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Timestamp: 2018-10-17 17:37:28
Document Index: 93827557

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 292', 'artículo 41', 'Artículo 1', 'artículo 282', 'Artículo 282']

MINERÍA ARGENTINA TODAS LAS RESPUESTAS. Legislación Ambiental. Por una minería limpia, segura y sustentable. - PDF
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Marta Aguilar Acosta
1 MINERÍA ARGENTINA TODAS LAS RESPUESTAS Legislación Ambiental Por una minería limpia, segura y sustentable.
2 La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) nuclea a la mayor parte de la actividad minera. Están representadas en ella las empresas líderes de la minería nacional e internacional, dedicadas a la minería metalífera, no metalífera, a las rocas de aplicación o materiales para la construcción. También se encuentran presentes las cámaras provinciales y las empresas proveedoras: desde los fabricantes de equipos para la minería hasta los proveedores de insumos y de servicios, asesores técnicos, legales y financieros.
3 1. CONSTITUCIÓN NACIONAL El artículo 41 de la Constitución Nacional fue incorporado en la reforma de Su contenido se considera entre los llamados nuevos derechos o derechos de última generación. Establece que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales." 2. SE APLICA LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE A LA INDUSTRIA MINERA? Sí. A la actividad minera se le aplica la misma normativa ambiental que resulta generalmente aplicable a todas las demás actividades económicas. Existe una gran cantidad de normas de distinto tipo dictadas a nivel nacional y provincial que se aplican al sector. Las principales son la Ley General del Ambiente y la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera. 3. QUÉ ESTABLECE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA? La Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera lleva el número Fue sancionada en 1995 por el Congreso Nacional para complementar el Código de Minería creado en 1886 y modificado en varias oportunidades. La minería es una de las pocas actividades que tienen una regulación ambiental específica y más completa que la general. Esta ley tiene por fin incorporar al Código de Minería regulaciones ambientales que deben cumplir quienes desarrollen la actividad minera en Argentina. Según la ley, "los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente". La minería es una de las pocas actividades que tienen una regulación ambiental específica y más completa que la general.
4 4. QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON ESTA LEY? Todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados y descentralizados y las empresas del Estado Nacional, Provincial y Municipal que desarrollen las siguientes actividades: Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina. Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado y otros que pueden surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza. 5. CUÁL ES LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY? La autoridad de aplicación es de jurisdicción provincial, pues la propiedad de los recursos, tal como lo establece la Constitución, es provincial. Cada provincia determina quién debe velar por la ejecución y control de la ley, estableciendo las sanciones correspondientes, que van del apercibimiento al revocamiento de la concesión, el cierre de la mina y el establecimiento de responsabilidades civiles y penales.
5 6. QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL O EIA? Es un documento previsto en la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera que deben elaborar los responsables del proyecto antes del inicio de cualquier actividad para presentarlo ante la autoridad de aplicación. El informe es un requisito indispensable para ejercer la actividad en condiciones de seguridad y protección ambiental. Para la etapa de prospección deberá contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas pudieran acarrear. Para la etapa de exploración, deberá contener una descripción de los métodos a emplear y las medidas de protección ambiental que resultaren necesarias. En las etapas mencionadas precedentemente será necesaria la previa aprobación del informe por parte de la autoridad de aplicación para el inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades previstas por los daños que se pudieran ocasionar. Para la etapa de explotación también deberá ser presentado a la Autoridad de Aplicación en forma previa al inicio de las actividades. Esta etapa es cuando se da inicio a la construcción de la infraestructura necesaria para el comienzo de la producción minera. Esta información, como toda la referente a los proyectos, debe ser proporcionada obligatoriamente a la ciudadanía por la autoridad de aplicación. 7. QUÉ DEBE INCLUIR LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL? La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) debe incluir, entre otras cosas: La ubicación y descripción ambiental del área de influencia. La descripción del proyecto minero. Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora, fauna, relieve y ámbito sociocultural. Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere. Métodos de trabajo utilizados.
6 8. QUÉ ES LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL? La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el instrumento público de aprobación previsto en la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera que expide la autoridad competente después de evaluar la EIA. Debe ser actualizada como máximo en forma bianual, y los responsables del proyecto deben presentar un informe que contenga los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de las novedades que se hubieran producido. 9. QUÉ PASA SI HAY DESAJUSTES EN LOS RESULTADOS EFECTIVAMENTE ALCANZADOS? La autoridad de aplicación, en caso de producirse desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los esperados según la Declaración de Impacto Ambiental, dispondrá la introducción de modificaciones y las acciones de mejora tendientes a una mayor eficiencia para la protección del área de influencia de la actividad. 10. CUÁLES SON LAS SANCIONES PREVISTAS? El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera, cuando no estén comprendidas dentro del ámbito de las responsabilidades penales, será sancionado con: Apercibimiento. Multas, las que serán establecidas por la Autoridad de Aplicación conforme las pautas dispuestas en el artículo 292 del Código de Minería. Suspensión del Certificado de Calidad Ambiental de los productos. Reparación de los daños ambientales. Clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia. En caso de tres (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento. Inhabilitación. Cierre del establecimiento.
7 11. EDUCACIÓN AMBIENTAL Según la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera, la autoridad de aplicación implementará un programa de formación e ilustración con la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella vinculada con la actividad minera, sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas. Además, la autoridad de aplicación está obligada a proporcionar información a quien lo solicitare respecto de la aplicación de estas disposiciones (art. 23 Ley Nacional ). 12. CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE GLACIARES? La minería argentina considera que proteger los glaciares es necesario, y resguardarlos es una obligación ineludible de la sociedad en general. Ningún emprendimiento minero puede comenzar sus actividades sin antes contar con la evaluación y aprobación ambiental de la autoridad competente. A ese efecto, y conforme también lo disponen las leyes vigentes, las empresas presentan su informe de impacto ambiental que debe ser actualizado, como mínimo, cada dos años. Tanto los informes de impacto ambiental como sus actualizaciones, y las evaluaciones de los mismos, tienen en cuenta la protección del ambiente en general, incluidos los glaciares y otros cuerpos de hielo. Asimismo, las autoridades competentes, con asistencia de diversos institutos y participación ciudadana, realizan monitoreos periódicos para verificar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones ambientales exigibles, que, para el caso de los glaciares y demás cuerpos de hielo, incluyen a distintos organismos públicos y universidades, como por ejemplo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Secretarías Provinciales de Ambientes y Direcciones Provinciales de Minas. Con anterioridad a la sanción de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial N (LNG), y en consonancia con el objetivo de proteger los glaciares y otras geoformas con función hídrica, algunas provincias dictaron sus propias legislaciones sobre la materia en el entendimiento de que la facultad de legislar sobre recursos naturales propios se encuentra dentro de los poderes no delegados a la Nación por las provincias (artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional), correspondiendo únicamente a la Nación el dictado de los presupuestos mínimos de protección ambiental que no alteren las jurisdicciones provinciales (artículo 41 de la Constitución). La LNG dispone esencialmente la creación por parte del Ianigla de un inventario nacional donde se individualicen todos los glaciares y geoformas periglaciares con función hídrica, debiendo comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades mineras e hidrocarburíferas restringidas por la LNG, se consideren prioritarias. A su vez, las autoridades competentes provinciales deben realizar auditorías ambientales en los proyectos mineros e hidrocarburíferos existentes a fin de identificar los impactos ambientales potenciales y generados en glaciares y geoformas protegidas y determinar las medidas pertinentes para su protección. Para realizar el inventario, el Ianigla definió en un glosario los cuerpos de hielo y geoformas que deben ser objeto de protección, a la vez que estableció la metodología para su confección. El Ianigla ha avanzado en la realización del inventario, comenzando por las zonas prioritarias, con sus propios técnicos y en forma coordinada con científicos e instituciones especializadas de las provincias, siguiendo en todos los casos los conceptos y definiciones del glosario y la LNG. Por su parte, las autoridades competentes provinciales se abocaron a realizar las auditorías ambientales de los proyectos mineros e hidrocarburíferos existentes en dichas zonas prioritarias. Sin perjuicio del cumplimiento y la vigencia de la LNG, su constitucionalidad ha sido cuestionada judicialmente por sindicatos, empresas, cámaras mineras y estados provinciales por entender que la LNG viola derechos y garantías constitucionales e invade facultades no delegadas por las provincias al gobierno nacional; entre otras, el dominio originario y la jurisdicción de las provincias sobre sus recursos naturales y su potestad para evaluar ambientalmente actividades a realizarse en sus territorios. Aun cuando existen planteos de inconstitucionalidad, la LNG se encuentra vigente y está siendo aplicada en todo el país. Sin perjuicio de ello las provincias han dictado sus normas de protección sobre la materia. En consecuencia, cualquiera sea la decisión judicial respecto de la constitucionalidad de la LNG, en ningún caso los glaciares y las geoformas que son objeto de protección de la ley quedarán desprotegidas.
8 Entrá en y mirá cómo cuidamos el mundo en el que vivimos con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) Reconquista 715 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: (5411)
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