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Timestamp: 2018-08-19 04:06:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 11']

﻿ SENTENCIA T-1052 DE DICIEMBRE 7 DE 2006
SENTENCIA T-1052 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO. NO EXISTE HOMOGENEIDAD EN LOS SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES EN TODO EL PAÍS, YA SEA POR CUBRIMIENTO COMO POR COSTOS, RECORDANDO QUE ESTOS VARÍAN ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, POR RAZÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS QUE HAYA EN CADA REGIÓN, COMO POR LOS COSTOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON QUE CUENTE CADA DEPARTAMENTO, SIN QUE ELLO SE VAYAN A DESCONOCER LOS BENEFICIOS LOGRADOS A NIVEL REGIONAL POR LOS DOCENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTERIO, SISTEMA DE SALUD DEL MAGISTERIO
Sentencia T-1052 de diciembre 7 de 2006
Sentencia T-1052 de 2006
Ref.: Expediente T-1408993
Bogotá, D.C., Siete ( 7 ) de diciembre dos mil seis (2006).
6. Ante esta situación, la actora reclama de la IPS Comfacor que le suministre el implante del diente Nº 11 de su maxilar superior, pues no cuenta con los recursos económicos para asumir el costo del mismo, aclarando además, que la afección en su boca se puede agravar y ocasionarle mayores molestias de no ser tratada oportunamente.
— Folio 9, fotocopia del carné de afiliada de la señora Adys Esther Ayola de Camacho a Comfacor.
— Folio 10, copia del diagnóstico odontológico que le realizara el doctor, Carlos Arturo González Holguín, especialista en rehabilitación oral quien el día 20 de enero de 2006 atendió a la accionante con el consiguiente diagnóstico:
• Alargamiento de corona clínica y posterior confección de corona metal porcelana.
• Exodoncia de la estructura dental y colocación de implante dental con su restauración.
$ 750.000.00 fase protésica”.
— Folio 11, copia de la receta médica en la que el doctor González Holguín ordena a la paciente los medicamentos Scaflan y Dalacin.
— Folios 12 a 15, copia de la respuesta que le remitiera Comfacor a la accionante el día 20 de enero de 2006, con la cual anexa copia de las coberturas médicas contratadas entre la Gobernación de Córdoba y Comfacor.
— Folios 16, copia de la contraseña expedida por la Registradora Nacional del Estado Civil, en la que consta que la señora Ayola de Camacho, en la que se puede determinar que la accionante nació el 31 de diciembre de 1958, contando para la fecha de interposición de la acción de tutela, con 48 años de edad.
— Folios 17 a 20, copias de documento en el cual se exponen algunos de los beneficios en salud que tienen los docentes del país en virtud del régimen especial de salud que los cobija y que está contemplado en la Ley 91 de 1989.
— Folios 25 a 34, respuesta dada por el director administrativo de Comfacor el día 31 de enero de 2006, al juez de primera instancia en esta acción de tutela, documento al cual anexó copia a dos folios de la historia clínica odontológica de la accionante, así como copia del registro individual de prestación de servicios de salud. También anexó copia de la orden de suministro de los medicamentos Cefalexina e Ibuprofeno. Finalmente, remitió copia de la propuesta de servicios médicos a prestar a los educadores de la nómina adicional del departamento de Córdoba.
— Es cierto que la señora Adys Esther Ayola de Camacho es afiliada a Comfacor Salud, en virtud del contrato suscrito entre la Gobernación del departamento de Córdoba y Comfacor IPS, con quien se convino la prestación de servicios médico - asistenciales a los educadores. Dichos servicios contemplan los servicios contratados y las exclusiones pactadas en dicho contrato.
— Visto el relato de los acontecimientos hechos por la accionante, se presume que esta sufrió un accidente de trabajo y por ello, la prestación reclamada deberá ser exigida a la administradora de riesgo profesional (ARP) a la cual se encuentre afiliada. En consecuencia, no es competencia de Comfacor IPS, asumir tal riesgo.
— En relación con el contrato suscrito entre Comfacor IPS y la Gobernación de Córdoba, se dejó en claro, que solo se prestaría atención médico-asistencial, pactándose en consecuencia algunas exclusiones. Así, se puede afirmar, que en efecto a la accionante si le fue prestado el servicio de odontología el día 20 de enero del año en curso, negándose sin embargo, la autorización del implante que le recomendara su odontólogo particular. Además, se recuerda que el riesgo debe ser amparado por la ARP a la cual se encuentre afiliada, visto el relato de los hechos.
— Si bien el magisterio pertenece a un régimen especial en lo referente a la protección social en salud, la totalidad de los beneficios no fueron contratados con Comfacor, razón por la cual, se puede concluir que los servicios odontológicos contratados si le fueron prestados a la accionante y que por lo mismo Comfacor no ha violado derecho fundamental alguno.
2. Impugnada la anterior decisión, conoció el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería, el cual, en providencia del 21 de marzo del presente año, confirmó la decisión de primera instancia. Además, de confirmar las consideraciones expuestas en primera instancia, el ad quem advierte que en las medida en que el evento sucedió en el lugar de trabajo, esta contingencia debió ser puesta en conocimiento de la ARP a la cual se encuentre afiliada la accionante, a más tardar dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia de la misma, tal y como lo prescribe el artículo 1º de al Ley 776 de diciembre de 2002.
Corresponde a la Sala establecer si la negativa de la IPS Comfacor a suministrar a la accionante el implante dental que le fuera recomendado por el odontólogo particular que consultó la accionante, vulnera sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, en la medida que siendo docente beneficiaria del régimen especial del magisterio, tiene derecho a la prestación plena de los servicios en salud que requiera, servicio que no le ha sido prestado plenamente por la IPS Comfacor.
Así, para que derechos de esta estirpe puedan ser protegidos por vía de la acción de tutela, deberán estar en conexidad con un derecho fundamental como la vida (1) , con el cual tengan un vínculo de inescindibilidad, a tal punto que para garantizar este último, se deba proteger por vía de tutela el primero.
“La prestación de los servicios de salud como componente de la seguridad social, por su naturaleza prestacional, es un derecho y un servicio público de amplia configuración legal, pues corresponde a la ley definir los sistemas de acceso al sistema de salud, así como el alcance de las prestaciones obligatorias en este campo (C.P. 48 y 49). La salud no es entonces, en principio, un derecho fundamental, salvo en el caso de los niños, no obstante lo cual puede adquirir ese carácter en situaciones concretas debidamente analizadas por el juez constitucional, cuando este derecho se encuentre vinculado clara y directamente con la protección de un derecho indudablemente fundamental. Así, el derecho a la salud se torna fundamental cuando se ubica en conexidad con el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal” (2) (resaltado fuera del texto original).
4. Régimen especial de seguridad social en salud de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En efecto, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, afilia a todos los docentes del servicio público educativo que se encuentren vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales (3) . Entre las normas esenciales de dicha ley, cabe resaltar para el presente caso, aquellas relativas a su creación, administración de recursos, objetivos, funciones y máximo órgano de dirección:
— El artículo 3º creó el fondo “como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital”. El artículo autoriza al gobierno para suscribir un contrato de fiducia mercantil (4) .
La mencionada Ley 91 de 1989, señala en su artículo 5º que uno de los objetivos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, está el de:
“2. Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el consejo directivo del fondo”.
“9. Las normas legales vigentes (5) , no contienen disposición o remisión normativa alguna a partir de la cual sea posible establecer cuáles son los servicios médico-asistenciales mínimos a que tienen derecho los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
“En este sentido, el numeral 5º de la cláusula quinta del contrato de fiducia mercantil, dispone que es obligación de la fiduciaria contratar con las entidades que señale el consejo directivo del fondo los servicios médico-asistenciales del personal docente. Corresponde a los comités regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (6) , recomendar al consejo directivo las entidades con las cuales se contratará la prestación de los servicios médico-asistenciales a nivel departamental, de acuerdo con la propuesta que presente cada entidad, la que debe reflejar las indicaciones mínimas establecidas por los respectivos comités y avaladas por el consejo directivo (D. 1775/90, art. 3º-c) (7) .
“Lo anterior determina que no exista homogeneidad nacional en punto a los servicios de salud y a la atención a beneficiarios, toda vez que estas dependen de las particularidades del proceso de oferta y contratación a nivel de cada departamento, proceso en el cual deben respetarse derechos adquiridos por los docentes mediante reivindicaciones de carácter regional. De igual forma, los costos de los servicios médicos a nivel departamental varían, situación que ha implicado, en muchos casos, que la parte del aporte que efectúa la Nación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (8) , destinado a servicios de salud resulte modificado según el costo de estos servicios en el departamento de que se trate. En otros casos, los mismos maestros han decidido, en forma voluntaria, adicionar puntos al monto de la cotización que les corresponde aportar al fondo (9) , con la finalidad de aumentar las coberturas de servicios o ampliar el número de personas incluidas en el régimen de beneficiarios” (resaltado fuera el texto original).
En el presente caso, la señora Adys Esther Ayola de Camacho considera que la IPS Comfacor entidad con la cual el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio contrató los servicios de atención médico asistenciales en dicho departamento, ha violado sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la igualdad.
Como se pudo conocer del recuento de los hechos, la accionante tuvo un golpe en su boca cuando se encontraba laborando, lo cual le causó una lesión a nivel del diente Nº 11 del maxilar superior derecho, afectándola, pues el fuerte dolor causado por el golpe la llevó a reclamar atención médica de urgencia.
De esta manera, es claro entonces que no existe una homogeneidad en la prestación de los servicios médicos de los docentes a nivel nacional, con lo cual la alegada violación del derecho a la igualdad a la cual hizo alusión la accionante en el relato de los hechos que motivaron esta acción de tutela, no se encuentra justificado, pues el criterio de comparación por ella planteado para reclamar la atención médica, no corresponde a una situación similar ocurrida en el departamento de Córdoba, a más de que no hace referencia a una caso igual, ni aporta los elementos mínimos para establecer dicho criterio de comparación.
Justamente, siendo evidente que la accionante sufrió una afectación en su diente Nº 11 del maxilar superior derecho, que comprometió incluso la parte ósea, tal y como se desprende del diagnóstico que se aportó, es claro que lo reclamado por la actora era cuando menos una valoración con características similares a la hecha por el odontólogo particular, que le permitiera tener cuando menos un criterio médico específico, practicado por un odontólogo adscrito a dicho IPS. Sin embargo, de los documentos del expediente, dicha valoración brilla por su ausencia.
En consecuencia, es claro que la actora tiene derecho a reclamar la protección de su derecho a la salud, máxime cuando en todo momento ha recalcado el fuerte dolor que la ha venido acompañando desde el momento en que recibió el golpe, el cual solo mengua cuando ingiere alguno de los medicamentos recetados, situación que en efecto hace indigna su existencia y afecta su normal desempeñó y su calidad de vida. Recordemos que el dolor es una afección clara de la salud de cualquier persona, que si bien no corresponde a un sufrimiento que comprometa la vida misma, si puede resultar incapacitante y afectar drásticamente la calidad de vida de quien padece la dolencia, llegando a alterar su diario vivir al punto de hacerlo indigno (10) .
En este medida, se debe volver sobre el dictamen odontológico realizado por el doctor Carlos Arturo González Holguín, odontólogo particular consultado por la actora, para recordar que este planteó en su diagnóstico dos (2) opciones para solucionar el problema dental de la accionante, siendo una de ellas la exodoncia, o extracción de la estructura dental y colocación de un implante, y la otra, correspondiendo al alargamiento de la corona clínica y posterior confección de corona metal porcelana.
De esta manera, si bien la IPS aclara que no le corresponde asumir el cubrimiento de la prestación odontológica reclamada por la actora, tampoco le señaló qué otras opciones podían ser tenidas en cuenta como viables. De igual manera, si no llegare a haber alguna alternativa odontológica a cargo de Comfacor, esta IPS debió informar a la accionante qué otra u otras IPS podrían haber sido contratadas para cubrir dicho tipo de prestación médica.
Recordemos que mientras permanezca el usuario afiliado al sistema de seguridad social en salud, cualquiera que este sea, la empresa promotora o la administradora deberá velar por su atención integral, aunque determinadas acciones y procedimientos no les corresponda adelantarlos directamente. La Corte ha señalado, que las entidades prestadoras de salud, tienen la obligación de informarle de manera precisa al afiliado sobre las autoridades municipales, distritales o departamentales de salud, que se encuentran en capacidad de suministrarle el servicio de salud que demanda.
Bajo esta circunstancias, considera la Sala que en el presente caso, si bien hubo una atención odontológica, esta se aprecia como insuficiente, por las razones atrás expuestas, motivo por el cual, la afectación del derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas es evidente. Por ello, se revocará la decisión judicial revisada y en su lugar se tutelarán los derechos ya mencionados; para ello, se ordenará a la IPS Comfacor; que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a realizar un diagnóstico puntual a la actora en relación con su problema del diente Nº 11 del maxilar superior derecho, e iniciar la atención odontológica básica general necesaria si hubiere posibilidad de ello, y siempre que la accionante acepte.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de marzo de 2006, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería. En su lugar, CONCEDER la tutela por violación del derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas de la señora Adys Esther Ayola de Camacho.
2. ORDENAR a la IPS Comfacor que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a realizar un diagnóstico puntual a la actora en relación con su problema del diente Nº 11 del maxilar superior derecho, e iniciar la atención odontológica básica general necesaria si hubiere posibilidad de ello, y siempre que la accionante acepte.
(3) Así lo estipula el artículo 1º del Decreto 3752 de 2003, “Por el cual se reglamentan los artículos 81 de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones”.
(4) En Sentencia T-015 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se indicó lo siguiente:
“..., el Presidente de la República delegó la celebración del contrato de fiducia en el Ministro de Educación Nacional (D. 632/90) y en cumplimiento de tal mandato fue suscrito el correspondiente contrato de fiducia mercantil, el cual se encuentra actualmente vigente, con la empresa Fiduprevisora S.A. Como se señaló en la Sentencia T-348 de 1997, ‘la cláusula primera del contrato de fiducia suscrito entre la Nación y la fiduciaria La Previsora Ltda., establece que el mismo se celebra para ‘la eficaz administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, (a fin de) garantizar la adecuada prestación de los servicios médico-asistenciales del personal docente, para dar cumplimiento a los propósitos que inspiraron la Ley 91 de 1989’”.
(5) Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.
(6) Ley 91 de 1989, artículo 3º.
(7) El respectivo comité regional escoge la empresa que recomendará para que preste estos servicios en su departamento de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 11 del Decreto 855 de 1994, en donde se señala que las entidades estatales que requieran la prestación de servicios de salud deberán obtener, previamente, por lo menos dos ofertas de personas naturales o jurídicas que presten dichos servicios y que se encuentren registradas en el registro especial nacional del Ministerio de Salud. Acto seguido, el consejo directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio toma la decisión final e imparte a la fiduciaria las instrucciones consecuentes para que proceda a la contratación de la empresa escogida (L. 81/89, art. 7-2; cláusulas 5-5 y 14 y 7-2 del contrato de fiducia mercantil Nación-La Previsora Ltda.).
(8) La cifra corresponde al 8% y se calcula sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales a los docentes, según lo establecen los artículos 8-2 de la Ley 91 de 1989 y 12-3 del Decreto 196 de 1995.
(9) La cotización asciende al 5%, y se calcula sobre el salario mensual, según lo determinan los artículos 8-1 de la Ley 91 de 1989 y 12-1 del Decreto 196 de 1995.
(10) Ver entre otras las sentencias T-498/98, T-1058/01, T-509/02 y T-1050/03 entre otras.