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Timestamp: 2018-02-20 23:13:10
Document Index: 362919829

Matched Legal Cases: ['artículo 167', 'artículo 150', 'artículo 152', 'artículo 167', 'artículo 8', 'artículo 167', 'Artículo 1049', 'Artículo 1055', 'artículo 1391', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 1377', 'artículo 167', 'artículo 1391', 'artículo 5', 'artículo 167', 'artículo 195', 'artículo 1377']

Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos - Contradicción de tesis 440/2011
Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales colegiados contendientes existió un criterio de interpretación en torno a la vía o al tipo de juicio en que debe ejercerse la acción cambiaria.
Así, el problema en la presente contradicción es el siguiente: la acción cambiaria para lograr el cumplimiento de las obligaciones consignadas en un título de crédito ¿puede ejercerse en la vía ordinaria mercantil?
V. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER
Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta en el presente fallo.
En el caso, el problema planteado se genera a partir de que el actor ejerce la acción cambiaria a que se refiere el artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues es entonces que el tenedor del título de crédito ha de elegir la vía para exigir el cumplimiento de la obligación surgida del documento base de la pretensión. En esas circunstancias, para resolver la contradicción de criterios planteada es necesario explicar cuál ha sido la posición que este Alto Tribunal ha adoptado en torno a las instituciones que participan en este asunto.
Al resolver la contradicción de tesis 10/2009 esta Primera Sala explicó la naturaleza de ese tipo de documentos, sobre lo cual puntualizó que se trata de documentos de gran versatilidad y utilidad en el tráfico comercial por sus características de literalidad, incorporación y abstracción; lo que significa que el derecho que en ellos se consigna existe en tanto existe el propio documento, precisamente con los elementos y modalidades literalmente expresados en su texto, y con total independencia de cualquier hecho o acto que pudiere haber motivado su emisión.
Debido a estas características, el título de crédito se usa para incorporar cualquier derecho, y por tanto, puede tener tantas causas como fuentes de derechos y obligaciones existen en las relaciones entre personas, ya sea que se trate de un derecho derivado de las instituciones jurídicas típicamente establecidas en la ley, o de cualquier otro tipo de crédito o débito, o en otras palabras, ya sea que exista o no una acción jurídica específica para hacerlos valer.
Al respecto, si bien no fue tema de la contradicción que entonces se resolvió, en la ejecutoria correspondiente se emitieron consideraciones obiter dicta que resultan útiles para la resolución del problema que ahora se plantea, mismas que enseguida se reproducen:
“El beneficio que se alcanza mediante la incorporación de cualquier derecho en un título de crédito resulta evidente, si se toma en cuenta por una parte, la celeridad y eficacia comercial que caracteriza las operaciones mercantiles en general, y especialmente, a los títulos de crédito; y por otra parte, la facilidad y agilidad en su cobro, pues independientemente de las acciones que pudiera tener el acreedor por virtud de la relación subyacente a esta operación, el título de crédito se encuentra tutelado en sí mismo por la acción cambiaria, mediante la cual puede instaurarse un juicio en la vía ejecutiva mercantil”.
“Debe tomarse en cuenta, en este sentido, que en un juicio ejecutivo mercantil instaurado mediante la presentación de un título de crédito, el único hecho que debe probar el actor es la suscripción del título, para lo cual, el propio título constituye prueba idónea”.
“La suscripción misma del título es un acto jurídico abstracto que crea una obligación: la obligación cambiaria, que es la que se hace valer mediante la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil”.
En ese sentido, se enfatizó en que si bien es jurídicamente impensable la válida existencia de un título de crédito sin causa, en virtud de que quien lo suscribe tiene la intención de obligarse, aunque sea con el ánimo altruista de un donador, precisamente por su característica de abstracción, la causa subyacente al título es en principio intrascendente en el funcionamiento del título de crédito y el ámbito de mercado en el que se encuentra inmerso, pues la validez y exigibilidad del derecho consignado en el título no depende, por regla general, de la causa, sino del título mismo pues incluso, aun cuando el suscriptor pudiera oponer al primer tenedor del título, excepciones de carácter personal derivadas de la relación causal, ello no sucede en principio, cuando el título ha circulado, lo que pone en evidencia que el derecho consignado en el documento es válido y exigible por sí mismo, con total abstracción de la causa.5
A partir de las razones dadas, este Alto Tribunal ha sostenido que el tenedor de un título de crédito tiene a su alcance dos acciones distintas para reclamar del suscriptor el crédito que dice tener a su favor; la acción cambiaria y la acción causal6. Lo anterior, en el entendido de que no se trata de una misma obligación, exigible por dos vías procesales distintas, sino que, en estricto sentido, se trata de dos obligaciones diferentes. Es ejemplificativo de lo anterior, el caso hipotético en que dos personas celebran un acto jurídico que en sí mismo es perfecto y crea una obligación, verbigracia una compraventa, un mutuo o una novación y reestructuración de crédito; pero además, documentan dicho acto mediante la suscripción de un título de crédito, que crea una obligación cambiaria. En tal supuesto, debe concluirse desde un punto estrictamente jurídico, que se plantea la existencia de dos obligaciones, derivadas de dos fuentes distintas: el contrato por una parte y la suscripción del título, por la otra.
Cada una de las obligaciones pactadas es susceptible de demandarse mediante acciones diferentes, la que atañe al título ejecutivo mediante la acción cambiaria y la que concierne al contrato generador, a través de la acción causal.
Por otra parte, para efectos de la presente contradicción se analiza la figura jurídica de la “acción cambiaria”.
Acción cambiaria.
En relación al vocablo mencionado al epígrafe es útil señalar que el término técnico jurídico de “acción” tiene, al menos, un significado genérico y uno específico.
En cuanto al primero, la acción es un derecho público subjetivo cuyo ejercicio o actividad provoca por parte del gobernado la función jurisdiccional de los tribunales estatales, es dada no sólo a quien tiene razón, sino a cualquiera que se dirija al juez en demanda de una decisión sobre una pretensión; la acción por consiguiente, puede ser deducida aun por quien esté equivocado y por ello es abstracta del fundamento de la demanda. Entonces, en un sentido estrictamente procesal, la acción es una, unitaria y no susceptible de clasificación.
Sin embargo, no se desconoce que en un afán de obtener un mayor rendimiento de actividad procesal y de justicia en el menor tiempo posible, se han ideado y se han puesto en práctica los más variados criterios y que, entre la rigidez de las formas procesales y la elasticidad ilimitada de las mismas han encontrado asiento y acomodo los más diferentes sistemas que pretenden vencer o atenuar los inconvenientes que se derivan de la lentitud en la administración de justicia y en ese sentido, en algunas ocasiones se llega a entender a la acción ligada con la forma o vía del procedimiento, es decir, se ha dado al término “acción” un significado más específico en el que es posible establecer una clasificación procesal de las acciones.
Así, la acción lato sensu, es el derecho que tiene cualquier persona de poner en movimiento el órgano jurisdiccional del Estado; y la acción strictu sensu, es el medio procesal tendente a solicitar que el órgano jurisdiccional declare la existencia de un derecho determinado, por ser ello la consecuencia que la norma atribuye a determinados hechos cuya actualización afirma el accionante: acción reivindicatoria, acción de petición de herencia, acción cambiaria, acción causal, acción de gestión de negocios, acción de compra, de venta, de indemnización por daños, entre muchas otras.
El proceso, por su parte, es un mero continente, es el medio o instrumento que tiene como finalidad resolver, decidir o dirimir un contenido compuesto por la pretensión resistida, es decir, por el litigio o conflicto de intereses entre las partes.
Jurídicamente, vía significa el procedimiento que ha de seguirse para hacer efectivo un derecho que el actor considera que le pertenece y que le es desconocido, o siéndole conocido no le es satisfecho, es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites. Vía ordinaria, vía sumaria y sumarísima, equivalen al modo de proceder los juicios ordinarios, sumarios y sumarísimos. La vía ejecutiva equivale a juicio ejecutivo y así sucesivamente.
Desde esta perspectiva, cuando los artículos 150 al 154 y 160 al 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito7 hacen referencia a la “acción cambiaria”, no se indica el derecho abstracto de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, sino a una acción en estricto sentido específicamente creada para hacer efectiva la obligación generada a partir de la suscripción del título cambiario.
Ahora bien, el fundamento de la acción cambiaria, su regulación y clasificación se encuentra en el Título Primero, Capítulo II, Sección Novena de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El artículo 150 de la citada ley dispone los supuestos en que ha de ejercerse esa acción en caso de falta de aceptación y falta de pago de los títulos de crédito8, a saber:
“I.- En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial;
En los casos de las fracciones I y III, la acción puede deducirse aun antes del vencimiento por el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial, por la parte no aceptada”.
En lo que atañe a las pretensiones que el ejecutante puede deducir a través de la acción de que se trata, de acuerdo al artículo 152 de la mencionada ley, mediante la acción cambiaria el último tenedor del título puede reclamar: su importe, los intereses moratorios al tipo legal desde el día del vencimiento, los gastos del protesto y los demás gastos legítimos, el premio de cambio entre la plaza en que debió verificarse el pago y aquélla en la que efectivamente se realizó, más los gastos de situación.
En cuanto a su clasificación, la acción cambiaria es de dos tipos: directa o de regreso teniendo en cuenta el sujeto pasivo contra el cual se dirige.
Directa cuando se intenta contra el aceptante de una orden de pago como en el caso de la letra de cambio o las facturas cambiarias, o el otorgante de una promesa de pago en el caso del pagaré, o sus avalistas. Son titulares de la acción cambiaria directa: el último tenedor, el endosante que ha pagado el título, cualquiera de los avalistas que haya pagado y el librador.
Indirecta o de regreso si se instaura contra los demás obligados distintos del obligado principal, esto es contra los endosantes o sus respectivos avalistas. Son sus titulares entonces el último tenedor, los endosantes y avalistas de estos que han pagado el título.
Por otro lado, tal como se mencionó en párrafos anteriores, de acuerdo al artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de ésta, y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado, en el entendido de que, contra esa acción no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumeradas en el artículo 8 de la propia ley.
En lo hasta aquí relacionado se obtienen las siguientes premisas:
a) Los títulos de crédito son documentos que traen consigo mismos aparejada ejecución;
b) La acción cambiaria tiene como facultad asistir al tenedor legítimo del título de crédito (letra de cambio, cheque o pagaré) para cobrar su importe, así como intereses y gastos, de los obligados según el título;
c) Dicha acción tiene por objeto la satisfacción del derecho incorporado al título valor, es decir, exigir o reclamar al deudor ante su incumplimiento, por conducto de la autoridad judicial, la aceptación o aceptación parcial, falta de pago o pago parcial, la acción ejecutiva por el importe de la deuda adquirida, sin necesidad de que previamente se reconozca la firma del demandado y
d) La acción cambiaria es ejecutiva.
Así, de una interpretación gramatical del artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de acuerdo a la naturaleza misma tanto de la acción de que se trata, como de los títulos de crédito, es válido concluir que para el ejercicio de la acción cambiaria, sea directa o indirecta, ha de promoverse la vía ejecutiva mercantil.
Ahora bien, para resolver si la procedencia de la vía ejecutiva mercantil excluye la vía ordinaria, se exponen a continuación algunas generalidades sobre los juicios mercantiles y su regulación en la legislación aplicable.
Los juicios mercantiles son aquellos que tienen como finalidad ventilar y decidir sobre controversias que se susciten entre comerciantes o personas que ejecuten actos mercantiles. Éstos se clasifican en juicios ordinarios, ejecutivos y especiales y su tramitación se encuentra regulada en el Libro Quinto, Título Primero, Capitulo I del Código de Comercio que, en sus artículos 1049 y 1055 dispone lo siguiente:
“Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales”.
“Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial (…)”.
El juicio ordinario es el proceso contencioso típico al que se ajustan todas las contiendas entre partes que no tienen señalado un procedimiento especial9. Sobre este tipo de juicio el Código de Comercio prevé los requisitos que han de contener la demanda, la contestación de demanda, dispone cuáles son los medios de prueba aceptados, su ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo en la audiencia respectiva, así como el trámite correspondiente que fenece con el dictado de la sentencia y su ejecutoria hasta que cause efecto de cosa juzgada, así mismo regula la vía de apremio para la ejecución de sentencia, los embargos y los remates.
Éste es un juicio de cognición, en donde las partes plantean pretensiones que son incongruentes entre sí, ante la autoridad jurisdiccional, con el objeto de que dicha autoridad dé al proceso el ritmo necesario para su desarrollo y ajustándose a un sistema legal dicte sentencia en donde resuelva el problema planteado.
Por lo que hace al juicio ejecutivo, éste se considera como una variante del proceso de ejecución, que tiende a obtener una actividad física, material por parte de la autoridad jurisdiccional. Es eso lo que lo distingue del proceso de cognición; es decir, en el proceso de cognición la actividad que desarrolla el juez es puramente intelectual y se encuentra dirigida a tomar una decisión sobre las pretensiones de las partes a partir de los hechos expresados y de la valoración de las pruebas ofrecidas y desahogadas, en tanto que en el proceso de ejecución, por el contrario, se le pide al Juez una conducta física, un obrar para hacer efectiva la decisión que ha quedado ejecutoriada. Así, el juicio ejecutivo tiene como presupuesto especial la validez de un título ejecutivo que, en el caso de que se trata se encuentra en el título de crédito, pues éste encierra una presunción vehemente de certeza y de verdad tal que, incluso, da lugar a que el juzgador emita auto de exequendo para asegurar bienes que garanticen el pago de lo que se presume adeudado, anticipándose a lo que ha de resolverse.
En ese sentido, en el juicio ejecutivo no se trata de decidir o de conocer sobre los derechos dudosos o controvertidos, se trata más bien de llevar a ejecución lo que consta, lo que aparece en el título ejecutivo, que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea, desde luego, atendido, circunstancia que se deduce de las disposiciones contenidas en los artículos 1391 y 1392 del código mercantil. Así que la garantía de audiencia que se concede al ejecutado no consiste sino en darle la oportunidad de desvirtuar tal presunción, para cuyo efecto dicho juicio tiene asignado un procedimiento sumario.
Al respecto, el artículo 1391 de Código Comercio dispone lo siguiente:
VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución”.
Por su parte, el artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone:
“Artículo 5o. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna”.
De acuerdo con las disposiciones que han quedado reproducidas en esta ejecutoria, la acción cambiaria es una acción ejecutiva proveniente de un título de crédito que trae aparejada ejecución, sin necesidad de reconocimiento de la contraparte. Luego, en atención a una interpretación gramatical y sistemática de esas normas se llega a la conclusión de que la acción cambiaria no puede ejercerse en la vía ordinaria mercantil, por las razones siguientes:
El artículo 1377 del Código de Comercio es claro al disponer que el juicio ordinario mercantil procede en aquellas contiendas que no tengan señalada una tramitación especial en las leyes mercantiles. En el caso de la acción cambiaria sí existe ese procedimiento especial, lo que se constata tanto por lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como por lo previsto en el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, en relación con el artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevén la procedencia del juicio ejecutivo mercantil para reclamar las obligaciones derivadas del títulos ejecutivos.
El juicio ordinario mercantil, identificado con la vía ordinaria mercantil, es un juicio de cognición, en el que se somete una pretensión al juez y éste ha de resolver lo conducente hasta la sentencia definitiva, y es hasta que ésta adquiera la calidad de cosa juzgada que se ejecutará. Tal manera de proceder contraviene la naturaleza misma de la acción cambiaria que, por disposición del artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es ejecutiva.
Al tratarse de un título que trae consigo mismo un derecho incorporado -obligación cambiaria-, lo que se pretende es el pago de la suma pactada en dicho documento, razón por la cual dicha acción es propia de un juicio sumario
La acción cambiaria tiene como única finalidad la ejecución del título, esa ejecución no puede llevarse a cabo en un juicio ordinario, cuyas etapas procesales distan de ser sumarias.
Finalmente, no debe soslayarse que, con independencia de la acción cambiaria, cuyo ejercicio –como ya quedó visto- corresponde realizarse en el juicio ejecutivo mercantil, el cobro de las obligaciones que dieron origen al título de crédito puede realizarse mediante el ejercicio de la acción causal en una vía diferente a la ejecutiva.
En suma, esta Primera Sala estima que conforme a lo establecido en los artículos 5°, 150, 151, 167 y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 1049, 1055, 1377 y 1391 del Código de Comercio no resulta posible ejercer una acción cambiaria que se funde en un título de crédito que trae aparejada ejecución en un juicio ordinario mercantil.
Por las razones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se sostiene que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de la tesis redactada con los siguientes rubro y texto:
“ACCIÓN CAMBIARIA. DEBE EJERCERSE EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. La interpretación gramatical y sistemática de los artículos 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1377 y 1391, fracción IV, del Código de Comercio, lleva a afirmar que la acción cambiaria para lograr el cumplimiento de las obligaciones consignadas en un título de crédito debe ejercerse en la vía ejecutiva mercantil y no en la ordinaria, pues dicho artículo 1377 prevé que el juicio ordinario mercantil procede en las contiendas que no tengan señalada una tramitación especial en las leyes mercantiles y, en el caso de la acción cambiaria, existe ese procedimiento especial, conforme a los indicados artículos 167 y 1391, fracción IV, en relación con el 5o. de la citada ley, que establecen expresamente que la acción cambiaria es ejecutiva y procede cuando se trata de hacer efectiva la obligación consignada en un título de crédito. De ahí que la acción cambiaria debe ejercerse en la vía ejecutiva mercantil y excluirse la ordinaria para tal efecto, pues el trámite del juicio ordinario contraviene la naturaleza de la acción cambiaria que tiene como único fin la ejecución del título de crédito mediante un procedimiento breve, de ahí que esa ejecución no puede llevarse a cabo en un juicio ordinario cuyas etapas procesales distan de ser sumarias.”