Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651996
Timestamp: 2019-05-21 05:32:15
Document Index: 92800070

Matched Legal Cases: ['artículo 147', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 60']

Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 14
NUEVA NORMATIVA SOBRE PENALIZACIÓN DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACER PRESENTE EN LA PRÓXIMA CUMBRE DE LÍDERES DE APEC LA NECESIDAD DE INCLUIR FORMALMENTE EN LAS INSTANCIAS DE DIÁLOGO DEL FORO A LOS CONGRESOS NACIONALES DE LAS ECONOMÍAS MIEMBROS (S 768-12)
Sesión 14ª, en miércoles 17 de noviembre de 2004
(De 12:23 a 14:6)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (2439-20) (se aprueba su informe).................................................................
--Se abrió la sesión a las 12:23, en presencia de 35 señores Senadores.
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato (Boletín Nº 3.048-07).
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público; concede aguinaldos que señala; reajusta las asignaciones familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga otros beneficios que indica (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (Boletín 3.727-05).
Con el segundo informa que dio su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que autoriza a la Empresa Nacional de Minería para transferir a la Empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile la Fundición y Refinería Las Ventanas (Boletín Nº 3.298-08).
Con el último comunica que otorgó su aprobación a la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que regula la propiedad de las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal (Boletín Nº 3.474-03).
Del señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido al uso del logotipo institucional por parte de los adjudicatarios de cobranzas de deudas previsionales.
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo aprobatorio del "Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio", y sus Anexos, Apéndices, Protocolos y Notas; y los Acuerdos Complementarios sobre "Comercio de Mercancías Agrícolas entre la República de Chile y la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la República de Islandia", y sus Anexos y Apéndices, respectivamente, todos suscritos en Kristiansand, Noruega, el 26 de junio de 2003. (Boletín Nº 3.573-10).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional:
1) El que aprueba el "Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe", adoptado en Viena el 25 de septiembre de 1998 (Boletín Nº 3.569-10).
2) El que aprueba la "Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares", adoptada por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica el 26 de septiembre de 1986 (Boletín Nº 3.571-10).
3) El que aprueba el "Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1997", adoptado el 19 de junio de 1997 en la 85ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Boletín Nº 3.653-10).
--Quedan para la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del martes 23 de noviembre próximo.
Se ha recibido en estos momentos un proyecto de acuerdo mediante el cual diversos señores Senadores solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República hacer presente en la próxima Cumbre de Líderes del APEC la necesidad de incluir formalmente en las instancias de diálogo del Foro a los Congresos Nacionales de las economías miembros (Boletín Nº S 768-12).
Señor Presidente , le solicito recabar el asentimiento del Senado para que la Comisión de Transportes funcione paralelamente con la Sala, con el compromiso de que sus integrantes volvamos a ella cuando la Mesa llame a votación.
Señor Presidente , pido autorización para que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales sesione simultáneamente con la Sala, pues estamos tratando un proyecto con la señora Subsecretaria. Y también nos comprometemos a venir a votar cuando se nos requiera.
Señor Presidente , todo lo que se va a votar en esta sesión es de quórum especial. Y el pronunciamiento será inmediato. De modo que no sé cómo van a funcionar las Comisiones.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Yo quería plantear la misma inquietud.
Podríamos entender el funcionamiento simultáneo de una Comisión, pero no el de todas.
Citamos a esta sesión extraordinaria porque tenemos una tabla muy extensa, cuyo despacho se ha demorado por las reformas constitucionales, la Ley de Presupuestos, etcétera, materias todas muy importantes. Y necesitamos esforzarnos para despejarla.
Entonces, pido comprensión a Sus Señorías, pues la idea es avanzar a dicho respecto en esta sesión.
En todo caso, ¿habría acuerdo para autorizar a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales a los efectos de sesionar paralelamente con la Sala?
Señor Presidente , debo hacer una proposición al Senado, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Durante la tramitación del proyecto que modifica el Código de Aguas se nos encomendó informar a la Sala respecto del quórum con que corresponde aprobar el artículo 147 bis.
Dicha Comisión tiene una sugerencia. Sin embargo, estima que lo conveniente es elevarla, no a la Sala, sino a la Comisión de Obras Públicas, porque también se propone una propuesta. Se trata de un solo artículo. No quisimos ver el proyecto entero, para agilizar el despacho y, además, porque no nos correspondía.
Por lo tanto, la petición concreta es que el informe elaborado sobre la materia por la Comisión de Constitución sea remitido a la Comisión de Obras Públicas, para que analice nuestra propuesta y la ponga en conocimiento de la Sala junto con su resolución.
Si le parece al Senado, se acogerá el planteamiento que formuló el señor Presidente de la Comisión de Constitución .
Señor Presidente , estamos en total acuerdo con lo señalado por el señor Presidente de la Comisión de Constitución .
Al respecto, debo precisar que la solicitud de informe hecha a ese órgano técnico emanó de un acuerdo adoptado por la Sala. O sea, sólo se está cumpliendo dicho acuerdo. Incluso, tratamos de evitar mayores trámites con la firma de los jefes de Comités. Pero un representante de Renovación Nacional se negó y dijo que el asunto fuera a Comisión.
Si le parece a la Sala, se enviará el proyecto a la Comisión de Obras Públicas, en los términos planteados.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2439-20) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 5 de marzo de 2002.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004.
Constitución, sesión 14ª, en 2 de diciembre de 2003.
Constitución (segundo), sesión 19ª, en 10 de agosto de 2004.
Constitución (complementario del segundo), sesión 19ª, en 10 de agosto de 2004.
Hacienda, sesión 19ª, en 10 de agosto de 2004.
Mixta, sesión 14ª, en 17 de noviembre de 2004.
Sesiones 16ª, en 3 de diciembre de 2003 (queda para segunda discusión); 17ª, en 9 de diciembre de 2003 (se aprueba en general); 21ª, en 17 de agosto de 2004 (se aprueba en particular).
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este proyecto, calificándola de "suma".
La controversia entre ambas Cámaras se originó al rechazar la de Diputados distintas enmiendas que el Senado introdujo a la iniciativa en el segundo trámite constitucional.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver las divergencias entre ambas Corporaciones. Ella fue aprobada por unanimidad, salvo en lo que respecta al artículo 4º, en cuanto a la pena de multa al microtráfico y la justificación del uso de drogas por tratamiento médico o por consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, y el inciso tercero del artículo 14, que sanciona a los conscriptos que consuman o porten drogas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe las normas que fueron objeto de controversia y la proposición que la Comisión Mixta efectúa a su respecto.
Cabe tener presente que el artículo 54 requiere 26 votos a favor para su aprobación.
Finalmente, corresponde señalar que, con fecha 9 del mes en curso, la Cámara Baja dio su aprobación a lo propuesto por la Comisión Mixta.
Señor Presidente , de las discrepancias producidas entre las dos Cámaras, al final llegamos a acuerdo prácticamente unánime en todos los puntos, salvo en uno, que me parecería importante resaltar hoy día, con el agregado de que, desgraciadamente, no arribamos a acuerdo en él porque tiene cierta connotación de coyuntura política, ligada a la acusación constitucional formulada contra del Ministro de Justicia , señor Luis Bates .
En el proyecto que sanciona el microtráfico, la Comisión estableció al final una sanción penal y una pena de multa, ascendente a 300 mil pesos.
Varios miembros de la Comisión quisimos que no hubiera sanción de multa al microtráfico tratándose de un primerizo, de alguien que delinque por primera vez. Y nos parece que 300 mil pesos es excesivo en el caso de personas de escasos recursos que, en muchas oportunidades por condiciones de precariedad social, se ven impelidas a participar en actividades de microtráfico, sobre todo la primera vez.
Por desgracia, sometido el punto a votación, perdimos. O sea, en este único aspecto hay discrepancia. Y nos parece complejo, porque el primerizo, además de cumplir la pena, tendrá que pagar 300 mil pesos. Si es alguien pobre y no tiene cómo afrontarlos, lo más probable es que sus familiares acudan a la red de narcotráfico para que pague la multa, con lo que esa persona volverá a incorporarse a ella y, por ende, a delinquir. Entonces, lejos de sacarla del circuito del ilícito, la sanción que establece la mayoría de la Comisión Mixta la empujará a continuar delinquiendo.
Dimos muchos argumentos (los señores Senadores podrán verlos en el informe). Sin embargo, se produjo una división, a pesar de que durante el debate del punto algunos Diputados de la Oposición (entre ellos, los señores Bayo y García-Huidobro , si no recuerdo mal) hicieron propuestas muy similares a las nuestras.
Ahora bien, paralelamente existe una acusación constitucional contra el Ministro de Justicia -fue promovida por la Oposición-, a quien se imputa precisamente el haber indultado multas y no, en la inmensa mayoría de los casos, penas privativas de libertad. Entonces, si se votaba a favor de que no hubiera multa en el caso de los primerizos, dicha acusación, al menos en parte, perdía justificación.
Señor Presidente, estimo muy lamentable -y lo digo con toda claridad- que se haya contaminado el tratamiento de este tema con determinada coyuntura política, en el caso de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, a pesar de que considero por completo inapropiado desde el punto de vista criminológico que se aplique la multa en situaciones como la descrita, creo conveniente votar a favor del informe que ocupa a la Sala, porque es lo que permitirá sacar adelante el proyecto.
En todo caso, quiero aprovechar la presencia del señor Ministro del Interior -el de Justicia tiene otros afanes- para solicitar al Gobierno, al menos personalmente, que vete esa parte del proyecto. O sea, pienso que el Presidente de la República debiera ejercer su derecho a veto, para además ser coherente con lo que el Gobierno ha hecho al indultar las multas de los microtraficantes.
Ésa es toda la lógica.
Por lo tanto, pido a la Sala que apruebe el informe de la Comisión Mixta, y al Ejecutivo, que vete en forma supresiva la parte de la norma a que hice referencia.
Sólo quiero recordar a los señores Senadores que el informe de la Comisión Mixta debe ser votado como una sola unidad.
Y, como hay una norma que requiere quórum especial, tendremos que aprobarla con 26 votos. Ello, independiente de lo que el Ejecutivo pueda hacer en cuanto a la sugerencia del Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente, lamento discrepar absolutamente del Senador señor Viera-Gallo, tanto en los hechos como en sus conclusiones.
¿Cuál es la historia de esta materia?
Cuando se estaba tramitando este proyecto de ley, una de las cosas de que tomó convicción la Comisión fue la de que la actual penalidad establecida para el tráfico de drogas -cinco años y un día a quince años de cárcel-, por habérnoslo dicho así los jueces que tramitan estos procesos, aparecía excesiva, no respecto del gran traficante, sino del microtraficante.
La sanción de una persona que trafica poca cantidad de droga -no estoy hablando de consumo, sino de tráfico- no es igual que la de aquella que lo hace en grandes cantidades y pertenece a toda una mafia u organización delictual. Eso lleva a que muchas veces los jueces, como la pena de cinco años y un día se considera alta, prefieran -según nos lo señalaron ellos mismos- no aplicarla, sino hacer pasar a los pequeños microtraficantes por consumidores.
Entonces la Comisión, muchos meses antes de que se insinuara la acusación constitucional contra el Ministro Bates y de que se supiera de los indultos -estamos hablando de casi un año antes-, adoptó el siguiente criterio.
Se creó un delito especial de microtráfico, que no existía en la legislación chilena y que se encuentra tipificado en el artículo 4º, el cual contempla la situación de personas que, no siendo consumidoras, se dedican en forma reiterada y permanente a vender droga. Ése es uno de los problemas más graves existentes en Chile, particularmente porque la venta se hace a menores de edad y porque la droga comercializada es la pasta base, sustancia que ocasiona el mayor mal y que registra el más alto factor adictivo. Sin embargo, la penalidad para tal delito se modificó: ya no es de 5 años hacia arriba, sino de 541 días a 5 años.
No obstante lo anterior, si sobre la persona que incurre por primera vez en la conducta tipificada no pesa ninguna circunstancia agravante -que es la regla general-, sino que acredita irreprochable conducta anterior e intenta reparar con celo el mal causado, lo más probable es que reciba una pena de 61 a 541 días de prisión. Y, por una condena de esa naturaleza, es posible que la sociedad le otorgue la libertad vigilada o la reclusión nocturna, o simplemente, de acuerdo con el nuevo proceso penal, la suspensión del procedimiento.
Pero se sostuvo, en forma simultánea al argumento de que la pena debía ir de 541 días a 5 años, la importancia de aplicar una pena inferior por la naturaleza menor del delito, y la Comisión, por unanimidad, a petición del Gobierno, fijó una multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales. ¿Y por qué se determinó una multa? Porque el Subprefecto de la Jefatura Nacional Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, señor Ibarra , argumentó que una manera de impedir que desde la cárcel los traficantes de droga siguieran operando con sus bandas en el exterior consistía en obligarlos a desprenderse de su capital para pagar la multa. Por lo tanto, lo que la Comisión consideró fue exactamente lo expuesto por el Jefe de la Brigada Antinarcóticos: que los traficantes presos seguían operando con celulares desde el interior de la cárcel, por lo que sus mafias continuaban actuando -comprando y vendiendo droga-, por el hecho de disponer de capital. Y la solución planteada fue del tenor siguiente: "Mire, este señor, además de pagar con una pena -que ya no era igual a la anterior-, debe cancelar una multa para los efectos de que no cuente con un capital que le permita seguir traficando, especialmente en gran parte de las poblaciones".
En definitiva, esto no tiene absolutamente nada que ver con la acusación constitucional al Ministro de Justicia , señor Bates . La materia fue aprobada en forma unánime por la Comisión un año antes de la acusación, con el voto del Senador señor Viera-Gallo , quien tiene todo el derecho a cambiar de opinión con posterioridad. Y la Comisión Mixta volvió al criterio inicial: pena y multa, según la gravedad del delito.
Pero voy a agregar otro antecedente.
No es cierto que la multa tenga que aplicarse siempre, porque, si se acreditan atenuantes, el juez puede rebajar las penas e incluso eliminar aquélla bajo ciertas hipótesis.
Por lo tanto, me parece que la norma es precisa. Nosotros sólo establecimos una gradualidad.
En cuanto al microtraficante, debo hacer presente -y también dejar constancia en la Versión Oficial de esta sesión- que él representa una modalidad de venta que habitualmente responde a grandes operaciones de tráfico de drogas, las cuales son ingresadas por los pasos fronterizos del norte, trasportadas a los centros de acopio cerca de la Región Metropolitana y distribuidas en 48 horas a través de "los coroneles" -que son los encargados de distribuir la droga en las cuatro zonas de Santiago-, de "los comisionistas" -que se encuentran en una categoría inferior- y, luego, de "los pilotos". Es decir, hay toda una red montada, que gana cientos de miles de millones de pesos.
Por lo tanto, mirar al microtraficante como una pobre víctima de la sociedad, que en forma ocasional y obligada por los hechos tuvo que vender pasta base, no es correcto. La regla general es que se trata de delincuentes probados, con prontuario penal por otros delitos, que envenenan a los niños y que actúan sin ningún tipo de compasión con las personas modestas, que viven amedrentadas en sus propias poblaciones. Tanto es así, que el programa del Gobierno denominado "Barrio Seguro" ha intervenido en sectores poblados por microtráfico, no por tráfico a gran escala. O sea, no considera blancas palomas a quienes trafican droga.
Entonces, señor Presidente -termino de inmediato-, nos parece que la norma propuesta es la adecuada, es lo que corresponde hacer. Por eso, se entregaron al juez los instrumentos apropiados; se flexibilizó la pena; se establecieron otras sanciones bastante más duras, como la pérdida del derecho a penas alternativas para los reincidentes primerizos; se reguló todo lo que dice relación a delitos cometidos por personal militar (no es lo mismo el delito cometido por personal permanente en actos de servicio o en las respectivas unidades que el perpetrado en una casa particular; tampoco es lo mismo cuando en el ilícito interviene un conscripto o alguien que no lo es).
Para todas esas situaciones se contempla una penalidad muy bien graduada. Nadie queda exento de responsabilidad, pero sabemos que los juicios de reproche de la sociedad son muy diferentes en uno u otro caso.
Por estas consideraciones, la mayoría de la Comisión Mixta compartió la tesis que he señalado. Nos parece que despachamos un proyecto que recoge todas las observaciones del Gobierno, de las policías, de los fiscales, de la defensoría. El informe en debate perfecciona de tal manera la legislación vigente que debería traer muy buenos resultados. El trabajo del Parlamento ha sido muy completo y cambia sustancialmente aspectos no considerados en las disposiciones positivas. Obviamente, su aplicación práctica depende de las autoridades policiales, de los jueces y de quienes están llamados a ejercer jurisdicción en nuestro país.
Por esas razones, solicito a la Sala que preste su aprobación al informe de la Comisión Mixta.
Con la venia de la Mesa, con todo gusto.
Señor Presidente, deseo manifestar sólo dos cosas.
En primer lugar, socialmente los microtraficantes son muy variados. Sin duda, existen aquellos que describió el Senador señor Espina; pero también hay personas de muy escasos recursos que, por una serie de circunstancias, ocasionalmente entran en contacto con la droga. Por tanto, no siempre se trata de integrantes de redes permanentes, estables en el tiempo.
Segundo, el argumento según el cual por medio de la multa se va a restar dinero a la red de narcotraficantes no se sostiene, porque éstos ganan mucho más que 300 mil pesos. Por ello, sería absurdo y una equivocación pensar que con ello se debilita el narcotráfico. Reitero: ese argumento tiene efectos contrarios, porque puede implicar la mantención de la subordinación de las personas pobres a la red de narcotráfico.
Yo visité la cárcel El Manzano, en Concepción. Más o menos, allí se encuentran cien mujeres, de las cuales aproximadamente 80 están recluidas por microtráfico. La inmensa mayoría de ellas son personas de muy escasos recursos que fueron condenadas por circunstancias ocasionales. En la situación jurídica vigente -esto es, antes de que modificáramos la ley pertinente-, a cada una le corresponden al menos 5 años de cárcel. Como dijo el Senador señor Espina , eso se modificó y todos estuvimos de acuerdo en ello.
El único punto de discrepancia estriba en la aplicación o no de una multa al microtraficante primerizo.
Antes de seguir con el debate, informo a la Sala que la sesión está siendo filmada.
Hago presente que estamos operando desde hace poco tiempo con las cámaras que se encuentran en distintos lugares de la Sala y que a simple vista no se observan. Se trata de continuar la filmación del debate sobre este proyecto.
Hoy se grabarán los dos primeros asuntos en tabla.
Entonces, todos vamos a pedir la palabra, señor Presidente.
Se filmarán las sesiones que nos parezcan más relevantes.
Después del anuncio del señor Presidente, prometo ser breve.
En primer lugar, lo que interesa al Gobierno es que esta normativa legal se apruebe pronto, porque necesitamos este instrumento jurídico, más allá de una u otra diferencia que pueda existir.
En materia de sanciones económicas, se produce el problema que plantea el Senador señor Viera-Gallo . Me parece muy raro que una persona, teniendo 300 mil pesos, no pague la multa. Y la paga porque no quiere quedar preso. Si no lo hace, es porque no tiene la plata suficiente. Y eso evidencia un cierto rasgo de inequidad que, no cabe duda, existe. O sea, el que tenía dinero para pagar la multa salió a la calle, y el que no, quedó preso.
Dicho sea de paso, quiero corregir una afirmación: las personas aludidas por el Senador señor Viera-Gallo no fueron indultadas. En realidad, se les conmutó la pena por seis meses de libertad vigilada, que no es lo mismo.
Pensamos que lo más eficiente, desde el punto de vista del combate al narcotráfico en términos pecuniarios, es la confiscación de todos los bienes que no puedan ser justificados por el inculpado, como ocurre en Estados Unidos. En Chile se confiscan los bienes que fueron utilizados o comprados en el marco de la comisión del delito. Pero en otras legislaciones bastante más avanzadas que la nuestra se contempla la posibilidad de sancionar, en este caso de manera muy drástica, el enriquecimiento ilícito del narcotraficante. Y, por lo tanto, al que ganó poca plata se le confiscará poca,- y al que ganó mucha, mucha. Pero todos los bienes que son producto de su actividad ilícita le son confiscados.
Sin embargo, el Gobierno no va a insistir en este tema, porque quiere que el proyecto se despache pronto. A pesar de la solicitud del Senador señor Viera-Gallo -creo que próximamente propondremos alguna iniciativa más completa sobre la materia-, quiero aclarar que, en el ánimo de no demorar más el trámite, el Presidente de la República va a promulgar el texto que salga de aquí.
Señor Presidente , participé en la Comisión de Constitución y también en la Comisión Mixta, donde se discutió esta iniciativa. Es cierto lo que dice el Senador señor Espina : se logró algo importante al crear el tipo penal de microtráfico, para el que se establece una sanción diferente. Ello fue necesario porque, como él bien señalaba, los jueces muchas veces no aplican la sanción al microtráfico y lo conciben más bien como una forma de consumo, por lo alto de las penas aplicables.
Sin embargo, cuando discutimos acerca de la multa se dieron todos los argumentos que hemos escuchado -al respecto, coincido con lo que manifiesta el Senador señor Viera-Gallo -, e incluso hubo Parlamentarios, también de la propia Oposición, que hicieron propuestas para incorporar una modificación al artículo respectivo, tal como viene en el informe de la Comisión Mixta.
Personalmente, planteé -y creo que podría haber sido una solución- la conveniencia de que la multa, en vez de ser fija, del orden de de los 300 mil pesos, pudiera tener un rango dentro de una escala variable, que fuera desde una unidad tributaria mensual hasta el máximo de 300 mil pesos, pues eso le permitiría al juez valorar la condición socioeconómica del microtraficante primerizo y aplicar una sanción menor en materia de multa.
Estoy convencido de que así debiera ser, por las razones aquí expuestas por el Senador señor Viera-Gallo y que creo ciertas. Porque estamos hablando de personas de pocos recursos que ya han sido sancionadas penalmente, a las cuales se les aplicó una pena, que cumplen, y luego deben pagar multa, ya que, en caso contrario, se prolonga su detención hasta compensar el no pago.
Entonces, ¿qué sucede? Precisamente en ese momento entra a operar la red de traficantes, quienes ofrecen pagar la multa, con lo cual vuelven a capturar a esas personas para seguir operando en el ámbito del microtráfico. Para evitar eso, era necesario buscar una fórmula diferente de la que aprobamos en definitiva.
Creo que nos faltó un poco de tiempo en la Comisión. Si lo hubiéramos tenido, seguramente habríamos llegado a una fórmula que incluyera sanciones dentro de una escala más amplia, con una multa mucho menor, que fuera perfectamente pagable por personas de escasos recursos, de acuerdo con el respectivo informe social. No se pudo hacer. Tenemos que aprobar el informe que nos ha planteado la Comisión Mixta. Por supuesto, la ley va a ser buena, porque proporcionará un mejor instrumental a la policía y a los jueces para perseguir el tráfico de drogas y castigar a los verdaderamente responsables. Y yo espero que el Gobierno, como ha dicho el propio Ministro , en una próxima legislación corrija esta materia. Aquí no estamos ante un tema ideológico; no se trata de que unos estén protegiendo al microtráfico y otros no. Estamos ante un problema de realismo, de cómo operar bien para lograr el objetivo que busca la iniciativa.
Por esa razón, señor Presidente , creo necesario aprobar el informe. Y ojalá que en un próximo tiempo podamos volver sobre el punto a que me he referido, a fin de darle solución.
Señor Senador , creo que, efectivamente, el problema planteado tiene que ver en general con las multas, pero no sólo en este caso. Puede haber muchas multas que la gente no puede pagar, de manera que sería factible pensar en un proyecto referido a ese tema, que es muy distinto del que ahora debatimos.
Señor Presidente , este punto fue el más discutido en la Comisión Mixta. Y yo quisiera señalar que respecto del delito de microtráfico que se crea en esta legislación hay que ser cuidadoso. Sin duda, hoy día el microtráfico se ha apoderado de grandes sectores poblacionales en los centros urbanos de todo el país, y, con todas las variantes que señaló el Senador señor Viera-Gallo , se ha transformado en un canal de distribución de la droga para las grandes organizaciones de narcotráfico. Es un asunto tan delicado que ha obligado a las autoridades de Gobierno a intervenir directamente en una serie de zonas pobladas.
¿Qué está ocurriendo con el microtráfico? Quiero remontarme al pasado. Los jueces consideraban que la penalidad para este delito era muy rigurosa en la legislación vigente al no distinguir entre microtráfico y tráfico -o gran tráfico-, sancionándose con sentencias que iban de 5 a 15 años de presidio. En ese entendido, el proyecto contempla una rebaja sustancial de la penalidad, pero hay que ser cuidadoso en la materia. No nos vayamos a encontrar al poco tiempo con que los microtraficantes, muchos de los cuales forman parte de grandes organizaciones de narcotráfico, anden sueltos por las calles y sigan en este negocio, que destruye a miles de familias y personas.
Llamo la atención del Senado en cuanto a que estamos rebajando la pena, de 5 años, a 541 días; incluso, la propuesta original la disminuía a 61 días. O sea, el individuo que trafica y destruye la vida de cientos de miles de personas iba a ser sancionado con 61 días de cárcel. Afortunadamente, la propuesta del Senado fue acogida y la condena podría fluctuar entre 541 días y 5 años de encarcelamiento.
Señor Presidente , no soy partidario de entregar señales débiles en este problema, dada la realidad que se está viviendo con el microtráfico. ¿Por qué en materia de multas y de microtraficantes debe haber condiciones distintas de las que enfrenta el resto de los delincuentes? Es decir, terminamos privilegiando al microtraficante al eximirlo de la multa, en circunstancias de que en cualquier ilícito el inculpado que no paga la multa tiene que responder con más meses de cárcel. ¿Y por qué vamos a beneficiar al microtraficante aplicándole sólo la privación de libertad y no la multa?
En materia de narcotráfico y microtráfico no pueden existir privilegios. Por tanto, no fui partidario en la Comisión de eliminar la multa. Después el tema terminó contaminándose con la cuestión política, pero fue planteado unánimemente con mucha anterioridad por la propia Comisión.
A mi juicio, hay que ser cuidadosos con la manera de legislar en relación con el microtráfico. Por ello, no estoy dispuesto -por fortuna, así también lo manifestaron en su gran mayoría los miembros de la Comisión- a entregar beneficios especiales a los microtraficantes, pues ello no se condice con la peligrosidad del delito, como el de no aplicación de multas, que ningún otro caso se otorgan.
Lo más grave que les ocurrirá a quienes no paguen la multa será permanecer seis meses más privados de libertad, tal como sucede en todos los casos.
Es muy delicado entregarles privilegios a los microtraficantes.
Señor Presidente , resulta francamente deplorable constatar cómo los sectores más conservadores de la sociedad chilena han arrastrado al Gobierno y a todo el Congreso Nacional a un camino suicida: el de la espiral represiva en relación con la droga. Castigan y penalizan hasta el infinito al drogadicto pobre, al microtraficante, pero exoneran por completo a la sociedad que los genera.
Pueden sentirse muy satisfechos, señores: ya han puesto a Chile en el primer lugar en América Latina en cuanto al número de presos por cada cien mil habitantes.
En otra estadística, que no honra a nadie, ya somos los primeros.
A Sus Señorías no les inquieta en absoluto el hecho de que Chile figure entre las diez naciones del mundo con la peor distribución de la riqueza. Se preocupan de la violencia, de la delincuencia, y todos los días se están inventando formas de represión. Pero, por supuesto, no reparan en la madre de todas las violencias, que es precisamente la que acabo de señalar: la irritante e inmoral distribución de la riqueza existente en el país.
¡Ahí tenemos al Senador señor Espina , el liberal ultramontano, todo el día intentando convencer a la sociedad acerca de la exigencia imperiosa de aplicar mayor represión!
Por cierto, las cárceles ya se han hecho estrechas. Ahora se está empeñado en licitar la construcción de muchos más recintos carcelarios, los que también se harán estrechos. Dentro de poco no habrá lugar donde contener a todos los presos por tráfico, microtráfico y delincuencia. Y la razón es muy sencilla: Sus Señorías no hacen nada por resolver los problemas de fondo de la sociedad, que son precisamente los que generan todas las lacras respecto de las cuales legislan en forma superficial y muchas veces sólo con un afán demagógico y electoralista.
Yo los quisiera ver preocuparse en serio de los temas de fondo.
¿Cuándo se podrá lograr un acuerdo nacional destinado a impedir que Chile caiga en la dictadura económica? Ya hubo uno para liberarse de la dictadura política; pero se da la circunstancia de que, como consecuencia del diseño institucional que se hizo, el Pinochet de La Moneda se clonó en otros miles que ahora están en las empresas, al frente de los grandes conglomerados económicos.
Debiéramos inquietarnos por lo que acontece en nuestro país, en el sentido de que se está configurando mucho más rápido de lo que todos pensamos una monopolización en todas las actividades económicas.
Se crean instancias para impedir ese fenómeno. Pero, ¿cómo actúan? Ahí está el caso del Tribunal de la Libre Competencia. Su última resolución es una vergüenza: ¡le dice al país que una empresa con el 88 por ciento del mercado no perjudica la libre competencia...! ¡Ésa es la señal que ha dado! ¿De qué sirve crear este tipo de instancias si parece que funcionan absolutamente en la lógica que inspira la estrategia de desarrollo seguida por Chile?
El proyecto que hoy discutimos es la prueba más evidente de que aquí no se atacan los problemas de fondo que afectan a nuestro país.
Si se continúa en esta lógica de la represión pura y simple, ¿dónde nos vamos a encontrar más adelante?, ¿dónde vamos a meter a todos los jóvenes que, por necesidad, se tienen que vincular con el microtráfico debido a que cada vez se precariza más el empleo y encuentran menos posibilidades de inserción laboral?
¿Acaso no estamos constatando que en las esquinas de la ciudad de Santiago, y ahora en todas las Regiones, los jóvenes tienen que aprender a hacer piruetas en las esquinas para ganarse unos pocos pesos? Cientos de vendedores asaltan a los automovilistas en todas partes; otros se abalanzan a limpiarles los parabrisas con cubos de agua sucia y escobillas de goma.
Pero no se preocupen. Fíjense Sus Señorías que este mismo problema social se vive igualito en Londres, Madrid , Roma y Nueva York. Lo que ocurre es que la globalización está produciendo un fenómeno muy particular: 20 por ciento de los sectores más ricos del planeta se han homogeneizado y forman una especie de clase superior transversal internacional; pero los pobres están viviendo los mismos problemas en todas las capitales, y también en la ciudad de Nueva York.
Si no reparamos en el camino que estamos siguiendo, quiere decir, entonces, que debemos prepararnos de nuevo a vivir las convulsiones sociales que un día generaron un drama muy hondo en nuestra nación. Aparentemente, las lecciones de la historia no se terminan de aprender. No son los sectores de Izquierda los que van a resucitar a Marx, sino la Derecha ciega, obtusa, que no entiende los problemas sociales y sólo tiene respuestas represivas, como ésta, que hoy estamos empeñados en aprobar.
Sé que voy a emitir el único voto en contra. Pero me honro en hacerlo, como gesto de repudio a una forma de legislar que se mantiene en los efectos, sin atender a las causas de los problemas más importantes que sufre el país.
Respetando el derecho de Su Señoría a expresar su pensamiento, creo conveniente recordar que el Reglamento señala que, en general, las referencias a los señores Senadores deben ser hechas en tercera persona. Y sólo cuando sea necesario, para la claridad del debate, se los puede individualizar. Porque, junto con respetar el derecho de expresión, también el Reglamento procura el respeto a las personas.
Considero importante tenerlo presente, para evitar herir susceptibilidades, de modo tal que la libre expresión de las ideas debe ser siempre en un clima de respeto a las personas.
¡Tampoco es bueno tener la dermis excesivamente delicada, señor Presidente ...!
Sólo estoy recordándole, señor Senador, lo que dice el Reglamento, cuyo espíritu es importante tenerlo presente por todos los señores Senadores, sin excepción.
Señor Presidente , quiero referirme específicamente al tema de las multas y a algunas reflexiones que se han hecho, porque ciertamente se trata de algo complejo.
Se ha expresado que tal vez podría fijarse una gradación de las multas según la capacidad económica del infractor. Eso es muy complicado y difícil de establecer sobre la base de algún criterio general.
Por ejemplo, en Chile se multa a quienes infringen las normas de tránsito. ¿Pagarán multas distintas, según su capacidad económica, las personas que no respetan una luz roja? Aunque el Derecho ha avanzado en la materia, al parecer esa diferenciación puede acarrear tantas dificultades que resulta casi imposible abordarla en una ley.
Por eso, en lo relativo a infracciones castigadas con multa, el Derecho Penal tiende a aplicar criterios de carácter general, no discriminatorios o diferenciadores de acuerdo con los recursos del afectado. En el caso de la sanción por no respetar una luz roja, quizás sería más justo que a la persona que trabaja un automóvil y depende de él para su subsistencia se le aplicara una multa más baja que a quien lo utiliza por comodidad o agrado.
Repito: la tendencia es a aplicar multas de tipo general; a no hacer diferencias según la capacidad económica del infractor.
Además, esa diferenciación se podría prestar para hacer analogías con las penas privativas de libertad, en el sentido de que a quien se halle en condiciones de garantizar una efectiva rehabilitación posterior, por contar con mayores recursos, se le pudiese aplicar una pena de presidio inferior a la de aquel que no se encuentre en situación de asegurar un efecto rehabilitador al margen de la cárcel.
Señor Senador , el Honorable señor Andrés Zaldívar le solicita una interrupción.
Se la otorgo, con todo gusto.
Señor Presidente , como fui yo quien planteó la posibilidad de establecer un sistema variable, quiero precisar que el propósito de ello no es discriminar, sino que se trata de una modalidad contemplada en la legislación. En el caso de la Ley de Tránsito, el juez dispone de una escala de multas que va de mayor a menor. Y lo digo por experiencia, porque fui juez y muchas veces califiqué la condición económica o la mala intención del infractor para aplicar una multa.
Existen escalas de multas. Concuerdo en que el sistema no debe ser absolutamente discriminatorio por el hecho de que la gente tenga dinero o no. Pero es factible elaborar una escala de multas para que el magistrado la examine y, ponderando la situación, determine la que corresponde aplicar.
Puede continuar el Honorable señor Chadwick.
Señor Presidente , le encuentro razón al Senador señor Chadwick . Porque podría ocurrir lo contrario: que una rebaja de multas implicara que el narcotráfico realizara su negocio donde le fuera más fácil y las multas más pequeñas. Hoy se utiliza a los niños, porque no tienen responsabilidad penal. Mañana se podría usar a la gente de menores ingresos, por cuanto las multas, si se les aplicaran, serían ínfimas.
Por esa razón, estimo que las multas deben tener un valor uniforme.
Recupera la palabra el Honorable señor Chadwick.
Señor Presidente , me parece obvio lo señalado por el Senador señor Andrés Zaldívar . Y por eso este artículo contempla una gradualidad.
Ahora, esa gradación habrá de ser prudencial y -como indicó el Honorable señor Lavandero - significativa. No podría ir, por ejemplo, de una a 10 unidades tributarias mensuales, ya que una prácticamente no constituiría sanción, o sería muy exigua y de tan escasa relevancia que no valdría la pena establecerla.
Por eso la gradualidad siempre es prudencial. Pero entiendo que en este caso oscila entre 10 y 40 unidades tributarias mensuales.
Cuarenta como máximo. O sea, hay una escala.
El Honorable señor Viera-Gallo expuso un argumento sociológico, también extraordinariamente complejo: no aplicar la multa porque el joven o adulto microtraficante que carezca de capacidad económica dependerá o quedará como esclavo de la organización de narcotráfico para pagarla.
Si se incorporara ese tipo de elementos al consignar una sanción, cabría preguntarse lo siguiente. Si esa misma persona es condenada a una pena privativa de libertad, dado que no tiene medios económicos para contratar un abogado, mantener a su familia o buscar su subsistencia, ¿recurrirá también a la red de narcotraficantes?
Con esa lógica, uno podría concluir que lo mejor es no hacer nada. Porque igual existirá dependencia de una organización de narcotráfico por el hecho de encargarse del pago ya sea de la multa, del abogado o de la mantención de la familia, o de comprometerse a entregar un recurso económico al afectado después de que salga de la cárcel. ¡Siempre va a existir esa posibilidad!
¿Es aceptable dictar una legislación que opere con esa lógica?
El vendedor ambulante del centro de Santiago también pertenece o está vinculado a una organización. Entonces, ¿el criterio es no aplicar multa a ese comerciante porque recurrirá a la que domina el mercado en esa zona de la Capital a fin de que se la pague y, por ende, terminará siendo condicionado, una vez más, por aquélla?
Repito: siempre existe esa posibilidad.
Cuando se trata de establecer una norma jurídica, los elementos sociológicos son tan complejos que se puede llegar al absurdo de decir: "No hagamos nada porque siempre va a existir el riesgo de". Y ese riesgo puede estar presente en forma constante.
Finalmente, cabe preguntarse a este respecto si es necesario o no sancionar con multa ese tipo de delito.
El señor Ministro del Interior -no lo veo en la Sala en este momento- propuso algo que le había escuchado con anterioridad y que tal vez resulte interesante explorar: la confiscación de bienes. Sin embargo, nuestra Constitución Política y los tratados internacionales la prohíben, salvo en el caso de asociaciones ilícitas.
Entonces, la exploración por la vía de confiscar bienes presenta un problema mayor.
Por lo tanto, en el delito de microtráfico ¿es necesario o no agregar una multa a la pena de privación de libertad? Me parece que debería ser así, no por la ingenuidad de pensar que con la aplicación de una multa de 300 mil pesos el narcotráfico desaparecerá. ¡No! ¡Y tampoco lo hará si la pena consiste en 5 ó 10 años de prisión!
Es preciso no actuar con la lógica de que ha de existir una sanción suficiente, porque no encontraremos nunca la más adecuada. El punto es saber si esa sanción, obviamente insuficiente para terminar con el narcotráfico, genera o no algún impedimento, daño o perjuicio al delito que queremos castigar. Creo que, por tratarse de un ilícito donde los factores económicos patrimoniales son importantes, puesto que se adquiere para vender, la multa puede producir efecto; no el de eliminarlo, pero sí el de generar un inconveniente.
Por eso, es mejor aplicar una multa que suprimirla.
Informo a Su Señoría que el señor Ministro del Interior me comunicó que se ausentaría brevemente de la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, por haber sido aludido en una intervención reciente.
Señor Presidente , seré lo más breve posible, ya que no acostumbro hacerme cargo de descalificaciones o juicios carentes de fundamento, salvo en esta oportunidad, porque creo que reflejan muy bien lo que ocurre en nuestro país con relación al narcotráfico.
La iniciativa en debate establece una nueva figura penal y una rebaja de penas respecto del delito de microtráfico.
El Senador señor Ávila procede tal como hacen las personas que, con distintos argumentos, siempre protegen el narcotráfico. Y lo digo responsablemente en esta Sala.
Su Señoría comenzó tiempo atrás sosteniendo que era partidario de no sancionar la plantación de marihuana cuando se destinara al consumo individual. Presentó un proyecto de ley. Ahora da el paso siguiente, porque la normativa en análisis no se refiere al consumidor, sino al traficante de drogas.
Por consiguiente, lo que al señor Senador le molesta es que se sancione al microtraficante. Lo que pretendemos es, simplemente, hacer lo mismo que la inmensa mayoría de los países del mundo: establecer sanciones para quienes venden drogas en bajas cantidades y causan un daño gigantesco a cientos de miles de niños chilenos.
Entonces, ya la línea argumental del referido señor Senador -para que quede constancia en la Versión Taquigráfica- no es el problema del consumo de drogas. Lo que le incomoda es que se sancione al microtraficante. Y estoy seguro de que si elimináramos las penas relativas a éstos, él procuraría lograr algo similar respecto del gran traficante. Porque ésa es la escalada que quienes actúan de esa manera finalmente logran imponer.
No tengo duda alguna de que las etapas siguientes serán el microtráfico, el macrotráfico y toda operación vinculada con la droga. Y, como el sistema consiste en descalificar a las personas que intentamos evitar que a los niños se les venda droga, entonces se pasa a la siguiente fase, que es el argumento de la desigualdad social.
En Estados Unidos, Holanda y Francia -donde no existe la desigualdad social en el grado en que está presente en los países latinoamericanos, como el nuestro-, el tráfico de drogas existe exactamente igual. Y en ninguno de ellos sucede que los legisladores justifiquen, no ya el consumo de marihuana. Porque el Senador señor Ávila ya no quiere que a los que consumen marihuana se les sancione por cultivarla, pues lo que le molesta es que el Congreso castigue al microtraficante y no al consumidor. Pero si él hubiese leído el proyecto, se habría dado cuenta de que al consumidor no se le condena, pero sí a quien trafica.
Entonces, ésa es la escalada que en esta materia empieza a utilizarse: primero, el consumo; después, el microtráfico; luego el tráfico, y así suma y sigue.
Por lo tanto, yo simplemente quiero dejar patentes las líneas argumentales que se usan sobre el particular, con el objeto de considerarlas en los futuros debates.
No le puedo dar la palabra a Su Señoría, ni se la daré, porque no se ha ofendido su nombre.
No, señor Senador: se ha hecho una argumentación.
¡Cómo que no! Me está diciendo...
No le he ofrecido la palabra.
¡Se ha sostenido que protejo el microtráfico!
No le he dado la palabra, Senador señor Ávila.
¡No puedo dejar pasar la afirmación que acaba de hacer el Senador señor Espina!
Ruego a Su Señoría mantener la calma.
¡Insisto, señor Presidente ! ¡No puedo permitir que se me trate como cómplice! ¡Voy a hablar, aunque sea sin micrófono! Se ha tergiversado...
Por favor, no le he dado la palabra, señor Senador. Le ruego tener respeto.
Llamo al orden a Su Señoría. Por favor respete.
Señor Presidente , en esta Corporación -donde he tenido participación durante un tiempo relativamente breve- se han desarrollado interesantísimos debates -y he intervenido en ellos-, en los cuales ha quedado demostrada nuestra enorme capacidad para aceptar las más variadas expresiones y posiciones frente a distintas materias.
Hoy se ha dado un ejemplo de ello. Hemos escuchado opiniones serias, posiciones constructivas; hemos visto la estructuración de un acuerdo que es más o menos transversal frente a un determinado problema.
Igualmente, hemos tratado de preservar -éste es un mensaje para quien dirige en la actualidad los debates- el espíritu que distingue a la Corporación.
Por lo anterior, ruego al señor Presidente revisar la resolución adoptada por la Mesa en orden a grabar las sesiones y hacer público su desarrollo. Digo esto porque pareciera que con esa medida se estarían incentivando expresiones comunicacionales que, frente a la comprobación de un aislamiento absoluto, definitivo, pretenden descalificar a todos.
Lo que hemos escuchado acá es la expresión brutal de una persona que está en desacuerdo con lo que el Gobierno propone, con lo que la Concertación respalda y con lo que la Oposición apoya. Es decir, ¡estamos todos equivocados!
Hay un incentivo perverso en la información entregada por el señor Presidente en cuanto a dejar constancia audiovisual de lo que ocurre en una sesión.
Por eso, sin referencia especial a un proyecto que ciertamente voy a apoyar, solicito a Su Señoría que se revise esa decisión, para evitar así estos excesos, que a nada conducen. Porque éste no es un circo, sino el Senado de la República.
Señor Senador , en mi opinión, mientras más transparentes sean las sesiones, mejor será. La opinión pública tendrá la sabiduría de juzgar los conceptos que aquí se emitan.
Ha terminado la discusión. No hay más inscritos. Correspondería votar. Los Honorables señores Orpis, Viera-Gallo, Ávila y Gazmuri han pedido fundamentar el voto.
Señor Presidente, en verdad, las visiones parciales del fenómeno de la droga pueden inducir a error.
Siempre se ha dicho -y, al menos, yo lo he planteado- que para abordar el problema del consumo de droga hay una trilogía inseparable, compuesta por la prevención, la represión y la rehabilitación.
Está absolutamente demostrado en el mundo que, por eficientes que sean las policías, nunca se llega a decomisar más allá del 20 por ciento de la droga que se oferta. Por lo tanto, necesariamente hay que complementar la acción represiva con una preventiva, que consiste en incidir sobre la demanda, lo que es sinónimo de prevención.
Y aquí tenemos un gran punto débil: la prevención en Chile ha arrojado malos resultados. No lo afirmo yo, sino que lo muestran las propias cifras oficiales, según estudios realizados por el CONACE.
Ante lo ocurrido con el fenómeno de la droga en nuestro país y lo que se aprecia en los medios de comunicación, se ha visto el surgimiento de un elemento esencial, que es la percepción de riesgo.
Si yo estuviera enfrentado permanentemente a imágenes televisuales que demuestran la crudeza y rapidez con que se ha ido masificando ese fenómeno, la lógica debería indicar que la percepción de riesgo aumenta. Es decir, tiene que haber más personas que estimen que consumir es riesgoso. Pero ocurre lo contrario. En la última investigación hecha en escolares -o sea, en la adolescencia, e incluso, en edades inferiores-, en vez de aumentar la percepción de riesgo, ha disminuido. Es decir, son más las personas que consideran que el consumo de droga no es dañino.
Eso significa -para resumirlo en términos muy breves- que las políticas preventivas no han hecho impacto. Ése es el fenómeno. Y de él tenemos que hacernos cargo en el campo preventivo.
No lo estamos haciendo bien, a pesar de los muchos esfuerzos que se realizan. Ésa es la realidad.
Otra de las aristas -que no es menor- se refiere al aspecto represivo. Al respecto, voy a hacer referencia brevemente a la historia del proyecto en debate.
Durante dos años se analizaron en la Cámara de Diputados las fortalezas y debilidades de la ley vigente, que data de 1995. Éste es el origen de la iniciativa.
El Presidente Frei , poco antes de terminar su mandato, la envió al Congreso. Llevamos prácticamente cinco años en el análisis de la materia, a pesar de los problemas existentes en materia represiva. Sin duda, debió haberse despachado con más prontitud y eficiencia. En el entretanto se dictó otra ley, relativa a la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, para el problema del lavado de activos.
Señor Presidente , se ha hecho un acucioso estudio para abordar una de las variables de la cuestión. Evidentemente, nos va a entregar instrumentos adicionales para enfrentar el aspecto represivo en materia de drogas. Pero no porque se haya modificado sustancialmente la Ley de Drogas ni por haberse analizado el problema durante dos años en la Cámara de Diputados podemos obviar la necesaria mayor eficiencia que se requiere en la represión del narcotráfico, con lo cual las instituciones policiales contarán con más recursos para combatirlo en sus distintos aspectos.
Por lo menos, quería dejar establecido que aquí no se agota el problema, el cual necesariamente debe ser abordado con políticas de rehabilitación y prevención más efectivas.
Señor Presidente , se plantean varios temas.
Lo primero que deseo consignar, con mucha claridad, es que el Senador que habla, en particular, ha concurrido a aprobar el proyecto con la plena convicción de lo que se realiza y con entusiasmo, pues estima muy importante combatir en forma más eficaz el narcotráfico.
Mantenemos sólo un punto de discrepancia. Al considerar la tramitación de la iniciativa, se observa que la Cámara de Diputados aprobó, con los votos de la Oposición, suprimir la multa. Ello se puede confirmar en el boletín comparado, donde consta lo resuelto por la otra rama del Congreso.
A su vez, el Senado reintrodujo la sanción para el microtráfico. Pero, si se lee el primer informe, no se registra ningún debate sobre el particular.
Deseo rectificar, entonces, a mi Honorable colega Espina , con todo respeto. La verdad es que ninguno de los invitados, ni el señor Subsecretario del Interior , ni el señor Diban , ni Investigaciones, ni Carabineros, dieron una razón para reincorporar la multa.
Y aquí viene la dificultad expuesta por el Senador señor Chadwick , la cual es de fondo. ¿Por qué se consigna esa pena? ¿Cuál es su finalidad criminológica? Porque la sanción apunta a rehabilitar al delincuente, por una parte; y por la otra, a desincentivar la comisión de nuevos delitos. Todos estamos de acuerdo con el castigo de cárcel para el microtraficante, porque pensamos que se cumplen esos dos objetivos. ¿Cuál es la razón básica para añadir la multa a la privación de libertad, cosa que la Cámara no hizo? ¿Pensamos que la multa ayudará a rehabilitar al delincuente? Obviamente, no. ¿Estimamos que puede desincentivar la comisión de nuevos delitos? No lo creo.
Entonces, lo que se advierte, fundamentalmente, es una discrepancia legítima de puntos de vista respecto de la aplicación de una sanción secundaria específica en lo referente al microtráfico.
Deseo rectificar en otro aspecto al Senador señor Espina , porque también lo estuve investigando.
En esa época no formé parte de la Comisión. Quienes aprobaron por unanimidad reintroducir la multa, sin un debate que haya quedado registrado, fueron Su Señoría y nuestros Honorables colegas Aburto , Chadwick , Moreno y Silva , con legítimos argumentos que, seguramente, pueden dar a conocer. Pero yo por lo menos no intervine y mal podía haber incurrido en una contradicción.
Es inadecuado, a mi juicio, reincorporar la multa. Por algo la Cámara de Diputados no lo hizo; por algo el proyecto primitivo del Gobierno no la contenía; y por algo el titular de Justicia conmutó esa pena, como bien ha expresado el señor Ministro del Interior , a muchos microtraficantes. ¿Por qué? ¿Lo dispuso por un capricho? ¿El Gobierno no sabía lo que hacía el señor Bates ? Lo determinó por una política criminológica, ya que pensó que bastaba con la privación de libertad. Y, cuando la persona carece de recursos y debe seguir en la cárcel, lo que se lleva a cabo, como señalé, no es una política disuasiva del delito, sino la conmutación por la libertad vigilada, la cual ha dado, en general, buenos resultados.
El propio Ministro señor Bates nos indicó que es muy bajo el nivel de reincidencia de microtraficantes que abandonan el recinto carcelario porque han cumplido la pena privativa de libertad y se les ha conmutado la multa. O sea, la política criminológica de la Cartera de Justicia y de su titular se ajusta a la ley y, además, presenta menos defectos.
Otra cosa es que de ello se pueda hacer un problema político comunicacional, que se da con la acusación constitucional en contra de ese Secretario de Estado.
Entonces, por razones de convicción criminológica y no por vagas consideraciones sociológicas, como dice el Senador señor Chadwick -no entiendo el Derecho como una normativa abstracta, sino para generar efectos prácticos en la sociedad-, creo que en el caso que nos ocupa no debiera haber multa.
Sin embargo, insto a votar a favor del informe, porque no existe posibilidad de dividir la votación. Lo que quiero es que el Gobierno envíe un veto. Si el señor Ministro del Interior puntualiza que no lo hará,...
Se agota su tiempo, señor Senador.
por muy justas razones que le asistan, con otros Honorables colegas podemos anunciar la presentación de un nuevo proyecto de ley para resolver el punto.
Su Señoría debe concluir.
Lo hago de inmediato, señor Presidente.
Como ha dicho el Honorable señor Andrés Zaldívar , el piso de la escala es muy alto. Porque 300 mil pesos, que es el doble del ingreso mínimo, reviste esa característica.
Tiene a continuación la palabra el Honorable señor Ávila.
Señor Presidente , pensé que el señor Senador que me contradijo iba a replicar con armas legítimas; pero optó por la tergiversación grosera y falaz de mis argumentos.
Reitero: no es que yo esté por la protección del microtráfico, como se señaló torcidamente. A lo que apunto es a que la forma de abordar los problemas sociales está profundamente equivocada. La respuesta que se da a una cuestión cuyo trasfondo debiera concitar toda nuestra atención es meramente represiva.
No se necesita ser adivino para anticipar que el microtráfico seguirá adelante, incrementándose en la medida en que el sistema social tienda cada vez más, como lo hace, a estrechar las posibilidades de inserción de la gente que requiere un salario para poder vivir.
El empleo se precariza; todo el mundo vive bajo los más diversos miedos; las empresas consideran fórmulas de todo tipo para desentenderse de la responsabilidad de sus colaboradores.
En un cuadro social de esa índole, la salida que mucha gente busca es la droga. Mientras con ella los jóvenes intentan evadirse de una sociedad que no los acoge, los padres utilizan también el consumo de estupefacientes para intentar la integración en un modelo social cada vez más inhumano, más desprovisto de solidaridad. Una sociedad de tales características por supuesto que va directo a la droga, como una forma de ayudarse a entender su propia vida y conseguir un modo de inserción que de otra manera no es posible lograr.
Entonces, a lo que llamo es precisamente a ocuparse en todos los aspectos que son la causa de las cuestiones que se abordan desde una perspectiva meramente represiva. Mientras continuemos en esa lógica -es decir, eludiendo los temas de fondo-, por supuesto que nunca lograremos la paz social que todos anhelamos, porque mientras no esté basada en la justicia, no sacaremos absolutamente nada con incrementar el aparato represivo y coercitivo del Estado, dado que será un gasto completamente inútil.
Prefiero apostar a la libertad responsable de las personas y no concentrar todos los recursos en el sistema estatal para que se ocupe de vigilar qué pone en la mente o en el cuerpo cada persona.
Por eso, anuncio que votaré en contra.
Señor Presidente , la verdad es que el debate podría ampliarse bastante si se entrara a analizar cuál es la condición social que provoca el consumo y la adicción. A mi juicio, se trata de un fenómeno más complejo, que no permite una mirada simplista. Evidentemente, éste se halla vinculado a las condiciones sociales, la inequidad, la desigualdad, etcétera; pero también está relacionado con la cultura contemporánea, que se da en todas las clases sociales y en diversas sociedades. Algo lleva a la adicción. Por tanto, la aplicación de políticas preventivas, como aquí se ha señalado, es lo fundamental.
Sin embargo, no es esto lo que se discute hoy día, sino el otro lado de la medalla: la normativa que reprime el tráfico, que es una actividad ilegal. Y en tanto ésta sea ilegal, evidentemente, deberán aplicarse políticas represivas, de contención, aunque, en verdad, bastante limitadas.
Mientras haya una alta propensión mundial al consumo y el tráfico sea completamente ilegal, se creará la industria. Es una lucha que debe darse en forma permanente. No se podría legalizar -como finalmente considero que será la solución histórica de este problema- sin un acuerdo universal al respecto, porque aquí no funcionan las políticas individuales de Estado o de países.
No obstante ello, deseo dejar constancia de mi opinión en el sentido de que, habiendo una tendencia tan fuerte al consumo y a la adicción, la ilegalización no va a resolver el tema de la industria del crimen. No lo ha resuelto ni tampoco lo hará a futuro. Ahora bien, mientras ésta exista habrá que enfrentarla, pero -como se ha señalado- conscientes de que hay límites. Hoy se decomisa el 20 por ciento de la droga, y no imagino una política que lleve efectivamente a la confiscación del 100 por ciento.
Voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta, porque el texto en análisis introduce una corrección bastante consensuada y que también comparto. Se trata de tipificar el microtráfico como delito. Con la legislación anterior, en la práctica, no se estaba reprimiendo esta actividad que, de alguna manera, es necesario contener. Las penas eran tan altas que los jueces, con cierto criterio, que no era completamente estrambótico, terminaban no sancionando.
El argumento del Senador señor Viera-Gallo me convence completamente, en el sentido de que agregar una multa, desde el punto de vista criminológico, constituye un tremendo error.
Por eso, he dudado mucho en cuanto a votar a favor del proyecto. Porque lo positivo de éste puede convertirse en algo totalmente negativo a raíz de la multa. Ésta no hace otra cosa que fortalecer el vínculo entre el microtraficante, quien en general carece de recursos propios, es pobre y socialmente precario, y la red. Esto me parece de una evidencia casi abrumadora. Y aquí no he escuchado argumentos criminológicos consistentes en contrario.
Un señor Senador miembro de la Comisión sostuvo que con la aplicación de la multa se le quitan fondos a la red. Es un argumento que me parece francamente irrisorio. Esa industria, justamente por ser ilegal y criminal, cuenta con muchos recursos. Exhibe tasas de ganancia espectaculares. Es el negocio ilícito más rentable del mundo.
A pesar de las dudas que me asaltan sobre el particular, anuncio que votaré a favor, porque me parece que el aspecto central de la iniciativa se halla bien encaminado. Sin embargo, tiene ese "pecado original".
Dado que el señor Ministro no ha aceptado la invitación al veto -el Gobierno tendrá sus razones-, propongo al Senado que pronto efectuemos una discusión más a fondo acerca de esta materia, sobre la base de la moción anunciada por el Honorable señor Viera-Gallo , la cual estoy totalmente dispuesto a copatrocinar.
Tiene la palabra el Senador señor Bombal.
Señor Presidente , junto con anunciar mi voto favorable al informe de la Comisión Mixta, deseo instar al Gobierno, en particular al señor Ministro -lamento que se haya retirado de la Sala en este momento-, a que se haga cargo de un proyecto de ley que hace aproximadamente un año y medio entregamos personalmente en La Moneda, el cual aborda de manera íntegra al CONACE como una institución, como una Dirección Nacional dentro del Estado.
Hoy día, el CONACE es un organismo sin estructura jurídica, con gran cantidad de funcionarios que le han sido adosados, quienes, incluso, no desarrollan allí funciones, y con una organización bastante feble, en general. Sin embargo, gracias a los notables esfuerzos de su Directora Nacional, sigue siendo un organismo que funciona, aunque carece de organicidad dentro del Estado. En efecto, su estructura presupuestaria, administrativa y funcionaria es absolutamente incoherente. Por ello, su trabajo resulta muy confuso y su acción no se percibe en el plano de la rehabilitación ni de la prevención, dos áreas fundamentales en las que debiera tener injerencia.
En el citado proyecto, que consta de aproximadamente 80 artículos, el CONACE figura como una institución jerarquizada y regionalizada.
Señor Presidente , solicito que, por su intermedio, se oficie al señor Ministro del Interior para que, cuanto antes, el Gobierno patrocine dicha iniciativa -según me informó la señora Directora, está ad portas de hacerlo-, dado que en ella se establecen elementos fundamentales para la prevención, los que, como es natural, podrán ser perfeccionados por el Ejecutivo y el Parlamento.
Por otra parte, considero que ya es hora de que en Chile existan tribunales especializados en delitos relativos a la droga, en los que se ven involucrados especialmente jóvenes. Así se podrá trabajar esa realidad dentro de una esfera penal distinta de la que hoy existe, sobre todo tratándose de gente joven o de personas vinculadas al consumo y al tráfico de dichas sustancias.
Hay experiencias en el mundo -incluso, ya las están explorando instituciones privadas chilenas, fundaciones, como Paz Ciudadana, etcétera- relativas a introducir el concepto de "tribunales de drogas", como se les denomina. Esto permite observar tales acciones dentro de una realidad criminológica y penal distinta de la existente respecto de los delitos comunes, porque, naturalmente, en ellas hay detrás un tema de adicción, de inducción, de organización criminal. Es preciso hacer notar que estamos frente a aspectos muy complejos, que tienen que ver con situaciones sicosomáticas y sicológicas que influyen en la persona vinculada al mundo de las drogas.
Por consiguiente, sugiero que el Senado, en algún momento, se aboque a analizar la creación de cortes especiales de drogas, con el objeto de tratar esos delitos dentro de una esfera jurisdiccional diferente de la realidad actual.
Hago formalmente este planteamiento a fin de que se inicie el estudio, se busque la fórmula, así como se hizo en su momento, por ejemplo, con la reforma procesal penal, donde se fueron constituyendo grupos de trabajo hasta que esa iniciativa logró prosperar. Asimismo, propongo que el Senado tome contacto con otras instituciones y con organismos internacionales que están explorando la materia con grandes aciertos y éxitos.
Creo que por ahí va la línea de lo preventivo, de la rehabilitación. Es indispensable dotar a un organismo en Chile de mucha más jerarquía que la que hoy tiene el CONACE, para que efectivamente exista una organización, con presupuesto claro, categórico, que se pueda vincular a otras entidades privadas, que hoy día tampoco reciben apoyo del Estado, dado que no existe coherencia en todo el trabajo. Asimismo, debe otorgarse a la acción pública y a la acción privada una entidad tal que permita la interacción de estos organismos y la coparticipación de privados, que hoy día están logrando...
... disminuir este fenómeno, o por lo menos prevenirlo.
Para terminar, pido que se oficie al señor Ministro del Interior -ya que no se encuentra en la Sala- en orden a que el proyecto a que me he referido sea cuanto antes enviado al Senado. Y dejo como tarea al señor Presidente el convocar a entidades para iniciar el estudio sobre las cortes especiales de drogas.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre del Senador señor Bombal, en los términos planteados.
Señor Presidente , ante todo, deseo hacer una distinción entre la primera intervención, que motivó mi réplica, y el segundo discurso del Senador respectivo.
Cada vez que se trate de la primera intervención -quiero señalarlo- me voy a hacer cargo de todas las descalificaciones que se formulen sobre la materia.
En cuanto al segundo discurso, es una cuestión absolutamente opinable. Sin embargo, creo que en el Senado no puede haber patente para ofender, insultar, injuriar, ironizar gratis, so pretexto de que se quiere defender una posición política.
Cuando uno contesta con los mismos argumentos, entonces ahí sí que vienen todo tipo de réplicas y exigencias para hacer uso de la palabra.
Por otra parte, coincido con lo que han planteado los señores Senadores al fundamentar su voto. Sólo quiero corregir un punto al Honorable señor Viera-Gallo.
En realidad, el artículo 49 del Código Penal es el que resuelve lo que ocurre cuando alguien no puede pagar la multa. Porque se ha argumentado aquí que, si a una persona no le es posible cumplir con dicha obligación, tendrá que seguir presa seis meses más, o bien, para evitar esto último, deberá recurrir a una banda de traficantes para que se haga cargo de la multa, y que, por lo tanto, estaríamos cometiendo un enorme error.
El citado precepto señala lo siguiente: "Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa, sufrirá por vía de substitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada un quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.".
Hasta ahí el Senador señor Viera-Gallo tiene razón en su planteamiento: si la persona no paga la multa, deberá cumplir seis meses de reclusión.
Sin embargo, el inciso segundo dice: "Queda exento de este apremio el condenado a reclusión menor en su grado máximo o a otra pena más grave.".
No tiene apremio quien está condenado a una pena que va de tres años y un día a cinco años, o a otra superior. Lo dice expresamente el inciso segundo del artículo 49 del Código Penal.
Por lo tanto, como la penalidad que hemos establecido para el microtráfico va de tres años y un día a cinco años, en su grado superior, la regla general -por no decir en todos los casos- es que, si una persona no tiene dinero para pagar la multa, no la va a pagar y saldrá libre.
¿Qué va a hacer el Estado ante eso? Va a perseguir al sentenciado para que pague la multa y su producto sea destinado a alguna de las tres finalidades consignadas en el artículo 60 de dicho cuerpo legal:
1º A la creación de programas de reinserción social de delincuentes (me parece bien que la plata de los narcotraficantes vaya a ese fin).
2º Si la pena es un poco inferior -no quiero entrar en los detalles-, a los fondos municipales destinados a esta materia.
3º Si se aplica la Ley de Drogas -consulté con el Senador señor Chadwick al respecto, pues no recuerdo exactamente la norma-, entiendo que las platas van a los programas de rehabilitación de quienes son adictos.
Entonces, de acuerdo con la regla general y la penalidad que establecimos, el "pobre angelito" condenado a una multa, primero, no estará un día más preso, y segundo, si el Estado persigue posteriormente el cobro de los recursos, éstos irán objetivamente a fines nobles.
Por lo tanto, no veo razón alguna para que debamos eliminar una sanción de esta naturaleza.
Simplemente quería aclarar este hecho, sin perjuicio de que sobre todo en esta materia, a lo menos yo coincido en que es del todo legítimo, en términos respetuosos, tener posiciones distintas.
Todavía no estamos votando, Su Señoría.
Tiene la palabra para fundamentar su voto la Honorable señora Matthei.
Pedí intervenir antes del fundamento del voto, señor Presidente.
Ya se cerró la discusión y algunos señores Senadores solicitaron fundamentar el voto, Su Señoría.
Señor Presidente , yo voy a votar que sí. Y, más que fundamentar mi voto, deseo protestar por ciertas expresiones vertidas hoy día en la Sala.
Hemos escuchado a un señor Senador hacer toda una diatriba airada sobre la supuesta represión de la ley en proyecto. Según él, no nos preocupamos nunca del tema de fondo: la pobreza, que sería el origen del microtráfico y de que la gente venda droga.
Ésta es una crítica muy severa al Congreso y, también, al Gobierno, porque quiere decir que nadie aquí se estaría preocupando de la pobreza.
Yo deseo invitar a ese señor Senador a que asistiera alguna vez a las Subcomisiones de Presupuests, o a que viera cómo nosotros nos preocupamos, por ejemplo, en el tema de la agricultura, de proteger a los pequeños agricultores, a los campesinos; en materia de minería, de auxiliar a los pequeños mineros; en lo relativo a la Ley de Pesca, de apoyar fuertemente a los pescadores artesanales, que son, obviamente, los más necesitados ahí. Además, quiero invitar a Su Señoría a estudiar lo que son el Programa Chile Solidario, las políticas de vivienda, las pensiones asistenciales, lo que hemos hecho en materia de salud, SIMCE, capacitación, SEMCE, etcétera.
Señor Presidente , en verdad, es muy fácil dar argumentos rimbombantes y expresar la oposición al proyecto arguyendo que aquí nadie se preocupa del tema de fondo, que es la pobreza.
En realidad, no sé si lo que desea ese señor Senador es que no castiguemos a nadie que trate de obtener dinero por vías ilícitas, por cuanto quien incurre en ese delito es pobre. Porque, en ese caso, no podríamos sancionar ni el microtráfico, ni los asaltos, ni los robos, ni los robos con violencia, ni nada, dado que, en el fondo, quienes cometen esos delitos son pobres y tienen que recurrir a conductas ilegales para hacerse de dinero.
Más bien creo que debemos perseverar en lo que hemos estado haciendo acá, que es analizar el tema de la pobreza de la forma más seria posible. Ojalá haya entendimiento entre la Oposición y el Gobierno en esta materia, como en general lo ha habido en todos los programas que acabo de mencionar. Pienso que, al contrario, siempre hay que tratar de premiar la conducta de la persona pobre que es digna y que trata de salir adelante, con la ayuda del Estado o con la que se le pueda proporcionar, pero de manera legal.
Me parece que este tipo de alegatos, en que se señalan a estas personas como "pobrecitos", que caen en conductas ilegales sencillamente porque son pobres, es una ofensa, puesto que también hay gente rica que incurre en actos ilícitos. Muchos de los grandes traficantes son inmensamente ricos, y siguen traficando porque quieren aún más dinero.
Señor Presidente, la dignidad de las personas no depende de si son pobres o de si son ricas. Hay gente que de verdad trata de salir adelante por la vía legal, por la senda del esfuerzo, haciendo las cosas como Dios manda. Y a esos los debemos premiar.
Estimo que, como sociedad, tenemos todo el derecho, más bien la responsabilidad de castigar a quienes tratan de salir adelante de manera ilegal y sobre todo causándoles daños terribles a otras personas, como es el caso del narcotráfico.
Deseo señalar primero, para quienes nos están escuchando -porque se nos dijo que esta sesión sería televisada-, que existe una tremenda preocupación en el Congreso y también en el Gobierno por tratar de enfrentar el tema de la pobreza en forma seria; y segundo, que en general ese tipo de programas ha contado con la unanimidad de los votos del Senado.
Finalmente, para fundamentar su voto, tiene la palabra la Honorable señora Frei.
Señor Presidente , pienso que durante esta discusión no hemos puesto suficiente énfasis -porque ella se ha ido por otros lados- en el daño que produce el consumo de las sustancias de que trata el proyecto.
Por eso, todo lo que hagamos al respecto es obligación nuestra. Porque muchas veces hablamos del futuro de los jóvenes y de los niños, pero no legislamos sobre las materias que sirven justamente para que unos y otros tengan un desarrollo armónico y estable.
El consumo de drogas produce daño irreversible. En la Segunda Región, a la que represento, existe un tremendo problema, pues el 90 por ciento de la marihuana y de la coca que se produce, especialmente en Bolivia, está saliendo por ella. Como en la Primera hay mayor control, la entrada se ha ido corriendo hacia el sur. Y, desgraciadamente, se usa a numerosas mujeres jefas de hogar que, por la necesidad de "parar la olla", caen en el microtráfico.
Yo no justifico, señor Presidente , que se use el tráfico o el microtráfico para dar más bienestar a una familia. La pobreza es triste, ciertamente, y los motivos sociales para caer en tales actividades pueden ser muy grandes. Pero el daño que se está provocando es mucho peor.
Por ello, el castigo al microtráfico debe ser drástico.
Los grandes narcotraficantes, cuando tienen una elevada cantidad de droga, la pasan fácilmente; para ese efecto usan a los niños, a las mujeres, a las "burreras", etcétera. Incluso, ellos mismos denuncian muchas veces a los más chicos para originar pequeñas redadas que les permitan a los grandes vendedores escabullirse.
Entonces, en las poblaciones debe haber la sensación de que estamos castigando muy severamente al que trafica aunque sea un solo papelillo, porque con eso va a producir adicción en el consumidor.
Ahora, el hecho de que la droga esté saliendo por nuestra Región no significa que sólo seremos un corredor. Por el contrario, el consumo en ella aumentará bastante más.
En consecuencia, como queremos prevención, educación para los jóvenes y los niños, a fin de que conozcan desde muy pequeños los daños que ocasiona la droga, la norma en comento es un llamado de atención y un aviso para que la gente sienta temor ante la posibilidad de, aunque se venda un solo papelillo, sufrir sanciones drásticas.
Por otro lado, comparto en gran medida lo planteado por el Senador señor Bombal . Tenemos que entregar más recursos y atribuciones al CONACE. Además -esto es lo más importante, a mi modo de ver-, debemos regionalizarlo, porque la realidad de la droga no es igual en todas las Regiones del país. Y, justamente, hay que hacer hincapié en aquellas por las cuales sale la droga y en las zonas donde los índices de drogadicción son mayores. Ahí debemos concentrar más recursos y tener mayor control, no sólo aduanero, sino también fronterizo y policial, mediante la labor de Investigaciones, etcétera.
Aparte el CONACE, todos los demás organismos existentes para controlar la droga deben ser reformados, reforzados, para hacerlos más efectivos en sus funciones.
Por lo tanto, apoyaré el informe de la Comisión Mixta. Y espero que, como se trata de temas nuevos en nuestra sociedad, tengamos el debido celo para apurar todos los proyectos que se impulsen a los efectos de controlar este enorme flagelo y, sobre todo, evitar que más niños y jóvenes caigan en él como está ocurriendo hoy día.
Ha terminado la fundamentación de voto.
Antes de iniciar la votación, debo recordar a Sus Señorías que, teniendo una de las normas del texto sugerido quórum de ley orgánica constitucional, el informe, que debe ser objeto de un pronunciamiento en bloque, necesita para su aprobación 26 votos afirmativos.
Excúseme, señor Presidente , pero hay una Comisión funcionando.
Ya se hicieron sonar los timbres por cinco minutos, Su Señoría. Así que esperamos que todos los señores Senadores que concurrieron a ella estén en la Sala en este momento.
En votación electrónica el informe de la Comisión Mixta.
--Se aprueba (38 votos a favor y 1 en contra), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Ávila.
1. Con fecha 20 de Noviembre de 2004 se realizará en nuestro país la XII Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC.
2. Dicho foro, ha sido precedido por importantes reuniones sostenidas por representantes gubernamentales de los distintos países miembros, desde diciembre de 2003, entre las cuales destacan las reuniones de trabajo sostenidas por los Ministros de Finanzas, Educación, Minería, Turismo, por un lado, mientras que el mundo empresarial ha desarrollado en paralelo su propia agenda de trabajo.
3. Sin embargo, y en el contexto de la amplia participación que han tenido distintos actores sociales en el foro, los representantes del Poder Legislativo de las distintas economías miembros de APEC no cuentan con una instancia de participación efectiva, a través de la cua1 puedan contribuir desde su especial rol parlamentario, en la búsqueda de los acuerdos necesarios para alcanzar los objetivos de la APEC.
4. Si bien se debe reconocer que APEC comenzó con un fin netamente económico de apertura de mercados, no se puede desconocer el hecho de que a partir de la Declaración de Líderes de Shangai en Octubre de 2001, se comienza por primera vez a colocar en tabla, aspectos políticos en las relaciones entre los países miembros del Foro, como lo fue la condena al terrorismo después de los terribles atentados a las torres gemelas el pasado 11 de septiembre de 2001.
5. A partir de este lamentable hecho, se comienza a abrir un nuevo escenario que resulta imposible eludir entre las economías de APEC, el cual se ha traducido en que los países pertenecientes a la Cuenca del Pacífico hayan ampliado sus preocupaciones y metas, más allá de los netamente económicos, incluyendo temas como la corrupción y la consiguiente necesidad de establecer medidas de transparencia en las gestiones públicas y privadas de cada una de las economías, así como también el convencimiento de que para que la globalización triunfe y dé los frutos esperados, es necesario que sus beneficios alcancen a todos los habitantes de nuestra región.
6. Lo anterior, ha hecho situar como una necesidad de primer orden, el potenciar nuestras respectivas sociedades, especialmente en el ámbito de la seguridad, la educación y el compromiso democrático.
7. Toda política de integración lleva necesariamente aparejado situaciones políticas, sociales y culturales que son necesarias de asumir, para crear un sentimiento de cohesión y de destino común en nuestras respectivas sociedades. En tal sentido es que consideramos, en coherencia con el lema adoptado para APEC 2004, "Una Comunidad Nuestro Futuro", que las economías miembros del Foro reconozcan la necesidad de incluir formalmente en las reuniones de trabajo APEC, a los respectivos Congresos Nacionales de las economías miembros, para que contribuyan en una nueva dimensión al proceso de integración del Asia-Pacífico.
Teniendo presentes las consideraciones anteriores, el Senado de Chile acuerda:
Solicitar formalmente al Sr. Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, que haga presente en la próxima Cumbre de Líderes de APEC, la necesidad de incluir formalmente a los Congresos Nacionales de las economías miembros en las instancias de diálogo del Foro, para así contribuir del mejor modo posible al cumplimiento de sus objetivos.
Valparaíso, 17 de noviembre de 2004
(Fdo:) Cantero Ojeda, Carlos; Cariola Barroilhet, Marco; Chadwick Piñera, Andrés; Coloma Correa, Juan Antonio; Cordero Rusque, Fernando; Espina Otero, Alberto; Fernández Fernández, Sergio; Frei Ruiz-Tagle, Carmen; Gazmuri Mujica, Jaime; Larraín Fernández, Hernán; Moreno Rojas, Rafael; Muñoz Barra, Roberto; Novoa Vásquez, Jovino; Orpis Bouchon, Jaime; Páez Verdugo, Sergio; Parra Muñoz, Augusto; Pizarro Soto, Jorge; Romero Pizarro, Sergio; Ruiz De Giorgio, José; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Silva Cimma, Enrique; Viera-Gallo Quesney, José Antonio; Zaldívar Larraín, Andrés