Source: https://issuu.com/fs78/docs/fian_informe_tierras_2009
Timestamp: 2020-06-03 20:20:24
Document Index: 331355787

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'Artículo 32', 'artículo 13', 'artículo 281', 'artículo 57', 'artículo 282', 'artículo 282', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 16', 'Artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 405', 'artículo 281', 'artículo 282', 'artículo 334', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

Informe de Tierras y Derecho a la Alimentación 2009 by FIAN Ecuador - Issuu
SITUACIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS CAMPESINOS/AS, INDÍGENAS, AFRO-ECUATORIANOS/AS Y PESCADORES/AS: TIERRA Y TERRITORIO
pag. INTRODUCCIÓN
Autora: Natalia Landivar García FIAN ECUADOR Selva Alegre 915 y Carvajal, esquina Edificio El Marqués, departamento 6 Quito, Ecuador landivar@fianecuador.org.ec Contribuciones e investigación: Galo Cabezas Alfredo Chum Carlos Pérez Marianelli Torres Abraham Paucar Amelia Quiñonez Milton Yulán Agradecimientos especiales: Sofía Monsalve Lina Cahuasquí Floresmilo Simbaña Frank Brassel Germán Jácome Fotos: Daniel Alfonso León Natalia Landivar García Edición: Miguel Viera Con el apoyo financiero de: Pan para Todos Broederlik Delen Quito, diciembre 2009
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA TIERRA: SU RELACIÓN EN EL MARCO INTERNACIONAL DE EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS LA TIERRA LA TIERRA DESDE LO COLECTIVO OBLIGACIONES ESTATALES
MARCO LEGAL ECUATORIANO RELACIONADO A LAS OBLIGACIONES ESTATALES
EL DERECHO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA TIERRA: PAUTAS COMUNES DE VIOLACIONES
OBLIGACIÓN DE RESPETAR OBLIGACIÓN DE PROTEGER OBLIGACIÓN DE REALIZAR
RECOMENDACIONES AL ESTADO ECUATORIANO
ANEXOS Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4
41 43 44 46 49
s incuestionable el vínculo que existe entre la alimentación y la tierra. Aquellas personas y familias que viven en la zona rural y producen alimentos en pequeña escala, necesitan tener tierra productiva para realizar actividades que les permiten alimentarse. Sin embargo, la tierra es necesaria no solo para poder alimentarse, sino para tener una vivienda, poder trabajar, ejercer una cultura, etc., es decir para poder satisfacer otros Derechos Humanos. Este derecho es privado para millones de personas en todo el mundo. Justamente, la mitad de las personas que padecen de hambre y desnutrición en el mundo, viven en zonas rurales y tienen acceso inseguro, desigual y discriminatorio a los recursos productivos, especialmente a la tierra.
Autora: Natalia Landivar García FIAN ECUADOR Selva Alegre 915 y Carvajal, esquina Edificio El Marqués, departamento 6 Quito, Ecuador landivar@fianecuador.org.ec Contribuciones e investigación: Galo Cabezas Alfredo Chum Carlos Pérez Marianelli Torres Abraham Paucar Amelia Quiñonez Milton Yulán Agradecimientos especiales: Sofía Monsalve Lina Cahuasquí Floresmilo Simbaña Frank Brassel Germán Jácome Fotos: Daniel Chucuri Natalia Landivar Con el apoyo financiero de: Pan para Todos Broederlik Delen Quito, diciembre 2009
En nuestro país por un lado, la desigualdad en la tenencia de la tierra es enorme: la mayoría de pequeños productores de alimentos poseen apenas el 6% y un grupo reducido de grandes agro - empresarios poseen el 43% del total de la tierra productiva. Los datos oficiales nacionales también han reiterado una tendencia internacional: el índice más alto de desnutrición la tienen los niños de zonas rurales, es decir paradójicamente allí donde se producen los alimentos. Por otro lado, la seguridad en la tenencia de la tierra de poblaciones indígenas, campesinas, de pescadores y otras comunidades rurales, están siendo amenazadas por grandes plantaciones de monocultivos como la palma africana, proyectos de minería a gran escala y grandes infraestructuras, etc. En muchos casos estas situaciones implican violaciones cuando el Estado falla en respetar, proteger y facilitar estos derechos fundamentales, como la alimentación, el agua, la vivienda, y en general a los derechos del Buen Vivir, Por todo esto, es de gran importancia encarar el problema de la desigualdad y seguridad en la tenencia de la tierra desde una perspectiva de Derechos Humanos. Varias organizaciones sociales en todo el mundo están empezando a aplicar el enfoque de Derechos Humanos en políticas públicas relacionadas con la tierra. La Conferencia Internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural (ICCARD por sus siglas en inglés) organizada por los Estados miembros de la FAO en colaboración con el gobierno de Brasil en marzo de 2006 despertó un gran interés en la implementación de programas de acceso amplio, seguro y sostenible a la tierra, agua y demás recursos naturales dirigidos a combatir la pobreza y desnutrición y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular de mujeres y grupos más marginalizados. Recientemente, la FAO - dando seguimiento a la ICCARD - inició un proceso de discusión y participación para la adopción de las directrices voluntarias para la tenencia de la tierra y otros recursos naturales. El Comité de Planificación Internacional (CIP) – red global de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabaja por la soberanía alimentaria considera que es importante que la FAO aplique un enfoque de derechos humanos no solo en su trabajo sobre acceso a la tierra y recursos naturales para la producción de alimentos, sino también como parte de su marco estratégico de acción. ¿Cuál es la contribución concreta que puede dar el enfoque de Derechos Humanos en la definición e implementación del marco legal e institucional relacionado a la tierra y el territorio? ¿Cuál es el insumo que como organizaciones sociales podemos dar a este proceso de construcción de un Estado Plurinacional respetuoso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagrados en pactos internacionales y los Derechos del Buen Vivir recogidos en nuestra constitución? Como un aporte a la respuesta de estas preguntas, este informe recopila los avances en materia legal que vienen siendo desarrollados a raíz de la implementación de
la nueva Constitución Ecuatoriana del año 2008. Estos se contraponen con seis casos emblemáticos que reflejan la situación de pueblos de campesinos montubios, indígenas, afro – ecuatorianos, de pescadores y recolectores artesanales que confrontan violaciones a su derecho a la alimentación, agua, libre determinación, libertad de expresión, consentimiento libre previo e informado, entre otros. Además se identifican los diferentes elementos y factores que inciden en la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones. A manera propositiva se ofrecen diversas recomendaciones al Estado Ecuatoriano y se pone en la mesa la discusión sobre la inclusión de una perspectiva de derechos humanos en la elaboración de leyes y políticas relacionadas con la tierra.
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA TIERRA: SU RELACIÓN EN EL MARCO INTERNACIONAL DE EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
a alimentación es un Derecho Humano reconocido en diferentes instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos,1 pero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (de aquí en adelante PIDESC) el instrumento que trata más profundamente el Derecho a la Alimentación Adecuada. En el PIDESC, aprobado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados reconocen, entre otros derechos, el derecho fundamental de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación (art. 11) y a estar protegido contra el hambre (párrafo 2, art. 11). Años más tarde en 1999, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales - el grupo de expertos de Naciones Unidas encargado de supervisar la implementación progresiva del PIDESC - interpretó oficialmente2 que el Derecho a la Alimentación Adecuada se ejerce cuando toda persona o comunidad tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla (párrafo 6, Observación General Nro. 12). Con esto, los Estados, incluido el Estado Ecuatoriano, han reconocido no solamente el derecho que tienen personas y comunidades a estar libres de hambre y a contar con una alimentación adecuada, sino a disponer de los recursos necesarios para alimentarse.
LA TIERRA Más explícitamente, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha interpretado que un elemento del contenido básico del Derecho a la Alimentación Adecuada es la posibilidad que tiene un individuo de alimentarse, ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o indirectamente, mediante sistemas de distribución, elaboración y comercialización de alimentos que funcionen adecuadamente (párrafo 12, Observación General Nro. 12). Esta interpretación señala mejor el vínculo estrecho entre el Derecho a la Alimentación y la Tierra. Las personas y comunidades campesinas, indígenas, pescadoras, recolectoras y demás que viven en la zona rural, deben poder ejercer el derecho de cultivar sus fincas o chacras, recolectar moluscos y crustáceos del manglar, pescar en los ríos y mares, etc. que les permita alimentarse a sí mismas y sus familias. En un sentido más amplio esto implica que estas personas y comunidades deben poder acceder, utilizar, manejar e incluso proteger la tierra y otras fuentes naturales de alimentos que son elementos fundamentales para realizar su Derecho a la Alimentación.3 Sin embargo, este elemento no solo es importante para realizar el Derecho a la Alimentación; otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Derecho a la Vivienda, el Derecho a un Estándar Adecuado de Vida, el Derecho a la Cultura, y el Derecho a la Libre Determinación, etc. tienen también una relación directa con 1 El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” 2 La interpretación oficial del Derecho a la Alimentación fue elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº 12. 3 Este elemento del Derecho a la Alimentación es privado para millones de personas. Mientras que en el año 2003 se calculaba que la mitad de las personas que padecían de hambre y desnutrición en el mundo entero vivían en zonas rurales y tenían un acceso inseguro, desigual y discriminatorio a los recursos productivos, especialmente a la tierra, organizaciones como FIAN Internacional consideran que este sigue teniendo un papel clave como una de las causas estructurales del hambre.
la tierra.4 Por esta razón, diversos órganos de Naciones Unidas y de su sistema de derechos humanos han venido desarrollando más ampliamente la relación entre el acceso a la tierra, reformas agrarias y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los grupos más marginalizados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha venido tematizando de manera cada vez más intensa el tema de tierra y reforma agraria en las observaciones finales que hace a los informes que los Estados Parte del PIDESC están obligados a rendirle periódicamente sobre la progresiva realización de estos derechos. Además, el antiguo Relator Especial sobre el Derecho a la Vivienda, Danilo Türk, por su parte, ha recomendado al Consejo de Derechos Humanos reconocer el derecho a la tierra como un derecho humano y la Relatoría sobre el Derecho a la Alimentación ha destacado en múltiples ocasiones la importancia del acceso seguro a la tierra como un derecho humano.
LA TIERRA DESDE LO COLECTIVO Sin duda uno de los avances más significativos en materia de Tierra y Derechos Humanos ha sido el desarrollado para los pueblos indígenas. Cabe resaltar que para estos el contenido del Derecho a la Alimentación es esencialmente colectivo y está basado en su relación espiritual con la Madre Tierra que provee sus alimentos tradicionales.5 El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido vía jurisprudencia que para los pueblos indígenas “la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”; y que el derecho al territorio es la base de la cultura, espiritualidad, integridad y supervivencia económica de los pueblos indígenas, y que por lo tanto, debe ser salvaguardado.6 En el ámbito del derecho internacional de los Derechos Humanos se reconocen los derechos sobre la tierra y el territorio principalmente en dos importantes instrumentos: el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2007.7 El derecho al territorio de otros grupos sociales distintos a los pueblos indígenas también ha comenzado a ser reivindicado en los últimos años. Es así que las comunidades campesinas, sin tierra, pueblos indígenas, trabajadores rurales, pescadores, pastores nómadas, tribus, afro-descendientes, minorías étnicas y personas desplazadas han empezado a reclamar que las nuevas reformas agrarias no solo deben ser pensadas desde la distribución de la tierra, sino que debe incluir las cosmovisiones de territorio que incluye una relación de respeto y armonía con la Madre Tierra y con los océanos.8 Además, desde el 2000 el movimiento campesino internacional, La Vía Campesina, ha venido promoviendo la creación de la Convención Internacional sobre el Derecho de las Campesinas y los Campesinos por considerar que los mecanismos para la protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no protegen suficientemente los derechos particulares de los campesinos. Este instrumento reconoce el derecho de los y las campesinas a poseer tierras, colectiva o individualmente, para su vivienda y para sus cultivos y a trabajar y obtener productos agrícolas, a criar ganado, a cazar, a recolectar y a pescar en sus territorios.
4 Cfr. Comission on Human Rights. 1990. Realization of Economic, Social and Cultural Rights. Progress report prepared by Mr. Danilo Türk, Special Rapporteur. U.N.Doc. E/CN.4/Sub.2/1990/19, párrafo 121. Traducido en: Monsalve, 2006, página 2. 5 Declaración de Atitlán, 2002. 6 Ver Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 2002. Medidas provisionales solicitadas por los representantes de las víctimas respecto de la República de Nicaragua. Mayagna (Sumo) Awas Tingni en: www.cidh.org/indigenas/jurisprudencia/corte/mayagna_se_01.doc 7 En el anexo 3 se incluyen los articulados de la Declaración relacionados con la tierra. Para ver el documento completo visitar: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/10/PDF/N0651210.pdf?OpenElement 8 Ver, por ejemplo, „Tierra, Territorio y Dignidad“, Declaración Final del Foro Paralelo a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en: http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=6595
OBLIGACIONES ESTATALES Como cualquier otro Derecho Humano, el reconocimiento del Derecho a la Alimentación impone obligaciones a los Estados; estas son las de respetar, proteger y garantizar este derecho a toda la población. Aplicando estos tres tipos de obligaciones al tema tierra, la obligación de respetar el Derecho a la Alimentación, significa que el Estado, es decir sus instituciones y organismos públicos, no deberían llevar a cabo, auspiciar o tolerar cualquier práctica, política o medida legal solo o en asociación con otros, que destruya la tenencia, utilización y manejo de la tierra que personas o comunidades ya poseen de manera individual o colectiva y que les permite alimentarse. De acuerdo a Monsalve (2007), como un corolario de la obligación estatal de respetar el acceso a la tierra se deriva por un lado la obligación de garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra y por otro, la prohibición de llevar a cabo o promover prácticas de desalojos forzosos y desplazamientos arbitrarios. Así, medidas positivas para proteger la seguridad en la tenencia de la tierra para las poblaciones más empobrecidas - por ejemplo a través del claro reconocimiento de las distintas formas de tenencia de la tierra y de la prohibición de desalojos forzosos9 en la normativa constitucional - serían necesarias para cumplir con esta obligación estatal.
9 La Observación General Nro. 7 define a los Desalojos Forzosos en el párrafo 3 como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.
Instrumentos como la Observación General Nro. 7 sobre los desalojos forzosos y las Directrices para el Respeto de los Derechos Humanos en casos de Desplazamientos provocados por Políticas de Desarrollo establecen lineamientos para el cumplimiento de esta obligación. En cuanto a los derechos colectivos de la población indígena, los artículos 13 al 16 del Convenio 169 de la OIT10 reconocen el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, y no ser trasladados de las mismas. También se obliga a los gobiernos a respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos reviste su relación, en particular y colectiva, con las tierras o territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera. Además, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de las comunidades a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído, utilizado u ocupado, así como la propiedad tradicional u otro tipo de adquisición o utilización, y las obligaciones estatales de reconocer y proteger ese derecho y los distintos sistemas de tenencia de la tierra (art. 26). En cuanto a la obligación de proteger el Derecho a la Alimentación Adecuada en relación al tema de tierras, el Estado debería resguardar a las personas o comunidades de ataques o cualquier vulneración a este derecho por parte de terceras personas, como terratenientes, empresas, parientes masculinos de mujeres y otros agentes privados. El cumplimiento de esta obligación implica brindar seguridad a la población rural más pobre ante la interferencia de terceros actores no solo por medio del reconocimiento legal de las diversas formas de tenencia, utilización y manejo de la tierra que pueda ser aplicado a nivel administrativo, político y legal; sino a través del fortalecimiento de las economías campesinas diversificadas y de pequeña escala a fin de protegerlas efectivamente ante las presiones que pueden ejercer sobre sus tierras los monopolios de las cadenas agroalimentarias, compañías constructoras de grandes proyectos, empresas transnacionales mineras, agroindustriales, etc. La protección otorgada por medio del Convenio 169 a las poblaciones indígenas comprende el reconocimiento del derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y de utilización de las tierras no exclusivamente ocupadas por ellos pero a las cuales tienen tradicionalmente acceso conforme a sus usos y costumbres; y exige a los gobiernos instituir un marco jurídico nacional adecuado para solucionar las reivindicaciones de tierra formuladas por los pueblos indígenas (art. 14). El Convenio reconoce también el derecho sobre los recursos naturales existentes en su territorio, a participar en la utilización, administración y conservación, así como a ser consultados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los mismos (art. 15); y a no ser trasladados de las tierras que ocupan sin su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa (art. 16). Por su parte, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, prevé la protección absoluta contra el despojo de tierras, territorios y recursos (Art. ab), y el derecho a no ser forzosamente desalojados de sus territorios sin consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa (art. 10).
Estados de facilitar, esto es, iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización de la tierra que ya poseen las personas o comunidades, proporcionando, por ejemplo, los medios para desarrollar sostenidamente sus actividades de las que dependen para su subsistencia. Estos elementos hacen mención al hecho de que no es suficiente tener la tierra en cantidad y calidad, sino que el acceso a otros recursos productivos va a permitir que efectivamente las personas y comunidades puedan alcanzar las condiciones necesarias para trabajar la tierra de manera sostenible y vivir en dignidad. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de estos a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos y exige a los Estados celebrar consultas por medio de las instituciones representativas de los pueblos indígenas interesados a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (Artículo 32). Estos niveles de obligaciones fueron reconocidos como Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.11 En la directriz 8.1 y 8b se llama a los Estados a proteger los bienes que son importantes para la subsistencia de la población; respetar y proteger los derechos individuales relativos a los recursos como la tierra, el agua, los bosques, la pesca y el ganado sin discriminación de algún tipo; y promover una legislación que proteja la seguridad de la tenencia de la tierra, especialmente con respecto a las mujeres, los pobres y los segmentos desfavorecidos de la sociedad. Además la directriz 8b recomienda a los Estados establecer mecanismos jurídicos y políticos, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con el estado de derecho, que permitan avanzar en la reforma agraria para mejorar el acceso de las personas pobres y las mujeres a los recursos, y promover la conservación y la utilización sostenible de la tierra y prestar particular atención a la situación de las comunidades indígenas.
Finalmente, la obligación de realizar implica dos aspectos. El primer aspecto es la obligación de hacer efectivo o proporcionar la tierra directamente cuando en determinadas circunstancias un individuo o grupo no tenga tierra o ésta sea insuficiente para alimentarse y trabajar dignamente. El segundo, es la obligación que tienen los 10 Ver anexo 2 con los artículos del Convenio 169 relacionados al territorio o visitar el siguiente vínculo para ver el convenio completo www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C169
11 Estas fueron aprobadas en noviembre de 2004 por los Estados miembros de la FAO y son una guía de las medidas que los gobiernos deben tomar para implementar el Derecho a la Alimentación en sus países.
a nueva Constitución Política del Ecuador - aprobada en septiembre del 2008 – reconoce al Derecho a la Alimentación en el artículo 13 como parte de los Derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay y lo define como “El derecho que tienen las personas y colectividades al acceso seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, para lo cual se promoverá la soberanía alimentaria”. Para su realización, se establece en el artículo 281 que la Soberanía Alimentaria es un objetivo estratégico de la construcción del nuevo Estado Plurinacional. En relación a la obligación de respetar y proteger, esta está reconocida en la Constitución Política Ecuatoriana únicamente para el territorio y tierras colectivas de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Como parte de los derechos colectivos, el artículo 57 reconoce el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, las cuales serán inalienables, inembargables e indivisibles (numeral 4), a mantener la posesión ancestral de las tierras y territorios obteniendo adjudicación gratuita (numeral 5) y no ser desplazados de ellas (numeral 11). En caso de que existan recursos no renovables en sus tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los mismos (numeral 6); y a que se realice una consulta previa, libre e informada, recibir beneficios y una indemnización cuando planes y programas de prospección, explotación y comercialización en su territorio puedan causarles perjuicios sociales, culturales y ambientales. Este mismo artículo reconoce el derecho que tienen los pueblos en aislamiento voluntario de mantener la posesión ancestral irreductible e intangible de su territorio, quedando vedada todo tipo de actividad extractiva en los mismos. Los artículos 405 y 407 sobre los Ecosistemas prohíben que personas o empresas extranjeras adquieran tierras o concesiones; y que la actividad extractiva de recursos no renovables se realice en áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles, colocando una salvedad en caso de interés nacional. En cuanto a su obligación de realizar el acceso a la tierra, la Constitución Ecuatoriana establece que es deber del Estado promover el acceso equitativo de la tierra y otros recursos productivos a las personas (art. 334) a través de políticas redistributivas al campesinado (art. 281 numeral 4) y de políticas específicas dirigidas hacia las mujeres productoras que permitan erradicar la desigualdad y discriminación en el acceso a los factores de producción (art. 334). La constitución prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes (artículo 282).
En mayo de 2009 entró en vigencia la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA)12, la cual constituye la ley marco que establece los principios relacionados con la Soberanía Alimentaria. En relación al tema de tierras y territorios, y en consonancia con el artículo 282 de la Constitución - que establece la función social y ambiental como condición para el uso y acceso a la tierra – esta ley ofrece una primera interpretación del significado de la función social y ambiental de la tierra. La LORSA establece por un lado que la tierra cumple con su función 12 La propuesta presentada por organizaciones sociales estaba enfocada en garantizar la consulta amplia de la ciudadanía y organizaciones sociales a nivel municipal y nacional; la participación de la sociedad civil e instancias del Estado; y la toma de decisión y ejecución de políticas públicas entre diversos ministerios relacionados con la Soberanía Alimentaria. Según, Rosero (2009), la falta de definición clara sobre los roles de las instituciones propuestas presentada por la comisión especial de Salud de la Asamblea Nacional al ejecutivo dio paso a que este incluya solamente la creación de la Conferencia de Soberanía Alimentaria en la Ley de Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, la cual está compuesta solamente por actores de la sociedad civil y tiene carácter meramente propositivo. Con esto, se abandonó el carácter constitucional, intersectorial y supra-ministerial de la Soberanía Alimentaria como objetivo estratégico del Estado.
social cuando la actividad económica genera empleo y redistribuye equitativamente los ingresos generados y cuando su utilización es productiva y sustentable; por otro lado, la tierra cumple con su función ambiental cuando las actividades económicas generadas por su uso productivo, conservan la biodiversidad y las funciones ecológicas de cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques y ecosistemas frágiles como humedales, páramos y manglares (art. 6). Además, la LORSA creó la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, como un espacio para elaborar propuestas de leyes relacionadas con la Soberanía Alimentaria en el mediano plazo que garantice un amplio proceso participativo de la sociedad civil. De esta manera, es tarea de la Conferencia presentar una propuesta de ley secundaria sobre Tierra que tenga como objetivo garantizar su acceso equitativo, constituir un fondo nacional de tierras, definir el latifundio y establecer procedimientos para su eliminación y mecanismos para el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra, entre otros. Desde finales del 2009, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) viene implementando el Plan de Tierras, conjuntamente con la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC) que tiene como fin alcanzar una estructura de tenencia y uso de la tierra que garantice la soberanía alimentaria, para lo cual pretende afectar a aproximadamente 2,5 millones de hectáreas en 4 años. Cabe resaltar que el enfoque de este plan está dirigido no solamente a democratizar la tenencia de la tierra, sino a acompañar integralmente a los beneficiarios del plan, quienes son las familias jóvenes, madres solteras, familias sin o con poca tierra, y los beneficiarios del bono de desarrollo humano, y miembros de las nacionalidades y pueblos indígenas. Como principios rectores del plan se establece el acceso de grupos organizados, el derecho de las mujeres a la propiedad, el pago de un precio social y la no afectación de tierras colectivas, áreas protegidas y de pequeños productores, entre otros. El Plan de Tierras está compuesto por diferentes elementos como la expropiación de las tierras que no cumplan su función social y ambiental por encima de un tamaño mínimo, institucionalización del fondo de tierras como mecanismo de compra para productores familiares asociados, regulación tributaria, implementación de un catastro de tierras y la distribución de tierras en manos del Estado, entre otros. Dos avances importantes se han dado en torno a este plan. Primero, la emisión del Decreto Ejecutivo 1852, firmado por el presidente de la República el 27 de julio de 2009, en donde se dispone la constitución de una comisión encargada de levantar un catastro a nivel nacional de las tierras que por un lapso superior a los dos años consecutivos se encuentren inexplotadas a fin de que estas puedan ser expropiadas y distribuidas a las organizaciones campesinas para su producción. Segundo el arranque de la distribución de la tierra incautada que está en manos de instituciones estatales como la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Si bien las instituciones públicas han mostrado un gran interés en garantizar el acceso a la tierra de la población y acabar con la desigualdad de la tierra, ya en los primeros meses de desarrollarse este plan se han evidenciado graves fallas en su implementación.13
EL DERECHO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA TIERRA: PAUTAS COMUNES DE VIOLACIONES OBLIGACIÓN DE RESPETAR CASO I: FALTA DE PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL,
INCLUYENDO MECANISMOS DE PAGO ADECUADO POR EXPROPIACIÓN DE TIERRAS INUNDADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DAULE – PERIPA. Comité de Integración Unitaria de los afectados por la construcción de la represa Daule – Peripa
Ubicación Geográfica: Recintos ubicados alrededor de la represa Daule Peripa en la intersección de las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas y en la Manga del Cura (zona no delimitada) Instituciones responsables: Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) Descripción: A inicios de los años ochenta la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) inició la construcción del Proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera (PMJRA) declarado como obra de prioridad nacional en ese entonces. Los resultados sacados a la luz por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) a este proyecto confirmaron en noviembre de 2008 la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda contraída para su construcción y ejecución. Entre estos se incluyen la sobrevaloración y encarecimiento de la obra y del crédito otorgado por agencias financiadoras, proceso de licitación cerrado y ventajoso para la firma adjudicataria conformada por una empresa italiana, la falta de un estudio de impacto social y ambiental definitivo y completo que considere todos los elementos indispensables para una obra de tal magnitud, entre otros. Además de estas evidencias, la CAIC resaltó que los limitados beneficios y severos impactos sobre el medio ambiente y la población ocasionados cuestionan la utilidad de este proyecto.
En la siguiente parte contrastaremos el avance en materia legal implementado en Ecuador con diversos conflictos relacionados con la seguridad en la tenencia y utilización de la tierra y analizaremos éstos de acuerdo a las obligaciones estatales referidas en esta última parte con la intención de identificar para cada uno de los casos las causas que generan las violaciones a los derechos de campesinos, indígenas y recolectores.
El represamiento de los ríos para la construcción de la represa Daule - Peripa afectó de diversas maneras e intensidad el ecosistema de la cuenca aportante de 420 mil Has., que abarca territorios en donde se asienta una población de aproximadamente 120 mil personas. Hoy miles de familias han quedado en la más absoluta pobreza en los recintos aledaños al embalse y no han sido indemnizados integralmente a pesar de haber transcurrido más de 20 años desde su construcción. Las iniciativas de remediación que han sido implementadas por CEDEGE hasta la fecha se han centrado en medidas asistencialistas que no han sido capaces de abordar todas las afectaciones ocasionadas por la construcción de la represa y los años de abandono por parte del Estado a los recintos afectados.
13 Para más información ver:www. fian.org/cases/open-letters/ecuador-grupos-armados-reconocidospresuntamente-portraficar-con-tierras-desalojan-familias-campesinas-ante-actitud-complaciente-de-autoridades
Según estudios realizados por el Plan Integral de Gestión socio-ambiental (PIGSA) en el año 2002, durante la construcción de la represa se desplazaron a 14.965 campesinos, de una superficie agrícola de 16.922 Has, inundando los poblados de La Balsa, Gualipe, El Mate, Carlos Julio Arosemena, Murucumba, La Chola, El Achiote y Florida. Muchos agricultores perdieron sus tierras, cultivos y mejoras sin poder recibir una compensación justa; mientras que en algunos casos los trámites de expropiación quedaron inconclusos, en otros casos, nunca se iniciaron.14 14 CAIC, 2008, pág. 184.
En un estudio realizado por el Comité de Integración Unitaria de los Afectados por la represa Daule - Peripa y FIAN Ecuador en el año 2009 se recogen testimonios en varios recintos que constatan la falta de información sobre la superficie que sería realmente afectada. De acuerdo a este estudio, la indemnización fue calculada hasta una cota máxima de 75 msnm; sin embargo, el volumen de la represa se acrecentó y la cota llegó hasta 85 msnm, lo que ocasionó que muchos de los recintos entrevistados hayan perdido hasta el 60% de su terrenos que incluían cultivos, viviendas, escuelas y hasta cementerios, lo que obligó a la población a subir a las zonas altas o a migrar del sitio. Actualmente, CEDEGE se encuentra realizando el pago por las expropiaciones de tierras que fueron inundadas con la construcción del proyecto. Sin embargo, para ser beneficiario de este pago, las personas deben comprobar la posesión efectiva de sus terrenos perdidos; es decir, contar con un reconocimiento legal de los terrenos. De acuerdo a fuentes recogidas, esta condición limita el acceso a este pago debido a que en el momento de la inundación, muchas de las familias no contaban con un certificado de posesión o títulos de propiedad. La falta de dicho certificado legal les haría acreedores solamente a los pagos por la pérdida de mejoras. Por otro lado, el valor ofrecido para la compensación no corresponde una revalorización justa de la tierra.
Análisis de la Violación al Derecho a la Alimentación: El represamiento de los ríos Daule y Peripa - además de generar una deuda ilegítima e ilegal - ocasionó diversos daños ambientales y sociales, que ante la falta de un programa de remediación y mitigación integral, han provocado violaciones a los derechos de la población que se asienta dentro y alrededor de la represa. El represamiento causó el desplazamiento de aproximadamente 15.000 campesinos y campesinas y la pérdida de sus tierras cultivables y por lo tanto, del ingreso agrícola que contaban muchas familias, que no han sido en su mayoría restituidas porque desde que se construyó la represa, los programas de remediación que ha implementado CEDEGE hasta la fecha han sido insuficientes o simplemente no han existido. El Estado Ecuatoriano – a través de la CEDEGE – no ha cumplido con su obligación de respetar el Derecho a la Alimentación al destruir el acceso a la tierra. A pesar de la voluntad que ha demostrado el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en implementar un programa de titularización de la tierra en Daule Peripa. El Estado Ecuatoriano ha evidenciado una falta en su obligación de facilitar el derecho a la alimentación a través de la implementación de un programa de reparación integral participativo e incluyente que incluya no solamente un programa de desarrollo acorde con los principios enunciados de Soberanía Alimentaria en esta región del país sino la garantía de no repetición, rehabilitación, restitución por las pérdidas humanas y materiales e indemnización por la sobrevivencia, lucro cesante y daño emergente, incluyendo un pago adecuado por las tierras que se perdieron, a las víctimas del represamiento y construcción de la represa Daule – Peripa.
CASO II: HOSTIGAMIENTO DE PARTE DE INTERESES INMOBILIARIOS Y FALTA DE MECANISMOS EFICACES PARA PROTEGER TIERRAS COMUNITARIAS. COMUNIDAD INDÍGENA ANCESTRAL “EL BARRIO O LA TOGLLA”. ECUARUNARI Ubicación Geográfica: Comuna “El Barrio” o “La Toglla”, Pueblo Kitu Kara, parroquia de Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha Instituciones responsables: Policía Nacional, Juez Décimo Quinto de lo Penal, Corte Superior de Justicia y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Descripción: La comunidad “La Toglla” se encuentra situada en la parroquia de Guangopolo del cantón Quito; y es una comunidad de raíces ancestrales que alberga a 700 habitantes y mantiene la posesión de 551 hectáreas de tierras comunitarias que utilizan en una parte para cultivar productos que les permite alimentarse. Desde 1839 el carácter colectivo de la posesión de los terrenos fue reconocido en el Mandamiento Restitutivo del alcalde municipal de la ciudad de Quito. A pesar de que en 1923 no existía regulación para las comunas, en ese año el alcalde de Quito adjudicó comunalmente estos terrenos a 276 familias en consonancia con lo estipulado en la constitución política vigente en ese entonces. Con la expedición de ley de Organización y Régimen de Comunas en agosto de 1937 para salvaguardar los derechos de posesionarios de heredades territoriales, la comuna La Toglla obtuvo su legalización en septiembre de 1938 mediante acuerdo ministerial 194 otorgado por el entonces Ministro de Previsión Social y Trabajo. Bajo el nuevo marco legal la organización fue registrada en el año 2005 por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (CODENPE). Pese a todo este marco legal reconocido, la comunidad viene afrontando desde 1943 y, de manera más acentuada, a partir de la década de los 70 hasta la presente fecha una serie de acciones para desmembrar el carácter colectivo de esta propiedad. Así, particulares ajenos a esta comunidad como la familia Campaña Zurita han venido negociando por medio de escrituras públicas los terrenos colectivos que forman parte de la Comuna La Toglla para convertirlos en lotes de vivienda, inventando incluso organizaciones de fachada como el Comité Pro-Mejoras del barrio San José de Ilaló y actualmente Comité Pro-Vivienda Un Nuevo Paraíso.15 Estas intenciones han sido respaldadas por acciones violentas contra la comunidad ancestral desde el año 2003 por el entonces Mayor de la Policía y Jefe de la Unidad Policial de la parroquia de Tumbaco, Edison Campaña Zurita, quien ha venido constantemente invadiendo este territorio comunal de manera violenta con personal uniformado de la policía nacional y usando armas y patrulleros de esta institución. En varias ocasiones ha procedido a abrir vías de ingreso utilizando maquinaria pesada con fines de lotización y explotación de canteras y agrediendo a toda la población que se oponía a su acción. El 2 de noviembre de 2004 este ex Mayor de Policía junto con sus familiares y 20 individuos, incluyendo policías, atacaron, hirieron, insultaron y amenazaron a varios miembros de esta comunidad, entre ellos a mujeres, niños y a una señora anciana de 75 años de edad. Posteriormente, la pareja de dirigentes Abraham Paucar y Rosa Cabrera fue detenida por la Policía Judicial de Pichincha en la Tenencia Política de la parroquia de Guangopolo, a donde acudieron a dialogar engañados. Esta detención respondió a una serie de denuncias generadas contra los directivos de la comuna La Toglla, las cuales fueron presentadas por el señor Campaña Zurita desde el año 2003 en diferentes comisarías de Quito y en donde acusa 15 Salvador, 2009.
falsamente a los dirigentes de la comunidad La Toglla de invasores y agresores de su propiedad. Debido a la gran cantidad de denuncias que se instalan en contra de la organización comunitaria y a la presencia de órdenes de prisión preventiva emitida por el Juez Décimo Quinto de lo Penal y ratificadas por la Corte Superior de Justicia, los acusados fueron obligados a buscar clandestinidad sin poder realizar actividades agrícolas en su comunidad. En abril de 2008 la directiva de la comunidad La Toglla presentó una solicitud de amnistía ante la Asamblea Nacional Constituyente a favor de sus ex dirigentes, dirigentes y demás comuneros que hasta ese entonces habían sido enjuiciados penalmente por resistir y protestar en defensa de su herencia territorial ancestral.16 Si bien con el otorgamiento de la amnistía en el año 2008, 33 personas quedaron libres de los delitos acusados en los procesos penales, los hostigamientos para convertir estas tierras continúan. Últimamente, el 11 de noviembre de 2009 un grupo de 200 personas, comandadas por la familia Campaña Zurita, entre otros, volvieron a tomarse de manera violenta los territorios ancestrales, sin que se haya concretado un asentamiento gracias a la acción rápida de los comuneros. A pesar de que este hecho fue conocido por la Intendenta General de la Policía de Pichincha, aún no existe ningún pronunciamiento de su parte.
Análisis de la violación al Derecho a la Alimentación:
CASO III: LEY CONTRADICTORIA PARA GARANTIZAR LA
PROPIEDAD COMUNITARIA POR UTILIZACION DE FUENTES DE AGUA PARA ACTIVIDADES MINERAS; Y FALTA DE MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS. FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DEL AZUAY (FOA) Y UNIÓN DE SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA DEL AZUAY (UNAGUA)
Ubicación Geográfica: Parroquias de Victoria del Portete y Tarqui del cantón Cuenca; San Gerardo del cantón Girón; y Chumblín del cantón San Fernando, provincia del Azuay Responsables: Presidencia de la República, Ministerio de Minas y Petróleo, Asamblea Nacional Constituyente y Corte Constitucional Descripción: Desde que la transnacional canadiense “Iamgold” inició en el año 2002 sus actividades de exploración minera en los páramos de Quimsacocha, las comunidades de Victoria del Portete, Tarqui, San Gerardo, y otras del cantón Girón se opusieron a este proyecto. Estas comunidades consideran que la actividad minera tendrá consecuencias negativas sobre el acceso y calidad del agua en la provincia del Azuay, ya que estos yacimientos se encuentran dentro de un zona declarada por el Ministerio del Ambiente en el año 1985 como área protegida y que comprende 33.000 hectáreas de las microcuencas Irquis, Tarqui y Bermejos Yanucay, más conocida como humedal de Quimsacocha. En kichua Quimsacocha significa tres lagunas, y sus aguas tienen importancia no solo para la producción de alimentos de los campesinos, sino para el consumo de agua para múltiples usos de la población de Jirón, San Fernando, Santa Isabel, incluso de la ciudad de Cuenca. Se calcula que el número de personas afectadas por este proyecto sería de 30.000 sin incluir la población de la ciudad de Cuenca.
La comunidad indígena “La Toglla” viene siendo amenazada por parte de un ex Mayor de la Policía Nacional, quien valiéndose de su posición institucional, de gente armada, elementos policiales, autoridades municipales e instituciones de justicia, ha venido ejecutando desde el año 2003 actos de agresión y hostigamiento con el fin de despojar a esta comunidad de su herencia territorial ancestral. Debido a que este señor pertenecía a una institución del Estado cuando incursionó por primera vez a este territorio, el no sancionar a este funcionario público constituyó una falta en la obligación del Estado de respetar el derecho al territorio de esta comunidad indígena. Además, esta comunidad ha sido víctima de criminalización por parte del Juez Décimo Quinto de lo Penal y la Corte Superior de Justicia, quienes no garantizaron el derecho a la defensa y al acceso a los recursos judiciales que permita un debido proceso justo para esta población de escasos recursos económicos y ordenaron prisión preventiva por acusaciones injustas e ilegales.
Como muestras de resistencia a la explotación minera a gran escala en la vertiente natural de Quimsacocha, desde el año 2004, las comunidades han venido realizado diferentes acciones como el cierre parcial de la vía panamericana sur en mayo de 2006 o la no participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre de 2006. El levantamiento realizado en junio de 2007 en toda la provincia por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA) y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) tuvo como resultado que se inicien mesas de diálogo con el entonces ministro de energía y minas, Econ. Alberto Acosta. Durante el año 2008 el trabajo de cabildeo realizado por estas y otras organizaciones sociales consiguió que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe en abril el Mandato Minero, el cual fue un paso importante en el objetivo de regular la actividad minera - reconociendo que no se han respetado los derechos de los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos - y consiguió que - entre otros - se extingan las concesiones mineras otorgadas en zonas que afectan las fuentes de agua.
Si bien ha existido una amnistía que ha liberado de estos cargos a los dirigentes acusados de agresores e invasores, no ha habido ninguna respuesta de las autoridades locales para prohibir la incursión de intereses inmobiliarios en esta tierra comunitaria y garantizar de esta manera el respeto al derecho colectivo de esta población. La falta de una respuesta de parte de las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito desconoce la vigencia de los derechos y garantías colectivas consagrados en la Constitución vigente y en diversos pactos internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano; y el carácter de pueblo indígena ancestral de la Comunidad Indígena o Ancestral “La Toglla”. El desmembramiento de este territorio es una seria amenaza para mantener la producción de alimentos que les asegura la subsistencia a esta población.
Para finales de 2008, los debates en torno a la ley minera sin la participación de la población afectada marcaron el inicio de una serie de levantamientos en contra de dicha ley como el realizado durante el mes de enero en las provincias sureñas de Loja, Cañar, Azuay, Zamora Chinchipe respaldado por el movimiento indígena. Dicho levantamiento incluyó una huelga de hambre en la comunidad de San Roque y manifestaciones pacíficas contra la ley minera que comprometía fuentes de agua, a lo que siguieron agresiones a mujeres, niños y ancianos, inicio de juicios penales y detenciones contra más de 30 dirigentes campesinos, incluido la detención sin boleta de captura al dirigente Dr. Carlos Pérez por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (GOE).
16 Comunidad indígena ancestral “El Barrio o La Toglla”, 2008.
Pese a estas acciones de protesta el 29 de enero de 2009 entró en vigencia la Ley de Minería publicada en el registro oficial 517. Ante esto, la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE)17 y la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA) presentaron ante la Corte Constitucional durante el año 2009 acciones de inconstitucionalidad de la Ley Minera. En ellas demandan la inconstitucionalidad de dicha ley al destruir el derecho de las comunidades indígenas al territorio mediante la declaración de utilidad pública y el establecimiento obligatorio y discrecional de servidumbres para la actividad minera; y al no garantizar una consulta a las comunidades indígenas previa a la adopción de dicha ley, y establecer la posibilidad de concesionar y explotar estos minerales en fuentes de aguas, entre otros. La falta de respuesta de la Corte Constitucional a estos procesos evidencia un desinterés de parte de esta función del Estado en darle solución a este conflicto.
OBLIGACIÓN DE PROTEGER CASO IV: TERRITORIOS OCUPADOS ILEGALMENTE POR LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN TROPICAL EN CAUTIVERIO Y ESFUERZOS COMUNITARIOS POR RECUPERARLOS EN EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELI. Asociación Las Huacas, Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador (C- Condem) Ubicación Geográfica: Islas de Las Huacas, Las Casitas y Pungalillo, archipiélago de Jambelí, provincia del Oro. Instituciones responsables: Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Descripción:
Análisis de la Violación al Derecho a la Alimentación: A pesar de que existe un reconocimiento legal a los derechos de propiedad colectivos y comunitarios en la Constitución Ecuatoriana, la Ley Minera, al declarar esta actividad de utilidad pública (Art. 15), y conceder servidumbres para ocupar toda extensión requerida por las instalaciones y construcción de la actividad minera (Art. 100), otorga un amplio poder al Estado para expropiar tierras colectivas, en el caso de Quimsacocha, un territorio ancestra con títulos de propiedad que provienen del siglo 19 y 20 que tiene fuentes de agua natural que abastece a un gran número de campesinos indígenas que dependen de ella para subsistir. La privación del agua del páramo Quimsacocha a las comunidades aledañas de Victoria del Portete, Tarqui, Girón y otras, amenaza con desplazar a estas comunidades de su territorio. Esta ley es por lo tanto, contradictoria a los derechos consagrados en la constitución ecuatoriana y otros instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos y su emisión significa una falta en la obligación de respetar el derecho a garantizar su propiedad imprescriptible, inalienable e inembargable de sus tierras comunitarias y no ser desplazados de ellas. La privación del agua implica la privación a cultivar y obtener sus alimentos en una zona inminentemente agrícola y ganadera, y por lo tanto una violación al derecho a alimentarse de la población. Por lo demás, el Estado Ecuatoriano no ha garantizado que se realice una consulta a las comunidades indígenas y campesinas afectadas previa a la adopción de dicha ley, lo que constituye una acción inconstitucional y una falta con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos. La falta de respuesta al recurso legal presentado ante la Corte Constitucional demuestra la falta de procedimientos judiciales ágiles y efectivos para defender los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Así mismo, los abusos cometidos por la fuerza policial durante las manifestaciones pacíficas realizadas en enero, incluyendo la detención arbitraria del dirigente Dr. Carlos Pérez, demuestran una política errónea del Estado al criminalizar este tipo de acciones legítimas en defensa del agua y el territorio. 17 Esta fue patrocinada por las organizaciones miembros de la Red Jurídica Amazónica, entre ellos Centro Lianas, Corporación Selva Viva y Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
El ecosistema manglar en el Ecuador ha sido reconocido como un bien nacional de uso público desde la década de los 70. En el año 1986 se declararon como bosques protectores a 362.802 hectáreas de superficie de tierra cubiertas por manglar y de otras especies forestales asociadas mediante acuerdo ministerial No 4989 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A pesar de la existencia de más de 56 disposiciones legales que protegen este ecosistema, hasta el año 1999 se habían perdido más del 70% del ecosistema manglar originario. Mientras que el Mapa Nacional Forestal del año 2001 constató que apenas 108.000 hectáreas de manglar sobrevivían en la costa ecuatoriana, el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000 confirmó que la acuacultura industrial del camarón ocupaba una extensión de 234.000 hectáreas - la mayoría de ellas ubicadas dentro del ecosistema manglar. Una de las razones por las que la acuacultura industrial del camarón tropical haya obtenido grandes ganancias en los últimos cuarenta años en el Ecuador, es que ésta se ha asentado y desarrollado ilegalmente en áreas de ecosistema manglar sin ningún costo económico. Esta ocupación de tierras ha tenido una gran incidencia para los pueblos ribereños de la faja costera ecuatoriana, quienes han estado ancestralmente ligados a la dinámica del ecosistema del manglar. Con la destrucción de este territorio, desde principios de la década de los 70, miles de familias, herederas de culturas ancestrales, han sido desplazadas y violentadas sistemáticamente en el acceso a sus derechos más fundamentales. En las islas de Las Huacas, Las Casitas y Pungalillo, ubicadas en el archipiélago de Jambelí la situación es emblemática para entender el problema que representa la presencia de la acuacultura industrial del camarón en el ecosistema del manglar. Alrededor de estas islas se han establecido 15 camaroneras con un promedio de 80 a 100 hectáreas en bosque de manglar. Esto ha generado fuertes problemáticas como la desaparición de especies de valor comercial y alimenticio para la población local, desplazamiento de población económicamente activa de la caza, recolección, pesca artesanal y pequeño comercio, privatización de esteros que son los medios de tránsito y comunicación para las poblaciones que habitan en el manglar, pérdida de agua apta para consumo humano y para agricultura al perder el ecosistema su capacidad depuradora, entre otros. Otro de los conflictos que han surgido es debido a la prohibición de efectuar labores de pesca y recolección que imponen las empresas camaroneras en los estuarios. Hasta hoy ya se han presentado 6 casos de personas asesinadas por defender el derecho de la población mientras se encontraban realizando actividades de recolección en los alrededores de las piscinas camaroneras, áreas por la que anteriormente se transitaba de forma libre.18 18 C-Condem y FIAN Ecuador, septiembre de 2009.
Los anteriores gobiernos de turno han intentado legalizar la acción de usurpación del ecosistema a favor de las empresas productoras de camarón tropical, por ejemplo a través de la Ley de Reordenamiento de la Finanzas Públicas en el gobierno de Jamil Mahuad (1998 - 2000) y la Ley de Participación Ciudadana para la Inversión en el gobierno de Gustavo Noboa (2000 - 2003). Si bien la acción y movilización de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador han podido detener estas pretensiones, el 15 de octubre del 2008 el gobierno de Rafael Correa Delgado emitió el decreto 1391 con el fin de regularizar la situación ilegal de 1.500 productores camaroneros que se han asentado en aproximadamente 44.000 hectáreas del ecosistema manglar hasta el año 1999. Como lo señala la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema del Manglar del Ecuador (C-Condem) el decreto reconoce la ilegalidad en la que ha funcionado la acuacultura industrial del camarón al usurpar un bien nacional de uso público, sin embargo permite la legalización estableciendo ciertas condiciones como una exigua reforestación y deja sin juzgamiento alguno a todas las violaciones cometidas años anteriores. Así mismo, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA) publicada en el Registro Oficial No. 583 de mayo de 2009 establece la regulación de las camaroneras y su reversión al Estado en caso no soliciten su regularización en un año o estén asentadas en áreas protegidas. En abril de 2009 C-Condem - en representación de los pueblos ancestrales del manglar - interpuso una demanda de inconstitucionalidad del decreto 1391 ante la Corte Nacional de Justicia, la cual no ha recibido respuesta hasta la fecha.
del pueblo ancestral de pescadores y recolectores artesanales ha significado una falta en la obligación del Estado de proteger a esta población de las actividades que ha realizado la industria camaronera en los últimos cuarenta años y que han impedido el acceso al ecosistema del manglar sin que haya sido sancionada por los crímenes cometidos contra la población y la naturaleza.
En septiembre de 2009 el Ministerio del Ambiente entregó a las comunidades de las Huacas, Pungalillo y Las Casitas la custodia de un total de 925 hectáreas de manglar, las cuales se integran al manejo comunitario para proteger estas áreas frente a la tala de bosque y las invasiones. Esta figura corresponde a los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Ecosistema Manglar que se establecieron a través del Decreto Ejecutivo 1107 del año 1999 y que posibilitan a las organizaciones de usuarios ancestrales ejercer el uso y la custodia del ecosistema manglar.19 Cabe resaltar que esta y otras figuras de coadministración se aplican únicamente en los remanentes de manglar que sobreviven en la costa ecuatoriana y no constituyen una afectación a las áreas secuestradas de las piscinas camaroneras. La extensión de piscinas camaroneras que pretenden ser legalizadas sobrepasarían las 150.000 hectáreas, a pesar de que oficialmente se habla de 44.000; mientras que las hectáreas entregadas mediante acuerdos de Uso Sustentable y Custodia no sobrepasan las 25.000 hectáreas y están permanentemente amenazadas por la expansión de las piscinas camaroneras que serán regularizadas por medio del decreto 1391 y de la LORSA. Análisis de la Violación al Derecho a la Alimentación: A nivel nacional miles de familias de pescadores y recolectores artesanales han sido desplazadas del ecosistema manglar, el cual es un generador natural de fuentes de trabajo que proporciona alimentos y excedentes que comercializados generan ingresos para las comunidades locales. Al destruir el bosque de mangle con este modelo de producción se rompe con la cadena alimenticia privando de alimento a las especies marinas. Por esta razón, la conversión del ecosistema manglar en un monocultivo de beneficio privado elimina la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones.20 Para los comuneros de las islas Las Huacas, Las Casitas y Pungalillo, como otras comunidades a nivel de la faja costera, la presencia de las camaroneras ha tenido como consecuencia la pérdida de las especies acuáticas y la disminución de las fuentes de trabajo natural como recolección, caza, pesca artesanal y comercialización de los recursos del manglar, y en consecuencia, una vulneración a su Derecho a la Alimentación. El desplazamiento
19 En el año 1996 se dio un primer antecedente de reconocimiento de los derechos ancestrales cuando la Fundación de Defensa Ecológica de Muisne, en representación de las comunidades usuarias ancestrales del ecosistema manglar, consiguió un convenio de co-administración del sistema de manglares Muisne-Cojimíes en la provincia de Esmeraldas, para su manejo colectivo, por parte de Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, actual Ministerio del Ambiente. A partir de ese año se inicia una la lucha incansable, a nivel nacional, para que se entreguen los territorios de forma colectiva a los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador. 20 Certificando la destrucción, pág. 118.
Desde el año 1989 los Pueblos Ancestrales vienen demandando la recuperación del ecosistema manglar usurpado por empresas camaroneras y el reconocimiento de los derechos territoriales de estos pueblos, ya que la mayoría son herederos de culturas milenarias que han construido su vida en este espacio. Los pobladores ancestrales han realizado permanente vigilancia y denuncia de la destrucción del ecosistema manglar y exigido se agilicen procesos legales de parte de las autoridades competentes para sancionar a los infractores y recuperar áreas usurpadas para reforestar bosque de mangle y repoblar especies de moluscos y crustáceos. También han exigido al Estado su participación como veedores en la inspección de las camaroneras. La falta de respuesta del Estado para fiscalizar y vigilar estas denuncias constituye una clara violación en su obligación de proteger a estos pueblos ancestrales. Finalmente, las hectáreas entregadas mediante acuerdos de Uso Sustentable y Custodia están amenazadas por la expansión de las piscinas camaroneras que serán regularizadas por medio del decreto 1391 y de la LORSA.
OBLIGACIÓN DE REALIZAR CASO V: MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES INEFICACES E IRREGULARES PARA EXPROPIACIÓN A CAMPESINOS SIN TIERRA. HACIENDA LA JUANITA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. Asociación 27 de Julio, Unión Tierra y Vida Ubicación Geográfica: Recinto el Guayabo / predio La Juanita de 537 Has. (700 hectáreas), parroquia Guare, cantón Baba, provincia de Los Ríos Instituciones responsables: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y Tribunal de lo Contencioso y Administrativo Descripción: Alrededor de la hacienda La Juanita - 537 hectáreas de propiedad de los señores Chagerben Magallanes - ubicada en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, habitan aproximadamente 150 campesinos y campesinas sin tierra. Desde julio de 2003 la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos “27 de Julio” presentó al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) una demanda por expropiación para que se les adjudique la tierra previo el pago de un avalúo social. Los campesinos sin tierra, amparados en diversos artículos de la entonces Constitución Política de 1998 y de la Ley de Desarrollo Agrario, solicitaron al INDA la expropiación del predio La Juanita argumentando que este se encontraba más de doce años sin ser explotado y sin cumplir su función social. En agosto de 2003 el director distrital del INDA evidenció el abandono en el que se encontraba el predio y dispuso iniciar el trámite administrativo de expropiación a favor de los campesinos. Lo que siguió fue un proceso administrativo irregular dentro del INDA. Notificada la orden de expropiación a los dueños, estos solicitaron una revisión y engañaron a los funcionarios de la institución ingresando maquinaria - días previos de la diligencia de inspección - para desbrozar la espesa y abundante maleza que cubría gran parte de la propiedad. Pese a que los campesinos denunciaron estos hechos, el entonces director distrital occidental del INDA, ab. Fernando Cortez Lugo, desechó la demanda de expropiación de los campesinos en agosto de 2004.
Análisis de la violación al Derecho a la Alimentación: Los campesinos sin tierra alrededor de la Hacienda La Juanita ven vulnerado su Derecho a la Alimentación Adecuada por la falta de acceso y uso de la tierra para producir sus alimentos; pero también otros derechos humanos como el derecho a una vivienda adecuada y a un nivel de vida digno, etc. A pesar de tener a su disposición el uso de la demanda de expropiación de tierras, este no ha resultado un mecanismo administrativo eficiente para facilitar el Derecho a la Alimentación de los campesinos sin tierra. Las resoluciones del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y el Ministerio de Agricultura fueron cuestionadas por los campesinos por ser parte de procesos irregulares y segmentados que han terminado beneficiando a los propietarios legales de las tierras. El Estado Ecuatoriano no ha cumplido con su obligación de realizar el acceso a la tierra de esta población campesina al no existir ninguna respuesta de parte del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en estos últimos tres años, lo que ha impedido en todo este tiempo el acceso y uso de la tierra improductiva y otros programas de desarrollo a los campesinos.
Los campesinos realizaron acciones de denuncias sobre las irregularidades ante la entonces Presidencia de la República y Congreso Nacional; y consiguieron en octubre de 2005 una revocatoria a la decisión de desechar la demanda de expropiación. Ante esto, los dueños presentaron un recurso de apelación ante el entonces Ministro de Agricultura Pablo Rizzo y consiguieron en enero de 2006 que este revoque la resolución de octubre del 2005 y archive la demanda de expropiación. El 10 de octubre de 2006 los campesinos presentaron una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo contra el Ministro de Agricultura y Procurador General del Estado impugnando y solicitando la nulidad de la decisión del ministerio para continuar con el trámite de expropiación. A más de tres años de presentar este último recurso legal no ha habido una respuesta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo para que los campesinos y campesinas puedan continuar con el trámite de expropiación. La demora en solucionar este conflicto en las instancias estatales ha llevado al debilitamiento de la organización campesina y a que los campesinos sigan trabajando en condiciones precarias como asalariados agrícolas en haciendas bananeras vecinas sin mayores posibilidades de mejorar su calidad de vida. Ante la advertencia de la Presidencia de la República durante el año 2009 hacia los dueños de haciendas no cultivadas, los propietarios Chagerben han comenzado con la producción de banano y la implementación de sistemas de drenaje en las tierras demandadas.
CASO IV: FALTA DE ACCESO A LA TIERRA Y LA JUSTICIA, CRIMINALIZACIÓN Y DESALOJO DE CAMPESINOS SIN TIERRA ASENTADOS EN EL RÍO ESMERALDAS. Unión de Organizaciones Negras Campesinas de la Ribera del Río Esmeraldas (UONCRE), Confederación Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC -EA) Ubicación Geográfica: Sector Las Delicias, parroquia Churra, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas Responsables: Intendente general de policía y juez cuarto de lo penal de Esmeraldas Descripción: La mayoría de los habitantes del sector Las Delicias del cantón Quinindé – asentados en la ribera del río Esmeraldas - son campesinos afro - descendientes que no poseen tierra. Esta población ha sido tradicionalmente campesina y pescadora; sin embargo, las difíciles condiciones para garantizar estas actividades de manera sustentable, han incidido en la pérdida de la tierra. Hoy en día muchos de los miembros familiares trabajan como jornaleros en la plantación de palma africana aledaña como único medio de subsistencia.
Análisis de la Violación al Derecho a la Alimentación: La tenencia desigual y el incumplimiento de la función social y ambiental de la tierra en el sector Las Delicias causaron graves conflictos entre la comunidad afro - descendiente sin tierra y los empresarios de monocultivos de eucalipto y palma africana. La falta de la tierra obligó a los campesinos a ocupar - desde el año 2004 - la tierra perteneciente a la agro-empresa, la cual ya había ocasionado daños a la salud de los moradores, sobretodo de los niños. Pese a que la ocupación del terreno plantea la problemática de la inequidad en la tenencia de la tierra, las instituciones del Estado no dieron respuesta a este problema y no facilitaron el acceso de esta población a la tierra y otros recursos productivos que les permitan alimentarse en dignidad. En su lugar, el juez cuarto de lo Penal de Esmeraldas no garantizó el derecho a la defensa y a un proceso justo, y su resolución - ausente de algún tipo de ayuda a la precaria situación de los campesinos y campesinas - terminó afectando aún más la vulnerada situación de esta población afro-descendiente. Esto constituye una falta en la obligación de hacer efectivo el acceso de las personas sin tierra.
En septiembre de 2003, la empresa de eucalipto Expoforestal S.A. vendió a Eucapacific 31 hectáreas de estas plantaciones en el sector Las Delicias. Después de intentar con la producción de tres especies diferentes de eucalipto, las plantaciones no obtuvieron los resultados esperados, razón por la cual la empresa comenzó a adecuar el terreno utilizando fuertes químicos para convertirlo a palma africana. Esto afectó severamente la salud de los moradores - sobretodo de los niños - quienes presentaron en ese entonces una denuncia que no tuvo ningún resultado favorable para la población. A partir de enero de 2004, 27 campesinos y campesinas entraron al predio y comenzaron a sembrar - entre los árboles de eucalipto - cultivos de ciclo corto que permitieron a sus familias alcanzar sustento. En octubre de 2006, Eucapacific vende al Sr. Gerardo Gaibor el terreno del sector Las Delicias a pesar de que existía para esa fecha una posesión efectiva en esas hectáreas. En diciembre del mismo año - a tres años que los campesinos comenzaron a cultivar la tierra – el empresario presentó una demanda contra 14 campesinos ante el juez cuarto de lo penal de Esmeraldas en donde los acusó de tomarse de manera violenta su propiedad. La demanda es arbitraria en el sentido que no especificó en el principio el nombre exacto de los supuestos usurpadores. Esto dio lugar a que - a lo largo del proceso - se vayan enjuiciando “a dedo” a los campesinos y campesinas implicados, cuyo número llegó finalmente a 17 personas. El 17 de abril de 2007, 25 policías bajo la orden del intendente general de la policía de Esmeraldas desalojaron violentamente a los campesinos de las tierras ocupadas. En noviembre del mismo año el juez condenó a los campesinos y campesinas a cumplir 6 meses de prisión y al pago de los aparentes daños cometidos. De acuerdo a los testimonios recogidos, los campesinos y campesinas no fueron informados correctamente sobre el juicio que se llevaba en su contra, lo que impidió la falta al derecho de la defensa y un proceso justo. La dirigente campesina Amelia Quiñónez - una de los 17 campesinos y campesinas acusados de haber usurpado tierras - fue detenida el 17 de abril de 2008 a pesar de padecer diabetes y anemia crónica y dejada en libertad tras cinco meses de permanecer en la cárcel. Desde entonces, los campesinos no volvieron a trabajar y abandonaron las tierras, ya que fueron constantemente amenazados de muerte.
Finalmente, la ocupación de tierra fue criminalizada y la fuerza policial de Esmeraldas desalojó a los campesinos y campesinas a pesar de que la ocupación de las tierras se dio tres años antes. Cabe recordar que el comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales destaca en su observación General Nro. 7 que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. El Comité estipula que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte debería de proporcionar otras tierras productivas, velar por garantías procesales como una consulta con todos los interesados, analizar las posibilidades que permitan evitar - o al menos minimizar - la necesidad de recurrir a la fuerza, proporcionar un plazo suficiente y razonable para notificar con antelación a las personas afectadas y ofrecer recursos jurídicos que permitan a las personas obtener reparación ante los tribunales. El desalojo ejecutado el 17 de abril de 2007 por la fuerza policial de Esmeraldas no cumple ninguna de las condiciones que se estipulan en el PIDESC para la realización de un desalojo, y por lo tanto, esta acción implica una falta en la obligación de respetar el acceso a la tierra de la población del sector Las Delicias.
l ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales, el Estado Ecuatoriano ha reconocido que la alimentación es un Derecho Humano. Este reconocimiento además quedó plasmado en el artículo 13 de la Constitución Ecuatoriana de 2008 como parte de los Derechos del Buen Vivir o Sumak Kausay. Más allá de esta afirmación declaratoria, su implementación implica que el Estado sea coherente con sus compromisos adjudicados y asuma las obligaciones de respetar, proteger y garantizar este derecho a través de la aplicación de leyes, políticas y programas adecuados que permitan a las personas no sufrir de hambre y contar con una alimentación adecuada. Es incuestionable el vínculo que existe entre el derecho a la alimentación y la tierra. Los campesinos, campesinas, indígenas, pescadores, recolectores, quienes viven en la zona rural y producen alimentos en pequeña escala, necesitan tener tierra productiva para realizar actividades que les permiten sobrevivir. Sin embargo, la tierra es necesaria no solo para poder alimentarse, sino para tener una vivienda, un hábitat, trabajar, ejercer una cultura, etc., es decir para poder satisfacer otros Derechos Humanos. De lo constatado en este informe, podemos decir que en Ecuador se ha comenzado a desarrollar un marco legal que promovería el respeto, protección y realización del acceso, utilización y gestión de la tierra. Entre los avances más importantes encontramos que la constitución promueve el derecho colectivo de las comunidades indígenas de conservar y mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y no ser desplazados de ellas; e incluye el derecho a su territorio que tienen los pueblos en aislamiento voluntario, y la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles. Así mismo, podemos decir que los artículos en la constitución política y la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) podrían representar un paso adelante en la realización del acceso y utilización de la tierra, ya que promoverían a largo plazo la implementación de políticas redistributivas que se enfoquen en la erradicación de la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, la prohibición del latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. Sin embargo, la identificación de casos de violación al derecho a la alimentación en este informe nos ha permitido visibilizar otro escenario. A la par del avance de una jurisdicción adecuada, existen diferentes elementos y factores que están incidiendo en la incapacidad del Estado para cumplir con su obligación de respetar, proteger y facilitar el derecho a la tierra y territorio de comunidades campesinas afro-ecuatorianas e indígenas y de pescadores y recolectores artesanales. Esta identificación ha constatado que estas normalmente están relacionadas con la violación a otros derechos humanos como el derecho a una vivienda adecuada, al agua en calidad y cantidad suficiente para el uso humano y de riego, el derecho al consentimiento libre previo e informado, el derecho a la salud, etc. En las líneas anteriores hemos evidenciado que: La expropiación de tierra para la construcción de la represa Daule - Peripa por la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas
(CEDEGE) en nombre del desarrollo, ha sido la causa para el desplazamiento masivo de población campesina pobre asentada en esta región. Hace más de veinte años, el represamiento de los ríos Daule y Peripa ocasionó el desplazamiento de aproximadamente 15.000 campesinos y campesinas, la pérdida de sus tierras cultivables y del ingreso agrícola para muchas familias,la contaminación del agua represada, entre otros. En este caso evidenciamos una falta de implementación de un programa de reparación integral que incluya no solamente un programa de desarrollo sino la garantía de no repetición, rehabilitación, restitución por las pérdidas humanas y materiales e indemnización por la sobrevivencia, lucro cesante y daño emergente, incluyendo un pago adecuado por las tierras que se perdieron, a las víctimas del represamiento y construcción de la represa Daule – Peripa. La Ley Minera de enero de 2009 otorga un amplio poder al Estado para expropiar tierras colectivas, en donde se encuentran las fuentes de agua natural que abastecen a un gran número de campesinos indígenas que dependen de ella para subsistir, para destinarlas a la explotación de la minería a gran escala que pretende realizar la transnacional canadiense Iamgold. Esto significa una amenaza inminente para poblaciones como Victoria del Portete, Tarqui, San Gerardo y otras en la provincia del Azuay por el proyecto que pretende utilizar las fuentes de agua en el páramo Quimsacocha. Se evidencia la falta de consulta a las comunidades indígenas y campesinas afectadas previa a la adopción de dicha ley, la falta de procedimientos judiciales ágiles y efectivos para defender los derechos colectivos, entre ellos el derecho a la alimentación de las comunidades indígenas, y la política de criminalizar las acciones legítimas como movilizaciones y manifestaciones en defensa del agua y el territorio. La tenencia desigual y el incumplimiento de la función social y ambiental de la tierra han causado graves conflictos para la comunidad afro-descendiente sin tierra del sector Las Delicias asentada en el río Esmeraldas, la cual tras ocupar la tierra abandonada en el año 2004, fue criminalizada y enjuiciada por los empresarios de monocultivos propietarios legales de esta tierra. En el proceso legal que se llevó en contra de 17 campesinos y campesinas no se garantizó el derecho a la defensa y a un proceso justo; y se enjuició “a dedo” a 17 campesinos y campesinas implicados, entre ellos a la dirigente campesina Amelia Quiñones, quien posteriormente fue encarcelada a pesar de encontrarse en un estado de salud delicado. En este caso, se evidencia la ausencia de una ley nacional en consonancia con la legislación internacional en materia de derechos humanos que garantice a la población la protección contra los desalojos forzosos, y una adecuada compensación y reasentamiento en caso que estos se realicen.
la naturaleza. La regularización de la industria camaronera como resultado del decreto 1391 y el artículo 16 de la LORSA amenazan con la custodia otorgada a las comunas y por lo tanto a su derecho humano a alimentarse. El caso de “El Barrio o La Toglla” además de evidenciar la impunidad por invasiones ilegales cometidas por un funcionario público en territorio ancestral, resalta la falta de voluntad de autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para evitar la incursión de intereses inmobiliarios en esta tierra comunitaria y garantizar el respeto al derecho colectivo de esta población y la producción que necesita esta comunidad para ejercer su derecho a alimentarse. Este caso demuestra cómo en su lugar, la criminalización por la defensa de los territorios y abuso de poder por orden de prisión preventiva en respuesta a las acusaciones injustas e ilegales hacia los dirigentes comunitarios, y la falta de derecho a la defensa y al acceso a los recursos judiciales por parte de los jueces y el poder judicial son mecanismos que amenazan al respeto de la posesión de tierra comunitaria de esta población. Finalmente, evidenciamos a través del caso La Juanita que los mecanismos administrativos de expropiación no son eficientes para facilitar el derecho a la alimentación de los campesinos sin tierra y que han demandado al INDA una propiedad que no cumple con su función social. El no haber garantizado el acceso a esta tierra en nueve años ha vulnerado su derecho a la alimentación adecuada por la falta de acceso y uso de la tierra para producir sus alimentos; pero también otros derechos humanos como el derecho a una vivienda adecuada y a un nivel de vida digno de los campesinos sin tierra. Este caso evidencia la parcialidad en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y el Ministerio de Agricultura por medio de procesos irregulares y cuestionables que terminan beneficiando a los dueños terratenientes y la incapacidad en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo para resolver estos conflictos que enfrenta la población campesina pobre.
La presencia de la industria camaronera en el ecosistema del manglar de las Islas La Huacas, Casitas y Pungalillo del archipiélago de Jambelí, así como otras comunidades a nivel de la faja costera, refleja cómo la conversión del ecosistema del manglar ha eliminado la fuente de trabajo natural como recolección, caza, pesca artesanal y comercialización de los recursos del manglar, entre otros, y ha obligado a este pueblo ancestral, y otras poblaciones de pescadores y recolectores artesanales a abandonar su territorio y migrar a las ciudades, violentando sus derechos colectivos, entre ellos el derecho a la alimentación. El desplazamiento del pueblo ancestral de pescadores y recolectores artesanales ha significado una falta en la obligación del Estado de proteger a esta población de las actividades que ha realizado la industria camaronera en los últimos cuarenta años y que han impedido el acceso al ecosistema del manglar sin que haya sido sancionada por los crímenes cometidos contra la población y
n base a lo evidenciado en las líneas precedentes, recomendamos incluir los siguientes elementos en el marco legal secundario de Soberanía Alimentaria a fin de responder con los principios de Derechos Humanos reconocidos por el Estado Ecuatoriano tanto en su legislación nacional como internacional.
El Estado Ecuatoriano debe elaborar una legislación adecuada que reconozca que la tierra es un elemento fundamental para implementar los derechos a la alimentación, vivienda adecuada, trabajo y agua, reconocidos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos que forman parte del Buen Vivir reconocidos en la constitución ecuatoriana. Con este reconocimiento en la legislación ecuatoriana, el Estado Ecuatoriano deberá asumir y esclarecer sus obligaciones estatales en cuanto al respeto, protección y realización del acceso, utilización y manejo de la tierra y territorio y llevarlas a la práctica a través de programas y planes concretos relacionados al tema tierra y territorio basados en estas obligaciones. Los casos de La Juanita y Las Delicias demuestran que ante los altos niveles de inequidad en la tenencia de la tierra, un programa de democratización de este recurso es obligación del Estado Ecuatoriano para facilitar los Derechos Económicos, Sociales y Culturas y del Buen Vivir, proporcionando el acceso de las familias sin o con insuficiente tierra y el desarrollo integral y sostenido de las actividades productivas que realizan las economías diversificadas y de pequeña escala a fin de resguardarlas efectivamente ante presiones que pueden ejercer sobre sus tierras actores estatales y no estatales poderosos. Además, los casos de Daule Peripa, Quimsacocha, Las Huacas y La Toglla evidencian que no solo la distribución es importante, sino que es obligación del Estado brindar la seguridad y protección a la tierra y territorios de la población rural más pobre, en especial a las mujeres; y prestando especial atención a los derechos de propiedad colectivos y comunitarios de indígenas y pueblos ancestrales.
El proceso de elaboración de legislación relacionada a la tenencia de la tierra deberá garantizar la aplicación de principios de Derechos Humanos, tales como la no discriminación y la participación de organizaciones de sociedad civil, la priorización de atención a los grupos más empobrecidos, transparencia y rendición de cuentas para aquellas personas y comunidades campesinas, pescadoras, etc. que han sido tradicionalmente marginalizadas en la elaboración de políticas públicas, a fin de incluirla en la toma de decisiones y control efectivo. A fin de garantizar verdaderos procesos participativos y valorar el cumplimiento de los principios de Derechos Humanos del Estado, este deberá asegurar no solamente la amplitud en la participación, es decir el grado de diversidad y pluralidad en la participación de individuos o grupos tradicionalmente marginalizados por su género, condición económica, raza, etnia, etc.; sino la intensidad de la participación, es decir el grado de influencia e impacto que finalmente puedan tener estos en la toma de decisión y el control efectivo sobre estos procesos.21 En esa misma línea, es importante garantizar durante este proceso el goce de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión, al acceso a información, entre otros, a fin de que las organizaciones que representan a los individuos y comunidades campesinas, indígenas y otros productores de pequeña escala, puedan ser capaces de confrontar y cambiar leyes y políticas injustas.
21 Véase: Langford, Malcolm, Marques, Leticia y Monsalve, Sofia, “Voluntary Guidelines for good Governance in land and natural resource tenure Civil society perspectives” Land Tenure Working Paper 8, FAO, Roma, January 2009. Tomado de las decisiones del International Council on Human Rights Policy (2008)
En miras a respetar y proteger la tenencia y utilización de la tierra individual y colectiva, el Estado deberá elaborar una legislación adecuada contra desalojos forzosos y desplazamientos arbitrarios realizados por organismos estatales o terceras personas. Los casos sobre Las Delicias y Daule Peripa han reflejado la total vulneración en la cual son sometidas las poblaciones a desalojos y desplazamientos forzosos de tierras en su posesión y que son realizados por instituciones públicas o personas privadas en nombre del desarrollo y utilidad pública. La ley debería garantizar que los desalojos y desplazamientos se den como último recurso y únicamente bajo circunstancias excepcionales siendo debidamente demostrado el interés público, garantizando que se cumplan con las leyes internacionales de derechos humanos y nunca dando como resultado que se deje a las personas y comunidades expuestas a violaciones de otros derechos humanos. En tales casos, se debería de asegurar que las personas y comunidades afectadas accedan a mecanismos de compensación, que incluyan el pago adecuado y la provisión de tierra en calidad y cantidad adecuada y programas de desarrollo a sus actividades productivas de acuerdo a los principios establecidos en la constitución ecuatoriana que les permita mejorar sus condiciones de vida. El Estado debería de realizar una revisión de su legislación y plan de políticas implementados a fin de cambiar aquellas leyes y programas que han entrado en conflicto con estándares internacionales de derechos humanos tales como la Ley Minera, programas de mega - proyectos de infraestructura (hidroeléctricas, trasvase y demás obras), decreto 1391 y Artículo 13 de la LORSA, que estarían propiciando el desplazamiento de la población indígena, campesina y pescadores ancestrales de sus tierras individuales y colectivas. En concordancia con lo anterior, y a fin de cumplir con su obligación de respetar y proteger la tenencia, utilización y manejo de la tierra, el Estado debe desarrollar mecanismos de consultas participativas que respeten los principios del consentimiento libre previo e informado de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. El caso de Quimsacocha es emblemático para evidenciar la falta de procedimiento de consulta a comunidades indígenas y campesinas previa la adopción de la ley de Minería que afecta una fuente de agua de gran importancia para la población aledaña.
instituciones públicas relacionadas con el tema de la seguridad de la tierra como el INDA, considerando su reforma a fin de garantizar efectivamente la aplicación de instrumentos administrativos en defensa de los derechos de las poblaciones rurales más pobres.
Finalmente, es necesario establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas, planes y programas dirigidos a realizar el Derecho a la Alimentación en relación con la tierra de la población más vulnerada. La generación de datos estadísticos y desagregados puede servir en rediseñar las políticas públicas relacionados con la tierra, al conocer no solamente información sobre los niveles de concentración de la tierra, la cantidad de la tierra pública disponible y privada que no cumplen su función social y ambiental, etc. sino también el número de personas sin o con insuficiente tierra, con tenencia desigual, realizando trabajo forzado en el medio rural y que carece de seguridad jurídica para proteger su tierra; las razones para la pérdida del acceso a la tierra de diferentes grupos, el número de conflictos, de desalojos forzosos, etc. La desagregación de la información deberá considerar datos sobre género, raza o condición social. Es importante trabajar en el desarrollar indicadores y puntos de partida independientes relacionados con el acceso a la tierra a fin de medir la progresividad o regresión y evaluar si los derechos económicos, sociales y culturales de la población se realizan progresivamente de acuerdo con la disponibilidad de recursos públicos.
La nueva institucionalidad requerida en el Estado Plurinacional Ecuatoriano deberá garantizar el derecho de poder contar y acceder a mecanismos administrativos, políticos, semi - judiciales y judiciales que provean defensa efectiva y adecuada cuando exista una violación a los derechos a la tierra y el territorio de personas y comunidades campesinas, pescadoras, indígenas, etc. Los casos de Quimsacocha, Las Delicias, Las Huacas y La Toglla han demostrado la carencia de instrumentos efectivos de defensa para respetar y proteger los medios de vida de la población campesina e indígena; además, han evidenciado el nivel de represión y criminalización por parte de organismos estatales hacia estos por defender sus tierras y territorios. En este sentido, es obligación del Estado garantizar la creación de una defensoría de la tierra a nivel semi - judicial y de un organismo especializado en la Corte Constitucional de conflictos relacionados con la tierra y territorio que brinde respuesta inmediata a las demandas presentadas por las personas y comunidades que sufren una violación a su derecho a la tierra y territorio, y priorice la formación de jueces en materia de derechos humanos, en especial del derecho a la alimentación. Además se deberá iniciar, por medio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un programa de capacitación a los funcionarios públicos y la sociedad en general sobre el Derecho a la Alimentación, Tierra y el Territorio a fin de concientizar sobre el respeto y protección a los derechos de la población campesinas, indígena, pescadora, etc. La actuación del INDA en el caso La Juanita ha demostrado parcialidad en sus decisiones favoreciendo los intereses de los grandes poderes económicos. En este sentido, es necesario evaluar la rendición de los mandatos de las
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ANEXO 1: Artículos de la Constitución Ecuatoriana relacionados a la Tierra y Territorio En relación a la tierra y territorio, la Constitución Política Ecuatoriana reconoce los siguientes artículos: El artículo 57 sobre los Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades reconoce el derecho colectivo a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a: o	Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles; y estarán exentas del pago de tasas e impuestos (numeral 4), o	Mantener la posesión ancestral de sus tierras y territorios y obtener su adjudicación gratuita (numeral 5), o	Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras (numeral 6), o	La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que estos proyectos reporten y recibir indemnización por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen (numeral 7), o	No ser desplazados de ellas (numeral 11), o	Mantener los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario en posesión ancestral irreductible e intangible, quedando vedada todo tipo de actividad extractiva en los mismos. El artículo 405 y 407 sobre los Ecosistemas prohíbe que personas o empresas extranjeras adquieran tierras o concesiones y que la actividad extractiva de recursos no renovables se realice en áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, colocando una salvedad en caso de interés nacional. El artículo 281 sobre Soberanía Alimentaria llama al Estado a promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos (numeral 4). El artículo 282 sobre Soberanía Alimentaria dispone que el Estado normará el uso y acceso a la tierra y agua de riego que deberán cumplir con la función social y ambiental y los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental para garantizar la producción de alimentos. En este artículo se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El artículo 334 sobre la Democratización de los Factores de Producción llama al Estado a promover el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual: o	evitará su concentración o acaparamiento, promoverá su redistribución y eliminará privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. o	desarrollará políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción.
ANEXO 2: Artículos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de las nacionalidades indígenas a su territorio. Artículo 13 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Artículo 14 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. 4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. 5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. Artículo 17 1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. Artículo 18 La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. Artículo 19 Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen. 45
ANEXO 3: Artículos Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Artículo 8 2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos; c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; Artículo 10 Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. Artículo 25 Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. Artículo 26 1.	Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2.	Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3.	Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Artículo 27 Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.
Artículo 28 1.	Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2.	Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada. Artículo 29 1.	Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 2.	Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos. Artículo 30 1.	No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2.	Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. Artículo 31 1.	Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 2.	Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.
ANEXO 4: Artículo 32 1.	Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 2.	Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 3.	Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
Artículos de la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos relacionada a la tierra y territorio Artículo IV Derecho a la tierra y al territorio 1. Las campesinas y campesinos tienen derecho a poseer tierras, colectiva o individualmente, para su vivienda y para sus cultivos. 2. Las campesinas y campesinos tienen derecho a trabajar su propia tierra y a obtener productos agrícolas, a criar ganado, a cazar, a recolectar y a pescar en sus territorios. 3. Las campesinas y campesinos tienen derecho a trabajar y a disponer de las tierras no productivas de las que dependen para su subsistencia. 4. Las campesinas y campesinos tienen derecho a agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas. 5. Las campesinas y campesinos tienen el derecho al agua para el riego así como a una producción agrícola dentro de sistemas de producción sostenibles controlados por las comunidades locales. 6. Las campesinas y campesinos tienen derecho a gestionar los recursos hídricos de su región. 7. Las campesinas y campesinos tienen derecho a la ayuda del Estado, en forma de instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar sus recursos hídricos. 8. Las campesinas y campesinos tienen derecho a gestionar, conservar y beneficiarse de los bosques. 9. Las campesinas y campesinos tienen derecho a rechazar cualquier forma de adquisición y conversión de tierras con fines económicos. 10. Las campesinas y campesinos tiene el derecho a una tenencia de tierras seguras y a no ser desalojados por la fuerza de sus tierras y territorios. 11. No se deben permitir los latifundios. La tierra debe cumplir con su función social. Se deben aplicar límites de propiedad en la tenencia de la tierra cuando éstos sean necesarios con el fin de asegurar un acceso equitativo a las tierras. 12. Las campesinas y campesinos tienen derecho a tierras agrícolas regables para asegurar la Soberanía Alimentaria para una población creciente. 13. Las campesinas y campesinos tienen el derecho de mantener y fortalecer sus diferentes instituciones políticas, legales, económicas, sociales y culturales, al tiempo que conserven el derecho a participar plenamente, si así lo deciden, dentro de las esferas y la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Informe de Tierras y Derecho a la Alimentación 2009
Situación del Derecho a la Alimentación de los campesinos/as, indígenas, afroecuatorianos/as y pescadores/as. Tierra y Territorio