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Timestamp: 2017-12-15 04:39:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 324', 'artículo 31', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 66', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 328', 'artículo 86', 'artículo 328', 'artículo 15', 'artículo 324', 'artículo 86', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 328', 'artículo 31', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86']

¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer de los recursos contra la calificación efectuada por los registradores de bienes muebles?
Magistrado de la Sección 28 de la AP Madrid
Manuel García-Villarrubia Bernabé. Abogado. Socio de Uría-Menéndez
Antonio Roncero Sánchez. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Castilla-La Mancha
El apartado e) del artículo 86 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia objetiva para conocer de los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento o, en su caso, directamente contra la calificación del registrador (artículo 324 de la Ley Hipotecaria en su redacción dada por el artículo 31 apartado 3 de Ley 24/2005 de 18 noviembre 2005).
Partiendo de la anterior premisa legal, la cuestión que se somete a debate es si la competencia para conocer de los recursos contra las calificaciones negativas efectuadas por los Registradores de Bienes Muebles está atribuida a los Juzgados de lo Mercantil o, por el contrario, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia.
La dificultad de la cuestión planteada estriba en el distinto objeto de uno y otro Registro y, especialmente, en el hecho de que los Registradores Mercantiles como encargados del Registro de Bienes Muebles no ejercen funciones propias como tales.
El Registro Mercantil es exclusivamente un registro de personas y actos, no un registro de bienes, en cambio, el Registro de Bienes Muebles tiene por objeto la inscripción de la propiedad y gravámenes sobre determinados bienes muebles, estando funcionalmente atribuida su llevanza a los Registradores Mercantiles, lo que no significa que como encargados de este Registro ejerzan funciones propias de registradores mercantiles, lo que plantea la duda sobre la competencia objetiva para conocer del recurso contra sus calificaciones negativas.
La opinión mayoritaria de los expertos se inclina por la atribución de competencia a los Juzgados de Primera Instancia, pero la cuestión no está exenta de dificultad, existiendo también argumentos para defender muy razonablemente la tesis minoritaria.
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho Mercantil", el 1 de abril de 2011.
Los Registros Mercantiles y los Registros de Bienes Muebles tienen objetos y funciones diferentes cuyas instituciones no pueden confundirse y, aunque este último se lleve por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, no funciona como una sección del Registro Mercantil, sino como un registro independiente. Mientras que los Registros Mercantiles tienen por objeto la inscripción de las sociedades en general y otros sujetos, así como determinados hechos y actos relevantes relativos a los mismos, así como otras funciones asignadas por la normativa como la legalización de libros o la designación de expertos independientes y auditores de cuentas; los Registros de Bienes Muebles tienen por objeto la inscripción de la propiedad y los gravámenes sobre los bienes muebles.
El Registro de Bienes Muebles consta de seis secciones: la de buques y aeronaves; la de automóviles y otros vehículos de motor; la de maquinaria industrial, establecimientos mercantiles y bienes de equipo; la de otras garantías reales sobre los bienes muebles; la de otros bienes muebles registrables y, por último, la del Registro de Condiciones Generales de la Contratación en el que se inscriben los contratos de venta a plazos de bienes muebles y los arrendamientos financieros o leasing sobre los mismos, hipotecas, prenda, embargos, etc. El Registro de Bienes Muebles es un Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como de condiciones generales de la contratación.
Por otro lado, la calificación que se realiza por los Registradores de Bienes Muebles es una calificación atenuada sobre contratos previamente establecidos, a diferencia de la calificación sobre la definición del derecho u obligación inscrita por medio de un juicio de validez como es la que efectúan los Registradores Mercantiles siendo las mismas recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Sobre estas resoluciones que deciden sobre la calificación efectuada por el Registrador Mercantil es sobre la que se otorga competencia objetiva a los Jueces de lo Mercantil.
El apartado 2 del artículo 86 ter, en su letra e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recursos contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
El Juzgado de lo Mercantil, como órgano especializado carece de competencia para conocer de aquellas materias sobre las que no se le hubiesen otorgado competencias pues, como ha señalado la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de marzo de 1993, las atribuciones de los órganos especializados no pueden comprender otras cuestiones que las explicitadas en las leyes que regulan su competencia. De este modo el resto de las materias no comprendidas en el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial incumben, por aplicación del artículo 85.1 del mismo texto legal, al Juez de Primera Instancia.
La Ley ha otorgado al Juez de lo Mercantil importantes funciones en orden a esta disciplina, pero no se le ha atribuido por el legislador el conocimiento o competencia sobre todo el Derecho Mercantil, sino sobre las materias que expresamente se establecen en dicho artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tampoco puede otorgarse el conocimiento al Juez de lo Mercantil de las calificaciones efectuadas por el Registrador de Bienes Muebles en base a la competencia que le atribuye al primero la letra d) del citado apartado 2 del artículo 86.ter, pues éste se refiere al conocimiento de las acciones previstas en los artículos 12 y siguientes de la Ley sobre condiciones generales de la contratación y no sobre la calificación que efectúa el Registrador de Bienes Muebles.
En consecuencia el conocimiento de los Jueces de lo Mercantil se circunscribe a los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la calificación que hubiere efectuado el Registrador Mercantil, las demás calificaciones registrales que puedan ser objeto de un proceso judicial, como las de los Registradores de la Propiedad o la de los Registradores de Bienes Muebles, no están comprendidas dentro de las competencias otorgadas a los Juzgados de lo Mercantil.
Se nos plantea en esta ocasión una pregunta cuya contestación ha de formularse sobre la base del examen de la norma de atribución de competencia contenida en el artículo 86.ter.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("LOPJ"). Según esa norma, corresponde a estos órganos judiciales la competencia exclusiva y excluyente para conocer de "los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento".
El examen se puede hacer en dos pasos. El primero, consistente en la determinación del alcance de la competencia en atención a su definición por la norma y a las características de las competencias atribuidas a estos órganos judiciales especializados. El segundo, consistente en indagar el fundamento material que pudiera estar detrás de esa atribución.
Vamos con el primero de los pasos indicados. La clave está en que los Juzgados de lo mercantil tienen competencia para conocer en materia de recurso "contra la calificación del Registrador Mercantil".
El Registro de Bienes Muebles se encuentra regulado en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazo de Bienes Muebles ("Ley 28/1998"), en el Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación ("Real Decreto 1828/1999") y en la Orden de 19 de julio de 1999, que aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles. En este Registro se inscriben la propiedad y los gravámenes sobre los bienes muebles. Según el artículo 15.1 de la Ley 28/1999, "el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles se llevará por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y se sujetará a las normas que dicte el Ministerio de Justicia". Por su parte, la disposición transitoria única del Real Decreto 1828/1999 disponía que "hasta que no se modifique la demarcación registral correspondiente al Registro de Bienes Muebles, las secciones que lo integran seguirán a cargo del Registrador de la Propiedad y Mercantil que en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto ostente la competencia". Finalmente, el artículo 2.1 de la Orden de 19 de julio de 1999 estableció que el Registro "está a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, conforme al régimen de provisión previsto en la legislación hipotecaria".
Así las cosas, nos encontramos con que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles es un Registro que se lleva por el Registrador de lo Mercantil. La pregunta es, por tanto, si las calificaciones que realice el Registrador Mercantil como Registrador de Bienes Muebles pueden considerarse a todos los efectos como "calificación del Registrador Mercantil" desde el punto de la norma de atribución de competencias establecida en el artículo 86.ter.e) LOPJ.
La respuesta es negativa. Por los términos en que se encuentra formulada esa norma, cabe concluir que se está haciendo referencia a la calificación que efectúe el Registrador Mercantil en su condición de tal, esto es, en el ejercicio de sus funciones como Registrador Mercantil. Ello excluye las calificaciones que realice como Registrador de Bienes Muebles, por más que éstas provengan de quien también ostenta la condición de Registrador Mercantil.
El Registro Mercantil y el Registro de Bienes muebles son instituciones diferentes, con regulación diferente, aunque materialmente puedan estar a cargo de un mismo Registrador. De hecho, son notables las diferencias entre esas dos instituciones. El Registro Mercantil es un Registro de personas y actos, con una regulación propia y autónoma en los artículos 16 y ss. del Código de Comercio y en el Reglamento del Registro Mercantil. El Registro de Bienes Muebles es, en cambio, un Registro de bienes y tiene también una regulación propia, contenida en las normas antes citadas.
No cabe, por tanto, considerar que la calificación que realiza el Registrador Mercantil en el ejercicio de su función de Registrador de Bienes Muebles sea una "calificación del Registrador Mercantil" de las establecidas en el artículo 86.ter.e) LOPJ. Ello lleva a excluir los recursos a que se está haciendo referencia de las materias competencia de los Juzgados de lo mercantil. Esos recursos, en atención a la competencia residual establecida en la LOPJ (art. 85.1) y a la previsión establecida en el artículo 66 de la Ley Hipotecaria, corresponden a los Juzgados de Primera Instancia. Este planteamiento ha sido sostenido por la Audiencia Provincial de Badajoz en Sentencia de 21 de mayo de 2007 y por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) en Auto de 30 de enero de 2009.
Quedaría, en fin, por dar el siguiente paso. La pregunta es si existe alguna razón, adicional a las expuestas, que justifique la limitación de la atribución competencial a las calificaciones del Registrador Mercantil como tal, con exclusión de las propias del Registro de Bienes Muebles. Esa razón podría situarse en el principio de especialización que preside la determinación de las competencias de los Juzgados de lo mercantil. Por más que la determinación del catálogo de esas competencias haya merecido críticas, puede encontrarse un fundamento a la limitación en la circunstancia de la íntima relación que la calificación del Registrador Mercantil tiene con la normativa sobre sociedades mercantiles que también se atribuye al conocimiento de estos órganos judiciales (art. 86.ter.a) LOPJ), lo que en principio justificaría que los Juzgados de lo mercantil conozcan sólo de los recursos en materia de calificación del Registrador Mercantil como tal. Frente a ello, podría argumentarse que entre las secciones del Registro de Bienes Muebles está el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y que los Jueces de lo mercantil son competentes para conocer de las acciones sobre condiciones generales de la contratación ex. artículo 86.ter.d) LOPJ, de manera que no habría razón para excluir la competencia de los Juzgados de lo mercantil sobre las calificaciones del Registrador de Bienes Muebles. Pero parece que el ámbito de este Registro es mucho más amplio que el relativo a las condiciones generales de la contratación, lo que en principio restaría peso a ese eventual reproche.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86.ter.2 e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de "los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento".
Debemos recordar que a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000 (RJ 6275) que anuló los preceptos relativos al recurso gubernativo del Reglamento Hipotecario (redactados por el Real Decreto 1867/1998), la Ley de medidas de acompañamiento de 2001 (Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social)(1) introdujo un nuevo título, el XIV, en la Ley Hipotecaria. Básicamente en dicho título, como señala la doctrina(2), se decidió atribuir al orden jurisdiccional civil el conocimiento de los recursos contra las calificaciones efectuadas por los registradores en la medida en que la calificación registral no es una materia administrativa, sino civil o mercantil.
En concreto, entre los artículos incluidos por la citada norma se encuentra el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, precepto que establece que las calificaciones negativas del registrador y, en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General en materia del recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal(3).
Precisamente el artículo 86.ter.2 de la LOPJ, que atribuye a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de dichos recursos cuando la calificación inicial sea de un registrador mercantil fue introducido(4) mediante la LO de la Reforma Concursal a raíz de una enmienda del Grupo Popular en el Senado (la número 21) que justificaba la necesidad de adecuar lo dispuesto en la Ley Hipotecaria en lo relativo a la calificación y para que el artículo 328 fuera de aplicación también al Registrador Mercantil.
Recordemos, que el artículo 15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, en el segundo párrafo de su apartado primero, establece que "El Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles se llevará por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y se sujetará a las normas que dicte el Ministerio de Justicia".
Finalmente, el Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, al regular la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, atribuye a los Registradores Mercantiles la llevanza de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles.
Por lo tanto, en la medida en que los Registradores de Bienes Muebles son Registradores Mercantiles, la respuesta a la cuestión planteada es que, efectivamente, los Juzgados de lo Mercantil son competentes para conocer de los recursos que se puedan plantear contra la calificación negativa efectuada por los Registradores de Bienes Muebles.
1) Para un análisis sobre dicha reforma y sus antecedentes, puede verse, LOPEZ RAMON, F., La modernización de los recursos contra las calificaciones de los Registradores de la Propiedad, entre la tradición, la administración y la fragmentación, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº706/2008, páginas 725 y siguientes.
2) PULGAR, J., La declaración del concurso de acreedores, La Ley, 2006, páginas 566 y siguientes.
3) Al respecto, como señala FERNÁNDEZ DEL POZO, L., en La fase de ejecución (Escritura Pública e Inscripción en el Registro. Impugnación), incluido como Capítulo 14, del Tomo I del libro "Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles", Thomson Aranzadi, 2009, pág. 670, al referirse a la calificación del Registrador Mercantil que denegase la inscripción de una escritura de fusión, "tras la reforma efectuada por la ley (sic) 24/2005 en el artículo 324 LH, el denominado «recurso gubernativo» contra la calificación ante la DGRN –previo al judicial- pasa a ser meramente potestativo, toda vez que los interesados pueden impugnar la calificación directamente ante el Juzgado de lo mercantil competente por razón del domicilio de la sociedad, siendo de aplicación las normas del juicio verbal y observándose en la medida en que sean aplicables las normas contenidas en el art. 328 LH [sobre la competencia del Juez de lo Mercantil puede verse el art. 86 ter, 2 e) LOPJ en la redacción dada por la LO 8/2008, de 9 de julio]".
4) Como recoge SANJUAN Y MUÑOZ, E. en el capítulo Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del registrador mercantil, incluido en el libro "Competencias de los Juzgados de lo Mercantil", Ed. Tirant Lo Blanch, 2008, páginas 625 y siguientes.
Por un lado debemos tener en cuenta que el Registro de Bienes Muebles se configura como un Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como de condiciones generales de la contratación (disposición Adicional Única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre), llevado por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles bajo la dependencia del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, que el artículo 86 ter punto 2 letra e) LOPJ dispone que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de "(...) los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria LH para este procedimiento".
La creación de los Juzgados de lo Mercantil así como la asignación de competencia objetiva para las mismos se realizó a través de la modificación operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por medio de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal.
En las ocasiones que se han planteado dudas sobre el alcance de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, la jurisprudencia ha tenido ocasión de afirmar que "(...) lo que determina que deba conocer el Juzgado de lo Mercantil es que el litigio verse sobre alguna de las (materias) específicamente incluidas en el catálogo del citado precepto legal, con independencia del cauce procesal por el que deba ventilarse la contienda, quedando el resto de las materias civiles para el Juez de Primera Instancia (artículo 85.1 de la LOPJ)..." [por todos citamos el Auto de fecha 20 de abril de 2006 (EDJ 2006/101684)].
Vistos tales antecedentes, debemos abordar al análisis del artículo 86 ter punto 2 letra e) LOPJ. El Proyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, remitida por el Gobierno a las Cortes Generales no incluía la previsión que finalmente quedó plasmada –como hemos visto- en el 86 ter punto 2 letra e) LOPJ. La redacción final de este apartado fue consecuencia de la enmienda núm. 21 presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular. En virtud de la misma se modificó el tenor inicial del nuevo artículo 86 ter LOPJ, atribuyendo a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de "(...) los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento...".
La justificación de la enmienda señalada reza del siguiente modo: "(...) en relación a la nueva letra e), el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, introducido por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece un procedimiento especial por el que las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado son recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil. Se trata de que lo dispuesto en la Ley Hipotecaria en lo relativo a la calificación sea de aplicación al Registrador Mercantil en lo referente al recurso contra la resolución de la alzada ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por el procedimiento especial que establece, y siguiendo el criterio de atribución, dentro del orden jurisdiccional civil, a los Juzgados de lo Mercantil, y ello de conformidad con los objetivos a los que obedece la creación de los mismos...".
Por tanto, con dicha innovación se perseguía que los Juzgados de lo Mercantil conocieran del procedimiento especial instaurado por la Ley 24/2001, de 27 de noviembre, para recurrir las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado ante la jurisdicción civil cuando se tratase de calificaciones del Registrador Mercantil.
Posteriormente, en virtud del artículo 31.7 de Ley 24/2005, de 18 de noviembre, el objeto del mencionado recurso alcanzó no sólo a las resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de calificación del Registrador, sino directamente a las propias calificaciones negativas del Registrador.
Llegados a este punto, hay que poner de manifiesto que, como hemos tenido ocasión de mencionar más arriba, el Registro de Bienes Muebles no es un Registro Mercantil. Se trata de un "(...) Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como de condiciones generales de la contratación...".
Y la llevanza de tal clase de Registros no se encomienda a los Registradores Mercantiles, sino que "(...) hasta que no se modifique la demarcación registral correspondiente al Registro de Bienes Muebles, las secciones que lo integran seguirán a cargo del registrador de la propiedad y mercantil que en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto ostente la competencia..." (vid. Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación).
Por tanto, a nuestro juicio, en el caso de las calificaciones efectuadas por los Registradores de Bienes Muebles ni nos hallamos propiamente ante calificaciones de los Registradores Mercantiles ni la materia objeto de calificación tiene enlace directo con ninguna de las materias relacionadas en el artículo 86 ter punto 2 LOPJ. De ahí que para alcanzar la conclusión de que tal materia se encuentra atribuida a los Juzgados de lo Mercantil sería necesario forzar de manera extensiva el texto del artículo 86 ter punto 2 letra e) LOPJ.
Dicha interpretación extensiva es contraria a la jurisprudencia que, en las ocasiones que se ha tenido que pronunciar sobre este extremo, ha puesto de manifiesto que las atribuciones a los órganos especializados "no pueden comprender otras cuestiones que las explicitadas en las leyes que regulan su competencia" [Sentencia (Sala 1ª) del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1993].
La creación de esta nueva jurisdicción especializada, justificada sobre todo por la finalidad de concentrar en un solo órgano jurisdiccional el conocimiento de todas las pretensiones en materia concursal, ha generado un importante conjunto de controversias en relación con la delimitación de sus competencias objetivas, particularmente respecto a las materias no concursales atribuidas a su conocimiento con carácter exclusivo y excluyente. A este respecto, la relación de las materias cuya competencia se atribuye a los juzgados de lo mercantil (art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducido por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal) pone de manifiesto su heterogeneidad así como la ausencia de criterios dogmáticos y sistemáticos que fundamenten dicha atribución que responde, más bien, a criterios puramente de oportunidad.
Entre las materias atribuidas a la competencia exclusiva de los juzgados de lo mercantil se incluyen «Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento». Nada se dice, sin embargo, respecto a los recursos contra las calificaciones efectuadas por los registradores encargados del Registro de bienes muebles, un registro especial que tiene por objeto la publicidad de las titularidades y gravámenes derivados de actos y contratos relativos a bienes muebles así como de las condiciones generales de la contratación. Desde el punto de vista de su organización, salvo la sección 1ª relativa a buques y aeronaves, el resto de secciones del Registro de Bienes muebles radican en los Registros Mercantiles de cada provincia cuya llevanza se encomienda, por tanto, a los titulares de éstos. Debe advertirse, no obstante, que el diseño organizativo del Registro de Bienes muebles tiene un carácter meramente transitorio así como que la determinación de la competencia registral para la llevanza de las diferentes secciones que componen dicho Registro se articula a través de un complejo entramado de normas diversas que contienen reglas registrales en ocasiones contradictorias (véase la RDGRN de 11 de abril de 2000 y en la doctrina, por todos, GÓMEZ MATOS, M., El registro de bienes muebles, Elcano, 2005, págs. 188 y ss. y FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El registro de bienes muebles, Madrid, 2005, págs. 55 y ss). En todo caso, el hecho de que los Registradores mercantiles tengan atribuida la función de llevanza de algunas secciones de dicho registro no autoriza a identificar al Registro de bienes muebles con el Registro Mercantil (interpretando que en la práctica funcionaría como una sección de éste) pues se trata de registros separados y autónomos, con objeto y régimen diferenciados (en este sentido puede verse el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 30 de enero de 2009, en el que se concluye rechazando la competencia de los juzgados de lo mercantil para conocer de los recursos contra las calificaciones relativas al Registro de Bienes muebles).
La atribución a los juzgados de lo mercantil de la competencia relativa a los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por la DGRN derivadas de recursos contra calificaciones del Registrador Mercantil se ha tratado de justificar con el argumento de que el acto motivador del recurso, la calificación realizada por un Registrador Mercantil, generalmente se referirá a asuntos relativos a materias propias de la competencia objetiva de estos juzgados, en particular, las sociedades mercantiles. En este sentido, también en algunos casos las calificaciones del Registrador mercantil en relación con la inscripción en el Registro de bienes muebles se referirá a asuntos de la competencia de los juzgados de lo mercantil como, por ejemplo, en materia de condiciones generales de la contratación. No obstante, al margen de que la justificación de la enmienda a través de la cual se incluyó esta materia entre las competencias atribuidas a los juzgados de lo mercantil (Enmienda núm. 21 presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular) resultaba algo más confusa («se trata de que lo dispuesto en la Ley Hipotecaria en lo relativo a la calificación sea de aplicación al Registrador Mercantil en lo referente al recurso contra la resolución de la alzada ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por el procedimiento especial que establece, y siguiendo el criterio de atribución, dentro del orden jurisdiccional civil, a los Juzgados de lo Mercantil, y ello de conformidad con los objetivos a los que obedece la creación de los mismos»), no parece que ello sea suficiente para considerar que la competencia objetiva para conocer de los recursos contra calificaciones relativas al Registro de bienes muebles corresponde a los juzgados de lo mercantil.
Los juzgados de lo mercantil constituyen una jurisdicción especializada cuya competencia objetiva viene delimitada, en consecuencia, exclusivamente por las materias que le vienen atribuidas expresamente, correspondiendo las no atribuidas a la competencia de la jurisdicción civil. En relación con ello, sin embargo, el tenor literal de la Ley no permite resolver de manera indiscutible esta cuestión pues, si bien la referencia a recursos «contra la calificación del Registrador Mercantil» parece entenderse limitada a las calificaciones realizadas por éste en ejercicio de sus funciones propias que son las relacionadas con la llevanza del Registro Mercantil, lo cierto es que no se especifica que haya de tratarse de asuntos relacionados con el objeto de este Registro (también las calificaciones en materias objeto del Registro de bienes muebles son realizadas por el Registrador Mercantil encargado de éste). A este respecto, el criterio legal para delimitar el asunto sometido a la competencia de los juzgados de lo mercantil se refiere al sujeto emisor de la calificación (Registrador mercantil) y no al Registro en relación con el cual se emite dicha declaración. Ello, sin embargo, llevaría a sostener que la competencia objetiva para conocer de los recursos contra calificaciones registrales relacionadas con un mismo Registro (en concreto, el de bienes muebles) correspondería a distintos órganos jurisdiccionales y, del mismo modo, a que la competencia judicial cambiase en atención a la atribución de la función de llevanza del Registro (que, como hemos señalado, en el caso del Registro de bienes muebles en la actualidad se atribuye parcial y transitoriamente a los Registradores mercantiles).
Por esta razón, entendemos que el art. 86 ter LOPJ ha de interpretarse en sentido de que la competencia de los juzgados de lo mercantil se extiende al conocimiento de los recursos contra calificaciones realizadas por el Registrador Mercantil en su función originaria, propia y exclusiva de llevanza del Registro mercantil y, en consecuencia, que el conocimiento de los recursos contra las calificaciones registrales relacionadas con el Registro de bienes muebles corresponde a los juzgados de primera instancia, sean realizadas por Registradores de la propiedad o mercantiles.
El Registro de Bienes Muebles es, tal y como señala el número dos de la disposición adicional única del RD 1828/1999, de 3 de diciembre, disposición legal por el que se crea, un Registro de "titularidades y gravámenes sobre bienes muebles".
Pues bien, este Registro está dividido en seis secciones que conviene enumerar en tanto pone de relieve, por razón de la materia, las inscripciones y anotaciones que proceden en dicho registro. Se trata de las secciones relativas a "Buques y Aeronaves", "Automóviles y otros Vehículos a Motor", "Maquinaria industrial, establecimientos mercantiles y bienes de equipo", "Garantías reales", "Bienes muebles registrables" y "Registro de Condiciones Generales de Contratación".
Se da el caso que esta reunión de materias se hace bajo la tutela del Registro Mercantil, y ello, no solo en cuanto a la organización material –disposición transitoria única-, sino también jurídica, en lo que sea aplicable el Reglamento del Registro Mercantil –nº 6 de la disposición adicional única-.
En este sentido conviene recordar que la disposición final 2ª de la Ley 19/1989, de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directiva de la CEE de sociedades establecía que los libros de buques y aeronaves llevados hasta ahora en los Registros Mercantiles, constituirán registros independientes y continuarán rigiéndose por las normas referidas a ellos hasta que se establezca el Registro de la Propiedad Mobiliaria, aspecto que se reiterará luego la disposición transitoria 13ª del RD 1784/96, de 19 de julio, por el que se aprueba el RRM, dándose la circunstancia, como hemos visto, que en la disposición de creación del Registro de Bienes Muebles lo que se acuerda no es una normativa especial ad hoc, sino la aplicación, entre otras normas, del Reglamento del Registro Mercantil.
Todo ello que resulta indicativo y justifica que autores como Jiménez Sánchez –Derecho Mercantil, volumen 1-, se refieran con la denominación "sistema" del Registro Mercantil a para referenciar, de forma explícita, la integración en la organización del Registro Mercantil, del Registro de Bienes Muebles tomando como base para tal construcción, la disposición adicional única y transitoria únicas del RD 1828/99 ya referenciadas con anterioridad.
Es evidente, por tanto, que por razón de la materia, lo que se pretende que conste en el Registro de Bienes Muebles es un conjunto de menciones relativas a empresarios y desde esta perspectiva y de la unidad legal que respecto de estas menciones resulta de la aplicación de las reglas del Registro Mercantil, la respuesta a la cuestión podría simplificarse en un sentido positivo y general, atendido el hecho de la unificación entre registros mercantil y mobiliario y la dicción legal del artículo 86 ter-2 LOPJ-, si bien cabría en su caso aportar una respuesta más restrictiva en el sentido de extender la competencia del Juzgado de lo Mercantil frente a los actos de calificación de los Registradores solamente en relación a las Secciones vinculadas a las materias propias de la competencia de los Órganos Judiciales mercantiles –art 86 ter-2 LOPJ- o a actos relacionados con dichas competencias, señaladamente, buques y aeronaves, actos vinculados a sociedades y cooperativas y condiciones generales de la contratación.