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Timestamp: 2019-01-19 02:42:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 46', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13']

﻿ Sentencia T-849 de noviembre 24 de 2009
SENTENCIA T-849 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. LA VIDA PROBABLE ES UN FACTOR DETERMINANTE CUANDO SE TRATA DE TOMAR UNA PRONTA DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia T-849 de noviembre 24 de 2009
Ref.: Expediente T-2.356.016
Acción de tutela instaurada por Reinaldo Jiménez Ángel contra el Instituto de Seguro Social, ISS.
Bogotá D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.
1.1.1.5. Contra estas decisiones, el demandante interpuso los recursos de ley, contrarrestando el argumento de un vínculo marital anterior, con el registro civil de defunción de su anterior esposa, fallecida el primero (1º) de abril de 1992.
1.3.4. Copia de la Resolución 46470 de 2006, expedida por el Instituto de Seguro Social, por medio de la cual, se resuelve la solicitud de prestación económica interpuesta ante el sistema general de pensiones, y en la cual se niega la sustitución pensional reclamada por el demandante con el argumento de no existir certeza sobre la convivencia entre éste y la pensionada fallecida.
1.3.5. Copia de la Resolución 19760 de 2007, proferida por el Instituto de Seguro Social, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el peticionario y donde se expone que de las declaraciones aportadas a la solicitud, no se desprende con claridad las fechas en la cuales se inicio y terminó la convivencia entre ellos.
2.1. Primera instancia - Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio.
Señaló el fallador de primera instancia, que al no existir una nueva petición por resolver, deberá estarse a lo resuelto en sede administrativa, teniendo en cuenta que la tutela no es el medio idóneo para lograr la pretensión impetrada o en su lugar “...acudir a la vía administrativa a reclamar los derechos que le puedan corresponder...” (primera instancia fl. 41).
Arguyó que en el fondo la acción instaurada pretende la declaración de la nulidad de las tres resoluciones que le negaron el reconocimiento de la sustitución pensional y por lo tanto el tribunal concentrará su atención en este aspecto que conllevará a declarar la improcedencia de la tutela para atacar aspectos administrativos. En relación con esta controversia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio consideró que “...no corresponde al juez constitucional dirimir tal controversia...”. Y además, que por tratarse de “derechos litigiosos... la competencia prevalerte para resolver este tipo de conflictos ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o a la contencioso administrativa, según el caso”. (segunda instancia, fl.13)
Que “tampoco allegó elemento de juicio que permita concluir la vulneración al debido proceso...”. (segunda instancia fl. 16).
Para resolver la controversiala Sala Sexta de Revisión de tutelas examinará la procedencia de la acción de tutela (i) para el reconocimiento de prestaciones sociales; (ii) como sucedánea de los procedimientos administrativos; (iii) como procedimiento excepcional contra los actos administrativos; (iv) su relación con el mínimo vital y (v) con las vías de hecho; (vi) la seguridad social para los ancianos; (vii) el tema de la vida probable; (viii) la relevancia constitucional del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a un sujeto de especial protección constitucional y (ix) los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con la Sentencia C-1094 de 2003.
“La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (art. 86, inc. 3°, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza”(1).
“El mencionado requisito probatorio pretende garantizar dos objetivos: en primer lugar, busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no reconocimiento de su derecho pensional, cuya procedencia está acreditada, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya su petición. Y, en segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la actuación del juez de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación excepcional en los precisos casos en los cuales esté demostrada la procedencia del reconocimiento” (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, la Sentencia T-043 de 2007 reiteró las siguientes reglas de procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de una pensión de invalidez que jurídicamente se equipara a la de vejez y supervivencia:
(iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
En relación con el primer requisito, la actuación de la administración a través de la cual reconoció o reajustó la pensión de invalidez, jubilación o vejez debepresentarse como manifiestamente ilegal o inconstitucional. Si bien el juez de tutela no es el competente para realizar un análisis detallado sobre la legalidad de las actuaciones de la administración, por ser ello de competencia de los jueces especializados; ante la afectación de los derechos fundamentales del peticionario provocada por una actuación que se muestra desde un principio como contraria a postulados de índole legal o inconstitucional, la acción de tutela resulta procedente para amparar los derechos fundamentales afectados.
5.2. En lo relativo a los requisitos para la acreditación de la inminencia de perjuicio irremediable, también existe una doctrina constitucional consolidada, la cual prevé que para que resulte comprobado este requisito debe acreditarse en el caso concreto que(3) (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.
De la misma manera, el precedente constitucional en comento prevé que la evaluación de los requisitos anteriores en el caso concreto no corresponde a un simple escrutinio fáctico, sino que debe tener en cuenta las circunstancias particulares del interesado, que se muestren relevantes para la determinación de la existencia del perjuicio. Especialmente, deberá analizarse si el afectado pertenece a alguna de las categorías sujetas a la especial protección del Estado. Para la Corte, la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados. Desde esta perspectiva, “tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto”(4). (resaltado fuera de texto)
3.2.2. Procedencia de la tutela para sustituir procesos administrativos.
En principio la Corte ha sostenido que la actividad tutelar no puede desplegarse para la reivindicación de derechos prestacionales. Sin embargo la Corte ha venido modulando su posición y en sentencias como la T-083 del 4 de febrero de 2004(5), consideró:
Este último razonamiento encuentra pleno respaldo en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, el cual, al referirse a las causales de improcedencia del amparo constitucional, señala claramente que la existencia de otros medios de defensa judicial tendrá que ser apreciada “en concreto” por el juez,teniendo en cuenta el grado de eficiencia y efectividad del mecanismo judicial frente a las circunstancias en que se encuentre el solicitante al momento de invocar la protección del derecho presuntamente conculcado. Amparada en ese mandato, la Corte expresó en uno de sus primeros pronunciamientos, lo siguiente:
“...el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente.” (Sent. T-414/92, dic. 31)(6).
“... la jurisprudencia de esta corporación sostiene que la acción de tutela procede a pesar de existir otro medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que éste es ineficaz debido a que no resuelve el conflicto de manera integral(7), o ii) este no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular de una protección inmediata ...” (Sent. T-076/2003, feb. 5(8)).
“Con base en ello, este alto tribunal ha sostenido que la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de reconocimiento o reliquidación de pensiones, adquiere cierto grado de justificación cuando sus titulares son personas de la tercera edad, ya que se trata de sujetos que por su condición económica, física o mental se encuentran en condición de debilidad manifiesta, lo que permite otorgarles un tratamiento especial y diferencial más digno y proteccionista que el reconocido a los demás miembros de la comunidad(9). Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos fundamentales.
El criterio de interpretación acogido por la jurisprudencia constitucional en torno a este punto, tiene un fundamento de principio en los artículos 13 y 46 de la Carta, los cuales le imponen al Estado, por una parte, el deber de brindar una protección especial “a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”, y por la otra, la obligación de concurrir, con la colaboración de la sociedad y la familia, a “la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad...” (resaltado agregado).
En síntesis, la acción de tutela no procede para ordenar el reconocimiento o la reliquidación de pensiones, a menos que el conflicto planteado involucre personas de la tercera edad y se logre acreditar la afectación de garantías fundamentales que no puedan ser protegidas oportunamente a través de los medios de defensa previstos para el efecto, de manera tal que se entienda que estos han perdido toda su eficacia material y jurídica. En dichos eventos, le corresponde al juez constitucional evaluar, valorar y ponderar la situación fáctica puesta a su conocimiento y todos los factores relevantes del caso, para efectos de establecer la necesidad de brindar una protección urgente e inmediata de los derechos conculcados, e igualmente, de determinar con la mayor precisión el grado o nivel de protección que se debe brindar. (negrillas agregadas).
En la Sentencia T-483 del 21 de julio de 2009(10) se explicitó:
“... de manera constante, la Corte ha considerado en relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo efectivo para la protección de derechos fundamentales que podrían verse vulnerados o amenazados por mandamientos consagrados en actos emitidos por la administración, que por regla general aquélla no es adecuada para controvertirlos, sino que, por el contrario, la competencia se encuentra radicada en la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, esta corporación ha considerado que el amparo procede como mecanismo definitivo de protección de derechos fundamentales, y no transitorio. Así, en Sentencia T- 571 de 2002, el juez constitucional consideró lo siguiente:
“En consecuencia, la Corte ha determinado que el juez de tutela, debe aún en forma oficiosa, revisar el acto administrativo que niega el reconocimiento de una pensión para establecer si no se ha incurrido en una vía de hecho. Esto significa, que el juez de tutela para estudiar los casos de solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación, no puede reducir su análisis a las condiciones de cumplimiento del derecho de petición sino, debe evaluar en forma concomitante, si en la respuesta que le brinda la entidad administradora de las pensiones al peticionario, no incurre en una vía de hecho al dilatar el goce efectivo de un derecho causado por razones ajenas al solicitante. (resaltado agregado).
“Y es que, como igualmente lo ha definido la jurisprudencia, el derecho al mínimo vital se evalúa a partir de una dimensión cualitativa y no cuantitativa, de manera que su posible violación se mide conforme con las condiciones personales de cada trabajador y el nivel de vida adquirido por este. El concepto de un mínimo de condiciones de vida —v.gr. Alimentación, educación, salud, vestido y recreación—, entonces, “no va ligado sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida(11)”.
3.2.5. Consideraciones sobre la vía de hecho.
1. Como para este expediente es posible su ocurrencia cabe reiterar la posición de esta Corte en relación con “la vía de hecho”. La sentencia T-729/30/09/99(12) estableció las circunstancias en que puede darse:
2. Según la Sentencia T-765/9/12/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo la vía de hecho ocurre cuando se distorsiona o retuerce arbitrariamente el ordenamiento jurídico, y resultan quebrantados o amenazados, como en este caso, derechos constitucionales fundamentales:
“Es indudable que el proceso judicial adelantado mediante la negación de toda posibilidad de defensa a una de las partes constituye en sí mismo una vía de hecho, ya que, al eliminar ese componente esencial del debido proceso, erige como único criterio admitido para la definición de la controversia el arbitrio del juez”.
3. La Sentencia T-237/31/05/95(13) señaló otra forma de incurrir en vía de hecho: es cuando hay la violación al debido proceso sustantivo porque la valoración de las pruebas no ha sido razonable de manera que por esta razón se producen efectos nocivos e indeseados que afectan los derechos fundamentales.
4. En la misma línea está la Sentencia 827-21-10-99(14) cuando sostiene:
“No se puede unilateralmente dejar sin efecto un derecho, máxime si quien es titular del derecho ha actuado de buena fe. Hay que oírlo y vencerlo en juicio. No tiene explicación que mediante resoluciones se diga que una persona será excluida del sistema... Y, con mayor razón si salta a la vista que en el caso concreto no podía ser excluida. Esta circunstancia significa que se incurre en una vía de hecho porque hay una ruptura ostensible y grave de la normatividad constitucional y legal”.
3.2.6. La seguridad social para los ancianos.
En la Sentencia T-827/21/19/99 se reafirma que el derecho a la seguridad social para los ancianos, como personas de la tercera edad “es fundamental por conexidad”(15), al igual que el derecho a la pensión de sobrevivencia está sólidamente respaldado por el artículo 46 de la Constitución Política donde se afirma que “a las personas de la tercera edad... El Estado les garantizará los servicios de seguridad social integral; es por ello que ese derecho de seguridad social para las personas de la tercera edad tiene el carácter de fundamental en determinadas circunstancias. El fallo de la Corte estableció:
En reiteradas jurisprudencias de las diferentes Salas de Revisión de esta Corte se ha dicho que el derecho a la seguridad social, asume el carácter de derecho fundamental, cuando su desconocimiento puede conllevar a la violación de otros derechos y principios fundamentales, como la vida, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad de las personas de la tercera edad y la dignidad humana”. (Sents. T-426, T-471, T-491, T-534, T-571 de 1992, T-011, T-111, T-116, T-124, T-356, T-446, T-447, T-478, T-516 de 1993, T-068 y T-111/94)(16).
Al respecto en Sentencia T-456 de 2004 expuso(17):
“(...) en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”.
3.2.7. Tesis sobre la vida probable.
En relación con la seguridad social de los ancianos la Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial de la mayor trascendencia en torno a la tesis de la vida probable. Esta línea se encuentra principalmente en las sentencias T-456-94 y T-295/99(18) y T-56/94(19), entre otras.
De acuerdo con las últimas estadísticas del DANE, a 31 de marzo de 2009 y que se actualizan en promedio cada cinco (5) años, la expectativa de vida de los colombianos se incrementó de 72 a 74 años para el período 2006 a 2010.
“Si una persona sobrepasa el índice de promedio de vida de los colombianos (71 años) (recuérdese que está en 74), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, unido esto al alto volumen de procesos que razonablemente producen demora en la decisión, pese al comportamiento diligente del juzgador, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente, mientras se decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el respeto a su derecho”(20).
El mismo magistrado, en la misma sentencia asocia su tesis sobre la vida probable de los ancianos con principios de la valía “del principio de equidad y delprincipio de dignidad humana”. No vacila en sostener que
La T-456 de 1994(21) expresa:
“Si un anciano afirma que no puede esperar mas tiempo para reclamar su derecho, entonces será humano que la respuesta que se le de sea la de que acuda a procedimientos que duran hasta diez años? O, por el contrario, ese declive natural de la vida determina una razonabilidad que le impone a la Corte aceptar que para quien supera el límite de la vida probable la protección de sus derechos incluye la necesidad de una pronta resolución?
La T-295 de 1999(22) va más allá de la consideración del mínimo vital y enfatiza la dignidad de la persona humana:
Por otra parte, la Corte ha dicho en Sentencia T-011 de 1993: “Para que la vida del hombre sea digna de principio a fin, es obligatorio asegurarle a las personas de la tercera edad el derecho a la seguridad social”. Esa dignidad del jubilado y los derechos adquiridos que surgen de su status de pensionado, no pueden razonablemente estar ligados exclusivamente a la vida probable de los colombianos. Este es un factor muy importante pero también puede ocurrir que quien se acerque a tal límite también quede cobijado por la tutela como mecanismo transitorio si es delicado e irreversible su estado de salud y si la definición judicial, por la vía ordinaria, a sus reclamos, se intuye que no va a ser oportuna”.
La anunciada T-56 de 1994(23), precisa:
En este orden de ideas, cabe interpretar el inciso tercero del artículo 53 como una norma que contiene el derecho al reconocimiento y pago oportuno de la pensión. La idea de prontitud en el pago supone necesariamente la prontitud en el reconocimiento. Un reconocimiento tardío equivale también a un pago atrasado, de tal manera que, lógicamente, el derecho a lo uno involucra el derecho a lo otro.
3.2.8.1. En la misma Constitución Política.
“... especialmente a aquellas personas que por su condición física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta ...”, personas entre quienes, no se puede dudar, se encuentran las pertenecientes a la tercera edad, máxime cuando ya han avanzado en años. Cuando el amparo de los derechos fundamentales es solicitado por los ancianos sujetos, en virtud de este artículo 13, a una especial protección constitucional como consecuencia de su estado de “debilidad manifiesta”, entonces nos encontramos en presencia “del principio de la protección reforzada” que se desprende de la previsión de este mismo artículo de la Constitución. Estamos, pues, ante la aplicación del principio de la protección reforzada, de profunda raigambre constitucional, porque la misma Carta la concede a estas personas en razón de su debilidad evidente, y porque la propia Corte Constitucional se ha encargado de desarrollarlo ampliamente.
En este sentido, el reconocimientote la pensión de sobrevivientes responde también al principio de progresividad socialconsagrado en el artículo 48 cuando prescribe que “El Estado…ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social ...”.
Específicamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a una persona mayor de 70 años obedece al mandato expreso del artículo 46 de la Carta que ordena perentoriamente al Estado “... concurrir para la protección y la asistencia de la tercera edad ...”, hasta el punto de “... garantizarles los servicios de la seguridad social integral ...”.
3.2.8.2. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
1. En la Sentencia C-1094 de 2003 declaró(24).
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
2.En la Sentencia C-336-08(25) reiteró su posición:
No sobra aclarar, que la condición de persona de la tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para definir la procedencia de la acción de tutela.
3.2.9. Requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
El artículo 13 de esta ley modificatorio de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 establece que el beneficiario puede percibir la pensión de supervivencia con el cumplimiento de ciertas condiciones.
1. En forma vitalicia, es decir, por el resto de su vida hasta cuando el beneficiario muera , porque este derecho se consolida y se le traspasa en forma permanente por el fallecimiento del causante,
2. Como en el caso de este expediente la occisa es la compañera permanente pensionada en este caso según la norma, la pensión de supervivencia se causa por su muerte, precisamente por ser ella la pensionada.
3. El compañero permanente beneficiario de la pensión de supervivencia debe contar con 30 años o más de vida,
4. Debe acreditar que hacía vida marital con la causante, hasta su muerte que convivió con ella en forma exclusiva, sin presencia de convivencia simultánea alguna, ni con la cónyuge, ni tampoco con otra mujer, por lo menos durante cinco años, con anterioridad al deceso de la compañera permanente pensionada.
5. En relación con los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia la norma incluye también como tales a los hijos menores de 18 años, a los mayores de 18 año y hasta los 25, por estar estudiando y con dependencia económica y cuando se encuentren en estado de invalidez, o con incapacidad de mantenerse; también son beneficiarios de esta pensión, los compañeros y compañeras del mismo sexo en el evento de las parejas homosexuales (Sent. C-336-2008, con salvamento parcial y aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería y salvamento parcial de voto del magistrado Nilson Pinilla Pinilla).
4.1. Se incurrió en flagrante error en la valoración probatoria.
Es más no se tuvo en cuenta, ni siquiera se lo menciona, el “testimonio extraprocesal” otorgado ante el Notario Dieciocho (fl. 15), y bajo la gravedad del juramento, por el hermano de la causante pensionada, sobre como le constaba la existencia de la convivencia continua de su hermana durante 8 años con el accionante, don Reinaldo Jiménez Ángel. Testimonio ratificado en los aspectos fundamentales, también en declaraciones extraproceso en las Notarias 53 y 37 (fl. 16 y 17) por los deponentes, señores Tulio Hernando Rodríguez y Alberto Amézquita.
Con semejante deducción, el accionado Instituto de Seguros Sociales incurrió en una vía de hecho al haber, unilateralmente y con argumentos sujetivos, dejado sin efectos las pruebas o declaraciones “extra proceso” aportadas por el señor Jiménez Ángel para probar la convivencia. Se trata de pruebas legalmente practicadas ante notario, avaladas por el Código de Procedimiento Civil (art. 299). Por consiguiente, se demostró que entre el accionante y la causante, pensionada muerta, sí se dio realmente una convivencia que fue mucho más allá del mínimo de (5) cinco años requeridos por la ley. Además, son declaraciones amparadas por el principio de la buena fe. El hecho de haber diferido en aspectos no sustanciales como el de no fijar con exactitud la fecha de inicio de la misma, o el hacerla oscilar entre 8 y 9 años, no afecta en nada su validez; al contrario, estas discordancias demuestran que no hubo situaciones acomodaticias o acuerdos previos entre los declarantes para inducir el sentido de sus declaraciones, todo lo cual demuestra la buena fe de sus actuaciones. No tiene pues sentido, ni explicación que el ISS a través de Resoluciones, desvirtúe su validez con argumentos tan débiles, como acotar que la occisa “vivió donde una hermana los últimos 20 días por la enfermedad”, o el hecho de no recordar exactamente don Reinaldo el nombre de la enfermedad que causó la muerte de su compañera, o el hecho de haberse mostrado nervioso en sus declaraciones.
4.2. No se partió, como lo recomienda la Corte, de la situación concreta y específica del tutelante (Sent. T-043-07).
Al examinar la situación del accionante, de acuerdo con esos parámetros de la Corte, aparece como una persona bastante mayor, ya en los 72 años de edad, sin trabajo estable, en condiciones de pobreza absoluta y, por consiguiente, totalmente dependiente de la pensión que percibe su compañera, como lo declaró bajo la gravedad del juramento (fl. 18).
4.3. La tesis de la vida probable no se aplicó al caso del tutelante.
En primer lugar, no tuvo en cuenta el ISS que el accionante pertenece al grupo de personas de la tercera edad, afectado por especiales condiciones de debilidad y vulnerabilidad. El actor afirma ser persona mayor de 72 años de edad y demostró este hecho, ya al allegar partida de bautismo cuando presentó el recurso de reposición ante el ISS, donde hizo constar que nació el 3 de marzo de 1937 (fl. 20), ya al exhibir su cédula en la declaración juramentada rendida ante el Notario Cincuenta y Ocho del Círculo de Bogotá, realizada el día 9 de agosto de 2007, quien dio fe pública al certificar su convivencia con la occisa. Entonces, cumplidos los 72 años de edad, se encuentra cercano al límite que los estudios del DANE y que la misma jurisprudencia fijan como el techo o el plazo máximo para que su expectativa de vida se agote; en nuestro medio judicial, como lo expresa la misma Corte en la jurisprudencia considerada, el trámite de un proceso laboral ordinario o de la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho dura un periodo considerable de tiempo, entre cinco y diez años. Es razonable deducir que esta demora equivalga o supere la expectativa de vida o vida probable del señor Jiménez Ángel. A este tema también se ha referido la Corte, y con fundadas razones, extraídas de la tesis sobre la expectativa de vida, infiere que los otros medios de defensa judicial se tornan ineficaces para reclamar oportunamente el pago del derecho mencionado(26). El mismo actor advirtió esta situación cuando advertió al fallador: ”...Señor juez un proceso ordinario laboral no se cuanto se me pueda demorar ...pueden pasar no se cuantos años en definitiva cuando se produzca el fallo de un proceso ordinario, no sé si Dios me tenga todavía por estas tierras...”.
En definitiva, por todas estas causas, no resultan razonables las exigencias de los falladores, tanto de primera (fl. 41), como de segunda instancia para que el accionante acuda (fl. 14) ante la justicia ordinaria laboral o a la vía contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento de esta pensión.
4.4. Se afectó su derecho al mínimo vital.
4.5. Cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales de la pensión de supervivencia.
4.5.1. Cumple con los señalados en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
1. Debe recibir una pensión vitalicia, por el resto de su vida porque este derecho se consolida y se le traspasa en forma permanente por el fallecimiento del causante.
2. Como la occisa es la compañera permanente pensionada en este caso según la norma, la pensión de supervivencia se causó por su muerte.
3. Como es una persona de la tercera edad, cumple el requisito de contar con 30 años o más de vida.
4. Acreditó con testimonios notariales que hacía vida marital con la causante, desde hacía más de diez años.
4.5.2. No es legal exigirle requisitos adicionales.
4.5.3. Llena las condiciones señaladas por la Corte Constitucional.
Finalmente, el Seguro Social y los falladores, en una y otra instancia, no advirtieron que el accionante, para que se le reconociera por vía de tutela la pensión de sobrevivientes cumple los requisitos planteados por la Sentencia T-055-2006(27) y T-043 de 2007, porque, ciertamente como lo expresa la Corte en esta sentencia:
1. Se trata de una persona de la tercera edad, cuenta con 72 años y la Constitución y la jurisprudencia de la Corte la consideran como sujeto de especial protección.
2. La falta de pago de la prestación le genera y le está generando ya, debido a su extrema pobreza, un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular su derecho al mínimo vital.
3. Porque la negativa al reconocimiento de la pensión de supervivencia se originó en actos que por su evidente contradicción con la normativa constitucional superior, desvirtúan la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración pública.
4. Porque la renuencia a reconocerle esta prestación social está vulnerando su derecho fundamental a la seguridad social y amenaza seriamente otro derecho fundamental: su derecho a la vida, a una vida digna, soportada por el mínimo vital, que va más allá de las precarias condiciones ofrecidas por el salario mínimo.
5. Es indubitable que en este caso concreto la acción de tutela resulta necesaria para evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
1. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio —Sala Civil, Laboral Familia— , el treinta (30) de junio de 2009 que confirmó el fallo del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, fechado el veintiuno (21) de mayo de dos mil nueve que en primera instancia negó la tutela interpuesta por el señor Reinaldo Jiménez Ángel para proteger los derechos fundamentales invocados por él. En su lugar, CONCEDER, porlas razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, en conexidad con el derecho a la vida y al mínimo vital, vulnerados por el ISS, al no reconocerle la pensión de sobrevivencia por él solicitada.
2. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, ISS, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, expedir un nuevo acto en el cual reconozca y pague la PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA VITALICIA a la cual tiene derecho el señor Reinaldo Jiménez Ángel, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y demás normas concordantes.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Nilson Pinilla Pinilla—Humberto Antonio Sierra Porto, aclaración de voto.
(1) Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-1, abril 3 de mil novecientos noventa y dos (1992), M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Reiterada en la Sentencia C-543 de 1992 del mismo magistrado y en las sentencias SU-622-01 y T-937 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(3) Sobre estos requisitos Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001. Esta sentencia sintetiza la regla jurisprudencial reiterada por la Corte a partir del análisis efectuado en la Decisión T-225 de 1993, la cual estudió a profundidad los elementos que integran las condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad propios del perjuicio irremediable. Sobre este particular, la sentencia en comento indicó: “Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
(6) M.P. Ciro Angarita Barón.
(7) Por ejemplo, sobre la ineficacia de ciertos mecanismos ordinarios de defensa para la protección de derechos fundamentales, la Corte ha determinado que la acción electoral y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho carecen de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral en los casos en que no se ha proveído un cargo en la rama judicial al primero en la lista de elegibles. Al respecto, ver SU-961 de 1999.
(9) Cfr. las Sentencias T-111 de 1994, T-292 de 1995, T-489 de 1999 y T- 076 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
(10) M.P. Humberto Arturo Sierra Porto.
(11) Sentencia SU-995.09-12-1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(14) M.P. Idem.
(15) M.P. Idem.
(16) T-347 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(17) En igual sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-789 de 2003, T-515A de 2006, T-180 de 2009 y T-238 de 2009.
(18) Una y otra del M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(20) Sentencia 456-21-10-94.
(26) Sobre este asunto, en un caso similar, la Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, en Sentencia T-238 de 2009, sostuvo: “Ahora bien, a pesar de que el accionante tiene la posibilidad de iniciar una acción ordinaria con el fin de reclamar su derecho a la indemnización sustitutiva, teniendo en cuenta su edad y sus deficiencias físicas, tal y como se encuentra probado, dicho mecanismo resultaría ineficaz para la protección inmediata de sus derechos fundamentales puesto que es previsible que el proceso tardaría un tiempo considerable, posiblemente equivalente al término de expectativa de vida del actor. En consecuencia con lo anterior, la Sala estima que la acción interpuesta por el señor Elías Alirio Reina Barrios es procedente”.