Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5294
Timestamp: 2020-02-18 13:18:30
Document Index: 229787159

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 37', 'artículo 134', 'Artículo 349', 'Artículo 350', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 66', 'Artículo 81', 'Artículo 134', 'Artículo 1', 'Artículo 3']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 34/2005
SENTENCIA 34/2005, de 17 de febrero
ECLI:ES:TC:2005:34
1. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por Auto de 10 de julio de 1996, dictado en rollo de Sala núm. 119/95, dimanante de diligencias previas 1329/90 del Juzgado de Instrucción núm. 8 de dicha capital, procedimiento seguido por los delitos de contrabando y estafa contra Eduardo Uriz Uriarte y dos más, que tuvo su entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional el 12 de julio de 1996, plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimoctava, apartado uno, de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986, por considerar que podrían vulnerar los arts. 9.3, 81 y 134 CE.
2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de tal cuestión son los siguientes:
a) El 15 de junio de 1990, en virtud de atestado instruido por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, fue detenido don Eduardo Uriz Uriarte, a quien le fue intervenida cierta cantidad de boletos, por valor superior a un millón de pesetas, que daban derecho al comprador a participar en determinado sorteo que utilizaba como soporte el del cupón pro-ciegos. Las correspondientes actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción núm. 8 de Zaragoza, dando origen a las diligencias previas núm. 1329/90.
b) Acordada la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial por Auto del Juez de Instrucción, de 9 de marzo de 1995, tanto el Ministerio público como el Abogado del Estado dirigieron acusación contra don Juan Gervilla Arias, don Fidel González Álvarez y don Eduardo Uriz Uriarte como miembros de una red dedicada a la distribución y venta de los boletos antes indicados. Los hechos fueron calificados por el Fiscal como constitutivos de un delito de contrabando de los arts. 1.1.4, 2.1 y 3.1 de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, en relación con las disposiciones adicionales decimoctava, decimonovena y vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986; calificación a la que se adhirió el Abogado del Estado.
c) El 29 de febrero de 1996, día señalado para la vista oral, el Letrado defensor del Sr. González Álvarez instó el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional decimoctava, apartado uno, de la citada Ley 46/1985, de presupuestos generales del Estado, entendiendo que tal precepto infringía la Constitución por violación del principio de legalidad y desbordamiento del ámbito propio de una Ley de presupuestos, citando en apoyo de ello los arts. 25, 81 y 134 CE, así como doctrina del Tribunal Constitucional en la materia. Los Letrados defensores del resto de los acusados se adhirieron a tal petición. El Ministerio público y la Abogacía del Estado entendieron que no se producía violación de precepto constitucional alguno, limitándose la disposición adicional referida a integrar la Ley Orgánica 7/1982.
d) Finalizado el acto del juicio oral la Sección Tercera de la Audiencia Provincial decidió, por Auto de 8 de marzo de 1996, haciendo suya la petición de los defensores, elevar al Tribunal Constitucional la cuestión, que tuvo entrada en el Registro General de este órgano jurisdiccional con el núm. 1240/96. Al haber sido oídas las partes conforme al art. 793.2 LECrim, y haber alegado lo expresado en los antecedentes de hecho, en el Auto de planteamiento de la cuestión se consideró, por economía procesal, cumplido el trámite de alegaciones del art. 35.2 LOTC.
e) El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 29 de mayo de 1996, acordó, al amparo del art. 37.1 LOTC, la inadmisión a trámite de dicha cuestión 1240/96 al no darse por cumplido el requisito, establecido en los arts. 35.2 y 36 LOTC, de audiencia previa a las partes y al Fiscal junto con la elevación a este Tribunal del testimonio de las alegaciones en su caso formuladas.
f) Por providencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 3 de junio de 1996, se acordó abrir plazo de diez días durante el cual las partes y el Ministerio público pudieran exponer por escrito su opinión acerca de la pertinencia de plantear de nuevo la cuestión de inconstitucionalidad. En dicho plazo el Abogado del Estado solicitó que se acordara la improcedencia de tal planteamiento, al estimar que la disposición adicional cuestionada integra la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, de contrabando, cumpliendo los requisitos señalados por la doctrina del Tribunal Constitucional para tal integración; que no se produce una vulneración del requisito de la lex stricta; y que, siendo dicha Ley Orgánica 7/1982 una ley penal en blanco, nada obstaría a que la ley que la complete sea una Ley de presupuestos, por resultar evidente la íntima relación del tema regulado con las previsiones de ingresos del Estado. La representación procesal de don Juan Gervilla Arias se manifestó totalmente favorable al planteamiento de la cuestión, haciendo suyos los razonamientos del primer Auto de la Sala, de 8 de marzo de 1996, y abundando en ellos. Y la representación procesal de don Fidel González Álvarez, tras exponer ciertas consideraciones acerca de la adecuación del trámite del art. 793 LECrim para plantear cuestión de inconstitucionalidad, también estimó plenamente acertada la fundamentación del primer Auto por el que la Sala planteó la cuestión de inconstitucionalidad, abundando en tal fundamentación, muy especialmente en lo referente a la inadecuación de la Ley de presupuestos generales del Estado para 1986 para definir el tipo objetivo del delito de contrabando, habida cuenta de la doctrina de este Tribunal acerca del contenido de las leyes de presupuestos, por lo que solicitó a la Sala que plantease de nuevo la cuestión de inconstitucionalidad y a este Tribunal la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985.
g) La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza acordó, mediante Auto de 10 de julio de 1996, con suspensión del plazo para dictar sentencia, mantener la cuestión de inconstitucionalidad respecto de dicha disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de aprobación de los presupuestos generales del Estado para 1986, y elevarla a este Tribunal junto con testimonio del Auto y de las alegaciones de las partes. En la fundamentación jurídica del Auto se citan los preceptos constitucionales que se suponen infringidos y se reiteran los razonamientos del anterior Auto de 8 de marzo de 1996.
3. De ese modo en el Auto de planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad se razona, en esencia, en los términos siguientes:
4. La Sección Segunda de este Tribunal acordó, por providencia de 17 de septiembre de 1996, admitir a trámite la anteriormente referida cuestión de inconstitucionalidad, a la que correspondió el núm. 2851/96, y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes, así como publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado".
5. Por escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el 27 de septiembre de 1996 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de que, aun cuando dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones de ella que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
6. Por escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el 2 de octubre de 1996 el Presidente del Senado comunicó el Acuerdo de la Mesa de dicha Cámara de darla por personada en este procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7. Por escrito presentado en este Tribunal el 7 de octubre de 1996 el Abogado del Estado suplicó se dictara sentencia totalmente desestimatoria de la cuestión con base en argumentos que se sintetizan del modo siguiente:
8. El Fiscal General del Estado, por escrito presentado el 17 de octubre de 1996, interesó que se dictara sentencia desestimatoria de la presente cuestión de inconstitucionalidad, declarándose, en consecuencia, que la norma cuestionada no es contraria a los arts. 9.3, 81 y 134 CE.
9. Por Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 19 de mayo de 1997, dictado en rollo 280/97, en recurso de apelación contra Sentencia recaída en asunto penal núm. 376/94 del Juez de lo Penal núm. 1 de Sevilla, que tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional el 10 de junio de 1997, se acordó, con suspensión del plazo para dictar sentencia, plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimoctava, apartado uno, de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986, en cuanto pudiera ser contraria a los arts. 9.3, 66.2 y 134.2 CE, así como elevar a este Tribunal Constitucional dicha resolución junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones al respecto formuladas por las partes.
10. Los hechos que dieron lugar al planteamiento de esta nueva cuestión son los siguientes:
a) En procedimiento abreviado núm. 115/1991, seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Sevilla por delito de contrabando, en relación con la organización de determinado sorteo no autorizado y consiguiente puesta en circulación y venta de cupones soporte para la celebración del mismo, don José Sánchez Macías, don Isidoro Pernia Rodríguez, doña Encarnación Navarro Castillo, doña Rosario Espinosa Vílchez, don Enrique Celama Manrique y don Luis Saiz Cuevas fueron acusados por el Ministerio público y por el Letrado de la Junta de Andalucía de un delito de contrabando de los previstos y penados en los arts. 1.1.4 ("géneros prohibidos"), 1.2, 1.3.2, 2 y 3.3 de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, en relación con la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986.
b) En el acto del juicio oral ante el Juez de lo Penal núm. 1 de Sevilla el Fiscal y la acusación particular (la Junta de Andalucía) modificaron su calificación de los hechos en el sentido de incluirlos en el apartado 3 ("géneros estancados") del artículo 1.1 de la Ley Orgánica 7/1982, aunque manteniendo como alternativa la referencia al apartado 4 ("géneros prohibidos").
c) Por Sentencia del Juez de lo Penal núm. 1 de Sevilla, de 31 de julio de 1996, fueron condenados los acusados a las penas de tres meses de arresto mayor, accesorias legales de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y multa de 1.526.000.000 pesetas, con 300 días de arresto sustitutorio en caso de impago; más costas e indemnización a la Junta de Andalucía en la cantidad de 1.068.200.000 pesetas por los tributos no satisfechos, declarándose responsable civil subsidiaria a la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados. En el fundamento de Derecho cuarto de dicha Sentencia se calificaron los hechos como "constitutivos de un delito continuado de contrabando, previsto y penado en el art. 1º, apartado 1º, párrafo 3º, apartado 2º y apartado 3º, art. 2º, nº 1 y 3 de la L.O. 7/1.982 de 13 de Julio, siendo de aplicación el art. 3º.3, así como los arts. 4 y 5 de la citada Ley, todos ellos en relación con la Disposición adicional Decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 27 de Diciembre de 1985 (Ley 46/85) y art. 69 bis del Código Penal".
d) Recurrida tal Sentencia por los acusados y por la acusación particular en apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, este órgano judicial acordó, por providencia de 13 de marzo de 1997, dar audiencia al Fiscal, a la acusación particular y a la defensa de los acusados para que, en el plazo común e improrrogable de diez días, pudieran alegar lo que estimasen pertinente sobre la procedencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986, en cuanto pudiera ser contraria a los arts. 9.3, 66.2 y 134.2 CE, el primero de ellos en cuanto garantiza la seguridad jurídica y los dos últimos en cuanto delimitan la función constitucional y el contenido normativo, ratione materiae, de las leyes de presupuestos; todo ello con suspensión del término para dictar sentencia. Dentro del plazo conferido el Ministerio público se opuso al planteamiento de la cuestión por no resultar aplicable la norma cuestionada, al ser calificables los hechos como contrabando de géneros estancados; por carecer de relevancia dicha norma, al poderse integrar la norma en blanco del art. 1.1.4 de la Ley Orgánica 7/1982, sin acudir a la norma cuestionada, con lo dispuesto en el art. 6.2 de la Ley 2/1986 del Parlamento Andaluz; y por encajar la disposición adicional decimoctava cuestionada en el "contenido eventual" de las leyes de presupuestos, sin formar parte del "contenido prohibido", conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Letrado de la Junta de Andalucía defendió la constitucionalidad de la norma cuestionada por guardar relación con las previsiones presupuestarias de ingresos de un monopolio fiscal, por no haberse producido restricción del debate parlamentario relativo a la misma, y por reunir ésta los caracteres de certeza, precisión y publicación formal exigidos por la seguridad jurídica. Y la defensa de los acusados manifestó su convicción acerca de la pertinencia del planteamiento de la cuestión, remitiéndose a sus anteriores escritos y haciendo hincapié en la falta de seguridad jurídica.
11. El Auto de planteamiento de la nueva cuestión se fundamenta, en esencia, en los siguientes términos:
12. La Sección Primera de este Tribunal acordó, por providencia de 16 de septiembre de 1997, admitir a trámite la nueva cuestión de inconstitucionalidad, a la que correspondió el núm. 2477/97, y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en este proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes, así como publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado".
13. Por escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el 2 de octubre de 1997 el Presidente del Senado comunicó el Acuerdo de la Mesa de dicha Cámara de darla por personada en el procedimiento 2477/97 y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
14. El Abogado del Estado, mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el 8 de octubre de 1997, señaló coincidir parcialmente la cuestión 2477/97 con la 2851/96, por lo que dijo reiterar, con algunos añadidos y adaptaciones, lo ya alegado respecto de la anteriormente planteada, suplicando en consecuencia la total desestimación de la nueva cuestión, así como su acumulación a la anterior. Añadió como observación preliminar que el planteado es un problema de legalidad ordinaria, ajeno en principio a esta jurisdicción constitucional en cuanto que es presupuesto pero no objeto de la cuestión la distinción entre "géneros prohibidos" y "géneros estancados". Reprodujo casi literalmente, con algún ligero añadido [la cita de la STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 2.b), principalmente], sus alegaciones en la cuestión 2851/96 acerca de si la norma cuestionada puede o no formar parte del contenido eventual de las leyes de presupuestos. Y finalizó, frente a los correlativos razonamientos formulados en el Auto de planteamiento, negando que nos encontremos ante una norma de integración de un tipo penal en blanco, puesto que la aquí contemplada se trataría de una norma de carácter extrapenal protectora de un monopolio fiscal; excluyendo asimismo que la cuestionada sea una norma propia del Derecho codificado, puesto que éste habría de buscarse en el Código penal y no en leyes penales especiales, como la de contrabando, quedando de cualquier modo la norma extrapenal integradora fuera del Derecho Penal, codificado o no; y rechazando, por último, de conformidad con la doctrina de las SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8, 142/1993, de 22 de abril, FJ 4, y 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15, que pueda calificarse, si no es con un cierto grado de exageración, a la cuestionada como norma, más que publicada, ocultada, vulneradora de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
15. Por escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el 9 de octubre de 1997 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de que, aun cuando dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones de ella que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
16. El Fiscal General del Estado, por escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el 16 de octubre de 1997, interesó que se dictara Sentencia desestimatoria de la presente cuestión 2477/97, declarándose que la norma cuestionada no es contraria [se dice, sin duda por error material respecto de la inclusión del art. 81 CE, no indicado en el Auto de planteamiento como supuestamente infringido, así como de la exclusión del art. 66.2 CE, que sí lo ha sido] "a los arts. 9.3, 81 y 134 de la CE"; interesando además la acumulación de la nueva cuestión a la 2851/96. A tal fin, y tras exponer los antecedentes de la presente cuestión 2477/97, reitera las alegaciones ya formuladas en la 2851/96 pertinentes respecto de los preceptos constitucionales que en la 2477/97 se suponen infringidos, y que son los arts. 9.3, 66.2 y 134.2 CE, centrándose principalmente, como se haría en el nuevo Auto de planteamiento, en ese último precepto constitucional, al que el art. 66.2 CE nada añadiría.
17. Por Auto del Pleno de este Tribunal de 11 de noviembre de 1997 se acordó acumular la cuestión de inconstitucionalidad número 2477/97 a la registrada con el núm. 2851/96.
18. Por Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de octubre de 1999, oídas las partes personadas en el presente proceso, se denegó la petición de personación en él formulada por el Procurador don Fernando Muñoz Ríos en nombre y representación de la Organización Impulsora de Discapacitados.
19. El 28 de septiembre de 1999 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, remitido por el Presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, junto con testimonio de autos de recurso de apelación núm. 222/1996, interpuesto contra Sentencia de 24 de julio de 1996 dictada por el Juez de lo Penal núm. 6 de Sevilla en juicio penal núm. 313/95, dimanante de procedimiento abreviado núm. 58/93 y diligencias previas núm. 363/92 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Osuna, así como las alegaciones de las partes y del Ministerio Fiscal al respecto, Auto de dicha Sección Séptima de 13 de septiembre de 1999 por el que, con suspensión de plazo para dictar sentencia en la causa, se plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición adicional decimoctava, apartado uno, de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986, en cuanto pudiera ser contraria a los arts. 9.3, 66.2 y 134 CE. Los argumentos que fundamentan la nueva cuestión (se dice en el primer fundamento jurídico del Auto de planteamiento) son los mismos que los de la planteada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial a la que correspondió nuestro núm. 2477/97. Y los hechos que dieron lugar a esta nueva cuestión son los siguientes:
a) Por Sentencia de 24 de julio de 1996, del Juez de lo Penal núm. 6 de Sevilla, don Luis Gómez Martínez, doña Rosario Ruiz Cuevas, don Enrique Andújar Torrejón, don Rafael Ruiz Cuevas y don Domingo López Vallez fueron condenados, como autores, aparte de una falta de estafa continuada, de un delito de contrabando de los arts. 1.1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 4, 5 y 11 de la Ley Orgánica 7/1982, en relación con la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, de presupuestos generales del Estado para 1986, a las penas, por tal delito de contrabando, de seis meses de arresto mayor, con suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante la condena, y multa de doce millones setenta y cinco mil pesetas, con quince días de arresto sustitutorio en caso de impago. Se declararon como hechos probados que los acusados decidieron a principios de 1991 organizar un sorteo combinado con el que diariamente realiza la Organización Nacional de Ciegos sin solicitar autorización alguna; que para prepararlo don Luis encargó en una imprenta la confección de 30.000 boletos con un valor facial de 100 pesetas, haciendo constar en los mismos las siglas de asociaciones de minusválidos a las que ninguno de los acusados pertenecía; que doña Rosario, don Enrique y don Rafael contactaron con diversas personas en diversas localidades para que procedieran a la venta de los cupones, fijándose como premios máximos, a diario, la suma de 2.500.000 pesetas, y en el sorteo de los viernes un premio especial de un vehículo de motor; que los acusados, pese a saber que carecían de fondos suficientes para hacer frente a los premios, continuaron con su actividad durante todo el año 1991 y hasta el mes de agosto de 1992; y que como resultado de dicha actividad obtuvieron, como mínimo, una cantidad de 8.400.000 pesetas en 1001 y 3.675.000 pesetas en 1992, sin hacer frente a las tasas fiscales de la Junta de Andalucía, que dejó de ingresar, por tales conceptos, la suma de 2.415.000 pesetas.
b) Recurrida en apelación dicha Sentencia la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que fue remitida la causa, acordó por providencia de 11 de julio de 1997 oír a las partes y al Ministerio público sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad relativa a la disposición adicional decimoctava, apartado uno, de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986, en cuanto pudiera ser contraria a los arts. 9.3, 66.2 y 134.2 CE. El Fiscal no se opuso a su planteamiento por haber sido ya admitida a trámite la cuestión 2851/96. La Letrada de la Junta de Andalucía se opuso al planteamiento de la cuestión al entender constitucionalmente legítima, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la utilización en este caso de una ley de presupuestos, por responder a criterios de política económica la calificación de los boletos vendidos por los condenados como géneros prohibidos y tener la norma cuestionada un eminente contenido económico y fiscal. Y la representación y defensa procesal de los recurrentes dio por reproducidas sus alegaciones al respecto, considerando inconstitucional la referida disposición adicional de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
20. La Sección Tercera de este Tribunal acordó, por providencia de 13 de octubre de 1999, admitir a trámite la últimamente referida cuestión de inconstitucionalidad, a la que correspondió el núm. 3995/99, y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en este proceso y formular las alegaciones que estimaran procedentes, oír a las partes indicadas, para que en el mismo plazo pudieran exponer lo que considerasen oportuno acerca de la acumulación de esta cuestión con la núm. 2851/96 y la acumulada 2477/97, así como publicar la incoación de la cuestión en el "Boletín Oficial del Estado".
21. Por escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el 27 de octubre de 1999 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de que, aun cuando dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición del Tribunal las actuaciones de ella que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
22. El Abogado del Estado, mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el 3 de noviembre de 1999, señaló ser la argumentación de la cuestión 3995/99 resumen de la expuesta por otra Sección de la misma Audiencia Provincial respecto de la 2477/97, por lo que reiteró, con algunas adiciones (la cita de las STC 203/1998, de 15 de octubre, FJ 5, y 131/1999, de 1 de julio, FJ 3, respecto del contenido de las leyes de presupuestos, 171/1998, de 23 de julio, FJ 8, respecto del monopolio fiscal de la lotería, y 225/1998, de 28 de noviembre, FJ 2.A, respecto del principio de seguridad jurídica), lo ya alegado respecto de dicha cuestión 2477/97, suplicando en consecuencia la desestimación y la acumulación a las anteriores de la nueva cuestión.
23. El Fiscal General del Estado, por escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el 4 de noviembre de 1999, interesó, dado que la cuestión 3995/99 es idéntica a la registrada con el núm. 2477/97, se tuviera por reproducidas las alegaciones efectuadas en ésta, se acuerda la acumulación de la presente a dicha cuestión 2477/97 y se dictara sentencia desestimatoria.
24. Por escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el 22 de noviembre de 1999 el Presidente del Senado comunicó el Acuerdo de la Mesa de dicha Cámara de darla por personada en el procedimiento 3995/99 y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
25. Por Auto del Pleno de este Tribunal de 28 de marzo de 2000 se acordó acumular la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3995/99 a las ya acumuladas y registradas con los núms. 2851/96 y 2477/97.
26. Por providencia de 15 de febrero de 2005 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.
1. Tanto la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Tercera) como la de Sevilla (Secciones Cuarta y Séptima) cuestionan en el presente proceso constitucional el apartado uno de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986, planteando, en los diferentes términos que quedan indicados con la debida precisión en los antecedentes de esta Sentencia, la posible vulneración por la disposición cuestionada del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), de la reserva de ley orgánica (art. 81 CE) y de los límites al contenido de la Ley de presupuestos generales del Estado (arts. 66.2. y 134 CE). Dada la coincidencia de las argumentaciones fundamentales que sustentan las cuestiones de inconstitucionalidad, y en atención a evidentes razones de economía y claridad expositiva, se examinarán separadamente las alegaciones referidas a las distintas vulneraciones denunciadas y se enjuiciará su consistencia o inconsistencia sin hacer referencia concreta a la cuestión o a las cuestiones en las que se hayan propuesto.
2. En todo caso, antes de entrar a analizar cada una de las dudas de constitucionalidad avanzadas por los citados órganos judiciales, conviene precisar que en la regulación del juego en nuestro país el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se disciplinan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, aun cuando despenalizaba los juegos de azar, los sometía a autorización administrativa y a una fiscalidad complementaria. En particular dicha norma establecía una "tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias" cuyo hecho imponible se materializaba en "la autorización, celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar" (art. 3.1), siendo el sujeto pasivo del tributo "los organizadores y las empresas cuyas actividades incluyan la celebración de juegos de suerte, envite o azar" (art. 3.2), la base imponible "los ingresos brutos que los casinos obtengan procedentes del juego o las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos" (art. 3.3) y el tipo de gravamen, con carácter general, "el 20 por 100 de la base imponible" (salvo para los bingos, que era del 15 por 100, y para los casinos, que oscilaba entre el 15 y el 50 por 100: art. 3.4). Esta misma norma, que daba nueva redacción a los arts. 349 y 350 del Código penal (es decir, al título VI del texto refundido de este cuerpo legal -aprobado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre-, "De los juegos ilícitos"), tipificaba como delito la realización de juegos no autorizados, sancionando su comisión con la pena de arresto mayor o de prisión menor, según concurriese o no en el caso a enjuiciar la agravante de reincidencia (art. 2).
3. Los órganos judiciales apuntan como uno de los motivos de inconstitucionalidad del precepto cuestionado el de la infracción de la reserva de ley orgánica establecida en el art. 81.1 CE, habida cuenta de que el apartado uno de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985 tipifica un delito que lleva aparejada una pena privativa de libertad, y la Constitución exige que los elementos esenciales del tipo y de la pena se establezcan por ley orgánica. Frente a ello tanto el Abogado del Estado como el Fiscal defienden que nos encontramos ante una ley extrapenal por la que se completa, cumpliendo las exigencias constitucionalmente establecidas al respecto, una norma penal en blanco en virtud del reenvío efectuado por ésta a la ley ordinaria.
La cuestión a analizar se centra, entonces, en determinar si nos encontramos ante uno de los supuestos de colaboración entre la norma penal y la extrapenal constitucionalmente admisibles conforme a nuestra doctrina. A este respecto debemos comenzar precisando que, como señalamos en la STC 120/1998, de 15 de junio (en un recurso de amparo relativo a una condena por un delito de contrabando de especies protegidas), con referencia al art. 1.1.4, puesto en relación con los arts. 3.2 y 3.3, todos ellos de la Ley Orgánica 7/1982, que la que entra en juego en el caso sometido a nuestro enjuiciamiento es "una ley penal de las denominadas por la doctrina 'en blanco', que impone taxativamente la consecuencia jurídica, pero cuyo supuesto de hecho no se encuentra totalmente previsto en ella, sino que requiere de un complemento previsto en otra norma; la norma penal se remite a otra norma de naturaleza no penal, que se integra de este modo en la definición del delito o falta" (FJ 2; en el mismo sentido, y con relación al delito contra la hacienda pública, la STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8).
En segundo lugar no puede tampoco dudarse (como ya pusimos de manifiesto en la referida STC 120/1998, de 15 de junio) que el reenvío efectuado por la Ley de contrabando a normas legales extrapenales está justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal. A este respecto cabe destacar que, entre otros, el bien jurídico protegido por la norma orgánica es el "interés económico del Estado" (STC 120/1998, FJ 5), esto es, en lo que ahora nos importa, su interés a la recaudación de los ingresos de carácter tributario que de las autorizaciones del juego derivan (conforme al Real Decreto-ley 16/1977), corolario que se desprende, entre otros, del art. 4 de la citada Ley Orgánica, precepto en virtud del cual "[l]a responsabilidad civil que proceda declarar a favor del Estado, derivada de los delitos de contrabando, se extenderá en su caso al valor de la deuda tributaria defraudada". Como ya hemos tenido ocasión de señalar, "[l]a circunstancia de que la norma penal se refiera a este bien jurídico con los términos 'por otra causa cualquiera' está justificada por el motivo de que estos intereses son contingentes y pueden modificarse con el transcurso del tiempo, sin que sea necesario acometer una constante actualización de la regla penal, que por lo general tiene una pretensión de relativa permanencia en el tiempo" (STC 122/1998, de 15 de junio, FJ 5). La llamada a la normativa extrapenal parece, pues, necesaria a la vista del objeto de la prohibición, dada la complejidad técnica y la evolución de las formas de juego, lo que hace imprescindible la adecuación de la normativa a esa evolución y justifica la remisión a la legislación complementaria. Es evidente, entonces, que el apartado uno de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, aquí cuestionado, en virtud de aquella remisión normativa, lo que hace es precisar los instrumentos que para la práctica de los juegos de suerte, envite o azar quedan incluidos dentro de la prohibición contenida en la norma orgánica de contrabando: billetes, boletos, sellos, cartones, resguardos, máquinas o cualquier otro elemento, incluso técnico o informático.
4. Seguidamente procede examinar si la disposición cuestionada resulta o no contraria al contenido del art. 66.2 CE y, esencialmente, si vulnera o no el límite material que para la Ley de presupuestos establece el art. 134.2 CE al carecer, por su vocación penalizadora, de una incidencia directa en los ingresos o gastos del Estado. Para dilucidar la duda así planteada por los órganos judiciales resulta oportuno comenzar recordando las líneas fundamentales de la doctrina que este Tribunal ha ido elaborando acerca de los límites materiales de las Leyes de presupuestos. Con arreglo a ella la Ley de presupuestos tiene un "contenido esencial" o "indisponible", mínimo y necesario, que viene expresamente recogido en el núm. 2 del artículo 134 del texto constitucional y se concreta en la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un ejercicio económico y en las normas de naturaleza financiera que desarrollan y aclaran los estados cifrados para su ejecución congruente o simétrica en el respectivo período anual (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2; 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 3; y 65/1990, de 5 de abril, FJ 3). Además de dicho contenido hemos señalado que la Ley de presupuestos puede acoger también un "contenido eventual" o "disponible", que tiene su justificación en su carácter funcional como vehículo director de la política económica del Gobierno y que se concreta en aquellas otras disposiciones que, no siendo estrictamente presupuestarias, están dirigidas de modo directo a ordenar la acción y los objetivos de política económica y financiera del sector público estatal, o, lo que es lo mismo, inciden en la política de ingresos y gastos del sector público o la condicionan (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2; 63/1986, de 21 de mayo, FJ 12; 65/1987, de 21 de mayo, FJ 4; 134/1987, de 21 de julio, FJ 6; 65/1990, de 5 de abril, FJ 3; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4; 195/1994, de 23 de junio, FJ 2; 16/1996, de 1 de febrero, FJ 6; 61/1997, de 20 de marzo, FJ 2; 174/1998, de 23 de julio, FJ 6; 203/1998, de 15 de octubre, FJ 3; 130/1999, de 1 de julio, FJ 4; 131/1999, de 1 de julio, FJ 2; 234/1999, de 16 de diciembre, FJ 4; 32/2000, de 3 de febrero, FJ 5; y 180/2000, de 29 de junio, FJ 4). La Ley de presupuestos puede acoger, en consecuencia, otras normas que, aun cuando no constituyan una previsión de ingresos o habilitación de gastos, sí guarden una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, respondan a los criterios de política económica del Gobierno o sirvan a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto (SSTC 65/1987, de 21 de mayo, FJ 4; 65/1990, de 5 de abril, FJ 3; 32/2000, de 3 de febrero, FJ 5; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; 67/2002, de 21 de marzo, FJ 3; y 202/2003, de 17 de noviembre, FJ 9).
5. Finalmente los órganos judiciales plantean la vulneración por la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985 del principio de seguridad jurídica proclamado en el art. 9.3 CE, lesión que se produciría porque, estableciendo el art. 3.3 de la Ley Orgánica 7/1982 que las disposiciones con rango de ley por las que se completen las prohibiciones de importación, exportación, tenencia o circulación de géneros establecidas en la legislación de contrabando señalarán el tiempo por el que dichas prohibiciones se mantengan, dicha precisión (que resultaría particularmente exigible al haberse efectuado la especificación de los "géneros prohibidos" mediante una ley de presupuestos) no se efectúa en la norma cuestionada, que no indicaba si su vigencia sólo se extendía al correspondiente ejercicio presupuestario o si se trataba de un precepto con vigencia indefinida en el tiempo hasta que fuese derogado por otra norma posterior.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 17 de febrero de 2005, dictada en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 2851/96, 2477/97 y 3995/99.
1. Mi disentimiento se centra en la aplicación que se hace de la doctrina del Tribunal, sintetizada correctamente en el referido fundamento jurídico, y de modo más concreto en los dos últimos párrafos de dicho fundamento, aplicación que, a mi juicio, debía haber llevado a la conclusión cabalmente contraria a la que se proclama en la Sentencia, y por ende a un fallo estimatorio basado en tal aplicación.
2. Excluidos, sin necesidad de una argumentación más precisa al respecto, las previsiones jurisprudenciales de normas concernientes a "los criterios de política económica del Gobierno" o tendentes "a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto", la Sentencia claramente se basa en la previsión atinente a las normas que "guarden una relación directa con los ingresos o gastos del Estado". Y respecto de tal supuesto, al enjuiciar la norma cuestionada, se proclama de un modo en exceso apodíctico, a mi juicio, que "no cabe duda de la estrecha relación de la norma cuestionada con la previsión de ingresos para un ejercicio". Pues bien, frente a la contundente afirmación de que no cabe tal duda, tengo para mí que de lo que no cabe duda es de la afirmación contraria: que tal "estrecha relación ... con la previsión de ingresos para un ejercicio", sencillamente no existe.
3. Si se reflexiona sobre nuestra jurisprudencia puede afirmarse que en ella se trata de restringir el contenido de las leyes de presupuestos. Y me parece que no guarda coherencia con ese presupuesto general de partida el que, a la hora de aplicar los límites genéricos establecidos por tal jurisprudencia, se opte en cada caso concreto por interpretaciones laxas de los mismos, que los inutilizan en tanto que límites.
4. Reiterándome así en tal posición crítica concluyo con la afirmación de que, a mi juicio, ateniéndonos a nuestra jurisprudencia sobre el contenido eventual de la Ley de presupuestos ex art. 134.2 CE, la norma cuestionada no es incluible en tal contenido, y por ello resulta inconstitucional por vulneración del referido artículo; por lo que debieron estimarse por ese exclusivo fundamento las cuestiones de inconstitucionalidad.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 2851-1996, 2477-1997, 3995-1999
Planteadas por las Audiencias Provinciales de Zaragoza y de Sevilla, en causa penal por boletos y cupones para participar en sorteos no autorizados, respecto al apartado uno de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1986.
La reserva de ley en materia penal no impide la existencia de «leyes penales en blanco», a las que resulta exigible: que el reenvío normativo sea expreso; que esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; y que la Ley, además de señalar la pena, deje suficientemente precisada la conducta calificada de delictiva (SSTC 122/1987 y 24/2004) [FJ 3].
La norma cuestionada guarda una estrecha relación con la previsión de ingresos para un ejercicio económico al tratarse de una norma que integra un tipo penal que protege, entre otros fines, el interés del Estado a asegurarse la recaudación derivada de una clase concreta de tributos: los que gravan la realización de los juegos de suerte, envite o azar [FJ 4].
La disposición cuestionada puede asimismo identificarse como una medida concreta de la política económico-social del Gobierno al estar dirigida a evitar la práctica del juego sin la correspondiente autorización administrativa en aras del cumplimiento de objetivos de tutela y protección social [FJ 4].
la Ley de presupuestos tiene un «contenido esencial» o «indisponible», mínimo y necesario, que se concreta en la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un ejercicio económico y en las normas de naturaleza financiera que desarrollan y aclaran los estados cifrados para su ejecución en el respectivo período anual (SSTC 27/1981 y 65/1990) [FJ 4].
la Ley de presupuestos puede acoger también un «contenido eventual» o «disponible», que tiene su justificación en su carácter funcional como vehículo director de la política económica del Gobierno y que se concreta en aquellas otras disposiciones que están dirigidas a ordenar la acción y los objetivos de política económica y financiera del sector público estatal (SSTC 27/1981 y 180/2000) [FJ 4].
Desde una perspectiva puramente temporal, este Tribunal ha admitido que toda norma incluida en el contenido eventual o disponible del instrumento presupuestario tiene una vigencia indefinida, salvo disposición expresa de la Ley en sentido contrario (SSTC 65/1990 y 109/2001) [FJ 5].
Título VI, f. 2
Artículo 349 (redactado por el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero), f. 2
Artículo 350 (redactado por el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero), f. 2
Artículo 3 apartados 1 a 4, f. 2
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), ff. 1, 2, 5
Artículo 66.2, ff. 1, 2, 4
Artículo 81.1, ff. 2 a 4
Artículo 134.2, ff. 2, 4, VP
Artículo 1.1, ff. 2, 3
Artículo 3.3, ff. 2, 3, 5
Disposición adicional decimoctava, ff. 1, 3 a 5
Previsión de ingresos y gastosPrevisión de ingresos y gastos, f. 3, VP
Contenido disponible de las leyes de presupuestosContenido disponible de las leyes de presupuestos, f. 4, VP
ContrabandoContrabando, ff. 3, 5
Juegos de azar sin autorizaciónJuegos de azar sin autorización, f. 4, VP
Leyes de presupuestos generales del EstadoLeyes de presupuestos generales del Estado, ff. 3, 4, 5, VP
Leyes penalesLeyes penales, f. 3
Límites temporales de las leyes de presupuestosLímites temporales de las leyes de presupuestos, f. 5