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Timestamp: 2017-03-29 19:00:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'in fine', 'in fine', 'artículo 35', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 11']

POR DERECHO - III Época: febrero 2015
Comentarios libres y noticias subrayables. Lo que no cabe en los periódicos. Tercera época, de vuelta a los orígenes sábado, 28 de febrero de 2015
YA ESTÁ BIEN DE GALLARDÓN: LA VERDAD DE LAS TASAS JUDICIALES, ANTES Y AHORA
LAS TASAS JUDICIALES EN ESPAÑA, ANTES Y DESPUÉS DE
UNA RECTIFICACIÓN QUE ILUMINA LA DENEGACIÓN DE
Estoy deseando no tener que escribir ni una palabra más
sobre este asunto, el de las tasas judiciales en España, que se encuentra entre
los más feos, en todos los sentidos, que me es dado imaginar. Por tanto, espero
y deseo fervientemente que éste sea el último texto sobre tasas judiciales, al
menos en este “blog”, espacio sobre el que tengo un total control.
Ayer hablé de “milagro” y de muy importante victoria
de la sociedad civil. No tengo nada que rectificar al respecto una vez leído,
en el Boletín Oficial del Estado de hoy, 28 de febrero de 2015, el enorme (44
páginas) Real Decreto-Ley 1/2015, de
27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga
financiera y otras medidas de orden social: v. http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/
Lo relativo a las tasas judiciales se encuentra en las págs. 40 y 41: art. 11
del Decreto-Ley. En síntesis, se trata
de lo que esperábamos; con algunos cambios en los supuestos de litigios exentos
del pago de tasas, la modificación más importante es que, subjetivamente, las
personas físicas quedan exentas de tasas judiciales.
Si continúo con el tema de las tasas judiciales (espero
que por última vez), es porque por mucho que me cueste volver con tan áspero y desagradable
asunto (en sí mismo clarísimo), más duro se me hace permanecer callado cuando
veo titulares como éstos:
«Fin de la era Gallardón: el Gobierno retira las tasas judiciales para las
personas físicas»
«Rajoy liquida las tasas judiciales y recorta otras
medidas de Gallardón»
«Mariano Rajoy
entierra las tasas judiciales, el último gran patinazo de la era Gallardón»
Sin pretender restarle méritos a Gallardón, esa presentación de
las cosas es doblemente falsa. En primer lugar, porque la iniciativa legislativa no
fue de un Ministro, sino de un Gobierno, y la posterior aprobación de la Ley
10/2012, obra de un único grupo parlamentario, el Popular. Hoy tenemos el mismo
Gobierno y el mismo grupo parlamentario. En segundo lugar y mucho más decisivo
de la falsedad: en modo alguno volvemos a la situación anterior a la Ley
10/2012; en modo alguno se entierran las
tasas judiciales, último gran patinazo de la era Gallardón y no termina en absoluto esa
“era Gallardón”. Lo explicaba en
el post inmediatamente anterior, de ayer mismo, pero lo explicaré ahora de
nuevo, de otro modo.
En síntesis, ¿qué teníamos antes de la Ley 10/2012,
gran hazaña legislativa y exponente máximo de esa era Gallardón? Teníamos una
situación en que únicamente los grandes usuarios de la Justicia tenían
que pagar tasas judiciales. Ellos podían pagar aquellas tasas, menores que
las actuales, podían calcular "grosso modo" lo que les costaría
su frecuente y habitual actividad litigiosa y podían repercutir
ese coste en los precios de sus bienes y servicios. No las pagaban las personas
físicas y los demás sujetos jurídicos, económicamente menos poderosos, que sólo
ocasionalmente tenían que litigar, por su propia iniciativa o porque otro les
pusiese pleito. Era la situación legalmente creada por la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y, en
concreto, por su artículo 35, rotulado “Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo”.
Con la Ley 10/2012, la cuantía de las tasas sube
notablemente (se dispara para una segunda instancia (más del doble: de 300
euros a 800) y se duplica (de 600 a 1.200 euros) para los recursos
extraordinarios (vean las tablas del post anterior). Y todos (toda persona
física, cualquier empresario, pequeño o mediano) empiezan a tener que pagar
esas altas tasas, con absoluta independencia de su capacidad económica, lo que, no tratándose de una verdadera tasa, era y sigue siendo una abominable aberración ética y jurídica. Los innumerables
Pedro, Antonio, María o Dolores, ciudadanos de a pie, con recursos económicos
limitados (pero no tan bajos como para litigar gratis: es un segmento enorme de
la población el que se encuentra en ese estado) tenían que pagar exactamente lo
mismo que el mayor Banco, la más potente aseguradora o cualquier gran empresa
del famoso IBEX. Y en incontables ocasiones no podían pagarlo, mientras que los
grandes usuarios de la Justicia sí podían:
si han podido y no han protestado lo más mínimo. Por otro lado, las
Administraciones públicas, que nunca (ni antes ni ahora) pagaban tasas
judiciales, se encontraban blindadas ante procesos contencioso-administrativos
que cualquier ciudadano de a pie o pequeño empresario considerase necesario incoar
en defensa de sus derechos, porque se exigían a los ciudadanos de a pie o al
pequeño y mediano empresario unas abultadas tasas. Restablecer la situación que se dice que alteró Gallardón
requería exonerar de tasas judiciales, no sólo a las personas físicas, sino
también a los demás sujetos jurídicos que sólo ocasionalmente se ven
en el trance de demandar o recurrir: las empresas pequeñas y medianas, sobre
todo. Más concreta y precisamente: enterrar las tasas judiciales de la era Gallardón exigiría que, además de
las personas físicas, también estuviesen exentos de pagar quienes lo estaban
legalmente antes de la Ley 10/2012, de 22 de noviembre, modificada por Real
Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero. Exactamente estos tres grupos de sujetos
jurídicos (reproduzco los que aparecían exentos en el art. 35 de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre:
“Las entidades sin fines
lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.”
“Las entidades total o
parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.”
“Los sujetos pasivos que
tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo
previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.”
A estos grupos (o a sus equivalentes según las normas
vigentes hoy) no les alcanza el presunto entierro de las tasas o fin de la “era
Gallardón”. Luego no hay tal entierro de las tasas de Gallardón ni tal fin o
liquidación de esa “era”.
DEPREDAR Y, SOBRE TODO, IMPEDIR EL
ACCESO A LA JUSTICIA ES LO QUE HAN PRETENDIDO Y SIGUEN PRETENDIENDO
Añadiré un “detalle” que me parece muy interesante. La
periodista Carlota Guindal, a la
que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero que no es una
principiante temeraria, escribe en “El Confidencial” que “El Gobierno perderá
50 millones de euros anuales al suprimir las tasas judiciales” con este subtítulo: “La
gran capacidad recaudatoria -250 millones de euros, aproximadamente- se
mantendrá con las tasas a las personas jurídicas, es decir a las grandes
empresas y a las pymes”. V.: http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-28/el-gobierno-perdera-50-millones-de-euros-anuales-al-suprimir-las-tasas-judiciales_719748/
No pienso que Guindal
se haya inventado la cifra de 50 millones. Y si sabemos con certeza que del 17
de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 (algo más de año y medio), el
Estado recaudó 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales, resulta
prudente calcular en 250 millones lo que se recauda por tasas judiciales en un año. Cuando rectificaron levemente la Ley 10/2012 con el
Decreto-Ley 3/2013, ya se les escapó decir que no pasaba nada, porque lo que
tenían previsto recaudar dependía casi todo de la parte fija de las tasas,
que el Decreto-Ley no modificaba. Nos podíamos preguntar, entonces, para qué la
parte variable. Ahora resulta que han tenido obstruido o cerrado el acceso a la
Justicia a cientos de miles de personas por sólo 50 millones anuales, por el
20% de lo que recaudaban y esperan seguir recaudando.
Muchos dicen que no me muerdo la lengua. Se equivocan:
me la muerdo muy a menudo. La ventaja es que, con el callo que tengo, me duele
menos. Ahora me morderé las manos para no teclear lo que se me ocurre ante esta
revelación. Pero Vds. ya se lo imaginan. Y, sin duda, verán claras dos cosas:
primera, que la finalidad recaudatoria indudable ha sido, sin embargo, menos
importante que obstruir y cerrar el acceso a la Justicia; segunda,
que la victoria de la sociedad civil, importantísima, al librar a las personas
físicas de las tasas judiciales, inicuas por tantas razones, no es suficiente.
Hay que seguir hasta un verdadero entierro del entero sistema de tasas
judiciales que impuso la Ley 10/2012.
PRODUCE EL MILAGRO (PARCIAL): LAS
TASAS JUDICIALES A LAS PERSONAS FÍSICAS SE SUPRIMEN POR DECRETO-LEY
FALSO QUE VOLVAMOS A LA SITUACIÓN ANTERIOR AL “TASAZO DE GALLARDÓN”, COMO DICEN ALGUNOS MEDIOS
Pasadas las 16.07 horas
del 27 de febrero de 2015, hemos podido tener noticia fiable de que la
"supresión de las tasas judiciales a las personas físicas",
que llevaba tanto tiempo en circulación, se producirá “de forma inmediata”. Es
el milagro que, con escasa confianza, deseaba en mi "post" de
ayer mismo. En la referencia oficial del Consejo de Ministros del Gobierno de
España, celebrado en este día, referencia que, al comenzar a escribir este "post", acaba de aparecer en la web del
Gobierno de España figura un “REAL
DECRETO-LEY de mecanismo de
segunda oportunidad y reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social”: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150227.aspx#SegundaOportunidad.
Al final de la referencia a ese RDL (no hay texto del RDL, que probablemente no
esté terminado, sino una especie de resumen), puede leerse lo siguiente:
· Las personas físicas quedarán
exentas del pago de tasas judiciales
Real Decreto Ley recoge la modificación de las tasas judiciales que establece
que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los
órdenes e instancias. Se continúa, así, trabajando para que la Justicia esté al
alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva.»
habían hablado de "ley", lo que, obviamente, apuntaba a un Proyecto
de Ley, que, aunque se tramitase rápidamente, habría retrasado esa concreta supresión
parcial de las tasas durante cierto tiempo (meses, al menos), con los
justiciables pagando, mientras tanto, lo que ya se habría anunciado en los
últimos días, prácticamente por todos, que no debían pagar. Así que algo de
eficacia inmediata tenía que hacerse mediante Decreto-Ley. Y así va a ser.
Que esta rectificación de
la iniquidad no nos satisfaga del todo, pues las tasas seguirán gravando a empresas
pequeñas y medianas y a asociaciones, fundaciones, etc., no puede cegarnos
hasta el punto de considerar sin importancia lo acordado hoy por el Gobierno.
La rectificación es muy importante y de pareja entidad la victoria de todos los
que, más allá de algunas tibias disconformidades verbales de vez en cuando, han
dado una batalla tenaz e incesante para lograrla. El Gobierno ha tenido la
tardía lucidez de rectificar, presionado desde hace tiempo sobre todo por
iniciativas particulares ya multitudinarias, como la de la Brigada Tuitera (a la que no pertenezco),
de la que el mismo Ministro Catalá
reconocía, hace pocas fechas, tener noticias diarias. No hace falta hablar de la
influencia que ha ejercido la proximidad de tantas elecciones.
Aunque no conoceremos los
exactos términos y el concreto y preciso alcance de la rectificación hasta que
el Decreto-Ley se publique en el Boletín Oficial del Estado, lo que debería
ocurrir mañana, 28 de febrero de 2015 (si no, el lunes próximo aún podrían
tener que pagarse tasas), son ya muchos los interrogantes que suscita esta
rectificación parcial. Tiempo habrá de plantearlos, pero hay algo que no puede
esperar y se debe decir ya, inmediatamente, porque circula demasiado una gran falsedad, a saber: que con esta rectificación volvemos al
exacto punto o a la misma situación en que nos encontrábamos antes de la Ley
10/2012, de 22 de noviembre, que, a uña de caballo, hizo aprobar este mismo
Gobierno que ahora rectifica parcialmente.
No es así, ni mucho
menos: si, como se anuncia oficialmente, se suprimen las tasas judiciales de
inmediato sólo respecto de
las personas físicas que demanden o
recurran, seguirán gravados con tasas
judiciales muy elevadas sujetos jurídicos que no tenían que pagar tasas
judiciales antes de la inicua Ley 10/2012. No son pequeñeces, como
enseguida verán.
Y tendrán que seguir
pagando unas tasas de muy superior cuantía a las que pagaban con la ley
grandes, en dos ámbitos (no son los únicos, pero sí los más importantes, a mi
parecer): A) En el de los sujetos obligados a pagar tasas; B) En el de la
cuantía de las tasas.
¿Qué teníamos antes de la
Ley 10/2012? La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y, en concreto, su artículo 35, rotulado “Tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo”
(la Ley 10/2012 añadió nada menos que un orden jurisdiccional, el social
o laboral). Si quieren ver completo ese texto legal de 2002, frente al
que, por sus moderadas disposiciones, no se levantó una protesta general, pueden utilizar
Pero, para mayor
facilidad de los lectores, destaco lo más significativo. Y empiezo por el
apartado A). Marco en negrita y cursiva los sujetos jurídicos exentos de pagar
tasas conforme al art. 35 de la Ley 53/2002, que hubieron de empezar a pagar
tasas con la Ley 10/2012 y que seguirán teniendo que pagarlas tras la
rectificación anunciada:
«2. Exenciones
Están en todo caso
exentos de esta tasa:
a) Las entidades sin
fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
b) Las entidades total o
parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.
d) Los sujetos pasivos
que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con
lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
Los sujetos jurídicos de
las letras a), b) y d) van a tener que seguir pagando tasas y tasas muy
¿No son muchos y muy dignos
de razonable y equitativa consideración esos sujetos jurídicos respecto de los
que el Gobierno se ha negado a rectificar?
B) Pero pasemos a la cuantía
de las tasas que ha sido, es y será un dato clave de la denegación de
¿Qué tasas se pagaban antes
de la inicua Ley 10/2012? Vean los cuadros del art. 35.6 de la Ley 53/2002, sin
olvidar que las tasas judiciales tenían y tienen una parte fija y otra variable
en función de la cuantía.
«1. Será exigible la
cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en
Verbal – Euros
Ordinario – Euros
Monitorio cambiario – Euros
Ejecución – Euros
Concursal – Euros
Apelación – Euros
Casación y de infracc. procesal – Euros
Abreviado – Euros
Casación – Euros
2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base
imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior el
tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:
Vean las tasas según la Ley 10/2012 (art. 7) y
“…será exigible
la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la
monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal
extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales
jurisdiccional contencioso-administrativo:
Pueden observar que, en
todos los conceptos, la cuota tributaria es notablemente superior según la Ley 10/2012 que
antes de ella. Y en algunos conceptos, lo que había y habrá que pagar se
duplica (casación) e incluso es más del doble (apelación: 800 euros, cuando
antes era de 300 euros). Hay que ser muy ignorante
y muy descuidado en la información y en la opinión para difundir, motu proprio o por iniciativa ajena, la falsedad
de que el Real Decreto-Ley aprobado hoy supone volver al punto o situación
anterior a la Ley 10/2012, incluso rectificada ya por el Real Decreto-Ley 3/2013,
Recapitulo: ha sido una
gran victoria liberar a las personas físicas de unas tasas inicuas. Pero esas
mismas tasas inicuas siguen gravando a otros sujetos jurídicos. Una gran
batalla se ha ganado, pero no cabe el conformismo sino que vale la pena seguir peleando por algo justo y
equitativo para todos.
LA MENTIRA DE LAS TASAS JUDICIALES, AL DESCUBIERTO
TASAS JUDICIALES, ADEMÁS DE INICUAS, SON MENTIROSAS
LOS QUE IMPUSIERON
LAS TASAS Y LAS MANTIENEN SON CRIMINALES
(NO LO DIGO SÓLO YO: SE DIJO HACE 222 AÑOS)
“El gobernante que contribuye a que la
justicia sea inaccesible, el recaudador que irrumpe en el hogar esgrimiendo una
tasa judicial, es un encubridor de todo crimen: todo villano puede saludarle
como a un hermano y todo malhechor puede enorgullecerse de él como de un
cómplice.” (Jeremías Bentham,
Una protesta contra las tasas judiciales,
Introducción y edición anotada por Andrés de la Oliva Santos. Traducción de
Guadalupe Rubio de Urquía, Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2013, p. VII).
Entre el 17 de diciembre
de 2012 y el 31 de julio de 2014, el Estado recaudó 512.468.000 euros en
concepto de tasas judiciales. No voy a insistir en la iniquidad de las llamadas
tasas judiciales impuestas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales, modificada por Decreto-Ley
3/2013, de 22 de febrero. Hoy me importa insistir (y digo “insistir” porque lo
señalé ya hace año y medio en un congreso internacional sobre acceso a la
Justicia, celebrado en Bari, Italia, los días 11 y 12 de octubre de 2013) en
que esas “tasas”, además de inicuas, son mentirosas. Al presentar el
Decreto-Ley con el que se pretendió enmendar la medida más aberrante adoptada
contra la Justicia española durante siglos (una medida que eliminó la general
accesibilidad a la Justicia en nuestro país), se vino a reconocer que lo que se
preveía recaudar originariamente mediante la Ley era a todas luces excesivo: en
nota de prensa oficial del Ministerio de Justicia, emitida al día siguiente de
la aprobación por el Gobierno del Decreto-Ley se afirmaba lo siguiente: “Se
calcula que las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 5%
respecto de los 306 millones de euros previstos en la memoria del proyecto de
ley de tasas aprobado el pasado mes de noviembre, ya que se calculó
fundamentalmente con la tasa fija y en la mayoría de los casos ésta no se ha
visto modificada.”
estaba reconociendo, así, la caprichosa arbitrariedad de las tasas de la Ley,
puesto que la parte variable era innecesaria para el 95 por ciento del dinero
que se decía necesario recaudar como justificador de la tasa. La rapacidad era
clara: “no vamos sólo a por lo que decimos que necesitamos, sino a por todo
lo que caiga”. Pero
es que, a la vez, se reafirmaba que no estábamos —y no estamos— ante verdaderas
tasas conforme al Derecho tributario español.
lo que dispone la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Su
art. 6 define las tasas como “los tributos cuyo hecho imponible consiste en la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la
prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho
público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado
tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción
voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el
sector privado.” El artículo 7 de la misma ley, bajo el rótulo de “principio de
equivalencia” dispone que “las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o
de la actividad que constituya su hecho imponible” y el artículo 8, sobre el
llamado “principio de capacidad económica” establece que “en la fijación de las
tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo,
la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas.”
de que la Ley de Tasas Judiciales no es conforme al art. 8 de la Ley 8/1989, de
Tasas y Precios Públicos, porque no tiene en cuenta la capacidad económica de
las personas que deben satisfacer las tasas (con lo que se infringe también el art.
31.1 de la Constitución), para nuestro Derecho Tributario, la tasa es una
concreta especie de tributo que, a diferencia de los impuestos, no se destina a
un fondo común de ingresos que sustentan unos presupuestos generales, sino a
cubrir el coste de un servicio o de una actividad determinados, que se
configuran como el llamado “hecho imponible” específico de la tasa. Y aquí viene la contradicción y la inconsistencia
de la Ley de Tasas Judiciales: Según su artículo 2, el “hecho imponible” sería
el “ejercicio de la potestad jurisdiccional” originado por una serie de
demandas y recursos. Es indiscutible que 306 millones de euros, lo mismo que
512 millones, constituyen cantidades notoriamente muy inferiores al coste del
“servicio” consistente en el “ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Pero
hay más: muy extraña y heterodoxamente, el artículo 11 de la misma Ley de tasas
judiciales, precepto rotulado “vinculación de la tasa”, dispone que “la tasa
judicial se considerará vinculada… al sistema de justicia gratuita en
los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada ejercicio”. Son muy claros dos resultados del análisis del dato y los preceptos
citados: 1º) Que, de tratarse de una
tasa con el resultado de 306 o 512 millones de euros vinculados al coste del
sistema de justicia gratuita, los ingresos por las tasas judiciales no se
destinarían a sufragar el coste del ejercicio de la potestad jurisdiccional,
cuando, sin embargo, el ejercicio de esa potestad sería el destino legal
(“hecho imponible”) de la tasa judicial si ésta fuese una verdadera tasa; 2º)
Que el sistema de justicia gratuita, por sí sólo, tiene un coste también
notoriamente superior a 306 o 512 millones de euros en los más de dos años
transcurridos desde la entrada en vigor. Es
un hecho -afirmaba hace año y medio- que el dinero obtenido con las tasas
tampoco se estaba destinando al sistema de justicia gratuita.
bien, hace unos días el Gobierno de
España ha tenido que confirmar que ignora el destino de lo que se recauda por
las tasas judiciales o, lo que es igual, que se destina a cualquier cosa. El Gobierno de España ha confesado, por tanto, que
cuanto se dijo al establecer las tasas era mentira. La confesión escrita
lleva fecha de 23 de enero de 2015. La encontrarán reproducida al final de este
“post”.
para explicarlo todo y por si la reproducción no es fácilmente legible, veamos
los datos. El 19 de noviembre de 2014, el Diputado del Grupo Mixto, D. Joan Baldoví Roda, presentaba en el Congreso
de los Diputados una Pregunta al Gobierno con respuesta escrita (v. BOCG.
Congreso de los Diputados Núm. D-574 de 09/12/2014 Pág.: 90), en los siguientes
aproximadamente 2 años entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Desde
entonces, ha venido aplicándose a todas las personas físicas que presentan
demandas que se cursan por lo civil, lo que supone un gran número de casos que
generan ingresos.»
todo lo anteriormente expuesto, pregunto:»
«¿Qué destino ha otorgado el Gobierno a la
recaudación originada en las tasas judiciales?» (la negrita es mía)
ha procedido a la transferencia a las administraciones autonómicas que tienen
atribuida la competencia de administración de justicia de dichas cuantías?»
ha transferido por el Gobierno a la Generalitat Valenciana la totalidad de la
cuantía recaudada hasta la fecha por este concepto de tasas judiciales,
abonadas en el ámbito territorial correspondiente a esta comunidad?»
pregunta no era completa (al referirse sólo a lo civil y sólo a personas
físicas, cuando las tasas se imponen también en los órdenes jurisdiccionales
laboral y contencioso-administrativo y también a personas jurídicas que no sean
entes públicos), pero la respuesta sí ha sido generosamente o jugosamente completa.
contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, por lo que
se refiere a la cuestión sobre el destino que ha otorgado el Gobierno a la
recaudación originada por las tasas judiciales, cabe mencionar (AOS: ¡”cabe
mencionar”, dicen, como si no tuvieran que responder y no respondieran!) que el Ministerio de Justicia no dispone de
información al respecto. Tampoco
corresponde a la Agencia Tributaria de la Administración del Estado la
determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa.»
el caso concreto de las tasas judiciales, la Agencia Tributaria interviene en
su gestión o recaudación, quedando fuera de su ámbito competencial cualquier
otra cuestión, como la determinación de su importe o el destino de lo recaudado.
Por otra parte, se señala que no existe obligación legal presupuestaria de
aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico,
puesto que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso
recaudado con la tasa.»
inmediato, acerca de si se ha transferido algo del dinero recaudado por las
tasas a la Comunidad Autónoma por la que se interesaba el Diputado, la
respuesta el Gobierno se limita a reproducir el que antes he calificado
piadosamente de heterodoxo (quería decir tramposo) art. 11 de la
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales (abrevio la denominación
oficial de esa ley).
el último párrafo, como una taurina revolera de adorno para terminar la faena,
leemos esta perla argumental y literaria:
las cosas, no existe obligación presupuestaria de aplicar toda la recaudación
por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una
vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa.»
pueden comprobar, se trata de un magnífico ejemplo de “copia y pega”, porque,
salvo el muy chulesco “así las cosas”, este último párrafo es exactamente igual
al ya escrito antes en la misma respuesta. Me he acordado de una genial
providencia que –decían: probablemente era una leyenda curial- había sido
dictada por los años sesenta del siglo pasado en un ejercicio de motivación
contundentemente conclusiva: “Por recibido el anterior escrito, únase a los
autos de su razón y, no siendo
procedente lo que se pide, no ha lugar a lo que se pide por no ser procedente”
¡Olé tus pertrechos, mi arma!
pues, perfectamente confirmado que el “hecho imponible” de la tasa judicial
según la ley (“el ejercicio de la potestad jurisdiccional”), lo mismo que la “vinculación”
al “sistema de justicia gratuita”, no significan en realidad nada. Lo sabíamos,
pero ahora nos lo dicen por escrito. Todo lo que se recauda por las falsas
tasas va al saco común y se destina a lo que el Gobierno proponga en unos Presupuestos Generales que sean aprobados.
trata de un atraco al justiciable y que, como seria agravante, ha sido perpetrado mintiendo: si se
tratase de una tasa verdadera podrían decir a qué se ha destinado. Mejor: tendrían que haber dicho: lo se recauda por las tasas judiciales se destina a la Administración de Justicia y al sistema de justicia gratuita, como la tasa de las
basuras se destina al servicio de recogida de basuras. Pero no les importa haber mentido y distorsionado este inicuo tributo y no les importa ser pertinazmente incoherentes porque aquí la basura son
los justiciables comunes, en beneficio de los wealthy, como también dejó
claro Bentham: “la propiedad
característica de la tasa judicial es precisamente que favorece a las clases
acomodadas, a los ricos, y justo en proporción a su riqueza. Otras tasas no
conceden a nadie una indemnización por los recursos que detraen; la tasa
judicial otorga poder a cambio de recursos. El poder para mantener postrados
a los que deben ser mantenidos postrados, el poder para hacer el mal y para
vanagloriarse sin recato de no hacer todo el daño que ese poder permite hacer.
Tales ventajas resultan demasiado valiosas como para no ser apresadas con
avidez por la debilidad humana. En un país con libertades políticas y con un
sistema de Justicia por lo demás imparcial, esas ventajas sólo pueden obtenerse
por un camino tan opaco e indirecto como es éste de las tasas judiciales;
quienes están bien equipados para viajar por el camino superan los
inconvenientes del trayecto con el más paciente de los consentimientos.” (la negrita es mía).
seguro de que cualquier lector de este blog sabe, grosso modo al menos, quiénes
están bien equipados para pagar las tasas y qué poder han obtenido a cambio de
pagarlas. Que esos no han protestado ni protestan es un hecho. Y tenía mucha razón el muy lúcido BENTHAM: las ventajas que algunos -los grandes usuarios de la Justicia, entre los que se encuentran las Administraciones públicas- han obtenido sólo podían obtenerlas por un camino tan opaco e indirecto, tan tenebroso y retorcido, como el de las tasas judiciales. Concluyo con algo práctico y concreto: no
podemos consentir -nadie decente puede consentir- la idea de suprimir las inicuas tasas actuales sólo a las
personas físicas y no a las PYMES. Eso no sería enmendar el atraco y la denegación de Justicia. Eso no sería fomentar el empleo y el crecimiento económico verdadero. Sería una desvergüenza de parche con un excesivo tufo electoralista.