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Timestamp: 2019-08-20 07:32:20
Document Index: 11937380

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 8', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 24', 'Artículo 7', 'Artículo 265', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 101', 'artículo 8', 'artículo 35', 'artículo 265', 'artículo 8', 'artículo 8', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 265', 'e contrario', 'artículo 8']

1. En el origen del caso se encuentran una demanda (nº 10764/09) interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH contra el Reino de España por un nacional de este Estado, JACINTO (“el demandante”) el día 20 de diciembre de 2008, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”).
3. El demandante alega una vulneración de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, por el hecho de que las grabaciones de video se realizaron sin su consentimiento y utilizaron en el juicio.
4. El día 22 de noviembre de 2011, el TEDH comunicó al Gobierno la queja respecto al artículo 8 y declarado la demanda inadmisible por lo demás.
5. El día 19 de septiembre de 1997, el demandante, residente en Sevilla, fue arrollado por un coche
mientras paseaba en bicicleta. Tras el accidente, promovió una acción civil por daños y perjuicios contra el conductor y la compañía aseguradora, M. por unas presuntas secuelas padecidas, a saber, una neurosis post traumática que le acarreó, según él, un miedo intenso para conducir vehículos.
6. En el proceso ante el juzgado de primera instancia número 4 de Sevilla, la compañía aseguradora, M., aportó como elementos de prueba unos vídeos de unas escenas de la vida cotidiana del demandante en espacios públicos, que tenían por objeto desmentir la existencia del miedo alegado. Las imágenes mostraban, particularmente, al demandante conduciendo una moto. Los vídeos habían sido grabados por una agencia de detectives privados contratada por la aseguradora, con desconocimiento del demandante.
7. Mediante sentencia de 15 de marzo de 1999, el juzgado de primera instancia número cuatro de Sevilla, estimo parcialmente las pretensiones del demandante, condenando a los demandados a pagarle una indemnización pero de un importe inferior al que reclamaba.
2011, la Audiencia Provincial de Sevilla consideró que las pretensiones del demandante eran abusivas en la medida en la que sus afirmaciones no se sustentaban en ningún elemento de prueba. Se pronunció además a favor de la validez del informe de los detectives privados. En efecto, las circunstancias en las que habían sido tomadas las imágenes no constituían una interferencia en el comportamiento del demandante ni un condicionamiento de éste.
9. Contra esta sentencia el demandante recurrió en casación. Por decisión de 27 de julio de 2004, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso.
10. No se desprende del expediente que el demandante haya presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
11. En paralelo al procedimiento sobre el fondo, el demandante entabló una acción civil por daños y perjuicios contra la compañía aseguradora, por vulneración de su derecho a la vida privada y a la propia imagen (artículo 18 de la Constitución). No solamente solicitaba una indemnización, sino también que la compañía le entregara todas las grabaciones originales y las copias de los vídeos concernidos. En cuanto a la parte demandada, alegó que la grabación de esos videos estaba justificada respecto del objetivo que se perseguía, que era, en esta ocasión, la impugnación de ciertas alegaciones del de mandante en el primer procedimiento, y más aún por que la grabación se había efectuado en espacios públicos y no atañía más que a actividades de la vida cotidiana del demandante.
12. Mediante sentencia de 28 de mayo de 2001, el juzgado de Primera Instancia nº 22 de Sevilla desestimó las pretensiones del demandante. Señaló, a título preliminar, que la ley de enjuiciamiento civil permitía la utilización, como medio de prueba, de las grabaciones de voz, de sonido y de imagen, así como los informes realizados por detectives privados. Además, el Juez recordó que el Tribunal Supremo había admitido la utilización de medios de prueba similares en el marco de procedimientos ligados al derecho laboral. Habida cuenta de esta jurisprudencia, el Juez consideró que la prueba impugnada, en el presente caso, perseguía un objetivo legítimo, ya que la captura de la imagen del demandante había sido efectuada exclusivamente en espacios públicos y mientras ejercía actividades del día a día. El Juez señalo, en particular, que las imágenes mostraban al demandante conduciendo él mismo una moto en sus desplazamientos, sólo o acompañado de terceros, el Juez observó igualmente que ninguna imagen había sido tomada en un espacio privado ni podía ser considerada como íntima. Finalmente, el Juez señaló que las imágenes captadas no
presentaban al demandante en ningún estado que pudiera ser considerado como indigno y que los vídeos habían solamente sido utilizados con ocasión del procedimiento civil y no habían sido nunca difundidas públicamente.
13. El demandante recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Mantenía que el procedimiento ante el juzgado de Primera Instancia debería ser anulado con motivo del desconocimiento de determinadas reglas procedimentales y de su derecho a poder defenderse. Por otra parte el demandante se quejaba de que la sentencia no había sido suficientemente motivada y atentaba contra el derecho a su propia imagen.
Mediante sentencia de 16 enero 2002, la Audiencia Provincial rechazó el recurso. Tratándose de una
presunta violación del derecho a la propia imagen, estimó que la grabación de la imagen del demandante estaba justificada en el presente caso, tanto respecto del objetivo perseguido por la compañía de seguros, qui debía ser considerado como legítimo, como respecto de las personas que habían realizado la grabación, a saber detectives profesionales. La Audiencia Provincial señaló además que las imágenes estaban únicamente destinadas a ser utilizadas como medio de prueba y no había ninguna intención de hacerlas públicas. Finalmente la Audiencia Provincial rechazó la queja respecto de la presunta falta de motivación de la sentencia a quo.
14. El demandante recurrió en casación ante el Tribunal Supremo que inadmitió el recurso por decisión de 4 de abril de 2006.
15. El demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional. Mediante decisión notificada el 20 de junio de 2008, el Alto Tribunal inadmitió el recurso por falta de especial trascendencia constitucional que requiriera una resolución sobre el fondo por parte del Tribunal.
1. Las disposiciones de la Constitución, en lo que aquí interesan, son las siguientes:
Artículo 18.1:"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen." Artículo 24.1: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
2. La ley Orgánica no 1/1982, de 5 de mayo de 1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es de aplicación en el presente caso:
Artículo 7: “Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas (...) 2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción."
3. La ley de enjuiciamiento civil (ley no 1/2000 de 7 de enero de 2000) prevé:
Artículo 265: "1. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse: (...) 5. Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical."
4. La ley no 23/1992, de 30 de julio de 1992, de seguridad privada dispone, en lo que aquí interesa:
Artículo 1.3: “Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad (...) actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles."
Artículo 10: “Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior (...)".
Artículo 19.1: "Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por en cargo de los legitimados en
el proceso penal. (...)"
ejecución de la ley no 23/1992, precisa de esta manera el contenido, entre otros, del artículo 19.1 de dicha ley:
Artículo 101: "1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. (...) 2. A los efectos del presente artículo, se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados"
FUNDAMENTOS DE DERECHO SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ÁRTICULO 8 DEL CONVENIO.
21. El demandante alega que las grabaciones de video realizadas sin su consentimiento y utilizadas posteriormente en el proceso, son contrarias a su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, amparados por el artículo 8 del Convenio. Solicita poder recuperar los originales de las cassettes en cuestión. El artículo invocado está redactado así:
2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en
cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás."
22. El TEDH constata que la demanda no es manifiesta mente infundada en el sentido del artículo 35 § 3 a) del Convenio. El TEDH señala por otra parte que no contraviene ningún otro motivo de inadmisión. Procede por lo tanto admitirla.
23. El Gobierno hace observar en primer lugar, que la injerencia litigiosa se ha producido en el marco de una relación entre particulares y no ha sido provocada por un acto de la autoridad pública.
24. Por mucho que el demandante invoque como tal el “derecho a la propia imagen”, el Gobierno recuerda que se trata de un derecho con un alcance autónomo con relación a los derechos al honor y a la intimidad, sin perjuicio del vínculo estrecho que pueda tener con este último derecho. Por otra parte, no se trata de un derecho ilimitado, ya que puede entrar en conflicto con otros derechos o garantías constitucionales, así como con otros derechos individuales o públicos.
25. En lo que respecta a la actividad de los detectives privados, el Gobierno expone que ésta hace objeto de una regulación muy estricta en Derecho interno y está sometida a controles regulares. En este sentido, recuerda que de conformidad con el artículo 265.1 de la ley de enjuiciamiento civil, los informes elaborados por estos profesionales pueden tener un valor probatorio en el marco de un proceso.
26. Según él, la necesidad del informe litigioso, en el presente caso, se justifica en la medida en que este informe pretendía desmentir las alegaciones en las que pretendidamente se fundaban las pretensiones económicas del demandante. En efecto, afirmaba que las secuelas de su accidente le impedían conducir vehículos a motor.
27. El informe litigioso no se refería más que a una actividad del demandante ejercitada en la vía pública, a saber su capacidad para conducir vehículos a motor, sin que ningún aspecto que afectará a su esfera privada fuera abordado. Para poder ponderar los intereses en conflicto, el Gobierno indica que conviene tomar en cuenta igualmente el interés público consistente en permitir a un Tribunal disponer de todos los elementos necesarios para pronunciarse con total conocimiento de causa.
28. Finalmente, en lo que respecta la solicitud del demandante en que le fuera permitido recuperar los originales de las fotos y videocasetes, el Gobierno señala que, en la medida en que han sido considerados como elemento de prueba en el marco de un proceso civil, el demandante hubiera debido dirigirse directamente a los Tribunales y no a la compañía aseguradora.
29. Por su parte, el demandante no ha aportado observaciones en respuesta, limitándose a remitirse al contenido de su formulario de demanda.
a) Principios generales de aplicación
30. El TEDH recuerda que la noción de "vida privada" es una noción amplia, no susceptible de una definición exhaustiva, que abarca la integridad física y moral de la persona y por tanto puede englobar múltiples aspectos de la identidad de un individuo, tales como el nombre o elementos relacionados con el derecho a la propia imagen (Von Hannover c. Alemania (no 2) [GC], nos
40660/08 y 60641/08, §§ 95-96, TEDH 2012). Esta noción incluye las informaciones personales que un individuo puede legítimamente esperar que no sean publicadas sin su consentimiento (Flinkkilä y otros c. Finlandia, no 25576/04, § 75, 6 de abril de 2010, Saaristo y otros c. Finlandia, no 184/06, § 61, 12 de octubre de 2010). La publicación de una foto interfiere desde ese mismo momento en la vida privada de una persona, incluso si esta persona es un personaje público (Schüssel c. Austria (decisión), no 42409/98, 21 de febrero de 2002). A mayor abundamiento, el TEDH es de la opinión que la grabación de imágenes de video constituye igualmente una injerencia en la vida privada de un individuo.
31. Por otra parte, el TEDH ha tenido la oportunidad de indicar que la imagen de un individuo es uno de los atributos principales de su personalidad, por el hecho de revelar su originalidad y permitirle diferenciarse de sus congéneres. El derecho de la persona a la protección de su propia imagen constituye de esta manera uno de los componentes esenciales para alcanzar la plenitud personal y presupone, principalmente, el control del individuo sobre su propia imagen. Si tal control implica en la mayoría de los casos la posibilidad para el individuo de rechazar la difusión de su imagen, comprende al mismo tiempo el derecho de éste de oponerse a la captura, la conservación y la reproducción de la misma por un tercero. En efecto, siendo la imagen una de las características ligadas a la personalidad de cada uno, su protección efectiva presupone, en principio, el consentimiento del individuo desde el momento de su captura, y no solamente en el momento de su posible difusión al público. En caso contrario, un atributo esencial de la personalidad podría ser detentado por otro sin que el interesado tuviera el control sobre su eventual uso posterior (ver, mutatis mutandis, Reklos y Davourlis c. Grecia, n o 1234/05, § 40, 15 de enero de 2009).
32. El TEDH reafirma además que si el artículo 8 tiene esencialmente por objeto prevenir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no se contenta de ordenar al Estado de abstenerse de tales injerencias: a este compromiso negativo pueden añadirse obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar (Söderman c. Suecia [GC], no 5786/08, § 78, TEDH 2013). Pueden necesitar de la adopción de medidas tendentes al respeto a la vida privada, incluso en las relaciones entre los mismos individuos. Esto sirve igualmente para la protección del derecho a la imagen contra los abusos por parte de terceros (Von Hannover c. Alemania, no 59320/00, § 57, TEDH 2004-VI).
33. La elección de las medidas propias a garantizar el respeto del artículo 8 del Convenio en las relaciones inter individuales depende, en principio, del margen de apreciación de los Estados contratantes, ya sean las obligaciones a cargo del Estado positivas o negativas. Existen en efecto varias maneras distintas de asegurar el respeto a la vida privada. La naturaleza de la obligación del Estado dependerá del aspecto de la vida privada que está en juego (X e Y c. Holanda, 26 de marzo de 1985, § 24, serie A no 91 y Odièvre c. Francia [GC], no 42326/98, § 46, TEDH 2003-III).
34. En este sentido, en asuntos relacionados con la divulgación de datos de carácter personal, el TEDH ha reconocido que procedía conceder a las autoridades competentes nacionales una cierta libertad para establecer un justo equilibrio entre los intereses públicos y privados que se encuentran enfrentados. Sin embargo, este margen de apreciación va acompañado de un control europeo (Funke c. Francia, sentencia de 25 de febrero de 1993, serie A no 256-A, § 55) y su amplitud está en función de factores tales que la naturaleza y la importancia de los intereses en juego y de la gravedad de la injerencia (Z c. Finlandia, sentencia de 25 de febrero de 1997, Recopilación de sentencias y decisiones 1997-I, p. 348, § 99).
b) Aplicación en el presente caso de los principios anteriormente mencionados
35. El TEDH señala que el presente caso no trata de la difusión de imágenes relativas a la vida cotidiana del demandante, sino exclusivamente de la toma y la posterior utilización de tales imágenes como medio de prueba en el marco de un proceso civil (ver de contrario, Sciacca c. Italia (no 50774/99, TEDH 2005-I). Asimismo, las imágenes litigiosas no estaban destinadas a ser publicadas (ver de contrario, Peck c. Reino Unido, no 44647/98, § 9, TEDH 2003-I), no habiendo sido realizada su toma de una manera sistemática o permanente (ver, de contrario, Rotaru c. Rumania [GC], no 28341/95, § 43-44, TEDH 2000-V).
36. El TEDH debe por tanto examinar la cuestión de saber si, en ausencia de difusión de las imágenes litigiosas, ha habido o no vulneración del derecho a la protección de la vida privada del demandante (ver mutatis mutandis Reklos y Davourlis c. Grecia, no 1234/05, § 38, 15 de enero de 2009). En el ejercicio de su poder de control, el TEDH no tiene como tarea el sustituirse a las jurisdicciones nacionales, pero le incumbe comprobar, a la luz del conjunto del asunto, si las decisiones que se han dictado, en virtud de su poder de apreciación, se compaginan con las disposiciones invocadas del Convenio (Petrenco c. Moldavia, no 20928/05, § 54, 30 de marzo de 2010, Polanco Torres y Movilla Polanco c. España, no 34147/06, § 41, 21 de septiembre de 2010, y Petrov c. Bulgaria(dec.), no 27103/04, 2 de noviembre de 2010).
37. En el presente caso, no se ha puesto en duda el hecho de que el demandante se encontrara en la vía pública cuando las escenas fueron grabadas, y que no hubo ninguna interferencia en su comportamiento.
38. El TEDH no ve ninguna razón válida para alejarse del enfoque de los Tribunales nacionales. En efecto constata que las imágenes litigiosas han sido tomadas cuando el demandante se libraba a una actividad susceptible de ser grabada, en esta ocasión la conducción de una moto para desplazarse por la vía pública. Además, las imágenes fueron utilizadas exclusivamente como medio de prueba ante un Juez. No había por tanto ningún riesgo de explotación posterior.
39. El TEDH señala por otra parte que las imágenes del demandante han sido filmadas por una agencia de detectives privados que respetaba el conjunto de las exigencias legales previstas en el derecho interno para este tipo de actividad: la agencia en cuestión estaba debidamente habilitada por el Estado e inscrita como tal en un registro administrativo, y la toma de imágenes en aras de su utilización en el marco de un proceso estaba prevista por el artículo 265 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
40. En cuanto al objetivo perseguido por la utilización del video cassette, el TEDH juzga razonable considerar que las imágenes grabadas tenían la intención de contribuir de manera legítima al debate judicial, con el fin de permitir al asegurador poner a disposición del Juez el conjunto de los elementos pertinentes. En efecto las imágenes litigiosas contradecían las afirmaciones del demandante según las cuales había quedado incapacitado, a raíz de su accidente, para conducir vehículos a motor. En la medida en que su solicitud de indemnización estaba fundada en esta incapacidad, era necesario, en opinión del TEDH de que todo elemento que probara lo
contrario pudiera ser sometido al Juez. Y va en ello el interés público de garantizar a todo justiciable un proceso equitativo.
41. En lo que respecta más especialmente a la no restitución de las cintas de vídeo, el TEDH constata que, tal como señala el Gobierno, éstas han sido incorporadas al expediente judicial como elementos de prueba en el proceso civil (párrafo 6) y recuerda que la autorización de estos elementos, de los que formaban parte las grabaciones, queda limitada a los fines del proceso y no da lugar, de manera alguna, a su difusión pública (ver de contrario, P.G. y J.H. c. Reino Unido, no
44787/98, § 57, TEDH 2001-IX).
42. Por consiguiente, la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no ha sido des-proporcionada a la luz de las exigencias del artículo 8 del Convenio. En consecuencia no ha habido violación de esta disposición del convenio.
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