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Timestamp: 2020-01-29 10:11:05
Document Index: 319920662

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 34', 'artículo 26', 'artículo 230', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 56']

1-ABRIL-2017: Aprobada la oferta de empleo público 2017 para personal docente, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas. En el Consejo de Ministros del 31 de marzo se ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 donde se incluye una Oferta de Empleo Público de hasta 67.000 plazas en todas las Administraciones Públicas. Además, fruto del acuerdo para la mejora del empleo público entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, se llevará a cabo un proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la tasa de temporalidad hasta el 8 % en tres años (250.000 interinos se convertirán en fijos en ese plazo), lo que supondrá reducir hasta un máximo del 90 % los interinos existentes actuales. Para posibilitar la convocatoria inmediata de los correspondientes procesos selectivos en sectores con necesidades más urgentes: enseñanza (universitaria y no universitaria), Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas, se aprueba en Consejo de Ministros (31-03-2017) y se publica en el BOE del 1 de abril, el Real Decreto-Ley 6/2017, de 31 de marzo (en vigor el 2 de abril), donde se contiene para el personal de estos ámbitos la oferta de empleo público para este año 2017.
15-ABRIL-2017: BOE núm. 90, de 15 de abril de 2017. Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia
18-ABRIL-2017: El Tribunal de Cuentas lamenta el "escaso control de riesgos" de las empresas públicas al otorgar avales. El Tribunal también señala que "sería aconsejable" que existiera "un procedimiento de autorización previa por parte del Gobierno o los ministerios de tutela" de estas operaciones de formalización de garantías, ya sea mediante 'comfortletteres' o asumir la condición de garante o fiador de las operaciones. El Tribunal de Cuentas lamenta el "escaso seguimiento y control de riesgos" de las empresas públicas a la hora de otorgar avales, garantías y otros compromisos, por lo que señala que estas entidades "deberían disponer de normas escritas" que regulen estos procesos, con "mecanismos y procedimientos concretos para la valoración de los riesgos asumidos". Esta es una de las recomendaciones del Informe de Fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014 elaborado por el órgano fiscalizador al que ha tenido acceso Europa Press.
18-ABRIL-2017: La actividad concursal en España disminuye un 1% en el primer trimestre de 2017. En el primer trimestre de 2017 se produjeron 1.049 concursos de empresas, un 1% menos que en el mismo periodo del año pasado, en el que tuvieron lugar 1.056 insolvencias. Desde el último trimestre de 2013, la actividad concursal ha descendido en todos los trimestres. Estos son algunos de los datos que se desprenden del Baremo Concursal del primer trimestre de 2017, elaborado por PwC a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
18-ABRIL-2017: El TS considera justificado el límite de 30 años edad establecido para acceder a la Guardia Civil. La Sala III del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia (STS 627/2017, de 5 de abril, Rec. casación núm. 1709/2015) que fijar en 30 años el límite de edad para acceder a los centros docentes de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil no vulnera el principio de igualdad ya que cuenta con una justificación objetiva y razonable, que descansa en las necesidades del Cuerpo de proveer sus distintos puestos de responsabilidad por miembros que hayan ido adquiriendo dentro del mismo la capacitación necesaria, con la consiguiente necesidad de que el acceso se haga a una edad que permita alcanzar ese objetivo antes de que llegue la edad de retiro. El tribunal rechaza el recurso planteado por un particular contra la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, de 20 de mayo de 2014, por la que se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en esos centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias, que incluía el requisito de no haber cumplido ni cumplir 30 años dentro de 2014 para las plazas de acceso directo. El recurrente consideraba ese límite de edad una discriminación contraria al principio de igualdad y al libre acceso a la función y a los cargos públicos proclamados por la Constitución. También entendió que vulneraba el artículo 56.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 34.2 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y el artículo 26 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
20-ABRIL-2017: La compraventa de vivienda se incrementó en febrero de 2017 un 9,9% y su precio un 2,5%. La compraventa de vivienda se situó en febrero en 38.176 transacciones, lo que supone un aumento interanual del 9,9%. El precio promedio por m2 de las viviendas vendidas en febrero fue de 1.305 €, lo que supone un incremento del 2,5%. Por su parte, los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda aumentaron un 2,5% interanual en febrero, hasta los 16.337 nuevos préstamos y su cuantía media experimentó un ligero aumento del 0,6% en términos interanuales hasta los 125.445 €.
20-ABRIL-2017: Ciudadanos llevará al Congreso un régimen sancionador de la morosidad en junio si el Gobierno no lo aprueba antes. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado al Gobierno a impulsar una modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad para incluir un régimen sancionador y ha añadido que, en el caso de que el Gobierno no lo apruebe antes, su partido propondrá ese cambio legislativo en el Congreso el próximo junio. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado al Gobierno a impulsar una modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad para incluir un régimen sancionador y ha añadido que, en el caso de que el Gobierno no lo apruebe antes, su partido propondrá ese cambio legislativo en el Congreso el próximo junio. Durante su participación en la IV Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad, celebrada en Madrid, Rivera ha recordado al PP que en el acuerdo de investidura que firmó con Cs el pasado verano se comprometió, en el punto 34, a aprobar la implantación de un régimen de información y sanciones en materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas. En virtud de ese régimen, las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social. Asimismo, el punto 34 del pacto dice que en las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontraten y que se establecerán incentivos para que las empresas adopten el régimen del IVA de caja en la mayor medida posible, de forma que las pymes puedan repercutir el impuesto cuando reciban efectivamente los pagos por sus ventas. El presidente de Cs ha subrayado que "las pymes y los autónomos ya no pueden esperar" y por eso ha instado al Ejecutivo del PP a "pasar de las promesas a los hechos". El pasado 6 de abril, el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley auspiciada por el PP que instaba al Gobierno a establecer el régimen sancionador para "combatir el retraso intencionado de los pagos".
21-ABRIL-2017: Los letrados de la Administración de Justicia deberán indexar las grabaciones como se hace en las televisiones. Para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la ley está muy clara. Concretamente, el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -reformado recientemente-: “las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse”. Y así lo recordó “urbi et orbi” la Comisión Permanente en la reunión que celebro ayer. ¿Por qué lo hizo? Porque en los últimos tiempos los fiscales han venido pidiendo a los jueces de instrucción la transcripciones de las grabaciones que, en el curso de las diferentes instrucciones, se realizaban a imputados, testigos y peritos. Y de una manera especial en las macrocausas. En muchos casos, ante la negativa de los magistrados, los fiscales han recurrido ante las diferentes Audiencias Provinciales, las cuales han revocado las decisiones de los jueces de instrucción y les han ordenado que realicen las transcripciones solicitadas por el Ministerio Fiscal. Esto ha creado una evidente distorsión y preocupación, ya que la mayor parte de ellos no tienen medios humanos para llevar a cabo ese cometido, que, por otra parte, consume mucho tiempo. Ante ese tipo de decisiones, el CGPJ no puede hacer nada porque es de carácter jurisdiccional, y le está vetado. Pero sí lo ha hecho por la vía que le permite la ley: por la del control de legalidad de los acuerdos de las Salas de Gobierno de varios Tribunales Superiores de Justicia, que han venido a avalar también dichas prácticas. Una decisión que se ha basado sobre un informe que da soluciones prácticas. En consecuencia, el CGPJ ha pedido a la Administración de Justicia -léase el Ministerio de Justicia, que tiene competencia en 5 Comunidades Autónomas cuyas competencias no han sido transferidas, y a las 12 Comunidades Autónomas que sí las tienen- que facilite medios técnicos y humanos para que las grabaciones de declaraciones ante el juez de instrucción puedan ser manejadas cómodamente por las partes de un proceso sin necesidad de transcribirlas a papel. Como en los archivos de las televisiones ¿En qué se traduce eso? En que los letrados de la Administración de Justicia tendrán que indexar, de una forma pormenorizada, las grabaciones audiovisuales que se lleven a cabo, en tiempo real. De una forma parecida a como se hace en los archivos de las diferentes televisiones: poniendo el minutaje, los nombres y apellidos de los intervinientes y el contenido de sus declaraciones, para que, después, se pueda acceder a ello de forma cómoda y fácil para las partes y no haya necesidad de hacer transcripción alguna; transcripción, por otro lado, prohibida. “Es absolutamente imprescindible que las Administraciones competentes -Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en la materia- pongan a disposición de los órganos judiciales los medios técnicos” que permitan que la grabación recoja de manera absolutamente fidedigna la declaración y que al mismo tiempo sea posible con rapidez acceder a cualquiera de sus contenidos sin necesidad de una transcripción”, indica el CGPJ en este informe. El informe del CGPJ será enviado a las 13 Administraciones de la Administración de Justicia para que conozcan su contenido y pongan los medios técnicos oportunos. De esa forma se conseguirá -dice el texto- se conseguirá que “la grabación, de una parte, recoja de manera absolutamente fidedigna, íntegra y completa la declaración y, de otra, sea posible con sencillez y rapidez acceder a cualquiera de los contenidos con plenas garantías”. El CGPJ entiende que corresponde a los letrados de la Administración de Justicia -antes secretarios judiciales- “cuidar que la grabación sea efectuada con los oportunos puntos de control” para que tanto el juez como el tribunal y los abogados puedan acceder “con facilidad y agilidad al punto y momento que en cada caso precisen” de la grabación.
21-ABRIL-2017: El Supremo marca en 20 días la indemnización para indefinidos no fijos despedidos por cubrirse su plaza. El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los trabajadores indefinidos no fijos del sector público, cuando son cesados por cobertura de la plaza que ocupaban, tienen derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con límite de 12 mensualidades, y no de 8 días por año como había indicado hasta ahora la jurisprudencia en casos de ceses por amortización de vacantes. En sentencia del pasado 28 de marzo, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, el Supremo confirma que es procedente la indemnización de 20 días por año trabajado para una contratada indefinida no fija del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la que se rescindió el contrato en marzo de 2013 por cobertura por concurso-oposición de la plaza que ocupaba. En su resolución, el Supremo señala que ha modificado el criterio cuantitativo respecto de estas indemnizaciones en virtud de cuatro argumentos: – Primero, porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es recogida en la Ley, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, cuyos artículos 8 y 11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral en función de la duración de su contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal. – Segundo, porque el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, “se encuentra en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano administrativo”. Cuando ese uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, pero cuando lo hace la Administración, como el acceso a la función pública y a un empleo público en general debe hacerse con escrupuloso respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad. No puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. – Tercero, porque la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo es diferente del contratado temporal y del fijo, lo que plantea el problema de cuál debe ser la indemnización que le corresponda por la rescisión de su contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del Estatuto de los Trabajadores (8 días por año), pues dadas las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los contratos temporales, “pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo”. – Por último, en cuarto lugar, la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo, que el Estatuto Básico del Empleado Público se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación de sus elementos esenciales –en este caso, el régimen extintivo- “obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnización derivada de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de la plaza”. “En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del Estatuto de los Trabajadores en relación a los apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas”. La equiparación, añade la sentencia, no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 del Estatuto contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato. La sentencia rechaza el recurso del abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que concedió una indemnización de 19.214 euros a la trabajadora del CSIC cesada. Asimismo, también desestima el recurso planteado por la empleada, quien alegaba que no constaba que su plaza fuese sacada realmente a concurso ni tampoco que fuese cubierta como resultado de ese concurso.
24-ABRIL-2017: La Comisión de Discapacidad vota la reforma para facilitar la celebración del matrimonio entre personas con discapacidad. La Comisión para Políticas Integrales de Discapacidad debate y vota la propuesta de reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para adaptar las disposiciones para contraer matrimonio a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y promover, "eliminando restricciones y proporcionando apoyos, un régimen legal favorecedor de la celebración del matrimonio". La iniciativa, presentada por el Grupo Popular, comenzó su tramitación el pasado 2 de febrero, cuando se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley, y se remitió a la Comisión de Discapacidad, en la que se nombró una ponencia para realizar el primer análisis del texto y de las enmiendas al articulado presentadas, y se elaboró un informe. El informe y las enmiendas se debatirán y votarán el martes, para elaborar un dictamen que, una vez aprobado, se remitirá directamente el Senado. En caso de que el Senado modifique el texto, éste deberá volver al Congreso, que decidirá en Pleno si mantiene o rechaza las enmiendas de la Cámara Alta. Si no hay ningún cambio, quedará lista para publicarse y entrar en vigor. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo reformar la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LA LEY 11105/2015) aprobada en 2015, que reformaba el artículo 56 del Código Civil (LA LEY 1/1889) sobre requisitos de capacidad exigidos a los contrayentes. Establecía que, en caso de "deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario Judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento". Dado que esta disposición la modificación del artículo 56 del Código Civil (LA LEY 1/1889) todavía no ha entrado en vigor, y con el fin de aclarar también que la intención de la reforma introducida por la Ley es favorecer la celebración del matrimonio de las personas con discapacidad, "evitando cualquier sombra de duda sobre su capacidad para contraer matrimonio", se modifica esta ley para establecer, "eliminando restricciones y proporcionando apoyos, un régimen legal favorecedor, de la celebración del matrimonio, si esa es la voluntad de las personas con discapacidad". La propuesta que se vota este martes en Comisión determina además que el Letrado de la Administración de Justicia, Notario o Encargado del Registro Civil oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Cuando sea necesario, se contará con los apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento por los contrayentes Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
26-ABRIL-2017: Europa propone reforzar el permiso parental, de paternidad y para los cuidadores. Si bien la mayoría de los instrumentos para ello están en manos de los Estados miembros, así como de los interlocutores sociales y de la sociedad civil, las instituciones de la Unión Europea —y, en particular, la Comisión Europea— pueden contribuir a establecer el marco y marcar el rumbo. Además de proponer el pilar europeo de derechos sociales, la Comisión también presenta hoy una serie de iniciativas legislativas y no legislativas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la información de los trabajadores, el acceso a la protección social y el tiempo de trabajo. En primer lugar, este trabajo, realizado bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y del vicepresidente primero Timmermans, incluye una propuesta destinada a mejorar las condiciones para que los progenitores y los cuidadores que trabajan concilien la vida familiar y la vida profesional. FransTimmermans, vicepresidente primero, ha declarado: «Vivir en el siglo XXI significa que nuestra actitud hacia la vida y el trabajo, hacia las mujeres y los hombres, ha de ser una actitud del siglo XXI. Nuestras hijas e hijos no deberían verse obligados a encarnar los modelos de conducta de nuestros abuelos. No existe la conciliación "correcta". sino que se trata de elegir, y ya es hora de dar a todos los ciudadanos la posibilidad real de elegir cómo quieren orientar sus vidas, criar a sus hijos, tener una carrera profesional, ocuparse de sus mayores, en definitiva, vivir sus vidas.» Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha manifestado: «Aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo no es solo una cuestión de equidad, sino que también presenta un triple beneficio. Es bueno para los progenitores y los cuidadores que trabajan, que conseguirán conciliar mejor sus vidas familiares y profesionales; es bueno para las empresas, que podrán atraer y retener el talento; y es bueno para los Estados miembros, que pierden 370 000 millones de euros cada año debido a la brecha de género en el empleo existente en la actualidad.» «La conciliación de la vida profesional y de la vida familiar es un reto diario para las mujeres y los hombres de toda Europa» ha declarado V?raJourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE. «Es nuestro deber ofrecer el marco adecuado para que las personas puedan tomar sus propias decisiones. Nuestra nueva propuesta tiene por objeto reforzar los derechos y mejorar las condiciones para que los progenitores que trabajan y los cuidadores concilien el trabajo y las responsabilidades familiares. Aportará una mayor flexibilidad y una mejor protección a las madres, los padres y los cuidadores, ya sea porque quieren dedicar tiempo a cuidar de sus hijos o disfrutar de modalidades de trabajo flexibles, o bien porque deseen volver a trabajar.»
30-ABRIL-2017: Gómez Bermúdez se hace viral proponiendo una ley para recuperar el dinero robado por los corruptos. Unas declaraciones del magistrado Javier Gómez Bermúdez, actual juez de Enlace de España en París, se han hecho virales en las redes sociales casi cuatro años más tarde, alcanzando sólo en youtube los 2,5 millones de visitantes. El magistrado propone que se apruebe una ley de recuperación de activos que no sólo permita al Estado recuperar el dinero robado sino que además se incaute del patrimonio personal que tuviera anteriormente.“Habría que hacer una ‘ley de recuperación de activos’”, propone Gómez Bermúdez. “Que significa que el que delinque para tener un beneficio económico tenga su primer castigo”, afirma, y que va a vivir en el futuro “sin un duro”. “Lo importante en los delitos relacionados con beneficios económicos, incluidos los de la corrupción, es que ese beneficio no redunde en que tenga una mejor vida el corrupto. Por lo tanto, en lo que hay que trabajar es en quitarle ese dinero. En que no disfrute de ese beneficio. En que sepa que si le pillamos va a perder todo su patrimonio. No sólo el ganado con la corrupción sino el otro, también”, declaró en el programa “Salvados”, que presenta el periodista Jordi Évole, emitido el 26 de mayo de 2013 en La Sexta.Casi dos años después el Gobierno transpuso la Directiva Europea a nuestro ordenamiento jurídico -Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal- haciendo realidad las palabras de Gómez Bermúdez, tal como se explica en el artículo de Nicolás González-Cuéllar. A raíz de esas modificaciones, que entraron en vigor a finales de 2015, y que han tenido los mismos efectos que la ley propuesta por Gómez Bermúdez, se creó la laOficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
30-ABRIL-2017:Ciudadanos propone que el Congreso pueda cesar al fiscal general de Estado si hay injerencias. Ciudadanos quiere impulsar una reforma legislativa para que el Congreso de los Diputados tenga capacidad para reprobar a un fiscal general del Estado si se demuestra que ha habido injerencias políticas en su labor, reprobación que debería suponer su cese inmediato en el cargo. Así lo ha expresado el portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, durante su visita a la localidad madrileña de Móstoles. Aguado ha recalcado que su partido ha impulsado una ley integral contra la corrupción para acabar con los “indultos” y las “tramas que recorren media España”, y como ejemplo ha citado los casos Lezo, Brugal o Palma Arena, que no son casos específicos, sino que conforman “el caso PP”.Una situación que, a su entender, no vale con abordar solo con comisiones de investigación, sino con reformas legales concretas. “Para eso estamos, no solo para dar vueltas en autobuses o montar teatros y circos que en poco ayudan a resolver la situación”, ha dicho.Pero además de atajar la corrupción, Aguado ve indispensable abordar el problema de la independencia de la justicia, y se ha referido a las “injerencias políticas” que, según ha dicho, se están observando hacia la Fiscalía en el caso Lezo.“Por eso vamos a impulsar una reforma legal para conseguir que se pueda cesar desde el Congreso de los Diputados al fiscal general del Estado, que el Congreso tenga capacidad para reprobarle y que eso suponga el cese inmediato”.“Son medidas concretas, ésta es la política útil, es lo que hemos venido a hacer”, ha insistido, porque ésa es la forma de acabar con la relación “demasiado estrecha” entre políticos, jueces y fiscales con la que venía “funcionando España“, con “conversaciones en despachos o en coches oscuros” de forma “habitual”, o con intercambios de sms “que no proceden” entre presidentes y ministros y personas imputadas o investigadas, como cuando “el señor Rajoy intercambia mensajes con el señor Bárcenas”.