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Timestamp: 2019-05-22 01:13:41
Document Index: 193041443

Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 60', 'artículo 216', 'artículo 87', 'artículo 216', 'artículo 19', 'artículo 216', 'artículo 277', 'artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 216']

﻿ Sentencia 3850 de enero 24 de 1991
SENTENCIA 3850 DE 24 DE ENERO DE 1991
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO POR CULPA DEL PATRONO. SE PRECISA QUE UN ACCIDENTE DE TRABAJO CON IMPUTACIÓN A LA CULPA DEL PATRONO ES TODO SUCESO IMPREVISTO Y REPENTINO QUE SOBREVENGA POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL TRABAJO Y QUE PRODUZCA AL TRABAJADOR UNA LESIÓN ORGÁNICA O PERTURBACIÓN FUNCIONAL PERMANENTE O PASAJERA, Y QUE NO HAYA SIDO PROVOCADO DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, EMPLEADOR, TRABAJADOR, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR
Sentencia 3850 de enero 24 de 1991
Bogotá, D.E., veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno.
Ref.: Exp. Nº 3850.
Acta número l.
La señora María del Carmen Luna Bolaños, en su propio nombre y en representación de su menor hija Elizabeth Solarte Luna, demandó a la sociedad Ingenio Central Castilla S.A., para que previo el trámite del proceso ordinario laboral de primera instancia fuera condenada a pagar a la demandante la indemnización común u ordinaria por culpa que le atribuye a la demandada en el insuceso que le causó la muerte en accidente de trabajo del señor Segundo Andrés Solarte López. Que en consecuencia ha de resarcir tales daños mediante el pago de las siguientes indemnizaciones:
a) La suma de $ 10.000.000.00, para la cónyuge sobreviviente María del Carmen Luna Bolaños y de $ 6.000.000.00, para la menor Solarte Luna, por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante) la suma que se establezca en el proceso.
Conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira y en sentencia de 26 de mayo de 1987 resolvió:
“1. Condenar a la sociedad 'Ingenio Central. Castilla S.A.' con domicilio principal en Pradera (Valle), representada estatutariamente por el doctor Alfonso Ramírez Salcedo, o quien haga sus veces o por el doctor Francisco Luis Arango Vallejo, constituido como apoderado judicial de la sociedad, de acuerdo a la escritura número 4880 de 19 de agosto de 1981, de la Notaría 2 de Cali, ambos domiciliados en Cali (Valle) a pagar en favor de la cónyuge sobreviviente María del Carmen Luna Bolaños y de la menor hija legítima Elizabeth Solarte Luna, del causante ex trabajador Segundo Andrés Solarte López, a título de indemnización por lucro cesante y daño emergente, por haber incurrido en culpa por omisión determinante de la muerte de dicho ex trabajador, ocurrida el 2 de agosto de 1984, en accidente de trabajo y de conformidad al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, las siguientes cantidades, a saber:
“a) A favor de María del Carmen Luna Bolaños$ 3.727.497.00
“b) A favor de Elizabeth Solarte Luna$ 3.015.087.00
“Total a pagar$ 6.742.584.00
“2. Declarar no probadas las excepciones de mérito o fondo que fueron propuestas con la contestación de la demanda por el procurador judicial de la sociedad demandada, y parcialmente probada la de pago.
“3. Costas a cargo de la parte demandada”.
El apoderado de la parte demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del cual conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y en providencia del día 7 de diciembre de 1989 resolvió:
“1. Modificar la sentencia apelada en el sentido de que la condena a cargo de la sociedad Ingenio Central Castilla S.A., por perjuicios materiales a la señora María del Carmen Luna Bolaños será por la suma de $ 3.133.139.20 moneda corriente, y para la menor Elizabeth Solarte Luna la cantidad de $ 1.093.094.18.
“2. Condenar a la demandada a pagar a cada una de las reclamantes la suma de $ 100.000.00 como indemnización por perjuicios morales”.
Los apoderados de las partes presentaron recurso extraordinario de casación laboral contra la providencia de segunda instancia los cuales, una vez concedidos por el tribunal y admitidos por esta corporación se procede a su estudio conforme a los siguientes alcances de impugnación.
Recurso de la parte demandante: Alcance de la impugnación:
“Pretendo que esa corporación case parcialmente la sentencia, en cuanto por su ordinal 1º redujo a las sumas de $ 3.133.139.20 y $ 1.093.094.18 para madre e hija la indemnización por perjuicios materiales (lucro cesante); y en cuanto por su ordinal 2º fijó la suma de $ 100.000.00 los perjuicios morales subjetivos para cada una de las actoras.
“Y para que en sede de instancia la honorable Corte confirme el ordinal 1º de la parte resolutiva del fallo del juzgado del conocimiento y asigne en forma actualizada la cuantificación en la suma de $ 500.000.00 o superior por los perjuicios morales subjetivos.
“Proveerá además en lo relativo a las costas judiciales”.
“Acuso la sentencia por la causal primera de casación, contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por ser violatoria por vía directa de la ley sustantiva a causa de la interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 1613, 1614, 1615, 2356 del Código Civil, en relación con artículos 413 y 422 ibídem, frente a artículos 145 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887.
“Acepto los fundamentos fácticos deducidos por el honorable tribunal. La sentencia al asumir la liquidación por perjuicios materiales, por lucro cesante, reduce su cuantía respecto de la impuesta en el fallo de primer grado, al tomar como base de tasación para la indemnización consolidada y futura una suma fija por ingresos dejados de percibir por la viuda en $ 14.791.05 mensuales, como multiplicador invariable sobre el período de 64 meses, 5 días, para un total de $ 949.092.37, sin tomar en cuenta por la errada inteligencia de las normas atrás invocadas en el cargo —en especial de los arts. 216 del CST y 1613 y 1614 del C.C.— que como dichos preceptos lo imperan el resarcimiento de perjuicios ha de ser pleno y completo, y no parcial, y ello sólo se obtiene mediante la aplicación de la corrección monetaria que morigera los efectos deteriorantes de la inflación, fenómeno éste del dominio público y que por tal no requiere demostración, y que reiteradamente fue súplica de la demanda. Del mismo modo obró la sentencia respecto de la indemnización consolidada para la menor Elizabeth al tomar, equivalente al 30% de la productividad del causante a ella atribuido en el fallo, la suma fija de $ 8.874.63 mensuales como multiplicador para el mismo lapso de 64 meses, 5 días para un resultado de $ 560.455.42 por dicho rubro.
“Un entendimiento apropiado de las normas cuya violación acuso por vía directa, hubiera llevado al honorable tribunal a incorporar en la cuantificación de las condenas el incremento compensatorio por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda colombiana, entre la fecha de la muerte del causante y la del fallo, para obtener el pago completo de la indemnización por lucro cesante, y no en la forma parcial que resulta de aplicar a su pago una moneda desactualizada.
“Correctivo que se hubiera asegurado mediante la aplicación por recto entendimiento de las normas infringidas de las tablas de liquidación utilizadas por el auxiliar de la justicia (perito) en la primera instancia, cuya experticia acogió el a quo.
“De igual manera y por el defectuoso entendimiento de las dichas normas, se tomó como base para la liquidación de la indemnización futura, en ambos casos de madre e hija, la suma petrificada que se utilizó para la primera etapa consolidada, y no el promedio resultante de la aplicación de la corrección monetaria, según el entendimiento que también le dio el juez a quo en forma acertada al acoger la corrección monetaria que encontró albergue en la experticia del auxiliar en dicha instancia.
“También se aplicaron, con errónea interpretación similar, las dichas normas en la tasación de los perjuicios morales subjetivos en la desactualizada suma de $ 100.000.00 para cada una de las damnificadas, que la demanda apreció en la suma de un millón de pesos o en un mil gramos de oro, más su incremento por actualización, y conforme el arbitriun judicis que a no dudarlo fue el principio de doctrina y jurisprudencia que pretendió acoger el ad quem en esta fijación, pero con ostensible desfase”.
Recurso de la parte demandada: Alcance de la impugnación:
“Pretendo con los cargos formulados que esa corporación case totalmente la providencia gravada antes identificada, en cuanto, al modificar la de primer grado, condenó a mi representada a pagar perjuicios materiales a la señora María del Carmen Luna Bolaños, por la suma de $ 3.133.139.20 y para la menor Elizabeth Solarte Luna, la cantidad de $ 1.093.094.18, y perjuicios morales por la suma de $ 100.000.00; para que en su lugar, y en sede de instancia, revoque las condenas de los numerales primero, tercero del fallo del a quo, así como la declaración del numeral segundo del mismo, y en su lugar, absuelva a mi procurada de todas las pretensiones formuladas en su contra por parte de la demandante.
“Casación:
“Con fundamento en la causal primera de casación laboral artículo 87 del Código Procesal Laboral, 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964 y 7º de la Ley 16 de 1969 formulo la siguiente acusación:
“Primer cargo: La sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebida los artículos 216, 204 literal e), apartado 2, 55, 56 y 57 todos del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 63, 64, 1494, 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 2341, 2347, 2356 y 2357 del Código Civil; 1º de la Ley 95 de 1890; 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral, como consecuencia de los errores ostensibles de hecho en que incurrió el sentenciador, en la forma como pasa a explicarse.
“El tribunal apreció erróneamente el documento de folio 7, fotocopia autenticada del informe patronal de accidente de trabajo del Instituto de Seguros Sociales Seccional del Valle, el que menciona expresamente en el fallo, visible también a folio 22 en copia al carbón; y no apreció los siguientes documentos auténticos: a) Informe del auxiliar de seguridad industrial de la empresa Central Castilla S.A., visible a folios 23 a 27 del expediente; b) Circular de recomendaciones sobre riesgos del Instituto de Seguros Sociales en fotocopia autenticada que obra a folios 33 a 41 y su anexo gráfico de folios 42 y 43; e) Fotocopia autenticada de la Resolución número 367 DJ de 1982 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de abril 28 por medio de la cual se aprobó el reglamento de higiene y seguridad de la empresa Ingenio Central Castilla de Pradera Valle visible a folio 45 y de la fotocopia autenticada del reglamento de higiene y seguridad industrial mencionado a folios 46 a 57; d) 'Informe del Instituto de Medicina Legal de Cali Necropsias', contentivo del acta de levantamiento que obra a folios 92 y 93 del informativo; e) Documento reconocido por el firmante visible a folio 30 según diligencia de reconocimiento de folio 149 contentivo del dicho de Héctor Alberto Lemus sobre el accidente de trabajo plasmado en tal documento de folio 30. Igualmente el tribunal dejó de apreciar el testimonio de Luis Alfonso Chara y el reconocimiento de su firma en el documento de folio 29 de su declaración extraproceso de carácter interno; lo mismo que omitió estimar la declaración y el reconocimiento de los documentos de folios 23, 24, 25, 26 y 27 del expediente de Bernardo Hernández Gaitán (fls. 141-142) y el reconocimiento del documento de folio 30 de Héctor Alberto Lemus (fl. 149) así como el testimonio de Gerardo Porras Gutiérrez (fls. 162-163) todo lo cual integra un complejo o acervo de pruebas interrelacionadas que ha debido ser apreciado por el juzgador ad quem.
“Finalmente el tribunal apreció erróneamente los testimonios de Alberto Obeso (fl. 135), Luis Adán Escudero (fl. 97) y Héctor Méndez (fl. 98 vto.), limitándose a hacer transcripciones de algunos pasajes de dichas declaraciones.
“Lo anterior, en la forma precedentemente indicada, condujo al sentenciador de segunda instancia a incurrir en los siguientes errores de hecho:
“a) Dar por probado sin estarlo, que la demandada empleadora sometía a los estibadores a la tarea de arrumar bultos a alturas tan considerables que el día del accidente ya iba en 10 metros;
“b) Dar por demostrado sin estarlo, que existió culpa patronal en la ocurrencia del accidente que le costó la vida al demandante Segundo Andrés Solarte López;
“c) Dar por probado sin estarlo, que la demandada Ingenio Central Castilla no obró con la debida diligencia, prudencia y cuidado a que estaba obligada por omisión en las respectivas medidas de seguridad.
“En efecto, el sentenciador de segundo grado no apreció correctamente el informe patronal del Instituto de Seguros Sociales de folios 7, 22 y 148 de informativo porque en él, se registra que el accidente se debió a 'mala coordinación de movimientos al recibir el bulto y que al recibir del elevador el bulto el trabajador se resbaló y cayó al suelo'; no podía concluir entonces, el tribunal, que la empresa demandada 'sometía a los estibadores a la tarea de arrumar bultos a alturas tan considerables ...'; y si hubiera apreciado el documento de folios 23 a 25 con su gráfico anexo sobre 'evaluación de observancia de las medidas de seguridad y protección, inherentes al oficio y a las condiciones de trabajo' en donde se hizo constar lo siguiente: 'Existencia de la escoba para limpiar el área de recorrido de los trabajadores en la estiba', 'Dotación. El calzado utilizado para la ejecución de este oficio, es tenis, el cual es suministrado por la empresa' además que no se trataba de un trabajador con inexperiencia en dichos trabajos como el que le ocasionó su deceso, que en cuanto a su estado de salud en el momento de infortunio dicho trabajador no padecía mareos, vértigos, ni ataques, etc., y que de acuerdo con la estadística de este tipo de accidentes en la empresa demandada es el único que ha ocurrido en la ya larga existencia de la misma, el sentenciador hubiera concluido, como era de rigor, que no existió imprevisión en la empleadora, ni falta de diligencia, prudencia y cuidado en evitar esta clase de accidentes. De otra parte, al ignorar el ad quem la existencia del reglamento de higiene y seguridad industrial de la empresa demandada visible a folios 46 a 57 del expediente, incurrió en error ostensible, al deducir falta de previsión, negligencia y culpa en la empresa por la ocurrencia del accidente a Solarte López. Probado el error de hecho respecto de las pruebas calificadas se aprecia que esta inferencia está corroborada por la prueba testimonial recaudada. En efecto, los testimonios de Luis Adán Escudero Pardo (fls. 97-98) quien también prestó servicios de estibador a la empresa y dijo en su testimonio que no era posible que ellos (los estibadores) trabajaran amarrados pues era necesaria la rotación y así no se podía; además dijo que Solarte López se enredó y pudo haber sido con un mismo bulto, que él lo vio cuando se enredó y perdió el equilibrio por tanto se desvió y fue cuando se cayó; afirmó también que el trabajador accidentado no tenía cinturón pues ellos en ese trabajo no pueden estar amarrados porque el estibador tiene que permanecer en rotación; también este declarante afirmó que Solarte López tenía en el momento del accidente zapatos tenis que son los que ellos, los estibadores, usan para su trabajo en esa empresa y que el citado trabajador Solarte no sufría de mareos ni ataques, que cuando se cayó él iba corriendo y debía haber regresado caminando pues por eso se enredó pues el cuerpo era muy gordo y lo dominaba; agregó que nunca se había presentado ese tipo de accidentes y que a ellos, a los estibadores, les impartieron instrucciones acerca del comportamiento que tenía que tener sobre el manejo de la carga en su labor de estibador.
“Otro testigo Héctor Méndez (fls. 98 vto. y 99 vto.) coincidió con el anterior declarante en cuanto la imposibilidad de trabajar amarrados los estibadores, así como en cuanto al uso de los tenis, que Solarte López no se hallaba enfermo en esos días y que no padecía ni de mareos ni ataques, así como que se empleaba la escoba permanentemente para barrer el azúcar y evitar así los resbalones.
“También el testigo Luis Alfonso Chara, como Luis Adán Escudero, suscribió y reconoció el documento de folio 29, como documento que dio cuenta del infortunio sufrido por Segundo Andrés Solarte López, en declaración interna que también suscribió Héctor Alberto Lemus (fl. 149) y que no contradijo en nada lo dicho por los otros firmantes y testigos mencionados anteriormente, pero que el tribunal tampoco estimó como prueba.
“Esto también se predica de la declaración de Bernardo Hernández Gaitán (fls. 141-142 vto.) quien también reconoció los documentos que obran a folios 23, 24, 25, 26 y 27 y es el autor de la investigación sobre el accidente dentro de la empresa así como el encargado de hacer las recomendaciones sobre seguridad para evitar que se presenten accidentes. Dijo que se constató que Segundo Andrés Solarte López llevaba en el momento del accidente puesto los zapatos tenis que se utilizan para esas labores con el fin de evitar resbalones y caídas. Agregó el testigo que se pudo constatar en la historia clínica que hay en el dispensario del Seguro que funciona dentro de las instalaciones de la empresa y con la enfermera, que el señor Solarte no sufría de ninguno de estos síntomas que le hubiere provocado la caída de la estiba; se estaba refiriendo a mareos o a ataques. Este declarante en su testimonio hizo la siguiente narración al ser preguntado sobre precauciones para prever accidentes en la empresa demandada así: 'Las normas que están establecidas por la empresa para esta clase de trabajo son las siguientes: Se debe mantener siempre el área de trabajo en la estiba limpia de azúcar que se riega se debe colocar siempre los bultos de azúcar de adentro hacia afuera cuando se estén haciendo los ruedos de la estiba. Eso es obligatorio de uso los zapatos tenis. El elevador debe entrar como mínimo metro y medio dentro de la estiba. La empresa no tenía aclaro no tiene norma dispuesta para colocar colchones o redes alrededor de la estiba, ni barandales'. Concluye este declarante diciendo que el trabajador Solarte 'tuvo una mala concentración y coordinación de movimientos. A ir a recibir el bulto, lo que le causó el tropezón'.
“Ahora bien: Como el tribunal en la sentencia que se acusa, exenta de todo análisis probatorio se limitó a citar los nombres de Alberto Obeso, Luis Escudero y Alberto Lemus y a transcribir apartes de sus declaraciones así: Alberto Obeso (fl. 135 dice que fue compañero de Segundo Andrés Solarte durante cinco años y medio en el cargo de estibador y sobre el accidente expresa: 'Yo salí con un bulto y cuando voltié vi que iba para el vacío, yo no hice sino gritar, no me quise asomar porque no fuí capaz... Habíamos seis con el punteador ese día. Héctor Méndez, Alfonso Chara, Luis Escudero, José Alberto Obeso, el finado Solarte, Alberto Lemus'. Al preguntársele cuál fue la causa de la caída de Segundo Andrés dice: 'No sé si fue que se tropezó o se enredó... Faltaban cinco para la una de la mañana. La jornada íbamos a completar cuatro horas, habíamos entrado a las nueve de la noche'. Luis Adán Escudero (fl. 97) declara: 'Yo me di cuenta cuando él se cayó de una ruma. Él venía para el elevador a recibir un bulto y en esas él se enredó, dio un traspié perdió el equilibrio y se salió de la ruma, no llegó a donde tenía que ir... Él se cayó al suelo... Yo estaba allí mismo en el arrume recibiendo miel. Yo iba atrás de él recibiendo los bultos de el elevador... Él venía corriendo y por ahí en más o menos en la mitad de la plancha se enredó puede haber sido con un mismo bulto. Yo no vi cuando él se enredó y perdió el equilibrio, no llegó donde tenía que llegar el elevador, entonces se desvió y ahí fue donde se cayó... como uno no ve el bulto uno anda ligero para que no se le caiga al suelo'. Héctor Méndez (fl. 98 vto.) dice: 'Yo me bajé de la plancha a las doce de la noche, yo estaba puntiando abajo. Es decir poner los bultos en el elevador, cuando oí que gritó y cuando mire iba en el aire, yo corrí donde él y lo llamé y no me contestó. Yo corrí hacia la portería de la fábrica a avisar que se había caído uno para que mandaran la ambulancia. Entonces cuando volví otra vez a la bodega había reaccionado y había vuelto en sí. Lo sacamos en camilla para la portería mientras que llegaba la ambulancia y de ahí lo llevaron para Cali. Yo fui con él cuando llegamos al Seguro en Cali lo pasamos a otra camilla del Seguro, entonces cuando lo pasamos a la camilla yo vi que se estiró y entre mí me dije se murió. El doctor me dijo que me fuera para afuera, y cuando salió la enfermera me dijo que se había muerto'. Como puede observarse, no aparece aquí examen crítico alguno de los testimonios que mencionó el tribunal, y de ello no puede inferirse, como lo hizo el ad quem, culpa. En estas circunstancias, el ad quem incurrió en el error evidente de hecho que lo condujo a dar por probada culpa de la empresa demandada sin estar demostrada ésta como bien lo exige la jurisprudencia, por tanto la conclusión del sentenciador de segunda instancia expresada en los siguientes términos: 'En el evento sub lite está demostrado que el Ingenio Central Castilla sometía a los estibadores a la tarea de arrumar bultos a alturas tan considerables, que el día del accidente ya iba en 10 metros y toda la seguridad que les proporcionaba era unos zapatos tenis y una escoba para barrer el azúcar y evitar resbalarse. No existía como lo dicen los testigos ninguna barrera de seguridad, valla, correas, barandales porque según parece ello no era posible ya que impediría el movimiento de los obreros. Esos después del accidente idearon colocar unos bultos en la orilla del elevador para protegerse un poco. Consideramos que nada de eso garantiza seguridad y que si la empresa se encuentra imposibilitada para colocar un medio control para evitar la caída al vacío de un trabajador con las consecuencias fatales que son de esperarse, no tiene porqué emplear hombres para esas labores y menos ordenar arrumes de esas proporciones ...' y termina su conclusión el sentenciador así: 'En términos generales se estima que hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de sus actos habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto confió imprudentemente en poder evitarlos'.
“Y después de transcribir el concepto del profesor Arturo Valencia Zea termina el tribunal su considerando en estos términos: 'El Ingenio Central Castilla podía prever fácilmente los daños que podían ocasionarse con esa labor peligrosa de los estibadores y como no los previó, o por lo menos no tomó las precauciones necesarias para evitar el siniestro pues los zapatos tenis y la escoba no son suficientes para ello, debemos concluir que no cumplió con la debida diligencia, prudencia y cuidado a que estaba obligada y por tanto incurrió en culpa que puede presentarse por omisión de las medidas de seguridad respectivas, o por la abstención en ejecutar actos indispensables para la seguridad de las personas o de las cosas'.
“Consecuencialmente debe responder por los daños materiales y morales causados. Los primeros son aquellos que afectan el patrimonio económico, y se traducen en daño emergente y lucro cesante.
“En síntesis, de acuerdo con las transcripciones que se han hecho de la sentencia acusada, al no hallarse probada la culpa patronal las conclusiones y decisiones consecuenciales condenatorias fueron el producto de un enjuiciamiento carente de pruebas por lo cual incurrió en los evidentes errores de hecho que se anotan en el cargo; y a su vez, el tribunal violó la ley sustancial del trabajo, en relación con normas del derecho común, como se indica en el enunciado de la acusación, lo que lo condujo a aplicarlas a casos no regulados por ella, lo que ha de producir la casación de la sentencia impugnada conforme a los términos del alcance de la impugnación.
“Segundo cargo: Violación por vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 15, 57, 19, 199, 204 literal e) del Código Sustantivo del Trabajo; 63, 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 2341, 2343, 2347, 2356 y 2357 del Código Civil Colombiano, 20, 32, 60, 61, 78 y 145 del Código Procesal Laboral, a consecuencia de ostensibles errores de hecho en que incurrió el tribunal, en perjuicio de mi representada, y con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia enjuiciada.
“Errores de hecho manifiestos:
“El tribunal incurrió en los errores de hecho manifiestos que se denuncian a continuación:
“a) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada propuso la excepción de cosa juzgada;
“b) No dar por demostrado, estándolo, que entre las partes se celebró una conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada.
“Como se puede observar fácilmente, al contestar la demanda mi procurada propuso la excepción de cosa juzgada. Así mismo, a folios 5, 31 y 96 aparece, debidamente autenticado, el documento entre las partes, en el cual se lee que la parte demandante declara a paz y salvo a la demandada por concepto de '...indemnizaciones...' y consta también que el referido acuerdo conciliatorio fue aprobado por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, haciéndole producir efectos de cosa juzgada.
“Es evidente que este documento de conciliación no fue apreciado por el sentenciador puesto que no se refiere para nada a él en su fallo.
“Debe resaltarse que no sólo se propuso la excepción pertinente al contestar la demanda, sino que además, la parte que represento al sustentar la apelación insistió en ello.
“Si el tribunal hubiese apreciado el acta de conciliación, inexorablemente habría colegido que estaba acreditada la excepción propuesta por la demandada, que enervaba cualquier derecho indemnizatorio en favor de la parte demandante, y por tanto, no habría aplicado indebidamente las disposiciones en que se apoyó para condenar a la demandada por los conceptos ya conciliados.
“En consecuencia, al haberse demostrado el error fáctico protuberante en que incurrió el tribunal, solicito respetuosamente se acceda a lo impetrado en el alcance de la impugnación.
“Tercer cargo: La sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 199, 57, 19, 204 literal e) del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 63, 1604, 2341, 2347, 2356, 2357, 1613 y 1614 del Código Civil, 20, 32, 60, 145 y 78 del Decreto 2158 de 1948 Código Procesal del Trabajo, todo a consecuencia de error de hecho en que incurrió el ad quem como se pasa a explicar.
“En efecto, el tribunal ignoró la existencia del acta de conciliación que obra a folios 5, 31 y 96 del expediente a pesar de haberse propuesto la excepción de cosa juzgada al contestar la demanda, y de haberse debatido durante el proceso este aspecto, pues no mencionó para nada el sentenciador de segundo grado la existencia del aludido documento, que fue levantado ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali. De otra parte hizo caso omiso de mencionar siquiera a simple vía ilustrativa los planteamientos que el apoderado de la parte demandada hizo en relación con la conciliación en referencia cuando sustentó el recurso de apelación contra la sentencia del juez a quo.
“Entonces se tiene que la falta de apreciación del documento de folios 5, 31 y 96 contentivo del acta de conciliación en cuyo texto se lee en lo pertinente la expresión de la demandante cuando dijo: ' ...con los valores arriba enunciados declaro a la empresa a paz y salvo por todo concepto de salarios, prestaciones, intereses a la cesantía, recargos de horas extras nocturnas o diurnas, dominicales o festivos, indemnizaciones, derechos ciertos o inciertos, etc., sin dejar reserva de reclamo posterior por ningún valor a ningún título por causa de la existencia y terminación del contrato de trabajo por haber fallecido al servicio de la empresa y aclarando que, si con posterioridad a este acto aparecieren nuevos beneficiarios con iguales derechos, con la suma que recibo me hago cargo sin que la empresa tenga responsabilidad alguna...' (subrayado del recurrente).
“He aquí el error de hecho ostensible y protuberante en que incurrió el tribunal, al fulminar condena de indemnización por culpa de la demandada ignorando la existencia del documento contentivo de la conciliación levantada ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, y que de su simple lectura y sin el menor esfuerzo mental, se infiere que hizo tránsito a cosa juzgada, conforme a los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, razón suficiente para que tanto el sentenciador de primer grado como el ad quem hubieran dado por probada la excepción de cosa juzgada y consecuencialmente haber absuelto a la sociedad demandada de todas y cada una de las súplicas de la demanda, pues ya se sabe por la doctrina y la jurisprudencia que el sentenciador de segunda instancia al desconocer el valor probatorio del acta de conciliación de folios 5, 31 y 96 infringió los artículos 20 y 78 del Decreto 2158 de 1948 (CPL) por el desconocimiento de una prueba ad sustantiam actus, ya que ha sido reiterada la jurisprudencia en el sentido de considerar que si el acta correspondiente de conciliación no es apreciada por el sentenciador se incurre en error de hecho, pues solamente con aquella acta contentiva de la conciliación adelantada con las especificaciones determinadas por esos preceptos abjetivos(sic) de estricto cumplimiento, puede demostrarse ese acto jurídico; es decir que las formalidades preceptuadas por los artículos citados, conducen no solamente a la validez de la conciliación sino a su forma de demostrarla, y la ley no autoriza ningún otro medio probatorio para esos efectos (Sentencia de febrero 1º de 1974). Es decir que en el caso sub examine el tribunal dejó de apreciar una prueba solemne siendo el caso de hacerlo, error que resultó evidente frente a la letra, el contenido y el alcance del acta de conciliación, pues si el sentenciador hubiese apreciado la prueba en cuestión necesariamente habría llegado a concluir que por haberse conciliado lo atinente a 'indemnizaciones', por los efectos de la cosa juzgada que conlleva ese acto, se imponía declarar probada la excepción pertinente y, consecuencialmente, absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda ya que ipso jure quedaron cobijados todos los conceptos indemnizatorios y prestacionales derivados directa e indirectamente de la relación individual de trabajo con el señor Segundo Andrés Solarte López.
“El error ostensible de derecho anotado y explicado anteriormente condujo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, a la aplicación indebida por vía indirecta, del precepto sustancial contenido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con las normas sustanciales que integran la proposición jurídica en la forma expresada al formular la acusación. Por tanto, se justifica la aspiración de este recurso extraordinario manifestada en el alcance de la impugnación”.
Recurso de casación de la demandada recurrente: Primer cargo:
La censura contra la sentencia de segunda instancia se dirige por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida. Sin embargo, observa la Sala que la proposición jurídica relacionada para el ataque invoca disposiciones sustantivas de naturaleza civil, en cuanto que el Código Sustantivo del Trabajo no regula íntegramente lo relativo a la indemnización total o plena de perjuicios con ocasión de la culpa imputable al patrono en el accidente de trabajo. En virtud de lo anterior, se echa de menos para efectos de integrar la proposición jurídica el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, relativo a las normas de aplicación supletoria cuando no hay norma exactamente aplicable al caso controvertido, así acontece con la responsabilidad extracontractual y los efectos de las obligaciones, como lo sostuvo esta misma sección en el juicio de Mariela Arias Orozco contra la Wackenhut de Colombia S. A., expediente número 3995.
No obstante lo anterior, el insuceso que dio lugar a la condena de segunda instancia tuvo como causa un accidente de trabajo con imputación a la culpa del patrono. Para lo cual, la legislación laboral prevé como tal, “todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima” (art. 199 del CST).
El artículo 216 del mismo Código, relativo a la culpa del patrono en el infortunio, preceptúa: “Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios...”.
La sentencia acusada, al condenar a la empresa demandada a la indemnización común u ordinaria por la culpa en el acaecimiento del insuceso, se basó en el informe patronal sobre accidentes de trabajo al Instituto de Seguros Sociales, que obra a folios 7, 22 y 151 del cuaderno principal, la partida de defunción que obra a folio 10 del mismo y las declaraciones de los testigos Alberto Obeso (fl. 135), Luis Adán Escudero (fl. 97) y Héctor Méndez (fl. 98).
En efecto, la primera prueba sirvió al juzgador ad quem para arribar a la conclusión que el accidente ocurrió “cuando se encontraba —el trabajador— arrumando azúcar en estiba a una altura de 10 metros, y al ir a recibir el bulto del elevador se resbaló en el piso cayéndose al suelo causándose traumatismos múltiples en todo el cuerpo”. Documento que desvirtúa el error de apreciación número uno que la censura le atribuye a la sentencia.
Con la partida de defunción se estableció que la causa principal del fallecimiento del actor fue el traumatismo múltiple (fl. 10). Situación que no es controvertida por la demandada.
En cuanto hace a las pruebas que la recurrente alega como erradamente apreciadas o dejadas de estimar, se procede a su examen con el fin de saber si se han demostrado los yerros en que se fundamenta el ataque:
El informe del auxiliar de seguridad industrial de la empresa Central Castilla S.A., señor Bernardo Hernández Gaitán (fls. 23 a 27), dicha pieza documental da cuenta de las circunstancias en que ocurrió el accidente cuando se encontraba el trabajador accidentado “arrumando bultos a una altura aproximada de unos 10 metros...” cuando “tropezó con una parte sobresaliente de un bulto de azúcar, perdiendo el equilibrio del cuerpo yéndose hacia adelante sin poder controlarlo, cayendo al primer piso desde una altura aproximada de unos 10 metros, causándose traumatismos múltiples que posteriormente le causaron la muerte”.
El aludido documento señala como “evaluación de observancia de las medidas de seguridad y protección, inherentes al oficio y a las condiciones de trabajo la existencia de la escoba para limpiar el área de recorrido de los trabajadores en la estiba” y la dotación, “el calzado utilizado para la ejecución de este oficio, es tenis, el cual es suministrado por la empresa”.
La circular de recomendaciones sobre riesgos del Instituto de Seguros Sociales y su anexo gráfico (fls. 33 a 41 y 42 a 43), muestran que el Instituto de Seguros Sociales realizó una visita a las instalaciones de la empresa con anterioridad a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo en que perdió la vida el señor Solarte, y en comunicación dirigida al Ingenio Central Castilla, el 2 de abril de 1979, transcribe y advierte “nuevamente las recomendaciones que aún no han sido cumplidas, complementándolas con medidas tendientes a controlar otros riesgos observados”, siendo indispensable mencionar la recomendación número seis (6) “todas las escaleras verticales cuya altura sea mayor a dos y medio metros (2.50 mts.) deben estar protegidas con canastillas o anillos de seguridad, para evitar caída desde alturas al personal que las utiliza”.
La fotocopia autenticada de la Resolución número 367 DJ de 1982, es prueba de que en la empresa demandada existe un reglamento de higiene y seguridad industrial, pero en sí mismo no constituye prueba material de las medidas de seguridad industrial que se toman en la empresa.
El informe del Instituto de Medicina Legal de Cali, necropsias, que contiene el acta de levantamiento que obra a folios (92 y 93) del informativo, documento que contiene el diagnóstico final y la causa de la muerte del accidentado.
En relación con los documentos de folios 23 a 27, 29 y 30, reconocidos por sus signatarios señores Bernardo Hernández Gaitán folios 141 y 142, Luis Alfonso Chara folio 135 y Héctor Alberto Lemus folio 149, como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades esta corporación se tratan de documentos privados que son simplemente declarativos emanados de terceros y ratificados en el proceso, tienen por lo tanto el valor que la ley le asigna a la prueba testimonial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 277, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil.
Y como, de los medios probatorios que prestan mérito en el curso no surgen los yerros atribuidos, las declaraciones de los testigos Alberto Obeso (fl. 135), Luis Adán Escudero (fl. 98), Héctor Méndez (fl. 98 vto.) Bernardo Hernández Gaitán, Luis Alfonso Chara y Héctor Lemus, por expresa prohibición del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no prestan mérito para invalidar la sentencia, anotando que los tres primeros sirvieron de sustento fáctico de la misma y los siguientes son indicados por la censura.
Sin lugar a dudas, lo que se echa de menos como evidente es la prueba de la diligencia o cuidado de quien ha debido emplearlo, pues el trabajo realizado sobre bultos de azúcar a una altura de 10 metros, requiere de medidas de prevención adecuadas a las circunstancias de modo y lugar en que se efectúa la labor, en las cuales la utilización de zapatos tenis y una escoba, resultan insuficientes para contener el riesgo creado y que resultó rebasado por el infortunio.
Dichos elementos, no constituyen medidas de seguridad y protección sino dotaciones de labor que no agotan las obligaciones de seguridad a cargo del patrono y que como en el caso sub examine resultaron superados por el riesgo potencial que le ocasionó la muerte al trabajador debido a traumatismo múltiple al caer de una distancia considerable y golpearse aparatosamente contra el suelo.
Obviamente que los instrumentos como las dotaciones deben ser adecuados a la labor, pero las medidas de seguridad exigen además adoptar otras complementarias dirigidas a disminuir el riesgo.
Así lo sostuvo el tribunal, al valorar las declaraciones de los testigos citados y el conjunto de medios probatorios que le sirvieron de soporte fáctico para decidir en segunda instancia. Y por eso con mucha razón se expresó así:
“...No existía como lo dicen los testigos ninguna barrera de seguridad, valla, correas, barandales porque según parece ello no era posible ya que impediría el movimiento de los obreros. Estos después del accidente idearon colocar unos bultos en la orilla del elevador para protegerse un poco”.
“El Ingenio Central Castilla podía prever fácilmente los daños que podían ocasionarse con esa labor peligrosa de los estibadores y como no los previó, o por lo menos no tomó las precauciones necesarias para evitar el siniestro —pues los zapatos tenis y la escoba no son suficientes para ello— debemos concluir que no cumplió con la debida diligencia, prudencia y cuidado a que estaba obligada y por tanto incurrió en culpa que puede presentarse por omisión de las medidas de seguridad respectivas, o por la abstención en ejecutar actos indispensables para la seguridad de las personas o de las cosas”.
En virtud de lo anterior, los yerros atribuidos por la censura no revisten carácter de evidencia, y por el contrario, las pruebas que ameritan el recurso y sobre las cuales la censura apoya el ataque, antes que desvirtuar el fallo acusado lo respalda.
Con fundamento en lo anterior resulta forzoso concluir que el cargo no tiene prosperidad.
Este cargo, tal como se observa en la transcripción, lo dirige el recurrente por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida de las disposiciones sustanciales de naturaleza laboral y civil relacionadas, así como de las adjetivas con las cuales integra la proposición jurídica que estima infringió el fallo acusado.
Como se puede apreciar, los yerros que el recurrente le atribuye a la sentencia tienen sustento en el carácter de cosa juzgada que le otorga a la conciliación entre las partes, cuya prueba que obra a folios 5, 31 y 96 la estima como no apreciada por el ad quem, y con la cual no dio por establecida la excepción de cosa juzgada.
El acta de conciliación, suscrita por las partes ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, el día 19 de noviembre de 1984, menciona:
“La empresa hizo las publicaciones de ley habiendo reconocido como beneficiaria a la señora María del Carmen Luna Bolaños en representación de su hija menor de edad Elizabeth Solarte Luna. Último salario promedio de $ 809.36 moneda corriente. En razón a lo anterior la empresa en este acto liquida y paga el valor de las prestaciones sociales a que tenía derecho el ex trabajador en la siguiente forma: Cesantía por un total de $ 492.494.85 moneda corriente menos anticipos de cesantía debidamente autorizados por el Ministerio del Trabajo por $ 344.480.00 moneda corriente, para un neto por concepto de cesantía de $ 148.014.85 moneda corriente, intereses de cesantía $10.459.70 moneda corriente, auxilio por muerte por convención $ 16.500.00 moneda corriente, todo para un neto a recibir en este acto de $ 174.974.55 moneda corriente que recibo en cheque número 0278532 del Banco Colombo Americano a mi favor. Con los valores arriba enunciados declaro a la empresa a paz y salvo por todo concepto de salarios, prestaciones, intereses a la cesantía 'recargos de horas extras nocturnas o diurnas, dominicales o festivos' indemnizaciones, derechos ciertos o inciertos, etc.”.
El artículo 20 del estatuto procesal del trabajo, tiene prevista la conciliación antes del juicio “a cerca de los hechos que originen la diferencia, para determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos...”.
“Si no hubiere acuerdo, o si éste fuere parcial, se dejarán a salvo los derechos del interesado para promover demanda”.
Sus efectos que se precisan en el acto de dicha diligencia, no pueden entenderse como la renuncia de claros derechos o prerrogativas del trabajador y así lo dispone el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco es exacto darle el carácter de cosa juzgada a aquellos derechos que no fueron objeto de conciliación entre las partes, por lo que solamente cabe predicarse de los que sí lo fueron en forma expresa y concreta, situación que no se da en el acta mencionada.
En razón de lo anterior la causa petendi de la demanda, que es la indemnización plena de perjuicios originada en un accidente de trabajo con imputación a culpa del patrono, no quedaron cubiertos por los derechos que fueron objeto de arreglo amigable entre las partes, lo que imposibilita la prosperidad del cargo.
De otra parte las manifestaciones generales e inaprensibles sobre derechos objeto de conciliación entre las partes, contrarían la función social de dicho instituto haciendo imposible determinar con precisión, como lo exige la norma, cuáles fueron los alcances del acto previo a un juicio para efectos de establecer lo que ha sido materia de cosa juzgada.
Por los motivos anteriores el cargo no se recibe.
Observa la Sala que este cargo se encuentra propuesto por la vía indirecta en el concepto de adjudicación indebida de disposiciones normativas con las cuales integra la proposición jurídica, como consecuencia del error de hecho en que incurrió.
Inicialmente en la demostración del cargo, la censura alega error de hecho por cuanto “el tribunal ignoró la existencia del acta de conciliación que obra a folios 5, 31 y 96 del expediente a pesar de haberse propuesto la excepción de cosa juzgada al contestar la demanda, y de haberse debatido durante el proceso este aspecto, pues no mencionó para nada el sentenciador de segundo grado la existencia del aludido documento, que fue levantado ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali. De otra parte hizo caso omiso de mencionar siquiera a simple vía ilustrativa los planteamientos que el apoderado de la parte demandada hizo en relación con la conciliación en referencia cuando sustentó el recurso de apelación contra la sentencia del juez a quo”.
Pero más adelante el mismo recurrente afirma “que el sentenciador de segunda instancia al desconocer el valor probatorio del acta de conciliación de folios 5, 31 y 96 infringió los artículos 20 y 78 del Decreto 2158 de 1948 (CPL), por el desconocimiento de una prueba ad sustantiam actus, ya que ha sido reiterada la jurisprudencia en el sentido de considerar que si el acta correspondiente de conciliación no es apreciada por el sentenciador se incurre en error de hecho (sic), pues solamente con aquella acta contentiva de la conciliación adelantada con las especificaciones determinadas por esos preceptos adjetivos de estricto cumplimiento, puede demostrarse ese acto jurídico; es decir que las formalidades preceptuadas por los artículos citados, conducen no solamente a la validez de la conciliación sino a su forma de demostrarla, y la ley no autoriza ningún otro medio probatorio para esos efectos (Sentencia de febrero 1º de 1974). Es decir que en el caso sub examine el tribunal dejó de apreciar una prueba solemne siendo el caso de hacerlo, error que resultó evidente frente a la letra, el contenido y el alcance del acta de conciliación”.
Y si hubiera aún lugar a dudas sobre la antinomia que surge de atribuir al mismo tiempo error de hecho y de derecho en el mismo cargo, es suficiente mencionar la parte final como concluye el desarrollo del cargo, cuando dice: “El error ostensible de derecho anotado y explicado anteriormente condujo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, a la aplicación indebida por vía indirecta, del precepto sustancial contenido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con las normas sustanciales que integran la proposición jurídica en la forma expresada al formular la acusación”.
A propósito, esta corporación en sentencia del día 31 de julio de 1980, sostuvo lo siguiente:
“La formulación del cargo o 'cargos' referidos, página 37 merece reparos que conducen a su rechazo, porque no gozan de la individualidad, autonomía e integridad debidos que evite las imprecisiones que se advierten de su simple lectura. No se conoce a cabalidad si la intención del recurrente es la de presentar uno o varios cargos por lo que esta confusión y desorden imposibilita la debida separación o integración para su estudio adecuado”.
Por último, la misma prédica que se hace en el cargo anteriormente examinado cabe para el presente, pues el derecho reclamado en asunto sub judice no fue objeto de conciliación por las partes, por lo que no se encuentra afectado por la cosa juzgada.
El cargo no se recibe.
Recurso de casación del demandante recurrente: Cargo único:
El recurrente acusa la sentencia por la vía directa en el concepto de interpretación errónea de disposiciones sustantivas del trabajo, de derecho civil y del procedimiento laboral.
De la lectura del fallo acusado, se puede observar, como ya se anotó al estudiar el primer cargo propuesto por la demandada recurrente, que el ad quem basó sus consideraciones sobre aspectos fácticos y al condenar a la indemnización común u ordinaria recurrió a los medios probatorios recogidos en el plenario.
En tal sentido, le asiste razón a la réplica cuando estima que la vía de ataque escogida, presupone que la censura se encuentra conforme con la apreciación que el ad quem hiciera de los medios probatorios, y que por tanto al manifestar inconformidad sobre el monto de la condena de acuerdo con el “recto entendimiento de las normas infringidas, de las tablas de liquidación utilizadas por el auxiliar de la justicia (perito) en la primera instancia, cuya experticia acogió el a quo”, coloca en contradicción la formulación del cargo por lo que éste debió enderezarse por la vía indirecta.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha 7 de diciembre de 1989, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio promovido por María del Carmen Luna Bolaños y Elizabeth Solarte Luna contra el Ingenio Central Castilla S. A.
Magistrados: Ernesto Jiménez Díaz—Rafael Baquero Herrera—Hugo Suescún Pujols.