Source: https://legislacion.vlex.es/vid/regulacion-planes-fondos-pensiones-127468
Timestamp: 2020-07-02 18:25:09
Document Index: 168554757

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 32', 'Artículo 4', 'Artículo 32', 'Artículo 4', 'Artículo 32', 'artículo 9', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 29', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 5', 'Artículo 32', 'Artículo 5', 'Artículo 32', 'Artículo 5', 'Artículo 32', 'Artículo 5', 'Artículo 32', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 32', 'Artículo 6', 'Artículo 32', 'Artículo 6', 'Artículo 32', 'Artículo 6', 'Artículo 32', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 32', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 119', 'Artículo 8', 'Artículo 32', 'Artículo 8', 'Artículo 32', 'Artículo 8', 'Artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 32', 'Artículo 9', 'Artículo 32', 'Artículo 9', 'Artículo 32', 'Artículo 10', 'Artículo 32', 'Artículo 10', 'Artículo 32', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 23', 'Artículo 14', 'Artículo 32', 'Artículo 14', 'Artículo 32', 'Artículo 14', 'Artículo 32', 'Artículo 15', 'artículo 4', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 32', 'Artículo 16', 'Artículo 32', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 32', 'artículo 11', 'artículo 260', 'artículo 263', 'artículo 278', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 119', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 32', 'Artículo 20', 'Artículo 32', 'artículo 23', 'Artículo 21', 'Artículo 32', 'Artículo 21', 'Artículo 32', 'Artículo 21', 'Artículo 32', 'artículo 19', 'artículo 72', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 32', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 32', 'Artículo 26', 'Artículo 32', 'artículo 71', 'artículo 71', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 28', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 6', 'Artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 20', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 34', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 39', 'Artículo 34', 'artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 34', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 16', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'Artículo 32', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 48', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 119']

Ley de regulación de Planes y Fondos de Pensiones (Ley 8/1987, de 8 de junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 127468
Publicado en: BOE Num. 137 (1987)
CAPÍTULO II. Principios y regímenes de organización de los Planes de Pensiones - arts. 5 a 7
CAPÍTULO III. Régimen financiero de los Planes de Pensiones - arts. 8 a 10
CAPÍTULO IV. Constitución y régimen de organización de los Fondos de Pensiones - arts. 11 a 15
CAPÍTULO V. Régimen financiero de los Fondos de Pensiones - arts. 16 a 19
CAPÍTULO VI. Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones - arts. 20 a 23
CAPÍTULO VII. Régimen de control administrativo - arts. 24 a 26
CAPÍTULO VIII. Régimen fiscal - arts. 27 a 30
SECCIÓN 1. Revocación de la autorización administrativa - art. 31
SECCIÓN 2. Disolución administrativa e intervención en la liquidación - arts. 32 y 33
SECCIÓN 3. Medidas de control especial - art. 34
SECCIÓN 4. Régimen de infracciones y sanciones - arts. 35 y 36
PRIMERA. Protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores
SEGUNDA. Plazo de resolución de las solicitudes de autorización administrativa
TERCERA. Responsabilidad civil y obligaciones de los actuarios
PRIMERA. Actualización del límite fiscal de reducción de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
SEGUNDA. Previsión social complementaria del personal al servicio de administraciones, entidades y empresas públicas
Norma citada en: 2330 sentencias, 137 artículos doctrinales, 120 disposiciones normativas, 385 resoluciones administrativas, 8 noticias
Ley declarada vigente por la Disposición Derogatoria 2.4 de la Ley 43/1995, del 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades de 1995, publicada en el BOE del 28 de Diciembre de 1995.
Ley modificada, en cuanto que las remisiones efectuadas a la Ley 18/1991, de 6 junio, se entenderán hechas a la presente Ley, por la Disposición Adicional Octava de la Ley 40/1998, del 9 de Diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1998, publicada en el BOE del 10 de Diciembre de 1998.
Ley derogada, teniendo en cuenta la Disposición Transitoria 1 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 noviembre, que establece: "El régimen de integración voluntaria en planes de pensiones de fondos e instituciones de previsión, contenido en la disposición transitoria primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en las normas de desarrollo y complementarias de la misma, mantendrá su vigencia respecto de las empresas, trabajadores y beneficiarios, y planes de reequilibrio, que se acogieron a dicha disposición para la integración de los derechos reconocidos en planes de pensiones al amparo de la misma", por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Legislativo 1/2002, del 29 de Noviembre, de Planes y Fondos de Pensiones de 2002, publicada en el BOE del 13 de Diciembre de 2002.
Los Planes de Pensiones se configuran como Instituciones de previsión voluntaria y libre, cuyas prestaciones de carácter privado pueden o no ser complemento del preceptivo sistema de la Seguridad Social obligatoria, al que en ningún caso sustituyen. Armoniza esta caracterización con el artículo 41 de nuestro texto constitucional , al proclamar que la asistencia y las prestaciones complementarias al régimen público de la Seguridad Social serán libres.
Dada la trascendencia social de los Fondos, la Ley establece aquellas exigencias y controles tendentes a asegurar su desenvolvimiento y a evitar las situaciones de insolvencia o que amenacen la efectividad de las prestaciones. A tal efecto -y entre otros- se introducen requisitos relativos a su administración, representación por una Entidad gestora con el concurso de un depositario y supervisión por Comisiones de Control, composición de sus activos y realización de operaciones, publicación y remisión a la Administración de las cuentas anuales auditadas y sujeción a inspección administrativa, articulándose la tipología de infracciones y el pertinente régimen sancionador.
Los Planes de Pensiones definen el derecho de las personas, a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, las obligaciones de contribución a los mismos y, en la medida permitida por la presente Ley las reglas de constitución y funcionamiento del patrimonio que al cumplimiento de los derechos que reconoce ha de afectarse.
Constituidos voluntariamente, sus prestaciones no serán, en ningún caso, sustitutivas de las preceptivas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, teniendo, en consecuencia, carácter privado y complementario o no de aquéllas.
Queda reserva la denominación de «Planes de Pensiones», así como sus siglas, a los Planes regulados por esta Ley.
Artículo citado en: 73 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa, 10 resoluciones administrativas
Son sujetos constituyentes de los Planes de Pensiones:
El promotor del Plan: Tiene tal consideración cualquier Entidad, Corporación, Sociedad, Empresa, Asociación, Sindicato o colectivo de cualquier clase que insten a su creación o participen en su desenvolvimiento.
Son elementos personales de un Plan de Pensiones los sujetos constituyentes y los beneficiarios, entendiéndose por tales las personas físicas con derecho a la percepción de prestaciones, hayan sido o no partícipes.
Son Entidades promotoras de los Fondos de Pensiones las personas jurídicas que insten y, en su caso, participen en la constitución de los mismos en los términos previstos en esta Ley.
Artículo citado en: 19 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 5 resoluciones administrativas
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1 , número 2, de la presente Ley, cuando en el convenio colectivo se haya establecido la incorporación de los trabajadores directamente al plan de pensiones se entenderán adheridos al mismo salvo que, en el plazo acordado a tal efecto, declaren expresamente por escrito a la comisión promotora o de control del plan que desean no ser incorporados al mismo. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que, en su caso, el convenio condicione las obligaciones de la empresa con los trabajadores a la incorporación de los mismos al plan de pensiones.
Sistema asociado. Corresponde a planes cuyo promotor o promotores sean cualesquiera asociaciones o sindicatos siendo los partícipes sus asociados, miembros o afiliados.
Sistema individual. Corresponde a Planes cuyo promotor son una o varias Entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son cualesquiera personas físicas.
Artículo 4 apartado 1 a) modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 4 apartado 1 c) inciso destacado suprimido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 4 apartado 1 a) modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.2 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 4 apartado 1 b) modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.2 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 4 apartado 3 modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.2 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo citado en: 32 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 5 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Principios y regímenes de organización de los Planes de Pensiones Artículos 5 a 7
Los Planes de Pensiones deberán cumplir cada uno de los siguientes principios:
No discriminación: debe garantizarse el acceso como partícipe de un plan a cualquier persona física que reúna las condiciones de vinculación o de capacidad de contratación con el promotor que caracterizan cada tipo de contrato.
Capitalización: Los Planes de Pensiones se instrumentarán mediante sistemas financieros y actuariales de capitalización. En consecuencia, las prestaciones se ajustarán estrictamente al cálculo derivado de tales sistemas. Reglamentariamente se definirá la tipología de los sistemas de capitalización y sus condiciones de aplicación, exigiéndose salvo que medie aseguramiento, la constitución de reservas patrimoniales adicionales para garantizar la viabilidad del Plan.
Exclusivamente los Planes de Pensiones que cumplan los requisitos contenidos en esta Ley podrán acceder a los regímenes financiero y fiscal previstos en la misma.
Las aportaciones anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley se adecuarán a lo siguiente:
Los Planes de Pensiones terminarán por las siguientes causas:
Por dejar de cumplir los principios básicos establecidos en el número 1 de este artículo.
Por imposibilidad manifiesta de llevar a cabo las variaciones necesarias derivadas de la revisión del plan a tenor del artículo 9.5 .
Por ausencia de partícipes y beneficiarios en el plan de pensiones durante un plazo superior a un año.
Por cualquier otra causa establecida en las especificaciones del Plan de Pensiones.
Artículo 5 apartado 3 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 5 apartado 4 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 5 apartado 3 modificado por Artículo 29 de la Ley 66/1997, del 30 de Diciembre, de Medidas 1998, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 5 apartado 3 modificado por Artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2000, del 23 de Junio, publicado en el BOE del 24 de Junio de 2000.
Artículo 5 apartado 3 modificado por Artículo 11 de la Ley 6/2000, del 13 de Diciembre, publicada en el BOE del 14 de Diciembre de 2000.
Artículo 5 apartado 1 a) modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.3 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 5 apartado 3 modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.1 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 5 apartado 4 f) modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.3 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 5 párrafo último modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.3 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo citado en: 98 sentencias, 13 artículos doctrinales, 25 disposiciones normativas, 34 resoluciones administrativas
Determinación del ámbito personal del Plan, así como su modalidad a tenor de lo estipulado en el artículo 4 de esta Ley .
Asimismo, deberán prever el procedimiento de transferencia de los derechos consolidados correspondientes al partícipe que, por cambio de colectivo laboral o de otra índole, altere su adscripción a un Plan de Pensiones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
La modificación de las especificaciones de los planes de pensiones del sistema asociado y de empleo se podrá realizar mediante los procedimientos y acuerdos previstos en las mismas. El acuerdo de modificación podrá ser adoptado por la Comisión de control del plan con el régimen de mayorías establecido en las especificaciones.
Artículo 6 apartado 1 b) modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.4 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 6 apartado 1 e) modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.4 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 6 apartado 1 f) modificado con efectos a partir del 1 enero 2002 por Artículo 32.4 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 6 apartado 3 añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.4 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo citado en: 62 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
La Comisión de control del plan de pensiones de empleo estará formada por representantes del promotor o promotores y representantes de los partícipes y, en su caso, de los beneficiarios. Los representantes de los partícipes podrán ostentar la representación de los beneficiarios del plan de pensiones.
En los planes de pensiones del sistema de empleo, la representación de los elementos personales en la Comisión de Control se ajustará a los siguientes criterios:
El funcionamiento y ejecución de cada plan de pensiones del sistema asociado será supervisado por una Comisión de control que tendrá las funciones previstas en el apartado 1 anterior y estará formada por representantes del promotor o promotores y partícipes y, en su caso, de los beneficiarios del plan. Si el plan quedara sin partícipes la representación atribuida a los mismos corresponderá a los beneficiarios.
En los planes de pensiones del sistema individual no se constituirá Comisión de control del plan, correspondiendo al promotor las funciones y responsabilidades que a dicha Comisión se asignan en esta Ley.
Artículo 7 apartado 4 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 7 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.5 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo citado en: 16 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III Régimen financiero de los Planes de Pensiones Artículos 8 a 10
Los Planes de Pensiones se instrumentarán mediante sistemas financieros y actuariales de capitalización que permitan establecer una equivalencia entre las aportaciones y las prestaciones futuras a los beneficiarios.
El Plan podrá prever la contratación de seguros, avales y otras garantías con las correspondientes Entidades financieras para la cobertura de riesgos determinados o el aseguramiento o garantía de las prestaciones.
Las contribuciones o aportaciones se realizarán por el promotor o promotores y por los partícipes, respectivamente, en los casos y forma que, de conformidad con la presente Ley, establezca el respectivo Plan de Pensiones, determinándose y efectuándose las prestaciones según las normas que el mismo contenga.
De acuerdo con lo previsto en cada Plan de Pensiones, las prestaciones podrán ser, en los términos que reglamentariamente se determinen:
Prestación en forma de capital, consistente en una percepción de pago único.
Constituyen derechos consolidados por los partícipes de un Plan de Pensiones los siguientes:
Los partícipes sólo podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. Reglamentariamente se determinarán estas situaciones, así como las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en tales supuestos. En todo caso, las cantidades percibidas en estas situaciones se sujetarán al régimen fiscal establecido en la Ley para las prestaciones de los planes de pensiones.
Artículo 8 apartado 1 párrafo 2º modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 8 apartado 1 párrafo 3º modificado por Disposición Adicional 11.6 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 8 apartado 1 párrafo 4º modificado por Disposición Adicional 11.6 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 8 apartado 5 modificado por Disposición Adicional 11.6 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 8 apartado 6 modificado por Disposición Adicional 11.6 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 8 apartado 8 modificado por Disposición Adicional 11.7 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 8 apartado 8 modificado por Artículo 119.1 de la Ley 66/1997, del 30 de Diciembre, de Medidas 1998, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 8 apartado 6 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.6 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 8 apartado 8 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.6 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 8 apartado 10 añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.6 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo citado en: 182 sentencias, 24 artículos doctrinales, 18 disposiciones normativas, 137 resoluciones administrativas
El promotor del plan de pensiones elaborará el proyecto inicial del plan que incluirá las especificaciones contempladas en el artículo 6 de esta Ley.
La Comisión Promotora podrá adoptar los acuerdos que estime oportunos para ultimar y ejecutar el contenido del proyecto y recabará, excepto en los planes de aportación definida que no prevean la posibilidad de otorgar garantía alguna a partícipes o beneficiarios, dictamen de un actuario sobre la suficiencia del sistema financiero y actuarial del proyecto definitivo de plan de pensiones resultante del proceso de negociación. El referido proyecto deberá ser adoptado por acuerdo de las partes presentes en la Comisión Promotora.
A la vista del proyecto del plan de pensiones, el fondo de pensiones o, según corresponda, la entidad gestora del mismo, adoptará en su caso el acuerdo de admisión del plan en el fondo por entender, bajo su responsabilidad, que se cumplen los requisitos establecidos en esta Ley, comunicándolo a la Comisión promotora o, en su defecto, al promotor del plan.
Efectuada la comunicación anterior, podrá hacerse efectiva la incorporación al plan de partícipes debiendo la Comisión promotora de un plan de empleo o el promotor de un plan asociado, instar la constitución de la pertinente Comisión de control del plan en los plazos y condiciones que reglamentariamente se establezcan. En tanto no se constituya la Comisión de control, las funciones atribuidas a ésta por la presente Ley corresponderán a la Comisión promotora o al promotor del plan asociado en su caso.
Recibida la comunicación anterior, la Comisión Promotora instará la formalización del Plan de Pensiones, así como la constitución de su pertinente Comisión de Control, en los plazos y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
El sistema financiero y actuarial de los planes deberá ser revisado al menos cada tres años por actuario independiente designado por la Comisión de Control, con encomienda expresa y exclusiva de realizar la revisión actuarial. Si, como resultado de la revisión, se planteara la necesidad o conveniencia de introducir variaciones en las aportaciones y contribuciones, en las prestaciones previstas, o en otros aspectos con incidencia en el desenvolvimiento financiero-actuarial, se someterá a la Comisión de Control del Plan para que proponga o acuerde lo que estime procedente, de conformidad con el artículo 6.1 i).
La aprobación y revisión de los Planes de Pensiones del sistema de empleo promovidos por pequeñas y medianas empresas se regirán por normas específicas fijadas reglamentariamente, ajustándose a las siguientes bases:
En la determinación del ámbito de aplicación deberá tenerse en cuenta la modalidad de estos planes, el número de trabajadores, la cifra anual de negocios y el total de las partidas de activo de las empresas afectadas.
Gozarán de una reducción del 30 por 100 los derechos que los Notarios y Registradores hayan de percibir como consecuencia de la aplicación de sus respectivos aranceles por los negocios, actos y documentos necesarios para la tramitación de la inscripción, nombramiento y cese de los miembros de la comisión de control y movilización de estos planes de pensiones.
Artículo 9 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 9 apartado 1 inciso destacado suprimido por Disposición adicional 1.1 de la Ley 50/1998, del 30 de Diciembre, de Medidas 1999, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1998.
Artículo 9 apartado 1 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.7 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 9 apartado 3 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.7 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 9 apartado 4 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.7 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Para la instrumentación de un Plan de Pensiones, las contribuciones económicas a que los promotores y los partícipes del Plan estuvieran obligados se integrarán inmediata y necesariamente en una cuenta de posición del Plan en el Fondo de Pensiones, con cargo a la cual se atenderá el cumplimiento de las prestaciones derivadas de la ejecución del Plan. Dicha cuenta recogerá asimismo los rendimientos derivados de las inversiones del Fondo de Pensiones que, en los términos de esta Ley, se asignen al Plan.
Reglamentariamente se fijarán las condiciones a que se sujetarán las relaciones entre el Plan y el Fondo de Pensiones, y en particular las referentes al traspaso de la cuenta de posición del Plan desde un Fondo de Pensiones a otro, así como a la liquidación del Plan.
La Comisión de Control del Plan de Pensiones supervisará la adecuación del saldo de la cuenta de posición del Plan a los requerimientos del régimen financiero del mismo.
Los planes de pensiones del sistema de empleo se integrarán necesariamente en fondos de pensiones cuyo ámbito de actuación se limite al desarrollo de planes de pensiones de dicho sistema.
Artículo 10 apartado 2 párrafo último añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.8 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 10 apartado 4 añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.8 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
CAPÍTULO IV Constitución y régimen de organización de los Fondos de Pensiones Artículos 11 a 15
Los Fondos de Pensiones se constituirán, previa autorización administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, en escritura pública otorgada por la Entidad promotora y se inscribirán en el Registro especial administrativo que al efecto se establezca y en el Registro Mercantil. Carecerán de personalidad jurídica y serán administrados y representados conforme a lo dispuesto en esta Ley.
La denominación o razón social y el domicilio de la Entidad o Entidades promotoras.
La denominación del fondo, que deberá ser seguido, en todo caso, de la expresión «Fondo de Pensiones».
-El ámbito de actuación del Fondo.
-El procedimiento para la elección y renovación y la duración del mandato de los miembros de la Comisión de Control del Fondo, así como el funcionamiento de ésta.
-La política de inversiones de los recursos aportados al Fondo.
-Los criterios de imputación de resultados, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
-Los sistemas actuariales que pueden utilizarse en la ejecución de los Planes de Pensiones.
-La comisión máxima que haya de satisfacerse en la Entidad gestora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.4 de esta Ley .
-Las normas de distribución de los gastos de funcionamiento a que se refiere el artículo 14.6 de esta Ley .
-Los requisitos para la modificación del Reglamento y para la sustitución de las Entidades gestora y depositaria. En ningún caso podrá operarse la sustitución sin el previo acuerdo de la Comisión, oídas las Subcomisiones, de Control del Fondo de Pensiones, salvo lo establecido en el artículo 23 de esta Ley .
-Las normas que hayan de regir la disolución y liquidación del Fondo.
Con carácter previo a la constitución del Fondo los promotores deberán obtener autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, a cuyos términos se acomodará, en su caso, la escritura de constitución. El otorgamiento de la autorización en ningún caso podrá ser título que cause la responsabilidad de la Administración del Estado.
Obtenida la autorización administrativa previa en el Registro Mercantil se abrirá a cada Fondo una hoja de inscripción en la que será primer asiento el correspondiente a la escritura de constitución y contendrá los extremos que ésta deba expresar, aplicándose las normas que regulan el Registro Mercantil.
Se crearán en el Ministerio de Economía y Hacienda el Registro administrativo de Fondos de Pensiones y el de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones. Los Fondos de Pensiones se inscribirán necesariamente en el Registro administrativo, en el que se hará constar la escritura de constitución y las modificaciones posteriores autorizadas en la forma prevista en este artículo. Además, se deberá hacer constar el Plan o Planes de Pensiones a que cada Fondo de Pensiones esté afecto, así como las sucesivas incidencias que les afecten.
Queda reservada la denominación de «Fondos de Pensiones», así como sus siglas, a los constituidos de acuerdo con la presente Ley.
La inscripción en el Registro administrativo exige el previo cumplimiento de todos los demás requisitos de constitución.
Podrán constituirse Fondos de Pensiones que instrumenten un único Plan de Pensiones.
Los Fondos de Pensiones podrán encuadrarse dentro de dos tipos:
Fondo abierto, caracterizado por poder canalizar las inversiones de otros Fondos de Pensiones.
En los Fondos de Pensiones que integran Planes de Pensiones de Prestación Definida y en los Fondos de Pensiones abiertos podrá requerirse la constitución de un patrimonio inicial mínimo, según niveles fijados reglamentariamente en razón de las garantías exigidas para su correcto desenvolvimiento financiero.
Los acreedores de los Fondos de Pensiones no podrán hacer efectivos sus créditos sobre los patrimonios de los Promotores de los Planes y de los partícipes, cuya responsabilidad está limitada a sus respectivos compromisos de aportación a sus Planes de Pensiones adscritos.
El patrimonio de los Fondos no responderá por las deudas de las Entidades Promotora, Gestora y Depositaria.
Los Fondos de Pensiones serán administrados con las limitaciones establecidas en el artículo 14 , por una Entidad Gestora con el concurso de un Depositario y bajo la supervisión de una Comisión de Control, en la forma que reglamentariamente se determine.
En los fondos de pensiones se constituirá una comisión de control del fondo cuya composición se ajustará a las siguientes condiciones:
Las funciones de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones son, entre otras:
Nombramiento de los expertos cuya actuación esté exigida en la presente Ley, sin perjuicio de las facultades previstas dentro de cada Plan de Pensiones.
Examen y aprobación de la actuación de la Entidad Gestora en cada ejercicio económico, exigiéndole, en su caso, la responsabilidad prevista en el artículo 22 de esta Ley .
Sustitución de la Entidad Gestora o Depositaria, en los términos previstos en el artículo 23 .
Por razones de heterogeneidad en los tipos de Planes de Pensiones adscritos a un mismo Fondo o de dimensión de éste, podrá arbitrarse la constitución, en el seno de la Comisión de Control, de Subcomisiones que operarán según áreas homogéneas de Planes o según modalidades de inversión.
El cargo de Vocal de una Comisión será temporal y gratuito. En las normas de funcionamiento del Fondo se consignará el procedimiento para la elección y renovación de sus miembros, la duración de su mandato, así como los casos y formas en que deba reunirse la mencionada Comisión de Control del Fondo.
Una vez elegidos sus miembros designarán entre sí quienes hayan de ejercer la Presidencia y la Secretaría. La Comisión quedará válidamente constituida cuando, debidamente convocados, concurran la mayoría de sus miembros y adoptará sus acuerdos por mayoría, conforme a lo dispuesto en el apartado 1.
Se soportarán por el fondo los gastos de funcionamiento de la comisión de control, si bien podrá acordarse su asunción total o parcial por las entidades promotoras.
Artículo 14 apartado 1 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.9 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 14 apartado 5 párrafo 2º añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.9 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 14 apartado 6 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.9 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Procederá la disolución de los fondos de pensiones:
Por revocación de la autorización administrativa al fondo de pensiones.
Una vez disuelto el fondo de pensiones se abrirá el período de liquidación, añadiéndose a su denominación las palabras «en liquidación», y realizándose las correspondientes operaciones conjuntamente por la comisión de control del fondo y la entidad gestora en los términos que reglamentariamente se determinen.
El acuerdo de disolución se inscribirá en el Registro Mercantil y en el Registro administrativo, publicándose, además, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», y en uno de los diarios de mayor circulación del lugar del domicilio social.
Artículo 15 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
CAPÍTULO V Régimen financiero de los Fondos de Pensiones Artículos 16 a 19
El activo de los Fondos de Pensiones estará invertido de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y de plazos adecuados a sus finalidades.
Reglamentariamente podrán fijarse porcentajes mínimos o máximos de inversión en determinadas categorías generales de inversiones en que se materialice el activo de los Fondos de Pensiones, con el fin de asegurar su liquidez o solvencia y sin que, en ningún caso, puedan entrañar obligaciones de invertir en activos financieros específicos cuya rentabilidad no se adecue a las condiciones generales de los mercados financieros.
La inversión en activos extranjeros se regulará por la legislación correspondiente, computándose en el porcentaje indicado a su naturaleza. Reglamentariamente podrán establecerse normas de congruencia monetaria entre las monedas de realización de las inversiones de los fondos de pensiones y las monedas en que han de satisfacerse sus compromisos.
Reglamentariamente se establecerán porcentajes y criterios de diversificación de las inversiones en valores emitidos o avalados por una misma entidad o de entidades pertenecientes a un mismo grupo.
A los efectos de este artículo se considerarán pertenecientes a un mismo grupo, las sociedades que se encuentren en los supuestos contemplados en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Los tipos de interés de los depósitos de los Fondos de Pensiones serán libres.
Artículo 16 apartado 3 modificado por Disposición Adicional 11.10 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 16 apartado 5 modificado por Disposición Adicional 11.10 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 16 apartado 1 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.10 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 16 apartado 4 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.10 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Por los Fondos de Pensiones se realizarán las operaciones sobre activos financieros admitidos a cotización en Bolsa o en un mercado organizado de los citados en el número 1 del artículo anterior, de forma que incidan de manera efectiva en los precios con la concurrencia de ofertas y demandas plurales, salvo que la operación pueda realizarse en condiciones más favorables para el Fondo que de las resultantes del mercado.
En general, los Fondos de Pensiones no podrán otorgar crédito a los partícipes de los Planes de Pensiones adscritos, salvo en los casos excepcionales que se señalen reglamentariamente.
Las Entidades Gestora y Depositaria de un Fondo de Pensiones, así como sus Consejeros y Administradores, y los miembros de la Comisión de Control, no podrán comprar ni vender para sí elementos de los activos del Fondo ni directamente ni por persona o Entidad interpuesta. Análoga restricción se aplicará a la contratación de créditos.
Los bienes de los Fondos de Pensiones sólo podrán ser objeto de garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Fondo, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Formular y someter a aprobación de los órganos competentes las cuentas anuales de la entidad gestora, debidamente auditadas en los términos del número 4 siguiente, y presentar la documentación e información citada a la Dirección General de Seguros y a las Comisiones de Control del Fondo y de los planes de pensiones adscritos al fondo.
Dentro del primer semestre de cada ejercicio económico, las Entidades Gestoras deberán publicar, para su difusión general, los documentos mencionados en el apartado 1.
Reglamentariamente se fijarán las normas de valoración de los activos de los Fondos de Pensiones, los criterios para la formación de su cuenta de resultados y el sistema de asignación de los mismos a los Planes adscritos al Fondo.
Los documentos citados en el punto 1, a), deberán ser auditados por expertos o Sociedades de expertos que cumplan los requisitos que se señalen reglamentariamente. Los informes de auditoría deberán abarcar los aspectos contables financieros y actuariales, incluyendo un pronunciamiento expreso en lo relativo al cumplimiento de lo previsto al respecto en esta Ley y en su desarrollo reglamentario.
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá exigir a las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones la realización de auditorías externas excepcionales, con el alcance que considere necesario.
El Ministerio de Economía y Hacienda establecerá los modelos de balance, cuenta de resultados y demás estados contables de los Fondos de Pensiones y de sus Entidades Gestoras, así como los criterios de contabilización y valoración en cuanto no estén determinados por disposiciones del Gobierno.
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá recabar de las Entidades Gestoras y de las Depositarias cuantos datos contables y estadísticos, públicos o reservados, referentes a las mismas y a los Fondos de Pensiones administrados por ellas, estén relacionados con sus funciones de inspección y tutela, y señalará la periodicidad con que dicha información deberá elaborarse y los plazos máximos para su entrega al Ministerio.
El Ministerio de Economía dispondrá la publicidad que, en su caso, deba darse, con carácter agregado o individual, a los datos citados en el apartado 7, con el objeto de promover una información frecuente, rápida y suficiente en favor de los partícipes y beneficiarios o de las Comisiones de Control de los planes de pensiones de empleo.
Las Comisiones de Control de los Planes de Pensiones podrán solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda información sobre datos, referentes al Fondo de Pensiones al que estén adscritos o a su Entidad Gestora o Depositaria, no previamente publicados y que estén en poder del Ministerio o que éste pueda recabar.
Las Entidades citadas en el párrafo 2 de este artículo están sujetas al cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 19 apartado 1 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 19 apartado 8 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.11 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
CAPÍTULO VI Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones Artículos 20 a 23
Podrán ser Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones las Sociedades Anónimas que, habiendo obtenido autorización administrativa previa, reúnan los siguientes requisitos:
Entre 1.000 y 150.000 millones de pesetas, el 1 por 100.
Sus acciones serán nominativas.
Tener como objeto social y actividad exclusivos la administración de Fondos de Pensiones.
No podrán emitir obligaciones ni acudir al crédito y tendrán materializado su patrimonio en los activos que reglamentariamente se determinen.
Deberán estar domiciliadas en España.
Deberán inscribirse en el Registro Administrativo establecido en el número 5 del artículo 11 de esta Ley.
También podrán ser Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones las Entidades aseguradoras autorizadas para operar en España en los seguros de vida, siempre que cumplan los requisitos previstos en los apartados a), e) y f) del número anterior.
La denominación de Entidad Gestora de Fondos de Pensiones queda reservada exclusivamente a las Entidades que cumplan los requisitos previstos en los números precedentes.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que las entidades gestoras de fondos de pensiones podrán contratar la gestión de las inversiones de los fondos de pensiones que administran con terceras entidades autorizadas conforme a las Directivas 93/22/CEE del Consejo de 10 de mayo, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre, sobre seguros directos de vida y 2000/12/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de marzo, relativa a entidades de crédito, y con otras entidades gestoras de fondos de pensiones autorizadas.
Las Sociedades Gestoras percibirán por su función una comisión de gestión dentro del límite fijado en las Normas de funcionamiento del Fondo y que no excederá del máximo que, como garantía de los intereses de los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones, pudiera establecer el Gobierno de la Nación.
Será causa de disolución de las entidades gestoras de fondos de pensiones, además de las enumeradas en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, la revocación de la autorización administrativa, salvo que la propia entidad renuncie a dicha autorización viniendo tal renuncia únicamente motivada por la modificación de su objeto social para desarrollar una actividad distinta al objeto social exclusivo de administración de fondos de pensiones a que se refiere la letra c) del número 1 precedente. El acuerdo de disolución, además de la publicidad que previene el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se inscribirá en el Registro administrativo y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y la entidad extinguida se cancelará en el Registro administrativo, además de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 278 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Artículo 20 apartado 1 a) modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 20 apartado 6 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 20 apartado 4 modificado por Artículo 119.2 de la Ley 66/1997, del 30 de Diciembre, de Medidas 1998, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 20 apartado 1 a) modificado por la Disposición Adicional 22 de la Ley 14/2000, del 29 de Diciembre, de Medidas 2001, publicada en el BOE del 30 de Diciembre de 2000.
Artículo 20 apartado 1 g) añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.12 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 20 apartado 4 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.12 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo citado en: 4 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
La custodia y depósito de los valores mobiliarios y demás activos financieros integrados en los fondos de pensiones corresponderá a una entidad depositaria establecida en España. Podrán ser « entidades depositarias de fondos de pensiones» las entidades que reúnan los siguientes requisitos:
Estar inscrita en el registro especial de "Entidades Depositarias de Fondos de Pensiones" que se creará en el Ministerio de Economía.
Además de la función de custodia, ejercerán la de vigilancia de la Entidad Gestora ante las Entidades promotoras, partícipes y beneficiarios, debiendo efectuar únicamente aquellas operaciones acordadas por las Entidades Gestoras que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que las entidades depositarias de fondos de pensiones podrán contratar el depósito de los activos a que se refiere el número 4 del artículo anterior.
En remuneración de sus servicios, los Depositarios percibirán de los Fondos las retribuciones que libremente pacten con las Entidades Gestoras, con la previa conformidad de la Comisión de Control del Fondo, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse reglamentariamente.
Cada fondo de pensiones tendrá un sola entidad depositaria, sin perjuicio de la contratación de diferentes depósitos de valores o efectivo con otras entidades. La entidad depositaria del fondo de pensiones es responsable de la custodia de los valores o efectivo del fondo de pensiones sin que esta responsabilidad se vea afectada por el hecho de que se confíe a un tercero la gestión, administración o depósito de los mismos.
Nadie podrá ser al mismo tiempo Gestor y Depositario de un Fondo de Pensiones, salvo los supuestos que se prevean reglamentariamente en desarrollo del artículo 23 de esta Ley .
Artículo 21 apartado 1 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.13 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 21 apartado 3 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.13 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 21 apartado 5 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.13 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
La sustitución de las Entidades Gestora o Depositaria procederá:
A instancia de la propia Entidad, previa presentación de la que haya de sustituirla. En tal caso será precisa la aprobación por la Comisión de Control del Fondo y por la Entidad Gestora o Depositaria que continúe en sus funciones, del proyecto de sustitución que, cumpliendo los requisitos que se señalen en las normas de funcionamiento del Fondo, se proponga a aquéllas en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. Para proceder a la sustitución de la Entidad Gestora será requisito previo la realización y publicidad suficiente de la auditoría prevista en el artículo 19 de esta Ley y, en su caso, la constitución por la Entidad cesante de las garantías necesarias para cubrir las responsabilidades de su gestión.
La renuncia unilateral a sus funciones por parte de las Entidades Gestora o Depositaria sólo surtirá efecto pasado un plazo de dos años contados desde su notificación fehaciente a la Comisión de Control de Fondo de Pensiones y previo cumplimiento de los requisitos de auditoría, publicidad y garantía a que se refiere el apartado a) del número precedente. Si vencido el plazo no se designara una Entidad sustitutiva, procederá la disolución del Fondo de Pensiones.
La disolución, el procedimiento concursal de las Entidades Gestora o Depositaria y su exclusión del Registro Administrativo producirá el cese en la gestión o custodia del Fondo de la Entidad afectada. Si ésta fuese la Entidad Gestora, la gestión quedará provisionalmente encomendada a la Entidad Depositaria. Si la Entidad que cesa en sus funciones fuese la Depositaria, los activos financieros y efectivo del Fondo serán depositados en el Banco de España. En ambos casos se producirá la disolución del Fondo si en el plazo de un año no se designa nueva Entidad Gestora o Depositaria.
Los cambios que se produzcan en el control de las Entidades Gestoras y la sustitución de sus Consejeros deberán ser puestos en conocimiento de las Comisiones de Control en la forma que reglamentariamente se establezca.
CAPÍTULO VII Régimen de control administrativo Artículos 24 a 26
Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda la ordenación y supervisión administrativa del cumplimiento de las normas de la presente Ley, pudiendo recabar de las entidades gestoras y depositarias, de las comisiones de control y de los actuarios toda la información que sea precisa para comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
Será de aplicación a la inspección de entidades gestoras y de fondos de pensiones lo dispuesto sobre la inspección de entidades aseguradoras en el artículo 72 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán facilitar a la Dirección General de Seguros información sobre su situación, la de los fondos de pensiones que gestionen y la de los planes de pensiones integrados en los mismos, con la periodicidad y el contenido que reglamentariamente se establezcan.
Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Ministerio de Economía en el ejercicio de sus funciones de ordenación y supervisión de los fondos de pensiones, salvo los contenidos en los registros administrativos de carácter público, tendrán carácter reservado.
Artículo 24 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 24 apartado 2 párrafo 1º modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.14 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 24 apartado 4 añadido por la Disposición Adicional 6.2 de la Ley 44/2002, del 22 de Noviembre, de Reforma del Sistema Financiero, publicada en el BOE del 23 de Noviembre de 2002.
La contabilidad de los fondos y planes de pensiones y de sus entidades gestoras se regirá por sus normas específicas y, en su defecto, por las establecidas en el Código de Comercio , en el Plan General de Contabilidad y demás disposiciones de la legislación mercantil en materia contable.
En el Reglamento de desarrollo de esta Ley, se recogerán las normas específicas de contabilidad a que se refiere el número anterior, estableciendo las obligaciones contables, los principios contables de aplicación obligatoria, las normas sobre formulación de las cuentas anuales, los criterios de valoración de los elementos integrantes de las mismas, así como el régimen de aprobación, verificación, depósito y publicidad de las cuentas, aplicables a los fondos de pensiones y a sus entidades gestoras.
Se faculta al Ministerio de Economía y Hacienda, previos idénticos informes, a desarrollar dichas normas específicas de contabilidad, particularmente estableciendo el Plan de Contabilidad de los Fondos y Planes de Pensiones y el Plan Contable de las entidades gestoras.
Artículo 25 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
La publicidad relativa a los planes y fondos de pensiones y a sus entidades gestoras se ajustará a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y disposiciones de desarrollo, así como a las normas precisas para su adaptación a los planes y fondos de pensiones y a las entidades gestoras, recogidas en el Reglamento de la presente Ley.
Reglamentariamente se determinará la forma y el alcance con que el Ministerio de Economía y Hacienda puede hacer públicos los datos declarados por los fondos de pensiones y sus entidades gestoras y también se establecerá la información que las entidades gestoras y las comisiones de control han de proporcionar a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones.
En la medida que la estructura y organización del mercado de los planes de pensiones lo permita, la contratación de planes de pensiones podrá realizarse por vía electrónica.
Artículo 26 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 26 rúbrica modificada con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.15 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 26 apartado 3 añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.15 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
CAPÍTULO VIII Régimen fiscal Artículos 27 a 30
Las contribuciones de los promotores de Planes de Pensiones serán deducibles en el impuesto personal que grava su renta, si bien es imprescindible que se impute a cada partícipe del Plan de Pensiones la parte que le corresponda sobre las citadas contribuciones quien, a su vez, la integrará en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El partícipe de un plan de pensiones podrá reducir la parte regular de su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con lo establecido en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los partícipes en planes y fondos de pensiones podrán solicitar, en los plazos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, que las cantidades aportadas al plan de pensiones, con inclusión de las contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas, las cuales, por exceder de cualquiera de los límites establecidos en el artículo 71.1 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, no hayan podido se objeto de reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo sean, dentro de los límites fijados por el artículo 71 referido, en los cinco ejercicios siguientes.
Artículo 27 letra b) modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 27 letra c) derogado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 27 letra c) añadida por Artículo 30 de la Ley 66/1997, del 30 de Diciembre, de Medidas 1998, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo citado en: 23 sentencias, 4 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 16 resoluciones administrativas
Las prestaciones recibidas por los beneficiarios de un Plan de Pensiones se integrarán en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Cuando estas prestaciones se materialicen en una percepción única por el capital equivalente, se tratará el importe percibido como renta irregular.
En ningún caso las rentas percibidas podrán minorarse en las cuantías correspondientes a los excesos de las contribuciones sobre los límites de reducción en la base imponible, de acuerdo con la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las prestaciones satisfechas tendrán el tratamiento de rentas de trabajo a efectos de retenciones, con respecto, en su caso, a lo señalado en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 28 apartado 3 modificado por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo citado en: 38 sentencias, un artículo doctrinal, 12 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 30 Tributación de los Fondos de Pensiones.
Los Fondos de Pensiones constituidos e inscritos según lo requerido por la presente Ley, estarán sujetos al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen cero teniendo, en consecuencia, derecho a la devolución de las retenciones que se les practiquen sobre los rendimientos del capital mobiliario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 14/1985, de 29 de mayo sobre Régimen Fiscal de determinados activos financieros.
La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los Fondos de Pensiones regulados por esta Ley, gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
CAPÍTULO IX Medidas de intervención administrativa Artículos 31 a 36
Capítulo IX añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
SECCIÓN 1 Revocación de la autorización administrativa Artículo 31
Sección 1 de Capítulo IX añadido por Disposición Adicional 11.18 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
El Ministerio de Economía y Hacienda revocará la autorización administrativa concedida a las entidades gestoras de fondos de pensiones en los siguientes casos:
Si la entidad gestora renuncia a ella expresamente.
Cuando la entidad gestora no haya iniciado su actividad en el plazo de un año desde la inscripción en el Registro administrativo o cese de ejercerla durante igual período de tiempo o cuando se aprecie la falta efectiva de actividad en los términos que reglamentariamente se determinen.
Cuando la entidad gestora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos por esta Ley para el otorgamiento de la autorización administrativa o incurra en causa de disolución.
Cuando no haya podido cumplir, en el plazo fijado, las medidas previstas en un plan de saneamiento o de financiación exigidos a la misma al amparo del artículo 34 .
Cuando se haya impuesto a la entidad gestora la sanción administrativa de revocación de la autorización.
El Ministerio de Economía y Hacienda revocará la autorización administrativa concedida a los fondos de pensiones en los siguientes casos:
Si la Comisión de Control del fondo renuncia a ella expresamente o, si no existiese dicha comisión, cuando así se solicite por la entidad promotora de dicho fondo.
Cuando concurran en el fondo de pensiones las circunstancias previstas para las entidades gestoras en las letras c) a e) del número 1 precedente.
Cuando transcurra un año sin integrar ningún plan de pensiones o cuando se aprecie la falta efectiva de actividad en los términos que reglamentariamente se determinen.
Cuando concurra alguna de las causas de revocación previstas en las letras b), c) o d) del número 1 precedente, el Ministerio de Economía y Hacienda, antes de acordar la revocación de la autorización administrativa, estará facultado para conceder un plazo, que no excederá de seis meses, para que la entidad gestora o el fondo de pensiones que lo hayan solicitado procedan a subsanarla.
La revocación de la autorización administrativa determinará, en todos los casos, la prohibición inmediata de la realización de la actividad propia de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones, así como la disolución y liquidación de la entidad gestora y del fondo de pensiones, salvo en el supuesto de cambio de objeto social de la entidad gestora, conforme a lo establecido en el artículo 20.6 de esta Ley.
Artículo 31 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
SECCIÓN 2 Disolución administrativa e intervención en la liquidación Artículos 32 y 33
Sección 2 de Capítulo IX añadido por Disposición Adicional 11.18 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
La disolución de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones o la terminación de los Planes de Pensiones requerirá acuerdo de la Junta General y de las Comisiones de Control, respectivamente. A estos efectos, estos órganos deberán celebrar la correspondiente reunión en el plazo de dos meses desde la concurrencia de la causa de disolución o terminación, pudiendo cualquier socio en el caso de las entidades gestoras, o partícipe en el caso del fondo o del Plan de Pensiones, solicitar la citada reunión si a su juicio existe causa legítima para ello.
Conocida por el Ministerio de Economía y Hacienda la concurrencia de una causa de disolución de una entidad gestora o de un fondo de pensiones o una causa de terminación de un Plan de Pensiones así como el incumplimiento por los órganos correspondientes de lo dispuesto en el número precedente, procederá a la disolución administrativa de la entidad gestora o del fondo de pensiones o a la terminación administrativa del Plan de Pensiones.
El procedimiento administrativo de disolución o de terminación se iniciará de oficio o a solicitud de los administradores o de la comisión de control y, tras las alegaciones de la entidad gestora o de la Comisión de Control, el Ministerio de Economía y Hacienda procederá a la disolución o terminación administrativas. El acuerdo de disolución o terminación administrativas contendrá la revocación de la autorización administrativa de la entidad gestora o del fondo de pensiones afectado.
Artículo 32 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Acordar la intervención de la liquidación para salvaguardar los intereses de los partícipes, beneficiarios o de terceros. Decidida la intervención, estarán sujetas al control de la Intervención del Estado las actuaciones de los liquidadores en los términos definidos en el artículo 34 .
Designar liquidadores, acordando en su caso el cese de los designados, en los siguientes supuestos:
Cuando no se hubiese procedido al nombramiento de liquidadores en el plazo de los quince días siguientes a la disolución, o cuando el nombramiento dentro de ese plazo lo fuese sin cumplir los requisitos legales y estatutarios.
Cuando los liquidadores incumplan las normas que para la protección de los partícipes y beneficiarios se establecen en esta Ley, las que rigen la liquidación, dificulten la misma, o ésta se retrase.
Artículo 33 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
SECCIÓN 3 Medidas de control especial Artículo 34
Sección 3 de Capítulo IX añadido por Disposición Adicional 11.18 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
La Dirección General de Seguros podrá adoptar las medidas de control especial contenidas en el presente artículo cuando las entidades gestoras o los planes o fondos de pensiones se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
Respecto de las entidades gestoras cuando concurran:
Pérdidas acumuladas en cuantía superior al 25 por 100 de su capital social.
Situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones efectuadas por la Administración, que pongan en peligro su solvencia, los intereses de las entidades promotoras, partícipes o beneficiarios o el cumplimiento de las obligaciones contraídas, así como la falta de adecuación de su contabilidad al plan de contabilidad que les sea exigible o irregularidad de la contabilidad o administración en términos tales que impidan o dificulten notablemente conocer la verdadera situación patrimonial de la entidad gestora.
Déficit superior al 5 por 100 en el cálculo de las provisiones matemáticas o fondos de capitalización de los planes, que asuman la cobertura de un riesgo, integrados en el fondo de pensiones; o al 20 por 100 en el cálculo de otras provisiones técnicas.
Déficit superior al 10 por 100 en la cobertura de las provisiones técnicas de los planes integrados en el fondo.
Dificultades de liquidez que hallan determinado demora o incumplimiento en sus pagos.
Con independencia de la sanción administrativa que en su caso proceda imponer, las medidas de control especial, de acuerdo con las características de la situación, podrán consistir en:
Respecto de las entidades gestoras en cualquiera de las medidas que para las entidades aseguradoras regulan los números 2 y 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en la medida que les sean aplicables, con la peculiaridad de que la referencia que en dicho precepto se hace a la suspensión de la contratación de nuevos seguros por la entidad aseguradora o la aceptación de reaseguro y la prohibición de prórroga de los contratos de seguro ya celebrados debe entenderse como la suspensión de la gestión y administración de nuevos fondos de pensiones por la entidad gestora.
Artículo 34 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
SECCIÓN 4 Régimen de infracciones y sanciones Artículos 35 y 36
Sección 4 de Capítulo IX añadido por Disposición Adicional 11.18 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Las entidades gestoras y depositarias, los promotores de planes de pensiones del sistema individual, los expertos actuarios y sus sociedades, así como quienes desempeñen cargos de administración o dirección en las entidades citadas, los miembros de la Comisión Promotora y los miembros de las Comisiones y Subcomisiones de Control de los planes y fondos de pensiones y los liquidadores que infrinjan normas de ordenación y supervisión de planes y fondos de pensiones, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Este mismo régimen será aplicable a las entidades promotoras de los planes de pensiones del sistema asociado y cargos de administración y dirección de las mis mas por la comisión de infracciones con ocasión del ejercicio de las funciones propias de la comisión promotora.
Cargos de administración los administradores o miembros de los órganos colegiados de administración, y cargos de dirección sus directores generales o asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados del mismo.
Las infracciones de normas de ordenación y supervisión de los planes y fondos de pensiones se clasifican en muy graves, graves y leves.
El ejercicio por las entidades gestoras de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
La sustitución de las entidades gestoras o depositarias sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 23 o sin dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11.5 de esta Ley.
El defecto en el margen de solvencia en cuantía superior al 5 por 100 del importe necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones potenciales.
El defecto en el cálculo o la insuficiencia de las inversiones para la cobertura de los fondos de capitalización, provisiones matemáticas y otras provisiones técnicas exigibles con arreglo al párrafo segundo del artículo 8.1 en cuantía superior al 10 por 100.
El carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con anomalías sustanciales que impidan o dificulten notablemente conocer la situación económica, patrimonial y financiera de la entidad gestora o del fondo de pensiones, así como el incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas conforme a la legislación vigente.
El carecer de las bases técnicas exigidas por el sistema financiero y actuarial de los planes de pensiones así como la falta de la revisión de dicho sistema financiero y actuarial que exige el artículo 9.5 .
La inversión en bienes distintos a los autorizados o en proporción superior a la establecida en el artículo 16 , cuando el exceso supere el 50 por 100 de los límites legales y no tenga carácter transitorio, así como la realización de operaciones con incumplimiento de las condiciones generales impuestas en el artículo 17 .
Confiar la custodia o el depósito de los valores mobiliarios y demás activos financieros a entidades distintas de las previstas en el artículo 21.
El incumplimiento de las especificaciones y bases técnicas de los planes de pensiones o de las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, salvo que tengan un carácter meramente ocasional o aislado, así como la realización de prácticas abusivas que perjudiquen el derecho de los promotores, partícipes o beneficiarios.
El incumplimiento de las medidas de control especial adoptadas por la Dirección General de Seguros conforme al artículo 34 de esta Ley.
La falta de remisión a la Dirección General de Seguros de cuantos datos o documentos deba suministrarle la entidad gestora, la comisión de control de los planes o fondos de pensiones, la entidad depositaria o los actuarios, ya mediante su presentación periódica, ya mediante la atención de requerimientos individualizados que le dirija la citada Dirección General en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos, cuando con ello se dificulte la apreciación de su solvencia. A los efectos de esta letra se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros al recordar por escrito la obligación de presentación periódica o reiterar el requerimiento individualizado.
La aceptación de aportaciones a un plan de pensiones, a nombre de un mismo partícipe, por encima del límite financiero previsto en el artículo 5.3 , salvo que dichas aportaciones correspondan a la transferencia de los derechos consolidados por alteración de la adscripción a un plan de pensiones o a las previsiones de un plan de reequilibrio formulado conforme al régimen transitorio aplicable en cada momento.
La falsedad en los dictámenes y documentos contables, de auditoría, actuariales o de información previstos en esta Ley.
El incumplimiento por los actuarios o sus sociedades de la obligación de realizar la revisión actuarial de un plan de pensiones o los cálculos o informes actuariales, contratados en firme, así como la elaboración de bases técnicas o la realización de cálculos e informes incumpliendo las normas actuariales aplicables a los planes de pensiones.
El ejercicio meramente ocasional o aislado por las entidades gestoras de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado.
La ausencia de comunicación, cuando ésta sea preceptiva, de la formalización, modificación y traslado a otro fondo de pensiones de los planes de pensiones, de la composición y cambios en los órganos de administración de las entidades gestoras y en las comisiones de control y de la designación de actuarios para la revisión de las bases y cálculos actuariales.
El defecto en el margen de solvencia en cuantía inferior al 5 por 100 del importe exigible con arreglo al párrafo tercero del artículo 8.1 .
El defecto en el cálculo o la insuficiencia de las inversiones para la cobertura de los fondos de capitalización, provisiones matemáticas y otras provisiones técnicas exigibles con arreglo al párrafo segundo del artículo 8.1 en cuantía superior al 5 por 100, pero inferior al 10 por 100.
El incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones, formulación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias, siempre que no constituya infracción muy grave con arreglo a la letra e) del número 3 precedente, así como las relativas a la elaboración de los estados financieros de obligada comunicación a la Dirección General de Seguros.
La materialización en títulos valores de las participaciones en el fondo de pensiones, contraviniendo la prohibición establecida en el artículo 10 .
La inversión en bienes autorizados en proporción superior a la establecida en el artículo 16 , siempre que el exceso supere el 20 pero no rebase el 50 por 100 de los límites legales y no tenga carácter transitorio.
La contratación de la administración de activos extranjeros contraviniendo las normas que se dicten conforme al artículo 20.4 .
El incumplimiento meramente ocasional o aislado de las especificaciones y bases técnicas de los planes de pensiones o de las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones, así como la aplicación incorrecta de las especificaciones y bases técnicas de los planes de pensiones en perjuicio de los partícipes o beneficiarios.
La emisión de obligaciones o el recurso al crédito por las entidades gestoras.
El incumplimiento meramente ocasional o aislado de los acuerdos o resoluciones emanados de la Dirección General de Seguros.
La falta de remisión a la Dirección General de Seguros de cuantos datos o documentos deban suministrarle la entidad gestora, la Comisión de Control del fondo o del plan de pensiones, la entidad depositaria o los actuarios, ya mediante su presentación periódica, ya mediante la atención de requerimientos individualizados que le dirija la citada Dirección General en el ejercicio de sus funciones, así como la falta de veracidad en los mismos, salvo que ello suponga la comisión de una infracción muy grave. A los efectos de esta letra se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo fijado en las normas reguladoras de la presentación periódica o del plazo concedido al efecto al formular el requerimiento individualizado.
La excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora cuando no constituya infracción muy grave.
El pago a las entidades gestoras de una comisión de gestión superior a los límites fijados en las normas de funcionamiento del fondo de pensiones dentro de los máximos establecidos reglamentariamente, así como los pagos por las entidades gestoras a los depositarios de remuneración por sus servicios superiores a las libremente pactadas dentro de los límites reglamentarios.
El incumplimiento por las entidades depositarias de las obligaciones establecidas en el artículo 21 .
La realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas que se dicten sobre la forma y condiciones de la contratación de planes de pensiones con los partícipes.
Las infracciones leves, cuando durante los dos años anteriores a su comisión hubieran sido impuestas sanciones firmes por infracciones leves reiteradas.
El defecto en el cálculo o la insuficiencia de inversiones para la cobertura de los fondos de capitalización, provisiones matemáticas y otras provisiones técnicas exigibles con arreglo al párrafo segundo del artículo 8.1 en cuantía inferior al 5 por 100.
El exceso de inversión sobre los coeficientes establecidos en el artículo 16 , siempre que no tengan carácter transitorio y no exceda del 20 por 100 de los límites legales.
El incumplimiento de los plazos y condiciones previstos en la normativa relativos a la formas de cobro y reconocimiento del derecho a las prestaciones.
Artículo 35 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 35 apartado 1 párrafo 1º modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.16 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 35 apartado 5 c) modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.16 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 35 apartado 5 d) añadido con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.16 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo citado en: 3 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
A las entidades gestoras y depositarias de fondos de pensiones y, en su caso, a las entidades promotoras de planes de pensiones individuales les serán aplicables las sanciones administrativas previstas para las entidades aseguradoras en el artículo 41 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, si bien las de suspensión de la autorización administrativa efectiva se referirá al ejercicio de actividad como gestora o depositaria de cualquier fondo de pensiones o en su caso, a la habilitación para ser promotor de planes de pensiones del sistema individual.
Los expertos actuarios y sus sociedades, por sus actuaciones en relación con los planes y fondos de pensiones, serán sancionados por la comisión de infracciones muy graves con una de las siguientes sanciones: prohibición de emitir sus dictámenes en la materia por un período no superior a diez años ni inferior a cinco o multa por importe desde 25 hasta 50 millones de pesetas. Por la comisión de infracciones graves se impondrá a los actuarios una de las siguientes sanciones: prohibición de emitir dictámenes en la materia en un período de hasta cinco años o multa por importe desde 5 hasta 25 millones de pesetas. Por la comisión de infracciones leves se impondrá al actuario la sanción de multa, que podrá alcanzar hasta el importe de 5 millones de pesetas. Si el actuario actúa en nombre de una sociedad, las mismas sanciones serán aplicables, además, a dicha sociedad.
Será de aplicación a los cargos de administración y dirección de las entidades gestoras y depositarias y de las sociedades de actuarios, así como a los miembros de las Comisiones y Subcomisiones de Control de los planes y de los fondos de pensiones y a los liquidadores el régimen de responsabilidad que para los cargos de administración o de dirección de entidades aseguradoras regula el artículo 42 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, si bien la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección a que se refiere la letra a) de su número 3 lo será, según los casos, en cualquier entidad gestora o depositaria, en cualquier sociedad de actuarios o, finalmente, en cualquier Comisión o Subcomisión de Control de los planes y de los fondos de pensiones.
La inobservancia por el partícipe del límite de aportación previsto en el artículo 5.3 , salvo que el exceso de tal límite sea retirado antes del día 30 de junio del año siguiente, será sancionada con una multa equivalente al 50 por 100 de dicho exceso, sin perjuicio de la inmediata retirada del citado exceso del plan o planes de pensiones correspondientes. Dicha sanción será impuesta en todo caso a quien realice la aportación, sea o no partícipe, si bien el partícipe quedará exonerado cuando se hubiera realizado sin su conocimiento.
A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora a que se refieren este artículo y el anterior serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 43 a 47 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Las personas o entidades que desarrollen la actividad propia de los fondos de pensiones o de las entidades gestoras de fondos de pensiones sin contar con la preceptiva autorización administrativa o que utilicen las denominaciones «plan de pensiones», «fondo de pensiones», «entidad gestora de fondos de pensiones» o «entidad depositaria de fondos de pensiones», sin serlo, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Artículo 36 añadido por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Artículo 36 apartado 2 modificado, en cuanto que las cantidades correspondientes se convierten a euros, por Anexo de la Resolución del 28 de Septiembre de 2001, publicada en el BOE del 4 de Octubre de 2001.
Artículo 36 apartado 1 modificado con efectos a partir de 1 enero 2002 por Artículo 32.17 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 36 apartado 3 párrafo último añadido por Artículo 32.17 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 36 apartado 4 párrafo último añadido por Artículo 32.17 de la Ley 24/2001, del 27 de Diciembre, de Medidas 2002, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
A estos efectos, se entenderán compromisos por pensiones los derivados de obligaciones legales o contractuales del empresario con el personal de la empresa y vinculados a las contingencias establecidas en el artículo 8.6 . Tales pensiones podrán revestir las formas establecidas en el artículo 8.5 y comprenderán toda prestación que se destine a la cobertura de tales compromisos, cualquiera que sea su denominación.
-Revestir la forma de seguros colectivos sobre la vida, en los que la condición de asegurado corresponderá al trabajador y la de beneficiario a las personas en cuyo favor se generen las pensiones según los compromisos asumidos.
-En dichos contratos no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97 y 99 de la Ley de Contrato de Seguro.
-Los derechos de rescate y de reducción del tomador sólo podrán ejercerse al objeto de mantener en la póliza la adecuada cobertura de sus compromisos por pensiones vigentes en cada momento o a los exclusivos efectos de la integración de los compromisos cubiertos en dicha póliza en otro contrato de seguro o en un plan de pensiones. En este último caso, la nueva aseguradora o el plan de pensiones asumirá la cobertura total de los referidos compromisos por pensiones.
-Deberán individualizarse las inversiones correspondientes a cada póliza en los términos que se establezcan reglamentariamente.
-La cuantía del derecho de rescate no podrá ser inferior al valor de realización de los activos que representen la inversión de las provisiones técnicas correspondientes. Si existiese déficit en la cobertura de dichas provisiones, tal déficit no será repercutible en el derecho de rescate, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen. El importe del rescate deberá ser abonado directamente a la nueva aseguradora o al fondo de pensiones en el que se integre el nuevo plan de pensiones.
Disposición Adicional Primera modificada por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Disposición Adicional Primera párrafo 4º guión 4º modificado por Artículo 119.3 de la Ley 66/1997, del 30 de Diciembre, de Medidas 1998, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Disposición Adicional Primera párrafo 4º guión 5º modificado por Disposición adicional 1.2 de la Ley 50/1998, del 30 de Diciembre, de Medidas 1999, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1998.
Disposición citada en: 735 sentencias, 34 artículos doctrinales, 32 disposiciones normativas, 185 resoluciones administrativas
Disposición Adicional Segunda modificada por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Los actuarios que emitan informes o dictámenes sobre cualquiera de los instrumentos que formalicen compromisos por pensiones, responderán, directa, ilimitada y, caso de ser varios, solidariamente, frente al promotor, comisión, entidad gestora, plan y fondo de pensiones, partícipes y beneficiarios, por todos los perjuicios que les causaren por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones.
Los actuarios y las sociedades de éstos conservarán y custodiarán la documentación referente a cada dictamen o revisión actuarial por ellos realizados, incluidos los papeles de trabajo que constituyan las pruebas y el fundamento de las conclusiones que consten en el informe, debidamente ordenados, durante cinco años a partir de la fecha de emisión del dictamen actuarial, salvo que tengan conocimiento de la existencia de litigio en el que dicha documentación pueda constituir elemento de prueba, en cuyo caso el plazo se extenderá hasta que se dicte sentencia firme o de otro modo termine el proceso.
Disposición Adicional Tercera añadida por Disposición Adicional 1 de la Ley 13/1992, del 1 de Junio, de Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de Entidades Financieras, publicada en el BOE del 2 de Junio de 1992.
Disposición Adicional Tercera modificada por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Podrán constituirse en Fondos de Pensiones regulados por esta Ley, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Reglamento de la misma, las Instituciones siguientes:
Los Planes de Pensiones correspondientes a las Instituciones amparadas en el presente régimen transitorio, se adaptarán a los sistemas de capitalización y demás requerimientos de esta Ley en los plazos que autorice el Ministerio de Economía y Hacienda, mediante la aprobación de los correspondientes Planes de reequilibrio actuarial y financiero. En su caso, tales Planes deberán contemplar explícitamente la transferencia de los elementos patrimoniales a incorporar a los Fondos.
Las Entidades promotoras de Instituciones amparadas en este régimen transitorio, para hacer frente a las obligaciones contraídas respecto a los jubilados o beneficiarios con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la presente Ley, podrán optar por las siguientes alternativas:
Aportar los fondos patrimoniales constituidos, que corresponden a tales beneficiarios, a un Plan de Pensiones independiente. Las aportaciones de la empresa no exigirán imputaciones a los beneficiarios, siendo deducibles en la imposición personal del empresario.
Para el personal activo a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán reconocerse derechos por servicios pasados derivados de compromisos anteriores a 17 de septiembre de 1986, formalizados en Convenio Colectivo o disposición equivalente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 5 y 6 de esta Disposición Transitoria, cualquier dotación o aportación empresarial realizada con posterioridad a 17 de septiembre de 1986, únicamente resultará deducible en la imposición personal de la Empresa cuando se derive de pactos fehacientes y previos a la citada fecha, que predeterminen la cuantía exigida y la periodificación de su cobertura, y se ajuste a lo previsto en las distintas modalidades admitidas en el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y demás normas concordantes.
Disposición citada en: 41 sentencias, 3 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Durante el tiempo de un año a partir de la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley, se entenderá de doce meses el plazo que fija la Disposición Adicional Segunda .
Disposición Final Primera modificada por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Disposición Final Segunda modificada por Disposición Adicional 11 de la Ley 30/1995, del 8 de Noviembre, de Seguros Privados de 1995, publicada en el BOE del 9 de Noviembre de 1995.
Disposición Final Segunda modificada por la Disposición Adicional 5 de la Ley 44/2002, del 22 de Noviembre, de Reforma del Sistema Financiero, publicada en el BOE del 23 de Noviembre de 2002.
Disposición citada en: 41 sentencias, 7 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas