Source: https://www.scribd.com/document/47629659/Sentencia-Final-Tee-Ssi-Rap-026-2011
Timestamp: 2017-09-22 15:37:38
Document Index: 307772167

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 44', 'artículo 16', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 69', 'artículo 73', 'artículo 28', 'artículo 49', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'ARTÍCULO 90', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 350', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 20', 'Artículo 337', 'Artículo 338', 'Artículo 339', 'artículo 337', 'Artículo 340', 'Artículo 341', 'Artículo 342', 'Artículo 343', 'Artículo 344', 'artículo 343', 'Artículo 345', 'artículo 341', 'Artículo 346', 'Artículo 347', 'Artículo 348', 'Artículo 349', 'Artículo 350', 'Artículo 351', 'Artículo 352', 'artículo 349', 'artículo 74', 'artículo 17', 'artículo 133', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 350', 'artículo 49', 'artículo 17', 'artículo 133', 'artículo 36', 'artículo 36']

Sentencia Final Tee Ssi Rap 026 2011
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TEE/SSI/RAP/040/2010.
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SALA DE SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN EXPEDIENTE: TEE/SSI/RAP/026/2011. ACTOR: COALICIÓN ―TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO‖, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA. AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. TERCERO INTERESADO: COALICIÓN ―GUERRERO NOS UNE‖, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MTRA. ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ.
Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de enero de dos mil once. VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro citado, en el Recurso de Apelación promovido por el ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por la omisión de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, para emitir el dictamen dentro de la queja IEEG/CEQD/089/2010, y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero por omitir resolver el fondo del asunto planteado en la queja; y R E S U L T A N D O: I. Inicio del Proceso Electoral. El día quince de mayo del presente año, dio inicio el proceso electoral para elegir Gobernador en la Entidad, celebrándose
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en ese día la Sesión de Instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.
II. Presentación de la Queja. Con fecha dieciocho de noviembre del año dos mil diez, el ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, interpuso ante esa autoridad, escrito de queja por la comisión de irregularidades y faltas administrativas, en contra de los Partidos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, la Coalición ―Guerrero nos une‖ y su candidato al cargo de Gobernador del Estado de Guerrero, ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero.
III. Acuerdo de Admisión y Emplazamiento de la Queja. Mediante acuerdo de fecha veinte de noviembre del año próximo pasado, dictado por el ciudadano ARTURO PACHECO BEDOLLA, Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, por ante el ciudadano RAMÓN RAMOS PIEDRA, Secretario Técnico de dicha Comisión, se tuvo por presentando al promovente la queja administrativa en materia electoral; radicándose bajo el número IEEG/CEQD/089/2010, se admitió a trámite la queja y se ordenó emplazar a los denunciados la Coalición ―Guerrero nos une‖ y ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato a Gobernador del Estado de Guerrero.
IV. Respuesta al Emplazamiento de la Queja IEEG/CEQD/089/2010.Mediante auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diez, se tuvo a los denunciados Partidos: Convergencia, de la Revolución Democrática y del Trabajo, la Coalición ―Guerrero nos une‖ y su candidato al cargo de Gobernador del Estado de Guerrero, ciudadano Angel Heladio Aguirre Rivero, por contestando el emplazamiento de la queja, en términos de los escritos de fechas veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil diez, respectivamente.
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V. Acuerdo que tiene por desahogada la diligencia de inspección y niega la medida cautelar. Por auto acuerdo de fecha seis de diciembre del año próximo pasado, se tuvo por desahogada la diligencia de inspección a la página de internet http://twitter.com/angelaguirre, solicitada por el quejoso; negándose la medida cautelar solicitada, consistente en el retiro de la propaganda denunciada, y ordenándose notificar a las partes.
VI. Contestación de la queja IEEG/CEQD/089/2010 y admisión de pruebas. Por auto de fecha veinte de diciembre de dos mil diez, se tuvo a los denunciados por contestando la queja seguida en su contra, admitiéndose los medios de prueba conducentes, las cuales se tuvieron por desahogadas en el acto por su propia y especial naturaleza, determinándose innecesario ordenar alguna otra diligencia para integrar el expediente de queja, ordenándose dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
VII. Acuerdo que tiene por no desahogada la vista. Por acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil once, se tuvo a las partes por no desahogando la vista dada respecto de la contestación a la queja y admisión de pruebas.
VIII. Presentación de escrito solicitando se resuelva la queja. Mediante escrito recibido con fecha dieciséis de enero del año en curso, el quejoso solicitó al Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, se resolviera la queja en un breve término.
IX. Presentación del recurso de apelación. Con fecha diecinueve de enero de dos mil once, el ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, interpuso recurso de apelación por la omisión de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la
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Normatividad Electoral, para emitir el dictamen dentro de la queja IEEG/CEQD/089/2010, y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero por omitir resolver el fondo del asunto planteado en la queja.
X. Registro y turno del expediente a la Magistrada Ponente. Mediante Acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil once, dictado por el Magistrado Presidente de la Sala de Segunda Instancia de este Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número
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XI. Acuerdo de recepción de expediente. Por acuerdo de fecha veinticuatro de enero del año en curso, la Licenciada ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ, Magistrada Ponente de la Sala de Segunda Instancia de este Órgano Jurisdiccional Electoral, acordó: tener por recibido el expediente del Recurso de Apelación de referencia y se reservó acordar lo conducente.
X. Acuerdo de admisión y cierre de instrucción. Mediante proveído de fecha veinticuatro de enero de dos mil once, la Licenciada ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ, Magistrada Ponente de la Sala de Segunda Instancia de este Tribunal, acordó: la admisión del recurso que nos ocupa, al estar sustanciado el expediente, declaró cerrada la instrucción. En consecuencia, ordenó formular el proyecto de resolución para someterlo a la consideración del Pleno de esta Sala de Segunda Instancia; y
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, es competente con plena jurisdicción, para conocer y resolver el Recurso de Apelación en estudio, atento a lo dispuesto por los artículos 25 párrafos veinticinco, veintiséis,
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veintiocho y treinta y dos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 5, 9, 44 párrafo segundo, fracción I y 47 párrafo primero de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 1, 4 fracción I,15 fracción IV, 17 fracciones XV y XVIII de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, y 5 fracciones I, III, VIII y X del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.
SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Previo al estudio de fondo del medio de impugnación que se analiza, es necesario determinar si el escrito de demanda reúne los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 11, 12, 17 fracción I, inciso a), 44, segundo párrafo, fracción I y 49 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, por ser su estudio preferente y de orden público, pues de no reunirse, se hace improcedente entrar al análisis de fondo del acto reclamado.
a) Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal de cuatro días a que se refiere el artículo 11 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, en razón de que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, para emitir el dictamen dentro de la queja IEEG/CEQD/089/2010, y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero por omitir resolver el fondo del asunto planteado en la queja; acto que en su caso es de aquellos que por su naturaleza son de tracto sucesivo, por lo que en consecuencia hasta en tanto no se colme la pretensión del recurrente se siguen surtiendo sus efectos omisivos, por lo tanto, la presentación del recurso de apelación es oportuna mientras subsista la obligación de las responsables.
Sirve de apoyo a la determinación a que arriba la sala resolutora la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación numero 6/2007, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:
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PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.—Un principio lógico que se ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se reputan comprendidos los que no se agotan instantáneamente, sino que producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos, consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo de partida para considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, ya que su realización constante da lugar a que de manera instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que constituye la base para computar el plazo, lo cual lleva al desplazamiento consecuente hacia el futuro del punto terminal, de manera que ante la permanencia de este movimiento, no existe base para considerar que el plazo en cuestión haya concluido. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-033/99.—Actora: Noelia Hernández Berumen.—Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.—12 de octubre de 1999.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Eloy Fuentes Cerda.—Secretaria: Adriana Margarita Favela Herrera. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-39/2000.— Actor: Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave.—Unanimidad de votos.—5 de abril de 2000.—Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Eduardo Arana Miraval. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridad responsable: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.— Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.— Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.
b) Forma. El ocurso que contiene el medio de impugnación objeto de estudio cumple con los requisitos generales previstos en el artículo 12 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, en razón de que la demanda se interpuso por escrito ante la Autoridad Responsable; en ella se satisfacen las exigencias formales para su presentación, como son: señala el nombre del actor y domicilio para oír y
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recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas para los mismos efectos; menciona expresamente el acto impugnado y las autoridades responsables; precisa de manera expresa los hechos en que basa la impugnación; el agravio que le causa el acto impugnado; los preceptos presuntamente violados; relacionó las pruebas y consta en la demanda; el nombre y firma autógrafa del promovente.
Por cuanto al requisito de procedencia del medio de impugnación previsto en el artículo 44, segundo párrafo, fracción I de la Ley Adjetiva Electoral, se cumple, puesto que el recurrente es el ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mientras que la omisión (acto reclamado) se imputa a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, para emitir el dictamen dentro de la queja IEEG/CEQD/089/2010, y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero por omitir resolver el fondo del asunto planteado en la queja, colmándose en consecuencia dicho requisito. c) Legitimación. El medio de impugnación fue promovido por parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 fracción l y 17 fracción l, en relación con el párrafo segundo, fracción l del artículo 22 y 49 fracción l de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero Número 144, los cuales establecen:
“ARTICULO 16.- Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes: I. El actor, que será quién estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de representante, en los términos de este ordenamiento..” “ARTICULO 17.- La presentación de los medios de impugnación corresponde a:
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I. Los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos: a) Los registrados formalmente ante el Órgano Electoral
responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados…” “ARTÍCULO 22. … El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad
responsable, por lo menos deberá contener: I. En su caso, la mención de si el promovente o el compareciente, tienen reconocida su personería…” “ARTICULO 49.- Podrán interponer el recurso de apelación: I. De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de esta ley, los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos…”
Ahora bien, es de precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, párrafo sexto y décimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los Partidos Políticos, son entidades de interés público, con derecho de participar en las elecciones locales debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley.
En el caso que nos ocupa el ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, promueve en su carácter de Representante de la citada Coalición, misma que de conformidad con lo previsto por el artículo 69 fracción I, en relación con el artículo 73 fracción XI, de la referida ley, acreditó al promovente como su Representante, así como para la interposición de los medios de impugnación.
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En términos de lo anterior, la legitimación del recurrente se encuentra debidamente acreditada, por ser del dominio general que los partidos políticos que integran la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, tienen reconocido su registro como partidos políticos nacionales por el Instituto Electoral del Estado, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y están legitimados para formar coaliciones y, en su caso, promover los medios de impugnación, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. En ese mismo tenor, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, en su artículo 17 fracción I, inciso a), establece que la presentación de los medios de impugnación corresponde a los Partidos Políticos en el caso concreto a las coaliciones a través de sus Representantes legítimos, entendiéndose por ellos a los registrados formalmente ante el Órgano Electoral responsable, que dictó el acto o resolución impugnado, confirmándose la legitimidad en virtud de que la Autoridad Responsable Comisión especial para la tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en su informe circunstanciado reconoce la personalidad del promovente, documental que obra a foja 33 del expediente que se resuelve, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. d) Personería. En los mismos términos, la personería del ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se encuentra debidamente acreditada en términos del artículo 17 fracción I, inciso a) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado con la constancia exhibida por el promovente, la cual obra a foja 18 del expediente en que se actúa.
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Conforme al análisis anterior, esta Sala de Segunda Instancia considera que se cumplen los requisitos de procedencia estipulados en los artículos 11, 12, 17 fracción I, inciso a), 44, párrafo segundo, fracción I y 49 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado Número 144.
e) Escrito de Tercero interesado. Durante la tramitación del Recurso de Apelación que se resuelve, mediante escrito presentado el veintidós de enero del año en curso, compareció el ciudadano SEBASTIAN ALFONSO DE LA ROSA PELAEZ, en su calidad de Representante Propietario de la Coalición “Guerrero nos Une”, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ostentándose con el carácter de tercero interesado.
Escrito que fue presentado dentro del plazo legal previsto para esos efectos, de conformidad con la certificación del Secretario General del Instituto Electoral del Estado, que obra a foja 22 del expediente que se resuelve.
En el escrito del Tercero Interesado se hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así también, se formulan la oposición a las pretensiones del Actor, Tercero Interesado que tiene reconocida legitimación, pues en términos del artículo 16, párrafo primero fracción lll, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, la Coalición “Guerrero nos Une” tiene un derecho oponible al de la actora, en tanto que su pretensión es que se califiquen de improcedentes los agravios expresados.
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f) Omisión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para sustanciar el recurso. El artículo 21 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, establece las responsabilidades de las autoridades responsables en la tramitación de un medio de impugnación, obrando en autos que el medio de impugnación que se resuelve, se señala como autoridades responsables a la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, sin que conste que este último haya dado cumplimiento a sus responsabilidades deducidas de la interposición del recurso que se resuelve, no obstante que el medio de impugnación se dirige al “MTRO. CESAR GUSTAVO RAMOS CASTRO, CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO”, omitiendo dar cumplimiento a lo mandatado por la normatividad de la materia.
En efecto, como se desprende de los autos del juicio que se resuelve, el medio de impugnación sólo fue sustanciado por la autoridad responsable
denominada Comisión Especial de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto Electoral del Estado, no así por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, no obstante haber sido señalado éste, como autoridad responsable. Al respecto esta sala resolutora determinó no requerir a dicha autoridad el trámite del medio, esto a fin de no continuar con la omisión de que se duele el recurrente, máxime que a nada práctico conduciría por lo avanzado del proceso electoral de Gobernador del Estado de Guerrero, toda vez que de mandatarse el trámite en vez de proveer la expeditez del presente asunto generaría un mayor retardo de la solución del mismo, circunstancia que sería contraria a la pretensión el actor, si tomamos en cuenta que ésta se hace consistir en la omisión imputada precisamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para resolver el fondo del asunto planteado en la queja.
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Por tanto en aplicación de lo dispuesto por el artículo 23 fracción III de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, se le tuvo por omisa a la referida autoridad en el cumplimiento de sus obligaciones y por presuntamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada por el actor, salvo prueba en contrario, al no haber rendido el informe circunstanciado.
TERCERO. Estudio de Causales de Improcedencia. En razón de que las causales de improcedencia son de orden público y de observancia obligatoria, su análisis es preferente al estudio de fondo.
Al respecto tiene aplicación la siguiente tesis relevante emitida por la Sala de Segunda Instancia de este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, cuyo rubro y texto es el siguiente: “IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO. Conforme al artículo 1 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, que establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y con base en que la procedencia de todo medio de impugnación es un presupuesto procesal que debe estudiarse en forma previa, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, debe examinar con antelación y de oficio la procedencia de los medios impugnativos en materia electoral, con independencia de que sea alegado o no por las partes. Juicio Electoral Ciudadano.- TEE/SSI/JEC/098/2008.- Actores: Daniel Meza López y Eger Gerardo Gálvez Pineda.- 12 de octubre de 2008.- Unanimidad de votos.- Ponente: Magistrado Isaías Sánchez Nájera.” La Comisión especial para la tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, expresa en su Informe Circunstanciado que en el Recurso de Apelación que promueve la Coalición ―Tiempos Mejores para Guerrero‖, a través de su Representante acreditado ante el Instituto Electoral del Estado, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones I y V, del artículo 14 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, las cuales para un mejor análisis se transcriben:
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“ARTICULO 14. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos: I. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente; omita cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones II u VIII del artículo 12 de este mismo ordenamiento; resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no se formulen hechos y agravios o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos, no se pueda deducir agravio alguno; … … V. Que no se hayan agotado las instancias previas establecidas por la ley para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado.
En síntesis, la autoridad responsable, argumenta que, de acuerdo al Título Sexto, Capítulo Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas se constituye por distintas etapas, las cuales deben ser agotadas todas y cada una de ellas para que se cumplan las formalidades establecidas, por lo que dicha autoridad responsable no se ha excedido del plazo para dictaminar lo que en derecho proceda respecto a dicho procedimiento administrativo de queja, máxime que éste se encuentra en la etapa instructiva.
Derivado de lo anterior, al realizar el análisis de dicho argumento esta Sala Resolutora llega a la plena convicción que las causales hechas valer por la responsable guardan intima relación con el estudio de fondo, por lo que será objeto de análisis en el considerando de fondo de la presente resolución.
Sin que pase desapercibido para la sala resolutora que el tercero interesado al comparecer no hizo valer alguna causal de improcedencia, ni se aprecia por la resolutora la procedencia de oficio de alguna causal.
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CUARTO. Del contenido del medio de impugnación. Al haberse declarado que las causales de improcedencia hechas valer por la Responsable en mención, serán analizadas en el considerando de fondo de la presente resolución, resulta oportuno describir el contenido del medio de impugnación, escrito de Tercero Interesado e Informe Circunstanciado:
Contenido del Medio de Impugnación. El recurrente hizo valer en su
escrito de demanda lo siguiente:
ANTECEDENTES 1. Corno se desprende de las actuaciones que obran en el expediente de la queja IEEG/CEQD/089/2010, mi representada presentó denuncia ante el Instituto Electoral del Estado Guerrero, mediante la cual, hizo del conocimiento de dicha autoridad diversas irregularidades cometidas por el Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia, que integran hoy la coalición "Guerrero nos une" y su candidato Ángel Heladio Aguirre Rivero. 2. Dicha queja fue remitida a la Comisión Especial para la tramitación de Quejas y Denuncias, asignándosele el número de expediente IEGG/CEQD/089/2010. 3. No obstante que el hecho señalado en el numeral anterior ocurrió hace mas de treinta días, y que al día de hoy restan tan solo doce días para que se celebre la jornada electoral, tanto la Comisión de Quejas, como el Consejo General, ambos del Instituto Electoral del .Estado han omitido dictaminar y resolver, respectivamente, sobre el fondo de la cuestión planteada por mi representada, lo que constituye una flagrante violación a la garantía de gozar de una pronta, imparcial, expedita y completa impartición de justicia prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Por tal motivo, mediante escrito de fecha 12 de enero del año dos mil doce, el suscrito C. Roberto Torres Aguirre, solicité a la Comisión Especial de Quejas y Denuncia del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero, que emitiera el dictamen definitivo en la precitada queja; hecho que hasta la fecha de presentación del presente recurso, no ha ocurrido.
AGRAVIOS ÚNICO. FUENTE DE AGRAVIO. Causa agravio mi representada, la omisión de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias de dictaminar, y del Consejo General de resolver, el fondo del expediente en que se actúa, no obstante que ha transcurrido tiempo en exceso para ello, que le ha sido solicitado por escrito, y que restan tan solo doce días para que se verifique la jornada electoral, violentando la garantía constitucional consagrada a favor de mi representada para gozar de una pronta, imparcial, expedita y completa impartición de justicia, tal como lo previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS. En el caso que nos ocupa, la autoridad recurrida viola en perjuicio de mi representada el contenido de los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1; 4; 90, 99, fracciones I, XX, XXVI, XXX y 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como 1, 3, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. CONCEPTO DE AGRAVIO. En el caso que nos ocupa, la resolución impugnada viola en perjuicio de mi representada el contenido de los artículos 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1; 4; 90, 99, fracciones I, XX, XXVI, XXX y 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como 1, 3 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero prevé: Artículo 1º.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. El Poder Público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos. Por su parte el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los términos y plazos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en Consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El precepto constitucional que se cita, obliga a los tribunales encargados de impartir justicia, a hacerlo en los términos y plazos que fijan las leyes, constituyendo tal obligación una garantía constitucional de seguridad y legalidad jurídica a favor de quienes forman parte de algún proceso en el que se tenga que decidir el derecho; dicha garantía no solo implica el acceso a la sana y correcta impartición de justicia, sino también que esta sea expedita y pronta, a fin de que los conflictos jurisdiccionales se resuelvan a la mayor brevedad posible, es por ello, que todo retraso en, las diligencias, actos, o resoluciones de cualquier autoridad, constituye una violación a esta disposición constitucional. Por otra parte, se tiene que los artículos 90, 99, fracciones I, XX, XXVI, XXX y 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como 29 y 30 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, establecen en lo que interesa que: "ARTÍCULO 90.- El Consejo General del Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
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constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral." "ARTICULO 99.- El Consejo General del Instituto Electoral, tiene las siguientes atribuciones: l. vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; ….
XX. Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen; con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
XXVI. Investigar por los medios legales pertinentes, todos aquellos hechos relacionados con el proceso electoral y de manera especial, los que denuncie un partido político o coalición, consejero electoral u órgano de/ Instituto Electoral, que impliquen violación a la Ley, por parte de las autoridades o de otros partidos o coaliciones, o violencia en contra de su propaganda, candidatos o miembros;
XXX. Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la presente Ley;
... En el caso que nos ocupa, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Guerrero, ha dilatado en exceso el trámite de los asuntos que le han sido puestos a su consideración, no obstante que, como es de explorado derecho, por su propia y especial naturaleza, la materia electoral requiere de trámites expeditos y de celeridad inusitada, ya que se encuentra sujeta a un periodo calendario específico, como en el caso, lo es la celebración de la jornada electoral en doce días, por lo que al no emitir su dictamen y resolución definitiva en el fondo del asunto denunciado, tanto la referida Comisión, como ese Consejo Genera, se encuentran obstaculizando en forma gratuita y perniciosa, la administración de justicia a que tiene derecho mi representada y a su entero perjuicio. Lo anterior encuentra sustento en el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante cuyo rubro reza OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES, del que se desprende el siguiente razonamiento: "...si bien las normas que dan sustento al sistema de medio de impugnación contienen expresiones que se refieren a actos y resoluciones de las autoridades electorales, es decir, un acto de autoridad que modifica, crea o extingue derechos u obligaciones, lo cierto es que resultaría nugatorio del acceso a la justicia desconocer la existencia de hechos que son susceptibles de alterar el orden constitucional y legal, generados a partir de la omisión de la autoridad en aquellos casos en que exista una norma jurídica que le imponga a ésta el deber jurídico de actuar..."
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En este aspecto, es preciso señalar que los efectos de dicha omisión se siguen sucediendo de momento a momento mientras ésta subsista; por lo tanto, la naturaleza de la mencionada inactividad implica una situación de tracto sucesivo; razón por la cual la impugnación que se propone se presenta en tiempo, ya que ha sido criterio sostenido por la Sala Superior que el afectado por una omisión, podrá controvertirla en cualquier momento mientras tal conducta omisiva subsista. Al respecto, resulta aplicable la tesis relevante S3EL 046/2002, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES.—En términos de lo dispuesto en el artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se .impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación. Bajo ese contexto, la omisión de la autoridad responsable para dictaminar, resolver y en su caso sancionar a quien infringen la ley, provoca en mi representada coalición "Tiempos mejores para Guerrero" vulnerabilidad en sus derecho, ya que precisamente, una de las finalidades del procedimiento administrativo sancionador es inhibir, a través del ejemplo de la sanción, la práctica de conductas ilegales que dañen la legalidad del proceso electoral, lo que la responsable ha violentado con su falta de acción y resolución, en perjuicio de la normalidad del proceso electoral. Además, la conducta omisiva de la .autoridad recurrida, vulnera la esfera jurídica de mi representada coalición "Tiempos mejores para Guerrero", porque no se ha realizado una acción ejecutiva inmediata y eficaz, que ponderando los elementos que obren en el expediente de queja aportados por el solicitante, que determine que la demandada se encuentra infringiendo la ley electoral vigente en el estado; por lo que la inactividad procesal de la autoridad recurrida puede producir daños o lesiones irreparables a mi representada. Ahora bien, esta clase de actos, como todo acto de molestia, necesariamente la autoridad debe fundar y motivar la negativa de su dictado, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.
Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no, y en su caso, determinar si procede y debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación. Esto, porque aun cuando existe un cierto grado de discrecionalidad de la autoridad a quien corresponde decidir si la acuerda, tal facultad no puede trasladarse al campo de la arbitrariedad.
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Empero, debe decirse que los principios aludidos no son los únicos que guían los procesos electorales, sino deben articularse con aquéllos que se desprenden del conjunto de bases normativas intrínsecas al sistema jurídico electoral, que permiten su pleno y adecuado funcionamiento entre los que podemos destacar los de equidad e imparcialidad. Por tanto, si dichos principios son fundamento de los actos y resoluciones electorales, es factible concluir que cuando se compruebe fehacientemente que alguno de ellos ha sido transgredido de manera trascendente, esto es, de modo tal que exista la posibilidad de contrariarlo poniendo en duda la legitimidad y credibilidad de los procesos electorales y de quienes resulten electos, los actos que conlleven a tal consecuencia deben hacerse cesar de forma inmediata. A efecto de evidenciar que en el presente caso es procedente el ejercicio de tal potestad, conviene citar la siguiente tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES.— La finalidad perseguida por el artículo 6o., apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al establecer que la resolución de controversias debe hacerse con plenitud de jurisdicción, estriba en conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la autoridad responsable en lo que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. Sin embargo, como ocurre en todos los casos donde opera la plena jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de apelación de los juicios civiles y penales, existen deficiencias que atañen a partes sustanciales de la instrucción, que al ser declaradas inválidas obligan a decretar la reposición del procedimiento, algunas veces desde su origen. En estos casos, sí se tiene que ocurrir al reenvío, a fin de que el órgano competente integre y resuelva el procedimiento respectivo, sin que corresponda al revisor avocarse a la sustanciación del procedimiento. Conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción respecto de actos administrativos electorales, debe operar, en principio, cuando las irregularidades alegadas consistan exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos, éstos son los que cuentan con los elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos, así como con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios que se deben emplear para su desempeño, a menos de que se trate de cuestiones materiales de realización relativamente accesible, por las actividades que comprenden y por el tiempo que se requiere para llevarlas a cabo, e inclusive en estos casos sólo se justifica la sustitución, cuando exista el apremio de los tiempos electorales, que haga indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz para dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir al mínimo sus efectos reales. Revista Justicia Electoral 2004, Tercera Época, suplemento 7, páginas 49-50, Sala Superior, tesis S3EL 019/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 778-779." En estricta referencia a la tesis antes invocada, debe decirse que el caso que nos ocupa, es indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz de esa autoridad jurisdiccional para dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado, lo anterior
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en virtud de que las campañas electorales concluyen el próximo 26 de enero del presente año y aun no se ha dado la resolución correspondiente a la queja promovida por mi representada coalición "Tiempos mejores para Guerrero". En razón de lo expuesto, es que solicito a esa H. Sala apremie a la autoridad correspondiente; para que dicte la resolución de fondo que en derecho proceda respecto de la queja promovida por mi representada coalición "Tiempos mejores para Guerrero" a fin de salvaguardar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral que se lleva a cabo.
b) Contenido del Escrito del Tercero Interesado. La Coalición ―Guerrero nos Une‖, en su carácter de tercero interesado hizo valer lo siguiente:
RAZONES DEL INTERÉS JURÍDICO Y PRETENSIONES DEL COMPARESCIENTE.- El interés jurídico del compareciente se funda en que dentro del expediente formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el representante de la coalición "Tiempos Mejores para Guerrero", derivado del expediente de queja administrativa IEEG/CEQD/089/2010, mi representada, coalición electoral "Guerrero nos Une", que participa en el proceso electoral para elegir gobernador en el Estado de Guerrero, funge como parte actora en el expediente que promuevo; por lo que, la posible sanción que pudiera recaer en el expediente señalado, puede afectar la esfera jurídica de mi representada y los bienes patrimoniales que lo integran. La pretensión de mi comparecencia, según lo expongo más adelante, tiene como finalidad demostrar que los argumentos vertidos en su escrito de apelación presentado por el representante de la coalición "Tiempos Mejores para Guerrero" son infundados e improcedentes, por las siguientes consideraciones: CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN "TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO" Resultan imprecisos, generales y difusos los razonamientos manifestados por el recurrente en su escrito de impugnación de fecha 18 De enero del año en curso que presento ante este instituto el día 19 de enero del mismo año, mediante el cual pretende justificar su acción mediante argumentos infundados como lo manifiesta en en su escrito de apelación en en su capitulo de agravios referente a la omisión de la comisión especial para la tramitación de quejas y denuncias de dictaminar y del consejo general de resolver el fondo del presente expediente. Visible a foja 6, en su capítulo de MOTIVOS DE AGRAVIO, ÚNICO, del escrito que contesto, el apelante manifiesta que la omisión que combate no está debidamente fundada ni motivada; que el principio de exhaustividad deja de ser aplicado por el personal del del instituto estatal electoral del pues el apelante lo que combate en este momento procesal no es materia de litis, por algunos elementos que, a su juicio, debieron incluirse en la misma; y por último, que el principio de igualdad procesal se violó en
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su perjuicio porque el apelante ; omitiendo citar los preceptos legales y constitucionales que pudieron ser aplicados de manera inexacta por la autoridad responsable, o bien, aquéllos de dejaron de ser aplicados en su perjuicio; agregando que la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral no realizó una valoración adecuada en cuanto a la prontitud de resolver el proceso de este expediente Las manifestaciones de la parte apelante devienen infundadas e inoperantes, en virtud de que sus argumentos son meras apreciaciones subjetivas respecto de la forma en cómo la autoridad responsable ha de desarrollar el procedimiento en cuanto a su competencia pues la parte apelante supuestamente se adolece de algunos actos procesales de omisión en cuanto al procedimiento en el expediente IEEG/CEQD/089/2010. No obstante lo anterior, cabe señalar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero y la comisión especial para la tramitación de quejas y denuncias de este mismo instituto, actúa conforme a derecho toda vez que la autoridad responsable debe de agotar las instancias previas en cuanto al procedimiento y en el presente asunto no se han agotado las etapas previas procesales para que esta autoridad dicte su resolución correspondiente; porque, como es bien sabido, no es necesario que los elementos de convicción aportados en actuaciones causen el origen para dictar una resolución la parte apelante debería de desistirse de la queja infundada que interpuso , sino que basta que de los mismos elementos se desprende el indicio de la existencia de la irregularidad, para que en base a ese elemento, pueda ser decretada por el órgano electoral, en virtud de que no se está resolviendo de fondo la situación planteada, sino que son etapas procesales que se tienen que desahogar. De los argumentos vertidos por el inconforme en su escrito de apelación, se puede apreciar contundentemente que el procedimiento ventilado en el expediente mencionado con antelación se ha aplicado con eficiencia en cuanto a sus términos y acuerdos dictados por la autoridad responsable: " [. . . ] Dicha inconformidad adolece de los elementos indispensables para su eficacia y desarrollo del procedimiento instaurado, por tanto lo que solicita el apelante carece de elementos su agravio resultando de esto totalmente inoperante la solicitud de apelación del quejoso. De una correcta interpretación, a contrario sensu, podemos afirmar que el impugnante se entiende que reconoce que el procedimiento es el adecuado pues con anterioridad no impugno esta supuesta anomalía procesal. Ahora bien, si nuestra legislación ha reconocido la naturaleza del procedimiento y ha sostenido que son de etapas procesales que indiscutiblemente se tienen que agotar por que no prejuzgan el fondo del asunto; que pueden ser decretadas por el juzgador cuando se considere que la irregularidad denunciada puede ocasionar un grave daño de imposible reparación y que basta que existan elementos suficientes o indicios para soportarlas; entonces tenemos que el Órgano electoral esta actuando conforme a derecho. En lo que respecta a lo manifestado por el recurrente en su único
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MOTIVOS DE AGRAVIO; no le asiste razón al inconforme cuando dice que se violentó en su perjuicio el principio de aplicación de una pronta, imparcial, expedita, y completa impartición de justicia, la justicia; esto es así porque la autoridad electoral en ejercicio de sus facultades indagatorias no está obligada a resolver sin a ver agotado y desahogado las etapas procesales que regulan el procedimiento solicitado en un proceso para que las mismas intervengan dentro de la diligencia que deba realizar, porque podría suceder que los hechos materia de la averiguación fuesen alterados, ocultados o desaparecidos por el posible infractor, tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecido en el siguiente criterio jurisprudencial: Tipo de documento: Tesis relevante Tercera época Instancia: Sala Superior Fuente: Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "Justicia Electoral" No. Tesis: SUPO34.3 EL1/2005 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. EN LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN NO ES REQUISITO CITAR AL REPRESENTANTE DEL INCULPADO.— Por la naturaleza inquisitiva del procedimiento administrativo sancionador electoral, no es dable que en la práctica de las diligencias llevadas a cabo por el servidor público encargado de la investigación, se permita la intervención del representante de los sujetos a ella, porque ese momento de la indagatoria no constituye una etapa en la que el funcionario encargado de la pesquisa deba ajustarse al principio contradictorio en la preparación y desahogo de las actuaciones que vaya a llevar a cabo y, como consecuencia de ello, dar vista a los representantes de los investigados para su asistencia a las diligencias. Además implicaría retardar el desarrollo de la indagatoria e igualmente podría suceder, que los hechos materia de la averiguación fuesen alterados, ocultados o desaparecidos por el posible infractor, de modo que cuando la autoridad despliegue estas facultades ya no se encontraría en posibilidad de conocer al responsable de la infracción o la existencia material de la irregularidad. Por lo tanto, no es un requisito de validez para la investigación de las irregularidades en que hubieran incurrido los inculpados, la asistencia de sus representantes a las diligencias correspondientes. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-216/2004.—Partido Acción Nacional.—8 de octubre de 2004.—Unanimidad de votos.— Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Arnulfo Mateos García. Sala Superior, tesis S3EL 034/2005. De esta manera tenemos que en las actuaciones que forman el expediente de queja fueron valorados por la autoridad electoral responsable conforme a las reglas previstas por la Ley, fundamentando y motivando razonadamente en sus acuerdos, debiéndose pronunciar en el mismo sentido esa Autoridad Jurisdiccional por estar en condiciones dictar una
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resolución conforme a derecho y no violar la normatividad procesal.
c) Contenido del Informe Circunstanciado. La Autoridad Responsable hizo valer en su Informe Circunstanciado lo siguiente:
POR CUANTO AL PLAZO EN QUE FUE INTERPUESTO. Por tratarse de un acto de tracto sucesivo, al respecto no existe certificación del plazo para promover el presente medio efe impugnación, toda vez que impugna la presunta omisión de esta Comisión para dictaminar la queja registrada con el número de expediente al rubro indicada, lo que en la especie el acto se ha venido dando a través del tiempo.
POR CUANTO A LA PERSONERÍA DE QUIEN LO INTERPONE Se reconoce la personaría del recurrente Roberto Torres Aguirre, como representante de la Coalición "Tiempos Mejores para Guerrero", integrada por los partidos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en términos de la constancia exhibida por el impugnante adjunta a su escrito de apelación.
POR CUANTO A LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser de orden público y su examen preferente, dejo en manos de esta autoridad jurisdiccional el estudio de las causales de improcedencia del medio de impugnación que se informa. No obstante, a continuación expongo las siguientes causales que se derivan del presente medio de impugnación, dentro de los cuales se configura aquellas derivadas de las disposiciones del ordenamiento legal que reglamenta la sustanciación de los medios de impugnación. De conformidad con el artículo 14 fracciones I y V de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que los medios de impugnación serán improcedentes cuando ésta sea notoria y se derive de las disposiciones legales del citado ordenamiento legal; o bien, que no se hayan agotado las instancias previas establecidas por la ley para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado. El contenido de las citadas disposiciones a la letra dicen: ARTÍCULO 14.- Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos: I. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente; omita cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones II u VIII del artículo 12 de este mismo ordenamiento; resulte videntemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desecamiento a que se refiere este párrafo, cuando no se
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formulen hechos y agravios o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos, no se pueda deducir agravio alguno;"
V.- Que no se hayan agotado las instancias previas establecidas por la Ley para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud, de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o animado. En el presente caso el inconforme/pretende hacer valer ante esta autoridad resolutora, que la Comisión Especial para la Tramitación cíe Quejas y Denuncias Instaurada por Violaciones a la Normatividad Electoral, ha excedido el plazo para resolver la queja interpuesta por el recurrente, violando en consecuencia las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 16 y 17, provocando daños irreparables a su representada. Al respecto, debe decirse que conforme a las deposiciones normativas que establece el Titulo Sexto, Capítulo Primero, artículos del 320 al 352 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, cuyo trámite compete a esta Comisión Especial, se constituye por las etapas que cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, como son: el emplazamiento al sujeto o sujetos denunciadas, la contestación a la denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su aprobación por esta misma Comisión, así como por parte del Consejo general de este Instituto, cumpliendo con las formalidades establecidas para ello. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista por las fracciones I y V de la Ley sustantiva electoral, al establecer que los medios de impugnación serán improcedentes cuando cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones legales del citado ordenamiento, o bien, que no se hayan agotado las instancias previas establecidas por la Ley de la materia, con las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado como en la especie acontece. En efecto, aduce el actor que en el procedimiento administrativo de queja citado al rubro, esta autoridad electoral se ha excedido del plazo para dictaminar lo que en derecho proceda respecto de dicho procedimiento, sin reparar el actor el estado procesal en que se encuentra el mismo, toda vez que cada uno de los acuerdos emitidos en el mismo le han sido notificados de manera puntual, sin obviar que el expediente de queja referido, se encuentra a su disposición para el momento en que él mismo deseara consultarlo. En ese sentido, al encontrarse el procedimiento instaurado ante esta Comisión en su etapa instructiva, consistente en la admisión o negación de las pruebas aportadas, por las partes , a las que se les ha concedido la vista correspondiente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, la certificación del plazo concedido y la recepción de la contestación a la vista ordenada, debe tomarse en cuenta que existen etapa esenciales que se deben de observar durante la instrucción referida, como es: la aportación de pruebas supervinientes, la adopción de alguna solicitud a determinada autoridad o institución privada derivada de los actos denunciados; así como la correspondiente certificación, que en su momento procesal oportuno se emita, respecto al desahogo de todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, que no existan diligencias o solicitudes pendientes por resolver, para efecto de estar en condiciones de que las partes formulen sus respectivos alegatos, circunstancia que aún cuando no se encuentra establecida de forma expresa en la Ley referida, atendiendo de forma puntual los criterios que de forma reiterada ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con el respeto a la garantía del debido proceso contenida en el artículo 14 de la Constitución Política Federa, así como para cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento,
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mismas que resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada de los intereses de las partes; dichas actuaciones deben realzarse por las consideraciones antes vertidas. No obstante de que se encuentren pendientes dichas actuaciones, en el presente procedimiento, el actor, en ningún momento ha renunciado a que se lleven a cabo dichas formalidades, como tampoco se ha puesto a consideración de la contraparte para el efecto de que esta Comisión se encuentre en posibilidades para pronunciarse al respecto, y poder determinar si procede o no el inmediato cierre de instrucción que establece de forma precisa el artículo 350 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado. En tal virtud, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer resulta improcedente cuya notoria improcedencia deriva de la propia legislación electoral, así como por no agotar el procedimiento previsto para ese efecto, como es el dictado del dictamen que sobre el fondo deba emitirse en el procedimiento administrativo de queja indicado al rubro del presente escrito. Por otra parte, la Sala Superior ha sostenido que, en actos análogos de los Institutos Electorales de las entidades federativas, los acuerdos y resoluciones que emitan estos órganos deben contener los fundamentos jurídicos y razonamiento lógico-jurídicos para el dictado de una resolución, pero entendido este como un acto jurídico completo de cada documento que emite y, consecuentemente, no existe una disposición que obligue a la autoridad administrativa electoral a realizar amplios tratados dentro de los documentos que emite para cumplir con ese razonamiento al que alúdela la jurisprudencia, tampoco se determina que tenga que pronunciarse respecto a cada elemento considerativo que contenga el acto o resolución impugnado. Con lo anterior se demuestra que el principio de legalidad al que se debe ajustar esta autoridad electoral, a efecto de dar cabal cumplimiento en cuanto a la exacta aplicación de la norma y de debida fundamentación y motivación del acto que ahora se duele el actor, resultando improcedente el medio de impugnación que hace valer.
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. Con relación a los hechos, agravios y preceptos violados, que se aglutinan en un solo capítulo del infundado medio, ad cautelam se niegan en su totalidad en lo que afecte a mi representada. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS Por cuanto al único agravio, el actor señala que se ha omitido resolver el fondo de la queja presentada, no obstante de haber transcurrido con exceso el tiempo para su resolución, violándose en su perjuicio los artículos 16 y 17 de la Constitución Política Federal
Como advertirá esa autoridad resolutora, dicho agravio es infundado por lo siguiente: Contrario a la lo aseverado por el impugnante, en base en el propio principio de legalidad al que se deben de ajustar los actos de las autoridades electorales, incluido esta Comisión Especial, el cual se sintetiza y define como el que la autoridad electoral únicamente puede realizar aquellos actos que la ley le permite, y en consecuencia, la realización de los mismos; en este caso, actuando conforme lo establece la Ley de la materia y el Reglamento del Procedimiento
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Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado, se procedió admitir a trámite la queja registrada con el número de expediente a que nos hemos venido haciendo referencia, por haber cumplido con los requisitos de procedencia señalados en el citado ordenamiento. Como se hizo valer en el capítulo de causales de improcedencia, argumentos que se reproducen como si a la letra se insertaren, esta Comisión se encuentra obligada a observar las formalidades esenciales del procedimiento establecido en la ley de la materia, con motivo de la instauración del procedimiento para el conocimiento de faltas administrativas y la aplicación de sanciones en materia electoral, así como los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con el respeto a la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política Federal, mismas que resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada de los intereses de las partes involucradas en el procedimiento de queja o denuncia; por lo que dichas actuaciones deben realizarse atendiendo el derecho de audiencia No obstante a lo anterior, en ningún momento el impetrante, ha renunciado a su derecho para que se dejen de observar las garantías procesales, a efecto de que se pongan a consideración de la contraparte y alegue lo que a su derecho convenga. Por otra parte, esta autoridad;-electoral encuentra- obligada a resolver conforme al procedimiento establecido el a ley, sin que de forma expresa lo establezca la ley que se deba resolver antes del día de la jornada electoral, máxime que dentro del procedimiento se han emitido las medidas cautelares correspondientes que han sido solicitadas por las partes y han sido aprobadas por el Consejo General de este Instituto, por considerar la posible afectación a los derechos del solicitante, por lo que ningún momento se ha dejado en estado de indefensión al promovente.
QUINTO. Análisis de fondo. Desglosados que han sido los planteamientos de las partes, previo el análisis de fondo resulta procedente ubicar en su contexto el acto materia del recurso que se resuelve, plantear en síntesis los agravios hechos valer por el recurrente y, proceder al estudio de fondo, para ello y por razones de método, esta Sala Resolutora, se avocará a estudiar los motivos de inconformidad que hace valer el impetrante sin tomar
necesariamente en cuenta el orden en que aparecen en su recurso de impugnación, ya que con ello no causa afectación jurídica al promovente, pues no es la forma como los agravios se analizan, sino que lo trascendental es que todos sean estudiados, lo anterior guarda consistencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/2000 visible en la página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto es el siguiente:
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“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, por que no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados”.
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. –Partido Revolucionario Institucional.- 29 de diciembre de 1998.- Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.–Partido Revolucionario Institucional.- 11 de enero de 1999.- Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.–Partido Revolucionario Institucional.- 9 de septiembre de 2000.- Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, paginas 5-6, Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2000.
a). Síntesis de los agravios. En su escrito recursal la Coalición actora hace valer en síntesis:
Que le causa agravio la omisión de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto Electoral del Estado de dictaminar la queja número IEEG/CEQD/089/2010 y, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero por omitir resolver el fondo de la queja.
Que ha solicitado por escrito a la responsable resolver la queja, previo a que se verifique la jornada electoral.
Que se violenta en su perjuicio la garantía constitucional para gozar de una pronta, imparcial, expedita y completa impartición de justicia, tal como lo
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previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la responsable con su conducta omisiva viola el contenido de los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1; 4; 90, 99, fracciones I, XX, XXVI, XXX y 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como 1, 3, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Que la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Guerrero, ha dilatado en exceso el trámite de los asuntos que le han sido puestos a su consideración, obstaculizando en forma perniciosa, la administración de justicia a que tiene derecho. Que los tribunales encargados de impartir justicia, están sujetos a hacerlo en los términos y plazos que fijan las leyes, constituyendo tal obligación una garantía constitucional de seguridad y legalidad jurídica; dicha garantía no solo implica el acceso a la sana y correcta impartición de justicia, sino también que esta sea expedita y pronta.
b). Análisis de los agravios hechos valer por el recurrente. Como se desprende de la síntesis de los agravios vertidos por la parte actora, se advierte que ésta se duele, esencialmente, de la omisión de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto Electoral del Estado de dictaminar la queja número IEEG/CEQD/089/2010 y, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero por omitir resolver el fondo de la queja, no obstante el tiempo transcurrido, motivo por el cual le solicitó por escrito a la responsable Comisión especial para la tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, el día dieciséis de enero del presente año, se resolviera la queja en breve término, sin que hasta la fecha lo haya hecho, circunstancia que señala violenta la
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garantía de una pronta, imparcial, expedita y completa impartición de justicia, tal como lo previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los tribunales encargados de impartir justicia, están sujetos a los términos y plazos que fijan las leyes. En el caso que nos ocupa, una vez efectuado el análisis de las constancias y actuaciones que obran en el expediente de mérito, consistentes en las copias certificadas de la queja de origen número IEEG/CEQD/089/2010, de las que se deduce la omisión de que se duele el recurrente y a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, se arriba a la conclusión de que el agravio expresado por el recurrente, es fundado, ello en consideración a los fundamentos y razonamientos jurídicos que a continuación se precisan. A fin de contextualizar el acto combatido, preciso es señalar que los artículos 337 a 352, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero prevén respecto del caso concreto lo siguiente:
Artículo 337.- Para los efectos de determinar la existencia de faltas y de responsabilidad en materia administrativa electoral se seguirá el procedimiento para el conocimiento y aplicación de sanciones, en el que se dará el derecho de audiencia a la contraparte, al presunto infractor y se realizará la valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente y en su caso, la investigación imparcial de los hechos que dieron origen al procedimiento, por parte de los organismos electorales. De manera supletoria a este procedimiento se aplicarán las disposiciones normativas que emita el Consejo General del Instituto y lo previsto por la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Artículo 338.- El cómputo de los plazos se hará tomando en consideración todos los días de la semana, con excepción de los sábados y domingos y los días en que no se labore en el Instituto. Los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, se entenderán por veinticuatro horas. Durante los procesos electorales locales todos los días y horas serán hábiles. Artículo 339.- El procedimiento previsto en el artículo 337 de esta Ley, iniciará a petición de parte o de oficio. Será de parte cuando se presente la queja o la denuncia ante el Instituto por la presunta comisión de una falta administrativa y de oficio cuando algún órgano o integrante de los organismos electorales del Instituto en ejercicio de
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sus funciones, conozca de la presunta falta, lo que informará de inmediato al Presidente del Consejo General del Instituto o al Secretario General del Instituto. Artículo 340.- La queja o la denuncia deberá ser presentada por escrito, cumpliendo con los requisitos: I. Nombre del quejoso o denunciante; II. Domicilio para recibir notificaciones y en su caso a quien en su nombre las puede recibir; III. Acreditar la personalidad del promovente o de su representado cuando se trate de una persona moral; IV. Expresar de manera expresa y clara los hechos en que sustenta la queja o la denuncia y los preceptos violados; V. Presentar las pruebas que estime pertinentes; y VI. Nombre y firma autógrafa del quejoso o denunciante. Artículo 341.- Presentada la queja o denuncia ante cualquier órgano del Instituto, se turnará inmediatamente a la Junta Estatal para integrar el expediente y lo turnará al Secretario General para su trámite. De ser necesaria su ratificación, será turnada una vez ratificada. Cuando la queja o la denuncia se presente en los Consejos Distritales, éstos de oficio deberán realizar las acciones necesarias para verificar hechos, impedir el ocultamiento, menoscabo o desaparición de pruebas o indicios, que sean el sustento de la misma. Artículo 342.- Recibida la queja o la denuncia por el Secretario General, informará inmediatamente a la Junta Estatal y la turnará para su trámite al Presidente de la Comisión que corresponda según su competencia, quien al recibirla determinará su admisión o desechamiento, lo cual tendrá que realizar en un termino máximo de tres días. Artículo 343.- La queja o denuncia será desechada de plano, cuando: I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante; II. Cuando sea necesaria la ratificación del escrito y sea requerido, no lo haga dentro del término otorgado; III. No se acredite la personalidad con que se promueva; y IV. Resulte frívola, intrascendente o superficial. Será improcedente la queja o la denuncia, cuando:
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I. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas; II. El denunciante o quejoso no agote previamente la instancia interna del partido político, si la queja consiste en violación a su normatividad interna; y III. Cuando el Instituto sea incompetente para conocer de los hechos denunciados. Artículo 344.- Procederá el sobreseimiento de la queja o la denuncia, cuando: I. Habiendo sido admitida la queja o la denuncia sobreviniere alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 343 párrafo segundo de esta Ley; II. Que el denunciante sea un partido que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia éste haya perdido su registro; y III. El quejoso o denunciante se desista de su escrito antes del cierre de la instrucción. Artículo 345.- Admitida la queja o la denuncia el Presidente de la Comisión procederá a emplazar al denunciado o contraparte, para que dentro del término de cinco días realice la contestación al emplazamiento. La contestación deberá reunir los mismos requisitos previstos en las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 341 de esta Ley. De considerarlo necesario el Presidente de la Comisión correspondiente, podrá ordenar la realización de investigaciones o diligencias por parte de los órganos del Instituto, para obtener información, pruebas o indicios adicionales a las ofrecidas por el quejoso o denunciante. Artículo 346.- En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en las áreas del Instituto, previa identificación precisa de éstas y solicitud del quejoso, se ordenará su remisión para agregarlas al expediente. De encontrarse estas en poder de otras autoridades o dependencias públicas, con la comprobación plena de la imposibilidad de presentarlas por el denunciante o quejoso, el Presidente del Consejo General del Instituto solicitará le sean remitidas para integrarlas al expediente. Artículo 347.- Las pruebas deberán ofrecerse expresando el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas y las razones que considera demuestran lo sustentado por éste. Artículo 348.- Serán admisibles las siguientes pruebas: I. Documentales públicas; II. Las documentales privadas; III. Técnicas; IV. Pericial contable;
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V. Presuncional legal y humana; y VI. Instrumental de actuaciones. El quejoso o denunciado podrá presentar pruebas supervenientes, siempre que se presenten antes de que el asunto se haya turnado para el dictamen correspondiente. Admitidas que sean, se dará vista a la contraparte para que en un plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga. Artículo 349.- Acordada la realización de una investigación para allegarse elementos de convicción que se estimen pertinentes para integrar el expediente respectivo, se comisionará al personal necesario para ese efecto, debiendo realizarse en forma imparcial, expedita, completa, exhaustiva y objetiva y dentro de un término de ocho días contados a partir del acuerdo de realización. Artículo 350.- Agotado el desahogo de las pruebas y en su caso, llevada a cabo la investigación, se cerrará la instrucción y el Secretario General procederá a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, en un termino no mayor de ocho días, contados a partir del cierre de la instrucción, mismo que deberá de presentar a consideración de la Comisión respectiva, a mas tardar al día siguiente del vencimiento del termino antes señalado, para que se ponga a consideración de sus integrantes y se realicen las observaciones pertinentes. Recibido el dictamen, a más tardar al día siguiente de su recepción el Presidente de la Comisión respectiva, convocará a sesión por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, con la finalidad de que este órgano colegiado analice y valore su contenido e instruya a la Secretaría General sobre el sentido del proyecto de la resolución. Revisado y discutido el proyecto de dictamen de ser el caso, será aprobado por los integrantes de la comisión con derecho a voto, y se regresará al Secretario General para que tome en consideración los argumentos vertidos en la sesión y se refuerce el proyecto de la resolución correspondiente. Si no se está de acuerdo con el sentido y los razonamientos que sustentan el proyecto de dictamen, se regresará a la Secretaría General, para que en un plazo de cinco días elabore el proyecto de dictamen conforme a la instrucción de la Comisión. Elaborado por la Secretaría General el proyecto de dictamen corregido, se turnará al Presidente de la Comisión respectiva, y éste convocará a sesión de Comisión cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, remitiéndoles el mismo a los integrantes de la comisión, para su discusión y aprobación. Aprobado el dictamen y analizado y discutido el proyecto de resolución por la Comisión respectiva, se turnará al Presidente del Consejo General del Instituto para que lo ponga a consideración del Pleno del mismo en la siguiente sesión que se celebre. Artículo 351.- Las resoluciones que emita el Consejo General del Instituto determinarán:
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I. Aprobar el proyecto de resolución en los términos que se presente; II. Modificar el sentido del proyecto de resolución procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre que se considere que es procedente y que no modifica el cuerpo del dictamen; y III. Rechazar el proyecto de resolución y ordenar a la Secretaría General su devolución en el sentido de los argumentos y razonamientos expresados por la mayoría y ordenar a la Comisión del Instituto su nueva elaboración de dictamen y proyecto de resolución. Artículo 352.- Los términos previstos en este capítulo podrán ser ampliados por el Consejo General del Instituto, siempre que se justifique plenamente la necesidad de su ampliación o la imposibilidad de concluir los trabajos dentro de los mismos plazos.
De los preceptos legales transcritos, se concluye lo siguiente: 1. Para determinar la existencia de faltas y de responsabilidad en materia administrativa electoral se seguirá el procedimiento para el conocimiento y aplicación de sanciones. 2. El cómputo de los plazos para tramitar el procedimiento, es con base en la premisa de que todos los días de la semana, con excepción de los sábados, domingos y los días en que no labore el Instituto Electoral de Guerrero, son hábiles. Por otra parte, los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, se entenderán por veinticuatro horas, en el entendido que durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles. 3. El citado procedimiento inicia a petición de parte o de oficio. 4. La denuncia se presenta por escrito, la cual se turnará inmediatamente para integrar el expediente y lo turnará al Secretario General para su trámite. 5. Recibida la denuncia por el Secretario General del citado Instituto electoral local, éste turnará el escrito respectivo, para su trámite, al Presidente de la Comisión que corresponda, que al recibirla determinará su admisión o desechamiento, lo cual tendrá que llevar a cabo en un plazo máximo de tres días.
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6. Si la denuncia es admitida, el Presidente de la Comisión procederá a emplazar a los denunciados o contraparte, para que dentro del término de cinco días den contestación al emplazamiento. 7. De ser necesario, el Presidente de la Comisión correspondiente podrá ordenar que se lleven a cabo investigaciones o diligencias por los órganos del Instituto, para obtener información, pruebas o indicios adicionales a las ofrecidas por el quejoso o denunciante. 8. En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en las Instalaciones del Instituto electoral local, éste ordenará su remisión para agregarlas al expediente, o bien, en caso de que las pruebas estén en poder de otras autoridades o dependencias públicas, el Presidente del Consejo General del Instituto solicitará sean remitidas. 9. El Instituto electoral ordenará que se lleve a cabo una investigación para obtener pruebas a fin de integrar el expediente respectivo; la investigación se deberá llevar a cabo en un plazo de ocho días, contados a partir del citado acuerdo. 10. Una vez que se hayan desahogado las pruebas y, en su caso, llevada a cabo la investigación, se cerrará la instrucción y el Secretario General del Instituto electoral local procederá a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, en un plazo no mayor de ocho días, contados a partir del cierre de la instrucción, mismo que deberá de presentar a consideración de la Comisión respectiva, a más tardar al día siguiente del vencimiento del plazo indicado, para que se ponga a consideración de sus integrantes y se realicen las observaciones pertinentes. 11. Recibido el dictamen, a más tardar al día siguiente de su recepción el Presidente de la Comisión respectiva convocará a sesión por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, con la finalidad de que analice y valore su contenido e instruya a la Secretaría General sobre el sentido del proyecto de la resolución.
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12. Revisado y discutido el proyecto de dictamen de ser el caso, será aprobado por los integrantes de la comisión con derecho a voto, y se regresará al Secretario General para que tome en consideración los argumentos vertidos en la sesión. 13. En caso de que no se esté de acuerdo con el sentido y los razonamientos que sustentan el proyecto de dictamen, se regresará a la Secretaría General, para que en un plazo de cinco días elabore nuevamente el proyecto de dictamen conforme a la instrucción de la Comisión. 14. Elaborado por la Secretaría General el proyecto de dictamen corregido, se turnará al Presidente de la Comisión respectiva, y éste convocará a sesión de Comisión cuando menos con veinticuatro horas de anticipación,
remitiéndoles el mismo a los integrantes de la comisión, para su discusión y aprobación. 15. Aprobado el dictamen y analizado y discutido el proyecto de resolución, se turnará al Presidente del Consejo General del Instituto para que lo ponga a consideración del Pleno del mismo en la siguiente sesión que se celebre. 16. Los plazos previstos para tramitar el procedimiento administrativo podrán ser ampliados por el Consejo General del Instituto, siempre que se justifique plenamente esa necesidad o bien la imposibilidad de concluir los trabajos en los mismos plazos, circunstancia que en el caso concreto no se ha ejercido dicha facultad. A manera de conclusión y, conforme lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el antecedente relativo al expediente número SUP-JRC-406/2010, el procedimiento para el conocimiento de faltas, previsto en la legislación sustantiva electoral del mencionado Estado de Guerrero, en el mejor de los supuestos, se lleva a cabo en un plazo aproximado de cuarenta días, cómputo que resulta de la sumatoria de los días a que alude la Sala Superior en lugar de los veintiocho que señala en la resolución de mérito, plazo en el que se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento, como son el emplazamiento al
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sujeto o sujetos denunciados, la contestación a la denuncia, la investigación respectiva, el desahogo de pruebas, la elaboración del dictamen y su aprobación. Sin que pase desapercibido que en el caso concreto, la queja se inició a partir del dieciocho de noviembre de dos mil diez, por lo que a la fecha han transcurrido un lapso de 67 días, es decir, término más que suficiente para el desahogo de cada una de las etapas del procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya resuelto la queja sometida a la jurisdicción de las responsables, no obstante lo inminente de la conclusión de la etapa de campaña electoral (veintiséis de enero de dos mil diez), de ahí lo fundado del agravio hecho valer por el recurrente. En efecto de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: El dieciocho de noviembre del año dos mil diez, el ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante de la Coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, interpuso escrito de queja por la comisión de irregularidades y faltas administrativas, en contra de los Partidos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, la Coalición ―Guerrero nos une‖ y su candidato al cargo de Gobernador del Estado de Guerrero, ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero.
Seguidas las etapas procesales, el ocho de enero del año dos mil once, se emitió el acuerdo de admisión de pruebas, las cuales en el acto fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza, en el cual además se determinó lo siguiente:
“. . . Por otro lado, en base a lo que establece el artículo 349 de la ley sustantiva electoral, y toda vez que ya obra en el expediente la diligencia de inspección llevada a cabo el Presidente del VI Consejo Distrital Electoral de fecha veintitrés de octubre de la presente anualidad, esta Presidencia considera innecesario ordenar el desarrollo de alguna otra diligencia con el propósito de allegarse de elementos de convicción para integrar debidamente el expediente que nos ocupa.” . . .
Auto que fue notificado a las partes con fechas veinticinco y veintisiete de diciembre del año dos mil diez, y cuatro de enero del año en curso, para que
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en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que éstas se hayan pronunciado al respecto. Ahora bien, consta en autos de la queja de origen número
IEEG/CEQD/089/2010, que no existe diligencia por desahogar, más aún consta que la autoridad responsable Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto Electoral del Estado, desde el ocho de enero de dos mil once, llevó a cabo su última actuación, en la que por auto de esa fecha, tuvo por no desahogada la vista ordenada a las partes, respecto de la recepción de los escritos por los cuales se admitieron y desahogaron por su propia y especial naturaleza las pruebas aportadas por las partes y determinó no llevar a cabo ninguna otra diligencia en el expediente. En efecto, si desde el ocho de enero del presente año, no existe diligencia pendiente por desahogar, desde esa fecha se debió cerrar instrucción para que iniciara el término para que la responsable sustanciadora del expediente procediera a la emisión del proyecto de dictamen correspondiente, disponiendo para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, de un plazo de ocho días, proyecto que debió ser sometido al día siguiente al vencimiento del plazo referido a la consideración de los integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto Electoral del Estado, para que finalmente, aprobado el dictamen y analizado y discutido el proyecto de resolución, se turnara al Presidente del Consejo General del Instituto, para que lo pusiera a consideración del Pleno del mismo, en la siguiente sesión. Ahora bien, contrario a lo aducido por el tercero interesado, de conformidad con las actuaciones que obran en autos, la responsable Comisión especial para la tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, ha omitido dar cumplimiento estricto a los plazos previstos para tramitar el procedimiento administrativo sancionador y el Consejo General en resolver la queja respectiva, sin que dicha dilación se deba a la ampliación de los plazos por el Consejo General del Instituto, entre
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éstos el establecido en el artículo 74 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, menos aún se ha justificado esa necesidad o bien la imposibilidad de concluir los trabajos en los mismos plazos, lo que conduce a esta Sala Resolutora a declarar fundado el agravio hecho valer por el recurrente. Lo anterior es así, puesto que no debe perderse de vista, que el órgano electoral administrativo encargado del conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, tiene que ajustar su actuar en los principios de legalidad, objetividad, experiencia y profesionalismo y, observando lo contemplado en el artículo 17 de la Constitución Fundamental del País, que contempla el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, lo cual por tratarse de una norma constitucional debe imperar por encima de cualquier ordenamiento general de conformidad con lo dispuesto en artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la resolución en el procedimiento administrativo sancionador debe ser emitida en los plazos y términos establecidos en la normatividad aplicable, en un tiempo razonable, acorde a las circunstancias particulares pero en todo caso sin excepción, deberá acontecer dentro del término reglamentario respectivo o bien hasta que se agote el mismo, siempre y cuando procesalmente se encuentre justificado tal extremo, sin apartarse del espíritu garantista de un acceso a la justicia de forma pronta, como lo dispone el artículo 17 de nuestra carta magna. Lo anterior es así, porque se debe tener presente que de conformidad con el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para el cabal cumplimiento del mandato constitucional antes precisado, tenemos que todo órgano con funciones jurisdiccionales, deben privilegiar la resolución pronta y expedita de los asuntos que sean sometidos a su
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conocimiento, a fin de brindar certeza sobre aquellas situaciones respecto de las cuales debe pronunciarse, y evitar que, el transcurso de los plazos pueda constituirse en una merma de los derechos político–electorales de los ciudadanos, debiendo en todos los casos regirse bajo un criterio de celeridad que garantice a quienes consideren vulnerados sus derechos con esa determinación, acudir a los medios de defensa procedentes en forma oportuna. Ahora bien, el principio de celeridad en todo proceso, se define como el derecho a un plazo razonable que comprende todas las fases del proceso, incluida su ejecución. Esto se traduce en:  Cumplimiento de los plazos;  Duración máxima del proceso;  Queja por retardo de justicia; y  Prisión preventiva. De esta manera, tenemos que el principio de celeridad tiene dos facetas, a saber: 1) Faceta prestacional. Derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable; y 2) Faceta reaccional. Derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas. Consecuentemente, en el presente caso, la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y el Consejo General del Instituto Estatal Electoral deben procurar resolver de manera expedita la queja que se puso a su conocimiento por parte del accionante, pues la misma fue presentada desde el día dieciocho de noviembre del año dos mil diez y por auto de fecha ocho de enero del dos mil once, tuvo por admitida y desahogas las probanzas ofrecidas por las partes, asimismo determinó innecesario ordenar el desarrollo de alguna otra diligencia con el propósito de allegarse de elementos de convicción para integrar la queja, por lo tanto, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 350 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
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Administrativos, en concordancia con el artículo 49 fracción IV del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, las autoridades tienen en el ámbito de sus facultades la obligación de decretar inmediatamente el cierre de instrucción y proceder a la elaboración del proyecto de dictamen y de resolución, sin embargo, del ocho de enero a la presentación del medio de impugnación que se resuelve han transcurrido once días, sin que las autoridades responsables hayan realizado tales actuaciones, lo que hace evidente la transgresión a lo dispuesto por el segundo párrafo del 17 Constitucional, toda vez que con su omisión se impide al quejoso acceder a la justicia en los plazos y términos establecido por la ley. En consecuencia, al comprobarse que las autoridades responsables no han ajustado su actuar a lo contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de proveer el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, por tratarse de una norma constitucional que se impone por encima de cualquier ordenamiento general de conformidad con lo dispuesto en artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente declarar fundado el agravio, resultando necesario que la sala resolutora se pronuncie respecto de los efectos de dicha determinación, por lo que se mandata a las autoridades responsables para que con las constancias que obran en autos, en el ejercicio y ámbito de sus atribuciones y funciones, ajustando en su caso, los plazos que así correspondan, dentro del plazo de los tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente, resuelvan el fondo de la queja número IEEG/CEQD/089/2010, debiendo notificar de inmediato a las partes, hecho lo cual dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, deberán informar a esta sala resolutora del cumplimiento de lo mandatado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la presente resolución, se harán acreedoras a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se,
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R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho valer por el ciudadano ROBERTO TORRES AGUIRRE, Representante Propietario de la Coalición ―Tiempos Mejores para Guerrero‖, por las razones expresadas en el QUINTO considerando de la presente resolución.
SEGUNDO.- Se ordena a la autoridades responsables Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral y Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que dentro del plazo de los tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente, resuelvan el fondo de la queja número IEEG/CEQD/089/2010, debiendo notificar de inmediato a las partes, hecho lo cual dentro de las veinticuatro horas siguientes, informarán a esta sala resolutora del cumplimiento de lo mandatado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la presente resolución, se harán acreedoras a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
NOTIFÍQUESE personalmente a la Actora y al Tercero Interesado a través de su representante legal en los domicilios señalados en autos; y por oficio a las Autoridades Responsables, Consejo General y Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en el domicilio señalado en autos, en atención a lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Ley del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 80 y 81 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los Magistrados, Alma Delia Eugenio Alcaraz, quien fue la ponente, J. Jesús Villanueva Vega, Isaías Sánchez Nájera, J. Félix Villafuerte Rebollar y Regino Hernández Trujillo quienes integran la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
J. JESÚS VILLANUEVA VEGA MAGISTRADO PRESIDENTE
ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ MAGISTRADA
ISAÍAS SÁNCHEZ NÁJERA MAGISTRADO
J. FÉLIX VILLAFUERTE REBOLLAR MAGISTRADO
REGINO HERNÁNDEZ TRUJILLO MAGISTRADO
MANUEL ALEJANDRO ARROYO GONZÁLEZ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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