Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23279
Timestamp: 2019-09-20 00:00:47
Document Index: 314071691

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 30', 'Artículo 66', 'Artículo 131', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 24/2013
SENTENCIA 24/2013, de 31 de enero
ECLI:ES:TC:2013:24
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas Magistrados, ha pronunciado
2. Por providencia de 5 de junio de 2007, a propuesta de la Sección Segunda, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia en relación con los apartados 7 y 8 del art. 14, disposición adicional primera y anexo III del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, por conducto de su Presidente, para que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Igualmente se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el referido real decreto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC, así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña”.
En relación a las competencias del Estado en materia educativa, afirmamos ya en la STC 55/1985, de 27 de junio, FJ 15, que “[l]a regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales como competencia del Estado, según el art. 149.1.30 de la CE supone la reserva al mismo de toda la función normativa en relación con dicho sector y, en segundo lugar, que la competencia estatal en relación con ‘las normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución’ a que se refiere el mismo art. 149.1.30 de la CE debe entenderse en el sentido de que corresponde al Estado -en la acepción del mismo que venimos utilizando- la función de definir los principios normativos y generales y uniformes de ordenación de las materias enunciadas en tal art. 27 de la CE.”, dos competencias diferenciadas a las que hemos vuelto a hacer referencia, entre otras, en la STC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 5, en los términos siguientes: “el art. 149.1.30 CE atribuye al Estado dos competencias diferenciadas que, de acuerdo con nuestra doctrina, presentan un distinto alcance. En primer lugar le reconoce competencia exclusiva para la ‘[r]egulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales’, mientras que, en su segundo inciso, le asigna competencia sobre las ‘normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de los poderes públicos en esta materia’.”
Por su parte, la competencia para dictar las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE, comprende “[l]a función de definir los principios normativos y generales y uniformes de ordenación de las materias enunciadas en tal art. 27 de la CE” (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 15) o, como señala la STC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 5, “la competencia para dictar las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE, que debe entenderse, según hemos afirmado, en el sentido de que incumbe al Estado ‘la función de definir los principios normativos y generales y uniformes de ordenación de las materias enunciadas en tal art. 27 de la CE.’ (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 15).” Resulta pertinente recordar que el derecho a la educación incorpora un contenido primario de derecho de libertad, a partir del cual se debe entender el mandato prestacional a los poderes públicos encaminado a promover las condiciones para que esa libertad sea real y efectiva ex art. 9.2 CE (SSTC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3; y 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9), y que su ejercicio ha de tener lugar en el marco de un sistema educativo cuyos elementos definidores son determinados por los poderes públicos, de modo que la educación constituye una actividad reglada (SSTC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9; y 134/1997, de 17 de julio, FJ 4). En todo caso, en la configuración de ese sistema educativo han de participar necesariamente los niveles de gobierno estatal y autonómico, de acuerdo con sus competencias”.
4. Según la doctrina constitucional los requisitos que debe reunir la legislación para ser considerada básica afectan a los dos aspectos material y formal de la regulación estatal. En tal sentido, entre otras, la STC 14/2004, de 13 de febrero, FJ 11, ha establecido que “el ámbito de lo básico, desde la perspectiva material, incluye las determinaciones que aseguran un mínimo común normativo en el sector material de que se trate y, con ello, una orientación unitaria y dotada de cierta estabilidad en todo aquello que el legislador considera en cada momento aspectos esenciales de dicho sector material (STC 223/2000, de 21 de septiembre, FJ 6, con cita de las SSTC 1/1982, de 28 de enero, 48/1988, de 2 de marzo, 147/1991, de 4 de julio, y 197/1996, de 28 de noviembre).” Pero lo básico puede tener mayor o menor intensidad dependiendo del ámbito material sobre el que recaiga y así lo afirmamos en la STC 222/2006, de 6 de julio, FJ 3, a cuyo tenor “[e]ste Tribunal ha empleado un concepto de bases que en modo alguno se concreta en el empleo de una técnica uniforme en todos los sectores del Ordenamiento, sino que presupone fórmulas de intensidad y extensión variables en función de las características del ámbito concretamente afectado. Así, hemos reconocido modalidades muy diferentes de lo básico, desde la posibilidad de que el legislador estatal, excepcionalmente ocupe, prácticamente, toda la función normativa al determinar las bases de determinadas submaterias, hasta la legitimidad constitucional de algunos actos administrativos de carácter eminentemente ejecutivo por parte de la Administración General del Estado, así como el empleo de otras modalidades muy diversas (topes máximos, niveles mínimos tramos, e, incluso, bases diferenciadas por territorios, etc.).”
5. Expuesta brevemente la doctrina constitucional procede, a continuación, entrar en los concretos preceptos impugnados. Se impugnan en primer lugar los apartados 7 y 8 del art. 14 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. El artículo 14 contiene una serie de determinaciones relativas a los programas de cualificación profesional inicial los cuales tienen por finalidad, de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica de educación, que los alumnos alcancen competencias profesionales, tengan la posibilidad de inserción en el mundo laboral y amplíen sus competencias básicas para proseguir los estudios. Como señala la exposición de motivos de la dictada norma legal, “para permitir el tránsito de la formación al trabajo y viceversa, o de éstas a otras actividades, es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo. Aunque el sistema educativo español haya ido perdiendo parte de su rigidez inicial con el paso del tiempo, no ha favorecido en general la existencia de caminos de ida y vuelta hacia el estudio y la formación. Permitir que los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos y completarlos y que las personas adultas puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida exige concebir el sistema educativo de manera más flexible. Y esa flexibilidad implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales”. Por ello, estos programas destinados a alumnos que habiendo alcanzado la edad de finalización de la educación secundaria obligatoria no han obtenido el título, están organizados de forma modular en lugar de por cursos, pues cuentan, de acuerdo con el art. 30 de la Ley Orgánica de educación, con tres tipos de módulos: los específicos referidos a las unidades de competencia correspondientes a cualificaciones nivel 1 del catálogo nacional de cualificaciones profesionales; los formativos de carácter general que amplían las competencias básicas y favorecen la transición desde el mundo educativo al laboral, y los denominados voluntarios. Mientras que los dos primeros deben cursarse obligatoriamente y conducen a la obtención de una certificación académica que expiden las Administraciones educativas, los módulos voluntarios conducen a la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria y pueden cursarse bien simultáneamente o una vez finalizados los otros dos, siendo, por prescripción del art. 30.6 de la Ley Orgánica de educación, las Administraciones educativas las competentes para regular estos programas.
Tipo y número de registro Conflicto positivo de competencia 3726-2007
Se examina la adecuación al orden constitucional de competencias de los preceptos que regulan los programas de cualificación profesional inicial, los ámbitos, niveles y materias mínimas en que debe organizarse la formación de adultos en relación con las competencias correspondientes a la educación secundaria obligatoria, y la disposición del 10 por 100 del horario escolar para las enseñanzas de la lengua cooficial en las Comunidades Autónomas que la tengan.
Se desestima el conflicto positivo de competencia. La regulación impugnada es legislación básica en cuanto pretende una formación común de determinado nivel de todos los escolares que haga posible la homologación de los títulos del sistema educativo y garantice el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de educación (STC 88/1983, de 27 de octubre). La fijación de lo básico, con vocación de estabilidad pero no inamovible, es competencia del Estado al tratarse de enseñanzas mínimas. La Sentencia considera que no hay exceso en el ejercicio de esta competencia: en los programas de cualificación profesional y de formación de adultos no se incluyen todas las materias obligatorias ni los contenidos de algunos de ellos teniendo incluso la Comunidad Autónoma un ámbito de regulación más amplio que en el itinerario normal; y las reglas de porcentajes aseguran una enseñanza eficaz tanto del castellano como de la lengua propia de la Comunidad Autónoma, en este caso, el catalán.
Las enseñanzas mínimas son el instrumento con que cuenta el Estado para conseguir una formación común en un determinado nivel de todos los escolares, que haga posible la homologación del sistema educativo y garantice el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de educación, necesidad presente también en los programas de cualificación profesional inicial y en los módulos voluntarios que conducen a la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria (STC 88/1983) [FJ 5].
El precepto en el que se especifican las materias mínimas de los módulos voluntarios para obtener el graduado en educación secundaria obligatoria, deja a las Comunidades Autónomas un ámbito de regulación mucho más amplio que cuando se trata del itinerario normal, por lo que no es posible afirmar que la definición realizada por el Gobierno de los aspectos básicos del currículo haya eliminado la capacidad de las Comunidades Autónomas para ejercer sus competencias de regulación del mismo [FJ 5].
La estructuración de los programas de formación de adultos forma parte de lo que cabe entender por enseñanzas mínimas, cuya finalidad no es otra que obtener un mínimo de homogeneidad que haga posible la homologación de los títulos y garantice el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia educativa [FJ 6].
Asegurar el conocimiento mínimo de la lengua española corresponde a los poderes públicos ex art. 3 CE, formando parte, en consecuencia, de la competencia estatal para fijar las enseñanzas mínimas (STC 88/1983) [FJ 7].
Del art. 3 CE deriva el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de la lengua propia de la Comunidad, que tiene carácter de lengua oficial, de modo y manera que una regulación de horarios mínimos para la lengua castellana que permita la enseñanza eficaz de ambas lenguas cumpliría con este deber constitucional (STC 88/1983) [FJ 7].
Doctrina constitucional sobre la necesidad de fundamentación de la impugnación (SSTC 38/1989, 112/2006) [FJ 6].
Doctrina constitucional sobre la variabilidad de las bases (SSTC 133/1997, 18/2011) [FFJJ 6, 7].
Doctrina sobre el orden constitucional de competencias en materia de educación (SSTC 122/1989, 31/2010) [FJ 3].
Doctrina constitucional sobre los requisitos de la legislación básica (SSTC 77/1985, 14/2004, 222/2006) [FFJJ 2, 5].
Doctrina constitucional sobre la apreciación de la pervivencia del objeto pese a la derogación de la norma en procesos constitucionales de naturaleza competencial [FJ 2].
Disposición adicional primera, apartado 2 c), ff. 5, 7
Ley del Parlamento de Cataluña 3/1991, de 18 de marzo. Formación de Adultos
Artículo 30.6, f. 5
Artículo 66.3 a), f. 6
Artículos 66 a 69, f. 6
Artículo 131.3 c), f. 3
Artículo 14.6 (redactado por el Real Decreto 1146/2011), f. 2
Artículo 14.7, ff. 1, 2, 5
Artículo 14.8, ff. 1, 2, 5
Disposición adicional primera, ff. 1, 2, 6
Disposición adicional primera, apartados 2, 3, 5, f. 6
Anexo II, ff. 2, 5, 6
Anexo III, ff. 1, 2, 7
Disposición final vigésima cuarta, apartado 3, f. 2
CastellanoCastellano, f. 7
CatalánCatalán, f. 7
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 3, 4, 5
Competencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdadCompetencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdad, ff. 3, 5
Cooficialidad lingüísticaCooficialidad lingüística, f. 7
Enseñanza de lenguas oficialesEnseñanza de lenguas oficiales, f. 7
Lenguas españolasLenguas españolas, f. 7
Competencias para fijar enseñanzas comunesCompetencias para fijar enseñanzas comunes, ff. 3, 5
Competencias para fijar horarios mínimosCompetencias para fijar horarios mínimos, ff. 5, 7
Educación de personas adultasEducación de personas adultas, ff. 5, 6
Enseñanzas comunesEnseñanzas comunes, Finalidad, f. 5
Formación profesionalFormación profesional, ff. 2 a 6
Homologación de títulos académicosHomologación de títulos académicos, ff. 3, 5 a 7
Modificación de la legislación básicaModificación de la legislación básica, f. 6
Requisitos materiales de la normativa básicaRequisitos materiales de la normativa básica, f. 4
Sistema educativoSistema educativo, ff. 2 a 6