Source: http://gabrielzelaya.blogspot.com/2011/09/
Timestamp: 2020-01-27 19:53:20
Document Index: 377464869

Matched Legal Cases: ['Artículo 126', 'artículo 219', 'Artículo 131', 'artículo 44', 'artículo 44', 'Artículo 3', 'artículo 8']

septiembre 2011 ~ Gabriel G. Zelaya Romero
LA INCOMPATIBILIDAD DE EJERCER ACTIVIDADES PRIVADAS DURANTE EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA: EL CASO DE LA MINISTRA DE CULTURA SUSANA BACA ¿MINISTRO O CANTANTE?
By GABRIEL G. ZELAYA ROMERO16:58 No hay comentarios:
El gobierno de Ollanta Humala ha decidido nombrar como ministra de Cultura a la señora Susana Baca, una destaca cantante y compositora, que hasta hace poco nunca tuvo participación política o notoria gestión en los asuntos del Estado.
La elección de la mencionada artista –como de cualquier otra persona- en un alto cargo político revela la capacidad de Humala como gobernante y como estratega en la selección de su nuevo gabinete. La importancia de la elección merece ser analizada, porque involucra a fin de cuentas a dos personas: al gobernante y al ministro, y el hecho trasciende aún más, debido a su profunda significación en la hora actual en donde está de por medio el cumplimiento de las promesas electorales, la lucha contra la corrupción, la reforma y modernización del Estado, etc.
Hace más de cinco siglos Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe” escribía la siguiente recomendación para Lorenzo de Médicis: “No es de poca importancia para un príncipe la elección de los ministros, los cuales son buenos o no según la prudencia del príncipe. La primera conjetura que se hace sobre el talento de un príncipe es ver los hombre que tiene alrededor; cuando son suficientes y fieles, siempre se le puede considerar inteligente, porque ha sabido conocerlo bastante bien y mantenerlos fieles; pero, cuando sean de otro modo, siempre se puede formar sobre el un juicio poco favorable: pues, el primer error que comete, lo comete en esta elección” ([1]).
En efecto, la sabiduría y prudencia del gobernante en la elección de sus ministros se pone a prueba y durará por el lapso de todo el periodo presidencial. Manuel Vicente Villarán, el prestigioso jurista peruano de principios del siglo pasado escribió su magnifica monografía titulada “Posición Constitucional de los Ministros en el Perú” ([2]), parece haberse anticipado a los eventos que suceden tan frecuentemente en la política peruana, como lo es la designación de advenizos en los asuntos públicos, así sostiene:
“En la extensa lista de centenares de ciudadanos que han sido Ministros, es escaso el número de los que demostraron talento político o pericia en la especialidad de su ministerio. Fueron designados sin averiguar ni tomar en cuenta sus aptitudes para la función. Llegaron así a los Gabinetes buen número de personas que no sabían ni podían aprender gran cosa sobre los negocios públicos a su cargo” ([3])
Apenas se cumplirán dos meses de haber asumido la jefatura de Estado y Humala podría enfrentar su primera crisis ministerial, su Ministra de Cultura ha abandonado su cartera para dedicarse a sus actividades artísticas en el extranjero.
Este hecho merece ser ahora analizado a la luz de la normatividad. ¿Es legal el comportamiento de Susana Baca?
El Artículo 126° de la Constitución Política señala:
“Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.
Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
La prohibición constitucional aplicable a Susana Baca se encuentra en el tercer párrafo del referido artículo, “no puede ejercer actividad lucrativa”. Resulta pues, inadmisible que el máximo funcionario de un sector de la Administración Pública se dedique paralela o simultáneamente a sus asuntos privados percibiendo una doble remuneración: la que percibe como ministro y como agente particular.
La norma constitucional es similar a la enunciada en el artículo 219 de la Constitución de 1979, Marcial Rubio y Enrique Bernales al comentar dicho precepto señalaban entonces:
“Salvo esa excepción (se refieren a la función legislativa) lo Ministros no pueden ejercer actividad lucrativa, ni intervenir, directa ni indirectamente, en la dirección o gestión de empresa ni asociación privada. La medida tiene un carácter preventivo y se inspira en la necesidad de garantizar la moral administrativa evitando los peculados, la corrupción y el enriquecimiento ilícito. De modo complementario ha debido establecerse la obligación de la declaración jurada antes y después del cargo, la prohibición de obsequios y de percepción de comisiones” ([4]).
La señora Baca debería renunciar inmediatamente al cargo de ministro, de lo contrario, podría ser acusada constitucionalmente por infracción a la Constitución.
El gesto que realiza la señora Baca –en la Política importa también las apariencias- afecta a la imagen del Gobierno, pues, le resta seriedad y con su proceder demuestra desprecio o ignorancia por la designación ministerial. Además de la evidente infracción constitucional, el proceder de la señora Baca trasgrede los siguientes dispositivos legales:
El Reglamento del Decreto Legislativo Nº276 aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM:
Artículo 131.- Los funcionarios y servidores deben supeditar sus intereses particulares a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la autoridad competente en relación a las necesidades de la colectividad.
La Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815:
Ergo, no quisiéramos anticipar el futuro, pero, la presencia de Baca es ya un lastre para el gobierno de Humala, un flanco débil que la oposición atacará. El actual proceder de Baca y su designación ministerial constituyen ya un gravísimo error, una mala elección que hizo el gobernante, idem, un pésimo ejemplo que muestra la señora Susana Baca, dado que, su proceder es contrario e incompatible con la función pública que está al servicio exclusivo de la Nación y del Estado.
La señora Baca tiene vocación de cantante, pero ... no tiene vocación de servicio público al Estado.
[1] MAQUIAVELO, Nicolás. “El Príncipe” Trad. De Angeles Cardona Editorial Bibliotex Barcelona España Capítulo XXII “De los secretarios que los príncipes tienen a su lado” p.109
[2] VILLARAN, Manuel Vicente. “Posición consitucional de los Ministros en el Perú” Editorial Cuzco S.A. Editores Lima-Perú 1994
[3] Ob. Cit. p.68
[4] RUBIO CORREA, Marcial y BERNALES BALLESTEROS Enrique. “Constitución y sociedad Política” Mesa Redonda Editores Lima Perú 1983 p.380
EsSalud: denuncian que funcionarios apristas gastaron S/. 205 millones sin sustento
By GABRIEL G. ZELAYA ROMERO13:09 No hay comentarios:
Diario La República Vie, 16/09/2011
El presidente ejecutivo de EsSalud, Álvaro Vidal Rivadeneyra, afirmó que la “corrupción de los funcionarios apristas” de la mencionada institución llegó al extremo de disponer de más de 205 millones de soles de la Reserva Técnica de EsSalud, sin contar con el debido sustento técnico.
Asimismo, mencionó las graves irregularidades cometidas en el quinquenio aprista, período en el cual “hubo adquisiciones sobrevaloradas de equipos médicos, pagos indebidos de indemnizaciones y se firmaron contratos de servicios con empresas privadas, que son lesivos al patrimonio de EsSalud”, según informaron mediante un comunicado.
Como un ejemplo, mencionaron los casos de una empresa constructora que ganó la licitación para la ejecución del proyecto de inversión “Nuevo Hospital Pisco” por 33 millones de soles, que se hizo sin cumplir con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
El doctor Vidal dijo que ante esta situación, la nueva administración ha dejado en suspenso 11 contratos por considerarlos lesivos a la institución.
Asimismo, el órgano de control de EsSalud también encontró una serie de deficiencias en los procesos de selección realizados durante los años 2006, 2007 y 2008, para la adquisición de válvulas aórticas y mitrales por más de dos millones 922 mil nuevos soles.
Por todo ello y de manera unánime, los miembros de este grupo de trabajo acordaron constituirse en comisión investigadora, con un plazo de 120 días para revisar los presuntos ilícitos cometidos en EsSalud durante el segundo gobierno del ex presidente Alan García.
http://www.larepublica.pe/16-09-2011/essalud-denuncian-que-funcionarios-apristas-gastaron-s-205-millones-sin-sustento
Plazo de prescripción del amparo contra resoluciones judiciales es de 30 días.
By GABRIEL G. ZELAYA ROMERO0:21 No hay comentarios:
TC RECORDÓ QUE EL PLAZO PARA INTERPONER DEMANDA DE AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL FIRME VENCE A LOS 30 DÍAS DE LA NOTIFICACIÓN DEL “CUMPLASE LO DECIDIDO”
El plazo para interponer un proceso de amparo contra una resolución judicial firme concluye 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido, recordó el Tribunal Constitucional, al declarar infundada la demanda contenida en el Expediente Nº 04067-2010-PA/TC.
El Colegiado precisó que sin entrar al fondo del asunto, desestimó la demanda porque fue interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 44º del Código Procesal Constitucional, pues el Segundo Juzgado de Trabajo de Lima le notificó a la demandante el 23 de abril del 2007 con el “Cúmplase con lo Ejecutoriado”, en tanto que la demanda de amparo fue promovida recién el 26 de julio del 2007.
El Colegiado a efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo del artículo 44º del CPC, señaló también que “cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se acepten articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional”, según se fundamentó en el Expediente Nº 00252-2009-PA/TC.
“Por ello, resulta un despropósito iniciar el cómputo del plazo de prescripción del amparo contra resolución judicial a partir del momento en que se desestima la nulidad interpuesta por la recurrente contra la resolución que ordena el “cúmplase con lo ejecutoriado”, pues ésta constituía una articulación inoficiosa incapaz de producir efectos jurídicos procesales”, señala parte de la sentencia del TC.
http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2011_365.html
Ley Nº29785 LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS U ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169
By GABRIEL G. ZELAYA ROMERO23:56 No hay comentarios:
El recientemente electo presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, a los pocos días de asumir el mandato gubernamental, promulgó la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, en el poblado de Imacita, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, la cual reconoce el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La norma ha sido publicada el día miércoles 07 de Septiembre pasado fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”.
Con esta norma se pretende y aspira a solucionar o mitigar los cientos de conflictos sociales que han agobiado al país en los últimos años, la norma legal recién incorpora en el ordenamiento jurídico interno una norma de carácter internacional como lo es el Convenio Nº169 de la OIT, que como se sabe data desde 1989, es decir, luego de más de dos décadas el Estado peruano tardíamente cumple con esta exigencia aprobada por la Comunidad Internacional y reclamada por los dirigentes comunales.
Sin embargo, no ha quedado plenamente establecido y garantizado en esta ley, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, tal como señala el Convenio Nº169 de la OIT, así mismo que deberá desterrarse toda forma de discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. De otro lado, en la ley peruana no se ha expresado de manera explícita e inequívoca la prohibición del uso de la fuerza o violencia represiva contra estos Pueblos. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el Convenio que se mencionan en el Artículo 3 incisos 1 y 2. VER EL TEXTO COMPLETO DEL CONVENIO 169).
LEY Nº29785
LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA
RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA
Dado en el distrito de Imaza, a los seis días del
mes de septiembre del año dos mil once.
PRECISAN LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA DEL PROCESO DE AMPARO CONTRA AMPARO
By GABRIEL G. ZELAYA ROMERO23:25 No hay comentarios:
El proceso de amparo contra amparo es un régimen procesal de naturaleza excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados requisitos, de conformidad con lo señalado en la sentencia del Expediente Nº 04853-2004-AA/TC. Así lo precisó el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04095-2010-PA/TC que declara infundada la demanda interpuesta por la Municipalidad Distrital de Nepeña en Ancash.
El municipio solicitaba se declare la nulidad de la resolución, que en su contra estimó la demanda de amparo ordenando la inaplicabilidad de una ordenanza municipal y la reposición de los trabajadores demandantes.
El Tribunal precisó que los requisitos para la procedencia del amparo son: a) cuando la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta. Tratándose de contra amparos en materia laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso de amparo.
Asimismo, b) que su habilitación solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; c) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido vulneración del orden constitucional, en particular el artículo 8º de la Constitución.
Además d) que su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) se habilita además, en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional.
El supremo órgano de justicia constitucional indica como otros requisitos que g) resulta pertinente, como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el TC; h) no procede el amparo contra las decisiones emanadas del Tribunal e i) procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas como por ejemplo la de ejecución de sentencia.
En el presente caso, la sala demandada no se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal, como alega la demandante, sino por la inaplicabilidad de dicha norma por ser vulneratoria del derecho a la libertad sindical y la autonomía sindical, además el Tribunal encuentra que la sentencia cuestionada está fundada en derecho, por lo que la demanda fue desestimada.
http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2011_367.html