Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-405769670
Timestamp: 2020-07-07 02:09:27
Document Index: 133416706

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 6']

Sentencia de Tutela nº 235/12 de Corte Constitucional, 22 de Marzo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 405769670
Sentencia de Tutela nº 235/12 de Corte Constitucional, 22 de Marzo de 2012
Debido proceso. En el presente asunto se dirige la tutela contra las decisiones adoptadas respectivamente por la junta directiva de la e.s.e. Hospital maría inmaculada y por el gobernador del departamento de caquetá, específicamente por la elaboración de una terna que excluía al actor, no obstante haber obtenido el puntaje más alto en el concurso meritocrático y, posesionado como gerente de dicha e.s.e. A la persona que obtuvo el cuarto puntaje más alto en el mismo proceso de selección. La sala hace algunas consideraciones acerca del requisito de inmediatez en las acciones de tutela, las causales de procedibilidad de esta acción constitucional contra actos administrativos y las exigencias que surgen de la realización de concursos para la provisión del cargo de gerente de una empresa social del estado. Se declara la improcedencia de la tutela por no cumplir con la exigencia del requisito de inmediatez.
Sentencia citada en: 48 sentencias, una noticia
T-235-12 + Sentencia T-235/12
Acción de tutela instaurada por L.I.A.I. contra los miembros de la Junta Directiva de la ESE Hospital M.I..
Bogotá D.C. veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia - Caquetá y en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia  Caquetá.
El señor A.I. interpuso acción de tutela contra la Junta Administradora de la ESE M.I.. Sustenta su pretensión en los siguientes
- En reunión extraordinaria el día 05 de febrero de 2008 la Junta Directiva de la ESE acordó que el proceso meritocrático (escogencia del Gerente de la ESE) sería llevado por la Universidad del Tolima folio 13 y ss, cuaderno de pruebas n. 1-
- El informe final del proceso de selección público para la elección del Gerente contiene el detalle de las actividades realizadas, entre las que se cuentan: i) apertura de inscripciones al proceso el día 15 de febrero; ii) cierre de inscripciones 21 de febrero; iii) proceso de preselección de hojas de vida de 21 a 27 de febrero; iv) pruebas de aptitud y pruebas de conocimiento los días 4 y 7 de marzo respectivamente; v) el 13 de marzo se publica y se envía a la ESE la lista de las cinco personas que obtuvieron un puntaje igual o superior a 70 puntos; vi) lista que se convierte en definitiva el 25 de marzo, cuando también es enviada a la Junta Directiva de la ESE -folio 22 y 23, cuaderno de pruebas n. 1-.
- La lista de las cinco personas que obtuvieron un puntaje igual o superior a 70 puntos contenía la siguiente información:
A.I. Luis Ignacio 16.268.784
G. Quintero John Ernesto 12.128.002
M.G. Yanid Paola 52.148.941
- Esta fue la información que obtuvieron los miembros de la Junta Directiva sobre el resultado del conjunto de méritos. En otras palabras, los miembros de la Junta no conocieron los puntajes de quienes figuraban en la lista remitida por la Universidad - folio 40, 41 y 53, cuaderno original-.
- Para escoger quienes integrarían la terna, se presentaron dos listas de tres integrantes, y se procedió a votar por cada una. En dicha votación fue escogida como la terna que se presentaría al Gobernador, la conformada por M.G.Y.P., G.Q.J.E. y P.C.H. folio 54, cuaderno original-.
- El accionante afirma que la elaboración de planchas con tres nombres cada una y la posterior votación secreta que se realizó por parte de los cinco miembros de la Junta Directiva con el objetivo de escoger la plancha con tres nombres que se presentaría al Gobernador de Caquetá- constituyen un actuar ilegal y que vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto ellos no estaban en posibilidad de organizar una terna de esta manera, menos cuando la misma excluía a quien habría obtenido el puntaje más alto folios 3 y 4, cuaderno original-.
- Existe una comunicación de la Universidad del Tolima en la que, ante la solicitud de puntajes de los cinco integrantes de la lista por parte de la ESE, se da a entender que el proceso de selección debe hacerse sin conocer dichos puntajes folio 56, cuaderno original-.
- Por medio de decreto 298 de 31 de marzo de 2008, se nombra a la señora Y.P.M.G. como Gerente de la ESE María Inmaculada folio 199 cuaderno de pruebas n. 2-.
- La señora M.G. se posesionó el día 7 de abril de 2008 -folio 200, cuaderno de pruebas n. 2-.
- En el año 2009, la señora M.G. solicitó a la Universidad del Tolima información sobre el puntaje del concurso público realizado por esa institución, con el objeto de elegir Gerente de la ESE Hospital M.I. folio xx-
- Al proceso se allegaron comunicaciones del Asesor Jurídico y del Director de la Unidad Académica de la Universidad del Tolima, en las que se manifiesta que, efectuada la revisión de archivos, no se encontró solicitud alguna por parte del señor L.I.A.I. accionante en el proceso de tutela-, en la que se solicitara información sobre asunto alguno que se esté tramitando ante dicha Facultad folios 75 y 76, cuaderno original-.
La tutela se dirige contra la decisión adoptada por la Junta Directiva de la ESE Hospital M.I. y contra el Gobernador del Departamento del Caquetá, por cuanto los primeros elaboraron una terna que excluía al actor, no obstante haber obtenido el puntaje más alto en el concurso; y el segundo, por dar posesión como Gerente de dicha ESE a la persona que había obtenido el cuarto puntaje más alto en el proceso de selección, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo del accionante.
Respuesta de los Representantes de los Usuarios en la Junta Directiva de la ESE Hospital M.I.
Manifestaron que el proceso se llevó a cabo siguiendo la normatividad vigente al momento de realizar la escogencia, pues en el año 2008 no existía la obligación de escoger al primero, sino que se presentaba autonomía para escoger a una de las personas que hubiesen obtenido igual o más de 70 puntos (art. 6º Resolución 793 de 2003) folio 27, cuaderno original-.
Discrepan de que haya habido temeridad o mala fe en su actuar y recuerdan que los participantes en la convocatoria podían haber solicitado a la Universidad del Tolima los resultados del concurso, y se evidencia que el señor L.I.A.I., en ningún momento solicitó información al respecto folio 28, cuaderno original-.
Finalmente, solicitan que la acción de tutela sea declarada improcedente, en cuanto: i) no se respetó el principio de subsidariedad folio 30, cuaderno original-; ii) no se cumple con la exigencia de inmediatez folio 32, cuaderno original-
Respuesta del señor G.M.T., Gobernador del departamento de Caquetá
El señor G.M.T. responde a la tutela argumentando que:
i) La decisión de la Junta Directiva no fue ilegal. Para sustentar su afirmación expresa [l]a mencionada junta no conocía los puntajes por tal motivo procedió de la lista de cinco elegible [a] estudiar todas y cada una de las hojas de vida para proponer planchas, fruto de tal acto transparente quedó una plancha donde no se encontraba el accionante, y de manera reiterativa se aclara que ni la Junta ni el Gobernador sabían el puntaje de cada uno de ellos folio 40, cuaderno original-.
ii) La señora Y.P.M.G. conocía los puntajes en virtud de un oficio que dirigió a la entidad encargada de adelantar el proceso de selección de elegibles, un año después de su nombramiento folio 41, cuaderno original-.
Finaliza argumentando que en el presente caso se presenta falta de inmediatez, tanto así que impugna la elección de la Gerente de la ESE ahora que está a punto de terminar su período folio 43, cuaderno original-.
En comunicación remitida al proceso de tutela el señor L.G.P.S., en su calidad de Director del Instituto Departamental de salud del Caquetá, describió cómo se había desarrollado el proceso de selección folios 71 y 72, cuaderno original- y finalizó manifestando que se trata de un proceso legal en que no existió revocatoria, observaciones o recursos al proceso folio 73, cuaderno original-.
En sentencia de abril 11 de 2011la Jueza Tercera Penal del Circuito consideró que la acción presentada resultaba improcedente, por cuanto no se cumplía con el requisito de inmediatez. En este sentido manifestó:
De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente, en el presente caso, el Despacho encuentra que de acuerdo al principio de inmediatez la presunta vulneración de los derechos invocados no es actual, en la medida en que la designación de LA GERENTE DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA ocurre en el año 2008 y la tutela se presenta el 29 de marzo de 2011, es decir que han trascurrido más de dos años para que el accionante acudiera al Juez de Tutela, lo que no se acudió a este mecanismo dentro de un término razonable, ya que la tutela no puede entrar a reemplazar los procesos ordinarios y menos la desidia del demandante, quien no ejecutara actividad alguna tendiente a verificar cómo se dio el trámite del concurso de méritos, solamente invoca el procedimiento del artículo 86 de la Carta Política, una vez se le comunica por otro de los participantes en el concurso que había sacado el primer puntaje, sin mostrar qué actos cumplió con anterioridad al 15 de marzo del presente año para verificar si se dio o no cumplimiento por la JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA con las disposiciones legales para hacer el nombramiento folio 62, cuaderno original-
En este sentido manifiesta el juzgado está completamente equivocado pues tal y como el suscito lo afirmó BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO sólo me enteré que había ocupado el primer lugar como consecuencia que el Dr. J.G. me lo comentó a mediados del mes de marzo de ese año, por una acción de tutela que instauró contra el señor GOBERNADOR DEL CAQUETÁ y que correspondió al JUZGADO SEGUNDO PENAL ESPECIALIZADO de esta ciudad folio 85, cuaderno original-.
Afirma, además, que no puede ser obstáculo para la justicia la actitud de la Universidad al no remitir los puntajes obtenidos por los participantes al proceso de tutela; por el contrario, resulta prueba a favor del actor que ellos certifiquen que no se hizo ninguna petición por su parte respecto de los resultados del concurso, pues esto demuestra la buena fe del accionante en el actuar de los involucrados folio 86, cuaderno original-.
Por medio de Auto de tres (3) de junio de 2011 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia se declaró la nulidad de lo actuado en el proceso, por cuanto no se había vinculado a una de las posibles afectadas con la orden del juez de tutela. Al respecto manifestó el Tribunal Superior [u]bicadas las diligencias en este despacho, en ellas se observa que el juzgado cognoscente omitió vincular a Y.P.M.G., en su condición de Gerente del Hospital maría Inmaculada, y a quien una eventual decisión favorable a lo pretendido por el accionante podría afectar, vulnerándose de esta manera su derecho a la defensa y al debido proceso folio 37, cuaderno segunda instancia-.
Al respecto considera que los miembros de la Junta Directiva de la ESE, así como el Gobernador del Caquetá, debieron conocer los puntajes de los participantes en la convocatoria y, en consecuencia, nombrar al que había obtenido el puntaje más alto. El no haber solicitado el puntaje de los participantes resulta una actitud negligente de los participantes en el proceso de elección folio 26, cuaderno de segunda instancia-, que causa una vulneración al derecho del actor, la cual permanece en el tiempo por lo que resulta aceptable la tardanza en la interposición de la tutela, toda vez que el período del gerente del citado centro de salud es de cuatro años, prolongándose el mismo hasta el 31 de marzo de 2012 folio 36, cuaderno de segunda instancia-.
Por esta razón revocó la sentencia de primera instancia y ordenó que el actor fuera nombrado como Gerente de la ESE por el tiempo que faltare para cumplirse el período, que en este caso se extiende hasta el 31 de marzo de 2012 folios 27 y 28, cuaderno de segunda instancia-.
- Acta de 05 de febrero de 2008 de la Junta directiva por las cuales se escoge para la realización del proceso meritocrático a la universidad del Tolima folio13 y ss, cuaderno de pruebas n. 1-.
- Informe final de la Universidad del Tolima sobre el proceso realizado folio 22 y ss, cuaderno de pruebas n. 1-.
- Comunicación de la Universidad del Tolima informando sobre las cinco personas que obtuvieron un puntaje mayor a 70 puntos folio75 cuaderno de pruebas n. 1-.
- Acta de la Junta Directiva de la ESE de 25 de marzo de 2008 en la que se determina la terna que será presentada al Gobernador para la elección del Gerente de la ESE folio53 y ss, cuaderno original-.
- Certificación de la Junta Directiva respecto de las personas que integrarían la terna para la elección del Gerente de la ESE por parte del Gobernador de Caquetá folio 77, cuaderno de pruebas n. 1-.
- Respuesta de la Universidad del Tolima en que no informa sobre los puntajes de los participantes en el concurso folio56 y ss, cuaderno original-.
- Decreto 298 de 31de marzo de 2008 expedido por el Gobernador del Caquetá, por medio del cual se nombra como Gerente de la ESE Hospital M.I. de Florencia a la señora Y.P.M. folios198 y 199, cuaderno de pruebas n. 2-.
- Acta de posesión como Gerente de la ESE Hospital M.I. de Florencia de la señora Y.P.M., del día 7 de abril de 2008 folio 200, cuaderno de pruebas n. 2-.
- Comunicación de 20 de octubre de 2009, de la Universidad del Tolima informando a la señora Y.P.M., por la cual se informa sobre el resultado final obtenido por los cinco participantes de lista de elegibles del concurso de méritos convocado por la Junta Directiva de la ESE M.I. folio 200, cuaderno de pruebas n. 3-.
Corresponde a esta S. proferir la sentencia de revisión de la tutela impetrada por el señor A.I. en contra de la Junta Directiva de la ESE hospital maría Inmaculada y el Gobernador del Departamento de Caquetá. La petición tiene como fundamento el nombramiento de la señora Y.P.M.G. como Gerente de la mencionada ESE, quien tenía el cuarto puntaje entre quienes participaron el concurso para proveer el cargo, lo que presuntamente vulneró los derechos de quien tenía el puntaje más alto, es decir el señor A.I., accionante dentro del proceso de tutela.
Siendo esta la situación fáctica planteada ante la Corte, serán dos los problemas jurídicos a resolver por parte de la S.. El primero, que es común a todas las acciones de tutela y que en la presente situación tiene especial relevancia, es i) si para el caso en estudio se cumplen las causales de procedibilidad de la acción; de ser procedente la utilización de la acción de tutela, la S. se enfrentaría a un segundo problema, consiste en determinar ii) si con el nombramiento de la persona que no obtuvo el primer puntaje en el concurso organizado por la ESE Hospital M.I. para proveer el cargo de Gerente de dicha institución se vulneraron derechos fundamentales al señor L.I.A.I. , quien ocupó el primer lugar en dicho concurso y, por tanto, tenía el puntaje más alto entre quienes conformaron la lista de elegibles a partir de la cual fue elaborada la terna presentada al Gobernador para que realizara dicha elección.
Para resolver el problema jurídico la Corte hará consideraciones acerca de el requisito de inmediatez en la acciones de tutela; las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos; las exigencias que surgen de la realización de concursos para el acceso a cargos públicos por parte las ESEs; y, finalmente, resolverá el caso en concreto.
la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable[2], caso en el que se rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas [3]. En segundo lugar, impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad [jurídica][4]. En tercer lugar, evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos[5].
En este orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que una acción de tutela, que en principio parecería carente de inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental, en realidad resulta procedente debido a las particulares circunstancias que rodean el asunto. Así, la jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede presentar[7], tales eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010 de la siguiente manera:
Se reitera entonces que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Corte, la regla general es que la acción de tutela resulta improcedente cuando se interpone de manera extemporánea, esto es, después de haber transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho vulnerador, que da lugar a la solicitud de protección, siempre que no medien razones que frente a las circunstancias del caso concreto lo justifiquen. Por ello, tratándose de un requisito de procedencia de este amparo, la S. deberá evaluar su adecuado cumplimiento en la situación bajo estudio.
() la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales (artículo 2 Superior)[9] y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios).[10]
Así, antes de resolver la improcedencia de la acción de tutela de una forma mecánica por la existencia de un procedimiento determinado, corresponde al juez constitucional dilucidar dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.
La idoneidad y eficacia del medio debe ser apreciada en concreto atendiendo las circunstancias específicas en que se encuentre el solicitante, la entidad de los derechos implicados y el grado de vulneración o amenaza de esos derechos fundamentales. Es por esto que el numeral primero del artículo 6º del decreto 2591 de 1991, declarado exequible mediante sentencia C-018 de 1993, estableció que () [l]a existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.[12][13]
En este sentido, ese desplazamiento de la acción de tutela por los medios ordinarios de defensa judicial, sólo se presenta cuando éstos resultan aptos, idóneos y eficaces para la protección del derecho fundamental violado o amenazado. Al respecto, la Corte ha sostenido que: ... en cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral, en este caso, es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos fundamentales...[14][15].
En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los menesterosos o las personas de las tercera edad[16].
En esta línea discursiva, resalta la S. que la jurisprudencia constitucional se ha manifestado sobre de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos en desarrollo de procesos tendentes a la provisión de cargos públicos. En estos casos se han establecido reglas específicas para determinar la procedencia de la tutela en aplicación de los parámetros generales antes mencionados. En este sentido se consagró en la sentencia T-215 de 2006 [e]n efecto, si en dichas actuaciones administrativas no se observa el procedimiento legalmente previsto, y si ello repercute en la afectación del derecho al debido proceso de los interesados en la decisión administrativa, la acción de tutela se erige como un medio de defensa judicial adecuado, pero solamente si no existe otro mecanismo de defensa judicial que sirva para garantizar tales derechos, o si existiéndolo no se revela como un mecanismo de defensa eficaz en el caso concreto, o se cierne la amenaza inminente de un perjuicio irremediable sobre esta clase de derechos.
Ahora bien, en gracia de discusión, si se admitiese que contra el acto de publicación de resultados de las pruebas es admitida por esa jurisdicción la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, difícilmente podría alegarse la eficacia del medio judicial para lograr la protección de los derechos fundamentales, puesto que la prolongada espera para la culminación de un proceso contencioso administrativo, que aún cuando no siempre tal circunstancia desvirtúa un medio de defensa judicial aplicable, en los casos bajo revisión es relevante puesto que no les garantiza a los peticionarios el acceso inmediato al derecho fundamental de rango constitucional a acceder a cargos públicos por vía de un concurso de mérito, dado que con probabilidad a su terminación, ya los derechos en disputa se hayan extinguido teniendo en cuenta que parte del debate de fondo sobre esos actos, radica precisamente en la naturaleza de trámite o no de esos actos.[17]
Este planteamiento resulta acorde con una estable jurisprudencia constitucional que fue ratificada desde el año 1998 por la S. Plena de la Corte Constitucional, cuando en la sentencia SU-133 de 1998 se consagró
La Corte estima que la satisfacción plena de los aludidos derechos no puede diferirse indefinidamente, hasta que culmine el proceso ordinario, probablemente cuando ya el período en disputa haya terminado. Se descarta entonces en este caso la alternativa de otro medio de defensa judicial como mecanismo de preservación de los derechos en juego, que son de rango constitucional, de aplicación inmediata (art. 85 C.P.) y que no pueden depender de un debate dado exclusivamente en el plano de la validez legal de una elección, sin relacionarlo con los postulados y normas de la Carta Política.
Por lo tanto, la existencia de recursos administrativos o acciones judiciales para controvertir un acto de la administración no inhibe automáticamente el uso de la acción de tutela, pues en estos casos deberá evaluarse si la protección adecuada es decir, aquella acorde con criterios de justicia material- del derecho fundamental se logra por vía de los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento para dicho propósito. De llegarse a la conclusión contraria, la utilización de la acción de tutela para ese específico caso no constituiría una suplantación del medio ordinario, ni la acción del juez de tutela una usurpación de la competencia del juez ordinario. Por el contrario, se trataría de una concreción de parámetros de justicia material en la protección de derechos fundamentales al lograr que la misma tenga un carácter eficaz y expedito, necesidad axial en un Estado que propugne por una aplicación real de los derechos fundamentales.
Con base en los anteriores argumentos la S. analizará si en el presente caso resulta procedente la acción de tutela interpuesta por el señor A.I.. Sin embargo, antes de entrar en el análisis del caso concreto se harán unas breves reflexiones sobre la interpretación que, de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, deba hacerse de las reglas que rigen los procesos de selección que se surten para proveer el cargo de Gerente de una empresa social del Estado.
Reglas existentes para la provisión de los cargos de gerente de una Empresa Social del Estado
En otras palabras, si el legislador y lo mismo podría aplicarse a la administración- decide someter a concurso la provisión de un cargo de libre nombramiento y remoción, debe sujetarse a las reglas propias del concurso fijadas por la ley y la jurisprudencia de esta Corporación. En este sentido es preciso recordar que la libertad de configuración del legislador no sólo está sometida a las limitaciones expresas que impone la propia Constitución, sino también a las restricciones que se desprenden de los derechos fundamentales y los principios constitucionales.[18]
Algunas de las reglas del concurso que han sido fijadas por la jurisprudencia constitucional son las siguientes:[19]
Una vez se ejecutan las etapas del concurso y se publican los resultados, el aspirante que obtiene el primer lugar y, por tanto, demuestra tener mayores méritos, adquiere un derecho fundamental a ocupar el cargo. Este derecho fundamental se deriva del principio de igualdad, que obliga no sólo a tratar igual a quienes están en la misma situación fáctica, sino también a brindar un trato diferente a quienes están en una situación fáctica distinta; así como del derecho al debido proceso y del principio de la buena fe, pues los aspirantes depositan su confianza en las reglas del concurso y en la autoridades que lo organizan, bajo la idea de que actuarán objetivamente. En este orden de ideas, la realización de un concurso obliga al nominador a seleccionar al mejor de los concursantes, pues ningún sentido tendría adelantar una competencia para favorecer a otro que no sea el primero[20].[21]
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el legislador tiene libertad para definir cuáles cargos son de libre nombramiento y remoción; sin embargo, su decisión debe ser guiada por dos criterios: (i) Los cargos de libre nombramiento y remoción deben estar orientados al cumplimiento de funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional criterio funcional-; y (ii) debe tratarse de empleos en los cuales sea necesaria la confianza en los servidores públicos que tienen a su cargo esa clase de responsabilidades criterio subjetivo de confianza-.[22] Estos criterios fueron plasmados en el artículo 5 de la Ley 443 de 1998 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones, y en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Por regla general, los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción gozan de discrecionalidad para proveer las vacantes. No obstante, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración y en concordancia con el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, resolvió en la Ley 1122 de 2007 (i) someter la provisión de los cargos de gerentes de las empresas sociales del estado al sistema de concurso, y (ii) asignarles un periodo institucional de cuatro años.[23]
El sometimiento de la provisión de estos cargos al sistema de concurso de méritos y la institucionalización de su periodo tienen dos consecuencias principales. En primer lugar, el concurso que se lleve a cabo debe respetar las reglas que han sido fijadas por la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación, como se expuso en consideraciones previas; en segundo lugar, la institucionalización del periodo implica que los gerentes designados no pueden ser removidos antes de la finalización del periodo, salvo que se presenten situaciones extraordinarias.[24]
Además de que para la conformación de la terna no existe un criterio de excelencia establecido, la figura misma de la terna como opera en la actualidad desconoce el derecho fundamental del concursante mejor calificado a ser nombrado en el respectivo cargo. Como se indicó en apartes previos, esta Corporación de manera reiterada ha señalado, con fundamento en los artículos 13, 29 y 125 superiores, que a quien demuestra mayores méritos y obtiene la mejor calificación en un concurso le asiste un derecho fundamental a acceder al cargo por el cual concursó.
En el mismo sentido, en concordancia con la jurisprudencia constitucional, la S. estima que la decisión de no nombrar a la persona que obtiene el primer lugar en el concurso de méritos conlleva la vulneración de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, pues al tiempo que supone un trato discriminatorio que no se funda en razones objetivas de calificación, significa la aplicación de las reglas del concurso sobre bases desconocidas para el concursante, quien prevalido de la confianza legítima de ser nombrado bajo la condición de obtener el primer puntaje, puede ser despojado del derecho por motivos ajenos a las reglas de la contienda.
De acuerdo con lo anterior, a juicio de la Corporación, la expresión la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente, contenida en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, desconoce el principio constitucional del mérito como criterio rector del acceso a la función pública, los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de quienes obtienen el primer lugar en los respectivos concurso, así como el principio de la buena fe.
Sin embargo, habida cuenta de que la configuración semántica de la expresión demandada puede ser interpretada de una manera distinta a la adoptada en sus decretos reglamentarios y acorde a la Constitución, la Corte proferirá una sentencia interpretativa y declarará la exequibilidad de la expresión bajo el entendido de que (i) la terna a la que se refiere el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1122 de 2001 deberá ser conformada por los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones, (ii) el nominador de cada empresa social del estado deberá designar en el cargo de gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje, y (iii) el resto de la terna operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no sea posible designar al candidato que obtuvo la mejor calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero.[25]
No obstante, ser este el precedente más fuerte con que se cuenta para la resolución de estos casos, resulta pertinente recordar que en decisiones de tutela anteriores a la sentencia de constitucionalidad referida se habían utilizado las reglas derivadas de la Constitución para excepcionar la aplicación de la última parte del primer inciso del artículo 28 de la ley 1122 de 2007. En este sentido se manifestó en la sentencia T-329 de 2009 [d]e acuerdo con lo anterior, a juicio de esta S., la disposición la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, contenida en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 impide que se garanticen los derechos fundamentales de quien ocupa el primer lugar en la lista. Por tanto, la misma considera que la utilización de la terna en el proceso de elección del gerente de la ESE no protege los derechos fundamentales derivados del concurso de méritos, lo que conduce a que la norma legal deba inaplicarse negrilla ausente en texto original-.
Los argumentos expuestos guían a concluir que las reglas jurisprudenciales expuestas en este apartado son plenamente aplicables al caso que ahora resuelve la S. y, por tanto, serían absolutamente pertinentes al momento de definir la solución concreta en caso de que se supere el análisis de procedibilidad.
Pasa la S. a resolver el caso ante ella planteado.
La solución del caso concreto exige de la S. un estudio sobre la procedibilidad de la acción de tutela y, de superarse este examen, deberá evaluarse la posible vulneración de los derechos fundamentales del accionante, el señor L.I.A.I..
Recuerda la S. que en esta ocasión se estudia la posible vulneración de derechos fundamentales en el nombramiento del Gerente de la ESE Hospital M.I.. La acusación tiene como fundamento que el actor, señor A.I., ocupó el primer lugar en el concurso de méritos realizado por la Universidad del Tolima durante los meses de febrero y marzo de 2008, por medio del cual se elaboró la lista de los que integrarían la terna de la que debería escogerse el nuevo gerente de la ESE por parte del Gobernador del Departamento del Caquetá; no obstante esta situación, el actor no fue nombrado en el cargo a proveerse y, por el contrario, fue escogida para dicha posición la señora Y.P.M.G., quien tomó posesión del cargo el día 7 de abril de 2008 folio 200, cuaderno de pruebas n. 2-.
En el mes de marzo de 2011, exactamente el día 29, el señor A.I. interpone acción de tutela por considerar que este hecho desconoce sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al trabajo. Argumenta el actor que fue por vía de otro de los participantes en el concurso que se enteró que había ocupado el primer lugar en el mismo, razón por la cual interpuso la acción tres años después de haberse proferido el decreto de nombramiento de la Gerente de la ESE -folio 3 cuaderno de 1ª instancia-.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia Caquetá declaró improcedente la acción interpuesta por considerar que no se cumplía con el requisito de inmediatez, ya que la tutela no se había interpuesto en un término razonable folio 62, cuaderno de primera instancia-.
El actor impugnó dicha decisión argumentando que el tiempo que tomó para interponer la acción que ahora estudiada debido a que sólo me enteré que había ocupado el primer lugar como consecuencia que el Dr. J.G. me lo comentó a mediados del mes de marzo de este año, por una acción de tutela que instauró contra el señor GOBERNADOR DEL CAQUETÁ folio 85, cuaderno de primera instancia-.
La decisión de primera instancia fue revocada al considerar que se presentó afectación al derecho del actor, señor A.I., y que, no obstante haber transcurrido casi tres años desde la posesión de la otrora gerente de la ESE, la vulneración permanece en el tiempo, por lo que resulta aceptable la tardanza en la interposición de la tutela, toda vez que el período del gerente del citado centro de salud es de cuatro años, prolongándose el mismo hasta el 31 de marzo de 2012, folio 27, cuaderno de segunda instancia-
Siendo esta la situación que se presenta a evaluación de la S., pasa a realizarse el análisis de procedibilidad de la acción y, si el mismo se supera, se pronunciará sobre el problema jurídico, que en la presente ocasión consiste en si el nombramiento de quien no ocupa el primer lugar en un concurso de méritos realizado para constituir una terna de la cual debe escogerse el Gerente de una ESE, vulnera el derecho de quién ocupó dicho primer lugar en el concurso?
En el presente caso, observa la S. que no se cumple con el requisito de haber interpuesto la acción en un tiempo razonable o de tener una causa que así lo justifique.
En efecto, el señor A.I. interpuso la acción de tutela tres años después de que se presentó el hecho que, eventualmente, se constituiría como vulnerador de su derecho. Claramente, tres años es un tiempo de espera que resulta excesivo para controvertir un acto administrativo que genera un perjuicio que resulta grave para el actor, en cuanto afecta sus derechos fundamentales, parámetro de lo cual puede ser el tiempo que tardan en interponerse las tutelas en casos análogos al que ahora se decide[26].
Ahora, sostiene el actor que interpuso la demanda tan pronto se enteró de dicha situación, lo cual no ocurrió hasta tanto no fue informado por otro de los participantes en el concurso de que había sido el ganador del mismo, esto es el 15 de marzo de 2011. Esta situación, lejos de abonar a la legitimidad del tiempo trascurrido, demuestra que el señor A.I. no realizó gestión alguna para indagar acerca de la posible vulneración del derecho y que, por el contrario, fue por mera casualidad el enterarse de la posible vulneración de que fue objeto.
Aunque lo dicho basta para demostrar la actitud reticente del actor a adoptar mecanismos que permitieran conocer sobre el resultado del concurso, debe agregarse que en el presente caso no hay necesidad de presumir la utilidad que dichas acciones hubiesen tenido al propósito de conocer los resultados del concurso, pues, precisamente, fue este el medio que sirvió para que la señora M.G. cuarta en el concurso y quien fue nombrada Gerente de la ESE- se informara acerca de los puntajes obtenidos por quienes participaron en el mismo. E incluso, el desconocimiento de estos resultados no fue óbice para que otro de los participantes, el señor G., interpusiera acción de tutela al creer que sus derechos habían sido afectados folio 3 del cuaderno original-.
Estos dos elementos confirmarían que el ahora actor de tutela tuvo la oportunidad de indagar y, en consecuencia, informarse sobre los resultados del concurso, no obstante la actitud reticente a publicitar los mismos en que pudiera haber incurrido la Universidad del Tolima. Por lo tanto, la espera de tres años para interponer la acción de tutela no puede justificarse en el hecho de una imposibilidad de conocer los resultados del concurso; por el contrario, que se haya enterado a partir de la gestión por otro realizada no comprueba cosa distinta que una actitud negligente por parte del señor L.I.A.I. en la indagación que pudiera ayudar a reparar una eventual vulneración de su derecho suyo.
El anterior análisis es acorde con el precedente que sobre inmediatez ha realizado en casos análogos esta S. de Revisión, en los que este punto ha resultado objeto de juicioso y detallado análisis. En este sentido, aunque con un resultado diverso, el principio de decisión ahora expuesto fue empleado en la sentencia T-687 de 2010, en la que se había interpuesto acción de tutela tres (3) meses y 27 días después de la posesión como Gerente de una ESE de quien no había ocupado el tercer lugar en el concurso. Al respecto se consagró:
En efecto, respecto del principio de inmediatez ha de decir la Corte que la acción de tutela se ajusta a los parámetros establecidos por la jurisprudencia, pues la misma fue interpuesta tres (3) meses y veintisiete (27) días después de que se hubiese proferido el acto administrativo que presuntamente desconoce los derechos fundamentales de la accionante, el cual se aprecia como un término razonable para la presentación de la acción de tutela, teniendo en cuenta que los argumentos jurídicos que la sustentan deben ser objeto de preparación por parte de quien la interpone y que se hizo necesario requerir información a entidades públicas sobre las actuaciones administrativas indispensables para estructurar la acción de tutela folio 69-.
En el mismo sentido, en sentencia T-547 de 2011 se concluyó el señor A.B.B.,() acudió a la solicitud de amparo un año y cinco meses después, pretendiendo el cargo de gerente de la ESE Centro 1 de Piendamó, al que habría tenido derecho por ocupar el segundo lugar, pero no aparece justificación alguna para que no hubiere accionado a tiempo, ni para que hubiere desistido de la petición, que posteriormente buscó replantear mediante una nueva tutela, en circunstancias que ahora sí podrían generar un quebrantamiento contra esos mismos derechos, además de la confianza legítima de quien fue designado y ha venido desempeñando la función, que debe ser ejecutada con estabilidad, en la medida en que ello facilite la adecuada dirección de la ESE respectiva, adicionalmente en beneficio del servicio de salud de la comunidad correspondiente negrilla ausente en texto original-.
Por las razones antes expuestas y los precedentes ahora citados, concluye la S. que en los casos como el ahora analizados debe comprobarse que la acción se haya interpuesto en un tiempo razonable requisito de la inmediatez-; y que, su exigencia al caso en estudio obliga a declarar improcedente la acción de tutela objeto de revisión.
La S. no comparte ninguna de estas razones. Pasa a explicarse esta postura.
Respecto de la primera, debe decirse que no haber solicitado la reparación de una presunta vulneración de un derecho fundamental, no implica que la misma se mantenga y, mucho menos, que sea actual. De ser ese el razonamiento adecuado se presentaría una situación contradictoria en la jurisprudencia de tutela: por una parte, exigir el cumplimiento del requisito de inmediatez; y, por la otra, inaplicarlo en aquellos casos en que la pasividad del titular haya originado la no reparación de presuntas vulneraciones es decir, inaplicarlo en todos los casos en que no se haya cumplido-. En efecto, en el caso en estudio no puede decirse que la vulneración sea constante, pues la misma ocurrió en un solo momento hace más de tres años el nombramiento como gerente es un acto único, que no debe confundirse con la cadena de consecuencias que se derivan de su ocurrencia-; igualmente, no puede decirse que tenga carácter actual, pues los hechos derivados de la misma ya constituyen situaciones jurídicas consolidadas, tanto así que incluso las acciones ordinarias contra el acto de nombramiento caducaron hace más de dos años; y, finalmente, no se trata de una afectación directa a alguna prestación periódica, otra razón que excluye la posibilidad de que en el caso concreto se trate de una afectación actual.
Son estas las razones que impiden a la S. compartir la apreciación del Tribunal respecto de la constancia y actualidad de la vulneración.
El segundo argumento tampoco se presenta como una justificación válida para excepcionar el cumplimiento del principio de inmediatez. Aunque el actor no lo manifiesta, en virtud del principio pro actione, podría entenderse que la decisión contenida en la sentencia C-181 de 2010, tomada el 17 de marzo, se constituye en un hecho nuevo que legitimaría la interposición de acciones de tutela en casos como el que ahora nos ocupa en los meses subsiguientes a su adopción. Sin embargo, como salta a la vista, la tutela que ahora se resuelve fue interpuesta cuando había trascurrido más de un año desde el momento en que se adoptó la decisión de constitucionalidad antes mencionada; esta situación excluye cualquier interpretación que, en pos de un sentido garantista, quiera excepcionar la exigencia de inmediatez en el caso ahora analizado. Ad abundantiam, debe decirse que, como se mencionó en las consideraciones relevantes al caso, desde el año 2009, con la sentencia T-329, se había inaplicado en virtud de la figura de la excepción de inconstitucionalidad- el artículo 28 de la ley 1122 de 2008, entendiendo que debería nombrarse como Gerente de una ESE a aquél que ocupase el primer lugar en el concurso de méritos realizado; así, se comprueba que la posibilidad de controvertir actos de nombramiento como el que ahora es objeto de controversia había sido abierta por parte de la jurisprudencia constitucional desde antes de la decisión C-181 de 2010, lo que adiciona a la conclusión sobre la actitud pasiva e indiferente del actor respecto al resultado del proceso para escoger al Gerente del Hospital M.I..
Por el contrario, permitir en casos como el que nos ocupa que se controviertan actos proferidos hace tres años por medio de acción de tutela, desdibuja completamente el carácter de la acción como i) mecanismo subsidiario; ii) que se emplea, no obstante la existencia de mecanismos ordinarios, en casos en que se necesita una respuesta pronta en cuanto eficaz- del aparato judicial; y, iii) cuya finalidad no es reemplazar las acciones previstas por el aparato ordinario de justicia, ni, mucho menos, servir como mecanismo para controvertir situaciones ya hace tiempo consolidadas.
Finalmente, resulta pertinente resaltar que de la posición ahora sostenida por la S. no debe extraerse que el nombramiento de quienes no han ocupado el primer lugar en un concurso para proveer un cargo público es una acción ajustada a la Constitución. Siempre que sea esa la situación que se presente, se estará ante un hecho que desconoce la igualdad y el criterio del mérito en la provisión de cargos de la administración, elementos fundantes del parámetro de selección objetiva que debe acompañar estos procesos y que resulta un principio esencial de la Constitución, según lo ha manifestado la S. Plena de esta Corte[27]. En este sentido, y sin que esto signifique un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que ahora se despacha, resulta censurable que en el proceso de selección del Gerente de la ESE Hospital M.I. la Junta Directiva no haya empelado un parámetro objetivo, algo que, a su vez, repercutió en la transparencia de dicho proceso.
Hecha la anterior aclaración, la S. concluye que la tutela presentada por el señor L.I.A.I. debe declararse improcedente, en razón a no cumplir con la exigencia de inmediatez en la interposición de la acción constitucional.
Primero: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la S. Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia  Caquetá.
Segundo: CONFIRMAR, por las razones ahora expuestas, la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia - Caquetá.
Tercero: ORDENAR que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de la presente providencia, se dé posesión a la señora Y.P.M.G. en el cargo de Gerente de la ESE Hospital M.I. hasta que finalice el período por el cual fue nombrada, es decir, 31 de marzo de 2012.
[12] El artículo 6º del decreto 2591 de 1991 establece: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. ()
[14] Sentencia T-033 de 2002. M.P.R.E.G..
[26] Al respecto, sentencias T-606 de 2010 cuatro meses-; T-687 de 2010 tres meses-; T-556 de 2010 dos meses-; T- 1109 de 2010 dos meses-; T-509 de 2011 seis meses después de lo que es considerado como un hecho nuevo; T-547 de 2011 en donde un término de un año y cinco meses se considera excesivo-.