Source: http://cgp.org.gt/ley-de-libre-acceso-a-la-informacion-guatemala/
Timestamp: 2017-11-18 08:22:38
Document Index: 155584308

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 114', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 411', 'Artículo 412', 'Artículo 8', 'Artículo 10']

Ley de libre acceso a la información – Camara Guatemalteca
HomeLey de libre acceso a la información
La libertad de expresión y sus garantías constitucionales
NOTA: La primera norma de protección a la libertad de expresión está fundamentada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual es el siguiente:
NOTA: Asimismo, siempre en la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 13 se refiere a los motivos para auto de prisión e indica hasta qué momento pueden las fuerzas policíacas presentar a un individuo ante los medios de comunicación:
Artículo 13: Segundo párrafo: (de la Constitución Política) Las autoridades policiacas no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.
NOTA: Las autoridades de justicia siempre deberán tener presente que el articulado de la Constitución Política de la República de Guatemala es el que prevalece sobre leyes o tratados internacionales, y que en materia de derechos humanos predomina toda normativa internacional ratificada por el Estado de Guatemala. A continuación el artículo que describe esta disposición:
Artículo 114. Jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
NOTA: La Ley de Emisión del Pensamiento es el principal instrumento para la protección a la libertad de expresión y de aquellos que hacen de ella una profesión, a continuación el decreto que dio vida a este articulado:
El Código Penal cuenta en su articulado lo concerniente a la calumnia, injuria y delito de difamación, los cuales son abordados de la siguiente forma:
Artículo 159. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio.
El responsable de calumnia será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años y multa de cincuenta a doscientos quetzales.
Veracidad de la imputación
Artículo 160. En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación.
Artículo 161. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menos precio de otra persona.
NOTA: El responsable de injuria será sancionado con prisión de dos meses a un año.
Artículo 164. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido, ante la sociedad.
Publicaciones de ofensas
Artículo 165. Quien, a sabiendas reprodujere por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas de dos a cinco años.
Artículo 166. No incurre en delito de calumnia, injuria o difamación, siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar:
Artículo 411. Desacato a los presidentes de los organismos del Estado. Quien ofendiere en su dignidad o decoro, o amenazare, injuriare o calumniare a cualquiera de los presidentes de los organismos del Estado, será sancionado con prisión de uno a tres años.
Artículo 412. Desacato a la autoridad. Quien amenazare, injuriare, calumniare o de cualquier otro modo ofendiere en su dignidad o decoro, a una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
NOTA: Toda persona tiene derecho a protegerse bajo la normativa de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la cual señala:
Artículo 8. Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
Artículo 10. Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado.
a) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquiera otra ley;
b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley;
c) Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República; no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional;
d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa;
e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo;
f) Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de treinta días, una vez agotado el procedimiento correspondiente; así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite;
g) En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión;
h) En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo, que tuvieren establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
Lo determinado en los incisos anteriores, no excluye cualesquiera otros casos, que no estando comprendidos en esa enumeración, sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido por los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley.
NOTA: Los periodistas tienen derecho a ingresar a empresas de cine, teatro, circos, estadios y otros espectáculos públicos, siempre y cuando pertenezcan a asociaciones gremiales con personalidad jurídica y tengan sus acreditaciones respectivas, sin embargo el ingreso es personal, esto no incluye a su grupo familiar, según quedó establecido en el Decreto 1803, desde 1968: