Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-2743-2005-29-04-2008-42681
Timestamp: 2018-05-26 04:01:54
Document Index: 220686544

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 123', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 114', 'artículo 105', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 114', 'artículo 105', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 13']

Resolución de TEAC, 00/2743/2005, 29-04-2008 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2743/2005 de 29 de Abril de 2008
Núm. Resolución: 00/2743/2005
La entidad interesada en la aplicación de la exención prevista en el artículo 25.Uno de la Ley del IVA (Ley 37/1992) de las entregas intracomunitarias de bienes realizadas por la misma destinadas a otros Estados miembros distintos de España, ha de probar la concurrencia de los requisitos exigidos en dicho precepto, entre ellos, el hecho de que el adquirente sea un empresario o profesional identificado a efectos del IVA en un Estado miembro distinto de España. El cumplimiento de dicho requisito debe referirse temporalmente al momento en que se realizan las correspondientes entregas intracomunitarias cuya exención se invoca. La carga de probar el cumplimiento de dicho requisito corresponde al sujeto pasivo que aplica la exención, suministrando la Administración un instrumento que facilita dicha prueba y que es el sistema informático VIES, que permite validar los números de identificación que los destinatarios de las entregas comunican al sujeto pasivo. La posibilidad de que las distintas Administraciones de los Estados miembros soliciten información a la autoridad competente de otro Estado miembro, contemplada en la Directiva sobre asistencia mutua y en el Reglamento sobre cooperación administrativa, no conlleva la obligatoriedad de realizar dicha solicitud cuando el sujeto pasivo, en una comprobación posterior, no aporta por sí mismo las pruebas que acrediten el cumplimiento de dicho requisito.
En la Villa de Madrid, en la fecha indicada (29/04/2008), en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Infanta Mercedes nº 37, 28020 Madrid, contra la resolución de la reclamación económico-administrativa nº ... dictada en única instancia por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., interpuesta por ... con NIF ... y actuando en su nombre y representación D. ... , y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la liquidación provisional nº ..., de fecha 21 de octubre de 2004 y dictada por la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ... y referida al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicio 2000 (período diciembre), por importe de 32.937.918 pesetas (197.960,87 €) de cuota diferencial a devolver.
PRIMERO: Con fecha 13 de junio de 2001, se notifica a la entidad ... por la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de ..., que en relación con la presentación de su declaración anual por el Impuesto sobre el Valor Añadido-Grandes Empresas (modelo 392-2000) correspondiente al ejercicio 2000, se han advertido posibles defectos, para cuya subsanación se solicita:
"Revisar las entregas intracomunitarias realizadas a los operadores que figuran en la relación adjunta, ya que figuran con número de operador de baja y/o erróneo".
Con fecha 20 de junio de 2001, el obligado tributario presenta escrito en atención al requerimiento efectuado, en el que remite la relación de Números de Identificación Fiscal corregidos, así como fotocopias de las consultas de Operadores Intracomunitarios a través del VIES de fechas de emisión mayo y junio de 2001.
Con fecha 9 de agosto de 2001, la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de ..., de conformidad con la declaración por el período de diciembre de 2000 presentada por la entidad, así como de acuerdo con los datos que obran en poder de la Administración o requeridos o aportados al efecto por la entidad, dicta propuesta de liquidación provisional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 230/1963 General Tributaria.
La propuesta de liquidación provisional fue notificada a la entidad el día 14 de agosto de 2001.
De la propuesta de liquidación se extrae entre otra la siguiente información relevante:
1. La diferencia en el IVA devengado corresponde a las operaciones efectuadas en el año 2000 con D. A, D. B, D. C y D. D, dado que los números de operador figuran como no identificados o no activos en el censo de Portugal, por lo que no cumplen los requisitos del artículo 25 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La entidad ... en esa misma fecha 14 de agosto, manifiesta no estar conforme con la propuesta de liquidación practicada por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al período de diciembre de 2000, y aporta:
- Fotocopia de la consulta de Operadores Intracomunitarios a través del VIES de fecha 9 de agosto de 2001 relativa a D. C, con el NIF IVA nuevo.
La Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de ..., acuerda practicar la liquidación provisional que se detalla a continuación de acuerdo con los datos declarados y los justificantes de los mismos, presentados con la declaración o requeridos, y de los antecedentes de que dispone la Administración, desestimando las alegaciones presentadas por la entidad:
De la liquidación provisional practicada a la entidad, se extrae entre otra, la siguiente información relevante:
1. Se ha procedido a incrementar las bases imponibles y las cuotas devengadas por el Impuesto, conforme a lo dispuesto en la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. En concreto, la diferencia entre la cantidad liquidada por la Administración y la declarada por la entidad como IVA devengado, corresponde a las operaciones efectuadas durante el ejercicio 2000 con las siguientes personas:
Los números de operador de las personas indicadas figuran como no identificados o no activos en el censo de Portugal, por lo que no concurren los requisitos recogidos en el artículo 25 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido para tener derecho a la exención en las entregas intracomunitarias efectuadas con dichas personas.
3. En cuanto a los operadores D. D y D. C aparecen dados de alta en el censo de operadores intracomunitarios a la fecha de las operaciones, por lo que se ha corregido la propuesta de liquidación inicialmente enviada.
La liquidación provisional practicada se notifica a la entidad el día 3 de septiembre de 2001.
SEGUNDO: Con fecha 18 de septiembre de 2001, la entidad ... interpone ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., reclamación económico-administrativa nº ... en única instancia, contra la liquidación descrita en el antecedente anterior.
El Tribunal Regional en resolución de 21 de octubre de 2004 acuerda estimar la reclamación y anular el acuerdo impugnado.
"La mera consulta de una base de datos informática por parte de la Administración española, no es suficiente para destruir la apariencia que a favor del sujeto pasivo se deriva del número de identificación fiscal que le fue facilitado por sus clientes, requiriéndose por tanto una mayor comprobación por parte de la Administración española, en el caso que nos ocupa con el Estado portugués, para determinar que los destinatarios o adquirentes de tales entregas no cumplen los requisitos del artículo 25 de la Ley 37/1992 (...)."
La resolución anterior fue notificada a la entidad reclamante el día 11 de marzo de 2005, y al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el día 7 de marzo de 2005.
TERCERO: Con fecha 30 de mayo de 2005, el director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria interpone ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, contra la resolución dictada en única instancia por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., descrita en el antecedente anterior.
La Secretaría del Tribunal notifica al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria la puesta de manifiesto del expediente el día 2 de diciembre de 2005, concediéndole le plazo de un mes para que presente sus alegaciones y las pruebas que estime oportunas.
El Departamento de Inspección, presenta escrito de fecha 23 de diciembre de 2005, en síntesis, con las siguientes alegaciones:
1. El artículo 114 de la Ley 230/1963 General Tributaria, como el artículo 105 de la Ley 58/2003 General Tributaria, recogen que tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones económico-administrativas, quien haga valer su derecho, deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Así lo ratifica el Tribunal Constitucional en sentencia nº 3147/2005 de 1 de febrero de 2005 y el Tribunal Supremo en sentencia nº 2327/1999 de 8 de noviembre de 2004.
3. Además, la Administración comunicó al obligado tributario las discrepancias observadas respecto de las entregas intracomunitarias, dándole los trámites oportunos para que subsanara las mismas.
4. El obligado tributario no aportó justificación acreditativa del derecho a la exención con respecto de los operadores por los cuales se practicó la liquidación.
El día 24 de enero de 2006, se notifica a la entidad ... copia del escrito de alegaciones presentado por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, para que pueda alegar lo que estime conveniente en defensa de su derecho en un plazo de un mes.
No consta que la entidad haya presentado alegaciones.
PRIMERO: Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer del recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y en el RD 391/1996 de 1 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, de aplicación a este procedimiento.
SEGUNDO: Para la resolución del presente recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, partimos de lo dispuesto a efectos de la exención en las entregas intracomunitarias en la normativa comunitaria.
Según el artículo 28 quáter de la SEXTA DIRECTIVA 77/388/CEE DEL CONSEJO de 17 de mayo, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios. Sistema común del IVA: Base imponible uniforme:
"A. Exención de las entregas de bienes.
a) Las entregas de bienes comprendidas en el artículo 5.º y en el artículo 28 apartado 5, letra a), expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por cuenta de ellos, fuera del territorio contemplado en el artículo 3.º pero en el interior de la Comunidad, efectuadas para otro sujeto pasivo, o para una persona jurídica que no sea sujeto pasivo, actuando en su condición de tal en un Estado miembro distinto del de partida de la expedición o del transporte de los bienes."
Es decir, la disposición anterior de la Sexta Directiva, únicamente establece que corresponde a los Estados Miembros fijar las condiciones en las que se eximirá de tributación a las entregas intracomunitarias de bienes, teniendo en todo caso en cuenta, que en el ejercicio de sus poderes, los Estados Miembros deben respetar los principios generales del Derecho comunitario, entre los cuales se encuentran el de seguridad jurídica y proporcionalidad.
La transposición al ordenamiento interno de la mencionada disposición, se recoge en el artículo 25 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido relativo a la exención de las entregas intracomunitarias de bienes que, junto con la definición como hecho imponible del impuesto de las subsiguientes adquisiciones intracomunitarias, configuran el denominado "régimen transitorio" del IVA caracterizado por el principio de tributación en destino. Para la aplicación eficaz de este principio y, en particular, para garantizar el control administrativo, se establecen una serie de requisitos que deben justificarse en todo caso por el sujeto pasivo que propugna la aplicación de la exención mencionada, y que se recogen en el artículo 13 del Real Decreto 1624/1992 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El apartado Uno del artículo 25 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido relativo a las "Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro" dispone:
b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que esté identificada a efectos del Impuesto en un Estado miembro distinto del Reino de España."
Es decir, el artículo 25 de la Ley del Impuesto transcrito condiciona la exención en las entregas intracomunitarias de bienes a un triple requisito:
El primer requisito hace referencia a que se trate de entregas de bienes en los términos definidos en el artículo 8 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. En el presente recurso de alzada extraordinario para la unificación de criterio, las operaciones objeto de controversia realizadas por la entidad, son entregas de bienes en los términos expuestos, sin que proceda realizar más consideraciones al respecto.
El segundo requisito que el artículo 25 de la Ley del Impuesto exige para beneficiarse de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes, es que los bienes vendidos sean transportados al territorio de otro Estado Miembro por el vendedor, por el adquirente, o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos. Tampoco en el presente caso, se ha planteado como cuestión controvertida el requisito de la expedición o transporte de los bienes con destino a otro Estado Miembro.
Por último, el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido hace referencia a que el adquirente sea un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado Miembro distinto de España.
Dispone a este respecto el artículo 13 del Real Decreto 1624/1992 que regula el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido:
"3. La condición del adquirente se acreditará mediante el número de identificación fiscal que suministre al vendedor."
El cumplimento de este último requisito es la cuestión a resolver en el presente recurso de alzada extraordinario para la unificación de criterio, y que pasamos a examinar a continuación.
TERCERO: La Comunidad Económica Europea aprobó las Directivas 77/799/CEE de 19 de diciembre y 79/1070/CEE de 6 de diciembre sobre asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, así como en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido respectivamente. El ingreso de España en la CEE supone la recepción en nuestro ordenamiento de la normativa comunitaria vigente, de forma que dichas Directivas se incorporan a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto 1326/1987 de 11 de septiembre por el que se establece el procedimiento de aplicación de las Directivas de la Comunidad Europea sobre Intercambio de Información.
Dispone el artículo 2 apartado primero de la Directiva sobre asistencia mutua:
"La autoridad competente de un Estado miembro podrá solicitar a la autoridad competente de otro Estado miembro que le comunique las informaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 con relación a un caso concreto. La autoridad competente del Estado requerido no estará obligada a dar curso a esta solicitud cuando la autoridad competente del Estado peticionario no haya agotado sus propias fuentes habituales de información, fuentes que hubiera podido utilizar, según las circunstancias, para obtener las informaciones solicitadas sin correr el riesgo de perjudicar la obtención del resultado buscado".
Por otra parte, el Reglamento n.º 218/92, DEL CONSEJO, de 27 de enero, sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (derogado por el REGLAMENTO (CE) n.º 1798/2003 DEL CONSEJO, de 7 de octubre, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido), en su artículo 4 dispone:
"3. A partir de los datos recogidos con arreglo al apartado 1, la autoridad competente de un Estado miembro, cuando lo considere necesario para controlar las adquisiciones intracomunitarias de bienes, y con la única finalidad de combatir el fraude, obtendrá directa e inmediatamente la siguiente información, o tendrá acceso directo a ella:
- El valor total de dichas entregas efectuadas por cada una de dichas personas para cada persona concreta a la que se haya asignado un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido contemplado en el primer guión del apartado 2; los valores se expresarán en la moneda del Estado miembro que facilita la información y se referirán a trimestres naturales."
El artículo 5 de dicho Reglamento dispone:
"1. En caso de que la información facilitada en virtud del artículo 4.º fuera insuficiente, la autoridad competente de un Estado miembro podrá solicitar en todo momento y para casos específicos una información más amplia. La autoridad requerida suministrará dicha información lo antes posible y, en cualquier caso, no más de tres meses después de la recepción de la solicitud.
2. En el caso contemplado en el apartado 1, la autoridad requerida facilitará a la autoridad requirente, como mínimo, los números, las fechas y los importes de las facturas correspondientes a transacciones determinadas entre personas en los Estados miembros implicados."
Y finalmente el artículo 6 en su apartado cuarto dispone:
"4. La autoridad competente de cada Estado miembro velará por que se permita a las personas implicadas en el suministro de bienes o servicios intracomunitarios y a las personas que suministren los servicios contemplados en el último guión de la letra e) del apartado 2 del artículo 9.º de la Directiva 77/388/CEE, obtener confirmación de la validez del número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido de una persona determinada. Con arreglo al procedimiento al que se hace referencia en el artículo 10, los Estados miembros facilitarán, en particular, dicha confirmación por vía electrónica."
La normativa nacional a este respecto, se encuentra en el Real Decreto 338/1990 de 9 de marzo que regula la composición y la forma de utilización del Número de Identificación Fiscal, y cuyo artículo 17 hace referencia a la confirmación del número de identificación fiscal, señalando que las personas o entidades que entreguen bienes o efectúen prestaciones de servicios intracomunitarios, podrán solicitar del órgano competente de la Administración Tributaria la confirmación del Número de Identificación Fiscal atribuido por cualquier Estado Miembro de la CEE a los destinatarios de dichas operaciones. Es decir, que los vendedores podrán contrastar la validez del NIF/IVA de otro Estado miembro que le proporcione el adquirente de la mercancía.
Posteriormente el Real Decreto 1041/2003 de 1 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan determinados censos tributarios y se modifican otras normas relacionadas con la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, regulará el Registro de Operadores Intracomunitarios que hasta ese momento sólo se había tratado de forma indirecta en el artículo 2d) y 16 del Real Decreto 338/1990 por mera referencia al número de identificación fiscal a utilizar en dichas operaciones intracomunitarias.
CUARTO: De la normativa comunitaria transcrita, cabe extraer que la Comunidad Europea ha creado un sistema informático denominado VIES que sirve para "validar" los números de identificación a efectos del I.V.A. atribuidos a los empresarios o profesionales en los distintos Estados Miembros. Cuando desde un Estado Miembro se intenta validar un número y la respuesta es negativa, el empresario que realiza la operación no puede aplicar ninguna exención a su cliente ya que no tiene constancia de la corrección de su número de identificación. Es decir, que el empresario que vaya a efectuar la entrega intracomunitaria, en el caso de que no tenga constancia de que el número de identificación fiscal facilitado por el adquirente sea correcto para cada operación, no podrá aplicar la exención de dicha entrega, ya que no cumple con uno de los requisitos exigidos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto.
En el caso concreto que estamos analizando, tras el requerimiento efectuado por el órgano de gestión a la entidad ... ésta aportó una relación de los números de identificación fiscal nuevos de dichos operadores intracomunitarios, así como fotocopias de las consultas en el VIES efectuadas con fecha posterior a la realización de dichas operaciones (La regularización efectuada por el órgano gestor se refiere al período diciembre de 2000, y las consultas al VIES presentadas por la entidad se efectuaron en fecha de mayo y junio de 2001). Es decir, la entidad debió, con carácter previo a la aplicación de la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, cerciorarse de la validez del número de identificación fiscal que le estaba proporcionando el adquirente de los bienes, circunstancia que no se produjo a la vista de la documentación obrante en el expediente, contando sin embargo la entidad, con un instrumento que la Administración pone a su disposición al efecto de facilitar dicha verificación.
Es este el requisito que el órgano de gestión estima incumplido en relación con las entregas efectuadas a D. A y a D. B, que han sido, por este motivo, objeto de regularización por la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas. El órgano de gestión determinó la improcedencia de la exención en las entregas efectuadas a estos operadores, ya que los mismos, en el momento en el que se efectuaron las operaciones regularizadas, no se encontraban dados de alta como operadores intracomunitarios en el sistema VIES, de manera que entendía incumplido el requisito de que el adquirente sea un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del Reino de España.
Sin embargo, el Tribunal Regional, en la resolución dictada en primera instancia que es objeto de este recurso de alzada para la unificación de criterio, señaló que la mera consulta de una base de datos informática por parte de la Administración española, no es suficiente para destruir la apariencia que a favor del sujeto pasivo se deriva del número de identificación fiscal que le fue facilitado por sus clientes, requiriéndose por tanto una mayor comprobación por parte de la Administración española con el Estado portugués, para determinar que los destinatarios o adquirentes de tales entregas no cumplen los requisitos del artículo 25 de la Ley 37/1992.
La cuestión a resolver llegados a este punto se sitúa en determinar si de conformidad con la Sexta Directiva, la Directiva sobre Asistencia Mutua y el Reglamento de Cooperación administrativa, debe interpretarse que las autoridades fiscales del Estado Miembro de partida de la expedición o transporte de las mercancías (en nuestro caso el territorio de aplicación del impuesto en España) en el marco de una entrega intracomunitaria están obligadas a solicitar información a las autoridades del Estado Miembro de destino indicado por el proveedor (en el presente caso Portugal).
Lo primero que debemos tener en cuenta para la resolución del recurso es que tanto el artículo 114 de la LGT de 1963 como el actual artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determinan que en el procedimiento de aplicación de los tributos, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
Ratifica esta postura de la carga de la prueba mantenida por este Tribunal Económico-Administrativo Central, los reiterados pronunciamientos de la Audiencia Nacional, entre otras podemos destacar la sentencia de 2 de diciembre de 2003 (nº recurso 299/03) y la sentencia de 20 de abril de 2007 (nº recurso 349/05) que señalan que el artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido no es contrario a la normativa comunitaria, pues no está haciendo una regulación contraria a la misma, sino que únicamente pretende que se acredite de forma incontestable la realidad de la entrega intracomunitaria. Lo esencial, disponen, es que no han resultado acreditadas dichas operaciones de entregas intracomunitarias que pretenden declararse exentas, y ello impide la aplicación de la exención contenida en el artículo 25 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
También podemos citar las sentencias de fecha 25 de mayo de 2007 (nº recurso 599/05) y de 19 de julio de 2007 (nº recurso 692/05) que se pronuncian en términos muy similares a las sentencias antes mencionadas.
Es decir, que la entidad recurrente, en tanto que pretende la aplicación de la exención prevista en el artículo 25.Uno de la Ley 37/1992 a determinadas entregas de bienes realizadas por la misma, ha de probar la concurrencia de los requisitos exigidos para ello en dicho precepto y, en este caso particular, el hecho de el adquirente sea un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del Reino de España.
Para la resolución de esta cuestión acudimos a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en particular la Sentencia de 27 de septiembre de 2007 recaída en el Asunto C-184/05 (Twoh Internacional BV y Staatssecretaris van Financiën),:
"Sobre la cuestión prejudicial
25. En lo que respecta a las pruebas que los sujetos pasivos están obligados a aportar, es forzoso reconocer que ninguna disposición de la Sexta Directiva se refiere directamente a esta cuestión. Esta Directiva únicamente establece en la primera parte de la frase del artículo 28 quater, parte A, que corresponde a los Estados miembros fijar las condiciones en las que eximirán las entregas intracomunitarias de bienes. No obstante, procede recordar que, en el ejercicio de sus poderes, los Estados miembros deben respetar los principios generales del Derecho comunitario, entre los cuales se encuentran, en particular, los de seguridad jurídica y proporcionalidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de diciembre de 1997, Molenheide y otros, C-286/94, C-340/95, C-401/95 y C-47/96, Rec. p. 1-7281, apartado 48, y de 11 de mayo de 2006, Federation of Technological Industries y otros, C-384/04, Rec. p. 1-4191, apartados 29 y 30).
26 A este respecto, procede considerar, como alega con razón la Comisión de las Comunidades Europeas, que el principio conforme al cual la carga de probar el derecho a acogerse a una excepción o a una exención fiscal recae sobre aquel que solicita acogerse a dicho derecho se inscribe dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario. Por tanto, con vistas a la aplicación del artículo 28 quater, parte A, letra a), párrafo primero, de la Sexta Directiva, corresponde al proveedor de bienes aportar las pruebas de que se cumplen las condiciones de exención recordadas en el apartado 23 presente sentencia. (....)
30 En primer lugar, en lo que respecta a la finalidad de estos dos actos comunitarios, debe señalarse que de los considerandos primero y segundo de la Directiva sobre asistencia mutua, así como del considerando tercero del Reglamento sobre cooperación administrativa, se desprende que dichos actos tienen como objetivo luchar contra el fraude y la evasión fiscales (....)
31 En segundo lugar, en lo que se refiere al contenido de dichos actos comunitarios, tanto del título de la Directiva sobre asistencia mutua como del título del Reglamento sobre cooperación administrativa se deriva que fueron adoptados con el fin de regular la colaboración entre las autoridades fiscales de los Estados miembros. Tal y como señalan con razón tanto la Comisión como la Abogado General en punto 23 de sus conclusiones estos actos jurídicos no confieren derechos a los particulares salvo el derecho a obtener la confirmación de la validez del numero de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido de una persona determinada, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento sobre cooperación administrativa.
En efecto, la Directiva sobre asistencia mutua dispone, con el fin de prevenir el fraude fiscal, que las administraciones fiscales tendrán la facultad de solicitar aquella información que no puedan obtener por sí mismas. Así, el hecho de que, tanto en el artículo 2, apartado 1, de esta misma Directiva, como en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento sobre cooperación administrativa, el legislador comunitario haya utilizado el término podrá, muestra que, si bien dichas administraciones tienen ciertamente la posibilidad de solicitar información a la autoridad competente de otro Estado miembro, esta solicitud no tiene de ningún modo carácter obligatorio. Corresponde a cada Estado miembro apreciar los casos específicos en los que falta información relativa a las transacciones efectuadas por los sujetos pasivos establecidos en su territorio y decidir si dichos casos requieren la presentación de una solicitud de información a otro Estado miembro. (...)
34. De lo anterior se desprende que la Directiva sobre asistencia mutua y el Reglamento sobre cooperación administrativa no se han adoptado con el fin de establecer un sistema de intercambio de información entre las administraciones fiscales de los Estados miembros que les permita determinar el carácter intracomunitario de las entregas efectuadas por un sujeto pasivo que no ha podido aportar por sí mismo las pruebas necesarias a este objeto.
35 Esta observación queda también corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes en el ámbito de los impuestos directos, la cual puede aplicarse por analogía a una situación como la del litigio principal. Conforme a esta jurisprudencia, la Directiva sobre asistencia mutua puede ser invocada por un Estado miembro con el fin de conseguir de las autoridades competentes de otro Estado miembro todas las informaciones necesarias para la liquidación correcta de los impuestos. No obstante nada impide a autoridades tributarias de que se trate exigir al contribuyente que presente las pruebas que considere necesarias para apreciar si procede practicar la deducción solicitada (...)"
De todo lo que llevamos expuesto podemos concluir por tanto:
1. La carga de la prueba relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa nacional (contenidos en el artículo 25 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido y el artículo 13 del Real Decreto 1624/1992 que regula su reglamento) corresponde al obligado tributario que pretende la aplicación de la exención en la correspondiente entrega intracomunitaria.
2. Estos requisitos establecidos por la normativa española, en ningún caso son contrarios a lo dispuesto en la normativa comunitaria, que en lo que respecta a las pruebas que los sujetos pasivos están obligados a aportar es necesario reconocer que la Sexta Directiva Comunitaria, únicamente establece que corresponde a los Estados Miembros fijar las condiciones en las que se eximirán las entregas intracomunitarias de bienes, con el único límite del respeto a los principios generales del Derecho comunitario.
3. A este respecto, el obligado tributario debe, con carácter previo a la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias, cerciorarse del cumplimento del requisito de que el adquirente sea un empresario o profesional a efectos del impuesto, identificado en otro Estado Miembro distinto de España (y sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos exigidos).
4. Precisamente, como instrumento no sólo de cooperación administrativa y de asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados Miembros, sino como un instrumento que facilita a los vendedores en las entregas intracomunitarias verificar el cumplimiento de este requisito del adquirente, se configura el sistema informático denominado VIES que sirve para "validar" los números de identificación a efectos del I.V.A. atribuidos a los empresarios o profesionales en los distintos Estados Miembros. Es decir, que la entidad debió obtener la confirmación de la validez del número de identificación fiscal con carácter previo a la aplicación de la exención correspondiente a cada operación.
5. Las Administraciones de los Estados Miembros tienen la posibilidad de solicitar información a la autoridad competente de otro Estado miembro, pero esta solicitud no tiene de ningún modo carácter obligatorio. Es decir, en ningún caso la Directiva sobre asistencia mutua y el reglamento sobre Cooperación administrativa se configuran con el fin de establecer un sistema de intercambio de información entre las administraciones fiscales de los Estados Miembros que les permita determinar el carácter intracomunitario de las entregas efectuadas por un sujeto pasivo que no ha podido aportar por sí mismo las pruebas necesarias a este objeto. Es decir, no confieren derechos a los particulares, salvo el de obtener la confirmación del NIF IVA.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, visto el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Infanta Mercedes nº 37, 28020 Madrid, contra la resolución de la reclamación económico-administrativa nº ... dictada en única instancia por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., interpuesta por ... con NIF ... y actuando en su nombre y representación D. ..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la liquidación provisional nº ..., de fecha 21 de octubre de 2004 y dictada por la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ... y referida al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicio 2000 (período diciembre), por importe de 32.937.918 pesetas (197.960,87 €) de cuota diferencial a devolver ACUERDA: estimarlo, respetando la situación jurídica particular derivada de la resolución recurrida, unificando el criterio aplicable.
Sentencia Supranacional Nº C-146/05, TJUE, 27-09-2007
Orden: Supranacional Fecha: 27/09/2007 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Lõhmus Num. Sentencia: C-146/05
Orden: Supranacional Fecha: 27/09/2007 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-146/05
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 29.413, 29-09-2010