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Timestamp: 2019-11-18 04:33:56
Document Index: 2034460

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 19', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 3', 'Artículo 30', 'Artículo 26', 'Artículo 65', 'artículo 30', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 22', 'Artículo 13']

(As received on 5 April 2011)
QUINTO Y SEXTO INFORME PERIÓDICO DE MÉXICO AL COMITÉ CONTRA LA TORTURA, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PERIODO 2009-2010 EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVENCIÓN.
México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante Convención) desde 1986. En 2002 reconoció la competencia del Comité contra la Tortura para recibir comunicaciones individuales y en 2005 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención, que establece un mecanismo de visitas a los centros de detención, el Subcomité para la Prevención de la Tortura.
En cumplimiento al párrafo 1 del artículo 19 de la Convención, el gobierno de México ha presentado cuatro informes periódicos al Comité contra la Tortura en 1988, 1992, 1996 y 2004 respectivamente. Además respondió la lista de cuestiones que se abordarían al examinar el cuarto informe periódico (CAT/C/MEX/Q/4/Add.1) en septiembre de 2006. El IV informe fue examinado por el Comité en noviembre de 2006.
Derivado de las recomendaciones que emitió el Comité, México envió en septiembre de 2008, un informe de seguimiento (CAT/C/MEX/CO/4/Add1) y el 7 de enero de 2010 información complementaria sobre el seguimiento de las recomendaciones del Comité.
El gobierno de México presentará su V y VI informe periódico consolidado al Comité de conformidad con el arreglo al nuevo procedimiento facultativo establecido en su 38° periodo de sesiones (2007), que consiste en preparar y aprobar las listas de cuestiones que se han de transmitir a los Estados partes antes de que presenten su correspondiente informe periódico.
Apegado a una política de apertura y transparencia, el gobierno de México se encuentra en la mejor disposición para fortalecer los canales de diálogo y comunicación con los mecanismos y comités internacionales de derechos humanos, incluyendo el Comité contra la Tortura.
México mantiene una invitación abierta a los representantes de los organismos internacionales de derechos humanos para visitar el país. A partir de 2000 se han recibido 16 visitas oficiales de mecanismos de la ONU, 7 visitas oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y 3 visitas oficiales de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En ese sentido, el Subcomité para la Prevención de la Tortura visitó nuestro país del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2008 con objeto de estudiar el marco legal e institucional y evaluar las situaciones que pueden llegar a constituir riesgos para la práctica de la tortura en centros de detención del país. En seguimiento a la visita, el 13 de abril de 2009, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en coordinación con diversas autoridades estatales y federales, estableció el Grupo de trabajo para la implementación de las recomendaciones del Subcomité, que tiene como principal objetivo analizar la metodología y las acciones que deberá seguir el Estado mexicano a fin de otorgar el debido seguimiento a las recomendaciones del Subcomité.
México ha cumplido con las obligaciones derivadas de los instrumentos en materia de derechos humanos al tomar medidas legislativas para materializarlas a nivel interno. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH) contemplan, entre otros, la importancia de establecer mecanismos que hagan efectivo el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Cabe destacar que la tortura y los malos tratos se encuentran expresamente prohibidos en los artículos 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mientras que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura señala que tal conducta debe tipificarse en todas las entidades federativas, ya sea mediante leyes especiales o en los códigos penales.
En 2003 y a fin de reforzar la actuación de las autoridades en el combate a la tortura, México contextualizó el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), que establece los procedimientos para el dictamen, investigación, preservación de las pruebas, exámenes médicos, desarrollo de entrevistas y evaluación de pruebas de tortura.
La Procuraduría General de la República (PGR) elaboró, a partir del Protocolo de Estambul, un Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Tortura y/o Maltrato, como elemento probatorio más para que el agente el ministerio público integre la averiguación previa. El Dictamen está siendo implementado en las procuradurías de justicia estatales.
El 11 de julio de 2007, tras un proceso de consulta con la sociedad civil, el Estado mexicano invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para fungir como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Dicho Mecanismo tiene la facultad de visitar en cualquier momento y sin anuncio previo, toda centro de detención para examinar el trato que se le da a las personas privadas de la libertad y evaluar las condiciones materiales de dicha detención, a fin de prevenir que se comentan en ella actos de tortura.
La CNDH está facultada para recibir quejas sobre tortura. En estos casos, brinda al agraviado una atención integral, a través de un equipo de especialistas multidisciplinario, que se encuentra capacitado para aplicar el Protocolo de Estambul.
DESARROLLO DE LA LISTA DE CUESTIONES
Artículo 1 y 14 DE LA cONVENCIÓN
1. Por favor, proporcionen información detallada sobre los esfuerzos y medidas llevados a cabo hasta la fecha para armonizar la ley federal con las leyes estatales de manera que el delito de tortura sea tipificado en todo el Estado conforme a los estándares internacionales y regionales, incluyendo esta Convención y la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
La CPEUM prohíbe expresamente la tortura y los malos tratos en su artículo 19, párrafo 4º, en el que se señala: “Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.”
Asimismo, el artículo 20 señala que “En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: ... II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del ministerio público o del Juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;”
El 27 de diciembre de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo artículo 3 especifica que “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”.
Además de la existencia de la citada Ley, en México el delito de tortura se encuentra regulado en todas las entidades federativas, ya sea en leyes especiales o en Códigos Penales. Los estados que cuentan con legislación específica sobre tortura, tal como se describe en la tabla siguiente son:
Aguascalientes (14 mayo 1995),
Campeche (28 octubre 1993),
Coahuila (27 julio 1993),
Colima (13 mayo 1995),
Chiapas (9 febrero 1994),
Estado de México (25 febrero 1994),
Jalisco (21 diciembre 1993),
Michoacán (10 marzo 1994),
Morelos (22 diciembre 1993),
Nayarit (27 agosto 2005),
Oaxaca (20 noviembre 1993),
Quintana Roo (13 noviembre 1992),
Tlaxcala (11 diciembre 2003),
Veracruz (17 abril 1999),
Yucatán (26 noviembre 2003).
Art. 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o castigarla por una acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Art. 4.- A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en el estado, como multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días de multas se estará a lo dispuesto en el Artículo 30 del Código Penal para el estado.
Baja California Código Penal
(10 octubre 1992)
Art. 307 Bis.- Tipo.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del estado o del Municipio que, por sí, o valiéndose de un tercero, que con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido.
No se considerarán torturas las penalidades o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
En el momento que lo solicite cualquier detenido o reo, deberá ser reconocido por perito médico legista o por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infringido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo de este artículo, deberá comunicarlo a la autoridad competente.
Ninguna declaración o información que haya sido obtenida mediante tortura, podrá invocarse como prueba. Cualquier servidor público que conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato y si no lo hiciere se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de quince a sesenta días multa.
El responsable de alguno de los delitos previstos en este capítulo estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole que requiera la víctima o en que hayan incurrido sus familiares, como consecuencia del delito.
Asimismo, está obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los casos de: Perdida de la vida, alteración de la salud, perdida de la libertad, perdida de los ingresos económicos, incapacidad laboral, pérdida o el daño a la propiedad y el menoscabo de la reputación.
Baja California Sur Código Penal
(reforma el 31 marzo 2008)
Art. 149.- Comete el delito de tortura cualquier servidor público, del estado o de los Municipios, que, en ejercicio de sus funciones, por sí o valiéndose de terceros, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, la coaccione física o moralmente, ejerza sobre ella presión psicológica, valiéndose de amenazas o insinuaciones terribles o experimentaciones psicoanalíticas o le administre psicotrópicos o cualquier otra sustancia de naturaleza análoga, con el objeto de obtener información o una confesión, inducirla a un comportamiento determinado o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.
Art. 150.- Al responsable del delito de tortura se le impondrán de dos a diez años de prisión, independientemente de la pena que corresponda si resultare otro delito. En estos casos el infractor no puede alegar obediencia jerárquica, ni la confesión así obtenida tendrá valor probatorio alguno.
El encubrimiento del delito de tortura se castigará con la misma pena señalada para este.
Art. 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Art. 4.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.
Para los efectos de la determinación de los días multa se estará a lo dispuesto en el Artículo 26 del Código Penal del estado.
Art. 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sea físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por u acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Art. 4.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará pena privativa de la libertad de uno a doce años, de cien a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.
(reforma 15 mayo 2002)
Art. 135.- Comete el delito de tortura cualquier servidor público que por sí o valiéndose de terceros, y en el ejercicio de sus funciones, inflija dolosamente a una persona dolores o sufrimientos graves o la coaccione física o moralmente, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que cometió o se sospeche haya cometido.
No se considerarán tortura las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas.
Al que cometa el delito de tortura se le impondrá de dos a diez años de prisión, multa de treinta a doscientas veces el salario, inhabilitación de dos a ocho años para el desempeño de cualquier cargo, empleo, función o comisión públicos y destitución.
Art. 3.- Comete el delito de tortura el servidor público, que con motivo de sus atribuciones inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión o castigarlo por un acto que haya cometido, o se sospeche ha cometido.
No se considerarán como torturas las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Art. 4.- A quien cometa el delito de tortura, se le aplicará prisión de tres a doce años, de cincuenta a quinientos días multa e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta.
Para los efectos de la determinación de los días multa, se estará a lo dispuesto en el Artículo 65 del Código Penal para el estado de Coahuila.
Art. 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo o en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una persona dolores, sufrimientos o daños en su integridad física, psíquica o en ambas, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean inherentes, incidentales o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Art. 4.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de 1 a 10 años y multa de 50 a 500 días salario e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta, independientemente de las sanciones que se le impongan de resultar otros delitos. Para los efectos de la determinación de los días multa, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal del estado.
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.1
Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
(1 abril 2004)
Art. 197.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de:
I.- Obtener de ella o de un tercero información o una confesión;
II.- Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o
III.- Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Si además de la tortura, resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos.
Art. 198.- Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.
Art. 203.- Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba.
Art. 2.- Comete el delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones y con el fin de obtener de un inculpado o de un tercero su confesión, información u omisión de un hecho o cualquier otra conducta que dañe al pasivo o a un tercero, realice cualquiera de los siguientes actos: Le inflija al inculpado, golpes, mutilaciones, quemaduras, dolor, sufrimiento físico o psíquico, lo prive de alimentos o agua. Es igualmente responsable el servidor público que instigue, compela, autorice, ordene o consienta su realización, así como quienes participen en la comisión del delito. No se considerarán como tortura las penalidades que sean consecuencia de sanciones legales o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Art. 3.- A quien cometa el delito de tortura se le impondrá una pena de tres a doce años de prisión, de doscientos a quinientos días multa y destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar otro de esta misma naturaleza, por un término hasta de veinte años, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que concurran.
(2 noviembre 2001)
Art. 264.- Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o valiéndose de otro, intencionalmente ejerza violencia sobre una persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de investigación, se le sancionará con prisión de dos a diez años, cien a doscientos días multa, privación de su empleo o cargo e inhabilitación permanente para el desempeño de la función u otra análoga.
Art. 53.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del estado, que por sí, o valiéndose de tercero o en el ejercicio de sus funciones, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos o la coaccione física o mentalmente de manera grave, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o se le pretenda imputar.
No se considerará tortura las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a éstas.
Art. 322 bis.- Al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o de coaccionarla para que realice o deje de hacer una conducta determinada o para castigarla por acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de 200 a 500 días, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la punibilidad señalada.
No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Se impondrá la misma punibilidad a quien, aún careciendo de la calidad de servidor público, pero instigado o autorizado por éste, explícita o implícitamente, ejerza actos de tortura.
El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán hasta tres años de prisión y multa de 15 a 60 días y suspensión del cargo hasta por el máximo de la punibilidad señalada.
No podrá invocarse como causa de justificación, en la comisión del tipo penal descrito en el párrafo primero de este artículo, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.
En los delitos previstos por este artículo, la reparación de los daños y perjuicios comprenderá, además, los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier índole, según el caso, en que hubiesen incurrido el ofendido o sus familiares como consecuencia del delito. Asimismo, el sentenciado estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados al ofendido o sus dependientes económicos, en los siguientes casos: pérdida de la vida, alteración de la salud, pérdida de la libertad, pérdida de ingresos económicos, incapacidad laboral, pérdida o el daño en la propiedad o menoscabo de reputación.
Art. 2.- Comete el delito de tortura, el servidor público que actuando con ese carácter, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de investigación de hechos delictivos o infracciones, para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo por una acción y omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió o la coaccione para que realice o deje de realizar una conducta determinada o con cualquier otra finalidad.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de sanciones penales, inherentes o medidas incidentales a estas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no se encuentren dentro de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Art. 3.- Al responsable del delito de tortura se le impondrá como sanción, prisión de uno a nueve años, multa por el importe de doscientos a quinientos días de salario e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta en sentencia. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. Para los efectos de la determinación de los días de multa, se estará a lo dispuesto por los artículos 26 y 27 del Código Penal del estado.
Art. 1.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del estado o del Municipio que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, por sí, a instigación suya o con su consentimiento o tolerancia, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves o la coaccione física, mental o moralmente, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o de castigarla por algún acto que haya cometido o se sospeche que ha realizado, o coaccionándolo para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Se aplicarán las mismas penas al tercero que con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.
No se considerará como tortura, las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a éstas, o derivados de un acto legítimo de autoridad.
La incomunicación de los detenidos, que tenga como propósito conseguir los fines a que se refieren los párrafos anteriores, será considerada como tortura.
Art. 2.- A quien cometa el delito de tortura se le sancionará con pena privativa de libertad de tres a diez años, doscientos a quinientos días de multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del tiempo de duración de la pena de privación de libertad, que le haya sido impuesta.
Si además de tortura resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos.
Art. 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones y de manera intencional, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido.
No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere este artículo.
Art. 4.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en el estado, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos de lapso de privación de libertad impuesta.
Art. 3.- Comete el delito de tortura el servidor público estatal o municipal que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos, lo prive de alimentos o agua, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o coaccionarla física, mental o moralmente para que realice o deje de realizar una conducta determinada, para obtener placer para sí o para algún tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.
Art. 214.- Comete el delito de tortura cualquier servidor público de los gobiernos estatal, municipal, que por si o valiéndose de terceros subordinados y siempre en el ejercicio de sus funciones, cause intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento. Asimismo, cuando la coaccione física o moralmente para obtener de ella o de un tercero, información o confesión alguna, o para inducirla a asumir un comportamiento determinado o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que se ha cometido.
No se comete el delito de tortura cuando, como consecuencia de la ejecución de la aprehensión o aseguramiento de la persona o cosas, se causen dolor o sufrimiento circunstanciales.
Tampoco lo serán las penalidades que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o inherentes o incidentales a éstas.
Son reglas aplicables al delito de tortura, las siguientes:
I. Al que cometa el delito de tortura se le sancionará con pena privativa de libertad de dos a diez años, y de doscientos a quinientos días de salario mínimo diario vigente en el momento de aplicar la multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión;
II. Si además de tortura resulta delito diverso, se estará a las reglas de concurso de delito;
III. No justificarán la tortura que se invoque o existan circunstancias excepcionales, como inestabilidad y política externa, urgencia en las investigaciones o cualquier otra emergencia pública;
IV. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo, o que lo pida su defensor, deberá ser reconocido por perito medico legista o por un médico de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente;
V. Cuando se compruebe que alguna declaración ha sido obtenida mediante la tortura, no podrá invocarse como prueba, la ley adjetiva dispondrá la presencia del abogado defensor para la validez de las declaraciones; y
VI. Cualquier autoridad que conozca un hecho de tortura, está obligado a denunciarla de inmediato.
Art. 321 bis.- Comete el delito de tortura el servidor público que por sí o por interpósita persona y con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella, o de otra, información o una confesión, o castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o para que se realice o deje de realizarse una conducta determinada por el torturado o por otra persona.
No se considerará torturas las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legales o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Art. 1.- Comete el delito de tortura el servidor público estatal o municipal que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada, para obtener placer para sí o para algún tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.
No se consideran como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Art. 2.- Al que cometa el delito de tortura se le aplicar de dos a diez años de prisión; además s se le impondrá multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos más del lapso de tiempo de la privación de libertad impuesta.
Art. 449.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, cause a una persona intimidación, incomunicación, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Art. 309.- Comete delito de tortura, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche que cometió, coaccionarlo para que realice o deje de realizar una conducta determinada, o como medio intimidatorio para el torturado o pata un tercero.
Art. 3.- Comete el delito de tortura el funcionario público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos ó mentales, con el fin de obtener del torturado ó de un tercero, información ó una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Art. 4.- A quien comete el delito de tortura se le aplicarán de tres a doce años de prisión, multa de doscientos a quinientos días e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días multas se estará a lo dispuesto en los Artículos 26 y 27 del Código Penal para el estado de Quintana Roo.
Art. 282. Comete el delito de tortura el servidor público, que con motivo de su cargo, por sí o valiéndose de terceros, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos; con el fin de obtener del torturado, o de un tercero, información o una confesión, o bien, de coaccionarla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que cometió o se sospeche que haya cometido.
Este delito se sancionará con una pena de dos a diez años de prisión, sanción pecuniaria de cuarenta a doscientos días de salario mínimo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por dos tantos del mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad impuesta.
Art. 328.- Comete delito de tortura, el servidor público que, por sí, o valiéndose de terceros y en el ejercicio de sus funciones inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves o la coaccione física o moralmente con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido.
No se considerarán tortura las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes a éstas.
Art. 181.- Comete el delito de tortura el servidor público que, directamente o valiéndose de terceros y en ejercicio de sus funciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero su confesión, una información, un comportamiento determinado o con el propósito de castigarla por un hecho cierto o supuesto.
Al responsable del delito de tortura se le impondrán de dos a diez años de prisión, de veinte a trescientos días multa y destitución, en su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el término de dos a diez años, independientemente de la pena que corresponda si resultare otro delito. En caso de reincidencia la inhabilitación será definitiva.
La misma sanción del párrafo anterior, se impondrá a cualquier persona que participe por sí o por orden o autorización de algún servidor público, en la comisión del delito de tortura.
Tratándose del delito de tortura, en ningún caso podrá invocarse la excluyente de responsabilidad prevista en la fracción VIII del artículo 13 de este Código.
Art. 261.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del estado o de los Municipios, que por sí, o valiéndose de tercero y en el ejercicio de sus funciones, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves o la coaccione física o moralmente:
I. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión;
II. De inducirla a un comportamiento determinado o,
III. De castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.
No se consideran torturas las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a ellas.
Art. 213.- Se sancionará con una pena de tres a doce años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, destitución del cargo e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que ordene, consienta o aplique intencionalmente a una persona golpes, azotes, quemaduras, mutilaciones o cualquier otro tipo de violencia física o moral con el objeto de obtener de ella o de un tercero información, confesión de culpabilidad o cualquier otra conducta que dañe al pasivo o beneficie al servidor o a un tercero.
Art. 2.- Para los efectos de esta ley comete el delito de tortura, el servidor público que mediante un acto u omisión, inflija a una persona, directa o a través de un tercero:
I. Dolores y sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de esta o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que haya cometido;
II. intimidación o coacción para que realice o deje de realizar una conducta o acto determinado;
III. anulación de su personalidad o la disminución de su capacidad física o mental, aunque los métodos empleados no causen dolor físico o angustia psíquica;
IV. otros daños igualmente graves causados por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación.
Incurre en la misma responsabilidad penal el tercero que con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, cometa alguno de los supuestos mencionados anteriormente.
No se considerará tortura, las molestias o penalidades que sean consecuencia única de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a estas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
Art. 13.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de cuatro a catorce años y multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo vigente en la zona e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por el doble del tiempo de la sanción privativa de la libertad impuesta, independientemente de las sanciones que se le impongan de resultar otros delitos.
Art. 2.- Comete el delito de tortura, el que inflija dolosamente a cualquier persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Art. 5.- A quien cometa el delito de tortura se le aplicarán de dos a doce años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente en la zona económica en la época de la comisión del ilícito.
Art. 4.- Comete el delito de tortura el servidor público que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, inflija intencionalmente a un inculpado, procesado, sentenciado o a cualquier persona lesiones con fines de investigación o procedimiento legal de hechos delictivos o infracciones, para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo de una acción u omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió, o las coaccione para que realicen o dejen de realizar una conducta determinad.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos físicos o psíquicos que sean únicamente consecuencia de sanciones penales inherentes o medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no se encuentren entre las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El delito de tortura se considerará como delito grave en términos del Artículo 13 del Código Penal del estado de Yucatán, pues afecta de manera importante valores fundamentales de la sociedad.
Art. 5.- Al responsable del delito de tortura se le impondrá como pena prisión de tres a doce años, multa por el importe de doscientos a quinientos días de salario e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o comisión pública, independientemente de las penas que se le impongan de resultar otros delitos.
Art. 371.- Se aplicará prisión de dos a ocho años, multa de cien a doscientas cuotas, destitución del cargo o comisión hasta por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta, al servidor público que en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimiento graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener del torturado o un tercero, información o una confesión, o castigarlo por un acto que haya cometido o se sospecha ha cometido, o coaccionas a éste o a un tercero para que realice o deje de realizar una conducta determinada.