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Timestamp: 2016-12-11 06:24:23
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⭐El acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos *
El acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos *
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José Carlos Torregrosa Benítez
1 El acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos * Por María Fernanda López Puleio ** 1. Delimitación El derecho a la asistencia jurídica letrada, parte ineludible de la inviolabilidad del derecho de defensa que nace a favor de quien resulta imputado penalmente, constituye un elemento definidor del acceso a la justicia en sentido amplio, en tanto la intervención activa de un defensor técnico posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos al primero sean no sólo resguardados, sino efectivamente ejercitados. La particularidad de intervención de sujetos diversos el imputado y su defensor técnicoen procura de un mismo fin de contrarrestar o aminorar la pretensión punitiva, aunque con elementos diversos, otorga sin duda una dinámica singular al proceso. A partir de esta conformación de naturaleza compleja del derecho de defensa penal, se deriva la exigencia de actuación del abogado defensor como un requisito de validez del procedimiento (salvo los casos de autodefensa), imponiéndose la intervención de un defensor público ante la ausencia de un defensor de confianza. La referencia a la necesidad de acceso a un defensor penal, no quiere aludir a que ésta pueda considerarse cumplimentada por la simple constatación de que en el proceso penal se ha designado a un abogado, o que éste haya establecido algún contacto con el representado; esto significa bastante poco para el derecho de defensa. Pero es cierto que una lectura rápida, o una interpretación restringida del término acceso señalada en el título de este ensayo, deja al descubierto en su opción negativa, la forma más burda de avasallamiento del derecho a la defensa técnica: la ausencia de vínculo alguno jurídico o fáctico- entre imputado y abogado. En estas páginas, la alusión al acceso a un defensor penal trasciende la mera vinculación relacional. Con la afirmación del acceso (íntegro) a un abogado, se quiere aludir al * Publicado en Revista Das Defensorías Públicas Do Mercosul, Brasilia, DF, nº.3, jun 2013, págs Corresponde a la versión ampliada de la publicada en la obra colectiva La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década ( ), compilada por ABRAMOVICH, Víctor, BOVINO, Alberto y COURTIS, Christian, CELS-Editores del Puerto, Buenos Aires, ** Agradezco la colaboración de los Dres. Mariana Grasso, Horacio Garcete y Gabriela Jugo en la recopilación de jurisprudencia.2 goce completo del derecho a la asistencia jurídica reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, habrá real acceso si el defensor cumple con los recaudos de una defensa técnica adecuada; y para ello, el sistema penal deberá brindar al abogado posibilidades ciertas para el ejercicio de su función. Los modos de la relación abogado-representado, y los grados de intensidad de intervención del defensor técnico en el sistema penal, suelen presentar problemáticas que distan de ofrecer soluciones sencillas. Pero en esta materia suelen presentarse situaciones que evidencian la falta de protección del derecho a la asistencia jurídica adecuada. En ocasiones, ningún abogado llega a tomar intervención en actos de los que derivan graves perjuicios para los imputados, o su actuación es solamente formal; en otras, determinadas personas en especial detenidas- desconocen si alguien en verdad los está defendiendo, encontrándose sumidas en un vergonzoso abandono. Y también hay defensores probos, activos, y muy comprometidos con sus defensas, sobre los que penden obstáculos de los más diversos para el cumplimiento de su función 1. En todos estos casos, al limitarse el derecho a un abogado, se viola irremediablemente el derecho de defensa; y la parte más débil ante la justicia ve acrecentada aún más la disparidad de fuerzas con sus contradictores. Sin embargo, y más allá de la falta de univocidad en las respuestas jurisdiccionales, ciertas afectaciones del derecho de defensa suelen resolverse como si se tratara de un mero trámite o cuestión procesal, antes que del contenido esencial de un derecho fundamental. La irradiación del derecho internacional de derechos humanos en el ámbito interno y básicamente a partir de la jerarquización constitucional de los principales instrumentos en 1994 (art. 75 inc. 22 CN) - generó un impacto progresivo e intenso en su aplicación por parte de los tribunales argentinos. Así, la reforma constitucional integró definitivamente la protección de la inviolabilidad de la defensa enunciada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, con aquella normativa, habilitando igualmente la compatibilización de la jurisprudencia interna, con la los organismos de protección previstos en los convenios multilaterales -cuyos enunciados constituyen guía interpretativa para la Corte Suprema argentina-; todo ello, según lo que resulte más favorable al imputado. 1 Puede leerse en el voto concurrente razonado del Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio GARCÍA RAMÍREZ, en el caso de la CorteIDH Tibi vs. Ecuador del 7 de septiembre de 2004: 47. La defensa del inculpado sigue en predicamento. No hay, que yo sepa, ordenamiento nacional que no estipule el derecho de aquél a la defensa frente a los cargos que se le imputan, así como el derecho de contar con defensor que lo asista en el difícil trance del enjuiciamiento, cuando están en juego sus bienes más apreciados. Este es, inclusive, un personaje que concurre a integrar, como se ha dicho, la personalidad procesal del inculpado. Pero son abundantes los casos expuestos ante la Corte (y hay otros, millares, que aguardan turno: no de llegar al tribunal interamericano, sino de verse beneficiados, a través de los ordenamientos y las jurisdicciones nacionales, por los progresos que acogen los instrumentos internacionales) en los que esa defensa no ha existido en absoluto, o ha sido nominal: distante y ajena al inculpado, inactiva, indiferente, o ha carecido de oportunidad verdadera y facilidades genuinas para cumplir la misión que se reconoce, pero no se favorece.3 Ello no obstante, y en importante número, hay todavía resoluciones jurisdiccionales que traslucen la resistencia a considerar que el derecho doméstico debe integrarse al plexo constituido por el derecho internacional, y guiarse en su aplicación por el principio pro persona; y que si bien los derechos fundamentales no determinan en toda su dimensión los alcances del derecho aplicable, sí excluyen determinadas consecuencias como no permitidas, a la vez que exigen otras como necesarias. Este trabajo centrará su análisis en aquellas áreas donde la incidencia de actuación del defensor penal adquiere mayor relevancia, adentrándose en las zonas riesgosas, donde la eventual limitación o clara falencia para la defensa por parte de un abogado, impacta con mayor repercusión en los derechos en juego. 2. Hacia la protección efectiva del derecho a un defensor en materia penal 2.1. Sobre los fundamentos del derecho a la defensa técnica penal Por propia definición, el derecho de defensa del imputado en causa penal, comprende su facultad para llevar a cabo actividades para resistir o poder atenuar la imputación penal, lo que realiza interviniendo personalmente en el proceso. Un contenido que hace a ese derecho de defensa, y que adquiere importancia vital, es su derecho a ser asistido por un abogado; que supone la prerrogativa de contar con un defensor técnico que interviene de manera independiente en el proceso procurando a su favor. Pero el defensor no sustituye la voluntad de su representado, ni pasa a ocupar su lugar. Porque nadie podría arrogarse la facultad de ejercicio de un derecho que se estructura a partir de la idea de dignidad de la persona humana. Como ya se preguntaba Robespierre en su discurso ante la Asamblea Constituyente de 1790: a quién pertenece el derecho de defender los intereses de los ciudadanos? A ellos mismos, es el derecho más sagrado... si no es consentido a mi mismo defender mi vida, mi libertad, mi honor, mi fortuna, o bien recurriendo a quien considero el más probo, el más iluminado, el más fiel a mis intereses... entonces Ustedes violan al mismo tiempo la ley sagrada de la naturaleza y de la justicia, y todas las nociones del orden social 2. Que al defensor designado en el proceso le correspondan igualmente poderes y atribuciones para invocar en interés del imputado en tanto no constituyan el ejercicio de actos personalísimos reconocidos a éste-, no puede hacer perder de vista que este último es el titular del derecho de defensa, y en ese carácter ejercita su defensa material. Y que en todo caso, el 2 BATTISTA, Anna María (edición a su cuidado), Robespierre, il Principi della democrazia, CLUA, Pescara, 1983, p. 69. Como se observará, las convenciones internacionales prácticamente reproducen el esquema de Robespierre.4 defensor técnico constituye uno de los resguardos más importantes de su garantía 3. Así, el primer gran desafío de todo defensor penal será el hallazgo de fórmulas de complementariedad con su defendido para el ejercicio concurrente de acciones, en defensa de uno de ellos. A tales fines, ambos poseen facultades autónomas, esto es, independientes, que no se inhiben entre sí. 4 Ahora, la circunstancia de que se constituya a la defensa técnica como un requisito de validez del procedimiento, autorizando la autodefensa técnica sólo cuando el imputado no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso, como en el sistema federal argentino (art. 104 CPP Nación) 5, denota no sólo una especial preocupación para el resguardo de un derecho fundamental -con lo cual la observación acerca de las exigencias de actuación del defensor penal deberán partir de estándares elevados de intervención-, sino que permite ver cómo la actuación de un abogado, también es requerida para una mejor consecución y orden procesal. En este último caso, más que un derecho del imputado, se tiene en mira una necesidad de la propia administración de justicia. 6 Sin embargo, la admisión del derecho a un abogado y la actuación autónoma pero integrada entre el defensor penal y su asistido, no siempre fue admitida y mucho menos respetada en el proceso penal. Mucha de la historia del proceso se explica a partir de este vínculo relacional, y del reconocimiento o no de los poderes y facultades a los mismos en el marco del procedimiento; todo lo cual refleja el nivel de respeto o de directa ignorancia al status del imputado como sujeto de derechos fundamentales. Desde la prohibición del imputado para defenderse por abogados durante un período en Atenas, hasta la intervención amplia del interesado con un orador experto que lo asistía en la antigua Roma, y nuevamente, la limitación de intervención del abogado en la época del Imperio 7 ; o la prohibición para los indígenas de América de realizar consultas con abogados (como medida de protección por los innumerables daños que los letrados les habían ocasionado, ordenando 3 Un desarrollo más extenso de la cuestión en LÓPEZ PULEIO, María Fernanda, Justicia Penal y Defensa Pública, la deuda pendiente, en Pena y Estado Nro. 5, número especial sobre defensa pública, Ediciones del Instituto, Buenos Aires, 2002, ps MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, T. I Fundamentos, Del Puerto, Buenos Aires, 1996, p Dice el art. 104 del Código Procesal Penal de la Nación: Derecho del imputado. El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. En este caso el tribunal le ordenará que elija defensor dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el defensor oficial. En este caso el tribunal le ordenará que elija defensor dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el defensor oficial. En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La designación del defensor hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil. Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado. El imputado podrá designar defensor aun estando incomunicado y por cualquier medio. 6 Para una discusión sobre el problema de la disponibilidad del derecho de defensa, la cuestión constitucional y las posibilidades de autodefensa en el derecho comparado, ver LÓPEZ PULEIO, María Fernanda, op. cit., ps. 35 y LION, A, Difesa, en Digesto Italiano, Vol IX, p. 321, citado por VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, op. cit. p. 373.5 Felipe II en 1589 castigar con cien azotes a quienes los consulten 8 ); desde la pérdida para el imputado de la calidad de parte procesal en la terapia inquisitoria, hasta su derivación en la prohibición de actuación del defensor en la Ordenanza Criminal Francesa de ; desde la concepción sustentada por el modelo inquisitivo de que con la simple confesión se pondrá de manifiesto la culpabilidad o la inocencia...y entonces, para qué un abogado? (sólo para hacerlos confesar, y si no lo logra, por lo menos que el abogado revele al juez lo que tuvo conocimiento), hasta la supresión de la actuación de abogados en Prusia por decreto real en 1780 (porque va contra la naturaleza de las cosas que las partes no sean escuchadas directamente por el juez en sus demandas y quejas, sino que se vean precisadas a hacer valer sus necesidades a través de un abogado pagado 10 ), o su definición según la Santa Inquisición: infame, digno del castigo más severo, el que sabiendo tener un cliente culpable, de todos modos lo defiende 11. Como expresara Carnelutti en otro contexto histórico y cultural-, al razonar sobre la necesidad de parcialidad del abogado, en defensa de lo que más convenga a su defendido: La del abogado es quizá una de las figuras más discutidas en el cuadro social; se podría decir más atormentada. Entre otras cosas, nunca, ni siquiera en los momentos de mayor convulsión histórica, se ha propuesto la supresión de los médicos o de los ingenieros; pero de los abogados sí. En alguna ocasión, hasta se ha llegado a suprimirlos; después han resurgido con rapidez. En el fondo, la protesta contra los abogados es la protesta contra la parcialidad del hombre. Mirándolo bien, ellos son los Cirineos de la sociedad: llevan la cruz por otro, y esta es su nobleza. Si me pidierais una divisa para la orden de los abogados, propondría el virgiliano sic vos non vobis; somos los que aramos el campo de la justicia y no recogemos el fruto. 12 Si bien las justificantes esgrimidas para fundar la necesidad de obligada intervención de un asistente técnico al lado del imputado responden a motivos diversos, no puede desconocerse el hecho sustancial de que para confrontar al poder del ministerio público fiscal, se precisa de una persona formada en derecho y en la práctica penal, no debiendo tampoco soslayarse la incidencia que conlleva desde el aspecto emotivo, la propia participación del implicado en un proceso penal en su contra. La igualdad de armas entre la acusación y la defensa, supone la perfecta igualdad de las partes. Para eso, la defensa tiene que tener la misma capacidad y poderes de la acusación; 8 En SUÁREZ, Santiago Gerardo, Los fiscales indianos, Origen y evolución del Ministerio Público, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Nro. 227, Caracas, 1995, p GOESSEL, Karl Heinz, El defensor en el proceso penal, Temis, Bogotá, 1989, p GOESSEL, Karl Heinz, op. cit., p En el Sacro Arsenal o también Práctica del Oficio de la Santa Inquisición, fechado el 12 de abril de 1679, 410 (275), citado en CORDERO, Franco, Procedimiento Penal, segunda edición, traducción de Jorge Guerrero, Temis, Bogotá, 2000, p CARNELUTTI, Francesco, Las miserias del proceso penal, traducción de Santiago Sentís Melendo, Temis, Bogotá, 1989, p.42.6 entonces, el imputado debe estar asistido por un defensor en situación de competir con el acusador público Disposiciones normativas y de diverso carácter. La defensa de quienes no tienen quien los defienda El derecho internacional de los derechos humanos, a la par del reconocimiento de contenidos integrativos básicos del derecho de defensa para el imputado (entre ellos, el de conocimiento detallado de la imputación en su contra, el derecho a ser oído públicamente y en condiciones de igualdad -expresándose libremente sobre los extremos de la imputación-, el de controlar la prueba que pueda ser utilizada en su contra y ofrecer prueba de descargo), reconoce su derecho a la asistencia jurídica según una formulación de gran amplitud. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece entre las garantías judiciales mínimas, la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa (8.2.c), y su derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor (art. 8.2.d); la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) asegura en su artículo 11 la realización de un juicio público para toda persona acusada de delito, en el cual se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), asegura el derecho A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección (art b), y A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo... (art d) El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), en su Observación General 13 al artículo 14 del PIDCP, advertía a los Estados Partes que en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 14 se dispone que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías, que en el párrafo 3 se detallan esas garantías en relación con los procesos penales; pero que las exigencias formuladas en el párrafo 3 son requisitos mínimos, cuya observancia no es siempre suficiente para asegurar un proceso que llene los requisitos previstos en el párrafo Y que no en todos los informes de los países se han abordado los aspectos íntegros del derecho de defensa según se define en el artículo 14.3.d), así: El Comité no siempre ha recibido información suficiente sobre la protección del derecho del acusado a estar presente durante la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él, ni cómo el sistema jurídico garantiza su derecho, ya sea de defenderse personalmente o de recibir la asistencia de un abogado de su elección, o qué arreglos se establecen si una persona carece de 13 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, Trotta, Madrid, 1998, p CDHNU, Observación General 13 al Artículo 14 del PIDCP: Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley, 21 período de sesiones, 13 de abril de 1984, párrafo 5.7 medios suficientes para pagar esta asistencia. El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas. 15 Por otra parte, los abogados deben poder representar a sus defendidos de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin injerencia de ninguna parte. 16 La Observación General 32 del mismo Comité, que sustituye a la Observación General Nº 13, señala expresamente que El que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido 17, y el derecho de todos los acusados de un delito penal a defenderse personalmente o mediante un abogado de su propia elección y a ser informados de este derecho, conforme a lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, se refiere a dos tipos de defensa que no se excluyen mutuamente. Las personas asistidas por un abogado tienen derecho a dar instrucciones al abogado sobre cómo llevar adelante el caso, dentro de los límites de la responsabilidad profesional el tenor del Pacto es claro, en todos los idiomas oficiales, en el sentido de que prevé el derecho a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor de su elección, lo que entraña la posibilidad de que el acusado rechace la asistencia de un abogado. Sin embargo, este derecho a defenderse sin abogado no es absoluto. En algunos juicios concretos, el interés de la justicia puede exigir el nombramiento de un abogado en contra de los deseos del acusado, en particular en los casos de personas que obstruyan sustancial y persistentemente la debida conducción del juicio, o hagan frente a una acusación grave y sean incapaces de actuar en defensa de sus propios intereses, o cuando sea necesario para proteger a testigos vulnerables de nuevas presiones o intimidaciones si los acusados fuesen a interrogarlos personalmente. Sin embargo, toda restricción del deseo de los acusados de defenderse por su cuenta tendrá que tener un propósito objetivo y suficientemente serio y no ir más allá de los que sea necesario para sostener el interés de la justicia. Por consiguiente, la legislación nacional debe evitar excluir cualquier posibilidad de que una persona se defienda en un proceso penal sin la asistencia de un abogado 18. El carácter fundamental que se otorga a la asistencia jurídica del imputado, puede verse con mayor intensidad a partir de la regulación establecida para el caso de que el imputado no se defendiera personalmente (o no se lo autorizara a hacerlo), ni tampoco designare letrado de confianza para asumir su defensa. La CADH establece en el art. 8.2.e, el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiera por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo de ley. Y el PIDCP,...siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo (art d). 15 Ibidem, párrafo Ibidem, párrafo CDHNU, Observación General Nº 32 al Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones; 23 de agosto de 2007, párrafo Ibídem, párrafo 37.8 Esta cobertura, que constituye la última reserva de la defensa, sólo actúa de manera subsidiaria; si el imputado no se defendiera personalmente o no hiciera uso de su derecho de designar abogado particular. 19 Muchos desconocen que en el sistema federal argentino, la representación que ejercen los defensores públicos sobre el total de casos penales tramitados suele superar el 80%; situación que se repite con mayor o menor intensidad en las provincias. 20 Estos baremos permiten observar la relevancia que tiene el análisis de las problemáticas específicas de intervención de defensores públicos en el proceso penal, y más allá de que un porcentaje importante de dificultades no dependen de restricciones o limitaciones impuestas por la actuación de los tribunales, sino por la desatención y falta de provisión de recursos suficientes para hacer lugar a la cobertura del servicio, lo cierto es que para algunos sectores de la administración de justicia, y respecto a actos determinados, parecerían flexibilizarse exigencias y aspectos sustanciales del derecho a la asistencia jurídica adecuada, cuando se generan situaciones críticas respecto a la intervención de un defensor. Lo anterior incluye la errada concepción cultural de ciertos jueces y fiscales, de que el defensor público antes que la consagración de una garantía para el inculpado, constituye un mero auxiliar de la justicia. Claro que esta concepción no se manifiesta de igual forma en todo el país ni en la mayoría de los operadores de la justicia, y el nivel de respeto al derecho de quienes no tienen quien los defienda, ha dependido fundamentalmente del accionar proactivo de vastos sectores de la defensa pública argentina. En la referida Observación General 13, el Comité ONU ya había considerado que debían realizarse informes más detallados sobre las medidas que los Estados Partes adoptan para garantizar que se observe en la práctica la igualdad de acceso a los tribunales 21, y que cuando el acusado no desee defenderse personalmente ni solicite una persona o una asociación de su elección, debe poder recurrir a un abogado 22. Como vimos, la nueva Observación es más 19 Así, la Comisión de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Resolución 2003/39 del 23 de abril de 2003 sobre Integridad del sistema judicial, insta a los Estados a que garanticen que toda persona enjuiciada ante juzgados o tribunales bajo su autoridad tenga derecho a ser juzgada en persona y a defenderse por sí misma o mediante asistencia letrada de su propia elección (pto. 5). 20 Y de igual forma, en muchos países de Latinoamérica. Ver documentos y ponencias del Primer Encuentro Interamericano de Defensorías Públicas, celebrado en Santiago de Chile del 14 al 16 de noviembre de 2001 (Defensoría Penal Pública de Chile, GTZ, CEJA e INECIP); y VII Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas y Tribunales Superiores, Cancún-México, 2002, documento de fundamentación sobre Asistencia legal y Defensorías Públicas, elaborado por María Fernanda López Puleio. En el ámbito federal argentino, la actuación de la defensa pública oficial se rige por la ley orgánica del Ministerio Público (BO 23/3/1998), que estructuró al Ministerio Público de la Defensa como un organismo con autonomía funcional y autarquía financiera luego del reconocimiento constitucional en la reforma de La Defensoría General de la Nación es el organismo superior institucional, contando el Defensor General de la Nación con amplios poderes de superintendencia, en igualdad de condiciones con el Procurador General de la Nación. Los defensores oficiales acceden a la función mediante concurso público y ostentan rango de magistrados, en condiciones de igualdad con jueces y fiscales. Ver Informes Anuales de la Defensoría General de la Nación al Congreso Nacional. 21 CDHNU, Observación General 13 cit., párrafo Ibídem, párrafo 9; el resaltado me pertenece.9 explícita, al postular que se evite excluir cualquier posibilidad de defenderse en juicio penal por un abogado, limitando las autodefensas. Con esa idea, señala lineamientos expresos respecto al interés de la justicia en la actuación de un defensor de oficio no sólo en casos de gravedad del delito o pena de muerte, sino cuando existe alguna probabilidad objetiva de éxito en la etapa de apelación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva (OC) 11/90, evaluó la situación de las personas que por su situación económica no tienen acceso a un abogado. La Corte, recordó que los Estados Partes se han obligado por el artículo 1.1. de la CADH a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por (...) posición económica,...o cualquier otra condición social, por el artículo 24, a respetar el principio de igualdad en la protección de la ley, y por el artículo 8, a garantizar el derecho de defensa. Así razonó que la interpretación de los literales d) y e) de este último artículo, establecen la obligación del Estado de garantizar la provisión de un abogado para el imputado que no se defendiere por sí, ni nombrare abogado, pero que no se dispone que esa provisión sea gratuita. Entonces, si el indigente requiere asistencia legal, y en razón de su situación económica el Estado no se la provee gratuitamente, la persona se encontraría discriminada 23. La Corte IDH también enfatizó que garantizar un derecho, y como contrapartida, establecer la obligación positiva que ello genera, implica para los Estados Partes organizar todas sus estructuras de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos ( Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de Serie C No. 4, párr. 166; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 175)., que el concepto de debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso penal, y que hay que entender entonces que el artículo 8 sobre garantías judiciales exige asistencia legal cuando ésta es necesaria para que se pueda hablar de debidas garantías, y el Estado que no la provea gratuitamente cuando se trata de un indigente, no podrá argüir luego que dicho proceso existe pero no fue agotado 24. Pero las dificultades de acceso a un abogado no se centralizan sólo en quienes sufren padecimientos económicos; en cualquier caso, deberá atenderse el deber positivo exigido por el 23 Corte IDH, Opinión Consultiva Nº 11 del 10 de agosto de 1990 sobre Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Art. 46.1, 46.2ª y 46.2b CADH), párrafos 21, 22 y 25. La solicitud de opinión consultiva por parte de la Comisión IDH, indicaba que la víctima alegó no haber podido cumplir con el requisito de agotar los remedios previstos en las leyes nacionales al no poder costear servicios jurídicos o, en algunos casos, el valor que debe abonarse por los trámites. También señaló que aún en los casos donde un acusado se defiende a sí mismo porque no pudo pagar un abogado, podría presentarse una violación al artículo 8 de la CADH si se prueba que esa circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho artículo (párr. 27). 24 Ibídem, párrafos 23 y 24 y 26.10 art CADH a los Estados para la remoción de obstáculos que pudieren existir para la limitación de los derechos que acuerda la Convención. 25 Dentro de la previsión normativa, el derecho a la asistencia jurídica letrada constituye una obligación de prestación cuando no hay un abogado designado por el imputado y éste no se defiende personalmente (conf. art. 8.2.e CADH), o no ha sido autorizado a ejercitar la autodefensa (conf. arts. 104 y 107 CPP Nación y Corte IDH OC. Nº 11/90) 26. Y en tanto derechos subjetivos, todos los derechos a prestaciones son relaciones trivalentes entre un titular de derecho fundamental, el Estado, y una acción positiva del Estado 27. Pero si esa persona se ha visto obligada a ser representada por un defensor público por una situación de desventaja económica, esa asistencia, igualmente efectiva, debe además ser gratuita. Ello porque el derecho no sólo permite, sino que postula un trato desigual, cuando su objetivo consista en igualar a los desiguales 28. Al obligarse el Estado a designar un defensor público e integrar la defensa técnica cuando el imputado no tuviere o no designare abogado de confianza, esa provisión señala una relación de continuidad entre el imputado y la defensa pública, salvo que designe posteriormente a un defensor particular. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 25 Ibidem, párrafo 34. Se refiere a la imposibilidad de agotamiento de recursos internos a raíz del temor generalizado de los abogados de determinado lugar para representar ciertos casos. 26 Ver nota 5. Dice el art. 107 CPP Nación: Defensa de oficio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 y en la primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciere hasta el momento de recibírsele declaración indagatoria, el juez designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse personalmente. La OC Nº 11/90 de la Corte IDH refiere sin embargo, que puede considerarse a la autodefensa sólo válida si la legislación interna lo permite, no obstante lo dispuesto en el texto del art. 8.2.d) de la CADH. Contrariamente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó en el caso de Michel y Brian Hill que la legislación española, al no permitir al acusado defenderse personalmente, no acata lo dispuesto en el PIDCP, art d); CDHNU, Comunicación Nº 526/1993, España, 23 de junio de 1997, CCPR/C/59/D/526/ ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p Ver los Principios básicos sobre la función de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, el Principio 3: Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas... ; Principio 4: (...) Debe prestarse especial atención a la asistencia de las personas pobres y de otras personas menos favorecidas a fin de que puedan probar sus derechos y, cuando sea necesario, recurrir a la asistencia de un abogado. Las normas establecidas en la CADH y en el PIDCP parecen establecer un distingo en la relación gratuidad prestación; así, mientras la primera señala que la asignación de un abogado por el Estado opera cuando el imputado no ha designado defensor pero no dice nada acerca de la gratuidad- (art. 8.2.e), para el segundo, la asignación corresponde cuando lo determinen los intereses de la justicia, siendo gratuito si el imputado no contare con medios suficientes para pagarlo (art d). La ley de Ministerio Público establece en una disposición confusa, que el imputado asistido por un defensor público oficial deberá solventar la defensa en caso de condena, si cuenta con medios suficientes. Y que ello se verificará con un informe socio-ambiental practicado por el juez de la causa; si de ellos surgiere que el imputado resulta indigente (conf. art. 63).11 (CIDH) ha señalado que el derecho a la provisión de defensor por parte del Estado, en virtud del 8.2.e), lo es para todos los actos procesales 29. Así puede verse en toda su comprensión, cómo no podría considerarse cumplimentada la garantía a la asistencia jurídica adecuada mediante el simple enunciado de fórmulas asegurativas, o considerarse satisfecha por la mera constatación de que en un expediente judicial se ha presentado un abogado. Desde 1993 a esta parte -con el nuevo sistema procesal penal nacional- la proporción de defensores públicos que actúan ante la justicia penal, aumentó en una mínima medida en relación a la inflación de casos que requirieron la intervención de la defensa pública (situación que no sólo se repite, sino que se agrava en el interior de la Argentina). En el decenio , se disparaban alarmantemente los niveles de pobreza y de indigencia. Mientras en 1994 el nivel de cobertura de los defensores oficiales en relación a los casos totales rondaba el 64%, en el año 2003 rozaba ya el 90% en muchos ámbitos. Por otra parte, la cantidad de casos que ingresaron al sistema penal crecieron progresivamente en el mismo período, alcanzando la prisión preventiva índices nunca imaginados. 30 Como se señaló, el derecho a una asistencia jurídica no podría nunca conformarse con la mera asignación de un abogado para que ejerza la representación. Como se verá, los organismos de protección de derechos humanos y los tribunales argentinos, han establecido reaseguros para que esa defensa sea competente y efectiva. De igual manera, el reconocimiento del derecho a un abogado no resuelve por sí toda la problemática de acceso a la justicia; siendo un elemento determinante de esta última, la provisión a la asistencia legal de medios adecuados para el ejercicio de la defensa. Así, la entrada en escena de la defensa pública permite observar desde uno de los espacios de mayor nitidez, cuál es la relación ínsita y necesaria entre las premisas que fundamentan el Estado de Derecho, la regulación y límites de la persecución penal, la manera en que se organiza la justicia, y el diseño de mecanismos establecidos para asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a un defensor en materia penal. 29 CIDH, Informe nº 41/99, caso , Menores detenidos en Honduras, 10/3/ Según datos del INDEC, en el año 1991 había en la Capital Federal y Gran Buenos Aires pobres y indigentes; en el año pobres y indigentes. Como un ejemplo de qué sucedía entonces en la justicia, basta cruzar los datos estadísticos de la Corte Suprema de Justicia y de las Defensorías Oficiales; así -y a modo de ejemplo- ingresaron en el año 1994, 2782 causas a los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, designándose defensor oficial en 1806 de ellas; en el año 1999, las causas ya eran 5095, y las designaciones habían trepado a Por otra parte, y según datos de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2004, en las 177 cárceles del país el número de presos alcanzaba a , de los cuales, el 61% correspondía a procesados sin condena. En 1997 la cantidad de presos totales no llegaba a los en todo el país. En el 2004, ese ya era el número total aproximado de presos sólo en la Provincia de Buenos Aires.12 3. Los reaseguros del derecho a un defensor penal. La aplicación del derecho internacional sobre protección de derechos humanos por los tribunales argentinos En qué oportunidades y bajo qué circunstancias interviene un defensor en el sistema penal? cuáles son los contenidos mínimos exigidos para considerar su actuación como adecuada? cuándo hay incompatibilidad entre la defensa técnica y la defensa material? Estas constituyen sólo algunas de las preguntas cuyas respuestas pueden resultar orientativas acerca de los niveles de respeto del derecho a un abogado. Esas respuestas podrán mensurarlos a partir de las disposiciones y resoluciones de derecho internacional y de la normativa interna; y de cómo ellas resultan interpretadas por los tribunales argentinos Ámbito de cobertura del derecho a la asistencia jurídica en materia penal: un abogado aquí, por favor! Por razones diversas, pero con indolencia similar, los dos extremos del sistema penal de reacción -los primeros instantes de la persecución penal pública, y la etapa de ejecución de la pena o medida de seguridad- son los que presentan mayor grado de vulnerabilidad para el acceso a un abogado. De igual forma, la evidente circunstancia de que no son iguales las posibilidades de acceso para quien está detenido, que para quien afronta el proceso en libertad, ha derivado en la necesidad de refuerzo de la garantía en estos ámbitos. Conforme la Jurisprudencia de la Corte IDH desde el caso López Álvarez vs. Honduras 31, el derecho a la defensa y el consiguiente derecho a un abogado- es exigible desde el inicio de las investigaciones respecto a quien se atribuye una posible participación en un hecho delictivo. En Tibi vs. Ecuador 32, ya había establecido que el derecho de defensa se motorizaba a partir de la aprehensión del individuo, y que si dicha medida no era aplicable, comenzaría cuando la autoridad judicial tomara conocimiento del caso. En Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte IDH refrendó el criterio de inicio establecido en López Álvarez; y ese derecho a un defensor técnico incluye toda la etapa de ejecución de la pena, ya que el proceso en una concepción amplia, no culmina con la sentencia definitiva: Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona ( ) el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo, en la diligencia en la que se recibe su declaración, impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo 33 ; ( ) el señor Barreto Leiva tenía, conforme a la Convención Americana, el derecho de ser asistido por su abogado defensor y no por el Ministerio Público, cuando rindió las dos declaraciones 31 Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia del 1 de febrero de 2006, Serie C Nº 141, párr Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C, Nº 114, párr Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Sentencia del 17 de noviembre de 2009, Serie C Nº 206, párr. 621.13 preprocesales 34, y ( ) el derecho de defensa debe necesariamente poder ejercerse dese que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena 35 Veamos cómo funciona la extensión de la garantía en el derecho doméstico a) La asistencia jurídica letrada desde cuándo y de qué manera? El señalamiento del momento a partir del cual nace el derecho del imputado a defenderse y por consiguiente, el instante a partir del cual puede contar con un abogado para que lo asista; y de igual forma, el momento hasta cuándo el sistema penal reconoce el ejercicio del derecho de defensa y el amparo de su garantía, reconocen hoy una amplitud que los antiguos sistemas procesales desconocían. Sin duda, para ello han contribuido disposiciones y resoluciones de derecho internacional de los derechos humanos, y la correcta interpretación de que el contenido fundamental de los derechos y garantías constitucionales no podría quedar sujeto a conocidas restricciones impuestas por normas inferiores. Más allá de las normas de protección del derecho a un abogado establecidas en la CADH y en el PIDCP, variadas son las disposiciones de derecho internacional que garantizan en nuestro ámbito el acceso a un defensor. Ellas se encuentran básicamente en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 36, en las Reglas mínimas para reclusos 37, en los Principios básicos sobre la función de los abogados 38, en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de 34 Ibídem, párr Ibídem, párr Aprobados por Resolución 43/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de El Principio 11 indica que nadie podrá ser mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora, y que La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley... ; y el Principio 17: 1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un juez y otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo alguno para él si careciere de medios suficientes para pagarlo. 37 Adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Aprobadas por el Consejo Económico y Social el 31 de julio de 1957 (Resolución 663C), y el 13 de mayo de 1977 (Resolución 2076). Dice la regla 93: El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales (...) Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario. 38 Ver su cita en nota 25. Principio 1: Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal. Principio 5: Principio 7: Los gobiernos garantizarán además que todas las personas arrestadas, o detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención (según el CPP Nación, la declaración indagatoria de un detenido se tomará14 Vulnerabilidad 39 y en los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia judicial en los sistemas de justicia penal 40. En el ámbito interno argentino, los derechos que la ley le otorga al imputado, puede hacerlos valer a partir del primer acto del procedimiento dirigido en su contra (conf. artículo 72 CPP Nación) 41. Ello porque todas las garantías constitucionales se ponen en acto desde el momento en que una persona es indicada como autor o partícipe de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades competentes para la persecución penal, pues desde ese momento peligra su seguridad individual en relación a la aplicación del poder penal estatal; puede, entonces desde ese momento, ejercer todas las facultades tendientes a posibilitar la resistencia a ese poder penal 42. Esta ha sido también la interpretación de la CIDH 43. El momento a partir de cuándo tomará intervención el abogado en el proceso, dependerá de cómo se ha iniciado el mismo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado desde antiguo que la garantía a contar con un abogado en juicio penal se hace operativa desde la primera intervención del imputado en el proceso. La interpretación sistemática de los artículos 73, 104, 107 y 197 del CPP Nación van en igual sentido. Mientras al artículo 104 dispone como regla general que el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial, el articulo 107 establece un deber primario del juez: en la primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, debe invitar al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Según la misma norma, si el imputado no designara defensor hasta el momento de recibírsele declaración indagatoria, el juez integra la defensa oficiosamente, designando al defensor público. Finalmente, el artículo 197 refuerza la previsión de la garantía al disponer que En la primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial pero, en todo caso, antes de la indagatoria el juez invitará al imputado a elegir defensor (...) El defensor podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente antes de inmediatamente, o a más tardar en un término de 24 horas. Sólo se podrá prorrogar por otro término igual ante la imposibilidad del magistrado, o cuando lo pidiere expresamente el imputado para designar defensor -art. 294-; Principio 8: A toda persona arrestada, detenida o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación. 39 Aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 6 de marzo de 2008; donde se señalan directrices sobre Asistencia legal para detenidos. 40 Aprobadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en el 21º período de sesiones, 27 de abril de 2012, E/CN. 15/2012/L.14/Rev Dice el art. 72 CPP Nación: Calidad de imputado. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso MAIER, Julio B. J., op. cit., p CIDH, Informe 41/99, caso , Menores detenidos en Honduras, 10/3/99, párrafo 152:...la Comisión concluye que, conforme al artículo 8, inciso 2, literal e) de la Convención Americana, el Estado hondureño tiene el deber jurídico de proveer de un defensor de oficio a los menores, cuando no tengan defensor particular, en todos los actos procesales, y desde el momento en que se les imputa una infracción ; ver especialmente su comentario en GARCÍA, Luis M., op. cit., ps. 483 y 485, nota 112 bis.15 practicarse los actos aludidos en los artículos 184, penúltimo párrafo, y 294, bajo pena de nulidad de los mismos También nuestra norma procesal establece que la incomunicación del detenido nunca impedirá que éste se comunique con su defensor inmediatamente antes de comenzar su declaración o cualquier acto que requiera su intervención personal (art. 205). Y cómo hacer uso de una prerrogativa que no se conoce? Según se observa, la puesta en conocimiento del imputado de su derecho a designar defensor en la primera oportunidad constituye una exigencia para el juez, y también para los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad. En efecto en el artículo 184 (hoy inciso.10) CPP Nación, se dispone que éstos últimos no podrán recibir declaración al imputado, y que sólo podrán dirigirles preguntas para constatar su identidad previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos en los artículos 104 párrafo 1 y último, 197, 295, 296 y 298 de este Código, de aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad Y justamente, el artículo 295 CPP Nación, en tanto señala que a la declaración del imputado podrá asistir su defensor, expresamente indica que el imputado será informado de este derecho antes de comenzar la misma. Vale decir, para la norma adjetiva no es admisible tomar una declaración indagatoria sin que esté constituida la defensa técnica y que el imputado haya sido informado de los derechos que la ley le acuerda. Ahora, no hace falta realizar un profundo relevamiento en la justicia penal, para constatar la sugestiva cantidad de actas donde consta que el imputado renuncia a su derecho a que el defensor técnico esté presente en la indagatoria. Como señala Carrió, nuestras prácticas tribunalicias reclaman a este respecto urgentes reformas. Es habitual en las audiencias de indagatoria que el funcionario o empleado que las conduce escriba fórmulas cuyo 44 Ver art. 104 CPP Nación en nota 5, y art. 107 CPP Nación en nota 23. Dice el art. 197 CPP Nación: Defensor y domicilio. En la primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial pero, en todo caso, antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, procederá conforme al artículo 107. El defensor podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente antes de practicarse los actos aludidos en los artículos 184, penúltimo párrafo, y 294, bajo pena de nulidad de los mismos. En el mismo acto, cuando el imputado esté en libertad deberá fijar domicilio. Si estuviere detenido, se informará a la persona que indique su lugar de detención. La referencia que realiza el art. 197 al art. 184 (luego de la ley , el penúltimo párrafo pasó a ser el inciso 10), alude al detenido en sede policial, que manifieste razones de urgencia para declarar ante juez. El artículo 294 se refiere a la declaración indagatoria.; todos los resaltados me pertenecen-. De igual forma, el artículo 73 prevé la alternativa de presentación espontánea del imputado con su defensor para realizar actos de defensa, cuando todavía no hubiera sido indagado. Dice el artículo 73 CPP Nación: Derecho del imputado. La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo la causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles. 45 Dice el art. 296: Libertad de declarar. El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda. Art Formalidades previas. Terminado el interrogatorio de identificación, el juez informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las pruebas existentes en su contra y que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad....16 significado no es siempre comprendido por los detenidos, (...)(que) se hallan en una posición difícil para reclamar precisiones acerca del alcance de los derechos 46. El Principio 13 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, indica que Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión, deben suministrar a la persona, en el momento del arresto y al comienzo del período de detención o de prisión o poco después, información y una explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos. Recordemos que el artículo 14.3.d) del PIDCP reconoce el derecho del imputado a ser informado de su derecho a tener defensor 47 En igual sentido, el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado dentro de las directrices prácticas de su Informe sobre Derechos Humanos y prisión preventiva, que el derecho más importante que hay que notificar a la persona detenida, es su derecho a un abogado defensor 48. La razón de ser de todos estos reaseguros, tiene mucho que ver con la necesidad de salvaguardar principios muy sensibles al Estado de Derecho, relacionados no sólo con la protección amplia del derecho de defensa a partir de una imputación penal, sino con el derecho a guardar silencio, la garantía contra la autoincriminación y la protección de la integridad personal del imputado. En el caso argentino, esta necesidad fue brutalmente expuesta a partir del caso Bulacio. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), señaló que más allá del derecho del detenido a ser informado de los motivos y razones de su detención -lo que garantiza su derecho de defensa- la notificación sobre el derecho a establecer contacto con un familiar, un abogado y/o información consular, debe ser hecha al momento de privar de libertad al imputado. En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con aquél Ver en CARRIÓ, Alejandro, El derecho a la entrevista previa en el nuevo Código Procesal Penal. Los primeros fallos, la necesidad de establecer resguardos para asegurar que la renuncia ha sido expresa, en La Ley 1993-D, ps Es muy interesante la discusión que se generó durante la elaboración del PIDCP con respecto a este artículo, relativa a si no era evidente el derecho del imputado a ser informado de su derecho a tener un defensor de su elección, y acerca de la decisión sobre su inclusión expresa, por la relación con otros derechos involucrados. Ver BOSSUYT, Marc. J., Guide to the Travaux Préparatoires of the International Convenant on Civil and Political Rights, Martinus Nijhoff Publischers, Dordrecht-Boston-Lancaster, 1987, p. 298, cit. en el importante trabajo de GARCÍA, Luis M, El derecho a la asistencia legal en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Una visión americana, Nueva Doctrina Penal 2001 B, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, ps Centro de Derechos Humanos-Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Derechos humanos y prisión preventiva, Manual de normas internacionales en materia de prisión preventiva, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1994, p Corte IDH, caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de párrs. 128 y 130, con cita de su Opinión Consultiva 16/99 de 1 de octubre de 1999: El derecho a la información sobre la asistencia consultar en el marco de las garantías del debido proceso legal, Serie A, Nº 16, párr. 106, y caso Cantoral Benavidez, sentencia del 18 de agosto de Serie C Nº 69, párrs. 127 y 128, y caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C Nº 52, párrs. 139, 141 y 142. Bulacio era un menor de 17 años que iba a asistir a un recital de rock, cuando a partir de una razzia policial en las inmediaciones del estadio, fue llevado detenido a una comisaría de la Capital Federal, el 19 de abril de 1991, junto a 80 personas. Por los golpes recibidos murió el 26 de abril de ese año.17 Claro que no siempre las previsiones de protección determinan actuaciones esperadas. Cuando esto sucede, deberá estarse al sentido teleológico del derecho a la asistencia jurídica letrada, y así reestablecer la protección en todo su alcance. Porque sino, para qué un abogado, si quienes tienen a su cargo el deber de provisión no instan mecanismos para su real acceso por parte del imputado? Un fallo señero en este punto fue Navarrete, del Tribunal Oral en lo Criminal N 9 de la Capital Federal; el imputado, detenido, había sido notificado de sus derechos, y manifestó querer ser defendido por el defensor oficial. El juez de instrucción tomó declaración indagatoria sin dar aviso a la defensa oficial de que se encontraba designada en esa causa. El Tribunal hizo lugar al planteo de la defensa oficial y consideró nula la declaración, porque si bien el juez había cumplido con el deber de información al imputado, no adoptó los recaudos notificación a la defensa técnica- para posibilitar la efectiva intervención del defensor antes y durante el acto de indagatoria. El Tribunal argumentó que si bien la ley no establece que debe notificarse al defensor la realización específica de ese acto, ello deriva de la protección del derecho del indagado. También señaló que la nulidad tenía que ver con la privación del derecho a un consejo legal cualquiera éste fuera- y con el rol de contralor del abogado; independiente de si en su declaración, el imputado hubiera proporcionado o no elementos de cargo en su contra 50. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dijo en la causa Salgán y otros que la omisión en notificar al acusado de su derecho a un abogado era cuestión relevante, y que el acusado que no conoce sus derechos y, en consecuencia, no reclama por ellos, bien puede ser la persona que necesite un abogado 51. Hace ya veinte años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que durante el período inicial del procedimiento es donde pueden presentarse pruebas decisivas, y que la falta de asesoramiento jurídico durante esa primera fase, podría menoscabar seriamente el derecho a defenderse 52. La CIDH considera que con el objeto de salvaguardar el derecho a no ser forzado a admitir culpa y a no sufrir actos de tortura, una Nunca se supo el motivo de la detención, ya que no se abrió causa penal contra los detenidos, que fueron liberados de manera sucesiva. El Memorando 40 era una norma que habilitaba a la policía a notificar o no a los jueces de menores respecto de las detenciones practicadas. En el caso de Bulacio, tampoco se notificó a ningún familiar. 50 Tribunal Oral en lo Criminal N 9, causa Navarrete, Carlos R., resuelta el 20 de abril de 1993, publicada en La Ley, t D ps Bulacio era un menor de 17 años que iba a asistir a un recital de rock, cuando a partir de una razzia práctica policial de detención indiscriminada- en las inmediaciones del estadio, fue llevado detenido a una comisaría de la Capital Federal, el 19 de abril de 1991, junto a 80 personas. Por los golpes recibidos murió el 26 de abril de ese año. Nunca se supo el motivo de la detención, ya que no se abrió causa penal contra los detenidos, que fueron liberados en manera sucesiva. El Memorando 40 era una norma que habilitaba a la policía a notificar o no a los jueces de menores respecto de las detenciones practicadas. En el caso de Bulacio, tampoco se notificó a ningún familiar. 51 CSJN, Fallos 312:1998, considerando 6, con cita de la Corte Suprema de Estados Unidos (384 U.S. 436, pp 470/471). El agravio principal del apelante se fundó en la violación por parte del organismo aduanero, del artículo 1034 de ese código, pues el Fisco no había hechos saber a los procesados el derecho a contar con patrocinio letrado cuando se les dio vista para que efectúen su descargo en sede administrativa. 52 OEA, Informe anual de la CIDH, (OEA/Ser.L/V/II.68, doc 8/Rev.1), p. 159 (El Salvador).18 persona debe ser interrogada sólo en presencia de su abogado y de un juez 53 y que debe permitirse que el abogado defensor esté presente cuando su defendido formule una declaración, sea interrogado o firme una declaración 54. En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) afirmó que los Estados Parte deben velar porque se forme un número suficiente de abogados, facilitar el acceso de las personas a un abogado y a la asistencia letrada desde el momento de la detención 55 ; ya que toda persona arrestada debe tener acceso inmediato a la asistencia letrada 56. Comunicar en tiempo útil al defensor que ha sido designado, conlleva el respeto al ejercicio de facultades de control de la legalidad de los actos procesales, pero además, posibilita que el abogado cumpla con su rol de asistente confidencial del defendido, y permite el diseño de estrategias tempranas de defensa. Esa es la inteligencia que es dable asignar a la necesaria asistencia, término omnicomprensivo de la actuación e intervención concreta en actos de defensa del imputado. Las sentencias de la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP), no obstante partir de enunciados generales respetuosos de la garantía, no suelen mostrar una línea homogénea para la cobertura amplia de la misma. Así, en Costa, al anular un debate en el cual resultó condenado el acusado -porque uno de los codefensores no tenía título habilitante de abogado, ejercitando actos concretos de defensa en el alegato final compartido con el codefensor-, la Cámara distinguió entre las actividades de asistencia en sentido estricto, y representación que le corresponde a un defensor penal: asistencia es consejo (...) la representación se refiere a la actuación del abogado...son pretensiones, requerimientos, resistencias y demás actuaciones útiles en procura de un logro a favor del imputado, y que entonces no basta la representación formal, sino que es necesario también que aquél cuente con una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor y que nuestro Código Procesal asegura la garantía constitucional de defensa en juicio, a partir de la asistencia técnica de letrados en todos aquellos actos 53 Informe sobre la situación de los derechos humanos de una parte de la Población Nicaragüense de origen Miskito (OEA, Ser. L/V/11.62, Doc. 10, Rev. 3, 1983, a 100. La CIDH, en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala del año 1983, también (OEA /Ser. L/V/II.61, doc 47/Rev.1) (1983), p CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala del año 1983 (OEA /Ser. L/V/II.61, doc 47/Rev.1) (1983), p CDHNU, Observaciones Finales, Benin, 1 de diciembre de 2004, párr CDHNU, Observaciones finales, Georgia, Doc. ONU CCPR/C/79/Add.74, 9 de abril de 1997, párr. 28. En el Manual para Jueces y Fiscales Luchar contra la Tortura, de Conor Foley (Human Rights Centre, Universidad de Essex, 2003), se señalan las garantías mínimas contenidas en el derecho internacional para la protección del acceso a un letrado: Los detenidos tienen derecho a asistencia letrada sin demora. Mientras están presos, deben tener la posibilidad de consultar con un/a abogado/a en privado, a la presencia de un letrado durante los interrogatorios y a que les represente cuando comparezcan ante la justicia. Los abogados deben asesorar y representar a sus clientes, de acuerdo con la ética profesional... p. 44.19 procedimentales cuya tramitación pudiere verse obstaculizada por la falta de conocimientos legales del imputado 57. Pero la misma Sala de la Casación, en Guillén donde se postuló por la defensa oficial la nulidad de la sentencia de condena porque el imputado había declarado en indagatoria sin que se hubiera anoticiado al defensor esta última, no realizándose la entrevista previa-, adujo un mes antes, que lo importante era la notificación de los derechos al imputado, y que el uso verbal podrá en los artículos 197 y 295 del CPP Nación denota que es una facultad del imputado hacer uso de los derechos acordados, ya que en este acto, el inculpado ejerce su defensa material personalísima. De igual forma, y aduciendo la necesidad de interpretación restrictiva de las nulidades, expresó que Desde el punto de vista formal es manifiesto que nuestra ley no exige que el defensor esté presente durante la indagatoria ni que se le deba notificar previamente, y que lo importante es que la policía o el juez antes de la indagatoria deben hacer saber sus derechos y permitir al imputado que así lo requiera, que se entreviste con su defensor 58. Entonces, al reafirmar el carácter formal de la cuestión, se le niega a ésta toda naturaleza constitucional 59. Lo cierto es que suele utilizarse como criterio jurisprudencial la exigencia de un plus de perjuicio para nulificar determinados actos que conculquen derechos reconocidos. Entonces, quien alegue la violación del derecho a la asistencia de un abogado, debería entonces demostrar cuáles han sido los perjuicios efectivamente padecidos, qué pruebas se ha visto impedido de aportar o qué argumentos esenciales no pudo someter a conocimiento de la justicia. También, de qué manera iba a llevar a cabo el ejercicio de sus derechos y qué resultado esperaba para su suerte procesal. 60 En esta cuestión es preciso establecer distingos y ser muy cuidadosos, ya que no podría señalarse como regla que la violación de garantías reconocidas en tratados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) no tiene impacto a partir de su violación por las autoridades 57 CNCP, Sala III, causa nº 971, Costa, Juan C s/recurso de casación, reg. nº 222/97, rta. el 2 de junio de 1997; ver su comentario en TEDESCO, Ignacio F, El derecho de defensa en juicio y el abogado defensor. Su lucha por la conquista del proceso penal, en Nueva Doctrina Penal, 1999/A, ps 209 y ss. 58 CNCP, Sala III, causa nº 1011, Guillén, Alejandro s/recurso de casación, reg. nº 158/97, resuelta el 2 de mayo de TEDESCO, Ignacio F., op. cit., p. 212, con indicación de los antecedentes en igual sentido. 60 En la citada causa Salgán resuelta en 1989 por la Corte Suprema, la disidencia de los Ministros Belluscio y Severo Caballero enfatizó, que de acuerdo a la exigencia de la Corte, el remedio deducido sobre la base de la violación de la defensa en juicio requiere, para su procedencia, la demostración del perjuicio efectivo a ese derecho (Fallos 302:583 y 1021 y 303:167 y causa Y.2.XIX Yapuzzetti, Juan Carlos... en el caso, el apelante no menciona concretamente las defensas de las que se habría visto privado con motivo de la falta de asistencia letrada ante el juez administrativo, ni demuestra que se hubiera visto impedido de ejercerlas en la instancia judicial.... La mayoría de los jueces Petracchi, Fayt y Bacqué, dijo: resulta necesario que se respete la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio (Fallos 308:191, considerando 6 y su cita), la cual exige entre otros requisitos- que el Estado provea los medios necesarios para que el juicio a que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación, mediante la efectiva intervención de la defensa (Fallos 308:1386, considerando 7 y su cita).20 policiales o judiciales es decir, avasallar derechos (que por algo y para algo son reconocidos) sale gratis - y que entonces pesa sobre el perjudicado la carga de demostrar lo que podría haber hecho que no le dejaron hacer, o lo que podría haber omitido en una declaración, que le indujeron a decir, o que en verdad no quería declarar y que fue invitado a hacerlo. Si el derecho constitucional acuerda desde antes de la indagatoria el derecho a la asistencia de un abogado, es evidente que la lesión del mismo consiste en la propia ausencia de todo consejo legal por ejemplo para una declaración- y la nula actividad de contralor sobre actos que no son de mero trámite y que tendrán incidencia en el proceso. Además, cómo demostrar qué argumentos podrían haberse sometido a la justicia, si justamente se privó en un momento determinado- de la intervención de la asistencia técnica, que debe integrar a la defensa material, y que por ser profesional podría haber dado cauce a inquietudes o sugerencias del imputado, pero también podría haber instado actuaciones, que sólo a partir de la existencia de aquella pueden ser evaluadas y nuevamente, en cada momento determinado- (por ejemplo, en base a qué parámetros decidirá el imputado si le conviene o no declarar en virtud de una imputación cuyas circunstancias no aparecen claras, o en la cual es materia compleja determinar su adecuación típica?). En este sentido, establecer esta exigencia se parece bastante a una prueba diabólica, que desconoce que la relación existente entre el imputado y su defensor no es estática, ni se desenvuelve según un orden preestablecido de sugerencias del interesado a su asistente técnico, sino a partir de un interés integrado, donde el defensor atiende inquietudes de su defendido, pero actúa con independencia y autonomía según las reglas de su profesión. Piénsese incluso, cómo se dificulta la cuestión si la carga de demostración del perjuicio recae sobre un defensor distinto del que debió intervenir en el acto, porque el nuevo abogado es un tercero respecto a ese vínculo y respecto a eventuales estrategias que no fueron asequibles por él. Por otra parte, y más allá del camino zigzagueante establecido por las diversas salas de la Casación y de la propia Corte Suprema, respecto a las exigencias para tener por válidas confesiones espontáneas del detenido en sede policial y no obstante la terminante prohibición de tomarle declaración en ese ámbito (art. 184 inc. 10 CPP Nación) 61 -, lo cierto es que años antes de la sanción del código vigente, se venía forjando cierta jurisprudencia que establecía recaudos para garantizar la voluntariedad y libertad de decisión del imputado en su declaración, y sólo así considerarla eficaz procesalmente; pero diversos pronunciamientos de la década del noventa significaron un retroceso en este sentido 62. Aquellos reaseguros -legales y 61 El CPP Nación, en su sanción por ley estableció la prohibición de que los funcionarios de policía y de las fuerzas de seguridad reciban declaración al imputado. Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lectura en alta voz de los derechos y garantías constitucionales, todo bajo sanción de nulidad. Mediante la reforma por la ley , se autorizó a que en los casos de flagrancia, puedan requerir del sospechoso y en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las investigaciones. Esta información no podrá ser documentada ni tendrá valor alguno en el proceso (art. 184 inc. 9). 62 Ver especialmente CARRIÓ, Alejandro, Garantías Constitucionales en el proceso penal, Editorial Hammurabli, Buenos Aires, 2000, ps. 357 y ss.; HENDLER, Edmundo S., La declaración del inculpado y un famoso precedente Mostrar más
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