Source: https://psicolog.org/pacto-internacional-de-derechos-civiles-y-polticos.html
Timestamp: 2020-02-18 15:30:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 171', 'artículo 219', 'artículo 172', 'artículo 3', 'artículo 144']

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E studio sobre Trabajo Doméstico Remunerado
Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el Tercer Informe Periódico de Panamá
La República de Panamá ratificó y aprobó en su totalidad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante la Ley N°15 de 28 de octubre de 1976.
Medidas Tomadas al respecto:
Tal como lo establece el Informe que presentó Panamá, ante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL), realizada en la ciudad de Quito-Ecuador, el 9 de agosto de 2007, en cuanto al trabajo doméstico no remunerado, no se ha logrado mostrar el extraordinario flujo de recursos que desde los hogares las mujeres insertan en la economía, tanto en el sector público como privado. Las labores típicas del trabajo doméstico una vez que se separan del hogar adquieren valor de mercado. El trabajo doméstico remunerado por razones de género está discriminado. Miles de mujeres, particularmente inmigrantes procedentes del campo y de sectores excluidos urbanos luchan diariamente con jornadas que, a pesar de un siglo de conquista de la jornada de 8 horas, representan, para aquellas que duermen en los hogares donde laboran, jornadas que pueden llegar a ser legalmente de 13 horas.
El gobierno panameño a través de la Dirección Nacional de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) participa en el Programa Regional Agenda Económica de las Mujeres desde su inicio en octubre de 2004. Este programa, que tiene el patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, de UNIFEM y del PNUD, ha realizado una labor investigativa y de sensibilización y difusión del tema de género y economía muy importante.
Cabe indicar que desde el año 2005, se elaboran las siguientes investigaciones:
La segregación ocupacional por razones de género en Panamá.
El rol que desempeñan las mujeres en el trabajo de agro exportación de productos no tradicionales.
El impacto del desarrollo del sector turístico en el empleo y en la vida de las mujeres.
Las convenciones colectivas y la equidad de género en Panamá: en esta investigación se recomienda incluir en la negociación colectiva a las empleadas tradicionalmente excluidas (empleadas públicas, trabajadoras domésticas, trabajadoras informales y las que trabajan en empresas sin sindicatos), incluir, además, cláusulas en las convenciones que promuevan la igualdad de oportunidades de las mujeres tanto en actividades productivas como reproductivas.
Todas estas investigaciones son insumos vitales para la elaboración de propuestas y acciones concretas a realizar en materia laboral.
En el marco de la Ley Nº 4 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, la Dirección Nacional de la Mujer del MIDES, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el Programa de la Agenda Económica de las Mujeres, han venido desarrollando iniciativas para la transversalización del enfoque de género en el MITRADEL, a través de la Comisión de Género y Trabajo, creada el 5 de mayo de 2007. Como parte del trabajo desarrollado con estas instancias se realizó en el 2007, el Foro Nacional denominado “Trabajo Doméstico: Valorizar y Remunerar”, en el marco del Día Internacional de Trabajo Doméstico (22 de julio), con el objetivo de visualizar los aspectos sobre protección legal y los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en el servicio doméstico; informar, comunicar y divulgar sobre el trabajo doméstico.
También se presentó en el 2007, la investigación “Relaciones sociales implicadas en el trabajo doméstico femenino remunerado", realizada por estudiantes graduandas de la Escuela de Sociología - Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.
Para el año 2008, en miras de visualizar las condiciones de las trabajadoras domésticas, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), del cual nuestro país forma parte, a través del Sistema de Integración Social de Centroamérica (SISCA) proponen el “Estudio sobre Trabajo Doméstico Remunerado” a nivel de los países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este estudio se desarrollará en el marco del Programa la Agenda Económica de las Mujeres (AGEM -programa UNIFEM-PNUD) con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional; con la finalidad de generar información sobre el trabajo doméstico remunerado, su relación con el trabajo doméstico no remunerado y las condiciones de vida de las mujeres en la región centroamericana, vía acercamientos por país, para identificar cambios legislativos y líneas de política pública prioritarias.
Es importante resaltar que durante la celebración de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007, Panamá se comprometió a través del Consenso de Quito a:
“Reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar. La necesidad de evaluar y revertir los efectos negativos de los ajustes estructurales en el trabajo remunerado y no remunerado, entre otros".
B- Acciones dirigidas a igualar los salarios entre las mujeres y los hombres
En Panamá, al igual que el resto de las economías latinoamericanas, se cuenta con pocos datos que permiten visualizar la contribución de la mujer en términos del trabajo total que éstas aportan a la economía,- dentro y fuera de casa-, ya que la economía es neutral al género y su aporte no se contabiliza en las estadísticas.
Entre las acciones dirigidas a igualar los salarios entre las mujeres y hombres, es importante destacar que este año, la Dirección Nacional de la Mujer conjuntamente con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), y el respaldo técnico de la Agenda Económica de las Mujeres en vías de visualizar el trabajo reproductivo y productivo de las mujeres, contarán con una asistencia técnica a nivel nacional e internacional para la elaboración de la Encuesta del Uso del Tiempo, Trabajo Remunerado y No Remunerado.
Para este año la Dirección Nacional de La Mujer del MIDES promueve la elaboración de un Diagnóstico Comparativo de la Brecha Salarial entre Hombres y Mujeres en el Sector Público.
En el Código Penal vigente no hay ninguna disposición que exija la “castidad y virtud de la víctima”, como requisito para presentar una denuncia por actos de violación. El artículo 216 del Código Penal que tipifica el delito de violación establece: “El que tenga acceso sexual con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales u otras partes de su cuerpo, o introduciendo cualquier objeto en los genitales, boca o en el ano de la víctima, será sancionado con prisión de 3 a 10 años, en los siguientes casos:
En el nuevo Código Penal1 se mantiene está disposición en el artículo 171.
El Código Penal vigente se refiere a la mujer doncella en lo relativo al delito de estupro (artículo 219) al establecer lo siguiente: “El que tenga acceso carnal con una mujer doncella, mayor de 14 años y menor de 18, con su consentimiento, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Si mediase promesa de matrimonio, o si el hecho lo comete un pariente, ministro de culto que la víctima profese, tutor, maestro o encargado, por cualquier título, de la educación, guarda o crianza de la víctima, la pena se aumentará hasta el doble.”
Este concepto se suprimió en el nuevo Código Penal (artículo 172 y siguientes)
a. Actividades de la Comisión de la Verdad y término del mandato
La Comisión de la Verdad, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 2 de 18 de enero de 2001, fue el resultado de las exigencias de la sociedad civil que reclamaba se investigara, como en otros muchos países, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, ocurridas durante regímenes militares.
El objetivo de la Comisión fue “el de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos fundamentales a la vida, incluyendo desapariciones cometidas durante el Régimen Militar que gobernó a la República de Panamá, a partir de 1968”.
Se estableció que el período que cubriría la Comisión de la Verdad era entre 1968 y 1989.
La Comisión conformó 207 expedientes respecto a personas asesinadas y desaparecidas individualmente o en grupo, los cuales fueron sometidos a un proceso de depuración, debido a situaciones tales como: existencia de dos nombres diferentes que correspondían a una sola persona, lo cual hacía difícil constatar los hechos; casos de personas declaradas como muertas o desaparecidas, y estaban vivas; o denuncias que no eran del ámbito de competencia de la Comisión. Los datos generales de las víctimas se contrastaron, en la mayoría de los casos, con los registros civiles de nacimientos y defunción, registro electorales, y documentos legales (cédulas, seguro social, entre otros), para tener el menor margen de error, dándose el cierre de 67 expedientes y se mantuvieron 110 casos documentados.
La Comisión de la Verdad documentó ciento diez (110) casos que se fundamentaron en investigaciones, declaraciones y entrevistas a testigos y familiares, búsqueda de información y pruebas de campo, evidencias documentales obtenidas tanto en Panamá como en el extranjero, mapas, reportes, pruebas forenses, fotografías y grabaciones que permitieron el acopio de información vital para el conocimiento de hechos, actores y circunstancias.
Se realizaron entrevistas, que proporcionaron testimonios acerca de la vida de las víctimas, sus familiares, los sobrevivientes y las circunstancias de las muertes y desapariciones. Se contó con la cooperación de la Policía Nacional a fin de obtener información detallada de los presuntos involucrados y se entrevistó a ex-militares, a fin de ofrecerles la oportunidad para expresar su versión sobre las acusaciones por violaciones de derechos humanos.
Se contó con un Departamento de Antropología, que proporcionó las bases de investigación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos para la reconstrucción de la memoria histórica, para la recuperación y preservación de restos humanos encontrados en sitios de enterramientos, y para la identificación y clasificación de los restos óseos encontrados.
Para documentar las identificaciones se elaboró una ficha pre mortem de la víctima, es decir, un registro del historial de actividades, enfermedades, accidentes, rasgos físicos sobresalientes u otra circunstancia que dejase su huella en el sistema óseo.
Se practicaron pruebas de ADN Mitocondrial, al no identificar a la persona por medio de análisis de huesos o cuando los restos no eran suficientes para el análisis convencional; esta prueba consiste en la identificación mediante un cotejo entre muestras óseas y de saliva de los familiares que tengan filiación con la víctima por línea materna. Se obtuvieron 30 muestras de salivas de familiares de los desaparecidos, los cuales se enviaron al Laboratorio ReliaGene Technologies, Inc., para su cotejo con restos óseos colectados en diferentes sitios.
Finalmente se logró con gestiones de diferentes organismos, la desclasificación y/o recopilación de más de 1000 documentos con información valiosa para determinar los hechos.
b. Recomendaciones de la Comisión de la Verdad
En cuanto a las recomendaciones que realizó la Comisión de la Verdad y el estado o seguimiento que se le dio a las mismas, podemos señalar lo siguiente:
1. Que se reabran aquellos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el período investigado, en los que las investigaciones de la Comisión de la Verdad aportan nuevos elementos de convicción.
Con relación a esta recomendación se le dio cumplimiento, ya que mediante Resolución No. 22, de 2 de marzo de 2005, la Procuraduría General de la Nación, creó la figura del Agente de Instrucción Especial, para la investigación de los Casos de las desapariciones forzosas, a quien correspondió la revisión de los ciento diez (110) casos que documentó la Comisión de la Verdad, dándoles continuidad y logrando la reapertura de quince de un total de diecisiete solicitudes.
La Procuradora General de la Nación, declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la razón de la creación de dicha figura: “Porque tomé la decisión de recibir o recoger en el Ministerio Público todas las investigaciones que se habían adelantado en la Comisión de la Verdad para darle continuidad a los procesos y asegurarle a los familiares el agotamiento de la vía interna para poder acudir al sistema interamericano. Me daba temor que si el Ministerio Público no acogía todo lo que se había adelantado en la Comisión de la Verdad eso podía quedar en nada. Como los Fiscales en el sistema formal los que están ya establecidos tenían su propia carga de homicidios y de investigaciones era más fácil poner el apoyo de una Fiscal Itinerante que contara con los recursos y esa facultad me la daba la ley para que ella se pudiera desplazar por toda la República y apoyar en los tres Distritos Judiciales de los cuatro en que está dividido la ficción jurídica del Estado en los Distritos Judiciales, en tres de aquellos donde había casos de muertos y desaparecidos de muertos y desaparecidos en el periodo de la dictadura militar fuera más fácil para esta fiscal recabar información testimonios, adelantar diligencias y llevar todo esto a conocimiento de los Fiscales Superiores que podían entonces sustentar lo que había que sustentar ante los Tribunales.”2
2. Que los familiares de los asesinados y desaparecidos a manos del Régimen Militar reciban una adecuada reparación moral y material sobre la base de los daños que sufrieron.
El Ministerio Público mantiene abierta diversas causas por homicidios cometidos durante el período 1968-1989.
Además existe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso Familiares de Víctimas de la dictadura militar octubre de 1968 a diciembre de 1989 vs. Panamá, presentada por la propia Comisión de la Verdad a fin de cumplir con la obligación del Estado panameño en reparar a los familiares de las víctimas. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso Heliodoro Portugal, formuló al Estado panameño una serie de recomendaciones el 27 de octubre de 2005 que establecían lo siguiente:
“Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva e inmediata de los hechos con el objeto de establecer las responsabilidades por la detención arbitraria e ilegal, tortura, desaparición forzada y ejecución del señor Heliodoro Portugal, a efectos de identificar las personas que participaron en el mismo en los diferentes niveles de decisión y ejecución, se les adelante un proceso rodeado de las debidas garantías y se les aplique las debidas sanciones.”
“Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de las personas que intervinieron en las fallidas investigaciones y procesos adelantados con anterioridad por la ejecución extrajudicial del señor Heliodoro Portugal, para determinar la responsabilidad por la falta de resultados y la impunidad de tal hecho”
“Reparar adecuadamente a la señora Graciela de León de Rodríguez (compañera y madre de sus hijos), Patria Portugal (hija) y Franklin Portugal (hijo), en su calidad de herederos del señor Heliodoro Portugal y por las violaciones sufridas por éste; así como en su condición de víctimas directas, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de sus derechos humanos. En este sentido, se debe ofrecer a los familiares de la víctima las facilidades necesarias para una atención especial y profesionalizada de rehabilitación. Además, cada víctima debe tener la posibilidad de elegir al profesional que le brinde la atención y la modalidad específica de apoyo.”
“Reivindicar la memoria de la Víctima y de sus familiares a través de un reconocimiento público de responsabilidad estatal por el daño causado y por las graves violaciones ocurridas. Entre las acciones correspondientes debe incluirse un homenaje oficial que sea cubierto por los medios de comunicación mas importantes del país y un recordatorio público ubicado en una zona significativa y de alto tránsito. Todo lo anterior, previa consulta y consenso con los familiares sobrevivientes.”
“Adelantar las reformas legislativas y de otro orden que sean necesarias para la adecuada investigación y sanción de violaciones similares a las declaradas en el presente informe”
El Estado panameño, expresó su intención de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para este caso y en consecuencia:
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones 1 y 2:
La Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial solicitó a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia la reapertura del caso por la muerte y desaparición de Heliodoro Portugal, en virtud de las nuevas pruebas recabadas, indicadores de la presunta participación de las unidades del G-2 de la antigua Guardia Nacional.
En cuanto a la recomendación 3:
La Dirección Médica General del Hospital Santo Tomás comunicó la lista de los médicos en Psiquiatría y Psicología disponibles para brindarle atención a los familiares, en adición se puso a la disposición de los mimos el equipo de la Oficina de Atención al Usuario del Hospital Santo Tomás así como a la Asistente de la Dirección Médica como enlace para coordinar las actividades que a bien se tengan a desarrollar con los familiares.
En diciembre de 2006 se realizó una reunión en la Dirección Médica General, en la cual participaron: el Director Médico del Hospital Santo Tomás, la Asistente Administrativa de la Dirección Médica General, el Subdirector De Asuntos Jurídicos y Tratados y encargado del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Patria Portugal (hija de Heliodoro Portugal), el señor Franklin Portugal (hijo de Heliodoro Portugal) y la señora Graciela de León de Rodríguez (compañera y madre de los hijos de Heliodoro Portugal).
Los familiares expresaron su voluntad de que se les atendiera primero por parte de un Médico General o por parte de un especialista en Medicina Interna, con el fin de que les realice un examen médico general inicial, y posteriormente con un Psicólogo o Psiquiatra, para su tratamiento de rehabilitación.
El Director Médico General expresó la anuencia y puso a su disposición las instalaciones y el personal médico y administrativo de la institución para llevar a cabo las atenciones que fueran requeridas por los precitados familiares.
Se solicitó la primera cita médica y se le dio seguimiento directo de la Dirección Médica General del Hospital Santo Tomás y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que se lleve a cabo siguiendo las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto al cumplimiento de la recomendación 4:
El Estado panameño al acoger la voluntad de los familiares del señor Heliodoro Portugal, solicitó al Consejo Municipal de Panamá, la designación de la calle en el Corregimiento de Santa Ana
Mediante resuelto Municipal se designó la Calle C de Santa Ana, Cale Heliodoro Portugal
En cuanto al cumplimento de la recomendación 5:
En concordancia con los compromisos internacionales adquiridos y en reconocimiento de la importancia de adecuar la legislación penal para sancionar actos reprochables, como lo es la desaparición forzada de personas, el Estado panameño ha adoptado medidas con el fin de tipificar como delito la desaparición forzada de personas.
A este propósito se presentó el 15 de septiembre de 2005 a la Asamblea Nacional y a través de la Procuraduría General de la Nación, el Proyecto de Ley “Por la cual se tipifica el delito de desaparición forzada de personas”, a fin de incorporar esta conducta como un tipo penal autónomo en el Código Penal
El Proyecto de Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional, tipifica el delito de desaparición forzada de personas.
En adición se ha presentado al consejo de Gabinete el Proyecto de Ley “Que autoriza al Órgano Ejecutivo a celebrar acuerdos que pongan fin a los casos por violación a los derechos humanos interpuestos contra el Estado panameño ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se adoptan otras disposiciones.”
Volvemos ahora con las recomendaciones de la Comisión de la verdad:
3. Que se cree una Fiscalía Especial para investigar las violaciones a los derechos humanos y delitos de la humanidad.
Existe un Agente de Instrucción Especial para estos casos, que coadyuva con las Fiscalías de Distrito Judicial que tienen asignados por razones de competencia estas investigaciones.
4. Que se perfeccione jurídicamente la ley que organiza la Policía Nacional para asegurar que la dirección y desarrollo de la Policía Nacional y cualquier otra organización de seguridad pública permanezca en manos de autoridades civiles.
La reciente Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007, “Que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, adscribe los Servicios de Criminalística al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y dicta otras disposiciones” pretende reforzar la investigación policial y judicial, convirtiéndolas en herramientas efectivas para el combate del crimen.
La presente ley es el producto de consultas y estudios por parte de representantes de la actual administración y funcionarios del Ministerio Público, y se dirige a crear un cuerpo que tenga la capacidad de conducir las investigaciones judiciales con las mejores herramientas de criminalística bajo la directriz de la autoridad competente, para que pueda dar respuesta a la demanda que en ese sentido tiene la sociedad panameña.
El nuevo organismo estará al servicio del Ministerio Público y del Órgano Judicial, como cuerpo auxiliar para la investigación de los delitos, ubicación y detención provisional de los presuntos responsables, asegurar las pruebas del delito y colaborar con la Jurisdicción en la ejecución de las sentencias o medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes.
Adicionalmente, reorganiza la competencia de la actual estructura de la Policía Técnica Judicial, segregando los Departamentos de Investigaciones Criminales, de Identificación Judicial y de Adiestramiento, integrándolo a la Policía Nacional.
La Dirección de Investigación Judicial, es una entidad que busca experticias forenses cuyos informes se caracterizan por la objetividad científica y la mayor aproximación posible a la verdad material de los hechos.
Las actuales características y modalidades de la delincuencia local, el crimen organizado transnacional y el terrorismo, que amenazan la vida e integridad de los particulares, hacen necesario que se realizara un cambio en el modo de operaciones de la Policía Técnica Judicial, es por ello que la se adecuaron las normas para lograr tal fin
El nuevo organismo tiene como misión la investigación exhaustiva y la reconstrucción forense de los delitos y su doctrina es civil, acorde con su función de órgano auxiliar científico y técnico; con un equipamiento que será del más alto nivel tecnológico y su especialización acorde con los estándares internacionales.
5. Que la República de Panamá cumpla fielmente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a fin de que el derecho interno propicie la efectiva tutela de los mismos.
Esto se ha logrado en el Nuevo Código Penal que tipifica los delitos de lesa humanidad y destina un Título completamente nuevo (el Título XV) a los delitos contra la humanidad, el cual está dividido en tres Capítulos, adecuándonos así a la normativa internacional en esta materia. En el Capítulo I se regulan los Delitos Contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en los Artículos 431 a 433, donde se incluye el tipo penal de la desaparición forzada.
6. Que se refuerce la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y en las instancias ligadas con los estamentos de seguridad.
Con el propósito de fortalecer y ampliar las acciones de planificación y diseño curricular de educación en Derechos Humanos, en marzo de 1995, se firmó en la ciudad de Panamá la adenda al convenio de cooperación técnica existente entre ambas instituciones. En base al artículo 3, del mismo, se prórroga dicho convenio por un período de dos años a partir de esa fecha.
En el marco del convenio MINEDUC-IIDH se recibieron como apoyo 50 carpetas con valiosas informaciones bibliográficas y prácticas metodológicas de educación en derechos humanos (guías didácticas) con las cuales se realizaron dos jornadas de capacitación a docentes de ciencias sociales de 25 colegios de educación técnica, que hoy constituyen la primera red de Promotores en Derechos Humanos a nivel escolar. El convenio también permitió recibir asesoría técnica por parte de la Consultora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Doctora Mágdala Velázquez, quien revisó el plan de acción para el Decenio de las Naciones Unidas en educación en la esfera de los derechos humanos, el proyecto de promoción y enseñanza de los Derechos Humanos y se realizó una jornada de capacitación a docentes y estudiantes de dos provincias escolares, integrados en la subcomisión Juvenil de Derechos Humanos (Chiriquí y Panamá).
Se firmó el convenio sobre asistencia en educación cívica electoral, entre el MINEDUC y el Tribunal Electoral de Panamá, con el propósito de promover la democracia entre los jóvenes panameños a través de la educación en los planes de estudio de las asignaturas de estudios sociales, educación cívica y gobierno, así como también mediante la promoción y organización de gobiernos estudiantiles, como organismos de carácter social con fines culturales en los centros escolares.
En atención a la Ley Nº 2 de 1984, se reorganizó la Comisión para la Promoción y la Enseñanza de los Derechos Humanos en el Nivel Formal, como una organización no gubernamental. La misma está coordinada por la Dirección General de Educación. Se han logrado articular cinco proyectos con dicha organización no gubernamental, en el plan de acción del Decenio.
Mediante la firma de la Ley Nº 34 de 6 de julio de 1995, se logró contemplar a nivel curricular la inserción de los derechos humanos como eje transversal (art. 145). Con este motivo la Coordinación Nacional de Educación en Derechos Humanos ha realizado las siguientes actividades:
Revisión de contenidos curriculares por grado y nivel.
Preparación de un mapa curricular sobre el contenido que en materia de derechos humanos existe en las asignaturas de primaria y secundaria.
Realización del Seminario-Taller titulado "Los Derechos Humanos en el Aula", con el apoyo del proyecto UNESCO-DANIDA, donde se realizó el diagnóstico y la propuesta curricular para la enseñanza de los derechos humanos. Esta investigación se realizó bajo la responsabilidad técnica del Centro de Promotores Sociales y la UNESCO.
En el marco del Año de la Naciones Unidas para la Tolerancia (1995), con apoyo de la UNESCO y del Instituto Celestín Freineth, se inició el proyecto comunitario titulado "Tolerancia y Educación para la Democracia, los Derechos Humanos, la Paz y el Desarrollo", cuya primera fase constó de cinco módulos de capacitación para el personal docente de 13 centros escolares del Distrito Especial de San Miguelito, donde se detectaron significativos problemas de intolerancia. El proyecto busca elaborar una propuesta teórica, metodología y práctica sobre cómo educar para la tolerancia a través de la participación de la comunidad educativa, y así enriquecer nuestros procesos pedagógicos a favor de la convivencia democrática. Tendrá una duración de cinco años.
En el año 2007, Ministros de Educación de 19 países de América aprobaron el "Acta de Panamá", que establece la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas básicas y medias del continente, en el último día de sesiones del encuentro panamericano celebrado en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El documento, que va dirigido a la enseñanza de esta materia en niños de entre los 10 y 14 años, fue entregado al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para su aprobación en la Asamblea General.
En el Encuentro Interamericano también se aprobó una propuesta hecha por Panamá de crear un centro de formación didáctica para docentes en derechos humanos, en el que también se incorpore un observatorio internacional, "con un enfoque en el respeto y ejercicio real de los derechos humanos en la práctica social".
La Policía Nacional, tiene en la actualidad un Programa de Capacitación Policial preventiva, consistente en XVI Cursos de de derechos humanos y principios humanitarios aplicados a la función policial, de 8O horas de clases teóricas y prácticas, formulados a consideración de lo que al respecto prevé, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Manual de Servir y Proteger. Derechos Humanos y Derecho Humanitario para las Fuerzas de Policía y de Seguridad. Cees de Rover. 1998. Ginebra.
Consecuente con lo anterior, se cuenta a la fecha con 309 unidades policiales que han sido capacitadas en derechos humanos
Los temas principalmente desarrollados, son:
Talleres Sobre Valores (Morales, Familiares, Comunitarios etc.) como base del derecho natural.
Conceptos de ética profesional fundamentales.
Módulos de Actualización sobre el debido proceso legal (garantías judiciales, solemnidades etc.) que deben respetarse, sin excepción durante el desarrollo de las labores de prevención delictiva, represión in sito e investigaciones judiciales.
Conocimientos Básicos sobre la Labor Policial Humanitaria.
Nociones acerca Derechos Humanos Justiciables.
Aplicación de la Ley en los Estados Democráticos. Preceptos mínimos sobre la jerarquía de las leyes y la obligación de los servidores públicos, de circunscribir sus actuaciones al contexto de las mismas.
Precisar las consecuencias jurídico legales, personales y morales, dimanantes del fraccionamiento de los Principios Éticos y Legales aplicables a los Cuerpos Policiales con o sin Formación Humanitaria, durante el desempeño de sus cargos, en cumplimiento del régimen disciplinario de la Policía Nacional (Decreto Ejecutivo 204 de 03 de septiembre de 1997) y de conformidad la Ley penal ordinaria (Códigos Penal y Penal Procesal vigentes en Panamá).
7. Que el Gobierno Nacional garantice la adecuada difusión del contenido del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Panamá, de tal forma que sea accesible a todos los panameños y contribuya a una mayor y mejor comprensión del dolor sufrido por las víctimas y sus familiares.
A través de la defensoría del pueblo, se realizó una divulgación gratuita de ejemplares de la labor de la Comisión de la Verdad.
8. Que se institucionalice a través de un órgano del Estado el Día del Desaparecido como forma de reconocimiento del Estado a quienes ofrendaron sus vidas por la democracia en Panamá.
No se ha reconcdo por ley un “dia del desaparecido” , sin embargo se ha estado debatiendo establecer el 9 de junio como tal día.
9. Que se realicen excavaciones sistemáticas en sitios donde se presume existen restos de víctimas.
Cuando esta recomendación se hizo la Comisión de la Verdad entregaba este informe en abril de 2002 y posterior a ello, la propia Comisión prosiguió con excavaciones.
10. Que se envíen muestras de saliva de los familiares de los desaparecidos y de los restos que se recuperen, para su posterior análisis de ADN mitocondrial e identificación.
La Comisión de la Verdad, posterior a la presentación de su Informe Final, el 18 de abril de 2002, continuó con las investigaciones, luego que se prorrogó su mandato. La Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad alcanzó a hacer un banco de datos de ADN, en el que se incluyeron muestras de saliva de familiares de personas desaparecidas. La Oficina de Seguimiento, declaró la presencia de los datos genéticos de 70 familiares de los desaparecidos y asesinados durante el periodo 1968-1989, el cual se mantiene en el Instituto de Medicina Legal.
12. Que se establezca una unidad de seguimiento para dar continuidad a todo el material investigado, documentos desclasificados, pruebas de ADN, así como restos por recuperar, producto de las investigaciones de la Comisión de la Verdad de Panamá.
Actualmente los archivos de la Comisión de la Verdad están custodiados por la Iglesia Católica.
El Código Penal panameño en su artículo 144 indica que no se aplicarán las penas señaladas respecto al aborto:
Si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación carnal, debidamente acreditada en instrucción sumarial;
Si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer, por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o producto de la concepción.
En el primer caso es necesario que el delito sea conocimiento de la autoridad competente y que el mismo se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo y en el segundo caso, corresponderá a una comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud determinar las causas graves de salud y autorizar el aborto. En ambos casos el aborto debe ser practicado por un médico en un centro de salud del Estado.
Es necesario aclarar que la República de Panamá ha aprobado en el año 2007, una ley por la cual se adopta un nuevo Código Penal que entrará en vigencia en mayo del año 2008. En dicha ley, se estipula lo concerniente al aborto que mantiene las excepciones señaladas, lo único que se modificó es el hecho de que el médico o la médica o profesional de la salud que sea asignado por la comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud o por sus superiores para la realización del aborto tiene el derecho de alegar objeción de conciencia por razones morales, religiosas o de cualquier índole, para abstenerse a la realización del aborto.
a. Hacinamiento
Se considera que el hacinamiento en las cárceles se debe mayormente a la vigencia del sistema procesal inquisitivo, toda vez que la detención preventiva es decretada por el Ministerio Público, siempre y cuando el delito tenga pena mínima de dos años de prisión. Esta medida no es revisada oficiosamente por los jueces hasta la etapa de calificación sumarial.
Se define el hacinamiento como la ubicación, en un espacio físico, de un número de personas muy por encima de la capacidad para la que fue diseñado ese espacio. Basados en esta definición, podemos decir que el sistema penitenciario panameño, actualmente, sí continúa siendo afectado por el hacinamiento, pero no a un a un grado que pudiera calificarse de grave, ni tampoco a un grado que pudiera decirse que es generalizado. Por ejemplo, de los 39 centros a nivel nacional, en algunos como El Renacer, Centros Femeninos de Panamá, Colón, Llano Marín y David; así como algunos cuarteles policiales, con poblaciones menores a 50 personas, la población existente de privados o privadas de libertad es menor que la capacidad de las instalaciones.
Por el contrario, en otros centros como La Joya, La Joyita, Nueva Esperanza, David, La Chorrera y Changuinola, las poblaciones existentes son mucho mayores que la capacidad de las instalaciones. Es decir, sí existe hacinamiento, pero agravado por otras condiciones tales como el deterioro en la infraestructura y escasas horas de recreación, patio y visitas.
Es importante resaltar que el tema del hacinamiento, en Panamá, se vino agravando a partir de 1996, con el cierre de la Cárcel Modelo y la eventual suspensión de algunas medidas de tratamiento como los permisos laborales y las rebajas de pena por trabajos comunitarios, las cuales, para esa época, no estaban debidamente reglamentadas.
Otros factores que también contribuyeron a incrementar el hacinamiento lo fueron el aumento de la actividad delictiva, en general, y el excesivo uso de la detención preventiva, en detrimento de otras medidas cautelares alternativas.
Otro factor determinante también fue el cierre de la Colonia Penal de Coiba, alrededor del año 2003.
Para tener una visión comparativa sobre el nivel de hacinamiento en nuestras cárceles, en distintas épocas, podemos señalar que para el año de 1990, la población nacional de privados de libertad promediaba 5,000 personas, mientras que la capacidad de las instalaciones se situaba en 6,000 plazas.
Hacia 1996, la población nacional de privados de libertad promediaba 7,500 personas, mientras que la capacidad de instalaciones se mantenía en 6,000 plazas, resultando en un déficit de 1,500 plazas.
Hacia el año de 1999, la población nacional de privados de libertad se incrementó a 9,000 personas en tanto que la capacidad de las instalaciones también se incrementó a 7,000 plazas, pese a lo cual, se elevó el déficit a 2,000 plazas.
A partir del 2003, la población penitenciaria se estabilizó en un promedio de 11,300 personas, hasta la actualidad, mientras que la capacidad de las instalaciones se incrementó hasta unas 8,000 plazas, presentando un déficit de plazas de alrededor de 3,300.
Sin embargo, es importante señalar que este déficit está concentrado en cuatro centros específicos; La Joya y La Joyita, en la provincia de Panamá, donde se concentra también el 57% de la población nacional de privados de libertad; en el Centro de Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, donde se concentra el 10% de la población nacional de privados de libertad; y en la Cárcel Pública de Changuinola, con una población que ronda el 1.2% de la población nacional de privados de libertad.
Tomando como punto de partida el déficit de plazas actual, reseñado líneas arribas, la Dirección General del Sistema Penitenciario elaboró un plan para el año 2008, tendiente a reducir el hacinamiento y que lo podemos enunciar en las siguientes actividades: