Source: http://staging.panama.alaveteli.org/help/alaveteli
Timestamp: 2017-09-22 20:44:08
Document Index: 92597932

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 17', 'Artículo 36', 'Artículo 17', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

Acerca de la plataforma - Infórmate Panamá
¿Para quién está dirigida esta plataforma?
¿Por qué yo haría una petición/solicitud?
¿Por qué contestaría una autoridad?
¿Qué pasa si no estoy conforme con una respuesta?
¿Quién dirige la plataforma?
¿Para quién está dirigida esta plataforma? #
De acuerdo al artículo 43 de la Constitución Politica de la Republica de Panamá, toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación.
¿Cómo funciona? #
Las personas interesadas en solicitar información a una institución pública, realiza una solicitud mediante esta plataforma electrónica. Una vez el sistema registra la solicitud, la envía electrónicamente al oficial de información la cual dentro de tiempo 30 días a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, le contestara mediante esta plataforma electrónica. De tratarse de una solicitud compleja o extensa, el funcionario informara, dentro de los 30 días calendarios antes señalados, la necesidad de extender el término para recopilar la información solicitada. Artículo 7 de la ley 6 del 2002
Ley 6 del 22 de enero del 2002
Artículo 7. El funcionario receptor tendrá treinta días calendario a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, para contestarla por escrito, y, en caso de que ésta no posea el o los documentos o registros solicitados, así lo informará.
¿Por qué yo haría una petición/solicitud? #
Porque tiene interés en solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos
¿Por qué contestaría una autoridad? #
La Ley 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones establece la obligación de informar por parte del Estado tal como se encuentra estipulado en el artículo 8 de la precitada ley.
¿Qué pasa si no estoy conforme con una respuesta? #
Si no está satisfecho con la información suministrada por la institución tiene 2 opciones:
Acción de Habeas Data (Tribunal Superior o Pleno de la Corte, dependiendo de la jurisdicción). Artículo 17 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002
Presentar un reclamo de Acceso a la Información ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Artículo 36 de la Ley 33 del 25 de abril de 2013
Artículo 17 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002
Artículo 36 de la Ley 33 del 25 de abril de 2013
Artículo 36. Toda persona puede recurrir ante la Autoridad por el incumplimiento de los procedimientos y términos establecidos para el efectivo ejercicio del derecho de petición y derecho de acceso a la información pública en poder del Estado, previstos en las disposiciones legales, dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se demuestre se incurrió en el incumplimiento.
¿Quién dirige la plataforma? #
La plataforma electrónica para acceso a la información a nivel gubernamental es dirigida por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en su calidad de agente rector en el tema de Derecho Constitucional de petición y acceso a la información. Artículo 2 de la Ley 33 del 25 de abril de 2013
Artículo 2 de la Ley 33 del 25 de abril de 2013
La Autoridad velará por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá en el tema de Derecho Constitucional de petición y de acceso a la información, así como por los derechos previstos en los convenios, acuerdos, tratados, programas internacionales y nacionales en materia de prevención contra la corrupción y por la inserción e implementación de las nuevas políticas de prevención en la gestión pública a nivel gubernamental por iniciativa propia o por propuestas nacionales o internacionales.