Source: https://www.observatoriohonduras.org/sitio/project/que-es-corrupcion/
Timestamp: 2019-09-19 13:24:17
Document Index: 206176174

Matched Legal Cases: ['Artículo 361', 'Artículo 362', 'Artículo 363', 'Artículo 365', 'artículo 62', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 376', 'Artículo 370', 'Artículo 371', 'Artículo 372', 'Artículo 373', 'Artículo 373', 'artículo 2', 'artículo 369', 'artículo 284']

¿Qué es corrupción? – Observatorio Honduras de Justicia Penal
Acuerdo MP. No. FGR.-01-2015 del 14 de enero de 2015
Uso doloso o culposo (según el caso) del poder, facultades, atribuciones, deberes etc, encomendado a todo funcionario o servidor público, quien lo dirige fraudulentamente a obtener para si o para otros, beneficios privados que no necesariamente se limitan a los estrictamente personales para quien hace mal uso de ese poder, sino que puede incluir a miembros de su familia, amigos o terceros.
Corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.
Corrupción política consiste en la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de los recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio
Artículo VI Convención Interamericana Contra la Corrupción
Son actos de corrupción:
DELITOS RELACIONADOS CON EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN
COHECHO (art. 361-365 Código Penal de Honduras)
Artículo 361 del Código Penal: “El funcionario o empleado público que solicite, reciba o acepte, por sí o a través de otra persona, dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito, será sancionado con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, mas inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.” Artículo 362 del Código Penal: “El funcionario público que solicite, reciba o acepte, directa o indirectamente, dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto injusto no constitutivo de delito relativo al ejercicio de su cargo, será sancionado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años. Si dicho acto no llega a consumarse, se sancionará al reo con reclusión de uno (1) a tres (3) años. En ambos casos se aplicará inhabilitación absoluta igual al doble del tiempo que dure la reclusión.” Artículo 363 del Código Penal: “Cuando la dádiva o presente solicitado, recibido o prometido tuviere por objeto que el funcionario o empleado público se abstenga de ejecutar un acto que debiera practicar en el ejercicio de sus obligaciones legales, la pena será la reclusión de dos (2) a cinco (5) años, más inhabilitación especial igual al doble del tiempo que dure la reclusión.” Artículo 365 del Código Penal: “El funcionario o empleado público que acepte un regalo o beneficio de cualquier clase de parte de quien tenga un asunto sometido a su conocimiento se sancionará con reclusión de uno (1) a cuatro (4) años más inhabilitación especial igual al doble del tiempo que dure la reclusión.”
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (artículo 62 al 63 La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas)
Artículo 62. Enriquecimiento Ilícito: El enriquecimiento ilícito o incremento patrimonial sin causa o justificación, consiste en que el aumento del patrimonio del servidor público desde la fecha en que hayan tomado posesión de su cargo hasta aquella en que hayan cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital por cualquier otra causa lícita.Se presume enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no autorizare la investigación de sus depósitos en instituciones financieras o negocios en el país o en el extranjero. Para determinar el aumento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se consideran en conjunto el capital y los ingresos del servidor público, con los de su cónyuge, compañero (a) de hogar y los de sus hijos menores y pupilos. Artículo 63. Pena Por Enriquecimiento Ilícito: Quien cometa el delito de enriquecimiento ilícito cuyo monto no exceda de un millón de lempiras (L.1.000,000.00) incurre en la pena de tres (3) a cinco (5) años de reclusión y de cinco (5) a quince (15) años de reclusión cuando exceda de dicho monto. La sentencia firme, impondrá, además, al responsable una multa hasta por el monto del enriquecimiento ilícito comprobado o hasta por el monto del incremento patrimonial injustificado, la cual se hará efectiva sobre los bienes del responsable.”
Fraude (art. 376- CP)
Artículo 376 del Código Penal: “El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis (6) a nueve (9) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.”
Artículo 370: “El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes, o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será sancionado con reclusión de 2 a 5 años si el valor de aquellos no excede de un mil (L 1,000.00) lempiras y de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa dicha cantidad, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Lo dispuesto en este Artículo será aplicable también a los directivos de Sindicatos, empresas asociativas campesinas, cooperativas, patronatos, asociaciones de beneficencia o deportivas y, en general, a todas las demás entidades civiles análogas”. Artículo 371: “El funcionario o empleado público que y los directivos de las asociaciones a que se refiere el Artículo anterior que culposamente den lugar a que otra persona se apropie de los caudales, bienes o efectos a que se refiere la misma disposición, será sancionado con multa de cincuenta mil (L 50, 000.00) a cien mil (L 100, 000.00) lempiras e inhabilitación especial de dos (2) a cuatro (4) años.” Artículo 372: “El funcionario o empleado público que destine los caudales, bienes o efectos que administra a un n distinto del que les corresponde y si con ello no causa daños a los intereses patrimoniales del Estado, será sancionado con multa de cincuenta mil (L. 50, 000.00) a cien mil (L 100, 000.00) lempiras e inhabilitación especial de tres (3) a cinco (5) años. Si ocasiona daños a dichos intereses o entorpece un servicio público, la multa será igual al cien por ciento (100%) del valor del daño causado o de los gastos que el Estado deba realizar para normalizar el correspondiente servicio público, más inhabilitación absoluta de cinco (5) a ocho (8) años. En ningún caso la multa será inferior a la señalada en el párrafo precedente.” Artículo 373: “Se sancionará en la forma prevista en el párrafo primero del Artículo anterior al funcionario o empleado público que, teniendo fondos expeditos, demore injustificadamente un pago legalmente exigible. La misma sanción se impondrá al funcionario o empleado público que, legalmente requerido, rehusare entregar una suma de dinero o los caudales, bienes o efectos que se encuentren bajo su administración o custodia”. Artículo 373-A: “Lo prescrito en este Capítulo será aplicable a quienes se hallen encargados por cualquier concepto del manejo de fondos, rentas o efectos departamentales o municipales o que pertenezcan a una institución educativa o de beneficencia, así como los administradores o depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.”
ABUSO DE AUTORIDAD (art. 349- Código Penal de Honduras)
“Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que:
Se niegue el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por la autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales;
Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la Republica o a leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos;
Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo
Querido por autoridad competente no prestare la debida cooperación para la eficaz Administración de justicia o de otro servicio público. Cuando la falta de cooperación consista en no dar cumplimiento por malicia o por negligencia a una orden de captura dicta por autoridad competente, la pena se aumentará en un tercio (1/3);
Revele o facilite la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba de permanecer en secreto. Cuando la revelación no fuere de grave trascendencia, la pena se le rebajará en un sexto 1/6.
La misma pena se aplicará al oficial de la fuerza pública que rehúse, omita o retarde, sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente”.
VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS (art. 349- Código Penal de Honduras)
La ley de lavado de activos de Honduras en su capítulo I artículo 2 inciso 18, nos habla del delito de Lavado de Activos de la siguiente forma:
Es el proceso dirigido a dar apariencia de legalidad al producto de actividades delictivas o aquellos carentes de justificación económica lícita o causa legal de su procedencia a ocultar su origen para garantizar su disfrute.
El Título XIII delitos contra la Administración Pública, Capítulo IX del Código Penal de Honduras nos habla del delito de Prevaricación en sus artículos 378,381 y 382 de la siguiente forma:
“Incurrirá en reclusión de tres a nueve años el juez que a sabiendas dictare sentencia contraria a la ley a favor o en contra del reo en causa criminal por delito.
Será penado con reclusión de uno a dos años el abogado o procurador que con abuso malicioso de su profesión, negligencia o ignorancia inexcusables perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos si ha tenido conocimientos de ellos en el ejercicio de su profesión.
El abogado o procurador que habiendo tomado la defensa de una parte representare después sin su consentimiento a la contraria en el mismo asunto o la aconsejare será castigado con reclusión de dos a tres años.”
El título XIII delitos contra la Administración Pública capítulo V-A del código penal de Honduras en su artículo 369-A nos habla del delito de Tráfico de influencias de la siguiente forma:El funcionario o empleado público que influya en otro funcionario o empleado público prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o empleado para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, más una multa de cien mil (L.100,000.00) a ciento cincuenta mil Lempiras (L.150,000.00) e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Si obtiene el beneficio perseguido, la reclusión será de seis (6) a nueve (9) años, la multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación de cinco (5) a ocho (8) años.
El título XIII delitos contra la Administración Pública capítulo III del código penal de Honduras en su artículo 284 nos habla del delito de Falsificación de documentos de la siguiente forma:Será sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes:
Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica.
Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido.
Atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.
Alterando las fechas y cantidades verdaderas.
Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido.
Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original.
Intercalando indebidamente cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial. 9) Destruyendo, mutilando, suprimiendo u ocultando un documento.
Incurrirá también en la pena señalada en el párrafo primero de este artículo, el ministro religioso que cometiere alguno de los hechos comprendidos en los numerales anteriores, respecto a actos o documentos eclesiásticos que puedan producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil.
El título XIII delitos contra la Administración Pública capítulo VII del código penal de Honduras nos habla del delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas en sus artículos 374 y 375 de la siguiente forma:El funcionario o empleado público que directamente o por persona interpuesta o por actos simulados se interese con ánimo de lucro personal en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo incurrirá en reclusión de uno a tres años e inhabilitación absoluta de dos a cinco años. Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, participación o adjudicación hubieren intervenido, y a los tutores, curadores y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, herencias y quiebras.La sanción establecida en el artículo anterior se aplicará al funcionario o empleado que con propósito de lucro interponga su influencia para obtener una resolución de cualquier autoridad o dictamen que deba pronunciarse ante la misma.