Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0316&language=ES&ring=A6-2006-0213
Timestamp: 2013-12-05 05:56:25
Document Index: 145624404

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 52', 'artículo 6', 'artículo 52', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 175', 'artículo 52']

Textos aprobados - Jueves 6 de julio de 2006 - Supuesta utilización de países europeos, por parte de la CIA, para el transporte y la detención ilegal de presos - P6_TA(2006)0316
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A6-0213/2006Textos presentados :
Supuesta utilización de países europeos, por parte de la CIA, para el transporte y la detención ilegal de presos P6_TA(2006)0316A6-0213/2006
Resolución del Parlamento Europeo sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos, mediados los trabajos de la comisión temporal (2006/2027(INI))
– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2005, sobre la presunta utilización por parte de la CIA de países europeos para el transporte y la detención ilegal de presos(1)
– Vista su Decisión, de 18 de enero de 2006, relativa a la creación de una comisión temporal sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos(2)
– Visto el informe provisional de la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos (A6-0213/2006),
A. Considerando que los trabajos de la comisión temporal tienen por principal objetivo establecer si, en el marco de los hechos denunciados, la acción de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros ha respetado los principios fundamentales enunciados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y ha garantizado, en particular, la protección de los derechos fundamentales definidos, entre otros, en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 (en adelante, "CEDH"),
B. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(3)
, proclamada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, con ocasión del Consejo Europeo de Niza, y recogida en la Parte II del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, constituye, en el continente europeo, un texto de referencia no sólo para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sino también para los tribunales constitucionales y otros órganos jurisdiccionales de los Estados miembros,
C. Considerando que la lucha contra el terrorismo no se puede ganar sacrificando los mismos principios que el terrorismo pretende destruir, y, ante todo, que la protección de los derechos fundamentales no debe comprometerse jamás; que el terrorismo debe combatirse con instrumentos legales y derrotarse en el respeto del Derecho internacional y nacional y mediante una actitud responsable por parte de los Gobiernos y de la opinión pública,
D. Considerando que el principio de inviolabilidad de la dignidad humana figura en el primer artículo de la Carta de los Derechos Fundamentales y sirve de base a todos los demás derechos fundamentales, y, en particular, el derecho a la vida (artículo 2), la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 4), el derecho a la protección en caso de devolución, expulsión y extradición (artículo 19), y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial (artículo 47), y que dicho principio no puede ser objeto de limitaciones, ni siquiera por razones de seguridad, ni en período de paz ni en período de guerra,
E. Considerando que, en virtud de las normas internacionales en materia de derechos humanos, como las contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en sus instrumentos relacionados, y, en particular, en el CEDH, los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción gocen de los derechos fundamentales reconocidos a escala internacional, incluida la prohibición de cualquier tipo de entrega cuando exista el riesgo de sufrir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
F. Considerando que la legislación europea e internacional en materia de derechos humanos prohíbe las desapariciones forzosas, y en particular las detenciones secretas, en las que se mantiene incomunicada a una persona, sin informar a su familia o a la opinión pública sobre su destino o paradero, al margen de cualquier procedimiento judicial,
G. Considerando que, además de lo dispuesto en el CEDH, los hechos denunciados comprometen la responsabilidad de los Estados miembros en su condición de partes de:
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966,
el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago el 7 de diciembre de 1944, y, en particular, sus artículos 3, 4 y 6,
H. Considerando que es necesaria la más estrecha cooperación posible entre Europa, los Estados Unidos y todos los Gobiernos del mundo comprometidos con la misma causa para combatir el terrorismo,
I. Considerando que son necesarias una concertación y una cooperación lo más estrechas posible entre la comisión temporal y el Consejo de Europa, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las autoridades de los Estados miembros, y en particular los Parlamentos nacionales,
J. Considerando que esta concertación y esta cooperación deberían tener en cuenta las actividades e investigaciones ya realizadas, y en particular:
los informes finales del Defensor del Pueblo sueco(4)
y de la Comisión Constitucional del Parlamento sueco(5)
, así como los informes todavía pendientes del Comité contra la tortura de las Naciones Unidas(6)
, que hacen referencia, entre otras cuestiones, a la entrega a Egipto de Muhammed Al Zery y Ahmed Agiza,
los memorandos informativos, de 22 de noviembre de 2005 y 22 de enero de 2006, sobre las presuntas detenciones secretas en Estados miembros del Consejo de Europa, elaborados por el senador Dick Marty, Presidente y Ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
las investigaciones judiciales en curso en varios Estados miembros, y en particular las conclusiones alcanzadas en Italia en el marco de la investigación del Fiscal adjunto de Milán(7)
sobre el secuestro del ciudadano egipcio Abu Omar, así como las investigaciones que está llevando a cabo en Alemania la Fiscalía de Munich sobre el presunto secuestro y detención del ciudadano alemán Khaled El-Masri,
las investigaciones parlamentarias en curso o ya concluidas en varios Estados miembros y en países en vías de adhesión,
las declaraciones de las autoridades de algunos Estados miembros -en particular, Alemania, Reino Unido, España e Irlanda- sobre el aterrizaje en su territorio de aeronaves civiles utilizadas por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA),
K. Considerando que debe tenerse especialmente en cuenta el informe provisional del Secretario General del Consejo de Europa(8)
, elaborado en el marco de la investigación efectuada en virtud del artículo 52 del CEDH, así como sus declaraciones en la conferencia de prensa del 12 de abril de 2006, tras las respuestas pormenorizadas de los Estados miembros del Consejo de Europa(9)
, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea; que el Secretario General ha declarado que es cierto que se realizaron vuelos con fines de entrega extraordinaria y que "prácticamente ninguno de nuestros Estados miembros cuenta con medidas legislativas y administrativas capaces de proteger eficazmente a las personas contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de servicios secretos extranjeros amigos en su territorio", y que ha recibido una respuesta en la que se reconoce oficialmente que se habían entregado algunas personas a agentes extranjeros mediante procedimientos que incumplían las normas y medidas de salvaguardia contempladas en el CEDH y en otros instrumentos jurídicos del Consejo de Europa(10)
L. Considerando que la primera etapa de trabajos de la comisión temporal ha permitido reunir un conjunto coherente de datos basados, en particular, en:
las audiencias celebradas los días 13 y 23 de febrero, 6, 13, 21 y 23 de marzo, 20 y 25 de abril y 2 de mayo de 2006 con abogados, periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), presuntas víctimas de entregas extraordinarias, representantes de las autoridades de los Estados miembros y representantes de las Instituciones europeas,
las contribuciones escritas de los oradores invitados, así como documentos oficiales y otros a los que la comisión temporal ha tenido acceso hasta el presente,
las declaraciones de representantes del Gobierno de los Estados Unidos que han reconocido la práctica de la entrega, a la vez que han negado haber recurrido a la tortura o haber encargado a otros que lo hicieran, M. Considerando que, en ausencia de todo poder cuasijudicial y frente a las acusaciones de actividades llevadas a cabo por los servicios de inteligencia y mantenidas en secreto por las autoridades nacionales, la comisión temporal ha recabado información corroborada de que han tenido lugar algunas prácticas ilegales en territorio europeo que han afectado a ciudadanos y residentes europeos y, por consiguiente, se ha transferido a los Gobiernos europeos la carga de probar si se han respetado realmente sus obligaciones en materia de derechos humanos, de conformidad con el artículo 6 del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
N. Considerando que los trabajos realizados hasta ahora por la comisión temporal refuerzan el fundamento de su Decisión de 18 de enero de 2006 por lo que se creó la comisión y muestran la necesidad de llevar a cabo más controles y recoger información complementaria, por lo que sus trabajos deben proseguir con objeto de cumplir cabalmente el mandato que le fue conferido,
O. Considerando que el apartado 3 de la Decisión de 18 de enero de 2006 establece que la comisión temporal deberá presentar al Parlamento Europeo un informe provisional en el que figurarán propuestas pormenorizadas sobre la forma en que se propone proseguir sus trabajos,
P. Considerando que, en la presente Resolución, por "países europeos" debe entenderse los Estados miembros, los países en vías de adhesión, los países candidatos y los países asociados, como especifica el mandato de la comisión temporal aprobado el 18 de enero de 2006,
Q. Considerando que la presente Resolución cubre tres tipos diferentes de disposiciones que parecen aplicar los Estados Unidos:
"entregas extraordinarias", en las que las personas son entregadas a otro gobierno para ser interrogadas,
"detenciones secretas", en las que las personas son trasladadas a lugares bajo control de los Estados Unidos, y
"detenciones por cuenta de terceros", en las que las personas son entregadas a la custodia de un tercer país para por orden de los Estados Unidos; si bien no existe un registro público que pruebe que un país europeo haya detenido a alguien por orden de los Estados Unidos, es muy posible que hayan transitado por países europeos personas durante su traslado para ese tipo de detención,
Sobre los elementos comprobados hasta ahora por la comisión temporal
1. Hace suyas las conclusiones del Secretario General del Consejo de Europa tras la investigación realizada en virtud del artículo 52 del CEDH;
2. Toma nota, en este contexto, del Dictamen n° 363/2005 presentado por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)(11)
a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, en particular, de los siguientes elementos:
un Estado miembro del Consejo que coopera de manera activa o pasiva para imponer y llevar a cabo detenciones secretas compromete su responsabilidad en virtud del CEDH,
la responsabilidad de un Estado miembro del Consejo de Europa también queda comprometida cuando sus agentes (policía, fuerzas de seguridad, etc.), actuando ultra vires
, cooperan con las autoridades extranjeras o no impiden un arresto o una detención secreta que no haya sido puesta en conocimiento del Gobierno;
3. Lamenta que las normas que regulan las actividades de los servicios secretos en varios Estados miembros de la Unión parezcan insuficientes, lo que hace necesario un mayor control, especialmente en lo que se refiere a las actividades de los servicios secretos extranjeros en su territorio y en las bases militares extranjeras, y considera que se deben establecer normas de cooperación a escala de la UE;
4. Lamenta que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) haya denegado a la comisión temporal el acceso al texto íntegro de la Decisión del Consejo de la OTAN, de 4 de octubre de 2001, sobre la aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington; insta urgentemente a la OTAN a que garantice el acceso al texto íntegro de la Decisión, a fin de aclarar esta cuestión;
5. Comprende la importancia que reviste una estrecha cooperación entre los servicios de investigación de los Estados miembros y de los Estados aliados, si bien destaca que una colaboración de este tipo no debe confundirse con el abandono de la soberanía en el territorio y el espacio aéreo europeos;
6. Toma nota de las contribuciones aportadas por el coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo, Sr. De Vries, y el Alto Representante de la PESC, Sr. Solana, que declararon que no tenían conocimiento de ninguna violación de la legislación nacional, europea o internacional por parte de Estados miembros que cooperan con la CIA, a la vez que añadieron que la legislación de la UE no les confiere la competencia necesaria para solicitar la información pertinente a los Estados miembros;
Sobre los raptos, traslados, arrestos, secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas efectuados por la CIA, por otros servicios o agencias estadounidenses o por otros servicios de seguridad de terceros países
7. Expresa su preocupación por el hecho de que, a la vista de la información obtenida en los Estados miembros, el Consejo de Europa y los trabajos de la Comisión temporal, desde el 11 de septiembre de 2001 y en el marco de la indispensable lucha contra el terrorismo, en numerosas ocasiones se hayan violado de manera grave e inadmisible los derechos humanos, y en particular los derechos reconocidos en el CEDH, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y el Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos;
8. Se ve obligado a creer, sobre la base de las pruebas presentadas por la comisión temporal, que, en algunos casos, la CIA y otros servicios de los EE.UU. han sido directamente responsables del rapto, el traslado, el secuestro y la detención de sospechosos de terrorismo en el territorio de los Estados miembros y de los países en vías de adhesión y candidatos, así como de la entrega extraordinaria, entre otros, de ciudadanos o residentes europeos; recuerda que estas actuaciones contravienen los principios del Derecho internacional y vulneran los principios fundamentales en materia de derechos humanos; 9. Lamenta que los acuerdos de entendimiento entre los Estados Unidos y los países europeos no se hayan puesto a disposición de la comisión temporal;
10. Condena la práctica de las entregas extraordinarias, cuyo objeto es evitar que los sospechosos sean sometidos a un proceso, al ser entregados a terceros países con el fin de ser interrogados, donde podían ser torturados y detenidos en instalaciones que están bajo el control de los Estados Unidos o de las autoridades locales; considera inaceptables las prácticas de algunos Gobiernos que consisten en limitar su responsabilidad solicitando garantías diplomáticas a los países en los que se dan motivos fundados para creer que se practica la tortura, como ya se indicó en las conclusiones elaboradas por Manfred Nowak, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura; considera, asimismo, que la entrega especial de personas a lugares en los que la tortura es endémica constituye una vulneración del principio de no devolución establecido en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura;
11. Considera que las garantías diplomáticas, en la medida en que soliciten una excepción a la norma, constituyen un reconocimiento tácito de la existencia de prácticas de tortura en terceros países, y que, por consiguiente, son contradictorias con las responsabilidades de la UE establecidas en las "Directrices de la política de la UE en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", adoptadas por el Consejo el 9 de abril de 2001;
12. Expresa su profunda preocupación por el testimonio expresado a la comisión temporal por el ciudadano canadiense Maher Arar, quien fue detenido por las autoridades de los Estados Unidos, trasladado por la CIA a través de un aeropuerto europeo y detenido durante doce meses en Siria, donde fue sometido a tortura; observa al mismo tiempo la declaración del asesor jurídico de los Estados Unidos, John Bellinger, que afirmó durante la visita de la delegación de la comisión temporal a los Estados Unidos que el caso Arar fue examinado en función de la legislación estadounidense en materia de inmigración y aduanas y que nada tiene que ver con los casos de entregas denunciados;
13. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que todos los trabajos realizados hasta ahora por la comisión temporal parecen indicar que sociedades pantalla de la CIA han utilizado el espacio aéreo y los aeropuertos europeos para eludir las obligaciones jurídicas impuestas a las aeronaves estatales establecidas en el Convenio de Chicago, permitiendo de este modo la entrega ilegal de personas sospechosas de terrorismo a la custodia de la CIA o del ejército estadounidense o a otros países (entre ellos Egipto, Jordania, Siria y Afganistán) que practican a menudo la tortura durante los interrogatorios, como ha reconocido el propio Gobierno de los Estados Unidos(12)
14. Observa que el trabajo de la comisión temporal no ha revelado hasta la fecha evidencia o prueba alguna de la existencia de prisiones secretas en la UE; considera, no obstante, que en los próximos meses, el trabajo de la comisión temporal se centrará más en este aspecto;
15. Acoge con satisfacción la reacción del Congreso de los Estados Unidos, que ha aplicado la "Enmienda McCain", cuyo objeto es garantizar a los presuntos terroristas una mayor protección contra el trato ilegal por parte de organismos públicos;
Sobre la posibilidad de que los Estados miembros, los países en vías de adhesión y los países candidatos estén implicados, por acción u omisión, en los arrestos, raptos, traslados, secuestros, expulsiones, entregas extraordinarias y detenciones secretas o que sean cómplices de ellos
16. Considera inverosímil, sobre la base de los testimonios y documentos recogidos hasta ahora, que algunos Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de las actividades relacionadas con las entregas extraordinarias que se desarrollaban en su territorio; en particular, considera extremadamente inverosímil que pudieran tener lugar varios cientos de vuelos a través del espacio aéreo de varios Estados miembros, así como un número similar de entradas y salidas de los aeropuertos europeos, sin conocimiento de los servicios de seguridad o inteligencia y sin que se plantearan interrogantes a los responsables de estos servicios respecto a la relación entre dichos vuelos y la práctica de las entregas extraordinarias; señala que esta suposición se encuentra respaldada por el hecho de que altos cargos de la Administración de los Estados Unidos hayan alegado siempre que actuaron sin vulnerar la soberanía nacional de los países europeos;
17. Asimismo, considera igualmente inverosímil, a la vista de los resultados de las investigaciones judiciales, los testimonios y los documentos examinados, que el secuestro por agentes de la CIA en Milán, el 17 de febrero de 2003, del nacional egipcio Abu Omar, con su consiguiente traslado a Aviano y, seguidamente, a Ramstein, pudiera organizarse y ejecutarse sin informar previamente a las autoridades gubernamentales o a los servicios de seguridad italianos;
18. Insta al Gobierno italiano, una vez se considere que se han modificado las condiciones que determinaron la anterior decisión, a que solicite la extradición de los veintidós agentes de la CIA implicados en el secuestro de Abu Omar, con el fin de facilitar el desarrollo del proceso judicial en curso y el esclarecimiento de la verdad; 19. Condena el secuestro por la CIA del nacional alemán Khaled el Masri, que estuvo detenido en Afganistán de enero a mayo de 2004 y durante su detención fue sometido a tratos inhumanos y degradantes; constata, asimismo, que hasta ahora no se ha podido descartar la sospecha de que, con anterioridad, del 31 de diciembre de 2003 al 23 de enero de 2004, Khaled el Masri estuvo retenido de forma ilegal en la antigua República Yugoslava de Macedonia y fue trasladado a Afganistán los días 23 y 24 de enero de 2004; considera insuficientes, en este contexto, las medidas adoptadas por la antigua República Yugoslava de Macedonia para esclarecer el caso;
20. Se felicita de la investigación parlamentaria llevada a cabo en el Parlamento Federal alemán, y está a la espera de los resultados definitivos de su comisión de investigación;
21. Destaca la necesidad de un mayor control democrático y judicial de las medidas antiterroristas de la Unión Europea; considera que el Grupo de trabajo del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo debería abordar sistemáticamente la protección de los derechos humanos en sus reuniones y publicar un informe anual al respecto;
22. Pide a la futura Agencia de Derechos Fundamentales que preste una atención particular a aquellos casos que estén relacionados con la extradición de presuntos sospechosos de terrorismo de los Estados miembros a terceros países;
23. Lamenta que el 18 de diciembre de 2001 el Estado sueco renunciara a controlar el cumplimiento de la ley en el aeropuerto de Bromma cuando se ejecutó la decisión del Gobierno de expulsar a dos ciudadanos egipcios, Mohammed Al Zary y Ahmed Agiza, y se permitió a agentes de los Estados Unidos ejercer la autoridad pública en territorio sueco, lo que, según el Defensor del Pueblo parlamentario de Suecia, es incompatible con la legislación sueca;
24. Lamenta que la expulsión por parte de Suecia de los ciudadanos egipcios Mohammed Al Zary y Ahmed Agiza, en diciembre de 2001, se basara únicamente en las garantías diplomáticas ofrecidas por el Gobierno egipcio, que no proporcionó unas salvaguardias eficaces contra la tortura;
25. Insiste en la necesidad de proseguir con las investigaciones para aclarar el papel de los soldados estadounidenses que formaban parte de la Fuerza de Estabilización (SFOR) dirigida por la OTAN en el secuestro y traslado a Guantánamo de seis nacionales y/o residentes bosnios de origen argelino, contraviniendo una resolución vinculante de la Sala de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina y a pesar de la decisión del Tribunal Supremo bosnio de dejar en libertad a los sospechosos, como declaró Manfred Nowak, miembro en aquellos momentos de la Sala de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina; insta a que se siga investigando el eventual papel del Gobierno bosnio en este caso; destaca la necesidad de disponer de más información sobre la eventual participación de la OTAN y de la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas (IPTF) en este mismo contexto;
26. Insiste en la necesidad de proseguir las investigaciones para aclarar la supuesta existencia de un centro secreto de detención en Kosovo y la posible participación de las fuerzas de la KFOR en la detención ilegal de sospechosos de terrorismo;
27. Propone que se invite al Secretario General de la OTAN a una audiencia de la comisión temporal para aclarar, entre otras cosas, la posible participación de las fuerzas de la SFOR y la KFOR en el arresto, la entrega y la detención ilegales de sospechosos de terrorismo;
28. Recuerda a los Estados miembros que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados tienen obligaciones positivas sustanciales y procedimentales en materia de derechos humanos y deben adoptar medidas legislativas encaminadas a prevenir que en su territorio se produzcan violaciones de estos derechos, al tiempo que deben investigar las supuestas violaciones de derechos humanos y sancionar a los responsables de las mismas en el caso de que se hayan cometido; añade, asimismo, que se les puede exigir responsabilidades por la vulneración del CEDH al no haber respetado estas obligaciones positivas; destaca, por tanto, que los Estados miembros tienen la obligación de investigar si se ha utilizado su territorio y su espacio aéreo para cometer actos que supongan una violación de los derechos humanos, por parte de ellos mismos o por parte de terceros Estados con su colaboración directa o indirecta, así como de adoptar todas las medidas legislativas necesarias para prevenir que puedan repetirse dichas violaciones de derechos;
Sobre la utilización de la tortura
29. Subraya que la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, tal como se definen en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, es absoluta y sin excepciones, tanto si se trata de una situación de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad política interior o de cualquier otro estado de excepción; recuerda que los casos de detención incomunicada, de secuestro y de entrega extraordinaria constituyen una violación de los derechos fundamentales en virtud del Derecho internacional, en particular de los artículos 3 y 5 del CEDH, sobre todo en la medida en que dichos actos son sinónimos de tortura o actos inhumanos y degradantes;
30. Recuerda que la información o las confesiones obtenidas bajo tortura o mediante tratos crueles, inhumanos y degradantes en ningún caso pueden considerarse una prueba válida, tal como establece la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, ni utilizarse para otro fin; reitera el escepticismo general con respecto a la fiabilidad de las confesiones obtenidas mediante tortura y señala que éstas rara vez han contribuido a la prevención y la represión del terrorismo, como ha declarado, entre otros, el antiguo Embajador británico en Uzbekistán, Craig Murray, en una audiencia ante la comisión temporal;
31. Insta a los Estados miembros y a los países en vías de adhesión y a los países candidatos a que respeten estrictamente el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, y en particular el principio de no devolución, según el cual "ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura"; pide a los Estados Unidos que revisen su interpretación del principio de no devolución contemplado en el mencionado artículo 3;
32. Pide a los Estados miembros que rechacen en bloque la posibilidad de apoyarse en garantías diplomáticas para luchar contra la tortura, de conformidad con la recomendación de Manfred Nowak;
33. Pide al Consejo que adopte una posición común sobre la utilización por parte de los Estados miembros de garantías diplomáticas de terceros países en los que existan motivos suficientes para creer que las personas puedan correr el peligro de ser sometidos a torturas o malos tratos;
Sobre la utilización del espacio aéreo y los aeropuertos europeos por la CIA
34. Considera que en muchos de los vuelos efectuados por aeronaves pertenecientes a o fletadas por la CIA, en los que se sobrevoló el espacio aéreo y se usaron los aeropuertos de Estados miembros, los países en vías de adhesión y los países candidatos, se vulneró de forma repetida el Convenio de Chicago, dado que no se cumplió con la obligación de obtener la autorización correspondiente en relación con los vuelos estatales, tal como establece el artículo 3 del Convenio;
35. Lamenta que ningún Estado miembro o país en vías de adhesión o país candidato haya iniciado procedimientos para verificar si las aeronaves civiles se utilizaban para fines incompatibles con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos;
36. Considera que la legislación europea sobre el cielo único europeo, la utilización, el control y la gestión de los espacios aéreos nacionales, la utilización de los aeropuertos de los Estados miembros y los transportistas europeos es claramente insuficiente; señala que es necesario elaborar nuevas normas nacionales, europeas e internacionales; pide a la Comisión que mejore inmediatamente la legislación presentando una directiva encaminada a la armonización de las legislaciones nacionales sobre la supervisión de la aviación civil no comercial;
37. Pide a la Comisión que presente recomendaciones para los Estados miembros sobre la mejora de las normas en materia de control de las actividades de las aeronaves privadas que utilizan los aeropuertos y el espacio aéreo de la UE;
38. Considera que debe esclarecerse el contenido real del acuerdo sobre la nueva agenda transatlántica firmado en Atenas el 22 de enero de 2003, en el que se hace referencia a un mayor uso de las instalaciones europeas de tránsito para facilitar el retorno de delincuentes o personas non gratas extranjeras;
39. Considera que debe esclarecerse la verdadera naturaleza de la utilización por los servicios secretos estadounidenses del espacio aéreo, los aeropuertos civiles y militares y las bases de la OTAN y los Estados Unidos;
40. Considera que es necesario verificar la existencia de pruebas sobre eventuales cárceles secretas en algunos países europeos, tal como han denunciado algunas investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales cualificadas;
Sobre las misiones de las delegaciones oficiales de la comisión temporal
41. Considera que las dos delegaciones oficiales que se desplazaron a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a los Estados Unidos de América han sido una fuente de información fundamental para los trabajos de la comisión temporal, ya que han permitido tener un conocimiento directo de las versiones de las autoridades políticas y de la sociedad civil en ambos países;
42. Condena la detención ilegal en Afganistán en 2004, durante más de cuatro meses, del ciudadano alemán Khalid El Masri; lamenta las reticencias de las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia acerca de los datos relativos a la permanencia y probable detención del El Masri en Skopje antes de su entrega a Afganistán por agentes de la CIA;
43. Lamenta la interpretación sumamente restrictiva que hace el Gobierno estadounidense del Convenio de las Naciones Unidas contra la tortura, y en particular de la prohibición de cualquier entrega a raíz de la cual los presos puedan sufrir tortura o ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes;
Sobre los trabajos futuros de la comisión temporal
44. Señala la necesidad de continuar los trabajos de la comisión temporal y de estudiar en profundidad los hechos de que se trata, con el fin de comprobar si uno o varios Estados miembros han violado el artículo 6 del TUE; señala, asimismo, la necesidad de ampliar la investigación a los hechos y países no mencionados explícitamente en la presente Resolución;
45. Decide, en consecuencia, que la comisión temporal continúe sus trabajos durante el resto del mandato reglamentario de doce meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175 de su Reglamento respecto a una posible prórroga;
46. Considera que deben iniciarse cuanto antes los trabajos legislativos preparatorios tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Europa, con el fin de asegurar la protección jurídica necesaria de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados miembros y garantizar un control parlamentario eficaz, tanto a escala nacional como europea, de los servicios de información; para ello considera fundamental la creación y puesta en marcha de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
47. Lamenta la clara disparidad en los planteamientos que se ha manifestado hasta ahora entre los modelos jurídicos estadounidense y europeo con respecto a los temas abordados por la comisión temporal; reconoce, sin embargo, que el terrorismo internacional representa una de las principales amenazas a la seguridad y la estabilidad de la UE y de la comunidad internacional en su conjunto y que esta amenaza sólo puede combatirse por medios legales en estrecha cooperación con los Estados Unidos; destaca la urgente necesidad de prohibir claramente en el Derecho internacional la figura denominada "entrega extraordinaria" (extraordinary rendition), y de que las instituciones europeas adopten una posición común al respecto y traten esta cuestión con los terceros países interesados;
48. Considera asimismo que convendría que, al concluir sus trabajos, la comisión temporal sugiriera los principios que cabría adoptar, en particular con respecto a:
la necesidad de acuerdos de control interno de la UE que garanticen el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de los Estados miembros,
nuevas normas sobre el intercambio de información entre los servicios de inteligencia;
los acuerdos con terceros países y con las organizaciones internacionales que se ocupan de la lucha contra el terrorismo;
los acuerdos con terceros países en relación con la política europea de vecindad, teniendo en cuenta que el respeto de los derechos humanos ha de ser siempre el criterio fundamental de los mismos;
49. Solicita a la Mesa que adopte las medidas necesarias para que la comisión temporal, teniendo en cuenta la naturaleza sumamente específica de sus atribuciones, pueda cumplir plenamente el mandato que le ha sido confiado, concediéndole, hasta el final de sus trabajos, todas las excepciones contempladas en la reglamentación interna del Parlamento, en particular en lo que se refiere a los siguientes puntos:
número de expertos que se pueden invitar a las audiencias de la comisión temporal y que tienen derecho al reembolso de sus gastos,
número de desplazamientos y de diputados autorizados en el marco de las delegaciones oficiales de la comisión temporal,
la elaboración de actas literales de las audiencias celebradas por la comisión temporal así como la traducción de dichas actas a las lenguas de aquellos países de la UE afectados por las investigaciones;
50. Manifiesta su satisfacción por las actuaciones del Consejo de Europa, y en particular por las llevadas a cabo por el ponente de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como por la colaboración establecida entre el Consejo de Europa y la comisión temporal;
51. Solicita al Consejo y a cada uno de sus miembros, y en particular a la Presidencia, que presten una ayuda plena y total a los trabajos de la comisión temporal, de conformidad con el principio de cooperación leal establecido en los Tratados y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
52. Pide a los Estados miembros que adopten una posición más firme en lo que se refiere al cierre del centro de detención de Guantánamo y que desempeñen un papel activo en la búsqueda de una solución para los detenidos que no van a ser objeto de acciones judiciales y que no pueden regresar a su país de origen o de residencia porque se han convertido en apátridas o podrían ser víctimas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
53. Pide a los Estados miembros que faciliten a todos los ciudadanos europeos y a todos los que han residido en la Unión Europea y se encuentran ahora detenidos en Guantánamo toda la ayuda y el apoyo necesarios, en particular asistencia jurídica y letrada;
54. Alienta al Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) a que haga todo lo posible por garantizar que cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa cumpla con su obligación(13)
de informar al CPT de la existencia de cualquier centro de detención en su territorio y que permita el acceso a las instalaciones;
55. Alienta a la Comisión a que siga prestando apoyo a la comisión temporal en todas las gestiones que ésta emprenda;
56. Recuerda la importancia capital de actuar en cooperación con los Parlamentos de los Estados miembros, de los países en vías de adhesión, de los países candidatos y de los países asociados, en particular con aquellos que hayan emprendido trabajos sobre el mismo asunto;
57. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países en vías de adhesión, los países candidatos y los países asociados, así como al Consejo de Europa y al Gobierno y a ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos.
(1) Textos Aprobados, P6_TA(2005)0529.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2006)0012.
(4) Defensor del Pueblo parlamentario, "A review of the enforcement by the Security Police of a Government decision to expel two Egyptian citizens", referencia n° 2169-2004 (22 de mayo de 2005).
(5) Parlamento sueco, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt", Scrutiny report 2005/06.KU2, http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx
(6) Decisión del Comité contra la tortura, comunicación n° 233/2003, Ahmed Hussein Kamil Agiza/Suecia (20 de mayo de 2005), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Opendocument
(7) Tribunal de Milán, Juez para las investigaciones preliminares, referencias n° 10838/05 R.G.N.R y n° 1966/05 R.G.GIP. (8) Informe del Secretario General, elaborado en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la detención y el transporte secreto de detenidos sospechosos de haber cometido actos terroristas, en particular por agencias de otros países o por instigación de éstas, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
(10) Notas para la conferencia de prensa de Terry Davis, Secretario General del Consejo de Europa, miércoles 12 de abril de 2006;
(12) Véanse sus informes sobre derechos humanos: U.S. Department of State country reports on human rights practices (2003).
(13) Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, Ref.: CPT/Inf/C (2002) 1 [EN] (Parte 1) - Estrasburgo. 26.11.1987, art. 8.