Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-14-setiembre-2004-ministerio-de-justicia-81720
Timestamp: 2016-12-03 12:15:06
Document Index: 251240937

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 57', 'artículo 212', 'artículo 62', 'artículo 212', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 19', 'artículo 98', 'artículo 324', 'artículo 1361', 'artículo 212']

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francesc Xavier Francino i Batlle, Notario de La Seu d'Urgell, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Purchena, doña María del Carmen García-Villalba Guillamón, a inscribir una escritura de aceptación y manifestación de herencia
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francesc Xavier Francino i Batlle, Notario de La Seu d'Urgell, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Purchena, doña María del Carmen García-Villalba Guillamón, a inscribir una escritura de aceptación y manifestación de herencia Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francesc Xavier Francino i Batlle, Notario de La Seu d'Urgell, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Purchena, doña María del Carmen García-Villalba Guillamón, a inscribir una escritura de aceptación y manifestación de herencia Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francesc Xavier Francino i Batlle, Notario de La Seu dUrgell, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Purchena, doña María del Carmen García-Villalba Guillamón, a inscribir una escritura de aceptación y manifestación de herencia.
En el recurso interpuesto por el Notario de La Seu dUrgell, don Francesc Xavier Francino i Batlle contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Purchena, doña María del Carmen García-Villalba Guillamón, a inscribir una escritura de aceptación y manifestación de herencia.
El 2 de abril de 2004 don Francesc Xavier Francino i Batlle, Notario de La Seu dUrgell, autorizó una escritura de aceptación y manifestación de herencia por virtud de la cual, doña Ana María C.B. y los hermanos G.C., Juan, Antonio, Bartolomé, Ginesa y Fernando Ana María, como herederos abintestato de Antonio G.F. disolvían la sociedad de gananciales, aceptaban la herencia y partían los bienes hereditarios. Se debe señalar que doña Ginesa G.C. actúa en su propio nombre y derecho y como tutora legal de su hermana doña Adoración G.C.
En dicha escritura de manifestación de herencia se expresa que «Intervienen todos ellos en su propio nombre y derecho, además doña Ginesa G.C., en nombre y representación de su hermana doña Adoración G.C Ejerce esta representación en su calidad de tutora legal de la Sra. Adoración en virtud de Auto del Juzgado de Balaguer 1 de fecha 4 de julio de 2000, cuyo cargo aceptó en acta otorgada ante el titular del Jutjat número uno, de 1.a Instancia de La Seu dUrgell, el día 18 de septiembre de 2000. He tenido a la vista Testimonios de ambos documentos en los que se otorgan facultades a doña Ginesa G.C., que yo, el Notario, considero suficientes para otorgar la presente escritura de aceptación y manifestación de herencia. Manifiesta la vigencia e ilimitación de su cargo titular, así como la subsistencia e incapacidad de su representada».
No se ha reseñado la fecha de presentación en el Registro de la Propiedad de Purchena, sino tan solo que causó la copia autorizada antes indicado el asiento de presentación 425 del Diario 96, siendo objeto de la siguiente calificación: «Fundamentos de Derecho: Primero: Falta acompañar testimonio del auto de nombramiento de doña Ginesa G.C. como tutora de doña Adoración G.C., así como del acta de aceptación del cargo, conforme a los artículos 184 y siguientes de la Ley 9/1998, de 15 de julio, por la que se aprueba el Código de Familia de Cataluña.
No tomada anotación de suspensión por no haberse solicitado. La Registradora. Firma ilegible».
Dicha calificación es de 3 de junio de 2004; no consta la fecha de notificación al Sr. Notario, recurriéndose por éste el día 29 de junio de 2004.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido. Asimismo, se plantea la cuestión relativa a la aprobación judicial de la partición, dada la presencia de una incapacitada, que está representada para el acto por su hermana, tutora legal de aquélla.
La Registradora de la Propiedad calificó del modo expuesto en el Hecho Segundo el título presentado interponiendo el Notario recurso frente a dicha calificación con base en los siguientes argumentos: primero, que la aportación de los testimonios de las resoluciones judiciales relativas al nombramiento de tutor y a la aceptación del cargo, no es precisa examinado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre y que, en cualquier caso, los preceptos citados por la funcionaria calificadora, en ningún caso, fundan la pretensión de ésta de que tales testimonios se aporten; segundo, en lo relativo a la vigencia y aplicación al supuesto del artículo 57 y Disposición Transitoria Segunda del Código de Sucesiones por causa de muerte, aprobado por Ley 40/1991, de 30 de diciembre, es cierto que el mismo exige aprobación judicial para la partición, pero no es menos cierto que el artículo 212 de la Ley 9/1998, de 15 de julio, por el que se aprueba el Código de Familia es ley posterior y que, como tal, ha derogado tácitamente esa norma. A tal efecto, añade que no puede considerarse ley especial el Código de Sucesiones por causa de muerte, dada la pretensión declarada de complitud del Código de Familia en esta materia, así como por la evolución legislativa seguida al respecto. Añade que el artículo 62 de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares, exigía la autorización judicial previa y su aprobación posterior, tanto para la partición como para la división de la cosa común. Sin embargo, esta exigencia ha desaparecido en el actual artículo 212 del Código de Familia, lo que supone buena prueba de la innecesariedad de esa aprobación judicial. Por último, la derogación del artículo 57 del Código de Sucesiones por causa de muerte, en este punto, resulta aun más palpable si se atiende al hecho de que para cualquier otra división de cosa común no se exige dicha aprobación judicial; tercero y último, aun cuando no estuviera derogado el artículo 57 del citado Código de Sucesiones por causa de muerte, una interpretación teleológica del mismo, a la luz de las Resoluciones de este Centro Directivo, pone de manifiesto la innecesariedad de la aprobación judicial dado que siendo el único bien partible en origen ganancial, no se da oposición de intereses en la formación de inventario. Se añade que, al ser la liquidación del bien total, y al adjudicarse a todos los herederos por igual los bienes indiviso, no existe conflicto de intereses y la aprobación judicial es innecesaria.
2. Como cuestión formal previa, esta Dirección General debe recordar que el informe de la Sra. Registradora no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de los Fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.
Por ello, en las Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de enero, 8 de febrero y 17 de noviembre de 2003, se manifestaba que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno; debemos añadir, en este punto, que el informe de la Sra. Registradora tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir: por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
En consecuencia, el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la vista del recurso del Notario, exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria). La conclusión de cuanto antecede es que no puede tenerse en cuenta las alegaciones de la Sra. Registradora contenidas en su informe, en cuanto exceden del ámbito material propio de éste a tenor de la normativa máxime en un supuesto como éste en el que los argumentos que fundan la calificación son desarrollados con notoria extensión atendida a concisión de la calificación. Debe añadirse que, por el contrario, del expediente no se derivan cuestiones tales como la fecha de notificación de la calificación, medio empleado, fecha del asiento de presentación, siendo éstas las cuestiones que se deberían haber incluido en el informe de la Sra. Registradora.
En Resoluciones posteriores (las de 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo de 2002) se concretaba el ámbito y contenido de los dos elementos previstos en el artículo 98. Así, de la reseña se decía que es un hecho y que «tiene por objeto los datos de identificación del documento» y del juicio que es «una valoración de la suficiencia de las facultades representativas», siendo así que ambos elementos «harán fe suficiente, por sí solas, ..., de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario».
Examinado el título presentado se observa en éste una especialidad consistente en que la reseña se efectúa de dos testimonios de sendas actuaciones judiciales. Ahora bien, a parte de tal consideración no puede negarse a tales documentos el carácter de auténticos y, asimismo, debe considerarse que la reseña está hecha con corrección, pues en la misma se indica el tipo de resolución, el Juzgado del que proviene y su fecha. Cabe añadir, asimismo, que en el presente caso no nos encontramos con una calificación de documentos judiciales, sino por el contrario de un documento público notarial en el que se reseñan los datos identificativos de las resoluciones judiciales. Además, se recoge la manifestación de la tutora relativa a la vigencia de su cargo y a la subsistencia de la situación de incapacidad de su hermana. Desde esa perspectiva, debe calificarse como correcta la reseña efectuada.
En cuanto al juicio de suficiencia se afirma en el título que «... yo el Notario considero suficientes para otorgar la presente escritura de aceptación y manifestación de herencia...», siendo así que tal juicio es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una escritura de aceptación y manifestación de herencia.
7. Respecto del segundo defecto, esta Dirección General debe manifestar que su competencia es limitada, pues de conformidad con la Disposición Adicional séptima de la Ley Orgánica 6/1985, de 7 de julio, del Poder Judicial y artículo 324 de la Ley Hipotecaria, compete a los órganos jurisdiccionales radicados en la Comunidad Autónoma en que esté demarcado el Registro de la Propiedad, el conocimiento de los recursos que se interpongan frente a calificaciones de los Registradores de la Propiedad en materia de derecho privativo de las respectivas Comunidades Autónomas cuando su Estatuto así lo hubiera dispuesto.
Sin embargo, en el presente recurso se dan dos especialidades consistentes en que se alegan dos defectos por la Sra. Registradora siendo así que el primero no aportación de testimonio de las resoluciones judiciales debe considerarse presupuesto del segundo, pues es evidente que si la Sra. Registradora duda de la representación de la tutora legal de la incapaz, el mismo acto documentado en la escritura pública carecería de efecto y, todo ello, sin entrar a considerar si es precisa o no la aprobación judicial de dicha partición.
En consecuencia, y por ambos motivos, esta Dirección General debe resolver el presente recurso interpuesto frente a la calificación de la Sra. Registradora de Purchena.
En efecto, en las Resoluciones de este Centro Directivo de 27 de enero de 1987, 10 de enero de 1994, 6 de febrero de 1995, 11 de marzo y 29 de julio de 2003, se afirmaba que la presencia de un menor o de un incapaz obligaba a extremar la cautela en todo acto relativo a su patrimonio en que se pudiera producir un perjuicio, razón por la cual existen instituciones como la del defensor judicial o la de la aprobación judicial para determinados actos por ejemplo, la partición o la aceptación de herencia pura y simple.
Ahora bien, tal cautela debe coordinarse con la necesaria agilidad y, sobre todo, con la finalidad querida y perseguida por el legislador, de modo que no existiendo conflicto de intereses ni perjuicio presente para quien actúa representado por su tutor o quien ejerza la patria potestad, no es preciso acudir a esas instituciones o mecanismos de defensa del menor o del incapaz.
Por ello, y por ejemplo en la Resolución de 10 de enero de 1994 con cita de otra de 14 de marzo de 1991, se concluía que en aquellos supuestos en los que pudiera existir un conflicto de intereses en la determinación de las masas patrimoniales que se adjudicaban al menor o incapaz y a su representante, era preciso el nombramiento de un defensor judicial. Al contrario, si no existía tal conflicto de intereses devenía innecesario el nombramiento de ese defensor judicial.
Asimismo, en la Resolución de 6 de febrero de 1995 se indagaba si cabía la posibilidad de que existiera conflicto de intereses cuando los bienes tenían carácter ganancial, concluyendo que al no operar la presunción de ganancialidad (artículo 1361 del Código Civil) no cabe la posibilidad de que pueda ser destruida y por consiguiente no surge oposición de intereses en la realización de los bienes que son gananciales, sino que esa posibilidad solamente puede darse en las adjudicaciones ulteriores. Se añadía que, obviamente, en el supuesto de que se adjudicaran bienes concretos sí que podía producirse dicha contraposición de intereses, pero que tal posibilidad decaía si se adjudicaban los bienes en comunidad romana o por cuotas partes indivisas, máxime si en tal caso a todos los adjudicatarios les tocaba una cuota parte idéntica en la adjudicación; es más, se concluía que dicha inexistencia de conflicto de intereses existía incluso aunque se adjudicara en nuda propiedad una cuota parte indivisa a los herederos y en usufructo vitalicio al cónyuge viudo.
En efecto, la Ley 9/1998, de 15 de julio, por la que se aprueba el Código de Familia de Cataluña nace con una vocación confesada en su Exposición de Motivos de complitud, esto es, de regulación global e íntegra de la normativa que respecto de la familia se encontraba dispersa en diferentes Leyes. Acudiendo al artículo 212 de la indicada norma, se observa que no se requiere la aprobación judicial de la partición y tampoco de la aceptación de la herencia, siempre que se haya efectuado a beneficio de inventario. Cabe añadir que, además, en el presente caso y por la partición efectuada no existe lesión alguna en el patrimonio del incapaz, de donde resulta innecesaria, además, la indicada aprobación judicial.
Madrid, 14 de septiembre de 2004.La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones.