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Timestamp: 2020-06-02 23:00:22
Document Index: 173286017

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 38', 'artículo 44', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 138', 'artículo 63', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 43', 'artículo 9', 'artículo 113', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4']

Jurisprudencia Administrativa por Jose Maria Pacori Cari - muestra HTML, pagina 1
Jurisprudencia Administrativa por Jose Maria Pacori Cari - muestra HTML
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA, DERECHO Y
____________ José María Pacori Cari
EDITORIAL PERLA NEGRA
D. LEG. 822
© José María Pacori Cari
josemaria728@hotmail.com
Nacional del Perú Nº 2008-01792
Puente Arnao 608 Miraflores - Arequipa
Teléfono: (054) 442785
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Cesare Montale Ungaretti (heterónimo)
Distribución gratuita sin fines de lucro
“Y entonces mandé a vuestros
jueces, diciendo: Oíd entre
vuestros hermanos, y juzgad
justamente entre el hombre y su
hermano, y el extranjero.”
(Deuteronomio 1, 16)
El objeto del presente trabajo es más subjetivo que
objetivo porque con el mismo queremos poner a
disposición del Lector aquellas jurisprudencias que en nuestra opinión personal son importantes. Espero que el Lector disculpe este atrevimiento. Con las disculpas del caso, trataré de justificar la importancia del presente trabajo.
El presente trabajo lo hemos dividido en Tres Capítulos que sistematizan ochenta y ocho jurisprudencias. El
Primer Capítulo esta referido a las “Instituciones del Derecho Administrativo”. En este Capítulo se verifica como el Tribunal Constitucional utiliza algunas figuras del Derecho Administrativo para resolver los conflictos que se le presentan: el Control Difuso Administrativo, el Interés Público (en nuestro país se establece su carácter jurídico), el Poder Discrecional (se indica una
clasificación detallada), la Cosa Decidida, el Acto
Administrativo, la Vía de Hecho y el Dominio Público.
En el Segundo Capítulo hemos seleccionado
jurisprudencia relacionada con el “Derecho
Administrativo Adjetivo”. En este capítulo se encontrará jurisprudencia sobre la Ley 27444, la Inactividad de la 7
Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
Administración Pública (dentro del cual ubicamos al
silencio administrativo), el Debido Proceso
Administrativo, el Principio del Non bis in idem y el Principio de Pluralidad de Instancias en el
En el Tercero y último Capítulo referido al “Derecho de la Función Pública” se encontrará jurisprudencia sobre el Régimen Laboral Público (Decreto Legislativo 276 y su Reglamento: el Decreto Supremo 005-90-PCM), el Nivel de Carrera, el Acta Paritaria (respecto a un Derecho de la Función Pública Colectivo) y la Estabilidad Laboral
según la Ley 24041.
Esperamos que la jurisprudencia que se ofrece al Lector le sea de mucha utilidad en su quehacer de Homo Juris.
Arequipa, 24 de enero de 2008.
El papel del Tribunal Constitucional en la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico administrativo en la actualidad ha sido importante, porque ha
importado al estudioso del Derecho Administrativo. En efecto, en su calidad de intérprete de la Constitución este Organismo Constitucional Autónomo ha emitido una
serie de criterios que pueden ser tomados en cuenta al momento de aplicar las normas del Derecho
Administrativo. Recuérdese que antes de aplicar una
norma, primero debemos interpretarla.
En el párrafo anterior indicamos que los criterios que establece el Tribunal Constitucional al interpretar y luego aplicar normas administrativas “pueden” ser
tomados en cuenta, usamos el verbo “pueden”, en el
sentido que estos criterios de ninguna manera deben ser tomados de forma acrítica y dogmática, sino que los
mismos deben servirnos de orientación en la
interpretación de las normas del Derecho
Por último, no está demás advertir que una de las
Fuentes del Derecho Administrativo se encuentra
justamente constituida por la Jurisprudencia que en
materia de Derecho Administrativo puedan emitir los
órganos estatales, en este caso, nos hemos limitado al Tribunal Constitucional, sin que ello implique dejar de lado la abundante jurisprudencia que puedan emitir
otros entes estatales.
Los Tribunales Administrativos y el Control difuso administrativo
“2. Que el artículo 38.º de la Constitución establece que
“Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”; asimismo, el artículo 44.º
reconoce que “Son deberes primordiales del Estado: (...) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (...); y el artículo 51.º prescribe que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)”; asimismo, el artículo 1.1. del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que
“Las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho (...)”, y su artículo 10.º que “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho (...) La
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. Todo lo cual tiene como finalidad tutelar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos humanos, de conformidad con el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; 3. Que, en anterior oportunidad (Exp.
5854-2005-AA/TC, FJ 3), el Tribunal Constitucional ha señalado, por un lado, que El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico
vinculante y compuesta únicamente por una serie de
disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto; y, por otro lado (Exp. N.º 0050-2004-AI/TC y otros, FJ 156) que es preciso dejar a un lado la errónea tesis conforme a la cual la Administración Pública se encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas por las entidades de gobierno, sin poder cuestionar su constitucionalidad (...). En tal sentido, en los supuestos de manifiesta inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la Administración no sólo tiene la
facultad sino el deber de desconocer la supuesta
obligatoriedad de la norma infraconstitucional viciada, dando lugar a la aplicación directa de la Constitución; 4.
Que, si bien los funcionarios de la administración
pública se encuentran sometidos al principio de
legalidad, ello no es incompatible con lo que se ha
señalado en el fundamento 50 de la sentencia N.° 3741-2004-AA/TC, esto es, que “(...) [t]odo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera
manifiestamente (...)”. Precisamente con respecto a este extremo de la sentencia mencionada, el Tribunal
Constitucional estima necesario precisar que los
tribunales administrativos u órganos colegiados a los que se hace referencia en dicho fundamento son aquellos tribunales u órganos colegiados administrativos que
imparten “justicia administrativa” con carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
la declaración de derechos fundamentales de los
administrados; 5. Que, en la Ley Fundamental del
Estado, no existe una disposición expresa que prohíba hacer cumplir el principio jurídico de la supremacía constitucional. En ese sentido, KELSEN ha señalado que Si el orden jurídico no contiene una regla explícita en contrario, hay la presunción de que todo órgano
aplicador del derecho tiene la facultad de negarse a aplicar leyes inconstitucionales. Como los órganos tienen a su cargo la tarea de aplicar ‘leyes’, naturalmente están obligados a investigar si la regla cuya aplicación se propone es realmente una ley. Pero la restricción de esta facultad necesita de una prescripción explícita. (…). 6.
Que un Estado social y democrático de Derecho supone cambios sustanciales en la concepción clásica del
principio de legalidad, entre ellos su adecuación y
conformidad tanto con los valores y principios
constitucionales como con los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en nuestra Constitución. En ese sentido, SAGÜÉS ha afirmado (...) como excepción, resulta sumamente atractiva la postura de Bidart
Campos, en el sentido de que si la inconstitucionalidad de una ley es grosera y obvia, el Poder Ejecutivo debe reputarla contraria a la Ley Suprema, e inaplicarla. 7.
Que el ejercicio del control difuso administrativo se realiza a pedido de parte; en este supuesto, los
tribunales administrativos u órganos colegiados antes aludidos están facultados para evaluar la procedencia de la solicitud, con criterios objetivos y razonables, siempre que se trate de otorgar mayor protección
constitucional a los derechos fundamentales de los administrados. En aquellos casos en los que adviertan que dichas solicitudes responden a fines
manifiestamente obstruccionistas o ilegítimos, pueden establecerse e imponerse sanciones de acuerdo a ley.
Excepcionalmente, el control difuso procede de oficio cuando se trate de la aplicación de una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad con el último párrafo del artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional; o cuando la aplicación de una disposición contradiga un
precedente vinculante del Tribunal Constitucional
establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 8. Que los tribunales administrativos y los órganos colegiados de la administración pública que imparten “justicia administrativa” con carácter nacional no pueden dejar de aplicar una ley o reglamento cuya
constitucionalidad haya sido confirmada en procesos constitucionales, ni tampoco aplicar a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en un caso concreto, los efectos jurídicos de una ley o reglamento que haya sido declarado
inconstitucional en dichos procesos, de conformidad con el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.” (El subrayado es nuestro; Fundamento 2-8 EXP. N.º 3741-2004-AA/TC -
Deber de protección de los derechos fundamentales, control difuso administrativo y tribunales
“15. Aunque obiter dicta resulta relevante recordar que en la sentencia N.º 3741-2004-PA/TC, se ha establecido, Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
en condición de precedente vinculante, la potestad de control difuso en sede administrativa en los siguientes términos: [...] el Tribunal Constitucional estima que la administración pública, a través de sus tribunales
administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución –dada su fuerza normativa–, sino también el deber
constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos administrativos y que son
contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional). Ello se sustenta, en primer lugar, en que si bien la Constitución, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 138.°, reconoce a los jueces la potestad para realizar el control difuso, de ahí no se deriva que dicha potestad les corresponda únicamente a los jueces, ni tampoco que el control difuso se realice únicamente dentro del marco de un proceso judicial
(fundamento N.º 7). En este contexto el Tribunal ha
resaltado los efectos verticales de los derechos
fundamentales y, con ello, ha señalado que “el derecho y el deber de los tribunales administrativos y órganos colegiados de preferir la Constitución a la ley, es decir de realizar el control difuso –dimensión objetiva–, forma parte del contenido constitucional protegido del derecho fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela procesal ante los Tribunales Administrativos –
dimensión subjetiva–” (fundamento N.º 10). 16. En este contexto, debe resaltarse que, además, en mérito al deber de protección de los derechos fundamentales que tiene todo el poder público y, en este caso, en particular, los Tribunales Administrativos, ellos deben Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
ejercer el poder-deber de control difuso de
constitucionalidad cuando en la resolución de un
procedimiento administrativo resulta relevante la aplicación de una norma y ella es incompatible con derechos fundamentales o con principios
constitucionales que los garantizan (v. gr. legalidad, reserva de ley, entre otros). En tal sentido, la omisión del control de constitucionalidad en sede administrativa, como en el supuesto antes mencionado, representa, a su vez, la omisión del deber de protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, dado que los
Tribunales Administrativos y órganos colegiados están vinculados por el deber de protección, ellos han de
ejercer el control difuso cuando el caso lo demande. 17.
En consecuencia, el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual debe tener presente el ejercicio de esta potestad en la resolución de las controversias que conoce.” (El subrayado es nuestro; Fundamento 15-17 EXP. 06135-2006-PA/TC)
“10. La doctrina acepta la existencia de conceptos con contenido y extensión variable; esto es, reconoce la presencia jurídica de conceptos determinables por medio del razonamiento jurídico que, empero, varían de
contenido y extensión según el contexto en que se
encuentren o vayan a ser utilizados. Es evidente que los conceptos jurídicos pretenden la representación
intelectual de la realidad; es decir, son entidades
mentales que se refieren a aspectos o situaciones valiosas Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
y que imprimen calidad jurídica a ciertos contenidos de la vida social. Los conceptos jurídicos poseen un
contenido, en tanto éste implica el conjunto de notas o señas esenciales y particulares que dicha representación intelectual encierra, y una extensión, que determina la cantidad de objetos o situaciones adheridas al concepto.
En ese orden de ideas, el derecho concede un margen de apreciación a una autoridad para determinar el
contenido y extensión del concepto aplicable a una
situación particular y concreta, siempre que dicha
decisión no sea manifiestamente irrazonable o
desproporcionada con las circunstancias en donde será utilizada. Conviene puntualizar que uno de los
conceptos jurídicos caracterizados por su
indeterminación es el interés público. 11. El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el
cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa posee en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable y útil. De allí que Fernando Sainz Moreno
[“Reducción de la discrecionalidad: el interés público como concepto jurídico”, Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas
Ediciones, Revista N.º 008, enero - marzo de 1976]
plantee que la noción interés público se entienda como expresiones del valor público que en sí mismo tienen Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que
únicamente interesa al público. Dicho interés es tan relevante que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe perseguir necesaria y
permanentemente. En ese aspecto, Emilio Fernández
Vásquez (“Diccionario de derecho público”. Buenos
Aires: Astrea, 1981) enfatiza que “El Estado no puede tener más que intereses públicos”; razón por la cual éste está comprendido en un régimen de Derecho Público.
simultáneamente un principio político de la
organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como una proposición ético-política fundamental que informa todas las decisiones
gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una idea que permite determinar en qué
circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. Como bien refiere Fernando Sainz Moreno (vide supra), en sí misma, la
noción de “interés público” se distingue, aunque no se opone, a la noción de “interés privado”. Dicha distinción radica en que, por su capital importancia para la vida coexistencial, el interés público no puede ser objeto de disposición como si fuese privado. Empero, el carácter público del interés no implica oposición ni
desvinculación con el interés privado. No existe una naturaleza “impersonal” que lo haga distinto del que anima “particularmente” a los ciudadanos. Por el
contrario, se sustenta en la suma de los intereses
compartidos por cada uno de ellos. Por ende, no se
opone, ni se superpone, sino que, axiológicamente,
asume el interés privado. Es por eso que su
preeminencia no surge de la valoración de lo distinto, Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
sino de lo general y común. En ese contexto, la
discrecionalidad opera cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de interés público. Como lo manifiesta el mismo Sainz Moreno, “en el interés público se encuentra el núcleo de la discrecionalidad
administrativa (...) y la esencia, pues, de toda actividad discrecional la constituye la apreciación singular del interés público realizada conforme a los criterios
marcados por la legislación”. Es decir, la
discrecionalidad existe para que la Administración
pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda tomar su
decisión librada de un detallado condicionamiento
previo y sometido sólo al examen de las circunstancias relevantes que concurran en cada caso. Al respecto, Juan Igartua Salaverría, citando a Eduardo García de Enterría,
[“Principio de legalidad, conceptos indeterminados y discrecionalidad administrativa”, Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid,
Civitas Ediciones, Revista N.º 092, octubre - diciembre de 1996], precisa que “la Administración, está obligada a justificar las razones que imponen la decisión en el sentido del interés público de una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta”. Por ello, para Igartua Salaverría, las
decisiones de la Administración no gozan de presunción alguna, y no basta que se expresen en formas típicas e iterativas. Al contrario, el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una motivación que
muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que apunta.
Es así que el interés público, como concepto
indeterminado, se construye sobre la base de la
motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad. En ese sentido, la potestad discrecional de la
Administración, en el caso del pase a retiro por
renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, debe tener como
sustento la debida motivación de las decisiones, las cuales, asimismo, tienen que estar ligadas a la
consecución de un interés público que, en el caso de autos, está directamente vinculado a la finalidad
fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional: garantizar la independencia, soberanía e
integridad territorial de la República, y garantizar, mantener y restablecer el orden interno,
respectivamente, entre otras funciones que la
Constitución y la ley le asignen, y al cumplimiento
óptimo de sus fines institucionales en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, mediante la renovación constante de los cuadros de oficiales, realizada en forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad.” (El subrayado es nuestro; Fundamentos 10 y 11 EXP. N.° 0090-2004-AA/TC)
Interés Público, derechos fundamentales y principios de oficialidad.
“14. Resulta evidente que en el presente caso se han afectado los derechos del recurrente a la seguridad social y al acceso a la prestación de pensiones, reconocidos en los artículos 10 y 11 de la Constitución, pues ciertamente, conforme se aprecia de la Resolución N.° 182-DDPOP-Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
GDJ-IPSS-89, el accionante tiene derecho al goce de una pensión vitalicia por enfermedad profesional, la que no viene siendo pagada hasta la fecha, motivo por el cual este Tribunal considera que no puede desconocerse la existencia de vulneración de derechos, debido a un
evidente error en la presentación de la pretensión, pues de la descripción de los hechos y el contradictorio se advierte que lo que realmente busca el demandante es que se le pague su pensión vitalicia reconocida mediante Resolución Administrativa. Tal circunstancia genera el cumplimiento del deber de oficialidad por parte de los órganos públicos en la medida en que existe la
inexorable necesidad de satisfacer el interés público de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona. Dicho deber de oficialidad se percibe en el derecho público como la responsabilidad de impulsar, dirigir y encausar cualquier proceso o procedimiento sometido a su competencia funcional, hasta esclarecer y resolver las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de casos generados o iniciados por un particular. En efecto, partiendo de reconocer una posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento
jurídico, no resulta razonable que en todos los casos, las formas estén por encima del derecho sustancial,
desconociendo el valor de lo real en un proceso. El
derecho procesal es, o quiere ser el cauce mediante el cual se brinda una adecuada cautela a los derechos
subjetivos, por ello, al reconocerse legislativamente las facultades del juez constitucional, sea para aplicar el derecho no invocado, o erróneamente invocado (iura
novit curia), por mandato del artículo 63° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, o subsanar las deficiencias procesales (suplencia de queja deficiente), Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 23506 y artículo 9° de la Ley 25398, se trata de evitar que el ejercicio de una real y efectiva tutela judicial en el marco de un proceso justo sea dejado de lado, por meros
formalismos irrazonables.” (El subrayado es nuestro; Fundamento 14 EXP. 0569-2003-AC/TC)
Discrecionalidad e interés público
“7. El interés público es un concepto indeterminado lo cual no significa que su contenido pueda ser librado enteramente a la discrecionalidad de la Administración.
El interés público, es típicamente un concepto
indeterminado. Es decir, se trata de un concepto que hace referencia a una esfera de la realidad cuyos límites no aparecen precisados en su enunciado, pero que sin embargo podrá ser concretizado en cada caso en
atención a las circunstancias. Así, no se trata de un concepto librado enteramente a la discrecionalidad de la Administración, pues ello supondría en muchos
casos justificar la arbitrariedad, sino que se trata de un concepto cuyo contenido deberá ser explicitado en cada caso en atención a circunstancias concretas que además hacen razonable poner fin a la concesión. De este modo, la conceptualización del interés público en cada caso concreto justifica y sustenta el poder de resolución unilateral de que goza el Estado y constituye un límite a la arbitrariedad.” (El subrayado es nuestro; Fundamento 7 EXP. 2488-2004-AA/TC)
Razonabilidad y poder discrecional: Principio de
“12. La razonabilidad es un criterio íntimamente
vinculado al valor Justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el uso de las facultades
discrecionales, y exige que las decisiones que se toman en ese contexto, respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este
Colegiado, “implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo
acto discrecional de los poderes públicos”(Exp. 0006-2003-AI/TC. F.J. 9). 13. Cuando la Administración ejerce un poder discrecional, como en este caso, para que este no se convierta en arbitrario, debe guiarse por criterios de razonabilidad y justificar en cada supuesto su actuación. En esta dirección, “El único poder que la Constitución acepta como legítimo, en su correcto
ejercicio, es, pues, el que se presenta como resultado de una voluntad racional, es decir, de una voluntad
racionalmente justificada y, por lo tanto, susceptible de ser entendida y compartida por los ciudadanos y, en esa misma medida, de contribuir a renovar y reforzar el
consenso sobre el que descansa la convivencia pacífica del conjunto social” (Tomás-Ramón Fernández, De la
arbitrariedad del legislador. Una crítica a la
jurisprudencia constitucional, Madrid, 1998, pp. 95-96).
14. De este modo, aunque no explícitamente, al
reconocer la Constitución en su artículo 3º, así como en el artículo 43º, el Estado democrático y social de derecho, ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta y así Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
ha puesto un límite infranqueable para todo poder
público.” (El subrayado es nuestro; Fundamento 12-14
EXP. 1803-2004-AA/TC)
Discrecionalidad: Modalidades.
“La discrecionalidad 8. La actividad estatal se rige por el principio de legalidad, el cual admite la existencia de los actos reglados y los actos no reglados o discrecionales.
Respecto a los actos no reglados o discrecionales, los entes administrativos gozan de libertad para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sentido lato, no determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo deben hacerlo. En puridad, se trata de una
herramienta jurídica destinada a que el ente
administrativo pueda realizar una gestión concordante con las necesidades de cada momento. 9. La
discrecionalidad tiene su justificación en el propio Estado de Derecho, puesto que atañe a los elementos de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; amén de las valoraciones técnicas que concurren en una gran parte de las actuaciones de la administración estatal.
De conformidad con los mandatos de la Constitución o la ley, la discrecionalidad está sujeta a los grados de arbitrio concedidos, los cuales pueden ser mayor,
intermedio o menor. La discrecionalidad mayor es aquélla en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto jurídico alguno. Por ende, el ente administrativo dotado de
competencias no regladas se encuentra en la libertad de optar plenariamente. Dicha discrecionalidad, en lo
esencial, está sujeta al control político y, residualmente, al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
su existencia institucional o legal, su extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de
manifestación jurídica y cumplimiento de las
formalidades procesales. La discrecionalidad
intermedia es aquélla en donde el margen de arbitrio se encuentra condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con un concepto jurídico indeterminado de contenido y extensión. La discrecionalidad menor es aquélla en donde el margen de arbitrio se encuentra constreñido a la elección entre algunas de las variables predeterminadas por la ley. Ahora bien, la
discrecionalidad puede vincularse a algunas de las
cuatro materias siguientes: La discrecionalidad
normativa. Consiste en el arbitrio para ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Como consecuencia del ejercicio de dicha competencia, un ente administrativo puede dictar reglamentos institucionales, en donde se establezcan los aspectos referidos a la organización y funcionamiento administrativo, así como las responsabilidades y
derechos de los funcionarios y servidores públicos a él adscritos; reglamentos ejecutivos, que tienen por
finalidad principal la especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y reglamentos
autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque coadyuvan al cumplimiento de tareas
atribuciones o funciones encomendadas por ella. La discrecionalidad planificadora. Se la entiende como el arbitrio para la selección de alternativas de soluciones en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa.
Para tal efecto, será necesario determinar la relación de objetivos, políticas, programas y procedimientos
compatibles con los recursos materiales y humanos
disponibles. La discrecionalidad política. Es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado.
Por ende, tiene que ver con las funciones relacionadas con el curso de la acción política, los objetivos de gobierno y la dinámica del poder gubernamental. Para tal efecto, define las prioridades en lo relativo a políticas gubernamentales y al ejercicio de las competencias de naturaleza política. Dicha discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; por ello, se muestra dotada del mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Es usual que ésta opere en asuntos
vinculados con la política exterior y las relaciones internacionales, la defensa nacional y el régimen interior, la concesión de indultos, la conmutación de penas, etc.
La discrecionalidad técnica. Se define como el arbitrio para valorar o seleccionar, dentro de una pluralidad de opciones, un juicio perito o un procedimiento científico o tecnológico.” (Fundamento 8 y 9 EXP. 0090-2004-AA/TC)
Cosa decidida: inimpugnabilidad
“Como se sabe, uno de los efectos procesales de no haber impugnado en tiempo hábil la Resolución de Jefatura
Zonal N.° 01-10-001881 es que ésta adquiría, por ese solo hecho, la condición de cosa decidida en el plano
administrativo y, por lo tanto, el carácter de
inimpugnable en sede judicial. Tal situación en nada se ve alterada por el hecho de que, con posterioridad, la Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
resolución que declaraba la inadmisibilidad del recurso de apelación haya sido cuestionada en tiempo hábil,
pues sus efectos no pueden ser enervados por la
interposición de una acción judicial.” (El subrayado es nuestro; Fundamento 1, Literal a), Segundo Párrafo EXP.
1595-2002-AA/TC)
Cosa decidida: el error no genera derecho
“4. Partiendo de la delimitación de las pretensiones derivadas del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión que pueden ser
revisadas a través del amparo conforme a la STC 1417-2005-PA, es pertinente precisar que el acceso a un
régimen previsional y a una pensión se configura a
través del cumplimiento de los requisitos legales. Por ello, si la demandante considera que debe
reincorporársele al régimen previsional y con ello
otorgarle una pensión de cesantía conforme al Decreto Ley 20530, debe demostrar el cumplimiento de las
exigencias previstas y de este modo la titularidad del derecho fundamental que reclama; en el caso concreto, en la norma de excepción por la cual fue incorporada acorde a la Resolución Directoral 007-90-EEAG-AI-D-28, esto es la Ley 25066. 5. Este Tribunal Constitucional sostiene que el goce de los derechos presupone que estos hayan sido obtenidos conforme a ley, toda vez que el error no genera derecho; por lo que cualquier otra opinión vertida en la que se haya estimado la prevalencia de la cosa decidida sobre el derecho
legalmente adquirido, ha quedado sustituida. En tal sentido, y teniendo en cuenta lo anotado en el
fundamento supra, la verificación del cumplimiento de Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
los requisitos legales para el acceso al Decreto Ley 20530
requiere de una etapa probatoria más lata de la cual carece el proceso de amparo, conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Por tal motivo, este Colegiado desestima la demanda.” (El subrayado es
nuestro; Fundamento 4 y 5 EXP. 09600-2006-PA/TC)
Determinación de los Actos Administrativos:
inexigibilidad de agotamiento de la vía administrativa
“1. Este Colegiado discrepa del a quo y de la Sala
respecto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, por cuanto los actos que el demandante cuestiona en el presente proceso, al no constituir actos administrativos, no son impugnables; en consecuencia, no se puede exigir al actor que se someta a las normas procedimentales del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, más aún cuando tales actos, conforme a lo establecido por el artículo 113° de esta norma, se encontraban fuera de su ámbito de aplicación, por lo que la excepción debe ser desestimada. 2. La pretensión del accionante es que se deje sin efecto los Oficios Nros 573-2000-MTC/15.02, 1804-2000-MTC/15.05 y el Memorándum N.° 1584-2000-MTC/15.10, alegando que ellos amenazan y vulneran
sus derechos constitucionales al trabajo, a la propiedad, a la posesión, a la inviolabilidad del domicilio, a la legítima defensa y al debido proceso. Al respecto, si bien el actor no hace una distinción entre los derechos
constitucionales amenazados y los efectivamente
conculcados, es deber de este Tribunal brindar
protección teniendo en consideración el artículo 4° de la Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
Ley N.° 25398, concordante con el artículo 2° de la Ley N.° 23506, es decir, verificando si la amenaza es cierta y de inminente realización. 3. Es necesario abundar en la naturaleza de los actos que el demandante pretende
controvertir en esta vía constitucional, pues solo así se podrá determinar si ellos configuran una amenaza de
violación o una afectación de derechos fundamentales.
En ese sentido, se debe tener en cuenta que “ (...) los problemas de validez e impugnación de la actividad
administrativa giran en torno a un principio: el de que puede atacarse mediante un recurso administrativo o
acción judicial aquel acto de la administración que produzca efectos jurídicos inmediatos respecto del
impugnante; todo acto de la administración (o no) que de suyo no produzca efectos jurídicos, no es todavía directamente impugnable en cuanto a su validez: la
noción de acto administrativo debe entonces recoger ese principio y restringirse a aquellos actos que producen efectos jurídicos directos, en forma inmediata”,
[Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo.
Tomo III. Fundación de Derecho Administrativo. Buenos Aires. 2002. Pag. II-2] (subrayado agregado)]. 4. En el caso de autos, no puede discutirse que los actos que el demandante denuncia constituyan actos
administrativos, pues estos no surten efectos jurídicos directos e inmediatos al tratarse de meras opiniones o juicios. Esta posición ha sido esbozada en el fundamento 1. al desestimarse la excepción propuesta por la
demandada, y también lo ha precisado el accionante en su recurso extraordinario (fundamento quinto) cuando indica –refiriéndose a los actos que cuestiona– que estos
“no constituyen acto administrativo alguno, el
Memorándum y el oficio cuestionados vía Acción de
Amparo, por cuanto no emanan de decisión alguna”. 5.
Debe agregarse que ninguno de estos actos lleva
aparejada su ejecutabilidad; es decir que todos ellos carecen de la fuerza obligatoria que permita alterar o modificar una situación jurídica concreta. 6. Por consiguiente, si los Oficios 573-2000-MTC/15.02, 1804-2000-MTC/15.05 y el Memorándum N.° 1584-2000-
MTC/15.10 no tienen la calidad de ejecutables, es evidente que no amenazan los derechos
constitucionales del actor, menos aún modifican las situaciones jurídicas que emanan de ellos; por lo que, no habiéndose producido la alegada amenaza o
afectación constitucional, este Colegiado considera que se debe desestimar la demanda.” (El subrayado es
nuestro; Fundamento 1-6 EXP. N.° 2023-2002-AA/TC)
Acto de Decanato: Acto de Administración
“5.La Ley N.º 27444, Del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 1º define como acto
administrativo a "aquellas declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los
administrados dentro de una situación concreta". El mismo artículo especifica que no son actos
administrativos "los actos de administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las
disposiciones del Título Preliminar de la ley y de
aquellas normas que expresamente así lo establezcan". 6.
En tal sentido, este Colegiado considera que la elección Jurisprudencia Administrativa – José María Pacori Cari
para el decanato de una facultad es un acto inherente a la vida académica y administrativa de una universidad, que debe regularse por su propio estatuto, según lo establece el artículo 4º de la Ley N.º 23733,
constituyendo, en consecuencia, un acto de
administración interna no recurrible en esta vía
constitucional, no obstante lo cual se deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la
forma y modo de ley.” (El subrayado es nuestro;
Fundamento 5 y 6 EXP. 350-2003-AC/TC)