Source: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/prats4.html
Timestamp: 2018-06-18 13:40:25
Document Index: 341828299

Matched Legal Cases: ['artículo 451', 'artículo 454', 'artículo 55', 'artículo 80', 'artículo 210', 'artículo 55', 'artículo 80', 'artículo 306', 'artículo 518', 'artículo 312']

Equipo Nizkor - Resolución de la apelación del caso contra Espinoza Bravo
Resolución de la apelación del caso contra Espinoza Bravo y otros
Jdo. Fed. n ° 1, Sec. n° 2.
////nos Aires, 18 de diciembre de 2001.-
En el punto I de dicho interlocutorio se decreta el procesamiento de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Pedro Octavio Espinoza Bravo, por encontrarlos prima facie autores del delito de asociación ilícita en calidad de jefes, en concurso real con el delito de doble homicidio agravado por haber empleado un medio idóneo para crear un peligro común y por estar premeditado por más de dos personas, en calidad de coautores. También manda trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de un millón de pesos, y dispone la prisión preventiva de ambos.
En el punto II del decisorio apelado se dispone el procesamiento de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Jorge Enrique Iturriaga Neumann y José Octavio Zara Holger por considerarlos prima facie autores del delito de asociación ilícita, en condición de integrantes, en concurso real con el delito de doble homicidio agravado por haber empleado un medio idóneo para crear un peligro común y por estar premeditado por más de dos personas, en calidad de coautores. En este punto dispositivo, además, se manda trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de un millón de pesos y dispone la prisión preventiva de los nombrados.
II) Que en esta Alzada la letrada defensora mantuvo el recurso a fs. 96, en los términos del artículo 451 del Código Procesal Penal de la Nación.
A fs. 100/103 vta. luce el escrito de expresión de agravios formulado por la asistente técnica mencionada, a la vez que a fs. 104/109 vta. obra la presentación del Dr. Ariel Garrido, en su condición de apoderado de las querellantes Sofía, Cecilia y Angélica Prats Cuthbert, por la cual concurrió al recurso con el objeto de mejorar los fundamentos de la resolución en estudio, ambos en los términos del artículo 454 del Código de forma.
En este informe se destaca, además, la existencia de un aparato exterior de la DINA -conocido como Departamento Exterior-, encargado de tareas de inteligencia y contrainteligencia estratégica, pero también responsable de acciones que implicaron gravísimas violaciones a los derechos humanos de múltiples personas que habían adquirido la condición de refugiados o asilados políticos en los países donde fueron alcanzados por la actuación de esta organización ("Informe…", Tomo 2, pág. 456). Entre ellas debe contarse al matrimonio Prats-Cuthbert.
De acuerdo a la versión de Juan Manuel Contreras Sepúlveda (fs. 6598/6623), le fue encomendado organizar y poner en marcha la DINA el 12 de noviembre de 1973, y él fue designado Director Ejecutivo (máxima autoridad) en el mes de julio de 1974. A su vez, reconoció que sólo recibía órdenes del Presidente de la República de aquella época, es decir de Augusto Pinochet.
Sin embargo, de acuerdo a la versión prestada por Michael Vernon Townley, tras una reunión mantenida con el General Pinochet a mediados de 1974 en la que éste manifestó que el General Prats era un hombre peligroso para Chile, Manuel Contreras Sepúlveda dio la orden al Brigadier Pedro Espinoza para que se elimine en Buenos Aires al ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile. Por esta circunstancia se designó para la misión al Jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional Exterior, en ese entonces, el Comandante Raúl Iturriaga Neumann que utilizaba el nombre falso de Diego Castro Castañeda. A su vez, Townley agregó que las autoridades de la DINA Exterior eran el nombrado Raúl Iturriaga Neumann y, como segundo jefe, el Capitán del Ejército de Chile José Zara Holger (la versión de Townley fue tomada del informe elevado por el Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile Rafael Castillo Bustamante al Ministro Instructor de la Corte Suprema de Justicia del vecino país, con motivo de la orden emitida en el curso del proceso Rol nº 1-91 -fs. 2129/2130 vta. y 2149/2153).
Juan Manuel Contreras Sepúlveda descargó su responsabilidad en estos acontecimientos en la persona de Michael Townley, a quien identificó como agente de la Central de Inteligencia norteamericana (CIA).
Efectivamente, a través de la tarjeta de ingreso al país oportunamente aportada por la Dirección Nacional de Migraciones y las constancias de fs. 237/238, 246, 427/428 y 440 se puede establecer que Michael Townley, bajo el nombre de Kenneth Enyart, ingresó a la Argentina el 10 de septiembre de 1974 y egresó de nuestro país el día del atentado, es decir, el 30 de ese mes y año. En todo caso, lo que no resulta posible es descartar la actuación de Townley como integrante de la DINA. En este sentido, a través del informe de fs. 285/291 vta. elaborado por los entonces actuarios del juzgado instructor, estos funcionarios certifican haber observado el pasaporte extendido a nombre de Kenneth Enyart, cuya foto correspondía en realidad a Michael Vernon Townley. En este documento quedó registrada su entrada y salida de este país en aquellas fechas. También consignaron los actuarios haber tenido a la vista el "salvoconducto nº 32.368" expedido a favor de Wilson Silva, por el cual la Secretaría General de Gobierno de la República de Chile autorizaba al nombrado a transitar con el objeto de cumplir misiones oficiales. Este documento estaba firmado por el Coronel Manuel Contreras -Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda- (Director de la DINA), con su sello aclaratorio. También consigna el informe los términos de la declaración de Mariana Callejas Honores, ex esposa de Michael Vernon Townley, según la cual en el año 1974 el Brigadier Pedro Octavio Espinoza le ofreció a su entonces marido trabajar para la Dirección de Inteligencia Nacional. Todos estos elementos fueron obtenidos en la entrevista que mantuvieron los funcionarios argentinos con los Fiscales Eugene Propper y Lawrence Barcella, quienes actuaron en el proceso por la muerte de Orlando Letelier. Este informe establece, además, que la prueba nº 114 de ese juicio permite inferir otro nombre supuesto de Townley: Juan Wilson Silva.
VI) En lo que hace a la calificación legal la Sra. Juez a quo ha encuadrado la conducta de Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Octavio Espinoza Bravo en las figuras previstas por los artículos 210, 1º y 2º párrafos del Código Penal, en concurso real (artículo 55 idem) con el artículo 80, incisos 5º y 6º del mismo Código Penal, reiterado en dos oportunidades. Ello es el haber participado como jefes en el delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito de doble homicidio agravado por haber empleado un medio idóneo para crear un peligro común y por estar premeditado por más de dos personas.
Con respecto a la tipificación legal de las conductas de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Jorge Enrique Iturriaga Neumann y José Octavio Zara Holger, se han calificado sus conductas como constitutivas del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros (artículo 210, 1º párrafo del Código Penal), en concurso real (artículo 55 idem) con el delito de doble homicidio agravado, por haber empleado un medio idóneo para crear un peligro común y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas (artículo 80, incisos 5º y 6º del Código Penal).
A) Corresponde formular algunas consideraciones sobre la calificación escogida. Puede afirmarse en general, que la asociación ilícita es una figura que pena lo que sería claramente un acto preparatorio. Entre sus caracteres se cuenta la exigencia de un número determinado de integrantes (tres o más), la existencia de un fin establecido previamente -cual es la comisión de delitos indeterminados- y la actuación organizada y permanente, como estructura delictiva estable.
Esta descripción implica que se trata de un tipo de peligro abstracto, para cuya configuración basta con un menor grado de desatención al bien jurídico. Al decir de Santiago Mir Puig, ya sería suficiente para su punibilidad la peligrosidad general o remota de la acción ("Derecho Penal- Parte General", pág. 170 y ss., Barcelona, España, 1996).
Procesalmente, se ha dicho, bastan hechos demostrativos de la existencia del acuerdo con fines delictivos expresa o tácitamente prestado por tres o más personas, para tener por configurado el tipo en cuestión. El acuerdo puede estar disimulado mediante la participación en una asociación con fines lícitos y ciertamente podría darse enquistado en el seno de una persona jurídica de cualquier tipo, utilizando las prerrogativas que ella otorga. Ello implica que claramente puede abarcar a funcionarios públicos (Ricardo Núñez, "Tratado de Derecho Penal", Tomo V, pág. 185).
Al respecto, se ha señalado que: "[…] En relación con la cantidad y calidad del aporte de las personas que la conforman, debe aclararse que el o los grupos de personas que las integren pueden ser independientes del que pertenezcan a determinadas estructuras más o menos formales, tales como las diversas fundaciones o instituciones que aparecen en la investigación. Así, la pertenencia o no a una determinada asociación legítima, no decide en punto a determinar si se encuentra conformada una asociación ilícita". (C.Nac. Crim. y Corr., Sala 6ª, 15-11-1999 - "C., J.L.", publicada en Jurisprudencia Argentina, Tomo 2000-IV, sección Jurisprudencia, página 282 y siguientes).
También ha señalado este Tribunal, en una descripción perfectamente aplicable al caso, que "…la figura legal en cuestión apunta a una organización estable para la comisión de delitos indeterminados, debiéndose tener en cuenta que indeterminados son los planes que, para cometer los delitos perfectamente determinados, acuerdan los miembros de la asociación. Se requiere también que se tengan en mira una pluralidad de planes delictivos, no deviniendo por ella atípica por la comisión de un número indeterminado de delitos enmarcados en la misma figura penal, ya que no se requiere para su tipicidad la realización de diversos delitos, bastando, simplemente, estar destinada a cometerlos" (C.C.C.Fed., Sala II, causa nº 17.755 "Yoma, Emir Fuad s/ procesamiento y prisión preventiva", rta. 24-5-01, reg. 18.691 y sus citas).
Para afirmar la existencia de una asociación ilícita es bueno recordar que: "[…] La prueba del acuerdo criminoso del art. 210 CPen., se realiza a través del método inductivo, es decir, partiendo desde los casos delictivos realizados hacia atrás, donde se encuentra la faz ideológica de esos planes individualmente considerados. La "marca" o las "señas" de la o las asociaciones quedarán puestas en evidencia en la medida que se analice su modo de operar y la dirección hacia la que apuntan sus fines, los cuales, lógicamente persiguen la comisión de ilícitos determinados, ya que de lo contrario no tendría razón de existir la propia asociación (C.Crim. y Corr., Sala 6ª, "C., J.L.", ya consignada, y sus citas).
Allí se dijo que: "… nos encontramos aquí ante la presencia de una organización criminosa que integraba una estructura de poder y que no era un poder cualquiera sino que se trataba de una parte importante del aparato represivo de quienes se habían apoderado mediante derrocamiento por la violencia de las autoridades legítimas, del gobierno de un Estado extranjero, aparato este que tenía como finalidad casi exclusiva y excluyente, más allá del "nomen iuris" que le asignara a sus funciones del gobierno "de facto" para "legalizar" su existencia, la persecución, neutralización y aún eliminación física de quienes aparecieran como opositores reales o supuestos a aquel régimen golpista…"
Coincide con esta aseveración la sentencia del Tribunal Oral Federal nº 6, ya consignada, al señalar que: "… es cierto también que aquella organización "estatal" por su condición contaba con el apoyo, y a veces sometimiento, del resto del aparato del Estado chileno; con la "colaboración" de alguna parte de las agencias represivas de nuestro país, -en forma orgánica-, o de algunos de sus miembros, y disponía de ingentes medios económicos y materiales como para cumplir con éxito sus operativos, capacidad esta que también les permitía no solo ejecutar aquellos sino también suprimir o ensombrecer las huellas de su intervención, orgánica o la de sus agentes en cada una de aquellas acciones en las que hubieran intervenido."
Las investigaciones sobre este tipo de criminalidad y su inserción en organizaciones lícitas se encuentra en pleno desarrollo, en particular por los problemas que presenta la responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos; la comisión de crímenes contra la humanidad y genocidios por miembros gubernamentales y las actividades realizadas por organizaciones criminales complejas, tales como las que se dedican al terrorismo, al narcotráfico o al blanqueo de capitales (al respecto: Silva Sánchez, Jesús María: "La regulación penal española en materia de criminalidad organizada", -inédito-; del Río Fernández, Lorenzo J.: "La autoría en organizaciones complejas", Cuadernos de Derecho Judicial nº IX (1999), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, España, 2000; entre otros).
Como descripción de esta alternativa se ha dicho: "[…] Nadie pondría en duda que el Ejército, como cualquier institución legítima, podría ser el marco ideal para que una pequeña organización de cinco o diez personas se dedique a la comisión de delitos, por ejemplo, con fines de lucro; pero esta posibilidad no puede disminuir, sino justamente incrementarse, cuando el grupo comprometido con los fines ilícitos alcanza a la mayor parte de los miembros que conforman también la institución legítima, al menos en sus grados jerarquizados. […] Por consiguiente, cuantos más miembros de una organización estatal legítima estén comprometidos con la comisión de delitos con cierto carácter permanente y obedeciendo a reglas ajenas al Estado de derecho, más claramente configurará una asociación criminal la organización subinstitucional." (Sancinetti, Marcelo A. y Ferrante Marcelo: "El derecho penal en la protección de los derechos humanos", pág. 247 y sgtes., Hammurabi, Buenos Aires, 1999).
II) CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto II) de la resolución mencionada en cuanto dispone el PROCESAMIENTO de RAUL EDUARDO ITURRIAGA NEUMANN, JORGE ENRIQUE ITURRIAGA NEUMANN y JOSE OCTAVIO ZARA HOLGER, por encontrarlos autores responsables del delito de asociación ilícita en calidad de integrantes, en concurso real con el delito que se establece como doble homicidio agravado por explosión y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores (artículos 45, 55, 80, incisos 2º y 4º -ley 20.642-, y 210 párrafo 1º del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación); en cuanto manda trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000.-) -artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación-; y disponiendo la PRISION PREVENTIVA de los nombrados (artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación), medidas estas dos últimas que, también en este caso, se confirman en los términos expuestos en el Considerando VII).-
FIRMADO: HORACIO R. CATTANI, MARTÍN IRURZUN y EDUARDO LURASCHI. Jueces de Cámara. Ante mí: GUILLERMO S. GARAY. Secretario de Cámara.