Source: http://absta.info/humberto-antonio-sierra-porto-v3.html
Timestamp: 2018-11-13 02:28:16
Document Index: 163627508

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 42', 'artículo 27763', 'artículo 53']

Sentencia T-627/12
Referencia: expediente T-3.331.859
Acción de tutela instaurada por Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y otras.
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil doce (2012).
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primera y segunda instancia respectivamente, en la acción de tutela impetrada por Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez.
El veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011) la ciudadana Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres1 interpusieron acción de tutela para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la información, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso científico, además de sus derechos reproductivos, los cuales en su opinión han sido y continúan siendo vulnerados y amenazados por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez2.
De acuerdo con el escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, las accionantes sustentan sus pretensiones en los siguientes
1.- Las peticionarias sostienen que desde el 2009 y hasta el 2011, año en el cual fue instaurada la acción de tutela de la referencia, el Procurador General de la Nación y sus dos Procuradoras Delegadas demandadas han “emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas”3. Agregan que esa información “falsa y tergiversada” genera “confusión y desinformación generalizada”4. Indican siete asuntos en los cuales, a su juicio, se incurrió en la conducta descrita.
Sostienen que el Procurador General tergiversó la orden de la Corte Constitucional de implementar campañas masivas de derechos sexuales y reproductivos contenida en la sentencia T-388 de 2009 pues “el 21 de octubre de 2009 emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que la Corte Constitucional había ordenado implementar campañas masivas de promoción del aborto”, cuando en realidad dicha orden se refería a “educación sexual, los anticonceptivos, la violencia sexual, la anticoncepción de emergencia, el VIH-SIDA, las infecciones de transmisión sexual, así como al aborto en los casos señalados en la sentencia C-355”5.
En este comunicado el funcionario explicó las razones por las cuales promovería un incidente de nulidad contra la sentencia de tutela referida, entre las cuales estaba una consiste en que “la orden (…) para diseñar y poner en movimiento campañas masivas de promoción del aborto como derecho, supera los lineamientos jurisprudenciales de la misma Corte en su sentencia C-355 de 2006, cuando mantuvo al aborto su carácter de delito con tres excepciones sin conferirle la naturaleza de derecho”6.
Relatan las accionantes que el 10 de noviembre de 2009, la Procuradora Delegada Ilva Miriam Hoyos Castañeda declaró a Caracol Radio que “las órdenes contenidas en la sentencia T-388 de 2009, eran inaplicables hasta tanto no se decidiera la solicitud de nulidad presentada por la misma Procuraduría”7. En tales declaraciones expresó que “el gobierno no puede emitir ningún tipo de reglamentación para aplicar la cátedra del aborto en colegios, ya que la tutela que lo ordenó no está en firme (…) las sentencias de la Corte Constitucional obligan, pero solo cuando están ejecutoriadas, y en este momento se ha presentado una nulidad en defensa de la legalidad”8. Esta misma posición había sido sostenida por la Procuradora Delegada en el programa de televisión “Veredicto” emitido por Canal Capital el 8 de noviembre del mismo año.
A raíz de lo anterior, el 12 de noviembre de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional tuvo que aclarar al diario El Espectador que “se trata de una sentencia que, como tal, debe ser acatada en su totalidad, pese a los recursos que hayan sido presentados para que se revierta su contenido esencial”9.
Informan las peticionarias que, de acuerdo al boletín de noticias 685 del 7 de diciembre de 2009 de la Procuraduría General de la Nación, el 27 de octubre de ese año esta entidad rindió concepto dentro de la acción popular presentada por la Corporación Foro Ciudadano en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en la que se pretende cancelar los registros sanitarios de los medicamentos cuyo principio activo es Levonorgestrel, es decir, anticonceptivos orales de emergencia. Allí se sostuvo que estos medicamentos “son abortivos y por lo tanto violan el derecho a la vida del que está por nacer, y por ello deben ser retirados del mercado”.
Señaló el concepto que “varios estudios científicos han permitido concluir que en efecto Levonorgestrel ofrece tres etapas o mecanismos para evitar que una relación sexual cause un nuevo nacimiento, dentro de los cuales está:
Lo que constituye (…) una clara violación al derecho a la vida dado que con la fecundación comienza una nueva vida humana. El óvulo fecundado es el ser humano en su estado más indefenso. En la fecundación o concepción se determina todo su aspecto físico: su sexo, el color de la piel y de los ojos, si se parecerá a su papá o a su mamá. El óvulo fecundado puede pasar hasta siete (7) días en las trompas de Falopio para luego llegar al útero.
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la vida empieza desde el momento mismo en que se presenta la concepción, es decir cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Tiene una protección supraconstitucional y legal dado que se trata de un ser humano en su más incipiente estado, que busca implantarse o anidarse en la pared del endometrio de la madre, acción que es interrumpida por los efectos del Levonorgestrel” .
Comentan las actoras que posteriormente, “el 7 de diciembre de 2009, con ocasión de una propuesta de un candidato presidencial de distribuir gratuitamente píldoras de anticoncepción de emergencia, el Procurador General de la Nación declaró que éstas eran abortivas” al diario El Espectador10. Específicamente indicó que “dentro del ordenamiento jurídico actual el uso de la llamada píldora del día después sigue estando limitada por los tres casos de cese inducido del embarazo despenalizados por la Corte, debido a su supuesta naturaleza abortiva (…) Hay que ver claramente, cómo en nuestro ordenamiento jurídico el aborto, y la píldora del día después es abortiva, es considerado, salvo en excepciones señaladas por la Corte Constitucional. Entonces esa propuesta, al tener esa naturaleza abortiva, tendría esas consecuencias. Al margen de las condiciones en las que se acuda a este producto, añadió que todas la mujeres que hacen uso de la píldora, terminan ejerciendo una práctica abortiva” .
A juicio de las accionantes, en esas dos ocasiones se faltó a la verdad ya que de acuerdo con nota descriptiva número 244 de octubre de 2005 de la Organización Mundial de la Salud sobre “Levonorgestrel para anticoncepción de emergencia”, “se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto”11.
Indican que este mismo argumento fue acogido por “el Consejo de Estado-Sección Primera, en sentencia de 5 de junio de 2008, al resolver una demanda en contra del INVIMA para obtener la nulidad del registro sanitario otorgado a la marca Postinor 2, una de las marcas con que se comercializa la píldora de anticoncepción oral de emergencia” en la cual “declaró que esta última no era abortiva, para lo cual se apoyó entre otros conceptos científicos, en el del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia”12.
En la citada sentencia se concluyó que “los elementos de juicio que obran en el plenario y la información autorizada que se tiene sobre el estado del conocimiento sobre la materia, especialmente el concepto del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el sentido de que el LEVONORGESTREL no causa ningún daño directo al embrión humano, avalan los fundamentos fácticos de la resolución acusada, en especial sobre el carácter anticonceptivo del POSTINOR 2, que de paso descartan la calidad de abortivo que le atribuye el actor; de lo cual, por lo demás, éste no aporta prueba o información científica proveniente de fuente con autoridad sobre la materia, e incluso la prueba de esa índole que él solicitó se contrapone o desvirtúa ese carácter abortivo que aduce en la demanda; luego no aparece demostrado que vulnere el derecho a la vida, o lo que es igual, que viole las normas invocadas en la demanda”.
Las peticionarias señalan que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-388 de 2009, ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud “adoptar las medidas indispensables con el fin de que las EPS e IPS -independientemente de si son públicas o privadas, laicas o confesionales- cuenten con las personas profesionales de la medicina y el personal idóneo y suficiente para atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo los supuestos previstos en la sentencia C-355 de 2006”. Para cumplir esta orden, la entidad expidió la Circular Externa 058 de 2009.
El 2 de marzo de 2010 el Superintendente Nacional de Salud recibió una carta de la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda. En esta le hizo “importantes aclaraciones con respecto a la jurisprudencia y a la normatividad referida en la circular Externa 058 de 2009” y lo invitó a “ajustar su contenido a la Constitución y la ley”. Concretamente indicó que la sentencia C-355 de 2006 “no reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” y que “no existe ni en la Constitución ni en la ley el mal llamado derecho al aborto al que hace referencia la circular en cuestión, por lo que no puede simplemente deducirse que la Superintendencia (…) se encuentre en la obligación (…) de promover el goce e impedir las barreras que impidan el acceso al llamado derecho al aborto”13.
Las actoras argumentan que lo antedicho no es cierto pues “en la sentencia T-585 de 2010 la Corte Constitucional indicó que resulta innegable que, a partir de la sentencia C-355 de 2006, surgió en Colombia un verdadero derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en cabeza de las mujeres que se encuentran incursas en las tres hipótesis despenalizadas” .
Las accionantes indican que “en las sentencias C-355 de 2006, T-209 de 2008 y T-388 de 2009 se han establecido reglas claras sobre el ejercicio de la objeción de conciencia en casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo [IVE], que protegen tanto al objetor como a la mujer solicitante del procedimiento”. Así, dicen, la objeción de conciencia a la IVE está permitida bajo ciertos límites y en particular se ha excluido la posibilidad de objeción de conciencia institucional.
Mencionan que “en Auto 327 de 2010, la Corte Constitucional advirtió a la Procuraduría que debe cumplir estrictamente con la jurisprudencia constitucional sobre objeción de conciencia relacionada con la práctica de la IVE”14. Lo anterior porque el Ministerio Público en su informe de vigilancia a la sentencia C-355 de 2006 se refirió al respeto de “los derechos fundamentales de (…) instituciones que puedan verse involucradas en la práctica del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y especialmente del derecho a la objeción de conciencia”15.
Las peticionarias señalan que, a pesar de ello, el Procurador General emitió dos circulares que contradicen lo anterior al entender que la objeción de conciencia no tiene restricción alguna y, sobre todo, que la objeción de conciencia institucional está permitida16. La primera de ellas es la Circular 029 del 13 de mayo de 2010 “dirigida a todos los funcionarios y funcionarias de la Procuraduría General de la Nación que ejercen funciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia C­355 de 2006. En esta circular se indicó que debido a la suspensión del Decreto 4444 de 2006 y mientras el Consejo de Estado no resuelva de fondo la demanda instaurada en contra de éste ninguna autoridad judicial o administrativa puede restringir la objeción de conciencia”17.
La segunda es la Circular 021 del 27 de julio de 2011 “dirigida a los funcionarios del Ministerio Público, de los Ministerios de Educación y de Protección Social, así como de la Superintendencia Nacional de Salud, que ejercieran funciones en relación con las campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos ordenadas en la sentencia T -388 de 2009, [en la que] el Procurador General de la Nación solicitó: vigilar que (…) se respeten los derechos de todas las personas e instituciones que puedan verse involucradas en su práctica, especialmente el derecho fundamental a la libertad de conciencia, el cual supone (…) la libertad para objetar conciencia”18.
Manifiestan las peticionarias que la sentencia C-355 de 2006 determinó que “si bien el fenómeno de la vida humana comienza en la concepción, el derecho a la vida sólo se reconoce desde el nacimiento”19. También explican que tanto el Comité de los Derechos del Niño20 -en 2006- como el Comité de Derechos Humanos21 -en 2010- felicitaron a Colombia por la despenalización parcial del aborto e incluso este último “llamó la atención por la oposición del Procurador a su cumplimiento”22.
No obstante, señalan, “el 25 de marzo de 2011 el Procurador General de la Nación emitió un comunicado, en el que señala que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe el aborto y protege el derecho a la vida de forma absoluta y desde la concepción”23.
Tal comunicado se dio con ocasión del llamado “Día Internacional de la Vida” o “Día Internacional del Niño y la Niña por Nacer”. Se dirigió “a todos los ciudadanos, las instituciones, las autoridades y los servidores públicos que directa e indirectamente realizan labores en favor de los derechos y la protección de los niños y las niñas por nacer”. Después de citar sólo un aparte del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos –el derecho a la vida debe estar protegido por la ley “a partir del momento de la concepción”-, manifestó el Procurador General que “hoy, mas que nunca, la ciencia nos enseña que incontestablemente la vida humana comienza desde el primer momento de la concepción (…) y tanto la razón moral, como los diferentes instrumentos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales, reconocen su importancia irremplazable y ofrecen múltiples mecanismos para su defensa y protección”. En consecuencia expresó que “debo recordar, invitar y exhortar a todas las autoridades y a todos los servidores públicos (…) que, en desarrollo de su función pública, se encuentran con las múltiples amenazas y agresiones que en nuestro país, desafortunadamente, se adelantan contra ella; que reconozcan en la vida humana un bien constitucionalmente protegido y un derecho fundamental del que gozan todos los seres humanos desde el primer momento de la existencia”. Finalmente dijo: “deseo reconocer e invitar a reconocer, amparar y promover el derecho a la vida de todos los niños y niñas por nacer”24.
Para reforzar su argumentación, las actoras explican que “el 13 de julio de 2011, la Relatora Especial para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la Convención Americana se refiere a preservar en general el derecho a la vida desde la concepción y aclaró que este enunciado no es contrario al aborto legal”25.
Arguyen que, aun así, “el 27 de julio de 2011, en la Circular 021, dirigida a los funcionarios del Ministerio Público, de los Ministerios de Educación y de Protección Social, así como de la Superintendencia Nacional de Salud, que ejercieran funciones en relación con las campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos ordenadas en la sentencia T-388 de 2009, el Procurador General solicitó: a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, su mayor compromiso y disposición en la defensa y en la protección tanto de los derechos fundamentales de las mujeres gestantes como del derecho a la vida del no nacido”26.
Señalan las peticionarias que “en el Acta 20 de 2007 el INVIMA determinó que el misoprostol podía ser empleado para circunstancias de Interrupción Voluntaria del Embarazo a las que se refiere la sentencia C-355 de 2006”27. El acta referida es de la Comisión Revisora –Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos- del INVIMA. En ella se lee que “el Ministerio de la Protección Social solicita a la Sala Especializada (…) ampliación de la indicación del principio activo Misoprostol para el uso en los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, en los eventos no constitutivos del delito de aborto. CONCEPTO: (…) considera que este principio activo podrá ser empleado como oxitócico en las específicas circunstancias señaladas por la sentencia C-355 de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4444 y la Resolución 3905 del mismo año”28.
Además, anotan que el misoprostol fue incluido en la lista de modelo de medicinas esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de marzo de 2011 para el manejo del aborto incompleto y del espontáneo y para la prevención de la hemorragia posparto cuando el oxitocin no esté disponible o no pueda ser usado en condiciones seguras29.
Las accionantes explican que, en el año 2010, antes de esta inclusión, la OMS publicó un documento titulado “Aclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso del misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad materna”. Al principio del mismo se reiteró que “actualmente la OMS incluye el misoprostol en sus directrices basadas en la evidencia y en la Lista Modelo de Medicamentos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo junto con la mifepristona, el tratamiento médico del aborto retenido espontáneo y la inducción del trabajo de parto”. Enseguida se aclaró que “se ha aplazado la solicitud para incluir el misoprostol para la prevención de la hemorragia puerperal (…)”. En este sentido se indicó que “el uso más polémico del misoprostol ha sido en la prevención y tratamiento de la hemorragia puerperal” y a continuación se discutieron las diferentes posturas en la comunidad científica y médica al respecto, sobre todo en el caso de la administración del medicamento durante el embarazo para la prevención de dicha hemorragia. Finalmente se concluyó que “la OMS (…) ha adoptado una postura cautelosa sobre la distribución anticipada del misoprostol en la comunidad durante el embarazo y recomienda que se lleve a cabo una investigación rigurosa”30.
La lectura de este documento, a juicio de las peticionarias, deja claro que éste “expresa dudas en torno al uso del misoprostol para la prevención y tratamiento de la hemorragia puerperal, pero no frente a la seguridad del uso de este medicamento en los casos de interrupción del embarazo, aborto retenido espontáneo, ni inducción al trabajo de parto”; dudas que en todo caso fueron despejadas pues, como se vio, en 2011 la OMS incluyó el medicamento para la prevención de la hemorragia posparto cuando el oxitocin no este disponible o no pueda ser usado en condiciones seguras31.
Las actoras relatan que el 29 de diciembre de 2010, mediante Acuerdo 20, la Comisión de Regulación en Salud (CRES), sometió a “consulta de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de la comunidad médico-científica y de la ciudadanía en general la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado” varios medicamentos, entre ellos el “principio activo” “Misoprostol. Uso exclusivo de ginecólogo. 25-200 mcg tableta vaginal”. Dentro de las consideraciones para adoptar esta decisión, mencionó que “como resultado de los estudios técnicos de evaluación se recomendó por parte de la Comisión, considerar la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de varias tecnologías en salud conforme a las indicaciones descritas para cada una de ellas debido a que su impacto neto sobre la unidad de pago por capitación (UPC) es neutro” . Esto significa, en su opinión, que “la Comisión de Regulación en Salud-CRES, en el Acuerdo 20 del 2010, indicó que los estudios técnicos probaban que el misoprostol tiene un impacto neutro de costo en el sistema de salud”32.
En contravención de todo lo anterior, dicen las peticionarias, “con fecha de 30 de marzo de 2011, la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, envió un requerimiento al Ministro de la Protección Social, con motivo del estudio de inclusión del medicamento misoprostol para la IVE en el Plan Obligatorio de Salud-POS que adelantaba la Comisión de Regulación en Salud. En este requerimiento la Procuraduría señaló que i) el INVIMA no había aprobado el uso del misoprostol para los casos de aborto de la sentencia C-355 de 2006, ii) la OMS tenía reparos sobre la efectividad y seguridad del misoprostol en casos de inducción de IVE (citando sólo los apartes del documento que hacen referencia a las dudas en la seguridad cuando el medicamento se usa para la hemorragia puerperal) y iii) la inclusión del referido medicamento implicaría un detrimento patrimonial para el Estado”33.
En la referida comunicación, la mencionada Procuradora Delegada, “en ejercicio de las funciones preventivas y de control de gestión”, manifestó la “preocupación de este órgano de control frente a la posible intención del Ministerio de la Protección Social de incluir el medicamento denominado Misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como fármaco para la práctica de abortos”. Sustentó su “preocupación” en tres “observaciones”:
La primera consistente en que “no se evidencia que la inclusión de este medicamento obedezca a una necesidad de salud pública (…) debe contarse con los estudios suficientes sobre la frecuencia de la enfermedad o perjuicio en la salud al que el mismo responde, en la comunidad específica, así como sobre sus efectos y contraindicaciones, de acuerdo con los estudios científicos pertinentes”.
La segunda, referida a “la legalidad del misoprostol”, según la cual “para que un medicamento pueda estar incluido en el POS es indispensable que tenga registro sanitario del INVIMA. Sin embargo, en el caso particular del misoprostol, se constata que el mismo no ha recibido dicho registro como abortivo, y este Despacho considera que tampoco podría recibirlo, toda vez que mas que procurar la salud, el mismo destruye la vida humana en gestación y puede tener graves efectos sobre la salud y la vida de la mujer a quien se suministra”. Al respecto, afirmó que “se han descrito efectos adversos en hijos de mujeres que utilizaron misoprostol durante el primer trimestre en un intento fallido para inducir aborto”. Para fundamentar su dicho transcribió apartes de la “Aclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso de misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad materna” del año 2010, sin especificar que hacían referencia al debate médico y científico sobre su utilización para la prevención y tratamiento de la hemorragia puerperal.
En el oficio, la Procuradora Delegada aceptó que la OMS había hecho “algunas precisiones y recomendaciones en la Guía Técnica y de políticas para sistemas de salud Aborto sin Riesgos (2003)” pero sostuvo que “ningún funcionario público puede aplicar o reproducir lo allí establecido” ya que dicha Guía “fue incorporada en nuestro país mediante la Resolución 4905 de 2006, en vigencia del Decreto 444 de 2006” el cual “fue suspendido provisionalmente por decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
De todos modos, también sugirió que en esta Guía el misoprostol había sido considerado peligroso para la mujer y como base de ello citó un aparte de la misma de acuerdo con el cual “aproximadamente 2 a 5% de las mujeres tratadas con un régimen de mifepristone y misoprostol requerirán una intervención quirúrgica para resolver un aborto incompleto, terminar un embarazo que continúa o controlar el sangrado”.
La tercera y ultima “observación” llamaba la atención sobre “el posible daño al presupuesto público que implicaría la inclusión de este medicamento (…) Carga que, en el caso del Misoprostol, ni siquiera parecería debidamente prevista y presupuestada, toda vez que no existe certeza sobre el número de mujeres a las que debería suministrarse”.
Concluyó la Procuradora Delegada que “la inclusión de este medicamento en el Plan Obligatorio de Salud no sólo sería contraria a la normatividad legal que rige la materia, sino atentatorio contra los derechos fundamentales a la vida y a la salud que les asiste a todos los colombianos y, especialmente a las mujeres en estado de embarazo, cuya protección y garantía está en cabeza del Estado, razones por las cuales, lo conmino a suspender el trámite de inclusión del Misoprostol en el POS”34.
2.- Aclaran las actoras que “se interpone esta acción de tutela en contra del Procurador General de la Nación, en relación con i) sus propios pronunciamientos, ii) los institucionales, en calidad de supremo director de la institución, y iii) como delegante de funciones respecto de los pronunciamientos hechos por sus Procuradoras Delegadas.
Así mismo, se interpone en contra de las Procuradoras Delegadas para la Infancia la Adolescencia y la Familia, y para la Función Pública, por emitir declaraciones falsas y tergiversadas en su calidad de altas funcionarias del Estado encargadas precisamente de velar por los derechos humanos”35.
3.- Las accionantes fundamentan la presunta violación a sus derechos fundamentales en la Constitución, la jurisprudencia de esta Corte, algunos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y los pronunciamientos de los organismos encargados de interpretarlos; sobretodo hacen referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a los informes temáticos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
4.- El escrito de tutela parte de la distinción que ha hecho la Corte Constitucional entre la libertad de expresión de los pensamientos y las opiniones y el derecho a la información –ambos consagrados en el artículo 20 de la Carta Política- pues, indican, tienen distinto contenido y límites36. Las actoras asumen que los pronunciamientos hechos por el Procurador General y las Procuradoras Delegadas demandadas se enmarcan dentro del derecho a la información y no dentro de la libertad de expresión, razón por la cual solicitan que el asunto de la referencia se resuelva de conformidad con el alcance del primero de estos derechos37.
5.- Para iniciar su argumentación resaltan, citando a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH38, “la importancia que el derecho a la información tiene (…) para el ejercicio pleno de otros derechos humanos (…) Solamente a través de una adecuada implementación de este derecho las personas pueden saber con exactitud cuáles son sus derechos y qué mecanismos existen para protegerlos”.
Añaden que esta importancia “se acentúa al tener en cuenta que es condición esencial para la realización de los derechos sociales de los sectores excluidos o marginados. En efecto, estos sectores no suelen tener formas alternativas sistemáticas y seguras para conocer el alcance de los derechos que el Estado ha reconocido y los mecanismos para exigirlos y hacerlos efectivos”39. De allí, señalan, la denominada obligación de transparencia activa por parte del Estado fijada por la referida Relatoría Especial40 consistente “en suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa, por lo menos en relación con, entre otros aspectos, la que se requiere para el ejercicio de los derechos -por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación”41. En este sentido, insisten, “cuando el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas depende de que puedan conocer una información pública relevante, el Estado debe suministrarla de forma oportuna, accesible y completa”42.
6.- En este orden de ideas, las actoras explican la relación que existe entre el derecho a la información y otros derechos fundamentales como “la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la salud y los derechos reproductivos, especialmente, para los grupos vulnerables de la población”.
En primer lugar, sobre la relación con la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía hacen uso de la sentencia T-881 de 2002 para explicar que “este valor fundante de nuestro ordenamiento jurídico, está asociado a tres esferas i) la autonomía para construir un proyecto de vida y elegir sus características (vivir como se quiere), ii) el acceso a ciertas condiciones materiales de existencia (vivir bien) y iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física y moral (vivir sin humillaciones)” .
A continuación las peticionarias señalan que, en su sentir, “la importancia de la información en la primera esfera de la dignidad humana, está asociada directamente con la efectividad de los derechos a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, pues no es posible construir un proyecto de vida sin tomar decisiones autónomas y por lo tanto informadas frente a las opciones que se presentan para cada persona en particular. A su vez, estas decisiones no pueden ser calificadas como verdaderamente libres si no se tiene acceso a la información sobre las opciones de las que se dispone o la información sobre la que se toman es falsa, tergiversada o sesgada”43.
Arguyen que “el acceso a información veraz e imparcial también es relevante para la segunda esfera de la dignidad asociada a la existencia de ciertas condiciones materiales de existencia, entre las que se encuentran el acceso a servicios que garanticen el derecho a la salud”.
En segundo lugar, en lo relativo a la relación entre el derecho a la información y el derecho a la salud y los derechos reproductivos, las accionantes traen a colación los pronunciamientos de varios organismos internacionales autorizados para interpretar algunos tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Señalan que “el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se ha referido en su Observación General No. 2444, al deber de los Estados de asegurar el acceso de las mujeres a la información en relación con la salud, especialmente sobre su salud sexual y reproductiva, y ha recomendado la remoción de los obstáculos en el acceso a la educación e información en estas esferas”.
Indican que “en el mismo sentido se pronunció el Comité de Derechos del Niño45, al resaltar la importancia del acceso a la información en salud por parte de las y los adolescentes, especialmente en lo relativo a su salud sexual y reproductiva, y al referirse a que garantizar el acceso a la información por parte de los y las adolescentes relativa a su salud, hace parte de las obligaciones adquiridas por los Estados Parte”.
Manifiestan que “el Comité de Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación No. 1446, resaltó la dependencia de la garantía del derecho al más alto nivel de salud física y mental, con, entre otros factores, el acceso a la educación y a la información, especialmente en lo referente a la salud sexual y reproductiva. Así mismo indicó que el Estado incurre en una violación de la obligación de respetar cuando se produce ocultación o tergiversación deliberadas de la información que reviste importancia fundamental para la protección de la salud o para el tratamiento” .
Recuerdan las actoras que “la Relatoría para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos47, ha dicho que constituye una obligación esencial de los Estados que debe ser cumplida de manera prioritaria, el garantizar la educación a las usuarias en relación con los servicios de salud, y proveerles información en materia de salud, incluyendo la reproductiva. Así mismo, ha señalado que la falta de información en materia reproductiva opera como otra barrera en el acceso a los servicios de salud materna debido a que impide a las mujeres adoptar decisiones libres y fundamentadas sobre su salud, y como consecuencia de ello la falta de comportamientos adecuados para la prevención y promoción de su salud y la de sus hijos”48.
Con base en lo expresado aducen que “no puede resultar garantizado adecuadamente el derecho a la vida y a la salud, así como tampoco, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad y autonomía, si la información que se provee desde el mismo Estado, en materia de derechos y salud sexual y reproductiva, no es veraz e imparcial, sino que por el contrario es tergiversada, falsa o sesgada. Al recibir información de este tipo, las mujeres en edad reproductiva no podemos hacer elecciones autónomas en torno a nuestra salud, y puede resultar vulnerado incluso el derecho a la vida, por no saber que hay un procedimiento de salud que puede salvarla o no saber cómo acceder a ese servicio; esto sucede por ejemplo con la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos en que existe riesgo para la vida o salud de la mujer.
Adicionalmente, el derecho a la salud y los derechos reproductivos también quedan en riesgo, cuando la información falsa o tergiversada emitida por un funcionario público, afecta las decisiones tomadas por otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones legales y constitucionales”49.
7.- Después de esta introducción, las peticionarias intentan establecer los estándares constitucionales e internacionales que rigen el derecho a la información y sus límites, con particular énfasis en lo relativo a los funcionarios públicos, para después sostener que han sido transgredidos por el demandado y las demandadas en su perjuicio, lo cual en su opinión se tradujo no sólo en la violación de su derecho a la información sino en la vulneración de otros de sus derechos fundamentales –los reproductivos, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la educación y a beneficiarse del progreso científico- por la ya referida relación entre los mismos.
8.- Arguyen que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la información, “la veracidad e imparcialidad de la información” son características que “constituyen un verdadero derecho para el receptor [de la información], exigible tanto al Estado, como a otros particulares”.
Explican que “la información es veraz cuando tiene sustento en la realidad, lo que implica que este principio no se predique de las opiniones”50. En cuanto a la imparcialidad señalan que envuelve “evitar que su propia opinión se confunda con la presentación de los hechos objetivos; la presentación de la información mezclando hechos y opiniones entraña inexactitud. Los actos de deformar, magnificar, minimizar, descontextualizar o tergiversar un hecho puede desembocar en la inexactitud de la información al hacer que la apariencia sea tomada como realidad y la opinión como verdad, ocasionando con ello un daño a los derechos fundamentales de un tercero”51.
Utilizando la jurisprudencia de esta Corte, las accionantes proveen algunos ejemplos en los cuales la información carece de veracidad e imparcialidad por ser falsa, inexacta o incompleta y, por tanto, se rompe el principio del equilibrio informativo “según el cual debe existir una correspondencia entre lo que ha sucedido en la realidad y lo que se informa”: (i) “Cuando la información es de difícil constatación y se muestra como un hecho definitivo”, (ii) “Cuando se presenta como un hecho cierto e indiscutible un juicio de valor o una opinión del emisor”, (iii) “Cuando no se diferencian los hechos de las opiniones del emisor” y (iv) “Cuando se hace que el receptor considere una información como verdadera cuando aún no se ha establecido su carácter de tal”, entre otros52.
9.- En lo relativo a los estándares del derecho a la información cuando son los funcionarios públicos los que la proveen, aseguran que estos también se encuentran sometidos a las cargas de veracidad e imparcialidad.
Como apoyo, las peticionarias citan la sentencia T-1191 de 2004. Dicen que en esta decisión, “al referirse a la información emitida por el Presidente de la República, la Corte Constitucional diferenció entre las manifestaciones destinadas a transmitir información a los y las ciudadanos y las manifestaciones en que expresa su opinión sobre algún asunto, defiende su gestión o responde a las críticas, y que por lo tanto no son información objetiva. Al respecto, indicó que cuando el Presidente durante sus discursos hace alusión a información que presenta como auténtica, ésta debe someterse a las cargas de veracidad y objetividad que rigen el suministro de información, de conformidad con el artículo 20 de la Carta, cargas que pretenden evitar cualquier tipo de manipulación sobre la formación de la opinión pública, más teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el que cuenta el primer mandatario, en virtud de su cargo. En el segundo caso, cabe la expresión de la opinión del Presidente, es decir su apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto, ámbito en el que no es exigible la estricta objetividad. Aun así, para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad”. Sostienen que la distinción hecha por la Corte Constitucional en esa sentencia “es aplicable no sólo al Presidente de la República, sino a todo servidor público, debido a la investidura que poseen y la importancia de la información que trasmiten a la ciudadanía, así como por la disposición que tienen de los medios de comunicación institucionales y su posición de fuente para los medios de comunicación privados”.
Manifiestan que esto “permite a su vez garantizar no sólo el derecho a la información de los receptores de la información, sino también la confianza legítima que éstos tienen en que lo que dicen los representantes del Estado concuerda con la realidad y no ha sido acomodado o tergiversado en función de los intereses del funcionario; es decir, que se trata de información confiable, especialmente si se tiene en cuenta la obligación de transparencia activa del Estado”53.
10.- Además, las accionantes aseveran que tanto la Corte Constitucional como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “han sido claras en señalar” que los “estándares” del ejercicio del derecho de información “son más altos cuando se trata de funcionarios públicos”, lo cual tiene diferentes manifestaciones.
En ese sentido indican que, en primer lugar, “la carga de veracidad e imparcialidad de la información se acentúa cuando el emisor es el Estado, uno de sus organismos o uno de los funcionarios que lo representan (…) la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos es mayor, pues la que proveen es condición para que los ciudadanos se formen una opinión de los asuntos públicos, decidan de manera libre e informada en los asuntos democráticos que les competen y sepan cómo hacer ejercicio de sus derechos” .
En segundo lugar, citando a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH 54 y a la Corte IDH55, las actoras sostienen que “los funcionarios públicos tienen una obligación específica de constatación razonable de los hechos sobre los que basan sus afirmaciones, con una diligencia mayor a la que despliega un particular, en virtud de la credibilidad que tienen frente a la sociedad, para evitar que ésta reciba información manipulada y dado el amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población”56.
En tercer lugar, citando de nuevo a la Corte IDH57, señalan que “en razón del impacto que las declaraciones hechas por funcionarios pueden tener sobre los derechos de particulares, aquellos tienen la obligación de cuidar que sus manifestaciones no aumenten la vulnerabilidad de ciertos grupos ciudadanos, u obstaculicen o vacíen de contenido los derechos de ciudadanos y ciudadanas”58.
En cuarto lugar, con base en la ya referida sentencia T-1191 de 2004, indican las peticionarias que “los posibles abusos o extralimitaciones que un servidor público en el ejercicio de la facultad de expresar su opinión o de presentar información pueda cometer, deben ser analizados de forma más estricta que si lo llevara a cabo cualquier otra persona” .
11.- Después de describir estos estándares especiales en materia del derecho a la información cuando son los funcionarios públicos los que la proveen, añaden que “la investidura de que goza un funcionario, no puede ser usada para generar confusión o temor en la ciudadanía o en otros funcionarios, pues con ello también se estarían vulnerando los principios de la función pública y el derecho de las personas a ejercer su autonomía a través de la toma de decisiones libres e informadas, máxime cuando los funcionarios son garantes de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos”59.
12.- Las accionantes explican que, según la jurisprudencia constitucional, ante la violación del derecho a la información lo que procede es una “rectificación en condiciones de equidad, de manera que se corrija o aclare la información dada, con el mismo despliegue informativo que la información inicial y bajo la condición de que el emisor reconozca expresamente su equivocación”.
Reconocen que la solicitud de rectificación es un requisito de procedibilidad de la tutela según el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 pero argumentan que, de acuerdo con la sentencia T-263 de 2010, “cuando se trata de la emisión de una información falsa, tergiversada o que de cualquier modo falte a las características de imparcialidad y veracidad, emitida por una autoridad pública, la protección constitucional del derecho a la información procede de forma directa, es decir, no se requiere la solicitud previa de rectificación al funcionario. Esta regla no es desproporcionada si se tiene en cuenta que los funcionarios públicos emiten información en ejercicio de una investidura de poder que les da credibilidad frente a la ciudadanía, y frente a otros funcionarios, que les impone una carga de diligencia superior a la de un particular al emitir información” . Así las cosas, entienden que “dada la calidad de funcionario y funcionarias de los respectivos responsables de la violación de nuestros derechos fundamentales, la solicitud de tutela procede directamente, sin necesidad de que previamente hayamos solicitado rectificación”60.
13.- Dicho lo anterior, las peticionarias se concentran en exponer, con base en los estándares jurídicos resumidos, la forma en la consideran ha sido violado su derecho fundamental a la información. Argumentan que “la provisión de información por el Estado, sus instituciones y sus funcionarios y funcionarias, falsa o tergiversada, constituye una violación al derecho al acceso a la información” y que eso sucedió en el presente asunto ya que “ninguna de las afirmaciones que el Procurador emite como si fueran información y que han sido detalladas en el acápite de hechos, constituyen afirmaciones veraces e imparciales. Por el contrario, se trata de declaraciones falsas, tergiversadas e incompletas emitidas por el máximo órgano de los derechos humanos en Colombia, sobre educación sexual, acceso a los anticonceptivos y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que son fácilmente confrontables con la información científica y jurídica emitida por las autoridades competentes respectivamente” .
Manifiestan que “dada la credibilidad de la Procuraduría en calidad de organismo del Estado y por el uso masivo de los medios de comunicación a los que tiene acceso también en virtud de su posición oficial, la información falsa y tergiversada que emite, genera efectos de confusión y desinformación masiva tanto en el grupo de mujeres que firmamos esta tutela, como en la sociedad en general, y frente a los funcionarios y funcionarias públicos que no pueden ejercer de forma idónea su función de garantizar los derechos de los y las ciudadanos, cuando el máximo responsable de éstos, les da instrucciones sin sustento”61. Precisan que “se interpone [la presente acción de tutela] para obtener el amparo de nuestro derecho fundamental a la información en calidad de receptoras [de la misma]”62.
14.- Sostienen las accionantes que “las afirmaciones falaces y tergiversadas que han sido emitidas por el Procurador General de la Nación y por las Procuradoras Delegadas para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, y para la Función Pública, están sometidas al mayor nivel de escrutinio que corresponde a la información que provee el Estado, y a uno mucho más riguroso, por tratarse del organismo encargado de la garantía de los derechos humanos en Colombia” . En este sentido, estiman que el Procurador General y sus Procuradoras Delegadas, “como todos los funcionarios del Estado (…) tienen la función de garantes de los derechos de los particulares, pero este rol está reforzado en su caso específico, porque la misma Constitución le asigna la función concreta de proteger y garantizar los derechos humanos” en el artículo 27763. Ello deriva, a su juicio, en que “cuando se trata de emitir información sobre el ejercicio de derechos humanos y fundamentales, la Procuraduría General de la Nación, principalmente en cabeza de su máximo director y delegados y delegadas, debe actuar con una diligencia incluso superior a la de otros organismos y funcionarios del Estado”64.
15.- También aclaran que “la emisión de información falsa y tergiversada por parte de estos funcionarios no puede ser justificada, alegando ignorancia o desconocimiento, pues de una parte, tanto el Procurador como sus delegadas, son personas con alta formación jurídica que ocupan altas posiciones en la estructura de la función pública, y en estas condiciones, es más alto el deber de diligencia que les es exigible al emitir información sobre el ejercicio de los derechos que deben garantizar.
De otra parte, porque cuando se ha tratado de asuntos que implican saber científico, la Procuraduría siempre ha tenido acceso a los conceptos técnicos en la materia y de las organizaciones expertas, y aun así ha emitido información que va en contravía de los pronunciamientos de las autoridades científicas; lo que es más grave, ha citado dicho conceptos de forma tergiversada y descontextualizada, para dar información falsa (caso del misoprostol). No le exigimos al Procurador y a las Procuradoras Delegadas conocer toda la información científica disponible en materia de derechos reproductivos, pero si tenemos derecho a exigirle que no tergiverse o descontextualice aquella en la que basa sus afirmaciones”65.
16.- Estiman que “estas afirmaciones fueron hechas en el ejercicio de funciones públicas y en relación con asuntos que se vinculan directamente con el ejercicio de derechos. Por lo tanto, no constituyen un ejercicio de la libertad de opinión de dichos funcionarios, sino una violación del derecho a la información de nosotras como receptoras de la presunta información” . Así mismo, dicen, “no puede ser entendida como un ejercicio de la libertad de opinión de estos funcionarios, pues éstos se están refiriendo dentro del ejercicio de sus funciones a aspectos científicos y jurídicos, no sujetos a interpretación, pues ya han sido definidos por las autoridades correspondientes”66.
Sin embargo, manifiestan que “aun en el caso en que se llegara a considerar que (…) entran en el ámbito de protección de la libertad de expresión, en la manifestación de opiniones personales de dichos funcionarios, los mismos no han cumplido con las obligaciones derivadas de su investidura de diferenciar claramente sus opiniones de lo que pretenden mostrar como información objetiva y de no afectar los derechos fundamentales de terceras personas con dichas declaraciones” .
En este sentido, indican que “no podría ser considerado como un ejercicio legítimo de la libertad de opinión, por parte de un funcionario público, aquel que afecta los derechos humanos y fundamentales de terceras personas, mucho menos si pertenecen a grupos vulnerables de la población”67. Entienden que con las manifestaciones de los demandados “se pone en mayor riesgo a grupos vulnerables, como el que constituyen las mujeres, por ser un grupo tradicionalmente discriminado, y dentro de éste al grupo de mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual [por razones que serán resumidas más adelante]”68.
17.- Ahora bien, las actoras aducen que “además de la violación del derecho a la información, el Procurador y las Procuradoras Delegadas, vulneran otros derechos fundamentales y humanos con las declaraciones que pretenden hacer pasar como información legítima y constitucionalmente protegida. Más concretamente (…) nuestros derechos reproductivos, a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la educación, y a beneficiarse del progreso científico” .
18.- En cuanto a la alegada vulneración de los derechos reproductivos, recurren a la sentencia T-585 de 2010 en la cual esta Corte determinó que dentro estos se encuentran, entre otros, (i) “decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué frecuencia”, (ii) “el derecho de las mujeres a la IVE cuando se encuentran en las hipótesis despenalizadas”, (iii) “acceder a servicios de salud reproductiva”, (iv) “Educación e información sobre toda gama de métodos anticonceptivos, acceso a los mismos y posibilidad de elegir aquél de su preferencia” y (v) “el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, oportuna y con calidad en aquellos casos en que no es punible de conformidad con la sentencia C-355 de 2006”69.
A continuación, se dedican a sustentar la supuesta violación de cada uno de los mencionados derechos reproductivos.
Sobre (i) y (iii), sostienen que “la información es fundamental para tomar decisiones libres e informadas y acceder de forma efectiva a los servicios de salud requeridos para hacer efectivas dichas decisiones. Cuando el Procurador utiliza su investidura para hacer y difundir declaraciones tergiversadas sobre los derechos reproductivos de las mujeres y niñas colombianas, además de vulnerarse el derecho a la información, resultan violados nuestros derechos reproductivos a tomar decisiones libres e informadas sobre los aspectos relacionados con nuestra reproducción (…)”.
Respecto del componente educativo de (iv), las peticionarias arguyen que “no obstante la claridad de la orden [dada en la sentencia T-388 de 2009 consistente en la realización de campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos], el Procurador General de la Nación expresó a la opinión pública a través de un comunicado de la institución, que solicitaría la nulidad de la referida sentencia por ordenar campañas masivas de promoción del aborto, tergiversando completamente la orden de la Corte. Y una vez interpuesto el incidente de nulidad de la sentencia, la Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, expresó a los medios de comunicación que la orden no era aplicable sino hasta que la Corte decidiera sobre la nulidad interpuesta; a lo cual, el entonces Presidente de la Corte, Magistrado Nilson Pinilla Pinilla tuvo que aclarar que la sentencia era de aplicación inmediata. Así, la Procuraduría puso en duda ante la opinión pública el fin de la orden dada por la Corte Constitucional y cuestionó su aplicabilidad con base en información tergiversada por la propia institución. De esta forma puso en riesgo el conocimiento y efectivo ejercicio que tienen todos los colombianos y colombianas, especialmente el de niños, niñas y adolescentes, a tener una educación sexual de calidad” .
En lo relativo al mismo punto (iv), pero en su componente de acceso a los anticonceptivos, la accionantes aducen que, “a pesar de la importancia de la Anticoncepción de Emergencia para prevenir embarazos no deseados, especialmente en una población tan vulnerable como las víctimas de violencia sexual, entre las que se encuentra niñas y adolescentes, y contrariando la evidencia científica que conoce, la Procuraduría General de la Nación ha expresado en dos ocasiones, que este anticonceptivo es abortivo; una vez en un proceso judicial y otra por parte del mismo Procurador, cuando se debatía la propuesta de un candidato presidencial de distribuir gratuitamente este anticonceptivo”. Explican que “la Anticoncepción Oral de Emergencia, es especialmente relevante para los casos de violencia sexual (…) situación ante la cual, [las mujeres o niñas víctimas] tienen derecho, como parte de la atención médica de urgencia gratuita, a que se les provea tal tipo de anticoncepción, para prevenir un embarazo. Así ha quedado consagrado en la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Protección Social que incorpora las Guías de atención al menor y a la mujer maltratada”. Indican que “de esta forma, la Procuraduría pone en riesgo el acceso a toda la gama disponible de anticonceptivos de las mujeres, así como el derecho de las víctimas de violencia sexual, grupo vulnerable donde se encuentran niñas y adolescentes, a acceder a servicios de salud integrales frente a la vulneración de sus derechos humanos y fundamentales” .
En lo que toca con (ii) y (v), las accionantes alegan que “dado que en relación con la IVE, el indebido uso de la objeción de conciencia, ha sido identificado como un obstáculo al ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres, la Corte Constitucional ha establecido reglas que buscan proteger a los objetores a la vez que a las mujeres que deciden optar por una IVE. A pesar de la existencia de estas reglas, el Procurador General de la Nación ha señalado en reiteradas oportunidades que la suspensión por parte del Consejo de Estado del Decreto 4444 de 2006, sobre la prestación del servicio de salud IVE, implica que el ejercicio de la objeción de conciencia no pueda ser restringido de ninguna manera y a ninguna persona; así por ejemplo, de acuerdo con estas declaraciones falsas, las instituciones de salud podrían objetar conciencia, aún si las reglas sentadas por la Corte Constitucional lo prohíben”.
Agregan, en cuanto a los mismos dos ítems (ii) y (v), que “en Colombia los procedimientos quirúrgicos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud100, pero los procedimientos que hacen uso de medicamentos no lo están, lo cual impide que las mujeres con menos recursos accedan a un procedimiento IVE seguro y menos invasivo que los quirúrgicos. Teniendo en cuenta esta situación, así como que la inclusión del misoprostol en el POS tiene un impacto neutro de costo en el Sistema de Salud, la Comisión de Regulación en Salud tuvo la intención de incluirlo en tal plan. A pesar de que se contaba con la evidencia científica y el estudio de costos para que el Misoprostol fuera incluido en el POS, la Procuraduría General de la Nación inició un debate en torno a la propuesta de la Comisión en Regulación en Salud, con base en afirmaciones tergiversadas sobre material científico de la OMS. En consecuencia, la inclusión de este medicamento en el POS y con ello el derecho de las mujeres y niñas colombianas a beneficiarse de este medicamento fueron truncados, pues la Comisión decidió aplazar la decisión definitiva al respecto”70.
Expuesto lo anterior, las actoras concluyen que “la provisión de información falsa, tergiversada y sesgada por parte de la Procuraduría General de la Nación impacta directamente en los derechos reproductivos de las mujeres y niñas colombianas. De una parte, porque afecta directamente la toma de decisiones sobre los aspectos reproductivos de nuestra vida, y de otra porque altera la toma de decisiones de otros funcionarios públicos, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de otros derechos reproductivos”71.
19.- Además de las presuntas violaciones a los derechos a la información y reproductivos, estiman vulnerados sus derechos a la educación, a la salud y a beneficiarse del progreso científico, lo que repercutió a su vez en perjuicio de sus derechos a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Según el escrito de tutela, los hechos generadores de lo anterior son varios.
El primero está relacionado con la orden dada en la sentencia T-388 de 2009 consistente en poner en marcha campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos la cual fue, en su opinión, tergiversada por el Procurador General y su aplicabilidad inmediata puesta en duda por la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos de la manera ya explicada.
Aseguran que “estas campañas pretenden hacer efectivo el derecho que tenemos todos los colombianos y colombianas, a recibir educación en derechos humanos [artículo 53 de la Constitución] entre los que se incluyen los sexuales y reproductivos, por lo que la negativa constante a ejecutarlas o la oposición acérrima con base en información tergiversada por parte de la Procuraduría, implican una violación del derecho a la educación. Además, cuando se tergiversa el alcance de estas campañas de educación, se pone en riesgo la dignidad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas, adolescentes, y colombianos y colombianas en edad adulta, por no proveernos información sobre la sexualidad y reproducción que nos permitan tomar decisiones auténticamente libres por ser tomadas con base en información fiable”72.
Agregan las peticionarias que “estas campañas son necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la salud de colombianos y colombianas, y en este sentido, las declaraciones falsas del Procurador, aduciendo que lo que pretendía la Corte Constitucional era promover el aborto, además de ser completamente errado, afecta el derecho a la salud, entendido como el máximo nivel de bienestar posible y no sólo la ausencia de enfermedades, pues los ciudadanos y ciudadanas no sabrán a qué tienen derecho y cómo ejercerlo, y los prestadores de salud, podrían negarse a proveer información sobre estos derechos, por el temor infundido por las declaraciones del Procurador”73.
20.- El segundo hecho generador de las referidas vulneraciones está constituido por la posición de la Procuraduría y las declaraciones del Procurador General sobre la anticoncepción oral de emergencia –que ya fueron resumidas-, de conformidad con la cual esta es abortiva.
Manifiestan que “cuando el Procurador afirma que la anticoncepción de emergencia es abortiva, desconoce no sólo la evidencia científica presentada por la Organización Mundial de la Salud que demuestra que es anticonceptiva, sino también la sentencia del Consejo de Estado que así lo declaró. Con sus falsas declaraciones, se está violando el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, pues las mujeres y niñas que requieren acceder a este método de anticoncepción de emergencia, no pueden tomar una decisión libre e informada sobre el consumo de dicha pastilla, por el temor de incurrir en un aborto. Adicionalmente, se vulnera el derecho a la dignidad, porque con la creencia errada, infundida por la Procuraduría, sobre la forma como actúa la Anticoncepción de Emergencia, mujeres y niñas no podrán evitar un embarazo, y verán con ello truncado su propio proyecto de vida”. Son enfáticas en afirmar que “esta afectación a la dignidad será más gravosa cuando se trata de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual que se expondrán a un embarazo no consentido y producto de la vulneración de sus derechos humanos y fundamentales, y en contra de su proyecto de vida”.
Las accionantes también argumentan que “se vulnera el derecho a disfrutar del progreso científico, en tanto la anticoncepción de emergencia fue diseñada, luego de años de investigación, precisamente para ofrecer una opción digna a las mujeres víctimas de violencia sexual”.
Añaden que “estos derechos no sólo se violan por el efecto que la información falsa causa en las mujeres en edad reproductiva, sino también por el impacto que estas declaraciones generan en funcionarios públicos y profesionales de la salud, que pueden abstenerse de ofrecer esta opción a las mujeres, precisamente por la información tergiversada proveída por la Procuraduría General de la Nación”.
21.- El tercer hecho generador de las vulneraciones alegadas es, de acuerdo con el escrito de tutela, “la provisión [por parte de la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos] de información tergiversada dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad de vigilancia y control del sistema de salud, según la cual, este organismo no tendría la obligación de remover los obstáculos que se presentan en el sistema durante la provisión de los servicios IVE” .
Explican las actoras que esto “afecta directamente el derecho a la salud, en su faceta de accesibilidad, pues se envía un mensaje según el cual se permite que los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas colombianas que requieran acceder al servicio de salud para interrumpir su embarazo, tienen la obligación de afrontarlos sin que ninguna autoridad del Estado se ocupe de garantizar sus derechos fundamentales”.
Así mismo, afirman, se produjo “una afectación al derecho a la dignidad de las mujeres, en las facetas de acceder a ciertas condiciones materiales de existencia (vivir bien) y de la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física y moral (vivir sin humillaciones), pues les niega a las mujeres y niñas colombianas, el acceso digno a servicios de salud que requieren, y además, porque implican permisividad frente al maltrato y humillación que actualmente sufren por parte del sistema cuando solicitan una IVE”.
22.- El cuarto hecho generador de las supuestas vulneraciones que se describen, consiste en la posición del Procurador General, manifestada en dos de sus circulares, sobre la suspensión provisional del Decreto 4444 de 2006 y sus efectos sobre el ejercicio de la objeción de conciencia frente a la IVE, la cual ya fue resumida. Sostienen las peticionarias que “la presentación de la objeción de conciencia frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como un derecho absoluto, que opera en cualquier circunstancia, genera una afectación directa al derecho de optar por una IVE y constituye una barrera de acceso a un servicio de salud específico. Debido a que el indebido uso de la objeción de conciencia ha sido detectado como una de las barreras a las que se enfrentan las mujeres y niñas cuando solicitan una IVE, las declaraciones tergiversadas del Procurador en la materia, implican el fortalecimiento de esta barrera, y por lo tanto, la afectación del derecho a la salud en la faceta de accesibilidad” .
23.- El quinto hecho generador de las mencionadas violaciones se da por la posición del Procurador General, vertida en un comunicado y en una de sus circulares, sobre el derecho absoluto a la vida del no nacido, las cuales fueron explicadas con anterioridad. Arguyen las accionantes que “la provisión de información errada según la cual el derecho a la vida se protegería de forma absoluta desde la concepción, implica además de una violación del derecho a la información, una vulneración al derecho a la IVE, y la generación de un obstáculo en el acceso a los servicios de salud requeridos para hacer efectiva la decisión de interrumpir el embarazo”.
24.- El sexto y último hecho generador está constituido por la carta enviada por la Procuradora Delegada María Eugenia Carreño al Ministerio de Protección Social en la cual se oponía, con diversos argumentos que ya fueron resumidos, a la inclusión del medicamento misoprostol en el POS. A juicio de las peticionarias, “la información falsa difundida por la Procuraduría implica la creación de temores injustificados en el uso de un medicamento que ha sido clasificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud, resulta una barrera para el acceso a una IVE, así como para el derecho a la salud integral, y desconoce de tajo el derecho humano a beneficiarse de los progresos científicos, pues las mujeres y niñas no pueden acceder en este momento, gracias a la confusión generada por el Procurador, a un servicio de salud en condiciones seguras y menos invasivas que un procedimiento quirúrgico, que ha sido recomendado por las autoridades científicas”74.
25.- Al finalizar el escrito de tutela las accionantes descartan que en su caso se presente un daño consumado pues sostienen “que el Procurador y sus Procuradoras Delegadas han actuado de forma sistemática y prolongada en el tiempo para proveer información falsa y tergiversada (desde 2009 hasta este año). Además de esta actuación prolongada en el tiempo, los efectos de sus actuaciones persisten en la actualidad y se concretan en una continua vulneración de los derechos fundamentales”.
Por razones similares consideran satisfecho el requisito de la inmediatez en la acción de tutela que presentan ya que, en su opinión, “la vulneración del derecho fundamental a la información por parte de la Procuraduría General de la Nación, representada por Alejandro Ordóñez Maldonado, se ha producido de manera permanente desde 2009 y hasta este año. Además, la violación del derecho a la información persiste, por el hecho de que la dada por el Procurador y sus Procuradoras Delegadas, es falsa y tergiversada, no es fiable ni completa, y dichas afirmaciones siguen difundiéndose a través de los medios de comunicación e institucionales del organismo de control. Hasta tanto no se corrija la información dada, la violación del derecho a la información persiste y por lo tanto, es susceptible de amparo constitucional”75.