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Timestamp: 2019-09-20 22:16:04
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BOE.es - Documento DOUE-L-2019-81046
Documento DOUE-L-2019-81046
«DOUE» núm. 163, de 20 de junio de 2019, páginas 1 a 12 (12 págs.)
DOUE-L-2019-81046
La ciudadanía de la Unión es el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros. Esta ciudadanía confiere a los ciudadanos de la Unión el derecho a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro. La Directiva (UE) 2015/637 del Consejo (2) da efecto a ese derecho al establecer las medidas de cooperación y coordinación necesarias para facilitar la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados.
La Directiva (UE) 2015/637 alude a los documentos provisionales de viaje como un tipo de asistencia consular que las embajadas y consulados de los Estados miembros deben facilitar a los ciudadanos de la Unión no representados. El documento provisional de viaje es un documento válido para un único viaje, que permite a su titular volver a su país de origen, o, excepcionalmente, a otro destino, en caso de no tener acceso a sus documentos regulares de viaje, por ejemplo porque han sido robados o se han perdido. El otro destino podría ser, por ejemplo, un país vecino o un país igualmente cercano en el que el Estado miembro de nacionalidad del ciudadano no representado tenga una embajada o un consulado.
La Decisión 96/409/PESC de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo (3), estableció la creación de un documento provisional de viaje de formato uniforme para que los Estados miembros lo expidieran a ciudadanos de la Unión en el territorio de países en los que el Estado miembro de nacionalidad de dichos ciudadanos no tuviera representación diplomática o consular permanente. Ahora es necesario actualizar las disposiciones de dicha Decisión y establecer un formato más moderno y seguro para el documento provisional de viaje de la UE («DPV UE»). Debe garantizarse la coherencia entre las condiciones específicas y el procedimiento de expedición de los DPV UE, y las normas generales sobre la protección consular establecidas en la Directiva (UE) 2015/637, dado que dicha Directiva —incluido el procedimiento financiero previsto en su artículo 14— se aplica a la expedición de DPV UE a ciudadanos no representados. La presente Directiva deberá establecer las normas adicionales que deben aplicarse junto con las de la Directiva (UE) 2015/637, en caso necesario.
Los ciudadanos no representados deberán poder solicitar un DPV UE en la embajada o el consulado de cualquier Estado miembro. De conformidad con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/637, los Estados miembros pueden alcanzar acuerdos prácticos sobre el reparto de responsabilidades para la expedición de DPV UE a los ciudadanos no representados. Los Estados miembros que reciban solicitudes de DPV UE deberán evaluar, caso por caso, si procede expedir el DPV UE o si el asunto debe trasladarse a la embajada o el consulado que se considere competente en virtud de cualquier acuerdo que ya esté en vigor.
En consonancia con su finalidad como documento válido para un único viaje, el DPV UE deberá ser válido durante el tiempo necesario para realizar dicho viaje. En vista de las posibilidades y la velocidad de los viajes en la actualidad, la validez de un DPV UE no deberá exceder de 15 días naturales, salvo que concurran circunstancias excepcionales.
Independientemente de la expedición de DPV UE en terceros países a ciudadanos no representados, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros expidan DPV UE en otras situaciones, teniendo en cuenta la legislación y las prácticas nacionales. Los Estados miembros deben poder expedir también DPV UE a sus propios nacionales a ciudadanos de la Unión que no están representados en el territorio de los Estados miembros, y a ciudadanos de otro Estado miembro que están representados en el país en que pretenden obtener un DPV UE. Al hacerlo, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar abusos y fraudes. Ahora bien, los Estados miembros también pueden optar por no expedir DPV UE en tales situaciones.,
De conformidad con el artículo 5 de la Directiva (UE) 2015/637 y con el fin de garantizar la efectividad del derecho consagrado en el artículo 20, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el derecho al respeto de la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «Carta»), y tomando en consideración la legislación y la práctica nacionales, el Estado miembro que preste asistencia deberá tener la posibilidad de expedir un DPV UE a los familiares que no sean ciudadanos de la Unión, que acompañen a ciudadanos de la Unión, cuando dichos familiares residan legalmente en un Estado miembro, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.
Para volver al territorio de la Unión Europea, a algunos familiares que no sean ciudadanos de la Unión se les puede exigir que, además del DPV UE, obtengan un visado. De conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro solo estarán sometidos a la obligación de visado de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), o, en su caso, con la legislación nacional. La posesión de una tarjeta de residencia válida contemplada en el artículo 10 de la Directiva 2004/38/CE eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener un visado. Los Estados miembros concederán a dichas personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen. Estos visados se expedirán gratuitamente lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado.
El DPV UE, consistente en un impreso uniforme de DPV UE y una etiqueta uniforme de DPV UE. El DPV UE deberá incluir toda la información necesaria y cumplir normas técnicas muy desarrolladas, en particular para evitar imitaciones y falsificaciones. Deberá ser rentable y adecuado para que lo utilicen todos los Estados miembros y poseer elementos de seguridad reconocibles universalmente y claramente apreciables a primera vista.
El impreso uniforme del DPV UE deberá contener páginas en blanco para que, en caso necesario, los visados puedan colocarse directamente en el impreso. El impreso deberá servir de soporte para la etiqueta uniforme del DPV UE, que contendrá la información pertinente sobre el beneficiario. La etiqueta uniforme del DPV UE deberá basarse en el modelo uniforme de visado, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo (6) y deberá contener elementos de seguridad similares. La etiqueta uniforme del DPV UE deberá cumplimentarse en la embajada o el consulado del Estado miembro que preste asistencia utilizando las mismas impresoras que para la obtención de visados. En casos de fuerza mayor de carácter técnico, la etiqueta uniforme del DPV UE debe poderse cumplimentar manualmente. Para evitar los riesgos de una menor aceptación y de seguridad, la cumplimentación manual de una etiqueta uniforme del DPV UE debe limitarse tanto como sea posible y producirse solo en aquellos casos en que resulte imposible expedir en un plazo razonable la etiqueta uniforme del DPV UE cumplimentada mediante una impresora.
A fin de aumentar la seguridad y la rapidez del proceso de expedición, en la embajada o el consulado deberá tomarse en vivo una imagen facial del solicitante para el DPV UE, con cámara digital o medio equivalente. Solo cuando esto no resulte viable, podrá usarse una fotografía, después de que la embajada o el consulado se haya asegurado de que se corresponde con el solicitante. A continuación, deberá transferirse la misma imagen facial o fotografía al Estado miembro de nacionalidad para confirmar la identidad del solicitante.
La presente Directiva establecerá unas especificaciones que no deberán mantenerse en secreto. Cuando proceda, podrá ser necesario completarlas con otras especificaciones secretas para evitar imitaciones y falsificaciones.
Para garantizar que la información sobre las especificaciones técnicas adicionales no se facilita a más personas de las necesarias, cada Estado miembro deberá designar a un organismo responsable de la producción del impreso y la etiqueta uniformes del DPV UE. En aras de la eficiencia, se recomienda que los Estados miembros designen a un único organismo. En caso necesario, los Estados miembros deberán poder cambiar el organismo designado. Por motivos de seguridad, cada Estado miembro deberá comunicar el nombre de dicho organismo a la Comisión y a los otros Estados miembros.
Con el fin de responder a la necesidad de adaptar las especificaciones del impreso y la etiqueta uniformes impreso y la etiqueta uniformes del DPV UE a los avances técnicos, así como de cambiar el Estado miembro responsable de proporcionar modelos para notificar a terceros países el formato uniforme del DPV UE, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (7). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Consejo recibe toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de los actos delegados.
Al objeto de garantizar unas condiciones uniformes en la ejecución de la presente Directiva relativas a las especificaciones y a los indicadores técnicos adicionales necesarios para supervisar dicha ejecución, procede conferir a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).
Con el fin de aumentar la aceptación de los DPV UE, las Delegaciones de la Unión en terceros países deberán notificar a las autoridades pertinentes de dichos países el formato uniforme del DPV UE y cualquier modificación posterior, informar acerca de la aceptación del DPV UE por parte de los terceros países y fomentar su uso. Los modelos empleados para tal fin deben proporcionárselos al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) un Estado miembro, con el respaldo de la Comisión.
La presente Directiva no deberá afectar a disposiciones nacionales más favorables en la medida en que sean compatibles con ella.
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) debe aplicarse al tratamiento de datos personales realizado por los Estados miembros en ejecución de la presente Directiva. El sistema del DPV UE requiere el tratamiento de los datos personales necesarios para la comprobación de la identidad de los solicitantes, la impresión de la etiqueta del DPV UE y la facilitación del viaje del interesado. Es necesario especificar las garantías aplicables a los datos personales tratados, como el plazo máximo de conservación de los datos personales recogidos. Para garantizar la percepción de las tasas aplicables y para prevenir posibles abusos y otras actividades fraudulentas, se requiere un periodo de conservación máximo de 180 días para el Estado miembro que preste asistencia y de dos años para el Estado miembro de nacionalidad. La supresión de los datos personales de los solicitantes no deberá afectar a la capacidad de los Estados miembros para supervisar la aplicación de la presente Directiva.
De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, la Comisión deberá evaluar la presente Directiva, en particular sobre la base de la información recogida a través de mecanismos de seguimiento específicos, a fin de evaluar los efectos de la misma y la necesidad de adoptar nuevas medidas. Esta evaluación también podría tener en cuenta los futuros avances técnicos que permitiesen la introducción de documentos provisionales de viaje electrónicos (eDPV).
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer las medidas necesarias para facilitar la protección consular de los ciudadanos no representados, mediante la expedición de documentos de viaje provisionales seguros y ampliamente aceptados, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de evitar la fragmentación y la consiguiente reducción de la aceptación de los documentos provisionales de viaje expedidos por los Estados miembros a los ciudadanos no representados, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
El objetivo de la presente Directiva es fomentar la protección consular que garantiza el artículo 46 de la Carta. Respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta, incluido el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos personales. La presente Directiva debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.
Procede derogar la Decisión 96/409/PESC.
Producción de los DPV UE
1. La Comisión estará asistida por el comité establecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1683/95. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.
Notificación a terceros países
(1) Dictamen de 16 de enero de 2019 (pendiente de publicación en el Diario Oficial).
(2) Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE (DO L 106 de 24.4.2015, p. 1).
(3) Decisión 96/409/PESC de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativa al establecimiento de un documento provisional de viaje (DO L 168 de 6.7.1996, p. 4).
(4) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
(5) Reglamento (UE) 2018/1086 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 303 de 28.11.2018, p. 39).
(6) Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado (DO L 164 de 14.7.1995, p. 1).
DEROGA la Decisión 96/409, de 25 de junio (Ref. DOUE-L-1996-81098).