Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-01075-de-mayo-2-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e2ea04c7c35d01f8e0430a01015101f8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 06:04:43
Document Index: 210537573

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 116', 'artículo 38', 'artículo 99', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 102', 'artículo 99']

﻿ Sentencia 2009-01075 de mayo 2 de 2013
SENTENCIA 2009-01075 DE 02 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE SANCIÓN MORATORIA DE LAS CESANTÍAS. LINEAMIENTOS: A) LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LABORALES DEBEN CONTAR CON LA APROBACIÓN D LOS TRABAJADORES, SIN QUE PUEDAN DESCONOCER DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLESB) NO PUEDEN CERCENAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES QUE NO CONSINTIERON EN SU APROBACIÓN Y NO PUEDEN ORIENTARSE A EVADIR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SINO A REBAJAS, DISMINUCIÓN DE INTERESES Y CONCESIÓN DE PLAZOS O PRORROGASY, C) DEBE OBRAR PRUEBA DE QUE EL TRABAJADOR HAYA CONSENTIDO EN LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN O QUE LA ENTIDAD HAYA DISPUESTO SU CITACIÓN PARA QUE SE HICIERA PARTE Y MANIFESTARA LO QUE CONSIDERARA OPORTUNO RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS Y SU MORATORIA. POR TAL RAZÓN, LOS CONVENIOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS QUE CELEBREN LAS ENTIDADES TERRITORIALES SOLO SE SUSCRIBEN CON EL TITULAR DE LA PERSONA JURÍDICA Y LOS ACREEDORES INTERNOS Y/O EXTERNOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGATORIAMENTE LA PRESENCIA DE LOS TRABAJADORES O SERVIDORES PÚBLICOS EN LA NEGOCIACIÓN DEL PAGO DE SUS ACREENCIAS Y PRESTACIONES LABORALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, TRABAJADOR, CESANTÍAS, LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS, SISTEMA DE CESANTÍAS, MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS, REESTRUCTURACIÓN DEL PASIVO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Sentencia 2009-01075 de mayo 2 de 2013
Ref.: Expediente 08001233100020090107501
Nº interno: 0781-12
Actor: Ruby Roxana Bolívar Caballero
La entidad demandada junto con el recurso de apelación, solicitó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado con fundamento en la causal de falta de jurisdicción, aduciendo para tal efecto que el juez ordinario o administrativo carece de competencia y jurisdicción para conocer del asunto, pues lo que pretende el actor es el pago de una suma de dinero por concepto de indemnización moratoria que no fue incluida en el acuerdo de restructuración, siendo la Superintendencia de Sociedades la competente para conocer de las diferencias entre las personas y la entidad intervenida, al tenor del artículo 37 de la Ley 550 de 1999.
Al respecto, la norma en cita preceptúa lo siguiente:
“ART. 37.—Solución de controversias. La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario, será la competente para dirimir judicialmente las controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los presupuestos de ineficacia previstos en esta ley. Las demandas relacionadas con la existencia, eficacia, validez y oponibilidad o de la celebración del acuerdo o de alguna de sus cláusulas, solo podrán ser intentadas ante la Superintendencia, a través del procedimiento indicado, por los acreedores que hayan votado en contra, y dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de celebración.
Por su parte el artículo 38 ibídem dispone:
“ART. 38.—Incumplimiento de acreedores. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con el incumplimiento de los convenios temporales laborales previstos en esta ley, para el cual se estará a lo dispuesto en las leyes laborales, el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a cargo de algún acreedor, dará derecho a demandar su declaración ante la Superintendencia de Sociedades a través del procedimiento verbal sumario, en única instancia. Las demandas ejecutivas se adelantarán ante la justicia ordinaria. (...)”.
Basta una simple lectura de la norma para establecer que la presente controversia no es de conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, como lo sostiene la entidad demandada, toda vez que no versa sobre la existencia de un presupuesto de ineficacia del acuerdo, su ejecución, cumplimiento o terminación.
El problema jurídico por resolver se contrae a determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la consignación tardía de sus cesantías, o si por el contrario, en atención al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, la Universidad del Atlántico podía sustraerse de tal obligación.
En ese orden, la Sala examinará el asunto de acuerdo con el siguiente derrotero:
Los regímenes aplicables en el sector público territorial son: (i) régimen de cesantías con retroactividad, (ii) régimen administrado por el Fondo Nacional de Ahorro, y (iii) régimen de liquidación de cesantías por anualidad. Este último régimen adquirió aplicabilidad en el sector público en virtud de la entrada en vigencia, el 31 de diciembre de 1996, de la Ley 344 de 27 de diciembre del mismo año, la cual consagró en su artículo 13:
Posteriormente, mediante Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998 se reglamentó para el nivel territorial, el artículo 13 anteriormente referido, en los siguientes términos:
Entonces, cabe precisar, que por remisión legal dentro del régimen de cesantías anualizado del sector público se aplican las disposiciones de la Ley 50 de 1990.
Esta última normatividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 99, ordena que a 31 de diciembre de cada año se liquide el auxilio de cesantía por la respectiva anualidad y que dicho valor se consigne antes del 15 de febrero del año siguiente en una cuenta individual a nombre del trabajador en el Fondo que él haya escogido. Expresamente consagra la norma en comento:
“3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”.
En el sub lite, se encuentra acreditado que la accionante ingresó al servicio de la Universidad del Atlántico en condición de docente, a partir del 13 de marzo de 1972 y, además, que el 24 de septiembre de 1999 solicitó su traslado al régimen anualizado de cesantías (fl. 27).
De igual manera se encuentra que la entidad demandada liquidó anualmente las cesantías de la actora (fl. 27), pero el pago de esta obligación se llevó a cabo mediante carta de instrucción 200704-0518-0521 el 26 de abril de 2007. La liquidación se elaboró en los siguientes términos:
Año B. Salarial C. Total 12% interés
1999 3.541.613. 76.951.380 9.234.166
2000 3.620.884 3.620.884 462.477
2001 3.853.974 3.853.974 462.477
2002 4.293.678 4.293.678 515.241
2003 4.521.296 4.521.296 542.556
2004 3.808.460 3.808.460 457.015
2005 4.001.796 4.001.796 480.216
2006 3.277.352 3.277.352 3.932.082
De conformidad con lo anterior, se encuentra demostrado que la Universidad del Atlántico, consignó las cesantías correspondientes a los periodos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 solo hasta el 26 de abril de 2007, luego es procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 previamente transcrito.
Ahora bien, sobre el tema de la aplicación de la Ley 550 de 1999, en lo que tiene que ver con la reestructuración de pasivos, la Sección Segunda ha desarrollado el tema de la siguiente manera:
La Subsección B mediante providencia de 22 de octubre de 2009. Exp 1268-08, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, abordó el tema indicando que el cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos es obligatorio siempre y cuando se haya concertado y aún para quienes no hayan participado en el trámite, negando el pago de la indemnización moratoria, habida consideración de que la misma no se había pactado en el respectivo acuerdo.
En sentencia posterior del 25 de marzo de 2010, Expediente 0928-07, esta Subsección A, con ponencia de quien redacta la presente, indicó que los acuerdos de reestructuración no pueden cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación y porque dichos pactos no pueden estar orientados a evadir el pago de las correspondientes obligaciones. Al respecto, se dijo:
(...)” (destacado del texto).
Así mismo, por medio de la sentencia del 10 de noviembre de 2010, Expediente 0508-09, Consejero Ponente Gustavo Gómez Aranguren, se mantuvo la tesis según la cual las obligaciones de los trabajadores no pueden ser desconocidas por los acuerdos de restructuración, empero indicó que para el caso particular la entidad pública (municipio de Buenaventura) informó a los acreedores la apertura del proceso previsto en la Ley 550 de 1999, así como la determinación de la obligación a pagar, sin que la parte actora hubiera manifestado reparo alguno, lo que a juicio de la Sala suspendió la contabilización de la sanción moratoria con la ejecutoria de la decisión que estableció el pago de tal acreencia.
Entre tanto, a través de la sentencia de 10 de febrero de 2011, esta subsección condenó al pago de la sanción moratoria en proceso de reestructuración de pasivos, pero sin sujetar el pago de la obligación a la fecha de inicio del proceso de reestructuración. En dicho proveído se expresó(1):
“Así las cosas, si bien la Ley 550 de 1999, prevé la posibilidad de que las entidades territoriales celebren convenios de reestructuración de pasivos con la finalidad de hacerlas viables en su sostenimiento económico y financiero, es claro que tales acuerdos se suscriben con el titular de la persona jurídica y los acreedores internos y/o externos, sin que ello implique obligatoriamente la presencia de los trabajadores o servidores públicos en la negociación del pago de sus acreencias y prestaciones laborales.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar se condenará a la entidad demandada a que reconozca y pague un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas reconocidas, desde el 24 de julio de 2001, es decir 45 días después de notificada la Resolución 1727, que reconoció el derecho hasta el 9 de junio de 2003, fecha en que se hizo efectivo el pago de sus cesantías definitivas”.
Precisado lo anterior, se encuentra que esta corporación respecto del reconocimiento de la sanción moratoria de las cesantías, ha establecido los siguientes lineamientos que serán tenidos en cuenta para la solución del presente caso:
1) Los acuerdos de reestructuración de pasivos laborales deben contar con la aprobación de los trabajadores, sin que puedan desconocer derechos ciertos e indiscutibles; 2) No pueden cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación y no pueden orientarse a evadir el pago de las obligaciones sino a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas y 3) Debe obrar prueba de que el trabajador haya consentido en la aprobación del acuerdo de reestructuración o que la entidad haya dispuesto su citación para que se hiciera parte y manifestara lo que considerara oportuno respecto de la liquidación de las cesantías y su moratoria.
En el caso concreto de la Universidad del Atlántico, se encuentra que acogiéndose a los mandatos de la Ley 550 de 1999, los días 22, 25 y 26 de agosto de 2006 suscribió un acuerdo de restructuración de pasivos, proceso que había iniciado desde el 2 de marzo de 2005, mediante Resolución 454, proferida por la directora general de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante, no obra prueba alguna que acredite que la demandante consintió en la aprobación del acuerdo de restructuración de pasivos de la universidad ni que se hizo parte en el proceso.
Finalmente, para efectos de analizar la prescripción trienal, se dirá lo siguiente:
Con el fin de agotar la vía gubernativa, se encuentra acreditado que el 5 de agosto de 2009 (fls. 18-23) la demandante solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías, con su respectiva indemnización moratoria e indexación de que trata la Ley 50 de 1990.
La rectora de la Universidad del Atlántico, mediante oficio suscrito el 25 de agosto de 2009 negó las pretensiones al considerar que la institución no incumplió con la obligación impartida en la Ley 550 de 1999, por cuanto el valor correspondiente a las cesantías, fue cancelado.
A su turno, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, por medio del cual se dispuso la integración de la seguridad social entre el sector privado y público, en el artículo 102, dispuso:
De esta manera, de acuerdo con la fecha de reclamación de la sanción moratoria (ago. 5/2009), encuentra la Sala que las acreencias que hubieren podido causarse antes del 5 de agosto de 2006 se encuentran prescritas.
Lo anterior teniendo en cuenta que este caso atañe al régimen anualizado de cesantías, el cual impone su consignación oportuna y —como su nombre lo indica— año a año, se concluye que las cesantías sobre las cuales no ha operado el fenómeno prescriptivo son las correspondientes a las causadas a partir del año 2006 y cuya consignación debía realizarse a más tardar el 15 de febrero del año 2007, de ahí que la sanción moratoria originada respecto de dicha prestación tampoco haya prescrito.
Bajo este marco, la sanción moratoria se tendrá que liquidar a partir del 16 de febrero del año 2007 hasta el 30 abril de 2007, fecha en que se verificó la consignación de las cesantías, tal como se especificará en la parte resolutiva(2).
De otro lado, es preciso resaltar que la Corte Constitucional en la Sentencia C-448 del 19 de septiembre de 1996, concluyó que no era razonable que un trabajador que tenga derecho a una sanción moratoria, por el mismo hecho y por el mismo periodo de tiempo, reclame también la indexación. Con fundamento en el anterior criterio se negará la indexación de las cesantías acumuladas hasta el año 1999, a partir del cual la actora solicitó su cambio al régimen anualizado de cesantías.
CONFÍRMASE la sentencia de 28 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Ruby Roxana Bolívar Caballero contra la Universidad del Atlántico EXCEPTO el numeral 3º que se MODIFICA el sentido de precisar que el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 numeral 3º de la Ley 50 de 1990, se efectuará, por prescripción trienal, entre el 16 de febrero de 2007 y el 30 de abril de 2007, fecha en que se verificó la consignación de las cesantías a favor de la actora.
(1) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 10 de 2011, Rad. 08001-23-31-000-2005-02156-01(0910-10), Actor: Fabio Guerrero Salgado.
(2) Esta tesis también fue sostenida en la sentencia de 23 de junio de 2011, C.E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. 050012331000200405321 01 (2000-2010), Actor: José Romaña Palacio.