Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-41352-de-agosto-21-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e4f5ddc6b43001e4e0430a01015101e4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 21:43:50
Document Index: 242502918

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 232', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 9', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 101', 'artículo 65', 'artículo 29', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 100', 'artículo 142', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 58', 'Artículo 509', 'artículo 1964']

﻿ Sentencia 41352 de agosto 21 de 2013
SENTENCIA 41352 DE 21 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:PREVARICATO POR ACCIÓN. SE CONFIGURA DELITO DE PREVARICATO POR ACCIÓN CUANDO EXISTIENDO DIFERENCIAS ENTRE UNO Y OTRO PROCESO EJECUTIVO, UN JUEZ VARIÉ EL TRÁMITE QUE SE LE DEBE IMPRIMIR A LA ACCIÓN, YA QUE CON DICHA DECISIÓN SE CONTRARÍA EL ORDEN JURÍDICO, Y SE QUEBRANTA EL DEBIDO PROCESO, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LAS FORMALIDADES PROPIAS DE CADA JUICIO, EN LA MEDIDA EN QUE NO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR IMPRIMIRLE A LOS DISTINTOS ASUNTOS EL TRÁMITE QUE CAPRICHOSAMENTE SE LE OCURRA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, JUEZ, PROCESO EJECUTIVO, PREVARICATO POR ACCIÓN
Sentencia 41352 de agosto 21 de 2013
A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto, de acuerdo con la competencia que le asigna el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, toda vez que la acción penal es ejercida contra el exjuez Primero Civil del Circuito de Magangué, quien fue juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por conductas realizadas en ejercicio de sus funciones.
Conforme a lo estipulado en los artículos 31 de la Constitución Política y 204 del estatuto procesal penal en mención, la labor de la Corte se circunscribirá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo, como lo autoriza esta última preceptiva, los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.
2. Análisis del escrito de impugnación.
La impugnación de la defensa se contrae a cuestionar los fundamentos que tuvo el tribunal para proferir la sentencia de condena, al invocar el recurrente que la conducta delictiva de prevaricato por acción atribuida a su defendido es: (i) atípica, por falta del elemento doloso, y (ii) no lesiva del bien jurídico de la administración pública. Así mismo, afirma que el a quo, incurrió en (iii) una errónea dosificación punitiva, al aplicar criterios violatorios del principio de non bis in idem.
2.1. De la tipicidad de la conducta.
El recurrente afirma que la conducta que se le cuestiona a su defendido no es más que el resultado de haber obrado éste bajo un equívoca valoración de las normas que regulan la problemática asignada a su conocimiento, error que le imposibilitó comprender que profería una decisión “manifiestamente contraria a la ley” al momento de admitir la demanda ejecutiva laboral presentada por el señor Jairo Enrique Pacheco Rangel, mediante apoderado; por tanto, se impone por la Corte examinar si el supuesto de hecho sobre el cual edificó el a quo la responsabilidad del procesado, aparece acreditado a través del material probatorio recaudado, en el grado de certeza requerido por el inciso 2º del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal.
En su aspecto objetivo, se ha considerado un ilícito de resultado, eminentemente doloso en el que la descripción típica tiene la siguiente estructura básica: a) Tipo penal de sujeto activo calificado, para cuya comisión se requiere en el autor la calidad de servidor público, aspecto que no ofreció ningún tipo de controversia y, b) Que se profiera una resolución, dictamen o concepto contrario a la ley, es decir que exista una contradicción evidente e inequívoca entre lo resuelto por el funcionario y lo mandado por la norma(21).
“que la contradicción entre lo demandado por la ley y lo resuelto sea notoria, grosera o «de tal grado ostensible» que se muestre de bulto con la sola comparación de la norma que debía aplicarse… que para hablar de prevaricato es necesario establecer cuándo los argumentos del servidor, dentro de un campo determinado, resultan aceptables, pues una interpretación loable frente a las singulares trazas que ofrece un caso puede permitir el rechazo del prevaricato… que si el comportamiento del funcionario no está acompañado de razones justificatorias, es decir, acordes con los hechos y con el precepto legal, si obedece a su mero capricho, el acto es manifiestamente contrario a la ley (ibíd.); y que tal delito se configura si el servidor público profiere concepto, dictamen, resolución, auto o sentencia manifiestamente apartado de la norma jurídica aplicable al caso, haciendo prevalecer su capricho sobre la voluntad de la disposición legal, lo que significa comparar el mandato legal contentivo de la norma con lo hecho por el funcionario”(22).
De tal forma que el juicio de tipicidad de la conducta que se predica prevaricadora, involucra una labor compleja, por cuanto no basta efectuar una constatación objetiva entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió; sino que además, debe adelantarse un juicio de valor a partir del cual se establezca si la ilegalidad denunciada resiste el calificativo de ostensible(23), pues el elemento normativo “manifiestamente contrario a la ley”, impone un análisis de la concurrencia del ánimo consciente y voluntario de transgredir la ley por parte del funcionario judicial.
Ello es así, en razón a que nuestra Constitución Política consagra como principio el derecho penal de acto, lo cual apareja entender que el delito es, ante todo, una conducta o un comportamiento humano(24), y bajo esa ideología se estipuló en el artículo 9º de la Ley 599 de 2000:
“Para que la conducta sea punible se requiere sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para le imputación jurídica del resultado”.
De modo, que las conductas consideradas por el legislador como vulneradoras o atentatorias de aquello que un sistema social determinado, en un momento histórico preciso, selecciona como digno de tutela (bienes jurídicos), son descritas e insertadas en la estructura del modelo legal que las prohíbe, a la que se le denomina “tipo penal”, el cual está conformado por una parte subjetiva y otra objetiva(25); mientras que aquel comportamiento que se considera contrario a lo justo, contrario al derecho, por ser vulnerador del interés jurídico objeto de protección por la legislación penal, se le conoce como “conducta antijurídica”.
2.1.1. De la tipicidad objetiva.
Sobre ese punto, y para permitir una cabal comprensión de los hechos, necesario resulta hacer un recuento de la actuación adelantada por Juan Antonio Oliver Oliver, en aquel entonces, titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué, con motivo de la demanda ejecutiva que instauró el señor Jairo Pacheco Rangel, mediante apoderado, contra el municipio de Tiquisio - Bolívar. Del anexo correspondiente, se establece que:
1. El 18 de marzo de 2004, Jairo Enrique Pacheco Rangel, por conducto del abogado Pedro Elías Navarro Bonett, presentó demanda contra el municipio de Tiquisio - Bolívar, radicada bajo el Nº 083-2004, pretendiendo el cobro por la vía ejecutiva laboral de treinta y dos (32) cheques que le habían sido devueltos por las causales de insuficiencia de fondos y saldo embargado, por un valor total de $ 361.316.000, girados por el alcalde y el tesorero del mencionado municipio a favor de “Jairo Pacheco Rangel”.
Al referido libelo el demandante anexó la certificación expedida el 5 de marzo de 2004 por el alcalde y el tesorero del municipio de Tiquisio - Bolívar, en la que se afirmaba que los referidos títulos valores habían sido girados “por concepto de pago de salarios correspondientes al año 2003, de las cuentas cuyos soportes obran en la tesorería municipal de este ente territorial, créditos laborales que fueron cedidos por sus acreedores al señor Jairo Pacheco Rangel, identificado con cédula de ciudadanía 9.134.806 de Magangué, de acuerdo a la documentación que reposa en los archivos de estas dependencias oficiales”(26).
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué, mediante providencia de marzo 31 de 2004, libró mandamiento de pago por la referida suma, por la “vía de la ejecución laboral escogida por el actor en virtud de que la causa de las obligaciones reclamadas, de conformidad con lo que se extrae de la certificación suscrita y firmada por el titular del ente territorial demandado y el señor tesorero del mismo es que el origen de la deuda es eminentemente laboral, su causa o nacimiento la originó una relación laboral”(27); en consecuencia ordenó el embargo y secuestro de bienes pertenecientes a la entidad demandada.
3. Posteriormente el 26 de abril de 2004, el titular del despacho mencionado, Juan Antonio Oliver Oliver, decretó el “embargo y secuestro de los dineros que por concepto de la Ley 715 de 2001 recib[iera] el ente territorial demandado, municipio de Tiquisio, Bolívar, en el Banco Ganadero de esta ciudad”(28), precisando, a reglón seguido: “Se embargará única y exclusivamente la tercera parte de los que la mencionada ley destina para propósitos generales, quedando excluida de esta medida lo correspondiente a salud y educación”(29).
4. El 20 de septiembre de 2005, la Procuraduría Provincial de Mangangué solicitó se declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia, invocando la causal 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto consideró que la demanda se había tramitado por un proceso diferente(30).
5. El 25 de octubre de la referida anualidad, el Juan Antonio Oliver Oliver despachó negativamente tal petición, afirmando que:
“El juzgado considera que si el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no regula en forma plena y completa el proceso que el mismo denomina ejecutivo, le está dando la oportunidad al Código de Procedimiento Civil de suplir sus vacíos. De allí que hoy el ilustre y respetado funcionario de la Procuraduría invoque el artículo 140 de dicho estatuto para afirmar que en el presente caso la demanda se tramitó por un proceso diferente al que supuestamente corresponde, pero la verdad es otra que existe un solo procedimiento ejecutivo y éste es el que regula el código o estatuto ritual vigente hoy en Colombia; las normas del procedimiento especial ejecutivo en materia laboral son muy escasas para que pueda hablarse de que se está violando el trámite del proceso ejecutivo laboral, por que en verdad éste no existe. Las normas que regulan la materia tocan aspectos tal vez sustanciales pero no de verdadero procedimiento.
Así las cosas, si el proceso ejecutivo laboral se confunde con el proceso ejecutivo singular que regula el Código de Procedimiento Civil mal podría hablarse de que se está en presencia de una causal de nulidad…”(31).
Ahora bien, el primer asunto que se impone resolver es el atinente a determinar si la demanda debía tramitarse por la vía del proceso ejecutivo laboral o por la vía del proceso ejecutivo singular previsto en el la ley procesal civil. Dígase de entrada, que si bien es cierto, la ley adjetiva laboral remite a la civil procesal en cuanto tiene que ver con la regulación del proceso ejecutivo laboral, no es menos cierto que la tramitación de los dos procesos guardan sustanciales diferencias, no tanto en cuanto a la estructura y términos, sino respecto a ciertos privilegios que devienen de la propia naturaleza de los derechos laborales, y a la mayor certeza en el título ejecutivo laboral. Veamos:
Adviértase que en tratándose de un proceso ejecutivo laboral, no es preciso que el demandante preste caución para garantizar la práctica de las medidas cautelares solicitadas como previas a la notificación del mandamiento de pago, así se desprende de lo preceptuado en el artículo 101 del Código Procesal del Trabajo.
Por otra parte, sabido es que los créditos laborales tienen prelación frente a otros, tal como lo disponen los artículos 2495 del Código Civil y 157 del Código Sustantivo del Trabajo, de la misma forma, las medidas cautelares proferidas al interior del ejecutivo laboral, tienen preferencia sobre otras.
Las excepciones en el ejecutivo laboral, se encuentran limitadas(32), dado que, por lo general, el título ejecutivo es una sentencia o una conciliación. Estas excepciones se concretan al pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia(33). Ello no ocurre en el proceso ejecutivo civil, en donde el régimen de excepciones es mucho más amplio, y mucho más específico cuando el título ejecutivo es un título valor. De esta manera, al tramitar el cobro de los títulos valores por la vía laboral se restringía el espectro de las excepciones y en ese orden se limitan los derechos del demandado.
Por otra parte, en el ejecutivo laboral, las excepciones se deciden mediante auto, conforme lo establece el numeral noveno del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo que lleva a cierto sector de la doctrina a considerar que no es necesario proferir sentencia, ordenando llevar adelante la ejecución, como ocurre en el proceso ejecutivo civil.
De manera que, desde esa clara perspectiva que deriva de las diferencias entre uno y otro proceso ejecutivo, debe concluirse que al variar el trámite que se le debe imprimir a la acción, se está incurriendo en una decisión que contraría el orden jurídico, que quebranta el debido proceso, el principio de legalidad, las formalidades propias de cada juicio, en la medida en que no corresponde al arbitrio del juzgador imprimirle a los distintos asuntos el trámite que caprichosamente se le ocurra.
Los procedimientos, los términos que los rigen y su estructura en general, han sido previamente definidos por el legislador de manera que ello debe avenirse a la naturaleza del asunto que se ventila, a la naturaleza de los derechos en conflicto. No se trata de un aspecto meramente formal, sino de la manera que el constituyente ha escogido para que judicialmente se hagan efectivos determinados derechos o se ventilen ciertos asuntos.
En materia civil y laboral, las leyes adjetivas han definido qué asuntos se decidan por una u otra vía procesal, y no le es dable al operador variarlas.
Sobre la materia la Corte Constitucional ha sostenido:
“La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (art. 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (art. XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, arts. 8º y 9º), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características.
Es este un mandato inexcusable que no pueden desatender las dependencias del Estado en sus distintos niveles de jerarquía, tanto en el sector central como en el descentralizado y en todas las ramas del poder público y organismos de control respecto de las actuaciones de sus correspondientes órbitas de competencia, so pena de incurrir en flagrante violación de la preceptiva constitucional y en ostensible abuso de sus atribuciones en detrimento de los derechos fundamentales, ocasionando a la vez la nulidad de las decisiones adoptadas con infracción de los preceptos superiores”(34).
En aras de garantizar el debido proceso, entendido en su aspecto alusivo a las formalidades legales, se establece en el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, como causal de nulidad, darle a un asunto o demanda un trámite que no le corresponde.
Sobre el punto, ha sostenido la Corte en su sala de Casación Civil:
“En numeral 4º del artículo 140 del código de procedimiento civil, prevé como causal de invalidez “cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde” cuyo fundamento jurídico radica en garantizar el debido proceso, y como lo ha sostenido la Corte “la nulidad por trámite inadecuado del proceso, introducida en el derecho procesal civil colombiano como causal específica de nulidad es ciertamente insaneable como quiera que el procedimiento que ha de seguirse ante la jurisdicción del estado y observarse por los jueces para desatar mediante sentencia las controversias judiciales, es de orden público, y como lo ha dicho esta corporación ‘se configura en los casos en que, para su composición por la justicia, un conflicto de intereses se someta a procedimiento distinto del indicado por la ley para él, como cuando debiéndosele imprimir el trámite ordinario, se le hace transitar por el sendero del abreviado o del especial, en todo o en parte; o cuando, siendo de una de estas dos clases, se tramita indistintamente por una o por la otra vía, o se acude a las fórmulas esquemáticas propias del proceso ordinario”(35).
Igualmente, resulta relevante precisar que en los procesos ejecutivos singulares que se adelantan por la vía civil, la competencia está determinada por la cuantía de las pretensiones, de manera que la mínima y la menor cuantía corresponden al juez civil municipal, al paso que la mayor cuantía corresponde al juez civil del circuito o promiscuo del circuito(36).
De esta manera, como en el caso sub judice, si la demanda presentada se sometía a las reglas de competencia en razón del factor cuantía, dicha competencia bien podía recaer en el juez civil municipal, dado que ninguna de las pretensiones acumuladas superaba el límite de la menor cuantía (90 salarios mínimos, equivalentes a $ 32.220.000). Aunque corresponde aclarar que de todas formas, dada la naturaleza jurídica, la competencia radicaba en el juez civil del circuito.
Pero lo esencial en el presente asunto, era determinar si efectivamente el título ejecutivo presentado provenía de una relación laboral, en tanto, como lo prescribe el artículo 100 de la Ley Procesal del Trabajo:
“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.
En términos generales, el título ejecutivo en tales casos suele ser una decisión judicial que emana de un proceso declarativo ordinario o aquel documento que contiene una conciliación o transacción y en virtud de la cual el deudor —empleador—, se compromete a cancelar determinada obligación al trabajador.
Desde esa perspectiva, cabe interrogarse si en el proceso ejecutivo iniciado por Jairo Pacheco Rangel contra el municipio de Tiquisio, mediaba una relación laboral que impusiese la tramitación de dicho proceso por la vía ejecutiva laboral y si los títulos valores presentados —cheques—, son títulos ejecutivos aptos para ser cobrados por la vía laboral.
La respuesta al primer interrogante debe ser negativa, dado que nunca se demostró a lo largo del proceso que los títulos ejecutivos presentados derivasen de una relación laboral. Más aún, en el curso de la investigación penal ha quedado establecido que el señor Jairo Enrique Pacheco Rangel, aparentemente, prestó dineros a la alcaldía para pagar nóminas de trabajadores, y solicitó que le pagasen con cheques emitidos a favor de los trabajadores, pero luego, como los cheques “se vencieron”, solicitó que le girasen otros, esta vez a nombre de él y le expidieran una certificación de que correspondían al pago de la nómina del año 2003, y por tanto que su naturaleza era laboral.
El mismo Pacheco Rangel, en su declaración expuso que “había comprado unas nóminas al personal de Tiquisio por intermedio del alcalde”. Como es fácil advertir, la narración es obscura, acomodaticia, carente de justificación o de explicación que de cuenta de lo realmente sucedido. Por demás, y sin duda alguna, comprar nóminas o dar en dinero “en préstamo” —contrato de mutuo— al empleador, no convierte de manera automática la acreencia civil o comercial en una obligación laboral. No hay manera de entender, en el presente caso, que quien entregó una suma de dinero a la alcaldía en virtud, probablemente, de un contrato de mutuo, para que pagara las nóminas a los trabajadores, se subrogue en los derechos de aquellos, quienes ajenos a la transacción, se pudieron beneficiar con el pago de sus salarios a través del préstamo logrado por el empleador.
Tampoco hay lugar a entender que se produjo en el caso sub examine una “subrogación”, en el evento en que el señor Pacheco Rangel hubiera comprado a los trabajadores sus derechos laborales, al haberles entregado en calidad de préstamo la suma de dinero correspondiente a sus salarios, como lo adujo la defensa, pues nunca se allegó, documento alguno que probase la cesión de tales derechos, de manera que el municipio de Tiquisio, en virtud de dicha cesión, le pagase al cesionario, y no a los cedentes como correspondía.
Téngase en cuenta que de acuerdo al artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo: “El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso pero si puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que determina la ley”. De manera que el aquí acusado, en su condición de juez en lo laboral, estaba llamado a verificar cómo se había producido la supuesta cesión de los derechos laborales, máxime cuando ésta eventualmente puede constituir objeto ilícito en razón al carácter anteriormente enunciado.
Ahora bien, en cuanto al segundo interrogante planteado, referente a si los títulos valores presentados —cheques—, son títulos ejecutivos aptos para ser cobrados por la vía laboral, basta recordar que al haber cancelado el municipio de Tiquisio a sus trabajadores las supuestas obligaciones crediticias con títulos valores, así hubiesen nacido de una relación laboral, las características de literalidad, necesidad y autonomía de los títulos, desligan el vínculo con el negocio jurídico subyacente.
Es decir, en virtud de las características de los títulos valores, no era posible configurar, como se ha pretendido, un título complejo, en tanto los títulos valores existen per se, de manera autónoma, desprendiéndose de todo ligamen con el negocio extracartular que les da origen.
De manera que, aun suponiendo que efectivamente, la emisión de los cheques tuvo su causa en una o varias relaciones laborales, los títulos valores asumen su propia entidad, desprendiéndose del negocio subyacente.
Así las cosas, en el evento sometido a consideración del Juez Civil del Circuito de Magangué, no existía posibilidad alguna de considerar que los cheques presentados como títulos ejecutivos, fuesen tenidos como títulos ejecutivos laborales. Ni siquiera aún por endoso de los trabajadores, supuestos titulares.
Con suficiencia el a quo analizó el tema de la autonomía, definiendo cómo los títulos valores tienen su propia entidad que los desliga del negocio que les dio origen, y de la misma forma se ocupó de derribar la tesis de la defensa de que se trató de un título ejecutivo complejo, que se conformaba con los cheques presentados más la constancia expedida por el alcalde y el tesorero del municipio de que se trataba del pago de obligaciones laborales.
Luego entonces, nunca se demostró la relación laboral de la cual provenían los títulos valores como se afirmó, y de la misma forma ha quedado establecido que quien demandaba y se acreditó como beneficiario de los cheques, no había tenido relación laboral con el municipio de Tiquisio. En ese orden, si lo que se presentó como título ejecutivo, fueron unos cheques, la acción a ejercitar era la denominada cambiaria y no una acción de naturaleza laboral.
En ese orden de ideas, Juan Antonio Oliver Oliver, en su calidad de titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué, mediante providencia de marzo 31 de 2004, varío la tramitación del proceso 083-2004, atribuyéndole carácter laboral a aquello que evidentemente es de naturaleza comercial, de tal forma que la decisión judicial sobreviene manifiestamente contraria al ordenamiento, violatoria del debido proceso, puesto que como se advirtió en precedencia, no es potestativo del juez atribuirle a una determinada acción un carácter que no tiene, y con fundamento en ello darle al asunto un trámite procesal que no le corresponde.
Este punto alusivo a la tipicidad objetiva del comportamiento del procesado, es finalmente aceptado por la defensa, al consignar en su alegato que, “se debe aceptar que el auto mandamiento de pago librado por parte del señor juez, hoy condenado, no contaba con fundamento legal, es absolutamente cierto, pues los títulos valores que sirvieron de soporte a la demanda ejecutiva, no contaban con los presupuestos de que trata el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo, pues no se trataban de fallos judiciales, resoluciones, ni otro documento que tuviera como origen una relación laboral”(37).
2.1.2. De la tipicidad subjetiva.
La parte subjetiva del tipo se refiere al proceso ideativo de la acción, representación o motivación, que constituye el proceso de selección de los mecanismos o medios y la voluntad que mueve al acto. La objetiva es la exteriorización del comportamiento que se proyecta en relación con los intereses jurídicos que son objeto de tutela penal, lesionándolos o colocándolos en peligro efectivo(38).
Es necesaria la constatación de la existencia de los elementos objetivos y subjetivos en un comportamiento, para poder predicar que estamos ante una conducta típica.
La Sala respecto al dolo que exige el tipo penal de prevaricato por acción, para que pueda predicarse una conducta como típica, ha considerado:
“para proferir un fallo de naturaleza condenatoria por esta modalidad delictiva, resulta imprescindible comprobar que el autor sabía que actuaba en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, voluntariamente decidió vulnerarlo.
Significa entonces, que el dolo prevaricador se configura con la conciencia y el querer proceder en contra de la ley, sin más aditamentos. Por eso esta corporación ha señalado que es fundamental que las resoluciones y dictámenes sean injustos, en el sentido de que se aparten protuberantemente del derecho, sin que sea necesaria la concurrencia de los motivos que orientaron al servidor público a adoptarlas”(39) (resaltado fuera del texto original).
En lo atinente a éste tópico, el impugnante se ocupa, en esencia, de demostrar que la conducta del procesado estuvo determinada por una equívoca valoración del artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, norma que en su criterio regulaba la problemática asignada a su conocimiento, afirmando:
“una errónea asimilación del contenido de la norma que establece que los juicios de carácter laboral, tiene su entendido en el proceso de comparación entre la certificación aportada a la demanda y la redacción de la norma, pues el origen laboral de las acreencias que dieron origen a los documentos se encontraba soportada”.
Arguyendo de esa forma que el juez Oliver Oliver incurrió en un error que le impidió tener consciencia (elemento cognoscitivo) que profería una decisión “manifiestamente contraria a la ley” y, por ende, resulta excluido el componente integrador del dolo en su actuar, deviniendo su conducta en atípica por ausencia del elemento subjetivo.
Al respecto, se pretende justificar el comportamiento del exjuez en el hecho de que en la demanda presentada el 18 de marzo de 2004 por el señor Jairo Enrique Pacheco Rangel, se planteó como procedente la tramitación de la misma como un proceso ejecutivo laboral, aduciendo para ese propósito una certificación suscrita por el alcalde y el tesorero, en la que se indicaba que la causa de las obligaciones era de naturaleza laboral, razón por la que en el auto de mandamiento de pago puede leerse:
“Se acepta en este asunto la vía de la ejecución laboral escogida por el actor en virtud de que la causa de las obligaciones reclamadas, de conformidad con lo que se extrae de la certificación suscrita y firmada por el titular del ente territorial demandado y el señor tesorero del mismo es que el origen de la deuda es eminentemente laboral su causa o nacimiento la origino una relación laboral, si lo anterior es así, como en efecto lo es, mal puede este despacho negarse a proferir el mandamiento de ejecución laboral so pretexto de que el pago se hizo con un título valor”.
Y bajo esos mismos argumentos o razonamientos el acusado explicó su comportamiento en versión libre y en diligencia de indagatoria(40).
Inclusive, la particular interpretación de Juan Antonio Oliver Oliver respecto de las normas que regulan el proceso ejecutivo laboral, fue bosquejada, posteriormente, en la ampliación de indagatoria, en las siguientes palabras:
“Yo no soy muy ducho en materia laboral. Con lo anterior quiero decir, que conocí y ejercí a la fuerza en materia laboral, pues se suponía que mi fuerte era el derecho penal. Yo fui Juez Penal del Circuito de la población de Simití, desde el año 1975 a 1977; posteriormente, fui Juez Único Superior de Magangué. Sólo en el año 1988, entré a desempeñar el cargo de juez primero civil del circuito de esta ciudad. En este juzgado se tramitaba fundamentalmente lo relacionado con materia civil, un poquitín de laboral y otro poquitín de familia…”(41).
No obstante, se reitera, como lo tiene dicho la Sala:
“El dolo como manifestación del fuero interno del sujeto activo de la conducta punible sólo puede ser conocido a través de las manifestaciones externas de esa voluntad dirigida a determinado fin”(42).
Es decir, el dolo en cuanto tiene que ver con su faceta volitiva comporta aspectos esencialmente síquicos, en la práctica indemostrables, por lo que son los elementos externos del comportamiento los que permiten llegar a un juicio aproximado acerca de la voluntad del sujeto agente.
En punto de tal valoración es importante el ejercicio de contextualización, que permite, tal como lo reclama el apelante, ubicar al acusado en el escenario que conforma todo el universo de circunstancias que lo rodearon al momento de la comisión del hecho. Sobre el particular, debe señalarse que a ese contexto no se le dio mayor importancia, puesto que se resaltó la confrontación de la decisión del 31 de marzo de 2004 con el ordenamiento jurídico, dejando de lado aquellos otros matices que rodearon el desarrollo de ese comportamiento. Para el caso, en las dos denuncias que dan lugar al inicio de la acción penal, se destacan trascendentales circunstancias que rodean la conducta del juez.
Así, en tales denuncias se hace referencia a una suerte de connivencia entre el juez Oliver Oliver, el alcalde Nielsen de Leon Zayas y el demandante Jairo Pacheco Rangel. Allí se indica que el objeto de la demanda no es otro que extraer dineros del municipio para financiar la campaña de Zandy Oviedo Payares a la alcaldía municipal de Tiquisio, y se menciona que justamente Oviedo Payares, labora en el banco BBVA (Ganadero), en donde posee las cuentas el ente territorial.
Estos hechos, no se presentaban descabellados, porque el desenvolvimiento de los sucesos tiene lugar en poblaciones cuyos habitantes mantienen ciertos nexos y relaciones que permiten dar por sentado que todos se conocen entre sí, de alguna u otra manera.
En el presente caso, ello es aceptado por el procesado durante sus diligencias de versión libre e indagatoria, al identificar quién era cada uno de los sujetos procesales en el trámite que adelantaba bajo el radicado 083-2004; declarando, concretamente, que con el señor Pacheco Rangel los une una amistad de más de veinte años y que son miembros del mismo club(43), lo cual es corroborado por éste testigo, quien afirma que aquellos tomaban trago y jugaban dominó(44).
Luego, entonces, si Juan Antonio Oliver Oliver sabía quién era el demandante, el señor Jairo Enrique Pacheco Rangel, puede colegirse que conocía que éste no era empleado de la alcaldía, lo cual como Juez Primero Civil del Circuito de Magangué debió por lo menos suscitarle alguna suspicacia al momento en que por conducto de su apoderado, el señor Pedro Elías Navarro Bonett, presentó una certificación expedida el 5 de marzo de 2004 por el alcalde y el tesorero del municipio de Tiquisio - Bolívar, en la que se afirmaba que treinta y dos (32) títulos valores habían sido girados “por concepto de pago de salarios correspondientes al año 2003”.
El aquí acusado aduce en su defensa su inexperiencia en asuntos laborales, lo cual se desvirtúa por la forma como motiva su decisión de librar mandamiento de pago el 31 de marzo de 2004, aunado a los argumentos expuestos en su proveído del 25 de octubre de 2005, mediante el cual se negó a declarar la nulidad peticionada por la Procuraduría, pues en estas providencias acepta que la regulación del proceso laboral contiene prerrogativas a favor del demandante, como es el caso de la no exigibilidad de caución previa.
Justamente, la experiencia como juez, de más de veinte años, el claro conocimiento de las leyes procesales civiles y laborales, el manejo del proceso ejecutivo, los más frecuentes en el medio, y de los títulos valores, fundamento de un altísimo porcentaje de los procesos ejecutivos, es lo que permite concluir que su accionar fue deliberado y que tenía plena consciencia sobre la antijuridicidad de su conducta.
Así, pueden citarse como indicativos de ese dolo, además de lo ya advertido, el hecho de que, no profundizara a efecto de determinar la alegada relación laboral de la cual emanaban los cheques. El conocimiento así fuese primario de cómo se manejan las finanzas de la administración, debía indicarle que no resultaba ajustado a derecho que un alcalde emitiese cheques aparentemente correspondientes a salarios de trabajadores del ente municipal a un tercero, y que los mismos al ser presentados para su pago resultasen sin fondos o que fuesen emitidos contra cuenta sobre las cuales se tenía la certeza que se encontraban embargadas.
Se desconoció que la certificación expedida por el alcalde y su tesorero, no eran el documento apto para demostrar que las obligaciones tenían sustento en una relación laboral, sino que, en tal caso, lo que debió allegarse fue el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, es decir, aquel documento que certifica y asegura que existe la correspondiente apropiación de recursos para cubrir la obligación contraída.
La emisión del mandamiento de pago, fue inconsulta, obviando ciertos detalles, así por ejemplo, el cheque 0000408, por valor de $ 7.410.000, fue girado a favor “del Concejo Municipal y/o Jair Hernández”, por lo cual no parece corresponder a la aducida relación laboral, de manera que, no procedía respecto del mismo la acumulación para tramitarlo como un asunto laboral. Este cheque además, girado el 6 de julio de 2003, fue presentado para su cobro el 1º de marzo de 2004, lo cual indica que la acción cambiaria, según los términos de la ley comercial, se encontraba prescrita, algo similar ocurre con los cheques 0000303 del 17 de agosto de 2003 (fl. 19), el número 0000326, del 12 de agosto de 2003, por demás enmendado en el número del mes.
Todo lo estudiado confluye a demostrar que el actuar del acusado fue doloso, esto es, que conociendo la ilicitud de su comportamiento, lo orientó de manera decidida a quebrantar la ley. No puede ser otra la conclusión cuando se constata que hubo un notorio y consciente interés en favorecer al demandante, que se concreta en reputar los cheques como títulos ejecutivos laborales, proferir mandamiento de pago con fundamento en ellos y seguidamente decretar medidas cautelares.
Así, pues, los elementos suasorios precitados desvirtúan la tesis del recurrente atinente a la existencia de una atipicidad subjetiva en el presente caso, pues aquellos son demostrativos de la existencia del dolo en la conducta del acusado, así como de su grado de conocimiento sobre la antijuridicidad de su actuar, en tanto evidencian que eran conocidos por el aquí procesado los beneficios o prerrogativas que implicaba darle al proceso el trámite de un ejecutivo laboral; verbigracia, la prelación del embargo y de los créditos, sumado a la posibilidad de que se decretaran medidas cautelares sin que fuera exigible prestar caución.
2.2. De la lesividad de la conducta.
Desde esa misma perspectiva, no le asiste razón al impugnante cuando reclama que la conducta no fue lesiva, por cuanto, se reitera, el comportamiento investigado quebrantó el debido proceso, se alteraron las cargas procesales y con ello se benefició al demandante en detrimento de los intereses del demandado y de la administración pública.
Como ya se advirtió, aún cuando la estructura del proceso ejecutivo es similar tanto en lo civil como en lo laboral, ya se ha dejado consignado que se mantienen diferencias, como las advertidas, las cuales alteraban de manera directa las facultades de las partes en el proceso y por contera el ejercicio de sus derechos.
Tampoco es cierto, como arguye el recurrente que el resultado de la tramitación por una u otra vía habría de conducir al mismo resultado en la medida en que se trataba de obligaciones que constaban en títulos legítimos, por cuanto lo esencial en el sub examine no es la ejecutabilidad de los títulos valores sino la infracción a las normas ya referidas con el objeto de favorecer el ejercicio del cobro al demandante. Aspecto sobre el cual surge manifiesta la connivencia entre el alcalde, su tesorero y el accionante para perjudicar las arcas municipales, puesto que basta con advertir que a más de infringirse normas de carácter presupuestal, se desconoció la verdadera causa y el burgomaestre accedió a cambiar cheques prescritos sin presentar excepciones.
De lo que se trata en esencia es de la infracción a las normas ya referidas para favorecer el cobro al demandante con independencia de que éste sea legal o espurio.
En relación con la antijuridicidad del delito de prevaricato ha sostenido la Corte:
“En cuanto a la falta de antijuridicidad material que pregona el defensor, contrario a su parecer, al haber proferido el acusado la decisión manifiestamente contraria a la ley de precluir la instrucción, puso en riesgo la recta impartición de justicia, pues con ello generó desconfianza e inseguridad, no solamente en las partes que intervenían en el proceso, sino en general en la comunidad, al poner en tela de juicio la credibilidad, transparencia, rectitud y probidad, de quienes como él han sido encargados de la noble tarea de administrar justicia”(45).
Así, entonces, las denuncias recibidas ante la Fiscalía y la Procuraduría, una de ellas suscrita por tres concejales del municipio de Tiquisio, han de interpretarse como el clamor de la comunidad escandalizada por el hecho de que se afectaban las finanzas municipales con la connivencia de la autoridad judicial.
Queda determinado que contrariamente a lo alegado por el apelante, el comportamiento sí fue lesivo de los distintos intereses jurídicos que el delito de prevaricato tutela.
2.3. De la dosificación de la pena.
El último disenso del defensor se encamina a que se reduzca la pena impuesta, en la medida en que en su sentir el tribunal valoró doblemente la condición de servidor público, la primera que involucra el delito imputado, como delito propio, y en segundo lugar al considerar esa misma condición como circunstancia de mayor punibilidad, motivo por el que solicita se redosifique la pena y se tase en el mínimo señalado en la ley.
Ya desde el año 2005, la Corte ha venido sosteniendo de manera pacífica que:
“En relación con esta última circunstancia genérica de agravación punitiva o de mayor punibilidad (C.P., 58-9) si bien mayoritariamente la Sala ha venido sosteniendo su procedencia en eventos como el que aquí se examina, en virtud de la «misión protagónica» dentro de la comunidad que el Estado le encomienda al funcionario judicial para la solución imparcial de los conflictos sociales, situación privilegiada que facilita la comisión del delito en cuanto se aprovecha de su investidura o función para contrariar el ordenamiento e irrogar de esta manera un mayor daño social porque, «amén de agredir bienes jurídicos, rompe la independencia y la jurisdiccionalidad que son dos preciados valores institucionalmente dispuestos para enfrentar el choque social (...) un nuevo escrutinio de tales fundamentos orientado al respeto del debido proceso sancionatorio reclama un replanteamiento del tema, pues al infractor mal se le puede colocar en la posición de tener que expiar sucesivamente su falta por el mismo hecho, sin que ello entrañe violentar el principio de prohibición de doble valoración, o lo que es lo mismo, la inobservancia del principio non bis in idem.
En efecto, dicho postulado de raigambre constitucional —Carta Política, art. 29— tiene por finalidad evitar que el individuo pasible de pena en virtud de comportamiento contrario a derecho, sea castigado más de una vez por el mismo hecho. El principio de determinación del hecho y de la pena conlleva a la exigencia de que lo prohibido bajo conminación sancionatoria se halle claramente establecido en la ley, de modo tal que su fijación no quede librada al arbitrio del juez, como quiera que el ciudadano debe saber de antemano las consecuencias que caben derivarse de su conducta. Por consiguiente, la punibilidad debe estar sujeta a los criterios de legalidad previa, estricta y cierta, lo cual significa que la ley ha de señalar inequívocamente la naturaleza de la pena y el marco dentro del cual puede moverse el juez al aplicarla.»
Un factor, téngasele por elemento o circunstancia, no puede ser sometido a más de una valoración desfavorable, esto es, como elemento del tipo legal de que se trate, y también como agravante. La prohibición de doble valoración por este aspecto, dice relación con el hecho propiamente tal y sus circunstancias relevantes; dicho de otro modo, factores que sean valorados como elementos configurantes del delito, no pueden apreciarse simultáneamente como circunstancias agravantes del mismo, y a su vez de la punibilidad. Fue el propio legislador quien dispuso respecto de las agravantes —art. 66 del C. Penal anterior— o circunstancias de mayor punibilidad —art. 58 de la Ley 599 de 2000— que ellas proceden «siempre que no hayan sido previstas de otra manera»”(46).
Sin embargo, el reclamo de la defensa carece de sustento, en tanto es claro que el Tribunal Superior de Cartagena, no tuvo en cuenta la circunstancia de mayor punibilidad de que trata el numeral noveno del artículo 58 de la ley penal, pues sencillamente haciendo uso de sus facultades legales, que le permiten moverse dentro de los límites de un forzoso cuarto, valoró ciertas circunstancias(47) que lo llevaron a concluir que la pena mínima se incrementaba en seis meses más, para un total de 42, todo ello dentro del mismo primer cuarto.
Obsérvese que en la consideración que se hace al respecto, la corporación de instancia no hace referencia a la posición distinguida del procesado, de la cual parecieran estar investidos todos los servidores públicos, sino que se refiere a otros factores como “la trascendencia del hecho, el daño a la administración de justicia, el menosprecio por los valores sociales”(48).
Finalmente cabe señalar sobre la queja del recurrente en torno a que el a quo no dio respuesta a sus alegatos presentados en la vista pública, lo cual no corresponde a la realidad procesal, dado que la sentencia de primer grado comprendió todos los elementos del delito y se refirió a las razones exculpatorias presentadas por la defensa. No es menester para dar respuesta a una concreta argumentación, referirse a ella de manera expresa, basta con que el tema sea tratado y se analicen las distintas alternativas de solución, entre las cuales se incluyeran las alegadas por el sujeto procesal, como ocurrió en el presente caso.
No encuentra la Corte, como se desprende del estudio precedente, argumentos suficientes que conlleven a la revocatoria de la sentencia impugnada conforme ha sido solicitado por el apelante. En consecuencia la Sala confirmará la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2012, por cuyo medio el Tribunal Superior de Cartagena condenó a Juan Antonio Oliver Oliver como autor de prevaricato por acción cuando emitió el auto del 31 de marzo de 2004 dentro del proceso ejecutivo que se adelantaba en su despacho bajo el radicado 083-2004.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2012 mediante la cual el Tribunal Superior de Cartagena condenó a Juan Antonio Oliver Oliver, exjuez Primero Civil del Circuito de Mangangué, como autor responsable del delito de prevaricato por acción.
(21) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de julio de 2011, radicación 35656.
(22) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de septiembre de 2002, radicación 17680.
(23) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 13 de julio de 2006, radicado 25627.
(24) Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. Estructura de la Teoría del Delito, Civitas, 1997. § 10, num. 88, págs. 319-320 “Según la concepción actual, la realización del tipo presupone en todo caso y sin excepción tanto un desvalor de la acción como un desvalor del resultado. Es verdad que la configuración del desvalor de la acción puede ser diferente según la forma, requerida en cada caso concreto, de dolo o de imprudencia, de tendencia y de cualidad de la acción, y que también el desvalor del resultado se configura de modo distinto en la consumación o en la tentativa, en la lesión o en la puesta en peligro; pero el injusto consiste siempre en una unión de ambos, pues incluso en los llamados delitos de mera actividad (cfr. nm. 103 ss.), como el allanamiento de morada (§ 123), existe un resultado extremo, aunque el mismo es inseparable de la acción”.
(25) Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal, Parte General, 2ª. ediciones Tirant lo blanch, Valencia 1996, págs. 31-32 “En cualquier tipo de sociedad, por primitiva que ésta sea, se dan una serie de reglas, las normas sociales, que sancionan de algún modo —segregación, aislamiento, pérdida de prestigio social, etc.— los ataques a la convivencia. Estas normas sociales forman el orden social. Históricamente éste orden social se ha mostrado por sí solo como insuficiente para garantizar la convivencia. En algún momento histórico se hizo necesario un grado de organización y regulación de conductas humanas más precisas y vigorosas. Nace así, secundariamente, la norma jurídica que a través de la sanción jurídica se propone, conforme a un determinado plan, dirigir, desarrollar o modificar el orden social. El conjunto de estas normas constituye el orden jurídico. Titular de este orden jurídico es el Estado, titular del orden social de la sociedad. Tanto el orden social, como el jurídico se presentan como un medio de represión del individuo y, por tanto, como un medio violento, justificado sólo en tanto sea un medio necesario para posibilitar la convivencia”...
“...La norma jurídica penal constituye también un sistema de expectativas: se espera que no se realice la conducta en ella prohibida y se espera igualmente que, si se realiza, se reaccione con la pena en ella prevista”...
(26) Folio 28, cuaderno de instrucción 1.
(27) Folio(sic).
(28) Folio 84, cuaderno de instrucción 1.
(30) Obrante a folios 1, 2 y 3, cuaderno de incidente de nulidad.
(31) Folio 10, cuaderno de incidente de nulidad.
(32) Corte Suprema de Justicia Sentencia del 29 de marzo de 1990.
(33) Artículo 509 Código de Procedimiento Civil (L. 794/2003, art. 50).
(34) Corte Constitucional, Sentencia T-460 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(35) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 14 agosto 2007. Radicado 50001-31-10-001-2003-01417-01.
(36) Véase lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 del Código de Procedimiento Civil.
(37) Ver folio 118, cuaderno de la causa.
(38) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 15 de julio de 2009, radicación 31780.
(39) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de julio de 2011, radicación 35656.
(40) Folios 88 a 90 del cuaderno de instrucción 1. “evidentemente el señor Pacheco Rangel promovió demanda ejecutiva laboral ante el despacho a mi cargo en contra del municipio de Tiquisio (Bol), invocando como títulos ejecutivos complejos varios cheques y una certificación expedida por el alcalde municipal demandado, con arreglo a la cual las obligaciones derivan de unos créditos laborales, los cuales fueron cedidos por sus titulares a favor del ejecutante. Con fundamento en el título complejo nuestro juzgado libró mandamiento ejecutivo por la vía laboral porque consideró que las obligaciones demandadas tenían [como] causa una relación laboral, la cual no desaparecía por el hecho de la cesión que hicieron sus titulares, exempleados del ente demandado. Aún cuando el mandamiento de pago no lo señala la razón que fundamenta el procedimiento ejecutivo laboral en el asunto que se comenta es la vigencia de la naturaleza laboral de los créditos exigidos, condición que se mantiene, no obstante que el municipio demandado giró títulos valores para garantizar los créditos labores objeto de la cesión. Aun mas tanta verdad encierra este aserto que en los eventos en que se hubiera promovido una acción ejecutiva laboral por los titulares y beneficiarios de la relación de trabajo, es produzca una cesión de los créditos durante el trámite del proceso, sin que por ello pueda entenderse la mutación de los créditos en cuanto a su naturaleza. El fundamento de la función jurídica que el prohijó al tramitar el proceso ejecutivo por la vía laboral, tiene su fuente prístina en el artículo 1964 del Código Civil, aplicable a la materia… Aquí quiero resaltar que no existe realmente diferencia sustancial entre un proceso ejecutivo singular y un proceso ejecutivo laboral…Yo diría que la gran diferencia entre la obligación civil y laboral se refleja en verdad, en cuanto que ésta última, es decir, la laboral, se constituye en un crédito privilegiado y que a la hora de la verdad está por encima de un crédito civil. Para tal efecto podemos acudir a lo que regula el Código Civil Colombiano sobre el orden de los créditos. Asistidos de esta razón podemos afirmar que realmente el procedimiento ejecutivo singular no es en verdad diferente al ejecutivo laboral…PREGUNTADO. La Fiscalía se va a permitir dar lectura de la denuncia origen de la investigación con el objeto de que explique las afirmaciones que allí se efectúan. CONTESTO: Realmente al Juzgado a mi cargo no le consta que las obligaciones pagadas con los cheques que sirven de recaudo de título valor ejecutivo, exista o no, si dichas obligaciones son verdaderas o falsas, eso debe decirlo la justicia penal, pero no puede pretenderse que un funcionario de la rama judicial conozca las intimidades o intríngulis de cada cheque que se gira o de cada certificación que expide un alcalde. Yo respondo por lo que respecta a mi conducta y creo que el proceso que se adelanta en el Juzgado 1º Civil del Circuito de esta ciudad está ajustado a derecho
(41) Folio 146, cuaderno de instrucción 1.
(42) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión de marzo 13 de 2003, M.P. Marina Pulido de Barón.
(43) Ver versión libre folio 88, cdno. fiscalía.
(44) Declaración folio 74 ibídem.
(45) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 2 de mayo de 2012, radicación 37518.
(46) Radicación 19762. En el mismo sentido radicados 20281, 21447, 21428, 23568, 25185, 9842, 25699, 23050, 25646, 9230, 25612, 23047, 2448, 28996, y más recientemente 37858, entre otras.
(47) Afirmó el a quo: “Considerando que la acusación de la Fiscalía no incluyó circunstancias de mayor punibilidad, las penas a imponer se ubican en los cuartos mínimos…”. Folio 105, cuaderno de la causa.