Source: https://despiertachile.wordpress.com/2008/05/01/%C2%A1deberian-renunciar/
Timestamp: 2018-05-21 22:24:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 299', 'artículo 257', 'artículo 274', 'artículo 245', 'artículo 245', 'artículo 245', 'artículo 278', 'artículo 245', 'artículo 278']

¡DEBERÍAN RENUNCIAR! | Despierta Chile
« ¡A perder! es la orden
El 14 de septiembre de 1973, en la Fiscalía de Aviación de Santiago, suscrita por el Presidente del Banco del Estado de Chile de la época, general de brigada aérea, don Enrique González Battle, denunció la existencia de reuniones con carácter político, realizadas por civiles y personal de la Fuerza Aérea, en las oficinas del ex vicepresidente del Banco, Carlos Lazo Frías, y uso indebido de dineros de esa institución. Por ello, se inició un Consejo de Guerra, que fuera difundido in extenso por este medio, en los meses de mayo y junio del año 2007.
En la parte resolutiva pronunciada en aquel juicio, se resolvió condenar a diferentes penas, algunas aflictivas, a personas civiles y militares, siendo las más importantes las siguientes:
1. Sobreseer definitivamente al ex general de brigada aérea Alberto Bachelet Martínez, por haberse extinguido su responsabilidad penal debido a su fallecimiento el 13 de marzo de 1974. N. de la R.: el general Bachelet fue encontrado culpable de ser autor del delito de incumplimiento de deberes militares, previsto en el numeral 3, del artículo 299º del Código de Justicia Militar.
2. Condenar al ex coronel Carlos Ominami Daza, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, por infracción, en calidad de autor, al artículo 257º del Código de Justicia Militar, sobre divulgación de secretos militares.
3. Condenar a Erick Schnake Silva a la pena de veinte años de presidio militar mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargos y oficios públicos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, por infracción, en calidad de autor, al artículo 274º del Código de Justicia Militar, promoción a la sedición mediante la seducción.
4. Condenar con diferentes penas aflictivas a Francisco Valenzuela Guevara, Luis Alarcón Arredondo y Denis Jones Molina, por infracción en calidad de autores del delito de traición, tipificado en el artículo 245º, numeral 1, del Código de Justicia Militar en calidad de autores y en grado de tentativa.
5. Condenar a diferentes penas aflictivas a Ricardo Navarro Valdivia, Hernán Valverde Benítez, Alberto Bustamante Rojas, Humberto Frías Bulo y Ricardo Gálvez Ulloa, por infracción al artículo 245 N° 1 del Código de Justicia Militar en grado de consumado y en calidad de autores del delito de traición.
6. Condenar a Domingo Ibáñez Recabal, a la pena de quince años de presidio militar mayor en su grado máximo y de diez años y un día de presidio militar mayor en su grado medio, respectivamente, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargos y oficios públicos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, por infracción artículo 245º, numeral 1, y de conspiración para la sedición tipificado en el artículo 278º del Código de Justicia Militar, en calidad de autor del delito de traición.
7. Condenar a diferentes penas aflictivas a Luis Ferrada Zapata, Héctor Rojas Bruz, José Olivares Maturana y Enrique Reyes Manríquez, por los delitos de traición tipificado en el artículo 245º numeral 1, del Código de Justicia Militar, en el carácter de cómplices y de conspiración para la sedición, tipificado en el artículo 278º del Código de Justicia Militar, en el carácter de autores.
8. Condenar a Iván Figueroa Araneda y Carlos Carbacho Astorga a la pena única de presidio militar perpetuo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la de sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal, por los delitos de traición y de promoción a la sedición mediante la seducción previstos en los artículos 245º, numeral 1 y 274º del Código de Justicia Militar, respectivamente, en calidad de autores.
9. Condenar a Carlos Lazo Frías, Ernesto Galáz Guzmán, Belarmino Constanzo Merino y Raúl Vergara Meneses, a la pena única de muerte por los delitos de traición y de promoción a la sedición mediante la seducción previstos en los artículos 245º, numeral 1, y 274º del Código de Justicia Militar, respectivamente, en calidad de autores.
El resto de la historia es sabida. La Junta Militar de Gobierno, conmutó la pena de muerte por presidio perpetuo, manteniendo las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado. Felizmente, nadie fue fusilado.
Siempre en el mismo tema, pero tomado desde otra arista, la situación narrada del Consejo de Guerra de la FACH, se debió en gran medida a la agudeza política de Miguel Enríquez, quien a partir de 1970, más o menos, estimó necesario para sus fines, infiltrar a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, despreocupándose un tanto, de la Policía de Investigaciones, pues ya había sido penetrada y de Gendarmería, en aquel tiempo Servicio de Prisiones, el cual era total y absolutamente controlado y dirigido por el partido Comunista, con Luis Corvalán Lepe, como su secretario general.
Así, entonces, Enríquez con su comisión política, conformaron un plan para el efecto, llamándosele “Trabajo en F”. Dicho plan, alcanzó algún grado de éxito tanto en la Armada, en la Fuerza Aérea, como en Carabineros, tal como lo señala en su declaración judicial el ex cabo de la Escuela de Aviación, Iván Figueroa Araneda:
“(…)En esta reunión nosotros pudimos comprobar de acuerdo a la propia versión de los dirigentes del MIR que ellos tenían no sólo la información de la FACH, sino también de las otras Instituciones, siendo la Armada y Carabineros las Instituciones más infiltradas y en las cuales se encontraban más infiltrados. En la Fuerza Aérea los grupos más infiltrados, según ellos mismos eran el Grupo N° 7 y el Grupo N° 10 donde tenían muy buenos contactos(…)”. N. de la R: siete fueron las células o bases del MIR que lograron su objetivo al interior de la FACH-Santiago.
El “Trabajo en F”, fue prácticamente nulo en el Ejército. El MIR no pudo infiltrar y organizar bases o células orgánicas dentro de esta institución. Hubo, algunos casos aislados, pero no orgánicos de ese movimiento subversivo terrorista. Al respecto, no entendemos la razón por la cual esa institución, no ha dado a conocer ni ha hecho pública aquella positiva peculiaridad, pues dado el tiempo al cual nos referimos, tal hecho fue una verdadera hazaña, que habla muy bien del grado de instrucción, cohesión y lealtad institucional del Ejército de aquel tiempo; esperamos, de verdad que, los mandos institucionales de hoy, sepan mantener tan nobles, como imprescindibles virtudes.
Corriendo el peligro de recibir todo tipo de imprecaciones de nuestros amables lectores, hacemos un reconocimiento al MIR de su característica, más notable: su gran capacidad de auto-crítica. No son obsecuentes a sí mismos; la dureza es la tónica general, tanto en su vida partidaria, como personal.
En esa línea argumental, Jorge Magasich Airola, mirista, el 1º de abril de este año, hizo el lanzamiento de su libro, en dos tomos, llamado “Los que dijeron NO”. Aquel libro, trata de cómo y cuándo, alrededor de cien suboficiales y gente de mar de la Armada de Chile, tanto en Valparaíso como Talcahuano, se organizaron en torno del suboficial Juan Cárdenas Villablanca, y se autodenominaron: “constitucionalistas leales al gobierno de Allende, legítimamente elegido y declarados antiderechistas”.
Agrega el autor que este grupo tomó contacto con los secretarios generales del partido socialista, del MAPU y del MIR, a la sazón, Carlos Altamirano, Oscar Guillermo Garretón y Miguel Enríquez, respectivamente, siendo este último, el que los tomó con más seriedad.
Fue Enríquez -¿cuándo no?- quien en persona dirigió los pasos de este grupo en Valparaíso. Mientras, en Talcahuano, designó a un joven, pero muy eficiente “combatiente” para asesorar a los marinos insurrectos de ASMAR. Se trataba del estudiante de, antes, Economía, hoy Ingeniería Comercial, de la Universidad de Concepción, José Goñi, cuyo nombre de combate es “Rafael”.
Sí, amigo y amiga lectora, no ha leído mal, se trata, ni más ni menos, que del propio y actual ministro de Defensa Nacional.
El plan del MIR, en Valparaíso y Talcahuano, era que personal naval insurrecto tomara detenidos a la oficialidad de los buques surtos en ambas bahías y, a continuación, bombardear a las instalaciones militares y navales, siendo éstas además, atacadas desde tierra por elementos armados del MIR y de la Unidad Popular.
Pero, Dios mediante, el servicio de inteligencia naval, SIN, ya había detectado los pasos de estos terroristas y desde varias semanas, cada uno de ellos, era seguido, lográndose abortar semejante desastre que pudo producirse.
Al igual que en la Fuerza Aérea, hubo también en la Armada, un proceso judicial en contra de civiles y marinos participantes de este siniestro plan. Algunos alcanzaron a ser detenidos, otros se fugaron, como es el caso de Carlos Altamirano, Oscar Guillermo Garretón y Miguel Enríquez, quien murió en combate con la DINA en octubre de 1974, entre los más connotados.
Así las cosas, por el Decreto Supremo Nº 2.191 de 19 de abril de 1978, “Sobre Amnistía”, el gobierno militar puso en libertad a mil quinientas diez personas que estaban condenadas, en proceso o detenidas por Decreto Exento del ministerio del Interior. Con tal ley, junto con vaciarse, se cerraron los campos de presos políticos “Chacabuco”, “Puchuncaví”, “Ritoque”, “Villa Grimaldi”, Tres y Cuatro Álamos, Isla Quiriquinas y otros. También favoreció a cincuenta y siete personas del bando opuesto, no todos uniformados, pues recuperaron su libertad miembros de Patria y Libertad y civiles que cometieron delitos con connotación política; también, ex agentes DINA acusados de delitos comunes.
Al respecto, es necesario hacer algunas consideraciones: Para variar, los guarismos no son proporcionales, pues benefician -con mucho- a gente afín a la ex Unidad Popular, y a los cuales, ni en las peores de las pesadillas, se le ha ocurrido a algún juez de nuestro eficiente Poder Judicial revocarles la amnistía, ni a político de cualquier bancada a solicitarlo, en cambio, casi a diario a los militares no les es aplicada esa ley vigente, sin que haya nadie, siquiera, que levante la voz. La intención del decreto que nos ocupa era, como históricamente han sido las muchas amnistías que en Chile se han dictado. Es decir, lo que se amnistía es el delito y no a las personas. Sin embargo, al advenimiento de la democracia, el Presidente de la República en ejercicio, don Patricio Aylwin Azócar, con la mejor de las intenciones –queremos pensar- sugirió a la Corte Suprema, amnistiar a las personas después de haberse investigado en profundidad el delito. Tal sugerencia, se transformó explícita e implícitamente en orden y la amnistía, una vez investigado el delito, nunca se aplicó a los militares. Y nadie dice nada, de nada.
Entonces, tenemos la gran paradoja. La ley de Amnistía de Pinochet, que borró los delitos de las personas, favoreció a una gran cantidad de connotados políticos de la Unidad Popular y/o militantes de movimientos subversivos que hoy están en esferas gubernamentales o legislativas, como es el caso del actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara Meneses, nombre de combate “David” y del ministro de Defensa, José Goñi, nombre de combate “Rafael”, quienes por decisión de dos tribunales de la República, después de un debido proceso, en causas distintas, aparte de la respectiva pena, tuvieron las accesorias de inhabilidad perpetua de ejercer cargos públicos y políticos, pero que la ley de amnistía pronunciada por el “Gran Dictador”, les borró además del delito, el prontuario y hoy, ambos ejercen como máximas autoridades de la cartera que un día traicionaron, o pretendieron atacarla y socavarla hasta sus raíces. Al menos, no se les ha oído pedir derogar la amnistía de Pinochet.
“Despierta Chile” nunca había visto semejante “patudez” (ofrecemos disculpas por el castizo lenguaje) en dos chilenos. Ambos, estimados lectores, están inhabilitados, si no judicialmente, al menos, moralmente, de ejercer los cargos donde los puso nuestra Presidenta.
¿Ella, los habrá designado como tales, porque no tuvo información oportuna para una mejor decisión, o es que tiene simpatías por los extremistas porque le traen reminiscencias del pasado? Hacemos tal conjetura, pues el 16 de abril del año 2003, en conferencia de prensa, César Quiroz, vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, confirmó la pertenencia de la entonces Ministro de Defensa, doña Michelle Bachelet Jeria, a esa organización subversiva terrorista. Quiroz, hasta hoy, nunca fue desmentido.
Esta Ley se cumplía de forma inmediata, como se verifica en las publicaciones del diario El Mercurio de la época. La amnistía favoreció a los adversarios del Gobierno de las Fuerzas Armadas y no ha tenido efecto alguno para los militares que hoy se encuentran procesados y/o condenados en las Cárceles de Cordillera y Punta Peuco. Curioso es que esta amnistía permita tener actualmente un Ministro de Defensa y un Subsecretario de Aviación, que eran terroristas.