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Timestamp: 2018-09-22 15:49:18
Document Index: 271971233

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 229', 'artículo 145', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 89', 'artículo 91', 'artículo 60', 'artículo 145']

﻿ Sentencia 42526 de noviembre 6 de 2013
SENTENCIA 42526 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:IMPUGNACIÓN LABORAL –RECURSO DE CASACIÓN. EL IMPUGNANTE DEBE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE DESTRUIR TODOS LOS SOPORTES SOBRE LOS CUALES SE EDIFICÓ LA PROVIDENCIA ATACADA EN CASACIÓN, Y DEBE SEÑALAR LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN A LA LEY EN QUE INCURRIÓ EL JUEZ DE INSTANCIA, Y LA VÍA A TRAVÉS DE LA CUAL SE PRODUJO ESA TRASGRESIÓN. SI NO REALIZA LAS ACTUACIONES ANTERIORES NO SE PUEDE VERIFICAR SI EFECTIVAMENTE SE TRANSGREDIERON NORMAS LEGALES PUESTO QUE, DICHAS ACTUACIONES NO LAS PUEDE REALIZAR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN, FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN, RECURSO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO LABORAL, FORMALIDADES DEL RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia 42526 de noviembre 6 de 2013
SL781-2013
Radicación 42526
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada de Alicia Hurtado de Valencia, contra la sentencia del 25 de junio de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral que la recurrente promovió contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.
La demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge supérstite del causante Daniel Valencia desde la fecha de su muerte ocurrida el 9 de marzo de 2000, en forma retroactiva, las adicionales de junio y de diciembre; la indexación, lo que ultra y extra petita y las costas del proceso.
Como fundamento de las pretensiones expuso, que contrajo matrimonio con Daniel Valencia el 24 de diciembre de 1960 y que convivió con él hasta el momento de su muerte que se produjo el 9 de marzo del 2000; que a ese momento se encontraba pensionado por vejez por el ISS según Resolución 1845; que el 24 de mayo de 2000, presentó reclamación administrativa solicitando la pensión de sobrevivientes, negada mediante Resolución 1867 de marzo 29 de 2001, por no acreditar la convivencia al momento del reconocimiento de la prestación según el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; interpuestos los recursos de reposición y apelación el ISS mantuvo la decisión inicialmente adoptada.
La demandada se opuso a las pretensiones, aceptó el vínculo matrimonial que sostuvo la actora con el pensionado Daniel Valencia, así como la solicitud que ella hizo de la pensión de sobrevivientes y la respuesta negativa a tal petición; adujo en su defensa que no es cierta la convivencia y dependiera económicamente. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y la innominada (fls. 31 a 34).
Al proceso se convocó como litis consorcio necesario a Alba Silvia Morano, quien a través del curador ad litem que se le designó, contestó la demanda admitiendo los hechos esgrimidos por la actora y se acogió a lo que el juzgado llegara a probar (fls. 149 a 152).
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, en sentencia del 22 de abril de 2008, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, así como las pretendidas por Alba Silvia Moreno Hurtado. Impuso costas a cargo de la parte vencida (fls. 266 a 279).
Por apelación de la parte demandante, el ad quem mediante providencia del 25 de junio de 2009, confirmó íntegramente la decisión que fue objeto de alzada y dedujo las costas a cargo de la impugnante (fls. 19 a 30, cdno. tribunal).
En lo que interesa al recurso, precisó que la pensión de sobrevivientes no se otorga a quien la solicite, por muy necesitada que se encuentra, sino a quien acredite la calidad de beneficiario en los términos de la Ley 100 de 1993, que es la vigente en el presente caso, toda vez que el causante falleció el 29 de marzo de 2001 (fls. 5 y 213); luego de transcribir algunos apartes de sentencias tanto de la Corte Constitucional como de esta corporación, relacionadas con la finalidad de la institución de la pensión de sobrevivientes, entre las cuales menciona la C-389 de 1996, C-002 de 1999, C-1176 de 2001 y radicaciones 10406 y 11245 y 30141, precisó que “el hecho de que no se hubiera reconocido la pensión a la señora Alba Silva Moreno quien figuraba como beneficiaria del pensionado, de cuya unión se procrearon dos hijos y respecto de quien el mismo señor Valencia para 1994 declaró haber convivido por más de veinte años (fl. 256), no quiere decir que inmediatamente surja el derecho frente a la demandante como cónyuge, pues tal y como se dijo con anterioridad quien aspire al reconocimiento pensional debe acreditar que reúne los requisitos para ser considerado beneficiario. En este orden, los argumentos sobre las condiciones en que se dio la relación de la señora Moreno y el señor Valencia además de ser afirmaciones sin respaldo de la apoderada de la demandante, no traen ínsita la prosperidad de sus pretensiones, motivo por el cual estos argumentos también serán desechados”.
En cuanto a las declaraciones extrajuicio que obran en el proceso, adujo que ellas no reúnen los requisitos por no haber sido ratificadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, por lo que las mismas carecen de la fuerza de convicción necesaria para concluir que la demandante convivía con el pensionado al momento del fallecimiento; agregó, además que las declaraciones no aluden a las circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedieron los hechos sobre los que declaran; por último se hizo referencia al hecho de que debería también estar demostrada la convivencia para el momento en que se reunieron los requisitos para obtener la pensión de vejez, los que tampoco aparece acreditado, para lo cual se apoya en la sentencia del 19 de febrero de 2002, radicación 27848.
Fue propuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, el cual procede a resolver.
Textualmente manifiesta: “Con respeto solicito a la Honorable Sala Laboral, aceptar el recurso de casación impetrado mediante apoderada por la señora Alicia Hurtado. Y mediante ordene al: Instituto de Seguros Sociales “ISS”, (...), que debe reconocer y pagar la pensión de sustitución desde el 9 de marzo de 2000, por tener derecho como cónyuge supérstite del causante Daniel Valencia, como consecuencia de lo anterior:
1. Revocar la Sentencia 65 de febrero 22-2008, proferida por el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Cali, y contra el fallo de Segunda Instancia proferido por el Honorable Tribunal Sala Laboral de Cali, Sentencia 152 de junio 25 de 2009.
2. Como consecuencia de la anterior declaración declarar la nulidad de las sentencias proferidas por el juzgado 9º Laboral de Cali, primera instancia y por el Honorable Tribunal Superior de Cali, segunda instancia, Sentencia 152 de junio 25 de 2009, por cuanto como consta en el expediente la demanda esta no debía admitirse sin la respuesta del ISS a los recursos de reposición y apelación interpuestos, y así consta por la copia sellada de las pruebas presentadas con la demanda interpuesta por el (apoderado de la demandante - fallecido).
3. Reconocer que la señora Alicia Hurtado, cónyuge supérstite del causante Daniel Valencia si tiene derecho a la pensión de sustitución desde el día 9 de marzo de 2000, fecha del fallecimiento de su esposo”.
En lo que titula como “Cargos que se formulan a las sentencias”, expresó literalmente:
Cargo 1.
Error en los testimonios
El ISS toma como irrefutable el error que comete la funcionaria de la Notaría 12 del Circuito de Cali, al final de las cuatro declaraciones de Graciela Valencia, Sonnia Andrea Valencia, Everth Zabala R, Roberto Z. Rodríguez de fecha febrero 16-2005 - contienen un error notarial, en que dice: no hubo hijos matrimoniales, ni extramatrimoniales, por reconocer, ni adoptivos, sino los antes mencionados.
Sin tener en cuenta que los testimonios extraprocesales solo se admiten como indicio, y se deben ratificar ante el funcionario de instancia; ratificación que no se pidió en la demanda por las razones ya expuestas.
Pero no tiene en cuenta las declaraciones de los señores Jaiberth Valencia Torres, Alicia Hurtado, Aracelly Valencia Hurtado, presentadas con la solicitud inicial de reconocimiento de pensión de sobrevinientes, lo cual no podía hacerse en este proceso dado lo avanzado que se encontraba al momento de tener conocimiento del mismo. De allí que sostengo que “el juez tiene poderes oficiosos cuando advierte irregularidades en el proceso, para actuar de oficio ordenando la ratificación de los testimonios y las pruebas conducentes para evitar perjuicios a las partes”.
“Cargo 2.
Error en la apreciación y aplicación de la prueba documental-carné de afiliada a salud al ISS, la demandante el momento de presentar su documentación inicial solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevinientes, le anexa con los documentos exigidos por el demandado: “el original del carne de afiliada al servicio de salud expedido por el Seguro Social a Alicia Hurtado el 22 de marzo de 1967, sin fecha de vencimiento, registrado con el número 04-060773 del afiliado Daniel Valencia a su esposa Alicia Hurtado, y así consta en el escrito con sello de recibo del ISS, con fecha 25 de septiembre de 2001, hora 3:30 p.m. Rdo. Firma ilegible - recurso de reposición y subsidio apelación ante la doctora Gabriela Espada Muñoz.
Este error de hecho, no fue advertido ni por el a quo, ni en la alzada por el Magistrado del Tribunal Sala Laboral, castigando a la demandante de la falta de cuidado de la demandada en la administración de los documento que recibe, como en el caso presente”.
“Cargo 3
Error en la palicación(sic) de la norma procedimental.
La juez a quo, no debió admitir la demanda, en razón de que en lo anexos de la misma el apoderado de la demandante estaba presentando copia sellada con el recibido de fecha 25 de septiembre de 2005 hora 3:30 p.m., el escrito contentivo de los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, contra la Resolución 1867 de marzo 29 de 2001, negando la sustitución a Alicia Hurtado como cónyuge sobreviviente.
Como se advierte en la sentencia de primera instancia la a quo en la página 2 de la Sentencia 65 de abril 22 de 2008, confirma la existencia de los recursos sin resolver así: “Finaliza su actuar aduciendo que fue notificada personalmente de la aludida resolución en septiembre 20 de 2001, presentando el 25 de septiembre de 2001, recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sin que a la fecha de notificación de la demanda hayan sido resueltos.
No se trata de una nulidad saneable por el silencio de las partes, o por su convalidación con las actuaciones procesales de las partes, es un erro de pleno derecho. Por tanto debió advertirse por el a quo y el honorable adquen (sic) en la segunda instancia y declararse de oficio, como lo estipula el artículo 145 ref. Dcr 2282, art. 1º mod. 85.
Este error procedimental le ha causado perjuicio grave a la demandante, al verse privada de su ingreso para el sustento vital, la salud y una vida digna.
Además si lo advirtió el a quo, pues así lo plasma en la sentencia de primera instancia, como ya se indicó, pero lo pasó en silencio”.
Señaló como normas violadas el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, así como los artículos 140 del Código de Procedimiento Civil, 29 de la Constitución Política y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin que se indique la modalidad.
Asegura el opositor que el escrito que se presenta como recurso de casación, no cumple con las exigencias de técnica, pues advierte que el alcance de la impugnación se expone impropiamente; en relación con los cargos, aduce que se hace una mixtura inadmisible de argumentos jurídicos y facticos; no se enuncia el concepto de vulneración de la ley de la norma jurídica que se menciona; no se ataca el soporte jurídico y factico probatorio del fallo impugnado; se hace referencia a aspectos procesales que debieron ser alegado en las instancias; se alude a medio de prueba no calificadas en casación laboral, y de los que sí lo son no se predica y ni se explica debidamente en qué falencia incurrió el juzgador respecto a ellos; y aun menos se precisa el o los yerros facticos.
Razón le asiste al opositor respecto de las fallas técnicas que le destaca a la demanda con la que se sustenta la impugnación, pues resulta evidente que el censor no cumple con las mínimas reglas que gobiernan el recurso extraordinario, tal y como pasa a destacarse.
En efecto, el alcance de la impugnación se encuentra impropiamente formulado, no solo por cuanto el censor no logra discriminar qué debe hacer la Corte tanto como tribunal de casación y en sede de instancia, en tanto que lo solicitado es “aceptar el recurso de casación impetrado” y además “revocar” las sentencias de primera y segunda instancia, sino además por cuanto se pretende “la nulidad” de esas misma providencias, lo cual resulta ser un contrasentido.
Aun si se dispensara la referida irregularidad, y la Sala entendiera que lo pretendido por el recurrente se circunscribe a que se case la sentencia de segunda instancia, y en sede de instancia, revoque la decisión absolutoria del primer sentenciador, para en su lugar, acceder a las pretensiones incoadas en el escrito inicial de demanda, la acusación también debe ser desestimada por presentar otras falencias que no es posible superar.
En efecto, como el razonamiento que sirvió de sustento al tribunal para negar la prestación económica pretendida se hizo consistir esencialmente en la falta de prueba sobre la convivencia exigida de la demandante con el pensionado fallecido, le resultaba imperioso al recurrente destruir ese que fue el soporte del fallo a través de la vía que corresponde, lo cual no aconteció en el sub judice, pues el censor en su farragosa dialéctica se ocupa de otros temas que en nada apuntan a destruir tal inferencia, en tanto que se direccionan a puntos como “no debió admitirse la demanda” o que se tuvo que declarar de oficio una nulidad por el ad quem, a raíz de que no se habían resueltos los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 1867 de 2001, que negó la sustitución pensional.
Lo anterior conduce a deducir que el impugnante no cumplió con la obligación que le corresponde, como es la de destruir todos los soportes sobre los cuales se edificó la providencia atacada, so pena de que permanezca incólume soportada sobre los argumentos inobjetados, que es lo sucedido en este caso, pues se reitera, para nada se refiere el censor a la consideración de la falta de prueba de la convivencia.
Así mismo, nada se indica sobre la modalidad de la supuesta modalidad de violación a la ley en que incurrió el sentenciador de alzada, como tampoco la vía a través de la cual se produjo esa trasgresión, pero aun si se entendiera que la senda seleccionada es la indirecta por aplicación indebida, no se precisan o singularizan los eventuales desaciertos fácticos en que pudo incurrir el sentenciador de alzada y, menos aún, se denuncian los medios de prueba que incidieron en la comisión de los mismos, bien por su equivocada valoración o su desviado juicio estimativo, lo cual se torna necesario para que la Corte pueda verificar si efectivamente se produjeron las violaciones a las normas legales.
Además, controvierte indistintamente la sentencia de primero y segundo grado, cuando es sabido que en casación solamente es dable dirigir el ataque contra la del tribunal, excepto que se trate del recurso per saltum previsto en el artículo 89 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que no es el caso que se estudia.
De igual forma, involucra cuestionamientos que le son ajenos a la vía indirecta, por cuanto encarnan temas netamente jurídicos, como es el relacionado con la necesidad o no de ratificar las declaraciones extraprocesales, en cuanto atañe a un aspecto que tiene que ver con los requisitos de validez de un medio de prueba.
A lo destacado se suma, que la sustentación del cargo, se asemeja más a un alegato propio de las instancias que a una argumentación adecuada y sucinta, en la que el censor cumpla con la obligación de demostrar los eventuales yerros en que, a su juicio, incurrió el tribunal, conforme lo exige el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 25 de junio de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario promovido por Alicia Hurtado de Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.
Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, según la petición que obra a folios 39 y 40 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del CPL y la S.S.
Costas en el recurso de casación a cargo del recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000.
Magistrados: Gustavo Hernando López Algarra—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.