Source: https://es.scribd.com/document/96608147/01-2-LeyEspana
Timestamp: 2020-01-19 00:07:47
Document Index: 57598713

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 56', 'artículo 55', 'artículo 58', 'artículo 99', 'artículo 111', 'artículo 118', 'artículo 35', 'artículo 65', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 45', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 87', 'artículo 54', 'artículo 65', 'artículo 60', 'artículo 67', 'artículo 81', 'artículo 55', 'artículo 60', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 114', 'artículo 84', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 61', 'artículo 135', 'artículo 133', 'artículo 54', 'artículo 58', 'artículo 117', 'artículo 105', 'artículo 113']

01_2_LeyEspaña | Propiedad | Hidrología
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ds026-2007
2. La Ley 46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas, excepto la disposición adicional primera.
3. La disposición adicional 9.ª, apartado 2, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica los apartados 1.º, segundo párrafo y 2.º, del artículo 109 de la Ley de Aguas, de 1985, en materia de sanciones.
4. Los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan
medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos
hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y ampliando, respectivamente, los artículos 63 y 109.2 de la Ley 29/1985.
5. Los artículos 158, 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción y/o explotación de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley 29/1985, al que añade un nuevo apartado.
6. El artículo 3 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor,
seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía, respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley 29/1985, de Aguas.
1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del
agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.
2. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables,
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como
3. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en
esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.
expresamente establecidas en esta Ley:
renovables con independencia del tiempo de renovación.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces
e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de
la planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los
1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas
pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular.
2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni
construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.
encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el
uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
2. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato
de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine.
1. Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las
épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario.
2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas
cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.
1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias
de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la
titularidad dominical que tuvieren.
2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles
sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y,
en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.
3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las
zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas
y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.
1. Cualquier persona física o jurídica podrá realizar la actividad de desalación de
agua de mar, previas las correspondientes autorizaciones administrativas respecto a los vertidos que procedan, a las condiciones de incorporación al dominio público hidráulico y a los requisitos de calidad, según los usos a los que se destine el agua.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y
concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a la legislación sectorial aplicable si a la actividad de desalación se asocian otras actividades industriales reguladas, así
como las derivadas de los actos de intervención y uso del suelo.
3. La desalación de aguas continentales se someterá al régimen previsto en esta
Ley para la explotación del dominio público hidráulico.
1. Todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la información
en materia de aguas en los términos previstos en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las aguas.
2. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos
de cuenca tienen derecho a obtener toda la información disponible en el organismo respectivo en las materias propias de la competencia de los órganos de que formen parte.
infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas.
b) La adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y
Convenios internacionales en materia de aguas.
c) El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las
cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma.
d) El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así
como la tutela de éste, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial, de una sola Comunidad Autónoma. La tramitación de las mismas podrá, no obstante, ser encomendada a las Comunidades Autónomas.
1. La Comunidad Autónoma que, en virtud de su Estatuto de Autonomía, ejerza
competencia sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio, ajustará el régimen jurídico de su administración hidráulica a las siguientes bases:
Administración hidráulica no será inferior al tercio de los miembros que los integren.
2. Los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica del Estado o no se
ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia en materia hidráulica
podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
a) El proyecto del Plan Hidrológico Nacional, antes de su aprobación por el
Gobierno para su remisión a las Cortes.
c) Los proyectos de las disposiciones de carácter general de aplicación en todo el
territorio nacional relativas a la ordenación del dominio público hidráulico.
d) Los planes y proyectos de interés general de ordenación agraria, urbana,
industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos del agua.
e) Las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en relación con el
aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico.
2. Asimismo, emitirá informe sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el
dominio público hidráulico que pudieran serle consultadas por el Gobierno o por los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas.
2. Los organismos de cuenca dispondrán de autonomía para regir y administrar por
sí los intereses que les sean confiados ; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio ; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las Leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
3. Su ámbito territorial, que se definirá reglamentariamente, comprenderá una o
varias cuencas hidrográficas indivisas, con la sola limitación derivada de las fronteras internacionales.
4. Los organismos de cuenca se rigen por la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás
disposiciones de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General
del Estado, así como por la presente Ley y por los Reglamentos dictados para su desarrollo y ejecución.
a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y
c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que
afecten a más de una Comunidad Autónoma.
d) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a
los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.
2. Para el cumplimiento de las funciones encomendadas en los párrafos d) y e) del
apartado anterior, los organismos de cuenca podrán:
a) Adquirir por suscripción o compra, enajenar y, en general, realizar cualesquiera
actos de administración respecto de títulos representativos de capital de sociedades estatales que se constituyan para la construcción, explotación o ejecución de obra pública hidráulica, o de empresas mercantiles que tengan por objeto social la gestión
de contratos de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
b) Suscribir convenios de colaboración o participar en agrupaciones de empresas y
uniones temporales de empresas que tengan como objeto cualquiera de los fines anteriormente indicados.
c) Conceder préstamos y, en general, otorgar crédito a cualquiera de las entidades
relacionadas en los párrafos a) y b).
a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público
hidráulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado,
que corresponderán al Ministerio de Medio Ambiente.
b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y
autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.
c) La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y
d) El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras
incluidas en sus propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.
g) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el
cumplimiento de sus fines específicos y, cuando les fuera solicitado, el asesoramiento
a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales y demás entidades públicas o privadas, así como a los particulares.
1. Los organismos de cuenca y las Comunidades Autónomas podrán establecer
una mutua colaboración en el ejercicio de sus respectivas competencias, especialmente mediante la incorporación de aquéllas a la Junta de Gobierno de dichos organismos, según lo determinado en esta Ley.
2. Los organismos de cuenca podrán celebrar convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y las Comunidades de usuarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en
3. Los expedientes que tramiten los organismos de cuenca en el ejercicio de sus
competencias sustantivas sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público
hidráulico se someterán a informe previo de las Comunidades Autónomas para que manifiesten, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, lo que estimen oportuno en materias de su competencia.
Las autorizaciones y concesiones sometidas a dicho trámite de informe previo no estarán sujetas a ninguna otra intervención ni autorización administrativa respecto al derecho a usar el recurso, salvo que así lo establezca una Ley estatal, sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigibles por otras Administraciones Públicas en relación
a la actividad de que se trate o en materia de intervención o uso de suelo. Al mismo
trámite de informe se someterán los planes, programas y acciones a que se refiere el artículo 24, párrafo f).
4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales
o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de
servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
1. Son órganos de gobierno de los organismos de cuenca la Junta de Gobierno y
2. Son órganos de gestión, en régimen de participación, para el desarrollo de las
funciones que específicamente les atribuye la presente Ley, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de obras.
a) La presidencia de la Junta corresponderá al Presidente del organismo de
b) La Administración General del Estado contará con una representación de cinco
Vocales, como mínimo, uno de cada uno de los Ministerios de Medio Ambiente ; de Agricultura, Pesca y Alimentación ; de Ciencia y Tecnología ; de Sanidad y Consumo y de Economía, y un representante de la Administración Tributaria del Estado, en el supuesto de que por convenio se encomiende a ésta la gestión y recaudación en la
cuenca de las exacciones previstas en la presente Ley.
c) Corresponderá a la representación de los usuarios, al menos un tercio del total
de Vocales y, en todo caso, un mínimo de tres, integrándose dicha representación en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.
d) Las Comunidades Autónomas que hubiesen decidido incorporarse al organismo
de cuenca, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, estarán representadas en su Junta de Gobierno, al menos, por un Vocal. El total de Vocales representantes y su distribución se establecerán, en cada caso, en función del número de Comunidades Autónomas integrantes de la cuenca hidrográfica y de la superficie y población de las mismas en ella comprendidas.
e) Las provincias estarán representadas de acuerdo con el porcentaje de su
territorio afectado por la cuenca hidrográfica.
a) Aprobar los planes de actuación del organismo, la propuesta de presupuesto y
conocer la liquidación de los mismos.
b) Acordar, en su caso, las operaciones de crédito necesarias para finalidades
concretas relativas a su gestión, así como para financiar las actuaciones incluidas en
los planes de actuación, con los límites que reglamentariamente se determinen.
c) Adoptar los acuerdos que correspondan en el ejercicio de las funciones
establecidas en el artículo 23 de la presente Ley, así como los relativos a los actos de disposición sobre el patrimonio de los organismos de cuenca.
d) Preparar los asuntos que se hayan de someter al Consejo de Agua de la
e) Aprobar, previo informe del Consejo del Agua de la cuenca, las modificaciones
sobre la anchura de las zonas de servidumbre y de policía previstas en el artículo 6 de la presente Ley.
f) Declarar acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo, determinar los
perímetros de protección de los acuíferos subterráneos, conforme a lo señalado en el artículo 56 de la presente Ley, aprobar las medidas de carácter general contempladas en el artículo 55 y ser oída en el trámite de audiencia al organismo de cuenca a que se refiere el artículo 58. Asimismo, le corresponde la adopción de las medidas para la protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas a que se refiere el artículo 99 de la presente Ley.
g) Adoptar las decisiones sobre comunidades de usuarios a las que se refieren los
artículos 81.4 y 82.4.
h) Promover las iniciativas sobre zonas húmedas a las que se refieren los
apartados 5 y 6 del artículo 111.
j) Aprobar, en su caso, criterios generales para la determinación de las
indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, de
acuerdo con el artículo 118 de la presente Ley.
k) Proponer al Consejo del Agua de la cuenca la revisión del plan hidrológico
b) Presidir la Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de
Desembalse y el Consejo del Agua.
c) Cuidar de que los acuerdos de los órganos colegiados se ajusten a la legalidad
e) En general, el ejercicio de cualquier otra función que no esté expresamente
atribuida a otro órgano.
2. Los actos y acuerdos de los órganos colegiados del organismo de cuenca que puedan constituir infracción de Leyes o no se ajusten a la planificación hidrológica podrán ser impugnados por el Presidente ante la jurisdicción contencioso- administrativa.
1. Corresponde al Consejo del Agua elevar al Gobierno, a través del Ministerio de
Medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones.
2. Las Comunidades Autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de
una cuenca hidrográfica, se incorporarán en los términos previstos en esta Ley al Consejo del Agua correspondiente para participar en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo.
hidráulicos estará representado por un número de Vocales no superior a tres.
b) La representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de Vocales y
estará integrada por representantes de los distintos sectores con relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.
c) Los servicios técnicos del organismo estarán representados por un máximo de
d) La representación de las Comunidades Autónomas que participen en el
Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35, se determinará y distribuirá en
función del número de Comunidades Autónomas de la cuenca y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, debiendo estar representada cada una de las Comunidades Autónomas participantes, al menos, por un Vocal.
e) Las entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la
cuenca estarán representadas en función de la extensión o porcentaje de dicho territorio afectado por la cuenca hidrográfica.
Los bienes del Estado y los de las Comunidades Autónomas, adscritos o que puedan adscribirse a los organismos de cuenca para el cumplimiento de sus fines, conservarán su calificación jurídica originaria, correspondiendo tan sólo al organismo
su utilización, administración y explotación, con sujeción a las disposiciones legales vigentes en la materia.
el patrimonio de las actuales
b) Los que en el futuro pudieran adquirir con los fondos procedentes de su
c) Los que por cualquier título jurídico pudieran recibir del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de entidades públicas o privadas, o de los particulares.
a) Los productos y rentas de su patrimonio y los de la explotación de las obras
cuando les sea encomendada por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y los particulares.
b) Las remuneraciones por el estudio y redacción de proyectos, dirección y
ejecución de las obras que les encomiende el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, así como las procedentes de la prestación de servicios facultativos y técnicos.
c) Las asignaciones presupuestarias del Estado, Comunidades Autónomas y
d) Los procedentes de la recaudación de tasas, exacciones y precios autorizados
e) Los reintegros de los anticipos otorgados por el Estado para la construcción de
obras hidráulicas que realice el propio organismo.
La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el
3. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su
actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.
4. Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes
planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a
los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios.
5. El Gobierno aprobará los planes hidrológicos de cuenca en los términos que
estime procedentes en función del interés general, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
6. Los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al
amparo de lo dispuesto en el artículo 18 serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 40.1 y 42, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional.
1. La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidrológicos de
cuenca se realizarán por el organismo de cuenca correspondiente o por la Administración hidráulica competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
2. El procedimiento para elaboración y revisión de los planes hidrológicos de
cuenca se regulará por vía reglamentaria, en la que necesariamente se preverá la participación de los Departamentos ministeriales interesados, los plazos para presentación de las propuestas por los organismos correspondientes y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de propuesta.
c) Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de
preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos.
d) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros,
así como para la conservación o recuperación del medio natural.
e) Las características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los
g) Los perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación
del recurso y entorno afectados.
h) Los planes hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser
k) Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de
los condicionantes requeridos para su ejecución.
1. En los planes hidrológicos de cuenca se podrán establecer reservas, de agua y
de terrenos, necesarias para las actuaciones y obras previstas.
2. Podrán ser declarados de protección especial determinadas zonas, cuencas o
tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza. Los planes hidro lógicos recogerán la clasificación de dichas zonas y las condiciones específicas para su protección.
3. Las previsiones de los planes hidrológicos a que se refieren los apartados
anteriores deberán ser respetadas en los diferentes instrumentos de ordenación
urbanística del territorio.
1. El Gobierno podrá hacer la declaración de utilidad pública de los trabajos,
estudios e investigaciones requeridas para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos que se realicen por los servicios del Ministerio de Medio Ambiente, por el Instituto Geológico y Minero de España o por cualquier otro organismo de las
2. La aprobación de los planes hidrológicos de cuenca implicará la declaración de
utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en el plan.
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca.
d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que
afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos.
Corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del Plan
Hidrológico Nacional, conjuntamente con los Departamentos ministeriales relacionados con el uso de los recursos hidráulicos.
3. La aprobación del Plan Hidrológico Nacional implicará la adaptación de los
planes hidrológicos de cuenca a las previsiones de aquél.
1. Tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de
competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley:
a) Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso
hídrico, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la
b) Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público
hidráulico, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales, así como la prevención
de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al aprovechamiento, protección e integridad de los bienes del dominio público hidráulico.
d) Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización afecte
3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, podrán ser declaradas obras
hidráulicas de interés general mediante Real Decreto:
a) Las obras hidráulicas contempladas en el apartado 1 en las que no concurran
las circunstancias en él previstas, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio se ubiquen, cuando por sus dimensiones o coste económico tengan una relación estratégica en la gestión integral de la cuenca hidrográfica.
b) Las obras necesarias para la ejecución de planes nacionales, distintos de los
hidrológicos, pero que guarden relación con ellos, siempre que el mismo plan atribuya la responsabilidad de las obras a la Administración General del Estado, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique.
4. La declaración como obras hidráulicas de interés general de las infraestructuras
necesarias para las transferencias de recursos, a que se refiere el párrafo c), apartado 1 del artículo 45 de la presente Ley, sólo podrá realizarse por la norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional.
1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin
obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que
arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven.
1. Los organismos de cuenca podrán imponer, con arreglo a lo dispuesto en el
Código Civil y en el Reglamento de esta Ley, la servidumbre forzosa de acueducto, si el aprovechamiento del recurso o su evacuación lo exigiera.
2. Con arreglo a las mismas normas, los organismos de cuenca podrán imponer
las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces, para usos determinados, incluyendo los deportivos y recreativos, y, en general, cuantas servidumbres estén previstas en el Código Civil.
3. El expediente de constitución de servidumbre deberá reducir, en lo posible, el
gravamen que la misma implique sobre el predio sirviente.
4. La variación de las circunstancias que dieron origen a la constitución de una
servidumbre dará lugar, a instancia de parte, al correspondiente expediente de
5. El beneficiario de una servidumbre forzosa deberá indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados al predio sirviente de conformidad con la legislación vigente.
1. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad
con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos
domésticos, así como para abrevar el ganado.
Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca
una alteración de la calidad y caudal de las aguas. Cuando se trate de aguas que circulen por cauces artificiales, tendrán, además, las limitaciones derivadas de la protección del acueducto. En ningún caso, las aguas podrán ser desviadas de sus
cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento.
3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas
continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación específica.
4. La Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el
desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.
c) Cualquier otro uso, no incluido utilización del recurso por terceros.
anterior, que no excluya la
1. El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico
se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
2. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del dominio
1. El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, se extingue:
Por caducidad de la concesión en los términos previstos en el artículo 66.
La declaración de la extinción del derecho al uso privativo del agua requerirá la
previa audiencia de los titulares del mismo.
Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente
gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional.
5. Los derechos adquiridos por disposición legal se perderán según lo establecido
en la norma que los regule o, en su defecto, por disposición normativa del mismo
6. La vigencia de los contratos de cesión de derechos de uso del agua a que se
refiere el artículo 67 será la establecida por las partes en dichos contratos.
1. El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran
por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho.
2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar
en un predio aguas procedentes de manantiales cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de
las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización.
1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá
fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación
conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.
2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio
público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione
una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.
3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en algún plan del Estado
que no sean objeto de aprovechamiento inmediato, podrán otorgarse concesio nes a
precario que no consolidarán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si el organismo de cuenca reduce los caudales o revoca las autorizaciones.
4. Los organismos de cuenca determinarán, en su ámbito territorial, los sistemas
de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, permitir la correcta planificación y administración de los recursos, y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, y a instancias del organismo de cuenca, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y
mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto utilizados y, en su caso, retornados.
1. El organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar
que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo. En estas zonas el organismo de cuenca, de oficio o a propuesta de la comunidad de usuarios u órgano que la sustituya, conforme al apartado 2 del artículo 87, aprobará, en el plazo máximo de dos años desde la declaración, un plan de ordenación para la recuperación del acuífero o unidad hidrogeológica. Hasta la aprobación del plan, el organismo de cuenca podrá establecer las limitaciones de extracción que sean necesarias como medida preventiva y cautelar.
2. Podrá determinar también perímetros dentro de los cuales no será posible el
otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV de esta Ley.
3. Asimismo, a fin de proteger las aguas subterráneas frente a los riesgos de
contaminación, el organismo de cuenca podrá determinar perímetros de protección del acuífero o unidad hidrogeológica en los que será necesaria autorización del organismo de cuenca para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarlo.
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la declaración de
acuífero sobreexplotado y la determinación de los perímetros a que se refieren los
Los titulares de los aprovechamientos mineros previstos en la legislación de
minas podrán utilizar las aguas que capten con motivo de las explotaciones, dedicándolas a finalidades exclusivamente mineras. A estos efectos, deberán solicitar la correspondiente concesión, tramitada conforme a lo previsto en esta Ley.
2. Si existieran aguas sobrantes, el titular del aprovechamiento minero las pondrá a
disposición del organismo de cuenca, que determinará el destino de las mismas o las
condiciones en que deba realizarse el desagüe, atendiendo especialmente a su calidad.
3. Cuando las aguas captadas en labores mineras afecten a otras concesiones, se
estará a lo dispuesto al efecto en esta Ley.
1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión
2. Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional
conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos.
3. Si para la realización de las obras de una nueva concesión, fuese necesario
modificar la toma o captación de otra u otras preexistentes, el organismo de cuenca podrá imponer, o proponer en su caso, la modificación, siendo los gastos y perjuicios que se ocasionen a cargo del peticionario.
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos,
con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento
será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 65 de esta Ley.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los órganos de la Administración
Central o de las Comunidades Autónomas podrán acceder a la utilización de
6. Cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente
necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario.
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso
a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60.
8. El otorgamiento de una concesión no exime al concesionario de la obtención de
cualquier otro tipo de autorización o licencia que conforme a otras leyes se exija a su
actividad o instalaciones.
1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno.
2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca.
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas
aquellas de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad.
2. El agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título
concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se
tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el artículo 67.
3. No obstante, la Administración concedente podrá imponer la sustitución de la
totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen, con el
fin de racionalizar el aprovechamiento del recurso.
4. Cuando el destino de las aguas fuese el riego, el titular de la concesión deberá
serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada, sin perjuicio de las concesiones otorgadas a las comunidades de usuarios y de lo que se establece en el
5. El organismo de cuenca podrá otorgar concesiones colectivas para riego a una
pluralidad de titulares de tierras que se integren mediante convenio en una agrupación de regantes, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 81. En este supuesto, el otorgamiento del nuevo título concesional llevará implícita la caducidad de las concesiones para riego preexistentes de las que sean titulares los miembros de la agrupación de regantes en las superficies objeto del convenio.
1. Podrán otorgarse concesiones de aguas para riego, en régimen de servicio
público, a empresas o particulares, aunque no ostenten la titularidad de las tierras
eventualmente beneficiarias del riego, siempre que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras.
2. En este supuesto, la Administración concedente aprobará los valores máximos y
mínimos de las tarifas de riego, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras.
3. El titular de una concesión para riego en régimen de servicio público, no podrá
beneficiarse de lo previsto en el artículo 55.3, correspondiendo a los titulares de la
superficie regada el derecho a instar una nueva concesión, en los términos de dicho apartado.
competente pasarán, en su caso, a la titularidad del nuevo concesionario.
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un
servicio público o la constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa.
En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo
y forma que reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.
determinantes de su otorgamiento.
Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos
podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión
puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.
A estos efectos, las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y
controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión.
4. La modificación de las condiciones concesionales en los supuestos del apartado
2 no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna.
1. Las concesiones podrán declararse caducadas por incumplimiento de cualquiera
de condiciones esenciales o plazos en ella previstos.
2. Asimismo el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título
de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.
1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas
podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les
2. Cuando razones de interés general lo justifiquen, el Ministro de Medio Ambiente
podrá autorizar con carácter excepcional cesiones de derechos de uso del agua que no respeten las normas sobre prelación de usos a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
3. Los adquirentes de los derechos dimanantes de la cesión se subrogarán en las
obligaciones que correspondan al cedente ante el Organismo de cuenca respecto al uso del agua.
4. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta sección será causa para
acordar la caducidad del derecho concesional del cedente.
1. Los contratos de cesión deberán ser formalizados por escrito y puestos en
conocimiento del Organismo de cuenca y de las comunidades de usuarios a las que pertenezcan el cedente y el cesionario mediante el traslado de la copia del contrato, en el plazo de quince días desde su firma. En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, deberá constar en el contrato la identificación expresa de los predios que el cedente renuncia a regar o se compromete a regar con menos dotación durante la vigencia del contrato, así como la de los predios que regará el adquirente con el caudal cedido.
2. Se entenderán autorizados, sin que hasta entonces produzcan efectos entre las
partes, en el plazo de un mes a contar desde la notificación efectuada al Organismo de
cuenca, si éste no formula oposición cuando se trate de cesiones entre miembros de la misma comunidad de usuarios, y en el plazo de dos meses en el resto de los casos. Cuando la cesión de derechos se refiera a una concesión para regadíos y usos agrarios, el Organismo de cuenca dará traslado de la copia del contrato a la correspondiente Comunidad Autónoma y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que emitan informe previo en el ámbito de sus respectivas competencias en el plazo de diez días.
3. El Organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos de uso del
agua, mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado, si la misma afecta negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales medioambientales, al estado o conservación
de los ecosistemas acuáticos o si incumple algunos de los requisitos señalados en la presente sección, sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna por parte de los afectados. También podrá ejercer en ese plazo un derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso privativo.
4. Los Organismos de cuenca inscribirán los contratos de cesión de derechos de
uso del agua en el Registro de Aguas al que se refiere el artículo 80, en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Las competencias de la Administración hidráulica a las que se refiere la
presente sección serán ejecutadas en las cuencas intracomunitarias por la Administración hidráulica de la correspondiente Comunidad Autónoma.
1. El volumen anual susceptible de cesión en ningún caso podrá superar al
realmente utilizado por el cedente.
2. Los caudales que sean objeto de cesión se computarán como de uso efectivo de
la concesión a los efectos de evitar la posible caducidad del título concesional del
3. La cesión de derechos de uso del agua podrá conllevar una compensación
económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los contratantes y deberá explicitarse
en el contrato. Reglamentariamente podrá establecerse el importe máximo de dicha compensación.
1. Cuando la realización material de las cesiones acordadas requiera el empleo de
instalaciones o infraestructuras hidráulicas de las que fuesen titulares terceros, su uso
se establecerá por libre acuerdo entre las partes.
2. En el caso de que las instalaciones o infraestructuras hidráulicas necesarias
sean de titularidad del Organismo de cuenca, o bien tenga éste encomendada su explotación, los contratantes deberán solicitar, a la vez que dan traslado de la copia del contrato para su autorización, la determinación del régimen de utilización de dichas instalaciones o infraestructuras, así como la fijación de las exacciones económicas que
correspondan de acuerdo con la legislación vigente.
3. Si para la realización material de las cesiones acordadas fuese necesario
construir nuevas instalaciones o infraestructuras hidráulicas, los contratantes deberán presentar, a la vez que solicitan la autorización, el documento técnico que defina adecuadamente dichas obras e instalaciones. Cuando las aguas cedidas se vayan a
destinar al abastecimiento de poblaciones, se presentará también informe de la autoridad sanitaria sobre la idoneidad del agua para dicho uso.
La autorización del contrato de cesión no implicará por sí misma la autorización
para el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere este artículo.
1. En las situaciones reguladas en los artículos 55, 56 y 58 de la presente Ley, y
en aquellas otras que reglamentariamente se determinen por concurrir causas análogas, se podrán constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. En este caso, los Organismos de cuenca quedarán autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio Organismo oferte. La contabilidad y registro de las operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevarán separadamente respecto al resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca.
3. Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen
conforme a este artículo deberán respetar los principios de publicidad y libre concurrencia y se llevarán a cabo conforme al procedimiento y los criterios de selección que reglamentariamente se determinen.
1. El Organismo de cuenca podrá otorgar autorizaciones para investigación de
aguas subterráneas, con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables,
previo el trámite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que pudieran presentarse.
2. El plazo de la autorización no podrá exceder de dos años y su otorgamiento
llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos de la ocupación temporal
de los terrenos necesarios para la realización de las labores.
3. Si la investigación fuera favorable, el interesado deberá, en un plazo de seis
meses, formalizar la petición de concesión, que se tramitará sin competencia de proyectos.
1. La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los
bienes situados en ellos requerirá la previa concesión o autorización administrativa.
2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para aprovechamientos de
áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
3. La incoación de los expedientes sobre aprovechamientos de áridos se notificará
a los órganos responsables del dominio público marítimo terrestre de la misma cuenca para que éstos puedan optar por su uso en la regeneración del litoral que siempre será preferente sobre cualquier otro posible uso privativo.
1. La duración de las concesiones y autorizaciones, los supuestos y requisitos para
su declaración de utilidad pública, así como el procedimiento para su tramitación serán
2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones se ajustará a los
principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que proyecten la más racional utilización del agua y una mejor protección de su entorno.
3. Para las concesiones de escasa importancia por su cuantía, incluidas las
destinadas a aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña potencia, se establecerán reglamentariamente procedimientos simplificados acordes con sus características.
4. En el caso de concesiones y autorizaciones en materia de regadíos u otros usos
agrarios, será preceptivo un informe de la correspondiente Comunidad Autónoma y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con las materias propias de su competencia, y en especial, respecto a su posible afección a los planes de actuación existentes.
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se
inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los cambios autorizados que
se produzcan en su titularidad o en sus características.
Organismo de cuenca las oportunas certificaciones sobre su contenido.
3. Los titulares de concesiones de aguas inscritas en el Registro correspondiente
podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el contenido de la concesión y de lo establecido en la
legislación en materia de aguas.
4. La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la
Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una
misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán comunidades de regantes ; en otro caso, las comunidades recibirán el calificativo que caracterice el
destino del aprovechamiento colectivo.
2. Las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya
utilización afecte a intereses que les sean comunes, podrán formar una comunidad general para la defensa de sus derechos y conservación y fomento de dichos
3. Del mismo modo, los usuarios individuales y las comunidades de usuarios,
podrán formar por convenio una junta central de usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus
propios aprovechamientos.
4. El Organismo de cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la
constitución de los distintos tipos de comunidades y juntas centrales de usuarios.
1. Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho
público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios incluirán la
finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua ; y obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan. Los estatutos y
ordenanzas de las comunidades, en cuanto acordados por su junta general, establecerán las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas
3. Las comunidades generales y las juntas centrales de usuarios se compondrán
de representantes de los usuarios interesados. Sus ordenanzas y reglamentos
deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.
4. Las comunidades de usuarios que carezcan de ordenanzas vendrán obligadas a
presentarlas para su aprobación en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el Organismo de cuenca podrá establecer las que considere procedentes previo dictamen del Consejo de Estado.
1. Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al
usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.
2. Las comunidades de usuarios serán beneficiarias de la expropiación forzosa y
de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.
3. Las comunidades de usuarios vendrán obligadas a realizar las obras e
instalaciones que la Administración les ordene, a fin de evitar el mal uso del agua o el
deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de cuenca competente suspender la utilización del agua hasta que aquéllas se realicen.
4. Las deudas a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o
mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y
prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los tribunales o jurados de riego.
1. Toda comunidad de usuarios tendrá una junta general o asamblea, una junta de
gobierno y uno o varios jurados.
2. La Junta general, constituida por todos los usuarios de la comunidad, es el
órgano soberano de la misma, correspondiéndole todas las facultades no atribuidas específicamente a algún otro órgano.
3. La junta de gobierno, elegida por la junta general, es la encargada de la
ejecución de las ordenanzas y de los acuerdos propios y de los adoptados por la junta
a) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y
b) Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas,
Someter a la aprobación de la junta la modificación de las ordenanzas o
cualquier otra propuesta que estime oportuno.
d) Ejecutar en el ámbito de sus competencias las funciones que le sean atribuidas
por las leyes o que puedan asumir en virtud de los convenios que suscriban con el
5. Los acuerdos de la junta general y de la junta de gobierno, en el ámbito de sus
competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible impugnación en alzada ante el Organismo de la cuenca.
6. Al jurado corresponde conocer las cuestiones de hecho que se susciten entre
los usuarios de la comunidad en el ámbito de las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción.
3. Los Organismos de cuenca podrán celebrar convenios con las comunidades de
usuarios de aguas subterráneas, al objeto de establecer la colaboración de éstas en las funciones de control efectivo del régimen de explotación y respeto a los derechos
1. El otorgamiento de las concesiones para abastecimiento a varias poblaciones
estará condicionado a que las Corporaciones Locales estén constituidas a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, de acuerdo con la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a través de una misma empresa concesionaria.
2. Con independencia de su especial estatuto jurídico, el consorcio o Comunidad
de que se trate elaborará las ordenanzas previstas en el artículo 81.
a) Prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas para
alcanzar un buen estado general.
c) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo,
capaces de contaminar las aguas subterráneas.
2. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del
Estado, dando lugar al amojonamiento.
3. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las
inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución
será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares de los derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial.
1. Alrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever
en sus proyectos las zonas de servicio, necesarias para su explotación.
En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedarán sujetas a
las zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua.
1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán vertidos los que se realicen
directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio
público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
2. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado
ecológico de las aguas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas reglamentariamente en aplicación de la presente Ley. Esas normas y objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo plan hidrológico.
3. Cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán
establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en ella se fijen.
1. Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben
realizarse, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. Las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de cinco
años, renovables sucesivamente, siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento. En caso contrario, podrán ser modificadas o revocadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104 y 105.
3. A efectos del otorgamiento, renovación o modificación de las autorizaciones de
vertido el solicitante acreditará ante la Administración hidráulica competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la adecuación de las instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas y objetivos de calidad de las aguas. Asimismo, con la periodicidad y en los plazos que reglamentariamente se establezcan, los titulares de autorizaciones de vertido deberán acreditar ante la Administración hidráulica las condiciones en que vierten.
1. El Organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido en los
a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente,
habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.
b) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido y así lo
solicite el interesado.
c) Para adecuar el vertido a las normas y objetivos de calidad de las aguas que
sean aplicables en cada momento y, en particular, a las que para cada río, tramo de río, acuífero o masa de agua dispongan los Planes Hidrológicos de cuenca.
2. En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas
extremas, los Organismos de cuenca podrán modificar, con carácter general, las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad.
1. Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las
condiciones de la autorización, el Organismo de cuenca realizará las siguientes actuaciones:
a) Incoar un procedimiento sancionador y de determinación del daño causado a la
b) Liquidará el canon de control de vertido, de conformidad con lo establecido en el
2. Complementariamente, el Organismo de cuenca podrá acordar la iniciación de
a) De revocación de la autorización de vertido, cuando la hubiera, para el caso de
incumplimiento de alguna de sus condiciones.
b) De autorización del vertido, si no la hubiera, cuando éste sea susceptible de
apartado anterior no darán derecho a indemnización.
a) Las cantidades necesarias para modificar o acondicionar las instalaciones en los
términos previstos en la autorización.
c) La obligación de constituir una fianza para responder de la continuidad y eficacia
fianza y los efectos
que se deriven de
la revocación de la
autorización se determinarán reglamentariamente.
La reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá
concesión administrativa como norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se
establecerán las condiciones necesarias complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido.
3. Cualquier persona física o jurídica que haya obtenido una concesión de
reutilización de aguas, podrá subrogarse por vía contractual en la titularidad de la autorización de vertido de aquellas aguas, con asunción de las obligaciones que ésta
conlleve, incluidas la depuración y la satisfacción del canon de control de vertido.
5. En todo caso, el vertido final de las aguas reutilizadas se acomodará a lo
Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente,
tendrán la consideración de zonas húmedas.
2. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la
correspondiente legislación específica.
3. Toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión
4. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente
coordinarán sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas, especialmente de aquellas que
posean un interés natural o paisajístico.
5. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración de determinadas
zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de acuerdo con la legislación medioambiental.
6. Asimismo, los Organismos de cuenca, previo informe favorable de los órganos
competentes en materia de Medio Ambiente, podrán promover la desecación de aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considere de
1. La ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes del dominio público
hidráulico incluidos en los párrafos b) y c) del artículo 2 de la presente Ley, que requieran concesión o autorización administrativa, devengarán a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico, destinada a la protección y mejora de dicho dominio. Los
concesionarios de aguas estarán exentos del pago del canon por la ocupación o utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.
2. El devengo de la tasa se producirá con el otorgamiento inicial y el
mantenimiento anual de la concesión o autorización y será exigible en la cuantía que
corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización.
3. Serán sujetos pasivos del canon los concesionarios o personas autorizadas o,
en su caso, quienes se subroguen en lugar de aquéllos.
4. La base imponible de la exacción se determinará por el Organismo de cuenca
a) En el caso de ocupación de terrenos del domino público hidráulico, por el valor
del terreno ocupado tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos
b) En el caso de utilización del dominio público hidráulico, por el valor de dicha
utilización o del beneficio obtenido con la misma.
5. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 en los supuestos previstos en los
párrafos a) y b) del apartado anterior, y del 100 por 100 en el supuesto del párrafo c),
que se aplicarán sobre el valor de la base imponible resultante en cada caso.
6. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el
Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
2. Serán sujetos pasivos del canon de control de vertidos, quienes lleven a cabo el
3. El importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de
vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se
calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración, que se establecerá reglamentariamente en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte.
4. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre, coincidiendo el
período impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en que se produzca la
autorización del vertido o su cese, en cuyo caso, se calculará el canon proporcionalmente al número de
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el
Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de
cuenca correspondiente.
6. Cuando se compruebe la existencia de un vertido, cuyo responsable carezca de
la autorización administrativa a que se refiere el artículo 100, con independencia de la
sanción que corresponda, el Organismo de cuenca liquidará el canon de control de
vertidos por los ejercicios no prescritos, calculando su importe por procedimientos de estimación indirecta conforme a lo que reglamentariamente se establezca.
7. El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que
puedan establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para
financiar las obras de saneamiento y depuración.
1. Los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o
subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la
Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.
2. Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o
parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción denominada "tarifa de utilización del agua", destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.
3. La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio
presupuestario, sumando las siguientes cantidades:
c) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente
actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda, en la forma que reglamentariamente se determine.
4. La distribución individual de dicho importe global, entre todos los beneficiados
por las obras, se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua,
equidad en el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio, en la forma que reglamentariamente se determine.
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias las exacciones previstas en este
artículo serán gestionadas y recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
6. El organismo liquidador de los cánones y exacciones introducirá un factor
corrector del importe a satisfacer, según el beneficiado por la obra hidráulica consuma en cantidades superiores o inferiores a las dotaciones de referencia fijadas en los Planes Hidrológicos de cuenca o, en su caso, en la normativa que regule la respectiva planificación sectorial, en especial en materia de regadíos u otros usos agrarios. Este factor corrector consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación, que no podrá ser superior a 2 ni inferior a 0,5, conforme a las reglas que se determinen reglamentariamente.
El Organismo de cuenca aprobará y emitirá las liquidaciones reguladas en este
artículo en el ejercicio al que correspondan.
1. Reglamentariamente podrá establecerse la autoliquidación de los cánones o
exacciones mencionados en los artículos anteriores.
2. Los actos de aprobación y liquidación de estos cánones o exacciones tendrán
carácter económico-administrativo. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras de los procedimientos aplicables, la impugnación de los actos no suspenderá su eficacia, siendo exigible el abono del débito por la vía administrativa de apremio. El impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico.
3. El pago de las exacciones previstas en la presente Ley, cuando los obligados a
ello estén agrupados en una comunidad de usuarios u organización representativa de los mismos, se podrá realizar a través de tales comunidades o entidades, que quedan facultadas a tal fin para llevar a cabo la recaudación correspondiente, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a
b) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y
autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad,
d) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de otras obras, trabajos,
siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a
algún tipo de limitación en su destino o uso.
e) La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la
f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de
g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la
1. Las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos
graves, graves o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas:
50.000.000 de pesetas).
2. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al
Organismo de cuenca. En relación con las primeras se establecerá reglamentariamente un procedimiento abreviado y sumario, respetando los principios establecidos en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Será competencia del Ministro de Medio Ambiente la sanción de las infracciones graves y quedará reservada al Consejo de Ministros la imposición de multas por infracciones muy graves.
3. El Gobierno podrá, mediante Decreto, proceder a la actualización del importe de
las sanciones, previsto en el apartado 1 de este artículo.
300.506,06
(5.000.001
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores
podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.
2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que
hubiera lugar, podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio.
1. Los Órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos
contemplados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10 por 100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
2. Para garantizar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, podrán
adoptarse, con carácter provisional, las medidas cautelares que resulten necesarias
para evitar la continuación de la actividad infractora, como el sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozos, y el cese de actividades.
A las obras hidráulicas vinculadas a aprovechamientos energéticos les resultará
igualmente de aplicación lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
2. Son obras hidráulicas públicas las destinadas a garantizar la protección, control
y aprovechamiento de las aguas continentales y del dominio público hidráulico y que sean competencia de la Administración General del Estado, de las Confederaciones Hidrográficas, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
1. Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráulicas
de interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los
órganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las Confederaciones Hidrográficas. También podrán gestionar la construcción y explotación de estas obras, las Comunidades Autónomas en virtud de convenio específico o encomienda de gestión.
2. Son competencia de las Confederaciones Hidrográficas las obras hidráulicas
realizadas con cargo a sus fondos propios, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
4. La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las
Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán celebrar convenios para la realización y financiación conjunta de obras hidráulicas de su competencia.
2. Asimismo, las comunidades de usuarios y las juntas centrales de usuarios
podrán ser beneficiarios directos, sin concurrencia, de concesiones de construcción o
explotación de las obras hidráulicas que les afecten.
A los efectos previstos en el párrafo a) del apartado 3 del artículo 114, tendrán la
consideración de gastos de funcionamiento y conservación las cantidades que se
obliguen a satisfacer la Administración General del Estado o las Confederaciones Hidrográficas, en virtud de convenio suscrito con un tercero a quien se haya atribuido la gestión de la construcción o explotación de una obra hidráulica de interés general, o sea concesionario de las mismas.
1. Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de
ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de las
obras a las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho la comunicación a que se refiere el apartado siguiente.
3. El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales
afectadas la aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que se refiere el apartado 1, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.
1. La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las
Comunidades Autónomas y las Entidades locales tienen los deberes de recíproca coordinación de sus competencias concurrentes sobre el medio hídrico con incidencia en el modelo de ordenación territorial, en la disponibilidad, calidad y protección de aguas y, en general, del dominio público hidráulico, así como los deberes de información y colaboración mutua en relación con las iniciativas o proyectos que promuevan.
2. La coordinación y cooperación a la que se refiere el apartado anterior se
efectuará a través de los procedimientos establecidos en la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico ; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de los específicos que se hayan previsto en los convenios celebrados entre las Administraciones afectadas.
3. Respecto a las cuencas intercomunitarias, la aprobación, modificación o revisión
de los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística que afecten directamente a los terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general contemplados en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico Nacional requerirán, antes de su aprobación inicial, el informe vinculante del Ministerio de Medio Ambiente, que versará en exclusiva sobre la relación entre tales obras y la protección y utilización del dominio público hidráulico y sin perjuicio de lo que prevean otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Este informe se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses.
Los terrenos reservados en los planes hidrológicos para la realización de obras
hidráulicas de interés general, así como los que sean estrictamente necesarios para su posible ampliación, tendrán la clasificación y calificación que resulte de la legislación urbanística aplicable y sea adecuada para garantizar y preservar la funcionalidad de
dichas obras, la protección del dominio público hidráulico y su compatibilidad con los usos del agua y las demandas medioambientales. Los instrumentos generales de ordenación y planeamiento urbanístico deberán recoger dicha clasificación y calificación.
1. La aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general llevará
implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente.
2. La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación se referirá también
a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.
4. Cuando la realización de una obra hidráulica de interés general afecte de forma
singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubique, se elaborará y ejecutará un proyecto de restitución territorial para compensar tal afección.
1. La iniciativa para la declaración de una obra hidráulica como de interés general,
conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 46 de la presente Ley, corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a instancia de quienes tuvieran interés en ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos a) y b) del apartado 3 del artículo 46.
Podrán instar la iniciación del expediente de declaración de una obra hidráulica como
de interés general, en el ámbito de sus competencias:
a) El resto de los Departamentos ministeriales de la Administración General del
2. Cuando se trate de obras hidráulicas que tengan como finalidad principal los
regadíos u otros usos agrarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informará preceptivamente sobre las materias propias de su competencia, en especial
sobre la adecuación del proyecto a lo establecido en la planificación nacional de regadíos vigente.
3. Para declarar una obra hidráulica de interés general, deberá ponderarse la
adecuación del proyecto a las exigencias medioambientales, teniendo especialmente en cuenta la compatibilidad de los usos posibles y el mantenimiento de la calidad de las aguas.
4. El expediente de declaración de una obra hidráulica como de interés general
deberá incluir una propuesta de financiación de la construcción y explotación de la obra, así como un estudio sobre los cánones y tarifas a satisfacer por los beneficiarios.
A estos efectos, dicho expediente será informado por el Ministerio de Hacienda.
1. Se autoriza al Consejo de Ministros a constituir una o varias sociedades
estatales de las previstas por el artículo 6.1.ª) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social sea la construcción, explotación o ejecución de las obras públicas hidráulicas que al efecto determine el propio Consejo de Ministros.
2. Las relaciones entre la Administración General del Estado y las sociedades
estatales a las que se refiere el apartado anterior se regularán mediante los correspondientes convenios, previo informe favorable del Ministerio de Economía, que habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros y en los que se preverán, al menos, los siguientes extremos:
a) El régimen de construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas de
b) Las potestades que tiene la Administración General del Estado en relación con
la dirección, inspección, control y recepción de las obras, cuya titularidad
corresponderá en todo caso a la misma.
c) Las aportaciones económicas que haya de realizar la Administración General
del Estado a la sociedad estatal, a cuyo efecto aquélla podrá adquirir los compromisos
plurianuales de gasto que resulten pertinentes, sin sujeción a las limitaciones establecidas por el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Lo
dispuesto en esta letra se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las aportaciones que
la sociedad estatal pueda recibir de otros sujetos públicos o privados, en virtud, en su
caso, de la conclusión de los correspondientes convenios.
d) Las garantías que hayan de establecerse a favor de las entidades que financien
la construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas.
3. En los contratos que las sociedades estatales a las que se refiere este artículo
concluyan con terceros para la construcción de las obras públicas hidráulicas se observarán las reglas siguientes:
1.º Se aplicarán las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de
junio, y de las disposiciones que la desarrollen, en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.
1. Para la construcción, conservación y explotación de las obras e infraestructuras
vinculadas a la regulación de los recursos hidráulicos, su conducción, potabilización y desalinización, y al saneamiento y depuración de las aguas residuales, las Administraciones públicas podrán utilizar el contrato de construcción y explotación de obras hidráulicas, que se regirá por los preceptos contenidos en esta Ley y, en su defecto, por lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normas que resulten aplicables por razón de la materia.
2. A los efectos de esta Ley, tendrá la consideración de contrato de concesión de
construcción y explotación de obras hidráulicas, aquel en el que, teniendo por objeto la construcción, conservación y explotación de las obras definidas en el apartado primero, la contraprestación al cesionario consista en el derecho a percibir la tarifa prevista en el apartado 1, párrafo a), del artículo 135 de la presente Ley.
1. El régimen jurídico de este contrato será el establecido en la legislación básica
estatal, con las salvedades siguientes:
a) El plazo de explotación de la obra será el previsto en cada pliego de cláusulas
administrativas particulares, sin que pueda exceder en ningún caso de setenta y cinco
La Administración podrá imponer al concesionario, en el contrato, que ceda a un
tercero un porcentaje de la construcción de la obra que represente, al menos, un 30 por 100 del valor total de la misma, debiendo expresar razonadamente en el pliego de
cláusulas particulares los motivos que aconsejan dicha cesión. La selección del cesionario deberá seguir las normas generales de los contratos de obras.
c) Quedan exceptuados estos contratos de lo previsto en los artículos 11.e), 62.c)
y 69.4 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En
todo caso, se unirá al expediente certificación de compromisos de crédito para
ejercicios futuros y un informe del Ministerio de Hacienda sobre los aspectos presupuestarios y financieros del contrato.
d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo, 14.3 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el supuesto de compensación por parte de la Administración al concesionario de parte de la obra pública prevista, se autoriza a que el pago se lleve a cabo de forma aplazada, en los términos fijados en el propio contrato de concesión.
2. El otorgamiento del contrato de concesión de las obras hidráulicas a que se
refiere el artículo 133.2 de esta Ley, se considerará título habilitante para ocupar y
usar los terrenos y bienes de dominio público necesarios para la construcción de la obra y la producción de los bienes y servicios a los que se destina.
3. El régimen jurídico del uso del dominio público necesario para ejecutar el
contrato de concesión será el siguiente:
a) El concesionario tendrá el derecho a utilizar privativamente los bienes de
dominio público incluidos en la concesión, y el beneficio de la expropiación forzosa de los bienes, terrenos y derechos afectados, en los términos fijados en el contrato de
concesión de obra hidráulica.
b) Las obras, bienes e instalaciones que realice el concesionario sobre el dominio
público serán utilizados, ocupados y gestionados por el concesionario hasta que expire el plazo para el que se otorgó la concesión, momento en que revertirán a la
c) Las concesiones serán susceptibles de inscripción en el Registro de la
1. El régimen económico-financiero del contrato se regirá por los siguientes
a) Las tarifas que perciban los concesionarios serán fijadas por la Administración
competente incluyendo en las mismas los gastos de funcionamiento, conservación y administración, la recuperación de la inversión y el coste del capital, en los términos previstos en el contrato de concesión.
b) La Administración velará para que en todo momento se mantenga el equilibrio
financiero de la concesión.
2. El otorgamiento del contrato de concesión regulado en el artículo anterior, solo
podrá modificar el régimen de utilización de los recursos hídricos previsto en esta Ley, en aquello que se derive expresamente de lo establecido en este capítulo.
3. El Gobierno desarrollará reglamentariamente los preceptos contenidos en esta
Ley, especialmente en cuanto se refiere al régimen económico-financiero de las
En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, se podrán
otorgar concesiones de aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso sólo en circunstancias de sequía previamente constatadas por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca y de acuerdo con el Plan de ordenación para la
recuperación del acuífero.
2. Los derechos de aprovechamiento del artículo 54.2 y los derechos sobre aguas
privadas a que se refiere la disposición transitoria tercera de esta Ley estarán sujetos
a las restricciones derivadas del Plan de ordenación para la recuperación del acuífero
o las limitaciones que, en su caso, se establezcan en aplicación del artículo 58, en los mismos términos previstos para los concesionarios de aguas, sin derecho a indemnización.
1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.
2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa
anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.
1. A los titulares de algún derecho conforme a la Ley de 13 de junio de 1879, sobre
aguas privadas procedentes de manantiales que vinieran utilizándose en todo o en parte y hubieran obtenido su inclusión en el Registro de Aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas, les será respetado dicho régimen por un plazo máximo de cincuenta años, a contar desde el 1 de enero de 1986. Quienes, al término de dicho plazo, se encontraran utilizando los caudales, en virtud de título legítimo, tendrán
derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
2. Si los interesados no hubiesen acreditado sus derechos con arreglo a la
disposición transitoria segunda 1, mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas.
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales
utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen del aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la
explotación según lo establecido en la presente Ley.
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas a que se refiere esta
disposición transitoria les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico.
1. Los aprovechamientos temporales de aguas privadas procedentes de pozos o
galerías, inscritos en el Registro de Aguas al amparo de la disposición transitoria tercera 1 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, serán respetados por la Administración, durante un plazo de cincuenta años a contar desde el 1 de enero de
1986, en lo que se refiere al régimen de explotación de los caudales, y derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa de conformidad con lo previsto en la citada Ley.
2. Si los interesados no hubiesen acreditado sus derechos, de conformidad con la
disposición transitoria tercera 1, mantendrán su titularidad en la misma forma
utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación, según lo
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas privadas a que se refiere esta
disposición transitoria, les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación
de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a las limitaciones del uso del dominio público hidráulico.
1. Los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de 13 de
junio de 1879 se podrán inscribir en el Registro de Aguas a petición de sus titulares legítimos y a los efectos previstos en las disposiciones transitorias segunda y tercera.
2. Todos los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la
legislación anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se declararán por sus
titulares legítimos ante el Organismo de cuenca, en los plazos que se determinen reglamentariamente.
3. Los titulares de aprovechamiento de aguas continentales de cualquier clase, que
no los hubieren inscrito en el Registro de Aguas o incluido en el Catálogo de cuenca,
podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 117 de la presente Ley.
1. El canon de control de vertidos entrará en vigor el 1 de enero del año 2002. En
el periodo impositivo correspondiente al año natural 2001 se aplicará el canon de vertido establecido en el artículo 105 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
2. Lo previsto en el apartado 5 del artículo 113, de la presente Ley, para la gestión
y recaudación del canon de control de vertidos en las cuencas intercomunitarias será
de aplicación a las cuencas intracomunitarias sin traspaso de competencias.
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