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Timestamp: 2020-01-28 06:28:53
Document Index: 21654512

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 11, de 16/02/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 11
- Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. (B.O.E. núm. 30, de 4 de febrero de 2012). (Número de expediente 130/000003.) ... (Página2)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes ... (Página2)
Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero ... (Página2)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz; Álvarez Sostres, Baldoví Roda; la señora Oramas González-Moro; el señor Jorquera Caselas; la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor Centella Gómez pide la palabra para turno de réplica, que no le es concedida.
Sometida a votación la convalidación del real decreto ley debatido, se aprueba por 303 votos a favor, 28 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 152 votos a favor, 183 en contra y una abstención.
- REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO. (Número de expediente 130/000003.)
Comenzamos con el punto V del orden del día, la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y en concreto la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. A fin de que sus señorías tengan una información adecuada, no realizaremos la votación de este real decreto antes de las once de la mañana.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía y Competitividad.
Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno del Congreso para defender y solicitar su apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley de saneamiento del sector financiero. Una reforma que debe interpretarse, señorías, como una medida indispensable en coordinación con las demás aceptadas por el Gobierno para superar la crisis actual. Una crisis, señorías, que lejos de superarse se ha acelerado desde mediados del año 2011. Esta misma mañana, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado la contracción de la actividad en el último trimestre del año pasado, un menos 0,3 por ciento en términos intertrimestrales, lo que pone de manifiesto que no ha habido recuperación de la economía española en ningún momento desde el inicio de la crisis en el año 2008. Las previsiones para este año apuntan a un empeoramiento de la situación económica. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España pronostican un contexto de recesión para la economía española con una caída de actividad próxima al 1,5 por ciento. Sin duda, esta situación también se verá reflejada en los indicadores del mercado laboral. Estas previsiones contrastan sensiblemente con las del anterior Gobierno, que estimaba un crecimiento superior al 2 por ciento -concretamente el 2,3 por ciento- para este año y creación de empleo. Los datos de empleo, como saben sus señorías, del último trimestre también reflejan la gravedad de la situación. Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2011 se aceleró la destrucción de empleo. En el año 2011 la economía española destruyó empleo a tasas superiores al 3 por ciento, la tasa de paro se situó a finales del año pasado casi en el 23 por ciento. Los últimos datos de paro registrado y afiliaciones son igualmente alarmantes. El número de parados registrados en
los servicios públicos de empleo creció casi un 9 por ciento interanual en el mes de enero.
Señorías, estos datos hablan por sí solos. Ante esta situación de emergencia es necesario tomar medidas profundas de forma rápida y decidida, y el Gobierno las está tomando. Ante la situación descrita y tras la desviación del déficit público de cerca de 2 puntos porcentuales, el plan económico del Gobierno se ha centrado a partir de entonces en los siguientes ejes. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, un compromiso claro con la estabilidad fiscal y financiera, como demuestra el paquete fiscal del 30 de diciembre y el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y financiera. Con ello, se pretende otorgar credibilidad y rigor a las finanzas públicas en todos los niveles de la Administración, en consonancia con los requisitos comunitarios. En segundo lugar, la reforma del mercado de trabajo, tal y como contempla el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Su objetivo básico es flexibilizar las relaciones laborales buscando formas alternativas al despido cuando las empresas se enfrentan a situaciones de fuerte caída de actividad y así paliar la injusta situación de dualidad que condena a colectivos como los jóvenes, los trabajadores temporales y los parados de larga duración, a una situación de desempleo. Y a su vez, sienta las bases para una recuperación virtuosa en términos de creación de empleo. Y en tercer lugar, señorías, la reforma del sistema financiero, que persigue actuar sobre uno de los factores que más claramente están impidiendo la recuperación económica: la contracción del crédito para financiar la actividad económica.
En definitiva, señorías, el Gobierno desde el mismo momento de su toma de posesión está trabajando con un claro objetivo en mente: la superación de la crisis en que se encuentra inmersa la economía española. Esta superación debe implicar la mejora de la situación de desempleo y la recuperación de una senda de crecimiento estable. Todas las medidas adoptadas por el Gobierno -incluida la reforma del sector financiero que hoy vemos aquí para su convalidación- deben presentarse en dicha clave y en función de esos objetivos. Solo así se podrán romper los círculos viciosos existentes y se podrá recuperar la credibilidad y confianza en nuestra economía. Como sus señorías conocen perfectamente, en España en los últimos años el sector financiero no ha logrado cumplir eficientemente su papel de canalizador de crédito a la economía real ahí donde fuera productivo. La situación actual sufre todavía las consecuencias de la expansión desaforada del crédito entre los años 2003 y 2008. En este periodo, el crédito creció un 133 por ciento y, en particular, el crédito al sector de la construcción y de servicios inmobiliarios, que lo hizo en un 200 por ciento. Esta evolución llevó a una necesidad de financiación exterior de la economía española que llegó a ser en el año 2007 del 10 por ciento del producto interior bruto. Por el contrario, entre los años 2008 y 2011 el crédito se contrajo casi el 5 por ciento, siendo la caída del crédito a las empresas del 6,5 y la caída para las familias del 3 por ciento. La situación de falta de crédito, señorías, afecta a todos los sectores de la economía, si bien son las pymes y los autónomos los primeros en sufrir este racionamiento de crédito y los más vulnerables ante dicha circunstancia.
Permítanme que les ofrezca algunos datos. De acuerdo con la última encuesta sobre el acceso a la financiación de las pymes elaborada por el Banco Central Europeo, las pymes de nuestro país reportaron un nuevo descenso de la disponibilidad de crédito entre abril y septiembre de 2011, si bien a un ritmo algo menor que el del semestre previo. Se preveía que esta situación se prolongaría entre octubre de 2011 y marzo de este año. Respecto a las condiciones aplicadas a los préstamos, las pymes españolas percibieron un notable endurecimiento, similar al señalado por las empresas de mayor dimensión. Así, en términos netos, un 80 por ciento de ellas tuvo que pagar un tipo de interés más elevado por la financiación recibida y un 45 por ciento tuvo que aportar unas mayores garantías. Encuestas similares españolas arrojan resultados igualmente preocupantes, como la encuesta del ICO y de las cámaras de comercio, cuya última edición señala que en el tercer trimestre de 2011 se han incrementado las dificultades para las pymes respecto a la financiación externa. Cerca del 90 por ciento de las pymes, señorías, se han dirigido a entidades financieras en este periodo y han tenido problemas a la hora de acceder a la financiación. Esta cifra es la más alta registrada desde que se iniciara el sondeo en el primer trimestre del año 2009. Este problema, señorías, no es exclusivo de España. En general, todos los países de la zona euro se enfrentan a restricciones de crédito; sin embargo, el propio presidente del BCE, el señor Draghi, ha señalado que el país donde ha habido una mayor contracción de crédito es España. Asimismo, como todos ustedes conocen, señorías, en nuestro caso se añade el problema de liquidez para las empresas que suponen los retrasos en los pagos por parte de las administraciones territoriales. Precisamente por ese motivo, la comisión delegada aprobó hace dos semanas una línea de financiación directa a las comunidades autónomas dotada con 10.000 millones de euros, ampliables a 15.000. La finalidad de esta financiación es doble: por un lado, dotar de fondos a las comunidades autónomas para hacer frente a las obligaciones pendientes de pago asociadas al vencimiento de la deuda financiera contraída con anterioridad al 1 de enero del año 2012 y, por otro, dotar de fondos a las comunidades autónomas para que puedan hacer frente al pago de deudas pendientes con los proveedores correspondientes a suministros, obras y servicios, también prestados con anterioridad al 1 de enero del año 2012. Lógicamente, esta financiación está sujeta a la correspondiente condicionalidad fiscal y financiera. Al mismo tiempo, como saben también, señorías, porque lo ha anunciado el Gobierno, se está trabajando en una línea similar con entidades locales.
Señorías, si bien la caída del crédito puede tener explicación por la situación de crisis y de exceso de apalancamiento, las cifras que estamos viviendo creo que van más allá de lo razonable. Se deben a un problema estructural del sector financiero como consecuencia de la falta de acceso a la financiación mayorista y a la existencia de incertidumbres, de dudas, sobre la valoración de los activos inmobiliarios en los balances bancarios. Las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis en relación con el sector financiero a través de numerosos decretos-leyes de liquidez o de solvencia no han logrado estabilizarlo ni recuperar dicha credibilidad, algo esencial para poder acceder a los mercados. La razón es que las anteriores medidas se centraban en el lado del capital, exigiendo aumentos pero sin desterrar las dudas sobre la calidad del activo de nuestro sector financiero. Esas dudas sobre los balances, como ya he comentado, limitaban la capacidad de acceso a la financiación mayorista de las entidades, lo cual, a su vez, reducía la posibilidad de conceder crédito por parte de las entidades al sector real de la economía. Por eso, el Gobierno actúa ahora sobre la raíz del problema, la valoración de los activos, para que de una vez por todas vuelva la confianza a nuestro sector financiero. Para ello hemos adoptado un plan integral de saneamiento de los activos bancarios, con una estrategia que sienta las bases para una consolidación eficiente del sistema y facilita el acceso de las entidades españolas a la financiación mayorista. Así, estaremos en condiciones de que el crédito vuelva a fluir al sector real. Señorías, todo ello se hace de forma transparente, disipando cualquier duda sobre la solvencia de nuestras entidades. Además, el esfuerzo de la implementación de este ejercicio de saneamiento es soportado por las propias entidades sin necesidad de aportar ni un euro de recursos públicos.
A continuación, presento a sus señorías las líneas generales del real decreto-ley que tengo el honor de defender hoy aquí. El punto de partida de las medidas en él recogidas es que el saneamiento del sector no ha finalizado, no está completo. En los últimos cuatro años, las provisiones específicas adoptadas por el sector han sido de cerca de 70.000 millones de euros para cubrir la valoración de los activos inmobiliarios afectados por la crisis. Como resultado, la provisión sobre los activos problemáticos fue de un 31 por ciento de media para el suelo, del 27 para la promoción en curso y del 25 para la vivienda terminada. Ese esfuerzo, sin embargo, no ha sido suficiente para que los activos en balance tengan una valoración adecuada a la situación y, como resultado, las dudas sobre el activo permanecen. Por ello, el Gobierno, de acuerdo con la estimación del Banco de España, ha fijado los nuevos porcentajes de provisiones que deben adoptar las entidades financieras, según la calidad lógicamente de cada uno de los activos. Así, para el suelo se exige en total la cobertura de un 80 por ciento: del 65 por ciento para las promociones en curso y del 35 por ciento para la vivienda terminada. El resultado de la aplicación de estos requerimientos al sector financiero, según la situación de sus balances a 31 de diciembre del año 2011, es un saneamiento de unos 52.000 millones de euros. Un esfuerzo muy sustancial, el mayor realizado a nivel europeo, y que supone concentrar en un año y de una sola vez de modo extraordinario casi el triple del esfuerzo que venía realizándose de media anual desde el inicio de la crisis. Esta cifra, de algo más de 50.000 millones de euros, es el resultado, por lo tanto, de un aumento considerable de las provisiones sobre los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor. A esta cifra se llega como consecuencia fundamentalmente de tres partidas. En primer lugar, nuevas exigencias de provisiones específicas para los activos problemáticos, mayores cuanto peor es la calidad del activo, lo que implicará un esfuerzo de 25.000 millones de euros. En segundo lugar, una exigencia de colchón de capital adicional, también ligado a dichos activos, que supondrá unos 15.000 millones de euros. Finalmente, una provisión genérica del 7 por ciento sobre los activos inmobiliarios sanos, que supondrá un esfuerzo de unos 10.000 millones de euros, que cubrirá el posible deterioro de estos activos. Las cifras anteriores resultan de los porcentajes de provisionamiento y de dotación de capital calculados prudencialmente por el Banco de España, que es quien obviamente tiene la información necesaria para evaluar los riesgos de los referidos activos.
Las entidades de crédito deberán aplicar los requerimientos de provisiones y de capital anteriores sobre la base de los datos de 31 de diciembre del año pasado y deberán cumplir con ellos antes del 31 de diciembre de este año. Para ello, antes del 31 de marzo del año 2012 presentarán al Banco de España para su aprobación, un plan en el que se detallen las medidas que tienen previsto adoptar. El Banco de España podrá incluir en el mismo las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias para garantizar el buen cumplimiento del real decreto-ley. El incumplimiento de los nuevos requerimientos legales será considerado infracción grave o muy grave y las entidades incumplidoras podrán ser objeto de expedientes sancionadores. No obstante, se ha establecido un mecanismo de flexibilización de plazos para aquellas entidades que acometan procesos de integración. Se fomenta así una nueva fase de integraciones, que resulta deseable en estos momentos, con el fin de garantizar que el mapa de entidades financieras en España esté íntegramente compuesto por entidades sólidas y viables. Permítanme, señorías, una reflexión en este sentido. El sector financiero que España necesita es un sector financiero solvente, fuerte y con un gobierno corporativo de alto nivel. La presencia de un número elevado de entidades, si no tienen el suficiente músculo financiero, no garantiza necesariamente la disponibilidad de crédito, tal como se demuestra en la situación actual. Lo que resulta imprescindible es que se trate de entidades viables y solventes. Un entorno competitivo se garantiza por la existencia de entidades fuertes capaces de rivalizar en condiciones de mercado. Por supuesto, huelga decir que tanto la normativa de competencia como la supervisión
de la propia Comisión Nacional de Competencia continúan plenamente vigentes, por lo que este aspecto estará garantizado.
Retomando el contenido del real decreto-ley, aquellas entidades que lleven a cabo procesos de integración durante el ejercicio de 2012, dispondrán de doce meses desde la autorización de la operación de integración por parte del Ministerio de Economía y Competitividad para dar cumplimiento a los nuevos requisitos de provisiones y de capital. Esta flexibilización supone dividir el impacto de estos requerimientos en dos ejercicios. Podrán acogerse a dicha flexibilización aquellos procesos de integración en los que concurran los siguientes elementos. En primer lugar, que suponga un incremento del balance total de la mayor de las entidades en al menos un 20 por ciento, salvo determinadas excepciones, pero sin que en ningún caso pueda ser inferior al 10 por ciento. En segundo lugar, que la integración se lleve a cabo mediante modificaciones estructurales o a través de operaciones de adquisición de entidades que actualmente se encuentren participadas mayoritariamente por el FROB. Quedarán fuera aquellos procesos de integración que descansen exclusivamente en acuerdos contractuales, salvo en los que participen las cooperativas de crédito. En tercer lugar, que el proyecto de integración incluya un objetivo cuantificado de incremento del crédito a familias y pymes y un plan de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios durante los tres ejercicios siguientes. Por último, que el proceso de integración concluya no más tarde del 1 de enero del año 2013. Con el propósito de agilizar estos procesos de integración, se ha previsto un plazo muy breve de un mes para la autorización de los mismos por parte del Ministerio de Economía y Competitividad previo informe del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso de que participen o se incluyan entidades cotizadas. Los incentivos principales para acometer estos procesos de integración son, como ya hemos señalado, la posibilidad de dividir el impacto de los nuevos requisitos legales en dos ejercicios y la posibilidad de acometer parte de su saneamiento con cargo a patrimonio.
El real decreto-ley introduce también algunas modificaciones en la regulación del FROB para facilitar su papel en el nuevo contexto regulatorio. Por un lado, en procesos que no impliquen integraciones, se reduce el plazo máximo de desinversión del FROB de cinco a tres años. Por otro lado, se extiende la posibilidad de apoyo del FROB a los procesos de integración a través de la adquisición de títulos convertibles de distintos tipos, incluidos los bonos convertibles contingentes, los conocidos como CoCos. En el régimen anterior se limitaba la adquisición a las participaciones preferentes, como conocen sus señorías. Asimismo, la dotación del FROB con cargo al Tesoro se incrementa en 6.000 millones de euros. Esto implica una mejora en la relación de recursos propios y recursos ajenos, lo que se traducirá en un mejor acceso del fondo a la financiación. Por el momento, señorías, no hay previsión de que tengan que ser desembolsados. Se prevé, además, que la autorización para que el FROB sobrepase el límite a la financiación obtenida de terceros corresponda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, reduciéndose el límite absoluto a seis veces de su dotación.
El real decreto-ley prevé a su vez una simplificación de la estructura organizativa y de los requisitos operativos de las cajas de ahorros que ejerzan su actividad de forma indirecta. El objetivo es aligerar la estructura de dichas organizaciones, puesto que ya no ejercen propiamente la actividad de entidad de crédito. Esta simplificación se conseguirá de la siguiente manera. Uno, limitando sus órganos de Gobierno a la asamblea general, el consejo de administración y potestativamente a la comisión de control. En segundo lugar, previendo que el número de miembros del consejo de administración y la periodicidad de sus reuniones sean determinadas por los estatutos de la entidad. En tercer lugar, eximiendo de las obligaciones referidas a servicios de atención al cliente que deberán ser cumplidas por las entidades de crédito a través de las cuales ejerzan su actividad. El Banco de España, por tanto, les podrá eximir igualmente del cumplimiento de los requisitos organizativos en materia de control interno, auditoría y gestión de riesgos recogidos en la Lorca. Por otro lado, y con el propósito de obligar a las cajas de ahorros de ejercicio indirecto a que centren su actividad en su elemento caracterizador, esto es, la obra social, se les obliga a destinar el 90 por ciento de su excedente a la misma. Para evitar el ejercicio indirecto llevado a cabo por cajas de ahorros con porcentaje muy bajo de participación en las entidades de crédito, se fija como umbral mínimo de capital en la entidad de crédito el 25 por ciento, por debajo del cual la caja o cajas deberán convertirse en fundación de carácter especial, cuya supervisión y control corresponderá al Estado, siempre que su ámbito de actuación principal exceda el de una única comunidad autónoma. En desarrollo reglamentario este ministerio se compromete a fijar los criterios a los cuales quedará sometido la determinación de lo que deba entenderse como ámbito de actuación principal de la fundación, de tal forma que ello no altere las competencias que tenían asumidas las comunidades autónomas en materia de obra social y no otras cuestiones de las cajas extinguidas.
El real decreto contiene además las bases del régimen aplicable a las remuneraciones de los administradores y directivos de las entidades que han recibido apoyo financiero. Estas medidas tienen su origen en el informe que el Gobierno solicitó al Banco de España con objeto de tener información completa y puntual sobre la adecuación de las remuneraciones de los directivos y consejeros de entidades financieras a las mejores prácticas internacionales, algo especialmente exigible cuando hay dinero público involucrado, como saben sus señorías. Como conocen, la conclusión del citado informe fue que el grado de adecuación era medio o bajo. Semejante conclusión ha llevado al Gobierno a actuar de forma inmediata con las medidas recogidas en este real decreto-ley.
Así, se distingue entre entidades participadas mayoritariamente por el FROB y aquellas que, de otro modo, han sido asistidas por él. Los administradores y directivos de las entidades participadas mayoritariamente por el FROB no recibirán en el ejercicio 2012 retribuciones variables ni beneficios discrecionales de pensiones. Además, la retribución fija para los presidentes ejecutivos, consejeros delegados y otros directivos será de un máximo de 300.000 euros anuales. Por su parte, los miembros no ejecutivos de los órganos colegiados de estas entidades no percibirán más de 50.000 euros anuales por todos los conceptos. Respecto a los administradores y directivos de las entidades que tengan apoyo financiero del FROB, estos recibirán la retribución variable correspondiente a los ejercicios en que subsista el apoyo financiero, con un diferimiento de tres años y condicionada a la obtención de resultados en dichos periodos que lo justifiquen efectivamente. Por su parte, la retribución fija de los presidentes ejecutivos, consejeros delegados y otros directivos de estas entidades no podrá superar los 600.000 euros anuales. La retribución de los consejeros no ejecutivos en ningún caso superará los 100.000 euros. Las entidades que en el futuro soliciten apoyo financiero del FROB estarán sujetas a estos mismos límites, además de aquellos establecidos mediante orden del Ministerio de Economía y Competitividad. Las limitaciones anteriores se podrán levantar una vez producido el saneamiento, lo cual parece lógico. El incumplimiento de las anteriores normas sobre retribuciones será tipificado como infracción grave y la entidad incumplidora podrá ser objeto del correspondiente expediente sancionador. Con este régimen de retribuciones se pretende evitar, recompensar los malos resultados, en línea con las recomendaciones del Financial Stability Board y de la Comisión Europea, ya que la Directiva de 24 de noviembre de 2010 así lo establece y las normas que han incorporado esta última al derecho español. También se pretende favorecer la sostenibilidad de las entidades a largo plazo, garantizando que las remuneraciones se basen en los resultados efectivamente obtenidos.
Señorías, les hago un inciso para señalar que estas medidas han sido completadas en la reforma laboral con disposiciones sobre terminación de contratos de administradores y directivos de entidades de crédito. Según estas disposiciones, las indemnizaciones por terminación de contrato estarán limitadas en las entidades participadas o con apoyo financiero del FROB. Asimismo, la imposición de sanción grave, en el marco de la Ley de disciplina e intervención de entidades de crédito, se considera incumplimiento contractual grave en la legislación laboral. De este modo, se pierde el derecho a indemnización. Estas medidas complementan la idea de que deben depurarse las responsabilidades en la gestión de las entidades financieras con problemas y que se debe ser extremadamente prudente con la remuneración e indemnizaciones en aquellas entidades donde haya dinero público involucrado. En todo caso, como les decía, las medidas sobre indemnizaciones no se incluyen en el decreto-ley que hoy presentamos ante esta Cámara para su convalidación, sino en el de la reforma laboral. Por otro lado, señorías, el real decreto-ley prevé un tratamiento especial y más flexible para aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de capital emitidos antes de la entrada en vigor del mismo. Las mismas podrán incluir en el plan de cumplimiento del real decreto-ley la solicitud de diferir el pago de la remuneración prevista para las participaciones preferentes o instrumentos de capital por un plazo no superior a doce meses y ello aunque, como consecuencia del saneamiento que hayan tenido que llevar a cabo por aplicación del real decreto-ley, no dispongan de beneficios. El pago efectivo de la remuneración diferida solo podrá efectuarse si se dispone de beneficios o reservas distribuibles y no existe déficit de recursos propios. Finalmente, en cuanto a las obligaciones convertibles en acciones, se ha flexibilizado su uso, a efecto de su consideración como capital principal, permitiendo su conversión hasta 2018.
Señorías, estos los términos del Real Decreto-ley de saneamiento del sector financiero que ha aprobado el Gobierno. Como ya les he dicho anteriormente, el objetivo de este importante saneamiento es dotar de mayor credibilidad a los balances de las entidades de crédito, requisito indispensable para que estas puedan acceder a los mercados mayoristas de financiación, lo cual a su vez, como decía anteriormente, constituye el paso previo e ineludible para que puedan abrir el crédito a los sectores productivos y de consumo. Señorías, las condiciones financieras tras la adopción de la reforma ya están reflejando una cierta mejoría, como lo demuestra el hecho de que varias entidades españolas hayan podido colocar emisiones en los mercados después de que en los últimos ocho meses hubiera habido tan solo una colocación mayorista. Asimismo, los CDS, los seguros de impago de nuestros principales bancos, han experimentado una clara moderación. Otro beneficio adicional de esta medida es que al figurar los activos inmobiliarios a precios más reducidos en los balances, existirá un mayor incentivo que el que tenemos actualmente para que los mismos puedan ser vendidos, probablemente con importantes descuentos y, por lo tanto, se movilizará el mercado de la vivienda. Quiero destacar al respecto que el número de fincas transmitidas descendió en algo más del 10 por ciento en el año 2011 con respecto al año anterior, y que la compraventa de viviendas registradas cayó casi un 18 por ciento durante el ejercicio pasado.
En definitiva, señorías, se trata de despejar las dudas que existían sobre las valoraciones de los activos inmobiliarios del sector financiero, facilitar el acceso a los mercados mayoristas y situar a las entidades de crédito en condiciones de conceder crédito de nuevo. Así lo entiende igualmente el Banco Central Europeo, que ha dado en el dictamen que acabamos de conocer ayer su respaldo al contenido de la reforma. En particular, el BCE valora muy positivamente las medidas adoptadas, porque dice -leo literalmente-: fortalecerán la capacidad
de resistencia del sector bancario español en la coyuntura actual y, al mismo tiempo, limitan el campo de actuación pública. También valora especialmente los incentivos para que las entidades lleven a cabo mayores procesos de integración y las mejoras en el Gobierno corporativo. Les decía, señorías, al inicio de mi intervención que esta medida debe ser puesta en relación con el resto de acciones y de instrumentos adoptados por el Gobierno, pues todas ellas comparten un objetivo común: la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo. Los problemas estructurales subyacentes están todos interrelacionados, señorías: déficit, caída de producción, empleo y falta de financiación.
Señorías, concluyo ya. El Real Decreto-ley 2/2012, de reforma financiera, nos llevará a un sector financiero más eficiente, más saneado e integrado por entidades más solventes. De esta manera, el sector volverá a estar en condiciones de conceder financiación a la economía real. El Gobierno tiene clara la hoja de ruta para la compleja situación que atraviesa la economía española que les he descrito al inicio de mi intervención. Conocemos suficientemente los retos y las medidas necesarias. Con ellas estamos y para ellas pedimos su apoyo. Si a estas reformas ineludibles unimos el consenso político en torno a ellas, su impacto y sus resultados, y muy directamente sobre la confianza, serán mucho mayores. Por eso, señorías, les pido su apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley de reforma del sector financiero que hoy les he presentado en esta Cámara.
Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Tiene por tanto la palabra en representación de dicho grupo el señor Garzón.
Venía diciendo que el objetivo real de este decreto es definitivamente hacerse con las cajas de ahorros, terminar el proceso de privatización; el objetivo real es ayudar a la banca, a los grandes bancos e incrementar la concentración que existe en el sistema financiero español. Ese es el objetivo real y ese sí va a funcionar. Sin embargo, los que han dicho que iban a ser los objetivos teóricos, esos no lo son, esos son simplemente señuelos. Este proceso de incrementar la concentración de los bancos tiene también grandes pérdidas. Hablamos de pérdida de empleo, de todos los empleados que van a ser despedidos en los procesos de fusiones; procesos que va a tener la ayuda pública del FROB; procesos que vamos a pagar con nuestro dinero, con el dinero de todos los españoles; procesos que van a destruir trabajo y que van a hacer recaer sobre los empleados de las cajas de ahorros, sobre los empleados de las entidades financieras la responsabilidad de una pésima gestión en las cajas y en los bancos. Sobre ellos ya está recayendo de hecho la frustración razonable de la gente cabreada por las estafas bancarias, por los abusos financieros. Todos esos empleados son los que, a nivel de la calle, tienen que responder ante la frustración de la gente, incluso desgraciadamente tenemos ya casos de suicidios entre los empleados de las cajas de ahorros. Precisamente este es uno de los sectores, el de los empleados de las cajas de ahorros, que va a sufrir este proceso que vamos a pagar entre todos con dinero público, con esos 6.000 millones que van a incrementar el FROB. También tenemos un efecto perjudicial más, que las cajas de ahorros van a verse absorbidas por los grandes bancos y se va a distorsionar su función. Las cajas de ahorros tienen una función de conexión íntima con el territorio, de financiamiento
de las economías más locales, más territoriales; los grandes bancos tienen intereses radicalmente distintos, ellos especulan en los mercados financieros internacionales, ellos tienen un modelo de negocio orientado más hacia lo internacional que hacia lo local; así que vamos a ver cómo la economía local se va a ver retirada de un instrumento tan poderoso como debían haber sido las cajas de ahorros. Además tenemos el coste de oportunidad del dinero público que se va a dedicar al FROB, porque esos 6.000 millones de euros que se van a dedicar a añadirse al FROB se podrían haber dedicado en cualquier otra razón, por ejemplo, a fomentar la innovación en nuestro país porque, paradójicamente, mientras hablamos de un cambio de modelo productivo, de la necesidad de cambiar ese modelo productivo de la especulación, ayudamos con 6.000 millones en esta reforma a los procesos de concentración bancaria y, a la vez, hacemos un recorte de 600 millones en innovación y ciencia. Es radicalmente una aberración.
El señor De Guindos lo ha dicho muy bien: hemos tenido un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento. Un modelo de crecimiento que ha permitido que los bancos hagan millonarios beneficios durante los años de burbuja inmobiliaria, mientras los salarios permanecían estancados o en términos reales o incluso caían. Esa es la realidad, y el endeudamiento ha llevado a que hoy nuestra economía está endeudada por un 355 por ciento del PIB, del producto interior bruto, sin embargo tenemos que desagregar quiénes han sido los responsables de ese endeudamiento, quiénes son los que más se han endeudado. Es muy sencillo. Los hogares han incrementado los últimos diez años su exposición al crédito en un 37 por ciento del PIB, un 37 los hogares; las entidades no financieras, un 60 por ciento del PIB y el Estado, un uno. El Estado ha incrementado su endeudamiento un uno por ciento respecto del PIB en los últimos diez años. ¿Y qué tenemos? Tenemos una reforma laboral para atacar a los hogares, para empobrecerlos; tenemos una reforma fiscal para empobrecer al Estado y para hacer recaer los problemas sobre el gasto público, la inversión pública y sobre quienes no han tenido esa responsabilidad, y tenemos una reforma financiera, esta aquí presente, que lo que hace es ayudar a los bancos. Esta reforma es una ayuda a los grandes bancos y no resuelve los problemas de la economía real, por lo tanto, esta crisis tiene culpables
y responsables y hay alternativas. Esta reforma se plantea, insisto, con un objetivo muy claro, que es ayudar a los grandes bancos en ese proceso de fusión y que va a tener consecuencias a medio plazo. Sabemos, a lo largo de esta crisis, que a las entidades demasiado grandes no se les deja caer; se les rescata con dinero público. Lo estamos viendo en los últimos años en todo el mundo. Lo que estamos consiguiendo con esta reforma es que cada vez haya menos entidades y cada vez sean más grandes. Así que no nos sorprenda si dentro de unos años, cuando caigan estas grandes entidades, estos monstruos que vamos crear con este decreto-ley tengamos que rescatarlos con nuestro dinero. Nos lamentamos ahora, nos lamentaremos después, pero el problema está hoy y el problema se convalida en esta sesión.
Pasamos entonces a los turnos de fijación de posiciones de los grupos. Comenzará el Grupo Parlamentario Mixto, en el que van a intervenir todos los portavoces dada la importancia de este debate, pero les ruego -se lo pido a todos los portavoces- que se atengan a los tiempos que les concede la Presidencia.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.
Señorías, señor ministro, en teoría la reforma tiene dos intenciones: una, mejorar la situación del sistema financiero y, por ende, de las entidades financieras para facilitar que fluya el crédito; la segunda, hacer viable este primer objetivo, resolviendo el problema que hoy lastra los balances y márgenes de maniobra de bancos y cajas en el conjunto del Estado, y que no es otro -se hablado largamente aquí en esta tribuna esta mañana-
que el pasivo fruto de la titularidad de suelos de dudoso valor. Dicho así, nadie puede oponerse a una reforma con objetivos tan imprescindibles, fundamentales y urgentes como los que hoy nos propone el ministro De Guindos. El problema no es otro que desde septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, y un año después, junio de 2009, con la aprobación en esta Cámara del FROB, no hemos sido capaces de aportar una mínima solución. Llevamos ya, por tanto, tres años de retraso y ahora pretende el Gobierno hacernos creer que en un año vamos a ser capaces de resolver un problema que, en cuantía contable y en volumen de mercado inmobiliario, como mínimo va a afectar a una década de nuestra economía. Las últimas estimaciones del Banco de España y del Gobierno cifran en 150.000 millones de euros los activos inmobiliarios en posesión de una u otra forma, por parte de las entidades financieras, de suelos sin gestionar; a esto hay que añadir los otros 100.000 millones resultantes de activos de viviendas construidas o en promoción. Sin embargo, según nos dice el Gobierno, la necesidad de aportación al capital de las entidades financieras que no sean capaces de sacar al mercado sus activos inmobiliarios solo se cifra en 50.000 millones de euros y, también según el Gobierno, además esa cuantía no va a tener que ser prestada por fondos públicos. O el Gobierno ha encontrado un mecenas curioso, cuando menos para sufragar esta nueva inyección de dinero a los bancos y a las cajas o la curación es incomprensible.
Por otro lado, resulta, cuando menos, sorprendente que se presenten ante esta Cámara en una especie de ejercicio del milagro de los panes y los peces consistente en una capacidad no contrastada de los ciudadanos, de comprar vivienda ante el horizonte previsto de que los suelos bajarán. Han olvidado ustedes su previsión de entrada en recesión de la economía española, pero es que, además, ¿nos quieren explicar, en un escenario de 5 millones de personas en paro, con la demanda interna por los suelos, qué familia se va a atrever a adquirir una vivienda con la consiguiente carga hipotecaria que supone? Lo único que hará la reforma que hoy nos presenta -se ha denunciado también- es forzar un proceso brutal de concentración bancaria que nos conduce a un modelo oligopolístico del mercado financiero y, muy probablemente, con la consiguiente entrada de capital exterior europeo en nuestras entidades. Por eso, la pregunta, ministro: ¿Somos la solución de la quita griega o más bien de la banca alemana? A lo mejor ahí está la circunstancia. Sin embargo, con todo y con esto, la verdadera consecuencia de lo que hoy nos proponen no es otra que una pérdida de oferta de la libre competencia para los ciudadanos a la hora de acudir a los bancos a depositar sus ahorros y a solicitar un crédito. Y, segundo, en mi condición de diputada por un territorio foral, la práctica desaparición de instituciones financieras que suponían un instrumento trascendental para el desarrollo de la economía productiva territorial.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, debe acabar.
La señora BARKOS BERRUEZO: Voy terminando, presidente.
El centro de las decisiones se desplaza de nuestros intereses y el capital al que responden los administradores poco o nada tiene que ver con la identidad que vio nacer a estas instituciones.
En definitiva, poca efectividad ante el problema real; simple operación de concentración; respuesta a problemas ajenos -vuelvo a apuntar a la banca alemana- y pierden el ciudadano y el territorio. Hay otras muchas cuestiones, ministro De Guindos, que por la premura del tiempo del Grupo Mixto es difícil expresar, pero es bastante evidente la posición contraria de Geroa Bai al real decreto que hoy nos presenta.
Señorías, debatimos hoy el contenido de un nuevo real decreto-ley que supone un hito más en el camino de la necesaria reestructuración de nuestro sistema financiero. Un real decreto-ley que no es el único, no es el primero, aunque ojalá fuera el último. Este real decreto-ley se une a un amplio listado de normas de excepción que se han venido aprobando -o se han tenido que aprobar- en estos últimos años para afrontar la extrema y compleja situación que ha vivido nuestro sistema bancario y de cajas. A él se unen el Real Decreto-ley 9/2009 que crea el FROB, el 11/2010 que reformó el régimen jurídico de las cajas de ahorros y el 2/2011 que establecía, entre otros asuntos, nuevos niveles de solvencia para las entidades bancarias.
Señorías, del tiempo convulso que hemos vivido en estos últimos años en esta Cámara al menos en un asunto de Estado hemos vivido en una Suiza política -si me permiten la expresión-, una zona de exclusión que ha sido la que concierne a la reestructuración del sistema financiero. Quisiera recomendar a los grupos mayoritarios no salirse de ese camino iniciado de diálogo, de colaboración mutua y de consenso en el tratamiento de este problema, que es muy importante. Hoy se mantienen vivas las mismas razones que impulsaron ese pacto político no escrito entre los partidos mayoritarios, la volatilidad de los mercados, la necesidad de recapitalización y saneamiento de nuestras entidades y la obligación de aumentar la dimensión de los operadores en este mercado. Unión del Pueblo Navarro va a apoyar este real decreto-ley esperando que con él las entidades financieras adquieran dimensión, solvencia, crédito y vuelvan cuanto antes a cumplir su verdadera e importante función, como es facilitar el flujo sanguíneo al sistema.
Somos conscientes, señor ministro, de que las reformas en esta materia tienen una complejidad especial, requieren una cirugía muy fina, porque es verdad que las entidades financieras tienen que recuperar algo que es subjetivo e intangible pero vital, la confianza que aún no han recuperado. Pero si tuviéramos que pedir algo en el plano de los principios de una reforma del sistema financiero que se acerque al punto óptimo entre lo justo y lo eficaz, sí que pediríamos, primero, que no paguen justos por pecadores; segundo, que no se queden sin sanción los que peor han gestionado, los que han gestionado irresponsablemente en esta crisis; tercero, que los costes de reestructuración se distribuyan de forma equitativa; cuarto, que aprovechemos, si es posible, que la crisis nos sirva para ser mejores; quinto, que no cometamos el error de hacer tabla rasa, que no tratemos de forma uniforme situaciones que son objetivamente desiguales; y, sexto, pensemos en soluciones no solo pensando en el futuro de las entidades implicadas en esta reestructuración, sino también -como no- en los ciudadanos; la dación en pago, las moratorias en los desahucios, la conversión de hipotecas en alquileres. Con ese afán, señorías, y en el deseo de que este nuevo tratamiento ayude a que salgamos fortalecidos de esta situación, nuestro voto será favorable.
Por favor, ruego a los diputados que están teniendo tertulias en el pasillo que no lo hagan, que se retiren o que ocupen sus asientos.
Tiene ahora la palabra el señor Álvarez Sostres.
Señorías, señor ministro, la articulación del Real Decreto 2/12 de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, que usted ha presentado, pretende y va dirigido a sanear los balances de las entidades y a lograr la canalización del ahorro hacia la inversión, hacia el crecimiento y, por tanto, hacia el empleo. Nuestro voto será en sentido positivo y de apoyo a la propuesta del Gobierno, ya que Foro considera necesario y urgente el saneamiento de las entidades de crédito con sus recursos y la asunción de sus políticas en su cuenta de resultados y no a costa del bolsillo de los contribuyentes. Sin embargo, estando de acuerdo con los objetivos de la reforma creemos necesario realizar algunas consideraciones sobre las principales debilidades que observamos en la reforma propuesta por el Gobierno.
En primer lugar debemos manifestar que la reforma se ha producido -espero que muy a su pesar- muy tarde. Entendemos que el saneamiento de los balances debería haberse realizado a medida que la crisis se iba profundizando y no ahora de golpe, lo que puede agudizar los problemas de las entidades y tener repercusiones negativas para la reactivación del crédito y de la economía en general. Las entidades van a tener que sanear sus balances a cuenta de los resultados del ejercicio del año 2012 y esto puede suponer un esfuerzo mucho mayor que paralice o en todo caso retrase la canalización del ahorro y del crédito hacia las familias y empresas. Al tener que provisionar contra sus resultados podría darse el caso de que vendieran masiva y simultáneamente sus activos y producir una disminución drástica del precio de los mismos y que los recursos obtenidos resultaran insuficientes para aliviar el endeudamiento llevando consigo por lo tanto la agudización de la estrechez crediticia. Para evitar esto, señor ministro, estimamos absolutamente necesario que el proceso esté monitorizado por la inspección del Banco de España con objeto de que vigile estrechamente que las entidades de crédito realicen el ajuste sin perjudicar a las familias y sin perjudicar a las pequeñas y medianas empresas.
Como segundo punto de observación me gustaría reflexionar sobre qué medidas piensa adoptar en el corto plazo el Gobierno para que esta recapitalización beneficie, como he dicho, a las familias y a los auténticos creadores de empleo que son las pequeñas y medianas empresas.
Y para terminar, un tercer aspecto a considerar en el caso de que se produzca, como prevé el real decreto, una modificación organizativa de las entidades, porque en ese caso el plazo de saneamiento se amplía dos años. Consideramos en este sentido que se producen dos situaciones de riesgo importante. En primer lugar que se produzcan fusiones de entidades que en ese plazo reúnan los requisitos pero que al finalizar el mismo no resulten viables, con lo que lo único que se lograría sería una huida hacia delante para que, obteniendo los resultados con vistas al año 2013, se tenga que recurrir una vez más a fondos públicos.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Voy terminando.
En segundo lugar que se produzcan fusiones respaldadas por presiones políticas y que esa entidad resultante tenga problemas de solvencia y el problema sea indominable por su magnitud. Por lo tanto vamos a apoyar esto, es bueno negociar antes que legitimar y nunca es tarde si la dicha es buena.
Señor ministro, en mi tierra tenemos un refrán que dice: Té igual sabó que fil negre: tot és per a la roba. Se lo traduzco: Da igual jabón que hilo negro: todo es para
la ropa. Y esta es la sensación que tenemos con este decreto-ley: que no se arreglan los problemas del crédito.
Esta reforma es otro episodio de esta película de terror que se escribe desde los despachos de los bancos, que no tienen en cuenta lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Los bancos y las cajas se endeudaron, sus gestores fueron irresponsables, falsearon balances para cobrar más incentivos, el Banco de España permitió que concedieran más dinero en créditos que los depósitos que recibían, les permitieron tomar préstamos del extranjero, dar préstamos sin verificar adecuadamente la solvencia de sus clientes -entre ellos algunas administraciones públicas como la Generalitat Valenciana-, reventar con esta práctica el mercado inmobiliario español y permitir el endeudamiento alegre de las familias. Todo eso y más hicieron los bancos con el permiso del Banco de España, del anterior Gobierno y con la connivencia del Partido Popular.
La semana pasada el Banco de España abrió expediente para sancionar a los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con sede en Alicante. Entre los sancionados se encuentran miembros del consejo de administración y de la comisión de control nombrados por la Generalitat Valenciana, por don Francisco Camps, que recibían y otorgaban créditos ventajosos, algunos incluso al cero por ciento de interés. Una caja que tiene directivos implicados, según la fiscalía, en el conocido caso Brugal. También con el visto bueno del Banco de España en julio de 2008 la CAM colocó en bolsa un paquete de cuotas participativas por valor de 155 millones de euros a un precio de 4,77 euros que compraron 54.000 inversores, muchos de ellos engañados creyendo que hacían una imposición a plazo fijo -y tengo dos ejemplos de personas mayores en mi familia-. El pasado 15 de diciembre la misma entidad anunció que su valor era próximo a los cero euros.
En esta crisis los valencianos hemos perdido a Bancaja, a la CAM y al Banco de Valencia como instrumentos financieros para las pequeñas y medianas empresas. La gente corriente ve que cargan sobre sus espaldas el esfuerzo mientras que los bancos no cargan con ese esfuerzo, siguen cobrando grandes sueldos, siguen quedándose con sus pisos y con sus casas. El señor Rajoy dijo en esta tribuna que él estaba de acuerdo con la dación en pago si encontrábamos algún banco que quisiera firmar estas condiciones. Les propongo que las entidades que se acojan al Fondo de reestructuración ordenada bancaria, que las entidades que se acojan a las ayudas públicas, puesto que ya no son tan libres, se obliguen a aceptar en la venta de sus activos tóxicos la inclusión de la dación en pago para estas hipotecas. Les propongo que estas entidades con ayuda pública introduzcan a cambio la dación en pago en sus créditos hipotecarios. Con estas condiciones los pisos se venderían mucho más fácilmente, ya que el concepto de la dación en pago se asimila más a un alquiler. Piense la propuesta que les ofrezco con toda sinceridad. Compromís-Equo entiende que la reforma que nos proponen no soluciona el problema real que ha acabado con la financiación a las empresas, que crean empleo, y a las familias...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar. Se ha pasado de su tiempo. Tiene cinco segundos para terminar.
El señor BALDOVÍ RODA: Quieren ustedes que los bancos salgan de la UCI donde están por culpa de su gestión negligente de los últimos años y que sus dueños y gestores asuman responsabilidades y haciendo que sean los ciudadanos los que paguen el daño que han producido. Esta reforma, como he comentado, es una ley de amnistía para los que nos han llevado a esta situación y usted, señor ministro, conoce a muchos personalmente. Por tanto, nuestro voto, aunque humilde, será claramente negativo porque vemos que todas las medidas que ha tomado su Gobierno hasta ahora son para ayudar a los otros, no a las personas, no a la gente corriente que cada vez tiene más dificultades para...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar ya.
El señor BALDOVÍ RODA: ...pagar sus hipotecas y sus impuestos.
Señor ministro, señorías, hoy se ha instalado el espíritu de consenso con los temas de la banca y del sistema financiero. Ojalá en esta Cámara fuéramos capaces de ponernos de acuerdo no solo en los temas que afectan al sector financiero. Los nacionalistas canarios vamos a apoyar este decreto porque creemos que es una estrategia continuista en la reforma del sistema financiero, en las tres reformas que hemos tenido en los últimos años, y porque creemos que hay que luchar para tener un sistema financiero consolidado, pero sobre todo para ese crédito que tiene que llegar a las pequeñas y medianas empresas. Hoy sale un dato terrible: en enero la banca española captó 130.000 millones de euros del Banco Central Europeo -34 por ciento del total- y el crédito a familias y empresas bajó. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo y creo que esos cantos de sirena de decir que esta ley por sí misma va a traer crédito a este país no son ciertos, será un conjunto de reformas, pero hay que trabajar. Yo le propongo una cosa. En este momento este país tiene una infraestructura, por un lado del ICO y por otro lado de las sociedades de garantía recíprocas -entidades semipúblicas- en todas las comunidades que podrían facilitar una línea de crédito directo -casi microcrédito porque estamos hablando de 12.000 o 20.000 euros a pequeñas y medianas empresas y emprendedores-, sin pasar por
la banca, con una habilitación del ICO en convenio con esas sociedades de garantía recíproca que pudiera facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Nos preocupa desde el punto de vista nacionalista canario la posibilidad de oligopolios con unas fusiones forzadas, no interesadas realmente en dotar de fortaleza al sistema financiero sino con estrategias políticas, como se están avanzando algunas de las posibles fusiones y como pasó con el tema gallego. En ese sentido, creemos que la tutela del ministerio va a ser importante.
Termino diciéndole, señor ministro, que la apertura del crédito a pequeñas y medianas empresas y a emprendedores no va a ser posible, con los datos que ha adelantado el Banco Central Europeo en los últimos seis meses, a no ser que pongamos ICO directo con aval de sociedades de garantía recíproca.
Tiene ahora la palabra el señor Jorquera.
Señorías, señor ministro, la crisis financiera internacional tuvo dos causas fundamentales: la desregulación del sector financiero, que provocó su orientación hacia actividades especulativas de alto riesgo sin relación con la economía real, y su excesiva concentración. Fue el colapso de los grandes bancos lo que ocasionó el grave terremoto que sacudió toda la economía. Demasiado grandes para dejarlos caer; sin lugar a dudas, recordará señor ministro la frase teniendo en cuenta que usted fue un alto directivo en Lehman Brothers.
Las medidas contenidas en este decreto que profundiza en la reforma financiera iniciada por el anterior Gobierno no solo no corrigen estas causas sino que conllevarán la total privatización del sector financiero y más concentración. Y todo ello a costa de sacrificar lo poco que queda de las cajas de ahorro, las únicas entidades con vocación social y territorial. La exigencia de nuevas provisiones en un corto espacio de tiempo abocará a muchas entidades a fusionarse para cumplir los requisitos. Todo en este decreto allana el camino a las entidades para que opten por fusionarse. Los nuevos requisitos dificultarán aún más la restitución del crédito, dado que las entidades concentrarán todos sus recursos en cumplir con las nuevas exigencias. Resulta que mientras Irlanda obliga a sus bancos a cumplir con unos objetivos de crédito que contribuyan a crear empleo, ustedes adoptan medidas que restringirán aún más el crédito, al tiempo que la reforma laboral de su Gobierno instaura poco menos que el despido libre. No atacan ustedes el verdadero problema que estrangula a las empresas que es la necesidad de financiación. Además, el incremento de la dotación del FROB y el anuncio de que las entidades intervenidas saldrán al mercado lo antes posible no significa otra cosa que socializar pérdidas: destinar dinero público para sanear las entidades y venderlas a precio de saldo, en vez de hacer de las cajas bancos públicos destinados a financiar la economía productiva de sus respectivos territorios. El resultado, señorías, será la creación de un auténtico oligopolio financiero en el Estado español, una concentración que introducirá mayores riesgos en el sistema, reducirá la competencia y con ello las posibilidades de acceso a la financiación, e incluso impedirá a los sectores más débiles de la sociedad el acceso a servicios financieros básicos. Y la consecuencia será dar el tiro de gracia definitivo a lo que queda de las cajas de ahorro gallegas. Este decreto aboca a Galicia a perder de forma definitiva sus instituciones financieras, imprescindibles para la financiación de su economía productiva. Por estas razones, señorías, el Bloque Nacionalista Galego votará rotundamente en contra de este decreto.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, empezaré con cuatro nombres propios y seguiré con una constatación: González, Botín, Fainé y Rato; los cuatro principales banqueros de este país se guisan y se comen las decisiones políticas que deberían cocinarse en otra cocina, una que por lo menos fuera más democrática y que diera la palabra también a la ciudadanía como ingrediente protagonista de una comilona que se reparte siempre entre los mismos.
El objetivo de la reforma es claro: premiar a aquellos que se han portado mal durante años en lugar de castigarlos. Durante estos días más de un banquero y financiero de este país se habrá quedado estupefacto al comprobar que el anunciado traje hecho a medida para la Bankia de Rodrigo Rato se ha convertido en una auténtica arma para que la antigua Caja Madrid continúe solita e incluso prepare alguna miniboda, digo mini porque los bodorrios, las bodas gordas, ahora las celebramos en Cataluña, esta semana el Partido Popular con Convergència i Unió por temáticas presupuestarias. Una miniboda como la oferta por Unnim. El exvicepresidente ya no necesitará de nadie, ni tan siquiera del señor Botín, pero tampoco del señor Fainé.
Señorías, esta llamada reforma puede ser un bote salvavidas para aquellos a los que se les ha ido de las manos. No solamente no se les exigen responsabilidades, sino que se les da una segunda oportunidad. Puede que sea necesario sanear el sector pero ¿no es todavía más necesario reactivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas? Puede que la reforma ayude a reactivar el crédito a medio y largo plazo pero no a corto, y sin embargo lo que es la prioridad de millones de familias, de miles y miles de autónomos, de muchísimos emprendedores, es el crédito, esto sí es una urgencia, eso sí requiere de una reforma.
Como ya nos tienen acostumbrados, en las comunidades autónomas también perdemos competencias en cada una de sus reformas. La reforma de la Ley de Cajas que ustedes plantean dificulta la conversión en fundaciones y supone también una censura encubierta al desarrollo de una política autonómica que nos es propia de acuerdo con nuestro marco estatutario. De la misma manera las condiciones de acceso al FROB para futuras posibles fusiones garantizan también un nulo poder de decisión a las comunidades autónomas. Ya lo ven: menos competencias, no se garantiza una reactivación del crédito y sin una clara depuración de responsabilidades en el sector financiero.
Los bancos son unos de los principales causantes de la crisis: han creado y difundido productos financieros opacos y de alto riesgo; han avalado hipotecas sin solvencia; se han endeudado con el exterior para dar más hipotecas; han participado en inflar la burbuja inmobiliaria; son los principales instrumentos de evasión fiscal e incluso han hecho trampas contables para esconder su mala gestión y ahora, para más inri, miles de personas de este país ven peligrar sus ahorros por culpa de las llamadas participaciones preferentes.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe ir acabando.
Islandia. En Islandia, esto también lo queremos constatar, los banqueros están siendo juzgados, incluso se juzga al antiguo primer ministro. Aquí, lejos de tener un gobierno que les reclame responsabilidades, hemos tenido gobiernos que indultan a banqueros condenados en firme y que siguen las políticas que les exigen.
Acabo. Este real decreto de hoy no deja claro si el objetivo es salvar el sistema financiero o es salvar a los propietarios de los bancos. En definitiva, el problema de la deuda española no es la deuda pública, como nos quieren hacer ver, el problema es la deuda privada y especialmente la generada por los bancos al pedir créditos al extranjero para subvencionar la burbuja inmobiliaria de la que ellos mismos se beneficiaban. Y el otro gran problema es la gran duda de confianza respecto a una economía que ha basado su crecimiento en el cemento y en la especulación. De hecho, como afirma la economista Miren Etxezarreta, el problema no es...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, se ha acabado su tiempo. Le ruego que abandone la tribuna porque ha acabado su tiempo.
Tiene la palabra el señor Larreina.
Señorías, señor ministro, nuestro grupo, Amaiur, ya anunció que va a votar en contra de la convalidación del decreto. Y vamos a votar en contra porque pensamos que no es la solución para los problemas del sistema financiero, y sobre todo no es la solución para los problemas de la gente de la calle. Hay elementos positivos indudablemente en la propuesta que usted hace. Por ejemplo, controlar y reducir los salarios de las personas que son responsables de esas entidades y de esos desastres económicos es una medida positiva, y hay otros elementos también positivos, pero el problema fundamental es que con esta ley usted, al final, lo que hace es continuar con el actual sistema. Aquí podríamos entrar en un debate macroeconómico que podría ser interesante desde el punto de vista teórico, pero yo prefiero el debate microeconómico, el debate pegado a la gente de la calle, y la gente de la calle cuando ve las medidas que usted propone está viendo que todo sigue igual, que al final los bancos siguen actuando sin tener responsabilidad en el riesgo que asumen. Mientras que un ciudadano de a pie pierde el piso por no poder pagar la hipoteca y asume esa responsabilidad o un autónomo o una pequeña y mediana empresa cuando las cosas no le van bien y su gestión no ha sido correcta pierde su empresa y tiene que hacer frente a todas las responsabilidades, resulta que en el caso de los bancos cuando hay una mala gestión no solo no tienen que hacer frente a sus responsabilidades sino que por parte de las instituciones públicas se acude en su ayuda, se acude a salvarles, se acude a arreglarles la situación. Creo que ese es el elemento fundamental que está detrás de este decreto-ley. Al final es continuar garantizando el poder de las grandes corporaciones financieras.
Hay otro elemento -tuvimos ocasión de comentarlo también en la Comisión- que a mí me preocupa especialmente: el abandono de las cajas de ahorro, el abandono de las cajas de ahorro como figura, como entidad de crédito de control público, de control social y vinculada a la realidad social de cada territorio. Con las medidas que ustedes están tomando, al final están haciendo desparecer las cajas y están poniendo en manos de la banca un mercado por el que se había luchado y añorado durante años. La gran preocupación de las grandes corporaciones financieras, de la banca, es que no tenían penetración en muchos mercados, como es el caso de nuestro país, de Euskal Herria. Allí las cajas de ahorro tenían una fuerza muy potente y los bancos no podían entrar, no tenían penetración suficiente en ese mercado, y eso pasaba en otras zonas del Estado. Con esta legislación lo que usted está haciendo es abolir las cajas como figura de entidad financiera de origen social y con compromiso social y poniendo su mercado en manos de la banca gratis et amore. Vamos al final hacia un oligopolio financiero de grandes entidades financieras que van a seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora. Esa es la preocupación y es lo que no entiende la gente de la calle. Como le decía, la gente de la calle está preocupada porque en todos los contratos y ofertas de productos financieros sigue habiendo letra pequeña que no se explica realmente, que no se explican las consecuencias que eso puede tener porque el objetivo de la
banca es colocar sus productos caiga quien caiga, ese es también uno de los problemas con los que se encuentra ahora: el endeudamiento de la actividad privada, de las familias. Sigue sin existir ese control de la letra pequeña, de esas arbitrariedades de la banca y por eso nosotros pensamos que el Gobierno debería actuar más en la promoción de una banca pública, de una banca de control social que esté vinculada a la realidad social, que esté comprometida con la promoción de la actividad económica productiva, con la promoción de la creación de riqueza, y eso es lo que no vemos por ninguna parte en este real decreto. Esa es la causa principal de nuestra oposición y ahí nosotros volvemos a reivindicar desde nuestra visión de país que es importante, y lo vemos desde allí, tener en nuestras manos los instrumentos financieros y de autogobierno precisamente para poder garantizar un mercado financiero en nuestro país que esté vinculado con la realidad social, que esté al servicio de la gente de la calle, que esté al servicio de generar crédito a las familias y que esté dispuesto precisamente a promocionar la economía de todos y no la economía solo de algunos.
Vuelvo al principio. Su reforma tiene elementos positivos, pero globalmente pensamos que es muy negativa sobre todo para la gente de la calle y que el Gobierno debería abordar su política por otras líneas más interesantes, como reactivar la actividad productiva y cambiar el modelo socioeconómico sobre el que está sustentada la economía del Estado español, porque ahí es donde está la causa de la crisis del sistema financiero y del conjunto de la economía.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor ministro de Economía y Competitividad, señoras diputadas y señores diputados, egun on danori. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.)
Señor ministro, el Gobierno se está acostumbrando a tomar medidas a través de reales decretos-leyes y posteriormente traerlos a esta Cámara para su convalidación. De esta forma, apelando a la urgencia en la toma de decisiones, se hurta el debate e imposibilita corregir o pactar propuestas del Gobierno a través de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios pudiéramos presentar. No es una costumbre solo de este Gobierno, ya el anterior utilizó los reales decretos-leyes abundantemente y, en concreto, todas las medidas relativas al ámbito financiero fueron así aprobadas. No niego yo la urgencia en este caso. Es más, en el Grupo Vasco creemos que el ajuste, la reordenación y el saneamiento del sistema financiero se tenía que haber hecho antes y mejor, con luz y taquígrafos, explicando a los ciudadanos los esfuerzos realizados, los recursos públicos o no empleados y los resultados que se están obteniendo, pero la realidad es que los ciudadanos solo sabemos que los bancos y las cajas de ahorro no nos prestan dinero o, si lo hacen, es con muchas garantías y a un coste muy alto. Mientras, los movimientos en el sector de cara a sanear el sistema financiero son lentos y opacos, muy poco sabemos al respecto. En este sentido, señor ministro, sería conveniente que compareciese usted en esta Cámara para hacer un amplio y detallado balance sobre la cuestión.
Han pasado más de dos años y medio desde la aprobación del Real Decreto-ley 9/2009, de 23 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, por el que se creó el Fondo de reestructuración ordenada bancaria. Posteriormente se aprobó el Real Decreto-ley 11/2010 y el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero. De esta manera se han ido dando pasos en la reestructuración y el saneamiento del sector. Hoy, con este real decreto-ley el Gobierno da un paso más, no sabemos si suficiente o no, en el señalado camino hacia la reestructuración y el saneamiento. Expertos del sector, como usted bien sabe, señor ministro, consideran insuficientes los 50.000 millones de provisiones que tendrán que realizar las entidades financieras conforme a este real decreto-ley. Por lo tanto, es posible, señor ministro, que tras estas provisiones haya de continuarse con otras posteriores, con el fin de ajustar el sector a la realidad del mercado tras el varapalo sufrido por el sector inmobiliario; el tiempo nos lo dirá.
A pesar de ello, insisto, estamos de acuerdo en que debe hacerse el proceso de saneamiento. Naturalmente siempre cabe la discusión de si este u otro porcentaje podrían ser diferentes, pero en términos de principios es algo que venían reclamando los mercados y la dirección es correcta. Sin embargo, mi grupo parlamentario quisiera realizarle otras observaciones que nos parecen pertinentes. Aunque probablemente fuera inevitable si se necesitaba actuar a corto plazo, este es un excelente ejemplo de la famosa frase de pagar justos por pecadores. En efecto, como el cálculo de las provisiones se hace sobre la base de lo declarado por la entidad, se produce la situación absurda de que cuanto más transparente sea una entidad en la calificación de los créditos como subestándar, dudoso o moroso, mayor provisión tiene que hacer. Las entidades que teniendo créditos que debían estar calificados de algunas de estas maneras y no los tienen así, resultan beneficiadas en cuanto que necesitan una menor provisión. No se trata de ningún juicio de valor y basta un notorio y reciente ejemplo, lo que declaraba la Caja de Ahorros del Mediterráneo y lo que ha resultado tras su intervención. En consecuencia, debe exigirse al Gobierno que con carácter inmediato revise la calificación de los créditos de aquellas entidades con menor transparencia, al efecto de acreditar si dichas calificaciones eran o no correctas, con el consiguiente impacto en materia de provisiones.
En relación con los incentivos que se quieren utilizar para fomentar los procesos de integración, convendría también realizar algunas observaciones. En primer lugar, sería deseable que no se vuelva a incurrir en los mismos y tan recientes errores de la época anterior, realizándose lo que podríamos denominar fusiones políticas; esto es, fusiones que no tenían ningún sentido financiero, que además han supuesto un importante sacrifico en puestos de trabajo y que finalmente han terminado en la constitución de entidades que en algunos casos han debido ser intervenidas. Los procesos de integración deben ser decididos por las partes interesadas y en base a criterios profesionales. En segundo lugar, llama la atención la fecha del 1 de septiembre de 2011 que aparece en el apartado 2 del artículo 2 del real decreto-ley, en cuya virtud podrán acogerse a este régimen especial aquellos procesos de integración iniciados a partir del 1 de septiembre de 2011, fecha enigmática que no sabemos con qué criterio ha sido elegida, pero que por la misma quedan excluidos del régimen especial aquellos procesos de integración concluidos durante el ejercicio 2011 o 2012, antes del real decreto-ley, aunque se hubieran iniciado antes de la enigmática fecha señalada.
Sin embargo, señor ministro, hay una cuestión que debe ser necesariamente -y digo necesariamente- solucionada, en la medida en que afecta a las competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Euskadi. A nuestro juicio, el texto aprobado soporta perfectamente la interpretación de una nueva invasión competencial en materia de fundaciones en relación con las cuales la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias. El artículo 13 dice: en fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco. Nótese que lo que determina la competencia de la comunidad autónoma es el ámbito en que desarrolla principalmente sus funciones la fundación de que se trate. En relación con este tema, en la modificación del artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, apartados 3 y 4, se incluye una alteración de competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En efecto, de los citados apartados del reiterado artículo 6, en su nuevo texto, resulta que tanto la supervisión y el control de estas fundaciones como el ejercicio y el protectorado corresponderán al Estado si el ámbito de actuación principal excede el de una comunidad autónoma. Hasta aquí parecería recoger el texto del Estatuto. No obstante, se establece a continuación que se considerará ámbito de actuación de la fundación de carácter especial el de la entidad bancaria resultante de la segregación, y esto es precisamente lo que nos preocupa. Ello significa un cambio fundamental. Mientras el Estatuto se refiere al ámbito de actuación de las fundaciones, en la nueva norma se considera como ámbito de actuación de la fundación el de la entidad bancaria resultante de la segregación. Se trata, en consecuencia, de una modificación del Estatuto de Gernika que a nuestro juicio debe rectificarse. Para determinar si una fundación está sometida a la legislación estatal o a la de la comunidad autónoma, hay que analizar si la fundación desarrolla su actividad principalmente en el País Vasco, con independencia de que el banco del que sea titular lo hiciera o no. En el mismo sentido, el apartado 4 del artículo 6, modificado, además de que supone una contradicción con el apartado 3, al que acabo de referirme -aquí ya ni siquiera se habla de ámbito de actuación ni de la fundación ni del banco-, establece que las fundaciones de carácter especial se regirán por este real decreto-ley y su normativa de desarrollo. Supletoriamente, será de aplicación la normativa en materia de fundaciones.
A través de este texto, en su literalidad, olvidándose incluso de lo que acaba de decir el apartado anterior, daría la sensación de que simplemente por calificar este tipo de fundación de especial se hurtaría una competencia exclusiva al Estatuto de Gernika. Como es evidente, si no se aclara esta cuestión de forma nítida por el ministro -de manera absolutamente nítida, insisto-, que aquellas fundaciones, y no el banco a través del cual actúan en el mercado financiero, que desarrollan principalmente sus funciones en el territorio de la comunidad autónoma los órganos de esta tienen competencia exclusiva en dicha materia, no podemos dar conformidad a este real decreto-ley. De igual manera ha de quedar claro que la normativa de desarrollo de este real decreto-ley deberá referirse exclusivamente a cuestiones de carácter financiero en relación con las fundaciones en cuanto titulares de acciones de un banco, pero no a su régimen sustantivo, que mientras desarrollen principalmente su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi estarán sujetas a lo que se regule por los órganos competentes de la misma.
Sinceramente, creemos que no es el propósito buscado por el Gobierno en la elaboración de este real decreto-ley, pero suponemos que es fácil entender que la aclaración del tema mencionado es absolutamente imprescindible para fijar nuestro voto. Como hemos manifestado al principio, nuestra posición es favorable al real decreto-ley y pensamos que de esa manera contribuimos a mejorar la imagen de un Estado frente a los mercados y a la propia unión monetaria, pero el voto a favor no puede ser a cambio de asumir lo que entendemos como una alteración del reparto de competencias contemplado en el Estatuto de Gernika. Si el Gobierno se compromete a corregir de una manera nítida, clara y firme esta cuestión en un real decreto posterior o en un proyecto de ley, estamos dispuestos a darle un margen de confianza con nuestra abstención. Esperamos, por lo tanto, la respuesta del señor ministro al respecto.
Tiene ahora la palabra por el Grupo de Unión Progreso y Democracia el señor Anchuelo.
Señorías, nos encontramos cuatro años después del inicio de la crisis con que el que tantas veces se nos ha dicho que era el mejor sistema financiero del mundo ha llegado a una situación límite. La mejor prueba de esta situación límite es que no está cumpliendo la función económica que tiene encomendada, que es dar crédito. El señor ministro nos informaba el otro día de que el crédito se está contrayendo en España a una tasa del 10 por ciento. Sabemos también que el sector financiero tiene activos inmobiliarios, solo inmobiliarios, dañados por valor de 175.000 millones de euros, con datos de hace siete meses, y presenta unas tasas de morosidad crecientes con la peculiaridad de que cada vez que se interviene una entidad resulta que la morosidad real supera ampliamente a la reconocida oficialmente. Todo esto sucede después de que se hayan comprometido importantes cantidades de dinero público intentando solucionar esta situación. El FROB lleva empleados ya 20.000 millones de euros, hemos avalado deuda de las entidades bancarias por cerca de 100.000 millones de euros y hay esquemas de protección de activos en las entidades privatizadas que solo en el caso de la CAM pueden llegar hasta los 16.000 millones de euros.
Señorías, ante un fracaso colectivo de esta magnitud creo que merecería la pena preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las causas de esta situación, aunque solo fuese por aprender de los errores antes de seguir hacia delante. Suele darse la respuesta de que la causa de esta situación es la crisis. La crisis desde luego empeora los balances bancarios, pero resulta muy curioso que el sistema financiero español estaba dividido en dos mitades casi perfectas: los bancos y las cajas. ¿Por qué los problemas se han centrado solo en las cajas mientras que los bancos han salido adelante mucho mejor? ¿Fue por culpa de la crisis que las cajas de ahorros financiaron parques temáticos inviables como el de Terra Mítica? ¿Fue por culpa de la crisis que las cajas de ahorros financiaron aeropuertos sin ningún vuelo como el de Castellón? ¿Fue por culpa de la crisis que las cajas de ahorros financiaron proyectos empresariales de grupos cercanos al poder político territorial? Estas decisiones se tomaron años antes de la crisis, no parece que sean debidas a la crisis. ¿No habrán tenido que ver en estas decisiones que las personas que las tomaban no tenían ningún conocimiento técnico de las materias de las que se ocupaban y estaban en esos puestos por sus vinculaciones políticas? Quiero decirle con esto, señoría, que el tema de la politización no es un tema menor, es un tema que está en la raíz de los problemas y un defecto muy importante de estas medidas es que el tema de la politización ni siquiera se contempla. De hecho, hoy en día en cualquier periódico podemos seguir leyendo cómo se siguen produciendo nombramientos basados en el color político de las personas. Es difícil apoyar un conjunto de medidas que ignora la politización, que está en la raíz de lo que sucede.
Algo parecido sucede con la exigencia de responsabilidades. Estas personas que han hundido las entidades han sido premiadas por sus esfuerzos, no han sido penalizadas. No solo han tenido sueldos millonarios durante años, sino que han tenido pensiones doradas de jubilación; se han salido de la entidad y han tenido indemnizaciones por despido millonarias. Ante el clamor social, algo se hace en este real decreto, pero es a partir de ahora y es para las entidades que tienen ayudas públicas. Señorías, en nuestra opinión esto es como poner el tapón en la botella una vez que la leche ya ha sido derramada. Muchos de los responsables ya no están en las entidades o han cobrado esas cantidades. Por eso creemos que el Gobierno puede hacer mucho más. Por ejemplo, como le recordaba el otro día en la Comisión de Economía, puede instar a la Fiscalía General del Estado para que exija responsabilidades en base a que no ha habido una diversificación de riesgos adecuada, en base a que la contabilidad no reflejaba bien la situación patrimonial de las entidades y en base a que la gestión ha sido temeraria. Lo mismo pensamos sobre este Parlamento. Creemos, como otros grupos, que el Congreso debería crear una comisión de investigación para estudiar lo sucedido, aprender de los errores y no repetirlos en el futuro, y Unión Progreso y Democracia promoverá la creación de una comisión de este tipo. No se trata de perseguir a las personas, no se trata de ensañarse, pero no resulta justo exigir sacrificios tan duros a las familias españolas, que no han sido responsables de esta situación, y que los verdaderos responsables salgan premiados por lo que han perpetrado.
Entro ahora en las medidas que sí están en el decreto, pero, como usted puede ver, las medidas que no están son igualmente importantes. Creemos que la estrategia que se aplica realmente no es muy novedosa. Se acelera la estrategia que ha venido aplicándose en los últimos años y nos parece que la manera adecuada de juzgar si la estrategia es buena es preguntarnos si va a lograr los objetivos que persigue. En nuestra opinión la respuesta es no. Estas medidas no van a lograr los objetivos que persigue. ¿Cuáles son esos objetivos? Se nos dice, en primer lugar, que se van a sanear los balances. Para ello se van a realizar básicamente provisiones por valor de unos 50.000 millones de euros. ¿Cuál es el problema con estas provisiones? Que se están basando en datos del 30 de junio del año pasado y se están basando en los activos inmobiliarios dañados. Pero han pasado siete meses y medio de fuerte deterioro económico y estos activos inmobiliarios se habrán deteriorado más y habrá otro tipo de créditos no inmobiliarios: al consumo, a las pymes -por qué no-, hipotecas, que también se vean dañados. Nos da la sensación de que se está apuntando a un blanco móvil que hace tiempo ya que se ha movido. De hecho, los analistas privados coinciden en que estas cifras se quedarán cortas.
Otro objetivo de la reforma es reducir el precio de la vivienda. Este, sin duda, se va a lograr porque si se anuncia oficialmente una caída brusca en el precio,
ningún comprador en su sano juicio va a comprar una vivienda hasta que esa caída se produzca. Aquí el problema, en nuestra opinión, es que esa caída tan brusca puede tener efectos indeseados que no se han tenido en cuenta. Convendría recordar que la vivienda es el principal patrimonio de la mayoría de las familias españolas, que la tienen en propiedad. Si esa vivienda pierde valor, el consumo, ya muy débil, se va a ver perjudicado. También se va a agravar el problema de las familias que tienen una hipoteca que vale más que su vivienda. Está bien que se ajuste el precio de la vivienda, pero la forma busca en que se va a producir va a congelar la inversión residencial durante un tiempo en una economía ya en recesión.
Tercer objetivo: Aumentar el crédito. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es incompatible decir a las entidades, por un lado, que aumenten sus recursos propios respecto del crédito y, por otro, que aumenten el crédito. El ministro, que es un excelente economista, lo sabe perfectamente. Es como si estuviésemos diciéndole simultáneamente que soplen y que sorban. No son posibles las dos cosas simultáneamente. El efecto inmediato de la reforma va a ser contraer el crédito, no aumentarlo. Las empresas van a gestionar esos ratios y contraer sus balances durante al menos un par de años. Se nos dice también que un punto fuerte de la reforma es que no va a costar dinero público. Ojalá fuera así, pero, entonces, ¿por qué se amplia el FROB en 6.000 millones, ampliable hasta 99.000 millones? Se nos cuenta la misma historia del Gobierno anterior: No, es que esto se va a hacer con préstamos al 8 por ciento y va a ser un gran negocio para los contribuyentes. Señorías, los ciudadanos españoles son personas adultas. Si saliésemos a la calle y les explicásemos el negocio, no resultarían muy convencidos. Imagínense que salimos a la calle, cogemos a un ciudadano y le decimos: Vamos a coger su dinero público y se lo vamos a prestar a entidades bancarias a quien nadie más se lo quiere prestar. Bueno, nos van a dar un 8 por ciento. Sí, pero es que nadie más quiere prestarles. Además les vamos a prestar con bonos convertibles en acciones contingentes; es decir, que si la entidad deteriora más su situación, en vez de prestamista, el Gobierno se va a convertir en accionista de las entidades. ¿Ustedes creen que los ciudadanos pensarían que esto es un gran negocio? ¿Prestarían así su dinero? Por supuesto que esto va a costar dinero público, y veremos qué cantidades; el tiempo lo dirá.
Por último, el objetivo de las fusiones. Las fusiones deberían ser un medio no un fin en sí mismo. No acabamos de entender qué se gana si se fusionan dos malas entidades mas que crear una entidad sistémica mayor y que sea un peligro de mayor dimensión. Y si se fusionan una mala y una buena, algún tipo de incentivo habrá que dar a la buena; en forma de dinero público suponemos. Por otro lado, no nos gusta el excesivo intervencionismo que parece haber en estas medidas, porque se dan unos plazos muy cortos para las fusiones, casi no hay tiempo para estudiarlas, y hay algunas decisiones que parecen estar hechas a la medida de algunas entidades. Creemos que en un sector estratégico tan importante como el bancario un intervencionismo de este nivel no resulta aceptable.
Resumiendo, señorías, en nuestra opinión, estas medidas no despolitizan las entidades, algo que está en la raíz de los problemas; estas medidas no exigen responsabilidades a los culpables del desastre y estas medidas buscan unos objetivos que no van a conseguir. Por ello el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia va a votar en contra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Señor ministro, señoras y señores diputados, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a la convalidación del saneamiento del sector financiero que estamos debatiendo hoy en esta Cámara. En primer lugar, vamos a hacer una serie de consideraciones que coinciden con los planteamientos que ha hecho el Gobierno. Nuestro grupo parlamentario comparte la necesidad de sanear todos aquellos balances de las entidades financieras españolas a través de esta depreciación de sus activos para que al mismo tiempo dichos activos inmobiliarios que se encuentran fuera del perímetro del negocio bancario puedan salir a la venta inmediatamente. Con lo cual, a través de estos mecanismos seguramente mejoraremos su solvencia y las entidades financieras serán más competitivas. Aquí aparece ya unas de las primeras grandes dudas al respecto, señor ministro, y por eso desde Convergència i Unió le vamos a plantear algunas consideraciones en las que creemos sinceramente que el Gobierno tendría que actuar de una manera ágil y contundente. Uno de los objetivos fundamentales de este real decreto también tendría que ser que existiera crédito, que fluyera el crédito a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios y trabajadores autónomos y a las familias. Hoy las entidades financieras dicen que realmente no hay crédito solvente y que por ello no dan liquidez al sistema productivo español, no dan liquidez a la economía real. Venimos padeciendo desde hace bastantes meses, desde hace ya algunos años, esta grave situación de falta de liquidez a la economía productiva, y sinceramente nosotros creemos que ustedes que han hecho reformas estructurales importantes, que han tenido aquella garantía política para abordar cuestiones que den confianza y seguridad a los mercados internacionales y a la economía real productiva española, también tendrían que tomar decisiones importantes y valientes para exigir asimismo a las entidades financieras que de una vez por todas fluya el crédito a la economía productiva española. Porque,
señor ministro, señoras y señores diputados, sin crédito no para dentro de seis meses, sino para pasado mañana, difícilmente se va a generar actividad productiva, se va a incrementar el PIB español y, seguramente, si no hay este crédito no habrá seguridad y va a ser cada día más difícil luchar para generar empleo. Por tanto, señor ministro, es importante que también se tomen en serio que fluya el crédito a la economía real, a las familias, a las familias necesitadas, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Que este real decreto sirva para dar solvencia a las entidades financieras españolas, con el fin de ser más competitivas, y, al mismo tiempo, para que pasado mañana los pequeños y medianos empresarios, los empresarios autónomos, tengan crédito, porque hoy, lamentablemente -no es culpa del Gobierno-, no tienen acceso al crédito de las entidades financieras. Tal como dice el real decreto, también las entidades financieras se tendrían que tomar muy el serio que el crédito fluyera rápidamente.
Hay otro aspecto que también nos preocupa, y seguramente también le debe preocupar el Gobierno, y es que vamos a pasar de las cincuenta entidades financieras de hace un año, a diez, doce, trece o catorce entidades financieras. Nos vamos a encontrar con unas grandes entidades financieras cuyos límites de riesgo se van a ver reducidos considerablemente, y este también podría ser uno de los aspectos que fuera en contra de este crédito. Convergència i Unió va a exigirles que tomen medidas para que rápidamente pueda fluir crédito a la economía real y productiva española.
Hay otro aspecto que no tiene nada que ver con el fondo de este real decreto, que es el de sanear el sistema financiero español, pero que también preocupa mucho al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y son todos aquellos aspectos de este real decreto que hacen referencia a las competencias de las comunidades autónomas en las futuras fundaciones que se puedan crear después de esta reestructuración. Es cierto que a lo largo de estos dos últimos días hemos estado negociando con el ministerio, con el secretario general, con el ministro y con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte, a fin y efecto de poder clarificar que a través de este real decreto no se van a invadir competencias en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las fundaciones. Seguramente, por lo que hemos deducido de las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de estos dos últimos días y de estas últimas horas, no está en su ánimo invadir competencias en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las competencias que tienen las comunidades autónomas en las fundaciones. Pero cuando uno lee atentamente el artículo 4.2.3 de este real decreto llega a la conclusión de que o el ministerio no ha entendido cuáles son las competencias de las comunidades autónomas en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las fundaciones o, si lo ha entendido, nosotros no somos capaces de ver cuál es el alcance de este significado. Estamos muy preocupados con el redactado actual. Al final del artículo 4.2.3, que hace referencia al ámbito de actuación principal de todas aquellas fundaciones que se hayan creado con carácter especial que exceda el de la comunidad autónoma donde hasta la fecha ejercía sus competencias y exceda el de otras comunidades autónomas, se dice claramente que en los supuestos de segregación se considerará ámbito de actuación de la fundación de carácter especial el de la entidad bancaria resultante de la segregación. Si uno lee atentamente este párrafo llega a la conclusión de que para todas aquellas cajas de ahorros que se puedan convertir en fundaciones y que excedan el ámbito territorial de una comunidad autónoma, por ejemplo, la Banca Mare Nostrum, las comunidades autónomas de referencia perderían sus competencias, ya que, como dice este real decreto, en los supuestos de segregación se considerará el ámbito de actuación de la fundación de carácter especial el de la entidad bancaria resultante de la segregación. Por lo tanto, todas estas cajas de ahorros que se pudieran convertir en fundaciones, finalmente se convertirían en una sola fundación de carácter especial con ubicación fiscal, en este caso, en Madrid.
Señor ministro, ya sé que su secretario general y en su ministerio dicen que no lo ven de la misma manera que nosotros, pero nosotros lo vemos desde la perspectiva en la cual las comunidades autónomas con competencias exclusivas en las cajas de ahorros y en las fundaciones que pudieran derivarse de estas cajas de ahorros perderían todas las competencias. Para tener una tranquilidad efectiva de que su voluntad no es laminar las competencias de las comunidades autónomas, nos gustaría que nos pudiera clarificar en su intervención si es posible que en otro real decreto, que se pueda convalidar rápidamente en este Cámara, pudiera desaparecer este párrafo que entendemos que es letal para el buen gobierno de las fundaciones que están bajo el protectorado de las comunidades autónomas. Por tanto, nos gustaría que quedara claro en su intervención que estarían dispuestos a plantear en otro real decreto, que se pudiera tramitar en este Cámara lo más rápidamente posible, que eliminarían el párrafo que va en la dirección de que en los supuestos de segregación se considerará ámbito de actuación de la fundación de carácter especial el de la entidad bancaria resultante de la segregación. Si tenemos una manifestación clara y concisa por parte del Gobierno de que se va a plantear rápidamente en otro real decreto una modificación sustancial en los planteamientos que le hace nuestro grupo parlamentario, nos daría muchísima más tranquilidad y podríamos adoptar una actitud más favorable a este real decreto. Vamos a estar a expensas de la intervención del señor ministro y del portavoz del Grupo Parlamentario Popular para tener la tranquilidad de que no se van a laminar las competencias de las comunidades autónomas en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las cajas de ahorros y a sus fundaciones, en el caso de que derivaran finalmente en fundaciones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gómez Sánchez.
Señor ministro, señorías, tomo la palabra para explicar la postura del Grupo Socialista en este debate de convalidación del Real Decreto-ley de saneamiento del sector financiero. Ya les anticipo que nuestra postura es favorable a la convalidación de este decreto-ley. Lo hacemos desde la convicción de que reformar nuestro sistema financiero, lograr su saneamiento, reconstruir un sector que ha sido dañado de manera fundamental por la crisis pero que también explica su gravedad y su profundidad, constituye, sin duda, uno de los grandes objetivos de la política económica española; un objetivo crucial para salir de este inmenso atolladero en que se encuentran España y el conjunto de los países europeos. Lo hacemos también, señor ministro, desde una consideración que ya tuve ocasión de exponerle en la Comisión de Economía de la Cámara, que es fundamental no olvidar que detrás de los desequilibrios acumulados en nuestro endeudamiento público pero sobre todo en nuestro endeudamiento privado está uno de los acontecimientos más tristes de nuestra historia económica -y no me refiero solo a la historia económica reciente-, que es construir en este periodo varios millones de viviendas, más de la mitad de las viviendas edificadas en el área del euro, y ostentar, a la vez, el récord europeo en crecimiento del precio de la vivienda. Creemos, señor ministro, señorías, que casi todo lo significativo que nos ha pasado durante la crisis proviene de este tremendo error, un error que no se hubiera producido sin la cooperación irreflexiva y estrecha de buena parte de nuestro sistema financiero.
En los trece años que van desde 1994 a 2007, España pasó de ser el quinto país europeo en tamaño de su sector de la construcción, es decir, el orden que nos correspondía por nuestra población y por el volumen de nuestra economía, a ser el primero; por encima incluso de Alemania, un país que nos duplica largamente en población. Los cambios generados en la economía española por la burbuja inmobiliaria han sido en esta etapa trascendentales. En 1997 el conjunto de crédito inmobiliario -el promotor, el constructor y el comprador- suponía el 28 por ciento del PIB español. En 2007 dicha proporción llegó a ser cuatro veces mayor, el 103 por ciento. El parque de viviendas familiares en España alcanza hoy unos 26 millones de viviendas, hay 1,5 viviendas por hogar, un 35 por ciento más que lo que existe en el resto de los países de la eurozona. Pero además, y nunca se repetirá lo suficiente, señorías, esto ha ocurrido en una economía cuyas entidades financieras todavía hoy pretenden impartir lecciones sobre cómo y por qué entramos en la crisis y sobre cuál es la forma en que tenemos que salir de ella, las mismas entidades que ahora tenemos que reflotar para asegurar que de una vez por todas vuelva a fluir el crédito en nuestra economía.
Señorías, la postura del grupo se basa también en una consideración importante: es posible reformar nuestro sistema financiero sin tener por ello que olvidar las causas de la crisis. Aquí, señor ministro, como en tantas otras cuestiones relevantes en la democracia española, el olvido o la amnesia no son buenas consejeras. No podemos ni debemos olvidar los profundos cambios que necesita una economía financiera sin apenas regulación, una economía de humo, como se ha dicho en repetidas ocasiones, que nos ha llevado al borde de la catástrofe. Porque han sido, señor ministro, el olvido de las mejores lecciones aprendidas tras la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión lo que nos ha traído hasta aquí; que era bueno separar banca de inversión y banca de depósito, que transparencia, que vigilancia estrecha y que buena gobernanza siempre son mucho mejores que esa gigantesca falsedad de los mercados autorregulados.
Señorías, señor ministro, yo comprendo que la tentación de cualquier Gobierno de pensar que la historia comenzó el mismo día en que toma posesión es casi irresistible. Lo sé. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar la convalidación de este decreto-ley a pesar de que en la exposición de motivos -cito literalmente- se dice: Hasta ahora no se han adoptado previsiones conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario. Esto se dice a pesar de que unos renglones antes se pasa revista -cito también textualmente- a los hitos que hasta hoy caracterizan la reforma del sistema financiero. Estos hitos, como ustedes saben bien, comienzan con la creación de un Fondo para la adquisición de activos financieros, un fondo que se crea en octubre de 2008, un mes después de la quiebra de Lehman; continúan con la creación en junio de 2009 del propio FROB, el Fondo para la reestructuración ordenada bancaria; pasan posteriormente por la Ley de reforma de las cajas de ahorros en julio de 2010 y finalizan el pasado año con el decreto-ley de febrero para el reforzamiento del sistema financiero.
Durante este tiempo se ha producido una profunda y absolutamente obligada transformación en nuestro sistema financiero. El número de cajas de ahorros se ha reducido desde 45 hasta 15 entidades hoy. En este periodo, entre 2008 y 2011, se han destinado 105.000 millones a provisiones; 65.000 contra resultados anuales; algo más de 17.000 contra provisiones genéricas consumidas, y alrededor de 22.000 son provisiones específicas contra reservas. Son datos del balance sobre el proceso de recapitalización publicado por el Banco de España en septiembre de 2011. Corrija sus datos, señor ministro, porque no es correcto reflejar, como usted hace, en el documento de presentación de la reforma solo una parte de las provisiones específicas, sin señalar todas las realizadas contra reservas y todas las genéricas. Por esa razón tampoco es correcta su afirmación de que la
reforma supone hacer en un año lo mismo que en los tres últimos. En términos anuales durante los últimos cuatro años el esfuerzo medio ha sido algo más de 25.000 millones de euros, la misma cuantía anual que la nueva reforma pretende insuflar al saneamiento de nuestro sistema financiero.
Señorías, el problema fundamental de nuestro sistema financiero se debe a que el desplome inmobiliario tras el estallido de la burbuja afectó crucialmente al valor de los activos, y además al hecho de que la crisis económica y financiera posterior dificulta su saneamiento porque reduce progresivamente sus resultados. Por eso, las reformas financieras llevadas a cabo hasta la fecha pueden no ser suficientes a pesar de haber destinado ya un esfuerzo de diez puntos de PIB a su saneamiento. Y, por eso, señor ministro, es muy probable que tampoco estas sean suficientes porque, señor ministro, no habrá reformas que logren definitivamente el saneamiento del sistema si a la vez no logramos detener el deterioro económico, la falta de crecimiento y el incremento del desempleo. Son procesos que se alimentan mutuamente. Por ello, es tan importante dar más tiempo al proceso de ajuste, porque, si no lo hacemos, si continuamos aplicando políticas que favorecen el deterioro del ciclo económico en España y en Europa, corremos el riesgo de terminar siendo insolventes, algo que hoy no somos y que tenemos la obligación de impedir a toda costa.
El decreto-ley plantea como principal objetivo el restablecimiento del flujo de crédito a la economía real. Señor ministro, usted sabe bien que esto no será así. Y no será así porque ni en el corto ni seguramente en el medio plazo el esfuerzo que las entidades tendrán que realizar en nuevas provisiones detraerá necesariamente recursos disponibles para el crédito. Por eso, es imprescindible romper el círculo vicioso al que me refería antes; por cierto, un círculo, una cadena a la que ustedes han añadido un nuevo eslabón, con una reforma laboral que traerá sobre todo más incertidumbre y más miedo; dos cosas que nunca, señor ministro, nunca han contribuido a crear empleo y al crecimiento de una economía. Tenía usted razón, señor ministro, se trata de una reforma agresiva, pero ya que la reforma no guarda ningún equilibrio le recomiendo a usted que lo guarde en Bruselas. El equilibrio nunca está de más, señor ministro, créame, el equilibrio suele ser siempre un buen acompañante, mucho más en Bruselas.
Señor ministro, señorías, hay algunas cuestiones que antes de terminar me gustaría poner de manifiesto. Uno de los ejes de la reforma consiste en el estímulo a las fusiones de las entidades. Por supuesto, el objetivo tiene que ser que haya entidades más sanas en su balance, pero nos preocupa caminar hacia una estructura de oligopolio, con entidades sistémicas por su tamaño. Una concentración excesiva en el sistema financiero puede conducir a situaciones de exclusión bancaria, situaciones que hace mucho tiempo habíamos desterrado en España. Señor ministro, sé que a un liberal como usted le debe costar discutir estas cosas: intervención pública, política de estímulo a las fusiones, oligopolio bancario. Pero a un socialdemócrata como yo lo que le preocupa es que no se pueda mantener en nuestro país un nivel alto de competencia en el sector financiero, porque el objetivo, señor ministro, no debe ser tener entidades más grandes, sino entidades mucho más sanas. Por eso, es fundamental reforzar los mecanismos de control que neutralicen el riesgo sistémico. En este ámbito, en el ámbito de la protección a los usuarios y a los clientes de los servicios financieros, me gustaría una respuesta urgente del Gobierno y de las autoridades financieras sobre la actuación desleal para con sus clientes de algunas entidades en la colocación de participaciones preferentes. Y debe ser el Gobierno el que solicite explicaciones y plantee soluciones.
Para terminar, me gustaría insistir en algo que ya indicamos en la Comisión de Economía. Se trata de constituir una subcomisión que ejerza un seguimiento de todo el proceso de reestructuración del sector y, de forma especial, de la evolución pormenorizada en el flujo de crédito en las entidades que reciben estímulos y financiación pública. Señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley y apoyará su tramitación como proyecto de ley. Lo hacemos por coherencia, porque en lo esencial supone una continuidad en el camino de reformas en el sector financiero emprendidas tras la quiebra de Lehman y el estallido de la crisis financiera internacional. Lo hacemos advirtiendo de que será la última vez que lo hagamos -y lo digo con la mayor solemnidad- si no hay un proceso de diálogo y de acuerdo respecto a las iniciativas del Gobierno en esta materia, una materia que creemos trascendental para el futuro de España y de su economía. Pero, sobre todo, señor ministro, lo hacemos por responsabilidad. Ustedes estuvieron desde la oposición demasiado tiempo viajando en el tren de la irresponsabilidad, sin duda alguna, pero nosotros ese tren, señor ministro, no queremos verlo aparecer ni siquiera de lejos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
Señorías, señor Gómez -ya que es el último que ha hablado-, estamos aquí convalidando un real decreto-ley sobre el sistema financiero porque toda esa ristra de iniciativas que usted ha leído que se han tomado en los últimos años no han funcionado; si hubieran funcionado, a lo mejor no estaríamos aprobando este real decreto-ley. (Aplausos.) Responsables o irresponsables, lo dejamos ahí.
Para entender la tramitación de este real decreto-ley hay que situarse en el marco económico que tenemos en
España. Esta convalidación no es solo una modificación técnica del sistema financiero, es una reforma que, junto a las otras reformas que está planteando el Gobierno del Partido Popular, pretende dar solución a la situación que viven hoy miles de familias españolas. Detrás de los números, de la tasa de paro, detrás del número de parados, detrás de los números de crecimiento negativo, hay familias, hay personas, con nombres y apellidos, que lo están pasando fatal. Y esta reforma, junto a las demás, pretende dar solución a ese problema. Algún portavoz del Grupo Mixto se ha referido a que esto es del sistema financiero, pero no, no estamos hablando del sistema financiero, hoy estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de que haya crédito, estamos hablando de que haya solución a los problemas que tienen las personas y las familias. No estamos en una technicality del sistema financiero, que, por supuesto, hay que abordarla para dar solución a los problemas que tienen las personas y las familias, porque ese es el objetivo que está guiando la actuación del Gobierno, dar solución a los problemas de las familias.
Este real decreto-ley forma parte de ese programa global del Gobierno que se está ejecutando en muy poco tiempo y de manera continuada; cada semana tenemos aquí una gran reforma. Hace años -era julio de 2009, como decía muy bien el señor Gómez- que se trajo la primera reforma del sistema financiero por parte del Gobierno creando el FROB. Hoy estamos en una situación en la que el mapa del sector financiero en España ha cambiado radicalmente: prácticamente todas las cajas de ahorros desarrollan su actividad a través de bancos, se han fusionado algunas; se han modificado las condiciones del sector financiero y, sin embargo, hoy estamos aquí hablando porque el crédito sigue sin fluir a las personas, a las empresas, y el sector financiero es esencial. No estamos aquí hablando de una reforma de banqueros -decía el señor Gómez que algunos todavía dan lecciones y recuerdo aquella foto donde decía alguien, con su antiguo jefe de filas, que esto no era una crisis, que era un resfriado-, estamos aquí diciendo que vamos a dar una solución definitiva a este problema.
Se necesita un sector financiero eficaz, un sector financiero que funcione bien, y para eso es muy importante que el sector financiero tenga sus cuentas trasparentes en los mercados, que sean claras. En una economía moderna la trasparencia es esencial. Las entidades financieras para ir a los mercados y captar dinero, que pueda ser trasladado a familias y a empresas, necesitan tener unas cuentas saneadas. En la última reforma, señor Gómez, aquí en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular le decía una cosa clarísima, y es que no era tan importante la capitalización como la trasparencia. Ustedes optaron por aquello de elevar la capitalización, por dar solución a los problemas de las entidades financieras, y lo importante no era eso, lo importante era la trasparencia. Y este real decreto-ley lo que hace es exigir que las cuentas de las entidades financieras sean más claras y, por tanto, que puedan ir las entidades financieras españolas a los mercados a captar dinero de una mejor manera.
No se trata de proteger ni a bancos ni a banqueros, se trata de que en España tengamos un sistema financiero en el que, cuando una pyme acude a una entidad con un proyecto solvente, tenga financiación o, cuando una familia tenga un proyecto solvente de compra de un activo, tenga financiación. Eso es lo que trata de arreglar este decreto-ley. Nosotros creemos, y estamos convencidos, que esto es un paso decisivo para tener unas entidades financieras solventes, y en eso estamos trabajando y por eso hoy mi grupo va a votar a favor de la convalidación, como no podía ser de otra manera, lo entenderán ustedes. Y, además -y hago referencia a lo que decían el Grupo Vasco y el Grupo Catalán, mis buenos amigos Azpiazu y Sánchez i Llibre-, hay que dar una solución a la gobernanza de algunas entidades financieras que han cambiado su modo de actuación.
No hay ninguna intención -y se lo digo desde esta tribuna- de entrar en conflicto con el marco competencial de las comunidades autónomas, ni con el marco competencial que diseñan los estatutos de autonomía, pero hoy hay entidades financieras en comunidades autónomas que se han fusionado y hacen una actividad indirecta a través de un banco y lo que son cajas cuya actividad financiera la desarrolla un banco tienen que tener unos órganos de gobierno y hay que normalizar cómo se produce la conformación de esos órganos de gobierno, y también hay que hablar de qué pasa si alguna entidad financiera que hace su actividad hoy a través de un banco se convierte en fundación. Para nada queremos entrar en el marco competencial de las comunidades autónomas, para nada; lo que se clarifica en la ley es la gobernanza. Lo que sí hace este Gobierno, lo que sí está haciendo es intentar que la gobernanza de esas entidades financieras esté alejada de cuestiones políticas, y eso yo creo que lo compartimos tanto el Grupo del PNV como el Grupo de Convergència i Unió, el Grupo Popular y también el Grupo Socialista. Tienen que desarrollar una actividad profesional y nosotros no pretendemos en este real decreto-ley -el Gobierno no pretende, mi grupo lo va a apoyar- que, si alguna entidad financiera se convierte en fundación, esa entidad financiera deje de estar dentro del marco competencial de la comunidad autónoma. Esa fundación desarrollará su obra social, su obra cultural, científica, de acuerdo con la comunidad autónoma de donde es originaria. Para nada queremos cambiar ese marco regulatorio. Pero hay que trabajar en dar una solución ahora a una realidad que ya es muy dispar. Hay antiguas cajas de ahorros que siguen siendo cajas de ahorros y desarrollan su actividad a través de un banco, una sola caja a través de un solo banco. En otros casos son varias cajas que se han unido y hacen la actividad de un banco, son de una o de varias comunidades autónomas. Hoy la realidad es distinta y, por eso, en este real decreto-ley hay unas modificaciones para adaptarse a la realidad que hoy tiene el sistema financiero.
Quiero decir también que en este real decreto-ley se aborda, y se dijo cuando se presentó, poner unas limitaciones a los salarios de los responsables de entidades financieras que están intervenidas o que tienen unas ayudas públicas mayoritarias. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, se ha hecho en otros países europeos, y yo creo que es un buen camino.
Concluyo diciendo, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular va a buscar el consenso siempre, señor Gómez, con su grupo, con el grupo mayoritario. Vamos a buscar el consenso con Convergència i Unió, con el PNV y con el resto de los grupos a los cuales me dirigí -algunos querían hablar y otros no-, pero, por nuestra parte, el diálogo previo, la explicación previa va a estar siempre presente porque entendemos que haremos mejor las cosas si las buenas sugerencias que se nos hacen también se recogen en nuestras iniciativas legislativas, que solo pretenden una cosa: crear empleo y mejorar el bienestar de los ciudadanos.
De una forma muy breve, sin ninguna voluntad e intención de reabrir el debate (Rumores.), simplemente quiero agradecer la recepción del real decreto-ley. En el ámbito en el que nos estamos moviendo, en el ámbito financiero, contar con un consenso amplio es fundamental, especialmente en el entorno en el que nos movemos, un entorno complejo de crisis de deuda en la zona euro, donde todavía no está cerrada la negociación, como saben sus señorías, del tema de Grecia y donde, como hemos conocido ayer, ya empieza a haber una caída de la actividad en la zona euro, que lógicamente tiene un impacto notable desde el punto de vista de lo que son las actividades de las entidades de crédito y desde el punto de vista de lo que es el sistema financiero.
Eso se ve en términos de volatilidad y yo quisiera hoy simplemente subrayar que, a pesar de todo este entorno complejo, el Tesoro español ha conseguido colocar una cantidad máxima de bonos y obligaciones con una elevada demanda, lo cual es una señal importante de confianza en la economía española y en las medidas que se están adoptando.
Simplemente vuelvo a ratificar mi voluntad, como conocen perfectamente los grupos parlamentarios, de búsqueda de consensos a futuro y de diálogo porque creo que es un tema básico. Es decir, el sector financiero tiene una importancia vital desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de la economía real, desde el punto de vista de lo que es el crecimiento económico y desde el punto de vista de lo que es la actividad económica.
En relación con las competencias autonómicas y para que quede absolutamente clara cuál era la voluntad del Gobierno y de este ministerio, simplemente señalaré que respecto al artículo 2.3, que es efectivamente el que más inquietud producía en algunos grupos parlamentarios, quedará redactado de la siguiente forma: Corresponde al Estado la supervisión y control de las fundaciones de carácter especial a la que se refiere el presente real decreto-ley, cuyo ámbito de actuación principal exceda al de una comunidad autónoma a través del protectorado que será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de las competencias que los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas. No era nuestra voluntad generar la más mínima duda al respecto y, por tanto, se recogerá en un futuro decreto-ley dicha redacción.
Para terminar, señorías, quiero volver a resaltar que esta es una medida que forma parte de un conjunto de actuaciones que son fundamentales y subrayar que sin un sector financiero con entidades solventes, fuertes, con buen gobierno corporativo es muy difícil que se salga de esta crisis, de una crisis que -vuelvo a repetir- en los últimos meses se ha acelerado e incrementado.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.-El señor Centella Gómez pide 22la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Es para pedir una réplica.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, he oído con extraordinaria atención al señor ministro, que indudablemente lo merece en todas sus intervenciones, pero en esta lo he hecho porque quería aquilatar si realmente abría un debate. No ha abierto ningún debate y únicamente ha contestado a algún portavoz que le ha pedido una puntualización y la ha hecho. Por tanto, no procede darle la palabra a su grupo.
El señor CENTELLA GÓMEZ: No sé si el señor ministro ha querido abrir el debate, pero ha dado argumentos, y después de no haber tenido ni siquiera la cortesía parlamentaria de haber usado el turno de réplica... (Rumores y protestas.) Tranquilos, tranquilos que tienen ustedes votos suficientes, pero no nos van a quitar la palabra. ¿O también nos quieren quitar la palabra? (Rumores.) Después de que el señor ministro no ha tenido ni siquiera la cortesía de responder en el turno de réplica, ha abierto el debate, le guste o no le guste, porque ha dado argumentos y eso es reabrir el debate. A partir de hoy, la Presidencia decide.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, no es así. Yo dirijo el debate y creo que no ha habido esa contradicción en sus argumentos. Por lo tanto, vamos a proceder
a la votación, que se realizará dentro de cinco minutos. (Pausa.)
Vamos a someter a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 303; en contra, 28; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero. (Aplausos.)
¿Propone algún grupo que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) Como hay varias propuestas de los grupos, vamos a someter a votación que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 152; en contra, 183; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: No será tramitado como proyecto de ley.