Source: http://www.notariallopis.es/blog/i/1475/73/circulacion-internacional-de-documentos-notariales-en-materia-matrimonial-i-reglamento-bruselas-ii-bis
Timestamp: 2019-02-22 01:37:17
Document Index: 187998263

Matched Legal Cases: ['artículo 523', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 54', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 39', 'artículo 46', 'artículo 52']

Circulación internacional de documentos notariales en materia matrimonial (I): Reglamento Bruselas II bis - Blog - José Carmelo Llopis - Notario
Mi exposición se centró en la circulación internacional de documentos públicos en general, y notariales en particular, en materia matrimonial, incluyendo la ejecución y fuerza ejecutiva de estos y de las resoluciones judiciales en ámbitos como la separación y el divorcio y la liquidación del régimen económico matrimonial.
Debido a la extensión del texto, dividiré en dos entregas la publicación, estando la primera dedicada a dar una visión general de tres conceptos clave y del Reglamento Bruselas II bis, y la segunda al más detallado análisis de los Reglamentos 1103 y 1104 en esta materia
El ámbito objetivo al hablar de circulación internacional de documentos es enorme, por eso lo primero que debemos hacer es aclarar conceptos en tres ámbitos distintos:
Órgano jurisdiccional o autoridad, lo cual incidirá en el concepto de documento
Por documentos debemos entender de una parte los procedentes de los órganos jurisdiccionales en sentido estricto (resoluciones judiciales en forma de autos, sentencias o mandamientos), los procedentes de autoridades públicas que actúan en el ámbito de la función jurisdiccional (que emiten o autorizan documentos que producen efectos similares a los anteriores, por delegación pública, como sería el caso de la escritura notarial de divorcio) y los procedentes de autoridades públicas que no actúan en el ámbito de la función jurisdiccional (como las escrituras y actas notariales en general).
Estos documentos pueden circular hacia afuera (que un documento cuyo país de origen es España, produzca efectos en un país de destino miembro de la Unión Europa o en un país de destino no miembro) o hacia dentro (que un documento cuyo país de origen es un miembro de la Unión Europa o un no miembro, produzcan efectos en España).
En caso de circulación hacia dentro, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil regula en el artículo 523 la fuerza ejecutiva de las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros que lleven aparejada ejecución en España, remitiéndose a los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional. Concretamente, la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Dejando de lado las cuestiones relativas a la notificación y y traslado de documentos notariales, debemos hacer unos apuntes sobre el Título V (artículos 41 y siguientes) que regula el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y de ejecución de documentos públicos extranjeros y el procedimiento de exequátur para reconocer la resolución extranjera. Los artículos 44 a 55 regulan el reconocimiento y ejecucion en España de las resoluciones extranjeras, y corresponde al artículo 56 la cuestión relativa a la ejecución de documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras siempre que lo sean en su país de origen y no resultan contrarios al orden público, teniendo en cuenta que en España deberán tener al menos la misma o equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades españolas. A estos efectos, el artículo 57 prevé la adecuación de instituciones jurídicas extranjeras al ordenamiento español. Acertadamente, TRESGUERRES critica que la norma se refiera exclusivamente a la ejecución, y no a la más amplia y lógica “eficacia internacional”.
Actos o negocios contenidos en el documento
Hay que tener en cuenta la materia en la que desarrolle sus efectos el documento (civil en nuestro caso) y dentro de la materia también el ámbito del contenido, lo cual es especialmente importante en la materia matrimonial que nos ocupa, pero en la que se entremezclan cuestiones públicas como la modificación del estado civil como la separación, nulidad y divorcio (que se derivan al Reglamento Bruselas II bis), y privadas como la elección de ley aplicable (que se regula en los nuevos Reglamentos de efectos patrimoniales del matrimonio y de la unión registrada).
Por último, deberemos valorar qué efectos legitimadores, probatorios o ejecutivos tiene el documento en el país de origen, que dichos efectos sean reconocido por el país de destino y finalmente que en el país de destino exista un procedimiento de ejecución.
Por un lado, en cuanto al reconocimiento de las resoluciones judiciales o los documentos notariales, el principio rector de las últimas normas del legislador europeo es el admitir el reconocimiento entre Estados Miembros sin acudir a ningún procedimiento especial, siempre que no sean contrarias al orden público y sin perjuicio de que alguna norma, nacional o supranacional, reconozca puntualmente otras causas de denegación de ese reconocimiento.
Por otro lado, cuestión distinta es la ejecutividad de las resoluciones judiciales o los documentos notariales, en la que el principio rector de las últimas normas del legislador europeo es el admitir la ejecución entre Estados Miembros siempre que, a petición de parte interesada, exista una declaración de ejecutividad que proceda de la autoridad competente. Esta declaración, que tiene forma de certificación, tiende ahora a delegarse en el país de origen del documento o resolución, no en el de destino y no necesita apostilla o legalización.
Por ejemplo, es el sistema que sigue el Reglamento (CE) 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados en materia civil y mercantil, que permite la libre circulación con una certificación como título ejecutivo europeo en el Estado de origen cumplimentando el formulario normalizado que figura en el Anexo III.
También en el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 (Bruselas I bis), regula entre otras cuestiones el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Sin entrar en materia judicial, en relación a los documentos públicos se reconoce que la autoridad competente o el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de parte interesada, un certificado utilizando el modelo de formulario del Anexo II con un resumen de la obligación ejecutiva, sin exigir legalización ni formalidad análoga alguna.
Otro sistema distinto es de los certificados multilingües que reconoce por ejemplo el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consenjo de 6 de julio de 2016 por el que se simplifican los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, estableciendo un sistema de exención de legalización para los documentos públicos relativos al nacimiento, al hecho de que una persona está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil), a la unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho registrada), al domicilio o la residencia y a la ausencia de antecedentes penales.
El Reglamento Bruselas II bis y la actuación notarial en materia de estado civil
El Reglamento Bruselas II bis (Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
Órgano jurisdiccional o autoridad
Según el artículo 2 se entenderá por órgano jurisdiccional todas las autoridades de los Estados miembros con competencia en las materias que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento. Por tanto, aunque no se recoja de manera expresa ni aquí ni en los Considerandos, no cabe duda que dentro de su ámbito se encuentran los notariados con competencias en la materia, como los españoles.
Las cuestiones matrimoniales incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento se deben interpretar de manera estricta, por lo que solo afectaría a la separación, divorcio, y nulidad matrimonial en su aspecto de modificación del estado civil, pero no a sus aspectos patrimoniales, y de ahí que se excluyan por ejemplo las pensiones compensatorias entre cónyuges, o la liquidación del régimen económico matrimonial.
Por tanto, los notarios, tras la modificación operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria en la Ley Orgánica del Notariado, pueden conforme al artículo 54, cuando los cónyuges no tuvieren hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos, documentar el acuerdo de su separación matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un convenio regulador en escritura pública con asistencia en el otorgamiento de Letrado en ejercicio.
En relación a la compentencia del notario, la Ley Orgánica del Notariado fija como criterio de competencia el último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes, y el artículo 3 del Reglamento también fija la competencia general en dichos asuntos, de una manera más extensa y ligeramente diferente. Pero como ya apuntaba TRESGUERRES, ambas normas deben interpretarse conjuntamente por dos motivos: primero porque el Reglamento simplemente se refiere a la competencia del Estado Miembro, dejando a éste que delimite qué órganos dentro del mismo se encargarán de sustanciar el procedimiento y, en segundo lugar porque la determinación de qué notario concreto otorgará la escritura, solo cabe en caso de acuerdo de las partes, y no como solución contenciosa unilateral impuesta por una de ellas a la otra.
En materia de reconocimiento, dice el artículo 21 que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Añade el artículo 39 que el órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado conforme al modelo de formulario que figura en el Anexo I (resoluciones en materia matrimonial).
En relación a la fuerza ejecutiva, dice el artículo 46 que los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados en un Estado miembro, así como los acuerdos entre las partes que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, serán reconocidos y se dotarán de fuerza ejecutiva en las mismas condiciones que las resoluciones judiciales.
Finalmente, dice el artículo 52 que no se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna.
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