Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-2009.html
Timestamp: 2019-10-23 04:02:56
Document Index: 147308749

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 421', 'Artículo 423']

--> BOIB 30 Diciembre. Corrección de erratas de Ley 8/2009, de 16 Dic CA Illes Balears (reforma de la Ley 11/2001, de 15 Jun., de ordenación de la actividad comercial para la transposición de la Dir. 2006/123/CE)
L [BALEARES] 8/2009, 16 diciembre rectificada por Corrección de erratas («B.O.I.B.» 30 diciembre). -->
Tal y como se señalaba en el dictamen 99/2009, de 18 de marzo, relativo al anteproyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio -y se reiteraba luego en el dictamen 779/2009, de 21 de mayo, en relación con el anteproyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley .../..., sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio-, la Directiva incluye una serie de principios y medidas que se dirigen a alcanzar los siguientes objetivos:
- Facilitar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en la Unión Europea, con previsión de un ámbito de aplicación amplia, en el que, con carácter general y sin perjuicio de la existencia de ciertos sectores excluidos y del reconocimiento de la especificidad de determinadas actividades, se incluyen todos los servicios prestados a cambio de una remuneración.
- Simplificar trámites y agilizar los procedimientos, impulsando una ventanilla única para la tramitación electrónica.
- Fomentar la calidad de los servicios. Entre los medios previstos en la norma comunitaria para lograr este objetivo, cabe destacar la certificación voluntaria de las actividades o la elaboración de cartas de calidad, así como la aprobación de códigos de conducta europeos.
- Reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios de dichos servicios, formalizando el derecho de los destinatarios a utilizar los servicios de otros Estados miembros y a obtener información sobre las normas aplicables a ellos, independientemente de su lugar de establecimiento y de los servicios ofrecidos por un prestador de servicios.
- Establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros, a fin de garantizar un control eficaz de las actividades de servicios en la Unión Europea y, al mismo tiempo, evitar una multiplicación de los controles. Se crea un mecanismo de alerta entre Estados miembros y se previene la instauración de un sistema electrónico de intercambio de información entre Estados miembros. [...]»
La doctrina general se expresa, sintéticamente, en este alegato: «La libertad de empresa, en definitiva, no ampara entre sus contenidos -ni en nuestro ordenamiento ni en otros semejantes- un derecho incondicionado a la libre instalación de cualesquiera establecimientos comerciales en cualquier espacio y sin sometimiento alguno al cumplimiento de requisitos y condiciones, haciendo caso omiso de las distintas normativas -estatales, autonómicas, locales- que disciplinan múltiples aspectos de relevancia económica como, entre otros, el comercio interior y la ordenación del territorio. Esta queja, por lo demás, ya ha recibido una detallada motivación de rechazo por parte de este Tribunal en la antes citada STC 225/1993 en relación con una Ley análoga valenciana.» (STS 227/1993, FJ 4).
«La actividad comercial en las Illes Balears, de acuerdo con la información que se pone de manifiesto en la Memoria del CES sobre la Economía, el Trabajo y la Sociedad 2007: esta actividad constituye, en términos de aportación al PIB, el cuarto sector en importancia, detrás de la hotelería, el sector inmobiliario y la construcción. Por otro lado, los datos correspondientes a este año indican que en el año 2007 hay alrededor de 20.000 empresas dedicadas al comercio en las Illes Balears, aun cuando el peso de esta actividad ha ido disminuyendo desde 2003. De estas empresas, aproximadamente dos tercios se dedican al comercio al por menor, y el resto al comercio al por mayor y a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos. Con respecto al número de asalariados, en el año de referencia se registran un 45,28% de empresas sin asalariados y un 45,14% con 1 a 5 asalariados. Y, finalmente, con respecto a la superficie media de los establecimientos de comercio, tienen una superficie media de 118 m² en el caso de los establecimientos de comercio al por menor y de 190 m² en el caso de los establecimientos de comercio mixto (como grandes almacenes, hipermercados, mercado y comercio ambulante).
El Consejo Económico y Social de las Illes Balears también considera oportuno recordar el dictamen sobre la transposición de la Directiva relativa a los servicios del mercado interior a la normativa comercial de las Illes Balears, que el pasado 11 de febrero de 2009 firmaron el Gobierno de las Illes Baleares y los interlocutores sociales más representativos de la comunidad autónoma, en el marco del Pacto por la Competitividad, la Ocupación y la Cohesión Social, el Acuerdo en materia de comercio. En este acuerdo ya se ponía de manifiesto la preocupación por la translación de la Directiva Europea a la actividad comercial isleña. Es bastante ilustrativo que en el mencionado acuerdo se diga: «No podemos perder de vista la repercusión de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, con la modificación obligada de la normativa, entre otras, de comercio, muy especialmente de la Ley autonómica 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears. Este hecho es una de las principales amenazas para el modelo comercial actualmente en vigor en las Illes Balears, el cual se basa en el comercio urbano de proximidad. El comercio tradicional se ve obligado a mejorar su competitividad para afrontar la nueva situación, agravada por la expansión de las TIC para la distribución».
«En relación con la modificación del artículo 13 de la Ley 11/2001, prevista en el artículo 5 del anteproyecto, y que trata del concepto de gran establecimiento comercial, este CES valora positivamente que la determinación de la superficie indicada en términos generales (700 m² en Mallorca, 400 m² en Menorca y Eivissa, y 200 m² en Formentera) como máximo para condicionar la determinación de un establecimiento como gran establecimiento comercial -lo que comporta la sumisión a un régimen específico para la obtención de la correspondiente licencia- sea el producto de un consenso».
- El régimen jurídico de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial sólo es de aplicación para los grandes establecimientos comerciales y tiene un carácter inicial de autorización simple, dado que si los consejos insulares así lo disponen esta autorización será operativa cuando aprueben los correspondientes instrumentos de ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales.
- La presentación y los requisitos de la solicitud de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial.
- La tramitación de la solicitud de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial. Se ha hecho un gran esfuerzo al regular el carácter reglado de la intervención administrativa en los supuestos que sea de aplicación.
- La caducidad y la revocación de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial.
- La aplicación en las Illes Balears de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales.
- La adaptación del Registro General de Comercio de las Illes Balears.
- La regulación de la ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales.
- Los objetivos de la ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales.
- La ordenación urbanística de los usos comerciales.
- La disminución substancial de la tasa para la prestación de la actividad administrativa de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial.
- La simplificación administrativa en materia de comercio.
- La vinculación de la actividad comercial con el planeamiento de desarrollo urbanístico municipal.
- El régimen de los actos firmes, de los expedientes sancionadores en trámite y de las solicitudes de licencias de gran establecimiento comercial en trámite.
- La modificación normativa para la creación del Servicio de Defensa de la Competencia de las Illes Balears.
- La derogación expresa de la Ley 8/2005, de 21 de junio, de medidas transitorias para el otorgamiento de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial.
Se suprime el apartado c) del punto 2 del artículo 11 de la Ley 11/2001, el cual queda sin contenido.
«Artículo 13 Concepto de gran establecimiento comercial
«Artículo 14 Comparabilidad internacional de las estadísticas
«Artículo 15 Régimen jurídico de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial
«Artículo 16 Presentación y requisitos de la solicitud de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial
«Artículo 17 Tramitación de la solicitud de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial
«Artículo 17 bis Caducidad y revocación de la licencia autonómica de gran establecimiento comercial
«Artículo 58 Ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales
«Artículo 59 Objetivos de la ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales
«Artículo 60 Ordenación urbanística de los usos comerciales
«Disposición adicional tercera Simplificación administrativa
«Disposición adicional cuarta Vinculación con el planeamiento de desarrollo urbanístico municipal
«Disposición adicional quinta Régimen de los actos firmes
«Disposición transitoria séptima Registro General de Comercio de las Illes Balears
«Artículo 421 Hecho imponible
«Artículo 423 Cuantía
Se añade la disposición adicional sexta a la Ley 11/2001, que quedará redactada de la siguiente manera:
Los establecimientos comerciales con superficie de venta inferior a 700 m² en la isla de Mallorca, a 400 m² en las islas de Ibiza y de Menorca y a 200 m² en la isla de Formentera que estén abiertos al público con anterioridad al 17 de octubre de 2006 y carezcan de licencia de instalación y de apertura y funcionamiento, estarán exentos de su obtención. La no exigibilidad del permiso de instalación y de la licencia de apertura y funcionamiento no supondrá la exención del cumplimiento de la normativa aplicable.»