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Timestamp: 2020-02-24 17:13:40
Document Index: 354373546

Matched Legal Cases: ['artículo 187', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 39']

Avanza | AvanzA Ingeniería
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Ya se ha publicado en el BOE la modificación del contenido del V Convenio General del Sector de la Construcción (V CGSC) respecto de la regulación de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). El cambio producido es la eliminación de la disposición transitoria tercera del V CGSC que suspendía la caducidad de la TPC. El artículo 187 del convenio vuelve a entrar en vigor y la tarjeta caducará a los cinco años de su emisión.
Los usuarios de la tarjeta que la tengan caducada pueden solicitar su renovación y disponen de todo el año 2016 para hacerlo. Cabe recordar que la solicitud de renovación se regirá por el mismo procedimiento que la solicitud inicial.
Para ello se debe acreditar, al menos, 30 días de alta en las empresas encuadradas en el ámbito de la aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción en el periodo de cinco años inmediatamente anterior a la solicitud de renovación.
Para realizar la renovación, se debe acudir al centro de tramitación más cercano, con la solicitud de renovación debidamente cumplimentada y una fotografía reciente en tamaño carnet, una fotocopia del DNI o de la tarjeta de residencia y el informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los noventa días inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, que se puede obtener en las Administraciones de la Seguridad Social.
La nueva TPC que recibirán las personas que la soliciten cuenta con un nuevo diseño que incluye un código QR. Este código de respuesta rápida permite la lectura de la formación preventiva homologada del usuario con cualquier Smartphone. Por otro lado, se ha añadido un holograma identificativo de la Fundación Laboral de la Construcción para evitar falsificaciones.
Debido a la reforma del Sistema de Formación Profesional así como algunas carencias detectadas en el Procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales se ha revisado y actualizado los contenidos de ambas regulaciones.
Se suprime la modalidad a distancia, permitiendo únicamente la modalidad presencial y al teleformación.
En consecuencia se añade una nueva letra f) al punto 3 del artículo 2 del mencionado Reglamento (infracción). “f) Impartir acciones formativas en lugares que no cumplan con las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación”.
En consecuencia se añade una nueva letra g) al artículo 2.3 del mencionado Reglamento (infracción). «g) No permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan.»
Por otro lado se amplían los plazos de cancelación y de comunicación de alumnos definitivos.
Se modifica el plazo máximo para la posible comunicación de la cancelación de la impartición que pasará a ser de dos horas. En consecuencia la letra c) del punto 2 del artículo 1 del Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas queda redactado: «c) Cuando por circunstancias ajenas a la entidad, la actividad formativa no pudiera impartirse en el día y la hora comunicadas a la Fundación, dicha entidad deberá informar a esta, a través de la “Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas” o por cualquier otro método válido en Derecho, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio previsto en dicha comunicación.»
Se modifica el plazo máximo para la posible comunicación definitiva de alumnos realmente asistentes, que pasará a ser de dos horas. En este sentido la letra d) del punto 2, referido a las obligaciones derivadas de la homologación, del artículo 1 del Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas queda redactado como sigue: «d) Una vez iniciada una determinada actividad formativa, la entidad deberá comunicar, a través de la “Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas” los alumnos realmente asistentes a la misma (nombre, apellidos DNI o NIE, así como la razón social de la empresa en la que presten sus servicios), pudiendo llevar a cabo la comunicación hasta un plazo máximo de dos horas desde su inicio.»
COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA AUTORIZA A LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES A REDACTAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE).
Socio-Director Avanza Ingeniería
Ingeniero Advanced
Por fin se ha hecho justicia y se aplica la lógica, poniendo fin a la discriminación sufrida por los Ingenieros Técnicos Industriales para la realización de los IEE (Informes de Evaluación de Edificios) conforme a la Ley 8/2013.
Según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del 30 de noviembre se indica que la exclusión de los Ingenieros Técnicos Industriales de la redacción de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) constituye una restricción de acceso a la actividad económica como indica el artículo 5 de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, y el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo Común.
Hasta ahora, este hecho había provocado muchos problemas a los ingenieros que veían como nuestros trabajos eran rechazados por las diferentes Administraciones, tanto locales como autonómicas, que impedían la presentación de dichos informes a los ingenieros, basándose en un informe de la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento, donde se indicaba su restricción, salvo para los Arquitectos y los Arquitectos Técnicos, lo cual de por si indicaba una total falta de lógica. Este informe ha sido rebatido y argumentado en contra en muchas ocasiones por organizaciones colegiales de Ingenieros.
Diferentes Colegios de Ingenieros han mostrado su satisfacción por el contenido de dicho informe, señalando que hay que dejar de lado los «cotos cerrados» creados por los círculos que en las administraciones se han creado contra algunos profesionales, presionados obviamente por algunas agrupaciones colegiales. De esta manera se logra apostar por una competencia sana que genera garantías y seguridad.
La Audiencia condena al dueño de una empresa por no velar por la seguridad de un trabajador la que se le quedó atrapada una mano en una máquina
La Audiencia Provincial de Granada ha avalado la condena de un dueño de una empresa de hierros de la provincia por el accidente laboral que, en 2010, sufrió un trabajador al que se le quedo atrapada una mano en una máquina de cuyo riesgo no se le había advertido. El empleado percibirá una indemnización de 124.817 euros.
La sentencia rechaza el recurso interpuesto por el empresario contra la condena que fijó para el Juzgado de lo Penal 6 de la capital. El órgano le impuso 12 meses de prisión y multa de 1.080 euros, al considerarlo autor de los delitos en concurso ideal: uno contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones imprudentes.
En la resolución, los magistrados de la Sección Segunda del Tribunal Provincial, considera que la empresa del condenado debe responder como responsable civil subsidiaria del siniestro, no cogen las alegaciones formuladas por éste. El empresario afirmaba en su recurso que “el trabajador accidentado conocía el funcionamiento de la máquina que manipulaba”, un aparato para hacer aros para pilotes, así como que había recibido una adecuada formación y que el accidente se debió a un descuido del propio trabajador. De igual modo, sostenía que la máquina tenía homologación europea y contaba con los necesarios elementos de seguridad.
La Audiencia recuerda que no consta que en modo alguno se instruyera al ferrallista de modo específico en el manejo de la máquina con la que se accidentó, así como que “en la planificación preventiva de la empresa ni siquiera estaba prevista medida alguna concerniente a la referida máquina”, pese a que presentaba un riesgo grave de atrapamiento.
El aparato (una máquina formadora de espirales de la marca Tecmor y fabricada en el 2006) no contaba con un elemento de seguridad que si aparecía en el manual explicativo para su uso. “La ausencia de ese mismo mecanismo de protección fue la que posibilito que el trabajador al sujetar el extremo delantero del aro en formación para impedir que volviera a introducirse en los rodillos, éstos atraparan el guante de su mano izquierda atrayéndola hacia los mecanismos rodantes”, recalca la resolución.
El tribunal recuerda que el empresario, como gerente y administrador de la empresa, debía “velar por el cumplimiento de las normas de prevención aplicables al caso”. De esta forma, pone de relieve que la ley establece que corresponde fundamentalmente al empresario “el deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales”, y para garantizar que cumpla con ello se le imponen una serie de obligaciones encaminadas a la prevención de los riesgos y protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Esas obligaciones son principalmente “la evaluación inicial de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva y la facilitación de los equipos de trabajo adecuados”, aptos para garantizar la seguridad y la salud de los empleados. “Ninguna de dichas obligaciones fue incumplida en el caso concreto”, concluye el tribunal.
El accidente sufrido por el trabajador, un oficial de segunda ferrallista, le provoco graves heridas en la mano, de las que tardó en curar seis meses y le mantuvieron en el hospital 5 días, quedándoles importantes secuelas.
Tras el siniestro, ocurrido sobre las 18:00 del 2 de Agosto de 2010, la Inspección de Trabajo extendió un acta de infracción en materia de riesgos laborales. La empresa tenía concertado un seguro de responsabilidad civil.
Entre el técnico que efectúe la inspección ITE y la empresa contratada para corregir las deficiencias no debe haber intereses comunes, con esto, evitaremos conflictos de intereses cuyo resultado suele ser tener que corregir más problemas de los que realmente pueden existir. Un arquitecto independiente defenderá los intereses de la comunidad de propietarios realizando una inspección ITE imparcial.
El significado de las siglas CE es el de Conformidad Europea, que entró en vigor en el año 1993 y fue establecido para que los fabricantes cumplieran con los requisitos mínimos, legales y técnicos en materia de seguridad marcados por los Estados miembros de la Unión Europea. Las siglas están consideradas como el pasaporte del producto para poder comercializarse dentro de la Comunidad Europea.
El marcado de Conformidad Europea indica que el producto ha sido evaluado antes de ser introducido en el mercado y por lo tanto, satisface los requisitos legales para ser vendido. No todos los productos deben llevar el marcado CE, sólo aquellos productos pertenecientes a categorías sujetas a directivas especificas que exige el marcado CE.
Productos obligados a llevar el marcado CE:
Material eléctrico de baja tensión destinado a utilizarse como una tensión nominal comprendida entre 50 y 1.000 voltios en corriente alterna y entre 75 y 1.500 voltios en corriente contigua.
Instrumentos de medida como contadores de agua, gas, energía térmica o eléctrica, etc.
Recipientes a presión simples fabricados en serie, soldados y destinados a contener aire o nitrógeno, con una presión interna relativa superior a 0.5 bar e inferior a 30 bar y que no esté destinado a estar sometido a llama.
Seguridad de los juguetes destinados a ser utilizados con fines de juego por niños con edades inferiores a los 14 años, como juguetes, plastilina, pinturas de dedos, etc.
Productos de construcción fabricados para su incorporación con carácter permanente de las obras de construcción, incluyendo tanto las de edificación como las de ingeniería civil.
Compatibilidad electromagnética de los aparatos eléctricos y electrónicos, cualquier aparato que pueda generar perturbaciones electromagnéticas o que su funcionamiento pueda verse afectado por estas perturbaciones como por ejemplo los receptores de radio y televisión.
Maquinaria, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables y cinchas.
Productos sanitarios destinados a ser utilizados en seres humanos con fines de diagnostico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.
Productos sanitarios implantables activos, destinados a ser introducidos mediante intervención quirúrgica o médica en el cuerpo humano.
Aparatos de gas que funcionan con combustible gaseoso, quemadores de aire insuflado y los generadores de calor equipados con dichos quemadores.
Calderas de agua caliente que utilizan combustibles líquidos o gaseosos de una potencia nominal comprendida entre 4 y 400kw.
Explosivos con fines civiles.
Ascensores en funcionamiento permanente en edificios ya construidos o en construcción y sus componentes de seguridad.
Instalación de transporte de personas por cable como funiculares, teleféricos o telesquíes.
Equipos a presión como cajas protectoras para contener líquidos a presión o tuberías destinadas al transporte de líquidos.
Productos que no están obligados a llevar marcado CE:
Adaptadores eléctricos (enchufes, clavijas…) que al no aplicarles la directiva sobre baja tensión y que no tiene obligación de llevarlo.
Vehículos y accesorios que están sometidos a procedimientos de homologación y no necesitan marcado CE.
Productos que no tienen riesgo para la seguridad como textiles, muebles, etc.
En los últimos años, al marcado de Conformidad Europea le ha salido un competidor fraudulento, el denominado China Export, que utiliza las mismas siglas. Parecen dos símbolos idénticos, con la misma tipografía, tamaño y color, pero en el caso del etiquetado chino, la separación de las siglas es menor. Estos productos no comprometen al fabricante a cumplir ninguna norma, sólo informan de que el producto procede de este país asiático.
Si se detecta que un producto debería llevar marcado CE y no lo lleva, y además se trata de un artículo que no es seguro y podría representar un riesgo para la salud, los organismos de consumo lo notifican a la Red de Alerta de productos peligrosos, y se procede a su retirada u otra actuación que se considere oportuna.
Tras 20 años de legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales ahora toca palos. Así lo advirtió Javier Cerrolaza, director de la Inspección de Trabajo de Madrid, durante su participación en la jornada “20 años de Prevención de Riesgos Laborales”, organizada por Sagardoy Abogados. “En la actividad preventiva ha habido demasiada zanahoria”, explica Cerrazola a la vez que reclama para la PRL el mismo rigor de aplicación que tiene la actuación de la inspección ante infracciones contractuales. “Hay que incrementar la rigurosidad para sancionar cuando debamos hacerlo porque el bien protegido más elevado que hay son las personas. Y ello también en las pymes, aplicando la sanción que la ley establece”.
El IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) tiene en marcha un programa específico de ayudas para la rehabilitación energética de edificios, que proporcionará ahorros en la factura del gas y la luz. Las ayudas pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2016 siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Desde la web de la OCU han publicado buenas noticias para quienes vayan a reformar su casa. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del IDEA, tiene en marcha un programa específico de ayudas y financiación para la rehabilitación energética de edificios, que proporcionarán ahorros en la factura del gas y la luz.
El programa está dotado con 200 millones de euros y las ayudas pueden solicitarse hasta el 31 diciembre de 2016, a través de un formulario.