Source: https://laalameda.wordpress.com/2015/06/02/el-juez-bonadio-salva-a-falabella/
Timestamp: 2017-06-22 16:39:13
Document Index: 195468009

Matched Legal Cases: ['artículo 449', 'artículo 438', 'artículo 120', 'artículo 193', 'artículo 294', 'artículo 306']

El juez Bonadio salva a Falabella | La Alameda
El juez Bonadio salva a Falabella
El juez federal Claudio Bonadio archivó la causa contra el dueño de la marca Falabella y sus proveedores por trata y trabajo esclavo. El magistrado calificó de “buenas condiciones” a dos talleres textiles clandestinos donde vivían los inmigrantes indocumentados, hacinados y encerrados. Aquí la apelación del fiscal.
“Buenas” condiciones fue la calificación del juez federal Bonadio para salvar de la indagatoria y procesamiento al dueño de Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, y sus proveedores los hermanos Héctor y Gustavo Mitelman de la firma “SIFAP S.A.”, implicados en una causa donde se descubrió etiquetas y prendas de Falabella en dos talleres textiles clandestinos de la Capital Federal donde se sometía a los costureros algunos sin documentos a trabajar a destajo, encerrados, hacinados y viviendo en el mismo taller. No le importó al juez Bonadio la declaración de la inspectora de la AFIP que el día del allanamiento al taller en Quirós 3041, el 12 de marzo de 2012, cuando entrevistó a un costurero este reconoció “que no conocía las calles donde se encontraba”. Tampoco le importó al magistrado que los costureros inmigrantes vivían allí hacinados, que había olor encierro, que se los notaba sucios y cansados, al punto que ni siquiera tenía una mesa para comer, menos un televisor. Para Bonadio, y así lo señala su fallo en el archivo de la causa donde nunca llamó a indagatoria a los empresarios, es “una mera falta administrativa” estos talleres no habilitados que trabajaban con las ventanas polarizadas y con una malla metálica a modo de reja. Y que su vulnerabilidad se agravaba porque trabajaban a destajo, o sea se le pagaba por prenda, y dos de ellos sin documentación. El gran favor de Bonadio a Falabella se tramita en el expediente 13345/2012 caratulada NN s/reducción a la servidumbre también refiere al delito de trata de personas (ley 26.364 modificada por la ley 26.842) ya que se encontró según el fiscal Federico Delgado que apeló el archivo de la causa y solicitó la indagatoria de los empresarios “que se apropian del trabajo esclavo a través de la cadena de explotación de seres humanos”. Los talleres textiles clandestinos se ubican en Quirós 3041, San Nicolás 266 y San Nicolas 276/8 que fueron allanados el 12 de marzo. Allí trabajaban diez personas en condiciones con cama adentro, con un sueldo de aproximadamente $2.500 -de los cuales $1000 eran retenidos para la comida y vivienda- y que las condiciones de higiene del lugar eran deplorables.
Notificada la fiscalía de la resolución que dispuso sobreseer a Juan Luis Mingo Salazar; Gustavo Mitelman y Héctor Mitelman, en tiempo y forma se interpone recurso de apelación conforme las previsiones contenidas en el artículo 449 y concordantes del CPPN, por causar dicha decisión gravamen irreparable al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, antes de expresar la voluntad recursiva es preciso realizar una mínima aclaración destinada a definir los alcances del dictamen. El artículo 438 del código de formas nos obliga a indicar los motivos de la apelación. Es imprescindible, por lo tanto, definir qué es motivo desde el lugar en que está parado el apelante. En este caso, desde el Estado y anclado en el artículo 120 de la Constitución Nacional en el que se objetiva la doble función del Ministerio Público: organismo requirente de la jurisdicción y custodio de la legalidad. Desde esta posición, entonces, es imperativo definir la palabra motivo.
Es más, este criterio fue ratificado por la Procuración General de la Nación[2]. Así, al explicar el lugar procesal en el que se ubica la apelación y definir con precisión el término, hemos sorteado el primer obstáculo: el de la admisibilidad del remedio. Vayamos entonces a las razones que edifican los motivos.
Sin embargo, la fiscalía considera que la decisión resulta totalmente arbitraria y errónea a la luz de lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto descarta todos los elementos que verifican la existencia del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y parcializa la investigación de modo que únicamente valora (de forma vaga) aquellas constancias que permiten adoptar la decisión que hoy se recurre. En otras palabras, recorta el objeto procesal sobre la base de un “nomen iuris” que no se condice con los elementos de prueba recolectados. A fin de aclarar las razones expuestas, relataremos la forma en la que la causa llegó a esta instancia del proceso: El 20 de diciembre de 2012, Santiago Mozetic -Jefe de la Sección Penal de la Dirección Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos- denunció ante la cámara federal que en el marco de las tareas de prevención y control de empleo no registrado, constató el funcionamiento de dos talleres textiles clandestinos, ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266, ambos de esta ciudad. Señaló que allí trabajaban diez personas en condiciones de “empleados cama adentro”, con un sueldo de aproximadamente $2500 -de los cuales $1000 eran retenidos para la comida y vivienda- y que las condiciones de higiene del lugar eran deplorables. A la par, se averiguó que el lugar poseía cuatro ingresos, sus ventanas estaban polarizadas y tenían colocada una malla metálica a modo de reja. Además, una empleada de un bar lindero manifestó que iba a ser muy difícil que atendieran a los inspectores y que seguramente los estaban observando por las ventanas espejadas. Dijo que notó cómo algunas personas que ingresaban al lugar “tiraban piedras a las ventanas del primer piso para que les abrieran” (ver fojas 1/50). Una situación análoga se detectó en relación al taller ubicado en San Nicolás 266, con la particularidad que en ese caso el sitio era utilizado como vivienda por los dueños de ambos lugares.
Frente a ello, a instancias de la fiscalía, el juzgado dispuso el allanamiento de los domicilios con el objeto de verificar las condiciones de salud, higiene, alimentación, entre otras, en las que se encontraban los trabajadores de los talleres. Dichos procedimientos se realizaron, en forma simultánea, el 12 de marzo de 2013 (ver fojas 109/110). A continuación, se describirán sus resultados. -Respecto del taller textil ubicado en San Nicolás 266 de esta ciudad (fojas 124/142): En tal ocasión, los funcionarios policiales fueron atendidos por Robert Egber Tupiño Yncacutipa –encargado del taller-, quien manifestó que viví en el lugar junto a su esposa, Sonia Paula Salas Huaman. Durante el allanamiento, también se encontraban presentes Haydee Sara Salas Huaman (hermana de Sonia), Nazaria Jesusa Huaman López (suegra de Robert Egber), y las menores Yhannela Kimbelyn Tupiño Salas, Paula Andrea Tupiño Salas y Magdiel Sarai Tupiño Salas (hijas de la pareja), todas ellas domiciliadas en el lugar.
-Respecto del taller ubicado en Quirós 3041 de esta ciudad (fojas 184/218): Se verificó que allí funcionaba un taller textil que tenía, para ese tiempo, doce máquinas de coser, cuyo encargado era Robert Egber Tupiño Yncacutipa. Al momento del allanamiento, se encontraban presentes Michel Báez Huaman –quien recibió a los preventores al ingresar a la vivienda, y por esa razón fue detenido y luego liberado-, Carlos Mijael Callisaya Ojeda, Norma Huaman Huaman (vivía en el domicilio de San Nicolás 266, donde fue hallado su DNI), Franklin Báez Huaman y Remo Moises Báez Quispe (quienes vivían en el domicilio allanado). Todos ellos son ciudadanos de nacionalidad peruana, con excepción de Carlos Mijael Callisaya Ojeda, que es boliviano.
Tal la genealogía de los hechos. Es tiempo de colocarnos en otro nivel de análisis, porque ya sabemos que los talleres funcionaban y también sabemos que se fabricaban prendas para “Falabella”. De todos modos, era preciso articular esa información. Por ello la fiscalía interrogó a los especialistas de la AFIP. Los inspectores que participaron de los allanamientos en cuestión prestaron declaración testimonial en la fiscalía. En tales ocasiones, brindaron un panorama de cuanto observaron en los procedimientos, las condiciones edilicias, de higiene y seguridad de los talleres allanados, y la situación de los empleados. También aportaron los informes elaborados como consecuencia de ellos (ver fojas 277/325 y 382/423).
En este contexto, consideramos que la decisión de VS. resulta arbitraria toda vez se basa en elementos que no se encuentran acreditados en la causa. Veamos: el juez considera que la “realidad fáctica que surge de la investigación” radica en que la clandestinidad de los talleres es tal “por estar al margen de todo marco tributario y de regularidad laboral, ídem respecto los requisitos que exige [el gobierno de] la ciudad de Buenos Aires”. De ese modo, concluye en que “lo único concreto” es la existencia de dos talleres que “funcionan al margen de toda habilitación”. Es decir, que a juicio del magistrado se trataría de una falta meramente administrativa, porque: *no existía estado de esclavitud o reducción a la servidumbre, *no había violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción y *no se observaba abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Para ello, dijo que de las declaraciones prestadas por los trabajadores surgía que “concurrieron a los mismos por voluntad propia ofreciéndose a trabajar, teniendo la libertad de ingresar y salir cuando quisieran sin ser sometidos al dominio absoluto de su empleador”. También señaló que “en las diligencias se apreció el buen estado de todos los ambientes, la limpieza y orden del lugar, con las características propias de los talleres textiles”. Y acá cobra gran sentido la parcialización de la investigación que mencionábamos. En primer lugar, no debe perderse de vista que el simple hecho de que los trabajadores puedan entrar y salir libremente del taller o puedan viajar, no los hacen ni más ni menos “libres” y para ello, es preciso ir más allá de la “ideología del consentimiento”. La libertad no se refiere a la “libertad ambulatoria”, sino a la “autonomía” para llevar adelante un plan de vida. Claramente estos talleres se nutren de empleados de diferentes nacionalidades, quienes por su situación migratoria y económica, que los coloca en un estado de vulnerabilidad[4], no tienen otra alternativa que trabajar en esos lugares y ajustarse a sus reglas. No porque haya alguien apuntándoles con un arma. La intimidación o coerción de la que habla la ley se puede dar e interpretar de varias maneras, como por ejemplo, dejarlos sin trabajo, sin poder ganar aunque sea una moneda con la cual subsistir, o más aún, perder el lugar donde vivir y comer. Al respecto, varios de los empleados, que según el juez “eligen” trabar allí, recibían como parte de su sueldo vivienda y comida. Por otro lado, en cuanto a las “buenas” condiciones de trabajo que alega el juez, tal como lo expusimos más arriba, de las declaraciones testimoniales de los inspectores se desprende textualmente que “…viven ahí, duermen ahí y confeccionan todo el tiempo, incluso les pregunté si conocían las calles aledañas y no conocían nada. Me dio la impresión que no salen mucho de la casa. Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios. Aparte el olor a encierro era terrible, no había ni una ventana abierta” (ver fojas 323). “…las condiciones de trabajo no eran buenas, era un lugar chico, sin televisor, mesa de comedor. No había privacidad en la casa. Me dio la sensación que trabajaban sin mucho descanso ni límite de horario porque en este tipo de talleres la gente cobra por cada prenda que confecciona”. Al respecto, no hay nada más que agregar.
En conclusión, la materialidad del hecho y la participación de la empresa Falabella no está discutida. Sólo se trata de la interpretación vaga que el Juez hace sobre la ley 26.841 en esta causa y en tantas otras similares a la presente[5]. En este sentido, el Jurista italiano Salvatore Senesse reparaba en el nefasto hábito del “olvido de los hechos” cuando la “clasificación” o el “nombre jurídico” desplazaba el horizonte de protección de la máxima constitucional de “afianzar la justicia”, que es precisamente interpretar los hechos desde su significado más cabal y completo y no desde su recorte conceptual / clasificatorio.
Además, no cabe ninguna duda que Robert Egber Tupiña Yncacutipa era el dueño y responsable de ambos talleres. En otras palabras, es uno de los eslabones dentro del delito investigado. Frente a ello, corresponde que VS. amplíe su declaración indagatoria, en los términos del artículo 294 del CPPN y consecuentemente su procesamiento en los términos del artículo 306 del CPPN ( ver foja 816/817 y 821/823). Por ello, la fiscalía solicita al señor juez que tenga por presentado en tiempo y forma el recurso articulado, lo conceda y eleve el expediente a la Cámara Federal para su resolución.
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Juan Andrés Ravignani (18:43:02) : Es admirable el vaciamiento semántico del discurso vigente en diversos ámbitos. La sentencia esta vaciada de sentido semántico; entre la sentencia y la realidad existe una discordancia tan grosera y evidente, pasibles de ser calificadas como prebaricato y falsedad ideológica; por lo que hay una denegatoria de justicia; y supongo que esa denegatoria no debe haber sido gratuita. No creo que sea de la intima convicción del magistrado que haya fallado ajustado a derecho por lo cual tengo todo el derecho a dudar de su probidad; y una persona sin convicciones algún móvil tuvo que tener para actuar de manera manifiestamente inmoral; yo tengo la íntima convicción que algún beneficio obtuvo de esta acción, y realmente estos procederes provocan repulsa.