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Timestamp: 2019-07-17 17:09:30
Document Index: 199411664

Matched Legal Cases: ['Artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 11', 'artículo 50', 'artículo 73', 'artículo 73', 'Artículo 14', 'artículo 410', 'artículo 410', 'artículo 35', 'artículo 256', 'artículo 18']

La justicia transicional en México | El Juego de la Suprema Corte
Con base en la experiencia internacional, el siguiente cuadro sintetiza las herramientas de la JT más frecuentemente utilizadas. Cada una de ellas tiene diferentes propósitos, destinatarios y mecanismos de operación.
Comisiones de la verdad Revelar y examinar patrones de abuso de derechos humanos y su alcance. Cuerpo investigativo independiente con expertos designados, según reglas claras y mandato claro, delimitado temporal y temáticamente, con participación internacional.
Reparaciones Restitución, compensación, rehabilitación y satisfacción. Programa administrativo o judicial de reparaciones.
Amnistías Extinguir la responsabilidad criminal y los procesos criminales en curso. Ley o decreto con categorías claras de beneficiarios.
Desarme, desmovilización y reintegración Desmovilizar a grupos armados no estatales para reintegrarlos a la vida civil. Programa de carácter administrativo.
Procedimientos de responsabilidad penal individual Rendición de cuentas de responsables de violaciones de derechos humanos. Poder judicial o mecanismo de justicia paralelo extraordinario.
Procesos de investigación de antecedentes (lustración) Inhabilitación laboral temporal o permanente a funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos. Investigación de antecedentes laborales y sanciones de carácter administrativo.
• El uso de la violencia a gran escala por actores organizados estatales y no estatales.
• La pérdida de confianza en las instituciones estatales ordinarias entre segmentos amplios de la población.
• La responsabilidad, por comisión u omisión, de integrantes de instituciones estatales en la perpetración de violaciones graves a los derechos humanos.
• La existencia de organizaciones especializadas en el uso de la violencia que actúan fuera del marco legal e implementan métodos coactivos de reclutamiento y control interno.
• La competencia violenta entre organizaciones armadas por el control de territorio y núcleos de población.
• El surgimiento de un equilibrio violento en el que grupos sociales significativos, así como funcionarios estatales, enfrentan incentivos altos a la participación en conductas ilegales o violentas, mientras que el apego a la legalidad estatal o la no colaboración con actores violentos pueden acarrear altos costos personales.
• La exposición de colectividades humanas a condiciones de inseguridad y alta vulnerabilidad, ante la existencia de organizaciones ilegales especializadas en el uso de la violencia e instituciones públicas débiles, omisas, o cómplices.
• La ocurrencia de ciclos de enfrentamiento y venganza entre actores armados que generan agravios mutuos y multiplican la violencia.
• El desplazamiento de grupos de población a consecuencia de la violencia y presencia de organizaciones armadas.
• El surgimiento de mecanismos de autoprotección y justicia por propia mano que debilitan el monopolio de las instituciones públicas sobre los medios de violencia, la tributación y la impartición de justicia.
• La necesidad de un acuerdo social y político amplio, colectivo, para identificar y detener patrones de uso de la violencia dentro de una sociedad.
Las herramientas: La JT es entendida como un conjunto de herramientas flexibles que deben ser implementadas de manera coordinada (como partes de una política pública integrada), ser estructuradas con base en los cuatro pilares fundamentales de la JT y contemplar la participación de los diversos actores involucrados en la violencia (particularmente, las víctimas). En este sentido, la política de JT debe entenderse como un proceso de acciones y decisiones, no como un momento de anuncio político o un acuerdo legislativo. A continuación, se exponen de manera sintética las herramientas que podrían utilizarse en el caso de México:
Fundamento o reformas requeridas
Eje verdad
Comisiones de la verdad Contribuir al esclarecimiento sobre las violaciones a derechos humanos, así como coadyuvar a la recuperación de la memoria histórica de los hechos. Pueden crearse una o varias comisiones, y permitir que la información recabada, sujeta a ciertas reservas, pueda ser usada en procesos penales. Fundamento legal: Artículos 7 y 22 de la Ley General de Víctimas.
Reforma: De optarse por ampliar las atribuciones de las comisiones, deberán hacerse ajustes legales o, constitucionales en función del alcance que se les quiera dar.
Además, deberá establecerse una regulación administrativa para asegurar su operación.
Comisiones de investigación Recabar, recibir, analizar, sistematizar y valorar la información que pueda convertirse en líneas de investigación y datos de prueba respecto de los hechos materia de su competencia.
Deberán estar encabezadas por fiscales para que puedan ejercer la acción penal en sus respectivos ámbitos de competencia.
Informes para la memoria histórica Registrar, documentar, preservar y diseminar la información documental, testimonios orales o cualquier otro medio que dé cuenta de la experiencia social de la violencia.
Estos informes sólo tienen un propósito documental y pedagógico, y pueden incluso tomar formas artísticas o culturales (museos, memoriales). Fundamento legal: Artículo 22 de la LGV; artículo 6°, fracción IX, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Incorporación de iniciativas ciudadanas Su propósito es garantizar la inclusión de los hallazgos de los colectivos de víctimas en el marco de las comisiones de la verdad y de investigación. Fundamento legal: Una interpretación extensiva del artículo 20 de la LGV permitiría integrar a dichos colectivos a los grupos de trabajo. A partir de aquí se podría generar una política integral para dar participación a los colectivos antes mencionados.
Eje justicia
Vía alternativa: creación de un mecanismo internacional especializado, mediante un convenio de colaboración con un organismo internacional Investigar y, en su caso, ejercer acción penal contra las personas responsables por la comisión de violaciones graves de derechos humanos, constitutivas de delitos o los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma. Fundamento legal: artículo 11, fracción VII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Reforma: Requiere reforma legislativa en caso de optar por la vía alternativa, para facultar a personas extranjeras a desarrollar tareas de investigación autónomas en territorio nacional o asegurar que puedan desplegar acciones de asesoría o supervisión de cuerpos de policía y fiscales.
Juzgados especializados de alto impacto Enjuiciar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por la comisión de violaciones graves de derechos humanos. Fundamento legal: artículos 6 y 20 del Código Penal Federal; artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; tratados internacionales de los que México es parte; en específico, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Amnistías Su objeto es la emisión de un cuerpo normativo que extinga la pena o la acción penal de los delitos federales o del fuero común que no constituyan delitos graves, violaciones graves a derechos humanos y que estén relacionados con eventos específicos de violencia ocurridos de 2006 a 2018. Fundamento legal: Una operación inmediata de la amnistía puede ocurrir con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, los alcances pueden ser limitados. Un ejercicio más amplio, necesariamente involucra al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para emitir amnistías.
Reforma: una ley de amnistía sustentada en el artículo 73 fracción XXII constitucional únicamente puede tener alcances federales. Para incluir los delitos del fuero común, se requiere que los congresos de las entidades federativas emitan su propia legislación o reformar la Constitución.
Juicios abreviados Su objeto es la aplicación de los beneficios que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para los casos en que el imputado acepte su responsabilidad penal y existan otros datos de prueba. Fundamento legal: El CNPP en particular los artículos 201 a 207.
Reforma: dado que un alto porcentaje de los hechos de violencia ocurridos en el periodo 2006-2018 fueron procesados en el anterior sistema de justicia penal, se necesita expedir una norma jurídica que permita la aplicación retroactiva del CNPP.
Sustitución de penas por medidas de seguridad En casos de delitos en que no proceda amnistía, se podrá establecer la posibilidad de colaborar con la justicia y obtener la sustitución de una pena por una medida de seguridad. Fundamento legal: Artículo 14° constitucional, artículo 410 del CNPP y reglas competenciales de la Ley General contra la Tortura, Desaparición Forzada o Secuestro.
Reforma: Se recomienda establecer el supuesto genérico para los casos de violencia de 2006 a 2018 en el artículo 410 del CNPP, o en su caso, en un artículo transitorio de la ley de amnistía.
Programa de testigos protegidos Los individuos que cooperen con las instituciones de justicia y que estén en los supuestos de delincuencia organizada se podrán acoger a este beneficio. La aportación y el ingreso al programa podrían ser determinadas por las comisiones de investigación y los fiscales (general o estatales). Fundamento legal: artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Reforma: Esta medida puede extenderse a otros delitos mediante una reforma al artículo 256 del CNPP.
Sistema de justicia para menores de edad Los menores de edad que hayan cometido un hecho tipificado como delito por la ley serán susceptibles de amnistía. Fundamento legal: El artículo 18 de la Constitución reconoce la excepcionalidad de medidas de internamiento para menores y su proporcionalidad al hecho cometido. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes construye un régimen diferenciado del resto de la criminalidad.
Eje reparaciones
Programa administrativo de reparaciones El programa deberá diseñarse con una visión de reparación integral que incluya –junto con mecanismos de indemnización pecuniarios– medidas de restitución, rehabilitación o satisfacción. La primera tarea es diseñar un padrón único para la identificación de víctimas.
Sería un programa específico y distinto al de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Fundamento legal: La LGV, en sus artículos 1, 9, 26, 27 y 64; la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y el 109 fracción XXIV del CNPP.
Eje garantías de no repetición
Datos sobre violencia de alto impacto a gran escala y violaciones graves de derechos humanos Generar datos relevantes y apropiados para el análisis de los patrones de violencia de alto impacto a gran escala, así como sobre los perfiles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos. El Poder Ejecutivo ya cuenta con esta facultad.
Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones nacionales e internacionales en derechos humanos Plan de acción dirigido a asegurar el cumplimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales en derechos humanos, particularmente aquellas vinculadas con los procesos de violencia de alto impacto a gran escala. Reforma: No requiere reforma legislativa.
Legislación para la cooperación con mecanismos internacionales La emisión de cuerpos normativos que establezcan los mecanismos de cooperación con órganos internacionales de derechos humanos, así como los procedimientos, autoridades responsables y facultades para el cumplimiento de las resoluciones o recomendaciones. En particular México debe cumplir su compromiso de expedir un cuerpo normativo específico para la cooperación con la Corte Penal Internacional. Requiere reformas legislativas.
Reconocimiento de competencia de órganos internacionales y ratificación de tratados internacionales específicos Fortalecimiento de los mecanismos de protección a los derechos humanos de todas las personas en México, a través del reconocimiento de competencia de órganos internacionales especializados y ratificación de tratados internacionales señalados en el cuerpo del documento.
Programas de desarme, desmovilización y reintegración Buscar la desmovilización de integrantes de grupos armados no estatales, organizados o no organizados, con el objeto de reintegrarlos a la sociedad.
Las comisiones de la verdad podrán hacer recomendaciones no específicas. No emplean una fundamentación concreta pues se trata de programas focalizados que buscan reconstruir el tejido social. Puede ser implementada por cuestiones de protección civil, gobernabilidad, seguridad pública o civilidad. Ello requiere la intervención de las autoridades federales y locales.
Un proyecto más ambicioso de DDR exige modificaciones legislativas.
• La posibilidad de poner en marcha un proceso de JT en México dentro del marco constitucional y legal vigente.
• Crear un mecanismo rector interinstitucional, con un mandato amplio sobre la política de JT en todo el país.
• Crear además un órgano independiente de supervisión, seguimiento y evaluación de medidas de reparación.
• Incorporar actores internacionales que coadyuven al proceso, presten asistencia técnica y complementen a las instancias nacionales.
• Crear programas que atiendan a los jóvenes, así como definir zonas prioritarias de intervención y medidas regionales específicas, dentro de un marco nacional de JT.
• Generar un diseño flexible, coherente y articulado de las herramientas de JT. Identificar para cada herramienta el mandato, el objetivo y los responsables de su operación, así como los recursos necesarios para que puedan operar. Siempre considerar cómo las herramientas de JT se vinculan o complementan a los mecanismos ordinarios.
• Incorporar en el diseño de cada herramienta mecanismos de participación de la víctimas y una perspectiva transversal de generó e inclusión.
• Establecer un periodo de 2 (o máximo 3) años para el proceso de JT, al final del cual se deberá evaluar los resultados y tomar, en su caso, las medidas necesarias para mantener o modificar las herramientas que hayan funcionado adecuadamente.
Versión íntegra del documento: Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México.
Javier Cruz Angulo Nobara. División de Estudios Jurídicos.
Laura H. Atuesta Becerra. Programas Interdisciplinario en Política de Drogas.
José Antonio Caballero Juárez. División de Estudios Jurídicos.
Guillermo M. Cejudo Ramírez. División de Administración Pública.
Juan Espíndola Mata. Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas.
Pablo Kalmanovitz. División de Estudios Internacionales.
Sandra J. Ley Gutiérrez. División de Estudios Políticos.
Sergio López Ayllón. División de Estudios Jurídicos.
Javier Martín Reyes. División de Estudios Jurídicos.
Ximena M. Medellín Urquiaga. División de Estudios Jurídicos.
Rodrigo Meneses Reyes. División de Estudios Jurídicos.