Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/08/25/el-estado-nacional-debe-indemnizar-a-quien-a-causa-de-heridas-recibidas-en-un-complejo-penitenciario-perdio-a-su-hijo/?shared=email&msg=fail
Timestamp: 2019-06-24 23:33:27
Document Index: 395004120

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 18', 'artículo 68', 'artículo 1', 'artículo 200', 'artículo 68', 'artículo 165', 'artículo 68', 'artículo 266', 'artículo 165', 'artículo 165', 'artículo 132', 'artículo 22', 'artículo 68', 'artículo 68']

El Estado Nacional debe indemnizar a quien, a causa de heridas recibidas en un complejo penitenciario, perdió a su hijo. – AL DÍA | ARGENTINA
El Estado Nacional debe indemnizar a quien, a causa de heridas recibidas en un complejo penitenciario, perdió a su hijo.
Partes: Mainini Patricia Mónica c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia – SPF s/ daños y perjuicios
Cita: MJ-JU-M-99517-AR | MJJ99517
Se ordena al Estado Nacional a indemnizar por daños y perjuicios a la actora por la muerte de su hijo como consecuencia de las heridas recibidas mientras se hallaba alojado en un complejo penitenciario.
1.-Corresponde elevar el monto indemnizatorio por gastos de sepelio, debido a las particulares circunstancias fácticas involucradas en autos – fallecimiento de un interno como consecuencia de heridas recibidas por otros mientras estaba alojado en un complejo penitenciario – lo reconocido por la jueza de primera instancia y las críticas realizadas por la actora.
2.-La indemnización otorgada por daño moral debe elevarse, en tanto que difícilmente pueda concebirse un hecho de mayor repercusión espiritual que la muerte de un hijo, implica una privación de las legítimas expectativas vitales y afectivas recíproca que se suceden en el transcurso de la relación paterno-filial y atendiendo a las particulares circunstancias en las que halló la muerte la víctima.
En Buenos Aires, el 5 de abril de dos mil dieciséis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer respecto de los recursos interpuestos en autos: “Mainini, Patricia Mónica c/E.N. – Mº Justicia – S.P.F. y otro s/daños y perjuicios”, respecto de la sentencia obrante a fs. 334/343, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El doctor José Luis Lopez Castiñeira dijo:
I.- Patricia Mónica Mainini entabló demanda contra el Estado Nacional – Servicio Penitenciario Federal -y/o contra quien resultara civilmente responsable- a fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios experimentados como consecuencia del fallecimiento de su hijo, C.G.S., suceso acaecido el 21/6/2008 producto del ataque de otros internos del Complejo Penitenciario Federal II -sito en Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires-, donde se encontraba detenido cumpliendo su condena penal por el delito de robo con armas (fs. 2/20).
Relató que en el Pabellón Nº5 del Módulo de Residencia Nº3 del complejo en cuestión se desató una riña, episodio en el marco de la cual, su hijo fue atacado por otros detenidos con elementos corto punzantes (facas) y que, en atención al tenor de las lesiones que aquél presentaba en la zona lumbar y abdominal, fue trasladado al hospital de Marcos Paz, donde falleció a pesar de los intentos médicos por salvarlo.
Hizo referencia a la causa penal instruida a fin de investigar los sucesos dañinos (en la que se dispuso el procesamiento con prisión preventiva del interno Sagini Rodríguez por tentativa de homicidio en perjuicio de otro de los internos involucrados, su falta de mérito con relación al homicidio de C.G.S.y que si bien no se determinó quien fue el autor material y el decisor afirmó que quien hubiera sido, contó -al menos- con la inacción o el encubrimiento de personal penitenciario), resaltando que la autopsia del cadáver de su hijo determinó que su muerte se verificó como consecuencia de las heridas de arma blanca que experimentara en su abdomen y tórax.
Entendió que el Estado Nacional era responsable de la muerte de su primogénito ya que, desde su ingreso a una de sus unidades carcelarias, las autoridades penitenciarias tenían a su cargo velar por su incolumidad, integridad física y seguridad.
Reclamó la reparación de los siguientes rubros -con más los intereses correspondientes-, dejando a salvo que los montos podrían ser mayores que los expresados en función de la prueba a producir,:
-gastos funerarios, por un total de $2.100; -valor vida, por un total de $70.000; -daño moral, por un total de $150.000; -daño psicológico, por un total de $35.000; y -honorarios del psicólogo, por un total de $11.520.
II.- La señora juez de grado, hizo lugar a la pretensión de la señora Mainini y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional – Servicio Penitenciario Federal a abonarle: a) $2.100 en concepto de gastos de sepelio; b) $70.000 en concepto de valor vida; c) $50.000 en concepto de daño moral; d) $12.000 por daño psicológico; y e) $12.000 por tratamiento psicológico.
Tras referir los recaudos que han de verificarse para que procediera un reclamo como el impetrado y los extremos fácticos involucrados (haciendo foco en lo acaecido en el marco de la causa penal Nº 1.695/2009 caratulada: “Sagini Rodríguez, Edgardo Horacio s/homicidio y homicidio en grado de tentativa”, en la que intervino el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires), consideró que la Administración debía responder por los sucesos dañinos, ya que:
-no se encontraba controvertido que el señor C.G.S.murió como consecuencia de las heridas recibidas mientras se encontraba alojado en la penitenciaria de Marcos Paz, cumpliendo la condena penal que había recibido oportunamente; -en la especie se verificó un supuesto de responsabilidad estatal por la irregular prestación del servicio penitenciario; En este sentido, destacó que el mero hecho de que los reclusos contaran con elementos como “facas”, que provocaron la muerte del hijo de la reclamante, se erigía como una circunstancia que comprometía la responsabilidad de la demandada; conformando una eventualidad previsible en el régimen penal, que bien pudo evitarse si se hubieran adoptado las medidas de seguridad, control y resguardo apropiadas al cumplimiento de los fines y cometidos del servicio penitenciario; -el inciso c) del artículo 85 de la ley 24.660 calificaba como falta grave de parte de los internos penitenciarios a la tenencia de armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad de terceros; previsión que coincidía con el inciso c) del artículo 18 del Reglamento de Disciplina para los Internos del Servicio Penitenciario Federal y el inciso c) del artículo 68 del Reglamento General de Procesados del Servicio Penitenciario Federal; -importaba un principio constitucional el hecho que las cárceles tuvieran como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos, proscribiendo toda medida que so pretexto de precaución condujera a mortificarlos más allá de lo que aquella exigiera; postulado que imponía al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes estuvieran cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral; -la seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importaba resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituía en un objetivo superior del sistema, al que no servían formas desviadas del control penitenciario; -en la Recomendación N° 1/2013 delSistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, se reconoció que el Estado se encontraba en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad, y tenía el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, tanto por acción, como por omisión, a la supresión de este derecho a la vida; -los artículos 1º y 5º de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, establecían que todos los reclusos han de ser tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos; quienes han de continuar gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con excepción de las limitaciones que fueran evidentemente necesarias por el del encarcelamiento.
-el derecho a la vida importaba el primer derecho de la persona humana, reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y que el hombre como eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza transcendente-, su persona era inviolable y constituía un valor fundamental; -por imperio del artículo 1º de la ley 20.416, el Servicio Penitenciario Federal, como fuerza de seguridad de la Nación, destinada a la custodia y guarda de los procesados y a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad, tenía -entre sus funciones- la de velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso; -el artículo 200 de la ley 24.660, preveía que el personal de las cárceles y establecimientos de ejecución debía ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta la importancia de la misión social que debe cumplir; y -los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, preveían que el personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los reclusos.
Con sustento en tales consideraciones, la magistrado concluyó que en tanto C.G.S.murió producto de las heridas con armas blancas recibidas mientras se encontraba alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal y tales objetos fueron hallados en poder de los internos allí detenidos, tal situación evidenciaba -cuando menos- una severa falla en los controles de seguridad de dicha unidad carcelaria por la que el Estado Nacional debía responder.
Decidido ello, examinó la procedencia y, en su caso, la cuantificación de los rubros reclamados.
En lo concerniente a los gastos de sepelio, reconoció la suma anteriormente indicada en la medida en que tal erogación se encontraba debidamente acreditada por factura emitida por quien prestó el servicio en cuestión (Cochería “San José”) y al hecho que en la acción resarcitoria por muerte de la víctima, los gastos de sepelio y luto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.084 del Código Civil y 1.745 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, integran el daño a resarcir.
Vale destacar que, en este aspecto, indicó que la suma peticionada se correspondía con el gasto efectivamente realizado, que lucía debidamente acreditado por la factura acompañada.
Respecto del valor vida, tras conceptualizar el rubro en cuestión, recordar las pautas que el Alto Tribunal ha señalado que han de tenerse presentes a la hora de fijar su indemnización y evaluar las pruebas acompañadas y producidas, entendió que si bien no se encontraba debidamente acreditada la labor desarrollada por el fallecido (quien, según declaraciones testimoniales, era pintor), así como tampoco sus ingresos, era indudable que la muerte del hijo de la actora, gravitó en los recursos económicos del núcleo familiar.
En este sentido, la sentenciante destacó que a la fecha del deceso, C.G.S.se encontraba próximo a cumplir los 24 años de edad y sus ingresos constituían un aporte más para sostén de la familia; todo lo cual la llevaba a admitir el reclamo por daño material efectuado, justipreciándolo en la suma antes indicada.
En lo concerniente al daño moral, tras explicar el alcance del concepto y el modo en que ha de evaluarse, re saltó que en el caso, debía tenerse por configurado tal perjuicio por la sola producción del episodio examinado; máxime tratándose de un suceso traumático teñido de dramatismo, que acarreó inevitables padecimientos y angustias en la actora y cuyas molestias se proyectaban al presente, lo que la llevó a presumir la lesión inevitable en sus sentimientos.
En punto al daño psicológico, tras caracterizarlo -diferenciándolo del daño moral-, indicó que en su informe pericial, la experta designada en autos informó que:
-la actora presentaba marcados síntomas somáticos, de ansiedad, tensión y depresión, con un desorden psicológico importante que le afectaba en distintas áreas (individual, familiar, social, laboral y recreativa), concluyendo que se encontraba psíquicamente afectada; -el acontecimiento traumático de dimensión patológica daba cuenta de la condición actual de la actora; -el diagnóstico resultaba correlativo de un desarrollo reactivo de grado moderado, correspondiente a un 18 al 20% de incapacidad, según Baremo del doctor Castex; y -el tratamiento sugerido consistía en 40 sesiones de psicoterapia a un valor de $120 promedio entre el nomenclador, honorarios de obra social, prepaga y aranceles en consultorio privado y, al menos, una consulta psiquiátrica a los efectos de evaluar un plan farmacológico de apoyo.
Con base en tales consideraciones, teniendo presente el valor de la sesión al pronunciarse -$300; más no el apuntado por la perito, dado el tiempo transcurrido desde que presentó su informe-, fijó en la suma de $12.000 tanto la suma a percibir por tratamiento psicológico así como en concepto de reparación del daño psíquico.
Dispuso que las sumas reconocidas devengarían intereses según la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el 21/6/2008 -fecha en que acaeció el suceso dañino- y hasta su efectivo pago, salvo en lo que concierne al tratamiento psicológico, los que se computarían a partir de que quedara firme el presente decisorio.
Distribuyó las costas por su orden, en atención a que la demanda no prosperó en la medida de la pretensión (conf. segundo párrafo del artículo 68 del código de rito).
III.- Disconforme con lo resuelto, la actora interpuso recurso de apelación (fs. 346), expresando agravios a fs. 358/365.
Se agravió, básicamente, de los montos indemnizatorios acordados y de la distribución de costas por su orden.
En relación a los gastos mortuorios, indicó que la magistrada acotó su reparación a los costos del servicio fúnebre, omitiendo evaluar otras erogaciones llevadas a cabo -que comúnmente se realizan cuando se inhuma un cadáver-; entre éstos, el arrendamiento de la sepultura, egreso que fue oportunamente acreditado.
En este aspecto, resaltó que no es necesario conservar el comprobante de gastos tan elementales como ser un homenaje, un arreglo floral o la remuneración del cuidador de la sepultura; erogaciones que pese a no haber sido probados por la vía correspondiente (factura), fueron efectivamente realizadas y que debían ser contempladas en los términos del artículo 165 del código de rito.
Respecto del daño moral, tildó de exiguo el monto acordado, explicando qué situaciones debieron contemplarse a la hora de justipreciar la aflicción ocasionada por la muerte de su hijo, principalmente el modo en que fue asesinado y la aflicción ocasionada en consecuencia.
En cuanto al daño psíquico, a fin de justificar que se elevara el monto a reconocer como reparación, hizo hincapié en lo declarado por las tres testigos (quienes informaron acabadamente su cuadro depresivo y las notorias modificaciones en su carácter y conducta tras el suceso dañino) y, principalmente, en la pericial llevadaa cabo en autos (de la que surgía que se encontraba psíquicamente afectada, que padecía un trastorno adaptativo mixto con una incapacidad del 18 al 20%, sufriendo ansiedad, depresión, tensión, síntomas somáticos y un desorden psicológico importante).
Finalmente, en lo que hace a las costas, resaltó la solución adoptada por la sentenciante no condecía con el resultado del proceso (la demanda prosperó en todos los conceptos reclamados).
Hizo hincapié en que, la cuantificación de los rubros indemnizatorios dependen del arbitrio del magistrado y en que, por tal motivo, al entablar demanda utilizó la fórmula “o lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse”.
Recordó el principio objetivo de la derrota contemplado en la primera parte del artículo 68 del código de rito.
Por lo expuesto, solicitó que se modificase el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio.
Dicha presentación no mereció réplica de su contraria.
IV.- Si bien el Estado Nacional – Servicio Penitenciario Federal también apeló (fs. 352), en tanto sus fundamentos fueron presentados fuera del plazo legal, se tuvo por extemporáneo el escrito, procediendo a su desglose (fs. 375 y 376).
En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la demandada (conf. artículo 266 del C.P.C.C.N.).
V.- En primer término, hay que decir que no se encuentra controvertida la responsabilidad del Estado Nacional en el resultado dañino cuya reparación se solicita, ni la procedencia de los rubros reclamados. En efecto, en su presentación recursiva, la actora cuestionó -por bajos- los montos establecidos en concepto de indemnización y la distribución de costas de la instancia anterior.
VI.- Sentado ello, en lo que respecta a los gastos funerarios, refiérase que la queja esbozada se centra en el hecho que la sentenciante acotó su reparación a los gastos de sepelio (otorgando por tal concepto $2.100, suma que coincidía con lo facturado por la cochería “San José”; fs.189), pese a haberse llevado a cabo otras erogaciones, entre éstas las correspondientes al arrendamiento de una parcela en el cementerio Santa Mónica -sito en la Municipalidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires; fs. 203/204-, arreglos florales, gastos del cuidador de la sepultura, etcétera.
Al punto, cuadra recordar que:
-el responsable del hecho por el que se reclama debe soportar esta clase de gastos, aún en defecto de prueba sobre el particular, pues se trata de erogaciones que necesaria y razonablemente se ha debido efectuar (conf. -en este sentido- artículos 901, 1.079, 1.084 y 1.113 del Código Civil y CNac. de Apel. en lo Civil y Comercial Federal, Sala 1, in re: “Cardozo, Esther Aida c/Elma S.A. s/Accid. de Trabajo – Art. 1.113 C.C.”, del 19/9/1995).
-existe consenso en ordenar su reparación aunque los montos no hayan sido concretamente probados, máxime cuando no hay ninguna duda ni controversia sobre quiénes son los legitimados para efectuar este reclamo (conf. CNac. de Apel. en lo Civil y Comercial Federal, Sala 1, in re: “Rojas, Carlos René y otro c/Edenor S.A.s/daños y perjuicios” , del 20/5/2003 y sus citas).
En tales condiciones, atendiendo a las particularidades circunstancias fácticas involucradas en autos, lo originalmente reclamado, lo reconocido por la señora jueza y las atinadas críticas formuladas por la actora al efecto, estimo que corresponde aumentar el monto a percibir por este concepto, la que -en los términos del artículo 165 del código de rito-, ha de fijarse en la suma total de $3.100.
VII.- En cuanto al daño moral, cabe considerar que el padecimiento por parte de la reclamante resulta de las propias circunstancias del hecho y sus consecuencias, por lo que aún al margen de las probanzas aportadas, no requiere de acreditación específica alguna y así lo ha reiterado la jurisprudencia; debiéndose en el caso ponderar que difícilmente pueda concebirse un hecho de mayor repercusión espiritual para los padres que la muerte de un hijo, puesto que ello es contrario al curso natural de la existencia humana, y a la vez implica la privación por siempre de las legítimas expectativas vitales y afectivas recíprocas que se suceden en el transcurso de la relación filial (conf. esta Sala, in re: “Rodríguez, María Irene c/E.N. – Mº Justicia, Seguridad y DD.HH. – S.P.F. s/daños y perjuicios” , del 13/11/2014).
En lo concerniente a su fijación, debe tenerse en cuenta -a modo de aproximación general- el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., en Fallos:321:1.117 ; 323:3.614 ; 325:1.156 ; 326:820 , entre otros).
Asimismo, se ha señalado que el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Se trata de compensar, en la medida de lo posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales (conf. esta Sala, en autos: “Arregui, Diego Maximiliano c/Estado Nacional – P.F.A. y otros s/daños y perjuicios”, del 10/10/2013, en especial el Cdo. XII, acápite d-, atinente al daño moral).
Como fuese, debe tenerse presente que en estos casos prima la apreciación prudencial de los jueces (nuevamente en los términos del artículo 165 del código de rito), toda vez que son obvias las dificultades que existen para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la que ha de tratarse que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual a sopesar (conf. esta Sala, en autos: “Pavoni de Godino, María Cristina y otros c/E.N. – P.F.A. y otros s/daños y perjuicios”, del 12/12/2013 y CNac. de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, in re: “Jara, Eduardo W. c/Empresa de Transportes Gral. Tomás Guido S.A. y otro”, d el 14/6/1985, J.A. 1986-II, pág. 600).
En autos, resulta indudable el dolor que la muerte del señor C.G.S. ha provocado en su madre; padecimiento que resulta de las propias circunstancias del hecho y sus consecuencias.Al respecto, cabe ponderar que difícilmente pueda concebirse un hecho de mayor repercusión espiritual que la muerte de un hijo, puesto que ello es contrario al curso natural de la existencia humana, y a la vez implica la privación -por siempre- de las legítimas expectativas vitales y afectivas recíproca que se suceden en el trascurso de la relación paterno-filial.
En tales condiciones, atendiendo asimismo a las particulares circunstancias en que halló la muerte C.G.S., quien en ese entonces tenía apenas 24 años, estimo necesario aumentar la indemnización por dicho apartado a la suma de $100.000.
VIII.- Con relación al daño psicológico, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso (conf. C.S.J.N., en Fallos: 327:2.722 y y sus citas de Fallos: 315:2.834; 321:1.124 ; 322:1.792 ).
Asimismo, es conveniente señalar que el daño psíquico o psicológico remite a una verdadera lesión orgánica, a diferencia del daño moral que -por definiciónopera en el ámbito anímico espiritual (conf. esta Sala, in re: “Bettinotti, Jorge Luis c/E.N.- P.E.N. – Ministerio de Trabajo s/daños y perjuicios”, del 28/5/2010). Es que el daño psíquico no implica cualquier desequilibrio espiritual -ámbito propio del daño moral-, sino que requiere la existencia de un daño patológico, diagnosticable y más o menos clasificable por la ciencia médica (conf.Zavala de González, Matilde; “Daños a las Personas- Integridad Psicofísica”; Buenos Aires; Hammurabi; 1990; página 221).
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad ha de ser reparada al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (conf. C.S.J.N., en Fallos: 308:1.109; 312:752 y 2.412; 315:2.834; 316:2.774; 318:1.715 ; 320:1.361 ; 321:1.124 ; 322:1.792, 2.002 y 2.658; 326:847 y 1.673; 329:2.701).
Sin duda, la prueba idónea para acreditar el rubro en cuestión es la pericia psiquiátrica. En efecto, la peritación es una es una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su conocimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapan a las aptitudes del común de la gente (conf. Sala V del Fuero, en autos: “Arena Vda. De Riva, María Mercedes y otros c/Mº Interior – P.F.A. s/daños y perjuicios”, del 26/3/2015 y su cita).
En el caso, tras evaluar a la actora, la perito psicóloga interviniente expresó y consideró a fs.181/186 que:
*) la trágica muerte de su hijo constituyó un hecho dañoso que afectó su aparato psíquico y conformó un cuadro psicopatológico; *) el suceso dañino resultó inesperado, disruptivo e imprevisible, sobrepasando sus defensas yoicas y alteró su psiquismo de manera significativa; *) la muerte de C.S.G. le dejó secuelas de carácter crónicas, que afectaron su psiquismo, su integridad biopsicosocial, su vida familiar y relacional, alteración relacional que se vio agravada por sus características propias; *) presentaba un “trastorno adaptativo mixto” (F43.22 según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), con sintomatología presente superior a los 6 meses por la presencia de un estresante crónico (pérdida de su hijo) y, en tal sentido, de carácter crónico. Dicho diagnóstico, prosiguió, era correlativo de un desarrollo reactivo (excluido el trastorno por stress postraumático y duelo patológico) de grado moderado, correspondiente a un 18 al 20% de incapacidad según baremo del doctor Castex; *) presentaba marcados síntomas de ansiedad, tensión, depresión y síntomas somáticos; *) no lucía una condición psicótica, aunque sí un desorden psicológico importante que le afectaba en distintas áreas (individual, familiar, social, laboral y recreativa); *) procesaba la información de manera deficiente en razón de sus dificultades para captar adecuadamente las formas (gestalt), el excesivo autocentramiento y la valoración negativa de sí misma; *) frente al stress se mostraba confundida, con tendencia a aislarse, con angustia y respondiendo -en ciertos casos- de manera impulsiva y -en otrosmodulando sus emociones.En aquellos momentos en los que primaba la impulsividad, continuó, primaban los síntomas somáticos, los problemas de concentración,
dificultades en el sueño y la sensación de infelicidad; generando notorias perturbaciones en su condición de base; *) se encontraba psíquicamente afectada, con las debidas repercusiones en las áreas antedichas, lo que se explicaba “mejor por el evento de autos” (sic), como acontecimiento traumático de dimensión patológica que daba cuenta de la condición actual de la actora.
Asimismo, recomendó como tratamiento que la actora asistiera a 40 sesiones de psicoterapia y, al menos, a una consulta psiquiátrica a efectos de evaluar un plan farmacológico de apoyo.
Vale destacar que las impugnaciones formuladas a la pericia bajo referencia fueron desechadas por la sentenciante (ver considerando IX.D.4 del pronunciamiento de grado; esp. fs. 342).
Por tanto, examinada y ponderada la evaluación llevada a cabo por la experta psicóloga, considero procedente la queja articulada por la actora al respecto, por lo que corresponde modificar el monto a percibir como resarcimiento del daño psíquico padecido, el que se fija en la suma total de $35.000.
IX.- Indíquese que todo lo debido ha de ser cancelado conforme el procedimiento previsto en el artículo 132 de la ley 11.672, solución que coincide con la establecida en el artículo 22 de la ley 23.982.
X.- En definitiva, de ser compartido mi voto, la indemnización a percibir por la reclamante, con motivo del fallecimiento de su hijo, quedará compuesta del siguiente modo:
-gastos funerarios $3.100; -valor vida $70.000; -daño moral $100.000; -daño psícológico $35.000; y -tratamiento psicológico $12.000.
A dichas sumas han de adicionarse intereses según lo dispuesto al respecto por la señora juez de grado.
XI.- Resta pronunciarse en relación a la distribución de costas de la instancia de grado.
Al efecto, recuérdese que el principio general que rige en la materia, dispone que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria,aún cuando ésta no lo hubiese solicitado (ver primer párrafo del artículo 68 del C.P.C.C.N.). Su fundamento y principio esencial radica en el hecho objetivo de la derrota, a través del cual se busca una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito tendientes al reconocimiento de su derecho (conf. esta Sala, in re: “September S.A. c/Edesur S.A. – Resol. 997/06 s/expropiación – servidumbre administrativa”, del 29/12/2010; en autos: “Pistorio, Adrián Alejandro c/Mº Interior – P.F.A. s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 2/10/2012 y en autos: “Carranza Zavalía, José María c/E.N. – Mº Defensa – E.M.G.E. s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 20/12/2012; entre otros).
Si bien la norma otorga al juez un margen de arbitrio, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud, la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponer a la triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (conf. Fenochietto-Arazi, en: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 2º edición actualizada, Tomo I, editorial Astrea, 1993, página 279).
Es que al decidir cómo distribuir las costas, no puede perderse de vista que el triunfo en el tema central alrededor del cual giró la controversia debe reflejarse en la imposición de las costas, pues no se trata de castigar al perdedor sino de cargar al vencido las erogaciones que debió realizar su contraria.” (conf. -en este sentidoC.S.J.N., en Fallos: 322:1.888 y esta Sala, in re: “Tello, Néstor Oscar c/Armada Argentina s/personal militar y civil de las FF.AA.y de Seg.”, del 26/5/2011).
En la especie, la demanda prosperó en lo sustancial, en tanto se tuvo por verificado un supuesto de responsabilidad estatal y se reconoció el derecho de la actora a la reparación de todos conceptos pretendidos y, por lo demás, las sumas originalmente reclamadas no distan de las finalmente establecidas.
Con base en lo hasta aquí expuesto, considero que asiste razón a la apelante, de modo tal que corresponde adecuar el pronunciamiento de grado en este aspecto y disponer que las costas relativas a la actuación llevada a cabo por ante primera instancia sean soportadas por la demandada, vencida en el proceso.
XII.- Las costas de esta instancia también se imponen a la requerida en atención al resultado del recurso intentado, sin advertirse motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. primera parte del artículo 68 del C.P.C.C.N.).
Por lo expuesto, propongo:
1º) declarar desiert o el recurso interpuesto por la demandada; y 2º) hacer lugar al recurso intentado por la actora y, en consecuencia, modificar los términos de la indemnización a percibir por la señora Mainini (según lo dispuesto en el Considerando X) y la distribución de costas de primera instancia, las que deberán ser soportadas por la demandada; con costas de esta Alzada también a cargo de la requerida. ASÍ VOTO.- La doctora María Claudia Caputi y el doctor Luis María Márquez adhieren al voto precedente.
En atención al resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
1º) declarar desierto el recurso interpuesto por la demandada; y 2º) hacer lugar al recurso intentado por la actora y, en consecuencia, modificar los términos de la indemnización a percibir por la señora Mainini (según lo dispuesto en el Considerando X) y la distribución de costas de primera instancia, las que deberán ser soportadas por la demandada; con costas de esta Alzada también a cargo de la requerida.
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