Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A132-00.htm
Timestamp: 2017-11-22 01:55:21
Document Index: 209120375

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 1']

A132-00
Auto 132/00
Referencia: expediente I.C.C. - 147
Conflicto de competencia entre la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá.
Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el Decreto 2591 de 1991, decide sobre el conflicto de competencia planteado entre la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá.
El ciudadano José Guillermo Díaz Marroquín instauró una acción de tutela en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto de Fomento Industrial y Alcalis de Colombia Ltda., por una presunta violación de los derechos fundamentales a la vida, al respeto por la dignidad de la persona y a la seguridad social.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, por medio de auto del 26 de julio de 2000, decidió declararse incompetente para conocer de esa acción y remitir el expediente a reparto entre los Jueces del Circuito de Bogotá, pues "de conformidad con el artículo 1° (inciso segundo del numeral 1) del Decreto No. 1382 del 12 de julio de 2000 que establece las reglas para el reparto de las acciones de tutela, los competentes para conocer del trámite de la presente acción son los jueces del circuito o con categoría de tales, toda vez que la demanda se instauró contra entidades del sector descentralizado por servicios del orden nacional" (folio 30).
Así, le correspondió conocer de este proceso al Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, y éste decidió, el 18 de agosto de 2000 (folios 228 y 229), que de acuerdo con el numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, "...la competencia para conocer de la presente acción de tutela recae en el Tribunal Contencioso Administrativo, pues si bien se incoa en contra de una entidad de economía mixta y de carácter estatal, por su conformación, lo que se desprende del certificado de la Cámara de Comercio aportado a los autos como es ALCALIS DE COLOMBIA, y de una entidad de economía mixta del orden nacional como lo es el IFI, y de dos entes ministeriales, los que son estatales y del orden nacional, ninguno descentralizado, no es este estrado judicial el competente para conocer de la acción. Así las cosas, ha de declararse la NULIDAD de todo lo actuado por este Juzgado en la presente acción, y disponer la remisión de la actuación al Honorable Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, a fin de que defina el conflicto propuesto".
A su vez, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de auto del 28 de septiembre de 2000, decidió "...abstenerse de resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá por falta de competencia...", y enviar el expediente a la Corte Constitucional para que esta Corporación lo haga (folio 6).
Sobre los límites materiales de la potestad normativa de la administración, hay consenso respecto de que toda materia sometida por el Constituyente a reserva de ley, no admite regulación válida mediante reglamento, pues es el legislador el llamado a producirla. Sobre este asunto ha sido clara y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional;[1] por ejemplo, en la sentencia C-557/92, se afirmó:
"De suerte que, mientras resulta eficiente la interpretación de autoridad realizada mediante un decreto legislativo de conmoción interior, no lo sería la plasmada en un decreto reglamentario, cuyo acatamiento no es obligatorio para el juez, en lugar de la ley (art. 25 Código Civil)."
En la sentencia C-606/92,[2] nuevamente se insistió en el alcance de la reserva de ley en materia de derechos fundamentales, doctrina que debe ser aplicada con mayor exigencia aún, cuando se trata de la adscripción de competencia a funcionarios judiciales, de parte de un reglamento del Gobierno:
"...en materia de derechos fundamentales el único órgano competente para establecer limitaciones es el Congreso de la República. La reserva de ley en materia de regulación de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo o el derecho a escoger y ejercer profesion u oficio, constituye una de las primordiales garantías de estos derechos, frente a posibles limitaciones arbitrarias de otros poderes públicos o de particulares. Así, las materias reservadas no pueden ser objeto de transferencia, pues con ello se estaría vulnerando la reserva de ley establecida por la propia Constitución."
También en la sentencia C-028/97,[3] la Corte consideró los límites materiales de la potestad reglamentaria del Gobierno, en los siguientes términos:
"La potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley. Sin embargo, esta facultad no es absoluta pues encuentra su límite y radio de acción en la Constitución y en la Ley, es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador."
Y en la sentencia C-428/97,[4] se aclararon los límites materiales de la reglamentación, al precisar:
"La potestad reglamentaria, que se amplía en tratándose de asuntos objeto de regulación mediante la figura que contempla el numeral 19 del artículo 150 de la Carta, corresponde al Gobierno, pero éste ejerce una función sometida al marco de la ley, puramente administrativa, y no le es posible modificar, derogar, ampliar ni restringir lo que el legislador haya dispuesto al sentar las bases generales que orientan la actividad estatal en la materia respectiva. El Presidente de la República apenas puede -y debe- concretar tales directrices, en su campo, que es el administrativo, pues el desarrollo de las leyes marco no le confiere atribuciones de legislador, con el objeto de adecuar las pautas generales a las variables circunstancias de la economía y al manejo de situaciones objeto de su decisión."
Para finalizar este breve recuento de la doctrina constitucional al respecto, vale citar un aparte de la sentencia C-302/99,[5] en el que se consideró la consecuencia de cualquier exceso en el uso de la potestad reglamentaria y, de acuerdo con el cual, el juez constitucional debe inaplicar por inconstitucional el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000:
"La facultad con que cuenta el Presidente de la República de reglamentar la ley está sujeta a ciertos límites, que no son otros que la Constitución y la ley misma, ya que no puede en este último evento ampliar, restringir o modificar su contenido. Es decir, que las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecución de ella. No se olvide que cualquier exceso en el uso de la potestad reglamentaria por parte del Ejecutivo se traduce en inconstitucionalidad por extralimitación del ámbito material del reglamento"
En este orden de ideas, corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca conocer, en primera instancia, de la tutela incoada por José Guillermo Díaz Marroquín, puesto que, de acuerdo con el primer inciso del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, "son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud".
Primero. INAPLICAR en la resolución de este conflicto de competencia el artículo 1 del Decreto reglamentario 1382 de 2000, por ser contrario a las normas de la Carta Política sobre la reserva legal.
Segundo. DESATAR el conflicto de competencia que se presentó entre el Juzgado 13 Civill del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la solicitud de tutela que presentó José Guillermo Díaz Marroquín, señalando que es el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el competente para conocer en primera instancia de ese proceso.
Tercero. REMITIR al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el expediente radicado bajo el número ICC-147, para que esa Corporación le imprima el trámite respectivo.
[1] Véanse las sentencias C-557 y C-606 de 1992, C-228 de 1993, C-022, C-206 y C-216 de 1994, C-539 de 1995, C-100, C-138, C-433, C-451 y C-629 de 1996, C-028, C-290, C-350, C-428 y C-512 de 1997, C-066, C-302, C-372, C-509 y C-579 de 1999.
[2] M.P. Ciro Angarita Barón.
[3] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa.