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Timestamp: 2020-07-09 23:28:03
Document Index: 66670167

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Sentencia de Constitucionalidad nº 489/95 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 43559218
Sentencia de Constitucionalidad nº 489/95 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 1995
Dec. 624/89. Arts. 6 y 583 inc. 2. Impuesto de los no declarantes. Exequibles.
Sentencia citada en: 28 sentencias, 22 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia No. C-489/95
Se equivoca el demandante al afirmar que quien no está obligado a declarar no debe pagar impuestos, ya que confunde el concepto genérico de contribuyente con el específico de declarante, que es sólo una clase del primero. La modalidad del pago del impuesto - mediante declaración de renta y complementarios o mediante retención en la fuente - no debe confundirse con la obligación tributaria sustancial, la cual emana de la realización u ocurrencia del hecho gravable.
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Dimensiones
DEBER DE REVELAR INFORMACION ECONOMICA-Fundamental
DERECHO A LA INTIMIDAD ECONOMICA-Límites/PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL EN MATERIA ECONOMICA/RESERVA TRIBUTARIA-Levantamiento
DERECHO A LA RESERVA DE LIBROS PRIVADOS-Facultad del legislador para regularlo
La Constitución consagra, en favor del Legislador, la facultad para regular la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados. La mayor extensión de la regulación legal, significará para el derecho a la intimidad económica, un menor ámbito. El desarrollo de la anotada reserva, puede concretarse en un tratamiento integral de la materia, o en la progresiva inclusión de hipótesis en las que opere el levantamiento judicial de la reserva. De una o de otra manera, el balance entre el derecho a la intimidad económica y el derecho al debido proceso - en particular el derecho a solicitar, presentar y controvertir pruebas -, que explícita o implícitamente se haga en la ley, debe inspirarse en los principios y valores constitucionales. La ley podrá optar por levantar el sigilo fiscal en las causas en las que se debata la existencia de una relación laboral o de una obligación alimentaria, en cuyo caso se restringe legítimamente el alcance del derecho a la intimidad económica. Al hacerlo, respecto de los procesos penales, no se ha renunciado a ordenar legislativamente el levantamiento de la reserva en otros procesos, lo que bien podrá decidirse en el futuro.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 y el inciso 2º (parcial) del artículo 583 del Decreto Ley 624 de 1989 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales".
En el proceso de constitucionalidad del artículo 6 y del inciso 2º (parcial) del artículo 583 del Decreto Ley 624 de 1989 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales".
El Presidente de la República expidió el Decreto Ley 624 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 38.756 de marzo 30 de 1989.
El ciudadano H.D.V.G. presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 del Decreto Ley 624 de 1989 (Estatuto Tributario) por violación de los artículos 2 y 13 de la Constitución Política y contra la palabra "penales" que aparece en el inciso 2º del artículo 583 del mismo estatuto, por violación de los artículos 2, 13, 15, 86, 116 y 229 de la Constitución Política. El proceso fue radicado bajo el número D-878.
El ciudadano J.R.M.M., en calidad de funcionario de la División de Representación Externa de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del término previsto en el artículo 7º del Decreto 2067 de 1991, solicitó por escrito la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones demandadas.
Mediante auto del tres (3) de abril de 1995, el magistrado ponente solicitó al Instituto Colombiano de Derecho Tributario su concepto técnico sobre las normas demandadas.
El Procurador rindió concepto en el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 6 y la inexequibilidad de la expresión "penales" contenida en el inciso segundo del artículo 583 del Estatuto Tributario.
A continuación se exponen los cargos de la demanda, el concepto del Instituto de Derecho Tributario, la intervención ciudadana y el concepto del Procurador General. El texto de la norma acusada se transcribe bajo los cargos de la demanda.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo estipulado en el numeral 5º artículo 241 de la Constitución Política, ya que los artículos demandados hacen parte de un decreto con fuerza de ley (D. 624 de 1989).
"ARTICULO 6.- EL IMPUESTO DE LOS NO DECLARANTES ES IGUAL A LAS RETENCIONES.- El impuesto de renta, patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, y el de los demás contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta realizados al contribuyente durante el respectivo año gravable."
La norma discrimina a las personas no obligadas a declarar renta respecto de las que sí lo están. De esta forma, el Estado no protege por igual a todas las personas en sus bienes, sin que exista una justificación razonable para establecer dicha diferenciación. "Si una persona no está obligada a declarar, es forzoso concluir que no hay que pagar impuesto".
El legislador puede establecer condiciones y requisitos para diferentes grupos de sujetos. Ello no vulnera los principios de generalidad e igualdad de trato. La consagración del principio de "equidad" en el artículo 363 C.P., desliga al principio de igualdad de la noción de generalidad, porque en materia tributaria las situaciones diferentes para los hechos generadores y excluyentes de impuestos, ameritan un tratamiento distinto. Por lo tanto, así como la estructura del régimen impositivo que se divide en categorías, grupos y clasificaciones, guarda armonía con la Constitución Política, lo mismo el sistema de retenciones en la fuente se fundamenta en el principio de equidad y es constitucional.
J.R.B.A., miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, dejó constancia de su discrepancia:
El artículo 6 del Estatuto Tributario - afirma -, es contrario a los mandatos constitucionales (C.P. arts. 150 ord. 12, 189 ord. 20 y 338) porque equipara la retención en la fuente a la obligación tributaria, "mezclando dos órdenes estatales que la Constitución Nacional ha querido mantener completamente separados entre sí: el legislativo relativo a la creación de tributos y el administrativo en lo referente a los mecanismos de recaudación de las rentas nacionales".
La referida disposición - sostiene -, viola el principio de equidad (C.P. art. 363), al otorgar un tratamiento tributario más gravoso a las personas con menor capacidad económica, quienes al no declarar renta no pueden obtener deducciones, rentas exentas y descuentos a su favor, a diferencia de las personas con mayor capacidad económica.
El artículo 6 "cierra el círculo de los contribuyentes, en la medida en que los no declarantes también contribuyan con los gastos públicos", no encontrándose ningún reparo constitucional al mismo.
El demandante acusa el artículo 6 del Estatuto Tributario como violatorio del derecho a la igualdad. La norma acusada dispone que el impuesto de renta, patrimonio y ganancia ocasional al que están obligados los contribuyentes no declarantes, equivale a la suma de las retenciones en la fuente que por todo concepto le deban ser aplicadas durante el respectivo año gravable.
El artículo 95 de la Constitución establece el deber de la persona y del ciudadano de "contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad" (numeral 9).
La doctrina define como tributo "las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines"Modelo de Código Tributario para América Latina..
Los impuestos, a diferencia de otros tributos como las tasas y las contribuciones, no están vinculados con actividades estatales que beneficien en forma individual a los contribuyentes. Su finalidad es la financiación de los objetivos genéricos del Estado y, como tal, representan uno de sus ingresos más importantes. Los impuestos pueden ser directos - tributación sobre la renta o sobre la propiedad - o indirectos - sobre el comercio exterior, sobre la producción y el consumo, sobre los servicios, etc. --
La ley determina los hechos generadores del impuesto. La obligación tributaria se origina para los contribuyentes al realizarse el presupuesto de hecho previsto en la ley (D.L. 624 de 1989, art. 1º). Los contribuyentes, o sujetos pasivos de la obligación tributaria, son las personas responsables del pago del tributo.
La distintas modalidades de recaudo del impuesto de renta y complementarios - la declaración de renta o la retención - obedecen a razones de eficiencia y oportunidad. La retención en la fuente es un sistema de recaudo que opera en el momento del nacimiento de la obligación tributaria. Su finalidad es facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta, dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause (D.L. 624 de 1989, arts. 365 y 367). Este sistema ha venido a sustituir gradualmente el sistema menos eficiente de la presentación de declaración de renta por parte de los contribuyentes, el cual se aplica principalmente como mecanismo de recaudo para las personas con altos niveles de renta o patrimonio.
En consecuencia, se equivoca el demandante, como lo anotan los intervinientes y el concepto del Ministerio Público, al afirmar que quien no está obligado a declarar no debe pagar impuestos, ya que confunde el concepto genérico de contribuyente con el específico de declarante, que es sólo una clase del primero. La modalidad del pago del impuesto - mediante declaración de renta y complementarios o mediante retención en la fuente - no debe confundirse con la obligación tributaria sustancial, la cual emana de la realización u ocurrencia del hecho gravable. En este sentido, carece de fundamento la afirmación del actor según la cual "si una persona no está obligada a declarar, es forzoso concluir que no hay que pagar impuesto".
El actor acusa la norma por discriminatoria. Los términos de comparación que invoca son, por un lado, los contribuyentes obligados a declarar renta y, por el otro, los contribuyentes no obligados a hacerlo. A su juicio, la norma otorga un trato más favorable a los primeros, cuando les permite realizar deducciones o descuentos y obtener exenciones al presentar la declaración de renta y complementarios, mientras que a los segundos no les está permitido hacerlo, debido a que "la retención en la fuente equivale al impuesto a pagar".
La segunda situación que expone el actor como violatoria del derecho a la igualdad consiste en la aplicación de la retención en la fuente a los contribuyentes no declarantes que prestan servicios a una persona jurídica, mientras que dicha retención no se aplica a los contribuyentes en la misma situación que prestan sus servicios a una persona natural.
P. de creación y recaudación de tributos
Una opinión minoritaria de los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, sostiene que la norma acusada "mezcla dos órdenes que la Constitución ha querido mantener separados" como lo son la creación de los tributos y su recaudo, lo que viola los artículos 150-12, 189-20 y 338 de la Constitución.
Segundo cargo: Inconstitucionalidad de la palabra "penales" que aparece en el inciso 2 del artículo 583 del Decreto Ley 624 de 1989, por violación de los artículos 15, 2º y 13, 86, 116 y 229 de la Constitución Política.
"ARTICULO 583.- RESERVA DE LA DECLARACION. La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de Impuestos Nacionales, sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística.
(1) La expresión "penales" contenida en el inciso 2º del artículo 583 restringe inconstitucionalmente el artículo 15 de la Constitución Política, que dispone el levantamiento de la reserva de documentos privados para efectos "judiciales". "Si la Constitución no distingue - afirma -, no le es dado hacerlo al Legislador".
El actor no aporta nuevos argumentos a los ya presentados contra la misma expresión, la cual fuera declarada exequible mediante sentencia del 9 de agosto de 1990 por la Corte Suprema de Justicia (Exp. Nº 2.100). Si bien las disposiciones constitucionales sobre la reserva de documentos privados fueron modificadas, esta circunstancia no "comporta nuevas definiciones conceptuales, al menos en lo tocante al tema objeto de la demanda".
Dos miembros del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, los señores J.R.B.A. y B.C.V., discreparon del concepto emitido por el Instituto:
(1) En relación con la expresión "penales" del inciso 2º del artículo 583 del Estatuto Tributario, ésta circunscribe al campo penal la posibilidad de utilizar copias de las declaraciones tributarias como prueba, con lo que está limitando el alcance de la norma constitucional.
(2) El término "penales" es inexequible, ya que el legislador, a diferencia de lo preceptúado en la Constitución anterior, no está autorizado para señalar los casos en los cuáles puede pedirse la exhibición de libros de contabilidad y de documentos privados.
El legislador goza de la atribución de definir en qué eventos "tributarios o judiciales" es posible levantar la reserva de los documentos privados. "Luego, cuando el artículo 583 del Estatuto Tributario ..., dispone levantar la reserva de las declaraciones tributarias para efectos de control tributario y en asunto de carácter "penal", lejos de contradecir el citado mandato constitucional lo está desarrollando plenamente".
La expresión "judiciales" contenida en el artículo 15 de la Constitución involucra por igual las controversias civiles, laborales, etc.. Si la norma acusada sólo hizo referencia a los procesos penales para efectos de levantar la reserva frente a las declaraciones de renta, viola la norma constitucional en la medida que ésta autoriza el levantamiento de la reserva genéricamente en los procesos judiciales y no sólo en una especie de ellos.
Para algunos intervinientes, la posibilidad de levantar la reserva tributaria en los procesos penales, constituye un desarrollo legal del artículo 15 de la Constitución. Para el demandante y para el Ministerio Público, en cambio, la disposición acusada limita inconstitucionalmente la posibilidad prevista por la Carta para los procesos judiciales en general.
El derecho fundamental a la intimidad se proyecta en dos dimensiones: como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados, o como libertad, que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privadaCorte Constitucional. Sentencia ST-414 de 1992. M.C.A.B.. El derecho a la intimidad es un derecho de status negativo, o de defensa frente a cualquier invasión indebida de la esfera privada, a la vez que un derecho de status positivo, o de control sobre las informaciones que afecten a la persona o la familia. Mediante este derecho se asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, en el que es posible encontrar el recogimiento necesario para proyectar libremente la personalidad, sin las intromisiones propias de la vida en sociedadCorte Constitucional. Sentencia ST-210 de 1994. M.E.C.M..
El artículo 15 de la Constitución consagra, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar, y establece una serie de garantías para su protección: (i) el deber del Estado y de los particulares de respetarlo; (ii) la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, salvo el registro o la interceptación por orden judicial, en los casos y con las formalidades de ley; (iii) la reserva de libros de contabilidad y demás documentos privados, salvo su exigibilidad para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, "en los términos que señale la ley".
El núcleo esencial de un derecho fundamental es el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares. Consiste en aquellas facultades necesarias para que el derecho sea reconocido como lo que es, sin que se desnaturalice. Se viola el núcleo esencial de un derecho cuando en su regulación legislativa queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, dificultan irrazonablemente su ejercicio o lo privan de protecciónCorte Constitucional. Sentencia ST-426 1992. M.E.C.M..
En este orden de ideas, el deber de revelar información económica, mediante la presentación de declaraciones tributarias, y la facultad correlativa de inspección fiscal en cabeza de las autoridades competentes, se fundamentan en el interés superior de que cada ciudadano contribuya al sostenimiento de las cargas públicas, interés éste que se erige en un límite del derecho a la intimidad.
Como se anotó anteriormente, intereses de orden superior justifican la limitación del derecho a la intimidad para efectos tributarios, judiciales y de inspección, vigilancia e intervención del Estado. Las potestades impositiva, punitiva y de inspección, vigilancia e intervención del Estado, buscan asegurar intereses generales que justifican los límites constitucionales del derecho a la intimidad, "en los términos que señale la ley" (C.P. art. 15).
El ejercicio del ius puniendi del Estado, cuyo objetivo es la persecución y sanción de las conductas que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, constituye razón suficiente para limitar el derecho a la intimidad, mediante la regulación legal que ordena a la administración suministrar, a petición de la autoridad judicial competente, las declaraciones tributarias presentadas por particulares con fines diversos a la defensa penal. Esta posibilidad, no obstante, debe ser interpretada de conformidad con el artículo 28 de la Constitución, según el cual "nadie puede ser molestado en su persona o familia ..., sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley".
"Ahora bien, como facultad alguna en manos de los funcionarios estatales puede ser omnímoda ni de infinito o arbitrario alcance cuando se ejerce en un Estado de Derecho, debe repetirse que, por una parte la misma Constitución ha definido la órbita y los propósitos dentro de los cuales la enunciada atribución puede ser ejercida: para los exclusivos fines tributarios o judiciales y para que el Estado cumpla con eficiencia sus funciones de inspección, vigilancia e intervención. (...)
"A lo anterior se añade que la autoridad - en este caso la tributaria - no puede exigir a los particulares la presentación de sus libros y papeles privados, entre ellos los de la propiedad industrial, sino en los términos que la ley le indique. (...)
"Es lícito, entonces, que el Estado exija documentos privados de cuyo análisis y evaluación pueda concluirse la determinación de costos, rentas, tributos, exenciones, retenciones, pasivos, pagos y deducciones, siempre y cuando su actividad de inspección, investigación y vigilancia se lleve a cabo en los términos dispuestos por la ley y para los exclusivos fines que contempla el artículo 15 de la Carta. Se trata de elementos de juicio, de verdaderas pruebas, que hacen parte de una actuación administrativa específicamente autorizada por la Constitución y, mientras su trámite se sujete a la ley que la regula, está permitida y, más aún, adelantarla constituye obligación para la Administración de Impuestos. (...)
"Debe tenerse en cuenta que el Estado no puede ser privado de su poder de indagación tributaria ni de su capacidad investigativa, las cuales, por ser de orden público, prevalecen sobre la voluntad de los particulares y se imponen a ellos. Por tanto, las competentes agencias estatales no pueden ser limitadas por la reserva - como lo quiere la sociedad petente - en la búsqueda de pruebas orientadas a definir el monto real de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, menos aun si existen indicios acerca de comportamientos evasivos. Restringir esos poderes de tal manera que, en gracia de la reserva, se obligue al Estado a tomar por ciertas e incontrovertibles las declaraciones de los contribuyentes, conduciría no sólo a la inutilidad e inaplicabilidad del artículo 15, inciso último, de la Carta, sino que sería un retroceso a la ya superada época del "Estado-gendarme"Corte Constitucional. Sentencia ST-381 de 1993. M.J.G.H.G..
Como se puede observar, el levantamiento de la reserva de documentos privados "para efectos judiciales", por sí sola, no limita el derecho fundamental a la intimidad. El Constituyente atribuyó a la ley la facultad de determinar los casos en que se justifica la restricción de este derecho por razones de interés general. Resta entonces evaluar si la decisión legislativa de circunscribir el levantamiento de la reserva de documentos privados a los procesos penales, sin hacerlo extensible a otro tipo de procesos judiciales, vulnera la Constitución.
El demandante manifiesta que limitar el levantamiento de la reserva tributaria a los procesos penales, - cuando la declaración tributaria del demandado constituye la única prueba de lo alegado -, viola el deber estatal de proteger a todos los residentes en Colombia, discrimina entre las personas que tramitan diversos procesos judiciales, obstaculiza la tutela de los derechos fundamentales, impide a los jueces administrar justicia y niega el acceso a la administración de justicia a los ciudadanos.
La Corte considera que no puede, a priori, establecerse una jerarquía entre los diferentes derechos fundamentales. Las normas que adopta el Legislador pueden, en determinados casos, otorgar precedencia a un específico derecho. La Corte, con fundamento en los principios y valores consagrados en la Constitución, con ocasión del ejercicio de sus competencias jurisdiccionales, podrá pronunciarse sobre el contenido y alcance de la obra legislativa.
La Constitución consagra, en favor del Legislador, la facultad para regular la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados (C.P., art. 15). La mayor extensión de la regulación legal, significará para el derecho a la intimidad económica, un menor ámbito. El desarrollo de la anotada reserva, puede concretarse en un tratamiento integral de la materia, o en la progresiva inclusión de hipótesis en las que opere el levantamiento judicial de la reserva. De una o de otra manera, el balance entre el derecho a la intimidad económica y el derecho al debido proceso - en particular el derecho a solicitar, presentar y controvertir pruebas -, que explícita o implícitamente se haga en la ley, debe inspirarse en los principios y valores constitucionales. Desde luego, sin desconocer que, en punto a la reserva tributaria, la declaración de renta equivale a una confesión del contribuyente y que, por consiguiente, su indiscriminada supresión podría conducir a una situación de virtual autoincriminación (C.P., art. 33), lo mismo que al vaciamiento del núcleo esencial del derecho a la intimidad.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión "penales" contenida en el inciso 2º del artículo 583 del Decreto Ley 624 de 1989, bajo el entendido de que la ley podrá en cualquier momento disponer el levantamiento de la reserva de la declaración tributaria en otros procesos judiciales.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 35926 de 26 de Enero de 2010