Source: http://thomsonreuterslatam.com/2016/12/asignacion-universal-por-hijo-para-argentinos-por-naturalizacion-inconstitucionalidad-del-plazo-de-residencia/
Timestamp: 2017-11-21 04:26:00
Document Index: 12030361

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 5']

Thomson Reuters | Asignación Universal por Hijo para argentinos por naturalización. Inconstitucionalidad del plazo de residencia
Asignación Universal por Hijo para argentinos por naturalización. Inconstitucionalidad del plazo de residencia
Por Thomson Reuters En 28 diciembre, 2016 · Añadir comentario · En Jurisprudencia
Se declaró la inconstitucionalidad del art. 5 de la Resolución ANSeS 393/2009 que exige el plazo de tres años de residencia para obtener una prestación de carácter no retributivo y se ordenó al organismo pagar a una mujer argentina por naturalización la Asignación Universal por Hijo para Protección Social a favor de sus dos hijos menores de edad.
El condicionante temporal de tres años para acceder a la Asignación Universal por Hijo dispuesto por el art. 5 de la Resolución ANSeS 393/2009 es inconstitucional por violación a los arts. 16, 20 y 75, inc. 23 de la Constitución Nacional, pues, aun cuando se trate de la concesión de una prestación que depende de fondos públicos que pueden ser distribuidos exigiendo el cumplimiento de ciertos requisitos, estos deben responder a intereses que involucren el bienestar general, además de una justificación razonable y proporcional con los propósitos que persiguen.
La exigencia prevista en el art. 14 ter de la ley 24.714 referida a la “residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solicitud sólo debe ser entendida con relación a los “residentes”, último de los extremos enunciados antes de la previsión legal apuntada, y no respecto los hijos menores de edad de ciudadanos argentinos naturalizados.
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
Expte. Nº 8297/2015
Comodoro Rivadavia, de agosto de 2016.-
Estos autos caratulados “SUGILIO
ARAUJO, TERESA c/ A.N.SE.S. UDAI RIO GALLEGOS s/AMPARO LEY
16.986”, en trámite ante esta Alzada bajo el Nº 8297/2015,
provenientes del Juzgado Federal de Río Gallegos.
I.- Llegan estos autos al Acuerdo del
Tribunal para el tratamiento del recurso de apelación
interpuesto a fs. 90/91vta. por la parte actora -con el
patrocinio letrado del Sr. Defensor Oficial coadyuvante –
contra la sentencia de fs. 86/89 por la cual, la Sra. Juez
Federal subrogante de Río Gallegos, resolvió rechazar la
acción de amparo intentada por la Sra. Teresa Sugilio
Araujo contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social- ANsES-, de conformidad con los arts. 1 y 14ter. de
la ley 24.714, art. 6 del Decreto 1602/09 y art. 5 de la
Resolución 393/09 ANSeS.
II.- Para decidir en tal sentido,
consideró la sentenciante de grado que, si bien la vía de
amparo elegida por la actora a los fines de que ANSeS le
brinde -en relación a sus tres hijos-, la cobertura de la
Asignación Universal (AUH), resultó idónea para el
esclarecimiento de esta cuestión, la acción no puede
prosperar en el entendimiento de que en autos, no se halla
en discusión la ausencia del requisito de residencia mayor
a tres años por parte de los menores destinatarios del
beneficio reclamado, sino que lo que se cuestiona es la
validez constitucional de las normas implicadas, con cita
del antecedente “R.A.D. c/ Estado Nacional s/ Recurso de
Hecho” de nuestro Máximo Tribunal,.
En este orden, señala la magistrada
interviniente que, no obstante no desconocer la
jurisprudencia que cita la amparista, el caso citado
difiere ampliamente del discutido en autos, toda vez que en
el primero, se trató de una situación que involucraba
contingencias sociales absolutamente extremas que ponían en
juego de manera palpable y potente la subsistencia misma de
la persona humana, supuesto que –interpreta-, no se
vislumbra en autos.
Así las cosas, entiende que en el caso de
marras, el plazo de tres años de residencia que se exige
como requisito para obtener una prestación de carácter no
contributivo, no resulta irracional, absurdo ni
desproporcionado. Ello, en el entendimiento de que apunta a
una finalidad lógica, que refiere tanto a un vínculo de
pertenencia serio, como a la integración que deben ostentar
los posibles beneficiarios con el Estado prestador, en
razón de que este último pueda provisionar, -aunque sea
mínimamente-, los fondos que serán destinados a los gastos
que demanda la cobertura de la mentada prestación.
Interpreta la a quo, que la resolución
cuestionada por la actora, también priva del acceso a dicho
beneficio a los argentinos que no sean residentes en el
país, circunstancia que permite descartar la finalidad
discriminatoria que la accionante intenta atribuirle.
III.- En los agravios introducidos mediante el
memorial de fs. 90/91vta., critica la actora que, a través
de su sentencia, se limita la magistrada a expresar que no
prosperará la acción por no haberse cumplido el requisito
de residencia mínimo de tres años que exige la ley 24.714 y
la Resolución Nº 393/09 de ANSeS, entendiendo que no halla
verificados los extremos que la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación encontró reunidos en la
Manifiesta que la acción de amparo intentada
no gira meramente en torno al análisis de la
constitucionalidad de la normativa de la ley 24.714, del
Decreto PEN Nº 1602/2009 ni de la Resolución Nº 393/09 de
ANSeS, sino que se encuentra dirigida a que se reconozca la
situación de una mujer argentina por naturalización, madre
soltera de tres hijos menores de edad- con residencia
permanente en el país-, que trabaja en relación de
dependencia como empleada doméstica, a la que la
Administración Nacional de la Seguridad Social le ha vedado
el acceso a los beneficios de la asignación familiar y de
En esta línea argumental, sostiene que dicha
situación genera una desprotección que resulta inadmisible,
por ser contraria al espíritu del sistema de la Seguridad
Social. En este sentido, esgrime que la sentenciante
desatendió el contexto de vulnerabilidad en que la actora
se halla inmersa, limitándose a manifestar que no se
encontraba verificada en su caso una situación de
contingencia social extrema, en el entendimiento de que,
por encontrarse cubiertas sus necesidades básicas, no
requería protección social.
Esboza la recurrente que el empleo doméstico ha
sido siempre un instituto desprotegido en el que -quien
resulta empleado-, es considerado parte débil y que dicha
circunstancia, – sumada a su condición de mujer migrante,
con tres hijos y recientemente diagnosticada de cáncer de
mama- , debe ser suficiente a los fines del reconocimiento
de los beneficios de la Seguridad Social que pretende.
Por último, califica al pronunciamiento de
arbitrario, por interpretar que la sentenciante ha vertido
argumentaciones puramente dogmáticas, obviando dar
tratamiento a la totalidad de su pretensión.
IV.- Corrido el traslado de los agravios a la
contraria y no habiendo merecido réplica, fueron radicados
los autos ante esta Alzada. Ordenada la vista al Sr. Fiscal
Federal, éste propició, mediante el dictamen glosado a fs.
99/vta., la confirmación del resolutorio en crisis.
Seguidamente, a fs. 100, fueron llamados los Autos al
V.- Que hallándose estos autos en condiciones de
ser resueltos, y a fines de dar tratamiento a los agravios
habilitantes de esta instancia, corresponde reseñar
sucintamente los hechos acontecidos.
Se desprende de las actuaciones traídas a
resolver, que la actora ha promovido acción de amparo, con
el patrocinio letrado de la Defensoría Pública Oficial ante
el Juzgado Federal de Río Gallegos, contra la
Administración Nacional de la Seguridad Social- UDAI Río
Gallegos, con el objeto de que se le reconozca el derecho a
percibir- a favor de sus tres hijos menores de edad- la
Asignación Universal por Hijo para la Protección Social,
vigente por Decreto 1602/2009.
En su escrito inicial, relata la accionante que es
madre soltera, de nacionalidad dominicana, que ingresó al
país en 23 de marzo de 2009, que en fecha 29 de noviembre
de 2010 obtuvo la radicación permanente en la República
Argentina por Disposición Nº 182925 de la Dirección
Nacional de Migraciones y que, el 09 de octubre de 2013
obtuvo su Carta de Ciudadanía (Nº 059287).
Señala que desde su ingreso al país, ha trabajado
para ganarse el sustento y que, tras la obtención de su
nacionalidad argentina por naturalización, trajo a sus
hijos menores al país a fin de materializar la
Esboza que sus hijos cuentan con DNI para
extranjeros con residencia permanente, que se encuentran
escolarizados y plenamente integrados en la ciudad de Río
Manifiesta encontrarse empleada como “Personal de
Casas Particulares”- relación de dependencia regida por la
ley 26.844- y que, tras concurrir a la UDAI Río Gallegos
para solicitar la asignación universal por hijo, le
manifestaron verbalmente que no le correspondía acceder a
dicho beneficio por cuanto, -tanto el Decreto del PEN Nº
1602/2009, como la Resolución Nº 393/2009 de ANSeS-,
imponen como requisito de acceso la residencia mínima de 3-
tres- años en el país -para la persona a cargo y para los
menores beneficiarios- y que, por no cumplimentar dicha
exigencia sus hijos, no era viable su solicitud.
Esgrime que, ante la negativa, solicitó se le
abonara el salario familiar previsto en la ley 24714- para
los trabajadores en relación de dependencia-; solicitud
también rechazada por ANSeS, en el entendimiento de que, a
las empleadas domésticas no les corresponde tal beneficio.
VI.- De las manifestaciones del informe producido
por ANSeS en los términos del art. 8 de la ley 16986
-glosado a fs. 70/73vta.-, se desprende que se opone
primeramente la demandada al progreso de la presente
acción, por entender que no resulta ser la vía idónea para
resolver el planteo de inconstitucionalidad, toda vez que
tal declaración ha de ser una última ratio y que las normas
atacadas reconocen raigambre constitucional por emanar del
órgano competente y por no encontrarse en conflicto con
normativa alguna de mayor jerarquía. Asimismo, esgrime que,
el legislador, al legislar como lo hizo, tuvo en
consideración cuestiones relacionadas a oportunidad, mérito
y conveniencia, no susceptibles de ser revisadas en
En segundo término, aduce la accionada que,
ambas denegatorias efectuadas por su parte, se encuentran
ajustadas a derecho. Ello, toda vez que los menores -al
ingresar al país en febrero de 2008-, no cumplen con el
mínimo de residencia que exige la normativa vigente y que,
tampoco satisface la actora los requisitos para acceder al
salario familiar, por hallarse excluida de dicho beneficio,
en virtud de la ley que rige su empleo.
VII.- Descriptos sucintamente los hechos
acaecidos, y circunscripta la pretensión de autos al
análisis de la procedencia de la cobertura por parte de
ANSeS de la Asignación Universal para protección social de
los tres hijos de la accionante, corresponde hacer
referencia al marco normativo que instituye dicho
beneficio, aclarándose que no ha constituído objeto de esta
acción la percepción del salario familiar, circunstancia
expuesta a los fines de describir la situación de
vulnerabilidad y desprotección social en la que se
encuentra el grupo familiar de la accionante.
Así, huelga señalar que la Ley del Digesto Y-
2126 (Nº 24.714) incorpora el mentado beneficio al Régimen
de Asignaciones Familiares y en su art. 1º dispone: “Se
instituye, con alcance nacional y obligatorio, y sujeto a
las disposiciones de la presente ley, un Régimen de
Asignaciones Familiares basado en:… c) Un subsistema no
contributivo compuesto por la Asignación por Embarazo para
Protección Social y la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social, destinado, respectivamente, a las
mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y
adolescentes residentes en la REPUBLICA ARGENTINA; que
pertenezcan a grupos familiares que se encuentren
desocupados o se desempeñen en la economía informal”.
Mediante decreto 1602/2009 se incorporó el art.
14 ter que, en cuanto aquí interesa dispone: “Para acceder
a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social,
se requerirá: a) Que el menor sea argentino, hijo de
argentino nativo o por opción, naturalizado o residente,
con residencia legal en el país no inferior a TRES (3) años
previos a la solicitud”.
Por su parte, los considerandos del mencionado
Decreto reglamentario 1609/2009 invocaron “Que el
otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que
deberán acreditarse para garantizar la universalidad y a la
vez preservar la transparencia, condicionándolo al
cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para
menores (de hasta cuatro años de edad) y a la concurrencia
al sistema público de enseñanza (desde los cinco años)”.
Asimismo se faculta a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) “a dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones” (Artículo 3).
En ejercicio de las apuntadas atribuciones
reglamentarias, la ANSeS dictó la Resolución 393/2009, que
en parte pertinente dice: “Art. 5º — Para acceder a la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social el
titular y el niño, adolescente y/o persona discapacitada
deberán residir en la República Argentina, ser argentinos,
nativos o naturalizados, o con residencia legal en el país
no inferior a tres (3) años previos a la solicitud”.
VIII.- Que conforme constancias de autos, se
encuentra acreditado que la Sra. Teresa Sugilio Araujo, de
nacionalidad dominicana, ha sido declarada ciudadana
argentina por naturalización en fecha 09 de octubre de
2013, -de conformidad con la Carta de Ciudadanía obrante a
fs. 1. Que sus tres hijos- Yanibel, Yayli y Luis Miguel
REYES SUGILIO, han ingresado al país en fecha 08 de febrero
de 2014 según los cargos estampados en sus respectivos
pasaportes (fs. 5 a 16) y que los tres se encuentran
escolarizados en instituciones educativas públicas
(constancias de fs. 17/19).
Se colige también, que la negativa por parte de
ANSeS para la concesión del beneficio de asignación
universal por hijo, se funda exclusivamente en la falta de
acreditación de los tres años de residencia que exige la
normativa aplicable, pues ninguna otra circunstancia
fáctica ha sido alegada por la accionada para el rechazo de
la solicitud, razón que impone que deba entenderse que los
demás requisitos estaban cumplidos a esa fecha, máxime
cuando, la documental acompañada por la actora no ha sido
desconocida ni objetada por la demandada.
IX.- Que sentado ello, disentiremos de las
conclusiones a las que ha arribado la magistrada de grado,
advirtiendo que las disposiciones que hacen a la
condicionante temporal de residencia para acceder a la
asignación familiar en debate, no superan la prueba de
validez constitucional; por lo que, adelantamos, le
asistirá razón a la actora, en base a los argumentos que a
continuación expondremos.
Conforme lo imponen los artículos 16, 20 y 75
inc. 23 de la Constitución Nacional, todos los habitantes
de la Nación son iguales ante la ley, “los extranjeros
gozan en el territorio de todos los derechos civiles del
ciudadano”, y existe el deber de legislar y promover
medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños y mujeres, ancianos y
personas con discapacidad, y de dictar un régimen de
seguridad social especial e integral en protección del niño
en situación de desamparo. El artículo 28 a su vez,
preceptúa que los principios, garantías y derechos
reconocidos, no podrán ser alterados por las leyes que
Que los Tratados Internacionales, que conforman
el bloque constitucional federal, también refuerzan estos
principios. Así, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Parte II – artículo 2.2,
Parte III – art. 10.1 y 11.1, y resaltamos parte del art.
10.3: “…Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
que:…3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y
asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin
discriminación alguna por razón de filiación o cualquier
otra condición… “; la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 16.3, 25.1 y 25.2; – Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Parte I – art. 1.1, 2, 17.1, 19,
24; – Convención sobre los Derechos del Niño, Parte I –
artículos 2.1 y 2.2, 3.1, 3.2 y 3.4, 6, 27, y destacamos en
particular el artículo 26: “1. Los Estados Partes
reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de
la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán
las medidas necesarias para lograr la plena realización de
este derecho de conformidad con su legislación nacional. 2.
Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda,
teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y
de las personas que sean responsables del mantenimiento del
niño, así como cualquier otra consideración pertinente a
una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su
Que también debemos destacar, que el requisito que
impone la Resolución del organismo previsional presenta una
significativa limitación a derechos reconocidos por leyes
nacionales de jerarquía superior, como son: la Ley 26.061
en cuanto establece un sistema de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, poniendo en cabeza
de los organismos del Estado su control y garantía (art.
5°) reconociendo en el artículo 26 que “Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la
seguridad social. Los Organismos del Estado deberán
establecer políticas y programas de inclusión para las
niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y
la situación de los mismos y de las personas que sean
responsables de su mantenimiento”; la ley 25.871 de
Política Migratoria Argentina, en su artículo 6º dice: “El
Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso
igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas
condiciones de protección, amparo y derechos de los que
gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social”.
A partir de ese marco normativo, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha expresado que: “en razón del
carácter fundamental del derecho a la vida, no son
admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el
derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho
de todo ser humano de no ser privado de la vida
arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le
impida el acceso a las condiciones que le garanticen una
existencia digna. Los Estados tienen la obligación de
garantizar la creación de las condiciones que se requieran
para que no se produzcan violaciones de ese derecho
básico”. Por el otro, la vinculada con la doctrina
enunciada por el Máximo Tribunal en el precedente Vizzoti:
la Constitución Nacional, en cuanto reconoce derechos, lo
hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios,
sobre todo si se encuentra en debate un derecho humano. Por
ende, al reglamentar derechos de este tipo, el llamado a
hacerlo no puede obrar con otra finalidad que no sea la de
darles toda la plenitud que le reconoce la Constitución
Nacional, o sea, el texto supremo que los enunció y que
manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para
garantizar ‘el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos’
(Constitución Nacional, art. 75, inc. 23)” (Fallos:
De modo más contundente en el voto de los Dres.
Argibay y Petracchi se dice: “directamente contrapuesto con
las reglas constitucionales que prohíben un trato
discriminatorio en razón del origen nacional (artículo 20
de la Constitución Nacional, artículo 1.1 del Pacto de San
José de Costa Rica, artículo 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y,
especialmente, artículo 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que establece, en lo
pertinente: “Todas las personas son iguales ante la ley y
tienen derecho sin discriminación a igual protección de la
ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación
y garantizará a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de …
origen nacional”). Esa contradicción directa con el texto
constitucional obliga a considerar a la categorización
realizada por el decreto como sospechosa de discriminación
y hace pesar sobre dicha norma una presunción de
inconstitucionalidad (Fallos: 311:2272, considerando 4° del
voto de los ministros Caballero y Belluscio y considerandos
4° y 7° del voto de los ministros Petracchi y Bacqué;
Fallos: 327:5118, considerando 4°; y G.835/841.XXXVI
“Gottschau, Evelyn Patricia c/ Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” sentencia
del 8 de agosto de 2006, considerando 5°).” (Las citas, de
la causa Reyes Aguilera, Daniela v. Estado Nacional, Corte
Suprema de Justicia de la Nación, septiembre de 2007).
Dicha doctrina también fue aplicada por el Máximo
Tribunal en el caso “R.A., D. c/Estado Nacional”, (Fallos
330:3853 del 4/09/2007)- que cita la parte actora-, en el
cual también se discutía la condición temporal de
residencia para el otorgamiento de un beneficio de la
seguridad social (pensión por invalidez) y en el que se
sostuvo: “…7°) Que, en este orden de ideas, por mayor que
fuese el margen de apreciación que corresponda dispensar al
legislador o reglamentador en la presente materia, no cabe
duda alguna que sumar a dichos críticos requerimientos un
lapso de residencia, en el caso, de 20 años -aun cuando
también rigiera en igual medida para los argentinos,
incluso nativos-, implica, puesto que la subsistencia no
puede esperar, un liso y llano desconocimiento del derecho
a la seguridad social, en los términos de los citados
textos internacionales de jerarquía constitucional, en
grado tal que compromete el derecho a la vida, primer
derecho de la persona humana que resulta reconocido y
garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 323:3229,
3239, considerando 15, sus citas y otros), y cuya garantía,
mediante “acciones positivas”, resulta una “obligación
impostergable” de las autoridades públicas (ídem, p. 3239,
considerando 16).
La doctrina que emerge de los precedentes citados
impone considerar que aún cuando se trate de la concesión
de una prestación que depende de fondos públicos dispuestos
por las leyes de presupuesto, -los que por su carácter
limitado pueden ser distribuidos exigiendo el cumplimiento
de determinados requisitos-, dichas exigencias deben
responder a intereses que involucran el bienestar general,
además de responder a una justificación razonable y
proporcional con los propósitos que se persiguen.
En esa línea de interpretación, no es posible
desconocer el propósito que ha inspirado la ley 24714 que
instituyó este beneficio “destinado a las mujeres
embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes
residentes en la República Argentina”, niños que en el
caso, deben entenderse como directos y principales
beneficiarios de la asignación y que son hijos de una madre
que ha adquirido la nacionalidad argentina por
naturalización el 09/10/2013. En este sentido, resulta
menester resaltar que, debe tenerse presente que la mentada
asignación es una herramienta que coadyuva a la madre al
sostenimiento de las necesidades de sus hijos, máxime
cuando se trata de una trabajadora del servicio doméstico
que percibe un sueldo mensual de $ 4.000 (de conformidad
con las constancias documentales obrantes a fs. 26/29).
Que por otra parte, tal exigencia se ve
desvirtuada por la misma fundamentación expuesta en los
Considerandos del decreto reglamentario, en cuanto dichos
requisitos obedecían a “garantizar la universalidad y a la
menores y a la concurrencia al sistema público de
enseñanza”, mencionándose además: “Que existe consenso
entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en
implementar medidas que permitan combatir la pobreza así
como brindar apoyo y asistencia a las familias como núcleo
de contención natural y bienestar de la sociedad, mediante
la adopción de medidas de alcance universal”.
Así, concluimos en la inconstitucionalidad del
condicionante temporal para el otorgamiento del beneficio,
previsto como tal en la Resolución de ANSeS 393/2009,
entendiendo que la exigencia prevista en el art. 14 ter de
la ley 24.714 referida a la “residencia legal en el país no
inferior a tres años previos a la solicitud, sólo debe ser
entendida con relación a los “residentes”, último de los
extremos enunciados antes de la previsión legal apuntada, y
no respecto los hijos menores de edad de ciudadanos
argentinos naturalizados.
En efecto, dicho dispositivo legal no puede ser
entendido ni interpretado de manera aislada y
descontextualizada del resto del marco normativo vigente,
sino en consonancia con los parámetros convencionales,
constitucionales y legales anteriormente citados, los que
impiden que cualquier reglamentación de rango inferior
pueda desnaturalizar el derecho acordado.
Dicha tarea, importa acudir a una interpretación
sistematizada del ordenamiento jurídico, acorde a las
directivas que ha sentado la CSJN en cuanto “Los textos
legales no deben ser considerados, a los efectos de
establecer su sentido y alcance, aisladamente, sino
correlacionándolos con los que disciplinan la misma
materia, como un todo coherente y armónico, como partes de
una estructura sistemática considerada en su conjunto, y
teniendo en cuenta la finalidad perseguida por aquellos”.
(in re “ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. c/ CHUBUT, PROVINCIA
DEL Y OTRO(ESTADO NACIONAL) s/ACCION DECLARATIVA” (E. 113.
XLV. 6/10/2015- T. 338 P. 962)
X- Sentado lo anterior, corresponderá declarar
la inconstitucionalidad del art. 5 de la Resolución ANSeS
393/2009 y hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra.
Teresa Sugilio Araujo respecto de sus hijos menores de
edad, Yanibel Reyes Sugilio y Yayly Reyes Sugilio, hasta
que alcancen la mayoría de edad y siempre que demuestren
el cumplimiento de los demás requisitos para la procedencia
del beneficio, que no han sido materia de discusión en
Consideración aparte merece la situación de Luis
Miguel Reyes Sugilio quien, de conformidad con la copia del
DNI glosada a fs. 42, ha alcanzado la mayoría de edad, para
nuestra legislación, el 19 de marzo próximo pasado.
Así las cosas, y según las prescripciones de la
ley 24.714, -que exige la minoría de edad para la
procedencia de la asignación universal (exceptuando las
discapacidades)-, corresponde rechazar la demanda entablada
respecto de Luis Miguel Reyes Sugilio.
XI.- Finalmente, y respecto del agravio esbozado
por considerar procedente el beneficio de la asignación
familiar, huelga señalar que, si bien critica la parte
actora que la magistrada de grado no ha dado tratamiento a
todas las cuestiones que manifiesta haber planteado, en el
escrito de demanda de fs. 43/53vta., la accionante no ha
incluido en el objeto de su pretensión la asignación
familiar que ahora esgrime.
En este orden de ideas, y si bien no merece
discusión alguna que la actora se halla incluida en la
normativa de la ley 26.844 que regula al Personal de Casas
Particulares,- en virtud de la cual ha sido dada de alta en
AFIP, según constancia de fs. 38, como personal para tareas
generales-, hallándose limitado el objeto de su pretensión
a la procedencia del beneficio de la Asignación Universal
por Hijo para protección social, la cuestión sometida a
decisión no puede extenderse a otras pretensiones no
incluidas en dicho escrito, en orden a las prescripciones
de nuestro código procesal, en cuyo art. 34 inc. 4to.
impone a los jueces el deber de respetar en el
pronunciamiento de sus sentencias el principio de
congruencia, y en el art. 163 inc. 6to. establece que la
sentencia definitiva debe contener la “decisión expresa,
positiva y precisa de conformidad con las pretensiones
deducidas en el juicio…”.
Dichas normas prohíben a los jueces otorgar
algo que no haya sido pedido (extrapetita), principio
íntimamente ligado con el derecho constitucional de
defensa, que exige que el demandado en cualquier clase de
proceso conozca las pretensiones que contra él se formulan,
de modo que la violación de la congruencia, implica la de
aquel derecho, razón que impone desechar el agravio
esgrimido respecto del salario familiar.
XII.- Que atento el tenor del tema debatido y
la forma en que se resuelve la presente, las costas serán
impuestas en el orden causado.
I. – DECLARAR la inconstitucionalidad del
artículo 5º de la Resolución ANSeS 393/2009.
II. – HACER LUGAR a la demanda interpuesta por
Teresa Sugilio Araujo con el patrocinio letrado de la
Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Río
Gallegos, en representación de Yanibel Reyes Sugilio y
Yayly Reyes Sugilio, ordenando a la ANSeS pagar la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social,
siempre que se cumpla con los demás requisitos pertinentes
que no han sido materia de discusión en estas actuaciones.
III.- RECHAZAR la demanda interpuesta por
Gallegos, en representación de Luis Miguel Reyes Sugilio,
en virtud de los argumentos expuestos en el Considerando X.
IV.- Imponer las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, publíquese por donde
correspondiere y oportunamente, devuélvase.
Fecha de firma: 01/08/2016
Firmado por: HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAVIER M. LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ALDO E. SUÁREZ, JUEZ DE CÁMARA
#27133502#158011321#20160801123517689
ALDO E. SUAREZ
Etiquetado con → Asignación Universal por Hijo • constitucionalidad • extranjero • igualdad