Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1202-de-noviembre-24-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421a0af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-25 17:27:53
Document Index: 402732615

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 93', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 86', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 211']

﻿ SENTENCIA T-1202 DE NOVIEMBRE 24 DE 2005
SENTENCIA T-1202 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:SEGURIDAD SOCIAL. CUANDO UNA PERSONA OSTENTA LA CALIDAD DE BENEFICIARIA DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO O SUBSIDIADO DE SALUD Y SE VINCULA LABORALMENTE SE CONVIERTE EN AFILIADO AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD DADA SU CAPACIDAD DE PAGO, DEBIENDO ENTONCES REALIZAR TANTO EL PATRONO COMO EL TRABAJADOR LOS APORTES PERIÓDICOS CORRESPONDIENTES TENDIENTES A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SEGURIDAD SOCIAL, AFILIADOS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, AFILIACIÓN AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, APORTES AL SISTEMA DE SALUD, CAPACIDAD DE PAGO, BENEFICIARIO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD
Sentencia T-1202 de noviembre 24 de 2005
Sentencia T-1202 de 2005
Ref.: Expediente T-1154658
En el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, D.C., dentro de la acción de tutela instaurada por Rosa María Sierra Montoya contra la Compañía de Seguridad Privada Almirante Ltda.
3.1. Aportadas por la parte actora:
8. Incapacidad expedida por la doctora Myriam Pineda M., de la Unidad Médica Medised de fecha abril 11 del año 2005, por tres (3) días.
10. Recibo de caja 0430 de fecha 13 de abril del 2005, por valor de $ 25.000, por ecografía obstétrica tomada en la Unidad de Diagnóstico Ecográfico Fontibón.
11. Incapacidad ambulatoria por los días 13 y 14 de mayo del año 2005, expedida por la doctora Myriam Pineda M., de la Unidad Médica Medised.
3.2. Pruebas aportadas por la parte accionada están lassiguientes:
1. Certificado de embarazo e incapacidad de abril 11 de 2.005 de SED Ltda. Unidad Médica Medised, incapacidad de mayo 13 de 2005.
2. Nómina del período comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril 10 de 2005, donde se le cancela el salario en el “Edificio Bogotá”.
1. Señala que la señora Sierra Montoya ingresó a laborar desde el 6 de marzo 2004 y que en razón a que esta pidió a la empresa que le cancelaran a ella el valor nominal que se le cancelaba a Famisanar EPS, por cuanto se encontraba como beneficiaria de su esposo, no se le siguió cancelando la afiliación a la EPS.
2. Sostiene que la actora nunca informó sobre su estado de embarazo, solamente trajo una certificación de SED Ltda. —Unidad Médica Medised—, el día 11 de abril de 2005, donde se le da incapacidad por tres (3) días a partir de la fecha. Allí se manifiesta que la misma tiene un embarazo de aproximadamente 15 semanas.
5. Afirma que es cierto que a la actora inicialmente se le asignaron turnos de veinticuatro (24) horas, pero que por su estado de embarazo no los cumplió, puesto que la empresa le envió relevo de noche y le ha concedido todo lo que esta le ha pedido, como su reubicación laboral y la asignación de turnos de doce (12) horas, los cuales aceptó.
En conclusión, señala que solo se le debe el salario comprendido entre el 11 de abril y el 10 de mayo del año en curso, el cual se está cancelando en estos días a todo el personal.
Por lo tanto manifiesta que la actora debe comunicarse con la empresa para que utilice el servicio médico que esta presta.
De igual manera señala, que la entidad accionada informó al Juzgado de instancia, que la accionante debe comunicarse con la entidad accionada para que utilice el servicio médico que esta brinda a sus trabajadores cuando están en mora respecto al pago de las cuotas de salud.
De otro lado afirma que el pago de salarios para el período comprendido entre el 11 de abril y el 10 de mayo se debe a todos los empleados y que a la fecha de la respuesta están procediendo a cancelar dicho período. Así mismo informa que la única incapacidad aportada por la accionante (mayo 13/2005) se cancelará con el respectivo salario.
Por lo anteriormente expresado, el juzgado de instancia concluye, que la causa que originó la presente acción de tutela, se encuentra superada y el mecanismo constitucional de defensa pierde su razón de ser, comoquiera que el ente demandado, ya solucionó lo pretendido por la señora Sierra Montoya, lo que conlleva a que se deniegue la tutela impetrada.
3. Procedencia de la tutela contra particulares en razón al estado de indefensión. Reiteración de jurisprudencia.
La Constitución Política en su artículo 86 contempló la procedencia de la acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión; supuestos que fueron desarrollados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, —reglamentario de la acción de tutela—, donde se establece la procedencia de la misma contra particulares como mecanismo judicial excepcional.
En efecto, el artículo 43 de la Constitución Política, reconoció en favor de la mujer en estado de embarazo el deber de su protección, cuando precisó que “durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado”. En armonía con lo señalado, el artículo 44 superior, establece así mismo un reconocimiento especial a favor de los derechos de los niños.
De igual manera, cabe precisar que la protección especial a la condición materna deviene también en el amparo de otros derechos de rango constitucional, tales como la consecución de la igualdad real y efectiva entre los sexos (C.P., arts. 2º, 13), la protección de los derechos fundamentales del nasciturus (C.P., art. 44), y de la familia (C.P., arts. 5º y 42) (1) .
Los preceptos constitucionales enunciados anteriormente están en concordancia con varias normas del derecho internacional incorporadas al derecho interno colombiano en virtud del artículo 93 de la Constitución Política, que establece el deber de protección especial a la maternidad y la necesidad de incorporar en el ordenamiento interno mecanismos para hacerla exigible, conformando un “fuero especial de maternidad” (2) .
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1º supra, los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
De igual manera cabe recordar, que en la Sentencia C-470 de 1997, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, la Corte recogió algunas de las principales normas internacionales que confieren protección a la maternidad y al menor hijo, cuando dijo:
“Por no citar sino algunos ejemplos, la Corte destaca que la declaración universal de derechos humanos, en el artículo 25, señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. Por su parte, el artículo 10.2 del Pacto internacional de derechos económicos y sociales, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, establece que “se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto”. Igualmente, el artículo 11 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, expedida en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU, y aprobada por la Ley 51 de 1981, establece que es obligación de los Estados adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo” a fin de asegurarle, en condiciones de igualdad con los hombres, “el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano”. Por su parte, el Convenio 111 de la OIT prohíbe la discriminación en materia de empleo y ocupación, entre otros motivos por el de sexo”.
De otra parte cabe recordar que la jurisprudencia reiterada de esta corporación (3) se ha referido a la “estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada” como un “derecho fundamental” (4) y en tal sentido ha indicado, que si la protección a la estabilidad en el empleo respecto de todos los trabajadores —independientemente de si el empleador es de carácter privado o público y de la modalidad de contrato—, es un principio que rige de manera general las relaciones laborales, con mayor razón entonces, y atendiendo el principio de igualdad real, tratándose de mujeres embarazadas, la protección de su estabilidad se incrementa, para conformarse una “estabilidad reforzada”, que imposibilita el despido, bajo cualquier circunstancia, pues su estado de maternidad (5) la ubica en situación de debilidad manifiesta.
5. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de salarios dejados de cancelar e incapacidades laborales.
En diferentes fallos esta corporación ha reiterado (6) que la acción de tutela no procede, en principio, para el reconocimiento o pago de obligaciones laborales, pues para ello existen otros medios de defensa judicial, a los cuales ese mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Carta Política no puede sustituir ni reemplazar.
Con todo, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia (7) ha considerado que por vía de tutela se podrá exigir el pago de acreencias laborales, cuando con el no pago de las mismas se pone en peligro o atenta contra los derechos fundamentales a la vida digna y el mínimo vital.
En efecto, para el caso particular de los salarios dejados de cancelar y cuando ellos constituyen la única fuente de recursos económicos para sufragar las necesidades básicas, tanto personales como familiares (8) o se haya demostrado la afectación del mínimo vital del trabajador y de su familia, se ha manifestado que la acción de tutela procede, pues con dicha omisión, se está poniendo a dichas personas en una situación de indefensión y subordinación respecto de la entidad encargada de pagarles la correspondiente obligación laboral.
Ahora bien, para el caso específico del pago de las “incapacidades laborales”, la Corte ha admitido la posibilidad de que estas sean reclamadas mediante una acción de tutela, cuando con la omisión de cancelar las mismas se afecta el mínimo vital del trabajador y el de su familia.
En tal sentido se pronunció la Corte cuando en la Sentencia T-972 de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, dijo lo siguiente:
“La falta de pago de incapacidades laborales, como una clase de acreencia laboral de aquellas contempladas en el ordenamiento legal, no escapa a dicho tratamiento, por lo que si genera la afectación del mínimo vital del actor, es indudable que la acción de tutela que se interponga con tales supuestos, habrá de ser procedente. En consecuencia, cuando quiera que no se paguen las incapacidades laborales de manera oportuna y completa, se afecta el mínimo vital del trabajador y el de su familia, lo que debe evitarse mediante la acción de tutela”.
De igual manera, en la Sentencia T-311 de 1996, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo, esta corporación expresó:
“Ahora bien, el no pago de una incapacidad médica constituye, en principio, el desconocimiento de un derecho de índole laboral, pero puede generar, además, la violación de derechos fundamentales cuando ese ingreso es la única fuente de subsistencia para una persona y su familia. No solo se atenta contra el derecho al trabajo en cuanto se hacen indignas las condiciones del mismo sino que también se puede afectar directamente la salud y en casos extremos poner en peligro la vida, si la persona se siente obligada a interrumpir su licencia por enfermedad y a reiniciar sus labores para suministrar el necesario sustento a los suyos”.
De la normatividad vigente resulta, tanto por la necesidad de dar aplicación a los preceptos constitucionales como por las reglas establecidas en la ley, que existe una clara e impostergable obligación, exigible de manera inmediata por los trabajadores y a cargo de las entidades pertenecientes al sistema general de seguridad social, de cubrir de manera oportuna las incapacidades que se originen, a menos que el patrono estuviere en mora en el pago de las cotizaciones, que no hubiere inscrito oportunamente al trabajador o que no hubiere suministrado las pertinentes informaciones acerca de la incapacidad concreta del empleado —como en este caso—, eventos en los cuales deberá asumir directamente tales pagos (…)” (9) .
“... es que el trabajador tiene derecho a que se le retribuyan sus servicios pero también a que se le otorgue justo trato durante el tiempo en que permanece involuntariamente inactivo por causa de perturbaciones en su salud”.
Así, el llamado “subsidio por incapacidad” surge como cláusula implícita del contrato y obligatoria por ministerio de la ley, en guarda de los derechos mínimos de todo trabajador”.
Ahora bien, para la prestación de los servicios de salud, se establecieron en la Ley 100 de 2003 dos (2) regímenes de afiliación, los cuales se aplicarán dependiendo de la capacidad económica de la persona (10) .
El primero de ellos es el denominado “contributivo”, a él se afilian aquellas personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, quienes realizan una cotización obligatoria al sistema (11) .
El segundo es el denominado “subsidiado”, se dirige por el contrario, a todas las personas que no tienen capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. Las personas vinculadas al sistema por incapacidad de pago, tienen derecho a los servicios de atención en salud, mientras logran afiliarse al régimen subsidiado (12) .
Ahora bien, según lo ha dispuesto la jurisprudencia constitucional (13) , una de las principales obligaciones dentro del régimen contributivo en salud es la de aportar una suma de dinero para que los afiliados a dicho sistema sean acreedores de los servicios de salud que se ofrecen según la ley o el contrato dependiendo del caso. Ello en razón de qué sistema contributivo está edificado y estructurado sobre la base del recaudo de unos recursos (aportes o cotizaciones).
“ART. 161.—
PAR.—Los patronos que no observen lo dispuesto en el presente artículo estarán sujetos a las mismas sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del libro primero de esta ley. Además, los perjuicios por la negligencia en la información laboral, incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren a cargo del patrono. La atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no haberse efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente las cotizaciones en la entidad de seguridad social correspondiente”.
7.1. Planteamiento.
7.1.1. En el presente caso la actora, quien labora desde el 6 de septiembre del 2004, como guarda de seguridad en la Compañía de Seguridad Privada Almirante Ltda., instaura acción de tutela para que se le paguen los salarios atrasados de los últimos dos (2) meses, y se le cancelen las licencias por enfermedad, así como también se le reembolse el valor de los gastos médicos en que ha incurrido por su estado de embarazo.
7.1.2. La entidad accionada dio respuesta a la acción de tutela donde afirma lo siguiente:
— Señala que la empresa cancela el día diez (10) de cada mes los salarios de sus trabajadores, por lo cual a la fecha de interposición de la tutela solo se le debe el período comprendido entre el once (11) de abril y el diez (10) de mayo, que es la suma que se le adeuda a todos los empleados y la cual, según expresa, procederá a cancelar de forma inmediatamente.
— En lo relacionado con las incapacidades señala que la única que ha aportado la señora Sierra Montoya es la de mayo 13 de 2005, la cual se le cancelará con el pago del mes de salario adeudado.
— En lo relativo a la afiliación en salud sostiene que la accionante pidió a la empresa que se le cancelara a ella el valor nominal que se le pagaba a Famisanar EPS, por cuanto se encuentra afiliada como beneficiaria del esposo. La empresa en principio accedió a dicha solicitud estando pendiente de acordar la forma de pago de dicha suma.
— De otro lado sostiene que la tutelante nunca notificó a la empresa sobre su estado de embarazo y solamente trajo una certificación de SED Ltda. Unidad Médica Medised, el 11 de abril del año en curso donde informan que la misma lleva aproximadamente quince (15) semanas de embarazo y la incapacitan por tres (3) días.
— Respecto a la atención médica que reclama la actora, precisa que como en el evento que no se realicen las cotizaciones respectivas, corresponde a la empresa correr con todos los gastos médicos del trabajador, recomienda a la señora Sierra Montoya que, debe comunicarse con la empresa para que se le preste el servicio médico de la compañía, pues ella no ha hecho uso de este servicio.
— En lo relativo a la programación de trabajo informa, que si bien en principio se le asignaron turnos de 24 horas estos no se llevaron a cabo, puesto que accediendo a la solicitud elevada por la interesada, se le concedieron turnos de 12 horas y en tal medida se le enviaron relevos de noche es decir siempre se desempeñó como guarda de seguridad diurna, los cuales ella aceptó.
7.1.1.3. El Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, resuelve negar la tutela argumentando que la actora cuenta con recursos o medios de defensa judicial eficaces para la protección de los derechos fundamentales aludidos, toda vez que el pago de la prestación económica debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria competente.
7.2. Solución.
Antes de entrar a resolver el asunto sometido a consideración, la Sala reitera lo expresado anteriormente en torno a la protección especial consagrada en la Constitución Política a favor de la mujer trabajadora que se encuentre en estado de embarazo e inclusive después del parto, bajo la premisa de que la mujer no debe ser discriminada en razón de su estado de gravidez (14) .
— En relación al primer punto, relativo al pago de salarios, debe recordarse que aunque en principio el derecho al pago oportuno del salario corresponde reclamarlo ante la jurisdicción laboral, este puede protegerse excepcionalmente mediante la acción de tutela, cuando “la no cancelación de los salarios a un trabajador por parte de su empleador, configura un perjuicio irremediable”, pues los trabajadores tienen derecho al pago oportuno de los salarios, no solo como una garantía constitucional (art. 53) sino que es un derecho fundamental, comoquiera que se deriva directamente de los derechos a la vida, salud y al trabajo.
En el presente caso, está acreditado que la actora es una trabajadora que se encuentra en una relación de subordinación e indefensión frente a la entidad accionada, que además al momento de presentar la demanda se encontraba en estado de embarazo y que solo devenga un salario mínimo legal, lo que hace que dadas las circunstancias particulares de la misma, se estime la procedencia del amparo de tutela, para reclamar el pago de los salarios adeudados, pues no obstante que la empresa accionada manifestó que era su intención ponerse al día en el pago, no hay prueba que demuestre que efectivamente se realizó dicho pago.
— Ahora bien, en lo relativo a la mora en el pago de las incapacidades laborales por parte del empleador y el reembolso de lo gastado en medicinas ($ 95.000), se estima que igualmente con el no pago de dichas acreencia laborales se afectan los derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas de la señora Sierra Montoya, pues esta tiene derecho al pago oportuno de las incapacidades laborales que se le concedieron, así como al reembolso de los gastos en que haya incurrido para atender su estado de embarazo y la desidia del empleador en el cumplimiento de su obligación de afiliarla a una empresa promotora de salud, no tiene porqué afectarla.
De otra parte y en lo relativo a los argumentos expuestos por la parte accionada sobre los problemas financieros por los cuales está atravesando la empresa, cabe recordar que la Corte (15) ha señalado, que las dificultades económicas y financieras por las que atraviesa un empleador, sea este de carácter público o privado, no son admisibles como excusa válida para sustraerse de la obligación contraída con sus trabajadores y ex trabajadores de garantizar el pago completo y cumplido de las obligaciones laborales, de tal manera que ha concedido la protección constitucional en casos en que está claramente amenazado el mínimo vital, el cual se ha definido como aquella suma absolutamente indispensable para cubrir las necesidades básicas de educación, alimentación, vestuario y seguridad social y, sin la cual, la dignidad humana se ve afectada.
En ese orden de ideas, la Sala estima entonces, que con la sentencia dictada por el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, D.C. que negó el amparo se desconocieron los derechos fundamentales invocados por la actora en su demanda, por tanto se ordenará a la Compañía de Seguridad Privada Almirante Ltda., que si aún no lo ha hecho, proceda en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, a pagar las sumas que se le adeuden a la señora Rosa María Sierra Montoya, por concepto de salarios dejados de cancelar, incapacidades laborales no reconocidas y gastos médicos en que haya incurrido la actora como consecuencia de su estado de embarazo y posterior parto.
— De otro lado y en lo relativo a la afiliación en salud de la actora en el presente caso se observa, que la EPS Famisanar desafilió del sistema de salud a la misma por la mora de más de tres (3) meses en el pago de aportes de la Compañía de Seguridad Privada Almirante Ltda.
A ese respecto es oportuno señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 100 de 1993, son afiliados obligatorios al régimen contributivo de salud las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago (L. 100/93, art. 157), quienes deben pagar una cotización o aporte económico previo, el cual puede ser financiado directamente por el afiliado o en concurrencia con el empleador (16) .
1. REVOCAR el fallo proferido el día siete (7) de junio de dos mil cinco (2005), por el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, D.C, dentro del trámite de la acción de tutela iniciada por la señora Rosa María Sierra Montoya contra la Compañía de Seguridad Privada Almirante Ltda.
2. ORDENAR a la Compañía de Seguridad Privada Almirante Ltda., que si aún no lo ha hecho, proceda en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, a pagar las sumas que se le adeuden a la señora Rosa María Sierra Montoya, por concepto de salarios dejados de cancelar, incapacidades laborales no reconocidas y gastos médicos en que haya incurrido la actora como consecuencia de su estado de embarazo y posterior parto y que no hayan sido asumidas por el empleador como le correspondía, ante el incumplimiento de su obligación de afiliar a la trabajadora al régimen contributivo de salud.
(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-501 de 2004, M.P Jaime Córdoba Triviño.
(2) Ver Sentencias T-889 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-838 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-437 de 1993 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(3) Ver Sentencias T-889 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-470 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(4) Ver. Corte Constitucional. Sentencias T-909 de 2005, T-872 de 2004, T-416 de 2004 y T-028 de 2003, entre otras.
(5) Ver, entre otras, las sentencias T-014 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-457 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(6) Ver entre otras, las sentencias T-889 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-390 de 2003 y T-751 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-959 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett .
(7) Ver sentencias T-183 de 2005, T-479, T-547 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-067 y T-303 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-234 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-139 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-958, T-905, T-882 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-027 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-524 de 2004 y T-267 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, entre muchas otras.
(8) Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó en la Sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, lo siguiente:
“a) El derecho de todos los trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial, es una garantía que no se agota en la simple enunciación de un deber surgido en la relación laboral, sino que se trata de un verdadero derecho fundamental.
b) La figura de la retribución salarial está directamente relacionada con la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia, reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la vida (C.P., art. 11), a la salud (C.P., art. 49); pero no se agota en la satisfacción de las necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe permitir el ejercicio y realización de los valores y propósitos de la vida individual, y su falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas del grupo familiar que depende económicamente del trabajador (...).”
(10) En la Sentencia T-904 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto la Corte al referirse al acceso al sistema de seguridad social dijo:
En dicho sentido, es decir, en el marco de un Estado social de derecho (C.P., art. 1º), la seguridad social se convierte en una prestación de naturaleza pública y obligatoria destinada a hacer efectivas unas condiciones esenciales de vida acordes con la dignidad humana. En otras palabras, se traduce en un conjunto de medios institucionales de protección frente a los riesgos que atentan contra la capacidad y oportunidad de los individuos y sus familias para generar los ingresos suficientes en orden a una subsistencia digna.
Ahora bien, dentro de las distintas actividades que integran la seguridad social, la atención en salud constituye un objetivo fundamental como derecho de reconocimiento superior, dirigida a facilitar el acceso de las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación de la misma, que para su prestación, igualmente, adopta la forma de un servicio público a cargo del Estado, bien sea en forma directa o a través de entidades privadas, pero en todo caso a este corresponde organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, al lado del deber de cada individuo de procurarse el cuidado integral necesario de su salud y la de su comunidad.
En este sentido, para garantizar la efectividad del servicio de salud, se estipula, en virtud del principio de universalidad, la participación de todos los colombianos en el sistema general de seguridad social en salud, la cual se logra a través de tres formas: la afiliación, bien sea en el régimen contributivo propio de las personas con capacidad de pago o en el subsidiado dirigido hacia la población pobre del país, o bajo la categoría de los participantes vinculados, en orden a garantizar una atención básica mientras se amplia la cobertura del sistema”.
(11) El artículo 202 de la Ley 100 de 1993 define el régimen contributivo así “es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al sistema general de seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y su empleador”.
(12) El artículo 211 de la Ley 100 de 1993 define el régimen subsidiado como “un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al sistema general de seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente ley”.
(13) Ver sentencias T-382 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-120 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández; T-757 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(14) Ver Sentencia T-909 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(15) Ver Sentencia T-731 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(16) Ver Sentencia C-130 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.