Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-871-de-noviembre-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9a984089d198004ee0430a010151004e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 20:24:17
Document Index: 266625352

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 43', 'artículo 43', 'artículo 241', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 61', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 35', 'artículo 44', 'artículo 83', 'artículo 13', 'artículo 61', 'artículo 67', 'artículo 2', 'artículo 69', 'artículo 247', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 83', 'artículo 13', 'artículo 73', 'artículo 21', 'artículo 43', 'artículo 61', 'artículo 43', 'artículo 91', 'artículo 61', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 43', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 30', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 91']

﻿ Sentencia C-871 de noviembre 4 de 2010
SENTENCIA C-871 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:DERECHOS DE AUTOR SOBRE PROYECTO ARQUITECTÓNICO NO IMPIDEN QUE EL PROPIETARIO DE LA OBRA REALICE MODIFICACIONES. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “NO PODRÁ IMPEDIR QUE EL PROPIETARIO INTRODUZCA MODIFICACIONES EN ÉL”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 23 DE 1982.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROPIETARIO, DISEÑOS, PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS CONEXOS DEL AUTOR, DERECHOS MORALES DEL AUTOR, DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:472 DE ABRIL DE 2011, PG.643
Sentencia C-871 de noviembre 4 de 2010
Ref.: Expediente D-8103
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 43 (parcial) de la Ley 23 de 1982.
Actor: José Miguel Ceballos Delgado
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 35949 de diecinueve (19) de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982), subrayando la parte demandada:
ART. 43.—El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada forma parte de una ley.
1. El demandante considera que la norma acusada establece un trato discriminatorio que vulnera el artículo 13 de la Constitución Política. Lo anterior, porque en su concepto la disposición desconoce el derecho moral del arquitecto de mantener su obra sin alteraciones, derecho que es reconocido a cualquier otro creador bajo la modalidad de derecho a la integridad de la obra(22). En esa medida, plantea que la obra arquitectónica debe ser protegida como las demás creaciones reconocidas por el derecho de autor.
El demandante insiste que el aparte acusado expone a los autores a la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está legitimado para hacerlo. Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que tiene el arquitecto, como creador de la obra, para trasladarle al propietario la facultad de modificarla.
A su juicio con el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 se desconocen los derechos morales de autor, los cuales han sido reconocidos por la Corte Constitucional como fundamentales.
De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el artículo 61 de la Constitución en tanto se niega la protección de los derechos inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad(23). En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad intelectual prevista en la Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos tienen sobre sus obras.
Finalmente, el actor considera que la limitación establecida en la norma demandada viola los artículos 70 y 71 de la Constitución en la medida que desconoce la obligación del Estado de promover y proteger la cultura, así como la de incentivar la creación en tanto esta constituye un aporte a la sociedad.
2. El Procurador General de la Nación al igual que los intervinientes solicitan a la Corte un pronunciamiento de exequibilidad de la norma acusada. Coinciden en afirmar lo siguiente: (i) la libertad de configuración con que cuenta el legislador le permite establecer limitaciones y excepciones a la protección del derecho de autor; ( ii) si bien con la disposición acusada se puede afectar el derecho a la integridad de la obra, lo cierto es que el legislador establece que el arquitecto tiene la facultad de prohibir que su nombre sea asociado con la obra alterada; (iii) el derecho de propiedad no puede supeditarse al consentimiento del arquitecto.
No obstante es preciso decidir previamente sobre la inhibición propuesta por el Procurador General de la Nación así: “La demanda confunde el proyecto arquitectónico con la obra física. Esa confusión lleva al actor a inferir que los derechos de autor del hacedor del proyecto se extienden hasta la culminación de la obra civil. Por eso se asume que el proyecto no es una obra acabada e independiente, sino una obra inacabada o intermedia. Por eso, también, se considera que el dueño del edificio o de la construcción, no tiene derecho a decidir si realiza la obra o no, y cómo la realiza”.
Delimitación del ámbito del pronunciamiento. Aclaración preliminar sobre el significado del artículo 43 de la Ley 23 de 1982
3. No obstante, el accionante refiere que el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 vulnera los artículos 70 y 71 de la Constitución Política, los cargos presentados carecen de suficiencia(24) respecto de los dos artículos constitucionales mencionados, razón por la cual en la presente sentencia se analizarán solo los cargos respecto a los artículos 13 y 61 de la Constitución Política.
4. Previamente al planteamiento del problema jurídico, la Corte deberá definir si el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 ha sido interpretado de forma errónea por el actor tal y como lo propone el Ministerio Público. En efecto, la argumentación del Procurador General de la Nación se refiere al alcance dado por el demandante a la expresión “proyecto arquitectónico” contenida en el artículo 43 de la Ley 23 de 1982.
La problemática conceptual se circunscribe a determinar si el proyecto arquitectónico tiene un alcance bidimensional como lo asegura el representante del Ministerio Público o tridimensional como afirma el demandante. De hecho, para el Procurador General de la Nación el arquitecto tiene el derecho moral sobre los planos de diseño de la obra pero no tiene derecho de propiedad sobre la obra acabada, mientras que el actor expresa sus razones de inconstitucionalidad por las modificaciones que pueda realizar el propietario del bien inmueble sin el consentimiento del arquitecto.
De acuerdo con el mencionado artículo 43: “El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada”.
5. Para la Corte, de una lectura integral del artículo 43 de la Ley 23 de 1982, puede concluirse que el legislador pretende hacer alusión a la obra terminada pues pese a referirse en un primer momento al autor del “proyecto arquitectónico”, finaliza la norma con la expresión “obra alterada”. Lo que interesa a la norma es facultar al arquitecto para impedir que su nombre sea asociado con la alteración de su obra culminada y no a interferir en las modificaciones durante la construcción de la misma.
En este contexto resulta pertinente hacer referencia al Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la 0MPI(25), en el cual se define obra de arquitectura en los siguientes términos: “Es una creación en el sector del arte relativo a la construcción de edificios. Se entiende normalmente que estas creaciones comprenden los dibujos, croquis y modelos, así como el edificio o estructura arquitectónica completos”(26). Asimismo, el artículo 2º del Convenio de Berna al describir las obras protegidas enuncia: “1) Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias”. Este artículo fue desarrollado, en lo relacionado con la obra arquitectónica, por la Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971)(27), de la siguiente forma: “obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado, litografía: esta categoría comprende, esencialmente, las obras llamadas artísticas, tanto bidimensionales (dibujos, cuadros, grabados, litografías, etc.) como tridimensionales (esculturas, estatuas, obras arquitectónicas, monumentos, edificios, etc.), independientemente de su género (figurativo o abstracto) y de su finalidad (arte “puro”, fines publicitarios, etc.)”.
Así, en concepto de la OMPI la definición de la obra arquitectónica comprende tanto su aspecto bidimensional como el tridimensional, en esa medida debe entenderse el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 y no únicamente como lo refiere la vista fiscal a la obra inacabada. En tal sentido, la limitación establecida por el legislador pretende conceder al propietario de la obra arquitectónica la facultad de modificarla sin que sea necesario el consentimiento del arquitecto.
6. En suma, la inhibición propuesta por el Ministerio Público carece de fundamento pues no existe una errada interpretación del actor al formular la demanda, pues su entendimiento de la misma refleja el concepto de obra arquitectónica así como la limitación realizada por el legislador.
7. Corresponde a la Corte definir si la limitación legislativa que permite al propietario de un bien inmueble modificar la obra sin el consentimiento del arquitecto vulnera la protección a la propiedad intelectual reconocida por el artículo 61 de la Constitución Política. En particular, se deberá establecer si se desconoce el derecho moral del arquitecto a mantener la integridad de su obra, en violación del derecho a la igualdad, comoquiera que dicha facultad es reconocida a los demás creadores de obras de carácter artístico y literario.
8. Para resolver el problema jurídico planteado la Corte abordará las siguientes materias: (i) la propiedad intelectual y la libertad de configuración legislativa; (ii) El concepto de propiedad intelectual; (iii) el derecho de autor y derechos conexos; (iv) los derechos morales de integridad y paternidad de la obra; (v) el derecho patrimonial de trasformación; (vi) las limitaciones y excepciones al derecho de autor; y (vii) cómo trata la legislación comparada la protección del derecho moral del arquitecto.
Reiteración de jurisprudencia. Propiedad Intelectual. Libertad de configuración legislativa. Derecho de autor y derechos conexos. Derechos morales y patrimoniales. Excepciones y limitaciones.
De la propiedad intelectual y la libertad de configuración legislativa.
9. El artículo 61 de la Constitución Política dispone: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. En esa medida, se reconoce, de una parte, la garantía que el Estado asume en materia de propiedad intelectual, y de otra, el desarrollo legislativo que implica su protección(28).
Esa remisión al legislador para regular el tema de la propiedad intelectual ha sido definido por este tribunal como: “(...) la existencia de un amplio margen de configuración legislativa sobre la materia, siempre que las medidas adoptadas (i) se orienten a la protección de la propiedad intelectual y (ii) no establezcan condiciones irrazonables o desproporcionadas para acceder a dicha protección(29).
De este modo, ha señalado la Corte, la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual, así como el diseño de los mecanismos adecuados para el efecto, es potestad del legislador, a quien la Constitución habilita para establecer las formalidades necesarias para hacer efectiva esa protección, para lo cual debe tener como directrices todos los postulados constitucionales y los instrumentos internacionales de los cuales el Estado colombiano es parte.
De lo anterior es posible concluir que el régimen de protección de los derechos de autor y los derechos conexos se desenvuelve en el ámbito de la ley, y que la Constitución no impone criterios rígidos, ni modalidades específicas de protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados sistemas, sino que deja un amplio margen de configuración legislativa sobre el particular. En la medida en que esta materia ha sido desarrollada en una serie de tratados internacionales y que Colombia es parte de algunos de ellos, es deber del Estado asegurar que la legislación interna esté en armonía con las normas internacionales vinculantes en este ámbito(30)”(31).
En tal sentido en la Sentencia C-334 de 1993(32), la Corte señaló: “Si el artículo 61 constitucional precitado consagra la protección genérica al derecho de propiedad intelectual mas deja en manos del legislador la fijación de la temporalidad del dominio y las modalidades de protección, y si la norma revisada justamente es una Ley de la República que desarrolla, concreta y hace viable dicho derecho constitucional, no queda más que concluir que dicha norma se aviene a la preceptiva de la Carta”.
Del mismo modo, en la Sentencia C-489 de 1993 la Corte declaró exequible el tratado sobre el registro internacional de obras audiovisuales al constatar que el mismo se encontraba en armonía con la garantía del derecho de autor, así como con la protección a: “(...) la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que disponga la ley, pues como se advierte, la Constitución Política de 1991 ha dejado la regulación del derecho de propiedad intelectual a la ley, sin determinar el mínimo de la garantía que antes, en el artículo 35 de la Constitución de 1886, comprendía la vida del autor y ochenta años más”.
Igualmente, en la Sentencia C-282 de 1997 la Corte declaró inexequible la expresión “Para los efectos del artículo 44 de la Ley 23 de 1982” contenida en el artículo 83 de la Ley 300 de 1996, al encontrar que dicha disposición vulneraba el derecho a la igualdad de los autores de obras artísticas al extender a las habitaciones de los hoteles y hospedajes el carácter privado del domicilio, evitando el cobro por la ejecución pública de las mismas. La Corte advirtió: “De allí resulta la inconstitucionalidad de la norma, en lo referente a propiedad intelectual, no por modificar disposiciones de rango legal, facultad esta inherente a la tarea legislativa, sino por introducir, sin justificarla, una preferencia que se opone abiertamente al principio plasmado en el artículo 13 de la Carta, en perjuicio de derechos que ella (art. 61) reconoce a los autores de obras artísticas”(33).
En armonía con lo anterior, en la Sentencia C-792 de 2002 la Corte analizó en el marco de la libertad de asociación y la libertad económica la función que cumplen las sociedades de gestión colectiva de autores o sus titulares, pues resulta razonable y proporcional que el legislador adopte medidas relacionadas con un monto máximo destinado a gastos sociales y de administración.
10. En conclusión, el texto constitucional contempla una protección genérica a la propiedad intelectual, otorgándole al legislador la facultad de desarrollar en términos de medidas razonables y proporcionales dicha protección(34).
Del concepto de propiedad intelectual
11. En cuanto al concepto de propiedad intelectual, desde el inicio de su jurisprudencia la Corte destacó el carácter especial de esta, de la siguiente forma: “La propiedad intelectual es pues una modalidad sui generis de propiedad, ya que guarda semejanzas y diferencias con la concepción clásica del derecho de propiedad, a saber:
— Coinciden la propiedad intelectual y la propiedad común en el hecho de que ambas reúnen los elementos esenciales de la propiedad: el usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que establecen la Constitución y la ley.
— Pero se diferencian ambas nociones en lo siguiente, como bien lo anotó el Procurador General de la Nación en su concepto:
a) El contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la propiedad intelectual que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho de propiedad común, que solo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible.
b) La propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporal. La propiedad común en sentido estricto solo recae sobre cosas corporales.
c) La propiedad intelectual, por determinación de la ley, es temporal (L. 23/82, art. 11) mientras que la común es perpetua”(35).
Asimismo, en la Sentencia C-276 de 1996(36), la Corte advirtió: “Las creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo”.
En complemento con esa definición, en la Sentencia C-975 de 2002 la Corte declaró inexequible la Ley 719 de 2001, “Por la cual se modifican las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones”, por haber incurrido el Congreso de la República en vicios de procedimiento en su formación, en tanto el proyecto se tramitó en la comisión sexta de cada una de las cámaras cuando, por tratarse de un asunto relacionado con propiedad intelectual ha debido cursar en las comisiones primeras de las células legislativas. Para arribar a esta conclusión este tribunal recordó el concepto de propiedad intelectual en los siguientes términos: “La propiedad intelectual comporta, entonces, aquella disciplina normativa a través de la cual se busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. El concepto de propiedad intelectual, abarca en un primer aspecto la propiedad industrial que se refiere esencialmente a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia desleal; y en un segundo aspecto, el derecho de autor, que comprende las obras literarias, científicas y artísticas, otorgando también la debida protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son productores de fonogramas y a los propios organismos de radiodifusión respeto de su emisión.
A partir de lo que constituye su ámbito de aplicación, y dada la importancia que este representa para la promoción y conservación de la cultura, en el artículo 61 de la Constitución Política se consagró el principio de protección a la “propiedad intelectual”, entendiéndose que cobija tanto a la propiedad industrial sobre marcas y patentes como a los derechos de autor y conexos(37). Valga destacar que la protección al concepto genérico de propiedad intelectual, plasmado en la disposición constitucional antes citada, recoge los criterios básicos que la comunidad internacional reconoce como connaturales a la materia(38); los cuales, además, han venido siendo incorporados al orden jurídico interno, incluso antes de la promulgación de la Constitución del 91, a través de la Ley 23 de 1982 y de la Ley 44 de 1993 que adicionó y modificó la primera”(39).
Sobre el particular, en la Sentencia C-924 de 2000 el pleno de esta corporación advirtió: “La protección de la propiedad intelectual es una tarea de importancia crucial para el fomento de la creatividad y el talento nacionales, en la medida en que garantiza que el trabajo creador del artista o del científico no será objeto de apropiación ni aprovechamiento indebidos por parte de terceros”(40).
Adicionalmente, el concepto de propiedad intelectual fue retomado por la Corte tanto en la Sentencia C-1118 de 2005 ya citada como en la Sentencia C-750 de 2008 en la cual se declaró exequible la ley aprobatoria del acuerdo de promoción comercial celebrado entre Colombia y los Estados Unidos de América. En esa oportunidad la Corte estudió el capítulo referente a propiedad intelectual concluyendo que las disposiciones del mismo se armonizan con la protección que en el ámbito nacional, comunitario e internacional se otorga, en particular, al derecho de autor y derechos conexos.
12. En suma, el concepto de propiedad intelectual integra tanto la propiedad industrial como el derecho de autor y los derechos conexos, así como los derechos sobre descubrimientos científicos y demás formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo. En efecto, la especial protección de la propiedad intelectual tiene corno objeto amparar la creación producto del talento, trabajo y esfuerzo humano.
13. En tanto el problema propuesto en esta ocasión hace referencia al derecho de autor(41), la Corte reiterará su jurisprudencia únicamente en este ámbito de la propiedad intelectual.
De acuerdo con la citada Sentencia C-276 de 1996 el derecho de autor comprende el derecho moral y el derecho patrimonial(42): “la primera, la que se traduce en el derecho personal o moral, que nace con la obra misma, como consecuencia del acto de creación y no por el reconocimiento de autoridad administrativa; ellos son extrapatrimoniales inalienables, irrenunciables y, en principio, de duración ilimitada, pues están destinados a proteger los intereses intelectuales del autor y respecto de ellos el Estado concreta su acción, garantizando el derecho que le asiste al titular de divulgar su obra o mantenerla en la esfera de su intimidad, de reivindicar el reconocimiento de su paternidad intelectual sobre la misma, de exigir respeto a la integridad de su obra y de retractarse o arrepentirse de su contenido.
Con base en esa clasificación del derecho de autor, este tribunal en la Sentencia C-155 de 1998, adicionó el concepto de derechos morales, así: “(...) los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre”(43).
Igualmente, en el marco de la protección de los derechos morales, en la Sentencia C-1139 de 2000, la Sala Plena decidió declarar ajustado a la Constitución la Ley 545 del 23 de diciembre de 1999, por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI —Organización Mundial de la Propiedad Intelectual— sobre interpretación o ejecución de fonogramas” concluido en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. En particular, observó la Corte que el tratado “prevé la obligación de las partes de proteger los derechos morales, de autorización y patrimoniales de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas, manteniendo lo establecido en la Convención de Roma de 1961 (L. 48/75) en el sentido de que tal protección no afectará los derechos de los autores de las obras que aquellos interpretan, ejecutan o producen. Así, se desarrollan los artículos 25, 58 y 61 de la Constitución Política, por cuanto se otorga una protección eficaz al trabajo de los artistas y productores y a sus derechos patrimoniales sobre las interpretaciones”.
También resulta pertinente hacer referencia a la Sentencia C-053 de 2001, en la que la Sala Plena decidió declarar exequible la expresión “se reputan de interés social y” contenida en el artículo 67 de la Ley 44 de 1993, que se adiciona al artículo 2º de la Ley 23 de 1982. Esto, luego de conceptualizar sobre el derecho de autor, tanto moral como patrimonialmente, en la jurisprudencia constitucional, así: “En sentido estricto, sin embargo, los derechos de autor son aquellos que surgen en virtud de la relación entre personas naturales creadoras de obras originales, sean estas literarias, artísticas o científicas(44), y que recaen exclusivamente sobre las expresiones de las mismas(45)”. Y agregó: “Los derechos morales son aquellos que nacen como consecuencia de la creación misma y no del reconocimiento administrativo, son de carácter extrapatrimonial, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Estos incluyen:
—el derecho a divulgar la obra
— el derecho al retracto, que le permite al autor retirarla del comercio”(46).
En cuanto a los derechos patrimoniales, esta misma sentencia, puntualizó que estos: “(...) se relacionan con la explotación económica de la obra. Estos, por el contrario, son transferibles, prescriptibles y renunciables. Incluyen:
— Cualquier otra forma de utilización de la obra”.
Por su parte, en la Sentencia C-424 de 2005 la Corte declaró exequible el artículo 69 de la Ley 44 de 1993, en el entendido que si los titulares de los derechos derivados de la interpretación, ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el pago se hará mediante el mecanismo que se acuerde libremente, pero dentro del marco de las normas legales vigentes: “ En efecto, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley 23 de 1982, que han sido complementadas y definidas por disposiciones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en particular, por la Decisión 351 de 1993, los derechos de autor se predican de la persona natural o física que realiza la creación intelectual, que es toda obra de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
Ambos, tanto los titulares de derechos de autor como los titulares de derechos conexos pueden exigir la protección de los derechos morales y patrimoniales que tienen sobre sus obras, interpretaciones o ejecuciones. A grandes rasgos, los derechos morales los habilitan para reclamar en todo momento el reconocimiento de la paternidad de la obra, de la interpretación o de la ejecución(47), mientras que los derechos patrimoniales les permiten autorizar, administrar, restringir y aprobar la explotación económica de la obra, interpretación o ejecución.
Por ello, pese a la divergencia de contenidos normativos, es evidente que, en el tema que toca con la demanda de la referencia, ambas preceptivas se interrelacionan, pues tanto los autores de obras musicales como los artistas intérpretes, los ejecutantes y el productor del fonograma derivan derechos patrimoniales de las obras que crean, interpretan y producen. Así, mientras los autores tienen derecho al cobro de los derechos de autor que reciben por virtud de la creación de la obra, los intérpretes, ejecutantes o el productor tendrán derecho a reclamar lo propio respecto de los derechos conexos”(48).
Por último, en la Sentencia C-523 de 2009 la Corte declaró exequible el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, al concluir que no se vulnera el derecho al debido proceso del empresario u organizador de un espectáculo o de una exhibición de una obra teatral, cinematográfica o musical, cuando el legislador permitió al juez municipal o del circuito del lugar donde se realice el espectáculo, suspenderlo por supuesta violación de los derechos de autor, basado en una prueba sumaria y previo el pago de una caución. Para arribar a esa conclusión la Corte precisó nuevamente que el derecho de autor está compuesto por derechos morales y patrimoniales. Y resaltó: “La protección jurídica a los autores se manifiesta en dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales se refieren al derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de la obra; la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación, de la misma, y su comunicación al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Según lo señalan las definiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI—, los derechos patrimoniales constituyen el elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general, que, dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas de la obra previo abono de una remuneración”. En este sentido, lo advierte la Corte, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación de la obra)”(49).
Por su parte, los derechos conexos a los de autores son aquellos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y tienen, también, manifestaciones morales y patrimoniales”(50).
14. En consecuencia, la protección del derecho de autor involucra el reconocimiento de derechos morales y derechos patrimoniales a sus titulares. En cuanto a los primeros, se reconoce su vínculo con la creación de la obra y se caracterizan por su carácter extramatrimonial, inalienable, irrenunciable y, en principio, de duración ilimitada. Frente a los segundos, estos se relacionan con la explotación económica de la obra.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda involucra los derechos morales de integridad y paternidad, y el derecho patrimonial de transformación, la Corte profundizará sobre esos aspectos a continuación.
Los derechos morales de integridad y paternidad de la obra
15. La protección a la integridad y paternidad de la obra puede encontrarse en los diferentes ámbitos normativos que regulan el derecho de autor. Así por ejemplo, en el Convenio de Berna(51), establece en el artículo 6º bis numeral 1º: “1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación”.
Por su parte, el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 dispone: “El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:
b) A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor, o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por estos (...)”.
En el mismo sentido, la Decisión Andina 351 de 1993(52), régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, en su artículo 11 establece:
“El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.
En cuanto a la protección que la jurisprudencia constitucional ha otorgado al derecho a la integridad de las obras, puede mencionarse la Sentencia SU-056 de 1995, en la cual la Corte no accedió a la rectificación del libro “La Bruja”, por considerar que la información que contiene sobre los accionantes no vulneró ,sus derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad, por cuanto: “no se ha establecido que la obtención del material informativo plasmado en el libro hubiera sido el resultado de una intromisión intencionada y dolosa en la vida íntima de las peticionarias, mediante actos concretos que así lo determinen, tales como entradas clandestinas a recintos o sitios privados, violación de correspondencia o intercepción de teléfonos y comunicaciones. En caso contrario, es obvio que dicho conocimiento y su divulgación mediante la publicación del libro, tendría naturalmente una consideración diferente a la anotada y una repercusión en la violación de los derechos fundamentales cuyo amparo se invoca en las demandas de tutela”.
Aunado a lo anterior, la Corte se refirió a la intangibilidad de la obra literaria en los siguientes términos: “A diferencia de la publicación o difusión de hechos y de opiniones por los medios de comunicación, los libros que revelan una elaboración intelectual y personal constituyen una creación de sus autores. Por ello, los libros de esta naturaleza constituyen una unidad inescindible, cuya autoría es producto de la creatividad intelectual, propósito e intención del autor y su contenido no puede ser modificado por una autoridad pública o un particular. En tales condiciones, no es jurídicamente admisible que se pueda solicitar por algún interesado la rectificación o corrección de su contenido, a través del ejercicio de la acción de tutela, salvo que so pretexto de la creación literaria o artística el autor consigne en el libro, total o parcialmente, una información que no sea veraz e imparcial, o que no obstante reunir estas características afecte la intimidad u otro derecho fundamental; en tal virtud, la intangibilidad de la obra, si revela datos personales no susceptibles de ser conocidos de otro modo, se desvanece si ella afecta dichos derechos.
Lo anterior encuentra respaldo igualmente en los artículos 1º, 3º, 8º y 30 de la Ley 23 de 1982, disposiciones que en desarrollo de los preceptos constitucionales enunciados, reconocen a los autores de obras literarias y científicas, diferentes derechos, entre otros, el de poder oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de las mismas, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o impliquen demérito de la obra, y de demandar la correspondiente reparación de perjuicios. De este modo, se aspira a salvaguardar el derecho a la integridad de la obra, a que se conserven los elementos esenciales y a que ninguna persona o autoridad, ya deliberadamente o por falta de comprensión, altere su contenido”.
16. En general, puede concluirse que entre las prerrogativas de los creadores se encuentran el derecho a reivindicar la autoría de determinada obra y el derecho a objetar cualquier alteración de la misma.
El derecho patrimonial de transformación
17. Del mismo modo que los derechos morales, la protección de los derechos patrimoniales se halla en diferentes escenarios normativos. En cuanto al derecho patrimonial de transformación el Convenio de Berna, artículo 12, señala que: “Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras”.
Análogamente, el artículo 12, literal b de la Ley 23 de 1982 dispone: “El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: (...) b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra”.
Por último, la Decisión Andina 351 de 1993, en su artículo 13, literal e, establece: “El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (...) e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra”.
18. En suma, constituye una prerrogativa propia del derecho de autor reconocer a sus titulares el derecho a autorizar o prohibir las transformaciones de sus obras.
19. El legislador ha previsto, tanto para los derechos morales como para los derechos patrimoniales, ciertas limitaciones y excepciones. De hecho, como lo advierte la Sentencia C-155 de 1998, el artículo 21 de la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena, prescribe que: “las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los países miembros, se circunscribirán a aquellos casos en que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.
Al respecto, en la Sentencia C-282 de 1997, la Corte declaró inexequible la expresión “Para los efectos del artículo 44 de la Ley 23 de 1982 …” contenida en el artículo 83 de la Ley 300 de 1996, por encontrar que dicha disposición vulneraba el derecho a la igualdad de los de autores de obras
artísticas al extender a las habitaciones de los hoteles y hospedajes el carácter privado del domicilio, evitando el cobro por la ejecución pública de las mismas. En particular, sobre la falta de justificación de la medida, precisó la corporación: “Entonces, bajo la perspectiva constitucional, además de la vulneración del derecho de propiedad intelectual, es flagrante el quebrantamiento del principio de igualdad, toda vez que la ejecución pública de obras artísticas en otro tipo de establecimientos, por contraste con los hoteleros, sí ocasiona, según la Ley 23 de 1982, la posibilidad de que los autores reclamen sus derechos de propiedad intelectual. Es decir, el precepto plasma, bajo tal entendimiento, una excepción, que en realidad significa beneficio injustificado, a favor de los hoteles, en detrimento de los derechos de autor.
De allí resulta la inconstitucionalidad de la norma, en lo referente a propiedad intelectual, no por modificar disposiciones de rango legal, facultad esta inherente a la tarea legislativa, sino por introducir, sin justificarla, una preferencia que se opone abiertamente al principio plasmado en el artículo 13 de la Carta, en perjuicio de derechos que ella (art. 61) reconoce a los autores de obras artísticas”(53).
Igualmente, en la Sentencia C-519 de 1999, se demandó el artículo 73 de la Ley 23 de 1982, el cual prescribe que ante la falta de acuerdo entre el autor y el usuario de la obra, o entre las organizaciones que respectivamente los representen, sea la administración la que determine las tarifas. En el mencionado pronunciamiento, específicamente sobre las limitaciones la Corte aseguró: “El recaudo de los derechos que corresponden a los autores por concepto de ejecución, representación, exhibición, uso o explotación de las obras generadas en su creatividad o concepción artística o intelectual, que representan una forma de propiedad constitucionalmente protegida, no puede librarse a la voluntad puramente contractual, al acuerdo o al convenio entre quien explota el material al que se refieren aquellos y el autor correspondiente o quien sus derechos representa, sino que, a juicio de esta Corte, involucra necesariamente la actividad estatal e implica la consagración de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o anuladas mediante pactos bilaterales.
Aunque el legislador goza de competencia para establecer las modalidades del amparo de los indicados derechos, lo que no puede esquivar es la responsabilidad que la Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos”.
20. De tal forma las limitaciones y excepciones al derecho de autor deben ajustarse a la llamada 'regla de los tres pasos', consagrada en el artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993(54), según la cual, estas deben adecuarse a las siguientes características: (i) que sean legales y taxativas (ji) que su aplicación no atente contra la normal explotación de la obra y; (iii) que con ella se evite causarle al titular del derecho de autor un perjuicio injustificado en sus legítimos derechos e intereses.
Cómo trata la legislación comparada la protección del derecho moral del arquitecto
21. Teniendo en cuenta que del contexto expuesto, corresponde al legislador definir las limitaciones y excepciones al derecho de autor. La Corte expondrá, de acuerdo con el anexo aportado por el representante de la dirección nacional de Derecho de Autor, cierta legislación latinoamericana sobre la limitación al derecho moral del arquitecto.
21.1. En igual sentido que el colombiano se encuentra la legislación chilena, mexicana, peruana y dominicana:
Ley 17336 de 1970, Ley sobre Propiedad Intelectual.
ART. 71G.—En las obras de arquitectura el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto. Ley Federal del Derecho de Autor de 1996.
ART. 92.—Salvo pacto en contrario, el autor de una obra de arquitectura no podrá impedir que el propietario de esta le haga modificaciones, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.
Decreto 4-99-E, Ley del Derecho de Autor y de los derechos conexos de 1999.
ART. 57.—Quien tenga los derechos sobre una obra arquitectónica puede alterar los planos y proyectos, así como, disponer en cualquier momento su demolición total o parcial, la ampliación o reducción o cualquier otra modificación. Cuando el autor del plano y proyecto original no haya dado su consentimiento a esas modificaciones, podrá exigir la supresión de su nombre, si este apareciera consignado a la obra modificada. Ley 65 de 2000, Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos
Decreto Legislativo 822 de 1996, Ley sobre el derecho de autor.
ART. 80.— El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posteridad a ella, o a su demolición.
Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, este podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.
21.2. Por su parte, las legislaciones panameña, paraguaya y venezolana señalan que no es necesario contar con la autorización del arquitecto para realizar modificaciones a la obra cuando estas son necesarias:
Ley 15 de 1994, Ley de Derecho de Autor y Derechos conexos.
ART. 19.— El autor de la obra de diseño de arquitectura o diseñador no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción de la obra o con posterioridad, pero el autor de la obra de arquitectura debe ser consultado sobre las modificaciones que se hicieren necesarios durante la construcción o con posterioridad a ella y tendrá preferencia para el estudio y realización de esta.
En cualquier caso, si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del diseñador, este podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado el propietario, para invocar en lo futuro el nombre de! autor del proyecto original, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la presente ley. Ley sobre el Derecho de Autor de 1993.
ART. 20.—El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material de la obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma que pueda poner en peligro su decoro o reputación.
En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica se realizaren sin el consentimiento del autor, este podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.
Ley 1328 de 1998, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
ART. 75.—El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella. Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, este podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original. Decreto 604 de 1993, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual.
ART. 34.—El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, pero tendrá preferencia para el estudio y realización de las mismas, salvo pacto en contrario.
En cualquier caso, si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, este podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original, quedando el autor exento de responsabilidad por los desperfectos o fallas que surgieran con motivo de las modificaciones realizadas. Los interesados podrán pactar condiciones diferentes a las establecidas en este artículo.
21.3. Por último, la legislación ecuatoriana donde el arquitecto puede oponerse a la alteración de su obra, y aún tratándose de modificaciones necesarias debe mediar su autorización en los siguientes términos:
Ley 83 de 1998, Ley de Propiedad Intelectual.
ART. 36 —El autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a las modificaciones que alteren estética o funcionalmente su obra.
Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o con posterioridad a ella, se requiere la simple autorización del arquitecto autor del proyecto, quien no podrá negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su obra. La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de su autor en los términos que él señale y de acuerdo con la Ley del ejercicio Profesional de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras.
22. En resumen, no existe una posición unificada entre las legislaciones latinoamericanas con relación al derecho moral del arquitecto. De un lado, algunas han dado una respuesta legislativa similar a la consagrada en la Ley 23 de 1982, y otras han optado por el concepto de necesidad de las reformas para poder prescindir en estos casos del consentimiento del arquitecto. Por último, se debe hacer alusión a la legislación ecuatoriana que privilegia la voluntad del arquitecto de oponerse a las transformaciones de su obra salvo que se trate de alteraciones necesarias
Constitucionalidad de la norma demandada
23. El aparte demandado del artículo 43 de la Ley 23 de 1982 dispone que el arquitecto no podrá impedir las modificaciones que el propietario de la obra introduzca en ella. Al retomar los argumentos de inconstitucionalidad planteados por el actor es preciso recordar que, en su concepto, la disposición desconoce el derecho moral del arquitecto de mantener su obra sin alteraciones, derecho que es reconocido a cualquier otro creador bajo la modalidad del derecho moral de integridad. En esa medida, plantea que la obra arquitectónica debe ser protegida como las demás creaciones reconocidas por el derecho de autor.
El demandante insiste que el precepto acusado expone a los autores a la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está legitimado para hacerlo. Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que tiene el arquitecto para trasladarle al propietario la facultad de modificarla.
De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el artículo 61 de la constitución en tanto se niega la protección de los derechos inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad intelectual prevista en la Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos tienen sobre sus obras.
24. En primer término, es preciso reiterar que el texto constitucional contempla una protección genérica a la propiedad intelectual, otorgándole al legislador la facultad de desarrollar en términos de medidas razonables y proporcionales dicha protección. En esa medida, el legislador dispuso, en los artículos 1º .y 2º de la Ley 23 de 1982, la protección al derecho de autor y los derechos conexos de la siguiente forma:
“ART. 1º—Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.
ART. 2º—Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los video gramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”.
De ahí, que como se concluyó en los fundamentos 3 y siguientes de la presente decisión, la Ley 23 de 1982, en armonía con la normatividad comunitaria e internacional, reconoce el derecho moral del arquitecto sobre sus creaciones bidimensionales y tridimensionales.
25. Simultáneamente, corresponde al legislador establecer las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos(55). En efecto, la disposición acusada hace parte del capítulo de limitaciones y excepciones de la Ley 23 de 1982. Dichas restricciones al derecho de autor están generalmente relacionadas con el ejercicio del derecho patrimonial y no con el ejercicio del derecho moral. De hecho, la legislación colombiana únicamente reconoce dos limitaciones al derecho moral: (i) la consagrada en el artículo 43, objeto de estudio en este pronunciamiento; y (ii) la estipulada en el artículo 91, relacionada con las creaciones de los servidores públicos(56).
26. En síntesis, la Corte debe definir si la restricción del artículo de la Ley 23 de 1982, es decir, permitir al propietario de un bien inmueble modificar la obra sin el consentimiento del arquitecto, vulnera la protección a la propiedad intelectual reconocida por el artículo 61 de la Constitución Política. En particular, se deberá establecer si se desconoce el derecho moral del arquitecto a mantener la integridad de su obra, en violación del derecho a la igualdad, comoquiera que dicha facultad es reconocida a los demás creadores de obras de carácter artístico y literario.
En términos doctrinales, la tratadista argentina Delia Lipszyc plantea el problema de la siguiente forma: “Los autores de obras de arquitectura gozan de derechos morales y patrimoniales. // En relación con los derechos morales, pueden exigir que su nombre figure en la fachada del edificio y en las obras relativas a este (derecho de paternidad). En cuanto al derecho a la integridad de la obra, se trata de una cuestión muy delicada. Por un lado, es razonable que el propietario del edificio pueda realizar algunas modificaciones de orden práctico o técnico que sean necesarias para su utilización. Por otro lado es igualmente razonable que el autor de la obra tenga derecho a prohibir toda deformación, mutilación, modificación o atentado a la misma que resulten perjudiciales a su honor o reputación. Igualmente razonable es que si a pesar de la prohibición del autor de la obra o sin su consentimiento se ejecuta la modificación o atentado, la persona responsable puede ser obligada, según las circunstancias, a restablecer las cosas a su estado anterior o bien a indemnizar los daños. En este último supuesto, el autor tiene derecho a exigir que su nombre se desvincule de la obra. Lo decisivo de la cuestión residirá en la relación que exista entre el carácter y la entidad de las modificaciones y el derecho de autor a la integridad de la obra”(57).
Las preguntas que surgen entonces son: ¿por qué el legislador decidió limitar el derecho moral del arquitecto? y ¿qué otros bienes constitucionalmente protegidos, diferentes a la propiedad intelectual, está salvaguardando al permitir la alteración de la obra arquitectónica por un sujeto diferente al autor? En otras palabras, quién o quiénes se benefician con la restricción prevista en la norma demandada, y si ese beneficio es constitucionalmente admisible.
27. Para dar respuesta a estos cuestionamientos la Corte analizará el contenido del artículo 43 de la Ley 23 de 1982 a partir de la denominada “regla de los tres pasos”:
(i)La limitación debe ser legal y taxativa, es decir, existe una preocupación por el sujeto activo que debe determinar la limitación, así como la idea de que aquella constará de manera precisa en una ley.
En cuanto al artículo 43 de la Ley 23 de 1982, es claro que fue proferido por la autoridad competente en el marco de la regulación integral del derecho de autor y los derechos conexos, específicamente en el acápite de limitaciones y excepciones. De ahí, que sea consecuente inferir que se cumple con el primer paso pues la medida es legal y taxativa.
(ii) La aplicación de la limitación no debe atentar contra la normal explotación de la obra.
En relación con la normal explotación de la obra, la Corte advierte que dada la naturaleza de la creación arquitectónica es corriente que su explotación por parte del autor se agote una vez proyectado, diseñado y construido el bien inmueble. En efecto, la labor de creación del arquitecto no tiene vocación de propiedad sobre la construcción. Por lo tanto, en principio, la explotación normal de la obra arquitectónica se circunscribe por parte del arquitecto al trabajo como creador de una obra bidimensional o tridimensional y por parte del titular a la explotación de los derechos patrimoniales, incluido el de transformación.
Es precisamente, esa naturaleza especial de la obra arquitectónica donde cobra sentido la limitación propuesta por el legislador. Esto, entendiendo que se protege al arquitecto en tanto autor de la obra y de forma simultánea se garantiza el ejercicio del derecho de propiedad del destinatario de la construcción.
En consecuencia, la aplicación de la limitación no afecta la normal explotación de la obra, por cuanto las modificaciones que pretende introducir el propietario del bien, no son propias de la expectativa económica que generó en el arquitecto la elaboración del proyecto y su correlativa construcción.
(iii) Con la limitación se pretende evitar un perjuicio injustificado a los legítimos derechos e intereses del titular, es decir, que si bien se reconoce el perjuicio que puede ocasionar al autor la limitación establecida lo cierto es que este debe estar justificado.
Entonces, cuando el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 reconoce la posibilidad de ocasionar un perjuicio al honor o reputación del autor con la modificación de la obra arquitectónica, aquel no puede ser injustificado. En este caso la justificación para la Corte se encuentra, como se esbozó en el numeral anterior, en la protección del derecho de propiedad (C.P., art. 58), así como en la garantía del derecho a la vivienda (C.P., art. 51), al respeto del interés general (C.P., art. 58), entre otros.
En conclusión, con la aplicación que la Corte ha hecho de la llamada “regla de los tres pasos” a la limitación establecida en el precepto demandado se pudo definir que esta es legal y taxativa, no atenta contra la normal explotación que en ejercicio de sus derechos puede hacer el arquitecto respecto de su obra y el perjuicio que se le causa está justificado en la protección de intereses reconocidos constitucionalmente.
28. En suma, la Sala considera que con la limitación consagrada en el artículo 43 de Ley 23 de 1982 no se vulnera el derecho a la propiedad intelectual (C.P., art. 61), en tanto se respeta la previsión constitucional para que el legislador establezca la regulación en la materia(58), y esta última, como se acaba de verificar, se encuentra ajustada a los presupuestos previstos por el artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993, para la definición de limitaciones y excepciones.
29. Ahora bien, frente al cargo formulado por el actor relacionado con el derecho a la igualdad, es preciso señalar que todos los creadores se encuentran en una situación fáctica diferente. En efecto, la obra de cada autor tiene unas características especiales que determinan una regulación particular, es decir, de acuerdo con la especialidad de cada obra el legislador debe prever, en los términos planteados, las limitaciones correspondientes. De hecho, no es plausible aplicar de manera analógica la limitación que respecto del uso de una obra hubiere autorizado el legislador. De esta manera, mientras al amparo de la limitación consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982, es posible adelantar una reproducción de una obra musical, sin autorización del titular, en el domicilio privado del usuario, la reproducción de un programa de ordenador incluso para uso personal exige la autorización del titular, según lo dispone el artículo 25 de la Decisión Andina 351 de 1993.
Lo anterior significa que el legislador no puede establecer para todos los tipos de obra las mismas limitaciones y excepciones, por cuanto las especificidades de aquellas demandan un tratamiento diferenciado. En consecuencia, la creación y explotación de las obras realizadas por arquitectos, músicos, escritores, pintores, programadores de computador, etc., es diferente, motivo por el cual el legislador determinó un régimen de limitaciones y excepciones que no pueden ser analizadas en un plano de igualdad.
De esta forma, ante la inexistencia de una situación fáctica similar de la cual se pueda derivar un tratamiento discriminatorio es improcedente el estudio del cargo propuesto por el actor sobre la violación del derecho a la igualdad.
30. Por consiguiente, la Sala concluye que la expresión “no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él”, contenida en el artículo 23 de la Ley 23 de 1982 es exequible por los cargos analizados en la presente providencia.
DECLARAR exequible por los cargos analizados, la expresión “no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él”, contenida en el artículo 43 de la Ley 23 de 1982.
(22) Para ello el actor invoca como fundamento las sentencias C-334 de 1993 y C-276 de 1996.
(23) Para sustentar la inclusión de los derechos morales de los autores en el bloque de constitucionalidad, el demandante hace referencia a la Sentencia C-1490 de 2000.
(24) La condición de suficiencia ha sido definida por la Sentencia C-1052 de 2001 como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (...) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
(25) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
(26) Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, OMPI, 1980. Definición 10.
(27) Publicada por la OMPI, Ginebra, 1978.
(28) En el mismo sentido, pueden consultarse, entre otras las sentencias C-040 de 1994, C-228 de 1995, C-262 de 1996, C-519 de 1999, C-509 de 2004, C-833 de 2007, C-523 de 2009, SU-913 de 2009.
(29) Sentencias C-519 de 1999 y C-509 de 1994.
(30) Algunas de las disposiciones a través de las cuales el Estado colombiano protege los derechos de autor y sus derechos conexos son: la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”; la Ley 33 de 1987, a través de la cual Colombia se adhirió al Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, adoptado en 1886; la Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”; la Ley 232 de 1995 “Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” y la Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de la OMPI —Organización Mundial de la Propiedad Intelectual— sobre Derechos de Autor (WCT)”, adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”.
(31) Sentencia C-833 de 2007.
(32) En esa oportunidad se declaró constitucional la Ley 23 del 27 de noviembre de 1992 y el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971. Esto, a partir de la protección a la propiedad intelectual y demás mandatos constitucionales relacionados con su garantía. Se desarrolla el concepto de propiedad intelectual, así como su diferencia con la propiedad común.
(33) C-282 de 1997. En el mismo sentido, en la Sentencia C-1118 de 2005 la Corte concluyó que no se desconocía el derecho a la propiedad intelectual cuando el legislador adopta la prescripción de tres años en las remuneraciones no cobradas, a partir de la notificación al interesado del proyecto de repartición o distribución, y a favor de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos y en contra de los socios, contenidas en los artículos 22 de la Ley 44 de 1993 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944” y 244 y 245 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”.
(34) De acuerdo con la Sentencia C-509 de 2004: “Esta exigencia de razonabilidad no es un capricho, pues aunque el legislador goza de una amplia competencia para establecer las modalidades del amparo de este tipo de derechos, no puede esquivar la responsabilidad que la Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos. Admitir trabas excesivas sería hacer nugatoria la protección, eliminar cualquier garantía e ir en contravía de la Carta y la especial protección que esta otorga a la propiedad intelectual”.
(35) Sentencia C-334 de 1993. En la sentencia se declara constitucional la Ley 23 del 27 de noviembre de 1992 y el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971. Esto, a partir de la protección a la propiedad intelectual y demás mandatos constitucionales relacionados con su garantía. Se desarrolla el concepto de propiedad intelectual, así como su diferencia con la propiedad común, en particular, la Corte señaló que: “(…) de la sola lectura del artículo 61 se advierte el carácter de “propiedad” que posee la propiedad intelectual, pero de propiedad sujeta a dos matices, ambos dejados a criterio del legislador: tiene un tiempo limitado y se requieren formalidades especiales para su protección”. Igualmente, en la Sentencia C-262 de 1996 se declaró exequible el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales. En esa oportunidad la Corte destacó la temporalidad que exige su protección así como: “(...) La protección de las obtenciones vegetales constituye una manifestación específica de la protección que, por expreso mandato constitucional, debe otorgar el Estado a la propiedad intelectual (C.P., art. 61)”.
(36) En la Sentencia C-276 de 1996 la Corte se aproximó al problema de constitucionalidad de los artículos 20, 81 y 98 de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, mediante la definición y alcance de la propiedad intelectual, el concepto de derecho de autor (el cual comprende derechos morales y patrimoniales) y el objeto del derecho de autor. En esa oportunidad la Corte declaró exequible la presunción sobre la cesión de derechos de quienes participaban en las obras cinematográficas a título de intérpretes, actores y a los demás colaboradores, valga decir artistas, intérpretes o ejecutantes, estos tienen la titularidad de los derechos conexos, sobre los cuales tienen plena capacidad de disposición, libre y autónoma.
(37) Sobre el tema, dijo la Corte en la Sentencia C-053 de 2001, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, que: “Los derechos de autor se inscriben dentro de la rama especializada del derecho conocida como propiedad intelectual, que goza de expresa protección estatal, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución. La propiedad intelectual comprende la regulación de todas aquellas relaciones que surgen con ocasión de los derechos de autor y conexos, los derechos sobre la propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, invenciones y mejoras útiles.
(38) Se destacan las decisiones y definiciones sobre propiedad intelectual establecidas en el Convenio de Estocolmo del 14 de julio de 1967, el cual fue promovido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (Organismo de las Naciones Unidas), y que la legislación colombiana incorporó mediante la aprobación de la Ley 33 de 1989.
(39) Sentencia T-975 de 2002.
(40) En esa oportunidad la Corte declaró exequible el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación cultural y científica”, suscrito en Santafé de Bogotá el 26 de noviembre de 1997, y la Ley 566 del 2 de febrero de 2000 que lo aprueba.
(41) Apelando al concepto doctrinal la Corte se refirió al derecho de autor en la Sentencia 0-533 de 1993.
(42) En el mismo sentido la Sentencia C-053 de 2001, señaló: “Los derechos de autor comprenden un conjunto de prerrogativas del autor respecto de la obra, que son divisibles en dos grandes clases, los derechos morales y los patrimoniales”. También pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-924 de 2000, C-975 de 2002, 0-509 de 2004, SU-913 de 2009.
(43) C-155 de 1998.
(44) Ley 23 de 1982, artículo 1º, Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión Andina 351, artículo 3º. Ley 33 de 1987, artículo 2.1
(45) Sentencia C-1183 de 2000 Numeral 3.1 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(46) C-053 de 2001.
(47) Artículo 30 y ss. de la Ley 23 de 1982.
(48) C-424 de 2005.
(49) Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez. También sentencias, C-792 de 2002, M.P., Jaime Córdoba Triviño y C-975 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(50) C-523 de 2009.
(51) Aprobado por la Ley 33 de 1987.
(52) La Corte ha advertido que en tanto este instrumento internacional trata derechos morales ha sido integrado al bloque de constitucionalidad. Al respecto, pueden consultarse entre otras, las sentencias C-1490 de 2000 y C-1118 de 2005.
(53) Sentencia C-282 de 1997.
(54) Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 21: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los países miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.
(55) Artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993.
(56) Ley 23 de 1982, artículo 91: “Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. // Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores.// Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas”.
(57) Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones Unesco, Cerlac, Zavalia, 1993, pág. 79.
(58) En este aspecto resulta relevante hacer alusión a las legislaciones latinoamericanas que contienen una disposición similar a la colombiana.