Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1994-09791-13185-de-noviembre-1-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_34217cb3eddb4b8e9bd3d1eaec731cf3&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-26 03:06:20
Document Index: 400560172

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 70', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 341', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2206', 'artículo 178', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 1994-09791/13185 DE NOVIEMBRE 1 DE 2001
SENTENCIA 1994-09791 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL POR INMOVILIZACIÓN DE AERONAVE Y VINCULACIÓN A UN PROCESO PENAL POR NARCOTRÁFICO- FALLA DEL SERVICIO POR RETENCIÓN DE AERONAVE. ES CONOCIDO QUE EL ESTADO TIENE, EN Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMETIDOS, COMPETENCIAS QUE PERMITEN QUE LAS PERSONAS Y SUS BIENES PUEDAN ESTAR SOMETIDA ADMINISTRATIVA Y JUDICIALMENTE A PROCEDIMIENTOS QUE BUSCAN DEFINIR EL ESTADO DE CERTEZA SOBRE CIERTAS SITUACIONES, ENTRE OTROS. Y AUNQUE ESAS ACTUACIONES SE REALICEN DE ACUERDO CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, ES DECIR LEGALMENTE, Y AUNQUE LOS ADMINISTRADOS LAS DEBEN SOPORTAR – PORQUE TODA PERSONA ESTÁ OBLIGADA A CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY –, ROMPEN EN ALGUNAS OPORTUNIDADES POR SU NATURALEZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS Y PUEDEN CAUSAR DAÑOS RESARCIBLES. EL ROMPIMIENTO DE IGUALDAD DE LAS CARGAS PÚBLICAS REFIERE, DE UNA PARTE, AL PADECIMIENTO DE UNA CARGA MAYOR POR PARTE DE ALGUNOS ADMINISTRADOS QUE TIENE COMO FIN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN SOCIAL Y, DE OTRA, EL DERECHO QUE TIENE QUIEN LA SOPORTÓ INJUSTIFICADAMENTE, EN ARAS DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (ART. 95 NUM 7 C.N), A SER INDEMNIZADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1994-09791/13185 de noviembre 1 de 2001
Rad.: 76001-23-25-000-1994-9791-01(13185)
Actor: Eugenio Sandoval La Rotta
Ref.: Acción de reparación directa Vs Nación (Minjusticia)
I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 27 de septiembre de 1996, en la cual se resolvió:
1. Declarar como no probada la excepción de caducidad propuesta por el Ministerio de Justicia y del derecho.
2. Declarar que la Nación Colombiana (Ministerio de Justicia y del Derecho) es responsable por daño especial, de los daños sufridos por el señor Eugenio Sandoval La Rotta en la aeronave de su propiedad marca Aerocomander, modelo 500B-número de serie 982-23, bimotor, con matrícula colombiana HK-14-07-P, por la sustracción de las partes y repuestos y por el deterioro que sufrió durante el período comprendido entre el 23 de julio de 1987 y 21 de febrero de 1992.
3. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la Nación Colombiana (Ministerio de Justicia y del Derecho) a pagar al señor Eugenio Sandoval La Rotta, la suma de noventa y cinco millones novecientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos pesos 34/100 M/cte ($ 95’.933.852,34), por concepto de reparación de los daños y averías sufridos por la aeronave arriba mencionada, durante el lapso de su inmovilización por orden oficial.
4. Esta condena se cumplirá en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Expídase copia de lo aquí resuelto a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 115 del C. P. Civil.
6. Absuélvase al Ministerio de Defensa de todos los cargos formulados en la demanda.
7. No se accede a las demás súplicas de la demanda.
8. Consúltese con el superior (fls 271 a 291c.4)
Fue presentada el día 18 de febrero de 1994 por el señor Eugenio Sandoval La Rotta en contra de la Nación (Ministerios de Justicia y del Derecho y de Defensa Navionsl) (fls 103 a 132 c.4).
“A. Que la Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Defensa Nacional) es administrativamente responsable de los daños y perjuicios sufridos por el señor Eugenio Sandoval La Rotta, identificado con cédula de ciudadanía Nº 13.254.746 de Cúcuta, domiciliado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, como consecuencia de la inmovilización de que fue objeto el avión marca Aero - Comander, modelo 500-B-, número de serie 982-23, bimotor, de siete plazas, matrícula colombiana HK-14-07-P, durante el período comprendido entre el 23 de julio de 1987 y el 21 de febrero de 1992; por la sustracción de sus partes y repuestos y por el deterioro que sufrió la mencionada aeronave durante el mismo lapso.
B. Que se condene a la Nación Colombiana (Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Defensa Nacional) a pagar al señor Sandoval La Rotta ( ) las siguientes cantidades líquidas de dinero, por los conceptos que en cada caso se indican:
B.1. La suma de USD $55.350 en dólares de los Estados Unidos de América, a la tasa de cambio oficial que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva, más $ 6.000.000 todo por concepto de reparación de los daños y averías sufridos por la aeronave anteriormente especificada durante el lapso de su inmovilización por orden oficial.
B.2. La suma de $ 10’000.000 mensuales por concepto de valor de servicio que dejó de prestar la mencionada aeronave durante el tiempo en que estuvo inmovilizada por orden oficial.
B.3. La suma de $ 3’213.308 por concepto de gastos en que incurrió el señor Sandoval La Rotta, para atender adecuadamente el proceso judicial, que se iniciaron por causa de la orden de la inmovilización de la aeronave y para obtener la devolución de la misma, ocasionados durante el lapso en que la mencionada aeronave estuvo inmovilizada por orden judicial.
C. Que se condene a la Nación Colombiana (Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Defensa Nacional) a pagar al señor Sandoval La Rotta (...) las anteriores cantidades líquidas de dinero debidamente actualizadas en su poder de compra, conforme al índices de precios al consumidor, según lo certifique el DANE para el lapso comprendido entre el 23 de julio de 1987 y el día de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.
D. Que se condene a la Nación Colombiana (Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Defensa Nacional) a pagar al señor Sandoval La Rotta, (...) las anteriores cantidades líquidas de dinero debidamente actualizadas en su poder de compra, conforme al índice de precios al consumidor, según lo certifique el DANE para el lapso comprendido entre el 23 de julio de 1987 y el día de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.
E. Que se condene a la Nación Colombiana (Ministerio de Justicia y del Derecho) a pagar al señor Sandoval La Rotta ( ) el valor equivalente a mil gramos (1.000) de oro puro, al precio que tengan a la fecha de ejecutoria del fallo que le ponga fin al proceso, según lo certifique el Banco de la República, por concepto de perjuicios morales.
F. Que se condene a la parte demandada al pago de los gastos y costas procesales, incluidas las agencias en derecho, según tasación que al respecto haga el Tribunal, teniendo en cuenta las tarifas de honorarios profesionales que tengan vigencia en la fecha de la sentencia definitiva.
G. Que se ordene a la parte demandada darle cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (fls 104 a 106 c.4).
“1. El señor Sandoval La Rotta es comerciante y, además, subgerente de una prestigiosa compañía en la ciudad de Cúcuta, denominada ‘Constructora Los Faroles Ltda.’.
2. Por una parte, por razón de sus actividades comerciales e industriales, que lo obligan a viajar constantemente, y por otra parte por el deseo de prodigarse su propia comodidad personal y familiar, adquirió la aeronave Aerocomander 500B, con matrícula HK1407-P.
3. La compra fue hecha al señor Laureano Barros Duarte, mediante escritura pública Nº 2182 de la Notaría Tercera del Círculo de Cali (Valle), de fecha 26 de mayo de 1987, la cual fue aclarada mediante la escritura Nº 139 del 22 de enero de 1988 de la Notaría Tercera del Círculo de Cali.
4. Pero los buenos propósitos del señor Sandoval La Rotta al adquirir el avión solo quedaron en proyectos, ya que el demandante no alcanzó a utilizar su aeronave, por la razón que se expresa enseguida.
5. La aeronave en mención, fue suspendida en actividades de vuelo por orden de la dirección de operaciones de la Dirección General de la Aeronáutica Civil, el día 23 de julio de 1987, por motivo del vencimiento del certificado de aeronavegabilidad.
6. Es decir, el demandante no alcanzó a utilizar la aeronave ni para su uso exclusivo, que era su finalidad, ni para cualquiera otra actividad.
7. El mismo Departamento de Aeronáutica Civil, ha certificado que dicha aeronave ha estado inmovilizada desde el día 23 de julio de 1987; y esa situación permaneció así hasta el día en que el avión fue ocupado por las fuerzas militares y puesto a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes, como se explicará más adelante.
8. El Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante certificación Nº 2383 del 17 de febrero de 1988, suscrita por la doctora Zoraida Mendivelso, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes y por el doctor Carlos Sánchez G. Abogado de la oficina de Estupefacientes, la cual fue dirigida al doctor Yesid Castaño González, Jefe del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Bogotá hizo constar que los señores Sandoval La Rotta, (como comprador), y Laureano Augusto Barros Duarte (como vendedor), no registran informes por tráfico de estupefacientes.
9. El día 25 de marzo de 1988 el señor La Rotta solicitó al Mayor Otoniel Arango, Jefe de Grupo de Material Aeronáutico, en Bogotá, que autorizara la inspección a dicha aeronave para obtener el nuevo certificado de aeronavegabilidad. Anexo copia auténtica de la anterior petición.
10. El 4 de octubre de 1988, el Departamento de Policía Metropolitana, SIJÍN, expidió una constancia en la que se da fe de que el señor Sandoval La Rotta no figura registrado en los archivos del grupo de criminalística de esta ciudad (Medellín) (...).
11. El señor (...) Sandoval La Rotta, mediante escrito dirigido al Comandante de la Cuarta Brigada, señor Brigadier General Jaime Ruiz Herrera, fechado el 19 de octubre de 1988 y radicado bajo el número 014416 en el Comando B2, solicitó concepto de la Carta Brigada para el cumplimiento del requisito de la ‘autorización del registro’ de las escrituras de compra de la aeronave, vale decir de las números 2182 del 26 de mayo de 1987 de la Notaría Tercera de Cali y de su aclaración por Escritura Nº 139 del 22 de enero de 1988 de la Notaría Tercera del Círculo de Cali.
12. En ese escrito, y en su anverso, se puede observar que a fecha 6 de mayo de 1989, el ahora demandante no registraba antecedentes en el kárdex de personas ni en el de aviones.
13. El señor (...) Sandoval La Rotta también hizo petición de concepto a la Cuarta Brigada el día 18 de octubre de 1988 y lo obtuvo tan solo hasta el día 31 de mayo de 1989, o sea 7 meses después de haberse formulado dicha solicitud, causándole graves perjuicios económicos al demandante, por la demora de la administración en la expedición del concepto, lo cual determinaba la prolongación de la inmovilización de la aeronave.
14. Como se acaba de decir, el día 31 de mayo de 1989, el señor Comandante de la Cuarta Brigada, Primera División del Ejército Nacional, con sede en Medellín, mediante el oficio Nº 103920 BR4-B2-CI-263, suscrito por el Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, dio el concepto favorable (exigido como requisito necesario) para el registro de las escrituras de adquisición del avión y su corrección, ya mencionadas.
15. El concepto expedido por la Cuarta Brigada con sede en Medellín, textualmente dice:
“1. la documentación allegada está completa y se ciñe a las normas y demás requisitos exigidos sobre el particular.
2. No aparecen antecedentes que comprometan al solicitante en actividades con la subversión armada o el narcotráfico.
3. Por los motivos expuestos anteriormente, se emite concepto favorable a esta solicitud”.
16. Es importante aclarar que este tipo de conceptos, emitidos por la Cuarta Brigada, no son el resultado de una actividad administrativa superficial, sino que, por el contrario, es la consecuencia de un estudio bastante profundo y analítico, puesto que —para emitirlo— se consultan muy diversos archivos oficiales y se exigen al interesado gran cantidad de documentos y certificaciones.
17. Es lógico que durante el tiempo que se demoró para emitir su concepto, la Cuarta Brigada pudo estudiar, analizar y concretar la situación personal y los antecedentes de Eugenio Sandoval La Rotta, y que así llegó a la conclusión de que mi poderdante no tenía, ni hoy tiene, ningún antecedente judicial.
18. Posteriormente, las escrituras referidas fueron registradas en el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, el día 21 de julio de 1989, en el folio 571.
19. El registro aludido acredita que el señor Eugenio Sandoval La Rotta es, desde entonces, el propietario de la aeronave en mención.
20. Pocos días después, es decir en el mes de agosto de 1989, por voluntad de la Nación demandada (Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo Nacional de Estupefacientes) la mencionada aeronave fue objeto de una injustificada orden de inmovilización y, para asegurar el cumplimiento de la medida, fue sellada por miembros del ejército nacional de la tercera brigada con sede en Cali.
21. Posteriormente, la suerte jurídica de la aeronave y la de su propietario, fue puesta a disposición del juez 88 de Instrucción Penal Militar de Cali, y del Tribunal Superior de orden Público, en Bogotá.
22. Hasta entonces el señor Sandoval La Rotta no había sido informado de los cargos o acusaciones que existieran en su contra o en contra de la aeronave. Como se verá más adelante, la Nación demandada jamás tuvo razón seria para impartir la orden de inmovilización que dio por conducto del Consejo Nacional de Estupefacientes.
23. El dos (2) de noviembre de 1989, en cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2390 de 1989, el Tribunal de Orden Público en Bogotá, dispuso el traslado del conocimiento del asunto de la aeronave HK 1507-P (expediente radicado bajo el Nº 520), a los juzgados especializados de la ciudad de Cali, según la resolución u oficio 2970 de ese año. Entonces fue radicado bajo el Nº 1010.
24. El señor Sandoval La Rotta, se presentó el día 29 de noviembre de 1989 ante el Juzgado 2o Especializado de Cali, para afrontar las acusaciones que existieran en su contra o respecto del avión (...)
25. En esa oportunidad el señor Sandoval La Rotta allegó al despacho judicial los diferentes documentos, escrituras y certificaciones a que se ha hecho referencia en los numerales anteriores, los que probarán la licitud de la adquisición y legítima finalidad de utilización de la aeronave Aerocomader 500B con matrícula HK 1407-P.
26. Ese mismo día 29 de noviembre de 1989, se presentó al mencionado despacho judicial un memorial relatando los hechos antecedentes, concomitantes y posteriores a la adquisición del avión aludido y relacionando las pruebas pertinentes, para que el juez de conocimiento determinara lo pertinente y decretará la entrega definitiva de la aeronave.
27. La anterior circunstancia era suficiente para que se hubiere ordenado la entrega, aunque fuera en forma provisional, o el depósito, del aerocomander (...) a su propietario, para su uso y su goce. Pero no fue así.
28. Como se había relatado ya, desde el 23 de julio de 1987, o sea hacía más de dos años, el avión no estaba haciendo vuelo ninguno, por decisión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil.
29. La suspensión de vuelos de la aeronave (...), consta en la certificación Nº CLZMZ-056 del 31 de agosto de 1989, expedida por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil (...).
30. El señor (...) Sandoval La Rotta demostró ante el juzgado aludido que carecía, y aún carece de todo antecedente penal, militar, judicial y de policía, demostrando con ello que ha sido y es un ciudadano honesto, trabajador, de moral intachable, que contribuye el desarrollo intelectual y económico de nuestro estado de derecho, siempre respetando, acatando y dando cumplimiento estricto a cada una de las normas que rigen en la sociedad.
31. El señor Sandoval La Rotta, ha dado estricto cumplimiento a todos los estatutos, decretos, ordenanzas y leyes que regulan la adquisición y explotación de la aeronave en el territorio nacional, es así como se puede observar que se tramitaron ante la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, los respectivos conceptos obligatorios de la Brigada, conceptos que implican el trámite y consecución de certificaciones tales como: A. No antecedentes en el DAS. B. No antecedentes en la Policía metropolitana o SIJIN. C. No antecedentes en el B2 de la Carta Brigada, de personas ni de aviones.
32. Los anteriores documentos, se ciñen a las normas y demás requisitos exigidos, y lo más importante acreditan que la Nación demandada corroboró ‘que (esas pruebas) demuestran que Sandoval La Rotta, no tiene antecedentes que lo comprometan con subversión armada o narcotráfico’, como lo verificó y manifestó la Cuarta Brigada.
33. El señor (...) Sandoval La Rotta, actual propietario de dicha aeronave, posee certificado judicial y de policía, expedido por el DAS Nº 0033231, en donde certifica que el portador de tal documento, (...) no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía.
34. Para atender sus intereses jurídicos, afectados por la orden del Consejo Nacional de Estupefacientes en relación con la aeronave y por la investigación penal que se adelantó en su contra, sin ningún fundamento serio para ese efecto, el señor (...) Sandoval La Rotta, tuvo que contratar la asesoría de sucesivos abogados, que se trasladaran hasta la ciudad de Cali para cumplir tal misión.
35. Los costos de desplazamiento, de alojamiento, alimentación, copias, etc, en que incurrió el señor Eugenio Sandoval La Rotta, constituyen un daño más a su patrimonio, que le debe ser resarcido.
36. El proceso que se le siguió al señor (...) Sandoval La Rotta, en relación con el Aerocomander (...) ha implicado defenderlo ante tres entidades a saber: a) Consejo Nacional de Estupefacientes con sede en Bogotá. B) Tribunal Superior de Orden Público de Bogotá. C) Juzgado 2º. Especializado de Cali.
37. Los gastos se describen de la siguiente manera, en segmentos diferentes:
A. Traslado Medellín - Bogotá, agosto 25 de 1989. Especificación de gastos de ese viaje: 1. Pasaje Bogotá - Medellín; Medellín - Bogotá el costo fue de $ 26.420 ver anexo. 2. Viáticos: $ 50.000. En este viaje se gestionó en el Consejo Nacional de Estupefacientes, sobre la retención de la aeronave en Cali, y la entidad que la había retenido. Se presentó informe al Consejo Nacional de Estupefacientes y se indagó que la entidad que había ordenado su retención, fue la 3ª. Brigada con sede en Cali. La detención la cristalizó el juez 88 de Instrucción Penal Militar. Este proceso luego pasó a conocimiento del Tribunal Superior de Orden Público, por mandato del Decreto 1893 del 29 de agosto de 1989. Este Tribunal, resuelve en noviembre 2 de 1989, trasladar este negocio por orden del gobierno nacional, Decreto 2390 de 1989, a los juzgados especializados reparto Cali. La resolución que emite el Tribunal para hacer el envío de este negocio, es la 2970 de noviembre 2 de 1989.
B. Traslado a Cali, gastos relacionados a continuación: 1. Pasaje Bogotá - Cali; Cali - Bogotá, fecha 23 de noviembre de 1989. La duración de este viaje fue de dos días. El costo del pasaje fue de $ 31.660. Ver pasaje que se anexa. 2. Viáticos: $ 40.000. 3. Hotel: $ 32.000. Ver recibo que anexo. 4. Castos varios Cali: Transporte etc. $ 20.000. 5. En este viaje se elaboró el siguiente trabajo: Se averiguó en qué juzgado especializado de Cali quedó el proceso del avión. (En el 2º. Especializado). Se coordinó con el juzgado para aportar al proceso los documentos y escrituras necesarias como pruebas para las diligencias preliminares de dicho juzgado. Se determinó la fecha exacta en que el señor Eugenio Sandoval la Rota, debía presentarse para rendir versión libre en dicho juzgado, la cual se fijó para el día 29 de noviembre de 1989.
C. Traslado a Cali el 29 de noviembre de 1989. Los gastos ocasionados fueron: 1. Se gastó Eugenio Sandoval La Rotta (sic) para viajar a Cali la suma de $ 70.000. 2. Pasaje del abogado dr. Juan Carlos Restrepo, Medellín - Cali; Cali - Bogotá; de fecha 29 de noviembre de 1989, costos $ 31.090. 3. Dinero entregado al dr. Andrés Navarrete, para trasladarse a Cali $ 240.000. 4. Viáticos: $ 50.000. En este viaje se hizo lo siguiente. La presentación del señor Eugenio Sandoval La Rotta, para rendir versión libre. La presentación del memorial para recepcionar en este juzgado las escrituras y demás pruebas conducentes a la demostración de la propiedad, finalidad y procedencia legítima de la aeronave.
D. Viaje a Medellín para examinar el libro de vuelos y piloto del avión Aerocomander HK 1407-P. 1. Viaje Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá; $ 27.500. Ver pasaje anexo. 2. Viáticos: $ 60.000.
E. Viaje a Cali por tercera vez para averiguar el estado del negocio, fecha 9 de enero de 1990. 1. Pasaje Bogotá-Cali; Cali-Bogotá; $ 33.140. Ver pasaje anexo. 2. Estadía en el Hotel Aristi de Cali $ 23.000. Ver recibo anexo. 3. Viáticos: $ 70.000. Abono a honorarios $ 300.000. Se decidió que había que presentar ante el Consejo Nacional de Estupefacientes una petición de entrega provisional del HK 1407 P, la cual se presentó el día 24 de enero de 1990. Se estableció que había que trasladarse a Cali el 30 de enero de 1990 para presentar en el juzgado segundo especializado de esta ciudad, el memorial o petición que se había entregado antes al Consejo Nacional de Estupefacientes. Viaje que costo en su totalidad $ 168.000 de la siguiente manera: $ 77.000 en pasajes Cali-Bogotá, Bogotá-Cali de los abogados dres. Andrés Navarrete y Juan Carlos Restrepo, respectivamente. Hotel: 3 días $ 34.000; viáticos: $ 67.000. Costos de los anexos al memorial que se presentó al Consejo Nacional de Estupefacientes con las respectivas copias auténticas $ 30.000. Erogaciones en Bogotá, realizando este trabajo, por gastos propios y manutención que asciende a $ 300.000. Al dr Andrés Navarrete en enero de 1990 como pare de sus honorarios la suma de $ 260.000.
Otros gastos ocasionados para la atención del proceso que se adelantó por la retención de la aeronave, erogaciones que están debidamente documentadas: 1. Pasaje Bogotá-Medellín; Medellín-Bogotá $ 28.900. 2. Viáticos $ 30.000. 3. Pasaje Bogotá-Cali; Cali-Bogotá $ 35.880. 4. Viáticos $ 80.000. 5. Hotel Aristi Cali $77.608.oo. 6. Taxis $ 30.000. 7. Comidas fuera del hotel (más barato) $ 28.000. 8. Comidas fuera del hotel (más barato) $ 13.600. 9. Pago del fotógrafo $9.300. 10. Taxi ida y regreso al aeropuerto $ 7.000. 11. Abono a honorarios Dr. Juan C. Restrepo $ 400.000. 12. Pago al abogado Andrés Navarrete $ 300.000. 13. Dinero dado a Juan Carlos Restrepo Bedoya para gastos $ 90.000.
Otras erogaciones más para el mismo fin de la defensa del señor Eugenio Sandoval La Rotta. 1. Pasaje Bogotá-Cali; Cali-Bogotá $ 38.920. 2. Hotel Cali desde 31 de julio a 8 de agosto, total 9 días a razón de $ 14.600. $ 131.400. 3. Alimentación de 9 días $ 3.000 diarios $ 27.000. 4. Factura atenciones $ 10.120. 5. Factura atenciones $ 12.870. 6. Gastos generales (taxis aeropuerto a Cali) Taxi llegada a Cali-Hotel de $ 2.500; taxis generales en Cali $ 5.500, es decir $ 10.000.
38. Durante todo el proceso judicial que tuvo que soportar el señor Sandoval La Rotta, injustamente, siendo inocente y sin haber dado lugar con su conducta para que se le abriera ninguna investigación penal, él sufrió intensamente, mantuvo un permanente desasosiego, intranquilidad y preocupación muy superiores a las que su vida normal le había generado hasta entonces.
39. Las pérdidas económicas sufridas por la inmovilidad de la aeronave, por el deterioro de la misma, por el saqueo a que fue sometida (...), todo durante el lapso de su retención, aumentaron su desmedro patrimonial y su angustia moral (...).
40. Desde la época en que se le causaron los daños materiales hasta el día en que se presenta esta demanda, el peso colombiano ha venido perdiendo capacidad de compra y este fenómeno de desvalorización de la moneda continuará, por lo menos, hasta la fecha de ejecutoria del fallo que le ponga fin al proceso.
41. Por otra parte, el valor de los perjuicios materiales sufridos por el señor (...) Sandoval La Rotta se han acrecentado en la medida que no ha podido dispone de ese patrimonio perdido, disminuido o deteriorado (…).
42. Finalmente la Nación Colombiana, el 19 de abril de 1991, por conducto del juez de Instrucción de Orden Público con sede en la ciudad de Cali, ordenó el cese de procedimiento en favor del señor Eugenio Sandoval La Rota y ordenó también entregarle a él la aeronave (...).
43. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Orden Público, mediante providencia del 2 de julio de 1991.
44. La Nación colombiana, en cumplimiento de las providencias anteriores, el 21 de febrero de 1992, le hizo entrega definitiva de la aeronave (...) al señor Eugenio Sandoval La Rotta.
45. Durante el tiempo en que el avión mencionado estuvo retenido (...) fue saqueado y, además, sufrió grave deterioro, en tal forma que su reparación y reacondicionamiento tuvo un costo de USD $ 55.350 en dólares de los Estados Unidos de América.
46. Lo anterior lo corrobora la certificación expedida por la Empresa “Aeromantenimiento Antioquia”, con domicilio en Medellín, firmada por su gerente, señor Jaime Mercado Patiño, el día 14 de diciembre de 1992, en la que indica los trabajos, reparaciones y cambios a efectuar a la Aeronave de propiedad de Eugenio Sandoval La Rotta, la cual se anexa como prueba.
47. Otro perjuicio sufrido por el señor Eugenio Sandoval La Rotta, a consecuencia del decomiso de su avión HK-1407-p, fue que se le impidió usarlo.
48. El uso normal de una aeronave de las características del avión del avión del demandante, es igual a cien horas mes, en promedio.
49. El valor de cada hora de vuelo es de cien mil pesos.
50. Por lo tanto, el perjuicio sufrido por el demandante, por habérsele impedido el uso de su avión durante el tiempo del decomiso es igual a la suma de $ 10.000.000 mensuales que es el valor del servicio que dejó de prestar la mencionada aeronave durante el tiempo en que estuvo inmovilizada por orden oficial.
51. La atención del proceso que ahora se promueve le genera nuevos gastos al señor Eugenio Sandoval La Rotta, tanto por los llamados gastos procesales como por los que implica el pago de los honorarios de abogado y los costos de los desplazamientos para atender las instancias en Cali y Bogotá, lo mismo que los traslados del demandante desde Cúcuta a Bogotá para conseguir el abogado que él estimo adecuado para atender sus intereses jurídicos. Esto justifica la condena en costas contra el Estado.
52. Las pruebas que se aportarán durante el trámite del proceso comprobarán el monto de los perjuicios sufridos por el demandante a consecuencia de los hechos narrados en esta demanda (fls 106 a 120 c.4)
La demanda fue admitida el día 4 de marzo de 1994; el auto admisorio se notificó a los Ministros de Defensa y de Justicia, los días 25 y 27 de abril, respectivamente (fols. 139 y 140 c.4).
a. Contestación de la demanda por los representantes de la Nación:
• Excepcionó por caducidad de la acción. Señaló que la demanda se fundamentó en la retención de la aeronave, efectuada el 23 de julio de 1987; que aún en el evento en el que se tomara como fecha para el conteo del término el de la expedición de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Orden Público —2 de julio de 1991—, en la cual se puso punto final a la investigación, la acción ya se encontraba caducada cuando fue presentada la demanda —18 de febrero de 1994— (art. 136 inc 4 CCA).
• Se opuso a las pretensiones de la demanda, porque la aeronave fue inmovilizada por vencimiento del certificado de aeronavegabilidad y porque dicha inmovilización fue ordenada por la Dirección de Operaciones de la Aeronáutica Civil y posteriormente por la Cuarta Brigada de la ciudad de Cali.
• Indicó que el Consejo Nacional de Estupefacientes actúa con base en informaciones y operaciones realizadas por las autoridades militares, de Policía y Organismos de Seguridad, limitándose a adoptar las medidas que establecen los arts. 43, 47, 93 de la Ley 30 de 1986, 10 del Decreto 494 de 1990, 7 del Decreto 2894 de 1990 y 2272 de 1991; de esta manera acogió los informes que son el resultado de labores permanentes de vigilancia y patrullaje dentro de las operaciones de prevención, control y represión de estupefacientes.
• Señaló que la actuación del Consejo Nacional de Estupefacientes se originó en la ley, considerada por la jurisprudencia como causal de exclusión de responsabilidad extracontractual del Estado.
• Manifestó que en este caso el Consejo Nacional para dictar el acto administrativo de destinación provisional de la aeronave, acogió los informes de organismos de seguridad (fls 150 a 155 c.4).
• Esgrimió que la actuación de la Unidad Militar de la III Brigada del Ejército de inmovilización y sellamiento de la aeronave no fue arbitraria; se fundamentó en leyes y decretos vigentes.
• Indicó que no se dio falla porque la motivación de la medida fue legal y fue desplegada para combatir el narcotráfico y los delitos conexos “(...) si con posterioridad en el proceso penal se estableció otra cosa, ello fue producto de la investigación y las pruebas aportadas por el afectado (...)” (fls 160 a 162 c.4).
b. Las pruebas se decretaron el día 15 de julio de 1994. Luego, se convocó a las partes el 18 de septiembre de 1995 a audiencia de conciliación, la cual fracasó porque no se llegó a ningún acuerdo. Después se entró a la etapa de alegaciones, el día 10 de mayo de 1996 (fols.164 a 168 c.4; fols. 214, 233 a 235, 242 a 244 c.4).
El actor reflexionó, en primer lugar, sobre la necesidad de fijar un límite razonable de los perjuicios que el Estado puede causar en ejercicio de su discrecionalidad y en ejecución de sus políticas de lucha contra el narcotráfico y, además, sobre la importancia de determinar cuando el daño entra en la órbita de responsabilidad del Estado. Pidió que el caso se estudie bajo el régimen de la lesión patrimonial en la cual lo más destacable es que se juzga el resultado de la conducta Administrativa, independientemente de la antijuridicidad de aquella. En segundo término hizo referencia pormenorizada del material probatorio y solicitó fallo favorable (fls 262 a 270 c.4).
Ministerio de Justicia - Consejo Nacional de Estupefacientes reiteró la excepción de caducidad. Agregó que la Dirección Nacional una vez tuvo conocimiento de la sentencia proferida por el Tribunal de Orden Público, libró los oficios 2347, 2348, 2349 de septiembre 7 de 1991 y 2495 de octubre 17 del mismo año, ordenando a las entidades la entrega de la aeronave, y ofició al Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali para adelantar la diligencia de entrega fijando como fecha el 10 de diciembre de 1991, diligencia que no se realizó porque los interesados no se hicieron presentes. Advirtió que partiendo de la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de entrega, el actor contaba como plazo máximo para instaurar la respectiva demanda, el 10 de diciembre de 1993. Señaló que la inmovilización ordenada a la aeronave, en el año de 1987, fue por disposición del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil por tener vencido el permiso de aeronavegabilidad y que por tanto no se puede responsabilizar de dicho acto al Consejo Nacional de Estupefacientes. Manifestó que posteriormente el juez 88 penal militar ordenó el allanamiento e inmovilización de la aeronave en operativo adelantado por unidades de la tercera brigada con sede en Cali, hechos en los que tampoco tuvieron injerencia ni el Ministerio de Justicia, ni el Consejo Nacional de Estupefacientes. Agregó que ninguna de estas dos entidades, firmó orden de allanamiento o adelantó algún operativo, “(…) simplemente se limitó a cumplir con lo ordenado por las normas legales, como era recibir la aeronave que las autoridades competentes ponían a su disposición, y luego destinarla en forma provisional como lo hizo, hasta tanto el ente investigador ordenara su devolución o decomiso definitivo, tal como lo señala la norma (…)”. Resaltó que la Resolución 884 del 16 de abril de 1990, por medio de la cual el Consejo Nacional de Estupefacientes destinó en forma provisional la aeronave, goza de la presunción de legalidad, porque no fue cuestionada por vía jurisdiccional. Anotó que además de no haberse probado falla en el servicio, en la actuación múltiple cumplida por las diferentes autoridades, tampoco se demostró ni contable, ni tributariamente los presuntos perjuicios causados al actor, quien solo se limitó a presentar cuentas de cobro por pasajes, hoteles, reparaciones, mantenimiento; por el contrario se estableció que en el año de 1987 la nave estaba inmovilizada por encontrarse vencido el permiso de aeronavegabilidad y que fue adquirida por el actor para prodigarse su propia comodidad personal y familiar, no con carácter comercial. Indicó además que tampoco se probó que los daños alegados se hubiesen causado mientras la nave se encontraba inmovilizada y a órdenes de la autoridad competente, ya que además de que la aeronave no volaba desde 1987, no existe acta del estado en que se encontraba cuando unidades de la Tercera Brigada con sede en Cali procedieron a inmovilizarla y sellarla “(…) como tampoco hay constancia alguna de que el propietario haya solicitado permiso para hacerle mantenimiento a la aeronave durante el tiempo que esta permaneció inmovilizada luego no se puede responsabilizar a la Nación Ministerio de Justicia- Consejo Nacional de Estupefacientes de estos perjuicios (…)”. Por último citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la ausencia de demostración del daño y la no configuración de la responsabilidad de la administración y solicitó la denegatoria de las pretensiones de la demanda (fls 248 a 256 c.4).
El Ministerio de Defensa relacionó los distintos regímenes de responsabilidad y señaló que el juez es autónomo en la elección del régimen aplicable a cada caso.
Reiteró la legitimidad de la actuación adelantada por la Unidad Militar del Ejército “(…) pues la aeronave 500B, con matrícula HK 1407-P fue inmovilizada y sellada en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, y puesta a disposición del H. Tribunal Superior de Orden Público (…)”. Señaló que la decisión anterior fue adoptada por el juez 88 de instrucción penal militar de Cali, por cuanto los propietarios de la aeronave no allegaron en el tiempo requerido la documentación necesaria para demostrar la propiedad, procedencia legítima y el fin para el cual estaba destinada, de acuerdo a prueba obrante a folio 585 del cuaderno 4.
Manifestó que no entiende cómo el actor pretende una indemnización superior a los $ 1.000.000.000 si la aeronave, rentas y capitales que produce no aparece en declaraciones de renta años 1987 a 1992, tal y como reposa en certificación expedida por la Administración de Impuestos Nacionales. Finalmente solicitó la denegatoria de la totalidad de las pretensiones (fls 259 a 261 c.4).
Declaró, de un lado, no probada la excepción de caducidad y, de otro, responsable a la Nación Colombiana (Ministerio de Justicia y del Derecho) por los daños causados al señor Sandoval La Rotta en la aeronave, por la sustracción de partes y repuestos y por el deterioro sufrido durante el período comprendido entre el 23 de julio de 1987 y el 21 de febrero de 1992 y condenó a dicha entidad al pago de $ 95.933.852,34 por concepto de la reparación de los daños y las averías sufridos por la aeronave durante la inmovilización y finalmente, absolvió al Ministerio de Defensa de todos los cargos.
Para desestimar dicha excepción consideró que el término de caducidad debía contarse a partir de la diligencia de entrega de la aeronave, efectuada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Palmira el 21 de febrero de 1992, en virtud a que solo a partir de este día su propietario tuvo conocimiento del estado en el que se encontraba ese bien.
Relacionó el acervo probatorio y advirtió, sin mayor análisis, que de ellas se establece la responsabilidad de la administración —por daño especial— por la no entrega de la avioneta en las mismas condiciones de servicio en que se encontraba para el día 27 de julio de 1987, fecha en que fue retenida. Indicó que esta clase de responsabilidad se presenta cuando el Estado al ejercer su autoridad legítima y mediante un procedimiento legal, previamente establecido, causa un perjuicio. Coligió el derecho del actor para solicitar indemnización pero solo en relación con el reconocimiento de la suma invertida en la reparación de la aeronave, estimada por los peritos en $ 45.166.000 y actualizada a la fecha de la sentencia en $ 95.933.852,34.
Denegó las restantes pretensiones, al considerar que las situaciones que ellas plantean, constituyen cargas que debe soportar el administrado. Indicó que el actor y la aeronave estuvieron vinculados a investigaciones penal y administrativa, respecto de las cuales no se demostró que se hubieran tramitado en forma contraria a las disposiciones legales aplicables, que por tanto la absolución final no lleva por sí misma al reconocimiento y pago de perjuicios. Negó el reconocimiento de perjuicios morales fundamentado en que la jurisprudencia no ha aceptado su reconocimiento para esta clase de asuntos. Finalmente, señaló que la condena no cobijará el presupuesto del Ministerio de Defensa, en razón a que el apoderado de la parte actora carecía de facultades para demandar a esta entidad (fls 271 a 291 c.4).
Lo interpusieron ambas partes.
La demandante no compartió las decisiones adoptadas por el Tribunal en los numerales 3º, 6º y 7º de la parte resolutiva. Solicitó la reforma del numeral 3º con el fin de que el monto de la condena se aumente y la revocatoria de los numerales 6º y 7º con el fin de que se acceda a las demás peticiones de la demanda. También pidió la revocatoria de la absolución del Ministerio de Defensa —por carecer el apoderado del actor de facultades para entablar acción contra esta entidad—, con fundamento en que en este caso se otorgó poder para demandar a la Nación, única entidad que goza de personería jurídica, y que por tanto ese Ministerio estaba comprendido dentro del mandato conferido por el actor.
Reclamó el aumento de la condena por concepto de los daños sufridos por la aeronave durante el lapso de inmovilización, con el fin de que como parte de esos daños se reconozca la depreciación de la aeronave, el costo financiero del capital inmovilizado, el capital que tuvo que invertirse para recuperarla, la no producción de la renta y los intereses causados por dichas rentas. Reflexionó sobre las consideraciones efectuadas por el Tribunal para denegar las demás súplicas de la demanda, e indicó que contradicen la primera parte de la decisión donde se aceptó como régimen aplicable, el de daño especial. Señaló que en la sentencia para declarar la responsabilidad del Estado, se tuvieron en cuenta los presupuestos conceptuales del daño especial y para denegar las demás pretensiones se tuvo como fundamento la obligación del actor de soportar los daños derivados de su vinculación a dos procesos penal y disciplinario, al no haberse demostrado que se hubieran adelantado en forma contraria a las disposiciones aplicables.
Finalmente indicó que la jurisprudencia citada en la sentencia está concebida para eventos en que se predica la falla del servicio, no la responsabilidad por daño especial (fls 295 a 298 c.4).
El Tribunal concedió el recurso de apelación el día 13 de diciembre de 1996 (fol 300 c.4).
La Nación no sustentó el recurso, motivo por el cual se declaró desierto en auto dictado el día 6 de mayo de 1996; en consecuencia se ordenó surtir el grado jurisdiccional de consulta (fl 318 c.4).
La apelación del demandante se admitió el día 8 de abril de 1997, luego se ordenó dar traslado a las partes y al Ministerio Público para la presentación de alegatos de conclusión.
El actor alegó de conclusión; reiteró los argumentos esgrimidos en su escrito de impugnación (fls. 316, 31, 324 a 327 c.4).
En auto del 6 de agosto de 1997 de oficio se decretaron pruebas para mejor proveer (fls 328 a 330 c.4).
Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, los presupuestos procesales se encuentran satisfechos se procede a decidir previas las siguientes,
La Sala conoce, de una parte, en apelación propuesta por la demandante y, de otra, en grado jurisdiccional de consulta porque al demandado se le declaró desierto el recurso de apelación y, además, resultó condenado en suma que accede a tal grado de jurisdicción (arts 129 y 180 CCA).
A. Caducidad de la Acción:
Para decidir lo concerniente a ese medio exceptivo, es importante advertir que los hechos sobre los cuales se funda este juicio aluden a:
La demora de la Cuarta Brigada del Ejército en la expedición, en primer término, del concepto sobre el señor Sandoval La Rotta, pre requisito exigido por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para la inscripción en el registro aeronáutico de la venta realizada sobre la aeronave HK-1407-P y, segundo término, de la expedición de certificado de matrícula a nombre del señor Eugenio Sandoval La Rotta; la solicitud del demandante fue presentada el 25 de marzo de 1988 y el concepto administrativo se emitió el día 31 de mayo de 1989.
La inmovilización, ocupación y sellamiento injustificado de la aeronave efectuado el 30 de agosto de 1989 y el posterior adelantamiento de las diligencias judiciales por parte del Juzgado 88 de Instrucción Penal Militar, el Tribunal Superior de Orden Público y el Juzgado especializado de Cali, no obstante encontrarse demostrado para ese momento, la licitud de la adquisición del avión y la utilización legítima del mismo. Y finalmente, las pérdidas de partes de la aeronave y daños a la misma ocurrida durante ese período.
El material probatorio que existe sobre esos sucesos y en forma cronológica son los siguientes:
1. El 23 de julio de 1987 venció el certificado de aeronavegabilidad expedido a Laureno Barros Duarte por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil a la aeronave HK-1407-P, marca Aerocomander para turismo categoría normal (Documentos públicos en fotocopia autentica; fls 180, 272 y 273 c.5). Esta aeronave, con anterioridad el 26 de mayo de 1987, había sido vendida por dicho señor a Eugenio Sandoval La Rotta, negocio que transfirió el derecho de dominio y la posesión por $ 2’000.000; posteriormente el 22 de enero de 1988 suscribieron escritura de corrección sobre el número de registro de aeronáutico (documentos fos. 2 a 7 c.1).
2. El 25 de marzo de 1988 el señor Sandoval La Rotta solicitó al Brigadier General Comando Cuarta Brigada la emisión de concepto sobre su persona, requerido por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para el registro del avión HK-1407-, cuyos documentos se encuentran en trámite de compra (documento privado en fotocopia autenticada con nota de presentación ante la Cuarta Brigada; fl 8 c.1).
3. El 13 de mayo de 1988 el señor Comandante de la Cuarta Brigada conceptuó desfavorablemente en relación con la solicitud de registro de la aeronave a favor del señor Sandoval la Rotta, debido a la ausencia total de la documentación exigida para la gestión solicitada y la imposibilidad de ubicar a la persona interesada (documento público en fotocopia auténtica; fl 352 c.5).
4. El 16 de junio de 1988 el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil en oficio Nº 5888 comunicó al apodera del señor Sandoval que no se puede proceder al registro de las escrituras 2182 de 26 de mayo de 1987 y 139 de 22 de enero de 1988 relacionadas con la venta de la aeronave porque el concepto de la Brigada es desfavorable para su comprador (Documento público en original, fl 9 c.1).
5. El 31 de mayo de 1989 la Cuarta Brigada del Ejército rindió concepto con destino al director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil con base en la solicitud presentada por el señor Sandoval – para fines de su registro como propietario de la aeronave ante la Aeronáutica Civil - (documento público en fotocopia autentica; fl 347 c.5).
6. El 21 de julio de 1989 el departamento Administrativo de Aeronáutica Civil - Oficina de Registro Aeronáutico - registró la venta de la aeronave aclarada mediante escritura Nº 139 del 22 de enero de 1988 en el folio 571 (Documento público en fotocopia autentica fl 141 c.5).
7. El 27 de julio de 1989 el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil expidió certificado de matrícula de la aeronave a nombre del señor Sandoval La Rotta (Documento público en fotocopia autenticada; fl 77 c.5).
8. El 30 de agosto de 1989 el Juzgado 88 de Instrucción Penal Militar practicó diligencia de ocupación de varias aeronaves, entre ellas la mencionada, por cuanto sus propietarios no se hicieron presentes, ni presentaron la debida documentación ante ese juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en los decretos 1856, 1863 del 18 de agosto de 1989 y 1893 del 24 del mismo mes y año (Acta de ocupación de unas aeronaves en fotocopia autenticada; fls 363, 364 c.1).
9. Ese mismo día, 30 de agosto de 1988, el Juzgado 88 de Instrucción Penal Militar, con fundamento en el informe secretarial concerniente a que ninguna persona se presentó con la documentación de rigor a reclamar la avioneta HK-1407-P, ordenó dejar en depósito la aeronave, para su vigilancia y seguridad, al Comandante de la Policía Aeroportuaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Auto del 30 de agosto de 1989; fl 35 c.1 y acta de depósito de la aeronave del 30 de agosto de 1989; fl 36 c.5).
10. El 21 de febrero de 1992 el Juez Civil Primero Municipal de Palmira practicó la diligencia de entrega de la aeronave HK-1407-P al señor Sandoval La Rotta (Acta de entrega de 21 de febrero de 1992; fls 22 a 24 c.5).
Esos medios de prueba son indicadores de dos puntos fundamentales:
Primero: Que la imputación de mora que se formuló contra la Nación en la expedición del certificado de moralidad y antecedentes del señor Sandoval, que se solicitó el día 25 de marzo de 1988 cesó el día 31 de mayo de 1989, cuando se emitió finalmente el concepto el cual fue favorable. Recuérdese que la demanda se presentó el día 18 de febrero de 1994.
Segundo: Que las imputaciones de daño especial y de falencia, ocurridas durante el período de ocupación y sellamiento de la aeronave como consecuencia de las conductas legales de la Administración y de la Rama judicial, cesaron el día 21 de febrero de 1992.
Los hechos probados dejan ver, desde otro punto de vista, que las imputaciones hechas contra los demandados, son claramente diferenciables en su materia y en el tiempo.
Como se pudo ver, la primera etapa de los hechos hace referencia a que para el año de 1987, el día 23 de julio, había vencido el permiso de aeronavegabilidad de la aeronave y por lo tanto este bien estaba inmovilizado por dicha situación y no por determinación estatal.
Por otra parte el señor demandante quien celebró contrato de compra venta (en calidad de comprador) se dio a la tarea de conseguir el certificado de moralidad para poder efectuar el registro de propiedad; tal certificado solo lo obtuvo el día 31 de mayo de 1989. Igualmente y con posterioridad a la obtención de este certificado el actor también obtuvo:
La inscripción de compra de dicha aeronave, en el registro aeronáutico, y el certificado de matrícula.
Después de tales situaciones el señor demandante Sandoval no solicitó nuevo permiso de aeronavegabilidad de la aeronave y por consiguiente esta estuvo bajo su total dominio y cargo.
Segunda etapa de los hechos demandado: Cuando el demandante ya ostentaba la calidad certificada de propietario de la aeronave y cuando esta ya estaba a su cargo, el 30 de agosto de 1989 el Juzgado 88 de Instrucción Penal Militar practicó diligencia de ocupación de dicha aeronave por cuando su propietario no se hizo presente, ni allegó la documentación debida ante ese juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en los decretos 1856, 1863 del 18 de agosto de 1989 y 1893 del 24 del mismo mes y año.
Ese juzgado, en el acta de ocupación, indicó como observaciones las relativa a que la aeronave será ocupada, por la Policía Nacional Metropolitana de Santiago de Cali (Policía Aeroportuaria), hasta tanto que el Tribunal de Orden Público y el Consejo Nacional de Estupefacientes resuelvan lo pertinente (fls 363, 364 c.4).
Como puede verse, en las etapas una y dos, se trata de hechos que proceden de distintas autoridades, que no fueron continuados o interdependientes, que tuvieron lugar en tiempos diferentes y separados y que implican el desarrollo de dos funciones públicas distintas:
El primer hecho relacionado con la mora en la expedición de concepto sobre la moralidad y antecedentes del señor Sandoval La Rotta, concepto prerrequisito para su inscripción en los registros aeronáuticos como comprador y propietario de la aeronave; tal hecho está relacionado con la función administrativa a cargo de la Tercera Brigada del Ejército.
Los hechos segundo y tercero versan sobre la ocupación y sellamiento de la aeronave y el adelantamiento de un proceso judicial —por presunta violación del Decreto 1856 de 1989— a cargo de diversas autoridades de orden judicial.
En consecuencia, el estudio sobre la caducidad de la acción no obedece a hecho único; obedece a conductas distintas, separadas en el tiempo y por tanto susceptibles de ser demandadas separadamente o en forma conjunta, siempre y cuando el hecho jurídico de la caducidad no afecte a alguna de las conductas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que respecto a los hechos 2º y 3º antes relacionados, como lo dijo el Tribunal, no ocurrió la caducidad porque desde el momento en el cual el demandante recibió su aeronave, por orden de la autoridad judicial, momento en el cual conoció de los daños que afirmó sufrir no transcurrieron más de los dos años a que alude la ley, para demandar en ejercicio de la acción de reparación directa, como ya se vio.
No ocurre lo mismo con el primer hecho demandado, relativo a la responsabilidad pedida como consecuencia de los daños ocasionados al demandante, según afirma, por la mora administrativa para el concepto de moralidad y antecedentes del señor Sanvoal La Rotta.
Dispone al efecto el artículo 136 del CCA que la acción de reparación directa caducará al vencimiento de los dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa.
El actor indicó y probó que la expedición de esos conceptos comprendió los meses transcurridos entre marzo de 1988, cuando formuló la solicitud y mayo de 1989, cuando fueron emitidos.
Lo anterior significa, respecto al primer hecho imputado a la Nación que, la mora del Estado cesó cuando dicho concepto se expidió el día 31 de mayo de 1989. Por lo tanto a partir del día siguiente de esta fecha empezó a correr el término de los dos años; y como la demanda sobre tal hecho se presentó el día 18 de febrero de 1994 se presentó extemporáneamente (inc. 4º art. 136 CCA).
Por lo tanto no se comparte la afirmación del Tribunal cuando para concluir la inexistencia de caducidad de la acción frente a la responsabilidad por mora, tomó como fecha de inicio del conteo otra fecha posterior, que obedece a la cesación de otra conducta de las impugnadas, como fue la diligencia de entrega de la aeronave efectuada el 21 de febrero de 1992, como consecuencia de la decisión judicial, como pasa a explicarse:
Recuérdese que los hechos que padeció el demandante, según afirma, son consecuencia de trámites independientes, que no tuvieron solución de continuidad, como para que pueda pensarse que solo a partir de la culminación del segundo trámite le era posible al actor conocer de los daños ocasionados por la mora administrativa —en expedir los certificados de moralidad y de antecedentes del señor Sandoval La Rotta—.
En lo que atañe con las otras conductas impugnadas —ocupación, sellamiento de la aeronave y el adelantamiento de la correspondiente investigación penal— el término de caducidad solo empezó a correr, como lo manifestó el Tribunal, a partir del día siguiente al de entrega de la aeronave, porque en esa fecha se supone que el actor debió conocer los daños por los que reclama, que ocurrieron, según afirma, dentro del trámite judicial y como consecuencia de la ocupación de la aeronave.
Por lo tanto, la Sala encuentra que:
• De una parte, debe declararse probada la excepción de caducidad de la acción respecto del hecho demandado por “daños ocasionados por la mora administrativa” para emitir el concepto de moralidad y antecedentes del señor Sandoval la Rotta; y
• De otra, debe declararse no configurado el hecho jurídico de caducidad respecto de las otras conductas impugnadas, cuales son los daños que acaecieron, según se indicó en la demanda, durante el trámite judicial que conllevó la ocupación de la aeronave.
Ahora pasando a otro punto y como el Tribunal aludió a falta de poder para demandar al “Ministerio de Defensa” y por esto lo “absolvió”, se estudiará el punto.
C. Poder conferido por el actor:
El poder para litigar puede ser otorgado bajo varias modalidades: general con el fin de que se ejerza la representación en toda clase de procesos y especial para varios procesos especiales o para un solo proceso.
En materia del poder como el CCA no tiene regulación se debe acudir al CPC. Esta codificación refiriéndose al poder especial prescribe que se deberá determinar claramente el asunto, de modo que no pueda confundirse con otros (art. 65). Por otra parte sobre el poder para litigar el artículo 70 ibídem indica que dentro de las facultades que se entienden conferidas está la de formular todas las pretensiones que se estimen convenientes para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que se determinan en el poder.
De acuerdo con esas disposiciones se observa, para este caso, que aunque en el poder otorgado por el señor Sandoval para demandar a la Nación (Ministerio de Justicia) no se comprendió a otra dependencia administrativa de esta persona jurídica cual es el Ministerio de Defensa, el mandatario si fue facultado para formular las pretensiones pertinentes contra la Nación, persona jurídica dentro de la cual se encuentra ese Ministerio. Es preciso recordar que los Ministerios todos hacen parte de la Nación (Rama Ejecutiva) y que no son personas jurídicas, sino organismos principales de la Administración Nacional (Puede verse en tal sentido el Decreto-Ley 1.050 de 1968).
En el poder especial para actuar judicial es suficiente que se determine claramente el asunto de modo que no pueda confundirse con otros asuntos y, por consiguiente, el otorgado para este juicio por el actor tiene suficiencia.
Por lo tanto la demanda presentada se ciñó a la voluntad expresada en el mandato conferido, en el cual autorizó formular pretensiones contra la Nación Colombiana, persona jurídica pública que tiene como una de sus dependencias principales al Ministerio de Defensa.
Despejado ese punto se entrará en materia:
C. (sic) Régimen de responsabilidad aplicable:
Como en relación con las conductas impugnadas respecto de las cuales no operó la caducidad de la acción, las pruebas indican que acaecieron unas por irregularidad administrativa y otras dentro y con ocasión de unas conductas lícitas del Estado, se estudiarán las imputadas bajo el título jurídico de anomalía.
1. Reproches por falencia administrativa:
Los hechos demandados por su fecha se iniciaron bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1986 y culminaron con la entrega de ese mismo bien bajo el imperio de la nueva Carta Política de 1991, el día 21 febrero de 1992.
Es preciso recordar que bajo esas dos cartas Fundamentales, el título jurídico de imputación por falla es uno de los regímenes de responsabilidad del Estado. Y si bien en la Carta de 1886 no existía, como hoy (art. 90) una disposición específica en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en su artículo 16 aludía al deber del Estado en la protección de la vida, la honra y los bienes de quienes habitan en la República. Tal normatividad permitió al Consejo de Estado declarar la responsabilidad por falla, entre otros regímenes; lo mismo ocurre en vigencia de la nueva Carta Fundamental.
Los elementos necesarios para la configuración de la responsabilidad extracontractual por falla son: la falencia de la administración por: omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio; el daño o lesión a un derecho cierto, particular, anormal a un bien jurídicamente tutelado por el derecho y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre la anomalía administrativa y el daño. En el caso particular se estudiarán estos elementos en ese orden:
a. Falencia de la administración:
El objeto de este capítulo es analizar si efectivamente la Nación incurrió, en sus dependencias administrativas de los Ministerios de Defensa y de Justicia, en falla del servicio por ocupar injustificadamente la aeronave y por proseguir sin fundamento jurídico el proceso penal.
Examinada la conducta desplegada por esas autoridades frente a los deberes legales exigidos a ellas, la Sala encuentra:
a.1. Que la decisión de inmovilización de la aeronave estuvo soportada tanto en los hechos objetivamente considerados, como en el derecho.
En relación con las circunstancias que rodearon la ocupación de la aeronave reposan las siguientes probanzas:
El 30 de agosto de 1989 el Juzgado 88 de Instrucción Penal Militar practicó diligencia de ocupación de varias aeronaves, entre ellas la mencionada, por cuanto sus propietarios no se hicieron presentes, ni presentaron la debida documentación ante ese juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en los decretos 1856, 1863 del 18 de agosto de 1989 y 1893 del 24 del mismo mes y año; se indicaron como observaciones las relativas a que las aeronaves seguirán ocupadas por la Policía Nacional Metropolitana de Santiago de Cali, Policía Aeroportuaria, hasta tanto las autoridades competentes (Tribunal de Orden Público y Consejo Nacional de Estupefacientes) resuelvan lo pertinente, una vez se coloque a su disposición (acta de ocupación de unas aeronaves en fotocopia autenticada; fls 363, 364 c.1).
Ese mismo día, 30 de agosto de 1988, el Juzgado 88 de Instrucción Penal Militar, con fundamento en el informe secretarial se dijo que ninguna persona se presentó con la documentación de rigor a reclamar la avioneta HK-1407-P y por lo tanto ordenó dejar en depósito la aeronave al Comandante de la Policía Aeroportuaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para su vigilancia y seguridad, mientras la autoridad competente resolviera lo pertinente; en esta oportunidad no se realizó inventario sobre el estado en que se recibió la aeronave (Auto del 30 de agosto de 1989; fl 35 c.1 y acta de depósito de la aeronave del 30 de agosto de 1989; fl 36 c.5).
En relación con el punto jurídico, en esa época la ocupación de bienes posiblemente vinculados en actividades ilícitas estaba regulada por la Ley 30 de 1986 “Mediante la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes” y los decretos 1856, 1893 y 2390 del 18 y 24 de agosto y 20 de octubre de 1989, mediante los cuales se tomaron medidas encaminadas al restablecimiento del orden público.
El procedimiento de ocupación estaba previsto en el Decreto 1856 de agosto de 1989 (art. 1º), reiterado en lo fundamental en los artículos 1º y 7º del Decreto 2390 del 20 de octubre de 1989:
“ART. 1º—Mientras subsista el actual estado de sitio, los títulos valores, bienes muebles e inmuebles, divisas, derechos de cualquier naturaleza y, en general, los beneficios económicos y efectos provenientes de o vinculados directa o indirectamente a las actividades ilícitas de cultivo, producción, almacenamiento, conservación, fabricación, elaboración, venta o suministro a cualquier título de marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o síquica, o los vehículos y los demás medios de transporte, utilizados para la comisión del delito de narcotráfico y conexos, serán decomisados u ocupados por las fuerzas militares, policía nacional y los organismos de seguridad del estado y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o de entidades de beneficio común instituidas legalmente, mientras el juez competente dispone sobre su destinación definitiva.
La providencia que ordene la devolución de los bienes materia de decomiso, deberá ser consultada y solo surtirá efectos una vez confirmada por el superior.
De lo expuesto se puede concluir que las disposiciones jurídicas aplicables al trámite bajo estudio, facultaban el decomiso o la ocupación de los bienes que pudieran estar siendo utilizados directa o indirectamente en la comisión de delitos de narcotráfico o conexos, de enriquecimiento ilícito o testaferrato, en tanto subsistiera turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional.
En lo particular, el juzgado 88 de Instrucción Penal Militar ordenó la ocupación de la aeronave indicada con fundamento en que el señor Sandoval no se le presentó después de que lo requirió para que allegara y presentara la documentación debida de la aeronave. Por lo tanto la conducta que el Estado desplegó como consecuencia de los indicios de abandono de la aeronave en un aeropuerto, la falta de presentación de su propietario y del allegamiento de documentos del bien no fue irregular ni injustificada.
Y así lo encuentra la Sala por la situación temporal en el cual esos hechos tuvieron ocurrencia y por la conducta omisiva del demandante a dar cumplimiento a una exigencia judicial. Recuérdese que para ese momento fue necesario que el Gobierno Nacional decretara el estado de sitio y expidiera normas dirigidas a combatir las actividades del narcotráfico y conexas. Por lo tanto las medidas adoptadas por la Nación en el caso particular, además de haber sido desarrolladas de acuerdo a las normas aplicables, fueron de ejecución de medidas de previsión estatal para la situación conocida.
Ahora se examinará otra de las conductas imputadas; se advierte
a.2. Que después de la ocupación por parte de juzgado 88 de Instrucción Penal Militar, no se levantó el acta de inventario del bien ocupado, omitiendo lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1893 de 1989 que señala que “(...) producida la ocupación o el decomiso por parte de las autoridades competentes, estas procederán a realizar un acta de inventario de los bienes ocupados o decomisados”.
A partir de las pruebas relacionadas antes se advierte que el juzgado 88 de Instrucción Penal Militar al practicar la diligencia de ocupación de la mencionada aeronave y al ordenar dejar en depósito la misma al Comandante de la Policía Aeroportuaria para su vigilancia y seguridad, omitió realizar el inventario sobre el estado en el que se encontraban la aeronave y sus aditamentos. Con este proceder la Administración incumplió el deber jurídico contenido en el artículo 2º del Decreto 1893 del 24 de agosto de 1989, cuyo contenido es el siguiente:
“ART. 2º—Producida la ocupación o el decomiso por las autoridades competentes, estas procederán a realizar un acta de inventario de los bienes ocupados o decomisados, la cual harán llegar dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al Tribunal Superior de Orden Público y una copia al Consejo Nacional de Estupefacientes para efectos de su destinación provisional al servicio oficial o de entidades de beneficio común legalmente constituidas.
“ART. 3º—Recibida el acta de ocupación o de decomiso, el Tribunal Superior de Orden Público, emplazará a los propietarios de los bienes con el fin de que, personalmente, asistido de apoderado si lo estima conveniente, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes demuestren su propiedad sobre ellos, su procedencia legítima y el fin para el cual está destinada.
Sobre otra de las conductas imputadas se advierte:
a.3. Que la investigación penal que se adelantó por el posible desacato a lo dispuesto en el Decreto 1856 de 1989, en desarrollo de la cual fue emplazado al propietario del bien con el fin de que se hiciera parte en el proceso y ejerciera su derecho de defensa se realizó de acuerdo con el orden jurídico preestablecido.
Los medios de pruebas aportados válidamente al proceso, representan los siguientes hechos:
El 14 de noviembre de 1989 el Juzgado Segundo Especializado ordenó aplicar el artículo 341 y ss. del Código de Procedimiento Penal para que se determine si el hecho materia de investigación es típico y para que se aporten las pruebas tendientes a identificar los autores o partícipes (Auto del 14 de noviembre de 1989; fl 41 c.5).
El 23 de noviembre de 1989 ordenó:
• La práctica de varias pruebas dirigidas al esclarecimiento de los hechos (antecedentes del propietario, planilla de vuelos, declaración de los pilotos encargados de volar la aeronave, destino provisional dado a la aeronave por el Consejo Nacional de Estupefacientes etc.),
• La notificación del señor Eugenio Sandoval La Rotta sobre la existencia de la investigación por el decomiso de la avioneta para que se presentara a hacer valer sus derechos, y
• El envío de oficio al Jefe de la Policía Aeroportuaria en Palmaseca para que informara si la aeronave estaba sellada a la fecha, ordenándole además abstenerse de adoptar cualquier decisión sobre la misma (Auto del 23 de noviembre de 1989; 42 y 42 vuelto c.5).
El 29 de noviembre de 1989 el señor Eugenio Sandoval rindió indagatoria ante el Juzgado Segundo Especializado de Cali. Indicó que se dedica a la construcción de bienes raíces, relató la forma como adquirió la aeronave al señor Barrios, y el fin netamente comercial y de uso personal para el cual fue adquirida; que la avioneta se le dañó muy rápido “(...) porque estaba muy mal de pintura y de motores; manifestó que la aeronave esta piloteada por el Capitán Jorge Osa, “(…) y como la nave tiene dos (2) años de estar parada, y desde entonces no me veo con él, yo con dicha avioneta viajé a Bogotá, vine a Cali (Valle), fui a Cúcuta y vine a Cali, y se dañó, o sea que yo monté 3 veces en ella, y se dañó y creo que desde que la compre no tuvo más de 32 horas de vuelo, porque se dañó ahí mismo, y eso fue un gallo tapado (sic), que me hicieron hasta que ya en Junio de 1987, se le venció el permiso de aeronavegabilidad, desde ese entonces se encuentra anclada aquí en Cali, Valle, todo el tiempo ha estado aquí en Cali, Valle (…)”; (Diligencia de Indagatoria del señor Eugenio Sandoval La Rotta del 29 de noviembre de 1989; fls 65 a 67 c.5). Esta prueba tomada en el proceso penal es oponible al demandante porque se practicó con su propia audiencia.
El mismo día el señor Sandoval le solicitó a dicho Juez la entrega definitiva y sin limitación al uso y propiedad del aerocomander; en la misma comunicación le relató la forma de adquisición, la carencia de antecedentes judiciales o de policía, la destinación dada a dicho bien, la falta de informes por narcotráfico del vendedor Barros Duarte, la inscripción en el registro aeronáutico; invocó la ausencia de cualquier antecedente que lo incriminara a él o a la aeronave (antecedentes del DAS, Policía Metropolitana o SIJÍN, B-2 de la Cuarta Brigada, Dirección Nacional de Estupefacientes) y anexó la copia de la escritura de propiedad y las certificaciones emitidas por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, entre otros documentos (Documento privado en fotocopia autenticada; fls 68 a 76 c.5).
Para deducir si en esos hechos el demandado incurrió en falencia, debe analizarse el ordenamiento jurídico en lo que tiene que ver con el procedimiento que debe seguirse a raíz de la ocupación de un bien.
Decreto 1893 de 1989:
“ART. 4º—El emplazamiento a que se refiere el artículo anterior se efectuará mediante notificación personal, si se conociere el propietario del bien o si este estuviere detenido. En caso contrario el emplazamiento se surtirá mediante la fijación de un edicto en la Secretaría del Tribunal Superior de Orden Público, durante el término de tres (3) días calendario. Si en cinco (5) días calendario no se pudiere efectuar la notificación personal, el emplazamiento se hará por edicto.
Analizadas las pruebas de los hechos frente al anterior ordenamiento jurídico se concluye la que el actuar Estatal estuvo adecuado; pues el juzgado emplazó al ahora actor con el fin de que demostrara: la propiedad, la procedencia legítima y la destinación del bien; que el señor Sandoval solo se hizo presente el día 29 de noviembre de 1989; luego rindió indagatoria y le aportó al juez algunos documentos sobre la propiedad y carencia de antecedentes penales y de policía de la aerocomander. Tales situaciones procesales en el citado juicio representan que el demandante estuvo rodeado de las garantías contenidas en la ley y para el ejercicio adecuado del derecho a la defensa.
Respecto a otra conducta de irregularidad imputada por el actor, se observa:
a.4. Que la investigación penal continuó con el fin de determinar plenamente la procedencia legítima de la aeronave y su destinación a labores lícitas.
El acervo probatorio sobre ese hecho, como ya se verá, señala el procedimiento adelantado en las siguientes etapas:
• Primera: la ocupación y sellamiento de la aeronave, la cual con anterioridad fue ampliamente relacionada en pruebas.
• Segunda: la práctica de diligencias preliminares dirigidas a determinar la existencia del hecho objeto de investigación y sus posibles autores:
Es así como el Juzgado Segundo especializado entre el lapso comprendido entre el 14 de noviembre de 1989 y el 1º de marzo de 1990, adelantó diligencias probatorias dirigidas a determinar si el hecho materia de investigación se adecuaba al tipo penal previsto en el Decreto 1856 de 1989 y a indagar sobre la identidad de su autor o autores. Esta etapa culminó con la decisión adoptada por dicho juzgado el día 1º de marzo de 1990, ordenando la devolución definitiva de la aeronave al considerar que el mueble amén de los inconvenientes técnicos y vencimiento del certificado de aeronavegabilidad se encontraba en regla, y que tanto su propietario como la aeronave carecían de antecedentes de cualquier índole (Autos del 14 y 23 de noviembre de 1989 y 1º de marzo de 1990; fls 41, 42 y 42 vuelto y 168 a 170 c.5)
Se resalta del trámite anterior que en auto del 23 de noviembre de 1989 el Juez Segundo especializado ordenó citar al señor Eugenio Sandoval, quien se hizo presente el 29 de noviembre de 1989, rindió indagatoria y explicó la forma como fue adquirida la aeronave y la razón por la cual se encontraba inmovilizada, anexó documentos demostrando la propiedad de la aeronave y certificaciones relativas a la carencia de antecedentes judiciales o de policía (Diligencia de indagatoria del señor Eugenio Sandoval del 29 de noviembre de |989 y documento privado en fotocopia auténtica; fls 65 a 67 y 68 a 76 c,.5).
• Tercera etapa: en la cual se ordenó proseguir con la investigación, al no haberse demostrado en forma plena ni la procedencia legítima de la aeronave ni la actividad e ingresos de su propietario:
El Tribunal Superior de Cali, mediante auto dictado el 31 de octubre de 1990 revocó la decisión consultada al considerar que no se determinó plenamente la procedencia legítima de la aeronave y su no utilización en actividades ilegales, ya que no se trajo al proceso prueba documental sobre las actividades desarrolladas por el señor Eugenio la Rotta, como tampoco de sus ingresos anuales, declaraciones de renta (auto del 31 de octubre de 1990; fls 199 a 202 vuelto c.5).
Entre los días 9 de noviembre y 26 de diciembre de 1990 el Juzgado Segundo Especializado profirió decisiones dirigidas a dar cumplimiento a lo resuelto por el superior, y declaró abierta la investigación, ordenando la práctica de pruebas; el actor allegó copia de las declaraciones de renta de los últimos cinco años y de los certificados del Banco Central Hipotecario y Davivienda para el año de 1989 (autos del 9 y 13 de noviembre y 26 de diciembre de 1990 y documento privado; fls 207, 208, 213 y 219 a 232 c.5).
• Una cuarta y última etapa relativa a la cesación de todo procedimiento y la entrega de la aeronave a su propietario:
El Juzgado Segundo Especializado en cumplimiento del Decreto 1.790 de 1990 ordenó la remisión por competencia de las diligencias a la Dirección Seccional de Orden Público, mediante auto del 15 de enero de 1991. Luego, el reparto del asunto, correspondió el juzgado de Instrucción de Orden Público el cual ordenó el cese de todo procedimiento en contra del señor Eugenio Sandoval la Rotta y la entrega de la avioneta, el día 19 de abril de 1991. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Orden Público el 2 de julio de 1991, el cual consideró que el patrimonio del señor Sandoval muestra en sus declaraciones de renta un desarrollo progresivo, durante los últimos años, apto para la adquisición de la aeronave inmovilizada, que unido al restante acervo sobre la carencia de antecedentes que afecten al acusado o a la aeronave, conduce a la confirmación de la decisión (autos del 15 de enero,19 de abril y 2 de julio de 1991; fls 217, 234 a 239, 263 a 267 c.5).
En el período comprendido entre el día 13 de agosto de 1991 y el día 21 de febrero de 1992, este último en el cual se entregó la aeronave, se efectuaron las siguientes diligencias dirigidas a cumplir la anterior decisión; así:
• El 13 de agosto de 1991 la dirección Seccional de Orden Público ofició al Consejo Nacional de Estupefacientes con el fin de que haga entrega de la avioneta;
• El 5 de septiembre dicha oficina comunicó al señor Sandoval el envío de los oficios a la Aeronáutica Civil y al Ministerio de Comunicaciones, con el fin de hacer entrega de la aeronave;
• El 30 de septiembre el Ministerio de Comunicaciones dio respuesta a la solicitud de entrega de la aeronave señalando que nunca recibió la aeronave;
• El 17 de octubre de 1991 la Dirección Nacional de Estupefacientes comisionó al Juez Civil de Municipal de reparto para que lleve a cabo la entrega de la avioneta, la cual se encuentra en las instalaciones de Palmaseca;
• El 12 de noviembre de 1991 el juzgado octavo civil municipal señaló el 10 de diciembre como fecha para llevar a cabo la diligencia, la cual no se efectuó por inasistencia de los interesados;
• El 18 de enero de 1992 se remitió el comisorio al juez civil municipal de reparto de Palma seca, lugar de la diligencia;
• El 30 de enero de 1992 fijó como fecha de entrega el día 21 de febrero de 1992 (documentos públicos, oficio Nº 2349 del 5 de septiembre de 1991, oficio Nº 1447 del 30 de septiembre de 1991, oficio 14.382 del 17 de octubre de 199, auto del 12 de noviembre de 1991, constancia secretarial Juzgado Octavo Civil Municipal y auto del 30 de enero de 1992; fls 269, 270, 15, 17, 18, 19 y 25 c.5, respectivamente).
El 21 de febrero de 1992 se practicó la diligencia de entrega en desarrollo de la cual se hizo inventario de la aeronave con asistencia de perito (Acta de entrega de 21 de febrero de 1992; fls 22 a 24 c.5).
Debe tenerse en cuenta para abordar el análisis de este último hecho, que de acuerdo con las normas positivas aplicables, que enseguida se indicarán, la carga de la prueba sobre la procedencia lícita, la destinación y propiedad de los bienes le correspondía al sindicado. Asimismo que solo es posible ordenar la devolución definitiva del bien cuando se haya probado plenamente la licitud de su procedencia y destinación; a continuación se citarán las normas pertinentes:
Decreto 1856 de 1989:
“ART. 5º—Le corresponde al sindicado de la comisión de los delitos de narcotráfico y conexos, demostrar que los bienes aprehendidos o decomisados no proceden de actividad ilícita ni fueron utilizados en la comisión del delito.
“ART. 6º—Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en pena de prisión de cinco a diez años y multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales, sin perjuicios del decomiso de los respectivos bienes”.
“ART. 8º—De conformidad con lo prescrito en el artículo 5º del Decreto Legislativo 1856 de 1989, le corresponde al propietario demostrar que los bienes ocupados o decomisados no proceden de actividad ilícita, ni fueron utilizados en la comisión de un delito, lo cual deberá acreditarse dentro del término de que trata el artículo 3º del presente decreto.
Decreto 2390 de 1989:
“ART. 1º—Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el decomiso y la ocupación de los bienes directa o indirectamente vinculados con, o provenientes de los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6º del Decreto Legislativo 1856 de 1989, operará con base en las normas de dicho decreto.
“ART. 2º—Las fuerzas militares, la Policía Nacional o los organismos de seguridad del Estado, que hubieren practicado el decomiso o la ocupación, informarán al juez competente que se encuentre conociendo de los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o el tipificado en el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, sobre este hecho o, en caso de que no existiere proceso, procederán a formular la correspondiente denuncia penal, con base en los hechos que dieron lugar a la práctica de tales diligencias.
“ART. 4º—Los terceros que aleguen propiedad sobre los bienes materia de la ocupación o el decomiso y soliciten su devolución, deberán comparecer personalmente, asistidos de apoderado si lo estiman conveniente, ante el juez que esté conociendo del respectivo proceso, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su citación o emplazamiento, con el fin de que demuestren su propiedad sobre ellos, su procedencia legítima y el fin para el cual estaban destinados.
El juez en la sentencia mediante la cual decida el proceso por los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o el tipificado en el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, decidirá en forma definitiva la destinación de dichos bienes. Su devolución, en caso de que se demuestre plenamente la licitud de su procedencia y destinación, será decidida por el juez del conocimiento mediante auto interlocutorio que deberá ser consultado con el superior.
Si los terceros no se presentaren dentro del lapso señalado, se considerará como un indicio grave sobre la ilicitud de la procedencia y destinación de dichos bienes.
Partiendo de ese principio de legalidad y examinando lo probado se concluye que el actor una vez compareció el 29 de noviembre de 1989 al juicio adelantado en su contra por presunta violación a las previsiones del Decreto 1856 de 1989, no cumplió con toda la carga de la pruebas. Si bien anexó copia de los antecedentes emitidos por el DAS, Policía Metropolitana, Dirección Nacional de Estupefacientes y de la Cuarta Brigada, así como copia de los documentos atinentes a la propiedad del bien, no probó ni la adquisición lícita ni la destinación de la aeronave. A esto se debe que legalmente esté justificado que se haya continuado con la investigación. Por ello fue que el Tribunal Superior de Cali revocó el auto dictado el 1º de marzo de 1990 por el Juzgado Segundo Especializado mediante el cual había ordenado la devolución definitiva de la aeronave y el levantamiento de todas las medidas policivas que se hubieren tomado
Solo una vez se incorporaron al proceso penal esas pruebas documentales, relativas a las declaraciones de renta del señor Sandoval y las certificaciones emitidas por entidades financieras sobre créditos adquiridos por dicho señor, el Juzgado de Instrucción de Orden Público ordenó la cesación del procedimiento mediante auto del 19 de abril de 1991, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Orden Público el 2 de julio de 1991.
Por consiguiente la actuación judicial enjuiciada se ajustó, en lo fundamental, al deber ser contenido en las normas aplicables a ella; se dice en lo fundamental porque, como ya se dijo, se incurrió en la omisión relativa al levantamiento del acta de inventario del bien ocupado, deber contenido en el Decreto 1893 de 1989. Después se examinará, en capítulo posterior, si dicha omisión fue determinante en la producción del daño alegado.
A continuación la Sala estudiará otra imputación de irregularidad al demandado:
a.5. Que la Nación omitió sus funciones de guarda y conservación de la aeronave en el lapso comprendido entre el 31 de agosto de 1989 y el 21 de febrero de 1992, conducta de la cual el actor atribuye el grave deterioro y desvalijamiento, de varios elementos, de su aeronave.
Teniendo en cuenta que en relación con la naturaleza jurídica de la función de secuestrar cumplida por las entidades estatales como “secuestres”, no existe regulación especial es menester acudir al régimen legal general contenido en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, sobre la figura del depósito.
El acto jurídico del depósito está previsto en el Código Civil (arts 2236 y siguientes). Dentro de las características propias se destaca que trata de un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa que el depositario hace al depositante, que genera obligaciones solo a cargo del depositario relativas a la conservación, guarda de la cosa y restitución y que la prestación del servicio es gratuita, salvo que se estipule remuneración por la custodia de la cosa.
El depósito se puede dar de dos formas, el propiamente dicho y el secuestro (art. 2239 ibídem). El depósito propiamente dicho, es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra una cosa para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante, en tanto que el secuestro refiere a la guarda de un bien que es objeto de disputa y que debe ser restituido a quien obtenga decisión a su favor (arts 2240 y 2273 ibídem).
En relación con la calidad de secuestre del demandado obran las siguientes pruebas:
• El juzgado 88 de Instrucción Penal Militar en diligencia adelantada el 30 de agosto de 1989 procedió a ocupar y sellar la aeronave Nº HK-1407 y ordenó al Comandante de la Policía Aeropuertaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón depositar la aeronave para su vigilancia y seguridad. En dicha diligencia el juzgado en mención incurrió en omisión al no levantar inventario sobre el estado en el que se encontraba la aeronave y sobre los aditamentos que contenía (auto del 30 de agosto de 1989 y actas de ocupación y de depósito de la aeronave; fls 363, 364 c.1, fls 35 c.1 y 36 c.5)
• El Consejo Nacional de Estupefacientes mediante Resolución 884 de 16 de abril de 1990, destinó provisionalmente al servicio del Ministerio de Comunicaciones la aeronave, no obstante lo anterior la decisión nunca se ejecutó; el Ministerio de Comunicaciones no recibió y, por tanto la aeronave permaneció inmovilizada en el Aeropuerto Alfonso Bonilla (Resolución 884 del 16 de abril de 1990, oficio Nº 1001 del 25 de septiembre de 1990, oficio del 9 de octubre de 1990, oficio Nº 2349 del 5 de septiembre de 1991, oficio 1447 del 30 de septiembre de 1991, oficio Nº 14382 del 17 de octubre d 1991; fls 5, 6, 10, 11, 17 y 18 c.5 respectivamente).
• El Juez 1 Civil Municipal de Palmira en diligencia practicada el 21 de febrero de 1992 hizo entrega de la aeronave, en desarrollo de la cual se hizo un inventario de esta con asistencia de perito; en dicha diligencia se dejó constancia que la nave posee 5 sellos de ocupación de la Policía Nacional, la ventanilla del lado derecho posterior en sus cuatro lados presenta violaciones al parecer efectuadas con una palanca, y que la avioneta carece de varios aditamentos de comunicación y navegación propios de estas aeronaves y se encuentra en regular estado de presentación ya que se estaba a la intemperie así:
“(…) El despacho procedió a efectuar un inventario de la aeronave con asistencia de un perito y a levantar los sellos, “(…) los cuales se encuentran en buen estado, toda vez que se encuentran protegidos con papel adhesivo transparente, los cuales tienen la siguiente leyenda “ocupado por la Policía Nacional en cumplimiento al Decreto 1856 el rompimiento de estos sellos por particulares acarreará sanción penal y administrativa”,“ estos sellos en número de cinco (5) aparecen colocados uno en la nariz y radoma de la nave (…) Una vez que se verificó el levantamiento de los referidos sellos se procedió a hacer el inventario de la aeronave objeto de entrega, obteniéndose en siguiente resultado: de acuerdo con la inspección verificada por el técnico que asesoró al despacho, la aeronave cuenta con todos sus aditamentos propios a este tipo de avionetas, con excepción de los siguientes elementos de comunicación y navegación, los cuales le hacen falta: 1) Caja de Control de audios KMA-24 2) Equipo de comunicación y navegación, VHFKX-175 3) Equipo de navegación ADFKI227 5)Equipo DMEKN-63 6) Equipo transponder ATC KT-76ª 7) Dos indicadores para VOR KI204 y el indicador KI 208 8) Un indicador para radar vendiz RT161 (IN232A o IN2036) 9) Dos antenas para comunicación VHF 10) Una antena para equipo ADF KA 44B (...) El despacho deja constancia que la aeronave objeto de entrega se encontraba a la intemperie o sea expuesta al sol y al agua, razón por la cual se encuentra en regular estado de presentación. Asimismo se deja constancia que la ventanilla del lado derecho, parte central de la avioneta, se encontraba abierta y la misma según el técnico que asesoraba al despacho se denomina ventanilla de salida de emergencia. Dicha ventanilla presenta dobleces en sus extremos, que indican que al parecer fue violentada para proceder a abrirla. Igualmente deja constancia el despacho que al proceder a quitar los sellos que habían sido colocados en la puerta de ingreso a la aeronave, se observaron vestigios de que en los mismos sitios habían sido colocados sellos anteriores, ya que aparecen adheridos algunos pedazos indicadores de los mismos (…). “Por último se procede a hacer entrega real y material de la aeronave al apoderado del señor Eugenio Sandoval La Rotta quien manifestó recibir de conformidad y en el estado en que quedó la aeronave ( )” (acta de entrega de 21 de febrero de 1992; folios 22 a 24 c.5).
Como se pudo observar la entrega de la aeronave que realizó el juzgado 55 de Instrucción Penal Militar al Comandante de la Policía Aeroportuaria del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se efectuó en calidad de secuestro, figura regulada en los artículos 2273 y siguientes del C.C, las cuales remiten no solo al depósito propiamente dicho, sino al secuestro y a las leyes de procedimiento (art. 2274 ibídem).
La responsabilidad en el depósito está regulada de la siguiente manera:
“ART. 2247.—Las partes podrán estipular que el depositario responda de toda especie de culpa.
A falta de la estipulación responderá de la culpa grave. Pero será responsable de la leve en los casos siguientes:
1) Si se ha ofrecido espontáneamente o ha pretendido se le prefiera a otra persona para depositario;
2) Si tiene algún interés personal en el depósito, sea porque se le permita usar de él en ciertos casos, sea porque se le conceda remuneración” (subrayas fuera de texto).
¿Qué comprende la obligación de guardar la cosa?.
“ART. 2248.—La obligación de guardar la cosa comprende la de respetar los sellos y cerraduras del bulto que la contiene”.
“ART. 2249.—Si se han roto los sellos o forzado las cerraduras por culpa del depositario, se estará a la declaración del depositante en cuanto al número y calidad de las especies depositadas; pero no habiendo culpa del depositario, será necesaria, en caso de desacuerdo, la prueba.
“ART. 2253.—El depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se han confiado en depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles salvo el caso del artículo 2206.
La cosa depositada debe restituirse con todas sus accesiones y frutos.
“ART. 2276.—El secuestro es convencional o judicial.
El judicial se constituye por decreto de juez, y no ha menester otra prueba”
“ART. 2281.—Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, debe el secuestre restituir el depósito al adjudicatario.
El análisis de las obligaciones adquiridas por las entidades depositarias – secuestres del bien ocupado, atinentes a la conservación, guarda de la cosa y restitución de la misma, de acuerdo con los elementos de prueba traídos al proceso, es posible colegir lo siguiente:
En primer lugar, que se desconoce el estado en el que fueron recibidos los bienes por parte del secuestre, porque no se levantó el acta de inventario; en segundo lugar, que la avioneta no fue utilizada durante el tiempo en el que estuvo inmovilizada, porque aunque fue destinada provisionalmente al uso del Ministerio de Comunicaciones, esta decisión no se ejecutó y, en tercer y último lugar, que la avioneta para la fecha de entrega estaba a la intemperie, no se encontraba totalmente sellada, una de sus ventanillas presentaba violaciones y carecía de varios aditamentos de comunicación y navegación.
Por lo tanto, partiendo del indicio en contra de la Administración por la omisión de levantar inventario de la aeronave y seguida de la “la presunción de su falta por la fractura de sellos y forzamiento” (art 2.249 C. C.) se mirará, más adelante, la incidencia de esas situaciones con respecto a los otros medios de prueba y a los elementos de responsabilidad: daño y relación de causalidad.
De acuerdo con visto y teniendo en cuenta las obligaciones de la Nación como “administrador de justicia” y como “secuestre” de la aeronave en cuestión, se deducen las siguientes irregularidades del servicio y en el siguiente orden:
• El juzgado 88 de Instrucción Penal Militar al ocupar la aeronave en cuestión, no procedió al levantamiento del inventario del bien, ni del estado de conservación del mismo.
• El Comandante de la Policía Aeroportuaria de Cali, tampoco dejó constancia del inventario del bien que recibía, ni del estado de conservación del mismo.
• Al momento de su devolución a su propietario, se dejó constancia en el sentido que la aeronave presentaba deterioro consistente en sustracción de partes esenciales y de falta de conservación.
b. Daño y relación de causalidad:
En lo que concierne con el elemento daño es considerado, conceptualmente, como la lesión a un bien patrimonial o extrapatrimonial que implica la pérdida del bien en disfrute (patrimonial o extrapatrimonial).
• La lesión a un bien patrimonial pueden generar, en primer término, daño emergente, relativo a la pérdida proveniente de no haberse cumplido la obligación, por haberse cumplido imperfectamente o por haberse retardado su cumplimiento y, en segundo término la lesión puede generar también la pérdida de lucro cesante, concepto que dice de la ganancia o provecho dejado de reportar a consecuencia de tales situaciones (arts 1613 y 1614 C. C.).
• La lesión a un bien extra - patrimonial puede causar daño moral, entre otros, el cual refiere al padecimiento o dolor psíquico o afectación del área de la personalidad.
El daño en cualquiera de esas manifestaciones debe tener las siguientes cualidades: Cierto y determinado (presente o futuro); particular (a las personas que solicitan reparación); anormal (por haber excedido los inconvenientes inherentes al servicio) y estar protegido jurídicamente por el derecho.
Ahora, en lo que atañe con el nexo de causalidad es el último elemento de responsabilidad que dice del conector eficiente y determinante entre el daño y la conducta demostrada o presunta a la cual se imputa, según el caso.
Es por lo anterior que no siempre toda conducta —demostrada o presunta— es causa necesaria determinante y eficiente en la producción del daño probado o presunto; muchas veces tal conducta es antecedente histórico de su ocurrencia, pero está desconectada totalmente de la causalidad influyente en su producción aunque haga parte de la cadena fáctica que antecedió la producción del daño.
Teniendo en cuenta el anterior marco conceptual, a continuación se estudiará si se probaron los daños afirmados por el actor y si además tienen relación causal con las conductas de incumplimiento de la Nación respecto de las obligaciones como administrador de justicia y como secuestre.
b.1.1. Deterioro y sustracción de partes de la aeronave:
Ahora, se verificará si los daños afirmados, en la demanda, en relación con el deterioro y desvalijamiento de la aeronave si se comprobaron y si fueron producidos por las conductas de la Nación, omisivas comprobadas y presumidas, relativas a no levantar acta de inventario para el momento de su “ocupación”, de una parte, y a incumplir las obligaciones de guarda y cuidado de la misma —rompimiento de sellos—, de otra parte.
La Sala recuerda que procesalmente en principio se desconocería el estado de la aeronave para la fecha en la que fue ocupada, debido a que el demandado no levantó el acta de inventario de la aeronave y, que de otro lado, se conoce que para la fecha de devolución a su propietario, la aeronave estaba deteriorada e incompleta. En el proceso obran otros elementos de juicio adicionales que aclaran algunas circunstancias sobre lo sucedido:
1. El 23 de octubre de 1989 la “Occidental de Aviación Ltda.” informó al Consejo Nacional de Estupefacientes que la aeronave HK-1407 se encuentra en tierra por los siguientes reportes: cambio de motores que no se han probado, cambio de los cables de los controles de vuelo, algunos de los tanques de combustible que se encuentran dentro del ala están rotos, a las hélices les falta repuestos que no se encuentran y vidrios frontales rotos. Con fundamento en el anterior reporte Occidental de Aviación conceptuó que la aeronave no se encuentra en condiciones aeronavegables (documento privado en fotocopia simple; fls 15 c.1 y 6 c.3).
2. El 29 de noviembre de 1989 el señor Eugenio Sandoval, ahora demandante, rindió indagatoria ante el Juzgado Segundo Especializado de Cali. Indicó que se dedica a la construcción de bienes raíces, relató la forma como adquirió la aeronave al señor Barrios, y el fin netamente comercial y de uso personal para el cual fue adquirida; que la avioneta se le dañó muy rápido “(...) porque estaba muy mal de pintura y de motores; manifestó que la aeronave esta piloteada por el Capitán Jorge Osa, “( ) y como la nave tiene dos (2) años de estar parada, y desde entonces no me veo con él, yo con dicha avioneta viajé a Bogotá, vine a Cali (Valle), fui a Cúcuta y vine a Cali, y se dañó, o sea que yo monté 3 veces en ella, y se dañó y creo que desde que la compre no tuvo más de 32 horas de vuelo, porque se dañó ahí mismo, y eso fue un gallo tapado(sic), que me hicieron hasta que ya en Junio de 1987, se le venció el permiso de aeronavegabilidad, desde ese entonces se encuentra anclada aquí en Cali, Valle, todo el tiempo ha estado aquí en Cali, Valle ( )”; señaló, por último, que ese mismo día había estado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón donde vio bastante deteriorada a la aeronave, “(…) falta mantenimiento, de allí no se puede mover, porque tiene los vidrios de adelante rotos, no tiene mangos, obviamente que está en mal estado ( )” (Diligencia de Indagatoria del señor Eugenio Sandoval La Rotta del 29 de noviembre de 1989; fls 65 a 67 c.5). Esta prueba tomada en el proceso penal es oponible al demandante porque se practicó con su propia audiencia.
3. El 3 de agosto de 1990 el señor Eugenio Sandoval solicitó autorización para hacerle mantenimiento a la aeronave y para que se le deje en depósito, si es necesario, autorizándole el levantamiento provisional de los sellos (documento privado en fotocopia auténtica; fl 194 vuelto c.5).
4. El mismo día el Tribunal Superior accedió a dicha petición (Auto del 3 de agosto de 1990 fl 197 c.5)
5. El 15 de agosto de 1990 la Sociedad Occidental de Aviación certificó el ingreso de la aeronave HK-1407–P a los talleres de mantenimiento, con el fin de efectuarse el mantenimiento ordenado por el Tribunal Superior de Cali —Sala Penal— y por la Policía Aeroportuaria, aeropuerto Alfonso Bonilla de la ciudad de Palmira
La Sala resalta que no reposa prueba sobre el mantenimiento realizado por Occidental de Aviación, y el estado en el cual esa sociedad recibió la aeronave, ni en el que la entregó, nuevamente, a su depositario (documento privado en fotocopia autenticada; fl 5 c.3).
6. En comunicación sin fecha, el señor Sandoval solicitó a los jueces de orden público se ordenara el traslado y mantenimiento de la aeronave a las instalaciones de Occidental de Aviación con sede en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (documento privado en fotocopia autenticada, fl 243 c.5).
7. El 8 de mayo de 1991 el juzgado de Instrucción de Orden Público autorizó el traslado y mantenimiento de la avioneta a las instalaciones de Occidental de aviación, para que proceda de conformidad y permita el ingreso de técnicos hasta dicho lugar para efectos del mantenimiento.
La Sala destaca que en el juicio no reposa prueba sobre el mantenimiento realizado por Occidental de Aviación, ni el estado en el que dicha sociedad recibió la aeronave y en el que la entregó, nuevamente, a su depositario (auto de 8 de mayo de 1991; fl 244 c.5).
Entonces teniendo en cuenta:
• Que en el documento expedido por la Sociedad Occidental de Aviación, días después de haber sido retenida la aeronave, se probó que esta se encontraba en tierra con la finalidad de cambiarle motores y cables de controles de vuelo, que tenía rotos algunos vidrios frontales y los tanques de combustible que están dentro del ala rotos y que a las hélices les faltaban repuestos que no se encontraban, y
• Que, de otra parte, el señor Eugenio Sandoval en diligencia de indagatoria rendida el 29 de noviembre de 1989 confesó que la aeronave estaba en tierra porque se encontraba dañada, estaba mal de pintura y de motores y que precisó que la compra que efectuó de la misma resultó un “gallo tapado”, que se transportó tres veces en ella y luego se dañó y que al antiguo dueño y con anterioridad se le venció el permiso de aeronavegabilidad, la Sala no puede menos que colegir que la avioneta estaba deteriorada y no se encontraba en condiciones de navegación para la época en la que fue retenida; la prueba emanada del propio demandante, tomada en otro proceso con su propia audiencia, es constitutiva de confesión, medio de prueba que se considera reina entre los distintos medios de convicción; se ha dicho que la confesión por su naturaleza, declaración de hechos por parte de la misma persona que se perjudica con ella hace prueba, porque partiendo de la realidad en la cual las personas respecto de ellas mismas generalmente no declaran contra sí, cuando en forma excepcional lo hacen en forma perjudicial, tal declaración hace prueba de lo declarado en contra.
Además, con todos los elementos probatorios relacionados atrás, se observa:
• Que en decisiones dictadas por el Tribunal Superior de Cali y el juzgado de Instrucción de Orden Público los días 3 de agosto de 1990 y 8 de mayo de 1991, respectivamente, se autorizó el traslado de la aeronave para mantenimiento a las instalaciones de Occidental de Aviación, con ingreso de técnicos, con fundamento en solicitud presentada por su propietario el señor Eugenio Sandoval la Rotta;
• Que en la primera petición absuelta en forma favorable, se solicitó asimismo la entrega en depósito de la aeronave y levantamiento provisional de sellos;
• Que en esta oportunidad, el actor ni la Administración, dejaron constancia del estado de conservación, ni del inventario del mismo al momento de la entrega al propietario;
• Que se desconoce cuál fue el mantenimiento que se le efectuó al aparato, si es que hubo e igualmente que al momento de la devolución de la aeronave al depositario, no se dejaron constancias de su estado y de su inventario.
Por consiguiente al haberse demostrado:
• De una parte, que la aeronave para la época en la que fue ocupada por la Administración se encontraba deteriorada y carecía de algunos elementos y
• De otra parte, que en el lapso en el que la aeronave estuvo depositada a cargo de la Administración, en primer lugar, fue interrumpido en dos oportunidades a solicitud de su propietario y, en segundo lugar, que cuando aquella fue entregada para mantenimiento a no se levantó acta de entrega y de recibo sobre su estado, se desvirtuó por completo que las conductas de falencia de la administración, hayan sido la causa determinante del daño:
Si bien el demandado no levantó el acta de inventario del bien, lo cual generó en principio un indicio en su contra, tal indicio fue desvirtuado a través de otros medios de prueba, de los cuales es posible inferir que para la época de “ocupación” de la avioneta, esta estaba dañada, carecía de permiso de navegabilidad desde julio de 1987 y no prestaba ningún servicio.
La misma situación aconteció en relación con la presunción de culpa prevista por la ley en contra del depositario, cuando el bien objeto de guarda es hallado con violaciones o fracturas, al haber sido establecido en el proceso que la aeronave fue retirada del ámbito de acción del depositario, con su autorización; que en tal ocasión se solicitó el levantamiento provisional de sellos y acceso de técnicos, lo cual explica, de una parte, por qué en la diligencia de entrega de la aeronave se dejó constancia sobre el que la aeronave poseía 5 sellos de ocupación de la Policía Nacional en perfecto estado y otros que fueron rasgados, para ingresar dentro de la misma.
Tales acontecimientos, debidamente demostrados, permiten concluir que la aeronave no estuvo siempre en terrenos del depositario y por lo tanto no puede deducirse que las pérdidas y daños él los ocasionó. Además, para la Sala llama mucho su atención la conducta de confesión del demandante, en la cual aludió en forma precisa que él mismo consideró que la compra de la aeronave fue “un gallo tapado” bajo el entendimiento de que fue engañado en esa negociación y del verdadero estado de deterioro de la aeronave, en pintura, en funcionamiento y piezas dañadas.
Otros de los daños imputados a daño emergente, son los:
b.1.2. Gastos Administrativos:
La demanda aseveró definidamente que el actor incurrió en ese tipo de gastos para ejercer su derecho de defensa ante las autoridades judiciales.
Al proceso se trajo prueba documental, relativa a los recibos de pago sobre gastos relativos a transporte aéreo, hospedaje, lavandería expedidos a favor del señor Juan Carlos Restrepo, apoderado judicial del actor en el trámite administrativo demandado; el valor de las facturas asciende a la suma de $2.799.408 y de erogaciones que se efectuaron en entre el día 25 de agosto de 1989 y el 20 de febrero de 1992 (documentos privados en original; fls 22 a 102 c.1).
Asimismo al revisar las diligencias judiciales adelantadas contra el actor con fundamento en el Decreto 1856 de 1989, por los Jueces Segundo Especializado de Cali, de Instrucción de Orden Público, Tribunal Superior de Orden Público y Consejo Nacional de Estupefacientes etc., se advierte que el señor Sandoval fue representado por aquel abogado, a cuyo nombre fueron expedidas las facturas mencionadas.
Pero la Sala encuentra, en primer lugar, que esos gastos no están unidos causalmente en forma directa con la omisión de la Nación en la elaboración del inventario sobre los bienes ocupados y ni con las presuntas omisiones de las funciones de guarda y conservación de la cosa. En segundo lugar observa que fueron las conductas del actor relativas *) al abandono de la aeronave a su suerte en un aeropuerto y *) y a su falta de atención al requerimiento judicial de citación que le hizo la justicia las que determinaron el accionamiento del aparato Estatal en lo administrativo y en lo judicial, en una época signada por la lucha contra el narcotráfico y los atentados dirigidos por estos grupos contra la población civil y en la cual el ordenamiento jurídico disponía que si los terceros no se presentaban con los documentos pedidos por la autoridad judicial, se consideraría como un indicio grave sobre la ilicitud de la procedencia y destinación de dichos bienes.
Antes de proseguir con el análisis, se harán algunas anotaciones sobre el dictamen rendido en este juicio en la cual fundó el Tribunal de instancia para condenar.
Al analizar dicha prueba técnica la Sala advierte, por su contenido, que los auxiliares solo se sujetaron, en forma exclusiva, a los documentos aportados por el actor y a las informaciones obtenidas de terceros; no analizaron técnicamente esas pruebas de acuerdo a sus particulares conocimientos, ni tampoco indicaron el origen o fuente de las informaciones de terceros ni de los documentos de las cuales fueron tomadas, como pasa a indicarse:
• Para estimar el perjuicio relacionado con el valor de las reparaciones que debieron efectuarse a raíz del deterioro sufrido por la aeronave, se basaron en forma exclusiva en documento aportado por el demandante, cual es la certificación expedida por la Sociedad “Aeromantenimiento Antioquia” de fecha 14 de diciembre de 1992, en la cual se determina el valor de las reparaciones que deben ser efectuadas para que la aeronave quedé en perfecto estado de funcionamiento.
• Para la cuantificación del perjuicio derivado de la inactividad y la falta de disponibilidad de la aeronave, acudieron a información que dicen haber sido suministrada por la Aeronaútica Civil y de acuerdo con la cual una aeronave de estas condiciones debe tener mantenimiento cada 50 o 100 horas de vuelo, que al completar 1000 horas debe realizarse un mantenimiento concienzudo en los equipos y en la maquinaria. Asimismo simplemente indicaron que la hora vuelo cuesta US$550 sin precisar la fuente de ese dato; que si bien las horas vuelo depende de las necesidades de su propietario les dijeron, “( ) que en la actualidad puede este tipo de naves dar unag rentabilidad mínima de $190.000.000 mensuales, como lo solicita la parte actora. Sin embargo hay que proyectar con incrementos moderados de acuerdo al valor del vuelo (hora) de acuerdo al valor en dólares ( )”; que se trata de una aeronave “que puede tener” de 15 a 20 horas de vuelo mensual promedio.
• En relación con los gastos administrativos causados a raíz de los procesos seguidos contra el actor, se basaron en documentos aportados por el actor contentivos de las diferentes facturas por gastos de transporte, hospedaje etc.
• Por último, no valoraron la depreciación que sufrió la aeronave por la inmovilización y el deterioro de que fue objeto, porque no existían documentos sobre el valor de la aeronave (dictamen pericial y aclaración rendidos los días 10 de febrero y 10 de mayo de 1995; fls 61 a 70 c.3).
Ahora, como la demanda también hizo otras imputaciones al demandado bajo otro régimen, se estudiarán:
2. Daño especial.
La demanda afirmó que el demandante sufrió perjuicios como consecuencia de la inmovilización de la aeronave de propiedad del demandante y con su vinculación a un proceso penal, por narcotráfico.
Es conocido que el Estado tiene, en y para el cumplimiento de sus cometidos, competencias que permiten que las personas y sus bienes puedan estar sometidos administrativa y judicialmente a procedimientos que buscan definir el estado de certeza sobre ciertas situaciones, entre otros.
Y aunque esas actuaciones se realicen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, es decir legalmente, y aunque los administrados las deben soportar —porque toda persona está obligada a cumplir la Constitución y la ley—, rompen en algunas oportunidades por su naturaleza el principio de igualdad frente a las cargas públicas y pueden causar daños resarcibles. El rompimiento de igualdad de las cargas públicas refiere, de una parte, al padecimiento de una carga mayor por parte de algunos administrados que tiene como fin el mantenimiento del orden social y, de otra, el derecho que tiene quien la soportó injustificadamente, en aras del buen funcionamiento de la Administración de justicia (art. 95 num 7 C.N), a ser indemnizado.
A continuación se estudiarán los hechos que refieren a daño por esas dos actividades del Estado:
a. Daño material por lucro cesante:
Para la Sala como el demandante aludió a que esos hechos —inmovilización de la aeronave de propiedad del demandante y con su vinculación a un proceso penal— y sus pruebas representan una retención prolongada por más de dos años, entiende que afirma, desde otro punto de vista, la causación de daño emergente y, en consecuencia, pide la indemnización de perjuicios.
El demandante no demostró que tuviese la aeronave en estado productivo, pues confesó que estaba en estado de deterioro y además se probó que carecía de permiso para aeronavegabilidad. Sin embargo la Sala percibe, desde otro punto de vista, que la aeronave en sí misma y por ese período de retención representa un capital inmovilizado.
Como se ha sostenido en otras oportunidades, en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia(1), el capital inmovilizado a términos de la legislación civil tiene como mínimo una renta legal anual del 6% (num 2º art. 1.617 del Código Civil); ese porcentaje se aplicará durante el período en que tuvo vida el hecho dañoso sucesivo.
Para tal efecto se tendrá en cuenta el valor de la aeronave, indicado en la Escritura de Compra Nº 2.182 del 26 de mayo de 1987 de la Notaría Tercera del Círculo de Cali, el cual asciende a $ 2.000.000 (fols 2 a 7 vuelto c.1); el período de 2,475 años en el cual permaneció inmovilizada la aeronave a órdenes de la justicia: desde el 30 de agosto de 1989 al 21 de febrero de 1992.
Para deducir el lucro cesante se liquidarán los intereses legales del 6% sobre el valor de $ 2’000.000 de la aeronave por un período en años de 2.475 años; el resultado se indexará teniendo en cuenta como índices, inicial y final, los vigentes a la fecha de ocupación de la aeronave y la de devolución de la misma a su propietario.
La suma resultante, será traída a valor presente, teniendo en cuenta para ello los índices de precios al consumidor para los meses de marzo de 1992, índice inicial del mes siguiente al de entrega de la aeronave, y agosto de 2001, índice final.
Por último y sobre el valor histórico sin incorporar la anterior actualización, se liquidará el 6% anual, por concepto del rendimiento mínimo que debió producir el capital proveniente de la inmovilización de la aeronave, entre el lapso comprendido entre el mes siguiente al de entrega del bien —marzo de 1992— y la fecha de expedición de esta providencia —mes de octubre de 2001—.
Lucro Cesante = 2’000.000 x (0.06 x 2.475 años) = $ 297.000.
Lucro Cesante (actualizado) = $ 297.000 x 28.49200 = $ 567.295,76
Interés legal (Marzo 1992-octubre 2001) = $ 567.295,76 (0.06 x 9.5833) = $ 326.193,92
Valor Histórico Actualizado = $ 567.295,76 (Indice Final)
(Indice Inicial)
Valor Histórico Actualizado = $567.295,76 126,59 = $ 2’463.601
Valor Final = $2´463.601 + $326.193,92
Valor Final = $2´789.794.9
Otro de los daños que afirmó la demanda como consecuencia de las conductas lícitas del Estado fue:
La demanda, vista integralmente, pidió como puede verse en los hechos 38 y 39 indemnización por la aflicción que le produjo la vería del bien y el proceso por narcotráfico adelantado en su contra, dentro del cual se demostró su inocencia. Tales anotaciones de la demanda el Consejo de Estado las tiene como solicitud de indemnización por ese concepto
“(…) durante todo el proceso judicial que tuvo que soportar el señor Eugenio Sandoval La Rotta, injustamente, siendo inocente y sin haber dado lugar con su conducta para que se le abriera ninguna investigación penal, él sufrió intensamente, mantuvo un permanente desasosiego, intranquilidad y preocupación muy superiores a la que su vida normal le había generado hasta entonces (...)” y las “(...) las pérdidas económicas sufridas por la inmovilidad de la aeronave, por el deterioro de la misma, por el saqueo a que fue sometida la Aerocomander, durante todo el lapso de su retención, aumentaron su desmedro patrimonial y su angustia moral (…)”.
Para probar esos antecedentes se practicaron dos testimonios a solicitud del actor, de los señores Nelson Rincón Ruiz y Juan Carlos Restrepo Bedoya el día 17 de marzo de 1995, los cuales se relacionan a continuación:
Nelson Rincón Ruiz, de profesión abogado, manifestó que el señor Eugenio Sandoval para la época de 1987 tenía una empresa de construcción llamada los Faroles, en la cual tenía a su servicio un avión; expresó: “( ) realmente los perjuicios morales sufridos se reflejan o más bien se reflejaron en la persona del señor Eugenio Sandoval en cuanto a la incomodidad, la zozobra, su decaimiento en el estado anímico, circunstancias que le impedían seguir desarrollando cabalmente sus actividades teniendo en cuenta la investigación que pesaba sobre él, además que repercutía notoriamente en sus relaciones sociales, comerciales , esto por el hecho de no poder cumplir a satisfacción con sus compromisos contractuales adquiridos y además el ámbito social donde posiblemente era cuestionado. Era cuestionado por razón de la misma investigación lo cual puede hacer pensar a sus allegados o conocidos que posiblemente el señor Eugenio Sandoval pudiera tener vínculos de narcotráfico, lo que incidía en su trato y en el buen nombre que para aquella época él tenía y esto obviamente representa un serio perjuicio ya que por más que se demuestre posteriormente su inocencia seguirá existiendo la duda o interrogante sobre una investigación injusta por narcotráfico (…)”.
Juan Carlos Restrepo Bedoya, quien apoderó al señor Sandoval en los procesos judiciales adelantados con ocasión de la retención de la aeronave, señaló en relación con los perjuicios materiales y morales: que los hechos por los cuales se demandó le causaron al señor Sandoval graves perjuicios derivados de la no utilización de la aeronave en sus actividades económicas y en el desarrollo del objeto social de la empresa constructora; así como el deterioro sufrido por ella en el tiempo en el que estuvo retenida.
Sobre la causación de perjuicios morales dijo: “(…) Perjuicios morales: porque don Eugenio en la ciudad de Cúcuta era conocido como un señor de buenas costumbres cuyo comportamiento era el normal de un hombre dedicado a las actividades lícitas y por ende al enterarse la comunidad de Cúcuta que dicho señor estaba siendo investigado por posible narcotraficante es tildado como tal sin haberse ni siquiera abierto investigación (…)”.
Agregó que como apoderado del señor Larrota recibió aproximadamente una suma de 10 millones de pesos, por los trámites adelantados ante las distintas autoridades (fls 97 a 102 c.3)
Con la prueba testimonial indicada se demostró únicamente el dolor sufrido por el demandante a consecuencia de verse vinculado a una investigación penal relacionada con narcotráfico; los testigos en lo fundamental señalaron que el actor entró en un estado de zozobra, de decaimiento de su ánimo y que socialmente la vinculación del mismo con el narcotráfico repercutió notablemente en las relaciones sociales y en el buen nombre del demandante. Esas declaraciones unidas a la prueba documental relativa a las decisiones sobre cesación de procedimiento por haberse demostrado la inocencia del actor, dan certeza al Consejo de Estado sobre la existencia del daño moral y, en consecuencia, del derecho del demandante a ser indemnizado.
En relación con el otro daño moral invocado, derivado del deterioro de la aeronave, encuentra la Sala que además de carecer de medio de comprobación, ya que como se advirtió anterioridad la única prueba atinente al perjuicio moral tiene que ver con el perjuicio causado a consecuencia del adelantamiento del juicio penal, quedó establecido asimismo en el proceso que el deterioro de la aeronave no es hecho imputable al demandado.
De acuerdo a lo anterior, la Sala fijará el quantum indemnizatorio relacionado con el daño que tuvo debida comprobación en el proceso, para el efecto tendrá en cuenta la nueva jurisprudencia de la Sala, contenida en la sentencia proferida el día 6 de septiembre de este año.
“Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda (…)” (2).
Por consiguiente teniendo en cuenta esa jurisprudencia y además que la investigación penal duró dos años aproximadamente, que la investigación fue por narcotráfico y la repercusión social de la misma se fijarán como indemnización la suma de $ 7’150.000,oo que corresponden a 25 salarios mínimos mensuales legales del año en curso. El valor del salario fue fijado en $ 286.000 por el Decreto 2.570 de 2000.
A continuación se explicará a cargo de que dependencia de la Nación correrá la indemnización.
D. Cargo de Indemnización:
Con la entrada en vigor de la Carta Fundamental de 1991 y con la expedición de los reglamentos legales y administrativos, se le asignó al Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa), entre otras funciones, la de ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial.
Esa reforma constitucional trajo como consecuencia la derogatoria tácita de la función que tenía el Ministerio de Justicia para dar cumplimiento a las condenas judiciales impuestas a la Nación por actuaciones de la Rama Judicial.
La Constitución de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura (art. 254) y revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para tomar “las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento (…) del Consejo Superior de la Judicatura”, en el artículo transitorio 5 (literal c). Con base en estas facultades el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 2.652, el día 25 de noviembre de 1991; en su artículo 35 determinó como fecha de entrada en vigor la de la promulgación, la cual se realizó el mismo día indicado (Diario Oficial Nº 40.177).
Ese decreto ley relativo a las funciones del Consejo Superior de la Judicatura (Sala Plena) dice lo siguiente en el artículo 4º: “(…) 3.Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial presentado por la Sala Administrativa, y enviarlo al Gobierno, conjuntamente con el de la Fiscalía General de la Nación, para su incorporación en el proyecto de presupuesto nacional (…)”.
El Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa) dictó el día 15 de diciembre 1993 el Acuerdo Nº 113 constitutivo del Reglamento Interno de la Sala Administrativa. En el artículo 2º dispone:
“Funciones. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:
(…) 27. Dictar los reglamentos y demás ordenaciones que sean necesarios para la adecuada ejecución del presupuesto de la Rama Judicial y señalar las competencias y responsabilidades en las distintas etapas de esa ejecución.
Por su parte la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia” (proferida el día 7 de marzo) señala que el Director Ejecutivo de Administración judicial tiene entre otras la función de “7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan;” (art. 99).
De esas normas se establece que es obligación del Director Ejecutivo de Administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura ser ordenador del gasto de las obligaciones que les corresponden.
Por lo tanto como la Nación fue condenada en vigencia de la Constitución de 1991, después de que el Consejo Superior de la Judicatura entrara en funcionamiento y por actuación de varios organismos de la Rama Judicial (Tribunal Superior de Cali, Juzgado 88 de Instrucción Penal Militar, Juzgado Segundo Especializado, etc.) es claro que la condena debe ser pagada, por ser constitutiva de un crédito judicial causado por actuaciones ocurridos con ocasión de la Administración de Justicia.
Sobre este tema es pertinente recordar la decisión de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado proferida el 23 de mayo de 2000, en la cual se estudió in extenso la competencia administrativa en relación con el pago de condenas judiciales emitidas por actuaciones provenientes de la Rama Judicial después de la Constitución de 1991(3).
Finalmente, la Sala encuentra que sí bien la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y que en segunda instancia se encuentra razón también para condenar parcialmente, las consideraciones de esta última instancia son totalmente diferentes.
MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 27 de septiembre de 1996.
1. DECLÁRASE parcialmente próspera la excepción de caducidad propuesta por la Nación (Ministerio de Justicia y del derecho), respecto del hecho demandado por “daños ocasionados por la mora administrativa” para emitir el concepto de moralidad y antecedentes del señor Sandoval la Rotta.
2. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho) por los daños materiales y morales ocasionados al señor Eugenio Sandoval la Rotta a consecuencia del proceso judicial adelantado en su contra, de acuerdo a lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.
3. CONDÉNASE a la Nación (Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura- Director Ejecutivo de Administración judicial) a pagar la suma de diez millones novecientos treinta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos con noventa centavos ($ 10’939.794,90) representados así: por concepto de perjuicio material, por lucro cesante, dos millones setecientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos ($ 2´789.794.9) y por .concepto de perjuicio moral siete millones ciento cincuenta mil pesos ($ 7.150.000).
1 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias: de 1 de marzo de 1994. Expediente 6.755, actor: María Amparo Fuentes y otro; de 19 de julio de 2000. Expediente 13.244, actor: Julio Ribero Martínez.
- C.S. de J. Sala de Negocios Generales. 1º de junio de 1957. G.J. T. LXXXV. Pág. 584; 22 de julio de 1959, G.J. T. XCI. Pág. 283; 16 de agosto de 1963, G.J. T. CIII. Pág. 628; 8 de julio de 1964, G.J. T. CVIII. Pág. 294.
2 Sección Tercera del Consejo de Estado. Expedientes Acumulados 13.232 y 15.646. Actores: Belén González y otros – William Alberto González y otra.
3 Auto del 23 de mayo de 2000; actor: Fiscalía General de la Nación; expediente Nº C-580.