Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-451_1999.html
Timestamp: 2019-08-23 11:16:24
Document Index: 72102533

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 123', 'artículo 158', 'artículo 158']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-451_1999]
Actor: José Luis Pabón Apicella.
Santafé de Bogotá D.C., diez (10) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)
El ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra los artículos 104 y 158 de la Ley 142 de 1994 "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".
En efecto, como lo ha sostenido la de manera constante e invariable la Corte Suprema de Justicia[1], al momento de entrar a fallar el juez debe verificar presupuestos esenciales como son los de la jurisdicción y competencia para decidir, lo que en el presente asunto condujo a advertir la equivocación en que se incurrió al rechazar parcialmente la demanda de inconstitucionalidad, error en el que no se puede persistir al tiempo de entrar a decidir sobre la acción impetrada.
Para sustentar la anterior afirmación, manifiesta que la expedición de toda ley debe estar sometida a una razonabilidad y proporcionalidad en sus disposiciones, para evitar que se consagren discriminaciones, en claro cumplimiento de los postulados del artículo 13 superior y de los fines esenciales del Estado social de derecho. Por ello, considera que las excepciones o restricciones que llegue a establecer el legislador deben responder a criterios objetivos y razonables, como se afirma en la sentencia C-269/98 (M.P. : Dra. Carmenza Isaza de Gómez), al igual que a una "razón constitucional suficiente". De lo contrario la Corte Constitucional, en ejercicio de su función de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política, debe fijar su alcance constitucional, o en el peor de los casos, declarar su inexequibilidad.
III.	INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
1.	Ministerio de Desarrollo Económico
2.	Ministerio de Comunicaciones.
3.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de apoderada, manifiesta que el actor de manera desacertada, entiende la vigencia del principio a la igualdad en forma omnímoda, en cuanto espera que éste recaiga sobre la regulación de las actuaciones de los sujetos y no como lo ordena el artículo 13 constitucional, con referencia a las situaciones racionalmente iguales o proporcionales en las que pueden estar ubicados los sujetos, de manera que se pueda lograr entre ellos una identidad de trato. Tal interpretación, en su concepto, desconoce la capacidad del legislador de regular genérica y particularmente los procedimientos que tiene el ciudadano para la defensa de sus derechos, atendiendo a la naturaleza de los asuntos, por lo cual es razonablemente lógico que pueda determinar un tratamiento diferente cuando quiera que se trate del inicio de las actuaciones o los trámites resolutivos, como ocurre con los recursos. En apoyo de esta tesis, cita un aparte de la sentencia C-058/96 (M.P. : Dr. Jorge Arango Mejía).
4.	Superintendencia de Servicios Públicos.
Lo anterior, habida cuenta que el citado artículo 31 del Código Civil consagra que "lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba dársele a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación precedentes", principios generales aplicables cuando una disposición legal, como en el presente caso, es oscura. En este evento, hay que recurrir para su explicación, a la intención o espíritu manifestados en la norma o en la historia fidedigna de su establecimiento, en busca de su verdadero sentido, como dice lo expresó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 3 de abril de 1984, (M.P. Dr. L. Fiorillo Porras).
IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
2.	Fundamentos de la decisión inhibitoria
De manera que el citado artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, mantiene los contenidos normativos básicos del artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y extiende su alcance a otras situaciones jurídicas relacionadas con dicho asunto, además de que amplía la regulación, con sanciones a las empresas que omitan hacer efectivo el silencio administrativo positivo, lo que determina a la Corte a emitir una decisión inhibitoria sobre la constitucionalidad de dicho artículo 158, toda vez que al haber sido subrogado legalmente, desapareció del ordenamiento jurídico vigente [2].
"La acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales. (...) Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta. (Sentencia C-543/96. M.P. : Dr. Carlos Gaviria Díaz)"
"La acción pública de inconstitucionalidad no puede entablarse contra una norma jurídica por lo que en ella no se expresa, sino que tiene lugar únicamente respecto del contenido normativo de la disposición acusada." (Sentencia C-073 de 1996. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
VI.	DECISION.
[1] Ver entre otras, la Sentencia del 1o. de octubre de 1997, Sala de Casación Civil y Agraria (M.P. : Dr. Jose´Fernando Ramírez Gómez).
[2] Consultar la Sentencia C-471/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.