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Timestamp: 2019-08-24 18:16:51
Document Index: 98468034

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'artículo 89', 'artículo 5', 'artículo 164', 'artículo 89', 'artículo 5', 'artículo 368']

﻿ DECRETO 3087 DE 1997
DECRETO 3087 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. REGLAMENTADA LA LIQUIDACIÓN, RECAUDO Y MANEJO DE LAS CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD.
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 847 DE 2001 ARTÍCULO 17 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
“Por el cual se reglamentan las leyes 142 y 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996, en relación con la liquidación, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones de solidaridad y de los subsidios en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por red física”.
(Nota: Derogado por el Decreto 847 de 2001 artículo 17 del Ministerio de Minas y Energía).
1.1. Consumo básico o de subsistencia. Es aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas de los usuarios de menores ingresos. Para los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física, el consumo de subsistencia será el que de acuerdo con la ley establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En caso de que ambos se encuentren disponibles la CREG definirá el consumo de subsistencia equivalente máximo a subsidiar.
1.3. Valor del servicio. Es el resultante de aplicar las tarifas de energía eléctrica o de gas combustible por red física, según la fórmula tarifaria establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a las cantidades de electricidad o gas consumidas por el usuario durante un período de tiempo, este valor incluye el cargo fijo, si hay lugar a ello en la estructura tarifaria.
1.4. Red física. Para los efectos del presente decreto, se entiende por red física el conjunto de redes o tuberías de propiedad de un distribuidor de gas combustible, que conforman el sistema de suministro del servicio público a una comunidad en el cual se derivan las acometidas a los inmuebles.
1.7. Usuarios de menores ingresos. Son las personas naturales que se benefician de un servicio público y que pertenecen a los estratos 1 y 2; la Comisión de Regulación de Energía y Gas definirá las condiciones para que los usuarios del estrato 3, de las zonas urbanas y rurales sean considerados como usuarios de menores ingresos. Para ser beneficiario del subsidio es requisito que al usuario se le facture el respectivo servicio público de energía eléctrica o de gas combustible distribuido por red física.
1.8. Zona territorial. Corresponde al área definida por el mercado atendido por las empresas distribuidoras de energía eléctrica o de gas combustible distribuido por red física en condiciones uniformes y en la que se encuentre el usuario aportante.
ART. 2º—Naturaleza del fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos para los servicios de energía eléctrica y gas combustible por red física. El fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, de que trata el artículo 89.3 de la Ley 142 de 1994 es un fondo cuenta especial de manejo de recursos públicos, sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las demás normas legales vigentes; cuenta en la cual se incorporarán en forma separada y claramente identificable para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, los recursos provenientes de los excedentes de la contribución de solidaridad una vez se apliquen para el pago de la totalidad de los subsidios requeridos en la respectivas zonas territoriales.
ART. 3º—Funciones del Ministerio de Minas y Energía en relación con el fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos. Corresponde al Ministerio de Minas y Energía en relación con el fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos como recursos públicos del orden nacional, además de desarrollar las funciones establecidas en las leyes, las siguientes:
ART. 4º—Contabilidad interna. Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios deberán, en contabilidad separada, llevar las cuentas detalladas de las contribuciones de solidaridad recaudadas y de las rentas recibidas por transferencias de otras entidades, así como de su aplicación.
ART. 5º—Procedimiento interno. Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, efectuarán trimestralmente la conciliación de sus cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad. Si después de efectuada la conciliación referida existiera superávit, lo transferirá al fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su liquidación trimestral.
PAR. 1º—Si después de transcurridos los cuarenta y cinco (45) días desde la conciliación trimestral de las cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad, no han sido girados los superávit al fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos; o después de los cinco (5) días siguientes al recaudo de las contribuciones por parte de las empresas generadoras y comercializadoras no se han girado a la empresa distribuidora que representa la misma zona territorial del usuario aportante; se causarán intereses moratorios de la legislación comercial.
PAR. 2º—Los recursos que se recauden por concepto de contribuciones de solidaridad, en los servicios públicos a que hace referencia el presente decreto, se destinarán de conformidad con lo dispuesto por el inciso 4º del artículo 5º de la Ley 286 de 1996.
ART. 6º—Obligados al pago de la contribución de solidaridad. Están obligados a pagar la contribución de solidaridad los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y de los sectores industrial y comercial.
PAR. 1º—Están exentos del pago de la contribución de solidaridad los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro que así lo soliciten a la respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción siempre pagarán el valor del consumo facturado al valor del servicio.
PAR. 2º—Del total del gas combustible y de energía eléctrica que consuman las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, el porcentaje que requieran y necesiten para poder desarrollar su objeto social, específicamente las actividades inherentes a la propia prestación del servicio público a su cargo, no estará sujeto al pago de contribución de solidaridad. En consecuencia, deberán solicitar y facilitar las condiciones necesarias a la empresa que preste el respectivo servicio público para separar los consumos y que al facturarles se distingan aquellos consumos destinados a la prestación del servicio público de los demás.
PAR. 3º—Las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de agua potable y saneamiento básico que produzcan, como autogeneradoras, marginalmente energía para la operación de sus sistemas, la producción de esta energía no estará sujeta al pago de contribución de solidaridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley 142 de 1994.
PAR. 4º—Los terceros a que hace referencia el artículo 89.5 de la Ley 142 de 1994, son para los efectos del presente decreto grandes consumidores de gas combustible de acuerdo con lo establecido por el inciso 1º, del artículo 5º de la Ley 286 de 1996.
ART. 8º—Factor con el cual se determina la contribución de solidaridad. Los límites de la contribución de solidaridad en electricidad y gas combustible distribuido por red física, serán los fijados por la ley. Dentro de estos límites y de acuerdo con las necesidades de subsidio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas por resolución podrá variar la contribución de solidaridad.
ART. 9º—Responsabilidad de los prestadores de servicios públicos. Todo recaudador de contribuciones de solidaridad será patrimonialmente responsable y deberá efectuar el traslado oportuno de las sumas recaudadas.
ART. 10.—Recaudo de la contribución de solidaridad por autogeneradores de energía. Quienes generen energía para su propio uso, enajenen parte de ella a sus socios o a terceros y tengan una capacidad instalada superior a 25.000 kilovatios, recaudarán un 20% como contribución de solidaridad del valor de su generación, descontando de esta el valor vendido a empresas distribuidoras.
ART. 11.—Beneficiarios del subsidio. Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende por beneficiarios del subsidio a los usuarios residenciales de menores ingresos de los estratos 1 y 2 de la clasificación socioeconómica; la Comisión de Regulación de Energía y Gas definirá las condiciones para otorgar los subsidios al estrato 3, de las zonas urbanas y rurales. La estratificación será la resultante de la aplicación de la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación.
PAR. 1º—Para ser beneficiario del subsidio, el usuario deberá ser facturado.
PAR. 2º—Se consideran incorporados al estrato 1 para efectos de subsidios del servicio público de electricidad, los distritos de riego construidos o administrados por el Incora y que sean menores de cincuenta (50) hectáreas.
ART. 12.—Criterios de asignación. El Ministerio de Minas y Energía definirá los criterios con los cuales el Gobierno Nacional asignará los recursos del presupuesto nacional destinados a sufragar los subsidios, y propondrá la distribución en concordancia con lo establecido por la Ley 142 de 1994 y por este decreto, pero siempre se deberá tener en cuenta para su asignación, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios recursos.
PAR.—Cuando el monto de los recursos apropiados en el fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos, y en los presupuestos departamentales, distritales y municipales no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios previstos, la entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios, deberá prever el plan de ajuste tarifario requerido.
ART. 13.—Los subsidios y las cuentas de los prestadores de servicios públicos. De los valores de los subsidios que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas presupuestales y en las leyes 142 y 143 de 1994 y 286 de 1996, repartan los prestadores del servicio, se informarán trimestralmente al Ministerio de Minas y Energía-Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.
ART. 14.—Liquidación de los subsidios para cada usuario. Los prestadores de servicios públicos, al elaborar las facturas de aquellos usuarios que, por disposición legal, tengan derecho a recibir subsidios procederán de la siguiente manera:
e) No podrán destinarse a otorgar subsidios a personas diferentes de los beneficiarios del subsidio, y
ART. 15.—Competencia de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales en la asignación de subsidios. Corresponde a las asambleas departamentales y a los concejos distritales o municipales decidir:
PAR.—Las decisiones que tomen las asambleas y los concejos sobre cuáles servicios o cuáles estratos subsidiar, o sobre el monto de las partidas para los subsidios, en ningún caso impedirán que se cobre la contribución de solidaridad a los usuarios de los estratos que, según la ley, estén sujetos a ella.
ART. 16.—Transferencias efectivas de las entidades prestadoras de los servicios públicos. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas presupuestales sobre apropiaciones y ordenación del gasto, las transferencias efectivas de dinero de las entidades prestadoras de servicios públicos al fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos por concepto de contribuciones de solidaridad sólo ocurrirán cuando se presenten superávit, después de compensar internamente los recursos necesarios para otorgar subsidios.
ART. 17.—Normas para los recaudos. Los recursos del fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos son públicos, por lo tanto, quienes hagan sus recaudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y sanciones que se aplican a los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas que lo sustituyan.
ART. 18.—Reparto de los recursos del fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos. Los recursos del fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos por concepto de contribución de solidaridad, se repartirán de la siguiente manera:
ART. 19.—Obligación de los prestadores de servicios públicos de estimar las contribuciones y de informar a la Nación y demás autoridades competentes para decretar subsidios. Los prestadores de los servicios de energía eléctrica y gas combustible por red física, tienen la obligación de estimar el producto de las contribuciones de solidaridad que razonablemente esperan recaudar en la vigencia fiscal inmediatamente siguiente y suministrar tal información al fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos, y a las autoridades departamentales, distritales y municipales y que, según el artículo 368 de la Constitución Política, pueden decretar subsidios, con el fin de que estas las tengan en cuenta al preparar sus presupuestos para la asignación de recursos para subsidiar tales servicios.
ART. 20.—Informes. Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios deberán informar a la comunidad, a través de medios de información masiva y por lo menos una vez al año, la utilización de manera precisa que dieron de los subsidios.
ART. 21.—Aplicación de los distritos y departamentos. Los departamentos, distritos y municipios aplicarán, en sus territorios, normas iguales en lo pertinente a las de este decreto, cuando haya situaciones relacionadas con subsidios que deban aplicar y que no hayan sido objeto de reglamentación especial.
ART. 22.—Asimilación entre municipios y distritos. Salvo en cuanto haya legislación expresa que disponga otra cosa, siempre que en este decreto se mencionen los municipios o las autoridades, se entenderán incluidos también los distritos, los territorios indígenas que se constituyan como entidades territoriales y el departamento de San Andrés y Providencia; y aquellas autoridades que puedan asimilarse con más facilidad a las correspondientes autoridades municipales.
ART. 23.—Régimen de transición. Quienes hayan recibido la contribución de solidaridad deberán girar al fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos los superávit obtenidos a partir de la vigencia de la Ley 142 de 1994, los cuales deberán ser consignados antes del 30 de julio de 1998, para lo cual podrán efectuar acuerdos de pagos.
ART. 24.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 23 diciembre de 1997.