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Timestamp: 2020-02-18 20:02:03
Document Index: 180879668

Matched Legal Cases: ['artículo 218', 'artículo 221', 'artículo 229', 'artículo 271', 'artículo 272', 'artículo 6', 'artículo 1003', 'artículo 992', 'artículo 100', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 221', 'artículo 229', 'artículo 271']

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Gijón, don Francisco Delgado de Miguel, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha.. - Doctrina Administrativa - VLEX 242576
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Gijón, don Francisco Delgado de Miguel, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha..
Fecha de Resolución: 25 de Abril de 2001
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Gijón, don Francisco Delgado de Miguel, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha ciudad número 2, don Enrique Albert Pinole, a inscribir una escritura de liquidación de sociedad conyugal, aceptación y manifestación de herencia en virtud de apelación del señor Registrador.
En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Gijón, don Francisco Delgado de Miguel contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha ciudad número. 2, don Enrique Albert Piñole, a inscribir una escritura de liquidación de sociedad conyugal, aceptación y manifestación de herencia, en virtud de apelación del Sr. Registrador.
Presentada copia de la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de Gijón número 2, fue calificada con la siguiente nota: «Presentada el 14 de octubre pasado la precedente escritura, en unión de los Testamentos y Certificaciones de Defunción y Ultimas Voluntades de los causantes y del Auto de 17 de abril de 1997 del Juzgado de Primera Instancia n°. 6 de Gijón, Menor cuantía 766/95, fue retirada el 24 del mismo mes por advertirse verbalmente de los defectos que se dirán. Vuelta a presentar el 20 de noviembre, se extiende a petición del presentante la siguiente nota de calificación: 1.° No se transcribe ni acompaña el poder que doña Avelina M.J. otorgó a favor de don Francisco M. J. y que, según se dice, utiliza este último para apoderar por vía de sustitución a don José Manuel M. J. 2.° No se acredita la inscripción en el Registro Civil del nombramiento del tutor, como exige el artículo 218 del Código Civil. 3.° La intervención del tutor en la valoración, partición y adjudicación de las herencias vulnera la prohibición legal establecida en el artículo 221.2.° del Código Civil por conflicto de intereses con la tutela, eludible, entre otras posibilidades, mediante el nombramiento del defensor judicial previsto en el artículo 229.1° del mismo Código. 4.° Además el tutor acepta pura y simplemente las herencias, lo que exigiría autorización judicial, por tanto previa, por aplicación del artículo 271.4.° del citado Código. Se estima que el Auto de aprobación judicial posterior ««a los efectos del artículo 272 del Código Civil», esto es, de la partición de las herencias, no entra a contemplar y por tanto no resuelve sobre los anteriores defectos, de los cuales el 3.° y 4.° se consideran insubsanables. Gijón, 18 de diciembre de 1997.-El Registrador. Firmado: Enrique Albert Piñole,
El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: Que en primer lugar en cuanto a los defectos 1.° y 2.° no se acredita su subsanación. Que en lo referente con el defecto 3.°, hay que poner de relieve que se trata de una prohibición legal tajante y radical: se prohíbe al tutor representar al tutelado cuando haya conflicto de intereses entre éste y aquél o incluso entre el tutelado y un tercero a quien representa también el tutor. La prohibición es absoluta, por lo que el acto o negocio que la vulnere será nulo de pleno derecho por aplicación del artículo 6.3° del Código Civil. Que el mejor y más prudente camino para saber si ha lugar al nombramiento de defensor judicial es solicitarlo al Juez e incluso exponerle la duda sobre la necesidad con la que se da pie a que resuelva si procede nombrarlo o no. Si decide que no el Registrador no puede entrar a calificar tal decisión. Que en una partición lo que se adjudica a uno es a costa de no adjudicarlo a otro, luego en principio los intereses siempre se contraponen, como resulta de las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1934 y 30 de noviembre de 1961 y así lo entiende también las Resoluciones de 10 de noviembre de 1910, 27 de enero de 1987, 23 de julio de 1990 y 6 de febrero de 1995. Que también aclara la jurisprudencia casos concretos en que no lo hay; así las Resoluciones de 3 de mayo de 1909 y 27 de enero de 1987 y 6 de febrero de 1995. Que los propios testadores prevén en sendos e idénticos testamentos que, salvo que lo acuerden todos los interesados, la partición sea hecha por los albaceas comisarios que designan, prorrogándoles el plazo y cuya actuación obviaría precisamente el conflicto con el tutor. Que en cuanto a la valoración de la finca la Resolución de 6 de febrero de 1995 reconoce que en el supuesto de que se adjudiquen bienes concretos sí puede producirse la contradicción de intereses como consecuencia de la distinta valoración que se atribuya a cada uno. Que pensar que la valoración consignada en la escritura (valor catastral de 1994), es la más beneficiosa para el incapacitado no deja de ser aventurado. Que se trata de dos herencias y la finca forma parte de las dos y no así el dinero. Una sucesión se produce en 1985 y la otra en 1995 por lo que una porción de finca se adquiere ocho años antes que la otra, de acuerdo con los artículos 989 y 881 del Código Civil que retrotraen los efectos de la aceptación al momento de la muerte de los testadores. No se ve por qué una valoración catastral del año 1994 (siete años después de la adquisición de la porción hereditaria materna y uno antes de la paterna), debe ser definitivamente la más beneficiosa. Que la valoración debe ser real, la que más objetivamente pueda atribuírsele teniendo en cuenta los momentos en que se producen las dos sucesiones, pues así es como la Administración fiscal está obligada a valorarla en sede de la comprobación de valor, según los artículos 22 y 47 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de 8 de noviembre de 1991 y las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo y 26 de mayo de 1989, que obligan a referir el valor de los bienes al momento de su adquisición, esto es la fecha de fallecimiento de los causantes. Que el valor declarado incorrecto puede acarrearle sanciones al incapacitado e incluso un derecho de adquisición por parte de la administración, según los artículos 40 y 41 del citado Reglamento. Que el nombramiento de Defensor judicial no es inútil, es una figura de derecho material con constante aplicación prevista en los artículos 163 y 299 del Código Civil. Que alegar razones de celeridad no parece oportuno cuando se otorga la escritura de partición diez años después del fallecimiento de la primera causante. Que en cuanto al cuarto defecto no está rebatido en el recurso, ni son contradictorios los artículos 271.4.° y 272 del Código Civil, ni, por tanto, la aprobación judicial sana la falta de autorización de la aceptación hereditaria. Una y otra son operaciones distintas y tienen diferentes tratamientos legales. Que la aceptación de la herencia es un acto previo a la división y partición. Que, además, la aceptación pura y simple confiere una responsabilidad ultra vives al heredero, que responde de las deudas del causante con todos sus bienes, según el artículo 1003 del Código Civil. Por eso el legislador siempre ha exigido a este importante acto, que es dispositivo (artículo 992 del Código Civil), la previa autorización, a menos que se acepte a beneficio de inventario. Que en la legislación actual la Ley 1/1996 de 15 de enero, sale al paso de la anterior interpretación doctrinal y modifica los artículos 272 y 992 del Código Civil; pero mantiene la exigencia de previa autorización judicial para aceptar sin beneficio de inventario, pues este acto primero y distinto adquiere ahora más relevancia ya que no se entiende aplicable al beneficio intra vires si falta el permiso judicial previo. Que las alusiones que recurrente hace al artículo 100 del Reglamento Hipotecario son improcedentes. En este punto se citan las Resoluciones de 13 de febrero de 1992 y 5 de julio de 1993 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1984. Que la calificación que hace el Registrador no es de la resolución judicial sino de la circunstancia de que se otorga una escritura notarial sin que se cumplan normas imperativas referentes a actos previos a la partición. Que, por tanto, la norma aplicable es el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y el principio derivado del artículo 9 de la Constitución Española.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias revocó la nota del Registrador fundándose en que la partición fue aprobada por el Juzgado de Primera Instancia, número 6 de Gijón, mediante auto de fecha 17 de abril de 1997, en procedimiento que intervino el Minis terio Fiscal, informando favorablemente para dicha aprobación. Que en relación con los primeros defectos existen aunque pueden subsanarse.
Se presenta a inscripción una escritura de liquidación de sociedad conyugal, aceptación y adjudicaciones de herencias causadas por dos cónyuges, aprobadas judicialmente, en las que se encuentra interesada, como heredera y prelegataria de parte alícuota (tercios de mejora y libre disposición), una incapacitada judicialmente.
La intervención del tutor en la valoración, partición yadjudicación de las herencias vulnera la prohibición legal establecida en el artículo 221.2.° del Código Civil por conflicto de intereses con la tutelada, eludible, entre otras posibilidades, mediante el nombramiento de defensor judicial previsto en el artículo 229.1 del mismo Código.
Además, el tutor acepta pura y simplemente las herencias, lo que exigiría autorización judicial, por tanto previa, por aplicación del artículo 271.4° del citado Código.
Deben distinguirse para la resolución de este recurso dos temas: uno, el relativo a la aceptación simple de herencia por el representante del incapaz. Otro, referente al conjunto de las operaciones particionales realizadas sobre la unidad formada por los dos caudales relictos.
Respecto del segundo aspecto, partición hereditaria, habrá que subdistinguir a su vez entre la debida representación del incapacitado y el cumplimiento de los trámites ordenados por la ley a su representante.
Resolución nº 00/1545/2017 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 26 de Febrero de 2019
Cuestión Vinculante nº V0390-04 de Direccion General de Tributos, 3 de Diciembre de 2004