Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-620-de-junio-13-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041bc70f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-20 21:56:24
Document Index: 398680196

Matched Legal Cases: ['artículo 144', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 58', 'artículo 144', 'artículo 29', 'Artículo 354', 'artículo 354', 'artículo 354', 'artículo 357', 'artículo 356', 'artículo 354', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 152', 'artículo 382', 'artículo 383', 'artículo 384', 'artículo 385', 'artículo 386', 'artículo 387', 'artículo 388', 'artículo 389', 'artículo 382', 'artículo 383', 'artículo 30', 'artículo 152', 'Artículo 392', 'artículo 392', 'Artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 250', 'artículo 414', 'artículo 404', 'artículo 250', 'artículo 144', 'artículo 354', 'artículo 392', 'artículo 404']

﻿ SENTENCIA C-620 DE JUNIO 13 DE 2001
SENTENCIA C-620 DE 13 DE JUNIO DE 2001
CONTENIDO:HÁBEAS CORPUS Y LOS RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PROTECCIÓN POR MEDIO DE LEY ESTATUTARIA. EL CONGRESO DEBERÁ REGULAR ESTOS DERECHOS. SE RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 144 PARÁGRAFO 2, 354 PARCIAL, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 392 PARCIAL, 404 PARCIAL DE LA LEY 600 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY ESTATUTARIA, HÁBEAS CORPUS, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, PROCEDIMIENTO PENAL, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, EFECTOS DEL FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:357 DE SEPTIEMBRE DE 2001, PÁG.1747
Sentencia C-620 de junio 13 de 2001
Ref.: Expediente D-3157
Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil uno.
A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000, y se resalta lo demandado cuando es parcial:
“2. A quien violare la reserva de la instrucción lo sancionará con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta por el funcionario que conoce de la actuación.
“3. Impondrá a quien impida, obstaculice o no preste la colaboración para la realización de cualquier prueba o diligencia durante la actuación procesal, arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba.
“4. A quien le falta el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas lo sancionará con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días.
“5. A quien haga anotaciones marginales o interlineadas, subrayados, dibujos o enmendaduras de cualquier clase en el expediente, lo sancionará con multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
“6. A quien solicite pruebas manifiestamente inconducentes o impertinentes, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“7. Al sujeto procesal a quien se le compruebe haber actuado con temeridad o mala fe, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“8. Al establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada sin dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con multa de diez (10) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“9. Al sujeto procesal que suscite colisión de competencia, sin fundamento en razones serias y soporte probatorio, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes.
“PAR. 1º—Oído en descargos si la conducta no fuera justificada, se impondrá la sanción por medio de providencia motivada que deberá notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de apelación.
“Ejecutoriada la sanción de arresto se remitirá copia al correspondiente funcionario de policía del lugar quien deberá hacerla cumplir inmediatamente.
“Si se trata de multa deberá consignarse el dinero dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de providencia que la impone, en caso contrario se ejecutará fiscalmente por la autoridad competente.
“PAR. 2º—Lo señalado en este artículo se aplicará sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias o penales a que haya lugar.
“ART. 354.—Definición. La situación jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.
“Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite.
“Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha.
“ART. 382.—Habeas corpus. El habeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de su libertad.
“Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso.
“ART. 383.—Lineamientos de la acción pública. En los casos señalados en el artículo anterior, toda persona tiene derecho a las siguientes garantías:
“1. Acudir ante cualquier autoridad judicial para que decida a más tardar dentro de las treinta y seis horas siguientes si decreta la libertad. La solicitud se puede presentar ante cualquier funcionario judicial pero el trámite y la decisión corresponde exclusivamente al juez penal.
“El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia para los casos de vacancia judicial.
“2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
“3. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.
“ART. 384.—Contenido de la petición. La petición de habeas corpus deberá contener el nombre de la persona en cuyo favor se interviene, las razones por las cuales considera que con la privación de su libertad se está violando la Constitución o la ley; si lo conoce, la fecha de reclusión y lugar donde se encuentre el capturado y, en lo posible, el nombre del funcionario que ha ordenado la captura y el cargo que desempeña.
“Además, bajo la gravedad del juramento que se considera prestado por la presentación de la petición, deberá afirmarse que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de habeas corpus o decidido sobre la misma.
“ART. 385.—Informe sobre captura. Si la autoridad que hubiere decretado la captura no fuere del mismo lugar del juez que tramita la petición de habeas corpus y éste no pudiere trasladarse a la sede de aquélla, solicitará por el medio más eficaz, información completa sobre la situación que dio origen a la petición. A esta solicitud se le dará respuesta inmediata, remitiendo copia de las diligencias adelantadas contra el capturado.
“Se podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión una información urgente sobre todo lo concerniente a la captura.
“El juez podrá interrogar directamente a la persona capturada.
“En todo caso se dará aviso a la Fiscalía General de la Nación y al interesado.
“ART. 386.—Trámite. En los municipios donde haya dos o más jueces de la misma categoría, la petición de habeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. El juez al que se reparta no podrá ser recusado en ningún caso. Recibida la solicitud, el juez decretará inmediatamente una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición la que se practicará a más tardar dentro de las doce (12) horas siguientes.
“ART. 387.—Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad. La persona capturada con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del habeas corpus.
“ART. 388.—Iniciación de investigación penal. Reconocido el habeas corpus, el juez compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar.
“ART. 389.—Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno. Si se niega la petición la decisión podrá ser impugnada.
“En ningún caso el trámite y la decisión sobre el habeas corpus pueden exceder de treinta y seis (36) horas.
“ART. 392.—Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes. La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.
“Cuando se cuestione la legalidad material de la prueba mínima para asegurar procederá el amparo en los siguientes eventos:
“2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica.
“3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez.
“Quien solicite el control de legalidad, con fundamento en las anteriores causales, debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que objetivamente se incurrió en ella.
“Reconociendo el error sólo procederá el control cuando desaparezca la prueba mínima para asegurar.
“La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.
“Si se trata de una decisión sobre bienes que no se origina en una providencia motivada, el control de legalidad podrá ejercerse de inmediato. Se exceptúan de la anterior disposición aquellos bienes que se encuentren fuera del comercio o que por su naturaleza deban ser destruidos.
“Formulada la petición ante el Fiscal de la Nación o su delegado, éste remitirá copia del expediente al juez de conocimiento. previo el correspondiente reparto. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días.
“Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo no admiten ningún recurso.
2. Parágrafo 2º del artículo 144 de la Ley 600 de 2000.
La demandante sostiene que este artículo viola el principio de non bis in ídem al permitir que los funcionarios judiciales impongan medidas correccionales sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias o penales a que haya lugar, pues en su concepto permite que se juzgue al sujeto de la sanción dos veces por el mismo hecho.
2.1. Principio de non bis in ídem.
El non bis in ídem es un principio consagrado constitucionalmente en el artículo 29 inciso 4º, de modo que se enmarca dentro del derecho al debido proceso.
Se desprende del principio de la cosa juzgada y fue expresamente consagrado en el artículo 8º de la Ley 599 de 2000 bajo el título 1, “De las normas rectoras de la ley penal colombiana”, como uno de los pilares que debe orientar y permear todas las actuaciones judiciales en materia penal, en los siguientes términos:
“Prohibición de la doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales“.
El non bis in ídem ha sido materia de varios pronunciamientos de esta corporación, en los cuales se ha definido en qué consiste y cuál es su alcance. En Sentencia T-162 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte se refirió a él de la siguiente manera:
“Non bis in ídem, es una expresión latina que significa “no dos veces sobre lo mismo“, ésta ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. En otras palabras que no debe resolverse dos veces el mismo asunto.
... el principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada al ámbito del ius puniendi, esto es, al campo de las sanciones tanto penales como administrativas... equivale en materia sancionatoria, a la prohibición de someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta“, que se erige en el impedimento fundamental que a jueces y funcionarios con capacidad punitiva impone el principio de non bis in ídem”.
No obstante, es menester aclarar que el non bis in ídem no implica que una persona no pueda ser objeto de dos o más sanciones de naturaleza diferente por la comisión de un mismo hecho, siempre y cuando con su conducta se vulneren distintos bienes jurídicos tutelados. En este sentido, la Corte se pronunció respecto de la consagración de medidas correccionales en el artículo 58 la de la Ley estatutaria de la administración de justicia, en estos términos:
“... encuentra la Corte que la facultad del funcionario judicial de adoptar medidas correccionales frente a los particulares que incurran en alguna de las causales que justifican la adopción de medidas sancionatorias, tiene fundamento en el respeto que se le debe a la administración de justicia, eso sí sin perjuicio de otras determinaciones que puedan adoptar las demás autoridades competentes. Lo anterior —valga anotarlo— tampoco significa sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, esto es, contrariar al principio “non bis in ídem“, toda vez que se trata de determinaciones de naturaleza particular tomadas para cada caso por autoridades de competencia también diferente”. (1)
2.2. Sanciones correccionales.
Las sanciones correccionales, por su parte, son impuestas por el juez en virtud del poder disciplinario de que está investido como director y responsable del proceso, de manera que no tienen el carácter de “condena”, sino que son medidas que adopta excepcionalmente el funcionario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus deberes esenciales. En este sentido,
“... durante el desarrollo de un determinado proceso, las partes actúan, no frente a la persona del juez, la cual amerita respeto, sino ante el pueblo soberano que ha depositado en aquel la facultad que le es propia de impartir justicia, lo que hace que la relación no sea simétrica, entre ciudadanos, sino asimétrica, entre éstos y la majestad misma de la justicia, a la cual se someten y le deben el máximo respeto y consideración; de ahí la gravedad de aquellos comportamientos que impliquen irrespeto, pues no sólo se están desconociendo los derechos del juez como individuo, sino los del pueblo soberano representado en él; ello, por sí solo, justificaría la constitucionalidad del poder disciplinario que se le otorga al funcionario a través de las normas impugnadas, poder cuestionado por el actor, para quien dicha facultad atenta, en el marco de un Estado social de derecho, contra el derecho fundamental al debido proceso” (2) .
(2) Sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.
Así, deben cumplirse unos presupuestos esenciales en la imposición de las medidas correccionales, a saber: que el comportamiento que origina la sanción correctiva constituya, por acción u omisión, una falta al respeto que se le debe al juez como depositario que es del poder de jurisdicción; que exista una relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad del funcionario judicial que impone la sanción; que con anterioridad a la expedición del acto a través del cual se impone la sanción, y con el fin de garantizar el debido proceso, el infractor tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la práctica de las mismas. De este modo,“...se armoniza el ejercicio del poder disciplinario por parte del juez, esencial para el cumplimiento de sus deberes, y la garantía constitucional de un debido proceso para los ciudadanos, cualquiera sea el tipo de actuación que se surta”.
Es forzoso concluir entonces que la imposición de diversas sanciones respecto de una misma conducta, no implica de por sí una violación al principio non bis in ídem, tal como lo ha manifestado esta Corte en repetidas ocasiones, ya que se trata de medidas de distinta naturaleza no excluyentes entre sí, impuestas por autoridades que pertenecen a diferentes jurisdicciones.
Pero esto no es todo. Considerando que una misma conducta puede tener la virtualidad de acantonarse simultáneamente en diferentes ámbitos del derecho, esto es, producir efectos materiales lesivos de distintos derechos de una pluralidad de titulares, o de dos o más derechos de un mismo titular; claro es que el Estado debe proveer a la defensa y protección de tales derechos tipificando las conductas dañinas de los correspondientes bienes jurídicos. Y este es justamente el punto: el Estado social de derecho debe reivindicar a través de los respectivos estatutos la protección de los bienes jurídicos predicables de la sociedad y del Estado mismo, bienes que por múltiples motivos pueden ser amenazados o vulnerados merced a una o varias conductas. Por donde, si una persona con una sola conducta quebranta varios bienes jurídicos, mal podría aducir a su favor el non bis in ídem como medio para obtener un juzgamiento circunscrito a los linderos de uno solo de tales bienes, toda vez que el examen de dicha conducta frente a los demás bienes jurídicos afectados quedaría en el más completo abandono, allanándose así el camino para la eventual impunidad de los respectivos infractores, con la subsiguiente alarma social que con frecuencia da cabal noticia sobre las políticas y acciones de la justicia administrativa y judicial. Por lo tanto, siendo claro que bienes jurídicos tales como el derecho a la vida, la administración pública, el orden económico social, el tesoro público, y todos los demás, merecen la más satisfactoria protección por parte del Estado y sus agentes, en modo alguno podría convalidarse una visión unidimensionalista de la función punitiva que le compete a las autoridades administrativas y judiciales. Antes bien, en el evento de que un servidor público llegue a incurrir, por ejemplo, en el tipo “interés ilícito en la celebración de contratos”, a más de la acción penal procederían las acciones disciplinaria y fiscal, en el entendido de que con su conducta el infractor pudo quebrantar tres bienes jurídicamente protegidos: la administración pública, la moral administrativa y el tesoro público. Se impone entonces reconocer el carácter de piedra angular que ostentan los bienes jurídicos, como que de ellos dependen los correspondientes estatutos rectores y represivos, las competencias, los procedimientos, y por supuesto, las condignas decisiones absolutorias o sancionatorias, que a manera de particulares resoluciones jurídicas conforman el universo de fallos pertinentes a la conducta infractora del sujeto pasivo de la acción administrativa y judicial.
Debe declarase entonces la constitucionalidad del parágrafo 2º del artículo 144 de la Ley 600 de 2000 demandado, puesto que la norma responde a la necesidad de otorgar a la autoridad jurisdiccional instrumentos idóneos para que pueda cumplir con su función de administrar justicia, sin que ello constituya violación al debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, o más concretamente, al principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, también denominado non bis in ídem.
3. Artículo 354 inciso 1º de la Ley 600 de 2000.
En criterio de la demandante, el inciso 1º del artículo 354 de la Ley 600 de 2000 desconoce el principio de igualdad, al establecer que la situación jurídica sólo debe definirse en aquellos eventos en los que proceda la detención preventiva.
3.1. Definición de la situación jurídica.
Según las normas que rigen el proceso penal, en la definición de situación jurídica, el funcionario judicial, en nuestro ordenamiento, el fiscal, resuelve si impone o no medida de aseguramiento al sindicado de la comisión de un hecho punible. La imposición de las medidas de aseguramiento responde a la necesidad de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga o la continuación de la actividad delictual y evitar la alteración de las pruebas y el entorpecimiento de la investigación.
“La providencia que resuelve la situación jurídica, es producto de un proceso deductivo que hace el juez de los hechos y las pruebas que existen en el proceso. Por tanto, su requisito esencial lo constituye la existencia de una imputación fáctica mas no jurídica, que le permita al sindicado ejercer en debida forma su derecho de defensa.
Por tanto, lo importante es hacer referencia en la indagatoria a todos los hechos y conductas que se investigan e imputan al indagado, mas no expresamente mencionar un tipo penal por su denominación jurídica. Si no se indaga sobre algunos hechos, es claro que la providencia en que se resuelve la situación jurídica no pueda fundarse en ellos, razón por la que se requiere una nueva citación para ampliar la indagatoria inicialmente presentada” (3) .
(3) Sentencia T-121 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.
En efecto, en la diligencia de indagatoria el indagado puede voluntariamente rendir las explicaciones necesarias para su defensa, suministrando información respecto de los hechos que se investigan y que de manera provisional puedan adecuarse a un determinado tipo penal. De esta forma, la diligencia de indagatoria es el primer medio de defensa del imputado en el proceso, a través del cual explica su posible participación en los hechos. A su vez, es fuente de prueba de la investigación penal, porque le permite al juez hallar razones que orienten la investigación a la obtención de la verdad material. Por eso resulta equivocado pensar que en el auto que resuelve la situación jurídica del indagado debe hacerse la calificación jurídica de los delitos que se investigan (4) , pues, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia:
(4) Sentencia T-439 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
“... es la misma ley la que dispone indagar por los hechos estructurantes de la imputación y de los cuales emerge posteriormente (primero al resolverse la situación jurídica y luego al calificarse el proceso) la acomodación jurídica que a ellos debe dársele. Porque el sindicado, al defenderse de los hechos concretos, en principio, ya se está defendiendo de la hipotética adecuación que en derecho éstos merezcan” (5) .
(5) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 31 de agosto de 1995. Proceso 9193, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.
“... es un evidente desconocimiento de la realidad procesal (...) creer que la apreciación probatoria que se haga en el auto mediante el cual se define la situación jurídica del indagado, no puede ser modificada al momento de calificar el mérito del sumario sin que hayan surgido nuevas pruebas, como si con esa decisión se diera por consolidada una determinada situación de manera absoluta. No hay ninguna disposición procesal que impida que al momento de calificar el sumario se dé a los hechos una denominación jurídica distinta a la del auto de detención, ni que la valoración probatoria sea diferente, pues por su propia naturaleza la definición de la situación jurídica es provisional, y por lo mismo de ejecutoria formal, susceptible de revocatoria” (6) .
(6) Cfr. Proceso 7830, M.P. Ricardo Calvete Rangel.
En el Código de Procedimiento Penal actualmente vigente, Decreto 2700 de 1991, la definición de situación jurídica está consagrada como una etapa de la investigación que debe surtirse en todos los casos, de tal forma que siempre hay que contemplar la posibilidad de imponer o no una medida de aseguramiento que, como su nombre lo indica, busca asegurar el cumplimiento del proceso, garantizando la comparecencia del sindicado en el mismo. Esto es así en razón de la variedad de medidas que se previeron como garantes del desarrollo de la investigación y de la etapa de juzgamiento (conminación, caución, prohibición de salir del país, detención domiciliaria y detención preventiva) y que obedecen al tipo penal que se investiga y otra serie de factores que se deben tener en cuenta al momento de determinar si se impone o no medida, y en caso afirmativo, cuál de ellas.
“Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.
“No se puede interpretar en el sentido de que las reglas legales plasmadas para los distintos procesos sean inmodificables. pues el legislador tendrá siempre las posibilidades de introducir en ellas las variaciones y adaptaciones que estime indispensables. Lo que la Constitución exige es la observancia de la normatividad en el curso de los procesos y en modo alguno la petrificación de ella” (7) .
(7) Sentencia C-491 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Ciertamente, nada obliga al legislador a mantener incólumes las medidas de aseguramiento imponibles dentro del proceso penal, pues ellas no hacen parte del derecho fundamental al debido proceso. Son simples formas que se utilizan para asegurar el cumplimiento y el desarrollo de la investigación y, la etapa de juzgamiento, de tal forma que en vez de favorecer al sindicado, implican una carga que lo obliga a comparecer al proceso. Así, si el legislador considera que no es necesario consagrar varias medidas de aseguramiento, sino una sola, tiene plena facultad de hacerlo.
3.2. Definición sólo en los casos en los que proceda la detención preventiva.
Ahora, si la definición de la situación jurídica del sindicado consiste justamente en definir si debe o no imponérsele una medida de aseguramiento, es lógico que ésta deba realizarse cuando tal medida sea procedente, con el fin de determinar si, dados unos supuestos de hecho, cabe o no su imposición. De lo contrario, no tendría sentido entrar a analizar si el sindicado amerita ser objeto de la detención preventiva, única medida de aseguramiento posible, cuando ni siquiera se cumplen los requisitos para la imposición de tal medida. De ahí que es lógico que el artículo 354 demandado haya consagrado que la definición de la situación jurídica debe llevarse a cabo en los eventos en que sea procedente la detención preventiva. De esta forma, cuando la persona se encuentre privada de la libertad, el funcionario debe resolver la situación jurídica dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la indagatoria indicando si hay o no lugar a la imposición de la medida de aseguramiento, de tal forma que si no procede la detención, debe ordenar su libertad inmediata. Por otro lado, si el sindicado no se encuentra privado de la libertad, el plazo para definir la situación jurídica es de diez días contados a partir de la indagatoria o la declaratoria de persona ausente (nuevo CPP, art. 354).
La expresión “cuando proceda la detención preventiva” implica que se descartan una cantidad de supuestos y delitos en los que no procede de ninguna manera la medida de aseguramiento, es decir, aquellos que no están consagrados en el artículo 357, dejando en el espectro de análisis sólo aquellos casos en los que eventualmente hay que entrar a determinar si se impone o no la única medida de aseguramiento posible en la resolución de situación jurídica. En otras palabras, la imposición de la medida cautelar no está supeditada a la plena prueba de los tres elementos del delito (tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad), sino a los requisitos consagrados en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, de tal forma que si éstos se dan, el funcionario entra a resolver la situación jurídica de manera positiva o negativa, esto es, decretando o no la detención preventiva.
De todo lo anterior se sigue que deba declarase la constitucionalidad del artículo 354 inciso 1º de la Ley 600 de 2000, pues atendiendo a los lineamientos de la nueva normatividad en materia penal, es razonable que la situación jurídica sólo deba definirse en aquellos casos en los que proceda la única medida cautelar contemplada, esto es, la detención preventiva, sin que esto vulnere el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 del estatuto superior.
4. Artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000.
4.1. El habeas corpus.
“Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.
La acción debe resolverse en el término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la norma y le otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de inmediato su libertad” (8) .
(8) Gaceta Constitucional número 82, página 12.
En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos —aprobado mediante la Ley 74 de 1968—, el habeas corpus se encuentra regulado en el artículo 9º, numeral 4º, así:
“Toda persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, con el fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal“.
En la Convención americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica” —aprobada mediante la Ley 16 de 1972—, el habeas corpus no sólo es considerado como una garantía de la libertad sino también como un derecho fundamental, que no puede ser limitado ni abolido, como se lee en el artículo 7º numeral 6º, cuyo texto es éste:
“Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, con el fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a. recurrir a un juez o tribunal competente con el fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona“.
Los tratados internacionales y, especialmente, la Convención interamericana de derechos humanos establecen claramente que el habeas corpus es un derecho que no se suspende en los estados de excepción o anormalidad. Además, el habeas corpus es un derecho que no sólo protege la libertad física de las personas sino también es un medio para proteger la integridad física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que en las dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego torturar y desaparecer a aquellas personas que no gozan de la simpatía del régimen de turno; este fenómeno fue motivo de análisis por la Corte interamericana de derechos humanos en la opinión consultiva OC-08 de 1987 (ene. 30), serie A, Nº 8, párrafos 35, 37-40 y 42, que textualmente señala:
“El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias poblaciones de nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. Esa realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal, son amenazados cuando el habeas corpus es parcial o totalmente suspendido”.
4.2. La regulación de derechos fundamentales debe hacerse mediante ley estatutaria.
a) Los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;
b) La administración de justicia;
c) La organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición y funciones electorales;
d) Las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, y
e) Los estados de excepción.
Con esta clase de leyes quiso el constituyente “dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad” (9) .
(9) C-425 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
En cuanto a la regulación de los derechos fundamentales y de los recursos y procedimientos para su protección, la Corte ha señalado que mediante ley estatutaria no se “supone que toda norma atinente a ellos deba necesariamente ser objeto del exigente proceso aludido, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la competencia del legislador ordinario” (10) . La ley estatutaria si bien debe “desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, ellas no fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos, pues, de algún modo, toda la legislación, de manera más o menos lejana, se ve precisada a tocar aspectos que con ese tema se relacionan (...) los derechos fundamentales pueden verse afectados directa o indirectamente, de una u otra forma, por cualquier regla jurídica, ya en el campo de las relaciones entre particulares, o en el de las muy diversas actividades del Estado. En últimas, en el contenido de todo precepto se encuentra, por su misma naturaleza, una orden, una autorización, una prohibición, una restricción, una regla general o una excepción, cuyos efectos pueden entrar en la órbita de los derechos esenciales de una persona natural o jurídica” (11) .
(11) Sentencia C-13 de 1993 y C-311 de 1994, MM. PP. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa, respectivamente.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido como “la naturaleza jurídica de cada derecho, esto es, el modo de concebirlo o configurarlo (...) Desde esta óptica, constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito, sin las cuales el derecho se desnaturalizaría” (12) . Igualmente, se ha dicho que el núcleo esencial se refiere a “los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula del derecho. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho, para hacer referencia a aquella parte del contenido del mismo que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De ese modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección” (13) .
(12) Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
No obstante lo anterior, la Corte también ha aceptado la tesis de “que cuando el legislador asume de manera integral, estructural o completa la regulación de un tema de aquellos que menciona el artículo 152 superior, debe hacerlo mediante ley estatutaria, aunque dentro de esta regulación general haya disposiciones particulares que por su contenido material no tengan el significado de comprometer el núcleo esencial de derechos cuya regulación se defiere a este especial proceso de expedición legal. Es decir, conforme con el aforismo latino que indica que quien puede lo más puede lo menos, una ley estatutaria que de manera integral pretende regular un asunto de los que enumera la precitada norma constitucional, puede contener normas cuya expedición no estaba reservada a este trámite, pero en cambio, a la inversa, una ley ordinaria no puede contener normas particulares reservadas por la Constitución a las leyes estatutarias” (14) .
(14) Sentencias C-251 de 1998 y C-1338 de 2000 MM. PP. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Cristina Pardo Schlesinger.
En el artículo 382 se define el derecho de habeas corpus y se fija su sentido y alcance, así: “El habeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de la libertad.
En el artículo 383 se señalan las garantías que se derivan del ejercicio del habeas corpus: “En los casos señalados en el artículo anterior, toda persona tiene derecho a las siguientes garantías: 1) acudir ante cualquier autoridad judicial para que decida a más tardar dentro de las treinta y seis horas siguientes si decreta la libertad. La solicitud se puede presentar ante cualquier funcionario judicial pero el trámite y la decisión corresponde exclusivamente al juez penal. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia para los casos de vacancia judicial. 2) a que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno. 3) a que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial”.
En el artículo 384 se consagra el contenido de la petición: “La petición de habeas corpus deberá contener el nombre de la persona en cuyo favor se interviene, las razones por las cuales se considera que con la privación de su libertad se está violando la Constitución o la ley, si lo conoce, la fecha de reclusión y lugar donde se encuentre el capturado y, en lo posible, el nombre del funcionario que ha ordenado la captura y el cargo que desempeña. Además, bajo la gravedad del juramento que se considera prestado por la presentación de la petición, deberá afirmarse que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de habeas corpus o decidido sobre la misma”.
En el artículo 385 se establece el procedimiento a seguir cuando la persona haya sido capturada: “Si la autoridad que hubiere decretado la captura no fuere del mismo lugar del juez que remita la petición de habeas corpus, y éste no pudiere trasladarse a la sede de aquella, solicitará por el medio más eficaz, información completa sobre la situación que dio origen a la petición. A esta solicitud se le dará respuesta inmediata, remitiendo copia de las diligencias adelantadas contra el capturado. Se podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión una información urgente sobre todo lo concerniente a la captura. El juez podrá interrogar directamente a la persona capturada. En todo caso se dará aviso a la Fiscalía General de la Nación y al interesado”.
En el artículo 386 se señala el juez competente para conocer de la acción respectiva. “En los municipios donde haya dos o más jueces de la misma categoría, la petición de habeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. El juez decretará inmediatamente una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición que se practicará a más tardar dentro de las doce (12) horas siguientes”.
En el artículo 387 se prohíbe imponer otra medida restrictiva de la libertad al afectado. “La persona capturada con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del habeas corpus“.
En el artículo 388 se consagra el envío de copias para el inicio de la acción penal, “Reconocido el habeas corpus, el juez compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar”.
En el artículo 389 se establece el contenido de la decisión que se debe adoptar y el término para tramitar y resolver la petición: “Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno. Si se niega la decisión la petición puede ser impugnada. En ningún caso el trámite y la decisión sobre el habeas corpus pueden exceder de treinta y seis (36) horas”.
Por otra parte, llama la atención de la Corte que en el inciso segundo del artículo 382 se haya consagrado que la petición de libertad de quien está legalmente privado de ella debe ser resuelta dentro del mismo proceso y, por consiguiente, por el mismo juez que dictó la medida, de manera que la petición de habeas corpus vendría siendo decidida por el mismo funcionario que ha podido incurrir en la violación alegada, lo que a juicio de la Corte infringe la Constitución, por no garantizar la autoridad judicial competente para resolverla la imparcialidad debida. Cómo aceptar que quien dicta la medida de privación de la libertad pueda tener la objetividad e imparcialidad suficiente para decidir en forma eficaz y justa que ha sido el autor de la medida arbitraria e ilegal mediante la cual se ha privado de la libertad al peticionario del habeas corpus, declaración que además, implica o deja al descubierto la comisión de una falta que puede acarrear sanciones disciplinarias o penales. Nada más contrario a los principios que rigen la administración de justicia.
Quien conoce y decide las peticiones de habeas corpus debe ser un juez o tribunal autónomo e independiente con el fin de garantizar al máximo la imparcialidad y el principio de justicia material, como sucede en otros países, pues la autoridad judicial que debe resolver el habeas corpus, “necesita toda la dignidad e inviolabilidad que la majestad de la justicia puede otorgar, porque su deber consiste en amparar al débil contra el fuerte, a la persona humana individual contra el poder del Estado utilizado como fuerza opresiva…” (15) .
(15) Sánchez Viamonte Carlos, El habeas corpus, garantía de la libertad, 2ª edición, Buenos Aires. Edit. Perrot.
Igualmente, vale la pena señalar respecto de esta misma disposición y del artículo 383 que asigna únicamente al juez penal la competencia para resolver las peticiones de habeas corpus, que la Constitución es clara al señalar en el artículo 30, que éste se puede interponer ante “cualquier autoridad judicial”.
En este orden de ideas, la Corte considera que al proceder el legislador a regular en forma íntegra y completa el derecho fundamental de habeas corpus y los mecanismos y procedimientos para su protección por medio de una ley ordinaria, además de tocar aspectos atinentes a su núcleo esencial, infringió abiertamente el artículo 152-a) de la Carta, que exige reserva de ley estatutaria, lo que motiva el retiro del ordenamiento positivo de los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000, como ya se ha anotado.
4.3. Inconstitucionalidad diferida.
5. Artículo 392 inciso 2º de la Ley 600 de 2000
En relación con el cargo presentado por la demandante contra el inciso 2º del artículo 392 la Corte habrá de declarase inhibida para fallar por tratarse de argumentos de conveniencia y no de constitucionalidad, sobre los cuales la Corte no puede entrar a pronunciarse.
6. Artículo 404 numeral 2º inciso 2º de la Ley 600 de 2000
La demandante señala que la parte final del inciso 2º numeral 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 debe ser declarada inconstitucional por contrariar lo establecido en el artículo 250 numeral 2º de la Carta Política, al declarar que si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional y el fiscal persiste en dicha calificación, el juez puede decretar la nulidad de la resolución de acusación.
Sin embargo, es menester aclarar que el procedimiento penal no obedece a un sistema acusatorio puro, pues de ser así, el ente acusador no haría parte de la rama judicial, lo que ocurre en el sistema colombiano, donde la Fiscalía hace parte de esta rama del poder. Es por ello que esta Corte ha sostenido que el sistema colombiano es mixto, pues si bien existe una diferencia de funciones entre los fiscales y los jueces, ambos poseen, dentro de la órbita de sus competencias, facultades judiciales (16) .
(16) Sentencia C-609 de 1996, MM. PP. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
Ahora bien, aunque fiscales y jueces tengan funciones distintas dentro del proceso penal, esto no significa que exista una absoluta separación de funciones, pues conforme al principio de colaboración funcional (C.P., art. 113), es razonable que la ley permita la intervención de los jueces durante la etapa de instrucción y de los fiscales en la de juzgamiento. En efecto, así como en virtud del sistema acusatorio mixto consagrado por el constituyente, los fiscales intervienen en el juicio como sujetos procesales, así mismo, con base en el criterio de colaboración armónica entre fiscales y jueces, esta corporación ha considerado que son constitucionales disposiciones como las que permiten el control por parte de los jueces de las medidas de aseguramiento (17) .
(17) Sentencia C-395 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
“Conforme al principio acusatorio es natural que los fiscales intervengan en el juicio, como sujetos procesales, pues una de la ideas esenciales de este sistema, parcialmente adoptado por el constituyente, es que la verdad procesal surja de un debate contradictorio entre los argumentos de la acusación y de la defensa frente a un tercero imparcial, que es el juez. Es congruente con el espíritu garantista de la Carta que se extremen los rigores frente a medidas que, como los autos de detención o las órdenes de allanamiento, limitan derechos fundamentales, como la libertad o la intimidad, por lo cual es perfectamente legítimo que el legislador pueda establecer la intervención facultativa u obligatoria de los jueces durante esta fase instructiva, con el fin de controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales” (18) .
(18) Op. Cit. Sentencia C-609 de 1996.
Así las cosas, no existe una división infranqueable entre la fase de instrucción y la etapa de juzgamiento. El proceso penal es uno sólo, conformado por diferentes etapas no excluyentes entre sí, sino, por el contrario, complementarias, pues lo que se busca es la consecución de la verdad, tanto en la etapa de investigación que adelanta el fiscal, como a lo largo de la etapa de juzgamiento, en aras de hacer efectivo el principio de justicia material. En consecuencia, no se puede pretender que el juez quede atado a las decisiones del fiscal, máxime teniendo en cuenta que en él radica la decisión final del proceso (19) . Ciertamente,
(19) Sentencia T-439 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
“… cabe resaltar, una vez más, la colaboración e intercomunicación entre fiscales y jueces que como miembros de la rama judicial no se excluyen, pudiendo estos últimos intervenir en la fase instructiva, sin desconocer, claro está, las competencias señaladas a los primeros. La inclusión de la Fiscalía General de la Nación dentro de los órganos que administran justicia, permite aseverar la existencia de la unidad de jurisdicción, razón de más para sostener que el control de legalidad previsto en el artículo 414A del Código de Procedimiento Penal, no constituye una injerencia indebida en las actuaciones de la Fiscalía sino que obedece a la complementariedad de las labores que desempeñan distintos funcionarios judiciales, al principio de economía procesal, ya que va a permitir subsanar posibles fallas y desaciertos, garantizando una etapa de juzgamiento depurada de vicios, y por contera, al propósito inabdicable de proteger celosamente los derechos del procesado” (20) .
(20) Op. Cit. Sentencia C-491 de 1996.
6.2. Calificación jurídica provisional - Resolución de acusación.
“la provisionalidad de la calificación —que, por supuesto implica la posterior facultad judicial de modificarla— cobra sentido en esta etapa procesal por cuanto mediante la resolución de acusación se da lugar al juicio, con base en unos motivos estimados suficientes por la Fiscalía a la luz de las reglas procesales aplicables y como resultado de la investigación, pero no se decide, lo cual corresponde al juez, de acuerdo con la estructura del proceso penal en el sistema acusatorio previsto por la Constitución.
Basta sugerir, a título de ejemplo, lo que acontecería si —en el supuesto de una norma legal como la quiere la demandante—, calificado el hecho punible bajo un determinado tipo legal en la resolución de acusación y hallado en el curso del proceso que el sindicado no cometió ese delito, sino otro, plenamente probado, fuera imposible para el juez proferir el fallo de condena en cuanto le estuviera vedado modificar la calificación jurídica inicial. El delito, entonces, por mal calificado, quedaría impune, frustrándose el postulado constitucional que obliga al Estado a realizar un orden justo” (21) .
Así pues, se entiende que la resolución de acusación no es definitiva (22) ya que el proceso penal no se agota en la etapa de instrucción, de modo que durante la etapa de juzgamiento el juez puede modificarla si, luego del análisis del acervo probatorio, encuentra que el delito establecido por el fiscal en la acusación no corresponde a la conducta realmente llevada a cabo por el procesado (23) . Es inadmisible entender que la posibilidad de modificar la calificación jurídica vulnera el derecho de defensa, ya que sería absurdo sostener que su protección radica en la permanencia en el error o la omisión en que haya podido incurrir el fiscal al proferir dicha providencia. Adicionalmente, la provisionalidad de la calificación responde a la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso, toda vez que protege la presunción de inocencia, la cual sólo se desvirtúa con la sentencia condenatoria. Así,
(22) Ver también Sentencia C-541 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(23) Op. Cit. Sentencia T-439 de 1997.
“si las diligencias iniciales dentro del proceso daban lugar para pensar algo que en el curso del mismo se demuestra equivocado o susceptible de ser corregido, la obligación del juez al adoptar decisión de mérito es la de declarar que el equívoco o la inexactitud existieron, dilucidando el punto y resolviendo de conformidad con lo averiguado, y en ello no se ve comprometida la defensa de la persona sometida a juicio, quien accede a la justicia precisamente para que se defina su situación, fundada en la verdad real y no apenas en calificaciones formales ajenas a ella” (24) .
(24) Op. Cit. Sentencia C-491 de 1996.
En este orden de ideas, se declarará la constitucionalidad del numeral 2º inciso 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, ya que no vulnera el artículo 250 numeral 2º de la Carta.
1. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 2º del artículo 144 de la Ley 600 de 2000, solamente por los cargos analizados en esta sentencia.
2. Declarar EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 354 de la Ley 600 de 2000, solamente por los cargos analizados en esta sentencia.
3. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 y 389 de la Ley 600 de 2000, a partir del 31 de diciembre de 2002. El Congreso de la República deberá regular el derecho fundamental de habeas corpus y los recursos y procedimientos para su protección por medio de ley estatutaria, que deberá expedir antes de la fecha mencionada, esto es, del 31 de diciembre de 2002.
4. Declararse inhibida para fallar sobre el inciso 2º del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, por ineptitud sustancial de la demanda.
5. Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del numeral 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, solamente por los cargos analizados en esta sentencia.