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Timestamp: 2017-06-25 22:33:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 149', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 157', 'artículo 3', 'artículo 330', 'artículo 63', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 63', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 63']

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[Sentencia C-125/11] Constitucional-Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente
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Revisión de constitucionalidad del “Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente” y de la Ley aprobatoria No. 1304 de 2009.
Bogotá D. C., dos (2) de marzo de dos mil once (2011). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA
Por cuanto el material probatorio solicitado no fue remitido en su totalidad, el Magistrado Sustanciador, en providencia del 14 de septiembre de 2009, dispuso requerir a las autoridades bajo el apremio del artículo 50 del Decreto 2067 de 1991. Cumplidos los trámites constitucionales y legales, y previo concepto del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir sobre este asunto.
CAMPO DE APLICACION Y DEFINICION. ARTÍCULO 1.
DEVOLUCION DE LOS BIENES CULTURALES EXPORTADOS ILICITAMENTE. ARTÍCULO 5.
DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 8.
Como antecedente, la vocera del Ministerio recuerda que en 1984 la UNESCO solicitó a UNIDROIT elaborar reglas aplicables al tráfico ilícito de objetos culturales para complementar la Convención de la UNESCO de 1970. A mediados de los años noventa el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT, presentó el texto final que fue adoptado el 24 de junio de 1995 en Roma. Considera, además, que la Ley 1304 de 2009 es concordante con los artículos 70, 71 y 72 de la Carta Política; añade que la definición de Patrimonio Cultural dada en el Convenio es más amplia que la nacional que no distingue entre los diversos bienes que en Colombia son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En cuanto a la finalidad del Instrumento, explica que el mismo busca la protección del patrimonio cultural de los Estados sin atentar contra el derecho de propiedad sobre los mismos, finalidad compartida por el Estado colombiano como ente protector del patrimonio cultural.
En relación con las medidas para la restitución del patrimonio cultural que haya sido objeto de robo o exportación ilícita, explica que el tráfico de estos bienes afecta a muchos Estados, entre ellos a Colombia, razón por la cual el Ministerio de Cultura está comprometido en la tarea de concientización sobre el daño generado por estos hechos. 2. Instituto colombiano de antropología e historia Para el Instituto, tanto el texto del Convenio como el de la Ley que lo aprueba deben ser declarados exequibles. El vocero del Instituto empieza por analizar la demanda de restitución de bienes robados y posteriormente se ocupa de la demanda de devolución de bienes exportados ilícitamente. En ambos casos adelanta una descripción acorde con los textos del Convenio bajo revisión. Luego se ocupa de los pros y contras del texto analizado.
Considera la representante del Ministerio que tanto el texto del Convenio como el de la Ley que lo aprueba deben ser declarados exequibles por la Corte Constitucional. Después de adelantar un recuento sobre el trámite de la Ley 1304 de 2009, concluye que el mismo es conforme con lo estipulado en la Carta Política. En cuanto al contenido de los mismos textos, luego de llevar a cabo una descripción genérica del articulado, concluye la interviniente que el Convenio defiende fines constitucionalmente válidos en cuanto busca preservar el patrimonio cultural de la nación y establecer normas que permitan recuperar bienes culturales robados o exportados ilícitamente, facilitando la cooperación mutua entre los Estados signatarios. Añade el concepto del Ministerio que el Convenio debe ser declarado exequible por cuanto propone afianzar lazos de amistad entre las partes, preservar la identidad nacional, luchar por el beneficio mutuo, reconocer la importancia de la cooperación y recuperar bienes culturales que hayan sido robados o exportados ilícitamente, en defensa de la identidad cultural.
El Ministerio interviene mediante apoderado para solicitar a la Corte que declare exequibles tanto el texto del Convenio como el de la Ley que lo aprueba. Explica la conveniencia del Instrumento en cuanto el acervo cultural de los pueblos representa la fuente del origen y evolución de la civilización que ha de protegerse y resguardarse para el futuro de la humanidad. Como soporte de constitucionalidad del Convenio el agente del Ministerio menciona los artículos 9º, 150, 189, 224, 241 y 243 de la Carta Política, agregando que el Estado colombiano hace parte de las naciones que propugnan por el reintegro o repatriación de los bienes que hacen parte de su patrimonio cultural e histórico.
5. Universidad Sergio Arboleda Luego de llevar a cabo un denodado estudio sobre la importancia del Convenio en las circunstancias actuales, vinculadas con el saqueo e indebida apropiación de bienes que constituyen patrimonio cultural de los pueblos, el representante de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda hace una relación de las leyes y tratados que Colombia ha puesto en vigencia con el propósito de proteger los bienes que constituyen patrimonio histórico y cultural de la nación.
Para el interviniente, las normas del Convenio desarrollan preceptos internacionales encaminados a hacer efectiva la restitución de bienes culturales robados, señalando términos de prescripción amplios pero precisos y disponiendo la forma de compensar económicamente a los poseedores de buena fe. 6. Ministerio de relaciones exteriores
IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El Procurador General de la Nación, en concepto No. 5023, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 21 de septiembre de 2010, solicita a la Corte declarar INEXEQUIBLE la Ley 1304 del 3 de junio de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Convenio UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, al encontrar que durante el trámite correspondiente, el Congreso de la República incurrió en vicios no subsanables.
Estima el Procurador que de esta manera se incurrió en un vicio de inconstitucionalidad no subsanable, producido en el primer debate en el Senado de la República, momento en el cual esta Cámara no había expresado de manera válida su voluntad. 2. El segundo vicio está relacionado con que el proyecto de Ley fue votado en sesión distinta de aquella para la cual fue anunciado, lo cual implica la invalidez de la discusión y de la aprobación, según lo prevé el artículo 149 superior. Según el Ministerio Público, el hecho ocurrió durante el trámite dado en la Comisión Segunda del Senado de la República, por cuanto al finalizar la sesión del 28 de noviembre de 2007, “El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, cita para mañana 29 de noviembre a las 9:00 a,m, …”, no obstante, el proyecto es discutido y aprobado, sin anuncio previo, el 4 de diciembre de 2007, rompiendo así la cadena de anuncios.
En concepto del Procurador General de la Nación, el Convenio que se examina es un elemento importante para impulsar y promover canales de cooperación y desarrollo, lo que se encuentra en consonancia con los artículos 9º, 226 y 227 de la Carta Política, normas que orientan la política exterior del Estado colombiano. V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.	Competencia. La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad del Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente y de su ley aprobatoria, atendiendo a lo previsto en el numeral 10º del artículo 241 superior.
2.	Alcance del control de constitucionalidad sobre los convenios internacionales y sus leyes aprobatorias
La revisión constitucional que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los convenios internacionales y sus leyes aprobatorias tiene las siguientes características: i) es previo a la ratificación del tratado, aunque posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción del Gobierno; ii) es automático, por cuanto deben remitirse por el Gobierno dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la ley; iii) es integral, toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de los actos frente al texto integral de la Constitución; iv) es preventivo, al buscar garantizar el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º) y el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad internacional; v) es una condición sine qua non para la ratificación del instrumento internacional; y vi) tiene efectos de cosa juzgada constitucional. 2.1. El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado , así como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de Ley. Además, la Ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una Ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así señalarlo la Ley Orgánica del Congreso , salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República, por referir a las relaciones internacionales (Art. 154 superior), y a la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la Ley aprobatoria a la Corte (Art. 241, numeral 10 superior). De esta manera, la Corte ha manifestado que el examen formal comprende: i) la remisión oportuna del Instrumento internacional y la ley aprobatoria, ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado, así como la competencia del funcionario que lo suscribió, iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente, iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso (Art. 157 C.Po.), v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (Art. 157 C.Po.), vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (Art. 160 C.Po.), vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto, y viii) el anuncio previo a la votación (art. 160 C.Po.). 2.2. De otra parte, en cuanto al control de constitucionalidad material, la función de esta Corte se circunscribe a examinar el contenido del Instrumento internacional y su ley aprobatoria a la luz del contenido integral de la Constitución. 2.3. Por último, la Corte recuerda que los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad de los tratados internacionales, son materias ajenas a las funciones jurídicas que le han sido asignadas a la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (Art. 241-10 superior). Su valoración, entonces, corresponde constitucionalmente al Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales (Art. 189-2 de la Carta) y al Congreso de la República al disponer la aprobación o improbación de los tratados (Art. 150-16 de la Constitución).
3.	Constitucionalidad formal del Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente y de su Ley aprobatoria 3.1.	La oportunidad en la remisión
La Ley No. 1304 que aprueba el “Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, fue expedida el 3 de junio de 2009, siendo recibida fotocopia auténtica en la Corte Constitucional , el día 11 de junio de 2009, proveniente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Es decir, el Gobierno remitió el texto de la ley junto con el tratado internacional, dentro del término de seis (6) días previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política. 3.2.	Negociación y celebración del tratado internacional
3.2.1.	Competencia del funcionario que lo suscribió
3.2.2.	La confirmación por el Presidente de la República
El 25 de julio de 2007, el Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, impartió aprobación al instrumento internacional, conforme al artículo 8º de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. (Folio 14 del cuaderno principal). Como lo ha sostenido la Corte, la confirmación del Presidente de la República tiene como efecto jurídico la manifestación de la intención y el interés del Ejecutivo, responsable de la dirección de las relaciones internacionales (Art. 189, num. 2° de la Constitución Política), en adherir a este Convenio multilateral a cuya suscripción no concurrió el Estado colombiano .
3.3.	Revisión formal de la Ley No. 1304 del 3 de junio de 2009, aprobatoria del Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente
3.3.1.	Trámite en el Senado de la República al proyecto de Ley 147 de 2007
El texto original del proyecto de Ley y del Instrumento internacional, junto con la exposición de motivos elaborada por el Gobierno, fueron publicados en la Gaceta del Congreso número 469 del 24 de septiembre de 2007 Senado .
Posteriormente, la Presidencia del Senado asignó el proyecto de Ley a la Comisión Segunda Constitucional Permanente. Según constancia del Secretario General de la Comisión Segunda, el 1º de octubre de 2007 fue recibido en ese Despacho el proyecto de Ley 147/07 Senado, e inmediatamente lo pasó a la Mesa Directiva de la Comisión para asignar ponente . El 3 de octubre de 2007, la Mesa Directiva designó como ponente al Senador Jairo Clopatofsky Ghisays; el día 5 de octubre fueron enviados los documentos al mencionado parlamentario, entre ellos una copia del proyecto de Ley, informándole que debería rendir ponencia dentro de los diez días siguientes. La documentación fue recibida en el Despacho del ponente el día 9 del mismo mes . 3.3.1.1.	La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays. Según certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República , doctor Felipe Ortiz Marulanda, la ponencia para primer debate del proyecto de Ley No. 147/07 Senado, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 607 del jueves 29 de noviembre de 2007.
Como se dijo anteriormente, la Vista Fiscal considera que el Congreso de la República incurrió en un vicio de trámite al publicar el texto del proyecto después de iniciar el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado. Considera la Sala que esta situación no se presentó, teniendo en cuenta que el primer debate al proyecto de Ley No. 147/07 Senado, tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2007, mientras que la inserción del texto en la Gaceta del Congreso o publicación del mismo, se llevó a cabo el día 29 de noviembre de 2007. Al revisar el contenido de la Gaceta del Congreso número 607 del jueves 29 de noviembre, la Sala encuentra que en sus páginas 15 y 16 aparece el texto de la “PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 147 DE 2007 SENADO”, documento suscrito por el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays. El primer debate en la Comisión se adelantó el martes 4 de diciembre de 2007, según consta en el Acta número 15 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 177 de 2008, páginas 7 y 8.
Durante la discusión participaron los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Jesús Enrique Piñacué, Juan Manuel Galán, luego el Secretario General dio lectura al informe de ponencia, al título del proyecto, al texto del mismo, el Presidente de la Comisión preguntó a los Senadores si querían que la iniciativa tuviera segundo debate, a lo cual respondieron afirmativamente. 3.3.1.2. La materia se encuentra regulada en los artículos 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992. La primera de estas normas prevé:
1.	Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
Concluye la Sala, entonces, precisando que el primer debate en la Comisión respectiva tuvo lugar después de haber sido publicado el texto de la ponencia en la Gaceta del Congreso , cumpliéndose lo establecido en el ordenamiento constitucional y orgánico.
Fecha de aprobación: Sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República el día 04 de diciembre de diciembre de 2007, según consta en el Acta No. 15 de esa fecha” .
El día 29 de noviembre no hubo sesión como lo demuestra el orden consecutivo de Actas. La “próxima sesión” tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2007, como consta en el Acta número 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 177 del 24 de abril de 2008. Es decir, el proyecto fue anunciado para discusión y votación el 28 de noviembre y la siguiente sesión se celebró el día 4 de diciembre de 2007, tal como lo demuestra el consecutivo de actas No. 14 y 15, siendo sometida la iniciativa legislativa a discusión y votación sin transgresión a lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo No 01 de 2003. El proyecto obtuvo la aprobación de 10 de los 13 Senadores que integran la Comisión .
De lo expuesto concluye la Sala que no se presentó el vicio de trámite informado por el señor Procurador General de la Nación. 3.3.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, presentada por el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 099 del jueves 3 de abril de 2008, Senado .
Conforme al Acta 49 del martes 27 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 481 del miércoles 30 de julio de 2008, Senado , en dicha sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
Según el Acta 50 del 28 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 482 del miércoles 30 de julio de 2008, Senado , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 147 de 2007, Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 92 de los 102 Senadores que conforman esa Plenaria .
El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 324 del jueves 5 de junio de 2008, Senado . 3.4.	Trámite en la Cámara de Representantes al proyecto de ley 323 de 2008 Cámara y 147 de 2007 Senado
3.4.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Luis Felipe Barrios, siendo publicada en la Gaceta del Congreso número 543 del lunes 25 de agosto de 2008, Cámara .
Conforme al Acta 6 del 10 de septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 41 del lunes 16 de febrero de 2009, Cámara , en dicha sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
Según el Acta 7 del 16 de septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 40 del lunes 16 de febrero de 2009, Cámara , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 17 de los 19 Representantes que conforman esa Comisión . Se designó como ponente para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara, nuevamente al Representante Luis Felipe Barrios.
3.4.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada por Luis Felipe Barrios, fue publicada en la Gaceta del Congreso 931 del jueves 11 de diciembre de 2008, Cámara .
Conforme al Acta 162 del 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta número 245 del 24 de abril de 2009, Cámara , en esa sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera: el Secretario General de la Cámara mencionó los proyectos, entre ellos el 323 de 2008 Cámara, 147 de 2007 Senado , concluyendo:
martes 24 a las 3:00 de la tarde” .
3.4.3. Según el Acta de plenaria número 163 del martes 24 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso número 265 del miércoles 29 de abril de 2009, el proyecto de Ley fue discutido y aprobado con la presencia de 148 de los 166 Representantes a la Cámara. El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 201 Cámara del martes 14 de abril de 2009.
3.5. De la secuencia legislativa anterior la Corte puede concluir que el proyecto de Ley: – Inició su trámite en el Senado de la República (C.Po. art. 154).
– Se cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (C.Po. art. 160), ya que i) en el Senado el primer debate en Comisión tuvo lugar el 4 de diciembre de 2007 y el segundo debate en la Plenaria del Senado el 28 de mayo de 2008, y ii) en la Cámara el primer debate en Comisión tuvo lugar el 16 de septiembre de 2008 y la aprobación en la Plenaria de la Cámara el 24 de marzo de 2009. Además, entre la aprobación del proyecto en el Senado (28 de mayo de 2008) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (16 de septiembre de 2008), transcurrió un término no inferior a los quince días previstos en el artículo 160 de la Carta Política.
– Se efectuaron las publicaciones oficiales conforme al numeral 1 del artículo 157 de la Carta, por cuanto: i) se publicó el texto original del proyecto junto con la exposición de motivos en la Gaceta número 469 del 24 de septiembre de 2007 Senado , ii) en el Senado se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso número 607 del jueves 29 de noviembre de 2007 y para segundo debate en la Gaceta del Congreso número 099 del jueves 3 de abril de 2008, Senado , y iii) en la Cámara se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso número 543 del lunes 25 de agosto de 2008, Cámara y para segundo debate en la Gaceta del Congreso 931 del jueves 11 de diciembre de 2008, Cámara .
1.	El anuncio para votación en la Comisión Segunda del Senado de la República se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2007 y la votación tuvo lugar el 4 de diciembre del mismo año; el anuncio para votación en la Plenaria del Senado se llevó a cabo el 27 de mayo de 2008 y la votación tuvo lugar el 28 de mayo del mismo año.
2.	El anuncio para votación en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2008 y la votación tuvo lugar el 16 de septiembre del mismo año; el anuncio para votación en la Plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 18 de marzo de 2009 y la votación tuvo lugar el 24 de marzo del mismo año.
E artículo 3º, numeral 8º del Convenio, establece que “ … la demanda de restitución de un bien cultural sagrado o que revista una importancia colectiva perteneciente a una comunidad autóctona o tribal y utilizado por ella en un Estado contratante para uso tradicional o ritual de esa comunidad estará sometida al plazo de prescripción aplicable a las colecciones públicas ”. (Subrayas no originales). Por tratarse de bienes pertenecientes a comunidades autóctonas o tribales, podría pensarse que el trámite de la Ley aprobatoria del Convenio requería de la consulta previa regulada en el parágrafo del artículo 330 de la Carta Política que establece:
El aparte subrayado es aplicable al término de prescripción para la demanda de restitución de un bien perteneciente a una comunidad autóctona o tribal; como se ha explicado, mientras el Convenio establece términos de prescripción que oscilan entre los 3 y 75 años, la Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 63 que el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 3.6.1. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 9º del Convenio, concordante con el artículo 18 del mismo, en materia de prescripción se aplicarán las normas más favorables para la restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente, siendo más favorable el artículo 63 superior. De esta manera, el constituyente ha resuelto todo litigio relacionado con plazos para presentar demandas de restitución de esta clase de bienes, resultando inocua la consulta a comunidades indígenas sobre una materia que, como se viene explicando, fue regulada directamente por el artículo 63 de la Carta Política.
“(…) la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la preservación de la identidad diferenciada de los pueblos indígenas y tribales y, de esta manera, la eficacia del mandato superior de reconocimiento y protección de la diversidad étnica, se logra a través de, entre otros mecanismos, la consulta previa. Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica sólo de aquellas disposiciones legales que tengan la posibilidad de afectar directamente los intereses de las comunidades. Por lo tanto, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están prima facie sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos intereses. Debe aclararse, por supuesto, que en los casos en que la medida legislativa no afecte directamente a las comunidades indígenas y tribales, la participación de las mismas no se ve restringida, sino que se conduce a través de los mecanismos generales de participación a los que se hizo alusión en el fundamento jurídico 11 de esta sentencia”. 3.6.3. La Corte mantuvo esta postura jurisprudencial en la sentencia C-063 de 2010; en esta providencia la Corporación dijo:
No cabe duda de que las leyes, en general, producen una afectación sobre todos sus destinatarios. De esta manera una ley, en cualquier ámbito, aplicable a la generalidad de los colombianos, afecta a los miembros de las comunidades indígenas y tribales que tengan la calidad de nacionales colombianos, sin que en dicho evento pueda predicarse que, en aplicación del literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, resulte imperativa una consulta previa a dichas comunidades como condición para que el correspondiente proyecto de ley pueda tramitarse válidamente. Sostener lo contrario equivaldría a afirmar que una parte muy significativa de la legislación debería ser sometida a un proceso específico de consulta previa con las comunidades indígenas y tribales, puesto que las leyes que de manera general afecten a todos los colombianos, unas en mayor medida que otras, afectan a las comunidades indígenas, en virtud a que sus integrantes, como colombianos que son, se encuentran entre sus destinatarios, lo cual desborda el alcance del convenio 169. (…)
De este modo, por ejemplo, cuando se vaya a regular a través de una ley la manera como se hará la explotación de yacimientos petroleros ubicados en territorios indígenas, sería imperativa la consulta con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados, porque hay una afectación directa que impone al Estado aplicar para el efecto las disposiciones del convenio. Pero cuando de lo que se trata es de adoptar el marco general de la política petrolera del Estado no hay una afectación directa de las comunidades indígenas o tribales, ni la medida se inscribe en el ámbito de aplicación del convenio, porque no está orientada a regular de manera específica la situación de esos pueblos, y lo que cabe es aplicar la previsión del literal b) del artículo 6º conforme a la cual debe garantizarse la participación de las comunidades interesadas en igualdad de condiciones, a menos que, en el texto de la ley se incorporasen medidas específicamente dirigidas a la explotación del recursos en los territorios de esas comunidades, o que se pudiese establecer una omisión legislativa por la falta de una previsión específica . (…) De este modo, cabe señalar que la obligación de consulta prevista en el literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT no puede interpretarse con el alcance de que toda la regulación del Estado, en cuanto que sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas y tribales, deba someterse a un proceso de consulta previa con dichas comunidades, por fuera de los escenarios ordinarios de participación y deliberación democrática, y que dicho deber sólo se predica de aquellas medidas que, en el ámbito de la aplicación del Convenio, sean susceptibles de afectar directamente a tales comunidades’”. (Las subrayas no corresponden al texto original).
3.7. De esta forma, la Corte puede concluir que la Ley No. 1304 del 03 de junio de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”, cumplió debidamente los requisitos formales exigidos por la Carta Política. 4. Examen material del Convenio 4.1. Ámbito de aplicación del Instrumento. Para precisar el ámbito de aplicación del Convenio, la Sala considera pertinente explicar que éste refiere a bienes culturales robados o exportados ilícitamente, mientras la Constitución Política, en su artículo 63, alude a patrimonio arqueológico, siendo estos dos conceptos distintos de acuerdo con lo establecido en la Ley 397 de 1997. Así, según el artículo 4º de esta Ley:
“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico , lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.
Como se observa, los bienes a los que se les atribuye especial interés en el ámbito arqueológico, hacen parte del patrimonio cultural de la Nación . En concordancia con esta explicación, el artículo 2º del Convenio establece:
4.2. La Nación colombiana cuenta con una inmensa riqueza cultural conformada con bienes tangibles e intangibles, entre los que se cuenta piezas elaboradas por nuestros ancestros, elementos que deben ser protegidos de actividades delictuales o de transferencias ilícitas empleadas en desmedro de un patrimonio que hace parte integral de nuestra identidad . El Convenio sometido a revisión de la Corte hace parte de la estrategia seguida por el Estado colombiano para prevenir e impedir el saqueo de los bienes culturales respecto del robo o de su exportación ilícita; al mismo tiempo, este Instrumento constituye un mecanismo jurídico para repatriar los artículos mencionados.
El Convenio que se examina comparte los objetivos de otros acuerdos internacionales similares suscritos por Colombia, tales como la Convención de la UNESCO de 1970, sobre las “Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y la transferencia de propiedad ilícita de Bienes Culturales”, suscrita en París en noviembre de 1970 y aprobada por la Ley 63 de 1986; el “Convenio entre Colombia y Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales” aprobado mediante la Ley 16 de 1992 ; el “Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la recuperación y devolución de bienes culturales robados”, firmado en Bogotá, el 17 de diciembre de 1996 y aprobado por la Ley 587 de 2000 ; y el Convenio suscrito entre la República de Colombia y la de Bolivia, para la recuperación de bienes culturales y otros específicos hurtados, importados o exportados ilícitamente, suscrito en la Paz el 20 de agosto de 2001 y aprobado mediante la Ley 896 de 2004 , instrumentos que tienen en común el propósito de evitar la transferencia ilícita de la propiedad cultural y el comercio ilegal de estos bienes, y facilitar la cooperación recíproca entre los países firmantes para su recuperación y repatriación .
La Convención de UNESCO de 1970 fue útil, pero siendo susceptible de ser mejorada los Estados signatarios acudieron al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, con el propósito de confeccionar un Instrumento que permitiera complementar y adecuar el de UNESCO. Es decir, el Convenio bajo revisión aparece por la necesidad de proveer a los Estados signatarios de mecanismos y herramientas destinadas a una mejor protección de su patrimonio cultural, cuando este sea exportado ilegalmente, hurtado o producto de una excavación arqueológica no autorizada. 4.3. El cuerpo normativo del Instrumento Internacional cuenta con un Preámbulo que consagra los motivos que llevaron a la comunidad a adoptarlo, al cual le siguen cinco capítulos integrados con 21 artículos y un anexo. El primer capítulo establece el campo de aplicación del Convenio y la definición de bienes culturales; el segundo y el tercero establecen los procedimientos para la restitución de bienes culturales robados y la devolución de bienes culturales exportados ilícitamente; el capítulo cuarto contempla disposiciones a tener en cuenta para la aplicación de los capítulos II y III; el quinto capítulo refiere a las disposiciones finales del Instrumento, en lo relacionado con la firma, la ratificación, adhesión, reservas, se designa al Estado depositario y se señalan sus funciones. Finalmente, allí se establece la forma de entrada en vigor, vigencia, denuncia y terminación del Convenio.
4.4. El ámbito jurídico del Instrumento que se revisa está vinculado con las materias reguladas en los artículos 2º, 8º, 9º, 63, 70, 71 y 72 de la Constitución Política, en cuanto después de la adhesión el Convenio permitirá al Estado colombiano contar con un nuevo mecanismo para realizar los mandatos constitucionales relacionados con la preservación y protección del patrimonio cultural de la Nación. Con este Convenio Colombia podrá reclamar los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, sin necesidad de cumplir con la rigurosa obligación establecida en el Convenio UNESCO de 1970, consistente en tener registrada la fecha del hurto de la pieza o determinar la fecha exacta de salida de la misma.
–	La posibilidad de que los poseedores de bienes culturales robados o exportados ilícitamente tengan derecho al pago de una indemnización económica por parte del Estado requirente de los bienes;
–	Los plazos para la presentación de demandas de restitución de bienes robados o exportados, los cuales aparecen ligados a los tiempos de prescripción para las demandas o reclamaciones;
–	La posibilidad de que el poseedor que deba devolver el bien cultural al territorio del Estado requirente que ha sido exportado ilícitamente, opte por seguir siendo propietario del bien o por transferir su propiedad a la persona que elija, siempre que esta resida en territorio del Estado requirente. Sobre esta posibilidad es importante considerar que el artículo 6º del Convenio establece que esta opción sólo procederá si el Estado requirente lo consiente. 4.6. Respecto de la aplicación de las cláusulas del Instrumento y ante la posibilidad que resulten contrarias a los intereses del Estado colombiano, es pertinente recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores al intervenir en este asunto, precisó que llegado el momento de adherir al Convenio, el Jefe de Estado puede formular las respectivas reservas y si las mismas no se encuentran expresamente autorizadas, podrá el Gobierno formular la declaración interpretativa correspondiente. Sobre esta materia el artículo 9º del Convenio autoriza a los Estados parte a aplicar las normas que le sean más favorables frente a la problemática de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, ya sea que se trate de aplicar la Constitución Política, otras normas de derecho interno o tratados internacionales suscritos por el Estado.
4.8. El Convenio puesto a consideración de la Corte se enmarca dentro de los criterios de cooperación internacional, promoción y preservación del patrimonio cultural y acoge lo dispuesto en la Carta Política en los artículos 2º, 8º, 9º, 63, 70, 71 y 72; por tanto, frente a su contenido no encuentra esta Corporación ninguna objeción constitucional. Así las cosas, la Corte Constitucional declarará exequible tanto la Ley 1304 del 03 de junio de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”, como el Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
Tercero. DISPONER que el Presidente de la República al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el presente Convenio, formule una declaración interpretativa en el sentido que el Gobierno de Colombia entiende que por existir un precepto de derecho interno más favorable para la restitución de bienes robados o ilícitamente exportados, como lo es el artículo 63 de la Carta Política, según el cual “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, éste se aplicará de preferencia en relación con los términos de prescripción consagrados en el Instrumento Internacional. Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.