Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-10530-de-junio-24-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_ce78a08520a343789de770e273d91e56&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 10:00:17
Document Index: 12984933

Matched Legal Cases: ['artículo 157', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 402', 'artículo 2', 'artículo 90', 'artículo 7', 'artículo 228', 'artículo 115', 'artículo 37']

﻿ Sentencia 10530 de junio 24 de 1998
SENTENCIA 10530 DE 24 DE JUNIO DE 1998
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR RETENCIÓN DE PERSONAS - OBLIGACIÓN DE RESULTADO. SE REITERA QUE FRENTE A LOS RETENIDOS LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL ESTADO DE RESPETAR Y GARANTIZAR SU VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL Y SÍQUICA ES DE RESULTADO. EL ESTADO ASUME UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, EN VIRTUD DE LA CUAL SE HACE RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS QUE SUFREN LAS PERSONAS. ES EL CASO DE LOS RETENIDOS, QUIENES POR ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN DE PARTICULAR SUJECIÓN FRENTE AL ESTADO EN VIRTUD DE LA CUAL VEN LIMITADOS SUS DERECHOS Y LIBERTADES Y LA AUTONOMÍA PARA RESPONDER POR SU PROPIA INTEGRIDAD, DEBEN GOZAR DEL PLENO AMPARO DE LAS AUTORIDADES FRENTE A LOS POSIBLES DAÑOS Y PELIGROS QUE LOS AMENACEN. LAS OBLIGACIONES QUE ASUMEN LAS AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA FRENTE A LOS RETENIDOS SON DE DOS CLASES: 1) DE HACER, ESTO ES, DE PREVER Y CONTROLAR LOS PELIGROS QUE PUEDA SUFRIR UNA PERSONA RETENIDA DESDE EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRODUCE LA PRIVACIÓN MATERIAL DE LA LIBERTAD, HASTA EL MOMENTO EN QUE ELLA ES DEVUELTA A LA SOCIEDAD Y 2) DE NO HACER, REFERIDA A LA ABSTENCIÓN DE CUALQUIER CONDUCTA QUE PUEDA VULNERAR O PONER EN PELIGRO LOS DERECHOS QUE NO HAYAN SIDO LIMITADOS CON LA MEDIDA CAUTELAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, OBLIGACIONES DE RESULTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Sentencia 10530 de junio 24 de 1998
Rad.: 10530
Actor: Mirelda Acosta Vásquez y Otras
Santafé de Bogotá, D.C, veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 7 de diciembre de 1994, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
El 9 de febrero de 1994, Mirelda Acosta Vasquez, Claudia Cristina, Diana Victoria y Milena Lucia Salas Acosta actuando en nombre propio, formularon demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Cesar a fin de que se condenara a la Nación —Ministerio de Defensa— al pago de los perjuicios morales y materiales causados con la muerte del señor Víctor Salas Durán, esposo y padre de las demandantes.
Según lo relatado en la demanda, los hechos que dieron lugar a este proceso pueden resumirse así:
El 15 de agosto de 1992, dos miembros del grupo UNASE, simulando ser traficantes de armas, se reunieron con el señor Alfonso Castro Valencia, en el hotel Londres de Valledupar, para ofrecerle en venta algunas armas de uso privativo de las fuerzas militares. El señor Castro Valencia les respondió que no estaba en condiciones de adquirirlas, pero que sí conocía a alguien interesado en tales objetos y en horas de la tarde del mismo día se encontraron en el mismo sitio los funcionarios del UNASE y los señores Alfonso Castro Valencia y Víctor Manuel Salas. En momentos en que se desarrollaba la negociación llegaron al sitio otros miembros del mencionado grupo, retuvieron a los particulares y los llevaron al batallón Nº 2 de Artillería La Popa de Valledupar. En el batallón los retenidos fueron ubicados en celdas diferentes y sometidos a interrogatorio. Víctor Salas fue objeto de maltratos físico y síquico, por lo que fue llevado al hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, donde falleció. A pesar de que no se le practicó necropsia, el médico César Daza Díaz certificó que la causa de la muerte fue infarto al miocardio, obesidad H.T.A.
El tribunal negó las pretensiones por considerar que de las pruebas que obran en el expediente no puede afirmarse la responsabilidad del Estado en la muerte del señor Víctor Salas, pues la misma tuvo una causa natural —un infarto del miocardio—, tal como lo certificó el médico, que si bien “pudo producirse por el impacto causado por la captura, no es menos cierto que las autoridades militares se hallaban en una misión lícita, de limpieza, para reprimir la subversión y en tal sentido no puede responsabilizarse a la nación”.
Según el apoderado de las demandantes el a quo hizo una errónea valoración de los hechos, las pruebas y las normas jurídicas. En su criterio, la responsabilidad del Estado en la muerte del señor Víctor Salas se acredita con la declaración de Alfonso Castro Valencia, la falsedad en que incurrió el médico al expedir una certificación sobre la causa de la muerte de aquel, sin haberle practicado necropsia o por lo menos haberlo atendido al momento del fallecimiento, la prueba documental aportada y los indicios graves que se deducen de tales pruebas.
Afirma que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (…) de ninguna manera están autorizados para ponerles trampa haciéndose pasar por vendedores de armas y sin mayores fundamentos capturarlos con gran despliegue de autos y encerrarlos, golpearlos y luego aparecer muerto el infortunado. El operativo militar fue absurdo, solo sirvió para que Salas muriera”.
5. La actuación en segunda instancia.
Del término concedido para presentar alegaciones hicieron uso las partes. El Ministerio Público guardó silencio.
El apoderado de las demandantes reiteró los argumentos expuestos en el escrito de sustentación del recurso de apelación. Agregó que “fue el UNASE quien causó la muerte con su acción, aunque en el expediente no aparezca qué personas en particular cometieron el hecho; no se puede exigir prueba directa del homicidio cometido en un sitio inaccesible a los particulares (…) La conducta de los militares en un supuesto caso de ser vista como regular (…) lesionó el principio constitucional de la igualdad frente a las cargas públicas, pues impusieron a Víctor Salas a (sic) soportar una captura y tortura ilegal como procedimiento para obtener información sobre un infundado tráfico de armas, que solo existió en la mente de los investigadores”.
Por su parte el apoderado del Ministerio de Defensa solicita que se confirme la sentencia por encontrarla “justa y ajustada a derecho”. En su criterio no existe daño imputable a la entidad demandada, pues “del acervo probatorio arrimado al proceso consignado de manera elocuente en las consideraciones del tribunal en sana lógica jurídica y material se constató que el fallecimiento del señor Víctor Salas se debió a causas naturales certificadas por el médico Daza Díaz, como consecuencia del estado de salud del interfecto Víctor Salas quien presentaba un cuadro clínico de obesidad e hipertensión”.
La Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y en su lugar condenará al Estado por la muerte del señor Víctor Manuel Salas Durán. Se hará inicialmente una presentación de la evolución de la jurisprudencia de esta Sección sobre la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por una persona retenida; a continuación se precisará el criterio actual de la Sala sobre el tipo de obligación que adquiere el Estado al retener a una persona y el régimen de responsabilidad que se aplica frente al incumplimiento de la misma, para finalizar con el análisis del caso concreto.
1. Los desarrollos de la jurisprudencia en relación con la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por las personas retenidas.
Sobre el tema la jurisprudencia ha hecho las siguientes precisiones:
1.1. En providencia del 21 de agosto de 1981 dijo la corporación que frente al retenido el Estado adquiere las obligaciones propias de la figura del depósito necesario de personas. Así se afirmó en el fallo citado:
“El artículo 157 del C.C., al regular el divorcio, antes de la reforma de la Ley 1ª de 1976, traía entre las medidas cautelares que debía tomar el juez de la causa, la del ‘depósito necesario’ de la mujer, en forma similar a como lo prevén, en ciertos casos, las normas protectoras del menor o de los alienados.
“El depósito necesario de personas no es, pues, ajeno al derecho colombiano y quizá el más común y frecuente y menos estudiado y regulado, es el que se configura en el momento en que las autoridades de la República, como personeras de la Nación, capturan al ciudadano y lo ponen, contra su voluntad y la de sus parientes y amigos, bajo su guarda y vigilancia, para los efectos legales pertinentes, convirtiéndose los captores y guardadores en el depositario que debe responder —con obligación de resultado— del supremo bien de la vida, para cuya garantía están instituidas esas autoridades de la República a tenor del artículo 16 de la Constitución Política y que, como derecho ‘inherente a la persona’ en los términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’ (artículo 6º) ratificado por Colombia por la Ley 74 de 1968, es la primera causa y razón de la existencia y organización del Estado.
“O la autoridad comprueba que devolvió al ciudadano al seno de la sociedad, sano y salvo, o compromete su responsabilidad en forma que solo se exonera demostrando fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima”(1).
1.2. No obstante, la asimilación de la figura del depósito necesario fue posteriormente rechazada y se consideró que la obligación era de carácter legal ligada a las garantías constitucionales. En la sentencia donde se hizo dicha rectificación se afirmó:
“Frente al detenido la autoridad militar tenía una obligación de resultado: respetar su vida, su integridad personal y psíquica.
“No es un caso de depósito necesario, figura desafortunada utilizada por la sala en asunto similar al fallado hace algunos años. No, es solo el cumplimiento de un deber legal. Toda autoridad militar o de policía en su misión de reprimir la delincuencia debe capturar a las personas cuando sobre ellas pesa alguna sindicación. No nace con esa aprehensión una relación contractual para mantenerlo con vida. Es una obligación legal, ligada a las garantías constitucionales mismas”(2).
1.3. Desde la decisión citada inicialmente y hasta hoy, la Sala ha reiterado que frente a los retenidos la obligación que tiene el Estado de respetar y garantizar su vida e integridad personal y síquica es de resultado. Así se dijo, por ejemplo, en la siguiente providencia:
“(…) en torno de la responsabilidad de la administración por daños inferidos a quienes se encuentran privados de su libertad, en distintas oportunidades se ha sostenido el criterio de que los establecimientos carcelarios o penitenciarios asumen frente a los internos una obligación de brindarles seguridad, obligación que se considera de resultado y no simplemente de medio, la cual se traduce en el compromiso de la entidad pública respectiva de regresar a la sociedad al recluso en el mismo estado de salud en que fue recibido para su internamiento, excepto, desde luego, las enfermedades y problemas de salud inherentes ordinariamente a la misma naturaleza del ser humano. De no ser así, se ocasiona un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado, según las voces del artículo 90 de la Constitución Política, salvo que por parte de la entidad oficial se compruebe la existencia de alguna causal exonerativa de responsabilidad”(3).
1.4. En la generalidad de los casos en que se ha demandado al Estado por la muerte o desaparición de una persona, las condenas han sido proferidas con fundamento en la falla probada del servicio. Por ejemplo, se ha dicho:
“Al encontrarse privado de la libertad el ciudadano (…) las autoridades de la prisión le debían protección y seguridad en su integridad corporal y mental. En otros términos, por encontrarse ‘a buen recaudo’ de las autoridades de la prisión, estas deben custodiarle y cuidarle para mantenerle en las mismas condiciones sicofísicas que presentaba el detenido al momento de la privación de la libertad. Cualquier daño en la salud que llegasen a presentar las personas privadas de su libertad, por acción u omisión de las autoridades que vigilan y controlan, se adecua al concepto genérico de falla de la administración y por consiguiente surge la obligación de indemnizarlas, desde luego que se presenta un daño antijurídico de los previstos en el artículo 90 de la Carta Política”(4).
Las fallas del servicio que han dado lugar a las condenas han estado relacionadas, por ejemplo, con el incumplimiento de deberes legales específicos, tales como el de no ejercer control y vigilancia en los establecimientos carcelarios (D. 1817 de 1964, Ley 32 de 1986, hoy Ley 65 de 1993)(5), el cual posibilita la tenencia de armas por parte de los reclusos con las consecuentes agresiones entre ellos, o el incumplimiento del mandato contenido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal en relación con los miembros de los cuerpos armados, quienes deben ser detenidos preventivamente en los cuarteles de la unidad a la que pertenecen(6).
1.5. En otra providencia aceptó la Sala que en relación con los daños sufridos por los reclusos, el demandante puede optar por el régimen de la falla probada o presunta. Así dijo:
“Si bien el asunto puede manejarse dentro de la filosofía que informa la falla presunta del servicio en razón de la actividad que ejecuta la administración —vigilancia y cuidado de los reclusos— este caso también permite orientarse bajo la falla probada del servicio, al ser manifiestas las irregularidades que se cometieron al interior del penal, pues con marcada negligencia no impidieron que los reclusos portaran armas, aparte del hecho mismo de colocar poco personal para la adecuada vigilancia de los internos, al verificar que solo un guardián prestaba este servicio, cuando la realidad y las circunstancias propias que se vivían demandaba la presencia de más efectivos”(7).
2. La obligación del Estado en relación con los retenidos es una obligación de resultado. El Estado solo se exonera frente a una causa extraña.
En esta oportunidad, la Sala reitera su criterio en el sentido de que la obligación de devolver al retenido en las mismas condiciones físicas y sicológicas en las que se encontraba antes de la retención es una obligación de resultado; no obstante, considera conveniente hacer algunas precisiones:
2.1. La distinción entre las obligaciones de medio y de resultado no es ajena a la responsabilidad extracontractual del Estado.
La distinción entre obligaciones de medio y de resultado fue propuesta por René Demogue, en 1925, con el objeto de solucionar el problema que suscitaba la aplicación de los artículos 1137 y 1147 del código napoleónico. Estas obligaciones son definidas por Philippe Le Tourneau(8) en estos términos:
En cuanto a las obligaciones de medio dice el autor citado: “en ciertos contratos el deudor solo se obliga a poner al servicio del acreedor los medios de los cuales dispone; de hacer toda diligencia para ejecutar el contrato. Se le llama a veces obligación de prudencia o diligencia. El contenido de la obligación de medios no es exactamente un hecho; es el esfuerzo del hombre, un esfuerzo constante, perseverante, tendente a la adopción de una actitud frente a sus propias cualidades para aproximarse a una finalidad deseada. Si el deudor no se compromete a alcanzar una meta determinada, se compromete por lo menos a tratar de alcanzarla. Si un evento de fuerza mayor impide al deudor alcanzar la finalidad prevista, habrá ejecutado su obligación, puesto que por hipótesis su obligación es un comportamiento”.
Esta distinción implica que cuando la obligación es de medio el deudor se exonera de responsabilidad probando diligencia y cuidado, en tanto que cuando la obligación es de resultado, este deberá probar una causa extraña. O visto desde otro ángulo, cuando la responsabilidad se fundamenta en la culpa la obligación que se contrajo es de medio y cuando se responde a título objetivo la obligación incumplida es de resultado. Por ello, aunque en la legislación colombiana no figura dicha clasificación, a ella se puede acudir a partir del régimen de responsabilidad que se aplique frente a determinadas obligaciones, bien por virtud de la ley o del desarrollo jurisprudencial.
La distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado ha estado referida regularmente a la responsabilidad contractual; sin embargo, nada obsta para que los conceptos puedan ser utilizados dentro del régimen de la responsabilidad extracontractual(9), pues dicha clasificación no tiene como única fuente la voluntad concertada de las partes (aunque en algunos eventos las partes pueden realizar pactos al respecto), sino que ella surge, bien de un mandato legal o en consideración exclusiva a la naturaleza misma de la obligación que se contrae.
Muchos criterios pueden ensayarse para determinar, en ausencia de norma expresa o disposición de las partes, cuándo una obligación es de medio y cuándo de resultado. La Sala considera que el criterio más razonable, si se parte de la definición misma de estos tipos de obligaciones es el de la mayor o menor probabilidad de alcanzar la realización del objeto de la obligación, es decir, si la probabilidad de que se cumpla ese objeto es menor la obligación es de medio y si la probabilidad es mayor, la obligación es de resultado(10). Por supuesto, esta definición deja al juzgador un margen bastante amplio de valoración para determinar cuándo esa probabilidad es alta y cuando es baja, pero estas son situaciones que solo podrán depurarse a través de la jurisprudencia en cada caso concreto.
2.2. La obligación del Estado de devolver al retenido en las condiciones en que se encontraba al momento de su retención es una obligación de resultado.
El artículo 2º de la Carta consagra como uno de los fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y como funciones que determinan la razón de ser de las autoridades públicas, las de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.
En síntesis, la retención como ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí misma no es una actividad que genere responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a la retención misma, dado que esta es una carga que los ciudadanos deben soportar, daño jurídico y por ende no encuadrable dentro del supuesto general que consagra el artículo 90 de la Carta Política, salvo, claro está, cuando el ejercicio de dicho poder se desborda, v.gr. en los supuestos de retención injusta (arts. 68 ley 270 de 1996, 414 del C.P.P.). Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que esa retención es una actividad que redunda en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz protección y seguridad para lo cual este goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos.
Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado.
2.3. En las obligaciones de resultado el deudor solo se exonera si prueba la existencia de una causa extraña.
Frente a las obligaciones de resultado el deudor responde de manera objetiva y por tanto, solo se exonera si acredita una causa extraña, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero.
Aunque en las decisiones anteriores relacionadas con la muerte o desaparición de personas retenidas, la Sala ha deducido la responsabilidad del Estado con fundamento en la falla del servicio por haber sido esta evidente en los casos estudiados, ha reconocido, sin embargo, de manera implícita que la responsabilidad del Estado en estos casos se presume “(…) con la sola demostración de que la víctima no ha sido reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones en las que ingresó al lugar de detención”(11) y cuando ha aceptado que en estos supuestos la administración solo se exonera de responsabilidad cuando demuestra fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima(12).
No obstante que la demanda se fundamenta en el régimen de la falla del servicio, el análisis del caso sub-judice se hará bajo el régimen de la falla presunta, en aplicación del principio iura novit curia, el cual ha sido aplicado por la Sala en reiteradas oportunidades en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado(13).
3.1 Prueba de la retención.
La forma como ocurrió la retención, según la demanda fue la siguiente: miembros del grupo UNASE que pertenecían a la primera división, segunda brigada, unidad antiextorsión y secuestro del Ejército, se reunieron con Alfonso Castro Valencia y Víctor Salas Durán para ofrecerles en venta armas de uso privativo de las fuerzas militares. Una vez que se concretó la presunta venta, los señores Castro y Durán fueron retenidos.
Al margen de la discusión que pueda suscitarse respecto de la legitimidad de la actuación desplegada por los funcionarios, figura conocida en la doctrina penal como el “agente provocador”, pues la definición de la legalidad o ilegalidad de la retención no es objeto de este proceso, lo cierto es que dicha retención sí se verificó, tal como se confirma con el informe rendido por el comandante del grupo Unase, mayor Jaime Esguerra Santos (fls. 11 y 12) en el que se expresa que: “el particular Alfonso Castro Valencia fue capturado en momentos en que hacía una negociación para la compra de cinco fusiles FALK, con destino al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) (…) en compañía del señor Víctor Salas Duarte (sic) (…) esta negociación se llevó a cabo en dos sitios: en el hotel Londres y en la fuente de soda el turista, en donde fueron sorprendidos y capturados por unidades del grupo UNASE”.
Víctor Manuel Giraldo Restrepo, detective del DAS quien hizo las veces de agente provocador en el hecho confirma también la captura del señor Salas Durán al rendir su testimonio en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio (fl. 146).
La retención de la víctima también está confirmada con el testimonio de Alfonso Castro Valencia (fls.109-110), contra quien se abrió investigación penal por el delito de tráfico de armas (fls.14 a 26).
3.2. Prueba de la muerte del señor Víctor Manuel Salas.
De igual manera, existe certeza sobre la muerte del señor Salas durante el tiempo de la retención. Esa certeza se obtiene de las siguientes pruebas:
— La copia del registro de la defunción de la Notaría Primera de Valledupar (fl. 2).
— El informe rendido por el comandante del grupo UNASE, mayor Jaime Esguerra Santos al Jefe de la Unidad Investigativa de Orden Público, en el que se afirma que el señor Víctor Salas al momento de ser retenido “sufrió una crisis nerviosa perdiendo (sic) el sentido, inmediatamente fue llevado al hospital Rosario Pumarejo de López, donde falleció víctima de un paro cardiaco” (fl.11).
4. Ausencia de prueba de causal exonerativa de responsabilidad del Estado.
Como la muerte del señor Salas se presume causada por el incumplimiento de los deberes que el Estado tenía con él, correspondía a la entidad demandada probar la existencia de una causa extraña para exonerarse de responsabilidad. En efecto, el Ministerio de Defensa, a través de su apoderado adujo como causa extraña que el señor Salas había muerto como consecuencia de un infarto. No obstante, ese hecho exceptivo no fue demostrado en forma fehaciente, tal como pasará a demostrarse.
4.1. Existen contradicciones acerca del momento y las circunstancias que rodearon la muerte del señor Salas Durán.
La entidad demandada afirmó que el señor Víctor Manuel murió de un infarto, pero no precisó por lo menos, en que momento la víctima sufrió dicho infarto.
Así, en el informe rendido por el mayor Jaime Esguerra Santos, comandante del grupo UNASE que practicó la captura aparece que “cuando (este) era transportado a las instalaciones del grupo UNASE ubicadas en el batallón la POPA sufrió una crisis nerviosa, perdiendo (sic) el sentido, inmediatamente fue llevado al hospital Rosario Pumarejo de López donde falleció víctima de un paro cardiaco” (fl. 11).
Por su parte Víctor Manuel Giraldo Restrepo, detective del DAS que participó en el operativo afirmó que “me dijo el señor Víctor Salas que él me iba a entregar la plata, que habían unos amigos de él en un toyota esperando supuestamente los fusiles, pasados diez minutos después (sic) se efectuó la captura que la hicieron los compañeros, no recuerdo los nombres, en el momento en que llegaron los compañeros al señor le dio un paro cardiaco y fue llamada la familia después por parte del señor Jaime Esguerra para comunicarle el deceso de dicho señor” (fl. 149). Y más adelanta precisa: “el paro cardiaco le dio en la cantina, en el momento en que llegaron los compañeros…y nos dijeron que era de parte del grupo UNASE que si nos permitía una requisa y los documentos de identificación, pues nos paramos tres y en el momento en que nos estabamos parando, el señor Víctor Salas no alcanzó a pararse sino que le dieron unas contracciones y se puso tembloroso y pálido y quedó en la silla recostado…bocarriba (sic) y con los ojos cerrados” (fl. 152).
Alfonso Castro Valencia quien fue retenido junto con el señor Salas Durán, respecto del momento en que se produjo la muerte de este afirmó que “media hora después de haberlo encarcelado, lo sacaron para el hospital y allí murió” (fl.110).
4.2. El médico que certificó la muerte del señor Salas no lo hizo con conocimiento de causa.
El médico César Segundo Daza Díaz quien certificó la causa de la muerte del señor Salas, al ser interrogado por el magistrado ponente del Tribunal afirmó: “Yo me encontraba esa noche en el Seguro de turno, en el Servicio de Urgencias del Seguro Sociales (sic) y llegó allí el señor Juan Manuel Daza Oñata con otras personas que no recuerdo y me pidieron el favor de que le certificara la muerte del señor Víctor Salas quien estaba en la morgue del Hospital Rosario Pumarejo de López y que no tenía dicho certificado expedido por ningún médico, yo les informé que no me podía mover del servicio de urgencias…entonces ellos me pidieron insistentemente el favor (de) que les expidiera el certificado y en base a (sic) los datos que ellos me dieron y a los que yo conocía ya que anteriormente (lo) conocía ya que había sido su médico en la Paz porque era una persona obesa e hipertensa y que su muerte fue súbitamente (…) yo ni siquiera lo vi muerto” (fl. 78-79).
Por qué, se pregunta la Sala, si como lo afirma el mayor Jaime Esguerra Santos, Comandante del grupo Unase que practicó la captura del señor Víctor Salas fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, su muerte no fue certificada por un médico adscrito a ese centro hospitalario y en cambio se acudió a uno del Instituto de Seguros Sociales que ni siquiera vio los signos externos que presentaba el cadáver?
El certificado en mención, denominado certificado de complacencia(14) pues fue dado por el médico a solicitud ajena sin que tuviera ningún conocimiento directo de los hechos, no es digno de ninguna credibilidad y por el contrario, constituye un indicio serio sobre una posible responsabilidad penal o disciplinaria del médico, en los términos de los artículos 50 a 52 de la Ley 23 de 1981, razón por la cual se expedirán copias de esta sentencia, del certificado de la defunción del señor Salas Duarte y de la declaración rendida por el médico César Segundo Daza Díaz ante el a-quo con destino a la Fiscalía General de la Nación y al Tribunal Nacional de Etica Médica, para que realice las investigaciones a que haya lugar.
4.3. A la víctima no se le practicó necropsia a pesar de estar prescrita legalmente en el caso de la muerte de un retenido.
El Decreto reglamentario 786 de 1990, vigente para la época de los hechos establece en el artículo 7º lo siguiente:
“Dentro de las autopsias que proceden obligatoriamente, distínguese de manera especial las siguientes:
“a) Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquellas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas”.
Obra constancia en el expediente dada por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Cesar, en el sentido de que “revisados los archivos de esta oficina en la fecha 15 de agosto de 1992, no aparece solicitud, ni Protocolo de Necropsia a nombre de Víctor Salas” (fl. 67).
Pero, además, la entidad demandada a quien correspondía demostrar la causal exonerativa de responsabilidad no afirmó que se haya realizado la necropsia ni aportó copia del acta respectiva.
4.4. No se permitió el traslado del cadáver del señor Salas Durán al municipio de la Paz, Cesar, tal como consta en la resolución de la situación jurídica del señor Alfonso Castro Valencia, proferida por la Fiscalía Regional de Barranquilla (fl. 26).
Todos estos elementos conducen a la Sala a la conclusión de que no fue desvirtuada la presunción de responsabilidad que pesaba sobre los organismos de seguridad del Estado, en relación con los daños sufridos por el detenido que se encontraba bajo su custodia.
La calidad de cónyuge e hijas de las demandantes fue acreditada debidamente con los registros civiles del matrimonio y del nacimiento (fls. 4, 5, 6, y 7). Por concepto de perjuicios morales se reconocerá a cada una de ellas, la cantidad equivalente a mil gramos de oro.
La liquidación de los perjuicios materiales se hará teniendo en cuenta los siguientes factores:
5.2.1. Se afirma en la demanda que la víctima laboraba para la empresa “Empacadora de sal y arroz tres estrellas” de Valledupar, en la que ejercía el cargo de vendedor de sal y devengaba un salario mensual de $ 200.000.
No obstante, las pruebas con las que se pretendió acreditar el hecho no son suficientes pues el testigo Alfonso Castro Valencia afirmó que el señor Salas Durán vendía sal y arroz al por mayor (fl. 109), pero no dio cuenta ni del sitio donde trabajaba ni del salario percibido, es decir, que no dio la razón de la ciencia de su dicho (artículo 228 3ª. regla del C. de P. C.).
Se aportó también un certificado suscrito por Miguel Segundo Acosta Daza (fl 14) en el que se expresa que el señor Salas Durán trabajaba en el establecimiento de comercio denominado Empacadora de Sal y Arroz Tres Estrellas”, pero este documento en tanto que proviene de un tercero y no es auténtico (arts. 252, 277 y 279 del C.P.C.) carece de valor probatorio y por tanto, al no conocerse el valor de los honorarios o salarios percibidos por la víctima, se partirá del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de su muerte para efectos de la liquidación.
5.2.2. Dado que para la fecha en que falleció el señor Salas (15 de agosto de 1992) sus hijas eran mayores de edad y no acreditaron que dependieran económicamente del padre, los perjuicios materiales se reconocerán solo a la cónyuge.
5.2.3. Del salario total se restará el 50% que es el porcentaje que se presume que la víctima invertía en su propios gastos.
Salario base de liquidación: $ 65.190 (mínimo legal para 1992, Decreto 2867/91).
Ra = R I. final (abril/98)
I. inicial (agosto/92)
Ra = $ 65.190 756,01
Ra = $ 192.328,9
Como salario se tiene en cuenta este valor —$ 192.328,9—, del que se resta el 50% que se presume dedicaba para su sostenimiento. Y el valor resultante —$ 96.164,4— es el que corresponde para la cónyuge.
Occiso: Víctor Manuel Salas Durán
Fecha muerte: Agosto 15/92
Vida probable: 16.62 años = 199.44 meses
Cónyuge: Mirelda Acosta Vásquez
INDEM. debida: 69.2 meses
INDEM. futura: 130.24 meses
— Indemnización debida Para Mirelda Acosta Vásquez:
S = $ 96.164,4 (1 + 0.004867)69.2 - 1
S = $ 7’889.754
— Indemnización futura Para Mirelda Acosta Vásquez:
S = $ 96.164,4 (1 + 0.004867)130.24 - 1
0.004867 (1 + 0.004867)130.24
S = $ 9’259.864,8
Beneficiario I.Debida I. Futura Totales
Mirelda Acosta V. $ 7’889.754 $ 9’259.864,8 $ 17’149.618,8
REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el día 7 de diciembre de 1994 y, en su lugar se dispone:
1. Declarar administrativamente responsable a la Nación colombiana —Ministerio de Defensa Nacional— de la muerte de Víctor Manuel Salas Durán, ocurrida el día 15 de agosto de 1992 en la ciudad de Valledupar.
2. Condenar a la Nación colombiana —Ministerio de Defensa Nacional— a reconocer y pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente a 1000 gramos de oro fino para cada una de las demandantes Mirelda Acosta Vásquez, Claudia Cristina, Diana Victoria Y Milena Lucia Salas Acosta.
3. Condenar a la Nación colombiana —Ministerio de Defensa— al pago de diecisiete millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos dieciocho pesos con ocho centavos ($ 17’149.618,8) m/cte. a favor de Mirelda Acosta Vásquez por concepto de perjuicios materiales.
4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.
5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
6. Remítase copias de esta sentencia, del certificado de la defunción del señor Salas Duarte y de la declaración rendida por el médico César Segundo Daza Díaz al Tribunal Nacional de Etica Médica y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten contra el médico las investigaciones a que haya lugar.
Copiése, notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Consejeros: Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Carrillo B.—Juan de Dios Montes H.—German Rodríguez V.—Daniel Suárez Hernández.
1 Sentencia de agosto 21/81, C.P. Jorge Valencia Arango, expediente: 2750.
2 Sentencia de diciembre 6/88, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente: 5187.
3 Sentencia de julio 21/95, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente: 10.147. En este mismo sentido, ver entre otras, sentencias las de marzo 25/93 C.P. Juan de Dios Montes Hernández, expediente: 8000; noviembre 4/93, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente: 8335; noviembre 11/93, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, expediente: 8684; de junio 2/94, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente: 8784; de julio 8/94, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente: 9244; de septiembre 5/94, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente: 9520; marzo 10/95, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente: 9990; marzo 30/95, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente: 10.306; abril 21/95, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente: 10.547.
4 Sentencia de octubre 1/92, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente: 7058. En este mismo sentido ver, por ejemplo las sentencias de: noviembre 4/93, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente: 8335; noviembre 16/93, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, expediente: 8684; marzo 10/95, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente: 9990; noviembre 28/95, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente: 8873; febrero 1/96, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; febrero 9/96, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente: 10.487; marzo 21/96, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente: 10.978
5 Sentencias de marzo 25/93 C.P. Juan de Dios Montes H., expediente: 8000; de junio 13/93, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, expediente: 8337; noviembre 11/93, C.P. Juan de Dios Montes H. expediente: 8684; marzo 10/95, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente: 9990.
6 Al respecto ver sentencia de septiembre 10/93, C.P. Julio César Uribe Acosta, expedientes: 7947 y 8211.
7 Sentencia de febrero 1/96, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente: 10.939.
8 Citado por Javier Tamayo Jaramillo. Culpa Contractual. Bogotá, Ed. Temis. 1990, págs. 27 y 29.
9 Así lo reconocen autores como Álvaro Pérez Vives: “Tienen, como vimos, estas obligaciones de resultado, la característica de que su inejecución constituye incumplimiento de ellas, haciendo incurso al deudor en culpa contractual, si se originaron en un vínculo de tal naturaleza, o extracontractual, en el caso contrario (v.g., la que se deriva del art.2356 C.C.” en Teoría General de las Obligaciones. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1957, Volumen III, parte segunda, pág. 164. En este sentido también, Christian Larroumet: “(…) se debe considerar que la distinción entre las dos clases de obligaciones tiene aptitud para ir más allá de las solas obligaciones contractuales y comprender así todas las obligaciones, cualquiera que sea su hecho generador, tanto las que resultan de un hecho jurídico como las que se derivan de un acto jurídico” en Teoría General del Contrato. Santafé de Bogotá, Ed. Temis, 1993, Volumen I, Pág. 39.
10 Al respecto ver Javier Tamayo Jaramillo, op. Cit. Pág. 194.
11 Sentencia de noviembre 28/95. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente: 8873.
12 Así lo ha dicho la jurisprudencia de esta sección. Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias de fecha noviembre 4/93, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente: 8335; julio 25/94, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente: 8483; marzo 6/96, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente: 10.795.
13 Tanto en la Sala Plena de esta corporación en sentencia del 14 de febrero de 1995, C.P. Consuelo Sarria, expediente: S-123, como en varias decisiones de esta Sección v.gr. sentencia de junio 16/97, C.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente: 10.024, se ha dado aplicación a este principio.
14 Guillermo Uribe Cualla. Medicina Legal, Toxicología y Siquiatría Forense. Bogotá, Ed. Temis,. 1981, pág. 112.
Con toda consideración, manifiesto que compartiendo la parte resolutoria la sentencia, estimo en todo caso, de interés, aclarar mi voto por las siguientes razones:
1. Según el acervo probatorio, son varias las versiones sobre los hechos. Primero, la de la fuerza pública que es imprecisa y que aparece en el oficio 009 de agosto 15 de 1992, según la cual cuando Víctor Salas Duarte, era transportado a las instalaciones del Batallón La Popa, "sufrió una crisis nerviosa, perdiendo el sentido, inmediatamente fue llevado al Hospital Rosario Pumarejo López, donde falleció víctima de un paro cardíaco".(fl.11.C.1) Por su parte Víctor Manuel Giraldo detective del DAS quien participó en el operativo, depuso que el finado Víctor Salas sufrió el paro cardíaco en la cantina cuando lo iban a aprehender. De otro lado Alfonso Castro Valencia, señala que los capturados fueron conducidos al Batallón la Popa en dos carros diferentes y que luego encontrándose en diferentes recintos fueron golpeados.
De lo dicho lo único que resulta claro e indiscutible es el hecho de la captura del ciudadano quien se encontraba en buenas condiciones de sanidad; y el hecho de su muerte que ocurrió cuando se encontraba en manos de las autoridades, sin que estas hayan demostrado la causa de la muerte ni las circunstancias en las cuales ocurrió.
Conforme a la doctrina procesal contemporánea denominada de la carga dinámica de las pruebas, en casos como el presente, corresponde el onus probandi, al demandado quien por las especiales circunstancias del hecho, o su naturaleza, o por la actividad desplegada por el sujeto activo, es a él a quien le es fácil o está en condiciones de aportar claridad para el fallo. Correspondía a las autoridades demostrar la causa de la muerte de quien se encontraba bajo su custodia, pues el damnificado directo o sus deudos no tiene a su alcance los elementos, pues se encuentran en manos de su contraparte precisamente. Y la parte demandada no solo no se exculpó sino que con su conducta procesal deja serias dudas, que por vía de indicios llegan a constituirse como prueba suficiente para endilgarle responsabilidad o al menos para declarar establecido el nexo de causalidad. Así, se aportaron testimonios que no concuerdan entre sí, un certificado de defunción expedido por un médico que no tuvo conocimiento directo de los hechos y tampoco se practicó la autopsia que habría sido fundamental para el tratamiento procesal del caso.
La doctrina ha tratado retiradamente el caso del autor desconocido, en derecho civil y el de la falla anónima del servicio en derecho administrativo. En la especie, se trata de causa desconocida, aunque el centro de imputación es, por lo ya expuesto, el Estado. En efecto se desconoce la causa pero se tiene certeza sobre quién debe dar una respuesta clara respecto de lo ocurrido y por ello le corresponde probar en cuanto tiene en su poder a una persona retenida y porque está en la posibilidad de establecer la causa ya sea por medio de necropsia, de registros médicos o policiales o con la prueba de sus actuaciones diligentes y suficientes para evitar un desenlace fatal. Si el damnificado o víctima directa tiene la carga de soportar una detención preventiva e inclusive de soportar la pérdida de la libertad, en equidad quien ejerce ese derecho, tiene a su turno el deber de probar a su favor y si no lo hace pudiendo como en el caso analizado, deberá atenerse al juicio que sobre el punto define su responsabilidad.
Es claro, que de haberse probado que la muerte ocurrió por ejemplo, corno resultado de la simple detención y legítima operación de las autoridades, por las condiciones físicas del detenido, ello no determinada la responsabilidad del ente público. Pero si no se práctica la prueba que lo aclare por quien corresponde, de modo que se establezca que se trata de un hecho, ajeno a la sola acción de los agentes, el fallo definitivo deberá ser como decidió la Sala.
Con el debido respeto para con los restantes miembros de la Sala, me separé de la decisión de 24 de junio del corriente año, por las siguientes razones:
1. No se probó legal y oportunamente que la muerte del señor Víctor Salas Duran hubiere sido consecuencia directa del actuar de las fuerzas del orden que intervinieron en la captura de aquel.
2. Existen serias dudas del momento y el lugar donde pudo haber tenido comienzo el infarto del miocardio de la víctima Salas Duran.
3. Los vacíos probatorios de los puntos anteriores ponen de presente que la parte actora, quien tenía la carga de establecerlos no cumplió con su deber; así las cosas, el juicio de imputabilidad que se le achaca a la parte demandada no está establecido, por lo que se rompe la relación de causalidad exigida en estos casos.
4. Son varios los indicios que interpretados en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica evidencian que las autoridades demandadas procedieron diligentemente para trasladar a la víctima al hospital donde desafortunadamente ocurrió su deceso.
Por todo lo anterior debió confirmarse la sentencia absolutoria proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar.
Fecha: ut supra
Daniel Suarez Hernández.