Source: http://avancejuridico.com/actualidad/ultimoscomunicados/aj_Comunicado11.html
Timestamp: 2017-07-25 12:48:12
Document Index: 351187341

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 52', 'artículo 46', 'artículo 250', 'artículo 34', 'artículo 115']

2014 33 Comunicado de Prensa de 20 de agosto de 2014
CC SC 595 de 2014
¿La posibilidad otorgada al originador de una iniciativa privada de APP que no demanda desembolso de recursos públicos de mejorar la oferta cuando aquella no obtuvo la mejor calificación, constituye una violación al derecho a la igualdad? Teniendo en cuenta el contenido y finalidades del inciso, se observó que el originador no se halla en la misma situación de los terceros que manifiestan su interés en ejecutar el proyecto que el primero ha contribuido a estructurar y que se pretende desarrollar mediante la modalidad de APP de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos. Asume los costos y riesgos, y realiza las labores necesarias para la estructuración del proyecto en las etapas de prefactibilidad y factibilidad. Esto supone actividades tales como: identificación y descripción de la necesidad que se debe satisfacer, definición de la población que resultará beneficiada, realización de estudios de demanda, estructuración del plan de inversiones, cálculo de los costos estimados, señalamiento de las posibles fuentes de financiación, elaboración de diseños y estudios previos -en materia de suelos, títulos de propiedad, etc.-, identificación de actores financieros, operativos y administrativos involucrados, establecimiento de factores que pueden afectar la normal ejecución del proyecto, proposición de esquemas de distribución de riesgos, entre muchas otras. En vista de que en este caso los grupos a los que se dispensa un trato diferenciado no son efectivamente comparables, se concluyó que la medida demandada no lesiona el principio de igualdad. Ley 1508 de 2012, "por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones"; Art. 20 Inciso 3º. : Exequible
CC SC 594 de 2014
(1) ¿Al no determinar específicamente cuáles son las entidades autorizadas para realizar una interceptación de comunicaciones, se configuraría una omisión legislativa relativa que desconoce los derechos al debido proceso y a la intimidad? No existe una omisión legislativa, sino una norma en blanco que puede ser complementada a través de una interpretación sistemática de la disposición demandada junto a las Leyes 906 y 938 de 2004 y al artículo 250 de la Constitución. Si bien el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011 no determina específicamente cuáles son las autoridades encargadas de realizar la operación técnica de la interceptación de comunicaciones, el artículo 46 de la Ley 938 de 2004 señala que dicha competencia recae en las autoridades de policía judicial, las cuales son definidas en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley 906 de 2004. ¿Puede la Fiscalía delegar en cualquier autoridad la interceptación de comunicaqciones? No, esta facultad de delegación se encuentra contemplada en el artículo 250 de la Constitución Política. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 52 (parcial) (Mod. Art. 235 de la Ley 906 de 2004) : Exequible
CC SC 593 de 2014
(i) ¿Al distinguir el artículo 34 del C.S.T, para efectos de la aplicación de la solidaridad de aquél que se beneficia con una obra, entre los trabajadores que realizan labores propias del giro ordinario de los negocios de la empresa, y aquellos que desarrollan tareas ajenas, vulnera el derecho a la igualdad? Para la Corte esta distinción busca proteger al trabajador de posibles encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de contratistas independientes. En otras palabras, lo que persigue el legislador es diferenciar y hacer viables los derechos de los trabajadores contratados por terceros, que desarrollan actividades propias y misionales de la empresa beneficiada, a través de la imposición de su responsabilidad solidaria en el pago de los salarios y demás prestaciones sociales. Esta distinción es además razonable y proporcionada. (ii) ¿Al regular el artículo 115 del C.S.T el procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores, desconocía sus garantías constitucionales al debido proceso? La Corte señaló que la disposición debía ser interpretada acorde con el texto constitucional, y por tanto, la obligación de escuchar previamente al trabajador, en el caso de aplicarse alguna sanción contenida en el Reglamento del Trabajo, implica el respeto de las garantías propias del debido proceso, las cuales fueron enunciadas en la parte considerativa de esta providencia. Código Sustantivo del Trabajo; Arts. 34 (parcial) y 115 : Exequibles. Inepta demanda contra el Art. 356
CC SC 592 de 2014
¿El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por fallecimiento de un oficial o suboficial de las fuerzas militares a favor de hijos estudiantes hasta los 24 años de edad, vulnera el derecho a la igualdad, por cuanto el Sistema General de Seguridad Social otorga la pensión de sobrevivientes a hijos estudiantes hasta los 25 años de edad? Estos estatutos disponen tratamientos diferentes no susceptibles de considerarse discriminatorios. Analizada de manera integral la estructura general de dichos regímenes especiales, es evidente que prevén suficientes prestaciones adicionales que compensan al beneficiario del sistema pensional, la menor cobertura que implica la sustitución pensional hasta los 24 años para los hijos estudiantes de los miembros de las fuerzas militares. Decreto 1211 de 1990, "por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares"; Art. 188 (parcial) : Exequible
CC SC 591 de 2014
¿La medida que atribuye al fiscal la facultad de entregar bienes y recursos incautados u ocupados, a quien tuviere derecho a recibirlos, cuando estos no sean necesarios para la investigación o respecto de los cuales no procede el comiso, sin que medie autorización judicial, vulnera el precepto constitucional que exige autorización del juez de control de garantías para la adopción de medidas que afecten derechos fundamentales, o alguno de los principios adscritos al sistema penal acusatorio? Se afecta el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia, por cuanto de la disposición parcialmente acusada se deriva una competencia que comporta el ejercicio de potestad jurisdiccional, comoquiera que lleva implícita la definición de quién tiene derecho a recibir los bienes incautados u ocupados. La decisión de devolución de los bienes incautados con fines de comiso a quien tenga derecho a recibirlos, debe adoptarse al igual que aquella que dispone sobre el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo sobre bienes susceptibles de comiso, en audiencia ante el juez de control de garantías, a solicitud del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 88 (parcial) : INEXEQUIBLE