Source: https://www.scribd.com/document/132423638/Fallo-Completo-Daniel-Cameron
Timestamp: 2018-04-21 02:55:58
Document Index: 260355597

Matched Legal Cases: ['artículo 988', 'artículo 306', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 312', 'artículo 310', 'artículo 518', 'artículo 5']

Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 Secretaría N° 24 c/n° 4863/2003
///nos Aires, 20 de marzo de 2013.AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa n° 4863/03 caratulada “Taselli Sergio y otros s/delito de acción pública” del registro de la Secretaría n° 24 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 y sobre la situación procesal de
DANIEL OMAR CAMERON
(titular de D.N.I. n° 11.213.808, de
nacionalidad argentina, nacido el 28 de marzo de 1954 en Río Gallegos, hijo de Daniel y de Rosa Llaneza, de estado civil casado, doctores de domiciliado Diego en la y calle Deborah de Arenales 2904, con 5° piso, departamento “A”, de esta ciudad, asistido técnicamente por los Pirota Lichtmann, D.N.I. n° domicilio de constituido en la calle Paraguay 610, piso 24° de esta ciudad),
JORGE ENRICH BALADA
(titular
16.574.837,
nacionalidad argentina, naturalizado, nacido el 25 de marzo de 1949 en Pamplona, España, hijo de Juan Enrich Auliach (f) y de Ana Balada Laspalas, de estado civil viudo, domiciliado en la Avenida Callao 1330, piso 3°, departamento “C”, de esta ciudad, asistido técnicamente por los doctores Diego Seitún y Manuel María Beccar Varela, con domicilio constituido en Tucumán 1, piso 4° de esta ciudad), de
ENRIQUE ROBERTO CAMPAÑA
(titular de L.E.
n° 8.642.833, de nacionalidad argentina, nacido el 17 de junio de 1951 en esta ciudad, hijo de Enrique Santiago y de Nélida Marta Suárez, de estado civil casado, domiciliado en la calle Aráoz 1067, piso 4°, departamento “B”, de esta ciudad, asistido técnicamente por la doctora María Cristina Martínez, con domicilio constituido en Rivadavia 3428, piso 1°, departamento “3”, de esta ciudad), de
FERNANDO JORGE MALVASIO
(titular de D.N.I. n°
12.876.285, argentino, nacido el 24 de marzo de 1957, hijo de Jorge Luis y de Elisa Macrina, con domicilio en la calle San José de Salinas 9059 de Villa Rivera Indarte, ciudad de Córdoba, asistido técnicamente por el Defensor Público Oficial doctor Héctor Rocha) y de
EDUARDO JULIO SÓRENSEN,
(titular de D.N.I.
n° 8.266.683, de nacionalidad argentina, nacido el 13 de julio de 1947 en esta ciudad, hijo de Niels Ebbe y de Elsa Irmgard Rinner, de estado civil casado, domiciliado en la calle La Pampa 2075, piso 5°, departamento “B”, de esta ciudad, asistido técnicamente por los doctores Santiago Fontan Balestra y José
María Figuerero, con domicilio constituido en Marcelo T. De Alvear 684, piso 5° de esta ciudad). Y CONSIDERANDO: De los hechos En el marco de las presentes actuaciones se imputa a los nombrados haber intervenido, en su carácter de integrantes otorgada a de la la Comisión Fiscalizadora de la concesión Turbio firma “Yacimientos Carboníferos Río
(Y.C.R.T.) S.A.”, en las maniobras defraudatorias desplegadas por SERGIO TASELLI, como presidente de la referida empresa, en relación a la administración del complejo carbonífero, ferroviario y portuario propiedad de Yacimientos Carboníferos Empresa del Estado (YCF) –cuya privatización se ordenó en el Decreto artículo 988/93-, 1 del como consecuencia 979/94 en de el lo que dispuesto se en el la Decreto adjudicó
concesión integral del yacimiento en los términos y con los alcances establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, con un subsidio anual de veintidós millones quinientos mil pesos ($22.500.000) a Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), IATE S.A., ELEPRINT S.A. y Dragados y Obras Portuarias S.A. (DYOPSA) en su carácter de socios fundadores de Y.C.R.T. S.A. que se encontraba en formación a la época de la adjudicación. En ese sentido, se les enrostra haber posibilitado el incumplimiento por parte de SERGIO TASELLI de las obligaciones establecidas en el contrato al concesionario, en cuanto debía custodiar, mantener y conservar –sin modificarlos sustancialmentelos bienes transferidos por el Estado Nacional, sin posibilidad de su reasignación o traslado sin el conocimiento o la autorización de la autoridad de aplicación, y su consecuente devolución de modo tal que al yacimiento, luego de la finalización del contrato, le fuese posible proseguir con una capacidad de producción de 370.000 toneladas anuales de carbón comercial, lo que no fue posible. Asimismo, se les achaca haber permitido el incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de la adjudicataria –de la cual SERGIO TASELLI resultaba Presidenteconforme al contrato de concesión y usufructo, entre ellas, la falta de preservación del medio ambiente, la falta de custodia,
mantenimiento minero, falta
conservación pago de
concesionados, y aportes bienes a
ausencia de asistencia técnico minero en el plan de desarrollo haberes de la personal de provisionales, incumplimiento afectación
terceros, incumplimiento de inversiones obligatorias, de los niveles de producción mínimos y de aquellos comprometidos en el plan empresario, lo que motivó que mediante el decreto 1034/02 se aprobara la rescisión de la concesión integral. Los incumplimientos a los que se aludiera pueden diferenciarse conforme a dos aspectos de la actividad de YCRT S.A. como adjudicataria. En primer lugar, aquello concerniente al manejo de los bienes públicos cuya tenencia le fue transferida a la firma en cuestión, cuya situación registral resultó caótica al no haberse confeccionado debidamente los inventarios pertinentes, y por otro, aquello vinculado a la aplicación de los subsidios otorgados por el Estado Nacional para el pago de En salarios, orden a la realización se de obras endilga y el mantenimiento de la actividad industrial. los bienes, les haber posibilitado la adquisición por parte de la adjudicataria de una máquina Turbogas BAR Marca General Electric, modelo FR 5.1 n° 127.758 potencia nominal 10,5 M.W –el 27 de agosto de 1999y montaje y electromecánico, la ensayos, de puesta a punto y en su servicio construcción obras civiles para
instalación, mano de obra, flete y seguros –el 29 de julio de 1999- por un monto total de $5.942.939,20, cuya compra no se encuentra avalada técnica ni económicamente conforme las conclusiones de los peritajes contables, toda vez que es un elemento operado con gas, combustible del que se carecía en la zona. Idéntica maniobra ocurrió respecto de la máquina Turbo Gas John Brown 5200 LA. Asimismo, se enrostra haber permitido que la concesionaria transfiriera el Buque Corrientes II, matrícula 2601- F, cuya adquisición había sido autorizada por el decreto n° 420/95 a la empresa Poliservicios, sustrayendo el mismo del patrimonio de Y.C.R.T. en contravención con lo dispuesto en el contrato de concesión y usufructo. Por otro lado, se achaca haber posibilitado la transferencia, en contravención a lo establecido en el
contrato, 1217/1220 646/652.
muebles de se
fojas a
1215, fojas el
1223/1224, A su vez, del por
aquellos imputa
enunciados haber
aumento Carbón”,
fraudulento conformada
patrimonio de Y.C.R.T. S.A. por un una estimación de la capacidad de
valor de $10.000.000 con una cuenta anual “Reserva Aval Res. extracción durante la duración de la concesión, simulando que se trataría de utilidades líquidas destinadas a reforzar el patrimonio, con el objeto de alcanzar el capital suficiente para recibir los subsidios indicados. Por último, se les endilga haber posibilitado la modificación de la actividad de la empresa adjudicataria que presidía SERGIO TASELLI en dirección a inversiones de mediano y largo plazo, en empresas cuyo objeto no guardan vinculación con la actividad minera de conformidad con lo establecido en las pericias contables de fojas 1235/1239, 1321/1332, 1251/1253, 1893/96, 2274/6 y 2384/2487, con el consecuente perjuicio para las arcas del Estado Nacional. De las pruebas A lo largo de la pesquisa se han logrado recabar los siguientes elementos probatorios: -Denuncia de EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ PROL de fojas 1/7 y ratificación de fojas 9, contra SERGIO TASELLI y DANIEL CAMERON, en orden al presunto vaciamiento por parte de Y.C.R.T. S.A. del yacimiento y el uso indebido del dinero que en calidad de subsidio otorgaba el Estado Nacional. -Informe de la Inspección General de Justicia de fojas 66/112, -Nota SSC n° 182 de la Secretaría de Energía a fojas 139/152, -Denuncia de ATANACIO PÉREZ OSUNA y CARLOS BARRETO a Fojas 457/8 en orden a irregularidades acaecidas durante la concesión del yacimiento carbonífero de Río Turbio. -Denuncia abandono, pérdida y de HÉCTOR WANZO de
fojas del
461/465, respecto, por un lado, la falta de mantenimiento, desaparición diversos bienes yacimiento durante la concesión, y por otro, del obrar omisivo de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
-Fotocopias aportadas por la querella a fojas 472, -Acta aportada por la Subsecretaría por la de Medio Ambiente de Santa Cruz de fojas 503/5, -Expedientes aportado Dirección Provincial de Minería de fojas 513, -Dictámenes aportados por la Comisión Bicameral de la Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones de fojas 519, -Actas de auditoría de fojas 635/661, -Denuncia de hecho nuevo de BERNARDINO ZAFFRANI de fojas 673, -Oficio del SubSecretario de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de fojas 678, -Ampliación de denuncia de ZAFFRANI y PÉREZ GALLART de fojas 680, -Nota de fojas 653/4, -Actas de Prefectura Naval Argentina de fojas 683/684 y 689/694, -Nota 025/2002 de la Comisión de Fiscalización de fojas 698/700, -Denuncia de hecho nuevo de BERNARDINO ZAFFRANI de fojas 705, -Informe del Coordinador Técnico de la Secretaría de Energía de fojas 719/730, -Oficio del Director de Inversiones y Normativa Minera de fojas 765/771, -Informe de fojas 796, -Copia de nota periodística de fojas 812/813, -Actas de comprobación de fojas 865/7, -Documentación referida al Informe final de la Auditoría Integral aportada por EDUARDO ARNOLD a fojas 890/1 que da cuenta del desmantelamiento de la instalación eléctrica de 220 voltios existente en el predio conocido como Mazaruca. -Expedientes aportados por 918/9 y 936, -Copias del informe de Auditoría Integral aportado por la Secretaría de Minería a fojas 929/30, DIEGO GUICHÓN a fojas
-Escrito de la querella e información aportada a fojas 1028, -Informes 1068/1070 y 1100/1135, -Informe de Gendarmería de fojas 1136, -Informe remitido por AFIP a fojas 1170, -Informe y actas de constatación negativas del perito aduanero a fojas 1183 y 1190/1227, -Pericia 1321/1332, -Conclusiones de los peritos a fojas 1251/1253, -Oficio de la Secretaría de Minería sobre la empresa “Compañía de Desmontes S.A.” a fojas 1275/6 y 1334/1375, -Notas periodísticas de fojas 1439/1440 y 1517, -Informe de la SIGEN aportado por la Secretaría de Minería a fojas 1466/1494, -Conclusiones de la SIGEN a fojas 1486/87 y sugerencias de fojas 1489/1490, -Documentación aportada por EDUARDO ARIEL ARNOLD en su declaración testimonial a fojas 1538/1625, -Declaración testimonial de ARNOLD a fojas 1626/1633 en la que dio cuenta que, luego de rescindida la concesión, fue designado interventor del yacimiento, y en esa función efectuó una auditoría que determinó, entre otras cuestiones, las siguientes: a) Falta de cumplimiento del concesionario de los compromisos asumidos en concepto de inversiones, falta de pago etc. b) Que el concesionario no había mantenido un sistema de inventario permanente y el seguimiento de los bienes fue totalmente errático. c) Merma de la productividad en el yacimiento, luego de rescindida la concesión. d) significativo. Que el vaciamiento de equipos y la destrucción de bienes por parte de la concesionaria fue más que de salarios adeudados, abandono de las instalaciones, falta de cumplimiento de la producción mínima comprometida, de Gendarmería a fojas 1235/1239 y preliminares periciales de fojas
1664/1682, Nacional de
testimonios de los autos 79.982/02 del fojas 1701/1832,
Primera Instancia en lo Comercial n° 2, Secretaría n° 4 de -Documentación certificada a fojas 1846/1855, -Informe pericial contable del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fojas 1893/1896, -Actuaciones aportadas por la querella a fojas 1973/1991 y 2065/2067 relativas a la venta del Buque Motor Corrientes II. -La causa n° 109-145-04 del Juzgado Federal de Río Gallegos –acumulada a los presentesentre las que se destacan, a saber: informe del perito asesor aduanero de fojas 2111/2112, -Informe de la Dirección de Inversiones y normativa minera de fojas 2123/2132, -Resultado de tareas de investigación de fojas 2140, -Notas del perito MAC LEAN de fojas 2167, 2193, -Nota Y.C.R.T. n° 04/05 del interventor DANIEL PERALTA de fojas 2170/2171, -Copia de nota Y.C.R.T. n° 03/05 de fojas 2189, -Copia del acuerdo extrajudicial entre Y.C.R.T. S.A. y JORGE ALBERTO SANZ de fojas 2194/5 y testimonial de SANZ de fojas 2198, -Informes de dominio de fojas 2204/2207, -Nota Y.C.R.T. n° 14/05 de fojas 2213, -Copias 2228/2272, -Informe 2274/2276, -Dictamen de fojas 2288, -Nota Y.C.R.T. 209/08 de fojas 2342, -Documentación certificada a fojas 2362/2363, -Informe pericial del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de fojas 2481/2487 y anexos integrantes de la misma de fojas 2384/2480. En dicho estudio se concluyó, entre otras cuestiones, lo siguiente: de Gendarmería Nacional de fojas de las actuaciones de IGJ de fojas
a) Se advirtieron ciertas irregularidades en las registraciones de los libros contables de la empresa Y.C.R.T. S.A. b) No se encontraron constancias que avalen técnica ni económicamente la compra de la máquina Turbogas BAR 21 Marca General Electric. -Declaración testimonial de ALFREDO PERALTA de fojas 2512/2513, -Presentación de la querella de fojas 2514/2520 y 2562/2588. -Declaración de EDUARDO FLORES de fojas 2601/2. -Declaración de JOSÉ LUIS CUERDO de fojas 2611/14. -Declaración de JUAN FRANCISCO LEIS de fojas 2636/8. -Informe pericial del Perito Contador Oficial ALBERTO ALONSO, de fojas 2656/2745, que, entre otras cuestiones, se abocó a determinar el grado de participación societaria que le correspondería a Y.C.R.T. S.A. en las empresas en las que se efectuaron inversiones, y el -Declaración “El análisis modo en que aumentaron dichas del Perito contables ALONSO de de las inversiones. testimonial de los fojas 2790/1, de cuyos dichos puede destacarse: libros empresas en las que se verificaron supuestas inversiones por parte de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, fue útil para determinar que los supuestos aportes irrevocables no resultaban tales, toda vez que no fueron formalizados en un plazo razonable, dando lugar a ello a que deban ser considerados como simples préstamos financieros.” “Por análisis que se de otorgamiento otro efectuó estos lado, en préstamos puntualmente a la financieros, respecto es del del orden conveniencia
sostener técnicamente que el año en que fueron efectuados, que es el que el ente societario, conforme la opinión del síndico concursal, indicó como el de cesación de pagos, no debieron haberse efectuado, por cuanto con ello se agravó la situación financiera ingresos de Y.C.R.T.. de Esto se en ve el reflejado año que 2001 los en que los de totales Y.C.R.T. fueron
$36.400.000,
financieros a los que se le atribuyó erróneamente la condición
de aporte irrevocable fueron de $26.500.000 aproximadamente, con lo cual significaron el 73% del total de los ingresos, cifra por demás significativa referida a aquél importe. De ello puede inferirse que parte de los subsidios, que eran más de 22.500.000 anuales fueron utilizados para cubrir la necesidad financiera del préstamo. Lo que llama la atención es que una empresa que no estaba en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, pueda destinar una parte significativa de sus ingresos para asistir financieramente a otras empresas que se encuentran vinculadas societariamente.” -Informe y respaldo documental de SIGEN de fojas 3403. -Nota de fojas 3404. -Testimonial de DIEGO GUICHÓN de fojas 3413/19. -Testimonial de JORGE OSVALDO GÓMEZ de fojas 3428/30. -Testimonial de HORACIO AHUMADA de fojas 3433/5. Los descargos efectuados En ocasión de ser intimados en los términos del artículo su 294 del por Código escrito, Procesal conforme Penal luce de a la Nación, a excepción de FERNANDO MALVASIO, el resto de los imputados presentó descargo fojas 3200/44, 3248/68, 3303/46, 3348/73. En el caso de MALVASIO, su declaración se efectuó a través de un exhorto cursado al Juzgado Federal n° 1 de Córdoba, ocasión en la que negó los hechos imputados, refirió que se desempeñaba en la liquidación de YCF realizando tareas administrativas Fiscalizadoras y de como Río miembro y alterno que en de la la Comisión había Turbio práctica
participado de algunas reuniones pero que jamás le preguntaron nada y que nunca había participado en la toma de decisiones, que eran tomadas por el Ingeniero CAMERON (fs. 3295). Respecto de los restantes imputados, en atención a la multiplicidad de cuestiones sobre las que se explayaron, sus distintas apreciaciones serán expuestas en el acápite siguiente, de modo conjunto con el análisis de las restantes constancias probatorias. Valoración de la prueba En primer término, corresponde destacar que a través de la ley 23.696 de Reforma del Estado se declaró a la
empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado sujeta a privatización o concesión. Ello dio lugar al dictado del Decreto 988 por el cual se dispuso la privatización de la explotación del complejo carbonífero, ferroviario y portuario, a través de la modalidad de concesión integral, que fue otorgada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima –en adelante Y.C.R.T. S.A.- integrada por representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, IATE S.A., Elerprint S.A. y Dragados y Obras portuarias S.A., conforme surge del Decreto 979, a partir del 1 de julio de 1994 y por el plazo de diez años. Sin perjuicio del plazo estipulado, la concesión culminó anticipadamente el 25 de abril de 2002, por haberse presentado la sociedad en concurso preventivo, rescisión aprobada el 14 de junio de ese año. En ese marco, por resolución 163 del Ministerio de Economía, el 8 de febrero de 1995 se creó la Comisión de Fiscalización Río Turbio (en adelante CFRT). Conforme de la Comisión: -Analizar y expedirse sobre todo informe y/o documentación dirigida a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía), emanada del concesionario y/o resultante de las auditorías cualquier municipal. -Controlar en forma directa e informar a la Autoridad de Aplicación, respecto del cumplimiento, en tiempo y forma, de todas las obligaciones a cargo del concesionario, en los contratos de usufructo y concesión. -Proponer a la Autoridad de Aplicación, mediante dictamen fundado, toda medida o curso de acción que estime conveniente para el mejor cumplimiento de los objetivos de la licitación. Así, estructura la la hipótesis se delictiva refiere a sobre los la que se acusación eventuales y demás controles u efectuados a su respecto provincial por o autoridad organismo nacional, se desprende del Pliego de Bases y condiciones (en adelante PBC), se estableció que eran funciones
incumplimientos por parte de los funcionarios que habrían dado
lugar a las irregularidades cuya materialidad fue corroborada en el resolutorio de fecha 23 de noviembre de 2011. En dicha ocasión, se dictó el procesamiento de SERGIO TASELLI por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de autor. En honor a la brevedad, cabe remitirse a las consideraciones vertidas a fojas 3019/3034 en cuanto a la materialidad de los eventos constatados en la órbita de la concesión, las que doy por reproducidas y forman parte integral de la presente. En discusión en el consecuencia, presente, las a diversas que ya irregularidades han sido harto constatadas en el marco de la concesión no serán objeto de atento debatidas y su acreditación se ha constatado, conforme surge de la resolución referida y de la confirmación efectuada por el Superior. Sin embargo, lo que queda por discernir es si dichas irregularidades fueron consecuencia de la connivencia de SERGIO TASELLI por con el los funcionarios de que los debían controlar que el cumplimiento del contrato de concesión o, cuanto menos, fueron posibles incumplimiento deberes dichos sujetos debían observar. En ese camino, el punto central a dirimir es si la actividad o la inactividad de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Río Turbio resulta constitutiva de delito alguno, tal como ha delineado el Superior al confirmar el procesamiento de SERGIO TASELLI al señalar “Finalmente, deberá el instructor continuar con la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos que tenían la obligación funcional de controlar, en representación de los intereses del Estado, la actividad de la concesionaria…”. Con expositiva, se El imputados que finalización. el objeto de de lograr de mayor los claridad diversos detallarán Ingeniero la las DANIEL CFRT gestiones
imputados en forma cronológica. CAMERON fue el único de los desde su inicio hasta su integró
acompañaron LUIS MIGUEL BARLETTA, LORENZO HERNÁNDEZ, EDUARDO WILSON CORTEZ, GERARDO REMIS, BLAS BLANDA, JORGE ENRICH BALADA, JULIO MALVASIO y ARIEL MIRANDA. De los nombrados, únicamente se ha oído en declaración indagatoria al Ingeniero BALADA y a FERNANDO MALVASIO, ello en atención a las prescripciones analizadas respecto de HERNÁNDEZ y DE GIOVANNI, siendo que los argumentos expuestos en ocasión de correr la vista al representante del Ministerio Público Fiscal en el marco del incidente respectivo resultarían también extensivos a los casos de BARLETTA, CORTEZ, REMIS y BLANDA, motivo por el cual no se los ha convocado en autos, ello sin perjuicio de que en el día de la fecha se ha corrido nueva vista en dicha incidencia, cuya resolución aún se encuentra pendiente. El Ingeniero DANIEL OMAR CAMERON, en su descargo, refirió que la CFRT no contaba con medios que posibilitasen el cumplimiento de las funciones encomendadas. En ese sentido, remitió a la nota que el 18 de abril de 1995 se envió por parte del entonces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, doctor NÉSTOR KIRCHNER, y a la Declaración de la Cámara de Diputados remitida al Ministro de Economía, de fecha de 17 de octubre de 1996, fueran de en el que a se la del solicitaba Comisión la de asignación de una partida presupuestaria para “el cumplimiento las funciones y que asignadas la Fiscalización Control concesión Yacimiento
GIOVANNI, FERNANDO
carbonífero de Río Turbio, ello a fin de dotar a la comisión creada por resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 163/95, de los medios necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones teniendo especial importancia tanto el control de la asignación correcta del subsidio otorgado de u$s22.500.000 anuales, como el cuidado y protección de la seguridad con que opera la mina y el medio ambiente en que ella influye”. Por otro lado, indicó que dos hechos básicos y ajenos a la CFRT afectaron la posibilidad de ejercer un control adecuado: La entrega de los bienes sin la suscripción de un inventario y la recepción de los bienes que debía practicarse a
interventor ARNOLD. Como ejemplos de las gestiones efectuadas por las CFRT para llevar a cabo las tareas de control, citó los acuerdos con dos universidades, uno de los cuales no se concretó, mientras que el otro se suscribió, pero nunca llegó a ponerse en aplicación. Refirió también que ante la falta de recursos propios, la CFRT solicitó colaboración de otras dependencias (Secretaría Seguros, funciones. En consecuencia, el cuadro de situación fue puesto en conocimiento del Subsecretario de Combustibles, del Secretario de Energía y del Ministro de Economía, en el Memo CFRT n° 20 del 28/3/95. Agregó que para paliar ese cuadro se solicitó a la Secretaría y de que Energía se la contratación a la de servicios las de auditoría respuesta. Asimismo, refirió que luego de que YCF pasase a liquidación, la situación se volvió más crítica, pues retiró su colaboración como órgano con competencia técnica. En 1994-julio 1996”. La CAMERON, se crisis, a conforme partir de el relato del a Ingeniero la baja profundizó 1997, debido ese marco, se remitió a la Secretaría de Energía un informe denominado “Memoria de lo actuado julio defina brevedad tareas de Función Pública, IGJ, Superintendencia agregó que de los Vialidad Provincial, etc), pero
resultados fueron magros, pues cada organismo tenía sus propias
administrativas que podía asumir YCF EE, pero que no se obtuvo
cantidad y calidad de los recursos asignados por la autoridad de aplicación. Sin embargo, a su decir, a partir del año 2000, con la gestión de SÖRENSEN en la CFRT, se tornó visible un cambio notable en las actuaciones. En que “El efecto, no el ha 4 de octubre ni de 2000, SÖRENSEN sus informó al coordinador del área hidrocarburos (Ingeniero PORTEAU) concesionario cumplido cumple con obligaciones…” y se planteó la necesidad de recursos.
Comenzó una serie de auditorías, comunicaciones y, con la asistencia de diversos organismos nacionales y provinciales se detectaron múltiples incumplimientos. Así, al finalizar la gestión de SÖRENSEN, se hizo evidente que el concesionario no estaba dispuesto a remediar sus incumplimientos y comenzó a trazarse el camino que culminaría con la rescisión del contrato de concesión. En definitiva, el descargo de CAMERON se centró en la limitación de recursos de la CFRT, que justificó, a su decir, que las acciones de control se hayan desarrollado conforme a los medios que circunstancialmente la autoridad de aplicación puso a disposición de la CFRT. Como ejemplo de ello expuso que desde marzo de 1998 y hasta septiembre del año 2000 no existió un orden administrativo básico en la comisión, debido, a su entender, a la ausencia de una planta administrativa permanente. Desorden que se solucionó, conforme el relato de CAMERON, con la asunción de SÖRENSEN. En orden a los bienes, hizo hincapié en que el control sobre ellos se dificultó como consecuencia de la falta de un inventario claro –cuestión harto debatida ya a lo largo de la presente- y aclaró que en materia de mantenimiento de los bienes en poder de YCRT, la CFRT se expidió en dos oportunidades, mediante acta de auditoría del 21/11/01 (donde se determinó el faltante de los bienes incorporados por el concesionario en el ámbito de la concesión), y a través del proyecto elevado a la Secretaría de Energía mediante memo n° 78 del 19/11/01 a través del cual se determinaba que los bienes adquiridos bajo el régimen de promoción minera eran parte integral de los bienes incorporados por el concesionario a la concesión integral. En suma, su descargo se centró no sólo en la falta de recursos que debió padecer la CFRT y que imposibilitaron llevar a cabo un adecuado control, sino también en la particular situación que signaron los ocho años que duró la concesión integral del YCRT, atento al estado de emergencia que atravesó el país entre diciembre de 1999 y abril de 2002. La falta de inventario de bienes fue también mencionada por el Ingeniero JORGE ENRICH BALADA, quien se desempeñó
en la CFRT como representante de la Secretaría de Energía entre el mes de julio de 1997 y el mes de julio del año 2000. En su descargo, señaló que luego de aceptar la designación como Presidente de la Comisión de Fiscalización, representando a la Secretaría de Energía, algunos aspectos de importancia lo tomaron por sorpresa. En particular, la difícil comunicación la y gestión de con quienes representaban y al Estado del propietario tales como YCF, YCF en liquidación, YCF residual, Secretaría normalización patrimonial, bienes estado, la cantidad de asuntos a tratar que poco o nada tenían que ver con el contrato (jubilados, ong’s, partes interesadas, legislatura provincial, autoridades municipales), y la dificultad para comunicar y ser comprendido sobre la gravedad que implicaba los últimos tramos y fin del contrato. En efecto, conforme sus dichos, al finalizar el contrato el carbón no tenía sitio de colocación. Sobre existían ciertos el tema de los bienes, refirió que asuntos preocupantes, particularmente
vinculado a los inventarios, a los que se dio tratamiento en el documento que adjuntó como anexo IX, en cuya página 21 se observa que como “Principales asuntos en resolución” se puntualizó “Encontrar solución, de parte de la ex Subsecretaría de Normalización Patrimonial, al cumplimiento de obligaciones contractuales asumidas por el Estado Nacional respecto a los empleados transferidos a la concesionaria, y a los jubilados y pensionados de la ex YCF devengadas u originadas por hechos ocurridos antes de la transferencia. “Normalizar y racionalizar los inventarios de la ExYCF (mediante la definición de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, la liberación de la tenencia de los bienes innecesarios, etc)”. Asimismo, aportó copias de notas y memorandos para reforzar su afirmación en cuanto a la proactividad que signó su paso por la CFRT. Hasta aquí, ha quedado claro que los ex funcionarios que prestaron declaración –a excepción de MALVASIO, quien se limitó a negar los hechos imputados- hicieron hincapié en la falta de inventarios, aludiendo a que ello fue lo que dificulto el control, al menos en lo que a la cuestión de bienes se refiere.
Sin embargo, el hecho de que el concesionario no haya cumplido con los inventarios anuales requeridos contractualmente, no solo puede ser entendido como una falta achacable exclusivamente a YCRT, pues tal caótica situación registral lo beneficiaba, en todo caso, ante la imposibilidad de llevar adelante un adecuado control. Por entendida también funcionarios contrato. Es que el argumento esgrimido por SERGIO TASELLI en cuanto a que nunca se le había entregado el inventario inicial elaborado por YCF al inicio de la concesión, se aceptó sin mas a lo largo de seis años de explotación del yacimiento, pues no fue hasta el año 2000 en que comenzaron a plasmarse concretas acciones tendentes a controlar el cumplimiento del contrato. Encuentro en este punto acertada la conclusión a la que arriba la Sindicatura General de la Nación en cuanto a que “haber llevado a cabo tareas de control y fiscalización in situ, por parte de la Autoridad de Aplicación o Comisión de Fiscalización, al inventario elaborado por la empresa hubiese permitido asegurar la integridad de la información y la conciliación con los inventarios al inicio, permitiendo de esta manera solucionar una problemática que fuera de larga data y teniendo en cuenta que el cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones Fiscalización establece “controlar como en función forma de la e Comisión informar a de la directa el contrario, de velar tal por falencia el debe ser del como una inobservancia, por parte de los
Autoridad de Aplicación, respecto del cumplimiento, en tiempo y forma, de todas las obligaciones a cargo del Concesionario, en los contratos de usufructo y concesión” (fs. 1480). Precisamente, una de las obligaciones que el PBC establecía que debía cumplir el concesionario era la custodia, conservación y mantenimiento de los bienes concesionados. Para controlar el cumplimiento de dicha obligación era preciso un cotejo con inventarios definidos, lo que en el caso de YCRT SA nunca ocurrió. Pretender esgrimir la falta del concesionario como motivo suficiente para la falta de control, implicaría poner en cabeza de YCRT S.A. la facultad de ejercer sobre sí
cumplimiento -en este
Estado Nacional- para desarrollar la tarea de que se trate, resultando así irrisorio procurar imponer sanciones o efectuar reclamos situación. Desviar así la responsabilidad sobre el control sin lugar a dudas creada la CFRT. Ahora colectadas en autos, bien, y el análisis de de las la constancias documentación desnaturalizaría la función para la cual fue administrativos o judiciales generados por esa
elaborada por la CFRT permite distinguir dos períodos, la etapa previa y posterior al año 2000. En efecto, si bien en el período comprendido entre el año 1995 y 2000 la CFRT tuvo actividad, conforme surge de las actas de reunión y los memorandos dictados, lo cierto es que no se llevaron adelante tareas de control profundas sobre la actividad del concesionario. Cierto es que se solicitaron asignaciones de fondos y colaboración de dependencias estatales especificas, siendo que la autoridad de aplicación –Secretaria de Energíano las proveyó oportunamente. Sin embargo, tal obstáculo no impidió que luego del año 2000 y con la gestión de SÖRENSEN, se llevaran a cabo acciones tendentes a fiscalizar el real estado de la concesión, culminando, como es sabido, con la rescisión del contrato dos años mas tarde. En efecto, fue a partir del año 2000 en que comenzaron a efectuarse revisiones de la documental reunida, concluyéndose que: a) No se poseía copia de la totalidad de la documentación emitida por la CFRT para el período previo a octubre del año 2000. b) Existían expedientes de vieja data que no se encontraban resueltos En ni registraban el novedad alguna en su de tratamiento, durante períodos de varios años. efecto, estado generalizado incumplimiento de las obligaciones del concesionario se informó
a través de los memorandos n° 22 (4/10/00), 23 (27/4/01), y en el informe parcial al 31/5/01. Sin No incumplimientos embargo, escapa ninguna al acción de este los tipo se vislumbra en el período previo al año 2000. suscripto del que numerosos se contractuales concesionario
profundizaron a medida que avanzaba la relación contractual, siendo que tal situación, por supuesto, no era tan evidente al inicio de la concesión. Mas se haya dado dicha cuenta circunstancia, siquiera de por alguno sí, de no es suficiente para justificar, a criterio de este juzgador, que no estos incumplimientos, y que su existencia haya surgido, casi de repente, a partir del cambio de la Presidencia de la CFRT. El PBC no ofrece dudas cuando establece que la CFRT debía controlar en tiempo y forma el cumplimiento de todas las obligaciones del concesionario. Sin embargo, la laxitud en el control durante el período 1995/2000 –más allá de las explicaciones aportadas en cuanto a la falta de recursos y los problemas de inventariosno puede evaluarse independientemente de la situación en que finalmente concluyó la concesión. Vale decir, la caótica situación de desmantelamiento documentada en autos, y que ya fuera objeto de estudio en ocasión de resolver la situación procesal de SERGIO TASELLI, fue posible, entre otras cuestiones, como consecuencia de la falta de controles estatales adecuados. Recuérdese que los incumplimientos advertidos, se circunscriben, entre otros, al manejo de los bienes públicos cuya tenencia los de En adquisición le fue transferida al concesionario, y por de se otro, y cuya la el la situación registral resultó caótica al no haberse confeccionado debidamente para el inventarios salarios, orden a pertinentes, la los realización bienes, aplicación de los subsidios otorgados por el Estado Nacional pago obras mantenimiento de la actividad industrial. constató de dos máquinas cuyas compras no se encuentran
avaladas técnica ni económicamente.
La transferencia del Buque Corrientes II, de los bienes muebles detallados a fojas 1215, 1217/1220 y 1223/1224, y de aquellos enunciados a fojas 646/652, en contravención a lo establecido en el contrato, el aumento fraudulento del patrimonio de Y.C.R.T. S.A. y la modificación de la actividad de la empresa adjudicataria. Faltas gracias a un del concesionario que fueron posibles “dejar hacer”, achacable a los miembros de la Límite sino año que, 2000 muy y, por temporal el que dista de ser antojadizo, en las se
CFRT que se desempeñaron previo al año 2000. contrario, con encuentra la sustento de
constancias colectadas por cuanto se vislumbra que a partir del particularmente, gestión SÖRENSEN, llevaron adelante una serie de acciones tendientes a documentar los incumplimientos, en particular, 14.10.2000)-. Incluso, Así, fines del año 2000 el y tal cuestión DIEGO fue GUICHÓN del año también relató 2001 puesta que “se de resalto por los testigos sugeridos por la defensa de CAMERON. testigo hacia venían principios el memorando 22/00 (del
haciendo muchas cosas”, y que el período anterior había estado signado por un “gran desorden administrativo”. En su relato, si bien hizo alusión e hincapié a la falta de presupuesto asignado a la CFRT y en el hecho de que la carencia de una estructura administrativa estable en la órbita de la Comisión dificultó la posibilidad de ejercer un control adecuado –lo que informó debidamente en el año 1996 y significó su desvinculación de la CFRT-, también especificó que las más profundas acciones de control se dieron luego del año 2000, y que fue recién luego de la gestión de SÖRENSEN, y la suya, en que comenzó a trazarse el camino para la rescisión del contrato (fs. 3413/19). La falta de recursos para la CFRT también fue confirmada por los testigos GONZÁLEZ, quien prestó funciones en la CFRT desde el año 2001 y AHUMADA, quien, sin perjuicio de no haber formado parte de la CFRT conoció de sus inconvenientes, en razón de haber formado parte de la Subsecretaría de Combustibles, como asesor.
Sin embargo, esa circunstancia no puede, en modo alguno, imponerse como justificación para más de cinco años de gestión deficiente. Menos aún, cuando, con la misma escasez de recursos, a partir del año 2000, la gestión de SÖRENSEN logró poner en marcha mecanismo de control sobre el concesionario, determinando irregularidades de vieja data. Conforme expuso el Ingeniero CAMPAÑA en su descargo (quien prestó funciones en la CFRT desde marzo del año 2000 al mes de mayo del año 2001), los diversos instrumentos en que la CFRT documentó, a partir del año 2000, los incumplimientos contractuales de YCRT fueron los Memos de fecha 14.10.2000, 22.11.2000, entre otros. Como Secretaría comprobase de la consecuencia de dichos que los los informes, subsidios la al Energía estableció de
concesionario tendrían carácter de provisorios hasta tanto se regularización El 2002, un Decreto desenlace es compromisos El la 14 de asumidos junio de de la contractualmente (cf. Nota SEyM 298/00 del 29.11.00). conocido. aprobó Presidencial rescisión
concesión del yacimiento, con motivo de los incumplimientos detectados por parte del concesionario e informados por la Secretaría de Energía mediante nota S.E. n° 46 del 10.4.02. Los incumplimientos contractuales a los que aludía dicha nota eran aquellos que había logrado documentar la CFRT como resultado de las actividades de control en el período 2000-2001. Tan decisiva resulta ser la influencia que la CFRT tenía sobre el concesionario que, como consecuencia de la puesta en marcha de las facultades de control que poseía, la autoridad de aplicación finalmente llevó a cabo una medida concreta tendente a superar la situación planteada, en el caso puntual, a través de la rescisión contractual. Como se puede apreciar, los integrantes de la CFRT en el período 1995/2000 estaban en condiciones de implementar las medidas necesarias para que el concesionario materializara el contrato de la forma debida, habiendo podido evitar en consecuencia que se produzcan las irregularidades en
la prestación cuya existencia se acreditó en la resolución de este Tribunal de fecha 23.11.11. Incluso, el propio imputado Cameron, ha puesto énfasis en su descargo en ciertas acciones de control, mas sucedidas en el período “proactivo” de la CFRT, esto es, a partir del año 2000, advirtiéndose un “bache” en su desempeño, que no ha logrado explicar. Como detallé anteriormente, la cuestión de
escasez presupuestaria y de recursos aquejó a la CFRT a lo largo de toda su vida, sin perjuicio de lo cual con iguales armas, luego del año 2000 sí se vislumbran acciones concretas de control, cuya inexistencia en el período 1995/2000 no puede justificarse únicamente en la falta de recursos. Por por encontrarlos los en motivos expuestos,
es y a
vincular a las actuaciones a delictiva descripta
conducta con los
términos del artículo 306 del código formal. Distinto temperamento habrá de adoptarse
respecto de aquellos funcionarios en los que sí se advirtió una conducta de cumplimiento respecto de sus deberes legales –EDUARDO
en atención a que, conforme fue expuesto tarea de control que les había sido
en los párrafos precedentes, su actividad dentro de la CFRT fue demostrativa asignada. Párrafo MALVASIO, en atención a aparte que merece la situación en cuanto de a FERNANDO que su de la
desempeño en la CFRT era meramente administrativo se han vistos corroborados no sólo por las constancias del sumario, donde no consta suscribiendo sino memorandos, en los ni dichos participando de sus en las de reuniones, también consortes
causa, quienes lo sindican como un encargado de mantener la documentación en orden, o bien como miembro “suplente” que, en la práctica no implicaba tareas ni responsabilidad. Calificación legal Sobre la base de los hechos ilícitos descriptos con anterioridad el suscripto considera que Daniel Omar Cameron
y Jorge Enrich Balada deberán responder como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de conformidad con las disposiciones de los artículos 54 y 249 del Código Penal de la Nación. Tal deliberada que los calificación imputados se sustenta en la omisión de actos realizaron respecto
propios de la función que cada uno debía realizar en virtud de los cargos que ocupaban dentro de la CFRT, posibilitando con ello que SERGIO TASELLI, en su carácter de presidente de YCRT S.A., cometiera los actos defraudatorios enunciados en el auto de mérito de fecha 23.11.11. Trátase pues de un delito que se configura con conductas omisivas, cuya consumación tiene lugar propiamente con el acto en omitido, la es decir la no realización del acto sin funcional oportunidad un tipo determinada de omisión legalmente,
necesidad de que se produzca consecuencia alguna1. Siendo impropia, requiere también la existencia de una “posición de garante”, fundada esta última no solo por cuestiones jurídicas sino también por una particular intensidad obligante. No es entonces el mero deber de actuar, sino la particular posición en que se halla el sujeto activo respecto del bien jurídico cuya protección o No hay duda que CAMERON y BALADA, por la conservación garantiza2.
particular función que cada uno de ellos desarrollaba en la CFRT, órgano estatal destinado estrictamente al control del cumplimiento del contrato de concesión y usufructo de YCRT, se encuentran abarcados en la señalada posición. De esta forma, al no realizar los imputados los deberes tiempo del y que tenían de que asignados todas las funcionalmente, obligaciones y por el a que vinculados, cargo del genéricamente, al control en forma directa del cumplimiento, en forma, al concesionario, omitieron las directrices internas y específicas organismo pertenecían respondían jerárquicamente. 1 Donna, Egdardo A. Delitos Contra la Administración Pública, “Rubinzal-Culzoni
Editores”, Año 2000, págs. 171 y sig.
2 Zaffaroni, Eugenio R. Tratado de Derecho Penal -Parte General- Editorial Ediar, Año 1981,
Tomo III, págs. 458 y sig.
reprimido por el artículo 249 del Código Penal de la Nación requiere que el incumplimiento se lleve a cabo de una manera intencional, es decir que el autor tenga conocimiento de la ilegalidad de su omisión y la posibilidad de actuar, ya que si no es posible realizar el acto no se podría imputar el hecho a su autor. En el supuesto investigado, se dan a criterio de este juzgador ambos requisitos, configurándose por que su se así el dolo como la forma específico del tipo seleccionado. En efecto, los dos imputados tenían asignadas de de funciones la CFRT, concretas entre las actuación destacaba en responsables obligación directa
y proponer medidas y cursos de acción a la autoridad En consecuencia, la no aplicación oportuna de
de aplicación. alguna de las tantas herramientas que los causantes tenían a su disposición para poner fin a los incumplimientos contractuales por parte del concesionario, impone considerar que ambos se encontraban en pleno conocimiento de la ilegalidad que conllevaba la inejecución de las funciones a cargo de aquellos y, sin embargo, incurrieron en tales omisiones. El criterio sustentado hasta aquí es conteste con lo resuelto en distintos fallos judiciales por las diferentes cámaras de apelación del fuero criminal, sosteniendo en relación con la figura penal tratada “...Si ellos hubieran opuesto la actividad que debían desplegar, hubiera desaparecido ese resultado. Esto se afirma así, porque los imputados, en razón de sus roles dentro de la institución, de sus rangos jerárquicos y de las funciones que eran inherentes a sus cargos podían interferir eficazmente en la causalidad evitando el progreso de las acciones dañosas. Esa conducta encuentra su adecuación, con la tipificada por el artículo 249 del Código Penal,
omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio” ; y “El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el art. 249, C.P., se conforma mediante conductas omisivas ilegales que se refieran a actos que son el 3 C.Fed.Apel. de La Plata, Sala Tercera. Causa n ° 3.217 "R.M.R.s/Dcia.Pta.Inf.Arts.106 y 249 C.P.", de fecha 12/05/05 (Reg. Sala III T.41-f.89/00).
contenido de la función. Ello así, pues ‘omite el acto del oficio el funcionario que no lo lleva a cabo’ en tanto que ‘...lo retarda el que no lo realiza en la oportunidad determinada...’. Se configura el dolo directo requerido por el tipo subjetivo de aplicación si los imputados actuaron con negligencia, a sabiendas de que los actos que omitían eran propios de sus respectivas funciones, es decir, que se trataba de una omisión ilegal y tenían la posibilidad de conducirse conforme a la ley”4. No escapa a este juzgador que la Sala I de la Cámara del Fuero reclama, a los efectos de la configuración del delito en trato, cierta habitualidad “Por tanto, el hecho de que en una oportunidad se haya comprobado la existencia de irregularidades en la prestación del servicio, no implica que ello constituya una modalidad habitual, y tolerada por las autoridades, o al menos ello no ha sido demostrado”5. Circunstancia que se verifica en autos, a poco que se considere que se constataron en varias y diversas oportunidades irregularidades por parte del concesionario que debían ser controladas por la CFRT e informadas a la autoridad de aplicación. Se impone recordar aquí que, conforme fuera puesto de resalto en el resolutorio de fecha 23.11.11, en el marco de la ejecución del contrato de concesión cuyo control estaba en cabeza de CAMERON y ENRICH BALADA, se constataron al menos cinco graves irregularidades –vinculadas con las máquinas Turbo Gas, la transferencia del Buque Corrientes II, la transferencia de bienes en contravención a lo establecido en el contrato, el aumento Carbón” plazo, fraudulento y para la lo del patrimonio de Y.C.R.T. S.A. por un de la actividad el de la empresa se valor de $10.000.000 con una cuenta anual “Reserva Aval Res. modificación cual, adjudicataria en dirección a inversiones de mediano y largo conforme estimó perito Alonso, desviaron al menos parte de los subsidios. Lo que conllevó la generación de un perjuicio al erario público que, como estimé en la resolución aludida, asciende a un total aproximado de $37.280.000.
31/10/02.
4 C.N.Crim. y Correc, Sala VI. Causa n ° 18.152 “ORBISCAY, Stella Maris y otros”, de fecha
5 C.C.Fed., Sala I, causa n° 42.268 “CNRT s/incumpl. deb.”, rta. 23.12.08.
Tal escenario permite concluir que el accionar desplegado por CAMERON y ENRICH BALADA, en cuanto toleraron la perpetración de las graves maniobras reprochadas a SERGIO TASELLI, constituyó una modalidad habitual. En cuanto al tipo de participación criminal que corresponde atribuir a los imputados, considero que ambos deberán responder en calidad de autores, ya que cada uno de ellos, en el ámbito de sus competencias y en forma individual y excluyente, omitió cumplir con las obligaciones funcionales que debía realizar, con independencia de la actitud asumida por el restante. Todo ello, y este punto no escapa al conocimiento del suscripto, teniendo presente que tanto CAMERON como ENRICH BALADA formaron parte de un órgano colegiado en el que también participaron otras personas durante el período 19952000, cuyo desempeño, como consecuencia de su desvinculación con anterioridad a la sanción de la Ley de Ética Pública, deberá ser evaluado a la luz de lo que finalmente se resuelva en el marco del incidente de prescripción De las medidas cautelares De la libertad En lo atinente a este punto en particular, diré que no verificándose ninguno de los supuestos previstos por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación, habré de confirmar la libertad ambulatoria de la que viene gozando el encartado, procediendo, en consecuencia, conforme lo normado por el artículo 310 del ese Código de forma. A ello debe aunarse que, sin perjuicio de la penalidad conformidad conminada con lo para este delito por la en abstracto, y de de establecido Cámara Nacional formado en autos.
Casación Penal en la causa n° 7.480, caratulada “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación”, en cuanto a que dicha cuestión debe “valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de y determinar
JORGE ENRICH
existencia han y
riesgo su
procesal”, comparecido
voluntad de sujetarse al proceso, en la medida en que han a los llamados del Tribunal, evidencia
suficiente arraigo en los términos del ordenamiento procesal vigente. Embargo Habré bienes de
mandar y
según ordenado en el
artículo 518 del citado ordenamiento legal, fijando el monto a imponer atendiendo a las pautas de determinación establecidas en la ley ritual (art. citado y art. 533) y, entre otros conceptos, las sumas mínimas a atender en concepto honorarios (art. 8, 14 y 33 de la Ley 21.839, modificada por Ley 24.432, en función de los arts. 63 y 64 de la Ley 24.946), las costas procesales, en la suma de un millón de pesos ($1.000.000). Tal monto encuentra razón en que es preciso atender a las sumas que habrán de ser fijadas en concepto de honorarios y costas del proceso, por lo que entiendo que el monto fijado resulta adecuado a esos fines. Por otro lado, y si bien no escapa al suscripto que el delito que se les reprocha no es de naturaleza económica, lo cierto es que el análisis de la medida cautelar a imponer no puede ser ajeno al efectivo perjuicio sufrido por la administración pública, que, como se expuso, asciende a más de 35 millones de pesos. Recuérdese eventual proceso pena (de esta que la la n° naturaleza cautelar de del las del embargo tiene “…como fin garantizar en medida suficiente la pecuniaria, civiles Sala 62, causa entre efectividad y 30.629 responsabilidades 25/01/2000, reg. n° emergentes muchas las costas del "Giuseppuci" por lo que
otras), debe en suma n°
la determinación del monto que sólo debe
a imponer debe guardar el mayor aunque una aclararse definitiva, 42.495, " atención a la
correlato posible con esos rubros,
tratarse de un estimativo
imposibilidad de fijarlo de momento en del proceso" (C.C.C.Fed., Sala I,
lo que recién podrá hacerse al momento de la sentencia final causa Dukarevich, Pablo s/embargo”, rta. 28/05/09)”. Consideraciones finales Sentado cuanto precede, restará determinar las eventuales responsabilidades que cupieron a los titulares de la
comprendido entre los años 1995-2000. Ello, en atención al rol que desempeñaron como autoridad de aplicación de la concesión, en virtud del cual, y conforme lo establecido en el artículo 5, capítulo XII del PBC, debían fiscalizar el cumplimiento de los contratos, mediante auditorías, implementando a esos efectos un sistema que evitase producir perturbaciones en la gestión. Es que, conforme lo establecido en el Decreto 988/93, se delegó en la Secretaría de Energía las facultades que tienen de por para objeto lo fiscalizar y cual y se concesión se la resolver puede el de en cumplimiento la las facultaba a: de los del que dos contratos usufructo auditorías Así, de concesión, como explotación cuestiones existían
yacimiento, inspecciones,
elevase a su consideración la CFRT. apreciar, organismos específicamente destinados a supervisar el contrato teniendo aquellos órganos amplias facultades relativas al poder de organización, supervisión y sanción –esto último reservado a la Secretaría de Energía-. Es que la responsabilidad de los funcionarios nacionales en lo atinente al control de la concesión del yacimiento carbonífero no se limita a lo aquí resuelto, siendo que aún debe analizarse el rol desempeñado por los sujetos que detentaban mayor jerarquía, cuya responsabilidad es perfectamente escindible de aquellos cuya situación procesal hoy se resuelve, sentido en el cual se orientará la pesquisa. Por tal motivo, será preciso analizar, en un futuro estadio, las eventuales responsabilidades que pudieron caber a los diversos funcionarios que se han desempeñado en el área energética en el período estudiado. Por lo expuesto, corresponde y así; RESUELVO: I. en orden a los DECRETAR hechos EL PROCESAMIENTO cuales de DANIEL indagado, OMAR por CAMERON de las demás condiciones personales obrantes en autos y por los fuera considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, en calidad
de autor (arts. 54 y 249 del Código Penal de la Nación y art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación). II. DECRETAR EL PROCESAMIENTO de JORGE ENRICH BALADA de las demás condiciones personales obrantes en autos y en orden a los hechos por los cuales fuera indagado, por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, en calidad de autor (arts. 54 y 249 del Código Penal de la Nación y art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación). III. MANTENER la libertad provisional que vienen gozando los nombrados (art. 310 del Código Procesal Penal de la Nación). IV. TRABAR EMBARGO sobre los bienes y/o dinero de los nombrados, hasta cubrir la suma de un millón de pesos($ 1.000.000). V. SOBRESEER a EDUARDO JULIO SÖRENSEN, ENRIQUE ROBERTO CAMPAÑA y FERNANDO JORGE MALVASIO, por los hechos por los cuales fueran indagados, dejando constancia que la formación de la presente en nada afecta su buen nombre y honor (arts. 334 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). Notifíquese diligenciar transcribirá en la el día al de señor su Fiscal por en Secretaría, la cual a se mientras que a las Defensas y a la querella mediante cédula a recepción, haciendo parte dispositiva, saber ambas
partes que en el término de 24 horas deberán comparecer ante esta sede a retirar una copia en soporte magnético del presente decisorio.
notifiqué al señor Fiscal y firmó. Doy Fe.
se libraron cédulas. Conste.
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