Source: http://www.slideshare.net/ccootme/ilp-resumen-largo
Timestamp: 2015-11-29 17:28:18
Document Index: 140913176

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 3', 'Artículo 12', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 5', 'artículo 49', 'artículo 49', 'Artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 7', 'artículo 49', 'Artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 56', 'artículo 51', 'Artículo 9', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'Artículo 11', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 45', 'artículo 37', 'artículo 46', 'Artículo 12', 'artículo 55', 'artículo 56', 'Artículo 13', 'artículo 110', 'artículo 113', 'artículo 121', 'artículo 53', 'artículo 122', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 51', 'artículo 45', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 122', 'Artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 41', 'Artículo 15', 'artículo 82', 'Artículo 16', 'artículo 85', 'Artículo 17', 'artículo 8', 'Artículo 18', 'artículo 7', 'in fine']

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 1 PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA EL EMPLEO ESTABLE Y CON DERECHOS Exposición de Motivos IEn términos comparativos, la crisis económica internacional ha comportado para España unasconsecuencias negativas sobre el empleo muy superior a las producidas en la totalidad de lospaíses de la Unión Europea.El acusado diferencial de los niveles de desempleo en España tiene como causa y patrón explicativo,en lo esencial, los rasgos estructurales del patrón de crecimiento de la actividad económica con-solidado en el último ciclo expansivo; unos rasgos que, desde el momento mismo de iniciarse lafase recesiva actual, hicieron aflorar sus debilidades intrínsecas, como son, entre otras, la elevadaespecialización sectorial en actividades que se caracterizan en general por su bajo o intermediocontenido tecnológico y escaso desarrollo de procesos de innovación, la utilización intensiva defuerza de trabajo poco cualificada, la segmentación de los mercados de trabajo, el bajo crecimientode la productividad agregada o, en fin, el elevado endeudamiento de empresas y (algo que nosuele subrayarse) de las familias.Estos desequilibrios han terminado por instalar nuestro patrón de crecimiento en una situaciónextremadamente vulnerable ante el cambio del ciclo económico, contribuyendo a agravar susefectos más adversos.La evolución tan desfavorable registrada en el empleo durante este período de recesión económicaevidencia que el mercado español de trabajo se caracteriza por una excesiva e injustificada flexi-bilidad externa, que permite e, incluso, incentiva el que la adaptación de las empresas en loscambios de ciclo se encauce fundamentalmente vía ajuste del empleo; una vía expresiva de unamuy reducida responsabilidad social empresarial, que sustituye a otros dispositivos, como puedenser los asociados a las medidas de flexibilidad interna, capaces, además, de mantener unos másaltos volúmenes de empleo, además de una mayor democracia empresarial.Y es que, en efecto, nuestro ordenamiento laboral ha ido introduciendo de manera acumulativa yno selectiva un heterogéneo conjunto de reglas jurídicas que facilitan la destrucción de empleo,como mecanismo de respuesta a los ciclos económicos. Tal sucede, en el caso de los trabajadorestemporales, con la finalización del contrato; y, en el caso de los trabajadores con contratos indefi-nidos, por la vía de la automaticidad de las indemnizaciones en caso de despido improcedente,incluido el disciplinario.En otras palabras, nuestro tejido productivo está construido sobre unas bases tecnológicas de in-novación y formación muy débiles, que lo abocan reiteradamente a una estrategia de competitividadde reducción de costes salariales. Y ello se ha logrado y sigue logrando empresarialmente con ele-mentos de desregulación (autónomos), de externalización de riesgos (subcontratas, Empresas deTrabajo Temporal y empresas de servicios integrales) o de elevada flexibilidad externa (contratacióntemporal o despido automático).Se trata de un modelo de relaciones laborales que es coherente con un tejido productivo en elque la valoración del capital humano ha sido lisa y llanamente sustituida por una concepción deltrabajo como mera mercancía, y que, como tal, conviene desprenderse a los costes más bajos po-
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 2sibles. La persistencia de unas muy elevadas tasas de temporalidad y la resistencia a su disminuciónilustran de manera ejemplar el lugar periférico y marginal en el que se ha alojado el trabajo y, porderivación, al conjunto de la clase trabajadora.En un contexto como el descrito de manera tan sumaria, el más urgente y perentorio de losobjetivos políticos y sociales es la reconstrucción de un sistema de relaciones laborales que logreubicar al trabajo y a los trabajadores en una posición de centralidad.O por decirlo con lenguaje prestado de nuestro texto constitucional, que dote a ese sistema de losvalores propios del Estado social y democrático de Derecho, y, señaladamente, entre otros los dejusticia e igualdad.Para el logro de este objetivo, resulta de todo punto obligado reorientar el principio rectordominante en la gestión de la mano de obra que, desde su estado actual, consistente en estar an-clado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido conbajos controles), ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociadas y con participaciónsindical.Y ahí es donde la negociación colectiva debe intervenir de manera eficiente y equitativa.Por lo demás, este cambio ha de estar orientado por y hacia la búsqueda de mayores niveles deproductividad del trabajo y no a través de medidas que conlleven la disminución de los niveles sa-lariales, la generalización de la precariedad en la contratación laboral o, más en general, lareducción de los derechos laborales, incluido el primero y esencial de todos ellos: el derecho altrabajo.Para su logro, se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestiónde las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarialcomo en la formación de los trabajadores, en los que la negociación colectiva tiene una importanciacrucial.Es ahora, más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación yla formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.En definitiva, las medidas que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se intro-duzcan para favorecer el cambio de modelo productivo.En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de ac-tividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económicoque ha ignorado por completo las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de in-vestigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de lacompetitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficienteso, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.Por ello, hay que potenciar aquellas vías que privilegien los mecanismos de adaptación y conser-vación del empleo frente a los mecanismos extintivos. Las medidas contempladas son un factorfundamental para el desarrollo, en el interior de las empresas, de una competitividad conmayúsculas, además de actuar como factor incentivador de lo que constituye la gran prioridad denuestra economía: cambiar el modelo productivo.El objetivo de la presente Iniciativa Legislativa Popular consiste, como se ha apuntado, en propiciarun cambio en las bases estructuradoras de nuestro sistema de relaciones laborales. Dos son, noobstante, los objetivos inmediatos, aquellos que pretenden lograrse en un plazo razonablementepróximo.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 3De un lado, combatir la segmentación del mercado de trabajo, favoreciendo el acceso y la perma-nencia de los trabajadores en el mismo a través de empleos estables y de calidad en un sentidocoherente con la progresiva pero imparable sustitución del modelo productivo hasta ahora domi-nante por otro que incentive la competitividad empresarial a través de la innovación tecnológicay el desarrollo formativo.De otro, reordenar las medidas de flexibilidad interna, configurándolas como medidas verdadera-mente alternativas al ejercicio por las empresas, de sus facultades extintivas vinculadas al funcio-namiento de la empresa.En todo caso, para la consecución de ambos objetivos se han seleccionado las técnicas adecuadas,no existiendo pues disociación alguna entre aquellos y éstas. IILas reformas normativas dirigidas a evitar y avanzar en la reducción de la segmentación denuestro mercado de trabajo constituyen, conforme se expone, el primer objetivo de esta IniciativaLegislativa Popular; y las técnicas concretas que se proponen aparecen incluidas, en lo esencial,en el Título II de la misma.Para el logro de esta finalidad se ha elaborado un conjunto coherente de políticas de derecho conlas que se pretende eliminar el segundo gran foco del uso injustificado de la contratación temporal.De conformidad con una opinión ampliamente compartida por diversos grupos de expertos, laelevada tasa de temporalidad existente en nuestro mercado laboral tiene una pluralidad decausas, que se expresan a través de cauces bien diferenciados.En todo caso, existe un importante consenso en entender que son dos los principales focos detemporalidad no justificada. Por consiguiente, dos son igualmente los bloques de medidas quehan de adoptarse a fin de eliminar los excesos y abusos de la temporalidad.El primer bloque es aquél que pretende combatir la temporalidad de larga duración a través, en loesencial, del establecimiento de límites temporales máximos en caso de sucesión de contratos deduración determinada.El segundo bloque trae causa y se vincula a una orientación jurisprudencial bien conocida, consis-tente en vincular las duraciones de los contratos de empresa, que articulan la cada vez más ex-pandida y poco razonable descentralización productiva, con los contratos de trabajo que celebranlas contratistas y subcontratistas con los trabajadores asignados al desempeño de las contratas osubcontratadas. La supresión de esta segunda causa es de fácil instrumentación, pues basta condeclarar la desvinculación entre las duraciones de ambos tipos de contratos, de naturaleza biendiferente: civil, mercantil o administrativa, el primero, y laboral, el segundo.Hasta el presente y de manera un tanto paradójica, las reformas legales aprobadas para eliminarla utilización injustificada de la contratación temporal se han centrado exclusivamente en laprimera causa, en la temporalidad de larga duración, limitando el número de eslabones contractualesen la cadena de contratos de duración determinada.La presente iniciativa legislativa persigue actuar sobre el otro foco, estableciendo la prohibiciónde suscribir contratos de duración determinada cuando se formalizan con empresas de serviciosque tengan como actividad habitual la realización de contratas, no existiendo, por consiguiente,
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 4causa que habilite la celebración de un contrato temporal para cubrir necesidades permanentesde mano de obra.Junto al reconocimiento generalizado del contrato fijo para atender las contratas de obras oservicios, resulta conveniente que la negociación colectiva sectorial disponga de una capacidadde regulación para habilitar los contratos temporales que se puedan celebrar en las empresasafectadas, dentro del conjunto de la plantilla de la que disponen.Sobre esta base, se habilita expresamente a la negociación colectiva para que determine en losámbitos sectoriales correspondientes, y para el conjunto del mercado de trabajo, los porcentajesde personal fijo y temporal que se corresponden con la realidad de cada sector productivo, a finde eliminar la indeterminación que se puede producir a la hora de evaluar si la empresa disponeo no de puestos de trabajo permanentes.La presente Iniciativa Legislativa también trata de reducir el plazo máximo de duración del contratode obra o servicio, fijando un máximo de dos años en lugar de tres y faculta a los ámbitossectoriales la posibilidad de ampliación hasta los tres años, al mismo tiempo que aclara que dichoplazo en modo alguno es una causa específica de extinción del contrato, sino exclusivamente unmecanismo para la adquisición de la fijeza, así como la posibilidad de que pueda constatarse lafijeza cuando la duración previsible del contrato sea superior a ese plazo.Aunque el Estatuto de los Trabajadores se remite a la negociación para impedir la utilizaciónabusiva de contratos temporales con distintos trabajadores, resulta irrenunciable a la ley, almargen de los mecanismos que contemple la negociación colectiva, la sanción del fraude de ley,pues el mismo no puede deslegalizarse.Es por ello que, cuando la empresa incurra en el fraude de ley al artículo 15.5 del Estatuto de losTrabajadores, es preciso imponer en todos los casos la medida que se hubiera pretendido eludir,lo que supone poner fin a una de las más importantes vías de precariedad no justificada en las re-laciones laborales.En el diseño y puesta a punto de las técnicas adecuadas para combatir la temporalidad injustificada,resulta esencial asegurar la información sobre los contratos de trabajo que la empresa hubiera re-alizado con anterioridad a cada nueva contratación, información ésta que sirve para detectar lautilización anómala de estas modalidades contractuales, sin prejuzgar todavía que ello pueda ge-nerar o no un supuesto de fraude.En línea de coherencia con este criterio, la Iniciativa Legislativa obliga a las empresas a hacerconstar, en el propio contrato de trabajo temporal y en el contenido de la copia básica, una seriede datos, entre otros el número de contratos temporales es así como el de jornadas de trabajoque se hubieran atendido con contratos temporales durante los treinta meses anteriores, paraatender un puesto de trabajo comparable con el que es objeto de contratación. Igualmentedeberá indicar el índice de temporalidad que presenta la empresa, entendido como el porcentajeque representa el número de jornadas atendidas mediante contratos temporales sobre el númerototal de jornadas de trabajo desarrolladas en el último año. IIIEl segundo gran objetivo de esta iniciativa legislativa consiste en recuperar para las medidas deflexibilidad interna la condición de dispositivos prioritarios o, si se quiere, ordinarios en el conjunto
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 5de instrumentos que el ordenamiento pone a disposición del empresario para permitirle la ade-cuación del volumen de mano de obra existente en su organización productiva a los requerimientoscambiantes del mercado.Lo que se persigue, al enunciar este objetivo prioritario de política laboral, es garantizar que, antela situación de crisis o cambios organizativos en la empresa, la respuesta resulte proporcionada ala finalidad pretendida, no debiendo resultar posible el recurso al despido de los trabajadoresantes de haber apurado o agotado otras posibilidades tanto social como individualmente y que,adicionalmente, ponga en valor la centralidad del derecho al trabajo.Es este un objetivo que se articula a través de diferentes instrumentos jurídicos.El primero y, sin duda, el más relevante por su incidencia en la consecución del fin pretendido, es lanormalización del despido, esto es, la recuperación para el despido de su verdadera funcionalidad.Una funcionalidad que algunas reformas legales han ido difuminando, hasta su práctica eliminación.La exigencia de que el supuesto del despido por causas técnicas, organizativas o de producciónvenga dado por la mera alusión a las causas que justifican, igualmente, la mera modificación sus-tancial de las condiciones de trabajo o la movilidad geográfica, es una fórmula legal que terminapor cuestionar la propia legitimidad de la causa extintiva, dando cobertura a extinciones motivadasen la mera conveniencia o en la mejora del beneficio empresarial.La ordenación jurídica de las diferentes modalidades de extinción del contrato de trabajo proce-dentes de la voluntad unilateral del empresario se ha caracterizado, en nuestro ordenamiento la-boral, por una progresiva pérdida de sustantividad aplicativa o, en otras palabras, por unautilización causal desviada. En tal sentido, la reforma de año 2002 ha consentido el que extincionesmotivadas por el funcionamiento de la empresa se articulen como despidos disciplinarios impro-cedentes, línea ésta que prosigue y refuerza la reforma de 2010.En este contexto de regulaciones equívocas y promotoras de ajustes de empleo vía extinción delcontrato, se hace necesario reordenar el régimen jurídico de los despidos, sobre todo de loscolectivos y objetivos, redefiniendo sus causas y restaurando, en el procedimiento, el principio deefectiva participación de la representación de los trabajadores, en un sentido acorde con las exi-gencias que impone a nuestro sistema jurídico el derecho social comunitario.En lo que afecta al primer aspecto, la idea informadora de la regulación propuesta es clara: unamedida extintiva no puede ser confundida con cualquier cambio organizativo, productivo o tecno-lógico. La causa para la extinción de los contratos ha de poner en cuestión y activar la propia via-bilidad de la empresa. Sólo las dificultades de trascendencia tal que, en caso de no adoptarse me-didas correctoras, comprometan la viabilidad futura de la empresa, son las que pueden justificarla extinción de los contratos de trabajo, y no otras medidas de simple mejora de la eficacia de lagestión empresarial. De no ser así, se colocaría al despido como la primera medida ante lainnovación tecnológica o las mejoras organizativas.El despido ha de ser, en suma, la última medida necesaria para restablecer la situación económicade la empresa o para garantizar su viabilidad. La falta de previsión expresa de esta circunstanciapone en tela de juicio el despido por causas económicas, configurándolo como una decisión em-presarial meramente discrecional o simplemente conveniente, configuración esta que hay quedescartar por atentatoria al derecho a la estabilidad en el empleo, en su condición de vertiente in-dividual del constitucional derecho al trabajo (art. 35.2 CE).Por lo demás, la presente iniciativa legislativa contempla que el Fondo de Garantía Salarial(FOGASA) en modo alguno realice aportaciones para financiar extinciones contractuales que ca-
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 6rezcan de amparo legal, que no estén justificadas en los motivos fijados por la Ley y que no se in-tegren en un plan de actuaciones para garantizar la viabilidad o la continuación de la actividadempresarial, o para facilitar acuerdos ante la crisis definitiva de la empresa. En otro caso la finan-ciación por el FOGASA de ese tipo de actuaciones ilícitas está llamando a generar efectos negativospara el propio mercado de trabajo.La mera invocación por el empresario de causas objetivas, aunque no resulten acreditadas ni sejustifiquen, implica una obligación del citado organismo público de realizar una aportación, por loque estamos ante un supuesto de abono de recursos públicos para financiar una actividad ilícita,lo que plantea serías dudas de constitucionalidad sobre los límites del legislador a la hora de dis-poner de tales recursos. Es necesario frenar un acceso generalizado a las prestaciones del FOGASAsin control alguno o, lo que es igual, con la mera simulación de una causa, sobre la que no hayposibilidad de apreciar fraude de ley.El segundo de los cauces a través de los cuales se pretende incentivar las medidas de flexibilidadinterna, frente a las de flexibilidad externa, instrumentadas mediante el recurso al despido, searticula a través del conjunto de aquellas medidas procedimentales, señaladamente de aquellasque comportan la restauración del protagonismo de las organizaciones sindicales en la negociaciónde los acuerdos de reestructuración organizativa, capaces de reorientar las decisiones empresarialestendentes a vaciar de contenido la negociación colectiva de ámbito sectorial o a buscar la mejorade la competitividad de las empresas por la vía del dumping social. IVAl margen de los objetivos reseñados, las opciones de política de derecho incorporadas en la pre-sente Iniciativa Legislativa Popular persiguen otras finalidades, entre las que ocupan un lugar re-levante la gestión de la IT, un tiempo parcial de calidad, las relativas a favorecer el empleo joveny de las personas desempleadas y las medidas de mejora de la intermediación laboral y sobre laactuación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).En relación con estas últimas, con las ETTs, la iniciativa impone restricciones a los contratos depuesta a disposición de conformidad con la Directiva Europea sobre empresas de trabajo temporal.En lo que concierne a la intermediación laboral, la presente iniciativa legislativa apuesta demanera resuelta por potenciar y fortalecer los servicios públicos de empleo, estatal y autonómicos,restringiendo a las entidades sin ánimo lucrativo la condición de agencias de colocación.Las medidas contempladas en la presente Iniciativa Legislativa quieren evitar que se alteren lasreglas de competencia entre las empresas, que implicaría dotar de financiación pública a las quedesean prescindir de los cauces establecidos para el ajuste de plantilla, reduciendo la brecha decostes entre las empresas que cumplen adecuadamente la regulación de la actividad en el ámbitolaboral y las que prescindan de las mismas por no tener controles, tanto públicos como sindicalespara respetar dichas garantías.Los cambios normativos que se llevan a cabo se instrumentan en una única Ley, que supone,como necesaria consecuencia, la adaptación de diferentes cuerpos legislativos, de manera principal,aun cuando no única, el Estatuto de los Trabajadores.En última instancia, la presente Iniciativa Legislativa Popular se asienta en sólidas bases que rela-cionan la existencia de una relación directa entre economías fuertes con crecimiento equilibradoy sistemas de plena tutela de derechos laborales.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 7 TÍTULO I. EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD CAPÍTULO I MEDIDAS PARA FAVORECER EL EMPLEO DE LOS JÓVENESArtículo 1. Nueva redacción del Artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatutode los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.Se modifican el párrafo primero del apartado 1 y las letras c) y e) del apartado 1 y se añade unapartado 4. 1.-El párrafo primero del apartado 1 queda redactado como sigue: El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años, o de seis años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas: 2.- La letra c) del apartado 1 queda redactada como sigue: c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad. Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o distinto cer- tificado de profesionalidad. No se podrá concertar un contrato en prácticas en base a un certificado de profesionalidad obtenido como consecuencia de un contrato para la formación celebrado anteriormente con la misma empresa. 3.-La letra e) del apartado 1 queda redactada como sigue: e) La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 80 o al 90 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 4.- Se incorpora un apartado 4 con la siguiente redacción: 4. Se presume que existe contrato de trabajo cuando la actividad del trabajador en la empresa consista en la realización de prácticas profesionales excepto cuando las mismas constituyan requisito necesario para la obtención de la correspondiente titulación oficial.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 8Artículo 2. Contratos para la formación en los programas de Escuelas Taller, Casas deOficio y Talleres de EmpleoSe modifica la Disposición adicional tercera de la Ley 35/2010. Contratos para la formación en losprogramas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, que queda redactada como sigue:1. La acción protectora de la Seguridad Social en los contratos para la formación suscritos conalumnos trabajadores en los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, com-prenderá las mismas contingencias, situaciones protegibles y prestaciones que para el resto de tra-bajadores contratados bajo esta modalidad, tal y como establecen el artículo 11.2 i) del Estatuto delos Trabajadores y la disposición adicional sexta de la Ley General de la Seguridad Social.2. Las bonificaciones previstas en el artículo 11 de esta Ley no serán de aplicación a los contratospara la formación suscritos con los alumnos trabajadores participantes en los programas deescuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. CAPÍTULO II MEDIDAS PARA UN EMPLEO A TIEMPO PARCIAL DE CALIDADArtículo 3. Nueva redacción del párrafo primero del apartado 1 y de los apartados 3,4 a) y 5 c) y g) del Artículo 12 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-jadores. 1.- El primer párrafo del apartado 1 queda redactado como sigue: El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la pres- tación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior al 77 por 100 de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 2.- Se suprime el apartado 3. 3.- La letra a) del apartado 4 queda redactado como sigue: a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de esta Ley, se deberá formalizar necesariamente por escrito en el modelo que se establezca. En el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, la distribución horaria y su concreción mensual, semanal y diaria, incluida la determinación de los días en los que el trabajador deberá prestar servicios. De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios y el número y distri- bución de las horas contratadas en los términos previstos en el párrafo anterior. 4.- La letra c) del apartado 5 queda redactada como sigue: c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas complementarias cuya realización podrá ser requerida por el empresario. El número de horas complementarias no podrá exceder del 15 por 100 de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los Convenios Colectivos de ámbito sectorial o, en su defecto, de ámbito inferior podrán establecer otro porcentaje máximo, que en ningún caso podrá exceder del 30 por 100 de las horas ordinarias contratadas. En todo caso, la suma de las horas
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 9 ordinarias y de las horas complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el apartado 1 de este artículo. 5.-La letra g) del apartado 5 queda redactada como sigue: g) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde su celebración. CAPÍTULO III MEDIDAS PARA CORREGIR LA TEMPORALIDAD INJUSTIFICADA EN LA CONTRATACIÓNArtículo 4. Nueva redacción del Artículo 15 del Texto refundido de la Ley del Estatutode los Trabajadores.El Artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores queda redactado como sigue: Artículo 15.- Duración del contrato 1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. No obstante, podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determinada cuando concurra la causa objetiva que justifique la temporalidad de cada modalidad contractual que se relaciona en este apartado y bajo los requisitos que en el mismo se establecen. Solamente podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos: a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, diferenciada de la actividad ordinaria y permanente y cuya ejecución aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa que puedan cubrirse sólo con contratos de esta naturaleza, así como aquellos trabajos o tareas en los que no puede utilizarse esta modalidad contractual. El contrato para obra o servicio determinado tendrá una duración máxima de dos años, ampliable por convenio sectorial de ámbito estatal hasta doce meses más. En todo caso, cuando la duración del contrato supere los referidos plazos el trabajador adquirirá la con- dición de fijo. La celebración de una contrata de servicios con una empresa principal o la existencia de cualquier otra relación civil, mercantil o administrativa, no será, por si mismo, causa suficiente para celebración de un contrato de obra o servicio determinado, cuando se trate de empresas que de forma habitual y continuada realizan esa actividad. En todo caso, los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal podrán determinar, para cada ámbito de actividad, la proporción de trabajadores con contratos de duración determinada que, como máximo, podrán tener las empresas afectadas. b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 10 lo exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa, siempre que estas cir- cunstancias no sean previsibles, periódicas o permanentes. En tales casos, los contratos tendrán una duración cierta que no podrá exceder de seis meses, dentro de un período de doce meses, contados a partir del momento en que se pro- duzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y el período dentro del cual se puedan realizar. En tal supuesto, el período máximo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas partes del período de referencia establecido ni, como máximo, doce meses. En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo escrito de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima. Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa. c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución.2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de sucontratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez transcurridoun plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el período de prueba, salvo que dela propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente laduración temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a quehubiere lugar en derecho.3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley.4. Los empresarios habrán de notificar a la representación legal de los trabajadores en las em-presas los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por tiempodeterminado previstas en este artículo cuando no exista obligación legal de entregar copiabásica de los mismos.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadoresque en un período de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior aveinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto detrabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales,sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, conlas mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán lacondición de trabajadores fijos.Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestosde sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.6. En todo caso, se entenderán indefinidos los contratos de trabajo temporales: a) Cuando se utilice para cubrir un puesto de trabajo de la misma categoría o grupo pro-
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 11 fesional que previamente hubiera sido cubierto por dos o más contrataciones temporales, con o sin solución de continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal, durante catorce meses dentro de un período de veinti- cuatro meses. A estos efectos, no serán computados los contratos de interinidad ni los for- mativos. b) Cuando se celebren más de dos contratos de duración determinada, con el mismo o dis- tinto trabajador, para realizar los mismos o similares trabajos fijos y periódicos. En este su- puesto, se entenderá que el contrato es fijo-discontinuo. c) Cuando en los contratos de interinidad no se produzca la reincorporación del trabajador sustituido, que tuviera la condición de indefinido, en el plazo legal o convencionalmente establecido, o cuando, producida la reincorporación, el trabajador con contrato de interinidad continuase prestando servicio.Los convenios colectivos podrán establecer requisitos adicionales dirigidos a prevenir losabusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal.Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos,de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de programaspúblicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados porempresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea consideradocomo parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.7. Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismosderechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las parti-cularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extincióndel contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley en relación con los contratos for-mativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidosen las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera propor-cional, en función del tiempo trabajado.Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones le-gales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad deltrabajador, ésta deberá computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores,cualquiera que sea su modalidad de contratación.El empresario deberá informar a la representación legal de los trabajadores en la empresa y alos trabajadores con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratosformativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes a fin de garantizar a estos tra-bajadores el derecho de preferencia para acceder a puestos permanentes, pudiendo establecersemediante negociación colectiva los procedimientos y requisitos para su aplicación. Esta infor-mación podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa ocentro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que asegurenla transmisión de la información.Los convenios podrán establecer criterios objetivos y compromisos de conversión de loscontratos de duración determinada o temporales en indefinidos.Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de estos traba-jadores a la formación profesional continua, a fin de mejorar su cualificación y favorecer suprogresión y movilidad profesionales.8. El contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indefinido, bajo la modalidad de
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 12contrato fijo discontinuo, cuando se trate de realizar trabajos de ejecución intermitente ocíclica de la actividad normal de la empresa, que no exijan la prestación de servicios durantetodos los días que en el conjunto del año tienen la consideración de laborables con caráctergeneral, desarrollándose los días de prestación de servicios en uno o varios períodos deactividad estacional, estén determinados o no en el contrato de trabajo.Los trabajadores fijos discontinuos deberán ser llamados cada vez que se inicie la actividadnormal de la empresa en el número, forma y orden que se determine en el correspondienteconvenio colectivo de aplicación, basados en criterios objetivos, y en su defecto en el númeronecesario para el desarrollo normal de la actividad, en la forma que se tenga por costumbre ypor riguroso orden de antigüedad dentro de cada especialidad, pudiendo el trabajador, encaso de incumplimiento del deber del llamamiento, reclamar en procedimiento de despidoante la Jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento que tuvieseconocimiento de la ausencia de convocatoria.Este contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito en el modelo que se establezcay en él deberá figurar la forma y orden de llamamiento que establezca el convenio colectivoaplicable, la distribución horaria de la jornada de trabajo durante el período o períodos de ac-tividad, así como la determinación, en dicho período o períodos de actividad, de los días enlos que el trabajador deberá prestar servicios y que, en todo caso, deberá coincidir con la es-tablecida en el correspondiente convenio de aplicación y en su defecto, con la del resto de lostrabajadores de la empresa.9. En los supuestos previstos en los apartados 1.a), 5 y 6, el empresario deberá facilitar porescrito al trabajador, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos o requisitos in-dicados, un documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo de la empresa.En todo caso, el trabajador podrá solicitar, por escrito, al Servicio Público de Empleo corres-pondiente un certificado de los contratos de duración determinada o temporales celebrados, alos efectos de poder acreditar su condición de trabajador fijo en la empresa. El Servicio Públicode Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá en conocimiento de la empresa en la que eltrabajador preste sus servicios.10. En la formalización de los contratos temporales, la empresa deberá indicar los siguientesextremos: – El número de contratos temporales, así como el de jornadas de trabajo que se hubieran atendido con contratos temporales, durante los treinta meses anteriores, para atender un puesto de trabajo comparable con el que es objeto de contratación. – El índice de temporalidad en la empresa, entendido como el porcentaje que representa el número de jornadas atendidas mediante contratos temporales sobre el número total de jornadas de trabajo desarrolladas en el último año. No se computarán como jornadas desarrolladas con contrato temporal, las que correspondan a trabajadores que hubieran sido incorporados como fijos.Estas mismas circunstancias e incorporarán a la copia básica de los contratos.11. Se autoriza al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo previsto en este artículo.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 13Artículo 5. Modificación del artículo 49 del Texto refundido de la Ley del Estatuto delos Trabajadores.El primer párrafo de la letra c) del artículo 49.1 queda como sigue: “c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.A la finalización de cualquiera de las modalidades de contratación temporal o de duración deter-minada, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a laparte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año deservicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.Artículo 6. Nueva redacción de la Disposición Adicional decimoquinta del Texto Re-fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-lativo 1/1995, de 24 de marzo.«Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de duración de los contratos y sobreel encadenamiento y uso indebido de contratos temporales en las Administraciones públicas.1. Lo dispuesto en el artículo 15.1 a) en materia de duración máxima del contrato de obra , en el15.3 sobre contratos temporales celebrados en fraude de ley y en el artículo 15.5 y 6 sobre límitesal encadenamiento de contratos y duración del contrato de interinidad de esta Ley surtirá efectosen el ámbito de las Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes,sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad enel acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la co-bertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, deacuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto que veníaocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, momentoen el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajadoracceda a empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo.Sin perjuicio de otros derechos que pudieran establecerse por negociación colectiva, en todo caso,si procediera la extinción del contrato por no superar el proceso selectivo correspondiente, el tra-bajador tendrá derecho a una indemnización mínima equivalente a veinte días de salario por añode servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con el límitemáximo de doce mensualidades.2. Para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el artículo 15.5, setendrán en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una de las Administraciones Pú-blicas, incluidos los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con per-sonalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto endicho artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de contrato detrabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.Artículo 7. Indemnizaciones en caso de fraude en la contratación temporal.Se incorpora una nueva disposición adicional, la decimonovena, al Texto refundido de la Ley delEstatuto de los Trabajadores.Disposición adicional decimonovena. La indemnización por finalización de contrato prevista en el
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 14artículo 49 apartado 1, letra c), será compatible con la que pueda proceder en el caso de despidoderivado de fraude de ley en la contratación, incluidos los salarios de tramitación, y otras indem-nizaciones que puedan corresponder en tal supuesto.A efectos de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial la indemnización por fin de contratotemporal será objeto de cobertura, pero se computará para aplicar los límites máximos si concurrecon la indemnización por despido improcedente.Artículo 8. Modificación de la Ley 12/2001, de Medidas Urgentes de Reforma delMercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad.Modificación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de Medidas Urgentes de Re-forma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad.La Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001 queda redactada como sigue:«Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleadossujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de lacontratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en lamisma, hasta el día 31 de diciembre de 2012.2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes: a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones: Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive. Mayores de cuarenta y cinco años de edad. Personas con discapacidad. Parados que lleven, al menos, tres meses inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo. Trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los con- tratos formativos, existentes en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, cuando la conversión de estos contratos en el contrato para el fomento de la contratación indefinida se articule a través de la negociación colectiva.3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo quese establezca.El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, concarácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos portiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada judicialmenteimprocedente, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto delos Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el artículo 56del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose pormeses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 15Igualmente se abonarán los salarios de tramitación que en su caso correspondan.5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refierela presente disposición la empresa que en los seis meses anteriores a la celebración del contrato,hubiera realizado extinciones de contratos indefinidos ordinarios por causas declaradas como im-procedentes o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitaciónafectará a la cobertura de aquellos puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesionalque los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.Esta limitación no será de aplicación en el supuesto de despido colectivo, cuando la realización delos contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con los representantesde los trabajadores en el período de consultas previsto en el artículo 51.4 del Estatuto de los Tra-bajadores.6. Dentro del plazo en que podrá concertarse el contrato para el fomento de la contratación indefinidaconforme al apartado 1 de esta disposición, el Gobierno procederá trimestralmente a evaluar, juntoa las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, los efectos de estamedida para el fomento de la contratación indefinida. A la finalización del citado plazo, el Gobierno,previo acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá decidirla prórroga de esta medida de fomento de la contratación indefinida, atendiendo a la evolución dela temporalidad y de los efectos sobre el fomento del empleo y la reducción de la tasa de paro. Conesta finalidad, se procederá a una evaluación final sobre la eficacia de esta modalidad de contrataciónlaboral con anterioridad al día 31 de diciembre de 2012.La finalización de la vigencia temporal de la medida prevista en esta disposición no afectará al ré-gimen jurídico de los contratos realizados al amparo de la misma, tal y como se define en losapartados 3 y 4, que permanecerá vigente durante toda la vida de los contratos, salvo que sea ex-presamente modificado por disposición legal al efecto. CAPÍTULO IV GARANTÍAS EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOSArtículo 9. Nueva redacción del art. 42 del Estatuto de los Trabajadores1. Los tres primeros apartados del art. 42 del Estatuto de los Trabajadores quedan redactados delmodo siguiente, renumerándose los apartados 3, 4, 5, 6 y 7, que pasan a ser, respectivamente, losapartados 4, 5, 6, 7 y 8 de este mismo precepto legal “1. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, se entenderá: a) Por empresario principal, todo aquél empresario que encarga a otro la realización de una obra o servicio. Esta condición podrá concurrir en cualquier empresario, tal y como éste se define en el artículo 1.2 de la presente Ley. No tendrán la consideración de empresario principal el cabeza de familia, cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación de su vivienda, ni el propietario de la obra o industria que contrate la realización de una obra o servicio por razón no vinculada a su actividad empresarial. b) Por empresario contratista o subcontratista, todo aquél empresario que asuma la realización de la obra o servicio objeto del contrato. El empresario contratista o subcontratista habrá de contar con una estructura organizativa adecuada a su objeto social, acreditando una infraes-
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 16 tructura de medios materiales, un personal a su servicio, salvo que reúna la condición de tra- bajador autónomo, y una organización estable que garantice una actividad empresarial propia. En la ejecución de la contrata o subcontrata, el empresario vendrá obligado a ejercer el poder de dirección respecto de sus trabajadores. c) Por contrato de realización de obra o servicios, todo aquél contrato que comporte una obli- gación de hacer, sea de resultado o de mera actividad. d) Por propia actividad, todas aquellas actividades inherentes al objeto social regularmente constituido de la empresa que realiza el encargo, así como aquellas actividades complementarias necesarias para su cumplimiento.”2. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios, co-rrespondan o no a la propia actividad, deberán comprobar que los contratistas o subcontratistasestán al corriente de pago en las cuotas de Seguridad Social. A tal efecto, dichos empresarios, conuna antelación mínima de 30 días a la celebración del contrato, solicitarán de la Tesorería Generalde la Seguridad Social una certificación negativa por descubiertos de la empresa contratista osubcontratista, que deberá ser librada inexcusablemente en el plazo de 30 días improrrogables yen los términos que reglamentariamente se establezcan.El empresario solicitante no incurrirá en las responsabilidades previstas en el número siguiente, sila Tesorería General de la Seguridad Social no contesta en el plazo previsto o la certificaciónobtenida es negativa, siempre que, en este último caso, obtenga una certificación mensual durantetodo el período de vigencia de la contrata o subcontrata.3. Los empresarios principales, mientras dure la contrata y a lo largo del año siguiente a la termi-nación de su encargo, responderán: a) Solidariamente, en los casos de contrata o subcontrata de la propia actividad, de las obliga- ciones de naturaleza tanto salarial como extrasalarial, incluidas las de naturaleza no económica y las indemnizaciones y, en su caso, los salarios de tramitación, contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores así como de las referidas a la Seguridad Social. En los supuestos de encadenamiento de contratas, los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas podrán reclamar a su empresario, al comitente de su empresario así como a los empresarios anteriores de la cadena hasta alcanzar al responsable del conjunto de la obra o servicio objeto de la subcontratación. Esta facultad también podrá ser ejercitada por la Tesorería de la Seguridad Social y, en su caso, por el Fondo de Garantía Salarial. b) Subsidiariamente, en los casos de contrata o subcontrata que no corresponda a la propia actividad, por las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcon- tratistas con sus trabajadores. CAPÍTULO V MEDIDAS PARA CORREGIR LA FLEXIBILIDAD EXTERNA INJUSTIFICADAArtículo 10. Despido colectivo.Uno. El apartado 1 del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores queda redactado del siguientemodo:
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 17“1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinciónde contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cieny trescientos trabajadores.c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.Se entenderá por causas objetivas para el despido colectivo la extinción de contratos detrabajo fundada en la necesidad de una reducción permanente del volumen de empleo en laempresa, justificada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.Se entiende que concurren causas económicas cuando el despido contribuya a superar una si-tuación económica negativa, que reúna las siguientes características: – Afecte a la empresa en su conjunto, o en su caso, al grupo de empresas en el que aquélla estuviera integrada económicamente y bajo una misma unidad de dirección. – Derive de la explotación de actividad económica que integra el objeto de la empresa. – Afecte a la viabilidad de la empresa y del empleo por razón de la reiteración y cuantía de las pérdidas, en proporción a los recursos de los que dispone. – Resulte acreditada documentalmente, con arreglo a la contabilidad oficial de la entidad.Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, en el ámbito de losmedios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, enel ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando seproduzcan cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretendecolocar en el mercado. A estos efectos, la empresa deberá acreditar los cambios que hantenido lugar en sus medios de producción, en su organización del personal, o en la demandade bienes y servicios.En todo caso, la empresa tendrá que justificar que el despido es una medida necesaria ante laimposibilidad de continuación de la actividad con el mismo volumen de empleo, lo que deberáreflejar en el correspondiente plan de viabilidad que deberá acompañar a la solicitud.Igualmente deberá acreditar que no es posible restablecer la viabilidad de la empresa medianteotras fórmulas de flexibilidad interna, como la modificación de condiciones de trabajo,suspensión de contratos o reducción de jornada.Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo queafecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadoresafectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesacióntotal de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.En el cómputo del período de referencia de noventa días a que se refiere el párrafo primero deese artículo se comprenderán todas las extinciones de contratos de trabajo, tanto anteriorescomo posteriores a cada extinción adoptadas a iniciativa del empresario en virtud de motivosno inherentes a la persona del trabajador. En particular, se incluirán en dicho cómputo los des-pidos reconocidos o declarados improcedentes, la resolución del contrato por incumplimientoempresarial, y las extinciones de los contratos temporales en los que se hubiera incurrido enfraude de ley.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 18 Las garantías del despido colectivo se aplicarán igualmente cuando se pueda deducir que la extinción no responda a motivos inherentes a la persona del trabajador, aunque la empresa hubiera invocado otros motivos no justificados con el fin de eludir las anteriores previsiones, como supuestas causas disciplinarias, la terminación de contratos temporales fraudulentos, o la ausencia completa de causa. En tal caso, los despidos se declararán nulos Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones conte- nidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dis- puesto en el artículo 52, c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se con- siderarán efectuadas igualmente en fraude de Ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.Dos. El apartado 2 del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores queda redactado de la siguientemanera: “2. El empresario que tenga la intención de efectuar un despido colectivo deberá solicitar au- torización para la extinción de los contratos de trabajo conforme al procedimiento de regulación de empleo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo reglamentario. El procedimiento se iniciará mediante la solicitud a la autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. La comunicación a la autoridad laboral y a los representantes legales de los trabajadores deberá ir acompañada de toda la documentación necesaria para acreditar las causas motiva- doras del expediente y la justificación de las medidas a adoptar, en los términos que regla- mentariamente se determinen. La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la solicitud, a la autoridad laboral. En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, se atribuirá su representación para el período de consultas y la conclusión de un acuerdo a una comisión de tres miembros designados, según su representatividad, por los sindicatos más re- presentativos y por los representativos del sector al que pertenezca la empresa. A tal efecto, cuando la empresa solicite la autorización del expediente de regulación de empleo a la autoridad laboral, ésta lo pondrá en conocimiento de dichas organizaciones sindicales en un plazo de cuarenta y ocho horas, para que en las siguientes cuarenta y ocho horas se inicie el período de consultas.Tres. El apartado 4 del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores queda redactado de la siguientemanera: «4. La consulta con los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la con- dición de parte interesada en la tramitación del expediente de regulación de empleo, tendrá una duración no inferior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores, y deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. En todo caso, en las empresas de cincuenta o más trabajadores, se deberá acompañar a la do-
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 19 cumentación iniciadora del expediente un plan de acompañamiento social que contemple las medidas anteriormente señaladas así como el correspondiente plan de viabilidad, en el que además de evidenciar la situación de crisis de la empresa, recoja las medidas para asegurar su continuación . Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe con vistas a la con- secución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos o el voto favorable de la mayoría de los miembros de la comisión designada por los sindicatos conforme al apartado 2. A la finalización del período de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo así como el contenido definitivo de las medidas o del plan señalado an- teriormente.Cuatro. El apartado 5 del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores queda modificado de lasiguiente manera: «5. Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de quince días naturales autorizando la extinción de las relaciones laborales y dando traslado de la misma a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la entidad gestora de la prestación por desempleo. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos contemplados en el acuerdo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si la autoridad laboral apreciase, de oficio o a instancia de parte, la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo, lo remitirá, con suspensión de plazo para dictar resolución, a la autoridad judicial, a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará cuando, de oficio o a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo, estimase que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.Cinco. El apartado 6 del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores queda modificado de lasiguiente manera: “Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. La resolución se dictará en el plazo de quince días naturales a partir de la comunicación a la autoridad laboral de la conclusión del período de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pro- nunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos de la soli- citud. La resolución de la autoridad laboral será motivada y congruente con la solicitud empresarial. La autorización procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda razonablemente que las medidas propuestas por la empresa son necesarias a los fines previstos en el apartado 1 de este artículo.”
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 20Artículo 11. Extinción del contrato por causas objetivas.Uno. Modificaciones del artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 1. La letra c) del artículo 52 queda redactada en los términos que a continuación se expresan: “c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo de forma permanente por alguna de las causas y conforme a las exigencias y alcance previstos en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.” 2. La letra d) del artículo 52 queda redactada en los siguientes términos d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5 por 100 en los mismos períodos de tiempo. No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.”Dos. La letra c) del apartado 1 del artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores queda redactadaen los siguientes términos: “c) Concesión de un plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega de la co- municación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto contemplado en el artículo 52, c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento. Con esa antelación la empresa pondrá a dis- posición del trabajador y de los representantes de los trabajadores la totalidad de los docu- mentos en los que justifique el despido.”Tres. El apartado 4 del artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientestérminos: “4. La decisión extintiva será nula cuando el empresario no expresara con la suficiente precisión las causas de la extinción en la comunicación escrita, cuando incumpliera su obligación de poner a disposición del trabajador o de entregarle la indemnización correspondiente, cuando incumpliera su obligación de comunicar previamente a los representantes de los tra- bajadores el despido, o cuando no hubiese puesto a disposición del trabajador y de sus repre- sentantes la documentación a la que se refiere el artículo 53.1 c) del Estatuto de los Trabajadores. También será nula cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley o bien se hubiera pro- ducido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, debiendo
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 21 la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio. La no concesión del preaviso no anulará la extinción, si bien el empresario, con independencia de los demás efectos que procedan, estará obligado a abonar los salarios correspondientes a dicho período. La posterior observancia por el empresario de los requisitos incumplidos no constituirá, en ningún caso, subsanación del primitivo acto extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinción con efectos desde su fecha.Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos: a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por mater- nidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período. b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley. c) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o aco- gimiento del hijo. Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.”Artículo 12. Efectos del despido.Uno. Se modifica el apartado 6 del artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 demarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, que queda re-dactado en los siguientes términos: 6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. No obstante, el trabajador podrá ejercer la opción por la indemni- zación establecida en el artículo 56.1 sin perjuicio, en su caso, del derecho a la indemnización adicional por la lesión del derecho fundamental del que hubiera sido objeto y al abono de los citados salarios.Dos. Se modifica el art. 56 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. El art. 56 queda redactado en los siguientes términos: 1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación previstos en el párrafo b) de este apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones económicas que deberán ser fijadas en aquélla:
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 22 a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades. b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarare la improcedencia o hasta que hubiera en- contrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el em- presario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. El empresario deberá mantener en alta al trabajador en la Seguridad Social durante el período correspondiente a los salarios a que se refiere el párrafo anterior. 2. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera. 3. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. 4. En caso de despido declarado improcedente, la opción por la readmisión corresponderá al trabajador en los siguientes casos: – Cuando el despido se haya efectuado con incumplimiento de los acuerdos alcanzados du- rante el período de consultas en despidos colectivos o modificación de las condiciones de trabajo o, en general, en los acuerdos de empresa. – Cuando el despido se haya efectuado con incumplimiento de los compromisos de empleo asumidos por el empresario en instrumentos colectivos dotados de eficacia vinculante. – Cuando se produzca con ocasión de la finalización de los contratos temporales declarados en fraude de ley y, en todo caso, cuando lo contemple el convenio colectivo. Esta opción se regirá por las previsiones de esta ley y de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, sobre el derecho de opción de los representantes de los trabajadores en materia de despido improcedente.Artículo 13. Modificaciones al Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.Uno. Se adiciona un párrafo tercero al apartado 1 del artículo 110, que queda redactado en los si-guientes términos: En caso de despido declarado improcedente, la opción por la readmisión corresponderá al tra- bajador en los siguientes casos: 1 – Cuando el despido se haya efectuado con incumplimiento de los acuerdos alcanzados du- rante el período de consultas en despidos colectivos o modificación de las condiciones de trabajo, o en general, en los acuerdos de empresa. 2 – Cuando el despido se haya efectuado con incumplimiento de los compromisos de empleo asumidos por el empresario en instrumentos colectivos dotados de eficacia vinculante. 3 – Cuando se produzca con ocasión de la finalización de los temporales declarados en fraude de ley y, en todo caso, cuando lo contemple el convenio colectivo.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 23 Esta opción se regirá por las previsiones de esta ley y del Estatuto de los Trabajadores sobre el derecho de opción de los representantes de los trabajadores en materia de despido improce- dente.”Dos. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 113, que queda redactado en los siguientes tér-minos: “No obstante, el trabajador podrá ejercer la opción por la indemnización establecida en el ar- tículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores sin perjuicio, en su caso, del derecho a la indem- nización adicional por la lesión del derecho fundamental del que hubiera sido objeto y al abono de los citados salarios. Esta opción se regirá por las previsiones de esta ley sobre el de- recho de opción de los representantes de los trabajadores en materia de despido improce- dente.”Tres. Se adiciona el apartado 3 al artículo 121, que queda redactado en los siguientes términos: 3. La empresa no podrá aportar al acto de juicio documentos que no hubieran sido puestos a disposición del trabajador y de los representantes de los trabajadores en los términos expresados en la letra c) del apartado 1 del artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, salvo que se tratase de documentos que recojan datos que no se hubieran podido conocer con anteriori- dad.Cuatro. El apartado 2 del artículo 122 queda redactado en los siguientes términos: “2. La decisión extintiva será nula cuando: a) No se hubieren cumplido las formalidades legales de la comunicación escrita, con mención de causa o cuando habiéndose incluido esta mención en la comunicación escrita, no apareciera justificada con la suficiente precisión. b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador o no se le hubiese entregado la indem- nización correspondiente o la documentación a la que se refiere el artículo 53.1 c) del Estatuto de los Trabajadores. c) Cuando el empresario incumpliera su obligación de comunicar previamente a los represen- tantes de los trabajadores la decisión extintiva o no hubiese puesto a su disposición la docu- mentación a la que se refiere el artículo 53.1 c) del Estatuto de los Trabajadores. d) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. e) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos co- lectivos, en los casos a que se refiere el artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. f) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por mater- nidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período. g) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra e), y la de los trabajadores que hayan
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 24 solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén dis- frutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de re- ducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reco- nocidos en el Estatuto de los Trabajadores.” h) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o aco- gimiento del hijo. Lo establecido en las letras f), g) y h) será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias señalados.Cinco. El apartado 3 del artículo 122 queda redactado en los siguientes términos: “3. No procederá la declaración de nulidad por haberse omitido el plazo de preaviso, o por haber existido error excusable en el cálculo de la indemnización puesta a disposición del tra- bajador.” CAPÍTULO VI MEDIDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOSArtículo 14. Modificaciones al artículo 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.Uno. Se adiciona un párrafo cuarto al apartado 2 del siguiente tenor: “Si el horario de trabajo estuviera fijado en convenio colectivo, su modificación deberá sus- tanciarse por el trámite previsto en el apartado 6 de este artículo”.Dos. Los párrafos tercero y cuarto del apartado 4 del artículo 41 quedan redactados como sigue: En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, y sin perjuicio de los procedimientos específicos establecidos, en su caso, en se atribuirá su repre- sentación para el período de consultas y la conclusión de un acuerdo a una comisión de tres miembros designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y por los representativos del sector al que pertenezca la empresa. A tal efecto, la empresa deberá comunicar a dichas organizaciones sindicales su intención de iniciar el período de consultas a fin de que éstas designen a los miembros de la citada comisión en el plazo de cuarenta y ocho horas y se proceda a iniciar el período de consultas.Tres. Se modifica el apartado 6 que pasa a tener la siguiente redacción: 6. Las condiciones establecidas en convenio o pacto colectivo, negociado por los sujetos legi- timados de conformidad con el título III de esta ley, sólo podrán modificarse por acuerdo entre la empresa y los representantes sindicales de los trabajadores. Dicho acuerdo sólo podrá ser impugnado cuando incurra en dolo, fraude, coacción o abuso de derecho.”
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 25Cuatro. Se adiciona un nuevo apartado, el 7, con la siguiente redacción: 7. La modificación sustancial de condiciones de trabajo podrá ser igualmente acordada con los representantes de los trabajadores, en el ámbito de los procedimientos de despido colectivo, y suspensión del contrato o reducción de jornada, cuando dichas medidas sean necesarias para asegurar la viabilidad de la empresa y del empleo. En el ámbito del despido colectivo, la autoridad laboral podrá proponer medidas alternativas a la extinción que impliquen la modificación de las condiciones de trabajo. A tal fin, podrá acordar la ampliación del período de consultas hasta un plazo máximo de diez días para tratar dichas propuestas. Dicho período de consultas ampliado podrá sustanciarse a través de los procedimientos de conciliación, mediación o arbitraje, establecidos en el ámbito corres- pondiente.Cinco. Se reenumeran los apartados, pasando el apartado 7 a ser el 8.Artículo 15. Se modifica el apartado 3 del artículo 82 del Real Decreto Legislativo1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de losTrabajadores de la siguiente forma: 3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabaja- dores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. Los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa establecerán las condiciones y pro- cedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial del mismo a las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación. Si dichos convenios colectivos no contienen la citada cláusula de inaplicación, ésta última sólo podrá producirse por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores cuando así lo requiera la situación económica de la empresa. De no existir acuerdo la discrepancia será solventada por la comisión paritaria del convenio. La determinación de las nuevas condiciones salariales se producirá mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y, en su defecto, podrán encomendarla a la comisión paritaria del convenio.Artículo 16. Se modifica el apartado 3 c) del artículo 85 del Real Decreto Legislativo1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de losTrabajadores de la siguiente forma: c) Condiciones y procedimientos para la no aplicación del régimen salarial que establezca el mismo, respecto de las empresas incluidas en el ámbito del convenio cuando éste sea superior al de empresa, de conformidad con lo establecido en el art.82.3.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 26 TÍTULO II EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL CAPÍTULO I EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORALArtículo 17. Se modifica la disposición adicional segunda de la ley 14/1994, de 1 dejunio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, que queda redactadaen los siguientes términos: Disposición adicional segunda. Trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo. 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8b) de esta Ley, no podrán celebrarse contratos de puesta a disposición para la realización de las actividades y trabajos de especial peligrosidad determinados en el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal o de aquellas otras que puedan determinarse reglamentariamente por razón de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores cedidos. 2. Por medio de la negociación colectiva de ámbito sectorial estatal, o en su defecto, sectorial de ámbito inferior, se podrán determinar, por razones de seguridad y salud en el trabajo, limi- taciones para la celebración de contratos de puesta a disposición, que se refieran a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas determinadas.Artículo 18. La Disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, decontratos del sector público queda redactada en los siguientes términos. Disposición adicional quinta. No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo temporal salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos. En estos contratos, vencido su plazo de duración, no podrá producirse la consolidación como personal del ente, organismo o entidad contratante de las personas que, procedentes de las citadas empresas, realicen los trabajos que constituyan su objeto, sin que sea de aplicación lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. La duración de estos contratos en ningún caso podrá superar el plazo de seis meses, extinguiéndose a su vencimiento sin posibilidad de prórroga.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 27 CAPÍTULO II INTERMEDIACIÓN LABORALArt. 19. Intermediación laboralUno. Se da nueva redacción al art. 16. 2 del Estatuto de los Trabajadores “2. Se prohíbe la existencia de agencias de colocación con fines lucrativos. Los servicios públicos de empleo podrán autorizar, en las condiciones que se determinan en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la existencia de agencias de colocación, públicas o privadas, sin fines lucrativos, siempre que la remuneración que reciban del empresario o del trabajador se limite exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados. Dichas agencias deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada en motivos de origen, incluidos el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, opinión po- lítica, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado y disca- pacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o el empleo de que se trate. Las agencias de colocación en sus actuaciones deberán respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores, cumplir la normativa aplicable en materia de datos y garantizar a empresarios y trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios”Dos. Se da nueva redacción al art. 22.4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo “4. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos, por sí mismos o a través de las entidades o agencias de colocación debidamente autorizadas, se realizará de forma gratuita para los trabajadores y para los empleadores”.Tres. Los apartados c), d) y g) del art. 231.1 del texto refundido de la Ley General de la SeguridadSocial, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, quedan redactado delmodo siguiente: “c) Participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación y aceptar la colocación adecuada ofrecidas por servicios públicos de empleo y por dichas agencias. d) Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el documento de renovación de la demanda y comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante la Entidad gestora, los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación. g) Devolver a los servicios públicos de empleo o, en su caso, a las agencias de colocación, en el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos”Cuatro. El art. 16.1 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social,aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto queda redactado como sigue: “1. Ejercer actividades de intermediación, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa así como exigir a trabajadores o empresarios precio o contraprestación por los servicios prestados”.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 28DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. OTRAS MEDIDAS PARA CORREGIR LA TEMPORA-LIDAD INJUSTIFICADA EN LA CONTRATACIÓN.1. El Gobierno impulsará las actuaciones necesarias para reducir la tasa de temporalidad en elempleo, así como para reducir el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionalesasociados a la contratación temporal.2. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno procederáa realizar una evaluación de los índices de temporalidad y de siniestralidad laboral, con participaciónde las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.3. Esta evaluación se desarrollará sobre la eficacia de las medidas de control relativas a loscontratos temporales sin causa, la correcta utilización de los contratos formativos y el control delas prácticas no laborales en las empresas, y sobre las demás acciones previstas en la legislaciónvigente tendentes al adecuado uso de las modalidades de contratación de duración determinaday de los contratos temporales.4. Asimismo, y en el plazo señalado en el apartado 2 de esta disposición, en la evaluación de lasiniestralidad laboral se determinará el nivel de eficacia de las medidas adoptadas para reducir elnúmero de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y su incidencia en los trabajadorescon contratos de duración determinada y con contratos temporales.5. A tenor de las evaluaciones practicadas sobre los índices de temporalidad y de siniestralidad la-boral a que se refieren los apartados 3 y 4 de esta disposición, y con participación de las organi-zaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecerse que las empresasaborden planes específicos de formación, que contemplen medidas para la mejora de la cualificaciónprofesional de los trabajadores, así como programas de acción preventiva en materia de salud la-boral, que recojan la adecuada evaluación de los riesgos, la información y formación en materiapreventiva, y las medidas de protección específicas diseñadas para los trabajadores con contratosde duración determinada o contratos temporales.6. El Gobierno impulsará la adopción de campañas divulgativas, estudios, investigaciones y esta-dísticas relacionadas de manera específica con la salud de los trabajadores con contratos deduración determinada y contratos temporales.DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. COTIZACIONES POR DESEMPLEOEl Gobierno, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, previaconsulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, adoptará lasmedidas necesarias para revisar los tipos de cotización por la contingencia de desempleo concargo al empresario de manera que se favorezca la contratación indefinida frente a la contratacióntemporal, sin que resulten afectados los ingresos que percibe el sistema por la cuota empresarialpor dicha contingencia.DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS CONTRATOS A TIEMPOPARCIALEn el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno presentará alos interlocutores sociales los proyectos normativos necesarios con el objeto de mejorar laprotección social de los trabajadores a tiempo parcial y corregir las deficiencias actualmente exis-tentes.