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Timestamp: 2018-10-20 19:07:42
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Matched Legal Cases: ['Artículo 106', 'Artículo 106', 'artículo 2', 'Artículo 82', 'Artículo 82', 'Artículo 37', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 404']

Las Consecuencias del Incumplimiento | COLEGIO-ético
Por COLEGIO-etico el 04/12/2014 en Noticias
Las consecuencias del incumplimiento de no aceptar las proposiciones en las Juntas Generales de los Colegios Profesionales.
En el presente artículo reflexionaremos sobre las consecuencias de no aceptar las proposiciones formuladas por los colegiados en uso del principio de democracia interna, y que de acuerdo a la legislación vigente, dicha conducta conlleva tres consecuencias.
a) Consecuencia Disciplinaria.
b) Consecuencia Administrativa.
c) Consecuencia Penal.
Al igual que, el artículo anterior es menester empezar por la norma de más alto rango que regula el tema en cuestión.
Efectivamente la Constitución Española en el apartado 2 del Artículo 106 establece lo siguiente:
“Artículo 106. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”
Al leer el artículo en mención nos preguntamos ¿qué tiene que ver el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con el funcionamiento de los servicios públicos?
Pues bien, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Colegios Profesionales, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es una Corporación de Derecho Público, amparada por la ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (art. 1,1 de la Ley 2/1974 de 13 de Febrero, de Colegios Profesionales y art. 2 de la Ley 19/1997 de 11 de Julio de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid).
Así lo recoge también el apartado 1 del artículo 2 del Estatuto General de la Abogacía Española, y el propio Estatuto del Colegio de Abogados de Madrid.
La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido el carácter mixto de los colegios profesionales que, a juicio del Tribunal presentan estas formas de organización social.
Asimismo, los Colegios Profesionales tienen la condición de poderes públicos, a los efectos de protección de los derechos fundamentales (Auto 93/1980, de 12 de Noviembre)
¿En qué consiste una Corporación de Derecho público?
Son personas jurídicas que no se crean por un pacto o acuerdo sino por una ley que determina sus fines, estructura y funcionamiento. Están sujetas al Derecho Privado, -de base privada, al constituirse con el fin de representar y defender los intereses de un determinado colectivo- y en algunos aspectos también al Derecho Administrativo.
En ese sentido, la Ley 30/1992 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común establece en la Primera Disposición Transitoria lo siguiente: D.T. 1ª: “Corporaciones de Derecho público: Las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales ajustarán su actuación a su legislación específica. En tanto no se complete esta legislación les serán de aplicación las prescripciones de esta Ley en lo que proceda.”
Por lo que, dicho lo anterior, nos encontramos en capacidad de analizar las consecuencias de incumplir el Estatuto por parte de las autoridades del colegio.
1. Consecuencia Disciplinaria.-
Tiene una consecuencia disciplinaria cuando se comete una infracción grave como incumplir con las normas estatutarias por parte de los colegiados (incluidos los miembros de la Junta de Gobierno)
Este incumplimiento, debe remitirse al Consejo General de la Abogacía Española quien tiene facultades disciplinarias sobre los miembros de la Junta de los Colegios de acuerdo con el apartado 1 del Artículo 82 del Real Decreto 658/2001, de 22 de Junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española:
Artículo 82.1. “Competen al Consejo General de la Abogacía las facultades disciplinarias en relación con los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios y, cuando se la atribuyan las disposiciones legales vigentes, también respecto de los miembros de los Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas.”
¿Y, qué entendemos por incumplir con las normas estatuarias?
Por ejemplo, no cumplir con el apartado 4, del Artículo 37, del Estatuto del Colegio de Abogados de Madrid:
4. “Hasta quince días antes de la celebración de la Junta General, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de ésta. Dichas proposiciones deberán aparecer suscritas, al menos, por 25 colegiados ejercientes. Las proposiciones que cumplan los requisitos anteriores serán leídas en la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir debate sobre ellas. En caso afirmativo se permitirán, sucesivamente, dos turnos a favor y dos en contra, y se someterán a votación. A juicio del Decano podrá ampliarse el número de turnos de forma razonable, siempre que la complejidad e importancia de la proposición lo requiera, manteniendo el equilibrio de las intervenciones”.
Por lo que solamente se exige que las proposiciones deban ser presentadas dentro de un plazo de quince días hábiles, y ser firmadas por veinticinco abogados ejercientes.
Una vez cumplidos esos dos únicos requisitos se tiene que leer literalmente dicha proposición colegial en las Juntas Generales y someter a la decisión mayoritaria de la Junta General si cabe o no la discusión y debate de las mismas. Por lo que, no cabe la injerencia de la mesa de presidencia de la Junta General o de la Decana ejerciendo funciones de moderadora en dicha Junta General para causar la suspensión del principio democrático de la participación colegial, mediante el establecimiento de un procedimiento ilegal de decisión sobre la procedencia o improcedencia de debatir las proposiciones que han presentado los colegiados cumpliendo con las formalidades exigidas. La decisión sobre el debate de las proposiciones no puede ser tomada por ningún otro órgano de gobierno colegial salvo la propia Junta General, y cualquier decisión en ese sentido tomada por la Mesa en general y la Decana en particular es contraria a la normativa reguladora en la materia, amparada por nuestro texto constitucional (art. 26 C.E y reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo).
2. Consecuencia Administrativa.-
La Tercera Disposición Adicional del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid establece lo siguiente:
Tercera. Supletoriedad de la legislación de procedimiento administrativo. “En los términos establecidos por la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y el Estatuto General de la Abogacía Española, la Legislación de Procedimiento Administrativo común será de aplicación supletoria respecto de las actuaciones corporativas que revistan naturaleza administrativa.”
En ese sentido, mediante la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común estableciendo en el Titulo X, las responsabilidades de las administraciones públicas, de sus autoridades y demás personal a su servicio.
El Artículo 145 de dicho cuerpo legal, regula la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas estableciendo que se podrá exigir directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio al incumplir por dolo, o culpa o negligencia grave teniendo en cuenta el resultado dañoso producido la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
En este caso, es importante hacer distinción entre la responsabilidad civil y administrativa, correspondiendo responsabilidad administrativa por los daños ocasionados por incumplir con el Estatuto del ICAM. Sería poco coherente como abogados pensar que no existe ninguna responsabilidad por los actos cometidos por nuestras autoridades.
3. Consecuencia Penal.–
El Artículo 146 de la Ley 30/1992 establece la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito que se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
En ese sentido, es importante señalar que, el título XIX del Código Penal regula los Delitos contra la Administración Pública concretamente la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Precisamente el Artículo 404 establece lo siguiente:
“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
Se trata de prevaricación siendo el bien jurídico tutelado el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en este caso, el correcto funcionamiento del ICAM, siendo el sujeto activo el órgano que tenga funciones decisorias y el sujeto pasivo los agraviados, en este caso el colectivo de abogados colegiados.
• Existen tres consecuencias por incumplir el Estatuto del ICAM por parte del moderador (a) de las Juntas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias (Consecuencia Disciplinaria, Administrativa y Penal)
• Las Proposiciones de los colegiados cumpliendo con todos los requisitos estatutariamente previstos y presentadas ante las Juntas Generales, constituidas como órgano de gobierno soberano, son la más alta expresión de los Principios de participación colegial, libertad de expresión y de democracia, establecidos en las leyes.
• Ante el incumplimiento de las normas, existe el principio de responsabilidad directa por parte de las autoridades del ICAM.
• Final, la última y más importante, es la siguiente: Siendo abogados, personas de leyes y con una formación jurídica, es inverosímil que se aplique un arbitrario y erróneo tratamiento a las proposiciones colegiales.
Porque el abogado que no respeta la ley, ni el cumplimiento de las normas, ni exige su cumplimiento, no es abogado.
@colegioetico
Con los hashtags:
#Participacion Colegial
Horacio Lavado Rojas
Abogado / Colegiado en el ICAM
Recurso de alzada ante el Consejo de Colegio de la Comunidad de Madrid
Una Respuesta a Las Consecuencias del Incumplimiento
montserrat 05/06/2016 en 9:53 am #
Buenos días: soy Montserrat Barreras González ,colegiada 223 del Colegio Procuradores de Vigo.
Me siento identificada con vosotros , pues voy a tener que emprender acciones legales contra los miembros de la Junta de Gobierno de mi Colegio , por prevaricación.
Creo que tengo clara mi línea de actuación , pero me gustaría intercambiar opiniones con vosotros.
Mi teléfono es 672356898 y mi mail barrerasprocu@mundo-r.com
Realmente es un escándalo como se comportan los “jerifalques” y por vuestra página veo que no es sólo en mi colegio, que es un “mal” generalizado.
Os ruego que de momento , no publiquéis nada de mi caso.