Source: http://www.scribd.com/doc/103843221/Amparo-Igj-Final
Timestamp: 2014-11-22 16:56:11
Document Index: 42219996

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 6', 'artículo 14']

Amparo Igj - Final
P. 1Amparo Igj - FinalAmparo Igj - FinalRatings: (0)|Views: 113
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AVEDRA
, diputado nacional y presidente delbloque de la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de Diputadosde la Nación, con domicilio real en República Arabe Siria 2699, piso 12,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el patrocinio letrado deHernán Gullco (T° 27 F° 507, CPACF) y Felicitas Rossi (T° 92, F° 500,CPACF), abogado/as de la
Asociación por los Derechos Civiles(ADC),
Organización No Gubernamental sin fines de lucro que tiene porobjeto la promoción y defensa de derechos humanos fundamentales,constituyendo domicilio procesal en Av. Córdoba 795 piso 8°, oficinas15 y 16, de esta Ciudad de Buenos Aires (Zona de Notificación 149), aV.S. me presento y digo:
En tiempo y forma oportunos, vengo a interponer acciónde amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional yconcordantes de la Ley 16.986 contra la Inspección General de Justiciade la Nación, a cargo del Dr. Norberto Carlos Berner
, con domicilio realen Av. Paseo Colón 285 (C1063ACC) de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, a los fines de que se ordene a la demandada entregar lainformación que fuera solicitada con fecha 17 de febrero y 30 de marzode 2012, mediante pedidos formales que se adjuntan a la presente.Esos pedidos, que nunca fueron contestados por la IGJ, serealizaron en ejercicio del derecho de acceso a la información públicade conformidad con lo que garantiza el Decreto 1172/03 y los artículos1, 14, 32 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, (en adelante CN),artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, (enadelante CADH), 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, (en adelante PIDCP) y articulo 19 de la Declaración Universalde Derechos Humanos, (en adelante DUDH).
Designado por Decreto N° 787/2012.
DMISIBILIDAD
La presente acción es admisible en tanto cumple contodos los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para laefectiva tutela jurisdiccional del derecho vulnerado. En efecto, elsilencio de la Administración respecto de mi pedido de acceso ainformación pública constituye una negativa en los términos del art. 14del Anexo VII del decreto 1172/03 y, por ende, un acto manifiestamenteilegal y arbitrario que viola derechos reconocidos en la CN, en tratadosy en leyes.Por otro lado, el silencio de la Administración constituyeuna violación continuada de mi derecho de acceder a la informaciónpública. Así, la presente acción es oportuna en tanto se interponedentro de un plazo razonable a partir de la configuración de la negativade la administración a fin de impugnar una conducta estatal que ocurreahora y que se mantiene como afectación continua. Ello impide oponerplazo de caducidad alguno, pues como la Corte Suprema de Justicia dela Nación (en adelante CSJN) ha señalado:
“…el escollo que se deduce de la prescripción del artículo 2°,inciso “e”, de la ley 16.986, no es insalvable en la medida en quecon la acción incoada se enjuicia una arbitrariedad o ilegalidadcontinuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad,tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momentode accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hechoúnico, ya pasado (…) ni un hecho consentido tácitamente, ni deaquellos que en virtud de su índole deben plantearse en accionesordinarias (...) en la especie la lesión es a la vez,inescindiblemente, actual y pasada”
Además, no existe otra vía judicial más idónea pararesolver el conflicto planteado y las violaciones denunciadas no exigenmayor debate y prueba.La reforma constitucional del año 1994 incorporó laacción de amparo en el artículo 43 de nuestra Carta Magna como víaprincipal para reparar lesiones o restricciones ilegales o arbitrarias de
CSJN, “Recurso de hecho deducido por Sergio Mosqueda en la causa Mosqueda,Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”,sentencia del 7 de noviembre de 2006; y sentencia de Fallos 324:3074, voto de losDres. Moliné O´Connor, Fayt y Vázquez y sus citas, entre otros.
derechos constitucionales, de modo que hoy constituye un derecho yuna garantía procesal. Vale destacar que el Anexo VII del Decreto1172/03 habilita en su artículo 6° a toda persona física o jurídica,pública o privada, a solicitar, acceder y recibir información, no siendonecesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar conpatrocinio letrado. En este sentido, la norma establece una legitimaciónactiva amplia y además, como ya hemos señalado, la IGJ está obligadatambién a entregar la información solicitada con base en lo dispuestopor los mencionados tratados y declaraciones de Derechos Humanosque cuentan con jerarquía constitucional. Es por ello que, basados enestas claras previsiones legales, nos vemos obligados a presentar estaacción de amparo toda vez que la IGJ no ha entregado la informaciónsolicitada.En la misma línea, la raigambre constitucional delderecho de acceso a la información pública y su carácter operativo,permiten
la posibilidad de accionar judicialmente por esta vía yaque el actuar de la IGJ es manifiestamente ilegal y arbitrario.En efecto, la Constitución Nacional (art. 1, 14, 33 y 75inc. 22) reconoce y protege al derecho de acceso a la información, porlo que para el improbable caso en que se pudiera considerar que elpedido de información realizado por esta parte no se encuentraprotegido por el anexo VII al decreto 1172/03, correspondería hacerlugar a la presente acción sobre la base de lo prescripto por laConstitución Nacional y las declaraciones y tratados de derechoshumanos con plena vigencia en nuestro país y que gozan de rangoconstitucional.El amparo es una acción rápida y expedita que procedeen casos como el de autos en que se configura una denegatoriaarbitraria e injustificada al ejercicio de un derecho por parte de unaautoridad pública, toda vez que no se permite el legítimo acceso adatos públicos y para ello se fuerza el alcance de una excepción legal alprincipio general de la publicidad de los actos de gobierno. En efecto,en este caso el silencio de la administración implica una denegatoriacomo establece el artículo 14 del Anexo VII del decreto 1172/03.Numerosos fallos han sostenido que el amparo es la víaidónea para tutelar el derecho de acceso a la información pública. Amodo de ejemplo, entre otros, pueden mencionarse:
Bullo Perea, Jorge
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