Source: http://www.derecho-procesal.es/2012/03/unidad.html
Timestamp: 2017-07-21 00:45:17
Document Index: 390128724

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 122', 'artículo 136', 'artículo 159', 'artículo 3', 'artículo 19']

Unidad - Derecho Procesal
La actual estructuración o división del Estado en tres poderes distintos exige, lógicamente, la unidad de cada uno de ellos. Así, se facilita el funcionamiento de las instituciones, cuyos correspondientes contrapesos impiden, en la medida de lo posible, el conflicto entre sus órganos, cuando no el problema de la supremacía de unos sobre otros.
Por lo que a la jurisdicción atañe, históricamente se ha seguido un proceso de unificación, con la desaparición de antiguas situaciones de privilegio y la reconducción de todas las jurisdicciones a una solamente, sin que se admitan especiales (la militar, hoy día, constituye una excepción). En España, el Decreto de unificación de fueros, en 1868, suprimió numerosas jurisdicciones especiales.
Los diversos juzgados y tribunales, que constituyen el Poder Judicial, se integran en una organización judicial, sus miembros están sometidos al mismo estatuto profesional (según la naturaleza de cada cuerpo) y en cada uno de los órdenes jurisdiccionales existentes (civil, penal...) se opera con idéntica normativa procesal.
Al lado de razones de economía y de sentido común (hay un pueblo y un Estado que recibe la soberanía de éste), no es difícil hallar una manifestación del principio de igualdad (desaparición de diferencias en razón de la clase, el estamento o la profesión), tanto en lo relativo al régimen interno de estos órganos judiciales (todos sin plenamente soberanos e independientes) como en lo que respecta a los justiciables (los mismos órganos judiciales existen para todos los ciudadanos).
Hemos de añadir que la conveniente unidad jurisdiccional no es incompatible, sino todo lo contrario, con los diferentes órdenes jurisdiccionales, o con las manifestaciones especializadas, en que aquélla se divide. En virtud de los primeros, se atiende a la complejidad y diversidad del ordenamiento jurídico (civil, penal, social, contencioso-administrativo), estableciendo tribunales y textos procesales para las grandes áreas jurídicas. En cuanto a la jurisdicción especializada (por ejemplo, la de menores, en relación con la penal de adultos), se asiste, a su vez, a una subdivisión dentro de un orden jurisdiccional (tribunales y textos procesales igualmente propios), con similar finalidad de eficacia judicial. Todos los diferentes miembros de estos órganos judiciales pertenecen a los únicos cuerpos de funcionarios (jueces y magistrados, secretarios judiciales...).
Por otra parte, en los ordenamientos jurídicos de numerosos países se contempla, además del mencionado supuesto de la jurisdicción especial militar, la existencia de otros órganos -con jurisdicción específica- al margen del Poder Judicial, generalmente referidos a materia constitucional o contable (así, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas). Son órganos no incardinados dentro de la jurisdicción ordinaria (aunque desempeñan una función jurisdiccional), servidos por un personal con estatuto propio.
La Constitución española consagra que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y el funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Se prohíben los Tribunales de excepción (artículo 117.5 y 6). Aparte de la jurisdicción ordinaria (cuyos jueces y magistrados de carrera forman un Cuerpo único, de acuerdo con el artículo 122.1), el mismo texto fundamental contempla la existencia de tribunales fuera del Poder Judicial; así, el Tribunal de Cuentas (artículo 136.1), el Tribunal Constitucional (artículo 159) y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la jurisdicción es única y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos en la ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos. La competencia de la jurisdicción militar queda limitada al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio. La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes (artículo 3 y 4). Además, se mencionan el Jurado y los Tribunales consuetudinarios (artículo 19.2, 3 y 4).
Esta unidad jurisdiccional no ha gozado de general reconocimiento y consagración legal a lo largo del tiempo. Hasta llegar al momento presente, ha habido que atravesar épocas de proliferación de jurisdiccionales especiales, cuando no de órganos administrativos que invadían el ámbito jurisdiccional. El poder político se ha resistido durante mucho tiempo al reconocimiento de un poder judicial independiente, pretendiendo interferir en la administración de la justicia, parcela fundamental dentro de la actividad pública. Basta con mirar hacia atrás en la reciente historia, no sólo de nuestro país, para comprobar la verdad de lo afirmado. Incluso, en la actualidad, existen numerosos ordenamientos jurídicos en el mundo que no consagran de manera efectiva la unidad jurisdiccional, aunque, en ocasiones, sí la proclamen teóricamente.
Introducción al Derecho procesal, José Martín Ostos. Páginas 38 - 40.