Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653716
Timestamp: 2019-05-19 21:09:26
Document Index: 10636134

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 132', 'artículo 19', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 124', 'artículo 15', 'artículo 133', 'artículo 219', 'artículo 15', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 219', 'artículo 83', 'artículo 15']

FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO DEL SENADO SEÑOR SEGUNDO IBEAS LARENAS
ELIMINACIÓN DE ANOTACIONES EN REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
ENMIENDAS A LEY Nº 19.479 PARA REFORZAMIENTO DE MODERNIZACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Vega Hidalgo
INVERSIÓN EXTRANJERA MATERIALIZADA EN DISPUTADA DE LAS CONDES. OFICIOS
REFLEXIONES SOBRE REFORMA DE LEY DE ALCOHOLES
COBROS POR COLACIÓN EN ESCUELA "ÁRABE-SIRIA" DE COMUNA DE PUERTO MONTT. OFICIOS
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: EJE DE POLÍTICA INTERNACIONAL DE CHILE
Sesión 37ª, en martes 1 de abril de 2003
(De 16:21 a 18:39)
Fallecimiento de funcionario del Senado señor Segundo Ibeas Larenas....
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el artículo 19 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de dar carácter de permanente a Comisión Especial Mixta de Presupuestos (3051-07) (se aprueba en general y particular)...............................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados (2774-15) (se aprueba en particular)....................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.479, sobre gestión y personal del Servicio Nacional de Aduanas (3034-05) (queda para segunda discusión)....................................................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)...................................
Inversión extranjera materializada en Disputada de Las Condes (observaciones del señor Lavandero)........................................................................................................
Reflexiones sobre reforma de Ley de Alcoholes (observaciones del señor Fernández)..................................................................................................................
Cobros por colación en Escuela "Árabe-Siria" de comuna de Puerto Montt. Oficios (observaciones del señor Stange)................................................................................
Defensa y promoción de derechos humanos: eje de política internacional de Chile (observaciones del señor Naranjo)..............................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno .
Las actas de las sesiones 35ª y 36ª, ordinarias, en 25 y 26 de marzo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero comunica que ha resuelto retirar del Congreso Nacional los siguientes proyectos de ley:
1.- El que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior (Boletín Nº 3.130-04), y
2.- El relativo al financiamiento de estudios de educación superior (Boletín Nº 3.131-04).
Ambas iniciativas fueron iniciadas en Mensaje y se encuentran en el Senado en primer trámite constitucional.
--De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Corporación, quedan retirados los señalados proyectos.
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los proyectos de ley que se indican:
1.- El que crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (Boletín Nº 2.286-04), y
Con el último hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y deroga el Libro Segundo de la ley Nº 17.105 (Boletín Nº 1.192-11).
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , mediante el cual responde un oficio enviado a Su Excelencia el Presidente de la República , en nombre de diversos señores Senadores, relacionado con el tema de los sobresueldos, los denominados casos MOP-GATE y CORFO-Inverlink, y la fuga de información del Banco Central.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, referido a los resultados de la implementación de las recomendaciones efectuadas por las distintas Comisiones investigadoras de la Honorable Cámara de Diputados en relación con la ex Colonia Dignidad.
Con el primero remite un resumen de los oficios dirigidos al Congreso Nacional durante el mes de enero del año en curso, en respuesta a asuntos consultados por los señores Parlamentarios sobre materias de competencia de la Secretaría de Estado a su cargo.
Con el segundo y el tercero da respuesta a dos oficios enviados en nombre del Senador señor Stange: uno, relativo al proceso de reapertura, ensanche y despeje del camino que constituye el antiguo trazado de la ruta 215-CH, sector Gol-Gol, en la provincia de Osorno, y el otro, referido a una situación que afecta a familias que viven a orillas del lago Chapo, en la comuna de Puerto Montt.
Con los dos siguientes contesta dos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: el primero, sobre la adopción de medidas para enfrentar problemas en la cuenca del río Simpson, y el segundo, relativo a la construcción de sendas, balsas y pasarelas en la zona austral.
Con el último da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, sobre la realización de obras de reparación del camino hacia el pueblo de Caspana, en el sector río Salado, Segunda Región.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con el Programa de Mejoramiento de Barrios.
Del señor General Director de Carabineros, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a los delitos de mayor connotación social.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, sobre las acciones administrativas efectuadas para enfrentar los probables daños producidos a los pequeños productores que participaron en diversos proyectos financiados por el INDAP.
Del señor Director de Presupuestos, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto del plan de racionalización aplicado por la Empresa de Correos de Chile.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en virtud del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, referido al proyecto "Aeródromo San Gregorio".
Del señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a consultas formuladas sobre distintas materias.
Del señor Alcalde de Río Ibáñez , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca del proyecto de construcción de alcantarillado y de casetas sanitarias.
Del señor Director de Salud de Magallanes , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, tocante a planteamientos efectuados por el señor Alcalde de Punta Arenas , en cuanto al control de poblaciones caninas.
Del señor Subgerente de Recursos y Extensión de la Red del BancoEstado, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la factibilidad de abrir una caja auxiliar y un cajero automático en Marchigüe, Sexta Región.
De los Senadores señores Chadwick, Espina, Moreno, Romero y Silva, por medio de la cual solicitan el acuerdo de la Sala para que el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la denuncia en casos de atentados sexuales y permite una mejor investigación del delito (Boletín Nº 2.925-07), sea informado en general y en particular, en el primer informe, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, iniciado en Mensaje, en primer trámite constitucional, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.944-03).
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.490, que estableció el seguro obligatorio de accidentes personales causados por la circulación de vehículos motorizados (Boletín Nº 2.447-15).
1.- Suspender hasta el martes 15 de abril próximo el tratamiento del proyecto signado con el número 2 de la tabla, que se refiere a la modificación de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres; y...
Recuerdo que están prohibidas las manifestaciones. Por lo tanto, pido al público asistente mantener el orden.
2.- Tratar el proyecto de reforma constitucional los días 29 y 30 del mes en curso, suprimiendo las respectivas horas de Incidentes y reduciendo el tiempo de fundamentación de voto a tres minutos.
Debo informar a la Sala que hoy falleció, víctima del cáncer, el funcionario de la Corporación señor Segundo Ibeas Larenas, de Protocolo y Tesorería, con el que muchos de nosotros tuvimos contacto, pues estaba encargado de facilitarnos los trámites en el aeropuerto.
Como homenaje a su memoria, solicito a la Sala guardar un minuto de silencio, y enviar las condolencias a su familia, en nombre del Senado.
--La Sala guarda un minuto de silencio en memoria del señor Ibeas.
En todo caso, dado que mañana hay sesión ordinaria, he pedido al señor Edecán que concurra al funeral en representación de todos los Senadores, además de los funcionarios que también asistirán.
Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 19 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesión 36ª, en 26 de marzo de 2003 (queda para segunda discusión).
La relación se efectuó en la sesión anterior, oportunidad en la cual, a solicitud de un Comité, la iniciativa quedó para segunda discusión.
Si le pareciera a la Sala, primero se votaría en general el proyecto y después se entraría a discutir la indicación presentada, que, en el fondo, recoge algunas de las observaciones formuladas por distintos señores Senadores para precisar la normativa.
El señor Secretario procederá a leerla.
La indicación -falta todavía una pequeña corrección- expresa:
"Suprímese en el inciso segundo la palabra "examinar", suprimiendo la coma y agregando la palabra "y" después de "recibir".".
"Sustitúyese en el inciso segundo la frase "poner dicha información a disposición de las Comisiones o" por "y ponerla a disposición de la", suprimiendo la coma después de "ley".".
¿Sería posible que el Honorable señor Boeninger la explicara a la Sala?
Señor Presidente , se trata de una indicación consensuada con la Senadora señora Carmen Frei y el Honorable señor Sabag .
En mi opinión, las argumentaciones respecto de la constitucionalidad del proyecto que la semana pasada dieron el Senador señor Espina y el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Huenchumilla , fueron impecables. Sin embargo, en el curso del debate se plantearon algunas prevenciones relativas a dudas que podría tener, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Para evitar cualquier asomo de cuestionamiento, proponemos eliminar, en el inciso segundo, algunas palabras.
El inciso primero establece que el objetivo de la prolongación del funcionamiento de la Comisión Especial es el seguimiento de la ejecución de la Ley de Presupuestos; y el inciso segundo, lo que puede hacer para llevar adelante ese seguimiento. Con este fin, dispone: "Para los efectos de realizar el seguimiento, la comisión especial podrá solicitar, recibir, sistematizar y examinar".
Sugerimos suprimir la forma verbal "examinar" porque podría -personalmente, no creo que así sea- dar lugar a la interpretación errada de que envuelve el inicio o la posibilidad de un acto de fiscalización.
A continuación, el mismo inciso expresa: "poner dicha información a disposición de las Cámaras o proporcionarla a la comisión especial que deba informar el siguiente proyecto de Ley de Presupuestos.". En esta parte, proponemos sustituir la frase "poner dicha información a disposición de las Cámaras o" por "y ponerla a disposición de la", suprimiendo la coma después de "ley".
De esa manera, la parte pertinente quedaría como sigue: "y sistematizar la información relativa a la ejecución presupuestaria que sea proporcionada por el Ejecutivo de acuerdo a la ley y ponerla a disposición de la comisión especial que deba informar el siguiente proyecto de Ley de Presupuestos.".
Creo que la eliminación de la referencia a la entrega a las Cámaras evita cualquier duda acerca de una intención fiscalizadora.
Ante todo, corresponde que la Sala se pronuncie sobre el proyecto en general. Posteriormente se votaría la indicación.
Señor Presidente , la indicación a que se refirió el Senador señor Boeninger es muy atinada -habría que encargar a la Secretaría resolver algunos detalles de redacción-, pero me parece importante hacer la siguiente aseveración.
Como se expresó, la indicación recoge un debate que hubo en la Sala. Sin embargo, lo que hicieron dirigentes de la Oposición fue descalificar ese debate aduciendo que lo manifestado por nosotros implicaba romper un pacto político y poner en crisis la Agenda de Modernización del Estado. A juicio de ellos, el Gobierno no podría llevarla adelante por el desorden existente en la Concertación.
Como éste es el primer proyecto de esa Agenda, es preciso valorar el que haya un debate; de lo contrario, el Parlamento sería una especie de buzón. Podemos tener diferentes opiniones, podemos ser críticos respecto de determinada redacción; pero no cabe a los Parlamentarios de Oposición adelantar juicios sobre el resultado de una votación.
¿En general y en particular?
Si le parece a la Sala, se aprobaría la idea de legislar,...
...con el voto en contra del Senador señor Martínez...
...y la abstención del Honorable señor Muñoz Barra.
Perdón, señor Presidente. Esto es muy importante. Si no se va a aceptar la indicación...
Reglamentariamente, primero debe votarse en general el proyecto y luego en particular.
¿Habría acuerdo para aprobar la idea de legislar, con el voto en contra del Senador señor Martínez y la abstención del Honorable señor Muñoz Barra...
¿y de la Senadora señora Carmen Frei?
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos), con el voto en contra del Senador señor
Martínez y la abstención de los Senadores señor Muñoz Barra y señora Carmen Frei, dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.
Señor Presidente , primero debo señalar al Senador señor Viera-Gallo que este debate es absolutamente legítimo, como el que hicimos también en el seno de la Comisión de Constitución, porque nos interesaba perfeccionar la norma para los efectos de que no se entendiera que podría conceder al Senado atribuciones fiscalizadoras. Efectuamos una extensa discusión sobre la materia y, lógicamente, si hubiere algo por corregir, se puede hacer.
En cuanto a la indicación, observo en ella dos cosas distintas. No veo mayor inconveniente en eliminar la frase "poner la información a disposición de las Cámaras", para que quede a disposición de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Porque si se quisiera ejercer una facultad fiscalizadora la Cámara de Diputados la tiene ya a todo evento, sin necesidad de establecerla en el texto.
Por lo tanto, concuerdo en que se suprima esa expresión, para indicar que la información quedará a disposición de la Comisión Especial. Por lo demás, tal es el sentido de la nueva normativa.
En cambio, de eliminarse la palabra "examinar", podría quedar la impresión de que dicha Comisión sólo tendría la facultad de recibir la información, sin poder hacer nada con ella, lo que es absurdo. Porque si recibe una información es para que la evalúe, la examine, la pondere...
¡La lea!
...y, desde luego, la lea.
En caso de suprimirse el vocablo "examinar", la Comisión Especial no podría hacer nada. Por eso, sugiero cambiarla por "evaluar" o "analizar".
Si la cuestión es que la forma verbal "examinar" pudiese tener algún elemento de fiscalización, no vislumbro problema en reemplazarla por "evaluar" o "analizar". Pero algo tendrá que hacer la Comisión con la información que le llegue. Si no, ¿para qué se crea?
En síntesis, soy partidario de mantener la expresión "examinar", o bien, de sustituirla por otra que implique una acción de la Comisión Especial Mixta con respecto a la información. De lo contrario, pasaría a ser estrictamente una oficina de correo.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme a lo manifestado por el Honorable señor Viera-Gallo .
Es indudable que los proyectos de ley deben ser analizados y debatidos por esta Alta Cámara. Lo que ocurre -y ésta es la verdad- es que algunos señores Senadores, en ejercicio de un justo derecho, habían expresado su intención de votar en contra de la idea de legislar en este proyecto. Y proceder así es totalmente distinto de querer perfeccionarlo. No nos hagamos los lesos, ni nos saquemos la suerte entre gitanos. Aquí había un grupo de Parlamentarios que, legítimamente, no estaban de acuerdo en cumplir con lo que, según entendemos, era un compromiso vital de la Agenda de Modernización del Estado, que consistía en dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Entonces, no se trata -como se señala- de haber querido perfeccionar la normativa o de que haya surgido alguna discrepancia, sino de que no había el número de votos suficientes para aprobar la idea de legislar. Y si el proyecto era rechazado, no podía seguir su discusión.
No se contaba con la cantidad de votos requerida, porque no estaban presentes todos los Senadores de Gobierno ni todos los de la Oposición.
Ésa es la verdad -lo cual motivó postergar la votación-, y no que haya surgido un debate en el cual se cuestionara el mérito del asunto. Efectivamente, no se encontraban presentes en su totalidad los Senadores de las bancadas de enfrente ni tampoco los de la Concertación.
Señor Presidente , no quiero generar una discusión sobre el particular; pero lo manifestado por el Senador señor Viera-Gallo no es exacto, pues los Parlamentarios se hallaban presentes.
¿Por qué no decir las cosas como son? Hubo Senadores, como el Honorable señor Ominami , que defendieron el proyecto -con toda razón- porque es bueno.
Señalo lo anterior, para que no se diga que nosotros hicimos presente públicamente un hecho falso, porque en verdad cuando no hay voluntad de aprobar la idea de legislar -por las razones invocadas por quienes intervinieron en esa oportunidad-, no se puede perfeccionar la iniciativa legal correspondiente.
Pero deseo ir al tema de fondo, señor Presidente . Con respecto a la segunda proposición argumentada por el Honorable señor Boeninger , me parece razonable que la información no quede a disposición de ambas Cámaras, porque no tiene mayor sentido hacerlo.
Quiero también ser muy franco: al eliminarse la palabra "examinar", la información que el Ejecutivo entregue a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se transformará en la nada misma.
¿Explíquenme qué sentido tendría el que una comisión solicite información, la reciba ordenadamente, la sistematice y después la guarde sin examinarla? A mi juicio, esto último es de la esencia de la función de las comisiones del Congreso, porque éstas lo que hacen es examinar las materias sometidas a su conocimiento.
Por lo tanto, suprimir esa expresión significa quitar la columna vertebral a esta iniciativa. En ese caso es preferible que la Oficina de Informaciones del Senado o de la Cámara, o la Secretaría de la Comisión, se dedique a esa labor administrativa, que es de mucha importancia y que consiste en recibir la información, sistematizarla y guardarla. Pero el objetivo central del proyecto no es ése, sino que aquélla pueda ser analizada para los efectos de un seguimiento. Y la única manera de hacerlo es examinando las materias de que se tome conocimiento, lo cual permitirá formular las observaciones pertinentes en la tramitación posterior del proyecto de Ley de Presupuestos.
Deseo formular una consulta a Su Señoría.
Pido a los señores Senadores dirigirse a la Mesa.
Es lo que estoy haciendo, señor Presidente.
Solicito al Honorable señor Espina que, por favor, me conceda una interrupción.
Debo aclarar, en primer lugar, que el debate no puede ser dirigido desde abajo.
Yo no lo he hecho, señor Presidente .
Por lo demás, es factible que el orador dé una o dos interrupciones. Pero no pueden ser concedidas todas al mismo tiempo.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra , conforme a la interrupción concedida por Su Señoría.
Señor Presidente , después de lo que acabo de escuchar acá, me remito a la sesión anterior, donde pedí muy respetuosamente que se explicara si esta iniciativa significaba fiscalizar o recibir información.
De acuerdo con lo manifestado por el Senador señor Espina, entiendo que la intención es fiscalizar, respecto de lo cual algunos planteamos en su oportunidad que se estaba en el límite de una situación de tipo constitucional. Porque Su Señoría ha dicho que se trata de recibir la información y examinarla. Yo pregunto: ¿para qué?
Para formarse un juicio.
Quiero responder al Honorable colega.
Le agradecería mucho que lo hiciera, señor Senador .
Puede continuar con el uso de la palabra Su Señoría.
Señor Presidente , contestaré al Honorable señor Muñoz Barra su legítima inquietud.
Lo propuesto en la iniciativa en absoluto constituye fiscalizar, porque tal acto, según el artículo 48, Nº 1), de la Constitución, consiste en la adopción de acuerdos para realizar observaciones y emitir juicios respecto de conductas o actuaciones del Gobierno. Por lo tanto, la acción de fiscalizar no la definimos nosotros, sino la propia Carta, que claramente señala que la fiscalización se lleva a cabo mediante acuerdos de la mayoría, los que se remiten a la autoridad pertinente para que los tenga en consideración. Incluso, establece que un Parlamentario puede realizar actos de fiscalización sólo en la medida en que reúna un tercio de los presentes en la Sala. Pero considerar como tal la circunstancia de recibir información para los efectos de examinarla, es tan absurdo -lo digo con el mayor respeto- como sostener que cada vez que examinamos un proyecto de ley y pedimos antecedentes a su respecto se está fiscalizando. O sea, en adelante el Senado no podría examinar ninguna materia que llegue a su conocimiento, porque nos transformaríamos en fiscalizadores, lo cual no tiene el menor asidero en los hechos.
Quiero señalar lo siguiente respecto de lo que se desea. Y lo planteo de buena fe. No debemos engañarnos, pues con este proyecto no se pretende fiscalizar, sino hacer un seguimiento a la Ley de Presupuestos. Me extraña que los Parlamentarios que participan en la discusión de esa iniciativa -algunos de los cuales sí han aprobado la que estamos analizando- y reclaman permanentemente porque no llega información para realizar una labor de seguimiento y de interconsulta adecuada, ahora, cuando se nos da la oportunidad de hacerlo para una mayor transparencia en el uso de los gastos públicos, se opongan a la facultad de examinar.
Señor Presidente , en mi opinión, sin esa expresión el proyecto de ley no vale nada. Por lo tanto, votaremos por el rechazo de la indicación, pues atenta contra la columna vertebral del mismo.
No puedo concederle la palabra, porque debo seguir el orden establecido. Hay inscritos ocho señores Senadores antes que Su Señoría.
Señor Presidente , en primer término, quiero informar que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se reúne en tres contadas ocasiones y por muy breve tiempo. Se constituye en un acto que no dura más de cinco minutos. Después escucha la cuenta del Ministro de Hacienda sobre el estado de las finanzas públicas, en una sesión de tres horas y en donde la discusión se desarrolla afuera, con los medios de comunicación. Ni siquiera hay tiempo para formular consultas ni generar un debate ordenado y clarificador dentro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Luego, se lleva a cabo una reunión que dura como máximo diez horas -es la suma de tiempo de distintos días-, para analizar los trabajos de las cinco subcomisiones. Todo lo aprobado por ellas en forma unánime queda resuelto en forma automática. Por lo tanto, sólo son discutidas aquellas materias en que no hubo unanimidad.
Señor Presidente , Honorables colegas, he participado durante trece años en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos como integrante de ella. Sin embargo, no puedo decir que he conocido por completo el Presupuesto de la Nación, porque lo único que uno analiza es, en realidad, lo concerniente a la subcomisión de que forma parte.
Por lo tanto, en mi opinión, para un mejor trabajo e información es indispensable contar con una Comisión Especial Mixta de Presupuestos permanente.
Señor Presidente , con el objeto de facilitar y abreviar el debate, debo decir respecto a la palabra "examinar", que me parece bastante atendible lo argumentado por el Honorable señor Espina. En realidad, el propósito de la indicación no era disponer de una información con la que no se pueda hacer nada, lo que, obviamente, carece de sentido. De modo que planteo una de estas dos posibilidades: que esa palabra sea reemplazada por otra cuya connotación no sea interpretada -no digo que yo la interprete así-como un acto de fiscalización. Al respecto, sugiero el término "considerar", o que, simplemente, se deje sin efecto esa parte de la indicación.
Propongo a los señores Senadores reducir sus observaciones, pues ya se hizo el debate en general en la sesión anterior y restan diez inscritos. O sea, es posible que se agote el Orden del Día con el tema.
Pido por lo tanto circunscribirse concreta y sintéticamente a la materia en debate: eliminar la palabra "examinar" o, bien, cambiarla por "evaluar" o "considerar", como se ha propuesto; y establecer que la información sea entregada a esa Comisión Especial, la que deberá informar a su vez a la de Presupuestos y no a las Cámaras.
En eso consiste la indicación, y sobre ello debieran centrarse las intervenciones, porque el debate en general ya se hizo.
Señor Presidente , como han señalado los Senadores señores Chadwick y Espina, suprimir la palabra "examinar" significaría renunciar a la esencia del funcionamiento permanente de esa comisión.
Respecto de la posibilidad de que se elimine la parte que propone poner la información a disposición de las Cámaras, ¡por favor, eso es lo que hacemos cada vez que se analiza una iniciativa legal! Los proyectos son analizados en las Comisiones técnicas respectivas y luego tienen que pasar a las Salas de ambas ramas legislativas, para que ellas puedan conocer lo estudiado y resuelto. ¿De qué valdría que una comisión mixta tratara un proyecto si guardase la información en vez de hacer lo que debe: compartirla o ponerla a disposición de los integrantes del Congreso?
Por eso, señor Presidente , considero que la indicación propuesta es inconveniente, ya que debilita enormemente el proyecto.
Yo quisiera pedirle que no...
¡Tenga paciencia, señor Presidente!
Lo que ocurre, señor Senador, es que no puedo darle la palabra porque con ello postergaría a los otros inscritos. Me gustaría que todos ellos pudieran participar.
Como resta un minuto al Honorable señor García , tiene la palabra Su Señoría.
El problema es que solamente se pondría la información en conocimiento de la Cámara de Diputados con el objeto de fiscalizar. Entonces, de ser así es porque la Comisión, al examinarla, haría un acto que se piensa que puede dar origen a una fiscalización. Porque si no, ¿para qué ponerla en conocimiento de la Cámara Baja?
Señor Presidente , siento que estamos frente a una suerte de ejercicio aeróbico pero en el campo de la retórica: se juega con unos conceptos que, si no se concatenan en forma racional y adecuada, al final carecen por completo de sentido. Si se solicita una información, obviamente es para recibirla, y si así ocurre, lo menos que se puede hacer es sistematizarla. Pero falta algo. No puede quedar aquel cúmulo de antecedentes como una cosa pétrea, sujeta a la mera contemplación.
Se tiene, entonces, que examinar por lo menos, para concluir en lo que se estime apropiado. A mi juicio, el exceso de celo por no invadir una determinada competencia está llevando a la Corporación a incurrir en un absurdo: hacer algo para al final no hacer nada.
Por lo tanto, creo que la indicación, con todo el respeto que me merece el Honorable señor Boeninger, es absolutamente inocua.
Señor Presidente , me alegro mucho de haber pedido en la sesión pasada que no se iniciara la votación. Porque temía que pasara lo de siempre: que la gran mayoría de los señores Senadores se retiraran después de votar, sin haber escuchado a quienes hablaran después.
Ahora estamos de nuevo en una discusión en la que participamos quienes tuvimos la paciencia de quedarnos hasta cerca de las 7 el miércoles pasado. Por eso hoy día tendríamos que repetir los mismos argumentos de por qué nos opusimos a la idea de crear la Comisión Especial.
Señor Presidente , quiero dejar hasta aquí mis observaciones. Si algún Honorable colega desea saber lo que pienso, debe pedir la Versión Taquigráfica de la sesión anterior.
Por eso, y por todo lo que hablamos el otro día -yo intervine latamente-, elaboramos la indicación en debate, que no tengo problema en aceptar. Si ahora me abstuve en la votación en general fue porque pensé que los Senadores de la bancada de la Derecha se pronunciarían en contra. Estamos en un mundo que no se entiende.
El proyecto no nos parecía bien el miércoles pasado. Pedimos que se mejorara. Se han dicho las barbaridades más grandes por la prensa. Seguramente se van a seguir diciendo mañana. Es problema de ellos. Pero lo que deseo decir es que esto debemos arreglarlo o no servirá para nada.
Con la venia de la Mesa, quiero pedir una interrupción a la señora Senadora.
Ante todo, quiero pedir un favor: ¿Podría otorgarse preferencia en el debate a los que no hablamos anteriormente? Nosotros escuchamos con mucha paciencia a los que sí lo hicieron. Tal vez hoy nos podrían escuchar a nosotros.
Bastaba con haber pedido la palabra, señor Senador .
En relación con el asunto que nos convoca, a mi juicio estamos creando una especie de conflicto donde no lo hay. Se trata de un seguimiento del Presupuesto para que la Comisión pertinente, reunidas las informaciones requeridas, las entregue al organismo especial que va a discutir el próximo ejercicio financiero de la nación. Porque la Ley de Presupuestos no es como las otras. Es una historia que sigue, una vez tras otra. Entonces, podríamos redactar la frase en cuestión del modo siguiente: "y entregar, con motivo de este conocimiento, las observaciones que a ella le parezcan pertinentes a la Comisión futura de Presupuestos". Creo que con eso se resolvería la dificultad.
Señor Presidente , en mi opinión, el problema de fondo es que se duda y desconfía del manejo operativo del Presupuesto por parte del Ejecutivo. Seamos francos. Pero ése es un problema de personas, no de instituciones. La legislación permite pedir los antecedentes. Pero aquí ocurre algo distinto. Repito mi argumentación: se está vulnerando la Constitución al trasladar al Senado funciones que no le corresponden.
Por la razón antedicha, esa Comisión va a quedar inerte, porque no tiene facultades reales de fiscalizar; y a renglón seguido, si recibe la información, ¿qué hará con ella? ¿Le va a reclamar al Ejecutivo ? ¿La va a traspasar a la otra Cámara? Entonces, ¿para qué la Comisión si resulta que al final resuelve la Cámara de Diputados?
Lo decisivo aquí es que se ha cambiado un eje fundamental de la Constitución de la República al asignar al Senado funciones que nunca ha tenido. Eso significa que el concepto fue lo que cambió. Quiero dejarlo bien claro.
Señor Presidente , francamente tengo la sensación de que hay un tremendo malentendido en el debate. Quizás, sin perjuicio de referirnos al fondo del mismo, debiéramos haber partido por entregar algunas informaciones relativas a la forma en cuanto a lo que el propio Congreso ha hecho.
El martes 8 de junio del año pasado, luego de una presentación que me correspondió hacer con motivo de mi participación en una conferencia de Presidentes de Comisiones de Hacienda y de Presupuesto en Washington, el Presidente del Senado , por la unanimidad de la Sala, pidió a la Comisión de Hacienda de nuestra Corporación la formulación de un proyecto destinado a dar carácter permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En la oportunidad, se contó con la asistencia de todos los señores Senadores que han intervenido en esta discusión.
Quiero agregar algo más: el 7 de agosto se presentó un proyecto de acuerdo, que era necesario para concordar el procedimiento con la Cámara de Diputados. Nada sacábamos con modificar la Ley Orgánica del Congreso solamente en lo relativo al Senado. Resultaba ineludible efectuar la misma modificación en la Cámara de Diputados. Tengo a la mano el proyecto de acuerdo formulado al respecto, el cual se aprobó por la unanimidad de los señores Senadores y Senadoras el día que he señalado.
En virtud de tal acuerdo, todos los miembros de la Comisión de Hacienda presentamos el 5 de septiembre la moción correspondiente, aprobada por unanimidad tanto en ese mismo órgano de trabajo como, posteriormente, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por eso, francamente, cuesta entender la discusión que se ha originado.
Ha pedido la palabra el Ministro señor Huenchumilla.
Señor Presidente , en la última sesión el Ejecutivo planteó su punto de vista en lo relativo al aspecto constitucional. Luego de que la iniciativa fuera examinada por los equipos del Ministerio, presentamos una indicación que a nuestro juicio obviaba problemas de esa índole, la cual fue aprobada unánimemente en la Comisión de Constitución del Senado después del detenido análisis que hicimos del proyecto.
Ahora, respecto de la indicación que se ha formulado aquí, el Ejecutivo no tiene inconveniente en sustituir la frase "poner dicha información a disposición de" las Cámaras, así como tampoco ve obstáculo constitucional alguno en mantener la palabra "examinar", porque, si los señores Senadores se fijan, el inciso termina aclarando que nada de lo dicho con anterioridad puede dar lugar o entenderse como acto de fiscalización. Lo dice expresamente. De esa manera, mediante una interpretación amplia, se salva el peligro de una fiscalización en los términos en que puede efectuarla la Cámara de Diputados e incluso la misma Contraloría General de la República.
Por lo tanto, señor Presidente, pensamos que con la indicación, aun manteniendo la palabra "examinar", es posible resolver la dificultad.
Señor Presidente , ya podríamos votar, sobre todo después de lo que acaba de expresar el señor Ministro .
Quiero decir que quizás los Senadores que no participan habitualmente en la Comisión de Presupuestos desconocen lo que allí ocurre. Por ejemplo, cuando se estudia el presupuesto de algún Ministerio -como el de Educación-, aparecen a veces programas cuyo significado no conocemos con exactitud. Sin embargo, aprobamos cuantiosas sumas de dinero para que puedan llevarse a cabo. Pero, junto con aprobar los programas con su correspondiente financiamiento, generalmente se pide una serie de informaciones que sólo comienzan a llegar durante el transcurso del año. Muchas veces, además, se solicitan periódicamente antecedentes acerca de la marcha de los distintos proyectos. Y eso es lo que queremos examinar durante el año. "Examinar" aquí únicamente significa estudiar, analizar, de ninguna manera "fiscalizar".
Todo el que haya participado alguna vez en la discusión de la Ley de Presupuestos sabe que no tiene ningún sentido solicitar, recibir y sistematizar información, si ello no conduce a un acto de estudio o análisis.
No voy a seguir insistiendo, porque a estas alturas el tema ya está bastante claro.
Por ello, señor Presidente, pido que se vote la indicación.
Señor Presidente, retiro la primera parte de la indicación mediante la cual se elimina la palabra "examinar".
¿Puedo hacer uso de la palabra, señor Presidente ?
Tiene que inscribirse, señor Senador , o pedir una interrupción al próximo inscrito.
Su Honorable colega le concede la interrupción, de manera que Su Señoría puede intervenir.
Deseo abonar el planteamiento de la Senadora señora Matthei en cuanto al significado de las palabras.
Me parece que aquí se ha confundido el término "fiscalizar" con el de "examinar". De acuerdo con el Diccionario -que a veces ayuda-, la voz "fiscalizar" significa "Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien", que no es lo que se está planteando como labor de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. El vocablo "examinar", como bien indica la Honorable señora Matthei , más bien dice relación con la idea de investigar una cosa, y significa "Inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo", que corresponde precisamente a la tarea que se espera del referido organismo. Y mal puede reputarse aquello como acto de fiscalización. Por lo tanto, si se elimina la palabra "examinar", se le cortan las alas a la Comisión.
En cuanto a la segunda parte de la indicación, considero que está mal formulada y, por ende, no se debería votar. Propone sustituir la frase "poner dicha información a disposición de las Comisiones", en circunstancias de que el proyecto no dice eso.
En consecuencia, hay que rechazar la primera parte por estar mal concebida, y la segunda, por mal formulada.
Señor Presidente , aquí se ha hecho un debate bastante extenso sobre lo que significan los distintos términos incluidos en el inciso segundo del artículo único del proyecto.
Si el inciso primero establece que la Comisión Especial tendrá carácter permanente y que su objetivo será hacer un seguimiento de la ejecución del Presupuesto, es obvio que para ese efecto ella deberá solicitar información, pues no podría hacerlo si no conoce lo que está pasando.
Por lo tanto, yo eliminaría dos o tres líneas del inciso segundo y lo redactaría en los siguientes términos: "Para los efectos de realizar el seguimiento, la comisión especial contará con una unidad de asesoría presupuestaria. En caso alguno esta tarea podrá implicar ejercicio de funciones ejecutivas, o afectar las atribuciones propias del Poder Ejecutivo , o realizar actos de fiscalización.". Y, como digo, suprimiría todo lo demás, por obvio. ¿Cómo va a funcionar la Comisión si no recibe información, si no la analiza, si no la sistematiza? ¿Por qué tenemos que decir todo eso en la ley?
Sugiero, por ello, sintetizar la redacción del inciso segundo, pues con sólo señalar que la Comisión actuará en forma permanente y que se dedicará a efectuar un seguimiento del Presupuesto, le estamos fijando su ámbito de atribuciones.
Le hago presente, señor Senador, que la creación de un órgano asesor es propia de una resolución interna del Senado, específicamente de su Comisión de Régimen Interior, pero no es materia de ley. No podríamos crear por ley una comisión asesora. Y si lo hiciéramos, debería ser en conjunto con la Cámara de Diputados.
Pero hoy podemos pedir información sin necesidad de ley.
Eso sí. Pero -repito- la creación de un órgano asesor no requiere de norma legal.
Señor Presidente , quiero hacer un alcance en relación con el concepto "examinar", a pesar de que prácticamente se ha dicho todo sobre el punto.
Me parece que el conflicto es sólo aparente, porque todos están de acuerdo en el carácter permanente de la Comisión Especial de Presupuestos. El problema deriva de la dicotomía entre el Presupuesto y la ley. El primero, como sabemos, nace de una ley que aprueba distintos programas de desarrollo que se ejecutan a lo largo de los años. No es estrictamente un problema que transcurra entre enero y diciembre, que es el período consignado en la ley.
Por consiguiente, forzosamente debe hacerse un seguimiento de los programas a través del tiempo. Y de ahí que se solicite la continuidad de la Comisión Especial, justamente para conocer, en el curso del año, la materialización de los diferentes programas.
Sin embargo, el Parlamento carece de unidades especializadas capaces de informar, no sólo a la Comisión Especial de Presupuestos, sino que a todas las Comisiones, sobre los alcances técnicos de cada proyecto: cómo se materializan en el tiempo, cuáles son sus objetivos, sus efectos económicos y rentabilidad. Sólo contamos con un equipo político que los evalúa desde ese punto de vista, considerando que la política también forma parte de la administración superior del Estado.
Por lo tanto, señor Presidente , si se suprime la palabra "examinar", despojamos al proyecto de su espíritu y toda la esencia de lo que perseguimos, tratando de conocer más de cerca, y en forma permanente, cómo se está materializando el Presupuesto de la nación.
El proyecto tal como está, incluidas la función y la responsabilidad de examinar, es muy consecuente con lo que pretendemos lograr a través del funcionamiento permanente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. A mi juicio, es lo mínimo con que podemos contar si queremos modernizar en alguna forma nuestra Corporación, y es consecuente también con el proyecto de modernización del Estado en que estamos empeñados para agilizar la Administración Pública en función de los recursos y del desarrollo del país.
Señor Presidente , creo que estamos -perdone la expresión- ahogándonos en un vaso de agua.
Un elemental principio de hermenéutica jurídica me lleva a la conclusión de que, en modo alguno, el contenido de esta iniciativa pretende traducirse en el ejercicio de un acto de fiscalización. Lo único que se persigue con él es dotar a esa Comisión Especial de la facultad de seguir funcionando después de terminar su cometido ordinario. ¿Para qué? Para el solo efecto de realizar un seguimiento de ejecución de la Ley de Presupuestos hasta que se constituya la Comisión Especial encargada del estudio del siguiente proyecto de Ley de Presupuestos.
Para efectuar tal seguimiento se autoriza a esa Comisión Permanente para solicitar información acerca de la ejecución presupuestaria, con el objeto, como dice el proyecto, de sistematizarla y examinarla.
Ahora, ¿qué quiere decir la palabra "examinar"? ¿Qué se va a fiscalizar? La fiscalización, como muy bien lo dijo el Senador señor Espina, está especificada y definida en el número 1) del artículo 48 de la Constitución Política, que otorga tal facultad a la Cámara de Diputados. Allí se dice lo que puede hacerse aplicando el acto fiscalizador.
No veo, en consecuencia, dónde puede estar configurado ese acto, ya que la información servirá a la Comisión para que estudie adecuadamente el siguiente proyecto de Ley de Presupuestos. La fiscalización es mucho más que eso. Pedir información es un acto que pueden realizar los Parlamentarios, individualmente considerados. Nunca a nadie se le ha ocurrido que al solicitarla un Parlamentario esté fiscalizando.
La situación me parece absolutamente clara. La facultad que se confiere a la Comisión no puede tomarse como un acto de fiscalización, porque entonces cualquier petición de antecedentes, como dijo un Honorable colega, constituiría fiscalización, y en esa forma no se podría cumplir la tarea de legislar.
Deseo formular la siguiente proposición a la Sala.
He conversado con el Senador señor Boeninger -quien, junto con la Honorable señora Carmen Frei , es autor de la indicación- respecto de la posibilidad de cambiar el término "examinar" por "evaluar".
¡Peor, pues, señor Presidente!
En caso de que no haya acuerdo al respecto, tengo que someter la propuesta a votación. Por lo tanto, se votarán separadamente, primero, la parte que incluye el vocablo "examinar" y, en seguida, la que establece que se deberá poner la información a disposición de las Cámaras o la Comisión Especial; o sólo la Comisión Especial.
Señor Presidente , sólo quiero decir que no tengo inconveniente en retirar de la indicación la parte que propone suprimir la palabra "examinar". No sé si mis Honorables colegas se mostrarán de acuerdo. Yo, por lo menos, estoy dispuesto a retirarla, lo que nos evitará problemas.
¿Está de acuerdo, Honorable señora Frei , en retirar esa expresión?
Veo que Su Señoría desea mantener el término.
Señor Presidente , sólo quiero señalar que estamos frente a una norma que tiene rango de ley orgánica constitucional; por lo tanto, la decisión sobre las indicaciones debe reunir el quórum exigido.
En votación económica la indicación presentada por la Honorable señora Carmen Frei .
--Se rechaza (25 votos contra 6).
En votación económica la segunda parte de la indicación presentada por la Honorable señora Frei y el Senador señor Boeninger .
--En votación económica, se rechaza la segunda parte de la indicación por no reunirse el quórum de aprobación pertinente (12 votos por la afirmativa y 18 por la negativa).
En consecuencia, si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en particular con la misma votación con que lo fue en general (31 votos a favor).
Queda despachada la iniciativa en este trámite.
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados , en las condiciones que indica.
Sesión 29ª, en 11 de septiembre de 2002 (se aprueba en general)
El proyecto fue aprobado en general por el Senado en sesión de 11 de septiembre de 2002. Cuenta con un segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el que, para los efectos reglamentarios, deja constancia de que se aprobaron la indicación número 1 y el numeral 1 de la indicación número 4, y de que se retiraron las indicaciones números 2 y 3 y el numeral 2 de la indicación número 4.
El artículo transitorio no fue objeto de indicación ni de modificación, por lo cual debe darse por aprobado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de nuestro Reglamento.
Las modificaciones efectuadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones al proyecto aprobado en general se consignan en el informe. Fueron acordadas por unanimidad, con excepción de la correspondiente al número 1, nuevo, del artículo único, que suprime el número 3 del artículo 15 de la Ley de Tránsito; dicho número 3 se refiere a la calificación de la idoneidad moral de los postulantes a una licencia de conducir que hayan sido condenados por delitos contra el orden de la familia, la moralidad pública, las personas, la propiedad y contra el orden o la seguridad pública. Esta enmienda fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Cantero, Novoa y Vega; votaron en contra los Senadores señores Muñoz Barra y Pizarro.
Cabe recordar que las modificaciones acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas.
El inciso cuarto del artículo 219 de la Ley de Tránsito, disposición que se propone reemplazar en el número 2 del artículo único del proyecto, tiene el carácter de norma orgánica constitucional y, en consecuencia, requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
La Secretaría elaboró un boletín comparado, dividido en cuatro columnas. La primera consigna los artículos pertinentes de la Ley Nº 18.290, de Tránsito; la segunda, el texto aprobado en general; la tercera, las modificaciones propuestas por la Comisión en su segundo informe, y la cuarta, el texto final como quedaría de aprobarse lo sugerido por dicho órgano técnico.
¿Les parece a Sus Señorías aprobar las disposiciones acordadas por unanimidad en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones?
En la discusión particular se debate artículo por artículo.
Es lo que voy a hacer, si el señor Presidente me lo permite.
De acuerdo con el Reglamento, Su Señoría debe precisar la enmienda sobre la cual desea debate.
La supresión del Nº 3 del artículo 15.
Esa enmienda debe ser sometida a discusión y votación de todas maneras, porque a su respecto no hubo unanimidad.
¿Es ésa la modificación que la Mesa está sometiendo a debate?
No, señor Senador. Tenemos que ir por orden. Cuando lleguemos al número a que se refiere Su Señoría, le otorgaré la palabra.
¿Damos por aprobados las modificaciones acordadas por unanimidad en la Comisión?
Entonces, deberemos ir artículo por artículo.
Solicito votar separadamente la enmienda relativa al artículo 219.
Tiene que votarse en esa forma, señora Senadora , porque requiere quórum de ley orgánica constitucional.
En consecuencia, daríamos por aprobado todo lo acordado por unanimidad en la Comisión, salvo la enmienda referida al artículo 219...
No, señor Presidente . Para entender bien lo que vamos a votar, solicito ir artículo por artículo.
Si le parece la Sala, se dará por aprobado el epígrafe: "Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.290, de Tránsito:".
La enmienda tendiente a suprimir el Nº 3 del artículo 15 de la ya mencionada ley fue aprobada por 3 votos contra 2.
Señor Presidente , la propuesta de suprimir el Nº 3 del artículo 15 de la Ley de Tránsito implica eliminar, para los efectos de la calificación de la idoneidad moral de las personas que postulan a licencia de conducir, lo relativo a los delitos contra el orden de la familia, la moralidad pública, las personas, la propiedad y el orden o la seguridad pública. Ello me parece extraordinariamente delicado, porque se trata, entre otros, de delitos referentes a los abusos sexuales que se pueden cometer en la persona de menores.
Una forma de calificar si alguien puede acceder a tener una licencia que, entre otras posibilidades, le permita conducir vehículos motorizados para el traslado de menores es precisamente la evaluación, al momento de entregarse dicho documento, de si ha sido condenado por ese tipo de conductas.
Ése es un factor que no tenemos por qué marginar. No veo por qué, al evaluarse la idoneidad moral de un postulante a obtener licencia de conducir, no se va a considerar si cometió delitos, por ejemplo, de abusos sexuales, en el caso del orden de la familia; delitos contra las personas; delitos contra la propiedad. Porque podríamos estar en presencia de alguien que asalta habitualmente y ha sido condenado. Ése es un elemento que, a mi juicio, no tiene por qué estar ausente como factor de evaluación al instante de otorgar licencia de conducir.
Me preocupa particularmente el caso de los conductores de vehículos para el transporte escolar. De la manera planteada, quien ha sido condenado por delitos de abusos sexuales contra menores perfectamente el día de mañana podría obtener licencia para aquellos efectos, ignorándose un antecedente tan importante y que puede ser vital en cuanto a la concesión o no del documento habilitante para conducir un vehículo de tal naturaleza.
Pongo ese solo ejemplo.
Me parece que no hay ningún motivo para no tener en consideración tales elementos. ¿Por qué restar información? Mientras más información exista en el sistema normativo público moderno, mejor. Y si la persona estuvo condenada y se le remitió condicionalmente la pena, van a estar los antecedentes. Además, en Chile éstos pueden ser borrados. O sea, tampoco se dispondrá de la información sobre las personas que, habiendo cometido delitos, después de unos años -que no son muchos- solicitan borrar sus antecedentes.
Insisto: no veo ninguna razón para eliminar esa información, que sólo aporta más seguridad respecto de quien va a conducir un vehículo motorizado.
Por eso, me opongo a la derogación planteada.
Señor Presidente , aquí no se trata de tener más o menos información, sino de que a una persona se le puede negar la licencia de conducir por el hecho de que en un momento de su vida cometió un delito; y, obviamente, se supone que ya cumplió la pena, porque si estuviera cumpliéndola no tendría posibilidad de obtener dicho documento.
Entonces, parece una sanción que va a perseguir a una persona de por vida.
Acá se pone el caso de una persona que violó a menores. Pero lo cierto es que el texto legal dice: "Por delitos contra el orden de la familia," -puede ser una cantidad enorme de delitos- "la moralidad pública," -por ejemplo, alguien que se pasea desnudo por la calle, ¿por qué no va a poder tener una licencia?: ¡es menos malo que ande dentro de un vehículo que caminando desnudo por la calle...!- "las personas, la propiedad y contra el orden o la seguridad pública.".
En realidad, no se ve qué razón puede haber para negar la licencia de conducir a una persona que ya cumplió la condena, que puede haberse rehabilitado y que usa aquélla como fuente de trabajo.
Los demás números del artículo 15, para calificar la idoneidad moral en el caso de quienes postulen a una licencia de conducir, dicen estrecha relación al acto mismo de otorgarla: infracciones a la Ley de Alcoholes y a la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes; delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso falso. Allí existe una relación entre la calificación de la idoneidad moral y lo que se está solicitando, que es una licencia de conducir. Lo otro aparece como sanción adicional.
En verdad, no sé si corresponde que una persona sancionada penalmente y que cumplió su condena pueda ser perseguida el resto de sus días por ese hecho.
En todo caso, debo aclarar que esta norma, proveniente de una indicación que presenté yo, fue incluida en el contexto de un proyecto de ley que establece una especie de blanqueo de todas las infracciones del tránsito. Así, resulta muy raro que estemos consagrando una disposición que obliga a borrar los antecedentes de las infracciones del tránsito y, al mismo tiempo, mantengamos un precepto que persigue de por vida a quien cometió un delito que no tiene nada que ver con dicha materia.
Ésa es la razón por la cual presenté la indicación pertinente, que fue aprobada por 3 votos contra 2.
Señor Presidente , coincido con el Senador señor Novoa . Y debo añadir que este proyecto se presentó porque, conforme a la legislación actual -y parece increíble-, en este país se da la paradoja de que quienes cometen un delito pueden borrar sus antecedentes pasado cierto tiempo y, sin embargo, los que incurren en una falta de tránsito, grave o gravísima, quedan de por vida con la anotación respectiva.
En esa misma línea, no concuerdo con quienes han planteado esa especie de estigma para el resto de la existencia de una persona, pues ello nada tiene que ver con la finalidad de la iniciativa en debate. Si alguien comete un delito, es sancionado por esa conducta; pero no se le puede penar además con el impedimento de obtener licencia de conducir. Este proyecto persigue justamente lo contrario. Y, de hecho, la disposición en comento figura en el texto original.
Coincido con el Senador señor Novoa en que una cosa carece de toda relación con la otra.
Si mantenemos tales normas, en la práctica vamos a sancionar dos y tres veces por una misma causal. Y se perjudicará especialmente a los conductores profesionales, quienes manejan 12 horas o más al día y se hallan expuestos a cometer infracciones cuyas anotaciones no pueden borrar nunca más en la vida. Ello no les permite obtener licencia de conducir y, por ende, les imposibilita trabajar.
Me pidió una interrupción el Senador señor Zurita. Se la concedo, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , la disposición en comento es gravísima, porque establece una pena sin delito.
Por ejemplo, el delito de ofensa a la moral tiene determinada sanción en el Código Penal. Y, sin modificar este cuerpo legal, establecemos en la Ley de Tránsito una inhabilidad más que, como bien señaló el Senador Prokurica, perseguirá a la persona durante toda la vida, en contradicción con la norma de perdón absoluto para las infracciones del tránsito gravísimas.
Considero más peligrosa a una persona con moral intachable pero que como chofer constituye un riesgo que a una de moral cuestionable pero excelente como chofer.
Señor Presidente , según expresó el Honorable señor Novoa , hoy día las anotaciones permanecen registradas en los antecedentes de una persona aun cuando haya fallecido. En efecto, cada vez que se requiere información respecto de ella aparecen las anotaciones por infracciones del tránsito.
De otro lado, al discutirse la materia en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, se hizo el planteamiento formulado ahora en la Sala. Y argumentamos que, de acogerse, se estaría sancionando dos veces a una persona por el mismo hecho.
Ahora, entiendo -los abogados lo saben- que las condenas terminan una vez cumplida la sanción. En cambio, en las infracciones a la Ley de Tránsito esa regla prácticamente no se da.
Ésa fue una de las razones por las cuales votamos en el sentido que señala el informe.
Señor Presidente , el Honorable señor Espina me está solicitando una interrupción, y se la concedo con la venia de la Mesa.
Todo el argumento expuesto en el sentido de que estaríamos ante un delito que perseguiría por el resto de la vida a las personas que lo cometieron no tiene nada que ver con lo que dice el texto de la ley, porque se trata de un factor por considerar. La norma vigente no señala que a quien comete el delito de homicidio, e incluso el de violación, le queda prohibido para siempre tener licencia de conducir, sino algo muy razonable: que, como la conducción en determinadas circunstancias involucra el transporte de pasajeros, el que otorga las licencias ha de tener la mayor información respecto del postulante.
No puedo entender, señor Presidente , que en una sociedad donde todo el mundo habla de que debe existir la mayor información posible se quiera ocultarla. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible que quien otorga la licencia conozca cuáles son los antecedentes del solicitante para saber los pros y los contras de su decisión?
La norma no es imperativa; dice "se considerarán".
Y un último argumento, señor Presidente : ¿por qué no se aplican las mismas normas, por ejemplo, respecto del número 1, referente a las infracciones a la Ley de Alcoholes y a la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas? Siguiendo el razonamiento del Senador Novoa, también habría que eliminar dicho número; porque la condena por tráfico de drogas, aunque se haya cumplido, va a perseguir a la persona el resto de la vida. Y lo mismo ocurre respecto del número 4.
Por lo tanto, o se deroga el artículo entero, o se mantiene en su integridad como un elemento de evaluación, para que lo tenga en cuenta quien otorga la licencia.
Me parece que se trata de una información fundamental. No se ve razón para restarla. Por el contrario, debemos contribuir a entregarla.
Doy gracias por la interrupción al Honorable señor Muñoz Barra .
Señor Presidente , sin duda, es esperable que cierto tipo de delitos, por su naturaleza, se repitan. En el caso de la pedofilia, el hechor es una persona básicamente enferma, que comete el delito una y otra vez: no obstante ser condenada y haber cumplido la pena, reincide. Así lo han reconocido diversas legislaciones en el mundo. Y en muchos países, por ejemplo, se coloca frente a la casa del pedófilo una especie letrero donde se informa sobre tal condición de esa persona, básicamente como una forma de alertar a los vecinos y a quienes transitan por ahí para que tengan cuidado con sus niños. Resulta terrible, pero así es. Porque puede parecer espantoso que a una persona la persiga esa condición; empero, si ello no se da a conocer al resto de la sociedad, se pone en grave peligro a familias que a lo mejor no tienen idea del peligro que aquélla representa.
En la Cuarta Región he debido hablar con familias que sufrieron ataques de un pedófilo que fue hallado culpable y condenado en un juicio oral penal, pero "anda suelto". Y sucede que ya ha agredido al menos a cuatro niños.
Aquél es un delito que arruina la vida a mucha gente. Sin embargo, me parece que éste no es el lugar donde uno debe abordar esos problemas. Porque a lo mejor vamos a impedir que ese individuo maneje un furgón donde se transporta a niños, pero no que lo contraten, por ejemplo, de portero en un colegio.
Por lo tanto, si deseamos proteger a la sociedad de alguien con inclinaciones como aquélla y que puede causar mucho perjuicio a las familias que deben afrontar ese tipo de delitos, lo lógico es despachar una ley que aborde la materia en plenitud, en todos los aspectos de la vida. Porque no tiene sentido alguno impedir a alguien que maneje y, por otra parte, posibilitar que se le borren ciertos antecedentes para que pueda ser contratado -según dije antes- como portero en un colegio, situación que se ha dado efectivamente.
Entonces, si bien soy partidaria de aprobar la sugerencia de la Comisión, insto a que nos preocupemos de la cuestión de fondo. Frente a personas con rasgos psiquiátricos que envuelven la capacidad de hacer muchísimo daño, de alguna manera la sociedad debe estar alerta y saber de la situación para tener la posibilidad de defenderse.
En el caso de La Serena que relaté, se trata de una persona que goza de muy buena situación económica; que consiguió acallar absolutamente en los diarios locales los horrores que ha causado, y que, aun cuando en dicha ciudad se sepa lo acontecido, se va a trasladar a Coquimbo, a Ovalle o a Santiago, y volverá a las andanzas, porque ése ha sido su comportamiento de toda una vida.
En consecuencia, la cuestión estriba en determinar si queremos o no dejar a la sociedad indefensa frente a ese tipo de personas. Yo no lo quiero. Pero también considero absurdo tratar el problema sólo a propósito de la situación expuesta en la Sala, porque hay muchos otros ámbitos en que ellas pueden hacer daño.
Señor Presidente , no me parece que la materia sea tan compleja, porque estamos tratando de blanquear -por así decirlo- la licencia de conducir, que hoy día es prácticamente un carné de identidad para todos los ciudadanos.
Manejar vehículos es, en realidad, para el 90 por ciento de los conductores, parte de su profesión y quehacer diario. Obviamente, habrá aspectos negativos puntuales, como los relativos a los pedófilos o a quienes cometen delitos contra el orden de la familia, etcétera.
Me pronuncié a favor de esta modificación porque estimo sumamente complejo y abstracto definir de manera específica cuándo y cómo aplicar una condena a quien ya la cumplió, en circunstancias de que generalmente se trata de profesionales que necesitan obtener licencia de conducir.
Por supuesto, los casos puntuales atinentes a delitos perpetrados contra el orden de la familia deben ser materia de otra ley. De modo que concuerdo con la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que esa situación debería ser definida en otro proyecto.
Deben establecerse disposiciones específicas en cuanto a otorgamiento de licencias de conducir por los directores del tránsito. La incorporación de preceptos tan abstractos y ambiguos traería como consecuencia una aplicación distinta a lo largo del país. Habría confusión: la obtención del documento dependería de quien sea el director del tránsito y de sus vinculaciones con los solicitantes. En fin, habría diferencias e inequidades bastante desagradables.
Por esa razón, anuncio que votaré favorablemente la enmienda.
Además, estimo conveniente el proyecto.
Señor Presidente , esta modificación no me satisface -a pesar de que la respaldaron personas cuyos argumentos generalmente convencen-, por tres razones fundamentales.
En primer lugar, se trata de una disposición vigente durante casi 20 años. Llevo 13 años en el Parlamento y me han presentado reclamos por unas 400 leyes, pero nunca por ésta. O sea, esto demuestra claramente que no estamos frente a un problema real que dificulte la obtención de determinado documento, sino, más bien, ante un factor a considerar para los efectos de entregarlo. Al igual que muchas otras normas, en la aprobación o rechazo de las solicitudes se ponderaría la eventual comisión de delitos contra el orden de la familia o específicos en el ámbito sexual, como recién se ha señalado. Hay voces que estiman gravísima esta situación. No creo que lo sea. La norma rige desde hace 20 años y no ha originado efectos negativos; probablemente, por el contrario, han sido positivos. Por tanto, no se ve razón suficiente para cambiarla.
En segundo término, sería válido el argumento de que se constituiría una especie de segunda condena si se quisiera suprimir el artículo completo, pero no sólo un número. Con esta lógica, habría que modificar también las leyes de Alcoholes, de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y las relativas al robo de automóviles o a los permisos de circulación falsos, porque todas llevarían aparejadas esta especie de sanción. No creo que sea una condena, sino un elemento a considerar. Y en la medida en que lo sea y se permita que el criterio de las personas decida en uno u otro sentido, no cabe suprimir el precepto.
Por último, la idea de eliminar las anotaciones en el Registro de Conductores no tiene mucho que ver con esto. Creo que es una idea que ni siquiera se vio en la Cámara de Diputados, instancia que entendió el proyecto de manera distinta y lo aprobó en ese sentido.
No me cabe duda de que esta proposición es bien intencionada, pero tiende a dejar sin efecto un elemento de juicio asimilable a otros que se mantienen y que son importantes.
Por eso, señor Presidente, soy contrario a la modificación.
Señor Presidente, ya se ha dicho que esta norma constituye una pena respecto de algo ya sancionado. Y nadie puede ser condenado dos veces por la misma conducta.
Además, habría otro aspecto bastante grave: se faculta al director del tránsito para que, considerando los delitos que señala la ley, apruebe o rechace la solicitud de licencia de conducir. Es decir, se trata de una facultad discrecional que puede prestarse para todo tipo de injusticias. No me parece algo objetivo o que pueda solucionar algún problema. Por el contrario, agrava la situación de personas a las que, habiendo cumplido sus penas, la sociedad continúa castigando.
El hecho de que una autoridad del tránsito se halle facultada para otorgar licencias de conducir a unas personas y a otras no, aunque las condenas ya estén cumplidas, puede prestarse para todo tipo de corruptelas, arbitrariedades e injusticias, incluso si se ha actuado con probidad.
Además, estoy cierto de que los criterios con que se aplicará esta atribución variarán de una comuna a otra. Y esto también puede prestarse para todo tipo de abusos.
Por esa razón, estoy de acuerdo con la enmienda propuesta por la Comisión.
Señor Presidente , quiero señalar algo muy simple.
Me parece que la modificación es de toda lógica. Se trata de la calificación de idoneidad moral de las personas por el director del tránsito de la municipalidad, con el objeto de determinar si procede aprobar o rechazar la solicitud de licencia de conducir. Y las razones de una negativa deben guardar relación con el acto de conducir y no con la idoneidad moral de los conductores. Y me parece que esa autoridad no está capacitada para definir esta última. Si ésa fuera su función, obviamente también habría que considerar los delitos contra la familia, la moralidad pública, las personas, la propiedad, etcétera. Lo único que debe tomarse en cuenta es que la idoneidad moral sea apta para conducir. Y en ese sentido, los otros tres casos son relevantes para determinar, por ejemplo, la infracción de la Ley de Alcoholes por conducir en estado de ebriedad o drogado, y la perpetración de un delito o cuasi delito por conducir con licencia de conductor, boleta de citación, etcétera, falsos. Todos estas conductas tienen que ver con la idoneidad moral para conducir. Y no se está haciendo un juicio sobre la idoneidad moral de las personas.
Por tal motivo, el número 3 del artículo 15 está absolutamente de más.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, el último inscrito.
Señor Presidente , me parece bastante pertinente esta moción de varios señores Diputados, entre otros, el ahora Senador señor Prokurica .
¿Por qué se presentó este proyecto? No me cabe duda de que a Su Señoría le ha ocurrido lo mismo que a nosotros. Muchas personas nos han dicho: "¡Cuando fui a sacar licencia de conducir, me mostraron una sábana de tres páginas con anotaciones de infracciones de hace veinte o treinta años!" Entonces, ¿cuál es el motivo para no reducir el tiempo y limitarse a las anotaciones de los últimos cinco años o, simplemente, a mantener un resumen de ellas?
La norma se refiere a las infracciones a la Ley de Tránsito y no a delitos. Éstos quedan registrados en el certificado de antecedentes.
Por lo tanto, la modificación es altamente pertinente y práctica, y sin duda alguna ayudará a muchas personas a liberarse de una tremenda lista de infracciones que seguramente cometieron en su juventud.
Por otra parte, cabe destacar que el director del tránsito no tiene facultades para negar el otorgamiento de este tipo de documentos. Si se cumplieron las sanciones y se pagaron las multas, solamente quedan los antecedentes de ello. De manera que esa autoridad no puede rechazar la entrega de la licencia de conducir.
En suma, estoy totalmente de acuerdo con la enmienda propuesta por la Comisión.
Considerando que la aprobación de la siguiente proposición requiere quórum de ley orgánica constitucional, de inmediato pongo en votación económica la modificación que suprime el Nº 3 del artículo 15 de la Ley de Tránsito.
El Honorable señor Ávila se abstiene.
El voto del Senador señor Martínez se agrega a la aprobación.
--Se aprueba (24 votos contra 7 y una abstención).
En el número 2, la Comisión, por unanimidad, propone reemplazar el artículo 219 por otro, en el cual ha sido sustituido el inciso primero y cuyo inciso cuarto es de rango orgánico constitucional.
--Se aprueba por unanimidad, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emiten pronunciamiento favorable 29 señores Senadores.
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 19.479, sobre gestión y personal del Servicio Nacional de Aduanas, con informe de la Comisión de Hacienda.
En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
Señor Presidente , conforme al Reglamento, pido segunda discusión.
Comunico a la Sala que el Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes ha pedido, en virtud del artículo 83 del Reglamento, que el próximo 15 de abril se rinda homenaje en memoria del fallecido Senador señor Jaime Guzmán.
Propongo hacerlo al comienzo del Orden del Día de esa sesión, ya que en ella se discutirá el proyecto que modifica la Ley de Alcoholes.
De los señores CANESSA, CORDERO, GARCÍA, PROKURICA, STANGE y VEGA:
Al señor Contralor General de la República y al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales , sobre REMOCIÓN DE MONUMENTOS PÚBLICOS POR ALCALDE DE CURARREHUE (NOVENA REGIÓN).
A la señora Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos de Antofagasta , respecto de MODIFICACIÓN DE VALOR DE TERRENO DE PLAYA DE CONCESIÓN MARÍTIMA CALETA HUÁSCAR.
Al señor Ministro de Salud , acerca de OFICIOS NO RESPONDIDOS POR DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE, IMPLANTACIÓN DE CUARTO TURNO EN HOSPITAL DE VICTORIA y SERVICIO DE URGENCIA EN HOSPITAL DE ANGOL.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes de la Novena Región , relativo a PROHIBICIÓN DE ESTACIONAR EN CALLE O`HIGGINS, ANGOL
Al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Angol , atinente a CRISIS PRESUPUESTARIA DE CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL.
A Su Excelencia el Presidente de la República, con relación a FERIADO DE FUNCIONARIOS DE MAGALLANES.
Al señor Ministro de Economía , concerniente a MEDICIÓN DE EMPLEO POR INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS.
A los señores Ministros de Obras Públicas , Defensa Nacional, Justicia, Salud, Trabajo y Educación, para REITERACIÓN DE OFICIOS NO RESPONDIDOS.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , referente a ACTUACIÓN DE SOCIEDAD INMOBILIARIA DIEGO PORTALES LTDA. (QUINTA REGIÓN).
Al señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio , tocante a COMPRA DE EQUIPO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIALIDAD OFTALMOLÓGICA.
Señor Presidente , del oficio Nº 21.421, de 12 de diciembre de 2002, consta que lo que solicité fueron las copias de todos los contratos de inversión "materializada" realizados por el grupo Exxon en la Compañía Minera Disputada de Las Condes S. A. y por Anglo American para la compra de Disputada. Pero lo que el Comité de Inversiones Extranjeras me ha enviado es la inversión autorizada. Ésa también es una información valiosa, mas lo que se necesita saber es la inversión efectivamente ingresada o materializada, con el siguiente detalle:
1) Aportes de capital en Disputada. Cuáles son los montos y la fecha en que se internaron y materializaron, tanto en moneda extranjera como en bienes de capital, indicándose la entidad que los concretó. Además, sobre esa base, deseo conocer cuáles fueron, desde 1978 hasta 2003, los respectivos dividendos, capitales y utilidades remesados al exterior y la fecha en que se efectuaron.
2) Créditos asociados a Disputada. Cuáles son los montos y las fechas de los créditos asociados a la inversión que fueron internados y materializados, la tasa de interés y las comisiones por cada uno de ellos, y la respectiva entidad prestadora. A partir de los respectivos créditos, deseo conocer los montos y las fechas de los intereses remesados a las respectivas instituciones prestadoras, desde 1978 hasta que Exxon vendió Disputada.
3) Anglo American . La inversión materializada de este grupo para la compra de Disputada, con el mismo detalle anterior en relación con aportes de capital, créditos asociados, tasa y comisiones del crédito.
Al leer los contratos enviados, se desprende que para materializar su inversión el inversor extranjero no debe firmar un nuevo contrato. Pero, a pesar de ello, el Comité debe de contar con algún documento que certifique que tal monto se ha materializado efectivamente, y otros deben de reflejar las cantidades remesadas al exterior por el pago de intereses, retiro de utilidades, de dividendos o capital retirado, puesto que de otro modo no se estaría cumpliendo con las atribuciones que entrega al Comité el artículo 15 del decreto ley Nº 600.
Si insisto en mayores precisiones y/o documentación, es porque el ordinario Nº 276, de 19 de agosto de 2002, que se me remitió contiene información que no cuadra, puesto que dice que los aportes de capital de Exxon llegan a mil 45 millones 314 mil 285 dólares, con 35 centavos, y que los créditos asociados ascienden a la cantidad de mil 320 millones de dólares. Pero esas cifras globales no corresponden con el detalle que las acompaña. En efecto, sumándose cada uno de los aportes de capital, alcanzan a mil 232 millones 635 mil 4 dólares, lo que es superior en 187 millones 320 mil 719 dólares, que podrían corresponder a los 187 millones 906 mil 140 dólares ingresados en 1978. Ello, a menos que esos 187 millones no sean aportes de capital, sino créditos asociados, pero en ese caso la suma de créditos pasaría de mil 320 millones a mil 507 millones de dólares, lo que tampoco cuadraría. Además, las cifras que se me entregan en el oficio tampoco corresponden con el oficio Nº 56, de 14 de marzo de 2000, que el Fiscal del Comité , señor Juan Banderas Casanova , envió al Senado.
La precisión en cuanto a los aportes de capital es muy importante, puesto que, según la resolución Nº 26/12, de 11 de febrero de 2003, del Director Nacional subrogante del Servicio de Impuestos Internos, ese organismo, para determinar el impuesto a las ganancias del capital por la venta de Disputada , se basó en la información entregada por el Comité, de mil 45 millones de dólares de aportes de capital. Al respecto, es necesario también señalar al Comité de Inversiones Extranjeras que el capital de Disputada asciende solamente a 466 millones de dólares, según escritura pública de 2 de noviembre de 1998, otorgada en la notaría de don Jaime Morandé . Es decir, nada cuadra, y las diferencias implican una mayor o menor tributación a la renta de varias decenas de millones de dólares.
Finalmente, deseo conocer del Comité de Inversiones Extranjeras, a través de la señorita Karen Poniachik , en qué estado se encuentra el juicio iniciado en 1996 por Exxon y Disputada contra el Estado, y que se me envíen los números de rol de esa causa tanto en el Octavo Juzgado Civil como en las instancias superiores.
Quisiera también, señor Presidente , que se remita un oficio al señor Director de Impuestos Internos , porque es curiosa y me sorprende la resolución Nº 26/12, de 11 de febrero de 2003 -firmada por el señor Benjamín Schutz García , subrogante en ese cargo-, en respuesta al oficio Nº 698, de 27 de enero de 2003, enviado a petición del Senador que habla. Y lo expongo por las siguientes razones.
En el punto 2 se dice que, de acuerdo con la información entregada por el Comité de Inversiones Extranjeras, en adelante el Comité, la inversión efectivamente materializada en Disputada alcanza a mil 45 millones de dólares. Lo curioso es que el Servicio de Impuestos Internos se base en información del referido Comité, no obstante que obligatoriamente debe fiscalizar la inversión extranjera en La Disputada.
Además, dicho organismo ha entregado diferentes informaciones sobre la inversión de Exxon en La Disputada al amparo del DL Nº 600. Y en lo que dice relación específicamente al aporte de capital, si bien se entrega un monto global de mil 45 millones de dólares, el detalle de cada uno de estos aportes suman mil 232 millones de dólares, cifras ambas que en nada corresponden al capital que figura en los balances presentados al Servicio de Impuestos Internos.
Estas diferencias deberían constituir razones más que suficientes para que esa repartición hubiese realizado una rigurosa fiscalización de las inversiones del grupo Exxon en La Disputada, tanto de los aportes de capital como de los créditos asociados y su relación con los intereses remesados en base a las tasas de interés pactadas. Todo esto está relacionado y debe estar perfectamente balanceado y justificado.
En el punto 3 de la respuesta en comento, se reconoce que La Disputada fue vendida en mil 300 millones de dólares, pero que el valor efectivo de la compra es una suma inferior. ¡Esta explicación es realmente inaudita! Porque, por un lado, el Servicio de Impuestos Internos nos dice que el precio de venta es mil 300 millones de dólares -valor que se conoce públicamente y que es, además, el que ExxonMobil declaró en la contestación a la demanda de ENAMI en el juicio Rol Nº 2595-2002, del Tercer Juzgado Civil de Santiago -; y por otro, señala que ése no fue el precio de venta, sino que uno inferior, "producto de la disminución del valor de los créditos vigentes en la compañía minera, a la fecha de la enajenación".
Esta respuesta no corresponde a nuestra legislación sobre la materia, puesto que al momento de efectuar el pago, si del precio de venta se descuenta un crédito o cualquier otro ítem, ello no puede alterar el valor de enajenación de los derechos sociales. En consecuencia, si el grupo Exxon tenía una deuda con Anglo American , que se descontó del precio, ello no puede tener absolutamente ninguna incidencia en el valor de venta de los derechos sociales, puesto que, únicamente a partir de éste se determina la base tributable.
Por otro lado, según lo informado por el Comité de Inversiones Extranjeras, los créditos asociados vigentes de La Disputada con el grupo Exxon llegan a 282 millones de dólares, por lo que si ésos son los créditos que se tuvieron en cuenta, en lugar de restarse, debieron sumarse al precio de venta de los derechos sociales, ascendiendo a mil 582 millones de dólares, por lo que la tributación debería haber alcanzado los 187 millones de dólares, muy lejos de los 27 millones sobre los que se habría transado.
Ahora, si por alguna extraña y desconocida razón, esa deuda de 282 millones con Exxon, en vez de agregarse, se descontó del precio de venta, la enajenación tendría un resultado negativo y Exxon no debió pagar un solo dólar de impuesto a la renta por la transacción de sus derechos sociales en La Disputada.
Si he solicitado aclaraciones al Comité de Inversiones Extranjeras, al Ministerio de Minería y al Servicio de Impuestos Internos, e informado de ello al Presidente de la República , no es por pura curiosidad intelectual, sino porque en esta operación hay involucrados decenas de millones de dólares que Exxon no estaría pagando.
Por tal razón, en tanto sea Senador de la República , solicito y exijo que se entregue la información que corresponde, con seriedad y responsabilidad, puesto que la respuesta parcial de la resolución Nº 26/12, más que información, parece desinformación.
Finalmente, señor Presidente , tenía intenciones de enviar una carta a don Carlos Massad ; sin embargo, ignoro si continuará como Presidente interino o quién lo subrogará. En todo caso, lo que deseo comunicar al Presidente del Banco Central es lo siguiente.
El Comité de Inversiones Extranjeras me ha enviado copia de algunos contratos, al amparo del DL Nº 600, realizados por el grupo Exxon en la Compañía Minera La Disputada de Las Condes S.A., pero no pudo remitir los datos de la inversión efectivamente ingresada o materializada, porque el Instituto Emisor es quien conoce, de primera fuente, tal información, ya que todos los aportes de capital y créditos que han sido internados y materializados por contratos de inversión extrajera gracias al DL Nº 600 deben ser informados y autorizados por el Banco Central, así como todas las divisas que se remesen por esas inversiones, ya sea por concepto de capital, utilidades o intereses de créditos.
Quiero advertir lo grave que resulta que información tan relevante como ésta, obtenida de tres organismos del Estado (el Comité de Inversiones Extranjeras, el Servicio de Impuestos Internos y el Banco Central) no cuadre, siendo distinta en cada caso. Y también lo es que estas entidades, que deben incidir en los resultados operacionales de estas empresas, mantengan reserva de los datos y no se comuniquen entre sí, no pudiendo materializarse una correcta información.
Lo primero que debería existir en el Estado ¡es coordinación!, a lo menos en aspectos tan importantes como son los de la principal riqueza de Chile, que es el cobre, para saber si la inversión declarada realmente se ha materializado y si la cantidad retirada después de vendida La Disputada es la que efectivamente se ha determinado, cifras que muchas veces -como digo- no cuadran con las entregadas por cada uno de estos organismos estatales.
Desde 1978 hasta 2002, el grupo Exxon realizó diversos contratos de inversión extranjera destinados a la Compañía Minera La Disputada de las Condes S.A. Una parte de ellos se materializó en forma de aportes de capital y otra, de créditos asociados a la inversión extranjera.
Por tal motivo, deseo solicitar al señor Presidente del Banco Central la siguiente información:
1) Aportes de Capital: cuáles son los montos y la fecha en que se internaron y fueron autorizados por el Instituto Emisor, tanto en moneda extrajera como en bienes de capital, indicando la entidad que los aportó. Además, en base a esos aportes, deseo conocer cuáles fueron, desde 1978, los respectivos dividendos, capitales y utilidades remesadas al exterior, y la fecha en que ellos se efectuaron.
2) Créditos asociados: cuáles son los montos y las fechas de los créditos asociados a la inversión, que fueron ingresados con autorización del Banco Central, la tasa de interés y las comisiones por cada uno de esos créditos y la respectiva entidad prestadora. En base a esos créditos, deseo conocer también los montos y las fechas de los intereses remesados a las respectivas instituciones prestadoras, desde 1978 hasta que Exxon vendió La Disputada, y, finalmente, a cuánto ascienden los créditos del grupo Exxon al momento de dicha venta.
Además, me permito solicitar al Banco Central el mismo tipo de antecedentes respecto de la inversión materializada por el grupo Anglo American para la compra de La Disputada.
Señor Presidente , estoy señalando hechos de extraordinario interés para el bien público, que han sido desconocidos en cada una de estas negociaciones. Lo que me parece más grave es que esta espectacular negociación que hizo la Exxon con una filial en Chile que declaró pérdidas durante 24 años, de la cual se señala que se vendió en mil 300 millones de dólares y que, por la diferencia entre el capital y el aumento del mismo, lo que tendría que pagarse en la venta serían 300 millones de dólares por concepto de impuesto, finalmente llega a escuálidos 27 millones de dólares. Esta suma constituiría todo el aporte al Fisco que logra hacer la Exxon por el traspaso de La Disputada de Las Condes a la Anglo American.
Me parece que el Senado debe conocer con absoluta claridad y transparencia esas colosales cantidades de recursos que se transan de manera tan poco transparente.
Sin perjuicio de lo anterior, señor Presidente , pido que los antecedentes señalados se envíen en forma particularizada a las instituciones que indiqué -Servicio de Impuestos Internos, Comité de Inversiones Extranjeras y Banco Central-, como asimismo, al señor Ministro de Minería, a COCHILCO y a Su Excelencia el Presidente de la República .
En el turno del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , voy a referirme al proyecto de modificación de la Ley de Alcoholes, que ha sido analizado por distintas Comisiones y que el Senado tratará en particular en las próximas semanas.
Aparte la opinión que respecto de cada tema haré presente durante el análisis pormenorizado de los diferentes artículos, quiero formular un planteamiento general al respecto.
La reforma de esa ley refleja una inquietud legítima frente a un problema real, cual es el aumento del consumo excesivo de alcohol. Según el Estudio Nacional sobre el Consumo de Drogas en Chile, realizado por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) en los años 1994, 1996, 1998 y 2000, el consumo de alcohol en el ámbito nacional ha ido subiendo sistemáticamente, tanto en términos anuales como mensuales. Así, los encuestados que habían consumido alcohol en el mes anterior representaban el 40 por ciento en 1994, pero se habían incrementado a 53 por ciento en el 2000.
Tengo aquí un cuadro sobre "Prevalencia de consumo de alcohol en la población general", y otro denominado "Prevalencia de consumo de alcohol en la población escolar". Agradecería al señor Presidente que con posterioridad autorizara su inclusión en el texto de mi discurso, porque son ilustrativos para el conocimiento de la materia.
--El primer cuadro cuya inserción se autoriza más adelante es el siguiente:
Los negativos efectos de ese incremento no requieren mayor análisis. Obviamente, alcanzan a la vida individual de quienes caen en adicción, a sus familias, a sus vecinos y a la sociedad en general. Y afecta a esta última, porque en muchos casos debe aportar recursos para la atención de enfermedades derivadas de la adicción. Peor aún, los estudios internacionales y nacionales muestran una relación entre alcohol y delincuencia. La investigación indica un porcentaje significativo de casos en los cuales los delincuentes, las víctimas, o ambos, se encontraban bajo la influencia del alcohol al cometerse el delito.
Cabe anotar, sin embargo, para observar un estricto rigor científico, que aún existe poca evidencia técnica sobre el papel preciso que esa sustancia tiene en el comportamiento criminal. Ella muestra correlación entre el consumo de alcohol y la comisión de delitos, pero no es suficiente para establecer una relación causa-efecto.
No todas las personas que beben muestran comportamientos ilegales. Hay circunstancias que deben darse en forma simultánea para que ocurra el delito y el consumo de alcohol es sólo una de ellas. Tales condiciones incluyen: un agresor en potencia, una probable víctima y falta de vigilancia, además de ciertos factores situacionales como el ambiente, la cultura, la condición social y la personalidad, que inciden conjuntamente en la gestación del comportamiento delictivo. Sus causas pueden tener raíces comunes.
Además, aun cuando se estableciera que una persona se encontraba bajo la influencia del alcohol en el momento de cometer una falta o delito, eso no prueba que se hubiera cometido como consecuencia de tal influencia. Tampoco se puede tener certeza de que el delito no se habría cometido de no haber mediado consumo de alcohol.
En todo caso, una mayor proporción de personas arrestadas bajo la influencia del alcohol no prueba necesariamente que ellas cometan más delitos, sino sólo que son más susceptibles de ser capturadas.
Aun así, existen estadísticas de asociación entre determinados delitos y el consumo de alcohol. El estado de temperancia de los delincuentes al momento de ser aprehendidos puede ser considerado como uno de los índices en esta materia. El porcentaje de delitos cometidos bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad en Chile entre 1992 y 2001 fue superior en 8 de los 9 delitos contenidos en el Anuario de Estadísticas Criminales de la Fundación Paz Ciudadana.
Por otra parte, según el Estudio Nacional sobre Drogas en Población Escolar de Chile realizado por CONACE en 1995, 1997, 1999 y 2001, el consumo juvenil de alcohol en el ámbito nacional ha tenido un comportamiento similar al de la población general: en 1994, 36 por ciento de los escolares declaraba haber bebido durante el mes anterior; en 2000, lo hacía 39 por ciento de ellos. Entre los mismos años, sin embargo, la prevalencia anual arrojaba una disminución en el último período.
--El segundo cuadro cuya inserción se autoriza más adelante es el siguiente:
Asimismo, según el Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Chile elaborado por CONACE en 1994, 1996, 1998 y 2000, la edad de inicio en el consumo de alcohol entre la población general exhibe un leve aumento en el tiempo.
Los datos anteriores, que son sólo algunos de la muy copiosa información existente, estudiada y disponible, muestran que estamos frente a un problema grave y extraordinariamente complejo.
Esa complejidad aconseja no precipitarse a soluciones simplistas, en la línea de meras prohibiciones de expendio, o a fijar mayores sanciones a los infractores de las normas vigentes o de las nuevas que se dicten.
Los estudios internacionales y nacionales, así como la evidencia empírica mundial, indican que esa línea de acción sólo conduce a nuevas situaciones delictivas, específicamente mercado negro, mafias traficantes y toda la delincuencia correlacionada.
En el evento de que se pretendiere establecer nuevas normas de corte rigurosamente prohibicionista y sancionador, cabría recordar que ni Chile ni ninguna otra nación dispone de medios policiales suficientes para hacerlas cumplir en plenitud, o de recursos penitenciarios para el cumplimiento de las sentencias privativas de libertad. Unos y otros, como se sabe, son de muy alto costo económico y ambos enfrentan hoy un severo déficit. El prohibicionismo contra el alcohol sólo lo agravaría, incrementando la percepción de incumplimiento de la ley. Además, dado que nuestro país carece hoy de un sistema eficaz de penas alternativas a la reclusión, la opción de aplicarlas -normalmente queda entregado a la judicatura local, en la experiencia comparada- tampoco es realista.
Igualmente, desde la perspectiva sanitaria, las políticas meramente prohibicionistas inducen a la rebaja en la calidad de los alcoholes y en su higiene, así como al alza en contenidos tóxicos, habitualmente asociados a la destilación clandestina.
También desde el punto de vista de la salud pública resulta inadecuada una política meramente prohibicionista, pues rebaja los niveles de salud y eleva los costos de atención.
Cuando hablo de una política meramente prohibicionista no descarto la posibilidad de que puedan existir ciertas normas tendientes a restringir la venta y consumo de alcohol o el ingreso de menores a determinados establecimientos.
En consecuencia, el problema de abuso en el consumo de alcohol debe abordarse, en primer lugar, como un asunto de política educacional. Los recursos que el Estado destine a la prevención de ese abuso mediante la educación representará, a la luz de todos los estudios internacionales, la inversión socialmente más productiva de todas.
Para ello, el Ejecutivo dispone de amplias atribuciones en los ámbitos educacional, de prevención de salud y de las comunicaciones. Un programa masivo y permanente en esta línea contaría, sin duda, con el más completo respaldo político y ciudadano, así como, previsiblemente, con la colaboración del sector privado.
En segundo término, el problema del abuso en el consumo de alcohol debe enfrentarse como un asunto de política de salud, de rehabilitación respecto del segmento de población que ya esté sujeto a la adicción. En este campo el Estado cuenta también con amplias atribuciones y posibilidades.
La rentabilidad social tiende a ser menor en el caso de la rehabilitación porque sus costos suelen ser proporcionalmente mayores, sus resultados son inciertos y no se pueden eliminar los daños ya producidos. Sin embargo, el atender a este aspecto constituye una obligación humanitaria y también sanitaria. Debe destacarse que las acciones en esta esfera no tienen efectos colaterales indeseables, como sí acontece con aquellas de prohibición y sanción.
Hasta ahora, lo obrado por el Estado en estos dos campos -el de prevención y el de rehabilitación- es apenas incipiente y no sistemático.
No basta con prohibir la venta de alcohol a menores: es necesario esforzarse para que éstos no quieran comprarlo para abusar de su consumo. Ello sólo se puede lograr con una educación orientada a ese preciso efecto. De otro modo, lo que tendremos será más mercado negro para menores.
Sin educación, la sola prohibición legal de expendios no tendrá más efectos que hacer proliferar las ventas clandestinas, que son las peores.
En conclusión, cabe apoyar los perfeccionamientos respecto de la normativa vigente, pero el camino conducente para abordar este problema no puede ignorar lo que muestran la experiencia mundial y nacional. Sería muy contraproducente que el esfuerzo legislativo olvidase sus limitaciones en esta materia y pretendiera imponer una situación irreal, incumplible y multiplicadamente costosa en lo social y económico.
Se incluirán en la Versión Taquigráfica los cuadros estadísticos a que se refirió Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Stange en los doce minutos que restan al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
Señor Presidente , por todos es conocida la importancia que reviste para el país la instauración y el funcionamiento normal de la reforma educacional, específicamente en lo relacionado con la jornada escolar completa.
Esos esfuerzos, sumados a la intención aprobada recientemente en el Senado de entregar doce años de escolaridad a todos los niños chilenos, me parecen una buena iniciativa, a pesar de que en diversas oportunidades he expresado mis reparos no a la idea, sino a la forma en que se está efectuando.
Por eso, llama la atención la carta de un apoderado de la Escuela Nº 7, "Árabe-Siria", de la comuna de Puerto Montt, Décima Región, publicada el domingo 30 de marzo en el diario local "El Llanquihue", en la página A-4, sección "Cartas". En ella informa que, no obstante tratarse de un establecimiento educacional municipalizado, se le hizo llegar una circular donde se especifica el horario de la jornada escolar completa; que los alumnos dispondrán de una hora para su colación, y que para una mejor organización les solicitaron marcar una preferencia respecto de los siguientes puntos:
1.- Alumno que irá a su casa para almorzar (sólo si vive cerca del establecimiento);
2.- Estudiante que almorzará en la escuela (valor: 390 pesos, cantidad que debe ser cancelada con anticipación a una empresa concesionaria de la JUNAEB);
3.- Alumnos que traerán la colación todos los días desde su casa (en caso de olvido, no se permitirá a los apoderados llevarla a la escuela).
Sin embargo, tanto al apoderado que informa de esa situación como al Senador que habla nos surgen interrogantes.
Primero, la jornada escolar completa, específicamente en establecimientos municipalizados, a la que por general acuden niños de escasos recursos, ¿no dispone la entrega de almuerzo para ellos?
Segundo, ¿cómo los alumnos de escasos recursos van a pagar los 390 pesos diarios, los que, multiplicados por 25, dan un total de 9 mil 750 mensuales?
Tercero, ¿es preferible que los niños no coman nada en toda la jornada de clases en lugar de que sus padres puedan llevarles una colación?
Lo descrito me parece una situación irregular, pues mientras todos esperamos que cada día más personas obtengan educación, estas normas sólo harán -espero equivocarme- que aumente la deserción escolar, por cuanto no podemos desconocer que uno de los grandes incentivos de las familias de escasos recursos para que sus hijos asistan a las escuelas es la opción de que cuenten con almuerzo que, en muchos casos, suele ser para ellos el único alimento del día.
Consecuente con lo anterior, solicito al señor Presidente del Senado que se oficie, en mi nombre, al Ministro de Educación señor Sergio Bitar , para que se sirva informar a esta Corporación las razones por las cuales la JUNAEB Décima Región dispuso cobrar la colación en el mencionado establecimiento educacional, y si ésta será una norma que comenzará a regir en todos los establecimientos municipalizados del país; al Intendente de la Décima Región de Los Lagos , señor Patricio Vallespín , a objeto de que dé cuenta de las comunas que posiblemente se verán afectadas por esta disposición y la forma en que el gobierno regional hará frente a tal situación; al Alcalde de Puerto Montt , señor Rabindranath Quinteros Lara , a fin de que precise lo que está sucediendo en esa escuela y a cuántas más de la comuna afectará esa norma.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
Señor Presidente , a raíz de los últimos hechos ocurridos en el país vinculados con lo acontecido en el campo internacional, quisiera compartir algunas inquietudes.
La principal de ellas apunta, básicamente, a lo que nos propusimos en 1990, cuando Chile volvió a la democracia. Dentro de las diversas tareas y desafíos del proceso de transición estaba el cómo llevaríamos adelante nuestra reinserción internacional sobre la base de que en ese entonces éramos un país absolutamente aislado y en el cual estaba en tela de juicio lo que había sido durante la dictadura.
Sin embargo, debemos reconocer que esa preocupación se vio cruzada por otros hechos que quizás desvirtuaron una de las cosas más importantes que nuestra nación debió impulsar en el proceso de transición y su retorno a la democracia.
Muchos pensábamos en ese momento que indudablemente Chile, por la solidaridad internacional que había recibido durante tantos años, no podía dejar de tener como un eje, entre otros fundamentales de su política exterior, todo lo que significara la promoción y el respeto a los derechos humanos. Ello, desde la perspectiva de que muchos de sus dirigentes, de sus Parlamentarios e incluso de su propio Presidente , si hoy están con vida y pueden cumplir sus respectivas tareas es porque en el pasado alguien en determinado país levantó su voz para condenar las violaciones a los derechos humanos en Chile, para solidarizar y salir en apoyo de diversos dirigentes nacionales.
Esa gratitud por la solidaridad internacional recibida en el pasado nos obligaba a adoptar una postura muy clara en el ámbito de la política internacional. Nadie pretendía que nuestro país diera lecciones de ética ni de moral al mundo; pero sí -y uno lo ha conversado con diversos dirigentes de distintas naciones- muchos esperaban que tuviera un rol más preponderante y llegara a ser como un líder en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, la transición que tuvimos nos obligó a seguir determinadas opciones, que quizás han debilitado lo que debió haber sido uno de los pilares de nuestra política internacional. Es cierto que la opción por la economía social de mercado y por el modelo exportador implicaba beneficios, pero también tenía sus costos; más aún cuando en el proceso de globalización que se ha llevado adelante, particularmente en la década de los 90 y en los inicios del siglo XXI, los nexos económicos y comerciales han pasado a cumplir un papel relevante en las relaciones entre los países.
Ciertamente, ello es muy legítimo, y nadie puede decir que es contrario a los intereses económicos nacionales el potenciar el desarrollo del país y el crecimiento sobre la base de un modelo exportador.
Pero esa globalización implicaba convenios con otras naciones, los que de alguna forma en muchos lugares del mundo han pasado a tener primera prioridad. Sin embargo, la defensa y promoción de los derechos humanos pasaron a ocupar un segundo orden.
No hemos estado ajenos a esa situación en el campo internacional. Muchas veces, en aras de acuerdos comerciales y de estrechar lazos económicos, nos hemos inhibido. Y podría citar muchos ejemplos.
Ocurrió en el pasado con China cuando recibimos con honores a la máxima autoridad política de ese país, en circunstancias de que era responsable de graves violaciones a los derechos humanos de jóvenes en esa nación.
También, en aras de estas relaciones comerciales, estuvimos al lado de Malasia e Indonesia, donde se cometieron brutalidades enormes y crímenes de lesa humanidad.
Entonces, más que quedarnos en el detalle de los acontecimientos que nos ha tocado vivir en estos días, ellos deben llevarnos a una profunda reflexión. ¿Queremos seguir esos aires donde lo importante en las relaciones internacionales es lo económico y comercial? ¿O deseamos recuperar esa identidad como nación -que nos otorgó muchos privilegios y honores en el campo internacional-, consistente en sostener una posición muy clara en la autodeterminación de los pueblos y en la defensa y promoción de los derechos humanos?
Porque cuando se desea ocupar cargos relevantes en determinadas instancias y espacios internacionales en ciertos foros, uno espera que los países estén en concordancia con dichos espacios y con la pretensión de ocuparlos.
Por consiguiente, estimo que Chile tiene hoy una gran oportunidad para recuperar algo que -como señalé al comienzo- muchos esperábamos que se hiciera interna y externamente; que el país fuera el gran líder que luchara por la defensa y la promoción de los derechos humanos en el mundo; que no hubiera foro internacional donde Chile dejara de expresar su solidaridad y apoyo a todos los pueblos, o bien a determinadas personas, que por sostener una posición muy clara han sufrido graves violaciones a sus derechos.
¡Cuántas veces nos callamos o hicimos muy poco! Estoy pensando en la desintegración de Yugoslavia y en lo que está viviendo el pueblo kurdo en medio del conflicto actual. Cuántas veces guardamos silencio y no manifestamos una palabra de apoyo solidario a quienes sufren violaciones a los derechos humanos a veces más graves que las ocurridas en nuestro país.
Por ello, valorando el esfuerzo realizado por Chile en su política de reinserción internacional -en ello ha tenido varios éxitos-, pienso que ha llegado la hora de revisar cómo vamos a establecer en lo futuro nuestras relaciones internacionales, más aún cuando queda demostrado que la situación hegemónica de determinada nación cambiará las futuras relaciones entre los países.
De ahí que me parece fundamental no inhibirnos ante este nuevo escenario. Debemos dejar claramente establecida nuestra posición internacional y mantener una postura muy activa en materia de derechos humanos, en su defensa y promoción. Y ojalá que no caigamos en lo que de repente suele ocurrir a determinadas personas en el ámbito interno, quienes parecen entender que en las relaciones internacionales de Chile sólo debe regir aquello que le signifique beneficios económicos y comerciales. Como muy bien manifestó un señor Senador, si así se llegaran a entender las relaciones internacionales, tal vez sería mejor que el Servicio Nacional de Aduanas cumpliera en el futuro el papel del país en tal ámbito.
Soy de aquellos convencidos de la necesidad de mantener nuestros esfuerzos en los nexos económicos con otros países; pero eso no excluye desarrollar y llevar adelante una política internacional de defensa y promoción de los derechos humanos. No son excluyentes; muy por el contrario: ambas acciones pueden impulsarse de manera complementaria.
Definir la política exterior como una disyuntiva entre privilegiar intereses económicos nacionales muy legítimos o promover o defender los derechos humanos, nos lleva a una meta equivocada.
En consecuencia, más que quedarnos en la discusión pequeña sobre los errores que pueden haberse cometido en la situación muy particular que nos toca vivir en estos días, debemos sentirnos animados para reorientar y redefinir una vía para nuestra reinserción internacional.
Insisto: Chile debe promover, particularmente en los foros internacionales y en las Naciones Unidas, el respeto de los diversos tratados y convenciones relacionados con los derechos humanos. De no hacerlo, cometeremos una profunda y tremenda equivocación.
Quienes pretenden que la política internacional chilena se mida sólo en términos de resultados económicos provocan un gran daño a la imagen internacional del país. Llevarnos a ese campo exclusivo y no complementario de la defensa y el respeto a los derechos humanos -que forma parte de nuestra política internacional histórica- puede colocarnos en situaciones difíciles. Creo que el país se enfrenta a un tremendo desafío.
Espero que nuestras autoridades sepan sacar lecciones de este momento complejo, delicado e incómodo que nos ha tocado vivir, para que no solamente se actúe con prudencia, sino también con mucha firmeza cuando así deba hacerse en lo internacional.
En mi opinión, lo que soñamos y pensamos a inicios de la década de los noventa en cuanto a que nuestro país se transformara en un gran líder promotor y defensor de los derechos humanos, todavía está vigente. Ha llegado la hora de enarbolar nuevamente esa bandera para convertir a Chile en una patria digna, en la que se entregue un futuro mucho mejor a nuestros compatriotas.
Por haberse cumplido el objetivo de la presente sesión, se levanta.