Source: http://fueromilitar.scjn.gob.mx/fm_radilla190511.htm
Timestamp: 2017-11-25 07:36:04
Document Index: 250931565

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 215', 'artículo 68', 'artículo 67', 'artículo 27', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 8', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 215', 'artículo 215', 'artículo 2', 'artículo 215', 'artículo 215', 'artículo 57', 'artículo 215', 'artículo 68', 'Artículo 57', 'Artículo 215']

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Inicio > Caso Radilla Pacheco y seguimiento > Supervisión de cumplimiento de sentencia
1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante "la Sentencia") dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal") el 23 de noviembre de 2009, mediante la cual dispuso que:
8. El Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que [se] tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, en los términos de los párrafos 329 a 334 de la [...] Sentencia.
9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales, en los términos de los párrafos 335 a 336 de la [...] Sentencia.
10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y [con] la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la [...] Sentencia.
11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la [...] Sentencia.
12. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 345 a 348 de la [...] Sentencia.
13. El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de la [...] Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, y publicar íntegramente e[l] Fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, en un plazo de seis y dos meses, respectivamente, a partir de la notificación de[l] Fallo, en los términos de los párrafos 349 a 350 del mismo.
14. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 351 a 354 de la [...] Sentencia.
15. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la [...] Sentencia.
16. El Estado deberá brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declara[da]s en el [...] Fallo que así lo soliciten, en los términos de los párrafos 357 a 358 del mismo.
17.El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la [...] Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del [...] Fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del mismo.
2. Las comunicaciones de 27 de abril, 12 de mayo, 1, 15 y 29 de diciembre de 2010, y 28 de enero y 15 de febrero de 2011, mediante las cuales los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado" o "México") presentaron información sobre el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal en el presente caso (supra Visto 1).
3. Los escritos de 15 de diciembre de 2010 y 3 de marzo de 2011, mediante los cuales los representantes de las víctimas (en adelante "los representantes") presentaron sus observaciones a la información remitida por el Estado (supra Visto 2).
4. Las comunicaciones de 8 de febrero y 13 de abril de 2011, a través de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") presentó sus observaciones a la información remitida por el Estado y por los representantes (supra Vistos 2 y 3).
5. La comunicación de 16 de diciembre de 2010, mediante la cual Human Rights Committee of the Bar of England and Wales y Solicitor’s International Human Rights Group presentaron un escrito en calidad de amicus curiae.
1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
2. México es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002.
3. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que "[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes". Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones[1].
4. En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
5. La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquéllos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida[2]. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes o funciones del Estado[3].
6. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[4].
A. Obligación de investigar los hechos del presente caso (punto resolutivo octavo de la Sentencia)
7. El Estado informó sobre diversas diligencias realizadas desde el 22 de marzo de 2010 en el marco de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007 a cargo de la Procuraduría General de la República, dentro de la cual se investiga lo sucedido al señor Rosendo Radilla Pacheco. Informó que "se llevaron a cabo diversas reuniones [...] con la finalidad de desarrollar un plan de trabajo en conjunto con los familiares de las víctimas [...] para la continuación de las investigaciones[.]" Además, el Estado indicó que "los representantes legales de Tita Radilla Martínez [...] han tenido pleno acceso a la indagatoria siempre que lo han solicitado".
8. Los representantes señalaron que "a la fecha, ningún mando militar o autoridad civil con mando sobre las Fuerzas Armadas activo en la época de la desaparición del [señor] Radilla [Pacheco] ha sido llamado a declarar", y que ninguna de las acciones que la Procuraduría General de la República ha realizado "están dirigidas a los funcionarios [militares y civiles] que estuvieron en funciones en la época en que el [señor] Radilla [Pacheco] fue detenido-desaparecido". Indicaron que las únicas diligencias "relevante[s] que tiene[n] un vínculo débil con las Fuerzas Armadas, [son] las excavaciones que se realizaron en el ex cuartel militar en Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero". Asimismo, expresaron que la Procuraduría General de la República "tampoco ha atendido las últimas propuestas que los representantes de las víctimas le h[an] formulado dentro de la averiguación previa", y que el "Ministerio Público no ha realizado acciones concretas que demuestren que las investigaciones del caso avancen de manera eficaz". Además, indicaron al Tribunal que aunque han tenido pleno acceso para consultar el expediente de la averiguación previa mencionada en las oficinas de la Procuraduría General de la República, se les ha negado la entrega de copias de la misma, lo cual "restringe [el] derecho a participar dentro de la investigación y viola [...] el derecho al acceso a la justicia de las víctimas". Finalmente, hicieron referencia al hecho de que "se les impidió la participación" en una inspección ministerial "consistente en la búsqueda de registros en panteones de la zona de personas desconocidas que hubieran muerto en los años setentas", con base en que la autorización no había sido otorgada para ellos.
9. La Comisión Interamericana señaló que "valora[ba] los esfuerzos realizados [por el Estado] para reactivar las investigaciones del caso". No obstante, observó que "no se han verificado avances significativos [en éstas] desde que se dictó la [S]entencia". Por lo tanto, expresó que "el Estado debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para actuar con la debida diligencia y llevar a cabo las acciones pertinentes que conduzcan a dar un efectivo cumplimiento a estos extremos de la Sentencia". Finalmente, indicó que "observa[ba] con preocupación lo señalado por los representantes en cuanto a la negativa del Estado de entregar copias de las investigaciones realizadas, teniendo en cuenta que esta situación fue valorada por [la Corte] en su [S]entencia indicando que [es] incompatible con su derecho de acceso a la justicia".
10. La Corte observa que el Estado realizó algunas actuaciones en la averiguación previa mencionada, la cual está siendo realizada por autoridades ordinarias, como fue ordenado en la Sentencia. Sin embargo, tal como fue presentada la información del Estado sobre este punto, para la Corte no es posible verificar de qué manera la averiguación previa cumple con los estándares indicados en la Sentencia en cuanto a los elementos que deben tomarse en cuenta en la investigación de hechos como los del presente caso[5]. Al respecto, el Tribunal recuerda que en este caso la obligación de investigar no sólo implica el deber de realizar investigaciones sobre el paradero del señor Radilla Pacheco, sino también la conducción eficaz, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, de las investigaciones tendientes a determinar las responsabilidades penales y la aplicación eficaz de las sanciones que eventualmente correspondan y las consecuencias que la ley prevea. La Corte resalta que han transcurrido 37 años desde que el señor Radilla Pacheco desapareció a manos de agentes estatales. Por lo anterior, es necesario que el Estado presente información actualizada, detallada y completa sobre la totalidad de las acciones adelantadas en relación con las investigaciones de los hechos del presente caso, de manera tal que la Corte pueda verificar que las investigaciones se están llevando a cabo conforme al propósito que tiene esta medida de reparación.
11. Por otra parte, en cuanto a la falta de entrega de una copia de la averiguación previa señalada por los representantes (supra considerando 8), este punto fue específicamente abordado por la Corte en su Sentencia, señalando que tal negativa era " incompatible con el derecho a [la] participación en la averiguación previa[, lo cual] se tradujo en una violación del derecho de la señora Tita Radilla Martínez a participar plenamente en la investigación". La Corte indicó que "las víctimas en el presente caso deben tener derecho al acceso al expediente y a solicitar y obtener copias del mismo, ya que la información contenida en aquél no está sujeta a reserva" por tratarse de una investigación de graves violaciones de derechos humanos. Además, en relación con la supuesta negativa para que los representantes participaran en una diligencia de consulta de registros de panteones, la Corte recuerda que en su Sentencia reiteró que "durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas en todas las etapas"[6]. En tal sentido, en su próximo informe el Estado debe presentar al Tribunal información sobre estas afirmaciones de los representantes.
B. Obligación de continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales (punto resolutivo noveno de la Sentencia)
12. El Estado señaló que del 19 al 28 de octubre de 2010 se practicaron nuevas diligencias de excavación tendientes a la localización del señor Rosendo Radilla Pacheco, en el "lugar en donde presuntamente desapareció". Señaló que "ha continuado con estos esfuerzos de manera plenamente acordada con las víctimas y sus representantes" y que en las diligencias de excavación se han acreditado a peritos propuestos por la señora Tita Radilla Martínez. Indicó que el 28 de octubre de 2010 concluyeron las labores de excavación "sin haberse encontrado huellas, indicios, evidencias o restos óseos"[7]. Finalmente, informó que "se solicitó al perito en materia de Arqueología [propuesto por la señora Radilla Martínez] acreditar fehacientemente su experiencia [...] documentando los casos [en los cuales ha intervenido como parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la] metodología empleada y resultados obtenidos". Indicó, asimismo, que "se le solicitó referir la similitud o analogía que guardan dichos casos con el [presente]. Una vez desahogado [este] requerimiento [...] el Agente del Ministerio Público de la Federación procederá a acordar conforme a derecho proceda".
13. Los representantes expresaron que las acciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República "no reflejan aún la seriedad requerida en este caso, ya que la actuación más importante ordenada dentro de la investigación, desde la emisión de la [S]entencia, es la realización de excavaciones en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez[, pero] en lugares que ya habían sido investigados en el 2008".Al respecto, señalaron que los peritos propuestos por la señora Tita Radilla, quienes están acreditados dentro de la averiguación previa, realizaron una serie de recomendaciones luego de que los trabajos de excavación fueron concluidos el 28 de octubre de 2010. Señalaron que a pesar de que tales peritos "fueron autorizados por la propia [Procuraduría General de la República], la [agente] del Ministerio Público ha cuestionado sus recomendaciones y[,] por lo tanto[,] se han retrasado las diligencias tendientes a la búsqueda de los restos óseos del señor Rosendo Radilla Pacheco". Dicha agente manifestó a los representantes que "no se podrían continuar las excavaciones hasta que el perito de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala pudiera comprobar la experiencia de la Fundación". Finalmente, los representantes indicaron que la agente del Ministerio Público de la Federación encargada de integrar la averiguación previa referida, les mencionó que la [Procuraduría General de la República] no cuenta con los recursos suficientes para continuar con las excavaciones o contratar peritos arqueológicos forenses, por lo cual "correrían por [su] cuenta los gastos de los peritos, si [los representantes] los ofrece[n] como colaboradores en las diligencias, incluso si la [Procuraduría General de la República] decidiera considerarlos como peritos oficiales y no como expertos particulares".
14. La Comisión "reconoc[ió] las acciones realizadas por el Estado en la búsqueda y localización del señor Radilla Pacheco, o de sus restos mortales". No obstante, "observ[ó] que junto con las diligencias no se hab[ía] informado sobre ninguna otra acción de seguimiento". Solicitó a la Corte requerir al Estado que "informe sobre otras diligencias que haya llevado a cabo, así como sobre el seguimiento y continuidad que ha dado a las ya realizadas". Finalmente, destacó la necesidad de que "no se presenten dilaciones indebidas en el cumplimiento de esta medida de reparación".
15. La Corte toma nota de la información del Estado sobre las diligencias de excavación realizadas tendientes a la localización del paradero del señor Radilla Pacheco. Sin embargo, tales diligencias fueron retomadas diez meses después de que fuera notificada la Sentencia. Además, como ya lo refirió la Corte (supra considerando 10), la información presentada por el Estado no permite verificar de qué manera estas diligencias de excavación cumplen con los estándares indicados en la Sentencia en cuanto a los elementos que deben tomarse en cuenta en la investigación de hechos como los del presente caso, incluida la localización del paradero del señor Radilla Pacheco. El Tribunal no ha sido informado de otro tipo de investigaciones que pudiera estar llevando a cabo el Estado con este propósito.
16. Por otra parte, el Tribunal observa que el Estado ha permitido la participación de la señora Tita Radilla Martínez, a través de sus representantes y peritos, en las diligencias de excavación mencionadas. Sin embargo, nota la afirmación de los representantes en el sentido de que fueron informados por una agente estatal que, por una parte, las excavaciones ya no podrían continuar debido a que no habría suficientes recursos, y que, por otro lado, se habría condicionado la continuación de las mismas a la acreditación que haga el perito de la señora Radilla Martínez de su experticia y a que los gastos que genere su pericia sean cubiertos por los representantes. Al respecto, la Corte destaca que en la Sentencia indicó que "para que una investigación de desaparición forzada [...] sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, se deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada[.] Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas"[8]. Por lo tanto, el Estado debe proveer información actualizada y detallada al respecto.
C. Obligación de adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (punto resolutivo décimo de la Sentencia)
17. El Estado señaló que "el Ejecutivo federal sometió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que incluye las modificaciones ordenadas por la Corte Interamericana al artículo 57 del Código de Justicia Militar". En este sentido, manifestó que "en la iniciativa se propone excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y violación, a fin de que sean competencia de los tribunales del fuero [ordinario]". Además, agregó que "se prevé la obligación del Ministerio Público Militar de remitir el desglose de las constancias de la indagatoria que practique y de las que se infiera la posible comisión de los delitos en comento, al Ministerio Público de la Federación", y que "las actuaciones que forman parte del desglose no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado [el Código de Justicia Militar] y con posterioridad el Código de Procedimientos Penales". En este sentido, la iniciativa de reforma también contempla modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para dar "competencia a los jueces de distrito en materia penal para que conozcan de los delitos cometidos por militares en los términos propuestos". Indicó que "la discusión y, en su caso, modificación y aprobación de [la] reforma legislativa correrá [...] a cargo del Poder Legislativo Federal"[9]. Finalmente, el Estado informó que "si bien la [Sentencia] no incluyó en sus resolutivos el retiro de la reserva que formuló el [Estado] al artículo IX de la [Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,] sí realizó un análisis al respecto". En tal sentido, manifestó que "motu proprio ha iniciado el procedimiento interno correspondiente con miras al eventual retiro de la reserva, vinculado al impulso de las reformas al Código de Justicia Militar sometidas a consideración del Congreso de la Unión".
18. Los representantes manifestaron que "la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal [...] no alcanza las pautas de las garantías de independencia e imparcialidad requeridos por el artículo 8.1 de la Convención Americana".Señalaron que la "iniciativa solamente se propone excluir de la jurisdicción penal militar los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y violación, a fin de que sean competencia de los tribunales del fuero [ordinario, pero] la facultad de investigación y de analizar la adecuación de los hechos a la hipótesis normativa sigue siendo facultad de la Procuraduría General de Justicia Militar". Indicaron que con la reforma "se corre el riesgo de que los delitos sufran una reclasificación que impida que sean tratados por el fuero civil", y que, además, existe el riesgo de que se manipulen los hechos.Los representantes también señalaron que sigue existiendo "una falta de recursos internos para cuestionar la competencia de las autoridades militares para perseguir y/o juzgar los hechos".
19. La Comisión manifestó que "valora[ba] la iniciativa legislativa por parte del Estado". Sin perjuicio de ello, "observa[ba] que conforme al proyecto de reforma, el artículo 57 del Código de Justicia Militar no se ajusta[ba] íntegramente a los estándares establecidos [en la S]entencia". Señaló que, en particular, "considera[ba] que la redacción de la norma debe ser clara en cuanto a que la intervención de la jurisdicción militar solamente se debe dar cuando se trate de delitos o faltas cometidas por funcionarios del ejército, que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar". Asimismo, indicó que de la propuesta de reforma "se desprende que existiría la posibilidad [de] que en la investigación de un delito que no es de función haya intervención de la jurisdicción militar, y además, que esas actuaciones podrían limitar el proceso en la jurisdicción ordinaria en la medida en que se reconoce su validez frente a esta última, dos aspectos que tampoco s[on] compatibles con los estándares regionales". Finalmente, señaló que "el Estado debe continuar con los procesos de reforma iniciados, teniendo en cuenta la aplicación integral de los estándares establecidos [en la S]entencia, de manera que la jurisdicción penal militar tenga un ‘alcance restrictivo y excepcional’[,] y que esté encaminada solamente ‘a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares’".
20. El Tribunal observa que el Estado ha desplegado esfuerzos tendientes a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Al respecto, la Corte estima conveniente recordar que en la Sentencia estableció que "tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria"[10]. Con base en ello, en la Sentencia encontró responsable al Estado mexicano porque la disposición señalada es "amplia e imprecisa[, e] impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado"[11], y porque "extend[ía] la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense"[12].
21. Teniendo presente lo anterior, la Corte estima que si bien son positivos los esfuerzos del Estado para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, la iniciativa presentada es insuficiente pues no cumple plenamente con los estándares indicados en la Sentencia. En efecto, dicha reforma sólo establece que la jurisdicción militar no será competente tratándose, únicamente, de la desaparición forzada de personas, la tortura y la violación sexual cometidas por militares. No obstante, en la Sentencia, este Tribunal reiteró su jurisprudencia constante en el sentido de que "el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar"[13], por lo cual las violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles no pueden ser objeto de la competencia de la jurisdicción militar[14].
22. Por otro lado, la Corte observa que, de acuerdo a dicha iniciativa, las actuaciones realizadas por el ministerio público militar previamente a su "desglose" a la jurisdicción ordinaria tendrían validez. Al respecto, en la Sentencia, la Corte se refirió a la incompetencia de la jurisdicción militar no solamente para juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables, sino también para la investigación de todo hecho que sea constitutivo de violaciones de derechos humanos de civiles[15]. De lo anterior se desprende que el ministerio público militar tampoco es competente para investigar tales violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, el Estado debe adoptar medidas tendientes a la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar de manera tal que sea compatible con los estándares indicados en la Sentencia.
23. En cuanto a la observación de los representantes sobre la falta de recursos internos para cuestionar la competencia de la jurisdicción militar, la Corte estima que si bien se pronunció al respecto en su Sentencia, la orden dada al Estado para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar se limitó a su adecuación a los parámetros de excepcionalidad y restricción que caracterizan a la jurisdicción penal militar. Por lo tanto, el Tribunal no se pronunciará sobre lo señalado adicionalmente por los representantes.
D. Obligación de adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (punto resolutivo décimo primero de la Sentencia)
24. El Estado manifestó que en la misma iniciativa mencionada en el apartado anterior, "se incluyeron las reformas al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada, que cumplen de manera [í]ntegra con lo señalado en la [S]entencia". El texto de la reforma propuesta señala que "comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que por sí o a través de otros realice, consienta, autorice o apoye la privación de la libertad de una o más personas y propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma; o se niegue a reconocer dicha privación de la libertad, o se niegue a informar sobre el paradero de la persona". Además, sostuvo que el delito también "podrá ser cometido por un particular cuando actué por orden, consentimiento o apoyo de un servidor público". La iniciativa también propone que la prescripción del delito sea de treinta y cinco años, que no procederá amnistía, el indulto o beneficios preliberacionales ni sustitutivo alguno respecto de este delito y que, conforme a la propuesta de reforma del artículo 215B del Código Penal Federal, la sanción para el servidor público que cometa este delito será de 20 y 50 años de prisión, mientras que si el responsable es un particular, la pena será de 10 a 25 años de prisión[16].
25. Los representantes señalaron que la prescripción de 35 años para el delito de desaparición forzada incluida en la propuesta de reforma "no cumple con los estándares que marca la [Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas]". En este sentido, manifestaron que "de aprobarse la reforma tal y como lo propone el Ejecutivo Federal, el Estado mexicano s[eguiría] transgrediendo el artículo 2 de la Convención Americana".
26. La Comisión valoró "la iniciativa legislativa por parte del Estado y consider[ó] que e[ra] un avance en relación con el proceso de cumplimiento". En particular, reconoció como un "aspecto positivo" que se integrara a la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la persona desaparecida como elementos distintivos de otros ilícitos con los cuales usualmente se relaciona la desaparición forzada de personas, y que no se admitieran privilegios en la persecución de dicho delito. Sin embargo, señaló que la propuesta de reforma sigue sin adecuarse "íntegramente a los estándares establecidos [en la S]entencia, ni aquéllos establecidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas". En tal sentido, la Comisión indicó que "la definición del sujeto activo del delito debe hacerse de forma amplia[,] para asegurar la sanción de todos los "autores, cómplices y encubridores del delito[,] sean agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado". Por otra parte, señaló que "los criterios de aplicación del quantum de la pena por la comisión del delito de desaparición forzada atienden al carácter de "servidor público" o "particular" que tenga el o los presuntos responsables[,] lo cual no es compatible con el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, donde se establecen las posibles circunstancias atenuantes que aplicarían en los casos de desaparición forzada". Por último, manifestó su preocupación porque se "establezca una disposición sobre la prescripción de este delito, cuando la propia Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece como regla general la imprescriptibilidad del mismo". En todo caso, el Estado "no especificó si es que el lapso de prescripción de 35 años establecido es compatible con los términos de la excepción establecida en la propia Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en su artículo VII".
27. La Corte observa que el Estado ha empezado a adoptar medidas con la finalidad de reformar el artículo 215A del Código Penal Federal que tipifica el delito de desaparición forzada de personas. Para efectos de analizar si la propuesta de reforma presentada por el Estado se ajusta o no a los estándares indicados por la Corte, es necesario precisar que en la Sentencia el Tribunal se refirió solamente a dos elementos de dicha disposición que no eran compatibles con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En primer lugar, lo relativo a que dicha disposición restringe la autoría del delito de desaparición forzada de personas a "servidores públicos", mientras que el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas indica que los Estados deben asegurar la sanción de todos los "autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas", sean agentes del Estado o "personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado"[17]. Por otro lado, en la Sentencia se estableció que la desaparición forzada de personas "se caracteriza por la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas", y que dicho elemento debía estar presente en la tipificación del delito porque permitía "distinguir una desaparición forzada de otros ilícitos con los [cuales] usualmente se la relaciona, como el plagio o secuestro y el homicidio, con el propósito de que puedan ser aplicados los criterios probatorios adecuados e impuestas las penas que consideren la extrema gravedad de este delito a todos aquellos implicados en el mismo"[18]. Por lo tanto, el análisis de la Corte se limitará a estos dos puntos.
28. La Corte constata que en su propuesta de reforma el Estado ha integrado los elementos indicados por el Tribunal para una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada conforme a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. De lo informado por el Estado, se desprende que dicho delito podrá ser cometido, asimismo, por particulares cuando actúen "por orden, consentimiento o apoyo" de un servidor público. Por otro lado, la propuesta de reforma contempla que dicho delito podrá ser cometido por cualquier servidor público o particular que, entre otros, "se niegue a reconocer dicha privación de la libertad, o se niegue a informar sobre el paradero de la persona". En tal sentido, la Corte toma nota de la iniciativa de reforma propuesta por el Estado para modificar el artículo 215A del Código Penal Federal conforme a los estándares indicados en la Sentencia y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y continuará dando seguimiento al procedimiento de reforma legislativa señalada hasta su plena adecuación a tales estándares.
E. Obligación de implementar programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas (punto resolutivo décimo segundo de la Sentencia)
29. El Estado indicó que la Procuraduría General de la República "trabaja en el diseño, implementación y emisión de un programa de capacitación y/o especialización para los servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Investigación que atienda los aspectos ordenados por la Corte[.]" En tal sentido, señaló que "[s]e tiene programada una capacitación para el primer bimestre de 2011, a cargo del experto Santiago Corcuera, ex miembro del Grupo de Trabajo [sobre] Desapariciones Forzadas [o] Involuntarias de las Naciones Unidas, la cual será impartida a personal de la institución". Adicionalmente, informó que "personal ministerial de la Procuraduría General de la República acudió al ‘Seminario Centroamericano sobre la búsqueda de personas desaparecidas e investigaciones forenses: implementación del Consejo Internacional de Principios y Normas Mínimas sobre trabajo psicosocial en casos de [D]esaparición Forzada, Ejecuciones Arbitrarias e investigaciones forenses de graves violaciones de derechos humanos’, celebrado los días 16, 17 y 18 de septiembre [de 2010], en la ciudad de Antigua, Guatemala". Dicho seminario "contribuyó a reafirmar los conocimientos de los servidores públicos que asistieron para la práctica de las diligencias de excavación" para la localización del señor Radilla Pacheco. Por otro lado, el Estado también hizo referencia a una serie de actividades realizadas en el marco de la "capacitación permanente en materia de derechos humanos" de la Procuraduría General de la República. Asimismo, el Estado se refirió a actividades llevadas a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de promoción, difusión y aplicación de los derechos humanos, así como a "actividades realizadas por el Consejo de la Judicatura Federal".
30. Los representantes señalaron que si bien "las actividades referidas por el Estado son positivas en el marco de la capacitación general en materia de derechos humanos que todo servidor público debe tener [...] nada tienen que ver con lo ordenado por la Corte [en la Sentencia]". En este sentido, señalaron que las actividades "no fueron dirigidas a las Fuerzas Armadas"; "no versaron específicamente sobre el análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano [...] en relación a los límites de la jurisdicción penal militar"; "no trataron sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas", y no "estuvieron dirigidas a los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República y jueces del Poder Judicial de la Federación". Asimismo, agregaron que aún no se ha llevado a cabo la capacitación para el primer bimestre de 2011, a cargo de un ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
31. La Comisión señaló que "valora[ba] las actividades realizadas por el Estado en la promoción y capacitación en materia de derechos humanos dirigida a los funcionarios de distintas instituciones estatales". Asimismo, "consider[ó] que se deben incentivar los esfuerzos por atender a los especiales requerimientos establecidos por la Corte en la [S]entencia".
32. La Corte observa que en su Sentencia precisó las actividades y las materias, así como el tipo de personas que debían ser beneficiarias de las mismas, que el Estado debía llevar a cabo para cumplir con esta medida de reparación[19]. La Corte valora que el Estado capacite y forme a sus funcionarios en temas de derechos humanos. Sin embargo, el Tribunal observa que el Estado se ha referido extensamente a una serie de actividades que no se encuentran relacionadas con la reparación dispuesta en la Sentencia. La única información precisa aportada por el Estado relacionada con el cumplimiento de lo ordenado expresamente en la Sentencia, es la relativa a la planeación de la capacitación que sería impartida a personal de la Procuraduría General de la República por un ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas durante el primer bimestre de 2011, así como la asistencia de personal de la Procuraduría General de la República al seminario realizado en Antigua, Guatemala. La Corte no fue informada sobre las acciones realizadas tendientes a la capacitación de los jueces del Poder Judicial de la Federación sobre este tema, ni sobre los programas o cursos permanentes sobre "los límites de la jurisdicción militar [y] los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial". La Corte resalta la importancia que tienen las actividades ordenadas como garantías de no repetición, por lo cual su sentido tiene un alcance que va más allá del caso concreto. Por lo tanto, el Estado debe presentar a la Corte información precisa que se refiera específicamente a las acciones llevadas a cabo para dar estricto cumplimiento a este extremo de la Sentencia, de manera tal que se refleje el cumplimiento del propósito de la medida de reparación.
F) Obligación de publicar la Sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en otro diario de amplia circulación nacional y en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia)
33. El Estado informó que el 17 de febrero de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico El Universal "los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358, sin notas al pie de páginas y la parte resolutiva de la [S]entencia[.]" Al respecto, remitió al Tribunal dichas publicaciones. Asimismo, indicó que el "21 de enero de 2010 la Procuraduría General de la República publicó en su página web la [S]entencia emitida el 23 de noviembre de 2009", y precisó la respectiva dirección electrónica[20]. Finalmente, en respuesta a las manifestaciones de los peticionarios acerca de la visibilidad de dicha publicación en la página web de la Procuraduría General de la República, el Estado indicó que "se tomaron las providencias necesarias para que pudiera tenerse acceso a la citada [S]entencia desde la página principal de la Procuraduría General de la República".
34. Los representantes señalaron que el Estado "llevó a cabo de manera unilateral la publicación de la [S]entencia". Asimismo indicaron que fueron informados acerca de dicha publicación el día después de que se realizó, y que nunca fueron contactados a fin de acordar "la fecha ni el momento de la publicación".
35. La Comisión señaló que "la información disponible indica que el Estado ha cumplido con este punto de la [S]entencia".
36. La Corte observa que, de la información recibida de las partes, el Estado ha dado cumplimiento total de esta medida de reparación dentro del plazo establecido en la Sentencia.
G) Obligaciones de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, y de colocar en un sitio en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia)
37. Sobre el acto público de reconocimiento de responsabilidad, el Estado indicó que "[a] lo largo del 2010, el Estado [...] ha reiterado a los representantes de las víctimas su disposición de llevar a cabo, lo antes posible, [dicha] ceremonia [...] y de arribar a un consenso sobre las modalidades de cumplimiento de esta medida de reparación". Señaló que entendía que esta medida de reparación debía llevarse a cabo en el plazo de un año, dado que la Sentencia no precisa un plazo de cumplimiento. Sobre la placa rememorativa, expresó que "el Estado formuló una propuesta de texto y reiteró su disposición para cumplir con lo previsto por la [S]entencia, así como su entendido de que la develación de la placa debería tener lugar también en el plazo de un año", pues la Sentencia no indica un plazo específico de cumplimiento, y que debía realizarse "en el contexto del acto público de reconocimiento de responsabilidad"[21]. Al respecto, refirió que los representantes consideraban que la placa también debía incluir un "reconocimiento del contexto de las violaciones a derechos humanos sistemáticas ocurridas durante la llamada ‘Guerra Sucia’", pero que el Estado consideraba que se había realizado un esfuerzo para contemplar en la propuesta formulada prácticamente todos los elementos sugeridos por los representantes y que, en su opinión, "el texto de la propuesta cumplía íntegramente con lo ordenado en la [S]entencia". El Estado también refirió que los representantes habían expresado que "la develación de la placa no tenía que hacerse en el plazo de un año a partir de la publicación de la [S]entencia[,] y que tenían también otras razones que tendrían que considerar detenidamente para llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento de este resolutivo". Así, el Estado se comprometió a "mantener los canales de comunicación con los representantes de las víctimas para acordar la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad y la develación de la placa, y a mantener informada a la Corte sobre los resultados de [e]stas gestiones".
38. Los representantes manifestaron que aún no existe acuerdo "para determinar la realización del acto y la develación de la placa conmemorativa". Asimismo, expresaron su voluntad de "mantener el canal de comunicación con el Estado para llegar a un acuerdo respecto de este punto, considerando la integralidad de lo expuesto en el [...] documento".
39. La Comisión no presentó observaciones sobre este punto.
40. El Tribunal recuerda que en la Sentencia ordenó que la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento de responsabilidad así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización, fuera acordada con los familiares del señor Radilla Pacheco o sus representantes[22]. La Corte también señaló que la develación de la placa rememorativa podía llevarse a cabo durante dicho acto público o en un momento posterior[23]. Al respecto, el Estado ha presentado información sobre los esfuerzos realizados tendientes al cumplimiento de esta medida de reparación. Sin embargo, la Corte no cuenta con suficiente información por parte de los representantes sobre los aspectos en los cuales se encontrarían en desacuerdo con la propuesta del Estado respecto del texto de la placa rememorativa y sobre la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal destaca que es necesario que todas las partes presenten información puntual y detallada a efecto de que la Corte pueda evaluar adecuadamente el avance en el cumplimiento de dichas medidas de reparación.
41. En cuanto a que los representantes consideran que el texto de la placa debe hacer referencia al contexto en el marco del cual tuvo lugar la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, la Corte recuerda que en la Sentencia indicó que su "desaparición forzada [...] no p[odía] aislarse del medio en el que [los] hechos [...] ocurrieron, ni se p[odía]n determinar las consecuencias jurídicas respectivas en el vacío propio de la descontextualización"[24]. En tal sentido, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar los representantes y el Estado, la Corte considera relevante que en el texto de la placa se haga alguna mención a dicho contexto. Ahora bien, por lo que respecta a los plazos de cumplimiento de ambas reparaciones, si bien en la Sentencia no fueron precisados, la Corte considera que deben ser cumplidas tan pronto como sea posible siempre y cuando los representantes y el Estado hayan acordado lo pertinente, para que la medida de reparación cumpla con su propósito. Al respecto, el Tribunal valora que antes de que se cumpliera el plazo de un año para presentar su primer informe de cumplimiento de la Sentencia, el Estado inició las gestiones para llevar a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad y la develación de la placa rememorativa. Por lo tanto, la Corte insta a los representes y al Estado a mantener la comunicación pertinente a fin de dar cumplimiento a dichas medidas de reparación.
H. Obligación de realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco (punto resolutivo décimo quinto de la Sentencia)
42. El Estado manifestó que ya recibió autorización por parte de los representantes para la publicación de la semblanza de vida ordenada, con un tiraje de 1000 ejemplares, la cual incluirá, en atención a solicitudes realizadas por los representantes, "el texto íntegro del libro ‘Voces Acalladas’ de la señora Andrea Radilla", así como información adicional relativa a que dicha semblanza se realizará en cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte en este caso.
43. Los representantes señalaron que "la publicación de la semblanza está en proceso de cumplimiento".
44. La Comisión señaló que observaba que "el cumplimiento de esta medida de reparación est[á] en proceso y que se hab[ía] llegado a acuerdos [...] para su implementación".
45. La Corte valora las acciones desplegadas por el Estado para dar cumplimiento a la publicación de la semblanza objeto de esta medida de reparación. Con base en lo señalado por el Estado, el Tribunal queda a la espera de información sobre la efectiva publicación de la obra.
I. Obligación de brindar atención psicológica y/o psiquiátrica a través de instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten (punto resolutivo décimo sexto de la Sentencia)
46. El Estado informó que los representantes rechazaron una propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública según la cual se ofreció "asistencia psicológica, a través del Sistema Integral de Atención a Víctimas (SIAV), para todos los familiares del señor Rosendo Radilla, independientemente de si éstos habían sido designados o no como beneficiarios por la Corte [...] en su [S]entencia". Por tanto, "la Secretaría de Gobernación informó a las víctimas y a sus representantes que gestiona que la atención psicológica les sea proporcionada a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la atención psiquiátrica, en caso de requerirse, por alguna institución de salud pública del [E]stado de Guerrero".
47. Los representantes manifestaron que el Estado "est[á] en las gestiones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la atención psicológica[,] y aún no [se sabe] qué institución de salud del Estado de Guerrero sería la que brindaría la atención psiquiátrica".
48. La Comisión indicó que "valora[ba] que se h[ubieran] llegado a acuerdos entre las partes respecto de la modalidad de implementación de esta medida de reparación", por lo cual solicitó a la Corte que requiriera al Estado la presentación de "información actualizada sobre las gestiones realizadas para cumplir con este punto de la [S]entencia".
49. La Corte valora el ofrecimiento del Estado para que la atención psicológica y/o psiquiátrica sea brindada no solamente a las personas declaradas como víctimas en la Sentencia sino también a otros familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco. No obstante, observa que, hasta el momento, el Estado no ha brindado la atención psicológica y/o psiquiátrica a favor de las víctimas en este caso, tal como fue ordenado en la Sentencia, debido a que todavía no se ha determinado qué instituciones públicas estarán a cargo de ello. Por lo tanto, el Tribunal considera que el Estado debe continuar las gestiones pertinentes a fin de que las víctimas comiencen a recibir la atención requerida a la brevedad.
J) Obligación de pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos (punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia)
50. El Estado informó que había "dispu[esto] los recursos necesarios a efecto de hacer entrega de [las indemnizaciones] según lo indicado en la [S]entencia". No obstante, "por causas completamente ajenas al Estado, [no había] sido posible el pago de las cantidades respectivas". Así, indicó que ha propuesto a los representantes diversos procedimientos para efectuar el pago de las indemnizaciones, tales como "un procedimiento ante un juez civil o bien ante un notario", la consignación de los montos correspondientes "a una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera mexicana solvente y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria mexicana", e incluso la posibilidad solicitada por los peticionarios "de depositar la indemnización en la propia Corte Interamericana". Sin embargo, refirió que los representantes solamente han aceptado "el pago[,] mediante jurisdicción voluntaria ante Notario Público", de la indemnización de una de las víctimas, la señora Andrea Radilla Martínez. Según el Estado, los demás beneficiarios de las indemnizaciones han expresado su deseo de no recibir los montos ordenados en la Sentencia hasta que se haya avanzado en la indagatoria penal en curso sobre la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla. Así, el Estado señaló que "[c]on la finalidad de cumplir con esta obligación los recursos permanecerán disponibles en la Secretaría de Gobernación para el momento en el [cual] los familiares de las víctimas deseen realizar su cobro".
51. Respecto a la indemnización correspondiente al señor Rosendo Radilla Pacheco, los representantes indicaron que las modalidades de cumplimiento que ofrece el Estado son "inaceptables", puesto que requieren la presentación de "una declaración de muerte" por parte de un juez o de un acta de defunción, inclusive la "nueva modalidad de pago consistente en un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante un notario público de la Ciudad de México". Al respecto, refirieron que "es altamente infamante para los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco el obligarlos a llevar a cabo el procedimiento de declaración de muerte, ya que durante más de 35 años han realizado todas las acciones necesarias para lograr justicia y encontrar su paradero". Por tanto, los señores Tita y Rosendo Radilla Martínez, hijos del señor Rosendo Radilla Pacheco, decidieron "no aceptar de momento el pago de la indemnización" correspondiente a [su padre]", y que tampoco han aceptado las indemnizaciones "asignadas directamente a sus personas". Finalmente, solicitaron que, "como alternativa preferente al depósito en una institución financiera mexicana", los montos sean depositados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que "esta alternativa sería la que mayor confianza daría a las víctimas y la que les generaría menor desgaste emocional".
52. La Comisión señaló que "la implementación de esta medida de reparación no puede resultar en un factor de revictimización de los familiares del señor Radilla Pacheco". En tal sentido, indicó que correspondía al Estado "dar especial atención a las necesidades y deseos de los beneficiarios de las reparaciones", y que tomaba nota de que ya se ha acordado el pago de las indemnizaciones a favor de la señora Andrea Radilla Martínez. Finalmente, destacó que ni el Estado ni los representantes habían presentado información sobre el pago de las costas y gastos.
53. De lo señalado por los representantes y el Estado, la Corte observa que existen dos controversias distintas: por un lado, la relativa al pago de las indemnizaciones correspondientes al señor Rosendo Radilla Pacheco, y por el otro, la relativa al pago a otros beneficiarios. La Corte considera pertinente precisar que en la Sentencia, de manera general, se estableció que el pago de las indemnizaciones por parte del Estado debía realizarse dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, directamente a sus beneficiarios.
54. En el caso de las indemnizaciones correspondientes al señor Radilla Pacheco, la Corte ordenó en la Sentencia que las cantidades asignadas fueran distribuidas en partes iguales entre sus derechohabientes. Al respecto, el Tribunal considera admisible que se utilicen los procedimientos previstos a nivel interno a efecto de hacer efectivo el pago de las correspondientes indemnizaciones. Sin embargo, tales procedimientos no pueden generar a las víctimas cargas desproporcionadas que obstaculicen innecesariamente el cumplimiento de esta medida de reparación a su favor. Por otro lado, la Corte no dispuso como posibilidad en su Sentencia recibir cantidad alguna en depósito por concepto del pago de las indemnizaciones correspondientes al señor Radilla Pacheco. No obstante, el Tribunal destaca que el Estado realizó una propuesta de pago en una institución financiera mexicana que se ajusta a lo indicado en la Sentencia para el caso de que las indemnizaciones tuvieran que cumplirse de esa manera[25]. En vista de que ha transcurrido un plazo mayor al indicado en la Sentencia para el cumplimiento de esta medida de reparación a favor del señor Radilla Pacheco, la Corte solicita al Estado que presente información puntual y detallada sobre lo informado por los representantes en el sentido de que el pago tampoco podría realizarse a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria ante notario público. La Corte solicita, asimismo, que los representantes informen de manera precisa y pormenorizada las razones por las cuales no están de acuerdo en que el pago se realice a través de un depósito bancario en una institución mexicana.
55. Por otro lado, la Corte observa que el Estado informó que los representantes autorizaron el pago de la indemnización correspondiente a la señora Andrea Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, mediante jurisdicción voluntaria ante notario público. Sin embargo, tanto el Estado como los representantes señalaron que los señores Tita y Rosendo Radilla Martínez no han aceptado el pago de sus indemnizaciones. De acuerdo a lo indicado por el Estado, ello sería porque consideran que no ha habido avances en las investigaciones. Esta afirmación no fue negada por los representantes. Al respecto, por un lado, la Corte reitera que en la Sentencia se estableció el plazo de un año para el cumplimiento de esta medida de reparación por parte del Estado y, por otro lado, que la Sentencia no supeditó el pago de las indemnizaciones a los eventuales avances en la investigación de los hechos en el presente caso. El pago de las indemnizaciones es una obligación autónoma del resto de las medidas de reparación ordenadas al Estado. Por lo tanto, en vista de que éste manifestó que se encontraba en condiciones de realizar los pagos correspondientes a los señores Tita y Rosendo Radilla Martínez, entre otros, y dado que éstos no desean recibir el pago correspondiente, la Corte considera que se cumplen las condiciones establecidas en el párrafo 390 de la Sentencia para que el Estado proceda con el cumplimiento de esta medida de reparación a través de un depósito bancario en una institución financiera mexicana, siguiendo los criterios establecidos en dicho párrafo.
56. Además, la Corte nota que ni los representantes ni el Estado presentaron información sobre el pago correspondiente a las costas y gastos, por lo cual solicita a ambas partes que remitan al Tribunal la información pertinente.
K. Solicitud de audiencia por parte de los representantes de las víctimas
57. Los representantes señalaron que en virtud de las "contradicciones existentes entre el Estado y los representantes de las víctimas en cuanto al cumplimiento integral de la Sentencia", y "con el objeto de solicitar un pronunciamiento de la Corte en el sentido de exhortar al Estado mexicano a realizar un efectivo cumplimiento de la [misma]", solicitaban al Tribunal una "audiencia de seguimiento al cumplimiento de la [S]entencia, a celebrarse en el siguiente Período Ordinario de [S]esiones".
58. La Corte considera que la presente Resolución esclarece aquellos puntos en los cuales existe controversia sobre el cumplimiento de la Sentencia. Por lo tanto, el Tribunal no considera necesario celebrar, por el momento, audiencia alguna de supervisión de cumplimento de la misma.
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de
conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento,
1. De conformidad con lo señalado en el Considerando pertinente de la presente Resolución, el Estado ha dado cumplimiento al siguiente punto resolutivo de la Sentencia:
a) publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 144 a 358 de la Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, y publicar íntegramente el Fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, en un plazo de seis y dos meses, respectivamente, a partir de la fecha de notificación de la Sentencia (punto resolutivo décimo tercero y Considerando 36).
2. De conformidad con lo señalado en los Considerandos pertinentes de la presente Resolución, se encuentran pendientes de cumplimiento los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia:
a) conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación, y en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar eficazmente las sanciones y consecuencias que la ley prevea (punto resolutivo octavo y Considerandos 10 y 11);
b)continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco, o en su caso, de sus restos mortales (punto resolutivo noveno y Considerandos 15 y 16);
c)adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (punto resolutivo décimo y Considerandos 20 a 22);
d) adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (punto resolutivo décimo primeroy Considerandos 27 y 28);
e) implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas (punto resolutivo décimo segundo y Considerando 32);
f)realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco y colocar en un sitio en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada (punto resolutivo décimo cuarto y Considerandos 40 y 41);
g) realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco (punto resolutivo décimo quinto y Considerando 45);
h) brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaradas en el Fallo que así lo soliciten (punto resolutivo décimo sexto y Considerando 49), y
i) pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la Sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda (punto resolutivo décimo séptimo y Considerandos 53 a 56).
Y RESUELVE:
1.Requerir a los Estados Unidos Mexicanos que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el punto declarativo segundo supra, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.Solicitar a los Estados Unidos Mexicanos que, a más tardar el 29de agosto de 2011, presenten un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas que se encuentran pendientes de cumplimiento, en los términos establecidos en los Considerandos 7 a 56 de esta Resolución. Posteriormente, el Estado mexicano debe continuar presentando un informe de cumplimiento cada tres meses.
3. Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes a los informes de los Estados Unidos Mexicanos referidos en el punto resolutivo segundo de esta Resolución, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de los mismos.
4. Mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de los extremos de la Sentencia pendientes de acatamiento señalados en el punto declarativo segundo.
5. Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la presente Resolución a los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.
Leonardo A. Franco
Rhadys Abreu Blondet
Alberto Pérez Pérez
Pablo Saavedra Alesandri
[1] Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 60; Caso Masacre de Ituango Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de diciembre de 2010, considerandos tercero y cuarto, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 03 de marzo de 2011, considerando tercero.
[2] Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs.Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de diciembre de 2010, considerando sexto, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, considerando cuarto.
[3] Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, considerando tercero; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 2, considerando sexto, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, considerando cuarto.
[4] Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 2, considerando séptimo, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, considerando quinto.
[5] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrs. 206, 215 y 222.
[6]Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 334.
[7]Al respecto, señaló que durante las excavaciones estuvieron presentes representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y un representante de la "Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas[,]" así como personal de la Comunicación Social de la Procuraduría General de la República, quienes "se encargaron de dar acceso a los medios de comunicación [y] de emitir los diversos boletines que fueron presentados" en la página web de dicha entidad. En las diligencias de excavación también se permitió la presencia de otros miembros de la organización que representa a las víctimas que no están acreditados en autos "a fin de reforzar el apoyo psicosocial de los familiares de Rosendo Radilla Pacheco".
[8] Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 222.
[9] El Estado señaló que el texto de la iniciativa de reforma indica:
Artículo 57.- …
a). …
Los delitos de Desaparición Forzada de Personas, Violación y Tortura, previstos en los artículos 215-A, 265 y 266 del Código Penal Federal, así como 3 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cometidos en agravio de personas civiles, serán competencia de los Tribunales del Fuero Federal.
Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito, se desprenda la probable comisión de alguno de los contemplados en el párrafo anterior, inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla al Ministerio Público de la Federación. Las actuaciones que forman parte del desglose no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado este Código y con posterioridad el Código de Procedimientos Penales.
b). a e). …
Cuando en los casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar, salvo en el supuesto del segundo párrafo del inciso a) de dicha fracción, en el cual serán competentes los tribunales federales correspondientes, sin perjuicio de que los delitos contra la disciplina militar sean conocidos por los tribunales militares.
[10]Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 273.
[11]Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 286.
[12] Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 289.
[13] Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 272. Cfr. también Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 128; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 117; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 112; Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 51; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 165; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 142; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 202; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrs. 124 y 132; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 189; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 131; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 142; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 200; Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 105; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 118; Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párrs. 108 y 110; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 176; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 160, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 206.
[14] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 274.
[15] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 273.
[16] El Estado indicó que el texto de la iniciativa de reforma señala:
Artículo 215 A. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que por sí o a través de otros realice, consienta, autorice o apoye la privación de la libertad de una o más personas y propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma; o se niegue a reconocer dicha privación de la libertad, o se niegue a informar sobre el paradero de la persona.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también podrá ser cometido por un particular cuando actúe por orden, consentimiento o apoyo de un servidor público.
Este delito prescribirá en un plazo de treinta y cinco años.
Respecto de este delito no procederá amnistía, el indulto, beneficios preliberacionales ni sustitutivo alguno.
[17] El Tribunal indicó que "[para] la correcta tipificación del delito, el carácter de ‘agente del Estado’ debe ser establecido de la forma más amplia posible". Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párrs. 320 y 321.
[18] Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 323.
[19] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 347.
[20] http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/docs08/sentenciacoidh.pdf.
[21] El Estado propuso el siguiente texto para la placa rememorativa:
El Estado mexicano de[v]ela esta placa en memoria y como reconocimiento de su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos derivadas de la desaparición forzada de Don Rosendo Radilla Pacheco, luchador social, el 25 de agosto de 1974.
Lo anterior se hace en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien dictó sentencia en el caso ‘Rosendo Padilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos’ el 23 de noviembre de 20[09].
Este lamentable suceso ha dejado invaluables lecciones a la nación mexicana.
El Estado mexicano reconoce la incansable y continua búsqueda de las víctimas por la justicia, la verdad y la reparación.
[22] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 353.
[23] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 354.
[24]Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 116.
[25] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 5, párr. 390. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes, respectivamente, no fuese posible que éstos las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera mexicana, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados".
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