Source: http://iachr.org/annualrep/2005sp/ElSalvador779.01sp.htm
Timestamp: 2017-01-21 06:17:38
Document Index: 167652360

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 19', 'Artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 27', 'artículo 29']

responsabilidad internacional de la República de El Salvador ("el Estado") por la desaparición forzada de las niñas Ana Julia y Carmelina, ambas de apellidos Mejía Ramírez y por la posterior falta de investigación y reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana"): derecho a la integridad personal (artículo 5); a la libertad personal (artículo 7); a las garantías judiciales (artículo 8); a la protección de la familia (artículo 17); derechos del niño (artículo 19); y derecho a la protección judicial (Artículo 25), todo ello en violación del deber general de respetar y garantizar los derechos (artículo 1(1)).
2. Conforme a los escritos de los peticionarios, el 13 de diciembre de 1981, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, de 15 y siete años de edad, respectivamente, habrían sido capturadas por militares integrantes del Batallón Atlacatl de reacción inmediata, de unidades de la Tercera Brigada y del Centro de Instrucción del Comando de San Francisco Gotera, durante un operativo conocido como “Operación Rescate”, en el Norte del Departamento de Morazán. Desde entonces, a casi 24 años de ocurridos los hechos, se desconoce el paradero de las niñas. Todas las gestiones realizadas ante las autoridades para esclarecer los hechos, incluyendo una denuncia penal y un habeas corpus, resultaron infructuosas. 3. El Estado sostiene que los recursos internos no han sido agotados puesto que las investigaciones seguirían abiertas. Sostiene que a petición de la madre de las niñas, y de acuerdo a la normativa vigente, el siete de abril de 1997, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera inició la causa penal No 187/97, por el delito de desaparición forzada y que pese a que dicha causa fue archivada, la resolución que ordena el archivo tiene el carácter de archivo provisional administrativo, lo cual implica que puede reabrirse al aportarse nuevos datos. En adición a lo anterior, el Estado sostiene que la investigación sigue abierta puesto que los peticionarios interpusieron un recurso de hábeas corpus
el 10 de noviembre de 2000 y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 20 de marzo de 2002, admite este recurso y ordena a la Fiscalía General de la República llevar a cabo las acciones respectivas para darle eficacia a la debida tutela a la libertad personal de las niñas. El Estado señala que si bien no se ha obtenido ningún resultado positivo, ello no justifica que haya un retardo injustificado, pues tomando en cuenta el tiempo transcurrido, la investigación se dificulta, especialmente puesto que la primera denuncia fue presentada 16 años después de la desaparición de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. El Estado alega que el retraso en la denuncia y en la interposición del habeas corpus, ha retrasado la investigación de los hechos, sin que este retraso provenga de una causa imputable al Estado. Por lo tanto, solicita que la CIDH declare la inadmisiblidad del caso por falta de agotamiento de los recursos internos. El Estado alega asimismo, que la Comisión carece de competencia para analizar el presente caso, puesto que el derecho aplicable durante el conflicto interno de El Salvador sería el Derecho Internacional Humanitario.
El 13 de diciembre de 1981, el contingente militar iniciado en El Mozote llegó al Canton Cerro Pando, donde tenía previsto terminar la incursión. Una de las casas que inspeccionó el Ejército fue la de Tiburcio Mejía [padre de las niñas y asesinado en el lugar. Tiburcio estaba acompañado de su esposa, Leonicia, embarazada de seis meses, su madre, Nazaria, su hermano mayor Rafael y nueve de sus hijos, entre ellos Ana Julia y Carmelina]. Los soldados exigieron que las familias salieran de la casa. Todos, salvo dos de las hijas de Tiburcio lo hicieron. Ana Julia y Carmelina habían salido a gatas por la puerta de la cocina y se escondieron tras las matas de la huerta, donde escuchaban los interrogatorios y los golpes que les propinaban los militares a sus familiares. Los soldados estaban seguros que las personas detenidas apoyaban a la guerrilla, por lo que insistían que les dijera en donde tenían escondidas las armas. Al ver que Tiburcio no les decía nada, los soldados empezaron a fusilar a cada una de las personas que estaban con él. Al ver esto, Ana Julia volvió a entrar a la casa y logró encontrar el carnet y una fotografía de su hermano mayor, Avenicio Portillo, quien se encontraba destacado en San Francisco Gotera, departamento de Morazán. Al constatar los documentos aportados por Ana Julia, los soldados les perdonaron la vida a ella y a su hermana Carmelina, y se las llevaron. Aproximadamente a las 11 de la mañana varios militares llevaron a Ana Julia y a su hermana a la casa de María Herminia Argueta para que las bañara. La Sra. Argueta no les preguntó nada porque lo consideraba peligroso, aun cuando las niñas lloraban inconsolablemente. En ese lugar las reconoció su madrina, Sra. Ester Guevara. A las tres de la tarde llegó otro grupo de Ejército y se llevó a las niñas, diciendo que las necesitaban en Meanguera. Un testigo afirma haber visto a las hermanas Mejía en la iglesia de Meanguera custodiadas por miembros del Batallón Atlacatl. Al tratar de acercase a investigar lo que ocurría, un oficial le exigió que se retirara del lugar. Los militares salieron de Meanguera aproximadamente a las 9 de la noche del mismo día. Desde entonces no se ha vuelto a saber más de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Cinco días después de estos hechos, Avenicio Portilo- hermano de las presuntas víctimas- obtuvo permiso de sus superiores para dar sepultura a sus familiares. Al llegar a su casa encontró los cuerpos con múltiples impactos de bala. Al no encontrar a Ana Julia y Carmelina y observar varias pisadas de sangre que parecían ser de las niñas, asumió que habían sido capturadas.[2]
7. Los peticionarios alegan que en El Salvador no existen recursos eficaces para encontrar a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado. Señalan que durante la guerra, los familiares de las presuntas víctimas no acudían a denunciar las violaciones porque muchas familias seguían huyendo de los operativos militares y por el miedo de que al denunciar los hechos, las autoridades los vincularan con simpatizantes de la guerrilla. Por lo tanto, durante este período no existía ningún recurso viable. Luego, la ley de amnistía dictada en 1993, ha hecho imposible cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de investigación de las violaciones a los derechos humanos. Por último, señalan que el recurso de habeas corpus, que debería ser el adecuado para los casos de desaparición forzada, no es eficaz en El Salvador. 8. A pesar de lo anterior, los peticionarios señalan que han acudido a diversas instancias, las cuales han sido ineficaces e insuficientes. Los hechos fueron denunciados en 1993 a la Comisión de la Verdad, luego de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. El 25 de noviembre de 1995, la madre de las niñas, señora Arcadia Ramírez Portillo, acudió a la Asociación Pro- Búsqueda, y el 31 de mayo del mismo año, acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La resolución de este último organismo, de fecha 30 de marzo de 1998, fue certificada y enviada a la Fiscalía General de la República, sin obtener resultados. Asimismo, el 7 de abril de 1997, la señora Arcadia Ramírez, denunció penalmente la desaparición de sus hijas ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán. Esta causa fue archivada provisionalmente, el 23 de febrero de 1999. El 10 de noviembre de 2000, la señora Reyna Dionila Portillo, tía de las niñas, presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso fue resuelto el 20 de marzo de 2002, reconociendo la violación constitucional al derecho a la libertad física de las favorecidas, y ordenando a la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación sobre los hechos. 9. Se indica que solo fue posible hacer la denuncia en 1997, puesto que debido al conflicto armado existente, existía el temor de que cualquier persona que se apersonara a los cuarteles iba a ser vinculada a la guerrilla y sufrir represalias. Al respecto, la Comisión de la Verdad para El Salvador advirtió que se cometieron muchas violaciones de derechos humanos en contra de la población civil simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros, dentro de la campaña -especialmente de los primeros años del conflicto- de “quitarle el agua al pez”. Dentro de este panorama, los peticionarios alegan que no existía confianza en las autoridades, especialmente cuando las violaciones a los derechos humanos eran perpetradas por el ejército salvadoreño. Los peticionarios agregan que existía -además de miedo-, imposibilidad física de acercarse a los juzgados y las autoridades no tenían la capacidad de procesar las quejas.
personal, material, temporal y territorial de la Comisión Interamericana
22. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención Americana, los peticionarios están legitimados para formular una petición ante la Comisión. La petición objeto de estudio indica que las supuestas víctimas estaban sometidas a la jurisdicción del Estado salvadoreño en la época de los hechos aducidos. Con respecto al Estado, la Comisión señala que El Salvador es un Estado parte de la Convención Americana, habiendo depositado en debida forma su instrumento de ratificación el 23 de junio de 1978. En consecuencia, la Comisión posee competencia personal para examinar las denuncias presentadas. 23. Además posee competencia material porque los peticionarios aducen violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana. El Estado manifiesta que el derecho aplicable durante el conflicto armado interno sería el derecho internacional humanitario. Al respecto, la Comisión entiende que la circunstancia de que algunos de los hechos denunciados, hubiesen ocurrido en el contexto de un conflicto armado, no excluye la facultad de esta Comisión de pronunciarse sobre los mismos.[5] El propio artículo 27 de la Convención, permite la suspensión de ciertos derechos en el contexto de conflictos armados pero en modo alguno suspende la vigencia de la Convención en su integridad ni priva a esta Comisión de sus atribuciones. Todo ello, sin perjuicio de que en la etapa de fondo, la CIDH deba analizar las obligaciones del Estado emanadas de la Convención, a la luz de las normas del derecho internacional humanitario que serán utilizadas como pauta de interpretación en tanto lex specialis de conformidad con el artículo 29 de la Convención.[6] 24. La Comisión posee jurisdicción temporal para examinar las denuncias. La petición se basó en alegaciones sobre hechos ocurridos a partir del 13 de diciembre de 1981, fecha en que habría comenzado
la desaparición de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Los hechos aducidos se produjeron por lo tanto con posterioridad de la entrada en vigor de las obligaciones del Estado como Parte de la Convención Americana. El Estado alega que, dada la declaración formulada oportunamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es competente para conocer de este caso; la CIDH no se pronunciará sobre esta materia en el presente informe debido a que no se relaciona con su competencia. 25. Adicionalmente, como en la petición se alegan violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana que tuvieron lugar en el territorio de un Estado parte, la Comisión concluye que posee competencia territorial para tomar conocimiento de la misma. B. Requisitos de admisibilidad de la petición
28. En el presente caso se alega la presunta responsabilidad de integrantes del Ejército salvadoreño en la desaparición forzada de dos
niñas en pleno conflicto armado interno en El Salvador. Dicha época se caracterizó por las violaciones sistemáticas de derechos humanos e impunidad, facilitada en parte por la ineficacia del sistema judicial salvadoreño.[13] Habida cuenta de las circunstancias particulares del caso y el contexto mencionado, la Comisión considera que al momento en que ocurrieron los hechos alegados, no era posible ni necesaria la presentación de recurso alguno.
30. La Comisión de la Verdad recomendó al Estado, entre otras, el esclarecimiento y sanción de los graves hechos que le correspondió investigar.[15] De modo que, al menos a partir de 1993, las autoridades tenían conocimiento de los hechos y al tratarse de delitos de acción pública, tenían la obligación de investigarlo de oficio. Sin embargo, al menos hasta la denuncia penal presentada por la madre de las niñas el 7 de abril de 1997,[16] dicha investigación no fue iniciada. 31. El 31 de mayo de 1996, la Asociación Pro- Búsqueda, presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), sobre 145 casos de menores víctimas de desaparición forzada, todos ellos en el contexto del conflicto armado interno del país. La Procuraduría seleccionó de éstos, 5 casos, entre ellos el de las hermanas Mejía Ramírez. En dicho Informe estableció la responsabilidad del Estado en su desaparición.[17]
La CIDH ha establecido que “[…]Es precisamente en situaciones de conflicto armado interno que esas dos ramas del Derecho Internacional convergen de manera más precisa y se refuerzan recíprocamente. En tal sentido, los autores de uno de los comentarios más autorizados a los dos Protocolos Adicionales de Ginebra [M. Bothe, K. Partsch & W. Solf, NUEVAS NORMAS PARA LAS VICTIMAS DE CONFLICTOS ARMADOS: COMENTARIO A LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977 A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949, 619 (1982)], expresan lo siguiente: A pesar de que cada instrumento legal especifica su propio ámbito de aplicación, no puede negarse que las reglas generales contenidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se aplican a conflictos armados no internacionales, al igual que las normas más específicas del derecho internacional humanitario.” Ver CIDH, Informe N 55/97, caso 11.137 Juan Carlos Abella, Argentina, 18 de noviembre de 1997.
CIDH, Informe Anual 1983-1984, Capítulo IV “Situación de los derechos humanos en varios Estados: El Salvador”, párr. 6. [14]
Ver Informe De la Locura a la Esperanza: la Guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Naciones Unidas, año 1993. El listado de víctimas se encuentra en los anexos, Tomo II.c. Fuente Indirecta, pág. 110.
Resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de fecha 20 de marzo de 2002, en el proceso de hábeas corpus número 379-2000. [20] Ver párrafos 26 a 34 del presente Informe