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Timestamp: 2020-04-01 11:12:36
Document Index: 17550725

Matched Legal Cases: ['artículo 234', 'Artículo 234', 'artículo 49', 'artículo 373', 'artículo 373', 'artículo 104', 'artículo 49', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 266', 'artículo 49', 'artículo 379']

Improcedencia del Antejuicio de mérito en caso de delito flagrante. Caso Wilmer Azuaje II: Se ordena mantenerlo en detención domiciliaria "hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria".
Antejuicio de mérito/Delito flagrante
Flagrancia/Estado probatprio
Asumida la competencia, esta Sala Plena pasa a decidir sobre la referida solicitud del ciudadano Néstor Luis Castellano Molero, Director de Técnico Científica y de Investigaciones del Ministerio Público, y, para ello, observa:
El artículo 234 del Código Orgánico Procesal dispone expresamente que:
“Artículo 234. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que el o ella es el autor o autora.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada.”
De acuerdo con el contenido de la citada disposición normativa, delito flagrante es aquel que se está cometiendo o que acaba de cometerse, también es aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que es el autor o autora.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 2580, del 11 de diciembre de 2001, señaló que conforme lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, la definición de flagrancia implicaba, en principio, cuatro (4) momentos o situaciones, a saber:
Posteriormente, la referida Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo número 272, del 15 de febrero de 2007, estableció no solo la diferencia existente entre el delito flagrante y la aprehensión in fragantí; sino que, además, sentó la concepción de la flagrancia como un estado probatorio, indicando al respecto lo siguiente:
La detención in fraganti, por su parte, está referida o bien a la detención de la persona en el sitio de los hechos a poco de haberse cometido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina la cuasi-flagrancia.
El estado de flagrancia que supone esta institución se refiere a sospechas fundadas que permiten, a los efectos de la detención in fraganti, la equiparación del sospechoso con el autor del delito, pues tales sospechas producen una verosimilitud tal de la autoría del delito por parte del aprehendido que puede confundirse con la evidencia misma. Sin embargo, la valoración subjetiva que constituye la ‘sospecha’ del detenido como autor del delito queda restringida y limitada por el dicho observador (sea o no la víctima) y por el cúmulo probatorio que respalde esa declaración del aprehensor. Si la prueba existe se procede a la detención inmediata (…)”.
Atendiendo a los criterios citados, esta Sala Plena del estudio de las actuaciones que conforman el presente expediente advierte que funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del estado Barinas, en virtud de que: “(…) se observó a Un (01) vehículo, marca Jeep, modelo Grand Cherokee, de color negro, matrículas AB494UF, tripulados por dos (02) ciudadanos quienes al notar la presencia del punto de control, trataron de acelerar su marcha, motivo por el cual se procedió a darle la voz de alto, con el objeto de realizar las inspecciones antes señaladas, haciendo caso omiso los mismos y optaron por emprender veloz huida (…)”, procedieron a detener “(…) al referido vehículo”, el cual resultó “(…) perteneciente al ciudadano Wilmer Azuaje, a la (sic) cual se logró incautar en la Guantera ubicada en la parte delantera derecha Dos (02) cajas contentiva en su interior Una (01) de veinte (20) cartuchos calibre 7.62x39 y la restante contentiva de Diecisiete (17) cartuchos del mismo calibre, asimismo, Una (01)granada de mano, tipo Fumígeno (Lacrimógena), modelo APG111; Un (01) carnet signado con el número 000004, perteneciente al Partido Político Primero Justicia, a nombre del ciudadano Wilmer José Azuaje, titular de la cédula de identidad número V-12.555.438 como Secretario Político de la Junta Regional y Dos (02) credenciales del Consejo Legislativo del Estado Barinas, a nombre del ciudadano Wilmer José Azuaje, titular de la cédula de identidad número V- 12.555.438, posteriormente en la parte trasera, se localizó Una (01) bolsa de regalo marca Mario Hernández, de color negra con beige se localizó en su interior: Un (01) pantalón de color verde oliva, tipo militar; Tres (03) Camisas, tipo Guerreras de uso militar, de color verde oliva, Una (01) con las inscripciones de FANB del lado izquierdo y Dos (02) sin inscripciones; Una (01) Gorra de color verde oliva militar con logo del escudo de Venezuela; Un (01) Arnés de uso militar, color verde oliva; Dos (2) Artefactos Explosivos convencionales, tipo Granada de mano ofensiva, Modelo M65; Una (01) caja elaborada en material de metal, de color verde, con las inscripciones 200 CARTUCHOS CALIBRE 7.62X51MM, 4 BALAS M80- 1 TRAZADOR M6 (ESLABONADO M13) POONGSAN CORP FABRICACIÓN: 2001 LOTE: PSD01J182L256, contentivo en su interior de: Cincuenta (50) Cartuchos sin percutir, calibre 5.56, eslabonados en cinco (05) dispositivos de carga rápida, asimismo, Dos (02) Cargadores para pistolas marca PB, Uno (01) PT24/7 Cal. 9mm MADE IN BRAZIL, sin seriales visibles, contentivo de Cinco (05) balas sin percutir del mismo calibre y otro con las inscripciones Cal 9 PARA MADE IN BRAZIL, contentivo de cuatro (04) cartuchos del mismo calibre sin percutir (…)”, y en razón de ello aprehendieron al ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero.
Siendo así, es evidente que la aprehensión efectuada por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del estado Barinas, al ciudadano WilmerJosé Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, fue en virtud de la comisión de un delito en el cual “(…) se producen los efectos de la flagrancia (…)”, puesto que entre dicho delito “(…) y la detención in fraganti existe una relación causa y efecto (…)”.
Ello es la razón por la cual, ante la comisión de un delito flagrante de carácter grave cuya autoría le es atribuida a un legislador, no es procedente el antejuicio de mérito, toda vez que para gozar de dicha prerrogativa es necesario que medie una acusación o denuncia contra el funcionario, la cual deberá ser examinada por esta Máxima Instancia, con el objeto de verificar la comisión de un tipo delictivo y, en caso de existir elementos de convicción suficientes que presuman su autoría o participación, ordenar su detención para su posterior enjuiciamiento, previa autorización del Consejo Legislativo Estadal.
Así lo dejó establecido esta Sala Plena en decisión N° 16, del 22 de abril de 2010, en un caso similar al de autos, en los términos siguientes:
Acorde con lo anterior, esta Sala Plena reitera que, en el presente caso, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, toda vez de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que el mencionado ciudadano fue aprehendido en flagrancia por “(…)encontrase presuntamente incurso en uno de los delitos contemplados en la Ley de Armas y Explosivos y de los contemplados en la Legislación Venezolana (…)”. Delitos respecto de los cuales la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz señaló expresamente que “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, en virtud de lo cual, a criterio de esta Sala Plena, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, en aras de la garantía consagrada en el artículo 49, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con base en los razonamientos expuestos, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, de acuerdo con los cuales en los casos de la comisión flagrante de un delito por parte de uno de los funcionarios amparados por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde solo decidir “(…) sobre la libertad del funcionario o funcionaria bajo custodia (…)”, considera que lo procedente es mantener la detención del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, en su lugar de residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, a cuyos fines se ordena notificar de la presente decisión. Así se decide.
De igual modo, esta Sala Plena considera pertinente establecer que en el caso de que el Consejo Legislativo del estado Barinas juzgue improcedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, cesará la detención domiciliaria del prenombrado ciudadano y no podrá continuarse con su enjuiciamiento, sin perjuicio de la reapertura de la causa penal una vez que cese en sus funciones como parlamentario. Caso contrario, si dicho Consejo Legislativo estima procedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, por cuanto “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, tal como lo expresó la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz, con arreglo a las normas del procedimiento penal pautado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.
En el marco de lo anteriormente expuesto, esta Sala Plena ordena que las presentes actuaciones sean remitidas a la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que se continúe con la investigación correspondiente. Y, así se dispone.
PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer y decidir la solicitud formulada por el ciudadano Néstor Luis Castellano Molero, Director de Técnico Científica y de Investigaciones del Ministerio Público, comisionado por la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela “(…) sobre la detención domiciliaria del ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, en virtud del procedimiento efectuado en fecha 02 de mayo de 2017, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y, de considerar que están llenos los extremos de ley, se notifique al Consejo Legislativo del estado Barinas, a fin de que este se pronuncie sobre el allanamiento de su Inmunidad Parlamentaria (…)”
SEGUNDO: Que, en el presente procedimiento, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, por tratarse su aprehensión en flagrante delito.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, el ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, deberá permanecer detenido en su residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. En consecuencia, se ORDENA notificar la presente decisión al Consejo Legislativo del estado Barinas.
CUARTO: Que en el caso de que el Consejo Legislativo del estado Barinas juzgue improcedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, cesará la detención domiciliaria del prenombrado ciudadano y no podrá continuarse con su enjuiciamiento, sin perjuicio de la reapertura de la causa penal una vez que cese en sus funciones como parlamentario. Caso contrario, si dicho Consejo Legislativo estima procedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, su enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, por cuanto “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, tal como lo expresó la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz, con arreglo a las normas del procedimiento penal pautado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
QUINTO: Se ORDENA remitir las presentes actuaciones a la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que se continúe con la investigación correspondiente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
CHRISTIAN TYRONE ZERPA JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA
Expediente AA10-L-2017-0000056
El Magistrado Danilo A. Mojica Monsalvo, conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, consigna su opinión concurrente al contenido de este fallo, con base en las siguientes consideraciones:
La mayoría sentenciadora declaró, que en el presente caso no procede el antejuicio de mérito del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del Estado Barinas, toda vez que de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que el mencionado ciudadano fue aprehendido en flagrancia por “encontrarse presuntamente incurso en uno de los delitos contemplados en la Ley de Armas y Explosivos y de los contemplados en la Legislación Venezolana, respecto de los cuales la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, de fecha 4 de mayo del año 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz señaló expresamente que "(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (...)", en virtud de lo cual, a criterio de esta Sala Plena, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, en aras de la garantía consagrada en el artículo 49, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, consideró esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, que en los casos de la comisión flagrante de un delito por parte de uno de los funcionarios amparados por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde solo decidir "(…) sobre la libertad del funcionario o funcionaría bajo custodia (...)", considerando al respecto, que lo procedente es mantener la detención del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del Estado Barinas, en su lugar de residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del Estado Barinas, decida sobre el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.
De igual forma, estableció que en caso de que el Consejo Legislativo del Estado Barinas, juzgue improcedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, cesará la detención domiciliaria del prenombrado ciudadano y no podrá continuarse con su enjuiciamiento, sin perjuicio de abrir la causa penal una vez que cese en sus funciones como parlamentario y, en caso contrario, si dicho Consejo Legislativo estima procedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, por cuanto "(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (...)", tal como lo expresó la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, de fecha 4 de mayo del año 2017- dirigido a la Fiscal General de la República.
Quien suscribe el presente voto concurrente, comparte el criterio antes referido, en cuanto a que el ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, goza de las prerrogativas de la inmunidad parlamentaria y que su detención sea en su lugar de residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas, decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria; asimismo, que la investigación que se realice debe ser conocida por la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios.
No obstante lo anterior, considero necesario traer a colación las siguientes consideraciones:
En la decisión de la Sala Plena de este Alto Tribunal, referente al expediente N° AA10-L-2017-000056, con Ponencia del Magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, se señala que:
(…) que la aprehensión efectuada por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del estado Barinas, al ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, fue en virtud de la comisión de un delito en el cual “(…) se producen los efectos de la flagrancia (…)” , puesto que entre dicho delito “(…) y la detención in fraganti existe relación causa y efecto (…)”
Ello es la razón por la cual, ante la comisión de un delito flagrante de carácter grave cuya autoría es atribuida a un legislador, no es procedente el antejuicio de mérito, toda vez que para gozar de dicha prerrogativa es necesario que medie una acusación o denuncia contra el funcionario la cual deberá ser examinada por esta Máxima Instancia, con el objeto de verificar la comisión de un tipo delictivo y, en caso de existir elementos de convicción suficientes que presuman su autoría o participación, ordenar su detención para su posterior enjuiciamiento, previa autorización del Consejo Legislativo Estadal.
Por el contrario, en los casos ya señalados de flagrancia, lo procedente es que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la libertad del funcionario bajo custodia y remita la causa para su procesamiento ante el tribunal de instancia competente, obviamente, previo el allanamiento de la inmunidad parlamentaria por el consejo Legislativo correspondiente.
De lo antes expuesto se observa que la mayoría sentenciadora concluye en que el ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, no está sometido al procedimiento de allanamiento, por haber sido aprehendido en flagrancia.
En relación a dicho punto medular en discrepancia, sostiene la Sala Plena lo siguiente: “esta Sala Plena reitera que, en el presente caso, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, toda vez de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que el mencionado ciudadano fue aprehendido en flagrancia” (Resaltado de la presente decisión)
Al respecto, como ya lo he puntualizado en anterior oportunidad, (En el expediente N°AA10-L-2017-000004, caso: GILBER ALEXANDER CARO ALFONZO) la “Flagrancia” es una figura de corte eficientista dentro del proceso penal, que constituye una excepción al principio que limita la afectación de la libertad individual de una persona al pronunciamiento de un tribunal competente. Su fundamento radica en el favorecimiento de la persecución e investigación de un delito con proyecciones exitosas, por lo que el ordenamiento jurídico permite a los policías y a cualquier particular, sustituir a la autoridad jurisdiccional y les habilita en determinados supuestos para privar de la libertad a una persona.
En tal sentido, la flagrancia es la detención como medida cautelar que exige la existencia de un indicio comprobado, entendido como la existencia real de una información o hallazgo objetivo, capaz de producir el conocimiento probable de una imputación delictiva (no presunción de culpabilidad). La Constitución exige que el Ministerio Público coloque al detenido en manos del juez de control competente, y en caso, de estar involucrado un alto funcionario (parlamentario) ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Cabe señalar que, debe existir un equilibrio entre la detención preventiva y el estado de inocencia que perdura durante el proceso; dentro de esa perspectiva, la detención en flagrancia es la excepción para aprehender provisionalmente al justiciable mientras se pone a la orden de la autoridad competente.
Conforme lo he señalado con anterioridad, el principio de inocencia constitucionalmente indica que, hasta que no se recaiga en sentencia firme sobre un determinado asunto criminal, con todos los requisitos y garantías que propone el debido proceso, el justiciable debe ser tratado como inocente. De tal manera, la sentencia penal definitivamente firme, es la única vía para declarar (no constituir) la culpabilidad.
Por lo que, más allá del grado de certeza que se tenga sobre la comisión de un hecho punible (delitos en grado de flagrancia) lo previsto en nuestra Constitución impide que se trate al individuo como culpable.
Al efecto, en mi voto salvado en el caso: GILBER ALEXANDER CARO ALFONZO, al puntualizar sobre el tema de la flagrancia, expuse:
En este orden de ideas, en mi opinión, en los casos de delitos denominados flagrantes, todos los diputados o diputadas de la República Bolivariana de Venezuela, gozan de la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria, por lo que no podrán ser enjuiciados si no se cumple con el antejuicio de mérito por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Al efecto, considero es necesario señalar:
Que la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, en su artículo 9 establece:
Artículo 9. Inmunidad: Los legisladores y legisladoras de los Consejos Legislativos de los Estados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, autorizará de manera privativa el enjuiciamiento del legislador o legisladora a quien se le impute la presunta comisión de un hecho punible y, previa autorización del Consejo Legislativo Estadal, podrá ordenar su detención. El expediente respectivo será remitido al tribunal de instancia competente para la continuación del enjuiciamiento.
En caso de delito flagrante, la autoridad competente lo o la pondrá bajo su custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia
Por su parte el artículo 10 eiusdem establece:
Artículo 10. Levantamiento de la inmunidad. A efectos del procedimiento
establecido en el artículo anterior, una vez recibida la autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Legislativo Estadal procederá a designar una comisión especial que se encargará de estudiar el asunto y presentar al Cuerpo en pleno, dentro de los treinta (30) días siguientes a su constitución, un informe pormenorizado, con una proposición sobre la procedencia o no de la autorización solicitada, garantizando, a todo evento, al legislador o legisladora involucrado, la aplicación de las reglas del debido proceso consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, en relación al tema de la inmunidad parlamentaria, en el fallo antes mencionado, expuse que:
(…) es una prerrogativa en beneficio de una función del Órgano Legislativo al que el Diputado se encuentra adscrito; no un privilegio, ya que la esencia de la prerrogativa, radica en ser un elemento de garantía de una función constitucional, que sirve a un interés del ordenamiento jurídico, a diferencia de los privilegios, que se refieren a esferas jurídicas particulares, no al fin de un interés constitucional general. La diferencia de los privilegios de carácter colectivo, que pertenecen a la Asamblea como cuerpo (así, la autonomía parlamentaria), de los privilegios individuales, que, aunque correspondiendo en principio a la Cámara y estando concebidos en beneficio de la misma, redundaban en favor de los parlamentarios, aunque no debían entrañar una ventaja personal, sino una protección objetiva, ubicándose aquí las prerrogativas parlamentarias (N. Pérez Serrano, Tratado de Derecho Político, Madrid, Civitas, 1976, p. 771). Lo que interesa es la prerrogativa como conjunto de derogaciones del derecho común en beneficio de la Institución Parlamentaria, o de ésta a través de sus miembros.
La inmunidad debe entenderse como una característica de privilegio funcional del órgano, porque obedece a razones superiores derivadas del cargo de representatividad propia de un diputado -principal o suplente-, pues, lejos de ser un instrumento personal, la inmunidad se obliga a responder a las necesidades de la función legislativa; es un poder propio del cargo y no de su detentador, en razón a que la función legislativa no solo se limita a hacer leyes, si no que va más allá, al configurar la representación del pueblo a través de quien ejerce su poder soberano.
Cabe señalar que, al gozar un diputado de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, por ser uno de los altos funcionarios del Estado, debe mediar un antejuicio de merito, en virtud de tal prerrogativa.
En tal sentido, el antejuicio de mérito es una figura prevista en la Constitución como un privilegio para los altos funcionarios, que tiene por objeto amparar a todos éstos para que no sean sujetos de acciones judiciales que los pudieran perturbar en el ejercicio de sus cargos, e incluso derivar en la amenaza de sufrir medidas privativas de libertad, vale decir, se trata de un requisito previo que se debe agotar antes de enjuiciar a dichos funcionarios.
El antejuicio de mérito tiene como fin último eliminar un obstáculo procesal para poder exigir responsabilidad penal a los funcionarios que gozan de tal prerrogativa procesal, en el no se dicta propiamente una sentencia condenatoria, por cuanto no tiene como finalidad la comprobación de la materialidad delictiva ni la acreditación de que tales hechos puedan atribuirse a título de autor o partícipe de un determinado hecho punible.
Es importante destacar, que a diferencia del ciudadano común, en caso de delito flagrante el mismo es puesto a la orden del Ministerio Público y cuando el presunto perpetrador del delito es un diputado o diputada, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indica que el mismo debe ser puesto a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando el debido pronunciamiento respecto a la procedencia del antejuicio de mérito para su enjuiciamiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 266 de la citada Constitución y 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Cónsono con todo lo antes expuesto, cualquier proceso que se realice contra un diputado o diputada sin cumplir con las prerrogativas constitucionales establecidas, constituye una violación del debido proceso; por lo que al diputado se le debió dar la oportunidad de la garantía constitucional a ser oído y derecho a la defensa técnica, establecido en el artículo 49 constitucional que establece: numerales 1: “la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso” y 3: “que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías (…)”.
En consecuencia, el pronunciamiento que debió corresponder, en mi opinión, era que la Sala Plena previo el procedimiento legalmente establecido en el artículo 379 de Código Orgánico Procesal Penal, determinara si existían méritos o no para el enjuiciamiento del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, para luego remitir al referido Consejo Legislativo estadal, la decisión, para el desafuero o no de su inmunidad parlamentaria y, en caso positivo remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público para que se siga con el procedimiento ordinario penal.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/julio/201023-55-12717-2017-2017-000056.HTML
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