Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A262-05.htm
Timestamp: 2017-11-25 04:04:36
Document Index: 28381316

Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 57', 'Artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86']

A262-05
Auto 262/05
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR SERVICIOS DEL ORDEN NACIONAL-Conocimiento por jueces del circuito/ACCION DE TUTELA CONTRA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y NACIONAL DE COLOMBIA-Cancelación programa de postgrado
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Conocimiento de todos los jueces
PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDITIONIS-No se puede alterar el conocimiento de la acción de tutela pues se afectaría la protección inmediata de los derechos fundamentales
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Inexistencia por inobservancia de los principios del trámite de la acción de tutela
LLAMADO A PREVENCION A MAGISTRADOS DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Corte Constitucional no puede ser permisiva con la dilación de términos ni la renuencia de las autoridades
Referencia: expediente ICC-943
Acción de tutela promovida por Héctor Martín Rodríguez López y Francisco Varona Ortiz contra la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional de Colombia.
Los señores Héctor Martín Rodríguez López y Francisco Varona Ortiz, radicaron el dos (2) de septiembre de 2005 en la oficina judicial de Popayán acción de tutela contra la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional de Colombia, por considerar lesionados sus derechos constitucionales fundamentales a la educación y al trabajo al haber sido cancelado de forma intempestiva un programa de postgrado que dichos establecimientos educativos venían desarrollando y del cual los accionantes eran estudiantes.
La acción de tutela fue dirigida al Tribunal Administrativo del Cauca, el cual por auto del cinco (5) de septiembre de 2005 decidió remitir el expediente a los juzgados civiles del circuito de Popayán (reparto), por considerar que las entidades accionadas eran entidades descentralizadas por servicios del orden nacional y que por lo mismo el conocimiento de la acción debía radicarse en dichos juzgados civiles de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1382 de 2000.
Recibido el expediente por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán, éste por auto del 9 de septiembre de 2005, insistió que la solicitud de tutela debía ser tramitada por el Tribunal Administrativo de Popayán dado que “la Universidad del Cauca, ente Universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, con personería jurídica autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, creada por el Decreto del 24 de abril de 1827, dictado por el Presidente de la República en desarrollo de la Ley 18 de 1826, siendo su nacionalización ratificada por la Ley 65 de 1964 y su Decreto reglamentario 1979 de 1965”,[1] por lo anterior, remitió el expediente a dicha corporación judicial,
Recibido por segunda vez el expediente por el Tribunal Administrativo del Cauca, esta colegiatura decidió avocar el conocimiento de la acción interpuesta mediante auto del 13 de septiembre de 2005, ordenando notificar a las entidades accionadas y decretando la práctica de varias pruebas, actuaciones surtidas oportunamente.
Estando en término para dictar el fallo de primera instancia, el citado Tribunal Administrativo a través de auto de 19 de septiembre de 2005, consideró que “por error involuntario con providencia del 13 de septiembre del presente, se admitió la demanda presentada” no obstante ser las universidades estatales, entidades descentralizadas por servicios por lo cual, la solicitud de tutela debía ser tramitada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán, de conformidad con el Decreto Reglamentario 1382 de 2000. Por lo anterior, decretó la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo las pruebas recaudas.
En el mencionado auto señaló que: “Dispone el artículo 216 del C.C.A. que los conflictos entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ordinaria podrán proponerse ante el juez o tribunal que esté conociendo del asunto o ante el que a juicio del peticionario sea el competente y serán tramitados y decididos por el Consejo Superior de la Judicatura. Así las cosas como se considera que no es a esta jurisdicción a la que corresponde el conocimiento del asunto y atendiendo las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, se remitirá el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para su decisión.”
Recibido el expediente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante auto del 2 de noviembre de 2005 consideró que no era competente para dimir la colisión presentada, dado que se trataba de una controversia al interior de la jurisdicción constitucional, correspondiéndole su decisión a la Corte Constitucional, para lo cual remitió a esta Corporación el respectivo expediente.
De esta manera la colisión suscitada, en el presente caso, entre el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán, corresponde dirimirla a la Corte Constitucional. En este sentido, fue acertada la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al remitir el expediente a esta Corporación para determinar el despacho judicial que debe decidir la acción de tutela impetrada.
El debate procesal planteado en este caso se soluciona determinando la naturaleza jurídica de las entidades accionadas, puesto que fue ese el criterio adoptado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 para determinar la autoridad a la que debe ser repartida la actuación.
En este sentido, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” que en lo pertinente dispone: “Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.
Así, al haberse accionado contra entidades descentralizadas por servicios el reparto debió efectuarse a los juzgados del circuito de conformidad con lo que dispone el inciso segundo del numeral 1 del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000. Esta circunstancia ameritaría remitir el expediente al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán no obstante, esa decisión no es viable en el presente caso.
En efecto, la Sala debe reiterar[4] que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela, la cual es a prevención conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[5]
En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de instancia en quien se radicó la competencia para decidir la acción de tutela no puede, so pretexto de observar una regla de reparto[6], suspender el trámite constitucional y omitir el pronunciamiento respectivo. En este contexto tiene aplicación la prohibición contenida en el artículo 86 Superior al establecer que “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.”[7]
Por lo anterior, deberá ordenarse al Tribunal Administrativo del Cauca que, de forma inmediata, continúe con el trámite de la acción de tutela de la referencia y profiera la decisión de instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, en aplicación de la posición reiterada de la Sala en el sentido de que "la Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela"[8], se previene a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca para que se abstengan en el futuro de adoptar decisiones como la que motivó la controversia procesal dentro del trámite constitucional de la referencia.
ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca, que de forma inmediata, continúe con el trámite de la acción de tutela de la referencia y profiera la decisión de instancia que corresponda conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Salvamento de voto al Auto 262/05
Peticionario: HECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ LOPEZ
[1] Folio 17 del expediente.
[4] Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[6] Cfr Corte Constitucional. Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Cfr. Corte Constitucional. Autos 170A de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 01 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 03 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil, 4A de 2004 M.P. Alvaro Tafur Galvis, Auto 061 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Auto 167 de 2004 M.P. Humberto Sierra Porto.