Source: http://www.franciscosantana.net/2015/09/constitucionalidad-del-segundo-decreto.html
Timestamp: 2019-02-16 04:27:16
Document Index: 26603588

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 3']

Constitucionalidad del segundo Decreto de Estado de Excepción dictado en Táchira (Sala Constitucional)
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/181180-1174-8915-2015-15-0990.HTML
Una vez establecida la competencia, en forma previa esta Sala pasa a considerar el escrito de alegatos presentados por el ciudadano Leomagno Flores Alvarado, ya identificado, contra la constitucionalidad del Decreto número 1.969 del 31 de agosto de 2015, para lo cual se observa lo siguiente:
Al respecto, esta Sala verificó que el escrito fue presentado ante la Secretaría el 5 de septiembre de 2015, esto es, al cuarto día siguiente de haberse recibido el oficio proveniente del Ejecutivo Nacional. Por tanto, el mismo resulta tempestivo y será considerada su pertinencia o no a los efectos del presente fallo. Así se declara.
Ahora bien, visto que la remisión del Decreto n.° 1.969, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735 del 31 de agosto de 2015, se efectuó tempestivamente por parte del Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y cumplidos los trámites formales correspondientes, esta Sala pasa a realizar el análisis respectivo sobre su constitucionalidad, en los términos siguientes:
En su encabezamiento se establecen los fundamentos jurídicos, basados en normas constitucionales y legales en que se sustentan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción y restricción de garantías, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
El cuerpo del decreto, que luego del mencionado artículo 1, cuyo texto manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del Estado Táchira, por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para la Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en Alimentación, Agricultura y Tierras, y Salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.
Los artículos 8 y 9 señalan que la Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios objeto de aplicación del decreto, para que éstos puedan velar por el respeto de los derechos humanos, y la garantía de los controles migratorios por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del Estado Táchira.
De la misma manera, el artículo 12 contiene la designación al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión del Decreto deban ejecutarse; señalándose también que los órganos de seguridad ciudadana y la policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacada en los Municipios objeto del Decreto, ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones para garantizar la preservación de la paz, el control del orden público y la seguridad ciudadana en los Municipios fronterizos correspondientes, bajo el mando del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del Estado Táchira.
El artículo 14 del decreto delega en el Gobernador del estado Táchira “José Gregorio Vielma Mora” para la ejecución de éste, “quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo”.
El artículo 17 contempla una vigencia de sesenta (60) días, prorrogables por sesenta (60) días más, para la ejecución de los objetivos plasmados en el decreto, mientras el artículo 18 delegó en el Gobernador del estado Táchira, su ejecución.
Ahora bien, una vez analizado el contenido del decreto sometido al control constitucional correspondiente, se observa que aborda el mismo objetivo que el Decreto n°. 1.950, del 21 de agosto de 2015, también sometido a control de este órgano, cuyo propósito es impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza, y del resto de la Nación, con la salvedad de que en esta ocasión el Ejecutivo Nacional consideró necesario extenderlo a cuatro Municipios de ese mismo Estado fronterizo: Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho.
Que la situación presentada en el estado Táchira, que diera origen a la declaratoria del estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, se hace presente en las mismas condiciones en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho, de dicho estado, haciendo necesario que se tomen medidas de igual magnitud a los fines de restituir el orden público en dichas poblaciones…
Igualmente, el decreto sostiene que, en efecto, las mismas condiciones que originaron la declaratoria de estado de excepción, en los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del Estado Táchira, también se hicieron presentes en los Municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho de ese Estado (los cuales constituyen hechos notorios comunicacionales que serán referidos en esta sentencia), lo que conllevó a que se tomaran medidas de igual magnitud para restituir el orden público en esas poblaciones.
Dentro de este contexto resulta pertinente acotar que esta Sala Constitucional, el 28 de agosto de 2015, dictó la sentencia n°. 1173, en la que afirmó la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, sobre la base de las consideraciones que se asumen, son igualmente válidas y se dan por reproducidas en el presente fallo.
Adicionalmente, para mayor precisión es pertinente acotar que la medida declarativa del estado de excepción, obedece a la meritoria necesidad de continuar con la protección de las instituciones, expresión directa del Poder Público y de la sociedad, que fueron rebasadas en sus funciones y derechos de control y paz social en los Municipios sobre los cuales versa el Decreto sometido a examen, al aludir al hecho público comunicacional sobre las acciones que ha venido desplegando el Poder Público, junto a otras tantas que han sucedido al Decreto n° 1950, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, cuyos resultados a favor de la garantía del orden público y de los derechos de todas las personas, sin distinción alguna, son notorios, siendo ineludibles para el restablecimiento del orden interno y el normal desenvolvimiento de las zonas afectadas, el resguardo y ponderación de las garantías esenciales protegidas, tanto nacional como internacionalmente, según la ley.
Así pues, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del Estado Táchira, y ahora también en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho de ese mismo Estado fronterizo, con el propósito de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción organizado en diversas escalas, entre otras conductas delictivas, tanto análogas como conexas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, impidiendo el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto a la moneda venezolana en la frontera, lo que constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los acontecimientos que han venido reportando los medios de comunicación sobre las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar las siguientes reseñas a título enunciativo:
Táchira: Capturado “El Cepillo”, jefe paramilitar colombiano
Caracas, 26 de agosto de 2015.- El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó que este miércoles fue capturado Diego Armando Muentes Burgos, alias “El Cepillo”, de 19 años de edad, uno de los principales comandantes de Los Urabeños.
“Nuestra FANB está ejerciendo fuerte presión contra los grupos paramilitares, colombianos en su mayoría. Es parte del conflicto interno de Colombia, no es un problema de los venezolanos y tiene que ser atendido en primer lugar por las autoridades colombianas (…) No podemos permitir que Venezuela se convierta en un territorio de extensión de un conflicto que no es nuestro”, agregó.
El M/G Velazco Lugo ofreció detalles de este operativo que se realizó en el municipio Ayacucho, sector Pata de Gallina, finca Los Leones; y que forma parte de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
La noche de este martes se desplazaron dos grupos de tareas operacionales en camiones que se utilizan normalmente para el traslado de carbón, lo que permitió garantizar la seguridad del operativo.
“Nos trasladamos desde el comando de la 25 Brigada de Infantería mecanizada en la población de La Fría, municipio García de Hevia, hasta el municipio Ayacucho. A las 7:00 de la mañana hubo el encuentro con una escuadra de seis terroristas paramilitares, hubo un intercambio de disparos y producto de ello la captura de “El Cepillo”. El resto de los miembros huyó del sector hacia Colombia”, detalló Lugo.
Destacó que estos grupos se encuentran en los límites binacionales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, “actúan en el eje fronterizo, pasan a Venezuela a intentar instaurar su agenda criminal”, agregó.VL.
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/26/tachira-capturado-201cel-cepillo201d-jefe-paramilitar-colombiano-9137.html
“Hallan trocha de contrabando en la frontera con Colombia”
29 de agosto de 2015: Este sábado, desde el municipio Ayacucho del estado Táchira, el vicepresidente, Jorge Arreaza, informó que el Gobierno combate nuevas presuntas acciones de bandas dedicadas al contrabando de productos básicos en la frontera colombo-venezolana.
Explicó cómo se está creando una nueva vía, llamado boquete (abertura irregular), el cual es utilizado por los contrabandistas para pasar productos venezolanos a Colombia.
“Este boquete fue abierto en unos días, sin embargo; al día siguiente ya había una vía que habían creado, (una vía) paralela”, subrayó el vicepresidente Ejecutivo.
“Es una situación compleja, no vemos ningún tipo de presencia militar por el lado de Colombia, de manera que se hace muy sencillo a los ciudadanos colombianos llegar hasta acá”, agregó.
Más temprano, el vicepresidente Ejecutivo, junto al gobernador de Táchira, José Vielma Mora, evaluó la situación en la que se encuentran los municipios tachirenses Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano, como parte de las acciones que toma el Gobierno Nacional para la defensa de la paz y la seguridad en la frontera colombo-venezolana.
El presidente Nicolás Maduro decidió cerrar la frontera y decretar estado de Excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Viejo, Capacho Nuevo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, y este viernes, anunció que la medida se extendería a otros cuatro municipios: Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano.
http://globovision.com/hallan-trochas-para-el-contrabando-en-la-frontera-con-colombia/
“Gobierno Bolivariano combate nuevas acciones del contrabando en la frontera con Colombia”
Caracas, 29 Ago. AVN.- Este sábado, desde el Municipio Ayacucho del estado Táchira, el Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, informó que el Gobierno Bolivariano combate nuevas acciones de bandas dedicadas al contrabando de productos básicos en la frontera colombo-venezolana.
En declaraciones a Telesur, Arreaza explicó cómo se está creando una nueva vía, llamado boquete (abertura irregular), el cual es utilizado por los contrabandistas para pasar productos venezolanos a Colombia.
"Este boquete fue abierto en unos días, sin embargo; al día siguiente ya había una vía que habían creado, (una vía) paralela", subrayó el vicepresidente Ejecutivo.
"Es una situación compleja, no vemos ningún tipo de presencia militar por el lado de Colombia, de manera que se hace muy sencillo a los ciudadanos colombianos llegar hasta acá", agregó.
En este sentido, Arreaza manifestó que se estuvo conversando con los ciudadanos de estos municipios fronterizos, explicando el por qué de estas acciones. Ante esto, "algunos entienden lo que está ocurriendo y saben que esta es una situación insostenible y están esperando que la República de Colombia actúe para garantizar la seguridad", dijo a Telesur.
Tras la noticia de la llegada este sábado del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Cucúta, el vicepresidente Arreaza instó al primer mandatario colombiano a tomar las acciones necesarias en su lado de la frontera, que garantice la protección de ambas naciones y evitando así que se lleven los productos de Venezuela a Colombia.
"Hemos hablado con el pueblo colombiano, nosotros no estamos a la búsqueda de colombianos para sacarlos del país. Estamos en búsqueda de los delincuentes, de los paramilitares, de los contrabandistas, de los homicidas, a esos si les corresponde que les caiga el peso de la ley", sentenció Arreaza.
De igual forma, recalcó que el Gobierno Nacional está en la obligación de proteger a los habitantes del territorio nacional y se espera que Colombia tome acciones, "para que la colaboración se restablezca y volvamos a una situación de normalidad pero distinta. Una situación con nuevos códigos, con un nuevo entendimientos, procesos más rigurosos para proteger a los ciudadanos colombos-venezolanos".
(Agencia Venezolana de Noticias “AVN” 27/05/2015. http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-combate-nuevas-acciones-del-contrabando-frontera-colombia)
Por tanto, esta Sala Constitucional nota que el decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del Estado Táchira, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, especialmente, los derechos al acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, soberanía alimentaria igualdad, justicia y paz social, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y, por ende, procedente que el Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias presentadas en la región fronteriza del estado Táchira, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento –tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la vida digna de su ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.
Conforme a los argumentos y la decisión que preceden, esta Sala desecha el escrito de alegatos consignado por el ciudadano Leomagno Flores Alvarado, quien solicitó que fuese anulado por inconstitucional el Decreto n°. 1.969. Es de hacer notar que los argumentos esgrimidos por el tercero interviniente van dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de las medidas establecidas en el aludido decreto, sobre la base de razonamientos jurídicos que fueron objeto de control por esta Sala en la sentencia n°.1173 del 28 de agosto de 2015, en la que se realizaron amplios análisis sobre la constitucionalidad y adecuación de la normativa establecida en el Decreto n°. 1.950, cuyas circunstancias fácticas derivan de las mismas en las que se fundamenta el decreto objeto de control. Así se decide.
1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 1.969, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735, el 31 de agosto de 2015.
2.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 1.969, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735, el 31 de agosto de 2015.
3.- Se DESECHAN los argumentos esgrimidos por el ciudadano Leomagno Flores Alvarado, contra el Decreto n.° 1.969, dictado por el Presidente de la República mediante el cual declaró el estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735, el 31 de agosto de 2015.
“Sentencia que declara la constitucionalidad del Decreto n.° 1.969, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735, el 31 de agosto de 2015”.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de septiembre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.