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Timestamp: 2020-04-01 20:41:33
Document Index: 296721743

Matched Legal Cases: ['artículo 2655', 'artículo 38', 'artículo 287', 'artículo 19550', 'artículo 18', 'artículo 3283', 'artículo 10', 'artículo 3283', 'artículo 10', 'artículo 2621', 'artículo 2622', 'ARTÍCULO 2635', 'ARTÍCULO 2636', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 2612', 'artículo 517', 'artículo 2594', 'artículo 17', 'artículo 517', 'Artículo 2594', 'artículo 17', 'artículo 3284', 'artículo 40', 'artículo 40']

Derecho objetivo | Wiki Derecho
22 enero, 2020 Derecho y complemento en periodismoDerecho internacional privado, Pluralidadwiki
1 CASO R., M. A. C/ F., M. B. S/ reintegro de hijo
HECHOS: M.A.R. Y M.B.F. Conviven en Miami, El niño M.A.R., de dos años y 10 meses nacíó el 2 de Abril de 2008 en dicha ciudad, figurando ambos progenitores en el certificado de nacimiento. El día 31 de Agosto de 2008 el menor, con autorización de su padre otorgada por el plazo de 5 meses, viajó junto a su madre a la República Argentina debiendo regresar a los EEUU el 31 de Enero de 2009, lo que no ocurre permaneciendo en el país hasta la fecha. En Octubre de 2008 el padre otorgó a MBF autorización para que tramitase la nacionalidad Argentina de su hijo, quien hoy posee DNI.
El 12 de Febrero de 2009, el Sr. MAR inició ante la Autoridad Central de los EEUU el tramite de restitución en los términos del CH 1980 y el 26 de Junio de ese año presentó el pedido de restitución ante el juez local.
El 29 de Abril de 2009 la demandada obtuvo la tenencia provisoria del menor ante la justicia Argentina.
SENTENCIAS: 1º instancia: Hizo lugar al pedido de restitución del niño M.A.R. A la Ciudad de Miami, Estado de La Florida, EEUU, instado por su padre, el señor M.A.R., mediante el procedimiento establecido en el Convenio de la Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
2º instancia: Confirmó lo resuelto en la instancia anterior. Para así decidir, la alzada señaló que la madre, aquí demandada, no había desconocido que hasta el mismo momento del traslado del menor, ambos progenitores y el niño habían residido en la citada ciudad, y que el actor no había consentido el traslado del mismo más allá de la fecha estipulada.
Agregó que no se había acreditado que la restitución implicase un grave riesgo para M.A.R., ni que con ello se pusiese en peligro su estado físico o psíquico o se lo colocase en una situación intolerable. Entendíó que dada la edad del niño, no había sido posible atender a su voluntad, sin embargo, éste había tenido suficiente representación en las señoras Defensoras de Menores e Incapaces de ambas instancias, quienes en sus respectivos dictáMenes habían solicitado que se admitiera la restitución pretendida. Con ello, consideró que no se había logrado demostrar ninguno de los supuestos de excepción previstos por el art.
13 del CH 1980, ni se había argumentado que el caso se encontrase dentro de las previsiones del art. 20 de dicho Convenio.
Ambas sentencias fueron dictadas teniendo en cuenta el interés superior del niño (Directiva general de la Convencíón de la Haya de 1980 y la Convencíón sobre los Derechos del Niño).
La madre interpuso recurso extraordinario. Sostiene que la sentencia vulnera normas de jerarquía constitucional como son los arts. 1º y 3º de la Convencíón sobre los Derechos del Niño y 3º, 11 y 13 del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 (CH 1980). Fundamentando:
1. El actor no tenía su custodia ni su guarda al momento del traslado, y consintió el viaje y la radicación en la Argentina con posterioridad
2. Que la restitución derivaría en una situación de peligro o perjuicio físico o psíquico para su hijo
3. Que la ley 744.301 EEUU otorga a la madre soltera en forma exclusiva la guarda y los derechos sobre el menor M.A.R., sin que el padre hubiese tramitado ante juzgado competente la custodia legal ni la natural, motivo por el cual no existíó traslado ilegal ni retención ilícita.
4. Que con posterioridad al traslado, el demandante envió un e-mail a su parte mediante el cual consentía el viaje y la estadía en la Argentina, y donde le pedía que se quedase.
5. Que cualquier desarraigo y desprendimiento abrupto de su madre causaría al menor un grave daño psicológico irreversible. Pues su hijo volvíó tan sólo 4 meses en los EEUU y se encuentra nacionalizado y documentado en la Argentina, desde hace más de 2 años con su familia materna. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO PREVISTO EN LOS CONVENIOS
6. Considera antinatural y atentatorio del derecho a la vida y a una crianza plena que se le obligue a vivir en otro país donde no tiene familia, a asistir a un nuevo colegio donde se hablara un idioma que desconoce, a soportar costumbres que nunca conocíó y que se lo exponga a la insolvencia de su progenitor, con quien prácticamente no tuvo contacto alguno.
CSJN: Confirmó la sentencia apelada–
1. Que el procedimiento de restitución inmediata instaurado por el CH 1980 se encuentra inspirado en la regla del interés superior del niño establecida por la Convenc ilícita, preservando el mejor interés de aquel mediante el cese de la vía de hecho.
2. Que las críticas de la recurrente vinculadas con la inexistencia de retención ilícita por tener la guarda natural y custodia de MAR según la ley de EEUU, lugar hión sobre los Derechos del Niño. El CH 1980 parte de la presunción de que el bienestar del niño se alcanza volviendo al statu quo anterior al acto de retenciónabitual de residencia según las normas del CH 1980, tampoco resultan conducentes para revocar la decisión de la alzada. Esto es así porque, al margen de que la norma atribuye a la madre la guarda natural del menor nacido fuera del matrimonio, lo cierto es que comienza señalando que la madre y el padre en conjunto son los guardianes naturales de sus hijos durante la minoridad y que son ambos progenitores los que figuran en el certificado de nacimiento de MAR, tanto en EEUU como en Arg; por lo que el derecho de custodia también estaba en la cabeza del actor.
3. Que constada la ilicitud a la que el CH 1980 supedita la operatividad del procedimiento de restitución, corresponde examinar si se configura alguna de las excepciones alegadas por la demandada que obstarían a la solución adoptada por el a quo. A fin de realizar dicho análisis debe tenerse en cuenta que el tratado en cuestión establece como principio la inmediata restitución del menor y, por lo tanto, las excepciones a dicha obligación son de carácter taxativo y deben ser interpretadas de manera restrictiva a fin de no desvirtuar la finalidad del Convenio
4. Que más allá de las disquisiciones respecto de su validez como elemento probatorio, no cabe atribuir al email remitido en feb 2009 por MAR a la demandada en el que manifestó su voluntad de que la progenitora y su hijo se quedasen en Argentina, el carácter de una conformidad posterior dada por aquel en los términos del art 13 inc A del Convenio. Debido a que el Sr. Inicio con premura el tramite de restitución ante la autoridad central de EEUU; actitud que se vio complementada por la búsqueda de obtener espacios de contacto con el menor y el seguimiento del proceso.
Que tampoco puede considerarse que la autorización conferida por el padre a efectos de que la madre tramita la nacionalidad Argentina del niño M.A.R. Implique el consentimiento necesario para permanecer con el menor en la República Argentina más allá del plazo de cinco meses que oportunamente le otorgara para viajar al país, dado que no resulta razonable inferir que el demandante conociese los requisitos exigidos para dicho trámite, ya que el mismo es chileno con ciudadanía norteamericana.
5. Que la demandada tampoco ha acreditado de manera cierta y fehaciente la existencia de un riesgo de que la restitución exponga al menor a un peligro grave físico o psíquico o a una situación intolerable en los términos del art. 13, inciso b, del CH 1980. La integración conseguida en el nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición, ni es decisivo para excusar el incumplimiento de aquél, aún cuando un nuevo desplazamiento fuere conflictivo; y que la mera invocación genérica del beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de idioma, no bastan para configurar la situación excepcional que permitiría negar la restitución, como tampoco resultan suficientes los perjuicios de tipo económico o educativo.
6. El presente proceso no tiene por objeto dilucidar la aptitud de los progenitores para ejercer la guarda o tenencia del menor, sino que lo debatido en autos trata de una solución de urgencia y provisoria, sin que lo resuelto constituya un impedimento para que los padres discutan la cuestión inherente a la tenencia del niño por la vía procesal pertinente —órgano competente del lugar de residencia habitual del menor con anterioridad al desplazamiento, art. 16 del CH 1980—, desde que el propio Convenio prevé que su ámbito queda limitado a la decisión de si medíó traslado o retención ilícita y ello no se extiende al derecho de fondo.
7. Que corresponde a esta Corte, como cabeza de uno de los poderes del Gobierno Federal, en la medida de su jurisdicción, aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado, a fin de evitar que la responsabilidad internacional de la República quede comprometida por su incumplimiento
8. Que teniendo en mira el interés superior del niño —que debe primar en este tipo de procesos— y la rapidez que requiere el trámite iniciado por el actor a los efectos de que no se frustre la finalidad del CH 1980, corresponde exhortar a los padres de M.A.R. A colaborar en la etapa de ejecución de sentencia a los efectos de evitar al niño una experiencia aún más conflictiva
ASPECTOS IMPORTANTES AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO:
DERECHO APLICABLE: Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores adoptada en la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado del 25 de Octubre de 1980 que tiene por finalidad “garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante” (art. 1º, inc. A), procedimiento que tiende a restablecer la situación anterior que se modificó de forma unilateral por una vía de hecho a la que se busca no reconocerle consecuencias jurídicas
2 “Gobierno de la República del Perú c/ SIFAR s/ Incumplimiento contractual”
HECHOS: El Gobierno de la República del Perú demanda a SIFAR por cobro de una suma de dinero, en concepto de devolución del precio pagado por 80 toneladas de leche en polvo, entregadas en condiciones aptas para la alimentación, más intereses y costas.
La demandada debía proveer 120 toneladas de leche en polvo, cuyas condiciones eran las siguientes:
el transporte se haría por vía marítima
el precio seria en pesos argentinos por el costo de la mercadería a embarcarse en BS AS con cláusula FOB.
los documentos comerciales del embarque deben consignarse al ministerio de salud pública y asistencia social del Perú
El pago se haría con apertura acreditativa antes del embarque – ago abonado antes del embarque
Condiciones de calidad del producto específicas
Entregas de 20 toneladas bimensuales
Condiciones sustanciales de la operación eran las de la inclusión de la cláusula FOB “y la del pago abonado antes del embarque”
SIFAR – demandada:
domicilio en la República Argentina.
DERECHO APLICABLE: de conformidad con el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, expresamente invocado por la actora, los contratos sobre cosas no individualizadas se rigen por la ley del lugar del domicilio del deudor al tiempo en que fueron celebrados, sea que se trate de cosas determinadas por su género o de cosas fungibles. Por tanto, corresponde aplicar la ley Argentina, por ser en este país donde se hallaba asentado al tiempo de celebrar el contrato el domicilio de la demandada y para el caso, deudora de entregar la cantidad de 120 toneladas de leche en polvo, que le fuera adquirida por el gobierno de la República del Perú.
La demandada SIFAR ya había realizado 2 entregas, un total de 40 toneladas. Esto no generó ningún inconveniente, ni reclamo.
Perú tuvo inconvenientes para conseguir divisas extranjeras y se paralizó transitoriamente el cumplimiento normal el contrato, a lo que luego se llega a un acuerdo para entregar las toneladas restantes que serían embarcadas antes de la apertura de los créditos por cuenta y orden del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del Perú. Esto demostró una rectificación parcial en el que se harían 2 entregas de 40 toneladas, continuando en plena vigencia las demás condiciones. De acuerdo con esto, Perú reclama que SIFAR rectifico por su sola voluntad el nuevo convenio, en un sólo acto de embarco las 80 toneladas sin comunicar cual barco hacia el transporte, asegurando la mercadería a su nombre en la compañía Argentina, “Atalaya”, con orden de entrega al Banco Popular del perú obtenido personalmente y sin control el certificado de análisis expedido por la Dirección de Lechería del Ministerio de Agricultura argentino y lo había complementado con el de una institución particular “la Sociedad General de Control”, ninguno de los cuales equivalía al “Certificado de Calidad” requerido. Las 80 toneladas de leche en polvo, fueron embarcadas con pólizas de seguro a nombre de la demandada y sin ninguna indicación de endoso en favor de la actora, llegando al puerto quedaron en depósito a la orden, custodia y propiedad de la demandada hasta el 7 de Abril. En que esta última percibíó el precio por medio de los acreditivos puestos a su disposición (desde el 20 de Enero de 1949)
El 11 de Abril, se hicieron análisis de la mercadería que indicaron que era INAPTA para ALIMENTACIÓN; cuando se puso en conocimiento de la demandada, esta rechazó el resultado de los análisis y exprésó que requería la intervención del seguro y que negaba responsabilidad.
DENUNCIA ADMINISTRATIVA: Formula denuncia por vía diplomática ante el Ministerio de Industria y Comercio de Argentina, que concluyó con decisión absolutoria y que de ninguna manera trababa o cerraba la acción judicial. Y que el derecho aplicable era el de Perú por haberse concluido allí el contrato y ser el lugar de su cumplimiento. También que la cláusula FOB no regía para las 80 toneladas restantes porque la operación no quedó perfeccionada por haberse deteriorado la cosa antes de la entrega.
La parte demandada reconviene – SIFAR – por el cobro de una suma, saldo de precio pactado por almacenaje, seguro e interés, con más intereses y costas.
Producida la llegada al Puerto feb 1949, con conocimiento de la actora, ésta sólo estuvo en condiciones de retirar la mercadería en Abril, en que procedíó a su retiro ignorando el destino que en definitiva le dio. En cuanto a las observaciones que le notifico, las rechazó por improcedentes.
Pactada la compraventa marítima bajo la cláusula FOB Buenos Aires, quedó realizada y cumplida en la Rep Argentina, resultando improcedente la aplicación del derecho extranjero y siendo en cambio aplicables los arts 472/473 Cód de Comercio argentino, los cuales sancionan la pérdida, por parte de la actora, del derecho a demandar.
Que el último embarque de mercadería no constituye un contrato independiente, sino la entrega final de la única operación por un total de 120 toneladas convenida con la cláusula FOB, Bs As., debíéndose las variantes de la forma en que aquel se hizo al pedido expreso de la parte actora, comunicación de inmediato el barco que conducía la mercadería
Por haberse convenido el embarque con cláusula FOB, la propiedad de la mercadería y los riesgos se transfirieron al comprador en el momento del embarque, aun con la independencia de la época en que se pudo transferir la propiedad, si es que está llegara a operarse en otro momento. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador y ha sido a su cargo la pérdida o deterioro de la misma. Cualquier acción que podría existir lo sería contra el transportador, el asegurador o 3ros, pero no contra quien vendíó FOB Bs As.
SIFAR reconviene por cobro de sumas de dinero como saldo del precio pactado x almacenaje, seguro e intereses, más intereses y costas.
CONFLICTO: En autos se cuestiona la aplicación del contrato de compraventa con cláusula FOB Bs As por 120 toneladas de leche en polvo a que se refiere el pedido, respecta al último embarque de 80 toneladas efectuado el 20 de Enero de 1949, alegándose por la parte actora que la compra quedó sujeta al régimen legal común y sosteniéndose por la demandada que le es aplicable el régimen legal resultante del pedido de autos, con la única diferencia, que no lo altera en lo sustancial de efectuarse el embarque antes de la apertura de los créditos.
-”… La sociedad SIFAR contrato el seguro para cubrir todos los riesgos que podía correr la mercadería, según resulta del detalle que contiene la póliza y hasta 30 días después de completada la descarga. Constituía una medida provisoria en beneficio del comprador, de cuya omisión podría ser responsabilizada la vendedora y que no desconocía ni afectaba la posibilidad del comprador de contratar en el lugar de destino otro seguro…
Que en lo que respecta a los certificados de análisis de la mercadería correspondiente al embarque de las 80 toneladas, tampoco existe violación de las condiciones estipuladas.
En cuanto a las condiciones del viaje, quedarían fuera de la responsabilidad de la demandada, cubierta por la cláusula FOB, y estaban además protegidas por el seguro contratado, entre otros rubros, para averías debidas a contaminación.
La operación con cláusula FOB constituye una venta pura y simple consumada en el puerto de embarque, sin que la cláusula introduzca ninguna modificación en los efectos ordinarios de la compraventa operados en aquella oportunidad. El sentido de la cláusula FOB es el de poner a cargo del comprador todos los riesgos por pérdida o avería desde el momento del embarque, viajando las mercaderías por su cuenta exclusiva, como lo reconoce en el alegato la parte actora.
Que los efectos ordinarios de la cláusula FOB que han sido señalados, especialmente en lo que respecta al traspaso de los riesgos desde el momento en que la mercadería se encuentra embarcada, no varían ni se entienden modificados, aunque, por las circunstancias del caso, la transferencia de la propiedad deba operarse en otro momento;
Es asimismo corriente que el vendedor se encargue de contratar el seguro en beneficio del comprador. En tal caso el régimen de la venta FOB no sufre alteración y el acto del vendedor produce los efectos propios del mandato o de la gestión de negocios que se hubiese configurado.
Cabe tener presente en el caso, que según las bases de la licitación redactadas por la actora, el proveedor debía indicar en su propuesta el porcentaje de gastos de embarque si bien eran por cuenta del adquirente.
Finalmente, es también norma admitida por la práctica comercial que en defecto de designación por el comprador del navío en el cual debe embarcar la mercadería adquirida con cláusula FOB, la elección la haga el vendedor como en las ventas con la cláusula CIF, por las facilidades con que cuenta para ello, cumpliendo con hacer saber al comprador el nombre del navío portador.
Las normas señaladas, en las que coinciden la doctrina, las convenciones internacionales y la jurisprudencia, tanto nacionales como extranjeras, demuestran que la sociedad SIFAR ajustó su conducta de vendedora a sus obligaciones de tal dentro de la operación con cláusula FOB BS AS, que esta no fue alterada y mantuvo sus efectos con respecto al último embarque cumplido de 80 toneladas y que el riesgo de la mercadería estuvo a cargo del comprador sin perjuicio de su derivación al seguro contratado.
Resulta innecesario resolver si el derecho aplicable es el que señala el tratado de montevideo, el interno de Argentina o el de perú, porque el punto fue planteado para el caso de admitirse que la operación sobre 80 toneladas había quedado fuera del régimen convenido para la provisión total de venta FOB Buenos Aires, lo que sido desestimado. El convenio libremente pactado constituye el derecho aplicable y demuestra la improcedencia de la devolución perseguida por la demanda:
Cualquiera sea la ley aplicable justifican la procedencia de la reconvención, con más los intereses. En cuanto a la condena en costas corresponde aplicarla al vencido.
Rechazar la demanda promovida por el gob de la república de perú contra SIFAR
Hacer lugar a la reconvención, declarando que perú debe pagar a SIFAR.
Clausula fob: En comercio exterior, “free on board”- Dicha cláusula antecede al nombre del puerto de embarque y se utiliza para la cotización de los precios queriendo significar que el precio incluye la mercancía puesta a bordo y que hasta ese momento todos los gastos, tributos, derechos y riesgos son a cargo del vendedor.
JURISDICCIÓN: Ya que la sociedad demandada se domicilia en Argentina, es competente el juez argentino. Se trata de jurisdicción directa, el juez argentino resuelve todo el caso.
DERECHO APLICABLE:
Tratado de derecho civil internacional de Montevideo 1889 – ART 39 p 2do y 3ero: Los contratos sobre cosas no individualizadas se rigen por la ley del lugar del domicilio del deudor al tiempo en que fueron celebrados, sea que se trate de cosas determinadas por su género o de cosas fungibles.
Código de comercio argentino – ART 472: Cuando los géneros se entregan en fardos o bajo cubiertas que impidan su examen y reconocimiento, podrá el comprador, en los 3 días inmediatos a la entrega, reclamar cualquier alta en la cantidad o vicio en la calidad; justificando, en el primer caso, que los cabos o extremidades de las piezas están intactas, y en el segundo, que los vicios o defectos no han podido suceder por caso fortuito, ni causarse fraudulentamente en su poder.
El vendedor puede siempre exigir en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento íntegro en calidad, y cantidad, de los géneros que el comprador reciba, y en este caso no habrá lugar a dicha reclamación, después de entregarlos.
ART 473: las resultas de los vicios internos de la cosa vendida, que no pudieren percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega, serán de cuenta del vendedor durante un plazo, cuya fijación quedará al arbitrio de los tribunales, pero que nunca excederá de los 6 meses siguientes al día de la entrega.
Pasado ese término, queda el vendedor libre de toda responsabilidad a ese respecto.
3 CASO Pérez MORALES GONZALO Martín C/ BOOKING.COM Argentina
HECHOS: el actor habría contratado a través del sitio www.Booking.Com.Ar el servicio de hospedaje mediante sendas reservas efectuadas respecto de 2 hoteles ubicados en España y Francia. Tal reserva había sido abonada mediante la tarjeta de crédito del actor y, posteriormente, este habría requerido la cancelación de dicha operación y la restitución de los importes abonados, lo que habría sido denegado por la codemandada Booking.Com Argentina SRL.
La demandada en primer término negó haber tenido ninguna intervención en la contratación que habría realizado el actor – puesto que este se habría concretado con la sociedad Booking.Com B.V., sociedad que se encuentra constituida en los Países Bajos., más al mismo tiempo invocó que la justicia Argentina no sería competente por cuanto lo sería aquella correspondiente al lugar de celebración del contrato – según su opinión, los países bases y que, por otro lado, tampoco sería aplicable el derecho nacional de acuerdo a lo establecido por el 2655 CCC.
RESOLUCIÓN DE CÁMARA. Está Sala comparte lo aconsejado en el dictamen fiscal, en razón de la internacionalidad de la relación de consumo en cuestión, por lo que resulta aplicable el art 2654 CCC conforme efectuará la a quo.
En efecto, es conocida la dificultad que acarrea elegir una pauta válida para determinar la jurisdicción competente en un contrato celebrado en el ciberespacio, en el que las partes tienen una dirección electrónica virtual con un sufijo geográfico, más sigue teniendo actualidad el punto de conexión domicilio real – así no coincida con el domicilio virtual – en razón de ofrecer un principio perenne de localización, que como ocurre en el caso resulta ser el domicilio de la excepcionante fijado en alem, caba. (PROBLEMAS CON EL FORO – Podría HABER SIDO UN FORO NECESITATIS)
A mayor abundamiento, no resulta relevante la ubicación del server mediante el cual se logra la conexión a la red (Amsterdam, Países Bajos) o la localización física de sus computadoras – como pregona la excepcionante – pues si estos criterios fueran aceptados, el deudor en caso de ser perseguido podría modificar a distintos Estados la ubicación de los servidores y/o el punto de conexión a la red a su propio albedrío dificultando la posibilidad de ser sometido a justicia alguna, generando inseguridad jurídica en la relación de comercio electrónico en cuestión.
Es por ello, que incluso en los casos en que resulta difícil y hasta casi imposible localizar el domicilio del demandado, si existen elementos suficientes que lo vinculen con nuestro país, se ha de preconizar una interpretación amplia del concepto, por el que los jueces argentinos podría asumir jurisdicción internacional en virtud del llamado foro de necesidad cuando el cierre del caso pudiera producir una efectiva denegación internacional de justicia . ART 2602 CCC.
Por ello, se RESUELVE: rechazar la apelación, con costas a la recurrente.
ASPECTOS ESENCIALES PARA EL DCHO INTERNACIONAL PRIVADO:
JURISDICCIÓN: se establece a la Argentina. Se toma el concepto de la jurisdicción conocida como FORO DE NECESIDAD en tanto podría serle denegada la posibilidad de reclamar a Pérez teniendo en cuenta que el caso versa sobre un contrato de consumo online y que la demandada tendría domicilio en diversas regiones del mundo.— CCYCN: ART 2654: JURISDICCIÓN: Las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden interponerse, a elección del consumidor, ante los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato. También son competentes los jueces del Estado donde el demandado tiene sucursal, agencia o cualquier forma de representación comercial, cuando estas hayan intervenido en la celebración del contrato o cuando el demandado las haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía contractual. La acción entablada contra el consumidor, por la otra parte contratante sólo puede interponerse ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor. En esta materia no se admite el acuerdo de elección del foro. — recuérdese que al hablar de un contrato de consumo aquí se presentan los denominado ptos de conexión alternativos a elección del consumidor.
DERECHO APLICABLE: Derecho argentino:. La aplicación de este derecho se debe a lo que surge del CCYCN en su artículo 2655: DERECHO APLICABLE: Los contratos de consumo se rigen por el derecho del estado del domicilio del consumidor en los siguientes casos: a.) si la conclusión del contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o actividad realizada en el Estado del domicilio del consumidor y este ha cumplido en él los actos necesarios para la conclusión del contrato; b) si el proveedor ha recibido el pedido en el Estado del domicilio del consumidor; c) si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un Estado extranjero a los fines de efectuar en el su pedido; d) si los contratos de viaje, por un precio global, comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. En su defecto, los contratos de consumo se rigen por el derecho del país del lugar de cumplimiento. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración. . En este caso es de aplicación este artículo, particularmente el inciso 2. Podría decirse que nos encontramos frente a una norma de POLICÍA /IMPERATIVA.
FUENTE: se aplica la interna. Ello por cuanto no existe ninguna convencíón o instrumento internacional que vincule a los sistemas normativos que están involucrados en el caso. Debe considerarse que este caso conlleva la particularidad de la dificultad de establecer el domicilio de la empresa conocida como BOOKING en tanto no solo tiene sede en todo el planeta sino que también es una firma cuyas contrataciones las hace, mayormente, vía Internet. Esto último dificulta conocer el domicilio de con quien se estaría contratando.
CALIFICACIONES: existe un posible problema de calificaciones a la hora de considerar el domicilio de la demandada.
4 FALLO POTOSÍ C/ COCCARO
Se trata de una Sociedad con domicilio real en Caracas, Venezuela: el Haltillo
El Haltillo le otorgó un mandato al Sr. Abel Francisco Coccaro, para:
«represente al mandante en todos los actos y contratos relacionados con la constitución en la República Argentina de la Sociedad Anónima Gulf Stream Investment Argentina; para que suscriba en nombre y representación del mandante acciones de dicha compañía, las cuales pagará en dinero efectivo o mediante el aporte de bienes del mandante, quedando facultado para traspasar los bienes que aporte en propiedad a la expresada sociedad anónima; y para que firme en nombre y representación del mandante las actas, documentos constitutivos y estatutos de la expresada sociedad anónima; todos de acuerdo con las instrucciones que al efecto se le comuniquen…».
Coccaro haciendo ejercicio de tales atribuciones – concurre al acto de constitución de la SA, suscribiendo acciones en nombre de su mandante por un importe x. Pero integra en especie MENOS importe del suscripto. La integración la hace mediante el aporte de 5 maquinas, las cuales eran propiedad del mandante.
Posteriormente, el señor Cóccaro constituyó una prenda sobre dichas máquinas a favor de Potosí S.A.,impidiendo que se concretara su efectiva transferencia a la sociedad anónima a constituirse.
Luego, con motivo de la ejecución promovida por el acreedor prendario (POTOSÍ), la sociedad recurrente (EL HALTILLO) se presentó en las respectivas actuaciones deduciendo tercería de dominio sobre los bienes prendados, y solicitando, a tenor de lo dispuesto por el artículo 38 de la ley de prenda con registro, la suspensión del procedimiento ejecutivo, medida a la que el juez de primera instancia hizo lugar. Coccaro no las podía dar en prenda, sólo entregarlas como aporte para la constitución de la sociedad.
CONFLICTO: Se cuestiona si el Haltillo tenía capacidad para estar en juicio ya que era una sociedad constituida en Venezuela, que NO ESTABA INSCRIPTA EN EL RPC (Registro Público de Comercio) para comparecer en el proceso y hacer valer esos derechos.
1º instancia: Hace lugar al pedido de EL HALTILLO
Apelan
CÁMARA: Revoca la resolución de 1era instancia estableciendo que El Haltillo carece de personería para actuar en juicio basándose en el art 287 del Código de Comercio y ley 8867
Revocó la resolución de primera instancia con fundamento en que la tercerista, en tanto no cumplíó los requisitos exigidos por el artículo 287 del Código de Comercio y disposiciones de la ley 8867, carece de personería para actuar en juicio.
Se interpone recurso extraordinario.
CSJN: Se dictó antes de la ley 19.550 – estando en vigencia el art 287 del Código de Comercio
La CSJN al analizar la situación establece:
-Que la Sociedad NO estaba inscripta en la República porque no existe ninguna disposición que hubiera exigido previamente a la Sociedad haberse inscripto para poder estar en juicio y así hacer valer sus derechos
-Que en tales condiciones se afecta la Tutela Jurisdiccional que la sociedad requiere
-Esto, deja a la sociedad constituida en el extranjero en una situación de indefensión y por ende afecta su derecho de defensa en juicio (reconocido en el ART 18 CN).
Es decir, la CSJN determina que si se le exige a una sociedad constituida en el extranjero la obligación de inscribirse para poder defenderse – acaba afectando a su derecho de defensa en juicio (que está por encima de la obligación de inscribirse).
La exigencia del previo cumplimiento de los recaudos atinentes al registro y publicación de los actos sociales, y el mandato del representante, no guarda relación con la celeridad de trámites que es propia de la ejecución prendaria, y con la consiguiente premura con que la recurrente ha debido hacer valer en ella su derecho de dominio sobre los bienes respectivos, tanto más cuanto que no media en el caso circunstancia alguna que autorice a suponer que la conducta del mandatario, y la posterior ejecución, hubiesen sido contingencias previsibles con suficiente antelación como para cumplir las formalidades a que se refiere la resolución en recurso.
Por tanto, la CSJN resuelve revocar la resolución de Cámara y que el Haltillo tiene capacidad para estar en juicio.
La CSJN resolvíó que la constitución de una sociedad encuadraba en la categoría de acto aislado de comercio, razón por la cual la sociedad extranjera constituyente no estaba obligada a cumplir con los requisitos de inscripción del viejo art. 287 del Código de Comercio. Por ende, se debía aplicar el art 285 del derogado Código de Comercio, el cual, repetimos, no exigía a la sociedad extranjera su inscripción en el RPC.
Tercería: pretensión en cuya virtud una persona (física o jurídica) distinta a las partes de un proceso, reclama el levantamiento de un embargo trabado en dicho proceso sobre un bien de su propiedad. Su admisión está condicionada a la existencia de un embargo. Si bien existen dos tipos de tercerías, en este caso tiene lugar la siguiente:
Tercería de dominio: se fundan en el dominio del tercero de los bienes embargados. Así, en medio de un proceso judicial entre dos partes, una tercera parte ajena al pleito, aduce la propiedad de un (o más de uno) bien en virtud del embargo que en el juicio recayó sobre dicho bien, reclamando que tal medida cautelar sea levantada.
Es relevante al Derecho Internacional Privado por tratarse de una sociedad constituida en el exterior que realiza actos en la República Argentina a través de un mandatario (Coccaro)
ASPECTOS ESENCIALES AL DIP:
JURISDICCIÓN: Jueces Argentinos. Esto no se da por una norma en particular sino por el hecho que la disputa tiene lugar en el mismo juicio de ejecución que POTOSÍ SA le había iniciado a COCARO frente a los jueces argentinos. Es decir, este caso se convierte en uno jusprivatista internacional con la presentación de la empresa con domicilio en Venezuela sin estar inscripta en el país indicando que los bienes eran de su propiedad. Este fallo sienta precedente por cuanto luego, en el artículo 19550 de la ley de sociedades, se agrega la posibilidad de actos aislados y participar en juicio.
DERECHO APLICABLE: Derecho argentino. Podría hablarse de la lex loci executionis – ley del lugar de ejecución – en tanto el contrato firmado por Coccaro y El Haltillo se ejecuta en la Argentina. Sin embargo, teniendo en cuenta que el caso se inicia dentro de un juicio ya iniciado de ejecución es evidente que se aplica el derecho argentino como resultado de ello.
PUNTO DE CONEXIÓN: podría tratarse del hecho que participa del juicio una sociedad que no se encuentra inscripta en este país y que por tanto, tiene domicilio en el extranjero.
FUENTE: Interna. No existía ninguna convencíón o tratado que ligar
ORDEN PÚBLICO: se plantea el debido proceso adjetivo que se encuentra plasmado en el artículo 18 de la CN en cuanto no puede menoscabarse el derecho de la defensa en juicio por parte del Haltillo solamente por el hecho que no se encuentre inscripta en nuestro país.
CASO JUSPRIVATISTA INTERNACIONAL: estamos ante un caso de tal índole por la existencia de un tercero que resultara ser una sociedad constituida en el extranjero es decir en un sistema normativo diferente al nuestro.
—— Le permiten al Haltillo (sociedad con domicilio real en Caracas, Venezuela) intervenir en el juicio, como terceros, aunque no se cumplen todos los requisitos necesarios, por considerar que si no caeríamos ante un caso de impedimento a la tutela jurisdiccional y al derecho de defensa en juicio.
5 FALLO ANDERSEN
Hechos: Soren Henning Molgaard, se presenta en representación de sus nietas (Lisbeth y Briggite Andersen).
Otorgó mandato al Dr. Tomás Fuentes Benítez, en Argentina – para promover el juicio sucesorio de los padres de aquellas, Pablo Andersen (fallecido en Aarhus) y Lilian Andersen (fallecida en Copenhague).
El apoderado se presentó ante los tribunales de Mar del plata
Solicito que se declarase abierto el juicio sucesorio de los causantes domiciliados en Dinamarca al tiempo de fallecer, dejando como únicos bienes relictos bienes inmuebles en la Ciudad de Necochea.
RESOLUCIONES:1era instancia: Se declara INCOMPETENTE para entender en la causa sucesoria, en razón de que el domicilio de los causantes al igual que el domicilio de los herederos se encuentra en Dinamarca – art 3283 CC que establece que será competente el juez del último domicilio del causante- En el caso, los últimos domicilios de los causantes se hallaban en Dinamarca, país también del domicilio de los herederos.Se apela esta decisión Agravios: funda su pretensión en el hecho de existir bienes raíces – inmuebles – en Argentina como únicos componentes del acervo sucesorio. Para insistir en la competencia del a quo para entender en el proceso universal y art 10 del CCC. Cámara:Confirma la sentencia de 1era instancia.El hecho de existir inmuebles en el país – art 10 – no autoriza – no es suficiente – para apartarse del principio general del art 3284 (son competentes en sucesión mortis causa los jueces del último domicilio del causante), EXCEPTO que se demuestre que la aplicación de la ley extranjera fuera incompatible con el orden público local o con la legislación Argentina. El principio general del art 3283 (actual 2644 – la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento) tiene primacía sobre el del art 10 con las necesarias adecuaciones que cada caso requiere, se pronuncian por el principio de la unidad. El principio de unidad, entonces, queda fundamentado por el legislador en la nota del art 3282 = por eso cuando dicen los códigos que la sucesión se abre en el domicilio del difunto significa decir que la jurisdicción sobre la sucesión está en el último domicilio del difunto, y que por tanto estará regida por las leyes locales de ese domicilio – aunque este principio cuenta con una excepción: la transmisión de los bienes raíces ya que forman una parte del territorio del Estado, lo cual tiene carácter de orden público. Se interpone recurso de inaplicabilidad de la ley. Se alega que se había violado el derecho de defensa.
Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires:
Se revoca 1era y 2da instancia
Aplica la teoría del fraccionamiento o de la pluralidad (que plantea la apertura de sucesión en cada lugar donde haya bienes propiedad del causante).
Se aplica la postura predominante basándose en el art 10 CC como excepción al artículo 3283
El caso en examen no se ha resuelto en el ámbito de la aplicación espacial de los Tratados de Montevideo ya que Dinamarca no es parte de ellos pero sí debe mencionarse que se puede utilizar como fuente supletoria a los fines de resolver el caso. Se recurre al Cód Civil argentino
El art 3284 CC (serán competentes para entender en sucesión mortis causa los jueces del último domicilio del causante) se entiende como una norma de jurisdicción internacional
Pero la jurisdicción internacional del juez del último domicilio del causante NO puede concebirse como exclusiva y excluyente de toda otra (por tanto se deben determinar otras jurisdicciones concurrentes con la del juez del último domicilio del causante).
En este sentido, es de gran importancia la jurisdicción de los lugares en los cuales se asientan bienes
Pero ante la carencia de normas de foros concurrentes para los juicios sucesorios internacionales, se aplica por ANALOGÍA las normas de jurisdicción internacional relativas a procesos sucesorios de los Tratados de Montevideo (art 63 TT Montevideo 1940 y 66 TT de Montevideo de 1989) = estas normas abren tantos foros sucesorios como lugares donde haya bienes radicados
ART 63: Los juicios a que dé lugar la sucesión por causa de muerte se seguirán ante los jueces de los lugares en donde se hallen situados los bienes hereditarios
ART 66: los juicios a que dé lugar la sucesión por causa de muerte se seguirán ante los jueces de los lugares en que se hallen situados los bienes hereditarios
Primacía del art 10: “cuando la transmisión hereditaria tiene por objeto bienes inmuebles ubicados en el territorio de la República … (el principio de la unidad sucesoria) queda ipso iure fracturado, pues adquiere prevalencia normativa, sobre el art 3282, el art 10, que con un criterio exclusivamente territorialista, somete dichos bienes a las leyes de nuestro país en todo cuanto se refiere a su calidad de tales, a los derechos que a las partes corresponde ejercer sobre los mismos, a la capacidad necesaria para adquirirlos, a los modos de transferirlos y a las solemnidades de los actos respectivos
Se deduce del derecho aplicable la jurisdicción competente, es decir, si por el art 10 va a entender el juez argentino por los bienes inmuebles = se deduce que debe entender el juez argentino (Fórum CAUSAE), se aplica analógicamente.
Es decir, la única forma en la que un JUEZ ARGENTINO pudiera entender sobre bienes en el extranjero sería cuando el último domicilio del causante estuviera en la República
Se declara competente el Tribunal Argentino de Mar del Plata para entender en la herencia danera, pero no en virtud del art 10 del CC, sino por la aplicación analógica de los Tratados de Montevideo
Tanto el DIPr argentino como el danés someten la herencia internacional al derecho del último domicilio del causante: el derecho danés Si hubiera normas de policía sucesorias aplicables a los inmuebles argentinos, se deberían aplicar antes que nuestras normas de conflicto – las cuales implican que el derecho aplicable es el derecho danés. El derecho sucesorio danés debe respetar los principios de orden público del DIPr Argentino
Armónía internacional de las decisiones efectivas: en el caso se pone de relieve la armónía que hay entre el DIPr argentino y el danés. Ambos concuerdan en someter la herencia internacional al derecho del último domicilio del causante. Se analizan las posibilidades de calificaciones y reenvío. Coinciden las calificaciones de la herencia, se asegura la aplicación prioritaria de las normas nacionales de policía, etc.
A pesar de que existe Sistema de Unidad, hay una excepción: art 10 CC.
ASPECTOS ESENCIALES AL DERECHO INTERNACIONAL:
Jurisdicción: si bien la jurisdicción conforme el articulo 3284 corrresponderia a Dinamarca por cuanto es allí donde el causante ha fallecido, lo cierto es que la corte xonsidera a los tribnunales argentino competentes por cuanto aplica la teoría del fraccionamiento en la que se plantea que se debe abrir una sucesión por cada lugar en que ekl causante tenga inmuebles
DCHO. APLICABLE: se aplica el código civil de vélez del momento en el que se establecía en el artículo 10 una excepción al ppio de unidad planteado en el artículo 3283 por cuanto establece que los bienes sitos en la república debían ser juzgados por la ley exclusiva de este sistema normativo. Sin embargo debe establecerse el hecho que se utiliza la aplicación supletoria en forma analógica de los ytratados de montevideo ya que si bien Dinamarca no habría suscripto a ellos, plantean una teoría del pluralismo o fraccionamiento que en el caso en concreto debe aplicarse. Finalmente, el artículo 10 del código de vélez resulta ser una ley de aplicación IMPERATIVA en tanto no podría. La norma se clasifica como unilateral e interna.
FUENTE: interna CCYCN – aunque debe mencionarse que se aplica las teoría del fraccionamiento haciendo una analogía con los tratados de montevideo –
PTO DE Conexión: lex reí sitae – lugar de situación de los bienes – el pto de conexión se clasifica en uno fijo, real, simple –
6 FALLO SAGEMULLER
1979: los esposos Liesse y Ernesto Hinz, celebran un contrato de compraventa
En este contrato venden al hermano de la vendedora (demandante Sagemuller), el paquete accionario del que la enajenante era titular en la empresa “Sagemuller SA”
La venta es por la suma total de $1.180.000 dólares
El comprador abonó en el acto u$s 275.000 comprometíéndose a pagar el saldo de u$s 905.000 en 8 cuotas.
Se pactó en el contrato que la falta de pago de 2 cuotas daba lugar a la caducidad de los plazos pendientes y autorizaba a exigir el total adeudado
El contrato se celebró en la Ciudad de Frankfurt (Alemania)
Ambas partes constituyeron domicilio especial en la provincia de Buenos Aires
Por una cláusula del contrato se establecíó que:
las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Paraná.
el pago se considerará efectuado al recibirse en una cuenta bancaria en Suiza a nombre de los vendedores
las acciones (depositadas en una escribana de CABA) serían entregadas al comprador con la autorización de los vendedores
El comprador abonó las primeras 3 cuotas pactadas
Como la cuarta cuota estaba impagada – el COMPRADOR demandó la resolución del contrato por imprevisible y sobreviniente onerosidad del contrato (art 1198 2do párrafo Cód Civ)
Alega la brusca devaluación en el peso argentino respecto del dólar estadounidense, lo cual torna excesivamente onerosa la obligación a su cargo
La demanda de resolución es promovida contra los vendedores
Se corre traslado de la demanda / los vendedores reconviene: piden el cobro de las cuotas adeudadas; y agregan además, que el art 1198 CC es inaplicable para ese contrato.
1era Instancia:
No hacen lugar a la demanda de resolución
1ero: no es aplicable al contrato el instituto de la excesiva onerosidad sobreviniente
2do: entienden que no se han configurado los presupuestos del art 1198 párrafo 2do del CC.
Se admite la reconvención por cobro de la parte impaga del precio.
2da Instancia: Cámara de Apelaciones en lo Civil y COmercial de Paraná (1998)
Cuestión de derecho internacional privado:
Está Cámara (Boggiano) define al contrato de compraventa internacional como:
Aquel donde su sinalagma funcional, esto es, el desarrollo de su función económica mediante el cmplimiento de sus prestaciones, pone en contacto 2 o más mercados nacionales o donde existe una conexión real de celebración o de cumplimiento en el extranjero.
El contrato es celebrado en Alemania.
Los vendedores tienen domicilio real en Argentina
El comprador tiene domicilio real en Argentina
Las prestaciones esenciales del contrato se deben cumplir: una en suiza (el pago del precio) y la otra en CABA (entrega de las acciones)
Estas acciones representan participación en una SA con domicilio, sede social y establecimiento principal en Argentina.
Las partes se han sometido a la jurisdicción de un tribunal argentino (paraná).
Estas circunstancias son suficientes para entender que se trata de un contrato de compraventa internacional.
La cámara entiende que al elegir las partes el tribunal competente (paraná) – eligen el derecho internacional privado del país al que pertenece el tribunal. Y, al elegir un determinado DIPr rector del contrato, eligen el derecho privado que se establece según ese DIPr elegido. Por lo tanto, el derecho privado argentino es el que rige la cuestión
Prestación más carácterística: al tratarse de un contrato bilateral, y sinalagmático, advertimos la existencia de dos prestaciones cuyo lugar de cumplimiento vincula 2 o más derechos:
El pago del precio debía concretarse mediante depósitos en un Banco Suizo. Pero en definitiva, el banco funcionaba como mandatario de los vendedores donde el cumplimiento, en definitiva, se concretó en el domicilio real de estos (Alemania)
La entrega de la cosa: acciones, se habría cumplido en CABA
La cuestión ha sido resuelta doctrinariamente y jurisprudencialmente otorgando prevalencia a lo que se llama “prestación más carácterística”. Está es aquella prestación que, dentro de la función económica del contrato, configure la conducta de adjudicación que más satisface el fin económico del negociojurídico.
En este fallo, siendo una compraventa, la prestación más carácterística al contrato es la entrega de la cosa, que se transfiere en propiedad, esto es, la prestación NO DINERARIA: LAS ACCIONES. Por lo tanto, la prestación más carácterística no es la entrega de las acciones sino la transferencia de la participación social en una empresa con domicilio, sede social y establecimiento principal en la Argentina. Por lo que, el lugar de cumplimiento es en Argentina.
Habrá entonces que determinar si hay configuración o no del instituto regulado por el art 1198 párrafo 2 del CC.
ART 1198 CC y las devaluaciones de 1981:
Después del “Rodrigazo”en 1975 (fenómeno hiperinflacionario), se dio una jurisprudencia que lo calificó como extraordinario e imprevisible buscando hacer operante el remedio del art 1198 CC por la ley 17711. Los contratantes, con la intención de ponerse a cubierto de los cambios del valor de la moneda, recurrirán al dólar como moneda estable, generalizando lo que se dio en llamar “la cláusula dólar”.
Al momento de celebrarse el contrato del fallo – 1979 – estaba en vigencia el régimen de devaluaciones.
Carácter Internacional del contrato y el dólar como moneda de cuenta:
– El hecho de haber contratado bajo el régimen de las devaluaciones y de que en la etapa de cumplimiento del acuerdo sobre viniera su brusca alteración no es suficiente para hacer operar el remedio del art 1198 CC.
-En los contratos internacionales, el precio dólares constituye “moneda de pago” – es decir, la moneda propia del contrato
-En el caso, el pago en dólares es un requisito esencial del acuerdo; por ello se sostiene la inaplicabilidad del art 1198. Al haberse pactado las obligaciones en moneda extranjera, resulta inaplicable la teoría de la imprevisión. El deudor ACEPTÓ Y ReconocíÓ el dólar como moneda del contrato. Por lo tanto, resulta inaplicable el instituto del art 1198 CCiv.
El hecho de que el contrato se hubiera pactado en moneda extranjera, y que además el deudor lo hubiera aceptado, hacen a la inaplicabilidad de la “Teoría de la imprevisión” y del Instituto de la excesiva onerosidad sobreviniente” del art 1198 CCiv.
RESOLUCIÓN: Confirma la sentencia de 1era instancia, rechaza la demanda y da lugar a la reconvención.
ASPECTOS ESENCIALES AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO:
Jurisdicción: la jurisdicción resulta ser una prorroga de la misma. En este sentido recordemos qu los cobnteratos internacionales tienen como principal característica, excepruando a los de consumo, el hecho que rige la autonomía de la vboluntad de la partes. – ver articulo 2651 del CCYCN-. Asimismo, no debe olvidarse que la prorroga de la jurisdicción se encuentra normada en el articulo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la misma permite la elección de los tribunales a intervenir en caso de sucitado algún conflicto en tanto se trate de derechos patrimoniales.
DERECHO APLICABLE: si bien actualmente en casos como este se recurriría al articulo 2642 del CCYCN que establece el derecho aplicable al caso en caso de que las partes no lo hayan pactado, lo cierto es que en este caso en particular la cámara decide que será de aplicación el derecho interno argentino en tanto las partes pactan que en caso de conflicto alguno el mismo sea sometido ante los tribunales de la ciudad de paraná de la provincia de entre ríos. En tal sentido, el tribunal entiende que teniendo en cuenta la prestación más carácterística es la entrega del paquete accionario en la ]Argentina es claramente el derecho interno de este sistema normativo el aplicable al caso, hablamos específicamente de la doctrina lex loci executionis. Sin embargo, cabe dejar en claro que las partes podrían haber pactado el derecho a aplicar.
FUENTE:INTERNA. NO EXISTE ConvencíÓN O TRATADO INTERNACIONAL QUE VINCULE A LOS SISTEMAS NORMATIVOS QUE SE PRESENTAN EN ESTE CASO. LA CÁMARA establece que si bien las partes no pactaron el derecho que se aplicaría en caso de la existencia de conflicto alguno, debe entenderse que es de aplicación el derecho interno argentino y no uno extranjero o el internacional argentino.
CASO JUSPRIVATISTA INTERNACIONAL: se trata de un caso jusprivatista internacional en tanto el lugar de celebración del contrato fue en Alemania, las partes tienen domicilio en Argentina, el resto del pago que haría el comprador de las acciones se haría en un banco SUIZO y las acciones se entregarán en la Argentina. La confluencia de estos estos aspectos que vinculan a sistemas normativos diferentes generan al caso JURISPRIVATISTRA INTERNACIONAL.
7 FALLO ZAPATA DE TIMBERLAKE
HECHOS: La mujer 1 solicita anular matrimonio celebrado en bs as por bigamia aduciendo invalidez del divorcio previo de su marido (hombre 1) quien había contraído primeras nupcias en nueva york para luego divorciarse en la ciudad de méxico. El hombre 1 niega la totalidad de los hechos indicando que el divorcio había sido válido y que al casarse con la mujer 1 no poseía impedimento de ligamen alguno. En dicho marco, se presenta la mujer 2 solicitando ser tenida como parte coadyuvante indicando que el matrimonio de la mujer 1 era válido y manifestando que solicitaba la nulidad únicamente a los fines de hacer valer su nuevo matrimonio con el hombre 2 pretendido así lograr la consecuente nulidad del matrimonio de la mujer 2 con el hombre 2, quienes se encontraban casados previamente. Agregó la mujer 2 que, la mujer 3 cuyo matrimonio era considerado como aún existente por parte de la mujer 1 por la invalidez del divorcio, había contraído nuevas nupcias con otro hombre 3. La corte suprema autorizó que la mujer 2 fuera parte del caso más allá de la oposición que la mujer 1 había ejercido al respecto. Ante dicha circunstancia, a lo planteado por la mujer 2, la mujer 1 indicó que el divorcio del hombre 1 no era válida en territorio nacional debido a que nueva york no había reconocido al mismo, el cual había sido sentenciado en la ciudad de méxico. Además de de ello planteaba la mujer 1 que el fallo mexicano no podía tener eficacia en nuestro país toda vez que contrariaba el orden público local por cuanto se fundaba en una causal de divorcio no admitida aquí.
RESOLUCIÓN DE PRIMERAS INSTANCIAS Y CORTE: en primera y segunda instancia se deniega el pedido de nulidad por parte de la mujer 1 en tanto se entiende que no es necesario reconocer la sentencia siendo que únicamente cabe verificarse si la misma no viola ninguna norma de orden público de nuestro país. En tal sentido, se establece que teniendo en cuenta que tanto el divorcio es celebrado en el extranjero como así también que los cónyuges tenían domicilio en el extranjero, lo cierto es que no existe punto de conexión alguno que vincule a nuestro derecho/sistema jurídico o normativo con aquello. La mujer 1 interpone recurso extraordinario federal a la sentencia de cámara y, al serle denegado, llega en queja a la corte suprema. La corte estima, en primer lugar, que la mujer 2 no genera un menoscabo en el derecho de defensa en juicio de la mujer 1 por lo que es pertinente incluirla como parte teniendo en cuenta que defiende sus intereses únicamente. En segundo lugar, el tribunal no hace lugar a la nulidad alegada por parte de la mujer 1 en base a diversos argumentos que responden a aquellos alegados por la mujer 1:
-la mujer 1 solicito se designe a un perito experto en derecho internacional privado. La corte lo consideró un pedido extemporáneo
– la mujer 1 solicito se aplicará la ConvencíÓN INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GENERALES DE DCHO INT. PRIVADO que impone a los magistrados la aplicación del derecho extranjero como lo harían los jueces locales del estado cuyo derecho resulta aplicable, la corte consideró que el pedido resultaba extemporáneo pero que, sin perjuicio de ello, los jueces argentinos habían resuelto conforme a dicha normativa teniendo en cuenta en que actuaron de la misma forma en que habrían actuado los jueces neoyorquinos considerando que la jurisdicción de los jueces mexicanos no era objetable teniendo en cuenta el derecho del domicilio de los esposos. En dicho sentido, el tribunal agregó que lo alegado por la mujer 1 no constituía una cuestión federal
-la mujer plantea que no debe aplicarse el fallo “Rosentiel vs. Rosentiel” – precedente jurisprudencial de los tribunales neoyorquinos aplicados por la cámara al caso bajo estudio donde surgía que para reconocerle validez a un divorcio no se exige que este haya sido dictado en la misma jurisdicción donde los cónyuges tenían domicilio – en cuanto manifestó que dicho precedente era posterior a la sentencia mexicana. La corte indica que la aplicación del fallo es pertinente en cuanto su aplicación no se considera retroactiva porque, conforme la teoría del uso jurídico, la cuestión debía ser juzgada según el principio de actualidad del orden público (criterio vigente al tiempo del pronunciamiento).
-la mujer 1 alega la violación al orden público argentino en tanto la causal de divorcio alegada por el tribunal mexicano no estaría comprendida en la ley local. La corte se expide indicando que basta con que la misma no contraríe disposición de orden público alguna.
ASPECTOS ESENCIALES AL DCHO INT. PRIVADO:
JURISDICCIÓN: LA JURISDICCIÓN ES Argentina. En estos casos y conforme surge del artículo 2621 del CCYCN la jurisdicción en caso de nulidad del matrimonio se establece conforme dos criterios diferentes: el último domicilio conyugal (foro especial) o el domicilio/residencia habitual del cónyuge demandado (foro general). En este sentido nos encontramos ante un caso de jurisdicciones concurrentes. Cabe asimismo aclarar que el código específicamente restablece una calificación autárquica en cuanto a lo que se considera como “último domicilio conyugal”. En el caso no se controvierte la jurisdicción Argentina en cuanto el último domicilio conyugal del matrimonio se encontraría en el país, donde contrajeron matrimonio previamente.
DERECHO APLICABLE: se habla de la aplicación de la CIDIP II a la que suscribieron tanto Argentina como EEUU. – ConvencíÓN INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GENERALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO – pero por la mera mención de la misma por parte de la actora y no porque se hubiera aplicado por los tribunales. Sin embargo los tribunales, la corte, hace alusión específicamente a que sin intención se terminó aplicando lo que dicha normativa indica (ver arriba). Se aplica el derecho argentino, CCYCN, artículo 2622. Ello por cuanto es el derecho donde se celebró el acto el que regirá en el tema (recordemos que el matrimonio se celebró en la Argentina). NORMA DE CONFLICTO que remite o encuentra la solución en el derecho del sistema normativo del lugar de celebración del acto – matrimonio -. EL ÚNICO ASPECTO QUE SE TRATA EN RELACIÓN A LAS NORMAS DE CONFLICTO ES EL ORDEN PÚBLICO.
FUENTE: se aplica la interna – CCYCN:
PTO DE CONEXIÓN:lex loci actum o lugar de celebración – fijo, relativo al acto, simple-.
CASO JURISPRIVATISTA INTERNACIONAL: lo es porque involucra más de dos sistemas normativos: el argentino y el mexicano.
8 R. G., J. Y otra Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa (STFormosa)
El niño nacíó el 21 de Diciembre de 1995, en Formosa. El Juzgado de Menores, inicia sus actuaciones el 13 de Febrero de 1996, con motivo del pedido que formulan un matrimonio español, para que se les otorgue la «guarda» del bebé con fundamento en la salud de la madre, de la carencia de recursos económicos de la familia y de que el niño tiene un problema de hipoacusia que requiere tratamiento a la brevedad. El matrimonio tiene domicilio real en Asunción, y se desempeñan laboralmente en la ciudad de Clorinda. El mismo día, el abuelo del niño, expresa que su hija, discapacitada mental ha tenido varias internaciones por dicha causa en el Hospital Central, y que autoriza la entrega del hijo de la misma en guarda asistencial por el término de un año, y con estricto control del Juzgado, en conocimiento de que el niño será llevado por los guardadores a su domicilio real.
El matrimonio peticionante menciona que son españoles, con domicilio comercial en Clorinda, a la que vienen todos los días, y el domicilio real es en Asunción. Que se enteraron de la situación del niño por unas amigas de la Liga de Madre de Familia de la Ciudad de Formosa, por lo que se comunicaron directamente con la familia de la madre, quienes están de acuerdo que asuman el cuidado del niño, que ya lo vienen haciendo desde el 9 de Febrero. El 31 de Octubre de l996, tanto la madre biológica como el abuelo, prestan su consentimiento ante la juez de Menores para la adopción del niño por los guardadores.
En Marzo 97 se presenta el matrimonio para peticionar la adopción plena del SDP (1 año y medio), expresando que son guardadores asistenciales del niño desde feb 96. Habiéndose cumplido el término de un año de guarda que exige la ley de adopción, y dada la patología congénita que padece se le brindo tratamiento adecuado. Fundan su derecho en la ley 19134
Al darse intervención a la Asesora de Menores, expresa que previo a otorgarse una adopción a extranjeros debe:
agotarse la posibilidad de que permanezca en guarda con argentinos
residencia mínima en el país por 5 años
«Reserva Argentina al art. 21 de la Convencíón de los Derechos del Niño que tuvo por miras evitar el tráfico de niño, el derecho a la identidad del art. 8° inc. 1 y 2 de la Convencíón. Manifiesta que no se tengan en cuenta los trámites anómalos efectuados por el Juzgado de Menores, que no pueden ser tenidos en cuenta para computarse la guarda que habilita la adopción plena
CUESTIÓN PREVIA: verificar el cumplimiento de todos los recaudos legales, en especial si se ha cumplido la residencia mínima en el país, de los pre-adoptantes, conforme la ley de adopción, como requisito previo al otorgamiento de la adopción. Porque, de lo contrario, se deberían tomar medidas sobre la situación de hecho del niño – su permanencia con los guardadores y evitar en su caso la profundización de los vínculos afectivos.
La Asesora de Menores, se opone a la procedencia de la acción por considerar que no se dan los requisitos de la residencia de cinco años que actualmente exige la ley y además por la «reserva Argentina» al momento de ratificar la Convencíón de los Derechos del Niño al art. 21, que refiere a adopciones internacionales. Efectivamente los peticionante de la adopción son de nacionalidad española -lo cual no es un obstáculo- pero residen en su país, más precisamente en Barcelona (Estado Catalán).
El Tribunal resolvíó por mayoría, (Fallo N° 104/98) que se debía admitir y continuar la causa de adopción, permitiendo que a través del proceso se demuestre si los peticionante reúnen las condiciones personales y materiales para acceder a la misma, así como otros requisitos de derechos internacional privado que garantice que el niño tendría reconocimiento como hijo en el Estado extranjero. Esta resolución ha quedado firme, al no haber interpuesto la Asesora de Menores los recursos extraordinarios.
Dra. Zabala: vota para que se admita la continuación del presente proceso de adopción
1. En cuanto a declaración de nulidad o irregularidad de la guarda que otorgó el Juzgado de Menores por no haberse cumplido el plazo judicial de guarda de un año para la adopción, sin contarse la guarda extrajudicial, pasa por alto la discusión. El niño estuvo desde sus 40 días con este matrimonio, con autorización de radicarse transitoriamente -pero sucesivamente- en España. Por lo que el plazo está cumplido. “De todas maneras, ni aun ante el supuesto de sostener que la guarda que entregó el Juzgado de Menores era irregular, le haría cargar estos errores del sistema judicial a un niño, sin ninguna ventaja para él”
2. En cuanto a la normativa aplicable al caso.Finalidad de la reserva al art 21 Convencíón
Al momento de la entrega en guarda del niño, no se encontraba vigente la ley que exige como requisito domiciliario la residencia en el país por un periodo mínimo de 5 años anterior a la petición de garda. Sin embargo, sí estaba vigente la RESERVA formulada por Argentina, con relación a los INC B, C, D y E del Art 21 de la Convencíón sobre los Derechos del Niño, por el temor del Estado argentino a que ello derive en el tráfico de niños. Además, las declaraciones y reservas hechas por nuestro país a distintos incisos del art. 21 de la Convencíón Sobre los Derechos del Niño conforme al art. 2° de la ley 23.849, donde se manifiesta que no regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta, y que al no haberse hasta la fecha reglamentado dicho mecanismo debe necesariamente discernirse sobre la posibilidad de adopción internacional.
3. En cuanto al interés superior del niño, es el principio más importante de la Convencíón,y es superior a la «reserva «o a los requisitos de la residencia en el país. La primera parte del mencionado art. 21 dispone que «Los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial…». La fórmula utilizada por la Convencíón, que se reitera frecuentemente en su texto, y relacionada al «interés superior del niño», aparece como un «standard jurídico» que habrá de regir en toda materia o decisión que tenga como destinatario al menor.
El interés abstracto del legislador debe ceder, excepcionalmente, ante el interés concreto que se presenta ante el juez. «En materia de menores la norma legal debe aplicarse con sentido funcional, para ello el juez posee un margen de discrecionalidad cuyo límite y justificación lo constituye el caso concreto a resolver del mejor modo posible para el bien del menor»
4. En cuanto al FALLO EN CUESTIÓN: la familia biológica no está en condiciones de hacerse cargo del bebe, y Alex constituyó vínculos de naturaleza familiar con los peticionantes de la adopción. Rechazar la adopción, sería desconocer los derechos humanos del afecto ya instalados en la personalidad del niño para su desarrollo.
Por otro lado, desde el punto de vista jurídico la adopción de Alex tendrá plenos efectos en España, conforme el análisis de idoneidad que efectuó el Estado español (adjuntan documental), ajustado a las normas legales que cita dicho certificado de idoneidad (debidamente certificado por Cancillería Argentina).
5. La VOZ DEL NIÑO EN EL PROCESO: Alex exprésó que los peticionantes son sus padres y que no quiere que lo separen de él, que esa es su familia.
Dr. Tievas: no hace lugar a la adopción
Dra. Colman: declara procedente la adopción
Dr. Coll: declara procedente la adopción
Dr. González: rechaza la adopción incoada.
Dr. Hang: Vota a favor de hacer procedente la adopción. En el caso se da una situación en la que confronta la regla legal específica con el principio, «interés superior del niño», principio receptado legalmente a través de los convenios internacionales incorporados a la ley punitiva nacional. Se supone que éste principio tiñe todo el derecho relativo al niño, si bien es cierto que la ambigüedad de su redacción (o su amplitud en tal caso) supone un arbitrio judicial (que no arbitrariedad) de interpretación. Lo que cabe considerar es, si enfrentada la regla, el caso concreto y el principio, la aplicación de la norma al caso individual tiene o recepta un criterio de racionalidad que justifique su aplicación precisamente en el interés superior del niño. En el «sub-judice» cabe preferir el principio, porque es el que mejor contempla el interés superior del niño en el caso concreto. Dejar de lado la norma no implica por cierto violentar el valor seguridad, porque el fallo se reduce al caso particular
Las opiniones concordantes de los Dres. Colman, Coll y Hang se forma la mayoría. Votos en disidencia son de los Dres. Tievas y González.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:
Declarar procedente la adopción del niño a favor de los peticionantes
JURISDICCIÓN: Jueces argentinos.
ARTÍCULO 2635.-Jurisdicción. En caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión de la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción.
Para la anulación o revocación de una adopción son competentes los jueces del lugar del otorgamiento o los del domicilio del adoptado.
DERECHO APLICABLE: derecho argentino + Convencíón de los Derechos del Niño.
ARTÍCULO 2636.-Derecho aplicable. Los requisitos y efectos de la adopción se rigen por el derecho del domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse la adopción. La anulación o revocación de la adopción se rige por el derecho de su otorgamiento o por el derecho del domicilio del adoptado.
Caso Iusprivatista internacional: en principio pareciera que no tiene conexión con otro sistema jurídico internacional. Sin embargo, es relevante al Derecho Internacional Privado por tratarse de adoptantes españoles, cuyo fin era llevarse al niño a vivir a españa.
9 “INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA C/ BRYCE SERVICES CORP. S/ RECURSO DE APELACIÓN”
La Sociedad OSCAND SA le vendíó a BRYCE SERVICES CORP., constituida en las Islas Vírgenes Británicas, 19 unidades y 25 unidades complementarias de un edificio Sito en Álvarez Thomas, “dejando aclarado la parte compradora que se trataba de un acto aislado, conforme lo dispuesto por el ART 118, segundo párrafo de la ley 19.550”.
En el mismo acto, se le otorgó poder a «Oscand SA» por el término de 20 años a fin de llevar a cabo actos relacionados con la construcción del aludido edificio y le otorgó (Bryce Services) un poder especial a la Sra. Vecchio para celebrar todos los actos concernientes a la comercialización y administración de las unidades funcionales sitas en la finca en cuestión.
En Julio 2004, la sociedad extranjera era propietaria de 16 unidades funcionales y 23 unidades complementarias. IGJ sostuvo que la actividad desarrollada por Bryce Services Corp. En la Argentina excede la realización de actos aislados y configura una actuación habitual. Dicha calificación no es irrazonable si consideramos la reiteración de los actos, su significación económica, el domicilio de la sociedad en un país de baja tributación y el destino de los bienes.
IGJ intimó a la Sociedad Bryce Services Corp, para que en 30 días proceda a cumplir con la inscripción registral prevista en el art 118 párrafo 3ero LGS, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.
El acto fue apelado por la sociedad, que exprésó agravios. La recurrente planteó la INCONSTITUCIONALIDAD de la resolución general 8/2003, en que se funda la decisión recurrida. Sostiene que modifica las leyes 19.550 y 22.315, por lo que amplía el régimen sancionatorio de las sociedades constituidas en el extranjero.
Alega que el Inspector General se atribuyó facultades legislativas, ya que la única sanción que le podría corresponder es una de las enumeradas en los arts 13 de la ley 22.315 y 302 de la ley 19.550, es decir, apercibimiento, apercibimiento con publicación o multa. Señala que las únicas causales de disolución y liquidación previstas por la ley son las enumeradas en el art. 94 de la Ley de Sociedades.
Considera vulnerado el derecho de igualdad ante la ley garantizado por los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional, que comprende también a los extranjeros. Dice que hubiera recibido un tratamiento distinto en otra jurisdicción porque el registro es local y que el Inspector pretende legislar sobre aspectos propios de otros organismos de jurisdicción nacional, como la Administración Federal de Ingresos Públicos -al perseguir la evasión fiscal- y el lavado de dinero, que escapan a las facultades propias de un registro local.
Sostiene que la compra de varios inmuebles realizada por Bryce Services Corp. Es un acto aislado. Por último, dice que no está acreditado que se trate de una sociedad constituida en un paraíso fiscal, así como tampoco que haya celebrado contratos de locación o comodatos con terceros desde que adquiriera las unidades funcionales.
El Inspector estimó que, en razón del orden público comprometido en el régimen de extranjería, le incumbía verificar que la calificación de actos “aislados” o similar atribuida a determinadas operaciones por sociedades constituidas en el extranjero se ajuste a la realidad. Ello en ejercicio de sus funciones de fiscalización (art. 8, inciso b, ley 19550 y 22.315) y a fin de determinar el eventual encuadramiento de las sociedades extranjeras en los términos del art. 124 de la ley 19.550.
Dictamen del Fiscal de Cámara: el recurso interpuesto no debe prosperar, en cuanto sostiene que el Inspector General se ha excedido en sus atribuciones.
El procedimiento instituido por la Resolución General 8/2003 IGJ para verificar el cumplimiento del régimen de publicidad del art. 118 párrafo 3º de la ley 19.550, fue dispuesto en ejercicio de las facultades conferidas al Inspector General de Justicia en el art. 3 de la ley 22.315. Esa norma establece específicamente su competencia para fiscalizar las sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social. A su vez, la creación de un registro de datos en coordinación con el Registro de la Propiedad Inmueble halla respaldo en la atribución del organismo de requerir información para el mejor cumplimiento de sus funciones; la creación del Registro de Actos Aislados no ha sido utilizada como un fin en sí mismo, sino como un medio para ejecutar las facultades de fiscalización atribuidas al Inspector General de Justicia por el art. 3 de la ley 22.315.
Según el Fiscal, otorgado un poder a un organismo, como es el caso de las facultades de fiscalización atribuidas a la Inspección General de Justicia, corresponde entender que se le han dotado todos los poderes necesarios para el ejercicio del que ha sido expresamente conferido, y sin los cuales, sino imposible, sería sumamente difícil la ejecución del poder expresamente otorgado
La Resolución General 8/2003 IGJ halla fundamento en los siguientes fines: a) velar por los principios de soberanía y control del régimen registral de la ley 19.550; b) distinguir aquellas sociedades que funcionan efectivamente en el exterior y canalizan sus inversiones productivas, de aquellas cuyo único objeto es la elusión del derecho argentino; c) la moralización de la vida empresaria y del tráfico; d) prevenir la interposición de personas para violar la ley; e) limitar la eventual legitimación de activos de origen ilícito y la infracción a normas tributarias.
La Resolución General tachada de inconstitucional pretende revertir un fenómeno de la realidad jurídica que crea un grado de desigualdad de las personas ante la ley – sociedades extranjeras off shore, que permiten obrar en la clandestinidad para cometer delitos económicos y burlar imperativos legales mediante la actuación por interpósita persona.
La Resolución examinada también se dirige a revertir una situación de vacío reglamentario que facilita la comisión de actos criminales que comprometen la seguridad del Estado y de la comunidad internacional, como es el caso de la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacional. El proceso de verificación creado por la Resolución General 8/2003 tiende a desalentar la evasión tributaria pues permite distinguir aquellas sociedades extranjeras que tienen una finalidad de inversión de aquellas que se han constituido con el solo fin de eludir impuestos, o para sustraer bienes de la garantía de los acreedores o del cumplimiento de obligaciones familiares u otras leyes imperativas.
Desde el caso «Delfino A. M. Y Cía.», la CSJN reconoce la facultad del Poder Ejecutivo o de un cuerpo administrativo a fin de reglar los detalles necesarios para la ejecución de una ley, siempre que no se altere su espíritu. En el presente caso, la Resolución General 8/2003 IGJ no altera la distinción realizada por el legislador entre las sociedades extranjeras que realizan actos aislados y las que desarrollan actividades comerciales en forma habitual en la Argentina, sino que fija los detalles necesarios para la ejecución de la ley de sociedades.
Bryce Services Corp es una sociedad constituida en un paraíso fiscal, a saber, las Islas Vírgenes Británicas, que figura en el «lista negra» de países de baja o nula tributación.. Esta circunstancia configura una presunción en contra de que se trate de una sociedad extranjera bona fide, esto es, una sociedad que desarrolla su actividad comercial principal en el exterior y que únicamente ha realizado en nuestro país un compra aislada. La recurrente no ha mostrado que desarrolle alguna actividad en las Islas Vírgenes Británicas y, en tanto se trata de un paraíso fiscal, cabe presumir que se encuentra allí constituida a efectos impositivos únicamente.
En segundo lugar, cabe resaltar la significación económica de la adquisición de 19 unidades y de 25 unidades complementarias en un edificio de gran envergadura. Asimismo, la cantidad de unidades, como los poderes otorgados, muestran que Bryce adquiríó los inmuebles con fines comerciales.
Asimismo, el hecho de que las unidades adquiridas no hayan sido revendidas inmediatamente y los poderes otorgados a los efectos de la administración y comercialización de las unidades reflejan un grado de permanencia de la actividad desarrollada por Bryce, que excede el concepto de «acto aislado».
En conclusión, considero que la recurrente no ha presentado defensas y pruebas suficientes para apartarse de la calificación realizada por el organismo de control, aplicando las pautas fijadas por la Resolución General 8/2003 IGJ al caso en particular.
Por otra parte, cabe destacar que el Inspector General no ha aplicado sanciones no previstas por la ley, como se alega, sino que se ha limitado a resolver que las solicitará por vía judicial. En esas condiciones, nada cabe decidir en estos autos sobre la viabilidad de disolver o liquidar la sociedad en virtud del incumplimiento detectado, porque ello implicaría prejuzgar al respecto.
2º instancia.- Buenos Aires, 13 de Octubre de 2005.-
Bryce Services Corp apeló contra la resolución dictada por la IGJ el 5 de Agosto de 2004 en cuanto la intimó a cumplir con la inscripción registral prevista por el tercer párrafo de la LS: 118, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales correspondientes
En las consideraciones previas a esa decisión, la autoridad administrativa exprésó que «… la adquisición de 19 unidades funcionales y 25 unidades complementarias en el edificio sito en la Avenida Álvarez Thomas n° 114 y 198 esquina a la calle Concepción Arenal n° 3419/25/35/59/65/99, esquina Córdoba números 6163/89/93, esquina Santos Dumont n° 3444/48/50/52/54/70/80/88/90 de esta Ciudad de Buenos Aires, excede largamente el concepto de «acto aislado», corresponde intimar…» (fs. 61).
Si bien la Inspección General de Justicia ha dado curso a una «intimación» a la recurrente en las funciones establecidas por la ley 22.315: 8, tal emplazamiento no ha sido tal, pues carece de una consecuencia inmediata y específica pasible de promover efectos en la sociedad.
La consecuencia de ese emplazamiento no es otro que una reiteración en la especie de las facultades genéricas conferidas por la ley 22.315: a esa dependencia estatal y la advertencia sobre una acción futura.
Ese anunciado proceso judicial será, por lo demás, el ámbito apropiado en el cual -eventualmente- la sociedad extranjera podrá ventilar las argumentaciones sustanciales aquí invocadas, tocantes a constituir la adquisición del citado inmueble como un acto aislado o si dicha compra excedíó dicho concepto.
Ese juicio será además el cauce en el cual la recurrente podrá ejercer plenamente su derecho de defensa (CN 18), no conculcado en la especie en tanto no ha existido una decisión jurisdiccional sin debida audiencia de la parte interesada.
Concluyese de lo expuesto que la resolución administrativa apelada, en cuanto fuere materia de recurso, no causa agravio actual a la impugnante.
Aquella anunciada acción judicial deberá ser el marco en el cual la recurrente podrá ventilar la argüida inconstitucionalidad de la R.G. 8/02
Por ello, confírmase la resolución apelada
APECTOS ESENCIALES AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO:
JURISDICCIÓN: Argentina
DERECHO APLICABLE: Ley General de Sociedades 19.550, derecho argentino.ART 118 LGS — La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes del lugar de constitución (NORMA DE CONFLICTO / punto de conexión: lugar de constitución) Actos aislados.
Se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio. Ejercicio habitual.Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente, debe: 1) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. 2) Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en la República; 3) Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará. Si se tratare de una sucursal se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.
Sociedad con domicilio o principal objeto en la República.ART 124 LGS — La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento.
CASO JUSPRIVATISTA INTERNACIONAL:El caso es relativo para el Derecho Internacional Privado porque se trata de una Sociedad constituida en el extranjero. ESTO SIGNIFICA CONFLUYEN DOS SISTEMAS NORMATIVOS EN UN MISMO CASO, EN PRIMER LUGAR TENEMOS A LAS ISLAS BRITÁNICAS Y SEGUNDO LUGAR TENEMOS AL ESTADO ARGENTINO.
FUENTE: INTERNA.
10 PROCAPS SA C/LABORATORIOS BAGO S/EXHORTO
HECHOS: la empresa Procaps S.A. Inicia un juicio en un juzgado panameño contra la firma Laboratorios BAGO a los fines de cancelar el certificado de registro de la marca TANIFLUX de propiedad de la demandada. Así, para notificar a la demandada de la acción interpuesta por la actora se requiere de la cooperación internacional de la República Argentina por lo que se libró un exhorto a tales fines. Sin embargo, en el mismo no se acompañó la documentación presentada por la firma actora porque dicha empresa no lo considero necesario. Notificada Laboratorios Bago a través de carta rogatoria, se presentó ante los tribunales argentinos y solicitó que la notificación se considerará nula devolviéndose el exhorto sin notificar teniendo en cuenta que se viola su derecho a la defensa en juicio si no se agrega la documentación correspondiente al exhorto diligenciado.
SOLUCIÓN DE LA INSTANCIA ANTERIOR Y LA CORTE: En principio la instancia anterior a la corte indicó que no se hacía lugar a la nulidad planteada en cuanto su extemporaneidad y teniendo en cuenta que Procaps SA habían adjuntado lo necesario a la carta rogatoria diligenciado.Ante dicha circunstancia, la demandada apela la decisión llegado el caso a la CORTE. Este tribunal establece que se trata de un caso de cooperación internacional de nivel 1 en cuanto se requiere la cooperación Argentina a los fines de un acto procesal de mero trámite a través de una carta rogatoria. Asimismo, indica que la solución a la nulidad planteada se encuentra tanto en la CIDIP I como en la CIDIP II en cuanto ambas regulan lo relativo a notificaciones, citaciones y emplazamientos por vía de exhorto y fueron ratificados por ambos países, PAnamá y Argentina. La corte menciona los artículos aplicables al caso siendo estos el 8 y 17 de la convencíón y el 3 de su protocolo facultativo. Indica que este último artículo mencionado indica expresamente que a la carta rogatoria de notificación se debe adjuntar la documentación presentada por la actora junto con la demanda interpuesta en extraña jurisdicción, situación que no tuvo lugar en autos. En ese sentido, el MÁximo Tribunal menciona que, conforme el artículo 17 de la convencíón aludida el Estado cuya cooperación sea solicitada podrá rehusarse a dar cumplimiento a un exhorto o carta rogatoria en caso que se manifiestamente contraria al orden público. Así. La corte hace referencia a la debida defensa en juicio que se encuentra consagrada en el artículo 18 de la Constitución NAcional – ORDEN PÚBLICO – y, basándose en la doctrina establecida en el fallo Riopar SRL c/TRansportes Argenrio SA, indica que el debido proceso adjetivo mencionado debe conformarse no solo en los procesos que se lleven a cabo en la Argentina sino también en todo proceso que concluya en la resolución dictada por la autoridad judicial extranjera con efectos extraterritoriales en la Argentina. En ese sentido, corresponde al juez del estado requerido establecer, de oficio, si en la especie concreta se observa el cumplimiento de los requisitos mínimos contenidos en las convenciones que unen a los estados a los fines de practicar la notificación. Ante dicho panorama, la corte indica la notificación solicitada no se trata de un emplazamiento regular en tanto no se ha adjuntado la documentación correspondiente para asegurar la defensa en juicio de la demandada colocando a dicha parte en indefensión y violando por tanto los artículos 17 y 18 de la constitución nacional. la corte resuelve declarar la nulidad devolviendo el exhorto sin diligenciar.
JURISDICCIÓN: la jurisdicción en esta caso es Argentina en tanto ella le es otorgada nuestros tribunal a través de exhorto o carta rogatoria a los fines de notificar a una empresa con domicilio en este territorio. Dicha jurisdicción es otorgada a través de una solicitud de cooperación internacional de nivel 1 solicitada por parte de un juzgado panameño. Estamos ante un caso de jurisdicción internacional indirecta en tanto el estado argentino unicamente tiene jurisdicción en un acto procesal del caso y no así en el fondo de dicho proceso. El artículo 2612 del CCYCN menciona que se debe dar cumpliento a los exhortos solicitados por autoridad extranjera en tanto no violen principios del orden público local. Asimismo debe tenerse en cuenta aquello que surge de los artículo 517/519 en tanto se explican lo requisitos procesales a la hora de reconocer una sentencia en nuestro país, siendo uno de ellos que se haya garantizado el debido proceso adjetivo.
DERECHO APLICABLE: aquí se aplican la CIDIP I (ConvencíÓN INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS) Y LA CIDIP I II (PROTOCOLO ADICIONAL DE DICHA ConvencíÓN). Es de aplicación dicha normativa en cuanto tanto el estado requirente como el requerido han suscrito a aquella en cuanto regulan distintos nivel de cooperación internacional. Recordemos que prima la aplicación de tratados internacionales por sobre el derecho internacional privado argentino conforme surge del artículo 2594 del CCYCN. Sin perjuicio de ello, se aplican principios de orden público argentino como es el artículo 17 y 18 n de la CN como así también artículo 517 del código procesal civil y comercial en cuanto. Finalmente, la corte también aplica jurisprudencia nacional en cuanto a cooperación internacional haciendo referencia a lo asentado en el fallo RIOPAR SRL C/TRANSPORTES FLUVIALES ARGENRIO SA..
FUENTE: INTERNACIONAL – CIDIP 1 Y 2.Artículo 2594 del CCYCN
CASO JUSPRIVATISTA INTERNACIONAL: el caso es jusprivatista internacional en tanto el país requirente solicita a un sistema normativo diferente – arg. -cooperación internacional del primer nivel a los fines de notificar a la demandada de la acción interpuesta por la actora.
ORDEN PÚBLICO: se establecen dos disposiciones principales del orden público argentino siendo estas el artículo 17 y 18 de la CN. Particularmente se establece que no puede violarse el debido proceso adjetivo que debe regir , lo cual no se cumple en el exhorto en cuanto no se asegura la defensa de la demandada porque no obra la documentación correspondiente que fuera presentada por la actora ante el tribunal panameño.
11. MS s/ Sucesión
El causante tenía hijos de un primer matrimonio
Había contraído matrimonio en 2das nupcias en Uruguay
Inician el juicio sucesorio los hijos del causante y la cónyuge supérstite de 2das nupcias
Por medio de una escritura pública celebrada en Uruguay, el causante y su cónyuge supérstite, celebraron capitulaciones matrimoniales con miras al matrimonio que habían resuelto contraer, estableciendo el régimen de separación absoluta de bienes y deudas, presentes y futuros; por lo que sólo habría bienes bienes propios del esposo y bienes propios de la mujer. No habría bienes gananciales, por lo que cada uno de los cónyuges le correspondería exclusivamente la propiedad y posesión de sus bienes propios, administrarlos, enajenarlos, hipotecarlos y afectarlos a bienes con derechos reales.
Con posterioridad al matrimonio, se adquiere un inmueble en Argentina (sito en Av. Rivadavia) que se encontraba a nombre del causante.
1er INSTANCIA:
Los hijos pretendían la inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble, pero atribuyéndole el carácter de bien propio del causante. La pretensión de la cónyuge era en sentido contrario, pretendía la fijación de un valor locativo por el “uso exclusivo” que los coherederos harían del inmueble.
El juez de 1era instancia:
-No hizo lugar al requerimiento de la inscripción de la declaratoria de herederos dictada en autos a su favor se inscribiera en el Registro de la Propiedad Inmueble respecto de aquel bien, atribuyéndole el carácter de propio del causante
-La resolución denegó la fijación del valor locativo
-A fin de acreditar su competencia, el a quo señaló que según las declaraciones testimoniales se mencionaba que ambos cónyuges vivían en el bien antes mencionado.
-Acto continuo, con invocación del art 163 de la ley 23.515 y el 16 y 17 del Tratado de Montevideo de 1940, señaló que las convenciones matrimoniales y los bienes de los esposos se rigen por la ley del primer domicilio conyugal, en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar en donde estén situados los bienes.
Así, el art 1217 del CC admite solamente la designación de los bienes que cada esposo lleva al matrimonio y las donaciones que el esposo hiciera a la esposa, y el art 1218 considera de ningún valor la renuncia de uno a favor del otro, o del derecho de gananciales.
Conclusión: como el bien del caso fue adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio, revestía carácter de ganancial, por lo que denegó la inscripción en la forma solicitada, es decir, como propio.
2DA INSTANCIA:
El fallo de los doctores: Borda, Ojea Quintana y Fermé, revoca la sentencia apelada.
Competencia: la jurisdicción internacional de la República Argentina – sus jueces – para entender la sucesión, la cuestión no reposa sobre el domicilio del causante al tiempo de su muerte sino sobre la situación del bien. Se da cuenta del fraccionamiento existente en la materia de ley aplicable y de jurisdicción competente adoptada en el Tratado de Montevideo de 1940
El art 63 establece que los juicios que de lugar la sucesión por causa de muerte se seguirán ante los jueces de los lugares en donde se hallen situados los bienes hereditarios – se deberán abrir juicios sucesorios en todos los Estados donde haya bienes.
Ley aplicable: establece que el caso es mixto (argentino – uruguayo) por lo que puede dar lugar a la confusión. En lo que atañe a las capitulaciones matrimoniales, celebradas en Uruguay, resulta aplicable el Tratado de Montevideo de 1940 (posee supremacía jerárquica que el derecho interno), que por medio de 2 normas de conflicto (art 16 y 17); las capitulaciones matrimoniales de los esposos se rigen por el primer domicilio conyugal. Es necesario destacar, que el art 17 establece la inmutabilidad del régimen (el cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes).
Domicilio conyugal: conforme al art 8 del Tratado de Montevideo de 1940, se establece que el domicilio de los cónyuges existe en el lugar en donde viven de consuno. Siguiendo los lineamientos jurisprudenciales del fallo Vlasov: el domicilio conyugal es el de efectiva e indiscutida convivencia de los esposos.
Hay razones para considerar que el primer domicilio conyugal de los esposos cuyo matrimonio se celebró en Uruguay estaba en dicho país – presunción iuris tantum – si la contrayente era de nacionalidad uruguaya, y el contrayente, rumano y naturalizado uruguayo había enviudado de un matrimonio también celebrado en el Uruguay, donde nacieron sus hijos y donde ambos contrayentes tenían domicilio al concertar las capitulaciones matrimoniales, pocos días antes de la celebración de su matrimonio. Por ende, para juzgar sobre la validez de tales capitulaciones en la sucesión que se discute en relación con un bien situado en Argentina, adquirido e inscripto a nombre del causante, debe aplicarse de oficio por parte del tribunal interviniente, el derecho de Uruguay (admite la autonomía de la voluntad, salvo en supuestos que puedan violar el orden público).
Se aplica de oficio el derecho uruguayo en virtud del art 2 del Protocolo Adicional del Tratado de Montevideo y del art 2 de la CIDIP (los jueces están obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable).
Límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad: el único límite es el orden público que aparece como principio necesario del que no puede prescindirse, es necesario destacar su excepcionalidad, para casos de indispensable defensa de principios absolutamente necesarios del ordenamiento del foro. Está excepcionalidad, se ha reafirmado en el derecho positivo argentino a raíz de la ratificación de la Convencíón de Normas Generales, pues según su texto sólo autoriza a prescindir de la aplicación normalmente aplicable si fuera manifiestamente contraria a los principios de orden público.
La separación de bienes como régimen patrimonial del matrimonio no contradice de manera manifiesta el orden público internacional argentino. Tal afirmación se ve reforzada por el hecho de que nuestro propio sistema jurídico previo la separación de bienes como supuesto de excepción de ciertos casos, como por ejemplo, el de interdicción, el de mala administración o concurso del marido etc. El orden público es mutable, debe ser observado con criterio de actualidad y con criterio de concreación. Existe una liberación y una tendencia a una autonomía – conflictual y material – de las partes, siempre que no se caiga en un abuso.
Aplicación de los arts 1217 y 1218: La Dra Najurieta establece que son normas de carácter de orden público interno y no de orden público internacional
Afección a la legitima: Las capitulaciones o la aplicación del derecho extranjero que las regule, podrían ofender a nuestro orden público internacional si afectasen el sistema de legítimas de la ley aplicable a la sucesión, lo cierto es que no se advierte que las capitulaciones celebradas alteren aquel, ni contengan inaceptables renuncias a derechos hereditarios.
ASPECTOS ESENCIALES AL DCHO. INTERNACIONAL PRIVADO:
JURISDICCIÓN: la jurisdicción tiene lugar en la Argentina debido al lugar de situación de los bienes del causante, los cuales se encontraban sitos en la capital federal. En este sentido. Recordemos que este caso tiene lugar en el año 1995,, año en que aún se encontraba en vigencia el código civil de vélez y que la jurisdicción donde debe iniciarse la sucesión del causante es aquella de su último domicilio – surge del caso que el último domicilio conyugal previo al fallecimiento del causante era la Argentina-. (artículo 3284 del código civil de vélez – jurisdicción). Se trata de jurisdicción directa.
DCHO. APLICABLE:en este caso se aplica el artículo 40 del tratado de montevideo de 1889 y artículos 16 y 17 del tratado de montevideo de 1940. Dichos artículos remiten al derecho extranjero en tanto en el caso en concreto dan lugar a la aplicación del derecho uruguayo por cuanto la corte puede inferir que el “primer domicilio conyugal de los esposo” se encontraba en la república oriental (esto no surge fehacientemente del caso pero podría inferirse por situaciones objetivas que surgen del expediente). Se trata claramente de UNA NORMA DE CONFLICTO en tanto se remite a un derecho en particular a los fines de la resolución del caso.
FUENTE: convencional – internacional. Recordemos que el CCYCN – 2594- plantea la aplicación de convenios internacionales ante que el derecho internacional privado de nuestro sistema normativo si dichos convenios habrían sido suscriptos por los sistemas jurídicos que hacen que el caso sea considerado como jusprivatista internacional.
CASO JUSPRIVATISTA INTERNACIONAL: el presente resulta ser un caso jusprivatista internacional en tanto se encuentran involucrados dos sistemas normativos /jurídicos, el uruguayo y el argentino. Ello por cuanto los cónyuges se habían casado en la república oriental del Uruguay estableciendo el régimen de separación de bienes y el causante – uno de los cónyuges – fallece en la república Argentina lugar donde se encontraban parte de los bienes inmuebles que aquel había comprado. La problemática en cuestión se suscita cuando se debe interpretar si dicho régimen de separación de bienes – que no estaba previsto en la normativa local – era válido aquí en la Argentina a los efectos de la sucesión o si por el contrario se consideraba dicho instituto contrario al orden público y daba lugar a que no se pudiera inscribir el inmueble de propiedad del causante y sito en este país como únicamente de su propiedad.
PTO DE Conexión: primer domicilio conyugal siempre y cuando no esté prohibido por la ley del lugar de los bienes. – conforme artículo 40m del tratado civil de montevideo del año 1889 -. Recordemos que el domicilio se trata de un punto de conexión movible o mutable, personal y simple.
CALIFICACIONES: se disputa la calificación de que significaba el “primer domicilio conyugal” tal cual lo menciona el tratado de montevideo. En este sentido, se valora dicha calificación conforme el caso Vlasov en cuanto se la interpreta como “donde hubo convivencia indiscutida estable y efectiva de los esposos”.
ORDEN PÚBLICO: se menciona al orden público por cuanto el caso es anterior al código civil y comercial de la nacíón (2015) y aún no se encontraba previsto en este país el régimen de separación de los bienes para los esposos. Sin embargo la corte hace especial hincapié en que el orden público es un principio necesario y excepcional siendo un concepto que por su propia naturaleza resulta ser elástico y flexible encontrándose ligado a la concepción social del momento histórico en que se juzga. En tal sentido, debe juzgarse al régimen de la separación de bienes en el caso en concreto y no en abstracto, lo que permite concluir que dicho régimen no vulnera en forma alguna el orden público nacional en cuanto si bien no se encuentra previsto en nuestra normativa vigente, no puede concluirse que contraríe norma alguna de carácter imperativa.
CUESTIÓN PREVIA; si bien no se presenta en forma fehaciente en el caso en cuestión, podría decirse que surge en cuanto previo a la sucesión debe establecerse cuán válido es el régimen de separación de los bienes establecida al celebrar el matrimonio en Uruguay en el país del fallecimiento del causante y del lugar de situación de los bienes inmuebles por cuanto de ello depende la anotación de dichos bienes en el patrimonio del causante en forma exclusiva a los fines de la inclusión de dichos inmuebles en la herencia del mismo. Es decir, primero debe resolver la validez del régimen de separación de bienes establecido por los cónyuges en este país para luego proceder a la sucesión pudiéndose así determinar de qué manera realizarla.
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