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Timestamp: 2020-03-30 10:22:46
Document Index: 17154088

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 55', 'artículo 47', 'artículo 41']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 123, de 16/02/2017
cve: DSCD-12-CO-123
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 123
- Relativa a la construcción de la comisaría del Polígono Sur de Sevilla. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000957) ... (Página2)
- Sobre medidas urgentes para la UTE del centro penitenciario de Villabona en Asturias y cambio de nombre del centro. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000058) ... (Página6)
- Relativa a solicitar la investigación por parte del protectorado de fundaciones de las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la Fundación Francisco Franco. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001147) ... (Página13)
- Relativa a la garantía del derecho de asilo en España y la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000513) ... (Página17)
- Sobre la derogación del Real Decreto 1069/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000238) ... (Página24)
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA DEL POLÍGONO SUR DE SEVILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000957).
Si están todos los grupos, vamos a dar comienzo a la Comisión. La hora de votación no será antes de la una y media.
Iniciamos el debate de las proposiciones no de ley. La primera de ellas relativa a la construcción de la comisaría del Polígono Sur de Sevilla, es del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, por dicho Grupo, la señora Cuello.
La señora CUELLO PÉREZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Socialista trae a esta Comisión de Interior una PNL relativa a la construcción de la comisaría de la Policía Nacional dentro del Polígono Sur en la ciudad de Sevilla, después de que el Gobierno haya anunciado su intención de construir dicha comisaría fuera de este polígono, obviando una histórica reivindicación vecinal y el consenso alcanzado entre todas las administraciones en el plan integral para la regeneración del barrio. El Polígono Sur está formado por seis barriadas y su población se sitúa actualmente en torno a 50.000 personas. Estamos hablando de una de las zonas más degradadas de Sevilla y los problemas de inseguridad se remontan a hace más de treinta años; los vecinos se empezaron a movilizar en 1985.
Señorías, en 2003 se nombra un comisionado para el Polígono Sur -hoy comisionada- reconocida como una figura de interlocución y coordinación por las tres administraciones públicas competentes: Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y Administración local, con el objetivo de lograr la normalización de la vida en el barrio mediante el impulso de un modelo coordinado de intervención de las políticas públicas a través del desarrollo de un plan integral que fue diseñado de modo participativo por la ciudadanía y profesionales del barrio. Quiero, señorías, que quede constancia de que la construcción de la comisaría en el interior del polígono era una de las medidas claves del plan integral que fue aprobado por las tres administraciones en el año 2005 y desde entonces ha sido refrendada en numerosas ocasiones. Por eso, la parcela que ahora vuelve a barajarse por parte del Gobierno central fue desechada en 2008, por estar fuera del Polígono Sur.
En diciembre de 2014 la comisionada ya propuso una parcela de titularidad estatal para dicha comisaría en una zona recién urbanizada del barrio, accesible, rodeada de servicios públicos que recibió el visto bueno de las tres administraciones en una comisión de seguimiento interadministrativa en la que participaron el vicepresidente de la Junta, la entonces subdelegada del Gobierno de España y el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Sin embargo, el jueves 26 de enero el ministro del Interior, el señor Zoido, el mismo que como alcalde de Sevilla en aquel momento participó de dicha comisión de seguimiento y, por tanto, en la adopción del acuerdo de ubicar la comisaría en la parcela señalada, anunció de forma unilateral y sin diálogo previo con el resto de administraciones institucionales implicadas su decisión de construir la comisaría fuera del Polígono Sur, incumpliendo el plan integral y apartándose de los acuerdos de 2014. Titular de Europa Press Andalucía el 3 de diciembre de 2014, con el anterior alcalde, Zoido: "Zoido ofrece la máxima celeridad municipal para la comisaría del Polígono Sur en una parcela de Fomento" -la que hoy yo defiendo-.
Señorías, en palabras de la comisionada, no se trata de si la comisaría está a más o menos metros del barrio; se trata de que forma parte de una estrategia integral que se diseñó con el consenso y la participación de todos y en la que una comisaría no es solo una comisaría, es parte del trabajo en red de los servicios públicos, de las asociaciones del barrio, de la gente de a pie. La presencia de una comisaría justo al lado del Polígono Sur, pero no dentro del polígono, como ocurre ahora, no ha sido suficiente para atacar comportamientos irregulares y de inseguridad. Esta comisaría, por otra parte, daría servicios no solo al Polígono Sur sino a todo el distrito, con muchos más vecinos y vecinas, integrado por distintos barrios que se verían beneficiados. De pronto, y sin dar más explicación ni aclaraciones ni a las administraciones ni a las entidades ni a los vecinos, el ministro ha decidido acabar con un proyecto
consensuado, obviar el plan integral y dejar definitivamente al Polígono Sur sin su comisaría. Todos los compromisos que adquirió el entonces alcalde los ha incumplido como ministro del Interior.
Señorías, para defender el cambio de ubicación, el ministro se escuda en los informes técnicos elaborados por especialistas en seguridad ciudadana; informes que desde el Grupo Parlamentario Socialista solicitamos por escrito el pasado 14 de septiembre y, ante la falta de respuesta, hemos vuelto a solicitar el pasado 7 de febrero. Los vecinos y vecinas del Polígono Sur y las entidades y los profesionales que trabajan y luchan día a día por esa zona de la ciudad y que llevan más de treinta años esperando la construcción de una infraestructura tan necesaria no se merecen esta decisión unilateral del ministro. Es una decisión que traiciona a Sevilla y que pone de manifiesto la idea que tiene el PP de la ciudad; una idea de ciudad en la que la cohesión y la integración social pasan a un plano secundario. Una idea de ciudad que no se merece Sevilla ni sus vecinos y vecinas. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide a esta Comisión su apoyo para que la citada comisaría se construya dentro del Polígono Sur.
He comentado con la letrada la intención de corregir la última palabra del texto y, como me ha indicado, se lo pasaré por escrito.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cuello. (El señor Tarno Blanco pide la palabra).
El señor TARNO BLANCO: Si va modificar la proposición no de ley, la tendremos que conocer. Desconozco si se puede hacer o no. Yo sé la palabra que quiere quitar la señora diputada, pero, si no saben hacer bien su trabajo, no lo pueden corregir en el último minuto. (La señora Cuello Pérez: Nuestro trabajo está perfectamente hecho. Solo es una palabra; tampoco es para ponerse así).
El señor PRESIDENTE: Pensaba que era una transaccional. No lo he entendido bien. Vamos a repartir la proposición no de ley tal y como la señora Cuello quiere que quede, pero si algún grupo se opone, no se puede modificar.
Tiene la palabra la señora Millán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señorías, en 2003 se nombró al comisionado para el Polígono Sur de Sevilla y tengo que decir que en la página web del Plan integral del Polígono Sur no consta ni se recoge nada sobre la comisaría del distrito Sur. En 2005 se firmó un convenio entre el Estado y el Ayuntamiento de Sevilla donde sí se recoge que la comisaría de policía del distrito Sur estaría localizada en la parcela de la calle Manuel Laffon. El 18 de agosto de 2014 la nueva comisionada declara -y resalto que solo declara- que se ha alcanzado un principio de acuerdo para la ubicación de la comisaría de policía, pero no se recoge ninguna firma. A finales de ese mismo año, en diciembre de 2014, según AVRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía dependiente de la Junta de Andalucía, resultaba imposible esa ubicación por problemas urbanísticos.
Partiendo de esta realidad y de que ya han pasado casi doce años de sucesivos estudios y proyectos, el Gobierno ha decidido levantar la comisaría del distrito Sur de Sevilla en el solar original que tenía previsto allá por 2005, en la parcela de la calle Manuel Laffon, muy cerca del apeadero de Renfe y del Hospital Virgen del Rocío. Yo me planteo: ¿Ahora por qué no? El Grupo Parlamentario Socialista habla del Polígono Sur. El Polígono Sur tiene 50.000 habitantes y está dentro del distrito Sur, que tiene 120.000 habitantes. Esto lo digo porque quiero resaltar que debemos dar cobertura al distrito al completo, que incluye también Bami, Bellavista, El Porvenir, La Palmera, el parque de María Luisa, Felipe II, etcétera, y no solo dar cobertura al Polígono Sur. Además, cabe señalar que respecto a las dependencias que corresponden al Ayuntamiento de Sevilla, siendo alcalde de Sevilla en 2006 don Alfredo Sánchez Monteseirín, se inauguró la Comisaría de Policía Local del distrito Sur Bellavista-La Palmera y se ubicó en la confluencia de la avenida de la Paz con la avenida Alcalde Juan Fernández. Entonces me pregunto por qué al Partido Socialista en aquel momento no le parecía bien ubicar esa comisaría de policía local dentro del Polígono Sur.
Señorías, teniendo presente esto y que además la ubicación en la parcela situada en la calle Manuel Laffon está recogida en un convenio de 2005 y es el lugar más céntrico del distrito con accesibilidad y movilidad para los vecinos porque dispone de buenos accesos, vamos a hacer políticas de resultados. Ciudadanos está aquí para hacer políticas de resultados y útiles para los españoles, y a mí, en la parte que me toca, para los sevillanos. Por eso, debemos dar prioridad a construir por fin una dependencia
policial ejemplar en cuanto a seguridad, amplitud, comodidad y accesibilidad, tanto para los vecinos y los ciudadanos como para los funcionarios, porque también hay que escucharlos. También creo que debemos y estamos aquí para exigir que se cumplan los plazos de esa ejecución.
En resumidas cuentas, todos queremos que se construya la comisaría de policía del distrito Sur. Como he dicho anteriormente, hay ya un convenio firmado. Han pasado más de doce años y creo que está muy claro que en vez de crear un motivo de disputa vecinal entre los distintos barrios del distrito policial debemos preocuparnos por que se haga una comisaría de policía en buenas condiciones y de buena calidad. Vamos a preocuparnos -por lo menos a mí me preocupa- por que esté dotada del personal para la labor que tiene encomendada, vamos a preocuparnos por que vaya acompañada de una buena oferta de empleo, acorde a las necesidades de la dotación del Cuerpo Nacional de Policía, para cumplir las necesidades de seguridad ciudadana que tiene este distrito y por que se cubran las carencias de efectivos que viene sufriendo Sevilla, estimadas en unos 300 policías, ya que llevan años reivindicando esta carencia. Prueba de ello es que el último concurso de méritos solo prevé la incorporación de unos 30 policías. ¿Esto qué quiere decir? Que salen más policías de los que entran.
Por tanto, si no acepta nuestra enmienda, nos es imposible votar a favor la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista; de lo contrario estaríamos paralizando el proceso y seríamos un obstáculo para los sevillanos y, como he dicho anteriormente, Ciudadanos está aquí para ver resultados.
Hay también una enmienda presentada por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Tarno.
La verdad es que cada vez salgo menos de mi asombro. Es la primera vez que se protesta porque se vaya a construir una infraestructura absolutamente necesaria en una ciudad. Es la primera vez que cuando un ministro anuncia que hay dotación presupuestaria para la construcción de una comisaría esencial en un distrito de una ciudad y que se va a poner en marcha de la manera más inmediata posible viene un grupo a protestar. Tendríamos que estar todos felices y contentos de que por fin se vaya a cumplir uno de los muchos acuerdos que se firmaron en el convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio del Interior en el año 2005. Un convenio que, por cierto, firmaron dos dirigentes socialistas de aquella época, el responsable de infraestructuras del ministerio en el que era ministro el señor Alonso -que en paz descanse- y don Emilio Carrillo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla siendo alcalde don Alfredo Sánchez Monteseirín, también conocido militante socialista. En ese convenio la palabra Polígono Sur no existe, solo existe la palabra distrito Sur y la parcela de Manuel Laffón. Desde el año 2005 el PSOE tuvo seis años para modificar el convenio e introducir los cambios que quisiera en el convenio -porque hasta el año 2011 gobernaba en las dos administraciones-;tuvo seis años para modificar el término de distrito sur por polígono sur.
La parcela de la comisaría se encuentra apenas a cien metros de la entrada de una de las zonas del distrito del Polígono Sur. Sin duda alguna va a significar una mejora cuantitativa y cualitativa de la seguridad ciudadana en el distrito y en el polígono sur, va a permitir que se mejore la normalización de esa zona de la ciudad, y el empecinamiento de algunos en crear conflictos donde no los hay no ayuda a nadie. Lo más llamativo de toda esta historia es que la izquierda plantea que la lucha contra las desigualdades sociales y la marginación es más seguridad y más policías, cuando yo pensaba que ustedes querían más educación, más asuntos sociales, más cultura, más igualdad, que es lo que dice el plan integral.
Llevamos treinta años intentando que un barrio de Sevilla deje de ser marginal y la principal responsable es la Junta de Andalucía, que no ha conseguido absolutamente nada. Sigue siendo un grave problema en la ciudad que deberíamos combatir con más inversión en aquello que es importante: la educación, la formación, el empleo, los asuntos sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera. Eso es lo importante, y de eso nada, incumplimiento tras incumplimiento, fracaso tras fracaso. ¿Ahora la solución del polígono es que una comisaría esté 150 metros más cerca o 150 metros más lejos? No. La comisaría se construye ahí, primero, porque es el convenio que se firmó, porque todo lo demás va a hacer más largo y a retrasar el proceso. Segundo, porque va a ser mucho más operativa y va a dar servicio no solo al Polígono Sur sino a todo un distrito importantísimo de la ciudad.
Lo importante y lo que yo reclamo aquí al señor ministro es rapidez y urgencia para la construcción de la comisaría. El día que la inauguremos todos estaremos muchos más contentos y la seguridad y la convivencia mejorarán en el Polígono Sur y en el distrito Sur. Fíjense si ustedes están equivocados que
cuando limitan en su exposición de motivos lo que es el Polígono Sur incluyen el terreno de Manuel Laffon. Al hablar, por un lado, de la vía del tren Sevilla-Cádiz, ustedes mismos implícitamente lo reconocen, pero luego lo vuelven a reconocer en la proposición no de ley dando prioridad al deseo de las principales plataformas vecinales en cuanto a su ubicación dentro del distrito. Es que se va a ubicar dentro del distrito, y se va hacer, entonces, lo que queremos absolutamente todos.
Déjense de batallas, que no ayudan a nadie, déjense de peleas, que no favorecen absolutamente a nadie y, por favor, pónganse a trabajar desde las administraciones competentes, que en algunas llevan gobernando más de treinta años, treinta años pidiendo la competencia exclusiva de políticas de educación, de políticas sociales, y dediquen de verdad su esfuerzo a esto. Los ciudadanos muchas veces se preguntan qué ha hecho la Administración autonómica en el Polígono Sur, donde hay todavía viviendas, que son propiedad de la Junta de Andalucía, sin saber quién las ocupa; donde no está regulado el censo de viviendas; donde hay problemas de escolarización. Dedíquense a eso y dejen que los técnicos policiales construyan la comisaría donde firmaron el señor Alonso y el señor Monteseirín, y donde se va a hacer de manera más rápida y será más eficiente para todos los vecinos de Sevilla.
En turno de fijación de posición, ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Vasco?
El señor LEGARDA URIARTE: Muy brevemente, presidente.
He estado hablando estos días con la portavoz del Partido Socialista porque tenía una idea de este asunto lejana y vaga, que se me ha acrecentado después de oír el debate que he escuchado. Creo que es una cuestión local, cuyo alcance desconozco, una cuestión que suscita un enfrentamiento político por una cuestión local cuyo alcance, como decía, desconozco y, por tanto, no tengo criterios suficientes para pronunciarme y me abstendré.
¿Grupo de Esquerra? No está presente. ¿Grupo de Podemos? Señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión global. Con el desarrollo neoliberal urbano, en las grandes ciudades siempre hay un trastero, y eso es evidente desde Nueva York hasta Singapur. En la ciudad de Sevilla tenemos el Polígono Sur, un barrio de 50.000 habitantes, de gente humilde, de gente trabajadora, de clases populares, no son elites económicas, que sufren la marginación del barrio, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la existencia de clanes, como consecuencia de la falta de inversión por parte de las administraciones y, por tanto, problemas de seguridad. En el año 2003, las tres administraciones competentes, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado, crean la figura del comisionado para el Polígono Sur. Estamos hablando de la comisaría de policía dentro del Polígono Sur, que es un elemento imprescindible del Plan integral para el Polígono Sur. Es un elemento que garantiza, tanto objetiva como subjetivamente, la seguridad en el Polígono Sur y un elemento fundamental para luchar contra el aislamiento y la estructura de gueto que sus habitantes sufren actualmente. Consideramos que es la herramienta fundamental para acabar con las mafias y con la impunidad en la zona y favorecer la inclusión de este barrio sevillano.
Se olvidan también los representantes del Partido Popular que es una demanda histórica, que es una demanda vecinal y que las distintas administraciones habían llegado a un acuerdo para ubicarla dentro del Polígono Sur, que era lo que estaba acordado y comprometido desde hace años, y que ahora el Gobierno de Rajoy la saca fuera del Polígono Sur. Por lo tanto, señor Tarno -yo sé que le molesta la realidad-, el incumplimiento es flagrante por parte de su partido, por parte de su Gobierno y además un mazazo histórico para los vecinos y vecinas, para las plataformas que durante más de treinta años llevan luchando por la integración del barrio dentro de la ciudad y por la comisaría de Policía como elemento para la lucha contra las mafias, el tráfico de drogas y para la seguridad. Pero, además, el Partido Popular no solamente se salta a las plataformas vecinales, sino que se salta a la comisionada del Polígono Sur, al Defensor del Pueblo andaluz, a la Junta de Andalucía, al ayuntamiento y a la junta municipal de distrito. Lo hace de forma unilateral y saltándose a todas estas administraciones. Consideramos por ello que deben recapacitar, que deben volver a la senda del diálogo y romper la postura de aislamiento en la que
se ha introducido el Partido Popular, con el ministro Zoido a la cabeza, para volver al consenso y al acuerdo con los movimientos vecinales y con las distintas administraciones.
El señor Tarno hablaba de la ubicación en la calle Manuel Lanzón. Eso ya se descartó en el año 2008 de mutuo acuerdo entre las distintas administraciones para sustituirla por otra ubicación dentro del Polígono Sur. Pero, además, está el agravante de que en el año 2014 se produce un informe del Comisionado del Polígono Sur que el señor Zoido, alcalde de Sevilla, acepta en dicho año. Por lo tanto, estamos hablando de un incumplimiento de palabra. Hasta ahora no ha habido consignación presupuestaria para la comisaría y ahora que parece que hay voluntad por parte del Gobierno de asignar presupuestariamente la comisaría de Sevilla, se quiere sacar fuera del barrio. Nosotros decimos que tiene que estar en el Polígono Sur porque es el elemento de integración, para que los vecinos y vecinas hagan gestiones, para renovar el DNI, para hacer trámites y un elemento fundamental para luchar contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de armas y contra las mafias.
El señor PRESIDENTE: Valla concluyendo, señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Nosotros vamos a estar en las instituciones y en la calle defendiendo que la comisaría se ubique en el Polígono Sur. Participaremos el próximo jueves 23 en la concentración y en las movilizaciones de Nosotros también somos Sevilla. Y también queremos decir desde Unidos Podemos que hay una cita del movimiento antiglobalización para reivindicar que el sur también existe, que en la ciudad de Sevilla el sur también existe y nosotros queremos que la comisaría de policía sea en el Polígono Sur porque lo contrario sería una traición al movimiento vecinal y a estas 50.000 personas que viven en el Polígono Sur y que han sufrido la desigualdad y la pobreza, pero también la inseguridad y la existencia de mafias, de clanes y de agentes que trafican con droga y armamento. Por lo tanto, que se ubique dentro del Polígono Sur es nuestra posición clara, inequívoca y la que vamos a defender tanto aquí como en las calles y en las distintas instituciones de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bustamante.
Señora Cuello, solo a efectos de aceptar o rechazar enmiendas.
La señora CUELLO PÉREZ: No acepto ninguna de las dos enmiendas.
- SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA UTE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA EN ASTURIAS Y CAMBIO DE NOMBRE DEL CENTRO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000058).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, proposición no de ley sobre medidas urgentes para la UTE del Centro Penitenciario de Villabona en Asturias y cambio de nombre del centro.
Tiene la palabra el señor Trevín.
Señorías, lo que ha pasado con la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión de Asturias es un auténtico escándalo. Puede sonar chocante, pero los responsables de Instituciones Penitenciarias nos han robado un proyecto. Un proyecto con prestigio internacional que en 2011 llegó a recibir el Premio Príncipe de Asturias, además de cosechar el elogio unánime dentro y fuera de España por su probada capacidad para la reinserción social, y que ahora tiene una gestión que no hace más que acentuar los problemas entre la población reclusa. Este cambiazo es de los que hacen época.
El pasado 28 de abril ya solicité que se tomaran medidas urgentes al respecto, y se aprobó. Pero el anterior equipo ministerial estaba más interesado en continuar con su película de espionaje a sus supuestos enemigos políticos -es decir, todas las señoras y señores diputados de la leal oposición que aquí estamos- que en cumplir los mandatos del Parlamento. Pero nunca hay que perder la esperanza: nuevo ministro, nueva petición. Aún estamos a tiempo, merece la pena, nos va en ello el prestigio de todo nuestro sistema penitenciario y también el de nuestra sociedad. Los numerosos testimonios de reclusos a los que la UTE de la prisión asturiana ayudó a dejar las drogas y a reinsertarse están ahí para ser escuchados, para aprender cómo se hacen las cosas bien, con humanidad, señorías.
En 1992 se puso en marcha en la cárcel de Asturias un modelo de intervención donde lo decisivo era la reeducación y la reinserción social, con unas normas de comportamiento interno que propiciaron convivencia ordenada, corresponsabilidad, participación y un espacio carcelario libre de drogas. Con ello se incrementó el índice de inserción y se redujo el de reincidencia. La experiencia fue reconocida a nivel nacional e internacional. La Asociación de Abogados Jóvenes de España le otorgó su Premio de Derechos Humanos, el Gobierno asturiano su Medalla de Plata en 2007. El mismo año pasó a formar parte de los proyectos seleccionados por Ashoka, organización mundial de emprendedores que en 2011 recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional. Además, diversos países europeos y americanos se inspiraron en ella para nuevos proyectos en sus prisiones. La iniciativa, pese a los obstinados intentos de demolición, mantiene un alto grado de complicidad con una buena parte de las ONG asturianas, laicas y religiosas, con los expertos en reinserción y con numerosos actores económicos, políticos y sociales del Principado. Pocos proyectos, créanme, habían logrado un respaldo y un aplauso social tan unánime en Asturias como la UTE de la prisión. Su eficacia como instrumento rehabilitador nunca fue discutida. Un estudio de la Universidad de Oviedo sobre una muestra de 535 internos dio como resultado un grado de reincidencia del 16 %, tres veces menos que la media española. Pues bien, ante este panorama de éxito indudable, ¿qué se ha hecho hasta ahora desde el Ministerio del Interior? Encarcelar el sentido común, poner entre rejas la efectividad de este programa. Funcionaba demasiado bien y, por tanto, estaba equivocado. Tanto desde la dirección de la prisión como de la secretaría general de la que depende le dirán que no es cierto lo que les digo. Como los impostores contumaces, pillados con la mano en la masa, dirán: esto no es lo que parece. En eso les doy la razón: no es lo que parece, es peor. Recurramos a una voz imparcial, ecuánime y respetada que no sea la mía. ¿Qué les parece la defensora del Pueblo? Que hable ella. En su informe de 2013 lo hace por primera vez y dice: En una reciente visita al Centro Penitenciario de Asturias se pudo constatar la situación en la que se encuentran los internos que actualmente participan en el proyecto UTE. Se comprobó que son hechos ciertos la flexibilización de las condiciones de estancia, la devaluación del contenido del contrato terapéutico, el cuestionamiento de los programas que desarrollan las ONG colaboradoras, la rebaja de las competencias del equipo multidisciplinar, la privación a los profesionales de la UTE de su capacidad de decisión sobre las personas internas, la eliminación parcial del servicio administrativo o la asignación de funcionarios de vigilancia no comprometidos con el proyecto, desvirtuando la importante función de los tutores. En el momento de redactar este informe está en preparación una recomendación a Instituciones Penitenciarias para que se regule adecuadamente.
Vuelve sobre ello en 2014: La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha admitido solo parcialmente la recomendación formulada. Se recuerda la necesidad de que sean respetados los planteamientos de intervención en los términos expuestos por los funcionarios que en su momento lo alumbraron, cuyo esfuerzo permitió su ulterior desarrollo y público reconocimiento. Y también se refirió a ello en 2015: LA UTE de Asturias. Este modelo se encuentra actualmente en riesgo de ser malogrado por la aplicación mecánica de la Instrucción 9/2004, cuando lo singular requiere un tratamiento específico. Incluso, señorías, el centro de Asturias no permite aplicar dicha instrucción.
Hemos pasado de tener un espacio libre de drogas a un espacio sin más ley que la de la autoridad competente, como alguien, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo: Las advertencias de la defensora del Pueblo deberían hacer sonrojar a los responsables de Instituciones Penitenciarias. El pasado mes les volvió a indicar: Esta institución ha reiterado la recomendación efectuada a la Administración penitenciaria y su convicción de que el interés de las personas privadas de libertad, atendidas en el Centro Penitenciario de Asturias merced a este programa de intervención, ha de primar sobre otras consideraciones, restableciéndose, en consecuencia, el modelo tradicional de funcionamiento de la UTE.
Lo que les decía antes, el modelo carcelario en los últimos cinco años fue meter a la gente en el trullo y luego tirar la llave. Eso es lo que les estoy pidiendo que cambien reiteradamente, y obstinadamente también se lo pide la defensora del Pueblo. Hagámosle caso, porque además, señorías, el deterioro del proyecto ha contaminado toda la presión. Paso de ser en 2011 el centro penitenciario con menos incidentes en España -1 por cada 13,6 internos-, a estar entre los más problemáticos -en 2014 hubo 1 por cada 6,7, casi el doble-. Son datos del Ministerio del Interior, constatados también por la defensora, que dice: En 2014, en Instituciones Penitenciarias españolas se produjeron veinticinco fallecimientos a causa de la reacción adversa a las drogas, y -sigue extrañada- en el centro de Asturias se produjeron tres por esta causa, siendo un centro que tradicionalmente ha destacado por diseñar y liderar un avanzado y reconocido programa de atención a personas privadas de libertad aquejadas de toxicomanía. Hoy mismo, señorías,
lamento tener que darles la noticia de que publican los periódicos asturianos que fue hallado muerto en su celda de la prisión de Asturias un preso con una larga trayectoria de consumo de drogas y alcohol. Les doy la noticia pero, por respeto, no profundizo. Además, la vergüenza ajena me lo impide.
¿Entienden ahora la urgente necesidad de normalizar la situación, la de la cárcel y hasta la de su nombre? Fíjense qué poco les estamos demandando. La prisión asturiana se denomina actualmente Centro Penitenciario de Villabona, a pesar de no estar en dicha localidad. Tiene esa denominación porque en 1991, cuando se inauguraron sus actuales instalaciones, la estación ferroviaria cercana más importante era la del mencionado núcleo de población, pero en realidad la prisión está en La Llaniza, a 4 kilómetros, por lo que su actual nombre, además de impreciso, lleva a confusión. Una asociación de vecinos, la de Villardeveyo, lidera una iniciativa popular en el municipio de Llanera, al que pertenece, para cambiarlo. Dicha petición fue apoyada por todos los grupos políticos en el ayuntamiento. Por eso les pido que a partir de ahora la cárcel de Asturias se llame Centro Penitenciario de Asturias. ¿Es posible la normalización que solicito con la dirección actual que ejerce la cárcel como autoridad competente? Imposible de todo punto conseguirlo con el actual director. Porque él es el responsable de que en la derivación de internos a las ONG de rehabilitación de toxicómanos -Proyecto Hombre, Fundación Adsis y Amigos contra la Droga- hayamos pasado de 223 reclusos en 2011 a poco más de 50 en 2016. Es esa dirección la que impide la entrada al centro a la abogada de una de esas ONG y a la presidenta de la asociación de familiares. Es esa dirección la que tiene a la UTE descabezada por la destitución de sus coordinadores y quien no permite que se reúna el equipo multidisciplinar, la que la tiene sin servicio administrativo y sin capacitar a sus profesionales para decidir el ingreso y expulsión de internos, contraviniendo descaradamente el reglamento vigente. Por todo ello, pedimos su cese. Si no quieren apoyar las medidas que solicitamos en esta proposición no de ley por quienes hoy aquí lo pedimos, al menos hagan caso a lo que la defensora del Pueblo viene solicitando. Busquen la llave y sáquennos de este vergonzoso agujero.
Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha dado y pido perdón al resto de componentes de esta Comisión por el exceso.
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, me consta que es un tema muy sensible para usted.
En turno de enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca.
Hablar de la cárcel de Villabona se ha convertido en un clásico. En los últimos años en esta institución penitenciaria asturiana se están produciendo una sucesión de hechos que obstaculizan el mandato constitucional de reinserción social por el empecinamiento de la dirección en desmantelar paulatinamente uno de los más notables y distinguidos procesos de innovación generado en las cárceles españolas, la Unidad Terapéutica y Educativa. Una UTE de la que ahora se cumplen veinticinco años, que se gestó con clarividencia y determinación por funcionarios de la antigua cárcel de Oviedo y que se desarrolló con gran éxito en Villabona, con la creación de un espacio libre de drogas que supuso una tabla de esperanza y salvación para muchos hombres y mujeres que voluntariamente se adscribieron a él. Recalco esto porque resulta clave que se ofrezca a nuestros presos la posibilidad de evitar el submundo de la marginalidad que supone la cultura carcelaria tradicional.
Hace cinco años tuve la suerte, junto con otros parlamentarios nacionales, de conocer la UTE de Villabona y conversar durante toda una mañana con casi 200 internos que, a diferencia de lo sucedido el pasado sábado con una comisión de parlamentarios autonómicos, es decir, sin supervisión alguna y sin cortapisas, nos ofrecieron el testimonio directo de lo que suponía su paso por la cárcel, el alivio personal que para cada uno de ellos suponía la participación en el programa terapéutico y educativo, y su convicción de estar en una oportunidad única para la reinserción social y para reintegrarse en la sociedad tras el cumplimiento de su pena. Aquella jornada con los presos fue una gran experiencia que no me importaría repetir para conocer in situ y con testimonios directos, de primera mano, cómo ha evolucionado la situación porque la sucesión continuada de malas noticias no puede ser más desalentadora con la dirección de la cárcel puesta en entredicho y, desgraciadamente, Villabona convertida en tema recurrente. Ayer, como ya se ha dicho, falleció otro interno. Baste señalar que en torno a la Asociación de familiares y amigos de la UTE se ha generado un amplio movimiento de apoyo solidario que reúne a diversas ONG, entidades sociales cívicas y religiosas para clamar contra su deriva, arropar a cuantos trabajan por ella y luchar por restituir las condiciones que hicieron de la UTE asturiana un modelo distinguido, ejemplar y exportable, orgullo de muchas personas.
La institución del Defensor del Pueblo también se viene sumando en los últimos años a la preocupación y ha recomendado la vuelta al modelo original, pero ha sido inútil, y es lamentable que este asunto se haya enquistado para estupor de cuantos lo conocemos, ya que se trata de un colosal desperdicio de posibilidades de reinserción y de esperanza para los presos y sus familias. Precisamente en esa línea de atender al mandato de nuestra Carta Magna sobre la reinserción social he presentado una enmienda que añade un punto en el que se insta al Gobierno a incorporar en las próximas partidas presupuestarias la construcción en Asturias del centro de reinserción social que ya estaba comprometido por Instituciones Penitenciarias para complementar el CIS El Urriellu, para el que se dispone de terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Gijón.
Me han indicado, señor presidente, que si mantengo la enmienda no podrían votarse separadamente los puntos de esta proposición. Como reglamentariamente es así y para propiciar la oportunidad de alcanzar acuerdos unánimes en torno a Villabona, procedo en este acto a retirar mi enmienda sobre la necesaria dotación de otro CIS en Asturias.
Concluyo con una llamada al Gobierno para que escuche lo que se viene diciendo en favor de la UTE de Villabona y cumpla con lo que se reclama en las instituciones democráticas que representan a asturianos y españoles. Lamento que el Partido Popular se vaya a quedar aislado en una cuestión sobre la que algunos cargos públicos del PP a título individual también se han mostrado interesados y preocupados, pero chocan con una pantalla que avala y ampara las directrices que se han venido tomando en Villabona para desarmar y desacreditar sus UTE, incluida la reciente decisión de la dirección de reabrir el módulo de la UTE 3 en condiciones impropias que, junto a la paulatina obstaculización y las mermas de recursos humanos en las UTE, desvirtúan el ambiente necesario para aplicar correctamente el modelo alternativo, original, innovador y único que hizo posible en Asturias otro tipo de prisión que facilite a los presos la integración y la convivencia.
¿Por el Grupo Mixto, en turno de fijación de posición? (Denegaciones). Al haber retirado la enmienda el Grupo Popular y tenerla en la Mesa, intervendrá en último lugar. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente.
Apoyaremos la proposición porque entendemos, y así lo hemos manifestado a lo largo de nuestra existencia en esta Cámara, que la finalidad principal de la pena es la reinserción, la recuperación del penado, del reo, para la sociedad. En ese sentido, los módulos terapéuticos y educativos cumplían una función importante en esa labor de reinserción. Y el de Asturias, a tenor de lo que nos exponen, cumplía un papel destacado y había sido un ejemplo. La doble propuesta nos parece oportuna: recuperar el camino desandado en el centro terapéutico de Asturias y evaluar y valorar el conjunto de los programas educativos y terapéuticos del sistema penitenciario español, a fin de adecuarlo, adaptarlo y mejorarlo.
Por el Grupo Ciudadanos, señor Prendes.
Es cierto, como decía al finalizar la intervención el diputado señor Trevín, que este es un asunto de mucha sensibilidad. Me imagino que ustedes han escuchado lo que han dicho mis compañeros el señor Trevín y el señor Martínez Oblanca; yo hago mías todas sus palabras, y por tanto, no voy a reiterar en esta intervención un aluvión de datos o de hechos que son de sobra conocidos, solo les voy a hablar desde el punto de vista personal de la experiencia. La experiencia de un joven abogado que hace veinticinco años participó en la creación de la Unidad Terapéutica y Educativa, en aquel caso no de la cárcel de Villabona, que no existía, sino de la cárcel de Oviedo, que fue donde surgió esa Unidad Terapéutica y Educativa. Y surgió, quiero decirlo en primer lugar, gracias al empeño, al esfuerzo y a la generosidad de unos funcionarios de prisiones, unos funcionarios públicos, unos servidores públicos que fueron mucho más allá de lo que sus obligaciones profesionales y laborales les imponían, y que entendieron en aquel momento lo que suponía una situación absolutamente dramática por la que pasaban muchos jóvenes de nuestro país que no encontraban una salida al mundo de la droga y para
los que desde luego la pena de cárcel incorporaba una pena añadida en muchos casos de muerte, de sida, y desde luego significaba entrar en un túnel del que no había salida de ningún tipo. Aquellos funcionarios, aquellos servidores públicos entendieron que había que hacer algo más y por eso crearon un modelo de Unidad Terapéutica y Educativa que en aquel momento no existía en nuestro país y que se instauró dentro de la cárcel. Y ese fue el gran mérito, que dentro de la cárcel se ofreciese una salida y una oportunidad a aquellas personas que -quiero recordarlo- por ser penados y por ser condenados única y exclusivamente habían sido privados de su libertad, de ningún otro derecho, desde luego no de su derecho a la salud y, desde luego, no de su derecho a la vida. Aquel proyecto fue creciendo y de la cárcel de Oviedo pasó a la moderna y recién inaugurada UTE de Villabona y aquel proyecto acogió como propio la totalidad de la sociedad asturiana, voy a decirlo así, y por eso hoy probablemente estamos hablando aquí diputados asturianos de distintos partidos políticos que sentimos ese proyecto como nuestro y que nos duele especialmente lo que se está haciendo con él.
Fíjense ustedes el grado de reconocimiento social y público que alcanzó ese proyecto que formó parte de una candidatura a los premios Príncipe de Asturias. Fue Príncipe de Asturias de la Concordia como un proyecto de emprendimiento social dentro de la candidatura Ashoka, que es una asociación internacional de emprendedores sociales, y el proyecto español -no hablo solo de asturiano- que identificaba a esa asociación internacional que recibió el Premio Príncipe de Asturias era precisamente el proyecto de la UTE de Villabona.
Curiosamente y por alguna razón -yo le he dado muchas vueltas y seguramente muchas personas también-, algo sucedió en un momento determinado para que aquel reconocimiento social, aquel prestigio, aquel proyecto que irradió a otras cárceles españolas y se instaló en otras cárceles españolas y que fue un modelo estudiado incluso en el ámbito de la universidad como un modelo a seguir, un modelo que hacía realidad ese derecho constitucional a la reinserción social, con el anterior cambio político recibiera un tratamiento diferente. A partir de ahí -ya lo han descrito mis compañeros anteriormente-, empezaron a suprimirse las derivaciones para tratamientos fuera de la cárcel, el tercer grado, que permitían una salida y la colaboración de entidades de la sociedad civil que desarrollan un trabajo absolutamente meritorio en este campo, se empezaron a negar el trabajo a los funcionarios, las comisiones de servicios en las que estaban trabajando, se empezaron a recortar los criterios con los que funcionaba esa UTE. Hay una cuestión fundamental, cualquiera que haya trabajado en el ámbito de la reinserción social de toxicómanos lo sabe, y es que es absolutamente necesario que haya un compromiso personal y directo de los internos para someterse a un régimen -quiero decirlo- mucho más estricto de lo que es estar dentro de un centro penitenciario y esta era la clave. Por tanto, se quiso sustituir aquel contrato terapéutico, aquel compromiso con unas normas muy estrictas por algo que se llamaron módulos de respeto que no tenían ni el nivel de exigencia ni el nivel de compromiso que se pide a los internos. Eso provocó una desnaturalización del proyecto original, provocó que poco a poco con la labor de zapa, una labor sorda se fuese minando este proyecto hasta llegar a la situación actual absolutamente insostenible.
A partir de ahí ha habido iniciativas políticas en todo tipo de ámbitos, en el ámbito del Parlamento autonómico, del Parlamento nacional, por parte de la defensora del Pueblo -ya se ha relatado-, ha habido visitas de parlamentarios, ha habido intentos de recuperar el espíritu y el modelo original y todo eso ha resultado en vano. Les pido una reflexión a los que tienen que reflexionar, le pido una reflexión al Partido Popular, les pido que escuchen a su socio de candidatura, al señor Martínez Oblanca, o que escuchen lo que le dicen privadamente -sé que públicamente no lo va a decir- sus compañeros del Partido Popular de Asturias. Les pido que los escuchen porque tienen un conocimiento muy directo de la realidad de lo que está sucediendo allí, que no hagan oídos sordos y que no contemplen esto como una iniciativa más ni como una obligación de defender posiciones del Gobierno. Esta no puede ser una iniciativa más, el hecho dramático y luctuoso ha sucedido en el día de ayer. Cuando ustedes lean la noticia entenderán, entre otras cosas, cuál es la diferencia entre la UTE y un módulo de respeto y por qué se pueden producir cosas como las que sucedieron ayer que llueve sobre mojado, sobre demasiado mojado porque ha habido cuatro muertes en los últimos dos años desde que se ha roto ese modelo originario. Les pido que escuchen el clamor de una sociedad que les pide que se recupere el modelo original, que escuchen incluso a sus compañeros y que, en el fondo, escuchen lo que estoy seguro que piensan todos ustedes y que recuperen el modelo original. Para ello, en este momento es absolutamente imprescindible la sustitución de los responsables del centro penitenciario, que han tenido todas las oportunidades para rectificar y no han querido aprovechar ninguna. A partir de ahí, el resto de puntos de
la proposición no de ley nos parece que son absolutamente sensatos y razonables. Por favor, escuchen y no lo tomen como una medida más, porque estamos jugándonos, en muchos casos, la vida de muchas personas.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Fernández Castañón.
Nos encontramos en esta legislatura con una proposición no de ley que también se presentó en la legislatura anterior, en la que el Grupo Socialista muestra su preocupación por la UTE del Centro Penitenciario de Villabona. Como entonces, vamos a apoyar este texto porque es inadmisible el desmantelamiento de la UTE, porque hay toda una comunidad -ya ha sido mencionado antes por otros ponentes-, desde los amigos y familiares de la UTE de Villabona hasta la sociedad asturiana en su conjunto, que no entiende este desmantelamiento de la que fue una unidad que llevó a la cárcel de Villabona a unos niveles ejemplares de buen funcionamiento no solo en nuestras fronteras, sino traspasándolas.
Apoyamos este texto por la necesidad de reinserción, por lo que dice el artículo 25 de la Constitución, que establece que el fin de la pena privativa de libertad es la reinserción y la resocialización de las personas privadas de libertad; y porque, además, nos parece evidente la sobrerrepresentación en la cárcel de trabajadoras y trabajadores no cualificados o escasamente cualificados, un 33,8 %, casi un 56 % si sumamos ambos, frente a quienes podríamos considerar de cuello blanco, que es un 15,35 %. Nos parece fundamental porque esta ha sido la labor, y no solo la labor sino el espíritu de la UTE, y el actual director, con la connivencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la está desmantelando. Da igual lo que diga la defensora del Pueblo, no les está importando en absoluto, da igual lo que esté diciendo la sociedad en su conjunto y que estén bajando los índices, que en un momento fueron ejemplares, a unos niveles grandes de preocupación.
Queríamos decir, y de antemano digo que vamos a apoyar este texto, que lo más grave que está pasando en Villabona no ocurre en la UTE. Lo más grave son las ocho personas fallecidas con procesos totalmente irregulares en las autopsias y con procesos irregulares en cómo se le comunica a sus familias; la octava persona falleció ayer mismo -ocho desde que está el actual director en este centro-. Me gustaría pensar que los familiares de esta persona han sido debidamente notificados, no como ha ocurrido en otros casos que las familias se han enterado directamente por las funerarias y, a día de hoy, la dirección del centro no se ha puesto en contacto con ellos.
Quiero relatar alguna de la multitud de irregularidades y hasta atrocidades que, desde una asociación más allá del muro, se nos ha facilitado y que vienen ocurriendo en el centro en los últimos años. No hay comunicación con las familias desde el centro penitenciario, incluso cuando hay situaciones de fallecimiento. Se niegan los informes médicos a las familias. Los funcionarios administran a los presos medicamentos e inyecciones, pese a la negación de estos a que lo hagan funcionarios y no personal médico. Pueden trasladar al preso de la cárcel al hospital sin dar aviso de la noticia; y sin protesta y sin presión no dejan salir al preso con una enfermedad terminal de la cárcel, y se realizan cambios de medicación injustificados. Desde 2014, con el nombramiento del actual director, ya son ocho las personas fallecidas y, además, normalmente por edema pulmonar y, en muchos casos, por sobredosis. Hay una destrucción sistemática del correo que envían los presos cuando contiene instancias y hay una destrucción de sus cartas. El traslado de enfermos al hospital no se realiza en ambulancia, sino en un furgón de la Guardia Civil. Los módulos 7 y 8 tienen plagas de ratas y cucarachas. Los presos con enfermedades psiquiátricas no tienen atención específica ni un espacio propio; están mezclados y con un trato indiscriminado. Además, quería decir que es preciso la destitución del actual director, porque se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, con el único objetivo de desacreditar a una comisión parlamentaria que, desde la Xunta Xeneral d'Asturies, acudió a visitar la cárcel de Villabona y que es la encargada...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, rogaría silencio para que la interviniente pueda hacer uso de la palabra.
Decía que hay una vulneración de los derechos que se ha realizado con el fin de desacreditar a una comisión parlamentaria que, desde la Xunta Xeneral d'Asturies, acudió a visitar la cárcel de Villabona y que, además, es la encargada de velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos fundamentales de los asturianos y asturianas, y aunque algunos quisieron convertir aquello en un circo, desde Podemos Asturias no se cejará en la defensa de las UTE, y tienen muy claro -y así lo han votado- que el director no puede seguir ejerciendo este cargo. Le preguntaría al señor Trevín si puede decir lo mismo de sus compañeros del Grupo Socialista en Asturias, porque parece que cuando esto se habla en la Xunta se ponen de lado.
Por último -y porque esto hace mucho que nos preocupa-, quisiera exigirle responsabilidades al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, porque llevamos desde agosto pidiendo visitar la cárcel de Villabona -ya que la situación es de una gravedad alarmante- y no ha hecho más que darnos largas y no se nos ha concedido todavía el permiso y no sabemos muy bien por qué. Creo sinceramente que se le tendría que caer la cara de vergüenza -y aprovecho esta Comisión para hacérselo saber y que así conste-, porque permitir que ocurra lo que ocurre en Villabona supone una vulneración flagrante de los derechos humanos.
Por parte del Grupo Popular, señora Hoyo.
Quisiera empezar mi intervención dejando muy claro que tanto mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, como el Gobierno, hemos apostado siempre, seguimos apostando y apostaremos en el futuro por las unidades terapéuticas y educativas, porque consideramos que son un modelo a seguir. Desde luego, todos sabemos que tanto las drogodependencias como las adicciones influyen mucho en que los sujetos delincan, igual que contribuyen en la reincidencia. Tengo que decir que durante la X Legislatura tuve la oportunidad de visitar muchos centros penitenciarios que tienen unidades de este tipo, y entre ellos visité, junto a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, el Centro Penitenciario de Villabona. Tuvimos la oportunidad de hablar y de escuchar testimonios no solo de los funcionarios, también de los internos, en los que nos contaban que en esas unidades tienen atención personalizada y les ayudan mucho, no solo en su día a día dentro de la cárcel sino en su vida en general, porque contribuyen al cambio en sus hábitos, en sus costumbres. Se hace un gran trabajo mediante la motivación hacia el cambio y se trabaja en la incorporación de habilidades sociales que contribuyen a conseguir ese gran objetivo que es la integración sociolaboral cuando salgan de la cárcel. Creemos que el modelo de las UTE es un gran modelo, que, además, da resultados, porque está comprobado que se reduce hasta un 30 % la reincidencia. Es un modelo a seguir y creemos, señor Trevín, que tenemos que continuar apostando por el, no solo conservándolo sino también contribuyendo a su mejora.
Estamos de acuerdo con algunos de los puntos que se presentan en la proposición no de ley, pero no así con otros, por lo que comentaré punto por punto. En primer lugar, y respecto a la petición de destitución del director del centro, creemos que no hay motivos suficientes. Se trata de una persona que está cumpliendo con sus obligaciones profesionales, que actúa siempre conforme a la ley y a las exigencias reglamentarias y en este momento no nos consta la necesidad de que sea sustituido, por tanto no vamos a participar en esa petición. Además, he de recordarle, señor Trevín, que respecto al anterior director del centro decía usted prácticamente lo mismo. Acusaba de las mismas cuestiones al anterior director, que luego fue sustituido por motivos personales. ¿Quién no nos dice que con el siguiente director, en su caso, volvería a decir lo mismo? Su actitud hace pensar a mi grupo parlamentario que en realidad no le va a gustar ningún director hasta que lo ponga usted.
Respecto al segundo punto, a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, destacaría dos. La primera es la que hizo en 2014, que se cumplió por parte del Gobierno mediante la Instrucción 9/2014, de 14 de junio, que, como saben todos ustedes, fue la que reguló la organización y el funcionamiento de las UTE. Y respecto a la de 2015, que también ha nombrado, mi grupo cree que no sería operativo llevar una regulación específica en cada uno de los centros penitenciarios que tienen UTE. Muchos centros penitenciarios cuentan con UTE, por tanto, si se le da una regulación específica al Centro Penitenciario de Villabona, por qué no se hace lo mismo con el resto de centros penitenciarios. Yo soy valenciana, por qué
el centro de Alicante II o el centro de Castellón no van a tener su regulación específica. Creemos que esto no es operativo y, por tanto, tampoco vamos a apoyar este punto.
Por lo que se refiere al tercer punto, no nos consta que el Centro Penitenciario de Villabona y en concreto su UTE no esté normalizado, pero tenga por seguro que, si comprobamos que esto no es así, nosotros mismos seremos los que instaremos al Gobierno a que tome medidas. Me decía antes de empezar la Comisión el señor Trevín y también lo ha manifestado la portavoz de Podemos, que querían realizar una visita a ese centro. Nosotros, como grupo parlamentario, por supuesto que nos sumaremos a esa visita y, desde luego, si en algún momento, como decía, comprobamos que la normalización del centro no se está produciendo, seremos los primeros que instaremos al Gobierno a que tome medidas al respecto.
En cuanto al cuarto y quinto punto, mi grupo los apoya. La evaluación del funcionamiento de los módulos terapéuticos se está haciendo de forma anual, pero creemos que es importante que se siga realizando, ya que, desde luego, es muy beneficioso. Respecto al cambio de la denominación del centro, creemos que es lógica esa petición y también vamos a apoyar que el Centro Penitenciario de Villabona pase a llamarse Centro Penitenciario de Asturias.
Como he dicho, hay puntos con los que estamos de acuerdo, otros con los que no y, por tanto, pediríamos tanto a la Mesa como al resto de grupos parlamentarios que nos permitieran la votación por puntos separados.
Señorías, les pido que a partir de ahora intentemos ceñirnos lo máximo posible a los tiempos.
- RELATIVA A SOLICITAR LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DE LAS ACTIVIDADES PRESUNTAMENTE ILÍCITAS REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001147).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura con el punto 3.º del orden del día, relativa a solicitar la investigación por parte del Protectorado de Fundaciones de las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la Fundación Francisco Franco, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
¿Se puede imaginar alguien una fundación Benito Mussolini, en Italia? No lo creo. ¿Se puede imaginar alguien una fundación Adolf Hitler, en Alemania? No lo creo. No lo creo porque sabemos que son democracias avanzadas, como intentamos que lo sea también la nuestra. Y no lo creo porque atenta directamente contra la inteligencia, y la simple idea de esas fundaciones creo que atenta contra la sensibilidad democrática de todos y de todas. Las sociedades democráticas en Europa se construyeron precisamente combatiendo el fascismo. La democracia y la libertad tienen sus enemigos. La democracia es una conquista por la que hubo que luchar y por la que hay que luchar cada día. En toda Europa hubo una guerra del fascismo contra la democracia. Toda, absolutamente toda la memoria de la legislación democrática, contrapone precisamente a quienes lucharon por la democracia frente a quienes lucharon para acabar con ella en todo el continente europeo. Toda la construcción democrática europea se puso en alerta para luchar contra un posible resurgimiento de estas ideas contrarias a los derechos y a las libertades. De esto estamos hablando aquí hoy precisamente y lanzo dos preguntas: ¿Qué sentido tiene la existencia de una fundación que atenta contra los valores y que combatió precisamente la democracia? Qué sentido tiene y cómo es posible que reciba dinero público para promover ideas contrarias a los derechos y a las libertades? Nuestra legislación prescribe -y leo literalmente-: Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, de promoción de los valores constitucionales y de defensa de los principios democráticos de fomento de la tolerancia.
Francisco Franco, que es conocido por todos y por todas, fue el principal promotor de nuestros campos de concentración, de nuestras cunetas, de 'nuestras noches de los cristales rotos'. Hubo 115.000 personas asesinadas entre 1939 y 1975, 114.000 desparecidos, 2.500 fosas todavía sin exhumar, 88.000 personas aún siguen en estas fosas comunes, 30.000 niños fueron robados y entregados a familias vinculadas al régimen, 400.000 presos políticos fueron utilizados como esclavos, algo que está todavía sin investigar. No nos cuenten que fue consecuencia de una guerra, fue un golpe de Estado contra un régimen legal y legítimamente constituido. La ONU, el Consejo de Europa, el Comité contra la Tortura, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos coinciden en su condena al franquismo, en que hay que investigar las violaciones de derechos humanos y en que hay que buscar que se procese a los culpables y responsables. La mera existencia de esta fundación, desde nuestro punto de vista, es una auténtica anomalía democrática. Con esta PNL lo que queremos precisamente es poner en cuestión la existencia de esta fundación -y de otras si las hubiera-, cuyo objetivo último es, precisamente, combatir la democracia. No exigimos nada extraño, exigimos que se cumpla la legalidad vigente, la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Fundaciones. Creo que sería muy positivo que esta PNL saliera adelante y que desde aquí diéramos un mensaje claro: también desde el ámbito legislativo decimos que el fascismo contra la democracia "no pasará".
En el trámite de enmiendas, por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia.
La Fundación Francisco Franco ha venido mostrando el más absoluto desprecio a las víctimas del franquismo, realizando apología y justificando abiertamente la muerte de miles de personas durante la Dictadura. Aún así, el Gobierno, lejos de hacer cumplir la escasa legislación en favor de estas víctimas, ha hecho dejación de su función y no ha actuado contra esta fundación como le correspondía hacer. Al grave hecho de haber enviado a los ayuntamientos una carta ofreciendo asesoramiento legal para no cumplir con la Ley de Memoria Histórica, se suman otras muchas actuaciones de esta fundación en ese mismo sentido. Igualmente, sus declaraciones públicas no dejan lugar a dudas sobre su forma de pensar y proceder en relación con el franquismo. Precisamente, mi grupo, Euskal Herria Bildu, preguntó al Gobierno, a raíz de unas declaraciones de su vicepresidente, Alonso García. En las mismas realizó afirmaciones como: El régimen de Franco solo fusiló a 23.000 personas y no fue por capricho. Estas afirmaciones son, a nuestro entender, motivo suficiente para actuar, cuando menos poniendo las afirmaciones realizadas en manos de la fiscalía. Preguntado el Gobierno al respecto su respuesta se ha limitado a recordarle a esta diputada el objetivo que persigue la Ley de Memoria Histórica, ley que menosprecia -entiendo yo- no respondiendo a las cuestiones concretas que se le planteaban y muestra con claridad la nula voluntad, manifestada ya en ocasiones anteriores, de actuar en favor de las víctimas del franquismo. Por tanto, es claro que no podemos confiar en que el Gobierno actúe motu proprio en esta materia y es necesario que una mayoría de esta Cámara se posicione a favor de ello. Pero creo que, igualmente, es necesario pedir al Gobierno que rompa todo vínculo con esta fundación para que ni colabore con ella ni la subvencione.
Es por ello que, apoyando la iniciativa del grupo proponente, hemos considerado necesario completarla y cerrar así el paso a que el Gobierno siga colaborando de alguna manera con la Fundación Francisco Franco, además de pedir la documentación relativa a la Administración de la época de la dictadura de Franco que en la actualidad obra en su poder y a la que muchas veces investigadores de aquella época no tienen acceso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por su concreción.
Por el Grupo Mixto, señor Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Nuestro voto, como no podía ser de otra manera, será favorable a esta iniciativa que lo que pretende es sacar a la luz unas actitudes y unas acciones que se permiten y se toleran por parte de una fundación que, a nuestro juicio, no cabe en el marco constitucional que algunos defienden y de qué manera. No solo se le permite a la fundación existir, no solo se espera que se den explicaciones por parte del Gobierno de
si se reciben o no fondos públicos en la fundación, sino que se les tolera que se manden cartas y que se dirijan a alcaldes del Estado para animarles a saltarse la ley, para animarles a que dejen rastros de lo que fue, sin duda, una de las épocas más oscuras de este país en los edificios públicos y en las calles de todo el Estado.
Dicho esto, nosotros no podemos -como ya he avanzado- sino votar a favor de esta iniciativa y ponernos a disposición de cualquier texto que surja fruto de las enmiendas.
Pediría, por favor, silencio para que los oradores puedan realizar sus intervenciones con tranquilidad.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Legarda.
Quiero manifestar que apoyaremos la proposición porque entendemos que la Fundación Francisco Franco insta a no cumplir la Ley de Memoria Histórica -según sus palabras, la mal llamada Ley de Memoria Histórica- porque, según ella, esto es hacer lo correcto en tanto en cuanto un tribunal mediante sentencia firme no la obligue a ello. La Ley de Memoria Histórica establece y obliga a retirar de los espacios públicos escudos, placas y otros objetos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entendemos que de la combinación de la Ley de Memoria Histórica y de la Ley de Fundaciones, que dice que todas las fundaciones deben perseguir un fin público, la carta dirigida por la Fundación Francisco Franco a 355 alcaldes vulnera claramente el espíritu y la letra de la Ley de Memoria Histórica y, en ese sentido, se está desviando de su fin fundacional, que no solo es servir a sus fines particulares, sino que ellos coadyuven al interés público. Consideramos que el Protectorado de Fundaciones, que es el órgano administrativo de tutela de los patronos de todas las fundaciones, debería instarla a corregir este comportamiento, ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal y tomar todas las determinaciones que legalmente estén en su mano. Creemos que la Administración del Estado no está siendo lo diligente que es en otros muchos casos -a nuestro juicio, con mucho menor motivo- y que debiera poner todos los medios para corregir esta situación.
Concluyo manifestando que apoyaremos esta proposición no de ley y que la seguiremos atentamente.
La Fundación Francisco Franco ha enviado una carta a 355 alcaldes en la que les ofrece asesoramiento y asistencia legal. Así comienza la exposición de motivos de la proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. Yo he leído con detenimiento la exposición de motivos y no he encontrado ni en ella ni en el petitum ninguna muestra de su interés por eliminar la Fundación Francisco Franco, cuyo objetivo, por cierto -y aparece en su página web- es la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco. Desde luego, no comparto ni compartiré jamás el objetivo de esa fundación, pero es una fundación legalmente constituida y recae en el Protectorado de Fundaciones que siga dando cumplimiento estricto a la ley. Yo soy nieto y bisnieto de represaliado en la época de Franco y, por lo tanto, condeno y desde mi grupo hemos condenado y condenamos cualquier delito o atentado de los que se produjeron durante esa época, pero a mí no me educaron en el principio del rencor ni en el de la venganza ni en el de la inquina. Como demócratas que somos todos en esta sala -yo al menos así lo entiendo-, debemos estar orgullosos de que haya una defensa y una utilización de la ley y del derecho. Ya me gustaría que otros grupos que hablan de la defensa de leyes y derechos lo hubieran hecho en el pasado y lo hagan en el futuro, porque no ha ocurrido así. Cuando leo con detenimiento la proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, no veo ningún indicio de ilicitud penal, aunque ellos dicen que está constatada la existencia de indicios racionales de ilicitud penal. En la carta lo que hace la Fundación Francisco Franco -cuyo fondo y forma no comparto en absoluto y tampoco mi grupo- es poner al servicio de estos alcaldes la ley y el derecho. Por lo tanto, no entendemos ni esta inquina ni este rencor innecesario. Si lo que quieren es acabar con la Fundación Francisco Franco, que lo traigan en una PNL y podemos debatir si esta fundación tiene un interés general o no lo tiene.
Ayer hubo un acto de Comisiones Obreras con el que se intentaba recordar unos asesinatos que ocurrieron hace cuarenta años, los asesinatos de Atocha 55. Cuando escuchaba los discursos de los distintos ponentes, no veía este rencor ni esta inquina, lo que sí se aplaudía, lógicamente, es la lucha por la democracia, por los derechos y por el abrazo que estaba representado en ese cuadro de Juan Genovés. Esperamos que en esta Comisión podamos seguir trabajando por esa lucha por la democracia, por el consenso y por los derechos de todos los ciudadanos.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señora Robles.
Empezaré mi intervención haciendo una referencia y un homenaje a la Ley de Memoria Histórica propuesta por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Es una ley que tiene una exposición de motivos con unos pasajes tan bellos como el que dice: "Es la hora, así, de que la Democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia". Dice también -y ello me parece muy importante-: "La presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno conocimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, no son solo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la Democracia española en su conjunto". En este contexto tan bello de la Ley de Memoria Histórica y en el desarrollo de su articulado, tenemos que tener en cuenta cuál es el marco de nuestro sistema constitucional, que viene establecido en el articulo 9, cuando se proclama el principio de legalidad, cuando se dice que los ciudadanos y todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. No nos podemos olvidar de que nuestro Código Civil, juntamente con lo que establece el párrafo tercero de dicho artículo 9, dice expresamente en el artículo 1 cuál es la jerarquía normativa y cómo incluso el artículo 6 de dicho Código Civil dice aquello que todos conocemos -incluso los que no son juristas- de que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento.
Pues bien, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación del envío de unas cartas, que han reproducido, de la Fundación Francisco Franco dirigidas a varios alcaldes y varios ayuntamientos españoles. En esas cartas no es que se haga una crítica de la Ley de Memoria Histórica, que podría ser aceptable desde un punto de vista democrático, sino que expresamente se insta a la desobediencia y al incumplimiento de la ley cuando textualmente se dice: Me adelanto a significarle que hace usted lo correcto inaplicando la ley. Si tenemos en cuenta, como se ha dicho aquí, que la Ley de Fundaciones 50/2002 expresamente establece en su artículo 3 que las fundaciones deberán perseguir siempre fines de interés general, es evidente que cuando desde una fundación como la Francisco Franco se insta a los ayuntamientos y se les dice que tienen que incumplir o que es bueno que incumplan una ley -cualquier ley, pero en este caso la Ley de Memoria Histórica- está incumpliendo esos fines de interés general, está incumpliendo las propias previsiones de la Ley de Fundaciones.
Por eso, mi grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley, porque el artículo 35 de esa Ley de Fundaciones establece expresamente que el protectorado único tiene una función con relación a todas las fundaciones, y esa función es velar por que cumplan esa finalidad de interés general, finalidad que en ningún momento se cumple cuando se insta a incumplir una ley, cualquiera que esta fuera, la Ley de Memoria Histórica o cualquier otra. Por eso, nosotros entendemos que, en cumplimiento de la ley, el protectorado debe iniciar una investigación para ver qué actividades está realizando la Fundación Francisco Franco. Si del curso de esta investigación se dedujera que se están realizando actuaciones constitutivas de delito, como el mismo precepto del artículo 35 establece, debería dar cuenta al ministerio fiscal o en su caso tomar aquellas decisiones que fueran convenientes en razón de impugnación de acuerdos o aquellas otras que supongan un incumplimiento o cualquier conducta que inste a incumplir el ordenamiento vigente y, por tanto, no solamente a la vulneración de una ley sino los principios básicos proclamados en el artículo 9 de la Constitución. Por todo ello, apoyaremos el texto de la proposición no de ley.
Señorías, mi grupo parlamentario considera que esta Comisión carece de competencia para pronunciarse sobre esta proposición no de ley. Pedimos al grupo proponente que retire la proposición no de ley en la Comisión de Interior, y le digo por qué. Tanto la parte expositiva como la dispositiva de la propia proposición no de ley presentada por Unidos Podemos lo dice muy clarito, pues señala e insta -cito textualmente y entre comillas-: "...del Protectorado único de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte...". Esta es la Comisión de Interior y, por tanto, consideramos que en cuanto a la forma la Comisión de Interior no es competente para instar a una serie de medidas y propuestas al Protectorado único de Fundaciones, que ustedes bien dicen -y es así- que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como ustedes seguro que no lo van a retirar, y han debatido todos sobre el fondo, nos han obligado a debatir sobre ello, pero en coherencia con lo que acabamos de decir y al no considerar que esta Comisión sea competente, el Grupo Parlamentario Popular no va a entrar en el fondo del asunto ni en ningún debate. Simplemente quiero señalarles que nos consta, y seguro que a ustedes también, que por el Protectorado de Fundaciones se ha procedido a la apertura de un periodo de información previa, requiriendo a la fundación que informe sobre los hechos que se han relatado en la exposición de motivos de la proposición no de ley, que alegue lo que estime procedente y aporte la documentación oportuna. Una vez que se reciba toda la documentación requerida, se procederá por parte del protectorado a valorar las actuaciones que, en su caso, procedan. Todo ello, además, se hace conforme al artículo 55 de la Ley 2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra porque no considera que esta Comisión de Interior tenga que decidir sobre algo que compete a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Para aceptar o rechazar las enmiendas, señor Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Señor presidente, quisiera agradecer las enmiendas presentadas, entendiendo que van en el camino de profundizar en el tema, pero después de hablar con el grupo que propone las enmiendas, se votará en los términos iniciales, en los términos de la propia PNL presentada.
El señor PRESIDENTE: Es decir, no acepta las enmiendas. Muchas gracias.
- RELATIVA A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE ASILO EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000513).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º, proposición no de ley relativa a la garantía del derecho de asilo en España y la Unión Europea. El autor es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa tiene la palabra la señora Belarra.
La señora BELARRA URTEAGA: Muchas gracias y buenos días, presidente, señorías.
Tenemos que traer una vez más la cuestión de la garantía del derecho de asilo a esta Cámara, a pesar de que ya se haya debatido sobre ella en numerosas ocasiones y que, además, hayamos llegado a distintos acuerdos. La cuestión fundamental es que el Gobierno del Partido Popular está provocando con sus políticas que el derecho de asilo no se esté garantizando y que, lo que es aún peor, estén muriendo miles de personas refugiadas y personas migrantes en las fronteras. Estas personas, que tienen cerrada actualmente cualquier vía legal para acceder a nuestro país y a la Unión Europea, toman rutas cada vez más peligrosas, lo que pone en riesgo sus vidas, las de sus hijos, las de sus parejas, etcétera.
Les quería recordar que hace ahora aproximadamente un año este Parlamento dio un mandato muy claro al Gobierno del Partido Popular, entonces en funciones, que decía que no podía firmar ese acuerdo UE-Turquía. No podía firmarlo porque Turquía no es un país seguro y porque no se cumplían las mínimas garantías de los tratados internacionales y de derechos humanos en ese acuerdo. Hemos tenido que oír a lo largo de este año que el acuerdo UE-Turquía ha reducido las muertes en el Mediterráneo, y la verdad
es que nos alarma este tipo de afirmaciones, porque puede que se hayan reducido las muertes en el Mediterráneo oriental, sin embargo las muertes en el Mediterráneo central no dejan de crecer, y han convertido el 2016 en el año más mortífero y la ruta por el Mediterráneo en la más peligrosa de todo el mundo, causando la muerte de 4.579 personas solo en el año 2016. Es algo que nos debería hacer reflexionar. Estamos obligando con este acuerdo UE-Turquía a que la gente tome la ruta de Libia -no sé si recuerdan que Libia es un país que se encuentra prácticamente en guerra civil-, que no solo es más peligrosa por mar sino en la que, además, hay unos niveles de violencia altísimos, sobre todo hacia las mujeres, que son absolutamente insoportables.
Se ha hablado mucho también en esta Comisión y en otras de las mafias, de la trata de seres humanos. Me gustaría recalcar una idea, que creo que es importante que capten: las muertes en el Mediterráneo, las mafias y la trata de seres humanos solo se van a acabar de una forma concreta, y es con vías de acceso legales y seguras a nuestro país y a la Unión Europea; vías legales y seguras que están actualmente cerradas. Todo esto hace que nos sonrojemos, sobre todo, por ejemplo, el embajador español cuando le pide al Gobierno jordano -país que tiene 1,2 millones de personas refugiadas dentro de sus fronteras- que abra la frontera con Siria, donde hay 80.000 personas atrapadas desde hace meses y donde no llega la ayuda humanitaria, y el Gobierno jordano le contesta que primero España tiene que cumplir los derechos humanos, con su cuota de vergüenza, con su cuota irrisoria, y que después ellos abrirán las fronteras con Sira. Me parece normal. Las vías legales y seguras son muy sencillas de aplicar, solo tienen que aprobar ese reglamento de la Ley de Asilo, que lleva desde 2009 sin reglamento. Tienen que abrir la posibilidad de que se pueda solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, tienen que articular la posibilidad de que la reagrupación familiar sea más flexible, tienen que posibilitar que en las oficinas de asilo de Ceuta y de Melilla se pueda solicitar asilo. El número de personas que solicitaron asilo que fueran africanas es en Melilla tendente a cero, prácticamente ninguna pudo solicitar asilo. Y las consecuencias de estas políticas son absolutamente criminales. Recordarán seguramente a aquel niño, a Aylan, que todo el mundo cita. Pues resulta que el 27 de enero también tuvimos un Aylan en España y nadie habla de él; era un niño que creemos que se llamaba Samuel y que apareció muerto en la playa de Barbate el día 27 de enero. Probablemente era un niño que desapareció, junto con su madre, en una patera el 11 de enero en el Estrecho, como denuncia la activista Helena Maleno. Y nadie habla de Samuel; quizá porque Samuel es negro, no lo sé. Es muy importante que seamos conscientes de que las políticas que estamos poniendo en marcha generan muertes como la de Samuel. Resulta que a su padre no lo dejaban venir para hacerse las pruebas de ADN y poder saber si efectivamente ese niño que había aparecido muerto en las playas de Barbate era su hijo o no. Después de la presión de la sociedad civil y de la presión política este Gobierno ha autorizado el visado al padre de Samuel, pero seguimos con un montón de familias, las de los muertos del Tarajal, que desde hace tres años no obtienen el visado para poder venir a reconocer a sus hijos.
Y la verdad es que estamos cansados, señorías del Partido Popular. Estamos cansados de su inacción y de que su inacción esté generando un reguero de muertes terrible en el Mediterráneo y en nuestras fronteras. Nosotros no compartimos esta política y les instamos desde ya a que hagan algo, lo que sea pero algo, porque lo que están haciendo es provocar muertes y muchísimo dolor. Y les instamos a que no sean hipócritas, a que no digan que ustedes no construirían el muro de Trump porque ustedes ya han construido el muro de Trump en Ceuta y en Melilla, ya tenemos una frontera y una valla llena de concertinas que hace el mismo efecto que el muro de Trump. Igual la diferencia es que ustedes pedirían a la Unión Europea que lo financie y no a México. (Rumores).
Turno de enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Salvador.
Nosotros compartimos buena parte de la problemática sobre los refugiados y el derecho de asilo en el sentido de que hay muchas cosas que corregir. En este sentido, estamos sensibilizados por los dramas que se están produciendo permanentemente, producto de conflictos en puntos calientes del planeta, puntos calientes cuyos conflictos llevan larvados mucho tiempo y están provocando éxodos masivos. Podemos referirnos en este momento a Siria, pero hay muchos millones de refugiados en el mundo que tendrían derecho a solicitar asilo. Nosotros nos movemos dentro del marco de la Unión Europea porque no podemos ir por libre y desde la Unión Europea debemos tener una política migratoria, una política de asilo, una política ante los refugiados. Tenemos que presionar en Bruselas desde nuestras administraciones
para intentar que nuestro punto de vista pueda salir adelante; entre otras cosas, no estamos de acuerdo, por ejemplo, respecto al reglamento de Dublín y desde ALDE vamos a ver si se puede cambiar en la Unión Europea. Eso es así. También es verdad que no es justo culpar a ningún Gobierno ni compararlo con Donald Trump porque afortunadamente en España estamos a mucha distancia de Donald Trump y de los planteamientos y pensamientos que está extendiendo en este instante. Por lo tanto, tendríamos que racionalizar las cosas porque una cuestión es intentar ver qué podemos hacer precisamente para corregir los problemas de los refugiados y asilados, y otra cosa distinta es intentar hacer ver que España es un país similar con un presidente como Donald Trump, y a sus hechos me remito.
Viendo la exposición de motivos es verdad que se recoge el drama que estamos viviendo de las pateras, de las personas que mueren, pero se mezcla, por ejemplo, la inmigración por un tema de economía, de mejorar la vida, con el tema de los refugiados; son dos temas totalmente distintos, aunque entendemos que el drama puede terminar siendo similar y produciendo efectos iguales. Nosotros hemos presentado una enmienda para intentar racionalizar desde el punto de vista de Ciudadanos el planteamiento que se nos hace, que, repito, compartimos en parte, pero hay otras partes que para ser aceptadas tendrían que ser cambiadas. Nosotros estamos de acuerdo en favorecer la lucha efectiva contra el tráfico de personas y por eso lo hemos incluido en esa enmienda, así como con todos los aspectos relacionados con la reunificación familiar. Estamos de acuerdo con la reforma del reglamento de Dublín, esto lo hemos tomado literal de su punto número 6, como también hemos tomado los puntos 7, 9 y 15, sobre la protección de la infancia inmigrante y refugiada y sobre informar a los centros de acogida sobre el proceso de acompañamiento a aquellas personas que deseen solicitar asilo en nuestro país. Estamos muy de acuerdo con promover una política exterior española y de la Unión Europea en un marco de coherencia política que contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos en los países de origen y de tránsito; una política exterior que no priorice los intereses geopolíticos, defensivos, económicos, comercio de armas, recursos naturales como el petróleo, el gas, los minerales o la pesca sobre otros asuntos y que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible de estos países y la solidaridad entre pueblos. Lo hemos cogido literal porque lo compartimos en los mismos términos, y hemos añadido una serie de puntos que voy a decir muy rápidamente: defender la creación de una efectiva política europea de asilo con el apoyo financiero del Fondo europeo de refugiados y el pleno desarrollo del programa común de reasentamiento; marcar una estrategia definida basada en la vía diplomática y de cooperación internacional para ayudar a solucionar los conflictos existentes, especialmente en Oriente Medio y El Sahel; desarrollar una cooperación más estrecha con terceros países con el fin de alcanzar un esfuerzo compartido que mejore las condiciones de vida de los refugiados en países seguros y habilitar las vías legales de entrada a la Unión Europea que alivien esa saturación de la venida y también de refugiados de países receptores, soluciones que tienen que estar basadas en el principio de solidaridad compartida y división clara de responsabilidades, de forma que se alcance una propuesta sostenible, eficaz y duradera. Y, para terminar, liderar un plan de acción estatal para la política de asilo, implicando recursos técnicos, humanos y financieros, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las ONG y demás actores involucrados en la acogida e integración de refugiados, e implicar también a los municipios españoles. Hemos recogido todo el contenido que podíamos compartir de la proposición no de ley y hemos añadido una serie de puntos que entendemos que le dan racionalidad. Compartamos la causa en la que, creo, estamos implicados todos los españoles y no nos culpemos a nosotros mismos, ni siquiera a nuestro Gobierno, de cuestiones que están fuera de nuestras fronteras; aquí tenemos que intentar ayudar para que esas personas mejoren su vida.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Miquel.
Nosotros no nos vamos a cansar de ejercer de altavoz del Gobierno de Cataluña, que se ha comprometido de manera reiterada con la acogida en Cataluña de solicitudes de asilo. El Gobierno se ha comprometido a acoger de forma inmediata a 1.200 refugiadas y a medio plazo a 4.500. A eso el Gobierno central ha hecho oídos sordos y nos dificulta la posibilidad de acogida. Hace como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Algunos aprovechan esto para acusar al Gobierno de Cataluña de falta de voluntad o de poco interés en el objetivo final, que es facilitar que personas que viven situaciones de riesgo total,
donde está en riesgo no solo su vida sino la de sus hijos e hijas, puedan venir a Cataluña a encontrar una vida mejor, una solución para poder desarrollar su proyecto vital. Y lo hacemos participando de esta iniciativa con una enmienda que pide que se aplique la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2009, ley que fue aprobada en esta Cámara. Lo que pedimos básicamente es que se permita a aquellas comunidades autónomas que gestionan los ámbitos sanitarios, educativos y sociales, como es nuestro caso, gestionar los servicios y programas destinados a solicitantes de asilo. Por eso hemos presentado esta enmienda y estamos esperando respuesta del grupo autor de la iniciativa sobre si es aceptada o no. En cualquier caso, vamos a votar a favor.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Sumelzo.
Señorías, es evidente que el Gobierno del Partido Popular ha sido terriblemente insensible ante la grave crisis humanitaria que vive Europa, y además ha sido incapaz de gestionar con solidaridad una realidad: que millones de personas vienen huyendo de la guerra y de la tortura y sufren cada día. Pero, desgraciadamente, el Gobierno del Partido Popular no solamente ha sido insensible, sino que también ha incumplido con sus obligaciones. Ha incumplido con el acuerdo del Consejo Europeo de 2015, por el que nuestro país, España, se comprometió a acoger a más de 17.000 refugiados. Tristemente, son anecdóticas las cifras de refugiados que acogió España durante un año y esto nos lleva a un vergonzoso balance por el que Bruselas ha hecho una crítica muy dura que deja en evidencia las verdaderas intenciones de nuestro país. Bruselas ha dado un tirón de orejas al Gobierno español por cómo ha gestionado esta crisis. Además, seguimos sin saber qué opina el señor Rajoy sobre todo este asunto.
Señorías, en las dos últimas legislaturas han sido aprobadas varias iniciativas con un alto grado de consenso en esta Cámara. Además, ha habido declaraciones institucionales de todos los grupos políticos en materia de asilo y refugio y se han celebrado varias sesiones de la Comisión mixta de la Unión Europea en las que los diferentes grupos hemos acordado enmiendas transaccionales. De todo esto, como recordábamos en el Pleno del pasado mes de diciembre, todavía hay pendientes de cumplimiento 56 puntos de mejora instando al Gobierno desde diferentes grupos parlamentarios. Hoy volvemos a debatir, una vez más, sobre una iniciativa que, como decía, se debatió en el Pleno de esta Cámara el 20 de diciembre y que la semana pasada, el 8 de febrero, se debatió en el Senado. Y el Gobierno sigue incumpliendo.
El Grupo Parlamentario Socialista no ha cambiado ni un ápice su posición; nosotros estamos con la protección internacional de todas aquellas personas que lo necesiten y que reúnan los requisitos; estamos con la defensa y la reivindicación de los derechos humanos de las personas, y coincidimos plenamente con el fondo de la moción que debatimos. Hemos presentado una enmienda porque creemos necesario instar al Gobierno al cumplimiento de sus obligaciones, agrupándolas en cuatro ámbitos. El primero es el marco de la acción exterior, asumiendo los compromisos adoptados en las dos cumbres de alto nivel que se celebraron en septiembre de 2006 y desarrollando una política exterior que contribuya a atajar las diferentes causas internas que generan violaciones de derechos humanos. El segundo marco sería el marco de la Unión Europea, reclamando que la aplicación del acuerdo de la Unión Europea con Turquía se realice cumpliendo estrictamente las exigencias derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio y, por supuesto, impulsando y apoyando la revisión y adecuación del reglamento de Dublín para construir un auténtico sistema común europeo de asilo, un sistema que garantice las mismas condiciones de integración en todos los países de la Unión Europea. El tercer marco es el de la legislación española. Todos deberíamos preguntarnos cómo es posible que todavía no se haya aprobado un reglamento que desarrolle la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. El Gobierno no solamente está incumpliendo las obligaciones impuestas por Europa, sino también las suyas propias porque es de su competencia exclusiva elaborar este reglamento que, insisto, como dijimos en la sesión plenaria del 20 de diciembre, es imprescindible para que se puedan regular y atender algunas deficiencias explicitadas por la defensora del Pueblo en el informe emitido en julio de 2016. El cuarto marco lo constituyen doce puntos en cuya exposición no me puedo detener por falta de tiempo, pero todos ellos instan a adoptar de manera urgente diferentes medidas cuyo cumplimiento consideramos necesario por el Gobierno de España.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Podemos en relación con la protección al derecho de asilo, y lo hemos hecho porque nuestra vocación no es otra que llegar a un acuerdo y tener esta materia -la crisis de los refugiados- en la agenda política, pero no para que sea fruto de confrontación, sino todo lo contrario, para poder llegar a acuerdos. Les recuerdo que ya existe una vía legal, el derecho de asilo y de protección subsidiaria, una ley aprobada con el Gobierno de Zapatero, la Ley 12/2009. Además, quiero reiterar aquí que el reglamento que desarrolla esta ley verá muy pronto la luz, como ha dicho el ministro del Interior, señor Zoido, en varias comparecencias en esta sede parlamentaria.
Una de las mayores preocupaciones que manifestaba el Grupo Podemos en relación con el asilo es proceder a mecanismos para la reunificación familiar. El Gobierno está absolutamente comprometido con los más vulnerables y también, por supuesto, apuesta por esta reunificación familiar. Esto significa que España está absolutamente comprometida en materia migratoria porque nuestras circunstancias geográficas han permitido que tengamos una experiencia que además hemos podido aportar a la Unión Europea, y les recuerdo que han criticado ustedes este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que fue ratificado aquí por unanimidad por todos los grupos parlamentarios el pasado 18 de marzo de 2016. Gracias a la influencia de España se consiguió que en ese acuerdo hubiese un respeto absoluto al derecho internacional y poder excluir así cualquier forma de expulsión colectiva; que se garantizase que hubiese un procedimiento individual que atendiese a cada uno de los reasentados o reubicados que pidiesen asilo de una forma individual y atendiendo a sus necesidades individuales, y que se priorizase en todo caso el reasentamiento a los más vulnerables, y aquí efectivamente también contamos con todos los menores. Por eso no se ha parado de hacer mejoras en los CETI, no solo para acoger a los adultos que venían sin hijos, sino también a las familias con hijos a cargo, y se ha puesto una especial atención en la educación, en la sanidad y en la protección psicosocial de estos niños, e incluso algunos de ellos han sido escolarizados en Ceuta y en Melilla. (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la Presidencia). Además, España se encuentra en cuarto lugar entre los países de la zona euro que están acogiendo a refugiados; el cuarto país de la zona euro. Nos comprometimos y hemos reubicado a 197 refugiados de Grecia e Italia, y el ministro del Interior se ha manifestado sobre la posibilidad de reubicar otros 400 más. En materia de reasentamiento, España tiene asumido reasentar a 1.449 y hasta la fecha llevamos 273, y además el Gobierno ha ofrecido 585 plazas adicionales. Asimismo, les quiero recordar que en mi provincia, en Albacete -y yo sí que lo he visitado-, tenemos 45 refugiados, y más de 30 están en fase II. Es un proyecto que merece la pena visitar y desde aquí invito a todos los miembros de la Comisión, porque también hay que hablar en positivo y valorar lo bien que están trabajando entidades como Cruz Roja, y en mi provincia especialmente Accem, con los refugiados desde varios prismas y siempre dando una atención integral a los mismos.
Por otro lado, España aumentó en un 105,5 % el presupuesto en políticas de acogida en los presupuestos generales de 2016 y ahora tendremos la oportunidad de hacerlo también en los presupuestos de 2017, que les recuerdo que son responsabilidad de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí sentados. Nuestro esfuerzo es constante por aumentar las medidas materiales y personales en la Oficina de Asilo y Refugio. Y respecto a la retirada del apoyo del Estado al acuerdo de la Unión Europea y Turquía que ustedes piden en su proposición no de ley, acuerdo que ratificamos aquí por unanimidad, solo quiero decirles, señorías, que hagan balance del mismo, porque se ha reducido en un 90 % el número de llegadas irregulares de Turquía a Grecia, evitando así la pérdida de vidas humanas y la explotación por redes de trata. Nuestra obligación no es otra que esa y muestra de ello es la política que se está llevando a cabo con los menores extranjeros no acompañados a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, política coordinada con otros ministerios respecto de estos menores no acompañados para poner en coordinación y colaboración a todas las administraciones competentes en la localización, identificación y atribución del recurso adecuado a los menores no acompañados.
Por último y muy brevemente quiero hacer una referencia a esa crítica que han hecho de la política exterior del Gobierno de España, porque es precisamente el principio de solidaridad entre los pueblos, que es el que recogen el preámbulo de la Constitución española de 1978 y la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, que también habla de solidaridad entre los pueblos, el que se está poniendo en valor en nuestra política exterior y por tanto también en esta política migratoria. Por eso hemos presentado una enmienda, enmienda que apuesta por medidas específicas para proteger a los menores en materia de asilo, un paquete de medidas para tener en cuenta en la reubicación sobre todo los vínculos familiares y sociales, para continuar mejorando los CETI, para continuar en esta senda de política exterior trabajando con el país de origen, que es donde se generan las violaciones de los derechos humanos: en el país de origen o de tránsito. Y todo ello precisamente por este principio de solidaridad que inspira la política nacional.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia.
Compartimos todas las propuestas que se han realizado por parte del grupo proponente; no son nuevas, pero visto que el drama se sigue produciendo y que tanto Europa como los Estados miembros parecen impasibles y que el asunto no va con ellos, es positivo volver a incidir en todas estas propuestas. Son medidas que ayudarían a abordar este problema desde un punto de vista humanitario y de sentido común y no desde un punto de vista militarista y policial.
En primer lugar, la Unión Europea debería impulsar las medidas diplomáticas necesarias para acabar en origen con este asunto. La prioridad absoluta es acabar con la situación que ha dado origen al mayor desplazamiento de personas tras la Segunda Guerra Mundial.
En segundo lugar, como ya se recoge en la propuesta, hay que buscar vías seguras y hay instrumentos para ello, siempre que haya voluntad para hacerlo. Lo volvemos a decir, es imposible que un subsahariano pueda pedir asilo en las oficinas de las fronteras de Ceuta Melilla, solo pueden intentar saltar la triple valla. Por eso nos preguntamos si es que prefieren las imágenes dantescas de cientos de personas encaramadas a una valla solicitando ayuda, si prefieren seguir con sus expulsiones sumarias en caliente, que son contrarias al derecho europeo internacional.
En tercer lugar, el Gobierno no está cumpliendo con su compromiso de reasentamiento y reubicación porque no han llegado más que un millar de las 17.000 personas previstas. El ministro de Exteriores dijo además que se comprometía a cumplir con los compromisos adquiridos, pues bien si no los cumple para la fecha indicada, la pregunta es: ¿qué va hacer? ¿Van a dimitir los titulares de Exteriores e Interior por no haber puesto los medios necesarios o vamos a seguir viniendo aquí a protestar porque no se hacen las cosas bien y porque hay una dejación por parte del Gobierno? Lo que le queremos decir al Gobierno es que si no quieren cumplir con los compromisos ni ayudar en este asunto, al menos dejen que otros lo hagan porque dentro del Estado hay otros pueblos, hay otras instituciones y asociaciones que están dispuestas a acoger y a ayudar y una ciudadanía que siente muchas veces vergüenza ante el comportamiento del Gobierno y de la Comisión Europea. Por tanto, habría que dejar que esas instituciones y asociaciones puedan actuar. Entendemos, por tanto, que es claro el mensaje al Gobierno: hay que abrir vías seguras y hay que acabar con esta vergüenza.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Legarda.
Dada la hora no me voy a alargar mucho y tampoco voy a repetir las argumentaciones que se han dado, pero sí quiero indicar que es una obviedad que desde la Segunda Guerra Mundial Europa no conocía una crisis migratoria como la actual, y muy especialmente en la frontera sur, en el Mediterráneo, que, como se dice en la exposición, es la mayor fosa común del mundo porque hablamos de miles de personas muertas no en un conjunto de años, sino cada año, incidiendo especialmente, como ya se ha indicado, en una situación gravemente perjudicial respecto a menores de edad. Y crisis migratoria, también se ha dicho, debida a la huida de guerras y de vulneraciones de derechos. Por ello estas personas que huyen son refugiados y precisan asilo y ahí, y también quiero insistir, no estamos a la altura de nuestras responsabilidades internacionales y tampoco estamos a la altura, lo que es mucho más grave, de nuestro compromiso con el derecho de asilo, que es un compromiso también con nuestros valores y con la dignidad
de las personas. Ya decía -y se expone en la exposición de motivos- Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, que esta no es una crisis de cifras ni económica, sino una crisis de solidaridad. Por eso -voy concluyendo- apoyaremos la propuesta que se nos plantea sin que sea inconveniente para ello que con algunas de sus quince medidas no estemos de acuerdo. Sin embargo, consideramos que es un tema demasiado importante como para hacer matices cuando coincidimos en lo nuclear, en los valore y en la dignidad de las personas.
A continuación tiene la palabra la señora Surra.
Hace un par de años ya que la sociedad civil en Cataluña se moviliza después de las horribles muertes de miles de personas que huyendo se ahogaron en el Mediterráneo, que desde la primavera de 2015 se ha convertido en la mayor fosa común de nuestro continente; desde entonces plataformas como Stop Mare Mortum o la creada recientemente Casa Nostra, Casa Vostra, se dedican a sensibilizar a la sociedad sobre la situación inhumana que viven las personas que llaman a las puertas de Europa pidiendo que cumplan con lo que los Estados firmaron sobre los tratados y convenios de protección internacional y asilo. Ante esta atrocidad, Europa levantó vallas, muros y concertinas, siguiendo el ejemplo de su alumno más aventajado que fue España, el país que ensayó la política del portazo y deslocalización de sus responsabilidades como el alumno más aventajado de la peor disciplina. Lo que España comprobó en la frontera sur de Ceuta y Melilla con Marruecos lo ha adoptado la Unión Europea con Turquía. Así, vemos que lo que fue una crisis de refugiados que se podía gestionar, se ha acabado convirtiendo en un drama humanitario con miles de personas confinadas en campos de refugiados de Grecia y Turquía, Líbano y Jordania; una situación que se ha enquistado por la incompetencia de Estados como el español, que insiste en incumplir sus obligaciones para con la humanidad. Por si esto no fuera suficiente, nos enteramos de que el dinero que dedica el Estado a expulsar migrantes y demandantes de asilo o a mantener los CIE sale de los fondos de la Unión Europea para la manutención y los servicios que se ofrecen a los solicitantes de asilo. Es decir, que España ha firmado los acuerdos de Unión Europea para recibir refugiados a cambio de que los autoricen a expulsar la misma cantidad de inmigrantes. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Desde Cataluña no nos hemos cansado de proponer que nos dejen acoger, y hemos ofrecido plazas desde el Gobierno de la Generalitat y desde los municipios, pero ustedes siguen sin dar respuesta a la voluntad de nuestra sociedad. Visto que solo los Estados pueden otorgar la condición jurídica de refugiado y que el Estado español que tenemos hoy no quiere cumplir con sus obligaciones y compromisos ni dar salida a las ofertas que llegan de Cataluña, no nos queda más remedio que construir un nuevo Estado: la república catalana, que sí acoja a quien lo necesita.
Cuando fuimos refugiados fueron muchos los países que abrieron los brazos a miles de compatriotas. En justa correspondencia, tendríamos que ser hoy país de acogida...
La señora SURRA SPADEA: ... pero no solo porque tenemos memoria histórica, que también, sino como un acto de responsabilidad global y de compromiso con el derecho internacional. El sábado próximo iremos cientos de miles a manifestarnos en Barcelona porque Volem acollir y casa nostra es casa vostra, porque somos solidarios, tenemos memoria histórica y un país que quiere dar acogida.
Tiene la palabra el grupo proponente en relación con las enmiendas.
La señora BELARRA URTEAGA: Estamos negociando una transaccional que haremos llegar a la Mesa.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO 1069/2015, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS Y DE FORMACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, APROBADO POR EL REAL DECRETO 614/1995, DE 21 DE ABRIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000238).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el último punto del orden del día, se lo digo a efectos de la celeridad. Proposición no de ley relativa a la derogación del Real Decreto 1069/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tiene la palabra el señor Gutiérrez.
Señorías, el Cuerpo Nacional de Policía es una de las instituciones más valoradas por los españoles. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. En el momento de profunda desafección institucional que vive la sociedad española actualmente, este reconocimiento social adquiere aún mayor valor, ya que todos los poderes políticos debemos contribuir a preservar este, digamos, activo principal que es el Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, parece que el Gobierno del Partido Popular sigue sin estar a la altura de la institución policial. No podemos admitir que la labor de los más de 65.000 agentes que integran el Cuerpo Nacional de Policía se vea salpicada por la politización que este cuerpo viene sufriendo en los últimos años.
Señorías, el artículo 47.6 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, establece que los puestos directivos de la Policía Nacional con nivel orgánico de subdirector general y los de jefe superior de Policía se proveerán entre comisarios principales. La cobertura de estos puestos se llevará a cabo mediante libre designación, a través de un procedimiento especial presidido por el principio de celeridad, a cuyo efecto se podrán reducir los plazos establecidos para el sistema ordinario. La competencia para llevar a cabo estos nombramientos recaerá en el ministro del Interior, a propuesta del director general de la Policía y previo informe emitido por el secretario de Estado de Seguridad. Por lo tanto, esta es una ley orgánica en la que se establece que los puestos directivos de Policía Nacional con nivel orgánico de subdirector general y los de jefe superior de Policía se proveerán entre comisarios principales por libre designación -a dedo, señorías, a dedo- a través de un procedimiento especial basado en el principio de celeridad, que resulta tremendamente desfasado y arbitrario. Esto de elegir a dedo nos recuerda a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que tenemos todos en mente, que es como seguimos eligiendo en Ferraz y seguimos eligiendo en Génova quiénes son las personas que acaban integrando el Tribunal Constitucional.
Peores aún son los criterios que se han establecido para los puestos de comisario principal -que es lo que nos ocupa en esta proposición no de ley- a través del Real Decreto 1069/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el reglamento de los procesos selectivos de formación del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, y cuya derogación pedimos a través de esta PNL que hoy defendemos.
Con este nuevo real decreto, a través de un artículo único -esto es importante- se introduce como criterio novedoso que para ascender a comisario principal además del criterio de la antigüedad selectiva se establecerá como filtro el sistema de concurso-oposición, en el que la entrevista y la prueba de contenidos serán elementos de este nuevo sistema de ascenso. Se trata de dos elementos que ponen en duda la mejora del sistema de ascenso a comisario principal, ya que el primero, la entrevista, adolece de objetividad y de transparencia, y el segundo, la prueba de contenidos, resulta de dudosa necesidad dado que actualmente no hay un temario de contenidos para superar estas pruebas. Es decir, la persona que se somete a este proceso debe superar una entrevista -para que nos entienda todo el mundo- que no se sabe muy bien en qué consiste, no se sabe muy bien quién es el entrevistador, no se sabe muy bien cuáles son los criterios -porque en el real decreto no están recogidos- a los que debe ceñirse el entrevistador ni sobre qué va a ser entrevistado y, por tanto, ni siquiera se conoce la puntuación que sobre esa entrevista debe alcanzar la persona que se presenta como candidato. Además, en teoría hay una prueba de contenidos donde no hay preparación posible porque no hay un temario de contenidos que deba superar la persona que se somete al proceso de selección. Por tanto, es un criterio absolutamente subjetivo y, en consecuencia, un nuevo dedazo para conceder el paso de comisario a comisario principal.
Es más, con la simple lectura de las bases de este concurso-oposición se puede constatar fácilmente que para la prueba eliminatoria de la entrevista no hay criterios objetivos que haya de seguir el tribunal calificador para evaluar las aptitudes del aspirante. Asimismo, las bases establecen que en el segundo ejercicio se realizará -leo entrecomillado-: La resolución por escrito de un análisis situacional relacionado con las funciones y tareas de la categoría a la que se aspira, en la que se valora el rigor analítico, el conocimiento teórico y práctico de la materia objeto de análisis, la capacidad de síntesis y la puesta al día del aspirante en la problemática policial. Sin embargo, para este ejercicio no hay temario alguno establecido, tampoco se dice cómo se va a puntuar, de manera que el candidato difícilmente podrá superar una prueba en la que no sabe qué tiene que presentar, para la que no sabe qué tiene que estudiar o qué tiene que prepararse.
Señorías, consideramos que ambas pruebas vulneran los principios rectores de la promoción profesional, otorgan al tribunal calificador una total discrecionalidad a la hora de examinar y evaluar a cada aspirante, lo cual entra en contradicción si aspiramos a alcanzar la eficiencia y la neutralidad debida en los altos mandos policiales. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos instamos al Gobierno a que, en el marco del concurso-oposición para ascender a comisario principal, se contemplen únicamente los principios de igualdad, capacidad, mérito y antigüedad. Consideramos también que, en el caso de establecer un filtro a nivel de contenidos, debe previamente instaurarse un temario de contenidos al que puedan acceder fácilmente y de forma transparente los candidatos que quieran presentarse al puesto de comisario principal, abandonando favoritismos, enchufismos o arbitrariedades a la hora de pasar estos procesos de concurso-oposición.
No nos engañemos, señorías, este tipo de disposiciones no son más que otro intento del Gobierno de politizar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colocando a comisarios principales afines ideológicamente al Gobierno de turno. Este real decreto no es más que un nuevo instrumento instaurado por el Gobierno para elegir a los comisarios principales a dedo, como ya hemos dicho. Preservar la independencia policial y separarla de la política es algo fundamental por lo que tenemos que trabajar todos los grupos políticos, estemos o no estemos en el Gobierno. Así pues, instamos al Gobierno a derogar este real decreto, poner fin así al bipartidismo policial, que no es otro que seleccionar a los mandos de nuestra policía -una policía que es de todos- en función de criterios exclusivos de cercanía política.
En trámite de defensa de enmiendas, por el Grupo Socialista el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Hoy el Grupo Ciudadanos nos trae una iniciativa sobre el ascenso a la categoría de comisario principal, algo que mi grupo ya denunció y respecto de lo que presentó una iniciativa para corregirlo que ya se debatió en esta misma Comisión hace prácticamente un año. Hoy Ciudadanos nos trae la misma iniciativa y nuestra posición tendrá que ser la misma que ya en su momento defendimos. La Ley orgánica 9/2015, de régimen de personal de Policía Nacional, que aprobó en solitario el Partido Popular, introdujo dos modificaciones sustanciales. La primera, que para ser miembro de la junta de gobierno o jefe superior había que ostentar la categoría de comisario principal y ser titulado superior universitario. Y la segunda cuestión, la más grave, es que el ascenso a comisario principal se produce desde el puesto de comisario por dos vías, antigüedad selectiva, la que recogía anteriormente la ley, la tradicional, la que siempre ha sido utilizada en el Cuerpo Nacional de Policía, o por el cambio o la vía que introduce el PP, a través de concurso-oposición, por primera vez en la historia de la policía. Como consecuencia de la entrada en vigor de la mencionada ley, el equipo de Gobierno Popular del ministerio, en su momento, advirtió que desde mediados de agosto de 2015 algunos jefes superiores se habían quedado al margen de lo que esa nueva ley de régimen de personal marcaba y es que tenían que ser comisarios principales. Por tanto, estaban ocupando un puesto de jefe superior de policía sin tener la categoría que la ley exigía. ¿Y qué hizo el PP?, ¿los cesó? No, ignoró la ley. Eso sí, se pusieron a trabajar rápido y veloz para que, en un tiempo récord, se modificara el reglamento de procesos selectivos y de formación y, a continuación y de manera urgentísima, se hiciera una convocatoria de vacantes a comisario principal.
La referida convocatoria exprés, y a la carta, para ascenso a comisario principal, dirigida a comisarios que el PP entendía cercanos a él, fijaba 27 vacantes, 18 para la modalidad de antigüedad selectiva -insisto, la tradicional, la que siempre ha habido en el Cuerpo Nacional de Policía-, y 9 por concurso-
oposición, esa nueva variante que hacía más fácil que algunos que no eran comisarios principales ahora pudieran serlo, eso sí, para ocupar el mismo puesto que ya venían ejerciendo al margen de la ley. Como les digo, este sistema de concurso-oposición ha permitido que los comisarios que el Partido Popular entendía afines y que estaban en la cúpula de la dirección de la Policía Nacional, que se encontraban fuera de esa ley de personal en el mes de agosto de 2015 y que deberían haber sido cesados, aprobaran esa oposición y consolidaran el puesto en el que -insisto- ya venían desempeñando, eso sí, de manera ilegal.
La modificación del reglamento de procesos selectivos, llevada a cabo por el Real Decreto 1069/2015, está recurrida ante el Tribunal Supremo y,...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría, por favor.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Voy terminando, señor presidente.
...tanto ese reglamento como esa convocatoria exprés en la que se ampara para hacerlo, han recibido críticas de todos los sindicatos policiales por su parcialidad y por la finalidad que pretende, a la vez que han sido objeto de los más variados recursos.
En definitiva -termino presidente-, el anterior ministro, el señor Fernández Díaz y, el anterior director, el señor Cosidó, finalizaron su mandato y su periodo en funciones con actuaciones que podríamos resumir en los siguientes puntos: han ascendido en cuatro años al 58,16 % de los comisarios principales existentes -repito, en cuatro años, casi el 60 % de los comisarios principales-. Por primera vez en la policía se introduce ese sistema de concurso-oposición para ser comisario principal. Se ha hecho un catálogo, una RPT, para que solo 77 puestos puedan ser para comisarios principales. Eso sí, hay 153 comisarios principales, que resulta que ascienden pero que no pueden ejercer su labor de comisario principal, ascienden para hacer el mismo trabajo de comisario que venían desempeñando. Y, la mayor, esa convocatoria exprés de 17 vacantes a comisario -insisto- para que permanezcan, en esta legislatura y en venideras, en la cúpula policial aquellos que de manera ilegal lo venían ocupando con el anterior ministro y con el señor Cosidó.
El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señoría, ha excedido el tiempo.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Por eso, señor presidente, señorías, mi grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley en la que hemos tratado no solo de corregir esta cuestión, sino de que no se pueda dar en un futuro, y eso se consigue modificando la ley, es decir, trayendo una ley orgánica que cambie el artículo 41.1 de la Ley de personal del Cuerpo Nacional de Policía, que impida que el concurso-oposición sea una de las vías por las que se asciende a comisario principal y que, por tanto, a comisario principal solo se llegue por mérito, capacidad y antigüedad.
¿Por el Grupo Mixto va a haber intervención? (Pausa). ¿Por el Grupo Vasco (PNV), señor Legarda?
El señor LEGARDA URIARTE: No, no intervendré.
¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). Gracias. ¿Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Pausa). Señor Delgado tiene la palabra.
Quiero empezar mostrando todo mi apoyo y mi cariño a todos esos policías, decentes, honrados y profesionales...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Delgado, un momento.
Les pido a los portavoces que vayan avisando a los compañeros de sus grupos parlamentarios porque comenzaremos la votación en breves momentos.
El señor DELGADO RAMOS: Les decía que quería empezar mi intervención trasladando todo mi apoyo y mi cariño a todos esos policías honrados, decentes y profesionales, que son la inmensa mayoría de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, que cada día con su trabajo dignifican y hacen que
sea una de las instituciones mejor valoradas y que no tienen nada que ver con esa camarilla que están muy lejos de ser policías y muy cerca de ser delincuentes. (Rumores). Con algo de eso tiene que ver la modificación de un reglamento.
El Real Decreto 1069/2005 es una muestra de la política clientelar que caracteriza al Gobierno del Partido Popular y, por la cual, se benefician aquellas personas que obedecen a sus intereses y perjudican, en cambio, los derechos de los trabajadores y las grandes mayorías. El problema es simple: este real decreto modificó el proceso de selección y formación del Cuerpo Nacional de Policía. Anteriormente, desde el Real Decreto 614/1995, el ascenso a las vacantes en los diferentes grados se hacía respetando, principalmente, la antigüedad de los aspirantes. Es decir, con el Real Decreto 1069/2005 alteraron un principio que llevaba vigente más de veinte años y abrieron la puerta a que se pudiese ascender a puestos como el de comisario principal por concurso-oposición, estableciendo siete años como tiempo mínimo de servicio. El objetivo que, supuestamente, perseguía el Gobierno para este cambio está contenido en el propio preámbulo de este real decreto que dice: Asimismo y al objeto de flexibilizar las condiciones de la promoción interna por antigüedad selectiva para beneficiar la carrera profesional de la Policía Nacional.
Se trata de una flexibilización en las condiciones de ascenso, pero no para beneficiar la carrera profesional de los policías sino para beneficiar, única y exclusivamente, a los mandos policiales que más convienen a los intereses del Gobierno de turno y que sin la existencia de esta reforma no habrían podido ascender. Es indignante que algunos altos mandos de la Policía promocionen sin requisitos mínimos y dudosos méritos. Los ascensos a dedo producidos sobre la base de criterios o méritos cuestionables -las medallas regaladas- son una expresión de la corrupción que no podemos consentir. Los dedazos, en la Policía, a menudo son una manifestación más del turnismo político al que el PP y el PSOE están demasiado acostumbrados. Al igual que llevan años y años alternándose en el poder, deshaciendo las leyes del anterior partido para poner las suyas sin visión de Estado y sin estar a la altura de las necesidades de su país, lo mismo ha ocurrido con los mandos policiales. Parece que el PP y el PSOE se dijeran el uno al otro: quita tus mandos policiales que ya pongo yo los míos. Esto es una vergüenza y una falta de respeto a la labor y a la reputación de la Policía que, junto con la Guardia Civil, vienen siendo las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos españoles.
El abuso de la libre designación ha significado la consolidación del enchufismo como práctica habitual a la hora de ascender los mandos policiales. A los dedazos hay que añadir otros escándalos que han erosionado la reputación de la Policía como la entrega de medallas y condecoraciones a comisarios afines al Partido Popular. El caso más flagrante es el de Eugenio Pino, comisario al que el exministro Fernández Díaz distinguió con una de las medallas más importantes -la medalla de plata al mérito- que además conlleva una asignación vitalicia. Con este tipo de prácticas corruptas el Partido Popular quiere acabar con la buena fama de la que goza la Policía Nacional, poniendo comisarios a dedo y utilizando las unidades de la policía para fines partidistas, intolerables en una democracia.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere recalcar la necesidad de una verdadera promoción interna de todos los funcionarios de la policía. Con los derechos individuales de los trabajadores no se juega, hay que garantizar una verdadera carrera profesional que respete los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, y que, por supuesto, se valore también la antigüedad.
El señor DELGADO RAMOS: Voy concluyendo, señor presidente.
Al leer el texto de la proposición no de ley que presenta hoy en esta Comisión el Grupo Parlamentario Ciudadanos vemos que se limita, únicamente, a derogar esta fórmula clientelar sin establecer mecanismos o medidas que garanticen que los aspirantes puedan denunciar casos de corrupción o incumplimiento de los méritos para el cargo. Señorías, a veces nos da la sensación de que la clase política de este país ha aprendido poco cuando se trata de proponer medidas garantistas. No obstante, vamos a posicionarnos a favor de esta proposición no de ley con el deseo de que la derogación de la norma sea una solución eficiente al problema planteado, porque es una medida necesaria para la carrera profesional y para la promoción interna de nuestros policías.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Vázquez.
No necesito papeles para intervenir en esta iniciativa, porque fui ponente en la legislatura pasada de la Ley del Cuerpo Nacional de Policía ante la que algunos grupos se abstuvieron y hoy aquí se están postulando en contra. En primer lugar, quiero manifestar que a algunos partidos se les llena la boca diciendo que hay que llegar a consensos y hoy ni tan siquiera nos han entregado una enmienda, aunque creo que algunos han llegado a algún acuerdo que todavía no hemos visto. En todo momento han aislado al Grupo Parlamentario Popular.
Tengo que decir aquí hoy que hay otro relato y quiero ponerlo sobre la mesa. Cuando estábamos debatiendo aquella ley, el portavoz del Grupo Socialista decía que nosotros íbamos a meter a dedo a cincuenta comisarios principales, que íbamos a pagar favores políticos y que solo les íbamos a pedir dos años de antigüedad. Creo que el portavoz está recordando aquel mes de julio en que estamos aquí con aquella ley. En aquel momento hablaban de dos años de antigüedad y de cincuenta comisarios que íbamos a meter a dedo. Ahora Ciudadanos dice que solo fue uno y, curiosamente, de esos cincuenta, solo uno es jefe superior de policía. -Ya hemos bajado a uno-. No obstante, la pitonisa socialista llegó a más. (Rumores). El relato empieza cuando el 27 de noviembre de 2015 se aprobó el Real Decreto 1069/2015, que desarrolla la Ley 9/2015 del Cuerpo Nacional de Policía. Pues bien, el 20 de diciembre había elecciones en este país, pero ya estaba el Partido Socialista diciendo que íbamos a meter a dedo a treinta comisarios en el mes de junio de 2016; porque entraron en junio de 2016. Esto lo decían sin que se hubieran celebrado todavía las elecciones. Poco dice esto de lo que confiaban en el señor Sánchez. (El señor Sicilia Alférez pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, por favor.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Nosotros hicimos un real decreto sin saber lo que iba a pasar, pero ustedes, los pitonisos socialistas, ya lo decían entonces.
Centrémonos. Ayer decía el presidente Rajoy que en política cualquier absurdo es posible, y hoy lo tengo que recordar. ¿Saben que este proceso selectivo es el mismo que para los oficiales?, ¿por qué no se pide también la derogación de este proceso selectivo para los oficiales?, ¿por qué solo se pide para los comisarios principales? (La señora Cantera de Castro: Ya que lo dices, lo haremos.-Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Por favor, un momento, señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Déjenme hablar.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, estamos en el último punto y en la última intervención. Todo el mundo ha respetado los turnos de palabra. Pido, por favor, dos minutos de tranquilidad y paciencia.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor presidente, es que aquí ha habido un relato y yo hago el relato desde la ley.
Antes de la Ley 9/2015 solo se podía ascender a oficial a través de concurso-oposición y la ley establecía que también podía ser a través de antigüedad selectiva. A la inversa, para acceder a comisario solo se establecía la antigüedad selectiva y ¿saben lo que era eso? Que todos aprobaban. Todo aquel que estuviera más de diez años en el Cuerpo Nacional de Policía aprobaba y era comisario principal. ¿Qué se establece ahora? Al igual que para oficiales, se establece concurso-oposición. ¿Qué es un concurso-oposición? Lo sabemos todos. No es que aquí apruebe todo el mundo por antigüedad selectiva. Es capacidad, mérito, tener un examen pasar ese examen y, además, que aquellos compañeros policías que no eran licenciados sí pueden ser comisarios principales si tienen una trayectoria profesional impecable, porque a muchos se les había cerrado el camino para ser comisarios principales.
Yo defiendo a mis compañeros, porque parece que los sindicatos, según con quien hablan, dicen una cosa u otra. El señor Martín-Toledano, la portavoz adjunta Mar Blanco y yo misma nos reunimos con todos los sindicatos de policía. No obstante, los socialistas son mis compañeros, ya en la oposición -lo eran antes y ahora igual-, hoy me trasladaban: Pero, ¿quién le ha dicho esto a Ciudadanos? Todos dicen que nadie fue y después el Grupo Socialista dice que también habló con los sindicatos. Lo que yo digo es que concurso-oposición suena mejor que a dedo; el dedo era lo que se estaba haciendo antes, que todos
aprobaran -todos- en España. (Rumores). Si todo esto se monta por uno que ahora es jefe superior de policía, por qué no con los oficiales. Dejo solo esa incógnita ahí. Por todo esto votaremos en contra.
Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente. Al final hemos incorporado a nuestra proposición no de ley una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista y que entiendo que debe tener ya la Mesa. Se votará en función de esa transaccional.
El señor PRESIDENTE: La tenemos. Gracias.
Si el señor Legarda y la señora Surra pudieran ponerse en la parte de atrás nos facilitaría la votación; para que cuando levanten la mano se eviten confusiones en el recuento de los votos. O bien que se mueva el Grupo Socialista. Da igual. (La señora Cantera de Castro: Alinearse). Estamos todos: el PSOE, el Grupo Mixto detrás, Ezquerra Republicana, el Grupo Vasco PNV, Ciudadanos, Podemos y nosotros.
Votamos el punto 1.º del orden del día en sus propios términos, que es el de la comisaría de Sevilla.
Pasamos al punto 2.º del orden del día, relativo a la cárcel de Villabona, que se vota por apartados. ¿Se pueden agrupar o hay que votar los cinco puntos uno detrás de otro?
El señor TREVÍN LOMBÁN: Hay dos puntos que se pueden votar conjuntamente, los que plantea el Grupo Popular, y luego los otros tres.
El señor PRESIDENTE: Es decir, los puntos 1, 2 y 3 juntos por un lado y el 4 y el 5 por otro.
Pasamos a votar entonces los puntos 1, 2 y 3.
Puntos 4 y 5.
Pasamos al punto 3.º del orden del día, relativo a la fundación Francisco Franco, que se vota en sus propios términos.
Punto 4.º del orden del día, relativo al derecho de asilo en España, con enmienda transaccional. ¿Se opone algún grupo?
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Perdón, presidente, es que acaba de llegar ahora mismo y tiene muchos puntos que son importantes. ¡Tres folios de enmienda transaccional!
El señor PRESIDENTE: No se opone a la transaccional, ¿no?
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: ¡Qué le vamos a hacer!
El señor PRESIDENTE: Se aprueba. (Aplausos).
Votamos el punto último del orden del día, sobre derogación del Decreto 1069/2015. Hay enmienda transaccional. ¿Se opone algún grupo a la transacción? (Pausa).