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Timestamp: 2018-08-17 05:08:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 30']

﻿ Sentencia 34882 de septiembre 23 de 2009
SENTENCIA 34882 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:TRABAJADORES OFICIALES. QUIENES NO TENGAN CARGOS DIRECTIVOS Y SE DESEMPEÑEN EN ACTIVIDADES DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA O SERVICIOS GENERALES EN CENTROS HOSPITALARIOS SON TRABAJADORES OFICIALES
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, DERECHO LABORAL, HOSPITAL PÚBLICO, MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PÚBLICO
Sentencia 34882 de septiembre 23 de 2009
Rad.: 34882
La acusación no acierta al denunciar como norma infringida directamente por la sentencia acusada el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, toda vez que esta disposición se refiere a los empleados del orden nacional y como el demandante prestó sus servicios a una entidad del nivel territorial no era ella pertinente para establecer la naturaleza jurídica del cargo que aquel desempeñó, de modo que no tenía por qué ser considerada por el tribunal.
A lo anterior se suma que en el ataque, orientado por la vía directa, se denuncia como disposición violada una norma de la convención colectiva de trabajo que supuestamente regía en la entidad accionada al momento en que terminó la relación laboral del actor, lo cual resulta impropio puesto que las normas convencionales y, en general, las extralegales no tiene la condición de norma sustancial de alcance nacional. Sobre el tema, la jurisprudencia laboral tiene explicado que las convenciones colectivas sólo tienen el carácter de prueba respecto de los hechos y excepciones planteados por las partes, de manera que su examen únicamente es procedente por la vía indirecta, cuando se aduzca la existencia de errores de hecho en la decisión acusada provenientes de su falta de apreciación o de su estimación equivocada.
En cuanto al fondo del aspecto debatido, esto es, cuál fue la naturaleza del vínculo laboral del accionante, se observa que el tribunal no enfrentó los artículos 292 del Decreto 1333 de 1986 y 26 de la Ley 10 de 1990, sino que se refirió a ambas disposiciones, para concluir que, bajo ninguna de esas preceptivas, podía concluirse que el promotor del pleito ostentó la condición de trabajador oficial.
En realidad, en la sentencia se hizo énfasis en que el actor no tuvo la calidad de trabajador oficial dado que no ejecutó actividades en hospitales; inferencia que, advierte la Sala, se ajusta plenamente al parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990.
En efecto la preceptiva referida establece, lo siguiente:
“PAR.—Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”.
Del texto de esa disposición es razonable entender que en ella se alude a hospitales, de suerte que no se equivocó el Tribunal cuando la analizó bajo ese entendimiento. Con mayor razón, si en la demanda con la que se dio inicio al proceso el actor no precisó las funciones que cumplía, ni en cuáles dependencias de la Secretaría Distrital de Salud del distrito demandado trabajaba. Mucho menos, afirmó que lo hacía en una entidad hospitalaria.
Bien puede decirse, entonces, que el artículo 26 de la Ley 10 de 1990 establece una regla general, según la cual sus servidores son empleados públicos y, por excepción, la cual está prevista en su parágrafo, también lo serán quienes no tengan cargos directivos y desempeñen actividades destinadas al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones, quienes serán trabajadores oficiales.
Es claro que esta preceptiva alude solamente a quienes realizan las labores a que se refiere la norma en centros hospitalarios, de manera que otras personas que cumplan las mismas tareas en dependencias que, perteneciendo al servicio público de salud, no estén vinculadas directamente a la atención clínica u hospitalaria, no pueden reputarse como trabajadores oficiales.
Ahora bien, del discurso del recurrente se desprende que en su criterio los centros de salud pueden ser considerados como entidades hospitalarias, por así disponerlo algunas normas del Decreto 1762 de 1990.
Sobre el particular, no encuentra la Corte que en las normas que cita el impugnante pueda concluirse con claridad que los centros de salud son necesariamente entidades hospitalarias, pues el artículo 9º de esa norma, al hacer referencia al servicio hospitalario señala que ese ámbito hace referencia a los servicios de primer nivel que se prestan en la consulta general: médica, odontológica, hospitalización de menor complejidad y atención de urgencias, pero de lo allí dispuesto no se desprende forzosamente que todo centro de salud reúna esos requisitos.
Empero, si se entendiera lo contrario, importa anotar que en el artículo 10 se precisan los servicios que se prestan en el nivel hospitalario, y en ellos se incluyen servicios médicos y odontológicos; prestación de servicios básicos de apoyo como laboratorio clínico y rayos X de baja complejidad; hospitalización de menor complejidad; suministro de medicamentos esenciales, entre otros. Sin embargo, en el proceso no aparece prueba de que el cargo que tenía el demandante, cuando se terminó su relación laboral se desempeñara en una dependencia de la entidad que reuniera las condiciones citadas en los artículos arriba reseñados, y, a juicio de la Sala le correspondía a él la carga de probar ese hecho, por tratarse de una excepción a la regla general, como con acierto lo consideró el tribunal.
Por esa razón, no interesa que el cargo de conductor pueda ser considerado como de servicios generales, si no se demostró que se desempeñó en una entidad hospitalaria.
Dirigido por la vía indirecta, se denuncia la aplicación indebida de los artículos 11 de la Ley 6 de 1945 y 1º del Decreto 797 de 1949, originada en los siguientes errores manifiestos de hecho que atribuye al juzgador de segundo grado.
“No dar por demostrado, que la entidad demandada incurrió en mala fe en el desconocimiento del tiempo de servicio prestado a la entidad Induval en el lapso comprendido entre el seis (6) de agosto de 1991 y 30 de junio de 1992, para la liquidación de la cesantía del actor.
“No dar por establecido, siendo evidente, que el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta de mala fe no reconoció las prestaciones sociales debidos (sic) al demandante, ya que no reconoció la incidencia salarial del tiempo de servicio real en la cesantía final”.
“No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada no tenía razones atendibles para estimar de buena fe que no estaba obligada a reconocer al demandante la incidencia salarial del tiempo de servicio a Induval en la liquidación definitiva de cesantías”.
Yerros fácticos que, anota la acusación, se originaron en la falta de apreciación de la certificación expedida por Induval, donde se relaciona el tiempo de servicio a esta entidad y que no se tuvo en cuenta para la liquidación de las cesantías, la convención colectiva de trabajo, el agotamiento de la vía gubernativa y la falta de respuesta a la demanda.
La demostración del cargo está expuesta, en los siguientes términos:
“El ad quem incurrió en errores de hecho manifiestos, ya que si bien es cierto que la ignorancia de la ley no es excusa de su incumplimiento, Dice (sic) que una cosa es el desconocimiento del tiempo de servicios de un trabajador y otra el análisis para saber si una prestación tiene o no incidencia salarial.
“El ad quem también dejó de apreciar para estos efectos la no contestación de la demanda, lo cual hace presumir ciertos los hechos afirmados en la demanda susceptibles de confesión, conforme al artículo 30 y 77 del Código de Procedimiento Laboral. En éste caso (sic) que no se le tuvo en cuenta el tiempo de servicio a la entidad Induval y de que no hubo solución de continuidad entre el tiempo de servicio a esta entidad y la entrada a laborar en el nuevo cargo de auxiliar de enfermería, violándose en esta forma el Decreto 1042 de 1978.
“Tiene derecho entonces el demandante a que se le reliquiden sus prestaciones sociales, cesantías, e indemnizaciones y a que le reconozca la indemnización moratoria prevista en el Decreto 747 de 1949”.
Se advierte que el juzgador de segundo grado no pudo haber incurrido en los yerros fácticos que le atribuye la acusación, por cuanto el tema de la eventual mala fe de la entidad territorial accionada, por razón de la conclusión que se obtuvo sobre la calidad del vínculo del actor, no fue materia de estudio en la sentencia recurrida, lo que naturalmente descarta cualquier equivocación sobre ese aspecto.
El único punto que fue materia de estudio por el tribunal lo constituyó la naturaleza jurídica del vínculo laboral del demandante, respecto del cual determinó que no era la de trabajador oficial y por ello absolvió de las pretensiones que este reclamó. De modo que si encontró que el demandado no estaba obligado al pago de ningún derecho salarial o prestacional como tampoco a la indemnización por despido, obviamente no tenía que analizar si la conducta del empleador estuvo o no asistida por razones configurativas de buena fe, pues ese análisis sólo hubiese sido necesario de hallar acreditados los supuestos para la imposición de la sanción moratoria, lo que, se reitera, no se dio en este caso.
El cargo, por lo expuesto, se desestima.
Sin costas en el recurso, dado que no tuvo réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso adelantado por Edilberto Riátiga López contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.