Source: https://issuu.com/bonifacio.meneses.gonzales/docs/cladem_-_boletin_caso_karen_atala_e_hijas
Timestamp: 2017-01-18 02:01:17
Document Index: 240623435

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo\n8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2']

cladem by Bonifacio Meneses Gonzales - issuu
Paralelamente a la estrategia del litigio de casos, CLADEM ha utilizado la institución jurídica del amicus curiae1como un
importante y útil recurso para contribuir a promover la ampliación de los marcos interpretativos de la normatividad
internacional y nacional en los países de la región, y la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres,
buscando generar jurisprudencia género-sensitiva a nivel internacional2.
En el marco de esa estrategia, CLADEM decidió contribuir a la resolución del caso Karen Atala Riffo vs. Chile3, el que
por sus características constituye un caso paradigmático que hace visible la interseccionalidad de la discriminación
por sexo/género y la discriminación por orientación sexual. El caso aborda la situación de una jueza chilena a la que,
en el marco de un proceso judicial, se le retira la tuición de sus tres hijas por haber decidido convivir con su pareja
CLADEM presentó dos amicus curiae; en enero de 2006, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y en setiembre de 2011, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos4. En ellos buscó visibilizar la violación
de los derechos humanos de Karen Atala y de sus hijas a través de la incorrecta aplicación del “interés superior
del niño”, y exponer la interseccionalidad de la discriminación por orientación sexual y por sexo/género antes
La sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió para el presente caso el 24 de febrero de
2012 constituye un precedente importante en el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans de la región; pues más allá de la decisión concreta del caso, establece criterios de interpretación
de la Convención Americana de Derechos Humanos que deben ser seguidos por los países signatarios de este
En virtud a estas consideraciones, CLADEM considera oportuno publicar el presente documento, en el que se da
cuenta de los antecedentes jurisprudenciales al caso, el razonamiento de la Corte Interamericana, así como sus
principales avances y vacíos en la resolución del caso5.
CLADEM, marzo de 2012
Según el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la expresión “amicus curiae” significa la persona o institución ajena al
litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia.
Valeria Pandjiarjian. Balance regional. Visión panorámica del litigio internacional en Cladem. En: CLADEM. Los derechos de las mujeres en clave
feminista Experiencias del Cladem. Lima, CLADEM, 2009, p. 51
Inicialmente, la señora Karen Atala era representada por los/as abogados/as de la organización Libertades Públicas, la Asociación Gremial, la
Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales y la Fundación Ideas. En el año 2008, luego de la Resolución de Admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Atala designó como sus representantes a los/as abogados/as de
la organización Libertades Públicas, la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, y del Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
La presentación del amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizó en alianza con el Centro de Estudios Legales
y Sociales – CELS.
Es preciso indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado el “Resumen Oficial” de la sentencia emitida en el caso
Karen Atala Riffo vs. Chile. Ver: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_239_esp.pdf (visitado el 30 de marzo de 2011).
1. Antecedentes contra la Discriminación por Orientación
Sexual en el Sistema Internacional de Derechos Humanos
Los derechos humanos son de naturaleza universal; sin embargo, su reconocimiento y ejercicio para poblaciones
históricamente excluidas, como las lesbianas, gays, bisexuales e intersex, son parte de un proceso reciente en el
derecho internacional de los derechos humanos. Si bien, ninguno de los tratados internacionales los excluye, ha sido
necesaria su explicitación a través de recomendaciones o mediante la resolución de casos concretos para reafirmar
En ese marco, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorteIDH) en
el caso Karen Atala vs. Chile constituye un hito importante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
pues su emisión forma parte del proceso de reconocimiento que se va ampliando progresivamente en los
diferentes sistemas de protección de los derechos humanos. Expondremos en el primer acápite este proceso de
reconocimiento a través de la revisión de los principales pronunciamientos en los Sistemas Universal, Europeo y en
el mismo Sistema Interamericano en materia de no discriminación por orientación sexual.
1.1. Antecedentes en el Sistema Universal de Derechos Humanos
El primer caso resuelto en el Sistema Universal de Derechos Humanos data del año 1994, cuando el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el caso Toonen vs. Australia6, estableció que la ley de Tasmania
que criminalizaba las relaciones sexuales consentidas entre hombres adultos, violaba el derecho a no recibir
interferencias arbitrarias e ilegales la vida privada.
Posteriormente, en el año 2003 (en el caso Young vs. Australia7) y en el año 2007 (caso X vs. Colombia8), el
Comité de Derechos Humanos estableció que constituye una violación al derecho a la igualdad y protección de
la ley sin discriminación por orientación sexual si es que, impidiéndoles casarse, se hace diferencias en el acceso a
prestaciones (pensiones de sobrevivencia) entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales.
1.2. Antecedentes en el Sistema Europeo de Derechos Humanos
El Sistema Europeo de Derechos Humanos, a través de las decisiones del Tribunal Europeo, se ha pronunciado
sobre diferentes dimensiones del ejercicio de derechos de lesbianas, gays y trans; por ello se ha constituido en un
referente para los otros sistemas y concretamente para la CorteIDH en el caso Karen Atala vs. Chile. A continuación,
presentamos los principales casos resueltos en materia de discriminación por orientación sexual:
El primer antecedente data del año 1981, cuando el Tribunal Europeo determinó para el caso Dudgeon vs. Reino
Unido9, que la criminalización de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo constituía una violación del
derecho a la privacidad. Este razonamiento se repitió en los casos Norris vs. Irlanda10 (1987) y Modinos vs.
Chipre11 (1993).
Posteriormente, en el año 1999, en el caso Lustig-Prean and Beckett vs. Reino Unido12 y el caso Smith and
Grady vs. Reino Unido13, el Tribunal Europeo estableció que la expulsión de efectivos de las Fuerzas Armadas a
causa de su orientación sexual había constituido una violación a su derecho a la privacidad.
Ese mismo año, reconociendo explícitamente el derecho a no ser discriminado por orientación sexual, el Tribunal
determinó que quitarle la tuición de una hija a un padre, por ser éste homosexual, constituye una violación a
su derecho a la privacidad en relación a su derecho a no ser discriminado (caso Salgueiro da Silva Mouta vs.
Portugal)14.
Comité de Derechos Humanos, Toonen vs.Australia. Comunicación 488/1992 del 4 de abril de 1994
Comité de Derechos Humanos, Young vs. Australia. Comunicación 941/2000 del 18 de setiembre de 2003
Comité de Derechos Humanos. X vs. Colombia. Comunicación 1361/2005 del 14 de mayo de 2007
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dudgeon vs. Reino Unido, sentencia del 23 de septiembre de 1981.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Norris vs. Irlanda, sentencia del 30 de noviembre de 1987
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Modinos v. Chipre, sentencia del 23 de marzo de 1993
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lustig, Prean y Beckett vs. Reino Unido, sentencia del 27 de septiembre de 1999
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Smith y Grady vs. Reino Unido, sentencia del 27 de septiembre de 1999
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal, sentencia de 21 de diciembre de 1999
Luego, en el año 2003, en el caso Karner vs. Austria15, el Tribunal determinó que la no extensión del derecho de
subrogación arrendaticia al miembro superviviente de una pareja homosexual viola el derecho a la vida privada (al
domicilio) y a la no discriminación por orientación sexual; criterio que fue explicitado también en el caso Kozac vs.
Polonia16 del año 2010.
En el año 2008, el Tribunal Europeo, en el caso EB vs. Francia17 estableció que la negación de la adopción por
causa de la orientación sexual de la peticionaria constituye una violación a su derecho a la privacidad y a la no
En el año 2010, en el caso J.M. vs. Reino Unido18, el Tribunal consideró que la aplicación de una norma referida
a las pensiones alimenticias que solo permitía la reducción del monto de la pensión al padre o madre que no
tenía la custodia de sus hijos o hijas y que vivía en una relación de pareja heterosexual, más no homosexual, era
discriminatoria por orientación sexual.
Ese mismo año, en el caso Schalk y Kopf vs. Austria, el Tribunal determinó que no era discriminatorio restringir
el derecho al matrimonio a las parejas heterosexuales; sin embargo, determinó que la relación estable de una
pareja homosexual puede ser entendida como vida familiar, de la misma forma que sería entendida en una pareja
de sexo opuesto; criterio que fue seguido en el caso P.B. y J.S. vs. Austria19, donde se estableció que se violaba
el derecho a la vida privada y a la no discriminación cuando se negaba los servicios de salud a la pareja homosexual
1.3. Antecedentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Del Sistema Interamericano debemos señalar que en el año 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante la CIDH), consideró en el caso Marta Lucía Alvarez vs. Colombia, que negarle el derecho a la visita
íntima de su “compañera de vida” podía constituir una posible violación del derecho a no ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en la vida privada (art. 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos), pero no la
violación del derecho a no ser discriminada por orientación sexual20.
En el siguiente proceso, la CIDH recibió el caso de la señora X vs. Chile, en el que se evidenció un marco
regulatorio que sancionaba a los carabineros y carabineras (policías) que tenían conductas homosexuales. Sin
embargo, el caso culminó en un Acuerdo de Solución Amistosa21 en el que se abordó la afectación en la honra y
dignidad de las personas en las indagaciones administrativas, dejando de lado la proscripción de la discriminación
por orientación sexual.
Como se puede observar, de los tres sistemas de protección de derechos humanos, el que menos pronunciamientos
y avances ha tenido es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, ya existe un marco político
y jurídico en la región que permite identificar una posición propicia al reconocimiento de los derechos de las
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en la región.
Este marco se construye a partir del año 2008, cuando la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos decidió adoptar anualmente resoluciones denominadas “Derechos Humanos, orientación sexual e
identidad de género”. En su última resolución, la Asamblea no solo condenó los actos de violencia y violación de los
derechos humanos, sino que expresamente condenó la discriminación por orientación sexual e identidad de género
e instó a los Estados a tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicarla, así como a aprobar políticas públicas
dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno. Además, solicitó a la CIDH
prestar atención a su plan de trabajo titulado “Derechos de las personas LGTBI” y preparar el informe hemisférico
en la materia, entre otras demandas.22
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Karner vs. Austria, sentencia del 24 de Julio de 2003
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Kozac vs. Polonia, sentencia del 2 de febrero de 2010
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.E.B. vs Francia, sentencia de 22 de enero de 2008
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. J.M. vs Reino Unido, sentencia de 28 de septiembre de 2010
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del caso P.B. y J.S. vs. Austria. 22 de julio de 2010
CIDH. Informe Nº 71/99. Admisibilidad. Petición 11.656. Marta Lucía Álvarez Giraldo vs Colombia. 4 de mayo de 1999
CIDH. Informe Nº 81/09. Solución amistosa. Petición 490-03. X vs. Chile. 6 de agosto de 2009
Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Derechos Humanos Orientación Sexual e Identidad de Género. AG/RES. 2653 (XLI-0/11).
Aprobada el 7 de junio de 2011
En ese contexto, en noviembre del año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la
creación de la Unidad para los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersexo, la cual
trabaja en torno a tres pilares de trabajo: el tratamiento de casos y peticiones individuales; la asesoría a los Estados
Miembros de la OEA y a los órganos políticos de la OEA; y la labor de preparación de un informe hemisférico sobre
los derechos humanos de estas personas23.
Sin duda, los antecedentes hasta aquí mencionados dan cuenta de la importancia de la sentencia emitida por la
CorteIDH en el caso Karen Atala vs. Chile, pues, como nuevo precedente significa otro paso en el reconocimiento
de las personas LGTBI y confirma la existencia de un contexto que propicia su emisión.
2. El caso de Karen Atala
El 29 de marzo de 1993, la señora Karen Atala contrajo matrimonio con Ricardo Jaime López Allendes, producto
del cual nacieron las niñas M, V y R (1994, 1998 y 1999). En marzo de 2002, ambos decidieron separase de hecho,
acordando que la señora Atala mantendría la tuición y cuidado de las niñas con un régimen de visita semanal a la
En noviembre de 2002, la señora Emma de Ramón, pareja de la señora Atala, empezó a vivir con ella y sus cuatro
hijos (el mayor de un primer matrimonio y las tres niñas concebidas con el señor López).
2.1. El proceso de tuición
El 14 de enero de 2003, el señor López interpuso una demanda de tuición o custodia por sus tres hijas ante el
Juzgado de Menores de Villarica y, el 10 de marzo, solicitó la tuición provisoria de las niñas con el objetivo de
obtener la custodia antes de la conclusión del proceso.
El 2 de mayo de 2003, el Juzgado de Menores de Villarica otorgó la “tuición provisional” de las niñas M, V y R al señor
López. En su resolución, el Juzgado reconoció la ausencia de elementos para presumir causales de inhabilidad legal
de la madre; sin embargo, motivó su decisión en que la señora Atala, al hacer explícita su opción sexual y convivir
con su pareja, privilegiaba sus intereses y bienestar personal sobre el cumplimiento de su rol materno y sobre el
bienestar emocional y adecuado proceso de socialización de sus hijas, pudiendo afectar su desarrollo posterior;
en un contexto de sociedad heterosexuada y tradicional, el juzgado determinó que el padre había presentado
argumentos más favorables en pro del interés superior de las niñas.
El 8 de mayo de 2003, la señora Atala entregó sus tres hijas al señor López, conforme lo ordenaba el juez. De ahí
en adelante, las hijas de la señora Atala no volvieron a vivir con ella.
El 29 de octubre de 2003, el Juzgado de Menores de Villarica, con un magistrado distinto de aquel que emitió la
tuición provisional, emitió la sentencia; en ella se rechazaba la demanda del señor López. La sentencia determinó
que, con base en la prueba existente, había quedado establecido que la orientación sexual de la demandada no
representaba un impedimento para desarrollar una maternidad responsable, que no presentaba ninguna patología
psiquiátrica que le impidiera ejercer su “rol de madre” y que no existían indicadores que permitieran presumir la
existencia de causales de inhabilidad materna para asumir el cuidado personal de las menores de edad. Además
indicó que no se había acreditado la existencia de hechos concretos que perjudicaran el bienestar de las menores
derivados de la presencia de la pareja de la madre en el hogar.
El 30 de marzo de 2004, ante la apelación presentada por el señor López, la Corte de Apelaciones de Temuco
confirmó la primera sentencia con sus mismos argumentos; ante ello, el 5 de abril de 2004, el señor López presentó
un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile.
El 31 de mayo de 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en un fallo dividido de tres votos
contra dos, acogió el recurso de queja y concedió la tuición definitiva al señor López. La Corte Suprema destacó
que “en todas las medidas que le conciernan (a los niños y niñas), es primordial atender al interés superior del niño
sobre otras consideraciones y derechos relativos a sus progenitores y que puedan hacer necesario separarlo de sus
padres”, si es que existe una “causa calificada”. En ese sentido concluyó que:
i)	23
en las instancias previas “se ha prescindido de la prueba testimonial, […] respecto al deterioro experimentado
por el entorno social, familiar y educacional en que se desenvuelve la existencia de las menores, desde que
Ver: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/036a.asp (visitado el 10 de marzo de 2012)
la madre empezó a convivir en el hogar con su pareja homosexual ya que las niñas podrían ser objeto de
discriminación social derivada de este hecho, pues las visitas de sus amigas al hogar común han disminuido y
casi han cesado de un año a otro”24.
ii)	en las instancias previas también se había prescindido del “testimonio de las personas cercanas a las menores,
como son las empleadas de la casa, hacen referencia a juegos y actitudes de las niñas demostrativas de confusión
ante la sexualidad materna que no han podido menos que percibir en la convivencia en el hogar con su nueva
pareja”25.
iii)	“no es posible desconocer que la madre de las menores, al tomar la decisión de explicitar su condición
homosexual, como puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus derechos personalísimos en el
género sexual, sin merecer por ello reprobación o reproche alguno (…) ha antepuesto sus propios intereses,
postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja en que lleva a efecto la
crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de éstas”26.
iv)	“que aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional
de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la
carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino,
configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser
protegidas”27.
v)	las niñas se encontraban en una “situación de riesgo” que las ubicaba en un “estado de vulnerabilidad en su
medio social”, pues “es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que
tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de
aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal”28.
Para la Corte Suprema las condiciones descritas constituían “causa calificada” para justificar la entrega de la tuición
al padre, dado que la situación actual configuraba “un cuadro que irroga el riesgo de daños, los que podrían tornarse
irreversibles, para los intereses de las menores, cuya protección debe preferir a toda otra consideración”29.
Además concluyó que los jueces recurridos “por no haber apreciado estrictamente en conciencia los antecedentes
probatorios del proceso y haber preterido el derecho preferente de las menores a vivir y desarrollarse en el seno de
una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional que le es propio,
han incurrido en falta o abuso grave, que debe ser corregido por la vía de acoger el presente recurso de queja”30.
2.2. La investigación disciplinaria contra la señora Karen Atala en su calidad de jueza
Paralelamente al proceso de tuición, en marzo del 2003, cuando aún se encontraba en primera instancia, el Pleno de
la Corte de Apelaciones de Temuco decidió abrir una investigación en contra de la señora Atala y ordenó una visita
extraordinaria al Tribunal Penal de Villarrica con el fin de indagar sobre las publicaciones aparecidas en los diarios
“Las Últimas Noticias‟ y “La Cuarta‟ en las que se hacía referencia a su carácter de lesbiana; y también respecto de
la utilización de elementos y personal de su juzgado penal para cumplir diligencias decretadas durante el proceso de
tuición que tenía pendiente con el señor López.
El 2 de abril de 2003, la Corte de Apelación de Temuco aprobó el informe de la visita extraordinaria realizada por
el Ministro Visitador, quien concluyó que la señora Atala había utilizado medios y personal para cumplir diligencias
decretadas por el Juez en el proceso de tuición; que había utilizado indebidamente el sello del personal para
favorecer a personas cercanas a su círculo de amistades; y que su peculiar relación afectiva había trascendido el
ámbito privado al aparecer las publicaciones en la prensa dañando tanto su imagen como la del Poder Judicial,
revistiendo una gravedad que merecía ser observada por el Tribunal.
El 9 de mayo de 2003, la Corte de Apelaciones profirió un severo llamado de atención a la señora Atala por la
utilización de elementos y personal para cumplir diligencias decretadas por el Juez de menores en una causa de la
que ella era parte. La Corte no se pronunció sobre la relación lésbica de la señora Atala y la denuncia por daños a
la imagen del Poder Judicial.
Fundamento décimo quinto de la Resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, la que acoge el recurso de queja interpuesto por
el Sr. López en el proceso de tuición seguido con la Sra. Atala.
Fundamento décimo sexto de la Resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, la que acoge el recurso de queja interpuesto por
el Sr. López en el proceso de tuición seguido con la Sra. Atala
Fundamento décimo séptimo de la Resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, la que acoge el recurso de queja interpuesto
por el Sr. López en el proceso de tuición seguido con la Sra. Atala
Fundamento décimo octavo de la Resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, la que acoge el recurso de queja interpuesto por
Fundamento décimo noveno de la Resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, la que acoge el recurso de queja interpuesto
Fundamento vigésimo de la Resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, la que acoge el recurso de queja interpuesto por el Sr.
López en el proceso de tuición seguido con la Sra. Atala
referencia a la violación
de los artículos 2, 5, 9
(incisos 2 y 3), 12 y 16
de la Convención de las
A la Integridad Personal
(art. 5.1.); garantías
protección a la honra
y la dignidad (art.11.1);
privada (art. 11.2);
(arts. 17.1 y 17.4);
derechos del niño (art.
19); igualdad ante la ley
(art. 24); y el derecho
a la protección judicial
(art. 25), conjuntamente
con la las obligaciones
derechos y adoptar
medidas consagradas
en los artículos (Arts.
1.1 y 2).
En la petición se
denunció la violación de
los derechos de Karen
Atala reconocidos en la
(en adelante CADH):
que los alegatos no aportaban
suficientes fundamentos para
establecer la violación de los
derechos a la protección a la
honra y la dignidad (art. 11.1)
y a la integridad personal
(art. 5.1)
Asimismo, declaró admisible la
petición en cuanto se refiere a
las presuntas violaciones de los
derechos de las niñas M, V y
R protegidos por los arts. 19 y
17. 4, en conexión con el art.
1.1 de la CADH. La Comisión
señaló que estos derechos
serán interpretados a la luz
de la Convención sobre los
Informe 42/08 - 23/07/2008
declaró admisible la petición
presuntas violaciones de
derechos reconocidos de
Karen Atala y las niñas M, V y
R a: la igualdad (art. 24), la vida
privada y familiar (arts. 11.22 y
17.1), las garantías del debido
proceso durante el juicio de
tuición (arts. 8.1 y 25), todos e
en conexión con los arts. 1.1 y
2 de la CADH.
Interamericana recomendó
al Estado de Chile reparar
integralmente a Karen Atala
y a sus tres hijas tomando en
consideración su perspectiva
y necesidades; así como
adoptar legislación, políticas
directivas para prohibir y
con base en la orientación
sexual en todas las esferas
del poder público incluyendo
La Comisión indicó que
estas medidas debían ser
acompañadas de recursos
adecuados para garantizar
su implementación, así
funcionarios involucrados en
Informe 139/09 - 18/12/2009
determinó que el Estado
de Chile había violado los
derechos de Karen Atala
reconocidos los artículos
24 11.2, 17.1, 17.4, 19, 8.1
y 25.1 en relación con el
artículo 1.1. de la CADH.
Y finalmente consideró que se había
violado los derechos de las niñas M, V y R
reconocidos en los artículos 17.4 y 19 de la
CADH en relación con las obligaciones del
Humanos argumentó en su demanda
que el Estado de Chile había violado los
derechos de Karen Atala a la igualdad y no
discriminación (art. 24) en relación con la
obligación del Estado a respetar derechos
(art. 1.1), el derecho a la vida privada (art.
11.2) y a las garantías judiciales y protección
judicial (artículos 8.1 y 25.1)
Asimismo consideró que se había violado
los derechos de la señora Karen Atala y de
las niñas M, V y R a no recibir interferencias
arbitraria y abusivamente a su vida familiar
(artículos 11.2, 17.1 en relación al art. 1.1 de
la CADH).
La Comisión Interamericana interpuso
demanda contra el Estado de Chile pues este
no cumplió con las recomendaciones del
Informe de Fondo. El Estado no implementó
las medidas para prohibir y erradicar la
discriminación por orientación sexual,
aquellas que se adoptaron eran relevantes
pero no estaban dirigidas a evitar casos
como el de Karen Atala, o no se contaba con
información sobre los resultados concretos
que permitieran medir su efectividad.
Además, el Estado no cumplió con reparar
La CorteIDH consideró que el Estado de Chile
no violó la garantía judicial de imparcialidad
consagrada (art. 8.1 de la CADH) en relación
con las decisiones adoptadas por la Corte
Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores
de Villarrica en el proceso de tuición.
-	Del derecho a la igualdad y la no discriminación
(art. 24 en relación con el art.1.1 de la CADH)
en perjuicio de Karen Atala.
(art. 24 en en relación con los arts. 19 y 1.1.
de la CADH) en perjuicio de las niñas M, V
-	Del derecho a la vida privada (art. 11.2, en
relación con el art. 1.1. de la CADH), en
perjuicio de Karen Atala.
-	Del derecho a la vida familiar (arts. 11.2 y
17.1, en relación con el art. 1.1 de la CADH)
en perjuicio de Karen Atala y de las niñas M,
V y R.
-	Del derecho a ser oído (art. 8.1, en relación
con los arts. 19 y 1.1 de la CADH) en perjuicio
de las niñas M, V y R.
-	De la garantía de imparcialidad (art. 8.1, en
relación con el artículo 1.1 de la CADH)
respecto a la investigación disciplinaria a la
que fue sometida Karen Atala como jueza.
declaró que el Estado de Chile era responsable
de la violación de los derechos humanos de
Karen Atala y de las niñas M, V y R.
3. El Proceso de Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La sentencia de la CorteIDH en el caso de Karen Atala vs. Chile constituye un precedente importante para la
interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) en lo concerniente a los
derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGBTI). Es por ello necesario
presentarla desde dos énfasis distintos: uno, el marco conceptual y los criterios interpretativos en los que se ha
avanzado, y el otro, el razonamiento utilizado específicamente en el caso de Karen Atala y sus hijas.
4.1. El marco conceptual y los criterios Interpretativos aportados por la Corte
Uno de los aspectos más importantes de la sentencia lo conforman los criterios interpretativos reconocidos en
la CADH sobre los que desarrolla su razonamiento para considerar al Estado de Chile como responsable de la
violación de los derechos humanos de Karen Atala y de sus hijas. Para ello, la Corte toma en cuenta la jurisprudencia
internacional, en especial la adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también jurisprudencia
nacional de Cortes Constitucionales como la de México o Colombia. Los criterios son:
a) La Convención Americana de Derechos Humanos proscribe la discriminación basada en la orientación
sexual o identidad de género. La CorteIDH define que la expresión “cualquier condición social” del artículo 1.1
de la Convención31 incluye la orientación sexual y la identidad de género de las personas; y precisa que “ninguna
norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”32.
b) La protección contra la discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de homosexual
sino que incluye su expresión y consecuencias. El “derecho a la no discriminación por orientación sexual no se
limita a la condición de ser homosexual, en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias
en el proyecto de vida de las personas”33; es decir las “conductas en el ejercicio de la homosexualidad”34 entre las
cuales se encuentra la decisión de iniciar una relación de pareja a largo plazo con una persona del mismo sexo.
c) Para analizar las denuncias de discriminación por orientación sexual debe aplicarse el test de escrutinio
estricto e investirse la carga de la prueba. La CorteIDH determina que “tratándose de la prohibición de
discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa
y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad
demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio”35. La CorteIDH exige que en los
casos de discriminación por orientación sexual se aplique el test estricto para evaluar la razonabilidad de un trato
diferenciado36, lo que significa en casos de tuición, que el supuesto daño a los hijos debe “ser concreto, específico y
real”, “sustentarse en evidencia técnica y en dictámenes de expertos e investigadores”, siendo necesario definir de
“manera específica y concreta los elementos de conexidad y causalidad entre la conducta de la madre o el padre y
el supuesto impacto en el desarrollo del niño”37.
d) El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación por discriminación
por orientación sexual. La CorteIDH observa que, en abstracto, el “interés superior del niño” es un fin legítimo,
pero establece que la sola referencia al mismo no puede servir de medida idónea para restringir el ejercicio de
los derechos humanos sin discriminación por orientación sexual38. En los casos de cuidado y custodia de menores
de edad, la determinación de este principio debe partir de la evaluación de los comportamientos parentales
específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales
y probados, y no especulativos o imaginarios39. “No son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos
por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las
personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños”40.
Art. 1.1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
Párrafo 133
Párrafo 139
Párrafo 124
Párrafo 131
Párrafos 124-125
Párrafo 110
Párrafo 109
Párrafo 111
e) El derecho a la vida privada de las personas incluye el derecho a manifestar la orientación sexual en
la esfera pública. La CorteIDH reconoce que la orientación sexual hace parte de la vida privada de las personas41;
además recuerda que “La vida privada es un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas”42,
y que como derecho ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos
humanos, los que han determinado que va más allá del derecho a la privacidad43.
Citando al Tribunal Europeo, recuerda que la vida privada abarca “la identidad física y social, el desarrollo personal y
la autonomía personal de una persona, así como su derecho de establecer y desarrollar relaciones con otras personas
y su entorno social, incluyendo el derecho a establecer y mantener relaciones con personas del mismo sexo” 44. En
ese sentido, la CorteIDH recuerda que “el derecho a mantener relaciones personales con otros individuos, en el
marco del derecho a la vida privada, se extiende a la esfera pública y profesional” 45.
De ahí que el derecho a la vida privada, que incluye la orientación sexual y el derecho a establecer y mantener
relaciones con personas del mismo sexo en la esfera pública, no pueda ser restringido por los Estados, a menos
que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias, estén previstas en ley, persigan un fin legítimo y cumplan con los
requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, sean necesarias en una sociedad democrática.
f) Las familias constituidas por parejas del mismo sexo son objeto de protección de la sociedad y el
Estado. Sobre el “concepto de familia” no existe un modelo único y así lo han dispuesto diversos órganos de
derechos humanos46; asimismo, hace referencia a dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que
reconocían como familias a las conformadas por transexuales o por personas del mismo sexo: el Caso X, Y y Z vs.
Reino Unido, donde se reconoció que un transexual, su pareja mujer y un niño pueden configurar una familia47; y el
Caso Schalk y Kopf vs. Austria donde se estableció que la noción de “vida familiar” abarca a una pareja del mismo
sexo que convive en una relación estable de facto, tal como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la misma
situación48. Para la CorteIDH el núcleo familiar constituido por una pareja de lesbianas y los hijos de una de ellas, en
tanto existe convivencia, contacto frecuente y cercanía debe ser protegido de injerencias arbitrarias o abusivas (art.
11.2 de la CADH) y es objeto de protección de la sociedad y el Estado (art. 17.1 de la CADH)49.
g) Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos sin
discriminación por orientación sexual. La Corte señala que si bien “ciertas sociedades pueden ser intolerantes
a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los Estados no pueden
utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios”50; pero además indicó que “Los Estados
están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias “para hacer efectivos” los derechos
establecidos en la Convención, como se estipula en el artículo 2 de dicho instrumento interamericano por lo que
deben propender, precisamente, por enfrentar las manifestaciones intolerantes y discriminatorias, con el fin de evitar
la exclusión o negación de una determinada condición”51. Para la Corte “el Derecho y los Estados deben ayudar al
avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación
violatorias de los derechos humanos”52.
4.2. EL RAZONAMIENTO de la CORTEIDH en el caso Karen Atala y sus hijas M,V y R
La Corte determinó que en el presente caso el Estado de Chile violó los derechos de Karen Atala y sus hijas en la
tramitación y sentencia del proceso de tuición de las niñas M, V y R y en el proceso disciplinario al que fue sometido
Karen Atala en su calidad de jueza penal.
4.2.1. Las violaciones de derechos humanos en el proceso de tuición
La CorteIDH declaró que el Estado de Chile era responsable de la violación del derecho a la igualdad y no
discriminación de Karen Atala (art. 24 en relación con el art.1.1 de la CADH) y de las niñas M, V y R (art. 24 en
Párrafo 165
Párrafo 162
Párrafo 135
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Párrafo 173
Párrafo 174
Párrafo 177
Párrafo 119
Párrafo 120
en relación con los arts. 19 y 1.1 de la CADH); del derecho a la vida privada de Karen Atala (art. 11.2, en relación
con el art. 1.1 de la CADH); del derecho a la vida familiar de Karen Atala y las niñas M, V y R (arts. 11.2 y 17.1, en
relación con el art. 1.1 de la CADH) y del derecho de las niñas M, V y R a ser oídas en los procesos judiciales que los
involucran (art. 8.1, en relación con los arts. 19 y 1.1 de la CADH).
Consideró que el Estado de Chile no violó la garantía judicial de imparcialidad consagrada (art. 8.1 de la CADH) en
relación con las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica en el
proceso de tuición.
a) Sobre la violación al derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual. La Corte identificó
que en la discusión entre las partes y en las principales decisiones judiciales del proceso de tuición fue central la
consideración a la orientación sexual de Karen Atala así como las presuntas consecuencias que la convivencia con su
pareja podría producir en las tres niñas53.
Así, estableció que la diferencia de trato se dio en la sentencia que resolvió el recurso de queja emitida por la
Corte Suprema de Justicia de Chile y la decisión de tuición provisional emitida por el Juzgado de Menores de
Villarica54; para ello, analizó los argumentos en los que se sustentó la justificación del Estado, “es decir, la alegada
protección del interés superior del niño y los presuntos daños que las niñas habrían sufrido como consecuencia de
la orientación sexual de la madre”55:
Argumento 1. Las niñas podrían ser objeto de discriminación social
La CorteIDH consideró “que, para justificar una diferencia de trato y la restricción de un derecho, no puede servir
de sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los
menores de edad por condiciones de la madre o el padre”56. Asimismo aseveró que “un posible estigma social
debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un “daño” válido a los efectos de la
determinación del interés superior del niño”57.
También resaltó “que, además, la señora Atala no tenía por qué sufrir las consecuencias de que en su comunidad
presuntamente las niñas podrían haber sido discriminadas debido a su orientación sexual”58; por lo tanto la posible
discriminación social no es adecuada para cumplir con la finalidad declarada de proteger el interés superior de las
niñas M, V y R.
Argumento 2. Las niñas deben ser protegidas por la eventual confusión de roles sexuales que puedan tener,
así como el deterioro experimentado por su entorno social, familiar y educacional
La CorteIDH aplicó el test estricto para evaluar la razonabilidad del trato diferenciado; y determinó que si bien
la Corte Suprema de Chile no falló con base en un análisis in abstracto sino en la supuesta existencia de pruebas
concretas sobre los daños que podrían producirse en las tres niñas por el hecho de convivir con la pareja de su
madre; lo cierto es que aplicó un test de daño especulativo al hacer referencia a la “eventual confusión de roles
sexuales” y a la “situación de riesgo para el desarrollo” de las niñas”59, sin aludir a razones de suficiente peso que
permitieran desvirtuar que la orientación sexual de la madre o el padre no tiene un efecto negativo para el bienestar
psicológico y emocional, el desarrollo, la orientación sexual y las relaciones sociales del niño o la niña60.
En su sustentación hizo referencia a la jurisprudencia mexicana 61 y a lo señalado por los peritos Allison Jernow y
Rodrigo Uprimny en el proceso, dando cuenta de la existencia de informes científicos considerados representativos y
autorizados en las ciencias sociales que concluyen que la convivencia de menores de edad con padres homosexuales
no afecta per se su desarrollo emocional y psicológico62. La Corte resaltó que la “American Psychological Association”
ha calificado los estudios existentes sobre la materia como “impresionantemente consistentes en su fracaso para
identificar algún déficit en el desarrollo de los niños criados en un hogar gay o lésbico […]; las capacidades de
personas gays o lesbianas como padres y el resultado positivo para sus hijos no son áreas donde los investigadores
científicos más autorizados disienten”63.
Párrafo 96
Párrafo 95
Párrafo 121
Párrafo 130
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Acción de Inconstitucionalidad A.I. 2/2010, 16 de agosto de 2010. Sobre el derecho de las
parejas homosexuales a adoptar menores de edad
Párrafos 126-129
Párrafo 129
También determinó que la Corte Suprema no había especificado en qué consistía la relación de causalidad entre
la convivencia con la pareja de la señora Atala y el supuesto deterioro social, familiar y educacional de las niñas.
La Corte Suprema no había diferenciado si el deterioro al que hacían referencia algunos testigos se pudo producir
por la separación anterior de la madre y el padre y los posibles efectos negativos que se podrían generar para las
menores de edad, y tampoco sustentó la situación familiar del padre como más favorable64.
La CorteIDH concluyó que la Corte Suprema de Chile no cumplió con los requisitos de un test estricto de análisis
y sustentación de un daño concreto y específico supuestamente sufrido por las tres niñas a causa de la convivencia
de su madre con una pareja del mismo sexo65.
Argumento 3. Los intereses de las niñas no fueron priorizados cuando la señora Atala toma la decisión de
explicitar su condición homosexual, al convivir con su pareja
La CorteIDH determinó que al ser la orientación sexual un componente esencial de identidad de la persona, no era
razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia y que no podía considerarse como
“reprochable o reprobable jurídicamente” que haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró
probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas”66. Por lo mencionado, el Estado de Chile tampoco cumplía
con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
Argumento 4. Las niñas tienen derecho a vivir y desarrollarse en una familia normal y tradicional
También constató que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad
de las niñas de crecer en una “familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social” y no en una
“familia excepcional”, refleja una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base
en la Convención al no existir un modelo específico de familia (la “familia tradicional”).67 En virtud a lo señalado, la
CorteIDH determinó que la motivación esgrimida en las resoluciones del Poder Judicial no fueron adecuadas para
proteger el interés superior de las niñas M, V y R.
La Corte estimó que los argumentos que presuntamente justificaban la diferenciación de trato por orientación
sexual no cumplían con el objetivo de proteger el interés superior del niño. En ese sentido determinó que, en el
caso de Karen Atala, las decisiones judiciales, al estar fundamentadas en argumentos abstractos, estereotipados
y/o discriminatorios, constituían un trato discriminatorio en su contra violentando, los artículos 24 y 1.1 de la
CADH68.
Asimismo, determinó que en el caso de las niñas M, V y R, “al haber tomado como fundamento para su decisión la
orientación sexual de la madre, la decisión de la Corte Suprema discriminó, a su vez, a las tres niñas, puesto que
tomó en cuenta consideraciones que no habría utilizado si el proceso de tuición hubiera sido entre dos padres
heterosexuales”69; además, evidenció que “el trato discriminatorio en contra de la madre tuvo repercusión en las
niñas, pues fue el fundamento para decidir que ellas no continuarían viviendo con ella”70. La CoIDH concluyó se
violaron los derechos de M, V y R reconocidos en el artículo 24, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la CADH.
b) Sobre la violación al derecho a la vida privada y vida familiar. La CorteIDH identificó que en el proceso
de tuición se expuso la vida privada de Karen Atala, pues se tuvo como referente su orientación sexual; así, se
determinó que esta medida era desproporcional e inadecuada para cumplir con el fin de proteger el interés superior
del niño, razón alegada para justificar esta injerencia así como el trato discriminatorio. Para la Corte los tribunales
debieron limitarse “a estudiar conductas parentales -que podían ser parte de la vida privada- pero sin efectuar una
exposición y escrutinio de la orientación sexual de la señora Atala”71.
En este caso, estableció que “a partir de una visión estereotipada sobre los alcances de la orientación sexual de la
señora Atala, se generó una injerencia arbitraria en su vida privada, dado que la orientación sexual es parte de la
intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad
o maternidad”. Por lo tanto se vulneró el artículo 11.2, en relación con el artículo 1.1 de la CADH en perjuicio de
Karen Atala72.
Párrafo 145
Párrafo 146
Párrafo 154
Párrafo 155
Párrafo 166
Respecto del derecho a la protección a la vida familiar, la Corte reconoció que antes de la decisión de tuición
provisoria, se había constituido un núcleo familiar entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las niñas M,V y R73,
núcleo familiar que era objeto de protección por el artículo 11.2 (prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en
la vida familiar de las personas) y del artículo 17 (derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella) de la CADH74.
Para la Corte la decisión de tuición fue una medida inidónea para proteger el interés superior del niño y tuvo como
resultado la separación de esta familia, situación que constituye una interferencia arbitraria en su vida privada y
familiar vulnerando los artículos 11.2 y 17.1 en relación al artículo 1.1 de la CADH. Asimismo, consideró que en el
caso de las niñas se configuró la violación del art.19 pues fueron separadas de manera no justificada de uno de sus
entornos familiares75.
c) Sobre la violación a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial. Respecto de la presunta
violación de las garantías judiciales de independencia e imparcialidad en detrimento de Karen Atala, la CorteIDH
estableció que en el caso no existen suficientes elementos probatorios que permitan inferir la existencia de presiones
externas contra los jueces que conocieron la causa dirigida a fallar en contra de Karen Atala, pero recordó que la
garantía de la independencia de los jueces tiene como objetivo evitar que el sistema judicial y sus integrantes se
vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial
o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación76.
Respecto de la garantía de imparcialidad de los jueces, recordó que esta “exige que el juez que interviene en
una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y,
asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o
la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad”77. Para la CorteIDH, en este caso, si bien,
a través de la decisión de los jueces, se violaron derechos humanos reconocidos en la CADH no se establecieron
elementos probatorios específicos y concretos que indicasen que los jueces se habían dejado influenciar por aspectos
o criterios ajenos a las normas legales. Para la Corte no se “han aportado elementos probatorios específicos para
desvirtuar la presunción de imparcialidad subjetiva de los jueces”; y se consideró que la interpretación de las normas
del Código Civil chileno en forma contraria a la CADH en materia del ejercicio de la custodia de menores de
edad por una persona homosexual no es suficiente, en sí misma, para declarar por este Tribunal una falta de la
imparcialidad objetiva”78.
Respecto al derecho de las niñas M, V y R a ser escuchadas y a que tengan en cuenta sus opiniones, la Corte observó
que el artículo 8.1 de la CADH consagra el derecho a ser oído de todas las personas, incluidos los niños y niñas, en
los procesos en que se determinen sus derechos79, y que en el caso de estos últimos, sus opiniones deben tenerse
debidamente en cuenta en función de su edad y madurez, tal como lo ha establecido el Comité de Derechos del
Niño, en su Observación General 1280. En el presente caso, la Corte reconoció que las niñas M, V y R fueron oídas
y su opinión fue explícitamente tomada en cuenta en la sentencia de primera instancia81; sin embargo, la Corte
Suprema “no adoptó una decisión en la que se razonara sobre la relevancia atribuida (…) a las preferencias de
convivencia expresadas por las menores de edad y las razones por las cuales se apartaba de la voluntad de las tres
niñas”; por el contrario, se limitó a fundamentar su decisión en el supuesto interés superior sin interrelacionarlo con
el derecho que tenían las niñas a ser oídas82. Así se determinó que la sentencia de la Corte Suprema violó el derecho
a ser oídas de las niñas M, V y R reconocido en el artículo 8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la CADH.
4.2.2. Las violaciones de derechos humanos en el proceso de investigación disciplinaria
La CorteIDH declaró que en el proceso de investigación disciplinaria al que fue sometida Karen Atala se vulneró
sus derechos a la igualdad y no discriminación (art. 24 en relación con el art.1.1 de la CADH), a la vida privada (art.
11.2, en relación con el art. 1.1 de la CADH) y a las garantías judiciales (art. 8.1, en relación con los arts. 19 y 1.1
de la CADH).
Pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva.
Párrafo 178
Párrafo 186
Párrafo 189
Párrafos 190 y 191
Párrafo 196
Párrafo 200
Párrafo 203
Párrafo 208
a) Sobre la violación al derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Para la CorteIDH, si bien
Karen Atala no fue sancionada por su orientación sexual en la Corte de Apelaciones de Temuco, ese aspecto fue
parte de las consideraciones incorporadas en el informe realizado por el ministro visitador, el que fue aprobado y en
base al cual se formularon cargos en contra de ella83. La CorteIDH infirió que el fin legítimo de esa investigación era
la protección de la “imagen del Poder Judicial”, la que no tenía relación alguna con la orientación sexual de la señora
Atala. Luego determinó que la orientación sexual o su ejercicio no pueden constituir, bajo ninguna circunstancia,
fundamento para llevar a cabo un proceso disciplinario, pues no existe relación alguna entre el correcto desempeño
de la labor profesional de la persona y su orientación sexual84. En ese sentido, determinó que el Estado vulneró el
artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la CADH en perjuicio de Karen Atala85.
b) Sobre la violación del derecho a la vida privada. La CorteIDH recordó que Karen Atala había señalado
que antes de la visita realizada a su Despacho se había remitido un cuestionario a los funcionarios del Juzgado para
indagar sobre su orientación sexual86 y que durante la inspección seis de sus colegas fueron interrogados sobre si
era lesbiana87; además, evidenció que el informe del Ministro Visitador concluyó que Karen Atala había empezado
a ser visitada por una gran cantidad de mujeres a partir del 2002, incluyendo su pareja con la que se quedaba
horas, que fue visitada por los padres de su pareja a los que ella llamó suegros y que manifestó su homosexualidad
abiertamente defendiendo su determinación de comunicarla a los funcionarios y magistrados del Tribunal.
Frente a ello, se determinó que si bien la investigación disciplinaria se inició con un fundamento legal (el uso de
elementos y personal del juzgado para hacer frente el proceso de tuición) y “no terminó con una sanción disciplinaria
por su orientación sexual, sí se indagó en forma arbitraria sobre ello, lo cual constituye una interferencia al derecho
a la vida privada de la señora Atala, el cual se extendía a su ámbito profesional”88, violándose así el artículo 11.2 en
relación con el artículo 1.1 de la CADH.
c) Sobre la violación de las garantías judiciales. En este caso, la CorteIDH recordó que en la investigación
disciplinaria y en la visita extraordinaria al centro de trabajo se afectó el derecho a la igualdad y no discriminación
así como a la vida privada de Karen Atala; recordó las circunstancias de la visita y los interrogatorios a funcionarios
y empleados sobre su orientación sexual y hábitos, tomó en cuenta que el informe de la visita consideraba que los
hallazgos sobre su orientación revestía una gravedad que debía ser observaba por la Corte de Apelaciones; y que
esta aprobó las conclusiones del informe el mismo día de su presentación imputándosele cargos disciplinarios, entre
otras cosas, por su orientación sexual89.
Teniendo en cuenta los hechos reseñados, la Corte estableció que existen prejuicios y estereotipos, manifestados en
el informe, que demostraban que quienes lo realizaron y aprobaron no fueron objetivos respecto de este punto, sino
que dejaron plasmada su posición personal sobre la orientación sexual de la señora Atala en un ámbito disciplinario
en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho. Para la Corte, la visita extraordinaria y la
investigación disciplinaria se realizaron sin la imparcialidad subjetiva necesaria; es por ello que se vulneró el artículo
8.1 en relación con el artículo 1.1 de la CADH.
4.2.3. Reparaciones
La CorteIDH consideró como parte lesionada a Karen Atala y a las niñas M, V y R. Asimismo determinó que su
sentencia constituye per se una forma de reparación90; sin embargo, por las circunstancias del caso y las afectaciones
a las víctimas estimó fijar las siguientes reparaciones:
-	Asistencia médica y psicológica a las víctimas; el Estado debe brindar, la atención médica y psicológica o
psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de
salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten en el plazo de 6 meses y por un tratamiento de hasta
Párrafo 220
Párrafo 221
Párrafo 222
Párrafo 228
Párrafo 226
Párrafo 230
Párrafos 236 y 237
Párrafo 246
b) Satisfacción
-	El estado debe publicar, en el plazo de seis meses, el “Resumen Oficial de la Sentencia” elaborado por
la CorteIDH en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, asimismo, debe publicar la
sentencia en su integridad en un sitio web oficial durante un año.
-	El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos
del presente caso, con presencia de autoridades de alto rango, en las que exista representación del Poder
c) Garantías de no repetición
-	El Estado debe continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de
educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos en los niveles regional y nacional, y particularmente
a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, sobre i) derechos humanos,
orientación sexual y no discriminación, ii) protección de los derechos de la comunidad LGBTI y iii)
discriminación, superación de estereotipos de género en contra de la población LGBTI.
d) Indemnización compensatoria por daño material e inmaterial
-	El Estado debe pagar la suma de U$10 000 (diez mil dólares de los Estados Unidos) por concepto de los
gastos realizados por la señora Atala por atención médica y psicológica.
-	El Estado debe pagar la suma de U$20 000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos) para la señora Atala
y U$10 000 (diez mil dólares de los Estados Unidos) por concepto de indemnización de daño inmaterial.
-	El Estado debe pagar la suma de U$12 000 (doce mil dólares de los Estados Unidos) a Karen Atala por
concepto de costas y gastos.
4.3. vacÍos en la sentencia
Sin duda, la sentencia emitida por la CorteIDH en el caso Karen Atala vs. Chile constituye un precedente importante
en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en la región,
alcance que ha sido descrito en las páginas del presente documento.
Sin embargo, la sentencia presenta al menos dos omisiones que es preciso desarrollar para la jurisprudencia futura:
la vinculación entre la prohibición de la discriminación por orientación sexual con la discriminación por sexo; y el
contenido del derecho a las garantías judiciales, específicamente a la imparcialidad subjetiva del juez.
a) Sobre la violación a no ser discriminada por sexo/género. En el Amicus Curiae que CLADEM presentó
a la CorteIDH en el presente caso se hizo hincapié en la necesidad de analizar la violación del derecho a la no
discriminación por sexo/ género, además de la que se da por orientación sexual. Se recordó que conforme a lo
interpretado por el Comité CEDAW91, pero también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos92, la
discriminación por sexo contiene la discriminación por género; y que esta discriminación a las mujeres está unida
de manera indivisible a otros factores como la orientación sexual, pudiendo afectarlas de manera diferente a los
hombres93.
La CorteIDH pudo analizar la interseccionalidad de la discriminación por sexo/género y por orientación sexual
en el caso de Karen Atala y así evidenciar que la afirmación de que ella antepuso sus intereses sobre los de sus
hijas al decidir convivir con otra persona de su mismo sexo es discriminatoria por sexo/género, pues se basa en
el estereotipo de que las mujeres son naturalmente abnegadas y tienen como espacio de realización personal la
maternidad; por lo tanto la pauta de comportamiento impuesta es el sacrificio, la represión o incluso la distorsión
de su sexualidad en aras del beneficio de los hijos.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Diciembre de 2010. Párrafo 5
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer (Convención de Belem do Pará) ha reconocido el
vinculo entre la violencia, la discriminación contra la mujer y los patrones estereotipados de comportamiento y practicas dadas en conceptos
de inferioridad o subordinación; y en ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de Campo Algodonero, ha
señalado que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían
ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general Nº 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Diciembre de 2010. Párrafo 18
Si bien es cierto que la Corte no analiza la discriminación por sexo/género; sí reconoce que “exigirle a la madre que
condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres
como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza
de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un
aspecto esencial de su identidad”94.
b) Sobre la imparcialidad subjetiva y las garantías judiciales. Otro aspecto sustentado en el Amicus de
CLADEM y en la demanda presentada por la CIDH, que no fue tomada en cuenta por la CorteIDH, es la violación
a la garantía judicial de imparcialidad subjetiva de los jueces en el proceso de tuición (art. 8 de la CADH).
La Corte estableció que la garantía de “imparcialidad de los jueces” puede ser “subjetiva” u “objetiva” y señaló que
a través de la primera se exige que el “juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de
la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio”; situación que se presume a menos que exista prueba
en contrario95. La CorteIDH dio como ejemplos para revertir la presunción: la demostración de que algún miembro
de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes96 o la evidencia que el
juez “ha manifestado hostilidad o si ha hecho que el caso sea asignado a él por razones personales”97.
En el caso de la tuición, la Corte determinó que en el proceso “No se establecieron elementos probatorios
específicos y concretos que indique que los jueces se han dejado influenciar por aspectos o criterios ajenos a las
normas legales”. Conclusión que provoca la siguiente reflexión: Si la CorteIDH describe y analiza los prejuicios del
juez que resolvió la tuición provisional y los prejuicios de los jueces de la Corte Suprema que emitieron la sentencia final,
prejuicios contra Karen Atala por explicitar su orientación sexual, entonces, ¿por qué no consideró que su existencia podía
revertir la presunción de imparcialidad subjetiva de los jueces?
La CorteIDH no responde esta pregunta, pero sí razona de modo distinto en el caso de la investigación disciplinaria
a la que fue sometida Karen Atala dentro del Poder Judicial. Respecto de este proceso la Corte sí señaló que
existieron “prejuicios y estereotipos que fueron manifestados en el informe (de la visita), que demostraban que
quienes lo realizaron y aprobaron dicho informe no fueron objetivos respecto a este punto. Por el contrario,
dejaron plasmada su posición personal respecto a la orientación sexual de la señora Atala en un ámbito disciplinario
en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho”98.
¿Cuál es la diferencia entre la utilización de los prejuicios en el caso de tuición y su uso en la investigación disciplinaria,
si es que ambos casos están vinculados a la orientación sexual de la señora Atala y fueron explícitos en la sentencia
de la CorteIDH? En un caso, estos prejuicios originan la investigación disciplinaria y en el otro son el vértice del
razonamiento judicial para determinar la tuición; en un caso se indaga sobre la orientación sexual de la jueza con
testigos (compañeros de trabajo) y en el otro se valora y legitima las declaraciones de testigos (trabajadoras del
hogar) impregnadas de prejuicios.
La CorteIDH no es clara, pues, en este punto, con lo que pierde la oportunidad de dotar de contenido a la garantía
de imparcialidad subjetiva de los jueces en casos de discriminación, cuya principal fuente son los prejuicios y
Pese a que no reconoció que en el caso de tuición se vulnerara la garantía de imparcialidad subjetiva de los jueces,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ordenó como medida de no repetición que el Estado de Chile
implementara cursos permanentes de educación y capacitación sobre “discriminación, superación de estereotipos
de género en contra de la población LGTBI” para funcionarios públicos a nivel regional y nacional, y particularmente
a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial99.
Párrafo 140
Este marco estaba ya establecido en un caso anterior (Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia del 5 de agosto de 2008, párrafo
56) en el que la CoIDH había tenido como referencia directa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Párrafo 234. La CoIDH hace referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kyprianou vs. Chipre (Nro.
73797/01) de diciembre de 2005
Párrafo 237
Párrafo 271
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala vs. Chile constituye
un precedente jurisprudencial importante para la región y que se da en un contexto político de apertura
por parte de la Organización de Estados Americanos al reconocimiento y promoción de los derechos de
las personas LGTBI.
Dicha sentencia tiene la virtud de abordar frontalmente uno de los prejuicios más comunes y socialmente
aceptados en la sociedad latinoamericana; el prejuicio de que el ejercicio de una sexualidad no heterosexual
afecta negativamente los derechos de niños y niñas, población que debe ser protegida por el Estado. La
sentencia desenmascara este prejuicio y evidencia que no solo busca desconocer los derechos de las
lesbianas o gays sin fundamento, sino que perjudica a la población que teóricamente protege.
Esta sentencia, además, permite que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dé un salto cualitativo
en el camino desarrollado por el sistema universal, y especialmente el europeo, en materia de derechos
humanos de las personas LGTBI, pues sin haber reconocido antes la discriminación por orientación sexual,
pasa a reconocerlo e inmediatamente pronunciarse sobre sus derechos en las relaciones familiares. El
reconocimiento de que una pareja homosexual constituye un núcleo familiar que debe ser objeto de
protección por parte del Estado y de la sociedad es un precedente de gran importancia.
Aparentemente, pasarán algunos años antes de que contemos con una sentencia de similares características
en la región, capaz de desafiar a la CorteIDH a ser congruente con los principios de universalidad de los
derechos humanos para las personas LGTBI. En tanto, toca hacer un trabajo a nivel nacional para que
cada uno de los criterios establecidos por la sentencia puedan verse plasmados en la vida cotidiana de las
La presente publicación ha sido realizada con la
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Autora	Jeannette Llaja Villena
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