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Timestamp: 2017-11-25 00:11:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1903', 'artículo 1903', 'in fine', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146']

05. La responsabilidad objetiva o sin culpa - Juspedia
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05. La responsabilidad objetiva o sin culpa
1 Supuestos de responsabilidad objetiva en el CC
1.1 Daños causados por animales
1.2 Caída de árboles
1.3 Objetos arrojados o caídos
2 La evolución legal: de la responsabilidad subjetiva a la objetiva
3 Principales supuestos de responsabilidad objetiva en Derecho español
3.1 Navegación aérea
3.2 Circulación de vehículos de motor
3.3 Energía nuclear
3.5 Defensa y protección de los consumidores y usuarios: la responsabilidad del fabricante
4 Resarcimiento por el Estado a las víctimas del terrorismo
4.1 La legislación postconstitucional hasta la Ley 32/1999
4.2 La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo
5 La responsabilidad del Estado y de las Administraciones públicas
5.1 Código Civil y legislación administrativa preconstitucional
5.2 La Constitución de 1978
5.3 La Ley 30/1992, de 26 de noviembre
5.4 La reforma de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, de 13 de enero
6 Administración de justicia y responsabilidad del Estado
Supuestos de responsabilidad objetiva en el CC
Como ya hemos reiterado, el principio fundamental sobre el que bascula el art. 1902 es la presencia de culpa en la conducta activa u omisiva generadora de la responsabilidad extracontractual. No obstante ello, en el propio código Civil existen supuestos en los que la responsabilidad extracontractual nace y se genera aun cuando quien será finalmente responsable de ella (salvo caso de fuerza mayor) no haya incurrido en culpa o negligencia alguna.
Ocurre así, al menos en los tres supuestos siguientes: daños causados por animales, caída de árboles y objetos arrojados o vertidos; que seguidamente veremos por separado. Por supuesto, las normas reguladoras de tales supuestos (1905, 1908.3 y 1910) tienen un valor muy relativo comparadas con el sistema de responsabilidad subjetiva que, explícita o tendencialmente, está presente en el resto de articulado del código civil dedicado a la responsabilidad extracontractual.
Con todo, sirven al menos tales normas para poner de manifiesto que el propio código no desconoce la existencia de responsabilidad objetiva o sin culpa, que en los últimos tiempos ha sufrido una notabilísima ampliación e importante incremento en los propios textos legales de nuestra Nación, como en este mismo capítulo veremos.
Según dispone el art. 1905, en su primera parte, “el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe” .
La mera lectura del inciso transcrito sugiere que el simple hecho de que un animal, aun extraviado, cause algún daño genera de forma objetiva y automática la obligación de reparación a cargo de quien se sirve de él. En efecto, como ha puesto de manifiesto el profesor Rigel Vide, siendo o pudiendo ser los animales peligrosos por antonomasia, es razonable que, ya en el mismo momento de la codificación, se sustituyera el criterio culpabilista por el criterio de riesgo. Por su parte, el TS ha tenido ocasión de reiterar, desde la Sentencia de 19 de octubre de 1909 y en numerosas ocasiones, el carácter objetivo de la responsabilidad disciplinada en el art. 1905, pues éste “ permite más interpretación que la literal, bastando no que un animal cause daño para que nazca la responsabilidad de su dueño o poseedor, abstracción hecha de su culpa o negligencia” (STS de 28 de abril de 1983, que cita las anteriores).
La tenencia de un animal justifica por sí misma que su poseedor o usuario (coincida o no dicha posición con la de dueño) haya de afrontar, en términos objetivos, la reparación de los daños que eventualmente pudiere causar: “ responsabilidad –afirma la STS de 28 de enero la de 1986– viene anudada a la posesión del semoviente, y no por modo necesario a su propietario, de donde se sigue que basta la explotación en el propio beneficio para que surja esa obligación de resarcir” .
La responsabilidad sólo vendrá excluida “en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido”, según indica la segunda parte del propio art. 1905.
La exoneración de responsabilidad por fuerza mayor, habrá de delimitarse conforme a lo dicho anteriormente respecto de esta última; en todo caso, atendiendo a la jurisprudencia, los supuestos de fuerza en esta materia tienen escasa significación práctica.
Mayor importancia reviste “ culpa del que hubiese sufrido el daño” o culpa exclusiva de la la víctima en relación con la responsabilidad considerada, en un país como el nuestro, profundamente taurino, lleno de encierros, “ toros de fuego” vaquillas, etc., además de las , corridas propiamente dichas. En el campo de la responsabilidad extracontractual, con reclamaciones tan variopintas y cada día más numerosas, ¡sólo faltaría que nuestros novilleros y matadores pudieran exigir indemnización a los empresarios taurinos en caso de cogida! Esta eventualidad de litigio, que se sepa, no se ha producido hasta la fecha y es de esperar que no se produzca. Sin embargo, no son extrañas las demandas de ciudadanos que, habiendo sufrido heridas o lesiones en espectáculos taurinos tradicionales, han exigido indemnización a los organizadores (generalmente, Ayuntamientos) de tales espectáculos. (cfr. SSTS de 30 de abril de 1984 y 27 de mayo de 1987; esta última referida a una sokamaturra o fiesta de vaquillas ensogadas).
Junto a los aspectos estrictamente técnico–civiles apenas considerados, hoy debe tenerse en cuenta la existencia de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Conviene advertir, sin embargo, de manera inmediata que dicha Ley ni ha modificado ni derogado en modo alguno al Código Civil (como algunos periodistas y políticos sugirieron durante su proceso de elaboración).
Es más, paladinamente, lo pone así de manifiesto en su propio texto articulado, pues el art. 13.9 expresa de manera literal que “ responsabilidad de naturaleza administrativa, la prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en las vías penal y civil”.
El art. 1908.3 establece que “ responderán los propietarios de los daños causados… por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor”. Este precepto debe ponerse en conexión con el art. 390, que establece la obligación para el “ dueño del árbol” de adoptar las medidas oportunas “ cuando algún árbol corpulento amenazare caerse de modo que pueda causar perjuicios a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o particular”.
Realizando una interpretación conjunta de ambos preceptos, resultan algunos extremos de interés, aunque es escasa la jurisprudencia recaída sobre el tema (al menos, en relación con los supuestos de exigencia de responsabilidad extracontractual inter privatos):
Aunque el art. 390 se refiera textualmente a un “ árbol corpulento” el art. 1908.3 no , establece distinciones sobre el particular. Puede nacer la responsabilidad extracontractual, por tanto, sea o no corpulento el árbol cuya caída (total o parcial, es decir, cualquiera de sus ramas) provoque daños a la persona o a los bienes de un tercero.
Queda claro que la responsabilidad considerada se circunscribe a los supuestos de tránsito por viales o caminos próximos al árbol, aunque no se requiere que la vía sea necesariamente pública.
La responsabilidad extracontractual se plantea en este caso de forma absolutamente objetiva y así se destaca unánimemente, resaltando dos datos concretos del primero de los preceptos considerados:
Que la responsabilidad extracontractual sólo desaparece en el caso de que los daños se hayan originado por causa de fuerza mayor. Esto es, que la caída del árbol sea consecuencia de un supuesto de fuerza mayor (terremoto, por ejem.) y no por cualquier otro motivo superable para el interesado.
Que la responsabilidad extracontractual se declara automáticamente a cargo del propietario del árbol (vid. sobre el particular arts. 358 y ss.), con lo que el Código parece hacer abstracción de quien sea el usuario de la finca (rústica o urbana) en que se encuentra plantado el árbol. Respecto de esta cuestión, no obstante, cabe plantear algunas dudas sobre la terminante expresión del Código, pues es evidente que hay supuestos de uso o disfrute (piénsese, por ejemplo, en un usufructo vitalicio o en un arrendamiento por períodos largos, se encuentre o no sometido a prórroga forzosa) en los que la existencia de un legítimo poseedor inmediato excluye la posibilidad de intervención del propietario. En tales casos, seguramente la jurisprudencia concluirá –en su caso– que la expresión “ propietario” o “dueño del árbol” habrá de adecuarse a las circunstancias concretas del caso, pues la pura interpretación literal carece de sentido alguno.
Objetos arrojados o caídos
El último párrafo del capitulo regulador de la responsabilidad extracontractual (art. 1910) preceptúa que “ cabeza de familia que habita una casa o parte de ella es responsable de los el daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma” .
La norma transcrita trae causa del Derecho Romano (actio de effusis vel deiectis) y, más cercanamente, de las Partidas (7, 15, 25 y 26), pretendiendo afrontar las consecuencias dañosas inherentes a una convivencia desordenada y desconocedora de las más mínimas reglas de buena vecindad, limpieza y salubridad ambiental (el ¡agua va! De las calles de nuestra capital del Estado, referido a las aguas fecales, contra el que emprendió su particular cruzada el rey Carlos III, no es mal ejemplo).
Su sentido y significado propio, hasta el momento de la codificación, acaso estuviera referido sólo a los objetos sólidos que cayeren o a los fluidos que se vertieren a la vía pública, con daño para los viandantes; resultando que, en un buen número de ocasiones, ha venido provocado por la actuación de menores, cuya edad, en más de un caso, los hacía absolutamente inimputables (niño de cortísima edad que, paciente pero insistentemente, logra hacer caer una maceta desde un sexto piso, hiriendo a un transeúnte o arruinando la carrocería de un automóvil correctamente aparcado).
En la actualidad forense española, sin embargo, la aplicación del art. 1910 ha encontrado un campo abonado en los casos de reclamación de indemnización por filtraciones de agua a locales o viviendas sitos en plantas inferiores, sea por quedar inadvertidamente abierto algún grifo (cfr. SSTS de 12 de abril de 1984 y 12 de mayo de 1986), sea por mal estado o rotura de cañerías o tuberías de toma de agua de algún electrodoméstico (así, SSTS de 9 de abril de 1987, 24 de febrero de 1988 y 9 de marzo de 1988).
La víctima del daño, una vez acreditada la relación de causalidad, puede reclamar directamente al “ cabeza de familia” la reparación del daño causado, basándose en el art. 1910, al recocer éste –según reiterada jurisprudencia– una “ norma que es clara muestra de un supuesto de responsabilidad objetiva, que constituye una obligación legal de indemnizar (art. 1090 CC) e impone el deber de resarcir a quien sufrió el daño, medie o no culpa achacable al cabeza de familia” .
Esta última expresión (“cabeza de familia” posiblemente haya quedado hoy anticuada y, ) en todo caso, es inadecuada en el precepto, pues generalmente es exclusiva de la legislación administrativa. Hubiera sido preferible, por tanto, mantener el encabezamiento de la edición primitiva del Código (“Todo el que habita, como principal, una casa o parte de ella… ” pese a ), ser más premioso gramaticalmente hablando. En todo caso, es claro que la expresión se encuentra referida al “habitante de la casa” es decir, a la persona (o personas) responsables , del buen orden y concierto de la vivienda, local u oficina de que se trate. No se requiere pues, en el supuesto, la existencia de una vinculación dominical con el inmueble, sino que basta una situación de uso o disfrute del mismo.
Por desgracia, las consecuencias dañosas de los elementos “ caídos” son muy frecuentes. En enero de 1999 un trozo de la cornisa del Teatro Calderón de Madrid, provocó muerte y lesiones en los ocupantes de un automóvil detenido en la esquina de las calles Dr. Cortezo y Atocha. De los ocupantes algunos eran alumnos de la UNED, a los que días antes explicaba el autor la STS (1ª) de 5 de diciembre de 1998, dictada en un supuesto en el que u peatón, paseando también por una avenida de Madrid, resulta lesionado de gravedad al caerle encima un rótulo o anuncio luminoso que se hallaba en mal estado.
Razona el Tribunal: “ La adopción de medidas de conservación de cualquier elemento … incorporado a un inmueble y sometido a la influencia de agentes atmosféricos entre de lleno en la natural y lógica obligación de atención y cuidado a exigir del propietario o titular del establecimiento en que aquél fue colocado, sobre todo… cuando… se desprendían chirridos demostrativos del sufrimiento y quebranto de sus elementos de sujeción, por lo que la falta de atención al respecto denotó la existencia de una conducta negligente por vía omisiva, imputable a la entidad comercial propietaria del rótulo cuestionado… ” .
La evolución legal: de la responsabilidad subjetiva a la objetiva
El incremento de supuestos legales de responsabilidad no culposa es un fenómeno generalizado en todos los países evolucionados. Su razón de ser, brevemente expuesta, es fácil de comprender: desde al revolución industrial el incremento de bienes de producción y de servicios o de actividades que, en sí mismos considerados, representan una mayor dosis de peligro o de riesgo de daños para terceras personas ha requerido de los respectivos Ordenamientos jurídicos una respuesta diversa a la ofrecida por el art. 1902 del CC y sus homólogos. Una catástrofe aérea o la existencia de un grupo terrorista que causen daños a terceros exige contemplar la reparación de tales daños desde una perspectiva diversa de la culpabilidad del agente.
Generalizada la situación de riesgo, se entiende correcto que también debe generalizarse la reparación del daño de una forma objetiva (haya habido o no culpa), siempre y cuando se dé el correspondiente nexo de causalidad entre un determinado riesgo hipotéticamente dañoso y los daños efectivamente ocasionados. Así se produce, además, una inversión de la carga de la prueba: al peatón, por ejemplo, le bastará acreditar que ha sido atropellado con vistas a su resarcimiento, ya que realmente quien ha originado la situación de riesgo de atropello (haya cumplido o no las normas de circulación) es el automovilista o el motociclista.
El fenómeno se cierra con la existencia de un seguro obligatorio legalmente prefijado en la mayor parte de los casos en que el Ordenamiento jurídico establece la responsabilidad objetiva. Mediante el aseguramiento obligatorio, todos aquellos que utilicen medios particularmente peligrosos o, mejor, que se encuentren en situación de crear riesgo colaboran a sufragar los daños que efectivamente se produzcan en el sector o ámbito de la responsabilidad extracontractual correspondiente (todos los automovilistas españoles, por el mero hecho de poner el coche en posibilidad de circular –aunque no lo saquen en su vida del garaje– han de abonar anualmente una cuota de seguro obligatorio, sufragándose así colectivamente los daños a terceros que ocasionen los automóviles).
Principales supuestos de responsabilidad objetiva en Derecho español
Vamos a considerar seguidamente, de forma concisa, el régimen jurídico peculiar de algunos supuestos en los que, fundándose en la llamada doctrina del riesgo, nuestra legislación se pronuncia claramente a favor de la objetivación de la responsabilidad, haciendo abstracción de la posible o inexistente actuación culposa del sujeto responsable.
Al resarcimiento por el Estado a las víctimas del terrorismo y a la responsabilidad de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia dedicamos epígrafes separados por razones de extensión.
La Ley de 21 de julio de 1960, reguladora del régimen de la navegación Aérea (LNA) establece de forma expresa en su art. 120 que “ razón de indemnizar tiene su base objetiva la en el accidente, incluso en el accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia” .
Únicamente si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del perjudicado, en la que exista dolo o culpa grave, cabrá la exoneración de responsabilidad según el art. 121.
La particular peligrosidad de la existencia de vehículos de motor, cotidianamente acreditada en multitud de accidentes automovilísticos, justifica que el Ordenamiento jurídico atienda de forma especial a dicha realidad estableciendo una responsabilidad absolutamente objetiva en esta materia. La responsabilidad civil originada por la utilización de tales vehículos ha sido objeto de extenso tratamiento por parte de la doctrina y de consideración, prácticamente inacabable, por la jurisprudencia.
Aquí naturalmente, deben bastar unos apuntes sobre la materia. La Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor, objeto posteriormente de Texto Refundido por Decreto de 21 de marzo de 1968, estableció ya (en su art. 39 fund.) que nace la obligación de indemnizar en todo caso, aunque no existiera culpa del conductor; el cual queda exonerado sólo cuando el hecho fuese debido exclusivamente a culpa del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo.
Dichos principios básicos en la regulación de la materia, objeto además de una rigurosa objetivación por parte de la jurisprudencia, se han mantenido desde entonces en las sucesivas disposiciones legislativas reguladoras de la misma, cuyo Texto Refundido básico es el ofrecido por el Real Decreto Legislativo 1301/1986, de 28 de junio de 1986, dictado para adaptar el contenido de la Ley especial al Ordenamiento jurídico comunitario. Dicha regulación se complementa, fundamentalmente, con las siguientes disposiciones:
Real Decreto de 30 de diciembre de 1986, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.
Real Decreto de 22 de diciembre de 1989, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de viajeros.
Como acaba de apuntarse, al referirnos al Real Decreto–ley 1301/1986, la comunidad Europea ha demostrado igualmente una gran preocupación sobre esta temática, habiéndose dictado tres directivas: 72/1996/CEE, de 24 de abril; 84/5/CEE, y, finalmente, la de 14 de mayo de 1990. Esta última concede al Reino de España plazo hasta el 31 de diciembre de 1995 para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los preceptos fundamentales de ella.
El vigente texto legislativo se encuentra representado por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (con las modificaciones de que ha sido objeto por parte de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, en su disk. Ad. Octava), cuyo artículo 1.1. (pár. 2º.), al igual que sus precedentes legislativos, sigue disponiendo cuanto antes se ha indicado.
El régimen jurídico básico de la responsabilidad civil por los daños causados por la energía nuclear se encuentra establecido por la Ley de 29 de abril de 1964 (LEN). En ella se establece que la responsabilidad extracontractual es puramente objetiva, excluyéndose sólo el caso de culpa o negligencia exclusiva del perjudicado.
Al igual que en el caso de la LNA, también la LEN limita la cuantía de la indemnización correspondiente hasta el límite de la cobertura fijado pro al propia Ley.
La vigente Ley de Caza, de 4 de abril de 1970, establece igualmente que “ todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza con armas, si no consta el autor del daño a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza” (art. 35.5).
Defensa y protección de los consumidores y usuarios: la responsabilidad del fabricante
El art. 25 LCU (Ley 26/1984, de 19 de julio) parece sentar una responsabilidad objetiva a favor del consumidor y usuario “ por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la utilización de bienes o servicios les irroguen, salvo que aquellos daños o perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente” (cfr. art. 1903, ya visto).
No obstante, dicho mandato de la Ley de Consumidores y Usuarios parece verse contradicho por lo dispuesto en el artículo siguiente, que exonera de responsabilidad a los suministradores de bienes y servicios siempre “ que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad” (art. 26 LCU).
Mas, pese a que este artículo parezca introducir factores culpabilistas en la responsabilidad del fabricante, la Ley de Consumidores y Usuarios recupera el sentido de responsabilidad objetiva en beneficio de los consumidores y usuarios en los arts. 27 y 28 a cargo del fabricante. En el mismo sentido se pronuncia la Directiva de la CEE de 25 de julio de 1985 (374/1985/CEE).
La adaptación al Derecho español de dicha Directiva se ha realizado a través de la Ley 22/1994, de 6 de julio de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.
Dice el preámbulo de la Ley 22/1994 que “ siguiendo la Directiva, la Ley establece un régimen de responsabilidad objetiva, aunque no absoluta, permitiendo al fabricante exonerarse de responsabilidad en los supuesto que se enumeran” Tal carácter de responsabilidad objetiva .
del fabricante la reitera el breve preámbulo unos párrafos más adelante, sin embargo, el conjunto del articulado de la Ley permite poner en duda tal resultado final, atendiendo a diversos datos, de los cuales bastaría con reseñar los dos siguientes:
El art. 5 condena al perjudicado a afrontar una carga probatoria que, en bastantes supuestos, acabará deviniendo una verdadera probatio diabólica: “ perjudicado que pretenda el obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto [del bien mueble o producto, gas y electricidad incluidos, suministrado por fabricantes e importadores], el daño y la relación de causalidad entre ambos” .
Las causas de exoneración de la responsabilidad, contempladas en el art. 6, se han ampliado tanto que verdaderamente parece que el objetivo final de las disposiciones comentadas consiste en permitir que el fabricante quede exonerado como regla. Siendo el tema de gran interés, nos habremos de limitar a transcribir tales causas de exoneración y advertir sobre los imprecisos márgenes de las recogidas bajo las letras b) y e), pues los fabricantes e importadores no serán responsables si prueban cualesquiera de las siguientes circunstancias:
Que no habían puesto en circulación el producto.
Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en el momento en que se puso en circulación el producto.
Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de distribución con finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de una actividad profesional o empresarial.
Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas existentes.
Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto.
Resarcimiento por el Estado a las víctimas del terrorismo
La responsabilidad del Estado por los daos ocasionados por actos terroristas tiene una historia reciente, pero caracterizada por una sucesión continua de normas reguladoras, que seguidamente apuntaremos.
La legislación postconstitucional hasta la Ley 32/1999
La dramática y perniciosa presencia en nuestra Nación de algunos grupos terroristas de conocida trayectoria, pero de difícil erradicación, llevó a uno de los primeros Gobiernos democráticos –bajo la presidencia de Adolfo Suárez– a asumir la reparación de los daños personales causados por el terrorismo.
El Decreto–ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana, declaró por primera vez responsable al Estado, de forma total y absolutamente objetiva (esto es, haya o no negligencia o descuido de los servicios públicos de Seguridad del Estado), de los “daños y perjuicios que se causaren a las personas” a consecuencia de los delitos “ cometidos pro persona o personas integradas en grupos o bandas organizadas y armadas y con conexos” .
Posteriormente, siendo ya Presidente del Gobierno Felipe González, la denominada responsabilidad del Estado por los actos terroristas fue regulada, básicamente, por la LO 9/1984, de 26 de diciembre y el Real Decreto de 24 de enero de 1986, el cual contemplaba los pormenores relativos al pago de la indemnización que ha de afrontar el Estado en beneficio de quienes sufran lesiones corporales (o sus familiares, en caso de fallecimiento de la víctima) a consecuencia de actos realizados por terroristas o bandas armadas (art. 24 de la Ley citada) o con ocasión del esclarecimiento y represión de tales actividades terroristas (art. 25).
La posterior derogación de la LO 9/1984 trajo consigo que la materia hubiera de ser acogida en el art. 64 de la Ley de Presupuestos para 1988 (Ley 3371987 de 23 de diciembre), norma habilitante del Real Decreto que durante casi una década reguló la cuestión: Real Decreto 131/1988, de 28 de octubre de 1988. El segundo párrafo de su preámbulo recalcaba que la regulación de la materia se realizaba: “ teniendo en cuenta su naturaleza de … indemnización especial al asumir la Administración del Estado una responsabilidad por hechos ajenos, no imputables a sus propios servicios, que no tienen más finalidad que la de que los poderes públicos palíen, en los casos más graves, las consecuencias dañosas sufridas por las víctimas de las bandas armadas y elementos terroristas” .
El Real Decreto 1331/1988 siguió considerando indemnizables sólo los daños corporales sufridos por “ personas ajenas al delito” (art. 1.1); declaraba especialmente compatibles las indemnizaciones que regulaba con cualesquiera otras (art. 1.2) y había ampliado notoriamente el círculo de beneficiarios de la indemnización en caso de muerte (art. 2).
En parecida dirección de ampliación de la cobertura resarcitoria en beneficio de las víctimas del terrorismo, ya bajo la presidencia de José Mª Aznar, se incardinaba el Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, dictado a consecuencia de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. La posterior modificación de esta Ley, a su vez, por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, determinó la aprobación del Real Decreto 1734/1998. Conforme a tales disposiciones, deben considerarse daños resarcibles los siguientes:
Los daños corporales, tanto físicos como, psíquicos, así como los gastos por su tratamiento médico. Estos últimos se abonarán a la persona afectada, sólo en el supuesto de que no tengan cobertura total o parcial por sistema de previsión público o privado.
Los daños materiales ocasionados en la vivienda habitual de las personas físicas.
Los producidos en establecimientos mercantiles e industriales, que se establecen en el presente Reglamento.
Los causados en vehículos cuando éstos se dediquen al transporte de personas o mercancías, o constituyan elemento necesario para el ejercicio de una profesión, o actividad mercantil o laboral.
La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo
Al cierre de la presente edición se encuentra también en vigor la Ley reseñada en el epígrafe, cuyo Reglamento de ejecución fue aprobado por el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre (por cierto, y conviene destacarlo, pues el legislador no siempre incumple sus tareas, publicado con anterioridad al plazo fijado en el disp. final primera de la Ley).
Desde el punto de vista estrictamente político, la característica principal de la Ley 32/1999 reside en haber sido aprobada por unanimidad tanto en el congreso de los Diputados cuanto en el Senado, como manifestación de que la lucha contra el terrorismo y el “ testimonio de honor y reconocimiento” a las víctimas de los actos terroristas es un sentimiento compartido por todos los parlamentarios sin excepción.
Afirma el art. 1 de la Ley que “ Estado… asume el pago de las indemnizaciones que le el son debidas [a las víctimas de los actos terroristas] por los autores y demás responsables de tales actos” Unido ello al hecho de que el art. 8 regula la transmisión de la acción civil al .
Estado, pone de manifiesto que en la filosofía de la Ley 32/1999 el Estado se responsabiliza del pago de las indemnizaciones, pero dejando claro que los responsables de los daños son quienes incurren en actos y conductas terroristas.
Los daños indemnizables son los físicos o psicofísicos y exige el art. 2 de la Ley que “los actos o hechos causantes hayan acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley” (9 de octubre de 2000), pues las indemnizaciones fijadas en esta Ley, como afirma el art. 2.4 del RD 1912/1999, “ serán compatibles con las pensiones, ayudas, compensaciones o resarcimientos que se hubieran percibido o pudieran reconocerse en el futuro a los beneficiarios al amparo de las previsiones contenidas en la legislación de ayudas a las víctimas del terrorismo o en otras disposiciones legales o reglamentarias”. Así pues, las indemnizaciones establecidas en la Ley 32/1999 son una especie de plus, una adición a las pensiones o ayudas que se encuentran establecidas en los reglamentos anteriores de ayudas a las víctimas del terrorismo que, en consecuencia, han de entenderse vigentes.
A efectos de la cuantía de las indemnizaciones la Ley 32/1999 (y, naturalmente, su Reglamento) distinguen entre la existencia o inexistencia de sentencia firme en la que se declare que las víctimas del terrorismo tienen derecho a una cantidad determinada. De existir tal sentencia, a su cuantificación habrá de estarse; de no haber sentencia alguna se aplicarán las cuantías fijadas en el Anexo de la propia Ley.
La responsabilidad del Estado y de las Administraciones públicas
Código Civil y legislación administrativa preconstitucional
Como hemos visto, cabía defender en su redacción originaria, el art. 1903.5 CC consideraba la responsabilidad del Estado como de naturaleza eminentemente culposa o subjetiva. Afirmaba dicho párrafo que “ Estado es responsable e este concepto cuando obra el por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda la ostión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en al artículo anterior” (es decir, el art. 1902).
Hoy día –insistamos– tiene escasa importancia la interpretación de semejante precepto, pues como sabemos, ha sido derogado expresamente por el art. 2 de al Ley 1/1991, de 7 de enero. Sin embargo, interesa subrayar que su efectiva derogación, aunque de forma tácita, había tenido lugar mucho antes, por obra y gracia de una serie de leyes administrativas, a las que seguidamente aludiremos, en las que el enfoque culposo característico de la versión originaria del Código había sido sustituido por un planteamiento de raíz objetivista.
Todo ello lo rememora, por ejemplo la STS de 27 de marzo de 1992, dictada con ocasión de un accidente de circulación del que resulta responsable un miembro de la Guardia Civil, siendo recurrente la Abogacía del Estado: “ independientemente de que el antiguo párrafo 5º del artículo 1903, ya eliminado por la Ley de 7 de enero de 1991, había perdido efectividad a partir de lo establecido modernamente en las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas contenidas en la Ley de Régimen Local de 1950, la de Expropiación forzosa de 1954 (art. 121( y la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 (art. 40). La tesis de la recurrente no puede aceptarse porque… :
La más reciente y correcta interpretación del artículo 1903.5 en su redacción primitiva, que es la aplicable al caso, no es otra sino que el Estado responde de los daños causados por sus funcionarios, siempre que éstos actúen dentro del ámbito que les sea propio, pues a través de ellos ejerce sus funciones, razón por la cual el art. 1903.5 se refería in fine, a que si el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior, y
Ya esta Sala se había pronunciado (sentencias de 20 de marzo de 1975 y 5 de marzo de 1977) en el sentido de que la Administración del Estado responde por la imprudencia de un conductor de automóvil a su servicio, como es el caso” .
En efecto, hasta mediado el siglo XX, la doctrina y la jurisprudencia venían entendiendo con carácter general que el estado no respondía extracontractualmente por los daños que pudieran originar sus funcionarios y personal dependiente, salvo que se tratase de “ agentes especiales” Dado que, frente a la pléyade de funcionarios, los “ . agentes especiales” brillaban por su ausencia, podía concluirse que la regla general era la irresponsabilidad del Estado.
Esta interpretación fue revisada y contradicha entre otros por el influyente profesor E. García de Entrerría, imponiéndose finalmente (tal y como hemos visto en la Sentencia apenas transcrita) la idea de que el Estado debería considerarse sometido al art. 1902 aunque actuase –como persona jurídica que es– a través de sus funcionarios y, por consiguiente, sin atender a consideraciones de índole culposa alguna.
Esta “ relectura” del art. 1903.5 del Código civil, de alguna manera, se encontraba reforzada a partir de la mitad del siglo XX por una serie de leyes preconstitucionales que establecieron la responsabilidad patrimonial del Estado y de la Administración Pública sobre bases objetivistas. Tales Leyes, que nos limitaremos a apuntar (pues su estudio, obviamente corresponde hacerlo en Derecho administrativo), son las siguientes:
La Ley de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950, hoy enteramente derogada.
La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, cuyos artículos 120 y 121 preveían la responsabilidad de la Administración Pública, ya fuera por las requisas o destrucción de bienes realizadas sin las formalidades previstas para la expropiación, ya fuera por esta última, siempre que la lesión para el particular fuere consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El art. 122.1, por su parte, establecía el requisito de que el daño, además de efectivo, debería ser “ evaluado económicamente e individualizado en relación a una persona o grupos de personas” (cfr. también, art. 133 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957).
La Ley de régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, reitera los términos transcritos de la LEF, adoptando una fórmula general bastante feliz que, en adelante, veremos reiterada: “ Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa” .
La importancia de la cuestión considerada en este epígrafe no pasó desapercibida a los constituyentes de 1978. En una norma tan fundamental como el art. 9 de la CE se establece, entre otras cosas que “ Constitución garantiza… la responsabilidad… de los poderes la públicos”. Éstos, por encontrarse sometidos a la ley, como los propios ciudadanos, deben responder civilmente de los daños que pudieran ocasionar a terceros.
La concreción de tal deber se reitera constitucionalmente en el art. 106 con carácter general: “ Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos” norma que en la letra y en el espíritu es claramente tributaria de las leyes , administrativas anteriormente consideradas (la responsabilidad de Jueces y Magistrados y, por tanto, el art. 121 de la CE serán analizados en el siguiente epígrafe).
Por consiguiente, la Constitución no sólo no ha modificado o derogado (por inconstitucionalidad sobrevenida) la normativa previamente existente en la materia, sino que, al revés, ha convertido los parámetros normativos de la legislación ordinaria preconstitucional en principios constitucionales. Mas, de otra parte, la estructuración del Estado autonómico y el incremento de las Administraciones públicas con la creación de las Comunidades Autónomas no obsta a que “ sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas” sea una el cuestión reservada a la competencia legislativa exclusiva del Estado, tal y como declara el art. 149.1.18ª de la CE.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre
Este último extremo ha determinado la promulgación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, oficialmente intitulada de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo título X (arts. 139 a 146) y último se dedica íntegramente a regular “ responsabilidad de las Administraciones públicas y de sus la autoridades y demás personal a su servicio” al tiempo que el número segundo de su , disposición derogatoria declara expresamente derogados, entre otros, los artículos 40 a 43 de la LRJAE anteriormente considerados.
Sin embargo, en contra de cuanto cupiera pensar prima facie, tampoco la Ley 30/1992 modifica sustancialmente los criterios legislativos anteriormente mantenidos por la legislación ordinaria preconstitucional. Es más, pese a la derogación expresa de los referidos arts, de la LRJAE, lo cierto es que los preceptos relativos a la responsabilidad del Estado de esta Ley han sido prácticamente reproducidos en los correspondientes de la Ley 30/1992, que lo que sí hace es referirlos a todas las Administraciones públicas y no sólo al Estado, de acuerdo con el mandato constitucional antes señalado. Salvado dicho aspecto de identificación subjetiva y algunas otras modificaciones o novedades de carácter secundario, desde nuestro punto de vista (no así desde la perspectiva administrativa: cfr. arts. 142 y 143 para los procedimientos administrativos a seguir, incluyéndose ahora un procedimiento abreviado), lo cierto es que los arts. 139.1 y 144 de la LRJ–PAC coinciden sustancialmente con los arts. 40 y 41 de la LRJAE.
Consideremos los aspectos fundamentales de la nueva regulación:
“ Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos” (art. 139.1). La responsabilidad, pues, sigue cánones objetivos y sólo quedarán exoneradas las Administraciones públicas en caso de existencia de fuerza mayor.
Si son varias las Administraciones responsables, deberán afrontar la consiguiente indemnización con carácter solidario (art. 140).
La indemnización puede ser pecuniaria o, subsidiariamente (y mediando acuerdo del lesionado) in natura (esta última posibilidad es una novedad en la legislación administrativa), conforme a las reglas generales ya vistas en el capítulo del incumplimiento de las obligaciones (art. 141).
“ Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de Derecho privado – dispone el art. 144– responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo, actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre” .
El art. 145.2 establece un derecho de repetición a favor de la Administración correspondiente, la cual, “ cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir de sus Autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieren incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca”. Al igual que en la Ley 1/1991, en relación con el Derecho de repetición de los titulares de los Centros docentes, la Ley 30/1992 resucita la noción de culpa grave. A lo dicho entonces nos remitimos.
En relación con el procedimiento a seguir por la Administración (que haya indemnizado a los particulares) para ejercitar su derecho de repetición contra su propio personal, hay que estar a lo dispuesto en el art. 21 del RD 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, publicado en el BOE de 4 de mayo de 1993, cuyo preámbulo es bastante explícito del actual status quaestionis en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, dando cuenta de las novedades introducidas por la Ley 30/1992 y sugiriendo, finalmente, que la abreviatura más conveniente de la rúbrica oficial de dicha Ley es a siguiente LRJ–PAC (circunstancia que resulta inaudita, pero que, atendiendo a la extensísima rúbrica de la Ley, acaso resulte aconsejable atendiendo a razones de unificación en las citas).
La reforma de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, de 13 de enero
La Ley 30/1992 ha sido objeto de reforma, en algunos puntos de cierta importancia, por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cuya exposición de motivos indica en el punto VI, por cuanto a nosotros ahora interesa, lo siguiente:
“ En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, en el … Título X, se introducen algunas modificaciones importantes. Por una parte, se amplía la regulación de la responsabilidad recurrente de diferentes Administraciones públicas previsto en el art. 140, distinguiendo el régimen de las actuaciones conjuntas de otros supuestos de concurrencia. En el 141 se matizan los supuestos de fuerza mayor que no dan lugar a responsabilidad y, en beneficio del afectado, se prevé la actualización de la cuantía de la indemnización. Se opta, con la nueva redacción del art. 144, por la unificación del régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración sin discriminar su actuación en régimen de derecho público o privado en concordancia con la unidad de fuero.
Por lo que respecta a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas, se pretende garantizar su efectividad, al preverse en el art. 145 que se exigirá de oficio. Por otra parte, desaparece del art. 146 toda mención a su responsabilidad civil por los daños producidos en el desempeño del servicio, clarificando el régimen instaurado por la Ley 30/1992 de exigencia directa de responsabilidad a la Administración y, en concordancia con ello, en la disposición derogatoria se derogan la Ley de 5 de abril de 1904 y el Real Decreto de 23 de septiembre de 1904, relativos a la responsabilidad civil de los funcionarios públicos”.
Dicho ello, habrá de bastar en esta exposición con la reproducción de los preceptos en su versión actual y con la general indicación de que, verdaderamente, en esta materia no hay alteraciones en profundidad respecto de los regulados en la Ley 30/1992:
“Artículo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación” .
“Artículo 141. Indemnización.
Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar con acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado” .
“Artículo 144. Responsabilidad de Derecho privado.
Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley” .
“Artículo 145. Exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I de este título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su elación con la producción del resultado dañoso.
Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes” .
“Artículo 146. Responsabilidad penal.
La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial” .
Finalizaremos la referencia a la Ley 4/1999 recordando que la disposición derogatoria única, en su primer párrafo, prevé que “ quedan derogados la Ley de 5 de abril de 1904 y el Real Decreto de 23 de septiembre de 1904, relativos a la responsabilidad civil de los funcionarios públicos” .
Administración de justicia y responsabilidad del Estado
Como ya se ha apuntado, la Constitución además de regular la responsabilidad de las Administraciones públicas, contempla de forma particular la responsabilidad civil dimanante de posibles daños causados por la Administración de Justicia. Dispone a tal efecto el art. 121 de la CE que “ los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley” .
La imputación de responsabilidad directa u objetiva al Estado a causa de los errores judiciales o del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en nuestro sistema jurídico es una novedad de la Constitución, pues hasta su promulgación respondían en exclusiva los Jueces y Magistrados, sin que el Estado se encontrase legitimado pasivamente para soportar la responsabilidad contraída por actuaciones del Poder Judicial. Además el art. 121 de la Constitución que declara la necesidad de desarrollo legal (conforme a la Ley” no es ) una norma de aplicación directa, sino que la responsabilidad del Estado no ha podido hacerse efectiva hasta que la Ley Orgánica del Poder Judicial ha desarrollado la materia (cfr. en tal sentido SSTS, Sala 3ª, 10 de noviembre de 1987 y 10 de marzo de 1987).
Una vez aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio), la materia considerada queda sometida a su propia regulación, incluso hoy, tras la promulgación de la Ley 30/1992, pues ésta establece expresamente en su art. 139.4 que “ responsabilidad la patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial”, en evitación de posibles dudas interpretativas.
De conformidad, pues, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, los daños originados por las actuaciones u omisiones judiciales pueden dar lugar a dos tipos diferentes de responsabilidad:
La responsabilidad civil propia y personal de los Jueces y Magistrados (regulada en los arts. 411 y ss. De la LOPE) dimanante de “ daños y perjuicios que causaren cuando, en los el desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa”. No parece requerirse aquí que la culpa se encuentre particularmente cualificada, pues el precepto no habla (como hemos visto que es fórmula de estilo en las disposiciones más recientes) de culpa grave. Sin embargo, el art. 296 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “ Estado responderá el también de los daños que se produzcan por dolo o culpa grave de los Jueces o Magistrados, sin perjuicio del derecho que le asiste de repetir… ”.
La responsabilidad objetiva del Estado, contemplada en los arts. 292 y siguientes de dicha Ley. El primero de tales artículos establece que “ daños causados en cualesquiera los bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor”. Pero el art. 295 excluye igualmente la obligación de indemnizar a cargo del Estado en caso de “ error judicial el o el anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado” .
En definitiva, pues, el Estado queda exonerado de la responsabilidad objetiva que la Ley Orgánica del Poder Judicial le impone por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, tanto en el caso de fuerza mayor cuanto en el supuesto de culpa (con mayor razón, dolo) del perjudicado, según la concepción común de la responsabilidad objetiva.
Las nociones de error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (obsérvese que en esta materia se excluye, como es lógico, que el funcionamiento normal de la justicia pueda originar daño) son de difícil concreción, aunque tienen un diferente campo de aplicación. El error judicial se circunscribe a la actividad jurisdiccional o decisión judicial propiamente hablando: error in indicando. El funcionamiento anormal se extiende a las actividades no jurisdiccionales de los Juzgados y Tribunales (notificaciones, destrucción total o parcial de autos, desaparición de cantidades objeto de consignación, etc.) que puedan resultar dañosas para los litigantes.
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