Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-633-11.htm
Timestamp: 2018-12-11 01:10:10
Document Index: 360226209

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 162', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 2', 'Artículo 226', 'artículo 189', 'artículo 7', 'artículo 189', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 150', 'artículo 160', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 162', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 226', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 150', 'artículo 227', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 44', 'artículo 93', 'artículo 93']

C-633-11
Sentencia C-633/11
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Resulta compatible con la Constitución Política/TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Se constituye como una organización interestatal
Se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno. Y de otra, los objetivos y el contenido del Tratado sometido a control constitucional, que como quedó dicho, busca la realización de fines esenciales del Estado colombiano, como la seguridad, la libertad y el Estado social de derecho, a través de una organización interestatal, normas que se avienen sin dificultades al contenido del texto constitucional, y más allá de ello, constituyen una oportunidad para el mejor cumplimiento de varios preceptos superiores. En efecto, el Tratado de Unasur configura desde su definición y objetivos, el tipo de integración especialmente protegido por la Constitución, a saber, la integración latinoamericana política, social y económica, todas juntas, una integración a ser impulsada para orientar la política exterior colombiana y ser promovida con el propósito de alcanzar incluso la comunidad latinoamericana. En este caso se trata de una integración que incluye 12 naciones de Suramérica, unidas para alcanzar máximos ideales del Estado según la Constitución colombiana. Es también constitucional, cuando se constituye como una organización interestatal conformada como punto de partida del proceso de integración diseñado por el Tratado, en tanto preserva la soberanía del Estado, sin afectar los demás principios constitucionales a los que están sujetas las relaciones internacionales.
NATURALEZA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Reiteración de jurisprudencia/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República y remisión por parte del Gobierno a la Corte Constitucional
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales. En relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos tópicos: De un lado, la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado. De otro lado, la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto de análisis. Al respecto, esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.). Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art. 241-10 C.P). Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no a la Carta Política.
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Trámite legislativo
La Corte ha precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley.
PROYECTO DE LEY-Cumplimiento de requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución
INTEGRACION LATINOAMERICANA-Inclusión en la Constitución de 1991/INTEGRACION LATINOAMERICANA-Discusión en la Asamblea Nacional Constituyente
INTEGRACION LATINOAMERICANA-Figura relevante en los principios fundamentales y en el desarrollo de las competencias alusivas a la formación de relaciones internacionales
TRATADO CONSTITUTIVO DE UNASUR-Contenido y alcance
TRATADO CONSTITUTIVO DE UNASUR-Objetivos
Desde el punto de vista propiamente de los objetivos –general y específicos- del Tratado y en ese tanto del proyecto de integración, estos pueden ser clasificados bajo cuatro tópicos principales. Uno relacionado con el principio democrático que será tratado adelante; otro, alusivo a lo que en el Derecho constitucional de los Estados se reconoce como designios propios del Estado social de derecho; uno tercero que incluye la cooperación en acciones connaturales al Estado de derecho para protegerse como unidad política y social; y el cuarto, contentivo de los propósitos de la integración en sí misma.
TRATADO CONSTITUTIVO DE UNASUR-Componentes/TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Contenido orgánico y funcional/UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Estructura orgánica/UNION DE NACIONES SURAMERICANAS-UNASUR-Fuentes jurídicas y procedimientos para la toma de decisiones
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1440 de 28 de enero de 2011“Por medio de la cual se aprueba el ‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho”.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil once (2011).
Dentro del proceso de revisión de la Ley 1440 de 28 de enero de 2011“Por medio de la cual se aprueba el ‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho”.
La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 47.966 del 28 de enero de 2011, es la siguiente:
Diario Oficial No. 47.966 de 28 de enero de 2011
ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN DE UNASUR.
ARTÍCULO 2o. OBJETIVO.
ARTÍCULO 3o. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
ARTÍCULO 4o. ÓRGANOS.
ARTÍCULO 5o. DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIDAD.
ARTÍCULO 6o. EL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 7o. LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE.
ARTÍCULO 8o. EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES.
ARTÍCULO 9o. EL CONSEJO DE DELEGADAS Y DELEGADOS.
ARTÍCULO 10. LA SECRETARÍA GENERAL.
ARTÍCULO 11. FUENTES JURÍDICAS.
ARTÍCULO 12. APROBACIÓN DE LA NORMATIVA.
ARTÍCULO 13. ADOPCIÓN DE POLÍTICAS Y CREACIÓN DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS.
Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de instituciones, organizaciones o programas comunes para ser adoptados de manera consensuada, sobre la base de criterios flexibles y graduales de implementación según los objetivos de Unasur y lo dispuesto en los artículos 5o y 12 del presente Tratado.
ARTÍCULO 14. DIÁLOGO POLÍTICO.
ARTÍCULO 15. RELACIONES CON TERCEROS.
ARTÍCULO 17. PARLAMENTO.
ARTÍCULO 19. ESTADOS ASOCIADOS.
ARTÍCULO 20. ADHESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.
ARTÍCULO 21. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
ARTÍCULO 22. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS.
ARTÍCULO 23. IDIOMAS.
ARTÍCULO 24. DURACIÓN Y DENUNCIA.
ARTÍCULO 25. ENMIENDAS.
Dada en Bogotá, D. C., a los cinco (5) días del mes de febrero de dos mil nueve (2009).
Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2009
Artículo 1o. Apruébese el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto número 118 de 2011.
Mediante escrito radicado el 11 de mayo de 2011, el Ministerio de Relaciones a través de representante, solicita se declare constitucional la ley 1440 de 2011 y el Tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas de 2008, por considerar que se cumplieron los requisitos formales constitucionales para su suscripción y aprobación y porque “consulta los principios e intereses del Estado colombiano”.
Lo anterior, es conclusión de un análisis en el cual la Cancillería comienza por recordar los momentos que han antecedido “el desafío” de hacer de América del Sur un espacio económico. Desde su proposición en 1998, su paso por las cumbres presidenciales iniciales de América del Sur de 2000 y de 2002, las de 2004 y 2005 cuando se firman sendas declaraciones para crear formalmente la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), “sobre la base de la convergencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y MERCOSUR, las de 2006, 2007 y 2008 en las que se definen los alcances del proyecto de acuerdo constitutivo, para su firma final a fines de 2008, en Brasilia.
Destaca luego la estructura del Tratado, su objetivo de crear un espacio de integración cultural, social, económica y política, asuntos que se detallan en los objetivos específicos de Unasur y con los que se aprecia: “(…) UNASUR se erige con base en la necesidad de fortalecer y profundizar el proceso de integración de América del Sur y se constituye en un instrumento para que los Estados avancen en su desarrollo económico, social, cultural, político, ambiental”. (f. 165, reverso).
También se alude a otros contenidos del tratado como la creación de “instituciones con capacidad para adoptar ciertas decisiones, en el marco de un conjunto preciso de competencias y con recursos propios”, la regla del consenso para la toma de decisiones como garantía de decisiones favorables a todos los Estados miembros, la trascendencia del liderazgo de los Jefes de Estado y el compromiso político de los Gobiernos participantes de impulsar el proceso.
Destaca igualmente la promoción de procesos de participación ciudadana, diversas formas de adhesión al tratado, el financiamiento de la organización, la solución de controversias, las reservas, etc. (fs. 164 rev., 165 anv.).
En fin, reconoce que los temas relacionados con la concreción del tratado como derecho de los Estados partes y otros elementos propios de las relaciones internacionales, se sujetará a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Y una disposición en la que se plantea la posible conformación de un Parlamento Suramericano.
En una segunda parte hace referencia al trámite de aprobación del Tratado, desde las primeras negociaciones a instancias del Jefe de Estado y de sus representantes (folio 165 anv. y rev.). Destaca que una vez completadas las ratificaciones suficientes, ha entrado en vigor el 11 de marzo de 2011 y precisa que el trámite interno para incorporarlo en el Derecho colombiano se inició a principios de 2009, el cual concluyó con la sanción de la ley el 31 de enero de 2011 (fs. 165 rev. y 166 anv.).
En una tercera parte analiza las razones que justifican la constitucionalidad del tratado, en donde estudia primero el cumplimiento de los requisitos constitucionales en la negociación y suscripción del mismo, en particular en lo que hace referencia a la representación del Estado durante las negociaciones. Otro tanto se destaca con relación al trámite de la ley (fls. 167-168 anv.).
A continuación se expone el cumplimiento de los principios constitucionales que gobiernan las relaciones internacionales del Estado, como la de promover la internacionalización de las relaciones del art. 226 C.P., lo cual se logra a través de la celebración de tratados de carácter regional, como lo ha reconocido por la jurisprudencia constitucional, dice el Ministerio, así como para “avanzar decididamente en la integración latinoamericana” (cita sentencia C-334 de 2002).
Y sobre el tratado constitutivo objeto de control dice “se erige como una de las piezas fundamentales para dar cumplimiento a los principios consagrados en el Preámbulo y en los artículo 9º y 227 de la Constitución Política” (fls. 168 rev.).
Retoma entonces el tenor literal del preámbulo, del art. 9º y del art. 227 C.P., junto con lo previsto en apartes del preámbulo del tratado constitutivo de Unasur y en el artículo 2º sobre los objetivos del tratado. Y de todas ellas concluye que “existe plena convergencia entre el interés de fortalecer la integración de Suramérica, reflejada en la creación de una organización regional” como lo es la Unasur, y los principios consagrados en la C.P. (f. 169 rev.).
Por otra parte se afirma que el tratado cumple con los principios constitucionales de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
En cuanto a la equidad y a la reciprocidad, con base en jurisprudencia constitucional (sentencias C-137 de 1995, sobre la ley aprobatoria de la Organización mundial del comercio) y la sentencia C-492 de 1998, relacionada con el Acuerdo de comercio entre Colombia y Malasia, se estima que el tratado cumple con tales principios.
Lo anterior, “porque las decisiones en la UNASUR se toman por consenso; (ii) la representación en los órganos es equitativa para todos los Estados miembros o en su defecto, se turna la participación de forma rotatoria; (iii) todos los Estados puede [sic] proponer la adopción de políticas; creación de instituciones, organizaciones o programas comunes para ser adoptados de manera consensuada y (iv) la concertación política es elemento primordial de la organización, todo lo cual refleja un tratamiento equitativo, que a su vez implica reciprocidad”. (f. 170 anv.)
Por eso concluye que en el tratado se observa el principio de equidad en la medida en que existe reciprocidad en materia de beneficios y obligaciones.
En cuanto a la conveniencia nacional, también con base en jurisprudencia de esta Corporación (sentencia C-178 de 1995, sobre el tratado de libre comercio entre México, Colombia y Venezuela), el cumplimiento de este principio, no obstante su importancia en la dogmática y práctica de las relaciones internacionales, no hace parte del juicio de constitucionalidad. Se trata por el contrario de un asunto de consideración política del Gobierno y de la Congreso nacionales, “encargados de evaluar y decidir si es propicia, oportuna y provechosa para el Estado la adopción del correspondiente instrumento internacional (…)” (f. 171 anv.).
De tal modo el tratado de Unasur obedece a los mandatos constitucionales de los artículos 226 y 227 de la Carta.
Además, agrega, el tratado desarrolla los fines constitucionales del Estado social de derecho, como esfuerzo de los gobiernos de los Estados partes por atender el problema regional de “la pobreza, la desigualdad y la exclusión” (f. 171 anv.). Por tanto, idóneo para hacer efectivo los objetivos de promoción de la prosperidad y el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, a través de la cooperación y la integración, en consonancia con dicho concepto de Estado. “En efecto, dentro del mandato de internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, establecido en el Artículo 226 de la Carta Política, los proceso de integración fomentan las oportunidades comerciales; favorecen el desarrollo social y humano; fortalecen la democracia y reducen las asimetrías. Todo lo anterior, repercute claramente en sus mejores condiciones de vida para los colombianos (…)”. (folio 171 rev.).
Afirma también el Ministerio de Relaciones Exteriores que la ratificación del tratado constitutivo es desarrollo del principio de autodeterminación de los pueblos, fundamental para proteger el poder soberano de cada Estado para definir sus propios asuntos, incluido el acto de comprometerse como ente jurídico en el plano internacional a través de la suscripción y aprobación de tratados (sentencias C-176 de 1994 y C-621 de 2001). Por eso señala que el tratado de Unasur “es manifestación del postulado de la soberanía nacional y de la decisión unilateral del Estado colombiano de asumir obligaciones internacionalmente y ejercer derechos en los términos establecidos en ese Tratado”.
Y por consideraciones finales observa que Colombia participó a lo largo de todo el proceso de negociación del tratado, ostenta condición de miembro fundador, con claro interés en la Unión como lo muestran que su Secretaria General es una nacional colombiana, que se incluye y articula dentro de la políticas de integración y cooperación que favorecen los objetivos constitucionales, que hace parte de la estrategia de la política exterior del actual gobierno. Por ello su ratificación permitirá participar a Colombia en el “foro subcontinental favorecido para la discusión de los más importantes temas de la agenda global y regional”(f. 172 rev.). Y a continuación se agrega: “(…) la UNASUR se erige en una instancia de vital importancia para continuar avanzando en la consolidación de la integración como instrumento para la prosperidad. Como parte de esa prosperidad, es imprescindible profundizar los lazos por los países vecinos y participar activamente en este escenario, en donde a través del diálogo y el consenso se abordan los asuntos de interés común relacionados con el bienestar de la región y en su mejor inserción externa”.
Con base en tal argumentación, solicita se declare exequible la ley 1440 de 2011 y el tratado constitutivo de Unasur.
Mediante concepto No. 5165 radicado el 1º de junio de 2011, solicita se declare constitucional la Ley 1440 del 28 de enero de 2011, junto con el tratado que aprueba, “Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, hecho en Brasilia, Brasil, el día 23 de mayo de 2008”.
Con relación al análisis formal, observa que el Tratado en cuestión fue suscrito por la República de Colombia el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, Brasil y por Aprobación Ejecutiva del 23 de febrero de 2009, el Presidente de la República dispuso someterlo a la consideración del Congreso.
Del estudio de los documentos que obran el expediente, concluye que no se advierte la existencia de vicio alguno durante el procedimiento legislativo.
En el análisis material, el Ministerio público observa que la Unión de Naciones Suramericanas, está conformada por las repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela y con ella se busca “el desarrollo de un proceso de integración en los ámbitos político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y de infraestructura”. En este sentido se trata de “un proceso de integración que pretende convertirse en un punto de convergencia para estas repúblicas y para los procesos de Mercosur y de la Comunidad Andina”, cuyo fin no es otro que el “apoyar un desarrollo más equitativo, armónico e integral de América del Sur”.
Con dicho tratado, se observa, los Estados Partes pretenden “construir un futuro común y una identidad y una ciudadanía suramericanas, pues están convencidos de que la integración y la unión de estos países son condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible, en el bienestar de los pueblos y en el camino de resolver los problemas de la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes”.
De esta forma se reconoce como un “paso decisivo para fortalecer el multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales, en el contexto de un mundo multipolar, equilibrado y justo, en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva”. Igualmente se observa que sus principios rectores incluyen el “irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz, democracia, participación ciudadana y pluralismo, derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes, reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible”.
Enseguida, el Procurador General efectúa un recuento de los contenidos del Tratado, desde su preámbulo y los artículos en los que se plasma la constitución de Unasur, sus objetivos generales y específicos, hasta los preceptos en los que se precisan los elementos orgánicos y funcionales que relaciona, para señalar, en fin, que dicho “cuerpo jurídico, que es propio de toda organización internacional, no amerita un análisis en detalle, pues se trata de instrumentos y procesos necesarios para la operación” de la Unión establecida y para alcanzar sus objetivos y propósitos.
Por ello y luego de mencionar el artículo transitorio que acuerda la posible adición al tratado para constituir un Parlamento Suramericano, señala que el tratado de Unasur está conforme a la Constitución política. Primero, porque la “ambiciosa propuesta de integración suramericana, que va más allá de los mercados y de las políticas económica comunes, y busca crear unas autoridades regionales comunes, un derecho común y una ciudadanía suramericana, bajo unos parámetros democráticos y sociales”, resulta “consistente con el Estado Social y Democrático de Derecho”.
Y segundo, porque el “esfuerzo común que implica un proceso de integración regional, puede brindar importantes instrumentos y sinergias para avanzar en la búsqueda de soluciones integradas en infraestructura, energía, complementación industrial y agrícola, medio ambiente, ataque a la pobreza y a la exclusión social, fuentes de financiamiento para el desarrollo, seguridad, educación, cultura, ciencia y tecnología; para lograr una cobertura más amplia e integral de los derechos humanos de los nacionales de los Estados Miembros allende las fronteras; y, como lo dice de manera explícita el tratado, para fortalecer tanto la identidad propia de América del Sur, como su posición en el escenario internacional”.
En ese orden, concluye el Ministerio Público, el tratado “se ajusta a los mandatos superiores, en especial a los contenidos en los artículos 1°, 2°, 7, 8, 9°, 67, 70, 79, 80, 93, 94, 95.4, 189.2, 226 y 227 de la Constitución Política” y sus objetivos son coherentes y armónicos con los fines y objetivos del Estado descrito por la Constitución.
1. Con el objeto de adelantar el análisis previo de constitucionalidad sobre la ley 1440 de 2011 y el Tratado de Unasur que aprueba, la Corte desarrollará el siguiente plan de análisis: reiterará la jurisprudencia sobre la naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados (1.). A continuación adelantará la revisión constitucional en su aspecto formal (2.). Luego se efectuará el análisis sustancial de constitucionalidad de la Ley 1440 de 2011 y del Tratado (3.) y por último señalará las conclusiones del caso (4.).
5. De acuerdo con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio de la Ley 1440 de 28 de enero de 2011“Por medio de la cual se aprueba el ‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho”.
7. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del siete (7) de marzo de dos mil once (2011)[1] firmada por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó a esta Corporación que:
3. Posteriormente, el día 23 de mayo de 2008, en cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, llevada a cabo en Brasilia, Brasil, el señor Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, suscribió en nombre del Estado Colombiano el precitado instrumento internacional, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia”
Al respecto, evidentemente el artículo 7 de la Convención de Viena, aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985, dispone:
En ese sentido, encuentra esta Corporación que no se incumplieron las formalidades requeridas para el ejercicio de la representación necesaria para la suscripción del instrumento objeto de examen[2]. Así, se ha de ver que con la ratificación del Presidente de la República del mencionado Tratado, según las facultades previstas en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 32 de 1985, se subsana la negociación que en un primer momento efectuó el Viceministro de Relaciones Exteriores de la época en virtud del artículo 8° de la Convención de Viena[3].
8. El 23 de febrero de 2009[4] se aprobó el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas” por parte del Ministro de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y Crédito Público y se ordenó someter el Acuerdo bajo examen a consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política.
9. Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 206 de 2009 Senado y 143 de 2010 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1440 de 28 de enero de 2011 “Por medio de la cual se aprueba el ‘TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS’, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho”, surtió el trámite que se describirá a continuación según el plan siguiente: estudiará en primer lugar el trámite en el Senado de la República(2.2.1.); luego el trámite en la Cámara de Representantes (2.2.2.); el cumplimiento de los límites temporales para tramitar el proyecto de ley (2.2.3.). Por último, se estudiará el cumplimiento de los demás requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución (2.2.4.).
10. El texto del proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República el 23 de febrero de 2009, por los entonces Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, siéndole asignado el número de radicado 206 de 2009. Su texto y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 1208 del 26 de noviembre de 2009[5].
11. La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Darío Angarita Medellín[6] y fue publicada en la Gaceta del Congreso No 134 del 21 de abril de 2010[7].
12. En la certificación suscrita por el Secretario General del Senado de la República[8], se acreditó que “el proyecto de ley fue anunciado en sesión del 11 de mayo de 2010, según consta en el Acta No. 27 de esa fecha, publicada en la Gaceta No. 442 del 22 de julio de 2010”.
A continuación se extraen los aspectos relevantes previstos en el acta No. 27 publicada en la Gaceta 442 del 22 de julio de 2010[9] para la certificación del anuncio:
Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda Senado de la República,
(Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003)
4. Proyecto de ley número 206 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia, Brasil, el veintitrés de mayo de dos mil ocho.
Publicaciones: Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 1208 de 2009
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso número 134 de 2010”.
13. De acuerdo con el anuncio precitado, el proyecto fue aprobado el 19 de mayo de 2010, según consta en el Acta No. 28 publicada en la Gaceta del Congreso No. 442 del 22 de julio de 2010[10], en la cual se lee:
14. La ponencia para segundo debate fue presentada por el Senador Darío Angarita Medellín, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 263 del 26 de mayo de 2010[11]. Iniciado el período legislativo 2010-2014 fue escogido el senador Edgar Gómez Román como ponente para segundo debate y la ponencia fue publicada Gaceta del Congreso No. 813 del 26 de octubre de 2010[12].
15. Según certificación expedida el 4 de marzo de 2011 por el Secretario General del Senado de la República[13] Emilio Otero Dajud, el proyecto de ley, fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 2 de noviembre de 2010, según consta en el Acta de Plenaria N° 22 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 903 de 2010[14]. Según el texto de la referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
Revisado en detalle el contenido del Acta de Plenaria No. 22 de 2010, se estableció que la sesión finalizó así: “Siendo las 8:27 pm, la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 9 de noviembre de 2010, a las 3:00 pm”[15].
16. Según la certificación referida en el numeral anterior, la discusión y aprobación de la ponencia en segundo debate se efectuó en la sesión del 9 de noviembre de 2010, según consta en el Acta de Plenaria No. 23 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 49 del 21 de febrero de 2011[16]. En ella se lee que el resultado de la votación es el siguiente:
17. El texto definitivo del Proyecto de Ley 206 de 2009 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 813 del 26 de octubre de 2010[17].
18. Radicado el Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes con el número 143 de 2010, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el Representante a la Cámara Telesforo Pedraza Ortega[18]. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 979 del 29 de noviembre de 2010[19].
19. De acuerdo con la certificación allegada a esta Corporación el 15 de marzo de 2011[20], por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue anunciado en sesión del 30 de noviembre de 2010, según el Acta No. 24 de la misma fecha, publicada posteriormente en la Gaceta del Congreso No. 1069 de 9 de diciembre de 2010[21], en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Proyecto de ley número 143 de 2010 Cámara, 206 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2008”
20. En la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior[22], la Secretaría de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes hizo constar que, de acuerdo al Acta 25 del 1° de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso No 1.070 del 9 de diciembre 2010[23], el proyecto de ley bajo estudio fue aprobado de la siguiente manera:
(…) Quince votos por el Sí; en consecuencia, honorables Representantes, se ha aprobado el título del proyecto y quieren que sea ley de la República”.
21. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Telesforo Pedraza, ponente coordinador, Albeiro Vanegas Osorio, Oscar de Jesús Marín, José Ignacio Mesa Betancourt, Yahir Acuña Cardales, Iván Cepeda Castro, Bayardo Gilberto Betancourt Pérez[24] y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 1051 del 7 de diciembre de 2010[25].
22. Según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes[26] en sesión del 13 de diciembre de 2010 se anunció la discusión y aprobación del Proyecto de Ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta de Plenaria No. 40 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 116 del 23 de marzo de 2011[27]. Revisada el acta de esta sesión, se encuentra que el anuncio se realizó del siguiente modo:
de ponencia para segundo debate.
23. Según la certificación allegada el 12 de abril de 2011[28] suscrito por el Secretario General de la Cámara de Representantes “el proyecto de ley en comento se aprobó en plenaria el día 14 de diciembre de 2010, según consta en Acta de Plenaria 41 de la misma fecha, (…)”. Tal discusión consta en la Gaceta del Congreso 213 del 28 de abril de 2011, en los siguientes términos:
Asistentes: 149 2:27:28 p. m.
Proyecto de ley número 143 de 2010
ACTA NÚMERO 41 DE 2010
(…) Podemos votar el título que dice: por medio de la cual se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, hecho en Brasil el 23 de mayo de 2008 y la pregunta si la Cámara quiere que este proyecto sea ley de la República, señor Presidente.
(…) Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C., informa:
Asistentes: 152 2:30:20 p. m.
Articulado, título y quiere que sea ley de (…)
(…) No: 0
24. El texto definitivo del Proyecto de Ley 143 de 2010 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso No 1137 del 28 de diciembre 2010[29].
25. La Corte ha precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “[n]ingún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley[30].
29. El 28 de enero de 2011, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1440 de 2011. Fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el 31 de enero de 2011, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia,[31] dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
32. La idea de la integración latinoamericana hace parte de la historia del Estado colombiano y del subcontinente[32], así sea de manera intermitente. Sin embargo, adquiere relevancia jurídica constitucional a partir de la Constitución de 1991.
Pasa entonces la Corte a relacionar, en primer término, su tratamiento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (3.1.1.); en segundo lugar, describirá su ordenación en la Carta (3.1.2.), para estudiar finalmente la forma como se ha interpretado por la jurisprudencia constitucional (3.1.3.).
3.1.1. La integración latinoamericana en la Asamblea Nacional Constituyente
33. Muy desde el principio, al tratar la reforma constitucional sobre Relaciones Internacionales[33], el constituyente Alfredo Vázquez Carrizosa, estimó incluir dentro de su ordenación, a la integración latinoamericana como expresión de la modernidad en la que se superan esquemas del Estado-Nación, para actuar de modo asociativo a través de “comunidades multinacionales de tipo económico que hacen imperativo un nuevo Derecho Comunitario”. Por ello afirma que la “definición de la política internacional de Colombia se encuentra en el primero de los artículos en proyecto que se acompañan. Hemos creído que la doctrina continental de Simón Bolívar, Presidente de Colombia, durante un período memorable de nuestra historia, es una base inequívoca de la política exterior de nuestra Nación”. Es decir que “La integración latinoamericana será el marco ideal de nuestro vivir nacional”[34].
34. Posteriormente, al discutir sobre la “Internacionalización de las Relaciones Económicas y Sociales y Organismos Supranacionales”[35], los ponentes[36] señalan que la internacionalización de la economía y la integración son imperativos contemporáneos: “No parece necesario abundar en argumentaciones sobre la importancia que para el desarrollo de sus economías tiene la integración de los países latinoamericanos, en un contexto internacional caracterizado por la formación de grandes bloques comerciales y la creciente internacionalización de las relaciones económicas. Se trata, sin lugar a dudas, de un imperativo del mundo contemporáneo, cuyo desconocimiento o inadecuada interpretación se traducirán en desaprovechamiento de significativas oportunidades de progreso y bienestar”. Por ello, se presentan “partidarios de que la Constitución amplíe y precise el ámbito institucional de la integración, a partir del principio fundamental de los procesos integracionistas, cual es una concepción actualizada (…) de la soberanía nacional”.
35. Durante la sesión del 31 de mayo de 1991[37], intervino el entonces presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien manifestó que el proyecto de integración latinoamericana no sólo era una oportunidad para “enfrentar los problemas de nuestras economías y para ponernos al nivel competitivo con las grandes naciones industrializadas”, sino que era además un “requerimiento” para que América Latina actuara de cara al mundo según sus potencialidades como región. En ese sentido agregó que “No estamos ya haciendo retórica integracionista; se nos está imponiendo la integración frente a un proceso mundial de creación de grandes bloques económicas”.
36. En la sesión plenaria del 24 de mayo de 1991[38], la Subcomisión de Relaciones Internacionales (Acta N.1 de 11 de marzo de 1991), presentó la proposición del Constituyente Vázquez Carrizosa, quien con relación a los principios de Política Exterior, propuso que se incluyera un artículo en el que se consagrara que la política internacional del país debía ordenarse en primer lugar con fundamento en el proyecto de unidad latinoamericana[39].
Esta proposición, sin embargo, no se estimó conveniente por ligar la política exterior del país a decisiones de terceros, pero aún así, se consideró necesario preservar “el pensamiento bolivariano” en desarrollo de “la integración latinoamericana”. También se da cuenta del Acta No. 5 (25 de abril de 1991), en cuanto a los principios de política exterior, donde se propuso de nuevo otro precepto sobre la integración plena, cuyo objetivo no es otro que el de formar la comunidad latinoamericana[40]. Sin embargo, se aprobó la proposición ya adoptada por la Comisión Primera, según la cual, “la política Internacional de Colombia se orientará hacia la realización de la integración latinoamericana”.
37. También en la sesión plenaria del 28 de mayo de 1991[41], la Plenaria introdujo un artículo nuevo que fue aprobado y conforme al cual se establecía: “El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que, sobre bases de equidad, igualdad, y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una Comunidad Latinoamericana de Naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano”.
38. En la sesión plenaria, segundo debate, del viernes 28 de junio de 1991[42], se discute y aprueba, la apuesta por la integración latinoamericana, como parte de los mandatos de la Constitución. Así lo deja ver la aprobación de que su referencia apareciera en el preámbulo, al decir que el pueblo colombiano está “comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. También en los principios constitucionales cuando habla de que “de igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”. Igualmente “en el capítulo de las Relaciones Internacionales”, en donde “figura también una aseveración como ésta, probablemente aún más categórica y clara, porque habla de la utilidad de que Colombia impulse una comunidad latinoamericana de naciones”[43].
39. Con referencia a la redacción del preámbulo, en sesión del 16 de agosto de 1991[44], se presentó la proposición de incluir además de otros ingredientes normativos, “la necesidad de contribuir a la unidad e integración latinoamericanas, de acuerdo con los ideales del libertador Simón Bolívar”[45], o con los ideales de todos los que a lo largo de la historia han procurado la misma[46], como forma de ampliar la “capacidad negociadora de América Latina”[47]. La integración latinoamericana, o para mejor comprensión, la comunidad latinoamericana[48], en todo caso se considera como “un avance, un aporte sustancial no solamente a la normatividad constitucional de nuestro país, sino del continente"[49].
40. Durante la sesión del 23 de agosto de 1991[50], de nuevo se reclama por reconocer la integración latinoamericana como necesaria[51], no obstante estar supeditada a acuerdos entre Estados para que la misma se consolide. De allí que no tuviera acogida la proposición del constituyente Echeverry, quien pidió retirar la propuesta de inclusión de la integración latinoamericana, “por considerarla impertinente en un texto constitucional dado que la constitución unilateralmente no puede presionar[la] (…)”.
3.1.2. Un ingrediente normativo constitucional del preámbulo, de los principios constitucionales y del capítulo sobre las relaciones internacionales
No obstante su estructura propositiva y la apertura de muchas de sus expresiones, el preámbulo, se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, forma parte de las normas jurídicas que consagra la Constitución y que deben ser respetadas en el desarrollo e interpretación del orden jurídico. Como se afirmó en la sentencia C-422 de 2005 sobre su efecto vinculante[52], “el Preámbulo de la Constitución Política de 1991 implica una referencia normativa expresa a un acto de poder político desplegado por el Pueblo de Colombia, de una manera específica y con unos propósitos determinados”. Es el acto soberano de poder ejercido a través la Asamblea Nacional Constituyente, con el cual se dicta una Constitución que establece el Estado social de derecho y que compromete a la Nación con la promoción de la integración latinoamericana. Y aunque no incorpore un mandato específico, como se dijo en sentencia C-479 de 1992, el Preámbulo sí determina “los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente (…); la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos (…) las metas hacia las cuales debe orientar su acción [el Estado]; el rumbo de las instituciones jurídicas”. Por ello, como se dijo otra vez en la sentencia C-422 de 2005, los principios y fines que se incluyen en el preámbulo tienen: i) “efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción” y ii) “constituyen parámetro de control en los procesos de constitucionalidad”. Pues de no ser así, “carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el Preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada”.
Mas, con base en esta providencia, la fuerza normativa de los principios no siempre es suficiente “para determinar la solución necesaria en un caso concreto”. La textura abierta de las normas, en efecto, limita su “eficacia directa”. De este modo, “un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la constitución, pero puede, en ciertos casos necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión judicial".
En ese capítulo, primero se señala la indispensable aprobación por el Congreso de los tratados, como requisito de validez, con excepción de los de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan, que podrán entrar en vigor provisionalmente, mientras el Congreso decide sobre su aprobación o improbación (art. 224). Después se refiere a una Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como cuerpo consultivo del Presidente de la República (art. 225) y luego establece que el Estado “promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas” y los principios en los que tales relaciones se deben basar -“equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (art. 226). Y finalmente, en el precepto último este capítulo, se establece con respecto a la integración latinoamericana:
Existe un deber general del Estado de “promover la integración” en tres órdenes: político, económico y social. Ello se plantea frente a las naciones del mundo, pero “especialmente, con los países de América Latina y el Caribe”. Esta integración, se agrega, debe ser creada mediante la celebración de tratados suscritos sobre bases de “equidad, igualdad y reciprocidad”, en los cuales se creen “organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones”. Y esta integración incluye una habilitación constitucional al legislador, para “establecer elecciones directas”, bien para la constitución del parlamento “andino”, bien para el “latinoamericano”[53].
49. Esta fórmula constitucional a favor de la integración latinoamericana es distinta de la que contempla el artículo 150, numeral 16 constitucional, donde el Congreso de la República está autorizado para “transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”. En ella se reconoce la importante facultad de conferir a organismos internacionales poderes, pero para promover o consolidar “la integración económica con otros Estados”, sobre la base de que lo que se decida, cumpla con los principios generales que otorgan legitimidad a los convenios internacionales, también previstos en el artículo 226 CP.: “equidad, reciprocidad, conveniencia nacional”. Por su parte, la integración latinoamericana a la que se refiere el preámbulo y los artículos 9º y 227 C.P., como se ha visto, es visiblemente más amplia y sólida, pues su especial reconocimiento incluye aspectos sociales y políticos, a más de contener mayores garantías institucionales para su funcionamiento.
50. De lo dicho es posible concluir que desde el compromiso de impulsarla, el ser orientación de la política exterior colombiana y su inclusión como mandato de especial promoción, la integración política, económica, social con latinoamericana y el Caribe representa en la Constitución una apuesta especialmente deseable, dentro de las múltiples opciones existentes en materia de relaciones internacionales[54].
3.1.3. La jurisprudencia constitucional sobre integración latinoamericana
52. Desde las primeras sentencias, la Corte no dudó en atribuir eficacia jurídica al enunciado constitucional a favor de la integración latinoamericana. Así aparece en la sentencia C-589 de 1992 al estudiar el “Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana", donde afirmó sobre el particular que la “experiencia de otras regiones del orbe que han creado bloques para luchar, proponer y defender sus alternativas, ha hecho no solamente viable sino necesaria la unión de estos pueblos porque sólo a través de ella se harán fuertes e impondrán condiciones de conveniencia común” (resaltado fuera de texto). En la C-479 de 1992, al estudiar la constitucionalidad de una ley de facultades extraordinarias, observó que parte del carácter finalista de la Carta se encontraba en postulados como el de la “integración latinoamericana”, a ser tenidos en cuenta en el ejercicio del control constitucional contemplado en los artículos 241 y concordantes de la Carta, como forma de asegurar la integridad y supremacía constitucionales. Porque “no sería eficiente ni útil si desconociera esos postulados, en los cuales se nutre todo el orden jurídico estatal”.
A su vez, en la sentencia C-104 de 1995, al revisar la constitucionalidad del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Corte indicó, entre otras, que las disposiciones del mismo no sólo eran compatibles con el artículo 7º C.P., sino también con el 9º en cuanto a la integración latinoamericana. Y se agregó, con relación a la integración como política de actuación de los Estados, que “Sólo a través de esfuerzos colectivos y mediante la realización de proyectos de integración como éste, se hacen realidad principios fundamentales de nuestra Carta Política, como los de la integración latinoamericana y la reafirmación de la unidad nacional dentro del respeto por la diversidad étnica y cultural de nuestro pueblo”.
53. Debe precisarse, empero, que la Corte en el estudio de los más de los instrumentos internacionales que ha revisado hasta el momento, se ha referido a convenios, acuerdos, tratados o protocolos en los que se formula en particular un tipo de medidas con tendencia integracionista, bien sea de carácter cultural, económico o de cooperación judicial. En todos los casos se retoman los contenidos de los artículos 9º, 226, 227, 150-16 C.P., y se concluye que lo ordenado en tales instrumentos y por tanto en las leyes que los incorporan al derecho interno, son concordantes con lo dispuesto en la Constitución[55].
54. Dentro del conjunto de tratados y acuerdos suscritos, han prevalecido los de carácter económico, sobre los cuales no se ha reconocido i) ni su preferencia y preeminencia a la hora de crear futuras relaciones internacionales[56] , ii) ni, en general[57], pertenecer al bloque de constitucionalidad lato o estricto[58], no obstante su carácter de normas vinculantes[59]. Y esto es así, porque no cabe atribuir tales consecuencias a las medidas de integración económica frente a los poderes constitucionales que se ejercen y frente al principio de conveniencia económica.
Es decir que la elección y oportunidad de entablar relaciones internacionales en una u otra dirección, son del fuero del Jefe de Estado (art. 189 num. 2, 224 y 226 C.P.) sin que sea reconocible una limitante como la que se indica y por la cual deban preferirse los acuerdos económicos suscritos entre latinoamericanos, por ese simple hecho. Menos aún cuando estas relaciones, en los más de los casos regulan los mercados, la competencia, el tráfico de bienes y servicios, la aplicación de tarifas y gravámenes, etc., esto es, representan ordenación económica. En tales asuntos, se sabe, cabe la misma racionalidad según la cual, el Congreso y el Gobierno tienen amplios poderes de configuración legislativa y de iniciativa (arts. 154, 189 num. 20, 24, 25, 341, 347. C.P.), para responder a las necesidades de cada momento y a la voluntad que teje la tensión entre mayorías y minorías parlamentarias[60]. No puede por tanto un acuerdo comercial o económico convertirse en fuente jurídica de restricción de tales poderes.
3.2. Análisis sustancial de constitucionalidad del Tratado de Unasur
3.2.1. La dogmática del tratado y la Constitución
56. El componente dogmático del tratado determina las razones y propósitos por los cuales se constituye la persona jurídica de derecho internacional denominada Unasur, destinada a impulsar un proceso serio y profundo de integración regional, que supera los límites de lo económico y apuesta hacia la configuración de la integración y la unión social, política, cultural y ambiental, cuyo propósito es atender los problemas más acuciantes de todos los Estados partes y a procurar la realización de los derechos de sus habitantes. Hacen parte de éste, el preámbulo y los artículos 2º y 3º (3.2.1.1.).
3.2.1.1. Fundamentos, alcances, constitución y objetivos de Unasur como herramientas del Estado social de Derecho y del efectivo cumplimiento de los derechos humanos
Se observa lo anterior cuando concibe la integración con compromiso, como pauta de orientación de política exterior, como proyecto complejo y amplio, por su extensión en términos de fijación de políticas comunes y por su identidad con la fisonomía del Estado (preámbulo, arts. 9º, 227, 1º C.P.). Igualmente se aprecia en el carácter que le es atribuido, como necesidad o requerimiento para el desarrollo sostenible, que es la noción contemplada por la Constitución (arts. 80, 334 inc 1º CP) y para resolver los problemas más serios que también reúnen a los Estados miembros: la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, propósitos por los que se decide concebir una integración tan profunda y tan concordantes con la noción del orden económico y social justo, con los fines sociales del Estado, la procura de la igualdad material y los objetivos de la dirección del Estado sobre la economía (preámbulo, arts. 2º, 366, 13, 334 CP).
O, dicho de otro modo, que el sustento histórico, social, cultural y económico de la Unión de Naciones de América del Sur, configura en clave constitucional, lo que en el derecho de los Estados-nación se ha reconocido como Estado social de derecho en su versión contemporánea, un Estado pluralista, incluyente, garantista de los derechos y libertades, democrático, competitivo y a la vez protector de los recursos naturales (art. 1º CP).
En el 2º se dice que el objetivo de Unasur es el de “construir (…) un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos”. Con tal aserto se confirma enteramente lo que se advierte desde el preámbulo, es decir, la apuesta por alcanzar una integración regional suramericana importante, decisiva, extensa. Una decisión que además de reflejar la voluntad política de los Estados de Suramérica, representados por sus jefes de Estado, como atrás se dijo, va en la línea de la integración latinoamericana como política exterior hacia la que se orienta y compromete la Nación colombiana (preámbulo, arts. 9º y 227 C.P.).
61. Desde el punto de vista propiamente de los objetivos –general y específicos- del Tratado y en ese tanto del proyecto de integración, estos pueden ser clasificados bajo cuatro tópicos principales. Uno relacionado con el principio democrático que será tratado adelante; otro, alusivo a lo que en el Derecho constitucional de los Estados se reconoce como designios propios del Estado social de derecho; uno tercero que incluye la cooperación en acciones connaturales al Estado de derecho para protegerse como unidad política y social; y el cuarto, contentivo de los propósitos de la integración en sí misma.
En efecto, el artículo 2º señala que el espacio de integración y unión que se proyecta, y en el que se otorga prioridad entre otras, a las políticas sociales, la educación y el medio ambiente, tiene como mira, también entre otros, “eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social (…)”. En desarrollo suyo, como objetivos específicos de la Unión vinculados con la noción del Estado social de derecho, sus diversas manifestaciones pueden organizarse a su vez en dos grupos: i) las acciones tendientes a reducir la desigualdad, proteger la diversidad cultural y facilitar la realización efectiva de los derechos sociales y la protección del medio ambiente (literales b, c, g, j, o) y ii) la que apuesta por el acceso y distribución del conocimiento (n).
62. A la luz de lo anterior, encuentra la Corte que el tratado constitutivo bajo estudio, contempla un proyecto ambicioso de integración regional que se corresponde coherentemente con el discurso integracionista que aparece en la Constitución colombiana atrás referido. Así mismo es compatible enteramente con la noción constitucional de democracia material, esto es, con los discursos sociales, económicos, ambientales, pluralistas, de servicios públicos, de justicia y seguridad de la Carta (artículos 1º, 2º, 8º, 10º, 13 inc 2º, 48, 49, 60, 67, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 333, 334, 335, 365, 366, entre otros).
3.2.1.2. El componente democrático del Tratado constitutivo
64. Así se aprecia en el preámbulo que, como se ha dicho, tiene entre sus fundamentos irrestrictos, “democracia; participación ciudadana y pluralismo”. Está igualmente en el artículo 2º, donde se establece que el objetivo de la Unión es el construir un espacio de integración y unión como el descrito, pero: i) “de manera participativa y consensuada”, ii) en el que se otorgue “prioridad al diálogo político”; y que además fortalezca “la democracia”. También se encuentra en el artículo 3º al señalar que Unasur tiene como objetivos específicos: “a) El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de Unasur en el escenario internacional;(…) p) La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre Unasur y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericana”.
65. La importancia de los anteriores ingredientes instrumentales y finalísticos de la integración, se verifican en su desarrollo puntual en el Tratado. Así, sobre la noción “diálogo político”, el artículo 14 del tratado establece: “La concertación política entre los Estados Miembros de Unasur será un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos”. Y en cuanto a la de “participación ciudadana”, en el artículo 18 se dispone la promoción plena de ésta por parte de la ciudadanía, dentro del proceso de integración y unión suramericanas, el cual se producirá “a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales”. Esto último, con mecanismos explícitos como i) el establecimiento de “canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de Unasur”; ii) otros mecanismos y espacios “innovadores” dispuestos por los Estados Miembros y los órganos de Unasur, “que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta”.
También el principio democrático se evidencia, de manera indirecta pero nítida, en que el “órgano máximo de Unasur” es el consejo de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, art. 6º del Tratado.
68. En efecto y con independencia del poder reconocido por el constitucionalismo contemporáneo a los Tribunales garantes de la Constitución, la democracia -representativa y participativa- como principio rector y hacia la que se apuesta en el preámbulo y el art. 2º del Tratado, en lo que se refiere a los Estados, equivale al sistema de funcionamiento mejor concebido para adoptar medidas con las que construir, desde el orden jurídico interno, el Estado social de derecho.
En uno y otro casos, encuentra la Corte, el tratado aparece enteramente compatible con la Constitución política (artículos 1º, 2º, 3º, 40, 45, 68, 78, 95-5, 103-106, 330-par., 369), pues facilita la democracia tanto para los Estados miembros como para el funcionamiento de Unasur, al ser objetivo, pero también principio de actuación.
70. Una decisión que, con todo y su carácter meramente prospectivo, es fácil de apreciar, tiene pleno respaldo en la Constitución, como determinación si no necesaria, definitivamente benéfica para legitimar con las bases de la representación y la deliberación pluralista, decisiones dentro del proceso de integración tan complejas en términos de creación de equilibrios y reducción de las desigualdades y asimetrías existentes y en general construcción de una suerte de democracia material cosmopolita[61].
3.2.2. El contenido orgánico y funcional del Tratado constitutivo
3.2.2.1. Órganos de Unasur
73. Las competencias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, se establecen en el artículo 6º, según el cual es éste el órgano máximo de Unasur. Una disposición que, ya se decía, es consistente con el principio democrático que inspira Unasur, también con el orden constitucional colombiano y que a través de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, se hace efectivo en las relaciones internacionales.
75. El artículo 8o. establece las funciones del “Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores”, cuyas reuniones ordinarias serán semestrales, con posibilidad de convocatoria de extraordinarias. Tiene a su cargo una función de desarrollo normativo, para implementar las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, también para proponerlas; instancia de coordinación en temas centrales de la integración suramericana y en la misma línea está llamado a “Desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de interés regional e internacional”. Posee igualmente funciones definitorias en materia de financiamiento de la organización y de sus proyectos y debe “aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas que sean de su competencia; crear los grupos de trabajo según las prioridades fijadas”.
80. Al hilo de lo señalado en el preámbulo, el artículo 9º y el 227 CP., tales disposiciones resultan consistentes con el orden constitucional, al concebir una estructura de órganos diseñada para impulsar, orientar y promover la integración latinoamericana, fin constitucionalmente legítimo. Un proyecto que se concibe desde un conjunto de órganos que poseen funciones que no resultan arbitrarias, irrazonables, son propias del nivel de integración que se crea y que se proyecta en el Tratado bajo estudio. Pero además, a juicio de la Corte, son compatibles con el principio de legalidad en el ejercicio de funciones públicas, entendidas aquí como de interés para los Estados y sus habitantes (arts. 6º y 122 C.P.).
3.2.2.2. Las fuentes jurídicas de Unasur y procedimientos para la toma de decisiones
83. De esta manera se aplican de modo consistente los principios de que trata, en especial, el artículo 9º constitucional. Es decir, que se compaginan los principios de autodeterminación de los pueblos para resolver los asuntos de Estado, concertar con otros Estados, hasta entregar a órganos incluso supranacionales el conocimiento y regulación de asuntos de su competencia, con los principios de pacta sunt servanda y de la buena fe, para actuar de modo tal que el proyecto de integración de Unasur en su dimensión dogmática de tanto alcance[62], se realice progresivamente pero a la vez con garantías que favorezcan su fortalecimiento.
No obstante la dificultad que ello supone para el avance de las acciones concebidas por Unasur, al no existir ninguna declaración expresa en el tratado que permita una introducción directa del Derecho creado por tal organización internacional, éste sólo podrá ser exigible en el Derecho interno colombiano, en tanto y en cuanto haya agotado el procedimiento previsto en la Constitución para los tratados públicos. Tal ingrediente, en todo caso, se ajusta a los mandatos constitucionales pues impone las mismas exigencias que proceden para la adopción de instrumentos internacionales creadores de obligaciones y compromisos nuevos (arts. 224, 150, num 16, 189, num 2º, 241, num 10 C.P.).
Así, con relación a la adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas, aunque al final del precepto se determina que “será reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados”, en el Tratado se establecen unas claras reglas de juego: i) Su propuesta puede provenir de uno o de varios Estados miembros; ii) los tres consejos deben aprobar la propuesta, primero el de Delegadas y Delegados para su consideración; luego el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores “y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno”; iii) en todos los casos, los criterios para la adopción de tales medidas son: iii.i) actuación de manera consensuada, iii.ii) según los objetivos de Unasur, es decir, los relacionados con los artículos 2º y 3º, referidos en particular a la realización de los fines de seguridad, desarrollo sostenible y Estado social de derecho; iii.iii.) sobre la base de “criterios flexibles y graduales de implementación”; iii.iv.) teniendo en cuenta lo previsto en el art. 5º, cuando se determine para los efectos de esto último, la creación de grupos de trabajo o de consejos de nivel ministerial u otros, iii.v.) en cumplimiento del quórum deliberatorio de las ¾ partes de los miembros del Consejo respectivo y en caso de llegar a consenso, mediante la consulta a los Estados miembros ausentes, según lo previsto en el art. 12 del Tratado; iv) si se trata de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados Miembros con anterioridad a la vigencia del Tratado, se establece que podrán ser considerados como parte de Unasur si se hallan en acuerdo con los objetivos del tratado y han seguido los procedimientos aquí revistos; v) en todo caso, se preserva rigurosamente la soberanía y autonomía de las partes, al establecer que “cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su posterior incorporación total o parcial a la misma”; vi) en el mismo sentido se establece con respecto a las “instituciones, organizaciones o programas” que se creen, en tanto cualquier Estado miembro “podrá participar como observador o eximirse total o parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido”.
Ello no obsta empero, para que la Comunidad de Naciones Suramericanas, cuando los Estados miembros lo decidan, establezca a través de un tratado constitutivo complementario, reglas en las que sea posible disponer que el Derecho secundario o derivado pueda ingresar directamente en el derecho interno, como se ha dicho para el Derecho comunitario. Sobre la base de una misma autorización contenida en los artículos 150, num 16 y 227 CP, pero aquí con mejores razones dado el significado material de la integración y de los objetivos que Unasur persigue.
Ocurre aquí, mutatis mutandi, lo que se ha dicho respecto de los tratados de derechos humanos que establecen garantías menos sólidas y eficaces que las previstas en el Derecho colombiano, pero que no por esto son inconstitucionales pues preservan los mínimos básicos. Es decir que en el Tratado de Unasur se ha previsto una figura mínima del proceso de integración. Pero también se podrá establecer la aplicación directa del Derecho secundario de la integración suramericana, previa publicación o medidas semejantes, por cuanto como lo ha dicho la jurisprudencia con el Derecho comunitario andino, esta medida se halla prevista en el artículo 150, num 16 C.P. y con respecto a la integración latinoamericana se halla dispuesta en el artículo 227 C.P., al reconocer la creación de organismos supranacionales[63].
88. Dentro de estos elementos operativos o para el funcionamiento de la organización creada por el Tratado, se encuentra la disposición sobre “financiamiento” prevista en el artículo 16. En este punto, se precisa empero, que se trata del presupuesto anual de funcionamiento de la Secretaría General, la cual se formulará bajo la iniciativa del Consejo de Delegadas y Delegados y deberá ser resuelto por Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. En la fijación de la forma en que debe contribuir cada Estado miembro, se establece la habilitación a éste último consejo, para que decida sobre la forma de diferenciar, según “la capacidad económica (…), la responsabilidad común y el principio de equidad”.
Esta construcción, estima la Corte, no contradice precepto constitucional ninguno, pues asigna las competencias de manera racional y sobre los órganos de Unasur y en lo demás, prevé la posible y necesaria imposición de cargas económicas, para el desarrollo de las funciones permanentes de la organización, según criterios compatibles enteramente con lo previsto en el art. 227 constitucional, en cuanto a los principios de equidad e igualdad.
3.2.2.3. Las relaciones con terceros, Estados asociados y nuevos miembros
Y en el artículo 20, prevé la figura de la adhesión de nuevos miembros, autorizada a partir del quinto año de entrada en vigor del Tratado, o tras cuatro años de condición de Estado asociado. Lo anterior con el “propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe”. Una decisión que adopta el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y en el último caso, mediante recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. Y para sellar la firmeza del proceso, se establece que los Protocolos de Adhesión “entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se complete su (…) ratificación por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente”.
91. Todas estas construcciones son, a juicio de la Corte, formas legítimas dentro del amplio poder de configuración normativa que poseen los poderes públicos nacionales a la hora de diseñar las relaciones internacionales, en este caso, de las propias organizaciones de carácter internacional creadas. No hay en ellas ninguna objeción desde la perspectiva constitucional, pues no afectan ningún principio ordenador como la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9º C.P.). Y en su forma de entablar relaciones con el mundo para fortalecer las alianzas o crear asociaciones y nuevos participantes, incluye por lo demás, figuras previstas en el derecho de los tratados (Convención de Viena de 1969)[64].
3.2.3. Tercera parte de la Convención: elementos comunes a los tratados
94. Sobre la solución de diferencias el artículo 21 del Tratado de Unasur, en concordancia con las funciones y formas de desarrollar el proceso de integración. En este sentido, es la negociación directa la que opera en caso de diferencias “respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones” del tratado. Solo, de no lograrse solución, los Estados en cuestión “someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados” y en caso de tampoco resolverlo, al “Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima reunión”.
Además de lo anterior, señala en el artículo 22 las inmunidades y privilegios con que cuentan los funcionarios internacionales de Unasur, los representantes de los Estados Miembros que actúan ante la organización o para ella, quienes gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar sus funciones y competencias, todo lo anterior según lo que Unasur suscriba con el Ecuador como sede definida de la organización. En el artículo 23, los idiomas de la Unión, “el castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés” y en el 24, las reglas comunes sobre duración indefinida y denuncia, con respeto de la obligación de pago por contribuciones. En el artículo 25 se establece la forma de tramitar las enmiendas por solicitud de cualquier Estado miembro, cuya aprobación final corresponde al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. En fin, también se dispone en el 26 que la entrada en vigor del tratado y de las enmiendas, que ocurrirá “treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación”, y en el artículo junto con las exigencias propias de estos procedimientos, incluido el registro tratado en el artículo 27 del tratado.
96. Agotado el análisis del instrumento aprobado mediante Ley 1440 de 2011, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que aquél se ajusta a los preceptos constitucionales.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese en el expediente.
[1] Cfr. Folio 141 del cuaderno 1.
[3] ARTICULO 8º Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al ARTICULO 7º no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.
[4] Cfr. Folio 16 del cuaderno 1.
[5] Cfr. Folios 261 al 272 cuaderno de pruebas 1.
[6] Ver en el folio 31 del cuaderno principal.
[7] Cfr. Folios 309 -317 del cuaderno de pruebas 1.
[8] Cfr. Folio 31-32 del cuaderno principal.
[9] Cfr. Folio 35 del cuaderno principal.
[10] Cfr. Folio 103 del cuaderno principal.
[11] Cfr. Folios 333-343 del cuaderno de pruebas 1.
[12] Cfr. Folio 129-140 del cuaderno principal.
[13] Cfr. Folios 1-2 del cuaderno de pruebas 1.
[14] Cfr. Folio 358 cuaderno de pruebas 1.
[15] Cfr. Folio 359 del cuaderno de pruebas 1.
[16] Cfr. Folio 360-372 cuaderno de pruebas 1.
[17] Cfr. Folio 129-140 del cuaderno principal.
[18] Cfr. Folio 127 cuaderno 2.
[19] Cfr. Folio 321cuaderno de pruebas 1.
[20] Cfr. Folio 133 del cuaderno 2.
[21] Cfr. Folio 142 del cuaderno 2.
[22] Cfr. Folio 133 del cuaderno 2.
[23] Cfr. Folio 144-153 cuaderno 2
[24] Cfr. Folios 136 cuaderno 2.
[25] Cfr. Folio 13-29 del cuaderno 2.
[26] Cfr. Folio 5 del cuaderno 2 y Folio 1 cuaderno de pruebas 2.
[27]Cfr. Folio 15 del cuaderno de pruebas 2.
[28] Cfr. Folio 1 cuaderno 2 de pruebas.
[29] Cfr. Folio 27-34 del cuaderno 2.
[30] Cfr. entre otras, C-086 de 2004.
[31] Cfr. Folio 1 del cuaderno principal.
[32] Vid. p.e., Arturo Urquidi, El proceso de integración latinoamericana, La Paz, ed. Juventud, 1985; Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo, Laberintos de la integración latinoamericana. Caracas, Comala, 2006.
[33] Gaceta constitucional No. 20 (12 de marzo de 1991.
[34] Por eso se propone como artículo especial de la primera parte de la nueva Constitución el siguiente texto: “Artículo. La República de Colombia se vincula a la comunidad de Naciones en América Latina como ideal permanente de su política exterior, dentro de un espíritu de libertad, democracia y justicia social”.
[35] En la Gaceta 53 (18 de abril de 1991) y la Gaceta 62 (29 de abril de 1991).
[36] Rodrigo Lloreda Caicedo, Carlos Ossa Escobar, Oscar Hoyos Naranjo, Angelino Garzón, Jaime Benítez Tobón, Tulio Cuevas Romero, Iván Marulanda Gómez, Miguel Antonio Yepes, Parra Guillermo Guerrero Figueroa.
[37] Gaceta Constitucional No. 87.
[38] Gaceta Constitucional N. 112, de la Asamblea Nacional Constituyente.
[39] En concreto, el artículo propuesto establecía que “la política internacional de Colombia tiene por fundamento la doctrina del Libertador Simón Bolívar sobre la unidad latinoamericana, en la más estrecha cooperación internacional, para el afianzamiento de la paz, la independencia nacional, la conservación o explotación de las riquezas naturales en beneficio de la nación como de las regiones en las cuales se encuentran junto con el más alto desarrollo económico y social del país. El presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores darán cuenta, periódicamente al congreso y al país, del cumplimiento de estas finalidades”.
[40] La propuesta del constituyente Fabio de Jesús Villa decía en concreto: “La búsqueda de una integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina orientada a la formación de una comunidad latinoamericana, será un objetivo especial de la política internacional colombiana”.
[41] Gaceta Constitucional N. 117.
[42] Gaceta Constitucional N. 142.
[43] Intervención del Constituyente Augusto Ramírez Ocampo.
[44] Gaceta Constitucional No. 119.
[45] En este sentido, decía la proposición sustitutiva de la Constituyente María Mercedes Carranza, “EL PUEBLO DE COLOMBIA (…) En ejercicio de su poder soberano delegado en la Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de afirmar la grandeza y la unidad de la Nación y de asegurar la existencia, la libertad, la justicia, la igualdad, la educación, el conocimiento y la paz como valores primordiales del supremo derecho a la felicidad, mediante la consagración de unos principios que fortalezcan el pluralismo y conduzcan a un orden social, económico, político justo. Consciente de la necesidad de contribuir a la unidad, e integración latinoamericanas de acuerdo con los ideales del Libertador Simón Bolívar e invocando la inspiración de Dios, ha venido en decretar, como decreta y promulga, la siguiente CONSTITUCIÓN”.
[46] En este orden, la intervención del delegatario Diego Uribe Vargas, cuando sugiere que “si se va a adoptar ese llamamiento a la unidad y a la integración latinoamericana, no señalaremos a nuestros padres ni maestros ni guías, sino sencillamente a todos aquellos que de una u otra forma, a través de la historia, han contribuido a ello”.
[47] Así en la intervención del delegatario Augusto Ramírez Ocampo.
[48] Según la propuesta del constituyente Misael Pastrana Borrero.
[49] Conforme la intervención del Constituyente José Germán Toro Zuluaga
[50] Gaceta Constitucional No. 121.
[51] Vid. intervención del Constituyente Antonio Galán Sarmiento.
[52] Lo anterior por cuando debía esclarecer si, como lo solicitaba el actor, la disposición entonces acusada vulneraba el preámbulo de la Constitución.
[53] La Corte en sentencia C-155 de 2007, referente a la ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, resaltó la vocación integracionista de la Constitución de 1991, en los siguientes términos: “La Constitución Política de 1991 no fue ajena a la integración del Estado Colombiano al orden internacional. Así, el Preámbulo y los artículos 9º y 227 señalan que se promoverá la integración económica, social y política con los demás Estados, especialmente los de América Latina y del Caribe, para lo cual se autoriza: (i) la creación de organismos supranacionales; (ii) la participación en una comunidad latinoamericana; (iii) la realización de elecciones directas para la conformación del parlamento Andino y del parlamento latinoamericano”.
[54] Vid al respecto la sentencia C-564 de 1992, en la que : “Junto con la actitud democrática y la tendencia internacionalizante, la preferencia por la integración económica, social y política en lugar de una política aislacionista, es el tercer elemento fundamental de la política exterior de la República. En esta norma se encuentra presente asimismo el núcleo de condiciones a la tendencia o dirección que se está señalando como propia del actuar internacional de Colombia. Existirá integración bajo condiciones de equidad y reciprocidad. Y, añade el texto constitucional, de igualdad, recordando que se está frente a un principio conexo al de autodeterminación” (resaltado fuera de texto).
[55] Así, por ejemplo, en las siguientes sentencias: Sentencia C-204 de 1993, que revisó la constitucionalidad del Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales; C-249 de 1994 sobre el Acuerdo entre Colombia y Brasil para la recíproca exención de doble tributación a favor de las empresas marítimas o aéreas de ambos países, C-178 de 1995 en la que se realizó la revisión previa de la constitucionalidad del Tratado de Libre comercio entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela; C-418 de 1995 al determinar la constitucionalidad del Tratado constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos; C-379 de 1996 al estudiar el "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre promoción y protección recíproca de inversiones"; C-656 de 1996 al revisar la constitucionalidad del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá; C-682 de 1996, en el estudio del Convenio de Amistad y Cooperación suscrito entre la República de Colombia y la República de Suriname; C-283 de 1996, en la revisión del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos-Protocolo de Managua-, relacionado con un nuevo órgano de la OEA que procura dar efectividad y eficacia a la cooperación internacional entre los Estados americanos; C-261 de 1996, en la revisión del “Tratado entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela sobre traslado de personas condenadas”; C-218 de 1997 al revisar el Protocolo Interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980, C-231 de 1997 frente al Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena); C-008 de 1997 al estudiar el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, C-176 de 1997, al revisar las enmiendas al Tratado de Tlatelolco; C-401 de 1997 sobre el “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe” y los “Anexos al Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe”; C-227 de 1998 al estudiar el “Convenio de reconocimiento mutuo de estudios y títulos de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba”, suscrito en la Habana, el 4 de mayo de 1994; C-270 de 1999 al revisar el “Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Colombia", del 9 de mayo de 1995; C-277 de 1999 sobre el “Protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, de 28 de mayo de 1996; C-406 de 1999 con respecto al “Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú, sobre asistencia judicial en materia penal”, de 12 de julio de 1994; C-404 de 1999 al revisar el “Acuerdo de Cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay" de 31 de julio de 1997; C-1439 de 2000 sobre el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República del Perú”, del 12 de diciembre de 1997; C-1184 de 2000 en cuanto al “Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay” del 17 de febrero de 1998; C-1333 de 2000 relacionada con la Convención sobre prerrogativas e inmunidades del organismo para la proscripción de las armas nucleares en América latina (OPAL), de 23 de diciembre de 1969; C-326 de 2000 que estudió el “Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay "; C-091 de 2001 al pronunciarse sobre el “Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la recuperación y devolución de bienes culturales robados, del 17 de diciembre de 1996”; C-914 de 2001 al estudiar el “Acuerdo relativo al Centro latinoamericano de Administración para el desarrollo -CLAD- y sus estatutos”, del 30 de junio de 1972; C-012 de 2001 al revisar el “Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba”, del 14 de enero de 1999; C-581 de 2002 en lo relativo al “Acuerdo del alcance parcial de complementación económica No. 48 entre el Gobierno de la República Argentina y los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países miembros de la comunidad Andina" de 29 de junio de 2000; C-820 de 2004 al estudiar el “Acuerdo sede entre el Gobierno de Colombia y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para el establecimiento de la Sede del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina”, del 22 de noviembre de 2001; C-923 de 2007 al analizar el “Acuerdo de Complementación Económica núm. 33 o Tratado de Libre Comercio entre México, Venezuela y Colombia; C-031 de 2009, en el caso del “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24)” del 6 de diciembre de 1993; C-446 de 2009 al estudiar el “Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia”, del 9 de agosto de 2007 y los “Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 relativo al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Sección Agrícola-Lista de Desgravaciones de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente.
[56] Vid. al respecto, sentencias C-564 de 1992, C-246 de 1999, C-864 de 2006, C-750 de 2008.
[57] Lo anterior, naturalmente excluye la excepción reconocida muy eventualmente por la jurisprudencia constitucional, en la que se ha dicho que cuando el Derecho comunitario reconoce derechos humanos, este contenido sí determina que, conforme el artículo 93 C.P., las normas en concreto que disponen sobre dicho particular, se entiendan pertenecientes al bloque de constitucionalidad. Así se definió, entre otras en la sentencia C-1490 de 2000, al atender la demanda de inconstitucionalidad contra normas penales que regulaban asuntos relacionados con la violación de los derechos de autor, en razón de las normas invocadas como violadas por los demandantes. Dijo entonces la Corte que la “Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derecho de autor y conexos, dado que regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la C.P. se incorpora al bloque de constitucionalidad” (…). Vid. también sentencias C-582 de 1999, C-1490 de 2000 y C-988 de 2004.
[58] Vid. sentencias C-358 de 1997, C-327 de 1997, C-256 de 1998, C-864 de 2006, C-809 de 2007, C-433 de 2010 y C-608 de 2010, por ejemplo.
[59] Vid. sentencias C-137 de 1996 y C-256 de 2008.
[60] Vid por ejemplo sentencias C-265 de 1994, C-509 de 2004, C-865 de 2004, C-707 de 2005, C-432 de 2010.
[61] Vid. Davil Held. La democracia y el orden global : del estado moderno al gobierno cosmopolita (tr. Sebastián Mazzuca), Barcelona : Paidós, 1997, 317-338. Luigi Ferrajoli. Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid, Trotta, 2011, p. 535 y ss.
[62] Como proyecto político, económico, social, ambiental necesario para el desarrollo de la región, sus democracias, la eficacia de los derechos humanos de los habitantes de la Unión, el mejoramiento de la calidad de vida y la erradicación de las desigualdades más indignantes, según se ve en los preceptos iniciales del tratado ya estudiados. Supra 3.2.1.1., 3.2.1.2.
[63] Vid. sentencias C-122 de 1995, C-231 de 1997, C-227 de 1999.
[64] (Artículos) 1-b, 11, 15, 16.