Source: http://www.slideshare.net/eugeniaisla/ops-argentina-salud-mental-y-derechos-humanos-libro-completo-5532875
Timestamp: 2016-10-20 22:43:24
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OPS Argentina lanzó el libro “Salud mental y derechos humanos" - Libr…
OPS Argentina lanzó el libro “Salud mental y derechos humanos" - Libro Completo
Rosell elva gabriela pps (1)
by Gaby Rosell
Marco general legislación nacional ...
Innovación Educativa con Recursos E...
Políticas sobre la discapacidad en ...
by ASDRA1988
La publicación reúne los trabajos, exposiciones y materiales presentados en los talleres realizados en la Corte Suprema de Justicia argentina en marzo de 2008. El ejemplar presenta la legislación en salud mental en el país, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho internacional como instrumento de protección de las libertades; además de una descripción de la situación actual en América latina y el Caribe, los servicios nacionales de salud mental, y las experiencias exitosas de sistemas basados en la comunidad, entre otras. ...
Año| 2009Salud mental y
Vigencia de los estándares
Vigencia de los estándares internacionales
V I M U
Asesor subregional en salud mental para Sudamérica OPS/OMS
Compilación técnica
Esta publicación reúne los trabajos, exposiciones y
materiales presentados en los talleres realizados durante los días
26, 27 y 28 de marzo de 2008 en la sala de audiencias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, talcahuano 550, 4to. piso,
CiudadAutónomadeBuenosAires,Argentina.
© Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
Compilación técnica: Hugo Cohen (asesor subregional en salud mental
para Sudamérica OPS/OMS)
Coordinación editorial: Caty Iannello (OPS/OMS)
Editor: Andrés Criscaut
Diseño: Andrés Venturino (OPS/OMS)
Revisión bibliográfica: Flavio Hazrum (OPS/OMS)
Este documento puede ser reproducido en forma parcial sin permiso especial
pero mencionando la fuente de información.
Salud mental y derechos humanos : vigencia de los estándares
internacionales / compilado por Hugo Cohen.
1a ed. - Buenos Aires : Organización Panamericana de la Salud -
OPS, 2009.
207 p. ; 22x15 cm.
ISBN 978-950-710-120-5
1. Salud Pública. 2. Salud Mental. I. Cohen, Hugo, comp.
Fecha de catalogación: 16/10/2009
Salud mental, legislación y derechos humanos en Argentina
Ley de derechos humanos y discapacidad mental internacional:
libertad, dignidad, igualdad y derecho
Prof. Dr. Lawrence O. Gostin
El derecho internacional como un instrumento esencial para
la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad mental y
sus familiares en el contexto del Sistema Europeo e Interamericano
fundamentales de las personas con discapacidad mental:
La experiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Debates, preguntas y comentarios
Dr. Santiago A. Cantón
Situación actual de la salud mental en América Latina y el Caribe
desde la perspectiva de la OPS/OMS. Retos y proyecciones
Dr. Jorge J. Rodríguez
Los derechos básicos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad mental en el sistema judicial argentino.
Dras. Carolina Wnuczko y Luciana Ricart
Servicios nacionales de salud mental: estructura, políticas y
La capacidad legal en el contexto del pleno ejercicio de
e intelectual de conformidad con la jurisprudencia norteamericana
Dr. Robert Dinerstein
La creación de los sistemas de salud mental basados
en la comunidad, en el contexto de experiencias exitosas
1. Salud mental y derechos humanos: hacia una agenda
de integración entre justicia y salud 13 y 14 de Noviembre
de 2008 - Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte
2. Resumen relatoría grupos de trabajo - Caso Terramar
3. La declaración de Montreal sobre la discapacidad intelectual
4. Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre la Promoción y Protección de los Derechos
de las Personas con Discapacidad Mental
a) Caso Víctor Rosario Congo informe n° 63/99 - caso 11.427
Ecuador 13 de abril de 1999
b) Caso Rodio - Competencia N° 1195 XLII
“R., M. J. s/ insania”
c) Caso Hermosa, Luis Alberto Competencia
N° 602. XLII. s/ insania proceso especial.
d) Caso Tufano, Ricardo Alberto s/ internación - Competencia
N° 1511. XL.
Damos comienzo al acto de apertura del Taller: “Salud mental y
derechos humanos: vigencia de los estándares internacionales”, que organi-
zan la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la
Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, con el
auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro
Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud en Derechos Humanos y Legislación y la Escuela de
DerechodelaUniversidaddeWashington.
Se hallan presentes en el estrado el Señor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti; el Señor
Director del Centro Colaborador de la OPS y de OMS, Dr. Lawrence Gostin;
el Señor Representante de la OPS y la OMS la RepúblicaArgentina, Dr. José
Antonio Pagés; el Señor Presidente de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, Dr. Ricardo Recondo; el Señor
Presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Dr.
Beinusz Szmukler; el Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, Dr. Santiago Cantón; el Señor Asesor Regional
de Derechos Humanos de la OPS y de la OMS, Dr. Javier Vázquez; el Señor
Director de la Clínica sobre Discapacidad de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Washington, Dr. Robert Dinerstein; la Señora Defensora
General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez; y la Señora Secretaria de
JusticiadelaNación,Dra.MarcelaLozano.
Destacamos asimismo la presencia de representantes de la Secretaría
de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo de la Nación; Señores
legisladores de la Nación y de la CiudadAutónoma de BuenosAires; Señores
representantes del Ministerio Público de la Nación; Señores magistrados;
representantes de la Dirección General de Tutores y Curadores Públicos;
señores funcionarios del Poder Judicial; Señores abogados, señores represen-
tantes de organismos internacionales; representantes de los sectores de salud
y derechos humanos del Poder Ejecutivo de la Nación, de la Provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; señores directores
de hospitales psiquiátricos; representantes de asociaciones de profesionales,
de organismos no gubernamentales, de usuarios, familiares y voluntarios;
señores profesoresuniversitarioseinvitadosespeciales.
La Declaración de Caracas, firmada en el año 1990 por los países de
América Latina, indica que los cuidados, recursos y tratamientos para perso-
nas con trastornos mentales deben salvaguardar invariablemente la dignidad
personalylos derechoshumanos,ambosenestecontexto.
Desde 2001 el Gobierno Argentino con el apoyo de la OPS/OMS ha
venido llevando a cabo distintos talleres de capacitación sobre derechos
humanos y salud mental para todos los órganos gubernamentales, secretarías
de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de la
saludpúblicayorganizacionesdeusuarios yfamiliares,entreotros.
También en este contexto, y con el impulso de las autoridades, se ha
creado hace dos años la “Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos
Humanos”, que integra áreas involucradas en la atención de personas con
discapacidadmental.
El objetivo de esta Mesa y de las actividades de la OPS de apoyo en
materia de derechos humanos y salud pública, consisten en seguir los linea-
mientos de la Declaración de Caracas, promoviendo el derecho a la salud y
otros derechos relacionados de las personas con discapacidad mental, inclui-
do el desarrollo de servicios de salud mental basados en la comunidad, de tal
forma que se elimine la estigmatización de las personas con discapacidad
mentaly selogresu plenareinserciónsocial.
Por este motivo, esta mesa intersectorial se ha concretado en facilitar
la aplicación de los conceptos que surgen de la Declaración de Caracas y de
clarificar la normativa y estándares internacionales y nacionales de derechos
humanosaplicablesenlos sistemasdesaludmental.
Esta taller sobre salud mental y estándares internacionales de derechos
humanos es parte del desarrollo mencionado, donde la Mesa Federal tiene un
lugar destacado, y a la vez refleja las recomendaciones que fueron presenta-
das por las distintas autoridades de salud mental de los países en el pasado
Foro Latinoamericano de Salud Mental, que se efectuó en la República
ArgentinaconelapoyodelaOPS enelaño2006.
En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, de su
Directora la Dra. Mirta Roses, y de todos nuestros colegas, muchos de los
cuales nos acompañan, damos la más cordial bienvenida a todos los pre-
Especialmente queremos saludar a. Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, Presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia; a los miembros de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; y a la Asociación de
Abogados delaCiudaddeBuenosAires.
Nos place enormemente haber participado con todos ellos en la
organización de este taller que lleva por nombre "Salud mental y derechos
humanos: vigenciadelos estándaresinternacionales".
Saludamos y agradecemos también a todas las organizaciones que
auspician este evento. Nuestro saludo al Dr. Santiago Cantón, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al Dr.
Robert Dinerstein de la Escuela de Leyes de la American University; al Dr.
Lawrence Gostin, Director del Centro Colaborador de la OMS sobre Legisla-
ción en Salud Pública y Derechos Humanos; a la Dra. Marcela Losardo,
Viceministra de Justicia; a nuestro compañero de trabajo Dr. Daniel Perotti
que es Defensor General de Derechos Humanos de la OPS; al Dr. Jorge
Rodríguez, Coordinador del Proyecto Regional de Salud Mental,
Discapacidad y Rehabilitación de la OPS/OMS, así como un saludo a todos
los presentes. Este es un evento de gran significación. La constitución de la
RepresentantedeOPS/OMS enArgentina
OMS establece un principio internacional fundamental en virtud del cual el
goce del grado máximo de salud que se puede lograr no es solamente un
estado o condición de la persona, sino también uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica y social. Esto fue adoptado por la
Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946; por
el Pacto de Derecho Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas, que
protege el derecho de toda persona que disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental; y por el Protocolo de San Salvador, que en el marco de la
Organización de EstadosAmericanos (OEA) protege el derecho a la salud. La
protección de la salud como un derecho inalienable del todo ser humano se
encuentra consagrada en 18 de las 35 constituciones de los estados miembros
delaOPS.
Podríamos citar otros pactos, declaraciones, convenciones, protocolos
nacionales e internacionales donde la salud queda consagrada como derecho
humanofundamental.
La histórica Declaración de Alma Ata, Conferencia Internacional
sobre la Atención Primaria de la Salud, destacaba con mucha fuerza la
importancia del enfoque del derecho y el abordaje de los problemas de la
salud. Con mucho agrado estamos notando en la actualidad la tendencia al
incremento de variadas organizaciones nacionales e internacionales que se
suman en esta cruzada, a favor de los derechos a la salud como parte de los
derechos humanos. Las propias organizaciones de los sectores oficiales de
salud en muchos de nuestros países están dando pasos importantes en este
campo. Por eso, también nos permitimos reconocer aquí, en el caso deArgen-
tina, los esfuerzos de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y
las secretarías y ministerios de salud de los gobiernos provinciales a este
No obstante todo lo anterior, se necesitan definir bien las responsabili-
dades en el abordaje de estos asuntos, por parte de todos los que están involu-
crados en el tema. Necesitamos una participación activa de muchos más
trabajadores de la salud de toda nuestra región, responsabilizados directa-
mente con el cuidado de la salud de las personas y con la formulación e
implementacióndepolíticaspúblicasenelcampodelaciencia.
No se trata esto de un asunto de retórica. El derecho a la salud es una
herramienta para salvar vidas, que debe ser utilizado por todos los trabaja-
dores de la salud y funcionarios de la justicia. "Dignidad", "autonomía",
"equidad", "no discriminación" son principios que tienen que ser colocados
en el centro de lo que hacemos todos los que, de una u otra forma, hoy
tenemos responsabilidades compartidas de la salud de la gente. Por una parte
son obligaciones morales, pero también son obligaciones legales. De ahí, en-
tre otros aspectos, la gran importancia de este taller. Como representantes de
la OPS nos sentimos contentos de poder estar promoviendo los derechos a la
salud junto a todos ustedes, y en este caso en particular los derechos a la salud
mental. Y quiero detenerme aquí para hacer un especial reconocimiento a la
Corte Suprema de Justicia de la NaciónArgentina, quienes están advirtiendo
el problema de aceptar internaciones sin orden judicial y el mantenimiento de
esa situación sin efectuar controles periódicos, lo cual deshonra los derechos
humanos de los pacientes con trastornos de salud mental, establecidos en los
tratados internacionales y en las normas legales de los países. Eso es verdade-
ramenteencomiable.
Queridos colegas, los derechos humanos tratan con los desfavorecidos,
con la desigualdad de género, con las inequidades y con la discriminación de
todo tipo, y trata con los problemas de la infancia, de las madres, de los
discapacitados, de los indígenas; ¿sería mucho problema incluir en esta lista
el quehacer de la salud mental? Podríamos citar buenos ejemplos donde la
falta de la observancia práctica de los derechos humanos es un factor clave
que puede desencadenar enfermedades, e incluso de muerte, así como otros
sufrimientosy padecimientos.
Quisiera por último, en nombre de todos nuestros compañeros de tra-
bajo, agradecer a las organizaciones argentinas y al gobierno argentino, quie-
nes nos han dado las posibilidades y han colocado ante nosotros sus buenos
serviciospararealizarestepanel.
Muchísimasgracias
Me parece importante aclarar la naturaleza del acto ya que no es
habitual que en un tribunal de justicia se realice un acto como este. No es un
acto académico, porque la sede para los actos académicos es la universidad.
Pero ha ocurrido que nuestra Corte ha dictado dos sentencias, la de Tufano en
2007, y la de Rodio al año siguiente (ver anexos). Con ellas la Corte ha
avanzado profundamente en el campo de los derechos humanos en esta área
específica de las personas que tienen dificultades y están en un área de
internación mental, y nos parece que ha sido importante haber recibido
comentariosyapoyos, tantoeneláreainternacionalcomonacional.
En virtud de ello es necesario promover algo más que una sentencia,
también un proceso de debate, sobre una decisión judicial que convoque a
políticas de estado que perfeccionen y que lleven adelante lo que las senten-
ciasdicen.
Por eso agradecemos muchísimo la presencia tanto de la Defensoría
General, que tiene un gran rol en esta materia, como la del Ministerio de
Justicia,delasautoridadesquerepresentanalaOPS y alos magistrados.
La razón de este acto es debatir hechos de implementación más amplios
enmateriadederechoshumanos,queinvolucrenpolíticasdeestado.
Mi presentación se va a relacionar con aspectos de la teoría legal que
tienen estas decisiones judiciales y los derechos humanos en este área
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Salud mental, legislación
y derechos humanos en
Me gustaría comenzar señalando que hace no muchos años era una
época de grandes relatos, en la que la teoría social, política y también el
derecho, estaban pensados en función de una transformación global de la
sociedad, evolucionando hacia una sociedad mejor, una sociedad utópica,
una sociedad sin distinciones de clases, o cualquiera sea el signo que nosotros
queramos darle. Se pensaba en grandes transformaciones, en grandes relatos.
Hoy pareciera que pensamos en pequeñas historias ya que no tenemos aque-
llas pretensiones. Nos enfocamos en las pequeñas historias, esas que reflejan
las grandes desigualdades y tal vez las necesidades de volver atrás en el relato,
queesun grantemaquedebiéramosdiscutir.
Pero, sin duda alguna, estas pequeñas historias son grandes en cuanto
reflejan las fisuras que representan las sociedades. Y las pequeñas historias
que llegan a los tribunales, aquellos casos que llegan a nuestra Corte Supre-
ma,muestrangrandesfisurasenlasociedad.
Estas fisuras han sido enfocadas en los últimos años en el campo de los
derechos humanos, en toda la teoría de los derechos humanos. Esta viene a
ayudar a los que hoy denominamos "vulnerables" en sentido general, perso-
nas quepresentanunadesigualdadenrelaciónalos demás.
En el caso específico del que nos vamos a ocupar, esta desigualdad está
vinculada a una calificación que ha sido discutida también en los últimos
años: personas que tienen problemas mentales, problemas de drogadicción,
problemas toxicológicos, problemas de conducta. Sin duda una frontera
difícil, una frontera problemática, un área de una extrema complejidad. Me
voy a referir a tres aspectos vinculados en cierta manera con la evolución de la
teoríadelos derechoshumanos.
El primero se refiere a aquella etapa utópica de los derechos humanos.
El movimiento comenzó enunciando las utopías de que hay que tener un trato
igualitario para todos los derechos humanos, que hay que suprimir las
desigualdades y que todos somos iguales ante la ley. Esto tuvo un tremendo
impacto sobre el lenguaje, y hoy hablamos un lenguaje diferente gracias a
este gran impulso inicial. Y es en el lenguaje donde creo que tenemos el
primer problema en el campo de las personas con, diríamos, "afectaciones
mentales", o que están en proceso de internación. El lenguaje que utilizamos
tiene una contracara, que es la exclusión. Hay un "umbral" de designación, y
cuando decimos que alguien es "loco" o "drogadicto", hay un proceso de
descalificación. El lenguaje común que utilizamos, el lenguaje que utiliza
nuestro pueblo, tiene en gran medida este elemento, y es aquí donde hay que
trabajarmuyseriamente.
Por eso es que la sentencia de la Corte utiliza este nuevo lenguaje, que
trata de despojarse de esta enunciación despectiva, de esta enunciación que
excluye y discrimina, y que además posee un fuerte potencial que vuelve
invisible al problema. Toda la problemática de encierro de personas con
problemas mentales tiene mucho que ver con el lenguaje. Una enunciación de
este tipo significa que estas personas desaparecen del mundo. Se las excluye y
ya no existen. Por eso la "visibilidad" es el primer gran problema que tenemos
que enfrentar, llamar a las cosas como son. ¿Son personas?, y si son personas,
¿son entes morales autónomos? Si son entes morales autónomos tienen
derechos,ysitienenderechosdebemoshacerlosvaler.
No hay ninguna disminución a priori, no hay ninguna capitis
diminutio. No es este lenguaje de la exclusión y de la descalificación el que
debemos usar en la calle ni en los estrados judiciales, ni tampoco en las
oficinas administrativas, ni en ninguno de los lugares donde se forma este
lenguaje de la exclusión. Hay que erradicar este lenguaje institucional que
excluye, que separa y que transfiere a aquel que está con problemas mentales
a otro mundo que prácticamente no existe. Este es el primer aspecto que, creo
yo, lasentenciaenfocareiteradamenteenlos dos casos mencionados.
La segunda fase del movimiento de derechos humanos podemos
denominarla "analítica", porque desenvuelve mediante un análisis todos los
derechos específicos, y en esta área hay una serie de especificaciones impor-
tantes, que recibe las sentencias, las desarrolla y las explica. En este campo
nosotros podemos decir que hay un derecho a recibir tratamiento y un derecho
a negarse a esos tratamientos. Esta enunciación se hizo primero de modo
general, cuando se habló de la libertad. La libertad humana integra lo que hoy
denominamos el ámbito de la individualidad personal, el ámbito en el cual
nosotros tomamos nuestras propias decisiones basadas en la autonomía, y
este ámbito es protegido como núcleo duro de la individualidad personal,
tanto por el derecho constitucional como por el derecho público y el derecho
privado. Allí decidimos con plenitud si queremos tomar una decisión en un
sentido o en otro, o simplemente no tomar ninguna, mientras esto no afecte a
En el campo de las prestaciones de salud, esto significó el desarrollo del
derecho a recibir tratamiento o rechazar tratamiento médico, dos campos de
un amplísimo desarrollo en nuestro país y en el mundo. Y particularmente en
el derecho de rechazar tratamientos médicos, se trabajó en área muy difíciles,
como la situación que se produce cuando esta negativa pone en riesgo la vida
Pero en el ámbito específico que hoy nos ocupa, nosotros hemos dicho
en estas dos sentencias que hay un derecho a rechazar el tratamiento. Hay un
derecho a rechazar el tratamiento cuando éste implica el encierro y cuando
éste implica el encierro involuntario (ya vamos a ver en qué situaciones). Esto
significa que la regla es la libertad, y la excepción es su restricción. Si hay
algo importante en el campo de los derechos humanos es que cuando los
enunciamos, estos pierden la carga argumentativa; si decimos que hay
libertad y hay derecho a rechazar tratamientos médicos, toda restricción es de
interpretación restrictiva, y esta debe ser probada y argumentada como
excepción,ynocomoregla.
La segunda afirmación importante que se hace en estas sentencias es
que existe un derecho a la información, y este derecho es muy relevante ya
que esta información es calificada en la caso de personas que tienen dificul-
tades de discernimiento. Por lo tanto estamos hablando de que el derecho a la
información, que es un derecho en general que se refiere a la problemáticaque
existe entre profanos y expertos, que es un desnivel cognoscitivo del nivel del
conocimiento, aquí está acentuado porque ese desnivel del desconocimiento
estáagravadopor lafaltadediscernimiento.
No es solo información, sino además consejo calificado el que debe
recibir una persona que está en esta situación. No es solo información sino
consejo, asistencia; y no es solo consejo en un solo acto, sino también perma-
nente, continuo. Esto nos lleva a otro espectro tratado en las sentencias que
mencioné y que es la noción de debido proceso. Una noción general también
vinculada al movimiento de los derechos humanos, pero aquí está enfocada
enrelaciónaun procesoespecífico.
Esto en la filosofía ha sido tratado en varios libros interesantes que
muestran que la justicia tiene diferentes esferas. Siempre nos ha ocupado la
esfera general, el debido proceso genérico, o a lo mejor el debido proceso en
materia penal. Michael Walter, en un hermoso libro que se llama "Esfera de la
Justicia", dice que hay distintos rieles, y por lo tanto, en relación a cada riel,
estos conceptos tienen una especificación, y estos conceptos generales deben
ser intensificados en cada área, en cada institución; deben ser analizados en
funciónacómofuncionay alestadoenquerige.
Si nosotros examinamos cómo se trata a las personas con problemas de
discernimiento en las instituciones locales, las que tienen que tratar con ellos,
las que les aplican la ley, las que luego deciden si son internados o no, si son
privados de la libertad o no, y cuáles son las condiciones, la Corte ha dicho
que debe aplicarse el debido proceso. En esta justicia local, la persona que
tiene problemas de discernimiento, de drogadicción o de imputabilidad gené-
rica, es tratada de un modo tan poco claro que la Corte ha tenido que decir que
el debido proceso debe ser respetado en todas las instancias en las que se
juega la libertad de una persona. Por lo tanto es muy importante recuperar la
noción del debido proceso en este trámite de internación. La Corte ha dicho
que cuando se decide una internación restrictiva de la libertad, deben darse y
comprobarse los extremos, por aquello que dijimos de las reglas de la libertad
y la excepción a la restricción. Cuando se decide la restricción, debe probarse
con toda claridad lo que dice la ley: "la amenaza de daño para terceros y para
si mismo". Esta comprobación no es estática sino dinámica, hay un derecho
del paciente a que sea revisada constantemente, y no, como ha ocurrido, que
mediante un acto formal sin contenido material algunas personas han queda-
do detenidas durante años sin ningún control. Este es el núcleo fundamental
del debido proceso: el derecho que tiene alguien que ha sido internado y
El significadodel debido proceso en estas prácticasinstitucionaleses el
derecho concreto a ser oído, a que su situación sea revisada constantemente.
Porque son en estas prácticas institucionales donde falla el debido proceso,
donde falta la justicia local que muchas veces olvidamos, pero que para el
ciudadano común son las que importan. Son estas instituciones y estas peque-
ñas decisiones las que afectan las libertades personales y que deben ser pues-
tasalaluzdelos principiosgenerales.
Otro campo que me parece importante y que involucra a estas senten-
cias es la tercera área que hoy se trabaja en los derechos humanos y que es la
"teoría de la implementación". De nada sirve el movimiento de los derechos
humanos si queda en el campo de las declaraciones. Esto ya se difundió hace
unos años, cuando se pensó que los derechos humanos no solo debían ser de-
claraciones políticas, sino normas jurídicas. Se avanzó un poco más cuando
se dijo que estas normas jurídicas no debían ser conceptos indeterminados,
conceptos declarativos de carácter internacional, sino que debían entrar en los
ordenamientos nacionales y ser normas jurídicas determinadas. Es decir, de-
bían ser derechos precisos, cuyos titulares podían ejercerse con acciones y
deberes para las autoridades. Por eso el movimiento de los derechos humanos
ingresóenlos ordenamientosnacionales,comohaocurridoennuestropaís.
Pero hoy se plantea algo más. La norma jurídica no puede ser vista
como una emanación legislativa que termina cuando es promulgada o legis-
lada, o como una sentencia que termina cuando es dictada. El grave problema
que hoy tenemos en el mundo en derechos humanos es que hay situaciones
muy complejas, y el legislador expone el problema, pero no lo resuelve.Asis-
timos cada vez más a normas, a leyes que tienen expresiones de deseo; es
decir, legislación por objetivos y que tienen valoraciones (se incorporan
objetivos y valores a la norma jurídica), pero se despreocupan de la resolu-
ción de los conflictos reales que provocan estas declaraciones. Este es el
derecho declarativo que ha retornado en la temática de los derechos humanos,
el que ha vuelto y que se creía olvidado hace unos años. Ha vuelto este sistema
de normas que en los congresos de muchos países se sancionan, sin preocu-
parseluegodecómoson implementadas.
En el campo de la decisión judicial ocurre algo similar, que es el dictado
de las sentencias, despreocupándose luego de cómo suceden las cosas a
posteriori. En este campo las dos causas a las que me he referido son buenos
ejemplos. Personas que ven sus derechos afectados, pero que esos derechos
circulan dentro del ordenamiento judicial y dentro del ordenamiento legal, sin
que su situación varíe. Una persona detenida 25 años porque ha sido decla-
rada imputable. Durante todo ese período hay devoluciones entre los jueces,
pero ningún trato concreto con el detenido. Los expedientes circulan eterna-
En la causa Tufano también circulan los expedientes, pero también
hubo problemas de competencia.Aquí tenemos una primera cuestión impor-
tantísima dentro de la teoría de la implementación. Debemos poner en claro
que lo que importa son los derechos efectivos, la eficacia de los derechos y no
su mera declaración. No debemos priorizar los problemas de competencia, no
debemos priorizar los problemas de dificultades de técnica legislativa. Tanto
el Poder Judicial, como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo debemos
poner la atención en la efectividad. Esto es lo que reclaman nuestros ciuda-
danos, y la Corte lo ha dicho con toda claridad y ha sancionado duramente en
estos textos de las sentencias estos circuitos, que han permitido que algunas
personas hayan visto afectados, en un grado de extrema gravedad, sus dere-
chos. Por eso es necesario que pongamos atención en lo que se denomina hoy
"lateoríadelaimplementación",encómohacereficacesestosderechos.
Esto nos lleva a otro punto que es relevante, y que son las políticas de
Estado. Ninguna sentencia judicial aislada (ni siquiera de la Corte Suprema),
ninguna ley por si sola va a solucionar estos problemas. Se necesitan políticas
públicas coordinadas. Lo que hacen las sentencias de la Corte es decir cuáles
son los derechos que tienen estas personas, y estos derechos han sido incorpo-
rados en estas sentencias judiciales. Por lo tanto son efectivos, tienen que im-
plementarse, son obligatorios, son normas jurídicas cuyo incumplimiento
genera responsabilidad. Pero de nada sirve si no tenemos políticas de salud,
políticas sociales que implementen los demás poderes del Estado. Esto lleva a
la excesiva judicialización de los problemas de derechos humanos, el cual no
es el mejor escenario. Los poderes judiciales de todo el mundo han tenido un
protagonismo extraordinario en los últimos años en el campo de los derechos
humanos. En este sentido nosotros hemos sido vanguardia en nuestro país en
muchos aspectos. El Poder Judicial de la Argentina ha desempeñado un rol
importantísimo en el campo de los derechos humanos, y creo que esto hay que
decirloparaquelacomunidadloreconozca.
Pero es importante que estas sentencias judiciales se han dictado a lo
largo y a lo ancho del país sean un mensajes claros para los demás poderes,
para que se hagan políticas públicas que trabajen sobre la prevención y sobre
la necesidad de evitar que haya juicios. Es necesario que nuestros ciudadanos,
y los pueblos, vean satisfechos sus derechos de modo natural, sin necesidad
de recurrir a la justicia, y esto requiere indefectiblemente de políticas públicas
y lo que nosotros denominamos "diálogo de poderes". Las sentencias públi-
cas, cuando resuelven un caso, también son un mensaje para los demás
poderes. Estos deben prestar atención a estos mensajes para cumplirlos, para
que se transformen en políticas de Estado, y que hagan que nuestro pueblo
encuentreunasatisfacciónmásinmediataenestos derechos.
Recién se hablaba de ejemplos en diferentes países. En el nuestro es
necesario que las políticas de salud en el campo de los centros de internación
mental tengan en cuenta las decisiones judiciales, tengan en cuenta estos
estándares que se han fijado en ambas sentencias. Esto es muy importante ya
quepuedecambiarsustancialmentelasituaciónactual.
Finalmente me parece que hay un aspecto que hay que mencionar y que
se refiere a la "teoría de la fuente del ordenamiento". Porque estas sentencias
se nutren de modo abundante de otras fuentes distintas de las nacionales
(citan sentencias de la Corte Interamericana y hacen operativas declaraciones
de derechos de las Naciones Unidas). Esto es admitir la globalización del
movimiento por los derechos humanos, lo cual no es menor en un mundo en
que se discute el diseño de la globalización. La globalización, que hace mu-
chos años que está instalada entre nosotros, es económica, y en ella se pro-
mueven instituciones económicas que favorecen la globalización. Pero
también debemos promover las instituciones que hacen que tengamos ciuda-
danos y ciudadanas globales. Esto significa que la ciudadanía global, la "civi-
lidad global", necesariamente implica que también los derechos humanos
formen parte de este "palco" institucional que el mundo está construyendo, de
esa sociedad que trasciende las fronteras nacionales. Este es un tema de gran
trascendencia para todos los tribunales, muchos de los cuales, incluso los más
nacionalistas (un buen caso es el de la Corte Suprema de los Estados Unidos),
han discutido arduamente sobre si es lícito que el tribunal de justicia cite
fuentes de otros países o cite fuentes trasnacionales. En nuestro caso hemos
avanzado decididamente en esta línea, porque estamos convencidos de que es
necesario construir una ciudadanía global en donde todos somos personas
con derechos, y que estos derechos se obtienen por la calidad de personas, no
por laciudadaníanacionalniporunstatusparticular.
Las últimas dos barreras que quedan son el status y la ciudadanía. Al-
gunos autores dicen que los derechos humanos siguen las causas, los status y
la ciudadanía. Pero estamos poniendo nuestro pequeño aporte en la convic-
ción de que esta ciudadanía global se aplica en todo el mundo, de que hay una
justicia trasnacional, y de que el movimiento de los derechos humanos es
global y que su incumplimiento genera la responsabilidad internacional de
los Estados. Esta es nuestra tarea en un mundo tan complicado como el que
tenemos. Decir lo nuestro es construir, aunque no seamos los ingenieros de
toda la obra, pero sí somos los obreros que aportan uno o dos ladrillos, o
pequeñas partes, para construir esta casa común que es el mundo actual. Todo
lo que hacemos y decimos tiene implicancia, y nosotros, con modestia, deci-
mos que estos derechos están vigentes en la Argentina, pero sus fuentes son
trasnacionales, son del mundo global, y están en la noción antigua del con-
tractualismo. Es imposible pensar que cualquier ciudadano estaría dispuesto
a suscribir un contrato social que permita que algunas de las instituciones que
se crean lo excluya. El contrato social implica resguardar, implica inclusión.
Es por esto que hemos hecho particular énfasis en citar las fuentes trasnacio-
nales, porque estamos convencidos de que también hay que enviar un men-
saje en esta dirección. No es solo nuestro país, esAmérica, es el mundo el que
tiene que discutir la vigencia de estos derechos, y no solo en el campo de las
personas con problemas mentales en proceso de internación, sino en forma
Nosotros decimos siempre que el mundo ha destruido el muro de
Berlín, que era el símbolo de la división física que teníamos, pero siguen
vigentes muchas divisiones que son invisibles porque las negamos, las
declaramos inexistentes a través del lenguaje o simplemente consideramos
que no son necesario hablarlas. Me parece que el gran valor de estas deci-
siones y de muchas otras que se están dando en distintos países, es la
visibilidad, el poner estos problemas en los escenarios de discusión de las
políticas públicas. Es crucial que comencemos a hablar, que hagamos estos
talleres donde están representados los distintos sectores y encontremos
soluciones. Si hay algo que nos debe motivar a todos es el consenso, aunque
lamentablementeestamosacostumbradoscadavezmásadisentir.
Hace algunos años se hablaba de que ya ni siquiera existían las ideolo-
gías y que todo el mundo iba hacia la paz global, pero esto quedó desmentido
y las divisiones son cada vez más agudas. Tenemos que encontrar puntos de
consenso que permitan vivir en una "casa en común", y estos puntos de
consenso tienen mucha relación con la afirmación de los derechos humanos.
Estos principios básicos que nosotros declaramos vigentes, que Naciones
Unidas declaró vigentes para este campo específico, son una parte de los con-
sensos básicos que mantienen a los ciudadanos unidos y cómodos. Hay algo
enlocualpodemoscoincidir,yesqueladignidadhumanadebeserrespetada.
Voy a empezar haciendo un análisis de las cargas históricas de la gente
que padece trastornos mentales, ya que repetidamente han padecido los
peores atropellos dentro de la sociedad. Si nos remontamos en la historia, uno
ve un patrón de descuido y de aislamiento con respecto a los trastornos
mentales. Se construyeron nosocomios enormes y allí amontonamos a todos
aquellos con trastornos mentales, lejos de sus familias y comunidades, del
resto de la sociedad e incluso se los ha tratado como "el otro", como "los
otros", no como "nosotros". Por no ser gente como "nosotros", se los privó de
sus libertades. Se los maltratado y no se los ha comprendido, se los ha
excluido de cualquier participación significativa dentro de la sociedad y se les
ha negado oportunidades que el resto de nosotros da por sentado. Han
quedado sometidos a lo largo de la historia a todo tipo de discriminación y
estigmatizaciónsocial.
Creo que hay tres mitos que le asignamos a los trastornos mentales. Los
mismos son persistentes y, al serlo, causan esta injusticia que se ejerce con
respecto a aquellos que son los más desfavorecidos. Pero esto no es algo
Investigador y especialista en salud pública de prestigio internacional. Decano y profesor de derecho de
salud global en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown; dirige el Instituto O`Neill del
Derecho de Salud Nacional Global; es profesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins y
Director del Centro de Derecho y Salud Pública en las Universidad Johns Hopkins y Georgetown. Profesor
visitante de la Facultad de Ciencias Médicas e investigador en la Universidad de Oxford. Colabora como
editor y columnista en el diario de laAmerican MedicalAssociation. En el 2006 la Reina Isabel II lo premió
con el más alto honor de la Universidad de Cardiff y en el 2007 fue designado miembro del Royal Institute
of PublicHealth.Es autordenumerosospublicacionessobretemasrelacionadosconelderechoy lasalud.
y discapacidad mental internacional:
exclusivo de los trastornos mentales, pero sí es un problema profundo y que
causa enormes padecimientos. No tratamos a quienes lo padecen como
tratamos a otras personas que padecen trastornos físicos como el cáncer o
algunosproblemascardíacos.
En primero de ellos es el de la incompetencia, o la falta de competencia,
la incapacidad; eso de que todos los individuos pueden comprender cualquier
tema, pero los que sufren trastornos mentales no pueden hacerlo. Nosotros,
que comprendemos el tema del trastorno mental, entendemos que ellos sí
tienen competencia (aunque esta competencia pueda verse disminuida en
algunos aspectos, pero no en todos) y que hay que respetar sus capacidades,
sus habilidades de tomar decisiones. También hay que pensar que el hecho de
privar a alguien de su competencia es lo peor que se le puede hacer al ser
humano, porque le estamos diciendo a ese ser humano que uno no lo valora,
que nos importa menos que los otros, y por eso la decisión que se tome sobre
su propiavidanotienevalorparalasociedad.
El segundo mito, posiblemente el más persistente y más pernicioso, es
el de la peligrosidad de quienes padecen trastornos mentales. Cada vez que
hay un delito violento y hay alguien involucrado que padece un trastorno
mental, aparece en las primeras planas de todos los diarios, y la gente supone
que todos los que padecen este tipo de alteraciones son potencialmente
peligrosos. Sin embargo, por lo general, es justamente lo contrario, ya que la
población que tiene trastornos mentales es menos peligrosa que el resto de la
sociedad. Esta idea del trastorno mental justifica las leyes que son restrictivas
del derecho de quienes padecen trastornos mentales. La última reforma de la
Ley de Trastornos Mentales del Reino Unido (yo justamente redacté la vieja
ley)sebasó enelconceptodelos estereotiposdelasaludmental.
El tercer mito es el de la desinstitucionalización. Todos nosotros
estamos convencidos de que las instituciones de aislamiento no son la forma
de tratar a nuestros congéneres. Pero aún así lo hemos hecho, y ahora vemos
en muchos lugares del mundo, tal vez no tanto enArgentina, que han comen-
zado a cerrarse los institutos psiquiátricos. Pero en vez de cerrarlos y brindar
atención humana dentro del entorno familiar, dentro de las comunidades con
servicios de salud mental buenos, se descuidan a estos enfermos y se los deja
abandonados o se los aisla. Esto uno lo ve en las calles de las grandes
ciudades, donde los "sin techo" sufren de forma desproporcionada trastornos
mentales y sin embargo, ¿qué hacemos al respecto?, ¿Los atendemos?,
¿Somos humanitarios hacia ellos?. La respuesta es "no". Lo que hacemos es
dar vuelta la cara, no los enfrentamos y hasta nos hacemos la ilusión de que no
existen. Creo que esta no es la forma de tratar a ningún ser humano. También
vemos condiciones deplorables para la gente con trastornos mentales en los
hogares psiquiátricos o en centros de atención, en geriátricos y en institu-
ciones carcelarias. Es importante retener y evitar estos mitos de la incompe-
tencia,lapeligrosidadyladesinstitucionalización,
Durante muchísimos años los políticos y la sociedad vienen prometién-
dole a quienes parecen trastornos mentales una vida mejor. Sin embargo estas
promesas no se cumplen en la práctica y, eventualmente, se hacen todo tipo de
excepciones fraudulentas. Por ejemplo, la Comisión de Salud Mental de los
Estados Unidos, formada bajo la administración Bush, prometió que habría
servicios de salud mental y una vida comunitaria para todos. Pero Bush fue
fraudulento, no promedió su promesa y no aumentó los prepuestos para los
servicios de salud mental, no aportó ni un peso a estos presupuestos. Tal vez
sea ahora el momento de reformular el problema de las políticas de salud
mental, porque es algo imperativo para que se cumplan los derechos hu-
La gente con trastornos mentales exige, y todos nosotros exigimos
como representantes de ellos, cuatro derechos que son absolutamente crít-
icos,cuatroderechosciviles,políticos,económicosyculturales:
Derecho a la libertad, que es la equidad, y acá la justicia es fundamental
paraqueno seannicondenadosnidetenidos.
Derecho a la dignidad, que son las condiciones humanitarias en que deben
Derecho a la igualdad, que significa darle todos los derechos que todos los
demásciudadanosgozanenun país.
Derecho a la capacidad de tomar decisiones, como es el derecho a un
tratamientooelderechoalaatenciónmédicaenserviciosdesaludmental.
En los escritos y disertaciones sobre el SIDA y sobre salud mental de
Jonathan Mann, ahora fallecido, que fue un héroe radical en el ámbito de los
derechos humanos, él hablaba de tres valoraciones diferentes de la salud
mentaly losderechoshumanos.
En primer lugar, consideraba que las políticas de salud mental en si
mismas pueden ser violatorias de los derechos humanos. Por ejemplo, la
mayor parte de las leyes sobre salud mental en el mundo no se refieren a que
deberíamos tratar con calidad y con calidez a aquellos que padecen trastornos
mentales, sino que la mayor parte de esas leyes son un ejercicio del poder de la
fuerza pública, ya que hablan de confinamiento civil, privación de los
derechosciviles,etc.
En segundo lugar, ¿la violación de los derechos humanos afecta la
salud mental? Es obvio, cuando las violaciones son severas, como la tortura,
la violación física o el genocidio. Nosotros, que hemos hablado con victimas
de torturas, comprendemos que no es solo el sufrimiento físico, sino también
lo que perdura, la angustia mental, tanto en ellos como en sus comunidades y
familias.Aún ejemplos menos extremos pueden llevar a la estigmatización, a
la discriminación, a la pérdida de dignidad, al aislamiento, etc., y pueden ser
motivos de un gran estrés. Cuando Jonathan Mann murió, él estaba
pergeñando lo que llamó una "categorización de violaciones a la dignidad".A
menudo hacíamos talleres de capacitación, que los hicimos en la OMS y
dentro del programa de SIDA, y alentábamos a la gente que trabajaba en este
campo a pensara en un momento en que hayan sufrido la mayor de las
indignidades. Cuando le preguntamos eso a la gente, comenzaban a llorar.
Entonces les empezamos a explicar que aquellos que padecen trastornos
mentales han quedado sometidos a la indignidad, a violaciones de su integri-
dad humana, a lo largo de toda su vida. Si una o dos instancias de violaciones
de nuestra dignidad nos hacensentir tan mal, imaginenustedes lo que debe ser
en aquellos que están en mayores desventajas que nosotros. Entonces nos
debemos asegurar que nuestra sociedad nunca maltrate a quienes padecen
trastornosmentales.
La tercera conexión entre la salud mental y los derechos humanos es
que hay una relación directa y recíproca. Tanto la salud mental y los derechos
de la gente que padece trastornos mentales, como la lucha por los derechos
humanos en general, son los dos grandes movimientos sociales de esta época,
dos grande ideas de nuestra civilización, y por eso que hay que pensarlos
comounsolo movimiento.
Quisiera también hablar de la relación entre los derechos humanos y las
libertades.Ala gente con trastornos mentales se la trata de forma distinta que
a los otros miembros de la sociedad, porque la mayor parte de la gente en la
sociedad, si no cometen un delito, no está sometida a detención o confina-
miento. Sin embargo el que padece trastornos mentales sí lo está, y es por eso
justamente que cuando padecen esta situación es vital que cumplamos con los
principios de las leyes internacionales de salud mental de los derechos
humanos. Los derechos de las Naciones Unidas que protegen a quienes pade-
cen trastornos mentales dicen que hay que fomentar el cuidado comunitario;
que la alternativa debe ser lo menos restrictiva posible; que debe haber
estándares objetivos para internar a las personas; que debe haber represen-
tación; que la gente dispone de derechos a su disposición y que debe existir
una plataforma de toma de decisiones. En el año 2008 la Corte Suprema de la
República Argentina en el caso Rodio sobre insanía, incorpora estos princi-
pios de derechos humanos de la Comisión Interamericana, así como los
principiosdelaCorteEuropea.
En el caso de Holanda, la Corte Europea dijo que el estado de
confinamiento debe seguir un procedimiento judicial y no puede ser decidido
de manera arbitraria. Para determinarlo se debe establecer el trastorno mental
según los estándares internacionales, y debe asegurarse que el confinamiento
sirva para el tratamiento y no para el castigo. Sin embargo no les puedo decir
las veces que he ido a nosocomios para pacientes con trastornos mentales del
mundo entero, donde los pacientes quedan directamente en depósitos, sin
ningún tipo de tratamiento. En un caso que presentamos ante la Comisión
Europea, la persona estaba detenida en un hospital para trastornos mentales.
Lo único que había hecho era robar una bicicleta y agredir a la persona a la que
le robó, sin embargo, durante 25 años, solamente una sola vez la vio un
médico. La Corte Europea recientemente también se ocupó de cuestiones de
pacientes que no protestan, es decir, pacientes que no tienen la capacidad de
dar su consentimiento. Por ejemplo, el Reino Unido tenía en ese momento un
95% de los pacientes de manera informal, pero la mayor parte de ellos no
hablaban, no consentían voluntariamente, y la Corte Europea dijo que eso fue
una violación del art. 5 de la Convención, y que ellos debían poder acceder a
un procedimiento de revisión. En el caso X versus el Reino Unido, la Corte
Europea dijo que un tribunal que no tuviera la independencia y las facultades
para dar de alta a alguien, no era un tribunal para nada. El habeas corpus fue
una reparación insuficiente, porque es algo muy formal, que se marca dentro
de la legalidad de la detención pero que no analiza la justificación del confina-
miento. Entonces se ha pedido un mecanismo ágil e independiente, una revi-
sión de expertos, para aquellos que padecen de trastornos mentales y están
confinados en un nosocomio mental. Lo que hicimos dentro de laAsociación
de Salud Mental fue instituir capacitación muy rigurosa, para que los repre-
sentantes legales pudieran llegar a la Corte o a los distintos tribunales, y así
representarconcompetenciaaaquellosquepadecendetrastornosmentales.
Un mínimo derecho que tienen las personas con trastornos mentales es
el derecho a vivir en condiciones humanitarias y aquí es donde yo creo que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha liderado el movimiento.
Veo que en América se está avanzando mucho con respecto a otras regiones
del mundo.Acá se analizó el derecho de los individuos a no quedar sometidos
a un tratamiento inhumano, a la tortura. Un gobierno no puede decir: "le
permito que esto suceda por una cuestión de salud pública o de seguridad
nacional". Cuando el Presidente Bush se niega a prohibir la tortura, esta
cometiendo una clara violación de los derechos humanos internacionales,
porquelapeligrosidadnoesjustificaciónalguna.
En el casoAversus el Reino Unido la Comisión Europea me pidió que
siguiera a un joven llamado Clark y que lo visitara al nosocomio, pero no me
dejaban pasar porque decían que era un paciente sumamente peligroso.
Finalmente, luego de mucho insistir, logré entrar a la celda: ese "paciente
peligroso" era un jovencito sentado desnudo en un rinconcito, en un cuarto
muy pequeño en el cual no había ventilación, con excrementos en todas las
paredes ya que tenía que hacer sus necesidades dentro de ese cuarto. Yo no
aguanténicincominutosallí,peroélpasabaallícasilas24 horas deldía.
Una vez visité un nosocomio en Japón, que creo fue uno de los peores,
porque tener un trastorno mental en Japón es una vergüenza. Uno de los
pabellones tenía un enorme agujero en el piso, donde cientos de pacientes
tenían que ir para bañarse juntos. Otra persona que yo conocí, que estuvo
confinada en aislamiento durante mucho tiempo, creo que durante 26 años,
estaba en tal estado que no podía mantenerse de pie ni caminar, solamente
podíapermanecersentado.
Pero ha habido casos en Europa donde la Comisión Europea de Dere-
chos Humanos, según mi criterio, fue vergonzosamente impotente. En un
caso en Ámsterdam decidieron que no había violación a pesar de que le daban
a la persona alimentos de manera forzada y estaba atada a la cama, con
esposas en los tobillos. En otro caso, en Bélgica, la Corte dijo que lo trataban
como un animal al paciente. Aún así, en ambos casos se remitieron a la
opinión psiquiátrica. Ahora, los psiquiatras decentes, humanitarios ¿dirían
que hay que atar a un paciente a la cama? Por supuesto que no. El hecho de que
nosotros podamos aceptar semejante acoso es un shock para nuestra
concienciacomosereshumanos.
El veredicto de la Comisión Interamericana en el caso de Víctor
Rosario Congo versus Ecuador me parece que fue un mito. La primera vez
que se usó una medida cautelar para proteger los derechos de la libertad fue en
Paraguay en diciembre de 2003, donde había más de 460 personas privadas
desu libertad,ycreoquefueunadecisiónmaravillosa.
El tercer derecho es el derecho a la igualdad, a los derechos civiles, a ser
ciudadanos. La gente que padece trastornos mentales ha quedado excluida de
la mayor parte de los derechos normales de cualquier ciudadano, como el
derecho a la privacidad, la libre comunicación o expresión, el acceso a la
información, a casarse y hasta tener relaciones sexuales. En muchos nosoco-
mios mentales del mundo entero a las personas ni siquiera se les permite estar
de novio o de novia. Todos los organismos de derechos humanos han dicho
que debe existir el derecho a audiencias públicas y justas, para determinar si
existen derechos civiles. En ello los dictámenes han sido correctos, dijeron
que los pacientes con trastornos mentales tienen derecho a gozar de una vida
privada y familiar. Quiero mencionar un solo caso que trajimos a colación
ante la Cámara de los Lores del Reino Unido, donde la Ley de Salud Mental
privaba a la gente con trastornos mentales a iniciar acciones judiciales; es
decir, no podían demandar a sus enfermeros o sus médicos, ni siquiera si les
pegaban. Llevamos el caso ante esa Cámara y dijimos que se estaba come-
tiendo una violación a la declaración de derechos humanos y ellos nos
respondieron: "sí, es una violación del art. 5, pero ¿qué tiene que ver con
nosotros, en qué nos afecta?". Después, en la década del '80, la Corte comparó
a quienes tienen trastornos mentales con monos, diciendo "si uno les da de
comer, te muerden". ¡Imaginen ustedes qué vergüenza que un alto tribunal
digasemejantecosa!
El último derecho sobre el que quiero hablar es el de la capacidad de
tomardecisiones.
La Corte Europea no tiene estas facultades expresas, y la Comisión
Interamericana no usa explícitamente el Protocolo de El Salvador, pero aún
así ha hecho cosas maravillosas otorgando el derecho a la vida, el derecho a la
libertadyhanrecuperadomuchoselementosdelderechoalasalud.
Nuevamente creo que lasAméricas están en la vanguardia en la mejora
de esta situación. Quiero concluir diciendo simplemente que lo que los
gobiernos deben hacer es brindar condiciones decentes en el marco de los
derechos civiles para dar bienestar a aquellos que padecen trastornos men-
tales. Brindar servicios humanitarios en los nosocomios y en la comunidad, y
también hacer lo que llamamos "derechos de salud mental"; es decir, el
derechodeun serviciodesaludmentalparalapoblaciónensu totalidad.
Quienes estudiamos derecho a veces nos sentidos desalentados, decep-
cionados, porque sabemos que los derechos humanos no son la panacea total;
pero los derechos humanos son críticamente importantes. Los gobiernos
históricamente han tratado a la gente con trastornos mentales de forma deplo-
rable. Han fracasado, han fallado en cubrir sus necesidades de atención,
apoyo, soporte o protección de sus derechos, de darles dignidad, de tratarlos
de forma humanitaria. Esta negligencia histórica puede llegar a su fin si el
movimiento de derechos humanos en el mundo tiene éxito. Este es un motivo
que me enorgullece enormemente, me honra estar con ustedes, porque todos
juntos luchamos en pos de los derechos humanos de las personas con
Creo que este es un momento muy especial para presentar la proble-
mática de los hospitales psiquiátricos en la región. Recuerdo cuando era estu-
diante de la American University, que realmente los puntos más relevantes
sobre salud mental y derechos humanos los encontramos en los escritos e
investigaciones del Dr. Lawrence Gostin. O sea, que el Dr. Gostin de alguna
forma también ha estado presente en la reforma psiquiátrica de lasAméricas.
La primera audiencia que llevó a cabo la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre salud mental se realizó en un proceso de
prácticamente 15 años en los cuales la OPS, el Sistema Interamericano y el
Sistema Europeo (en donde el Dr. Gostin fue el primero en empezar a estudiar
estas áreas), nos demuestran que ha habido adelantos importantes en la
región. Creo que no es casualidad que estemos en la Argentina, y en este
panel,discutiendoestetema.
Pensaba cómo hacer una presentación que fuera dinámica, interesante
o que no fuera tan legalista, y pensé que la forma más interesante de hacerlo
seríamostrándolesaustedesun informequelaOPS recientementepresentóal
Master en el Washington Collage of Law of theAmerican University, Washington, Estados Unidos, sobre
protección internacional de derechos humanos. En 1997 fue seleccionado por la CDH como becario
"Rómulo Gallegos" y tuvo a su cargo la preparación del informe de Víctor Rosario Congo versus Ecuador,
primercasorealizadopor laCIDH sobreunapersonacondiscapacidadmental.
Asesor enDerechosHumanosdelaOPS/OMS, OficinaRegional,WashingtonD.C.
Derecho internacional como un instrumentos
esencial para la promoción y protección de los
de las personas con discapacidad mental y sus
familiares en el contexto del Sistema Europeo
e Interamericano de Derechos Humanos
comité creado por el Tratado de la OEA para la Eliminación de la Discri-
minación de toda Persona con Discapacidad. Este informe, realizado por la
OPS al Comité de la OEA sobre Discapacidad y Discriminación, presenta
observaciones hachas a 18 estados de la región con respecto a la discrimi-
nación de las personas con discapacidades mentales; en su relación con las
políticas, los planes, los programas, las legislaciones y los servicios de salud
mental. Este informe es el resultado de visitas, de misiones de la OPS en
Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Con él quiero
darles a ustedes una idea de cómo la OPS ve la problemática de los derechos
humanos a la luz de normas que se encuentran en la Convención Americana
de Derechos Humanos, en su Protocolo adicional y en los Principios de Salud
MentaldeNacionesUnidas.
Todos los estados de la OPS, incluyendoArgentina, han reconocido la
constitución de la OMS, que establece que el goce del grado máximo de salud
que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición eco-
nómica o social. Lo importante de la Constitución de la OMS es que también
se refiere a que surgen obligaciones por parte de los estados miembros de la
OMS, y que estos tienen la responsabilidad en la salud de los pueblos, la cual
solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias ade-
cuadas. Es decir, el derecho a la salud es un derecho muy complejo que está
íntimamente relacionado con todos los demás derechos de la Convención
Americana y del Protocolo de San Salvador. La OPS considera que debe ser
protegido el derecho a la salud en el contexto de la salud mental, de confor-
midad con los estándares que sigue la OPS para interpretar las obligaciones, y
subrayo esta palabra, que tienen los estados miembros con relación al derecho
Estos estándaresincluyen:
Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima, que sea nutritiva
yadecuada,sobretodoencentrosdesalud.
Garantizar el derecho al acceso a centros, bienes y servicios de salud
mentalsobre unabaseno discriminatoria.
Garantizar el acceso a condiciones sanitarias básicas así como al sumi-
nistrodeaguapotableylimpia,sobre todoencentrosdesaludmental.
Facilitar medicamentos esenciales (en este caso medicamentos psicotró-
picos), de acuerdo a los lineamientos de la clasificación de medicamentos
delaOMS.
Derecho internacional como un instrumentos esencial para la promoción y protección de los
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad mental y sus
familiares en el contexto del Sistema Europeo e Interamericano de Derechos Humanos
Asegurar la distribución equitativa en todas las instalaciones de bienes y
serviciosdesalud,incluidoslos serviciosdesaludmental.
Algo muy importante en cuanto a la planificación de políticas es el
compromiso de la OPS de formular, adoptar e implementar estrategias y
planes de acción nacionales de salud mental, que presten especial atención a
los grupos más marginados. Este es un ejemplo de que el derecho a la salud no
es un derecho teórico, no es una utopía, sino que está constituido por
elementos muy claros. Es necesario que los estados muestren indicios de que
están tomando todos los pasos necesarios para poder implementar algunas de
estas medidas. En estas observaciones de 18 estados de la OPS que he tenido
oportunidad de realizar junto con nuestro programa de salud mental, quiero
referirme muy brevemente a tres derechos que se encuentran en la Conven-
ciónAmericana y en los cuales encontramos quizás el problema central de las
personas con discapacidad mental en el hemisferio. Me estoy refiriendo al
derecho a la libertad personal, que se encuentra en el artículo 7 de la Con-
venciónAmericana; al derecho a la protección judicial, que se encuentra en el
artículo 8, y el derecho a las garantías judiciales, que se encuentra en el
artículo 25 de la misma Convención. Estos dos derechos a su vez están
protegidos por los Principios de la Salud Mental de las Naciones Unidas
(principios15, 16y 17).
¿Cuáles han sido las observaciones de la OPS en estos países en
relaciónaestos tresderechos?
La OPS y la OMS han establecido diferentes lineamientos técnico que
establecen que el derecho a la libertad personal es relevante en relación a
todas las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad mental,
que se encuentran en instituciones de salud pública. Los estándares interna-
cionales establecen que toda persona involuntariamente privada de se liber-
tad en una institución psiquiátrica tiene derecho, sin discriminación, a una
revisión periódica de su admisión por un órgano independiente e imparcial,
conocido como "órgano de revisión" de acuerdo a los Principios de Salud
Mental de Naciones Unidas.Además, ese órgano de revisión debe garantizar
procedimientosy garantíasfijadospor laslegislacionesnacionales.
La OPS ha recomendado a los Estados miembro que garanticen servi-
cios de rehabilitación en la comunidad no en instituciones aisladas geográfi-
camente, precisamente para proteger este derecho a la libertad del art. 7 de la
Convención Americana. Ahora, ¿cómo la pérdida de la libertad personal en
una institución psiquiátrica se relaciona con la protección judicial del art. 25 y
conlasgarantíasjudicialesdelart.8delaConvenciónAmericana?
Toda persona con discapacidad mental tiene además derecho a un
recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo, ante jueces o
tribunales competentes establecidos por ley, con las debidas garantías judi-
ciales y para que dentro de un plazo razonable este tribunal pueda determinar
rápidamente si hay una violación de los derechos fundamental de esta
persona,ounaviolaciónalderechodesu libertadpersonal.
¿Cuáles son las observaciones de la OPS en nuestras visitas a estos 18
La OPS ha observado que en algunos países este derecho a la protec-
ción judicial no es ejercido con las personas con discapacidad mental, a pesar
de estar consagrado en todas las constituciones de la región. Este derecho
cobra espacial importancia en relación a las personas con discapacidad
mental e intelectual, que son admitidas y retenidas en instituciones de salud
pública, y las cuales muchas veces no tienen la posibilidad de interponer un
recurso efectivo para que un órgano de revisión pueda determinar la legalidad
de esta admisión en una institución psiquiátrica.Aquí se ve claramente cómo
se relacionan los derechos de libertad personal, protección judicial, garantías
judiciales y debido proceso, cuando no existe un órgano que revise periódi-
camenteestasadmisiones.
Ahora quisiera referirme brevemente al derecho de igualdad ante la
ley, al art. 24 de la ConvenciónAmericana. En este contexto las personas con
discapacidad mental tienen el mismo derecho que las demás personas a
beneficiarse de la protección que está establecida por las distintas leyes. Este
derecho está íntimamente vinculado con la obligación de no discriminación
que se encuentra en el art. 1 de la ConvenciónAmericana. La OPS dejó asen-
tado muchas veces el no respeto del derecho de igualdad ante la ley de la
persona con discapacidad mental, en el contexto de la pérdida de la capacidad
legal y el nombramiento de tutores y cuidadores de la persona con discapa-
cidadmental.
Con respecto a este tema quisiera agregar brevemente una referencia a
la conexión entre el derecho de igualdad ante la ley, y la pérdida de la
capacidad legal para una persona con discapacidad mental. Solamente bajo
circunstancias "extraordinarias" el derecho de las personas con discapacidad
mental a tomar sus propias decisiones puede ser legalmenteinterrumpido. Sin
embargo, la experiencia de la OPS es que en muchos Estados de la región este
derecho es interrumpido arbitrariamente, sin revisión periódica de la tutela o
de la curatela, lo cual significa que la persona muere civilmente y, obvia-
mente, no es igual a las demás ya que no puede ejercer los mismos derechos
que las otras personas.Aquí vemos cómo el derecho de igualdad ante la ley de
la ConvenciónAmericana en su artículo 24 está íntimamente relacionado con
la pérdida de la capacidad legal y la situación de los Estado, en los cuales la
legislación no prevé una revisión periódica de la tutela y curatela, para
permitir a estas personas a ejercer sus derechos civiles, económicos, polí-
ticos,socialesyculturales.
El art. 5 de la Convención Americana, que habla del derecho a la
integridad personal, es sumamente importante porque la Comisión Interame-
ricana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido sobre
todo a este derecho en el contexto de hospitales psiquiátricos y de personas
con discapacidad mental. Ciertamente el derecho a la integridad física, psí-
quica y moral, tres componentes de la integridad, es un derecho fundamental
de cualquier ser humano, y se encuentra protegido por la ConvenciónAmeri-
cana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No
obstante, en el caso de las personas con discapacidad mental, la Comisión ha
establecido que se debe observar una mayor vigilancia de su cumplimiento,
precisamente por la posición de vulnerabilidad, impotencia y abandono en la
queseencuentranmuchasvecesestaspersonas.
¿Cuál es la observación de la OPS en las visitas a los Estados con
respectoalderechodelaintegridadpersonal?
Muchas de las instituciones psiquiátricas donde todavía residen un
gran número de personas con discapacidad mental no cuentan todavía con la
debida privacidad en baños ni en unidades de hospitalización o salas.Algunas
ni siquiera brindan las condiciones mínimas tales como luz, ventilación
adecuada, muebles para colocar sus pertenencias o la presencia de artículos
básicos como toalla, jabón o papel higiénico. La OPS observa que en muchas
instituciones de la región todavía cientos de personas no tienen acceso a estos
elementos básicos. En este sentido, tanto el sistema europeo como el sistema
interamericano de derechos humanos han analizado estos temas, para deter-
minar si el Estado está cumpliendo o no con la protección de la integridad
personal de la persona con discapacidad mental. Muchas veces el derecho a la
integridad física, psíquica y moral de la persona con discapacidad mental es
vulnerado por el propio personal de salud pública, o por otros funcionarios
del Estado. Esto ocurre cuando las políticas públicas, por ejemplo, permiten
que estas personas sean sometidas a procedimientos tales como esterilización
forzada, tratamientos experimentales o procedimientos quirúrgicos sin un
procedimiento y protocolos específicos con relación al consentimiento infor-
mado. Estas fueron las observaciones de la OPS a varios gobiernos de la
región, pese a que los Principios de la OMS y de las Naciones Unidas
establecen que es necesario el consentimiento informado para muchas de
estas prácticas. Incluso muchas de estas prácticas son prohibidas por los
Principios de Salud Mental de Naciones Unidas. En este sentido, si vamos,
por ejemplo, a lo que establece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no se
podría practicar ninguna experimentación médica o científica a una persona
con discapacidad mental sin su consentimiento informado. (Art. 7 del Pacto
deDerechosCivilesyPolíticos)
Quiero finalizar mi presentación con el derecho a la libertad de
expresión, muy pocas veces discutido en el contexto de la salud pública, que
es protegido por el art. 13 de la Convención Americana. De acuerdo a la
normativa internacional de derechos humanos, toda persona con discapa-
cidad mental tendría derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas
de todo tipo. No obstante, en la práctica, en varios países de la región se
observa que todavía las personas con discapacidad mental no reciben toda la
información pertinente en relación a la salud mental, sobre los tratamientos o
medicamentos indicados. Esto dificulta que la persona con discapacidad
mental pueda tomar una decisión informada antes de recibir tratamiento. Este
es un tema complejo, no soy un experto en libertad de expresión, pero creo
que tenemos que profundizar aún más en cómo este derecho puede ser
protegido eficazmente en el contexto de la salud pública, para que grupos
vulnerables como las personas con discapacidad mental, personas que viven
con VIH/sida, adultos mayores, etc., puedan recibir toda la información veraz
encuantoatratamiento,saludpúblicayotrostemas.
Todos estos derechos mencionados se encuentran en la Constitución
de la NaciónArgentina y en la Constitución de muchos de los estados miem-
bro de la OPS, y particularmente la OPS ha hecho estas observaciones en el
terreno de los Estados, utilizando instrumentos no convencionales de salud
¿Cuáles son los instrumentos que ha utilizado la OPS en estos 18
Estados,enelmomentodevisitarcentrosdesalud?
Hautilizado:
ElPactoInternacionaldeDerechosCivilesyPolíticos.
ElPactoInternacionaldeDerechosEconómicos,Socialesy Culturales.
LaConvencióndelos DerechosdelNiño.
LaConvencióncontralaTortura.
La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contralamujer.
Estos han sido los instrumentos que, junto con el Programa de Salud
Mental, hemos utilizado para hacer estas observaciones que he mencionado.
También la OPS ha utilizado en la visita a estos países instrumentos regio-
nales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo
Adicional a la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos, la Convención
Interamericana para toda forma de Discriminación de los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para Pre-
veniry ErradicarlaViolenciacontralaMujer.
Este es el cuerpo normativo que la OPS está utilizando cuando visita
los estados de la región, para hacer una evaluación de la situación de los dere-
chos humanos de las personas con discapacidad mental, sobre todo en centros
psiquiátricos. Finalmente, la OPS está utilizando las recomendaciones o
estándares sobre salud mental y derechos humanos, las cuales están cobrando
una gran importancia, porque muchas veces nos aportan valiosa información
sobre cómo reformar las políticas, los planes, la legislación o los servicios de
saludmental.
Son el "cómo" en donde muchas veces vamos a encontrar distintos
estándares y recomendaciones que son formulados por las Asambleas Gene-
rales de la ONU y/o de la OEA. Por ejemplo, los Principios de Salud Mental
de Naciones Unidas son un instrumento que ha sido utilizado por la Comisión
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar los derechos
de las personas con discapacidad mental y/o intelectual. La Declaración de
Caracas ha sido también un estándar interpretativo en la reformar de los
serviciosdesaludmental.
Algo muy interesante en esta tarea de encontrar recomendaciones
estándares para reformar los sistemas de salud mental de la región es que la
OPS, junto con la Comisión Interamericana, formuló las Recomendaciones
de la Comisión Interamericana sobre los Derechos de la Persona con Disca-
pacidad Mental, que es un estándar que pretende ir un poco más allá de la
Declaración de Caracas. Esta intenta decirnos cómo los estados deben refor-
mular sus sistemas de salud mental, sobre todo en relación a la creación de
sistemas comunitarios con la participación de los usuarios de salud mental y
sus familias. Creo que es importante ver cómo estos dos sistemas, el sistema
europeo y el sistema interamericano de derechos humanos, han comenzado a
proteger específicamente, a través de distintos mecanismos de protección,
estos derechosalos quehicereferencia,enelcontextodelasaludmental.
Si bien el derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados
internacionales y regionales de derechos humanos y en constituciones de
varios países de lasAméricas, la realidad es que este derecho muchas veces ha
sido opacado por otros derechos humanos, aún cuando en verdad forma parte
esencial y depende de éstos.Así, el derecho a la salud está íntimamente vincu-
lado con otros derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la
integridad personal, a la libertad personal, a la libre circulación, a las garan-
tías procesales y la protección judicial, entre muchos otros.Al mismo tiempo,
la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio
delos demásderechoshumanos .
Abogado de la UBA y master de derecho internacional del Washington Collage of American University.
Entre sus varias actividades y carreras quiero destacar que durante 1998 fue Secretario de Información
Pública de la OEA y también es relator especial para el tema de libertad de expresión. Actualmente es
SecretarioEjecutivodelaComisiónInteramericanadeDerechosHumanos.
Según la definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es “un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades”.
Véase: Carta de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada el 22 de julio de 1946 por
laConferenciaInstitucionaldeSalud.
Así lo ha manifestado el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través
delaObservaciónGeneralN° 14.
El derecho internacional como un instrumento
de las personas con discapacidad mental:
La experiencia del Sistema Interamericano
El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano, sino que es un
derecho transversal que obliga a los Estados a adoptar medidas de confor-
midad con el principio de realización progresiva para generar condiciones en
las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible, garantizando la
disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y se-
guras, vivienda adecuada un medio ambiente sano, suministro de alimentos
nutritivos, acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecua-
das, acceso a educación e información sobre cuestiones relacionadas con la
salud,incluidalasaludsexualy reproductiva,entremuchosotros.
Pero más allá del derecho a la salud en términos generales, el derecho a
la salud mental es un derecho que hasta ahora no ha recibido la suficiente
atención, principalmente si tomamos en cuenta que se estima que más de 450
millones de personas en el mundo sufren de trastornos mentales. Según un
informe de la Organización Mundial de la Salud , "se calcula que los trastor-
nos mentales y del comportamiento representan el 12% de la carga de morbi-
lidad en el mundo; sin embargo, el presupuesto para salud mental de la
mayoría de los países es inferior al 1% del gasto total en salud [por lo que la]
relación entre carga de morbilidad y gasto en salud es claramente despropor-
cionada". Más aún, el informe señala que "más del 40% de los países no
disponen de una política de salud mental, y en más del 30% no existe un
programa dedicado a ella". En un gran porcentaje de países, la legislación
sobre salud mental no existe o está desactualizada.Todo ello demuestra que la
salud mental es quizá uno de los aspectos más descuidados del derecho a la
Los prejuicios sociales, sumados a la desinformación respecto a los
trastornos mentales, han llevado a la exclusión y desatención, incluso jurí-
dica, de las personas con discapacidad por enfermedad mental. Hoy en día,
las personas que sufren de enfermedades mentales se encuentran en gran
parte recluidas en instituciones psiquiátricas, particularmente expuestas a
que sus derechos sean violados, y con escasas posibilidades de acceder a los
mecanismosregularesdeproteccióndederechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal
y autónomo de la Organización de los EstadosAmericanos (OEA) encargado
de la protección y promoción de los derechos humanos en la región, "ha
verificado que en lasAméricas, los usuarios, sus familiares, personal de salud
mental, abogados, jueces y demás personas involucradas en la promoción y
protección de la salud mental tienen un conocimiento limitado de los
Organización Mundial de la Salud (2001). Informe sobre la salud en el mundo 2001: salud mental:
nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: OMS. Pág. 3. Disponible en:
, acceso diciembre 2009.http://www.who.int/whr/2001/es/index.html
El derecho internacional como un instrumento esencial para la promoción y protección de los
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad mental:
estándares internacionales y normas convencionales que protegen los dere-
chos de las personas con discapacidad mental. Además, estos estándares y
normas convencionales no han sido, en la mayoría de los casos, incorporados
enlaslegislacionesnacionales" .
Otros organismos internacionales han observado también que los dere-
chos más frecuentemente violados en hospitales psiquiátricos incluyen el
derecho a ser tratado con humanidad y respeto, el derecho a una admisión
voluntaria, el derecho a la privacidad, la libertad de comunicación, derecho a
recibir tratamiento en la comunidad, derecho a proporcionar consentimiento
informado antes de recibir cualquier tratamiento y el derecho a recurrir a un
tribunal independiente e imparcial que determine la legalidad de la detención
enun hospitalpsiquiátrico.
Es por ello que resulta indispensable y urgente que los Estados adopten
todas las medidas necesarias para la promoción y protección efectiva de los
derechos de las personas con discapacidad mental, siempre de conformidad
con las normas y estándares internacionales y regionales de derechos huma-
nos sobre salud mental. Es necesario apartarnos de la idea de que la respon-
sabilidad de la protección de las personas con discapacidad mental recae
únicamente en el sector de la salud, y asumir que la responsabilidad es tam-
bién compartida por los órganos legislativos y judiciales, así como también
por los organismosregionaleseinternacionales.
A lo largo de esta presentación, haré referencia a las principales
normas, decisiones e iniciativas del sistema interamericano para proteger
efectivamente el derecho a la salud mental de los habitantes de la región. Los
mecanismos de protección que la Comisión utiliza incluyen los casos indi-
viduales, las visitas a instituciones de salud mental, el otorgamiento de me-
didas cautelares, la formulación de estándares especiales sobre salud mental,
entre otros. Espero que los principios que se han ido desarrollando por parte
del sistema interamericano puedan ser útiles en el contexto de los procesos de
reforma de los sistemas de salud mental que se están llevando a cabo en
Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2001).
Recomendación sobre la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad mental.
En: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000. Disponible en:
,accesodiciembre2009.http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.6d.htm
Marco normativo del Sistema Interamericano
en materia de salud mental
En el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, la
Declaración Americana estipula en su artículo XI que "toda persona tiene
derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si
bien no hace referencia específica al derecho a la salud, desarrolla los
mecanismos de protección de los derechos humanos en la región y además, en
su artículo 26, establece que los Estados parte se comprometen a lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos derivados de la Carta de
la OEA. De tal forma, el derecho a la salud está protegido indirectamente por
laConvenciónAmericanadeDerechosHumanos.
Al respecto, el artículo 34 literales i) y l) de la Carta de la OEA esta-
blece que los Estados convienen en dedicar sus esfuerzos a la consecución de
la "defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los
modernos conocimientos de la ciencia médica", así como de "condiciones
urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna". Estas
disposiciones se hacen exigibles a través del artículo 26 de la Convención
Por otro lado, el Protocolo adicional a la ConvenciónAmericana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales "Protocolo de San Salvador", define en su artículo 10 el derecho a la
salud como "el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y
social".Asimismo, compromete a los Estados parte a reconocer la salud como
un bienpúblicoy aadoptarunaseriedemedidasparagarantizarestederecho.
El 7 de junio de 1999 se adoptó en Guatemala, en el marco del vigésimo
noveno período ordinario de sesiones de laAsamblea General, la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad. Según este instrumento, se entiende
por discapacidad: una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o
más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o
agravada por el entorno económico y social. De tal forma, en el marco de la
OEA, los instrumentos y acciones adoptados a favor de las personas con
discapacidad, hacen referencia también a las personas con discapacidad
La República Argentina firmó la Convención el 28 de septiembre de
2000. La misma fue aprobada mediante Ley 25.280 del Congreso Nacional y
posteriormente ratificada en fecha 10 de enero de 2001. La mencionada
Convención entró en vigor el 14 de septiembre de 2001 y en ella los Estados
parte se comprometieron a adoptar las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena
integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin
quelalistaseataxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover
la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comuni-
caciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de adminis-
tración;
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se
construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el trans-
porte,lacomunicaciónyelaccesoparalaspersonascondiscapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la
finalidaddefacilitarelaccesoy uso paralaspersonascondiscapacidad;y
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la
presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén
capacitadosparahacerlo.
Los Estados parte se comprometieron también a trabajar prioritaria-
menteenlassiguientesáreas:
a)Laprevencióndetodaslasformasdediscapacidadprevenibles;
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, edu-
cación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para
asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las
personas condiscapacidad;y
c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que
atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta
formaelrespetoylaconvivenciaconlaspersonas condiscapacidad.
Esta normativa regional complementa los instrumentos adoptados por
el sistema universal de derechos humanos, tales como los Principios para la
Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención
de la Salud Mental aprobados en 1991 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, principios que constituyen el estándar internacional más
completo y detallado en lo que se refiere a la protección de los derechos de las
personas con discapacidad mental, que han sido aplicados e invocados por los
órganos del sistema y que deben constituir una guía para los Estados en sus
esfuerzos por proteger los derechos de las personas con discapacidad mental,
a través de decisiones administrativas o judiciales, a través de reformas legis-
lativas,yatravésdelineamientodepolíticaspúblicassobre saludmental.
Mecanismos de protección del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y su aplicabilidad en el ámbito de la salud mental
A. Sistemadecasosy peticiones
Quizá el principal mecanismo de protección de derechos humanos de la
CIDH sea su sistema de casos y peticiones. Desde 1965 la CIDH fue
autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre
casos individuales. Desde entonces, la CIDH ha procesado más de 12,000
peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos. En
relación con las peticiones que recibe, la Comisión emite informes de admi-
sibilidad, inadmisibilidad, solución amistosa y fondo. En sus informes de
fondo, la Comisión realiza recomendaciones a los Estados, que en caso de no
ser cumplidas podrían motivar que la Comisión decida someter el caso al
conocimientodelaCorteInteramericana.
El cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH por parte de los
Estados miembros de la OEA ha logrado importantes avances en la protec-
ción de los derechos humanos y el desarrollo de políticas públicas con un
enfoque de derechos humanos, tanto a nivel de políticas legislativas, como
ejecutivaso judiciales.
A continuación haré referencia a algunas de las decisiones del sistema
que tienen relación con el derecho a la salud mental, detallando cuáles son los
estándares que se fijaron en las decisiones de la Comisión o, en su caso, la
CorteInteramericana.
CIDH: INFORME N° 63/99, CASO 11.427 VÍCTOR ROSARIO CONGO
El 13 de abril de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos aprobó el Informe Nº 63/99 con relación a la situación del señorVíctor
Rosario Congo. El señor Congo se encontraba preso en un centro de
detención del Ecuador cuando un guardia lo golpeó repetidas veces en la
cabeza con un garrote. Según el director de la prisión, el señor Congo ya había
mostrado signos de demencia, pero los golpes exacerbaron su condición y lo
llevaron a un "mayor grado de demencia". El señor Congo fue posteriormente
aislado en una celda, sin ropas y sin posibilidad de ir al baño. El señor Congo
tuvo que esperar un mes para ingresar al hospital donde recibiría tratamiento
por la golpiza brutal que lo dejó físicamente discapacitado y demente, y que
finalmente le causó la muerte. Nunca se inició una investigación sobre lo que
le ocurrió al Sr. Congo, y en caso de haberse hecho de manera diligente, quizá
el señor Congo habría tenido rápido acceso a la atención y al tratamiento
médicos que se le negaron desde el día del ataque y que le podrían haber
salvadolavida.
En su informe, la Comisión señala que en casos que involucran a pri-
sioneros o pacientes mentales recluidos, es pertinente utilizar estándares
especiales para determinar si se ha cumplido con las normas convencionales,
por ser éstos un grupo especialmente vulnerable. En virtud de lo anterior, en
este informe la CIDH interpretó las normas de la ConvenciónAmericana que
consagran el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida y el derecho
a la protección judicial, a la luz de los Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de laAtención de la Salud Mental
aprobadosen1991 por laAsambleaGeneraldelasNacionesUnidas.
La CIDH, en el mismo informe, coincidió con la postura de la Corte
Europea de Derechos Humanos, según la cual el estado de salud de la víctima
es un factor relevante al momento de determinar si se inflingieron penas o
tratamientos inhumanos o degradantes . En su informe, la CIDH concluyó
"que la incomunicación per se puede constituir tratamiento inhumano; en el
caso de la incomunicación de un discapacitado mental en una institución
penitenciaria, puede constituir una violación aun más grave de la obligación
de proteger la integridad física, psíquica y moral de las personas que se
encuentranbajolajurisdiccióndelEstado".
En su informe sobre el caso de Víctor Rosario Congo, la Comisión
concluyó que el Ecuador violó los derechos y garantías a la vida (artículo 4);
la integridad física, psíquica y moral (artículo 5.1 y 5.2); a la protección
judicial (artículo 25), consagrados en la Convención Americana y con
relaciónlaobligaciónestablecidaenelartículo1(1)delamisma.
A. v.UnitedKingdomAplicationNo. 6840/74,3E.H.R.R. 131(1980).
La Comisión asimismo, efectuó numerosas recomendaciones al Estado
de Ecuador, incluyendo varias que se relacionan con la política de salud
mental. Así, la Comisión recomendó brindar atención médico psiquiátrica a
las personas que padecen enfermedades mentales y que se encuentran deteni-
das en centros penitenciarios, y dotar al servicio de salud del sistema peniten-
ciario de especialistas que estén en condiciones de identificar trastornos
psiquiátricos que puedan afectar la vida y la integridad física, psíquica y
moraldelosdetenidos.
La Comisión ha admitido además otras peticiones, respecto de las
cuales se encuentra analizando los argumentos del fondo del caso, todas ellas
relacionadas con el tema de salud mental. Entre ellas, el 6 de junio de 2003 la
CIDH adoptó su informe de admisibilidad 39/03 sobre la situación de Abo-
AliAbdur'Rahman y el 27 de febrero de 2004 la Comisión adoptó su informe
de admisibilidad 16/04 a favor de Tracy Lee Housel, ambos casos contra
Estados Unidos. El primer caso trata de un ciudadano estadounidense reclui-
do en el Estado de Tennessee en espera de la pena de muerte. En la petición se
alega la falta de imparcialidad en el juicio penal en su contra y la inaplica-
bilidad de la pena de muerte, habida cuenta de su estado de salud mental. El
segundo caso trata de un ciudadano estadounidense que fue ejecutado el 12 de
marzo de 2002 con posterioridad a la presentación de la petición ante la CIDH
y pese a que la Comisión, el 27 de febrero de 2002, había recomendado al
Estado, como medida cautelar, que dispusiera lo necesario para preservar la
vida del señor Housel en tanto la Comisión investigaba las alegaciones
contenidas en su petición. En la petición se alega que la presunta víctima fue
sometida a serios abusos físicos y mentales a manos de agentes del Estado
durante el período de detenciónprevio al juicio, y que las repercusiones de ese
tratamiento fueron exacerbadas por el hecho de que la víctima había sufrido
graves problemas de salud mental por los que no recibió tratamiento. Se alega
además que el abogado que lo asistió en el juicio no realizó investigaciones
que hubiesen permitido recabar las pruebas mitigatorias referentes al estado
de salud mental del señor Housel y a aportarlas durante el proceso de
determinacióndesu sentencia.
La Comisión también admitió una petición en la cual se alega la
responsabilidad internacional de la República de El Salvador en perjuicio de
Jorge Odir Miranda Cortez y otras 26 personas portadoras del Virus de
Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
("VIH/sida”), integrantes de la Asociación Atlacatl. La CIDH recibió la
petición el 29 de febrero de 2000 y el mismo día solicitó que el Estado
adoptara medidas cautelares a favor de Jorge Odir Miranda Cortez y de las
demás personas individualizadas en la petición. La Comisión Interamericana
también celebró una audiencia sobre el caso el 10 de octubre de 2000, durante
su 108o. período de sesiones. La petición se refiere particularmente al retardo
del Estado en suministrarles los medicamentos y tratamiento adecuados y a la
discriminación de la que habrían sido objeto los pacientes. En la denuncia se
alega además la violación del derecho a la protección judicial debido a la falta
de decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la demanda de
amparoqueplantearonendichopaísparareclamarsus derechos.
Si bien el caso no hace referencia específica al derecho a la salud men-
tal, la Comisión podría incorporar en este caso importantes estándares sobre
el derecho a la salud en el marco de su informe sobre el fondo del caso. En su
decisión sobre admisibilidad, la Comisión adelantó que, aunque carece de
competencia para establecer violaciones del artículo 10 del Protocolo de San
Salvador, tomará en consideración las normas referentes al derecho a la salud
en su análisis sobre el fondo de este caso, conforme a lo establecido en los
artículos 26 y 29 de la Convención Americana. Más aún, el trámite de las
medidas cautelares también motivó que el Estado adopte medidas para
atender a las personas infectadas con el VIH/SIDAen ese país y para ampliar
de manera sostenida el suministro de los medicamentos antirretrovirales. Me
parece entonces importante mencionar este tipo de ejemplos de cómo el
sistema puede ser utilizado para avanzar en la protección del derecho a la
saludenelhemisferio.
CORTE IDH: CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL. SENTENCIA DE 4
El 1 de octubre de 2004, la Comisión presentó ante la Corte una dema-
nda contra el Estado de Brasil por las condiciones inhumanas y degradantes
de la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes -una persona con
discapacidad mental- en un centro de salud que operaba dentro del marco del
Sistema Único de Salud brasileño (SUS) llamado Casa de Repouso
Guararapes; los golpes y ataques contra la integridad personal de que fue
víctima por parte de los funcionarios de la Casa de Repouso; su muerte mien-
tras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico; así como la falta
de investigación y garantías judiciales que caracterizan su caso y lo man-
tienen en la impunidad. En razón de lo anterior, la Comisión solicitó que la
Corte declarara la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 en relación con el
incumplimientodelartículo1(1)delaConvención.
Los hechos del caso refieren que el 1 de octubre de 1999, el señor
Damião Ximenes Lopes fue ingresado -con síntomas de "síndrome sicótico"
pero sin lesión física alguna- en la Casa de Repouso Guararapes, ente privado
Gaby Rosell
Innovación Educativa con Recursos Educativos Abiertos. Portafolio de evidencia. Rita Soria
Políticas sobre la discapacidad en la Argentina
ASDRA1988