Source: https://vlexvenezuela.com/vid/juan-alberto-barradas-r-642624405
Timestamp: 2019-11-15 03:28:00
Document Index: 197410217

Matched Legal Cases: ['artículo 336', 'artículo 19', 'artículo 397', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 58', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 58', 'artículo 206', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 397', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 207', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 397', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 122']

Sentencia nº 422 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 642624405
Número de Expediente: 16-0288
El 16 de marzo de 2016, acudieron ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados J.A.B. R., Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno (39°) del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, H.A.A.M., Fiscal Auxiliar Interino 39° Nacional Plena, E.J.R.M., Fiscal 80° a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, M.G.C., Fiscal Provisorio 08° Nacional Plena y A.S.C., Fiscal Auxiliar Interino 08° Nacional Plena, EDDMYSALHA G.C., comisionados por la ciudadana L.O.D., Fiscal General de la República, para conocer de los Homicidios, Torturas y Desapariciones Forzadas, cometidas contra venezolanos y venezolanas durante los años 1958-1998, en uso de las atribuciones que les confieren los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 1, 4, 5 y 6; 111 numerales 14, 15 y 18, del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 31 ordinales 3, 4, 5, 7, 8 y 37 numerales 7 y 16, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para solicitar REVISIÓN CONSTITUCIONAL, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 336 ordinal 10° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 19 de la Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas entre los años 1958-1998, en contra de la decisión dictada por el extinto JUZGADO MILITAR ACCIDENTAL DE INSTRUCCIÓN DE YUMARE el 24 de julio de 1970, que declaró terminada la averiguación sumarial por cuanto, según señaló, la muerte del ciudadano A.R.H.M., ocurrió como consecuencia de una acción desplegada por funcionarios de la otrora Fuerza Armada Nacional en cumplimiento de su deber, quedando tal hecho exento de toda responsabilidad de conformidad con el Ordinal 1° del artículo 397 del Código de Justicia Militar Vigente para la fecha. Decisión que fue confirmada en toda y cada una de sus partes por la sentencia dictada por el C.D.G.P.D.M., el 23 de marzo de 1977.
El 18 de marzo de 2016, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Que: “…el Ministerio Público inició distintas averiguaciones por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el periodo 1958-1998, siendo el caso en particular que en fecha 23 de enero de 2014, se recibe denuncia por parte del ciudadano Antonio (Se reservan los datos de identificación), quien manifiesta que el día 06 de julio de 1970, funcionarios del Ejercito se presentaron en la finca La Veguita, Municipio La C.d.T., estado Falcón, lugar donde detienen al ciudadano A.R.H.M., de 20 años de edad, sin informar de su paradero, pese a la búsqueda realizada por sus familiares…”.
Que: “…En razón de los hechos denunciados, el Ministerio Público inició investigación signada bajo la nomenclatura 00-DPDF-C607080-174-2014, por cuanto los hechos planteados hacen presumir que fueron a causa de las persecuciones realizadas por los órganos de seguridad del gobierno para la época, a determinados grupos por el simple hecho de disentir o no estar conforme con la situación que se estaba viviendo para el momento en el país, lo que constituyó un ataque generalizado a ese grupo de personas que habitaban en Territorio Venezolano y cuya intención era la eliminación y destrucción de los mismos, siendo perpetrados diversos delitos de carácter antihumanitario, por lo que, su devenir, su ejecución y consecuencias, son de manejo público y colectivo; estos hechos se vinieron a reflejar en la memoria histórica del Venezolano como los más graves que, hasta la fecha se recuerden, por la gran magnitud de vejámenes contra la dignidad humana, torturas, homicidios (muchos de ellos bajo fusilamiento y masacres colectivas), así como desapariciones forzadas de personas, contraviniendo los derechos constitucionales, tratados, convenios o pactos internacionales, que se refieren a la obligación por parte de los Estados de protección a los Derechos Humanos de todo ciudadano.…”.
Que: “…De las diligencias de investigación realizadas en el devenir de la investigación, se pudo determinar la existencia del expediente signado bajo el Número 8184, el cual reposaba en la Presidencia de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, el cual de la lectura efectuada se desprende que el mismo trata sobre la apertura de la Averiguación Sumarial en fecha 09 de julio de 1970, sobre la captura del ciudadano A.R.H.M. por parte de funcionarios el Ejercito, por haber colaborado con personas llamadas bandoleros (Guerrilleros) indicándose que el mismo resultó muerto presuntamente al tratar de huir…”.
Que: “…Del cuestionado expediente 8184, nomenclatura de la Corte Marcial, se evidencia que existe cosa juzgada, requisito indispensable para que proceda el Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional, proceso que fue totalmente distorsionado o desnaturalizado, siendo simulado con fines distintos a lo que realmente conlleva ‘el proceso’ considerado como una solución a los conflictos con una resolución pacífica, objetiva, imparcial, justa, equitativa, idónea y transparente. Al ser evidentemente contraria al fin que se perseguía, elevamos ante ese m.T. de la República, en cuya Sala le compete ser el último guardián de la Justicia y de nuestra Constitución, al estarle encomendada la valiosa misión de velar por la uniformidad de criterios constitucionales, así como revocar aquellas decisiones que lesionen derechos y garantías consagradas en la Carta Magna, tal y como ocurrió en la decisión que traemos a colación. Y es por ello, que fue promulgada la Ley para Sancionar Los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones Políticas en el período 1958 al 1998, ya que es notorio que en esa época existieron tales violaciones que han generado con el transcurso de los años impunidad, injusticia y un verdadero caos social, ante el desasosiego y la falta de confianza en la administración de justicia que reinaba en el momento de los hechos, impregnado de temor, de silencio al no poder reclamar o elevar la voz, y de mucha incertidumbre.…”.
Que: “…una vez revisadas las actas que integran la presente causa, se percibe que la decisión emitida por el extinto Juzgado Militar Accidental de Instrucción de Yumare, de fecha 24 Julio del año 1970, DECLARÓ TERMINADA LA AVERIGUACIÓN SUMARIAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 numeral 4° del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para el momento de los hechos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Justicia Militar, al determinar, sobrevenida la muerte del ciudadano en cuestión ocurrida en momentos en que se daba a la fuga y no obstante haberse agotado todos los extremos de Ley para persuadirlo a que desistiera de su intento por parte de la comisión de las F.A.N que lo conducía, éste Tribunal considera que la referida comisión de las F.A.N actuó en cumplimiento de su deber y está, exenta de toda responsabilidad en comisión del hecho…”.
Que: “…el 23 de marzo del año 1977, el extinto C.d.G.P.d.M., CONFIRMA la decisión en los términos del auto consultado, Declarando Terminada la Averiguación Sumarial por no haber lugar a proseguida. Visto así, la decisión se encuentra DEFINITIVAMENTE FIRME, por ser un auto interlocutorio con fuerza definitiva que fue consultado y que produjo efectos de COSA JUZGADA, causando una lesión constitucional irreversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida del ciudadano A.R.H.M., hecho pues, que atañe al Orden Público Constitucional y a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos, amén que, con dicho pronunciamiento, manifiestamente inmotivado y contradictorio, se violentó el principio de la tutela judicial efectiva, al silenciar por completo las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicha decisión, en la cual no es un hecho contradictorio que dichos funcionarios le hayan perpetrado la muerte al ciudadano A.R.H.M., señalando que desde varias horas con anterioridad la víctima había sido apresada y en violación a toda normativa y respeto al debido proceso, y con conocimiento de los oficiales superiores, es trasladado a una zona boscosa con el propósito de someterlo a interrogatorio, en vez de haber sido llevado al Punto de Control o Comando Militar para que se iniciara la averiguación sumarial correspondiente de existir algún hecho que se le pudiera sindicar; en ese lugar es asesinado sin que conste ninguna descripción de las heridas que le son ocasionada, solo una efímera mención de la supuesta fuga, sin embargo, el fundamento de la decisión in comento, se refiere a la NO PUNIBILIDAD.…”.
Que: “…Según se desprende de las actas que integran el expediente 8184 nomenclatura de la Corte Marcial, y según la versión del organismo castrense actuante (no investigada), El día 06 de Julio de 1.970 aproximadamente a las 13:30 horas fue lanzada una operación militar en la Zona San Luis, S.J.-La Encrucijada, por instrucciones del Teniente Coronel H.F.A., la cual iba al mando del Capitán J.F.G.T., quienes tuvieron contacto con un par de presuntos guerrilleros que al notar al pelotón salieron huyendo iniciándose una persecución sin éxito.…”.
Que: “…Luego de que huyen los presuntos Guerrilleros se inicia operaciones para dar con sus capturas, procediendo el Capitán León T.V.T. a trasladarse a las 16:30 horas, hacia la C.d.T., donde procede a entrevistar al ciudadano P.M.M., quien al ser interrogado informa que los ciudadanos A.R.H. y A.V.C. se encontraban en la Hacienda La Veguita, por lo que se dirigió al lugar donde en la empalizada logró capturar a los dos últimos ciudadanos, a quienes hizo abordar la unidad militar en la que se trasladaba, retirándose hacia el sector la Encrucijada. Una vez que el Capitán León T.V.T., se retira de la Hacienda La Veguita y antes de llegar a la Encrucijada, se detiene en el Río Mitare, donde baja del Jeep Militar a los tres detenidos los cuales quedan bajo la c.d.C.S.P.A.C., retirándose el Capitán Vilera Torcate al Comando ubicado en la Encrucijada…”.
Que: “….Al llegar el Capitán León T.V.T. al Comando en la Encrucijada, se reúne con el Teniente Coronel H.F.A., a quien le informa sobre la detención de varios colaboradores de los Bandoleros y que procedería al interrogatorio, siendo autorizado por el referido Comandante, retirándose del lugar el Capitán León Vilera Torcate, acompañado por el Capitán T.U.M., Capitán C.J.N.R., Cabo Primero M.G.C. y el guía M.R.Z., dirigiéndose al río Mitare donde se encontraban las tres personas aprehendidas…”.
Que: “…Estando la comisión militar en el Rió Mitare, se reúnen con el Cabo Segundo P.A.C. quien se encontraba custodiando a los aprehendidos, abordando todos la unidad militar y dirigiéndose a un sitio boscoso no determinado…”.
Que: “…Encontrándose en el lugar boscoso, los Capitanes inician los interrogatorios a los detenidos, momento en el que el Capitán León T.V.T. en compañía del Cabo Primero M.G.C. toman al ciudadano A.R.H. y lo retiran del grupo donde señalan que le efectúan unos disparos por cuanto el mismo trató de escapar…”.
Que: “…nos encontramos entonces con un homicidio perpetrado por autoridades militares, específicamente el Capitán LEÓN T.V.T., para el momento en su condición y le correspondió la instrucción de la averiguación a la Jurisdicción Militar, que luego de supuestamente realizada, se pudo constatar que no es PUNIBLE la conducta desplegada por el funcionario actuante…”.
Que: “…De la decisión dictada por el Juzgado Instructor, llama poderosamente la atención que el delito de Rebelión solo le fue atribuido al ciudadano A.H. después que este falleciera, pese a que los ciudadanos A.V.S. y P.M.M. habían sido capturados el mismo día y todos eran sometidos a los irregulares interrogatorios, igualmente, no se explica cómo llega al convencimiento de que la víctima era un supuesto colaborador de grupos insurgentes, cuando de las entrevistas realizadas con las que el tribunal justificó su decisión solo se hace mención en la declaración de A.V.C. (…) no existiendo ninguna vinculación con el ciudadano A.H., sin embargo el Tribunal considera que la referida comisión de la FAN actuó en cumplimiento de su deber y está exenta de toda responsabilidad en comisión de hecho, declara terminada la presente averiguación sumarial por no haber lugar a perseguirla. Lo que causa extrañeza es que nunca se indicó dónde ocurrió el hecho, cuantos disparos recibió y en qué región anatómica, solamente el Tribunal valoró lo dicho por los declarantes para determinar la muerte y, para posteriormente, justificar la acción realizada, por el funcionario y dejar impune un delito de LESA HUMANIDAD, siendo justificado por el Tribunal…”.
Que: “… En el caso de marras, el C.d.G.P.d.M.C. la decisión emanada por el Tribunal de Primera Instancia, tomando en consideración y realizando la reproducción del fallo agregando a los hechos versiones que nunca fueron aportadas como el traslado de la víctima a prestarle las curas, sin verificar que la investigación realizada fue simplemente un simulacro, ya que no se buscó ningún elemento real para verificar si los hechos ocurrieron como lo señalaron los funcionarios actuantes, lo que hace presumir que los jueces de la Jurisdicción Militar no le pasó por inadvertida la situación sino que con la intención de que la investigación culminara de dicha manera confirman en toda y cada una de sus partes la decisión del Tribunal de Instancia…”.
Que: “…Es notable, que ninguno de los dos Tribunales hizo mención a la forma irregular, poco convencional y fuera del marco jurídico la forma en que señalan que se realizó el interrogatorio a los detenidos, y menos atención prestó a que solo la víctima fuera retirada del grupo sin que ninguno de los presentes pudiese explicar el motivo para finalmente alegar un inexistente e ilógico intento de fuga y justificar el homicidio del ciudadano A.H., todo lo cual viene a significar un proceso amañado y muy lejano a la expectativa constitucional del momento que garantizaba en el artículo 58 el Derecho a la Vida.…”.
Que: “…Consideran estas Representaciones del Ministerio Público, que la razón por la cual dichas decisiones no toman en cuenta lo ya manifestado por el Ministerio Público y lo cual evidencia la inmotivación o silencio sobre dicho aspecto, es que ciertamente demuestran que no era el lugar idóneo para realizar interrogatorio, no hubo intensión de informar a los familiares del deceso del ciudadano, no se fijó fotográficamente el lugar donde fue colectado el cuerpo de la víctima, por lo que consideramos que dicha omisión en la investigación deviene a un manifiesto interés o “dolo” ante un fraude procesal…”.
Que: “…tomando en consideración que el hecho denunciado ha sido considerado como una VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS y, específicamente el delito de HOMICIDIO, perpetrado por funcionarios del Estado Venezolano, al no haber existido una investigación objetiva, imparcial, transparente, realizada por funcionarios del Ejercito de las Fuerzas Armadas y cuyos indiciados para la fecha, al analizar la investigación se vislumbra la subjetividad y parcialidad manifiesta, que además de ello, según el ciudadano A.H.M. (a) CHICHON, intentó escapar adentrándose entre la maleza, y eso fue suficiente para avalar el crimen cometido bajo la apariencia de una muerte justificada. Cabe resaltar, que la víctima nunca fue encontrada, no existe fijación fotográfica en el sitio del hecho antes narrados, tampoco hubo experticia del levantamiento del cadáver, lo cual resulta ilógico, imposible vista la magnitud y daño desproporcionado que fue reflejado en el Tribunal al decidir silenció el motivo por el cual o la explicación dada, resulta insoslayablemente evidente, que la investigación realizada no fue cubierta en su totalidad y que solo fueron efectuadas las diligencias a conveniencia para sustentar la decisión tomada…”.
Que: “…vista la magnitud y gravedad del caso in comento, considerado como un delito de LESA HUMANIDAD, es por lo que se eleva a la consideración de es[ta] Honorable Sala, la posibilidad de revisar en uso de su atribución exclusiva y excluyente, como supremo guardián de la constitucionalidad, la interpretación que le fue dada a la normativa vigente para la fecha de los hechos en desmedro de la Constitución, de los Tratados, Pactos y Principios Internacionales y hasta de mismo IUS COGENS Internacional…”.
Que: “…Es el caso, que si analizamos los elementos que cursan en la presente causa, las declaraciones inverosímiles de los ciudadanos únicos que rindieron testimonio, indica que no hubo investigación como tal, que evidencia la alevosía del funcionario al cometer la muerte de la víctima, conlleva a determinar la gravedad del caso que nos ocupa, todo ello partiendo de la premisa, que para la fecha no era desconocidos por ningún operador de justicia, que durante años, como ocurrió en el presente caso, hubo una gran cantidad de personas que fueron vilmente asesinadas, bajo innumerables persecuciones a determinados grupos por el simple hecho de disentir o no estar conforme con la situación que se estaba viviendo para el momento en el país, lo que constituyó un ataque generalizado a ese grupo de personas que habitaban en territorio venezolano y cuya intención era la eliminación y destrucción de los mismos motivado a fines políticos, siendo perpetrados diversos delitos de carácter antihumanitario (sic), por lo que, su devenir, su ejecución y consecuencias, son de manejo público y colectivo estos hechos se vinieron a reflejar en la memoria histórica del Venezolano como los más graves que, hasta la fecha se recuerden, por la gran magnitud de vejámenes contra la dignidad humana, torturas, homicidios (muchos de ellos bajo fusilamiento y masacres colectivas), así como desapariciones forzadas de personas, contraviniendo los derechos constitucionales, tratados, convenios o pactos internacionales, que se refieren a la obligación por parte de los Estados de protección a los Derechos Humanos de todo ciudadano y en casos como el que nos ocupa, la simulación de un presunto intento de fuga para justificar el homicidio y darle una apariencia de legalidad jurídica…”.
Que: “…Es por las razones apuntadas ciudadanos magistrados, que considera[ban] la procedencia de la presente revisión constitucional de la sentencia firme emanada por el Juzgado Militar Accidental del Instrucción de Yumare, confirmada por el C.d.G.P.d.M., todo lo cual configura la inobservancia grotesca de…”.
Que: “…Anexa[ban] a la presente solicitud el expediente, donde se vislumbra la magnitud de la lesión constitucional que de manera grotesca se inobserva en la decisión proferida, que le pone fin a la presente investigación constituyendo una violación flagrante a bienes jurídicos fundamentales que deben ser tutelados por nuestra legislación y que es de interés en el ámbito internacional, todo ello como instrumento fehaciente para que se tenga la certeza del contenido del fallo cuya revisión constitucional se incoa en la presente solicitud, en cabal cumplimiento con la sentencia número 33, de fecha 20-01-2006, expediente 05-2292, que se refiere a la Obligatoriedad de presentar copia certificada del fallo cuya revisión se solicita.…”.
Que: “…Si bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en fecha 19 de Febrero de 1999, fue pionera en establecer tantos avances en materia de derechos humanos, al desarrollar su contenido y alcance, siendo consagrado entre algunos aspectos importantes, de manera taxativa la imprescriptibilidad de dichos delitos, en sus artículos: 29 y 271, no obstante, por ello, no podemos olvidar que, la Constitución de 1811 fue la primera en Latinoamérica, que estatuyó en su articulado el reconocimiento de los derechos humanos, inspirada en la Declaración de Virginia, sobre los Derechos Civiles y Políticos de 1776; así como la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, de 1789…”.
Que: “…A la luz de las Normas Constitucionales antes transcritas, podemos señalar, que según lo dispuesto en el texto fundamental vigente para la fecha de los hechos, estaba consagrado como derecho irrestricto la protección por parte del Estado Venezolano del derecho a la vida, cuya connotación es de interés en el ámbito Internacional al tratarse de una Violación Grave a los Derechos Humanos, estando dispuesto en el artículo 50 de la Carta Magna vigente para la fecha de los hechos, la extensión de los Derechos Humanos más allá de los contenidos en nuestro ordenamiento interno, por lo que, constituye un ERROR GROTESCO AL OBVIAR LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 y 50 de la Constitución de la República de Venezuela y aplicar erróneamente lo dispuesto en el artículo 206 ordinal 2 deI Código de Enjuiciamiento Criminal, hoy derogado, toda vez que era evidente la comisión del delito de Homicidio…”.
Que: “…la decisión emanada por el Tribunal Superior, carece de motivación, ya que nada precisa el Juzgador más allá de darle la razón al Tribunal de Instancia, lo antes expuesto es considerado como una decisión arbitraria que atañe al orden público constitucional al violar la tutela judicial efectiva y crear impunidad, por lo que solicitamos que se anule la presente decisión…”.
Que: “…En nuestro país, el Ministerio Público ha declarado abiertamente la lucha para combatir la impunidad en pro de la justicia, por ello, nos permitimos en compartir opinión del Magistrado de la República de Chile, G.B.R., al referirse a la Imprescriptibilidad de la Acción Penal por violaciones a los Derechos Humanos…”.
Que: “…quién señala lo siguiente: ‘...el Derecho Penal, no está autorizado ni legitimado para permitir o avalar la prescripción de las acciones penales derivadas de los crímenes internacionales emergentes o violaciones a los derechos humanos, ya que si lo hiciese, sería un atentado jurídico, ético y moral a lo esencial de dicha disciplina; pues, no buscaría ni el debido proceso ni la justa sanción, sino que lo contrario, falta de proceso y de justicia…”.
Que: “…Es por las razones apuntadas, que éstas Representaciones del Ministerio Público, actuando en nombre del Estado y por comisión emanada de la ciudadana Fiscal General de la República, solicitamos que una vez admitida la procedencia de la presente REVISIÓN CONSTITUCIONAL, sea admitida, declarada con lugar y, por ende sea ANULADA la decisión que le puso fin a la presente investigación, todo ello sobre la base del artículo 336 ordinal 10, de nuestro texto constitucional y de las normas que se mencionan a continuación…”.
Finalmente solicito lo siguiente: “…PRIMERO: Que sea admitida la REVISIÓN CONSTITUCIONAL, de la sentencia que se impugna en la presente solicitud de conformidad coni lo establecido en el artículo 336 ordinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya causa se remiten anexo a la presente, en acatamiento al criterio reiterado emanado de esa d.S., a objeto de que se obtenga la certeza respecto del contenido del fallo que se pretende impugnar. SEGUNDO: Una vez verificados los hechos y los argumentos jurídicos que sustentan la presente, requerimos que se declare con lugar la presente solicitud y que se anule la decisión que se impugna y por ende sus efectos al encontrarse definitivamente firme (cosa juzgada), para que se realice la correspondiente investigación sobre la muerte del ciudadano A.R.H.M., en aras de una sana y cabal administración de justicia…”.
DE LA DECISIÓN DEL JUZGADO MILITAR
ACCIDENTAL DE INSTRUCCCIÓN DE YUMARE
El Juzgado Militar Accidental de Instrucción de Yumare, en fecha 24 de julio de 1970, dictó Sentencia en la averiguación sumarial instruida con motivo de la muerte del ciudadano A.R.H.M., en estos términos:
Del estudio exhaustivo de las declaraciones de los ciudadanos: Tcnel, H.F.A., Mayor LUIS (sic) A.R.A., Capitán C.N.R. (sic), Capitán LEON T.V.T., Capitán U.N., Capitán JOSE (sic) F.G.T., Cabo.lro. M.G.C., Cabo.2do. P.A.C., Ciudadanos: MOISES (sic) R.Z., A.V.S. (sic) y P.M. (sic) MEDINA, quedó comprobado en el Expediente la comisión del delito MILITAR DE REBELION, previsto y sancionado en los artículos 76 y 186 del Código de Justicia Militar, delito éste que merece pena corporal sin que está evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlo, sindicándose como autor entre otros al ciudadano A.H. (a) CHICHON (sic) en la comisión del mencionado delito, sobrevenida muerte del ciudadano en cuestión ocurrida en momentos en que se da la fuga y no obstante haberse agotado todos los extremos de Ley, para persuadirlo a que desistiera de su intento por parte de la comisión de las F.A.N que lo conducía, éste (sic) Tribunal considera que la referida comisión de las F.A.N actuó en cumplimiento de su deber y está exenta de toda responsabilidad en comisión del hecho, todo de conformidad con el Ordinal 1° del artículo 397 del Código de Justicia Militar, por lo que, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara terminada la averiguación sumarial por no haber lugar a proseguirla, todo en conformidad con el artículo 206 numeral 4° del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable por mandato expreso del artículo 20 del Código de Justicia Militar. Regístrese la presente decisión y consulte la misma con el Juez Militar de Primera Instancia Permanente, de Maracaibo en conformidad con el artículo 207 del Código de Enjuiciamiento Criminal de aplicación por imperativo del artículo 20 del Código de Justicia a objeto de que dicho Tribunal Superior pueda conocer y decidir con conocimiento de causa, se acuerda remitir adjunto a la presente sentencia el expediente…
PERMANENTE DE MARACAIBO
El C.d.G.P.d.M. en fecha 23 de marzo de 1977, emitió Sentencia en la averiguación sumarial instruida con motivo de la muerte del ciudadano A.R.H.M., en los siguientes términos:
…Recibido el presente expediente, conforme en foliatura, se le da entrada, examinadas las actas que integran esta averiguación sumaria, para resolver, se observa:
PRIMERO: EXPOSICIÓN.
El ciudadano Coronel Comandante del. T0-5, Destacamento Nutrias, Yumare, Estado Yaracuy, con fecha 09 de Julio de 1.970 ordenó apertura de averiguación por la presunta comisión del delito militar de Rebelión; y no existiendo en el lugar Juez Militar de Primera instancia Permanente, nombró Juez Militar Accidental de Instrucción y Fiscal Militar Accidental, a los ciudadanos (...) quedando constituido al Tribunal Instructor, con fecha 22 de Julio de 1.970, abriendo la averiguación sumaria, ordenó la práctica de diligencias, tomando declaración a los ciudadanos (...) con fecha 24 de Julio de 1.970 dictó Resolución declarando terminada dicha averiguación, por no haber lugar a proseguirla, remitiendo lo actuado al Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, quien lo remitió a este C.d.G. en consulta de la misma.
Consta de las actas procesales que el día 06 de Julio de 1.970, en comisiones militares buscando por las adyacentes del Teatro de Operaciones del TO-5, a personas vinculadas con las guerri1la que se estaban desarrollando en el país, fueron detenidas varias, a quienes se 1es tomaron interrogatorios, se les hicieron careos entre ellos, algunos confesando que sí colaboraban con las guerrillas y personas solicitadas que se encontraban fuera de la ley, en movimientos armados contra las Instituciones del país; que en esa oportunidad, en horas de la noche, un ciudadano que estaba detenido, cuando era interrogado a solas, salió corriendo hacia el monte, internándose en la obscuridad de la noche, y su guardián para no perderlo le gritó varias veces que se detuviera, dándole la voz de alto y al no tener contestación, salió detrás de este ciudadano haciendo una ráfaga con el fusil que portaba hacia el interior del montes, que de inmediato se oyeron gritos, gemidos y se empezó a rastrear por la zonas hasta que se localizó el ciudadano que se encontraba herido; que de seguidas, el ciudadano herido fue trasladado para prestarle las curas del caso, falleciendo posteriormente.
Los hechos narrados con anterioridad constan de las actas procesales, en especial de las declaraciones rendidas por los ciudadanos citados en la Primera parte de esta Resolución y demás documentos militares (...).
TERCERO CONCLUSIÓN.
Consideran estos Juzgadores que los hechos narrados con anterioridad se encuentran plenamente demostrados; que de ello no surgen establecidos indicios de la comisión del delito de Rebelión, ni de ningún otro que pudiera surgir por la muerte del ciudadano antes indicado; que tampoco existen pruebas, en el primero de los casos, de quienes fueran sus autores o adheridos, y en el segundo no aparece comprobado quien fue el agente activo causante del resultado antes mencionado; que estos hechos no son punibles en ningún caso y que contra persona alguna existen indicios de culpabilidad por los mismos; por todo lo cual este C.d.G. administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad con lo prescrito en el Ordinal 2 del Artículo (sic) 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable por previsión del Artículo 20 del Código de Justicia Militar, declara terminada esta averiguaci6n sumarial por no haber lugar a proseguirla. Queda así Confirmada la Resolución…
Para establecer la competencia de esta Sala Constitucional para conocer de la presente solicitud, es necesario traer a colación, en primer lugar, lo que señala la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 39.808, del viernes 25 de noviembre de 2011.
En tal sentido, la referida ley dispone en su artículo 1 que su objeto es establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ejecutados por motivos políticos, por parte del Estado Venezolano, durante el período transcurrido entre los años 1958 y 1998.
Del mismo modo, su artículo 4, cardinal 2, establece dentro de sus finalidades particulares, identificar y sancionar a los autores intelectuales o materiales, venezolanos o venezolanas, extranjeros o extranjeras que cometieron violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como expresión de prácticas de terrorismo de Estado durante el período apuntado.
De igual forma, esta Sala Constitucional, en Sentencia N° 1713 del 14/12/2012, estableció que los requisitos para conocer de casos de revisión de sentencias dictadas por los diversos Tribunales correspondientes a casos insertos dentro de la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998”, son los siguientes:
Ahora bien, en el caso de autos, el Ministerio Público, a través de los Fiscales comisionados por la Fiscal General de la República, han manifestado dentro de sus amplios alegatos que la decisión del C.d.G.P.d.M., del 23 de marzo de 1977, en la cual pone fin a la averiguación sumaria en la investigación por la muerte del ciudadano, carece de motivación, además de manifestar que la misma es idéntica a la decisión emitida por el Juzgado Militar Accidental de Yumare, el cual en fecha 24 de Julio de 1977, que declaró terminada la averiguación sumarial por la muerte del ciudadano A.R.H.M., debido a que su deceso ocurrió –según señalan tales decisiones- como consecuencia de una acción desplegada por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en cumplimiento de su deber.
En tal sentido, visto que los supuestos previstos en el artículo 19 de la mencionada Ley se encuentran satisfechos, esta Sala se declara competente para conocer de la solicitud planteada. Así se establece.
En la presente causa, la representación del Ministerio Público solicitó la revisión de la decisión del C.d.G.P.d.M., del 23 de marzo de 1977, que confirmó la decisión que declaró terminada la averiguación sumaria emanada del Juzgado Militar Accidental de Yumare, del 24 de julio de 1970. Igualmente, indicó que la decisión del 23 de marzo de 1974, se encuentra definitivamente firme, produciendo efectos de cosa juzgada y que la misma causó una lesión constitucional reversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida del ciudadano A.R.H.M..
Que la decisión del C.d.G.P.d.M., únicamente señala que confirma la decisión declarando terminada la averiguación, y no hace ninguna exposición profunda, con argumentos jurídicos válidos, ni razona los criterios que utilizó el juzgador para compartir la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
Ahora bien, además de los señalamientos de la representación del Ministerio Público, esta Sala considera necesario realizar un análisis de la decisión dictada por el C.d.G.P.d.M. de fecha 23 de marzo de 1977.
A tal efecto, la Sala observa que el fallo del C.d.G.P.d.M. se divide en tres puntos, señalando en el primero y segundo de ellos, lo siguiente:
Los hechos narrados con anterioridad constan de las acta procesales, en especial de las declaraciones rendidas por los ciudadanos citados en la Primera parte de esta Resolución y demás documentos militares (...)…
Al respecto, esta Sala observa que en el punto primero describe el C.d.G.P.d.M. en su condición de Juzgado de alzada, afirma que en fecha 9 de julio de 1970, el Juzgado Accidental de Yumare, ordenó la apertura de una investigación sumarial por el delito de Rebelión Militar, la cual luego de la práctica de unas diligencias, concluyó mediante resolución del 24 de julio de 1970, declararla terminada, por considerar que no había lugar a proseguirla.
En el punto dos, denominado motiva, el C.d.G.d.M., indica que en esa investigación sumarial, fueron detenidas varias, a quienes se les tomaron interrogatorios, confesando alguno de los detenidos que sí colaboraban con las guerrillas y grupos armados que operaban contra las Instituciones del país; precisando que entre esas personas se encontraba el ciudadano A.R.H.M., quien al momento de ser interrogado, se dio a la fuga hacia el monte, internándose en la obscuridad de la noche, y su guardián para no perderlo le gritó varias veces que se detuviera, dándole la voz de alto y al no tener contestación, salió detrás de este ciudadano haciendo una ráfaga con el fusil; que el ciudadano luego fue encontrado herido y trasladado para prestarle las curas del caso, falleciendo posteriormente.
… TERCERO CONCLUSIÓN.
Consideran estos Juzgadores que los hechos narrados con anterioridad se encuentran plenamente demostrados; que de ello no surgen establecidos indicios de la comisión del delito de Rebelión, ni de ningún otro que pudiera surgir por la muerte del ciudadano antes indicado; que tampoco existen pruebas, en el primero de los casos, de quienes fueran sus autores o adheridos, y en el segundo no aparece comprobado quien fue el agente activo causante del resultado antes mencionado; que estos hechos no son punibles en ningún caso y que contra persona alguna existen indicios de culpabilidad por los mismos; por todo lo cual este C.d.G. administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad con lo prescrito en el Ordinal 2 del Articulo (sic) 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable por previsión del Artículo 20 del Código de Justicia Militar, declara terminada esta averiguaci6n sumarial por no haber lugar a proseguirla. Queda así Confirmada la Resolución…
El C.d.G.P.d.M., concluye que en la presente investigación sumarial no surgen establecidos indicios de la comisión del delito de Rebelión, ni de ningún otro que pudiera surgir por la muerte del ciudadano A.R.H.M.; que no aparece comprobado quién fue el agente activo causante de la muerte del ciudadano; y que estos hechos además no son punibles en ningún caso, por lo que el referido C.d.G., sin ninguna otra explicación procedió, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable por mandato del artículo 20 del Código de Justicia Militar, aplicable rationae temporis, que señala:
2. Cuando se hubiere procedido de oficio a la averiguación, como si fuesen punibles, de hechos que no lo son o que habían prescrito cuando se ordenó su averiguación
Ahora bien, aun cuando en esencia la decisión objeto de revisión en la causa de autos, corresponde a la dictada por el C.d.G.P.d.M., de fecha 23 de marzo de 1977, por ser el fallo de la alzada, la Sala también considera necesario realizar un breve análisis del fallo emitido el 24 de julio de 1970 por el Juzgado Militar Accidental de Yumare, del cual emana la decisión, en primera instancia, de declarar terminada la investigación sobre la muerte del ciudadano A.R.H.M.; y es en dicho proceso judicial militar en el cual se recogen las declaraciones que, en esencia, fundamentan el fallo del referido Juzgado, posteriormente confirmado por el C.d.G.P.d.M., y que hoy es objeto de revisión ante este m.T. de la República, en Sala Constitucional.
En este sentido la Sala, al analizar la decisión del Juzgado Militar Accidental de Instrucción de Yumare, de fecha 24 de julio de 1970; observa que en ella el juzgador de instancia inicia su parte narrativa indicando que había quedado comprobado en el Expediente la comisión del delito MILITAR DE REBELIÓN, previsto y sancionado en los artículos 76 y 186 del Código de Justicia Militar, delito éste que merece pena corporal sin que está evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlo, sindicándose como autor entre otros al ciudadano A.R.H.M. en la comisión del mencionado delito. Indica asimismo, el referido Tribunal, que la muerte del ciudadano en cuestión ocurre en momentos en que éste se da a la fuga y no obstante haberse agotado todos los extremos de Ley, para persuadirlo a que desistiera de su intento, el deceso del referido ciudadano es llevado a cabo por la Fuerza Armada Nacional, actuando en –el pretendido- cumplimiento de su deber, por lo que su conducta, según señala, estaba exenta de toda responsabilidad en la comisión del hecho, todo de conformidad con el Ordinal 1° del artículo 397 del Código de Justicia Militar, por lo que, aplicable rationae temporis.
Ahora bien, observa la Sala que a esta conclusión llega el Juzgado Militar Accidental de Yumare, sin examinar explícitamente el contenido de las declaraciones señaladas, ni mucho menos relacionarlas entre sí, o vincularlas con algún otros medio de prueba, sobre todo en este contexto en el que afirmó que: “…quedó comprobado en el Expediente la comisión del delito MILITAR DE REBELION, previsto y sancionado en los artículos 76 y 186 del Código de Justicia Militar, (…) sindicándose como autor entre otros al ciudadano A.H. (a) CHICHON (sic) en la comisión del mencionado delito…”. Asimismo justifica la muerte del ciudadano A.R.H.M., en el supuesto cumplimiento el deber, de la comisión militar actuante, sin mayor explicación al referir que “…sobrevenida muerte del ciudadano en cuestión ocurrida en momentos en que se da la fuga y no obstante haberse agotado todos los extremos de Ley, para persuadirlo a que desistiera de su intento por parte de la comisión de las F.A.N que lo conducía, éste (sic) Tribunal considera que la referida comisión de las F.A.N actuó en cumplimiento de su deber y está exenta de toda responsabilidad en comisión del hecho…”.
Asimismo, se observa que el referido tribunal, no realiza un análisis suficiente que fundamente varios elementos jurídico-penalmente relevantes en este caso, como lo son la supuesta “fuga”, el pretendido agotamiento de “todos los extremos de Ley, para persuadirlo a que desistiera de su intento” de fuga, y el supuesto “cumplimiento del deber”. En definitiva, en el fallo no existe razonamiento suficiente que permita evidenciar los motivos por las cuáles el sentenciador afirmó la necesidad de dar terminada la averiguación sumaria, en él, no se da ninguna razón que justifique o acredite que la provocación de la muerte en el caso el ciudadano A.R.H.M., se encontraba amparada por una causa de exclusión de la antijuridicidad, como lo es el cumplimiento del deber.
De lo anterior observa la Sala que, en efecto, ni el Juzgado de Militar Accidental de Yumare, ni el C.d.G.P.d.M., desplegaron las actuaciones necesarias para que se realizase una investigación suficiente y ajustada a derecho que determinase con precisión los hechos ocurridos y la conducta objetiva y subjetiva desplegada por los funcionarios actuantes, no dando una explicación racional de las resultas de las exiguas diligencias sumariales practicadas, no aportando un razonamiento coherente que permita avalar la conclusión a la que llegaron –la afirmación en este caso del cumplimiento del deber -, para excluir la responsabilidad penal y dar por terminada la averiguación. Lo cual afecta de forma negativa la motivación de las sentencias en cuestión.
Por tanto, al no quedar c.d.p. intelectual mediante el cual los sentenciadores del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, como del C.d.G.P. del referido estado arribaron a la conclusión que hoy se cuestiona a través de la presente solicitud de revisión constitucional, la Sala debe censurar el fallo, pues tal omisión arrastra forzosamente el vicio de inmotivación de la sentencia, por falta de expresión de las razones de hecho y de derecho para fundar sus respectivas sentencias.
Al respecto, tal como lo ha indicado la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, es obligación de las C.d.A., resolver con argumentos propios, todos los vicios denunciados a través del recurso debiendo en tal sentido abstenerse de dar respuesta mediante la reproducción de lo expuesto en el fallo de instancia, pues ello da lugar a la inmotivación del fallo de Alzada, toda vez que la parte recurrente queda en desconocimiento de las razones que el A quem ha tenido, para resolver en uno u otro sentido el argumento de impugnación puesto contra el fallo de instancia (Ver, entre otras, sentencia n° 502/2011).
…La finalidad procesal de la motivación de la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir dicha sentencia la fundamentación de la decisión apelada. Por tanto, al transcribir la recurrida las razones de primera instancia, las cuales son suficientes para conocer y controlar el criterio sobre el cual se basó el Juez para establecer los hechos y aplicar el derecho, fundamentó suficientemente su decisión...
En consecuencia, se abandonan expresamente las jurisprudencias que hasta ahora habían prevalecido sobre la suficiencia de la motivación acogida; en lo sucesivo, con inclusión del caso bajo análisis, se reitera, la Sala tendrá como debidamente motivado, el fallo de alzada que contenga sus propias razones de hecho y de derecho respecto a lo decidido…” (Subrayado de ese fallo).
Al respecto, los solicitantes de revisión constitucional de la sentencia del C.d.G.d.M., sostienen que la investigación realizada en este caso fue un simulacro de investigación que constituye un error grotesco en la correcta interpretación de la Constitución para la fecha de los hechos, que establecía en el artículo 58 el derecho a la vida, de la siguiente manera:
Así pues, en relación a lo anteriormente mencionado, esta Sala Constitucional concluye que el C.d.G.P.d.M. actuó al margen de postulados fundamentales del derecho y del orden público constitucional, al haber confirmado fallo del Juzgado Militar Accidental de Yumare y no haber señalado las graves violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la justicia transparente, a la tutela judicial efectiva y, probablemente, a la vida, por parte de esa decisión que, sobre la base de una investigación insuficientemente y sesgada, puso fin a la causa penal iniciada con ocasión a la muerte del ciudadano A.R.H.M..
En efecto, analizadas de forma detenida y detalladas las actas que conforman el presente expediente, se han observado fundados elementos que hacen presumir a esta Sala, que el hecho objeto del proceso penal principal, concretamente, la provocación de la muerte a A.R.H.M., pudiera constituir una violación grave a los derechos humanos –específicamente, del derecho a la vida–, en los términos de los artículos 29 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del numeral 1 del artículo 6 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, ya que el o los presuntos autores del posible delito contra la vida, fueron funcionarios militares –ello sin perjuicio de que otras personas hayan podido intervenir, sea como autores o partícipes, en la posible comisión del hecho antes descrito–.
Con base en lo anterior, se considera que la acción penal para determinar la probable responsabilidad penal en la provocación de la muerte de A.R.H.M. es imprescriptible, de forma similar a como lo declaró esta Sala en sentencias nros. 186/2015 y n.° 1185/2015.
(...) el Poder Judicial, como ya se advirtió en honor a la memoria histórica, a la verdad y a la Justicia, condenó de forma contundente a los autores materiales del crimen cometido en perjuicio de D.A. (incluso con las máximas sanciones que permite el Texto Fundamental).
(...) el Poder Judicial ha seguido y sigue en la lucha permanente contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el denominado “Caracazo” e, inclusive, la de otros tantos perpetrados con anterioridad a esos sucesos, y que también eran producto de la opresión ejercida en la época, como fue el caso del ciudadano J.A.M.F., a través de una decisión que anuló la írrita decisión dictada el 7 de mayo de 1973, por el C.d.G.P.d.C., mediante la cual declaró Terminada la Averiguación Sumarial instruida con motivo de la muerte del prenombrado ciudadano, por no haber lugar a proseguirla, ya que el hecho que la originó “no reviste carácter penal”, y, en consecuencia, ordenó al Ministerio Público, con arreglo a lo que establece el artículo 19 de la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998” anteriormente citado, interpretado y utilizado para subsumir los juicios acerca de la decisión impugnada, que reabra el caso y que lo tramite, de estar dadas las condiciones y requisitos para ello, por la vía ordinaria”.
En el caso de autos, una vez analizadas de forma detenida y detalladas las actas que conforman el presente expediente, se han observado fundados elementos que hacen presumir a esta Sala, que los hechos objeto del proceso penal principal y, concretamente, la provocación de la muerte de A.R.H.M., constituyeron violaciones graves a los derechos humanos -específicamente, del derecho a la vida-, en los términos de los artículos 29 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del numeral 1 del artículo 6 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. Con base en lo anterior, se considera que la acción penal para sancionar el homicidio del ciudadano antes mencionado, es imprescriptible.
Ahora bien, por todo lo antes expuesto, esta Sala Constitucional declara ha lugar la solicitud de revisión formulada por la representación del Ministerio Público, y, en consecuencia, anula la decisión dictada el 23 de marzo de 1977 por el C.d.G.P.d.M. en la averiguación sumarial instruida con motivo de la muerte del ciudadano A.R.H.M., en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 206.2 del Código de Enjuiciamiento Criminal aplicable por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar, confirmó, en consecuencia, en toda y cada una de sus partes la decisión dictada por el Juzgado Militar Accidental del Yumare, en fecha 24 de julio de 1970, la cual también se anula. Así se declara.
- Que es COMPETENTE para conocer de la solicitud de revisión constitucional de la decisión dictada el 23 de marzo de 1977 por el C.d.G.P.d.M. en la averiguación sumarial instruida con motivo de la muerte del ciudadano A.R.H.M., en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 206.2 del Código de Enjuiciamiento Criminal aplicable por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar, confirmó en consecuencia en toda y cada una de sus partes la decisión dictada por el Juzgado Militar Accidental de Instrucción de Yumare en fecha 24 de julio de 1970, la cual también se anula.
- HA LUGAR la solicitud de revisión formulada por los abogados los abogados J.A.B. R, Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno (39°) del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, H.A.A.M. Fiscal Auxiliar Interino 39° Nacional Plena, E.J.R.M. Fiscal 80° a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, M.G.C., Fiscal Provisorio 08° Nacional Plena y A.S.C., Fiscal Auxiliar Interino 08° Nacional Plena, EDDMYSALHA G.C., comisionados por la ciudadana L.O.D., Fiscal General de la República, para conocer de los Homicidios, Torturas y Desapariciones Forzadas, cometidas contra venezolanos y venezolanas durante los años 1958-1998, en uso de las atribuciones que les confieren los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 1, 4, 5 y 6; 111 numerales 14, 15 y 18, del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 31 ordinales 3, 4, 5, 7, 8 y 37 numerales 7 y 16, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para solicitar la presente revisión constitucional.
- ANULA los mencionados fallos dictados el 23 de marzo de 1977 por el C.D.G.P.D.M. y el 24 de julio de 1970 por el JUZGADO MILITAR ACCIDENTAL DE YUMARE.
- ORDENA al Ministerio Público que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998”, reaperture el caso a los fines de la continuación de la investigación penal correspondiente para determinar la posible responsabilidad de los autores y participes de la provocación de la muerte a A.R.H.M., y demás hechos jurídico-penalmente relevantes vinculados a la misma.
- ORDENA oficiar al Circuito Judicial Penal Militar para que, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, remita al Ministerio Público la causa original contenida en SIN NUMERO (de la nomenclatura Juzgado de Primera Instancia Permanente de Maracaibo). Asimismo se ORDENA NOTIFICAR del contenido de la presente decisión al Presidente de la Corte M.d.C.J.P.M., a los fines legales correspondientes; advirtiéndose que el incumplimiento de lo ordenado por la Sala acarreará la sanción establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 13 de Julio de 2009