Source: https://www.iberley.es/practicos/caso-practico-formula-disolucion-sl-dos-socios-50-paradero-desconocido-91328
Timestamp: 2019-06-26 14:05:52
Document Index: 186920521

Matched Legal Cases: ['artículo 362', 'artículo 360', 'artículo 363', 'artículo 198', 'artículo 366', 'artículo 365', 'artículo 126', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 245', 'artículo 243', 'artículo 215', 'artículo 522']

Caso práctico: Fórmula de disolución de SL de dos socios al 50% y uno de ellos en paradero desconocido. | Iberley
Una Sociedad Limitada compuesta por dos socios al 50% (los cuales son administradores solidarios).
La sociedad no tiene actividad y uno de los socios se encuentra en paradero desconocido.
¿Cómo debe plantear el otro socio la disolución de la sociedad?
Debemos tener en cuenta que los Estatutos Sociales nada dicen acerca de la manera de disolver la SL.
Entiendo que debe solicitar la DISOLUCIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD. Me explico:
El artículo 362 LSC establece que “las sociedades de capital se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial”.
Es decir, fuera de los supuestos de disolución de pleno derecho (contenidos en el artículo 360 LSC) o de decisión libre y voluntaria de la Junta General, en nuestro ordenamiento la disolución de la sociedad requiere de dos elementos imprescindibles:
(i) la concurrencia de una causa legal o estatutaria de disolución; y
(ii) su constatación por la junta general o el juez.
En este caso considero que puede justificar la disolución de la sociedad en aplicación del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, artículo que recoge las causas de disolución y dice:
"1. La sociedad de capital deberá disolverse:
Una vez constatado que se ha producido una causa legal de disolución (como puede ser la inactividad de la sociedad durante un año), lo normal sería proceder conforme a lo establecido en el 364 LSC, que dice: “En los casos previstos en el artículo anterior, la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 198, y con el quórum de constitución y las mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los artículos 193 y 201”.
Toda vez que un socio poseedor del 50% de las participaciones no va a acudir a la Junta, no podrá adoptarse la decisión de disolver por lo que procede instar la disolución a través de la declaración judicial.
La vía judicial queda configurada como remedio subsidiario, de aplicación en los casos de inactividad de la junta general. Como dice el artículo 366.1 LSC, “si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos en el artículo anterior [artículo 365 LSC], cualquier interesado podrá instar la disolución judicial de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social”.
MÉTODO PARA INSTAR LA DISOLUCIÓN JUDICIAL
Las peculiaridades propias de la disolución judicial parecen encajar mejor en los expedientes de jurisdicción voluntaria (regulados en la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV)) que en los procedimientos contenciosos regulados en la LEC.
El procedimiento de disolución judicial de sociedades se encuentra regulado, en la actualidad, en los artículos 125 y siguientes LJV (CAPÍTULO V “De la disolución judicial de sociedades”). En este sentido:
El art. 125 LJV dice que: “Se aplicará el expediente regulado en este Capítulo a la disolución judicial de una sociedad en los casos en que proceda conforme a la ley”.
El artículo 126 establece la competencia objetiva (Juzgado de lo Mercantil del domicilio social), la legitimación activa para instar la disolución (administradores, socios y cualquier interesado) y la necesidad de postulación a través de abogado y procurador.
Ya no existe demanda contra la sociedad, sino un “escrito en que se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para proceder a la disolución judicial de la sociedad, acompañando los documentos en que se apoye la solicitud” (art. 127 LJV). La tramitación sigue con el traslado a los administradores si éstos no hubieran promovido el expediente, tras lo cual el secretario judicial convocará una comparecencia a la que resultarán de aplicación las reglas del juicio verbal (art. 127.2 LJV).
Y, sobre todo, destaca la regulación expresa del contenido de la resolución judicial que pone fin al expediente. De esta manera el 128 LJV dice: “1. El Juez resolverá el expediente por medio de auto en el plazo de cinco días a contar desde la terminación de la comparecencia. 2. En el supuesto de que el Juez declare disuelta la sociedad, el auto incluirá la designación de las personas que vayan a desempeñar el cargo de liquidadores, y un testimonio del mismo se remitirá al Registro Mercantil que corresponda para su inscripción”.
Frente a los problemas que esta cuestión planteaba en la situación anterior, el artículo 128 LJV establece que “en el supuesto de que el Juez declare disuelta la sociedad, el auto incluirá la designación de las personas que vayan a desempeñar el cargo de liquidadores, y un testimonio del mismo se remitirá al Registro Mercantil que corresponda para su inscripción”.
En conclusión, con base en el vigente régimen de la LJV, cuando se aprecie la concurrencia de causa legal o estatutaria de disolución, el expediente judicial de disolución de sociedades terminará con un auto que incluirá dos pronunciamientos: la disolución de la sociedad y la designación de liquidadores.
EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TERMINA EL EXPEDIENTE DE DISOLUCIÓN JUDICIAL
Establecido el contenido de la resolución judicial en los términos expuestos, la pregunta que surge es si alguno de esos dos pronunciamientos (disolución de la sociedad y designación de liquidadores) es susceptible de ejecución provisional.
En este sentido, desde el mismo momento en que se emite la resolución, la sociedad se encuentra disuelta y en fase de liquidación. Las actuaciones de liquidación que se realicen en esa fase se encontrarán sujetas al régimen legal establecido para ello en la LSC (incluido el régimen de responsabilidad de los liquidadores), sin ninguna vinculación con el pronunciamiento previo de disolución. Hay que tener en cuenta que el auto debe ir acompañado de una actuación adicional: la remisión de testimonio al Registro Mercantil competente para que proceda a su inscripción (de oficio, según el artículo 128 LJV).
Es decir, NO CABE EJECUCIÓN FORZOSA, si por el Juzgado no se procediese a la emisión y remisión del testimonio o en ello se produjesen incidencias, la solución de esos problemas podría resolverse mediante un mero escrito de alegaciones al juzgado solicitando la subsanación.
Por otro lado, aunque la Ley se limita a hacer referencia a la designación de los liquidadores, parece razonable considerar que el auto debería también establecer la forma en que éstos habrán de desarrollar sus funciones (solidaria o mancomunada). Se trata de una mención que, pese a no figurar expresamente en el tenor del precepto, viene reclamada por la aplicación de los artículos relevantes del RRM.
Así, si bien es posible inscribir el nombramiento de liquidadores, ex artículo 245 RRM, “en virtud de testimonio judicial de la sentencia firme [auto] por la que se hubieren nombrado”, será necesario que se haga constar “su identidad y el modo en que han de ejercitar sus facultades”, ex. artículo 243 RRM.
No obstante, la práctica enseña que en no pocas ocasiones el auto no contiene pronunciamiento alguno sobre esta cuestión, lo que puede dar lugar a graves problemas futuros. La solución puede estar en incluir en la solicitud de disolución judicial la petición expresa de que en el auto se fije el régimen de funcionamiento de los liquidadores. Si el auto nada dice sobre ello, puede acudirse a la solicitud de subsanación y complemento del artículo 215 LEC. E incluso cabría la posibilidad de plantearse el recurso al artículo 522 LEC.
Sentencia CIVIL Nº 255/2018, JM Donostia-San Sebastián, Sec. 1, Rec 340/2018, 10-09-2018
Orden: Civil Fecha: 10/09/2018 Tribunal: Juzgados De Lo Mercantil - Donostia-san Sebastián Ponente: Malagon Ruiz, Pedro Jose Num. Sentencia: 255/2018 Num. Recurso: 340/2018
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 23/05/2014