Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2007.t8.html
Timestamp: 2017-06-27 06:28:20
Document Index: 193448997

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 2']

Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia. TÍTULO VIII. Del régimen sancionador (Vigente hasta el 15 de Noviembre de 2011).
Téngase en cuenta la Disposición Final 3.º de la presente norma, que establece: «La incoación de expedientes sancionadores recogidos en el título VII (sic) de la presente ley no podrá iniciarse hasta haber transcurrido un año desde la declaración de zona de especial interés agrario por el Consello de la Xunta o, en su caso, de la declaración de firmeza del acuerdo de concentración parcelaria a que se refiere el artículo 2 de esta ley.»
La actuación inspectora 1. La consejería competente en materia de agricultura desarrollará actuaciones de control e inspección sobre todas las fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario y respecto a los proyectos agrarios prioritarios, en orden a comprobar su adecuación a las condiciones establecidas en la presente ley y normas que la desarrollen, para garantizar la preservación del entorno y de las condiciones medioambientales.
Infracciones administrativas Constituye infracción administrativa en materia de abandono cualquier acción u omisión tipificada en la presente ley en lo que respecta a las fincas rústicas ubicadas en zonas de especial interés agrario.
Tipificación de infracciones Las infracciones administrativas en materia de abandono de fincas rústicas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Sanciones 1. Las infracciones tipificadas en los apartados del anterior artículo serán sancionadas con las multas siguientes:
Graduación de las sanciones 1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, de entre las asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los criterios siguientes:
Reparación del daño o indemnización Con independencia de la sanción que les fuera impuesta, las personas infractoras podrán ser obligadas a reparar el daño causado a la administración o, si no fuera posible, a indemnizar los daños y perjuicios. Estos daños se determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora, que establecerá la forma y plazo en que la reparación habrá de llevarse a cabo o, en su caso, la imposibilidad de la reparación y consiguiente establecimiento de la indemnización. Con relación a los daños causados, las personas afectadas podrán aportar en audiencia y por cuenta propia informe complementario de peritaje de daños.
Multas coercitivas y ejecución subsidiaria 1. Si los infractores no hubieran procedido a la reparación o indemnización en la forma y plazo otorgados en la resolución, no hubieran elegido alguna de las opciones contempladas en el artículo 35.1 de la presente ley o no la hubieran ejecutado en los términos establecidos en el apartado 2 del mismo artículo, el órgano que ha dictado la resolución podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.
Responsabilidad La responsabilidad de la infracción recaerá sobre:
Órganos sancionadores competentes 1. El órgano con competencia para incoar el expediente sancionador será la persona titular de la delegación provincial correspondiente de la consejería competente en materia de agricultura del territorio en donde radique la finca, y si existieran varias competentes, la correspondiente a la superficie de la finca de más extensión.
Duración del procedimiento sancionador El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al procedimiento será de un año, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Prescripción de las infracciones 1. Las infracciones leves a que se refiere la presente ley prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
Comunicación de instrumentos de planeamiento urbanístico Aprobado inicialmente un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a fincas rústicas incluidas en las zonas de especial interés agrario o incorporadas al Banco de Tierras de Galicia, a la vez que el trámite de información pública, la Administración municipal deberá solicitar el informe de la consejería competente en materia de agricultura.
Modificación de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común La Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda modificada como sigue:
Uno.- El artículo 27 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda redactado de la manera siguiente:
2. La consejería competente en materia de montes podrá ejercitar la gestión cautelar prevista en el apartado 1 de este artículo directamente o mediante su encomienda a entes o empresas cuyo capital sea íntegramente público.».
Dos.- El artículo 30 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda redactado de la siguiente manera:
3. Los beneficios derivados del plan de mejora y aprovechamiento de los montes gestionados cautelarmente, una vez deducidos los gastos e inversiones en la gestión y mejora del monte, serán para la comunidad. Si no existiera esta, serán para el municipio o municipios en donde radique el monte, que los destinará o destinarán a mejoras de interés general en las parroquias correspondientes.».
Modificación de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia Uno.- Se modifica el artículo 31 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, el cual queda redactado de la manera siguiente:
3. La titularidad de los bienes y derechos que constituyen la masa común corresponderá a la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año siguiente a la firmeza del acuerdo de concentración. Estos bienes y derechos quedarán adscritos a la consejería competente en materia de agricultura, que estará autorizada a ejercer las funciones dominicales sobre este patrimonio según lo establecido en la legislación patrimonial, salvo cuando estén atribuidas por dicha legislación al Parlamento o Consello de la Xunta de Galicia, sin perjuicio del informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda para los actos de disposición sobre bienes inmobles.
Dos.- Las restantes referencias contenidas en la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, al fondo de tierras se entenderán hechas al Banco de Tierras de Galicia.
Periodo transitorio para la incoación de expedientes sancionadores La incoación de expedientes sancionadores recogidos en el título VII (sic) de la presente ley no podrá iniciarse hasta haber transcurrido un año desde la declaración de zona de especial interés agrario por el Consello de la Xunta o, en su caso, de la declaración de firmeza del acuerdo de concentración parcelaria a que se refiere el artículo 2 de esta ley.
Desarrollo reglamentario Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente ley.