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Timestamp: 2017-11-21 09:52:10
Document Index: 371167391

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PREPARACIÓN	(11)
TEMA LA ACEPTACIÓN DEL HECHO VÍA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE JUZGAMIENTO RELEVA DE LA NECESIDAD DE REALIZAR ACTIVIDAD PROBATORIA
Published in PREPARACIÓN
EXPEDIENTE : Nº 00560-2008-72-1308-JR-PE-02 RELATORA : DURAND DURAND, DEYSI ANAHÍ
MINISTERIO PÚBLICO : FISCALÍA PENAL CORPORATIVA DE HUAURA
IMPUTADO : DONAYRE TIRADO, SEGUNDO ENRIQUE
AGRAVIADO : RAGAS HERRERA, AURELIO
Huacho, 5 de agosto del año dos mil once
Resolver la apelación a la sentencia de fecha 18 de mayo de 2011 en la que se falla CONDENANDO a SEGUNDO ENRIQUE DONAYRE TIRADO, como autor del delito contra el Patrimonio en la moda-
lidad de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 189 incisos 2), 3) y 4) del Código Penal, en agravio de Aurelio Ragas Herrera; IMPONIÉNDOSELE OCHO AÑOS Y SIETE MESES de pena privativa de libertad efectiva; la misma que computada desde el día de hoy atendiendo a que en este proceso no se encuentra con prisión preventiva, vencerá el 17 de diciembre 2019, fi jando la suma de dos mil nuevos soles (S/. 2,000.00) por concepto de reparación civil, que el sentenciado deberá pagar a favor de la parte agraviada en la forma legal correspondiente. DISPONIENDO la prisión preventiva del acusado y su internamiento en este Centro Penitenciario, de conformidad con el artículo 399.5 del Código Procesal Penal. Sin costas del proceso.
II. INTERVINIENTES A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN:
1. La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por el Juez Superior ponente y Presidente de Sala Penal de Apelaciones, Raúl Reyes Alvarado, y los Jueces Superiores Mercedes Caballero García y Johnny López Velásquez.
2. Asimismo, se hizo presente el Fiscal Superior Adjunto: Juan Hurtado Poma con domicilio procesal en Av. Grau 276 Huacho. Por la defensa del imputado el abogado Italo Quichiz Castillo con registro del CAL 42081 y con domicilio procesal en Pasaje Romero 124-3er piso Huacho y su patrocinado el Imputado Segundo Enrique Donayre Tirado: de 42 años de edad, con DNI 15730944, nacido el 09 de agosto de 1969, natural de chota, ocupación chofer, grado de instrucción tercero de secundaria, estado civil conviviente, padres Fredesevinda y Enrique, domicilio en Urbanización San Martín Jr. Ancash 154 Huaura.
1. Los Jueces de Conocimiento Julio Arturo Rodríguez Martel, Leoncio Francisco Bolaños Cusmayta y Luz Lastenia Espejo Calizaya, del Juzgado Penal Colegiado de Huaura dictan sentencia condenatoria con fecha 18 de mayo de 2011, en la que se falla condenando a Segundo Enrique Donayre Tirado como autor del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Aurelio Ragas Herrera; imponiéndosele ocho años y siete meses de pena privativa de libertad.
2. La sentencia antes descrita, fue impugnada por la defensa del imputado quien señala que su patrocinado ha sostenido única y exclusivamente su participación en el hecho delictivo es porque fue el que vendió el ají paprika, y que no estuvo presente cuando sucedió el hecho delictuoso.
3. Mediante resolución número 13 de fecha 06 de junio del 2011 el Juez concede el recurso de apelación. Mediante resolución número 14 de fecha 16 de junio del 2011 esta instancia corre traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación a los sujetos procesales. Mediante resolución número 15 de fecha treinta de junio del 2011 se concede el plazo de 05 días para que las partes ofrezcan medios probatorios, y mediante resolución número 16 de fecha 18 de julio del 2011 se cita a juicio oral de segunda instancia para el día cinco de agosto del mismo año.
4. En la audiencia de apelación la defensa del acusado sustenta oralmente su pretensión impugnatoria señalando que se desiste de su apelación en el extremo de la revocatoria y solo pretende que se disminuya la pena.
5. Finalmente el Tribunal pasó a deliberar e inmediatamente hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión, disponiendo se notifi que la sentencia escrita integral a los domicilios procesales.
IV. RAZONAMIENTO:
Hechos materia de imputación:
1. Los hechos imputados por el Señor Fiscal al exponer su Teoría del Caso, es que con fecha 24 de marzo del 2008 aproximadamente a las 21:00 horas en las pampas de Acaray, en circunstancias que los vigilantes Andrés Verde Bartolomé e Ismael Banda Chavil se encontraban en ese lugar vigilando el secado del ají páprika que estaba distendido en dicho lugar, once personas entre ellas el acusado ingresaron a este lugar premunidos de armas de fuego, reduciendo a estas personas y procediendo a atarlos de pies y manos, acto seguido embalaron en 400 sacos este ají páprika. En horas de la madrugada del día 25 de marzo, efectivamente llegó un camión blanco y estos once sujetos entre los que estaba el acusado, procedieron a levantar y transportar estos 400 sacos de ají páprika, lográndose recuperar posteriormente 160 sacos de este ají en la Urbanización San Ildefonso de Barranca, pues allí estaban depositados; por lo que el Ministerio Público probará que el acusado cometió delito de robo.
2. Tipifi cación penal. El Ministerio Público encuadra los hechos materia del presunto ilícito en el artículo 188 concordante con el artículo 189 incisos 2), 3) y 4) del Código Penal, que tipifi ca los hechos como delito de robo.
Análisis, valoración y respuesta a las pretensiones del apelante:
1. La defensa del imputado en audiencia se desiste de su pretensión impugnatoria de revocatoria y solamente solicita la reducción de la pena impuesto a su patrocinado presentando una serie de documentos que acreditaría que tiene familia que se encuentran delicados de salud, haciéndole conocer en este extremo al abogado defensor que existe un momento para ofrecer prueba, no siendo posible oralizar documentos que no han sido admitidos como medios probatorios.
2. Por su parte el Ministerio Público sobre la reducción de pena hace conocer que en este caso los jueces han motivado debidamente la pena y por tanto solicita la confi rmación de la sentencia habiéndose también verifi cado que el sentenciado se habría encontrado con Benefi cio de Semilibertad, y él mismo imputado lo ha reconocido que ha estado fi rmando diez años por un delito de robo agravado con homicidio donde se le impuso 21 años de pena privativa de la libertad en el año 1996, es decir todavía se encuentra vigente.
3. Antes de emitir pronunciamiento de fondo se debe verifi car de ofi cio sobre la existencia o no de nulidades absolutas o esenciales conforme a lo dispuesto en el artículo 409 numeral 1 del Código Procesal Penal. De los antecedentes se advierte que con fecha 11 de mayo de 2011, se instalo el juicio oral, donde el acusado juntamente con su Abogado llegó a un acuerdo con el Fiscal, para que se le imponga 04 años de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba de 03 años. Acuerdo que fue desaprobado por el Colegiado, porque resultaba desproporcional, no razonable e ilegal, toda vez que el hecho incriminatorio consiste que el acusado participó en un asalto y robo a mano armada, lo que evidentemente no solo era desproporcional, sino ilegal un acuerdo de esa naturaleza, sin considerar inclusive que el imputado se encontraba con Benefi cio Penitenciario de Semilibertad vulnerando lo dispuesto en el artículo 399.3 del Código Procesal Penal. Después de desaprobar el acuerdo los Jueces delimitaron el debate solo para efectos establecer la pena concreta a imponer.
4. Escuchado el audio del Juicio oral se advierte que cuando el Director de Debates pregunta al acusado si es responsable del delito y la reparación civil incriminado por el Fiscal, este responde: “Yo no me siento responsable del delito pero si tengo cierto grado de participación”. Ante esta respuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 373.1 correspondía declarar la continuación del juicio oral, debido a que el acusado declaro que no era responsable del delito que se le incriminaba, mas no insistir con la pregunta si era o no responsable cuando expresamente este había dicho que tenía solo cierto grado de participación, conforme señaló su Abogado en su alegato preliminar, pero que contradictoriamente asesoró a su patrocinado para que solicité un receso para ponerse de acuerdo con el Fiscal con respecto a la pena. Este solo hecho de no haber dispuesto la continuidad del juicio oral ante la repuesta del imputado de no ser responsable del delito incriminado, es sufi ciente para declarar la nulidad del juicio oral y la sentencia recurrida, por vulneración del debido proceso (proceso justo), que tiene amparo constitucional en el artículo 139.3 de la carta magna.
5. Después de la desaprobación del acuerdo el Colegiado para determinar la pena a imponer admitió la declaración del propio imputado. Donde como se puede verifi car de la transcripción consignada en el contenido de la sentencia recurrida, no admite en ningún momento haber participado conjuntamente con otras 10 personas utilizando armas de fuego para apoderarse de 400 sacos de ají paprika, sino que refi ere haber coadyuvado para la venta de dicho producto por lo que iba a recibir una comisión. En consecuencia al haber el colegiado establecido que el acusado aceptó el delito incriminado, lo que no es correcto. Por tanto también se verifi ca una motivación sustancialmente incongruente(44) vulnerando de esta manera el artículo 139.5 de la Constitución. Debiendo declararse de ofi cio la nulidad de la indicada sentencia y el juicio oral en todos sus extremos.
6. De otro lado el colegiado de primera instancia debe tener en cuenta y apreciar la voluntad del imputado cuando este contesta la pregunta si es o no responsable de los cargos materia de imputación. Considera este Tribunal que no es recomendable que los Jueces hagan conocer al acusado que tiene derecho a ponerse de acuerdo con el Fiscal, cuando lo que corresponde es solo informar sus derechos al que alude el artículo 371.3 del Código Procesal Penal. En caso la defensa o el imputado soliciten por iniciativa propia un receso para ponerse de acuerdo con el Fiscal para que se le imponga una determinada pena, se deberá informar al acusado que si llega a un acuerdo signifi cará que acepta el hecho que el fi scal lo incrimina, y que la pena acordada no vincula al Tribunal, pudiendo ser desaprobado si es ilegal, desproporcional e irrazonable. En cuyo caso la pena y el debate se circunscribirá solo a determinar la pena concreta a imponer. Que no habrá actividad probatoria para establecer la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado por cuanto este ya aceptó, por tanto tampoco declarará sobre los hechos materia de imputación. No como en el presente caso que la actividad probatoria realizada fue para determinar la culpabilidad del imputado y no para determinar pena.
(44) El Tribunal Constitucional en el Exp. N° 728-2008/PHC/TC, caso: Giuliana Flor de Maria Llamoja Linaresx, ha precisado que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Asimismo ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. b) Falta de motivación interna del razonamiento. [defectos internos de la motivación] c) Defi ciencias en la motivación externa; justifi cación de las premisas. d) La motivación insufi ciente. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) Motivaciones cualifi cadas.
7. Finalmente, por esta vez debe recomendarse al Abogado defensor del imputado, para que efectúe una defensa adecuada de acuerdo a los intereses de su cliente. Asimismo recomendar a los Jueces de Juzgamiento cumplan con motivar debidamente las resoluciones, advirtiendo inclusive que en el presente caso pese a decretar la prisión preventiva del acusado conforme se advierte en el fundamento 03 de la sentencia recurrida. Sin embargo no existe ninguna justifi cación o motivación para llegar a dicha decisión. Por lo que dicho extremo de la decisión de la sentencia recurrida también es nula, lo que da lugar para ordenar la inmediata libertad del imputado, quien conforme a la información consignada en el auto de enjuiciamiento se encuentra con mandato de comparecencia simple. Por Último debe ponerse en conocimiento vía email el contenido de la presente resolución a los Jueces de Juzgamiento del Distrito Judicial de Huaura para los fi nes pertinentes.
V. SOBRE LECTURA INTEGRAL DE LA SENTENCIA ESCRITA
5.1 El artículo 425.4 del CPP, establece que la sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Pues bien en el presente caso se ha cumplido con este dispositivo debido a que en la misma fecha que se realizó la audiencia después de deliberar e inmediatamente se hizo conocer en resumen los fundamentos y la decisión. Por tanto el contenido integral de la sentencia escrita debe notifi carse a los domicilios procesales de las partes. A fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 425.6 del código acotado que prescribe la notifi cación de la sentencia de segunda instancia.
5.2 Consideramos que la interpretación acorde con la oralidad para la aplicación del sistema procesal penal acusatorio vigente en nuestro país. Es que cuando la norma procesal antes indicada se refi ere a que la sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Estimamos que dicho pronunciamiento se cumple al hacer conocer los argumentos y la decisión oralmente, a los justiciables presentes y público concurrente. En caso contrario cuando el tribunal no hace conocer oralmente las razones, argumentos o fundamentos y la decisión de la sentencia de segunda instancia. Entonces se encuentra obligado a señalar fecha y hora para una próxima sesión pública para dar lectura integral a la sentencia escrita. Cuando se hace conocer oralmente en acto público en resumen los argumentos y la decisión, la sentencia integral escrita solamente debe notifi carse a las partes procesales, careciendo de objeto dar lectura a la sentencia escrita posteriormente porque bastará su notifi cación a los domicilios procesales. Puesto que además la sentencia ya fue dictada oralmente con anterioridad.
5.3 Consideramos un error y una práctica negativa para la efi cacia y efi ciencia del sistema procesal penal acusatorio, que con anterioridad –pese a que se hacía conocer oralmente los argumentos, fundamentos o razones y la decisión de la sentencia de segunda instancia–, el Tribunal Superior decidía fi jar fecha y hora para posteriormente dar lectura a la sentencia escrita, lo cual signifi caba innecesariamente ocupar salas de audiencias y asistentes de audiencias, que muy bien pueden servir para la realización de audiencias donde exista debate. El plazo que se fi jaba para leer la sentencia escrita era no mayor de diez días. En la mayoría de estos casos las partes procesales no se hacían presente a dicho acto porque ya conocían los fundamentos y la decisión respectiva que se les hizo conocer oralmente. Y, los Jueces con los asistencias de audiencias, sin asistencia de las partes ni público tenían que leer sentencias escritas por media hora, una hora o más –dependiendo de la cantidad de hojas de papel que contenía la sentencia escrita–, que muy puede ser aprovechado para realizar otras labores.
5.4 El artículo 425.1 del CPP, establece que el plazo para dictar sentencia de segunda instancia no podrá exceder de diez días. En ninguna parte del contenido de la norma indicada dice que se debe dar lectura a la sentencia escrita en el plazo de diez días. Por tanto a partir de la fecha la interpretación de las normas antes indicadas, variando de criterio es la que corresponde a los fundamentos precedentes. Debiendo tener presente que en caso de haberse hecho conocer oralmente los fundamentos y la decisión de la sentencia de segunda instancia, el plazo para notifi car la sentencia integral escrita de la misma será de diez días conforme a la norma antes descrita.
5.5 Finalmente consideramos que la publicidad de las resoluciones judiciales es relevante para que los ciudadanos ejerzan el control respectivo. Para dicho fi n la presente sentencia será publicada en la siguiente dirección de Internet: www.jurisprudenciahuaura.blogspot.com, al que pueden acceder sin límite alguno, la opinión pública, local nacional e internacional.
01. Declarar DE OFICIO NULA en todos sus extremos la sentencia de fecha dieciocho de mayo del dos mil once en la que se falla CONDENANDO a SEGUNDO ENRIQUE DONAYRE TIRADO, con lo demás que para los efectos contiene; Asimismo NULO todo el Juicio oral; Debiendo realizarse un nuevo juicio oral por distintos Jueces, quienes deberán tener en cuenta los fundamentos de la presente sentencia.
02. RECOMENDAR al Abogado defensor Oscar Miguel Grau Ríos, a fi n de que realice una defensa adecuada a fi n de no dejar en indefensión a su patrocinado.
03. RECOMENDAR a los jueces de juzgamiento Luz Espejo Calizaya, Francisco Bolaños Cusimayta y Julio Rodríguez Martel, a fi n que cumplan con motivar debidamente las resoluciones judiciales, y en caso se verifi que hechos similares se remitirán copias al órgano de control interno del Poder Judicial.
04. PÓNGASE en conocimiento de los Jueces de Juzgamiento el contenido de la presente sentencia vía email, para los fi nes pertinentes.
05. ORDENAMOS: La inmediata libertad del imputado Segundo Enrique Donayre Tirado, a fi n de que continúe con el Benefi cio que tenía. OFICIÁNDOSE para dicho efecto al Establecimiento Penitenciario correspondiente, siempre y cuando no tenga mandato emitido por autoridad competente.
06. DISPONEMOS: Que, la presente sentencia de segunda instancia sea notifi cada de forma integral en los domicilios procesales, sin perjuicio que sea publicado en Internet en la siguiente dirección electrónica: <www.jurisprudenciahuaura.blogspot.com>.
07. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen.
VOTO SINGULAR DEL JUEZ SUPERIOR LÓPEZ VELÁSQUEZ
Que, me encuentro conforme con la ponencia, sin embargo debo precisar que en casos similares al presente se deberá RECOMENDAR a los jueces de juzgamiento que cuando el acusado no acepta los hechos y de manera inapropiada la defensa técnica termine por no cuestionarlos o delimitar su participación en función de ellos; resulta indispensable que el mismo colegiado dentro de sus funciones deberá advertirlo y no delimitar el debate en cuanto al extremo de la pena, más bien deberá pasar a la actuación de la actividad probatoria cuando existen órganos de prueba a ser analizados en especial cuando estos han sido llevados para su examen por parte de la Fiscalía.
S. LÓPEZ VELÁSQUEZ
Que, si bien estoy de acuerdo con los fundamentos de la sentencia, discrepo en lo acordado por mayoría sobre notifi cación de sentencia a domicilios procesales de los concurrentes por lo siguiente:
0.1. Que, es de precisar que el artículo 396.2 del CPP señala: “Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho días”, es decir la apropia norma indica que en este acto se debe anunciar oralmente “la decisión o sentido del fallo” a las partes y el día y la hora para la lectura integral que debe efectuarse en un máximo de 8 días, por tanto no se está facultando al Juez a que pueda de ofi cio notifi car a las partes en su domicilio procesal.
0.2. Bajo este modelo procesal penal el principio de oralidad es fundamental aun en la lectura de la sentencia, en el derecho comparado por ejemplo tenemos que el Código Procesal Penal chileno(45) en su artículo 339 precisa que la deliberación se efectuará inmediatamente después de clausurado el debate y la decisión concluido el debate privado deberá hacerse de conocimiento de las partes y el artículo 344 señala el plazo para la redacción de la sentencia y que se debe fi jar la fecha para la audiencia de lectura de sentencia; el Código de Procedimientos Penal de Colombia(46) también en el artículo 445 señala que clausurado el debate se anunciará el sentido del fallo, y el artículo 446 incluso precisa: “El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior”, y el artículo 447 indica que “escuchado los intervinientes (el sentido del fallo) el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia” (La frase el sentido de fallo es nuestro).
0.3. En este orden de ideas el artículo 395 titulado “redacción de la sentencia”, señala: “Inmediatamente después de la deliberación, la sentencia será redactada por el Juez o director de debates según el caso”, el artículo 396.3 del CPP precisa: “La sentencia quedará notifi cada con su lectura integral en audiencia pública. Las partes inmediatamente recibirán copia de ella”, es decir la propia norma nos está precisando que la sentencia quedará notifi cada con su lectura integral y precisamente de dicho acto procesal es que se computa el tiempo para interponer recurso impugnatorio de ser el caso, y existe la obligación de en ese acto entregar copia de la sentencia a los concurrentes, porque así como exige la norma quienes deben concurrir al juicio también solo se entregara copia de la sentencia a los concurrentes, es decir que si no concurren a tal acto no se les entrega copia de la sentencia, sin perjuicio de que lo puedan solicitar, al único a quien si no concurre hay la obligación de notifi car la sentencia es al acusado conforme lo dispone el artículo 401.2 del CPP, para quienes el plazo corre desde el día siguiente de la notifi cación en su Domicilio procesal, debe tenerse presente además que el artículo 424.1 del CPP señala: “en la audiencia de apelación se observará en cuanto sea aplicable las normas relativas al juicio oral de primera instancia”, por tanto hay norma expresa para señalar día y hora de lectura de sentencia en segunda instancia.
0.4. Que, se sustenta lo resuelto en mayoría en el sentido de que al no efectuarse la audiencia de lectura de sentencia, se está ahorrando espacio, tiempo y menos audiencias, cuando precisamente este modelo exige que todo se efectúe en audiencia para garantizar los principios de concentración, continuidad y publicidad y es precisamente la lectura integral efectuada públicamente la que garantiza la transparencia de nuestros actos, si lo que se ha resuelto se hace sobre la base de ahorrar menos audiencia y tiempo, tampoco se justifi ca por cuanto ello implicará que recién al día siguiente de su notifi cación se contará el plazo para interponer recurso impugnatorio, asimismo se notifi ca al domicilio procesal y muchas veces el sentenciado no tiene conocimiento del contenido de la sentencia porque le fue entregado al abogado defensor, además la central de notifi caciones ya recargada con su labor debería notifi car las sentencias penales a todos los domicilios procesales, entonces no se justifi ca la hipótesis de ahorro de tiempo y audiencias, es más la práctica permite incluso determinar que muchas veces
(45) Código Procesal Penal chileno, Ley N° 19699 de fecha 12/09/2000.
(46) Código de Procedimiento Penal colombiano, Ley N° 906 de 2004.
no se puede cumplir con notifi car porque los domicilios o no son exactos o no existen, ¿no implica mayor transparencia que se lea la sentencia públicamente?, y ante quienes concurran, y si no concurre ningún justiciable es porque no tienen interés en la sentencia, pero ello en modo alguno implica no dar cumplimiento a la norma procesal.
0.5. Que, asimismo se ha dispuesto que la presente sentencia sea publicada en el blog del Juez Superior Reyes Alvarado, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, ello porque este es un colegiado cuyas decisiones deben ser publicadas de ser el caso en un blog ofi cial de esta Corte y no en uno personal.
Por lo expuesto mi VOTO es porque:
1.- Se FIJE día y hora para la lectura integral de la sentencia.
2.- Se PUBLIQUE la sentencia en un blog ofi cial y no en uno personal por ser un colegiado.
DETENCION COMO MEDIDA SUBSIDIARIA
Miércoles, 20 Mayo 2015 17:02
EXP. N.° 2712-2002-HC/TC
ALEX WOLFENSON WOLOCH
El recurso extraordinario interpuesto por don Alex Wolfenson Woloch contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 122, su fecha 25 de setiembre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y,
Que, con fecha 20 de agosto de 2002, el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, don Roberto Barandiarán Dempwolf, doña Inés Tello de Ñecco y don Marco Antonio Lizárraga Rebaza, por considerar afectado su derecho a la libertad individual, dado que los emplazados le han impuesto la medida de arresto domiciliario, mediante Resolución N.° 252, de fecha 23 de mayo de 2002, y, en consecuencia, solicita que dicha medida se deje sin efecto, por tratarse –a su criterio– de una medida arbitraria, carente de fundamento fáctico y legal.
Alcances constitucionales de la libertad personal
Que el derecho a la libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias, conforme lo establecen el artículo 9.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Que el accionante cuestiona que la Sala emplazada haya mantenido el mandato de comparecencia restringida, agregando a las reglas de conducta impuestas en primera instancia la medida de detención domiciliaria, la que también importa la restricción de la libertad ambulatoria consagrada en el texto constitucional.
Que la detención domiciliaria es distinta de la detención judicial preventiva; sin embargo, la orden de permanecer, en forma vigilada, dentro del domicilio también es una limitación seria de la libertad locomotora, cuyo dictado, por cierto, debe necesariamente justificarse al tratarse de una medida cautelar y no de una sanción. Cabe, entonces, analizar la resolución impugnada en el presente caso, en relación con el peligro procesal. Allí, el juzgador se refiere a los elementos relacionados con el periculum in mora, y no obstante que descarta la petición de que se imponga al actor el mandato de detención solicitado por la procuraduría, sustentándose en que "al analizar la concurrencia del presupuesto relativo al riesgo de fuga, la conducta procesal observada hasta el momento por el inculpado, disuade de su presencia" (cuarto considerando); le impone la medida de arresto domiciliario considerando "las delicadas circunstancias del caso", es decir, luego de analizar los elementos que permiten establecer una vinculación del procesado con la comisión del delito, i.e., el fumes boni iuris.
Que, como ya lo ha expuesto este Colegiado en el caso Silva Checa (Exp. N.° 1091-2002-HC/TC) y reiterado en los casos Chumpitaz Gonzales (Exp. N.° 1565-2002-HC/TC) y Bozzo Rotondo (Exp. N.° 376-2003-HC/TC), "el principal elemento a considerarse en el dictado de [una] medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. Tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que, antes y durante el desarrollo del proceso, puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse a una posible sentencia prolongada" (Fundamento N.° 18).
Que, en el caso de autos, el Tribunal estima que, aún cuando en la resolución que se impugna se aducen adecuadamente argumentos para descartar la medida de detención, sin embargo, ella no se encuentra suficientemente motivada respecto de la medida de arresto domiciliario impuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo este un requisito indispensable que debe cumplir toda resolución judicial. En consecuencia, dispone que en la Sala emplazada corrija la deficiencia antes mencionada y dicte una nueva resolución suficientemente razonada; sin que ello signifique que se deje sin efecto la medida cautelar dictada en contra del recurrente.
Que, de otro lado, se ha alegado la afectación del principio de congruencia, dado que la Sala emplazada optó por dictar una medida de detención distinta de la solicitada por el Procurador (mandato de detención) o de la ordenada por el Juez penal (comparecencia).
Que, sobre el particular, cabe resaltar que las medidas cautelares, por su naturaleza, se caracterizan por ser temporales y variables; además, cuando se solicite al juzgador que dicte alguna de ellas, queda a su criterio evaluar la pertinencia de ello y, también, ordenar la que más se adecue a los fines del proceso.
Que, por ello, la Sala emplazada se encontraba facultada para dictar la medida cautelar de comparecencia restringida (detención domiciliaria) en lugar de la detención judicial preventiva solicitada, medida cautelar esta última más severa que aquella, no habiéndose acreditado la afectación del principio de congruencia.
Presunción de inocencia y el principio reformatio in pejus
Que el principio de la presunción de inocencia se encuentra reconocido en el artículo 2°, inciso 24), literal "e", de la Constitución Política del Estado; sin embargo, dicho principio no es lesionado cada vez que contra un procesado se dicta una medida cautelar restrictiva de determinados ámbitos de la libertad individual, pues ello se hace con el propósito de garantizar que el procesado no evada la acción de la justicia y que, de ese modo, no se frustre el ius puniendi del Estado.
Que, en cuanto al objeto del artículo 300° del Código de Procedimientos Penales, éste prohíbe en nuestra legislación procesal aplicar el principio reformatio in pejus, el que tiene por finalidad evitar que la modificación de una sentencia condenatoria que solo haya sido impugnada por el sentenciado resulte peor, lo que no ocurre en el caso de autos, puesto que se trata de una medida cautelar y no de una sentencia; a ello cabe agregar que el recurso que motivó la resolución impugnada fue interpuesto por el Procurador encargado de la defensa de los intereses del Estado.
Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
Ordenar que, en vías de subsanación, y en un plazo prudencial, la Sala emplazada cumpla con precisar las razones que sustentan la Resolución N.° 252, de fecha 23 de mayo de 2002, sin que ello signifique que este Colegiado deje sin efecto la medida cautelar dictada en contra del recurrente. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.
LA CONSTITUCION Y LA DETENCION PERSONAL
Miércoles, 20 Mayo 2015 17:01
0019-2005-PI/TC
Del 21 de Julio de 2005
Más del 25% del número legal de miembros del Congreso de la República (demandantes) c. Congreso de la República (demandado)
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más del 25% del número legal de miembros del Congreso de la República contra la Ley N.º 28568, cuyo Artículo Único modifica el artículo 47º del Código Penal.
EXP. N.º 0019-2005-PI/TC
En Lima, a los 21 días del mes de julio de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, integrado por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia:
Demandantes: 31 Congresistas de la República.
Normas sometidas a control : Artículo Único de la Ley N.º 28568.
Derecho a la igualdad ante la ley (inciso 2 del artículo 2º de la Constitución) y el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (inciso 22 del artículo 139º de la Constitución)
Petitorio: Que se declare la inconstitucionalidad del Artículo Único de la Ley N.º 28568, que modifica el artículo 47º del Código Penal, y que, consecuentemente, se declaren nulos todos sus efectos.
La norma impugnada es la Ley N.° 28586, cuyo Artículo Único dispone:
“Artículo Único.- Modifícase el artículo 47º del Código Penal, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 47º: El tiempo de detención preliminar, preventiva y domiciliaria, que haya sufrido el imputado, se abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención.
Si la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención preliminar, preventiva o domiciliaria, se computará a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención”.
Con fecha 8 de julio de 2005, 31 Congresistas de la República interponen demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 28568, cuyo Artículo Único modifica el artículo 47º del Código Penal.
Manifiestan que si bien es cierto que la libertad personal es piedra angular del Estado contemporáneo, no es un derecho fundamental ilimitado y por ello debe estar sujeto a limitaciones previstas por ley, autorizadas por mandato judicial motivado y, excepcionalmente, llevadas a cabo por la policía, en caso de flagrancia delictiva; y que la detención preventiva debe ser la ultima ratio en la decisión del juzgador, pues se trata de una grave limitación de la libertad física, motivo por el cual se justifica que sea tomada en cuenta para el cómputo de la pena privativa de libertad.
De igual modo, sostienen que en nuestro ordenamiento procesal penal, la denominada detención domiciliaria no es propiamente una detención, y sí más bien una medida de comparecencia, de modo que no sólo tiene carácter humanitario, sino que su dictado es una potestad discrecional del juzgador, cuando considere que no hay concurrencia de los requisitos para dictar un mandato de detención. En tal sentido, remitiéndose a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aducen que los efectos personales que la detención domiciliaria genera sobre el ámbito de la libertad personal del individuo no son los mismos que aquellos que tienen lugar con la detención preventiva, por lo que homologar el tratamiento de la detención domiciliaria con la detención preventiva, tal como lo hace la ley cuestionada, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2º de la Constitución.
Asimismo, sostienen que la ley impugnada también vulnera el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (inciso 22 del artículo 139º de la Constitución), pues dichos fines no pueden ser cumplidos en el domicilio.
Con fecha 18 de julio de 2005, el apoderado del Congreso de República contesta la demanda refiriendo que la ley cuestionada ha sido derogada mediante la Ley N.º 28577, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de julio del presente año, motivo por el cual solicita que el Tribunal Constitucional declare que en el presente caso se ha producido la sustracción de la materia.
El Tribunal Constitucional considera que, en la presente causa, deben abordarse los siguientes aspectos:
Con relación al objeto de pronunciamiento:
a) Delimitar el objeto de control en la presente causa, para lo cual será pertinente precisar cuáles son los extremos normativos de la ley impugnada que los demandantes consideran inconstitucionales.
b) Determinar si la derogación de la ley impugnada tiene como efecto la sustracción de la materia controvertida.
Con relación al fondo del asunto:
c) Analizar la constitucionalidad de la ley impugnada en el extremo que permite que el tiempo de detención preventiva sea abonado al cómputo de la pena, a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención.
d) Analizar la constitucionalidad de la ley impugnada en el extremo que permite que el tiempo de detención domiciliaria sea abonado al cómputo de la pena, a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención. Para tales efectos, en el siguiente orden, corresponderá:
d.1) Determinar la naturaleza jurídica de la detención domiciliaria, por un lado, así como sus diferencias sustanciales con la detención judicial preventiva y con la pena privativa de libertad, por otro.
d.2) Analizar los criterios desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación al arresto domiciliario.
d.3) Evaluar el tratamiento que la ley impugnada dispensa al arresto domiciliario a la luz del principio de igualdad.
d.4) Analizar las distintas teorías sobre la finalidad que cumple la pena privativa de libertad, desde la perspectiva del Derecho Penal.
d.5) Analizar la relación entre el Derecho Penal y la Constitución.
d.6) Analizar los fines de la pena desde una perspectiva constitucional.
d.7) Determinar si la ley impugnada afecta de modo desproporcionado los fines de la pena en el Estado social y democrático de derecho, para lo cual será necesario acudir al test de proporcionalidad.
Con relación a los efectos de la sentencia:
e) Determinar sus efectos en el tiempo.
f) Determinar sus alcances en lo que a los procesos en trámite se refiere.
1. Los demandantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N.º 28658, promulgada por el Presidente del Congreso el 3 de julio de 2005 y publicada en el diario oficial El Peruano al día siguiente, mediante la cual se modifica el artículo 47º del Código Penal.
2. Concretamente, la ley cuestionada dispone:
Artículo 47º.- El tiempo de detención preliminar, preventiva y domiciliaria, que haya sufrido el imputado, se abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención.
Si la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención preliminar, preventiva o domiciliaria, se computará a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención.”
3. Del tenor de la demanda se advierte que los recurrentes no han cuestionado la constitucionalidad in toto del aludido artículo, pues sólo consideran inconstitucional el primer párrafo del precepto en cuanto dispone que el tiempo de arresto domiciliario se abona al cómputo de la pena privativa de libertad, a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto; mas no que, para esos mismos efectos, se tome en consideración el tiempo de detención preventiva sufrido.
En consecuencia, desde el punto de vista de la disposición (texto lingüístico impugnado), debe concluirse que los recurrentes consideran inconstitucional la frase “y domiciliaria” del primer párrafo del precepto impugnado.
§2. Sobre la supuesta sustracción de la materia
“(...) no toda norma derogada se encuentra impedida de ser sometida a un juicio de validez pues, aun en ese caso, existen dos supuestos en los que procedería una demanda de inconstitucionalidad: a) cuando la norma continúe desplegando sus efectos, y, b) cuando, a pesar de no continuar surtiendo efectos, la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado, esto es, si hubiese versado sobre materia penal o tributaria.” (Fundamento 2)
6. Así pues, como es de público conocimiento, mientras estuvo vigente la ley impugnada se presentaron diversas solicitudes de excarcelación, algunas de las cuales aún no han sido resueltas, o sus resoluciones se encuentran en etapa de impugnación, de modo que, a la fecha de expedición de la presente sentencia, los efectos de la disposición aún se vienen verificando, razón por la cual, a pesar de su derogación, en el presente caso no se ha producido la sustracción de materia.
§3. El abono del tiempo de la prisión preventiva al cómputo de la pena privativa de libertad
7. El Tribunal Constitucional considera que no existe vicio alguno de inconstitucionalidad en la exigencia de que el tiempo de prisión preventiva sea computado a razón de “día por día” con la pena privativa de libertad. Y ello a pesar de su distinta naturaleza.
Este Colegiado ha destacado anteriormente que la detención preventiva no puede, en ningún caso, ser concebida como una sanción punitiva, es decir, como aquella aplicada luego de haberse desvirtuado la presunción de inocencia que asiste a toda persona (literal e, inciso 24 del artículo 2º de la Constitución) en un proceso acorde con cada una de las manifestaciones del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidas en la Norma Fundamental, principalmente en su artículo 139º.
La detención preventiva es una medida cautelar limitativa del derecho fundamental a la libertad personal, válida en la medida de que se encuentre en riesgo el éxito del proceso penal, sea porque existe certeza o presunción fundada y razonable de que se pretende obstruir la actividad probatoria, sea porque se tienen los mismos elementos para temer la evasión en la aplicación de una eventual sentencia condenatoria; y siempre que su dictado resulte compatible con los principios de subsidiariedad, razonabilidad y proporcionalidad. (Caso Siva Checa. STC 1091-2002-HC, Fundamento 5 y siguientes).
8. Empero, más allá de los distintos presupuestos que justifican el dictado, de un lado, de una detención provisional, y, de otro, de una pena privativa de libertad, lo cierto es que los efectos personales generados por el dictado de una u otra son sustancialmente análogos. No sólo resulta que ambas son cumplidas en un establecimiento penitenciario, sino que, en los hechos, producen el mismo grado de limitación de la libertad personal, la misma sensación de encierro, la misma aflicción psicosomática que conlleva la separación del núcleo familiar, la imposibilidad de desempeñar el empleo, y, en general, el brusco quiebre que representa el tránsito de una vida desarrollada fuera de las paredes de un penal, a una sometida al férreo régimen disciplinario propio de todo centro de reclusión.
Tal como afirma Klaus Tiedemann, siguiendo al Tribunal Constitucional Federal Alemán,
“(...) la prisión preventiva es un mal, pero no es una pena, pues se trata de un mal a través del cual no se realiza el elemento normativo del reproche de la culpabilidad, ni a su través se ha de realizar retribución alguna (BverfGE 19, 342); sin embargo, el efecto fáctico de la pena se manifiesta en el hecho de que el tiempo de la prisión preventiva se abona al cumplimiento de la condena cuando ésta ha tenido lugar (§51 StGE)”. (Constitución y Derecho Penal. Lima: Palestra, 2003, p. 32”.
9. De ahí que la antigua y constante previsión en nuestro ordenamiento legal referida a la aplicación del tiempo de la prisión preventiva al cómputo de la pena privativa de libertad (artículo 31º del Código Penal de 1863, artículo 49º del Código Penal de 1924 y artículo 47º del Código vigente), no sólo resulta plenamente compatible con el principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la Constitución) y con los fines de reeducación, rehabilitación y resocialización del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139º de la Constitución), sino que, strictu sensu, por exigencia de tales principios, es una obligación legislativa.
Las materialmente idénticas incidencias sobre el derecho fundamental a la libertad personal, no pueden ser relativizadas en virtud de algún paradigma teórico (la distinta naturaleza jurídica entre una detención preventiva y una sanción punitiva), permitiendo que, en los hechos, una persona purgue prisión por un tiempo mayor a aquel previsto en la ley al momento de la comisión del delito. Ello no sólo implicaría una desproporcionada afectación del derecho a la libertad individual, sino una evidente vulneración del principio de legalidad penal (literal f, inciso 24 del artículo 2º de la Constitución).
10.En consecuencia, en los fundamentos siguientes el Tribunal Constitucional centrará su análisis en determinar si dicha constitucionalidad también se puede predicar respecto al arresto domiciliario, o si, acaso, en este extremo, la disposición cuestionada vulnera algún derecho, principio y/o valor constitucional.
§4. El derecho fundamental a la libertad personal como derecho regulado en su ejercicio
11. El inciso 24 del artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal. Se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias.
La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no sólo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
12. Sin embargo, como es doctrina reiterada de este Colegiado, ningún derecho fundamental es ilimitado. En efecto, por alta que sea su consideración dogmática y axiológica, ningún derecho fundamental tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de derechos, principios o valores a los que la Constitución también concede protección.
Los principios interpretativos de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, permiten considerar a las distintas disposiciones constitucionales como un complejo normativo armónico, coherente y sistemático. Toda tensión entre ellas debe ser resuelta “optimizando” la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en su conjunto; de ahí que, en estricto, los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los límites que en su virtud les resulten aplicables, forman una unidad.
13. Porque el derecho a la libertad personal no es ilimitado, es que resulta válido que el legislador haya previsto distintas medidas cautelares que bajo, criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pueden incidir sobre el, a afectos de garantizar el éxito del proceso penal. Las dos medidas más limitativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal son la detención judicial preventiva y el arresto domiciliario. Pero, ¿se trata de medidas, en esencia, análogas?.
Ya se ha hecho referencia a la similitud sustancial, a nivel fáctico, que existe entre las condiciones del cumplimiento de la detención preventiva y la pena privativa de libertad, lo que constitucionalmente justifica que el tiempo de detención preventiva se abone para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención.
Entre el arresto domiciliario y la pena privativa de libertad, ¿existe tal similitud sustancial?
Esta interrogante exige que este Tribunal analice el tratamiento que el ordenamiento jurídico dispensa al arresto domiciliario, y las particulares características de dicha medida cautelar.
§5. El arresto domiciliario
14. Existen dos grandes modelos de regulación de esta medida cautelar que han sido objeto de recepción en la legislación comparada.
El primero es el modelo amplio de detención domiciliaria, que se caracteriza por las siguientes notas: a) la detención domiciliaria es considerada como una medida alternativa a la prisión provisional; b) tiene carácter facultativo para el Juez; c) el sujeto afecto a dicha medida puede ser cualquier persona, y d) la medida puede ser flexibilizada por razones de trabajo, de salud, religiosas, entre otras circunstancias justificativas. Este modelo ha sido acogido, por ejemplo, por Bolivia, Chile y Costa Rica. En estos supuestos, las legislaciones suelen acudir a la nomenclatura “arresto domiciliario” antes que a la de “detención domiciliaria”, a efectos de evitar confusiones con la detención preventiva.
El segundo modelo es el restringido, y sus notas distintivas son: a) la detención domiciliaria es una medida sustitutiva de la prisión provisional; b) se impone de manera obligatoria en defecto de la aplicación de la prisión provisional, esto es, cuando no puede ejecutarse la prisión carcelaria; c) se regula de manera tasada para personas valetudinarias (vale decir, madres gestantes, mayores de 65 años, enfermos graves, entre otros); d) excepcionalmente, admite su flexibilización mediante permisos en casos de urgencia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal española ha adoptado este modelo. Lo propio ha acontecido con el Código Procesal Penal peruano de 2004, aún no vigente.
15. El régimen del Código Procesal Penal de 1991, específicamente en el inciso 1 de su artículo 143º (vigente a la fecha), define al arresto domiciliario no como un mandato de detención, sino como una medida de comparecencia. Es decir, antes que ser una detención en sentido técnico, es una alternativa frente a ésta, pues el precepto aludido es claro en señalar que:
“Se dictará mandato de comparecencia cuando no corresponda la medida de detención”.
En otras palabras, corresponderá dictar alguna de las medidas de comparecencia previstas en los distintos incisos del artículo 143º (entre las cuales se encuentra incluido el arresto en el domicilio), cuando no se cumplan copulativamente los requisitos previstos en el artículo 135º del mismo cuerpo de leyes, para dictar un mandato de detención. Dichos requisitos son:
“1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad; y,
3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia, la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.
En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida”.
16. De acuerdo al artículo 143º, el arresto domiciliario puede ser dictado en cualquier supuesto; lo cual quiere decir, prima facie, que no se concibe como un sustituto de la detención preventiva. De hecho, prácticamente la totalidad de supuestos en los que se ha dictado esta medida ha comprendido casos de personas en perfecto estado de salud. No obstante, el referido artículo también permite que esta medida cautelar se imponga como un sustituto de la prisión preventiva para casos excepcionales, es decir, cuando se trate
“(...) de imputados mayores de 65 años que adolezcan de una enfermedad grave o de incapacidad física, siempre que el peligro de fuga o de perturbación de la actividad probatoria pueda evitarse razonablemente”.
Este tratamiento legal de la detención domiciliaria denota la existencia de una fórmula mixta respecto a los dos modelos reseñados en el Fundamento 14, supra.
17. En tal sentido, bien puede afirmarse que, a la vista del ordenamiento procesal penal vigente, con la salvedad hecha a los supuestos de personas valetudinarias, el arresto domiciliario y la detención judicial preventiva son instituciones procesal penales sustancialmente distintas. De ahí que sea un despropósito acudir a ordenamientos que recogen modelos restringidos para justificar el tratamiento que debe otorgarse al arresto domiciliario en nuestro medio.
18. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, no puede considerar al ordenamiento infraconstitucional, por si solo, como el factor determinante de sus interpretaciones. Motivo por el cual, es necesario revisar si, desde una perspectiva constitucional, puede equipararse el arresto domiciliario con la detención preventiva. Para tales efectos, debe recurrirse al uniforme criterio que este Tribunal ha expuesto sobre el particular y que, dentro de este contexto, constituye jurisprudencia vinculante para todos los poderes públicos.
19. Así, en el Caso Chumpitaz Gonzales (STC 1565-2002-HC), en el que se pretendió cuestionar la constitucionalidad del dictado de un arresto domiciliario, este Colegiado señaló:
“[L]o primero que este Tribunal Constitucional debe destacar, teniendo en consideración los términos en que se ha formulado la pretensión, es que el análisis del presente caso no es sustancialmente igual a otros que, con anterioridad, se haya pronunciado (...).
En efecto, en el presente caso se cuestiona que el juzgador haya decretado contra el beneficiario el mandato de comparecencia con detención domiciliaria, mientras que en los casos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se cuestionaba supuestos de detención judicial preventiva. Tales figuras, desde luego, no pueden ser equiparadas ni en sus efectos personales, ni en el análisis de sus elementos justificatorios, pues es indudable que la primera de las mencionadas (la detención domiciliaria) se configura como una de las diversas formas a las que, de manera alternativa, puede apelar el juzgador con el objeto de evitar la segunda de ellas, esto es, la detención judicial preventiva, que, como se ha expuesto en la sentencia recaída en el caso Silva Checa contra el Poder Judicial, se trata siempre de una medida cuya validez constitucional se encuentra sujeta a los principios de subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que comporta una restricción, en términos plenarios, de la libertad locomotoria del afectado con ella.” (Fundamento 2).
Este criterio ha sido invariablemente reiterado en diversas causas resueltas en esta sede (Caso Fernandini Maraví, STC 0209-2002-HC, Fundamento 2; Caso Bozzo Rotondo, STC 0376-2003-HC, Fundamento 2; entre otros).
20. Por su parte, en el Caso Villanueva Chirinos (STC 0731-2004-HC), estableció lo siguiente:
“El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que la detención domiciliaria y la prisión preventiva responden a medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón al distinto grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo.
No cabe duda que la detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos gravosa, pues resulta una menor carga psicológica, debido a que no es lo mismo permanecer por disposición judicial en el domicilio que en prisión, siendo menos estigmatizante (...)”. (Fundamento 7).
21. Basándose en estos criterios jurisprudenciales, el Tribunal Constitucional precisó en el Caso Arbulú Seminario (STC 1725-2002-HC) que no es posible acumular el plazo de la detención domiciliaria al plazo de la detención preventiva para efectos de establecer si ha vencido, o no, el plazo máximo de detención del artículo 137º del Código Procesal Penal. Primero, porque dicho plazo sólo es aplicable a la detención preventiva; y, segundo, porque, tal como ha establecido este Tribunal en el Caso Berrocal Prudencio (STC 2915-2002-HC, Fundamentos 18 a 31) en relación con la detención judicial preventiva, en criterio que, mutatis mutandis, es aplicable a la detención domiciliaria, para determinar si existe, o no, afectación del derecho a que la libertad personal no sea restringida más allá de un plazo razonable, no es un elemento determinante la fijación de un plazo legal, sino el análisis de ciertos criterios a la luz de cada caso concreto.
Estos criterios son: a) la diligencia del juez en la merituación de la causa; b) la complejidad del asunto; y c) la conducta obstruccionista del imputado.
22. Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento el arresto domiciliario tiene elementos jurídico-justificatorios menos estrictos que la detención preventiva, en su aplicación concreta se han advertido distintas permisiones de imposible verificación en un modelo restringido. Es el caso de concesiones tales como que la elección del lugar en el que se aplique la medida corra a cargo del imputado, y no del juez, o de permitirse que la persona acuda a su centro de labores durante plazos fijos. Asimismo, han existido casos en los que el inculpado sometido a arresto domiciliario,
“(...) con autorización judicial, puede egresar de su domicilio a fin de realizar gestiones ante el colegio profesional del que es agremiado (fue el caso del ex vocal Daniel Lorenzzi Goicochea, quien acudió al Colegio de Abogados de Lima a fin de hacer frente a un proceso administrativo); puede votar en las elecciones gremiales; emitir voto en las elecciones generales; asistir a hospitales y clínicas cuando su salud lo requiera (fue el caso de Alex Wolfenson Woloch, quien en pleno juicio oral, visitó frecuentemente a su dentista)”. (Informe: Comentarios a la Ley N.º 28568 que modificó el artículo 47º del Código Penal sobre arresto domiciliario. Justicia Viva. Lima, julio, 2005).
23. Así pues, tal como a la fecha se encuentran regulados el arresto domiciliario y la prisión preventiva, y aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos sustancialmente distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho fundamental a la libertad personal respecta; ello porque, en el caso del arresto domiciliario, el ius ambulandi se ejerce con mayores alcances; no existe la aflicción psicológica que caracteriza a la reclusión; no se pierde la relación con el núcleo familiar y amical; en determinados casos, se continúa ejerciendo total o parcialmente el empleo; se sigue gozando de múltiples beneficios (de mayor o menor importancia) que serían ilusorios bajo el régimen de disciplina de un establecimiento penitenciario; y, en buena cuenta, porque el hogar no es la cárcel.
§6. Obligación del legislador de respetar el principio de igualdad en el tratamiento de las instituciones
24. En consecuencia, si bien cabe alegar una sustancial identidad entre los efectos personales de la prisión preventiva y los que genera la pena privativa de libertad, lo cual justifica que el tiempo de aquella se abone para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención, en modo alguno puede sostenerse lo mismo en lo que a la detención domiciliaria respecta.
Sin embargo, el legislador, a través de la ley impugnada, dispensó igual trato a ambos supuestos (el arresto domiciliario y la detención preventiva), con lo cual implícitamente está afirmando que la detención domiciliaria genera la misma incidencia sobre la libertad personal que la producida mientras se cumple pena privativa de libertad en un centro penitenciario. En otras palabras, el Congreso de la República ha optado por generar una “identidad matemática” entre el arresto domiciliario y la pena privativa de libertad, permitiendo que aquel y ésta sean equiparados, de manera tal que cada día de permanencia de la persona en su hogar o en el domicilio por ella escogido, sea homologado como un día purgado de la pena privativa de libertad, en el caso que sea dictada una sentencia condenatoria.
Tal hecho, de conformidad con lo expuesto, resulta manifiestamente irrazonable y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reseñada.
Dicho criterio, además, como correctamente se advirtió en la audiencia pública de esta causa, el día de hoy, daría lugar a que más tarde pueda pretenderse el cumplimiento de penas privativas de libertad no en un centro de reclusión, sino en el domicilio del sentenciado, lo que evidentemente sería un despropósito, si se tiene en cuenta que el inciso 21 del artículo 139 de la Constitución, exige el cumplimiento de las penas privativas de la libertad en un establecimiento penal, a efectos de que se logren los fines del régimen penitenciario, esto es, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (inciso 22 del artículo 139 de la Constitución).
25. Este Colegiado considera también que ello afectaría el principio de igualdad. En efecto, tal como ha sostenido,
“(...) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos.” (Caso Regalías Mineras, STC 0048-2004-AI, Fundamento 61).
El principio de igualdad proscribe la posibilidad de que el legislador otorgue idéntico tratamiento a dos instituciones sustancialmente distintas, sin base objetiva y razonable que justifique su decisión.
26. No obstante, podría pretenderse alegar la razonabilidad de la disposición impugnada desde la perspectiva del derecho a la libertad personal de los penados. En efecto, desde este enfoque, más allá de la ausencia de identidad entre los efectos personales que genera el arresto domiciliario, por un lado, y la detención preventiva y la pena privativa de libertad, por otro, es factible argumentar que, con tal medida, el derecho a la libertad personal de los penados se optimiza, pues el tiempo de cumplimiento de la pena en un centro penitenciario se reduciría considerablemente o, incluso, en determinados supuestos, sencillamente no tendría lugar. Se trataría de un supuesto en el que, si bien se dota al derecho fundamental a la libertad personal de un “contenido adicional” ajeno a su contenido constitucionalmente protegido, en última instancia resulta “favorecida” la libertad en su nivel subjetivo.
27. Ocurre, sin embargo, que el Tribunal Constitucional, por obligación, no agota su función de supremo intérprete de la Constitución en una mera valoración de los derechos fundamentales en su vertiente subjetiva. Tal perspectiva, por parcial e insuficiente, desemboca inexorablemente en un grave error que generaría prelaciones absolutas entre los propios derechos fundamentales, o entre estos y los otros bienes esenciales para la convivencia democrática en un Estado social y democrático de derecho.
De ahí que toda previsión que favorezca al derecho subjetivo a la libertad personal más allá de su contenido constitucionalmente protegido, sólo resultará válida si no afecta de modo desproporcionado el cuadro material de valores reconocido en la Carta Fundamental; es decir, en la medida en que no vacíe los contenidos o desvirtúe las finalidades que los otros derechos fundamentales (en sus dimensiones subjetiva y objetiva) cumplen en el ordenamiento jurídico o, en general, aquella que cumplen los bienes esenciales a los que la Constitución explícita o implícitamente concede protección, por resultar imprescindibles para la consolidación de todo Estado social y democrático de derecho, y para que éste pueda hacer frente a toda amenaza contra los principios constitucionales en que se sustenta.
28. Así las cosas, si bien la pretendida identidad entre un arresto domiciliario y la pena privativa de libertad permite que el penado se encuentre menos tiempo confinado en un centro de reclusión, o incluso, que no ingrese nunca a éste a pesar de haber incurrido en un delito, es preciso preguntarse si acaso ello no desvirtúa los fines que el poder punitivo del Estado cumple en una sociedad democrática.
29. Para arribar a una respuesta satisfactoria ante tal interrogante, es preciso, primero, determinar cuáles son los fines que la pena cumple en un Estado social y democrático de derecho. En segundo término, establecer si dichos fines deben ser considerados como bienes constitucionalmente protegidos. Y, finalmente, determinar si el precepto impugnado los ha afectado de modo desproporcionado, para lo cual será preciso acudir al test de proporcionalidad.
§7. Teorías acerca de la finalidad de la pena privativa de libertad
A) Teoría de la retribución absoluta
30. Son distintas las teorías de los fines de la pena desarrolladas en la doctrina. Una es la teoría de la retribución absoluta, cuyos exponentes son Kant y Hegel. Según ella, la pena no cumple ninguna función social, pues es una institución independiente de su esfera social; es decir, agota toda virtualidad en la generación de un mal al delincuente, de modo tal que el Estado, en representación de la sociedad, toma venganza por la afectación de algún bien jurídico relevante, aplicando un mal de similar gravedad a la relevancia del bien en el ordenamiento jurídico. Se trata de la concreción punitiva del antiguo principio del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”.
Esta teoría no sólo carece de todo sustento científico, sino que es la negación absoluta del principio-derecho a la dignidad humana, reconocido en el artículo 1º de nuestra Constitución Política, conforme al cual
“La defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.”
B) Teoría de la prevención especial
31. Por otra parte, la teoría de la prevención especial o también denominada teoría de la retribución relativa, centra la finalidad de la pena en los beneficios que ella debe generar en el penado o, cuando menos, en aquellos que tengan la voluntad de ser resocializados. De esta manera, la finalidad de la pena puede ser dividida en dos fases: a) en el momento de su aplicación misma, teniendo como propósito inmediato disuadir al delincuente de la comisión de ilícitos penales en el futuro, desde que internaliza la grave limitación de la libertad personal que significa su aplicación; y, b) en el momento de su ejecución, la cual debe encontrarse orientada a la rehabilitación, reeducación y posterior reinserción del individuo a la sociedad. Esta finalidad encuentra una referencia explícita en el inciso 22 del artículo 139º de la Constitución:
C) Teoría de la prevención general
32. La teoría de la prevención general circunscribe su análisis, antes que en el penado, en el colectivo, de forma tal que considera que la pena tiene por finalidad influir en la sociedad a través de la efectividad de la amenaza penal y su posterior ejecución en aquellos que, mediante una conducta antijurídica, atentan contra valores e intereses de significativa importancia en el ordenamiento jurídico y que, por tal motivo, son objeto de protección por el Derecho Penal.
Hoy se reconoce una vertiente negativa y otra positiva a la teoría de la prevención general. La primera establece como finalidad sustancial de la pena el efecto intimidatorio que genera la amenaza de su imposición en aquellos individuos con alguna tendencia hacia la comisión del ilícito. Sin embargo, es discutible sustentar la tesis conforme a la cual todo individuo proclive a la criminalidad genere el grado de reflexión suficiente para convertirlo en objeto del efecto intimidatorio. En algunos supuestos, dicho efecto es resultado, antes que de la gravedad de la pena preestablecida, del grado de riesgo de ser descubierto, durante o después de la comisión del delito.
Por ello, son los efectos de la vertiente positiva de la prevención general los que alcanzan mayor relevancia. Claus Roxin, los resume del siguiente modo:
“(...) el efecto de aprendizaje motivado socio-pedagógicamente, el `ejercicio de la confianza en el derecho´ que se produce en la población por medio de la actividad de la justicia penal; el efecto de confianza que resulta cuando el ciudadano ve que el derecho se impone; y finalmente, el efecto de satisfacción que se instala cuando la conciencia jurídica se tranquiliza como consecuencia de la sanción por sobre el quebrantamiento del derecho, y cuando el conflicto con el autor es visto como solucionado.” (Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad. En: Determinación judicial de la pena. Compilador Julio B. J. Maier. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 1993, p. 28).
D) Teorías de la unión
33. Finalmente, las teorías de la unión sostienen que tanto la retribución como la prevención general y especial, son finalidades de la pena que deben ser perseguidas de modo conjunto y en un justo equilibrio.
§8. Derecho Penal y Constitución
34. Expuestas las distintas teorías en torno a la finalidad que cumple la pena privativa de libertad, corresponde evaluar la temática desde una perspectiva constitucional, para lo cual conviene, ante todo, analizar la relación entre el Derecho Penal y el sistema material de valores reconocido en la Constitución.
35. El Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que regula el ius puniendi, monopolio del Estado, y que, por tal razón, por antonomasia, es capaz de limitar o restringir, en mayor o menor medida, el derecho fundamental a la libertad personal. De ahí que, desde una perspectiva constitucional, el establecimiento de una conducta como antijurídica, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o restricción de la libertad personal, sólo será constitucionalmente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (principio de lesividad). Como resulta evidente, sólo la defensa de un valor o un interés constitucionalmente relevante podría justificar la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental.
Como correctamente apunta Carbonell Mateu,
“Por relevancia constitucional no ha de entenderse que el bien haya de estar concreta y explícitamente proclamado por la Norma Fundamental. Eso sí, habría de suponer una negación de las competencias propias del legislador ordinario. La Constitución contiene un sistema de valores compuesto por los derechos fundamentales, los derechos de los ciudadanos, aquellos que son necesarios y convenientes para hacer efectivos los fundamentales y los que simplemente se desprenden como desarrollo de aquellos. Por otra parte la interpretación que se realice de la norma fundamental no ha de ser estática sino dinámica; esto es adecuada a los cambios sociales y de cualquier otra índole que se vayan produciendo. De esta manera puede decirse que el derecho penal desarrolla, tutelándolos, los valores proclamados en la Constitución y los que de ella emanan; puede decirse, en fin, que detrás de cada precepto penal debe haber un valor con relevancia constitucional.” (Derecho Penal: concepto y principios constitucionales. Valencia: Tirant lo blanch, 1999, p. 37)
36. En ese sentido, dentro de los límites que la Constitución impone, el legislador goza de un amplio margen para diseñar la política criminal del Estado. Entre tales límites no sólo se encuentra la proscripción de limitar la libertad personal más allá de lo estrictamente necesario y en aras de la protección de bienes constitucionalmente relevantes, sino también la de no desvirtuar los fines del instrumento que dicho poder punitivo utiliza para garantizar la plena vigencia de los referidos bienes, es decir, no desnaturalizar los fines de la pena.
§9. Los fines de la pena desde una perspectiva constitucional
37. Este Colegiado ya ha descartado que se conciba a la retribución absoluta como el fin de la pena. Ello, desde luego, no significa que se desconozca que toda sanción punitiva lleva consigo un elemento retributivo. Lo que ocurre es que la pretensión de que ésta agote toda su virtualidad en generar un mal en el penado, convierte a éste en objeto de la política criminal del Estado, negando su condición de persona humana, y, consecuentemente, incurriendo en un acto tan o más execrable que la propia conducta del delincuente.
38. Sin embargo, las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia armónica en una sociedad democrática.
Existen, distribuidas, una serie de competencias entre distintos órganos constitucionales expresamente dirigidas a combatir el delito. Así, el artículo 166º de la Constitución, prevé que la Policía Nacional,
“(...) tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público o privado. Previene investiga y combate la delincuencia (...).”
Es de destacarse, asimismo, la función primordial que el artículo 59º de la Constitución confiere al Ministerio Público en la salvaguardia de los intereses públicos que se puedan ver amenazados o afectados por el delito:
“Corresponde al Ministerio Público:
4. Conducir, desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a pedido de parte.
Sin embargo, tal como ha destacado este Tribunal
“(...) la función punitivo-jurisdiccional es privativa del Poder Judicial.” (Caso Antejuicio Político. STC 0006-2003-AI, Fundamento 18).
En efecto, es al Poder Judicial -encargado de ejercer la administración de justicia que emana del pueblo (artículo 138º de la Constitución)- a quien corresponde establecer las responsabilidades penales. Ello quiere decir que el Poder Judicial es el órgano que, en estricto respeto del principio de legalidad penal, y con la independencia que la Constitución le concede y exige (inciso 2 del artículo 139º e inciso 1 del artículo 146º de la Constitución), debe finalmente reprimir las conductas delictivas comprobadas en un debido proceso, con la pena que resulte correspondiente.
39. Por otra parte, el particular daño que el delito genera en el Estado social y democrático de derecho motiva que su flagrancia o el peligro de su inminente realización, sea causa expresamente aceptada por la Constitución para la limitación de diversos derechos fundamentales. Así, por ejemplo, el inciso 9 del artículo 2º de la Constitución establece que:
9. A la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en él, ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración (...).”
Mientras que el literal f, inciso 24 del artículo 2º, señala:
“Nadie puede ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. (...).”
Asimismo, el literal g, inciso 24 del mismo artículo estipula:
“Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos en la ley.(...)”
Incluso, el delito flagrante se constituye en un límite a la inmunidad parlamentaria de los congresistas (artículo 93º de la Constitución).
40. En consecuencia, las penas, en especial la privativa de libertad, por estar orientadas a evitar la comisión del delito, operan como garantía institucional de las libertades y la convivencia armónica a favor del bienestar general. Dicha finalidad la logran mediante distintos mecanismos que deben ser evaluados en conjunto y de manera ponderada.
En primer lugar, en el plano abstracto, con la tipificación de la conducta delictiva y de la respectiva pena, se amenaza con infligir un mal si se incurre en la conducta antijurídica (prevención general en su vertiente negativa). En segundo término, desde la perspectiva de su imposición, se renueva la confianza de la ciudadanía en el orden constitucional, al convertir una mera esperanza en la absoluta certeza de que uno de los deberes primordiales del Estado, consistente en
“(...) proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia (...)” (artículo 44º de la Constitución),
se materializa con la sanción del delito (prevención especial en su vertiente positiva); con la consecuente vigencia efectiva del derecho fundamental a la seguridad personal en su dimensión objetiva (inciso 24 del artículo 2º de la Constitución).
Asimismo, la grave limitación de la libertad personal que supone la pena privativa de libertad, y su quantum específico, son el primer efecto reeducador en el delincuente, quien internaliza la seriedad de su conducta delictiva, e inicia su proceso de desmotivación hacia la reincidencia (prevención especial de efecto inmediato). Finalmente, en el plano de la ejecución de la pena, ésta debe orientarse a la plena rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (prevención especial de efecto mediato, prevista expresamente en el inciso 22 del artículo 139º de la Constitución).
41. Es preciso destacar, sin embargo, que ninguna de las finalidades preventivas de la pena podría justificar que exceda la medida de la culpabilidad en el agente, la cual es determinada por el juez penal a la luz de la personalidad del autor y del mayor o menor daño causado con su acción a los bienes de relevancia constitucional protegidos.
42. Pero a su vez, ninguna medida legislativa podría, en un afán por favorecer “a toda costa” la libertad personal, anular el factor preventivo como finalidad de la pena a imponerse. En tales circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos bienes protegidos por el orden constitucional, se estaría quebrando el equilibrio social que toda comunidad reclama como proyección de la Constitución material.
Es más, ninguna medida tendiente a la resocialización del imputado (prevención especial), podría anular el efecto preventivo general, sobre todo en su vertiente positiva, pues, como ha establecido la Corte Constitucional italiana:
“(...) al lado de la reeducación del condenado, la pena persigue otros fines esenciales a la tutela de los ciudadanos y del orden jurídico contra la delincuencia” (Sentencia N.º 107/1980, Fundamento 3).
Dicha Corte, en criterio que este Tribunal comparte, rechaza
“que la función y el fin de la pena misma se agoten en la `esperada enmienda´ del reo, pues tiene como objeto exigencias irrenunciables de `disuación, prevención y defensa social´” (Idem).
Mientras que la Corte Constitucional colombiana ha destacado que
“Por vía de los beneficios penales, que hacen parte de los mecanismos de resocialización creados por el legislador en favor del imputado, no puede (...) contrariarse el sentido de la pena que comporta la respuesta del Estado a la alarma colectiva generada por el delito, y mucho menos, el valor de la justicia en darle a cada quien lo suyo de acuerdo a una igualdad proporcional y según sus propias ejecutorias” (Sentencia C-762/02, Fundamento 6.4.5)
En consecuencia, toda ley dictada como parte de la política criminal del Estado será inconstitucional si establece medidas que resulten contrarias a los derechos fundamentales de las personas, procesadas o condenadas. Pero también lo será si no preserva los fines que cumple la pena dentro de un Estado social y democrático de derecho.
§10. Aplicación del test de proporcionalidad a la ley impugnada
43. Destacados los fines de la pena como bienes constitucionalmente protegidos, corresponde evaluar la disposición cuestionada a la luz del test de proporcionalidad. En otras palabras, corresponde evaluar si la norma cuestionada ha desvirtuado la finalidad que cumple la pena privativa de libertad en el orden constitucional.
44. Tal como quedó dicho, el fin que persigue la ley en cuestión, prima facie, no puede ser considerado como constitucionalmente inválido, toda vez que optimiza la libertad personal del penado al reducir el tiempo de purgación de pena en un establecimiento penitenciario. Y, desde luego, la medida adoptada, esto es, permitir que para tales efectos se abone el tiempo de arresto domiciliario al cómputo de la pena impuesta, a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto, resulta idóneo para alcanzar dicho objetivo.
45. Sin embargo, ¿resulta razonable que el tiempo de arresto domiciliario (con las características que tiene en nuestro ordenamiento procesal penal vigente) sea computado “día por día” con la pena privativa de libertad?
46. Para este Tribunal Constitucional, una medida como la descrita vacía de contenido la finalidad preventivo-general de la pena privativa de libertad, pues reduce irrazonablemente la posibilidad de que genere un suficiente efecto intimidatorio. Además, y lo que es más grave, desvirtúa la posibilidad de que la sociedad afiance su confianza en el orden penitenciario constitucional, pues se observará con impotencia cómo delitos de naturaleza particularmente grave son sancionados con penas nimias, o absolutamente leves en relación al daño social causado. Ello alcanza mayores y perniciosas dimensiones en una sociedad como la nuestra en la que, de por sí, la credibilidad de la ciudadanía en los poderes públicos se encuentra significativamente mellada.
47. Las funciones de valoración, pacificación y ordenación de este Tribunal lo obligan, en la resolución de cada causa, y más aún si se trata de un proceso de inconstitucionalidad, a no prescindir de los signos que revela la realidad concreta relacionada con la materia de la que se ocupa la ley que es objeto de control. En atención a ello, es preciso destacar que al 10 de junio del presente año, de las 75 personas a las que se había impuesto la medida de arresto domiciliario, 50, es decir, más del 66%, eran personas acusadas de encontrarse vinculadas con actos de corrupción tanto de la década pasada como recientes (Diario La República del 10 de junio de 2005, p. 6). Es decir, se trata de conductas que no sólo resultan contrarias al orden jurídico penal, sino que se riñen con los más elementales designios de la ética y la moral, y consiguientemente, con los valores hegemónicos de la axiología constitucional.
Tal como afirma el Preámbulo de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por el Estado peruano el 4 de abril de 1997,
“[L]a corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
(...) la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio; (...)”.
Estos factores despejan toda duda respecto a la inconstitucionalidad del precepto impugnado, ya que anula todo fin preventivo-general de la pena privativa de libertad, al equipararla al arresto domiciliario. Es evidente que la punición benevolente de hechos que generan un repudio social absoluto y que afectan en grado sumo diversos bienes jurídicos de particular relevancia constitucional, mina la confianza de la población en el Derecho, con el consecuente riesgo para la consolidación del cuadro material de valores recogido en la Carta Fundamental.
48. Por otra parte, la norma resulta también contraria a la finalidad preventivo-especial de la pena, pues al permitir que el delincuente conciba el arresto domiciliario como una limitación de la libertad personal idéntica a la pena privativa de libertad, debilita e incluso descarta toda posibilidad de que internalice la gravedad de su conducta. Esto resultará particularmente evidente en el caso de delitos de corrupción, en los que los beneficios generados por la comisión del delito aparecerán como significativamente superiores a la gravedad de la pena impuesta como consecuencia de su comisión. La tendencia a la reiteración de esta conducta es, pues, un peligro inminente para la sociedad.
49. Asimismo, aun cuando las medidas tendientes a la rehabilitación y resocialización del penado que dispensan nuestros centros carcelarios no son óptimas, la posibilidad de que dichos objetivos se cumplan será menor, mientras se reduzca el tiempo de ejecución de la pena privativa de libertad.
50. Por las razones expuestas, este Tribunal considera inconstitucional la disposición impugnada en el extremo que permite que el tiempo de arresto domiciliario sea abonado para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto domiciliario.
Ello significa que es inconstitucional la frase “y domiciliaria” del primer párrafo del artículo 47º del Código Penal, modificado por el Artículo Único de la Ley N.º 28568.
§11.Efectos en el tiempo de la presente sentencia
51. En mérito a la “fuerza de ley” atribuida a las sentencias del Tribunal Constitucional, y a la luz de una interpretación que concuerda el artículo 204º de la Constitución, que establece la función de este Tribunal de dejar sin efecto las leyes que resulten incompatibles con la Norma Fundamental, con el artículo 103º de la Constitución, que establece que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo, el legislador del Código Procesal Constitucional ha establecido en su artículo 83º, que:
“Las sentencias declaratorias de (...) inconstitucionalidad no conceden derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103º (...) de la Constitución.(...)”.
52. No obstante, el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable no puede ser interpretado desde la perspectiva exclusiva de los intereses del penado. Si tal fuera el caso, toda ley más favorable, incluso aquellas inconstitucionales, inexorablemente deberían desplegar sus efectos retroactivos concediendo la libertad al delincuente.
De ahí que, como quedó dicho, por ejemplo, las leyes inconstitucionales que conceden algún beneficio para el reo no podrán desplegar tales efectos porque, siendo el control difuso un poder-deber de toda la judicatura (artículo 138º de la Constitución), el juez a quien se solicite su aplicación retroactiva deberá inaplicarla por resultar incompatible con la Constitución.
53. Asimismo, la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable debe ser ponderada a partir de una equilibrada valoración comparativa con la finalidad que cumplen las penas en contextos de especial convulsión social. Así, por ejemplo, si en dicho escenario
“(...) se agravan las penas de los delitos de hurto y de robo con fuerza en las cosas para evitar el pillaje y los saqueos que propicia tal situación excepcional, no resultará desproporcionada la imposición de tales penas cuando en un momento posterior a la vigencia temporal de dicha ley penal se juzguen los hechos acaecidos durante la misma y se aplique, no la nueva ley más favorable, sino la anterior más dura. La nueva ley se debe a que ha cambiado el contexto fáctico relevante para la valoración penal concreta de la conducta, pero no la valoración penal que merecen los comportamientos realizados en tales circunstancias. Es más: el legislador seguirá considerando que la pena anterior era la más adecuada a la solución del conflicto suscitado -era la mínima necesaria y proporcionada para proteger ciertos bienes en ciertas circunstancias-, por lo que lo que produciría la aplicación de las nuevas penas, las más leves, es la parcial desprotección de ciertos bienes sociales esenciales”. (Lascuraín Sánchez, Juan Antonio. Sobre la retroactividad penal favorable. Madrid: Cuadernos Civitas, 2000, p. 38).
54. Es indudable que el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable se encuentra en directa relación con el derecho fundamental a la libertad personal del condenado. En consecuencia, el primer límite a la aplicación retroactiva de las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad se encuentra en los supuestos en los que dicha retroactividad genere una afectación del derecho fundamental a la libertad personal.
Sucede, sin embargo –y tal como se ha expresado en la presente sentencia-, que no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal el hecho de que se permita que el tiempo de arresto domiciliario impuesto a cualquier persona (con excepción de las valetudinarias), sea abonado para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto. Por el contrario, dicha previsión resulta manifiestamente inconstitucional, por desvirtuar la finalidad de las penas en el Estado social y democrático de derecho.
55. La función integradora del Tribunal Constitucional ha comportado que en reiteradas ocasiones tenga que supeditar la determinación de los efectos de sus sentencias a la optimización de la fuerza normativo-axiológica de la Constitución, evitando de esa manera que, en virtud de un análisis literal y asistemático de las normas que regulan la materia, se contravengan las principales funciones de los procesos constitucionales, cuales son:
“(...) garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”. (Artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).
56. Así, por ejemplo, en el Caso Legislación Antiterrorista (STC 0010-2002-AI), en relación con el artículo 103º de la Constitución, este Colegiado ha sostenido que:
“(...) tal regla, al autorizar la eventual realización de un nuevo juzgamiento, no limita la posibilidad del Tribunal Constitucional de modular los efectos en el tiempo de su decisión. Es decir, de autorizar que el propio Tribunal, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, pueda disponer una vacatio setentiae, y de esa manera permitir que el legislador democrático regule en un plazo breve y razonable, un cauce procesal que permita una forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo proceso para los sentenciados por el delito de traición a la patria.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la presente sentencia no anula automáticamente los procesos judiciales donde se hubiera condenado por el delito de traición a la patria al amparo de los dispositivos del Decreto Ley N°. 25659 declarados inconstitucionales. Tampoco se deriva de tal declaración de inconstitucionalidad que dichos sentenciados no puedan nuevamente ser juzgados por el delito de terrorismo (...)”.
57. De esta manera, reafirmando sus funciones de valoración, ordenación y pacificación, este Colegiado llevó a cabo un justo balancing entre los derechos subjetivos de las personas acusadas de la comisión del delito de terrorismo y el interés de la sociedad de reprimir un delito de inestimable gravedad para la estabilidad del orden democrático, y frente al que el Constituyente había mostrado su especial repudio (literal f, inciso 24 del artículo 2º, y artículos 37º y 173º de la Constitución).
58. Esta exigencia del Estado Constitucional no es menos intensa en el ámbito internacional de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha efectuado similar ponderación al dejar en manos de los diferentes Estados la decisión sobre la libertad personal de las personas involucradas en actos terroristas, a pesar de haberse acreditado la afectación de su derecho al debido proceso:
“Corresponde al Estado, en su caso, llevar a cabo -en un plazo razonable- un nuevo proceso que satisfaga ab initio las exigencias del debido proceso legal, realizando ante el juez natural (jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de audiencia y defensa para los inculpados. La Corte no se pronuncia sobre la libertad provisional de estos, porque entiende que la adopción de dicha medida precautoria corresponde al tribunal nacional competente.” (Caso Castillo Petruzzi. Sentencia del 4 de septiembre de 1998. Serie C, núm. 41).
59. Una ponderación no menos equilibrada se requiere en un asunto en el que, como en el presente caso, se encuentra directamente involucrada la eficacia de la lucha anticorrupción prevista por el Estado peruano como su principal objetivo en el diseño de la política criminal de los últimos 5 años. No sólo por una cuestión de connotación sociológica, sino porque, en el plano normativo-constitucional, tal como ocurre con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el espionaje, la traición a la patria y el genocidio, el Constituyente ha advertido la dimensión particularmente disvaliosa de los actos de corrupción, por la magnitud de daño que provocan al cuadro material de valores reconocido por la Constitución.
Es así que, como una medida preventiva, ha considerado en el artículo 41º de la Constitución que
“Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer una declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley”.
E incluso hace alusión a una de las concretas manifestaciones de los delitos de corrupción y a reglas específicas a aplicarse en el procesamiento de delitos de dicha índole:
“Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo para su inhabilitación para la función pública.
El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado”.
60. El cumplimiento efectivo de la pena y, por ende, la consecución de la plena eficacia de los fines de la pena privativa de libertad en un Estado social y democrático de derecho, en especial en aquellos supuestos en los que es impuesta a los individuos que han incurrido en actos de corrupción, es un valor de especial relevancia en el ordenamiento constitucional.
61. Así las cosas, si bien no es posible que por medio de esta sentencia se puedan anular los efectos beneficiosos para el reo que el extremo viciado de inconstitucionalidad de la ley impugnada cumplió en el pasado, ello no obsta para que, a partir del día siguiente de publicación de esta sentencia, dicho extremo quede sin efecto incluso en los procesos que se hayan iniciado mientras estuvo vigente, esto es, en aquellos procesos en los que los efectos inconstitucionales de la ley aún se vienen verificando.
Y es que, tal como quedo dicho en el Fundamento 5, supra, la declaración de inconstitucionalidad, a diferencia de la derogación, anula los efectos de la norma, o lo que es lo mismo, su capacidad reguladora, por lo que, una vez declarada su inconstitucionalidad, será imposible aplicarla.
62. En consecuencia, por virtud del efecto vinculante de una sentencia del Tribunal Constitucional para todos los poderes públicos (artículo 82º del Código Procesal Constitucional), las solicitudes de aplicación de la ley impugnada (en lo que a la detención domiciliaria se refiere) que no hayan sido resueltas, deberán ser desestimadas, por haber cesado sus efectos inconstitucionales.
63. Del mismo modo, los jueces o tribunales que tengan en trámite medios impugnatorios o de nulidad en los que se solicite la revisión de resoluciones judiciales en las que se haya aplicado el precepto impugnado (en lo que a la detención domiciliaria se refiere), deberán estimar los medios impuganatorios y declarar nulas dichas resoluciones judiciales, por no poder conceder efecto alguno a una disposición declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
64. Precísese que la obligación de los jueces y magistrados de actuar de conformidad con lo reseñado en los dos fundamentos precedentes, es exigible incluso antes de la publicación de esta sentencia en el diario oficial El Peruano, pues los criterios jurisprudenciales vertidos en relación con las sustanciales diferencias entre el arresto domiciliario y la detención judicial preventiva, imponen la aplicación del control difuso contra la ley impugnada.
Una interpretación distinta supondría reconocer que el Estado social y democrático de derecho carece de los instrumentos que permiten garantizar la plena vigencia de los principios en los que se sustenta, así como de los derechos y libertades que está llamado a defender; lo que para este supremo intérprete de la Constitución resulta, a todas luces, inaceptable.
65. El Tribunal Constitucional lamenta que el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no hayan advertido el serio daño a la lucha contra la corrupción que la ley impugnada cometía, así como la manifiesta inconstitucionalidad en que incurría. Es por ello que exhorta a los poderes públicos a guardar in suo ordine una especial diligencia en el combate contra este flagelo social, que debe ser extirpado no sólo mediante medidas sancionatorias, sino también a través de una intensa política educativa que incida en los valores éticos que deben prevalecer en todo Estado social y democrático de derecho.
§12. Relaciones entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el control difuso
66. La jurisprudencia de este Colegiado es meridianamente clara al negar algún tipo de identidad sustancial entre los elementos justificatorios y los efectos personales del arresto domiciliario con la detención judicial preventiva (Cfr. Fundamentos 19 a 21 supra). En consecuencia, estima conveniente recordar al Poder Judicial que, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,
“Los Jueces interpretan y aplican la leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.
En tal sentido, al momento de evaluar si les corresponde ejercer el poder-deber de aplicar el control difuso contra una determinada ley (artículo 138 de la Constitución), todos los jueces y magistrados del Poder Judicial, bajo las responsabilidades de ley, se encuentran en la obligación de observar las interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional que tengan conexión manifiesta con el asunto, lo que, conviene enfatizar, no ha sido efectuado por la judicatura al momento de conocer algunas causas en las que se solicitó la aplicación de la norma impugnada.
67. Finalmente, aun cuando en nuestro ordenamiento no se encuentra previsto un control jurisdiccional-preventivo de constitucionalidad de la leyes, existe, sin embargo, de conformidad con el artículo 108º de la Constitución, la obligación del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de ejercer ese control en un nivel político-preventivo, para cuyos efectos tienen la obligación de observar los criterios vinculantes sentados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; máxime en aquellos asuntos relacionados con el diseño de la política criminal y legislativa del Estado orientada a enfrentar aquellos hechos delictivos que, como los actos de corrupción, afectan la estabilidad, la seguridad, la justicia y la paz ciudadanas en las que se sustenta todo Estado social y democrático de derecho.
1. Declarar FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad de autos.
2. Declarar la inconstitucionalidad de la frase “y domiciliaria” del primer párrafo del artículo 47º del Código Penal, modificado por el Artículo Único de la Ley N.º 28658. En consecuencia,
A) Con relación al efecto normativo de esta sentencia:
Inconstitucional el extremo de la disposición que permite que el tiempo de arresto domiciliario sea abonado para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto.
B) Con relación al efecto en el tiempo de esta sentencia y a su aplicación a procesos en trámite:
Ningún juez o magistrado de la República puede aplicar el precepto impugnado, por haber cesado en sus efectos.
En tal sentido, de conformidad con los Fundamento 62 y 63, supra, las solicitudes de aplicación de la ley impugnada (en lo que a la detención domiciliaria se refiere) que todavía no hayan sido resueltas, deberán ser desestimadas, por haber cesado los efectos inconstitucionales de la ley impugnada.
Del mismo modo, los jueces o magistrados que tengan en trámite medios impugnatorios o de nulidad en los que se solicite la revisión de resoluciones judiciales en las que se haya aplicado el precepto impugnado (en lo que a la detención domiciliaria se refiere), deberán estimar los recursos y declarar nulas dichas resoluciones judiciales, por no poder conceder efecto alguno a una disposición declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Precísese que la obligación de los jueces y magistrados de actuar de conformidad con lo reseñado en los fundamentos 62 y 63 supra, es exigible incluso antes de la publicación de esta sentencia en el diario oficial El Peruano, pues los criterios jurisprudenciales vertidos en relación con las sustanciales diferencias entre el arresto domiciliario y la detención judicial preventiva, imponen la aplicación del control difuso contra la ley impugnada.
3. Exhorta al Poder Judicial a resolver los procesos penales, en los que existan personas privadas de su libertad, dentro de un plazo máximo de 36 meses, de conformidad con el artículo 137º del Código Procesal Penal.
4. Exhorta al Congreso de la República para que, en el Presupuesto 2006, considere plazas suficientes que permitan a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público resolver la totalidad de los procesos penales seguidos por delitos de corrupción.
5. Exhorta al Ministerio Público a velar por el cabal cumplimiento del principio de legalidad en los procesos judiciales y al cumplimiento de los criterios jurisprudenciales vinculantes del Tribunal Constitucional.
6. Exhorta al Consejo Nacional de la Magistratura para que exija los informes trimestrales respecto de los procesos penales en los que no se hayan realizado diligencias durante un plazo razonable, que facilitarían el vencimiento del plazo máximo de detención judicial preventiva.
DETENCION DOMICILIARIA Y DETENCION EN CENTRO PENITENCIARIO
Miércoles, 20 Mayo 2015 17:00
EXP. 0731-2004-HC/TC
En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2004, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados: Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncian la siguiente sentencia.
Recurso extraordinario interpuesto por don Alfonso Villanueva Chirinos contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Superior con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 134, su fecha 11 de diciembre de 2003, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
El accionante, con fecha 30 de setiembre de 2003, interpone acción de garantía contra el juez del Tercer Juzgado Penal Especial de Lima, don Jorge Barreto Herrera, sosteniendo que se halla cumpliendo detención domiciliaria por más de dieciocho meses en el proceso penal Nº 003-2001-JP por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, no pudiendo ejercer sus actividades normales de trabajo, esparcimiento, gestiones personales, entre otras, además de tener vigilancia domiciliaria dispuesta por el Juzgado emplazado, por lo que la medida de comparecencia restringida que le ha sido impuesta es contraria a su derecho a la libertad personal.
Realizada la investigación sumaria, el juez penal emplazado declaró que la restricción de la libertad del demandante se sustenta en el articulo 143º del Código Procesal Penal, en consecuencia, no cabe alegra plazos máximos de detención pues en su caso se trata de una medida de comparecencia restringida y no de detención preventiva. Por su parte, el accionante ratifica los términos de su demanda.
El Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de octubre de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que la medida de comparecencia restringida adoptada por el Juez demandado contra el accionante, es una restricción a la libertad acorde con la normatividad legal de a materia.
La recurrida, confirmo la apelada por los mismos fundamentos.
§ Petitorio
1. Conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se levante la orden de detención domiciliaria que cumple el accionante por disposición del juez emplazado, por encontrarse detenido por más de 18 meses excediendo el plazo establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal.
2. Siendo así, lo primero que este Tribunal Constitucional debe destacar, teniendo en consideración los términos en que se ha formulado la pretensión y la invocación al artículo 137 del Código Procesal Penal, es que en el presente caso no es el tema de la detención judicial preventiva el cuestionado, sino el hecho que el juzgador haya decretado contra el accionante, mandato de comparecencia con detención domiciliaria y que el mismo permanezca vigente hasta este momento.
3. Corresponde en esta sentencia, pronunciarnos sobre el limite temporal de la medida de detención domiciliaria.
§ La libertad personal y las exigencias para su privación mediante medidas cautelares en el proceso penal.
4. En general, en el caso de las disposiciones que restringen la libertad del imputado como medida cautelar, existen dos intereses que deben ser cautelados por el Estado; esto es, a) la garantía a un proceso penal eficiente que permita la sujeción al proceso penal de la persona a quien se imputa un delito, y, b) la garantía a la protección de los derechos fundamentales del imputado. Estos intereses, aparentemente contrapuestos, deben lograr un verdadero equilibrio a fin de no menoscabar la protección de uno frente al otro, siendo la regla general, la libertad.
Ello, por cuanto, siendo los derechos fundamentales limites a la actuación del legislador, las medidas de restricción de la libertad ambulatoria, cuando no se producen a consecuencia de la imposición de una pena, quedan justificadas únicamente, como ultima ratio, en la medida en que resulten absolutamente imprescindibles y necesarias para la defensa de los bienes jurídicos fundamentales en un proceso penal y siempre que no hayan otros mecanismos menos radicales para conseguirla. Caso contrario, se produce una afectación al derecho a la libertad individual y al principio informador de presunción de inocencia.
5. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que como consecuencia del carácter subsidiario, excepcional y proporcional a los fines que deben cumplir las medidas cautelares de privación de libertad, estas deben justifican su permanencia restringiéndose a un plazo razonable. Al respecto, conforme lo ha señalado recientemente este Tribunal en el Caso Tiberio Berrocal (Exp. 2915-2004-HC/TC), aún cuando no sea un derecho reconocido expresamente en la Constitución Peruana, el derecho al plazo razonable, se incorpora a nuestra legislación nacional en mérito a la cuarta disposición final y transitoria, que exige la interpretación de derechos y libertades conforme a los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú.
6. En esta materia, el artículo 9° inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que “toda persona detenida (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. Por su parte, el artículo 7°, inciso 5 de la Convención Americana sobre derechos Humanos reconoce el derecho de “toda persona detenida o retenida (...) a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
§ La detención domiciliaria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
7. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que la detención domiciliaria y la prisión preventiva responden a medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón al distinto grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo.
No cabe duda, que la detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos gravosa, pues resulta una menor carga psicológica, debido a que no es lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio que en prisión, siendo menos estigmatizante y evitando el “contagio criminal” al que se expone con la entrada a un establecimiento penitenciario. Sin embargo, no se puede desconocer que tanto la prisión provisional y la detención domiciliaria, se asemejan por el objeto, es decir, en tanto impiden a una persona autodeterminarse por su propia voluntad a fin de lograr asegurar la eficacia en la administración de justicia.
8. En la legislación vigente, la detención domiciliaria, se ha considerado dentro de las medidas de comparecencia –siendo la más gravosa de todas -; y como tal, esta medida o aquellas de comparecencia menos gravosas, se aplican en defecto de la detención preventiva cuando no se configuren algunos de los presupuestos de ley establecidos para decretarla.
9. La detención domiciliaria, en tanto restricciones a la libertad individual anterior a la imposición de la pena, únicamente procede como medida cautelar cuando asegure un eficiente desarrollo del proceso penal. A ese respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en uniforme jurisprudencia los presupuestos básicos para la imposición del arresto domiciliario, cuales son: a) fumus boni iuris (apariencia del derecho); b) periculum in mora (peligro procesal).
El primero de ellos, referido a la suficiencia de elementos probatorios que vinculen al imputado con el hecho delictivo, mientras que el segundo se relaciona con el peligro de que el procesado se sustraiga a la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria. (Exp. N° 0124-2004-HC, Exp. N° 2712-2002-HC).
10. Asimismo, al igual que en el caso de la prisión preventiva, la detención domiciliaria, se encuentra sometida a los criterios subsidiariedad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, a fin de evitar la arbitrariedad de la decisión.
11. En ese sentido, si bien las restricciones a derechos son admitidas prima facie, el principio de proporcionalidad - también conocido como prohibición del exceso-, impide la injerencia desproporcionada sobre los mismos, evaluación que debe medirse en conjunto con otro limite, cual es, la prohibición de rebasar el contenido esencial del derecho.
§ La problemática sobre el plazo de duración máxima del mandato de comparecencia con detención domiciliaria. La razonabilidad y proporcionalidad, criterios para establecer límites a la detención domiciliaria.
12. Uno de los problemas en la legislación actual, es la falta de regulación de plazos máximos para la imposición de esta medida, omisión que puede resultar lesiva al derecho al plazo razonable. De este modo, la no existencia de plazos máximos para la medida de detención domiciliaria, deja al juzgador sin un parámetro cuantitativo límite, para verificar el exceso en la restricción al derecho.
Y es que, no siendo esta privación de la libertad, impuesta a consecuencia de sentencia condenatoria, resulta irrazonable pensar que esta omisión pueda habilitar la medida de detención domiciliaria en un tiempo indefinido. Mayor aun, cuando la misma no se contabiliza como pena a cuenta.
Conforme lo advierte este Tribunal con preocupación, la falta de plazo máximo puede ser perjudicial para resguardar que la restricción del derecho a la libertad individual responda al parámetro de proporcionalidad y no vulnere el contenido esencial del derecho a la libertad, debido a lo problemático que puede resultar determinar lo razonable o lo excesivo de una detención, cuando no se establecen legalmente parámetros claros.
13. No obstante lo señalado, tomando en cuenta a su vez, lo dispuesto en el incisos 8 del artículo 139° de la Constitución, y, a fin de salvar este vacío legal, el Tribunal considera importante resaltar dos premisas: a) la existencia del plazo máximo, no resulta el único criterio determinante para constatar que una detención deviene en desproporcionada y arbitraria luego de vencido el plazo, pudiendo tornarse en tal, inclusive antes del cumplimiento del mismo, cuando por ejemplo, desaparezcan las razones que motivaron el propio mandato.
Esto ultimo, deriva del deber del juez para que de oficio, revise permanentemente la subsistencia de la razones que motivaron la medida cautelar, así como el comportamiento del imputado a lo largo del proceso.
b) la inexistencia de un plazo máximo legal, de ninguna manera puede admitirse como justificación válida para la permanencia de una medida restrictiva de derechos, de forma indefinida, arbitraria y desproporcionada, debiendo más bien, ser valorado en cada caso, según los elementos de juicio objetivos existentes. Lo contrario, llevaría al absurdo de mantener a la persona privada de su libertad - en mayor medida -, por el establecimiento de medidas cautelares y no a consecuencia de la imposición de una pena; o, lo que es peor, detenida provisionalmente en prisión o en el domicilio, para luego ser absuelto por inexistencia del hecho imputado.
Estas situaciones desde ya, terminan por desnaturalizar la finalidad y función de las medidas cautelares, además de perder su justificación como disposición de carácter procesal preventivo.
14. Bajo este razonamiento, el Tribunal Constitucional reitera y establece que el exceso de detención domiciliaria puede verificarse en cada caso concreto atendiendo a una serie de elementos, dentro de los cuales, la existencia de un plazo máximo como referente derivado del propio principio de proporcionalidad, solo es uno de ellos y no el único determinante. Tómese en cuenta además, que la existencia de un plazo razonable no puede establecerse en abstracto, traducido en un numero fijo de días sino dependiendo de las circunstancias derivadas de cada caso.
15. Por lo señalado, resulta necesario establecer criterios que sirvan de parámetro al juez constitucional para determinar si una persona esta detenida en su domicilio más allá del tiempo razonablemente necesario. Criterios que serán expuestos en esta sentencia con carácter vinculante.
16. En primer lugar, el Tribunal ha señalado en el Caso Silva Checa (Exp. N° 1090-2002-HC/TC), que “el principal elemento a considerarse con el dictado de (una) medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas antijuridicas”. Fines que deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que antes y durante el desarrollo del proceso puedan presentarse.
En consecuencia, si el llamado peligro procesal – de fuga o perturbación de la actividad probatoria-, no permanece como amenaza efectiva en tanto dure la medida decretada, la misma devendrá en ilegitima desde el momento mismo en que desaparece la amenaza.
En tales casos, de proseguir la medida, la situación del imputado bajo arresto domiciliario, estaría basada ya no en razones objetivas sino en retrasos judiciales causados por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, con las responsabilidades jurídicas que de ello puedan derivar, conforme lo advierte el inciso 7 del artículo 139° de la Constitución.
17. De otro lado, siendo que en ambas medidas se persigue el mismo objetivo de lograr el éxito del proceso penal, asegurando la ejecución de la pena que eventualmente llegue a imponerse, corresponde invocar también en este caso, los elementos que este Tribunal ha desarrollado in extenso en el Caso Tiberio Berrocal (Expediente 2915-2004-HC/TC, ¦j. 18 - 31), referidos a la evaluación de la razonabilidad del plazo en la detención provisional. Estos son:
b) La complejidad del asunto
c) La actividad procesal del detenido
Respecto al primero de ellos, deberá analizarse la conducta diligente de las autoridades judiciales, es decir, el grado de celeridad en la tramitación y resolución de recursos, así como la motivación de los mismos. Por su parte, la complejidad del caso, se evalúa en función a factores como la naturaleza y gravedad del delito, hechos investigados, alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que objetivamente permita calificar una causa como complicada.
la actividad procesal del detenido es evaluada en función a lo que se entiende por defensa obstruccionista, cuando este ha abusado de su derecho a utilizar recursos con objeto de dilatar el procedimiento, es decir, únicamente cuando hay mala fe por parte del procesado, lo cual, corresponderá ser demostrado por el juez. En este caso, el término de la detención podría extenderse en el entendido que no corresponde contabilizarse como plazo razonablemente transcurrido a aquel atribuible a la actuación con mala fe del imputado.
Al respecto, ya en el Caso Saldaña, (Exp. 2196-2002-HC/TC), el Tribunal hizo mención al trato de las dilaciones maliciosas, señalando que “...si bien es cierto que el artículo 137° del Código Procesal Penal otorga la libertad por exceso de detención al vencerse los plazos establecidos, también lo es que dicha norma de excarcelación prevé que no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al inculpado o su defensa...”
§ Análisis de constitucionalidad del caso concreto
18. En el caso de autos, conforme se desprende del auto de apertura de instrucción, obrante de fojas 35, se aprecia que la medida dictada contra el accionante, se basa, fundamentalmente, en el grado de participación que habría tenido el accionante en la comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud, así como por la forma y circunstancias en que se suscitaron los hechos incriminados. Igualmente, por la posibilidad de imponérsele una pena privativa de la libertad superior a cuatro años.
19. Se advierte además que el presente caso ha sido calificado como uno complejo, al existir pluralidad de procesados y agraviados, por lo que se ampliaron los plazos de la instrucción.
20. Por tales motivos, el Tribunal Constitucional considera que no ha existido arbitrariedad, al momento de dictarse mandato de comparecencia con detención domiciliaria, el mismo que fue expedido de conformidad a la norma procesal de la materia en defecto a la prisión preventiva. Sin embargo, es de observar que desde la apertura de instrucción, esto es, desde febrero del 2001 hasta la fecha del ultimo escrito presentado por el imputado ante este Tribunal con fecha 05 de agosto del 2004, han transcurrido más de 3 años, sin que se haya resuelto la causa, manteniendo con detención domiciliaria al accionante.
21. Tan prolongado periodo de tiempo podría presumirse como irrazonable, además de generar dudas respecto a si en estas condiciones, aun se puede reconocer el derecho a la libertad del individuo (prohibición de rebasar su contenido esencial).
Pese a ello, de autos no puede desprenderse si el mantenimiento de la medida se sustenta en la actuación maliciosa del imputado o de su defensa – lo que justificaría la dilación - , conforme se señala en el fd 17 supra, circunstancia que constituye un elemento relevante para resolver sin equívoco si le asiste o no al actor el derecho que alega en su demanda.
Por este motivo, es necesario que el juez ordinario proceda a efectuar las diligencias pertinentes que permitan dilucidar si en el caso de autos se produjo alguna inapropiada conducta procesal atribuible al actor con el objeto de dilatar los términos de su proceso.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica;
Declarar NULO lo actuado y retornar la causa a primera instancia, a fin de que el juez indague y determine si en el caso de autos se produjo alguna inapropiada conducta procesal atribuible al actor o su defensa que justifique la permanencia de la detención domiciliaria, conforme a lo señalado en el fundamento 23 de la presente sentencia.
RESERVA DE LEY ORGANICA
Miércoles, 20 Mayo 2015 16:57
EXP. N.° 004-2001-I/TC
En Lima, a los trece días del mes de agosto del dos mil uno, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente, Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia, por unanimidad, la siguiente sentencia
Acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo (e), contra el Decreto Legislativo N.° 900, que modifica determinados artículos de la Ley N.° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo.
El Congreso de la República, mediante la por Ley N.° 26950 delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que legisle en materia de seguridad nacional por el plazo de quince días; y, en mérito a dicha autorización, el mismo dictó once decretos legislativos, entre los cuales el N.° 900, publicado el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho en el diario oficial El Peruano, cuyos artículos 1° y 2° modifican los artículos 15° y 20°, y el 29°, respectivamente, de la Ley N° 23506, mientras que el artículo 3° dispone que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, cree las Salas Superiores y Juzgados de Derecho Público en los distritos judiciales donde la carga procesal lo requiera.
La inconstitucionalidad demandada se sustenta en:
Excesos en materia delegada.
Expresa el demandante que el procedimiento para la delegación de facultades se encuentra regulado en el artículo 101° de la Constitución vigente; por ello, se cuestiona la constitucionalidad del Decreto Legislativo N.° 900 porque la regulación de las garantías de habeas corpus y amparo no fue objeto de delegación, y porque, conforme al inciso 4) del artículo 104° de la Constitución, no se pueden delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, respecto a materias reservadas a leyes orgánicas.
Del mismo modo, sostiene que al establecer la norma impugnada que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República puede crear Salas Superiores de Derecho Público y Juzgados Especializados en Derecho Público en los distritos judiciales donde la carga procesal lo requiera, está regulando una materia reservada a ley orgánica.
La regulación sobre garantías constitucionales.
Añade que la norma impugnada vulnera la Constitución, porque fue dictada para afectar la eficacia de las garantías de hábeas corpus y amparo, cuya regulación debe realizarse garantizando un mecanismo procesal "efectivo" de defensa de los derechos humanos, y no restringiendo o limitando la eficacia de los procesos de habeas corpus y amparo, tal como lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar los alcances de los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-8/87, del treinta de enero de mil novecientos ochenta y siete).
Agrega que al establecer el Decreto Legislativo N.° 900 que en los distritos judiciales de Lima y Callao, los procesos de hábeas corpus y amparo se interpondrán ante los jueces especializados en Derecho Público, se restringe indebidamente el acceso a estos instrumentos procesales, esenciales para la protección de los derechos humanos, porque a partir de esta reforma sólo dos son los jueces que conocen estos casos en ambos distritos judiciales, cuando la Ley N.° 23506, con la regulación anterior, permitía que cualquiera de los cincuenta jueces penales de Lima y Callao pudieran conocer el proceso de hábeas corpus, y que cualquier juez de turno pudieran conocer el proceso de amparo; puesto que , se pretende que sólo ciertos jueces –cuya imparcialidad ha sido severamente cuestionada–, sean los encargados de conocer los procesos de defensa de los derechos humanos, para evitar, de este modo, cualquier posible control jurisdiccional independiente e imparcial.
Finalmente, expone que el Tribunal Constitucional debe actuar con celeridad para dictar sentencia en el presente proceso, dado que la aplicación de la norma cuestionada impide una eficaz protección jurisdiccional de los derechos fundamentales –especialmente el de la libertad individual, protegida por la acción de hábeas corpus–, al limitar el acceso a la justicia y generar una sobrecarga de casos, así como el consiguiente retraso.
La demanda interpuesta es admitida a trámite, por resolución del catorce de mayo de dos mil uno, corriéndose traslado de la demanda, tanto al Congreso de la República como al Poder Ejecutivo para que nombren sus apoderados y procedan a contestarla; sin embargo, vencido el plazo de treinta días que establece el artículo 32° de la Ley N.° 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional, ninguno ha cumplido con hacerlo.
El segundo párrafo del artículo 104° de la Constitución, concordante con el inciso 4) del artículo 101° de la misma, señalan que no se puede delegar al Poder Ejecutivo facultades para que legisle en materia de leyes orgánicas, lo cual constituye una limitación a la prerrogativa mencionada.
Los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo N.° 900 modifican los artículos 15° y 20°, y 29°, respectivamente, de la Ley N.° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, estableciendo la competencia de los Juzgados y Salas de Derecho Público en la capital de la República y en la Provincia Constitucional del Callao, así como la de los Juzgados Civiles, Penales o Mixtos en los demás distritos judiciales del país.
En ese sentido, aunque la Ley N.° 23506 es anterior a la Constitución vigente, desde la promulgación de ésta, cualquier regulación relativa a los procesos constitucionales, sea que modifique la Ley N.° 23506 o implique la dación de una nueva legislación, debe hacerse mediante ley orgánica, conforme lo establece el artículo 200° de la Constitución; en consecuencia, los artículos anotados contravienen lo dispuesto por el referido artículo constitucional.
El artículo 3° de la norma impugnada establece los lineamientos a seguir para la creación de los Juzgados y Salas de Derecho Público en los distritos judiciales que requieran de dichos órganos jurisdiccionales, los que asumirán la competencia exclusiva de los mismos; sin embargo, este Colegiado estima que se está legislando una materia reservada a la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que corresponde a ella estructurar la organización de dicho poder del Estado, en concordancia con lo dispuesto por la última parte del artículo 143° de la Constitución; además, lo regulado en el artículo 3° antes anotado, no guarda relación con la materia objeto de delegación.
En cuanto al artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 900, cuando este declara que "Lo dispuesto en el artículo 1° del presente decreto legislativo no es aplicable a los delitos a que se refiere el artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 895, que mantiene su plena vigencia"; lo que intenta es regular otra materia reservada a ley orgánica, puesto que el establecimiento de los alcances de la competencia de los jueces para conocer los procesos constitucionales, debe realizarse necesariamente conforme a lo estipulado por el artículo 200° de la Constitución, vale decir, por ley orgánica.
Queda claro, en consecuencia, que la norma impugnada ha legislado en materias sujetas a reserva de ley orgánica, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 104° de la Constitución.
En esta materia debe existir un criterio uniforme para la tramitación de las acciones de hábeas corpus y amparo en todo el territorio de la República, toda vez que en la capital de la misma y en la Provincia Constitucional del Callao existía, conforme a la norma impugnada, un tratamiento diferenciada que limitaba indebidamente a dos jueces el conocimiento de los procesos de hábeas corpus y amparo, según lo advierte la Defensoría del Pueblo no sólo en su escrito de demanda, sino también en su Informe Defensorial "Análisis de los Decretos Legislativos sobre Seguridad Nacional dictados al Amparo de la Ley N.° 26950", lo cual dilataba innecesariamente un proceso –al circunscribirlo a dos jueces en Lima y Callao–, que, por la naturaleza de los derechos protegidos, es sumarísimo y deberá sustanciarse ante cualquier juez competente.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica
Declarando FUNDADA la demanda; en consecuencia, INCONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo N.° 900, el cual queda sin efecto desde el día siguiente a la publicación de la presente Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
EXP. N.° 2494-2002-HC/TC
ALFONSO JOEL ASENCIOS BORJA
En Lima, a los 24 días del mes de febrero de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por Enis Elizabeth Asencios Borja, a favor de Alfonso Joel Asencios Borja, contra la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 350, su fecha 4 de setiembre de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
La recurrente, con fecha 13 de agosto de 2002, interpone acción de hábeas corpus, a favor de su hermano Alfonso Joel Asencios Borja, y la dirige contra la Sala Penal Suprema, integrada por los magistrados identificados con los Códigos N.os 50418627, 504078263, 56208391, 59728146, 52938071 y relator 20406590; y los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, identificados con los Códigos N.os AA1, AA2 y AA3, Relator 112 y Secretario 875. Solicita que se declare inaplicable a su beneficiario la sentencia que lo condena a 20 años de pena privativa de la libertad, de fecha 30 de noviembre de 1994, en el proceso que por delito de terrorismo se le siguió. Sostiene que tal proceso se realizó con violación de los derechos al debido proceso, a las garantías de publicidad, y a un juez independiente, imparcial y competente. Asimismo, con violación del principio de legalidad penal, toda vez que el tipo penal por el que se le sancionó es abierto.
El Noveno Juzgado Penal para Procesos en Reserva de Lima, a fojas 165, con fecha 16 de agosto de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el proceso penal en el que se condenó al beneficiario como autor del delito de terrorismo fue regular, por lo que no puede dejarse sin efecto la cosa juzgada a través de un hábeas corpus.
El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, forma parte del "modelo constitucional del proceso", cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse como debido.
Consecuentemente, la exigencia de su efectivo respeto no sólo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando éste participa en un proceso judicial –o en cualquiera de los ámbitos a los que este Tribunal en diversas ocasiones se ha referido-, sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera sea la materia que en su seno se pueda dirimir.
De esta forma, el debido proceso no es sólo un derecho de connotación procesal, que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja "que no alude sólo a un proceso intrínsecamente correcto y leal, ´justo´ sobre el plano de las modalidades de su tránsito, sino también a un proceso capaz de conseguir la consecución de resultados esperados, en el sentido de oportunidad y de eficacia".
Tal es lo que sucede, desde luego, con el derecho al juez natural, reconocido en el segundo párrafo del artículo 139° de la Constitución y cuyo contenido, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Norma Suprema, debe concordarse con el artículo 8.1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley...".
La disposición exige que la competencia del juez llamado a conocer el proceso penal deba ser determinada a la luz de distintas consideraciones (materia, territorio, grado, etc.), de forma tal que quede preservada su independencia (principio que, a su vez, es recogido en el inciso 2 del mismo artículo 139°) e imparcialidad en la resolución de la causa.
En ese sentido, al realizarse contra el beneficiado del hábeas corpus el acto del juicio oral, sustentado en una acusación fiscal suscrita por un miembro del Ministerio Público no identificado, y al mismo tiempo llevarse adelante su juzgamiento oral y posterior condena por magistrados cuya identidad se desconocía, se lesionó el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, toda vez que estaba en incapacidad de poder conocer con certeza quiénes lo juzgaban.
El Tribunal Constitucional comparte, mutatis mutandis, el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual "la circunstancia de que los jueces intervinientes en delitos por traición a la patria sean "sin rostro", determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia". (Caso Castillo Petruzzi. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Párrafo 133).
Sin embargo, no todo el proceso penal es nulo, pues los vicios a los que antes se ha hecho referencia no se extienden a la instrucción penal, sino sólo a la etapa del juicio oral, incluyendo la acusación fiscal.
En ese sentido, la nulidad de los efectos procesales de la sentencia condenatoria y la realización de un nuevo juicio oral contra el beneficiario, deberán sujetarse al artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 926.
No procede la excarcelación, toda vez que, como se ha expuesto, al no afectar la nulidad de algunas etapas del proceso penal al auto apertorio de instrucción, el mandato de detención recobra todos sus efectos, por lo que, en lo sucesivo, el plazo de la detención judicial preventiva se computará conforme lo dispone la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.° 926, esto es, desde la fecha de expedición de la resolución que declare la anulación.
REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA en parte, precisando que, según lo expuesto en los fundamentos precedentes, la anulación de los efectos procesales de la sentencia condenatoria, así como de los actos procesales precedentes, incluyendo la acusación fiscal, están sujetos al artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 926; e IMPROCEDENTE en la parte que solicita la excarcelación. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.
Miércoles, 20 Mayo 2015 16:55
EXP. N.° 1330-2002-HC/TC
MARCIAL MORI DÁVILA
En Lima, a los 9 días del mes de julio de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.
Recurso extraordinario interpuesto por don Marcial Mori Dávila contra la sentencia de la Sala Penal Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 52, su fecha 12 de abril de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
El recurrente, con fecha 6 de marzo de 2002, interpone acción de hábeas corpus contra los Vocales de la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Alega que se ha transgredido su derecho al debido proceso, pues, con fecha 20 de octubre de 2000, la Sala Penal expidió sentencia imponiéndole la pena privativa de libertad de 15 años. Señala que se le aplicó el tipo penal de colaboración con el narcotráfico, previsto en el artículo 296º del Código Penal, cuando la imputación materia del proceso fue la prevista en el artículo 297º, inciso 7), del Código Penal.
Realizada la investigación sumaria, se constató que el actor se encuentra recluido desde el 17 de noviembre de 1999, y que fue condenado a quince años de pena privativa de la libertad por el delito previsto en el artículo 297º del Código Penal y no por el señalado en el artículo 296º, que corresponde al tipo penal en banda.
El Primer Juzgado Penal de Maynas, a fojas 28, con fecha 8 de marzo de 2002, declaró improcedente la acción de hábeas corpus, considerando, principalmente, que la sentencia cuestionada emana de un procedimiento regular.
La recurrida confirmó la apelada por considerar que mediante esta acción se pretende afectar el principio de la cosa juzgada.
Se alega la violación del derecho de defensa ya que, pese a que el accionante fue sometido a proceso penal por el delito tipificado en el inciso 7) del artículo 297° del Código Penal, sin embargo, fue sentenciado por el delito tipificado en el artículo 296°del mismo Código Penal. Se sostiene que tal actuación jurisdiccional constituye también una infracción de los derechos reconocidos en los incisos b) y c) del artículo 8.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no se le comunicó, previa y detalladamente, la acusación formulada en su contra ni se le concedió el tiempo y los medios adecuados para que pudiera formular su defensa. Se manifiesta, finalmente, que se vulneró el derecho a un juez competente, ya que la Sala Penal que lo condenó fue creada por una resolución administrativa y no mediante una ley.
El derecho de defensa garantiza que los justiciables, en la determinación de sus derechos y obligaciones, sea cual fuere su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. Tal derecho, considera el Tribunal, fue respetado en el caso de autos, no siendo aplicable la doctrina sentada por este Colegiado en el Caso Tineo Cabrera (Exp. N.° 1230-2002-HC/TC), pues, a diferencia de lo que allí sucedió, en el presente caso, la condena por el delito previsto en el artículo 296° del Código Penal fue impuesta después de que se juzgó al recurrente por un delito más agravado que, sin embargo, pertenece a la misma familia, esto es, el regulado en el inciso 7) del artículo 297° del mismo Código Penal. No obstante, no estima que la condena impuesta al recurrente por el tipo genérico del delito de tráfico ilícito de drogas constituya una violación del derecho de defensa, pues tal variación no impidió que el actor pudiera ejercer eficazmente su defensa, tanto es así que, con su ejercicio, al desvirtuarse la modalidad agravada, sólo fue sancionado por la infracción del tipo base.
La prohibición recordada por este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Caso Ann Vallie Lynelle (Exp. N.° 1231-2002-HC/TC) y, posteriormente ratificada en el Caso Tineo Cabrera, en el sentido de que "en materia penal, el tribunal de alzada no puede pronunciarse más allá de los términos de la acusación penal, a fin de no afectar el derecho de defensa y al debido proceso", sólo opera cuando, dentro la misma familia, al juzgársele por el tipo base, se termina sancionando al justiciable por una modalidad más agravada, y no, naturalmente, a la inversa, como ha sucedido en el presente caso.
Asimismo, se ha alegado la violación del derecho de ejercer la defensa "eficazmente" en consideración a que el recurrente no dispuso del tiempo y los medios para prepararla, pues su abogado defensor no tuvo acceso al expediente debido a que éste se encontraba en la Sala, con sede en la ciudad de Lima, y no contaba con recursos suficientes para trasladarse a la capital de la República.
A ello se suma, añade el accionante, que la Sala emplazada se presentó sin previo aviso, iniciándose la audiencia el 19 de octubre de 2000, a las 7 p.m., mientras que se dictó la sentencia condenatoria al día siguiente, a las 10 a.m.
El Tribunal Constitucional considera, en efecto, que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa el poder disponer de un tiempo razonable y de contar con los medios adecuados para su preparación. Sin embargo, no juzga que tal contenido del derecho de defensa se haya visto lesionado por el hecho de haberse sentenciado al recurrente al día siguiente de haberse concluido el acto del juicio oral. Y es que, en el caso de autos, la celeridad de la decisión judicial no está en relación directa con la existencia de un estado de indefensión al que se haya visto sometido el recurrente, sino con la capacidad del juzgador de resolver prontamente, si es que se tiene en cuenta, como datos indiciarios, que el recurrente ingresó al establecimiento penal con fecha 1 de diciembre de 1999 y se dictó sentencia condenatoria el 20 de octubre de 2000.
De otro lado, a lo largo del proceso de hábeas corpus tampoco se ha demostrado que el recurrente o su abogado defensor no hayan podido acceder a la revisión de las piezas procesales del expediente, y, de esa manera, hayan estado impedidos de ejercer eficazmente el derecho de defensa.
Finalmente, el Tribunal Constitucional tampoco considera que se haya violado el derecho al juez natural como consecuencia de que la Sala Penal que lo juzgó, como se alega, fuera creada por la Resolución Administrativa N.° 328-CME-PJ. En realidad, no es dicha resolución administrativa la que crea la Sala Penal emplazada, sino que esta, la Sala Penal de la Corte Superior se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A lo único que se limita la resolución administrativa es a señalar determinadas subespecialidades de algunas de las salas penales creadas por ley. En ese sentido, no es aplicable la ratio decidendi señalada por este Tribunal en el Exp. N.° 004-2001-I/TC ya que, en tal caso, se consideró que la creación de juzgados y salas de derecho público –órganos judiciales, por cierto, no previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial– no podía realizarse en virtud de un decreto legislativo, pues se trataba de una materia sujeta a reserva de ley orgánica.
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
EXP. N.° 1934-2002-HC/TC
MARÍA ELVIRA TERESA
Lima, 15 de octubre de 2002
El recurso extraordinario interpuesto por doña María Elvira Teresa Huaco Huaco contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 31, su fecha 4 de julio de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y,
1. Que la presente acción de hábeas corpus ha sido interpuesta por doña María Teresa Huaco Huaco contra don Medardo Gómez Baca y doña Eloísa Rivas Olguín, vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; que la autora sostiene que en el proceso abierto contra ella por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documentos y justicia por mano propia se dictó irregularmente la resolución de fecha 23 de mayo de 2002, por la cual la Sala Penal emplazada confirmó, por mayoría, la resolución por la que se la declara reo contumaz y se suspende los plazos de prescripción de la acción penal, decisión judicial que, aduce, atenta contra su libertad individual.
2. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa declaró improcedente la acción de garantía al rechazar de plano la demanda, por estimar que el caso se adecua a la causal de rechazo liminar previsto en el artículo 6°, inciso 2), de la Ley N.° 23506; y la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
3. Que el artículo 14.° de la Ley N.° 25398 establece las causales por las que procede el rechazo liminar de una acción de garantía, y si bien en sede judicial, para rechazar de plano esta demanda, se invoca como fundamento legal una de dichas causales; sin embargo, en autos no existen elementos de juicio suficientes que permitan llegar a esta convicción; antes bien, lo reclamado por la accionante tendría visos de verosimilitud, situación que debe ser dilucidada mediante la investigación sumaria que se prevé para esta acción de garantía, debiendo indicarse que, en el presente caso, ha ocurrido el quebrantamiento de forma que señala el artículo 42.° de la Ley N.° 26435, por lo que debe reponerse la causa al estado en que se tramite la investigación sumaria que prevé la ley.
Declarar nulo el recurrido e insubsistente el apelado, y nulo todo lo actuado desde fojas 6, debiendo dársele el trámite que corresponda conforme a ley. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados.
JUEZ PREDERMINADO POR LEY
Miércoles, 20 Mayo 2015 16:54
EXP. N.° 1553-2003-HC/TC
ESTEBAN JUVENCIO
En Lima, a 2 de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por Walter Mendoza Pérez, abogado de Esteban Juvencio Pérez Solís, contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 187, su fecha 16 de marzo de 2003, que declaró infundada la acción de habeas corpus de autos.
Con fecha 25 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra la Segunda Sala Penal para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual, con fecha 09 de setiembre de 2002, confirmó la resolución del Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, que declaró improcedente pedido de semilibertad. Alega que los emplazados han interpretado erróneamente la resolución de fecha 07 de setiembre de 2001, por la cual se le adecuó la pena en aplicación del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales; agregando que dicha adecuación no solo debe ser entendida respecto del quántum de la pena, sino también respecto del tipo penal aplicable.
Realizada la investigación sumaria, se recogió el testimonio del accionante, quien declaró haber sido condenado a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico de drogas, tipificado en el artículo 296° del Código Penal, y que, habiendo interpuesto recurso de nulidad, la Corte Suprema de Justicia de la República reformó dicha pena imponiéndole 25 años, de conformidad con la modalidad agravada del delito de tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 297 del Código Penal. Por su parte, Josefa Vicenta Izaga Pellegrín, vocal de la emplazada Sala, manifestó que el accionante fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas, pena que al ser recurrida ante la Corte Suprema, se modificó a 25 años, la misma que posteriormente fue adecuada al amparo del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, modificado por Ley N.° 27454, a 15 años; añadiendo que dicha adecuación solo se refiere al quántum de la pena, y no al tipo penal y que, por ello, el beneficio solicitado resulta improcedente.
El Vigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de abril de 2003, declaró infundado el hábeas corpus, por estimar que el proceso penal que en fase de ejecución de sentencia se viene efectuando contra el accionante es conforme al debido proceso.
1. Para entender la situación procesal que motiva la demanda de autos, es necesario tener presente lo siguiente: a) el accionante fue condenado, con fecha 20 de mayo de 1999, a 15 años de pena por el delito de tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 296 del Código Penal; b) dicha condena fue modificada por la Corte Suprema de Justicia de la República, la que, considerando que los hechos denunciados se encuentran tipificados en el artículo 297 del Código Penal, le impuso una pena de 25 años; c) con fecha 7 de setiembre de 2001, de conformidad con el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, se produce la adecuación de pena, dejándose sin efecto la modificación realizada por la Corte Suprema, y se establece que la pena que debe cumplir el accionante es de 15 años; d) con fecha 17 de junio de 2002, se declara improcedente el beneficio de semilibertad, argumentándose que la resolución mediante la cual se adecuó la pena no hizo lo propio con el tipo penal, por lo que el accionante sigue siendo condenado por el delito tipificado en el artículo 297 del Código Penal, el cual, según el artículo 4° de la Ley N.° 26320, no goza del beneficio de semilibertad. Dicha resolución es confirmada por la emplazada.
2. Como ya lo ha señalado este Tribunal (Exp. N.° 1918-2002-HC), la interdicción de la reformatio in peius o “reforma peyorativa de la pena” es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se relaciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que solo este hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia. En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, modificado por Ley N.° 27454, si solo el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto, como es lógico, es el caso en que el propio Estado, a través del Ministerio Público, haya mostrado su disconformidad con la pena impuesta, a través de la interposición del recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia, el juez de segunda instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello no importe una afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de acusación.
3. La pena privativa de la libertad de 15 años impuesta al recurrente por el delito tipificado en el artículo 296 del Código Penal fue modificada por la Corte Suprema, imputándosele la comisión del delito tipificado en el artículo 297, el cual impone una pena mínima de 25 años. Así, la modificación peyorativa de la pena, en el presente caso, no solo abarca el quántum, sino también la calificación del delito. Por tanto, la resolución de adecuación de pena, aunque no lo especifique, debe interpretarse en el sentido de que fija tanto el quántum de la pena como el tipo penal aplicable de acuerdo con lo determinado en la condena impuesta en primera instancia.
4. Sin embargo, ello no significa que el beneficio solicitado tenga que necesariamente ser concedido. En efecto, el beneficio penitenciario de la semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento penal antes de haber concluido la pena, siempre que se haya logrado su rehabilitación. En atención a ello, el artículo 50, in fine, del Código de Ejecución Penal establece que dicho beneficio se concede en los casos en que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerá un nuevo delito. Es decir, que para la obtención de dicho beneficio no basta con cumplir los requisitos de ley, sino que se exige del juzgador una actividad valorativa que determine si el tratamiento penitenciario ha logrado su cometido.
Declarar FUNDADA la acción de hábeas corpus en el extremo referido a la adecuación de la pena; en consecuencia, dispone que la Segunda Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima emita una nueva resolución de adecuación, comprendiendo en ella no solo el quántum de la pena, sino también el tipo penal respectivo; e INFUNDADO respecto a la concesión del beneficio penitenciario.
TIPO PENAL Y QUANTUM DE PENA