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Timestamp: 2020-01-22 12:42:02
Document Index: 213816508

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 24', 'in fine', 'artículo 27', 'artículo 24', 'artículo 17', 'artículo 138', 'artículo 24', 'artículo 24']

Sentencia nº 00613-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 27 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 644878637
Partes: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Contra: Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)
No. de Expediente: 121071
No. de Sentencia: 00613-2014
SENTENCIA No. 00613-2014
LA TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituida en el salón donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., No. 1-A, esquina S.S., sector de Gazcue, con la presencia de sus jueces: R.C., J.P.; F.C.A., J.; F.F.C., J.; asistidos de la infrascrita secretaria, ha dictado en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que sigue:
CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, interpuesto por la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC., organización sin fines de lucro constituida conforme a leyes de la República Dominicana, con su domicilio en la avenida Sarasota 20, T.E.A., Piso 12, debidamente representada por su Presidente, señora L.. L.B., dominicana, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0099785-7, mayor de edad, Industrial, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. O.A.R.H., R.J.P., R.E.N.N., y B.F. De León Reyes, abogados de los tribunales de la República, provistos de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0003588-0, 047-0043141-6, 031-0225360-0 y 001-1810108-8, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la calle B.M. 158, sector Gazcue de la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, lugar donde la recurrente hace formal elección de domicilio a los fines y consecuencia legales del presente recurso, contra el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF).
La ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC., es miembro de la Comisión de Evaluación para los Proyectos solicitado bajo los beneficios otorgado por la Ley 28-01, de la cual forma parte permanentemente, desde el año dos mil nueve, según lo establece el Decreto No. 539-09. En fecha 26 de julio del año 2012, el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), aprobó las solicitudes de las empresa no aprobadas por la parte recurrente, por lo que no conforme, la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC., interpuso un recurso de reconsideración ante el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), en fecha 27 de julio del año 2012; emitiendo esta última, el Oficio-DG-145, en fecha 10/08/2012, mediante el cual, suspende temporalmente los beneficios de las empresas aprobadas. En fecha 26 de septiembre del año 2012, el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) se reunió y decidió dejar sin efecto la suspensión de las aprobaciones de las solicitudes de las empresas, y la parte recurrente, en desacuerdo, interpuso el presente recurso ante esta jurisdicción.
En fecha veinticuatro (24) de octubre del año 2012, fue recibida por secretaría de este Tribunal, la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por los Licdos. O.A.R.H., R.J.P., R.E.N.N., y B.F. De León Reyes, actuando en nombre y en representación de ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC., contra el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), fundamentando su recurso en que la recurrida no cumplió con la publicidad requerida en el artículo 24 del Decreto 539-05, el principio de legalidad y el procedimiento administrativo establecido en la Ley 28-01, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, solicitando al Tribunal que declare la nulidades de las aprobaciones de las empresa, así como también de la Resolución de la Asamblea del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), de fecha 26 de septiembre del año 2012.
Expresa la recurrente, que es una organización sin fines de lucro que tiene como misión defender, representar, apoyar y promover al sector industrial dominicano para impulsar el desarrollo sostenible de la República Dominicana. En virtud del artículo 27 del Decreto 539-05, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 28-01, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, la recurrente es miembro de las Comisiones de Evaluación previstas para examinar la viabilidad de los proyectos que soliciten los beneficios de la Ley 28-01. En las reuniones de fecha 6 de diciembre del año 2011 y 10 de julio de 2012, la Comisión Técnica de Evaluación de Proyectos rechazó las solicitudes correspondientes a las empresas VAPERDY, S.R.L., MAIBERIL INTERNATIONAL, S.R.L., YOSEPLASTC, S.R.L., SAERAT INVESTMENT, S.R.L., debido a que las mismas no cumplieron los requisitos exigidos por la Ley 28-01 y el Decreto 539-05 para acogerse a los beneficios contemplados en la normativa. A pesar de no haberse agotado las acciones de publicidad requeridas por el artículo 24 del Decreto 539-05, en fecha 26 de julio de 2012, el CCDF aprobó las solicitudes de clasificación de las empresas. En fecha 27 de julio de 2012, la recurrente depositó ante el CCDF un recurso de reconsideración de las aprobaciones que beneficiaron a las empresas, en razón de que las mismas no reúnen todos los requisitos exigidos por la Ley 28-01 y el Decreto 539-05, con el agravante, de que otras asociaciones de empresas dominicanas habían manifestado su oposición debido a la violación del artículo 17, P.I., del Decreto 539-05. En fecha 10 de agosto de 2012, el Presidente del CCDF emitió el Oficio-DG-145, mediante el cual suspende temporalmente los beneficios que fueron concedidos a las empresas VAPERDY, S.R.L., INDUSTRIA LICORERA S. R. L., MAIBERIL INTERNATIONAL, S.R.L., YOSEPLASTC, S.R.L., SAERAT INVESTMENT, S.R.L., R.V.S., S.R.L., PUERTO COPELLO, S.R.L., HORMIGONES FRONTERIZOS, C.P.A., las cuales fueron aprobadas en la reunión del 26 de julio de 2012; hasta tanto el Consejo pueda sesionar nuevamente y ponderar los alegados aludidos en el recurso de reconsideración de la recurrente, así como en las oposiciones de Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines, Inc. (ASONAIMCO) y Asociación Dominicana de Industrias Textiles, Inc. (ADITEX.) Sin conocer la existencia del Oficio-DG-145, en fecha 14 de agosto de 2012, 4 miembros de la Comisión Técnica de Evaluación de Proyectos del CCDF remitieron al Presidente del CCDF una solicitud de suspensión de las aprobaciones de las solicitudes de las empresas, en virtud de que no se había cumplido los requisitos legales necesarios para las mismas. Sin embargo, el 26 de de septiembre de 2012, el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), se reunió y decidió dejar sin efecto la suspensión de las aprobaciones de las solicitudes de las empresas, y ratificó las mismas sin expresar la más mínima motivación respecto a las impugnaciones recibidas. Es evidente el interés legítimo de la recurrente, puesto que los actos administrativos impugnados han sido emitidos en abierta violación al Debido Procedimiento Administrativo y al Principio de Legalidad que subordina la actuación de los órganos y entidades administrativas. El Principio de Legalidad es uno de los principios fundamentales de actuación de la Administración Pública, conforme prescribe el artículo 138 de la Constitución de la República. En virtud de dicho principio, todos los órganos y entidades que ejercen función administrativa, entre los que figura el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), se encuentran subordinados al ordenamiento jurídico del Estado. La existencia de esta Principio conlleva para cualquier entidad administrativa, la obligación de actuar conforme al Derecho. En el caso, la recurrida ha desconocido totalmente su obligación de actuar "con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, puesto que ha emitido, mediante su Asamblea del 26 de julio de 2012, las aprobaciones de las solicitudes de clasificación de las empresas sin haber realizado previamente las publicaciones que, bajo pena expresa de revocación, dispone el artículo 24 del Decreto 539-05. El mandato del artículo 24 del Decreto 539-05, persigue que los sectores productivos nacionales conozcan oportunamente los proyectos empresariales que pretenden acogerse a los beneficios de la Ley 28-01, con un es espíritu de precaución, en virtud de que las exenciones son susceptibles de distorsionar el correcto funcionamiento del mercado y perjudicar el distorsionar el correcto funcionamiento del mercado y perjudicar el desarrollo de la industria nacional. La consecuencia que acarrea la violación del ordenamiento jurídico preestablecido para la toma de una decisión administrativa es la nulidad, toda vez que la administración no puede ejercer sus funciones sino dentro de los precisos límites del derecho positivo, pues la demarcación de estos constituye la garantía establecida en beneficio de los particulares o administrados contra las posibles arbitrariedades de la autoridad administrativa. Por tales motivos solicita al Tribunal: PRIMERO: DECLARAR bueno y válido en cuanto a la forma el presente Recurso Contencioso Administrativo, por haber sido interpuesto en los plazos y en la forma establecidos por la Ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, DECLARAR la nulidad de las...
Sentencia nº 054-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 24 de Febrero de 2014