Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/188254-0536-13616-2016-14-776.HTML
Timestamp: 2019-01-23 19:08:34
Document Index: 246133254

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 168', 'artículo 561', 'Artículo 561', 'artículo 69', 'artículo 168', 'artículo 313', 'artículo 509', 'artículo 168', 'artículo 64', 'artículo 176']

En el juicio por cobro de acreencias laborales e indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo incoado por el ciudadano DANIEL ANTONIO VEGA MUJICA, representado judicialmente por los abogados Andrés Rodríguez, Ildegar Arispe, Ramón Ortigoza, Roque Arispe y Nadia El Masri, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 77.163, 23.413, 37.886, 98.652 y 101.740, en ese orden; contra las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA MORELVO E HIJOS COMPAÑÍA ANÓNIMA, (DISMOREHCA), y COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, C.A., antes PANAMCO DE VENEZUELA, S.A., la primera representada judicialmente por los abogados Willian Infante Vielma, Soraya Castellano de Infante, Celida Zuleta Nery, Damián Nava Villalobos, Jesús Vázquez y Glenis Vegas, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.069, 26.453, 25.786, 28.896, 52.006 y 20.204, respectivamente, en tanto que la segunda se encuentra representada judicialmente por los abogados Rafael Villegas, Leondina Della Figliuola, Alfredo Rodríguez, Alberto Lara, Lorenzo Marturet, Jenny Abraham, Héctor Delgado, Luis López, Ninoska Solórzano, René Molina, Lourdes Yrueta, Rafael Molina, Gustavo Molina, Andreina Molina, Francisco Casanova, Ignacio Andrade, Haydee Áñez, Ignacio Ponte, Mayralejandra Pérez, Natty Goncalves, Guido Mejía, Enrique Melo, Marlon Meza, Sara Navarro, Carlos Acosta, Augusto Calzadilla, Pedro Pérez, Iris Carmona, Adaysa Guerrero, Luis Troconis, Iván Rivero, Nelson Torres, Mariela Yánez, Nelson David Torres, Álvaro Sandía, María Sandía, Luisa Calles, Orlando Adrián, José Antonio Adrián, Javier Adrián, Joanna Adrián, Armando Oliveira, Juluimar Duno, Francisco Duno, José Ángel Duno, Carmen Díaz, Ailie Viloria, Eugenia Briceño, Carmen González, Rafael Marrón, José Bastidas, Dalida Aguilar, Carmelita Bastidas, Elías Cardona, Raiza Vallee, Hernán Espinoza, Elina Guerra, Cristina Putton, Carlos Rivero, Miguel Azan, Miguel J. Azán, Adelis Paredes, Carlos Manzanilla, Antonio Peñaloza, Luis García, Mariela Urdaneta, Manuel Fernández, Alejandro Rodríguez, Gabriel Calleja, Jean Itriago, José Flamarique, Pedro Jedlicka, Marcel Imery, Pedro Urdaneta, Vanesa Annese, Francisco Guerrero, Alfonso Seva, Bárbara González, Neida Gómez, Karem Perdomo, Jordy Moncada, Héctor Sarcos, María Diez , Héctor Martínez, Maite Soto, Juan Fábrega, María Moncada, María Blanco, Hender Montiel, Simón Bravo, Ranier González, Nelson González, Solsiré Mendoza, Ana Carreño, Juan Zeiden, José Varas, Paolo Longo, Irma Bontes, Lucía Policastro, Carlos López, Darío Balliache, Simar Navas, Julio Pérez, Mairym Guzmán, Gustavo Nieto, Maygred Cabrera, Daniela Palermo, Juan Balzán, César Santana, Ángel Meléndez, Clarissa Stuyt, Alejandro Canónico, Ljubica Josic, Jennifer Rivero, Gabriela Silio, Gustavo Pérez, Giulia Larosa, María Prato, Zuray Castellanos, Pedro Araujo, Brígido González, Andrés Jiménez, Javier Zerpa, Henryk García, Arianna García y Maybel Rivero, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 7.068, 35.497, 24.219, 137.068, 117.853, 73.254, 96.685, 93.950, 49.510, 8.495, 20.860, 73.357, 107.244, 107.243, 13.974, 41.910, 15.794, 14.522, 82.456, 124.691, 117.051, 14.154, 44.7269, 48.465, 44.180, 39.620, 38.942, 59.868, 116.151, 18.182, 94.178, 5.328, 26.835, 170.154, 4.089, 70.158, 10.556, 10.382, 2.032, 4.365, 92.991, 91.514, 89.820, 111.914, 130.256, 5.800, 46.635, 98.618, 21.321, 56.533, 8.131, 8.957, 60.121, 138.199, 32.880, 48.635, 10.491, 124.985, 86.818, 12.076, 88.546, 177.745, 28.018, 7.320, 54.758, 54.757, 2.563, 58.900, 54.142; 58.350, 66.226, 64.391, 42.020, 57.992, 124.064, 96.863, 121.388, 108.180, 95.558, 136.221, 130.097, 130.530, 130.957, 3.639, 38.708, 83.046, 122.776, 38.901, 63.972, 62.965, 92.289, 137.294, 136.085, 120.331, 68.202, 290, 23.661, 50.082, 48.321, 75.216, 117.565, 115.600, 122.494, 87.443, 35.265, 106.498, 111.698, 64.246, 90.892, 111.339, 139.520, 63.038, 69.418, 118.651, 130.184, 127.307, 121.426, 102.624, 62.923, 45.727, 68.839, 63.268, 73.874, 47.699, 40.301 y 37.807 en ese mismo orden, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, mediante decisión de fecha 29 de abril de 2014, declaró parcialmente con lugar la apelación incoada por la parte demandante y parcialmente con lugar la demanda, revocando la sentencia proferida en fecha 21 de julio de 2011, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda.
Contra la sentencia de alzada, la parte demandante anunció oportunamente recurso de casación, el cual una vez admitido se acordó el envío del expediente a la Sala de Casación Social de este alto Tribunal. Hubo impugnación.
Del expediente se dio cuenta en Sala el 29 de mayo de 2014 y se designó ponente a la Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa.
Por cuanto en fecha 29 de diciembre de 2014, tomaron posesión en sus cargos los Magistrados Dra. Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, Dr. Edgar Gavidia Rodríguez, Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Dra. Marjorie Calderón Guerrero; designados en fecha 28 de diciembre de 2014, por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por un período constitucional de doce (12) años; se reconstituyó la Sala de Casación Social, y con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de justicia, la Sala quedó conformada de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa; Vicepresidenta, Magistrada Dra. Mónica Gioconda Misticchio Tortorella; los Magistrados Dr. Edgar Gavidia Rodríguez, Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Dra. Marjorie Calderón Guerrero.
En fecha 11 de febrero de 2015, se realizó sesión de la Sala Plena de este máximo Tribunal con el objeto de designar las nuevas autoridades quedando constituida la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia el día 12 de febrero de 2015 de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Dra. Marjorie Calderón Guerrero; Vicepresidenta, Magistrada Dra. Mónica Gioconda Misticchio Tortorella; los Magistrados, Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa; Dr. Edgar Gavidia Rodríguez y Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo, Secretario Dr. Marcos Paredes y Alguacil Sr. Rafael Arístides Rengifo.
En fecha 23 de diciembre de 2015, tomó posesión en su cargo el Magistrado Dr. Jesús Manuel Jiménez Alfonzo; designado en esa misma fecha por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por un período constitucional de doce (12) años; se reconstituyó la Sala de Casación Social, de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Dra. Marjorie Calderón Guerrero; Vicepresidenta, Magistrada Dra. Mónica Gioconda Misticchio Tortorella; Magistrado Dr. Edgar Gavidia Rodríguez, Magistrado Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Magistrado Dr. Jesús Manuel Jiménez Alfonzo.
En fecha 12 de enero de 2016, se reasignó la ponencia al Magistrado Dr. JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO, quien con tal carácter suscribe la decisión.
Concluida la sustanciación del recurso, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria en fecha 31 de mayo de 2016, a las 02:00 p.m., efectuada la misma esta Sala dictó el fallo oral a tenor de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 2, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el formalizante denuncia el vicio de infracción de Ley por falta de aplicación de los artículos 561 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) y 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Manifiesta que el Juez Superior estableció que el accidente sufrido por el accionante, se produjo a causa de un “juego de manos” entre dos trabajadores, sin analizar que la inspección técnica realizada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, demuestra que los hechos que causaron la patología al trabajador eran subsumibles en las normas que regulan los accidentes de trabajo y que se denuncian como infringidas; sin tomar en cuenta que el infortunio ocurrió durante la jornada de trabajo, en las instalaciones de la empresa demandada, en las que había aceite y grasa, lo que determinaba su naturaleza laboral. Sostiene que al no enmarcarse los hechos en las normas señaladas, el fallo impugnado incurre en falta de aplicación, cuya infracción resulta determinante del dispositivo del fallo, toda vez que de haber examinado correctamente su contenido, el juzgador de alzada habría calificado la patología sufrida por el actor como un accidente de trabajo.
La Sala ha establecido que el vicio de infracción de Ley por falta de aplicación de norma jurídica se presenta cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance. Las normas denunciadas como infringidas establecen:
El artículo 561 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), aplicable rationae temporis, dispone lo siguiente:
Artículo 561. Se entiende por accidente de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales, permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Será igualmente considerada como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias
El artículo 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, define el accidente de trabajo como se cita a continuación:
De las definiciones anteriores se pueden extraer como elementos determinantes del tipo normativo, que la lesión producida haya sido por la acción violenta de una fuerza exterior determinada y sobrevenida en el curso del trabajo o con ocasión de éste, lo que constituye el supuesto de hecho de la norma en cuanto a la calificación del acontecimiento como un accidente de trabajo, que trae consigo la aplicación de la normativa especial que regula este evento dañoso.
En el caso sub examine, de las descripciones del accidente establecidas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), cursante a los folios 104 al 106 de la pieza de pruebas N° 3 del expediente, se evidencia que el mismo ocurrió el día 18 de agosto de 2005, cuando el ciudadano Daniel Antonio Vega Mujica, se encontraba en el área de taller de la demandada junto con otros trabajadores, esperando la llegada de los camiones para su descarga, comenzó un “juego de manos” con uno de sus compañeros, empujándose uno al otro, hasta que al darse la vuelta, el accionante fue tomado por la espalda, levantado y lanzado contra el suelo, cayendo todo el peso del cuerpo sobre su rodilla izquierda, lo que le produjo traumatismo calificado como lesión grado II de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda, tal como señalan los informes médicos cursantes a los folios 44 y 49 al 51 de la pieza de pruebas N° 3 del expediente.
La Sala a objeto de resolver la presente denuncia, considera necesario establecer si el infortunio ocurrido en la sede de la empresa demandada que le produjo la lesión a la parte actora de autos, constituye un accidente de naturaleza laboral. En tal sentido, del examen de la recurrida se colige que con relación a la calificación del infortunio ocurrido al actor, el ad quem argumentó:
En tal sentido, siendo que del acervo probatorio aportado por las partes intervinientes en la presente causa, se verifica con toda luminiscencia el carácter NO LABORAL del accidente sufrido por el ciudadano DANIEL ANTONIO VEGA MUJICA, en la sede de la co-demandada, amén de lo dicho por los propios testigos que presenciaron el accidente, quienes aseveraron que el siniestro se debió a un “juego de manos” entre el ciudadano actor y el ciudadano WINDER LUCENA, es decir, una actividad que a todas estas, no se encuentra dentro de los limites de las labores inherentes al cargo desempeñado por el ciudadano actor.
Por tales motivos, se entiende que la sentencia proferida por el Tribunal de Primera Instancia no incurre en incongruencia negativa dado que se evidencian disímiles pruebas que dificultan la atribución de responsabilidad del hecho a la empresa DISTRIBUIDORA MORELVO E HIJOS, C.A., esto, en el entendido que el accidente (como ya se indicó), se debió a una conducta negligente asumida por parte del propio ciudadano actor, y ante tal peripecia, poco importa donde ocurrió el accidente o si el sitio se hallaba contaminado con grasa, puesto que, bajo cualquier cumplimiento de normativas de higiene y seguridad laboral que acate la patronal, la conducta negligente del ciudadano DANIEL ANTONIO VEGA MUJICA, es un hecho que no puede preverse ni mucho menos evitarse. Así se decide.-
De dicha trascripción se evidencia que la alzada, luego de analizar los elementos probatorios cursantes en autos estableció que el accidente se debió a un “juego de manos” entre el actor y el ciudadano Winder Lucena, cuya actividad estaba fuera de los límites de las labores inherentes al cargo desempeñado, y declaró que el infortunio sufrido por el accionante no tenía carácter laboral.
Del contenido de la norma citada se puede precisar que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), es el órgano administrativo competente para calificar mediante informe y previa investigación, el origen ocupacional de una enfermedad o de un accidente; así como también, para dictaminar el grado de discapacidad que generó en el trabajador o trabajadora la enfermedad o accidente calificado como de naturaleza ocupacional; otorgándole de manera expresa el carácter de documento público al informe elaborado al respecto por el referido ente administrativo, cuyo contenido debe apreciarse conforme a lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, es decir que hará plena fe entre las partes y ante terceros, y solo podrá ser tachado por falsedad en los términos que la Ley lo permite.
En el presente caso el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, calificó como accidente de trabajo el infortunio sufrido por el accionante, mediante informe técnico complementario del accidente de fecha 24 de agosto de 2006 (folios 101 al 121 de la pieza de pruebas N° 3). Dicho acto administrativo fue impugnado por la empresa DISMOREHCA, a través del recurso de reconsideración, que al ser declarado con lugar ameritó que se dictara una nueva certificación en fecha 8 de octubre de 2006, que modificó la anterior y aclaró que la patología sufrida por el trabajador Daniel Antonio Vega Mujica “no deviene de un accidente de trabajo”. Éste último dictamen no fue impugnado y hace plena prueba respecto a los hechos descritos en el mismo, tal como fue apreciado por los tribunales de instancia, por lo que desvirtúa el argumento relativo a la naturaleza laboral del accidente.
Por consiguiente es claro concluir, que el fallo impugnado no incurrió en la infracción de Ley denunciada, toda vez que tal como fue establecido por la alzada, las circunstancias bajo las cuales ocurrió el infortunio no configuran los elementos establecidos en la norma para que pueda calificarse como accidente de trabajo.
Se declara improcedente la presente delación.
De conformidad con el artículo 168, numeral 3, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 313, ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil y 243, ordinal 5°, eiusdem, denuncia que la recurrida adolece del vicio de inmotivación por silencio de pruebas.
Alega que la recurrida no analizó el expediente administrativo N° URZFA-0013-2006, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, cursante a los folios 6 al 88 de la pieza de pruebas promovidas por la parte demandada (pieza de pruebas N° 1). Señala que respecto a dichas documentales, el Juez de la recurrida se limitó a indicar que en el referido expediente constaba copia de la providencia administrativa emanada del INPSASEL, en la que se establecía de manera expresa que el accidente sufrido por el actor no fue con ocasión al trabajo desempeñado, por lo que las patologías señaladas como consecuencia del mismo tampoco derivaban de la labor efectuada, y siendo que dicho acto administrativo no había sido impugnado mediante la acción de nulidad, el ad quem señala erróneamente que “no corresponde a este órgano verificar si la providencia administrativa adolece de vicios que acarrean su nulidad absoluta”.
Arguye que, semejante desacierto revela que el Juez Superior desconoce que son precisamente los tribunales laborales, en ejercicio de su función jurisdiccional, quienes deben dar respuesta a las peticiones formuladas, y al negarse a resolver una pretensión sobre la base de un dictamen administrativo opuesto incidentalmente, implicaría hacer inútil la existencia de los órganos jurisdiccionales frente a la Administración, más aun si se advierte que la naturaleza de documento público administrativo que se deriva del informe del INPSASEL se encontraba sometido a control jurisdiccional, ya que era precisamente ese el objeto del litigio. Aduce que el Tribunal de la recurrida de haber analizado de manera integral el expediente emanado del INPSASEL y no de modo simple, aceptando sólo su conclusión, habría establecido el carácter laboral del accidente sufrido por el trabajador.
Respecto al vicio de inmotivación por silencio de prueba, ha establecido este máximo Tribunal que el mismo se produce cuando existe una omisión total y absoluta sobre el pronunciamiento de algún elemento probatorio aportado al proceso por alguna de las partes, que conlleva el quebrantamiento del artículo 509 de Código de Procedimiento Civil, que impone a los jueces la obligación de valorar todo elemento probatorio traído al proceso, aún aquél que resulte impertinente, ineficaz o extemporáneo.
En tal sentido, del examen del fallo impugnado evidencia esta Sala que el sentenciador de la recurrida al valorar el cúmulo probatorio cursante a los autos, señaló respecto a las documentales denunciadas como silenciadas lo siguiente:
2.1.- Promovió copia certificada del expediente administrativo número URZFA-0013-2006, proveniente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), el cual riela del folio 6 al folio 88 de la pieza denominada “PIEZA DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE”. La representación judicial de la parte demandada no ejerció ningún medio de ataque sobre la misma, en consecuencia, este Tribunal Superior le otorga valor probatorio a todos y cada una de los hechos que de ella emanan, en lo especial a la providencia administrativa emitida en fecha 24 de agosto de 2006 por el INPSASEL (folio 110 y 111) y al pronunciamiento sobre el recurso de reconsideración efectuado por el mismo órgano (folio 120), en donde se indica expresamente que la patología sufrida por el ciudadano actor no deviene de un accidente de trabajo. Así se decide.-
Del extracto anterior, esta Sala aprecia que el Tribunal de la recurrida sí analizó y señaló el valor probatorio de las documentales referidas por el recurrente y cursantes a los folios 6 al 88 de la pieza de pruebas N° 1 del expediente, como se evidencia de la motiva del fallo impugnado, en la que realizó las consideraciones respecto a los hechos que quedaban demostrados mediante dicho elemento probatorio, y con fundamento en el mismo estableció que el accidente sufrido por la parte actora no tenía carácter laboral, conclusión que resulta ajustada a derecho conforme al análisis efectuado en la delación anterior.
En consecuencia, no se encuentra configurado el vicio de inmotivación por silencio de pruebas denunciado por el formalizante y el fallo recurrido resulta ajustado a derecho, por lo que debe declararse improcedente la denuncia analizada.
De conformidad con los artículos 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 243 y 244 eiusdem, denuncia el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento.
Manifiesta que la alzada no se pronunció respecto al alegato referido a las condiciones de seguridad e higiene del medio ambiente laboral, desestimado por el ad quem con la sola mención de que “poco importaba donde ocurrió el accidente o si el sitio se hallaba contaminado con grasa”.
Señala que de lo afirmado por la recurrida, no puede desprenderse sino el evidente desprecio por el tema fundamental de la controversia, que no era otro sino el determinar la causa primaria del accidente, que conforme a lo alegado por el actor en su libelo se debió a que el área de trabajo se encontraba contaminada con residuos de aceite, ratificado tanto por los testigos que acudieron al juicio, como de las actuaciones cursantes en el expediente administrativo.
Respecto a la naturaleza laboral del accidente sufrido por la parte actora, tal como fue establecido en el análisis de la primera delación, los medios de prueba cursantes en el expediente fueron valorados adecuadamente por la recurrida, y las circunstancias bajo las que ocurrió el infortunio sufrido por el trabajador no configuran los elementos establecidos en la norma para que pueda calificarse como accidente de trabajo, por lo que la decisión proferida por el sentenciador de la recurrida se encuentra ajustada a derecho. Ello evidencia que la conclusión establecida por la recurrida respecto al carácter no laboral del accidente sufrido por el trabajador, es consecuencia de la valoración del cúmulo probatorio cursante en el expediente, y no del vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento, por lo que resulta improcedente la delación interpuesta.
Con fundamento en el artículo 168 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia que la alzada incurre en el vicio de inmotivación de la sentencia por no haberse pronunciado sobre la procedencia de la confesión en la que incurrió la empresa demandada al no haber contestado la demanda en la oportunidad legal.
Señala que aun cuando el Juez de alzada hace una aclaratoria con respecto a la confesión relativa y no absoluta, en la que estuvo incursa la accionada por no haber contestado la demanda, no analizó las pruebas aportadas por la demandada a objeto de constatar si los hechos alegados por el actor fueron desvirtuados en el proceso, incurriendo en el vicio de inmotivación al no pronunciarse respecto a la procedencia de la confesión ficta de la empresa.
Resulta evidente la manifiesta falta de técnica en la que incurre el formalizante, al confundir en su planteamiento dos (2) vicios por defecto de forma de la sentencia diferentes, ya que bajo el supuesto de inmotivación del fallo, denuncia la omisión de pronunciamiento en cuanto a la confesión relativa en la que incurrió la empresa por no haber contestado la demanda, lo que configura el vicio de incongruencia negativa; asimismo, a pesar de que señala que la recurrida omitió pronunciarse sobre la procedencia de la confesión relativa, luego refiere que la alzada sí se pronunció respecto a dicha confesión, que haría procedente la desestimación de la presente delación. No obstante, en apego a lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de las deficiencias técnicas apreciadas, se colige que lo pretendido por el formalizante es atacar el pronunciamiento de la recurrida por el que declaró que el accidente sufrido por la parte actora no tenía carácter laboral, a pesar de la confesión ficta de la parte accionada, quien no contestó la demanda y no desvirtuó las pruebas promovidas por la demandada.
En tal sentido se reitera que la conclusión a la que arribó la recurrida, es la consecuencia de la valoración de los elementos probatorios cursantes en el expediente, por lo que resulta improcedente la delación interpuesta y en consecuencia, deberá declararse sin lugar el recurso interpuesto.
En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial del demandante, Daniel Antonio Vega Mujica contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 29 de abril de 2014; y SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido.
No se condena en costas a la parte actora recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese esta decisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los trece (13) días del mes de junio de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
EDGAR GAVIDIA RODRIGUEZ
R.C. Nº AA60-S-2014-000776