Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD201207270136.CODI.%29
Timestamp: 2019-11-20 16:38:29
Document Index: 51498645

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 92', 'artículo 161', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 135', 'artículo 168', 'artículo 167', 'artículo 23', 'artículo 92', 'artículo 80', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 139', 'artículo 149', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 15']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 136, de 27/07/2012
162/000383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la convocatoria de un referéndum sobre los drásticos recortes y subidas de impuestos ... (Página3)
162/000384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la regulación de la función de inspección de las entidades sometidas a supervisión por el Banco de España ... (Página3)
162/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la necesidad de someter a referéndum consultivo las medidas de recortes sociales y subidas de impuestos contempladas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ... (Página5)
162/000386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre mantenimiento de las escuelas rurales y sus aulas unitarias ... (Página6)
162/000387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la mejora de la metodología de cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra ... (Página8)
162/000388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre dotación de recursos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ... (Página9)
162/000389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre financiación por imposición general en vez de cotizaciones sociales los gastos de gestión de la Seguridad Social referidos a las pensiones no contributivas y a los complementos de mínimos ... (Página10)
Congreso 27 de julio de 2012.-Serie D. Núm. 136
162/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre revisión de sentencias y la anulación de Consejos de Guerra y juicios sumarios ejecutados por motivos políticos durante la dictadura franquista ... (Página11)
162/000391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas relativas a la política de medicamentos ... (Página12)
162/000392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre dedicación exclusiva de diputados y senadores ... (Página13)
162/000393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la mejora de la transparencia en los conceptos de los presupuestos asociados a la "Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz" ... (Página13)
173/000035 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior ... (Página14)
173/000036 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de junio en las comarcas de Lleida ... (Página15)
173/000037 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno ... (Página16)
430/000002 Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2013. Aprobación por el Pleno ... (Página17)
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por este, danto traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000383
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la convocatoria de un referéndum sobre los drásticos recortes y subidas de impuestos, para su debate en Pleno.
Las medidas anunciadas este 11 de julio por el Gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy son de extrema gravedad. Son socialmente injustas y son contraproducentes para enfrentar la crisis. Estos recortes y subidas de impuestos no harán otra cosa que detraer el consumo, incrementar el desempleo y agravar la crisis. Estas medidas suponen además una ofensiva contra el autogobierno autonómico y el reforzamiento de instituciones obsoletas como las Diputaciones Provinciales.
Se rescata a la banca a costa de sacrificar el bienestar y los derechos del pueblo, a costa de repercutir sobre las mayorías sociales el coste de la factura del rescate. Estas medidas son muy similares a las que se adoptaron en Grecia, Portugal e Irlanda por imposición de la llamada Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional). Se trata de medidas que demostraron su fracaso, que agravaron la situación en esos países y empeoraron las condiciones de vida de gran parte de la población.
El Gobierno no tiene legitimidad para aplicar estos recortes y subidas de impuestos. La mayoría absoluta no otorga legitimidad al Partido Popular para aplicar unas medidas que no cuentan con el aval democrático de las y los electores, puesto que no estaban contempladas en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones generales de 2011. De hecho, alguna de las medidas adoptadas, como el incremento de los tipos en el IVA, contradice abiertamente los compromisos electorales con los que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones, donde uno de los ejes centrales de su campaña fue la oposición a incrementos en los tipos del IVA.
Es necesario que las y los ciudadanos, en tanto que depositarios de la soberanía, tomen la palabra y se pronuncien sobre los recortes sociales y las subidas de impuestos. Urge, por lo tanto, la convocatoria de un referéndum que dé voz a la ciudadanía. El BNG siempre demandó más y mejores mecanismos que permitan incrementar la calidad democrática y avancen en la democracia directa, y esta es una ocasión inmejorable para hacerlo.
"El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno a que, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 92 de la Constitución española, y el artículo 161 del Reglamento del Congreso, presente a la mayor brevedad propuesta de decreto para la realización de un referéndum al objeto de someter a consulta popular los drásticos recortes anunciados por el Gobierno el 11 de julio de 2012."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000384
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la regulación de la función de inspección de
las entidades sometidas a supervisión por el Banco de España, para su debate en Pleno.
La regulación de las actividades de supervisión, inspección y control de las entidades de crédito se asignó al Banco de España por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
La necesidad de disponer de una intervención pública se justificaba en la exposición de motivos de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la capacidad de las entidades de crédito de captar "recursos financieros entre un público muy amplio, carente en la mayor parte de los casos de los datos y conocimientos necesarios para proceder a una evaluación propia de la solvencia de aquellas" y "paliar los efectos de esta carencia"; facilitando "la confianza en las entidades, una condición imprescindible para su desarrollo y buen funcionamiento, esencial no sólo para los depositantes de fondos, sino para el conjunto de la economía, dada la posición central que reúnen esas entidades en los mecanismos de pagos".
No obstante la importancia reconocida a estas funciones, es lo cierto que en las mencionadas leyes se dejó sin regular de manera clara la finalidad de las actuaciones inspectoras, el contenido de las mismas, el procedimiento de la inspección y los actuarios intervinientes en dichas actividades, así como su grado de autonomía e independencia en el ejercicio de su función.
Se hace por ello necesario completar las previsiones de la actual normativa incorporando a la misma las oportunas determinaciones en orden a la función inspectora de las entidades de crédito y el procedimiento de inspección.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación, en el plazo de tres meses, de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con el fin de regular las oportunas determinaciones de la función inspectora de las entidades de crédito y el procedimiento de inspección a las mismas, incorporando al efecto los siguientes extremos:
1. Finalidad de las actuaciones inspectoras:
a) Verificar el grado de cumplimiento por las entidades sometidas a supervisión del Banco de España, sus accionistas, administradores y gestores de su normativa reguladora.
b) Facilitar al Banco de España la información necesaria para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.
c) Proporcionar, en su caso, al Banco de España la evidencia necesaria para la incoación de los oportunos expedientes sancionadores que resulten de las actuaciones de inspección.
2. El procedimiento para el desarrollo de las actuaciones inspectoras en el que se contemple, al menos, las siguientes determinaciones:
a) La distinción entre inspecciones periódicas e inspecciones extraordinarias.
b) Un trámite de alegaciones y proposición de pruebas por la entidad sometida a inspección.
c) La extensión de un acta por los actuarios de la inspección en la que se fije los elementos de hecho advertidos, con independencia del eventual expediente sancionador a que pudiera haber lugar posteriormente.
Este procedimiento no excluye la elaboración de cuantos otros informes sean pertinentes en relación con la entidad inspeccionada.
3. Los actuarios intervinientes en una inspección serán designados por el Banco de España, no pudiendo procederse a su revocación o sustitución sino por justa causa y mediante resolución debidamente motivada. Esta designación será necesaria para cualquier actuación relacionada con una o varias entidades concretas dentro o fuera de las instalaciones del Banco de España.
4. La función inspectora se realizará, exclusivamente, por los Inspectores del Banco de España y se accederá a esta condición a través de oposición libre convocada por el Banco de España, ajustada a los principios constitucionales de mérito y capacidad, por quienes estén en posesión de la oportuna titulación académica superior acorde con las características y conocimientos necesarios con la función a desempeñar y equivalente a las pruebas de acceso para los cuerpos superiores de la Administración General del Estado (grupos A) con funciones públicas de inspección y control administrativo.
5. La exclusividad de la función inspectora se entiende sin perjuicio de las labores auxiliares de apoyo a los actuarios inspectores por personal ajeno a la función inspectora.
6. El contenido fáctico de las actas gozarán presunción, iuris tantum, que podrá ceder mediante prueba en contrario.
7. Las inspecciones en la sede de las propias entidades inspeccionadas tendrán una duración limitada establecida en la propia designación de los actuarios. Ésta podrá prolongarse por el Banco de España mediante resolución motivada a propuesta razonada de los actuarios. Se regulará también el caso de aquellas entidades en las que por su situación especial sea necesaria una supervisión continuada en la sede de la propia enti
dad, debiendo diferenciarse claramente los procedimientos de unas y otras inspecciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000385
Proposición no de Ley sobre la necesidad de someter a referéndum consultivo las medidas de recortes sociales y subidas de impuestos contempladas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Teniendo en cuenta la corrección de error presentada mediante escrito número de registro 23279 y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de someter a referéndum consultivo las medidas de recortes sociales y subidas de impuestos contempladas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para su debate en Pleno.
Hace un año PSOE y PP fraguaron la reforma constitucional de mayor calado desde 1978, que culminó con la modificación del artículo 135 de la CE constitucionalizando un límite de gasto público que abre la puerta a los recortes sociales. La imposición de una norma automática de limitación del déficit es una alteración de la decisión del constituyente plasmada en el título preliminar (España se constituye en un Estado social y democrático de derecho) y por tanto, una reforma "de calado, estructural, y no coyuntural" para la que la Constitución exige seguir el procedimiento del artículo 168 con el consiguiente referéndum popular para su ratificación. Sin embargo, la reforma pactada por dos partidos mayoritarios por el procedimiento del artículo 167 excluyó toda forma de participación popular en la reforma.
Un año después, los recortes sociales son realidad. Desde el inicio el Gobierno del Partido Popular ha ido aprobando políticas de "ajuste" que han mermado el Estado de Bienestar y recortado los derechos conquistados. Estas medidas están fracasando y lejos de favorecer la economía productiva y de generar empleos están agravando la crisis y están siendo objeto de una fuerte contestación ciudadana.
En la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Pleno celebrado el pasado día 11 de julio en la que se anunciaron nuevos recortes y subidas de impuestos contra la mayoría social, el Portavoz de nuestro Grupo Parlamentario ya le exigió al Gobierno la convocatoria de un referéndum popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre los recortes sociales y las subidas de impuestos. El Partido Popular llegó al Gobierno con un programa que está incumpliendo abiertamente. La mayoría absoluta y la vía del decreto están hurtando el debate político en las Cortes, y además hasta ahora, se ha cerrado la vía de consultar a la ciudadanía sobre las medidas que están afectando de forma tan grave las condiciones de vida de millones de personas y están suponiendo un recorte de derechos.
En este contexto, en el que las movilizaciones sociales y las protestas al calor de las medidas del Gobierno, se hace más que nunca necesario abrir canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, desarrollando el derecho fundamental de los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española para avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política.
Es el momento de romper con la inercia de los pactos entre partidos mayoritarios, o como en la presente legislatura, de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta y de legislar por decreto viernes tras viernes. Es el momento de convocar un referéndum consultivo de los
ciudadanos que permita pronunciarse sobre los recortes sociales y las subidas de impuestos.
"El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Española, someta a referéndum las medidas de recortes sociales y subidas de impuestos contempladas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2012.-José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000386
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de mantener las escuelas rurales y sus aulas unitarias, para su debate en Pleno.
"La escuela rural es una institución educativa que tiene como soporte el medio y la cultura rurales y que se caracteriza por tener una estructura organizativa heterogénea y singular, además de una configuración pedagógica didáctica multidimensional". Roser Boix Tomás.
Hace 10 años, había 91.800 alumnos en escuelas rurales en toda España. En el curso 2009-2010 eran 54.000, según los datos de Consejo Escolar del Estado. La despoblación de las localidades pequeñas ya no es el único gran enemigo de este tipo de centros, pues a ello se le ha unido la crisis y los recortes presupuestarios que llegan con ella y que hacen temer a docentes y padres de pueblos por un modelo de escuelas pequeñas en las que alumnos de tres a 12 años comparten aula y profesor.
En regiones como Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Aragón..., la comunidad educativa teme el daño que los recortes puedan consumar en la escuela rural. En todos los casos hay un elemento común: el ahorro de maestros. No obstante, es difícil detallar cuántos docentes se ocupan de ellos porque el número de alumnos por aula unitaria puede ser muy variado, 5, 10, 12, 18. Son todos de infantil y primaria, porque con la LOGSE, salvo en algunos casos, la secundaria se trasladó a los institutos, perdiendo ya entonces un buen número de niños en los pueblos.
El cierre programado en Castilla-La Mancha de las escuelas unitarias -una misma clase donde conviven niños de distintas edades- ha sido respondido con voces de desaprobación por parte de padres, maestros, y pedagogos, que siempre han alabado el enorme valor de esta educación cooperativa. En el caso de Galicia, que ya superó ese modelo y contaba con dos clases, una para infantil y otra para primaria, ahora será solo una a menos que alcancen los 21 alumnos. En el caso de Castilla y León, con el 30% de alumnado rural, al que se dedica -con éxito- tres de cada cuatro euros de la enseñanza, se plantea en estos momentos eliminar lo que en los noventa se consideró un privilegio: que los dos primeros cursos de la secundaria (ESO) pudieran seguir haciéndose en el pueblo.
En la secundaria, las consideraciones pedagógicas sobre las aulas unitarias se hacen más complicadas. A esa edad los niños tienen que socializar, pero asimismo han de contar con laboratorios, tecnologías, deportes completos, es una enseñanza más especializada y muchos expertos defienden que el alumnado ganará estando en las cabeceras de comarca. No obstante no faltan voces, también conocedoras de la materia, que se cuestionan esa línea, pues creen que aquellos niños debieron haberse quedado en los pueblos. Los contenidos que les faltan se imparten ya con profesores especialistas itinerantes, y la socialización con otros niños de su edad está cada vez más garantizada: las comunicaciones y las llamadas nuevas tecnologías han cambiado mucho e introducen nuevas posibilidades y los encuentros entre los alumnos de los centros rurales agrupados pueden funcionar bien.
Los llamados Centros Rurales Agrupados (CRA) donde los alumnos pueden mantenerse en su pueblo con un maestro o dos y recibir allí a los profesores especialistas para inglés, música, educación física..., es el modelo que impera en muchas zonas rurales de España para los niños de infantil y primaria. No es menos cierto también que en regiones como Galicia la ampliación de este modelo encuentra resistencias, porque mezclará a alumnos de más edades y con ratios más elevadas de chicos por aula, lo que dificulta mantener la eficacia del sistema, que solo persigue el ahorro económico. Así, niños de tres años podrían compartir aula con preadolescentes.
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en el artículo 80.1, 80.2 y 80.3 la necesidad de que las Administraciones educativas desarrollen acciones de carácter compensatorio en aquellos ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables derivadas de factores geográficos, entre otros aspectos.
Pero lo más importante de la LOE, es que por primera vez una ley estatal de educación dedica un artículo donde aparece, en su título, una referencia clara y explícita a la escuela rural, (;) así el artículo 82, "Igualdad de oportunidades en el mundo rural", se establece que: "Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural para proporcionar los medios y
sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades". Además, con el fin de evitar que las dificultades de desplazamiento y el aislamiento de los alumnos en sus respectivas residencias familiares impidan o dificulten su desarrollo personal, la Ley prevé también la prestación de los servicios complementarios de transporte, comedor e internado de forma gratuita, para aquellos alumnos que cursen enseñanzas obligatorias, con el objetivo de garantizar la calidad de la educación.
Independientemente de la ley, la escuela rural en España ha experimentado una mejora progresiva en las últimas tres décadas, sufriendo un proceso de transformación que no ha sido de ningún modo casual, sino determinado por una coyuntura política y social específica, así como por el esfuerzo de distintos agentes (padres, maestros, sindicatos, políticos, etc.) que demostraron un gran compromiso con la educación en nuestro país. Ahora bien, como ha dicho Jordi Feu i Gelis, sociólogo y profesor de política educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Girona, "este proceso no está acabado, y no todas las escuelas rurales están al mismo nivel (...) porque todavía hay quien piensa que se trata de una escuela de segunda, tercera o cuarta categoría, y porque todavía no reconocemos las potencialidades de ésta".
Estas palabras adquieren mayor sentido si tenemos en cuenta que actualmente la escuela rural representa en España entre un 4 ?% y un 8? % del total del alumnado español de infantil y primaria (cruzando datos del INE y del Consejo Escolar del Estado), por lo que el medio rural sigue siendo y, quizá cada vez en mayor medida, un sector importante en la sociedad española moderna, tanto desde el punto de vista económico como social.
Este tipo de escuelas presenta una serie de ventajas que no debemos obviar. De forma resumida vamos a ver algunas de estas potencialidades:
a) Las relaciones con el alumnado y su entorno familiar son más estrechas.
b) El alumnado suele ser más receptivo y por lo tanto genera menos problemas de comportamiento y disciplina.
c) Los maestros de las escuelas rurales pueden impartir una enseñanza personalizada y una adecuada atención a la diversidad, debido principalmente al bajo número de alumnos.
d) La escuela rural favorece el desarrollo de una pedagogía activa, facilitando la participación del alumnado, en el contacto directo con la realidad social y natural, ya que su situación geográfica lo permite.
e) Debido a la proximidad entre profesor y alumno, hay una comunicación más fluida a la hora de elaborar y desarrollar de forma conjunta un mayor número de actividades
f) Necesario intercambio de experiencias con otros maestros.
g) Los maestros de las escuelas rurales son polivalentes e integrales, en tanto que responsables de más de un nivel educativo, tienen una visión más global de la educación, del sistema educativo y de los problemas de la escuela, porque son los encargados de realizar todo tipo de labores como: pedagogos, psicopedagogos, orientadores, conserje, monitor de actividades extraescolares, secretarios de la gente del pueblo ayudándoles a resolver papeleo, realizando trámites burocráticos, etc.
h) Facilita un sistema de enseñanza circular o concéntrico. Al haber distintos cursos en una misma clase, a los alumnos mayores, las explicaciones dirigidas a los de primeros niveles, les ayudan para afianzar conocimientos de años pasados, mientras que a los más pequeños, las dirigidas a niveles superiores, les sirven para familiarizarse con los contenidos que verán en cursos posteriores.
i) Refuerza la cultura local y contribuye a crear vida en el pueblo.
j) Pueden participar personas del entorno rural, que pueden enseñarles a los alumnos conocimientos que nosotros, los maestros, no conocemos con tanta precisión.
k) La abundancia y diversidad de parajes naturales próximos al colegio y que a su vez tienen fácil acceso, los cuales podemos utilizar como recurso educativo.
l) Facilidad para reconvertir el poco espacio del que se dispone.
No obstante, la escuela rural ha sido noticia en estas últimas semanas por el malestar que desde la comunidad educativa se está manifestando contra la política de recortes del Ministerio de Educación y los efectos tan negativos que empiezan a tener sobre la misma. Algunas comunidades ya han comenzado un plan de recortes de plazas de escolares que suponen el cierre de aulas, la dispersión de centros de niños y el posible éxodo desde muchos municipios rurales. Se pone en peligro así, no solo el derecho a la educación de muchos niños y niñas, sino también el papel de la escuela como elemento vertebrador de la sociedad rural en muchos pueblos y comarcas.
La escuela rural es una opción irrenunciable. El Ministerio de Educación debería tener en cuenta el trabajo realizado en las comunidades autónomas en este ámbito, en vez de ponerles la camisa de fuerza de los recortes. Más urgente que los recortes es un plan para mantener la calidad de las escuelas rurales, y poder afrontar los retos de futuro con garantía, e inversiones suficientes para mejorar y mantener una red cuyo trabajo social y educativo es ejemplar, sí, pero también necesario.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas y los acuerdos con las administraciones competentes para mantener la escuela rural como institución educativa con su estructura organizativa heterogénea y singular, así como a liberar los
recursos necesarios para mantener y desarrollar las Escuelas Rurales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000387
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la metodología de cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, para su debate en Pleno.
El País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra disfrutan de un sistema de financiación distinto del régimen común que se aplica en el resto de Comunidades Autónomas. Las haciendas forales recaudan la práctica totalidad de los impuestos y tienen amplias competencias normativas en materia de tributos directos, sujetas únicamente a ciertas restricciones de carácter general (como la de mantener una presión fiscal similar a la del resto de España).
Parte de estos recursos se entregan posteriormente a la Administración Central mediante una transferencia que, como es sabido, recibe el nombre de cupo en el caso del País Vasco y de aportación en el de la Comunidad Foral de Navarra. De acuerdo con la normativa básica vigente, esta transferencia se calcula de forma que cubra la parte que le corresponde a cada territorio foral de los costes de aquellas competencias estatales que no han sido asumidas por esas Comunidades Autónomas.
Es importante distinguir lo que es el sistema foral de los resultados financieros derivados de la forma en la que se ha aplicado en la práctica. El sistema foral per se comporta ciertas peculiaridades institucionales y competenciales, pero no implica necesariamente ningún tipo de privilegio económico. Por el contrario, si los principios generales y las reglas de valoración contenidos en la Ley del Concierto se aplicasen de forma correcta, el sistema foral sería neutral en términos de financiación, es decir, generaría niveles de financiación similares a los que estas comunidades lograrían en el caso de haberse integrado en el régimen común.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los resultados financieros del sistema de concierto han sido enormemente ventajosos para los territorios forales por tres motivos fundamentales:
1.º Con la excepción poco significativa del Fondo de Compensación lnterterritorial, se exime a las comunidades forales de contribuir al sistema de nivelación interregional, a través del que el Estado aporta recursos a las comunidades de menor renta para que éstas puedan prestar servicios similares a los de territorios más ricos. Tal exención resulta difícil de reconciliar con la propia lógica de la Ley del Concierto, pues la nivelación regional es una competencia estatal que no ha sido asumida por las instituciones vascas o navarras, por lo que deberían contribuir a sufragar sus costes.
2.º La valoración del resto de las competencias estatales no transferidas al País Vasco está enormemente sesgada a la baja. Esta infravaloración se complementa con el oscurantismo. Las leyes quinquenales del Cupo ni siquiera ofrecen un mínimo detalle sobre cómo se llega a la valoración de las cargas no asumidas que allí se presenta. Las cifras que sirven de base a tal cálculo se ofrecen, sin explicación alguna, en un breve anexo de una página. En particular, sorprende la nula información que se ofrece sobre las partidas que se consideran asumidas y no asumidas. Esta falta radical de transparencia en un asunto de tal importancia no debe mantenerse por más tiempo, pues erosiona las bases del funcionamiento de cualquier sociedad democrática.
3.º El ajuste técnico que se realiza para conseguir que cada administración se quede con la parte del IVA que en última instancia soportan sus ciudadanos (y no con la que se ingresa físicamente en su territorio, que puede ser considerablemente distinta) también está sesgado a favor de las comunidades forales. El problema surge porque los cálculos necesarios para realizar el ajuste se hacen utilizando valores de los coeficientes que recogen el peso de estas comunidades en el consumo nacional y en la base del impuesto que no coinciden con los reales.
Estudios académicos cifran la suma total de todos estos sesgos en alrededor de un 7? % del PIB vasco cada año, En el caso navarro, la situación es similar. Tales magnitudes implican una enorme rebaja en la aportación de los territorios forales respecto a la que un cálculo correcto del cupo implicaría.
Como consecuencia, estas dos comunidades disfrutan de una financiación por habitante superior en un 60? % a la media de las comunidades de régimen común. Pese a tratarse de dos de las comunidades con mayor renta per cápita de España, presentan sorprendentemente una balanza fiscal positiva (lo que implica que están siendo subvencionadas por comunidades que, por término medio, son más pobres que ellas).
Tal como se ha implementado en la práctica, el sistema de concierto genera una enorme asimetría financiera entre los territorios forales y el resto, lo que supone una violación flagrante del principio de igualdad recogido en el artículo 1 de la Constitución. Las peculiaridades de los territorios forales tienen encaje constitucional a través de la disposición adicional primera. Nada en ella, sin embargo, garantiza el derecho a disfrutar de los privilegios económicos derivados no del cupo en sí, sino de la forma que se viene calculando en la práctica. Por el contrario, tales privilegios suponen una clara violación de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten en ningún caso privilegios económicos o sociales (art. 138.2). Asimismo, el artículo 139.1 proclama que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Por su parte, el artículo 149.1.1 concede al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Merece la pena recordar que estas cuestiones tienen que ver con la igualdad en que se fundamenta cualquier Estado moderno y democrático, no con principios como la solidaridad o la caridad.
Además de por razones de equidad, una reforma del sistema foral en la línea propuesta resulta imprescindible porque la situación actual crea una inestabilidad permanente en el régimen común. La enorme diferencia que existe entre la financiación por habitante de los territorios forales y la de las comunidades de régimen común resulta imposible de explicar y es vista como un agravio comparativo en estas últimas. Por otro lado, la generalización del sistema de cupo a todas las comunidades es inviable.
Una aplicación razonable del sistema foral (que proporcionase a las comunidades vasca y navarra unos niveles de financiación equiparables a los del resto de las comunidades autónomas) podría realizarse sin modificar en absoluto la normativa básica del Concierto o del Convenio.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva un cálculo correcto del cupo vasco y de la aportación navarra, de forma que:
1.º Dejen de infravalorarse las competencias estatales no transferidas. Para facilitar el nuevo cálculo, se aumentará la transparencia, haciendo públicos todos los datos sobre cuáles son exactamente las competencias estatales que se consideran no asumidas y qué método se utiliza para calcular su coste en esas comunidades.
2.º Se utilicen en el ajuste por IVA los verdaderos valores de los coeficientes que recogen el peso de estas comunidades en el consumo nacional.
3.º Se incorporen las comunidades forales al sistema de nivelación interregional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000388
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre dotación de recursos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para su debate en Pleno.
La economía sumergida en España ha alcanzado un nivel muy elevado y creciente. Diversas estimaciones la sitúan por encima del 20 ?% del PIB. Contrasta esta situación con la de países como Estados Unidos, Reino Unido, Austria o Suiza (con cifras inferiores al 10? %) y Francia u Holanda (por debajo del 12? %).
Teniendo en cuenta que la presión fiscal media supera el 30?% y que el Producto Interior Bruto español está por encima del billón de euros, el importe de las cuotas, impositivas no ingresadas sería de más de 65 mil millones de euros al año. Algunos estudios lo sitúan en niveles incluso superiores, en el entorno de los 80.000 millones anuales. Por tanto, lograr cifras de economía sumergida similares a las de los países de la Unión Europea permitiría reducirla a la mitad y recaudar entre 3 y 4 puntos del PIB más anualmente. Esto facilitaría enormemente la reducción del déficit público, uno de los retos clave de la política económica en el delicado momento que atraviesa la economía española actualmente.
El número total de personas que trabajan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha estado situado en los últimos años en torno a 28.000. En la propia Memoria de la Agencia Tributaria del año 2006 se indicaba al respecto que "en comparación con otras administraciones tributarias de países miembros de la OCDE, está claramente por debajo de la media. Así, y de acuerdo con los datos de la OCDE relativos a 2004, en Alemania el número de
habitantes por cada empleado era de 629; en el Reino Unido de 810; en Francia de 790 ..., mientras que en España era de 1.557" Estas cifras explican en parte las diferencias existentes en cuanto al tamaño de la economía sumergida entre España y los países mencionados.
Además de las cifras anteriores publicadas por la AEAT, se constatan otros dos problemas que la afectan. Por un lado, los eventuales incrementos de personal en los últimos años no se han asignado al área de control selectivo dedicada al descubrimiento de deuda no declarada, es decir, al sector donde existe un mayor riesgo de evasión fiscal, en el que incluso se aprecia un descenso en el número de contribuyentes investigados y de actas incoadas. Por otro lado -como vienen denunciando en los últimos años las diversas organizaciones profesionales- las carencias de personal administrativo en los equipos tienen como consecuencia que inspectores y técnicos hayan de dedicar gran cantidad de tiempo a tareas administrativas y burocráticas, en detrimento de las de comprobación e investigación.
Pese a la decisión del Gobierno de diseñar un plan de lucha contra el fraude fiscal, lo cierto es que tal estrategia genérica no es coherente con la adopción de medidas concretas que actúan en sentido contrario. Así, ha decidido que, de cada diez vacantes que se produzcan en la AEAT, solamente se cubra una.
Por otra parte, los recursos asignados a la AEAT en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se reducen un 4.8 ?%. Se mantiene así la línea restrictiva de los años anteriores. Incluso para alcanzar los objetivos de recaudación de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno sería necesario que los defraudadores percibiesen un mayor riesgo de ser detectados.
El recorte operado en el presupuesto de la AEAT, responsable directo de la lucha contra el fraude fiscal, puede resultar contraproducente para reducir el déficit público. El pequeño ahorro así logrado podría más que compensarse con una menor recaudación. Por todas las razones anteriores, urge dotar a la AEAT de los necesarios medios materiales y humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal poniendo en práctica las siguientes medidas:
1. De manera inmediata, garantizar que no se reduzcan todavía más los ya escasos recursos humanos de la AEAT, aplicando una tasa de reposición en las bajas del 100? %.
2. A medio plazo, diseñar un plan plurianual de refuerzo de los medios materiales y humanos de la AEAT que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios relativos similares a los del resto de países de la Unión Europea. Este refuerzo dará prioridad a la plantilla de inspectores, técnicos y personal auxiliar dedicada al control financiero y tributario."
162/000389
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Diez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para financiar por imposición general en vez de cotizaciones sociales los gastos de gestión de la Seguridad Social referidos a las pensiones no contributivas y a los complementos de mínimos, para su debate en Pleno.
La separación de fuentes de financiación de prestaciones sociales atendiendo a su naturaleza es un principio ligado a la necesidad de dotar de transparencia a las cuentas de la Seguridad Social para poder establecer con claridad su suficiencia económica. Este principio fue una de las medidas recomendadas por el Pacto de Toledo para la reforma del sistema de Seguridad Social, acogida posteriormente por la Ley 24/1997, y determina que las prestaciones contributivas deben financiarse con cargo a las cotizaciones sociales y las prestaciones no contributivas a través de la imposición general.
Señala la ley que el "nivel contributivo" de protección, formado por las prestaciones económicas de los diferentes regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social y las derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como "los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial", serán financiadas "básicamente" con las cuotas, el importe de los recargos y sanciones, los frutos, rentas e intereses de sus recursos patrimoniales y el producto de otros ingresos, completándose, si fuera necesario, con las aportaciones del Estado que puedan establecerse de forma específica.
Siguiendo la lógica de separación de fuentes, parece, por tanto, necesario que los gastos de gestión, funcionamiento y administración de las pensiones no contributivas no sean financiados desde el nivel contributivo como hasta ahora, sino que queden a cargo de las dotaciones que el Estado realice destinadas a este fin. La
separación de fuentes en todos sus niveles, incluido éste, es uno de los principales elementos de estabilización económica en relación con el futuro del sistema de pensiones. Además, creemos que en el sistema de Seguridad Social no sólo es fundamental conocer su coste para hacer una previsión de su sostenibilidad a corto medio plazo, también es relevante conocer cómo se está financiando en todos los niveles. Además, de esta manera se reforzaría el carácter contributivo del Sistema, descargándolo de obligaciones financieras que no se sustentan en derechos basados en la cotización previa del beneficiario.
Dado que, en la actualidad, las transferencias del Estado no son ni siquiera suficientes para cubrir la totalidad del gasto derivado por las pensiones no contributivas y el complemento de mínimos, el coste de gestión de estas mismas prestaciones queda cubierto desde la parte contributiva. Recuérdese que el cumplimiento del presupuesto presentado en 2011 ha dado como resultado un déficit en el segmento contributivo de la Seguridad Social de -772,06 millones de euros, después de asumir íntegramente los gastos de administración del conjunto del sistema.
Esta misma tendencia es la que se presenta en los presupuestos de la Seguridad Social para este ejercicio 2012, donde la partida de Gestión y Administración de la Seguridad Social se ha reducido en un 62,7 ?% respecto a 2011 (4,869,47 millones de euros menos), dentro de la cual los gastos de afiliación, cotización, recaudación y pago de obligaciones asumidas, es decir, el gasto de administración disminuyen ligeramente respecto al pasado año, significando el coste de gestión de las prestaciones económicas algo menos de la tercera parte del gasto total de administración.
A pesar de que el proceso de separación de fuentes de financiación, según el compromiso del gobierno, debía culminar en el año 2013, sin embargo, el lento ritmo sostenido en los últimos años supone que todavía se está tejos de cumplir uno de los compromisos fundamentales de los acuerdos del Pacto de Toledo. Si a ello se le suma los graves problemas financieros del Estado para cumplir con los objetivos marcados de déficit público, entendemos que este proceso pueda dilatarse en el tiempo, pero debería completarse dentro de un plazo cercano razonable.
Sin embargo, ello no es óbice para que se establezcan las bases necesarias para que los gastos de gestión y administración de las pensiones no contributivas dejen de ser financiados en el futuro desde el nivel contributivo como hasta ahora, sino que queden a cargo de las dotaciones que el Estado realice para cubrir ese gasto para, en definitiva, reforzar el equilibrio y sostenibilidad a medio y largo plazo de nuestro sistema de pensiones.
"El Congreso de Diputados insta al Gobierno a:
Financiar por imposición general, y no mediante cotizaciones sociales, los gastos de gestión de la Seguridad Social referidos a las pensiones no contributivas y a los complementos de mínimos."
162/000390
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA.CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre revisión de sentencias y la anulación de Consejos de Guerra y juicios sumarios ejecutados por motivos políticos durante la dictadura franquista, para su debate en el Pleno.
Es preciso traer a la memoria a todas aquellas personas que durante el régimen franquista fueron perseguidos, torturados, juzgados y ejecutados por motivaciones políticas, en algunos casos meros "paseos" (ejecuciones extrajudiciales), pero en otros casos los fusilamientos de los disidentes políticos se revistieron de algún tipo de formalidad jurídica.
Sirva de ejemplo el caso de Julián Grimau: detenido, torturado, procesado y ejecutado por el régimen franquista. El 18 de abril de 1963 comienza el juicio sin pruebas de ningún género, ni testimonios directos, en el que el fiscal, cumpliendo órdenes de sus superiores, le impone la pena máxima: la pena de muerte. Dos días después, el 20 de abril, Julián Grimau es conducido a Campamento en donde un pelotón de fusilamiento ejecuta la pena de muerte impuesta por un consejo de guerra en el juicio sumarísimo seguido contra este dirigente del Partido Comunista de España, detenido por la policía franquista entre los días 7 y 8 de noviembre de 1962. Su único delito, como él mismo reconoció durante el procesamiento, ser comunista y luchar en defensa de la libertad y por el restablecimiento del estado legítimo y soberano arrebatado por la sublevación franquista.
No es necesario ponderar la execrabilidad de este tipo de crímenes cometidos durante la dictadura franquista, pues cualquier demócrata entiende que la eliminación física del opositor político es rechazable desde todos los puntos de vista. Pues bien, los herederos de algunos de estos ciudadanos ejecutados por sus ideas políticas por la dictadura han tratado de restablecer el
buen nombre de sus familiares y en el curso de los procesos de revisión de sentencia se han encontrado con la desagradable sorpresa de que los tribunales de un Estado democrático les niegan esa restitución en virtud de ajuste al derecho de la época de las sentencias de ejecución franquistas. Tal es el caso de la sentencia de 3 de marzo de 1999 de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por la que se niega la revisión de una sentencia de 1963 por la que se ejecuta a Joaquín Delgado y a Francisco Granado, según la sentencia, de acuerdo a la legalidad entonces vigente.
Con la presente Proposición no de Ley no se pretende rebatir la pureza formal de esas decisiones judiciales, sino que, más allá de razonamientos jurídico-procesales, se haga justicia, rehabilitando el honor de los hombres y mujeres condenados y ejecutados durante el régimen franquista por sus convicciones ideológicas, a través de la anulación de los consejos de guerra y la revisión de oficio de los juicios sumarios.
Por todo ello, se presenta, para su debate en Pleno, la siguiente
1. Tomar las medidas necesarias para la declaración de nulidad radical de todas las condenas, sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales franquistas a propuesta de la Fiscalía.
2. Promover la creación de una línea específica de la Fiscalía que impulse la anulación judicial de las resoluciones dictadas por los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil y la Dictadura, impusieron, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, teniendo en cuenta la ilegitimidad de dichos órganos y a la derogación expresa de las normas que las fundamentaron."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mala política de medicamentos. Diez propuestas de cambio, para su debate en Pleno.
El copago y los recortes indiscriminados de medicamentos son dos medidas injustas, perjudiciales para la salud y que no ahorran recursos al sistema público.
El Gobierno del Sr. Rajoy aumenta el copago (hay que decir repago, ya que los hemos pagado ya con nuestros impuestos). Además de estas medidas, el Gobierno español pretende retirar del sistema público 426 medicamentos que considera "menores", también con el criterio de ahorro económico.
España es uno de los países que más medicamentos consume del mundo, muy por encima de las media de los países de la Unión Europea. Décadas de un modelo sanitario configurado por las autoridades políticas y la industria farmacéutica, caracterizado por ser individualista, "curativista", centrado en la "farmacodependencia", han creado una fuerte medicalización de la salud con un gasto farmacéutico muy excesivo (18.000 millones de euros en 2010, el 30 ?% del gasto público sanitario) y un bajo consumo de genéricos.
Todas las medidas adoptadas hasta ahora no han podido frenar nunca el incremento constante de recetas y de gastos en farmacia, el incremento de recetas en España ha sido de un 57 ?% en diez años (596 millones en el 2000 y 936 millones en el año 2009).
En cuanto a la propuesta de retirada de financiación pública de más de 400 fármacos es otro disparate que encarecerá más el gasto; excluir grupos enteros de medicamentos conduce a la sustitución por otros no retirados que suelen ser más caros. Hay que recordar que en España la industria farmacéutica sigue siendo con la crisis un sector empresarial enormemente rentable que influye mucho sobre el sistema de salud.
La industria tiene el control absoluto sobre todas las fases de vida de sus productos (I+D básica, desarrollo, fabricación, comercialización y vigilancia de los productos sanitarios), en un proceso en que las autoridades ejercen un papel fiscalizador, regulador y vigilante, pero donde han renunciado a desempeñar un papel activo en la conducción del sector, en la determinación de las líneas estratégicas a seguir. Finalmente, es fundamental ofrecer formación continuada pública e independiente a los profesionales de la sanidad, los médicos y médicas están constantemente inundados de "novedades" farmacológicas, muchas de las cuales ni son nuevas ni tienen una efectividad probada, siendo presionados a "elegir" tratamientos o productos que son comprados por el sistema de salud a los precios marcados por las empresas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas fundamentales sobre las políticas de precios, la financiación selectiva y, sobre todo, la gestión del conocimiento, formación y medios en manos de los profesionales de acuerdo con las
Comunidades Autónomas y en el marco de las respectivas competencias.
1. A la selección centralizada de los medicamentos más idóneos para ser financiados por el sistema público de salud. Además de los criterios de eficacia y seguridad, la decisión de financiar o no debe basarse también en la efectividad relativa al coste (coste efectividad).
2. A la negociación centralizada de los precios de los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud.
3. A la puesta en marcha de sistemas de información sobre medicamentos y terapéutica propios del sistema de salud, independientes de las compañías farmacéuticas, e integrados en las herramientas informáticas (historia clínica electrónica y receta electrónica).
4. Al desarrollo de la formación continuada de los profesionales, organizada desde el sistema de salud, sin participación directa o indirecta de las compañías farmacéuticas.
5. A la prohibición de la actividad comercial sobre los centros del Sistema Nacional de Salud.
6. A la regulación de los conflictos de intereses de los profesionales sanitarios y los directivos.
7. A la constitución de comisiones farmacoterapéuticas en cada área de salud, para garantizar la participación profesional y la gestión clínica en terapéutica.
8. A que las funciones de estas comisiones deben ser seleccionar las recomendaciones terapéuticas y los medicamentos de elección, garantizar y acordar la continuidad asistencial entre hospitales especializada y atención primaria, desarrollar y coordinar la formación continuada y hacer un seguimiento del consumo de medicamentos y sus resultados y promover la investigación clínica con acento sobre los resultados clínicos.
9. A aumentar los recursos humanos y materiales en Atención Primaria, de manera especial en el tiempo de atención y de visitas que asegure la mejor prescripción de medicamentos y productos sanitarios al margen de las presiones y propaganda de los laboratorios, en base a su adecuación terapéutica, relación coste-efectividad, y menor efecto iatrogénico, incentivando sin sesgo de género, las actividades de formación continuada e investigación.
10. A potenciar la participación real de la ciudadanía y de las personas usuarias en estas políticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000392
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre dedicación exclusiva de Diputados y Senadores, para su debate en Pleno.
Según el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado, solo el 12? % de los miembros de la Cámara Baja no desempeñan actividad privada, al margen de la de Diputado o Diputada. El hecho de que la compatibilidad de varios cargos públicos o la compatibilidad con actividades privadas con la condición de Diputado o diputada sea muy mayoritaria es sumamente alarmante y la falta de dedicación exclusiva y la acumulación de retribuciones es inaceptable, más aún en un contexto como el que vivimos en la actualidad.
La finalidad de esta iniciativa es la extensión del régimen de incompatibilidades a los Diputados y Diputadas y Senadores y Senadoras de forma que a través de la modificación de los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que regulan el régimen de incompatibilidades de los mismos. De esta forma se pretende que el del mandato se ejerza en régimen de dedicación exclusiva e incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma.
Así, además, garantizamos la separación nítida de las actividades privadas de los Diputados y Senadores de las funciones propias del ejercicio del cargo público que ostentan.
Acometer en el plazo de seis meses la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar que el mandato de los Diputados y Senadores se ejerza en régimen de dedicación exclusiva y sea incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000393
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María
Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la transparencia en los conceptos de los Presupuestos asociados a la "Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz", para su debate en Pleno.
Una de las actividades cubiertas por el programa 14.122M (Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas) es la "Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz", de gran relevancia dentro de acción exterior del Estado. Por la propia naturaleza de estas actividades, los conceptos asociados a estas actividades siempre han tenido carácter de "Créditos Ampliables" y tradicionalmente se han venido dotando de fondos con cargo al Fondo de Contingencias, argumentando (con buen criterio) que no se podía anticipar el número, alcance o duración de las misiones de paz internacionales y el compromiso de España en las mismas no podía venir encorsetado por la partida presupuestaria destinada.
Sin embargo, una vez más, se hace un abuso de una herramienta buena en su concepción y se utiliza este carácter de Créditos Ampliables para falsear a la baja el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa, ocultando la realidad del gasto asociado a misiones ya comprometidas. A modo de ejemplo, en los años 2009, 2010 y 2011 los créditos iniciales fueron de 14,3 millones en cada caso, mientras que las liquidaciones finales fueron de 713,5, 787,9 y 861 millones respectivamente.
Lejos de corregirse esta desviación, se está consolidando en el tiempo y es algo que se ha repetido en los años 2011 y 2012 (con unos créditos iniciales de 14 millones asignados en cada caso), cuando la mayor parte del gasto se corresponde a misiones que siguen teniendo continuidad en el tiempo (Afganistán, Líbano, Atalanta...) y no misiones que aparecen inesperadamente como pudo ser la de Libia en su momento.
De hecho en los presupuestos de este año 2012, se ha producido un hecho aún más preocupante. Dada la situación política que todos conocemos, el proyecto de presupuestos para este año se ha presentado cuando ya había transcurrido un trimestre y no se han aprobado hasta que ha pasado ya la mitad del año. En ese tiempo ya ha sido una realidad (y no un simple presupuesto o estimación) el gasto realizado en las Operaciones de mantenimiento de la paz y sin embargo la partida aprobada en el presupuesto sigue siendo de 14,3 millones como en años anteriores.
Un hecho que destaca lo lejos que está esta partida de las necesidades es que ya en marzo de este año y antes de presentar siquiera el proyecto de presupuestos, el Consejo de Ministros tuvo que aprobar un traspaso de dinero procedente del Fondo de Contingencia por valor de 277 millones "destinados a gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz durante el primer trimestre de 2012". En la tramitación del proyecto de presupuestos de 2012, el grupo parlamentario de UPyD intentó sin éxito el aumento de estas partidas presupuestarias mediante una serie de enmiendas parciales que hicieran reflejar mejor la realidad de dichas misiones, pero el Grupo que apoya al Gobierno no tuvo a bien considerarlas.
Las recomendaciones en este sentido que ha recibido el Gobierno son diversas, la más reciente del Tribunal de Cuentas que ha destacado la falta de "rigor y realismo" de estas partidas presupuestarias (una recomendación que se extiende desde el ya lejano 2003), y ha destacado que la aprobación de sucesivos créditos para sufragar las misiones en cada ejercicio "origina una carga de trabajo extraordinaria para las unidades encargadas de su tramitación y da lugar a una gestión extraordinariamente laboriosa, confusa y formalmente irregular".
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los sucesivos Presupuestos realice un ejercicio de transparencia y presupueste correctamente el importe de los conceptos 128, 228 y 668 asociados a la "Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz" dentro del programa 14.122M en función de los compromisos de gasto ya asumidos para las misiones en curso en el momento de su realización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior.
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, entendiendo que los debates ante la Comisión de Defensa y el Parlamento a los que se alude en la misma se realizarían, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el "Boletín Oficial de las Cortes Generales".
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre la Política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior, para su debate en el Pleno.
1. Que se informe a la Comisión de Defensa con carácter previo a la aprobación de la Directiva de Defensa, con tiempo suficiente para su estudio y debate.
2. Que las opiniones y conclusiones de los debates de la Comisión de Defensa sea tenido en cuenta y se incorpore a la Directiva de Defensa, que es aprobada por el Presidente del Gobierno.
3. Que de los documentos del planeamiento (Directiva de política de defensa, Plan de recursos financieros y materiales, Plan de recursos humanos, Directiva de planeamiento militar, Concepto de estrategia militar, Directiva de planeamiento operativo, proyecto de objetivo de capacidades militares, Programación de recursos materiales y humanos, Propuesta de objetivos de capacidades militares, Objetivo de capacidades militares y Propuesta de Presupuesto, se informe a la Comisión de Defensa con carácter previo y suficiente antelación, se tenga en cuenta y se incorpore a los documentos, las opiniones y conclusiones de la misma.
4. Que los documentos actualmente en estudio, los llamados "visión 252" encargado al JEMAD y la "Doctrina Española de Seguridad" sean previamente a su aprobación consultados con el Parlamento.
5. Que se expliquen y debatan en el Parlamento los gastos realizados por Gobierno en las misiones Internacionales desde el comienzo de la crisis.
6. Que el Gobierno suspenda de manera inmediata cualquier tipo de acuerdo que posibilite en España la construcción del escudo antimisiles por EEUU u otros de índole militar.
7. Que ante el empeoramiento de la crisis, se retiren de manera urgente el total de nuestras tropas de todas las misiones en el extranjero.
8. Que el recorte anunciado de plantilla de militares se supedite previamente a la retirada de las tropas en el extranjero y previa formación a la reincorporación de los mismos al mercado laboral.
9. Que explique los acuerdos vinculantes en materia de defensa existentes con EEUU y proceda de manera urgente a la salida de la Organización OTAN.
10. Que se suspendan los cursos anuales de Oficiales en el extranjero, tanto de idiomas como de diplomaturas en Estado Mayor en otros países, en coherencia con la situación y recorte de impuestos por el Gobierno a las administraciones públicas y a los funcionarios públicos como consecuencia de la crisis económica en nuestro país."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
173/000036
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de junio en las comarcas de Lleida.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de julio en las comarcas de Lleida.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley en el que se contemplen medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de julio en las comarcas de Lleida, el cual incluirá entre otras las siguientes medidas:
1. La puesta en marcha de las medidas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establezca el procedimiento para su concesión.
2. La adopción de medidas fiscales aplicables a los titulares de explotaciones y actividades agrarias ubicadas en fas zonas afectadas, entre las cuales se contemplará:
a) Adecuación de los módulos del IRPF, para el ejercicio 2012, a la pérdida de producción sufrida.
b) Incremento de la cuantía de los gastos de difícil justificación en la estimación directa en el IRPF para el ejercicio 2012.
c) Permitir la neutralidad fiscal en el cómputo de los ingresos procedentes de las percepciones de las indemnizaciones del seguro, cuando estas coincidan en un mismo ejercicio con los ingresos derivados de la cosecha anterior.
d) Reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica para las explotaciones agrarias ubicadas en las zonas afectadas.
3. Articular una bonificación en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de las empresas y trabajadores por cuenta propia afectadas, por un periodo de 12 meses.
4. Medidas compensatorias destinadas a cooperativas y otras empresas acondicionadoras, transformadoras y comercializadoras de fruta procedente de las zonas afectadas, por la disminución de su actividad.
En el caso de cooperativas especialmente protegidas cuyos socios se hayan visto afectados por las tormentas no se les aplicará el límite máximo para operaciones con terceros no socios para mantener la cualificación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000037
Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar.
Admitir a trámite y calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre las nuevas medidas de ajuste del Gobierno.
1. Rectificar las injustas e ineficaces medidas que comprende el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
en materia fiscal, de empleo y Seguridad Social, de función pública, de dependencia, de vivienda y otros muchos ámbitos, que han sido rechazadas por masivas movilizaciones ciudadanas y por el resto de partidos políticos.
2. Promover una revisión del sistema fiscal con objeto de contar con recursos tributarios que permitan abordar el proceso de consolidación fiscal, revocando la amnistía fiscal aprobada por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, y ampliada en el de 13 de julio, impulsando la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, la racionalización de los beneficios fiscales de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades y el refuerzo de la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, y renunciando a promover una reducción de cotizaciones sociales que pone en riesgo el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.
3. Presentar un Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año que preserve los servicios públicos y recupere los recursos suficientes para el desarrollo y la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y adoptar las medidas oportunas para que no disminuyan los niveles y prestaciones de cobertura del desempleo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha debatido el Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2013, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 133, de 24 de julio de 2012, habiendo procedido a su aprobación.