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Timestamp: 2018-01-16 19:09:40
Document Index: 184290146

Matched Legal Cases: ['Artículo 123', 'artículo 527', 'Artículo 123', 'artículo 523', 'artículo 604', 'Artículo 123', 'artículo 771', 'artículo 17', 'artículo 840', 'Artículo 123', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 123']

﻿ Marco Normativo
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La competencia está determinada en la fracción XXXI del propio Artículo 123 Constitucional , cuyo precepto señala en lo conducente: La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos que se especifican en los incisos a) y b) de dicho precepto. Así como los asuntos comprendidos en el artículo 527, y 353-A al 353-I de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional; que por ende tiene primacía en materia de trabajo sobre otras leyes ordinarias de distintos ámbitos.
Es importante señalar que el artículo 523, fracción X, le atribuye la competencia para la aplicación de las normas de trabajo en su respectiva jurisdicción. El artículo 604 del propio ordenamiento señala: "Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas…".
Cabe decir que el tripartismo es inherente a la raíz histórica de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, determinada en la fracción XX del Artículo 123 Constitucional; y responde a una realidad que consiste en la gravitación de las fuerzas sociales.
De ahí que las instituciones de carácter social en México tienen la composición tripartita: Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, entre otras.
Acerca de la objeción de que son "jueces legos" los representantes obreros y patronales, cabe decir que dichos representantes tienen experiencia en la interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en las Juntas Especiales respectivas; e incluso si se trata de Contratos-Ley, la complejidad y la modificación periódica de sus cláusulas, motiva que estos representantes adquieran una especialización que proviene de estar compenetrados con las características de las ramas industriales regidas por el propio Contrato-Ley.
Sobre esta cuestión, estimamos pertinente transcribir los conceptos de la Lic. María Cristina Salmorán de Tamayo, quien fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"En cuanto a su integración con dos elementos extraños al Estado como son la representación del Capital y del Trabajo, ello obedece al propósito de que ambas representaciones que conocen los intereses y los problemas de su clase, al integrar el órgano jurisdiccional pugnen siempre porque el derecho de sus representados se juzgue según las normas que sustantiva y adjetivamente los rigen y en su caso se restablezca el equilibrio entre los factores de la producción. Nuestros autores admiten que con esta fórmula, se democratiza la administración de la justicia obrera".
Es oportuno señalar la diferencia entre el proceso civil y el laboral, en cuanto a que el primero es dispositivo y se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, actuando a instancia de parte; en tanto que el proceso laboral se rige por el impulso procesal de oficio, pues conforme al artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, los Presidentes de las Juntas Especiales deben cuidar de que el procedimiento no quede inactivo.
Además, la equidad, que es también inherente al proceso civil, actúa como un principio esencial en el proceso laboral, conforme al artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo; y es un elemento esencial de la estructura del laudo, donde culmina la función jurisdiccional de este Tribunal, conforme al artículo 840 del citado ordenamiento, que establece en lo conducente:
"El laudo contendrá: …. VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento;…"
En estos paginas encontraras información relacionada: Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Anexo Artículo 123
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN:
29 DE OCTUBRE DE 2003. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 5 de febrero de 1917. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente:
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857. ARTÍCULO 123 (ADICIONADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 19 DE DICIEMBRE DE 1978) Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986)
VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
a).- Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores.
b).- La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales.
c).- La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.
d).- La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares.
e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley.
XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.
REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1938)
XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.
XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará abligado (sic) a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.
XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia.
(c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. (d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE ENERO D E 1978)
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990)
a).- Ramas industriales y servicios.
1.- Textil.
2.- Eléctrica.
3.- Cinematográfica.
4.- Hulera.
5.- Azucarera.
6.- Minera.
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos.
8.- De hidrocarburos.
9.- Petroquímica.
10.- Cementera.
11.- Calera.
12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas.
13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos.
14.- De celulosa y papel.
15.- De aceites y grasas vegetales.
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello.
17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello.
18.- Ferrocarrilera.
19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera.
20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio.
21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco.
b).- Empresas: 1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; y 3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente.
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.
I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas.
II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.
III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año.
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE NOVIEMBRE DE 1961)
V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo.
VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes.
VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública.
VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia.
XI (sic).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá (sic) derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley.
X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra.
f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables. (REFORMADA, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993)
XIII bis.- El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado.