Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-39105-de-agosto-29-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_ca29eee59a7e011ce0430a010151011c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-17 07:59:19
Document Index: 273316816

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 194', 'artículo 31', 'artículo 470', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 470', 'artículo 460', 'artículo 470']

﻿ Auto 39105 de agosto 29 de 2012
AUTO 39105 DE 29 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:CAMBIO DE FISCAL DENTRO DEL PROCESO PENAL NO AFECTA LAS GARANTIAS DE LAS PARTES. EL CAMBIO DE FISCAL POR OTRO DE IGUAL JERARQUÍA NO AFECTA LAS GARANTÍAS DE LAS PARTES Y, POR ENDE, NO GENERA NULIDAD DE LA ACTUACIÓN, PUESTO QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN FUNCIONA COMO UN SOLO ÓRGANO, CUYA ACTIVIDAD SE EJERCE A TRAVÉS DE LOS FISCALES DELEGADOS Y DE LAS UNIDADES A LAS CUALES PERTENECEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCESO PENAL, FISCAL
Auto 39105 de agosto 29 de 2012
Aprobado Acta Nº 324
La Corte es competente para conocer de este asunto de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, pues la acción penal es ejercida contra exjueces de la República, juzgados en primera instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla.
i) La impugnación propuesta por la defensa de Luis Eduardo Cuello Rojas.
El artículo 194 de la Ley 600 de 2000 impone la obligación de sustentar los recursos propuestos dentro de la actuación procesal, so pena de ser declarados desiertos.
En el evento bajo examen, la defensa del doctor Cuello Rojas incumplió con dicha carga procesal, dado que no entregó ninguna razón en torno a su divergencia con la negativa del tribunal a quo de decretar la nulidad postulada, situación que impide a esta colegiatura confrontar los argumentos expuestos en la decisión confutada con las inexistentes razones del recurrente. Ello por cuanto es el suministro de argumentos orientados a evidenciar las falencias de la decisión impugnada lo que habilita al superior funcional a revisarla.
En ese orden, como la decisión se adoptó en el curso de la audiencia preparatoria y allí mismo se interpusieron las impugnaciones, debían sustentarse en esa diligencia No obstante, la defensa del doctor Cuello Rojas no esbozó ningún argumento sobre la causa de su disenso, razón por la cual la Sala lo declarará desierto.
ii) La impugnación propuesta por la defensa de Mabel Jazmine Escolar Vega.
Sobre la nulidad por el no decreto de la conexidad
La primera problemática planteada en la impugnación impone examinar las siguientes instituciones jurídicas íntimamente relacionadas: el concurso de conductas punibles, la acumulación jurídica de penas y los principios de unidad y conexidad procesal.
El concurso de conductas punibles del artículo 31 del Código Penal comporta la unidad de sujeto(s) activo(s), la unidad o pluralidad de acciones u omisiones con las cuales se infringen varios tipos penales, o varias veces el mismo.
La acumulación jurídica de penas implica que, en las circunstancias definidas en el artículo 470 de la Ley 600 de 2000, cuando los delitos conexos se hubiesen fallado en forma independiente, se aplican las normas que regulan la dosificación de la pena para el concurso de conductas punibles.
El principio de unidad procesal del artículo 89 ibídem impone que por cada hecho punible se adelante una sola actuación procesal, cualquiera sea el número de autores o partícipes y que las conductas delictivas conexas se investiguen y juzguen conjuntamente. Esto último, no sólo por razones prácticas, sino para que se dicte una sola sentencia y se dosifique la pena de acuerdo con las reglas establecidas para el concurso de delitos.
Con todo, la realidad procesal enseña que frecuentemente se investigan y juzgan de forma separada delitos conexos, situación que si bien en algunos casos comporta mayor esfuerzo para la administración de justicia y para las partes, por sí misma no configura irregularidad de carácter sustancial que afecte la estructura del proceso o las garantías del investigado.
Ello por cuanto el citado canon 89 claramente establece que “La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no se afecte las garantías constitucionales”, por manera que sólo cuando se demuestre la vulneración de garantías fundamentales procede la invalidación de la actuación.
La conexidad puede ser sustancial o procesal. La primera comporta una relación o nexo estrecho entre cada una de las conductas delictivas que impone su investigación y juzgamiento conjunto, bien sea porque fueron cometidas dentro de una misma cadena finalística en relación de medio a fin (conexidad sustancial), por ejemplo matar al guardia del banco para hacerse al botín; o dentro de dos cadenas finalísticas diversas, pero vinculadas entre sí, como cuando se comete un delito para asegurar el resultado de otro (conexidad paratática) o para ocultar la comisión de otro hecho criminal (conexidad hipotática)(3).
Vistos los anteriores criterios, la Sala colige que la conexidad existente entre los diversos delitos atribuidos a la doctora Escolar Vega con ocasión de las determinaciones que adoptó en los procesos laborales cuestionados, es de carácter procesal, dado que cada hecho punible es autónomo, sin vínculo temporal y, además, no se cometieron en relación de medio a fin o para asegurar u ocultar otro hecho punible.
Ahora, esbozando razones prácticas la Fiscalía instructora, motu proprio, acumuló dos investigaciones que en forma separada adelantaba en su despacho contra la doctora Escolar Vega. Sin embargo, con posterioridad, la misma funcionaria denegó la petición incoada por la defensa de tramitar conjuntamente las indagaciones seguidas en otros despachos contra la misma procesada, bajo el argumento de que debía agotarse un procedimiento administrativo interno de reasignación de procesos.
Este último argumento carece de sustento por cuanto la decisión de acumular las investigaciones no depende de trámites administrativos al interior de la Fiscalía General de la Nación sino de que concurran las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Obviamente, si la acumulación de procesos conlleva desbalance en la carga laboral de los fiscales, la institución debe adoptar los correctivos necesarios para compensar dicha situación.
Pues bien, a pesar de la equivoca interpretación de la figura de la conexidad procesal efectuada por la Fiscalía instructora, la no acumulación de todas las investigaciones seguidas contra la procesada no comporta la afectación de sus garantías y derechos, por lo siguiente:
Primero, porque el fundamento de la conexidad procesal es de carácter práctico y no sustancial, en tanto se orienta a agilizar la administración de justicia y a racionalizar el esfuerzo investigativo.
Segundo, porque el trámite separado de diversas investigaciones seguidas contra la doctora Escolar Vega no se originó en una arbitraria ruptura de la unidad procesal, como lo sugiere la defensa. Por el contrario, cada actuación penal se inició en épocas diversas, con radicados diferentes, asignados a despachos fiscales distintos, en razón a que surgieron paulatinamente acorde con el avance de la indagación de las irregularidades descubiertas en Foncolpuertos.
Tercero, porque el trámite autónomo de un proceso por cada hecho punible no comporta afectación de garantías procesales, dado que en cada actuación se siguen los parámetros propios del debido proceso y se formula la imputación específica, frente a la cual el procesado puede ejercer el derecho de defensa.
Cuarto, porque de acuerdo al artículo 89 de la Ley 600 de 2000, la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad a menos que se afecten garantías fundamentales y, en el evento de la especie, la defensa no indicó y, menos aún, demostró qué garantía en particular se le conculcó a la doctora Escolar Vega.
De otra parte, como ya se indicó, el artículo 470 de la Ley 600 de 2000 establece que “las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente” (resaltado fuera de texto), preceptiva que evidencia cómo es usual tramitar de forma separada delitos conexos sin que ello comporte afectación radical de las garantías de las partes.
El efecto principal del trámite conjunto de delitos conexos consiste en que si se llega a un fallo de condena, la pena se establece conforme a las reglas del concurso, misma metodología utilizada, por mandato legal, cuando los delitos conexos se fallan separadamente, por manera que ninguna afectación se causa al procesado por este aspecto.
En tal sentido, la jurisprudencia de esta Sala y la de la Corte Constitucional coinciden en señalar que tal garantía procesal se conserva aún cuando se haya ejecutado alguna de las penas impuestas con ocasión de los delitos conexos:
“4.2.5. En conclusión, atendiendo la teleología y la sistemática del instituto de la acumulación jurídica de penas, encuentra la Corte que la expresión “ni penas ya ejecutadas” prevista en el inciso 2º del artículo 460 de la Ley 906 de 2004(4) no puede ser entendida de manera absoluta y referida a todas las hipótesis previstas en el inciso primero de la disposición.
En este orden de ideas, el único ámbito admisible para la aplicación del precepto que excluye la posibilidad de acumulación jurídica respecto de “penas ya ejecutadas” es el de las condenas producidas en procesos independientes, en relación con hechos que no están ligados por ningún vínculo de conexidad (CPP, art. 51)”(5).
En suma, la defensa no especificó las garantías conculcadas a la procesada con la no acumulación de las investigaciones, situación que reafirma la inexistencia de la nulidad postulada, más aún si se considera que la nulidad constituye el remedio extremo para corregir los vicios de estructura o de garantía en que se incurra en desarrollo del proceso. Por tanto, no cualquier irregularidad comporta la invalidación de la actuación penal.
Sobre el cambio de fiscal instructor
Opina el recurrente que la actuación se encuentra viciada de nulidad por cuanto la Fiscalía que profirió la resolución de acusación carecía de competencia para tramitar el proceso, en tanto la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá no estaba facultada para reasignar la investigación, pues ese acto jurídico está reservado para el Fiscal General de la Nación.
Pues bien, tal postura resulta infundada por cuanto desconoce el trasfondo fáctico que originó el cambio de Fiscalía instructora.
En efecto, la modificación se produjo por razones estrictamente administrativas, dada la variación de la planta de personal de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá dispuesta por el Fiscal General mediante Resolución 0-2142 de 17 de diciembre de 2010, en virtud de la cual se trasladaron 16 cargos a diferentes seccionales del país, entre ellos el correspondiente al despacho 20 que venía conociendo de la actuación.
En consideración de tal reforma, mediante Resolución 002549 del 6 de diciembre de 2010(6), la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá redistribuyó los expedientes de las fiscalías 20, 50, 17 y 51, correspondiéndole al despacho 56 la carga laboral del funcionario Nº 20. Por tanto, no se trató de la reasignación de un proceso en particular, sino de la redistribución de todas las investigaciones de un despacho ante una eventualidad administrativa que imponía garantizar la continuidad de las indagaciones.
Además, la tesis del recurrente desconoce la reiterada jurisprudencia de la Sala(7) conforme a la cual, el cambio de fiscal por otro de igual jerarquía no afecta las garantías de las partes y, por ende, no genera nulidad de la actuación, puesto que la Fiscalía General de la Nación funciona como un solo órgano, cuya actividad se ejerce a través de los fiscales delegados y de las unidades a las cuales pertenecen.
En el evento sub judice se remplazó a la Fiscalía 20 por la Fiscalía 56 de la misma Unidad Delegada ante el Tribunal de Bogotá, esto es, por un funcionario de igual categoría, situación que descarta la alteración de la competencia funcional, puesto que el desplazamiento se concretó en el funcionario y no en sus funciones, las cuales continuó ejerciendo el servidor que retomó el conocimiento del proceso.
1. Declarar desierto el recurso de apelación postulado por la defensa de Luis Eduardo Cuello Rojas, por ausencia de motivación.
2. Confirmar la determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla proferida el 16 de mayo de 2012, por cuyo medio denegó la nulidad propuesta por la defensa de Mabel Jazmine Escolar Vega.
(3) La jurisprudencia de la Sala acogió esta clasificación a partir de la sentencia del 4 de junio de 1982, Radicado 26836.
(4) Esta norma es del mismo tenor literal del artículo 470 de la Ley 600 de 2000.
(5) Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional C-1086 del 5 de noviembre de 2008. En igual sentido, las decisiones de esta Sala del 19 de noviembre de 2002, Radicado 7026; 27 de octubre de 2004, Radicado 7026; 9 de mayo de 2010, Radicado 34196; 6 de julio de 2011, Radicado 36067, entre otras.
(6) Cfr. Folio 3 cuaderno de segunda instancia de la Fiscalía.
(7) Cfr. Providencias del 5 de diciembre de 2002, Radicado 19508; 13 de febrero de 2003, Radicado 11480; 19 de octubre de 2005, Radicado 19845; 19 de enero de 2006, Radicado 24181; 7 de septiembre de 2006, Radicado 22447 y 2 de abril de 2008, Radicado 29410, entre otros.