Source: http://www.derechodeportivocolombiano.com.co/repository/sentenciasce-11001032400020010030001.php
Timestamp: 2020-07-12 03:35:00
Document Index: 190741470

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 52', 'artículo 13', 'artículo 59', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 52', 'artículo 189']

DEPORTE ASOCIADO CON PERSONAS CON LIMITACIONES - Debe organizarse por discapacidades: legalidad de la reglamentación / LIMITADOS FISICOS, MENTALES O SENSORIALES - Deporte asociado: reglamentación
Como puede observarse, existe una diferencia fundamental entre el contenido de las Leyes 181 de 1995 y la Ley 582 de 2000, pues mientras que la primera se refiere al deporte en general, para todo tipo de personas, la segunda se refiere en forma específica al deporte asociado de las personas con limitaciones físicas, mentales, psíquicas o sensoriales, caso en el cual, deben organizarse por discapacidades, como resulta apenas lógico, pues no tendría sentido poner en igualdad de condiciones a personas que padecen de limitaciones físicas con otras que presentan problemas de discapacidad mental. Todas estas disposiciones (D. 641/01) están en consonancia con lo dispuesto en la Ley 582 de 2000 que se reglamenta y precisamente desarrollan sus preceptos sin que pueda hablarse de extralimitación de funciones. Lo que ocurre es que el demandante pretende que el ejercicio de la facultad reglamentaria debe circunscribirse casi a repetir los términos de la ley que se reglamenta en abierto desconocimiento del alcance de esta facultad. La potestad reglamentaria busca la cumplida ejecución de las leyes y desarrollar lo que en ella fue dispuesto. NOTA DE RELATORIA: Se cita: Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 13 de febrero de 2003. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza. Radicación 6784.
Bogotá, D.C., mayo veintidós (22) de dos mil tres (2003)
Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00300-01(7438)
Actor: LERMAN SALINAS BELTRÁN
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por LERMAN SALINAS BELTRAN, quien, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita la declaratoria de nulidad del Decreto 641 de 2001, expedido por el Presidente de la República y por el cual reglamenta la Ley 582 de 2000 que define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales y reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 del mismo año.
Se viola el artículo 13 de la Constitución Política ya que crea un sistema nacional del deporte para discapacitados paralelo al consagrado en el artículo 46 de la Ley 181 de 1995, creación que solamente la corresponde al legislador.
c. La defensa del acto acusado
El Ministerio de Educación Nacional, contestó la demanda en los siguientes términos:
No es cierto que el artículo 13 del Decreto Reglamentario 641 de 2001 sea inconstitucional ya que éste no crea un sistema paralelo ni discriminatorio del establecido en la Ley 181 de 1985, sino que el deporte de las personas discapacitadas debe tener una organización especial contenida en el artículo 13 del Decreto 1228 de 1995.
No se impide la libre asociación sino que solamente se determina que se deben cumplir unos parámetros para pertenecer al Sistema Nacional del Deporte. La facultad reglamentaria no puede ser limitada por una ley, como contrariamente lo argumenta el demandante cuando pretende demostrar que el Ejecutivo debía reglamentar sólo lo que le señala la Ley 582 de 2000.
Al expedirse la Ley 582 de 2000 y su decreto reglamentario 641 de 2001, el Gobierno Nacional lo hizo en desarrollo del derecho fundamental a la recreación consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política.
Al reglamentarse el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, el espíritu de la ley no fue el de desmejorar su participación ni de violar el derecho a la igualdad ni la autonomía de la voluntad. Sólo se le dio importancia al deporte de las personas discapacitadas creándose el Comité Paralímpico, como un organismo especial que debe manejar el deporte de discapacitados a nivel nacional e internacional.
Impugnación de Ana Patricia Franco Luque.
Se impugna la demanda con los siguientes argumentos:
La Ley 181 de 1995 al fijar los principios rectores que el Estado debe tener en cuenta sobre la materia, incluye la formulación de programas especiales para la educación física, deporte y recreación de las personas con discapacidades física síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados, creando más facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la educación física y la recreación.
En virtud de facultades extraordinarias se expidió el Decreto Ley 1228 de 1995 que regula los organismos deportivos del sector asociado y se refiere a la Federación Paraolímpica como un organismo de derecho privado constituido como asociación o corporación, por deportistas con discapacidades físicas, pqsíquicas o sensoriales, para fomentar, patrocinar y organizar la practica de sus deporte o modalidades deportivas dentro del ámbito nacional.
La Ley 582 de 2000, que modifica la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 del mismo año, se refieren al deporte como un medio para la normalización integral de toda persona que sufre una limitación y prevé la organización del sector deportivo asociado de estas personas, con relación a su respectiva discapacidad. La Ley 582 es entonces especial en cuanto reconoce y regula la diferencia entre la actividad deportiva de la población a que ella se refiere, respecto de la generalidad de la Ley 181.
La Ley 582 deroga expresamente el artículo 13 del Decreto 1228 de manera que extingue la Federación Paraolímpica y regula a su vez, el Comité Paralímpico Colombiano, como el organismo superior de coordinación del deporte asociado de las personas con limitaciones. Es claro que esta ley no crea un sistema paralelo al regulado por la Ley 181, sino que introduce desde su especificidad, el deporte de las personas con limitaciones al Sistema Nacional del Deporte creado por la Ley 181.
En cuanto al ejercicio de la potestad reglamentaria, el Consejo de Estado ha dicho que el ejercicio de ella no puede quedarse en la repetición del texto legal que reglamenta. El objeto de la reglamentación no es otro que el de establecer los pormenores que el legislador dejó de lado al expedir la norma general, para así desentrañar el contenido de la ley con el fin de hacerla viable y expedita.
Son distintos los deportes y la manera de practicarlos según se trate de personas sordas o ciegas o con limitaciones mentales Es esta otra diferencia que introduce la Ley 582. El Decreto 641 no se aparta de la norma reglamentada, esto es, de la Ley 582.
El Decreto 641 de 2001 no excede la potestad reglamentaria ni es inconveniente ni contradictorio.
d. La actuación surtida
De conformidad con las normas del C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 22 de noviembre de 2001, se dispuso la admisión de la demanda y se negó la suspensión provisional solicitada.
El 18 de diciembre de 2001 se surtió la diligencia de notificación personal al Procurador Delegado ante esta Corporación y el 13 de febrero de 2002 se notificó por Aviso al Ministro de Educación Nacional.
Durante el traslado concedido a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión, en los términos del inciso segundo del artículo 59 de la Ley 446 de 1998, hizo uso de este derecho la entidad demandada y la Agente del Ministerio Público.
El Ministerio de Educación, sustentó así sus alegatos de conclusión:
Se aduce violación o desconocimiento del principio de la autonomía de la voluntas de las personas con la expedición del Decreto 641 de 2001 el cual según el demandante, se convierte en una disposición inaplicable al incluír el artículo 13 una obligación que las Federaciones que conforman los Comités Paralímpicos no pueden cumplir.
El artículo 13 del Decreto 641 de 2001 no crea un sistema paralelo ni discriminatorio del establecido por la Ley 181 de 1995 sino que organiza de forma especial el deporte de las personas discapacitadas. Tampoco impide la libre asociación. No hubo extralimitación de funciones al expedir el decreto acusado.
Al expedirse La Ley 582 de 2000 y su decreto reglamentario 641 de 2001, se desarrolló el derecho a la recreación consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política. Al reglamentarse lo relativo al deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, el espíritu de la ley no fue el de desmejorar su participación ni el de violarles el derecho a la igualdad ni mucho menos la autonomía de la voluntad. Sólo se dio la importancia que merece el deporte de las personas discapacitadas, creándose el Comité Paralímpico, como un organismo especial que debe manejar el deporte de discapacitados a nivel nacional e internacional.
III - CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
La Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado solicitó se denegaran las súplicas de la demanda, argumentando:
La potestad reglamentaria se ha concebido como la facultad constitucional atribuída al Presidente de la República para expedir normas que permitan el cumplimiento y correcta ejecución de las leyes, que no impliquen en manera alguna modificaciones, ampliaciones restricciones o limitaciones del mandato sustantivo objeto de reglamentación.
Se aprecia con facilidad que los límites de la potestad reglamentaria están dados solo por la misma norma reglamentada y la Constitución y que sólo debe ser objeto de reglamento lo que se necesite para su aplicación, no sólo que se halla expreso en la ley sino el contenido implícito que en ella exista.
Las disposiciones del decreto acusado, lejos de contrariar la ley reglamentada, la complementan y desarrollan sin que ninguno de los preceptos en él contenidos signifique creación, modificación, ampliación o restricción alguna respecto a la Ley 582 de 2000, objeto de reglamentación, que pudiera representar un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del ejecutivo.
Es cierto que mediante la Ley 582 de 1995 se reglamentó en forma general el deporte imponiendo entre los objetivos fundamentales a cargo del Estado el de formular y ejecutar programas para la educación física, el deporte y la recreación de las personas discapacitadas física, psíquica o sensorialmente con el otorgamiento de facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la educación física y de la recreación.
En la consecución de estos propósitos debe acudirse a la especialidad con la expedición de una regulación especial para este conglomerado social, lo cual se hizo a través de la Ley 582 de 2000 mediante la cual se definió el deporte asociado de las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, la que se puso en ejecución a través del decreto demandado bajo la orientación y representación del Comité Paralímpico Colombiano como organismo integrante del Sistema Nacional del deporte y con la participación de los organismos deportivos de personas discapacitadas a nivel nacional, departamental, distrital y municipal.
Carecen de fundamento los argumentos de la demanda por cuando no se ha creado en el decreto demandado un sistema deportivo paralelo al previsto en la ley del deporte sino uno especializado en ella previsto y complementado en la Ley 582 de 2000 para el conglomerado social integrado por personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales y mucho menos se ha alterado en forma alguna el consagrado en la Ley 181 de 1995.
Mal puede afirmarse que el Decreto 641 de 2001 resulte violatorio de las normas constitucionales y legales traídas por el actor con tal carácter pues, no existe contrariedad alguna entre éstos y la norma acusada siendo por el contrario manifiesta la legalidad del acto enjuiciado.
Se pide la nulidad del Decreto 641 de 2001 “por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales” al considerar que hubo exceso en el uso de las facultades reglamentarias y que se contraría la Ley 181 de 1995 al crear un sistema nacional del deporte paralelo al estatuido en las citadas leyes.
” Sea lo primero advertir que el ejercicio de la potestad reglamentaria es inagotable, es decir, siempre que el Presidente de la República requiera hacer expedita la ley a través el reglamento puede ut8lizar la facultad prevista en el artículo 189, numeral 11, de la Carta Política, sin que la circunstancia de que ya haya hecho uso de la misma le impida volver a ejercerla..Además, el precepto constitucional en mención no impone limitante, salvo que se respete el alcance y espíritu de la norma superior objeto de desarrollo”. (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 13 de febrero de 2003. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza. Radicación 6784). (Resaltado fuera de texto).
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de veintidós (22) de mayo del año dos mil tres.
MANUEL S. URUETA AYOLA GABRIEL MENDOZA MARTELO