Source: https://issuu.com/tirantloblanch/docs/76e3864c13e62ef82c92902f7704b7c7
Timestamp: 2018-04-21 18:22:05
Document Index: 40625263

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

1_9788490333655 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9033-362-2 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN...........................................................................................6 II. LA SITUACIÓN LEGAL DE CESE DE ACTIVIDAD.....................................9 III. BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD.......................................................................................................21 IV. ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD...............................................................................................29 V. DESARROLLO DEL DERECHO A LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD.......................................................................................................33 1.	El nacimiento del derecho a la prestación económica por cese de actividad....................................................................................................33 2.	Duración del derecho a la prestación económica por cese de actividad............................................................................................35 3.	Suspensión del derecho a la prestación económica por cese de actividad............................................................................................38 4.	Extinción del derecho a la prestación económica por cese de actividad.40 VI. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES DEL DERECHO A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD..............................................43 1.	Incompatibilidad con el trabajo............................................................43 2.	Incompatibilidad con otras prestaciones...............................................43 VII. RÉGIMEN FINANCIERO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD.........................................................................................46 VIII. GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD...............................................................................................55 1.	Obligaciones, infracciones y sanciones derivadas del sistema de protección por cese de actividad............................................................................60 A.	Obligaciones de los trabajadores autónomos.................................60 B.	Infracciones y sanciones.................................................................65 a.	Infracciones.............................................................................67 b.	Sanciones................................................................................68 BIBLIOGRAFÍA CITADA........................................................................................73 LEGISLACIÓN APLICABLE...................................................................................74
I. INTRODUCCIÓN Con el paso del tiempo se ha venido produciendo una mayor convergencia entre la protección del Régimen General de la Seguridad Social y la del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos1. La última estación en el trayecto convergente entre la protección de los trabajadores autónomos y la de los trabajadores por cuenta ajena ha sido la implantación de una prestación “por desempleo” para los primeros, la prestación por cese de actividad2. La disposición adicional 4.ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio (Tol 1090531), del Estatuto del Trabajo Autónomo3 estableció la posibilidad de que el Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos4, pudiera 1
Sobre dicho proceso puede verse BLASCO LAHOZ, J. F. La reforma de la Seguridad Social: el Pacto de Toledo y su desarrollo, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997; «La pervivencia del carácter especial del Régimen de Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos. Los últimos pronunciamientos judiciales y legislativos sobre su acción protectora», Aranzadi Social, núm. 4, 2003; y Las prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ed. Bomarzo, Albacete, 2012. En opinión de la doctrina laboralista, con esta norma se cierra uno de los tradicionales puntos de divergencia entre trabajadores asalariados y autónomos en orden al alcance de la protección recibida del sistema de Seguridad Social (BARCELÓN COBEDO, S. «Desempleo y trabajadores autónomos: la nueva prestación por cese de actividad», Aranzadi Social, núm. 18, 2011, BIB\2010\2955, http://www.westlaw.es., pág. 3). Una interpretación y valoración del contenido de la disposición adicional 4.ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio (Tol 1090531), puede verse en VALDÉS DAL-RÉ, F. «El sistema de protección por cese de actividad del trabajo autónomo: propuestas para una futura regulación», Revista de Derecho Social, núm. 45, 2009, págs. 25-46. De la necesidad de contributividad deriva una modalidad de protección al margen de la asistencialidad, para ubicarse en el carácter profesional y contributivo, lo que precisa de aportaciones previas de los beneficiarios potenciales y que la cuantía de las prestaciones guarden relación con las aportaciones realizadas; la necesidad de solidaridad impediría que el mecanismo a instaurar se asemejase a fórmulas de ahorro privado o de capitalización, pues debe orientarse en mecanismos basados en el reparto y la solidaridad del colectivo, lo que casi inevitablemente lleva consigo una obligatoriedad en la afiliación del sistema; la necesidad de que sea sostenible financieramente supone que el nivel de las prestaciones y los requisitos de acceso a las correspondientes prestaciones no han de poner en cuestión ese mismo sistema; y la necesidad de que el sistema responsa a las necesidades y preferencias de los trabajadores por cuenta propia y que las prestaciones estén en consonancia con las características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida supone la búsqueda de una protección individualizada y de una flexibilidad amplia en la regulación de la nueva cobertura, sin que la misma tenga que ser similar a todos los colectivos incorporados en el RETA (PANIZO ROBLES, J. A. «Las modificaciones en el Régimen Especial de Trabajadores
proponer a las Cortes Generales la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida5; debiendo realizarse la articulación de tal prestación de tal forma que, en los supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, su aplicación, garantice, en combinación con las medidas concretas contempladas en la Ley General de la Seguridad Social (Tol 230926), que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentes de carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadores por cuenta ajena, si que ello pudiera implicar costes adicionales en el nivel no contributivo; y pudiendo las Administraciones públicas, por razones de política económica debidamente justificadas, cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectores económicos concretos6. Lo que en opinión de la doctrina significa que la Ley 20/2007, de 11 de julio (Tol 1090531), asienta el principio de la contributividad, que determina que no se trata de una tutela asistencial, sino una tutela profesional (previsión social) con exigencia de aportaciones económicas por parte de los sujetos protegidos, y conlleva que el nivel de las prestaciones debe corresponderse al esfuerzo de cotización realizado, de manera que la cuantía y la duración de las prestaciones guarden relación con los períodos de cotización previos7.
por Cuenta Propia o Autónomos (A propósito de las medidas de Seguridad Social contenidas en el Estatuto del Trabajo Autónomo y en la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se integran en el Régimen de Autónomos a los trabajadores por cuenta propia agrarios)», Revista de Trabajo y Seguridad Social (Estudios Financieros), núm. 52, 2007, pág. 99). RODRÍGUEZ CARDO considera que con la propuesta de un sistema específico de protección se renunciaba a incluir a los trabajadores autónomos en la protección por desempleo ordinaria y se apostaba por crear una tutela adaptada a esta clase de prestación de servicios, aun cuando su régimen jurídico terminaría presentando muchas similitudes con aquélla protección («La prestación por cese de actividad del trabajador autónomo. Comentario de urgencia a la Ley 32/2010, de 5 de agosto», Actualidad Laboral, núm. 19, 2010, http://revista-actualidadlaboral.laley.es, págs. 1 y 2). PANIZO fija los antecedentes de esta protección en 2003, a partir de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, en la que se preveía que, en el primer semestre de 2003, el Gobierno debería emitir un informe relativo a la situación de los trabajadores autónomos que dependían económicamente de uno o varios empresarios, estudiando el establecimiento de un fondo de garantía en caso de cese por causas objetivas («Las modificaciones en el… cit. págs. 98-99). MONEREO PÉREZ, J. L. «El modelo de protección por desempleo: configuración técnica y orientaciones de la reforma», en AA. VV. (coord. J. L. MONEREO PÉREZ, C. MOLINA NAVARRETE y M. N. MORENO VIDA) La Seguridad Social a la luz de
La regulación de esta prestación llevó a cabo mediante la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057) (cuyo desarrollo reglamentario se ha producido con el RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)), por la que se establece un sistema específico de protección para los trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo8, hubieren cesado en esa actividad (artículo 1.1); e, inicialmente se establecieron dos modalidades, una básica, de carácter contributivo, y otra, subsidiaria, de carácter no contributivo, pero la posterior Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (Tol 1936417), ha suprimido, antes de que fuera eficaz, la segunda prestación, de carácter no contributivo9. En opinión de la doctrina, el legislador ha optado por diseñar un sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos que guarda un notorio paralelismo con el sistema de protección contributiva por desempleo del que se benefician los trabajadores asalariados, del que no obstante se diferencia netamente por las numerosas especialidades cuya inclusión viene impuesta por la singular naturaleza del hecho protegido y por las características propias de la actividad profesional y económica que realizan los trabajadores por cuenta propia10.
sus reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al Profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación, ed. Comares, Granada, 2008, pág. 1044. FERNÁNDEZ ORRICO describe al sistema protector como un sistema mixto, entre voluntario y obligatorio, siendo obligatorio es los casos en que se encuentre el trabajador autónomo en las circunstancias prefijadas por la norma («La protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos: cuestiones básicas», Información Laboral (Legislación Laboral y Convenios Colectivos, núm. 15, 2010, págs. 3-4) BLASCO LAHOZ, J. F. «La prestación por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el RETA tras la ley de la reforma laboral», Información Laboral (Legislación y Convenios Colectivos), núm. 16, 2010, pág. 3. CAVAS MARTÍNEZ, F. «La protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos», Aranzadi Social, núm. 15, 2010, pág.1.
II. LA SITUACIÓN LEGAL DE CESE DE ACTIVIDAD A efectos de esta protección, el cese de actividad, incluido el que afecta al trabajador autónomo económicamente dependiente, habrá de ser total en la actividad económica o profesional que de forma habitual, personal y directa se viniere desempeñando y siempre que hubiere dado lugar al encuadramiento obligatorio en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (artículo 1.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057)). A su vez, el cese de actividad podrá ser definitivo o temporal, comportando este último la interrupción por el trabajador autónomo de todas sus actividades (artículo 1.3 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057)). La doctrina plantea que la exigencia de cese total aparta la prestación por cese de actividad de la aplicable para los trabajadores asalariados11; y que debe considerarse un requisito razonable puesto que el ordenamiento español no contempla la posibilidad de desempeñar un trabajo por cuenta propia a tiempo parcial12. En consecuencia, se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes13 (artículo 5.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057)): 11
GARCÍA QUIÑONES, J. C. «Regulación legal de un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos», Diario La Ley, núm. 7503, 2010, Base de datos general La Ley 5/2010, pág. 3. RODRÍGUEZ CARDO, I. A. «La prestación por cese… cit. pág. 4. En el mismo sentido, CAVAS MARTÍNEZ, F. CAVAS MARTÍNEZ, F. «La protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos», Aranzadi Social, núm. 15, 2010, pág. 2. Por su parte, BARCELÓN entiende que la necesidad de que el cese sea total es una exigencia lógica si lo que se pretende es atender a aquellas situaciones en las que resulte imposible proseguir con la actividad económica o profesional y también por la extraordinaria dificultad de delimitar, sin incurrir en voluntarismos y arbitrariedades del propio trabajador, la situación de cese parcial de la actividad («Desempleo y trabajadores autónomos:… cit. pág. 4). BARCELÓN destaca que cuando se habla de la situación legal de cese de actividad resulta difícil probar el rasgo de la involuntariedad, habida cuenta los márgenes de actuación del trabajador autónomo, sin duda, mayores que cuando se trata del trabajador asalariado («Desempleo y trabajadores autónomos:… cit. pág. 5); y LÓPEZTARRUELLA y VIQUEIRA llaman la atención sobre el hecho de que no se haga referencia a dos cuestiones de carácter estructural de cada a la configuración de la situación protegida, si la actividad en la que se cesa ha de ser la única que se desempeña, y si el cese en la actividad exige la extinción de los contratos de trabajo ligados
1)	Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. En todo caso, se entenderá que existen estos motivos cuando concurra alguna de las situaciones siguientes14: a)	Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30 por 100 de los ingresos, o superiores al 20 por 100 en 2 años consecutivos y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos. b)	Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales que comporten, al menos, el 40 por 100 de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior. c)	La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal (Tol 275060). Asimismo, en caso de establecimiento abierto al público, se exigirá el cierre del mismo durante la percepción de la prestación. 2)	Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional. 3)	Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante. 4)	La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma. 5)	Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se
a ella («Puntos críticos en la protección social del trabajador autónomo», en AA. VV. (coord. L. M. CAMPS RUIZ, J. M. RAMÍREZ MARTÍNEZ y T. SALA FRANCO) Crisis, reforma y futuro del Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos en memoria del Profesor Ignacio Albiol Montesinos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 842). RODRÍGUEZ CARDO entiende que para evitar una discrecionalidad excesiva la norma objetiva las circunstancias en las que se considera que el negocio es inviable y se justifica el fin de la actividad, a través de un catálogo que no parece numerus clausus, sino la enumeración de unas reglas que evitan al autónomo una carga probatoria adicional («La prestación por cese… cit. pág. 4).
ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación matrimoniales. Cuando el trabajador autónomo tenga uno o más trabajadores a su cargo y concurra alguna de las causas del artículo 5.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), será requisito previo al cese de actividad el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación laboral, que será acreditado mediante declaración jurada del trabajador autónomo, y se comunicará la extinción de la empresa o el cese temporal o den el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (art. 2.2 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). Además, sin perjuicio de la aplicación de las anteriores causas, se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos económicamente dependientes que cesen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los siguientes supuestos15 (art. 5.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057)): 1)	Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio. 2)	Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado. Sobre esta causa, se ha hecho notar por la doctrina que no se especifica nada más en relación con los medios idóneos para la acreditación debida de semejante circunstancia16. 3)	Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio (Tol 1090531). 4)	Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio (Tol 1090531). 5)	Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad. Sin embargo, en ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad (artículo 5.3 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057)): 15
En opinión de BARCELÓN, en general, de supuestos que guardan cierto paralelismo con los previstos para los trabajadores por cuenta ajena cuando de lo que se trata es de delimitar la situación legal de desempleo («Desempleo y trabajadores autónomos:… cit. pág. 6). GARCÍA QUIÑONES, J. C. «Regulación legal de un… cit. pág. 9.
1)	A aquéllos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el supuesto de incumplimiento grave del cliente. 2)	A los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, tras cesar en su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en un plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación. De forma que si el trabajador contrata con dicho cliente en el plazo señalado, deberá reintegrar la prestación percibida17. En desarrollo de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), se establecen las siguientes normas (artículo 3 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)): –	En todo caso, el hecho causante se entenderá producido el último día del mes en que tenga lugar la situación legal de cese de actividad. –	En los casos de cese de actividad por concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, se computarán las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad en los períodos de referencia; considerándose los que sean inmediatamente anteriores al cese en la actividad, entendiendo su cómputo desde la concurrencia de la causa de cese. –	Las ejecuciones tendentes al cobro de las deudas a que se refiere el artículo 5.1.a).2.º de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), deberán tener carácter judicial o administrativa. –	A los efectos de esta prestación, se entenderá por fuerza mayor, una fuerza superior a todo control y previsión, ajena al trabajador autónomo o empresario y que queden fuera de su esfera de control, debida a acontecimientos de carácter extraordinario que no hayan podido preverse o que, previstos, no se hubiesen podido evitar. –	En los casos de cese de actividad como consecuencia del cese por el trabajador autónomo de las funciones de ayuda familiar por separación matrimonial o divorcio, el hecho causante debe producirse en el plazo de seis meses inmediatamente siguientes a la resolución judicial o acuerdo que establezca dicha separación o divorcio.
GARCÍA QUIÑONES se pregunta si el deber de reintegro de la prestación percibida se refiere a todo el montante de la misma o sólo al tiempo que el trabajador autónomo económicamente dependiente no ha dejado transcurrir hasta el cumplimiento del plazo de un año («Regulación legal de un… cit. pág. 9).
Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán por las siguientes circunstancias (arts. 6.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), y 4 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)): 1)	Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, mediante una declaración jurada del solicitante, a la que habrán de acompañarse, en función del motivo alegado, los documentos de carácter contable, profesional, fiscal relevante (declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, o certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o autoridad competente de las Comunidades Autónomas, en el que se recojan los ingresos percibidos), administrativo o judicial, en los que se hará constar la fecha de producción de los referidos motivos. En caso de ejecuciones judiciales, se acreditarán mediante las resoluciones judiciales que contemplen la concurrencia de la causa de cese; si se tratara de ejecuciones administrativas, la acreditación se realizará con las resoluciones administrativas dictadas al efecto; y en caso de concurso se deberá aportar el auto por el que se acuerda el cierre de la totalidad de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese de ésta. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por aplicación de la disposición adicional 27.ª de la Ley General de la Seguridad Social (Tol 230926), deberán acompañar, junto a la declaración jurada, además de los documentos que considere necesarios, la siguiente documentación, en caso de que estén obligados a formalizarla según la normativa específica: –	En el supuesto de consejeros o administradores de la sociedad será requisito de acceso a la prestación la acreditación del cese en la actividad de dichas funciones mediante la aportación, entre otros documentos, del acuerdo adoptado en junta o de la inscripción de la revocación del cargo en el Registro Mercantil. –	En el caso de socios que presten otros servicios para la sociedad, documento que acredite el cese en la prestación de los mismos y acuerdo de la junta, de reducción de capital por pérdidas. En ambos casos, se exigirá que haya disminuido el patrimonio neto de la sociedad por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital, o pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un ejercicio económico completo, superiores al 30 por 100 de los ingresos, o superiores al 20 por 100 en dos ejercicios económicos consecutivos y completos; y, en ningún
caso el primer año natural de inicio de la actividad computará a estos efectos. Los profesionales libres que requieran colegiación para realizar su actividad profesional por cuenta propia, además, deberán acreditar el cese de actividad mediante certificado emitido por el Colegio Profesional correspondiente, donde se haga constar tal circunstancia, que se acreditará bien mediante la baja, o bien mediante la aportación del certificado de colegiado no ejerciente, ambos expresando la fecha de efectos. 2)	Para que el órgano gestor declare la concurrencia de fuerza mayor determinante del cese de actividad, el trabajador autónomo acompañará a la declaración jurada, en la que deberá constar la fecha de la producción de la fuerza mayor, la documentación en la que se detalle, mediante los medios de prueba que estime necesarios, en qué consiste el suceso, su naturaleza imprevisible, o previsible pero inevitable, su relación con la imposibilidad de continuar con la actividad, indicando si la fuerza mayor es determinante del cese definitivo o temporal de la actividad y en este último caso, la duración del cese temporal aunque sea estimada, y cualesquiera otros aspectos que permitan al órgano gestor declarar tal circunstancia (artículo 5 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). 3)	El trabajador autónomo acreditará el cese de actividad por pérdida de licencia administrativa mediante resolución de la extinción de las licencias, permisos o autorizaciones administrativas habilitantes para el ejercicio de la actividad, según la normativa vigente, en las que conste expresamente el motivo de la extinción, y su fecha de efectos (artículo 6.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). No serán consideradas a estos efectos, aquellas resoluciones en las que quede acreditado que la pérdida de la licencia venga motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante, u otros incumplimientos imputables al trabajador autónomo tendentes a la pérdida voluntaria de su licencia (artículo 6.2 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). 4)	Las solicitudes de protección por cese de actividad en los casos de violencia de género de las trabajadoras autónomas incluirán la declaración escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional y en este último caso la duración del cese temporal aunque sea estimada, e irán acompañadas de alguno de los siguientes documentos: auto de incoación de
diligencias previas, auto acordando la adopción de medidas cautelares de protección a la víctima, auto acordando la prisión provisional del detenido, auto de apertura de Juicio oral, la orden de protección o informe o escrito de acusación del Ministerio Fiscal, o sentencia judicial condenatoria (artículo 7.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). En los casos de trabajadoras autónomas económicamente dependientes, la declaración personal de la trabajadora autónoma podrá ser sustituida por la comunicación escrita del cliente del que dependa económicamente, en la que se hará constar el cese o interrupción de la actividad, sin perjuicio de que el resto de documentación sea preceptiva, incluyendo además la comunicación ante el registro correspondiente del Servicio Público de Empleo Estatal de la finalización del contrato con el cliente; y en caso de que la trabajadora autónoma económicamente dependiente realizara actividades económicas o profesionales para otro u otros clientes, se deberá aportar la documentación que acredite la finalización de las mismas (artículo 7.2 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). Tanto la declaración como la comunicación han de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción (artículo 7.3 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). 5)	El divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente resolución judicial o acuerdo que corresponda, así como la documentación correspondiente en la que se constate la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales. A los efectos de acreditar esta situación legal por cese de actividad, se entiende por trabajador autónomo que ejerce funciones de ayuda familiar a aquél que no continúe realizando su actividad en el negocio como consecuencia del divorcio o acuerdo de separación familiar (artículo 8 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). 6)	En el caso de cese de actividad por muerte del empresario titular del negocio, el trabajador autónomo que venga realizando funciones de ayuda familiar en el negocio deberá presentar, junto a la declaración jurada, certificado del Registro Civil que acredite el fallecimiento. 7)	Si el cese de actividad se produce como consecuencia de jubilación o incapacidad permanente del titular del negocio, la entidad gestora u órgano gestor de la prestación por cese de actividad solicitará del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando sea
necesario para el reconocimiento de la prestación, la información referente a la causa alegada. 8)	En los casos de establecimiento abierto al público, e independientemente de lo recogido en los apartados anteriores, el trabajador autónomo deberá acreditar el cierre del mismo, mediante algunos de los siguientes documentos: –	Documentación acreditativa del cese en el suministro y consumo de servicios inherentes al desarrollo de la actividad realizada en el establecimiento, tales como agua y electricidad. –	Documentación acreditativa de la extinción, cese o traspaso de las licencias, permisos o autorizaciones administrativas que fueran necesarios para el ejercicio de la actividad. –	Documentación acreditativa de la situación de baja como sujeto pasivo de las obligaciones fiscales devengadas como consecuencia del ejercicio de la actividad en el establecimiento. –	Documentación acreditativa del cese en la titularidad de la propiedad, alquiler, usufructo, traspaso o cualquier otro derecho que habilitara al ejercicio de la actividad en el establecimiento. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, las situaciones legales de cese de actividad se acreditarán por las siguientes circunstancias (artículos 6.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), y 9.3 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)): 1)	La terminación de la duración convenida en contrato o conclusión de la obra o servicio, mediante su comunicación ante el registro correspondiente del Servicio Público de Empleo con la documentación que así lo justifique. 2)	El incumplimiento contractual grave del cliente, mediante comunicación por escrito del mismo en la que conste la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta resultante de la conciliación previa, o mediante resolución judicial. 3)	La causa justificada del cliente, a través de comunicación escrita expedida por éste en un plazo de diez días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar el motivo alegado y la fecha a partir de la cual se produce el cese de la actividad del trabajador autónomo. El RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086), precisa que el cómputo de dicho plazo será en días hábiles.
4)	La causa injustificada, mediante comunicación expedida por el cliente en un plazo de diez días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar la indemnización abonada y la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta resultante de la conciliación previa o mediante resolución judicial, con independencia de que la misma fuese recurrida por el cliente. También en este supuesto, el RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086), precisa que el cómputo del plazo deberá ser en días hábiles. 5)	La muerte, la incapacidad o la jubilación del cliente, mediante certificación de defunción del Registro Civil o comunicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social acreditativa del reconocimiento de la pensión de jubilación o incapacidad permanente, cuando tal circunstancia no le conste a la entidad gestora u órgano gestor de la prestación, así como por la comunicación expedida por el cliente en la que se haga constar la rescisión de la relación como consecuencia de la jubilación o incapacidad permanente. En los supuestos tercero, cuarto y quinto, en caso de no producirse la comunicación por escrito, el trabajador autónomo podrá solicitar al cliente, dejando la debida constancia, que cumpla con dicho requisito, y si transcurridos diez días hábiles desde la solicitud el cliente no responde, el trabajador autónomo económicamente dependiente podrá acudir al órgano gestor informando de dichas situación, aportando copia de la solicitud realizada al cliente y solicitando le sea reconocido el derecho a la protección por cese de actividad. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán acompañar a su solicitud, la comunicación registrada en el Servicio Público de Empleo de la terminación del contrato con el cliente en los términos del artículo 6.4 del RD 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos (Tol 1444810) (artículo 9.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). En aquellos casos en que la gestión de la prestación por cese de actividad corresponda al Servicio Público de Empleo Estatal, éste verificará de oficio la comunicación registrada disponible en el registro de los contratos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (artículo 9.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)); y en el caso de que el trabajador autónomo económicamente dependiente realice actividades económicas o profesionales para otro u otros clientes distintos al
principal, deberá aportar la documentación que acredite la finalización de las mismas (artículo 9.2 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). La acreditación de la situación legal de cese de actividad por los trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente, por los socios trabajadores, y aspirantes a socios en periodo de prueba, de las de cooperativas de trabajo asociado, se regirá por las siguientes reglas (artículo 10 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)): 1.ª)	A los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente les será de aplicación lo dispuesto en el RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086), sin perjuicio de las particularidades recogidas en la disposición adicional 7.ª de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), para la documentación necesaria para acreditar el cese de actividad en cada uno de los casos. 2.ª)	Las situaciones legales de cese de actividad de los socios trabajadores y aspirantes a socios en periodo de prueba de las cooperativas de trabajo asociado serán las establecidas en la disposición adicional 6.ª de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), y se acreditarán de acuerdo con las normas recogidas en el apartado 2 de dicho precepto y mediante los siguientes documentos: a)	La expulsión improcedente de la cooperativa, mediante la notificación del acuerdo de expulsión por parte del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de administración correspondiente, indicando su fecha de efectos, y en todo caso el acta de conciliación judicial o la resolución definitiva de la jurisdicción competente que declare expresamente la improcedencia de la expulsión. b)	Las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, por parte de la sociedad cooperativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086). Asimismo, se deberá aportar certificación literal del acuerdo de la Asamblea General o, en su caso, del Consejo Rector si así lo establecen los Estatutos por el que se designa los socios trabajadores concretos que deben causar baja en la cooperativa. Si el cese de actividad de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado comporta el cierre del establecimiento abierto al público deberá acreditarse tal extremo de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.7 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086).
c)	La fuerza mayor, en la misma forma descrita en el artículo 5 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086). d)	La finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración determinada, mediante certificación del Consejo Rector u órgano de administración correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de efectos. e)	El cese de actividad por causa de violencia de género en las socias trabajadoras, en la forma prevista en el artículo 7 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086). f)	El cese de actividad por extinción o revocación de licencia administrativa de la cooperativa, conforme a lo indicado en el artículo 6 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086). g)	El cese de actividad del aspirante a socio durante el período de prueba, mediante comunicación de no admisión por parte del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de administración correspondiente. Por último, lo previsto en el RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086), será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 4 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), con las especialidades previstas en la disposición adicional 5.ª del RD 1451/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086). Así, se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores que cesen definitivamente en el ejercicio de su actividad por alguna de las situaciones siguientes [disposición adicional 5.ª.2 del RD 1451/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)]: a)	Pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad en los términos previstos en el artículo 5.1.a).1.º de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057). b)	Por ejecuciones judiciales o administrativas para el cobro de deudas por el importe previsto en el artículo 5.1.a).2.º de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057). c)	Por declaración judicial de concurso. d)	Por muerte, jubilación o incapacidad permanente del titular del negocio en el que el trabajador por cuenta propia agrario venga realizando funciones de ayuda familiar. e)	Por fuerza mayor. f)	Por pérdida de la licencia administrativa.
g)	Por la violencia de género determinante del cese de la actividad de la trabajadora. h)	Por divorcio o separación matrimonial en el supuesto que el trabajador por cuenta propia agrario ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge. Además, se considera situación legal de cese de actividad cuando los trabajadores cesen temporalmente en el ejercicio de su actividad, exclusivamente en los siguientes supuestos [disposición adicional 5.ª.3 del RD 1451/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)]: 1)	Cuando por causa de fuerza mayor se realice un cambio de cultivo o de actividad ganadera, durante el periodo necesario para el desarrollo de ciclo normal de evolución del nuevo cultivo o ganadería. 2)	Cuando por causa de fuerza mayor se produzca daño en las explotaciones agrarias o ganaderas, durante el tiempo imprescindible para la recuperación de las mismas. 3)	Durante el periodo de erradicación de las enfermedades en explotaciones ganaderas. 4)	Por violencia de género determinante del cese temporal de la actividad de la trabajadora por cuenta propia agraria. La pérdida de la condición de comunero de las comunidades de bienes o de socio de sociedades de cualquier naturaleza, incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, sólo devengará derecho a la prestación cuando se acredite que el cese de la actividad es debido a las pérdidas económicas recogidas en el artículo 5.1.a) de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057) [disposición adicional 5.ª del RD 1451/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)].
III. BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD La protección por cese de actividad se reconocerá a los trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (artículos 2.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), y 2.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)). La doctrina ha planteado que la exigencia consistente en la previa cobertura de contingencias profesionales ocasiona que el sistema específico de protección por cese de actividad posea un carácter mixto porque, de una parte, los trabajadores autónomos económicamente dependientes y los autónomos que realicen aquellas actividades determinadas por el Gobierno como de mayor riesgo de siniestralidad, quedan protegidos automáticamente (y obligados a cotizar) por la contingencia de cese de actividad; y, de otra, pueden acogerse al sistema los trabajadores autónomos que, sin estar obligados (la mayoría), opten por suscribir la cobertura de las contingencias profesionales18. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los trabajadores autónomos en los que concurran los requisitos siguientes19 (artículos 4.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto (Tol 1904057), y 2.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre (Tol 2258086)): 1)	Estar afiliados y en situación de alta y cubiertas las contingencias profesionales, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 2)	Solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a causa del cese de actividad.
CAVAS MARTÍNEZ, F. «La protección por cese… cit. pág. 3. En similar sentido, BARCELÓN CABEDO, S. «Desempleo y trabajadores autónomos:… cit. pág. 8. GARCÍA QUIÑONES ha detectado las siguientes diferencias entre las exigencias para la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos y para la protección por desempleo: ausencia de una alusión a las situaciones asimiladas a la de alta; diferenciación entre los períodos mínimo de cotización exigidos en uno y otro modelo protector; y ausencia de una referencia a los supuestos de suspensión de relaciones laborales o reducción de jornada autorizados por resolución administrativa («Regulación legal de un… cit. pág. 7).
1_9788490333655