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Timestamp: 2020-02-28 14:46:39
Document Index: 110745860

Matched Legal Cases: ['Artículo 2001', 'Artículo 950', 'Artículo 951', 'artículo 7', 'artículo 244', 'Artículo 377', 'Artículo 35', 'ARTÍCULO 158', 'artículo 27', 'artículo 99', 'artículo 98', 'artículo 99', 'artículo 139', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 103', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 99', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 46']

control interior posterior | Blog de Ricardo Ayala Gordillo
control interior posterior
83 comentarios Publicado en febrero 16, 2011 septiembre 22, 2012 Procedimiento Administrativo General
“Hazlo ahora mismo : Mas nos desgasta lo que dejamos de hacer que lo que hacemos” (Tomado de : El tiempo es Oro De Margaret Johnston)
Tan inherente es el tiempo a la vida misma que hay quienes dicen un año de vida es en realidad un año menos de vida.
La Ley ha establecido plazos para casi todas las actividades que realiza el ser humano sean : personales, familiares, herencias, contratos, laborales, pensiones, de negocios, actos administrativos, toma de decisiones, de notificaciones, procesos, procedimientos, reclamo de derechos, quejas, denuncias, etc.
Bajo esa esencial regla, no es suficiente tener la razón o el derecho sino pedirlo u otorgarlo a tiempo, a través de la autoridad competente y dentro del plazo establecido.
Si no se procede así se corre el riesgo no sólo perder el derecho e incluso ser pasibles de sanción
Muy pocos asuntos son imprescriptibles, es decir, limitados a un plazo, como por ejemplo: reclamar una herencia.
Los actos privados de la persona se hallan regulados por el Código Civil en el cual se establece los plazos máximos para reclamar los derechos que se regulan por dicha Ley :
Artículo 2001º Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:
1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.
2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.
3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.
4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.
El paso del tiempo, por excepción, también genera adquirir derecho en materia de propiedad de bienes muebles o inmuebles como se verifica en el Código Civil con la figura de la Prescripción Adquisitiva, en el :
Artículo 950º La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años.
Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.
Artículo 951º La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.
En lo administrativo, el plazo transcurrido en los procedimientos administrativos y expresamente sancionados con Silencio Administrativo Positivo por la Ley 27444 como en la Ley 29060 también genera derechos a favor del interesado aún cuando éste no reuna los requisitos legales y no sea advertido por la administración dentro del breve plazo establecido.
De allí que ¿Cuanto le interesa a la administración pública el tiempo ?
Sin embargo, hay una suerte de contradicción en lo que la Ley establece, promueve y dispone con lo que aún se hace con el plazo en muchas entidades que componen la Administración Pública.
Por un lado, años atrás el Gobierno dictó una Ley de Simplificación Administrativa para acabar de una vez por todas con las inacabables penurias que afrontaba el ciudadano; por ejemplo, quien se hallaba interesado en abrir un negocio, tenía que iniciar su peripecia ante las ventanillas de una entidad pública para obtener un documento que a la vez era requisito con el cual a la vez debía repetir una y otra vez hasta que finalmente con ellas obtenga su Licencia de Funcionamiento. El año 2000 fue derogada la Ley de Simplificación Administrativa y sus alcances mas significativos fueron comprendidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo sus alcances, modificatorias y normas relacionadas, actualmente, hoy algunas Municipalidades en minutos entregan Licencias de Funcionamiento.
Sin embargo, tal cambio y celeridad no es lo que comúnmente caracteriza a todos los procedimientos administrativos a cargo de la mayoría de las entidades públicas, lo cual sigue siendo materia de reclamo inclusive del actual mandatario de la Nación al justificar la promulgación de la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo .
A pesar de ello, hay :
Expedientes que son recibidos e impulsados en su trámite sin verificar y consignar la debida foliación, o sin requerir la acreditación de la personería jurídica vigente por parte de las personas jurídicas, o que contengan todos los requisitos que exige el TUPA por ende sin anotar en el cargo los documentos faltantes les dan curso cuando por mandato de la Ley debe paralizarse su trámite hasta que el interesado lo subsane dentro del breve plazo de 48 horas vencido el cual si el interesado no lo subsanó le debe ser devuelto.
Expedientes a los que se dan inadecuada tramitación o innecesariamente se pide informe o sencillamente son dejados en la cola de los sujetos a ser atendidos cuando el llamado a hacerlo pueda o quiera revisarlo, a lo cual se añade la escasa o ausencia de supervisión por parte de su superior inmediato como del sistema administrativo o informático que le recuerde que el plazo máximo establecido por la Ley no es para la actuación de cada funcionario sino para la entidad en su conjunto y que si bien es verdad que la mayoría de los ciudadanos por desconocimiento o idiosincracia suelen ser sumamente pacientes también lo es que la Ley impone a quienes representan a la Administración Pública el deber de servir verificando que las actuaciones a su cargo como del personal que se halla bajo los alcances de su jefatura sean diligentes, eficaces, eficientes, económicas y oportunas; es decir, a tiempo, dentro del plazo concedido.
Resoluciones emitidas abriendo proceso administrativo disciplinario pero que al no ser notificadas dentro del plazo establecido puede dar lugar a que el incurso en responsabilidad invocando prescripción no pueda ser procesado administrativamente -esta omisión no exime la prosecución de las acciones civiles o penales, en los casos a que hubiera lugar – y que en contrario, quienes dieron lugar a tal omisión, se vean incursos en responsabilidad administrativa.
Interesados que por omisión o desconocimiento no interpusieron sus solicitudes, reclamos o impugnaciones a tiempo perdiendo su derecho.
La vigilancia del plazo que sobre los expedientes a su cargo tuviera el funcionario o servidor público es parte del denominado control simultáneo y control interno previo que compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección, conforme precisa en su artículo 7º la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
El incumplimiento en el plazo por parte del servidor o funcionario por omitir, rehusar o retardar algún acto de su cargo, puede dar lugar a que el afectado pida la intervención de la autoridad administrativa o invocando el artículo 244º de la Ley 27444 –incorporado con la Ley 28187- pedir la intervención del Fiscal Penal en concordancia al ilícito previsto el Artículo 377º del Código Penal.
A efectos de coadyuvar a sensibilizar y prevenir de estas adversas situaciones es necesario recordar que desde julio del año 2000 la Ley 27444 establece en su :
Artículo 35º : PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN PREVIA.- El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.
ARTÍCULO 158° QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN
158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.
158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.
158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.
158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.
158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable….
El detalle de la mayoría de las actuaciones administrativas (no todas) sujetas a los alcances de la Ley 27444 han sido didácticamente recogidas por el colega OSCAR ZEGARRA GUZMÁN en su “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Análisis de la Ley N° 27444”, Ed. Gráfica Horizonte, Lima Octubre 2001 :
TABLA DE TÉRMINOS PROCESALES DE LA LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (*)
Plazo para resolver el conflicto de competencia
Plazo para remitir el expediente al Superior Jerárquico, por abstención
Notificaciones personales: el día hubieren sido realizadas.
Por correo certificado, oficio, correo electrónico: el día que conste haber sido recibidas.
Por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el diario oficial.
Remisión de documentos recepcionados a la sección correspondiente.
Dentro del mismo día
Plazo de subsanación de solicitudes presentadas con observaciones por incumplimiento de requisitos.
Plazo de realización de trámites a cargo de los interesados requeridos por la autoridad.
Abandono de procedimiento por incumplimiento de trámites a cargo del interesado.
Requerimiento de último trámite a cargo del interesado.
Plazo para evacuar informes o dictámenes peritajes.
Plazo para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter
Solicitud de documentos a otras actividades
3 días en la misma entidad, 5 días en demás casos. No mayor de 10 días.
Interposición de Recursos de Reconsideración
Dictamen de resolución
Plazo para resolver los recursos de Reconsideración
Interposición de los recursos de apelación
Dictamen de la resolución
Interposición de recursos de revisión
Término para resolver la queja
Previo traslado al quejado
Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa.
30 días hábiles, salvo ley o Dec. Leg. que establezca mayor plazo
Actuación de la prueba
Dispone actuación de pruebas
Notificación de la actuación de la prueba
No menor de 3 días antes
Actuación de pruebas
Solicitud de pruebas a los administrados
Plazo establecido en requerimiento
193.1.2
Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo
Prescripción de facultad de declarar la nulidad de oficio
Resolución contenida
Nulidad de resolución vía proceso contencioso administrativo
Fecha que prescribió la facultad de declaración de nulidad administrativa
Nulidad de acto administrativo emitido por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, vía contencioso administrativa
Fecha que acto que firme
Contestación de la reclamación en procedimiento trilateral
Elevación de la apelación en proceso trilateral
Recepción por autoridad superior
Apelación del proceso trilateral
Elevación de la apelación del proceso trilateral
Traslado de la apelación del proceso trilateral
Recurso del expediente
Absolución de la otra parte de la apelación trilateral
Notificación del traslado
Vista de la causa de apelación del proceso trilateral
Notificación de absolución de la apelación
Resolución de la apelación en proceso trilateral
Prescripción de la facultad de determinar existencia de infracciones administrativas
5 años, si no está establecida en leyes especiales
Fecha que se cometió infracción
Cesación de la interrupción de la prescripción de infracciones administrativas
Paralizado por 2 meses por causa no imputable al administrado
Categoría : Procedimiento Administrativo General, Gestión Pública
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46 comentarios Publicado en febrero 21, 2009 marzo 20, 2019 Proceso Administrativo Disicplinario
La periódica revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución resulta de suma utilidad para los administrados como para quienes representan a la Administración como miembros de la CPPAD como a los titulares de entidades, Abogados, Jefes de las Oficinas de Personal o Recursos Humanos y a los Administradores, para la mejor comprensión del marco teórico y la aplicación de los casos concretos que nos toca afrontar.
La sentencia que hoy reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros, lo relacionado a :
Abusos por parte de la administración pública
Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva
Aplicación del silencio administrativo negativo
Afectación al debido proceso,
Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.
De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión, al estar previsto en la Ley, si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC.
Sin mayor preámbulo ni comentario lo comentado, con carácter ilustrativo lo destacamos en letra cursiva y negrita.
EXP. N.º 1003-98-AA/TC
JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ
En Lima, a los seis días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con el fundamento de voto, adjunto, del Magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miguel Alarcón Menéndez contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ocho, su fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
El recurrente interpone acción de amparo contra los Vocales de la Corte Suprema, doctores Victor Raúl Castillo Castillo, Moisés Pantoja Rodulfo, Mario Urrelo Álvarez, Luis Edmundo Serpa Segura, los ex Vocales, César Fernández Arce, Ricardo Nugent López-Chávez, el Comandante José Dellepiane Massa, Titular del Pliego del Poder Judicial y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Solicita se declare inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Asimismo, se le reponga en el citado cargo, en razón de haberse conculcado el derecho al debido proceso en el trámite (sic) administrativo seguido en su contra, al impedírsele ejercer su derecho de defensa. Manifiesta que, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, fue nombrado Vocal Titular de la citada Corte Superior, y que en el año mil novecientos noventa se le instauró, junto a otros magistrados, proceso disciplinario por supuestas irregularidades administrativas en el desempeño de sus funciones, y en el curso del citado proceso solicitó al Presidente de la Corte Suprema, mediante escritos recepcionados con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, se le expida copia del informe recaído en los procesos disciplinarios y se le conceda el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho de defensa, lo que no le fue otorgado. Afirma que contra la resolución cuestionada con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, interpuso recurso de reconsideración, el cual no fue resuelto pese a su escrito de requerimiento; por ello, haciendo uso del silencio administrativo negativo, mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dio por denegado su recurso de reconsideración y formuló recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto en el plazo de ley, razón por la cual a través de “recurso”(sic) presentado a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consideró denegado el recurso de apelación, agotando así la vía administrativa.
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita declarar improcedente o infundada la acción de amparo; en el primer caso, por no haber agotado la vía administrativa y por considerar que la presente vía no es la idónea, debiendo acudirse al proceso contencioso-administrativo; en el segundo, porque estima que no se ha acreditado la violación de ningún derecho constitucional del demandante, máxime el derecho de defensa, toda vez que ejerció los recursos de reconsideración y apelación.
El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y tres, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, declaró fundada la acción de amparo, por considerar que la sanción disciplinaria se dictó obviando que el demandante informe verbalmente antes de dicha decisión y que se le expidiera copia del informe de la Jefatura del Órgano de Control Interno del Poder Judicial; afectando así el derecho de defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional.
La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la acción incoada por considerar que ha operado la caducidad, dado que el recurso de apelación fue interpuesto por el demandante después de seis años de interpuesto el recurso de reconsideración y no dentro de los treinta días que establece la ley.
El objeto del presente proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la inaplicabilidad de la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash, y se le reponga en el citado cargo.
Tratándose el acto cuestionado de un acto administrativo, antes de analizar el fondo de la controversia, deberá evaluarse el requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la vía previa (artículo 27.º, Ley N.° 23506); extremo que, en el presente caso, exige el análisis del silencio administrativo negativo, dado que, según alega el demandante, la vía previa se habría agotado a consecuencia de su acogimiento al silencio administrativo negativo ante la omisión de resolución expresa frente a los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos.
El Tribunal Constitucional interpretó que, en el caso de la acción de amparo, en el supuesto de que el administrado interpusiera recurso de reconsideración o de apelación, operaba siempre el silencio administrativo negativo, de modo tal que aquél no tenía la opción señalada en los artículos 98.º y 99.º del que fuera el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, D.S. 02-94-JUS, de esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa o de acogerse al silencio administrativo cuando considerara que conviniera a su derecho.
En el presente caso, el Tribunal Constitucional modifica dicho criterio. Estima que, por el contrario, el administrado, transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo –y así acudir a la vía jurisdiccional- o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. Las razones que fundamentan este cambio de criterio son las siguientes:
En principio, una interpretación literal del dispositivo legal regulatorio de la materia descarta la referida tesis interpretativa. En efecto, de conformidad con el artículo 99.º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos: “El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.” (subrayado nuestro). La norma precisa que el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que “deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el pronunciamiento expreso de la administración. La misma consideración ha de extenderse al recurso de reconsideración contemplado por el artículo 98.º del citado dispositivo legal cuyo texto es análogo al citado artículo 99.º.
El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición. Se trata de “una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de recurso”, en sustitución del acto expreso; pero “en beneficio del particular únicamente”, así “el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos [queda] abierto indefinidamente en tanto la Administración no [dicte] la resolución expresa” (subrayado nuestro, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, 7ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1996, p. 573). Sobre el particular, deben resaltarse dos aspectos: Se trata de una presunción en beneficio del particular únicamente, y su efecto es abrir la vía jurisdiccional, indefinidamente, en tanto la Administración no haya resuelto expresamente el recurso. La interpretación aún vigente del Tribunal Constitucional no concuerda con estos dos aspectos. En el primer caso, porque no se aplica en beneficio del particular, sino de la Administración, resultando que ésta, “la incumplidora de dicho deber de resolver, se beneficia de su propio incumplimiento” (Ernesto García-Trevijano Garnica, El silencio administrativo en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 1ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1994, p. 31). En el segundo caso, porque en lugar de abrir indefinidamente la vía judicial en tanto la Administración no resuelva expresamente, le impone un plazo, el que, además, ninguna norma del citado cuerpo normativo establece.
Constituye un criterio que limita irrazonablemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 139.º, inciso 3), de la Constitución. La interpretación efectuada restringe finalmente el derecho del particular de acceder a la vía judicial, porque ocasiona caducidad en el ejercicio del derecho de acción. Este derecho fundamental puede verse lesionado si, para acceder a la tutela jurisdiccional, la ley impone exigencias excesiva o irrazonablemente formalistas o, como en el presente caso, se interpreta las existentes u otras relacionadas, en un sentido de apreciación desvariado o desmesuradamente formal, ocasionándose en cualquiera de tales supuestos la imposibilidad del ejercicio de ese derecho fundamental. Considerando que el agotamiento de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al caso, las que regulan el sistema recursivo, deben interpretarse de conformidad con el principio pro actione. Es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. Tal es el caso, justamente, de la interpretación anterior del Tribunal.
No resulta acorde con el principio pro homine y pro libertatis de la interpretación constitucional, según los cuales, ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquélla que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo. La tesis interpretativa que posibilita esto último es justamente la que proviene del propio tenor literal de la norma antes referida y de la propia naturaleza del silencio administrativo negativo; esto es, la que establece que el administrado, luego de haber impugnado un acto administrado y transcurrido el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio administrativo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración, sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad en el ejercicio del derecho de acción.
Es en los términos antes establecidos que el Tribunal Constitucional, entiende, que se debe interpretar el silencio administrativo negativo, siendo dicha doctrina aplicable al caso, como a continuación se analiza.
El demandante impugnó el citado Acuerdo de Sala Plena con el recurso de reconsideración de fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno. La norma aplicable a dicho proceso, en cuanto concierne al plazo para resolver el referido recurso y la resolución ficta denegatoria (silencio administrativo negativo), es el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto Supremo N.° 070-89-PCM), toda vez que, de conformidad con su Sexta Disposición Transitoria “Los procedimientos administrativos en giro adecuarán su trámite a la norma contenida en el artículo 25.° en la fecha de vigencia del presente Reglamento. Las normas sobre silencio administrativo a que se refieren los artículos 26.° al 29.° regirán en los procedimientos administrativos que se inicien a partir del 02 de octubre de 1989”. Teniendo en cuenta que el proceso disciplinario del que proviene el acto impugnado se inició con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la norma antes citada es aplicable al referido proceso. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 25.º del citado dispositivo, modificado por el artículo 2.º del Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cada una de las entidades competentes deberá resolver el asunto solicitado o impugnado en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de iniciado el procedimiento o interpuesto el recurso impugnativo bajo responsabilidad(…)”. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del artículo 27.º del mismo dispositivo, también modificado por el artículo 3.º de la precitado Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cuando se trata de (…) procedimientos administrativos distintos a los conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y similares, operará, en los mismos plazos, el silencio administrativo negativo, salvo que la propia entidad, por norma expresa, disponga que opera el silencio administrativo positivo”; vale decir que, en el resto de procedimientos administrativos distintos a los antes señalados, el silencio administrativo negativo operará igualmente en el plazo de sesenta días de interpuesto el recurso impugnatorio.
En el presente caso, el recurso de reconsideración fue interpuesto con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, el mismo que no fue resuelto dentro del referido plazo de sesenta días. Ante ello y, de conformidad con el citado dispositivo, el demandante optó por esperar el pronunciamiento expreso de la administración pública, el cual empero, no se produjo no obstante el escrito de requerimiento de pronunciamiento por él presentado con fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis. Por tal motivo, con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete lo da por denegado, acogiéndose al silencio administrativo negativo e interponiendo, simultáneamente, recurso de apelación.
Sin embargo, tratándose el acto impugnado de un Acuerdo expedido por un órgano no sometido a subordinación jerárquica como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, no procedía la interposición de recurso de apelación. En tal sentido, el escrito en el que el demandante interpone un “recurso de apelación” y da por denegado el recurso de reconsideración, debe interpretarse como un requerimiento de resolución expresa del recurso de reconsideración, ello en aplicación del principio pro actione antes citado y el principio de no formalismo del procedimiento administrativo que se desprende del artículo 103º del citado Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo N.° 02-94-JUS). La errónea calificación del administrado de un acto –el recurso- no obsta para entender el efecto real que debe atribuirse a él en el procedimiento que, en este caso, no es sino el de requerir el pronunciamiento expreso de un recurso de reconsideración interpuesto.
Posteriormente, el demandante, por escrito recibido el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dio por denegado el denominado recurso de “apelación” y se acogió al silencio administrativo negativo, con lo cual, la vía previa había sido agotada.
La demanda ha sido interpuesta el quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, luego de haber agotado la vía previa en los términos antes precisados y dentro del plazo de sesenta días posterior al agotamiento de dicha vía. En consecuencia, habiéndose satisfecho las requisitos de procedibilidad de la acción de amparo, corresponde analizar el fondo de la controversia.
Planteamiento del problema de fondo de la controversia constitucional
El demandante, con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, solicitó a la Sala Plena que se le concediera el uso de la palabra ante dicho órgano, conforme consta a fojas ciento sesenta y cuatro, petición que, según dice el referido escrito, reiteró otra anterior, con idéntica pretensión, de fecha veintiocho de febrero del mismo año. Es, entonces, materia de análisis determinar si la omisión a una solicitud de informe oral o palabra, ante un pedido en ese sentido, lesiona o no el derecho a la defensa.
El demandante, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, dos días antes de emitirse la resolución sancionatoria, además de reiterar el pedido de uso de palabra, solicitó también que se le hiciera entrega de una copia del informe recaído en los procesos disciplinarios instaurados en su contra. Corresponde, así, analizar si la omisión de la entrega de los citados informes lesiona o no el derecho de defensa.
Límites de la potestad administrativa disciplinaria
La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman.
El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés.
En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y, eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe.
Debe destacarse singularmente este extremo, dado que no es lo mismo que el procesado controvierta y ejerza su derecho de defensa ante el órgano investigador, como efectivamente ocurrió en este caso, que si efectúa el descargo respecto a la acusación no ante el referido órgano, sino ante el órgano que ha de aplicar o resolver la sanción. Esto crearía, además una situación de desigualdad de fondo incompatible con el debido proceso, porque el procesado está en desventaja respecto a la Administración, puesto que no puede ilustrar o controvertir, directamente, frente al órgano sancionador los cargos del informe. El órgano resolutor sólo conoce la apreciación de los hechos por parte del órgano investigador, sin que, respecto a ello, el procesado haya podido ejercer su derecho de defensa.
La omisión a la solicitud de informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ante un pedido a ese respecto, lesionó también el derecho a la defensa y, por consiguiente, el derecho al debido proceso, porque ocasionó indefensión en el demandante, al no posibilitarle la ocasión de defenderse ante el órgano sancionador respecto de los cargos que se le imputaban en el informe de la comisión y, de ese modo, poder controvertirlos y exponer o persuadir al órgano sancionador de todo cuanto conviniese a su derecho.
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, declara inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República; y prescrito el proceso administrativo que originó la medida disciplinaria; ordena la reposición del demandante en el cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, computándose los años de servicios solo para efectos pensionables; dispone, que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a fin de que inicie el procedimiento de antejuicio, así como a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artículo 11.° de la Ley N.° 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
SS REY TERRY REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA
EXP. N.° 1003-98-AA/TC
FUNDAMENTO DE VOTO DEL DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN
Hago mío el voto que antecede, agregando:
Que durante la última década, los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez.
104 comentarios Publicado en febrero 7, 2009 marzo 20, 2019 Gestión Pública, Proceso Administrativo Disicplinario
58 comentarios Publicado en enero 21, 2009 marzo 20, 2019 Proceso Administrativo Disicplinario
Deja un comentario Publicado en diciembre 25, 2008 marzo 20, 2019 Derecho de Familia
Puedes ser mayor de edad pero discernir o proceder cual un menor de edad; puedes ser adolescente -embarazada y afrontar tu maternidad con la responsabilidad y madurez suficiente de una mayor de edad.
Ricardo Ayala G.
Lima Medina es el nombre de la niña – madre mas joven del planeta quien, a sus 5 años fue traída desde su lejano Antacancha (Huancavelica, Departamento de Perú) a la Maternidad de Lima donde el 14 de mayo del 1939 fue intervenida por cesárea y trajo al mundo un bebé de dos kilos 700 gramos, caso que la prensa de todas latitudes ventiló por años y que en los 60 era materia de recordación y asombro en las tertulias de nuestros mayores, acaso sin saberlo lo acuñaban en nuestros recuerdos como para alertarnos de realidades como ésta.
Lejos estaríamos entonces de imaginar que hoy en Perú, cada año 115,000 nuevas adolescentes se embarazan, parafraseando a estudiosa del tema “porque le dió las ganas, el deseo, la curiosidad” o fue víctima de violencia sexual forman el 25% del total de embarazadas que a las adultas disputan turno en los establecimientos de salud para controlar su embarazo o atender su parto.
El presente artículo no promueve el embarazo de las adolescentes en contrario, se aúna al intercambio de opiniones y reflexiones en colación a una alarmante creciente realidad y lo mucho que nos toca por hacer desde nuestros hogares, escuelas, instituciones públicas como organizaciones privadas para procurar revertir las crecientes cifras.
Cierto es que, cuesta aceptar a los padres y madres como al grueso que nuestras adolescentes hijas-entre 11 y 19 años- nos den la noticia de su embarazo cuando las hacemos aún salientes de la niñez en la escuelas; las reacciones y respuestas no siempre serán iguales, serán acordes al mejor o escaso conocimiento e interés que posean al respecto.
Unas(os) aceptan con digna hidalguía o resignación la realidad, pero en uno u otro caso, dándoles su total apoyo.
Otros padres, prescinden de cuanto piensen u opinen las madres adolescentes, intentan solucionar reconociendo como hijos suyos a sus nietos, sin saber acaso que su conducta los expone a afrontar denuncias por presunto delitos contra la familia y la fé pública.
Un alarmante significativo número, especialmente donde la comunicación es marginal o escasa, ante el temor de una peor reacción por parte de sus progenitores, esconden su embarazo, se someten a abortos o prefieren huir, procurando ponerse a salvo así acaso de algún antelado aviso que se desatenderían de ellas, o mellarían mas su autoestima sino arrojadas de sus casas, muchas perecen en el intento física o moralmente, o pierden el útero claudicando tempranamente a la maternidad o son víctimas de sujetos inescrupulosos en su altamente riesgosa e incierta búsqueda de refugio y de su futuro como el de su hijo o hija nacida o por nacer .
La cita me trae al recuerdo a mi buena y siempre entrañable amiga, Obstetriz Flor Valencia, quien a inicios del 2000, en su desempeño como Coordinadora de Psicoprofilaxia del Instituto Materno Perinatal desarrollaba un encomiable trabajo con adolescentes madres en riesgo (conformado por niñas y adolescentes de la calle, desamparadas, metidas en drogas, prostitución, etc.) quien ingresando a la Oficina, me pidió orientar legalmente a su abrazada acompañante, una guapa gestante de 14 años que, a la vez, traía de la mano a su pequeño hermanito de no mas de 8 años con el que compartía el desamparo en casas inciertas al cual los tenían abandonados sus separados padres avocados a atender sus respectivas nuevas familias; ella sabía quien era el padre del hijo que esperaba y justamente por saber quien era, no quería que fuera él quien lo reconozca como tal por lo que, subsistiendo de la “prostitución blanca” así gustaba llamar su oficio dirigido a cierta élite estaba avocada a elegir el mejor candidato que reconozca como suyo al hijo que esperaba, entre los cuales, manifestaba, ya tenía varios de diversa edad que le habían ofrecido asumir dicho rol.
Ambas trajeron a la vez al recuerdo también el testimonio vertido en una reunión por otra madre adolescente de 14años reclamando “…que la mayor indignación que siente es que en la calle nos tratan como si fuera una mujer fácil y eso no es así…”
Por entonces la Ley, a las madres solteras les permitía inscribir a su recién nacido hijo o hija con los apellidos del padre sólo si él decidía acompañarla para reconocerlo como tal, caso contrario, ella podía inscribir a su hijo o hija sólo con sus apellidos, opción a la cual muchas se resistían pues, -sostenían : “ al leer nuestro documentos de identidad dirán que somos hermanos”… y, esperando hasta que al padre tuviera el tiempo o voluntad y se anime a reconocerlo, un grueso número de niños y niñas crecieron por años sin ser inscritos.
Hoy, la Ley ha variado en parte, permitiendo a la madre soltera inscribir a su hijo con el nombre del apellido del padre siempre bajo la presunción de veracidad de la madre cuya declaración da inicio a un procedimiento por el cual se presume padre al declarado salvo que notificado por el registrador éste se oponga dentro del plazo establecido por Ley.
Subsiste el derecho de la madre que ella sola pueda reconocer con sus apellidos a su recién nacido(a) hijo o hija.
De este derecho -en Perú, desde el año 1984 en que entró en vigencia el Código Civil-, gozan las madres adolescentes conforme a lo dispuesto en sus artículos 43º y 46º.
Siendo que a los 18 años se adquiere la mayoría de edad y con ello el goce pleno de nuestras capacidades, por el artículo 43º se establece que las adolescente menores de 16 años adquieren capacidad de ejercicio sólo para determinados actos determinados por la ley.
Sin embargo, este mismo artículo 46º establece que la persona también adquiere la plenitud de sus capacidades si es mayor de 16 años y se casa –por civil- u obtiene título oficial que le autorice para ejercer una profesión u oficio.
Precisa que la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de a los éste, lo cual en razón de nuestra realidad, podría ocurrir a los pocos meses.
Dicho artículo también establece que, a diferencia de la plenitud de sus capacidades que adquieren las casadas mayores de 16 años, las madres adolescentes solteras mayores de 14 años con el nacimiento de su hijo o hija adquieren total capacidad de ejercicio SOLO para :
Demandar por gastos de embarazo y parto; -y desde el 29 de octubre del 2008 en que se publicó la Ley Nº 29274 también les permite directamente :-
Participar en los procesos (judiciales) de filiación, tenencia y alimentos a favor de ellos, ahora, pueden exigir el reconocimiento de sus hijos por la vía judicial.
Como se aprecia las demás obligaciones y derechos siguen resultando irrenunciables a nuestro respectivo rol de padres, educadores, comunicadores sociales, autoridades, funcionarios, servidores públicos o profesionales de la salud a quienes a la vez nos toca también conocer, difundir, respetar y hacer respetar los antes referidos derechos de las madres adolescentes.
En consecuencia, ni podemos imponerles a sus hijos paternidades que no les corresponden realmente, ni arrojarlas de casa, ni sustraernos de las obligaciones alimenticias para con nuestras hijas madres adolescentes que, contra lo que suele creerse, no solo comprende comida, sino vivienda, educación, salud, recreación, vestido; ni desheredarlas, ni ser excluída o darle un trato diferenciado en los colegios, ni quitarles sino en contrario, fortalecer nuestro afecto, orientación y protección.
A ella le tocará hacer lo propio para reclamar los derechos de su menor hijo o hija.
En este sentido, la madre adolescente, mayor de 14 años, tiene plenitud para ser ella quien dé los datos de los verdaderos progenitores al profesional de la salud que expide el certificado de nacimiento de su hijo o hija, como a ser quien directamente demande judicialmente al padre de su hijo o hija, y en caso de negativa o renuencia a sus familiares, por gastos de embarazo y parto, alimentos, tenencia y filiación acogiéndose al procedimiento de filiación extramatrimonial abreviado previsto en la Ley 28457, materias que abordaremos en nuestras siguientes entregas.
Acaso lo ideal es que la maternidad concurriera cuando menos con la mayoría de edad.
Pero, si la maternidad ocurrió en la plenitud de la adolescencia, a pesar del trastocamiento familiar y personal que ello pueda significar en sus planes o en los que para ella hubiéramos previsto los progenitores, lo mejor es acogerlas, brindándoles el mayor apoyo posible, fortaleciendo de la mejor forma posible su autoestima como el mejor conocimiento de sus derechos frente a los progenitores, sus familiares, sus educadores, el entorno en general y por supuesto en sus nuevas obligaciones y responsabilidades como madre, sublime y divino rol que no tiene porque ser un freno en su realización sino en contrario la mas poderosa de las razones para concretar las aspiraciones personales.
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