Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88924
Timestamp: 2019-08-21 18:28:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 55', 'artículo 8', 'artículo 164', 'artículo 169', 'artículo 130', 'Artículo 125', 'Artículo 130', 'artículo 2', 'Artículo 125', 'Artículo 130', 'artículo 125', 'artículo 2', 'artículo 125', 'Artículo 2']

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Gaceta: LXIV/1SPO-77/88924
Del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para proveer recursos.
SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIñEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone que el Sistema de Protección Integral tenga como función promover en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento ininterrumpido y suficiente de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROVENCIÓN DE RECURSOS.
José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el articulo 4º; por la fracción I numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de prevención de recursos.
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables; esencialmente, tenemos como referencia pronta a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, instrumentos normativos que los reconocen como titulares de derechos y postulan la indispensable defensa de su interés superior.
El bienestar de las niñas y los niños como presente y esperanza de México exige, a quienes somos parte de la cosa pública, que les proporcionemos todas las garantías y facilidades para su pleno desarrollo, para que el compromiso con el progreso y prosperidad de nuestra nación sea una experiencia vívida.
Desde hace ya varias generaciones, en nuestro país muchas de las mujeres son cabeza de familia y madres a la vez, doble labor titánica que desempeñan amorosa y arduamente día con día; sin embargo, para poder producir y estar en condiciones de llevar el sustento a sus hogares, tienen que procurarse el auxilio de diversas personas, familiares e instituciones para la contención y el cuidado de sus menores hijos.
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, operado desde el sexenio del Presidente Calderón por la hoy Secretaría de Bienestar, a través de sus delegaciones en los estados, había sido uno de los más reconocidos por su incuestionable nobleza y pertinencia social en México. La ONU lo consideró como uno de los mejores programas públicos de México; para UNICEF es una medida que ayuda al sistema de protección de los derechos de los niños, así como un ejemplo de mejores prácticas en la materia.
Este programa federal está pensado para apoyar, a través de subsidios, a los servicios de cuidado y atención infantil, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas o niños con alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebase la Línea de Bienestar, y que cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación.
En un esquema en que todas las partes ganan, las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos cuentan con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, estudiar, porque sus hijos quedan en buenas manos; simultáneamente, las mujeres cuidadoras en las estancias perciben una remuneración cierta y estable en que se premiaba y fomentaba la cultura del esfuerzo, que no la del clientelismo ocioso.
Al cierre de la Administración del Presidente Peña Nieto, había poco más de 9,200 estancias que atendían a más de 315,000 niños a nivel nacional. Sin embargo, con el cambio de administración, todo lo anterior se ha visto amenazado por un asombroso recorte en el presupuesto destinado al Programa de mérito para el presente ejercicio fiscal; se pasó de poco más de 4 mil 70 millones de pesos de 2018, a una cifra que apenas rebasa los 2 mil 41 millones de pesos para 2019. La diferencia es de casi un 50% menos.
De este modo, la dinámica económica de la transición política ya está representando un riesgo no sólo para la que se pensaba sería una inercia virtuosa de creciente calidad de vida para personas, familias, comunidades y regiones, sino la integridad familiar y el interés superior de la infancia (piedra angular para el porvenir de nuestro país).
La permanencia de padres y madres en la escuela o en sus empleos, así como las fuentes de trabajo para las personas que en las estancias laboran, hoy día están en peligro. Ya en el pasado mes de diciembre, el que esto escribe expresaba una de las aristas de la adversidad en Guanajuato:
En Guanajuato, se calcula que existen 467 estancias con 18 mil 600 niños y niñas y 17 mil familias beneficiadas, además de 3 mil empleos que dependen del recurso federal (…).
Es el caso que, al día 16 de los corrientes, maestros y empleados encargados de estancias infantiles en Celaya, expresaron su e inquietud por la suerte que correrían los pagos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, los que requerirán previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Presuntamente, no habrían cobrado aún lo correspondiente a octubre y lo que va de noviembre.
Efectivamente, con fecha 14 de los corrientes, el Subdelegado de Desarrollo Social y Humano Federal de la Sedesol en el Estado, habría hecho saber, mediante Oficio Circular Gto.- 18/131/720/El/028, a los Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa, la aplicación de ambiente controlado a partir de la fecha 12 de noviembre de 2018 para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, motivo por el cual cualquier dispersión de pagos (…) deberá ser autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación.
Añade el documento en cuestión, más adelante, que los pagos de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018, quedarán efectuados al ser autorizados por la SHCP para concluir pidiendo a los responsables de las Estancias Infantiles parte del Programa tomen provisiones puntualizando que derivado a esta aplicación quedamos en espera de tener la fecha exacta de la dispersión.
Como puede apreciarse, la certeza del pago del subsidio es indispensable para operar y, ante la inminencia del cambio del Gobierno Federal en nuestro país, es evidente la necesidad del establecimiento de las mejores vías de comunicación y coordinación entre dependencias, a fin de no entorpecer el adecuado funcionamiento de un Programa Federal cuya utilidad social está fuera de todo cuestionamiento.
Asimismo, no parece que Guanajuato sea la excepción, por lo que se considera indispensable que la Cámara Alta provea al tendido de los mejores puentes de diálogo para que, en todo el país, se aleje al Programa del peligro de colapso por motivos económicos.
Este no debe ser solamente un asunto de pesos y centavos o tener como pretexto la supuesta estrategia -si alguna- contra la corrupción; el interés superior de la infancia está de por medio.
Como legisladores de la República, tenemos que buscar las alternativas que la dinámica parlamentaria nos ofrece para resolver los problemas surgidos de la realidad histórica con, sin o a pesar de los vaivenes sexenales. Si bien los niños de primera infancia no votan, también merecen el reconocimiento de su derecho a la provisión. No olvidemos que la protección y la participación son derechos de simultánea exigibilidad.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROVENCIÓN DE RECURSOS.
Artículo Único. Se reforma el articulo 125 y se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la numeración, al artículo 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 125. …
I. a III . …
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento ininterrumpido y suficiente de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
Artículo 130. …
I. a XV. …
XVI. Coordinar con la Cámara de Diputados la prevención de presupuestos ininterrumpidos y suficientes, de conformidad con lo que disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 2, así como la fracción IV del articulo 125 de la presente Ley, y
XVII. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.
Para mejor ilustración de la razón de pedir, a continuación, un cuadro comparativo al efecto:
Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:
I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;
II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos;
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;
VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional;
VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;
IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;
X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;
XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;
XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;
XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables;
XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y
XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la presente Ley;
II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;
IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;
VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125;
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;
XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;
XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;
XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;
XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado;
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley, y
XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley;
XVI. Coordinar con la Cámara de Diputados la provención de presupuestos ininterrumpidos y suficientes, de conformidad con lo que disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 2 , así como la fracción IV del artículo 125 de la presente Ley, y
Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el presente Decreto.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 7de febrero de 2019
JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ
.- Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán (énfasis añadido):
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.