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Timestamp: 2019-05-23 03:46:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 104', 'artículo 108', 'artículo 112', 'artículo 127', 'artículo 151', 'artículo 158', 'artículo 151']

La constitución española -2- — Espagnol
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4. TÍTULO II. DE LA CORONA
Punto primero : «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.» Así, el poder arbitral del Rey impide que determinadas situaciones políticas de gravedad se transformen en auténticas conmociones nacionales. Su estatuto particular es confirmado en el punto tercero, donde se dice que la persona del Rey es inviolable y no sujeta a responsabilidad.
Este artículo establece las condiciones de herencia. «La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la lína anterior a las posteriores ; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto ; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.»
La Reina no asume funciones constitucionales, salvo en casos de Regencia.
Artículos 59, 60 y 61
En estos artículos se ven las condiciones de regencia y de tutela. Existen tres posibilidades para poner en marcha los mecanismos sucesorios : fallecimiento, abdicación y declaración de inhabilitación del Rey por las Cortes.
Aquí viene la lista de los poderes del Rey. Son muy escasos, en comparación con los poderes de sus predecesores y con las facultades que le reconocían las Leyes Fundamentales : no puede hacer ni proponer leyes, sólo sancionar y promulgarlas ; sólo expide los decretos, no los elabora ; no puede convocar a referéndum libremente ni disolver las Cortes a su parecer, sino sólo a propuesta del Presidente del Gobierno. Esto se explica por la naturaleza del Estado de monarquía parlamentaria. El Rey español reina, pero no gobierna. Su misión es representar a la Nación en su totalidad, convertirse en símbolo del Estado, de la unidad nacional y de su permanencia.
Precisa el papel del Rey en la escena internacional. Entre otras cosas, es él quien declara la guerra, pero « previa autorización de las Cortes Generales ».
Este artículo precisa cómo el Presidente del Gobierno o los distintos Ministros refrendan los pactos del Rey y son responsables de sus actos. Corresponde a lo que se decía en el artículo 56 : el Rey no es sujeto a responsabilidad.
A diferencia de lo que sucede en otras Monarquías, los bienes, muebles o inmuebles, afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia tienen calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional, cuya titularidad corresponde al Estado. No son bienes patrimoniales del Monarca, ni de su libre disposición. Su gestión y administración corresponde al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, cuyos miembros son nombrados por el Presidente del Gobierno. Entre otras cosas, son concernidos por este artículo los Palacios de La Zarzuela y Oriente, Aranjuez, el Pardo, la Granja, San Lorenzo de El Escorial...
5. TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES
5.1. CAPITULO PRIMERO. De las cámaras
«1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables.» Así, las Cortes Generales son el órgano supremo de representación del pueblo español y constituyen el poder legislativo del Estado.
Se establecen las reglas de funcionamiento, especialmente el hecho de que no se puede ser miembro de las dos Cámaras al mismo tiempo.
Para cada una de las Cámaras, aquí vienen expresados el número de miembros y las condiciones de elección. El Congreso de los Diputados resalta la idea de la representación nacional en conjunto mientras que el Senado incide más en el reconocimiento de la configuración plural de España y en la organización territorial del Estado.
Artículos 70 a 80
Estos artículos establecen los detalles de funcionamiento de este poder legislativo : « incompatibilidad de funciones », imunidad, constitución del gobierno interno y de la diputación permanente, elección de sus propios representantes, calendario de las sesiones, modalidades de decisión, comisiones, tratamiento de las peticiones, carácter público de las sesiones plenarias.
5.2. CAPITULO SEGUNDO. De la elaboración de las leyes
Los artículos 81 a 92 determinan las modalidades de aprobación de cada tipo de ley : Ley Orgánica, Decretos-leyes, Reglamentos... Cuáles son las distintas instancias que deben votar, qué mayoría es necesaria, cuáles son los plazos...
5.3. CAPÍTULO TERCERO. De los tratados internacionales
En los artículos 93 a 96 se examina el caso específico de los tratados internacionales, que se determinan por ley orgánica.
6. TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
«El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.» En este título pasamos al estudio del poder ejecutivo, de su composición, de sus competencias y de su funcionamiento.
Se establece la composición del Gobierno (Presidente, Vicepresidentes, Ministros) y el respectivo papel de sus miembros.
Artículos 99, 100 y 101
Se evocan las modalidades de designación de un Presidente del Gobierno, de los demás miembros, y las condiciones de cesión de actividad de un Gobierno.
Establece la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno y las modalidades de su eventual juicio.
Artículos 103 a 107
En estos artículos se detallan el funcionamiento de cada órgano de la Administración y su relación con los ciudadanos. Podemos citar el primer punto del artículo 104 : «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.» Resumamos brevemente las funciones del Gobierno : refrenda los actos del rey ; establece y lleva a cabo un programa político para dirigir la política interior y exterior ; dirige la Administración civil y militar (hasta poder declarar el estado de excepción o el estado de sitio) ; elabora los presupuestos generales del Estado (las Cortes Generales los examinan, enmiendan y aprueban).
7. TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES
«El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.»
Artículos 109 a 115
Conforme al principio global establecido en el artículo 108, los artículos siguientes pormenorizan los casos en que las Cámaras pueden exigir informacion por parte del Gobierno, y las modalidades de hacerlo. A partir del artículo 112 se examina un caso particular : la posibilidad por el Presidente del Gobierno de plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza. Ocurre cuando el Gobierno desea contar con un amplio respaldo parlamentario para adoptar decisiones o medidas de trascendencia nacional. La mayoría simple de los Diputados basta para otorgar la confianza pero de no hacerlo, el Gobierno tiene que presentar su dimisión siempre que el Congreso apoye a un candidato a la Presidencia del Gobierno. También fija las condiciones de disolución de las Cortes por el Gobierno.
Establece las modalidades de declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio ya evocados.
8. TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL
El poder judicial es la expresión de la soberanía del Estado en la aplicación y cumplimiento de la ley. Crea las Leyes mientras los otros dos poderes las ejecutan o las hacen ejecutir.
Este artículo establece las características esenciales del poder judicial, que vamos a detallar ahora. La justicia es independente. Esta independencia tiene dos vertientes : una vertiente externa frente a las intromisiones de otros poderes y una vertiente interna de independencia de cada órgano judicial frente a los demás. El poder legislativo goza de exclusividad jurisdiccional. Significa que sus miembros no pueden ejercer más funciones (cf. artículo 127), pero también que sólo ellos pueden ejercer estas funciones. También se caracteriza por su unidad jurisdiccional. La jurisdicción es única, pero atendiendo al objeto diversas jurisdicciones : Civil (relaciones de Derecho Privado, entre particulares), Penal (delitos y su sanción), Contencioso-administrativa (legalidad de la actuación de la Administración Pública), Social (cuestiones de lo Laboral y de la Seguridad Social). Punto seis : «Se prohiben los Tribunales de excepción.»
« Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueves y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. »
Establecen las condiciones de gratuidad y de publicidad de la justicia.
Otorga indemnización en caso de error judicial.
Artículos 122 a 124
Estos artículos conciernen instituciones judiciales específicas. Entre otros examina el caso del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Sus competencias son la provisión de destinos en la Carrera, el nombramiento de los Jueces y Magistrados, su régimen retributivo, el examen de los proyectos de Ley de carácter procesal... También trata del Tribunal Supremo (órgano jurisdiccional superior de toda España en todos los órdenes) y del Ministerio Fiscal.
Establece las condiciones de participación a un Jurado, lo cual es a la vez un derecho y un deber del ciudadano.
Trata de la policía judicial.
Como lo vimos, este artículo explicita las incompatibilidades de funciones de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
9. TÍTULO VII. ECONOMÍA Y HACIENDA
Hoy existen dos grandes sistemas económicos:
el sistema de economía de mercado. El comportamiento económico del país se gobierna mediante los precios y el mecanismo de la competencia, protagonizando la producción la empresa privada, reconociéndose la existencia del derecho de propiedad
el sistema de dirección central total. Existe entonces un plan económico que se impone a los diversos individuos y que expresa qué bienes han de producirse, cómo y para quién, sin existencia de otro derecho de la propiedad privada que el de los bienes de consumo asignados a cada sujeto.
En España, reina la economía de mercado. En este caso, las libertades económicas se conciben como un conjunto de derechos fundamentales que son inherentes a la naturaleza del hombre. Pero cuando la libre empresa se revela insuficiente para satisfacer las necesidades indispensables de la comunidad o cuando existen desequilibros socioeconómicos graves, el Estado debe tomar la iniciativa para mantener un desarrollo armónico de sociedad.
Artículos 128 a 132
Si resumimos el contenido de estos artículos, podemos decir que las misiones fundamentales del Estado son :
asegurar la producción suficiente de servicios de utilidad general (educación, Seguridad Social, salud pública, condiciones de vivienda digna y adecuada, suficiencia económica a los pensionados...)
garantizar la competencia (planificar actividad económica general, regular el comercio interior)
procurar cierta justicia en la distribución de la riqueza (Fondo de Compensación Interregional)
evitar el paro forzoso (política orientada hacia el pleno empleo)
Artículos 133 a 136
Se determina el funcionamiento de los presupuestos y de la deuda pública.
10. TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
10.1. CAPÍTULO PRIMERO. Principios generales
«El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.» El municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado y el cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad. La provincia es la entidad local determinada por la agrupación de municipios, que actúa como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Como lo dice el artículo, en el momento de la Constitución las Comunidades Autónomas no se han definido todavía («que se constituyan»). Hoy en día, España es constituida de 17 Comunidades Autónomas.
Se establecen los principios de solidaridad y de igualdad entre cada entidad.
Se reafirman los derechos y obligaciones de los españoles, especialmente acerca de la libertad de circulación de las personas y de los bienes.
10.2. CAPÍTULO SEGUNDO. De la Administración Local
Artículos 140 y 141
Rigen el funcionamiento respectivo de los municipios y de las provincias
Determina las fuentes de financiación de estas Entidades.
10.3. CAPÍTULO TERCERO. De las Comunidades Autónomas
Aquí se define la vía normal de acceso al estatuto de Comunidad Autónoma. Precisa el punto segundo : «La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.». El plazo es de seis meses, pasado el cual la iniciativa no se podrá reiterar antes de cinco años.
Precisan el funcionamiento de la aprobación por las Cortes Generales, la imposibilidad de federación de las Comunidades Autónomas y los requisitos de constitución de los Estatutos de Autonomía.
Artículos 148 a 150
Podemos leer aquí las listas de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas y las exclusivas del Estado, así como los casos de transferencias de competencias. Globalmente, las Comunidades Autónomas tienen como campos de competencias : el territorio (urbanismo, transportes propios, vivienda), la economía de este territorio (agricultura y pesca, artesanía, desarrollo económico de la Autonomía), algunos aspectos del presupuesto público, los servicios (cultura, turismo, sistema sanitario y educativo, siendo el control compartido con el Estado para estos dos últimos)... Pero en realidad, todas las Comunidades no se benefician de las mismas competencias. Existe otra vía de acceso a la Autonomía, una vía rápida (definida en el artículo 151), que permite acceder a un conjunto más elevado de atribuciones, techo competencial al cual la mayoría de las Comunidades sólo podrán acceder - en parte - más tarde. Las Comunidades de vía rápida conservarán más competencias en materia de Sanidad y Policía sobre todo.
Este artículo define entonces otra vía de acceso a la Autonomía. Su mecanismo es más complejo : se exige un quorum más amplio para la iniciativa (las Diputaciones Provinciales más las tres cuartas partes de los Ayuntamientos cuyos términos representarán, al menos la mayoría del censo electoral), el referéndum debe obtener la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, es necesario esperar a la celebración de elecciones locales democráticas, etc. Pero de reunir estas condiciones, su acceso es más rápido, y sus competencias más amplias desde el principio. Cabe decir que además de las «comunidades históricas» (cf. disposiciones transitorias), sólo Andalucía consiguió reunir todas estas condiciones.
Artículos 152 a 158
Se dan precisiones sobre los trámites que seguir, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas y el funcionamiento financiero de éstas. Precisemos que el punto segundo del artículo 158 preve la manera de corregir posibles desigualdades entre Comunidades : «Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.» Quedan así subrayados los puntos esenciales de este título VIII, pero cabe decir que el tema de la organización territorial de España y de las relaciones entre la unidad nacional y los estatutos de autonomía sigue siendo un asunto de gran complejidad. Los artículos de la Constitución fueron redactados con consciente y deliberada ambigüedad a causa de la necesidad de consenso entre las distintas fuerzas en presencia. Por lo tanto, cubrió los mínimos exigidos por los partidos nacionalistas predominantes y los máximos tolerados por los partidos de ámbito estatal. Así, nada se dice de las instituciones de las autonomías ni de la potestad legislativa que tendrían. No se plantea el problema de armonización de los distintos estatutos. Todo esto va a necesitar varios años de debates y de acuerdos, y los problemas todavía no se han superado para el País Vasco y Cataluña.
11. TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Los artículos 159 a 165 que constituyen este título IX establecen la constitución, la jurisdicción y el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Es el supremo intérprete de la Constitución y el árbitro imparcial inapelable de los conflictos que puedan suscitarse por el desarrollo legislativo de aquélla.
12. TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Los artículos 166 a 169 dan las condiciones de posibilidad de reforma constitucional. En efecto, requiere procedimiento especial : número más elevado de lo normal en las votaciones de ambas cámaras, aprobación por referéndum nacional, imposibilidad de iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de excepción y de sitio... Si el Tribunal defiende la Constitución en el espacio, para que se aplique sus artículos, la reforma la defiende en el tiempo ya que, al dificultar los procedimientos para modificarla, favorece su continuidad.
Conviene destacar la primera, ya que al amparo de esta disposición adicional, Navarra pudo actualizar el régimen foral que le era propio : «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.»
Es interesante ver que la totalidad de las disposiciones adicionales y la casi totalidad de las transitorias tratan de casos específicos respecto a las Comunidades Autónomas, prueba de la complejidad del tema. La más interesante es la segunda, pues gracias a esta disposición transitoria, los «territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía» (o sea las llamadas «comunidades históricas» : Cataluña, País Vasco y Galicia) pueden beneficiarse de la vía rápida de acceso a la Autonomía sin los duros requisitos preconizados por el artículo 151. Las disposiciones octava y novena consideran puntos prácticos de la puesta en aplicación de la Constitución.
Si los tres puntos de esta disposición derogatoria precisan la derogación de leyes y disposiciones anteriores, el más importante es el primero, pues hace la lista de todas las Leyes Fundamentales del Reino - o sea las Leyes franquistas - que quedan nulas, «en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley», es decir la Ley para la Reforma Política de 1976.
«Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.» POR TANTO, MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO. PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO JUAN CARLOS EL PRESIDENTE DE LAS CORTES Antonio Hernández Gil EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Fernando Álvarez de Miranda y Torres EL PRESIDENTE DEL SENADO Antonio Fontán Pérez
la première partie de l'article La constitución española Cronología de la transición democrática española, article de Maud Le Guellec
Maud Le Guellec, "La constitución española -2-", La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), décembre 2007. Consulté le 23/05/2019. URL: http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-espagnole/societe-contemporaine/la-constitucion-espanola-2-