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Timestamp: 2014-10-01 16:16:46
Document Index: 44662894

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 25', 'Artículo 1', 'artículo 61', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3']

Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del - Perú - El Peruano
Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2011 , mes de Septiembre , fecha 24/09/2011
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El Peruano Lima, sábado 24 de setiembre de 2011
colectivas de los servidores públicos, éstas deberán efectuarse considerando el límite constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo, cuya aprobación corresponde al Congreso de la República, ya que las condiciones de empleo en la administración pública se financian con recursos de los contribuyentes y de la Nación", los que son necesarios articular con las disposiciones relativas al arbitraje en negociaciones colectivas; Que, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 0142011-TR, señala que por resolución ministerial se podrán establecer disposiciones complementarias a lo establecido en el citado Decreto Supremo; Con la visación del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, De conformidad con las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2010-TR; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Actos de mala fe en la negociación Las partes están obligadas a negociar de buena fe y a abstenerse de toda acción que pueda resultar lesiva a la parte contraria, sin menoscabo del derecho de huelga legítimamente ejercitado. Constituyen actos de mala fe en la negociación colectiva, los siguientes: a) Negarse a recibir el pliego que contiene el proyecto de convenio colectivo de la contraparte, salvo causa legal o convencional objetivamente demostrable. Asimismo, la negativa a recibirlo a través de la Autoridad Administrativa de Trabajo; b) Negarse a proporcionar la información necesaria sobre la situación económica, financiera, social y demás pertinentes de la empresa, en la medida en que la entrega de tal información no sea perjudicial para ésta; c) Negarse a entregar la información acordada por las partes o precisada por la Autoridad Administrativa de Trabajo; d) No guardar reserva absoluta sobre la información recibida siempre que la misma no sea de carácter público; e) Negarse a recibir a los representantes de los trabajadores o a negociar en los plazos y oportunidades establecidas en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su Reglamento; f) Ejercer presión para obtener el reemplazo de los integrantes de la representación de los trabajadores o del empleador; g) Ejercer fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, durante el procedimiento de negociación colectiva; h) Los actos de hostilidad ejercidos contra los representantes de los trabajadores o los trabajadores afiliados al sindicato; i) El incumplimiento injustificado de las condiciones acordadas por las partes para facilitar la negociación; j) Cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar, dilatar, entorpecer o hacer imposible la negociación colectiva; k) Ejecutar actos de injerencia sindical, tales como, intervenir activamente en la organización de un sindicato; ejercer presiones conducentes a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado; discriminar entre los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales; o condicionar la contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas de remuneraciones; y, l) Discriminar entre trabajadores con el fin exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical. Los actos de mala fe enunciados en los literales anteriores no constituyen una lista taxativa. La valoración de los supuestos de procedencia del arbitraje potestativo establecidos en el artículo 61°-A del Decreto Supremo N° 011-92-TR, es realizada por
el Tribunal Arbitral en el proceso arbitral y está sujeta para su comprobación a criterios de razonabilidad y proporcionalidad considerando el contexto en el que se producen, el marco de la negociación colectiva y los comportamientos precedentes de las partes en anteriores procesos negociales. Artículo 2°.- De los criterios de ponderación de los árbitros en las negociaciones colectivas cuyo ámbito sea una entidad o empresa del Estado sujeta al régimen laboral privado Para el caso de las negociaciones colectivas en entidades o empresas del Estado sujetas al régimen laboral de la actividad privada, debe tenerse en cuenta el marco legal vigente, los preceptos contenidos en los artículos 77° y 78° de la Constitución Política del Perú, así como los desarrollados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 008-2005-PI/TC y N° 1035-2001AC/TC, sobre que toda decisión o medida de mejora en materia remunerativa debe armonizarse con la disponibilidad presupuestaria previamente autorizada e incluida en las respectivas leyes de presupuesto del sector público que se aprueban para el año fiscal o las aprobadas por el directorio de FONAFE, según corresponda. En el proceso de negociación colectiva, en el ámbito de una entidad pública o empresa del Estado, sujetas al régimen laboral de la actividad privada, los incrementos y/o beneficios económicos se financian con fuentes de financiamiento provenientes de recursos directamente recaudados; los que deben estar previstos en el presupuesto institucional de apertura de la entidad o el que haga sus veces en la empresa del Estado, conforme el fundamento jurídico 11 de la sentencia N° 1035-2001AC/TC. Artículo 3°.- Requisitos de los árbitros para la negociación colectiva en entidades y empresas del Estado Para arbitrar en el proceso de negociación colectiva en entidades y empresas del Estado sujetas al régimen laboral de la actividad privada, los árbitros deben contar con el registro del Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas y, adicionalmente, haber culminado el Curso de Capacitación sobre Negociación Colectiva en el Sector Público que organizan la Dirección General de Derechos Fundamentales y la Dirección General de Trabajo de este Ministerio; debiendo desarrollar, entre otros contenidos, materias relacionadas a la administración financiera del sector público, la gestión de planillas en materia fiscal y financiera, y en materia de administración de recursos humanos en el sector público. Para tal fin, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina con las entidades competentes respectivas. Artículo 4°.- Aplicación supletoria en el procedimiento arbitral En el arbitraje de negociaciones colectivas es aplicable supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1071, Norma que regula el arbitraje, y sus normas modificatorias, en lo que resulten aplicables con su naturaleza. DISPOSICIÓN FINAL TRANSITORIA Única.- El primer curso de capacitación sobre negociación colectiva en el Sector Público establecido en el artículo 3° de la presente norma será organizado en un plazo de sesenta (60) días hábiles. Una vez establecida la lista de árbitros certificados para arbitrar en negociaciones colectivas en entidades y empresas del Estado sujetas al régimen laboral de la actividad privada se implementará el arbitraje potestativo regulado en el Decreto Supremo N° 014-2011-TR, cuyo plazo no será mayor, en ningún caso, de noventa (90) días hábiles contados desde la publicación de la presente resolución ministerial. Regístrase, comuníquese y publíquese. RUDECINDO VEGA CARREAZO Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 695274-1