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Timestamp: 2016-12-06 14:19:00
Document Index: 238109289

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 103']

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 10 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 10 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 10 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 10 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid Don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número diez de Madrid, Don José Miguel Masa Burgos, a inscribir una escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria.
El día 28 de mayo de 2002, Don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, Notario de Madrid, autorizó una escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria en cuyo otorgamiento don J. P. C.G. intervenía, en nombre y representación, como apoderado de los cónyuges Don J. P. N. y Doña C. C.G. A. En dicha escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria se expresa, con respecto a la representación alegada, que Don J. P. C.G. «... ostenta dicha representación en virtud del poder no revocado, suspendido ni limitado, según afirma, que le fue conferido mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Valerio Pérez de Madrid y Palá, el día 13 de marzo de 1989, con el número 1.018 de protocolo, cuya copia autorizada me exhibe y devuelvo». Asimismo se añade por el Notario lo siguiente: «....juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de carta de pago y cancelación de condición resolutoria...».
La citada escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad número diez de Madrid, con fecha 24 de julio de 2002, causó el asiento 2415 del Diario 74, y fue calificada negativamente en base a los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:
«Registro de la Propiedad N.º 10 de Madrid...
Referente a la escritura otorgada en Madrid el 28 de mayo de 2002, número de protocolo 1881 del Notario Don Ignacio Sáenz de Santa María Vierna, presentada en el Asiento 2415 del Diario 74.
Calificado el precedente documento se suspende la inscripción del mismo en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Con fecha 24 de julio de 2002, se ha presentado en este Registro, escritura otorgada el 28 de mayo de 2002, número de protocolo 1881 del Notario Don Ignacio Sáenz de Santa María Vierna, que ha causado el número 2415 del diario 74.
No se transcribe en la parte necesaria el poder otorgado por los cónyuges Don J. P. N. y Doña C.C.G. A., a favor de su hijo Don J.P.C.G., lo que impide ejercer la función calificadora que consagra el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, artículo 98 de la Ley 24/2001, y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002...
Madrid, 29 de julio de 2002.El Registrador (Firma ilegible).»
La citada calificación negativa, de fecha 29 de julio de 2002, fue notificada al Notario autorizante de la escritura el día 30 de julio de 2002. Mediante escrito con fecha 28 de agosto de 2002, que causó entrada en el referido Registro el día 3 de septiembre de 2002, dicho Notario interpuso recurso gubernativo contra tal calificación, en el que alegó: Primero.Que la nota de calificación no se ajusta a lo prevenido en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, pues la exposición de hechos es prácticamente inexistente, y mediante el simple expediente de no reflejar, al menos para argumentar porque los considera insuficientes, los textos de la escritura que relacionan el contenido del poder con la carta de pago y extinción de condición resolutoria que en ella se otorga, evita calificar el documento concreto que le ha sido presentado. Segundo.Por lo que se refiere a los Fundamentos de Derecho: A) Se limita a la cita de un par de artículos del Código Civil y de la Resolución de 12 de abril de 2002 sin acompañarla de motivación ni razonamiento alguno por lo que inaplica el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria. B) Omite textos legales y decisiones de la Dirección General de los Registros esenciales para llegar a una decisión adecuada e imparcial en el complejo proceso que supone la calificación registral. C) Al decir «No se transcribe en la parte necesaria el poder...» no especifica cuales son los datos que, a criterio del Registrador, debe reflejar la escritura para obtener la inscripción, dificulta tanto la subsanación de defectos como el recurso que debe limitarse a recordar las normas y resoluciones que la nota se calla. Tercero.Que si el defecto es que «No se transcribe en la parte necesaria el poder» confunde y transgrede la doctrina de la propia resolución en cuanto a lo especificado en su apartado 9. Cuarto.Que si la resolución de 12 de abril de 2002 exigiera lo que pide la nota de calificación, sería contradictoria con el artículo 98 de la Ley 24/2001. Quinto.Que la escritura cumple, a diferencia de la nota de calificación, las exigencias que la resolución tantas veces citada impone. Sexto.Que aunque no se relacionara el contrato que se otorga con la suficiencia de las facultades del apoderado no impediría la inscripción del documento.
La resolución de 12 de abril plantea la necesidad de esta relación no en el ámbito del juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas que es indispensable y por si solo suficiente siempre, sino en el de la
«reseña identificativa» del documento del que nace la representación, como otro elemento más de identificación del documento por lo que el Registrador sólo podrá pedirla cuando dude de esa identificación, así lo confirman las resoluciones de 23 y 25 de abril y 3 de mayo de 2002.
El Registrador de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 3 y 9 de septiembre de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es una carta de pago y extinción de condición resolutoria.
Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único medio a través del cual el administrado interesado en la inscripción-puede conocer si el órgano administrativo Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles sirve con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el artículo 103.1 de la Constitución (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero y 23 de abril de 1990 y 13 de junio 1997).
Es asimismo conocido que la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio decidendi» que la ha determinado (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1998 y de 28 de mayo de 2003); por ello, el Tribunal Supremo ha admitido como medio suficiente de motivación la remisión que el acto administrativo hace al expediente administrativo, cuando en el mismo obren los informes o dictámenes sobre los que se asienta el acto, y siempre que tales informes sean conocidos por el interesado cuando se le notifica el acto (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998). Igualmente, y en lógica coherencia con lo expuesto, el Tribunal Supremo no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o la simple invocación al interés público o general o, mucho menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación exposición del razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 marzo 1982, 9 junio de 1986 y de 25 de mayo de 1998).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar determinados preceptos legales y una resolución de esta Dirección General; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicho funcionario que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria que se otorga.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de un poder conferido mediante escritura pública autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder y el número de protocolo; así mismo se expresa que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título, en relación con la escritura de poder cuya copia autorizada se exhibe, lo siguiente: «...juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de carta de pago y cancelación de condición resolutoria...».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de carta de pago y extinción de condición resolutoria.
Sr. Registrador de la Propiedad de Madrid número 10.