Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=683441
Timestamp: 2019-05-21 07:38:07
Document Index: 204321898

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 483', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 196', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 39', 'artículo 160', 'artículo 157', 'artículo 162', 'artículo 1', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 42']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°108
PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Zacarias Monsalve Benavides
VOTACIÓN DE PROYECTO SIN INFORME Y SIN DEBATE
INCORPORACIÓN EN LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, DE DISPOSICIONES SOBRE CONVIVENCIA DE DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10217-15) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA]
INTERVENCIÓN : Maximo Venegas Sepulveda
INTERVENCIÓN : Jose Gilberto Garcia Ruminot
MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN BANCARIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11269-05) [CONTINUACIÓN]
INTERVENCIÓN : Sergio Patricio Aguilo Melo
OTORGAMIENTO DE INCENTIVO POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. (BOLETÍN N° 11467-07)
APOYO A PROPUESTA DE AUTONOMÍA DEL REINO DE MARRUECOS COMO RESOLUCIÓN AL CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL (N° 1.056) [PREFERENCIA]
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EMPRESAS QUE TRABAJAN CON PERSONAS RECLUIDAS EN CENTROS DE GENDARMERÍA DE CHILE (N° 1.018)
DESAFILIACIÓN AUTOMÁTICA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA QUE NO UTILICEN BENEFICIOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN POR MÁS DE SEIS MESES (N° 1.019)
PLAN ESPECIAL DE CONVENIOS DE PAGO TRIBUTARIO PARA LA COMUNA DE TOCOPILLA (N° 1.020)
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Boric Font
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Celso Rene Morales Munoz
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : David Sergio Sandoval Plaza
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
LEGISLATURA 365ªSesión 108ª, en miércoles 3 de enero de 2018
(Ordinaria, de 10.38 a 14.13 horas)
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
I.- ASISTENCIA 16
II.- APERTURA DE LA SESIÓN 21
III.- ACTAS 21
IV.- CUENTA 21
ACUERDO DE LOS COMITÉS 22
VOTACIÓN DE PROYECTO SIN INFORME Y SIN DEBATE 22
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA 23
V.- ORDEN DEL DÍA 23
INCORPORACIÓN EN LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, DE DISPOSICIONES SOBRE CONVIVENCIA DE DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE (TERCER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10217-15) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA] 23
MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN BANCARIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11269-05) [CONTINUACIÓN] 37
OTORGAMIENTO DE INCENTIVO POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11467-07) 56
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 59
APOYO A PROPUESTA DE AUTONOMÍA DEL REINO DE MARRUECOS COMO RESOLUCIÓN AL CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL (N° 1.056) [PREFERENCIA] ... 59
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EMPRESAS QUE TRABAJAN CON PERSONAS RECLUIDAS EN CENTROS DE GENDARMERÍA DE CHILE (N° 1.018) 60
DESAFILIACIÓN AUTOMÁTICA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA QUE NO UTILICEN BENEFICIOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN POR
MÁS DE SEIS MESES (N° 1.019) 61
PLAN ESPECIAL DE CONVENIOS DE PAGO TRIBUTARIO PARA LA COMUNA DE TOCOPILLA (Nº 1.020) 62
VII.- INCIDENTES 63
VIII.- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES ... 65
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1.- Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Crea una sociedad anónima del Estado denominada “Intermediación Financiera S. A.”. Boletín N° 11554-05. (345-365).
2.- Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “Discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Moderniza la legislación bancaria.”. Boletín N° 11269-05. (1018-365).
3.- Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “Suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos voluntarios en favor de cooperativas.”. Boletín N° 11199-03. (1020-365).
4. “Instaura el día 12 de marzo de cada año como el Día Nacional del Trabajador Papelero.”. Boletín N° 8875-13. (1019-365);
5. “Modifica el artículo 12 de la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional.”. Boletín N° 10800-15. (1021-365), y
6.- “Otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, según se indica”. Boletín N° 11467-07. (1022-365).
7.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado parcialmente las enmiendas introducidas al proyecto, iniciado en moción, que “Norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises” y que ha designado a los miembros de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía como integrantes de la Comisión Mixta. Boletín N° 9452-09 (SEN). (01/SEC/18).
8.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Fortalece el Servicio de Tesorerías”. Boletín N° 11468-05. (02/SEC/18).
9.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el decreto ley N° 2.222, en materia de extracción de naves hundidas o varadas y de materias nocivas contenidas en ellas.”. Boletín N° 10325-02. (03/SEC/18).
10.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que “Declara feriado el día 16 de enero de 2018 en la Región Metropolitana, con motivo de la visita del Papa Francisco”. Boletín N° 11544-06. (05/SEC/18).
11.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, que “Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.”. Boletín N° 9914-11 (SEN). (06/SEC/18).
12.- Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Instaura el día 12 de marzo de cada año como el Día Nacional del Trabajador Papelero.”. Boletín N° 8875-13 (SEN).
13.- Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica la ley N° 8.946, que Fija texto definitivo de las leyes de Pavimentación Comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios”. Boletín N° 11288-06.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo de la ley N° 18.216 y del artículo 17 B, inciso segundo de la ley N° 17.798. Rol 3415-17-INA.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 483 del Código Procesal Penal. Rol 3216-16-INA.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 299, N° 3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar. Rol 3637-17-INA.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Rol 3651-17-INA.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3679-17-INA.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3703-17-INA.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3727-17-INA.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3738-17-INA.
22. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3745-17-INA.
23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3773-17-INA.
24.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3786-17-INA.
25.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3788-17-INA.
26.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3796-17-INA.
27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3797-17-INA.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo de la ley N° 18.216. Rol 3801-17-INA.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3810-17-INA.
30.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3812-17-INA.
31.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3831-17-INA.
32.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3832-17-INA.
33.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo de la ley N° 18.216. Rol 3835-17-INA.
34.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3836-17-INA.
35.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3838-17-INA.
36. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3849-17-INA.
37. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3850-17-INA.
38.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3862-17-INA.
39.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3870-17-INA.
40.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3871-17-INA.
41. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3881-17-INA.
42. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3882-17-INA.
43. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. Rol 3898-17-INA.
44.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3901-17-INA.
45.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3910-17-INA.
46.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3921-17-INA.
47.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3924-17-INA.
48.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 3933-(3951)-17-INA (acumuladas).
49.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4006-17-INA.
50.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la frase “a la fecha de entrar en vigencia la presente ley o con posterioridad a ella”, contenida en el artículo 4, inciso primero, de la ley N° 19.544. Rol 4051-17-INA.
51.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 3976-17-INA.
52.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4207-17-INA.
53.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter de la ley Nº 18.290 . Rol 4152-17-INA.
54.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. Rol 4205-17-INA.
55.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la oración final del artículo 4°, inciso primero de la ley 19.886. Rol 4078-17-INA.
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 3 de enero de 2018, por impedimento grave.
Diputado Sabag, don Jorge . Solicita informe de las medidas que se adoptarán para instalar en la ciudad de Chillán, capital de la Región de Ñuble, oficinas de ese Ministerio con el fin de facilitar la realización de los trámites que actualmente deben realizarse en la comuna de Concepción. (883 al 37383).
Proyecto de Resolución N° 949, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República se sirva instruir al Ministerio de Salud para incorporar en las prestaciones de atención primaria en salud a la endometriosis. (4978).
Diputada Turres , doña Marisol . Solicita remitir los antecedentes respecto al arrendamiento de la Estación de Trenes de Puerto Montt “La Paloma”, en los términos que se solicita. (GG837 al 22953).
Diputado Fuentes, don Iván . Situación del grupo de armadores del Área de Régimen Artesanal de Extracción Merluza Austral Palena, comuna de Chaitén, pertenecientes al Sindicato de Pescadores Artesanales el Faro de Chulao, que tras el dictamen de la Contraloría N° 14802, emitido el 12 de septiembre de 2017, quedaron fuera de la posibilidad de postular y acceder a los beneficios de los Fondos Regionales que se indican, señalando la factibilidad de poder evaluar su situación en los términos que requiere. (2369 al 37373).
Diputada Turres , doña Marisol . Solicita reiterar el oficio Nº 22.953, de fecha 7 de septiembre del 2016, en los términos que señala y solicitando volver a requerir de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado la confección de un nuevo informe, en los términos señalados en el Oficio original, y en el cuál se exprese, clara y detalladamente, la respuesta a cada uno de los asuntos que se solicitan en el mismo. (GG 837 al 26174).
Diputado Farcas, don Daniel . Solicita informar la factibilidad de establecer beneficios tributarios para las empresas que capaciten o contraten a personas que se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad. (1510 al 35436).
Diputado Farcas, don Daniel . Posibilidad de instar por una reasignación de recursos en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2018, con el propósito de destinar mayores fondos a los subsidios de contratación de mano obra que se entregan a las empresas que desarrollan procesos productivos al interior de recintos penales, contribuyendo a aumentar los cupos de trabajo para personas que cumplen penas aflictivas, en los términos que propone. (1510 al 35569).
Diputado Farcas, don Daniel . Posibilidad de proponer la entrega de un subsidio destinado a la contratación de mano de obra, destinado especialmente para absorber los servicios de personas que han recuperado su libertad tras el cumplimiento de penas privativas de libertad. (1510 al 35571).
Diputado Letelier, don Felipe . Requiere informar sobre eventuales infracciones a la normativa electoral ocurridas en las últimas Elecciones Parlamentarias y de Consejeros Regionales, particularmente por la diferencia que existiría entre los gastos declarados y efectivamente generados, indicando las medidas que se adoptarán para evitar este tipo de situaciones. (11164 al 36957).
Diputado Urrutia, don Osvaldo . Estado en que se encuentra el proyecto de ampliación del Puente Viejo de la localidad de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, y la fecha definitiva de inicio de las obras. (2623 al 35252).
Diputado Verdugo, don Germán . Existencia de planes de reinserción para personas que se hayan encontrado privadas de libertad, en su municipio, remitiendo estadísticas sobre los resultados de las medidas aplicadas y el número de personas beneficiadas. (0092 al 35893).
Diputado Rocafull, don Luis . Número de funcionarios y trabajadores auxiliares, técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en trámite de promulgación presidencial. (1100/49 al 37052).
Diputado Letelier, don Felipe . Solicita informar si la aplicación de la ley N° 20.340, que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional, ha sido un medio idóneo para garantizar la transparencia en el gasto electoral así como la representación efectiva de los electores. (11163 al 36787).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (1285 al 36618).
Diputado Kast, don José Antonio . Total de litros de agua que se repartieron mensualmente a través de camiones aljibes y el número de camiones especializados comprados, durante los años 2015 y 2016, remitiendo copia de todos los contratos que se celebraron en relación con la entrega de agua en este tipo de vehículos durante los mismos años. (1391 al 30961).
Diputado Kast, don José Antonio . Reitera el oficio N° 30961 de esta Corporación, de fecha 31 de mayo de 2017, cuya copia se acompaña. (1391 al 36887).
Diputado Kast, don José Antonio . Total de litros de agua que se repartieron mensualmente a través de camiones aljibes y el número de camiones especializados comprados, durante los años 2015 y 2016, remitiendo copia de todos los contratos que se celebraron en relación con la entrega de agua en este tipo de vehículos durante los mismos años. (1396 al 30959).
Diputado Kast, don José Antonio . Reitera el oficio N° 30959 de esta Corporación, de fecha 31 de mayo de 2017, cuya copia se acompaña. (1396 al 36889).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (179 al 36490).
Diputado Berger, don Bernardo . Pertinencia de la moción que busca modificar la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para facilitar el emprendimiento por la vía de permitir y regular el otorgamiento de patente de alcoholes en carácter de provisoria, boletín N° 11.399-03, emitiendo su parecer sobre la materia. (1800/233 al 33831).
Diputado Rocafull, don Luis . Número de funcionarios y trabajadores auxiliares, técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en trámite de promulgación presidencial. (199 al 37289).
Diputada Provoste , doña Yasna . Fallecimiento del trabajador que habría caído a un pozo de alcantarillado el día lunes 4 de diciembre de 2017, mientras prestaba servicio a la empresa sanitaria Aguas Chañar, en la ciudad de Vallenar, en los términos que requiere. (200 al 37358).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (2151 al 36444).
Diputado Rocafull, don Luis . Número de funcionarios y trabajadores auxiliares, técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en trámite de promulgación presidencial. (2676 al 37326).
Diputado Rincón, don Ricardo . Solicita indicar los fundamentos del cálculo de los diferentes Fondos previsionales que efectúa la Superintendencia de Pensiones, en atención a que éste sería más bajo que su promedio histórico, indicando además los antecedentes que justifican mantener las tablas de mortalidad que consideran una expectativa de vida de 91 años, no obstante la muerte de los cotizantes se produce mayoritariamente a una edad inferior. (29670 al 36977).
Diputada Sepúlveda , doña Alejandra . Situación de la señora María Verónica Toledo Maturana , señalando si tiene derecho a optar a una pensión de sobrevivencia a causa del fallecimiento de su cónyuge. (29701 al 36746).
Diputado Rincón, don Ricardo . Solicita informe de las fiscalizaciones que ha efectuado esa Superintendencia a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en los últimos 17 años, respecto a la contratación con personas relacionadas, indicando las instrucciones impartidas en la materia, la infracciones cursadas y su cumplimiento, todo ello según se detalla en documento anexo. (34709 al 35702).
Diputada Fernández , doña Maya . Informar sobre las labores de fiscalización para esclarecer las responsabilidades surgidas a raíz de los cortes del suministro de agua potable del mes de febrero del presente año, en la ciudad de Santiago, detallando si las empresas concesionarias han adoptado las medidas necesarias para prevenir estos hechos, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (4776 al 26707).
Diputado Monsalve, don Manuel . La posibilidad de realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la fiscalización de la estructura del alcantarillado ubicado en el sector Juan Pablo II , comuna de Los Álamos. (4788 al 32050).
Diputado Ward, don Felipe . Estado y calidad del agua potable en todas las comunas de la Región de Atacama, incluyendo los informes que ha realizado esa Superintendencia durante los últimos tres años. (4860 al 29894).
Diputado Robles, don Alberto . Situación de la calidad del agua potable en la Región de Atacama y las medidas adoptadas ante la deficiente gestión de la empresa Aguas Chañar . (4861 al 30397).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (55/2226 al 36545).
Diputado Rocafull, don Luis . Número de funcionarios y trabajadores auxiliares, técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en trámite de promulgación presidencial. (602 al 37318).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (903 al 36701).
Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita el estado de avance de la solicitud de extensión de pensión de gracia presentada por don Luis Aurelio Gallejos Jara ante la Gobernación Provincial de Arauco. (37546 de 02/01/2018). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita informe de la situación previsional de don Segundo Abelardo Vega Torres, con domicilio en la comuna de Los Álamos, quien recibe pensión por vejez desde el mes de julio del año 2017, indicando la remuneración que le corresponderá mensualmente. (37547 de 02/01/2018). A Superintendencia de Pensiones.
Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita informar la factibilidad de asignar a la brevedad una hora médica en el Hospital Traumatológico de Concepción a la señora María Cristina Peña Cuevas , domiciliada en la comuna de Los Álamos, en virtud de los antecedentes que se indican en documento anexo. (37548 de 02/01/2018). A Ministerio de Salud.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Ministerio en la Región de Tarapacá, que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37549 de 02/01/2018). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Ministerio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37550 de 02/01/2018). A Ministerio de salud.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Ministerio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37551 de 02/01/2018). A Ministerio de Educación.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Ministerio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37552 de 02/01/2018). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Ministerio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37553 de 02/01/2018). A Ministerio del Deporte.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Ministerio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37554 de 02/01/2018). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37555 de 02/01/2018). A Gendarmería de Chile.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37556 de 02/01/2018). A Presidencia de la República.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37557 de 02/01/2018). A Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37558 de 02/01/2018). A Servicio Nacional del Adulto MayorDiputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37559 de 02/01/2018). A Servicio Nacional de Menores.
Diputado Trisotti, don Renzo . Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá que se encuentran en período de ejecución y con entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt . (37560 de 02/01/2018). A Dirección de Vialidad.
Diputado Trisotti, don Renzo . Estado en que se encuentra la postulación al Programa de Subsidio para Arriendo del Adulto Mayor presentada por la señora Martina Madrid Araya y en caso de ser efectivo, las razones de su revocación. (37561 de 02/01/2018). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá.
Diputado Trisotti, don Renzo . Situación jurídica de la entrega del departamento reconstruido en el sector Las Dunas, Pasaje Los Danzantes N° 2912 de la comuna de Iquique, en los términos que requiere. (37562 de 02/01/2018). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá.
Diputado Trisotti, don Renzo . Totalidad de las fiscalizaciones y su periodicidad efectuadas a los algueros del borde costero de la Región de Tarapacá, indicando si son realizadas por ese Servicio en conjunto con la Armada de Chile, precisando los planes de manejo existentes para la extracción de Huiro Pardo y Negro . (37563 de 02/01/2018). A Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Tarapacá.
Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita informe de la factibilidad de que don Alonso Mella Sanhueza , obtenga pensión de invalidez en atención a los antecedentes que se detallan en documento anexo, indicando el estado de tramitación de la respectiva solicitud presentada por el interesado. (37564 de 02/01/2018). A Ministerio de Defensa Nacional.
Diputado Trisotti, don Renzo . Protocolo y/o procedimiento ejecutado ante la mordedura de una garrapata a una menor del Jardín Infantil Brumita de la comuna de Alto Hospicio, indicando las medidas de mitigación y/o fumigación adoptadas, señalando si se puso dicha situación en conocimiento del Servicio de Salud de Iquique, en los términos que requiere. (37565 de 02/01/2018). A Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita informe de la factibilidad de que don Alonso Mella Sanhueza obtenga pensión de invalidez, en atención a los antecedentes que se detallan en documento anexo, indicando el estado de tramitación de la respectiva solicitud presentada por el interesado. (37566 de 02/01/2018). A Ejército de Chile.
Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita informe de la factibilidad de que don Alonso Mella Sanhueza obtenga pensión de invalidez, en atención a los antecedentes que se detallan en documento anexo, indicando el estado de tramitación de la respectiva solicitud presentada por el interesado. (37567 de 02/01/2018). A Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita informe de la factibilidad de que don Alonso Mella Sanhueza obtenga pensión de invalidez en atención a los antecedentes que se detallan en documento anexo, indicando el estado de tramitación de la respectiva solicitud presentada por el interesado. (37568 de 02/01/2018).
Diputado Trisotti, don Renzo . Requiere informe de las circunstancias en que la menor Aynara Gutiérrez Lozano fue mordida por una garrapata en el Jardín Infantil Brumita de la comuna de Alto Hospicio, indicando la cobertura del sistema de público de salud que ha obtenido la afectada así como los protocolos de seguridad aplicados. (37569 de 02/01/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá.
Diputado Trisotti, don Renzo . Requiere informe de las causas por las cuales a la señora Marcela Martínez Martínez se le habría revocado el beneficio de asignación de recursos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda para Familias C.H. Las Dunas I, en la comuna de Iquique, indicando la forma de verificar los antecedentes de la solicitante, particularmente en los aspectos que se detallan en el documento anexo. (37570 de 02/01/2018). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado García, don René Manuel . Avance de la solicitud presentada por los vecinos del Sector Bajo Rayenlafquen de la comuna de Villarrica respecto de un recorrido de locomoción colectiva, en los términos que requiere. (37572 de 02/01/2018). A Dirección de Vialidad.
Diputado García, don René Manuel . Ejecución y destino de los recursos asignados al Gobierno Regional en virtud de la ley Nº 20.378, que crea el Subsidio Nacional al Transporte Público, detallando los proyectos realizados y las comunas beneficiadas. (37573 de 02/01/2018). A Intendencia de la Región de La AraucaníaDiputado García, don René Manuel . Factibilidad de aumentar el crédito, a través de la Corporación de Fomento de la Producción, con la finalidad de comprar buses, en los términos que señala. (37574 de 02/01/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de La Araucanía.
-Asistieron 113 señores diputados, de los 119 en ejercicio.
El acta de la sesión 98ª se declara aprobada. El acta de la sesión 99ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Se hace presente a la Sala que las siguientes comisiones sesionarán en forma simultánea con la Sala: la Comisión de Familia y Adulto Mayor, de 9.30 a 11.30 horas, y la Comisión de Ética y Transparencia, de 11.30 a 12.30 horas.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor MEZA .- Señor Presidente, ojalá que los periodistas publicaran que el trabajo de la honorable Cámara de Diputados comenzó ayer en Santiago a las 10.00 horas y terminó en Valparaíso cerca de las 22.00 horas. Trabajamos por alrededor de doce horas en Sala y en comisiones.
Hoy, comenzamos nuestra labor a las 9.00 horas, como siempre. Con esto quiero desmitificar la creencia de que trabajamos solo dos horas diarias.
El señor Prosecretario va a dar lectura al acuerdo de los Comités.
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Fidel Espinoza y con la asistencia de las diputadas señoras Loreto Carvajal , Maya Fernández , Marcela Hernando y Camila Vallejo y de los diputados señores Kort , León , Paulsen , Pérez, don Leopoldo ; Saffirio y Ward , acordaron por unanimidad lo siguiente:
Tratar con preferencia el proyecto de resolución N° 1.056, que solicita a su excelencia la Presidenta de la República apoye la iniciativa del Reino de Marruecos para solucionar el conflicto del Sahara Occidental.
Señor Presidente, pido la palabra para tratar un punto de Reglamento.
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda me designó diputado informante del proyecto de ley que otorga un incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial y una bonificación especial a dicho personal.
Le pido que recabe el acuerdo unánime de la Sala para que votemos hoy esa iniciativa, sin informe y sin debate, dado que si bien una vez más está en Tabla, no alcanzaremos a tratarlo.
Es algo que hemos hecho en otras ocasiones, respecto de otras iniciativas, así que podemos hacerlo también respecto de ese proyecto.
¿Habría acuerdo para proceder de la manera solicitada por el diputado José Miguel Ortiz ?
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises, con los diputados Sergio Gahona , de la Unión Demócrata Independiente; Yasna Provoste , del Partido Demócrata Cristiano; Jorge Rathgeb , de Renovación Nacional; Raúl Saldívar , del Partido Socialista, y Felipe Letelier , del Partido por la Democracia.
En el Orden del Día, corresponde tratar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Tránsito, para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte.
De conformidad con los acuerdos adoptados ayer por los Comités Parlamentarios, para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos por diputado.
-Modificaciones del Senado, sesión 89ª de la presente legislatura, en 22 de noviembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.
En discusión las enmiendas del Senado. Tiene la palabra la ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
La señora TAPIA, doña Paola (ministra de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, primero, les deseo un feliz 2018. Imagino que los desafíos de la Cámara de Diputados serán múltiples este año.
Tal como lo mencionó el señor Presidente de la Cámara de Diputados, este proyecto incorpora disposiciones sobre la convivencia de los distintos medios de transporte.
Les recuerdo que la iniciativa que nos convoca fue aprobada de manera transversal en su primer trámite constitucional, por una amplia mayoría, pues hubo 105 votos a favor.
El proyecto regula la sana convivencia que debe existir entre los distintos medios de transporte, con el fin de facilitar el desplazamiento de peatones, ciclistas, motoristas, automovilistas y vehículos del transporte público.
Diversos representantes de la sociedad civil participaron activamente en la construcción de esta iniciativa, entre las cuales puedo mencionar a cerca de sesenta organizaciones, tales como asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito y agrupaciones de ciclistas.
En los dos años de tramitación que lleva este proyecto en el Congreso Nacional ha existido un amplio debate, en el que han participado expertos, técnicos y representantes de la sociedad civil agrupados en diversas asociaciones.
En su segundo trámite constitucional, el proyecto fue objeto de modificaciones por parte del Senado, muchas de las cuales compartimos, como la regulación de un nuevo tipo de vehículo que está ingresando a nuestro país, conocido coloquialmente como “torito”. Se trata de un triciclo eléctrico de tres ruedas, que cada vez está siendo más utilizado por adultos mayores para el transporte de carga menor y para otras funciones.
El proyecto regula ese nuevo tipo de vehículos, que en su mayoría son amigables con el medio ambiente, porque, como señalé, son eléctricos. Existen nueve modelos, que han sido homologados por el Centro de Control y Certificación Vehicular, lo que permite dar fe de que se está cumpliendo con la normativa técnica.
Por otra parte, hay una norma, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Giorgio Jackson , que se relaciona con la rebaja de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas. Esa norma, que es básica para la convivencia de los medios de transporte, fue rechazada por el Senado, razón por la cual hoy les solicitamos que sea repuesta en esta Cámara. Ustedes ya la votaron a favor en el primer trámite constitucional, pero ahora necesitamos reponer ese límite, porque simplemente nos permitirá salvar vidas.
Permítanme agregar algunos datos. Durante los últimos diez años, han fallecido 16.000 personas por accidentes de tránsito, fundamentalmente menores de edad. Esa es la principal causa de muerte externa de niños entre 1 y 14 años y también entre los jóvenes.
Si nos pusiéramos al nivel de los países de la OCDE, en que la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora -son datos que no provienen del ministerio, sino de la estadística vigente y de expertos académicos-, la cifra de fallecidos podría disminuir, a lo menos, en trescientas personas al año.
Esos datos son objetivos, técnicos y permiten avalar lo que persigue este proyecto, cual es rebajar el límite de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Para ello, necesitamos reponer la norma eliminada en el Senado. Se trata de una disposición que busca una sana convivencia y seguridad vial, y cuyo principal objetivo es salvar vidas.
Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, nos propusimos, en este último período de la administración de la Presidenta Bachelet , renovar la política de seguridad vial. Para ello elaboramos una nueva institucionalidad, que necesita una ley marco que nos permitirá rebajar los fallecimientos como consecuencia de los accidentes de tránsito. Cabe recordar que en las celebraciones del último año nuevo tuvimos que lamentar 24 personas fallecidas, cifra similar a la del año pasado. Como sociedad no nos podemos permitir cifras de esa magnitud, razón por la cual debemos hacernos cargo y enfrentar esa situación.
La única razón por la cual algunos han dicho que esta norma no sería conveniente es porque podría generar más congestión. Sin embargo, los académicos han dado cuenta de que ello no es real, ya que se han elaborado estudios serios que han medido la velocidad y han concluido que la congestión solo aumentaría en uno por ciento. Si tomamos en consideración el hecho de que vamos a afectar el desplazamiento de las personas solo en uno por ciento, versus los trescientos muertos a nivel país que podríamos disminuir, la verdad es que la explicación basta por sí misma. Por ende, debemos ser conscientes de que solo ese cambio nos permitirá rebajar el número de personas fallecidas.
Por otra parte, en ciudades y capitales donde se aplica esta norma, ella solo afecta a sectores urbanos, dejando a salvo las autopistas, ya que estas se rigen por velocidades establecidas, de acuerdo con sus condiciones técnicas de seguridad. Por lo tanto, esta rebaja de velocidad aplica solo a las áreas urbanas, donde cada vez hay más semáforos e intersecciones. De por sí, ello permite que un vehículo avance con rapidez, pero solo en tramos entre semáforos. Por lo tanto, técnicamente, no existe una razón para decir que habrá mayor congestión.
Los invitamos a reponer la norma eliminada por el Senado, que se votará en forma separada. De ese modo, avanzaremos en esta política que busca contabilizar cero accidentes de tránsito y cero fallecidos.
Señor Presidente, solicito que cite a reunión de Comités sin suspender la sesión, con el objeto de abordar un tema relacionado con el segundo proyecto en Tabla.
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal .
Señor Presidente, hace tiempo que venimos discutiendo este proyecto, y nos parece que existe total concordancia en los lineamientos que ha tomado el ministerio respecto no solo de la convivencia vial, sino también de la infraestructura con la cual se ha dotado a las distintas ciudades del país.
Hoy no es raro ver en ciudades capitales la manera como han aumentado, por ejemplo, los kilómetros de ciclovías, así como los proyectos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que han ido incentivando otro tipo de transportes, tan necesarios y urgentes para mejorar la calidad de vida.
Este tipo de proyectos, como lo señala muy bien la ministra, surge como consecuencia de no contar con una buena coordinación, un buen trato o -más que esouna buena y educada convivencia vial.
Muchos, al interior de la propia Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señalábamos que una de las falencias de nuestra legislación es justamente la educación y cómo hacemos frente a vehículos de alto tonelaje en carreteras, sectores urbanos y ciudades.
Hay un dato muy significativo que tiene que ver con el número de personas que finalmente fallece o que han sido siniestradas y que quedan con consecuencias muchas veces de por vida. Esa es la razón por la que hay que avanzar en este proyecto, aprobarlo y disminuir la velocidad de desplazamiento de los vehículos dentro de las ciudades, de 60 a 50 kilómetros por hora. Ello redundará en salvar vidas. Tal como observa la ministra, hay que rechazar lo propuesto por el Senado, en el sentido de fijar el límite de desplazamiento vehicular en vías urbanas en 60 kilómetros por hora.
Por lo anterior, por intermedio del señor Presidente saludo a la ministra, señora Paola Tapia , y felicito este tipo de proyectos. Al mismo tiempo, hago hincapié en el hecho de que debería aumentar la inversión de Obras Públicas en educar y focalizar de mejor forma alternativas al tránsito vehicular, como el uso de bicicletas o de vehículos de menor tamaño, pues con ello se incentiva un mayor bienestar en salud y en otras materias importantes.
Por cierto, en el PPD, bancada que represento, estamos contestes en aprobar este proyecto y felicitar, por supuesto, la iniciativa y su tramitación, que ha sido agilizada por nuestra ministra.
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar
Señor Presidente, como lo señalé durante la tramitación de la iniciativa en su primer trámite constitucional, quiero pensar que todos podrán usar en algún momento la bicicleta como medio de transporte, y así, por una parte, descongestionar las ciudades, y por otra, ayudar a la salud de las personas, puesto que andar en bicicleta es una de las actividades físicas más recomendadas.
Sin embargo, la segregación residencial que impera en nuestro país lo hace prácticamente imposible. En Coquimbo, región que represento, gran cantidad de trabajadores viajan diariamente desde Andacollo , Vicuña y Ovalle . Se trata de viajes intercomunales intensos.
Por otra parte, el capitalismo desregulado, en su afán de acumular riquezas, hace otra vez de las suyas, pues concentra riquezas y excluye a quienes no poseen medios económicos para disfrutar de una vida sana. Esto lo vemos en las ciudades costeras -incluida La Serenaen que edificios de lujo brindan a sus habitantes no solo vista al mar, sino la posibilidad de pasear en bicicleta por las calles de la ciudad. Para ellos, la bicicleta no es un medio de transporte, sino solo una actividad recreativa. Ello está muy lejos de la realidad de quienes por nulas políticas de planificación social son relegados a las periferias.
Quisiera que todo chileno o chilena pudiera transportarse en bicicleta a escuelas, liceos, colegios y a sus trabajos. Sin embargo, ello no podrá ser posible mientras no existan mínimos estándares de regulación, descentralización efectiva, incentivos reales para migrar hacia regiones y políticas para evitar la segregación residencial. Así, las personas podrán optar por vivir lo más cerca posible del trabajo, de modo de evitar ocupar durante tantas horas al día el transporte urbano.
Ese debe ser nuestro objetivo: transformar nuestra sociedad para hacerla más inclusiva, equitativa y, en definitiva, alcanzar la felicidad del ser humano. Lamentablemente estamos muy lejos de esto.
Debemos apuntar a descongestionar las grandes ciudades, fomentando una distribución equitativa de la población a lo largo y ancho del territorio nacional y no perpetuar el hecho de que más de la mitad de nuestra población se concentre en una sola región.
Refiriéndome específicamente al proyecto de ley, quiero decir que lo comparto, y el hecho de que se rebaje el límite máximo de velocidad en zonas urbanas es un acierto. A su vez, que se busque armonizar el uso de ciclovías con el creciente mercado automotor es brindar a la ciudadanía mayores comodidades, por lo que se redefine el concepto de bicicleta, extendiéndolo a aquellos ciclos que cuenten con motor adicional eléctrico.
Por lo dicho, anuncio que votaré a favor las modificaciones del Senado a este proyecto de ley, no sin antes sostener que el Ejecutivo y nosotros, como representantes del Estado, debemos avanzar aún más en materia de descentralización, construyendo una sociedad donde el equilibrio sea el eje fundamental, incluyendo un desarrollo económico equilibrado, derechos sociales garantizados, desarrollo territorial equitativo y respeto por el medio ambiente, y así poder alcanzar el desarrollo equitativo, que ha sido tan esquivo hasta el momento.
Señor Presidente, me concentraré en lo que, a mi juicio, ha generado la mayor polémica. Me refiero a que aunque el conjunto de medidas propuestas en esta iniciativa son de consenso, el Senado ha eliminado lo que, en mi opinión, constituía el principal aporte de este cuerpo legislativo en tramitación: la reducción del límite máximo de velocidad en zonas urbanas.
En 2002 elevamos el límite máximo de velocidad en zonas urbanas a 60 kilómetros por hora. Durante los 15 años que han transcurrido desde ese entonces, distintos estudios han establecido la directa relación entre la elevación de la velocidad y el aumento de la accidentabilidad y de la proporción de fallecidos en accidentes. Se estima un aumento del 25 por ciento de fallecidos a consecuencia de los diez kilómetros en que se incrementó el límite máximo de velocidad. En ese sentido, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido la asociación directa entre la velocidad de circulación en zonas urbanas y la accidentabilidad.
En consecuencia, para quienes en otras materias se plantean como militantes provida, yo diría que esta es una prueba de la disposición a jugarse por la vida o contra ella. Escuché las argumentaciones del Senado y, francamente, parecían olvidarse de lo que habían planteado.
Poniendo estas cuestiones en la balanza, cómo va a ser más importante una mínima elevación de la velocidad global de circulación en una urbe, que la disminución estimada de muertes que ocasionaría la reducción de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Aquí está en juego si uno apuesta por la vida y también por el desarrollo de la vida de barrio, que, naturalmente, también se ve afectada por la velocidad de circulación en las urbes.
Este hemiciclo ha tenido una conducta ejemplar en la materia desde que votó prácticamente por unanimidad la “ley Emilia” . De paso, aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento a la Fundación Emilia, por haber sido parte protagónica en impulsar proyectos de ley que tienden a reducir la accidentabilidad provocada por el transporte público, privado u otros.
Si pensamos en los ciclistas, los peatones y los automovilistas que mueren a consecuencia del exceso de velocidad, se hace evidente la necesidad de reponer el corazón de esta propuesta, que es la reducción del límite máximo de velocidad en zonas urbanas, de 60 a 50 kilómetros por hora.
Como las leyes deben ser evaluadas, después de 15 años de vigencia del límite máximo de velocidad en zonas urbanas de 60 kilómetros por hora, podemos decir, de manera inequívoca, que dicho aumento en el límite máximo ha provocado el aumento de la accidentabilidad vial.
Por lo tanto, reitero, debemos reducir el límite máximo de velocidad de circulación en zonas urbanas a 50 kilómetros por hora.
Señor Presidente, este proyecto fue modificado por el Senado en su segundo trámite constitucional, lo que significó la incorporación de tipos de vehículos no considerados en el mensaje, como los triciclos motorizados de carga, en tanto no excedan una carga de 300 kilos, a cuyos conductores se exceptuó del requisito de contar con la licencia de conducir, pero a la vez se les impide el transporte de personas, y las sillas de rueda, sean o no motorizadas, las que han tenido un importante crecimiento en el parque vehicular.
De acuerdo a lo señalado en el mensaje, el proyecto trata de establecer reglas de convivencia vial entre los distintos modos para desplazarse o transportarse, en especial tratándose de peatones, automovilistas, ciclistas y motoristas.
Al respecto, la norma se refiere de modo casi exclusivo a las bicicletas, para lo cual, entre otras modificaciones menores, agrega un capítulo nuevo a la Ley de Tránsito.
El crecimiento del parque vehicular y las tendencias de la moda han llevado a un indudable aumento del uso de bicicletas, pues otorgan mayor comodidad a las personas en desplazamientos relativamente cortos. Las estimaciones señalan que se ha llegado a 750.000 viajes diarios en Santiago, con un crecimiento de 7 por ciento anual.
En consecuencia, dado que la situación ha servido como incentivo para que más gente comience a preferirlas y también demandado una importante inversión en la construcción de ciclovías en las ciudades más grandes del país -cabe agregar que en sectores rurales, la bicicleta ha reemplazado al caballo como medio de transporte-, se hace necesaria la existencia de una política pública permanente en esta materia.
Esta tendencia mundial del uso de la bicicleta en el radio urbano ha llevado a que en ciudades como París dichos vehículos cuenten con tecnología especial para generar energía eléctrica mediante una dínamo que puede ser conectado a la red eléctrica, lo que ha posibilitado que miles de bicicletas se conviertan en pequeñas centrales generadoras de energía.
Si bien la tendencia tiene efectos positivos desde el punto de vista de la salud de las personas y de la menor contaminación del aire en las ciudades, también representa un desafío a la convivencia con los distintos medios de transporte y los peatones, pues los ciclistas han intensificado sus roces con estos y aumentado la cifra de accidentes.
Sin duda, el proyecto de ley no es perfecto, pero es un primer paso para mejorar la convivencia, en especial, entre ciclistas y peatones.
Existe un aspecto de primera importancia, pero que ha ido cayendo en desuso: la utilización obligatoria de placa patente en las bicicletas. No se trata de recaudar dineros para el erario nacional, sino de contar con un registro de los vehículos, porque en el futuro habrá que establecer faltas y delitos específicamente asociados a los usuarios de bicicletas.
A esto hay que añadir la determinación de velocidades máximas y mínimas, la eliminación de los espacios comunes para ciclistas y peatones, considerar el caso de los atletas amateur y tener presente el hecho de que la situación es distinta a lo largo del territorio nacional.
Dentro de las modificaciones introducidas por el Senado cabe mencionar aquella que dispone lo siguiente: “En caso de que la circulación por la ciclovía o la calzada se vea imposibilitada, el conductor del ciclo podrá utilizar excepcionalmente la acera, respetando siempre la prioridad del peatón (…). El desplazamiento deberá efectuarlo a velocidad de peatón, alejado de las edificaciones o cierres, y si el flujo peatonal es muy alto deberá descender del ciclo.”.
El Senado también incorporó un artículo tercero transitorio que establece que los triciclos motorizados de carga que se encuentren circulando por las calles y caminos del país a la fecha de publicación de la presente ley tendrán un plazo de seis meses, contado desde la publicación de la misma, para obtener el certificado de revisión técnica respectivo, inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación y obtener su placa patente única.
Vamos a respaldar el proyecto de ley. Establecer la reducción de velocidad me parece pertinente; es una norma dura, pero importante, porque el exceso de velocidad ha generado muchos accidentes, cuyas consecuencias las pagan quienes circulan en bicicleta.
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Este proyecto, que pretende mejorar la convivencia de los distintos medios de transporte, es una tremenda iniciativa; por eso la aprobamos en su primer trámite constitucional.
Quiero referirme a la disposición que aprobamos en el primer trámite constitucional, que establece la disminución de la velocidad máxima en los espacios urbanos de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Nos parece que esa disminución se hace cargo de una tremenda preocupación, respecto de la cual estoy seguro de que todos hemos escuchado hablar en los distritos. En Arica, particularmente, no hay población o barrio que yo haya visitado en el que los vecinos no se quejen de la falta de civismo o de la falta de convivencia de los medios de transporte. Por esa razón, muchos han solicitado, de buena fe, la instalación de lomos de toro. Pero no en todas las calles se pueden construir lomos de toro. Todo el mundo cree que esa es la solución -en algunos casos, por supuesto que lo es-, pero también debemos hacernos cargo de la irresponsabilidad que ha ido surgiendo en la conducción. Ello nos obliga a rechazar la modificación que introdujo el Senado en esta materia. Al Senado no le pareció adecuado que nosotros aprobáramos disminuir a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima en zonas urbanas. El Senado quiere que se reponga el límite de velocidad dispuesto en la norma vigente, esto es, 60 kilómetros por hora.
Creo que debemos rechazar esa modificación, a fin de que en una comisión mixta se logre un acuerdo en orden a disminuir la velocidad máxima de circulación en la ciudad. Ello, junto con otras políticas -por supuesto, lo referente a la velocidad no es lo único-, permitirá que se tenga mayor conciencia y mayor respeto hacia el peatón y hacia el ciclista. Lo digo por experiencia propia y por lo que he observado en mi Región de Arica y Parinacota: la gran cantidad de ciclistas que han fallecido, atropellados por conductores irresponsables. No me refiero solo a conductores bajo los efectos del alcohol, sino también a muchísimos conductores que, debido a un manejo irresponsable, han provocado accidentes que han afectado a ciclistas y peatones. Es una cuestión realmente preocupante, sobre todo en la Región de Arica y Parinacota, donde los precios de los vehículos son bastante bajos debido a la zona franca, lo que generó que el parque automotor de la región haya aumentado muchísimo. A pesar de que en los años 50 y 60 la junta de adelanto imaginó y diseñó grandes avenidas y arterias, pensando en el futuro crecimiento de la ciudad, desde hace un par de años estamos experimentando los tacos debido a que existe un parque automotor absolutamente desproporcionado.
Hago un llamado a los diputados y diputadas a rechazar esa modificación del Senado, de manera que en una comisión mixta se reponga la disminución a 50 kilómetros por hora de la velocidad máxima en zonas urbanas dispuesta por la Cámara en el primer trámite constitucional. De esa forma daremos una señal de civilidad y de respeto hacia los peatones, los ciclistas y el resto de los conductores.
Señor Presidente, hoy la convivencia vial es una cuestión urgente que no podemos pasar por alto. Las zonas urbanas crecen de forma desmedida, como bien lo demuestran el crecimiento de la población de las urbes, el aumento de los precios del suelo, la pérdida de áreas verdes y el aumento de vehículos que circulan por la ciudad. Para muchos lo anterior es un símbolo de progreso, pero este no siempre muestra su mejor cara. Un problema que viene sucediendo por años es el aumento en el número de medios de transporte de todo tipo. Nos encontramos con el aumento en el uso de la bicicleta y de las motocicletas y con el aumento explosivo de medios como el automóvil, lo que ha traído como efecto la creciente tensión en la convivencia entre los usuarios de dichos medios.
Por ello, coincido en que es necesario llegar a un nuevo contrato social que regule el uso que damos a los medios de transporte con el fin de avanzar hacia un cambio cultural en esta materia.
Me parece pertinente este proyecto sobre convivencia vial, debido a que en las ciudades conviven diversas culturas. No obstante, se requiere de sociedades sanas que contribuyan de forma armoniosa a dicha convivencia. Si existen reglas claras y, sobre todo, si se colocan los énfasis en los aspectos en que existen vacíos legales, podremos mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Una buena convivencia vial deriva también en un mejoramiento de la seguridad de los propios chilenos que diariamente transitan y se trasladan a diversos lugares de trabajo o de estudio en algún medio de transporte.
Esta futura ley se traducirá en una mejora en la calidad de vida y en una disminución de los riesgos que las personas asumen a diario.
Si bien una ley de convivencia vial es necesaria, creo que también deberíamos legislar sobre todo aquello que permita el desarrollo de ciudades inteligentes, donde el uso de la energía se haga de manera eficiente, donde se impulse el transporte público con buses eléctricos, donde se incentive el uso masivo de la bicicleta y donde se construyan más ciclovías. Ello traería como beneficio la descongestión de las ciudades, el mejoramiento de los tiempos de traslado y la descontaminación del aire, pues se reduciría la huella de carbono.
Todo lo anterior implica asumir que la ciudad es una protagonista de la vida de la sociedad. Por ello, debemos organizarnos lo mejor posible a fin de impulsar mejores ciudades, de reducir los agentes que producen estrés y contaminación, de enfrentar los diversos males en este ámbito y de tener una mejor calidad de vida para todos y todas.
La bancada del Partido Socialista ha pedido votación separada, como bien planteó el diputado Vlado Mirosevic , para rechazar el cambio introducido por el Senado que busca eliminar la reducción de la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas. Esta enmienda modifica sustancialmente el sentido y el objetivo del proyecto y no se hace cargo de la preocupación manifestada por la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil sobre esta materia. Por eso, pedimos votación separada de dicha modificación, a fin de enviar el proyecto a una comisión mixta y de reponer en esa instancia la norma que aprobamos en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y en representación de los colegas que nos correspondió tratar este proyecto de ley, quiero recordar que la idea matriz del proyecto dice relación con establecer las bases para mejorar la convivencia entre los distintos medios de transporte, protegiendo de una manera especial a aquellos más vulnerables.
Entre los más vulnerables en esta convivencia en el tránsito en las ciudades, especialmente en las grandes ciudades, están, en primerísimo lugar, los peatones y, en segundo, un medio de transporte crecientemente utilizado, como es la bicicleta. La idea, entonces, es generar un conjunto de acciones que permitan esa mejor convivencia. Menciono, por ejemplo, el grave problema que hoy tienen las motocicletas a raíz de las maniobras de adelantamiento, cuando se detienen o frente a un semáforo.
La iniciativa establece un conjunto de aspectos referidos a los automovilistas, los que normalmente son muy agresivos. Dispone que estos deberán respetar a los ciudadanos que se desplazan en sistemas de transporte vulnerables, como son las motocicletas o bicicletas. También en relación con los espacios entre vehículos, deberán considerar los metros de detención, la demarcación de una vía, que estará debidamente regulada, etcétera.
Sin embargo, el elemento o nudo central del proyecto, para poder cumplir con el objetivo contenido en la idea matriz, es la proposición de reducir o disminuir la velocidad máxima con que se desplazan los automóviles en las zonas urbanas. Actualmente, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, la que el proyecto proponía bajar a 50 kilómetros por hora.
¿Acaso esa proposición se planteó en forma arbitraria, porque a la señora ministra y a sus asesores se les ocurrió en un momento de iluminación? No. Lo hicieron basados en un conjunto de indicadores, de investigaciones serias, que nos demuestran que es una medida tremendamente efectiva para proteger bienes jurídicos que, supongo, son importantes para todos nosotros.
Al respecto, quiero mencionar algunos datos. Antecedentes de accidentes de tránsito en Chile: 16.000 personas fallecidas en la última década. ¡16.000! Accidentes de tránsito: 91.711, solo durante el 2016. Primera causa de muerte en niños de entre 1 y 14 años de edad: accidentes de tránsito. Ciclistas: 95 fallecidos y 3.326 lesionados, solo en el 2016, cifra que lamentablemente va en aumento. Peatones: 603 fallecidos y 8.965 lesionados en el 2016. El 36 por ciento de los fallecidos en accidentes de tránsito corresponde a peatones y el 29 por ciento a automovilistas.
Entonces, ¿por qué el corazón de este proyecto es la velocidad máxima permitida en las zonas urbanas? Además, debo decir que esta es la principal diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, porque nosotros aprobamos, por amplia mayoría, la disminución a 50 kilómetros por hora como máximo en zonas urbanas. Este es un elemento esencial que nos ayudará a evitar toda esta gran cantidad de fatalidades que he descrito.
Por eso, invito a los colegas a considerar la posibilidad de rechazar las modificaciones introducidas por el Senado, con la finalidad de que en comisión mixta podamos convencer a los senadores del error en su postura y sobre la necesidad de mantener la idea original del proyecto sobre convivencia de los distintos medios de transporte. En caso contrario, esta iniciativa no tendrá la efectividad que esperamos.
Señor Presidente, respecto de este proyecto de ley, he escuchado con mucha atención a los colegas disertar sobre las velocidades, las bicicletas y las motocicletas. Sin embargo, no he escuchado a ningún colega que se refiera a las personas, y quiero decirles que la máquina depende de cómo nosotros aceleremos o disminuyamos la velocidad. Un conductor puede andar a 10, 20, 50 o 150 kilómetros por hora, lo que dependerá de su criterio.
Al analizar los grandes problemas de congestión, nos podemos dar cuenta de que se deben a los peatones, los que parece que gozaran al desacelerar su paso cuando cruzan una calle, lo que forma los “tacos” en las vías. Justo en ese momento se ponen a “whatsapear” por celular y no les importa nada. No obstante, curiosamente, cuando aparece la luz roja que les impide el paso, los mismos que tenían un taco tremendo, que no dejaban pasar a los autos, a las bicicletas y a las personas, salen corriendo.
Hay una ley que cuesta mucho imponer: la del criterio. Cuando un automovilista quiere proteger al peatón, le toca la bocina, y este reacciona agresivamente y le pega un palmazo en el capó o le abolla el automóvil, pero no se da ni por aludido cuando está entorpeciendo el tránsito y forman un tremendo taco de vehículos.
Por lo tanto, creo que la convivencia entre peatón, automóvil y bicicleta es un aspecto importante que debemos tratar de solucionar. Los grandes tacos de hoy se producen en los pasos peatonales, cuando un semáforo pone luz verde y coincide con el paso peatonal. Lógicamente, los peatones tienen preferencia y no podrían esperar porque, en caso contrario, no pasarían nunca, pero también es necesario que tengan un paso prudente para no provocar ese problema.
Respecto de las velocidades, es indudable que hay zonas que deben ser protegidas: las de los colegios, de los hospitales, de las clínicas. No podemos aceptar que un auto pase a 60 kilómetros por hora, cuando una ambulancia debe detenerse, bajar una camilla, tomar un paciente, etcétera.
Por eso, puede ser que este proyecto sea importante, pues se preocupa de la convivencia y de ocupar mejor los espacios, pero también creo que el peatón es un actor importante que no se ha tomado en cuenta.
No puede ser -lo he dicho en todos los tonosque el peatón abuse de su condición y detenga el tránsito. Ni siquiera estoy pidiendo que no transite, sin que se desplace a un paso normal. Cuando suben a la vereda, algunos peatones asumen un tranco envidiable, pero cuando cruzan la calle, lo hacen con mucha lentitud.
Pongo un ejemplo: Usted mismo, señor Presidente, que llega al Congreso Nacional a las 7.30, 7.00 horas o incluso antes, dependiendo de las actividades que deba hacer, por el importante cargo que Dios le ha conferido, se habrá dado cuenta de que cuando no estaba instalado el semáforo en avenida Argentina los tacos eran interminables, porque la gente que iba a la feria pasaba a paso cansino, con sus carros, sin importarle un pepino que el taco llegara hasta el nudo Barón. Hoy no sucede eso; por lo menos es más expedito.
Eso demuestra que si bien el semáforo ayuda en situaciones como esa, lo que realmente importa es la actitud de la gente: que se respete el tiempo de los demás.
Eso es lo que estoy tratando de decir, señor Presidente.
Por lo que hemos escuchado durante el debate, me parece que el proyecto pasará a comisión mixta, donde trataremos de corregirlo, de hacer las cosas bien, porque, como acabo de expresar, lo importante es la conciencia de la gente, no las restricciones.
Si Dios así lo permite, en la comisión mixta vamos a mejorar este proyecto de ley, que en mi opinión llegó bien desde el Senado, pero no veo ánimo para aprobarlo en esos términos.
Finalmente, hago un modesto llamado a la señora ministra para que considere la posibilidad de que también se multe a los peatones, tal como se hace con los automovilistas, cuando no respeten el paso peatonal.
Tiene la palabra la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia .
Señor Presidente, solo quiero hacer algunos breves comentarios respecto de lo que planteó el diputado René Manuel García .
Al comienzo de la sesión hice una alusión directa al problema de la congestión, porque algunas personas de su sector, de la oposición, han planteado que podría causarse mayor congestión por esta rebaja de velocidad.
Lo mencioné expresamente en mi exposición: esto de que la rebaja del límite máximo de velocidad no producirá mayor congestión no es algo que diga el ministerio, sino algo que señalan los académicos, como el señor Alejandro Tirachini , quien ha concurrido a varias sesiones de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. Él, a partir de un estudio que se hizo en Australia, con mediciones concretas hechas a vehículos a propósito de la rebaja del límite máximo de velocidad, demostró técnicamente que solo se produciría un aumento de entre 1 y 2 por ciento en los tiempos de desplazamiento. Por lo tanto, el impacto en congestión es nulo si lo comparamos con el efecto de disminución de víctimas que producirá esa medida, que podría reducirse en más de trescientas personas por año.
Entonces, nuestra petición -ya lo expusimos asítiene que ver con informarse adecuadamente de lo que está detrás de este proyecto de ley y -muy importanteno estigmatizar ni al peatón, ni al ciclista ni al motorista. Muy por el contrario, hay que invitar a todos a que respetemos esta regla de sana convivencia entre los distintos medios de transporte que utilizamos para desplazarnos. Tengamos presente que el peatón no siempre tiene esa condición por elección propia.
Por lo tanto, conforme a lo que ha sido el sello de nuestro gobierno, buscamos generar reglas claras e iguales para todos.
De modo tal que los invito de nuevo a reflexionar, a informarse y a documentarse sobre la importancia de rebajar el límite máximo de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora y a avanzar en esa misma dirección en la comisión mixta, respecto de una norma que el diputado García ya aprobó en el primer trámite constitucional: la de rebajar el límite máximo de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Así que nos encantaría contar con su apoyo, al igual que con el de los demás diputados que se han expresado en ese sentido.
Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acogió con muy buena disposición este proyecto de ley, dada la falta de convivencia armónica que se observa entre los distintos medios de transporte urbano que se ocupan en el país.
En los últimos tiempos ha reaparecido con bastante fuerza la bicicleta, lo cual me alegra mucho; pero debemos ser claros para decir que, dada esa realidad, tenemos una deuda pendiente en materia de construcción de ciclovías, que se necesitan no solo en Santiago, en la Región Metropolitana, sino en todas las regiones del país, especialmente en las zonas rurales. Hace pocos días se construyó un puente en la comuna de Malloa y lo primero que plantearon los vecinos del lugar fue la posibilidad de que tuviera ciclovía, para poder desplazarse por él en bicicleta, muy utilizada por los temporeros y temporeras, como también por otros trabajadores y trabajadoras de esa comuna.
Por su intermedio, señor Presidente, le digo a la señora ministra que también tenemos una deuda pendiente en materia de educación de tránsito. Se necesita difusión, más campañas para superar el problema de convivencia entre los transportes menor, mediano y mayor, pues está claramente instalado en nuestra sociedad el que el conductor de buses tiene cero respeto por el vehículo de menor tamaño, y que esa conducta se replica hacia abajo, de modo que el motociclista piensa que el automovilista no lo respeta y le tira el auto o la camioneta encima. Y así continuamos, desde el más grande de los vehículos hasta el menor, que son las bicicletas, las motonetas, las motocicletas, etcétera.
Por ello, dada esta realidad, me parece que este es un proyecto importante, pero que debe ir acompañado de una gran campaña de educación, dado que, al igual como ocurrió con la educación cívica, que es un elemento muy importante para la sociedad, el Estado dejó de lado por mucho tiempo la educación de tránsito. Recuerdo que hace algunas décadas había brigadas de tránsito en las escuelas, a través de las cuales se difundían y aprendían las normas del tránsito. Algunas escuelas aún las mantienen, pero en la mayoría de los casos esas brigadas desaparecieron.
Este proyecto fue respaldado y aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones en el primer trámite constitucional, por lo cual esperamos que ahora suceda lo mismo y tengamos ley lo antes posible, porque es muy necesario.
Por intermedio del señor Presidente, vuelvo a decir a la señora ministra, y también al gobierno que asumirá en marzo, que es muy importante iniciar grandes campañas de educación y de difusión de las normas del tránsito.
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte, con la salvedad de la enmienda incorporada en el número 19), que pasaría a ser 24), del artículo único, que pasaría a ser artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Kast Rist, José Antonio .
Corresponde votar la enmienda incorporada por el Senado al número 19), que pasaría a ser 24), del artículo único, que pasaría a ser artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 89 votos. Hubo 6 abstenciones.
Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Hoffmann Opazo , María José ; Kort Garriga, Issa ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia, Paulina ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Walker Prieto , Matías .
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
Farcas Guendelman, Daniel ; Hernández Hernández, Javier ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Molina Oliva, Andrea ; Rathgeb Schifferli , Jorge .
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte con los diputados Iván Norambuena , de la Unión Demócrata Independiente; Mario Venegas , del Partido Demócrata Cristiano; René Manuel Garcia , de Renovación Nacional; Clemira Pacheco , del Partido Socialista, y Loreto Carvajal , del Partido por la Democracia.
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la legislación bancaria.
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 105ª de la presente legislatura, en 20 de diciembre de 2017 -oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Hacienda-, y continuó en la sesión 107ª de la misma legislatura, en 2 de enero de 2018.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda , del Comité Mixto e Independientes.
Señor Presidente, creo que la Sala cometió un error grave respecto de este proyecto de ley: no se consideraron las complicaciones que pueden surgir una vez que entre en vigencia como ley de la república.
Lamento que esta iniciativa, que según el propio superintendente Parrado es la reforma más importante que se ha hecho a la banca nacional en las últimas décadas, solo fuera tramitada por una comisión de la Cámara de Diputados, no obstante que estuvo seis meses en dicha instancia, tiempo durante el cual me informé de toda su tramitación: de cuándo ingresó, de cuándo terminó de verlo la comisión, de cuántas sesiones celebraron, etcétera.
No entiendo por qué, no obstante todo el tiempo que estuvo en nuestra Corporación, no se consideró la posibilidad de que también la analizara otra comisión, como la de Economía.
Comprendo que la Comisión de Hacienda estudiara el proyecto, por su alto grado de especialización en esta materia; pero también debió pasar por la Comisión de Economía, porque cuando se convierta en ley de la república tendrá repercusiones en la vida cotidiana de los consumidores, en su condición de usuarios de los servicios bancarios, y para las medianas, pequeñas y microempresas.
También entiendo la necesidad de modernizar la banca nacional a partir de lo que ocurrió en 2007 y en 2009; pero eso no significa que debamos cercenarnos la posibilidad de estudiar a fondo un proyecto como este, más aún dada la experiencia que tiene nuestro Congreso Nacional con la banca y las experiencias que ha vivido nuestra ciudadanía con ella. Debemos tener presente que los bancos obtienen tremendas ganancias a costa del sufrimiento de muchos chilenos.
Por ello, lamento que el Ejecutivo no haya apoyado nuestra iniciativa de incorporar ciertas indicaciones que consideramos importantes, como la que tiene que ver -lo planteó ayer el diputado Fuad Chahincon el Sernac financiero.
Entiendo las complicaciones que significará para la banca incorporar estas nuevas exigencias que surgen de la crisis mundial que vivió hace algunos años el sector financiero, que nadie puede negar que son importantes. Quizás eso puede llevar a algunos a pensar que es poco adecuado sumarle más exigencias, como las que propone nuestra indicación; pero son exigencias correctas, porque tienen que ver con lo que le pasa a la ciudadana común, todos los días, en su relación con la banca.
Lo que estamos haciendo aquí es perfecto, ya que estamos fortaleciendo un sistema para que enfrente de mejor manera cualquier crisis nacional o internacional.
Sin embargo, la crisis está radicada en el nivel de endeudamiento de las personas con la banca, ya que un usuario no puede saber qué pasa con sus cuentas y con sus deudas. Muchas veces hemos sido intermediarios para alegar ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por lo que le pasa a la gente, pero esa institución no resuelve nada, ¡nada!
Durante más de un año debatimos sobre el proyecto relacionado con el Sernac financiero, pero no hemos tenido ninguna respuesta de la banca respecto de ese asunto. Lo único que piden los bancos es que esto se apruebe luego, porque es un resguardo de su capital, de su estabilidad y de toda amenaza internacional. Al respecto, me pregunto: ¿Dónde está el resguardo de los usuarios? Lo digo porque esto va a llegar a los usuarios a la tercera o cuarta carambola.
Me alegro de que esté presente el superintendente, quien señaló que esta es la reforma más importante que se hará en décadas. Pedí reunión de Comités para enviar por una semana a lo menos el proyecto a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, de manera que sea visto por otros ojos, tal como me ocurrió cuando fui a la Comisión de Hacienda durante la tramitación del nuevo sistema de la Conaf pública.
Señor Presidente, lo que estamos haciendo es un error y un autogol, ya que el proyecto debiera ir por una semana a lo menos a la Comisión de Economía, para que en esa instancia sea chequeado y revisado.
El propósito del superintendente solo es banco, banco, banco y banco; pero para nosotros la prioridad no son los bancos, sino las personas que trabajan y que se endeudan permanentemente con los bancos, respecto de lo cual no tienen a quien reclamar; ¡a nadie! Los bancos hacen lo que quieren, y nosotros vamos a aprobar ahora lo que ellos quieren, no lo que la ciudadanía necesita. Entiendan eso. Ese es el error que vamos a cometer, porque la única forma de hacer algo a favor de las personas es presionar en relación con este proyecto de ley.
Deberíamos decir que no lo votaremos -yo lo haré en contrahasta que coloquemos en primer lugar a las personas y a sus familias, porque nadie puede reclamar nada a los bancos.
Me parecen extraordinarios los acuerdos de Basilea III; pero, ¿cuándo se aprobará el Basilea IV o el Basilea V para las personas? Queremos que no solo se resguarde el capital, sino también la salud mental de las familias.
Con todo el respeto que tengo por la Comisión de Hacienda, digo a sus integrantes que debemos aprender a entregar no solo los checklist. ¡Perfecto, aquí cumplimos los convenios, con esto vamos a quedar tiquitaca en lo internacional! Pero, ¿cómo quedamos nosotros, la gente y las familias aquí adentro?
Señor Presidente, hemos cometido un error, porque esta era la única forma de presionar para tener un Sernac financiero de verdad y no el chiste que hicimos.
Por eso, quiero decir a todos los que están en la Sala, donde no tenemos ni siquiera el quorum mínimo para sesionar, que acabamos de presentar una indicación con el diputado Fuad Chahin , pero nos dijeron que no podíamos hacerlo porque no cumplimos con el horario.
¿Por qué no dejan que la Comisión de Economía analice el proyecto? ¿Por qué no nos permitieron presentar esa indicación, en circunstancias de que el plazo debió cerrarse después de las 13 horas, cuando terminó la discusión? Porque no quieren líos; porque quieren que esto se apruebe correctamente, sin dificultades y sin cuestionamientos.
Por intermedio del señor Presidente, digo a las tres autoridades que nos acompañan que el 11 de marzo serán nuevamente ciudadanos de a pie. El señor Eyzaguirre debe haberse arrepentido de muchas cosas que no hizo cuando era ministro de Hacienda en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet . Esta vez se va a arrepentir de no haber dejado que se discutiera y se votara conscientemente el proyecto.
Además, ¡no es posible que no seamos capaces de hacer a lo menos una exigencia a la banca a favor de las personas!
Interesante intervención, señor Presidente, pero injusta, porque en la Comisión de Hacienda se analizó este proyecto en detalle, en un largo trabajo realizado con el gobierno para estudiar sus efectos. Además, fueron invitadas numerosas personas y se ejecutaron trabajos extraparlamentarios relacionados con la iniciativa.
La Comisión de Economía es importante; pero no me parece justo decir que se ha dado un tratamiento inadecuado al proyecto, sobre todo después del trabajo que ha hecho y que va a seguir haciendo el Parlamento.
Señor Presidente, consideramos que los bancos son instituciones muy importantes para el desarrollo de la economía del país. La información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deja en evidencia que existen aproximadamente 18.500.000 cuentas de depósitos a la vista, que dan cobertura a más del 70 por ciento de la población adulta del país, número que se ha sextuplicado en los últimos trece años.
Debido a la importancia que tienen los bancos en el sistema económico y a su particular misión de captar depósitos del público y de dar crédito -lo vienen haciendo desde los años 30 en Chile-, han sido objeto de una regulación especial.
Esta es una nueva ocasión para regular el sector. Como se recordará, la actual legislación bancaria nació a partir de la crisis financiera de 1982, generada, entre otros factores, por los graves defectos de nuestra legislación bancaria, que produjeron la liquidación de 16 instituciones bancarias en ese minuto, lo que significó un retroceso de la actividad económica en Chile de aproximadamente el 13,5 por ciento.
Las modificaciones que se realizaron en ese momento a nuestra legislación bancaria han permitido el desarrollo de la actividad bancaria en Chile, lo que ha dado acceso al crédito a miles de chilenos.
Sin embargo, en estos treinta años ha habido grandes cambios que justifican una nueva legislación para el sistema financiero chileno y mundial, como la apertura de Chile al comercio internacional, la masificación del crédito y de las cuentas corrientes, el importante crecimiento económico del país, las crisis subprime de Estados Unidos de América y Europa, que nos dejaron grandes lecciones; la aparición de nuevas formas de engaño financiero, como las estafas piramidales; el advenimiento de nuevas formas de intermediación financiera, como los bitcoins, y el aumento del comercio mundial.
Por eso, el gobierno ha presentado este proyecto de ley, que tiene tres ejes principales: primero, la adecuación de los requerimientos de capital de los bancos a los estándares establecidos en la Convención de Basilea; segundo, la integración de la Superintendencia de Bancos a la Comisión para el Mercado Financiero, y tercero, el establecimiento de un mecanismo de regularización bancaria, con el objeto de evitar una crisis bancaria.
Para lo anterior, se trabajó el proyecto en la Comisión de Hacienda y se formó una comisión técnica entre nuestros asesores y el gobierno, que tuvo como resultado importantes perfeccionamientos al proyecto original, como el mejoramiento del procedimiento para la activación de los requisitos adicionales de capital a los bancos, el cambio en el plazo de transición desde el 2024, a seis años de la publicación del proyecto; la homologación de los plazos de prescripción entre la ley general de bancos y la Ley que Crea la Comisión para el Mercado Financiero, la mejor delimitación de las competencias entre los administradores y los inspectores delegados, y diversos avances al proceso de regularización bancaria. Por eso, como dije al principio, no me parece justo que no se valore ni se pondere el trabajo que se ha hecho.
En virtud de lo realizado, considero que este proyecto fue bien trabajado en la comisión y es una buena iniciativa, que vamos a apoyar.
Sin perjuicio de lo anterior, hay dos aspectos en los cuales no pudimos llegar a acuerdo con el gobierno, y respecto de los cuales pedimos oportunamente votación separada. Me refiero al artículo 162, que establece la posibilidad de sancionar administrativamente las conductas tipificadas como delitos penales en la ley de bancos, y las modificaciones a las normas de secreto y reserva bancaria, a las cuales se va a referir extensamente mi colega Javier Macaya .
Respecto del artículo 162, la propuesta del gobierno señala: “Las conductas que configuren los delitos tipificados en la presente ley podrán, además, ser sancionados por la Comisión de conformidad al título III de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.”. En virtud de este texto propuesto, se permite a la Comisión sancionar las conductas que configuren delitos tipificados en la presente ley, sin perjuicio de la sanción penal que dicha conducta acarree. Algunas conductas tipificadas como delitos en la ley general de bancos son, por ejemplo, la invasión al giro bancario (artículo 39) o la obtención de créditos utilizando información falsa o errónea (artículo 160).
Respecto de los argumentos de la modificación, el Ministerio de Hacienda ha fundamentado la introducción de este artículo como una solicitud de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con el objeto de perseguir las infracciones relacionadas con la invasión del giro bancario, incluyendo las estafas piramidales u otras, que actualmente solo pueden ser investigadas por el Ministerio Público.
Para justificar la introducción de este artículo, el Ministerio de Hacienda señala que no existe problema de triple identidad, debido a que son sanciones de naturaleza distinta y que esta técnica se aplica también en la ley de la libre competencia.
A nuestro juicio, esta modificación introducida por el gobierno tiene consecuencias. Sin embargo, a pesar de que se comprende la necesidad de dar mejores herramientas a la Comisión para el Mercado Financiero para perseguir, por ejemplo, las estafas piramidales, esta propuesta tiene una serie de consecuencias, pues quienes realicen alguna de las conductas señaladas podrán ser sancionados por exactamente los mismos hechos con una pena de presidio y con una sanción administrativa que puede ser, de acuerdo a los artículos 36 y 37 de la ley general de bancos, una censura o una multa. Incluso, en las infracciones al artículo 157, cuando los directores o gerentes hagan declaraciones falsas, pueden ser sancionados penalmente también con una multa.
Como consecuencia de lo anterior, las personas que cometan estas conductas serán objeto de dos investigaciones paralelas respecto de los mismos hechos. Son dos términos probatorios distintos, con medidas intrusivas en paralelo y, en definitiva, con todo lo que implican dos investigaciones paralelas respecto de exactamente los mismos hechos, lo que puede ser muy gravoso para la persona involucrada, además de innecesario, debido a la duplicación de las diligencias.
En virtud de lo anterior, pueden producirse sentencias contradictorias respecto de los mismos hechos, lo que podría terminar empoderando o quitando fuerza a la Comisión. Incluso, podría obligar a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema a resolver dos juicios en forma separada respecto de los mismos hechos. Esa es una dualidad incomprensible.
Los antecedentes aportados a la comisión en el marco del procedimiento penal podrían constituir un pronunciamiento previo que podría inhabilitar a sus miembros a pronunciarse en el procedimiento administrativo.
Por ello, el hecho de que la Comisión para el Mercado Financiero pueda tomar una posición en el marco del procedimiento penal quitaría a este un insumo importante para la decisión que deba tomar el juez penal.
En este sentido, cabe destacar que la modificación propuesta es distinta al criterio aplicado en materia de libre competencia, porque en este caso solo se sanciona administrativa y penalmente el delito de colusión y, en ese caso, el procedimiento penal solo puede iniciarse una vez terminado el procedimiento administrativo, y la Fiscalía Nacional tiene la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, en un plazo de hasta seis meses desde que concluya la acción administrativa, con una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada.
Por su parte, esta propuesta también es distinta al criterio aplicado en la Ley de Mercado de Valores, porque en dicha norma, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, la obligación de los funcionarios de la superintendencia de denunciar los delitos se produce solo desde que la superintendencia haya efectuado la investigación correspondiente que le permita confirmar la existencia de tales hechos y de sus circunstancias, todo sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudiere aplicar por esas mismas situaciones. Es decir, los delitos son distintos y se permite que, primero, la superintendencia investigue y, luego, remita los antecedentes a la fiscalía.
Por ello, esperamos que en el segundo trámite constitucional puedan separarse las conductas infraccionales administrativas y penales, y coordinar de mejor forma los procedimientos sancionatorios, para optimizar la acción de los órganos del Estado y resguardar debidamente los derechos de los investigados.
Por eso pedimos votación separada de este artículo.
Tiene la palabra el ministro de Hacienda.
Señor Presidente, muchas de las expresiones que se han vertido en la Sala son legítimas, pues a todos nos preocupa la situación del consumidor financiero, pero, para una mayor comprensión, quiero explicar la lógica que está detrás de este proyecto y la forma en que se ha abordado esa preocupación.
En primer lugar, al promulgarse la ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero, el legislador escogió la existencia de un modelo integrado. En el mundo hay dos modelos: el integrado, que es el que tienen, entre otros países, Alemania, Japón y Francia, y el de cumbres gemelas, Twin Peaks, que es el adoptado por países anglosajones, como Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra.
En el modelo de cumbres gemelas, los aspectos relacionados con la conducta, como la transparencia, la plena información a los tenedores de acciones o bonos y las reglas que rigen las OPAS, los ve una institución, y todo lo relacionado con la estabilidad, para que no haya quiebras, está a cargo de otra institución.
En el modelo integrado, ambas visiones están fundidas en una sola institución.
En esta materia nadie ha clavado la rueda de la fortuna, porque países tan respetables como esos tienen modelos integrados o desintegrados. La expresión máxima de desintegración es Estados Unidos, que tiene múltiples agencias que se coordinan en una institución llamada Financial Stability Oversight Council (FSOC).
Nosotros escogimos el modelo integrado. ¿Por qué consideramos mejor ese modelo? Porque al desintegrar existe un problema de coordinación. Los países anglosajones tienen un diseño institucional distinto al nuestro, con mucho énfasis en lo relacionado a los pesos y contrapesos y con gobiernos parlamentarios, pero los modelos de Europa continental son de otro tipo. Por ventaja comparativa, creemos que el mejor modelo para Chile es el modelo integrado.
Ahora bien, ¿dónde figura el consumidor financiero? En los ordenamientos internacionales, el consumidor financiero figura de dos formas: integrado en las reglas de conducta o en una organización especializada para la defensa de los consumidores. La opción que tomamos fue un modelo integrado que vea conducta y estabilidad, y lo relacionado con la protección del consumidor financiero está dentro del nuevo Sernac , que tendrá todas las facultades para examinar contratos y para evitar cláusulas abusivas. Se podrá decir que ello es insuficiente, pero allí se domicilió lo concerniente a la protección del consumidor financiero. De hecho, fue una materia que generó mucha discusión en esta honorable Cámara. Por tanto, no es un tema que haya estado ausente de la iniciativa del gobierno. Lo que ocurre -repitoes que tal protección se domicilió en otra institución.
Existen muchas experiencias en el mundo en que la protección del consumidor financiero está fuera de la Comisión para el Mercado Financiero, o modelo integrado, o modelo twin peaks, como ocurre en el caso inglés. El tema es muy importante, pero ocurre -reitero una vez másque en nuestro ordenamiento la protección del consumidor financiero se encuentra domiciliada en otra institución. Sin duda alguna, tendremos que ser muy cautelosos para que el Sernac tenga efectivamente las atribuciones para evitar la imposición de cláusulas abusivas y la falta de transparencia frente a los consumidores.
Señor Presidente, por último, respecto de lo que ha señalado el diputado Melero , consideramos importante diferenciar lo que es secreto bancario respecto de la reserva bancaria. Si bien honramos la protección de la privacidad del depositante, para los efectos de combatir el cibercrimen y el lavado de dinero, pensamos que las instituciones especializadas como la UAF y el Servicio de Impuestos Internos deberían efectuar sus investigaciones cuando lo requieran y no por vía de autorización judicial. Estamos firmemente convencidos de que el flagelo de la droga, del cibercrimen y la elusión tributaria ameritan que esas instituciones cuenten con ese empoderamiento. En eso tenemos una discrepancia con la oposición.
Señor Presidente, intervendré brevemente, porque hago mías todas las aclaraciones efectuadas por el señor ministro sobre este importante proyecto.
Tal como se ha insistido en el debate desarrollado ayer y hoy por la mañana, esta iniciativa tiende a modernizar nuestro sistema financiero y situarlo en concordancia con Basilea III y las últimas disposiciones internacionales sobre el resguardo del sistema financiero y el mercado de capitales.
Al mismo tiempo, comparto todo lo que han dicho algunos colegas en sus intervenciones, particularmente el diputado Chahin , en el sentido de que aunque no es parte de esta iniciativa, el consumidor financiero en Chile tiene resguardos débiles. Soy autor de al menos dos iniciativas que están pendientes en la Comisión de Economía, que tienen que ver con regular mucho mejor los abusos de que son objeto los consumidores financieros por parte del sistema bancario. Se trata de una dimensión que en Chile ha sido poco regulada y menos resguardada. Por lo tanto, o bien la superintendencia tiene atribuciones débiles en esta materia o existe una voluntad débil en aplicar las que ya posee. En cualquiera de los dos casos hay un tema pendiente; sin embargo, asumo que ello no es parte de esta iniciativa, porque esta tiene otro propósito, tal como lo ha explicado el señor ministro. En tal sentido, se trata de un muy buen proyecto que los diputados de la bancada del Partido Comunista e Independientes votaremos a favor.
Señor Presidente, solo he pedido hacer uso de la palabra para explicar una indicación que he propuesto y que tiene que ver con lo siguiente.
La Comisión para el Mercado Financiero que se ha propuesto, y que asume buena parte de las atribuciones de la superintendencia hasta ahora existente, tiene una estructura, desde el punto de vista de los contratos a los funcionarios que allí laboran, muy especial, completamente inédita y completamente inexplicable respecto de los derechos de los trabajadores. A los colegas que se encuentran presentes en la Sala quiero decirles que solo un par de instituciones de la administración pública chilena poseen una característica similar, cual es que la jefatura máxima tiene completa y total atribución para contratar y despedir a todo el personal. O sea, son de exclusiva confianza desde el portero de la institución, pasando por todas las personas que prestan servicios de cualquier índole, entre ellos profesionales y especialistas.
Ello, paradójicamente, también ocurre en la Contraloría General de la República. Se trata de una materia que le hemos planteado muchas veces al señor contralor. Además, en el caso de esa institución, se trata de una norma muy antigua, la que debe tener, por lo menos, siete u ocho décadas. Ella no se explica por sí misma, porque no se aplica a otras instituciones que poseen facultades fiscalizadoras, como el SAG.
Por ejemplo, cuando uno ingresa al país desde el extranjero, nos damos cuenta exactamente de cuáles son las atribuciones fiscalizadoras que posee el Servicio Agrícola y Ganadero. Ellas son muy estrictas -en buena hora que así seay, además, el personal se rige por el estatuto administrativo.
Cuando se le preguntó a las autoridades correspondientes sobre este punto, no hubo explicación lógica, no obstante que se refirieron en forma rigurosa al proyecto. Repito, esta materia no fue objeto de explicación razonable. Recuerdo que el señor ministro explicó que la contraloría se regía por norma similar; sin embargo, no creo que por sí misma sea una explicación positiva, porque alguien podría decir que se trata de una norma caduca o tan arbitraria que no tiene sentido aplicarla. Si se tratara de imponerla para el mejor funcionamiento de un servicio o institución, entonces se entendería, pero nunca hemos recibido una explicación que señale qué aspecto del buen servicio o de la eficacia o de la eficiencia requiere que a trabajadores y funcionarios se los deje en situación contractual tan precaria. En verdad, no hemos recibido ninguna.
Por lo mismo, como bancada hemos propuesto una doble indicación, que, primero, precisa que los cargos no pueden ser de exclusiva confianza, salvo los de autoridades máximas de la institución, y segundo, señala que el resto del personal debe regirse por un estatuto especial, en caso de funcionarios que no quieran hacerlo por el estatuto administrativo. En todo caso, lo que no regule el estatuto especial lo debe regular el estatuto administrativo, ya que se trata de funcionarios públicos.
Señor Presidente, esa es la explicación de la indicación que presentamos ayer, que debe votarse. Asimismo, insisto en que para nuestra bancada se trata de un muy buen proyecto, salvo esta especificidad, y que por lo tanto debe ser aprobado por esta Cámara.
Señor Presidente, estamos ante un proyecto que actualiza la legislación bancaria.
Quedó atrás hace años, por no decir décadas, pero aún está en la memoria de Chile y en su historia, la crisis financiera de principios de los 80, que puso en boga la importancia de contar con un sistema bancario potente, estable y adecuadamente estructurado. Y como en aquella época no contábamos con él, los costos nacionales de envergadura provocados por la crisis bancaria debieron ser financiados por el Estado, con los impuestos de todos los chilenos.
En años posteriores, nuevas crisis bancarias han hecho historia a nivel mundial y nacional. La más reciente ocurrió en 2007 y demostró que nuestro sistema bancario está mucho más preparado para enfrentar ese tipo de trances. Pero se mantiene en el imaginario colectivo -y me parece bienlo que significa para el Estado, para el gobierno, para los contribuyentes, para las arcas fiscales, en definitiva, para el país, asumir con costos directos temas que deben ser previstos y de cargo del sistema bancario.
En ese sentido, al observar la serie de normas que se nos proponen, que tienen por objeto fortalecer el sistema bancario nacional, por ejemplo, regular la posibilidad de retiro de utilidades de los controladores y propietarios de los bancos, aumentar el colchón de conservación en un porcentaje que puede ascender hasta el 2,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo, o incrementar las actuales exigencias de capital, entre otras, se concluye que se trata de normas evidentemente positivas.
También consideramos una buena señal el traspaso de todas las competencias de la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que hoy es prácticamente un compartimento estanco, sin mirada sistémica, global, a la Comisión para el Mercado Financiero, instancia creada luego de la aprobación por el Congreso Nacional del respectivo proyecto, iniciado en mensaje.
En síntesis, la iniciativa contempla una serie de propuestas -siete u ocho-, consignadas en el informe de la Comisión de Hacienda, que se pueden desglosar, para concluir que, en general, son medidas positivas.
Digo lo anterior porque valoro el trabajo de la Comisión de Hacienda, y también del Ejecutivo, para incorporar los estándares internacionales permanentemente recomendados a distintos países, los que, a medida que se acogen, van generando adecuaciones normativas, jurídicas en los respectivos países, en este caso, en la legislación chilena.
No obstante, no puedo no llamar a la reflexión respecto de que esta acertada preocupación por el fortalecimiento de las normas regulatorias, fiscalizadoras y, de una u otra forma, preventivas del adecuado funcionamiento del sistema financiero y bancario nacional, debiera también ilustrar al Ejecutivo y al Parlamento de turno sobre la defensa del ahorrante, del depositante, del consumidor de productos bancarios y financieros.
El rezago al respecto es enorme; la brecha es abismal. Y no ha sido por falta de iniciativa parlamentaria -hay que decirlo y asumirlo-, sino por falta de voluntad de los distintos Ejecutivos, por una desidia estatal colectiva -no de gobierno, porque es trasversalpara proteger a los ahorrantes, a los depositantes, a los consumidores de servicios financieros.
¡El anatocismo es una vergüenza! ¡El interés sobre interés es una vergüenza! Permítanme decirlo: ¡Es un robo legalizado! ¡Legalizado!
El interés debidamente regulado, como precio del dinero, es legítimo, es legal y adecuado para poder, con captación de pequeños ahorros, financiar, por ejemplo, inversiones a largo plazo. Sin embargo, el interés sobre interés es usura legal.
Repito: El interés sobre interés es usura legal, y no tiene ningún sentido que un país pretenda mantener esa situación.
Chile no tenía esto. ¡Chile no tenía anatocismo! Esto se estudia en todas las escuelas de Derecho de Chile. Al respecto, existe consenso en todas las facultades de Derecho. Como digo, Chile no tenía anatocismo. El Código Civil de Andrés Bello y la legislación en el ámbito del Derecho Civil siempre prohibieron, de manera categórica, el interés sobre interés.
Por ello, la preocupación adecuada, precisa, certera, oportuna, anticipada del Ejecutivo para fortalecer el sistema bancario y financiero nacional -lo que felicitamos y apoyamos debe ser la misma que oriente la protección y el resguardo de esos millones de pequeños ahorrantes que también fortalecen la existencia de un adecuado sistema financiero y bancario nacional.
Desde la época en que el dictador Pinochet levantó la prohibición del interés sobre interés, el anatocismo se ha mantenido en democracia, pese a no existir justificación alguna, pues no se requiere quorum especial para su derogación. Nunca ha habido quorum especial para eso. Es legislación civil común: simple mayoría.
A quienes nos pregunten: “¿Y qué ha hecho usted, legítimamente, para reprochar aquello?”, puedo contestarles que hemos presentado proyectos para derogar el anatocismo, el interés sobre interés, la usura legalizada. Y no solo yo, sino muchos parlamentarios, actuales y anteriores.
Como representante de la gente, no puedo no señalar esto a quienes están levantando legislaciones adecuadas, oportunas, fortalecedoras, complejas desde el punto de vista técnico, lo que con mayor razón justifica la realización de esfuerzos a fin de eliminar de nuestro país el anatocismo. Se trata de una cuestión que no reviste complejidades técnicas desde el punto de vista legal, además de que es parte de la historia de la república.
El interés sobre interés, el anatocismo, nos lleva a otra gran falencia de nuestro sistema: las cláusulas de aceleración de treinta días. Me dirán que se aplican mucho después -puede ser-, pero no tanto después, porque a los treinta días ya se empieza a aplicar el interés sobre interés.
Hay legislaciones que han regulado el interés sobre interés, prohibiéndolo antes de 180 días. Al respecto, han de saber los colegas -se lo planteo en forma especial al diputado Poblete , quien, según advierto, presta atención a mi intervención, lo que agradezco que legislaciones conscientes de lo que significa el ser humano asumen que una persona enferma, o con cáncer o que se esté muriendo no tiene cómo pagar una deuda, más aún si no tiene una familia que la sostenga. Por eso establecen la prohibición de aplicar interés sobre interés antes de 180 días.
Materias como las cláusulas de aceleración y los incentivos para la renegociación de la deuda bancaria, para la movilidad en el sistema bancario, tampoco han sido tratadas.
Señor Presidente, en el tercer lugar de la Tabla figura el proyecto de ley que otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, el cual fue tratado en forma minuciosa en la Comisión de Hacienda y cuenta con el respaldo de las asociaciones de funcionarios de dicho poder del Estado.
Dado que no alcanzaremos a discutir ese proyecto en esta sesión, señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que sea votado hoy sin rendición del informe, de modo que sea despachado al Senado.
Señor diputado, en este momento no hay quorum para adoptar acuerdos. Cuando se reúna el quorum requerido, su petición se someterá a la consideración de la Sala.
Señor Presidente, durante el debate del proyecto se han formulado algunas críticas sobre aspectos micro de la regulación bancaria -lo digo con respeto hacia quienes hicieron las críticas-, específicamente en relación con las operaciones de crédito en dinero y con los intereses.
Sin perjuicio de la legitimidad de esos cuestionamientos, debo partir aclarando que este proyecto no regula aspectos tan micro, sino más bien aquellos que constituyen los ejes principales del funcionamiento del sistema bancario, como la adecuación de los requerimientos de capital de los bancos a los estándares establecidos en los acuerdos de Basilea, las normas para la integración de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero y el establecimiento de un mecanismo de regularización bancaria con el objeto de evitar una crisis del sistema.
En ese sentido, la materia sobre la cual expresó sus legítimos argumentos el colega Rincón no formó parte de la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda.
Reitero: la iniciativa busca regular los pilares fundamentales y estructurantes macro, no micro, del sistema bancario.
Por eso, me llama la atención la crítica en torno a que el proyecto no se preocupa de las personas. Cabe recordar que a partir de las lecciones que dejó la crisis de 1982 en Chile, se efectuó la última gran modificación a nuestra legislación bancaria, en virtud de la cual, entre otras cosas, se establecieron mayores requisitos y exigencias para el desarrollo de la actividad bancaria, se reguló el secreto bancario y la garantía estatal a los depósitos, y se modificó el procedimiento de intervención a los bancos. Hoy se hace necesario adicionar estándares nuevos y más modernos que permitan adecuar nuestra normativa bancaria a lo que disponen las legislaciones más avanzadas en esta materia.
Por lo tanto, no se trata de establecer normas que beneficien a los bancos, pero que, como contrapartida, no les sirvan o perjudiquen a las personas. El proyecto tiene por objeto disponer nuevas normas, requisitos y, en definitiva, cargas que deberán cumplir los bancos. Es decir, establece mayores requisitos y certezas para el funcionamiento del mercado bancario y financiero. La iniciativa genera lo que se denomina una “regulación prudencial”, habida consideración de que las personas, que obviamente deben ser nuestro primer foco de preocupación, porque son los usuarios del sistema -en Chile existen más depósitos que chilenos: se registran más de 18 millones de depósitos en el sistema financiero-, generalmente no disponen de información suficiente en relación con la actividad de los bancos, o bien, teniéndola, carecen de las competencias necesarias para su debida comprensión, lo que les impide ejercer un monitoreo efectivo sobre dicha actividad.
Así -como señala el mensaje-, la regulación prudencial se constituye como una herramienta que permite alinear los incentivos de los intermediarios financieros y sus acreedores, sustituyendo el rol que les corresponde a los depositantes en su calidad de acreedores de los bancos.
Por otra parte, dicha regulación está dirigida al fortalecimiento de la resiliencia de las instituciones financieras frente a una crisis, evitando la exposición a riesgos sistémicos derivados del alto nivel de interconexión de la industria, así como los efectos negativos que una falla puede generar sobre la cadena de pagos.
En términos generales, valoro el trabajo realizado por el Ejecutivo y por el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras con la comisión. Incluso, se generaron instancias de diálogo fuera de la comisión, ya que tuvimos la oportunidad de trabajar con comisiones técnicas que desarrollaron una adecuada labor. Consideramos que el proyecto fue bien tratado en la Comisión de Hacienda, razón por la cual lo votaremos a favor.
Sin perjuicio de lo anterior, hay dos disposiciones respecto de las cuales pedimos votación separada: la primera es el artículo 162 que el proyecto agrega a la Ley General de Bancos, que establece la posibilidad de sancionar administrativamente las conductas tipificadas como delitos penales en la Ley General de Bancos, y la segunda es la que modifica las normas sobre secreto y reserva bancaria.
Respecto de lo manifestado por el ministro, nadie está en contra de que se haga una investigación o un requerimiento de información por parte del Servicio de Impuestos Internos o de la Unidad de Análisis Financiero. No obstante, nos parece que tales requerimientos de información constituyen medidas intrusivas que invaden la intimidad y que, por consiguiente, deben ser excepcionales. Es decir, debe existir un requisito mínimo, objetivo, un antecedente previo o eventualmente un tercero que pueda determinar si la solicitud de información es justificable en el caso particular.
Por eso, en materia de resguardo de la información bancaria, la regla general es el secreto y la indemnidad, toda vez que esa información forma parte de los datos más íntimos de la persona. Qué compra, dónde lo hace, a quién le transfiere su dinero, quién lo ayuda, a quién le debe o quiénes son sus clientes son asuntos personales e íntimos, que, por regla general, no deben ser conocidos por nadie que no haya sido autorizado por el titular de esos datos -de esa forma se respetan garantías constitucionales-, salvo, y de forma muy acotada, en el marco de investigaciones judiciales en curso.
En virtud de lo anterior, la modificación que el proyecto hace al inciso segundo del artículo 1 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques no nos parece apropiada. El inciso segundo de la norma vigente dispone: “El Banco deberá mantener en estricta reserva, respecto de terceros, el movimiento de la cuenta corriente y sus saldos, y sólo podrá proporcionar estas informaciones al librador o a quien éste haya facultado expresamente.”. Es decir, enuncia el principio aplicable en materia de secreto y de reserva bancaria. Sin embargo, el proyecto elimina la enunciación de ese principio y lo reemplaza por lo siguiente: “Las operaciones relativas a cuentas corrientes bancarias quedarán sometidas a secreto o reserva conforme al artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de la Ley General de Bancos (...)”.
A nuestro juicio, la norma propuesta por el proyecto constituye un debilitamiento del secreto bancario, debido a que elimina una de las enunciaciones más claras del referido principio en nuestra legislación, y lo remite solo al artículo 154 de la Ley General de Bancos, que, como veremos, también se pretende modificar, lo que a su vez debilitará el resguardo de la intimidad de las personas. El artículo 154 vigente establece lo siguiente: “Los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario (...)”. En su inciso segundo agrega: “Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y los bancos solamente podrán darlas a conocer a quien demuestre un interés legítimo y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes pueda ocasionar daño patrimonial al cliente.”.
El proyecto de ley introduce cambios en este artículo y dispone, entre otras cosas, que, respecto de las operaciones sujetas a reserva, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos siempre tienen interés legítimo y, por tanto, siempre podrán acceder a la información sobre dichas operaciones, sin importar si existe o no una investigación penal en curso o la formalización por un delito.
A nuestro juicio, lo anterior es incorrecto desde el punto de vista conceptual, porque la previsibilidad del daño debe realizarse de manera prudencial y casuística. En efecto, algunos autores señalan: “La previsibilidad del daño patrimonial al cliente debe hacerse caso a caso. Esto significa analizar la situación de cada cliente respecto de cada dato que pueda ser compartido y respecto del interés expresado por cada interesado que solicite la información, haciendo inviable cualquier entrega de información sujeta a la reserva en forma general.”.
Reitero: no estamos en contra de que la Unidad de Análisis Financiero o de que el Servicio de Impuestos Internos accedan a la información en caso de que se esté efectuando una investigación, pero ello debe realizarse con los argumentos que corresponda o, eventualmente, con la intervención de un tercero.
Esperamos que este asunto sea debatido de una manera distinta en el siguiente trámite constitucional del proyecto.
En cuanto al daño patrimonial, no es posible circunscribirlo únicamente a la pérdida o diminución económica que una persona podría experimentar producto de la publicidad de su información -que en derecho civil se conoce como daño emergente-, sino también de lo que puede dejar de percibir u obtener producto de compartir dicha información, que es lo que se conoce también en derecho civil como lucro cesante.
Por eso, respecto del daño patrimonial, la iniciativa va en sentido contrario a lo que propone la indicación que se sugirió, ya que establece una presunción para determinados órganos públicos, en este caso el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el sentido de que estos poseen, simplemente por el tipo de órganos que son, interés legítimo. Por ende, no resulta predecible el daño patrimonial al cliente titular de la información que se pretende obtener.
Al mismo tiempo, a nuestro juicio, no existen antecedentes que avalen la necesidad de establecer una facultad discrecional de tal magnitud para esos órganos de la administración. Además, como creemos que tampoco es posible determinar qué entenderán los órganos administrativos por daño patrimonial, es una materia respecto de la que se tendrá que generar un acuerdo más amplio en relación con lo que entendemos por daño patrimonial.
Nuestra bancada participó en la discusión de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, y por eso puedo señalar que consideramos que esta protege de mejor forma a las personas, a pesar de que algunos la han criticado, puesto que permitirá tener instituciones más sólidas, con reglas del juego más claras y con requisitos mayores.
Por las razones planteadas, anuncio que votaremos a favor el proyecto de ley, con excepción de la votación separada que solicitamos respecto de los dos artículos en cuestión.
Señor Presidente, siento cierta incomodidad en la discusión de un proyecto del que no se ha hablado específicamente de lo que contiene, puesto que más bien nos hemos referido a lo que no contiene. Me resisto a esa endémica tendencia que tiene el Parlamento a definir sus votos no por el contenido de cada uno de los proyectos sometidos a su consideración, sino por sus omisiones e insuficiencias o porque una iniciativa no aborda una temática que pudiera perfectamente tratar otro proyecto de ley.
Por esa razón, quiero resumir el contenido del proyecto de ley, con el objeto de saber efectivamente qué procederemos a votar: nos deberemos pronunciar respecto de la modernización y actualización del sistema bancario.
La legislación bancaria y financiera de nuestro país, que data de 1986, ha sido objeto de reformas muy específicas. Probablemente, la más global fue llevada a cabo en 1997, cuando se adecuaron los requerimientos al acuerdo de Basilea I, dictado por el Comité de Supervisión Bancaria, como consecuencia de las lecciones que dejó la crisis económica.
Desde entonces, han cambiado de forma sustancial los estándares internacionales de solvencia y liquidez bancaria en el mundo. De hecho, en 2010, sobre la base de las lecciones de la crisis de 2007, el comité adoptó los acuerdos conocidos como Basilea III, que incluían exigencias mayores de capital y organismos regulatorios modernos.
¿Qué propone este proyecto de ley? En primer lugar, plantea sustituir una superintendencia con estructura de gobierno corporativo unipersonal por una Comisión para el Mercado Financiero, con un gobierno corporativo y con un nivel de independencia y de atribuciones distintas y superiores, en línea con lo que hoy se está planteando en el mundo.
A propósito de lo que señalaron algunos colegas, esta medida tiene relación con velar por los intereses de los inversionistas y asegurados, pero también de los depositantes, que son familias y ciudadanos comunes, no un puñado de ricachones. Son millones de personas las que depositan y confían en el sistema bancario. Justamente, se trata de garantizar a esos millones de personas que su inversión se hizo en márgenes de confianza y seguridad determinados.
En segundo término, incorpora nuevas exigencias de capital, para adecuarse a los estándares de los acuerdos de Basilea III; aumenta el requisito mínimo de capital Tier 1, que es aquel cuya composición corresponde a activos que tienen una mejor capacidad de absorción de pérdidas, de 4,5 a 6 por ciento de los activos ponderados por riesgo; incorpora un colchón de conservación de 2,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo por sobre el mínimo establecido, el cual deberá estar conformado por capital básico; agrega una exigencia de capital adicional de carácter contracíclico mediante el cual se busca mitigar la incubación de riesgos sistémicos; otorga a la comisión la facultad de requerir capital básico o patrimonio efectivo adicional por hasta el 4 por ciento de los activos ponderados por riesgo en aquellos casos en que las exigencias legales indicadas en los párrafos precedentes no sean suficientes para cubrir los riesgos específicos que enfrenta una entidad determinada; faculta a la Comisión para determinar la ponderación por riesgo de los activos, lo que hoy se realiza de acuerdo con un esquema mucho más rígido, e incorpora el concepto de banco de importancia sistémica -esto es relevantey faculta a la comisión para imponer exigencias adicionales. Se entiende por banco de importancia sistémica aquel cuyo impacto en una eventual crisis es muchísimo mayor y determinante.
Además, introduce limitaciones a la distribución de dividendos, lo que constituye un mecanismo de conservación del capital para proteger a los depositantes y demás acreedores de los bancos para que no se debilite el respaldo, mediante la distribución de dividendos mientras no se cumplan los requerimientos de la ley. Básicamente, es una medida de protección para los depositantes.
Asimismo, mejora los mecanismos de intervención para bancos en problemas y manejo de crisis; incorpora un plan de regularización temprana para abordar las situaciones antes de que se desborden; propone capitalización por el sistema financiero y capitalización preventiva; fortalece la figura del inspector delegado y del administrador provisional; elimina la figura del convenio de acreedores y aumenta la garantía estatal para los depósitos a plazo, lo que claramente representa un beneficio para los depositantes, ya que aumenta la cobertura máxima del 90 por ciento al ciento por ciento y el tope de 120 UF a 200 UF.
Finalmente, se plantean mayores exigencias para los directores de bancos y mayores resguardos para recursos depositados en cuentas corrientes para menores de edad, recursos que hoy son susceptibles de ser aprovechados por un tercero, con lo que se desvirtúa el objetivo que tiene ese depósito para los menores de edad.
Si estas modificaciones no son beneficiosas para los depositantes y para la seguridad del sistema bancario, lo que obviamente está pensado no solo para la estabilidad del país, sino también para la confianza que puedan tener los depositantes frente a situaciones de crisis, entonces no sé qué podría serlo.
Votaré a favor el proyecto de ley por el contenido específico que tiene, porque moderniza, actualiza y fortalece, en primer lugar, el mecanismo de supervisión y control, y, en segundo término, los requerimientos de resguardo de los bancos para enfrentar las necesidades de sus depositantes, quienes le entregan su confianza al entregar sus recursos a estas instituciones, por lo cual deben tener la certeza de que estos les serán devueltos con los intereses debidos.
Votaré a favor la iniciativa porque considero un avance muy significativo la posibilidad de que podamos adaptar la regulación del sistema bancario chileno a las exigencias actuales del mundo financiero internacional.
Espero que el próximo gobierno tome la iniciativa en esta materia para mejorar los aspectos que falten, porque el Sernac financiero que propusieron en su mandato anterior resultó ser un fiasco, de manera que imagino que intentarán mejorar esa ley, para que tenga un impacto favorable en la seguridad financiera de las personas.
Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
Señor Presidente, me sumo a aquellos que plantean que esta es una iniciativa que permite poner nuestra legislación bancaria a la altura de lo que se espera de un país como el nuestro o al menos acortar las brechas que nos separan de las legislaciones más modernas en esta materia. Además, nos permitirá avanzar en algo crucial para nuestro país y para toda la ciudadanía: compatibilizar la transparencia con la debida protección de los datos personales.
Creo muy importante resaltar que habrá una mejora sustancial en la protección de datos personales con la creación de una agencia independiente encargada de esa tarea, organismo que, obviamente, contará con un adecuado nivel de autonomía para cumplir su misión, lo que nos pondrá en sintonía con los estándares internacionales y permitirá que nuestra industria de transferencia de información sea aceptada globalmente. Eso es muy importante para avanzar en aspectos tan cruciales como el control adecuado del lavado de dinero.
El proyecto fue objeto de varios cambios durante su tramitación, destinados a fortalecer la independencia de la institucionalidad y, además, a garantizar que todo lo vinculado con la agencia de protección de datos personales no quedará al arbitrio de los gobiernos de turno, esto es, que contará con la independencia suficiente, lo que valoramos.
Sin embargo, debo señalar que si bien en el transcurso de la discusión buena parte de las intervenciones se centraron en exponer lo cómodos que nos sentimos por cumplir con los estándares de la OCDE, de la Unión Europea y con los principios públicos de la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos, faltó poner en el centro a las personas y la necesidad de terminar con los abusos que se han generado en esta industria durante mucho tiempo.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al ministro de Hacienda y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras que para nosotros hubiese sido muy importante reponer una norma que en Chile existió hasta la dictadura: aquella que prohibía el cobro de intereses sobre intereses. En nuestro país no se permitía a los bancos incurrir en esa práctica, pero la dictadura introdujo ese grado de permisividad. No es casual que también en esa época se haya decidido ir al rescate de los bancos y que nunca se hayan devuelto al Estado los recursos que este destinó al rescate de la banca nacional.
Nos parecía importante que, así como Chile fue al rescate de los bancos en la década de los 80, ahora fuéramos al rescate de las familias endeudadas con el CAE. Lamentablemente, eso no tuvo eco en la ciudadanía y nuestra opción, la que planteaba aquello, fue derrotada en las urnas en diciembre recién pasado.
Aprovecho la presencia del superintendente para expresarle que debemos poner mayor preocupación en temas que afectan cotidianamente a la ciudadanía. No es posible que una empresa del Estado, como BancoEstado, haya sido pionera en establecer los seguros por saldo insoluto, esto es, que cuando se adquiere un crédito hipotecario se deba firmar una serie de documentos, incluidos los del seguro, pero solo cuando se enfrenta una catástrofe, como los aluviones que ocurrieron en Atacama, la persona afectada se dé cuenta de que ese seguro no cubre los daños que sufrió su vivienda, pues solo protege el saldo insoluto de la deuda que mantiene con el banco.
Por eso digo que considero que a este proyecto le faltó poner en el centro de su preocupación a las personas y su protección en contra de los abusos a que se ven enfrentadas permanentemente por acción de los bancos. No solo se puede remitir a las mayores facultades del Servicio Nacional del Consumidor, que esperamos no sean cercenadas por el Tribunal Constitucional, sino también a erradicar, de manera clara y tajante, las malas prácticas de los bancos, pues dañan severamente el patrimonio y la confianza de los chilenos y chilenas.
Voy a apoyar este proyecto de ley, pero no sin antes mencionar que nos parece importante que la creación de nuevas instituciones, como la Comisión para el Mercado Financiero, se haga con respeto absoluto a los derechos adquiridos de los trabajadores. Lo digo porque, según entiendo, cuando en el proyecto de ley se señala, en el artículo noveno transitorio, que no habrá solución de continuidad, debe agregarse claramente el traspaso de todos los derechos laborales adquiridos por los funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
De la misma forma, debo señalar que espero que se equiparen los derechos laborales de todos los trabajadores de la administración del Estado, porque no me parece lógico que algunos trabajadores del sector público tengan ciertos beneficios que el resto no tiene.
Señor Presidente, por su intermedio, le digo al ministro de Hacienda, con la misma claridad, que tampoco nos parece adecuado que algunos trabajadores de una empresa del Estado, asociados en sindicatos distintos, tengan beneficios diferentes.
En este proyecto de ley se debe acceder a la aspiración legítima de los trabajadores de que se les garanticen y preserven sus derechos laborales adquiridos, como bonificaciones para la atención médica, incluida la hospitalaria, ingresos mínimos mensuales por cada hijo que se esté educando, desde el nivel prebásico al superior. Esos son derechos que no tienen otros trabajadores del Estado. Me alegro de que ellos los tengan y defenderé en el Parlamento que los mantengan si son transferidos a la Comisión para el Mercado Financiero, pero aspiro a que esos beneficios lleguen a todos los trabajadores del sector público.
De la misma forma, rechazo categóricamente que trabajadores de una misma empresa reciban beneficios distintos, como sucede con los de los sindicatos N° 1 y N° 2 de la Fundición Hernán Videla Lira , de la Empresa Nacional de Minería.
Creo que el Estado, de una vez por todas, debe comenzar a homogeneizar los beneficios que entrega, para lo que siempre debe nivelar hacia arriba, con el objeto de que la función pública sea muy deseada por todos los buenos trabajadores y trabajadoras del país.
Hago presente a la Sala que se ha cumplido el tiempo asignado al Orden del Día y que falta que intervengan cuatro diputados que están inscritos.
Si ellos acceden a que se inserten sus discursos en el Boletín de Sesiones, solicitaré la unanimidad de la Sala para votar hoy el proyecto.
Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
Señor Presidente, hay algo que no entiendo.
Ayer estaban pendientes solo dos intervenciones. La diputada Alejandra Sepúlveda era una de ellas, pero ya hizo uso de la palabra. Incluso, se discutió la posibilidad de votar ayer el proyecto.
Hoy hemos tenido nuevamente una larga discusión, pero usted está sugiriendo que el proyecto no se vote en esta sesión.
Solicito que la explicación a mi pregunta sea muy completa y didáctica para que se entienda.
Señor diputado, no se equivoque. Efectivamente, ayer estaba inscrito solamente usted; pero la diputada Alejandra Sepúlveda solicitó intervenir después de que se cumplió el Orden del Día.
Por lo tanto, hoy no se puede prohibir que se sigan inscribiendo los señores diputados y las señoras diputadas. De hecho, ya se han inscrito otros cuatro.
Solicité la unanimidad de la Sala para votar hoy el proyecto, siempre que los diputados inscritos accedieran a insertar sus intervenciones, pero no hubo unanimidad.
Señor Presidente, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, no se necesita esa unanimidad, porque basta que se pida el cierre del debate.
Ocurre que nadie ha pedido el cierre del debate.
Señor Presidente, faltan tres semanas para que termine el actual periodo legislativo, de modo que le pido…
Señor diputado, está equivocado.
No se ha pedido el cierre del debate. Como dije, requerí la venia de la Sala para votar hoy el proyecto, que es lo mismo que usted ha solicitado.
Señor Presidente, no dimos la unanimidad para votar el proyecto hoy, por la razón que paso a explicar.
Junto con el diputado Chahin y la diputada Sepúlveda presentamos una indicación sobre el Sernac financiero para que fuera incorporada al proyecto, pero entiendo que una bancada no dio la unanimidad en la reunión de Comités para acceder a lo solicitado.
Estamos dispuestos a dar la unanimidad para que se vote hoy el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, pero también pido reciprocidad para que nuestra indicación se ponga en votación. De lo contrario, el proyecto se deberá votar mañana.
No queremos retrasar el despacho de la iniciativa. Incluso, estamos de acuerdo con el fondo de la misma, pero permítannos poner en votación nuestra indicación.
Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .
Señor Presidente, no se requiere la unanimidad de la Sala para cerrar un debate.
No se ha pedido el cierre del debate. Ese es el tema.
Si se pide el cierre del debate, basta una mayoría simple para aprobar lo solicitado.
En segundo lugar, ayer le escuché decir que los Comités habían resuelto votar hoy, pero no hubo unanimidad para cambiar esa decisión, por lo que el debate continuó en esta sesión.
No obstante, ahora se ha dicho que mañana podrían inscribirse más parlamentarios para intervenir.
Por consiguiente, de acuerdo con ese criterio, el debate podría extenderse hasta la próxima semana.
Señor diputado, en la reunión de los Comités Parlamentarios no se tomó el acuerdo de cerrar el debate, ni ayer ni hoy.
En consecuencia, he solicitado insertar los discursos de los parlamentarios inscritos para intervenir y votar el proyecto hoy.
Señor Presidente, pido el cierre del debate para que se vote hoy el proyecto.
El cierre del debate se debe pedir antes del término del Orden del Día, por lo que no se puede acceder a su solicitud, ya que se acabó el tiempo dedicado a esa parte de la sesión.
Por lo tanto, el debate queda pendiente.
Por acuerdo unánime de la Sala, corresponde votar en general, sin rendición del informe y sin discusión, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, según se indica.
-Mensaje, sesión 76ª de la presente legislatura, en 10 de octubre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 96ª de la presente legislatura, en 5 de diciembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 103ª de la presente legislatura, en 14 de diciembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 6.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular, con la salvedad del artículo transitorio, por haber sido objeto de una modificación en la Comisión de Hacienda.
Entonces, corresponde votar en particular el artículo transitorio, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución Nº 1.056 en los siguientes términos: Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 22 abstenciones.
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Castro González, Juan Luis ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Ward Edwards, Felipe .
Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Letelier Norambuena, Felipe ; Núñez Arancibia, Daniel ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Browne Urrejola, Pedro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farías Ponce, Ramón ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Lemus Aracena, Luis ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Saldívar Auger, Raúl ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución Nº 1.018 en los siguientes términos: Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Andrade Lara , Osvaldo .
Intervinieron los diputados Fidel Espinoza y Mario Venegas .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución Nº 1.019 en los siguientes términos: Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 16 abstenciones.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .
Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón , Jorge ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
Intervino la señora Paulina Núñez .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución Nº 1.020 en los siguientes términos: Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 8 abstenciones.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ;
Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Norambuena Farías, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Teillier Del Valle, Guillermo .
El señor GIORGIO JACKSON (RD) solicitó a la ministra de Educación información sobre las gestiones realizadas y las medidas adoptadas por el ministerio a su cargo para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes ante el inminente cierre de las universidades Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, y de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
El señor VLADO MIROSEVIC (PL) solicitó al director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) información sobre el estado de avance del proceso de mediación colectiva seguido con la empresa CMPC, cuyo objeto es alcanzar una compensación para los consumidores afectados por la colusión en la determinación del precio del papel tissue.
El señor GABRIEL BORIC (IND) expresó al alcalde de Punta Arenas su solidaridad por el reciente incendio que afectó al cementerio municipal Sara Braun de esa comuna y su voluntad de colaborar en todas las actividades necesarias para el restablecimiento de dicha obra patrimonial.
El señor JOSÉ PÉREZ (PRSD) pidió al director nacional del Servicio Electoral que tenga a bien disponer la instalación de locales de votaciones en los sectores Cauñicú y Ralco Lepoy , de la comuna de Alto Biobío; Coihue , de la comuna de Negrete, y Millantú y Chacayal , de la comuna de Los Ángeles.
Asimismo, solicitó a la Presidenta de la República y al ministro de Hacienda que informen a la Cámara de Diputados sobre la factibilidad de eliminar la obligación de efectuar cotizaciones previsionales para los trabajadores independientes que perciben remuneraciones en virtud del artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y de establecer un sistema que permita que dicha cotización sea voluntaria.
Por último, pidió al ministro del Interior y Seguridad Pública y al ministro de Agricultura que informen a la Cámara de Diputados sobre los recursos que se destinarán para efectuar limpiezas de los caminos públicos en la zona sur del país, con el objeto de eliminar malezas y otros elementos que puedan provocar incendios forestales.
El señor PATRICIO MELERO (UDI) pidió al ministro del Interior y Seguridad Pública, al subsecretario de Prevención del Delito y al general director de Carabineros de Chile información sobre la factibilidad de creación de subcomisaría de Carabineros en zona rural correspondiente al N° 234 del Plan Cuadrante de la Región Metropolitana, comuna de Pudahuel, así como la adopción de medidas para la prevención de comisión de delitos.
Asimismo, solicitó al intendente de la Región Metropolitana y al Core de la Región Metropolitana antecedentes respecto de la disposición de recursos para la creación de una subcomisaría de Carabineros en la zona rural correspondiente al N° 234 del Plan Cuadrante de la Región Metropolitana, comuna de Pudahuel.
Por último, pido al general director de Carabineros información acerca de eventuales irregularidades en actuación de personal de su institución en contención de manifestaciones efectuadas el 1 de enero del presente año por vecinos de sector rural de Pudahuel, en protesta por los reiterados delitos de que han sido objeto.
El señor CELSO MORALES (UDI) pidió al ministro de Obras Públicas y al seremi de Obras Públicas del Maule información sobre factibilidad de modificación de contrato de mantención de ruta J-80, para ampliación de servicios de empresa Santa Fe , entre localidad de La Higuera y comuna de Vichuquén, sector Llico , Región del Maule, y obras de mejoramiento por parte de Vialidad de camino hacia Parque Nacional Radal Siete Tazas.
El señor DAVID SANDOVAL (UDI) solicitó a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a la intendenta de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y a la secretaria regional ministerial de esa cartera de la Región de Aysén que informen sobre las medidas y políticas públicas que se aplicarán destinadas a enfrentar los altos niveles de agresiones sexuales en contra de mujeres y menores de edad, especialmente en las regiones extremas del país.
El señor FIDEL ESPINOZA (PS) remitió a representantes de la Multigremial del Sur, a la gobernadora de la provincia de Osorno, a los alcaldes y concejales de las comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, y a los presidentes de las comunidades indígenas de las comunas de Río Negro, Purranque , San Juan de la Costa y Osorno su reflexión en torno a las reacciones que han generado en la Región de Los Lagos los ataques incendiarios ocurridos el 1 de enero recién pasado en las comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, que afectaron maquinaria forestal de empresas del rubro de la zona, que calificó como actos de vandalismo y delictuales. Asimismo, defendió la inocencia de las comunidades indígenas de la región ante las declaraciones de quienes pretenden imputarles responsabilidades en los hechos ocurridos.
-Se levantó la sesión a las 14.13 horas.
-Se abrió la sesión a las 13.42 horas.
El señor ALBERTO ROBLES(PRSD) solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al presidente de la Corte Suprema eliminar el sistema de turnos en las notarías para la atención de personas que gozan del privilegio de pobreza.
El señor JORGE SABAG
(PDC) pidió a la ministra de Salud investigar las circunstancias en que falleció la señora María Manríquez Aguilera en la casa de reposo Marbel, situada en calle Carrera N° 25, comuna de Chillán.
Solicitó que se fiscalice esa residencia para determinar si tiene los permisos al día y si cumple con todas las condiciones que exigen las normas vigentes dictadas por el Ministerio de Salud.
Finalmente, pidió que el ministro de Obras Públicas, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío y el director regional de la Dirección de Vialidad del Biobío gestionen el levantamiento de la prohibición que impide a este último servicio pavimentar los 3,2 kilómetros del camino que une la ruta 5 y el sector de San Manuel, pasando por Los Tilos, en la comuna de Bulnes, trabajos establecidos como compensación ambiental por la construcción de una central termoeléctrica en esa zona.
-Se levantó la sesión a las 13.53 horas.