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Timestamp: 2018-06-21 00:59:55
Document Index: 304153734

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo16', 'artículo 40']

PRINCIPIO PRO ACTIONE: PROS & CONTRAS – SIN ANIMUS MOLESTANDI
PRINCIPIO PRO ACTIONE: PROS & CONTRAS
Que te permitan obtener el resultado que buscas, sin saber bien qué decir, y cómo pedirlo, por el principio pro actione, por el que se establece el principio de que no perjudicará al recurrente una deficiencia formal en el ámbito técnico-jurídico, pudiendo y debiendo el Tribunal reconducir el recurso por su cauce correcto, debiendo primar la intención del recurrente sobre lo que formalmente se expresa; tiene cosas buenas, y malas… ¡como todo en la vida!
Bueno, que teniendo razón, se garantiza el más adecuado respeto del principio de presunción de inocencia, “a pesar de la defensa, debemos absolver” rezaba una Sentencia del TS que recuerdo redactaba Joaquín Jimenez como ponente…
Malo, que lo que debería ser excepcional, acabe siendo principio, dado que los letrados a quienes no se nos exige demasiado, y triunfa el “todo vale”, acabamos por comodidad haciéndolo cada vez peor, en vez de cada día mejor.
Nada mejor como ejemplo, que una Sentencia que conservo como “divertida” por lo peculiar del recurso que motiva la Sentencia, y la característica sinceridad de las Sentencias del Supremo, que no pierden ocasión de dejar constancia expresa de las holgadas deficiencias con las que les solemos acostumbrar.
La Sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª, 2 de febrero de 2011, nº 49/2011; STS 2ª 49/2011, requisitos formalidades recurso casación (Pon. Excmo. Sr. Marchena Gómez, Manuel) Literalmente señala la Sentencia:
“Por la defensa se incorpora al presente rollo un escrito de formalización cuya lectura evidencia la infracción de las normas más elementales reguladoras del recurso de casación, hasta el punto de oscurecer la verdadera voluntad impugnativa, obligando a esta Sala a un esfuerzo de indagación selectiva con el fin de reordenar sistemáticamente las alegaciones del recurrente. Buena prueba del desenfoque técnico en el que incurre la defensa es el párrafo conclusivo que cierra el” suplico”, en el cual se interesa la estimación del recurso”… según los DERECHOS HISTÓRICOS, CONSUETUDINARIOS, USOS Y PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y ANTERIORES RECURSO DE INJUSTICIA NOTORIA, RECURSO DE MIL Y QUINIENTAS y RECURSO DE AGRAVIO ABSOLUTO Y RECURSO DE AGRAVIO COMPARATIVO. Que hoy son PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. Por ser conforme a Derecho, a la CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA, al DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, la Doctrina y a la Jurisprudencia Doméstica y Comunitaria, con la Total Independencia de su Transposición al Ordenamiento Interno. Y al FUERO DE MADRID DE 1.202″ ( sic y en mayúsculas en el original).
Sólo un generoso y más que flexible entendimiento del contenido constitucional del derecho a la tutela judicial, han llevado a esta Sala a no asociar a las irregularidades formales que anidan en el escrito del recurrente el efecto de la inadmisión, como de hecho postula en el Ministerio Fiscal.”
El Recurso se acabó estimando… Evidentemente, la Sala anticipó la razonable posibilidad de que prosperara, e hizo encaje de bolillos para Casar finalmente la Sentencia, y modificar la condena, reduciéndola. Sin duda, las consecuencias jurídicas que apareja, y la adecuación de una interpretación acorde con el principio general pro rei, exigía que actuaran adecuando una idónea defensa de los intereses del reo (a pesar de la defensa, claro) a quien no se puede negar que resultó ser “muy original” alegando motivos que nada tienen que ver con las pretensiones que ejercita su Recurso. Y eso sí: Matrícula de Honor, no podemos dejar de darle por su Recurso al valor histórico. jejeje
No digo más… O sí… vamos a dejar constancia expresa en qué consiste el “principio pro actione”:
STC Sala 2ª de 29 enero 2001 STC 10/2001, de 29 de enero con referencia al derecho acceso a la jurisdicción, en el que por oposición a lo que sucede en el derecho al acceso a los recursos hemos afirmado la aplicación del principio “pro actione“, venimos sosteniendo que, con carácter general, la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales constituyen cuestiones de estricta legalidad ordinaria, cuya resolución corresponde exclusivamente a los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad que privativamente les confiere el art. 117.3 CE EDL 1978/3879 , pues es facultad propia de la jurisdicción ordinaria determinar cuál sea la norma aplicable al supuesto controvertido (por todas, SSTC 147/1997, de 16 de septiembre, FJ 2 EDJ 1997/5379 ; 39/1999, de 22 de marzo, FJ 3 EDJ 1999/5109 , y 122/1999, de 28 de junio, FJ 2 EDJ 1999/13071 ). Ahora bien, se exceptúan de tal regla aquellos supuestos en los que la interpretación efectuada por el órgano judicial de esta normativa sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente y, cuando del acceso a la jurisdicción se trata, los casos en que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican. Dicha ampliación de los cánones de control constitucional es consecuencia de la mayor intensidad con que se proyecta el principio “pro actione ” cuando lo que está en juego es la obtención de una primera decisión judicial (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5 EDJ 1995/110 ; 36/1997, de 25 de febrero, FJ 3 EDJ 1997/143 ; 119/1998, de 4 de junio EDJ 1998/14955 , y 122/1999, de 28 de junio, FJ 2), toda vez que, como ha significado la reciente STC 63/1999, de 26 de abril EDJ 1999/6887 ,“el principio “pro actione” opera en este caso sobre los presupuestos procesales establecidos legalmente para el acceso a la justicia, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida”.
La STC del Pleno nº 88/2013 STC 88/2013 viene reconociendo igualmente de forma constante la aplicación constante de dicho principio, que si bien no exige necesariamente seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de un procedimiento entre todas las que resulten posibles, sí impone que los óbices procesales se interpreten de manera proporcionada ponderando adecuadamente los fines que preserva ese óbice y los intereses que se sacrifican y en otras muchas como la STC 44/2013, de 25 de febrero y demás… y en especial en un proceso de defensa de derechos fundamentales como es el recurso de amparo (en alusión a un giro Jurisprudencial del propio TC en orden a la admisión más flexible de las demandas de amparo hasta el plazo “de gracia” en registro ajeno al del propio TC).
Por supuesto no es de igual aplicación a otras jurisdicciones…
En la ciudad de Vitoria-Gasteiz hace un año, y revisada el día de hoy, a 27 de diciembre a 2015
P.D. me sería muy útil al objeto de confirmar cuántos son los lectores que han arribado a meta, me lo hagan saber con un me gusta, o un comentario, cualquiera que sea. Gracias.
El Supremo tumba un recurso sólo por falta de claridad expositiva. No siempre le da el visto bueno a cualquier cosa, en ocasiones pasa lo que tiene que pasar: inadmite el recurso.
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2015/04/10/552804bb22601dff648b457e.html
Si das +1 demuestras que has llegado hasta aquí. No sólo lees, sino que además lo haces hasta el final. ¡Bravo!
P.D. 2º.- He añadido, dado el éxito de este artículo, que está arrasando sin necesidad alguna de divulgación, los enlaces a las Sentencias del TC y TS concretas a las que me refiero, por si, como a mi, os gusta abordar directamente la fuente del derecho 😉
1 noviembre, 2014 8 mayo, 2016 OguetaArt. 24.1 CE, Jurisprudencia, Jurisprudencia TC, Justicia, Penal, pro actione, Procesal, Tribunal ConstitucionalPenal
7 comentarios sobre “PRINCIPIO PRO ACTIONE: PROS & CONTRAS”
Rosendo Negrete Vargas
15 julio, 2015 a las 5:43 am	 Responder
buena la exposición, breve y concisa
27 julio, 2015 a las 8:26 am	 Responder
omar gustavo gonzález meza
8 febrero, 2016 a las 6:26 am	 Responder
Los felicito por su publicación, me sirvió de mucho, por lo respecta a lo referente en un principio a la vaguedad de los agravios vertidos por la defensa, en lo que distintas Leyes aplicables en diferentes materias se permite en nuestro país, (MEXICO, O ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO SE DEFINE EN LA CONSTITUCIÓN), y se define como “SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, situación que en dichos casos específicos, han traído benéficos a los recurrentes puesto que que al aplicarse se obtiene la impartición de justicia establecida en la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ADOPTADA EN SAN JOSE DE COSTA RICA , Tratado Internacional celebrado por nuestro país y reconocido en nuestra Legislación como de aplicación obligatoria,
Por lo respecta al comentario vertido por ustedes, respecto al principio “PRO ACTIONE”, en el penúltimo párrafo del artículo publicado en comento, me parece, como litigante muy acertado ya que este lo considero aplicable a un caso concreto que se me presenta, respecto a la impugnación de los actos administrativos que se prevén en el artículo 16 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, legislación en la cual se permite la impugnación de los actos administrativos, desconocidos para los particulares, que hayan sido notificados ilegalmente, o inclusive que no hayan sido notificados,, juicio en el cual se deben de seguir, dado el sistema estricto de aplicación de la Ley que rige en nuestro país, por lo que considero que en la especie la A-QUO, no obstante la literalidad de la disposición mencionada, en la interlocutoria a reclamarse, vía AMPARO, que proviene de la interposición de un recurso de reclamación intentado en contra del acuerdo que desecho la demanda de nulidad intentada, en el que se adujo, principalmente la falta de interés jurídico, porque el demandante opuestamente manifestó que el acto impugnado no le había sido notificado y además porque no se había ejecutado su cobro coactivo, hipótesis estas que no están previstas en el mencionado precepto que considero, como se expone en el artículo que se comenta, que la responsable impide debido a una interpretación rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican. Dicha ampliación de los cánones de control constitucional es consecuencia de la mayor intensidad con que se proyecta el principio “pro actione ” cuando lo que está en juego es la obtención de una primera decisión judicial y ,“el principio “pro actione” opera en este caso sobre los presupuestos procesales establecidos legalmente para el acceso a la justicia, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida”. Puesto que en el caso debatido se manifestó el desconocimiento de las resoluciones impugnadas, siendo estas el documento determinante del crédito impugnado y su notificación.
A mayor abundamiento les envió diversos criterios judiciales y que la letra dicen:
Tesis: 2a./J. 209/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 170712 1 de 1
Segunda Sala Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Pag. 203 Jurisprudencia(Administrativa)
Tesis: I.8o.A.58 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004013 15 de 46
Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2 Pag. 1445 Tesis Aislada(Administrativa)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD RECONOCE SU EXISTENCIA PERO AFIRMA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE ÉSTA DE EXHIBIR, AL CONTESTAR LA DEMANDA, EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.
De conformidad con el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la jurisprudencia 2a./J. 196/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 878, de rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.”, cuando el actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, al contestar la demanda, debe exhibir el documento original o, en su caso, copia certificada. Ahora bien, dicha regla debe aplicarse, por igualdad de razón, al supuesto en que el demandante niega conocer el acto impugnado y la autoridad reconoce su existencia pero afirma no haber efectuado la notificación correspondiente, dado que, una vez acreditada su existencia, debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido e impugnarlo, pues la ausencia de la notificación no puede generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso administrativo federal por inexistencia de la resolución impugnada), ya que ello iría contra los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.
Revisión fiscal 394/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Jazmín Robles Cortés.
Tesis: IV.2o.A.53 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004554 13 de 46
Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Pag. 2645 Tesis Aislada(Constitucional, Administrativa)
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LALEY FEDERAL RELATIVA, EFECTUADA CON APOYO EN EL PRINCIPIO PRO PERSONAE.
La interpretación extensiva del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los preceptos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, efectuada con apoyo en el principio pro personae, debe favorecer la protección más amplia del derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que el dispositivo legal inicialmente citado establece en favor del actor en el juicio de nulidad un auténtico derecho a que se respete su garantía de audiencia y los consecuentes principios de certidumbre y seguridad jurídica, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estas condiciones, cuando el actor afirma desconocer la resolución administrativa, que pretende impugnar y señala en la demanda la autoridad a la que se le imputa la resolución, su notificación o su ejecución, basta con esa afirmación para admitir a trámite ese escrito, hipótesis en la que aquélla deberá acompañar a su contestación la constancia de la resolución administrativa y de su notificación, a fin de que el actor la controvierta a través de la ampliación de la demanda; de manera que, satisfechos esos requisitos, debe continuar el juicio para que, en su oportunidad, se decida sobre la presentación en tiempo de la demanda y el plazo en que debieron de ser impugnadas la resolución administrativa, su notificación o su ejecución, con lo cual se protege eficientemente el derecho de audiencia, al permitir al particular el conocimiento íntegro del acto y su consiguiente impugnación, puesto que el Pleno de la propia Suprema Corte definió a la tutela judicial como un derecho gradual y sucesivo, que va perfeccionándose mediante el cumplimiento de etapas correlativas que deben superarse hasta el logro de su eficacia, mientras que la indicada Segunda Sala la consideró como un derecho complejo que comprende, entre otros, el libre acceso a los órganos jurisdiccionales.
Amparo directo 315/2012. Grupo Industrial Ramírez, S.A. de C.V. 6 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD.
Conforme a la construcción de precedentes iniciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010, la regla del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal deProcedimiento Contencioso Administrativo, en una de sus partes, debe interpretarse en el sentido de que, frente al desconocimiento del acto administrativo impugnado por la actora, la obligación de la autoridad demandada de exhibir la constancia de su existencia y de su notificación debe cumplirse sólo en el momento de la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior por el Magistrado instructor. Lo anterior, por un lado, ante la ausencia de disposición normativa expresa que así lo establezca, resultando inaplicable el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 15, penúltimo párrafo, del citado ordenamiento, que involucran el tratamiento general de la sustanciación del juicio de nulidad, ajena a la especialidad en que opera aquella regla y, por otro, en respeto a la garantía de audiencia y a los principios de economía e igualdad procesales, que serían incumplidos con una conclusión distinta.
Contradicción de tesis 133/2011. Entre las sustentadas por el Décimo Séptimo y el Décimo Octavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González García.
Tesis de jurisprudencia 117/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de junio de dos mil once.
Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010 citadas, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVII, enero de 2008 y XXXIII, febrero de 2011, páginas 1362 y 1551, respectivamente.
Tesis: I.7o.A.731 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163841 31 de 46
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXII, Septiembre de 2010 Pag. 1228 Tesis Aislada(Administrativa)
CRÉDITOS DETERMINADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. SI EL SUJETO OBLIGADO LOS IMPUGNA A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA SE EXCEPCIONA RECONOCIENDO SU EXISTENCIA ASÍ COMO SU FALTA DE NOTIFICACIÓN, ÉSTA DEBE DÁRSELOS A CONOCER A AQUÉL, PORQUE DESDE ESE MOMENTO AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA, AUN CUANDO MANIFIESTE HABERLOS DEJADO SIN EFECTO.
La existencia de los créditos determinados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de cuotas obrero patronales no depende de su notificación formal, en razón de que si el sujeto obligado se entera de ellos por cualquier otro medio y los impugna a través del juicio contencioso administrativo en el que la autoridad demandada se excepciona reconociendo su existencia así como su falta de notificación, ésta debe dárselos a conocer a aquél, en términos del artículo16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que exponga lo que a su derecho convenga, porque desde ese momento afectan su esfera jurídica, aun cuando aquélla manifieste haberlos dejado sin efecto, ya que de acuerdo con el artículo 40 F de la Ley del Seguro Social, en ningún caso el indicado instituto puede liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero patronales, ni condonar, total o parcialmente, la actualización de las cuotas ni los recargos correspondientes.
Ahora bien, respetables si ustedes consideran prudente por cultura jurídica les envié, las actuaciones del asunto, estoy a su disposición y de inmediato se los hago llegar.
Independientemente de lo anterior me sirvieron bastante sus comentarios.
Quedo a su disposición para cualquier comentario o servicio que les pueda prestar.
Lic. Omar Gustavo González Meza.
Vía Collatina 634 oriente, Colonia Fuentes del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.
Tel. (01) 83 78 09 90.
Cel (01) 044 811 268 23 77.
8 febrero, 2016 a las 11:31 am	 Responder
Un placer que mi trabajo haya servido para facilitar el de Vds.
30 marzo, 2016 a las 7:44 am	 Responder
H.A.D.P.
12 noviembre, 2016 a las 10:13 pm	 Responder
Gracias. Soy Graduado Social y lo he aplicado en rec. Reposición contra D.O. que pretende archivar la demanda de la actora si no se aporta en plazo determinado documento que, de modo alguno figura como preceptivo de aportar junto a la demanda en aquella modalidad procesal, según la LRJS.
24 noviembre, 2016 a las 8:09 am	 Responder
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