Source: https://notariojavierdiez.com/ley-de-derecho-civil-vasco/
Timestamp: 2020-05-25 11:12:31
Document Index: 199691957

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 54', 'artículo 52', 'artículo 68', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 63', 'artículo 70', 'artículo 54', 'artículo 78', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 105', 'artículo 107', 'artículo 129', 'artículo 129', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 19']

Ley de Derecho Civil Vasco - Notario Javier Diez
La ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco, entró en vigor el tres de octubre de dos mil quince. Transcurridos ya más de dieciocho meses de su vigencia, comenzamos a ver, con alguna perspectiva, su incidencia en las personas que ostentan la vecindad civil vasca.
Este no pretende ser un análisis exhaustivo de la ley ni elaborar grandes construcciones doctrinales. No se dirige a juristas sino al público en general, interesado en la norma pero sin grandes conocimientos de derecho Se trata, en consecuencia, de dar ser un repaso tranquilo a sus preceptos desde el sentido común y desde la gramática básica. Partimos de una idea esencial: para conocer una norma lo mejor es leerla, leerla de principio a fin, sin atajos, y eso proponemos al lector.
Para facilitar la comprensión, se edita en cursiva el texto de la propia ley y en tipografía normal los comentarios.
No conocemos, salvo alguna excepción, las personas que componen ese colectivo al que se llama “el legislador”. Tampoco las vicisitudes que sufrió el texto en el trámite parlamentario. Somos comprensivos con el legislador y con los políticos: escribir bien no es fácil; escribir sobre derecho menos aún; escribir derecho positivo es muy difícil.
Como se apreciará inmediatamente, aunque la administración de la Comunidad del País Vasco suele ser políticamente correcta en sus escritos, la ley utiliza términos masculinos del tipo el causante o testador. Nosotros seguiremos el mismo criterio en los comentarios y adelantamos que utilizaremos la expresión “compañero superviviente” para referirnos a las personas que teniendo una pareja de hecho debidamente constituida han perdido al otro miembro de la misma.
Los autores de estos comentarios, Alazne Elosegui Zubiaurre y Francisco Javier Díez Ortiz, esperamos su colaboración.
La LDCV ha tenido, entre otros, cinco precedentes dignos de mención. El Título Preliminar del Código Civil, una de las piezas maestras de nuestra legislación, que data de 1973 y no ha sido superado por normas posteriores. La propia Ley de Derecho Civil Foral de 1992 (LDCVPV), la legislación civil de Aragón, el Código Civil de Cataluña y el derecho civil de Galicia. El error de la LDCV, como su predecesora, ha sido encabezar los primeros artículos con el epígrafe De las fuentes… mientras los otros códigos aluden a disposiciones preliminares y así pueden hablar de las fuentes, de la jurisprudencia y de otras cuestiones.
Se cita como fuente a la costumbre notoria y a la que, no siéndolo, resulte probada. Sin embargo, en el artículo 3, al hablar del derecho supletorio, sólo se menciona la costumbre foral. Quizá el legislador al hablar de costumbre foral quiere referirse a la costumbre vasca en general. Esta ley se aplica a toda la Comunidad Autónoma y aforado, en rigor, es una parte del territorio de Bizkaia, lo que se denomina Infanzonado o Tierra Llana.
Menciona la Ley dentro del epígrafe De las fuentes a la Jurisprudencia. Si hacemos caso al artículo 1, sería una fuente no jurídica, pero la jurisprudencia, aunque no crea las leyes, sí es jurídica. Más bien diremos que aunque no es exactamente una fuente de derecho, según los códigos citados, interpreta e integra las fuentes. Aquí, siempre tan nuestros, “depura” la interpretación.
De acuerdo con el principio de libertad civil, las leyes se presumen dispositivas y su renuncia es válida si no contraría el interés o el orden público ni perjudica a tercero. Quizá falta una mención al hecho de que, en ocasiones, la propia ley impide su renuncia.
Quizá este artículo tendría mejor encaje en el capítulo siguiente.
Este capítulo supone una novedad respecto de la LDCFPV; se recogen algunos principios que inspiran la nueva ley: la función social de la propiedad, ya recogida en la Constitución de 1978. El respeto a la persona, algo bastante obvio, el principio de solidaridad y el amparo que las leyes proporcionarán a las formas de propiedad comunal, familiar y social peculiares del derecho vasco. Tales principios son dignos de mención como fuente del derecho foral (art. 1), como elemento de integración de la misma (art. 2) y como condicionante de futuras modificaciones de la norma (art. 3, 2).
De la misma manera podrían haberse incluido auténticos principios como el de equidad, “los pactos son para cumplirlos”, igualdad, justicia, comunidad universal de bienes como naturaleza del régimen económico matrimonial de bienes en el matrimonio, legitima colectiva…
El artículo 7 refleja la cooficialidad de lenguas de la Comunidad Autónoma.
El capítulo comienza con una referencia a la Ley Civil Vasca, con mayúsculas, que suponemos es esta ley que comentamos. Uno de los grandes logros de esta norma es que se ha conseguido que sea aplicable a toda la Comunidad Autónoma aunque el Parlamento Vasco no tenga, en principio, competencia para modificar el Código Civil que está vigente, con las consabidas excepciones, en Euskadi. El caso es que instituciones típicas del derecho foral de Bizkaia tienen, por fin, alcance general para todos los vascos. Comentaremos en su momento la importancia de esta extensión en materia sucesoria. La sujeción a esta norma viene determinada por la vecindad civil vasca. Con buena técnica, los artículos precisan el ámbito de aplicación territorial y personal de la ley.
El caserío no es un principio, es toda una institución para los vascos. Jurídicamente, por tratarse de una finca de las que denominamos funcionales, los problemas más frecuentes que plantea tienen que ver con las posibilidades de segregar los llamados pertenecidos para formar fincas independientes. Esta problemática está relacionada con la obtención de las pertinentes licencias. Recuerdo que algún registrador de la propiedad admitía la segregación de los pertenecidos por considerarlos fincas independientes en origen aunque vinculadas a una edificación. Esto facilitaba notablemente algunas operaciones, normalmente sucesorias.
No consta la existencia de esa ley especial y la esperamos con interés.
Obviamente, el legislador se refiere a la servidumbre voluntaria de paso, ya que la legal la regula el Código Civil. Ésta es una servidumbre que requiere de su uso, a título de dueño en beneficio del predio dominante y no por mera complacencia o cortesía del sirviente. En cualquier caso, el concepto de “todas las necesidades del predio dominante”, a que se refiere el número 2, es amplísimo y posible fuente de litigiosidad. Pensemos en grandes explotaciones madereras, canteras u otras industrias cuyas necesidades son numerosas y variadas.
En un país de andarines y senderistas, actividad en auge en todo el mundo, este artículo tiene su interés. No se puede negar el paso de las personas que, a pie o a caballo (sin precisar el animal utilizado) precisan atravesar una finca sin ánimo lucrativo. Habrá que precisar en el futuro, porque éste también es país de ciclistas, si la prohibición de vehículo incluye las bicicletas.
En Bizkaia han existido tradicionalmente las Cofradías, como formas asociativas de naturaleza compleja, que coordinaban la gestión de los montes que previamente se habían distribuido por lotes entre los cofrades o propietarios de caseríos situados en su ámbito. Presentan una problemática muy compleja que pasa por determinar si el suelo es de propiedad particular del cofrade o éste sólo ostenta un derecho de aprovechamiento sobre el lote que le corresponde. Si la propiedad es pública interviene el derecho administrativo y las potestades del Ayuntamiento correspondiente. Ello ha dificultado históricamente la inscripción de éstos derechos en el Registro de la Propiedad y de ahí la necesidad de contar con un registro especial, como el que anuncia la ley. Esperaremos también a los desarrollos prometidos.
Entramos ya en cuestiones jurídicamente interesantes. Dice la ley que los derechos y obligaciones de una persona se transmiten a sus sucesores. Entre esos derechos debemos incluir, necesariamente, los de propiedad y otros derechos reales. Con sentido práctico, se utiliza en los testamentos la fórmula “bienes, derechos y acciones” porque casi ningún testador suele mencionar sus obligaciones como parte de su herencia. Esta transmisión se produce desde el momento del fallecimiento salvo que se haya otorgado un pacto sucesorio, del cual nos ocuparemos en su momento.
Entonces, los bienes, derechos y acciones se transmiten a los sucesores. Sucesor es, en un sentido corriente, el que se pone en lugar de otro. ¿Quiénes son los sucesores por causa de muerte? En el párrafo siguiente se habla de la “delación”. Al margen del significado peyorativo de la palabra, en sentido jurídico delación significa “llamamiento”, es decir, desde el momento de la muerte del causante se produce ese llamamiento a determinadas personas para que sucedan al difunto en sus derechos y obligaciones, o, más bien, para que decidan si quieren sucederle. Sucesor será el llamado a suceder que acepta serlo.
Cuando la ley habla no sólo de momento en el que se produce ese llamamiento sino de lugar, hace referencia a una cuestión importante como es la de qué ley es aplicable a esa relación jurídica que la muerte de una persona pone en marcha. Afecta a la legislación aplicable en el aspecto civil y fiscal, de trascendencia económica. Hasta la entrada en vigor de esta LDCV, coexistían en materia sucesoria dos legislaciones en Bizkaia, la foral y la común, lo cual era conocido a nivel popular y no siempre bien recibido por la discriminación que podía suponer.
La excepción a este momento de producirse la delación es la existencia de lo que llamamos “poder testatorio”. La ley debería de haber usado otro tiempo verbal, por ejemplo “si el fallecido hubiera hecho poder testatorio” ya que una vez fallecido no podrá hacerlo. Decíamos que en caso de existir poder testatorio, la delación queda suspendida hasta el momento en que dicho poder se utiliza por primera vez o se extingue por alguna de las causas previstas en la ley. Es lógico porque el comisario puede cambiar las disposiciones hechas por el causante y cambiar radicalmente el panorama. Imaginemos que un comisario, en uso de sus facultades, aparta de la herencia a uno de los hijos del testador. Este descendiente apartado no sería llamado a la herencia. Lo veremos con más detenimiento al estudiar el poder testatorio.
Si hablábamos de delación, aparece ahora el verbo “deferir”, complicado de interpretar y poco usado salvo en su sustantivo, deferencia, cuyo significado no coincide precisamente con el jurídico. Más que formas de suceder, deberíamos decir formas de ordenar la sucesión y así tenemos que la sucesión puede ordenarse por testamento, por pacto sucesorio (modos voluntarios) o por ley, a falta de los anteriores.
El párrafo segundo, referido a los modos voluntarios de ordenar la sucesión, dice que se puede disponer de los bienes en parte por testamento o en parte por pacto sucesorio. Más que una disyuntiva, lo que propone el artículo es que uno pude disponer de sus bienes totalmente por testamento, totalmente por pacto sucesorio o parcialmente por testamento y parcialmente por pacto.
Observemos que el legislador habla de disponer de los bienes. Al comienzo del Título, en las disposiciones preliminares se habla de sucesión en derechos y obligaciones. Para que quede claro, se puede disponer por testamento o por pacto sucesorio de bienes, derechos y obligaciones.
Lo importante es que un pacto sucesorio puede revocar un testamento anterior pero no a la inversa.
Estamos ya en sede de sucesión testada, es decir, voluntaria, y se puede ordenar a título universal o particular. La ley dice que es heredero el designado a título universal, pero este título se puede compartir entre varios herederos y puede referirse a una cuota de la herencia lo cual suena un tanto contradictorio con la universalidad. La ley quiere decir que se puede ser heredero de una cuota de herencia y que a tal heredero se le aplica el segundo inciso del número 2.
El designado a título particular se denomina legatario y está llamado a recibir algo concreto. No se le aplica el segundo inciso del número 2.
Una persona puede ser designado heredero y legatario a la vez. Ejemplo: “lego a mi hijo Iker el apartamento en Zarauz y en el resto de mis bienes instituyo herederos a mis tres hijos, por parte iguales.”
En este caso, el heredero – legatario puede aceptar el legado y renunciar a su herencia o, a la inversa, puede aceptar la herencia y rechazar el legado. Un legado rechazado por su legatario se refunde en la herencia. En nuestro ejemplo, el apartamento de Zarauz correspondería a los tres herederos por partes iguales.
Este es un supuesto especial de legado; un legado de gran importancia en relación al total de la herencia. A tal legatario se le considera heredero con las consecuencias que hemos visto. A la hora de “colocar” el valor del legado en la herencia, se empieza por completar la legítima del legatario si éste es, además, heredero forzoso. Veremos todo esto con detenimiento en su momento pero conviene adelantar que la legítima de hijos o descendientes supone un tercio de la herencia y es colectiva, es decir, se puede asignar en su totalidad a cualquiera de los hijos o descendientes o distribuirla entre ellos como disponga el testador. En este caso concreto, habrá que estar a la determinación la legítima que corresponde al heredero forzoso para imputar correctamente el legado. Lo que excede de la legítima se imputará a la parte de libre disposición.
A los efectos de la responsabilidad de los herederos se establece el beneficio de separación que los acreedores hereditarios, dentro del plazo de seis meses, a contar de la fecha del fallecimiento del causante, podrán solicitar del juez la formación de inventario y la separación de los bienes de la herencia, con el fin de satisfacer con los mismos sus propios créditos, según su respectivo rango, excluyendo a los acreedores particulares del heredero hasta la total satisfacción de aquellos créditos. Hasta tal momento, no se confundirán las deudas y créditos existentes entre el heredero y el causante, ni se extinguirán las correspondientes garantías.
Lo primero de todo, ¿qué quiere decir caudal relicto? Entendemos por tal el caudal que resulta de sumar el valor de todos los bienes y derechos que componen la herencia.
Primero se pagan los alimentos debidos a los hijos y descendientes del causante cuando esta obligación no corresponda a otra persona. Para saber qué son los alimentos a que se refiere la ley, tendremos que acudir al Código Civil: “se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”.
Después se satisfacen las cargas y deudas de la herencia. Al hablar de cargas, el legislador se refiere a las que son económicamente evaluables. En cuanto a las deudas, se comienza, si es el caso, por los gastos de última enfermedad, entierro y funeral.
Veamos ahora la letra c) del artículo. ¿Qué gastos pueden ser de cuenta del cónyuge usufructuario? Por sentido común, los gastos ordinarios de mantenimiento de los bienes que usufructúe. Aquí conviene señalar que estamos en sede de sucesión testada. ¿Ocurre lo mismo cuando el usufructo del cónyuge viudo es atribuido por ley? Es más, con carácter general, ¿esta norma sobre la forma de satisfacer las deudas de la herencia, sólo rige en la sucesión testada? Parece ridículo que así sea, de manera que aquí hay que dar un tirón de orejas al legislador por la mala sistemática jurídica. Las leyes, para ser entendidas, tienen que ser claras y estar bien ordenadas. Algo que se olvida con demasiada frecuencia.
Sigamos. De acuerdo con lo dicho, entendemos que el resto de artículo se aplica tanto a los herederos nombrados por testamento como por ley en defecto de testamento. Y es muy importante el punto 3, que limita la responsabilidad del heredero al valor de los bienes de la herencia en el momento de la delación, es decir, en el momento de fallecimiento del causante. Este precepto modifica la responsabilidad ilimitada del heredero que, sin él, respondería de legados, deudas y obligaciones del causante con los bienes de la herencia y con los suyos propios. Para evitar eso se instituyó la aceptación a beneficio de inventario.
En cuanto a los acreedores de la herencia, estos podrán pedir un inventario de los bienes que la componen y separar los necesarios para satisfacer las deudas. En ese sentido, el siguiente párrafo, que menciona a los acreedores particulares del heredero parece estar de más, porque el heredero hará frente a sus obligaciones a su debido tiempo y con sus bienes, heredados o no.
Del mismo mecanismo de aseguramiento de su derecho goza el legatario, una vez asegurados los acreedores, pero aquí hay que hacer un matiz importante. Si existe un legado que obliga al heredero a entregar un bien que no existe en la herencia, el heredero deberá adquirirlo para entregarlo. ¿Se aplica aquí la limitación establecida para esa adquisición? Según el artículo comentado, parece que sí.
Pagados acreedores y legatarios que hayan asegurado su derecho, se ha de pagar a acreedores y legatarios de acuerdo con las normas generales de prelación de créditos.
Veremos, en su momento, la cuestión del comisario.
Estamos ante un supuesto excepcional cuya incidencia estará estadísticamente constatada.
El testamento hilburuko se refiere al supuesto de la persona que se halla en peligro inminente de muerte y que no puede esperar a la llegada del Notario para hacer testamento.
Hay que hacer algunas precisiones a su contenido: en la actualidad y tras la entrada en vigor de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, de 2 de julio, el trámite de adveración o comprobación de la existencia del testamento, de su contenido y de la identidad de los testigos y de la protocolización o atribución a aquel de la forma pública de la que carece se hacen siempre ante Notario. Para los interesados en la cuestión recomendamos la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley del Notariado, modificados por la de Jurisdicción Voluntaria, que regulan el proceso de adveración de los testamentos ológrafos y demás de carácter especial.
Conviene hacer mención en este contexto a un caso, real y más habitual de lo que pudiera parecer: un padre (madre), próximo a fallecer, reúne a sus hijos y cónyuge y les manifiesta su voluntad, que redactan y firman. Esto no es un testamento hilburuko, porque todos los comparecientes tienen la condición de interesados en la herencia y, por tanto, no pueden ser testigos, sean o no más de tres. El caso tiene su trascendencia, porque aunque ese documento contenga el apartamiento de algún hijo, no puede dejar sin efecto un testamento anterior ni un posible llamamiento abintestato, por lo que aquel descendiente “apartado” dejaría de recibir algo que les correspondería por virtud de un testamento anterior o de la ley, y eso supondría, para los favorecidos, un exceso de adjudicación que tendría su impuesto correspondiente.
Resulta de difícil comprensión la definición que se hace en los dos primeros números del artículo. Parece diferenciarse entre:
a) el testamento mancomunado en el que dos personas, de común acuerdo, deciden testar en el mismo documento, ordenando el destino de sus bienes, derechos y acciones, que sería como redactar dos testamentos en un mismo documento, y
b) el testamento en el que ambos comparecientes simplemente designan comisario, con lo que estamos ante el caso de yuxtaposición, en un mismo testamento, de varios nombramientos de comisario, a favor de la misma o de distinta persona.
En este segundo caso, no creemos que el nombramiento de comisario impida a cada testador otorgar, además, un testamento individual, preventivo, para el caso de que el comisario designado no quiera o no pueda hacer uso del poder.
Por otra parte, en el caso de que solamente uno de los testadores designe comisario, no se entiende bien qué hace en este documento el otro testador, si no es otorgar su propio testamento, creándose un documento en el que uno de los testadores designa comisario y ordena testamento preventivo y el otro únicamente hace testamento. Pensemos en el caso de dos cónyuges casados en separación de bienes, uno con hijos no comunes, que da poder a favor de otra persona (incluso el otro cónyuge) para repartir su herencia y el otro ordena su propio testamento.
En cualquier caso, unificar dos declaraciones de voluntad mortis causa en un solo documento, puede suponer un peligro para la debida claridad de estas declaraciones. Lo malo de las declaraciones mortis causa es que el autor no puede explicarse sobre lo que ha dejado escrito y por eso se precisa en estos casos la máxima precisión.
Lo que se debe destacar en esta institución es que, cuando se hace un testamento en forma mancomunada, el otorgamiento va más allá de una cuestión formal: no se trata sólo de que se comparte documento; tiene que quedar claro el sentido de “pacto” que implica, el hecho de que “compartimos testamento porque queremos garantizarnos que todo lo que hacemos en contemplación del otro tiene que tener una protección especial y que solo se mantendrá si ese otro no revoca la disposición que hizo a nuestro favor y si no decidimos modificarlo de común acuerdo”, A esto se refieren los siguientes artículos.
Se considerarán correspectivas entre sí las cláusulas testamentarias de contenido patrimonial que traigan causa de las disposiciones del cotestador, con independencia de que unas y otras favorecieren a dicho otorgante o a tercero. La vinculación correspectiva o se presume, aunque puede acreditarse que fue implícitamente establecida por los testadores.
En los dos primeros números contempla el artículo los siguientes supuestos:
1) Cada testador designa a terceros (por ejemplo a sus hijos respectivos, no comunes), sin liberalidades mutuas.
“Yo, Juan … instituyo herederos a mis hijos Aitor y Miren, y yo, Ana…, instituyo herederos a los míos, Josu y Ariane.”
2) Cada testador designa a terceros (por ejemplo a sus hijos comunes), con liberalidades mutuas. Por ejemplo, el caso de los cónyuges que se dejan recíprocamente el usufructo universal de los bienes o la parte de libre disposición e instituyen herederos a los hijos comunes, dejándose o no poder testatorio recíproco. Será el caso más frecuente y para el que se ha usado históricamente esta forma testamentaria.
3) Cada testador ordena liberalidades a favor del otro. Este caso entendemos que es el que enlaza con el número dos del siguiente artículo, que se entiende mejor con un ejemplo: Juan y Ana, casados y sin hijos, se instituyen recíprocamente herederos y en su defecto, designan a la prima de Juan, Luisa y la de Ana, Pili. Fallecida Ana, le sucederá Juan, pero será sustituido por las dos primas, entiendo que en lo que no haya dispuesto aquel. Éste es un extremo que no se entiende bien en la Ley.
En el punto 3. hay una errata. La vinculación correspectiva no se presume. Quizá en redacciones diferentes a la que manejamos está ya corregida pero en la edición de la Academia Vasca de Derecho existe y confunde la inteligencia del párrafo por si la regulación de la institución no fuera ya de por sí bastante confusa.
En estos tres artículos es donde se refleja el carácter de “pacto” que acostumbran a tener las disposiciones contenidas en estos testamentos. En resumen:
En vida de ambos, el testamento quedará sin efecto:
a) Cuando ambos otorgantes lo quieran, diciéndolo en otro testamento o en un pacto sucesorio.
b) Cuando, estando casados, se hubiera dado una sentencia de nulidad, separación o divorcio. La separación de hecho no tiene efecto alguno.
c) Cuando la pareja de hecho se extinguiera, de manera legal y conste en el registro correspondiente, salvo el caso de matrimonio de los miembros de la pareja. La separación de hecho de la pareja de hecho (si se permite la expresión) tampoco tiene este efecto.
En los casos b) y c) no queda totalmente sin efecto el testamento: las disposiciones correspectivas a favor de hijos menores o incapacitados se mantienen. Esta disposición es de difícil comprensión y deja la duda de si llegando el menor a los 18 años, queda sin efecto la limitación. Serán los Tribunales los que nos aclaren si se refieren a todos los hijos o solo a los comunes y qué debe entenderse por “correspectiva”.
d) A voluntad de cualquiera de ellos, que deberá notificarse al otro. La falta de notificación no impide que quede ineficaz la revocación.
Fallecido uno de los testadores, se protege el carácter paccionado de algunas disposiciones, las correspectivas o las que tienen su fundamento en el testamento del otro. Éstas deben respetarse, prohibiéndose, incluso, la donación de los bienes a que se refieren a favor de otras personas distintas de los favorecidos. El incumplimiento de tal prohibición faculta al favorecido por el testamento mancomunado para reclamar, en el plazo de dos años, al donatario el valor actualizado de los bienes.
En la realidad de los despachos notariales no se otorgan muchos testamentos mancomunados. Tienen que empeñarse los testadores porque no conocemos muchos notarios que los recomienden. Quizá por la propia confusión de su regulación y porque, se diga lo que se diga, el testamento es un acto personalísimo. A los legisladores les resulta obligado incluir en sus códigos las instituciones que vienen de la tradición aunque su incidencia práctica sea testimonial.
Estamos ante una de las instituciones de mayor tradición histórica en nuestro derecho foral vizcaíno.
Generalmente se utilizaba por los esposos o miembros de una pareja de hecho, aunque podía ser utilizado por otras personas. Por su mayor incidencia en la práctica notarial, conviene hacer algunas precisiones relativas al supuesto de utilización del mismo por esposos o miembros de la pareja de hecho.
El poder testatorio, que en este caso se denomina “Alkarpoderoso”, es probablemente una de las fórmulas más eficaces de protección del viudo o compañero superviviente y de las que proporciona al mismo una mayor libertad para disponer entre los hijos o descendientes del patrimonio familiar. Quizá por ello ha sido conocido popularmente como “testamento del uno para el otro”.
Tal expresión parece dar a entender que el viudo o compañero superviviente adquiere todos los bienes al fallecimiento de su pareja y que aquello de lo que no hubiera dispuesto, pasará a sus hijos. Tal creencia ha dado lugar a más de un disgusto para el viudo o compñaero, que ve que su situación se resuelve en un derecho de usufructo universal o de dominio de una parte y su facultad de distribuir la herencia del que se fue entre sus hijos o descendientes, pero sin poder vender o hipotecar bienes afectos a la sucesión.
Dicho esto, analicemos como regula la LDCV esta institución ahora generalizada a toda la Comunidad del País Vasco.
La declaración inicial no merece mayores comentarios pero menciona al testador como persona que puede encomendar a una o varias personas esas importantes facultades.
Si el artículo 30 mencionaba únicamente al testador, el siguiente menciona, además del testamento, las capitulaciones matrimoniales, los pactos sucesorios, el pacto regulador de régimen económico patrimonial, siempre que todos ellos se otorguen en documento público ante notario. ¿Convierte ese otorgamiento a los firmantes en testadores? Parece que no. En ese caso, el legislador ha querido reiterar en el artículo 31 la primera opción para nombrar comisario y tres más. Quizá un artículo único, claro y preciso, hubiera sido más práctico.
Lo primero es una obviedad ya que un comisario incapaz no podrá ejercer sus facultades aunque lo fuera en el momento de ser nombrado o, en su caso, en el momento de fallecer quien lo ha designado.
Lo segundo plantea una disyuntiva interesante. Los sucesores designados deberán ser capaces de suceder cuando fallezca el causante que ha designado al comisario o cuando el comisario ejercite el poder.
Para resolver esta cuestión tendremos que acudir al Código Civil, por una parte, y retroceder en la propia LDCV.
No vamos a entrar en honduras jurídicas pero sí conviene decir que la incapacidad para suceder no es la derivada de enfermedades mentales o neurológicas sino la derivada de actos ilícitos en relación con el testador o su familia, de la misma manera que son incapaces para suceder las asociaciones no permitidas por la ley.
Pues bien, recordemos el artículo 17.2: “Si el fallecido otorga poder testatorio, la sucesión, respecto a los bienes a que alcance dicho poder, se abrirá en el momento en que el comisario haga uso del poder, o se extinga el mismo por cualquiera de las causas enumeradas en esta ley.”
Ejemplo: una persona condenada por atentar contra la vida del cónyuge del testador no podrá ser elegido sucesor por el comisario. Si el atentado se produce después de fallecido el testador pero antes del uso del poder, tampoco podrá ser designado sucesor.
Si entendemos bien el poder testatorio, una persona será heredero o legatario cuando el comisario lo nombre como tal y recibirá los bienes del causante cuando el comisario lo decida. Hasta ese momento, nadie es sucesor y su capacidad es irrelevante.
Normalmente, se designa comisario al cónyuge o al otro miembro de la pareja de hecho. Normalmente también, el comisario está facultado para designar sucesor entre hijos y descendientes comunes pero el artículo plantea otras opciones, posibles, aunque menos frecuentes. El cargo de comisario viene a reforzar el papel del cónyuge viudo o del compañero superviviente frente a posibles reclamaciones impertinentes de hijos o descendientes.
El artículo piensa en hijos o descendientes porque fuera de ellos nadie puede señalar presuntos sucesores, es decir, los parientes no legitimarios y los extraños no tiene por qué exigir inventario alguno.
Los hijos y descendientes y los acreedores de la herencia, que sí son ciertos, pueden impugnar el inventario en la forma señalada.
En cuanto al inventario, teniendo en cuenta lo dicho sobre la abrumadora mayoría de comisarios cónyuges o miembros de pareja, llama la atención que no se haya previsto la posible dispensa por el testador del citado inventario.
Como cuestión previa, debería indicarse que antes de la autoadjudicación, procede la liquidación del régimen económico del matrimonio del causante. Esta facultad liquidatoria parece implícita en la adjudicación pero la ley guarda un silencio y genera, cuando menos una duda, que no se resuelve en el capítulo dedicado a la comunicación foral de bienes.
El testador puede designar representante y administrador de la herencia a persona diferente del comisario. Si no dice nada, la representación corresponde al cónyuge o compañero superviviente, como se ve más adelante, y en defecto de este, al propio comisario.
Lo habitual será que el testador designe administrador al propio comisario y lo más habitual, con mucha diferencia, es que el cónyuge o compañero superviviente sea designado comisario.
Aquí el legislador se limita a señalar quién es el representante y administrador. El artículo 41, al regular e plazo de ejercicio del poder testatorio, insiste en su punto 3 en que el cónyuge o compañero superviviente nombrado comisario, es representante, administrador y usufructuario del patrimonio hereditario. Y el artículo 43 regula las facultades de administración, representación y disposición del cónyuge o compañero superviviente designado comisario. Quizá este artículo 37 podía haberse ocupado de todo esto.
Una cuestión importante en la vida práctica tiene que ver con la actuación del comisario en relación con las cuentas bancarias del causante. Los bancos, en general, tienden a forzar al cónyuge comisario a disponer de parte de la cuentas a favor de alguno o todos los hijos para dejar operativamente la cuenta a nombre de varios titulares y someter su administración al consentimiento de todos ello, contra el sentido de la norma.
El punto 3 encajaría mejor en el artículo 37, como hemos dicho.
Muy importante. El comisario puede ejercitar sus facultades por partes, o, como dice la ley, en actos diferentes. Un caso típico es el del comisario que, sin disponer, de momento, de los bienes inmuebles, pretende liquidar las cuentas del causante de acuerdo con las personas que designe. Los bancos tendrían que apuntarse este detalle para facilitar las operaciones de adjudicación del dinero existente en la herencia.
Muy importante también el hecho de que el comisario puede hacer testamento por sí y como comisario. A veces, en los certificados del Registro de Últimas Voluntades aparece el testamento otorgado por una persona fallecida con anterioridad. Este es el caso del testamento hecho por el comisario. Normalmente, el cónyuge comisario ordena la sucesión de su cónyuge y la suya propia en el mismo documento. Este testamento “doble” es revocable en su totalidad.
En el punto 5 vemos de nuevo el carácter colectivo de la legítima de hijos y descendientes. El cónyuge o compañero superviviente designado comisario, con autorización de cualquiera de los legitimarios, podrá disponer de bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos de la herencia. Lógicamente, si los legitimarios son menores o están incapacitados judicialmente, el comisario necesita autorización judicial.
Ahora bien, ¿cuál será el carácter del dinero o de los bienes recibidos en contraprestación a esa disposición “consentida” por uno de los legitimarios? Si entendemos que no hace falta que el comisario ejercite el poder testatorio para poder disponer de ese bien sino que puede hacerlo por sí, con autorización, la contraprestación será “herencia” del causante, como los demás bienes que haya dejado.
Insistiendo con las facultades de disposición, las tendrá el viudo o compañero superviviente designado comisario, cuando fuera autorizado para ello, a los solos efectos, parece de pagar deudas y cargas o de sustituirlos unos bienes por otros, suponemos que más rentables. Este caso podría referirse a las cuentas de valores, en las que las entidades bancarias, como señalábamos anteriormente, suelen ignorar las facultades citadas y se concluye forzando un ejercicio del poder para poder vender las acciones.
Como resumen podemos afirmar que el poder testatorio, en un porcentaje que roza el 100, se otorga a favor del cónyuge y, de ahora en adelante, además, a favor del otro miembro de la pareja de hecho, que viene a ser lo mismo. Otras opciones, legales si duda, son “rara avis”. Podemos asegurar que en toda nuestra experiencia en notaría sólo hemos asistido a un nombramiento de comisaria a favor de una hija, existiendo hermanos de la comisaria.
Una de las novedades de esta Ley es la desaparición de los ascendientes como legitimarios, aunque pueden ser tronqueros.
Según el artículo, hay tres limitaciones a la libertad de testar: dos subjetivas y una objetiva. Las subjetivas son la legítima de hijos o descendientes de cualquier grado y la legítima del cónyuge viudo o miembro de la pareja de hecho que sobrevive. La referencia a la concurrencia con otros herederos sólo se aplica a este segundo supuesto.
Limitación objetiva es la existencia de bienes troncales en el patrimonio del testador, cuyo destino no es libremente elegido por éste si carece de descendientes. Veremos con detalle la troncalidad.
No obstante, y con la finalidad de entender la operativa que establece el artículo en su párrafo segundo, podemos citar como situación de conflicto entre la troncalidad y la legítima el caso en el que un hijo es instituido en su legítima y el viudo instituido heredero universal. Si todos o la mayor parte de los bienes hereditarios son troncales, la institución de heredero a favor del cónyuge puede quedar vacía de contenido o con un contenido muy limitado.
Adelantamos que la legítima de los descendientes es un tercio de la herencia. Al hijo se le paga su legítima con bienes troncales y los demás bienes troncales serán también para el hijo. El cónyuge viudo sólo puede adjudicarse bienes no troncales aunque estos no cubran los otros dos tercios a los que, como heredero, estaría llamado.
Llegamos a uno de los conceptos que ha puesto a la LDCV en el candelero mediático. Lo que en prensa y televisiones (con mínimo rigor) se ha equiparado a la facultad de desheredar a los hijos.
El apartamiento es una facultad del disponente o causante: puede decidir quién o quiénes, de entre aquellos que la ley de indica, van a recibir sus bienes y de qué manera. Antiguamente, era facultad del disponente o causante el destinar el caserío a favor de alguno de sus hijos, apartando a los demás, con lo que quisiera. La Ley lo permitía con la finalidad de evitar la excesiva fragmentación del caserío como unidad de producción y de economía familiar.
La desheredación, sin embargo, es una sanción al legitimario que ha cometido un acto o ha mantenido una conducta gravemente atentatoria contra la vida, la integridad o la dignidad del causante o disponente. La desheredación debe fundamentarse en causas legales, graves, tasadas en el Código Civil.
Al configurarse la legítima vasca como colectiva, el testador puede apartar a todos los legitimarios menos a uno, porque el destino del patrimonio está “dirigido” a alguien dentro de un grupo familiar. Apartar a todos es imposible, porque no es coherente con la finalidad y la filosofía de la institución pero, si se dan las causas legales, se puede desheredar a todos los legitimarios.
La nueva ley, en consecuencia, siguiendo los principios del derecho foral, configura la legítima de los descendientes como colectiva, es decir, toda la legítima se puede dejar a uno o varios legitimarios pero no hay que dividirla entre todos los legitimarios como ocurre en el Código Civil con la legítima estricta.
Para apartar a un legitimario basta la voluntad del disponente, expresa o tácita: no es necesario ningún pronunciamiento especial, es más: basta con no mencionarle. La preterición (el olvido) de un legitimario equivale a su apartamiento.
De acuerdo con el punto 5, se puede renunciar a la legítima únicamente en virtud de pacto sucesorio entre una persona y su legitimario (causante lo será cuando fallezca, no antes). En otro alarde de redacción, el legislador intenta aclarar que salvo renuncia de todos los legitimarios, se mantiene la intangibilidad de la legítima para los que no hayan renunciado. De cajón, pero el testador sigue con facultad de apartar a quienes no hayan renunciado.
Un supuesto de interés es el de renuncia de todos los legitimarios, en pacto sucesorio, para que el viudo asuma o continúe un negocio familiar. Para que sea eficaz la renuncia debería tratarse de un negocio en el que no haya bienes troncales.
Volveremos sobre el tema pero teniendo en cuenta la peculiaridad de la legítima vasca y la posibilidad de su renuncia anticipada en vida del futuro causante, cabe hacerse la pregunta: ¿renunciar a la legítima implica, necesariamente, renunciar a toda la herencia?
Caudal hereditario. ¿De qué se compone? Este artículo solo se refiere a la cuantía de la legítima. Las reglas para su liquidación se establecen en los artículos 58 y 59 de la Ley, que veremos
Este artículo debe entenderse en relación con el supuesto al que se refiere: la existencia de legitimarios. La protección del legitimario sólo tiene sentido cuando la sucesión es testada. Si no hay testamento o pacto sucesorio, se abre la llamada sucesión intestada y los legitimarios recibirán la cuota que les corresponda: los hijos heredan por partes iguales y si algún hijo ha fallecido antes que el causante, sus hijos (nietos del causante) reciben la parte que le hubiera correspondido por derecho de representación.
En sucesión testada, nos referimos al caso en el que una persona fallece, habiendo dejado testamento en el que instituye a uno o varios herederos y alguno o algunos han premuerto o han sido desheredado.
Aquí no hay propiamente derecho de representación. Aquí opera lo que llamamos sustitución, ordenada por el testador previendo esas posibilidades de premoriencia, porque si el testador quiere que en defecto de un hijo sucedan los nietos, debe decirlo, porque de lo contrario debemos entenderlos tácitamente apartados.
El artículo es confuso porque al hablar de sustitución y de representación no sabemos si tiene que entenderse como una disposición que se superpone a la voluntad del testador, poniendo en lugar del premuerto o desheredado a los hijos de aquel pero sólo en cuanto a sus derechos legitimarios, cuando el testador no hubiera ordenado una sustitución expresa.
Reiteramos lo dicho. Con elegir a uno solo de los hijos o descendientes (nietos, bisnietos…) la legítima está correctamente atribuida. Si todos son olvidados, se anulan las disposiciones de contenido patrimonial y sólo perviven las de tipo personal. Se abrirá en consecuencia la sucesión abintestato para determinar quiénes son los parientes llamados a esa herencia.
El punto 3 es confuso. Si un hijo apartado por su padre comprueba que la legítima de su hermano favorecido no llega al tercio de los bienes del testador, ¿a qué terceros puede reclamar? ¿qué puede reclamar?
Así como la legítima de hijos y descendientes se ha visto reducida en la nueva ley en relación con la LDFPV, pasando de cuatro quintos a un tercio, la del cónyuge viudo permanece igual pero se añade como legitimario en igualdad de condiciones al miembro supérstite de la pareja de hecho.
En la legislación anterior al año 1995, la posición del cónyuge que “venía al caserío” del otro cónyuge quedaba protegida fundamentalmente, en Bizkaia y para el caso de fallecimiento, a través del régimen económico matrimonial de comunicación foral de bienes. Fallecido uno de los cónyuges, habiendo hijos comunes y sin haber mediado separación o divorcio, se constituía una comunidad universal entre el viudo y los hijos comunes, en la que aquel tenía la mitad de todo y la posibilidad de distribuir la herencia, si se he hubiera otorgado a su favor poder testatorio.
Puesto que el ejercicio de dicho poder estaba sujeto a plazo (prorrogado casi de forma indefinida por la práctica notarial), el derecho del viudo sobre la mitad sujeta a designación, se completaba con el derecho de habitación, antecedente del que hoy se contempla en el artículo 54 y con los pactos de convivencia entre el designado y el viudo.
El viudo queda, no obstante la legítima y el derecho de habitación, en una posición sustancialmente diferente, en función del régimen económico matrimonial que hubiera regido su relación. En el epígrafe correspondiente se hablará de la trascendencia de dicho régimen en la posición del viudo y, ahora además, de aquel de los miembros que hubiera sobrevivido en la pareja de hecho.
No se ha explicado suficientemente la importancia de dicho régimen económico ni las posibilidades de pacto que, al respecto, prevé la Ley de Parejas de Hecho para la protección del que sobreviva.
La conmutación del usufructo es una solución clásica que viene muy bien, especialmente, entre cónyuges e hijos de un matrimonio anterior del causante.
Habitualmente y, teniendo en cuenta un criterio fiscal, se valora el derecho de usufructo y se compensa en metálico o con una mayor participación en propiedad de bienes. No suele ser habitual la constitución de una renta.
Como se ve, en última instancia se tiene que acudir a la vía judicial para que la conmutación pretendida sea efectiva.
Mientras eso no ocurre, todos los bienes de la herencia, incluidos los troncales, están comprometidos para el pago de ese usufructo.
El párrafo tercero es una regla de liquidación de las que el legislador toma nota por la práctica que habrá analizado en notarías y despachos de abogados.
Este derecho de habitación supone un intento de asegurar que el cónyuge viudo o el compañero que sobrevive permanecer en la vivienda del matrimonio o la pareja aunque solamente tenga el usufructo de la mitad que le corresponde por legítima. No parece llamado a tener un largo recorrido en la práctica pero ahí queda.
Aquí el problema es de interpretación. Quién decide qué cosa es hacer vida marital. Por otra parte, lo de la relación afectivo-sexual es una expresión utilizada por todos los legisladores en los últimos tiempos cuya decantación corresponde a los tribunales. Veremos.
Si se entiende bien, le legítima de los hijos o descendientes es intocable y sólo puede gravarse si el gravamen es a favor de otro sucesor forzoso. En este contexto, ¿el cónyuge o el compañero supérstite es sucesor forzoso? Así lo define el artículo 52 y sin embargo, en otro alarde de inconsistencia, el punto 2 habla, ahora, de los derechos del cónyuge viudo o compañero supérstite y afirma que estos no afectarán a la intangibilidad de la legítima. Es lógico que el legado del usufructo universal no perjudique la legítima porque es voluntario pero el legado del usufructo de la mitad de los bienes (concurriendo con descendientes) es legítima.
Este artículo, en su apartado primero, permite establecer gravámenes sobre los bienes heredados a favor de otros legitimarios, lo cual puede resultar de interés en el caso de familias con hijos discapacidados a quienes se les atribuyen las rentas o rendimientos de los bienes hereditarios.
Cuando se menciona la incompatibilidad del legado de usufructo universal con el de la parte libre, entendemos que es el legado del pleno dominio de la parte libre. Más que incompatible, resultaría que el legatario del pleno dominio de la parte libre no necesita del usufructo porque está incluido en su pleno dominio. Lo que puede ordenar el testador es que al cónyuge se le atribuya el pleno dominio de la parte de libre disposición y el usufructo del tercio de legitima*. Y aquí volvemos a la polémica sobre el gravamen de la legítima a favor de otros legitimarios.
No es lo mismo determinar el importe teórico que debe entenderse por legítima en una herencia que, una vez determinado, considerar si con lo recibido por los legitimarios se cubre dicho importe.
La fijación del haber legitimario implica “computar” el importe de las donaciones que tienen la condición de computables y adicionarlo a la diferencia entre el valor de todos los bienes y derechos de la herencia y las cargas de la misma. A este proceso se le ha llamado en muchos comentarios al Código Civil “reunión ficticia”. Hasta ahora sólo estamos ante la fijación de un presupuesto de actuación: el importe de la legítima.
La expresión “cálculo de la herencia” es horrorosa e impropia de un jurista o, incluso, de un aficionado. Más bien se trata del cálculo de la legítima que, según el artículo es la tercera parte del valor total de la herencia menos cargas y deudas más donaciones computables. Computables a estos efectos son las hechas a favor de extraños y las hechas a favor de otros legitimarios sin apartamiento expreso de los demás.
En donaciones, al parecer, a diferencia del testamento, la no mención de los otros legitimarios no implica su apartamiento tácito: hay que mencionar que se aparta a cualquier otro hijos o descendientes de la donación que se realiza.
A la regla de valoración de las donaciones computables, se añade en los números siguientes, la cuestión de la colación, institución que pretende mantener la igualdad entre los legitimarios. El donante puede eximir al donatario de colacionar lo donado o apartar a los demás legitimarios de la donación, con igual efecto.
Una vez fijada la cuota teórica de la legítima, tendremos que ver si procede colacionar las donaciones o las disposiciones realizadas por causa de muerte. En caso de que así sea, tendremos que valorar los efectos de la colación. En efecto, en el derecho común, la colación de las donaciones y de los legados es un medio para salvar la legítima, de forma que trae su valor a la herencia y se imputan a los tercios de libre disposición, mejora o legítima en la forma que prevé el Código Civil, procediéndose, en su caso, a la reducción de las mismas.
Pero en nuestro derecho, no aparecen regulados los efectos de la colación. Una donación, por ejemplo, a favor de un extraño, deberá ser reducida en la forma que se dice de forma que, si hay un exceso que perjudique la legítima, deberá ser reintegrado al o a los legitimarios.
Una donación a favor de un legitimario (o una atribución en pacto sucesorio), sin apartamiento, será colacionable y deberá traerse a la herencia en la medida que perjudique la legítima colectiva, que deberá reintegrarse.
La colación no debe confundirse, entendemos, con la igualdad de los herederos: una donación colacionable no es aquella que se hace a cuenta de la cuota del heredero en su sucesión, cuando le corresponda, sino una donación que no puede lesionar la legítima colectiva.
Se echa en falta la existencia de una regla de imputación que recoja, si procede, la anterior consideración.
El número 4 es de expresión confusa. Por disposiciones sucesorias sólo pueden entenderse aquí aquellas que se hacen entre vivos puesto que la disposición sucesoria por antonomasia es el testamento y en él, como hemos visto, no hace falta mencionar a uno o varios legitimarios para apartarlos.
Otra regla de liquidación. La primera opción, siendo jurídicamente posible, se dará poco en la realidad. Si somos sinceros, la inmensa mayoría de poderes testatorios se otorgan a favor de cónyuges o, con esta nueva ley, a favor de cónyuges y/o miembros de pareja de hecho.
Nuestro legislador vuelve a sorprendernos. Coloca la troncalidad, institución esencial del derecho foral vizcaíno, dentro de las limitaciones a la libertad de testar. Como si la cosa no tuviera otro encaje y otras consecuencias civiles, al margen de la sucesión forzosa, como se verá.
Esta institución ha impregnado el derecho de Bizkaia en múltiples aspectos, con la finalidad de asegurar el mantenimiento de ciertos bienes dentro de un ámbito subjetivo familiar determinado.
La troncalidad es una institución que merecía, a nuestro entender, un tratamiento diferente y merecerá la pena hacer una breve introducción, por partes:
1º.- Los bienes troncales son bienes raíces, es decir, inmuebles. El exponente clásico, pero no único, es el caserío.
2º.- Solamente son troncales los inmuebles ubicados en el infanzonado o tierra llana en Bizkaia y en Llodio y Aramaiona.
3º.- El bien troncal está vinculado a una familia, en cuyo grupo trata de mantenerse.
4º.- El “esfuerzo” por mantener el bien en la familia implica limitar su transmisión a quienes no se considera que forman parte de la misma. Por ello, tiene su manifestación en la limitación a la libertad de testar, pero también a las facultades de disponer por actos entre vivos, incluso onerosos o por precio.
Y vamos al derecho positivo.
No es que sólo sean bienes raíces, inmuebles, los situados en las zonas indicadas. Es que sólo son troncales los bienes raíces situados en tales zonas.
Al enumerar las villas exentas del infanzonado, el artículo sigue el mismo orden analfabético de la ley de 1992, colocando a Portugalete por delante de Plentzia, por razones que nadie logra entender si las demás villas van bien ordenadas.
Como decíamos antes, los bienes troncales están adscritos o vinculados a una familia y afectados por un sistema de protección que pretende evitar su salida de aquella: los actos que perjudiquen a los parientes tronqueros pueden ser impugnados.
Obviamente, si no hay parientes tronqueros cuyos derechos puedan verse perjudicados, no hay limitación alguna a la disposición.
Ahora bien, ¿qué quiere decir el número 3? Veamos: una persona adquiere de un tercero un caserío que fue de su abuelo. Esto lo convierte en troncal según el artículo 68.1 que veremos desde el momento de su adquisición. ¿por qué habría que transmitir este inmueble a un descendiente para que sea troncal cuando no ocurre así en los demás supuestos?
Este artículo completa el 61 que daba una definición puramente territorial:
Raíz o inmueble es la propiedad y otros derechos reales de disfrute que recaigan sobre el suelo y todo lo que sobre el mismo se edifica, planta y siembra y que no sea separable. Se trata no sólo del caserío, sino también de los pisos, viviendas, garajes u otros elementos que se hallen situados en un edificio.
El inmueble tiene que estar situado en el infanzonado o tierra llana en Bizkaia y en Llodio y Aramaiona. Veremos las excepciones en el siguiente artículo.
Durango, por ejemplo, tiene alguna especialidad al respecto, por tener barrios que se consideran parte del infanzonado.
La referencia a la posesión podría haberse evitado porque en esta materia debemos hablar de propiedad.
Y para entendernos, son parientes troncales los hijos y todos los demás descendientes, los ascendientes hasta llegar al adquirente del bien, y hablando de colaterales, son posibles tronqueros los hermanos (si el adquirente es el padre o madre), los tíos, los sobrinos y, finalmente, los primos ( si el adquirente es el abuelo o la abuela).
Antes de regular la excepción del artículo 63.3, quizá debiera haberse definido quiénes son los parientes tronqueros, o parientes cuya expectativa sobre dichos bienes protege la ley. Esto lo hace el artículo 66 y 67. Por cierto, hablar hoy en día de que el parentesco puede ser por consanguinidad o por adopción tiene una resonancia un tanto antigua.
El tronquero principal, el tronquero por excelencia es el hijo o descendiente respecto de los bienes adquiridos por sus padres. Y la regla general es que debe serlo siempre, aunque se trate de un bien adquirido a título oneroso por sus padres. Dentro de este grupo, y sin limitación alguna, lo son todos los hijos y descendientes. Esta línea descendente es preferente a las demás.
En defecto de los mismos, serán tronqueros los ascendientes, hasta llegar al pariente que adquirió el bien.
Los cónyuges que adquieren un inmueble son tronqueros y si, por ejemplo, lo hereda un hijo que fallece sin descendencia, tienen derecho a recuperar ese bien como tronqueros de la línea ascendente.
En defecto de todos ellos, entran los colaterales a gozar de la condición de tronqueros. Para saber si tenemos o no dicha condición, subiremos hasta el adquirente del bien y bajaremos hasta la persona que pudiera tener dicha condición. Para calcular los grados hay que subir hasta el pariente común y bajar desde el hasta el interesado. Cada generación es un grado. Por ejemplo: fallece una mujer, soltera y sin hijos, que ha heredado el caserío que compraron sus padres. Subimos de la mujer a sus padres (un grado) y empezamos a bajar: hermano de la mujer (otro grado), sobrinos de la mujer (otro grado). Es decir, los hermanos son parientes de segundo grado; los sobrinos, de tercer grado respecto a su tío; los primos son parientes de cuarto grado. Ahí se acaba la troncalidad.
Con la excepción del repetido artículo 63.3, la troncalidad nace para los descendientes desde el momento en que un bien de los descritos es adquirido. Sorprende la referencia a que la adquisición debe ser hecha por una persona de vecindad civil local vizcaína o de los términos municipales de Aramaio o Llodio. La troncalidad ha sido históricamente una propiedad del bien, con independencia de la vecindad de su titular. Y, además, los bienes troncales lo son con independencia de la vecindad de los tronqueros. Y, además, se reconsidera el carácter troncal del bien y la existencia de tronqueros, en el momento de pérdida de vecindad civil local vizcaína (no se dice nada de Llodio ni de Aramaiona). Esto da lugar a las siguientes conclusiones:
1º.- Si un aforado vizcaíno compra en estado de soltero un caserío en Abadiño, por ejemplo, el bien será troncal para sus descendientes, si los tiene cuando fallezca y si mantiene su vecindad local. Pero si antes de tener hijos, se muda a Eibar y pierde la vecindad civil vizcaína, el bien no tendrá carácter troncal para los hijos que tenga después de hacerse eibarrés.
2º.- Si un soltero de Eibar compra un caserío en Abadiño, el bien no será troncal para sus descendientes, si los tiene cuando fallezca.
Resulta algo contradictorio dar soluciones diversas a una vinculación que en todos los casos tiene idéntico sentido familiar.
Gran novedad respecto a la ley de 1992 que era de una rigidez insufrible.
La protección de los derechos o expectativas de los tronqueros tiene un ámbito muy superior al de las limitaciones para testar: afecta a la sucesión forzosa y a las facultades dispositivas por actos inter vivos de los titulares de los bienes. Se hallan aquí las sanciones de anulabilidad de determinadas disposiciones y los derechos de adquisición preferente, con su corolario: la saca foral.
Los actos de disposición inter vivos a título gratuito, a favor de extraños y parientes de una línea no preferente son anulables, en el plazo de caducidad de cuatro años.
La flexibilización del sistema, sustituyendo la nulidad por la anulabilidad, suaviza las consecuencias de actos que antes no eran viables. Por ejemplo, las cesiones gratuitas de terrenos para viales a favor de los Ayuntamientos.
La regla general es que la troncalidad prevalece sobre la legítima.
El artículo 70 regula situaciones diversas, alguna de las cuales no tiene nada que ver con lo dicho: es la relativa al pago de deudas, en la que sin embargo se sienta un principio general: a los acreedores se les paga, en la medida que fuera posible, siempre con cargo a bienes no troncales y sólo como último remedio con troncales. Si el fallecido sin descendientes, por ejemplo, sólo tuviera bienes troncales, de procedencia paterna y materna, y deudas importantes, éstas se pagarán, irremediablemente con bienes troncales y dice la ley que proporcionalmente a su importe. Es decir, si los troncales del padre son 80 y los de la madre, 20, responderán de la deuda en proporción del 80% y el 20%, respectivamente.
La legítima del viudo deberá recaer sobre bienes no troncales y sólo en su defecto sobre otros que no lo sean. Dado que la legítima del viudo es siempre un derecho de usufructo, no se entiende bien que se establezca esta regla de imputación y se añada en el número 5 que no afecta a la intangibilidad de los bienes troncales.
Quizá quiera decir que puesto que la legítima del viudo se halla constituida por una cuota en usufructo, sería deseable proteger la troncalidad asignándole el uso de cuentas, fondos o inmuebles no troncales. Resultará complicado cuanto la mayor parte de los bienes sean troncales, lo que abre la puerta a la conmutación del número 6.
El número 5 habla de los derechos “reconocidos” al viudo. Entendemos que se refiere a la legítima, al derecho de usufructo universal reconocido por testamento o pacto y al derecho de habitación del artículo 54.
En cualquier caso, todos estos derechos son conmutables, cuestión ya analizada, a la que se añade la regla general: los tronqueros pueden (parece que sin consentimiento del viudo), realizar la conmutación de sus derechos, en la parte que los grave. Sin embargo, la valoración de dicho derecho requerirá consentimiento del viudo o determinación judicial.
Salvo disposición en contrario del testador, los bienes que se reciban, por ejemplo, por un hijo, y que sean troncales, servirán para cubrir su parte de legítima: Se limita así el que pueda pagarse en metálico, por ejemplo, la legítima y cobrarse como tronquero con bienes troncales, en perjuicio del beneficiado por una disposición con cargo a la parte libre.
El número 4 permite establecer, por ejemplo, una sustitución fideicomisaria, siendo fiduciario un hijo con incapacidad y fideicomisario otro hijo. Dichos gravámenes deben quedar en la misma línea.
Aunque no lo parezca, seguimos en la sección de limitaciones a la libertad de testar.
Debemos insistir: aunque no lo parezca, porque estamos tratando de derechos de adquisición preferente para el supuesto de transmisiones inter vivos de carácter oneroso, seguimos en la sección de limitaciones a la libertad de testar.
Cuando se pretende transmitir un bien troncal, hay determinados parientes del transmitente que tienen un derecho de adquirir ese bien precisamente por su condición de parientes en esa familia en la que el bien se adquirió.
Este derecho se desarrolla en dos fases: una previa a la transmisión a la que se dirigen los llamamientos forales y una posterior a la transmisión, o derecho de recuperación del bien ya transmitido, denominada saca foral.
Según el artículo, pueden ejercitar el derecho de adquisición preferente, todo tipo de descendientes del presunto vendedor, los ascendientes hasta llegar al primer adquirente del bien y los hermanos. El artículo concede este mismo derecho a los sobrinos de hermanos fallecidos que concurren con hermanos que viven. No tienen este derecho de adquisición los primos, los tíos ni sobrinos cuyos padres viven, aunque todos son parientes tronqueros.
El derecho de adquisición preferente puede ser renunciado pero la renuncia “caduca”, por así decir, al de un año.
Curiosa manera de hacerse con un bien. Suponemos que tiene su origen en la costumbre foral, fuente del derecho civil vasco como vimos al principio de este análisis.
Muy importante. Los bienes troncales urbanos se ven afectados por las limitaciones sucesorias pero su enajenación entre vivos no se ve afectada por el derecho de adquisición preferente. Lo contrario entorpecería gravemente el tráfico inmobiliario.
Un caserío, normalmente, compone una sola finca en el Registro de la Propiedad aunque tenga varios pertenecidos, pero si no fuera así, la consideración a la unidad funcional obligará a ejercitar el tanteo por todas las fincas que lo forman.
Los artículos anteriores tienen carácter marcadamente procedimental. Quien pretenda enajenar un bien troncal, si no desea sufrir una acción de saca foral que deje sin efecto la enajenación, puede publicar o notificar previamente su decisión, de forma que si ningún tronquero se insinúa en forma y plazo, podrá llevar a cabo la transmisión libremente durante el año siguiente a la publicidad de su voluntad de vender.
Para ello, debe dirigirse a un Notario competente, que autorizará un Acta, en la que se hará constar si se ha publicado por plazo de quince días un edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento donde radique la finca o si se ha notificado personalmente a todos los tronqueros. Para formalizar el Acta, el vendedor recibirá instrucciones del Notario sobre la documentación a aportar para prepararla y, probablemente, comprobará con el fedatario la situación catastral de la finca, puesto que su valor catastral sirve de base para la fianza, en caso de que algún tronquero quiera hacerse con el bien.
En el plazo de 10 días hábiles desde la publicación del Edicto o de un mes desde la notificación personal, los tronqueros que quieran hacer uso de su derecho se presentarán en la Notaría, manifestando su voluntad de adquirir.
Se abre entonces la fase de valoración. Como señala el artículo 78: la venta al tronquero no se hace por el precio por el que pretendía venderse, que tampoco figura en el Edicto, sino por el fijado de común acuerdo por el transmitente y el tronquero (en cuyo caso se dice que se formalizará simultáneamente la compraventa) y por peritos.
En el caso de fijación del precio por peritos (y entendemos que cuando, pese a haber acuerdo, no se hubiera formalizado simultáneamente la escritura), el transmitente podrá exigir al tronquero su cumplimiento en sede judicial o entender que el tronquero ha desistido.
Si entendiera el transmitente que ha desistido y si hubiera más parientes tronqueros que se hubieran presentado y prestado fianza, deberá notificárseles y si no comparecen o no hubiera más, quedará libre la transmisión por plazo de un año.
De todo lo visto se dejará constancia en la escritura.
Comentario a los anteriores artículos. Cuando se hubiera vendido el bien troncal sin haberse hecho llamamiento o cuanto, habiéndose hecho la venta lo fuera en condiciones distintas de las que en aquel se dice, al tronquero le asiste el derecho de saca foral.
Entendemos que también tendrá este derecho en los casos de que hubieran dado su consentimiento a la venta tronqueros que no fueran todos los interesados o de venta en plazo posterior al año.
En este caso, el tronquero tiene que acudir a un juicio, en el que se declarará que la venta es nula y se ordenará el otorgamiento de escritura a favor del tronquero que hubiera actuado y por el precio que se fije en la sentencia. No será necesariamente por el precio de la venta anulado, será por el precio que se fije en el procedimiento de forma contradictoria.
Y, ¿qué ocurre con el comprador que, además, ha pedido un préstamo con garantía hipotecaria para adquirir el inmueble? En fase de ejecución, el tronquero debe depositar el importe que ha fijado la Sentencia en el Juzgado. Si hubiera hipoteca, ese importe queda a disposición del Banco. Si lo recibido cubre el precio y/o la hipoteca, el resultado para el comprador puede no ser gravemente dañoso. Pero si no es así, el comprador deberá reclamar la diferencia y los daños y perjuicios al vendedor.
Si no estamos ante una venta, sino ante una ejecución, judicial o extrajudicial o ante un procedimiento de apremio, el tronquero puede:
a) Antes de formalizarse la adjudicación y después de la subasta, depositar el precio ante el órgano que celebró la subasta.
b) O, después de formalizarla, ejercitar la saca en el plazo de tres meses desde la subasta.
El mismo derecho se da en caso, incluso de que el adjudicatario fuera el acreedor. Pero no se aclara si operará en caso de dación en pago.
El supuesto que contempla el artículo 85, el de la permuta, parece pensado para un caso de fraude. En los casos de permuta el tronquero no puede dar a su pariente transmitente lo mismo que éste recibe de otro. Por eso ha sido tradicionalmente excluido de los derechos de adquisición preferente. Pero el caso que se dice es muy concreto: se transmite un chalet en Abadiño, que vale 100 y se recibe a cambio un apartamento en Durango, que vale 50 y 10 en metálico. La frustración del tronquero es evidente.
La constitución de rentas vitalicias a que se refiere el último párrafo es muy inusual en la práctica. En parte por su elevado coste fiscal y en parte por la existencia de las hipotecas inversas.
El arrendatario que reuna los requisitos del artículo 86, tiene derecho de adquisición preferente en caso de venta o ejecución de la finca a un tercero, con carácter preferente al de los colaterales tronqueros y ningún tronquero, cualquiera que sea la línea o grado, podrá ejercitar sus derechos contra él en el caso de que acceda a la propiedad.
Cuando hablamos de otros derechos de adquisición, tenemos que pensar en el retracto de comuneros y en el de colindantes. El primero es posible pero poco probable pero el segundo puede darse porque así como los comuneros lo serán en buena medida por herencia, los colindantes pueden ser ajenos al titular del bien y a su parentela.
Una “vuelta de tuerca” respecto del régimen general que establece la LDCV. Se puede apartar a los legitimarios, a todos, con poco o mucho. Es decir, se consagra un sistema muy parecido a la auténtica libertad de testar: Podemos apartar a todos los descendientes e instituir al cónyuge o pareja de hecho como heredero universal. También es cierto que se les puede apartar a todos, “con poco o con mucho”, pero con “algo”. Desconocemos si hay una fórmula solemne y vacía de contenido como la Navarra, en la que se permitía apartar a los legitimarios con “cinco sueldos febles o carlines por muebles y una robada de los montes comunes por inmuebles”.
Es decir, “3.- La omisión del apartamiento equivale al apartamiento tácito.”
Ese apartamiento tácito entraña ciertos peligros, ya vistos en el comentario del artículo en cuestión y además, resulta incompatible con la obligación de dejar “algo”
Este usufructo poderoso se parece mucho al poder testatorio porque el comisario puede atribuirse el usufructo de los bienes. Si no hay pronunciamiento expreso del constituyente, el titular del usufructo poderoso sólo podrá disponer de los bienes a favor de los descendientes de aquel pero el campo de la elección puede ser ampliado.
Aunque todo puede ser dispensado por el constituyente, este derecho trasciende lo “real” pero se entiende que si se ejerce el derecho a favor de los designados por el constituyente, el usufructo decaería en favor de la propiedad plena del beneficiario.
No se entiende muy bien. Un uso parcial del poder con designación de bienes concretos a favor de alguno o algunos legitimarios, los aparta, pero según parece los aparta temporalmente porque el usufructuario puede, posteriormente, favorecerles con otros bienes, y así sucesivamente.
En la concepción común del derecho de usufructo, los gastos derivados del uso de los bienes, lógicamente, deberán ser sufragados por el usufructuario, pero los vinculados a la mejora o mantenimiento de la propiedad, corresponden al titular de la nuda propiedad. Puesto que no se conoce el nudo-propietario hasta el uso del poder, la Ley asigna todos los gastos al usufructuario que no ha dispuesto de los bienes, lo que, en caso de obras importantes en los inmuebles, por ejemplo, puede constreñir al usufructuario a hacer una disposición de los bienes afectados por las obras, a fin de tener un nudo propietario a quien imputar los gastos o parte de los mismos.
Seguimos en el Título II, relativo a las sucesiones y, en esta sección se incluyen normas que van más allá. Por otra parte, dado que es la primera vez que se regula negro sobre blanco el derecho consuetudinario civil de Gipuzkoa, hubiera sido interesante destinarle un título propio.
Efectivamente, ésta no es una institución sucesoria. El terreno Ondazilegi implica la propiedad separada del suelo y del vuelo de los terrenos o montes, para el aprovechamiento de éste último, en cuanto a los frutos, espontáneos o no, de ésta.
Excede en mucho su concepto de las pretensiones de este análisis, pero hubiera sido interesante que se definiera ésta institución, de gran arraigo en la costumbre en Gipuzkoa.
Entendemos que comprende pertenecidos y ondazilegis. Insistimos en que estamos, de nuevo en el ámbito de las sucesiones.
Nuestro legislador no quiere definir el pacto sucesorio. Podemos intentarlo nosotros: pacto sucesorio es aquel negocio jurídico que tiene por objeto la herencia futura de una persona, sea ésta una de las partes en el negocio, sea un tercero extraño.
En definitiva es un acuerdo entre dos o más partes: el futuro causante, disponente o instituyente y la persona o personas designadas o instituidos.
Por pacto sucesorio se puede:
a) disponer de los bienes propios para después de la muerte (equivale a hacer testamento);
b) renunciar en vida del disponente a los derechos que corresponderán al renunciante (renuncia de derechos hereditarios en vida del futuro causante, incluso a la legitima ) y
c) disponer de los derechos sucesorios de un tercero, futuro causante, con su consentimiento. Este tipo de acuerdo es el que podía darse respecto del propietario soltero del caserío y sus sobrinos, hijos de su hermano fallecido, de los cuales sólo uno convive con aquel: El acuerdo puede darse entre los sobrinos, pactándose que sea el que vive en el caserío el que deba suceder al tío, que da su consentimiento al sucesor que han pactado éstos.
Como dijimos en su momento, el testamento revoca testamentos anteriores pero no puede revocar un pacto sucesorio anterior; el pacto sucesorio revoca la designación de sucesor en determinados bienes a que se refiera un testamento anterior pero no todo el testamento. Por ejemplo: El testamento puede tener un contenido distinto de la ordenación de la sucesión del testador, aunque esto no sea frecuente. No se ha previsto expresamente qué ocurre si el testamento revocado por el pacto contiene el reconocimiento de un hijo.
Esta disposición causó bastante impacto en Bizkaia: la donación mortis causa del caserío, incluso con eficacia de presente, tiene naturaleza sucesoria y, por tanto, tiene que tributar, por impuesto de sucesiones y no de donaciones, con la consiguiente aplicación de reducciones por parentesco. Conviene recordar que, en su momento la sucesión entre descendientes, ascendientes y entre cónyuges estaba exenta y que, ahora, las sucesiones tienen reducciones fiscales que no se aplican a las donaciones. La Hacienda de Bizkaia, para evitar lo que entendía un fraude, publicó, el 6 de octubre de 2010, un Criterio Administrativo sobre la diferenciación de donación pura y simple de bienes concretos y donación mortis causa de bienes singulares.
Este legislador adora la falta de claridad en las normas contra lo que sería su principal obligación. Para decirlo llanamente, el designado sucesor adquiere la titularidad de los bienes transmitidos pero la disposición de los mismos o su gravamen requiere consentimiento de ambos. ¿Qué derecho es este que conserva el instituyente?
Supongamos que el pacto ha tenido por objeto la participación del instituyente en un negocio, por su jubilación. Se decide optar por la fórmula del pacto sucesorio con eficacia de presente para dar entrada en el negocio a las personas más implicadas (hijos o nietos o cónyuge), que asumen una serie de obligaciones, incluso de gestión. Si transcurrido un tiempo, el instituyente deviene incapaz y es preciso optar por una financiación que requiera la garantía hipotecaria del inmueble en el que se desarrolla la actividad, será precisa autorización judicial para hipotecarlo. Con lo cual, las ventajas de la ordenación actual y eficaz de la sucesión en el negocio se pueden contrapesar con las desventajas del mantenimiento del control del instituyente.
Además, habla de disposición, con lo cual, también entendemos que los actos de disposición mortis causa por parte del instituido a favor de sus descendiente de los bienes objeto del pacto debieran requerir tal consentimiento. Por ejemplo: Pacto sucesorio con eficacia de presente de la abuela a sus hijas. Una de ellas premuere a la abuela y el viudo de la hija quiere ejercitar un poder testatorio que se le ha conferido.
Según esto, una persona adquiere la cualidad de sucesor de otra, viva, y esta cualidad es inalienable e inembargable. En definitiva, el instituido puede hacer inversiones en lo que recibe, con la “garantía” de que esos bienes sólo saldrán del patrimonio del instituyente, en el peor de los casos, por título oneroso, pero no por donación.
No se entiende bien la posibilidad de disponer a título gratuito de un derecho que es inalienable e intransmisible, según el artículo 105. Quizá debiera haberse añadido en aquel una salvedad para los actos a título gratuito a favor de hijos y descendientes.
Estos pactos se han extendido en territorio foral de Bizkaia históricamente en las donaciones mortis causa con eficacia de presente que se hacían en capitulaciones con ocasión del matrimonio del hijo que debía quedar en el caserío. Los padres donaban el caserío, en pleno dominio, y el hijo y la novia asumían la obligación de mantenerlos en su vejez (compartir mesa y mantel) y tenerlos en su compañía, y quizá, en ocasiones, partir los rendimientos del caserío. Era una forma de asegurar la tranquilidad de los padres que donaban.
Por acuerdo entre los otorgantes formalizado en escritura pública
Tanto en la figura de la revocación como en la de la resolución, subyace el pacto de compañía, de comunidad o de alimentos. La gran variedad de los mismos que se pactaban (ver comentario al artículo 107), comprendía uno que implicaba la obligación de los instituidos de tener al causante en su compañía. ¿Se incumplía esta obligación cuando en caso de demencia avanzada, el instituyente era ingresado en una residencia de ancianos? Si es así, los excluidos del pacto podrán litigar para comprobar el incumplimiento, resolver o revocar el pacto.
En su momento, hemos defendido que en la sucesión voluntaria cuando los bienes no troncales no alcanzan, la cuota de cónyuge viudo o compañero supérstite debe satisfacerse con bienes no troncales. En sede de sucesión legal esto es indiscutible.
Quiere decir que los nietos representan al hijo fallecido después del abuelo y heredan por estirpe, no por partes iguales con sus tíos.
Se entiende que si el cónyuge excluye totalmente a ascendientes y colaterales, sólo conserva su derecho de usufructo si concurre con descendientes.
La Administración no quiere deudas. Puede surgir algún problema respecto de la residencia del difunto si el concepto se considera en su aspecto administrativo, vecindad oficial o de hecho. Una persona ha podido trasladarse a vivir fuera del País Vasco y fallecer antes de haber cumplido el plazo para adquirir una vecindad civil distinta. ¿Qué ayuntamiento será el beneficiario del tercio en cuestión?
La ley reproduce al pie de la letra la reserva del Código Civil que intenta evitar un desvío a personas extrañas de bienes pertenecientes a una familia. Por ministerio de la ley se entiende la adquisición por sucesión intestada pero también por legítima. ¿El usufructo del viudo o compañero supérstite, cuyo nudo propietario será un pariente favorecido por la reserva, también debe ceder en este caso?
Falta la conjunción “u”. Es la reserva del cónyuge bínubo ampliada con la correspondiente mención al compañero supérstite.
Los miembros de una pareja de hecho pueden establecer al tiempo de su constitución o después, un pacto regulador de sus relaciones económicas, que deberá ser inscrito en el Registro de parejas de hecho. En dicho pacto, podrán optar por aplicar a su relación las reglas del régimen de gananciales o las del régimen de comunicación o cualesquiera otras.
La trascendencia que el régimen económico del matrimonio tiene en orden a las deudas y obligaciones contraídas por uno o ambos cónyuges, en orden a la sucesión de sus esposos y en determinados actos de disposición de bienes, incluso privativos de los esposos aconsejan que antes de contraer matrimonio, los contrayentes consulten en el profesional correspondiente cuál es el régimen económico matrimonial que mejor se ajusta a sus circunstancias. Dicho profesional puede ser el Notario o un abogado.
En resumen, si los novios son vizcaínos aforados, a falta de pacto, se casarán en régimen de comunicación foral, que se estudia a continuación. Si los novios son vizcaínos no aforados o no vizcaínos, su régimen será el de gananciales.
Si uno es vizcaíno aforado y el otro no, se aplica el punto de conexión de la ley aplicable al lugar de residencia del matrimonio y, excepcionalmente, al lugar de celebración del matrimonio.
En cualquier caso, para matrimonios celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley y, en particular, antes del año 1989 se recomienda una visita a la Notaria para determinar cuál es el régimen económico aplicable a su relación.
Los esposos que hayan pactado su régimen económico matrimonial deberán acreditarlo SIEMPRE en la Notaria, presentando la escritura de capitulaciones debidamente inscrita o un certificado de su matrimonio.
Para plasmar la diferencia entre un régimen de gananciales y el de comunicación foral de bienes, aplicaremos cada uno de ellos a un matrimonio, de forma simplificada:
El primer matrimonio, se celebra en 2.017 en Bilbao y entre bilbaínos y, a falta de capitulaciones, se rige por el régimen de gananciales del Código Civil. Nacido un niño, y sin haber mediado separación ni divorcio, fallece el esposo. Su herencia se integra por los bienes que heredó de sus padres o los que le donaron aquellos y su mitad de los bienes gananciales.
El segundo matrimonio, se celebra en 2.017 en Lemoa, entre vecinos de dicho municipio y, a falta de capitulaciones, se rige por el régimen de comunicación foral vizcaíina. Nacido un niño, y sin haber mediado separación ni divorcio, fallece el esposo. En ese momento se crea una “bolsa común” con todos los bienes de ambos esposos, de cualquier pertenencia: los de la esposa y los del esposo, ganados o comprados constante el matrimonio o donados o heredados por cualquiera de ellos. La herencia del esposo fallecido será el valor de la mitad del valor de todo ese conjunto y la otra mitad el haber del viudo en la sociedad conyugal.
El origen histórico de la institución se entiende cuando uno de los esposos “venía al caserío del otro” y tras años trabajando en el mismo, fallecía el dueño del caserío. El viudo, que entonces tenía escasos derechos sucesorios, era compensado con un derecho a percibir la mitad de ese caserío en y para el que trabajó siempre.
Este precepto es equivalente al establecido en el Código Civil para el régimen de gananciales y abre un proceso de liquidación que, generalmente será litigioso.
Este artículo es complementario al del artículo 129.
Las reglas de los números 2 y 3 son de difícil aplicación y será al tiempo de la liquidación cuando se determine cómo deben hacerse dichos reintegros.
Cuando para atender, por ejemplo, a la carrera universitaria de uno de los hijos, atención que es una carga del matrimonio, no haya bienes ganados suficientes y se optara, por vender un inmueble privativo de uno de los esposos, éste deberá ser compensado con las ganancias futuras. Es decir, si reciben un premio de la lotería, debería ser aplicado a dicha compensación. El problema se encuentra en la forma: ¿acaso comprado un inmueble equivalente al vendido haciendo constar la eficacia compensatoria de la nueva inversión? En este caso, ¿vinculan estas manifestaciones a los herederos del cónyuge que no vendió bienes privativos? (Art. 95 LH)
Sirva de recordatorio general de que la venta de un bien, aunque le pertenezca por herencia o donación requiere del consentimiento del otro cónyuge no propietario. Ese consentimiento no da derecho a participar en el precio de venta al consentidor.
Este artículo se refiere al caso de que uno de los esposos tenga deudas no consentidas por el otro. Pongámonos en el caso de que uno de los esposos ha contraído deudas de juego y ha firmado un reconocimiento de deuda. Llega la notificación del embargo de la vivienda comprada por ambos. El cónyuge no deudor puede:
a) Oponerse y solicitar que en la traba se sustituyan los bienes ganados por los privativos de su esposo, si los tiene.
b) Solicitar la disolución del régimen económico matrimonial, en cuyo caso se abre un procedimiento para liquidar el mismo. Los bienes que se le adjudiquen, si algo queda, serán de su libre disposición, porque para lo sucesivo el régimen económico matrimonial será de separación de bienes.
c) Solicitar que sólo se embargue la mitad de los bienes ganados trabados. En este caso, cuando se produzca la ejecución,
En cualquier caso, este supuesto tiene un importante trasfondo procesal y debe ser tratado por un abogado, a quien debe acudirse en todo caso.
Como decimos, si éste es un régimen expectante, aquella persona que puede estar llamada a recibir, por comunicación, la mitad de determinados bienes de su cónyuge o compañero, tendrá que consentir que los bienes “salgan” de esa masa común. Eso no quiere decir que el bien deje de ser únicamente de su titular.
Más que hablar de disolución, parece que tendríamos que distinguir entre consolidación, a la que se refiere el artículo, y extinción, que se verá.
Como vemos, si el matrimonio se disuelve por divorcio, la comunicación no se consolida, los bienes dejan de estar comunicados y son privativos o gananciales según su calificación conforme al Código Civil. De la misma manera, si el matrimonio se disuelve por defunción pero no hay hijos comunes, tampoco se consolida la comunicación.
Véase comentarios al artículo 129 precedente.
No lo regulaba la anterior ley ni lo dice la nueva, pero estas facultades del viudo (número 1), se han considerado siempre existentes cuando el régimen económico matrimonial era de gananciales.
En este caso, no nos queda muy claro si la aceptación a beneficio de inventario es automática, concurriendo las circunstancias concurrentes. Es decir, si los herederos no han manifestado su voluntad de aceptar o han repudiado, el viudo puede aceptarla a beneficio de inventario, pero, ¿puede aceptarla pura y simplemente?.
Cuando los herederos que no han manifestado su voluntad de aceptar o han repudiado esa herencia, el viudo la acepta a beneficio de inventario y su activo pasa a formar parte del haber de la sociedad conyugal a liquidar. Entendemos que no podrá adjudicarse a aquellos que la hubieran repudiando. En tal caso, acrece a los demás que no respondieron o debe adjudicarse al viudo en pago de sus derechos en la comunicación. En cualquier caso, la redacción resulta confusa.
Todas las reglas de la liquidación de la Sociedad conyugal tienen una trascendencia fiscal innegable, puesto que su inobservancia, en tanto que genere excesos de adjudicación puede determinar la obligación de abonar el impuesto de donaciones o de transmisiones.
Trabajo no le va a faltar a la comisión y confiamos en que sus miembros, aunque trabajen gratis, se afanen en su loable tarea.
En un decreto del departamento de Justicia del Gobierno Vasco, de fecha 4 de octubre de 2016, se aprueban los Estatutos de la Comisión. Visto el Decreto, se echa de menos un cauce de participación de los operadores jurídicos, a fin de hacer llegar incidencias concretas en la aplicación de la Ley.
Las referencias contenidas en la presente ley a las parejas de hecho se entenderán efectuadas a las inscritas en el registro establecido en el artículo 4 de la Ley 2/2003, de 7 de marzo, reguladora de las parejas de hecho.
A falta de pacto expreso el régimen económico-patrimonial de las parejas de hecho reguladas en esta ley será el de separación de bienes establecido en el Código Civil.»
La modificación del artículo 2 ajusta el criterio de competencia para la inscripción de la pareja, haciendo referencia a la vecindad civil vasca, en lugar de a la vecindad administrativa, lo cual es lógico y consecuencia necesaria de la LDCV. Pero la modificación del artículo 5 se limita a la inclusión del número 3, que tiene un interesante valor informativo para quienes van a constituir la pareja de hecho.
Está bien la nueva definición de pareja de hecho pero la LDCV sólo se aplica a las parejas de hecho debidamente inscritas. No se aplica, en consecuencia, a las verdaderas parejas de hecho, es decir, las que existen al margen de la administración y sus registros.
En el Estado español hay tantas leyes sobre parejas de hecho y registros para ellas como autonomías. Hay incluso Ayuntamientos que han establecido su propia regulación en esta materia. Lo que hace falta es una ley estatal de parejas de hecho, aprobada en el Parlamento del Estado y publicada en el BOE. ¿Por qué? Porque esa ley puede modificar el Código Civil. En su día, la ley sobre el matrimonio homosexual fue un gran avance y modificó convenientemente el Código Civil, pero hay parejas, homosexuales o heterosexuales, que no quieren casarse y les gustaría ver en el Código Civil las mismas equiparaciones que nuestra LDCV realiza entre cónyuges y compañeros inscritos. De paso, podría retocarse toda la normativa respecto de Seguridad Social, pensiones, arrendamientos, etc.
Efectivamente, y sin ánimo de exhaustividad, los territorios en los que no ha existido la figura del poder testatorio, deberán ajustar su normativa tributaria en cuanto al momento del devengo del Impuesto de Sucesiones, que no es el fallecimiento del causante, sino el del uso del poder, con las consecuencias que ello tiene, en cuanto a la determinación de los haberes y valores de los inmuebles. También deberán ajustar la normativa del Impuesto sobre donaciones a la regulación de los pactos sucesorios.
Cuestión esencial que tiene su reflejo en la famosa máxima: “Te quiero por razones sentimentales y me caso por razones fiscales.” La equiparación de matrimonio y pareja de hecho inscrita es un avance notable.
Véase el caso resuelto por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 12 de julio de 2.017 (BOE 178 de 27 de julio de 2.017), en el que (como en otros muchos casos), unos cónyuges de vecindad común legaron a un descendiente “lo que por legítima” le correspondiera. Fallecido el segundo, ya había entrado en vigor la Ley que nos ocupa.
Como en otras ocasiones, el legislador alude al Código Civil, una lectura recomendada para todos los públicos.
Prudente disposición que favorece a los vizcaínos aforados ya que al resto de los vascos la figura del comisario les resultaba totalmente ajena aunque envidiada en villas próximas a la Tierra Llana.
Cuando se habla aquí de usufructo vitalicio, hay que entender usufructo vitalicio universal y, como decíamos antes, sólo afecta a los vizcaínos aforados.
Ambos artículos son tributarios del principio general de intangibilidad de la legítima y regulan poderes testatorios limitados objetivamente a lo que quedara fuera de aquella. En El País Vasco quedan totalmente superados por la regulación de la sucesión por comisario.
Francamente, no hemos visto apenas documentos de esta naturaleza.
Se refiere a las sepulturas en las iglesias sitas en el infanzonado o tierra llana de Bizkaia, a que se refería el artículo 19-2 de la citada ley de 1992.
Importante porque la vecindad civil vasca determina la aplicación de esta ley, lo cual es trascendental en materia sucesoria, por las novedades que representa frente al derecho común hasta ahora vigente. Nos remite de nuevo al código civil, repitiendo el criterio de que la ley sucesoria cambia por la residencia habitual continuada, pero no la ley reguladora de las relaciones económicas del matrimonio (o pacto), salvo capítulos o nuevo pacto. Es una exigencia del principio de seguridad jurídica.
Como decíamos al comienzo de esta lectura, entró en vigor el cuatro de octubre de dos mil quince.