Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-5273-de-febrero-27-de-1993?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414ec6f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-26 13:33:11
Document Index: 88816006

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 260', 'artículo 43']

﻿ SENTENCIA 5273 DE FEBRERO 27 DE 1993
SENTENCIA 5273 DE 27 DE FEBRERO DE 1993
CONTENIDO:PRESTACIONES EXTRALEGALES. REVOCACIÓN UNILATERAL
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIONES EXTRALEGALES, RECURSO DE REVOCACIÓ
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:256 DE ABRIL DE 1993, PÁG.304
Sentencia 5273 de enero 27 de 1993
EXTRACTOS: «Advierte el recurrente que el sentenciador tuvo como demostrados los siguientes hechos:
Que el actor prestó sus servicios a la demandada desde el 12 de julio de 1960 hasta el 1º de octubre de 1990, es decir, por más de 30 años; que la empresa por medio de la Resolución del 10 de octubre de 1963 (artículo 4º), creó una pensión de jubilación especial a favor del empleado que completara 30 años de servicios continuos o discontinuos, cualquiera que fuera su edad; que dicha resolución fue revocada a partir del 12 de diciembre de 1984 y que en esa fecha el actor no tenía un derecho adquirido sobre la pensión, sino una mera expectativa de llegar a adquirirlo.
Indica la censura que esos hechos no los discute y los acepta pero que las normas que regulan los derechos adquiridos y las meras expectativas, como son las de orden constitucional y legal ya relacionadas, no eran aplicables al caso controvertido ni las conducentes para resolver la litis. Que esta fue formulada en el campo del derecho del trabajo lo cual reclama de una definición a la luz de los ordenamientos legales como de los principios que le son propios, sin que ello se oponga a su aplicación en esa órbita y en algunos casos.
Estima el recurrente que lo planteado en la demanda no fue que a partir de diciembre de 1984 (fecha en la cual según la empresa fue derogada la pensión atrás mencionada) se hubiera tenido un derecho adquirido a esa prestación, sino que el derecho a disfrutar de ella surgió con el retiro posterior al cumplimiento de los 30 años de servicios, sin que su derogatoria lo hubiera afectado, toda vez que “... se trata de una prestación social extralegal creada por el patrono y aplicada por más de 27 años en forma cierta, general, continuada, plural, uniforme que no puede revocarse, ni derogarse, ni suprimirse so pretexto de acojerse a un mínimo legal ya que no es contra ley existente alguna”.
Sostiene el impugnante que cuando la empresa estableció en 1963 dicha pensión, se encontraba en pleno vigor el contrato de trabajo celebrado por el actor y que por lo tanto esa prestación se incorporó automáticamente a ese contrato y entró a ser parte de él, de tal manera que fue de ese modo como la pensión que había nacido por decisión unilateral y voluntaria del patrono, por virtud del consentimiento tácito del trabajador, se convirtió en una obligación contractual a su cargo y en un derecho para el trabajador de gozar de ella cuando completara los 30 años de servicio. Que a partir de ese momento quedó consolidado el derecho a la pensión, sujeto únicamente, para su efectividad y disfrute al cumplimiento del tiempo requerido.
Señala el ataque que una vez producido el acuerdo entre las partes, la mencionada estipulación se torna inmodificable por una de ellas y solamente su consentimiento común puede variarlo o hacerlo desaparecer jurídicamente. Que si se le permitiera al patrono hacerlo, se le estaría facultando para desmejorar las condiciones de trabajo del empleado, ya que a ello equivaldría la supresión de una prestación que hacía parte del contrato. Que solamente ello sería posible a cambio del establecimiento en su reemplazo de otra prestación equivalente a la suprimida, siempre que el trabajador esté de acuerdo.
También dice la censura que si bien el legislador puede alterar y suprimir prestaciones establecidas por él y que aún no han ingresado al patrimonio del trabajador, el patrono cuando las crea, le está impedido proceder de tal manera, por cuanto su disposición voluntaria no rechazada por el empleado, se transforma inmediatamente en una estipulación contractual no susceptible de ser modificada unilateralmente. Que en esas condiciones el derecho así creado e incorporado al contrato de trabajo constituye un beneficio convencional inherente a la condición de trabajador de la empresa que lo ha instituido y que, por lo mismo, no puede ser desconocido o vulnerado por ésta sin quebranto de las normas y principios del derecho del trabajo.
Manifiesta el demandante que ciertamente en el año de 1984 el trabajador no tenía un derecho adquirido a la pensión de jubilación reglamentada por la empresa, puesto que no había cumplido con los requisitos que la causaban. Pero en cambio sí tenía consolidado a su favor, desde el año de 1963, el derecho contractual a que se le reconociera y pagara esa pensión extralegal si llegaba a cumplir 30 años de servicios. Que la obligación adquirida por la empresa desde entonces se incorporó a los contratos de trabajo en curso y a aquellos que se celebraron mientras estuvo vigente que, como no existen obligaciones irredimibles, es claro, que conservó la facultad de deshacerse de ella, pero con efectos limitados hacia el futuro, o sea con incidencia únicamente en los contratos que entraran a regir con posterioridad a su eliminación, pero no en los que venían de atrás, porque ellos no pueden ser modificados unilateralmente ni la situación del trabajador puede ser desmejorada por el empleador.
Advierte el ataque que el tema concreto de la controversia no podía ser resuelto con la aplicación de criterios y normas civilistas, sino con fundamento en los principios y disposiciones propias del derecho del trabajo, relacionados en la proposición jurídica, que consagran la necesidad de aplicar un espíritu de coordinación económica y equilibrio social como medio para lograr la justicia en las relaciones obrero-patronales, un mínimo de derechos y garantías en favor de los trabajadores, la irrenunciabilidad de ellos, la aplicación de la norma y del criterio más favorable al trabajador, la ineficacia de las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con las que establezcan, entre ellas, los reglamentos de la empresa y el de la buena fe en la ejecución de los contratos.
Por su parte, la réplica invoca el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo para señalar que en dicha disposición no se encuentran incluidas las disposiciones voluntarias del empleador, motivo por el cual no se puede afirmar que dichas decisiones no puedan ser modificadas, con el argumento que ello implica una cláusula ineficaz. Además que no se trata de un acuerdo bilateral sino de una concesión unilateral de la cual podía deshacerse el empleador en la forma como lo hizo, que su situación jurídica no se encontraba consolidada y que en la demanda de casación se hacen afirmaciones que no se ajustan a la realidad.
Para el Tribunal las normas que regulan los contratos de trabajo controlan los actos jurídicos que se han producido bajo su imperio y que las nuevas normas rigen, con exclusión de la antigua, los actos que aún no han comenzado. Que se ha discutido, sin embargo, sobre cuál es la norma que debe regir los contratos cuando los efectos de un acto jurídico se han cumplido bajo la vigencia de una norma, pero los produce también bajo la duración de la nueva disposición.
Según el ad quem, la nueva norma se debe aplicar no solo a los derechos futuros que se producen sin relación con un hecho anterior, sino también a los futuros que son consecuencia de los anteriores. Sin embargo la nueva disposición no se podría aplicar a los derechos adquiridos, pero sí a las simples eventualidades o expectativas.
Siguiendo estos derroteros, el sentenciador entiende que un derecho concreto encuentra su fundamento en un hecho, en la ley, en una norma vigente, en la convención, en la voluntad individual, etc., y se individualiza cuando el sujeto realiza el hecho, o cuando se encuentra en relación con las circunstancias que dan origen al mismo, pero siempre que se encuentre en vigor la fuente de la cual se pretende derivar el derecho. Que si bien el empleador, “es omnipotente” dentro de los justos límites fijados por la razón y el derecho para otorgar ciertas ventajas a los trabajadores, también lo es para modificarlas o simplemente derogarlas. Pero que no le es permitido al trabajador exigir que las consecuencias jurídicas de un acto le sean reconocidas, “inmovilizando en su beneficio la norma derogada’’, mientras cumple con las exigencias de ella.
Para el sentenciador, cuando la junta directiva de la demandada revocó la resolución que reconocía el derecho pensional, el trabajador no reunía los requisitos exigidos por la disposición derogada pues no tenía los 30 años de servicio y se encontraba aún vinculado con la empresa demandada, es decir que sólo tenía la expectativa que se le reconociera un derecho que voluntariamente quería conceder el empleador.
Por su parte, la censura no discute el tiempo laborado por el actor, el reconocimiento voluntario de la pensión de jubilación especial para el trabajador que cumpliera 30 años de servicios continuos o discontinuos, la revocatoria unilateral por parte de la empresa a partir del 12 de diciembre de 1984 y el hecho que el actor en ese momento sólo tenía una simple expectativa para adquirir el derecho a gozar de esa pensión, pero considera que las normas que regulan los derechos adquiridos y las meras expectativas en la Carta Fundamental y en la Ley 153 de 1887, singularizadas en la proposición jurídica, no son aplicables al caso controvertido ni las conducentes e idóneas para decidir la litis.
Sostiene el recurrente que, por el contrario, cuando la empresa estableció en el año de 1963 la aludida prestación extralegal, estaba en pleno vigor el contrato de trabajo celebrado con el actor, se incorporó automáticamente a ese contrato y entró a ser parte de él y que por lo tanto, la pensión que había nacido por decisión unilateral y voluntaria del empleador, se convirtió en una obligación a su cargo y un derecho contractual del trabajador a gozar de ella cuando completara los 30 años de servicios.
Previamente a decidir el asunto sub examine, estima la Sala conveniente precisar cuál ha sido la posición doctrinal de la Corte, frente al tema debatido de los derechos adquiridos en general y en el caso concreto de situaciones laborales definidas o de simples expectativas.
En efecto, la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del 17 de marzo de 1977, al referirse a la noción de derechos adquiridos se expresó así:
‘‘...Se entienden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que, por lo mismo, han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones o derechos sean respetados integralmente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlas nuevamente. Tal afectación o desconocimiento solo está permitido constitucionalmente en el caso que se pretende un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano’’.
La misma Sala Plena, en sentencia del 17 de noviembre de ese año, al hacer mención de los derechos adquiridos garantizados por el artículo 30 de la anterior Constitución, dijo:
‘‘La norma constitucional anotada se refiere, entre otros, a los derechos constituidos con arreglo a las leyes civiles, es decir a las que determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles, como lo prevé el artículo 1º del respectivo Código’’.
Además, el artículo 58 de la actual Carta, mantiene en términos semejantes la protección del Estado frente a los derechos adquiridos, cuando expresa:
‘‘Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglos a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores...’’.
En cuanto a los antecedentes jurisprudenciales de la Sala Laboral, esta Sección en sentencia del 10 de agosto de 1988 —Rad. Nº 2343 Mag. Ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera—, al referirse a los requisitos necesarios para disfrutar del derecho pensional señaló lo siguiente:
‘‘...Luego no es atendible la tesis del impugnante que en el caso sub lite se consolidó un derecho cierto e indiscutible a favor del trabajador cuando a la terminación del contrato de trabajo no había cumplido el presupuesto de la edad pensional para tener derecho a esta prestación social. Le hacía falta en este momento un requisto indispensable para consolidarlo, cual era el cumplimiento de la edad de 55 años, de conformidad con el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo por lo cual era en esta oportunidad un derecho incierto y discutible...’’.
Por su parte, la Sección Primera de esta Sala, en sentencia del 10 de noviembre del mismo año —Rad. 2254 Mag. Ponente Dr. Jorge Iván Palacio P—, sobre el mismo punto debatido, se refirió así:
‘‘...Igualmente ha sido doctrina de la Corte la de que cuando las condiciones legales para el reconocimiento de determinada prestación no se han cumplido, el agente público está frente a una mera expectativa; pero cuando las condiciones legales se han llenado aquél se encuentra en una situación jurídica individual. Siendo la prestación eventual una situación jurídica objetiva legal, puede ser modificada en el porvenir, en cualquier instante, por la ley, tanto en su quantum como en sus modalidades’’.
Podría resumirse que la tendencia doctrinal de esta Sala dentro del ámbito de los derechos adquiridos y sus simples o meras expectativas, se trasluce que sólo en los casos concretos en que se ha consolidado una situación jurídica de carácter individual, es viable el derecho reconocido en la disposición legal correspondiente.
En el caso sub judice, el Tribunal aplicó el criterio anterior ampliándolo a las otras fuentes del derecho del trabajo, como son la convención, el reglamento, el reconocimiento unilateral, etc., para llegar al entendimiento que era válido el derecho reclamado siempre que en el momento de su exigibilidad se encontrare vigente, lo que presupone su colocación en el ámbito del derecho laboral y no como lo alega el recurrente dentro del campo del derecho privado.
Cuando un patrono o empleador reconoce unilateralmente un derecho o prestación, siempre que ese reconocimiento no se haya constituido en una distinta fuente formal de derecho, puede ser modificado o revocado por el mismo en cualquier tiempo, pero si en ese interregno el trabajador reúne los requisitos y condiciones establecidos no puede ser desconocido por el primero, sin que se vulneren los principios y normas tutelares del derecho del trabajo.
Cuando se tiene una simple expectativa porque falta uno de los presupuestos establecidos en la decisión del empleador, ese presunto derecho no ha ingresado al patrimonio del trabajador, y no se está frente a una situación irredimible; cuestión diferente se presenta, cuando se han llenado las estipulaciones señaladas por el otorgante porque le nace una obligación con todas las secuelas que ello conlleva y para el trabajador un derecho correlativo, que ya no puede ser modificado de manera unilateral.
Por otra parte, no se está frente a una cláusula ineficaz dentro del ámbito del artículo 43 del C. P. L., porque como bien lo admite la propia censura la prestación extralegal fue consagrada en forma unilateral por el empleador y posteriormente revocada por el mismo, sin que en ningún momento se tratara de “estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador con los que establezcan la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo’’.
Por último, le asiste razón a la réplica cuando manifiesta que si lo que se pretendía era demostrar que lo que se controvertía era un derecho emanado de un acuerdo bilateral de las partes en litigio, se estaría en desacuerdo con uno de los soportes del fallo, cual fue la consideración del ad quem que la pensión reclamada se originó en un acto unilateral del empleador que por tanto estaba facultado para “modificar esas ventajas o para, simplemente, derogarlas’’, lo que colocaría su ataque en la vía de los hechos.
Por todo lo anterior, el cargo no prospera».
(Sentencia de enero 27 de 1993. Radicación 5273. Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz).