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Timestamp: 2019-02-17 10:37:54
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Presentación del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas (CONIEV) sobre el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP)
Presentación del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas
(CONIEV) sobre el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP)
Valparaíso, 8 de enero de 2013
AL SEÑOR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO
HONORABLE SENADOR, DON HERNAN LARRAIN FERNANDEZ
Por su intermedio agradecemos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la invitación que nos hiciera a la sesión del Martes 8 de Enero de 2013 en la que se tratará de los proyectos sobre Acuerdo de Vida en Pareja (AVP).
Se nos sugiere también responder un cuestionario que permita a la Comisión recibir nuestras opiniones en los aspectos que se consideran más relevantes. Hemos preferido, para una mejor inteligencia de nuestros planteamientos, hacer llegar a ustedes nuestras consideraciones jurídicas sobre estos proyectos en las cuales quedan respondidas todas las interrogantes formuladas, prescindiendo del método de responderlas una a una.
Solicitamos a VS se incorpore el presente texto como parte integrante de la reunión ya mencionada, éste presta atención fundamental a los reparos estrictamente jurídicos que el proyecto suscita, a los muchos problemas y ningún beneficio que reportaría su aprobación a nuestro país, lo que resulta evidente para quienes nos inspiramos en las enseñanzas de Dios o para quienes simplemente observan el orden natural de las cosas que somos la inmensa mayoría de los chilenos según señalan sostenidamente diversas muestras de opinión.
No son estos, los aspectos jurídicos, los únicos reparos que nos llevan a no compartir el proyecto de AVP, sino también la visión cristiana que tenemos sobre esta materia. Queremos entonces en esta respuesta no sólo atenernos a lo que se nos preguntó por oficio, sino también expresar nuestra visión cristiana del proyecto en cuestión, sin perjuicio de expresar las muchas otras razones de que disponemos en la reunión misma.
CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACION AL PROYECTO AVP PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (Boletín 7.873.07)
I. ASPECTOS VALÓRICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO EVANGÉLICO
El matrimonio es la única institución garante y protectora de la familia. La familia, a su vez, es la base de nuestra sociedad, por lo que no nos es posible tratar este tema irresponsablemente. Así lo ha afirmado la Iglesia a través de los siglos y lo declara la Sagrada Escritura como principio fundamental. Desde el punto de vista bíblico se establece que la unión matrimonial sólo es posible cuando ésta se realiza entre un hombre y una mujer (Gn 1:27-28; 2:18,21-24; Mt 19:3-12; Mc 10:1-12). El matrimonio es, en consecuencia, un consorcio que vincula a un hombre y una mujer, social, jurídica y religiosamente, siendo mayormente un vínculo sagrado porque Dios lo ha bendecido.
En el caso del proyecto de acuerdo de vida en pareja, el que pretende regular, ya sea la convivencia o uniones entre parejas heterosexuales y de parejas del mismo sexo, creemos que un paso tal estaría atentando gravemente contra la institución del matrimonio y, por ende, de la familia. Un proyecto como el que nos convoca hoy estaría promoviendo un tipo de unión apartada de los valores y preceptos bíblicos, como asimismo de la figura y modelo de familia en la Biblia establecida.
Creemos que proyectos de Ley como este, contribuye aún más al debilitamiento del matrimonio como institución, alentando a la juventud y sociedad en general a no optar por el matrimonio y privilegiar uniones de hecho sin un verdadero compromiso, ya que se puede disolver en cualquier momento y a voluntad de una de las partes. La Iglesia no puede aceptar legislaciones de este tipo, que a nuestro entender representan un atentado contra la familia, pues es deber cristiano velar por la estabilidad e integridad del matrimonio y de sus hijos. La familia, tanto para la comunidad como para la Iglesia, representa el núcleo fundamental de la sociedad.
Como Iglesia estamos conscientes de nuestra fe y convicciones bíblicas que con claridad nos presentan un modelo de matrimonio ideal a seguir. Pero nuestra preocupación también apunta a los aspectos jurídicos que regularían el acuerdo de vida en pareja y sus eventuales consecuencias valóricas, como por ejemplo, las situaciones que pudieran afectar a los niños eventualmente involucrados, la vulnerabilidad del vínculo dado su fácil disolución, y el riesgo de esta eventual ley de constituirse en una influencia que propenda a proyectar una imagen distorsionada del verdadero e indisoluble vínculo afectivo, como es el matrimonio, mirándolo simplemente como un contrato.
1.- SE ESTABLECE UNA NUEVA FORMA DE MATRIMONIO COEXISTENTE CON LA DEL ARTICULO 102 DEL CODIGO CIVIL Y LOS PROBLEMAS QUE ELLO SUSCITA.
En la vida y en el derecho las cosas son lo que son y no lo que se dice que son.
Lo que este proyecto propone es una nueva forma de matrimonio que coexistiría, generando las dificultades jurídicas que ya señalaremos, con el establecido en el artículo 102 del Código Civil y reglamentado en la Ley de Matrimonio Civil.
Esto queda de manifiesto en la definición del artículo 1 del proyecto presidencial, a saber
“El Acuerdo de Vida en Pareja es un contrato celebrado entre dos personas con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común”.
Este a diferencia del proyecto Allamand, sólo se refiere a personas naturales.
De su parte, el artículo 12 del proyecto establece que:
“Toda inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de carácter legal o reglamentario que se encuentre establecida respecto de los cónyuges se hará extensiva, de pleno derecho a los contratantes de Acuerdo de Vida en pareja”.
Están aquí los elementos que debe regular toda ley de matrimonio:
1.- Personas naturales,
2.- Vida en común.
3.- Vínculo afectivo.
4.- Producir efectos jurídicos.
Por si alguna duda todavía fuera posible hay que considerar que todas las modificaciones que el proyecto introduce al Derecho Penal, Previsional, del Trabajo o Sucesorio apuntan a establecer junto al cónyuge y en igual status el de “contratante de un acuerdo de vida en pareja”.
De su parte el artículo 102 del Código Civil vigente define el matrimonio como “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
Como se aprecia ambas definiciones están regulando la misma situación con la sola y gran diferencia que el proyecto de ley en comento evidentemente está ampliando la posibilidad del matrimonio a personas del mismo sexo creando entonces una contradicción in adjecto con la naturaleza misma del matrimonio como ya veremos y produciendo insalvables dificultades jurídicas.
Por lo pronto, digamos que no se aprecia ningún fundamento jurídico válido para que una misma situación con un evidente interés público comprometido como el matrimonio, pueda someterse a dos estatutos jurídicos distintos.
Una legislación de estas características vulnera el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Hay abundante jurisprudencia, especialmente en materia de recurso de protección por esta garantía constitucional, esto puede llegar a comprometer gravemente la responsabilidad patrimonial del estado.
Cualquier contratante de AVP podría reclamar del Estado el no recibir un beneficio propio de un matrimonio del Código Civil por una discriminación legal establecida por el estado.
2.- SE CREA UN ESTADO CIVIL NUEVO
El artículo 304 del Código Civil define al estado civil como: "...la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”.
Esta definición, complementada con la doctrina y la jurisprudencia nos permitirían decir que el estado civil es un atributo de la personalidad consistente en la facultad de ejercer ciertos derechos y responder de ciertas obligaciones a partir de las relaciones de familia.
Tenemos entonces, por ejemplo, el estado civil de soltero, casado, divorciado, padre, madre, hijo etc…
Coherente con el establecimiento de una nueva forma de matrimonio se crea un nuevo estado civil.
En el inciso segundo del artículo 1 del proyecto presidencial en el que se lee:
“El acuerdo sólo generará los derechos y obligaciones que establece la presente ley y en ningún caso, alterará el estado civil de los contrayentes”.
El proyecto está creando un nuevo estado civil, el de contratante de AVP a pesar de que explícitamente lo niegue.
Esta norma de inciso segundo no se sostiene a si misma pues todas las modificaciones legales al derecho penal, procesal penal, laboral, previsional y sucesorio que se plantean establecen en favor del contratante de AVP los mismos derechos del cónyuge.
Un par de ejemplos importantes de modificaciones al derecho sucesorio,
1.- Se establece que el contratante de APV puede ser beneficiario de la cuarta de mejoras, porción de la herencia que el Código Civil reserva para beneficiar, si el testador así lo dispone, a los cónyuges, ascendientes y descendientes.
2.- En el primer orden sucesorio se establece el contratante de AVP junto a los hijos (está reemplazando al cónyuge evidentemente).
En ambos casos hay un nuevo heredero cuya asignación se construye en perjuicio de los hasta ahora herederos, ascendientes, descendientes y colaterales.
Es evidente que esa familia, por esta vía, de un contratante de AVP, ha visto entrar a ella un nuevo integrante. Esto aunque la definición del inciso segundo lo niegue.
3.- EL PROYECTO DESNATURALIZA EL DERECHO DE FAMILIA RENUNCIANDO EL ESTADO A OBLIGACIONES ESENCIALES.
El Derecho de familia, tan importante para toda sociedad, se estudia en la academia dentro de la cátedra de derecho civil. Sin embargo, no siendo derecho público tiene una serie de particularidades que difícilmente permiten concebirlo dentro del derecho civil.
En este último priman la autonomía de la voluntad, al punto que los contratos que las partes puedan crear (innominados) son infinitos con tal que cumplan las reglas generales, no son sólo los reglamentados en el Código Civil.
Los derechos que de ellos emanen son perfectamente renunciables con los simples requisitos del artículo 12 del Código Civil: que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.
El artículo 1444 (C.C.) permite dentro de las cosas accidentales a todo contrato que las partes agreguen cláusulas especiales. Esas cláusulas pueden ser perfectamente la condición, el plazo, el modo u otras que las parten acuerden cumpliendo las reglas generales de todo acto jurídico: objeto y causas lícitas.
En el Derecho de Familia existe un interés público comprometido, prima el interés social por sobre el individual. Ese interés social esta expresado en el artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil “el interés superior del niño y del cónyuge más débil”.
Como un axioma jurídico, tan evidente por si mismo que no necesita demostración, el derecho entiende que en estos temas no se pueden aplicar modalidades.
Los derechos de familia son inalienables, imprescriptibles e intransmisibles. La autonomía de la voluntad camina por un estrecho sendero de claras reglamentaciones legales.
En el proyecto al permitirse el AVP entre personas del mismo sexo y la llegada a su término por la simple declaración unilateral de uno de los contrayentes no se aprecia como el interés público ha sido cautelado por el estado salvo que se entienda por tal dejar este al arbitrio de cada uno de los ciudadanos.
El proyecto deja una institución tan relevante como el matrimonio al mero arbitrio de los particulares erosionando todo contenido jurídico (que implica obligaciones cauteladas por el estado).
No se puede proponer en un estado de derecho democrático como el nuestro legislaciones ajenas a la voluntad popular. Pero evidentemente el estado debe hacerse cargo de una legislación que haga más atractivo el matrimonio a la vez que más sólido. El proyecto de AVP no apunta en estas direcciones.
Un matrimonio bajo la forma de AVP tarde o temprano derivará en la adopción de hijos por parte de personas de igual sexo, es esto compatible con la obligación internacional del Estado de Chile consagrada en el artículo 3 de la Convención internacional de los Derechos del niño en razón del cual se obligó siempre a actuar en el sentido del “interés superior del niño”.
Esta situación es repudiada por la inmensa mayoría de los chilenos, cualquiera sea su pensamiento político.
4.- EL MATRIMONIO SE DEVALUA
El Estado, cualquiera sea la ideología que lo inspire, no puede desentenderse de una obligación fundamental, reglamentar el orden legal de la familia fortaleciendo el matrimonio, son deberes a los cuales el Estado no puede desentenderse sin negarse a si mismo, pues precisamente para ello existe.
No hay ninguna legislación que deje sujeta al arbitrio caprichoso de los contrayentes una institución tan importante como el matrimonio como lo hace el proyecto de AVP en comento.
En el proyecto se establece en el artículo 6 letra e respecto al término del AVP, lo siguiente: “Por voluntad unilateral de uno de los contratantes la que deberá constar por escritura pública y anotarse al margen d la escritura pública a la que hace mención el artículo 3 si existiere”.
Esto es la inestabilidad máxima, no hay requisitos de tiempo, de cese de la convivencia, causales que habiliten para poner término a este matrimonio devaluado que llamamos AVP, nada, el sólo apetecer de la voluntad.
Cuando se celebra un contrato es precisamente para que el vínculo jurídico creado – que en su incumplimiento convoca la coerción del estado – otorgue certeza a las partes, fin tan apreciado por todas las legislaciones.
Pero en este proyecto encontramos que la institución más importante del Derecho de Familia, que no es cualquier derecho, la constitución (artículo 1 inciso segundo) señala “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, queda sujeta a una simple decisión unilateral de la voluntad.
Este matrimonio devaluado durará lo que uno de los contratantes quiera, es decir no hay vínculo jurídico alguno, aquella obligación jurídica de la cual puedo desentenderme unilateralmente no es una obligación legal será a lo sumo una declaración de intenciones, menos aún que una promesa pues esta puede también llegar a producir obligaciones (artículo 1554 del CC-Contrato de promesa) este AVP es una entelequia, una pompa de jabón.
Un simple contrato de arriendo no puede dejarse de cumplir por la simple voluntad unilateral de las partes. En efecto, el artículo 1545 establece “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
Cuando la ley establece una causal legal que permite no cumplir lo pactado es por situaciones graves y calificadas como el incumplimiento de la otra parte en los contratos bilaterales o en el propio matrimonio las causales de divorcio son gravísimas como la inducción a la prostitución de la mujer o los hijos, la conducta homosexual o atentados contra la vida, no se trata de un simple querer de la voluntad unilateral sin necesidad de expresión de causa.
Este proyecto de AVP establece un tipo de matrimonio temporal en la inseguridad jurídica más completa para las partes. Esta legislación de Derecho de Familia como se aprecia es aún menos rigurosa que el derecho civil tradicional, en el que ya dijimos prima la autonomía de la voluntad.
El propio proyecto no puede ocultar la evidente devaluación y desnaturalización que está produciendo en el matrimonio y permite ahora que sea contraído o disuelto por una simple escritura pública ante notario, un ministro de fe, pero que no es funcionario público.
5.- ESTE NUEVO MATRIMONIO Y LA MALA FE
Un matrimonio de estas características y, los decimos recogiendo la sabia reflexión de Andrés Bello en el mensaje del Código Civil, será instrumento privilegiado del dolo acompañante inefable de la sociedad “los abusos que introduce la mala fe, fecunda en arbitrios para eludir las precauciones legales…”.
Un matrimonio así concebido, con esa facilidad de celebración y disolución, permitiría una serie de resquicios y argucias que para cualquier abogado son evidentes.
La simple lectura del artículo 12 del proyecto nos señala claramente que las incompatibilidades – sancionadas por el derecho penal -se pueden burlar con toda facilidad
6.- UN DERECHO DE FAMILIA QUE SE DESENTIENDE DE LA ETICA CREANDO GRAVES PROBLEMAS DE CERTEZA JURIDICA
El proyecto establece normas que se desentienden de la ética más elemental y que crean graves problemas de certeza jurídica.
El artículo 3 del proyecto establece que: “El acuerdo de vida en pareja será otorgado por escritura pública ante notario. Dicha escritura pública deberá contener, además de lo señalado en el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales, la declaración jurada de ambos contratantes respecto de no encontrase ligados por vínculo matrimonial o un acuerdo de pareja vigente”.
El artículo 6 letra c, de su parte, dispone que el AVP termina: “Por el matrimonio de los contratantes entre sí o de cualquiera de ellos con terceras personas”.
De la conjugación de estas disposiciones fluye claramente, que la vigencia de un AVP no es inhabilidad para contraer matrimonio sino que simplemente lo es para contraer otro AVP.
Esto crea un problema ético importante y con graves consecuencias prácticas. Un contrayente de este matrimonio devaluado no necesita disolver ese vínculo para contraer matrimonio con otra persona pues ese será un efecto que operará de pleno derecho y sin otro trámite. Un contratante de este matrimonio de segunda clase puede contraer el matrimonio de primera clase, entonces no tendrán tiempo intermedio entre ambos compromisos matrimoniales.
Pero esto no es sólo ético, lo que no es menor, sino que crea un problema insoluble sobre un tema que ha preocupado a todas las legislaciones: la paternidad.
El artículo 128 del Código Civil establece que la mujer no podrá pasar a otras nupcias sino hasta los 270 días subsiguientes desde que se ha declarado la disolución o nulidad del vínculo anterior.
Todas las presunciones de paternidad quedarán sin posibilidad de aplicación ninguna, creando los mayores problemas jurídicos a muchas personas a raíz de este tipo de disposiciones.
7.- DESNATURALIZACION DE LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO
Las cosas y también las instituciones jurídicas tienen una esencia y una naturaleza a la cual responden.
Toda sociedad deber resolver jurídicamente sobre la reglamentación del matrimonio. No hay ninguna que deje esto al arbitrio de los contrayentes.
El Derecho Romano del cual es tan manifiestamente tributario nuestro derecho al igual que tantas legislaciones en el mundo y, que tuvo como su síntesis mayor en el Digesto de Justiniano, redactado con una comisión encabezada por el jurista Triboniano, y parte integrante del Corpus Iuris Civiles no consideró jamás la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo consecuente con su idea, heredada de los griegos, que hay un orden universal (logos) al cual el derecho debe atenerse.
El derecho medieval español condensado en esa gran obra que son Las Siete Partidas tampoco contempló como una posibilidad el matrimonio entre personas de igual sexo, pero Alfonso X El Sabio sí nos deja explicación circunstanciada de por qué la institución se llama matrimonio y no patrimonio. Y es porque el momento de mayor alegría y plenitud de un matrimonio será el de la llegada de los hijos y es precisamente la madre, con los dolores del parto y los sacrificios propios de la crianza la que da su nombre al matrimonio.
En el derecho de la modernidad expresado, para nosotros los chilenos, en el Código Napoleónico y en el Código Civil tampoco se consideró la posibilidad de un matrimonio entre personas de igual sexo. Es más, toda la teoría de la inexistencia jurídica surge precisamente de plantear una hipótesis como esta que sería necesariamente, y para todos, un absurdo, es decir una ruptura con la lógica más elemental.
El relativismo axiológico de las corrientes filosóficas posmodernas, nos proponen hoy lo que durante milenios y en todos los lugares y en todos los pensamientos ha sido absurdo. Un pensamiento que en la teoría se nos propone como tolerante (“pensamiento débil”) pero que en la vida social concreta se muestra especialmente agresivo.
Desde la fe en Dios Todopoderoso o desde la contemplación al orden natural de las cosas, o mejor aún desde ambas perspectivas simultáneamente se puede llegar a una certeza inexpugnable: si un día todos los contrayentes de AVP optaran por una persona del mismo sexo, la especie se extinguiría: el orden natural de las cosas no puede ser desatendido.
Esta no sería una situación normal y el estado no puede garantizar legalmente situaciones de esta naturaleza.
Es muy grave que un estado, por la vía de su propia legislación, entregue un mensaje equívoco en el sentido de que situaciones que no son normales aparezcan como tales a los ojos de las nuevas generaciones.
El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esto forma parte de la esencia de esta institución, pretender algo distinto es como intentar concebir un contrato de compraventa al cual le falte la cosa vendida o el precio: un metal de madera.
LAS INSALVABLES DIFICULTADES DEL PROYECTO CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE
El proyecto de AVP tiene una serie de dificultades con el ordenamiento jurídico vigente y con los compromisos y obligaciones internacionales del Estado de Chile
a.- El AVP cambia el concepto de familia y requiere una reforma constitucional.
La constitución establece en el artículo 1 inciso segundo que la Familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
No existe una definición legal de Familia. El artículo 815 del Código civil refiriéndose a los derechos de Uso y Habitación señala como familia a los cónyuges y sus hijos, esta definición de familia podría ampliarse y considerarse además a todos los ascendientes y descendientes y los colaterales que, es el concepto que subyace en los órdenes sucesorios de la sucesión intestada. Pero sea en una definición amplia o restringida lo relevante es que la familia se construye a partir de una pareja compuesta por un hombre y una mujer.
Esta es la percepción que subyace en la Constitución y que no necesito de más explicaciones pues la idea que la familia se construye a partir de un hombre y una mujer es un verdadero axioma jurídico.
Difícilmente se podría sostener que un matrimonio constituido por personas de igual sexo que no podrán naturalmente procrear descendencia sea el núcleo central de la sociedad.
Vistas así las cosas, un matrimonio, que eso es el AVP, requiere de una reforma Constitucional y de los correspondientes Quórums establecidos en el artículo 66 de la Constitución.
Aprobar el proyecto sin reforma constitucional es susceptible de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.
b.- El AVP vulnera la garantía constitucional de la Igualdad.
Es deber del Estado de Chile, por propia definición constitucional, dar trato igualitario en la ley a todos sus ciudadanos y no establecer discriminaciones arbitrarias.
El AVP establece una nueva forma de matrimonio, perfectamente desechable por la mera voluntad de uno de los contratantes, que coexistirá con el matrimonio del artículo 102 del Código Civil y de la Ley de Matrimonio Civil.
El AVP es una forma devaluada del matrimonio. Se obliga al Servicio de Registro Civil a mantener un registro de estos contratos, no se explica por qué no serían matrimonios. Más bien resulta evidente que son matrimonios con un nombre de fantasía para que no aparezca en toda su verdadera dimensión e intención ante la ciudadanía.
Es insostenible legalmente en un orden constitucional fundado en la Igualdad que exista una misma situación que esté reglamentada por dos instituciones jurídicas a elección de los comparecientes y aún más cuando se trata de Derecho de Familia donde evidentemente existe un interés público comprometido.
1.- Se rompe el principio de que lo pactado obliga.
El derecho tiene un principio milenario y en el cual se funda toda legislación, sin el cual ninguna construcción jurídica es posible y de la certeza y seguridad que el derecho proporciona, nos pasamos a las procelosas aguas del arbitrio y la inseguridad. Este principio se expresa a través de un lagtinazgo conocido por todos; “Pacta sun Servanda (lo pactado obliga). Sin éste pilar el derecho deja de existir y su normativa no será sino una declaración larga de buena voluntad.
El artículo 1545 establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes que no sólo pueden dejar de obligarse por mutuo acuerdo o por causas legales. Es lógico, lo pactado debe obligar. Esta es una disposición de Derecho Civil, donde rige el principio de la autonomía de la voluntad.
Resulta inexplicable que se quiera establecer una institución tan relevante como el matrimonio donde lo pactado no obliga, pues uno de los contratantes puede perfectamente desentenderse de todas sus obligaciones por el expedito y simple procedimiento de una escritura pública y una carta certificada.
A.- La Convención Internacional de los Derechos del Niño.
El Estado de Chile es suscriptor de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que por tratarse de un Tratado sobre Derechos Fundamentales debe entenderse incorporado a nivel constitucional. Este instrumento internacional señal en su artículo 3 que el elemento ordenador al cual todos los suscriptores deben sujetarse ya sea en la actividad de sus órganos o en su hermenéutica del mismo es “el interés superior del niño”.
Es posible, y así lamentablemente ocurre, que muchos niños en el mundo queden en situación de vulnerabilidad por las desgracias propias de la vida o por la irresponsabilidad de sus progenitores, pero no resulta aceptable que un estado a través de su legislación perjudique el interés superior del niño el cual se ha obligado legalmente a cautelar ante la comunidad internacional.
El AVP, un matrimonio devaluado, pone a los niños en una situación de evidente vulnerabilidad.
1.- Cualquiera de sus padres puede desechar como objeto de utilería el matrimonio a cuyo amparo han llegado al mundo. La tentación de proceder de esta manera es enorme, particularmente cuando los años de juventud hacen especialmente impulsivas las decisiones.
2.- Niños adoptados por personas del mismo sexo no es una situación que ponga por delante el interés superior del niño. Si esto es normal o no se resuelve preguntándoles a los que creen que sí lo es, si a ellos les sería indiferente si es un matrimonio de personas de igual sexo quien adopte a un niño querido por ellos.
a.- No se observan razones válidas para sustraer materias que evidentemente son de familia del juez natural y especializado y depositarlas en un juez de competencia general.
b.- Hacer competente al juez del domicilio del demandante, alterando la regla general de que lo es el domicilio del demandado, puede ocasionar situaciones de uso abusivo y de mala fe de la disposición.
Estas son nuestras apreciaciones jurídicas fundamentales, las cuales podemos decir sin temor a equivocarnos, se condicen con la sana interpretación de nuestro ordenamiento jurídico y con la voluntad de la inmensa mayoría de los chilenos, todo lo cual nos hace solicitar a VS el rechazo en toda y cada una de sus parte el proyecto de AVP presentado por S.E. el Presidente de la República
Con los testimonios de nuestra más alta consideración y estima.
CONCILIO NACIONAL DE IGLESIAS EVANGELICAS CONIEV
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Hoy es: 17-02-2019 07:37