Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-2430
Timestamp: 2018-06-18 09:28:05
Document Index: 179341032

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 148', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 12', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 4', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 211', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 58']

BOE.es - Documento BOE-A-2004-2430
Documento BOE-A-2004-2430
«BOE» núm. 35, de 10 de febrero de 2004, páginas 5792 a 5803 (12 págs.)
BOE-A-2004-2430
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 5/2002, de 3 de junio, "De modificación de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud".
Alejándose de postulados benéficos y graciables, perfila los contornos de la responsabilidad pública en la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, en la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y en facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (artículo 9.2).
En correspondencia con el artículo 148.1.20, que permitió a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de asistencia social, el Artículo 10.1.o) de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, atribuyó a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de "Bienestar y servicios sociales". Mediante Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a aquella competencia en materia de "Bienestar y servicios sociales" -ahora prevista en el Artículo 10.Uno.18-, se le incorpora la función ejecutiva en materia de gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de la Seguridad Social INSERSO, con las condiciones que se contienen en el artículo 12.Uno.3.
La Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de servicios sociales de la Región de Murcia, introductora en el ordenamiento regional de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública se encuentra vigente más de dieciséis años.
Partiendo de ello, y desde la perspectiva de dotar de rango normativo de ley solo a preceptos básicos, reservando al desarrollo reglamentario aquellos otros que deban ser objeto de acomodación a específicas necesidades, la presente Ley configura el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia como el conjunto coordinado de recursos, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de protección orientadas a la prevención, atención y promoción social de todos los ciudadanos en el ámbito territorial de la Región de Murcia. Junto a ello, subyace en la Ley una marcada orientación tanto hacia la prevención de esas situaciones como a la elevación del nivel de calidad de vida de los usuarios de servicios sociales. El Sistema que se instaura establece como principios inspiradores la responsabilidad pública, la igualdad y universalidad, participación, planificación y coordinación, descentralización y reconocimiento de la iniciativa social. Las actuaciones del sector público se atendrán también a los principios de integración y normalización, globalidad y trato personalizado y la simplificación y racionalización.
En el concepto de entidades prestadoras de servicios sociales se incluye tanto a personas físicas como jurídicas, públicas y privadas, acreditadas ante la Administración Regional, reconociéndose a éstas últimas la posibilidad de ser declaradas de interés asistencial, lo que le permitiría acceder a distintos beneficios, entre ellos el acceso preferente a convenios, conciertos y otras formas de cooperación.
La planificación en materia de servicios sociales se considera un elemento básico para consolidar un sistema de servicios sociales que responda a las nuevas necesidades. Por ello, el texto normativo dispone que la Comunidad Autónoma se dote de un Plan Regional que, entre otros contenidos, diagnostique la situación social, los objetivos a alcanzar, los programas a desarrollar o los recursos destinados a su financiación.
Correspondiendo a los poderes públicos el facilitar condiciones objetivas y medios suficientes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la presente ley prevé las fuentes de financiación del Sistema Público de Servicios Sociales y obliga a las distintas Administraciones Públicas a consignar presupuestos adecuados a su desarrollo. Contempla, asimismo, la posibilidad de que los usuarios contribuyan en determinadas prestaciones dentro de unos límites económicos flexibles, establece vías de cooperación con entidades públicas y privadas y prevé una nueva forma de financiación a través de los presupuestos de cada obra pública.
Las ideas de protección, garantía de los derechos de las personas usuarias en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y del acceso a sus prestaciones de acuerdo al nivel adecuado de calidad, constituyen punto coincidente en el conjunto de las instituciones reguladas en la presente Ley. Con esas finalidades, supone una novedad la inserción en la Ley del régimen de infracciones y sanciones administrativas, así como la regulación legal de la Inspección de Servicios Sociales, a fin de potenciar el respeto a tales ideas, erradicar actuaciones indeseables y prevenir daños o perjuicios a personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, merecedoras de una cualificada protección.
Por último, se hace preciso indicar que la Ley se estructura en ocho Títulos, dedicándose el primero a las Disposiciones Generales, el segundo a la Organización del Sistema de Servicios Sociales, el tercero a la Atribución de Competencias, el cuarto a la Iniciativa en la prestación de Servicios Sociales, el quinto a la Participación Social y los Derechos y Obligaciones de los Usuarios, el sexto a la Financiación, el séptimo al Registro e Inspección de Servicios Sociales y, por último, el Título VIII, se ocupa de las Infracciones y Sanciones.
Artículo 2. Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Artículo 4. Titulares de Derechos.
e) Participación. Los poderes públicos deberán promover la participación de los usuarios, de las entidades
y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios sociales en los términos recogidos en la presente Ley.
f) Planificación y coordinación. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberá planificar los recursos del sistema de servicios sociales y coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas entre si en el ámbito de la Región de Murcia, y de éstas con los recursos de la iniciativa social.
i) Integración y normalización. Los servicios sociales tendrán como prioridad el mantenimiento de los ciudadanos en su entorno personal, familiar y social, pretendiéndose que los recursos se encuentren integrados en su ámbito comunitario. Así mismo, se evitarán, siempre que sea posible, las situaciones de marginación asistencial, procurando el acceso de los ciudadanos a los recursos normalizados.
j) Globalidad y trato personalizado. El tratamiento de las distintas situaciones que planteen los usuarios se hará de un modo personalizado y respetando en todo momento su derecho a la intimidad. Así mismo, se tratarán estas situaciones de una manera global, evitando la fragmentación de las actuaciones derivadas de la distribución de las competencias en cuanto a los recursos sociales.
Artículo 6. Entidades prestadoras de servicios sociales.
Artículo 7. Entidades declaradas de interés asistencial para la Región de Murcia.
a) Estar autorizados con una antelación, al menos, de cinco años, para el ejercicio de servicios sociales.
Artículo 8. Estructura de los Servicios Sociales.
b) Los Servicios Especializados se dirigen a aquellos personas o colectivos que, por sus condiciones de edad, sexo, discapacidad, u otras circunstancias, deban ser objeto de especial protección social por medio de recursos o programas específicos.
2. Reglamentariamente se determinará la tipología básica de centros y establecimientos, tanto de los servicios sociales de atención primaria como de los servicios sociales especializados.
Artículo 9. Servicios Sociales de Atención Primaria.
1. Los servicios sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de atención y son, en consecuencia, de exclusiva responsabilidad pública. Estos incluirán, como mínimo, los siguientes:
a) Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población, en cuanto a derechos y recur sos sociales existentes, derivando las demandas, en su caso, hacia los servicios especializados u otros recursos sociales, así como la detección y análisis de las necesidades sociales con el fin de servir de base en las labores de planificación de los recursos locales y regionales.
Artículo 10. Servicios Sociales Especializados.
Familia Infancia Personas Mayores Personas con Discapacidad Inmigrantes Minorías Étnicas Personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social Cualquier otro colectivo o situación de exclusión que así lo requiera
Artículo 11. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Familia e Infancia.
Artículo 12. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Personas Mayores.
2. Para estos fines, se desarrollarán, entre otros, programas para promover el desarrollo socio-cultural de las personas mayores, prevenir su marginación, favorecer que permanezcan en su medio habitual, garantizarles una atención residencial adecuada, cuando lo precisen, así como potenciar el voluntariado social.
Artículo 13. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Personas con Discapacidad.
Artículo 14. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Inmigrantes.
Artículo 15. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Minorías Étnicas.
1. Los servicios sociales especializados en materia de Minorías Étnicas llevarán a cabo medidas que favo rezcan la igualdad real y efectiva tanto para los grupos como para los individuos pertenecientes a tales colectivos, así como su integración social y laboral.
Artículo 16. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social.
1. Los servicios sociales especializados en el sector de Personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social realizarán actuaciones tendentes a favorecer la integración social de aquellos colectivos específicos que por una u otra causa se encuentren en situaciones desfavorecidas, tales como transeúntes, refugiados, asilados, emigrantes retornados, reclusos y exreclusos, así como cualquier otro colectivo en situación de marginación.
Artículo 17. Equipamientos.
Cada uno de los servicios sociales especializados referidos deberán dotarse de los equipamientos precisos que sirvan de soporte para el desarrollo de los programas y actuaciones que le son propios, de conformidad con lo que reglamentariamente se determine.
Artículo 18. Prestaciones económicas.
Artículo 20. El Plan Regional de Servicios Sociales.
2. El Plan Regional de Servicios Sociales contendrá el diagnóstico de la situación social, un análisis e identificación de los problemas, los objetivos s alcanzar, el calendario general de actuaciones, los programas a desarrollar, los órganos encargados de su ejecución, los recursos que han de destinarse a su financiación y los mecanismos de evaluación sistemática y continuada de los distintos programas, garantizando la participación social.
Artículo 21. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 22. La Consejería responsable en materia de servicios sociales.
o) Ejercer las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública competente para la protección y reforma de menores.
p) Diseñar y gestionar las actuaciones tendentes al desarrollo de una política integral de atención y ayuda a la familia.
q) El protectorado de las fundaciones asistenciales que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma, r) La gestión de los servicios sociales de atención primaria que no sean creados por los propios Ayuntamientos o Mancomunidades en aquellos municipios con población inferior a veinte mil habitantes s) Cualquier otra facultad atribuida por ésta u otras leyes o por las normas que las desarrollen.
Artículo 23. El Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
El Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales y creado por ley 11/1986, de 9 de diciembre, tendrá como fines la ejecución de las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales para los colectivos, entre otros, de personas mayores, personas con discapacidad, enfermos mentales crónicos, así como las demás atribuciones que le asigna dicha Ley.
Artículo 24. Las Entidades Locales.
d) La prestación de servicios sociales en régimen de colaboración con otras Administraciones Públicas, o mediante delegación .
g) La gestión de las ayudas económicas municipales, en las condiciones que establezcan. Así mismo colaborarán con la Administración Regional en la tramitación administrativa e informe de las ayudas periódicas y no periódicas regionales.
Artículo 25. Reconocimiento y ámbito de actuación.
Artículo 26. Voluntariado.
Artículo 27. Garantía de Participación.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma garantiza la participación de los ciudadanos y de
las entidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.e) de la presente Ley.
Artículo 28. El Consejo Regional de Servicios Sociales.
1.º El Consejo Regional de Servicios Sociales se constituye como un órgano de carácter consultivo de participación social e institucional, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, y en el que estarán representados la Administración Regional, Local, así como otras entidades e instituciones relacionadas con dicha materia.
2.º Serán funciones del Consejo Regional de Servicios Sociales:
3.º Su composición, régimen y funcionamiento serán establecidos de forma reglamentaria.
Artículo 29. Consejos de carácter sectorial.
Artículo 30. Consejos Municipales de Servicios Sociales.
Artículo 31. Participación de los usuarios en los centros, entidades y servicios.
Artículo 32. Derechos del usuario.
2. Expresamente se le reconoce los siguientes derechos:
Artículo 33. Derechos en el caso de ingreso, permanencia y salida de centros.
1. En el ingreso, permanencia y salida de los centros prestadores de servicios sociales se respetará la propia voluntad del usuario o de su representante legal cuando se trate de menores de edad o mayores incapacitados.
En éste último caso será necesaria además la pertinente autorización judicial, de acuerdo con el artículo 211 del Código Civil.
Artículo 34. Obligaciones del usuario en los centros sociales.
Artículo 35. Reglamento de régimen interior.
Artículo 36. Fuentes de Financiación.
Artículo 37. Financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Medidas de Fomento Social.
Artículo 38. Financiación de las entidades locales.
1. Los entidades locales de más de veinte mil habitantes deberán consignar en sus presupuestos partidas específicas, en cuantía suficiente, para la creación, mantenimiento y desarrollo de los equipamientos, programas y servicios que le corresponden de conformidad con lo establecido legalmente.
Artículo 39. Aportación de los usuarios.
2. En la determinación de esta participación se ponderarán el coste del servicio y los ingresos o el patrimonio de la persona usuaria o, en su caso, de las personas obligadas legalmente a prestarle asistencia, teniendo en cuenta la situación familiar, social y económica de éstas últimas.
La participación de las personas obligadas legalmente sólo será exigible cuando, estando integrada su unidad familiar por uno o dos miembros, los ingresos de la misma excedan el doble del salario mínimo interprofesional.
4. En todo caso, tendrán el carácter de gratuito los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Artículo 40. Colaboración financiera con las entidades locales y la iniciativa social.
Artículo 41. El Registro y la inscripción registral.
Artículo 42. Condiciones mínimas.
Artículo 43. Ámbito de actuación.
Artículo 44. Función Inspectora.
Artículo 45. Concepto de infracción.
Artículo 47. Concurrencia con otras responsabilidades.
Artículo 48. Sujetos responsables.
1. El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales, cuando del mismo no se
derive perjuicio directo y concreto sobre los usuarios de servicios sociales, y no esté calificado como infracción grave o muy grave.
2. Prestar una asistencia inadecuada, siempre que no se cause a los usuarios perjuicios de carácter grave.
3. Obstruir la labor inspectora, siempre que no se produzca un perjuicio grave en la misma.
4. La falta de suscripción del contrato de convivencia residencial.
5. Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, en su funcionamiento, en su limpieza e higiene, sin que se derive de ello riesgo para la integridad física o la salud de los usuarios.
1. El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales, cuando del mismo se derive perjuicio directo y concreto sobre los usuarios de servicios sociales, y no esté calificado como infracción muy grave.
2. Obstruir la labor inspectora, mediante acciones u omisiones que dificulten, perturben o retrasen sus funciones, así como no prestarles la colaboración y auxilio requeridos para el ejercicio de sus funciones.
3. El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, cuando tal incumplimiento no esté calificado como infracción muy grave.
4. La realización por entidades prestadoras de servicios sociales de publicidad de centros, establecimientos y servicios no anotados en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, o de datos contradictorios con los obrantes en el expediente registral.
5. Faltar a la obligada confidencialidad respecto de los datos personales, sociales y sanitarios de los usuarios y de la información relacionada con su proceso y estancia en instituciones públicas o privadas.
6. Prestar una asistencia inadecuada siempre que la misma cause perjuicio de carácter grave.
7. Dificultar o impedir, a los usuarios de los servicios, el disfrute de los derechos reconocidos por la normativa vigente.
8. La vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que no constituya infracción penal.
9. Las irregularidades en la administración, custodia y manejo de fondos y bienes del usuario de las entidades, centros y servicios por parte de sus Directores, Administradores o personas responsables.
10. La modificación de la capacidad asistencial del servicio en más de un 10% de la capacidad registrada, sin autorización administrativa, siempre que la variación efectuada comporte un incumplimiento de la normativa reguladora de las condiciones mínimas de los establecimientos y servicios.
11. Proceder al cierre de un centro o servicio sin haberlo notificado u obtenido la autorización administrativa pertinente en el supuesto de que medie financiación pública.
12. La reincidencia en la comisión de falta leve.
1. Obstruir la labor inspectora por impedir el acceso a las dependencias del centro, resistencia reiterada, coacción, o cualquier otra forma de presión ejercida sobre los inspectores de servicios sociales.
2. El ejercicio de actividades en materia de servicios sociales sin haber obtenido la autorización de funcionamiento y el acceso al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, o habiendo sido éste denegado.
3. Ocultar el ánimo de lucro en la actividad de aquellas entidades prestadoras de servicios sociales que no tengan reconocida tal finalidad.
4. Cualquiera de las infracciones calificada como graves, si de su comisión se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los usuarios de servicios sociales, o de gran trascendencia social 5. La reincidencia en la comisión de falta grave.
4. Las de suspensión y clausura no podrán exceder del plazo de seis meses, salvo en casos de paralización o suspensión de trámites del expediente en los supuestos legales y reglamentarios, o por causas imputable al afectado, en los que podrá ampliarse el tiempo de duración.
La ratificación de las medidas cautelares, a fin de garantizar la eficacia de la resolución en tanto no sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su caso.
La obligación de reposición de la situación a su estado originario.
La determinación de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción cometida.
a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta tres mil euros o amonestación. La sanción de amonestación podrá ser impuesta como alternativa de la multa en infracciones leves, cuando, a juicio discrecional del órgano competente para la imposición de la sanción, pudiera ésta ocasionar un grave perjuicio al patrimonio de la persona responsable o al cumplimiento de sus fines, o resultare aquella más adecuada atendiendo a la situación de los infractores.
Artículo 58. Atribución de competencias sancionadoras.
La cuantía de las sanciones de naturaleza económica previstas en el presente Título, y de los límites establecidos en el artículo anterior, se actualizarán, conforme al Indice de Precios al Consumo, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su completa publicación en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia".
RAMÓN LUÍS VALCÁRCEL SISO, Presidente
(Publicada en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia" núm. 99, de 2 de mayo de 2003)
Publicada en el BOMU núm. 99, de 2 de mayo de 2003.
CORRECCIÓN de errores, con publicación de su texto íntegro rectificado, de la Ley 5/2016, de 2 de mayo, en B.A. núm. 107 de 10 de mayo de 2016 (Ref. BORM-s-2016-90354).
los arts. 7 bis y 25 bis a undecies, por Ley 5/2016, de 2 de mayo (Ref. BOE-A-2016-6040).
los arts. 7 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies y 25 nonies, por Decreto-ley 2/2015, de 6 de agosto (Ref. BORM-s-2015-90553).
los arts. 7 bis y 25 bis al undecies, por Ley 16/2015, de 9 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-12822).
el art. 18.2, por Ley 3/2007, de 16 de marzo (Ref. BOE-A-2008-12493).
el art. 23, por Ley 1/2006, de 10 de abril (Ref. BOE-A-2006-19353).
DEROGA la Ley 8/1985, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-1986-7293).
DE CONFORMIDAD con el art. 10.1.18 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1982-15031).
CITA Decreto 37/1987, de 27 de mayo (BOMU de 17 de junio).