Source: https://es.scribd.com/document/58000137/fallo-arriola
Timestamp: 2019-04-23 06:59:10
Document Index: 905302

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 75', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 30', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 204', 'artículo 204', 'artículo 19', 'artículo 262', 'artículo 230', 'artículo 6', 'artículo 19', 'in fine', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 299', 'artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 75', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 25', 'artículo 75', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 112', 'artículo 162', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19']

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Voces: COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES ~ DERECHO A LA INTIMIDAD ~ DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ~ ESTUPEFACIENTES ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
~ TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES ~ TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO PERSONAL Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS) Fecha: 25/08/2009 Partes: Arriola, Sebastián y otros s/causa n° 9080 Publicado en: Sup. Esp. Tenencia de estupefacientes para consumo personal 2009 (setiembre) con nota de Eduardo S. Barcesat; Alejandro Carrió; Juan H. de Cesaris; María Angélica Gelli; Juan F. Gouvert; Ignacio M. Pampliega; José Luis Puricelli; Alejandro O. Tazza; Adrián M. Tenca Sup. Esp. Tenencia de estupefacientes para consumo personal 2009 (setiembre), 56 DJ09/09/2009, 2515 - Sup. Penal 2009 (setiembre) con nota de Daniel C. Varacalli; Carlos Enrique Llera; Adrián R. Tellas Sup. Penal 2009 (setiembre), 24 LA LEY 17/09/2009 con nota Pablo J. Arbeo 17/09/2009 LA LEY 17/09/2009, 3 17/09/2009 LA LEY 2009-E con nota Pablo J. Arbeo LA LEY 2009-E, 468 LA LEY 25/09/2009, 25/09/2009, 7 - LA LEY 01/10/2009 con nota de María Alicia Ginjaume 01/10/2009 LA LEY 01/10/2009, 6 01/10/2009 LA LEY 2009-F con nota de María Alicia Ginjaume LA LEY 2009-F, 4 Sup. Penal 2009 (octubre) con nota de Eduardo Sylvester Sup. Penal 2009 (octubre), 39 LA LEY 23/10/2009 con nota de Carolina A. Vanella 23/10/2009 LA LEY 23/10/2009, 5 23/10/2009 LA LEY 2009-F con nota de Carolina A. Vanella LA LEY 2009-F, 289 LA LEY 30/10/2009 con nota de Carlos Parajón 30/10/2009 LA LEY 30/10/2009, 7 30/10/2009 LA LEY 2009-F con nota de Carlos Parajón LA LEY 2009-F, 387 LA LEY 2009-E con nota de Daniel C. Varacalli; Carlos Enrique Llera; Adrián R. Tellas LA LEY 2009-E, 479 LA LEY 01/12/2009 con nota de Hernán G. Bouvier 01/12/2009 LA LEY 01/12/2009, 5 01/12/2009 LA LEY 2009-F con nota de Hernán G. Bouvier LA LEY 2009-F, 803 LA LEY 2009-F con nota de Eduardo Sylvester LA LEY 2009-F, 147 LA LEY 04/02/2010 con nota de Juan Carlos Ustarroz 04/02/2010 LA LEY 04/02/2010, 7 04/02/2010 LA LEY 2010-A con nota de Juan Carlos Ustarroz LA LEY 2010-A, 367 DJ 07/07/2010 con nota de Alberto Pravia DJ 07/07/2010, 1835 DJ 01/09/2010 con nota de María Belén Barrios; Diego Rubén Castiglioni DJ 01/09/2010, 2362 Cita Online: AR/JUR/26966/2009 Hechos: Un tribunal oral no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 y condenó a los imputados como autores del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Llegadas las actuaciones en queja a la instancia extraordinaria federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso y declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada. Sumarios: 1. Corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales Jurisprudencia Relacionada(*) Corte Suprema En"Bazterrica", 29/08/1986 —
LA LEY 1986-D, 550, con nota de Miguel Angel Ekmekdjian; Jorge D. López Bolado; LLC 1986, 734 Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Constitucional - Director: Daniel Alberto Sabsay, Editorial LA LEY 2005, 484, con nota de Adelina Loianno; Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría General del Derecho - Director: Eduardo Angel Russo, Editorial LA LEY, 2002, 245 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Penal y Procesal Penal - Director: Andrés José D'Alessio - Editorial LA LEY, 2005, 4, con nota de Andrés José D'Alessio; Mariela C. Stranges; DJ 1987-1, 130, con nota de Orlando J. Gallo— declaró la
inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 (ADLA, XXXIV-D, 3312), en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal. (*) Información a la época del fallo 2. Corresponde exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a los fines de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país Jurisprudencia Relacionada(*) Corte Suprema En"Bazterrica", 29/08/1986 —
inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 (ADLA, XXXIV-D, 3312), en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal. (*) Información a la época del fallo
3. La norma constitucional que protege la privacidad no habilita la intervención punitiva del Estado basada exclusivamente en la mera posibilidad de que el consumidor de estupefacientes se transforme en autor o partícipe de una gama innominada de delitos, pues en el derecho penal no se admiten presunciones juris et de jure que, por definición, sirven para dar por cierto lo que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa cuando no la hay, razón por la cual el análisis de los tipos penales, por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real que se deberá establecer en cada situación concreta siendo inadmisible, en caso negativo, la tipicidad objetiva (del voto del doctor Lorenzetti) Jurisprudencia Relacionada(*) Corte Suprema En"Bazterrica", 29/08/1986
— LA LEY 1986-D, 550, con nota de Miguel Angel Ekmekdjian; Jorge D. López Bolado; LLC 1986, 734 Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Constitucional - Director: Daniel Alberto Sabsay, Editorial LA LEY 2005, 484, con nota de Adelina Loianno; Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría General del Derecho - Director: Eduardo Angel Russo, Editorial LA LEY, 2002, 245 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Penal y Procesal Penal - Director: Andrés José D'Alessio - Editorial LA LEY, 2005, 4, con nota de Andrés José D'Alessio; Mariela C. Stranges; DJ 1987-1, 130, con nota de Orlando J. Gallo— declaró la
inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 (ADLA, XXXIV-D, 3312), en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal. (*) Información a la época del fallo 4. El artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 — en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal— carece actualmente de la racionalidad exigida por la Ley Fundamental, ya que cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos en los que se encuentra inserto, es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a los efectos de asegurar la supremacía de la Constitución Federal, pues precisamente esa función moderadora constituye uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que éste cuenta para asegurar los derechos de los individuos (del voto del doctor Fayt) Jurisprudencia Relacionada(*) Corte Suprema En"Bazterrica", 29/08/1986
inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 (ADLA, XXXIV-D, 3312), en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal. (*) Información a la época del fallo 5. El art. 19 de la Constitución Nacional establece el deber del Estado de garantizar, y por esta vía promover el derecho de los particulares a programar y proyectar su vida según sus propios ideales de existencia, protegiendo al mismo tiempo, mediante la consagración del orden y la moral públicos, igual derecho de los demás, razón por la cual las conductas de los hombres que no se dirijan contra bienes que se hallan en la esfera del orden y la moral públicos ni perjudiquen a terceros, aun cuando se trate de actos que se dirijan contra sí mismos — en el caso, consumo de estupefacientes— , quedan, en virtud de la norma constitucional, fuera del ámbito de las prohibiciones legales (del voto del doctor Petracchi, según su voto en "Bazterrica", 29/08/1986 — LA LEY 1986-D, 550— , al cual remite) Jurisprudencia Relacionada(*) Corte Suprema En"Bazterrica", 29/08/1986
inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 (ADLA, XXXIV-D, 3312), en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal. (*) Información a la época del fallo 6. Si bien el tipo penal que describe el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 ha pasado a ser un instrumento de poder punitivo que casi nunca se traduce en una pena efectiva — y muy pocas veces en una condena firme— , genera innumerables molestias y limitaciones a la libertad individual de los habitantes que llevan a cabo conductas que no lesionan ni ponen en peligro bienes jurídicos ajenos, e importa un enorme dispendio de esfuerzo, dinero y tiempo de las fuerzas policiales, insumidos en procedimientos inútiles desde el punto de vista político criminal, razón por la cual consideraciones de esta índole refuerzan el sentido de reafirmar la norma del artículo 19 como valor central de nuestra Constitución en el conflicto de normas
planteado (del voto del doctor Zaffaroni) Jurisprudencia Relacionada(*) Corte Suprema En"Bazterrica", 29/08/1986 —
inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 (ADLA, XXXIV-D, 3312), en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal. (*) Información a la época del fallo 7. La adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" — a los fines de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737— implica que los jueces de la causa deben analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefacientes para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional (del voto de la doctora Argibay) Jurisprudencia Relacionada(*) Corte Suprema En"Bazterrica", 29/08/1986 —
Texto Completo: Dictamen de la Procuración General de la Nación: Suprema Corte: -IEl Tribunal Oral en lo Criminal Federal n2 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 formulado por la defensa, y condenó a Andrés Nicolás Villacampa y César Mindurry como autores del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Contra ese fallo, la Defensora Oficial interpuso recurso de inconstitucionalidad y, subsidiariamente, casación por errónea aplicación de la ley penal sustantiva. Ambos recursos fueron concedidos por el tribunal de juicio a fs. 541/543. Al conocer en esa impugnación, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal los rechazó por mayoría (fs. 578/590 vta.). Contra esa resolución la defensa pública interpuso recurso extraordinario federal que, declarado formalmente admisible por el a quo (fs. 622), corresponde analizar. -IIEl recurrente sostiene que el tipo penal previsto en el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, en cuanto reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, es incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Particularmente señala que el principio de lesividad deslegitima cualquier intervención punitiva cuando no media un conflicto jurídico, entendido como la afectación a un bien jurídico total o parcialmente ajeno, individual o colectivo. Sobre esa base, la defensa afirma que la incriminación de la mera tenencia crea una presunción genérica y absoluta de peligro abstracto que dejaría insatisfechos los requisitos del artículo 19 de la Constitución Nacional, que exige el daño o el peligro concreto a derechos de terceros, al orden o a la moral pública. -IIIMás allá de mi opinión personal acerca de la valoración constitucional que merezca la
conducta incriminada, considero que la apelación carece de la adecuada fundamentación que exige el artículo 15 de la ley 48. En efecto, ha dicho reiteradamente V.E. que para la procedencia del recurso extraordinario no basta la prédica de una determinada solución jurídica si ella no está razonada, constituye agravio concretamente referido a las circunstancias del caso y contempla los términos del fallo impugnado, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y da lugar a agravios (Fallos: 302:1564; 308:2263; 312:587, 323:1261; 325:309 y 1145; 327:352, entre otros). Esta es, sin embargo, la situación que se configura en autos, pues el recurrente pretende fundar la inconstitucionalidad del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737) en numerosas observaciones jurídicas introducidas a través de la compilación de citas textuales de jurisprudencia y afirmaciones teóricas que, más allá de su acierto o error, no encuentran su debida referencia a las concretas circunstancias de la causa. Esa falta de relación se pone especialmente en evidencia cuando en el recurso se predica la inconstitucionalidad de la figura, en tanto delito de peligro abstracto, por considerar que el principio de lesividad requiere al menos peligro concreto, sin siquiera intentar explicar cómo una solución tal se insertaría en la tradición del derecho europeo-continental, del cual participa nuestra legislación penal, y la propia jurisprudencia de la Corte, que en reiteradas oportunidades ha interpretado que ciertos delitos son de peligro abstracto o ha resuelto diversas cuestiones precisamente en función de ese peligro abstracto que le asignó a un determinado delito, por ejemplo, respecto a la tenencia de armas de guerra (Fallos: 319:567), a la guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes (Fallos: 302:111 y 327:991) y al almacenamiento o tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Fallos: 321:160; 323:3486, entre muchos otros). -IVPor último, la defensa tacha de arbitraria la sentencia del tribunal de casación. Manifiesta, en ese sentido, que al considerar erróneamente el a quo que el recurso de inconstitucionalidad no había sido concedido por el tribunal oral, dejó sin estudiar -siquiera mínimamente- el agravio relativo a la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737. Asimismo, el apelante señala que en ocasión de resolver el recurso de casación, la Sala III se remitió a lo decidido por V.E. en Fallos: 313:1333 y a reiterar lo dicho en otros precedentes del propio tribunal, sin atender a los argumentos introducidos por la parte. Sin embargo, una simple lectura de la sentencia impugnada revela que, contrariamente a lo manifestado por la defensa, el a quo sí ha tratado con fundamentos suficientes los agravios planteados en los recursos de inconstitucionalidad y casación en subsidio, y si bien es cierto que en el dispositivo se omitió la mención respectiva, como ha reconocido reiteradamente la Corte, las sentencias judiciales constituyen una unidad lógico-jurídica que debe interpretarse no sólo en su parte dispositiva sino también en sus fundamentos y conclusiones parciales (Fallos: 305:209; 307:112, entre otros). -VPor lo expuesto, opino que el recurso deducido resulta formalmente inadmisible, correspondiendo su rechazo. Buenos Aires, 17 de agosto de 2007. - Esteban Righi. Buenos Aires, agosto, 25 de 2009. Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena en la causa Arriola, Sebastián y otros s/ causa n° 9080", para decidir sobre su
sostuvo que podía inferirse que en la finca aludida un sujeto se dedicaría a la comercialización de estupefacientes. posteriormente.737. se acumularon los expedientes n° 1268/05 " Fares.737 surgía que todos los detenidos habían tenido contacto en forma esporádica con una finca emplazada en la calle Nicaragua casi esquina Forest. III) Mónica Beatriz Vázquez. E. de la ley 23.. A. V. segundo párrafo. de la ley 23. y condenó a: I) S. E..(artículos 55 del Código Penal y 5°. como autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -dos hechos. dando cuenta que de distintas actuaciones sumariales labradas en esa dependencia por infracción a la ley 23. 119/122). como autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -dos hechos en concurso real. conforme a lo que surge del acta que luce a fs. En función de ello solicitó y obtuvo la correspondiente orden de allanamiento. o E. II) Carlos Alberto Simonetti. 3°) Que la defensa interpuso recurso de casación en favor de Eduardo Sebastián Arriola. M. tras la realización del debate oral y público (fs. 2) abstenerse de usar estupefacientes. Gustavo Alberto s/ley 23. a la pena de cuatro años de prisión. en carácter de partícipe secundaria (artículos 5°. a la pena de seis años de prisión. 2°) Que. quien en función de las tareas de observación y vigilancia llevadas a cabo por la prevención.737" y n° 506/06 " Medina. entre otros. c. multa de quinientos pesos ($ 500) e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena (artículo 12 del Código Penal). M. imponiéndoles por el término de dos años las siguientes reglas de conducta (artículo 27 bis del Código Penal): 1) fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato. Considerando: 1°) Que esta causa se inició el 19 de enero de 2006. 1021/1023 y 1048/1063). como autora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -dos hechos en concurso real-.. inc. y 46 y 55 del Código Penal). el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Rosario. multa de seiscientos pesos ($ 600) e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena.737.737). A.. c. Leandro Andrés s/ley 23. a raíz de lo informado por el Jefe de la Sección Rosario de la Policía Federal Argentina. las imágenes captadas y grabadas en un video casete que se incorporó al expediente. A. También en el marco de las distintas medidas procesales adoptadas en el sumario. de la ley 23.procedencia. segundo párrafo. y en las constancias que surgían de las copias de los sumarios acumulados al proceso. A. a la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de doscientos pesos ($ 200). Gabriel Alejando y Cortejarena. G. 997/1020). F. A. A. Marcelo Ezequiel. 5 .737". de abusar de bebidas alcohólicas y de relacionarse con personas vinculadas al expendio o consumo de estupefacientes. el 27 de abril de 2006 (fs.737) a la pena de un mes de prisión de ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal). con fecha 30 de agosto de 2007. y L.. Villarreal. En virtud de ello se dispuso la instrucción del sumario que fue delegada a la fiscal en turno. registro y secuestro. En todos los casos sustituyó la aplicación de la pena y dispuso una medida de seguridad educativa en la forma prevista por el artículo 21 de la ley 23. de la ley 23. S.737). dando intervención a ese efecto al señor juez de ejecución penal (fs. imponiéndole la medida de seguridad curativa prevista en el artículo 16 de la ley citada. c.737. M. IV) G. como autores del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (artículo 14. n° 81/06 " Acedo. C. donde se habían observado los movimientos típicos de la venta de estupefacientes al menudeo. A. rechazó las nulidades interpuestas por las defensas y el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14.(artículos 55 del Código Penal y 5°. que tuvieron lugar el 26 de febrero de 2006. de la ley 23. inc. inc. 63/64 y.737". Provincia de Santa Fe. en concurso real. Mario Alberto s/ley 23.
Gustavo Alberto Fares. de la ley 23.283 gramos.que incriminaba la tenencia de estupefacientes para uso personal con un alcance semejante al que lo hace la norma impugnada. Medina y Cortejarena. artículo 6°. 0. en la intersección de las calles Forest y México de la ciudad de Rosario. A.declaró inadmisibles los recursos extraordinarios deducidos por la defensa. que fue rechazado por el tribunal a quo a fs.1 y 0.161 gramos. Provincia de Santa Fe. Acedo. gramos. en el procedimiento que tuvo lugar el 29 de octubre de 2005 en la intersección de las calles Forest y México.737. y postuló la revisión de lo decidido sobre la base de la nueva composición de la Corte Suprema y de los argumentos que habían conformado el fallo dictado por dicho Tribunal en el caso "Bazterrica" (LA LEY.31 gramos. segundo párrafo. Por último. el 18 de enero de 2006. puesto que la 6 .26 gramos. donde se tuvo por desistido el recurso interpuesto a favor de A. cada uno. 6°) Que por su parte. De tal modo. 0. 1. incautados del bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestía F.27 gramos y 0. por parte del personal de la Sección Rosario de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. 0. en el procedimiento llevado a cabo por el personal de prevención antes mencionado.737. en el cual se había declarado la invalidez constitucional de un texto normativo -ley 20. 7°) Que en el recurso extraordinario la defensa sostuvo que la sentencia apelada era violatoria del principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. 0.8. secuestrados en el procedimiento que tuvo lugar el 26 de abril de 2006. Mónica Beatriz Vázquez (expte.30. Marcelo Ezequiel Acedo.890. acerca de la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.245 gramos y 0. Ello dio lugar a la interposición del recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Eduardo Sebastián Arriola. 4°) Que. en la queja en estudio. respectivamente). y dosis umbrales: 0.25 gramos.25 gramos. 0. fallado por la Corte Suprema con fecha 5 de mayo de 2009. y se desestimó la queja respecto de Vázquez. 1986-D.29 gramos. quien -a su vez. y de 10 dosis en total).(con un peso de 0. los imputados dejaron caer sobre la vereda dos paquetes de cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado. Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena (fs. 1101/1130). en este caso.Mónica Beatriz Vázquez. por parte de personal de la Brigada Operativa Departamental II. 1154/1157. los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazaron el recurso señalando que esa sala se había expedido con anterioridad en los antecedentes que citan.27 gramos. corresponde señalar que al fijar la materialidad de los hechos el tribunal de juicio tuvo por acreditada la tenencia por parte de Gustavo Alberto Fares de tres cigarrillos de marihuana de armado manual (con un peso de 0. la cuestión sometida a estudio de este Tribunal ha quedado circunscripta a los hechos vinculados a Fares.29 gramos.25 gramos. en este sentido. de la ciudad de Rosario. También tuvo por probada la tenencia de tres cigarrillos de marihuana por parte de Marcelo Ezequiel Acedo y de un cigarrillo de marihuana por parte de Mario Alberto Villarreal (con un peso de 0. Mario Alberto Villarreal. incautados del bolsillo trasero izquierdo del pantalón que vestía el primero y del bolsillo derecho lateral del pantalón que vestía el segundo.5.771. dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Santa Fe. al percatarse de la presencia policial. tuvo por demostrada la tenencia por parte de Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena de tres cigarrillos de marihuana de armado manual -cada uno de ellos. y dosis umbrales: 0). 0. 5°) Que en el recurso de casación la defensa se agravió del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 14. 550). Villarreal. cada uno.XLIV). 0. 0. en la intersección de las calles Forest y México de la ciudad de Rosario.
80). pues según entendió los argumentos expuestos por el apelante eran insuficientes para conmover la doctrina sentada por esa sala en torno a la constitucionalidad del artículo 14. 1986-D. puso en tela de juicio una ley federal (artículo 14. tales como el alcance que cabe otorgarle a las "acciones privadas" previstas en el artículo 19 de la Constitución Nacional. de modo que correspondía verificarse si los argumentos de mérito. Agregó que si bien la postura del tribunal a quo hacía pie en el precedente "Montalvo" (LA LEY. De ese modo. y menos aún podía afectar la pretendida salud pública. por su parte. 444) Por último. e incluso en uno de los más estudiados en círculos académicos. Tal decisión dio origen a la presente queja. precedente que en los últimos veinte años. la prueba del fracaso del efecto disuasivo que se había pretendido obtener persiguiendo indistintamente al tenedor de estupefacientes para consumo personal. se ha transformado en un caso emblemático. oportunidad y conveniencia que sostuvieron aquella decisión seguían vigentes. 8°) Que. 1978-B. de la ley 23. 9°) Que de la reseña efectuada surge que la defensa ha articulado un genuino caso constitucional. 582) era la más adecuada a un Estado de Derecho que respete el ámbito de autodeterminación de los ciudadanos. subrayó que el argumento de cambio de composición del Tribunal había sido utilizado por la misma Corte como fundamento al retomar en "Montalvo" lo decidido en "Colavini" (LA LEY.conducta de los imputados se había llevado a cabo dentro del marco de intimidad constitucionalmente resguardado. 737. por la afectación que tal incriminación ocasionaría al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. y la decisión definitiva fue contraria a los derechos que la recurrente fundó directamente en la Constitución Nacional (artículo 14. Expuso que la postura asumida por la Corte Suprema en los precedentes "Bazterrica" y "Capalbo" (LA LEY. En este sentido sostuvo que la injerencia del poder sancionador en el ámbito de la libertad personal era abiertamente violatorio de las garantías constitucionales. con invocación de la doctrina de la arbitrariedad sostuvo que en el caso no se había acreditado que la conducta de los imputados hubiese afectado de alguna forma el bien jurídico protegido por la norma -salud pública-. era inadmisible la sanción pretendida por tratarse de una acción atípica. 10) Que como primera consideración cabe señalar que las cuestiones centrales en debate en el sub lite. por lo menos. el núcleo de su argumentación estuvo dirigido a cuestionar la validez constitucional de la figura legal que sanciona la tenencia de estupefacientes para consumo personal. razones por las cuales este Tribunal no pretende emular sino sostener. al bien jurídico "salud pública". 1991-C. antes bien.737 demostraba que el resultado no era acorde al fin con el que había sido concebida sino. En efecto. de modo que con fundamento en el principio de lesividad que proscribía el castigo de una acción que no provocara un resultado o. y el voto en disidencia del juez Petracchi en "Montalvo". Por otro lado. Asimismo. un riesgo especialmente previsto. han sido resueltas acertadamente en "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). inciso 1. Al respecto consideró que el gran incremento de causas por tenencia para consumo personal a partir de la vigencia de la ley 23. de la ley 48). el tribunal a quo declaró inadmisible el recurso extraordinario. alegó que la escasa cantidad de droga encontrada no permitía inferir de manera alguna la potencialidad de la sustancia para generar dependencia física o psíquica en el consumidor. en este sentido avaló su posición en torno a la afectación al principio de reserva con transcripciones del fallo "Bazterrica".737) como contraria al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Carta Magna. segundo párrafo. 7 . segundo párrafo. de la ley 23. la jurisprudencia de la Corte Suprema había sido errática.
En el informe del año 2006 del mismo organismo se ha señalado que además de los tres grandes productores sudamericanos. 15) Que así la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica en el informe correspondiente al 2007 que Argentina ha cobrado importancia como país de tránsito. Naciones Unidas. Por el contrario. la extensión de ese período ha permitido demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba "Montalvo" han fracasado. la Corte dictó otro pronunciamiento in re "Montalvo" (Fallos: 313:1333). allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333). que consideró legítima la incriminación de la tenencia para consumo personal. la jurisprudencia de esta Corte en un tema tan trascendente. Así en "Colavini" (Fallos: 300:254) se pronunció a favor de la criminalización. y por el individual del juez Petracchi.afianzar la respuesta constitucional del fallo in re "Bazterrica". este Tribunal. ello sin perjuicio de los conceptos relevantes del otro voto conjunto que complementa la resolución jurídica correcta de la cuestión aquí traída. En tal sentido esta Corte admitió que ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen. También el consumo de paco ubica a Argentina. habida cuenta de las ilustradas consideraciones sobre intimidad y autonomía personal que allí se exponen. y como lo adelantáramos en las consideraciones previas. y que también hay indicios de producción local de cocaína. aparece claramente planteado y resuelto en las posturas antagónicas de "Montalvo" y "Bazterrica". y en 1990. Chile y Bolivia como los países con más injerencia en la región y en el mundo (2007 World Drug Report. a las consideraciones de este último voto este Tribunal hoy decide remitirse. y que se transformó en un importante lugar de tránsito de 8 . hoy llamado nuevamente a reconsiderar la cuestión. lo cierto es que habida cuenta el carácter institucional de la Corte Suprema. decide apartarse de la doctrina jurisprudencial de ese último precedente -y como se ha dicho. se apartó de tal doctrina (Fallos: 308:1392). 11) Que si bien con posterioridad a "Bazterrica". ha sido zigzagueante. en "Bazterrica" y "Capalbo". Este es un período. Oficina de Drogas y Delito). y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales. En efecto. pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente. lejos de ser pacífica. hoy el Tribunal decide volver a "Bazterrica". como lo han señalado varios de los sujetos procesales que intervinieron en estas actuaciones. 12) Que.Cabe señalar que la decisión mayoritaria del caso "Bazterrica" se integró con el voto conjunto de los jueces Belluscio y Bacqué. en "Montalvo" vuelve nuevamente sobre sus pasos a favor de la criminalización de la tenencia para consumo personal (Fallos: 313:1333). Allí se agrega que nuestro país lidera el ranking latinoamericano en "estudiantes secundarios" que consumen pasta base de cocaína conocida como "paco". pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de circunstancias objetivas relacionadas con ellas (Fallos: 328: 566). 13) Que si bien el debate jurídico sobre la tenencia de estupefacientes para consumo personal. llevan hoy a dar las razones de este nuevo cambio. 14) Que en lo que aquí respecta han pasado diecinueve años de la sanción de la ley 23. en nuestro país se ha detectado cierta fabricación de productos derivados de la cocaína.737 y dieciocho de la doctrina "Montalvo" que legitimó su constitucionalidad. permite descartar que un replanteo del thema decidendum pueda ser considerado intempestivo. que por su extensión.
164) (2006 World Drug Report. y que el porcentaje de población que usa cocaína está entre los más elevados de Sudamérica. 203) (2004 World Drug Report. En el reporte del año 2001 también se señala el aumento del uso de la heroína y el elevado porcentaje de consumo de cocaína respecto de los otros países sudamericanos (págs. aumentó el secuestro de resina de marihuana (pág. que da cuenta de un aumento del consumo de opio en el país (pág. 2001 y 2002. lo que sugiere que el tráfico vía el cono sur ha aumentado (pág. especialmente entre la juventud (Primer Estudio Comparativo sobre Uso de 9 . SEDRONAR. el informe señala que no se compadecen con los niveles de consumo denunciados (pág. así como su consumo (pág. 103). Por su parte el reporte de 2002 ya señalaba el aumento del uso de opio en el país. con un 120%. Oficina de Drogas y Delito).estupefacientes de la región andina hacia Europa (pág. 103). 247 y 269) (2002 World Drug Report. 77). 241.6%. Naciones Unidas. Allí también se incluyó a la Argentina entre los países donde ha proliferado el éxtasis (pág. y que pese a la información oficial de cierto descenso del consumo de cocaína. También se pone de relieve que el país denunció un aumento continuo del uso indebido de cannabis en los años 2000. mayor importación de precursores (pág. El informe del año 2004 también señala que en el país se ha elevado el consumo de opiáceos (pág.1% y de estimulantes creció un 44. El país ocupa el segundo lugar de Sudamérica en consumo de cocaína (págs. explicado por el incremento del 100% en las mujeres frente al 50% de los varones (Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. Naciones Unidas. Dentro de las drogas ilícitas. Argentina ocupa el séptimo lugar de los países americanos de donde proviene droga incautada en Europa (pág. 136) y de éxtasis (pág. Enero 2006.4%. Naciones Unidas. 129). Oficina de Drogas y Delito). Allí también se refiere que en contraste con las tendencias globales de América del Norte. Puntualmente. con un aumento del 200%. En el mismo sentido se observa el informe correspondiente al año 2008. Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. y que el uso indebido de cocaína era superior al nivel medio de las estadísticas (pág. Informe Final de Resultados Área de Investigaciones. la de mayor incremento en el consumo es la pasta base. Allí se expone el importante incremento de consumo de drogas ilícitas en nuestro país. En cuanto a las elevadas incautaciones de marihuana. Uruguay y en menor medida por Argentina y Paraguay. 116). con el 380%. 88 y 275). donde la diferencia entre sexos es menor. y que se ha detectado capacidad de producción de cocaína (pág. Oficina de Drogas y Delito). Naciones Unidas. se ha realizado un análisis comparativo 2001. 165). con el aumento del 67. el organismo internacional consideró que tal información obedecía a diferencias metodológicas para medir la estadística. explicado por un fuerte aumento tanto en varones como en mujeres. explicado fundamentalmente por el mayor consumo de las mujeres.2005. Esta tendencia que informa las Naciones Unidas también es confirmada por estadísticas nacionales oficiales. el informe pone de relieve que el uso indebido de tal estupefaciente era superior al de Brasil. El país está entre los primeros puestos del ranking sudamericano en consumo de estimulantes (pág. 91). Chile. Oficina de Drogas y Delito). y por último la marihuana. le sigue la cocaína. aumento de secuestro de cocaína han sido reportados por Bolivia. Presidencia de la Nación). El incremento mayor se observa en solventes e inhalables. 114). 68). así como su liderazgo respecto de otros países de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupefacientes. 123). aunque su tendencia se estabiliza así como el de las anfetaminas. 73). 247 y 269) (2001 World Drug Report. A similares conclusiones arriba el informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas en el 2006. cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicofármacos sin prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha incrementado. 60). el incremento en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica es del 6. en el 2002 hubo en el país un aumento del uso indebido de anfetaminas (pág. aunque verifica un aumento en el uso de éxtasis (págs.
Estos parámetros internacionales han sido especialmente tenidos en cuenta por esta Corte al dictar diferentes pronunciamientos. "Simón" Fallos: 328:2056 y "Mazzeo" Fallos: 330:3248) (LA LEY. 65-). y "Montalvo" de 1990. 276-). 845. Cabe tener presente que una de las pautas básicas sobre la que se construyó todo el andamiaje institucional que impulsó a la Convención Constituyente de 1994 fue el de incorporar a los tratados internacionales sobre derechos humanos como un orden equiparado a la Constitución Nacional misma (artículo 75. derecho de los menores en conflicto con la ley penal ("Maldonado" Fallos: 328:4343). En efecto. los tratados internacionales. artículo 5° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.Drogas en Población Escolar Secundaria de Argentina. "Bazterrica" es un pronunciamiento del año 1986. 426). alcance de la garantía de imparcialidad ("Quiroga" Fallos: 327:5863. respectivamente -LA LEY 2006-D. valerse de medios e instrumentos para este fin. a la revisión del fallo condenatorio en causas penales ("Casal" Fallos: 328:3399 -LA LEY. 2005-C. 2006-E. reconocen varios derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional de 1853. 2004-E. 331-).LA LEY. 22). inc. Brasil.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. entre ellos. en términos más o menos amplios. los vinculados a la política criminal del Estado. Esto exalta la idea de autonomía y desecha tentaciones opresoras. así en cuestiones tales como las condiciones carcelarias mínimas aceptables ("Verbitsky" Fallos: 328:1146 -LA LEY. Así la reforma constitucional de 1994 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones (considerandos 18 y 19 in re "Mazzeo". aquél posee. seleccionados y utilizados con autonomía -que es prenda de madurez y condición de libertad. Fallos: 330:3248 . 827. precisiones sobre el concepto de peligrosidad ("Gramajo" Fallos: 329:3680 LA LEY. la capacidad de conducir su vida. 17) Que así. Colombia. 2007-D. que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al sujeto. Paraguay. Chile. Ecuador. 1998-E. 16) Que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída. a nivel interamericano se ha señalado que "el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. 442-).1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). resolver sobre la mejor forma de hacerlo. "Llerena" y "Dieser" Fallos: 328:1491 y 329:3034. todo lo vinculado a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos ("Arancibia Clavel" Fallos: 327:3312. 2007-D. que le impide sobrepasar determinados límites y además lo obliga a acciones positivas para adecuarse a ese estándar internacional. el debido proceso en internaciones psiquiátricas involuntarias ("Tufano" Fallos: 328:4832). se ha llevado a cabo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. Este último acontecimiento histórico ha modificado profundamente el panorama constitucional en muchos aspectos.el derecho a la privacidad que impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (artículo 11. derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ("Barra" Fallos: 327:327). 2006-E. artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17. Bajo una perspectiva general. defensa en juicio ("Benitez" y "Noriega" Fallos: 329:5556 y 330:3526. Perú y Uruguay). Bolivia. 426-). entre otras cuestiones. respectivamente). y fundamentalmente. Con relación a tal derecho y su vinculación con el principio de "autonomía personal". establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones" (CIDH en el 10 . en sus textos. retiene y desarrolla. entre ellos -y en lo que aquí interesa.e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y las agresiones que se le dirigen. 2005-C. derecho de las víctimas ("Santillán" Fallos: 321:2021 -LA LEY. es que el debate jurídico plasmado en "Bazterrica" y "Montalvo". 657-).
737 y "Montalvo". 19) Que el derecho internacional también ha hecho un vehemente reconocimiento de las víctimas y se ha preocupado en evitar su revictimización.En un Estado.. sea por la vía del reproche de la culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad. su proyecto de vida y la realización del mismo.Sobra ponderar las implicaciones. sentencia del 20 de junio de 2005).. del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. son las víctimas más visibles. en especial cuando se transforman en adictos. respecto de la conveniencia.. que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno. agrega a la imputación por los hechos realizados.. en algunos casos. le ha dado más vigor. de incriminar al consumidor para atrapar a los verdaderos criminales vinculados con el tráfico. y en otros casos realiza nuevas proclamaciones o describe alcances de los mismos con más detalle y precisión. parecen contradecir el estándar internacional que impide justificar el poder punitivo del Estado sólo en base a la peligrosidad. junto a sus familias. como técnica de investigación. Estos principios se encuentran en consonancia con lo establecido en "Bazterrica". 21) Que. que son evidentes. la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. tales 11 . Al respecto se ha señalado que "La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro. cabe señalar que la jerarquización de los tratados internacionales ha tenido la virtualidad. de ratificar la protección de derechos y garantías ya previstos en nuestra Carta Magna de 1853. Así aquellas consideraciones que fundan la criminalización del consumidor en base a la posibilidad de que estos se transformen en autores o partícipes de una gama innominada de delitos. tal principio de dignidad que consagra al hombre como un fin en sí mismo. En efecto. caso Fermín Ramírez vs. la Constitución no puede admitir que el propio estado se arrogue la potestad -sobrehumana. proclamado en el sistema internacional de derechos humanos (Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. sin que importe a través de qué mecanismo pretenda hacerlo. Serie C N° 126. 18) Que también el principio de dignidad del hombre. se opone a que sea tratado utilitariamente. o si se prefiere mediante la pena o a través de una medida de seguridad.caso Ximenes Lopes vs. Este principio también ha sido receptado por esta Corte en el precedente in re "Gramajo" (Fallos: 329:3680) quién además agregó que ". Guatemala. del 4 de julio de 2006. parágrafo 10 del voto del Juez Sergio García Ramírez)..."(CIDH. y de la Convención Americana). dichas convenciones internacionales también aluden a los valores que permiten establecer limitaciones al ejercicio de esos derechos para preservar otros bienes jurídicos colectivos.. Brasil. es decir. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización." (ver en sentido coincidente "Maldonado" Fallos: 328:4343). 20) Que la jurisprudencia internacional también se ha manifestado en contra del ejercicio del poder punitivo del Estado en base a la consideración de la mera peligrosidad de las personas. Parece dudosa la compatibilidad de tal principio con los justificativos de la ley 23. en otros. En consonancia nuestra Corte ha receptado determinados principios tendientes a darle a aquél un mayor protagonismo en el proceso ("Santillán" Fallos: 321:2021).. absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. Pero. a través del acceso a la justicia (artículo 25 de la Convención Americana). guarda más compatibilidad con la solución postulada en "Bazterrica".de juzgar la existencia misma de la persona. No hay dudas que en muchos casos los consumidores de drogas. de este retorno al pasado. además.
"orden público". Carlos. siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos. que el precedente "Montalvo". 2 9. Bs. "salubridad pública" e "intereses nacionales" (artículo 22 inc. "utilidad pública". que tampoco es nueva. es más amplia (Colautti. la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de 'orden público' y 'bien común'. As. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. "Los tratados internacionales y la Constitución Nacional". 76). Así cuando unas normas ofrezcan mayor protección. 3°.como "bien común". 24) Que sin perjuicio de todo lo expuesto hasta aquí. estas habrán de primar. La Ley 1999. deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las 'justas exigencias' de 'una sociedad democrática' que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención" (parágrafos 66 y 67). Ed. dentro del contexto de la Convención. De acuerdo con el artículo 5° del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana. Así en su Opinión Consultiva 5/86 señaló que es posible entender el bien común. sin embargo. puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el 'orden público' o el 'bien común' como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 3°. pág. se ha plasmado en varias convenciones internacionales. No hay que olvidar que los tratados internacionales sobre derechos humanos establecen una protección mínima por debajo de la cual se genera responsabilidad internacional. del Pacto de San José de Costa Rica. Esos conceptos. Luego agregó: "No escapa a la Corte. En tal sentido. artículo 2 9 inc. en referencia a los bienes colectivos invocados. Es claro que las consideraciones en que se sustenta el precedente "Bazterrica" se ajustan más a esa pauta interpretativa de la Corte Interamericana. 21 y 22 inc. 19 inc.a) de la Convención).. ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público. en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos. artículos 12 inc. 23) Que a nivel internacional también se ha consagrado el principio "pro homine". como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. 2o de la Declaración Universal de Derechos Humanos). No hay dudas que tal principio "pro homine" resulta más compatible con la posición de la Corte en "Bazterrica" que en "Montalvo". y que nuestra Constitución Nacional. En términos 12 . 14. no se puede pasar por alto la creciente preocupación mundial sobre el flagelo de las drogas y específicamente sobre el tráfico de estupefacientes. Así en el ámbito de las Naciones Unidas tres convenciones acuerdan principios y mecanismos internacionales en la lucha contra las actividades vinculadas al narcotráfico. 3° b. Esta preocupación. 22) Que sobre la interpretación de tales bienes colectivos la Corte Interamericana ha dado claras pautas interpretativas. en relación a los parámetros antes transcriptos. pues aquél amplía la zona de libertad individual y este último opta por una interpretación restrictiva. como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. para evitar que la mera invocación de tales intereses colectivos sean utilizados arbitrariamente por el Estado. de la misma manera que siempre habrá de preferirse en la interpretación la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho fundamental comprometido (CIDH OC 5-85).
737. New York. intentó dar una respuesta más amplia. además de la persecución de la oferta. vol. 28) Que. a fines médicos y científicos. porque los medios implementados para el tratamiento de los adictos. se obliga a los Estados a preparar su aparato de salud pública. tendrá seguramente repercusión social. sean consideradas como delitos que se cometen intencionalmente. En efecto. la mencionada ley no ha logrado superar el estándar constitucional ni internacional. los compromisos internacionales obligan a la Argentina a limitar exclusivamente la producción. en modo alguno implica "legalizar la droga". pero expresamente al referirse a los deberes de los Estados. tráfico. de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. la producción. preparación. asistencia y educación. 25) Que no obstante ello. fabricación. han sido insuficientes hasta el día de la fecha. por ello debe informar a través de un lenguaje democrático. 27) Que la decisión que hoy toma este Tribunal. que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes. nuestro país participa en su cadena de producción. exportación. Asimismo a asegurar. I EJLS. al elaborar los principios básicos de prácticas alternativas a la prisión. despacho. La circunstancia de que los precursores químicos necesarios para la fabricación de drogas son productos en los que. inc. las convenciones no descartan tal opción. artículos 35 y 36 de la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes) Por su parte la Oficina de las Naciones Unidas sobre Droga y Control (UNODC). para que el cultivo. distribución. Lenguaje y Argumentación". En lo referente a la contención de la demanda.771. que reemplazó a la 20. y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada. oferta de venta. por cuanto sigue incriminando conductas que quedan reservadas por la protección del artículo 19 de la Carta Magna. distribución. a los consumidores de estupefacientes (Naciones Unidas Oficina de Droga y Crimen Handbook Basic Principles on Alternatives to Imprisonment. el deber de los Estados de diseñar políticas tendientes a la erradicación de la producción. de modo que asegure que los adictos puedan recibir tratamientos físicos y psicológicos para curarse de sus adicciones. se señala que tal cuestión queda "a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico" (artículo 3°. "Los Jueces Europeos en una Sociedad Global: Poder. adoptando las medidas necesarias. expedición de tránsito. transporte. importación. en European Journal of Legal Studies. en el plano nacional. pues este pronunciamiento. extracción. permitiendo al juez penal optar por someter al inculpado a tratamiento o aplicarle una pena. 13 . A nivel penal. hace necesario que ello sea tenido en cuenta en la implementación de políticas criminales para la lucha contra este flagelo internacional. entre otros. ellas prevén la colaboración judicial entre los Estados. una coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito. incluye expresamente. frente a la decisión que hoy toma este Tribunal se debe subrayar el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir al narcotráfico. y el segundo. de alguna manera. n° 2). oferta y demanda de estupefacientes ilícitos. que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas (Ordoñez-Solis David.generales. fabricación. 2°. Criminal Justice Handbook Series. especialmente con penas de prisión y otras penas privativas de la libertad (artículo 36 de la Convención). y comercio de los estupefacientes. importación y exportación de estupefacientes. artículo 22 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1917. No está demás aclarar ello expresamente. El primero. ninguna de las mencionadas convenciones suscriptas por la Argentina la compromete a criminalizar la tenencia para consumo personal. 2007) 26) Que si bien el legislador al sancionar la ley 23.
lo cierto es que aquí se trata de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que -realizadas bajo determinadas circunstanciasno afectan a un tercero y. 30) Que en síntesis. Ariel. Los Derechos en Serio. Consecuentemente. Pero los jueces no deben legitimar las decisiones mayoritarias. respecto de la tenencia para consumo personal. hace uso de la reserva convencional internacional respecto de tal cuestión. piedra angular del autogobierno de los pueblos. y en ese sentido el estado de derecho debe garantizar y fomentar los derechos de las personas siendo éste su fin esencial. que ha sido el producto elaborado de la pluma de los hombres de espíritu liberal que construyeron el sistema de libertades fundamentales en nuestra Constitución Nacional. y la preferencia general de la gente por una política no puede reemplazar preferencias personales de un individuo (Dworkin Ronald. 316:188 y 321:441. Ed. sin perjuicio de todas las evaluaciones que debe hacer el Estado para mejorar las técnicas complejas de investigación para este tipo de delitos. que han generado una constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente "Bazterrica" encaja cómodamente. nuestra Constitución Nacional y sumado a ello los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos jerarquizados reflejan la orientación liberal garantizadora que debe imperar en un estado de derecho democrático para resolver los conflictos entre la autoridad y los individuos y respeto de éstos entre sí.29) Que.737. 31) Que si bien como principio lo referente al mejor modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes jurídicos que requieren mayor protección. el Estado tiene el deber de tratar a todos sus habitantes con igual consideración y respeto. conducen a este Tribunal a declarar su incompatibilidad con el diseño constitucional. nuestro país. las razones allí expuestas y los resultados deletéreos que hasta el día de la fecha demostró la aplicación del artículo 14.. 32) Que en efecto. de la ley 23. segundo párrafo. que han impactado fuertemente en nuestro derecho constitucional.] no es posible 14 . descartando la criminalización del consumidor. Por ello. recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos podemos elegir y sostener un proyecto de vida propio. están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. cabe afirmar que el Congreso ha sobrepasado las facultades que le otorga la Carta Magna. constituyen cuestiones de política criminal propias de las otras esferas del Estado. en base a la interpretación que aquí hace de su derecho constitucional. Ello se ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte -algunos de los cuales hemos citado aquí-. 33) Que es jurisprudencia inveterada de esta Corte que "la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico" (Fallos: 315:923. Obviamente que la conducta no punible solo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daños a un tercero. págs. 35) Que sobre tal cuestión la Corte Interamericana ha señalado que [. después de la reforma constitucional han ingresado principios internacionales. 103:43). 1999. 34) Que ello se debe a que las normas sancionadas regularmente por el Congreso gozan de legitimidad democrática. entre otros). tendientes a desbaratar las bandas criminales narcotraficantes que azotan a todos los países. Y éste es el sentido que cabe otorgarle al original artículo 19. en Harvard Law Review. 392 y ss. por lo tanto. simplemente porque son mayoritarias (Cemerinsky Edwin Fireword: The Vanishing Constitution. siempre con el alcance que se le asignara en el mencionado precedente "Bazterrica" -voto del juez Petracchi-. De esta manera. Barcelona España)..
con información y educación disuasiva del consumo.XLII "Villacampa" -que antecede-. Raúl Zaffaroni (según su voto). en el derecho interno. declarar procedente el recurso extraordinario. .737 debe ser invalidado..Carlos S. de la ley 23. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. Fondo. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Reparaciones y Costas). Agréguese la queja a los autos principales. . segundo párrafo. Panamá. se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona. Hágase saber y devuélvase. utilizada en el artículo 30 [de la Convención]. con el alcance señalado en el considerando final. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio.interpretar la expresión leyes. cabe adoptar el siguiente criterio de juzgamiento: A) El artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena. que se dan por reproducidos. conforme con los argumentos que se desarrollarán en los considerandos siguientes. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. 515. esta Corte con sustento en "Bazterrica" declara que el artículo 14. especialmente los menores. Fayt. No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. . enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. Highton de Nolasco. en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. 11) Que. pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público. B) Este poderoso reconocimiento de la libertad personal implica una inversión de la carga 15 . razón por la cual justifican una protección internacional. incluida la estatal.Carmen M. por quien corresponda. (según su voto). pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional. Voto del señor presidente doctor don Ricardo Luis Lorenzetti: Considerando: Que el infrascripto concuerda con los considerandos 1° a 9° del voto que encabeza este pronunciamiento. 36) Que. sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea. 10) Que entonces queda claramente configurado el conflicto constitucional entre una norma federal que sanciona una conducta sin que se acredite peligro concreto o daño y por lo tanto en abierta contradicción con el artículo 19 de la Constitución Nacional. . sentencia del 2 de febrero de 2001. sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. según el cual "los derechos esenciales del hombre. Por ello. Argibay (según su voto). . de la ley 23. como sinónimo de cualquier norma jurídica.737.E. por todas las consideraciones expuestas. como ha ocurrido en autos. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que.tienen como fundamento los atributos de la persona humana.Enrique Santiago Petracchi. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana.. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. segundo párrafo.Elen I. de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos" (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Baena Ricardo v. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. Ricardo Luis Lorenzetti (según su voto).
tomo 15. que el Código Penal de 1921 no legisló sobre el tema de la toxicomanía puesto que el artículo 204 se refería a lo que en doctrina se conoce como suministro infiel de medicamentos. exposición de motivos. del 12 de julio de 1966 (Fallos de la Excma. En 1968 la ley 17. para ese entonces con una integración diferente. Resulta oportuno recordar. entrega o suministro de alcaloides o narcóticos y. salvo que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes jurídicos o derechos de terceros. de modo que toda restricción de ese ámbito debe ser justificada en la legalidad constitucional. 12) Que la tutela de la privacidad. página 399). A ello se sumaron opiniones que sostuvieron que aquella casuística caótica en la vida real había terminado por facilitar "el tráfico de estupefacientes haciendo que en su modus operandi el 16 .309. que el uso personal de alcaloides no debía admitirse como excusa por parte de quien los poseía ya que no constituía una razón legítima de su tenencia. modificando nuevamente este cuerpo legal por la introducción del párrafo tercero del artículo 204 que sancionaba al "que. pág. E) De conformidad con lo expuesto. sin estar autorizado. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital. Pronto habría de plantearse el tema relativo a la tenencia para uso personal y en el plenario de la Cámara Criminal de la Capital Federal. C) No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros. 21). Estos criterios encuentran fundamento suficiente en la Constitución Nacional. tomo 3o. cuando no hay peligro. La determinación de la cantidad que correspondía a un uso personal se tradujo en una casuística jurisprudencial que hizo de muy difícil aplicación la norma legal. se resolvió. corresponde aplicar el criterio que esta Corte desarrollara en el precedente "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). Antonio".". del 17 de octubre de 1930 (Fallos de la Excma. dos años después. in re "Terán de Ibarra. F) Corresponde exhortar a las Instituciones para que implementen medidas efectivas para el combate preventivo de la drogadicción. 325) (La Ley Online) mantuvo la doctrina del plenario anterior sosteniendo que la tenencia de alcaloides configuraba delito. Un nuevo plenario de la misma Cámara. in re "González. o sea la tenencia ilegítima con lo que se convirtió en delito la mera tenencia por parte de personas no autorizadas. pág. ni ostentación del consumo. tuviere en su poder en cantidades que excedan las que correspondan a un uso personal. sustancias estupefacientes. la que agregó una nueva figura. La exposición de motivos de esta ley vinculaba la tenencia de dosis correspondientes al mero consumo individual con las acciones de la esfera de libertad consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El proyecto de 1960 excluyó de punición "la tenencia de una dosis para uso personal" (artículo 262 y su nota). publicada en el Boletín Oficial el 4 de agosto de 1924 la que introdujo la punibilidad de la venta. conforme surge de los considerandos siguientes.331.argumentativa. Asunción". derogó la reforma al Código Penal de la ley 11. Fue recién la ley 11.331. D) La conducta realizada en privado es lícita. la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad. con votos divididos. publicada en el Boletín Oficial el 13 de agosto de 1926. Los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta.. entonces. ha motivado posiciones diferentes de esta Corte Suprema y del Congreso de la Nación. ni daño a terceros.. El Proyecto Peco (1942) sólo reprimía la tenencia de sustancias estupefacientes enderezada "a algún propósito de destinarlas al comercio o de suministrarlas o procurarlas a otro" (artículo 230.567. la ley 11.
13) Que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida 17 . 304:1678 y 305:137). La ley 20. la punición ". in re "Colavini. considerando 14).737 y tal punición razonable no afecta ningún derecho reconocido por la Ley Fundamental.771 dio lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios en lo que atañe a su artículo 6o. Fallos: 308:1392. En varios casos se resolvió en primera instancia su invalidez con base en el artículo 19 de la Constitución Nacional. voto de los jueces Servini y Cortés). sin que se legislara. considerando 27 in fine). El 11 de diciembre de 1990. esta Corte Suprema se pronunció en el sentido de que el artículo 6o de la ley 20. por la posibilidad de su propagación. a partir de cuya vigencia se restauró el régimen anterior. la reforma al Código Penal de 1968 fue declarada "ineficaz" por ley 20.cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias. en un riesgo social que perturbaba la ética colectiva. infracción a la ley 20. examinando con rigor los fundamentos de toda restricción.509. En esa inteligencia. En ese fallo la Corte también recogió los argumentos del señor Procurador General de la Nación en el sentido de que el uso de estupefacientes iba más allá de un mero vicio individual para convertirse. Ariel Ornar. censurando la punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal. El 28 de marzo de 1978. La ley 20.771. En 1973. El 21 de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23.pasador portara solamente cantidades justificables como de uso personal" (de la sentencia de la Cámara Federal del 22 de diciembre de 1976. mediante la cual se derogaron los artículos 1° a 11 de la ley 20.771 (punición de la tenencia de estupefacientes destinados a uso personal) no era violatorio del artículo 19 de la Constitución Nacional. sobre sus diversos efectos en sectores individualizados de la sociedad. El 29 de agosto de 1986.771". Por esta razón corresponde desarrollar el razonamiento constitucional a partir de la afirmación de los derechos individuales.. protegida de manera relevante por nuestra Constitución Nacional. 1349) por el que concluyó que "la tenencia de estupefacientes. es decir. Estos cambios legales y jurisprudenciales deben transformarse en una regla más estable a los fines de dar seguridad jurídica a los ciudadanos. como jóvenes o adolescentes.. partir de la afirmación de valores públicos para limitar la libertad conduce a soluciones cuyos límites son borrosos y pueden poner en riesgo la libertad personal. in re "Bazterrica". esta Corte Suprema se pronunció en la causa "Bazterrica". es conducta punible en los términos del artículo 14. Lo contrario. lo que únicamente puede hacerse mediante una prudente ponderación de los principios en juego. surgiere inequívocamente que la tenencia [de estupefacientes] es para uso personal".771 y se incorporó en su artículo 14.771 tipificó como delito la mera tenencia de estupefacientes con penas de notable severidad.. segundo párrafo. en la causa "Colavini" (Fallos: 300:254). cambiando el criterio y declarando la inconstitucionalidad del artículo 6o de la ley 20. en forma global y sistemática sobre la cuestión de los estupefacientes. y sin establecer una política general de soluciones alternativas o complementarias de la mera punición (del voto concurrente del juez Petracchi. en particular pág.737. esta Corte Suprema dictó sentencia en la causa "Montalvo" (cfr. consideró lícita toda actividad estatal dirigida a evitar las consecuencias que para la ética colectiva y el bienestar y la seguridad general pudieren derivar de la tenencia ilegítima de drogas para uso personal (Fallos: 301:673. cualquiera que fuese su cantidad. 303:1205.. En sus distintos pronunciamientos la Corte valoró la magnitud del problema de la drogadicción destacando la perniciosa influencia de la propagación de la toxicomanía en el mundo entero. Fallos: 313:1333. segunda parte de la ley 23. criterio que no fue aceptado por la alzada." (Fallos: 313:1337.
justamente. el ejercicio de la autonomía ética que el Estado debe garantizar. y que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real que se deberá establecer en cada situación concreta siendo inadmisible. poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ello según lo requiera el bien de la sociedad. p. Esta libertad que se reserva cada individuo fue definida (artículos 4° y 5° de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. en caso negativo. Una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético para superar el estado de agresión mutua (Hobbes. las penas no pueden caer sobre conductas que son. de modo que la ley no puede prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad. para considerar que hay ofensa cuando no la hay. (b) en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral y (c) las penas no pueden recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad. Por ello es posible señalar que: a) no es posible que el legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros como ocurre en los delitos llamados "de peligro abstracto". Su ejercicio no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Las principales consecuencias de este principio pueden sintetizarse en que: (a) el Estado no puede establecer una moral. pero un Estado de Derecho debe construirse sobre una cuidadosa delimitación de esa frontera. Thomas. 1994). 14) Que la norma constitucional que protege la privacidad no habilita la intervención punitiva del Estado basada exclusivamente en la mera posibilidad de que el consumidor de estupefacientes se transforme en autor o partícipe de una gama innominada de delitos. El ejercicio de la libertad tiene límites y puede dar lugar a la punición. Fundamentos de Derecho Constitucional. En el derecho penal no se admiten presunciones juris et de jure que. renuncian a la igualdad.En un Estado. que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano 18 . o sea. 1992. Como consecuencia de lo anterior. debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro. capítulo 9. México. b) no es posible imputar un daño a una acción cuando ella es consecuencia directa de otra acción voluntaria más cercana en la cadena causal. 1990). "Leviatán o la materia. a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el estado de naturaleza. forma y poder de una república. "Segundo Tratado sobre el gobierno civil". d) no es posible computar daños que son demasiado nimios e indirectos. Madrid. Este principio ha sido receptado por esta Corte (in re: "Gramajo" Fallos: 329:3680) al señalar que ". Por consiguiente. Carlos Santiago. esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor. al entrar en sociedad. sirven para dar por cierto lo que es falso. Nino. en comparación con la centralidad que puede tener la actividad que los provoca para un plan de vida libremente elegido -lo que excluye como daños los provocados por el tratamiento médico. el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional.de los adictos (cfr. Fondo de Cultura Económica. John. En cuanto al peligro de peligro se trataría de claros supuestos de tipicidad sin lesividad. c) no es posible imputar un mismo daño dos veces a los efectos de la punibilidad -esto excluye la punición por el consumo que conduce a delitos que son independientemente penados-. por definición. Francia... Buenos Aires. ya que no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con el deseo de ir a peor" (Locke. 307). pero nadie aceptaría celebrar ese contrato si no existen garantías de respeto de la autonomía y dignidad de la persona pues "aunque los hombres. la tipicidad objetiva. 26 de agosto de 1789) como el poder de hacer todo lo que no dañe a terceros.que desea (artículo 19 de la Constitución Nacional). sino sobre las que afectan el ejercicio de ésta. eclesiástica y civil". y por ello no es necesario penar el consumo en casos donde la punición deviene como consecuencia de un delito cometido en función de la drogadicción. Alianza.
bajo el título de "posesión impune de droga" el que luego de su modificación por el artículo 1 de la Ley N° 28. absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos.343. 16) Que la tendencia que predomina en la legislación de los países de la región resulta totalmente contraria a la que pretende la habilitación del poder punitivo para los casos del tenedor de estupefacientes que sólo lo hace para el consumo personal y sin lesionar o poner en peligro concreto bienes o derechos de terceros.". En este sentido. instituyó el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas y en su artículo 28 decidió contemplar la tenencia para consumo personal a la que no incrimina penalmente sino que aplica sustitutivos penales como la advertencia al tenedor sobre los efectos de las drogas.Sobra ponderar las implicaciones. sancionado por Decreto Legislativo N° 635. su proyecto de vida y la realización del mismo.de gobierno. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en sentido similar. En primer lugar porque parten de la base de sacrificar derechos para satisfacer finalidades que pueden ser obtenidas por otros medios sin necesidad de semejante lesión. la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. la Constitución no puede admitir que el propio Estado se arrogue la potestad -sobrehumana. la prestación de servicios a la comunidad o la aplicación de medidas educativas de asistencia a cursos educativos. Algo similar sucede con la ley uruguaya 17. en los países de la región se combate el flagelo de la drogadicción respetando el consumo personal que no daña a terceros y concentrándose en la distribución y el consumo cuando tiene aptitud concreta de peligro o daño. que agrega a la imputación por los hechos realizados. En sentido coincidente también in re: "Maldonado". El código penal peruano. deja impune la tenencia para uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Serie C N° 126. pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente. la ley 19.. es decir. de este retorno al pasado. sea por la vía del reproche de culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad.. diciendo que "La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro. que son evidentes. no se logra el resultado. la ley brasileña 11. regula en su artículo 30 la tenencia para exclusivo uso personal a la que deja exenta de pena. promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril del mismo año preveía la exención de pena en su artículo 299. tampoco constituyen un fundamento constitucionalmente admisible. que modifica y actualiza la ley N° 357/72 y que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de fármaco dependientes en aquel país. Por su parte.366 de la República de Chile.. caso Fermín Ramírez vs.016 de estupefacientes. está claro que. Guatemala.." (CIDH. En segundo lugar. aun cuando se admita el sacrificio. De manera que está demostrado que la lesión de la libertad personal no es necesaria a los fines de obtener el objetivo perseguido. publicado el 17 de junio de 2003.000. sentencia del 20 de junio de 2005). sin que importe a través de qué mecanismo pretenda hacerlo. que sancionaba el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas resultó sustituida por la ley N° 20. mantuvo la misma impronta.de juzgar la existencia misma de la persona. sancionada el 7 de 19 . 15) Que las razones de conveniencia en que se sustentó la doctrina del precedente "Montalvo" (Fallos: 313: 1333). A su vez. Como se verá en considerandos siguientes. del 23 de agosto de 2006. del 20 de octubre de 1988. o si se prefiere mediante la pena o a través de una medida de seguridad. En efecto. promulgada el 2 de febrero de 2005 y publicada el 16 del mismo mes y año y en su artículo 4°..002.. en el precedente mencionado se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333). Ello no se ha producido. y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales. la Ley N° 1340 de la República de Paraguay. Fallos: 328:4343).
La ley 23. su existencia. 20 .737. se reemplazó el artículo 31 que en su parte pertinente refiere que quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal. el problema de las drogas desde el punto de vista individual. Por todas las razones expuestas. De ello se sigue que debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros. Es desgarrador además. sino que ha aumentado. en "Bazterrica". debe ser invalidado. Antes bien. También lo es que desde hace muchos años esta Corte ha señalado esa necesidad y no se ha advertido una política pública consistente y efectiva. segundo párrafo de la ley 23. pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional. y la distribución de estupefacientes deben ser combatidos. Por aplicación de este criterio la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal resulta violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional y por tanto debe ser declarada su inconstitucionalidad.2 94 del 31 de octubre de 1974. esta ley. por la protección del artículo 19 de la Carta Magna. respectivamente) con lo que las mismas normativas de las Convenciones evidencian sin esfuerzo su respeto por el artículo 19 constitucional. En esa sustitución. con lo que no ha logrado superar el estándar constitucional en la medida que sigue incriminando conductas que quedan reservadas. resulta redactada en forma casi idéntica a su predecesora. que prevé en su artículo 3° la sustitución de los artículos 30 a 35 de la anterior normativa vigente por decreto ley 14. artículo 22 y artículos 35 y 36 de las mencionadas Convenciones.octubre de 1998. corresponde aplicar al sub lite el estándar jurídico y la regla de derecho enunciados en "Bazterrica" ya citado. promulgada el 22 octubre y publicada el 28 de ese mismo mes y año. permitiendo al juez penal optar por aplicarle una pena o un tratamiento.737. en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. a un ámbito de privacidad. inciso 2°. como ha ocurrido en autos. respecto de los recurrentes. Hace veintitrés años. indudablemente.771. Sin embargo. Una de dichas consecuencias es la de que la diseminación y desborde del tráfico y consumo de estupefacientes ha adquirido un volumen tal y tan descomunal. en lo que hace a la habilitación del poder punitivo por parte del Estado para el supuesto de tenencia para uso personal. 17) Que a su vez. Por tal motivo. se encuentran con su salud física y psicológica seriamente afectada y. 18) Que de conformidad con los argumentos desarrollados. y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto. ninguna de las convenciones suscriptas por el Estado Argentino en relación a la temática (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. se señala que tal cuestión queda "a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico" (artículo 3. pues una creciente cantidad de víctimas de la adicción y narcodependencia ven sus vidas limitadas en múltiples sentidos. el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1917 y la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961) lo comprometen a criminalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal. voto del juez Petracchi (Fallos: 308:1392) se dijo: "La droga es. intentó dar una respuesta más amplia. se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes jurídicos de terceros. el artículo 14. que reemplazó a la 20. que ha facilitado la conformación de un negocio económico administrado por consorcios internacionales que cuentan a veces con recursos que superan las posibilidades de los propios Estados. 19) Que es cierto que el consumo que traiga aparejado una lesión a un bien jurídico o derecho de terceros o los ponga en concreto peligro. por tanto. con lo cual el problema no sólo no ha disminuido. una lacra que produce atroces consecuencias en las sociedades modernas.
Hágase saber y devuélvase.. siempre que por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. a mediados de 1985. a la luz de la decisión que hoy toma. Fayt: Considerando: Que el infrascripto concuerda con los considerandos 1o a 9o del voto que encabeza este pronunciamiento. especialmente los menores. segundo párrafo. nuestro país ha puesto en ejecución diversas políticas tendientes a asumir un papel protagónico en la lucha contra la difusión del narcotráfico. se vea en la obligación de hacer recordar a todas las instituciones el ineludible deber de respetar los compromisos asumidos a nivel internacional a fin de combatir el narcotráfico. Por ello. según ya se ha expresado... Con relación al consumo. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que.. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. y a nivel nacional. que sólo se conformen con leyes declarativas y que los resultados sean los contrarios de los perseguidos. Lo que no puede ocurrir es que las políticas públicas no alcancen ningún grado de efectividad a lo largo de los años. segundo párrafo. que adquiere fuerza suficiente para estar en condiciones de atentar contra los propios sistemas institucionales."." señalando claramente los límites del concepto de libertad. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. 10) Que el artículo 14. con información y educación disuasiva del consumo. la Comisión Nacional para el Control del Narcotráfico y el Consumo de Drogas. Es así como se ha organizado. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. es cierto también que la adicción puede afectar la libertad personal. los consumidores. que se dan por reproducidos. En el mismo considerando se decía: "En este sentido.737.. puede ser punible. por decreto presidencial. por quien corresponda.". se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. información y educación y todo ello enfocado en los grupos más vulnerables.XLII "Villacampa" -que antecede-. especialmente los menores.. Ricardo Luis Lorenzetti Voto del señor ministro doctor don Carlos S. Agréguese la queja a los autos principales. ponen de manifiesto la universalidad de la preocupación por las infortunadas consecuencias de dicho tráfico. y una inserción activa en los organismos internacionales que. no a través de la persecución penal de sus propias víctimas. Por esta razón es que se justifica que esta Corte. de la ley 23.sumamente empobrecida. Esta Corte reitera esta necesidad de combatir el tráfico de drogas.. de la ley 23. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14." y más adelante: "15) Que. A 21 . sin duda la actual difusión del consumo de drogas es una verdadera plaga. que resulta desastrosa su paulatina extensión hacia sectores menos protegidos de la sociedad: la infancia y la adolescencia. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. pero ello no justifica una intervención punitiva del Estado.737 establece que será reprimido con prisión de un mes a dos años quien tuviere en su poder estupefacientes. entidad específica abocada a la consideración de las soluciones posibles para los diversos aspectos del problema de las droga. declarar procedente el recurso extraordinario. creados a esos efectos. sino de los distribuidores. su consiguiente utilización en los centros educativos convertidos en lugares de suministro de estupefacientes y su influencia decisiva en la consolidación de una estructura económica de tráfico organizado.. Cabe aclarar que ya en "Bazterrica" se decía que "Un consumidor que ejecute actos de 'tráfico hormiga'. 515. con el alcance señalado en el considerando 18. la relevancia de aplicar una política de salud preventiva.
En efecto. el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia.de la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. dicho déficit se traduciría en formas de argumentación que soslayan el examen de la realidad. 1961. en un discurso autorreferente. si el procesado no dependiere física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador. si bien la limitación del derecho individual no lucía irrazonable en su génesis y primer desarrollo. si el tratamiento fracasa la respuesta exigida vuelve a ser el castigo carcelario. como se dijo. y en lo que aquí interesa.no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción. por única vez. Precedent in English Law. entre otras cosas. Mas hoy. En su último párrafo dispone que si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado. Fallos: 308:1392). sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que judicialmente se determine. resulta la necesidad de reconsiderar.conducen a una revisión de la doctrina allí sentada. las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables. 12) Que. aunque no ostensiblemente incorrecta en su origen. pues -como seguidamente se expondrá. sino también la especial consideración que debe existir respecto de la necesidad de certeza. Dicho de otro modo: estar a lo que se ha decidido previamente no sólo es un principio básico de la administración de justicia de aplicación prácticamente universal (conf. 13) Que a fin de realizar un examen completo de la cuestión por el que se fundamenta la conclusión antedicha.no pudieron tener en cuenta elementos relevantes de la evaluación prospectiva que aporta la experiencia. el juez de la causa podrá. Pero cuando esa necesidad de certeza en la aplicación de la ley. pág. Oxford University Press. conduce a soluciones que -en punto a los límites de razonabilidad. el artículo 21 del mismo texto legal prevé que en el caso del artículo 14.requiere. precisamente. Cabe recordar que en la disidencia mencionada se afirmó como holding que la presunción de peligro en la que se asentaba la figura descripta por la norma no aparecía como irrazonable respecto de los bienes que pretendía proteger (considerando 13). la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineficaz e inhumana. 11) Que en primer lugar se impone el examen de validez de la norma cuestionada a la luz de la experiencia recogida durante los casi veinte años de su vigencia. las lecciones de la experiencia conducen a realizar una serie de consideraciones acerca de la validez de una norma que. la doctrina sentada en el precedente. 4). A su vez. Por lo demás.su vez. segundo párrafo. Cross Rupert. ha devenido irrazonable. cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran (Fallos: 328:566 y sus citas).por una medida de seguridad. no debe olvidarse que ya en el precedente mencionado se afirmó que 22 . de los nuevos datos y otros no tan evidentes en los años '80 y '90. en tanto indican con el rigor que una posible declaración de inconstitucionalidad -como ultima ratio. con el consiguiente menoscabo -en cuanto punto medular en el sub lite. pues aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial. la ineficacia de aplicar sanciones penales o incriminar a la mera tenencia con el objeto de combatir el flagelo de la drogadicción. mantener la doctrina establecida sin atemperar su rigor importaría incurrir. Estos nuevos datos de la realidad -transcurridos veintitrés años desde el dictado de los fallos "Capalbo" y "Bazterrica" (disidencia de los jueces Caballero y Fayt en relación al antiguo texto legal. En suma: una persona que posee estupefacientes para consumo personal es hoy en día criminalizada con pena de prisión que sólo puede ser reemplazada a criterio del juez -y por una única vez. o sea.
allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con su comercio y arribar a resultados promisorios (considerando 26 del último fallo citado) que no se han cumplido. cabe reconocer que mientras el crecimiento desmedido del pasado a nivel global se ha aplacado. que pese a la información oficial de cierto descenso del consumo de cocaína. el informe señala que no se compadecen con los niveles de consumo denunciados (2006 World Drug Report. cobra nuevamente su real dimensión el principio de la autonomía personal. 15) Que a modo ilustrativo sobre la situación actual. 12 9). tal como se detallará a continuación. Resumen Ejecutivo. y que se ha transformado en un importante lugar de tránsito de estupefacientes de la región andina hacia Europa (pág. al realizarse el juicio de ponderación. 91). año 2009). el ciudadano de la era de la dignidad del hombre debía ser protegido por el estado liberal (considerando 17).no obedece a una única causa. En este sentido. Chile y Bolivia como los países con más injerencia en la 23 . pero al fracaso ya reseñado debe sumársele el hecho de que esta estrategia produjo. Es claro. Naciones Unidas.resultaba indudable que. se traducen en un resultado diferente. que constituyen el fundamento del orden político y la paz social (Título I. desaparecido el argumento que justificaba la exégesis más limitativa. El mismo organismo pone de manifiesto en su informe del año 2007 que la República Argentina ha cobrado importancia como país de tránsito. como manifestación positiva de la libertad (considerando 17). hace veintitrés años se ha afirmado que el legislador consciente de la alta peligrosidad de estas sustancias. Como se adelantó. En cuanto a las elevadas incautaciones de marihuana. incluso respecto de los individuos en concreto criminalizados. Son todos esos principios los que hoy nuevamente se conjugan y que. el organismo internacional consideró que tal información obedecía a diferencias metodológicas para medir la estadística. puede también citarse el informe de esta dependencia de Naciones Unidas correspondiente al año 2006 en el que se señaló que en nuestro país se ha detectado cierta fabricación de productos derivados de la cocaína. Oficina de Drogas y Delito). y que también hay indicios de producción local de cocaína. 14) Que los datos de la realidad han permitido demostrar que las razones pragmáticas en las que se sustentaba la doctrina establecida en las disidencias de "Bazterrica" y "Capalbo" y mantenida en el "Montalvo" (Fallos: 313:1333) respecto del nuevo texto legal. artículo 10. Podrá decirse que dicho resultado -como cualquier otro fenómeno. Por ello. Allí también se incluyó a la Argentina entre los países donde ha proliferado el éxtasis (pág. autonomía e independencia de coacciones externas y capacidad de elección. autodeterminación de las voliciones. ha querido evitar toda posibilidad de su existencia. pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente. Así se subrayó que la cuestión se relacionaba con las cualidades de racionalidad. efectos negativos claramente no deseados. que ese fin no se ha logrado y entonces se ha vuelto irrazonable una interpretación restrictiva en cuanto al modo de entender el señorío del hombre. También el consumo de paco ubica a Argentina. En efecto. sociabilidad y dominio de sí. Allí se agrega que nuestro país lidera el ranking latinoamericano en "estudiantes secundarios" que consumen pasta base de cocaína conocida como "paco". el problema siempre fue visto como un caso complejo y nunca fue negado que el hombre es eje y centro de todo sistema jurídico. de la Constitución Española de 1978. para asegurar la libertad de conciencia. que al proyectarse socialmente se traducen en participación.1. han perdido virtualidad. Es decir. UNODC. artículo 1° de la Grundgesetz de la República Federal Alemana). También se había indicado que el constitucionalismo actual reconoce como principio normativo la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes. estudios realizados en países de Europa Occidental indican que en nuestra región se observa un aumento del consumo local (Informe Mundial sobre Drogas.
Bolivia. si bien es cierto que los delitos que encuentran relación con el consumo de estupefacientes -tales como la comercialización o suministro. 16) Que si bien se ha afirmado que la Corte no podría analizar si las penas conminadas para cualquier delito del catálogo penal resultan útiles o contraproducentes para la abolición del delito en sí ("Capalbo". 103). De tal modo. Informe Final de Resultados Área de Investigaciones. Obviamente. no es posible mediante una simple e inopinada sub-sunción legal. 114). 77) y el segundo lugar de Sudamérica en consumo de cocaína (pág. Uruguay y en menor medida por Argentina y Paraguay. la República Argentina ocupa el séptimo lugar de los países americanos de donde proviene droga incautada en Europa (pág. SEDRONAR. cuya adecuada solución.región y en el mundo (2007 World Drug Report. 24 . explicado fundamentalmente por el mayor consumo de las mujeres. Perú y Uruguay. aumentó el secuestro de resina de marihuana (pág. Por ello. de la delicada y compleja situación por la que transita quien consume estupefacientes (especialmente quien abusa en su utilización). Chile.6%. 73). Dentro de las drogas ilícitas. Ecuador. Brasil. con un 120%. a su vez.4%. Puntualmente. sin desentenderse. le sigue la cocaína. el incremento en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica es del 6. Paraguay. énfasis agregado). cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicofármacos sin prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha incrementado. en especial el hecho de considerar que perseguir penalmente la tenencia para consumo combatiría exitosamente el narcotráfico. explicado por el incremento del 100% en las mujeres frente al 50% de los varones (Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. así como su liderazgo respecto de otros países de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupefacientes. lo que sugiere que el tráfico vía cono sur ha aumentado (pág. especialmente entre la juventud (Primer Estudio Comparativo sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria de Argentina.1% y de estimulantes creció un 44. lo cierto es que una conducta como la que se encuentra bajo examen que involucra -como se dijo. ha quedado demostrada cuán perimida resulta la antigua concepción de interpretar que toda legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al binomio traficante-consumidor. disidencia de los jueces Caballero y Fayt.2005.un claro componente de autonomía personal en la medida en que el comportamiento no resulte ostensible. Esta tendencia que informa las Naciones Unidas también es confirmada por estadísticas nacionales oficiales. Allí se expone el importante incremento de consumo de drogas ilícitas en nuestro país. enero de 2006. Oficina de Drogas y Delito). con un aumento del 200%. Lo reseñado hasta aquí revela la contundencia con la que se ha demostrado la ineficacia de la estrategia que se vino desarrollando en la materia. 60). aumento de secuestro de cocaína han sido reportadas por Bolivia. El país está entre los primeros puestos del ranking sudamericano en consumo de estimulantes (pág. 13 6) y de éxtasis (pág. con el aumento del 67. 88). considerando 18). y por último la marihuana. Naciones Unidas. todas estas afirmaciones suponen la existencia de una situación anómala extrema. 165). El informe correspondiente al año 2008 da cuenta de un aumento del consumo de opio en el país (pág. donde la diferencia entre sexos es menor. 68). Colombia. Dicha valoración otorga carácter preeminente al señorío de la persona -siempre que se descarte un peligro cierto para terceros-. el conflicto en que se halla expuesto el consumidor debe valorarse de manera especial. Chile. la de mayor incremento en el consumo es la pasta base. Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. que exhibe numerosas aristas -tal como se ha adelantado-. mayor importación de precursores (pág. A similares conclusiones arriba el informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas en el año 2006.revisten una gravedad inconmensurable. Presidencia de la Nación). así como su consumo (pág. merece otro tipo de ponderación a la hora de examinar la razonabilidad de una ley a la luz de la mayor o menor utilidad real que la pena puede proporcionar. se ha realizado un análisis comparativo 2001.
. en su pensar y en su sentir. Esta protección alcanza a todos los individuos y es por ello que el propio artículo 19 citado habilita al Estado a intervenir sólo a fin de proscribir interferencias intersubjetivas. frente a él los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. en definitiva. Se trata de asegurar como derechos del hombre que nacen de su propia naturaleza. pues no debe soslayarse que lo que aquí realmente se cuestiona es la intervención del Estado nada menos que sobre la esfera íntima del individuo -en cuanto ámbito de ejercicio de su autonomía personal-. etc. En este cometido. a fin de ejercer el primero y el más elemental de sus deberes: el de ser custodio e intérprete supremo de la Constitución y los derechos y garantías en ella consagrados. El respeto por la persona humana es un valor fundamental y se encuentra jurídicamente protegido.). su intimidad. cuando el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública. su privacidad. lo que se encuentra en juego a la hora de tratar el tipo penal de tenencia de estupefacientes para consumo personal -a ello y sólo a ello se circunscribe el presente recurso. su persona es inviolable. entonces. su identidad. El marco constitucional de los derechos de la personalidad comprende la intimidad. el derecho a disponer de su propio cuerpo.. Los derechos de la personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. la intimidad (. En efecto. es claro entonces que no se trata simplemente de la tensión entre dos intereses contrapuestos. 1992-C. la conciencia.). de cuanto le es propio ("Bahamondez". "Ekmekdjian c/ Sofovich". Fallos: 315:1492) (LA LEY. la dignidad del hombre como imperativo categórico y se desdibujaría notablemente aquello que propugnaba Séneca -símbolo de la filosofía estoicaen una epístola dirigida a Lucilio: " el hombre debe ser algo sagrado para el hombre" (homo res sacra homini). Fallos: 316:479). a su vez. de su obrar. el derecho a estar a solas. 18) Que.que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo.. corresponde reiterar que el artículo 19 de la Constitución Nacional ha 25 . de los derechos esenciales de la persona. es decir. "la legítima defensa de la dignidad (.. Se trata.. A que su vida.no admite ningún tipo de intromisión. sus creencias trascendentes.. a seguir respetándose a sí mismo" (conf. (. está el señorío del hombre sobre su vida. conforme lo ha asumido desde los inicios de la organización nacional (Fallos: 1:340). de su propia vida. En rigor. La aceptación de esa injerencia convertiría al poder estatal en una verdadera deidad.. como principio. los sentimientos y la intimidad del común de los hombres y por consiguiente la garantía jurisdiccional para el sostenimiento de estos valores de la personalidad".Corresponde. De ese modo se estaría negando.es la "adecuada protección de la dignidad (. de su propio cuerpo. siga siendo suya. la que a diferencia de la esfera pública -y aun de la privada.). 543) Con relación a este punto debe quedar perfectamente establecido -como ya se adelantó.). su honor. al Estado -en tanto organización del poder político dentro de una comunidad nacional..le está impedida toda injerencia sobre el individuo -cuando como en el caso se desenvuelve en el marco de su autonomía-. su cuerpo. voto de los jueces Barra y Fayt. 17) Que en efecto. ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados" concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos. Restablecido en su quicio el principio de señorío sobre la persona. soberano en su obrar. relacionados con la libertad y la dignidad del hombre. que esta Corte se refiera nuevamente al sustrato constitucional que da adecuada solución al delicado caso examinado. los aspectos que configuran su realidad integral y su personalidad y todo ello se proyecta al plano jurídico como transferencia del individuo. además del señorío del hombre sobre las cosas.
20) Que sentado lo anterior. conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito de enervar los límites de aquélla. Es indudablemente inhumano criminalizar al individuo. año 2009). lo signará a futuro. como en el caso. sino también con la manera en que es ejecutada y la existencia de condiciones carcelarias adecuadas (cfr. UNODC. Fallos: 328:4343). está vedada toda medida que menoscabe aquella prerrogativa (artículo 19 de la Constitución Nacional). 26 .y que pueden ser letales ante la falta de periodicidad en la adquisición. entre otras cosas: ser detenido. "Maldonado". es que la doctrina establecida en los precedentes mencionados se ha elaborado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. en su caso. el proceso adictivo se agrava. antes que mitigarse. no aumentaría el daño que seguramente ya padece así como la afectación a su dignidad. en la que la dignidad es un valor entendido para todo individuo por su sola condición de tal. Ejemplo de ello son los serios desórdenes en otros aspectos de la salud que produce la sustitución de la sustancia. no puede afirmarse sin más que una norma como la que aquí se impugna que compele al sujeto involucrado a transitar el estigmatizante camino del proceso penal. amén de la mácula que. se lo somete a la invasión de su persona y su intimidad. sin perjuicio de la posibilidad de soluciones en otros ámbitos. verse enfrentado a jueces y fiscales. no debe soslayarse que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída. teniendo en cuenta que el poder punitivo no se manifiesta sólo mediante la imposición de una pena. Por ello. debe recordarse que la norma que aquí se cuestiona establece pena de prisión que sólo facultativamente -y siempre que se trate de la primera vez. todo ello se refleja en un aumento de los focos de violencia ya característicos de los establecimientos carcelarios. es claro que las respuestas definitivas para estos planteos no pueden encontrarse en el marco de una causa penal.con las anomalías propias que implica acceder a ellos en un lugar de encierro. ser llamado a declaración indagatoria y. una pena de prisión. no implica en modo alguno que el Estado deba autoexcluirse del tratamiento de la problemática. o bien.ordenado la convivencia humana sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad y esta facultad de obrar válidamente libre de impedimentos. Al mismo tiempo no debe desconocerse que "las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad" (Informe Mundial sobre Drogas. sometiéndolo a un proceso criminal que lo estigmatizará de por vida y aplicándole. puede afirmarse que en una sociedad horizontal de hombres verticales. convivir durante el tiempo que dure el proceso con la incertidumbre propia que genera el encontrarse sometido a la justicia criminal. En este contexto vital. sobre todo. Resumen Ejecutivo. en su caso. así como las dosis elevadas que se consumen -si se accede al estupefaciente. Por lo demás.puede ser suspendida por una medida de seguridad educativa o curativa. En ese cometido. Por tanto. Ello por cuanto -como en cualquier otra causa en la que se investiga un delito. 19) Que sumado a ello. Dicha situación produce un empeoramiento en la adicción porque el condenado consigue dicho objeto -o su reemplazo. la grosera incongruencia que importa perseguir penalmente al consumidor de estupefacientes. el tribunal de mérito califica como simple principiante o experimentador (medida educativa).el acusado debe atravesar un iter necesariamente restrictivo de sus derechos que implica. Más allá de la opinión que merezca el plan de vida de cada individuo. en tanto a quien se encuentra ante esta problemática (medida curativa). voto del juez Fayt. Por lo demás. cabe advertir que quien padece una adicción e ingresa por tal motivo a una unidad penitenciaria buscará el reemplazo del objeto adictivo de cualquier modo. se violentan sus sentimientos. Precisamente.
endémicas. en las que junto con otras normas federales que se han dictado en la materia. dentro del derecho a la vida. Desde esta perspectiva se asume claramente que la " adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados" (cfr. 2009. corresponde también poner de resalto que -entre las medidas que a efectos de asegurar el derecho a la salud se establecen. por tanto. UNODC. inciso 22 y el Estado argentino ha asumido el compromiso internacional de lograr progresivamente su plena efectividad obligándose "hasta el máximo de los recursos".que el consumo personal de drogas debería encontrar la respuesta que se persigue. En efecto. así como otras en materia de salud y asistencia sanitaria "vienen a constituirse en la expresión legislativa de la asunción por el Estado Nacional de aquellos 27 . claro está.21) Que la reforma mencionada -junto con nuevas concepciones a partir de la definición de la Organización Mundial de la Salud. cabe recordar -sin recurrir al arracimado de documentos internacionales en este sentido. es primariamente en el ámbito sanitario -y mediante nuevos modelos de abordaje integral. Se conjuga así la adecuada protección de la dignidad humana sin desatender el verdadero y más amplio enfoque que requiere esta problemática. que tal es el fin público que -amén de encontrarse incluso comprometido en el plano internacional. profesionales y de otra índole.455 y la 24. por ejemplo. Antes bien. en uno de los aspectos que aquí importan. y la lucha contra ellas (inciso c). énfasis agregado). sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales. énfasis agregado).455 y 1° de la ley 24. El artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone. En efecto. Finalmente no debe soslayarse. subyace la idea de la adecuada protección de la dignidad del individuo. bien pudo ser distinta la respuesta en los precedentes que hoy se revisan. el Tribunal ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido. Resumen Ejecutivo. a su vez. la que por cierto debe elevarse por sobre cualquier otro tipo de respuesta. Informe Mundial sobre las Drogas. el derecho a la salud se encuentra reconocido con jerarquía constitucional merced a los tratados incorporados por el artículo 75. 22) Que desde esta perspectiva y en lo que específicamente hace a la cuestión aquí en estudio.754. deben otorgar cobertura médico asistencial respecto de los riesgos derivados de la drogadicción (artículo 1° de la ley 24. sobre todo en el aspecto relacionado con la dependencia a estas sustancias.y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas.754). Informe del año 2009 ya citado. que a partir de lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales. leyes como la 24. 23) Que en conexión de sentido puede también sostenerse. UNODC. las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684. que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga. se insta a los Estados miembros a promover el derecho a la salud de las personas que consumen estupefacientes y a que "luchen por el logro del objetivo del acceso universal al tratamiento de la toxicomanía como un compromiso para salvar vidas y reducir la demanda de drogas" y.que dentro de los objetivos que se incluyen en una mejor combinación de políticas públicas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 323:3229. que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales. Dichas disposiciones. las normas antes mencionadas establecen.tuvo en miras el legislador al sancionar. Sociales y Culturales prescribe que deben figurar las necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas. Por otra parte.el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. Lo propio establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. entre otros). como "uno de los mejores modos de [combatir] el mercado ilegal de drogas" (cfr.condujeron a un desarrollo en el concepto del derecho a la salud en un grado tal que permiten observar que de haber contado con ese instrumento.
y no con la intimidación penal.D.A. se insiste.compromisos. No puede pensarse. asentir a una novedosa realidad que reconoce en este campo a nuevos actores institucionales y a recientes o potenciadas patologías" (dictamen de la Procuración General citado al que remiten los jueces Fayt y Belluscio). incluyen a la drogadicción y los riesgos derivados de ella. con acciones integrales de promoción. De manera que no puede sino interpretarse a la criminalización como un modo inadecuado -cuando no incoherente y contradictorio. Más aún. 25) Que el derecho a la salud "no es un derecho teórico. a la reafirmación del valor de determinados bienes jurídicos. 24) Que. cuanto menos. 26) Que. por cuanto quien es señalado como "delincuente" -e ignorado en su problemática. los constituyentes en ocasión de la última reforma" (Fallos: 324:754. tales consideraciones posibilitan situar esta cuestión en el marco de la normativa constitucional que enfoca el problema desde la perspectiva de las acciones positivas por parte del Estado. A su vez. que explícitamente incorpora a la salud como una garantía a cumplir por parte del Estado y que. En este entendimiento esta Corte ya ha afirmado que los legisladores han pretendido alcanzar con medidas de acción positiva la situación de aquellos afectados por patologías como el S. entonces. recuperación y rehabilitación. sino uno que debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social. respecto de materias que por su proximidad con los derechos a la vida y a la dignidad personal deben entenderse señeras del ordenamiento. no puede menos que interpretarse ello en consonancia con el cambio acaecido a partir de la aludida reforma constitucional. pueda coexistir con otro que criminalizando genere efectos hasta deteriorantes de la salud. dictamen de la Procuración General a cuyos fundamentos y conclusiones remiten los jueces Fayt y Belluscio).I. Como su correlato se ha afirmado que normas como la ley 24. resulta incomprensible que mediante sanciones penales que propenden.de abordar la problemática de aquéllos a quienes los afecta. se termine restringiendo precisamente dicho bien. que el mismo legislador que propugna la obligatoriedad de un enfoque positivo de la problemática. en el ejercicio de potestades reglamentarias. dictamen citado al que remiten los jueces Fayt y Belluscio). 27) Que en suma la evolución reseñada pone de resalto la imperiosa necesidad de un compromiso mayor de todas las partes interesadas. en definitiva. en consecuencia.es el respeto por la dignidad humana. 28 . Ello. la respuesta penal deja de lado las directivas constitucionales que rigen la materia y se desentiende del verdadero conflicto. prevención. Antes bien. así como la ineludible obligación de promover la salud -y en especial la de los jóvenes. o la droga (conf. en lo que a las prestaciones médicoasistenciales obligatorias se refiere. Por lo demás. de acuerdo a tales directivas y a las normas federales en juego que han comenzado a delinearlas. si lo que siempre ha prevalecido -y debe prevalecer.no acude al sistema de salud o bien tienden a dilatarse en grado extremo los tiempos de latencia entre el inicio del consumo y la solicitud de atención. Las tendencias de consumo parecen corresponderse con factores culturales. lo dejaron establecido. por lo demás. la cabal puesta en marcha de la red de tutela diferencial propiciada.parece replegarse en servicios de salud poco flexibles para atender el espectro de cuestiones vinculadas con el uso y consumo de drogas. tal como señala el Informe Anual 2004 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías con sede en Lisboa (OEDT) que valoró el impacto de la legislación en materia de estupefacientes. el Consejo Nacional para la Delincuencia de Suecia había concluido que "no exist[ían] indicios claros de que la criminalización del consumo de drogas [hubiera tenido] efecto disuasorio para los jóvenes". inciso 22 de la Ley Fundamental. entorpeciendo.754 "pretenden. el sistema sanitario -escudado en la ajenidad del problema. económicos y sociales. para lograr así contornear su genuino perfil".mediante una política sensata. por medio del artículo 75. como por otra parte.
29) Que frente a la decisión que hoy toma este Tribunal debe subrayarse el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir el narcotráfico. corresponde concluir que el artículo 14.puede arribarse a la consecución de los fines que se pretendía. sino que al igual que otras sustancias. la salud que se dijo resultaba imprescindible proteger de manera primordial (in re "Capalbo". cuando en América Central y del Sur parecen estar traficándose cada vez con mayor frecuencia (Informe Mundial sobre Drogas. 29 .De todos modos.737 no puede entenderse como una forma válida de cumplir con la obligación constitucional de proteger la salud. cuyo consumo no se incrimina penalmente. importa asumir lo paradojal que ha resultado la vía hasta hoy escogida. Conclusiones similares pueden colegirse a partir de los datos suministrados por el Observatorio Argentino de Drogas dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. debe procurarse desde el Estado una atención preventiva y asistencial no interferida por el sistema penal. A su vez. Por el contrario. permanganato potásico. es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la supremacía de la Constitución Federal. Centro Internacional de Viena. Fallos: 328:566 y sus citas). efedrina.737 carece actualmente de la racionalidad exigida por la Ley Fundamental. El setenta por ciento de los expedientes lo fue por tenencia para consumo personal y el ochenta y siete por ciento se inició por tenencia de hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes entre 20 y 30 años en la vía pública. Fallos: 308: 1392). Sólo mediante una visión integradora que enlace las distintas variables antes señaladas -y atravesadas éstas siempre por la autonomía propia y sagrada de cada individuo. incluyó la ley 23. que no portaban armas ni estaban cometiendo otro delito. más allá de la preocupación que una decisión de estas características genera respecto de que se encuentre acompañada de políticas sustentables. segundo párrafo. Seguridad y Derechos Humanos. Resumen Ejecutivo. disidencia de los jueces Caballero y Fayt. en los últimos veinte años sólo una de cada diez causas iniciadas por infracción a la ley de estupefacientes lo fue por tráfico. 28) Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas. de la ley 23. año 2009). por excepción. se menoscaba en mucha mayor medida mediante el encierro. también en este aspecto. una ilegítima intromisión a su señorío. Declarar la inconstitucionalidad del castigo penal a un consumidor de drogas sólo importa admitir que la estigmatización e incertidumbre que supone verse inmerso en un proceso criminal constituye. entre muchísimos otros. pues precisamente esa función moderadora constituye uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que éste cuenta para asegurar los derechos de los individuos (conf. A su vez. según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. la persecución no se ha dirigido a delitos tales como el lavado de dinero y el ingreso de precursores químicos [acetona. ácido clorhídrico. redireccionando los recursos que durante más de dos décadas estuvieron prácticamente destinados a perseguir al consumidor de escasas cantidades. toda vez que cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos en los que se encuentra inserto. En este sentido resulta elocuente que según una investigación relevada por el "Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes" creado por resolución 433/2008 del Ministerio de Justicia. la sensatez que al Poder Judicial como poder del Estado también se le exige. El hecho de que la respuesta estatal no pueda darse en clave punitiva no implica reconocimiento alguno de la legitimidad del uso de estupefacientes. UNODC. es claro que la pena de prisión que está prevista ante el fracaso de las medidas que. Lista de Precursores y Sustancias Químicas utilizadas frecuentemente en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas].
A tal efecto. el artículo 3 dispone que los Estados parte deben tipificar todo aquello relacionado con la comercialización de estupefacientes. La Constitución de un Estado de Derecho no puede admitir que ese Estado se arrogue la facultad de juzgar la existencia de una persona. promulgada por decreto 608 del 09/04/92). puede citarse a prácticamente la mayoría de los países de la región que a la par de haber despenalizado la tenencia para consumo personal. Asumir aquella posibilidad implicaría considerar al delito como síntoma de un estado del sujeto. 30 . su proyecto de vida y su realización. Justicia y Asuntos de Interior. Fallos: 308:1392). a diferencia de aquellos que pueden ser llamados como testigos. considerando 18 de la disidencia de los jueces Caballero y Fayt. no puede imponerse pena a ningún individuo en razón de lo que la persona es. Paralelamente. las Convenciones de Naciones Unidas no estipulan la imposición de penas por consumo. es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional". siempre inferior al del resto de los ciudadanos. On Liberty. Como clara aplicación del principio de reserva y de la garantía de autonomía moral de la persona. cabe observar que si lo que se pretendía era la persecución eficaz del narcotráfico. esta Corte ha señalado que "(l)os delitos que afectan a la comunidad de las naciones como el narcotráfico internacional requieren razonablemente de un proceso multijurisdiccional basado en la cooperación judicial" (Fallos: 323:3055). relativo a una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la estrategia europea en materia de lucha contra la droga -2005-2012-). la criminalización del consumidor que como imputado no tiene obligación de decir verdad (ni puede incurrir en el delito de falso testimonio). a su vez. John Stuart Mill. cap. sólo puede penarse la conducta lesiva. citado en Fallos: 324:4433. reconociendo -como expresamente se encuentra previsto en dicha Convención. expresamente asumido por el Estado Argentino en la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas aprobada en Viena en 1988 (ley 24. lo cierto es que poco o nada ha podido contribuir a tal fin. Sin embargo. 30) Que a ello. "Morality and the Law". Petracchi y Boggiano en Fallos: 318:1874 y disidencia del juez Fayt en Fallos: 313:1262. en Wasserstrom R. III. debate sobre el informe (A6-0067/ 2004). Comisión de Libertades Civiles. voto del juez Fayt). consagrados en el artículo 19 de la Constitución Nacional. No debe perderse de vista que el narcotráfico es un problema "temible y desgarrador" (in re "Capalbo". entonces. pues. págs. que las estrategias adoptadas hasta ahora no han dado resultados positivos" (Parlamento Europeo. citados en Fallos: 324:4433). comp. sino únicamente en razón de lo que la persona haya hecho. 1971.que "el tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que. voto de los jueces Fayt.Como advertencia adicional. toda extralimitación al respecto importaría validar lo que constituye en definitiva una intromisión en el ámbito de señorío personal en tanto marco de una acción autorreferente. Lo contrario permitiría suponer que los delitos imputados en causas penales son sólo el fruto de la forma de vida o del carácter de las personas (conf. California. desconocer la doctrina según la cual ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana aunque su conducta haya sido reprobada (conf. Ello por cuanto no es misión del derecho penal prevenir los daños que una persona puede causarse a sí misma. Por ello. el estado de situación actual en la materia demuestra "de forma inequívoca. debe circunscribirse y reforzarse la persecución penal. 92-93). En el mismo sentido.. todos los esfuerzos en el ámbito penal deben estar dirigidos a mantener incólume el compromiso de cooperación en la represión del narcotráfico internacional. no la personalidad. tal como se menciona con claridad en el Comentario Oficial de la Convención de 1988. significaría. No hay lugar para plantear dicha cuestión cuando la conducta de esa persona no afecta a los intereses de ninguna otra (conf. a ese fin.072. en última instancia. doctrina de Fallos: 308:2236. Belmont. En el mismo empeño. dedican los recursos disponibles a la persecución del tráfico de estupefacientes.
declarar procedente el recurso extraordinario. que el consumo afecta en mucho mayor medida a aquellos sectores sociales postergados que no encuentran en su entorno grupos de contención efectivos-.XLII "Villacampa" -que antecede-. Asimismo. en lo que respecta a la problemática específica de la adicción deben establecerse programas nacionales de salud asistenciales. además. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. la solución a la que aquí se arriba -teniendo en cuenta. con información y educación disuasiva del consumo. de la ley 23. de la ley 23. con posterioridad -ya bajo la vigencia del artículo 14. los actores del sistema penal deberán extremar el uso de sus facultades para cumplir con el ineludible deber de respetar los compromisos asumidos a nivel internacional a fin de combatir el narcotráfico. es que se justifica que esta Corte se vea en la obligación de hacer recordar a las autoridades -y a todas las instituciones. Por las razones expuestas. promoviendo la difusión de la información. . a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el 31 . enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio.Carlos S. especialmente los menores. Fallos: 329:3680). con el alcance establecido en los precedentes a los cuales se remite. segundo párrafo. por último.737. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. entornos y de contexto general) y en los que se invierta en evaluaciones de calidad cuyo marco conceptual se encuentre basado en el desarrollo humano. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. Por ello. cuyas consideraciones corresponde tener aquí por reproducidas. Fayt. mi disidencia en "Montalvo" (Fallos: 313:1333). que encuentren en el ámbito civil y administrativo el debido respaldo a la consecución de los fines que allí se perfilen. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. por quien corresponda. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14.XLII "Villacampa" -que antecede-. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país.737 aquí en discusión-. con información y educación disuasiva del consumo. especialmente los menores. la situación planteada en la presente causa es sustancialmente idéntica a la que motivara mi voto en el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392) y.Semejante proceder le está vedado a un Estado democrático que parte del principio republicano de gobierno (voto del juez Fayt in re "Gramajo". 31) Que.737. Voto del señor ministro doctor don Enrique Santiago Petracchi: Considerando: Que según se desprende de los considerandos 1° a 9° del voto que encabeza este pronunciamiento. 515. declarar procedente el recurso extraordinario. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. 515. de la ley 23. Hágase saber y devuélvase. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. la formación de los recursos humanos entre los profesionales de la salud y de la educación. el debate acerca de nuevos modelos de abordaje que fomenten a su vez la participación mediante un enfoque integral (familias. con el alcance que surge de los considerandos precedentes. segundo párrafo. Por ello. Agréguese la queja a los autos principales. segundo párrafo. conduce inevitablemente a advertir sobre la necesidad de establecer políticas públicas en materia de prevención.la relevancia de desarrollar a nivel nacional programas de salud que atiendan a las problemáticas aludidas y de ese modo dar validez y vigencia a los Tratados de Derechos Humanos a los que el país está vinculado. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. Paralelamente.
págs. considerando 14) a los que me remito en honor a la brevedad. págs. fue nada menos que José Manuel Estrada quien relevó su importancia como eje central de la Constitución. 1907. cuando se les otorgó la oportunidad de desconocer la condición de ente moral como esencia de la persona. La filosofía jurídica del artículo 19 de la Constitución Nacional. 13) Que los maestros del siglo XIX nos recuerdan los muchos siglos de confusión y los torrentes de sangre que corrieron para llegar a esta conquista de la modernidad. cit. pág. Constitución Argentina. 14) Que el artículo 19 no arranca en 1853. 1975. 12) Que es menester recuperar y consolidar el valor central de esta norma como viga maestra del derecho argentino. 1895. del Reglamento Provisorio de 1817. el papel de la potestad social se reduce a proteger derechos" (Curso de Derecho Constitucional y Administrativo. Adán Quiroga: "ninguna verdad es más evidente para la ciencia penal: la sociedad no tiene la misión de hacer reinar la moralidad en las acciones privadas. que atraviesa como filosofía básica de nuestra Constitución todas las etapas precedentes. 1885. sino también uno de los pioneros del penalismo nacional. Hágase saber y devuélvase. que se dan por reproducidos. sino que su vigencia e importancia para nuestra Constitución se refuerza aún más por su genealogía como norma que proviene de los primeros ensayos de organización constitucional de la República.Enrique Santiago Petracchi Voto del señor ministro doctor don E. y con base en situaciones y necesidades. se debe examinar previamente los alcances y restricciones que el artículo 19 de la Constitución Nacional le impone al Estado. esta Corte declaró la 32 . Raúl Zaffaroni: Considerando: Que el infrascripto concuerda con los considerandos 1o a 9o del voto que encabeza este pronunciamiento. Buenos Aires. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. . 181). por quien corresponda. 15) Que los antecedentes de la legislación nacional han sido desarrollados extensamente en el voto del juez Petracchi en la causa "Bazterrica" (Fallos: 308:1392. tal como lo hiciera no sólo el ilustre Estrada. 100).país. pretendidamente diferentes. Agréguese la queja a los autos principales. pues proviene de Monteagudo y del Presbítero Sáenz. Arturo Enrique Sampay. consagrado en el Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815. El mismo Estrada es quien señala que el artículo 19 consagra con claridad la separación del derecho y la moral individual. a fin de salvaguardar el ámbito de privacidad de las acciones individuales que no ocasionan lesión o peligro concreto a terceros. tan despreocupadamente despreciada en nuestros días por opiniones irreflexivas teñidas de posmodernismo con raro aroma a premodernismo. entre el Estado que impone una moral y el que respeta el ámbito de libertad moral de la persona: a la primera actitud la califica de "pagana y socialista" y a la segunda de "cristiana y liberal" (loc. Buenos Aires. también Agustín De Vedia. ha sido instituido para conservar y guardar el orden y la armonía de los derechos. En el mencionado fallo "Bazterrica". Buenos Aires. 36-37). 10 y ss. Córdoba. decidiendo de una vez y para siempre.. y afirmó certeramente el carácter intrascendente de nuestro derecho. pasando por alto que siempre fueron supuestas nuevas urgencias como pretextos legitimantes de todos los crímenes cometidos por los estados. pág. 10) Que para tomar una decisión respecto del caso en análisis. o sea. la imposibilidad de que pueda ponerse al servicio de cualquier mito metahumano. 11) Que desde los albores de nuestra ciencia constitucional. cuando no se ejercitan en la esfera de la vida de relación" (Delito y pena. concluyendo que "según la doctrina argentina. el ser ficticio que denominamos poder público. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que.). del artículo 112 de la Constitución de 1819 y del artículo 162 de la Constitución de 1826 (cfr. o sea. los que no pueden alterarse cuando las acciones son puramente individuales.
16) Que el 21 de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23. insumidos en procedimientos inútiles desde el punto de vista político criminal. Esta Corte. con claro perjuicio del avance de cualquier terapia de desintoxicación y modificación de conducta que. teniendo en cuenta que la decisión no sólo no lesiona. sino que habrá de operar a favor de la política criminal encaminada a la represión del tráfico y difusión de tóxicos prohibidos. como los que hoy circulan entre los sectores más pobres y jóvenes de nuestra sociedad. con resultados letales de muy corto plazo y con alta probabilidad de secuelas neurológicas en los niños y adolescentes que logran recuperarse. el procesamiento de usuarios obstaculiza la persecución penal del tráfico o. en especial el de aquellos que resultan más lesivos para la salud. asimismo. Similares consideraciones pueden hacerse respecto de la tarea judicial. pero no sale sobrando verificar que el ejercicio del control de constitucionalidad de la norma cuestionada por parte de esta Corte la reafirma fuertemente. debería serlo cuando resulta de toda evidencia la patente contradicción entre el fin manifiesto de la norma y el favorecimiento de su efecto precisamente contrario. por resultar violatorio de la racionalidad republicana impuesta por el artículo 1° de la Constitución. pues el usuario imputado goza de los beneficios que la naturaleza de acto de defensa otorga a la declaración indagatoria y. este tipo penal genera innumerables molestias y limitaciones a la libertad individual de los habitantes que llevan a cabo conductas que no lesionan ni ponen en peligro bienes jurídicos ajenos. puede legalmente negarse a declarar revelando la fuente de provisión del tóxico. para pronunciarse. con sano criterio político criminal. al menos. y debiéndose expedir sobre el tema. esto es. criterio que.se convierte en un obstáculo para la recuperación de los pocos que son dependientes. del expendio minorista.inconstitucionalidad del artículo 6° de la ley 20. prescribe la inmensa mayoría de las causas que tuvieron origen en acciones penales asentadas sobre esta habilitación de poder punitivo. y consecuentemente retomando el criterio anterior al dictado del fallo "Bazterrica". como lo demuestran los casi veinte años transcurridos desde que esta Corte revirtiera la jurisprudencia sentada en el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). 19) Que no obstante los resultados descriptos. Al mismo tiempo. punía la tenencia de estupefacientes para uso personal. con el dictado del fallo "Montalvo" (Fallos: 313:1333). la remoción de esa identificación en procura de su autoestima sobre la base de otros valores. 20) Que el procesamiento de usuarios -por otra parte. en términos generales. deberían dedicarse a combatir el tráfico de tóxicos. como propia de todo acto de gobierno. cosa que no podría 33 . importa un enorme dispendio de esfuerzo. toda vez que. dinero y tiempo de las fuerzas policiales. Tanto la actividad policial como la judicial distraen esfuerzos que. precisamente. 17) Que si bien no es función del control de constitucionalidad juzgar la política criminal. 18) Que el tipo penal que describe el artículo 14. esta Corte varió su jurisprudencia a partir de la causa "Montalvo" (Fallos: 313:1333). al igual que en la norma cuestionada en el presente. que en su artículo 14 segundo párrafo mantiene la prohibición y punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal. seriamente obstaculizada en varios sentidos por la norma en cuestión.737. aún vigente. segundo párrafo. se ha mantenido hasta el presente. en la práctica. considerando punible esa conducta. se propone el objetivo inverso. de la ley 23. en consecuencia. sin que los procesos originados lleguen a término en la forma que se supone que deben hacerlo todos los procesos penales. y en ese marco. 21) Que.737 ha pasado a ser un instrumento de poder punitivo que casi nunca se traduce en una pena efectiva. ha debido escoger una causa entre una escasa media docena que habían alcanzado la instancia extraordinaria sin encontrarse prescriptas.771 que. En el presente caso no es necesario acudir a esta valoración. pues no hace más que estigmatizarlos y reforzar su identificación mediante el uso del tóxico. y muy pocas veces en una condena firme.
hallados con motivo de la requisa de la que fueron objeto al ser detenidos por personal policial. E. por quien corresponda. Esto es. de la ley 23. 23) Que. resultan acciones privadas. y exentas de la autoridad de los magistrados". A. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. en el sentido de reafirmar como valor central de nuestra Constitución la norma del artículo 19 que.. segundo párrafo. 10) Tal como surge de los antecedentes que han sido reseñados. sólo cabe concluir que en el conflicto de normas planteadas en la presente causa. en tanto que el artículo 14. A. fundamentalmente porque las diversas instancias judiciales que han dictado sentencia consideraron que la defensa no introducía ninguna cuestión novedosa respecto de las que fueron tratadas por esta Corte en la causa "Montalvo" (Fallos: 313:1333) y que. párrafo segundo de la ley 23. A. No obstante. se halla protegida por dicha cláusula constitucional. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. segundo párrafo. de dos paquetes de cigarrillos conteniendo algunos gramos de marihuana. esta insistencia ha fracasado. Agréguese la queja a los autos principales. calificada como tenencia de estupefacientes para consumo personal (artículo 14. están sólo reservadas a Dios. que se dan por reproducidos. El desconocimiento o debilitamiento de su vigencia hace tambalear las propias bases del sistema constitucional.XLII "Villacampa" -que antecede-.hacer en el supuesto en que se le interrogara en condición de testigo. si la tenencia en el bolsillo del pantalón de los imputados G. trasciende con mucho el alcance de la cuestión sometida a la decisión del Tribunal en el presente caso. que arrojaron a la vía pública al verse cercados por la policía. so pena de incurrir en la sanción del testigo remiso o falso. 515. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. 22) Que todas estas consideraciones político criminales refuerzan la esencia de la decisión de esta Corte. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. C. Raúl Zaffaroni: Voto de la señora ministra doctora doña Carmen M. Por lo tanto. . el artículo 19 de la Constitución Nacional resulta ser un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico. ni perjudiquen a un tercero. sólo cabe declarar en el caso la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. A. A. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. y la posesión de G. Por ello. la defensa ha reclamado durante su actividad recursiva que se realice un examen basado en el artículo 19 de la Constitución Nacional que determine si la conducta por la que fueron condenados sus asistidos. V.E. ya que es el que garantiza el sistema de libertades individuales de los habitantes. de algunos cigarrillos de marihuana. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. especialmente los menores.737 se le contrapone. tal como había sucedido en ese antecedente. en tanto conculca el ámbito de privacidad personal que el primero garantiza. en orden a lo dicho precedentemente. F. por cierto. de la ley 23. Hágase saber y devuélvase. con información y educación disuasiva del consumo. declarar procedente el recurso extraordinario. con el alcance que surge de los considerandos precedentes. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. correspondía dictar la condena de 34 . M. y L. y M.737). Argibay: Considerando: Que la infrascripta concuerda con los considerandos 1° a 9° del voto que encabeza este pronunciamiento. M.737. en los términos de la norma constitucional mencionada que dispone: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública.
259:69. fue una acción privada.771 que penaba a quien ". incumbía a otro poder del Estado. La mayoría argumentó que el Tribunal "en su actual composición" retornaba a la doctrina del caso "Colavini" (Fallos: 330:254) del año 1978. cuestiones ambas vinculadas a asuntos de política criminal cuya evaluación.los acusados. Ahora bien. según se estimó. por lo tanto. segundo párrafo. El argumento central de la sentencia fue que por ser la figura penal en cuestión un delito de peligro abstracto. por constituir un medio de difusión de la droga y por ser parte necesaria de la cadena de tráfico. de la ley 35 . 304:1088.7 grs. de la ley 23. era llevado detenido en un automóvil de alquiler. en su caso. porque si "Montalvo" hubiese resuelto con ese alcance el problema. de modo simétrico. entre otros). Precisamente. 190:142. "el procesado. tampoco el rechazo de un planteo de inconstitucionalidad tiene como efecto la convalidación absoluta de la ley en cuestión para todos los casos posibles y la consiguiente inmunidad contra cualquier planteo posterior.. Esta circunstancia hace necesario establecer cuál es la regla de derecho que contiene "Montalvo" y. Al llegar a la dependencia policial y descender del vehículo. sino en lo que respecta a la decisión del caso concreto. 389. de marihuana. 311:2088.737. extraer de la retórica utilizada en aquel pronunciamiento una regla que afirme la validez en todos los casos del tipo previsto en el artículo 14. junto con otra persona. la Corte habría ejercitado un control de constitucionalidad en abstracto consumado mediante una decisión única con el efecto de clausurar por anticipado toda posibilidad de examinar. 252:328. 1224. 256: 602. en concreto y por las condiciones en que se llevó a cabo. "la impugnación de las leyes con base constitucional no puede contemplarse en abstracto" (doctrina de Fallos: 106:109.. De ahí que declarada la inconstitucionalidad de una norma. pues las mismas razones por las que en aquel entonces se había afirmado la validez del artículo 6° de la ley 20.. En segundo lugar. Es claro que ese tipo de análisis se enfrenta con la doctrina elaborada por esta Corte que supedita su actuación jurisdiccional a la existencia de un interés (particular o colectivo) al que la norma resulta aplicable. Montalvo arrojó una bolsita que contenía 2. se había consolidado la doctrina según la cual la jurisdicción de la Corte se ejerce en el marco de "causas" a las que aluden los artículos 116 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 27 y. derivar de aquel fallo un estándar según el cual la punición de la tenencia de droga para consumo personal es constitucionalmente inobjetable en todos y cada uno de los casos concebibles es equivocado fundamentalmente por dos razones. que conmina la misma conducta inclusive cuando por su "escasa cantidad" y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia era para uso personal. Esa exteriorización estaría dada por el "efecto contagioso" de la drogadicción. en qué medida puede utilizarse ese antecedente para bloquear a priori el examen judicial de las razones que esgrime el recurrente para justificar la pretensión de que la conducta de cada uno de sus asistidos. Cabe aclarar que la autoridad de "Montalvo" ha sido invocada por los tribunales de grado para justificar en general la punibilidad de la tenencia de estupefacientes para uso personal y la consiguiente irrelevancia de cualquier análisis en particular sobre el modo en que fue realizada la conducta para decidir si ha sido o no una acción privada." (Fallos: 313:1333). mucho antes de "Montalvo" e incluso de "Colavini". segundo párrafo. si la conducta del imputado es o no una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución. 11) a) Según surge de algunos pasajes de "Montalvo". esto es. en casos posteriores. por presumirse que podría estar vinculado a la sustracción de dólares. resultaban aplicables en el análisis del artículo 14. ésta no pierde vigencia en general. Primero. 317:335. la conducta allí descripta contenía implícita su trascendencia a terceros. 187:79. 182:398..tuviere en su poder estupefacientes. aunque estuvieran destinados a uso personal".
". una máxima de derecho. pues ello implicaría conceder a los términos generales contenidos en el fallo un alcance impropio. la pretensión de convalidar de manera general y absoluta una norma legal carece de toda fuerza vinculante. según lo explicado precedentemente. Por eso. me permito una última reflexión. no pueden ser utilizadas para obligarla en otras decisiones. al explicar cómo deben entenderse las expresiones generales vertidas en sus sentencias. Elortondo" (Fallos: 33:162) sostuvo que: "Cualquiera sea la generalidad de los conceptos empleados por el Tribunal en esos fallos. Así.23. b) Por lo tanto. de acuerdo con "Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. esta falta de precisión sobre las razones que llevaron a la conclusión de que la conducta de Montalvo no estaba protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional. más allá de tales intenciones y de los efectos desencadenados a partir de su pronunciamiento. corresponde hacer una distinción. Así en la resolución tomada en el expediente "Municipalidad de la Capital c. entonces debería haberse probado dicho extremo y apoyado en esa circunstancia la afirmación de que la conducta de Montalvo no resultó inocua para terceros. En efecto. y respecto de las posibles interpretaciones de las que ha sido objeto "Montalvo".. que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan. aquella decisión. Este distingo responde a la diferencia entre las expresiones generales u obiter dicta y aquellas otras que conforman el argumento central que sustenta la decisión. por lo tanto. es erróneo. sino contingente y. Como se ha visto. Debe recordarse que no son las intenciones que abrigan los jueces que suscriben el fallo de la Corte lo que vale como precedente. Las primeras. En relación con lo segundo. Cabe insistir en lo siguiente: cualquiera sea el elemento de juicio que se tome como pauta para restar carácter privado a una acción como es la mera tenencia de estupefacientes se trata de un elemento cuya presencia no es necesaria. sino la regla que sirvió de base a la decisión que efectivamente se tomó. la brevedad de las referencias al caso concreto que contiene la sentencia mencionada hace imposible conocer si hubo aspectos del comportamiento concretamente realizado por el imputado que influyeran en su consideración como ofensivo hacia el orden y la moral pública o los derechos de terceros. A mayor abundamiento. Si el argumento utilizado en 36 . así como su mayor o menor acierto. impide la formación de un estándar aplicable a otros casos. es un dato que ha de ser debidamente probado para entrar así en la consideración del tribunal. Lo primero no está seguido por una identificación de las circunstancias que tienen la propiedad de producir el temido contagio. está confinada a la causa en que fue dictada. Isabel A. Elortondo". siendo. ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó. Sin embargo.. El pronunciamiento hace apreciaciones generales sobre el carácter "contagioso" del consumo de droga y en torno al puesto que necesariamente ocupan los compradores en la cadena de "tráfico". Por lo tanto. sobre el modo en que Montalvo podía lograr ese efecto teniendo droga entre sus ropas o de alguna otra manera que estuviese presente en su comportamiento. debe decirse que el significado de "tener" droga no incluye el haberla comprado.737. como es. es decir. estableciendo que no cabe acordar carácter obligatorio para casos sucesivos a los términos generales contenidos en el fallo. Si la exteriorización de la conducta reprochable consistió en ser parte de la cadena de tráfico como comprador. también la Corte ha fijado pautas para el buen uso de sus precedentes. "Montalvo" sólo sería un precedente con peso en la presente decisión si contuviese una descripción de los rasgos que el Tribunal estimó relevantes en la acción del acusado para concluir que era dañina hacia terceros y que puedan ser comparados con las características de las conductas probadas en esta causa.
el fallo no ofrece ninguna pauta para examinar si en casos como el que hoy estamos juzgando el comportamiento probado de los imputados constituye o no una acción privada protegida por aquella norma constitucional. salvo que ello no agrega demasiada información puesto que. es significativa la probabilidad de que dentro de la definición legal puedan caber conductas que no se conectan en absoluto. distinta es la valoración que merecería ese argumento bajo la inteligencia de que el daño a terceros está implícito no en la definición. Más aún.737. el hecho de que está orientado. Según la referencia que contiene en relación a los hechos que motivaron la sentencia condenatoria recurrida. por lo general las leyes penales que establecen delitos brindan algunas pautas sobre la dirección que debe tomar el examen sobre los efectos dañinos de la acción ilícita. 12) Por lo que se lleva dicho y regresando a la proposición inicial. sea describiendo los rasgos principales de la víctima o. Sin embargo. por ejemplo. a la provisión de sustancias prohibidas a consumidores generalmente indeterminados cuya salud es la que se busca proteger. Ahora bien. como lo he hecho antes. una acción que se comete dentro de la cadena de comercialización de estupefacientes no contiene precisiones sobre las víctimas. esto nada nos dice sobre la verificación en el caso de un daño o peligro para terceros. En primer lugar. debe mencionarse el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). hay una multiplicidad de acciones posibles de infringir el tipo penal. entre los caracteres definitorios del comportamiento delictivo. durante un allanamiento en su domicilio la policía encontró marihuana en poder del imputado. lo contrario las pondría en una colisión literal y manifiesta con el artículo 19 de la Constitución Nacional. si bien puede sostenerse que al analizar el caso la mayoría concluyó que la conducta de Montalvo tenía aptitud para dañar a terceros y por lo tanto escapaba a la protección del artículo 19 de la Constitución Nacional. en el sentido de que el daño a terceros está implícito en la definición del delito. a saber. resulta necesario recurrir a las decisiones anteriores que se han tomado al respecto. Así.737. de la ley 23. o lo hacen de una manera excesivamente vaga e imprecisa. explícita o implícitamente. incluye dentro del ilícito los casos en que probadamente no habrá ninguna otra persona involucrada salvo el consumidor mismo. al menos. en última instancia. sino en el hecho de tener estupefacientes. de las derivaciones o consecuencias que han de seguirse de la acción criminal. ninguna referencia o precisión sobre quienes serían las víctimas de la acción consistente en consumir estupefacientes o. y a través de un examen integral. la prohibición del artículo 14. cómo es que estos últimos podrían afectarlas."Montalvo" es interpretado. a fin de determinar si en el caso que aquí se examina la conducta se trata o no de una acción privada. a diferencia de otro tipo de delitos. De ahí que no es frecuente que un análisis constitucional de este tipo se proponga respecto de otros delitos. puesto que es humanamente imposible contar con una previsión exhaustiva sobre todas las características de los hechos futuros como para poder afirmar a priori que todos ellos producirán un daño a terceros. al menos. Por ese motivo. la humana imposibilidad de predecir con certeza cómo serán los hechos futuros y la indeterminación con que está definido el delito de tenencia de estupefacientes en lo concerniente justamente a cuáles son los efectos sobre los intereses ajenos. detectar qué elementos han resultado de trascendencia para resolver los casos en uno u otro sentido. con algún efecto dañino sobre los intereses individuales o generales que busca proteger la ley 23. segundo párrafo. en atención a que como ya se ha dicho. En aquel fallo se declaró la inconstitucionalidad de la disposición legal que incrimina 37 . en la conducta misma. Ahora bien. Sin embargo. no incluye. pero sí incluye. ello sucede con todas las normas que establecen delitos. no merece objeciones de peso. Si se combinan las dos cosas. Sin embargo. se explica por qué motivo "Montalvo" no puede ser interpretado como una barrera inexpugnable para que los jueces decidan en cada caso si el acusado llevó a cabo una acción privada o no.
Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. sin embargo. Fallos: 312:1892). Fallos: 311:2721). La aplicación de la regla de derecho con base en la cual se decidió "Bazterrica" fue utilizada en sentencias subsiguientes. ni la conducta de quien fumaba marihuana mientras caminaba "sin rumbo fijo" con un amigo ("Fiscal c/ Ideme Galesi. Emilio Fabián". en general aunque no siempre. o en un caso en que el imputado fue descubierto con marihuana en su poder "en oportunidad en que transitaba por la vía pública en un vehículo con tres acompañantes. más aptas para afectar la salud pública. ni la de quien tenía la droga para consumirla en un lugar público. dañar a otros. a quienes no sólo había invitado a consumir la droga. Siguiendo ese criterio. el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos son. Así se entendió que constituían acciones resguardadas por el artículo 19 de la Constitución "el transportar 54 gramos de hoja de marihuana debajo de un suéter. quien ocasionalmente cohabitaba con ella. se señaló que en tanto la conducta se realice en condiciones que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.no sólo reconoce la posesión de estupefacientes sino que admite también que. se consideró que la conducta del condenado no era una acción privada cuando "fue sorprendido fumando marihuana en un sitio público -plaza San Martín-" (Fallos: 310:2836). Esto no se cumple cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí sino por un hecho ajeno a esa conducta. incluso.la tenencia de estupefacientes para consumo personal. el condenado fue detenido al presentarse en una dependencia policial para visitar a un amigo allí alojado. Fallos: 312:2475). cuando "Gerstein -en concordancia con Gabriel Pereyra. consistente en tener en su domicilio droga que. o lesionar más que la "moral privada" de un conjunto de personas y. Alejandro Marcelo y otros". Daniel y Galesi. dada su cantidad. En esta ocasión. María Marta y otras". integraba las acciones privadas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por otro lado. Fallos: 312:587). este dato resulta. construyéndose una línea de interpretación constitucional discernible sobre el tipo de conductas que podían considerarse privadas y que básicamente estuvo centrada en el carácter ostensible de la tenencia en pequeñas cantidades. estaba amparada por la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional.66 gramos) se encontraba dentro del armario del living-comedor del domicilio ("Giménez. Por último. no resulta suficiente para decidir la cuestión. Fallos: 310:294). cuando la marihuana (0. Por el contrario. también ha tenido 38 . y aunque este dato es un indicio relevante. en momentos en que circulaba como pasajero de un taxi ("Capalbo". Fallos: 308:1392). y al efectuársele la requisa de rigor se le secuestraron dos cigarrillos de marihuana ("Di Capua. 13) La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial. resultaba inequívocamente para consumo personal. Fallos: 311:2228). Nancy Gladys y otros". cuando fue necesario revisar las pertenencias a la imputada para encontrarla ("Noguera. armaron algunos de los cigarrillos secuestrados" ("Gerstein. parte de éste fue consumido en su departamento por distintas personas quienes. sino además había logrado que uno de ellos aceptara el convite" ("García. un elemento de juicio a tomar en consideración. Tampoco se encontraba resguardada la conducta de quien poseía marihuana en el interior de dos bolsos y en distintas cajas de fósforos. en tal sentido. y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional. por lo tanto. Sergio Héctor". Myriam Noemí". Alberto". Efectivamente. no tenía aptitud para interferir con acciones legítimas de terceras personas. la mayoría de los ministros consideró que el comportamiento de Bazterrica. Fallos: 311:185) y en un caso en que fueron halladas cinco colillas de cigarrillos de marihuana en el domicilio del imputado ("Rossi.
no ofrece ningún elemento de juicio para afirmar que los acusados realizaron algo más que una acción privada. y que los imputados mantuvieron así hasta ser requisados por el personal policial. 14) En el caso de Gustavo Alberto Fares. segundo párrafo. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. se dicte un nuevo pronunciamiento con 39 . sin embargo. en el que la tenencia de droga destinada al propio consumo "no era ostensible. puesto que se trata de una cantidad reducida que también se atribuyó en la sentencia al consumo personal y que fueron imputados sólo por esa acción. vedada al conocimiento de terceros. al que ya se ha hecho referencia más arriba. sólo anticiparon el hallazgo que de todas formas se hubiera producido en la requisa de la que iban a ser objeto. Las mismas consideraciones cabe hacer respecto de la situación de Gustavo Alberto Fares y Leandro Andrés Cortejarena. Por cierto los nombrados al percatarse de la presencia policial. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. por sí sola. que ofendieron a la moral pública o a los derechos de terceros. el contexto en el que se produjo el hallazgo no alcanza para considerar su conducta con aptitud para afectar derechos de terceros. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. dejaron caer sobre la vereda dos paquetes de cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado. especialmente los menores. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. con información y educación disuasiva del consumo. En conclusión. la escasa cantidad de droga incautada estaba destinada al consumo personal y el hallazgo no fue producto de la realización de cualquier otro acto con la droga que excediese una tenencia reservada. Ello pues la razón de su detención. declarar procedente el recurso extraordinario. al igual que la situación analizada respecto de los otros tres imputados. que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este es el panorama completo en el que debe insertarse la decisión en la presente causa. En efecto. pues debieron revisarle las pertenencias de la procesada para encontrarlos". Marcelo Ezequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal el hecho por el que fueron condenados guarda similitud con las circunstancias tomadas en cuenta por esta Corte en el precedente "Noguera". Por ello. de la interferencia gubernamental la que es repelida por el principio sentado en el artículo 19 de la Constitución Nacional (Carlos Nino. por quien corresponda. Buenos Aires. entonces la punición de dicha conducta sólo puede explicarse como un intento de proteger al individuo contra la propia elección de su plan de vida que se reputa indeseable. que restringen el alcance de sus efectos a la misma persona que la realiza.incidencia la cantidad de sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o. En estas condiciones.XLII "Villacampa" -que antecede-. es decir. es decir. "Fundamentos de Derecho Constitucional".737. de la ley 23. la tenencia de droga para el propio consumo. 515. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. sino que ambos mantuvieron la droga en su esfera íntima hasta que se desprendieron de ella inmediatamente antes de ser detenidos. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. con el alcance señalado en el considerando 13. pues en coincidencia con los argumentos expuestos en "Bazterrica" entiendo que cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo con recaudos tales como los mencionados. según se ha dado por cierto en la sentencia. Astrea. Es precisamente este tipo de justificaciones paternalistas o perfeccionistas. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. no fue la realización de actos que puedan ser considerados como ostentación. página 304 y siguientes). la adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables.
Fermín c.Tenencia para uso personal .Incriminación SU JURISPRUDENCIA ES CITADA POR EL VOTO EN DISIDENCIA EN: Corte Suprema de Justicia Emanuel y Vitar.PODER LEGISLATIVO NACIONAL (P. Argibay. Ernesto A.1986-08-29 Cuestiones tratadas en este fallo: ESTUPEFACIENTES .Bazterrica. . párrafo segundo.L.N. Hágase saber y devuélvase.1990-12-11 Cuestiones tratadas en este fallo: ESTUPEFACIENTES .737. Agréguese la queja a los autos principales. 19 de la Constitución Nacional.Incriminación MODIFICA LA JURISPRUDENCIA DE: Corte Suprema de Justicia de la Nación . 40 . LEY 23. Gustavo M. .Montalvo. 14. Cuestiones tratadas en este fallo: ESTUPEFACIENTES . ley 48 Resultado: INCONSTITUCIONAL Norma analizada: NACI .2009-12-01 de la Nación .2005-06-20 Cuestiones tratadas en este fallo: PENA .Tenencia para uso personal . Carmen M. Guatemala . 14. JURISPRUDENCIA PREMIUM: Via Procesal Jurisdicción y competencia: Por apelación extraordinaria Tipo de recurso: Queja Tipo de acción: Penal Control de Constitucionalidad Art.arreglo al presente. Información Relacionada MANTIENE LA JURISPRUDENCIA DE: Corte Suprema de Justicia de la Nación .Incriminación basada en la peligrosidad del agente.Art. Marcelo .). Fallos Extranjeros y de Organismos Internacionales TRATA SIMILAR TEMA QUE Corte Interamericana de Derechos Humanos Ramírez. Art.Ruiz García.
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