primero de la iniciativa, que debemos corregir. Dicho inciso dispone que el reglamento que se dicte “deberá estar publicado en la fecha en que la ley entre en vigencia.”. El señor diputado tiene toda la razón en que se trata de un contrasentido desde el punto de vista de la técnica legislativa, que hay que corregir. Esta materia se trató en la Comisión y se señaló que el reglamento debe publicarse seis meses después de que la ley entre en vigencia. Reitero, los diputados patrocinantes del proyecto hemos concordado en que debemos corregir la redacción del inciso. No queremos que esta muy buena idea, que ha sido destacada por todos los parlamentarios, se envíe con ese error al Senado.
Por ello, señor Presidente, solicitamos que el proyecto vuelva a la Comisión para efectuar la referida corrección.
¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado señor David Sandoval?
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción, que aumenta la pena al delito de robo en lugar habitado y lo excluye del catálogo de beneficios de la ley N° 18.216.
Diputados informantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Constitución, Legislación y Justicia, son los señores Giorgio Jackson y Arturo Squella, respectivamente.
-Moción, sesión 26ª de la legislatura 361ª, en 14 de mayo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas, sesión 70ª de la legislatura 361ª, en 9 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, sesión 12ª de la presente legislatura, en 15ª de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El señor JACKSON (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de las diputadas señoras María José Hoffmann y Marisol Turres , de los diputados señores Ramón Barros , Javier Hernández , Javier Macaya , Ernesto Silva , Arturo Squella y Felipe Ward , y de los entonces diputados señores Gonzalo Arenas y Cristián Letelier , que aumenta la pena al delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y lo excluye del catálogo de beneficios de la ley N° 18.216.
Durante la tramitación del proyecto, la Comisión contó con la participación de la ministra de Justicia , señora Patricia Pérez ; del subsecretario de Prevención del Delito , señor Cristóbal Lira ; del jefe zonal de Carabineros de Chile Quinta Región , general Julio Pineda , y del director nacional de la Unidad de Delitos Violentos del Ministerio Público, señor Félix Inostroza .
La idea matriz del proyecto es aumentar la pena asignada al delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y eliminar la posibilidad de que los autores de este delito sean beneficiados con alguna de las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad que contempla la ley N° 18.216.
El proyecto no contiene normas de quorum especial ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar, con los votos de las diputadas señoras María Angélica Cristi y Marcela Sabat , y de los diputados señores Alfonso de Urresti , Cristián Monckeberg , Ernesto Silva y Matías Walker .
Según señalan los autores del proyecto, del análisis de las normas del Código Penal que establecen tipos penales relativos a crímenes y simples delitos contra la propiedad, se infiere que el legislador ha buscado asignar un mayor grado de responsabilidad a los casos en que el autor del ilícito pone en riesgo la integridad física o psíquica de la víctima. Lo anterior se grafica con las sanciones establecidas para el delito de robo con violencia o intimidación en las personas, presidio mayor en su grado mínimo a máximo, y por otro lado, para el hurto, multa de 5 UTM hasta presidio menor en su grado máximo.
En el caso del delito de robo con fuerza en las cosas, una de las distinciones que hace la ley se refiere al lugar donde se comete el ilícito, en el sentido de atribuirle mayor gravedad al robo en lugar habitado o destinado a la habitación, respecto del cometido en un lugar que no tiene ese fin.
La inseguridad en el propio hogar es una de las principales fuentes de la sensación de temor que se percibe en la ciudadanía. Por tal motivo, es necesario aumentar la pena al delito de robo en lugar habitado, considerándolo como de los más graves actos punibles del catálogo propio de los delitos contra la propiedad.
Bajo otra perspectiva, y en el entendido de que este tipo de delito afecta a todo el núcleo familiar, significa que alrededor de 200.000 personas al año, más allá de sufrir la pérdida de algún bien patrimonial, deben soportar las consecuencias psicológicas de haber sido víctimas de un ilícito de tal naturaleza.
Los impulsores del proyecto -que quede claro eso- manifiestan coincidir con el criterio de aumentar las penas, en la medida en que se afecta la integridad física y psíquica de las personas; pero, a la vez, estiman que el tema de la proporcionalidad de las penas correspondientes a los delitos contra la propiedad merece una revisión, especialmente tratándose del robo en lugar habitado, porque además de atentarse contra la propiedad, se genera un daño psíquico profundo y duradero.
Por otro lado, argumentan que los beneficios contemplados en la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, inhiben el rol preventivo de la pena, al no incluir el tipo penal en análisis, robo en lugar habitado o destinado a la habitación, dentro de la enumeración de delitos excluidos de tales beneficios, considerándolo solo bajo la hipótesis de la reincidencia contemplada en el inciso cuarto de su artículo 1º.
Durante la discusión en particular del proyecto, su artículo 1°, que aumentaba la actual pena de presidio mayor en su grado mínimo a máximo para la referida figura delictiva, recibió una indicación sustitutiva suscrita por varios diputados, en virtud de la cual se incrementa en un grado la pena, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.- Si al momento de perpetrarse el delito se encontrasen moradores al interior del inmueble o de sus dependencias.
2.- Si para facilitar el ingreso al inmueble o a sus dependencias haya sido desactivado o destruido algún mecanismo o medida de protección o de vigilancia del mismo, incluyendo el hecho de provocar lesiones o la muerte de animales destinados a tal fin.
En virtud de lo expuesto, los diputados que estuvieron presentes en la Comisión recomiendan a la Sala aprobar este proyecto de ley.
El señor CARMONA ( Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor SQUELLA (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en moción, que aumenta la pena asignada al delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y lo excluye del catálogo de beneficios de la ley N° 18.216.
De acuerdo con el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, el proyecto de ley tiene por objeto aumentar la pena asignada al delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y eliminar la posibilidad de que los autores de este delito sean beneficiados con alguna de las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad que contempla la ley N° 18.216.
Los autores del proyecto señalan que del análisis de las normas del Código Penal que establecen tipos penales relativos a crímenes y simples delitos contra la propiedad, se infiere que el legislador ha buscado asignar mayor grado de responsabilidad a los casos en que el autor del ilícito pone en riesgo la integridad física o psíquica de la víctima. A modo de ejemplo, el delito de robo con violencia o intimidación a las personas se sanciona con una pena que va de presidio mayor en su grado mínimo a máximo, mientras que el hurto se castiga con una pena que va de una multa de 5 UTM hasta presidio menor en su grado máximo.
En el primero de los casos, contemplado en el artículo 440 del Código Penal, la pena es de presidio mayor en su grado mínimo, mientras que para el segundo la pena asignada es de presidio menor en su grado medio a máximo.
Se añade en la moción que la inseguridad en el propio hogar es una de las principales fuentes de la sensación de temor que se percibe en la ciudadanía. Por tal motivo, es necesario aumentar la pena para el delito de robo en lugar habitado, considerándolo como uno de los más graves actos punibles del catálogo propio de los delitos contra la propiedad.
Según un informe de Carabineros de Chile, durante el 2011 se cometieron 64.980 robos en lugar habitado, lo que equivale aproximadamente al 32 por ciento del total de delitos contra la propiedad en la categoría de robo con fuerza.
Desde otra perspectiva y en el entendido de que este tipo de delitos afecta a todo el núcleo familiar, significa que alrededor de 200.000 personas al año, más allá de sufrir la pérdida de algún bien patrimonial, deben soportar las consecuencias psicológicas de haber sido víctimas de un ilícito de tal naturaleza.
Los impulsores del proyecto manifiestan que coinciden con el criterio de aumentar las penas, en la medida en que se afecta la integridad física y psíquica de las personas; pero, a la vez, estiman que la proporcionalidad de las penas correspondientes a los delitos contra la propiedad merecen una revisión, especialmente cuando se trata de robo en lugar habitado, porque, aparte de atentarse contra la propiedad, se genera un daño psíquico profundo y duradero.
Por otro lado, los beneficios contemplados en la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, inhiben el rol preventivo de la pena, al no incluir el delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación dentro de la enumeración de delitos excluidos de tales beneficios, considerándose solo bajo la hipótesis de la reincidencia. Atendido el bien jurídico protegido que dice relación con la integridad de las personas, se justifica excluir de los beneficios que otorga la ley señalada a quienes han cometido este delito.
Respecto del rol preventivo señalado, se sostiene que al delincuente no le es indiferente la pena asignada al delito, en particular para la gama de delitos contra la propiedad.
Por último, cabe señalar que la Comisión, en su calidad de segunda comisión técnica, procedió a votar en particular las normas del texto propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, las que aprobó por mayoría de votos en los mismos términos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , anuncio mi voto favorable a esta iniciativa e insto a mis colegas a que también la apoyen, con el objeto de dar una señal a la ciudadanía en cuanto a que sí estamos alineados legislativamente con sus preocupaciones fundamentales, como ocurre, sin duda, con la seguridad ciudadana.
Esta iniciativa, presentada por diputados de nuestra bancada, fue discutida latamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, así como también en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Como lo señaló el diputado informante de esta última, su finalidad es que la ley reconozca que las personas que son víctimas de robo con fuerza en un lugar habitado pueden sufrir daños físicos o psicológicos graves. Por tanto, se considera fundamental que a estos actos ilícitos se les asigne una pena más alta que la establecida en la actualidad, y que se impida a sus autores, es decir, a los delincuentes, acceder a medidas alternativas al cumplimiento de las penas privativas de libertad.
En este contexto, cabe señalar que los autores de esta importante iniciativa señalan en sus fundamentos que, “de acuerdo al informe relativo al año 2012, sobre delitos de mayor connotación social dado a conocer por Carabineros de Chile, en el país se cometieron, durante el año recién pasado, 64.980 robos en lugar habitado; esto equivale aproximadamente al 32 por ciento del total de delitos contra la propiedad en la categoría de robo con fuerza del mismo período de tiempo. Desde otra perspectiva y en el entendido que este tipo de delitos afecta a todo el núcleo familiar, significa que alrededor de 200.000 personas al año, más allá de sufrir la pérdida de algún bien de su propiedad, cargan con las consecuencias físicas y principalmente sicológicas de haber sido víctimas de este tipo de delito.”.
Adicionalmente, existen múltiples encuestas que confirman que desde hace ya varios años una de las mayores -si no la mayor- y más dramáticas preocupaciones de los ciudadanos es la posibilidad de que sean víctimas de la delincuencia en sus propias casas. Es más, los delitos contra la propiedad son los que se cometen con mayor frecuencia y siempre están latentes en la población, especialmente cuando se materializan en los hogares de las personas.
Ahora bien, el año pasado, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana arrojó cifras positivas en materia de delincuencia e indicó que la victimización general disminuyó de 38,4 por ciento, en 2006, a 24,8 por ciento, en 2013. No obstante, es evidente que aun cuando se reconozca este logro de la última Administración, siguen faltando condiciones adecuadas para disminuir la percepción de inseguridad que constantemente tienen los ciudadanos.
Todos queremos un Chile más seguro, especialmente cuando estamos en nuestros hogares. La gente espera de los legisladores contribuciones concretas a esta causa.
Por eso, vuelvo a anunciar mi voto favorable a esta iniciativa y a instar a los colegas a que también la apoyen.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , como se ha señalado aquí, esta materia ya fue objeto de estudio y discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, durante la legislatura anterior.
Uno de los delitos que producen mayor conmoción social, graves repercusiones y efectos físicos y psicológicos en las víctimas es que las personas sean asaltadas mientras se encuentran al interior de sus hogares. Entonces, si en la vivienda encontramos cobijo, debiera ser este el lugar de mayor protección para la familia.
Todas las encuestas o indicadores de seguridad pública confirman que el robo en lugar habitado es uno de los principales temores de los ciudadanos. Una cosa es el móvil, el atentado en contra de la propiedad, a través del robo o el hurto, según corresponda, pero otra distinta es la inseguridad que produce encontrarse en el hogar directamente enfrentado a los delincuentes al momento en que estos ingresan.
El proyecto inicial sufrió modificaciones en su debate legislativo, de manera que ese hecho se consideró como una agravante en los casos contemplados en el artículo 440 del Código Penal, en el entendido de dar mayor proporcionalidad a la pena y tener una mayor simetría con atentados más graves, como pueden ser los atentados contra la vida o la integridad de las personas. En ese sentido, a mi juicio, las comisiones obraron de manera correcta.
Lo sustantivo del proyecto es tratar de evitar la aplicación de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Al respecto, presentaré una indicación, porque considero que la norma no diferencia claramente lo que es solo un atentado a la propiedad respecto de aquellos casos en que, además, en el lugar se encuentre un morador.
Permítanme explicar mi posición. La modificación propuesta plantea solo dos posibilidades. Una es la conocida por todos, que expresa lo siguiente: “1.- Si, al momento de perpetrarse el delito se encontraren moradores al interior del inmueble o sus dependencias.”. Obviamente, esa redacción va en el sentido correcto, y así se sugirió por ambas comisiones. Pero luego, el mismo proyecto plantea una segunda modalidad: “2.- Si, para facilitar el ingreso al inmueble o sus dependencias, haya sido desactivado o destruido algún mecanismo o medida de protección o vigilancia del mismo, incluyendo el hecho de provocar lesiones o la muerte de animales destinados a tal fin.”.
¿Qué podría ocurrir? Por ejemplo, en el caso de una vivienda destinada al veraneo, en la que no existan moradores, por el solo hecho de descerrajar o violar algún mecanismo de seguridad, se va a aplicar la misma pena que si se ingresara a una vivienda en la que sí existen moradores al momento de perpetrarse el delito.
El artículo 1° del proyecto no hace distinción entre ambos casos, puesto que dice que “Se aumentará en un grado la pena antes señalada cuando los hechos descritos en el inciso anterior, tengan lugar con alguna de las circunstancias siguientes:”. No hace copulativos esos requisitos; vale decir, si la casa está absolutamente deshabitada, desprovista de moradores -pensemos en una segunda vivienda-, se aplicará una pena similar a la que se aplica cuando hay moradores al interior de la vivienda, lo cual -es mi sensación- es el verdadero objetivo de este proyecto.
Anuncio mi apoyo a la iniciativa, pero presentaré una indicación para mejorar su texto, desde el punto de vista de la técnica legislativa, de manera de lograr el propósito perseguido por sus autores.
El señor ORTIZ (Presidente accidental) Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.
El señor BERGER.- Señor Presidente , si hay una problemática que, junto con la salud y con la educación, se repite entre los temas por enfrentar que plantean cotidianamente los vecinos a lo largo de todo Chile, esa es, sin duda alguna, la delincuencia.
Muchos barrios en Chile han empezado a organizarse y a establecer medidas preventivas, a entrecruzar trabajo con las policías, los fiscales y los municipios. Pero eso no basta si, desde el punto de vista legal y penal, no hay también una acción coherente, que dé esa señal tan necesaria y les diga a los delincuentes, con todas sus letras, que el delito no les va a salir barato, y a los vecinos o vecinas, que no están solos.
Por eso, hay que dar este paso para endurecer las penas, al menos y de forma primera, en el aspecto que hoy parece ser más urgente, relevante y cercano a la familia, que es el robo en lugar habitado o destinado a la habitación, y, a su vez, excluirlo del catálogo de beneficios que establece la ley N° 18.216.
El robo en lugar habitado es el que hoy tiene mayor incidencia en la sensación de temor. Tiene múltiples alcances, pues no solo implica la violación de la propiedad, sino también el riesgo de la seguridad de quienes la habitan, así como efectos psicológicos negativos de largo alcance, tal como ha sido probado.
Algunos dirán que aumentar la pena y excluir el delito del listado de beneficios es desproporcionado en relación con otras formas de delincuencia, y que esto provocará más hacinamiento en las cárceles. A mi modesto modo de ver, eso es similar a enfermarse porque no me gusta el sabor del remedio, aunque lo tenga en la mano. Es no querer asumir y enfrentar el problema por el trabajo que va a significar llevarlo adelante.
En lo personal, pienso que el tema central es otro: ¿Cómo aumentamos de una forma global y coherente las sanciones y, de paso, dotamos a nuestras policías de más atribuciones, para que no sean las personas honestas quienes deban vivir, en sus propias casas, ocultas tras las rejas por el temor a ser vulneradas?
Discúlpenme que traiga a colación un tema que no puedo dejar pasar en este momento, en que discutimos solo un aspecto puntual del marco jurídico.
Es imperativo acelerar la elaboración del nuevo Código Penal, promesa que se arrastra desde los tiempos del gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle . Existía un plazo, fijado por el propio Ministerio de Justicia, para hacerlo llegar para su análisis y discusión en este trimestre, puntualmente en febrero de 2014; pero hasta ahora no tenemos noticias de ello, a menos que yo no lo sepa, por mi condición de nuevo diputado .
Por lo tanto, pido que avancemos en esta propuesta, que la aprobemos, pero no perdamos el norte sobre la urgencia de reformar y actualizar nuestro Código Penal, texto que ya no aguanta más remedios, porque su problema más bien requiere una cirugía mayor.
Finalmente, anuncio mi voto a favor del proyecto.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente , este proyecto busca aumentar las penas. Sin embargo, se debe procurar que exista una debida proporcionalidad. La pena que hoy se contempla para el delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación es de presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de cinco años y un día a diez años. Tal pena es proporcionada respecto de los demás delitos de robo.
Si tal pena sube, se generaría una desproporción injustificada. En el delito en discusión el único bien jurídico tutelado es el de la propiedad, a diferencia de lo que ocurre en el caso de robo con intimidación o robo con violencia, donde sí se justifica un marco penal más amplio, por tratarse de delitos pluriofensivos, dado que no solo se afecta la propiedad, sino también la integridad de las personas.
El aumento de la sanción al robo en lugar habitado, con las dos nuevas hipótesis que se incorporan, genera una desproporcionalidad y desequilibrio en la sistemática de penalidades base en materia de robos, que, de aprobarse, implicaría sancionar atentados a la propiedad y a las personas en circunstancias muy distintas, pero con penalidades idénticas, incluso injustas o absurdas, al penar casos más graves con sanciones menos graves. Así, por ejemplo, matar a una persona, en un caso de homicidio simple, sería sancionado con cinco años y un día. En cambio, robar en una casa sin moradores, después de desconectar la alarma, sería penado con diez años y un día. Evidentemente, eso no es razonable.
Por otra parte, ya no por razones de dogmática penal, sino de política criminal, es inconveniente incluir este delito en la nómina de delitos excluidos de la posibilidad de acogerse a las penas sustitutivas contempladas en la ley N° 18.216.
La tendencia actual apunta a un uso racional de la cárcel y que la privación de la libertad no sea la única y exclusiva respuesta del Estado frente al delito, porque tal privación generará muchísimos costos, que no solo son de orden económico, sino también social.
Los niveles de reincidencia son mayores entre quienes cumplen las penas privados de libertad, pues llega a 50 por ciento, a diferencia de lo que ocurre con quienes cumplen una pena alternativa, segmento en el que la reincidencia es cercana al 20 por ciento.
La persona que cumple la pena en prisión sufre un desarraigo comunitario y familiar, que no siempre se justifica, en particular cuando se trata de sentencias recibidas por primera vez.
Como bien dijo el diputado Berger , lo razonable es avanzar sobre una modificación y una revisión completa del Código Penal, a fin de actualizarlo de manera que responda a las nuevas formas de comisión del delito, con resguardo de la proporcionalidad y racionalidad de las penas, sin incorporar modificaciones particulares que producen inconsistencia en su aplicación.
Es necesario avanzar sobre esa base -se dijo también ayer en presencia del ministro de Justicia -, más allá del mero aumento de las penas, porque, como es sabido por muchos estudiosos del tema, al momento de delinquir, los delincuentes no miran la pena que les llegará cuando se dicte la sentencia; lisa y llanamente, actúan de manera delictual.
Por lo expuesto, anuncio mi voto negativo al proyecto.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , desde un principio, manifiesto mi voto en contra de este proyecto de ley, que es -lo diré con palabras sencillas- una aberración jurídica, sin sustento en cualquier política criminal. Repito: es una aberración jurídica.
Me gustaría que me explicaran una inquietud. ¿Quieren agregar como agravante, en el delito de robo en lugar habitado, que haya moradores? Explíquenme este delito de robo en lugar habitado, al que quieren agregar como agravante el hecho de que haya moradores. ¡Si el delito se llama “robo en lugar habitado”! Es decir, se parte de la base de que, eventualmente, en el lugar habrá algún morador.
Se pone como agravante que el ladrón desactive las alarmas. Nunca he robado en una casa, pero ¿no parece absurdo pedir al ladrón que si quiere robar en un lugar habitado no desactive la alarma? Al parecer, se piensa que los ladrones son estúpidos en Chile o algo por el estilo. Es decir, se pide que no desactiven los mecanismos de seguridad para entrar a robar a un lugar habitado. O sea, quieren que se les saque la foto para poder ubicarlo al día siguiente.
El robo en lugar habitado -es importante que aprendamos algo de derecho penal, a fin de no cometer estas aberraciones- es una forma de hurto agravado. Pero no deja de ser hurto agravado. Por ejemplo, si una persona va pasando por fuera de una casa y en el umbral de la puerta de entrada ve una bicicleta y la toma y se la lleva, eso es hurto. Si la bicicleta está al interior de la casa, que está habitada, y el delincuente abre la puerta, entra y se la lleva, eso es un robo en lugar habitado. Pero es un hurto. Conceptualmente, el robo en lugar habitado es un hurto agravado, al cual ya le hemos subido la pena en reiteradas ocasiones.
Insisto en que el robo en lugar habitado es un hurto agravado. Ahora, a esta figura le queremos fijar la pena de 15 años y, más encima, estamos diciendo que quien comete ese delito -este hurto agravado, en que un delincuente abre la puerta de una casa en que, eventualmente, hay moradores, saca la bicicleta y se la lleva- no tendrá derecho a penas alternativas. Es decir, tendrá que cumplir completamente los 15 años de pena que le impongan. Eso es lo que estamos estableciendo con este proyecto.
Ahora, ¿por qué es un error conceptual? Porque el delito de robo en lugar habitado puede mudar con mucha facilidad, ya que si el morador despierta y encara a los ladrones, entonces el delito cambia a robo con intimidación. Eventualmente, si se agrava más, puede llegar hasta un robo con homicidio. Todo esto está contemplado en nuestra legislación; no hay nada nuevo.
Además, altera de manera sustancial el sistema de penas consagrado en el Código Penal, que fue establecido en función del bien jurídico protegido. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que un homicidio simple, que parte en 5 años y un día y puede llegar a 15 años, tenga la misma penalidad que este hurto agravado?
Ayer, escuchamos a un diputado de la UDI expresar que tiene más importancia la propiedad privada que la vida. Pues bien, este es un buen ejemplo de aquello.
¿Qué tiene más importancia? ¿La propiedad o la vida humana? El homicidio -matar a un ser humano- tendría casi la misma pena que un hurto agravado, que se conoce como robo en lugar habitado, que ahora tiene como agravante que en ese lugar habitado haya habitantes.
Con las agravantes que quieren establecer, este hurto agravado pasa a ser un delito calificado por el resultado. ¿Y saben cuál puede ser el resultado? Que en un robo en ese lugar destinado a habitación haya moradores. Es decir, un robo en lugar habitado en que hay moradores agrava la pena.
Entonces, están calificando la magnitud de la pena por el resultado del delito. Y si al ladrón se le ocurre desactivar las alarmas, la pena es mayor.
Lo que voy a decir a continuación es en serio; no es una broma. ¿Cuántas casas tienen alarma? ¿Qué casas tienen alarmas? ¿A quién protegemos con este tipo penal? Se habla de las pobres víctimas cuyo sistema de seguridad será destruido por los ladrones. ¿Están pensando en los habitantes de la comuna de La Granja? ¿Acaso los vecinos de La Granja están llenos de alarmas? ¿En quiénes están pensando cuando se habla de estos tipos penales? ¡En quienes pueden poner alarmas! ¿Y quiénes pueden hacerlo?
Entonces, en lugar de sancionar -esto es muy patético- la ineficiencia de una empresa de seguridad que instaló una alarma que un ladrón fue capaz de desactivar, y pedirle mayor eficiencia a dicha empresa, le decimos al ladrón que no desactive las alarmas, porque eso le agravará la pena. ¿No sería más lógico decir a la empresa de seguridad que se contrató -por supuesto, no por la señora Rosita , Juanita o María, que viven en una población cuyas casas no tienen alarma- que sea más eficiente, en lugar de agravar la pena a un delincuente por cortar o desactivar una alarma?
Estos son tipos penales para proteger a la clase adinerada, a quienes pueden contratar a una empresa de seguridad para que les instale alarmas y otras medidas de seguridad, y tienen mastines que les cuidan la propiedad.
Alguien decía que se busca proteger a las personas honestas. ¿Entonces en las poblaciones no hay personas honestas? Si no tienen alarma, ¿no son personas honestas? ¿Son ladrones que roban a otros ladrones?
Respecto del proyecto de ley “Emilia”, se formularon dos grandes objeciones, una de las cuales era la desproporcionalidad de la pena que estábamos proponiendo, razón por la cual en la moción siguiente la bajamos. Pero ahora, el delito de robo en lugar habitado va a tener más penalidad que la que concordamos ayer para un conductor ebrio que mata a una persona, que quedó en presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de cinco años y un día a diez años. ¡Y ahora, por un robo en lugar habitado, se quiere establecer la pena que va de cinco años y un día a quince años! ¡Esto es una aberración jurídica!
Y más encima, a ese hurto agravado lo quieren sancionar con la eliminación de la posibilidad de aplicar penas alternativas. ¿Qué cuestionaba el Senado cuando les llegó el proyecto de ley “Emilia”? Cuestionaba dos puntos: primero, la desproporción, porque argumentaba que el homicidio iba a quedar con una pena menor a la de manejo en estado de ebriedad que cause la muerte, y por eso lo rechazaron; y segundo, que dejaba sin pena alternativa al culpable de manejar en estado de ebriedad y matar a una persona. Pero en el caso del hurto agravado, no queremos que se permita la posibilidad de penas alternativas a quienes sean condenados. ¿Por qué? Porque cortaron un sistema de seguridad y cometieron un robo en lugar habitado en que había moradores. ¡Y les queremos elevar la pena de prisión, que puede llegar a quince años y sin penas alternativas!
Repito que esto es una aberración jurídica que no puede ser aprobada por el Congreso Nacional, porque va en contra de toda la coherencia de nuestro Código Penal y constituiría un atentado a una correcta política criminal.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.
El señor BORIC.- Señor Presidente, esta materia la conversamos en las escuelas de derecho.
En un artículo publicado por el estudiante Javier Contesse , se hace una reflexión que me gustaría compartir. Dice: “La discusión sobre la teoría de la pena está marcada por una relación paradojal. La pena, como afectación particularmente intensa de derechos fundamentales,” -no nos olvidemos de cuál es la reflexión de lo que está detrás de lo que estamos discutiendo hoy, de cuál es el fundamento moral de la práctica punitiva del Estado- “se encuentra en una relación -podríamos decir- inversamente proporcional con la condena y como manifestación institucional legitimada con cargo al reproche de culpabilidad. Mientras mayor es la pretensión de la pena de guardar una conexión interna de sentido con la condena que la legitima, menor parece ser la posibilidad de su justificación como un medio efectivo. De modo inverso, una mayor efectividad en términos instrumentales implica una menor posibilidad de vinculación interna con la dimensión comunicativa contenida en el acto interpelativo de la condena. Por regla general, la pena privativa de libertad constituye el medio paradigmático de protección de los intereses jurídico-penalmente relevantes contenidos en las normas de comportamiento,” -en este caso, la propiedad- “pero la posibilidad de vincular su facticidad a la expresión de reproche de la condena en el plano simbólico es incierta. En este sentido, la relación entre ambos momentos -condena y pena- sería externa y, por lo tanto, una justificación no instrumental de la violencia penal parecería poco plausible.”.
¿Cuál es el fin de la pena? Hay quienes sostienen -afortunadamente, cada vez son menos, y espero que en el Parlamento también sean cada vez menos- que la pena tendría un carácter retributivo. Esto significa que la pena que se le impone a alguien que infringe la ley tiene un fin en sí mismo; o sea, la función de la pena es la de restablecer el daño causado. Eso está detrás de lo que, según entiendo, argumenta el diputado Squella .
Sin embargo, algunos creemos que la pena y el fundamento moral de la práctica punitiva del Estado son preventivos. Entonces, aquí nos cuestionamos si sirve la pena y si sirve aumentar la sanción para evitar el delito. ¿Cumplen las penas de privación de libertad el objetivo de disminuir las tasas de criminalidad?
Creo que esta moción confirma la pérdida de sentido del derecho penal moderno.
Miramos con mucha preocupación que se reproduzca, a través de este tipo de proyectos, el fenómeno denominado “inflacionario del orden punitivo”, perdiendo su carácter de ultima ratio. No es un chiste mandar a alguien a la cárcel.
A nuestro parecer, el derecho penal debería ser el último instrumento al que recurrimos como sociedad para proteger determinados bienes jurídicos. En el mismo sentido, creo que, en general, son preferibles aquellas sanciones penales menos punitivas si se alcanza el mismo fin. Esto si se comparte que la pena tiene un objetivo social y no es un fin en sí misma.
Es peligroso lo que ha venido haciendo Chile: avanzar hacia un sistema tan represivo basado en una criminología de la intolerancia que ve al individuo no como un sujeto a resocializar, sino como alguien al que hay que neutralizar, a través de esta y de otras mociones similares para aumentar radicalmente las penas, por la sensación de inseguridad que tendrían las personas.
Al respecto, quiero señalar que varios estudios sobre la materia demuestran que no existe necesariamente una relación directa entre la realidad objetiva de la delincuencia y la percepción que la gente tiene de ella.
Para conseguir más seguridad, la sociedad y los medios de comunicación piden mano dura y que se acabe la “puerta giratoria”, sin importar que ello vaya aparejado con la restricción de sus propias libertades y derechos. Así, el derecho pasa a tener una función simbólica -como señala el autor Cancio Meliá -, toda vez que determinados agentes políticos solo persiguen el objetivo de dar la impresión tranquilizadora de un legislador atento y decidido; es decir, predomina una función latente sobre la manifiesta. Eso es exactamente lo que estaba detrás de lo expresado por el diputado Berger , si no me equivoco, por cuanto decía que, con el aumento de la pena, estaban respondiendo a los intereses de los ciudadanos.
Con el aumento de las penas, la disminución de beneficios y la restricción de libertades vamos contribuyendo a la instauración de un derecho penal del enemigo. El aumento de sanción del robo en lugar habitado, con las hipótesis que se incorporan, genera además una desproporcionalidad y un desequilibrio que llevan al absurdo de penalizar casos más graves con sanciones menos severas. No me voy a extender sobre el particular, porque varios diputados ya se han referido a ello. Sin embargo, para dejar constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, no creo que la proporcionalidad sea el principal motivo por el que haya que oponerse, porque algunos diputados de la UDI podrían pretender subir las penas de los otros delitos para que exista proporcionalidad.
El fin último por el cual me opongo al aumento de la pena tiene que ver con que nos volvamos a cuestionar sobre cuál es la función de esta. Además, me declaro en contra de que no se puedan aplicar los beneficios de la ley N° 18.216, por los mismos motivos que argumentó la diputada Loreto Carvajal .
Finalmente, me gustaría reflexionar sobre lo que implican las penas privativas de libertad. En este caso, no debe tratarse solo de la violencia y la neutralización contra el que delinque, sino que se debe buscar su reinserción en la sociedad; sin embargo, todos sabemos que hoy las cárceles no sirven para eso. Como se ha señalado, las penas privativas de libertad generan un claro desarraigo del condenado de su comunidad, además de que las posibilidades de rehabilitación son mínimas en el actual sistema carcelario.
Según manifestó la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, los niveles de reincidencia son mayores entre quienes cumplen las penas privativas de libertad, que llegan al orden del 50 por ciento, a diferencia de lo que ocurre con quienes cumplen penas alternativas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, se debe preferir la aplicación de penas alternativas a la privación de libertad y, junto con ello, legislar en función de transformar de manera radical el origen del problema y de la violencia, que no está en el que delinque, sino en la sociedad desigual que hemos construido, la que precisamente queremos transformar.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella.
El señor SQUELLA.- Señor Presidente , como se señaló en los informes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia, en el texto original del proyecto se introdujeron dos modificaciones, una de las cuales aumentaba el rango de la pena. Es decir, si hoy es de presidio mayor en su grado mínimo -así está establecido en el Código Penal-, nosotros proponemos su aumento hasta presidio mayor en su grado máximo, para dar un rango amplio al juez para que aplique la pena que corresponda, en función de las distintas variaciones o consideraciones que pueda tener la conducta punible. Por cierto, dentro de ellas está el hecho de que se trate de un lugar habitado o destinado a la habitación, con o sin moradores. Eso tuvimos en mente cuando propusimos esa gama tan amplia de aumento de la pena.
La versión actual -no insistiré en ello, pues varios diputados se han referido al punto- recoge el artículo 2° del proyecto original, que no fue modificado, que agrega el artículo 440, referido al robo en lugar habitado o destinado a la habitación, dentro del catálogo de exclusión de la ley N° 18.216, que modificamos hace algunos años.
Actualmente, esa conducta punible, ese tipo penal, está considerado dentro de los que eventualmente entran en dicho catálogo de exclusión. La única diferencia es que hemos aumentado el rango de la pena, porque actualmente está bajo la hipótesis de que si se trata del primer delito -el del artículo 440, el robo en lugar habitado- y después se comete un segundo delito, que puede ser el robo por sorpresa, se aplica el catálogo de exclusión y el juez no tiene la posibilidad de aplicar una pena alternativa. Desde ese punto de vista, no estamos innovando mayormente, sino que recogemos las modificaciones que permanentemente se han introducido en la ley N° 18.216 conforme a la voluntad del legislador.
Ahora bien, ¿por qué presentamos este proyecto? Si se analiza el Título IX del Código Penal, en el que se describen los crímenes y simples delitos contra la propiedad, se puede observar que hay distintos tipos penales. Como señala el informe, las penas van desde el presidio mayor en sus grados mínimo a máximo para el delito de robo con violencia o intimidación en las personas, y, por otro lado, multa de 5 UTM hasta presidio menor en su grado máximo, en el caso del hurto.
¿Por qué se genera esa diferencia tan importante en las penas si el bien protegido es la propiedad? En esta parte, llamamos a los diputados a la reflexión, porque creemos que esa diferencia en la pena se genera en función de cuánto se afecta a la persona en su integridad física y psíquica y no necesariamente en la cuantía de las cosas. La única distinción que se hace en la cuantía de la propiedad hurtada o robada es precisamente en el caso del hurto. En el resto de los delitos contra la propiedad no se hace mención a la cuantía, es decir, dejamos fuera cuánta es la apropiación ilícita o lo que el afectado deja de tener dentro de su propiedad.
Entonces, inmediatamente pasamos a la segunda variable, que es precisamente cuánto se afecta a las personas. Si analizamos todas las modificaciones a los distintos tipos de delitos contra la propiedad, se avala nuestra tesis de que la pena va variando en función de cuánto se afecta la integridad de las personas. Por algo el robo con violencia o intimidación es hasta el momento el delito más grave dentro de los delitos contra la propiedad.
A este respecto, el legislador tiene mucho que decir, porque, si hablamos de proporcionalidad, precisamente por esa razón presentamos este proyecto. En ese sentido, consideramos desproporcionada la pena que hoy se asigna a uno de los delitos que la ciudadanía considera de mayor gravedad.
Por su parte, el profesor Jean Pierre Matus , quien concurrió a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, manifestó que nosotros estábamos llamados a revisar la proporcionalidad y no un libro académico. La proporcionalidad es eco de lo que opina la ciudadanía, la cual, a través de sus representantes, fija las normas obligatorias para todos, dentro de las cuales están los tipos penales. Eso es lo que proponemos revisar. Hay argumentos muy contundentes en el sentido de ir desincentivando las penas privativas de libertad -y las recojo-, como los señalados por el diputado Boric ; pero, dentro de esas teorías, que quizá tienen mayor cabida en países europeos, constatamos que en Chile no están dadas las condiciones en función del trabajo que estamos haciendo en materia de rehabilitación y reinserción de las personas que han pasado por la cárcel.
Por lo tanto, no nos debemos basar necesariamente en el rol retributivo de la pena -jamás he tratado de basar algún argumento en ese rol de la pena-, sino en el preventivo. Hay estudios, que tienen base en Europa, que expresan que cada vez es menor la importancia del rol preventivo, sea general o especial. No obstante, en Chile tenemos ejemplos de tipos penales que nosotros mismos modificamos -concretamente, de penas que elevamos-, hace dos o tres años, que son la demostración de que eso generó una modificación sustantiva en la conducta de los delincuentes, como, por ejemplo, en el robo de vehículos motorizados, por cuanto la comisión de ese tipo penal bajó, de manera automática y significativa, a los tres meses de publicada la ley. En el caso del robo a cajeros automáticos, la comisión de ese delito disminuyó, si mal no recuerdo, en 80 por ciento. Obviamente, alguien me podría replicar que los individuos que se dedicaban a esos tipos de robos no dejaron de ser delincuentes, con lo cual concuerdo, porque seguramente trasladaron su conducta hacia otros ilícitos, particularmente contra la propiedad. No es lo mismo la reincidencia en delitos contra la propiedad respecto de otro tipo de delitos, como, por ejemplo, los sexuales.
Lo que buscamos es subir el rango a la pena asignada a uno de los delitos más graves, de acuerdo con la apreciación de la ciudadanía. Cuando entran a robar a nuestras casas, lo que se llevan pasa a quinto plano. Es bien poco relevante lo que se llevan; lo importante es lo que queda instalado.
Nosotros tuvimos a la vista los índices de delincuencia, que nos muestran los niveles de victimización y de revictimización. También conocimos las estadísticas de delitos de mayor connotación social que elabora Carabineros de Chile. Pero el indicador más relevante, a mi juicio -es el que debemos revisar-, es el de temor de la población, al que se hizo mención anteriormente.
Si los delitos están bajando, como dijo el diputado Van Rysselberghe , pero la sensación de temor permanece instalada y no varía en absoluto -incluso hay quienes sienten que el delito ha ido ganando terreno-, eso significa que es esa sensación la que tenemos que enfrentar de buena forma. Y una buena forma es decirle al delincuente, particularmente al que comete delitos difíciles de perseguir por el Ministerio Público, que si comete la conducta que estamos penando, será sujeto de una sanción mayor y -es lo que más me interesa de esta iniciativa- no será beneficiado con penas alternativas a la privación de libertad, como las que contempla la ley N° 18.216.
Hace poco, un diputado del Partido Comunista se refirió a este proyecto como una suerte de aberración, calificativo que, obviamente, no comparto, porque pienso que debemos elevar el nivel de la discusión y referirnos a temas de tenor jurídico. Con todo, lo invito a que revisemos lo que ocurre en un país que yo sé que él admira mucho y, seguramente, usted también, señor Presidente : Cuba. Y lo traigo a colación porque en ese país el tipo de delito que estamos penando es castigado con presidio perpetuo. Seguramente, ellos también recogieron el valor que nosotros le asignamos a la tranquilidad -más que a la propiedad- de saber que en el futuro no seremos víctimas de este tipo de delito.
En este caso, la propiedad pasa a segundo plano. Lo relevante es cómo entregamos mayor seguridad a las personas al interior de sus casas, para que sepan que, al menos desde el momento en que cierran las puertas de sus casas, no serán víctimas de la delincuencia.
Llamo a los diputados que tienen contacto directo y permanente con la comunidad, a los que hacen el trabajo distrital en forma sistemática, a recoger y evaluar lo que la gente les plantea sobre delincuencia, particularmente sobre sus sensaciones de temor y la valoración que hacen del delito de robo en lugar habitado y la gravedad que le asignan. Este dato no es menor.
Para nosotros también fue muy relevante lo que nos dijeron profesores de derecho penal, destacados juristas que expusieron en nuestras comisiones; pero, a mi juicio, es más relevante lo que opina la ciudadanía, y por eso estamos aumentando el tiempo de privación de libertad de una persona que comete estos delitos. Es más significativo lo que la ciudadanía quiere respecto de los distintos tipos que nosotros consideramos punibles.
Ese es el llamado que me gustaría que recogiera la Sala, además de pedirle que piense en los ciudadanos que representamos, para que vote favorablemente el proyecto.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas concurrí con mi voto favorable a la aprobación de este proyecto de ley, y con el diputado Gabriel Silber , actual Presidente de dicha instancia, somos autores de algunas de las indicaciones que se presentaron.
Es necesario precisar algunos aspectos de este proyecto. El robo en lugar habitado es el delito que más aumentó durante el gobierno del Presidente Piñera; también aumentó la violencia asociada a los delitos. Esto se puede verificar en los índices de la Fundación Paz Ciudadana.
El proyecto fue bastante discutido -quiero destacar a su autor, el diputado Squella - y lo aprobamos de manera transversal. Escuchamos la voz del Ministerio Público y la opinión de Carabineros de Chile, y tuvimos presente que el bien jurídico que pretendemos defender no es la propiedad, sino el derecho a la seguridad de las personas que viven dentro de una casa habitación. Sobre todo, tomamos en consideración la realidad de miles de hogares humildes, en poblaciones y localidades rurales, en los que, por las necesidades laborales de los padres, muchas veces los hijos quedan solos. De ahí la importancia del valor jurídico que le estamos asignando al derecho a la seguridad de las personas al interior de la casa habitación, sobre todo en momentos de vulnerabilidad, como es la noche. Para esto, proponemos aumentar en un grado la pena asignada al delito de robo en lugar habitado.
Con todo, el proyecto tuvo algunos reproches, que se resuelven con la indicación que presentó el diputado Gabriel Silber y que invito a apoyar. La indicación suma a la circunstancia agravante de encontrarse moradores al interior de la casa habitación, la comisión del delito de descerrajamiento, o desactivación, o destrucción de mecanismos de alarma. De aprobarse la indicación del diputado Silber , se resuelve uno de los reproches, porque queda claro que lo que queremos proteger es a los moradores del inmueble.
Con frecuencia, este tipo de robos son con fuerza y ocasionan, la mayoría de las veces, daño físico y psicológico a los afectados, y, en algunos casos, la muerte. Los niños son los que resultan con mayor daño psicológico cuando ocurre un asalto violento a una casa.
Señor Presidente , el diputado señor Hugo Gutiérrez preguntaba por qué hablamos de robo y no de hurto. La respuesta es muy simple: para entrar a robar a una casa habitada se tiene que emplear fuerza en las cosas.
Ayer, la Cámara aprobó un proyecto de ley que impide aplicar penas sustitutivas a las privativas de libertad contempladas en la ley N° 18.216 en caso de un cuasidelito de homicidio. Pues bien, veinticuatro horas después sería inexplicable que no nos allanemos a aprobar una indicación similar para un delito reconocido como uno de los que más ha aumentado y que causa mayor temor en la población.
Señor Presidente , los teóricos del derecho penal siempre se van a oponer a aumentar las penas. Así lo manifestaron cuando quisimos aumentar las asignadas al delito de pedofilia, que ni siquiera estaba tipificado como delito; también lo hicieron cuando aumentamos las penas relacionadas con el abuso sexual contra menores e incorporamos el delito de posesión de material pornográfico infantil, cuestión que hoy nadie discute que se trató de una buena idea. Esos mismos teóricos del derecho penal -hoy fueron citados- se oponen a aumentar las penas que contempla el proyecto. Lo subrayo, no obstante el respeto que se merecen.
Señor Presidente , ¿sabe por qué se produce esa disparidad de criterios? Porque somos los diputados quienes tomamos contacto con la gente en las poblaciones; es ella la que nos pide aumentar la dotación de carabineros y aumentar la seguridad. Son las mujeres, en particular las dueñas de casa, quienes más nos piden tomar medidas en relación con el delito de robo en lugar habitado.
Anuncio que votaremos favorablemente el proyecto, con la indicación presentada por el diputado señor Silber, que esperamos que se apruebe en esta misma sesión.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del día.
El debate del proyecto continuará en la próxima sesión ordinaria.
Restan once diputados inscritos para hacer uso de la palabra.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 27, de los diputados señores David Sandoval, Juan Morano, Leopoldo Pérez, René Saffirio, Alejandro Santana, Issa Kort, Patricio Vallespín, Celso Morales, Gonzalo Fuenzalida y Germán Becker, que en su parte dispositiva señala:
En mérito de lo expuesto anteriormente, solicitamos a su excelencia la Presidenta de la República , doña Michelle Bachelet Jeria, disponer de la ejecución de un plan piloto de medición de contaminación intradomiciliaria en poblaciones vulnerables, a objeto de cuantificar, sin impacto asociado, el contaminante atmosférico al que se exponen dentro del domicilio, debido al uso de combustibles fósiles y/o leña y la calidad de los artefactos utilizados.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Sandoval .
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , hemos conversado sobre este tema con varios parlamentarios de diferentes bancadas, especialmente respecto de las ciudades que han sido centro de contaminación atmosférica, como Rancagua, Coyhaique, Temuco y otras que se han caracterizado por tener altos niveles de material particulado, lo que, obviamente, afecta significativamente a su población. Por ejemplo, sobre el particular conversé con el diputado señor Javier Hernández , representante de comunas de la Décima Región.
Los estudios demuestran que en el exterior la contaminación atmosférica tiene determinados rangos, pero que dentro de las viviendas, particularmente en las poblaciones más vulnerables, esta se multiplica, porque está asociada al uso de sistemas precarios de calefacción, como leña con alto nivel de humedad.
El objetivo del proyecto es adoptar medidas razonables y, técnicamente, acordes con la magnitud del problema. Así lo planteamos al ministro del Medio Ambiente en la comisión respectiva.
Probablemente, la contaminación que se produce dentro del hogar es mucho mayor y afecta a niños, mujeres y adultos mayores, lo que genera riesgos para la salud.
Actualmente, se están aplicando varias medidas: cambio de calefactores, certificación de la leña, estímulos para la formación de centros de acopio e, incluso, medidas radicales que, en nuestra opinión, están fuera de contexto, como delimitación de zonas para el uso de calefactores en determinados días y horas en ciertas ciudades, con lo cual se condena a sus habitantes a condiciones extremas de temperatura.
Con esta iniciativa, se busca definir una línea de acción que permita diseñar estrategias para enfrentar la contaminación con medidas radicales. Se trata de un problema no menor que afecta a muchos sectores.
Quiero destacar el apoyo transversal que ha tenido el proyecto. Por lo mismo, solicito que la Cámara lo apoye.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , siempre que hemos hablado de las implicancias de la contaminación por consumo de leña en las ciudades del sur, lo hemos hecho desde la mirada del impacto que produce en el medio ambiente de los espacios abiertos, pero nunca hemos abordado la temática de la contaminación intradomiciliaria. Como se ha señalado, esta muchas veces trae asociados componentes mucho más peligrosos para la salud, de más alto riesgo que los que se respiran en las calles del sur.
Por esa razón, es importantísimo que el Gobierno asuma el impacto que produce la contaminación por consumo de leña con altos niveles de material particulado MP10 -ahora MP2,5-, en los períodos críticos.
Hemos convenido con el señor ministro del Medio Ambiente desarrollar un conjunto de medidas específicas que mitiguen el impacto durante este invierno desde Chillán al sur.
Solicito a mis colegas aprobar este proyecto de resolución, con el fin de contar con una política pública que disminuya la contaminación intradomiciliaria en las ciudades del sur de Chile.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
ÁlvarezVera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Sommerhoff Felipe; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Urrutia Paulina; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvo el diputado señor Núñez Arancibia Daniel.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 28.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 28, de los diputados señores Felipe Kast, Sergio Espejo, Pablo Lorenzini, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, de los diputados señores Vlado Mirosevic, Jaime Pilowsky, Gonzalo Fuenzalida, Pedro Browne, y de las diputadas señora Paulina Núñez y señorita Marcela Sabat, que en su parte dispositiva señala:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ejecutivo que disponga, a la brevedad posible, el ingreso de un proyecto de ley sobre evaluación de las políticas públicas que permita fijar estándares para la evaluación, asegure la publicidad y control ciudadano de las políticas y cree una entidad independiente que pueda realizar evaluaciones ex post de políticas públicas.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast.
El señor KAST (don Felipe).- Señor Presidente , existen deudas relevantes en materia de política social. En ocasiones, la ciudadanía tiene sospechas respecto de los juicios que hacemos sobre ese particular debido a que esos juicios muchas veces se encuentran contaminados con visiones de interés de quien formuló un programa social o una determinada política pública.
Como consecuencia de las reglas del juego con que convivimos, muchas veces esos proyectos, que ayudan a generar mayor justicia y oportunidades, son postergados; en otras oportunidades, aquellos que no ayudan a generar más justicia son desechados.
Por lo mismo, los programas de gobierno diseñados durante los últimos tres períodos presidenciales han provocado la inquietud transversal en el sentido de que es necesario generar una agencia que evalúe la calidad de los programas sociales. Ella debe ser completamente autónoma; no debe depender, como sucede hoy, de la Dirección de Presupuestos, pues esta puede encargar estudios de evaluación que pueden estar influidos por el mismo que los mandata.
Agradezco el apoyo transversal a este proyecto de resolución. Destaco el hecho de que haya contado con el respaldo de diputados independientes y de la Nueva Mayoría.
El proyecto de resolución solicita a la Presidenta Bachelet que ingrese nuevamente la iniciativa que crea la Agencia de Calidad de Políticas Públicas. Ese trámite se consumó en enero pasado, pero posteriormente el proyecto fue retirado.
Es bueno que los chilenos contemos con niveles de rigurosidad a la hora de generar programas sociales. Estos deben cumplir con su cometido, cual es tener un Estado al servicio de la justicia.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Espejo.
El señor ESPEJO.- Señor Presidente , probablemente una de las tareas pendientes en Chile se relaciona con la modernización. Hemos avanzado mucho en una serie de ámbitos, pero nuestros criterios de evaluación, particularmente en materia de políticas públicas, son aún muy precarios.
El diputado Felipe Kast señaló que uno de los defectos de las evaluaciones que lleva adelante el Ministerio de Hacienda es que quien es evaluado finalmente es el mismo que define los criterios para ello. A mi juicio, el problema no solo radica allí. En la práctica, la evaluación de las políticas públicas en Chile se encuentra limitada a una evaluación financiera que realiza la Dirección de Presupuestos, que ha demostrado ser absolutamente insuficiente. Esa evaluación, además, no incluye control social ni involucramiento de los distintos actores que se verán afectados o beneficiados por la medida, lo que, evidentemente, es un problema.
Por último, carecemos de un tercero independiente que pueda realizar tales controles.
Mediante el proyecto de resolución en comento -lo preciso, porque en esta materia existe una diferencia respecto de lo expresado por el diputado Kast - no estamos pidiendo el reingreso del proyecto de ley elaborado por la administración Piñera, por más que aquel contenga una serie de elementos positivos, sino que se disponga a la brevedad el ingreso de un proyecto que reúna las condiciones, las características y los elementos de la discusión transversal que hemos venido realizando durante los últimos tres gobiernos.
En ese espíritu, solicito a los diputados presentes apoyar el proyecto, que va en directo beneficio de la evaluación de políticas públicas que buscan atender las necesidades de los chilenos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, de pronto caemos en la tentación de creer que promoviendo nuevas instituciones resolveremos antiguos problemas.
Me correspondió presidir la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación cuando el gobierno pasado envió a tramitación el proyecto que creaba el Ministerio de Desarrollo Social, y con él, la Subsecretaría de Evaluación Social.
Uno de los objetivos de esa Secretaría de Estado era precisamente contar con una institucionalidad que permitiera evaluar de mejor manera las políticas y los programas sociales. Si se creó el Ministerio de Desarrollo Social con una Subsecretaría ad hoc en relación con la materia que promueve el proyecto de resolución, ¿por qué hoy debemos impulsar una agencia para que lleve a cabo lo mismo que prometía hacer el Ministerio de Desarrollo Social?
Antes de promover una nueva institucionalidad debemos saber en qué han fallado las institucionalidades que ya hemos creado. Por eso, le encuentro pleno sentido a la decisión tomada por la Presidenta Bachelet de retirar el proyecto ingresado durante la administración pasada, porque es fundamental efectuar una evaluación sobre lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social durante estos años y determinar si ha cumplido o no con la promesa de ser la institucionalidad pública que permitiría dar un salto en materia de superación de la desigualdad y la pobreza.
Reitero, es mejor primero evaluar lo que hemos hecho hasta ahora para adoptar medidas más efectivas, en vez de proponer una nueva institucionalidad sin siquiera revisar si la que ya creamos cumplió su objetivo.
Por eso, anuncio que no respaldaré este proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 3 abstenciones.
AuthStewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Espejo Yaksic Sergio; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Rathgeb Schifferli Jorge; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Squella Ovalle Arturo; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías.
ArriagadaMacaya Claudio; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Chahin Valenzuela Fuad; Cicardini Milla Daniella; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jaramillo Becker Enrique; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ortiz Novoa José Miguel; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rocafull López Luis; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila.
AguilóMelo Sergio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Melo Contreras Daniel.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 29, de los diputados señores David Sandoval, Javier Hernández, Jorge Ulloa; de la diputada señora María José Hoffmann; de los diputados señores Pablo Lorenzini, Juan Morano, Iván Fuentes, Ignacio Urrutia, Iván Norambuena, y de la diputada señora Marisol Turres, cuya parte dispositiva señala:
En merito de lo expuesto, solicitamos a su excelencia la Presidenta de la República , doña Michelle Bachelet Jeria, disponga a través del Ministerio de Hacienda, los recursos necesarios para financiar la ejecución del proyecto “Complejo Fronterizo Huemules”, coordinando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las acciones necesarias para concretar el acuerdo y coordinar con las autoridades la pronta concreción de esta implementación fronteriza y resolver una situación deficitaria que afecta a miles de ayseninos y extranjeros.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 16 abstenciones.
ÁlvarezVera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Espejo Yaksic Sergio; Farcas Guendelman Daniel; Flores García Iván; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías.
AguilóMelo Sergio; Auth Stewart Pepe; Gutiérrez Gálvez Hugo; Kast Sommerhoff Felipe; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Melo Contreras Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rocafull López Luis; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto Ferrada Leonardo; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido por la Democracia.
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , durante la administración anterior se diseñaron varios logotipos para representar al Gobierno de Chile. El primero mostraba el escudo nacional, el que se estampó en casacas, pancartas y todo tipo de publicidad institucional. Después se ideó un segundo, para terminar finalmente con el logotipo tricolor.
La pregunta es cuántos recursos se invirtieron en cambiar logotipos durante la administración pasada. Repito, se utilizaron tres logotipos, lo que significó incurrir en tres gastos, que no sabemos a qué suma llegaron.
Por eso, solicito oficiar al contralor general de la República para que informe a esta Corporación a cuánto ascendió el costo por cambio de logotipos durante la administración pasada.
Valoro la actitud de la Presidenta Bachelet de no cambiar el logotipo del Gobierno de Chile por razones de austeridad. Es un gran ejemplo que ella da esta Cámara de Diputados y, sobre todo, a la política chilena. En efecto, no porque cambie un gobierno este debe asumir que debe cambiar el logotipo que lo represente. Persistir en esa costumbre significará gastar muchos miles de millones de pesos del erario.
Insisto, junto con valorar lo que está haciendo la Presidenta Bachelet en esta materia, propongo mantener un único logotipo que traspase la administración de turno, tal como ocurre con los símbolos patrios. Sobre el particular, propongo elaborar un logotipo institucional entre todas las fuerzas políticas del país, de modo de no hacer cambios del tipo señalado a fin de no generar gastos innecesarios. Así -repito- evitaremos caer en la misma tentación que el gobierno anterior, que gastó plata en tres logotipos. Se trató de un capricho, cuyos costos deben ser informados por la Contraloría General de la República.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.
El señor FARCAS.- Señor Presidente , la calidad de vida, la seguridad ciudadana y las posibilidades de un desarrollo armónico están intrínsecamente ligadas a las áreas verdes. Por eso mi preocupación está orientada a eliminar la inequidad que existe al comparar las comunas de Huechuraba, Renca , Conchalí y otras comunas del sector poniente de Santiago , con las de otras regiones del país, puesto en las primeras hay menos de un tercio de áreas verdes por habitante, superficies que deben ser resguardadas, al menos en el caso de los terrenos que son parte de las plazas y de los jardines de esas comunas.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Educación y de Salud , con el objeto de que no se insista en la desafectación de las áreas verdes para la construcción de infraestructura pública, como jardines infantiles, consultorios y juntas de vecinos, la cual si bien es muy necesaria y bienvenida en todas las comunas, no debe seguir haciéndose a costa de las áreas verdes.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , en un día como hoy, pero de 1966, comenzó sus transmisiones Radio Bío-Bío , de Concepción.
En 1956, el señor Nibaldo Mosciatti Moena creó la Radio El Carbón de Lota, con lo cual dio inicio a una posterior emisora que tiene su gerencia principal en Concepción, la cual desde el sur comenzó a transformarse, si no en la principal, en una de las grandes radios del país.
Envío este saludo no solamente como profesional de las comunicaciones, sino en nombre de muchos ciudadanos de la Región del Biobío, los que para sentirse informados de lo que ocurre en su comuna, en su región y en el país sintonizan esa radio en las distintas ciudades, lo que se repite a lo largo del territorio nacional.
Estar informados de lo que ocurre es un derecho de todos los ciudadanos, puesto que tal como lo señala el sello de Radio Bío-Bío, el hombre que no está informado no puede tener opinión, y si no tiene opinión no puede tomar decisiones.
En varios momentos de nuestra historia esa radio ha sido un aporte y ha contribuido a mantener a la gente informada. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar que Radio Bío-Bío constituyó la única fuente de comunicación para que muchos ciudadanos tomaran decisiones y se mantuvieran informados durante el 27 de febrero de 2010.
Por lo tanto, desde esta tribuna envío mis saludos a la familia Mosciatti y a todos los trabajadores que integran la familia de Radio Bío-Bío, en especial al periodista señor Salvador Schwartzmann . Esa emisora ha sido y seguirá siendo un aporte muy importante no solo en materia informativa, sino también para denunciar y fiscalizar los abusos, atropellos y la falta de transparencia que en muchas ocasiones se producen en el país.
En consecuencia, pido que se oficie a los representantes de Radio Bío-Bío y a quienes he mencionado, adjuntando copia de mi intervención, con el objeto de enviar mis saludos, mis respetos y mi aprecio por la labor que lleva a cabo esa emisora, no solo en la Región del Biobío, sino a lo largo y ancho del país.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité del Partido Comunista, tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez .
El señor NÚÑEZ (don Daniel) .- Señor Presidente , quiero denunciar la situación que en materia de transporte público afecta a los habitantes de la ciudad de Ovalle, en especial a las personas más modestas, a familias de trabajadores y a mujeres temporeras, las que, al no contar con un medio de transporte propio, deben utilizar la movilización colectiva para trasladarse a sus lugares de trabajo y a los colegios en los que estudian sus hijos.
El transporte público de Ovalle funciona en pésimas condiciones, con el consiguiente perjuicio para sus usuarios. Entre otros problemas, se observa un trato indigno y denigrante hacia los usuarios, en particular los estudiantes; falta de flujo adecuado, puesto que se producen intervalos muy prolongados sin la presencia de micros en las calles, y falta de recorridos que lleguen a las poblaciones más habitadas, las cuales, en la práctica, carecen de transporte público, en especial aquellas que se ubican en el acceso sur, cuyos pobladores necesitan trasladarse hacia el norte y el centro de la ciudad.
Más de diez juntas de vecinos plantearon reclamaciones muy sentidas sobre esa situación a las autoridades regionales respectivas, pero resulta curioso e inexplicable que tanto el exseremi de Transportes como el exintendente, señor Juan Manuel Fuenzalida , no hayan hecho nada al respecto, lo que resulta aún más extraño si se considera que hay dueños de buses dispuestos a desarrollar nuevos recorridos en la ciudad de Ovalle.
Al parecer el problema es más complejo de lo que parece, pues todo indica que el mal funcionamiento del transporte público de esa ciudad está vinculado al monopolio, porque en la actualidad solo una empresa ofrece el servicio. La falta de fiscalización y de control ha hecho que los dueños de ese negocio se sientan intocables, lo que no les ha impedido entregar un servicio de mala calidad.
El problema señalado no se presenta solo en Ovalle, sino también en la conurbación La Serena-Coquimbo, que es otro monumento al mal funcionamiento del transporte público.
En consecuencia, pido que se oficie al seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Coquimbo, señor Óscar Pereira , con el objeto de que nos informe qué medidas adoptará la secretaría regional que encabeza para resolver ese problema, así como al subsecretario de Transportes , a fin de que instruya que se lleve a cabo un diálogo ciudadano en las tres comunas más grandes de la Región de Coquimbo más afectadas por el problema señalado: La Serena, Coquimbo y Ovalle .
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).- Señor Presidente , el puerto de Antofagasta, a cargo de la Empresa Portuaria Antofagasta, está emplazado en medio de la ciudad del mismo nombre.
El desarrollo minero genera gran demanda de los servicios portuarios, lo que puede generar problemas a la ciudad de Antofagasta, razón por la que la concesionaria Antofagasta Terminal Internacional ha otorgado a sus proyectos el carácter de amigables con la ciudad.
Pido que se oficie al presidente y a los integrantes del directorio de la Empresa Portuaria Antofagasta para que informen si es verdad que el límite sur del terminal portuario de Antofagasta se ampliará en trescientos metros lineales.
Asimismo, solicito que me señalen cuál es el objetivo de esa ampliación y si ella responde a la construcción de eventuales galpones para el acopio del concentrado de cobre.
Por otra parte, pido que se indique en qué plazos se llevará a cabo la ampliación. Si el objetivo no es el acopio de concentrado de cobre, quiero que se transparente para qué se ha pedido la ampliación del límite sur del terminal, que implicará, ni más ni menos, quitarles metros a todos los antofagastinos en los pocos espacios públicos que tenemos en la costanera de la comuna de Antofagasta.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitado por su señoría.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.
El señor BERGER.- Señor Presidente , quiero representar la preocupación de un número importante de vecinos del sector norte de Valdivia, que ve cómo se acerca el día en que se ponga en marcha el puente Cau Cau, obra de la que personalmente fui impulsor. Los vecinos observan con inquietud que ante la inminente entrada en operaciones del puente, no se habilitará el camino Cabo Blanco-Las Marías , empalme natural de la salida del viaducto, pero que actualmente es de ripio.
En 2007, la Presidenta Michelle Bachelet encabezó un convenio de programación en el que se acordó, en el contexto de un paquete global de inversiones, que mientras el puente Cau Cau sería asumido en forma sectorial por el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno regional haría lo propio de forma íntegra con el camino Cabo Blanco-Las Marías , y el Ministerio de Vivienda, con la avenida España.
El presupuesto inicial comprometido para el camino Cabo Blanco-Las Marías era de 5.000 millones de pesos. Desgraciadamente, se han hecho dos licitaciones que han arrojado un presupuesto superior al oficial: más de 7.000 millones de pesos.
El proyecto fue reevaluado por el Ministerio de Desarrollo Social. Dado que entiendo que dicha reevaluación se encontraría finiquitada desde el 8 de abril, y en atención a que he pedido información en forma directa sin tener hasta ahora un pronunciamiento de las autoridades regionales, pido que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República , a fin de que, en su calidad de garante del convenio de programación suscrito en 2007, tome cartas en el asunto para que se retome cuanto antes el curso normal del proyecto de habilitación del referido camino. De no adoptarse ahora las decisiones que correspondan, arriesgamos que Valdivia sufra un grave colapso de conectividad. La situación se torna peor aún si se trata de una decisión que está a la mano, pero que no se asume por indiferencia, ignorancia o simple negligencia.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , quienes representamos al distrito N° 41, durante años hemos realizado gestiones concretas para que se haga un mejoramiento integral de la ruta Chillán-Yungay. En el segundo semestre de 2013 logramos que se efectuara la licitación del estudio de ingeniería para la reposición de la ruta, lo que fue una muy buena noticia para las comunidades de Chillán, Chillán Viejo, San Ignacio , El Carmen , Pemuco y Yungay, usuarias directas de esa vía de 63 kilómetros.
La reposición implica un mejoramiento de los déficits que presenta la ruta, esto es, la carencia de espacios adecuados y seguros para el tránsito peatonal y de vehículos ligeros, y la presencia de curvas extremadamente pronunciadas en determinados sectores, lo que se agrava aún más por ser una carretera con un alto tráfico durante todo el año, consecuencia de las actividades agrícolas y forestales. El estado de la ruta, situación ampliamente conocida, ha sido la causa de que se produzcan numerosos accidentes con consecuencias fatales. La vía es conocida con el triste calificativo de “ruta de la muerte”.
Es esencial que existan bermas en toda la ruta y pasos peatonales, principalmente en los centros poblados que se emplazan a orillas del camino. Es vital analizar muy detenidamente, con la participación de las autoridades comunales y de los dirigentes vecinales, los sectores de mayor peligrosidad, como la curva de Quilmo, a la salida de Chillán Viejo, y la de Palpal, en la comuna de Pemuco.
Por lo expuesto, pido que se oficie, adjuntando copia de mi intervención, al ministro de Obras Públicas , a fin de que disponga la ampliación del estudio de ingeniería para evaluar la incorporación de bermas en toda la ruta, con las medidas de seguridad requeridas, la creación de pasos peatonales en los centros poblados que se emplazan en los sectores poblados, y la rectificación de las curvas de Quilmo y de Palpal, de manera que se garantice la seguridad tanto de las personas que transitan en vehículos ligeros y a pie, como de quienes lo hacen en vehículos mayores.
No perdamos la oportunidad de hacer las cosas bien. La improvisación y la poca consideración por quienes conocen en realidad el terreno son, al final del día, las causantes de situaciones que después debemos lamentar. Que eso no nos ocurra en nuestra provincia. Los vecinos y vecinas llevan muchos años esperando una solución definitiva a este problema.
Se levantó la sesión a las 13.26 horas.
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
1) Para incorporar un nuevo numeral 9 bis, del siguiente tenor:
“9 bis. Agrégase al artículo 35 el siguiente inciso final nuevo:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, el Servicio publicará anualmente en su sitio web, información y estadística relativa al universo total de contribuyentes y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a la información existente en sus bases de datos hasta el año anterior. La publicación incluirá información sobre el total de utilidades declaradas, ingresos brutos declarados, ingresos afectos a impuesto a la renta, retiros efectivos, remesas o distribución de utilidades, gastos aceptados y rechazados, así como monto de las devoluciones de impuestos efectuadas. La publicación a que se refiere este inciso no podrá contener información que permita identificar a uno o más contribuyentes en particular. El Servicio determinará mediante resolución la forma en que se dará cumplimiento a lo dispuesto en este inciso.”.”.
Dios guarde a V.E
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Farías, Browne,Espinoza, don Fidel; Jiménez, Pilowsky, Urrutia, don Osvaldo; Verdugo y Walker y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, para hacerla extensiva a los entrenamientos de fútbol profesional(boletín N° 9325-29)
El “Plan Estadio Seguro” es una iniciativa que, liderada por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública e implementada a través de los Intendentes Regionales, busca hacer frente a situaciones complejas de violencia y combatir la delincuencia que se generan en recintos deportivos con ocasión del futbol profesional, para lograr reconquistar un ambiente festivo, familiar, y seguro durante la celebración de algún evento futbolístico.
Este plan viene dar a respuesta a la inseguridad reinante en los estadios, y la necesidad de hacer operativa la ley 19.327, que fija normas sobre prevención y sanción de hechos de violencia en los recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional “Ley de Violencia en los Estadios”, la cual dota de distintas y mayores atribuciones para lograr el cometido de erradicar la delincuencia, la violencia, y reinstalar la seguridad, tanto a Intendentes, organizadores de futbol profesional, Carabineros, así como de obligaciones para algunos de ellos y, la inclusión y tipificación de nuevos hechos constitutivos de delitos.
Pese lo anterior, en la ley no se previeron otras situaciones de gran aglomeración de hinchada en las inmediaciones de los recintos deportivos y que hoy en la práctica significan un aumento en la inseguridad y tasa de delitos en los alrededores de los centros deportivos; con esto nos referimos a las denominadas “Arengas o Banderazos”, que se producen cuando los barristas acompañan a su equipo en los entrenamientos previos a partidos de importancia, y que según registros han llegado a convocar entre 2.000 y 8.000 barristas.
En consecuencia, creemos de importancia incorporar en esta ley no sólo los hechos asociados al espectáculo de futbol profesional, sino también, estos otros vinculados a la actividad futbolística profesional.
Es por lo anterior que es necesario que la ley contemple y se aplique a los centros de entrenamientos deportivos de fútbol profesional y sus inmediaciones, sobre todo en lo concerniente a las facultades de carabineros, y así poder erradicar la violencia, no solo en los estadios, sino que toda aquella derivada de acontecimientos deportivos futbolísticos.
Por lo antes expuesto, los diputados abajo firmantes venimos en presentar el siguiente Proyecto de Ley.-
Artículo único.- Modifíquese la Ley N° 19.327 “Que Fija Normas para la Prevención y Sanción de Hechos de Violencia en Recintos Deportivos con Ocasión de Espectáculos de Futbol Profesional” agregándose al TÍTULO II, y a los artículos 6 inciso 1, 6 A, 6E tercera línea, y al artículo 7 inciso 4, el término “o entrenamientos” entre la palabras “espectáculo” y “de futbol profesional”.