Source: https://www.scribd.com/document/272203264/0gda-t01-El-Ordenamiento-Juridico-Administrativo
Timestamp: 2019-01-18 13:53:57
Document Index: 373531473

Matched Legal Cases: ['artículo 166', 'artículo 87', 'artículo 150', 'artículo 134', 'artículo 86', 'artículo 82']

Uploaded by Marina Rodriguez Picazo
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1.- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE FUENTES. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
El Derecho Administrativo constituye un ordenamiento jurídico (“es la parte del
ordenamiento jurídico general que se refiere a la Administración Pública” GARCÍA DE
Pues bien, dentro del mismo coexisten una serie de distintas “fuentes del
Derecho”. La regulación de esas fuentes guarda una íntima relación con la forma de
Estado y de gobierno en la medida en que determina los órganos con poder normativo y
las relaciones que se establecen entre sus productos normativos: se determina la
estructura interna del Estado a través de la estructura territorial del ordenamiento jurídico
y, además, se dibujan las relaciones interorgánicas y las de los órganos estatales con los
ciudadanos (DE OTTO).
En la esfera del Derecho Administrativo, el estudio de las fuentes del Derecho
tiene una importancia singular en la medida en que la Administración no sólo es
destinataria de normas jurídicas sino también —y éste es el dato singular— el sujeto que
produce un mayor número de normas (coparticipación en la función legislativa a través
de la remisión por el Gobierno de proyectos de ley a las Cortes, participación directa en la
producción legislativa a través de los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos,
elaboración de reglamentos,...).
El estudio de las fuentes compete, en principio, a todas las ramas del Derecho en
la medida en que todas se nutren de normas. No obstante, tradicionalmente ha venido
siendo la Parte General del Derecho Civil la que se ha ocupado de su estudio (de ahí la
inclusión en el Título Preliminar del Código Civil de una serie de normas generales
sobre las fuentes. Sobre ello que se ha dicho que la regulación de las fuentes es materia
constitucional e impropia del simple rango de ley ordinaria que aquel Código ostenta).
No obstante, esta clasificación del CC resulta insuficiente para el Derecho
Administrativo: en primer lugar, porque no contempla la norma por excelencia en esta
rama del Ordenamiento —el Reglamento— aunque se alude ciertamente a ellos (los
reglamentos) cuando se habla de las disposiciones que contradigan otras de rango
superior (art. 1.2 CC); en segundo lugar, porque ni tiene en cuenta la importancia de los
principios generales del Derecho en esta rama del Ordenamiento, que satisfacen la
necesidad de autointegración del OJ administrativo y que compensan y suavizan sus
rigores positivistas. Por ello debemos entender que el concepto de ley que se emplea en
el CC no es el de ley formal —normas con rango de Ley—, sino el material de norma
escrita, cualquiera que sea el órgano, legislativo o administrativo, del que emane.
En todo caso, esa enumeración y regulación de las fuentes del Derecho está
subordinada a las normas constitucionales que, aun de forma no metódica, regulan el
sistema de producción normativa. De la regulación constitucional se desprende que hoy
el sistema de fuentes es mucho más complejo que cuando se redactó el CC; esta
complejidad deriva no sólo del valor de norma jurídica de la Constitución sino también de
laaparición de nuevas clases de leyes desconocidas con anterioridad a 1978: las leyes
orgánicas y las leyes autonómicas. A ello hay que añadir que la entrada de España en la
Unión Europea supone la aplicación directa e inmediata del derecho comunitario
Lección 1. Derecho Administrativo I GAP
Por todo ello, la regulación que sobre las fuentes contiene el CC sólo vale en
cuanto sea compatible con la CE. Ésta, efectúa una normación sobre las fuentes —
fenómeno que GIANNINI denomina “normación sobre la normación”— y contiene la
regulación de las leyes y sus clases, de los decretos-leyes y decretos-legislativos; la
previsión de las normas autonómicas en virtud de la distribución de competencias; el
reconocimiento de la potestad reglamentaria del Gobierno; la determinación del valor de
las sentencias del TC; etc.
En fin, un sistema de fuentes no es la previsión o regulación desarticulada de
varias de ellas, sino que supone la existencia de unas normas sobre las fuentes mismas,
a fin de ordenarlas o jerarquizarlas asignando a cada una un valor o posición dentro del
conjunto. Esta función cumplen los principios de jerarquía normativa y de
competencia o de distribución de materias que se verán en los siguientes epígrafes.
Podemos definir las fuentes del Derecho como aquellas manifestaciones
normativas, ya de carácter general ya individual, a través de las cuales aquél muestra su
Quedan excluidas, por tanto:
* todo hecho, acto o decisión jurídica que carezca de este carácter normativo;
* aquellas fuentes que ayuden o, incluso, den a conocer ellas mismas el Derecho
(pe. jurisprudencia y doctrina jurídica), que serán fuentes de conocimiento del Derecho;
* los actos concretos que aparecen como resultados concretizados de las
manifestaciones normativas o fuentes.
Respecto de las clases,
i/ fuentes escritas: Constitución Española, Estatutos de Autonomía (que, en
realidad, son leyes orgánicas, pero su virtualidad en el seno del ordenamiento es mayor
que el que, de ordinario, tienen aquellas), Leyes (con su diversa tipología) y normas del
Ejecutivo con rango de Ley, Tratados Internacionales publicados en España, Derecho
Comunitario Derivado, Reglamentos administrativos.
ii/ fuentes no escritas: costumbre y principios generales del Derecho.
iii/ indirectas: los Tratados Internacionales (Concordatos incluidos) firmados pero
no publicados, además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
iv/ directas: tanto escritas como no escritas.
2.- LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, COMPETENCIA, JERARQUÍA
En un Estado policéntrico, como es el Estado de las Autonomías, la complejidad y
la heterogeneidad son dos notas especialmente características: en la medida en que la
pluralidad de organizaciones conlleva también una pluralidad de ordenamientos jurídicos
se dificulta enormemente la labor de localización de la norma que resulta aplicable al
supuesto de la realidad de que se trate, dificultad que se acrecienta con la incorporación
a las Comunidades Europeas y la subsiguiente aplicación en España del Derecho
Esta maraña de centros productores de normas es la que determina la necesidad
de recurrir a unos principios auxiliares que clarifiquen los ámbitos que sean propios de
cada norma, así como los criterios a aplicar para resolver los conflictos que entre ellas
I/ EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Este principio implica que la actuación de los poderes públicos ha de llevarse a
cabo en todo caso conforme a la Ley, exigencia proclamada en el art. 9.1 CE tanto
para los ciudadanos en general como para la totalidad de las instituciones públicas, es
decir, no sólo para el Gobierno y la Administración Pública. Esta garantía se concreta
en el art. 9.3 CE, donde se garantiza específicamente el “principio de legalidad”.
Por lo que se refiere a la regulación constitucional específica sobre la
Administración pública, el art. 103.1 CE consagra su sometimiento pleno a la ley y al
Derecho en el servicio a los intereses generales.
El principio de legalidad de la Administración Pública del art. 103.1 CE implica
diversas consecuencias:
* Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, es decir, a las normas escritas:
CE, Ley, tratados y demás normas internacionales, así como a sus propios
reglamentos, en base al llamado “principio de inderogabilidad singular de los
reglamentos”. En base al mismo la Administración Pública no puede excepcionar o
desconocer para casos singulares el contenido de las normas que ella misma dicta,
aunque la actuación singular provenga de una autoridad jerárquicamente superior a la
que emanó el reglamento. No obstante, la Administración también se encuentra
sometida a las normas no formalizadas, singularmente a los principios generales del
Derecho no positivados y a la costumbre.
En segundo lugar, el sometimiento pleno supone la plena juridicidad de la
acción administrativa, de manera que no existen en la actuación de la Administración
Pública espacios exentos a la acción del Derecho. En consecuencia, toda su actividad
es susceptible de valoración en términos estrictamente jurídicos, lo que en ningún
caso puede interpretarse como una prohibición de la discrecionalidad, concepto que
en ningún caso cabe identificar con la arbitrariedad constitucionalmente proscrita (art.
9.3 CE).
* Vinculación positiva o negativa a la Ley: La vinculación de la Administración
Pública a la Ley ha venido entendiéndose de dos modos distintos a lo largo del
proceso histórico de formación del Derecho Administrativo. La Ley, en efecto, puede
ser fundamento previo e inexcusable para la posterior actuación de la Administración
Pública (vinculación positiva o positive Bindung) o bien puede ser, no un presupuesto
previo, sino un límite, de modo que la Administración Pública puede actuar
válidamente mientras no contravenga la Ley (vinculación negativa o negative
El principal problema que se plantea a este respecto es determinar cuál es la
versión por la que ha optado nuestro Texto Constitucional, cuestión que no ha recibido
una respuesta unívoca en nuestra doctrina. Por una parte, el sector mayoritario
encabezado por GARCÍA DE ENTERRÍA defiende la vigencia de la vinculación
positiva, si bien, como destacan PAREJO ALFONSO Y SANTAMARÍA PASTOR, la
realidad demuestra que dicha vinculación es mayoritariamente negativa. En opinión de
este último autor es necesario plantear una solución intermedia. Así, requerirían de un
previo apoderamiento legal todas las actuaciones ablatorias de la Administración
Pública, esto es las enderezadas a limitar la esfera de libertad y propiedad de los
1 CE. en función de las materias sobre las que se ejerce (pe. III/ JERARQUÍA Es la ordenación jerárquica de las diversas formas que pueden adoptar las normas (en este sentido se otorga a algunos tipos de ellas un valor o fuerza de obligar 4 . De forma más concreta vendría a ser la atribución a un órgano o ente concreto de la potestad de regular determinadas materias o de dictar cierto tipo de normas con exclusión de los demás. Así. II/ COMPETENCIA La competencia es un concepto polisémico. sólo aquellos centros que tengan reconocida la potestad legislativa podrán nomativizar en estos sectores (idem. legislación de desarrollo). los Estatutos de Autonomía y las leyes del art. Entidades Locales. con la LO). b/ existe una distribución tanto material como funcional. Existen dos manifestaciones principales de este criterio: a/ aquel centro que tenga atribuida la competencia (ya material ya funcional) puede normativizar en base a ella con exclusividad. 161.. al que se le pueden atribuir significados diversos en función del ámbito al que lo refiramos (pe.c CE). vinculación negativa.2 d CE)..: Ordenamiento jurídico. por lo que puede efizcamente impedir que otro sujeto que carezca de ella lo haga. los Estatutos de Autonomía.: relaciones internacionales) y de la función que les compete (pe. la característica del Estado Autonómico como Estado policéntrico es la división territorial del poder: cada centro posee su propio poder. Existiría. 150 de la Constitución: bloque de la constitucionalidad. En el ámbito del ordenamiento jurídico puede definirse como la concreción jurídica. actos administrativos. La distribución de competencias entre el Estado y las CCAA la realiza la Constitución. su propia competencia para producir su propio Derecho y construir su propio Ordenamiento jurídico.. Se trata de una división de competencias de carácter complejo por dos razones fundamentalmente: a/ la competencia es unas veces exclusiva y otras compartida entre los diversos entes en cuestión. Caso de existir un conflicto entre los entes afectados acerca de la titularidad de la competencia. precisa y delimitada del poder.: legislación básica.Lección 1 Derecho Administrativo I GAP ciudadanos (art.). b/ en la medida en que a lo largo de la Constitución existen determinadas materias reservadas a ley. si bien los Estatutos se mueven dentro de los criterios de los arts. es decir. en tanto que norma institucional básica de las Comunidades Autónomas. 148. 149 y 150 CE. pues. 147. 53. será el Tribunal Constitucional el que lo decida (art. sin embargo. Comunidades Autónomas.1. sin que exista obstáculo alguno a que ambos criterios se entremezclen. en relación a aquellas actuaciones administrativas encuadradas en la actividad de fomento — claramente favorecedora— o de organización interna de la propia Administración Pública. los que recogen las competencias de la CA respectiva (art. Son.).
CE: el pueblo mediante referéndum.. Derecho Administrativo I GAP superior al de otras). pero la Ley de Estado no es superior ni inferior a una ley de la Asamblea Regional. La única norma que guarda un vínculo jerárquico con todas las restantes es la Constitución. 25 LG). ¿Qué escalones existen en el ordenamiento español? A efectos docentes nos podemos preguntar quién es el autor de la norma. órdenes.3 CE: la jerarquía normativa. 9. real decreto. 1 CC). Esta jerarquía opera tanto en las relaciones entre la ley y las normas emanadas de la Administración como entre los reglamentos mismos. .Reglamentos: el Gobierno y la Administración Pública. Además. A esta ordenación formal coadyuva también la diversa denominación con que se conocen unas y otras normas: ley. con una ley orgánica. una ley ordinaria de las Cortes Generales es jerárquicamente superior a un Decreto del Consejo de Gobierno y jerárquicamente inferior a la Constitución. las de los Ministros. a pesar de que en el ámbito del Derecho Administrativo los principios generales del Derecho tengan una especial importancia en su función de suavizar el rigor positivista que impera. de. sin que puedan establecerse relaciones jerárquicas entre dos normas pertenecientes a Ordenamientos distintos. El ámbito de actuación del principio de jerarquía lo expondremos del siguiente modo: - No todas las normas se relacionan con todas las restantes por vínculos de jerarquía: por ej. supone una estricta subordinación entre ellas. al igual que una ley de la Asamblea Regional de Murcia es superior a un reglamento del Gobierno murciano. de forma que la norma superior siempre deroga la norma inferior (fuerza activa) y la inferior es nula cuando contradice la norma superior (fuerza pasiva). no guarda relación de jerarquía. según el principio de jerarquía. las del Gobierno.). - Como ya hemos manifestado.: principio competencia.ej. El principio de jerarquía opera solamente ad intra en cada Ordenamiento. ni con una ley o reglamento autonómico. de suplencia. en cambio. las normas aprobadas por las Cortes. b/ la prelación que se establece en el art. . el principio de jerarquía opera dentro del sistema normativo del Estado y dentro de cada uno de los subsistemas autonómicos. ni tampoco en las relaciones de las normas de los diversos subsistemas entre sí. las disposiciones de autoridades inferiores (art. pero no en las relaciones de las normas del sistema general con las de los subsistemas. cualquiera que sea su tipo. e implica la asignación a las normas de diferentes rangos según la forma de las mismas y con independencia de su contenido.EA: los parlamentos (a veces también el pueblo mediante referéndum).Ley: los parlamentos. 5 . superior a todas ellas.Lección 1. la ordenación vertical de las fuentes. ni a un reglamento de nuestro gobierno autonómico. ya que estas relaciones entre dos ordenamientos se rigen por otros principios (p. contenido o naturaleza. resoluciones. . así una Ley del Estado es superior a un reglamento dictado por el Consejo de Ministros. . para a partir de ahí establecer la prelación: .. Este principio se manifiesta en dos vertientes: a/ primacía del Derecho escrito sobre el no escrito (art.
no constituyen un nivel unitario. todos ellos son jerárquicamente superiores a cualquier Orden ministerial. pero a su vez. Derecho Administrativo I GAP como tampoco hay jerarquía entre las leyes de Cataluña y los reglamentos de Andalucía. cualquiera que sea su tipo o denominación. Los reglamentos. en la eficacia de las normas que han de prevalecer por aplicación de estos principios: *competencia: la norma no competente es nula porque invade competencias que no le son propias incluso si no contradice a la que es competente (su eficacia deriva del contenido de la materia sobre la que versa). sino una pluralidad de niveles. a su vez jerarquizados entre sí en función del nivel del órgano del que emanan. como lo son también todas las leyes de cada una de las CCAA. debe ser aplicada por los jueces y tribunales.Naturaleza normativa: * Tradicional carácter programático: a desarrollar por el legislador y no era justiciable. y así. la jerarquía se establece por razón del nivel del órgano del que procede la norma: todas las leyes del Estado. del otro lado.Lección 3. cuya eficacia deriva de la forma exclusivamente (del rango). *jerarquía: la norma inferior es nula porque contradice otra de rango superior. dejando a un lado la eficacia ad intra del principio de jerarquía respecto de cada ordenamiento. 3. - Dentro de cada sistema y subsistema. * En la actualidad es norma jurídica suprema desde un punto de vista formal (no se puede derogar por ninguna otra norma) y material (despliega los efectos normales de cualquier otra norma: debe ser cumplida por los ciudadanos y los Poderes públicos. son jerárquicamente iguales entre sí. todos los Decretos del Gobierno son iguales entre sí. deroga a cualquier norma anterior que la contradiga y determina la invalidez por inconstitucionalidad de cualquier norma o acto a ella contrarios con posterioridad a su entrada en vigor).. * destacar la diferente eficacia de cada una de las partes de la Constitución Española de 1978 en orden a la justiciabilidad directa de las previsiones constitucionales: 6 . . La diferencia con el principio de competencia se basa. particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos.Concepto de Constitución: es la norma fundamental del ordenamiento jurídico que regula la organización del Estado y las reglas esenciales de la organización de la sociedad que le sirve de base.LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA SUPREMA .
sección 1ª del Capítulo II del Título I y art.1 y 2. 14. pueden ser alegados eficazmente ante los Tribunales.. no se configuran. de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I y del Título II —relativo a la Corona—. esto es.2 CE). 2. 169) prohíbe su reforma en tiempo de guerra o bajo la 7 . El art. al Congreso y Senado y a las Asambleas de las CCAA. que no son sino una serie de derechos sociales.La revisión total o la reforma del Título Preliminar. posterior disolución de las Cortes.1 CE). 168 CE). 13 que introdujo la posibilidad de que los extranjeros puedan tener derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales. nueva aprobación de la reforma por 2/3 y ratificación en referéndum (art. 43 LOTC establece que cuando la violación o desconocimiento de los derechos fundamentales proceda de actos o decisiones administrativas es necesario haber agotado previamente la vía judicial procedente. por último.Lección 1. 53. 53. por lo que la reforma prevé en ocasiones una fase decisiva de referéndum. como fue el caso del Tratado de Maastrich de 1992). Sin embargo. 30. y a través del recurso de amparo ante el TC (art. pero no reconoce en consecuencia la iniciativa popular para la reforma de la Constitución.El resto de los preceptos exige mayoría de 3/5 de ambas cámaras y ratificación en referéndum si así lo solicita la 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras (así fue el caso de la reforma del art. La tutela se efectúa a través de un procedimiento especial caracterizado por las notas de preferencia y sumariedad. exige aprobación por las dos cámaras por mayoría de 2/3.. Existen. el artículo 166 establece que la iniciativa de reforma se ejerce en los términos del artículo 87. . de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. Procedimiento: se regula en el Título X y último y es distinto según la parte de la CE que se pretenda reformar: 1. por tanto. en la CE como verdaderos y plenos derechos acabados en su diseño por la CE.2 (derecho a la objeción de conciencia). vinculan a todos los poderes públicos y su desarrollo queda sometido a reserva de Ley (art. límites temporales y materiales a la reforma de la Constitución. de la LJ de 1998 y antes en los artículos 6 a 10 de la Ley 62/1978. este artículo determina que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno. los anteriores) presentan la garantía jurisdiccional ordinaria de cualquier otro derecho subjetivo.La reforma constitucional como manifestación de un modelo de Constitución rígida: breve análisis: sujeto: es el mismo titular del poder constituyente. —el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona— hoy regulado en los artículos 114 y ss. sin embargo. La CE (art. el procedimiento judicial ante los tribunales ordinarios. sino como mandatos enderezados al Legislador y sólo una vez que hayan sido abordados por el legislador. Derecho Administrativo I GAP Justiciabilidad en grado pleno para los derechos y libertades del art. si así derivaba de un tratado. Justiciabilidad ordinaria: todos los derechos y libertades del Capítulo II del Título I (incluidos. Justiciabilidad condicionada a su previa configuración legislativa: los llamados “principios rectores de la política social y económica” —Capítulo III del Título I—. el Pueblo.
Es la norma superior del ordenamiento jurídico tras la Constitución. se haya difuminado y debamos definirla en los Estados de estructura compuesta como el mandato jurídico originario aprobado por los órganos representativos competentes (ya no sólo el Parlamento del Estado).. no pueden estar sometidos a las decisiones de ningún otro Poder Público. no susceptible de otro control que el de constitucionalidad. 4. Esta idea es compatible con la supremacía de la Constitución.El principio de reserva de ley: Hemos definido la ley como el mandato jurídico originario que sólo admite el control de constitucionalidad reservado al TC lo que implica por tanto que mediante ley. excepción y sitio. sus mandatos son originarios. no susceptible de control que el de constitucionalidad. ROUSSEAU la concibió como la expresión de la voluntad popular. uno de los cuales es el Legislativo. Esto hace que una de las notas de identificación de la Ley.Lección 1. Sin embargo. ya sea de estructura federal o regional. impide que la forma republicana de gobierno pueda ser objeto de reforma constitucional. la ley es el mandato jurídico originario aprobado por el Parlamento. tan sólo lo están por parte del TC para constatar su constitucionalidad quien tiene el monopolio de este control.. porque ésta se sitúa por encima de los Poderes constituidos.EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES REMISIÓN 5. la capacidad para legislar la tienen también los Parlamentos o Asambleas legislativas de los Estados federados. y esta idea se ha conservado en la doctrina política para significar que el órgano que aprueba las leyes es realmente el que encarna la representación política de la comunidad y que. Derecho Administrativo I GAP vigencia de los estados de alarma. la especificidad del órgano del que procede: el Parlamento nacional. por ej. En cuanto a los límites materiales la Constitución italiana. debemos matizar que en un Estado compuesto. .LA LEY Y LAS NORMAS CON FUERZA DE LEY Concepto: Se puede definir como la autodisposición de la comunidad mediante la técnica de la representación política. por tanto. dentro de la esfera competencial de cada ordenamiento jurídico (estatal o autonómico). De ahí la primacía funcional del Poder legislativo sobre los demás poderes en cuanto a la elaboración de las leyes. En el derecho continental europeo. se puede regular cualquier materia y hacerlo con absoluta discrecionalidad política. las leyes no están sometidas al control por el Poder judicial. pudiera decirse que 8 . sin más límite que lo establecido en la Constitución y el EA. en su caso. y Regiones o CCAA en nuestro caso.. Tras la Constitución pues. Ello significa que en nuestro Derecho rige el principio expresado por LABAND de que “no hay ningún objeto de toda la vida estatal.
64 CE). firma que no expresa ninguna voluntad política del Rey puesto que en nuestro sistema de monarquía parlamentaria sus actos deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno o. Lo que sí es posible es que la reserva especifique que la ley sea orgánica. Diferencias Una vez aprobada la ley por las Cámaras legislativas. su sanción corresponde al Rey. Este sistema no es el arbitrado en todos los sistemas constitucionales. en su caso. No existe algo parecido a la reserva reglamentaria y a la ley no le está vedado regular materias antes atribuidas al poder reglamentario (SSTC 73/2000 y 248/2000). en principio la ley puede regular cualquier materia pero ocurre que alguna de ellas sólo pueden ser reguladas por ley estando vedadas al Reglamento. . que no pueda convertirse en el contenido de una Ley”. 128. 133). En el caso de la sanción de las leyes el refrendo se produce por el Presidente del Gobierno.. podemos citar algunos ejemplos como los derechos y libertades del Capítulo II. En este caso lo único que es posible es una remisión de la propia Ley al Reglamento para que éste pueda regular tales materias. Derecho Administrativo I GAP ningún pensamiento. 9 . prevé un listado de materias cuya regulación debe hacerse por reglamento. La sanción implica que la ley se inserta en el ordenamiento jurídico y se formaliza por la firma real. Es decir. la aprobación de los planes de la actividad económica general (art. como Jefe del Estado. sin embargo. su constitución establece una reserva de reglamento.. hasta el punto que no se considera inconstitucional que el legislador asuma una tarea que antes había encomendado a la potestad reglamentaria. promulgación y publicación. la reserva reglamentaria no existe con lo que la ley puede regular cualquier materia. esto es. la regulación de las distintas formas de propiedad pública (art. tal como expresa la fórmula tradicional que se sigue utilizando. Debemos indicar que la reserva de ley que consagra la Constitución no implica la reserva de la regulación de tales materias a la ley estatal puesto que no se trata de una regla de distribución de competencias. y en la mayoría de los Estados. Los supuestos reservados a la ley son numerosos en la CE. 53. en cuyo caso. Título I (art.Sanción. eso significa la reserva de Ley. quienes deben guardarla y hacerla guardar. que las CCAA puedan aprobar legislación de desarrollo de la ley orgánica si así se prevé en sus EA. por ejemplo. la reserva de recursos y servicios esenciales al sector público (art. En Francia. En nuestro Estado no existe pues reserva reglamentaria sino reserva de ley al prever materias reservadas a la regulación por ésta. particulares y autoridades. La promulgación implica la declaración formal del Rey. Esto no impide. En España. la potestad originaria para establecer tributos (art. quedando reservadas en consecuencia al Gobierno sin que puedan ser reguladas por Ley. por los Ministros competentes (art.1). por tanto de que debe ser conocida por todos los españoles. 132). como Jefe del Estado. 131.1). toda vez que sólo éste puede aprobar este tipo de leyes. aunque siempre subordinada al contenido de aquélla y ejerciendo un simple desarrollo de sus mandatos.2). de que la norma ha entrado a formar parte del Ordenamiento estatal y.Lección 1. la reserva se establece siempre a favor del legislador estatal.
art. salvo excepciones en que pueden contenerse en reglamentos o. cualquiera que sea el rango de la norma en que se recogen. requisito esencial para la validez de toda norma jurídica. bastaría al Estado no dictar normas básicas.Clases: * LEY ORDINARIA y ORGÁNICA: la primera constituye el tipo residual general de las leyes que no son orgánicas. el TC ha optado por una definición material de lo básico. en actos singulares. Corresponde. se decía. sino en “bases”. Lo complejo de esta técnica es determinar qué es lo básico en una materia. 248/1988. una ley básica. de 6 de abril). corresponde al TC dirimir la controversia.1. a los veinte días de su publicación si en ella no se establece otra cosa. para privar a las CCAA del ejercicio de sus competencias de desarrollo de este tipo de normas estatales.1 CC. Las estudiaremos al analizar los Decretos legislativos. incluso. En efecto. pueden ser desarrolladas por la norma autonómica respetando su contenido. que con anterioridad a la Constitución regulaban los aspectos básicos de una materia. de 7 de junio. La razón de ser del cambio 10 . . a las CCAA determinar qué disposiciones de esa normativa preconstitucional tienen el carácter de básico y. inscribiéndose pues en el ámbito de las relaciones entre los dos ordenamientos estatal y autonómico. en muchas ocasiones sobre una determinada materia se atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica. qué preceptos tienen el carácter de básicos y cuales no. entrando en vigor de conformidad con lo dispuesto en el art. dejando en vigor las preconstitucionales. identificándolo con aquellas normas cuya aplicación debe extenderse a todo el Estado. que sea el propio legislador estatal el que establezca en sus leyes. 2. El concepto material de la legislación básica permite afirmar que tienen tal carácter las disposiciones. Su denominación se debe a que su contenido normativo no se divide en “artículos” como el resto de las normas jurídicas.18 CE). correspondiendo a las CCAA la legislación de desarrollo y la ejecución (por ej. *LEY DE BASES: se inscriben en la técnica de delegación legislativa del Parlamento en el Gobierno. Tras ciertas vacilaciones. de 20 de diciembre. 197/1996 y 50/1999. Derecho Administrativo I GAP La publicación. según ha establecido el TC. Con tal interpretación se trataba de evitar que las CCAA se vieran impedidas de ejercer su competencia de desarrollo de la legislación básica estatal al tener que esperar a que el Estado aprobase. por lo que nos limitaremos al estudio de las segundas. consecuentemente. con ese expreso carácter.Lección 1. Últimamente ha sido reivindicada una vuelta al concepto formal de legislación básica: esto es. estableciendo un común denominador normativo por cuanto el interés general exigen una uniformidad legislativa en los puntos esenciales de una concreta normativa (SSTC 25/1983. que establecen los principios y criterios que habrán de ser desarrollados en el Decreto legislativo que “las articula”. De lo contrario. por tanto. más concretamente. Las bases deben contenerse en normas con rango de Ley. se realiza en el BOE. * LEY BÁSICA: consecuencia de la distribución territorial del poder y. de la distribución de competencias entre Estado y CCAA. En caso de error por parte de la CA. reglamentario o de ley. 149.
Esta forma de localización de lo básico viene siendo ya una constante. * LEYES DE TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN. 150. Su dictado se sujeta a dos condiciones: la exigencia —no conveniencia— del interés nacional de que se produzca esa armonización legislativa (lo que será apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara legislativa). en materias de competencia estatal. Un ejemplo significativo lo constituye la LOAPA a la que se consideró carente del carácter de orgánica y armonizadora por el TC (STC 76/83. cuando así lo exija el interés general”.1 CE). paradójicamente. Por ello pueden. Su utilización debe ser objeto de interpretación restrictiva. Las Cortes. Su finalidad es evitar la instrumentación de políticas legislativas antagónicas o no homogéneas cuando el interés general exige que en una determinada materia exista una unidad de principios en todos los ordenamientos del Estado. es su ámbito natural—. Este artículo constitucional establece la posibilidad de que el Estado transfiera o delegue. quien declaró que este instrumento debe ser una última ratio a utilizar en ausencia de otros cauces constitucionales o cuando los existentes no sean suficientes. por otra parte. a pesar de ser leyes estatales. evitar la proliferación de recursos ante el TC así como dar una mayor seguridad jurídica a la determinación de lo básico.3 constituye una norma de cierre del sistema global de distribución de competencias entre Estado y CCAA. pues en los demás casos la armonía ya queda garantizada por la legislación básica del Estado. que “la pereza legislativa del Estado” pueda limitar las competencias de desarrollo normativo de las CCAA. empero. tendrán carácter básico aquellos preceptos a los que corresponda tal naturaleza”). Derecho Administrativo I GAP es eminentemente práctica. podrán atribuir a todas o algunas CCAA la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios. aunque. En última instancia señalaremos que una ley de armonización que pierda este carácter conservará. 150. evitando. bases y directrices fijados por una ley 11 . El concepto material de legislación básica seguirá funcionando respecto de la legislación preconstitucional. mediante ley orgánica. de 5 de agosto).3 CE): Estas leyes también se circunscriben en el ámbito de las relaciones entre el ordenamiento estatal y el autonómico y tienen como finalidad “establecer los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CA. puesto que el artículo 150. en ocasiones el legislador estatal vuelve al criterio material (“además de los señalados. La ley preverá en cada caso la transferencia de medios financieros así como las formas de control que se reserve el Estado. su valor y efectos de la ley. ser dictadas en materias de competencia exclusiva de las CCAA —de hecho. aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas. de lo contrario el Estado se apoderaría fraudulentamente de competencias que no le corresponden. facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. pues la pérdida de aquél carácter no implica su inconstitucionalidad (STC 76/1983. * LEYES MARCO: (art.Lección 1. deben dictarse en materias que sean competencia exclusiva de las CCAA. * LEYES DE ARMONIZACIÓN (art. de 5 de agosto). lo que lleva a la necesaria existencia de una desarmonía real y efectiva. como se afirma en Italia. no siendo procedentes las leyes de armonización dictadas ad cautelam.
El proyecto de presupuesto goza en su tramitación de preferencia sobre cualquier otro trabajo de la Cámara. cuyos EA no les atribuyen la función legislativa sino únicamente la reglamentaria y en los términos que establezca la legislación general del Estado. por la atribución de la autonomía en el art. No se ha aprobado ninguna Ley marco todavía. aunque bien puede contener bases y directrices vinculantes para las Asambleas Legislativas de las CCAA. Es una ley de principios. sino que deriva de la propia ley marco. 2 CE. ninguna otra forma de iniciativa legislativa. 152 del mismo cuerpo legal que menciona la Asamblea legislativa como uno de los órganos de las mismas. La excepción la representan las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla. * LEYES DE PRESUPESTOS: el presupuesto representa el control más importante de las Cámaras representativas sobre el Gobierno. éste no tiene ninguna limitación en la delegación. porque la competencia para el “desarrollo” de una ley marco no es estatutaria. Su contenido se recoge en el artículo 134 CE y consiste en la previsión ingresos y la autorización de gastos para un ejercicio económico determinado. Todos los tipos legislativos analizados en el ordenamiento estatal existen también en el autonómico salvo las LO y las leyes que 12 . Derecho Administrativo I GAP estatal (la ley marco). Nos remitimos a lo expuesto en el tema anterior en cuanto al exceso del contenido de las leyes de presupuestos. Esta circunstancia se explica sólo en parte por el hecho de ser Autonomías-Municipio. y en última instancia. en su utilización por el legislador para llevar a cabo modificaciones de otras normas del ordenamiento jurídico. * las leyes de las CCAA tienen el mismo carácter que las estatales: principio de competencia en sus relaciones. lo que estudiaremos en la lección correspondiente a las CCAA. del art. el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. El procedimiento de aprobación de estas leyes es el ordinario salvo algunas especialidades que representan alguna restricción de las facultades de enmienda de los parlamentarios. Toda vez que es una competencia delegada la CA la perderá cuando la ley marco sea derogada y de igual modo se modificará en los términos en que sea modificada la ley marco. esto es. Suponen una técnica de delegación de competencias legislativas del Estado en las CCAA respecto de la que no serán de aplicación las interpretaciones restrictivas que sobre el concepto de base hemos analizado con anterioridad.Leyes de Comunidades Autónomas: * Su origen se encuentra en el fenómeno de la descentralización política (no sólo administrativa) * la facultad de legislar de las CCAA se admite de forma implícita en la Constitución como se desprende de los art. Éste sólo admite la presentación de un proyecto del Gobierno.Lección 1. no debe olvidarse que al tratarse competencias legislativas del Estado. 153 a) CE que establece que el control de la actividad de los órganos de las CCAA se ejercerá por el TC. . Debe presentarse al menos tres meses antes de que expire el presupuesto del año anterior por lo que el Gobierno he de presentar el Proyecto a las Cortes antes del 1 de octubre de cada año y si no resulta aprobado antes del primer día del siguiente ejercicio se prorrogará automáticamente el anterior hasta la aprobación de los nuevos presupuestos.
como es el caso de nuestro EA. esto se debe a que la competencia para aprobar estas normas se ejerce a título propio por la CA y no por remisión de la ley básica ni por delegación del Estado. integrado no sólo por la CE sino por la legislación básica estatal que la autonómica desarrolla. cuyo Reglamento se inspira en el del Congreso de los Diputados. También se prevé la mayoría absoluta para la aprobación de algunos Reglamentos de las Asambleas legislativas. . El que tengan valor de ley significa que. * publicación tanto en el BOCCAA como en el BOE como requisito de eficacia. de armonización. en el caso del Decretoley. lo que en ningún caso les otorga el carácter de LO. marco y orgánicas de transferencia o delegación). Son también sustancialmente coincidentes las especialidades procedimentales para la aprobación de determinados tipos de ley como por ej. En estas materias de competencia compartida la ley autonómica está subordinada al bloque de constitucionalidad. la de presupuestos. DECRETOS-LEYES . Debemos señalar que los plazos de entrada en vigor de la ley se computan desde la publicación en el BOCA.Supuesto de hecho: que se produzca un caso de extraordinaria y urgente necesidad que requiera ser regulado por ley. Al ser su valor el de ley pueden modificar o derogar otras normas con rango de ley. aunque algunos EA exigen mayorías cualificadas para leyes reguladoras de algunas materias. Derecho Administrativo I GAP articulan las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico (leyes básicas. 86 Constitución Española.Concepto: ver art. sólo es lícito aprobar esta norma cuando sea imposible tramitar el mandato jurídico que el Decreto-ley 13 . en las que el Estado habrá de dictar la legislación básica. * las leyes autonómicas pueden dictarse en las materias de competencia exclusiva así como en las materias de competencia compartida. la mayoría simple. DISPOSICIONES NORMATIVAS CON FUERZA DE LEY: DECRETO-LEY Y DECRETO LEGISLATIVO Por razones que analizaremos seguidamente el Poder Ejecutivo tiene también la facultad de dictar normas con valor de ley sometidas a control por el Poder Legislativo. con carácter general. * procedimiento de elaboración similar al estatal con la salvedad de que las Asambleas Legislativas de las CCAA no tienen más que una Cámara.Lección 1. * la aprobación de las leyes autonómicas exige. Son disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad. En consecuencia. son también mandatos jurídicos originarios sólo subordinados a la Constitución. dado el usual retraso con que se publican en el BOE.
a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. deberes y libertades de los ciudadanos del Título I CE.Límite material: no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.Es discutida su admisibilidad en las CCAA. En esta materia. lo que permite al Decreto-ley cualquier regulación de otro tipo.Representan el fruto de una colaboración en la producción normativa entre Parlamento y el Gobierno 14 . en su caso. requieren una acción normativa inmediata o que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta (STC 6/1983. En ese plazo podrá convalidarlo. .El carácter provisional del Decreto-ley exige su inmediata revisión parlamentaria. La relación de los ámbitos materiales exentos del Decreto-ley es clara.Lección 1. considera que el término “afectar” equivale a regular de forma general un derecho o libertad o incidir en aspectos esenciales de los mismos. por el TC. La convalidación o derogación se aprueban en el BOE como simples acuerdos del Congreso. al Gobierno. de vital importancia política. . de existir el correspondiente recurso. 86. derogarlo o tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. de hecho no se han dado en las materias señaladas salvo en relación a los derechos. pero tal vez sea lo más lógico dado que en el ordenamiento autonómico juega la reserva de ley. La apreciación de si en un determinado supuesto se produce esa extraordinaria y urgente necesidad corresponde. lo que permite introducir enmiendas al texto resultante. Sin embargo. posteriormente será valorada por el Parlamento y. al régimen de las CCAA ni al derecho electoral general. Consecuentemente admite la constitucionalidad de un Decreto-ley que realice una regulación singular de un derecho.2 y 3 CE). de 2 de diciembre. en primer lugar. la urgencia por sí sola no basta. Éste ha adoptado un criterio muy flexible en este sentido y entiende que la utilización del Decreto-ley habrá de reputarse constitucionalmente lícita siempre que no se sobrepasen los límites del art. de 4 de febrero). sólo por el Congreso en el plazo de 30 días. toda vez que es necesario que junto con ella la necesidad de adoptar una norma con valor de ley sea extraordinaria. es decir. DECRETOS LEGISLATIVOS . por circunstancias difíciles o imposibles de prever. La convalidación es requisito necesario para que el Decreto-ley mantenga su vigencia pero no le atribuye la naturaleza de ley. teniendo en cuenta que la imposibilidad se refiere no sólo al procedimiento normal sino también al procedimiento de urgencia. que. 86 CE y sea necesario alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país. el TC en la STC 111/1983. Ante la falta de previsión estatutaria surge una primera dificultad en relación al régimen de aprobación y control de los Decretos-leyes autonómicos que se supera entendiendo aplicable el régimen previsto en el artículo 86 CE. aunque otros autores entienden que en ausencia de expresa previsión estatutaria no se pueden dictar este tipo de normas por las CCAA. de 19 de diciembre). . que será una nueva ley que sustituirá al Decreto-ley al derogarlo. Derecho Administrativo I GAP contendrá a través del procedimiento de elaboración de leyes por el Parlamento. que afecte a un solo individuo o grupo de individuos (STC 166/1986. Se ha impuesto como práctica convalidar el Decreto-ley y al mismo tiempo acordar su tramitación como proyecto de ley.
Lección 1. 83 CE). * aunque no son mandatos jurídicos originarios porque se limitan a desarrollar los mandatos del Parlamento fijados en la Ley de bases tienen el valor propio de una ley.3). . en cuyo caso se declarará la nulidad parcial de la disposición derogatoria del Texto refundido. esto es. aunque no pueden tener efectos retroactivos (art. * la delegación legislativa se otorgará al Gobierno de forma expresa. La infidelidad del Texto articulado respecto de las Bases le hace incurrir en vicio ultra vires. en cuyo caso. Derecho Administrativo I GAP . * en el desarrollo de las bases el Gobierno ha de ajustarse a los criterios contenidos en ellas aunque cuenta con un amplio margen de libertad para desarrollarlos en mandatos jurídicos concretos. * pueden incurrir en vicio de nulidad tanto por establecer mandatos jurídicos nuevos —vicio ultra vires por exceso. los mandatos nuevos se declararán nulos aunque no sean contrarios a la Constitución materialmente— como por no incluir en el Texto refundido mandatos jurídicos que se encontraban vigentes en la normativa objeto de refundición —vicio ultra vires por defecto. en exceso en el desarrollo de las Bases. Se prohíbe expresamente que las leyes de bases puedan autorizar la modificación de dichos principios y criterios. La finalidad pues consiste en refundir textos legales existentes sobre una materia con la consiguiente simplificación y seguridad jurídica sobre la misma.Ley ordinaria-texto refundido: * la delegación se encuentra en leyes ordinarias y dan lugar a Textos Refundidos. La delegación se agota con la publicación del Decreto legislativo correspondiente por el Gobierno. pasado el cual debe entenderse caducada. no siendo válidas las subdelegaciones en otras autoridades (art. El producto normativo que origina es el Texto Articulado y el ejemplo más importante es el del Código Civil que desarrolla las bases de 11 de mayo de 1888.CCAA: se prevé expresamente por los EEAA . 82. aclarar o armonizar la normativa que se va a refundir en cuyo caso puede modificar los textos de que se trate para hacer más claro el mandato jurídico pero no es libre para alterar el sentido de la normativa vigente.Ley de bases-texto articulado: * la delegación parlamentaria en el Gobierno adopta la forma de una ley de bases que contiene el objeto y alcance de la delegación así como los principios y criterios que han de seguirse por el Gobierno al desarrollarlos. 15 . para una materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio. * es posible que el Gobierno no se limite a refundir textos legales sino que también se le autorice para regularizar.
en virtud de lo establecido en el artículo 82. además del TC. 16 .6 CE. Este exceso tiene valor reglamentario de ahí que sea enjuiciable por los Tribunales.Lección 1. Derecho Administrativo I GAP * posibilidades de control adicional tanto parlamentarias (ratificación de las Cortes antes de su promulgación) como judiciales por los Tribunales ordinarios. El control de los Tribunales no afecta al contenido “natural” del Decreto ley porque éste tiene consideración de ley (no fiscalizable por los Tribunales) sino al vicio ultra vires. al eventual exceso que haya podido cometer el legislador al desarrollar la delegación legislativa. es decir.
Esta definición de carácter general no puede hacernos perder de vista la inexistencia de una forma reglamentaria única. constituyen la gran mayoría de las normas que diariamente publican los diarios oficiales: es la denominada potestad reglamentaria. pues se trata de auténticas normas jurídicas que .LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACION.: nombramiento o cese de un alto cargo por Real Decreto). que tienen atribuida la potestad reglamentaria todas las personas jurídico-públicas a las que la Constitución o una ley se la confiera. sino que existen una pluralidad de manifestaciones reglamentarias que. La distinción entre actos administrativos y reglamentos se ha intentado en base a diversos criterios.. Esta potestad no tiene un carácter uniforme. nulidad . simplemente.: procedimiento de elaboración. De acuerdo con lo que acabamos de señalar podemos definir el reglamento como aquella norma escrita. en ocasiones. más aún.). con rango inferior a la ley. Podemos concluir. aunque también existen referencias en la Carta Magna y las leyes a la potestad reglamentaria de otros entes públicos no territoriales (pe. pues. si bien el más apropiado sería atender al carácter innovador del Ordenamiento que tienen los reglamentos. ante un acto administrativo revestido del ropaje reglamentario.I. CCAA y Entes Locales). sino que su alcance. esconden un simple acto administrativo (pe. si bien situados en un plano inferior al de las leyes. dictada por la Administración Pública o por los órganos jurídico-públicos que la tengan atribuida legalmente. a determinados entes que no son en modo alguno Administración Pública como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial). El poder para dictar normas reglamentarias está reconocido constitucionalmente en favor de los entes públicos territoriales (Estado. mecanismo a utilizar para la eliminación -derogación o revocación-...: art. FUNDAMENTOS En la mayoría de los Estado contemporáneos los órganos legislativos no son los únicos investidos del poder de emanar normas que vinculen a la generalidad de los ciudadanos. Las Administraciones Públicas (y/o los gobiernos) también tienen atribuida una potestad normativa cuyos productos. distinción ésta que no tiene un carácter baladí ya que el régimen jurídico aplicable será muy distinto en función de que nos encontremos ante un reglamento o un simple acto administrativo (pe. por lo que hay que atender al contenido de estas manifestaciones para determinar si nos encontramos ante una disposición general reglamentaria o. contenido e importancia variará en función de la Administración Pública ante la que nos encontremos.10 en la medida en que reconoce la autonomía universitaria. 27.
ya que este precepto solamente pretende vedar el control e inaplicación judicial de las normas con rango de ley (caso de constatar un juez ordinario la posible inconstitucionalidad de una ley debe elevar la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional no pudiendo limitarse a inaplicarla. No obstante. En la medida en que se trata de un producto emanado de la Administración y ésta se encuentra sujeta por el principio de legalidad (art.. La potestad reglamentaria precisa de una atribución expresa. elaboración de reglamentos. 7 CC).los parlamentos. por lo que si cambiaran los parámetros podrían no ser de aplicación): . El fundamento de la potestad reglamentaria tiene una naturaleza bicéfala: a/ material o empírico (estas razones se explican desde la racionalidad de un Estado de Derecho Parlamentario. técnica que si puede utilizar con las normas reglamentarias). por lo que el papel del legislativo queda mermado frente al de la Administración.. También a los jueces. obliga a todos los sujetos.Lección 1. a diferencia de los reglamentos cuyo cumplimiento refuerza su vigencia. por su composición política.. que han de resolver los litigios con arreglo al sistema de fuentes establecido (art. por tanto. Derecho Administrativo I GAP contienen regulaciones abstractas y generales de situaciones de futuro que deben ser publicadas y conservan una vigencia indefinida en tanto no se modifiquen o deroguen por otras normas de igual o superior rango. quienes solo quedarían desvinculados de su producto mediante su derogación o modificación. incluidos sus propios autores. mientras que la de dictar actos administrativos se entiende implícita para cualquier órgano de la Administración en la medida en que es la forma normal de comportamiento de los órganos administrativos. 9. sin que se pueda objetar su exclusiva sumisión a la Ley (art. mientras que los actos administrativos se limitan a la aplicación de esa regulación preestablecida a los casos particulares. En cuanto norma jurídica. 117 CE) para fundamentar la no vinculación de los jueces a los reglamentos. las normas reglamentarias ocupan una posición de subordinación a la ley.3 CE). Los actos administrativos. suelen carecer de los conocimientos técnicos suficientes para regular correctamente asuntos y materias de complejidad técnica elevada. 2 . la intervención de la Administración (y del Gobierno como cabeza de la misma) en el proceso de producción de normas tiene una importancia cuantitativa superior a la del legislativo: coparticipación en la función legislativa a través de la remisión por el Gobierno de proyectos de ley a las Cortes (la mayor parte de las leyes tienen su origen en un proyecto gubernamental). participación directa en la producción legislativa a través de los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos. se agotan por su cumplimiento.
.la gran movilidad y novedad de las materias administrativas colapsarían los parlamentos. 3 . -el art. b/ formal: desde una perspectiva constitucional. 137 CE contiene una atribución implícita al reconocer la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses a los municipios. ¿Qué sujetos tienen conferido el ejercicio de la potestad reglamentaria? ** ADMINISTRACION CENTRAL El Gobierno de la nación tal y como señala el art. pero nunca podrá desaparecer en la medida en que se trata de una garantía constitucional.los amplios poderes de que goza la Administración en los Estados actuales reclaman una mayor juridificación de la organización y el funcionamiento de los servicios administrativos así como de las relaciones jurídico-administrativas en aras a conseguir la seguridad jurídica que reclama el principio de Estado de Derecho. 27. Órdenes Ministeriales) que permite determinar los órganos tienen atribuida la potestad reglamentaria.la regulación general y abstracta que ofrecen las normas legales debe ser completada para proceder a su aplicación práctica. 97 CE atribuye al Gobierno. El ámbito material de esta potestad reglamentaria vendrá determinada por el inciso "propios intereses". A un nivel infraconstitucional. provincias y Comunidades Autónomas. -El art. cuya actividad se caracteriza por la lentitud (discusión. en los términos que la ley establezca. . -El art. de ahí que las leyes reclamen frecuentemente la colaboración del poder reglamentario en esta tarea. de manera que la potestad para dictar normas reglamentarias podrá ser más o menos amplia en función del concreto diseño que realicen las mismas. el art. términos que se concretan en la Ley de Reforma Universitaria y en los Estatutos de cada centro. Derecho Administrativo I GAP . el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.Lección 1. en el seno de la Administración Central del Estado y en cuanto cabeza de la misma. pactos) de los procedimientos que la regulan. El grado de autonomía de cada uno de los entes referidos dependerá de la concreta articulación que realicen las normas infraconstitucionales.10 CE reconoce la autonomía de las Universidades. 97 CE. 23 LG establece una jerarquía normativa de manifestaciones reglamentarias (Reales Decretos. negociación.
38 de la precitada Ley señala que los Consejeros. el art. 22. el art. **OTROS PODERES DEL ESTADO -CORTES.12 de la Ley 6/2004.Lección 1. 32.2 CE prevén mecanismos de control de las disposiciones de carácter reglamentario emanadas de los órganos de la Administración autonómica. el art. 137 y ss. 33. Por tanto. salvo en los casos en que ésta se encuentre específicamente atribuida al Presidente de la Comunidad o a los Consejeros". las que emanan estas normas como medio. por disposición de rango legal les esté expresamente atribuida o en las materias de ámbito interno de su departamento”. reguladora de las Bases del Régimen Local al atribuir al Pleno de los municipios la potestad reglamentaria para "aprobar el Reglamento Orgánico y las Ordenanzas". constitucionalmente previsto. A modo de ejemplo. podrán ejercer la potestad reglamentaria “cuando.2. 72. Derecho Administrativo I GAP **COMUNIDADES AUTONOMAS Los arts.1 CE exige para su aprobación la misma mayoría que para las Leyes Orgánicas. Desde un punto de vista normativo el Reglamento de las Cortes Generales (Congreso y Senado) nada tiene que ver con las normas reglamentarias emanadas por los órganos de la Administración. Incluso. de 28 de diciembre. 22. 27.b). en cuanto Jefes de sus respectivas Consejerías. así como por el art. 153 c) y 161. CE implica el reconocimiento de la potestad para dictar normas de carácter reglamentario. para evitar injerencias de otros poderes del Estado: se trata de una reserva material que la Constitución realiza en favor del legislativo.d) de la Ley 7/85. **ENTIDADES LOCALES La garantía institucional de las Entidades Locales (según expresión del TC) que recogen los arts. se situarán en la misma posición jerárquica que las leyes. reconocimiento explicitado por el art. El art. del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia establece que corresponde al Consejo de Gobierno "ejercer la potestad reglamentaria. Son ellas mismas. A más abundamiento. autoras de las Leyes.2 LOTC incluye entre 4 . Todos los Estatutos de Autonomía atribuyen esta potestad a los órganos colegiados ejecutivos de la respectiva Comunidad Autónoma. que opera idéntica atribución en favor del Pleno de la Diputación Provincial. en base a la paternidad de estos Reglamentos. de 2 de abril.1 del EACARM reconoce al Consejo de Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas por el Estatuto a la competencia normativa de la Asamblea Regional. En desarrollo de esta previsión estatutaria el art.
El art. su función no es simplemente ejecutiva sino complementaria de la ley que solicita su colaboración. 110 LOPJ (modificado por la LO 16/1994. de 8 de noviembre.3 CE y 62. Clases de Reglamentos Tomando como base la clasificación establecida a mediados del siglo pasado por VON STEIN en función de las relaciones del reglamento con la ley. sin que quepa suplantarla ni contradecirla (SsTS 12/3/83. así como sobre el régimen de su personal y servicios. Ahora bien. que remiten el control judicial de las disposiciones emanadas del CGPJ a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. el nº2 del artículo precitado habilita al órgano de gobierno de los jueces para dictar Reglamentos de desarrollo de la LOPJ estableciendo regulaciones de carácter secundario y auxiliar. ya que de otro modo vulnerarían los arts. La naturaleza reglamentaria de estas normas queda evidenciada por los arts.Lección 4. organización y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función pública. ya que si sus reglamentos los dictara el ejecutivo se estaría atentando contra su independencia. o bien prepara la ejecución propiamente dicha disponiendo los instrumentos técnicos necesarios. Derecho Administrativo I GAP las normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales. II. Tal y como recuerda la STC 83/1984. 2. 9. -TC y CGPJ. 58 y 143.2 LOTC faculta al Tribunal para dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización. de reforma de la LOPJ) confiere al Pleno del CGPJ la potestad de dictar reglamentos en materia de personal. de manera que es posible cierta intervención del Reglamento en la regulación de las materias reservadas a la ley. debiéndose aprobar por el Pleno. desarrolla o complementa los preceptos legales. este principio “no excluye. El art. la posibilidad 5 .2 Ley 30/92. 18/12/84 y 16/6/86): no les corresponde regular aquellas materias esenciales cuya reglamentación corresponde a las leyes ni pueden vulnerar el principio de jerarquía. La razón que justifica la atribución a estos órganos de la potestad reglamentaria radica en el principio de la separación de poderes. de 24 de julio. Incluso. ciertamente. es preciso recordar que en nuestro sistema constitucional el principio de reserva de ley tiene un carácter relativo y no absoluto. podemos distinguir: **EJECUTIVO: es aquel que detalla. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Por tanto.2.
Respecto de la ley que complementan pueden ser: a/generales: complementan la ley en su conjunto (pe. COSCULLUELA piensa que.: Reglamento de la LEF). b/parciales: se limitan a determinados aspectos concretos de la Ley de que se trate.: Constitución francesa de 1958). GARCIA DE ENTERRIA señala que los reglamentos autónomos deben ser únicamente de tipo administrativo. expansión que determino que determinadas materias se regularan mediante normas reglamentarias sin un previo mandato legal y sin la existencia de una ley reguladora de las mismas ante la incapacidad mostrada por los Parlamentos para ocuparse de la tarea. debiendo reconducirse los normativos a la categoría de ejecutivos. Dentro de este tipo se puede distinguir entre: a/jurídicos o normativos: regulan materias que inciden en el ámbito jurídico de los ciudadanos. fueron adquiriendo una especial importancia (MM) con el cada vez mayor intervencionismo del Estado Social. otro sector doctrinal sostiene que al no realizar el art. A propósito de esta subdivisión. b/administrativos: se circunscriben a materias de organización y funcionamiento de las Administraciones Publicas. No obstante. que suponen la ruptura del tradicional esquema de la división de poderes. 6 . **INDEPENDIENTES: son aquellos dictados en ausencia de una ley que les ofrezca cobertura. pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a al Ley. 97 CE distinción alguna acerca del tipo de reglamentos que podría dictar el Gobierno este está facultado para dictar tanto independientes como ejecutivos en la esfera de derechos y deberes de los ciudadanos. por lo que atendiendo a los fundamentos últimos de las potestades legislativa y reglamentaria solo existirían en aquellos supuestos de reserva constitucional reglamentaria. 97 CE. el Gobierno puede dictar reglamentos ejecutivos aun en ausencia de previsión legal al respecto. lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador” (FJ 4) La existencia de este tipo de reglamentos permite una mayor flexibilidad de las regulaciones al posibilitar la permanencia de la ley y la continua adaptación del reglamento a las circunstancias concretas. es decir. en sus derechos y deberes. No obstante. Derecho Administrativo I GAP de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias.Lección 1. Este tipo de reglamentos. en base a la habilitación del art. ya que solamente se admitirían fuera del ámbito administrativo cuando la Constitución así lo previera (pe.
lo que nos lleva a rechazar la posibilidad de que los Ministros dicten reglamentos independientes de carácter jurídico. distinta de la mera ejecución de las leyes. 25 Constitución Española). la reserva de ley carecería de sentido si no se partiera del reconocimiento de los reglamentos autónomos: se trata.8063) entre otras: "aun hoy el Consejo de Ministros tiene atribuida una potestad reglamentaria genérica. por lo que requiere atribución expresa. La previsión del art. por tanto.Lección 1. de un limite a este tipo de normas. 7 . así por ejemplo los derechos y libertades fundamentales (art. una función política reconocida al titular de uno de los poderes del Estado que no puede concebirse como una simple potestad administrativa. no obstante. Respecto del resto de la capacidad de los Ministros para dictar este tipo de reglamentos es preciso señalar las diferencias existentes entre la potestad reconocida al Consejo de Ministros y a cada uno de sus integrantes (COSCULLUELA). simplemente. único órgano con competencia reglamentaria general. están sometidos a ciertos limites en relación con su posición subordinada a la ley: -han de respetar las reservas de ley que recoja la Constitución. expresión que tradicionalmente se ha interpretado referida a los reglamentos organizativos. Derecho Administrativo I GAP Además. 4 LG señala que corresponde al Ministro “ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento”. una habilitación expresa de la Ley o de un Reglamento dictado por el Gobierno. En cambio. el art. tal y como matiza COSCULLUELA. 97 CE configura la potestad reglamentaria como una atribución originaria de carácter gubernativo. sometida a los mismos límites que cualquier otra facultad reconocida a la Administración Pública. En este sentido. En cualquier otro ámbito será necesario. la capacidad para dictar Ordenes Ministeriales (extensible a cualquier órgano jerárquicamente inferior) es una potestad no prevista en la Constitución -que tampoco lo prohíbe-. 53 Constitución Española) o la materia sancionadora (art. Estos reglamentos. autónomos o praeter legem que si bien han de respetar el bloque de la legalidad formal no están sujetos a determinados requisitos de control previo". -no podrán suplantar a la ley en aquellas materias que esta regule a pesar de no existir reserva alguna en virtud del principio de jerarquía normativa y de la ausencia en nuestra Constitución de materias reservadas al Reglamento. no siendo ejecutivos aquellos Reglamentos dictados en ejecución de la potestad normativa genérica y denominados independientes. Así lo ha reconocido la STS 12/11/86(R.
medidas de carácter provisional cuya vigencia finalizara en el momento en que desaparezca el supuesto de hecho que las justifica. 97 CE confiere al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria. Derecho Administrativo I GAP ** DE NECESIDAD: se trata de una categoría polivante y discutible como señala SANTAMARIA PASTOR. especificando COSCULLUELA que a él le corresponde privativamente el dictado de los reglamentos ejecutivos generales y de los normativos independientes (SSTS 25/1/82 y 30/3/84). y el art. con lo que limita el ámbito de estas normas ministeriales. actos administrativos generales) se justifican por la necesidad de una respuesta rápida ante determinadas circunstancias excepcionales de emergencia. Pero ¿qué ocurre con el resto de los órganos de la Administración estatal? La Constitución no contiene norma prohibitiva al respecto. el art.33. Este tipo de normas (que en muchos casos son. por tanto. 3.8. siendo esta naturaleza excepcional la que les priva de efecto derogatorio. de 1 de junio. mas bien.: art. también el art.REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS REGLAMENTOS A/ COMPETENCIA El art. 4 LG atribuye a los ministros el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. Las autoridades inferiores también tendrán atribuida esta potestad cuando así lo establezcan las leyes.j LBRL. reguladora de los estados de alarma.22.d LBRL atribuye al Pleno la aprobación del Reglamento orgánico y las Ordenanzas: el art.b LBRL hace lo propio con el Pleno de 8 . En el ámbito local. 21.: las Comisiones Delegadas del Gobierno) En el ámbito de las CCAA.. las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.2. no pudiendo respetarse los cauces habituales de producción normativa debido a la necesidad de ofrecer una respuesta urgente a estas circunstancias.2 y 34 de la LO 4/81. Son. los EEAA y las respectivas leyes comunitarias de la Administración o del Gobierno reproducen el esquema estatal con la atribución de la potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno y a los Consejeros.Lección 1. No se pueden asimilar a los reglamentos autónomos o independientes en la medida en que están conectados con una regulación legal que posibilita su dictado (pe. al igual que ocurre con el caso de los Ministros (pe. Así. la atribución de la potestad reglamentaria se realiza en favor del Pleno de la correspondiente Entidad. excepción y sitio).2. que faculta al Alcalde para adoptar personalmente en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos.1.
sin que tengan trascendencia en orden a la creación del Derecho. si bien los mismos permanecerán subordinados a la voluntad de legislador. sin embargo consideran que no se trata mas que de un recordatorio de la vigencia de las normas. siendo en ocasiones incluso imprescindible. art. es preciso acudir al contenido de cada uno de ellos para determinar si tienen o no carácter normativo y son. Así ocurre en los supuestos de reserva de ley Orgánica (pe.. -ordenanzas: normas reguladoras de los diversos sectores de la actividad municipal (pe. consecuencia lógica del principio de jerarquía que recogen los arts..: art. 51 Ley 30/1992. esta cooperación no puede conllevar la desnaturalización de la reserva a través de la regulación del núcleo de la materia reservada por el reglamento. Derecho Administrativo I GAP la Diputación Provincial. Respecto de los bandos del Alcalde. Al hilo de estas normas de atribución cabe referirse a las diferentes denominaciones que en las Entidades Locales reciben sus productos normativos: -reglamentos: normas de carácter interno de la Entidad (pe. Ordenanzas fiscales. reglamentos.. 9 . el art.Lección 1.3 LBRL respecto de los Consejos Insulares. la extensión que se otorgue a la reserva de ley la que determinará el ámbito prohibido a los reglamentos independientes. de ahí que los requisitos de procedimiento y la exigencia de publicación sólo se prediquen de las ordenanzas.1 CE. 81 CE) o de ley ordinaria (art.3 y 103. Otro sector doctrinal. 30 CE…).: Reglamento de Organización). 41. quien puede decidir libremente en cualquier momento la regulación mediante ley formal en dichas materias en la medida en que no existe una reserva a favor de los reglamentos. Será. Ahora bien. En aquellas materias en las que no exista reserva legal será posible dictar reglamentos.).No pueden vulnerar ni la Constitución ni las leyes.No pueden regular aquellas materias que la Constitución y los EEAA reconocen a la competencia del poder legislativo (art. 2.1.. Ahora bien. la reserva de una materia para su regulación mediante una norma con rango formal de ley no implica que le esté vedado por completo al reglamento su colaboración. 9. 53. por tanto. 9. 51 Ley 30/92).: ORA. B/LIMITES 1.1 CE y el art. por tanto.
3 CE): sólo se podrán dictar reglamentos retroactivamente cuando contengan disposiciones favorables y no perjudiquen intereses de terceros. 5. 4. aun cuando ésta contuviera disposiciones restrictivas de derechos si se opta por la interpretación del profesor GARCIA DE ENTERRIA respecto del precepto constitucional precitado (La ley lo puede todo . Es una consecuencia lógica de carácter normativo de los reglamentos.Lección 1..Prohibición de dictar disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales con eficacia retroactiva (art. interdicción de la arbitrariedad... Más que un límite al ejercicio de la potestad reglamentaria se trata de un regla de aplicación de los reglamentos. respecto de los principios positivados como de aquellos que. 6.La inderogabilidad singular de los Reglamentos (art.3 LG.)...4 LG) supone que las disposiciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar las de carácter general aunque estén dictadas por una autoridad de rango superior. que ha venido a incorporar al Derecho positivo principios capitales de la actuación administrativa: sometimiento pleno al Derecho. que obligan incluso a su propio autor (sometimiento pleno al Derecho.En el ejercicio de la potestad reglamentaria se deben respetar los límites impuestos por los principios generales del Derecho en la medida en que el art. y los reglamentos forman parte del Ordenamiento jurídico) en tanto no se proceda a su modificación o derogación. Esta vinculación se produce.2 Ley 30/1992). 51. informan el ordenamiento.. 9.Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior (art. 23.. 23. un acto del Consejo de Ministros no podrá contravenir lo dispuesto en una Orden dictada por un Ministro cualquiera. Derecho Administrativo I GAP 3. 10 . sin estar recogidos expresamente en norma alguna. objetividad en la actuación administrativa. expresión esta última que pretende la negación del carácter únicamente positivista del Derecho. Hay que destacar a este respecto la influencia del Texto Constitucional.. 52 Ley 30/1992 y art. 103 CE obliga a la Administración a actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. pues. Por tanto.. traducción del principio de la jerarquía normativa en las relaciones entre reglamentos en que se concreta en la prelación recogida en el art. servicio a los intereses generales. sometimiento de la potestad reglamentaria a los fines que la justifican. También cabría atribuirles eficacia retroactiva cuando estuviesen dictados en ejecución de una ley dotada de efectos retroactivos.
149. del Consejo de Estado cuando se requiera según su Ley Orgánica (pe.18ª CE en una materia tan relevante. .: art.3 para los reglamentos ejecutivos) y del Ministerio de Administraciones Públicas cuando afecte a la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA. . La regulación ofrecida por las leyes al respecto no es tan precisa como la recogida por la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras respecto del procedimiento legislativo. Las peculiaridades se acentúan en la regulación que el art. con las peculiaridades de que el Estatuto de Autonomía de la CA de la Rioja dispone el cómputo de los veinte días a partir de la última publicación de la norma bien en el BOE o en el BOCA.1. 24 LG recoge el procedimiento para la elaboración de los Reglamentos.iniciativa: proyecto acompañado de un informe sobre la oportunidad y viabilidad económica. y la entrada en vigor de las normas de la CA de Madrid el mismo día de la publicación. 49 LBRL ofrece para la aprobación de las Ordenanzas locales: -aprobación inicial por el Pleno. Derecho Administrativo I GAP C/ PROCEDIMIENTO Es preciso destacar debidamente la inexistencia de una regulación básica dictada al amparo del art. siendo habitual considerar que sólo la omisión de los trámites que garantizan los derechos e intereses de los ciudadanos y los informes preceptivos son vicios constitutivos de la nulidad del reglamento. a pesar de la importancia del mismo en cuanto invita a una reflexión serena la legalidad. Este esquema procedimental se repite. posibilitando también la participación de los afectados por la regulación (tanto ciudadanos como funcionarios encargados de su aplicación). 11 . que se estructura en: .informe de la Secretaría General Técnica respectiva. En el ámbito estatal. por lo que resulta preciso acudir a la normativa específica dictada en cada ámbito. el art. 22. acierto y oportunidad del contenido. -información pública y audiencia de los interesados por el plazo mínimo de treinta días a partir de su publicación oficial para la presentación de reclamaciones y sugerencias. La valoración que hace la jurisprudencia del incumplimiento de estas reglas es desigual.Lección 1. con leves variantes.audiencia a los ciudadanos cuando afecte a sus derechos e intereses legítimos. en el ámbito de las CCAA.
Lección 1. Existen varias vías para controlar los posibles abusos que cometa el titular de la potestad reglamentaria en el ejercicio de la misma: a/ inaplicación: técnica que obliga a un previo enjuiciamiento previo a la aplicación acerca de si el reglamento ha respetado los límites a los que debía haberse sometido. 70 LBRL. Derecho Administrativo I GAP -resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.2 de la Ley 30/92 acude a la clásica expresión de la “nulidad de pleno derecho”. La obligación de rehusar la aplicación de un reglamento ilegal también alcanza a los propios funcionarios. 4. mientras que el art. 1. en la medida que su vinculación al reglamento deriva de la condición de 12 .. -publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (de la CCAA en el caso de que sea uniprovincial). si bien utilizando una denominación diversa.REGLAMENTOS ILEGALES: TÉCNICAS DE CONTROL Cualquier reglamento que contravenga los límites establecidos por el Ordenamiento jurídico es un reglamento ilegal. el Juez o Tribunal deberá plantear una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo (art. a la ley o al principio de jerarquía normativa. 27 LJCA). 6 LOPJ en base al sometimiento único de los mismos al imperio de la ley (art. así como que los órganos jurisdiccionales deban estimarla de oficio sin necesidad de que alguna de las partes lo alegue.2 CC señala que "carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior". en el supuesto de que se dicte una sentencia estimatoria en base a la ilegalidad del Reglamento. 6 LOPJ. No obstante. absteniéndose de aplicar aquel reglamento que estime ilegal tal y como indica el art. 117 CE). el art. Esta calificación de vicio de orden público determina que cualquier persona esté legitimada para solicitar la retirada del reglamento ilegal. 62. tal y como dispone el art. sumisión que se vería quebrada en el caso de que se procediera a la aplicación de un reglamento que vulnere una disposición legal. 6 LOPJ ordena a los jueces abstenerse de aplicar los reglamentos contrarios a la Constitución. La utilización de la misma se impone a los jueces y tribunales por el art. y el citado art. ilegalidad que desemboca en la nulidad de pleno derecho de la disposición infractora: se trata de una cuestión de orden público que no se puede dejar al arbitrio de los particulares en la medida en que se posibilitaría una vía para la derogación de las leyes formales. Así. A este efecto se refieren diversos preceptos.
careciendo de atribuciones para ello. en el caso de que sea directo habrá de hacerse dentro de los dos meses de la publicación oficial de la disposición. dictare una disposición general o suspendiere su ejecución”. en principio. ya que en el caso de que se haya utilizado el recurso directo. mientras que en el 13 . 6 y ss. si bien el art. 506 CP castiga al funcionario público o autoridad “que. estableciéndose en los arts. El segundo inciso del precepto citado posibilita la impugnación ante el órgano autor del reglamento de aquellos recursos contra actos administrativos que se fundamenten únicamente en la ilegalidad de alguna disposición administrativa de carácter general: es el denominado recurso per saltum. b/ vía judicial penal: el art. Los efectos son. 8 LOPJ y art. distintos según se utilice una u otra vía. Derecho Administrativo I GAP éste de norma integrante del ordenamiento jurídico que debe respetar ciertos límites. si el criterio de la validez del reglamento le fuere impuesto al funcionario en virtud de una orden jerárquica sí debería proceder a la aplicación. limitándose a comprobar las condiciones externas de validez. con lo que implica la eliminación del ordenamiento del reglamento ilegal. Respecto de los plazos de la interposición del recurso. 106 CE. comenzando el cómputo en este caso tras la notificación del acto aplicativo. LJCA el reparto competencial al respecto. y no del principio de la obediencia jerárquica al autor de la misma. No obstante. d/ vía judicial contencioso-administrativa: vía que se posibilita en base al control judicial del ejercicio por la Administración de la potestad reglamentaria (art.Lección 1. c/ vía administrativa indirecta (art. art. ya que en la medida en que el acto concreta en la realidad un reglamento ilegal también adolecerá de este vicio. Dentro de esta vía podemos distinguir un recurso contencioso-administrativo directo (en el que se solicita la declaración de nulidad del Reglamento) y un recurso indirecto (se impugna el acto de aplicación del Reglamento). 1 LJCA). mientras que la utilización de la vía indirecta permanece incluso después de transcurrido este plazo. 107. la anulación tiene efectos erga omnes. El órgano jurisdiccional competente será distinto en función del tipo de recurso que se utilice.3 Ley 30/1992): a través de esta vía se impugna el acto administrativo de aplicación del reglamento en base a la ilegalidad de este último. 26 LJCA posibilita ambas vías y permite utilizar la segunda aun en el supuesto de no haber sido estimada la ilegalidad en el recurso directo.
se está previendo implícitamente la facultad de los órganos de dichos Entes de plantear un conflicto en base a que una norma reglamentaria emanada por otra Administración haya invadido sus competencias. 161. quien se ocupa en principio del control de constitucionalidad de las leyes.Lección 1. 14 . si bien el art. Este control convive con el que realizan los órganos jurisdiccionales. ya que el control de legalidad se reserva a la jurisdicción ordinaria. 150) y no con la ley. En la medida en que la LOTC posibilita la sustanciación ante el Tribunal Constitucional de los conflictos de competencias positivos o negativos ente el Estado y las CCAA o de éstas entre sí. EEAA y LO del art. en consecuencia. el anulado será el acto de aplicación. e/ control ejercido por el Tribunal Constitucional. lo que explica que el parámetro utilizado por el Alto Tribunal para enjuiciar los reglamentos sea el de su conformidad o no con el bloque de la constitucionalidad (Constitución.2 CE prevé el supuesto de impugnación por el Gobierno Central de las disposiciones y resoluciones emanadas de los órganos autonómicos. La LJCA de 1998 ha pretendido reducir esta disparidad al configurar el planteamiento de la cuestión de ilegalidad como una obligación del órgano jurisdiccional. de manera que se adopte un criterio definitivo sobre la legalidad de la norma reglamentaria y se evite. la producción de actos ilegales “en cascada” como consecuencia de la aplicación de un reglamento ilegal. Derecho Administrativo I GAP supuesto de utilización del indirecto.
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