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Timestamp: 2017-10-22 02:47:59
Document Index: 53627392

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 98', 'artículo 89', 'artículo 95', 'artículo 19', 'artículo 99', 'artículo 98', 'artículo 192']

Acuerdo y Sentencia 364/2015 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 364/15
EXPEDIENTE: “RENE DAMIAN ARRUA TORREANI Y OTROS C/ RESOLUCIONES N° 7, 15 Y 17, ACTA N° 16 DEL 24 DE FEBRERO DE 2005 DICTADA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (B.C.P.)”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y CÉSAR GARAY ZUCCOLILLO, quien integra esta Sala por inhibición del Ministro Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por Ante mí la Secretaria autorizante, se trajo para acuerdo el expediente caratulado: “RENE DAMIAN ARRUA TORREANI Y OTROS C/ RESOLUCIONES N° 7, 15 Y 17, ACTA N- 16 DEL 24 DE FEBRERO DE 2005 DICTADA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (B.C.P.)”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado ALDO RODRIGUEZ GONZALEZ, en nombre y representación del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, contra el Acuerdo y Sentencia N° 7 9 de fecha 22 de Agosto de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y GARAY ZUCCOLILLO.
A la primera cuestión planteada, el Doctor SINDULFO BLANCO prosiguió diciendo: La parte recurrente no fundamentó en forma expresa este recurso. Por lo demás, no advirtiéndose en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad, en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde tenerlo por desistido de este recurso. Es mi VOTO.
A sus turnos, los Doctores PUCHETA DE CORREA y GARAY ZUCOLILLO manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Doctor SINDULFO BLANCO prosiguió diciendo: El Abogado ALDO J. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ en representación del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY al exponer los agravios de su representado contra el Acuerdo y Sentencia N° 79 de fecha 22 de agosto de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala expresó entre otras cuestiones que, su parte se agravia contra la resolución dictada por dicho Tribunal ya que en el mencionado fallo se entendió erróneamente que en el sumario administrativo tramitado en sede del Banco Central del Paraguay en el cual recayeron los actos administrativos impugnados en la demanda, el Juez instructor se habría extralimitado al ampliar el sumario administrativo contra personas que originalmente no estaban incluidas en la investigación, hechos que implicarían violaciones a la Ley N° 489/95.
Con respecto al sumario en cuestión afirmó que por Resolución N° 11 Acta N° 27 de fecha 22 de marzo de 2002 el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY ordenó al Departamento Jurídico la instrucción de un sumario administrativo a la Señora VALERIA ORTIZ DE ESTECHE, ex liquidadora del Banco Oriental SAECA, y que de dicho acto administrativo surge con claridad que la investigación sumarial no solamente se iniciaba con relación a la Sra. VALERIA ORTIZ sino también contra quienes pudieran presumirse objetivamente responsables de los hechos investigados. Señalan que, luego del análisis de las documentaciones se observaron indicios sobre la responsabilidad de los ex directivos del Banco Oriental por lo que se dispuso ampliar la instrucción y competencia sumarial a las referidas personas.
Con relación a la motivación de la resolución por la cual se amplió el sumario a los directivos del Banco Oriental, alegan que como constituye una ampliación de la Resolución N° 11 Acta N° 27 de fecha 22 de marzo de 2002 dictada por el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY le corresponden los mismos fundamentos por lo que no puede ser considerada una resolución sin fundamentación.
Así también en lo que respecta a la competencia administrativa, disciplinaria y sancionatoria que tiene el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY sobre los accionantes Sres. RENE DAMIÁN ARRÚA, WAI HING CHAN, WAI HONG CHANG y WAI FU CHAN, señala que dicha entidad estatal se encuentra debidamente legitimada para aplicar sobre los mismos las medidas disciplinarias que correspondan, ya que son ex administradores de una entidad bancaria y la potestad de la Superintendencia de Bancos es controlar y fiscalizar el proceso de disolución y liquidación extrajudicial de una determinada entidad bancaria y financiera con posterioridad a la acción de los administradores naturales.
Con relación a la notificación de las resoluciones hoy impugnadas señalan que la parte actora argumenta que no fue notificada en forma la resolución por la cual se aplicaron sanciones pero dicha irregularidad no fue alegada en ocasión del planteamiento del recurso de reconsideración en sede administrativa por lo que mal puede sostener la supuesta falta de notificación como causal de nulidad.
En lo que se refiere a la cuestión de fondo, alega que los actores han sido sancionados en su calidad de administradores del entonces Banco Oriental S.A.I.F.E.C.A. ya que los mismos contravinieron disposiciones administrativas otorgando prestamos millonarios en condiciones de privilegio favorable para el deudor y desfavorable para la entidad acreedora, motivo por el cual los ex administradores luego de la debida comprobación en el sumario administrativo fueron sancionados por así corresponder en derecho.
En lo que respecta a la supuesta irretroactividad de la ley, afirman que en el sumario administrativo se pudo determinar para cada caso la existencia o no de faltas y la correspondencia o no de la aplicación de las sanciones preceptuadas en la ley por lo que pueda claro que no existió aplicación retroactiva de la ley, ya que las normas transgredidas por los accionantes estaban vigentes a la fecha de la realización de las operaciones declaradas irregulares.
Finalmente expresan que el BANCO CENTRAL DE PARAGUAY en todo momento observó las disposiciones normativas vigentes en la materia y aplicó las sanciones de conformidad a las leyes, por lo que las pretensiones de la parte actora carecen de sustento debiendo ser desestimadas revocando la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas y rechazando la demanda promovida por su notoria improcedencia.
Argumento de la parte actora: Afirma que en el escrito presentado por el representante del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY se puede notar que dicha presentación es casi una fiel reproducción del escrito de contestación de demanda. Arguye que en lo que se refiere a la nulidad de la resolución del Tribunal de Cuentas la parte recurrente no ha hecho una identificación directa de cual o cuales son las omisiones o violaciones de las solemnidades en la que incurrió el Tribunal de Cuenta Segunda Sala al dictar su fallo. Expresan que la mera transcripción de los hechos acontecidos en el sumario administrativo y luego en la etapa jurisdiccional no son fundamentos para pretender la declaración de nulidad, por lo que el recurrente merece ser rechazado.
Prosigue diciendo que considera que el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas se encuentra ajustado a las disposiciones legales ya que en dicho fallo se ha determinado que el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY ha incurrido en una extralimitación de su facultad legal. En este sentido, se tiene que el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY ha violado la disposición contenida en el artículo 19 inciso e) de la Ley N° 489/95 en concordancia con el artículo 98 de la misma ley el cual dispone que solamente el Directorio del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY puede ordenar la instrucción de un sumario administrativo, lo que en el caso que nos ocupa no fue así, ya que el sumario contra los actores de la presente demanda ha sido iniciado a instancia del Juez Instructor, y con la resolución del Tribunal de Cuentas se ha establecido nuestro derecho ilegítimamente violado por el BANCO CENTRAL DE PARAGUAY.
Por las razones esbozadas, solicita que la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas sea confirmada en todas sus partes.
Análisis del caso: En el presente juicio contencioso - administrativo, los señores RENE DAMIÁN ARRÚA TORREANI, WAI HING CHAN, WAI HONG CHAN y WAI FU CHAN, bajo patrocinio del Abogado LUIS ENRIQUE MOLINAS, promovieron demanda contenciosa administrativa contra las resoluciones dictadas por el Directorio del Banco Central del Paraguay: Resolución N° 7 Acta N° 16 del 24 de febrero de 2005, Resolución N° 15 Acta N° 16 del 24 de febrero de 2005 y Resolución N° 17 Acta N° 16 del 24 de febrero de 2005; los recurrentes también cuestionaron la legalidad de la Resolución N° 16 Acta N°5 del 18 de enero de 2005 y del A.I. N° 42/03 del 8 de mayo de 2003 dictado por la Juez sumariamente.
En este sentido, las referidas resoluciones resolvieron: “Rechazar por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor RENE DAMIAN ARRUA TORREAN!... Confirmar en todos sus términos la Resolución N° 16 Acta N° 5 de fecha 18 de enero de 2005del Directorio de la institución...”, “Rechazar por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por los señores WAI FU CHAN y WAI HING CHAN... contra la Resolución N° 16 Acta N° 5 de fecha 18 de enero de 2005 del Directorio de la institución...” “Rechazar por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor WAI HONG CHAN... contra la Resolución N° 16 Acta N° 5 de fecha 18 de enero de 2005 del Directorio de la institución...”. Por su parte la Resolución N° 16 Acta N° 5 del 18 de enero de 2005 dictada por el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY dispuso sustancialmente: “...5°) Calificar la conducta atribuida a... los Sres. WAI FU CHAN, WAI HING CHAN, WAI HONG CHAN... RENE DAMIAN ARRUA TORREANI...ex Directivo de la referida entidad, en las disposiciones del artículo 89 inc. b) “Faltas Graves” de la Ley N° 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay" ...7°) Aplicar una multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales, establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas de la capital de la República, a los señores WAI FU CHAN, WAI HING CHAN, WAI HONG CHAN...RENE DAMIAN ARRUA TORREANI... ex Directivos de la entidad BANCO ORIENTAL S.A.I.F.E.C.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 95°, inciso b) “Faltas Graves” de la Ley N° 489/95...”. En tanto que el A.I. N° 42/03 del 8 de mayo de 2003 dictado por la Juez sumariante dispuso; “AMPLIAR el A.I. N° 27 de fecha 11 de junio de 2002, en el sentido de INSTRUIR sumario administrativo a los Sres. WAI FU CHAN, WAI HING CHAN, WAI HONG CHAN, SHUI YIN CHAN DE RAMIREZ, CARLOS MIGUEL BERNI GONZALEZ, RENE DAMIAN ARRUA TRREANI, NELSON MENDEZ MORINIGO, en averiguación y esclarecimiento de las supuestas irregularidades denunciadas en el escrito presentado por el Superintendente de Bancos...".
En este sentido, y según los antecedentes del caso, el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY consideró comprobada la transgresión por parte de los actores (ex - administradores del Banco Oriental) de disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay (N° 489/95 artículos 89 inciso b) y articulo 96 incisos a),b),c) y e), razón por la cual sancionó a los señores RENE DAMIÁN ARRÚA TORREANI, WAI HING CHAN, WAI HONG CHAN y WAI FU CHAN al pago de una multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales.
Los actores del presente contencioso, cuestionaron las resoluciones del DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY afirmando que el acto administrativo impugnado es ilegítimo ya que cercena sus derechos, considerando que según lo establece taxativamente la Ley N° 489/95 el sumario administrativo debe ser ordenado por el Directorio del Banco Central del Paraguay, lo que en el caso de autos no ha ocurrido ya que el sumario fue ampliado con relación a los accionantes por el Juez de Instrucción, sin tener autorización expresa del Directorio.
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala por Acuerdo y Sentencia, el que lleva el número 79 de fecha 22 de agosto de 2007, resolvió: “HACER LUGAR A LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA INTAURADO EN AUTOS POR RENE DAMIAN ARRUA TORREANI Y OTROS C/ RES N° 7,15 y 17, Acta N° 16 de FECHA 24 DE FEBRERO DE 2005 D/C. POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y en consecuencia, revocar los efectos de las Resoluciones N° 7,15 y 17, Acta N° 16 de fecha 24 de febrero de 2005 dic. Por el Banco Central del Paraguay, IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa...".
Como fundamentos del fallo sustancialmente señalaron: “...En el presente caso ha ocurrido precisamente lo que la doctrina señala como incorrecto, ya que la Juez Sumariante, en su A.I. N° 47 del 8 de Mayo del 2003, que obra a fs. 1493 y 1494 de los Antecedentes Administrativos, ha ampliado un sumario administrativo contra otras personas que originalmente no se mencionan en el A.I. N° 27 del 22 de Marzo del 2002, que dio inicio al proceso sumarial; configurándose en consecuencia una violación de la Ley N° 489 en su Art. 19 inc. e), con el agravante de que el citado A.I. N° 47 (fs. 1493/4) también ha transgredido el Art. 98 de la misma ley citada, pues no contiene en su Considerando la relación circunstanciada a los hechos que motivan dicha determinación".
Prosiguen diciendo: “...En materia administrativa no se puede dar un procedimiento diferente al marcado por la Ley, pues de lo contrario se estaría constituyendo en exceso o extralimitación de poder, y como ocurrió en este caso, una auto atribución de facultad extra lege. Conforme a la Ley 489/95 la única autoridad que puede ordenar un Sumario Administrativo, es el Directorio del Banco Central del Paraguay, por lo tanto, si alguna ampliación de dicho sumario fuere necesario; es necesario, valga la redundancia, que dicha ampliación sea autorizada por la misma autoridad que la dictó...”.
Finalizan expresando: “...Hasta lo aquí expuesto, considero que al determinarse, con el análisis precedente, la falta de regularidad de la Resolución N° 47 del 8 de Mayo del 2003, por la cual se amplió el sumario administrativo contra los accionantes, y por constituir el mismo antecedente de todo el proceso administrativo posterior, se justifica la revocación de las demás resoluciones que fueron sus consecuencias, y que son Resolución N° 16, Acta N° 5 del 18 de Enero del 2005, y Resoluciones N° 7,15 y 17, Acta N° 16 del 24 de Febrero del 2005, todas ellas dictadas por el Diccionario del Banco Central del Paraguay...”.
Que básicamente, y lo medular de la cuestión pasa por determinar la legalidad o no de la resoluciones impugnadas, en especial, de la resolución que determinó la inclusión de los actores en el sumario lo que derivó en la imposición de la sanción de veinte (20) salarios mínimos, y posteriormente en el rechazo del recurso de reconsideración. Esto es así ya que de admitirse la tesis esbozada por el Tribunal de Cuentas -en el sentido de admitir la nulidad de la referida resolución- las que sean su consecuencia también corresponden sean anuladas.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas analizando el cúmulo de elementos probatorios, en especial los antecedentes administrativos traídos a la vista, determinó que al estar expresamente determinada en la legislación pertinente la autoridad administrativa habilitada para la instrucción de un sumario administrativo, no puede otra autoridad arrogarse esta función e incluir a personas distintas a las determinadas expresamente en la resolución dictada por la autoridad expresamente facultada por la Ley.
Igualmente dejaron sentado que, a más de no estar autorizado el Juez instructor -del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY- a ordenar la instrucción del sumario administrativo, ha dictado una relación con que no contiene los mínimos presupuestos requeridos por la legislación aplicable, lo que acentúa aún más la nulidad de la referida resolución, ya que en el hipotético caso en que se reconozca competencia al Juez instructor en dictar la referida resolución, la misma crece de elementos requeridos conforme la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay.
Entrando en materia, tenemos que según A.I. N° 47/03 del 8 de mayo de 2003 dictado por la Juez sumariante se ordenó la ampliación con relación a RENE ARRUA, WAI HING CHAN, WAI HONG CHAN y WAI FU CHAN del sumario administrativo iniciado según A.I. N° 27 del 11 de junio de 2002 con relación a la Sra. VALERIA ORTIZ DE ESTECHE, ex Liquidadora del Banco Oriental S.A.I.F.C.A. Esto significa que esta resolución de ampliación fue emitida en contravención con el artículo 19 inciso e) de la Ley N° 489/05 “Orgánica del Banco Central del Paraguay” dispone en forma clara y precisa al referirse a las atribuciones del Directorio del Banco Central del Paraguay la potestad exclusiva de ORDENAR LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, lo que a su vez concuerda con el artículo 99 del mismo cuerpo leyes que dispone igualmente que LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO SERA ORDENADA POR EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.
Como se puede notar, la jueza instructora se auto asignó funciones que conforme la ley no le correspondían, dicho en otros términos, se extralimitó en la función que le confiere la legislación pertinente, esto es así por cuanto el funcionario de la administración tiene su competencia circunscripta a lo que las normas le determinan, por lo cual la facultad que ellas le confieren está necesariamente restringida y orientada al cumplimiento de la propia finalidad del sistema normativo, por lo que, atribuirse una competencia que no le corresponde desemboca necesariamente en la nulidad del acto administrativo dictado por esa autoridad incompetente.
Sobre el punto la doctrina señala.- "...es peligroso sostener que en el caso se obró en uso de sus facultades legales, así lo que ocurre es que se hizo abuso de aquéllas y se tomó a la ley como medio para consumar la arbitrariedad... El carácter legal de una atribución, de una facultad y la observancia de las formalidades no basta para acordar legalidad al acto si ha substractum de arbitrariedad (...) desviación de poder, etc, que es lo mismo que decir ilegalidad...” (Agustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. El acto administrativo. 5° Edición. Pág. IX-24. Bs. As.).
Consecuentemente, siendo nula la Resolución N° 47/03 que dio origen al sumario administrativo con respecto a los accionantes, por haberse dictado en violación a los artículos referidos precedentemente, las resoluciones que sean su consecuencia son igualmente nulas, ya que en las mismas fueron violadas garantías constitucionales que resguardan en su conjunto el derecho al debido proceso, que indudablemente incluye el derecho a la defensa en juicio, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo, circunstancia que per se amerita la declaración de nulidad, tal como lo dispuso el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Finalmente y aun por los motivos expuestos, considero que la Resolución N° 47/03 y las que sean su consecuencia deben ser anuladas, quisiera referirme brevemente a la circunstancia mencionada por el Tribunal de Cuentas, en el sentido de la falta de motivación de la resolución N° 47/03.
En este sentido, la autoridad administrativa alegó que como el A.I. N° 47/03 es una ampliación del A.I. N° 27/02 le corresponden los mismos fundamentos que los expuestos en la Resolución por la cual se deba inicio y se declaraba la competencia del Juzgado de instrucción. Al respecto, cabe señalar que el artículo 98 es claro al disponer que el sumario será iniciado por resolución fundada del juez, que deberá contener una relación circunstanciada de los hechos, actos u omisiones que se imputen, lo que implica que aun cuando sea una "ampliación" de un sumario ya iniciado, deben señalarse los hechos que motivan la investigación, ya que puede ocurrir como el caso de autos, que en un principio se investigue la conducta del liquidador de una entidad bancaria y posteriormente se incluya a los administradores de la entidad fallida, las conductas de uno y de otros nunca pueden ser las mismas, por lo que la resolución deberá contener una motivación que permita a los sumariados arbitrar los mecanismos de defensa idóneos para contradecir la instrucción sumarial, de lo contrario, convierte a la resolución de la autoridad administrativa en una decisión desprovista de fundamento serio y por lo tanto, arbitraria.
A mayor abundamiento el autor citado Agustín Gordillo apunta: “...La necesidad legal de fundar el acto administrativo no constituye una exigencia vacía de contenido, ya que el propósito de la norma (...) radica en garantizar el derecho de los administrados haciendo que sea factible conocer las razones que indujeron a emitir el acto. Ello es así por cuanto los principios republicanos imponen la obligación a la Administración de dar cuenta de sus actos cumpliendo los recaudos exigidos para permitir que estos puedan ser impugnados por quienes vean afectados sus derechos; y la necesidad de que los jueces cuenten con los datos indispensables para ejercer la revisión de su legitimidad y razonabilidad. La fundamentación hace a los principios republicanos y al Estado de derecho; es precondición de la defensa del interesado y de su control judicial; el acto inmotivado es, para nosotros y en un Estado de Derecho, irremediablemente nulo...”. (Agustín Gordillo. Ob. Cit. Pág. IX- 36).
En estas condiciones y por las consideraciones que preceden, doy mi voto por la improcedencia del recurso en alzada, interpuesto por el representante del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Abog. Aldo Rodríguez, contra el Acuerdo y Sentencia N° 79 de fecha 22 de Agosto de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debiendo la resolución recurrida ser confirmada. En cuanto a las costas, en ausencia de todo hecho que motive apartarse del principio del riesgo objetivo, contenido en el artículo 192 del Código Procesal Civil, deben ser impuestas a la parte perdidosa. Es mi VOTO.
A su turno, la señora Ministra Dra. PUCHETA DE CORREA manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.
A su turno, el señor Ministro Dr. GARAY ZUCCOLILLO dijo: Se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.
Dado que el Banco Central del Paraguay tuvo razón suficiente para litigar, en defensa de sus Derechos, corresponde la imposición de Costas en el orden causado, de conformidad a los Artículos 193 y 205 del Código Procesal Civil. Es mi VOTO.
TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad interpuesto en autos.
NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALDO RODRIGUEZ GONZALEZ, en nombre y representación del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, contra el Acuerdo y Sentencia N° 79 de fecha 22 de Agosto de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia CONFIRMAR el mismo, en virtud a los argumentos esgrimidos en el considerando de la presente resolución.
IMPONER las bostas a la parte perdidosa.