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Timestamp: 2018-09-26 07:45:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 204', 'in fine', 'artículo 3']

La publicidad, una herramienta fundamental en la lucha contra la
Lecciones y Ensayos, nro. 88, 2010
Victorero, Sabrina, La publicidad, una herramienta fundamental en la lucha..., ps. 197-216
LA PUBLICIDAD, UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
Sabrina Victorero*
Resumen: El objeto del presente trabajo es analizar el principio de publicidad en
las investigaciones penales referidas a hechos de corrupción.
Como es sabido, el principio de publicidad está tradicionalmente asociado a la
idea del juicio oral. Sin embargo, debemos tomar en consideración que el número de causas que llegan al debate es exiguo, en comparación con las que ingresan
al sistema de administración de justicia penal, y que, a su vez, esta tendencia se
profundiza en lo relativo a la especie de delitos que nos convocan. Considero
relevante centrar la atención en la investigación preparatoria, por ser la etapa
procesal donde –en la mayoría de los casos– se resuelve el conflicto social que
tiene por objeto el proceso penal1.
Por estos motivos, se tratará, entonces, de destacar el papel fundamental que le
corresponde a este principio en el impulso de las investigaciones, por incorporar
a la sociedad civil y los medios de comunicación en la respuesta al flagelo de la
Abstract: The purpose of this article is to analyze the role of the principle of
publicity in criminal investigations related to acts of corruption.
As we know, the principle of publicity is traditionally associated with the trial.
However, we must take into account that the number of cases that reach the trial
is smaller than the number of cases that enter the criminal justice system, and
that this trend is deepened in reference to this type of offences. In consequence,
I understand that it is important to focus on the preliminary investigation, being
Estudiante de Abogacía (UBA), ayudante alumna del Departamento de Derecho
Penal y Criminología de la Facultad de Derecho (UBA).
Abregú, Martín, “La instrucción como pre-juicio”, Artículo publicado en la obra
colectiva Estudios sobre justicia penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Ed. Del
Puerto, Buenos Aires, 2005.
the procedural stage where, in most cases, the social conflict, that originates the
criminal proceeding, is resolved.
For these reasons, I will try to highlight the key role that, thanks to the incorporation of civil society and the mass media in response to the scourge of corruption,
this principle has in the promotion of criminal investigations.
Palabras clave: Principio de Publicidad – Delitos contra la administración –
Proceso Penal – Corrupción.
Keywords: Principle of Publicity – Offences against the public administration –
Criminal Proceedings – Corruption.
I. Introducción: el principio de publicidad
En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de publicidad se desprende de una exigencia republicana, de un mandato constitucional, así como también de las obligaciones asumidas en diferentes instrumentos internacionales
sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, que fueron incorporados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22)2.
Constituye así, uno de los principios distintivos de la actuación de una
justicia democrática, en el marco de un Estado constitucional de derecho.
Aún más, la publicidad configura el requisito más elemental y llamativo
del proceso acusatorio3, se trata de un principio fundamental y estructurante del procedimiento penal4.
En este sentido expresa Abregú “(...)a partir de la reforma ha quedado establecida una
nueva pirámide normativa. En su cima se encuentra la Constitución, a la que se le agregan
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a los que se les otorga jerarquía
constitucional en el artículo citado y los que pudieran obtenerla por el mecanismo previsto
en el último párrafo transcripto –lo que conforma el denominado “bloque de constitucionalidad”–; un peldaño por debajo se encuentran los demás tratados internacionales ratificados
por la Argentina y, por debajo de ellos, las leyes. Con este nuevo texto, entonces, todos los
tratados están por encima de las leyes, tal como lo estableció la Corte Suprema en el fallo
“Ekmekdjian”, pero algunos de ellos gozan de jerarquía constitucional.” Abregü, Martín,
“La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales:
una introducción”, en Abregü, Martín y Courtis, Christian “La aplicación de los tratados
sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997.p. 8.
Cf. Ferrajoli, Luigi, “Derecho y razón”, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 616.
Bovino, Alberto, “Publicidad del juicio penal: la televisión en la sala de audiencias”,
en “Problemas del Derecho Penal Contemporáneo”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1998,
p. 271 y ss.
Cabe recordar que ya en los orígenes del moderno Estado liberal, se
tomó conciencia de la importancia de realizar las audiencias y pronunciar
los fallos judiciales de cara a la ciudadanía, entendidos estos como los
individuos ajenos al conflicto social, facilitando de ese modo el escrutinio
público de la actuación de los tribunales.
Éste es el sentido que le otorgó Beccaria cuando expresó “Sean públicos los juicios y las pruebas de un delito, para que la opinión, que es quizá
el único fundamento de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a las
pasiones (...)”5.
A lo largo del tiempo, se ha recurrido a distintos fundamentos para justificar su importancia y la necesidad de la vigencia de la publicidad como
principio. Esta ha encontrado diferente sustento a partir de la conjunción
que se le ha dado a los diversos intereses.
En este sentido, la doctrina tradicional ha coincidido en otorgarle a
este principio tres fundamentos, que poseen a su vez distintos titulares:
desde el interés del acusado, constituye una garantía individual para el imputado6; desde el interés del Estado, serviría a una determinada política
criminal, configurando así un medio idóneo para producir los efectos preventivo generales eventualmente atribuidos como finalidad de la pena estatal; y desde la posición de la comunidad, se vincula con una exigencia del
Beccaria, César, “Tratado de los Delitos y de las Penas”, Ed. Centro de Publicaciones
Ministerio de Justicia y Biblioteca Nacional Ministerio de Cultura, Madrid, 1993, p. 109.
Así, se ha entendido a este principio como una garantía del imputado, que integra el
catálogo de los derechos fundamentales de una persona. En efecto, esta forma de garantía
individual, se encuentra expresamente contenida en diferentes instrumentos internacionales
sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Entre los cuales pueden destacarse:
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en sus arts. 10 y 11.1; la Declaración
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre reza que toda “persona acusada de
un delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública”, y en este mismo sentido
la Convención Americana sobre Derechos Humanos realiza una referencia del carácter público del juicio penal, así, dispone su art. 8, nro. 5, que “el proceso penal debe ser público,
salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Por último, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla, por un lado, la publicidad
del proceso penal, en su art. 14, nro. 1, estableciendo que toda persona tendrá derecho a ser
oída “públicamente”.
sistema republicano de gobierno, el control de los actos del propio Estado,
en este caso, el control sobre la administración de justicia7.
1. La publicidad como principio republicano de gobierno
Sin perjuicio de lo expuesto, abordaré el fundamento que resulta más
relevante en relación al objeto de este trabajo. Esto es, partiré de la dimensión del interés de los miembros de la comunidad, como una derivación del
principio republicano de gobierno.
Desde este punto de vista, la publicidad del proceso configura un derecho político8, en tanto opera como una herramienta que permite a la ciudadanía ejercer un control sobre los actos de gobierno, estableciendo así el
sistema de controles mutuos que conforma una república9.
De esta forma se posibilita que la función política de verificar el cumplimiento de los requisitos y los presupuestos jurídicos del procedimiento
por parte de quienes desempeñan la tarea de administrar justicia10, sea llevada adelante por la sociedad en su conjunto.
Ver al respecto Anitua, Gabriel Ignacio, “El principio de publicidad procesal penal. Un
análisis con base en la historia y el derecho comparado”, en Nueva Doctrina Penal, Buenos
Aires, Editores del Puerto, tomo 2000/A y en Hendler, Edmundo, Garantías penales y procesales penales. Una perspectiva histórica comparada, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2001.
Con relación a este carácter político del derecho, puede destacarse que lo mismo
sucede con otra exigencia impuesta a los juicios penales en nuestra Constitución: “el juicio
por jurados” (arts. 24, 75, inc. 12, y 118 de la CN). “El juicio por jurados es, una garantía
del imputado y, a la vez, un derecho político de los ciudadanos que consiste en la facultad
de participar en las decisiones más relevantes de la administración de justicia penal. El
carácter político de este derecho ciudadano no sólo surge de la circunstancia de que existe
una cláusula que establece la institución del jurado en los casos penales en la parte orgánica de nuestra Constitución, el art. 118. Además, y principalmente, surge del significado
que siempre representa la intervención de los individuos ajenos a la justicia estatal en la
decisión de las causas penales.” Bovino, Alberto, op. cit., p. 272 y ss.
Sin perjuicio de lo cual, como bien señala Bovino “A pesar de que éste es el fundamento señalado con mayor frecuencia y considerado más importante, la persona excluida
ilegítimamente de un juicio penal no tiene facultad alguna, según las reglas previstas en el
procedimiento penal vigente en el orden nacional, para impugnar la decisión del tribunal y
lograr el ejercicio efectivo de su derecho republicano de controlar los actos de gobierno.”
Bovino, Alberto, op. cit., p. 267.
Al respecto destaca Baumann: “La publicidad del proceso penal concierne al control
de la justicia penal por la colectividad. Los asuntos penales son demasiado importantes
como para que se los pueda tratar secretamente”. Baumann, Jürgen, “Derecho procesal
penal”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 107
Aún más, la comunidad no solamente tendrá el derecho de controlar
que los funcionarios estatales cumplan correctamente con sus deberes
legales, sino también la posibilidad de operar como un grupo de presión
en pos del avance de la investigación, a fin de lograr el esclarecimiento
Con relación a los casos de corrupción, debe mencionarse que,
Transparency International ha entendido que: “(...)en los casos en los
que los intentos genuinos por combatir la corrupción han fracasado,
generalmente ha faltado un ingrediente: la participación de la sociedad
civil”11.
El sustento legal de esta facultad que poseen los miembros de la comunidad emana del sistema republicano de gobierno establecido en el
artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, que a su vez, es reforzado
por el artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH), que prescribe: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo
que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.”, excepción
esta última bastante amplia y nebulosa12.
Por otra parte, en el ámbito del sistema universal de protección de los
Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCyP) establece como regla la exigencia de publicidad13, reconociendo el carácter excepcional de la posibilidad de excluir
al público y a la prensa, con fundamento en la protección de cualquiera
de los bienes taxativamente enumerados. Ello implica que, como regla, el
Cf. el resumen ejecutivo de Transparency International del año 2000, “Libro de
Consulta 2000 de TI”, p. 7, publicado en <www.transparency.org>.
Ver O’Donell, Daniel, “Derecho internacional de los derechos humanos”, Publicado por: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Bogotá, 2004, p. 383 y ss.
De esta forma el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente (...) en la substanciación
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella (...) La prensa y el público
orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del
Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de la prensa y del público
al juicio14.
De lo expuesto, cabe observar que, mientras la CADH establece un
principio general y amplio de publicidad de todo el proceso penal, el PIDCyP restringe su aplicación a la etapa del debate.
Así las cosas, si la regla es la publicidad del proceso, la excepción será
la reserva, cuyas causales deberán encontrarse debidamente enumeradas
y fundamentadas en las normas que dicte al respecto el poder legislativo.
Estos límites deberán ser interpretados a la luz del principio pro homine –principio estructural de derecho internacional de los derechos humanos- en cada caso concreto en la forma más restrictiva posible, a fin
de alcanzar la interpretación que más favorezca la vigencia del derecho
Asimismo, es necesario recordar que la doctrina coincide en afirmar
que la publicidad no es un derecho exclusivo del imputado, sino que este se
proyecta a su vez frente a la sociedad en general15, configurando una norma
estructurante de todo el proceso penal previsto constitucionalmente.
Resulta de interés destacar que el órgano de aplicación de este instrumento, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con relación a esta disposición ha interpretado en la Observación General No. 13, párrafo nro. 6, que: “La publicidad de la audiencia constituye una importante salvaguardia de los intereses del individuo y de la sociedad
en general. Al mismo tiempo, el párrafo 1 del art. 14 reconoce que los tribunales tienen la
facultad de excluir la totalidad o parte del público por las razones que se enumeran en dicho
párrafo. Debe observarse que, con independencia de esas circunstancias excepcionales, el
Comité considera que las audiencias deben estar abiertas al público en general, incluidos
los miembros de la prensa, sin estar limitadas, por ejemplo, a una determinada categoría de
personas. Debe observarse que, aun en los casos en que el público quede excluido del proceso, la sentencia, con algunas excepciones estrictamente definidas, debe hacerse pública.”
En este mismo sentido se ha expresado Cafferata Nores, quien ha dicho que, “(...)
la exigencia de publicidad de los actos de gobierno, propio del sistema republicano, hoy
tiene expresa vigencia gracias a la normativa supranacional incorporada al nuevo sistema
constitucional (v. gr., art. 14.1, PIDCP: “ser oído públicamente”; DADDH, art. 26: “ser
oído en forma... pública”). Ella permite el control popular sobre la administración de justicia, neutraliza posibles arbitrariedades judiciales y es una coraza para los jueces frente
a eventuales presiones de los otros poderes del Estado, o de grupos políticos o sociales, contribuyendo así a la transparencia de la administración de justicia y a la confianza
en el Poder Judicial.” Cafferata Nores, José I., “Proceso Penal Y Derechos Humanos:
La Influencia De La Normativa Supranacional Sobre Derechos Humanos De Nivel Constitucional En El Proceso Penal Argentino”, Ed. Centro de Estudios Legales y Sociales,
Buenos Aires, 2000, p 150 y ss.
En lo que respecta al plano internacional, se ha establecido un sistema de promoción de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, que ha sido erigida en uno de los principios rectores de
los instrumentos internacionales que regulan esta materia. Entre los cuales, más allá de los instrumentos reseñados anteriormente, pueden destacarse: la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante,
CICC)16 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(en adelante, CNUCC)17.
Así, la CICC articula diferentes preceptos a fin de estimular y fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, a partir del
acceso a la información y la transparencia de los procesos penales. En este
sentido, puede destacarse el Preámbulo de dicha Convención, que señala la
“(...)importancia de generar conciencia entre la población de los países de
la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la
necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción (...)”.
Mientras que la CNUCC, por su parte, reconoce en su Preámbulo “(...)
los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales”,
entre los que se encuentra el principio de publicidad. A lo que agrega, en este
sentido, en su art. 13.1 la obligación de cada Estado parte de adoptar “(...)
medidas adecuadas (...) para fomentar la participación activa de personas y
grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar
a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad
de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa.” Así, la convención recomienda una serie de medidas, entre las que se encuentran las
siguientes “(...) b) garantizar el acceso eficaz del público a la información;
(...) d) respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar
y difundir información relativa a la corrupción (...)”.
De todo lo expuesto, se observa que los Estados de la región han configurado un marco de declaraciones que reconocen la relación existente
entre el respeto a los derechos humanos, la democracia y una sociedad
libre de corrupción.
Aprobada por la Ley n° 24.759, publicada en el Boletín Oficial el 17/01/1997.
Aprobada por la Ley n° 26.097, publicada en el Boletín Oficial el 09/06/2006.
III. La publicidad como forma de lucha contra la corrupción
La corrupción es un fenómeno que afecta directa o indirectamente a
la comunidad en su conjunto, dado que, en la generalidad de los casos,
conllevará un efecto de desfinanciamiento del Estado, que se traducirá en
la imposibilidad de utilizar fondos del erario público en las políticas necesarias para el desarrollo de la comunidad.
Estos actos no sólo comprometerán la legitimidad de las instituciones,
sino que, a su vez, traerán aparejados la negación del goce de los derechos
económicos, sociales y culturales, que el Estado está obligado a brindar en
pos de la efectivización de los derechos reconocidos internacionalmente18.
Frente a esta situación, el principio de publicidad desempeña un papel
crucial en la lucha contra la corrupción, en virtud de que éste permite vigilar y evaluar lo que está sucediendo en la administración de justicia. Así,
debe señalarse que la transparencia en todos y cada uno de los aspectos de
la función pública es, por mucho, la medida más importante para combatir
la corrupción, particularmente cuando se la combina con una sociedad civil
organizada y atenta19.
En efecto, la participación de la sociedad contrarrestará las tendencias de
juzgamiento que los magistrados puedan afrontar inconscientemente –o no– a
instancias de buscar la reconstrucción de la verdad judicial. Ello, en tanto que
investigaciones empíricas han puesto en evidencia la diferente actitud emotiva y valorativa que presentan los jueces frente a quienes pertenecen a diversas
clases sociales20. Esto es, se han evidenciado las condiciones particularmente
desfavorables en que se halla, durante el proceso, el imputado proveniente de
grupos marginados, frente a los imputados provenientes de estratos superiores
de la sociedad21. Estrato este último que, en la generalidad de los casos, ocuparan las personas que se encuentran acusadas por hechos de corrupción22.
Cf. obligaciones asumidas por la república en el Pacto Internacional de Derechos
Ver “Acción mundial contra la corrupción”, Grupo nro.2: La función de la sociedad
civil y los medios de comunicación en la creación de una cultura contra la corrupción, Los
documentos de Mérida, Naciones Unidas, Viena, 2005.
Cf. Baratta, Alessandro, “Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal: introducción a la sociología jurídico penal.”, 1º ed. 1º reimp, Siglo XXI Editores Argentina,
Buenos Aires, p. 186 y ss.
Cf. Baratta, Alessandro, op. cit., p. 186 y ss.
Al respecto señala Baratta que “(...)según la pertenencia social de los imputados
y relativas tanto a la apreciación del elemento subjetivo del delito (dolo, culpa), como al
En este sentido, puede afirmarse, en general, que hay una tendencia por
parte de los jueces a esperar un comportamiento conforme a la ley de los
individuos pertenecientes a los estratos medios y superiores; lo inverso acontece respecto de los individuos provenientes de los estratos inferiores23.
Ahora bien, sin perjuicio de los beneficios que puede generar la publicidad del proceso penal, es necesario destacar que, al momento de efectivizar este principio en el marco de la instrucción, se producirán, al menos,
dos niveles de tensión: por un lado, con el normal desarrollo de la investigación, y, por el otro, con los derechos y garantías constitucionales que
amparan al funcionario público investigado por un delito contra la administración pública.
A su vez, un dato no menor es que el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) en su artículo 204, in fine, prevé en su último párrafo que: “El
sumario será siempre secreto para los extraños”, siendo, por el contrario,
público para las partes y sus defensores.
Por ello, a seguidamente trataré de profundizar los puntos reseñados
con el objeto de hallar una posible solución a la cuestión problemática.
1. Publicidad vs. el normal desarrollo de la investigación
Con relación al normal desarrollo de la investigación –como su posible éxito-, es necesario realizar determinadas aclaraciones. En primer
lugar, debe tenerse en consideración que en la gran mayoría de los casos,
-conforme señaláramos- la instrucción es la etapa procesal en la que se
decide el conflicto social que tiene por objeto el proceso penal24.
En consecuencia, lo que aquí se quiere destacar es que la instrucción
constituye una etapa decisiva -no preparatoria- en el proceso penal25, dado
que ha dejado de lado su carácter de mera etapa instructora, para configurar, conforme expresa Roxin, la parte esencial del proceso penal26.
carácter sintomático del delito frente a la personalidad (prognosis sobre la conducta futura
del imputado) y, por tanto, a la individualización y a la conmensuración de la pena desde
estos puntos de vista. La distribución de las definiciones de criminal se resiente, por ello,
de modo particular como efecto de la diferenciación social.” Baratta, Alessandro, op. cit.,
Baratta, Alessandro, op. cit., p. 187
Abregú, Martín, op. cit.
Roxin, Claus, “Derecho procesal penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 326.
En un sentido coincidente, la jurisprudencia de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, ha ratificado en un todo la vigencia de la normativa supranacional durante el transcurso de la investigación,
a partir de la constatación de la necesidad de proteger con mayor énfasis las
garantías del debido proceso en el desarrollo de la investigación penal27.
Es por ello que, en función de la relevancia que esa etapa del proceso
penal ha adquirido en la práctica, es imperioso revisar su caracterización
asegurando el respeto del debido proceso. De lo expuesto se derivará, la
obligación de efectivizar el principio de publicidad también en esta etapa del
En este contexto, resulta un dato por demás relevante que la tendencia
de ambas salas de la Cámara Federal de la Capital Federal, en los últimos
tiempos ha favorecido la participación ciudadana reivindicado la labor de
organizaciones civiles. Así, se ha afirmado que “(...)el auxilio de la ciudadanía y su compromiso en relación a la labor jurisdiccional no ha de ser
desalentado y, por el contrario, debe ser festejado y promovido(...)28”.
En efecto, se resolvió que un tercero ajeno al proceso tuviera acceso a
aquellos actos que, en principio, poseen carácter público, siendo esta una
facultad que presenta especial relevancia en los casos en donde se encuentran imputados funcionarios públicos por la comisión de conductas ilícitas
que ocurren en el ámbito de su labor.
Sin embargo, si bien los magistrados de la Sala II de la Cámara Federal entendieron que, en estos casos, la regla debe ser la publicidad, expresaron que deberán quedar “(...) secretas las partes de la investigación que
comprendan aquellos datos que, según la prudente apreciación del juez,
no deban ser divulgados (...)29” (sic). Por estos motivos, será el “(...)juez
a cargo de la investigación a quien, dentro de su discrecionalidad como
Cafferata Nores, José I., op. cit., p. 134.
Cf. Sala I, CNCCF: causa nro. 41.673 del registro 1.399, resuelta el 18/11/08 y de
la misma Sala, causa nro. 41.673 del registro 1.121, resuelta el 25/09/08 y Sala II CNCCF: causa Nº 27.177 del registro 29.038. En igual sentido, causa Nº 26.445 del registro
28.396; causa Nº 26.461 del registro 28.306; causa Nº 26.469 del registro 28.291; causa
Nº 26.612 del registro 28.422; causa Nº 26.640 del registro 28.678; causa Nº 26.708 del
registro 28.843; causa Nº 26.713 del registro 28.553; causa Nº 26.789 del registro 28.699;
causa Nº 26.882 del registro 28991; causa Nº 27.855 del registro 29.830; causa Nº 27.487
del registro 29486.
Cf. Sala II, CNCCF, causa Nº 26.469 del registro 28.291, resuelta el 11/04/2008.
director del proceso, corresponda discernir cuáles son los aspectos que
por relacionarse con el interés público deban darse a conocer y la forma
en que se cumple con dicho cometido30” (sic).
Como puede observarse, mas allá de resultar alentadoras las resoluciones adoptadas, no puede dejar de señalarse que esto último resulta incompatible con el Art. 1 de la Constitución Nacional, como así también
con el art. 8.5, de la CADH. Esto, en función de que cualquier restricción
que se quiera establecer a la vigencia del principio de publicidad debe ser
–sin excepción- realizada por el legislador mediante una norma jurídica de
carácter general, ceñida al bien común31.
Aún más restrictiva fue la Sala I de la Cámara Federal, al supeditar la
posibilidad de acceder a las actuaciones a la condición de que el Ministerio
Público Fiscal –atento a su función de promover la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (Art. 120
de la Constitución Nacional)- y el imputado evalúen la petición, cuya consecuencia directa acarreará la imposibilidad de poder acceder al expediente32.
Por ello, se trata, entonces, de que cualquier restricción que se establezca a la publicidad del proceso penal, a fin de garantizar el éxito de la investigación, siempre deba ser tipificada legalmente33, y no, por el contrario,
Cf. .Sala II, CNCCF, causa Nº 26.469 del registro 28.291, resuelta el 11/04/2008.
Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derecho Humanos en su Opinión
Consultiva nro. 6-86, cuando resolvió “(...)que la palabra leyes en el art. 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los
órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para
la formación de las leyes.”
Para resolver de esta forma entendió que “En el proceso penal la participación ciudadana debe articularse con los presupuestos que garantizan desde ambos polos –ciudadanía e imputado– el debido proceso (art. 18 CN). Si algo falla en la persecución verbigracia:
los procesos se dilatan más de la cuenta, la etapa de instrucción es desnaturalizada, quienes
deben acusar no lo hacen con la solvencia esperada, etcétera – no puede tolerarse que el paliativo se traduzca en una mengua de los límites constitucionales impuestos a la persecución
penal. En todo caso, los esfuerzos deben concentrarse en evitar tales disfuncionalidades o
incluso, llegado el caso, promover una reforma procesal, mas no convertir el actual sistema
en el peor de los escenarios posibles para el imputado: aquel donde la condena producto
de un debido proceso sea reemplazada por el proceso entendido como sanción informal o
‘pena de banquillo’”. Cf. Sala I, CNCCF: causa nro. 41.673 del registro 1.121, resuelta el
Así, se ha entendido que “Los países donde la corrupción prospera también tienen poderes judiciales débiles y corruptos. Los Estados que desean combatir seriamente
dejar librado al arbitrio judicial, cuya actuación pretendemos controlar, el
carácter “secreto” de las actuaciones34.
Por otra parte, como ya se ha visto, son diversos los instrumentos internacionales que desarrollan la idea de que la participación de la sociedad
civil en causas de esta naturaleza, no sólo no entorpece la investigación,
sino que, por el contrario, deviene en claros beneficios; pues será la propia
sociedad, en muchos casos, la que impulse la investigación a fin de alcanzar el esclarecimiento de los hechos.
La sociedad civil, en la generalidad de los casos, actuará como grupo de presión alentando el desarrollo de la investigación. No es ninguna
novedad afirmar que, en la actualidad, las sentencias condenatorias dictadas en causas criminales por actos de corrupción son exiguas, la etapa de
investigación de estas causas es extensa y su avance lento35, por lo que,
cuando extraordinariamente ésta progresa, es amenazada por los plazos de
Frente a esta situación, la propuesta es buscar un equilibrio entre este
principio y el normal desarrollo del proceso. Esto significará un respeto
mínimo por el principio de publicidad, más allá de las restricciones que
puedan llegar a constituirse.
Así podría establecerse que este piso mínimo estaría configurado por
la publicidad de los autos de procesamiento, de prisión preventiva, de
la corrupción deben iniciar urgentemente reformas judiciales y asegurar que el sistema de
justicia penal funcione adecuadamente.” Cf. “Acción mundial contra la corrupción”, Grupo
nro.2: La función de la sociedad civil y los medios de comunicación en la creación de una
cultura contra la corrupción, Los documentos de Mérida, Naciones Unidas, Viena, 2005,
p. 66 ONU
En este sentido, se ha señalado con absoluta razón: “Uno de los enemigos más solapados de los principios del Estado de Derecho, en la práctica judicial, está representado por
una serie de espacios de decisión que suelen ser llenados con la llamada discrecionalidad de
los Jueces, término que intenta describir un ámbito en el que reina un conjunto de poderes
y facultades no sometidas a regulación, y por lo tanto sometidas exclusivamente al criterio
del juez; en ese ámbito no hay reglas que contribuyan a orientar ese criterio, salvo cierta
remisión, a veces, a los usos y costumbres de la función”. Virgolini, Julio, y Silvestroni,
Mariano, “Unas sentencias discretas. Sobre la discrecionalidad judicial y el Estado de Derecho.”, “Revista de Derecho Penal, Garantías constitucionales y nulidades procesales-I”,
Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, setiembre de 2001, p. 281/309.
Ver en este sentido el informe: “La parálisis de la Justicia Frente a los Casos de
Corrupción” elaborado por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
en febrero 2008.
sobreseimiento, y del auto que declare extinguida la acción penal, como
así también, una vez realizadas las medidas que de ella se deriven, la declaración indagatoria del imputado.
Por otra parte, no encuentro ningún impedimento para que puedan darse
a publicidad los incidentes formados a partir de nulidades planteadas por la
defensa. Esta última propuesta no es menor, en atención a que este tipo de
delitos presentan una gran complejidad, sumado al hecho que en nuestro código sobreviven normas procesales que configuran dificultades a la hora de
investigar; estas ventajas son hábilmente utilizadas por muchos defensores
como forma de prolongar el proceso y dar lugar a la prescripción.
En este sentido, no puede dejar de señalarse que la tendencia actual
en otras legislaciones propugna un cambio hacia un sistema acusatorio36,
abandonando la organización burocrática de tipo inquisitiva, propia de
nuestro ordenamiento. A tales fines, se ha desarrollado –en determinados
ordenamientos procesales– un sistema oral y público para la toma de decisiones previas al juicio, que ha demostrado una potencialidad humanizadora del proceso de enjuiciamiento criminal37.
En la actualidad, el progreso tecnológico38, junto con los medios masivos de comunicación, constituye una herramienta esencial para el desarrollo del principio estudiado.
Así las cosas, a efectos de combatir seriamente la corrupción, debe
necesariamente iniciarse una reforma judicial, y asegurar que el sistema de
El proceso de cambio no es aislado, sino que se extiende en Argentina en provincias como Chubut, y en otros países latinoamericanos como Chile, Guatemala, Costa Rica,
Así, “(...)las audiencias orales ante los jueces de garantías han dado un paso importante hacia la eliminación del expediente del proceso penal. Decisiones como una prisión
preventiva o una nulidad ya no tienen como fuente al expediente, sino a los argumentos
contradictorios de los abogados frente al juez y, muy especialmente, frente a la persona
bajo proceso. De esta manera, fiscales, defensores y jueces ya no son más los constructores
de un expediente común, el objeto central de preocupación burocrática. Los dos primeros
son adversarios en audiencias orales y públicas, un ámbito de contradicción que mejora
enormemente la calidad de la información con la que el juez toma sus decisiones, pudiendo
corroborar la credibilidad de las afirmaciones al estar todas las partes presentes.” Hazan,
Luciano A., “La introducción de audiencias preliminares como variable para la humanización del proceso penal” publicado en La Cultura Penal, Homenaje al Prof. Edmundo S.
Hendler, AAVV, Ed. Del Puerto, 2009, p. 377.
Desde este punto de vista, debe destacarse al Centro de Información Judicial
(<www.cij.com.ar>), como una vía para cumplir con el objetivo de la publicidad.
justicia penal funcione adecuadamente. Si bien la publicidad no eliminará
la corrupción, la transparencia del proceso penal sin duda le cerrará muchas puertas39.
2. Publicidad vs. el funcionario público acusado
Desde la perspectiva del funcionario acusado, podría alegarse contra
la publicidad del proceso penal, que ésta sería plausible de acarrear una
influencia negativa, al originar una excesiva y parcializada difusión de las
instancias previas del proceso, atentando así –entre otras- contra la garantía
de inocencia de la que goza el acusado.
Así, se ha entendido, con base en esa garantía que existe el derecho de
todo imputado en una causa penal en la que no ha recaído sentencia condenatoria, a que se respete la privacidad y el resguardo de su buen nombre y honor40.
Sin embargo, si la publicidad es una garantía constitucional del imputado,
y, a su vez, derecho político de participación ciudadana, configurando así un
principio de carácter complejo, la pregunta a responder será: qué interés deberá
priorizarse al momento de operarse un conflicto entre ambos, en el marco de
una investigación sobre la comisión de un posible hecho de corrupción.
En primer lugar, debe recordarse que la asunción de un cargo público, además de aparejar ciertos beneficios, genera ciertas cargas, obligaciones y restricciones que el funcionario acepta voluntariamente41. Por estos
motivos, en algunos supuestos, sus derechos merecen una protección más
atenuada que en los supuestos en los que la persona que ve afectado su
derecho es un particular42.
Esto último en la medida en que “(...)un individuo que decide buscar
un cargo en el gobierno debe aceptar ciertas consecuencias necesarias
que surgen de involucrarse en los asuntos públicos. Corre el riesgo de un
escrutinio público más estricto de lo que ocurriría en otro caso(...)”43.
Cf. Ver “Acción mundial contra la corrupción”, Grupo nro.2: La función de la sociedad civil y los medios de comunicación en la creación de una cultura contra la corrupción,
Los documentos de Mérida, Naciones Unidas, Viena, 2005, p. 68 y ss.
Cf. Sala I, CNCP, causa Nº 12.549 del registro 15.601, resuelta el 30/03/2010.
A modo de ejemplo puede destacarse la obligación de confeccionar anualmente
declaraciones juradas patrimoniales integrales.
Cf. Fallos de la CSJN: 310:508; 316:2416; 319:3428, entre otros.
Cf. Fallo “Gertz v. Robert Welch, Inc.” de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1974, citado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
De allí no se colige que no tenga derechos, sino que éstos merecen
una protección más limitada que la que tienen los simples particulares. Por
ello, debe concluirse que de ninguna manera éstos ven mermadas sus garantías por el hecho de que determinadas actuaciones que forman parte del
proceso seguido en su contra –luego de las restricciones que se establezcan
por ley a fin de asegurar el normal desarrollo de la investigación- adquieran
publicidad con el objeto de que la comunidad controle la actuación de la
En este sentido, la Corte Interamericana ha entendido que “(...)en una
sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente.
Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la
esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto,
sino en el interés público de las actividades que realiza(...)44”
A lo que ese tribunal agrega: “El control democrático a través de la
promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública.
(...) En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los
funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas
públicas.45”
En efecto, en un precedente reciente de la Cámara Nacional de Casación Penal se afirmó que el funcionario investigado no puede alegar que el
“Costa”, Fallos 310:508 de 1987 y en “Ramos, Juan José”, Fallos 319:3428, resuelto el
27/12/88, citados por Bruzzone, Gustavo y Gullco, Hernán, “Acerca de la controvertida
adecuación constitucional del tipo del enriquecimiento ilícito de funcionario público, publicado en Teoría y práctica del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público”.,
editorial AD-Hoc, BA, 2005, p. 29 y ss., quienes a su vez señalan que “(...) existen numerosas decisiones, en el derecho comparado, de tribunales españoles y alemanes que han receptado un principio similar al del citado precedente norteamericano (ver, respectivamente,
los casos; sentencia 107/1988, publicada en “Jurisprudencia Constitucional”, Tomo XXI,
pág. 223 y “Böll”, BverfGE 54208, transcripta en “The Constitutional Jurisprudence of the
Federal Republic of Germany”, de Donald P. Kommers, Duke University Press, 1997, pág.
420)”.
Cf. Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”; Sentencia del 2 de mayo de 2008; Serie C,
Nº 177.
acceso al sumario debe estar prohibido para proteger su intimidad; esto esí
por cuanto no sólo se trata de investigar a un funcionario público, sino que
también existe una necesidad de dar a publicidad a los actos de gobierno,
cuestión que a su vez está vinculada al régimen del derecho al acceso a la
información -derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y expresión-46.
Más aún, la Corte Suprema ha resuelto que “(...)la tensión entre los
distintos derechos en juego –el de buscar, dar, recibir y difundir información u opiniones y el derecho al honor, a la dignidad y a la intimidad de
las personas– debe resolverse en el sentido de asignar un mayor sacrificio
a quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública(...)47”.
Ahora bien, para el caso en que dicho conflicto realmente se presente, no pueden dejar de atenderse el poder que el funcionario investigado
podría ostentar –poder político u económico–; incluso podría ser este el
dueño de medios de comunicación.
Por último, como se desprende, no concibo que esta sea propiamente
una desigualdad, en función de que todos aquellos que ejerzan la función
pública, sin excepción, portarán el escrutinio público de su desempeño en
la función pública, derivado de su calidad de administradores, representantes y/o gestores de la cosa pública48. Es decir, estamos en presencia de una
preceptiva de carácter general que de ninguna manera vulnera basamento
Finalmente, no puede dejar de señalarse que, más allá de la extensión
que quiera dársele al principio objeto de estudio, lo que aquí se busca es
establecer la regla de la publicidad para todas las etapas procesales, en las
actuaciones que investiguen la comisión de ilícitos cometido por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y en las cuales pueda
existir un perjuicio para la administración pública49.
Ver al respecto en pronunciamiento de la Sala I, CNCP, causa Nº 12.549 del registro
15.601, resuelto el 30/03/2010, que cita el caso “Claude Reyes Vs. Chile”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 19/06/2006.
Cf. Fallo de la CSJN: 321:4136.
Cf. Sala II, CNCCF, “Paredes, Leopoldo E.”, resuelto el 22/08/2003.
De otro lado, se encuentra pendiente el debate si en atención a lo prescripto en el art.
8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la publicidad debería
regir en todas las investigaciones penales, y no solo circunscribir su aplicación en aquellas
que puedan implicar un perjuicio para la administración pública.
3. Código Procesal Penal de la Nación vs. la normativa internacional
Según señalara precedentemente, nuestro ordenamiento procesal establece en su art. 204 que: “El sumario será siempre secreto para los extraños”, siendo por el contrario público para las partes y sus defensores, salvo
que se decrete el secreto de sumario, que no podrá durar más de diez días50.
Así las cosas, la norma impide cualquier tipo de conocimiento por
parte de terceros que no son parte en el proceso judicial.
En esta línea, el art. 63 del Reglamento para la Justicia Nacional establece que “Podrán revisar los expedientes: a) Las partes, sus abogados,
apoderados, representantes legales, y los peritos designados en el juicio.
También podrán hacerlo las personas autorizadas debidamente por los
abogados y procuradores y por los representantes de la Nación, de las
provincias, de las municipalidades y de las reparticiones autárquicas; b)
Cualquier abogado, escribano o procurador, aunque no intervenga en el
juicio, siempre que justifique su calidad de tal cuando no fuese conocida;
c) Los periodistas, con motivo del fallo definitivo de la causa”.
Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos51 –conforme reseñara con anterioridad–, prescribe que “El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.”. En igual sentido, se proyectan los instrumentos internacionales en materia de corrupción, es decir, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Situación
esta última que pone de manifiesto una colisión con la normativa interna.
Por ello, solo puede concluirse que el art. 204 del CPPN debe necesariamente ser reinterpretado a la luz de la normativa internacional; y
comenzar a pensar que, tal vez, en materia de delitos contra la administración, la afirmación de que la actividad desarrollada durante la instrucción
posee carácter secreto para aquellos que son ajenos al proceso, debería ser
De manera acertada se ha expresado que: “El sistema penal de una
sociedad determinada no constituye un fenómeno aislado sujeto solamente
Como correlato el art. 131 del CPPN prevé que “El tribunal ordenará la expedición
de copias e informes, siempre que fueren solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos”.
Norma que obtuvo jerarquía constitucional con posterioridad a la sanción del Código Procesal Penal.
a sus regulaciones normativas, sino que es parte integral de la totalidad del
sistema social con el que comparte sus aspiraciones y defectos52”.
Al respecto, debe recordarse que, en el ámbito nacional, se puso en
vigencia un código que nace viejo, pues es tomado del CPP Italiano –de
1913 y 1930–, momento en el cual estos problemas todavía no eran debatidos. Aún más, las ideas vinculadas al acceso a la información judicial han
evolucionado y, en consecuencia se puede afirmar que el Código Procesal
Penal vigente ha quedado a todas luces atrasado.
Considerando que es insignificante el número de causas que llegan a la
etapa del juicio oral y público, ningún sentido tendría que con dicha etapa
se cumplimentara el requisito de publicidad de los actos de la administración. Es decir, en nuestro modelo de enjuiciamiento, la facultad de poder
controlar la etapa de juicio significa, en la práctica, no controlar nada. Ello
es así por cuanto, en su mayoría, los casos se deciden en la exorbitante
etapa de instrucción “preparatoria”. De allí la importancia de que el control
ciudadano se desarrolle también en la etapa de investigación, fundamentalmente en casos tales como los de corrupción, donde es el propio Estado
quien debe perseguirse a sí mismo.
De este último, se deduce la necesidad de que todas aquellas decisiones que adoptan quienes ocupan cargos públicos en todos sus niveles –también en el Poder Judicial53–, se expongan al control ciudadano mediante
el principio de publicidad, sin necesidad alguna de acreditar intereses especiales o motivos cuando se solicita la información. Ello, por cuanto no
sólo se tratará de que se investigue a un funcionario público por la posible
comisión de un hecho ilícito en el marco de sus funciones y en perjuicio
de la administración pública, sino que también primará la necesidad de dar
publicidad a los actos de gobierno54.
Rusche, Georg y Kirchheimer, Otto, “Pena y estructura social”, Temis, Bogotá,
1984, p. 254.
En este sentido, La Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información (http://
www.oas.org), establece en su artículo 3 que “La presente Ley se aplica a toda autoridad
pública perteneciente a todas las ramas del gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal)...”. Es decir, se extiende el derecho de acceso a la información
a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo al poder judicial.
En palabras de la Corte Interamericana: “(...)en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación,
el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema
En esta línea, la acordada Nro. 17/06 de la CSJN ha dispuesto la
creación de un Centro de Información Judicial, que tiene entre sus objetivos “(...)promover la difusión de las decisiones judiciales con el objeto
de permitir a la comunidad una comprensión más acabada del quehacer
judicial” 55.
Por los motivos expuestos, entiendo deberá analizarse la normativa
interna a la luz de los instrumentos internacionales, teniendo como objetivo evitar que se impongan la rutina o las organizaciones burocráticas judiciales, conforme a las cuales todo lo que se viene realizando se encuentra
justificado por la mera repetición de las prácticas habituales.
Finalmente, no debe olvidarse que la transparencia del proceso penal
podrá implicar un beneficio no sólo para la comunidad en su búsqueda de
justicia, sino también para el propio acusado, pues un proceso que se realiza a los ojos de todos posee mayor nivel de imparcialidad56.
El presente trabajo ha intentado introducir en el debate la importancia
del principio de publicidad en el proceso penal, puntualmente en lo que
respecta a las causas en donde se investigan hechos de corrupción, en función de la importancia que las mismas poseen a la hora de lograr un mejor
funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas, en el
Así, se ha pretendido, partiendo del fundamento expuesto, resolver las
diferentes tensiones que, a partir de este principio, se generan, esbozando
algunas ideas que podrían estar incluidas en esa eventual reformulación del
principio en cuestión. Es decir, la propuesta se ha inscripto en el marco de
una visión acerca del proceso penal, como institución que debe configurarse necesariamente como un espacio de justicia participativa57.
restringido de excepciones (...) Dicha información debe ser entregada sin necesidad de
acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos
en que se aplique una legítima restricción.” Cf., Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Claude Reyes Vs. Chile”, sentencia del 19/06/2006, ver considerando 92.
Ver al respecto considerando 4to. de la acordada 17/06 CSJN.
García, Luis, “Juicio oral y medios de prensa”, 1995, Ed. Ad-Hoc, pp. 17 y 22.
En este sentido, Hendler, Edmundo S. y Cavallero, Ricardo, “Justicia y participación. Juicio por jurados en materia penal”, Universidad, Buenos Aires, 1988.
Por ello, considero que es necesario avanzar hacia una redefinición del
principio de publicidad, que implique su articulación también con la investigación penal. Lo que se quiere destacar, entonces, es que no solamente
deben establecerse las excepciones a la publicidad del proceso penal, sino
que a su vez deben estipularse medidas concretas a fin de efectivizar su
Así las cosas, la inacción del legislador no puede justificar la vulneración del derecho, sin posibilidad de intervención por parte de las autoridades
judiciales que tienen a su cargo la responsabilidad por la incorporación de
las normas internacionales al derecho interno, vigilar el respeto a la Constitución y garantizar, en última instancia, los derechos de las personas.
En efecto, debe ser una política de estado alentar la participación
de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y de los
medios de comunicación, sin necesidad de acreditar –en principio– un
interés directo o afectación personal a efectos de solicitar la información,
en virtud de la importancia que éstas revisten a la hora de combatir y
prevenir la corrupción.
La sociedad civil necesita acceso a la información, para llamar a cuentas al gobierno. Es esencial que la ciudadanía se organice, a efectos de
aumentar su capacidad de exigir el acceso a la información gubernamental
y vigilar las funciones públicas. A este objetivo, debe sumarse una prensa
libre e independiente, cuya acción aumentará la toma de conciencia por la
comunidad de los efectos perjudiciales de la corrupción.
En este contexto, no podemos dejar de prescindir del principio de publicidad en proceso penal en los casos de corrupción, cuya utilidad para
el sistema democrático en el combate contra el flagelo de la corrupción
sobrepasa los límites del presente trabajo.
Jefatura de Departamento del Sistema Jurídico Penal Zona Norte
http://www.cienciaspenales.net LOS ENTES COLECTIVOS COMO
TICA CRIMINAL .................................................. PENAL.. .....
LA SALA PENAL NACIONAL, cita y emplaza al procesado JOSÉ