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Timestamp: 2020-08-07 12:22:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 812', 'artículo 20', 'artículo 32', 'artículo 69', 'artículo 288', 'artículo 6', 'artículo 813', 'artículo 813', 'artículo 33', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 813', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 17', 'artículo 135', 'artículo 7', 'artículo 251', 'artículo 812', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 206', 'artículo 455', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 59', 'artículo 11', 'artículo 419', 'artículo 421', 'artículo 419', 'artículo 19']

#Proceso monitorio europeo #Créditos transfronterizos
María Ojeda Díez
El Proceso Monitorio Europeo es el primer procedimiento europeo uniforme en materia de tutela del crédito. Tiene por finalidad armonizar los ordenamientos procesales nacionales de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. A través de este Proceso el acreedor puede obtener rápidamente un requerimiento europeo de pago que, ante la falta de oposición del deudor, sea ejecutable en cualquier Estado miembro del Reglamento (CE) nº 18962006.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil para el cobro de créditos de carácter dinerario, de importe determinado, vencidos y exigibles en el momento en que se presente la petición de requerimiento europeo de pago y sin límite de cuantía. Así, ofrece ventajas en la simplificación, agilización y reducción de los costes de los litigios.
Asimismo, no es necesaria la declaración de ejecutividad para que el requerimiento europeo de pago sea reconocido y ejecutado en cualquier Estado miembro.
European Payment Order is the first uniform European procedure for the credits’ protection. Its purpose is to harmonize the national procedural rules of the different Member States of the European Union. Through this Process the creditor can quickly obtain a European payment order which, in absence of opposition from the debtor, is enforceable in any Member State of Regulation (CE) nº 1896/2006.
It is applied to cross-border cases in civil and commercial matters for the collection of money credits of certain amount, dues and payables, without quantity limits. It offers great advantages in simplifying, streamlining and reducing the costs of litigation.
Furthermore, the declaration of enforceability is not necessary for the European payment order to be recognized and enforced in those Member State.
2.ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO MONITORIO
2.1. ÁMBITO MATERIAL ...
2.1.1. Asuntos transfronterizos...
2.1.2. Asuntos sobre materias civiles y mercantiles ...
2.1.3. Asuntos de créditos aparentemente no controvertidos. ...
2.2. ÁMBITO TEMPORAL ...
2.3. ÁMBITO TERRITORIAL ...
3.COMPETENCIA JUDICIAL
3.1. COMPETENCIA TERRITORIAL ...
3.2. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL ...
4.PETICIÓN DE REQUERIMIENTO EUROPEO DE PAGO
5.DESESTIMACIÓN DE LA PETICIÓN
6.EXPEDICIÓN DEL REQUERIMIENTO EUROPEO DE PAGO
7.NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO EUROPEO DE
PAGO AL DEMANDADO
7.1. NOTIFICACIÓN CON ACUSE DE RECIBO ...
7.2. NOTIFICACIÓN SIN ACUSE DE RECIBO ...
8.1. PAGO Y AUSENCIA DE OPOSICIÓN ...
9.EJECUTIVIDAD
9.1. POSIBILIDAD DE REVISIÓN EN CASOS EXCEPCIONALES ...
10.EJECUCIÓN
COSTAS Y TASAS JUDICIALES
LISTA BIBLIOGRÁFICA Y OTROS DOCUMENTOS DE
El Trabajo de Fin de Grado expuesto a continuación tiene por objeto principal desarrollar el alcance del proceso monitorio europeo establecido en el Reglamento (CE) Nº1896/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 cuyo propósito es establecer un mecanismo uniforme, rápido y eficaz para demandas en las que se pronostique que no habrá oposición, disminuyendo de este modo las cargas del sistema judicial y favoreciendo las condiciones de las partes en cuanto al tiempo o a los pagos extemporáneos.
Así, se creó por vez primera un proceso civil europeo precedido por el Reglamento relativo a un título ejecutivo europeo y basado en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia civil.
Gómez Amigo define el Proceso Monitorio como aquel proceso especial de declaración que tiene como finalidad la rápida obtención de un título ejecutivo, mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio1. Este autor, siguiendo a Calamandrei2,
diferencia los dos modelos existentes de monitorio: el puro o sin prueba, de tradición germánica (Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, Portugal), y el documental o con prueba, de tradición latina (España, Francia, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Italia). El primero de ellos se basa únicamente en los hechos afirmados por el actor, sin examen por el tribunal del fundamento de la demanda; se requiere de pago al demandado y si este no se opone – no necesita motivar la oposición-, se dicta una segunda resolución ejecutiva que será definitiva con efecto de cosa juzgada si el demandado no impugna esta segunda resolución. Con este sistema se permite una tramitación completamente informatizada del procedimiento, a través de funcionarios del juzgado. Por el contrario, en el documental o con prueba es necesario examinar el fundamento de la demanda con los documentos presentados por el demandante. Su estructura es monofásica, con una sola posibilidad de oposición que debe ser motivada.
1 GÓMEZ AMIGO, Luis. La introducción del proceso monitorio en el sistema procesal español. Actualidad
Civil núm. 38, 1999, p. 1178.
2 CALAMANDREI, Piero. Il procedimiento monitorio nella legislazione italiana. 1926 (citado por GÓMEZ
Entre estos dos sistemas el Reglamento opta por el procedimiento monitorio puro, pero con una estructura monofásica. No obstante, aunque se configura conforme a este modelo, el tribunal debe realizar un cierto control del fundamento de la petición, puesto que debe rechazarla si resulta manifiestamente infundada. Se trata de un proceso europeo uniforme, de carácter opcional para el demandante, aplicable a determinados asuntos transfronterizos y tramitado mediante formularios normalizados.
Otra característica fundamental es la supresión del exequátur. La ejecución de un requerimiento de pago se debe realizar en las mismas condiciones que una resolución ejecutiva del estado miembro de ejecución.
En cuanto a los orígenes del Reglamento 1896/20063, hemos de referirnos al Libro
Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía4, mediante el cual se consultó a los operadores jurídicos y económicos de los
Estados miembros de la Unión Europea sobre posibles medidas relativas a la creación de un proceso monitorio europeo y la simplificación y aceleración de las demandas de escasa cuantía5.
El Comité Económico y Social Europeo aprobó un Dictamen sobre el Libro Verde con fecha de 18 de junio de 20036, donde se pronunció sobre las cuestiones fundamentales
planteadas y consideró que la introducción de un proceso monitorio accesible, rápido, eficiente y equitativo promovía el derecho de los ciudadanos de acceso a la justicia y a un
3 CARRETERO GONZÁLEZ, Cristina. “Cuestiones relevantes del proceso monitorio europeo
(luces y sombras)”. Revista de Derecho Procesal, núm. 1, 2008, p. 59 y ss.
4 Presentado por la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2002.
5 La Comisión recibió unas sesenta respuestas que fueron discutidas posteriormente en una
audiencia pública organizada por este órgano el 26 de junio de 2003.
6Se señala en dicho dictamen: “El Comité valora positivamente los esfuerzos de la Comisión para hacer que los
juez imparcial del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El 25 de mayo de 2004 la Comisión presentó la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que fue bien vista por el Comité Económico y Social Europeo aunque con diversas observaciones particulares. Finalmente, la Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo fue presentada por la Comisión el 7 de febrero de 2006.
La elección del tema reside principalmente en el interés que me suscita la cooperación judicial civil, así como la respuesta a determinadas preguntas acerca de si el proceso monitorio europeo debería ser aplicable a litigios puramente internos, si es necesario establecer normas de competencia internacional de los Estados miembros o las oportunidades del demandado a la hora de impugnar la demanda.
A lo largo de la presente exposición se examinarán aspectos elementales del proceso monitorio europeo cuya evaluación puede plantear cuestiones positivas, pero también negativas. En concreto, simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en créditos pecuniarios no impugnados en asuntos transfronterizos, así como la libre circulación de requerimientos europeos de pago mediante normas mínimas son los principales objetos del Reglamento anteriormente citado. En este sentido contribuye a la construcción de un verdadero espacio de justicia en la Unión Europea y a la realización del mercado único.
Este estudio y análisis jurídico se constituirá a través de trabajos doctrinales, legislación y jurisprudencia, y se va a dividir en las siguientes partes:
En primer lugar, analizaremos su ámbito de aplicación en un alcance transfronterizo de carácter económico y social donde la Unión Europea trata de mantener y desarrollar un espacio de libertad, justicia y seguridad.
En segundo lugar, se expondrá la competencia judicial y la petición del requerimiento europeo de pago. Ello abarcaría la legitimación pasiva y activa de las partes en el proceso y las actuaciones que las mismas podrán llevar a cabo. Seguidamente, se analizará lo relativo a la tramitación, como es la estimación o desestimación de la petición, la expedición del requerimiento europeo de pago y su notificación.
El desarrollo del estudio terminará con una alusión a la finalización del proceso y su ejecución, con las repercusiones que ello provoca en las tasas judiciales.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO MONITORIO
2.1. ÁMBITO MATERIAL
La primera cuestión que se nos plantea es cuáles son las reclamaciones que pueden tramitarse a través del Proceso Monitorio Europeo. Como punto de partida, podrá utilizarse para el cobro de créditos pecuniarios, de importe determinado, vencidos y exigibles en la fecha en que se presente la reclamación, respecto a los asuntos con carácter transfronterizo sobre materias civiles y mercantiles. De ello se extraen las características de los asuntos a los que se aplican los trámites del Proceso Monitorio Europeo7:
2.1.1. Asuntos transfronterizos
Surgió la polémica durante el proceso legislativo entre la Comisión y el Consejo Europeo acerca de la delimitación del ámbito de aplicación exclusivamente a los asuntos transfronterizos. En ningún momento se pretendió reformar los sistemas nacionales, pues se pensaba en crear un nuevo proceso distinto como vía alternativa y opcional para el ejercicio de los derechos del ciudadano.
Ambos órganos consideraban que no cabía limitar el acceso a un proceso por razón de la residencia o domicilio del demandante, dado que ello tendría consecuencias negativas políticas y económicas. El acceso de los operadores económicos a mecanismos de eficacia muy variables genera distorsiones en la competencia del mercado interior. Un ejemplo de ello es que dos empresas competentes en el mismo Estado y únicamente una de ellas domiciliada en este, no estarán en igualdad de condiciones. Lo mismo ocurre si una empresa cuyos clientes residan mayoritariamente en el extranjero podría acceder al Requerimiento Monitorio Europeo respecto a otra domiciliada en el mismo Estado donde realiza su actividad o donde estén sus clientes.
La Comisión defendía en su Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo de 25 de mayo de 2004 una concepción amplia, insistiendo en que el Proceso Monitorio Europeo debía ampliarse a los litigios de carácter interno dada la difícil distinción entre las situaciones transfronterizas
7 COMISIÓN EUROPEA. Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al Proceso
e internas que podría conllevar a soluciones arbitrarias y discriminatorias8. El
procedimiento se concibe para reclamar deudas dinerarias de cantidad determinada, vencidas y exigibles, sin límite de cuantía, y de utilización opcional para el demandante. Opta por un modelo puro donde el demandante no debe aportar pruebas de su derecho y el juez no puede examinar el fundamento de la pretensión.
Sin embargo, el Consejo Europeo tuvo una posición más restrictiva basándose en razones de claridad y eficiencia. Este órgano, en las consideraciones expuestas en el texto de la Nota de la Presidencia del Consejo de fecha 27 de abril de 2005, en el texto de la propuesta alternativa de la Presidencia de 29 de julio de 2005 y en la Posición Común de 13 de junio de 2006 sobre la necesidad de establecer expresamente y con carácter exclusivo como objeto del Reglamento a los asuntos transfronterizos, recoge una definición más simple cuando señala que lo será aquel en el que acreedor y deudor estén domiciliados o sean residentes habituales en distintos Estados miembros, dejando al juez que reciba la petición del requerimiento de pago la decisión sobre esa naturaleza transfronteriza del litigio9.
Finalmente, la Comisión cedió a favor del Consejo, de forma que el Reglamento se limitó exclusivamente a los asuntos transfronterizos, no sin dejar de reafirmar su posición inicial en una declaración ad hoc en su Posición Común (2006).
Así las cosas, a efectos del Reglamento se entiende por asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto ante el que se haya presentado la petición (artículo 3 del Reglamento).
De nuevo esta definición fue criticada por la Comisión, conforme a la cual se entendía por asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado distinto de aquel al que pertenezca el órganos jurisdiccional ante el que se haya presentado.
El Consejo lo rechazó tajantemente de manera que solo se exige que una de las partes esté domiciliada en el ámbito territorial que se corresponde con territorio “Bruselas I”, siempre que el Estado donde esté domiciliada esta parte no coincida con el Estado
8 Epígrafe 2.2.2 de la Exposición de Motivos, de la Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo, de 25 de mayo de 2004, COM (2004) 173 final/3.
miembro ante el que se interpone la demanda. Consecuentemente, los supuestos en los que el demandante domiciliado en un tercer Estado pueda utilizar el Proceso Monitorio Europeo frente a un demandado domiciliado en territorio Bruselas quedan reducidos considerablemente. En cualquier caso, se excluyen los supuestos en los que ambas partes estén domiciliadas en el mismo Estado miembro.
2.1.2. Asuntos sobre materias civiles y mercantiles
El Reglamento del Proceso Monitorio Europeo se aplica a las materias civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional (artículo 2.1 del Reglamento). Es decir, el órgano jurisdiccional al que corresponda decidir un asunto no determina necesariamente el carácter civil o mercantil, pues cabe incluso utilizar este proceso para reclamar créditos pecuniarios líquidos derivados de un contrato de trabajo10,
teniendo en cuenta que en algunos países de la Unión Europea la jurisdicción laboral se considera una rama de la jurisdicción civil con determinadas especialidades.
No se define qué se entiende por materia civil y mercantil sino que se excluyen explícitamente materias de su ámbito de aplicación como son la fiscal, aduanera y administrativa por su carácter de Derecho público, o los casos en los que el Estado incurre en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad. Es más, el Reglamento no se aplica a los regímenes económicos matrimoniales, los testamentos y las sucesiones, la quiebra y otros procedimientos de liquidación, la seguridad social, así como los créditos que deriven de obligaciones extracontractuales, salvo que hayan sido objeto entre las partes o exista un reconocimiento de deuda, o se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios.
Asimismo, quedan excluidas las reclamaciones extracontractuales que versen sobre créditos pecuniarios que no sean de importe determinado, líquido o exigible.
2.1.3. Asuntos de créditos aparentemente no controvertidos.
Se trata de definir el objeto del proceso monitorio concretando de forma detallada y precisa los créditos que pueden ser reclamados a través de este proceso para reducir al
10El mismo formulario A de petición admite como posible causa a pedir la deuda que se refiere a un
máximo el número de oposiciones que tengan que ver con créditos mínimamente controvertidos. En concreto, se exige que:
- Sean créditos de naturaleza pecuniaria sin límite de cuantía: se rechazan las
reclamaciones de obligaciones de hacer, no hacer o de entregar cosa específica. Las razones de circunscribir la reclamación de créditos pecuniarios se basan en la dificultad de los no pecuniarios para la utilización de formularios y el procesamiento de datos en detrimento de la rapidez y eficacia que persigue lograr el Proceso Monitorio Europeo.
En relación a la cuantía, en algunos países se limita el proceso monitorio a través de una cantidad máxima, como sucede en nuestro ordenamiento a 30.000 euros (artículo 812 LEC) por motivos de prudencia o cautela por parte del legislador español, si bien en otros países se debe a la idea de protección del demandado. El Reglamento opta por suprimir cualquier límite máximo de cuantía11, por lo que se ofrece como alternativa
procesal para el cobro de créditos que superen el establecido en los respectivos procesos monitorios nacionales.
- Deberán ser créditos determinados: ha de tratarse de un crédito pecuniario de importe determinado, es decir, un crédito dinerario líquido. Será líquida aquella deuda que consiste en la entrega de una cantidad cierta y determinada de dinero o cuya determinación se puede hacer a través de simples operaciones aritméticas12. Se excluyen así las deudas dinerarias cuyas
11La Comisión Europea justifica esta decisión en su Propuesta inicial de Reglamento del proceso
monitorio europeo de la siguiente manera: “De acuerdo con la mayoría de los comentarios sobre el Libro Verde, esta propuesta no limita el importe que puede reclamarse a través del proceso monitorio europeo, toda vez que el carácter de impugnada o no impugnada de una deuda no parece depender del importe de la deuda en cuestión en modo alguno que exija limitar la utilización de este procedimiento para el cobro de cuantías inferiores a un determinado importe. Aun en el supuesto, como se ha sugerido en algún caso, de que el número de procedimientos contenciosos fuera mayor cuanto más elevado fuera el importe reclamado, ello no justificaría un límite máximo, puesto que es el acreedor quien debe estimar si la probabilidad de que no haya oposición es lo suficientemente elevada como para que merezca la pena recurrir al proceso monitorio; de no ser así, iniciará directamente un procedimiento ordinario”.
12 GARCÍA CANO, Sandra. Estudio sobre el proceso monitorio europeo. Cizur Menor (Navarra):
valoraciones sean fácticas o jurídicas, como por ejemplo, aquellas en las que es preciso la cuantificación de daños y perjuicios.
Dentro de este concepto cabe hacer referencia a las deudas en moneda extranjera; siempre que sean de cantidad determinada, también podrán reclamarse. Si acudimos tanto al Formulario A del Anexo I como al Formulario E del Anexo V, podemos apreciar que junto al valor de la deuda se debe señalar la moneda de la deuda, eligiendo entre el euro, otras monedas de países miembros que no utilizan el euro u otras, identificando la moneda con arreglo al código bancario internacional. Por tanto, pueden reclamarse deudas dinerarias en euros, en otras monedas de Estados miembros de la Unión Europea que no utilizan el euro, o también en una moneda extranjera, entendiendo por tal la de países que no integran la Unión. Además, lo habitual es que dichas monedas tengan la característica de ser convertibles o tengan cotización oficial a efectos de considerarla deuda dineraria líquida.
- Deberán ser créditos vencidos y exigibles: lo son aquellos créditos cuyo
plazo de abono ha transcurrido y es susceptible de devengar intereses moratorios que hayan establecido de forma convencional las partes o que vengan legalmente determinados. Por tanto, el vencimiento es una de las condiciones de la exigibilidad, de modo que no son exigibles las deudas en las que no haya transcurrido el plazo de cumplimiento, ni las sometidas a condición suspensiva, ni las que dependen de una contraprestación pendiente de realizar. Será el deudor y no el órgano jurisdiccional el que haga valer la falta de vencimiento o de exigibilidad a través de la oposición al requerimiento de pago.
2.2. ÁMBITO TEMPORAL
La fecha de entrada en vigor del Reglamento tuvo lugar al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, desde el 12 de diciembre de 2006, aunque se aplica en todos los Estados miembros desde el 12 de diciembre de 2008, con la salvedad de los artículos 28 (“Información relativa a los gastos de notificación y la ejecución”),
29 (“Información relativa a la competencia judicial, a los procedimientos de revisión, a los medios de comunicación y a las lenguas”), 30 (“Modificación de los anexos”) y 31 (“Comité”) que fueron aplicables a partir del 12 de junio de 2008. Excepcionalmente, es posible recurrir al Proceso Monitorio Europeo en asuntos anteriores a esta fecha, con la condición de que el periodo de limitación aplicable a la deuda en cuestión no haya expirado con arreglo al Derecho del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la petición.
Esta distinción de fechas se fundamenta en la necesidad de ofrecer a los Estados miembros un período de tiempo razonable desde la entrada en vigor del Reglamento hasta su efectiva aplicación para adaptar sus ordenamientos jurídicos en la medida exigida por las disposiciones comunitarias para hacer viable y facilitar su aplicación. Ello abarca las informaciones que deben suministrar los Estados miembros a la Comisión –artículo 20 Reglamento-, la adopción de medidas legislativas apropiadas y los aspectos relativos a la organización judicial y administrativa.
En relación a la dimensión temporal del Reglamento, conviene hacer mención artículo 32, en virtud del cual se impuso a la Comisión la obligación de presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe detallado sobre la aplicación del proceso europeo, lo más tarde el 12 de diciembre de 2013. Dicho informe debía incluir una evaluación del funcionamiento del procedimiento y de su impacto en cada Estado miembro, para lo cual previamente estos debieron facilitar a la Comisión información acerca del funcionamiento transfronterizo del proceso a través de datos sobre tasas judiciales, la celeridad, eficacia y facilidad de uso de este proceso, así como del proceso monitorio interno.
2.3. ÁMBITO TERRITORIAL
posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea13-. Ello se traduce en que nadie puede pedir un requerimiento de
pago a un órgano jurisdiccional danés, de manera que éste no se ejecutará en dicho territorio14.
Al igual que Dinamarca, Reino Unido e Irlanda tienen una posición particular en relación con el Título IV del Tratado conforme al artículo 69 TCE y los protocolos anejos. No obstante, estos últimos territorios sí han ejercido su derecho a participar en la adopción y aplicación del Reglamento, siendo así Estados miembros a estos efectos15.
Puede decirse entonces que el Reglamento opera geográficamente en un ámbito exclusivamente cerrado, por lo que será aplicado por los órganos jurisdiccionales y las autoridades públicas de los Estados mencionados, de manera que el Estado donde se expide un requerimiento europeo de pago es siempre un Estado miembro del Reglamento y el Estado en el que se solicita su ejecución es siempre un Estado miembro del Reglamento.
A pesar de que conforme al artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea los Reglamentos europeos son normas directamente aplicables en todos los Estados Miembros, en España se vio oportuno promulgar una ley con los aspectos del procedimiento no regulados en el Reglamento. Nació entonces la Ley 4/2011 de 24 de marzo de modificación de la LEC, a través de la cual se recogen las disposiciones de las normas de la Unión Europea y, en concreto, la competencia judicial, las resoluciones a adoptar, los recursos procedentes y las normas procesales supletorias en su caso. Ello se hace con el objetivo de facilitar la aplicación de los procesos europeos monitorios y de escasa cuantía.
13 Añadido por el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997.
14 Considerando 32 del Preámbulo del Reglamento Comunitario por el que se establece un proceso
15 Considerando 31 del Preámbulo del Reglamento comunitario por el que se establece un proceso
La competencia judicial internacional es el presupuesto procesal autónomo, distinto y previo a las demás clases de competencia –objetiva, funcional y territorial- que afecta a una situación privada internacional. En todo momento los jueces y tribunales de los Estados miembros del Reglamento deben estar investidos de competencia judicial internacional para entrar a conocer de un Proceso Monitorio Europeo.
El Libro Verde planteaba dos posibles alternativas16. Por un lado, podían seguirse
las normas del Reglamento 44/2001 que establece el sistema general de competencia judicial internacional, aplicable en la UE en materia civil y mercantil, integrando así el proceso monitorio europeo en un sistema coherente y equilibrado. Por otro, podría establecerse una norma especial de competencia internacional que atribuyese la competencia exclusiva a los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado, lo cual garantizaría el derecho de defensa del demandado ya que el requerimiento de pago se notificaría en el mismo Estado en el que se expide.
Esta cuestión se recoge expresamente en el artículo 6 del Reglamento mediante una formulación un tanto confusa. El Reglamento no contiene una disposición que determine el órgano jurisdiccional competente, sino que lo remite a las normas de Derecho Comunitario; en particular el Reglamento (CE) nº 44/2001 relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.
Es un proceso opcional, pues le corresponde al demandante decidir si lo utiliza en vez de cualquier otra vía mediante la cual se pudiera hacer el mismo requerimiento. Es preciso señalar que si el crédito se refiere a un contrato celebrado por un consumidor para un fin que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional y este es demandado, serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté domiciliado, en aras a proteger al consumidor en cuanto parte débil de la relación jurídica17.
16 Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los
litigios de escasa cuantía. 2002, p. 746 final.
17 FREY, Matthias. “Proceso Monitorio Europeo: Reglamento (CE) n. º1896/2006 de 12 de
La remisión de la que antes hablábamos acerca de los Derechos internos de los Estados miembros ha sido uno de los aspectos más criticados debido a las dificultades que recaen sobre los demandantes al tener que hacer frente a las particularidades de cada uno de los ordenamientos jurídicos con la consiguiente necesidad de asistencia letrada para acceder a las normas de competencia del Estado en el que deba tramitarse el proceso.
En el Derecho procesal español la competencia judicial interna se plantea desde dos perspectivas; la competencia territorial y la competencia objetiva. Con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento 1896/2006, los tribunales españoles no se consideraban competentes para conocer los procesos monitorios cuando el deudor residía en el extranjero como se percibe en un auto de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz18, mediante el cual se confirma el archivo de las actuaciones y reconoce que no
podría fundarse la competencia internacional del tribunal español en su sumisión tácita al no venir admitida la misma por el artículo 813 LEC.
Ya la Disposición Adicional vigésima tercera de la LEC en su apartado 1 segundo párrafo establece que “La competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 200, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de sentencias judiciales en materia civil y mercantil, y, en lo no previsto, con arreglo a la legislación procesal española”. El artículo 813 LEC establece como foro exclusivo para el conocimiento de las peticiones monitorias el del domicilio o residencia del deudor, o si no fueran conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago. Esta elección se debe a la necesidad de reforzar el derecho de defensa del deudor en este tipo de procedimientos.
Aparentemente se refleja como la mejor solución. Sin embargo, surgen dudas en cuanto a la posibilidad de que el deudor esté domiciliado y se halle en el extranjero. Además, tratándose de asuntos trasfronterizos carece de sentido establecer la competencia territorial interna atendiendo a la proximidad del pleito con el domicilio o residencia del deudor, ya que resulta imposible.
18 AAP BA 82/2003 de 4 de noviembre de 2003. Ver también AAP SA 12/2003 de 16 de junio de
En el asunto C 94/2014 Flight Refund Ltd. Deutsche Lufthansa AG19 un pasajero
cedió contractualmente su derecho a una compensación por el retraso de un vuelo a “Flight Refund”, sociedad especializada en el cobro de esta clase de créditos. Dicha sociedad presentó, ante un notario húngaro, una petición de requerimiento europeo de pago contra “Deutsche Lufthansa” basándose su petición en su derecho a reclamar a “Deutsche Lufthansa” una indemnización por daños y perjuicios debido al retraso de un vuelo.
El notario estimó la citada petición y expidió un requerimiento europeo de pago contra “Deutsche Lufthansa”, sin haber determinado el lugar de celebración del contrato, ni el de ejecución, ni el lugar en que se había producido el daño, ni el lugar de la oficina del transportista, ni tampoco el lugar de destino del vuelo. El mismo notario se declaró competente para expedir ese requerimiento de pago sobre la base del artículo 33 del Convenio de Montreal, alegando que Hungría es un Estado parte en tal Convenio.
“Deutsche Lufthansa” hizo uso de su derecho de oposición a dicho requerimiento de pago y alegó que no explotaba la línea aérea que “Flight Refund” había indicado en su petición de requerimiento, pues, según “Deutsche Lufthansa”, el transportista aéreo encargado de efectuar la conexión era la compañía aérea “United Airlines, Inc”.
El representante de “Flight Refund” declaró que no podía designar el órgano jurisdiccional nacional competente a raíz del traslado del asunto del proceso monitorio europeo al proceso civil ordinario, por lo que dicho notario solicitó a la Kúria (Tribunal Supremo) que designase tal órgano jurisdiccional territorialmente competente, ya que él, sobre la base de las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento civil y a la vista de la información de que disponía, no podía identificar ese órgano jurisdiccional.
A la vista de lo expuesto, el tribunal remitente pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las facultades y las obligaciones con arreglo al Derecho de la Unión y, en particular, al Reglamento n.º 1896/2006, de un tribunal como el remitente cuando conoce de un procedimiento relativo a la designación de un órgano jurisdiccional territorialmente competente del Estado miembro de origen de un requerimiento europeo de pago y examina la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro para conocer del procedimiento contencioso relativo al crédito en el que tiene su origen dicho requerimiento de pago contra el que el demandado formuló oposición en el plazo señalado al efecto.
Según su tenor, el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1896/2006 se limita a imponer, en caso de oposición del demandado formulada en el plazo señalado al efecto, que el proceso continúe automáticamente ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen del requerimiento de pago con arreglo a las normas del proceso civil ordinario, a menos que el demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso, sin ninguna exigencia particular relativa a la naturaleza de los órganos jurisdiccionales ante los que debe continuar el proceso ni a las normas que tal órgano jurisdiccional debe aplicar.
Ahora bien, ni el artículo 17, apartado 1, del Reglamento ni ninguna otra disposición de este Reglamento permiten identificar las facultades y las obligaciones de un tribunal como el remitente en circunstancias como las del litigio principal. A falta de normas expresas esta se regula por el Derecho nacional.
Tanto el objetivo de una buena administración de la justicia, que subyace al Reglamento n. º 44/2001, como el respeto debido a la autonomía del juez en el ejercicio de sus funciones exigen que el tribunal que debe pronunciarse sobre la competencia internacional pueda examinar esta cuestión a la luz de toda la información de la que dispone, incluidas, en su caso, las objeciones expuestas por el demandado.
En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el tribunal remitente sólo dispone de la información sobre la competencia internacional de los tribunales del Estado miembro de origen proporcionada por el demandante en su petición de requerimiento europeo de pago, pudiendo tal información limitarse, conforme al artículo 7, apartado 2, letra f), del Reglamento n.º 1896/2006, a una mera indicación de los criterios de competencia internacional, sin que el demandante esté obligado a exponer criterios de conexión del crédito reclamado en el marco del procedimiento monitorio europeo con el Estado miembro en el que presentó tal petición.
Si no fuera así, dicho tribunal podría, bien interpretar sus normas de procedimiento en el sentido de que le permiten satisfacer dichas exigencias, o bien, tal como el propio tribunal remitente sugirió, designar un órgano jurisdiccional materialmente competente para conocer en cuanto al fondo —con arreglo al proceso civil ordinario— sobre un crédito como el controvertido en el litigio principal, como órgano jurisdiccional territorialmente competente, y llamado, en tal caso, a pronunciarse sobre su propia competencia internacional a la vista de los criterios establecidos por el Reglamento n.º 44/2001.
Si tras las verificaciones resultara que la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen del requerimiento europeo de pago puede establecerse conforme a lo dispuesto por el Reglamento n. º 44/2001, un tribunal como el remitente no podría poner fin al procedimiento.
Poner fin al procedimiento contencioso relativo al fondo del crédito impugnado, cuando la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen del requerimiento de pago está establecida en virtud del Reglamento n.º 44/2001, también menoscabaría el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1896/2006, puesto que dicha disposición exige que, en caso de oposición del demandado, el procedimiento continúe automáticamente ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen del requerimiento de pago.
En cambio, si no son competentes, conforme al Reglamento n. º 44/2001, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen, no es necesario revisar de oficio, por analogía con el artículo 20 del Reglamento n. º 1896/2006, el requerimiento de pago contra el que el demandado formuló válidamente oposición.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las posibilidades de revisión del requerimiento de pago, contempladas en el artículo 20 del Reglamento n.º 1896/2006, sólo se aplican si el demandado no ha formulado oposición en el plazo previsto en el artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento.
requerimiento europeo de pago, las consecuencias previstas, para tal supuesto, por el Derecho procesal nacional.
3.2. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL
La jurisdicción y competencia objetiva para conocer del Proceso Monitorio español corresponde únicamente a los Juzgados de Primera Instancia conforme al artículo 813 LEC, excluyendo, por tanto, la de los Juzgados de lo Mercantil y de lo Social20. Ello implica
que no resultan de aplicación en este ámbito las normas de reparto de la competencia objetiva en atención a la cuantía de la pretensión reguladas en los artículos 45 y 47 LEC.
Particularmente, al ser un procedimiento meramente escrito, el Proceso Monitorio Europeo no prevé una vista ante los tribunales. No obstante, podría celebrarse de acuerdo a las normas procesales nacionales cuando el requerimiento europeo de pago sea objeto de impugnación u oposición.
En relación con la cuestión de la competencia, puede señalarse el asunto C- 144/1221, de 13 de junio de 2013 donde se interpreta el alcance del artículo 6 apartado 1 del
Reglamento, más concretamente si la presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago supone una comparecencia, en el sentido del artículo 24 del Reglamento 44/2001 y, por tanto, la aceptación de la competencia del órgano jurisdiccional encargado del proceso civil ordinario que sigue al procedimiento establecido por el Reglamento 1896/2006. Una empresa austríaca, “Goldbert Sportwetten GmbH”, presentó requerimiento europeo de pago ante el tribunal competente de Austria, exigiendo responsabilidad contractual contra una persona física con domicilio en Italia, el Sr. Sperindeo; el deudor formuló oposición por razones de fondo alegando que la pretensión era infundada y no exigible.
Según el artículo 17.1 del Reglamento, formulada oposición, el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen conforme a sus normas procesales. Teniendo esto en cuenta, el tribunal remitió el asunto al órgano
20Apartado 1 párrafo 1º de la Disposición Final vigésima tercera de la LEC: “Corresponde al Juzgado de Primera Instancia, de forma exclusiva y excluyente, el conocimiento de la instancia del proceso monitorio europeo, regulado en el Reglamento (CE) n. º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006”.
judicial austríaco competente para conocer del proceso civil ordinario. Al ser emplazado, el demandado propuso por primera vez la excepción de falta de competencia internacional de los tribunales de Austria, por entender que con arreglo al Reglamento 44/2001 la competencia correspondía al tribunal de su domicilio en Italia. Los tribunales austríacos en primera instancia y en apelación admitieron su falta de competencia. Ante estos hechos, la demandante interpuso recurso de casación solicitando la anulación de las resoluciones de las instancias inferiores y la reanudación del procedimiento ante el tribunal austriaco.
Determinadas jurisdicción y competencia, el Proceso Monitorio Europeo se inicia por el acreedor mediante la petición en papel o mediante cualquier medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, completando un formulario (Formulario A del Anexo I del Reglamento) aceptado por el “Estado miembro de origen” –aquel en el que se expide el requerimiento europeo de pago- y disponible en el “órgano jurisdiccional de origen” –aquel en el que expide el requerimiento europeo de pago-, sin necesidad de aportar documentación alguna, que en su caso será inadmitida22. En España la posibilidad de
presentación telemática está prevista en el artículo 135.5 LEC: “Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la norma recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieran, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente”. Dicha posibilidad tiene su concreción en el Real Decreto 84/2007 de 26 de enero sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.
El contenido de la petición conforme al artículo 7 del Reglamento será el siguiente23:
a) Los nombres y las direcciones de las partes24 y, en su caso, de sus
representantes, tal y como se apunta a partir del texto de la Presidencia de 29 de julio de 2005, así como del órgano jurisdiccional ante el que se dirige y presenta la petición25.
22 Disposición final vigésima tercera de la LEC apartado 2.
23 BELTRÁ CABALLERO, Carlos. “Demanda de revisión de resolución que pone fin al monitorio
europeo, aunque no sea firme”. Revista Ceflegal, núm. 179, 2015, p. 101 y ss.
b) Importe de la deuda, incluido el principal26 y, si procede, los intereses27, las
penalizaciones contractuales28 y las costas29. El demandante tiene que señalar la
cantidad que reclama y dentro de la misma distinguirá principal e intereses con el fin de justificar el montante total reclamado. Es la regla fijada en el artículo 251 LEC cuando considera que la cuantía de un pleito se fijará según el tipo de interés económico de la demanda.
c) En el caso de que se reclamen intereses sobre la deuda, el tipo de interés y el periodo respecto al cual se reclaman los mismos;
d) La causa a pedir, con una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda y los intereses reclamados en tal caso. Su fundamento se encuentra en proporcionar suficiente información para que el demandado pueda identificar la deuda y decidir entonces si quiere oponerse a ella.
e) Una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda30, que podrán
consistir en prueba documental, testimonial, pericial, inspección de objetos o locales y otros admitidos en derecho. En la primera propuesta se decía que era necesario aportar una breve descripción de al menos un medio de prueba que podría llegar a aducirse en un proceso civil ordinario, llegándose a decir en el texto de diciembre de 2005 que debería aportarse una descripción de los medios probatorios en que se apoyara la demanda.
Este apartado choca con lo establecido en el proceso monitorio español, donde los artículos 812 y 815.1 LEC establecen que se aporte una necesaria justificación documental. Además, es necesaria una “buena apariencia jurídica” de la deuda, ya sea porque se presentaron los documentos señalados en el artículo 812.2 LEC, o ya sea porque los documentos presentados, distintos a los señalados, constituyen a juicio del tribunal un principio de prueba del derecho del solicitante, lo cual requiere un examen sumario de la documentación.
f) Los criterios de competencia judicial31, que en el formulario llevan un código de
asignación y,
g) El carácter transfronterizo del asunto32, codificándose del 1 al 24 los Estados
miembros de la Unión Europea para rellenar las casillas del demandante, demandado y país del órgano jurisdiccional.
En relación con la petición de Requerimiento Europeo de Pago, puede resultar clarificador el siguiente asunto resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea33.
El 23 de febrero de 2011, la Sra. Szyrocka, residente en Polonia, presentó ante el órgano jurisdiccional remitente una petición de requerimiento europeo de pago contra SiGer Technologie GmbH, con domicilio social en Tangermünde (Alemania). Al proceder a su examen, el órgano jurisdiccional remitente comprobó que la petición no cumplía determinados requisitos formales establecidos por el Derecho polaco, en especial que no precisaba la cuantía litigiosa en moneda polaca, al objeto de poder calcular las tasas judiciales. En el formulario de petición de requerimiento europeo de pago, la Sra. Szyrocka indicó el importe del principal en euros y reclamó el pago de intereses a partir de una fecha determinada hasta la fecha de pago del principal.
Así las cosas, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia si el artículo 7 del Reglamento debe interpretarse como una norma exhaustiva que regule todos los requisitos de la petición de requerimiento europeo de pago o si solamente establece los requisitos mínimos para tal petición, remitiéndolos entonces al Derecho nacional y, en su caso, si debe requerirse al demandante para que complete la petición con arreglo a ese mismo Derecho. Del mismo modo se pregunta si las características de un crédito mencionadas en el artículo 4 del Reglamento se refieren solo al principal o también a los intereses de demora.
Sobre esta cuestión cabe decir que el artículo 7 de dicho Reglamento regula principalmente el requisito de la presentación de la petición por medio de un formulario, sus elementos constitutivos, la declaración del demandante sobre la exactitud de la información facilitada en la misma, la posibilidad de oponerse al traslado al proceso civil ordinario que corresponda y las modalidades de firma de dicha petición. Por tanto, su redacción no contiene ningún elemento que permita concluir que los Estados miembros
pueden imponer libremente requisitos complementarios, previstos en su Derecho nacional, con respecto a la petición de requerimiento europeo de pago. En efecto, ello conllevaría no solo a la imposición de requisitos divergentes para tal petición en los distintos Estados miembros, sino también al incremento de la complejidad, de la duración y de los costes del proceso monitorio europeo.
Por consiguiente, el artículo 7 del Reglamento nº 1896/2006 regula de manera exhaustiva los requisitos que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago garantiza el respeto del objetivo de dicho Reglamento.
Al no existir armonización de los mecanismos nacionales de cobro de créditos no impugnados, las normas procesales de determinación del importe de las tasas judiciales corresponden al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos. Sin embargo, estas normas no pueden ser menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno -principio de equivalencia- y no pueden hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión -principio de efectividad-.
Resulta entonces que el órgano jurisdiccional nacional tiene en principio la facultad de obtener información sobre la cuantía litigiosa según las normas previstas en su propio Derecho nacional, siempre que las exigencias procesales ligadas a la determinación de las tasas judiciales no conlleven ni una prolongación excesiva del proceso monitorio europeo ni la desestimación de la petición de dicho proceso.
Los artículos 4 y 7, apartado 2, letra c), del Reglamento deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el demandante pueda reclamar, en el marco de una petición de requerimiento europeo de pago, los intereses correspondientes a un período de tiempo comprendido entre la fecha en que devienen exigibles hasta la fecha de pago del principal.
requerimiento europeo de pago, tampoco precisa la fecha hasta la que pueden reclamarse dichos intereses.
Si la reclamación de intereses debiera limitarse a los intereses devengados en el momento de presentación de la petición de requerimiento europeo de pago, o en el de expedición del correspondiente requerimiento de pago, el demandante solo podría obtener el pago de la totalidad de los intereses devengados hasta el momento del pago del principal a través de varias peticiones sucesivas, es decir, una petición inicial para el principal y los intereses vencidos, seguida de otra para reclamar el resto de los intereses devengados entre la fecha de presentación de la petición inicial o de expedición del requerimiento de pago y la fecha de pago del principal. Así pues, una interpretación del artículo 7, apartado 2, letra c) que no permitiera reclamar los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal podría prolongar la duración del proceso monitorio europeo y aumentar su complejidad y sus costes.
Es necesario añadir que, por su propia naturaleza, las disposiciones del Reglamento nº 1896/2006 no pueden constituir una base jurídica para la reclamación de intereses devengados hasta la fecha de pago de la deuda, sin tomar como fundamento el derecho que rige la relación jurídica en demandante y demandado. Así pues, el Reglamento nº 1896/2006 únicamente regula los aspectos procedimentales del proceso monitorio europeo, mientras que todo lo referente al Derecho material sigue estando regulado por el Derecho aplicable a la relación existente entre las partes de la que trae causa el crédito de que se trate.
requiere al demandado para que pague al demandante los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal, el contenido de dicho formulario debe ser adaptado a las circunstancias particulares del procedimiento, de modo que el órgano jurisdiccional pueda adoptar una resolución en tal sentido.
Por tanto, el formulario de requerimiento europeo de pago debe cumplimentarse de tal forma que permita al demandado, por una parte, reconocer la resolución mediante la que se le requiere para que pague al demandante los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal, y, por otra parte, identificar claramente el tipo de interés y la fecha a partir de la cual se reclaman dichos intereses. En la medida en que se cumplan estos requisitos, el modo concreto de cumplimentar dicho formulario puede ser determinado por el órgano jurisdiccional nacional.
La petición concluye con el manifiesto jurado del demandante de declarar que la información suministrada es correcta y reconociendo que cualquier declaración falsa podrá acarrearle las sanciones oportunas con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen. Además, irá acompañada de los siguientes documentos:
- El apéndice 134 de autoliquidación y justificación del pago de las tasas judiciales por
el demandante, las cuales, en virtud de lo establecido en el artículo 25, no excederán de las tasas judiciales de un proceso civil ordinario sin Proceso Monitorio Europeo previo en dicho Estado miembro.
- El apéndice 235 en el que se indica al órgano jurisdiccional que si se opone al
requerimiento el deudor demandado, el demandante podrá oponerse a un traslado al proceso civil ordinario –artículo 17-.
Por último, se recoge la firma del demandante o de su representante si lo hubiere. En caso de haberse presentado por medios electrónicos, se firmará conforme a la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999, la cual será reconocida en el Estado miembro de origen sin que se puedan establecer condiciones suplementarias. Esta Directiva fue traspuesta al Derecho español mediante Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre36, definiendo a la firma electrónica avanzada como una
34 Apéndice 1 de la petición de requerimiento europeo de pago. Datos bancarios a efectos del pago
de tasas judiciales por el demandante.
35 Apéndice 2 de la petición de requerimiento europeo de pago. Oposición a un traslado al proceso
civil ordinario.
variedad de firma electrónica que permite la identificación del signatario y que ha sido creada por medios que este mantiene bajo su exclusivo control, manteniéndose vinculada al mismo y a los datos a los que se refiere. Ello permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de los mismos.
No obstante, no se ordenará tal firma electrónica en aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen tenga un sistema electrónico de comunicación alternativo con acceso a un determinado grupo de usuarios autentificados y prerregistrados, que permite la identificación de los mismos de un modo seguro. En todo momento la Comisión estará informada por los Estados miembros de dichos sistemas de comunicación.
Debemos destacar que en el Proceso Monitorio Europeo no es preceptiva la intervención del Letrado y Procurador. El mismo artículo 24 del Reglamento indica que no se exigirá representación por un abogado u otro profesional del Derecho del demandante en relación con la petición de requerimiento europeo de pago ni del demandado en relación con la oposición a un requerimiento europeo de pago. Ello simplifica los litigios siendo un intento por acercar y mejorar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.
Recibida la petición, la autoridad competente, jueces u otros auxiliares, debe examinar en el plazo más breve posible la información contenida en los formularios. De esta forma comprobará la competencia judicial internacional, la admisibilidad de la petición y su autenticidad, es decir, si le petición es admisible y resulta fundada37. Las soluciones que
puede autorizar el tribunal pueden ser:
- Solicitud al demandante de que complete o rectifique la petición, contempladas en el artículo 9 del Reglamento: ello se debe a que la petición no cumple con los requisitos formales previstos siendo el error corregible fácilmente. Dicha solicitud se realizará mediante el Formulario B del Anexo II del Reglamento por parte del tribunal al demandante para que complete o rectifique la petición38 en un plazo de
37 Considerado 16 del Preámbulo del Reglamento: “El órgano jurisdiccional debe examinar la petición,
incluida la cuestión de la competencia y la descripción de los medios de prueba, sobre la base de la información contenida en el formulario de petición. De esta forma, el órgano jurisdiccional podría examinar “prima face” los fundamentos de la petición y, entre otras cosas, excluir peticiones manifiestamente infundadas o inadmisibles”.
38 Conforme al apartado 3 de la Disposición Final Vigésima Tercera de la LEC “Formulada una petición
tiempo que se estime conveniente, pudiendo ser este prorrogado. En caso de que no hubiera respuesta por parte del demandante, se entenderá que desestima la petición.
El objetivo de este precepto es favorecer al máximo el Derecho a la tutela judicial efectiva y flexibilizar los trámites de la Justicia. Aunque, como hemos dicho anteriormente, no se requiera asistencia letrada, su previsión puede ser aconsejable de cara a subsanar los defectos o errores que se dan a la hora de rellenar los formularios.
- Propuesta al demandante para que modifique la petición: a diferencia de la anterior, aquí únicamente la petición reúne los requisitos respecto a una parte de la misma. Se procederá entonces por el cauce del Formulario C la propuesta de requerimiento europeo de pago en un plazo que la autoridad considere oportuno, que el demandante podrá aceptar o rechazar, advertido en cualquier caso de las consecuencias de su decisión39. Si la acepta la autoridad expedirá un requerimiento
europeo de pago respecto de la parte de la petición modificada, mientras que si la rechaza se desestimará íntegramente la petición del requerimiento europeo de pago. En la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia de 14 de junio de 2012, asunto C-618/10 del Banco Español de Crédito40, se
reconoce, en un procedimiento monitorio español, la posibilidad de apreciar in limine litis, es decir, en la fase de admisión del procedimiento, el carácter abusivo de una cláusula contractual del documento en el caso español acompañado con la
manifiestamente infundada o inadmisible, de acuerdo con lo dipuesto en el artículo 9 del citado Reglamento, en cuyo caso resolverá el juez mediante auto”.
39 Disposición Final Vigésima Tercera de la LEC apartado 4: “Si los requisitos establecidos en los artículos
2, 3, 4, 6 y 7 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se dan únicamente respecto de una parte de la petición, el secretario judicial dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto y en la forma prevista en el formulario C del anexo III planteará al demandante aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento europeo de pago por el importe que especifique, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Reglamento. En la propuesta se deberá informar al demandante de que, si no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se desestimará íntegramente le petición de requerimiento europeo de pago, sin perjuicio de la posibilidad de formular la reclamación del crédito a través del juicio que corresponda con arreglo a las normas procesales nacionales o comunitarias. El demandante responderá devolviendo el formulario C enviado en el plazo que se haya especificado. Si se acepta la propuesta de requerimiento europeo de pago parcial, la parte restante del crédito inicial podrá ser reclamada a través del juicio que corresponda con arreglo a las nromas procesales nacionales o comunitarias”.
demanda de la petición inicial de proceso monitorio e indicando el Tribunal la imposibilidad de integrar la cláusula declarada abusiva mediante la modificación de su contenido manteniendo la vigencia del resto del contrato. Además, el criterio de la sentencia citada se debe completar con la doctrina sentada por una sentencia posterior en el asunto C 472/11 Banif Plus Bank Zrt y Csaba Csipai, Viktória Csipai41, en la que se resume la jurisprudencia anterior sobre la apreciación de oficio
de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, que mantiene la exigencia de que el Juez nacional compruebe de oficio el carácter abusivo de la cláusula, pero debe también respetar las exigencias de la tutela judicial efectiva, conforme al art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre los que figura el principio de contradicción, de forma que las partes tienen derecho a conocer y discutir los elementos examinados de oficio por el Juez, sobre los cuales este tiene intención de fundamentar su decisión. Por ello, el Juez está obligado, si advierte el carácter abusivo de una cláusula en un contrato celebrado por consumidor, a informar de ello a las partes procesales y a instarles a que debatan de forma contradictoria según las formas previstas al respecto por las reglas procesales nacionales, antes de pronunciarse sobre la abusividad de dicha cláusula.
El problema, como hemos visto, es que el Proceso Monitorio Europeo no contiene un trámite que permita oír a las dos partes con carácter previo a la admisión a trámite de la petición deducida. Otra dificultad es que el Formulario C no contiene esta posibilidad, sino que se devuelve marcando, o bien la casilla de aceptación de la propuesta del órgano jurisdiccional, o la de no acepto esa propuesta. Debería entonces permitirse a la empresa la aportación de un escrito complementario para sostener íntegramente su petición de intereses o la cláusula que haya sido discutida por el Juez.
Entre las soluciones de la autoridad competente también se encuentra la desestimación de la petición y la expedición del requerimiento europeo de pago que procederemos a explicar a continuación.
Conforme a la Disposición Final Vigésima Tercera apartado 3 de la LEC el examen inicial de la petición de requerimiento europeo de pago corresponde al Letrado de la Administración de Justicia42.
Con el objetivo de preservar el carácter simple y uniforme del procedimiento, se establecen en el artículo 11 los motivos tasados de desestimación43. En concreto:
- No contener los requisitos legalmente establecidos para su admisión,
- Petición manifiestamente infundada,
- No haber completado o rectificado la petición en el plazo establecido por el órgano
- No se acepta la propuesta de modificación emitida por el órgano jurisdiccional. Este precepto utiliza el término “desestimar”, pero lo correcto hubiera sido usar el término “inadmisión”, ya que la desestimación supone el rechazo de la petición por motivos de fondo, y en este trámite el tribunal estrictamente inadmite la petición por no cumplirse los presupuestos de admisibilidad del procedimiento, o por desistimiento del demandante, en el caso de no enviar su respuesta al tribunal44.
La inadmisión de la petición de requerimiento europeo de pago por falta de competencia judicial debe ser la primera cuestión que examine el tribunal. Si entiende que carece de jurisdicción o de competencia objetiva dictará un auto absteniéndose de conocer, indicando la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto; mientras que ante la falta de competencia territorial, remitirá las actuaciones al tribunal con competencia territorial.
La decisión de desestimación se llevará a cabo mediante el formulario D del Anexo IV del Reglamento contra la que no cabe recurso alguno. Dicha exclusión generalizada de la posibilidad de recurso encuentra su justificación en la simplificación y agilización
42 GÓMEZ AMIGO, Luis. “La tramitación del proceso monitorio europeo en España”. Revista
Aranzadi Doctrinal, núm. 3, 2011, p.6.
43 GARCÍA CANO, Sandra. “El proceso monitorio europeo y su articulación en el derecho
español”. Revista General de Derecho Europeo, núm. 23, 2011, p.23.
44 GONZÁLEZ CANO, María Isabel. Proceso Monitorio Europeo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p.
características del proceso monitorio. Sin embargo, la ausencia de recurso por la desestimación de la solicitud se compensa con la posibilidad de que el demandante reclame su crédito mediante una nueva petición de requerimiento europeo de pago o a través de otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro y al Derecho comunitario, entre los que figuran el proceso monitorio interno o el proceso europeo de escasa cuantía respectivamente.
Además, carece de carácter de cosa juzgada, pues la parte podrá reclamar de nuevo el crédito, o bien mediante una nueva petición de requerimiento de pago el crédito o bien, por cualquier otro proceso establecido por el Derecho de un Estado miembro, de forma que el demandante conserva el derecho a incoar con posterioridad un proceso civil ordinario con la misma pretensión.
La inadmisión de la petición de requerimiento europeo de pago se realizará por medio de auto debidamente motivado, que es la resolución judicial prevista para la inadmisión de las demandas en el artículo 206.2.2ª LEC. Será enviado al demandante junto con la copia de la resolución del formulario D. El deber de motivación del auto de inadmisión se cuidará especialmente en aquellos casos en los que la petición ha sido inadmitida por ser infundada.
Encontramos un ejemplo en el auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 23 de diciembre de 200945 en el que admitió un recurso de apelación
por entender que el Considerando 16 se debía poner en relación con el artículo 455.1 de la LEC, y ambos debían prevalecer sobre el artículo 11.2 del Reglamento. El auto apelado inadmitió la petición monitoria formulada por la sociedad mercantil apelante contra la entidad "D'Orbingy Ship Management" domiciliada en Burdeos (Bordeaux), fundando su razón en el artículo 6.1 y 6.2 del Reglamento del Proceso Monitorio Europeo, en relación con el artículo 59 del Reglamento CE 44/2001, y los artículos 812 y siguientes de la LEC, por ser incompetente territorialmente el Juzgado ante el que se ha presentado la petición monitoria.
Pese a que el artículo 11 del Reglamento recoge que contra la desestimación de la petición no cabrá recurso alguno, dicha Audiencia reconoce que tal precepto debe ser interpretado en relación con el apartado 17 de su Preámbulo, según el cual tal previsión no excluye la posibilidad de recurrir la decisión de desestimación de conformidad con el derecho nacional. Por tanto, decide que es recurrible en apelación por lo dispuesto en el
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