Source: https://es.scribd.com/document/316188026/Intervencion-en-La-Eutanasia-Alicia-Azzolini
Timestamp: 2020-08-03 14:52:14
Document Index: 45904724

Matched Legal Cases: ['artículo 343', 'artículo 312', 'artículo 312', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 312', 'artículo 312']

Intervencion en La Eutanasia, Alicia Azzolini | Suicidio | Homicidio
Intervención en la Eutanasia
guardarGuardar Intervencion en La Eutanasia, Alicia Azzolini para más tarde
Eutanasia PDF Chile
Eutanasia SVCL 2014
Aspectos Legales de Los Derechos Del Paciente y La Practica Antiética
INTERVENCIÓN EN LA EUTANASIA:
¿PARTICIPACIÓN CRIMINAL O COLABORACIÓN HUMANITARIA?
Alicia Beatriz AZZOLINI BINCAZ*
I. El acto de dar muerte, dejar morir o ayudar a morir a otra persona para su bien o en interés de ella se ha denominado eu- tanasia. 1 Es un acto por naturaleza piadoso, encaminado a aliviar el sufrimiento intenso de un ser humano próximo a morir o en condiciones de salud tales que afectan de modo severo e irre- versible su calidad de vida. El tema ha dado lugar a múltiples controversias: desde qué debemos entender propiamente por eutanasia, pasando por las implicaciones éticas del problema, hasta la conveniencia de su legalización. Filósofos, médicos, abogados, religiosos, psicólo- gos, humanistas y muchos más han reflexionado sobre esta cues- tión sin que hasta ahora se haya arribado a conclusiones contun- dentes. Siempre queda una duda, un mal sabor de boca que no acaba de quitarse, la inevitable sensación de impotencia que siente el hombre cuando se enfrenta a la muerte. Parte de la complejidad del asunto es consecuencia de la mul- tiplicidad de supuestos que se asocian con la eutanasia y para los que no siempre es posible hallar soluciones homogéneas. No
* Coordinadora de asesores de la Comisión de Derechos Humanos del
1 Del griego eu y thánatos, muerte buena o muerte blanda. La definición de
eutanasia fue tomada del trabajo de Lecuona, Laura, “ Eutanasia: algunas distinciones” , en Platt, Mark, Dilemas éticos, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 1997.
es lo mismo el caso de un paciente terminal de cáncer, que sufre dolores insoportables y le pide al médico que acelere su muerte, que el de la víctima de un accidente de tránsito que, en estado vegetativo, depende de aparatos para sobrevivir, y el médico o
los parientes deciden desconectarlo. El consentimiento de la víc- tima es, en los casos señalados, el factor que marca una diferen- cia insoslayable. Precisamente para intentar llegar a unas pocas conclusiones con aspiraciones de certeza, es preciso deslindar con claridad los supuestos que serán abordados en este trabajo y la perspectiva que guiará el análisis. Una primera clasificación distingue entre eutanasia activa y pasiva; la primera es aquella en que una persona, en general pero no necesariamente un médico, administra a otra persona, a sabiendas de que con ello la matará, una droga que no produce mayor dolor. A su vez, la eutanasia pasiva es aquella en la que alguien decide retirarle a otra persona, con el fin de acelerar su muerte, los aparatos o medicamentos que la mantuvieron viva, o bien negarle el acceso al tratamiento que podría prolongar su vida. Como puede apreciarse, los conceptos de eutanasia activa
y pasiva no se corresponden en todos los casos con los de ac-
ción y omisión. 2 La eutanasia puede ser, además, voluntaria, cuando se realiza
a petición del paciente o con su consentimiento informado, ex-
preso y consciente; no voluntaria, que es la que se practica so- bre un paciente incompetente sin tomar en cuenta sus deseos ni su percepción de lo que constituye su propio bien. Por paciente incompetente se entiende aquél que no satisface los requisitos mínimos que permiten juzgarlo como competente para la toma de decisiones relacionadas con su salud. Por último, la eutanasia involuntaria es la que se impone a un paciente en contra de su vo-
Cfr. ibidem, p. 24.
luntad, contraviniendo sus propios deseos, pero nunca actuando en contra de sus intereses. 3 Las diversas clases de eutanasia han dado lugar a diferentes valoraciones éticas que no cabe analizar aquí. Estas reflexiones se enmarcan en el ámbito de lo jurídico, en particular del dere- cho penal. La eutanasia involuntaria, aun cuando se aplique a personas
incompetentes, no tiene ninguna justificación válida en el marco de nuestra legislación. 4 Respecto de la eutanasia no voluntaria pueden distinguirse dos supuestos: que la persona haya sido de- clarada incompetente para tomar decisiones relativas a su salud, ya sea porque está en permanente estado de inconsciencia —coma permanente e irreversible—, o porque padece de trastornos men- tales o su desarrollo mental es insuficiente —enfermos mentales
o un bebé, por ejemplo—. El sujeto que no muestra actividad
cerebral alguna debe ser declarado muerto conforme a lo esta- blecido en el artículo 343 de la Ley General de Salud, la que asimismo autoriza a que con el consentimiento del cónyuge, concubinario o concubina, descendientes, ascendientes, herma- nos, adoptante o adoptado se prescinda de los medios artificiales que prolongan la vida de quien presenta muerte cerebral com- probada. Y si se trata de un débil mental o de un bebé, la euta- nasia no voluntaria es sumamente cuestionada en el plano éti-
co, 5 de modo que para llegar a una solución jurídica satisfactoria
se requeriría un análisis que excede los límites de esas reflexiones. En conclusión, en el marco de este trabajo se entenderá por eutanasia a las modalidades activa y pasiva, voluntarias. No se
4 Laura Lecuona considera que, desde la perspectiva ética, la eutanasia involuntaria aplicada a personas incompetentes puede llegar a justificarse en casos muy específicos. Ibidem, p. 34.
Sobre la problemática de la gente minusválida como titular de dere- chos humanos, véase Nino, Carlos, “ Los titulares de derechos humanos: el concepto de persona moral” , en Valdivia, Lourdes y Villanueva, Enrique, Fi- losofía del lenguaje, de la ciencia, de los derechos humanos y problemas de su enseñanza, México, UNAM, 1987, pp. 144 y 145.
abordará ningún supuesto de eutanasia que pudiera presentarse fuera de los casos mencionados. El tema central será la partici- pación delictiva en la eutanasia, por lo que el análisis se centra- rá sólo en ese aspecto de esta difícil problemática. II. La eutanasia no tiene una regulación específica en nuestro sistema penal. Pero los supuestos de eutanasia activa o pasiva voluntaria son abarcados, en principio, por el artículo 312 del Código Penal Federal y el respectivo del Distrito Federal. El artículo 312 puede dividirse en dos partes. La primera contiene, a su vez, dos hipótesis: a) prestar auxilio a otro “para que se suicide”, y b) inducir a otro “para que se suicide”. Esta última se refiere al que presta auxilio al suicida al punto de eje- cutar él mismo la muerte, es la figura del homicidio consentido o, como prefieren llamarlo algunos autores, del homicidio sui- cidio. 6 La eutanasia puede tener cabida en cualquiera de los supues- tos mencionados. Dentro del conjunto de quienes prestan a otro auxilio para que se suicide, o de los que induzcan a otro para que se suicide, o de los que prestan auxilio al suicida al punto de causarles ellos mismos la muerte, podemos identificar, en cada caso, el subconjunto que resulta de la intersección con el conjunto de los que actúan con móviles piadosos, en beneficio de la víctima y con su consentimiento. III. Los supuestos de quien auxilia o induce a otro al suicidio mencionan figuras clásicas de la participación, contempladas en las fracciones VI y V, respectivamente, del artículo 13. Pero, con independencia de la postura que se adopte respecto del tema de autoría y participación, en este caso particular no hay duda de que no se trata de partícipes en el ilícito ajeno, sino de conduc- tas propiamente de autoría. 7 En efecto, quien auxilia o induce a
6 Islas de González Mariscal, Olga, Análisis lógico de los delitos contra la vida, México, Trillas, 1998, pp. 258 y ss.
Existen autores que no comparten esta posición, al respecto véase Díaz Aranda, Enrique, Del suicidio a la eutanasia, México, Cárdenas Editor, 1997, passim.
otro a suicidarse es autor material de dichas conductas y no un partícipe en un hecho de otro, ya que el suicido es un acto per- mitido por nuestra legislación. En un Estado de derecho, ha se- ñalado acertadamente Díaz Aranda, el derecho a la vida debe interpretarse como un derecho de máxima libertad, cuyo ejerci- cio por su titular debe estar garantizado dentro de un ámbito de autonomía individual que no puede ser perturbado por el Esta- do ni por terceros. 8 Pero el ejercicio de este derecho no puede afectar a otras personas; el derecho que una persona tiene a qui- tarse la vida no se traduce en un derecho a morir exigible erga omnes. Así como el sistema jurídico permite disponer de la pro- pia vida, obliga a respetar la de los demás, por lo que prohíbe realizar actos que lesionen o favorezcan la lesión de la vida aje- na. Auxiliar o inducir a otro para que se prive de la vida es una conducta prohibida, porque la vida ajena está protegida por el sistema penal como un bien muy valioso. El instigador está comprimiendo el ámbito de libre autodeterminación de la vida del pasivo y el auxiliador está interfiriendo en ese ámbito que el legislador reconoce sólo al titular de la vida. En virtud de que en estos supuestos inducir o auxiliar cons- tituyen conductas típicas de autoría, se prevé la misma punibili- dad para ambas, cosa que no sucede cuando nos enfrentamos a situaciones tradicionales de participación, en las que cómplice e instigador tienen sanciones diferentes. 9 No hay ningún obstáculo que impida imaginar conductas de participación con quien auxilia o instiga al suicidio. Alguien puede sugerirle a un amigo que ayude a morir a otra persona o que la convenza para que se suicide. Asimismo, un individuo
8 Ibidem, p. 139. Sobre la disponibilidad de la vida resultan de sumo in- terés las reflexiones de Carlos Nino que, sin ser contrapuestas a las que aquí se plantean, revelan consecuencias interesantes; véase Ética y derechos huma- nos, Buenos Aires, Astrea, 1989, pp. 466-478.
De acuerdo con la regulación de los artículos 13 y 64 bis al instigador le corresponde la punibilidad del autor, mientras que al cómplice o al auxilia- dor la tres cuartas partes de aquélla.
puede colaborar con el auxiliador. Cabe la posibilidad, en prin- cipio, de que alguien sea autor mediato, al menos del auxilio al suicidio. Así, por ejemplo, el médico que se ha puesto de acuer- do con el paciente terminal para ayudarlo a morir, ordena a la enfermera preparar una medicina que seguramente le ocasionará la muerte. La enfermera, ignorante de los alcances de su con- ducta, le entrega la medicina al paciente, quien conocedor de las consecuencias la toma y muere instantáneamente. En este caso, como en la mayoría de los de autoría mediata, se estarían afec- tando, además, los derechos de la enfermera, quien, sin saberlo, se vio involucrada en el suicidio de otra persona. Resulta más di- fícil imaginar un ejemplo de quien presta ayuda posterior en cumplimiento de una promesa anterior, pero a pesar de esta di- ficultad no se puede descartar la posibilidad de que en el caso concreto se presente este tipo de colaboración. Aunque en un primer momento pareciera que el evento cen- tral es el suicidio, desde la perspectiva del derecho penal la con- ducta principal, prohibida por la norma, es la de auxiliar o inducir a otro a suicidarse; los tipos de participación estarán relaciona- dos con esa actuación del autor material. IV. Es distinto el caso del homicidio consentido, donde el au- tor priva de la vida a otro que así se lo solicitó o, al menos, lo consintió. Aquí es más fácil identificar la conducta principal, la de privar de la vida, alrededor de la cual girarán las conductas de los partícipes. Algunos autores extranjeros, que consideran al suicidio como el hecho principal, quieren ver también este su- puesto como de participación en el suicidio de otro. 10 Esta pos- tura es a todas luces equivocada, estamos frente a un tipo de ho- micidio en el que el sujeto activo priva de la vida al pasivo que lo consintió. Aquí la punibilidad es más alta que la del auxilia- dor o el instigador del suicida, ya que mientras éstos lesionan el ámbito de la libertad de autodeterminación de la propia vida,
10 Sobre el tema, véase Islas de González Mariscal, Olga, op. cit., nota 6,
quien comete un homicidio consentido lesiona el bien jurídico vida —ajena—. La conducta del autor material del homicidio consentido po- drá estar acompañada de las conductas propias de los partícipes. Es posible imaginar que el autor del homicidio cuente con un cómplice que lo auxilie, o bien que sea convencido por un ter- cero de aceptar la solicitud del pasivo para que lo prive de la vida, o que el pasivo le solicite a su pariente que lo mate y el pariente le dice al médico que lo haga, estando el pasivo de acuerdo. Tampoco hay inconveniente en suponer que el activo esté acompañado por un coautor que realice conjuntamente la conducta de privar de la vida a quien consintió que ambos lo hicieran. Asimismo, cabe la posibilidad de que alguien prometa con anterioridad a la realización del hecho típico brindar una ayuda posterior (un médico que promete al pariente que va a su- ministrar una sustancia letal al moribundo que lo solicitó y ela- borar un acta de defunción donde no se mencionen las circuns- tancias reales de la muerte). El problema se presenta respecto del tipo de autoría mediata, que se refiere a quien lleve a cabo el delito —el homicidio— sirviéndose de otro (artículo 13, frac- ción IV del Código Penal Federal y del Distrito Federal). Esta figura se caracteriza como dominio de la voluntad, en la que al- guien realiza un tipo penal pero no de propia mano, sino me- diante otra persona que le sirve a sus fines. 11 Jakobs señala que la responsabilidad del autor mediato es predominante en virtud de su superior dominio de decisión, pero también el instrumento es autor, por lo general mediante el dominio de la acción. 12 Pre- cisamente el tipo del homicidio consentido dice: si se lo presta- re —el auxilio al suicida— hasta el punto de causarle él mismo la muerte. La referencia a él mismo parece descartar la posibili-
11 Cfr. Roxin, Claus, “ Sobre la autoría y participación en derecho penal” ,
Problemas actuales de las ciencias penales y de la filosofía del derecho, Bue- nos Aires, Ediciones Pannedille, 1970, p. 62.
12 Jakobs, G., Derecho penal. Parte general, Madrid, Marcial Pons,
1997, pp. 763 y 764.
12 ALICIA BEATRIZ AZZOLINI BINCAZ
dad de que pueda servirse de otro para cometerlo. Díaz Aranda sostiene que en este caso no puede darse la autoría mediata por- que se violaría el principio de legalidad. 13 La observación es acertada, ya que habría que realizar una interpretación muy for- zada, que no se corresponde con la realidad fáctica, para soste- ner que el autor mediato, al usar a otro como simple instrumen- to, está causando él mismo la muerte. Además, es válido en este caso la observación formulada respecto del auxilio o instigación al suicidio. No es legítimo que una persona use a un tercero para privar de la vida a un ser humano sin que ese tercero esté enterado de los alcances de su acto. En este caso se lesionaría, además, la esfera de libertad del tercero, que puede o no estar de acuerdo con matar al que lo solicita. V. En todos los supuestos del artículo 312 pueden darse casos de eutanasia. Tradicionalmente el tema se asocia únicamente con el homicidio consentido, pero no hay inconveniente en pen- sar que alguien pueda auxiliar o inducir a otro al suicidio con móviles piadosos. El caso de Ingrid Frank, una joven alemana que en 1987 se suicidó ante una video cámara, con la ayuda de una mujer de 78 años que le proporcionó píldoras de una sustan- cia letal, es un ejemplo de ello. 14 Pero en todo caso cabe preguntarse si los supuestos del artícu- lo 312, que a su vez constituyen casos de eutanasia, merecen un tratamiento distinto, más benévolo, que los que no lo son. El ar- tículo prevé una pena de uno a cinco años de prisión para el que auxilie o induzca a otro al suicido y de cuatro a doce años para el que preste un auxilio tal al punto de ejecutar él mismo la muerte. ¿Debe aplicarse la misma sanción a quien actúa con móviles piadosos para favorecer una buena muerte en el pasivo? ¿Quedan incluidas en los tipos del artículo 312 las conductas de
13 Díaz Aranda, Enrique, op. cit., nota 7, p. 252.
14 Citado por Herrera Ibáñez, Alejandro, “El médico ante la solicitud de
eutanasia” , en Valdés et al., Dilemas de la sociedad contemporánea, México, Editores Torres Asociados, 1997.
quienes actúan por piedad? ¿Comete un injusto penal quien obra en tales circunstancias? VI. Hay quienes, como Olga Islas, piensan que la punibilidad atenuada del homicidio consentido está dada presumiblemente porque la solicitud del pasivo obedece al padecimiento de sufri- mientos intolerables. De esta manera equipara, prácticamente, este tipo de homicidio con la eutanasia. 15 No parece una presun- ción adecuada, ya que el legislador no hace alusión alguna a los motivos del consentimiento del pasivo. Según Jiménez Huerta el sólo consentimiento es suficiente para graduar el matiz antijurídico, para disminuir la intensidad antijurídica de la conducta. 16 Esta postura parece más adecuada y es más congruente con lo sostenido por la misma Olga Islas respecto del duelo y de la riña, donde reconoce que la acepta- ción del pasivo resta valor al bien jurídico protegido. En efecto, el legislador prevé de cuatro a doce años de pri- sión para el homicidio en riña y de dos a ocho para el homicidio en duelo, sin exigir más que el consentimiento de participar en estos eventos. Es congruente pensar que en el homicidio consen- tido donde la punibilidad es igual o mayor —de cuatro a doce años— no están contemplados los sufrimientos del pasivo o los móviles piadosos. Aunque en la riña también el activo arriesgó su vida, eso no es suficiente para que tenga una punibilidad igual a la eutanasia. De lo contrario no habría proporcionalidad al- guna entre las punibilidades previstas, ya que es indiscutible que un homicida piadoso merece una sanción menor, si es que me- rece alguna, que el rijoso o el duelista. Por eso Jiménez Huerta propuso, en su momento, que se incluyera una atenuante en la parte general que se refiriera a quien actuara por sentimientos de piedad o, de no ser así, que se incluyera en el capítulo de homi- cidio un precepto especial para los casos de homicidio piadoso. 17
15 Islas de González Mariscal, Olga, op. cit., nota 6, pp. 260 y ss.
16 Jiménez Huerta, Mariano, Derecho penal mexicano, México, Porrúa,
1986, t. II, p. 59.
17 Ibidem, p. 64.
14 ALICIA BEATRIZ AZZOLINI BINCAZ
Pero gran parte de la doctrina, así como filósofos y médicos, han procurado propuestas más radicales que no sólo atenúen sino que dejen impunes las conductas de los que auxilien o ma- ten por móviles piadosos con el consentimiento de la víctima. El tema se ha tratado de solucionar sin modificar el texto de los códigos penales desde distintas perspectivas: causa de justi- ficación, de exculpación o de atipicidad. Entre quienes sostienen que quien mata por piedad lo hace en estado de necesidad encontramos a Enrique Gimbernat, que hace prevalecer el derecho a una muerte digna emanado de la dignidad de la persona humana. 18 Bustos Ramírez alude al estado de necesidad exculpante —para sortear más fácilmente la proble- mática de la valoración de los bienes— 19 y Jescheck a la ausencia de culpabilidad por inexigibilidad de otra conducta. 20 Díaz Aranda, por su parte, se pronuncia por la atipicidad de quien causa directamente la muerte del enfermo terminal o con graves minusvalías. Según este autor el tipo que condena el ho- micidio consentido tiene la finalidad de evitar que otro ejecute la muerte del que puede ejercer por sí mismo el derecho a la disponibilidad de su vida. No quedaría comprendido por el tipo el caso de quien mata al que no puede por su incapacidad física ejercer ese derecho. 21 VII. De las posturas anteriores, la que intenta resolver el pro- blema desde la perspectiva de las justificantes, en especial del estado de necesidad, parece la más adecuada. No hay en princi- pio inconveniente para reconocer en el sistema jurídico mexica- no el derecho a una vida digna y, por ende, a morir con digni- dad. En efecto, los principios que se derivan de la Constitución política mexicana, de los tratados internacionales signados por
18 Gimbernat Ordeig, Enrique, “ Eutanasia y derecho penal”, Estudios de
derecho penal, Madrid, Tecnos, 1990.
19 Citado por Díaz Aranda, Enrique, op. cit., nota 7, p. 47.
20 Jescheck, H. H., Tratado de derecho penal, p. 281: citado por Díaz
Aranda, Enrique, op. cit., nota 7, p. 282.
21 Díaz Aranda, Enrique, op. cit., nota 7, p. 290.
México y de las recientes reformas a la Ley General de Salud permiten afirmar que habría una colisión de bienes jurídicos en- tre el derecho a morir dignamente y la vida desvalorada por el consentimiento del pasivo. Esta solución permite abarcar mayor número de casos de eutanasia —un médico podría proporcionar una droga mortal a un paciente que se lo pidiera y que, en sen- tido estricto, tuviera la fortaleza física para poder autolesionar- se— y supera de mejor manera los escollos derivados del prin- cipio de legalidad que nos impide distinguir donde la ley no lo hace. Si esto es así, en los casos de conjunción entre el auxilio, la instigación al suicidio, y el homicidio consentido y la eutanasia que reunieran las características de un estado de necesidad justi- ficante, no habría injusto que perseguir. No cabría entonces la participación criminal —ni aunque se adopte la postura del Có- digo de Tabasco que los considera como tipos autónomos—, ya que no se estaría participando en ningún delito. Sólo podríamos hablar de colaboración humanitaria.
Documentos similares a Intervencion en La Eutanasia, Alicia Azzolini
PRESENTACION INICIAL CAIC.pptx
Dialnet DepresionAutoestimaYSuRelacionConLaIdeacionSuicida 5568074 (1)
politicas publicas y desarrollo humano Grupo 403029_116.docx
Parcial - Escenario 4_ PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO_CONSTITUCION E INSTRUCCION CIVICA-[GRUPO5]
Ingrid LV
contrato-de-flipping-2133.pdf
ley-418-de-1997
Lorena F. Huamaní