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Timestamp: 2018-07-21 11:25:32
Document Index: 298962057

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 12', 'Artículo 32', 'Artículo 38', 'Artículo 48', 'Artículo 53', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 65']

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. - ACUDDEH
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.	>
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 25 de abril de 2012
SEPTIMA.- Es de resaltar el trabajo llevado a cabo por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales del Senado de la República con diversas organizaciones, las cuales se realizaron en tres etapas:
a. La primera llevada a cabo el 20 de Julio de 2011 con la participación de Senadores de diversos grupos parlamentarios y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tachinollan”; Centro Nacional de Comunicación Social; Asociación Mundial de Radios Comunitarias- México; Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todas y Todos"; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Artículo 19; Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos; Organización Monitor Civil de la Policía de Guerrero; Casa del Migrante de Saltillo; Posada del Migrante; y la Casa de los Derechos de Periodistas.
Durante esta audiencia los participantes subrayaron la ausencia de legislación y políticas públicas que ayuden a disminuir la vulnerabilidad en la que se encuentran y la falta de respuesta eficaz por parte del Estado sobre la situación actual. También, demandaron mayor transparencia en los recursos presupuestales que han sido asignados a la Secretaría de Gobernación para la protección, así como, un mecanismo eficiente con participación de la sociedad civil.
b. La segunda, celebrada el 11 de noviembre de 2011 con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las organizaciones civiles Protection Desk-México y Casa de los Derechos de Periodistas, en donde se presentó el estudio comparado: “Protección de defensores de derechos humanos, buenas prácticas y lecciones a partir de la experiencia”.
En la reunión de referencia, la Maestra María Martín Quintana, coautora del informe, indicó que las cifras de violencia, amenazas e intimidaciones que sufren los periodistas y los defensores son un problema que en México se encuentra a la alza, por lo que considera que el trabajo de protección debe ser estructural, generando políticas públicas para este fin.
c. La tercera, que se celebró en 25 reuniones, del 12 de noviembre de 2011 al 5 de marzo de 2012, donde se contó con la colaboración de la Secretaría de Gobernación y de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, participando organizaciones como Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos A.C.; Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México; Casa de los Derechos de Periodistas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro Nacional de Comunicación Social; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; y Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana.
No. Gaceta: 383
De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, PAN
FERNANDO CASTRO TRENTI, PRI
RICARDO GARCÍA CERVANTES, PAN
JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, PRD.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo
Crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sus resoluciones serán obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección previstas en esta Ley.
El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeros, uno de ellos será el presidente por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo Consejo. En ausencia del presidente, el Consejo elegirá a un presidente interino por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo. En la integración del Consejo se buscará un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
La Coordinación Ejecutiva Nacional es el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del Mecanismo. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida es un órgano técnico y auxiliar de La Coordinación para la recepción de las solicitudes de incorporación al Mecanismo, la definición de aquellos casos que serán atendidos por medio del procedimiento extraordinario definido en esta Ley.
Establece que las Agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de: persona Defensora de Derechos Humanos o Periodista; cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodista; personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o movimiento social; los bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento social, y las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo.
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
A las Comisiones Unidas de Gobernación; Justicia y Estudios Legislativos de la LXI Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 163 numeral 1, fracción II; 182; 186; 188; 190; 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:
I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se da constancia de los diversos trámites de inicio del proceso legislativo, así como del recibo y turno para el dictamen de las referidas iniciativas.
II. En el apartado titulado "Contenido de las Iniciativas", se exponen los motivos y alcances de las iniciativas en estudio, y se hace una breve referencia a los temas que las componen.
III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
PRIMERO.- Con fecha 13 de enero de 2010, los Senadores Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de periodismo de Alto Riesgo.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen correspondiente.
SEGUNDO.- Con fecha 6 de diciembre de 2011, el Senador Julio César Aguirre Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Cármara de Senadores la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Protección Social de los Periodistas y los trabajadores de los Medios de Comunicación.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen correspondiente.
TERCERO.- Con fecha 13 de marzo de 2012, el Senador Rubén Camarillo Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a nombre propio y de los Senadores José González Morfin, Ricardo García Cervantes, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Martha Leticia Sosa Govea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Manlio Fabio Beltrones Rivera, Francisco Labastida Ochoa, Renan Cleominio Zoreda Novelo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Gerardo Montenegro Ibarra, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Navarrete Ruiz, Leonel Godoy Rangel, Rubén Fernando Velázquez López, Carlos Sotelo García, Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, José Guadarrama Márquez, Armando Contreras Castillo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Martha Patricia Jiménez Oropeza, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Ludivina Menchaca Castellanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Alcibíades García Lizardi, integrante de Movimiento Ciudadano; María del Rosario Leticia Jasso Valencia, sin Grupo Parlamentario; presentó una Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Misma que fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
PRIMERO.- La Iniciativa de los Senadores Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, objeto del presente Dictamen tiene como propósito incorporar el concepto de "periodismo de alto riesgo", concepto que reconoce el peligro constante en que ejercen su profesión.
En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas que sean considerados "de alto riesgo" deben de tener el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona, de su familia y, de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se vea amenazado, y si llegara a ocurrirle un atentado o accidente derivado de su profesión de alto riesgo, los periodistas contarán con la prestación de servicios médicos por parte del sistema nacional de salud, así como al secreto profesional y a la seguridad económico familiar.
La Iniciativa propuesta por los senadores como reguladora de los artículos sexto y séptimo constitucionales, también crea la Comisión Bicameral de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, con el objeto de salvaguardar el derecho a la información y comunicación en México y dotar de los instrumentos necesarios que permitan sentar las bases para el buen desempeño de la actividad periodística de alto riesgo y de investigación.
Dicha propuesta de iniciativa promueve que el secreto profesional a las fuentes de información, se garantice en el marco del derecho mexicano, salvo frente a su empresario y las autoridades públicas, incluidas las judiciales.
SEGUNDO.- La Iniciativa del Senador Julio César Aguirre Méndez tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Protección Social de los Periodistas, a fin de promover la organización de los trabajadores de los medios de comunicación, para salvaguardar la libertad de expresión, de ideas y la protección social de sus familias, así como garantizar la protección social y la seguridad de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación.
Dicha iniciativa promueve constituir el Instituto Nacional de Protección Social de los Periodistas, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.
El Director General de dicho Instituto será nombrado por el Poder Ejecutivo Federal a propuesta de la Asamblea General del propio Instituto, y ratificado por el Senado de la República.
La iniciativa propone que el Director General, debe haberse desempeñado en forma destacada en su profesión, gozar de buena reputación y no tener relación de negocios con alguna estación de radio o televisión, durante los dos años previos a su designación.
El Instituto contará con un Programa de Protección a Periodistas de riesgo a fin de proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación y sus familias en caso de amenazas que pongan en riesgo su vida.
TERCERO.- La Iniciativa presentada por diferentes senadores de la LXI Legislatura propone la expedición de una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual tiene por objeto lo siguiente:
1. Establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
2. Crear el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, el cual estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la Secretaría de Gobernación.
3. Señala que la Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar medidas de prevención; así como, recopilar y analizar toda la información que sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y podrán celebrar Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
PRIMERA.- Es un hecho conocido la preocupación manifestada por lo promoventes de las iniciativas, en nuestro país, toda vez que en los últimos años México se ha convertido en uno de los países en donde se dificulta más el ejercicio de esta profesión.
SEGUNDA.- Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras al valorar la proposiciones en análisis reconocemos que la comunicación y el estar informados, son actividades torales y derechos fundamentales, que deben de estar garantizados, tanto para los entes públicos como para los gobernados, esto con la debida reciprocidad que implica un derecho adquirido, así como lo es para la conformación de un Estado, máxime tratándose de un Estado Democrático de Derecho, en una era globalizada, donde la información, y el acceso a la información son fundamentales.
En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se garantiza dentro del capítulo de las Garantías Individuales, estos derechos, y por tal motivo es que el Estado debe de ponderarlos y garantizarlos.
Además que toda clase de agresiones, físicas, morales y demás que sufran los gobernados independientemente de la actividad productiva en la que enajenen sus vidas, se deben prevenir en la medida de lo posible, así como castigar las ya cometidas, en el entendido de quien las sufre ve conculcada sus derechos y garantías.
TERCERA.- En materia internacional el ejercicio del periodismo es regulado también por marcos legales que se pueden dividir en dos grandes vertientes, la primera, relativa al secreto profesional y a la actividad periodística, y la segunda, a la protección del periodista.
En el primer caso tenemos el periodismo que se ha desarrollado en Europa, en el seno de las democracias modernas, el Consejo de Europa considera zonas de información reservada a) la defensa nacional, b) las relaciones con terceros países y con organismos internacionales, c) secretos comerciales, d) financieros y fiscales, e) procedimientos legales, f) asuntos referidos a la persecución y prevención de delitos, y g) archivos personales o clínicos que violen la intimidad.
Estas directrices del Consejo de Europa no son vinculantes aunque sí orientativos para los países miembros de la Unión Europea. Por tanto, al amparo de estas medidas, los países podrían impedir cosas como que se publique cualquier información que perjudique al país.
La segunda vertiente es la de crear marcos normativos legales que constituyan una base vinculante y en donde se garanticen los derechos y deberes de los informadores, en esta tesitura se encuentran la Ley de Ejercicio del Periodismo en Venezuela, el Estatuto del Periodista Profesional de Argentina, la Ley Orgánica Del Colegio de Periodistas De Honduras, en las cuales se concentran medidas que garantizan la protección de los periodistas, así como algunos aspectos de ética profesional del ejercicio del periodismo.
CUARTA.- El tema de la agresión a periodistas es, sin duda, un tema de gran preocupación para el Poder Legislativo quien, además de aprobar los presupuestos necesarios para que las instancias encargadas de la procuración de justicia en el país, en este caso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, cumplan con sus responsabilidades.
En abril del 2009, la Cámara de Diputados aprobó la inclusión de un Título Vigésimo Séptimo, "De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión", al Código Penal Federal, además de crear la Comisión Especial a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
Por otro lado el Gobierno Federal, a partir de 2006, creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas a la que se le confieren las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación. Dentro de las argumentaciones del gobierno federal se reconoce que “los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares”.
De la misma forma se plantea la necesidad de atender el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que precisa al asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, como violación de los derechos fundamentales de las personas, coartando severamente la libertad de expresión.
Para 2010 se sustituyo la Fiscalía del 2006 por la de Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. En su exposición de motivos el gobierno federal plantea que “el Gobierno Federal ha dado muestras de voluntad política y ha desplegado esfuerzos para atender adecuadamente el tema referido a agresiones contra periodistas. Sin embargo, persiste la demanda sentida y reiterada por parte de la sociedad, relativa a mejorar y fortalecer las acciones de gobierno que garanticen la integridad física y moral de quienes desarrollan en México una actividad periodística o de información, a fin de estar éstos en posibilidades de realizar dicha función fundamental”.
QUINTA.- Así mismo se coincide en la preocupación existente en los organismos internacionales y nacionales sobre la situación de inseguridad por la que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que requiere de acciones inmediatas del Estado Mexicano.
En este sentido, se han manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; Amnistía Internacional; el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos; La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En general, todos estos organismos coinciden en señalar como principales factores de dicha situación de vulnerabilidad a: el incremento de la violencia en México; la falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y los niveles altos de impunidad.
De los informes presentados por estos organismos sobre la inseguridad de las y los defensores d los derechos humanos, cabe destacar los siguientes:
a. Amnistía Internacional su informe de 2011 sobre la situación de riesgo para las y los defensores mexicanos, señala que nuestro país es considerado peligroso para la defensa de los derechos humanos por las constantes amenazas, acoso e intimidación que enfrenta este grupo;
b. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, estos argumentos con la publicación del informe titulado “La perseverancia del testimonio” donde denuncian que en México los derechos humanos y sus defensores se encuentran en riesgo;
c. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe "El Derecho a Defender. Informe Especial Sobre la situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México", que comprende de enero de 2005 a mayo de 2011, señala que ha iniciado 523 expedientes y solicitado 156 medidas cautelares por presuntas violaciones a los derechos humanos de defensores, generando 33 recomendaciones y un Informe Especial; y
d. El informe de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los y las defensores de derechos humanos publicado en julio de 2011 y presentado el 5 de marzo de 2012 en la sala "Mario Molina" de la sede común de las Naciones Unidas en México, denominado "Comentario en español a la Declaración de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos ", señala que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Colombia, Guatemala y México han observado agresiones, hostigamientos, intimidaciones, amenazas, judicializaciones indebidas y homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos.
SEXTA.- Por otra parte, en lo que se refiere a las personas que ejercen el periodismo, hay que destacar dos informes de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión:
a. El primero correspondiente al año 2010 en donde: “manifestaron su preocupación por una serie de obstáculos que dificultan el pleno goce de la libertad de expresión en México, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos”; y
b. El segundo correspondiente a 2011 en donde se afirma que:“la libertad de expresión en México se enfrenta a graves obstáculos y que [nuestro país] se ha convertido en el […] más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”; haciendo mención que en 10 años se ha registrado la desaparición de 12 periodistas y el asesinato de 66 de ellos, destacando la impunidad para el esclarecimiento de los casos.
En estas reuniones, las organizaciones participantes subrayaron que a pesar de los esfuerzos realizados en materia de protección, las amenazas, ataques y hostigamientos, impiden el ejercicio pleno de su profesión; señalando que el proceso para obtener protección es muy largo, haciendo casi imposible retrasar la agresión.
Por esta razón, una de sus principales peticiones es la creación de un mecanismo de protección que cuente con una estructura institucional eficiente y con la fuerza suficiente de operación mediante la cual el Estado pueda actuar de manera oportuna en la aplicación de medidas de prevención y protección que garanticen la integridad de los defensores y periodistas.
Por lo cual, estas Comisiones Unidas consideran que es necesario darle sustento legal a un mecanismo que conlleve a la protección de personas defensoras de los derechos humanos y de personas dedicadas a la labor periodística, a que se incorporen en una ley las recomendaciones existentes en materia de derechos humanos a nivel internacional.
OCTAVA.- Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por los Senadores Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre en la que se propone: que en caso de amenazas o presunto riesgo, se otorgue protección a los periodistas, sus familias y a las instalaciones del medio de comunicación; la creación de una Comisión Bicameral de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación; y la secrecía profesional a las fuentes de información, salvo frente a su empresario y las autoridades públicas, incluidas las judiciales, estas propuestas han quedado debidamente incorporadas en el articulado del decreto que motiva este dictamen.
NOVENO.- De la misma manera, lo propuesto en la Iniciativa del Senador Julio César Aguirre Méndez en el sentido de crear un Instituto Nacional de Protección Social de los Periodistas con la finalidad de salvaguardar la libertad de expresión, de ideas y la protección social de los trabajadores de los medios de comunicación y de sus familias, ya se encuentra incorporada en el cuerpo del decreto, concretamente al establecerse una Junta de Gobierno como principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyas resoluciones serán obligatorias para las autoridades federales en la aplicación de las medidas de prevención y protección que la ley prevé.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y de Estudios Legislativos que suscriben el presente dictamen, consideran que es de aprobarse, por lo que someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para quedar como sigue:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo
Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminadas a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.
I. Un representante de la Secretaría de Gobernación
II. Un representante de la Procuraduría General de la República
III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública
IV. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores
V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros
Artículo 6.- La Junta de Gobierno invitará a sus todas sus sesiones, con derecho a voz, a:
I. Determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación.
II. Evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Urgentes de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación.
III. Aprobar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas , Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección elaborados por la Coordinación;
VIII. Resolver las inconformidades a que se refiere el Capítulo XI de esta Ley
XVI. Aprobar los perfiles para la designación de los integrantes de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación.
Artículo 12 .- El Consejo Consultivo elegirá a sus miembros a través de una convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno.
II. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y actividades que realice La Coordinación.
III. Colaborar con La Coordinación en el diseño de su plan anual de trabajo.
IV. Remitir a la Junta de Gobierno inconformidades presentadas por Peticionarios o Beneficiarios sobre implementación de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección.
V. Comisionar Estudios de Evaluación de Riesgo independiente solicitados por la Junta de Gobierno para resolver las inconformidades presentadas.
VI. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionadas con el objeto de esta Ley;
I. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida,
II. La Unidad de Evaluación de Riesgos y
III. La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis
VIII. Diseñar, con la colaboración del Consejo Consultivo, su plan anual de trabajo.
XI. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno su informe anual de actividades incluyendo su ejercicio presupuestal;
III. Dar seguimiento periódico a la implementación de las Medidas Preventivas o de
Protección para, posteriormente, recomendar su continuidad, adecuación o conclusión, y
V. Las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo;
Artículo 32.- Las Medidas Urgentes de Protección incluyen : I) Evacuación; II) Reubicación Temporal; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV) Protección de Inmuebles y V) las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los Beneficiarios.
I. Abandone, evada o impida las medidas.
II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por las unidades del Mecanismo.
III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas.
IV. Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén relacionadas con las medidas.
V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su esquema de protección.
VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de las unidades correspondientes del Mecanismo.
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para su protección.
Artículo 38.- El Beneficiario podrá en todo momento acudir ante la Junta de Gobierno para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de Acción Inmediata .
V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas;
Artículo 48.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egreso de la Federación, se crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
II. Los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y otros fondos públicos ;
Los demás bienes que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso para o como consecuencia del cumplimiento de sus fines.
Artículo 53. - El Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por un comisario público y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del comité técnico y tendrán las atribuciones que les confiere la Ley.
III. El Consejo emitirá su resolución en un plazo máximo de quince días naturales después de recibidos los resultados del Estudio de Evaluación de Riesgo independiente.
IV. El Consejo inmediatamente remitirá su resolución, junto con el Estudio de Evaluación de Riesgo independiente , a la Junta de Gobierno. quien en su próxima sesión resolverá la inconformidad.
Artículo 60 .- La inconformidad procede en:
Artículo 61.-Para que La Coordinación admita la inconformidad se requiere:
I. Que lo presente la persona o personas que hayan tenido el carácter Peticionario o Beneficiario, en un plazo de hasta diez días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida
Artículo 65.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se sancionaran conforme a lo establezca la legislación aplicable, con independencia de las del orden civil o penal que procedan.
Por la comisión de este delito se impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos
Octavo.- La Junta de Gobierno se instalará con carácter definitivo y en un término de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación del Consejo Consultivo de los cuatro consejeros que participarán como miembros.,
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 17 DE ABRIL DE 2012.
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