Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-970818-22-06-2001-100731
Timestamp: 2019-07-16 07:04:11
Document Index: 317513429

Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 62']

Resolución de TEAF Navarra, 970818, 22-06-2001 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970818 de 22 de Junio de 2001
Núm. Resolución: 970818
Solicita la recurrente la rectificación de la liquidación practicada eliminando la multa e intereses de demora, alegando que el retraso fue debido a causas ajenas a su voluntad y que se presentó escrito solicitando prórroga, y que al no haber obtenido respuesta, se entiende concedida en aplicación del silencio administrativo. En primer lugar estudia el Órgano la petición de prórroga efectuada, señalando que aunque haya sido realizada de una forma tácita ha de admitirse el escrito en tal sentido de solicitud de prórroga, pero desestimándose el recurso, al no haber cumplido la interesada con los requisitos administrativos previos para poder derivar de su solicitud de prórroga un efecto contrario al ordenamiento jurídico.
Prórroga del plazo para presentar documentación.
Visto escrito presentado por Doña (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con liquidación girada por el Impuesto sobre Sucesiones.
PRIMERO.- Habiendo fallecido Doña (?) en (?) de 1996 dejó legado en favor de la interesada, legado que quedó reflejado en escritura de aceptación de herencia, adjudicación de bienes y entrega de legados.
SEGUNDO.- Presentados los oportunos documentos a liquidación, se practicó respecto de la ahora recurrente la número (?)-97, por importe de 3.055.191 pesetas, comprensivo de cuota, multa, intereses de demora y honorarios de liquidación. Y contra dicha liquidación viene ahora la interesada a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1997, señalando que aun cuando los documentos precisos para la liquidación se presentasen fuera del plazo al efecto establecido, lo cierto es que el día que finalizaba el plazo ordinario de declaración se presentó escrito solicitando prórroga; que no habiéndose obtenido respuesta a esta solicitud de prórroga ha de entenderse concedida por silencio administrativo; que el retraso en la presentación de los documentos viene dado por causas ajenas a su voluntad (demora en la protocolización de la memoria testamentaria). Por todo ello, solicita la rectificación de la liquidación practicada en el sentido de haber de eliminarse lo relativo a multa e intereses de demora.
SEGUNDO.- El artículo 216 de las Normas para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 10 de abril de 1970, prevén un plazo de seis meses, contados desde el fallecimiento del causante, para la presentación de los documentos relativos a transmisiones por causa de muerte, siempre y cuando el causante hubiera fallecido en España. No obstante, y con efectos desde el 1 de enero de 1996, el artículo 5º.1 de la Ley Foral 14/1995, de 30 de diciembre, establece que dicho plazo podrá ser prorrogado por otro de idéntica duración. El apartado 2 del artículo 5º dispone que ?esta prórroga habrá de ser solicitada por los herederos, albaceas o administradores del caudal relicto dentro de los primeros cinco meses o, en su caso, nueve meses de los plazos de presentación, acompañada de certificación del acta de defunción del causante y haciendo constar en ella el nombre y domicilio de los herederos declarados o presuntos y su grado de parentesco con el causante cuando fueren conocidos, la situación y el valor aproximado de los bienes y derechos y los motivos en que se fundamenta la solicitud?. Pues bien: para el caso de que la resolución por la que se conceda o deniegue la prórroga no sea notificada en el plazo de un mes, la norma prevé que el silencio administrativo será positivo, es decir, que ha de entenderse concedida la prórroga. No obstante, no debe olvidarse que el apartado 3 del mismo artículo 5º establece el carácter preclusivo del transcurso de los plazos marcados en el apartado 2, al decir taxativamente que ?no se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los plazos a que se refiere el número 2 de este artículo?. En el caso sucede que habiendo fallecido la causante en (...) de 1996, se presentó escrito en (...) de 1996 en el que venía a ponerse de manifiesto la imposibilidad de liquidar los tributos derivados de la herencia, por desconocerse con exactitud quiénes eran los herederos y cuáles los bienes integrantes de la herencia. Dicho escrito no recibió respuesta alguna de la Administración, problablemente porque en el contenido de ese escrito tampoco se hace una expresa referencia a solicitud de prórroga. Ello da lugar a que hayamos de plantearnos, en primer lugar, si dicho escrito de (...) de 1996 ha de ser tenido como una solicitud de prórroga, y, en segundo término, si cabe la posibilidad de que por la vía del silencio administrativo se ?dicte? una resolución contraria al ordenamiento jurídico. La primera de las cuestiones ha de ser resuelta en pro del interesado, puesto que aunque no se diga expresamente que con ese escrito se está solicitando una prórroga del plazo para la presentación de los documentos, lo cierto es que una atenta lectura del tal escrito conduce a la conclusión de que, siquiera tácitamente, se está solicitando una prórroga del plazo de presentación de documentos (se dice que se desconoce quiénes son los herederos y cuáles los bienes que integran la herencia y que tal escrito se presenta ?a efectos del impuesto sobre sucesiones, dejándose para el momento en que se conozcan el detalle de los herederos y bienes integrantes de la herencia?). Ahora bien: si tal escrito ha de tenerse como solicitud de prórroga, lo cierto es que no fue presentado en el plazo marcado en el apartado 2 del artículo 5º antes transcrito y tampoco contiene las menciones (ni viene acompañado por los documentos) a que hace referencia dicho precepto. Ello da lugar a un grave conflicto entre las consecuencias que acarrea el hecho de no haberse dictado resolución expresa respecto del escrito a que se viene aludiendo (concesión automática de la prórroga) y el contenido del apartado 3 del artículo 5º, antes transcrito. Sucede, por tanto, que por la vía del silencio administrativo se reconoce al contribuyente una situación expresamente rechazada por el ordenamiento jurídico.
TERCERO.- Mucho se ha escrito acerca de los actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que para que podamos hablar de la existencia de tales actos presuntos es preciso que previamente los interesados hayan instado la emisión del certificado previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y ello independientemente del debate acerca de la necesidad de la emisión de dicho certificado de actos presuntos en el ámbito de los procedimientos tributarios. Lo cierto es que una vez emitido dicho certificado de actos presuntos se plantea el problema de su declaración de nulidad, por hallarse incardinado en el supuesto previsto en el artículo 62.1.f) de dicha Ley 30/1992 (dicho precepto establece que son nulos de pleno de derecho ?los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derecho cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición?). Pero en el caso que se somete a nuestra consideración ni siquiera se instó por los interesados la emisión de dicho certificado de actos presuntos, por lo que no es preciso iniciar un procedimiento de declaración de nulidad, ante la inexistencia práctica de ese acto presunto. Y pretendiéndose por la recurrente que de su solicitud de prórroga se derive un efecto contrario al ordenamiento jurídico, éste no puede ser reconocido, por lo que habiéndose producido retraso en la presentación de la documentación relacionada con la sucesión examinada, resulta procedente la exigencia de la sanción y de los intereses de demora.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por Doña (?) contra liquidación número (...)-97 practicada por el Impuesto sobre Sucesiones por la Oficina Liquidadora de Pamplona, confirmándose dicha liquidación en todos sus extremos.
Memòries testamentàries
Sentencia Civil Nº 2/2013, TSJ Navarra, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 28/2012, 15-01-2013
Orden: Civil Fecha: 15/01/2013 Tribunal: Tsj Navarra Ponente: Fernandez Urzainqui, Francisco Javier Num. Sentencia: 2/2013 Num. Recurso: 28/2012
Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 10958/2004, 16-03-2004
Orden: Administrativo Fecha: 16/03/2004 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Rodriguez Arribas, Ramon Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 10958/2004
Sentencia Civil Nº 169/2014, AP - Alicante, Sec. 6, Rec 307/2014, 03-07-2014
Orden: Civil Fecha: 03/07/2014 Tribunal: Ap - Alicante Ponente: Rives Seva, Jose Maria Num. Sentencia: 169/2014 Num. Recurso: 307/2014
Aceptación y repudiación de los legados en el Código Civil
Sobre la aceptación y repudiación de los legados se pronuncia el Art. 889 ,Código Civil que dispone que el legatario no podrá aceptar una parte del legado y repudiar la otra, si ésta fuere onerosa, No obstante, si muriese antes de aceptar el ...