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Timestamp: 2018-06-25 08:17:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 75', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 10', 'artículo 9']

2012-03-20 | Noticias de Chile
Informe Comisión Investigadora Cámara de Diputados.
La ley Nº 19.234, de 1993, estableció beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos, que luego fueron perfeccionados por la Ley Nº 19.582, de 1998.
Con las adecuaciones introducidas por el último cuerpo legal, se permitió hacer menos restrictiva la aplicación del régimen normativo que beneficia a los exonerados políticos. Para ello, se ajustó el texto de la Ley Nº 19.234, de 1993, a los fines reparatorios de la misma, con el objeto de hacerla más efectiva, extendiendo sus beneficios y flexibilizando el acceso a los potenciales beneficiarios. Lo anterior significó que el universo se amplió de la misma manera que los beneficios, posibilitando al mismo tiempo, que se cursaran solicitudes efectuadas al amparo de la Ley Nº 19.234, y que se encontraban pendientes por los problemas que presentaba su aplicación.
La normativa que beneficia a los exonerados políticos está constituida fundamentalmente por la Ley Nº 19.234, de 1993 y la ley Nº 19.582, de 1998.
1.1.- Beneficios concedidos por la Ley Nº 19.234.
El cuerpo legal en referencia, estableció cuatro beneficios posibles:
a. Jubilación por expiración obligada de funciones.
b. Indemnización de desahucio.
c. Pensión no contributiva.
d. Abono de tiempo por gracia.
1.2.- Perfeccionamientos introducidos por la Ley Nº 19.582.
Esta ley amplió los beneficios del régimen jurídico que favorece a los exonerados, de la siguiente manera:
a. Aumentó el bono de tiempo por gracia para obtener la respectiva pensión y mejorar los momentos de los beneficios, calificando su procedimiento y bases de cálculo.
b. Incorporó como beneficiarios de la Ley a los exonerados del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
c. Mejoró los beneficios para las personas acogidas a la Ley Nº1 19.234.
d. Otorgó nuevos plazos para impetrar los beneficios.
1.3.- Ampliación de plazo introducido por la ley N° 19.881.
A raíz de un Proyecto de Acuerdo de esta Corporación, de fecha 6 de junio de 2001, instando al Ejecutivo enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a perfeccionar la Ley N° 19.234, sobre Reparaciones a Exonerados Políticos, estableciendo un plazo de seis meses corridos para efectuar nuevas solicitudes de beneficios y mejorar su contenido y estructura, éste accedió sólo ampliar el plazo a doce meses para acogerse a los beneficios de la Ley N° 19.234, y sus modificaciones posteriores, en razón de que las restricciones financieras que enfrentaba el país, como consecuencia de la recuperación económica en que se encontraba empeñado y el inestable y conflictivo escenario internacional, dificultaban extender aún más los beneficios que ya contemplaba la normativa reparatoria de los exonerados por motivaciones políticas.
2.- Requisitos legales para ser considerado exonerado político.
2.1.- Acreditar haber trabajado para la administración del Estado, organismos públicos, empresas del Estado o empresas intervenidas por éste.
2.2.- Haber cesado en el trabajo en el período 1973- 1990 o en el período que haya durado la intervención de la empresa.
2.3.- Que dicho cese laboral se haya debido a motivaciones de carácter político, convicción que debe formarse y que es privativa del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, representado por el Subsecretario del Interior.
3.- Beneficios establecidos para los exonerados políticos.
3.1.- Abono de tiempo por gracia. Se completan lagunas previsionales que el exonerado haya tenido en su vida laboral, con un máximo de 54 meses.
3.2.- Pensión no contributiva. Pensión de por vida de aproximadamente $ 150.000.- Actualmente hay 79.838 beneficiarios de ella. Dos tercios de la misma es heredable por la viuda.
3.3.- Incorporación al programa de Salud PRAIS.
4.- Procedimiento para ser declarado exonerado político.
4.1.- Presentación de solicitud ante el Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, antes del 30 de junio de 2004. Se exige presentar un relato político, documentos que acrediten la vinculación laboral, fecha de término de dicha vinculación y motivación política de la exoneración.
4.2.- Análisis de la solicitud por el Programa. Se evalúan los antecedentes y, si se estiman suficientes, se los envía a la Comisión Asesora Presidencial.
4.3.- Aprobación de Comisión Asesora Presidencial.
4.4.- Envío de antecedentes al Instituto de Previsión Social, a fin de determinar la naturaleza y el monto del beneficio.
4.5.- La Subsecretaría del Interior, a través del Programa, emite la Resolución que declara la calidad de exonerado y/o concede beneficios previsionales, definidos por el IPS.
5.- Funcionamiento de la Comisión Calificadora del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior.
5.1.- Una Comisión Especial es la encargada de calificar cada uno de los casos que llegan a las oficinas del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, dependiente del Ministerio del Interior. Los expedientes son analizados por un equipo de analistas de acuerdo a un orden establecido de prioridades, en las que predominan aspectos como el año de exoneración y el que se trate de personas mayores de 70 años y/o con enfermedades graves.
5.2.- Los antecedentes de las personas que cumplen los requisitos exigidos son presentadas a la Comisión Asesora Presidencial quien, en definitiva, entrega la calificación de exonerados políticos. Luego de ello, los antecedentes son enviados al ex Instituto de Normalización Previsional (INP) que calcula el monto del beneficio a entregar, el que de todas formas, sólo se hace efectivo tras la Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, la que revisa si los beneficios que se entregan son acordes a lo establecido en la Ley.
5.3.- Para ser calificado como exonerado político no se requiere Toma de Razón. En cambio, para recibir la pensión sí se requiere.
5.4.- De 157.038 personas calificadas como exonerados políticos, hasta la fecha 73.511 han recibido efectivamente la pensión compensatoria.
6.- Contexto político.-
Desde hace ya un tiempo esta Corporación ha sido el escenario en el que se han vertido una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios a los exonerados políticos, algunas de las cuales se han debatido en la Comisión de Derechos Humanos. No obstante, en los últimos meses se han conocido una serie de denuncias de irregularidades en la materia las que han sido recogidas con gran despliegue en los medios de comunicación social, generando dudas e incertidumbres respecto de la clase política en general.
Es asi que, tanto el origen de la Comisión como el trabajo por ella desarrollado, se dio en un contexto de denuncias e imputaciones a través de los medios de comunicación social, en especial de la prensa escrita, que la situaron en medio de una controversia política.
De ese modo, la Comisión no pudo sustraerse al ambiente político predominante del momento, terminando su trabajo sólo gracias al esfuerzo desplegado por su Presidente quién logró aunar voluntades en aras de consensuar un Informe que, ajustándose a los testimonios y antecedentes recabados, se abstrayera del marco de enfrentamiento político que generó su constitución.
III.- OPINIONES RECIBIDAS.
Vuestra Comisión, en el marco de su cometido, recibió los testimonios de las autoridades y personas invitadas, las que constan en la versión taquigráfica de la sesión correspondiente que se acompañan en documento anexo a este Informe, conjuntamente con los antecedentes y documentos que hicieron entrega durante sus intervenciones, y que forman parte integrante del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, y para una mejor comprensión de los resultados de esta investigación, a continuación se consignará una síntesis de dichas intervenciones referidas a las dos materias contenidas en el mandato de la Sala de la Corporación.
En su primera sesión, celebrada el día lunes 17 de octubre de 2011, el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Hinzpeter Kirberg, manifestó, en síntesis, que nuestra democracia retornada tuvo la sabiduría que más tarde se plasmó en la ley N° 19.234, que le dio el derecho de una justa compensación a las personas que habían sido violentadas en sus derechos durante el quiebre de nuestra democracia. Dicha ley, agregó, fue apoyada mayoritariamente por todos los sectores políticos porque se le consideraba uno de los pasos que debía dar nuestra democracia en el reencuentro republicano, después de vivir momentos muy duros, más duros para unos que para otros, pero duros para todos al fin y al cabo.
No obstante lo anterior, añadió, el sistema que se creó al amparo de dicha ley, se ha prestado para abusos, irregularidades o fraudes al Fisco, el que ha debido soportar una carga financiera de aproximadamente 700 millones de dólares cada año, que, a su juicio, podría ser justa si todos los casos en que se otorgaron beneficios no contributivos fueran correctos, pero dado que existen antecedentes fundados de que hay personas que estarían recibiendo prestaciones que no corresponden, le parece excesivamente alto dicho monto.
Hizo presente, asimismo, que en el proceso de otorgamiento de esos beneficios se calificaron como empresas intervenidas, ya sean públicas o privadas, algunas que nunca lo fueron y, por lo tanto, personas que no tenían el derecho, obtuvieron dichos beneficios.
Agregó el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, que también se ha advertido como algunos señores parlamentarios extendieron certificados respecto de los cuales aparece una razonable duda de si, efectivamente, estuvieron en condiciones de conocer las razones de la exoneración, toda vez que dicha certificación no tiene que ver estrictamente con lo que la ley exige, que es la relación laboral y la fecha en que la persona habría sido exonerada.
Concluyó señalando que todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Justicia, a través del Ministerio Público, en agosto de 2010 y, también, en conocimiento de esta Corporación y de la Comisión de Derechos Humanos en noviembre de 2010.
En esa misma sesión, el señor Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney, realizó una presentación, sobre la base de un power point, que abarcó, también en síntesis, dos elementos matrices. Uno correspondió a una explicación de cómo funciona el Programa de Exonerados Políticos y, el otro, se refirió a los principales hallazgos que se han hecho y que documentó con antecedentes originales del mismo.
Respecto del primero, expresó que el marco legal del Programa está dado por la ley 19.234, que fue modificada por las leyes 19.582 y 19.881. Estas leyes definen el beneficio de carácter previsional a los exonerados por motivos políticos de la administración pública de los organismos gubernamentales, de las empresas del Estado y empresas privadas intervenidas por el Estado en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Asimismo, hizo presente que los requisitos legales establecidos en esta normativa son, en primer lugar, acreditar haber trabajado para la administración del Estado, organismos públicos, empresas del Estado o empresas intervenidas. En segundo lugar, haber cesado en el trabajo entre 1973 y 1990 o en el período que haya durado la intervención de la empresa; situación que es muy relevante porque no en todas las empresas su período de intervención fue hasta 1990, lo que lo convierte en un elemento a considerar. En tercer lugar, que dicho cese laboral se haya debido a motivaciones de carácter político, convicción que debe formarse y que es privativa del Presidente de la República –así lo dice la ley- y que esto fue delegado durante todo el período en el Subsecretario del Interior.
Respecto de los beneficios, hizo presente que tres son los que se establecen.
El abono de tiempo por gracia, es decir, aquellas personas que, siendo reconocidas, se les completan lagunas previsionales que el exonerado haya tenido en ese período, con un máximo de 54 meses. En segundo lugar, una pensión de por vida de aproximadamente –y esto varía porque obedece a un cálculo promedio- de 150 mil pesos. Actualmente hay 79.838 beneficiarios que reciben pensión, la cual es heredable por la viuda hasta por dos tercios de la misma. El tercer beneficio es la incorporación al programa de salud Prais, el cual tiene beneficios para el exonerado y su familia.
Añadió que existen otros beneficios menores que no tienen impacto económico, pues más bien son de tramitación de los procesos, sin embargo, estima que los anteriores son los que afectan directamente a los recursos públicos.
Agregó el señor Subsecretario del Interior, que para acceder a estos beneficios el solicitante llenaba un formulario, en el cual se le pedía un relato político, que es su relación respecto de los hechos, lo que es personal y subjetivo, ya que cuenta lo que le sucedió.
En segundo lugar, añadió, se le piden documentos que acrediten la vinculación laboral, su fecha de término y la motivación política de la exoneración. Agregó que, como en muchos casos el contrato de trabajo no se encuentra disponible la ley, y sus posteriores reglamentaciones, establecieron situaciones particulares, tales como cotizaciones previsionales u otras, para acreditar la existencia del vínculo laboral.
Hizo presente, además, que el procedimiento se mantiene tal como cuando se creó el Programa. A saber, en primer lugar, hay un análisis de la solicitud, en donde se evalúan los antecedentes. Si se considera que los antecedentes son suficientes, estos son enviados a la Comisión Asesora Presidencial, quienes evalúan –asesoran y no resuelven- y entregan una recomendación al Subsecretario del Interior, quien tiene la firma delegada del Presidente. En base a esa recomendación, el Subsecretario es quien debiera emitir los decretos respectivos.
Expresó, del mismo modo, que una vez que la Comisión evalúa y considera que se dan los méritos para otorgar la calidad de exonerado político, se envía el antecedente al Instituto de Previsión Social, a fin de que éste, de forma autónoma, determine la naturaleza del beneficio y su respectivo monto. Eso se realiza en base a cálculos relativos a las imposiciones que haya tenido el trabajador y que haya podido demostrar en el ejercicio anterior.
Recibida la recomendación de la Comisión Asesora, determinado el beneficio y el monto por parte del IPS, la Subsecretaría del Interior, a través del programa, emite la resolución que declara la calidad de exonerado y concede beneficios previsionales definidos por el IPS. Ese es el procedimiento que luego va a la Contraloría para su toma de razón.
Cuantitativamente, agregó, al 30 de junio de 2010, las solicitudes recibidas eran 257.632; los calificados, 157.624, y los pendientes, 100.008. Las solicitudes pendientes tienen distinta naturaleza, hay personas que habían completado su carpeta, pero no habían ido a la Comisión o personas con la carpeta incompleta.
Manifestó, además, el señor Subsecretario, que a partir de que la PDI solicita verificar la autenticidad de documentación en el caso de la querella del señor Julio Allendes Allendes, y pide formalmente que certifiquen si sellos, documentos y resoluciones eran auténticas o no del Ministerio, los que resultaron ser falsos, se hizo una pequeña selección al azar de alrededor de 600 carpetas, con el objeto de verificar si había irregularidades. De esa revisión preliminar y luego de la presentación de la querella, se presentaron los antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en noviembre de 2010. Luego, se amplió esta revisión, la primera fue sobre 600 casos, la segunda sobre 4.500 casos, con los que se pudieron identificar situaciones de distinta naturaleza que se han puesto a disposición de la Justica, del Consejo de Defensa del Estado, algunos con consulta a la Contraloría y algunos en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos.
Añadió que dichas situaciones pueden situarse en siete categorías distintas.
La primera, corresponde a exonerados de empresas no calificadas, como empresas intervenidas, donde hay casos de personas que fueron exoneradas, pero esa empresa, de acuerdo a lo dicho por la Contraloría, nunca fue una empresa intervenida; o personas exoneradas de una empresa intervenida, pero el período en que se declara la exoneración ya no era una empresa intervenida, lo que también está claramente documentado por resoluciones de la Contraloría General de la República.
La segunda corresponde a exonerados con antecedentes insuficientes para cumplir las exigencias legales, que se dividen en tres categorías: primera, los certificados parlamentarios; segundo, los certificados de autoridades fuera del ámbito de su competencia, y, tercero, declaraciones testimoniales como único antecedente para acreditar calidad de funcionario público.
La tercera, se refiere a documentos alterados y falsificados, que dio origen a los antecedentes entregados en la querella del señor Julio Allendes Allendes y otros antecedentes más.
La cuarta, corresponde a calificaciones de menores de edad a la fecha de la exoneración.
La quinta, a exonerados como funcionarios de partidos o movimientos políticos, donde existen resoluciones en la Contraloría que son relevantes para entender esta condición.
La sexta, se refiere al funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial de Calificación de Exonerados, en términos de la gran cantidad de definiciones que se tomaron a una velocidad que hace difícil el evaluar de forma acuciosa esa condición.
Y, la séptima, corresponde a falta de respuesta institucional a las denuncias y requerimientos de la Contraloría General de la República.
A continuación, el señor Subsecretario se refirió pormenorizadamente a cada una de ellas apoyado por el citado power point que quedó en poder de la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores parlamentarios y que, además, se acompaña como anexo de este Informe.
En su sesión de fecha 7 de noviembre del año recién pasado, la Comisión recibió al señor Raúl Celpa López, Presidente Nacional de la Comisión Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos de Chile, quien hizo presente que dicha organización ha denunciado permanente y sistemáticamente las irregularidades o fraudes cometidos contra tres leyes de derechos humanos promulgadas después de 1990, las que constan en el documento del cual hizo entrega a la Comisión y que queda en poder de la Secretaría de ella a disposición de los señores parlamentarios.
A juicio de dicha organización, la ley N° 19.234 viola la Constitución Política de la República y el Derecho Internacional Humanitario y su promulgación obedece a objetivos oportunistas que tienen que ver con la gobernabilidad y no con una obligación ético-moral y que su aplicación está plagada de ilegalidades, irregularidades y corrupción. Agregó que ella no es una excepción dentro de la llamada política de Derechos Humanos, puesto que, a su juicio, las llamadas leyes Rettig, del Retorno, Valech, también obedecen a similar perfil: inconstitucionales, asistenciales y revestidas de graves escándalos en su aplicación.
Posteriormente, la Comisión recibió en su sesión de fecha 14 de noviembre al señor Bernardo Vargas Fernández, Presidente del Comando de Exonerados de Chile A.G., quien manifestó que su organización ha sido la responsable de firmar los protocolos que han dado origen a todas las leyes tendientes a beneficiar al exonerado político, quienes siendo trabajadores fueron perseguidos por motivos políticos durante un período negro de nuestra historia, por lo que es muy importante, para ellos, la reivindicación que se les ha hecho.
Refiriéndose a las eventuales irregularidades cometidas en el proceso de calificación y entrega de beneficios, se debe recordar que en muchas empresas al momento del despido no se entregaron finiquitos ni libretas del Servicio de Seguro Social, muchos exonerados tuvieron que huir para no ser detenidos y otros rompieron toda documentación por temor a los allanamientos, lo que ha hecho difícil y extenuante para muchos exonerados el poder acreditar dicha calidad. Por ello, la ley permitió la certificación de autoridades para tal efecto.
Hizo presente, además, que al asumir el actual Gobierno existían 15.000 personas que ya habían sido calificadas como exonerados políticos a los cuales se les pretende cambiar dicha calificación, a pesar de haber sido notificados de ella.
La transcripción, in extenso, de su intervención, se encuentra acompañada a este Informe en su versión taquigráfica en el anexo respectivo.
La Comisión, en la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2011, recibió nuevamente al señor Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney, quien profundizó y actualizó la información entregada anteriormente, haciendo presente, sucintamente, que el Consejo de Defensa del Estado ha detectado 52 casos de exonerados políticos que presentan irregularidades en su génesis, en donde es posible invalidar o anular los beneficios previsionales de que actualmente gozan.
Asimismo, manifestó que hasta ese momento se habían revisado 9.704 carpetas, que equivalen al 19.4% del total que le ha puesto como meta la Comisión, que son 50.000. De las 5.704, adicionales a las 4.000 ya revisadas, el resultado arroja que existen 1.742 casos con irregularidades. De ellos, 1.095 contienen certificados de autoridades políticas, la mayoría de ellas parlamentarios. Por el contrario, de los 3.962 casos sin irregularidades evidentes, sólo hay 130 que contienen certificados de autoridades, lo que permite establecer, a su juicio, que existe una fuerte correlación entre la presencia de certificados de autoridades políticas, con expedientes que presentan irregularidades.
Se refirió, asimismo, el señor Subsecretario, entre otras materias, al informe que Auditoría Interna del Ministerio realizó al Programa en julio de 2006, el que detectó diversas falencias tanto en la organización y funcionamiento de dicho Programa, como también al cumplimiento de dictámenes de la Contraloría General de la República y del ex Instituto de Normalización Previsional.
Posteriormente, el día 20 de diciembre de 2011, la Comisión recibió al señor Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza Zuñiga, quien hizo entrega de 100 archivadores que contienen 10.000 resoluciones que otorgaban beneficios a exonerados que dicho organismo devolvió sin tomar razón de ellos. Del mismo modo, dejó en poder de ella el power point en el que apoyó su presentación y un pendrive donde se encuentra toda su presentación y los documentos linkeados en las transparencias, todos los cuales quedan en poder de la Secretaría de ella a disposición de los señores parlamentarios.
La presentación del señor Contralor General de la República se centró, resumidamente, en la historia de la ley; la normativa relevante al caso; la calificación de exonerado político; estadísticas relevantes en el período de examinación, y algunas conclusiones, a su juicio, relevantes al trabajo de la Comisión.
Refiriéndose al otorgamiento de certificados por parlamentarios, señaló que ese organismo contralor debió abstenerse de dar curso a muchas resoluciones que concedían beneficios a exonerados porque ellos sólo se generaban o decían relación con la convicción política que pudiera formarse el Presidente de la República de que dicha exoneración obedecía a motivaciones políticas, pero que de suyo no produce una convicción de que efectivamente había que pagar o se hubiera generado un determinado beneficio de carácter previsional.
Tanto es así, añadió, que muchos de los oficios devolutorios, que están a disposición de la Comisión, que son producidos a partir de declaraciones que se otorgaron teniendo como antecedente calificaciones de parlamentarios, una vez que han entrado sobre la base del control que se ha efectuado en materia de toma de razón, respecto de actos que eran afectos a toma de razón, la Contraloría los ha devuelto.
No obstante, hizo presente el señor Contralor, que lo que sí pudo suceder es que muchos de esos actos, tratándose de empresas privadas y del otorgamiento de beneficios previsionales en sectores privados que estaban exentos desde 1996 de toma de razón, puede que se hayan consolidado y otorgado beneficios donde esos certificados sí fueron relevantes para el otorgamiento de la declaración, de la calificación y en seguida del otorgamiento del beneficio, porque ello no lo han examinado.
Hizo presente que, a su juicio, hay irregularidades administrativas, como en toda la administración, con matices más, matices, menos. Y los informes de auditoría, que reconoce no son unos estupendos informes de auditoría, tienen el mérito de mostrar que son los ambientes de control interno donde se presentan las debilidades esenciales en el funcionamiento de las instituciones, particularmente cuando se trata de instituciones que atienden una cantidad excesiva e importante de beneficios respecto de organizaciones que no están hechas para atender esos beneficios. Tal es el caso, añadió, de una institución como el Ministerio del Interior que no tiene musculatura para el ejercicio de estas facultades. Agregó que se le asignó una función en la ley Nº 19.234, que fue expansiva en las diferentes modificaciones legales, pero el Ministerio no tenía una arquitectura jurídica destinada para funcionar de esa forma. Por eso es que el Ministerio califica y envía rápidamente al IPS los antecedentes para que ese organismo haga toda la parte administrativa. De hecho, prácticamente el IPS hacía la declaración y el otorgamiento del beneficio, porque era el conducto natural del giro que tiene el IPS, anteriormente INP.
Al concluir su presentación, el señor Contralor se refirió al tema de la responsabilidad sobre la delegación de firmas, haciendo presente que ella está tratada en el artículo 41 de la ley Nº 18.575, por lo que, en general, en la delegación propiamente tal responde el delegado y en la delegación de firma responde el delegante. Sin embargo, añadió, en todos los actos de delegación que hay en este tema, existen dos normas que están siendo invocadas en los decretos de delegación, que son la ley N° 16.436 y la ley N° 16.480, de la década del 60.
Si se va un poco más atrás, agregó, la delegación de firma parte en 1909, con la enfermedad del Presidente Montt, que lo lleva a la pérdida de visión, por lo cual se dictó una ley especial que le permitió delegar la firma en el Ministro respectivo quién firma “por orden de”.
La Constitución de 1925, añadió, no dice nada de la delegación de firma. De hecho, la única norma de la delegación que tiene la Constitución de 1925 es una regla que dice relación con la firma y que está en su artículo 75, que dice: “Todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro del departamento respectivo, y no serán obedecidas sin este esencial requisito.”.
Dicha norma, hizo presente, pasó a la Constitución de 1980 en donde hay dos preceptos que son importantes: los artículos 35 y 36. El artículo 35 es el primero que trata de la delegación de firma del Presidente de la República. El inciso primero dice: “Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito.”.
Asimismo, hizo presente que el inciso segundo señala: “Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.”.
Por otra parte, las leyes Nº 16.436 y 16.480 la Contraloría las sigue entendiendo vigentes.
Por su parte, la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dice que en la delegación de firma la responsabilidad es del delegante.
Entonces, señaló, la primera pregunta que uno debe hacerse es si esa norma se le aplica “in totum” al Presidente de la República, porque él tiene una norma de delegación expresa en el artículo 35 de la Constitución.
Agregó que ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su artículo 1º, dice que esa ley se refiere al Presidente de la República y regla la Administración del Estado, y el Título II sólo se refiere a la Administración del Estado.
La ley N° 18.575 no se refiere en nada al Presidente de la República, salvo en reconocer que es el jefe de la administración en los mismos términos que el artículo 24 de la Constitución.
De ahí que sacar como consecuencia que el Título II, que se refiere al funcionamiento interno de los ministerios y servicios, se le aplica al Presidente de la República, es quizá un gran desafío. Porque, insistió, la Constitución permite que el Presidente de la República delegue en los términos del artículo 35, y hay otra norma, el artículo 36, que dice que los ministros que firman se hacen responsables del acto. Es decir, a su juicio, los ministros que firman un acto por delegación se hacen responsables administrativa, civilmente y penalmente del acto. Civil, porque el Presidente de la República no puede firmar sin el ministro. El Presidente de la República requiere que firme uno o varios ministros, dependiendo del acto administrativo, porque el Presidente no responde civil ni patrimonialmente durante su periodo y, en consecuencia, necesita la firma de un ministro o de los ministros, y si firman más de uno responden solidariamente. Por ello, concluye, la responsabilidad es del Ministro que firma.
Finalmente, la Comisión recibió, en su sesión de fecha 28 de diciembre recién pasado, al señor Rodrigo Alvarez Alarcón, Abogado del Consejo de Defensa del Estado, quién lo hizo en representación de su Presidente, y a la señora Julia Panez Pérez, integrante de la Comisión Especial Calificadora del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior.
El señor Alvarez Alarcón hizo presente que los integrantes del Consejo de Defensa del Estado, como los abogados que forman parte de éste, están regidos por el principio ético del secreto profesional el que cristaliza en una norma de su ley orgánica que les impone reserva de los antecedentes que conozcan en el ejercicio de sus funciones.
En consecuencia, explicó, lo que puede expresar a la Comisión es muy poco y es que el Consejo cuenta con un conjunto de antecedentes que les han proporcionado diversas fuentes de información, como la Subsecretaría del Interior, concretamente, la Oficina de Exonerados Políticos, y han sostenido comunicaciones con el IPS, ex INP, además de indagar en los dos procesos criminales en curso: uno, seguido ante el Ministerio Público y, otro, ante la justicia antigua en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, respecto del cual el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte.
Señaló que las razones que tiene el Consejo de Defensa del Estado para intervenir ante los Tribunales de Justicia sólo las puede expresar en términos generales, y ellas se refieren al eventual perjuicio al patrimonio público y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, puesto que el interés y el imperativo que tiene el Consejo de mantener la reserva no tiene que ver con negar información injustificadamente, sino con obtener éxito en las investigaciones en que se encuentran centrados.
Por su parte, la señora Panez Pérez, hizo presente que actualmente es abogada del Ministerio del Interior y que desde octubre de 2006 hasta marzo de 2010 fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el reconocimiento de exonerados políticos.
Continuó su exposición, la que se contiene en forma íntegra en la versión taquigráfica que se acompaña a este Infome, explicando el funcionamiento de dicha Comisión, en el cual existián tres etapas en el tema de la calificación.
En una primera etapa, los analistas formaban la carpeta del solicitante que quería que se le reconociera como exonerado político. Ese analista examinaba que tuviera los papeles que correspondía, que los documentos acreditaran la vinculación laboral, los motivos políticos de la exoneración, que el relato político que entregaba la persona fuera coherente, dentro del marco de la ley. Con ese insumo, se elaboraba una carpeta de cada solicitante con los documentos pertinentes de cada uno de ellos. La Comisión, agregó, funcionaba una vez a la semana o, dependiendo de la cantidad de solicitudes que había que revisar, dos veces o más a la semana, es decir, dependía del volumen de trabajo.
A ellos, añadió, se les enviaba un informe de cada uno de los solicitantes. Y en ese informe se señalaba la edad de la persona, en qué años había trabajado, en qué fecha se suponía que había sido exonerada, si la petición la hacia la misma persona, su viuda o viudo, su conviviente o sus hijos, quién estaba representándolo en el trámite; a qué institución había pertenecido, si había sido funcionario público, de una empresa o de las Fuerzas Armadas. También qué documentos se acompañaban, con cuáles se acreditaba su relación laboral, su exoneración, su despido por razones políticas; la época en que se había producido la exoneración, y cualquier otro antecedente que pudiera ser pertinente o importante para la Comisión de Calificación.
Agregó que con esos informes que les mandaban una semana antes, concurrían los comisionados a la sesión de la Comisión, en donde tenían las carpetas con todos los documentos. Además, concurría la persona encargada del departamento técnico, que tenía la responsabilidad de llevar las carpetas. Así es que ellas estaban a la mano y los comisionados podían pedirlas. De hecho, generalmente, se hacía, para ver la documentación que contenía y analizar los casos respecto de los cuales había dudas. Es decir, añadió, existía una estructura que contaba con un procedimiento que permitía que los comisionados tomaran la decisión, conociendo con una semana de antelación el informe de cada uno de los casos, así es que pedían los antecedentes de las solicitudes que consideraban más relevantes.
Hizo presente, asimismo, que en esta segunda etapa lo que el Ministerio del Interior hace es declarar si la exoneración de una persona tuvo el carácter de política o no, si se debió a causas políticas. Sin embargo, eso, por sí mismo, no da derecho a una pensión de exonerado; es sólo una calificación en cuanto a que la persona tiene el carácter de exonerado político y, por tanto, esa persona queda en la posibilidad de obtener uno de los beneficios previsionales establecidos en la ley. Pero ese beneficio se entrega de acuerdo con la historia previsional del solicitante. Es decir, la persona tendrá derecho a un abono de tiempo por gracia o a una pensión no contributiva si cumple con los requisitos previsionales establecidos en la ley. Por ejemplo, agregó, una persona que se hubiese cambiado al sistema de AFP, en general, no obtenía pensiones de ningún tipo por esta vía.
Añadió, la señora Panez, que es en la tercera etapa del proceso, la que se tramita en el IPS, ex INP, cuando se determina si la persona tiene derecho a un beneficio, y sí puede intervenir el organismo contralor. El IPS revisaba los antecedentes previsionales del solicitante para corroborar su historia previsional, si es que ello era posible. En esta etapa la Contraloría, si bien no revisa la calificación de exonerado político, sí podía examinar, por ejemplo, un aspecto que siempre fue muy complicado, que era la vinculación laboral, ya que a veces tenía un criterio para calificar y a veces otro.
Concluyó señalando que lo mismo sucedió con el problema de las intervenciones de empresas, puesto que, en conjunto con Contraloría, se elaboraba un listado con empresas que calificaban, durante un tiempo, como intervenidas, pero, a veces, esta última lo cambiaba. Por eso, si bien la Contraloría no tocó la calificación de una persona como exonerado político, sí rechazó completamente algunas resoluciones por considerar que no estaba suficientemente probada la vinculación laboral de la persona con una determinada empresa, que era, en definitiva, lo más difícil de probar, a causa de hechos públicamente conocidos.
Por su parte, las señoras y señores Diputados que integraron esta instancia, ya sea como miembros permanentes de vuestra Comisión, como quienes los reemplazaron temporalmente, además de formular consultas a sus invitados, discutieron latamente los alcances de este cometido en cada una de las sesiones celebradas con el sólo propósito, expresado en cada una de sus intervenciones, de transparentar el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político como, asimismo, el funcionamiento de su Comisión Especial, a fin de determinar la existencia de eventuales irregularidades en el otorgamiento de beneficios previsionales a exonerados políticos, que permitiera al Fisco resarcirse de los perjuicios patrimoniales causados por personas que no teniendo tal calidad obtuvieron, de manera ilícita, beneficios de las leyes dictadas al efecto. Cada una de sus intervenciones se insertas literalmente en las versiones taquigráficas de dichas sesiones que se acompañan a este Informe.
IV.- CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA LA FORMULACION DE LAS CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto en este Informe, de los testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de esta investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, vuestra Comisión expone a la H. Cámara de Diputados los fundamentos y consideraciones que sirven de base a sus conclusiones y proposiciones que versan sobre las materias señaladas en la solicitud que le dio origen, las que fueron aprobadas por la unanimidad (13) de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Andrade; Jiménez; Letelier (en reemplazo del señor Baltolu); Hasbún (en reemplazo del señor Salaberry); Monckeberg, don Nicolás; Norambuena (en reemplazo del señor Vilches); Pérez, don Leopoldo (en reemplazo del señor Bertolino); Saffirio; Silva (en reemplazo del señor Kort) y Van Rysselberghe (en reemplazo de la señora Nogueira, doña Claudia).
Vuestra Comisión, en el transcurso de su cometido, tomó conocimiento de que el día 30 de julio de 2010 se produjo la entrega del Programa de Exonerados Políticos a la actual administración. A esta fecha, las solicitudes recibidas eran 257.632, de las cuales 157.624 se encontraban calificadas y 108.000 pendientes.
Con motivo de la solicitud de información por parte de la PDI al Ministerio del Interior en relación al caso Allendes Allendes, en agosto de 2010, ese Ministerio pudo constatar la existencia de documentos falsos en el otorgamiento de beneficios a exonerados políticos.
Teniendo a la vista estos antecedentes, dicho Ministerio comienza una indagación, tomando un número de carpetas al azar (600 casos) para verificar si existían más irregularidades. Una vez presentados los resultados a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (Noviembre 2010), se amplió la revisión, esta vez a 4.000 casos, de los cuales 224 expedientes fueron identificados con antecedentes irregulares. Estos casos fueron entregados al Consejo de Defensa del Estado, el cual resolvió oficiar con fecha 15 de Noviembre de 2011 al Instituto de Previsión Social, señalando que detectaron 52 casos en los que es posible invalidar los beneficios previsionales, y que, en el caso de los restantes, dado el periodo de calificación de los exonerados correspondería iniciar acciones judiciales.
Con motivo de la sesión especial realizada el día 2 de noviembre de 2011, por nuestra Corporación, para analizar las irregularidades detectadas en la calificación de exonerados políticos(,) se acordó solicitar al Presidente de la República que instruyera al Ministerio del Interior a fin de continuar con la revisión de los expedientes e investigar las responsabilidades que procedieran de acuerdo a Derecho.
De una segunda revisión (5.704 nuevos casos) se detectaron 1.742 casos con irregularidades, de estos 1.095 contenían certificados de autoridades políticas. De las 3.062 restantes, esto es sin irregularidades, sólo 130 contienen certificados de autoridades políticas.
En resumen, al día 30 de noviembre de 2011, el proceso de revisión alcanzó los 9.404 casos, que equivalen al 19.4% de un total de 50.000 casos a revisar, de los 1.966 expedientes, cerca del 20% de las carpetas investigadas, presentaron irregularidades.
Dichas irregularidades pueden reunirse en cuatro grupos: casos de exonerados provenientes de empresas no calificadas como intervenidas por el Estado; casos de exonerados calificados fuera del plazo de intervención de las empresas; casos de menores de edad a la fecha de exoneración que no acreditan relación laboral, y; funcionarios públicos sólo con declaraciones testimoniales.
El día 5 de diciembre de 2011 el Ministerio del Interior hizo entrega de estos resultados al CDE, solicitando iniciar acciones judiciales a objeto de anular resoluciones o decretos derivados del procedimiento calificatorio irregular; hacer efectiva las responsabilidades civiles o penales, y; determinar las posibles responsabilidades legales de los funcionarios públicos y autoridades políticas encargadas del proceso calificatorio.
Asimismo, el Subsecretario del Interior dio a conocer a la Comisión la existencia de un informe que Auditoría Interna del mismo Ministerio realizó a este programa en julio de 2006. Esta auditoría tuvo por objeto “verificar que el proceso y los subprocesos del programa de exonerados políticos cuenta con los procedimientos administrativos y de control suficientes, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa de exonerados políticos, sobre la base de la normativa que los rige”.
El periodo de evaluación fue entre el 23 de junio y 7 de julio de 2006 y la auditoria realizó 28 hallazgos de deficiencias procedimentales que dieron origen a 24 recomendaciones específicas.
Por medio del Oficio reservado N° 508, de fecha 2 de octubre de 2006, el Subsecretario de la época remitió el informe de auditoría a la jefa del programa, señora Marta Joignant, con el objeto de que “se adopten a la brevedad las medidas necesarias para regularizar las observaciones en el planteadas”. De este Oficio no hubo respuesta por parte de la autoridad del programa.
Ocho meses después de requeridas las medidas, por medio del Oficio reservado N° 205, de 12 junio de 2007, el Subsecretario de Interior de la época, reitera a la jefa del programa una respuesta para todas las observaciones contenidas en el informe, en un plazo no superior a los 5 días contados desde la fecha de la recepción de este oficio, lo anterior habida cuenta del incumplimiento consignado en el documento en cuestión.
Por medio del Oficio reservado N° 1.219, de 22 junio de 2007, la jefa del programa responde indicando que ha tomado conocimiento del Oficio N° 508 e informa las medidas que estarían implementado para dar cumplimiento a lo requerido.
El día 5 de noviembre de 2007, el jefe gabinete del Subsecretario del Interior, a través de un Oficio reservado manifiesta a la directora del programa que se encuentra en “manifiesto incumplimiento” en relación a los hallazgos y en la implementación de las recomendaciones consignadas en el informe de auditoría y solicita remitir la respuesta al informe de la auditoria, lo cual debía ser enviado en el plazo de 3 días. Transcurridos 4 días, la encargada del programa, a través del Oficio N° 2.101, consigna que, la información ya fue entregada a través del Oficio N° 1.209. No existe información adicional de acciones ejecutadas al respecto ni del cumplimiento de medidas solicitadas o de la realización de sumarios para determinar algún tipo de responsabilidad administrativa.
En este ámbito, si bien el Subsecretario del Interior de la época, jefe del servicio, realizó esfuerzos tendientes a mejorar el procedimiento de calificación de exonerados políticos, no constan de los antecedentes otorgados a esta Comisión, la toma de acciones de tipo administrativo o disciplinarios, lo que haría presumir una falta al deber de control jerárquico permanente del funcionamiento del organismo y de la actuación del personal de su dependencia como tampoco, de control tanto en la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos y en la legalidad y oportunidad de las actuaciones (articulo 11 Ley Bases Generales Administración del Estado).
De acuerdo al artículo 10 de la Ley N° 19.234, la calificación de exonerado político es una facultad “privativa” del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior. Por ser esta facultad privativa no puede ser objeto de revisión por parte de la Contraloría General de la República. En consecuencia, “la formación de convicción y la calificación que hace el Presidente e la República no puede ser revisado por la Contraloría, sin perjuicio de que en lo que dice relación con el otorgamiento de beneficios, esta entidad de control pueda revisar que se cumplan los requisitos objetivos que establece la ley, en todo lo que dice relación con el gasto publico que lleva envuelto la decisión administrativo”.
Desde el momento que se dictó esta ley la facultad de calificación y de conceder beneficios ha sido delegada por medio de diversos decretos supremos.
- D.S N° 1.694, de 1993, faculta al Ministerio del Interior para firmar, por orden del Presidente de la República, la calificación de exonerados políticos ocurridos entre 11 septiembre 1973 y 10 de marzo 1990 y el otorgamiento de los beneficios de cargo fiscal.
- D.S N° 2.635, de 1995, se dispone que la facultad conferida en el señor Subsecretario del Interior también se le confiere al señor jefe de la División Económica del Servicio de Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior.
- D.S N° 1.301, de 2000, que establece que la facultad concedida al Subsecretario del Interior también se le confiere indistintamente al Jefe de la División Económica, al Jefe de la División de Gobierno Interior y al Jefe de la División Jurídica, como asimismo al Coordinador Nacional del Programa de Exonerados Políticos.
A juicio del Contralor “lo irregular es que la Contraloría tomó razón al último decreto de delegación (D.S 1.301, de 2000), en que se permitió firmar en cascada, vale decir, se permitió la delegación de firma al Subsecretario, al Jefe de la Dirección de Administración, al Jefe X, hasta llegar al Jefe Coordinador del Programa, que no era y nunca ha sido funcionario de la Administración. Es decir, el coordinador del programa nunca debió haber firmado, porque no podía recibir una delegación del Presidente de la República, y la Contraloría tomo razón.”
A partir de 1996, con la Resolución N° 64 de la Contraloría General de la República, se excluyen de toma de razón las pensiones concedidas a exonerados del sector privado y la reliquidación de aquellas por reconocimiento de abono de tiempo.
Esta resolución es de sumo relevante puesto que hasta la fecha de su emisión el ente contralor debía realizar un examen de legalidad obligatorio respecto de la aplicación de todos los beneficios previsionales otorgados, cuestión que con posterioridad sólo se limitó a los exonerados del sector público, civil y castrense excluyéndose los del sector privado, los cuales fueron otorgados en virtud de resoluciones exentas. En consecuencia, al no haberse realizado un control por parte de la Contraloría, es en estos en los cuales podríamos encontrar la mayor cantidad de irregularidades, causadas, entre otras razones, por el otorgamiento de los beneficios con la sola presentación de certificados emitidos por parlamentarios u otras autoridades políticas.
De hecho, de acuerdo a lo descrito por el Contralor “muchos de los oficios devolutorios, que son producidos a partir de declaraciones que se otorgaron teniendo como antecedentes calificaciones de parlamentarios, una vez que han entrado sobre la base del control que hemos efectuado en razón de la toma de razón, respecto de actos afectos a toma de razón, la Contraloría los ha devuelto. Lo que puede suceder es que muchos de esos actos, tratándose de empresas privadas y del otorgamiento de beneficios previsionales en sectores privados, que estaban exentos desde 1996 de toma de razón, puede que se hayan consolidado y otorgado beneficios donde esos certificados si fueron relevantes para el otorgamiento de la declaración, de la calificación y en seguida del otorgamiento del beneficio. Porque ahí no los vimos.”.
Asimismo, vuestra Comisión tuvo presente que, de acuerdo a lo señalado por el Subsecretario del Interior, en la segunda etapa del proceso de revisión de carpetas, los casos con antecedentes irregulares muestran una alta concentración de certificados de autoridades. De 5.704 expedientes revisados, se detectaron 1.742 casos con irregularidades evidentes, de los cuales 1.095 carpetas contienen certificados de autoridades políticas, la mayoría de ellos parlamentarios.
Además de lo señalado anteriormente, cabe referirse al Informe N° 125 del 2004 de la Contraloría General de la República, sobre auditoria al pago de prestación previsionales no contributivas para exonerados políticos. En dicho informe se observó que se había omitido el envió a trámite de las resoluciones que conceden pensión no contributiva a causantes afiliados a ex cajas de previsión del sector privado al ente contralor, de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 64/96 y N° 520/96 . Por su parte, la revisión del trimestre abril, mayo, junio del 2005 permitió comprobar que en general, se había subsanado la observación con la excepción de algunos casos relativas a pensiones de exonerados políticos provenientes del ex Servicio de Seguro Social y pensiones de sobrevivencia causadas por beneficiarios de pensión no contributiva, por lo que se reitera a la Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior y al INP el deber de dar estricto cumplimiento de las disposiciones de la resolución N° 520/96.
Por ello, atendido el mandato recibido por la Sala, concluye que:
1.- Irregularidades en el proceso de otorgamiento de beneficios previsionales a exonerados políticos.
Durante su trabajo, la Comisión, como ya se ha señalado, recibió de parte del Ministerio del Interior un conjunto de antecedentes acerca de eventuales irregularidades que se habrían cometido en el proceso de calificación, tales como exonerados de empresas no calificadas o calificados fuera del plazo de intervención; exonerados con antecedentes insuficientes para cumplir con las exigencias legales; exonerados calificados con documentos adulterados y falsificados, y calificación de menores de edad a la fecha de exoneración.
Asimismo, tomó conocimiento de las siguientes medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública:
a) Con fecha 13 de agosto de 2010, la Subsecretaría del Interior interpuso querella criminal por falsificación de timbres, instrumento público y privado y usurpación de funciones en contra de quienes resulten responsables en el otorgamiento de beneficios a falsos exonerados políticos.
b) Con fecha 15 de noviembre de 2010, se dispuso instruir una investigación sumaria en el Programa de Exonerado Político en virtud de las diversas irregularidades descubiertas.
c) Oficio a la Contraloría General de la República a fin de invalidar administrativamente las resoluciones irregulares.
d) Requerimiento al Consejo de Defensa del Estado tanto para hacerse parte en el juicio criminal en que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública actúa como querellante, como para iniciar acciones judiciales de carácter civil para dejar sin efecto Resoluciones que declaran exonerados políticos y conceden beneficios ilegalmente otorgados, y solicitar el reembolso en los casos que proceda.
e) Invalidaciones administrativas de calificaciones y/o resoluciones en etapa de ejecución, y
f) Continuación del proceso de revisión de expedientes que tiene como objetivo alcanzar un número de 50.000, a fin de continuar tomando las medidas antes descritas.
Del mismo modo, recibió de parte de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos de Chile diversos antecedentes y opiniones que ponían de manifiesto la existencia de irregularidades en el otorgamiento de dichos beneficios.
A este respecto, la Comisión estima que la institucionalidad creada para atender las miles de solicitudes de personas que presentaban sus antecedentes para acogerse a los beneficios que entregaban las leyes sobre exonerados políticos, fue débil y precaria, siendo sobrepasada, además, por peticiones como la formulada por esta propia Cámara de Diputados que, a través del Proyecto de Acuerdo N° 216, aprobado en sesión de Sala de fecha 13 de septiembre de 2006, solicitaba a la Presidenta de la República de la época medidas para acelerar la entrega de beneficios a exonerados políticos, lo que significó, en la práctica, instruir a la Comisión Calificadora del referido Programa para arbitrar las medidas pertinentes para dar mayor celeridad a la calificación de las miles de solicitudes que se encontraban pendientes sin resolución.
Tal precariedad queda de manifiesto, como ya se ha dicho con anterioridad, en el Informe de Auditoría Interna N° 11, de fecha 11 de junio de 2006, referente al trabajo de dicho Programa, que, entre otras deficiencias, representó al Subsecretario de la época la ineficiente estructura orgánica de la referida Comisión, tanto en su dotación de personal como en las condiciones tanto físicas como materiales en que se desenvolvía su trabajo. Asimismo, detectó la inexistencia de criterios y procedimientos formalizados para el análisis y la precalificación de las solicitudes de exonerados políticos, como también la falta de un reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Calificadora en el cual se definiera y formalizara las funciones, atribuciones y responsabilidades en materia de Calificación.
En tal escenario, es dable presumir la existencia de irregularidades en la calificación de exonerado político que recibieron muchas personas que, sin cumplir con todos los requisitos que prescribieron las leyes, obtuvieron dicha calificación por parte de esta Comisión Calificadora. No obstante, vuestra Comisión no recibió ningún antecedente indubitado que le permitiera formarse certeza sobre si algunos o todos los intervinientes actuaron con dolo o mala fé al solicitar u otorgar el beneficio.
2.- Participación de parlamentarios, ex parlamentarios, ministros, subsecretarios, funcionarios públicos, jefes de servicio y cualquier otra autoridad pública que de alguna manera haya participado en dicho proceso.
Distinto es el caso, a su juicio, de la emisión por parte de autoridades públicas, específicamente de parlamentarios o ex parlamentarios, de certificados mediante los cuales éstos aseveraban la calidad de exonerado político de una o varias determinadas personas, que éstas entregaban a la Comisión Calificadora para acreditar tal calidad.
A juicio de esta Comisión, todos dichos certificados fueron entregados en virtud de que la propia ley permitió acreditar la motivación política de la exoneración mediante documentos en conformidad a lo prescrito por el artículo 9° de la ley N° 19.234.
Respecto de la responsabilidad de quienes los emitieron, esta Comisión se hace cargo de lo declarado por el señor Contralor General de la República ante esta instancia en cuanto a que sólo corresponde a los organismos pertinentes del Estado establecer, en definitiva, las consecuencias jurídicas de dichos actos.
Vuestra Comisión desea adherirse, en este punto, a las conclusiones de carácter general a las que ha arribado el Ministerio del Interior, en cuanto a que en el proceso de otorgamiento de beneficios a exonerados políticos se han detectado irregularidades que ameritan su conocimiento por parte de los Tribunales de Justicia, la invalidación por parte de la Contraloría General de la República de aquellos de los que hoy se encuentran gozando falsos exonerados y la intervención del Consejo de Defensa del Estado para procurar el resarcimiento de los recursos indebidamente percibidos por ellos.
Asimismo, estima que la Comisión Calificadora, dependiente del Ministerio del Interior, como órgano encargado del Programa de Reconocimiento de Exonerados Políticos, incurrió, entre los años 1993 y 2006, en conductas que constituyen falta de diligencia o cuidado en la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación, propia iniciativa en el cumplimiento de la función y control jerárquico, establecidos en los art. 3, 5, 8 y 11 de la N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que, lamentablemente, ha persistido en el tiempo, a lo menos, hasta el año 2011.
Del mismo modo, la citada Comisión Calificadora, aun existiendo auditorias que denunciaban irregularidades en los procedimientos, no subsanó las deficiencias administrativas detectadas por ella, permitiéndose por omisión la continuación de una práctica ilegal de concesión de beneficios en el marco de la ley N° 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por motivos políticos.
Por otra parte, la emisión de certificados que acreditaban la calidad de