Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/resolucion__0933_del_1_de_septiembre2003.html
Timestamp: 2020-02-23 20:14:18
Document Index: 398587118

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 52', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 28', 'artículo 38', 'Artículo 211', 'artículo 85', 'artículo 66', 'artículo 85', 'artículo 66', 'artículo 211', 'artículo 1']

﻿ RESOLUCION 0933 DEL 1 DE SEPTIE
RESOLUCION 0933 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003
“ Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones ”
EL VICEMINISTRO DE AMBIENTE
En uso de sus facultades legales conferidas en la Ley 99 de 1993, en los artículos 197 y siguientes del Decreto 1594 de 1984, en el numeral 15 del artículo 6° del Decreto 216 de 2003, y en el numeral 1° del artículo 1° de la Resolución 307 de 2003
Que éste Ministerio expidió la resolución 341 de 2001, mediante la cual se adoptaron unas decisiones en relación con el Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con Glifosato.
Que la resolución 341 de 2001, fue notificada a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE- el 7 de mayo del mismo año, conforme al sello que aparece en el mismo acto administrativo.
Que esta entidad mediante Resolución 1066 del 26 de noviembre de 2001, abrió investigación y elevó pliego de cargos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-, por el presunto incumplimiento de algunas obligaciones determinadas en la Resolución Ministerial 0341 del 4 de mayo de 2001.
Que en la mencionada Resolución 1066 del 26 de noviembre de 2001, este Ministerio estableció los siguientes cargos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-:
1. “El presunto incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo Segundo de la Resolución 341 del 4 de mayo de 2001 en cuanto a los términos establecidos para su desarrollo.
2. El presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el literal b) del Artículo Sexto de la Resolución 341 del 4 de mayo de 2001 en relación con: la verificación en sitio, de la efectividad de la aplicación de medidas de manejo ambiental durante la operación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos; y la evaluación, previo diseño para tal fin, mediante indicadores de eficiencia y efectividad, así como la aplicación de medidas de manejo ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos, en cuanto a los términos exigidos para su desarrollo
3. El presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo Séptimo de la Resolución 341 del 4 de mayo de 2001, respecto al inicio de las investigaciones sobre la regeneración y dinámica ecológica de las zonas asperjadas en parcelas demostrativas y representativas de los núcleos de mayor concentración de cultivos ilícitos, obtenidos en el censo de 2000 y la determinación de la residualidad del glifosato en el suelo y su afectación en las propiedades físico químico y biológicas, en cuanto a los términos exigidos para su desarrollo.”
Que la resolución 1066 de 2001, fue notificada a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-, el 3 de diciembre de 2001, de acuerdo con la constancia que obra en el expediente.
Que mediante oficio radicado en este Ministerio con el Nº 3113-1-16047 del 17 de Diciembre de 2001, la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE- presentó descargos dentro del término legal concedido en la Resolución 1066 de 2001.
Que mediante auto 752 del 25 de julio de 2002, este Ministerio, decidió sobre las pruebas solicitadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-, en su escrito de descargos, en el sentido de rechazar la práctica de una prueba y la solicitud de tener como pruebas unos documentos y de analizar y valorar otros documentos al momento de resolver los descargos.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-, estando dentro del término legal interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto 752 del 25 de julio de 2002.
Que mediante auto 918 del 20 de septiembre de 2002, esta entidad decidió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el auto 752 de 2002, en el sentido de aclarar el numeral 2.1.6 de la parte considerativa del acto administrativo, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del mencionado acto administrativo.
Igualmente, dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE- contra el acto impugnado, y determinó que en los demás términos, consideraciones y disposiciones el Auto 752 del 25 de julio de 2002, continúa vigente.
Que el Auto 918 del 20 de septiembre de 2002, fue notificado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE- el 4 de octubre de 2002, según constancia de la diligencia de notificación que obra en el mismo.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES -DNE, mediante oficio radicado el 11 de octubre de 2002 bajo el N° 3111-1-13353, interpuso recurso de queja contra el auto 918 de 2002.
Que mediante resolución 1239 del 19 de diciembre de 2002, este Ministerio resolvió el recurso de queja interpuesto contra el auto 918 del mismo año, providencia notificada a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE el 10 de Enero de 200
Que mediante Resolución número 099 de 31 de enero de 2003, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó parcialmente la Resolución 1065 del 26 de noviembre de 2001.
Que mediante Resolución 670 del 19 de junio de 2003, el Ministerio declara a la DNE responsable de infringir el artículo segundo, el literal b) del artículo 6 y el artículo séptimo de la resolución 341 de 2001, le impone una sanción y se toman otras determinaciones.
Que la resolución 670 del 19 de junio fue notificada a la Dirección Nacional de Estupefacientes el 3 de julio de 2003.
Que mediante oficio con radicación en este Ministerio N° 3113-1-10264 del 10 de julio de 2003, la Dirección Nacional de Estupefacientes formulo recurso de reposición contra la resolución 670 del 19 de junio de 2003, a fin de que sea revocada y en su defecto se decrete la exoneración de responsabilidad y el consecuente archivo del expediente.
Que una vez revisado el documento que contiene el recurso de reposición mencionado, se pudo establecer que reúne los requisitos formales previstos en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo para su admisión.
Que este Ministerio emitió el concepto técnico 871 del 20 de agosto de 2003 en el cual consideró:
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE LA DNE
2.1 NUMERAL PRIMERO: Arguye la DNE, que “las condiciones previstas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, para la imposición de la sanción que nos ocupa, han sido superadas en su totalidad y corresponden a situaciones pasadas impuestas bajo la vigencia de la Resolución 341 de 2001, más aún con la expedición de la Ley 785 de 2002 que dispone en el artículo 12, lo siguiente....”.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
El Ministerio reitera que la sanción impuesta mediante la Resolución 670 de 2003, fue por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en los Artículos Segundo, el literal B del Artículo Sexto y el Artículo Séptimo de la Resolución 341 de 2001, en cuanto a los términos establecidos para el cumplimiento de dichos requerimientos.
Por otra parte la DNE, considera que “... Siendo el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la autoridad ambiental nacional sobre la cual recae la obligación y responsabilidad de elaborar y ejecutar el Plan de Manejo Ambiental para caso Sub judice, de conformidad con la precitada norma, la sanción no se ajusta a nuestra normatividad legal actual, dado que se observa que el mismo no tuvo en cuenta, lo dispuesto en la Ley 785 de 2002, norma que deja por fuera de cualquier responsabilidad acusada a la entidad que represento...”.
Respecto a los considerandos anteriores de la Dirección Nacional de Estupefacientes- DNE, resulta procedente precisar que el principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
Dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado Social de Derecho, que una nueva ley no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la norma bajo la cual se constituyeron.
En la doctrina y la jurisprudencia sobre esta materia jurídica se recurre a términos como los “derechos adquiridos”, de mucha raigambre clásica, pero que hoy son sustituidos por las expresiones “situaciones jurídicas subjetivas o particulares”, opuestas a las llamadas “meras expectativas”, que apenas conforman una simple posibilidad de alcanzar un derecho, y que por tanto sí pueden ser reguladas o modificadas por la ley, según un principio generalmente aceptado en la doctrina universal “Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”, dice el artículo 17 de la ley 153 de 1887. Vale la pena anotar que en la Constitución Política sólo existe una excepción al principio de la irretroactividad en materia penal, por la prevalencia de la ley permisiva o favorable, según lo dispone el artículo 58 en concordancia con el 29 de la Carta Fundamental.
En Sentencia de la Corte Suprema de Justicia N° 168 de 1995 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz), luego de un exhaustivo estudio del concepto de “derechos adquiridos” se recoge parte importante de la jurisprudencia colombiana sobre este tema, resultando pertinente hacer
referencia a la misma en los siguientes términos:
“(…) La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa (...) Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente.
Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una acción o por una excepción. (…)”
Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-200 del 19 de marzo de 2002 consideró lo siguiente:
“(…) Las normas superiores que se refieren explícitamente a los efectos del tránsito de legislación, son los artículos 58 y 29 de la Constitución Política.
Con fundamento en las normas constitucionales transcritas puede afirmarse que en relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia, obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos.
La formula general emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta Fundamental en el mencionado artículo, autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el interés público o social. Ahora bien, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua.(…)”
En conclusión, no queda duda alguna de que cuando se promulgó la ley 785 de 2002, ya este Ministerio había impuesto el Plan de Manejo Ambiental a la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE para la actividad denominada Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato en el territorio nacional, mediante las resoluciones 1065 del 26 de noviembre de 2001 y 108 del 31 de enero de 2002, con base en las disposiciones anteriores, existiendo situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad al momento de entrar en vigencia la nueva ley, no siendo posible desconocer lo surtido bajo la antigua normatividad.
La ley 785 de 2002 fue promulgada en el Diario Oficial N° 45046 del 27 de Diciembre de 2002, fecha ésta en la cual empezó a regir, en virtud del principio general de derecho de que la ley rige a partir de su promulgación.
Así las cosas, se hace claridad en cuanto a que la vigencia de la Ley 785 de 2002, es posterior a la imposición del Plan de Manejo Ambiental a la Dirección Nacional de Estupefacientes para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato mediante la aspersión aérea y a la apertura de la investigación por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en la Resolución 341 de 2001, es decir como lo manifiesta la Corte en la Sentencia invocada, la ley 785 de 2002 no puede desconocer la situación ya consolidada que acompaña al presente caso, como lo es que existe un Plan de Manejo Ambiental establecido a la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE el cual es de obligatorio cumplimiento y que no puede ser objeto de desconocimiento por una ley o norma posterior, por cuanto dicha situación
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones”
generaría inseguridad jurídica frente a las situaciones debidamente consolidadas en cumplimiento de las normas que regulan la materia.
Adicionalmente a lo anterior, debe señalarse que el decreto 1180 de 2003 en su artículo 28 consagra el regimen de transición y expresa claramente: “Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo a las normas vigentes antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos”, como en su momento lo dispuso el artículo 38 del decreto 1753 de 1994, norma que se aplicó en el presente caso para imponer a la DNE el correspondiente Plan de Manejo Ambiental.
Respecto a la Resolución 670 de 2003, es emitida en el proceso sancionatorio iniciado a la Dirección Nacional de Estupefacientes por el presunto incumplimiento a algunos artículos de la Resolución 341 de 2001 y no por el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
2.2 NUMERAL SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 341 DE 2001
LITERALES A y B: Considera la DNE que ha realizado gestiones para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en los artículos Segundo, Sexto literal b) y Séptimo de la Resolución 341 de 2001, en los términos establecidos.
Con respecto al ARTÍCULO SEGUNDO, la DNE reporta la presentación de evaluaciones de impacto ambiental contenidas en los documentos “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ERRADICACION DE CULTIVOS ILICITOS, capítulo VII y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE CULTIVOS MEDIANTE ASPERSION AEREA CON GLIFOSATO, capítulo IV.
De la misma manera la DNE, reporta que ha desarrollado estudios y recolectado muestras de agua y suelos, en diferentes zonas que han sido asperjadas, también sin mencionar la fecha de entrega. Por otra parte cita la entrega de un estudio “DE TOXICIDAD EN ANIMALES DE LABORATORIO PARA DOS CONCENTRACIONES DE LA MEZCLA GLIFOSATO+ COSMOFLUX + AGUA, con fecha 26 de febrero de 2003.
El Ministerio considera que estas evaluaciones, estudios y muestras recolectadas fueron presentadas posteriormente a los términos exigidos en la Resolución 341 de 2001, para el cumplimiento de este ARTÍCULO, ya que el tiempo válido era el período comprendido entre el 07 de mayo y el 07 de noviembre de 2001, por lo que se considera que no pueden ser tenidas en cuenta para la revocatoria de la sanción impuesta.
Por otra parte, el Plan de Manejo Ambiental presentado contiene programas a desarrollar a futuro y en ninguna parte del documento aparecen actividades que respondan al requerimiento del Artículo Segundo, de la Resolución 341 de 2001.
Como consecuencia, el Ministerio reitera el incumplimiento por parte de la Dirección nacional de Estupefacientes, del artículo Segundo.
Respecto al cumplimiento del ARTICULO SEXTO, literal b), la DNE, reporta algunos apartes de las motivaciones de la Resolución 099 del 31 de enero de 2003, que están dirigidos especialmente a considerar el cambio de dosis solicitada por la misma DNE, relacionando algunas pruebas piloto, en donde se tomaron muestras de suelo y agua para sustentar esta petición. Además se reporta la verificación de las operaciones en cuanto a la efectividad de
erradicación de cultivos ilícitos y se anexan resultados y pruebas fotográficas de la verificación en los años 2001 y 2002.
El Ministerio considera que lo que se estaba solicitando en el Artículo Sexto, literal b) de la Resolución 341 de 2001, muy anterior a la Resolución 99 de 2003, era la adopción de manera inmediata y eficiente de las medidas del Programa de Inspección, verificación y Control cuyo objetivo fundamental está orientado a la “Verificación en sitio de la efectividad de la aplicación de medidas de MANEJO AMBIENTAL, durante la operación del PECIG” y no la verificación de la eficiencia de la erradicación.
En consecuencia, la argumentación presentada por la Dirección Nacional de Estupefacientes no se puede tomar como prueba para justificar el incumplimiento del literal b) del Artículo Sexto de la Resolución 341 de 2001.
Por otra parte la Dirección Nacional de Estupefacientes, presenta dos documentos denominados “Verificación Ambiental Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por Aspersión Aérea con Glifosato año 2001”, para los departamentos de Caquetá, Antioquia, Putumayo y Cauca, así como los mapas “Evaluación precisión de la fumigación núcleo la Gabarra – Fumigaciones junio 27 a julio 6 de 2001” y “Cultivos de Coca en Parques Nacionales Naturales – Censo Noviembre 2001” estos últimos elaborados por el Proyecto SIMCI, con el objeto de que sean tenidos en cuenta como antecedente de cumplimiento del ítem referido a “Evaluar previo diseño para tal fin, mediante indicadores de eficiencia y efectividad, la aplicación de medidas de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos”.
En cuanto a los documentos de verificación señalados en el acápite anterior, se componen de registros fotográficos que muestran resultados de las aspersiones en algunos sitios, evidenciando en muchos de ellos la No afectación de áreas no objeto del Programa. Sin embargo este tipo de documentos no pueden ser considerados como un indicador de la evaluación de la efectividad y eficiencia de medidas de manejo ambiental, toda vez que no son representativos de la totalidad de las actividades que se desarrollan en el programa de erradicación, ni de las medidas impuestas para prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos ambientales negativos que pueda generar la operación del programa.
De lo anteriormente señalado, se concluye que la Dirección Nacional de Estupefacientes, no cumplió con los términos impuestos en el literal b) del Artículo Sexto de la Resolución 341 de 2001, toda vez que la obligación establecida era de cumplimiento inmediato y eficiente y en segundo lugar, la información allegada con este recurso de reposición no responde a los requerimientos del citado Artículo.
En cuanto al cumplimiento del ARTICULO SEPTIMO, la Dirección Nacional de Estupefacientes se remite a presentar de nuevo los aspectos presupuestales, como argumento para justificar el incumplimiento de la obligación establecida en este Artículo, así como circunstancias de orden público y una alternativa metodológica, para hacer seguimiento a los procesos de regeneración natural.
El Ministerio reitera que lo solicitado en el Artículo Séptimo de la Resolución 341 de 2001, referente a iniciar dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de este acto
administrativo, de “Estudios de regeneración y dinámica ecológica de zonas asperjadas mediante parcelas demostrativas y representativas de los núcleos de mayor concentración de cultivos ilícitos obtenidos en el censo de 2000 y Determinar la residualidad del Glifosato en el suelo y su afectación en las propiedades físico - químico y biológicas de los mismos, utilizando las mismas parcelas demostrativas enunciadas anteriormente”, no fue realizado ni cumplido en los términos exigidos para su desarrollo.
De otra parte, teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Estupefacientes- DNE, ha venido realizando gestiones tendientes a dar cumplimiento a aspectos relacionados con la determinación de la residualidad del Glifosato en el suelo, obligación establecida en la Resolución 341 de 2001, éstas pueden considerarse como buenos antecedentes, en los términos del Artículo 211 del Decreto 1594 de 1986 y por lo tanto circunstancia atenuante de la infracción.
2.3 DE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS ARTICULOS 79 Y 80 DE LA CONSTITUCION POLITICA, EL LITERAL D) DEL NUMERAL 2° DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 99 DE 1993 Y EL ARTICULO 66 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Manifiesta la Dirección Nacional de Estupefacientes que “en manera alguna ha vulnerado el derecho colectivo constitucional relacionado con el medio ambiente sano y la protección a los recursos naturales, máxime cuando se han adelantado por parte de la entidad todas las gestiones administrativas, técnicas y jurídicas para desarrollar las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y en la resolución 0341 del 2001, tal como se ha manifestado a lo largo del presente documento. Igualmente, se han expuesto todos y a cada uno de los avances realizados a la luz de la Resolución 341 de 2001 y las actuaciones adelantadas por la DNE para
dar cumplimiento a las obligaciones allí concebidas. Es importante anotar que fue ese mismo Ministerio quien certificó el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental por parte de la DNE.
(...) Quienes si violan el derecho a un medio ambiente sano, son los propios narcocultivadores, quienes a sabiendas de manera indiscriminada talan bosques, contaminan fuentes hídricas importantes, y matan la fauna y la flora. Surge entonces la siguiente pregunta: por qué el combate de una actividad ilícita a través de una Política de Estado, como lo es el PECIG, debe implementar un Plan de Manejo Ambiental, cuando está plenamente demostrado que el Glifosato no causa daño ni a la salud, ni al medio ambiente? (…)”
Se reitera a la Dirección Nacional de Estupefacientes que el Plan de Manejo impuesto mediante la Resolución 1065 de 2001 al Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos con Glifosato no se dirige a tipificar y dimensionar los impactos generados por la actividad del establecimiento de cultivos ilícitos conocidos ampliamente por este Ministerio.
Además el objeto del proceso sancionatorio iniciado por la resolución 1066 de 2001 está dirigido a determinar el cumplimiento de algunas de las medidas preventivas ambientales impuestas en la resolución 341 de 2001, a la Dirección Nacional e Estupefacientes para desarrollar el Programa ya mencionado y no respecto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Del incumplimiento de los artículos segundo, literal b) del sexto y séptimo de la resolución 341 de 2001, se deduce la transgresión de los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, ya que las medidas preventivas impuestas en el acto administrativo mencionado tienden a la protección de la diversidad e integridad del ambiente, conservación de las áreas de especial importancia ecológica y prevención y control de los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, del literal d) del numeral 2 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.
Del análisis realizado en esta providencia, se concluye que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-, no cumplió en su oportunidad con las obligaciones impuestas en los artículos segundo, literal b) del sexto y séptimo de la Resolución 341 de 2.001 en los términos exigidos para su desarrollo y con ello infringió además del acto administrativo relacionado, los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, el literal d) del numeral 2° del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Estupefacientes, no ha sido sancionada con anterioridad, además ha venido realizando gestiones tendientes a dar cumplimiento a aspectos relacionados con la determinación de la residualidad del Glifosato en el suelo, establecida en la resolución 341 de 2001, las cuales pueden considerarse como buenos antecedentes en los términos del artículo 211 del decreto 1594 de 1986 y por lo tanto circunstancia atenuante de la infracción. Así las cosas este Ministerio considera que la multa se tasará en veintiséis millones quinientos sesenta mil pesos ($26.560.000) MCTE, suma correspondiente a 80 salarios mínimos legales vigentes
En consecuencia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, procederá a confirmar la resolución 670 de 2003 a excepción del artículo tercero ibídem, el cual será repuesto en el sentido de modificarlo conforme a lo ya expuesto.
Que el numeral 1° del artículo 1° de la Resolución 307 del 10 de marzo de 2003, determina la competencia del Viceministro de Ambiente para expedir los actos administrativos necesarios dentro de los procesos que se adelanten como consecuencia de la violación de las normas sobre protección ambiental y/o sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo tercero de la resolución 670 del 19 de junio de 2003 el cual quedará así:
“Imponer a la DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES- DNE sanción pecuniaria, consistente en una multa de veintiséis millones quinientos sesenta mil pesos ($26.560.000) MCTE, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia”.
ARTICULO SEGUNDO.- Las demás condiciones establecidas en la resolución 670 del 19 de Junio de 2003 continúan plenamente vigentes.
ARTÍCULO TERCERO.- Por la Secretaría Jurídica de este Ministerio, notificar el contenido de la presente resolución al representante legal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-, o a su Apoderado debidamente constituido.
ARTÍCULO CUARTO.- Por la Secretaría Jurídica de este Ministerio enviar copia de la presente providencia a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, al Ministerio de Protección Social, a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano Agropecuario -ICA.
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en la gaceta oficial ambiental de este Ministerio.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.