Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/57746
Timestamp: 2019-10-23 21:37:34
Document Index: 54241436

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 123', 'Artículo123', 'artículo 123']

Gaceta: LXIII/1PPO-11/57746
Propone reformar el inciso H) de la fracción XXVII del artículo 123 Constitucional a fin de establecer como condiciones nulas y no obligatorias las disposiciones de los contratos o convenios que impliquen que los trabajadores que pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena renuncien a algún derecho consagrado a favor del obrero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reform proposed subsection H) of fraction XXVII of Article 123 of the Constitution in order to establish conditions as null and non-mandatory provisions of contracts or agreements which imply that workers who belong to an indigenous people or community waive any right enshrined in for the worker in the Political Constitution of the Mexican United States.
La suscrita Mónica T. Arriola Gordillo,Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los indígenas, al tenor de la siguiente:
El derecho del trabajo solo puede entenderse al profundizar en las raíces del contexto industrial en el que surgió, y por los abusos que se buscaron erradicar de la práctica laboral.
Al conjunto de normas laborales debemos vislumbrarlo como la consecuencia de la acción del Estado Mexicano, como un medio idóneo para cumplir con la justicia social.
Las normas del trabajo presentan el fundamento esencial para equilibrar las relaciones sociales que tienen como objeto la prestación de servicios.
No podemos observar al derecho del trabajo como un derecho de clase sino como una reivindicación necesaria de los ideales obligatorios que persigue el estado.
El objeto de la presente reforma se dirige a la salvaguarda y protección del trabajo como función orgánica y social con un carácter distintivo de ordenamiento protector y reivindicador de los factores de producción.
A su vez, esta propuesta no parte de la idea de una compensación de la desigualdad económica entre patrones y trabajadores, que generaliza esa condición en las relaciones laborales y que ha sido abusada durante mucho tiempo. Se busca resguardar a las comunidades indígenas como grupos marginados, desprotegidos, que sufren de la mayor pobreza en este país y de segregación importante, mediante una protección jurídica preferente y exclusiva para éstos.
Buscamos, ante la vulnerabilidad de los indígenas, conformar un ordenamiento que compense posibles interpretaciones judiciales que lastimen las condiciones protectoras que busca el derecho laboral.
Esta reforma tiene un fundamento democrático y de justiciasocial, busca dignificar la importancia y destino de los indígenas.
Reconocemos las limitaciones que enfrentan como grupo vulnerable, y a su vez, la esencial dignidad que nos proporcionaron a través de la historia.
En virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, me parece un desacierto interpretar la norma de cualquier otra manera que no sea con el estricto apego al principio pro operari, entendido comolaaplicación de la norma más favorable para los trabajadores, yla aplicación preferentemente de la condición más beneficiosa, también para los obreros.
Como lo han comentado especialistas en materia laboral, existen casos en los que dicho principio resulta difícilmente aplicable en defecto de la ley, convenio, contrato o costumbre, dada su naturaleza, y la posible falta de equidad que ello supondría. Sin embargo, esto no puede ser opción de desapego al objetivo esencial del estado mexicano para proveer de justicia social a la totalidad de la población.
Por eso se erigió la irrenunciabilidad de los derechos laborales y de sus indemnizaciones.
El carácter de este principio, busca equilibrar el poder económico que poseen los factores de producción en las relaciones de trabajo, vista la experiencia histórica.Es por esto quela irrenunciabilidad es fruto de la necesidad de perpetuar el carácter protector del derecho del trabajo, al grado de tornarlo, en ciertos aspectos, inamovible, para reafirmar de esta manera su naturaleza de orden público.
De esta suerte, solicitamos que se ubiquen en la perspectiva adecuada las condiciones en la que las dos partes de la relación laboral, negocian el contrato o el convenio de terminación, cuando se trata de una persona indígena. Debemos evitar, de manera absoluta, una entrada a la figura de lesión en materia civil a las relaciones laborales, en donde una persona pueda explotar la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obteniendo un lucro desproporcionado. En materia laboral no debemos incluir los requisitos deevidente y excesivo lucro obtenido, pues hay un desequilibrio inicial cuando se habla de una comunidad marginada.
En México la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Todos ellos con una riqueza histórica y cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los mexicanos.
Los derechos de la población indígena no se ejercen ni se cumplen pese al despliegue de diferentes políticas públicas orientadas a la atención de la población indígena.
Los Derechos Sociales a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, a la educación y al trabajo, por ejemplo, no se cumplen cabalmente. Tampoco existe una real vigencia de sus Derechos a la no discriminación, al desarrollo, al acceso pleno a la Justicia, a su participación política. Hoy, incluso, en ocasiones, se vulnera su derecho a vivir y desarrollarse en paz y con seguridad.
Dentro de los temas mencionados, destacaré la discriminación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), registró el panorama de discriminación que persiste en México encontrando que ocho de cada diez mexicanos consideran que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir; mientras que siete de cada diez indicaron que fue por su condición de ser hombre/mujer, su edad, su apariencia física o por no tener dinero.
Esta Encuesta indica que 44% de la población considera que no se respetan los derechos de los indígenas; 31% piensa que se respetan poco; mientras que 22% manifiesta que sí se respetan. Otro aspecto es la discriminación múltiple, sobre todo cuando se trata de mujeres de origen indígena que desde niñas son explotadas, discriminadas e incluso abusadas sexualmente. Otro ejemplo son las mujeres migrantes indígenas, quienes sufren largas jornadas laborales, la falta de seguro médico, el maltrato físico y el acoso sexual.
Al mismo tiempo, los rezagos y carencias en materia de salud, educación, alimentación, agua potable, drenaje, electrificación y vivienda también expresan el incumplimiento de los Derechos Humanos de la población indígena.
La población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado. Existen prácticas de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil, mercantil, entre otros.
Es común que los indígenas que acuden a demandar justicia del Estado no conozcan sus derechos, normas y procedimientos y vean desestimadas sus denuncias o demandas por la incapacidad de expresarse correctamente, y dentro de los procedimientos se realicen actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales sin el auxilio de traductores o intérpretes, o bien.
En el país existen 31,893 núcleos agrarios, de los cuales restan por certificar 1,771 núcleos que presentan condiciones técnicas y jurídicas complejas, al mes de agosto del 2013 se encontraban en regularización 370 mil predios que representan 21 mil hectáreas en 2,167 asentamientos humanos irregulares. Es de destacar que es en los municipios indígenas donde se concentran los conflictos agrarios más complejos que hay en el país.
En los municipios con más de 30% de población indígena existen más de 6,000 núcleos agrarios (79% son ejidos y 19% son comunidades), aunque también participan de la propiedad privada. De los 11.3 millones de hectáreas rústicas de propiedad social ubicadas en 481 municipios con población indígena, los ejidos regularizados abarcan apenas una superficie de 3.8 millones de hectáreas y las comunidades certificadas de 616 mil hectáreas, esto es sólo 32% de la superficie de propiedad social.
Al mismo tiempo, el Poder Judicial Federal, los Tribunales Agrarios y las Juntas de Conciliación y Arbitraje no cuentan con mecanismos que les permitan identificar y sistematizar información en torno a los asuntos judiciales que, en las diferentes materias, afectan la esfera de derechos de los indígenas.
En general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia, no cuentan con las capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población indígena. Ninguna instancia pública tiene la atribución legal expresa ni las capacidades institucionales para garantizar a los indígenas el ejercicio de su derecho a contar con traductor o intérprete en todas las etapas procesales de los juicios o procedimientos en que ellos sean parte.
La reforma constitucional federal del 14 de Agosto de 2001 modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115. Significo la esperanza de un avance en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad.
El artículo 2º se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el apartado A, y a las obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios con ellos en el apartado B. Además, reconoce la composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de pueblo y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados.
A pesar de sus avances, esta reforma se considera insuficiente. Es necesario continuar trabajando para que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con derechos territoriales y representación política. Es importante tener en cuenta que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas, no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos, desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la discriminación, he inclusive, en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia.
La falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a los derechos de los indígenas no sólo son factores que producen injusticia para individuos y grupos, sino que también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad y certeza jurídica.
El artículo 2º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos , el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los dos Pactos Internacionales obligatorios para los Estados, referente a los Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Convenio sobre los Derechos del Niño, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre muchas otras normas, nacionales e internacionales, encuadran una protección especial para estos pueblos que no podemos perjudicar con interpretaciones adversas.
Asimismo, y en el entendido que existen prácticas abusivas tanto de patrones como de trabajadores en los procesos judiciales, se inserta dentro dela presente reforma la necesidad de que el trabajador acredite su pertenencia a una comunidad indígena.
ÚNICO.- Se reforma el inciso H) de la fracción XXVII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
XXVIII. Cuando el trabajador pertenezca a las comunidades integrantes de un pueblo indígena, entendiendo éstas, como aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y así consideradas por los organismos de la administración pública federal y local correspondientes, serán condiciones nulas y no obligarán a las partes, aunque se expresen en el contrato o en un convenio sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, todas aquellas estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en ésta constitución.
ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de septiembre de 2015.
5 SEDATU (2013) Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los indígenas. (Dictamen en sentido negativo)