Source: https://es.scribd.com/doc/272819917/Modificacion-Regimen-Mutuas-e-Incapacidad-Temporal
Timestamp: 2017-03-30 20:58:01
Document Index: 321957086

Matched Legal Cases: ['Artículo 78', 'artículo 5', 'artículo 128', 'artículo 2', 'artículo 71', 'artículo 32', 'artículo 35', 'artículo 68', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 16']

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EN LOS PRIMEROS 365 DÍAS DE SU DURACIÓN
1.1. Objeto del presente boletín: Ley de Mutuas (Ley 35/2014 de 26 de diciembre) y RD por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración (RD 625/2104 de 18 de julio).
2. Ley 35/2014, en relación con el régimen jurídico de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad
2.1. Cambio en la denominación de las Mutuas.
2.2. La gestión por las Mutuas de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias
2.2.1. Carácter provisional de los dos primeros meses de pago de la IT.
2.2.2. Proposición de alta médica al SPS.
2.3. Modificaciones respecto a la organización de las Mutuas.
2.3.1. Constitución de las Mutuas.
2.3.2. Composición y órganos de gobierno.
a) Junta General de la Mutua.
c) Comisión de Control y Seguimiento
d) Comisión de Prestaciones Especiales
e) Director gerente.
2.3.3. Planes de pensiones, seguros colectivos y planes de previsión social.
2.4. Funcionamiento de la Mutua.
2.4.1. Expreso reconocimiento inicial de la IT por contingencias profesionales.
2.4.2. Obligación de motivación.
2.4.3. Dispensación de prestaciones sanitarias.
2.4.4. Prohibición de las mutuas como servicios de prevención ajenos.
2.5. Régimen económico-financiero de las Mutuas y la aplicación de resultados económicos de la gestión.
2.6. Aplicación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible
3. RD 625/2014, DE 18 DE JULIO. Regula determinados aspectos de la gestión y control por
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
3.1. Objeto del RD 625/2014
3.2. Frecuencia en la emisión de los partes médicos de baja por CC y CP.
3.3. Informes complementarios y de control
3.4. Declaraciones médicas de alta en los procesos de IT.
3.5. Propuestas de altas médicas formuladas por las mutuas en los procesos derivados de contingencias
3.6. Determinación de la contingencia causante de la incapacidad temporal.
3.7. Tramitación de los partes médicos.
3.8. Procedimiento para la revisión de las declaraciones de altas médicas expedidas por las Mutuas en
procesos de IT derivados de contingencias profesionales dentro de los 365 días.
3.9. Seguimiento y control de la prestación económica y de las situaciones de incapacidad
3.10. Requerimientos a las personas trabajadoras para reconocimiento médico.
3.11. Libros de reclamaciones y documentación
3.12. Acceso a la documentación clínica por parte de los médicos del ISM con objeto de garantizar las
condiciones psicofísicas de las personas trabajadoras sean compatibles con sus puestos de trabajo.
“La Ley de Mutuas Patronales, ese arma de destrucción masiva de la salud de las
personas trabajadoras, ya es un hecho desde el 1 de Enero de 2015”.
El Gobierno del PP, enemigo número uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vuelve a
mostrar el más absoluto desprecio hacia uno de los derechos esenciales de la vida: la salud, en este
caso la salud laboral, la cual se convierte en un artículo de lujo y por consiguiente, privativo de las
clases altas y poderosas (empresarios, políticos, ejecutivos, directivos).
La Ley se constituye sobre dos principios, absolutamente opuestos al principio de garantizar siempre
la salud y estos son:
Primero: Conciben a las personas trabajadoras enfermas por el hecho de trabajar, como auténticos
delincuentes, los cuales son siempre presumiblemente sospechosos de cometer fraude, intentando
escaquearse de su obligación de trabajar.
Por lo tanto y basado en esta concepción, la Mutuas Patronales se convierten en gestoras de todas las
bajas, bien por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional, bien por Incapacidades Temporales
por contingencias comunes. Su misión vigilar y castigar.
Segundo: El sistema público de salud, los y las profesionales de la medicina, que acceden al trabajo por
concurso público donde se valora sus méritos y su capacidad, se ve cuestionado profesional y
médicamente, dejando en manos del mercado privado (medicina privada) la capacidad para
determinar si una persona trabajadora se encuentra enferma o no y, ahí, los criterios del mercado
(rentabilidad, productividad) primarán sobre la realidad de la salud.
Todas las Empresas vienen obligadas a contratar los servicios de una Mutua, debiendo ingresar un
porcentaje del salario de cada persona trabajadora a la Tesorería de la Seguridad Social. Por lo tanto si
bien las aportaciones las realiza la Empresa, no olvidemos que son rentas del trabajo de los y las
asalariados y asalariadas. Cuando nos “accidentan”, cuando nos causan una enfermedad profesional”
los patronos, la Mutua tiene la obligación de correr con los gastos de nuestro restablecimiento y, en
consecuencia, cuanto más acorten el período de recuperación, cuanto más disminuyan el tiempo de la
baja, cuantos menos recursos tengan que utilizar (pruebas, consultas, terapias, etc.), cuantas menos
muertes por enfermedades profesionales existan, más beneficio para la Mutua. ¿Qué tiene que ver esto
con la garantía de la salud? Nada, absolutamente nada.
El estado Español es el único país de la OCDE que, según los datos de las Mutuas, desde el año 2000 al
2004, no se produjeron ninguna muerte por enfermedad profesional. Solamente 3 muertes en el 2005.
El Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, considera que en el
estado español mueren 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el
lugar de trabajo. Cada año hay 9.400 personas muertas por cáncer, 3.600 por enfermedades
cardiovasculares y 1.700 por enfermedades respiratorias, todas ellas muertes como consecuencia de
trabajar y, ninguna de éstas aparecen en los registros de las Mutuas. ¿Porqué nuestro Sistema de Salud
permite esta negligencia y falta de asunción de responsabilidad? Simplemente es negocio: miles de
millones van a las cuentas de resultados de las Mutuas a costa de la salud y la vida de miles y miles de
Las Mutuas están dirigidas y gestionadas por directivos y ejecutivos, no independientes, sino que en su
inmensa mayoría, la relación entre las Mutuas y las Empresas, son dirigidas por quienes tienen
intereses privados y sólo se rigen por la lógica del beneficio privado, los empresarios.
Directivos pertenecientes a grandes corporaciones empresariales de cualquier actividad (alimentación,
automoción, energía, comercio, etc.) entre los más significativos directivos de Empresas como Danone,
Ford, Renault, Aguas de Barcelona, El Corte Inglés, ABC, etc. dirigen estas entidades (Mutuas) que se
dedican a la sanidad, a una sanidad no privada, sino pública, la de las personas trabajadoras y lo hacen
ungidos con la transferencia de esa obligación que corresponde al Sistema Sanitario Público, a través
La Ley, da un paso más en esa “carrera a ninguna parte” que los gobiernos liberales han emprendido de
privatización de todo lo público, violando los principios de equidad, universalidad y suficiencia para
Volvemos a una concepción de la Seguridad Social “franquista”, donde se dualiza el sistema de Sanidad
Pública: una privada (mutualizada) para trabajadores y trabajadoras cotizantes y otra pública, cuasi
descapitalizada, que semeja la beneficiencia.
El saqueo de lo público en esta Ley es preclaro: traspaso de fondos públicos bien provenientes de las
cotizaciones, bien de las pruebas de diagnóstico y de tratamiento, a la vez que se “autonomiza” la
gestión de las propias mutuas, las cuales se regirán solamente por principios de ahorro de costes y
CGT se opone y se opondrá en la calle y en toda la red sanitaria a esta “ley de mutuas de destrucción
masiva de la salud de los trabajadores y trabajadoras” y lucha y luchará por un SISTEMA DE SALUD
PUBLICO, UNIVERSAL Y SUFIENTE para todos y todas.
1.1. Objeto del presente boletín.
La regulación de las recién denominadas Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (en adelante
mutuas) ha venido experimentando una constante transformación a golpe de modificación normativa
manteniendo el paradigma de ser asociaciones privadas que desempeñan funciones públicas
gestionando el acceso de las personas trabajadoras a derechos sociales reconocidos tales como el
derecho a la salud y al trabajo.
Las dos normas más recientes que han variado la configuración de las mutuas y que siguen la estela de
una progresiva retirada de las funciones de los entes sanitarios y una mayor presencia de las
entidades gestoras en donde se encuentran las Mutuas, son las siguientes siendo el objeto del presente
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Los argumentos sobre los que se basa la Ley de Mutuas, según su exposición de motivos, sigue la estela
de las anteriores modificaciones, esto es, lucha contra el absentismo (las denominadas bajas de
complacencia) y la reducción de un presunto gasto insostenible de IT para la Seguridad Social,
poniendo bajo sospecha a las personas trabajadoras a las que se achaca una conducta fraudulenta y
defraudadora y a los profesionales sanitarios de atención primaria. Es decir, los objetivos de la reforma
es consolidar y ampliar funciones de gestión privada de las Mutuas para contribuir a sus fines: incidir
en el control del gasto y reducir el absentismo laboral injustificado y por tanto mejorar la
competitividad de las empresas y en consecuencia la economía en su conjunto.
No obstante a lo anterior, los citados argumentos no responden a la realidad. Según datos del
Ministerio de Empleo, el gasto en IT Ha pasado de 7.53 millones en 2008 a 4.878 millones en 2014 así
como que la tasa de absentismo bajó desde 2007 a 2012 en un 3,29 % según los datos del INE. Así,
aparte de la falta de justificación de la reforma, priman más los argumentos economicistas para evitar
el presunto fraude y “mejorar la economía” que salvaguardar el derecho a la salud de las personas
trabajadoras y mejorar en todo caso el sistema nacional de salud.
La tan esperada Ley de Mutuas no supone la creación de una ley que integra en una norma la
dispersión normativa sobre las mutuas sino que procede a modificar determinadas leyes,
fundamentalmente el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS a partir de ahora), estableciendo un nuevo
régimen jurídico de las hasta ahora denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Por otro lado, el texto remite en innumerables ocasiones, hasta
veinte, a la normativa de desarrollo con lo que implica en determinados aspectos una indefinición
legal. En este sentido, la disposición adicional quinta de la Ley establece que “En el plazo de seis meses a
partir de la entrada en vigor de esta ley el Gobierno aprobará cuantas normas reglamentarias sean necesarias en
relación con el régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno, gastos de administración, procedimiento de
formalización de los convenios de asociación y documentos de adhesión, así como su contenido y efectos, régimen de
retribuciones y de aplicación de las reservas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.”
En cuanto a la técnica legislativa, la Ley de Mutuas tiene por finalidad regular en su integridad el
régimen jurídico de las mutuas y de las funciones que desarrollan como entidades asociativas privadas
que participan en funciones públicas. De esta manera, se pretende integrar la dispersión de la
pluralidad de normas de distinto rango que conforman su régimen jurídico aunque no se lleva a cabo
en su totalidad, de tal forma, que se elevan a rango legal una serie de disposiciones procedentes de la
La citada ley, pese a que no varía la naturaleza de las mutuas más allá del cambio de la denominación,
incorpora reformas puntuales en especial en los ámbitos económicos y financieros (establecer topes
salariales al Director gerente y personal ejecutivo), otorga un mayor control a las mutuas, de modo
que van a poder controlar las bajas desde el primer día también en los procesos de IT derivados de
contingencias comunes, frente a la normativa anterior que era a partir del decimoquinto día así como
que consagra la minoración de los plazos de que disponen los Servicios Públicos de Salud (en adelante
SPS) para responder a las propuestas de alta que les formulen los servicios médicos de las Mutuas.
Así mismo, modifica las siguientes leyes: Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de economía sostenible, Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, Ley de Impuesto de
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, ley 27/2011, de 1 de
agosto sobre actualización y modernización del sistema de Seguridad Social y la Ley sobre Infracciones
y sanciones en el orden social (RD Legislativo 5/2000 de 4 de agosto)
En el presente boletín nos detendremos en el grueso de la modificación en el marco de la LGSS así
como que reflejaremos lo que afecta en la LPRL y la Ley de Transparencia.
Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y
control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de
El citado RD viene a sustituir fundamentalmente el RD 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad Social por
incapacidad temporal, quedando derogado éste último así como cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan al primero. Por otro lado, modifica determinados RD tales como el
Reglamento sobre colaboración de las mutuas (RD 1993/1995), RD por el que se regula las
prestaciones económicas de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural (RD 295/2009, de 6 de marzo), RD de desarrollo de la Ley 40/2007 de medidas en
materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal (RD1430/2009, De
11 de septiembre).
Dicho Real Decreto supone un paso más en la ampliación de las facultades de las Mutuas en el ámbito
de la incapacidad temporal dentro de los trescientos sesenta y cinco días en perjuicio de los derechos
La reforma de la ley de Mutuas ha sido publicada en el BOE el 29 de diciembre de 2014 y ha entado en
vigor el 1 de enero de 2015.
La configuración de las Mutuas arranca con la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900.
Aunque no será obligatorio hasta 1932, se autoriza a los empresarios a sustituir sus obligaciones
frente a los riesgos profesionales por el abono de una prima a una sociedad de seguros (mutua o
acciones), siendo el comienzo por parte del empresario de externalizar los riesgos de su actividad
sobre la salud de los trabajadores. El régimen privado del sistema de protección se mantiene hasta la
Ley de Bases de la Seguridad Social vigente en 1967. En ese mismo año se establece legalmente la
prohibición del ánimo de lucro en la gestión de la Seguridad Social y se produce la gran transformación
de las entidades que actuaban en el mercado para convertirse en las Mutuas actuales, sin verse
afectadas en su desarrollo por la aprobación de la Constitución Española ni haberse recogido de
manera expresa en la Carta Magna1.
Ya en el período postconstitucional, la LGSS dedica a las Mutuas de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la Subsección 2ª de la Sección Cuarta, titulada
“Colaboración en la gestión de la Seguridad Social” del Capítulo VII del Título I (artículos 68 a 76).
Junto con lo recogido en la LGSS, el régimen jurídico con carácter previo a la Ley de Mutuas queda
completado en lo fundamental, por las previsiones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales y el Reglamento de colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de
la seguridad Social (RMAT), aprobado por RD 1993/1995 de 7 de diciembre, modificado con
posterioridad en varias ocasiones.
Así, conforme a las previsiones de la disposición adicional 14ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social y siguiendo las
recomendaciones de determinados acuerdos políticos (recomendación 9ª del pacto de Toledo de
2011) y sociales (Acuerdo social y económico, de 2 de febrero de 2011), la Ley 35/2014, de 26 de
diciembre establece un nuevo régimen jurídico de las hasta ahora denominadas Mutuas de accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, al tiempo que modifica la regulación
del sistema de protección por cese de actividad.
1.3. Entidades y funciones tradicionales en la gestión de las contingencias de la
De manera muy sintética se viene a recordar las entidades que tienen un papel protagonista en la
gestión de las contingencias en la Seguridad Social siendo las Mutuas, organismos que colaboran en la
gestión de la Seguridad Social tal y como se ha apuntado anteriormente. Nos centramos en la
contingencia de la incapacidad temporal, objeto de modificación de las dos normativas que versan el
presente informe y pilar fundamental de la seguridad social.
Entidad gestora: Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) o Instituto Social de la Marina
(ISM), según el régimen de Seguridad Social en que se encuentren encuadrado el trabajador
Organismos sanitarios: servicios de salud de las CCAA o el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria2 (INGESA) en donde no se haya transferido las competencias sanitarias (Ceuta y
Entidad colaboradora: mutua o empresa que pueda llevar a cabo la cobertura de esta
prestación, siempre que haya habido una elección previamente por la empresa o por el propio
Las funciones tradicionales que llevan a cabo las citadas entidades son las siguientes:
Área sanitaria llevada a cabo por los servicios públicos de salud: ámbito en el que se certifica la
incapacidad de la persona trabajadora para realizar su trabajo a causa de su estado de salud o
por el contrario, la recuperación de dicha capacidad.
Área de gestión económica asumida por el INSS/ISM y las Mutuas: que verifica el
cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el acceso a la prestación económica,
reconocimiento de la prestación, abono de la misma y llevaba a cabo controles de gestión en su
Dicho esto, uno de las derivas de la regulación sobre este tema, ha consistido en una progresiva
reducción de las funciones de los entes sanitarios y un mayor protagonismo de las Mutuas, tal y como
se refrenda en las normativas que motivan el presente informe. Así mismo, también se ha venido
ampliando las funciones de las entidades gestoras (INSS/ISM)
1 Ane Varela Mateos, “Participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la gestión de las prestaciones del
sistema de bienestar español” (2010-2012), Trabajo de fin de Master de Políticas Públicas y Sociales.
Después del traspaso de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, el INSALUD, entidad de prestaciones sanitarias de carácter
público a nivel estatal se denominó INGESA, para gestionar la Seguridad Social (Pensiones del Estado etc.) así como las competencias sanitarias
no transferidas como Ceuta y Melilla.
De manera esquemática, se ha vivido un proceso de ampliar las funciones por parte de la entidad
responsable de la prestación que han supuesto mayor control para éstas con carácter general y en
particular, en la expedición de las bajas y altas médicas de la IT, siendo un botón de muestra las
siguientes modificaciones3:
Posibilidad de las entidades del pago de la prestación (INSS/ISM o Mutua) a someter a
reconocimiento médico a través de los correspondientes servicios médicos y en consecuencia,
proponer a los Servicios de Salud en procesos de IT, las propuestas de altas correspondientes
así como pudiendo acceder los servicios médicos de las Mutas a los informes y diagnóstico del
beneficiario llevados a cabo por los servicios médicos del Servicio Público de Salud.(Artículo 78
de la Ley 13/1996 y artículo 5 del RD 575/1997)
En caso de incomparecencia a los citados exámenes del INSS/ISM o Mutua, pueda dar lugar a
la suspensión cautelar del derecho, al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada. (Art.
132.3 LGS)4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de suspensión del derecho y
Expedir altas médicas, en un primer momento al INSS/ISM y en un momento posterior a las
Mutuas, a través de los servicios médicos correspondientes, a los exclusivos efectos económicos
de la prestación económica1. Altas médicas que precisaban la conformidad, expresa o tácita de
los Servicios de Salud en el plazo de 3 días hábiles siguientes a la recepción de la iniciativa de la
entidad gestora, en caso contrario, surtía efectos a partir de ese plazo.
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, modificó
nuevamente el artículo 128 de la LGSS, en el cual concentraba en el INSS/ISM todas las
competencias tanto en el ámbito de asistencia sanitaria como de gestión económica en el
período de 180 días, una vez se haya agotado el período inicial del doce meses de duración de
la incapacidad temporal. Esto es, la resolución del INSS/ISM tenía efectos tanto en el ámbito de
la prestación como a efectos sanitarios si bien podría reconsiderar su decisión en el caso de lo
que los servicios públicos de salud así se lo requirieran.
La Ley 35/ 2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo modificó la LGSS ampliando las facultades establecidas para la inspección médica de los
Servicios de Salud, de modo que podían expedir partes de alta en los procesos de IT durante el
período de 365 días dentro del citado proceso y no sólo a los efectos de incapacidad temporal.
En estos supuestos, estos órganos serán los únicos competentes para, a través de sus
facultativos, emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal si aquella se
produce en el plazo de 180 días siguientes a la citada alta médica por la misma o similar
patología. Esta nueva competencia atribuida al INSS supuso la desaparición de las propuestas
del alta así como de las iniciativas del alta desde el INSS/ISM hasta los SPS.
2. LEY 35/2014, EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS
A continuación se abordará las modificaciones más relevantes de la Ley de las Mutuas, en relación con
la LGSS así como que reflejaremos lo que afecta en la LPRL y la Ley de Transparencia.
Pasan a denominarse Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Según la exposición de motivos de
la Ley el cambio se debe a identificar más claramente al objeto de las mismas siendo éste la
colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
Para una lectura más detallada leer a: José Antonio Panizo Robles “Un nuevo paso en el control de la prestación de la seguridad social por
incapacidad temporal: el RD 625/2014” en RTSS. CEF, núms. 377-378 y Susana Rodríguez Escanciano “Control de la incapacidad temporal: su
incidencia sobre la contención del gasto público y el aumento e la productividad empresarial” Temas Laborales núm. 118/2013.
Introducida por la Ley 2/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 a través de la Disposición Final
Cuarta. Anteriormente, si se producía la incomparecencia no justificada tenía como consecuencia la extinción de la prestación económica pero
una vez después de cuando la persona trabajadora en el plazo de diez días no pudiera justificar su ausencia.
No obstante a lo anterior, tanto en el proyecto aprobada por el Gobierno como en su aprobación por el
Congreso de los Diputados, la denominación era de “Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social” con
lo que se hacía destacar no sólo la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social, sino
que formaban parte del citado sistema de Seguridad Social.
Así mismo hay que recordar que la naturaleza de las Mutas son entidades formalmente sin ánimo de
lucro, que forman parte del sector público en base al artículo 2.1 d) de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria y desde el 2007 está afectada a la Ley de contratación del sector
No obstante a lo anterior, las mutuas no dejan de ser asociaciones de empresas de gestión privada sin
estar sujetos al principio de servicio al ciudadano ya que no se encuentra afectada por la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) y que por tanto son
entidades de gestión privada formada por las propias empresas gestionando en definitiva el derecho a
la salud y al trabajo de las personas trabajadoras.
2.2. La gestión por las Mutuas de la prestación de incapacidad temporal derivada de
La Ley de Mutuas recoge expresamente la gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes5 cuando tenga encomendado ser la encargada de la
prestación económica respecto a aquellas personas trabajadores que se encuentren bajo su cobertura
así como a los trabajadores por cuenta propia.
Corresponde a la Mutua la función de declaración del derecho a la prestación económica, así como las
de denegación, suspensión anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control
sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicio públicos de salud.
Una de las novedades introducidas, versa sobre que una vez adoptado por la Mutua el acuerdo de
declaración inicial del derecho a la prestación así como determinar el importe del subsidio (después
de recibir el parte médico de baja y haber comprobado el cumplimiento por el beneficiario de los
requisitos de afiliación, carencia etc.), durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y pago
del subsidio, los pagos que se realicen tendrán el carácter provisional, pudiendo las mutuas regularizar
los pagos provisionales, que adquirirán el carácter de definitivos cuando transcurra el mencionado
Otra de las modificaciones de mayor relevancia es incluir en la Ley el procedimiento de proposición de
alta por parte de los servicios médicos de la mutua cuando entiendan que la persona trabajadora no se
encuentra impedida para trabajar con la consecuente reducción de los plazos de que disponen los
servicios médicos del SPS para responder a las citadas propuestas. No obstante a lo anterior, tanto el
procedimiento como la minoración del plazo de respuesta por parte de los servicios médicos del SPS es
una innovación atribuible a la Ley de Mutuas sino que el citado procedimiento ya se encontraba
recogido con la consecuencia reducción del plazo, a través del RD 625/2014 cuya entrada en vigor tal y
como se ha dicho anteriormente es septiembre de 2014, manteniéndose hasta la publicación del
presente boletín su inicial redacción sin sufrir modificaciones.
Dicho esto, el procedimiento de proposición de alta emitido por la mutua recogido en la Ley viene a
conferir rango legal al recogido en el RD 625/2014, siendo el mismo aunque no hay una coincidencia
total. En este sentido, la Ley de mutuas añade en relación al RD 625/2014, la posibilidad de la
Inspección médica del SPS si así lo considera necesario, de citar a la persona trabajadora dentro del
mismo plazo de cinco días que tiene para responder sobre la propuesta del alta emitida por la mutua.
Dicho esto, el procedimiento de proposición de alta es el siguiente.
Aunque ya venía recogido en el vigente Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de
Cuando las mutuas, en base en el contenido de los partes médicos y de los informes emitidos en el
proceso, así como a través de la información obtenida de las actuaciones de control y seguimiento o de
los exámenes y reconocimientos médicos, consideren que el beneficiario podría no estar impedido
para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica a través de los servicios médicos
de las mutuas, dirigidas a la Inspección Médica de los SPS. Las mutuas comunicarán simultáneamente a
la persona trabajadora afectada y al INSS para su conocimiento que se han enviado la mencionada alta.
La Inspección médica de los SPS tiene un plazo de 5 días hábiles (11 días hasta el 1 de marzo de 2015)
desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de alta, para responder a la mutua. El plazo de
cinco días tal y como hemos dicho anteriormente lo introdujo el RD 62572014 siendo el plazo anterior
al citado RD, de 10 días. La respuesta por parte de la Inspección Médica contendrá o bien la estimación
de la propuesta con la emisión del alta o su denegación en cuyo caso acompañará informe médico
motivado que lo justifique y pruebas en su caso se hubiere realizado. La estimación de la propuesta de
alta dará lugar a que la mutua notifique la extinción del derecho a la persona trabajadora y a la
empresa, señalando los efectos de la misma.
En la redacción del RD 625/2014 establece que en las propuestas de alta de las mutuas dirigidas a las
unidades de la inspección médica del SPS, éstas remitirán inmediatamente a los facultativos o servicios
médicos a quienes corresponda la emisión de los partes médicos del proceso, siendo éstos últimos los
que tengan que emitir la estimación de la propuesta del alta o bien la denegación de la misma con el
informe médico que lo avale. En el caso de que la inspección médica del correspondiente servicio
público de salud no reciba contestación de los facultativos o de los servicios médicos, o en caso de
discrepar de la misma, podrá acordar el alta médica, efectiva e inmediata. En todo caso, la inspección
comunicará a la mutua, dentro del plazo de los 5 días siguientes a la fecha de recepción de la
propuesta de alta,
En el supuesto de que la Inspección Médica considere necesario citar al trabajador para revisión
médica, ésta se realizará dentro del mismo plazo de cinco días de respuesta ante la propuesta de alta
sin suspender la citada obligación. No obstante, en el caso de incomparecencia del trabajador el día
señalado para la revisión médica, se comunicará la inasistencia en el mismo día a la Mutua que realizó
la propuesta. La Mutua dispondrá de un plazo de cuatro días para comprobar si la incomparecencia fue
justificada y suspenderá el pago del subsidio con efectos desde el día siguiente al de la
incomparecencia. En caso de que el trabajador justifique la incomparecencia, la Mutua acordará
levantar la suspensión y repondrá el derecho al subsidio, y en caso de que la considere no justificada,
adoptará el acuerdo de extinción del derecho y lo notificará al trabajador y a la empresa, consignando
la fecha de efectos del mismo, que se corresponderá con el primer día siguiente al de su notificación al
Cuando la Inspección Médica del Servicio Público de Salud hubiera desestimado la propuesta de alta
formulada por la Mutua o bien no conteste a la misma en la forma y plazo establecidos, ésta podrá
solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de
la Marina, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la disposición adicional quincuagésima
segunda. En ambos casos, el plazo para resolver la solicitud será de cuatro días siguientes al de su
El plazo de respuesta de cinco días establecido para la contestación desde los SPS y el de cuatro días
para los Médicos evaluadores del INSS parecen difíciles de cumplir, aún más teniendo en cuenta que
dentro del primer plazo indicado, se puede incluir el requerimiento médico a la persona trabajadora
con lo que se refleja un plazo realmente escueto como para poder verificar de manera directa con el
propio interesado si se encuentra o no apto para trabajar.
En cuanto a la constitución de las Mutuas, se modifican ligeramente sus requisitos en lo concerniente
Se amplía la fianza a 20 millones de euros en vez de los 9 millones anteriores.
Se mantiene el número y la denominación de los órganos de gobierno de la Mutua (Junta General, Junta
Directiva y el Director Gerente) así como los órganos de participación social (Comisión de Control y
Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales). No obstante, se modifican unas cuestiones en
relación con algunos de los órganos citados anteriormente:
Se amplía la composición de la Junta General de la Mutua, órgano de superior dirección de las mutuas,
de la que pasan a formar, aparte de los empresarios asociados y un representante de los trabajadores
que prestan servicios en la entidad, una representación de los trabajadores por cuenta propia
adheridos por recomendaciones recogidas en normativas anteriores.
A través de la Ley de Mutuas, se regula el régimen jurídico de las Juntas Directivas a través de una
norma con rango de Ley (a través de la LGSS) toda vez antes se regulaba en las disposiciones
reglamentarias, aparte de aprovechar para modificar algunas cuestiones de su regulación actual como
Se modifica el número de miembros de la Junta Directiva. A través de la Ley de Mutuas
se establecen los miembros entre 10 y 20, en función del tamaño de la entidad.
En la anterior normativa el número de miembros dependía del lo establecido en los
Estatutos con un máximo de 20.
Respecto a las empresas representantes en la Junta Directiva, el menos el 30 % de los
miembros representantes de las empresas que cuenten con mayor número de
trabajadores, elegidas por la Junta General. Anteriormente, se establecía que cualquier
empresa asociada, que sea elegida por la Junta General.
En cuanto a los representantes de los trabajadores, aparte del trabajador que forme
parte de la Junta General, se integra el trabajador por cuenta propia adherido,
designado por la Junta General.
c) Comisión de Control y seguimiento.
Se modifica la composición de la Comisión de control y seguimiento de la Mutua, a través de la cual se
configura la participación de los agentes sociales, ya que se amplía el número de máximo a 12
miembros, en función de lo que dispongan las disposiciones reglamentarias, estando anteriormente
entre 6 y 10, en función del tamaño de la Mutua. Así mismo, se incluye la presentación de los
trabajadores por cuenta propia adheridos, a través de las asociaciones más representativas de éstos
d) Comisión de prestaciones especiales.
La Comisión de Prestaciones Especiales también tendrá representación de los trabajadores por cuenta
propia adheridos a cargo de sus asociaciones más representativas. Así mismo, a través de la Ley de
Mutuas, frente a la regulación anterior, vuelve a obligar a las Mutuas a destinar el 10 % del resultado
económico positivo de la gestión, una vez dotadas las correspondientes reservas obligatorias, a la
dotación de la denominada “reserva de asistencia social”.
En cuanto al Director Gerente, eje central de la gestión en las Mutuas, la Ley introduce una serie de
modificaciones siendo las siguientes:
Se establece la relación laboral de alta dirección en vez de la que establezcan en los Estatutos.
En cuanto al límite de la retribución así como para la determinación del número máximo de personas
que ejerzan funciones ejecutivas en las mutuas, la ministra de empleo y seguridad social, clasificará a
las mutuas por grupos en función de su volumen de cuotas, número de trabajadores protegidos y
eficiencia en la gestión. El sistema retributivo del director gerente y del personal que ejerza funciones
ejecutivas en las mutuas se clasificará en retribución básica y complementaria, y vendrán limitadas en
función de la clasificación de la Mutua, así como que se deben de ajustar a la normativa de los
directivos del sector público (RD 451/2012) sin que el conjunto de las retribuciones pueda ser
superior al doble de las retribución básica. Así, las retribuciones básicas tendrán límites de 55.000,
80.000 y 105.000 euros, en función del número de las personas trabajadoras y el volumen de
facturación. La retribución complementaria la fijará la Junta Directiva, estará sujeta a los límites
antedichos y comprenderá un complemento del puesto y un complemento variable6.
El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria regulado en el Estatuto de los
Trabajadores (ET). En cualquier caso, ningún miembro del personal de la mutua podrá obtener unas
retribuciones totales superiores a las del Director General, estando sujetas aquellas a las disposiciones
sobre la masa salarial, limitaciones etc., recogidas en su caso, en las leyes de presupuestos generales
del estado. Todo ello con la excepción del personal facultativo al servicio de las mismas que podrá
percibir unas retribuciones por encima del límite de retribuciones totales fijadas para el director
gerente, debiéndose respetar, en todo caso, las disposiciones sobre la masa salarial y las limitaciones o
restricciones que establezcan en su caso las leyes de presupuestos del estado7
La ley establece una norma específica en cuanto a la aplicación de las normas en materia de
retribuciones que se contienen en el presente epígrafe. Se establece que la eventual diferencia entre las
retribuciones que se percibían antes de la ley de mutuas y las resultantes de la aplicación de lo previsto
en la ley, será absorbida por terceras partes en los tres ejercicios siguientes.
Las Mutuas no podrán establecer planes de pensiones para su personal, ni seguros colectivos que
instrumenten compromisos por pensiones, ni planes de previsión social empresarial sin la aprobación
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los planes de pensiones, los contratos de seguros y los
planes de previsión social empresarial, y las aportaciones y primas periódicas que se realicen estarán
sujetos a los límites y criterios que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan en esta
materia para el sector público.
Se lleva a cabo una modificación en cuanto al funcionamiento de las Mutuas.
Se establece expresamente que le corresponde a la Mutua el reconocimiento inicial de la contingencia
respecto de las prestaciones derivadas de un riesgo profesional, aunque su decisión puede ser
revisada por el INSS.
Obligación expresa a las Mutuas para que motiven y formalicen por escrito los actos de
reconocimiento, suspensión, anulación o extinción de los derechos, quedando supeditada la eficacia de
los mismos a su notificación a la persona interesada.
La dispensación de las prestaciones sanitarias, que formen parte de la protección de las contingencias
profesionales, se ha de llevar a cabo por las Mutuas a través de los medios e instalaciones adscritos a
las mismas, mediante convenios con las administraciones públicas sanitarias, con otras mutuas así
como mediante conciertos con medios privados.
6 El artículo 71.4 de la LGSS dice que: “El complemento del puesto se asignará teniendo en cuenta la situación retributiva del directivo en
comparación puestos similares del mercado de referencia, la estructura organizativa dependiente del puesto, el peso relativo del puesto dentro
de la organización y el nivel de responsabilidad.
El complemento variable, que tendrá carácter potestativo, retribuirá la consecución de unos objetivos previamente establecidos por la Junta de
Empleo y Seguridad de la Mutua de conformidad con los criterios que pueda fijar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos objetivos
tendrán carácter anual y deberán estar fundamentados en los resultados del ejercicios generados por la Mutua en la gestión de las diferencias
actividades de la Seguridad Social en las que colabora.”
Disposición adicional Sexta de la Ley de Mutuas.
A través de la LPRL, al hilo de lo contemplado en su artículo 32, se establece la prohibición de la
participación de las Mutuas en el desarrollo de las funciones correspondientes a los servicios de
prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad
mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención. En este sentido, la Ley de Mutuas
Regulación del plazo para que las mutuas que hubieran aportado capital de su
patrimonio histórico en sociedades mercantiles de prevención han de presentar
las propuestas de venta de las mismas antes del 31 de marzo de 2015, debiendo
de proceder a la enajenación de todas las participaciones, antes del 30 de junio
de 2015. Si finalizado ese plazo las mutuas no hubieran enajenado el 100 por
100 de sus participaciones en las sociedades, éstas últimas entrarán en causa de
disolución como servicios de prevención ajenos.
Hasta el plazo que medie la total desinversión, las mutuas no pueden celebrar
contratos con la sociedad de prevención propia ni de otro mutua, ni realizar
aportaciones a las mismas o contraer obligaciones a favor o en beneficio de
aquellas, salvo autorización expresa del MESS.
No obstante a lo anterior, la ley establece que las mutuas en el marco de la gestión de las contingencias
profesionales pueden realizar las actividades preventivas de seguridad social que se califican como
prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así
como de los trabajadores autónomos adheridos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su
caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la seguridad social.
También se incluyen las actividades de asesoramiento a las empresas asociadas al objeto de que
adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de las personas trabajadoras
accidentadas o con patologías de origen profesional.
Corresponderá al órgano de dirección y tutela de las mutuas, establecer la planificación periódica de
las actividades preventivas de la seguridad social que desarrollarán las mutuas, sus criterios, contenido
y orden de preferencias, así como tutelar su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia.
2.5. Régimen económico-financiero de las Mutuas y la aplicación de resultados económicos de
La gestión por parte de las mutuas, queda sometida a un resultado económico-patrimonial
determinado anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades
comprendidas en cada uno de los ámbitos de la gestión de la mutua:
a) Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de
la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación
por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y de las actividades
preventivas de la Seguridad Social.
b) Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias
c) Gestión de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, sin
perjuicio de que la Mutua actúe en este ámbito exclusivamente como organismo gestor.
Tradicionalmente la regulación legal y reglamentaria establecía un régimen jurídico para garantizar la
solvencia y liquidez de las mutuas a fin del cumplimiento de sus funciones encomendadas. Por un lado
están el régimen de reservas obligatorias para hacer frente a sus obligaciones. Una vez satisfechas
éstas, el resto de resultados económicos positivos se dotaban a las reservas de las actividades
Las cuantías de las reservas son las siguientes:
A) Reserva de estabilización de contingencias profesionales tendrá una cuantía mínima
equivalente al 30 por cierto de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por
las contingencias y prestaciones señaladas anteriormente en el apartado a), el cual,
voluntariamente, podrá elevarse hasta el 45 por ciento, que constituirá el nivel máximo de
dotación de la reserva, estando en un 50 por cierto en la regulación anterior.
Del excedente que resulte de dotar la reserva de estabilización de contingencias profesionales
un 10 % se aplicará a la dotación de la reserva complementaria que constituirán las mutuas,
cuyos recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos
procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de Seguridad
Social y de sanciones administrativas, en el caso de que no resulte necesaria su aplicación para
afrontar resultados negativos en los ámbitos previstos en el apartado a) y b).
B) Reserva de estabilización de contingencias comunes tendrá una cuantía mínima equivalente al
5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por las mencionadas
contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento, que
constituirá el nivel máximo de cobertura. Esta regulación se mantiene idéntica a la normativa
El excedente que resulte después de dotar la reserva de estabilización de contingencias
comunes se ingresará en el fondo de reserva de la seguridad social.
C) Reserva de estabilización por cese de actividad.
1. Reservas de estabilización por cese de actividad en la mutuas: cuantía mínima
equivalente al 5% de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el ejercicio,
que podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 % de las mismas cuotas, que
constituirá el nivel máximo de cobertura, siendo el anterior el 80 %.
2. Reserva por cese de actividad en la TGSS. Las mutuas ingresarán en la TGSS, la
dotación de la reserva complementaria de estabilización por cese de la actividad,
que constituirá la misma, con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera de
este sistema de protección. La cuantía se corresponderá con la diferencia entre el
importe destinado a la reserva de la estabilización por veces de actividad y la
totalidad del resultado neto positivo.
Se define el destino del excedente resultante para cada una de las contingencias una vez descontadas
las reservas correspondientes, siendo las siguientes:
El 80 % del excedente proveniente de contingencias profesionales, antes era el 100%, se destinará al
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, anteriormente denominado Fondo de
Prevención y Rehabilitación, situado en TGSS y cuyos fondos se aplicarán, entre otras funciones, a
actividades en investigación, desarrollo e innovación que mejoren las técnicas y tratamientos
terapéuticos y rehabilitadores para la recuperación de los trabajadores y a incentivar acciones en
El 10% restante se aplicará a la dotación de la reserva complementaria que constituirán las mutuas,
cuyos recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos procesales
derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de Seguridad Social y de sanciones
administrativas, en el caso de que no resulte necesaria su aplicación para afrontar resultados negativos
en los ámbitos previstos en el apartado a) y b).
Si los estatutos de la mutua incorporan la existencia de una reserva de asistencia social éste debe
incorporar hasta el 10 % de ese excedente quedando la diferencia para la anterior reserva
El excedente que resulte después de dotar la reserva de estabilización de contingencias comunes se
ingresará en el fondo de reserva de la seguridad social.
Aplicación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible
En el artículo 35 de la citada ley se amplía el ámbito de aplicación a las Mutuas Colaboradoras con la
3. RD 625/2014, DE 18 DE JULIO. REGULA DETERMINADOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y
CONTROL POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN LOS PRIMEROS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
DÍAS DE SU DURACIÓN.
Los mecanismos de control recogidos en el citado RD se refieren únicamente a los procesos de IT
durante los primeros 365 días cualquiera que sea la contingencia determinante (común o profesional)
que correspondan a personas afiliadas a los regímenes de Seguridad Social tanto por cuenta ajena
como propia, encontrándose excluidos las personas incluidas en los diferentes regímenes especiales de
Manteniendo la normativa anterior, se recoge que con el fin de que las actuaciones médicas cuenten
con el mayor respaldo técnico se pondrá a disposición de los médicos, tablas de duración óptima para
cada proceso de IT teniendo en cuenta, no sólo la patología, sino puesto de trabajo y también la edad
del trabajador. En este sentido, el INSS publicó en su día un Boletín de tiempos estándar de
incapacidad temporal con el objetivo de homogeneizar criterios en la actuación médica y de control de
Así mismo una de las novedades del RD 625/2014 es que los partes de confirmación de baja, dejarán de
tener una periodicidad semanal, es decir, las personas trabajadoras ya no tendrán que ir al Centro de
Salud cada 7 días a recoger su parte de confirmación de baja
La periodicidad de los partes de baja y de confirmación de baja se extenderá en función de duración
estimada de la IT, independientemente si es por CC o CP.
Se establecen cuatro grupos o protocolos de temporalidad de los actos médicos para los partes de baja
y de confirmación de la baja:
1. En los procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales:
El facultativo del SPS, o de la Mutua, emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto
médico, eliminándose así el parte de confirmación. No obstante, el trabajador podrá solicitar un
reconocimiento en la fecha de alta, y se podrá emitir un nuevo parte de baja si el médico o
Mutua lo estiman necesario.
2. En los procesos de duración estimada de entre 5 y 30 días naturales:
El facultativo del SPS, o de la Mutua, emitirá el parte de baja, en la fecha de revisión médica
prevista no podrá exceder de 7 días naturales a partir de la baja inicial. Los sucesivos partes de
confirmación se expedirán cada 14 días como máximo.
3. En los procesos de duración estimada de entre 31 y 60 días naturales.
prevista que no puede exceder de 7 días naturales a partir de la baja inicial. Los sucesivos
partes de confirmación se expedirán cada 28 días como máximo.
4. En los procesos de o bajas estimada de entre 61 días o más días naturales.
prevista no puede exceder de 14 días naturales a partir de la baja inicial. Los sucesivos partes
de confirmación se expedirán cada 35 días como máximo.
Se mantiene la obligación de que junto a los partes de baja y confirmación de baja vayan acompañados
de los informes adicionales, denominados “informes complementarios e informes de control”, si bien
se modifican a través del RD 625/2014 las fechas de expedición de los citados informes en consonancia
con las previsiones sobre expedición de los partes de confirmación según la duración estimada de las
bajas médicas. Esto es:
En relación a los informes complementarios:
En los procesos de duración estimada superior a 30 días naturales: se expide con el segundo
parte de confirmación de la baja esto es a los 35 días de la baja.
En los procesos de más de 60 días naturales: se expide con el segundo parte de confirmación,
esto es, a los 49 días de la baja.
En cuanto a los informes de control de la incapacidad se mantienen la periodicidad de 3 meses
ampliándolo a la obligación a todos los procesos de IT, cualquier que sea la contingencia de la que
deriven. El RD autoriza para su emisión no sólo a la Inspección Médica del respectivo SPS que ya lo
recogía en exclusiva la normativa anterior sino que lo amplía a los facultativos de atención primaria.
El RD 625/2014 distingue dos supuestos, según sea la contingencia común o profesional.
Procesos derivados de contingencias comunes.
Los partes de alta se emiten por el correspondiente facultativo del SPS. Tienen como contenido
obligatorio: causa del alta médica, código de diagnóstico y la fecha de la baja inicial. También podrán
emitir el parte del alta, los inspectores médicos del SPS, del INSS o del ISM sin condición alguna en
virtud de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre que introdujo la Disposición adicional quincuagésima
segunda de la LGSS toda vez con carácter anterior, era necesario previa comunicación a la inspección
médica del servicio de salud y que éste no manifestara su disconformidad, equiparando el INSS y ISM a
la Inspección de servicios sanitarios de la Seguridad Social y órganos equivalentes de los SPS de las
CCAA. En estos supuestos, será el INSS o el ISM, el único competente para emitir una nueva baja por IT
si se produce en los 180 días siguientes a la fecha del alta médica por la misma o similar patología.
Procesos derivados de contingencias profesionales.
El parte médico del alta se emitirá por los servicios médicos dependientes de la mutua, cuando se trate
de trabajadores pertenecientes a empresas asociadas o trabajadores por cuenta propia adheridos a la
En todos los casos, cualquiera que sea la contingencia, con el parte de alta médica se extingue el
proceso de incapacidad temporal con efectos del día siguiente al de su emisión. A su vez, emitida el alta
médica la persona trabajadora debe reincorporarse a su puesto de trabajo el mismo día en que
3.5. Propuestas de altas médicas formuladas por las mutuas en los procesos derivados de
Esta ha sido una de las cuestiones más relevantes que ha modificado el RD 625/2014 en torno a
disminuir el plazo de respuesta así como que ha venido recogido por la Ley de Mutuas con los
añadidos que se exponen en el epígrafe 2.2.
En los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura
prestacional corresponda a una mutua (conforme al artículo 68.2b) LGSS), las mutuas obviamente no
pueden cursar un alta médica pero sí que pueden formular propuesta de alta médica cuando a la vista
de los partes médicos de baja o de confirmación de la baja, de los informes complementarios o de las
actuaciones de control y seguimiento que desarrolle, considere la mutua que el trabajador puede no
estar impedido para el trabajo. Podrá formular, a través de los médicos adscritos a ella, propuestas
motivadas de alta médica, ante el correspondiente SPS. Junto con la propuesta de alta médica deberán
de acompañar los informes y pruebas que, en su caso, se hubiesen realizado. Las mutuas comunicarán
simultáneamente al trabajador afectado, para su conocimiento, que se ha enviado la propuesta de alta.
Las propuestas de alta de las mutuas se dirigirán a las unidades de la inspección médica del SPS,
quienes las remitirán inmediatamente a los facultativos o servicios médicos a quienes corresponda la
emisión de los partes médicos del proceso. Estos facultativos deberán pronunciarse bien confirmando
la baja médica, bien admitiendo la propuesta, a través de la expedición del correspondiente parte de
alta médica. En el caso de que se confirme la baja, se consignará el diagnóstico, el tratamiento médico
dispensado, las causas que justifican la discrepancia y se señalarán las atenciones y los controles
médicos que se considere necesario realizar.
La inspección médica trasladará a la mutua este informe en el plazo máximo de 5 días (11 días hasta
el 1 de marzo de 2015) desde la recepción de la propuesta de alta, siendo el plazo anterior al RD
625/2014 de 10 días. En el caso de que la inspección médica del correspondiente servicio público de
salud no reciba contestación de los facultativos o de los servicios médicos, o en caso de discrepar de la
misma, podrá acordar el alta médica, efectiva e inmediata. En todo caso, la inspección comunicará a la
mutua, dentro del plazo de los 5 días siguientes a la fecha de recepción de la propuesta de alta, ( 11
días hasta el 1 de marzo de 2015) la actuación realizada junto con los informes que el facultativo
hubiera remitido. (El plazo anterior al RD 625/2014 era de 15 días).
Cuando la propuesta de alta formulada por una mutua no fuese resuelta y notificada en el plazo de 5
días establecido en el apartado anterior, la mutua podrá solicitar el alta al INSS o, en su caso, al ISM. La
entidad gestora resolverá en el plazo de 4 días siguientes a su recepción. En la normativa anterior, no
existía un plazo expreso de contestación por lo que se acudía al plazo general de 3 meses. El INSS y, en
su caso, el ISM, realizarán el seguimiento del comportamiento del nuevo procedimiento de gestión y
control de los procesos por IT.
Con anterioridad al RD 625/2014 no existía un procedimiento específico para la determinación de la
contingencia, procedimiento que se asimilaba al proceso de revisión de las altas emitidas por la Mutua
recogido en el artículo 4 del RD 1430/2009 (que desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de
medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal). Fruto
de lo anterior, el RD 625/2014 introduce un nuevo artículo 6 al RD 1430/2009 a efectos de determinación
de la contingencia de la que deriva la IT. Las cuestiones principales del citado procedimiento son las
Es al INSS el competente para la determinación del carácter común o profesional de la contingencia
del proceso de la IT. El procedimiento puede iniciarse.
por propia iniciativa o a consecuencia de petición motivada del:
SPS encargado de gestionar la asistencia sanitaria
A instancia de parte interesada.
Mutua o empresa colaboradora.
El supuesto más común en estos casos consiste en que el servicio médico de la Mutua que reconozca a
la persona trabajadora entienda que según la patología causante del proceso es de carácter común. En
estos casos, la Mutua deriva a la persona trabajadora junto con los documentos médicos que lo
justifican al SPS para su calificación y tratamiento.
En el SPS pueden existir varias alternativas consistentes por un lado en atender el requerimiento de la
mutua y proceder a la emisión del parte de baja derivado de un proceso de IT por contingencias
comunes, pudiendo la persona trabajadora reclamar ante el INSS. Por otro, el facultativo que emita el
parte puede mostrar su discrepancia frente a la contingencia que determinó la mutua, sin perjuicio de
que el parte médico por contingencias comunes emitido por el facultativo produzca plenos efectos,
abriendo la vía de oficio por parte del INSS.
A pesar de la tramitación de la reclamación ante el INSS, el parte de baja opera de manera ordinaria,
implicando el inicio del pago de la prestación por parte de la entidad gestora o mutua, según sea el
titular del aseguramiento de la prestación.
El INSS ha de comunicar la iniciación del procedimiento al SPS competente, mutua o a la empresa
colaboradora, según corresponda cuando el procedimiento no se hubiera iniciado a su instancia. En el
plazo de 4 días hábiles deben de aportar todo aquello que sustente o justifique para la determinación
de la contingencia. En el caso de que la persona trabajadora no ha sido la que inició el procedimiento
se le dará un plazo de 10 días hábiles para que aporte la documentación y alegaciones oportunas.
En la tramitación del oportuno expediente, es preceptivo el dictamen del EVI quien ha de elevarlo al
director provincial del INSS, pronunciándose éste último en el plazo de 15 día hábiles a contar desde la
aportación de la documentación por las partes interesadas o desde el agotamiento de los plazos fijados
para ello. La resolución del INSS deberá de contener haciendo distinción:
Determinación de la contingencia, común o profesional de la que derive el proceso de IT y si el proceso
es o no recaída de otro anterior.
Efectos que correspondan, en el proceso de IT, como consecuencia de la determinación de la
contingencia causante, cuando coincidan en el tiempo dolencias derivadas de distintas contingencias
La resolución del INSS se ha de comunicar al interesado, a la empresa, a la mutua y al SPS. Así mismo,
la resolución del INSS tiene los mismos efectos que una reclamación previa con lo que queda abierta la
vía de demanda ante la jurisdicción social.
Los trámites, requisitos y plazos relativos a la expedición de los partes médicos así como los traslados
de las copias a los interesados se encuentran recogidos y compilados en el RD 625/2014 en donde se
derivan las obligaciones de cada de las entidades involucradas así como para la persona trabajadora.
Traslados de los partes médicos a las personas trabajadoras y obligaciones de éstas.
El órgano que expida el parte médico de la baja, confirmación y alta entregará a la persona trabajadora
dos copias de cada uno. Uno es para la propia persona trabajadora y el otro es para la empresa. En
cuanto a los plazos para que éste se lo remita a la empresa, el RD 625/2014 distingue entre los partes de
baja y confirmación y los partes de alta médica. Para los partes de alta médica, establece un plazo de 24
horas siguientes a su expedición. Para los partes de baja y confirmación el plazo es de tres días,
computándose a partir del mismo día de la expedición de los respectivos partes médicos. En ambos
supuestos, si mientras la baja se produce la finalización del contrato, en cada plazo referido se deberán
de enviar los partes respectivos a la entidad gestora o mutua.
Traslados de los partes médicos del SPS o por las Mutuas al INSS.
Deben de emitir los partes médicos de baja, confirmación y alta, tanto el SPS como las Mutuas, al INSS
de manera inmediata por vía telemática y en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su
Traslados de los partes médicos por el INSS.
El INSS, atendiendo las funciones que tiene encomendadas, debe de realizar el traslado de todos los
parte médicos, distinguiendo las siguientes situaciones según sus facultades aunque compartiendo un
plazo común de traslado del primer día hábil siguiente al de expedición:
En el ejercicio de sus facultades de control de los procesos de IT, una vez recibidos los parte médicos de baja,
confirmación y alta, la entidad gestora distribuirá y reenviará de manera inmediata, y en todo caso, en el primer día
hábil siguiente al de su recepción, los partes destinados al ISM o a las Mutuas, según la entidad a quien corresponda
En los supuestos en que el INSS haya expedido un alta médica (o en su caso el ISM), trasladará una copia del parte
médico de alta al SPS para su conocimiento y otra copia a la Mutua, en el primer día hábil siguiente al de la
expedición con la finalidad de que ésta dice acuerdo declarando extinguido el derecho por causa del alta, sus
motivos y efectos, y ha de notificar el acuerdo a la empresa. Al tiempo, deberá de entregar dos copias a la persona
trabajadora, para conocimiento del mismo, expresándole la obligación de incorporarse al trabajo el día siguiente al
de la expedición, y otra con destino a la empresa.
mismo, el RD 625/2014 aprovecha la regulación para establecer reglas dirigidas a controlar las
deducciones de las cuotas de la seguridad social en compensación con el pago delegado del subsidio de
la IT. Conforme a lo anterior, el INSS debe de facilitar a la TGSS los datos de las personas trabajadoras
que se encuentran en situación de IT con o sin derecho a prestación económica durante cada período
de liquidación de cuotas, con el objetivo de que por la TGSS se puedan llevar a cabo las actuaciones
necesarias para que en la liquidación de cuotas de la seguridad social se compensen, en su caso, las
cantidades satisfechas a las personas trabajadoras en el pago por delegación de la prestación de IT.
Traslados por los partes médicos por las empresas.
Las empresas tienen la obligación de remitir al INSS los partes médicos de baja, confirmación de la baja
y alta que les presenten las personas trabajadoras, después de cumplimentar lo que corresponda por la
empresa. El traslado debe ser con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días
hábiles contados a partir de la recepción del parte presentado por la persona trabajadora. Previo al RD
625/2014 el plazo se encontraba recogido en cinco días. La remisión ha de ser a través del sistema de
remisión electrónica de datos (RED). El incumplimiento de la obligación de la empresa puede
constituir una infracción leve de las tipificadas en el artículo 21.6 de la LISOS.
A su vez, la normativa vigente establece que en tanto no se implante la remisión a las empresas, a
través del sistema informático, de los resultados de las remisiones citadas en el párrafo anterior, el
contenido de las mismas se les podrá adelantar mediante correo electrónico, sin perjuicio de
comunicación posterior en otro soporte. Pese a lo referido anteriormente, la obligación de las
empresas de remitir, a través del sistema RED, ser encuentra regulado en la Orden/TAS/399/2004 de 12
3.8. Procedimiento para la revisión de las declaraciones de altas médicas expedidas por las
Mutuas en procesos de IT derivados de contingencias profesionales dentro de los 365 días.
El RD 625/2014 modifica el artículo 4 del RD 1430/2009 el cual recoge el procedimiento de revisión de
altas médicas por las Mutuas derivadas de contingencias profesionales. Las fases de procedimiento son
El plazo para la solicitar la revisión de la resolución del alta médica expedida por la Mutua es de diez
días hábiles, (siendo el plazo de 4 días naturales con carácter previo a la reforma) siguientes a la
notificación de la alta emitida por la Mutua. Se presenta ante el INSS o ISM, según sea la entidad
gestora. El contenido debe de versar sobre los motivos de disconformidad así como el historial médico
previo de la IT de que se trate o con copia de la solicitud de dicha historial a la entidad colaboradora.
Así mismo, la persona trabajadora ha de comunicar el inicio del procedimiento de revisión a la
empresa en el mismo día que presenta la solicitud o en el día siguiente hábil. Los efectos de la solicitud
de revisión es la suspensión de los efectos del parte de alta durante toda la tramitación de todo el
procedimiento, manteniéndose, en su caso, el abono de la prestación en la modalidad de pago
delegado, siendo incompatible la prestación económica de la IT con las rentas derivadas del ejercicio
La entidad gestora competente, INSS o ISM, tiene que llevar a cabo dos comunicación en relación con el
inicio del procedimiento de revisión:
Solicitar a la Mutua en el plazo de 4 días hábiles (el plazo previo al RD 625/2104 era de dos días
naturales), aporte antecedentes del proceso de IT y en su caso, presente informe sobre las causas que
motivaron la emisión del alta médica.
Solicitar a la empresa en el plazo de dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud por parte
del interesado. Cuando el interesado hubiera presentado a la empresa parte médico de baja emitido por
el SPS, la empresa deberá informar de dicha circunstancia al INSS/ISM a fin de coordinar la actuaciones
Otra supuesto existente sobre la misma materia consiste en que la persona trabajadora solicite una
baja médica derivada de contingencia común y, del reconocimiento médico, se desprenda la existencia
de un proceso previo de IT derivada de contingencias profesional en el que se haya emitido un alta
médica. En este caso, el SPS ha de informar al interesado sobre la posibilidad de iniciar el
procedimiento especial de revisión en el plazo de 10 días hábiles (frente a los 4 días naturales
anteriores). Además, con carácter inmediato el SPS ha de comunicar a la entidad gestora competente
la existencia de dos procesos distintos de IT que puedan estar relacionados. En consecuencia, se trata
de un supuesto de determinación de la contingencia de la que ha derivado el proceso de IT, ya que el
INSS tiene la facultad para calificar el proceso de IT, cualquier que sea la entidad responsable de la
gestión y el pago de la prestación económica.
El INSS/ISM ha de dictar en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la aportación de la
documentación por parte de la entidad colaboradora, la resolución que corresponda en la que debe de
constar el informe preceptivo del EVI. La resolución ha de fijar la fecha y efectos del alta médica o el
mantenimiento de la baja médica, fijando al contingencia de la que deriva el proceso de IT y, en su caso,
la nulidad de otras bajas médicas que pudieran haberse emitido durante la tramitación del
procedimiento especial de revisión por el SPS.
El RD 1430/2009 establece el contenido de los posibles pronunciamientos sin haber sido afectados por
el RD 625/2014.
3.9. Seguimiento y control de la prestación económica y
de las situaciones de incapacidad temporal
El RD 625/2014 mantiene a grandes rasgos el sistema anterior en relación a las actividades de
seguimiento y control de la prestación económico por IT, con las siguientes modificaciones:
Ampliación del período de control por parte de la Mutua en el marco de los procesos de IT por
contingencias comunes. Previo al RD 625/2014, se llevaba a cabo a partir del decimosexto día, (momento
en el cual es la Mutua la titular de abonar la prestación económica), no obstante a partir de la reforma, el
control se puede efectuar a partir del parte de baja, esto es desde el primer día de la baja en donde se
llevarán a cabo actividades encaminadas a comprobar el mantenimiento de los hechos y de la situación
que originaron el derecho al subsidio, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los servicios
públicos de salud en materia sanitaria.
Restricción en cuanto al acceso a la documentación clínica de atención primaria y especializada prevista
únicamente para los inspectores médicos del INSS, o en su caso del ISM en el ejercicio de sus
competencias tanto en procesos de IT derivados de contingencias comunes como profesionales. Los
servicios médicos de las mutuas no tienen acceso a la citada documentación en aquellos procesos de IT
derivados de contingencias comunes, protegidos por las mutuas.
En el marco de las funciones de seguimiento y control de las situaciones de IT, la entidad gestora puede
requerir reconocimiento médico para aquellas personas trabajadoras que se encuentren en situación
de IT, facultad que se amplió a los servicios médicos de las Mutuas a través de la Disposición adicional
52 ª de la LGGSS, introducida por la Ley 35/2010, en relación a los beneficiarios de la prestación
económica por IT derivada de contingencias comunes incluidos en su ámbito de gestión.
Así, en el RD 625/2014 se establecen las consecuencias derivadas de la no comparecencia o falta de
justificación de la misma al requerimiento médico solicitado por la entidad gestora o la mutua.
Establece el plazo mínimo de 4 días hábiles para comunicar a la persona trabajadora el reconocimiento
médico por parte del INSS/ISM o Mutua.
En el supuesto de que la persona trabajadora justificara antes de la fecha de reconocimiento o en el
mismo día, las razones por las cuales le impiden comparecer al mismo, la entidad gestora o Mutua ha de
fijar una fecha posterior para su realización, comunicándole a la persona trabajadora con la misma
antelación mínima.
En el caso de no acudir al reconocimiento, se procederá a suspender cautelarmente la prestación
económica por parte de la entidad gestora o la mutua, teniendo un plazo de 10 días hábiles para poder
justificar la incomparecencia.
A) Si la persona trabajadora justificara en plazo su incomparecencia, el director provincial del
INSS o del ISM, ha de dictar nueva resolución, o la mutua nuevo acuerdo, dejando sin efecto la
suspensión cautelar y rehabilitando el pago de la prestación con efectos desde la fecha en
quedó suspendida, comunicando a la empresa y a la TGSS la resolución o acuerdo por la que la
suspensión queda sin efecto.
Se considera que la incomparecencia fue justificada en los siguientes supuestos:
Aportación informe emitido por el médico del SPS que le dispense la asistencia
sanitaria que contenga que es desaconsejable su personación en el requerimiento
conforme a la situación clínica del paciente.
Cuando la cita se hubiera realizado con un plazo previo inferior a 4 días hábiles.
El beneficiario acredita la imposibilidad de su asistencia por otra causa suficiente.
B) Transcurridos el plazo de 10 días hábiles sin que la persona trabajadora aporte justificación
suficiente de su incomparecencia, la entidad gestora dictará resolución o la mutua acordará la
extinción del derecho a la prestación económica con efectos desde el día en que hubiera sido
efectiva la suspensión, notificándolo a la persona interesada. Así mismo, se deberá de
comunicar la extinción cordada por vía telemática al SPS, la empresa y a la TGSS.
El RD 625/2014 añade el apartado 2 al artículo 16 del RD 1993/1995 de 7 de diciembre del Reglamento
sobre colaboración de las MATEPS que dice así:
Los beneficiarios podrán formular reclamaciones ante el órgano de dirección y tutela de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, con motivo de deficiencias en la gestión desarrollada por las entidades.
Las mutuas dispondrán en todos sus centros, con independencia de los servicios que alberguen, de los
libros de reclamaciones integrados por las correspondientes hojas, de cuya existencia darán
conocimiento público y que estarán a disposición de los interesados. Las reclamaciones que se
formulen serán remitidas por la mutua, sin más trámites ni practicar comunicaciones, a la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social en el plazo máximo de diez días siguientes a su
presentación, adjuntando informe de la entidad sobre los hechos y circunstancias en que aquella se
fundamente y su consideración sobre el objeto de la misma. Todo ello, conforme a las funciones de
dirección y tutela que ostenta la DGOSS sobre las mutuas y sobre las funciones y servicios que
Igualmente los interesados podrán formular sus quejas a la Dirección General citada, mediante
internet, a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, así como a
través del registro general de la administración.
3.12. Acceso a la documentación clínica por parte de los médicos del ISM con objeto de
garantizar las condiciones psicofísicas de las personas trabajadoras sean compatibles
con sus puestos de trabajo.
En relación al acceso de la siguiente documentación, tal y como se comenta en el título del presente
apartado, los médicos del ISM podrán acceder no ya sólo en el marco de las facultades establecidas
como órgano gestor del proceso de IT sino para garantizar que las personas trabajadoras que se
encuentran bajo su régimen, cumplan con las condiciones psicofísicas compatibles con sus puestos de
Documentación clínica de atención primaria y especializada.
Partes de baja, confirmación de la baja, reconocimientos médicos e informes realizados en el
proceso de IT. Acceso a los informes médicos, pruebas y diagnósticos relativos a las situaciones
C o n f e d e r a l
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