Source: https://beta.e-justice.europa.eu/6/ES/national_legislation?PORTUGAL&init=true&member=1
Timestamp: 2020-01-26 02:43:39
Document Index: 140094792

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 167', 'artículo 134', 'artículo 136', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 9']

Esta sección ofrece información sobre el ordenamiento jurídico de Portugal.
1. Instrumentos o fuentes del Derecho
2. Otras fuentes del Derecho
3. Jerarquía de los diferentes instrumentos generadores de Derecho
4. Modalidades de entrada en vigor en el territorio nacional de las normas contenidas en los instrumentos supranacionales
5. Diferentes autoridades habilitadas para adoptar normas jurídicas
6. Proceso de adopción de las normas jurídicas
7. Modalidades de entrada en vigor de las normas de origen nacional
8. Medios para solucionar los conflictos de normas
De acuerdo con la concepción clásica, en Portugal las fuentes del Derecho son:
a) Las leyes constitucionales, que incluyen la propia Constitución, las leyes constitucionales derivadas y las leyes de revisión constitucional.
b) Las «normas y principios del Derecho Internacional general o común», las «normas de los convenios internacionales regularmente ratificadas o aprobadas», las «normas que emanan de los órganos competentes de las organizaciones internacionales de las que Portugal sea parte (…) siempre que ello se encuentre así establecido en los respectivos tratados constitutivos», las «disposiciones de los Tratados de la Unión Europea y las normas emanadas de sus instituciones, en el ejercicio de sus respectivas competencias» (artículo 8 de la Constitución de la República Portuguesa).
c) Las leyes ordinarias, que comprenden las emanadas de la Asamblea de la República, los decretos-ley del Gobierno y los decretos legislativos regionales adoptados por las asambleas legislativas de las regiones autónomas de las Azores y Madeira.
d) Los actos dotados de fuerza equivalente a la de las leyes, tales como los de aprobación de convenios, tratados o acuerdos internacionales, las resoluciones del Tribunal Constitucional de declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad dotadas de fuerza obligatoria general, los convenios laborales colectivos y otros instrumentos de regulación colectiva del trabajo.
e) Los reglamentos, es decir, instrumentos normativos de grado inferior a las leyes cuyo fin es detallarlas y complementarlas con objeto de facilitar su aplicación o ejecución. Aquí se incluyen los decretos de desarrollo (decretos regulamentares), reglamentos, decretos, decretos de desarrollo regionales, resoluciones, regímenes internos (regimientos), ordenanzas (portarias), los decretos (despachos normativos), las normas de los gobernadores civiles en materia de orden público (regulamentos policiais dos governadores civis), las ordenanzas (posturas) y los reglamentos municipales (regulamentos autárquicos).
Existen distintas tesis sobre las admisibilidad y relevancia de otras fuentes situadas al margen de las propias del poder político del Estado para crear normas jurídicas escritas. Algunos autores consideran que estas diferencias de concepción se derivan de que las fuentes son medios de formación de las normas jurídicas; para otros, son vías de revelación de las mismas y; para un tercer grupo, medios de formación y revelación. A veces se distingue entre fuentes inmediatas y mediatas, soslayando así algunos problemas derivados de las divergencias en el enfoque de base.
En general, se incluyen entre las fuentes del Derecho:
a) La costumbre, es decir, la práctica reiterada y habitual de una conducta, acompañada del sentimiento generalizado de su obligatoriedad, aunque solo se puede considerar fuente de Derecho en determinados ámbitos, como en el Derecho Internacional Público (por ejemplo, tiene origen consuetudinario el principio de inmunidad de la jurisdicción de los Estados extranjeros), el Derecho Internacional Privado y el Derecho Administrativo.
b) La jurisprudencia, es decir, el sentido que emana de las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, aunque para algunos autores no se trata de una verdadera fuente de Derecho, sino que se limita a explicar el sentido de las normas con objeto de aportar interpretaciones que puedan ser seguidas por otros intérpretes en función de la capacidad de convencimiento de las construcciones lógicas y técnicas en que se basan. Según otras interpretaciones, en este concepto caben no solo las resoluciones judiciales en asuntos concretos, sino también los actos jurisdiccionales normativos (resoluciones del Tribunal Constitucional con fuerza obligatoria general), ya que se trataría de actos de verdadera creación de Derecho objetivo.
c) La equidad, que se basa en la competencia de los órganos jurisdiccionales para formular, con respecto a determinados casos concretos de los que tienen que entender, normas jurídicas adecuadas a las especificidades de esos asuntos, sobre la base de los principios generales de la justicia y de la consciencia ético-jurídica del juez. «Los órganos jurisdiccionales solo pueden resolver sobre la base de la equidad: a) cuando exista una disposición legal que lo permita; b) cuando exista acuerdo entre las partes y el nexo jurídico no esté indisponible; c) cuando las partes hayan acordado previamente recurrir a la equidad» (artículo 4 del Código Civil).
d) Los usos, que son prácticas sociales reiteradas que no tienen carácter obligatorio y que son relevantes en el contexto jurídico, especialmente en el ámbito de la integración de los negocios jurídicos y en particular en el ámbito mercantil. Pueden ser considerados jurídicamente relevantes cuando la ley lo determine y siempre que no sean «contrarios al principio de buena fe» (artículo 3 del Código Civil). En consecuencia, no son modos autónomos de creación de normas jurídicas y, para muchos, no constituyen una verdadera fuente del Derecho.
e) La doctrina, es decir, el conjunto de opiniones de los juristas resultado del estudio teórico o dogmático del Derecho. En general, no se considera que la doctrina sea asimilable a una verdadera fuente del Derecho, aunque desempeña un papel relevante como elemento generador de perfeccionamiento científico y técnico con repercusiones en el resultado final del trabajo de quienes deben interpretar y aplicar las normas jurídicas.
Cuando se hace referencia a la jerarquía de las leyes aludimos al valor relativo de las mismas, es decir, a su posición en una escala ordenada.
A este respecto, hay quienes defienden que solo existe una jerarquía en función del modo de creación de las normas, y por lo tanto no cabría establecer diferencias entre las posiciones relativas de las normas jurídicas, sino únicamente entre su génesis o matriz de formación.
En cualquiera de ambos casos, es posible establecer una lista de precedencias.
El orden jerárquico mencionado en el punto 1 anterior es el siguiente:
1. Constitución de la República y leyes constitucionales.
2. Normas y principios del Derecho Internacional general o común y convenios internacionales [es decir, todos los actos referidos en el punto 1.b) anterior].
3. Leyes y decretos-ley.
4. Decretos legislativos regionales.
5. Actos dotados de fuerza equivalente a las leyes.
La recepción de los instrumentos normativos internacionales obedece a los siguientes criterios, descritos en el artículo 8 de la Constitución de la República Portuguesa:
a) «Las normas y los principios del Derecho Internacional general o común forman parte integrante del Derecho portugués»;
b) «Las disposiciones de los convenios internacionales regularmente ratificados o aprobados entrarán en vigor en el ordenamiento interno tras su publicación oficial y desde el momento en que vinculen internacionalmente al Estado Portugués»;
c) «Las normas emanadas de los órganos competentes de las organizaciones internacionales de las que Portugal sea parte entrarán en vigor directamente en el ordenamiento interno, siempre que así haya sido establecido en los respectivos tratados constitutivos»;
d) «Las disposiciones de los Tratados de la Unión Europea y las normas emanadas de sus instituciones en el ejercicio de sus respectivas competencias serán aplicables en el ordenamiento interno en los términos definidos por el Derecho de la Unión, con respecto a los principios fundamentales del Estado de Derecho democrático».
Están habilitadas para adoptar normas jurídicas la Asamblea de la República, el Gobierno, los gobiernos y asambleas legislativas regionales de las Azores y de Madeira, los entes locales y determinada autoridades administrativas.
La forma de la producción normativa varía en función de las normas específicas a las que cada órgano competente debe someterse. Los diferentes tipos de actos legislativos son así generados a través de distintos procedimientos. Los dos sistemas que presentan un carácter más formal y relevante son los siguientes.
El procedimiento de mayor complejidad, el que se desarrolla en la Asamblea de la República, comprende las siguientes etapas:
a) Iniciativa legislativa, que compete «a los diputados, a los grupos parlamentarios y al Gobierno y, asimismo, en los términos y condiciones establecidos en la ley, a grupos de ciudadanos electores; y, en lo que respecta a las regiones autónomas, a las respectivas asambleas legislativas regionales» (artículo 167.1 de la Constitución).
b) Admisión inicial, publicación, registro, adjudicación de un número de expediente y examen. Esta fase comprende la evaluación de la admisibilidad de la propuesta, su publicación en el Diario de la Asamblea, su tramitación administrativa y, finalmente, la aprobación de su contenido.
c) Discusión y aprobación. Incluye un debate general y otro sobre elementos específicos, una votación general y otra sobre los elementos específicos, y una votación final. Para la aprobación puede exigirse una mayoría simple, absoluta o cualificada.
d) Control por el presidente de la República, en el plazo previsto por la ley. Puede culminar con la promulgación del texto propuesto o con el ejercicio del derecho de veto. En este caso, deberá procederse a una segunda deliberación. Si la votación confirma el texto o si se introducen modificaciones, dicho texto es reenviado para su promulgación, que también deberá producirse en un plazo establecido. Corresponde al presidente de la República «promulgar y mandar publicar las leyes, los decretos-ley y los reglamentos de ejecución, firmar las resoluciones de la Asamblea de la República que aprueben acuerdos internacionales y los restantes decretos del Gobierno» (artículo 134.b) de la Constitución).
e) Publicación. Tras la promulgación, el presidente de la República ordena publicar el nuevo texto normativo en el Diário da República.
El procedimiento legislativo del Gobierno incluye las siguientes fases principales:
a) Iniciativa legislativa, que corresponde a los diferentes ministerios.
b) Instrucción. En esta fase el ministro que propone el proyecto debe recabar pareceres sobre el mismo, procediéndose asimismo a oír a las entidades citadas en la Constitución y en la legislación.
c) Apreciación preliminar y de fondo del proyecto, que consiste en el examen y evaluación de las propuestas tras su registro preliminar.
d) Aprobación. Aunque existen actos normativos que no requieren su aprobación por el Consejo de Ministros, la regla general es que sea este quien aprueba dicho tipo de actos.
e) Control. En un «plazo de cuarenta días a partir de la recepción de un decreto del Gobierno para su promulgación (…), el presidente de la República deberá promulgarlo o ejercer el derecho de veto, comunicando por escrito al Gobierno los motivos de dicho veto» (artículo 136.4 de la Constitución).
f) Publicación, que consiste en la divulgación, mediante el Diário da República, del texto legal adoptado.
«Las leyes solo serán obligatorias tras su publicación en el Diario Oficial». «Entre la publicación y la entrada en vigor de una ley transcurrirá el tiempo que la propia ley establezca o, en su caso, el que sea determinado mediante legislación especial» (artículo 5 del Código Civil).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley nº 74/98, de 11 de noviembre, en la redacción introducida por la Ley nº 26/2006 de 30 de junio:
1. «Los actos legislativos y los otros actos de alcance general entrarán en vigor el día que en ellos se establezca, no pudiendo, en ningún caso, entrar en vigor el mismo día de su publicación».
2. «En caso de que no se establezca un día concreto, los actos citados en el apartado anterior entrarán en vigor, en todo el territorio nacional y en el extranjero, el quinto día siguiente al de su publicación».
4. El plazo citado en el apartado 2 empezará a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el sitio de internet gestionado por la Empresa Nacional de la Casa de la Moneda (Imprensa Nacional Casa da Moeda), SA.
La tarea más importante en este ámbito corresponde al Tribunal Constitucional, ya que es competente para declarar la inconstitucionalidad de las normas que contravengan lo dispuesto en la Constitución y los principios en ella recogidos.
En el contexto de la apreciación de casos concretos de los que conocen, los órganos jurisdiccionales no pueden aplicar normas que violen lo dispuesto en la Constitución o los principios dimanantes de ella.
Cuando interpretan el Derecho a efectos de la apreciación de los hechos de los que conocen, los órganos jurisdiccionales deben resolver los conflictos que puedan surgir entre diferentes normas jurídicas, atendiendo siempre a la susodicha jerarquía de las fuentes. En el marco de esta intervención, deben considerar el sistema bajo una perspectiva unitaria, sin admitir incompatibilidades o incoherencias, especialmente de naturaleza lógica y semántica, ponderando las circunstancias subyacentes al proceso legislativo y las condiciones específicas en el momento del juicio, exigiendo siempre un mínimo de correspondencia verbal (incluso en caso de expresión imperfecta), con la solución propuesta y presumiendo que el legislador ha escogido las soluciones «más acertadas» y que ha sabido «exponer su pensamiento en términos adecuados» (artículo 9 del Código Civil).
En lo que respecta al conflicto de leyes en el Derecho Internacional Privado, consúltese la ficha informativa sobre «Derecho aplicable».
El (Digesto) es la base de datos jurídicos oficial portuguesa y contiene el Boletín Oficial (Diário da República).
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Bases de datos legislativos
En Portugal existen las siguientes bases de datos legislativos:
PCMLEX - Base de datos central del sistema Digesto
Primera parte del Diario da República.
Los principales actos normativos y administrativos se publican en la segunda parte del Diario da República.
LEGAÇOR - Base de datos de legislación regional de las Azores
Primera parte del Boletín Oficial de las Azores (Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores).
Bases de datos no legislativas
En Portugal existen las siguientes bases de datos no legislativos:
DGO-Dout - Base de datos de dictámenes de la Dirección General de Presupuestos.
DGAP-Opinio - Base de datos de dictámenes de la Dirección General de Administración Pública.
REGTRAB - Base de datos especial sobre convenios laborales colectivos.
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