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Timestamp: 2019-07-23 23:07:06
Document Index: 313131586

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 478', 'artículo 474', 'artículo 180', 'artículo 474']

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Versión 25-02-2013
Capítulo III. Atribuciones y Facultades del Ministerio Público
Capítulo IV. Aplicación de la ley
Capítulo V. Imposición de Medidas Cautelares, Providencias Precautorias y Medidas de Protección
Capítulo VI. De la Policía Ministerial, Peritos y otras policías
Título Segundo. De la organización del ministerio público
Capítulo Único. Del Ministerio Público
Título Tercero. Bases generales de organización de la procuraduria
Capítulo I. De la organización de la Procuraduría
Capítulo II. Del Procurador y del Subprocurador General
Capítulo III. De los Nombramientos y Suplencias
Capítulo Único. De la Prevención del Delito en el Estado de México
Capítulo Único. Del Instituto de Atención a las Víctimas del Delito del Estado de México
Capítulo Único. De la Formación Profesional y Capacitación
Capítulo Único. Del Servicio de Carrera
La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la forma de organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones que corresponden a esa Dependencia del. Poder Ejecutivo, así como la distribución de las competencias de los órganos que la integran, delimitando las atribuciones y funciones del Titular de esa Dependencia; así como la organización del Ministerio Público, establecer sus atribuciones generales y normar su actividad en la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos como fase preparatoria de la acción penal y, en su caso, como presupuesto para definir la existencia del interés social en su persecución.
Esta Ley se aplicará por los delitos del orden común que sean competencia de las autoridades del Estado conforme a las reglas establecidas en el Código Penal. También será aplicable para los delitos contemplados en las Leyes Generales.
Las disposiciones de esta Ley son obligatorias para el Ministerio Público, sus auxiliares y apoyos jurídicos, administrativos y técnicos; y deberán ser observadas, en cuanto a los deberes que impongan y facultades que concedan, por cualquier autoridad establecida en el Estado; así como por las personas físicas y morales que en él residan o transiten.
Los Tribunales del Estado, además, aplicarán y atenderán a la presente Ley por cuanto a los actos realizados por el Ministerio Público bajo el imperio de la misma.
La presente Ley deberá aplicarse e interpretarse en armonía con sus principios rectores, conforme a las garantías individuales, a las normas constitucionales relativas a la función ministerial y a los principios generales del derecho. Cuando la Ley no señale un procedimiento especial o una forma determinada para la realización de un acto, serán admisibles y válidas todas aquellas firmas que resulten adecuadas para lograr los fines del mismo, siempre que no se contrapongan a sus disposiciones.
Para los efectos, aplicación e interpretación de esta Ley se entiende por:
I. Agente: El Agente del Ministerio Público;
II. Código de Procedimientos Penales: El Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;
V. Constitución del Estado: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
VI. Convenios de colaboración: Los Convenios celebrados por la Procuraduría General de justicia del Estado de México con otra u otras Procuradurías o Dependencias de otros Estados o del Distrito Federal, con la Procuraduría General de la República o con otras Dependencias o Entidades Federales, Estatales o Municipales;
IX. Servicios Periciales: El Instituto de Servicios Periciales del Estado de México y los Peritos que lo integran.
Son principios rectores de la presente Ley y de la actuación del Ministerio Público, los siguientes:
A. En lo referente a las atribuciones del Ministerio Público:
I. UNIDAD: El Ministerio Público constituye una unidad colectiva, por lo que sus agentes actúan representando en cada uno de sus actos el interés exclusivo y único de la Institución.
En el ejercicio de sus atribuciones la actuación de cada agente representa una continuidad con relación a la actuación de sus similares, independientemente de su jerarquía, particularidades de su nombramiento o funciones específicamente encomendadas;
II. INDIVISIBILIDAD: Como unidad colectiva, el Ministerio Público, no obstante la pluralidad de agentes que lo conforman, posee indivisibilidad de funciones. Cada uno de sus agentes puede sustituirse en cualquier momento por otro, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades y sin que se afecte la validez de lo actuado por cualquiera de ellos.
El otorgamiento del carácter de Agente del Ministerio Público confiere al titular todas las atribuciones establecidas en esta y otras leyes para la investigación de los delitos y para su persecución ante los tribunales; salvo las que expresamente se encuentren reservadas para órganos o funcionarios específicos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Procurador, por cualquier medio, podrá establecer Iimitantes a las facultades y deberes otorgados al personal que conforma la Procuraduría, las que únicamente tendrán efectos para la determinación de responsabilidades individuales; por lo que, en su caso, no podrán ser invocadas para afectar la validez del acto realizado en contravención a las mismas;
III. NDEPENDENCIA: Los Agentes del Ministerio Público serán autónomos en su decisión sobre casos concretos, sin perjuicio de los mecanismos de revisión, supervisión, atracción y control jerárquico que establece esta Ley y su reglamento.
IV. JERARQUIA: El Ministerio Público constituye una estructura jerarquizada en la que cada superior controla el desempeño de quienes le asisten y es responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades en que cada uno de ellos pueda incurrir por sus propios actos. El superior jerárquico posee facultad de atracción respecto de los asuntos en conocimiento de sus subordinados y goza de sus mismas atribuciones aunque no le estén expresamente encomendadas.
V. BUENA FE: El Ministerio Público no persigue intereses propios o ajenos, sino que, como representante de la sociedad, realiza llanamente la voluntad de la ley.
En la investigación de los delitos se debe tomar en cuenta no solo las circunstancias que eventualmente le permitan probar su acusación, sino también las que sirvan para atenuar o excluir la responsabilidad del inculpado. Sus funcionarios deberán abstenerse de incurrir en prácticas dilatorias o en abuso de las facultades que la Ley les confiere.
VI. IRRECUSABILlDAD: El Ministerio Público tiene potestad para conocer de cualquier asunto de su competencia, independientemente de cualquier circunstancia subjetiva que le acompañe.
VII. GRATUIDAD: Los servicios que proporcione el Ministerio Público y sus órganos auxiliares durante la investigación y persecución de los delitos de su competencia serán gratuitos. Los servicios de carácter pericial que se otorguen fuera de dichos supuestos se sujetarán a lo que dispongan las leyes correspondientes.
VIII. LEGALIDAD: El Ministerio Público realizará sus actos con estricta sujeción a la ley. Siempre que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito que se persiga de oficio o por denuncia estará obligado a investigarlo. La misma obligación tendrá respecto de los delitos que sólo se persigan por querella a partir de que la misma le sea formulada.
El ejercicio de la acción penal será obligatorio tan pronto estime acreditadas las hipótesis jurídicas establecidas en la ley.
El no ejercicio de la acción penal sólo podrá decretarse por las causales expresamente determinadas en la ley;
IX. OPORTUNIDAD: En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá suspender la investigación del delito a desistirse total o parcialmente de su persecución ante los tribunales, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, por lo exiguo de la contribución del partícipe por su mínima culpabilidad, no afecte el interés público, salvo que haya sido cometido por un servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones.
b) Cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para impedir la ejecución del hecho o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave.
c) Cuando el imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o psíquico, grave o irreparable que le incapacite para el ejercicio de sus ocupaciones ordinarias o cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido un daño de carácter moral de difícil superación.
d) Cuando la pena que corresponda por el delito de cuya persecución se prescinda, carezca de importancia en consideración a la pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
e) Cuando el inculpado sea entregado en extradición por la misma conducta o por diversa, en el caso de que la sanción impuesta por el requirente reste trascendencia a la que se le pudiese imponer.
f) Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenazas graves a la seguridad exterior del Estado.
g) Cuando exista colaboración del inculpado para evitar la consumación de delitos graves o lograr la desarticulación de organizaciones criminales.
h) Cuando el inculpado haya sufrido, por su conducta culposa, daño grave que haga desproporcionada o inhumana la aplicación de la sanción.
i) Cuando el delito no siendo grave, afecte un bien jurídico individual y se haya reparado el daño causado. Determinándose objetivamente la ausencia de interés público en la persecución.
j) Cuando el reproche de culpabilidad hacia la conducta sea de tan secundaria consideración que haga a la sanción penal una respuesta desproporcionada.
k) Cuando la persecución penal de un delito que comprende problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa, adecuada a los intereses de las víctimas y la sociedad.
l) Cuando se emplee cualquier mecanismo alternativo para la solución del conflicto, previsto en el presente ordenamiento.
m) Cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, según dictamen pericial, o tenga más de 70 años y no exista mayor daño al interés social.
El Ministerio Público buscará prioritariamente la solución del conflicto penal mediante la aplicación de las formas alternas que prevé esta ley y promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten gravemente el interés público.
La aplicación de criterios de oportunidad se hará siempre con base en razones objetivas valoradas conforme a las pautas generales fijadas por el Procurador y estará sujeta a los controles jurisdiccionales que determine el Código de Procedimientos Penales.
B. En lo referente a la integración de la averiguación previa y a la actuación del Ministerio Público durante el proceso:
I. DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Corresponde a los Agentes del Ministerio Público la investigación de los delitos para lo cual se auxiliarán de la Policía Ministerial y los Servicios Periciales los que estarán bajo su autoridad y mando inmediato.
Los titulares de la Policía Ministerial y de los Servicios Periciales deberán cumplir y hacer cumplir las órdenes del Ministerio Público, cualquiera que sea la jerarquía del funcionario del cual emanen.
Las órdenes del Ministerio Público no afectarán las opiniones técnicas y científicas que emitan los peritos en sus dictámenes.
El Ministerio Público tiene el carácter de autoridad en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado;
II. FE PÚBLICA: Los Agentes del Ministerio Público darán fe de sus propias actuaciones, las que serán válidas aún cuando no se asiente razón de ello.
Tampoco será necesario que actúen en compañía de testigos de asistencia o de otros funcionarios.
Las diligencias que practique el Ministerio Público solo serán nulas en los casos en que así lo disponga expresamente la ley.
III. COLABORACIÓN: Las autoridades, tribunales, organismos y dependencias oficiales establecidas en el Estado, así como las personas físicas y jurídico colectivas que en él residan o transiten, están obligadas a proporcionar el auxilio que les requiera el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones y en términos de los ordenamientos legales relacionados.
Cuando las Corporaciones Policiales Estatales y Municipales presten auxilio al Ministerio Público lo harán con estricta sujeción a las instrucciones que de él reciban.
Salvo las excepciones establecidas en la presente ley, quien presencie o tenga conocimiento de la comisión de un delito tendrá la obligación de proporcionar todos los datos e informes que le sean requeridos por el Ministerio Público para su esclarecimiento.
Los denunciantes y querellantes estarán obligados a suministrar toda la información y documentación de que dispongan y que se encuentre relacionada con sus imputaciones y no solo aquella en que pretendan sustentar las mismas.
El Ministerio Público podrá recurrir a los medios que le autorice la ley para hacer cumplir sus determinaciones;
IV.- LEALTAD: Quienes con cualquier carácter intervengan en la averiguación previa deberán conducirse con lealtad y buena fe, evitando planteamientos dilatorios o meramente formales, así como cualquier abuso en las facultades que les concede la ley.
Lo dispuesto en la presente fracción no podrá afectar o restringir en modo alguno los derechos de defensa;
V. REGULARIDAD: El Ministerio Público velará por la regularidad en la integración de las indagatorias, vigilará el correcto ejercicio de las facultades otorgadas a quienes en ellas intervienen y procurará su celeridad y su encausamiento al descubrimiento de la verdad histórica.
Podrá aplicar criterios de economía procesal, subsanar y corregir los defectos o excesos en sus actuaciones, siempre que la ley no disponga lo contrario y ello resulte conducente para los fines de la indagatoria o para preservar los derechos de los involucrados o de cualquier tercero con interés debidamente acreditado.
VI. RESERVA: Todas las actuaciones de la averiguación previa serán reservadas, salvo para el ofendido, víctima, representantes o sus abogados; para el inculpado o su defensor, quienes tendrán acceso a las constancias en los términos que fije la ley.
Las promociones o pedimentos que el Ministerio Público pretenda presentar en el proceso y las constancias que hubiere obtenido de este mismo sólo podrán ser mostradas al ofendido, a la víctima, o a sus representantes o a sus abogados.
El Ministerio Público cuidará que la información que deba proporcionar no lesione el honor, ni los derechos de las personas involucradas en las indagatorias, ni ponga en peligro las investigaciones que se realicen; y
VII. TRATO DIGNO: El Ministerio Público y sus auxiliares deberán proporcionar un trato digno y adecuado a toda persona con la que, con motivo de sus funciones, deban interactuar, independientemente de su edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, posición social o económica, discapacidad, condición física o estado de salud.
Siempre que el ofendido o la víctima se lo solicite le orientará y explicará suficientemente los trámites, procedimientos y posibles vicisitudes que puedan presentarse o que tengan que atenderse con motivo o como resultado de la integración de la indagatoria en la que estuvieren interviniendo.
REGLAS PARA EL EJERCICIO DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD: Los criterios de oportunidad a que se refiere el artículo 6, apartado A, fracción IX de esta ley, podrán ejercerse en la averiguación previa o en cualquier etapa del proceso, antes de que se dicte sentencia.
En los casos en que el Ministerio Público aplique criterios de oportunidad, su decisión quedará sujeta a la aprobación del superior jerárquico inmediato del Agente de que se trate y a que la decisión se comunique a la víctima.
En los casos previstos en el apartado A del artículo 6, fracción IX de esta ley, será necesario que se haya reparado el daño ocasionado o firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o garantizada suficientemente esa reparación.
Cuando la aplicación de criterios de oportunidad sea resuelta favorablemente, la acción pública se convertirá en privada. Dicha resolución deberá ser comunicada a la víctima, quien en el término de treinta días podrá interponer recurso de revocación en la averiguación previa.
Una vez que cause estado la resolución sobre la aplicación de criterios de oportunidad, surgirá a favor de la víctima el derecho de acción privada como consecuencia de la responsabilidad que nace de los hechos ilícitos, en los términos del Código Civil del Estado de México.
La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ser solicitada y aplicada en cualquier estado de la averiguación previa o el proceso hasta antes de cerrada la instrucción, y en términos del Código de Procedimientos Penales.
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR REPARACIÓN DEL DAÑO: En los casos de delitos contra la propiedad o que causen un perjuicio principalmente patrimonial, cometidos sin violencia en las personas, la acción penal quedará extinta cuando el imputado repare el daño ocasionado, garantice razonablemente su reparación o celebre un acuerdo en ese sentido, siempre a satisfacción y con el consentimiento de la víctima que tenga derecho a reclamarlo libremente expresado en condiciones de igualdad. Si las víctimas fueran varias, deberán consentir todas.
Esta disposición será aplicable a cualquier delito culposo.
Atribuciones y Facultades del Ministerio Público
El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, la presente ley y otros ordenamientos jurídicos; además de las siguientes: A. En la averiguación previa: I. Recibir las denuncias o querellas sobre los hechos que puedan constituir delito de la competencia del fuero común. La presentación de denuncias y querellas podrá realizarse por medios electrónicos y sistemas de información, de conformidad con los acuerdos y demás disposiciones normativas que emita el Procurador. En los casos de denuncias con motivo de la pérdida o extravío de objetos o documentos, así como aquellos en que el denunciante requiera de constancia o certificación de la denuncia o querella, la Procuraduría emitirá vía electrónica la constancia o certificación correspondiente, la cual tendrá plena validez oficial y surtirá efectos legales ante cualquier autoridad administrativa, laboral o jurisdiccional, únicamente sobre la denuncia realizada, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos asentados. Lo anterior, sin perjuicio de que el ciudadano pueda presentarse a ratificar la denuncia o querella ante el Ministerio Público; II. Hacer la clasificación legal de los hechos que le sean denunciados. Los agentes del Ministerio Público, ante una denuncia de hechos, iniciarán la carpeta de investigación y realizarán las diligencias necesarias sin dilación alguna. En los casos de denuncia de hechos no constitutivos de delito y en los casos que a continuación se indican, el Ministerio Público podrá abstenerse de dar inicio a la carpeta de investigación: a) Cuando se trate de hechos respecto de los cuales el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México permita la aplicación de algún criterio de oportunidad; b) Cuando los hechos puedan admitir algún mecanismo alternativo de solución de conflictos; y c) En los supuestos que, en su caso, determine el Procurador mediante disposiciones normativas, observando lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. De actualizarse alguno de los supuestos previstos en los incisos anteriores, los agentes del Ministerio Público levantarán acta circunstanciada de los hechos vertidos por el denunciante, a efecto de ponderar el inicio de la investigación. El acta circunstanciada deberá contener los datos personales del denunciante, la narración de los hechos, los motivos por los cuales se abstuvo de Iniciar la investigación correspondiente y, en su caso, el medio alternativo de solución de conflictos adoptado; ésta deberá ser autorizada por el superior jerárquico inmediato y, en su caso, notificada al denunciante o querellante o a la víctima u ofendido para los efectos legales conducentes. El Ministerio Público tendrá las atribuciones a que se refiere el aparrado A de este artículo, aún tratándose de actas circunstanciadas, así como las demás que le confieren otros ordenamientos legales, en la parte que corresponda. De no iniciar la investigación, los hechos denunciados se registrarán corno constancias de hechos o noticias criminales. Si por el contrario, de los datos aportado por el denunciante o querellante, así como de los datos recabados por el agente del Ministerio Público, se desprenda la probable comisión de un delito, el Ministerio Público elevará el acta circunstanciada a carpeta de investigación; III. Investigar los delitos de su competencia con todas las facultades que éste y otros ordenamientos jurídicos le otorguen. Para ello se auxiliará de la Policía Ministerial y de los Servicios Periciales y, en su caso, de los demás órganos y autoridades que prevea la ley; IV. Turnar a las autoridades correspondientes las indagatorias que no sean de su competencia, lo que hará de inmediato en los casos en que conozca de ellas con motivo de la detención en flagrancia del o los probables responsables; V. Recabar testimonios, ordenar peritajes, formular requerimientos, practicar inspecciones, preservar el lugar de los hechos, obtener evidencias y desahogar e integrar a la averiguación previa las pruebas que tiendan a acreditar el delito en la forma que determine el Código de Procedimientos Penales para fundamentar el ejercicio de la acción penal; así como para acreditar y cuantificar la reparación de los daños y perjuicios causados; VI. Solicitar a la autoridad judicial el desahogo de los medios de prueba que sólo por su conducto puedan recabarse; así como las órdenes de cateo, de arraigo, restricción y otras medidas precautorias que sean procedentes; VII. Decretar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del delito, así como de las cosas, evidencias, valores y substancias relacionadas con el mismo; VIII. Decretar las medidas cautelares y precautorias a que se refiere esta ley y otros ordenamientos; IX. Solicitar la colaboración para la práctica de diligencias al Ministerio Público Federal, Militar y al del resto de las Entidades Federativas; así como obsequiar las que les sean solicitadas, en los términos que establezcan los convenios correspondientes; X. Ordenar la detención y, en su caso, retener al o los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables; XI. Otorgar la libertad caucional a los inculpados que se encuentren a su disposición, cuando proceda; XII. Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos que dispone esta ley o, en su caso, ordenar que los bienes controvertidos se mantengan a disposición del Ministerio Público cuando ello sea procedente; XIII. Aplicar los criterios de oportunidad que autoriza esta ley, cuando ello sea procedente; XIV. Procurar la solución del conflicto penal mediante el uso de las formas de justicia restaurativa y de la conciliación, en los términos que esta ley establece; XV. Requerir el auxilio de las autoridades estatales y municipales cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones; XVI. Aplicar las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que le autorice la ley para hacer cumplir sus determinaciones; independientemente de la facultad para iniciar averiguación previa por desacato o demás delitos que resulten cometidos; XVII. Recurrir o impugnar, mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior jerárquico o el órgano de control correspondiente, los actos indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al resolver los requerimientos o solicitudes que les hubiere formulado; XVIII. Acordar el archivo provisional de las indagatorias cuando no se reúnan los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio de la acción penal; XIX. Poner a disposición de la autoridad competente a los inimputables mayores de edad a quienes se deban aplicar medidas de seguridad, ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables; XX. Levantar actas circunstanciadas, conciliaciones y constancias de hechos, en los supuestos que la ley expresamente determine y, en su caso, expedir constancia de las mismas a los interesados, cuando ello sea procedente; XXI. Determinar el no ejercicio de la acción penal conforme a la legislación aplicable; y XXII. Las demás que establezcan las normas aplicables. B. En ejercicio de la acción penal y como parte en el proceso: I. Ejercitar la acción penal ante la autoridad jurisdiccional competente, en la vía que corresponda, concretando la acusación y, en su caso, ampliar ésta cuando proceda; II. Aclarar los pedimentos de ejercicio de la acción penal en los que la autoridad judicial haya determinado que no se encuentran satisfechos los requisitos de los mismos; III. Solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión, de reaprehensión y de comparecencia o de presentación, cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas, aprehendidas o reaprehendidas; así como los objetos y evidencias aseguradas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; V. Solicitar que se preserve el lugar de los hechos, los instrumentos, objetos y evidencias del delito; así como la identidad y domicilios del inculpado y de los testigos, cuando ello sea necesario; VI. Pedir el embargo precautorio, de bienes para los efectos de la reparación del daño, en los términos que prevenga la ley; VII. Solicitar las órdenes de arraigo, de cateo y otras medidas precautorias, que sean procedentes; VIII. Aportar las pruebas y promover todo lo conducente para el completo esclarecimiento de los hechos delictuosos y de las circunstancias en que éstos se realizaron; así como para acreditar las particularidades del inculpado; ello con el fin de que en su oportunidad se impongan, a quienes hayan incurrido en las conductas materia de su acusación, las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes; de igual forma, para demostrar los daños y perjuicios causados y fijar el monto de su reparación; IX. Formular conclusiones acusatorias cuando sean procedentes, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Penales; desahogar las vistas que se le formulen y solicitar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan según el caso; X. Desistirse de la acción penal en ejercicio de los criterios de oportunidad establecido en esta ley y de conformidad con otros supuestos establecidos en el Código de Procedimientos Penales; XI. Interponer los recursos que la ley establece y expresar los agravios correspondientes, así como promover y dar seguimiento a los incidentes que la misma admite; XII. Oponerse al otorgamiento de la libertad provisional del inculpado y promover lo conducente para ello cuando existan razones de interés público; XIII. Orientar a las víctimas y ofendidos respecto de los trámites y vicisitudes del proceso; así como coordinar las actividades de quien se haya constituido en su coadyuvante; XIV. Vigilar que el proceso se tramite en forma regular, promoviendo lo necesario para que el Juzgador aplique las leyes y para que se cumplan sus determinaciones; XV. Recurrir en queja o mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior jerárquico o el órgano de control correspondiente, por los actos indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al resolver las promociones o solicitudes que les hubieren formulado; XVI. Requerir el auxilio de las autoridades estatales y municipales cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones; y XVII. La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. C. Generales: I. Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos humanos que otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ellas emanan; II. Proporcionar atención a las víctimas y a los ofendidos del delito; III. Realizar estudios y programas de prevención del delito, en el ámbito de su competencia y coadyuvar con organismos sociales, educativos o de seguridad pública en la difusión e implementación de estrategias para la prevención de la criminalidad en general; IV. Promover la participación de la comunidad en los programas que implemente o en los que participe, en los términos que los mismos establezcan; V. Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita administración de justicia; VI. Cuidar que en los asuntos en que intervenga, se cumplan las determinaciones de la autoridad judicial; VII. Intervenir, en su carácter de representante social, ante los órganos jurisdiccionales del orden civil y familiar, en la protección de los menores e incapaces, en los juicios en que, de acuerdo con la ley de la materia, tenga intervención; VIII. Presentar ante las autoridades judiciales las promociones conducentes al interés de la Procuraduría; IX. Rendir los informes que le sean solicitados por las autoridades judiciales federales y estatales; X. Auxiliar a las autoridades federales y de otras Entidades de la República, en la persecución de los delitos de la competencia de éstos, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados al efecto; XI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presente ley y demás ordenamientos jurídicos; XII. Ejercer las facultades que en materia de seguridad pública le confiere la ley; XIII. Recabar de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de instituciones públicas y privadas. Los informes, documentos y pruebas que se requieran para el ejercicio de sus funciones; XIV. Orientar a los particulares que formulen quejas por irregularidades o hechos que no sean constitutivos de delito, para que acudan ante las instancias competentes; XV. Resguardar e implementar las medidas necesarias para la conservación, asignación y adjudicación de los bienes que se encuentren a su disposición y que no hubieren sido reclamados; XVI. Administrar y disponer de los fondos propios que le asigne o faculte la ley, al constituir, en los términos que la misma disponga; y XVII. Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos. D. En materia de investigación y persecución de los delitos de narcomenudeo a que se refiere el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud: I. Investigar los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en los casos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 474 de la Ley General de Salud, y ejercer todas las atribuciones que le correspondan, en los términos de lo dispuesto por el ordenamiento citado, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y demás disposiciones aplicables; II. Turnar al Ministerio Público de la Federación las investigaciones que sean de su competencia, en términos del segundo párrafo del artículo 474 de la Ley General de Salud. En estos casos, el Ministerio Público del fuero común podrá practicar las diligencias inmediatas que correspondan, debiendo remitir al Ministerio Público de la Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione; pero si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia. Si se advierte la incompetencia, remitirá el expediente al Ministerio Público de la Federación que corresponda a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento gozarán de plena validez; III. Determinar el no ejercicio de la acción penal conforme a la legislación aplicable. Cuando el no ejercicio de la acción penal sea determinado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 478 de la Ley General de Salud, el Ministerio Público deberá informar al consumidor o farmacodependiente !a ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. Asimismo, deberá realizar un reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria local, con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. Al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del consumidor o farmacodependiente será obligatorio; IV. Informar al Ministerio Público de la Federación del inicio de las investigaciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, cuya competencia sea local en términos del artículo 474 de dicha Ley, a efecto de que la autoridad federal cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación. En estos casos, las diligencias desahogadas hasta ese momento por el Ministerio Público del Estado de México gozarán de plena validez; V. Ejecutar las técnicas de investigación que establece el artículo 180 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales en los casos de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, cuya competencia sea local, en los términos del artículo 474 del mismo ordenamiento, conforme a las bases que acuerde el Titular de la Institución con las autoridades federales competentes; y VI. Las demás que establezcan las normas aplicables. E. En materia de técnicas de investigación: I. Solicitar al Juez de Control, la autorización para realizar las técnicas de investigación que requieren control judicial y que se encuentran contenidas en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; II. Aplicar las técnicas de investigación que no requieren control judicial, en términos del Código de Procedimientos Penales de la entidad, los programas y protocolos que al efecto se emitan y demás disposiciones aplicables; III. Solicitar al Procurador o algún subprocurador, mediante escrito fundado y motivado la autorización para emplear las técnicas de investigación o bien para solicitar la autorización del órgano jurisdiccional según corresponda; IV. La información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta confidencialidad, cuya revelación no autorizada será sancionada con las disposiciones penales aplicables; y V. El servidor público involucrado en las técnicas de investigación a que se refiere esta Ley, deberá contar con la correspondiente certificación de control de confianza, establecida en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículos 11 - 13 Bis