Source: https://moose.cec.org/moose/lawdatabase/mxdoc.cfm?varlan=espanol&topic=6
Timestamp: 2018-09-20 03:12:04
Document Index: 57370900

Matched Legal Cases: ['artículo 159', 'artículo 18', 'Artículo 180', 'artículo 34', 'Artículo 204', 'Artículo 182', 'artículo 20', 'Artículo 58', 'artículo 78']

6. Participación del público
6 Participación del público
De acuerdo con los Artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Mexicana), la participación ciudadana en el proceso de creación de leyes está limitado a las casillas de votación y a los representantes elegidos en las legislaturas estatales y federales.
Participación en la adopción de Normas Oficiales Mexicanas
La participación ciudadana está prevista bajo la Ley Federal de Metrología que regula el proceso para adoptar Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que antes de 1992 se denominaban Normas Técnicas Ecológicas (NTEs). Las NOM son estándares, especificaciones, criterios, normas, instrucciones o circulares técnicas adoptadas por las diferentes Secretarías con respecto al Programa Nacional de Normalización, que está bajo la dirección de la Secretaría de Economía (SE).
Comités NOM
La Comisión Nacional de Normalización (CNN), que está constituida por representantes de varias Secretarías e instituciones públicas y privadas, asociaciones y organizaciones aplica el Programa de Normalización y recomienda la aplicación de las NOM, y lleva a cabo todas las gestiones relacionadas con la elaboración, modificación y difusión de normas oficiales mexicanas.
Adicionalmente a la CNN se encuentran los Comités Consultivos Nacionales de Normalización con representantes técnicos de las correspondientes Secretarías y de los sectores público y privado, que son responsables de la creación de las NOM y de vigilar su cumplimiento.
Procedimientos para la adopción de las NOM
Una vez que el Comité Consultivo recibe de una Secretaría el proyecto de NOM, el Comité Consultivo correspondiente cuenta con 75 días para hacer sus comentarios. El proponente del proyecto de NOM dispone entonces de treinta días para "hacerle las correspondientes modificaciones". El proyecto de NOM revisado se publica en el Diario Oficial de la Federación (en adelante Diario Oficial) por 60 días para quedar sujeto a los comentarios del público. El proponente del proyecto de NOM puede solicitar que éste se publique en el Diario Oficial sin las modificaciones que le haya hecho el Comité Consultivo, si considera que éstas son improcedentes.
El público tiene la libertad de consultar cualquier análisis que el Comité Consultivo haya realizado en torno de la NOM propuesta. Al finalizar el período de los comentarios públicos el Comité Consultivo cuenta con cuarenta y cinco días para estudiar y hacer cambios a la NOM propuesta y para preparar las respuestas a los comentarios recibidos, que entonces se publican en el Diario Oficial. Los miembros del Comité Consultivo, de la Comisión Nacional de Normalización y la autoridad competente (Secretaría), también pueden recomendar que se cancele la NOM.
Una vez que el Comité de Normalización respectivo apruebe el texto de la norma, entonces ésta será expedida por la autoridad competente, y se publicará en el Diario Oficial a modo de tener efecto.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA) menciona constantemente la participación del público general o "participación social". La Ley asigna a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la responsabilidad de promover la participación ciudadana para la protección ambiental.
Con este objetivo, y de acuerdo a los Artículos 157 y 158 de la Ley de Ecología, el Gobierno Federal, a través de la SEMARNAT, deberá concertar con organizaciones civiles, instituciones privadas no lucrativas y con ciudadanos interesados para emprender acciones ecológicas conjuntas para la protección y restauración ambiental.
Así mismo, de acuerdo con el artículo 159 de la LGEEPA la SEMARNAT establecerá para la implementación y el seguimiento de las políticas ambientales consejos consultivos donde participarán ONGs, universidades, empresarios y autoridades estatales y federales. La SEMARNAT deberá de analizar las opiniones de los consejos consultivos y deberá resolver por escrito explicando las razones por las que acepta o rechaza tales opiniones.
Estos Consejos son órganos consultivos que tienen a su cargo las funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política ambiental y pueden emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes a fin de que la SEMARNAT responda a las demandas de la sociedad civil respecto a la política de medio ambiente.
Los Consejos existentes en SEMARNAT son los siguientes:
Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. Actualmente sesionan cinco Consejos Regionales y el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable
Comité Consultivo Nacional No Gubernamental del Acuerdo de Cooperación (ACAAN)
Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal
Consejo Consultivo del Agua (Carácter de Nacional)
Consejos Asesores de Áreas Naturales Protegidas
Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias Subcomités de Vida Silvestre
Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental
Otras leyes y regulaciones ambientales, incluidas la Ley Forestal, La Ley General de Vida Silvestre, La Ley General de Asentamientos Humanos y los Reglamentos de la LGEEPA en asuntos relativos a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera y a los residuos peligrosos, también hacen referencia general a la promoción de la participación social y a los acuerdos de cooperación con miembros del sector privado.
La LGEEPA ofrece a los ciudadanos, a las organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones sociales diversos mecanismos para la participación pública en la planeación y política ambiental y aplicación de las leyes y reglamentos ambientales. Estos mecanismos incluyen el derecho a lo siguiente:
Participación en la planeación ambiental
presentar una Denuncia Popular;
promover un Recurso de Revisión;
solicitar una Consulta Pública y una reunión pública de información sobre la evaluación de impacto ambiental de un proyecto;
solicitar un Dictamen Técnico;
presentar una Denuncia Penal, y
Participar en la elaboración de programas de ordenamiento ecológico
Participar en el establecimiento de Areas Naturales Protegidas
Participar en los programas de restauración ecológica
promover un Juicio de Amparo.
Se establece en artículo 18 de la LGEEPA que el gobierno federal debe de promover la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de programas que tengan por objeto la protección del medio ambiente.
Bajo la LGEEPA, cualquier ciudadano puede entablar una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que es parte de la SEMARNAT, para cualquier incidente, acto u omisión dentro de la jurisdicción del gobierno federal que dañe o pueda dañar al medio ambiente o a los recursos naturales. La persona que entable la denuncia debe proporcionar su nombre y dirección, así como suficiente información para poder localizar la fuente de la demanda. En el caso de que en la localidad no existiera una representación de la PROFEPA, la denuncia se podrá presentar ante las autoridades municipales.
Cuando se presenten dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, la PROFEPA las integrará en un solo expediente. La denuncia también se podrá formular por vía telefónica; el denunciante deberá ratificarla por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la denuncia. El denunciante podrá aportar pruebas, documentos e información relacionada con la denuncia. Por otro lado, la PROFEPA podrá solicitar la colaboración de Universidades, ONG's y centros de investigación para realizar estudios y peritajes relacionados con las denuncias. Al recibir la denuncia, la PROFEPA cuenta con 10 días hábiles para informar al demandante sobre el trámite que ha dado a la misma.
El recurso de revisión tiene como objetivo apelar actos y resoluciones de autoridades administrativas. Las resoluciones definitivas dictadas por la PROFEPA podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión. Dicho recurso deberá interponerse dentro de los siguientes quince días hábiles, ante la autoridad que dictó la resolución impugnada.
De conformidad con el Artículo 180 de la LGEEPA, las personas físicas y morales de comunidades afectadas por obras y actividades que contravengan las leyes ambientales, reglamentos y declaratorias de áreas naturales protegidas, podrán interponer un recurso de revisión para impugnar los actos administrativos correspondientes, exigiendo el cumplimiento de la Ley, siempre que demuestren que tales obras ponen en peligro la calidad de vida, el medio ambiente o la salud pública. El recurso de revisión se tramitará de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo(LFPA)
Participación pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
El artículo 34 de la LGEEPA exige que las manifestaciones de impacto ambiental se pongan a disposición del público para ser consultadas por cualquier persona, salvaguardando los derechos de propiedad industrial y la confidencialidad de la información comercial. Además, este artículo establece un procedimiento de consulta pública que podrá iniciar la Secretaría a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate. Este procedimiento incluye la posibilidad de que la autoridad organice una reunión pública de información cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas. En la reunión el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate y cualquier interesado podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales. Las observaciones realizadas por los interesados se incluirán en el expediente respectivo. La autoridad deberá reflejar en la resolución que emita el proceso de consulta pública realizado y las observaciones y propuestas que se hayan formulado por escrito.
Solicitud de un Dictamen Técnico
De acuerdo con el Artículo 204 de la LGEEPA, los ciudadanos están en libertad de solicitar de la SEMARNAT un dictamen técnico cuando se les ha lesionado o dañado por una infracción a la Ley de Ecología. Así pues, el tendrá valor de prueba en el juicio. Por ejemplo, con una demanda civil para obtener una compensación económica o el resarcimiento del daño.
De acuerdo con el Artículo 182 de la LGEEPA, toda persona podrá acudir al Ministerio Público para presentar denuncias penales con respecto a actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales, según lo establecido en los Artículos 415 al 423 del Código Penal Federal.
Con base a los Artículos 103 y 107 de la Constitución Mexicana, el juicio de amparo es el último recurso de una acción legal entablado por una parte agraviada que busca reparación, suspensión o anulación de un acto por parte de la autoridad gubernamental que viole los derechos individuales garantizados del demandante, incluyendo la garantía de legalidad. Las dos clases de amparo más comunes son el amparo indirecto y el amparo directo. Un juicio de amparo indirecto se puede iniciar en el Tribunal de Distrito: (1) para impugnar una ley local o federal, un tratado internacional, reglamentos estatales ejecutivos o locales, o los reglamentos, decretos o acuerdos generales; o (2) para acciones que no provienen de tribunales judiciales, administrativos o laborales. Por otra parte, un amparo directo se puede iniciar para impugnar sentencias definitivas o decisiones y resoluciones que imponen un juicio final dictado por un tribunal civil, administrativo o laboral por infracción de una ley o su interpretación judicial.
Bajo la Ley de Amparo existen tres partes potenciales: (1) la parte o partes agraviadas; (2) la autoridad o autoridades responsables, y (3) las terceras partes afectadas. Al iniciar un amparo la parte agraviada debe demostrar un interés legítimo o legal en el daño que se pretende resarcir y una causación que sea "personal y directa".
Sin embargo, a menudo es difícil para los ciudadanos demostrar interés legítimo o jurídico debido a que en materia ambiental el interés tiende a ser "colectivo" o "difuso". Asimismo, también resulta complicado para los ciudadanos demostrar una causación personal y directa entre la acción o inacción del gobierno y el daño que se alega. Por añadidura, los juicios de amparo sólo se aplican a la parte agraviada que lleva el caso. Como consecuencia, los procesos de amparo, no se pueden utilizar en una acción jurídico de grupo. Sólo después de cinco casos consecutivos de amparo sobre el mismo asunto y en el sentido se crea jurisprudencia, como criterio de interpretación obligatorio. En casi todas las instancias, el demandante tiene que haber agotado todos los recursos legales antes de entablar la demanda de amparo.
El artículo 20 Bis determina que para la elaboración del ordenamiento ecológico general del territorio se deberá de promover la participación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, así como instituciones académicas y de investigación.
Se establece que previamente a la expedición de las declaratorias para la expedición de las áreas naturales protegidas, se debe de solicitar la opinión, entre otros sectores de organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, etc. (Artículo 58 de la LGEEPA)
En los programas de restauración ecológica en aquellas áreas que presenten procesos de degradación, de conformidad con el artículo 78, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas y personas interesadas.