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Timestamp: 2018-04-24 08:28:43
Document Index: 261843504

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 41', 'artículo 209', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 60', 'artículo 137']

Contrato de aporte naturaleza jurídica / contrato estatal de aporte noción / contrato de aporte características
título Contrato de aporte naturaleza jurídica / contrato estatal de aporte noción / contrato de aporte características
CONTRATO DE APORTE - Naturaleza jurídica / CONTRATO ESTATAL DE APORTE - Noción / CONTRATO DE APORTE - Características
Ahora bien, en relación con la naturaleza del negocio jurídico mencionado, es preciso señalar que se trata de un contrato estatal regulado por las normas del Estatuto General de la Contratación Pública –ley 80 de 1993–, y cuya posibilidad de celebración se encuentra consagrada en el numeral 9 del artículo 21 de ley 7 de 1979 y el decreto 2388 de 1979. En efecto, se trata de una clase de convención atípica encaminada a que el ICBF –en virtud de su función de propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteja al menor de edad y le garantice sus derechos– suscriba con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo. Como se aprecia, el contrato de aporte tiene las siguientes características esenciales: i) es un contrato estatal regido por la ley 80 de 1993; ii) se trata de un negocio jurídico atípico, principal y autónomo; iii) oneroso, solemne y formal al igual que todos los contratos estatales, por cuanto se requiere que medie una contraprestación a favor del contratista; constar por escrito y debe estar suscrito por las partes, en los términos consagrados en el artículo 41 de la ley 80 de 1993; iv) bilateral y sinalagmático, en la medida que se desprenden obligaciones y cargas para las dos partes del negocio, esto es, el aportante y el contratista; y vi) conmutativo, toda vez que las prestaciones contenidas en el negocio jurídico son equivalentes, puesto que el contratista asume la prestación de un servicio propio del sistema de bienestar familiar y social a cambio de una contraprestación, al margen de que el contratista pueda ser una institución sin ánimo de lucro. En efecto, el negocio jurídico de aporte es un contrato estatal especial suscrito entre el ICBF y un contratista, en el que el primero se compromete, como su nombre lo indica, a efectuar aportes o contribuciones en dinero o especie a una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y especialmente a instituciones de utilidad pública o de beneficencia, o de reconocida capacidad técnica o social con el fin de que atienda bajo su exclusiva responsabilidad y con su propio personal humano y técnico, un área específica del sistema de bienestar social, es decir, aquellas dirigidas a la atención a la integración y realización armónica de la familia, así como a la protección efectiva de la niñez y adolescencia.
NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la noción del contrato de aporte, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 2 de diciembre de 1996, M.P. Luis Camilo Osorio.
FUENTE FORMAL: CONTRATOS DE APORTE. DECRETO 2388 DE 1979, REGLAMENTARIO DE LA LEY 7 DE ESE 1979
CONTRATO DE APORTE - Diferencias con el contrato de prestación de servicios
En ese orden de ideas, al margen de las similitudes que pudieran evidenciarse entre el contrato de aporte y el de prestación de servicios, lo cierto es que aquél reviste una serie de particularidades que no permiten asemejarlo a este último, máxime si el negocio jurídico de aportes supone la intervención de la entidad pública quien se vincula al negocio en una participación de capital o de especie que se traslada de manera definitiva o temporal a favor del contratista para que éste asuma una actividad de bienestar social –integración de la familia o de la protección de la infancia– a cambio de una contraprestación. En consecuencia, el contrato de aporte en su condición de contrato atípico se caracteriza porque tiene un sujeto activo calificado y cualificado por la ley, ya que se trata de un negocio jurídico que sólo puede ser suscrito por el ICBF, en el que la entidad pública entrega unos bienes (tangibles o intangibles) al contratista para que este último asuma, a cambio de una contraprestación, la ejecución de un servicio propio del sistema de bienestar social bajo su exclusiva responsabilidad y con personal técnico y especializado a su cargo.
NOTA DE RELATORIA: Sobre las características esenciales y distintivas del contrato de prestación de servicios, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2006, exp. 30832, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
CONTRATO DE APORTE - Régimen jurídico / CONTRATO DE APORTE - Objeto
En esa línea de pensamiento, a esa convención le resultan aplicables los principios del artículo 209 de la Constitución Política, así como los principios y reglas contenidas en la ley 80 de 1993 y normas complementarias, razón por la que en la selección del contratista juegan un papel preponderante aspectos tales como la transparencia, la selección objetiva y planeación, entre otros, máxime si como lo señala expresamente la ley, resulta prioritario que se seleccione a instituciones o personas que acrediten idoneidad en el manejo de la actividad cuya prestación pretende que el contratista asuma, debido a la relevancia de la función a ejecutar, esto es, la protección de la familia y de los niños y niñas, la primera núcleo esencial de la sociedad en los términos establecidos en el artículo 42 de la Carta Política, y los últimos eje central y primordial de la sociedad, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás, como se reconoció expresamente por el Constituyente en el artículo 44 ibidem. Así las cosas, el contrato de aporte no sólo difiere sustancialmente de cualquier otro negocio jurídico en su objeto, sino de igual manera en su causa, toda vez que la actividad que se asume por el contratista (objeto) es de carácter esencial y de específica relevancia para la sociedad y para el Estado –y no simplemente una función administrativa o propia de la entidad pública–, y la causa es específica consistente en la finalidad de procurar la integración de la familia y la protección de la niñez.
LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO - Debe demandarse para obtener la declaratoria de su incumplimiento / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - Su declaratoria está supeditada a la legalidad del acto que liquida unilateralmente el contrato / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - No es una pretensión autónoma. Debe demandarse la decisión / CONCEPTO DE LA VIOLACION - Requisito esencial e ineludible para la procedencia de la nulidad del acto que termina unilateralmente el contrato
La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la necesidad de que una vez liquidado unilateralmente el contrato sólo se pueda alegar el incumplimiento de las obligaciones a través de la censura de la legalidad del acto administrativo que contiene esa manifestación de voluntad de la administración pública. En efecto, una vez que la entidad pública contratante liquida unilateralmente el negocio jurídico, en los términos establecidos en el contrato o en la ley (artículo 60 de la ley 80 de 1993), al contratista no le es viable invocar como pretensión autónoma el incumplimiento, toda vez que es necesario que se solicite y acredite la nulidad del acto administrativo correspondiente, so pena de que la acción devenga improcedente por ineptitud formal de la misma. En efecto, una vez media el acto de liquidación unilateral la única forma de controvertir aspectos relacionados con la celebración o ejecución del contrato estatal es mediante el levantamiento del velo de legalidad de que goza el acto administrativo que contiene la misma, circunstancia que torna exigente, como lo ha señalado esta Corporación, la formulación de la causa petendi y el fundamento jurídico de la responsabilidad, pues será requisito sine qua non deprecar la declaratoria de ilegalidad total o parcial del acto que contiene la liquidación así como la indicación y el desarrollo del concepto de la violación en el que se apoya la censura respectiva. Como se aprecia, no sólo es imperativo en este tipo de escenarios demandar expresamente la legalidad del acto o actos que contienen la liquidación unilateral del contrato en aras de develar la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria y ejecutiva de que gozan, sino que, de igual manera, es preciso enunciar y desarrollar el concepto de la violación en los términos señalados por el numeral 4 del artículo 137 del C.C.A., so pena de transgredir los derechos fundamentales del demandado al debido proceso y de defensa, sin perjuicio de que los fundamentos de ilegalidad emerjan de forma clara de la demanda, o que se trate de la trasgresión de derechos fundamentales en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-197 de 1999, eventos en que se podrá analizar de fondo la legalidad de la actuación administrativa.
NOTA DE RELATORIA: Acerca de la importancia de señalar el concepto de la violación, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2010, exp. 18292, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
AUSENCIA DE CARGOS DE VIOLACION - Fallo inhibitorio / INEPTITUD FORMAL DE LA DEMANDA - No se estructuraron cargos de ilegalidad contra el acto de liquidación / INEPTA DEMANDA - Sentencia inhibitoria
En el caso concreto se aprecia que el demandante corrigió el libelo demandatorio, en el término concedido para ello, a efectos de adicionar las pretensiones del mismo, en el sentido de solicitar se decretara la nulidad de las Resoluciones 1621 y 2481 de 1995, que contienen la liquidación unilateral del contrato de aporte suscrito entre el ICBF y el contratista demandante. Ahora bien, no obstante lo indicado, en el asunto sub examine la demandante se abstuvo expresamente de expresar el concepto de la violación contra los actos administrativos mencionados, tal y como se desprende de la siguiente afirmación que constituye un exordio a los sustratos jurídicos de la demanda. Además, huelga destacar, que en el extenso fundamento jurídico que se desarrolló en el libelo petitorio en ningún momento se formularon e individualizaron cargos de legalidad contra el acto de liquidación; a contrario sensu, toda la argumentación jurídica estuvo circunscrita a invocar el incumplimiento de la entidad demandada y, por consiguiente, la necesidad de que fueran canceladas las sumas detalladas en el acápite de pretensiones, tanto así, que la censura relativa a la extemporaneidad en la expedición del acto administrativo de liquidación fue introducida con el recurso de apelación, circunstancia que impide su análisis de fondo por tratarse de una modificación sustancial de la causa petendi de la demanda. Y, si bien, se hizo referencia en algunos apartes del respectivo apartado a la vulneración de algunos de los principios de la ley 80 de 1993, tales como los de economía, transparencia y responsabilidad, así como el principio de buena fe y el derecho de defensa del contratista, lo cierto es que revisada en su integridad la demanda, se refuerza la necesidad de proferir fallo inhibitorio en el caso concreto por lo siguiente: i) no se elevaron cargos de legalidad contra el acto de liquidación, ni se enunció siquiera las causales que darían lugar a la anulación, y ii) la sola referencia a la vulneración de disposiciones o preceptos jurídicos, en aras de que se declare un supuesto incumplimiento de la entidad demandada, no permite que el juez estudie de fondo la legalidad del acto de liquidación precisamente porque no existen cargos individualizados frente a los que se pueda adelantar el análisis de legalidad contra el citado acto administrativo; una postura contraria devendría inadmisible puesto que sería el operador judicial el que terminaría confrontando el acto acusado contra las normas invocadas de manera dispersa, circunstancia que no se acompasa con el juicio propio de legalidad de un acto administrativo. En ese orden de ideas, y dada la ausencia de uno de los presupuestos formales de la demanda, propia de procesos en los que se debate o cuestiona la legalidad de un acto administrativo como en el caso objeto de análisis, esto es, la indicación del concepto de la violación, la Sala se inhibirá de decidir de fondo la controversia. Como corolario de lo anterior, se modificará la decisión apelada para declararse inhibida para estudiar de fondo la controversia por ausencia de uno de los requisitos formales de la demanda, ya que la demandante ni siquiera enunció cargos de ilegalidad contra las Resoluciones 1621 y 2481 de 1995, proferidas por el ICBF Regional Valle del Cauca.