Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-01785-de-mayo-12-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_aa27c51cec06017ee0430a010151017e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 12:03:10
Document Index: 305630065

Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 414', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 16', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414']

﻿ Sentencia 1998-017585 de mayo 12 de 2011
SENTENCIA 1998-01785 DE 12 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:CAPTURA INJUSTA. LA TESIS MAYORITARIA DE LA SALA ES QUE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD ES OBJETIVA, ASÍ LAS COSAS, SI LA INVESTIGACIÓN O EL PROCESO PENAL NO CONCLUYE CON SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE LA PERSONA AFECTADA CON LA MEDIDA RESTRICTIVA DE SU LIBERTAD, ENTONCES SE CONFIGURA UN DAÑO ANTIJURÍDICO, Y NO ES RELEVANTE ESTABLECER SI LA DETENCIÓN FUE ORDENADA EQUIVOCADAMENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, EN ESOS CASOS, PARA QUE LA ENTIDAD DEMANDADA SE EXIMA DE RESPONSABILIDAD, ES NECESARIO QUE DEMUESTRE QUE EXISTIÓ UNA CAUSA EXTRAÑA, AÚN EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE ANALIZA LA ABSOLUCIÓN DE UNA PERSONA PENALMENTE ENCARTADA POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, SE TRATA DE UNA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER OBJETIVO, EN LA QUE NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL INCURRIÓ EN UN ERROR, Y EN LA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PODRÁ EXONERARSE SÓLO SI DEMUESTRA QUE EXISTIÓ CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, CULPA DE LA VÍCTIMA, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CAPTURA INJUSTA, CAUSA EXTRAÑA
Sentencia 1998-017585 de mayo 12 de 2011
Rad.: 25000-23-26-000-1998-01785-01(18902)
Actor: Juan Alberto Caicedo y otra
11. Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(4), el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 28 de septiembre de 2000.
12. El señor Juan Alberto Caicedo laboró como guardia de seguridad en la sede de Girardot —Cundinamarca— de la empresa Thomas Greg and Sons Transportadora de Valores S.A., desde el 14 de julio de 1993(5) hasta que fue despedido el 17 de enero de 1994(6).
13. El día viernes 7 de enero de 1994, pasadas las 10:00 p.m., cuando los empleados de la empresa Thomas Greg and Sons ya habían concluido los últimos servicios de transporte de valores correspondientes a ese día, ingresaron al establecimiento unos asaltantes que redujeron y amordazaron a Raúl Alberto Sierra Corrales, quien era el único vigilante presente en ese momento. Acto seguido, los asaltantes procedieron a hurtar aproximadamente 180 millones de pesos que eran almacenados en las bodegas de la empresa transportadora de valores. Según el relato del vigilante, los ladrones permanecieron en el lugar aproximadamente hasta las 2:00 a.m. del día siguiente y, una vez emprendieron la huída con el botín, el rehén logró quitarse la mordaza y gritar por ayuda(7). En varios testimonios recogidos dentro del proceso penal, entre ellos el del vigilante Raúl Alberto Sierra Corrales, se narra que después de media hora de solicitar auxilio, un agente de policía que patrullaba por el sector se percató del llamado del vigilante, e ingresó por el techo de una casa contigua al establecimiento donde funcionaba la transportadora de valores(8).
14. Obtenida la noticia criminal(9), la Fiscalía 22 de la dirección seccional de Cundinamarca con sede en Girardot decidió dar apertura a la investigación previa(10) encaminada a precisar las circunstancias en las que se produjo el hurto a la empresa transportadora de valores. La investigación estuvo orientada a precisar la forma en que los asaltantes ingresaron al establecimiento donde se perpetró el delito, con la hipótesis de que el acceso al establecimiento había sido facilitado por alguno o algunos de los empleados de la compañía a través de la furgoneta transportadora de valores 319(11).
15. El día en que ocurrió el hurto, el señor Juan Alberto Caicedo estaba asignado como “furgonero”(12) al móvil 319, y el referido vehículo fue asignado a la recolección de unas cargas de dinero en los almacenes “El Ley” de Girardot, que era el último recorrido que debía hacerse hacia las 7 p.m. del día 7 de enero de 1994. A la transportadora de valores 319 también estaban asignados los señores Álvaro Antonio Lara Barraza —conductor— y José Antonio Falla, este último como jefe del vehículo(13).
16. Durante la investigación, la Fiscalía 22 seccional de Girardot dio captura a los señores Álvaro Antonio Lara Barraza, José Antonio Falla y Juan Alberto Caicedo, y los escuchó en indagatoria en diferentes fechas del año 1994. Los indagados manifestaron que no tenían conocimiento de la forma en que los ladrones habían ingresado, y uno de ellos manifestó que le pareció sospechosa la actitud del señor Juan Alberto Caicedo, cuando fueron en el móvil 319 a recoger un dinero en el establecimiento donde funcionaban los almacenes “El Ley” de Girardot(14).
17. Durante la investigación también se dio captura a los señores Jorge Enrique León Donato, José Ómar Ruiz Guerrero, Carlos Antonio Bedoya Jaramillo, Óscar de Jesús Díaz García y Luis Alfonso Portela Aroca, quienes supuestamente hacían parte de la banda delincuencial que planeó y ejecutó el robo en la empresa Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores. El último de los mencionados aseveró durante su diligencia de indagatoria, que su oficio era el de taxista y que en la madrugada del día sábado 8 de enero de 1994 transportó al señor Juan Alberto Caicedo y a su esposa, en compañía de otras dos personas, a la ciudad de Bogotá, D.C. Afirma que en esta ciudad condujo a sus pasajeros hacia un taller ubicado en el barrio “El Restrepo”, sitio donde el señor Juan Alberto Caicedo recibió una suma aproximada de 35 millones de pesos la que, según insinúa el deponente, era la parte del botín que le correspondía al hoy demandante por haber permitido la entrada de los asaltantes al lugar donde se cometió el robo(15).
18. Los sindicados Jorge Enrique León Donato, José Ómar Ruiz Guerrero, Carlos Antonio Bedoya Jaramillo y Óscar de Jesús Díaz García suscribieron con la Fiscalía 22 seccional de Girardot un acuerdo aceptando su participación en los hechos que se investigaban, el cual fue aprobado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot mediante providencia del 10 de febrero de 1994(16).
19. La diligencia de indagatoria del señor Juan Alberto Caicedo fue practicada el día 28 de septiembre 1994, y en ella el indagado manifestó que no tenía conocimiento de la forma en que los asaltantes ingresaron a la compañía transportadora de valores Thomas Greg & Sons S.A. Agregó que a la media noche del día en que ocurrió el hurto, viajó con su esposa a Bogotá para visitar a unos parientes.
20. Mediante providencia de fecha 3 de octubre de 1994, la Fiscalía Seccional 22 de Girardot resolvió la situación jurídica de Juan Alberto Caicedo, con la decisión de mantenerlo privado de su libertad. Para tomar tal decisión, el funcionario investigador manifiesta que la posible participación del señor Caicedo en el hurto, se deduce de las contradicciones en que este habría incurrido en su indagatoria, y de las imputaciones que le hiciera el señor Luis Alfonso Portela Aroca(17).
21. Posteriormente, mediante providencia del 2 de noviembre de 1994(18), la Fiscalía 22 seccional dispuso realizar un careo entre el señor Juan Alberto Caicedo y el señor Luis Alberto Portela Aroca. En dicha diligencia(19) el señor Portela Aroca se mantuvo en las afirmaciones que hiciera cuando rindió testimonio, en relación con el señor Juan Alberto Caicedo.
22. Durante el desarrollo de la investigación penal se llevó a cabo una inspección judicial tanto en el sitio donde ocurrió el hurto, como en el vehículo donde supuestamente ingresaron los asaltantes a las instalaciones de la empresa Thomas Greg and Sons Transportadora de Valores. En dichas diligencias se insinúa que el ingreso por el techo era prácticamente imposible, mientras que era factible que los asaltantes hubieran ingresado escondidos en el vehículo transportador de valores 319(20).
23. Cerrada la etapa investigativa, el abogado del señor Juan Alberto Caicedo presentó el 14 de marzo de 1995 alegatos previos a la calificación del sumario, y en ellos solicitó que se decretara la libertad provisional de su defendido, comoquiera que habían transcurrido más de 180 días desde la detención del sindicado, sin que se hubiera calificado el mérito de la investigación(21). Esta última solicitud fue resuelta favorablemente por la Fiscalía 22 Seccional de Girardot, mediante providencia de fecha 27 de marzo de 1995(22).
24. Mediante providencia del 1º de septiembre de 1995 (fls. 834 a 867), la Fiscalía 22 de Girardot profirió resolución de acusación en contra del señor Juan Alberto Caicedo —entre otros—. En relación con el hoy demandante se dijo por la fiscalía para fundamentar la acusación, lo siguiente:
Ahora bien, en contra de Juan Alberto Caicedo, obran los primeros indicios al comenzar la investigación, pues Lara Barraza señala que sospechó de este, quien la noche de marras era el furgonero, no solamente en su declaración sino en su injurada fue enfático en afirmar que sospechó de Juan Alberto por cuanto este los afanó a hacer el servicio al Ley, no obstante era temprano. Pero no solamente es su afirmación la que compromete su responsabilidad, debe observarse que este tenía motivos suficientes para cometer el hurto, pues iba a ser despedido y había sido sancionado por dicha empresa, razones más que suficientes para poder llevar a efecto su plan.
Se ha establecido que Caicedo se desempeñaba como furgonero, que era el único que podía cerrar y abrir las puertas del carro mientras efectuaban el servicio, esto es cuando descendían o debían subir al vehículo, toda vez que las puertas se cerraban por dentro con una manija operada desde el interior por el furgonero, en este caso Caicedo. De la misma forma quedó demostrado que los “asaltantes” ingresaron al establecimiento dentro del blindado 319, pues fue la única forma posible, máxime como se demostró en la inspección judicial, la no existencia de violencia en las puertas principales; así mismo como lo manifestó el celador que fue interceptado por los sujetos al pasar por la segunda puerta, quedando además señalado por los agentes que conocieron del caso y en la diligencia de inspección judicial que por el techo en tan corto tiempo —segundos o minutos— era humanamente imposible a los tres sujetos ingresar por el techo.
Ahora bien el estrecho vínculo entre Falla, Lara y Caicedo, aun desde mucho tiempo antes de ingresar a la Thomas Rue; es más Lara y Caicedo prestaron o mejor se encontraban laborando en el Ejército en la misma población en los territorios nacionales, unidos al deseo de posible venganza o resquemor sentido por Caicedo por su sanción y próximo despido, constituyen otro indicio en su contra. —Además la banda denominada “Los Magníficos o los Delfines” de la que algunos de ellos hacen parte ya habían cometido un hurto parecido a la transportadora de valores “Atlas”— (...).
25. Acto seguido afirma el fiscal que las declaraciones del sindicado Luis Alfonso Portela Aroca son concluyentes en torno a la responsabilidad del implicado, y que dichas afirmaciones están confirmadas por los indicios graves que existen en contra del señor Juan Alberto Caicedo. Con esas consideraciones ordenó ponerlo nuevamente en privación de su libertad(23).
26. El 26 de septiembre de 1995 el apoderado del señor Juan Alberto Caicedo interpuso recurso de reposición, con el de apelación en subsidio, contra la resolución de acusación(24), en los que reitera la no existencia —a su juicio— de pruebas que señalen la culpabilidad de su defendido. Agrega que lo dicho por los sindicados que se acogieron a sentencia anticipada es una forma de eludir la justicia y la verdad sobre los hechos del hurto cometido en la empresa transportadora de valores Thomas Greg and Sons S.A.
27. En la misma fecha la representante del Ministerio Público presentó recurso de apelación contra la providencia de formulación de cargos, en el que manifestó que no existía prueba que demostrara que los asaltantes ingresaron a la empresa de valores por medio del vehículo 319. Insiste en la duda que existe respecto a la complicidad de los acusados en el delito (fls. 918 a 925, cdno. 3 pruebas).
28. Mediante providencia del 6 de octubre de 1995, la Fiscalía 22 resolvió no reponer la resolución de acusación, negar la preclusión de la investigación, y conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación(25). Reitera en esencia los mismos argumentos tenidos en cuenta para proferir la acusación, y concluye:
Así pues no solo son sospechas las que recaen en contra de Juan Alberto Caicedo, sino una sindicación directa, junto con el reconocimiento que este le efectúa en el careo, y el testimonio de Lara sobre su actuar “raro” la noche e marras; además de existir en su contra el hecho que según todos los sindicados refieren era el único que quedaba dentro del vehículo blindado mientras efectuaban el servicio al Ley, quedando estacionado el automotor por aproximadamente diez minutos, como ocurrió la noche del hecho, habiéndose demostrado que efectivamente esa noche se desempeñó como furgonero del blindado 319 —dentro del cual según Portela se introdujeron los asaltantes Luis Eduardo Rivera y Ómar Ruiz; hecho que en estas condiciones no es una mera sospecha sino un indicio grave en su contra, además de existir la sindicación directa efectuada por Aroca—.
En su contra está también el hecho de haber viajado en horas de la madrugada —media noche— a la ciudad de Bogotá, con su mujer, sin que sus exculpaciones sean de recibo, pues no es normal ni usual que una persona viaje a esas horas de noche; y menos pesando en su contra la sindicación de Portela, esto es que viajaron a Bogotá, a repartirse el botín objeto del hurto a Thomas de Rue (fl. 937).
29. Construye con esa base los indicios de oportunidad, conveniencia y presencia en el lugar de los hechos, y afirma que esos indicios son suficientes para proferir resolución de acusación en contra del señor Juan Alberto Caicedo.
30. Mediante providencia de fecha 23 de noviembre de 1995(26), la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca confirmó en sede de apelación la resolución de acusación. Para tal efecto se tuvo en cuenta una argumentación análoga a la vertida en la resolución apelada.
31. Remitido el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot, allí se practicó audiencia pública de juzgamiento, que inició el 30 de abril de 1996, continuó el 20 de junio de 1996 (fls. 1326 y ss., cdno. 4 pruebas) y finalizó el 4 de julio del mismo año (fls. 1347 y ss. ib.).
32. Culminado el trámite antes reseñado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot profirió sentencia el 26 de julio de 1996, con la decisión de absolver al señor Juan Alberto Caicedo —entre otros—, y de compulsar copias a la fiscalía para que se averiguara la participación de otras personas en el ilícito. También ordenó la compulsa de copias para analizar a la luz del derecho disciplinario, el comportamiento desplegado por el Fiscal 22 Seccional de Girardot y por el abogado del señor Luis Alfonso Portela, durante el trámite sumarial. También ordenó la compulsa de copias para investigar penalmente el fraude procesal y la falsa imputación posiblemente cometidos por el señor Luis Alfonso Portela Aroca(27). Para asumir tal decisión, el juzgado penal consideró:
Refuerza la afirmación inicialmente hecha por Portela Aroca respecto a la participación de Lara Barraza y Caicedo Juan Carlos en el asalto a la Transportadora Greg & Sons, la declaración del testigo oculto Fernando L. L., testimonio dubitativo o incierto que en forma similar involucra al aquí tripulante Lara Barraza y al furgonero refiriéndose a Juan Carlos N. para así mismo retractarse ambos de sus afirmaciones iniciales, teniendo en cuenta que la retractación del testigo oculto fue básica para precluir toda acción en contra de Lara Barraza ante la fiscalía regional por la imputación que este y Portela Aroca le hicieran. Situación análoga acontecerá con la retractación bajo juramento de Luis Alfonso Portela Aroca respecto a Juan Alberto Caicedo y Álvaro Antonio Lara Barraza, de quienes textualmente dijo haberlos involucrado por el interés de obtener su libertad al acogerse a sentencia anticipada y declararse cómplice de los mismos en el hecho imputado, aspecto que pone en duda al despacho con relación a la responsabilidad de los tripulantes del 319 en la comisión del reato por el desistimiento de Portela Aroca frente a estos, dado que si bien existen argumentos para presumir que eran ciertas sus iniciales afirmaciones y ahora su actitud se tornaba en mera coartada para favorecer a los encausados, con qué interés o a cambio de qué acepta la responsabilidad con conocimiento de causa de deducírsele responsabilidad incriminatoria en los presuntos delitos de falsas imputaciones y fraude procesal en que se encuentra incurso? (sic)” (fls. 1472 y 1473).
33. Igualmente razonó el juzgado que no era cierta la hipótesis del fiscal relacionada con que el ingreso a la sede de la empresa Thomas Greg and Sons Transportadora de Valores S.A. solo pudo haberse efectuado dentro del vehículo 319, refutación que hizo en los siguientes términos:
Con las inspecciones judiciales quedó establecido a ciencia cierta que no únicamente el acceso a las instalaciones de la compañía Thomas Greg & Sons S.A. se podía efectuar por la puerta principal ya que se constató el fácil acceso por la parte superior de la edificación, esto es, por el tejado que da acceso al patio donde se encontraba el tobogán, el mismo sitio por el que ingresaron los agentes de policía que auxiliaron al celador, con lo que una vez más se concluye hipotéticamente que los asaltantes pudieron ingresar por ese lugar (fls. 1474 y 1475).
34. Finalmente, el juzgado pone en duda el relato de los hechos vertido a la investigación por el vigilante presente en el momento del hurto —señor Raúl Alberto Sierra Morales—. Al respecto, el Juez Primero Penal del Circuito de Girardot pone de presente la siguiente cuestión:
Por último, encuentra el despacho sospechosa la actitud desplegada por Sierra Morales quien dice haber sido asaltado cuando regresaba al interior del inmueble después de cerrar la segunda de las puertas del interior del patio y afirmar que los delincuentes se apoderaron de todas las llaves en especial las de la puerta principal, la que abrieron para que ingresaran otras personas y supuestamente el automotor en el que sacaron el producto del botín después de haberlo dejado completamente maniatado, amordazado y vendado. Cómo explicar entonces, que después de que abandonaron las dependencias de la empresa los forajidos haya quedado la puerta principal con los cerrojos puestos, según declaración de los policías que auxiliaron al celador, si el único que quedó dentro de dichas instalaciones fue este reducido a la impotencia? (sic) (fls. 1475 y 1476).
35. En virtud del fallo antes reseñado, el 26 de julio de 1996 se libró boleta de libertad a favor del señor Juan Alberto Caicedo (fl. 1480, cdno. 4), quien estuvo privado de su libertad durante un primer período de tiempo comprendido entre el 27 de septiembre de 1994(28) y el 27 de marzo de 1995(29), es decir 6 meses y 23 días (181 días). En un segundo lapso de tiempo, el hoy demandante estuvo detenido entre el 5 de septiembre de 1995 y el 26 de julio de 1996, esto es 10 meses y 21 días (326 días). En total, el tiempo de detención del demandante suma 407 días.
36. El señor Juan Alberto Caicedo contrajo matrimonio con la señora María Deinnis Bernal Guerrero el 17 de diciembre de 1988, según se aprecia de la copia auténtica del registro civil del acta de matrimonio que reposa a folio 14 del cuaderno 2 del expediente.
37. Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura responsabilidad administrativa en cabeza de la entidad demandada —Consejo Superior de la Judicatura—, como consecuencia de la privación de la libertad de que fue sujeto el señor Juan Alberto Caicedo. Para tal efecto, deberá darse solución a los siguientes interrogantes:
37.1. En primer lugar, tendrá que establecerse si la absolución que favoreció al señor Juan Alberto Caicedo por decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot, fue debida a una insuficiencia probatoria en la acusación formulada por la Fiscalía 22 Seccional de Girardot o si, por el contrario, está demostrado que lo que hizo el juzgado fue aplicar el principio de in dubio pro reo.
37.2. Determinado lo anterior, deberá examinarse la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la estructuración de responsabilidad a cargo del Estado por virtud de los daños causados por la privación de la libertad, y con base en la misma deberá decidirse si el régimen de responsabilidad aplicable cuando se produce la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo, es un régimen objetivo o si, por el contrario, dichas eventualidades deberán ser analizadas bajo la óptica de la falla del servicio.
37.3. Fijados los anteriores parámetros, estos deberán aplicarse al caso concreto con el propósito de verificar si en el mismo se cumplen los requisitos necesarios para que sea procedente la indemnización de los daños causados con ocasión de la privación de la libertad a la que fue sujeto el señor Juan Alberto Caicedo.
38. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora. Es decir, está debidamente acreditado que el señor Juan Alberto Caicedo estuvo privado de su libertad a órdenes de la Fiscalía 22 Seccional de Girardot, durante 407 días en distintos períodos de los años 1994 y 1995.
39. Igualmente, para la Sala es claro que la absolución del señor Juan Alberto Caicedo por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot, se produjo por aplicación del principio in dubio pro reo.
39.1. En efecto, está probado que tanto en el trámite sumarial, como en sede del juicio penal, en el expediente existían pruebas que señalaban la responsabilidad del señor Juan Alberto Caicedo, pero solo una de dichas pruebas era de carácter directo —el testimonio que fuera rendido por el señor Luis Alfonso Portela Aroca— y los demás medios de convicción eran meros indicios que no resultaron suficientes para derivar responsabilidad penal en contra del indiciado.
39.2. Así se hizo notar con las pruebas practicadas en la audiencia pública celebrada a instancias del Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot, durante la cual el testimonio inculpatorio que había sido rendido en la etapa del sumario fue retractado por el declarante, y en la que pudo vislumbrarse, con base en las inspecciones practicadas en el lugar de los hechos, que la teoría del caso que había sido formulada por la Fiscalía 22 Seccional de Girardot en las diferentes decisiones que esta asumió en el transcurso de la investigación, no era la única probable, y que existían otras hipótesis que podían explicar razonablemente la forma en que los asaltantes ingresaron a las instalaciones de la empresa Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores.
39.3. Se trataba, entonces, de una situación en la que existían indicios que señalaban tanto la culpabilidad del hoy demandante en reparación, como su no participación en los hechos, frente a la cual el juzgador penal optó por resolver la duda a favor del penalmente encartado, que era lo que mandaba el ordenamiento jurídico frente a estas circunstancias.
40. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad que le resulta aplicable al presente caso, en el que el señor Juan Alberto Caicedo fue absuelto de toda responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo, la Sala considera pertinente hacer el siguiente recuento jurisprudencial, para mostrar que el criterio vigente es el de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, aun en aquellos casos en los que la absolución se produzca por aplicación del principio de la duda a favor del procesado:
40.1. El fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, era el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:
40.2. En interpretación de dicho artículo, el Consejo de Estado había entendido que la responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad era siempre de carácter subjetivo, y que debía demostrarse que la medida de detención fue ordenada en forma equivocada por la autoridad competente, con la configuración de una falla del servicio cuya demostración incumbía a quien solicitaba la reparación. Según esta tesis jurisprudencial, la falla del servicio se demostraba si la decisión judicial que dio lugar a la privación de la libertad, es abiertamente contraria a la ley. Igualmente, se consideraba que, cuando en una investigación existen serios indicios que comprometen la responsabilidad penal de una persona, se entiende que la detención de dicha persona es una carga pública que esta debe soportar(30).
40.3. En un segundo momento, la jurisprudencia consideró que, cuando se demostraba que la absolución del implicado se produjo por alguno de los eventos consagrados por el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debía analizarse conforme al régimen objetivo de responsabilidad, sin que fuera necesaria la demostración de una falla del servicio. En aquellos casos no contemplados en el artículo 414 mencionado, como es el caso de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo, se impone al demandante la carga de demostrar que la privación de la libertad se produjo por un error judicial cometido por la autoridad competente(31).
40.4. Superadas las dos posturas antes reseñadas, la tesis que hoy es mayoritaria en la Sección Tercera —no sin disidencias al interior de la Sala— es que la responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad es objetiva. Así las cosas, si la investigación o el proceso penal no concluye con sentencia condenatoria en contra de la persona afectada con la medida restrictiva de su libertad, entonces se configura un daño antijurídico, y no es relevante establecer si la detención fue ordenada equivocadamente por la autoridad judicial. En esos casos, para que la entidad demandada se exima de responsabilidad, es necesario que demuestre que existió una causa extraña. En sentencia del 25 de febrero de 2009 se dijo:
La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(32). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades ha sido puesto de presente(33).
En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(34). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas debían soportar(35).
Más adelante, en una segunda dirección, la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(36), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(37), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(38).
En tercer término, tras reiterar el carácter injusto dado por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala señaló la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(39), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(40).
Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal respectivo del principio in dubio pro reo, de manera tal que no obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales el imputado no llega a ser condenado porque la investigación es dudosa e insuficiente para condenar el (sic) imputado, circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(41)—.
Las decisiones que han establecido que el Estado debe responder cuando se configure alguna de las causales del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea necesario cuestionar la conducta del funcionario que impuso la respectiva medida de aseguramiento de privación de la libertad, incluso en los casos en que se ha absuelto al detenido por in dubio pro reo —todo bajo un régimen objetivo de responsabilidad— han estado fundamentadas en la primacía del derecho fundamental a la libertad, la cual debe estar garantizada en un Estado social de derecho como lo es el Estado colombiano por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política (...)(42).
40.5. En el orden de ideas anteriormente expuesto, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad —aun en aquellos casos en los que se analiza la absolución de una persona penalmente encartada por aplicación del principio in dubio pro reo—, es que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en un error, y en la que la administración de justicia podrá exonerarse solo si demuestra que existió culpa exclusiva de la víctima. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano.
41. Clarificado lo anterior, la Sala considera que, de acuerdo con el criterio mayoritario, al presente caso le es aplicable el régimen objetivo de responsabilidad del que se ha hablado más arriba y, bajo esa óptica, deberán analizarse los presupuestos para que pueda declararse responsabilidad en contra de la entidad demandada en el sub lite.
42. Como en el caso que se analiza se trató de una imputación penal al señor Juan Alberto Caicedo que culminó con sentencia absolutoria en su favor, y teniendo en cuenta que la entidad demandada se abstuvo de demostrar que la privación de la libertad del demandante hubiera ocurrido como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima, entonces la Sala concluye que en el presente caso se dan todos los presupuestos como para que pueda predicarse responsabilidad a cargo de la entidad demandada, en la medida en que la privación de la libertad del demandante fue una carga que este no estaba llamado a soportar.
43. Habida cuenta de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia denegando las súplicas de la demanda, la Sala revocará la decisión asumida en primera instancia y, en su lugar, procederá a efectuar la liquidación de los perjuicios, cuyo reconocimiento debe hacerse como consecuencia de la declaración de responsabilidad de la entidad demandada.
44. En cuanto a los perjuicios materiales la parte demandante solicita que se condene a la demandada al pago de treinta millones de pesos ($ 30.000.000), suma correspondiente a los salarios que dejó de percibir el demandante durante la época de la detención, y a los gastos que debió sufragar para contratar un abogado penalista que atendiera su defensa en el proceso penal.
45. En el expediente consta que el demandante laboró en la empresa Thomas Greg And Sons Tranportadora de Valores S.A., pero fue despedido el 17 de enero de 1994. El señor Juan Alberto Caicedo fue detenido el 27 de septiembre de 1994, esto es cuando ya no laboraba en la mencionada empresa. Por tal razón, no es posible tomar como base de liquidación del lucro cesante, el salario que devengaba cuando trabajaba en dicha compañía transportadora de valores.
46. En el mismo sentido, revisado el expediente la Sala no encuentra prueba alguna de que el señor Juan Alberto Caicedo estuviera laborando en el momento en que se dio su captura, y no existe dentro del proceso parámetro alguno a partir del cual pueda hacerse la liquidación del lucro cesante. No obstante, también es claro para la Sala que, durante el tiempo de su detención, no fue posible para el demandante realizar labor alguna que le representara réditos económicos, y que le permitiera procurarse el sostenimiento propio y el de su hogar. Por ello, lo procedente en este punto es reconocerle una indemnización, a título de lucro cesante, con la ficción de que cuando fue privado de su libertad, el demandante estaba devengando el salario mínimo, tal como pasa a exponerse.
46.1. El valor del salario mínimo mensual para el año 1994 era noventa y ocho mil setecientos pesos m/cte. ($ 98.700), valor que al ser actualizado a valor presente(43) equivale a trescientos veintidós mil setecientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos m/cte. ($ 322.733,33). Como dicho valor es inferior al valor actual del salario mínimo ($ 535.600), entonces se tendrá en cuenta el salario mínimo actual para calcular el lucro cesante correspondiente al tiempo de privación de la libertad en el año 1994, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad en dicha norma contenidos(44).
47.2. En el año 1994 el demandante estuvo privado de su libertad en el período de tiempo comprendido entre el 27 de septiembre de 1994 y el 31 de diciembre del mismo año, durante el cual transcurrieron 96 días, y en el que debería haber devengado un millón setecientos trece mil novecientos veinte pesos m/cte. ($ 1.713.920), utilizando el salario mínimo actual como base de liquidación.
47.3. En el año 1995 el salario mínimo mensual tenía un valor de ciento dieciocho mil novecientos treinta y tres pesos con cincuenta centavos m/cte. ($ 118.933,50), que al ser traído a valor actual es inferior al salario mínimo que hoy está vigente. Por tal razón se aplica como base de liquidación el salario vigente al momento de proferirse este fallo, en aplicación de la regla ya enunciada.
47.4. En el año 1995 el señor Juan Alberto Caicedo estuvo privado de su libertad en los períodos comprendidos entre el 1º de enero y el 27 de marzo (86 días); y entre el 5 de septiembre y el 31 de diciembre (117 días), para un total de 209 días. Durante esos períodos de tiempo el demandante debería haber devengado dos millones ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. ($ 2.088.840).
47.5. En el año 1996 el valor del salario mínimo mensual era ciento cuarenta y dos mil ciento veinticinco pesos m/cte. ($ 142.125), que al ser actualizado es inferior al valor del salario mínimo vigente para el año 2011, por lo que se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo que hoy rige.
47.6. En el año 1996 el demandante estuvo privado su libertad en el período de tiempo comprendido entre el 1º de enero y el 26 de julio (207 días), período de tiempo durante el cual debería haber devengado tres millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y nueve pesos m/cte. ($ 3.695.639).
47.7. En el anterior orden de ideas, como se liquida la renta debida con base en el salario mínimo vigente para el año 2011, entonces se tiene que la renta actualizada es equivalente a siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte. ($ 7.498.399), que es la suma correspondiente al lucro cuya indemnización se solicita.
48. Por otro lado, en lo que tiene que ver con los honorarios que presuntamente pagó Juan Alberto Caicedo al abogado penalista que atendió el proceso penal, en el expediente no existe ninguna prueba que acredite el monto que fue pagado a ese profesional del derecho, razón por la cual no habrá lugar a reconocer suma alguna por este concepto.
49. En lo que tiene que ver con los perjuicios inmateriales, la parte actora solicita que se condene al Consejo Superior de la Judicatura al pago de 2.000 gramos de oro fino a favor del señor Juan Alberto Caicedo, y de 1.000 gramos de oro fino a favor de la señora María Deinnis Bernal Guerrero.
49.1. Para la Sala es razonable inferir la existencia de un daño moral sufrido por una persona que, como el señor Juan Alberto Caicedo, ha sido privada de su libertad. Igualmente, la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración.
49.2. Así las cosas, aun cuando en el expediente no existe prueba alguna que demuestre el daño moral padecido por el señor Juan Alberto Caicedo, la Sala reconocerá una indemnización por concepto de dicho perjuicio, en la medida en que se infiere el daño sufrido por el demandante con ocasión de la privación de su libertad. Por la misma vía se reconocerán perjuicios morales a favor de la señora María Deinnis Bernal Guerrero pues, aunque tampoco se demostró el daño moral por esta padecido por la privación de la libertad del señor Juan Alberto Caicedo, sí quedó acreditado su parentesco con este, razón por la cual la Sala infiere el perjuicio que sufrió la mencionada señora con ocasión de la detención de su cónyuge.
49.3. Ahora bien, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Exp. 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
49.4. En la demanda se solicita el pago de 2.000 gramos de oro fino a favor del señor Juan Alberto Caicedo, que para la fecha de esta sentencia corresponden a $ 55.802.316,3, valor que es equivalente a 102 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
49.5. A favor de la señora María Deinnis Bernal Guerrero, por su parte, se solicita el pago de 1.000 gramos de oro fino, que equivalen a 51 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
49.6. La Sala observa que no es procedente reconocer la indemnización que se solicita en los términos antes referidos, pues es una suma cuantitativamente superior a la que ha sido reconocida por la Sala en otros casos en los que sí se ha demostrado la existencia de un perjuicio moral. No obstante, por estar demostrado que el señor Juan Alberto Caicedo estuvo privado de su libertad durante 407 días en total, la Sala reconocerá en su favor una indemnización equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en aplicación del criterio vigente y aplicable a estas determinaciones. Dicho valor se expresará en pesos, en la parte resolutiva de esta sentencia.
49.7. Otro tanto debe decirse en relación con la indemnización moral solicitada a favor de la señora María Deinnis Bernal Guerrero, cuyo monto resulta demasiado alto; por ello, en aplicación del mismo criterio anterior, se reconocerá en su favor una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuyo valor se expresará en pesos en la parte decisoria de este fallo.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. REVÓCASE la sentencia del 4 de mayo de 2000 proferida en la primera instancia del presente proceso por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Consejo Superior de la Judicatura por los perjuicios causados al señor Juan Alberto Caicedo por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido.
3. CONDÉNASE a la Nación-Consejo Superior de la Judicatura a pagar las siguientes sumas de dinero bajo el título de indemnización de perjuicios:
A) Al señor Juan Alberto Caicedo la suma de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte. ($ 42´848.000), por concepto de indemnización de los perjuicios morales por el padecidos.
B) A la señora María Deinnis Bernal Guerrero la suma de veintiún millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos m/cte. ($ 21´424.000), por concepto de indemnización de perjuicios morales en su favor.
C) Al señor Juan Alberto Caicedo la suma de siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte. ($ 7´498.399) como indemnización de perjuicios por lucro cesante.
(5) Copia auténtica del contrato laboral suscrito entre la sociedad transportadora de valores y el señor Juan Alberto Caicedo reposa a folio 1123 y siguientes del cuaderno 4 de pruebas.
(6) Copia autenticada de la carta de despido es visible a folio 1091 del cuaderno 4 de pruebas. Allí se dice que al hoy demandante se le despidió por haber actuado con negligencia en diferentes oportunidades, y por haber recibido continuados llamados de atención.
(7) Estos hechos se hacen constar en el testimonio que rindió el señor Raúl Alberto Sierra Corrales en la indagación preliminar adelantada por la Fiscalía General de la Nación, cuya copia auténtica es visible a folios 7 y siguientes del cuaderno 3 de pruebas.
(8) Ver los testimonios de Alfonso Andrade Gaitán (fls. 27 y ss. ib.), quien era celador de la cuadra donde estaba ubicada la empresa; y Gustavo Patiño Casalimas (fls. 31 y ss. ib.), que fue el agente de policía que liberó al vigilante que estaba amarrado.
(9) Mediante informe de policía judicial observable a folio 3 del cuaderno 3 de pruebas.
(10) La providencia es de fecha 8 de enero de 1994 (ver fl. 5, cdno. 3 pruebas).
(11) Así se dedujo, primeramente, de un álbum fotográfico levantado en el lugar de los hechos (fls. 148 y ss. cdno. 3 pruebas), y de la inspección técnica que allí se practicó (fls. 165 y ss. ib.). La hipótesis se consignó también en la declaración juramentada (fls. 206 y ss.) y en la diligencia de indagatoria rendidas por el señor Álvaro Antonio Lara Barraza, que era uno de los empleados encargados en el vehículo 319.
(12) De acuerdo a lo dicho en los testimonios que durante la investigación rindieron algunos empleados de la compañía Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores S.A., un “furgonero” es una persona que se encarga de custodiar desde adentro de la bodega el vehículo transportador, mientras este realiza los recorridos.
(13) En este punto puede consultarse en la certificación expedida por la sociedad Thomas Greg and Sons Transportadora de Valores S.A. (fls. 148 y ss. cdno. 3 pruebas).
(14) La copia auténtica de la diligencia de indagatoria rendida por el señor Álvaro Antonio Lara Barraza se observa a folios 277 y siguientes del expediente. Allí se dice que el comportamiento del señor Juan Alberto Caicedo era sospechosa por cuanto “tenía afán” de realizar el servicio que tenía pendiente el móvil 319 en la sede de los almacenes “El Ley”.
(15) Copia auténtica de la diligencia de indagatoria reposa a folios 313 y siguientes del cuaderno 3 de pruebas del expediente.
(16) Copia auténtica de la providencia fue anexada a folios 785 y siguientes del cuaderno 4 de pruebas.
(17) Copia de la providencia reposa a folio 340 del cuaderno 3 de pruebas.
(18) Folios 434 y siguientes del cuaderno 3 de pruebas.
(19) Practicada el 9 de noviembre de 1994 (ver fls. 452 y ss. cdno. 3 pruebas).
(20) Ver folios 148 y siguientes y folios 165 y siguientes del cuaderno 3 de pruebas.
(21) Folios 831 y siguientes del cuaderno 4 de pruebas.
(22) Folio 835.
(23) Véase la orden de captura de fecha 5 de septiembre de 1995.
(24) Folios 912 y siguientes del cuaderno 4 de pruebas.
(25) Folios 929 a 941 del cuaderno 3 de pruebas.
(26) Folios 18 y siguientes del último cuaderno —sin numeración continua— que empieza a partir del folio 1541 del cuaderno 4 de pruebas.
(27) Folios 1422 a 1478 del cuaderno 4 de pruebas.
(28) En el expediente es apreciable boleta de encarcelación 74 del 4 de octubre de 1994 (fls. 366 y ss. cdno. 3 pruebas) y una hoja de datos de la medida de aseguramiento de la misma fecha (fl. 352 ib.), estos trámites solo fueron realizados cuando al demandante se le resolvió su situación jurídica mediante providencia el 3 de octubre de 1994. No obstante, de conformidad con el certificado expedido por la Cárcel del Circuito Judicial de Girardot de fecha junio 24 de 1999 (sin foliar, cuaderno 2 de pruebas), la fecha inicial de reclusión fue el 27 de septiembre de 1994, y no el 4 de octubre del mismo año.
(29) Ver certificación expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot (fl. 61, cdno. 2 pruebas).
(30) En este sentido pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 1º de octubre de 1992, Expediente: 7058, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de octubre de 1996, Expediente 10.923, C.P. Daniel Suárez Hernández; entre otras.
(31) A este respecto pueden consultarse las siguientes sentencias, también de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9734, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 910.299, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 27 de septiembre e 2001, Expediente 11.601, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 4 de abril de 2002, Expediente 13.606, C.P. María Helena Giraldo Gómez, sentencia del 27 de noviembre de 2003, Exp. 14.530, C.P. María Helena Giraldo Gómez, entre otras. Sobre la interpretación de los eventos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, puede consultarse: sentencia del 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391, C.P. Julio César Uribe Acosta; sentencia del 17 de noviembre de 1995, Expediente 10.056, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, sentencia del 7 de diciembre de 2004, Expediente 14.076, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(32) “[15] El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente; (...)”.
(33) “[16] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.”
(34) “[17] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9734”.
(35) “[18] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 194, expediente 8.666.”
(36) “[19] Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.”.
(37) “[20] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Expediente 10.056”.
(38) “[21] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 10.229”.
(39) “[22] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de abril de 2002, expediente 13.606”.
(40) “[23] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601 (...)”.
(41) “[24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Radicación 2001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación - Rama Judicial”.
(42) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 25000-23-26-000-1998-05851-01(25.508), actor: Édgar Antonio Borja Sivla y otros, demandado: Fiscalía General de la Nación y otro. Con salvamento de voto de la Consejera de Estado Ruth Stella Correa Palacio, en el que se manifiesta: “Si contra el procesado se dictaba sentencia absolutoria, con fundamento diferente a los explícitamente señalados en la primer aparte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, era necesario demostrar la injusticia de la medida de aseguramiento que hubiera sufrido el procesado. De tal manera que, si bien es cierto que en la evolución jurisprudencial que se adoptó con fundamento en la norma mencionada se terminó por rechazar el criterio de que la detención preventiva fuera una carga que en todos los supuestos debía soportar un ciudadano, tampoco, con base en la misma norma era posible asegurar que la antijuridicidad del daño quedaba en evidencia por el hecho de que en la investigación penal no se dictara sentencia condenatoria contra el sindicado, pues era necesario demostrar, en los eventos diferentes a los contemplados taxativamente en la norma, que en la providencia misma o en el proceso se incurrió en un error judicial o que la misma decisión se dicto o se mantuvo como consecuencia del anormal funcionamiento de la administración de justicia”.
(43) Se aplica la formula de actualización Ra=Rh * (índice final ÷ índice inicial).
(44) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, Expediente 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.