Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-05338-de-octubre-10-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_eb2b48090f860244e0430a0101510244&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-22 10:33:03
Document Index: 194429552

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 49', 'artículo 273', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 36']

﻿ Sentencia 2000-05338 de octubre 10 de 2013
SENTENCIA 2000-05338 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN- PENSIÓN DE CONGRESISTAS. EL TIEMPO DE SERVICIO QUE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL PARA CONGRESISTAS EXIGE PARA RECONOCER EL DERECHO A LA JUBILACIÓN NO ES EL EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. ELLO PORQUE EL ARTÍCULO 7º DEL DECRETO 1359 DE 1993 RECONOCE EL BENEFICIO A QUIEN, HABIENDO LLEGADO A LOS 55 AÑOS DE EDAD, HAYA ACUMULADO 20 AÑOS CONTINUOS O DISCONTINUOS EN EL SERVICIO EN UNA O EN DIFERENTES ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, O QUE LOS HAYAN CUMPLIDO Y COTIZADO EN PARTE EN EL SECTOR PRIVADO Y ANTE EL ISS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, ISS, CONGRESISTA, RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESISTA
Sentencia 2000-05338 de octubre 10 de 2013
REF.: Expediente 25000232500020000533803 (10372009)
Actor: Olga Lafaurie de Lindo c/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.
—FALLO—.
En esta oportunidad la cuestión litigiosa se contrae a establecer, si a la actora a quien Cajanal le concedió la pensión de invalidez en calidad de cónyuge sobreviviente del señor Miguel José Lindo Ortiz, le asiste el derecho a la conmutación de la misma y al reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de Fonprecon, teniendo en cuenta que el causante se desempeñó como congresista entre 1964 y 1966 y desde 1981 hasta 1982 y, falleció el 25 de diciembre de 1984.
Se hace entonces necesario inicialmente hacer el recuento y análisis de la normativa que regula el régimen pensional de los congresistas, para luego examinar, si con fundamento en la misma y en las pruebas aportadas al proceso, es posible acceder a lo pretendido.
“ART. 17.—El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, (durante el último año), (y por todo concepto), perciba el congresista. (Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal)(3).
PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que (por todo concepto)(4) devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.
“ART. 7º—Definición. Cuando quienes en su condición de senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que (durante el último año) (y por todo concepto)(11) devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto.
Ahora bien, con fundamento en el artículo 49 de la Carta Política, se expidió la Ley 100 de 1993(13), que en su artículo 273, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, preceptuó que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 36 y 11 de dicha ley, podía incorporar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aún a los congresistas.
Se resalta que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2005, Radicado: 5677-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero.
El aludido decreto en el artículo 3º indica, que cuando los senadores y representantes, cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo 2º para acceder al régimen de transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos por el Decreto 1359 de 1993, es decir, con la edad de 50 años(16) y con el tiempo de servicios de 20 años, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto.
El Decreto 816 de 2002(17), en su artículo 11(18), en lo que concierne a la liquidación de la pensión para congresistas en régimen de transición de congresistas, dispuso que dicha liquidación y la pensión que corresponda a los sustitutos pensionales, no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio mensual que haya percibido dicho congresista.
Y en su parágrafo(19), estableció los eventos en los cuales de conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no se tiene derecho a la aplicación de dicho régimen de transición.
La Sala advierte, que este parágrafo fue declarado nulo en su totalidad por la sección(20), al igual que el inciso 1º del artículo 17 del decreto en mención, modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002, que hace alusión a los congresistas en el régimen general de pensiones.
Del estudio sistemático de las normas reseñadas infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad(21), que en lo que al régimen especial de los congresistas se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993, su ámbito de aplicación se contrae a quienes a partir del 18 de mayo de 1992, fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, ostenten la calidad de senador o representante a la Cámara, es decir, que se encuentren para dicha fecha en el ejercicio del cargo o lo que es lo mismo en condición de actividad parlamentaria, debidamente posesionados y afiliados a la Entidad Pensional del Congreso, efectuando cumplidamente las cotizaciones y los aportes, tal como lo señala su artículo 4º.
Lo contrario sería pretender que la labor de un servidor por unos cuantos meses en la entidad amparada con un régimen especial, lo revista de sus beneficios; con lo que a todas luces, se estaría habilitando la incursión en la práctica ilegal comúnmente denominada carrusel pensional(22).
Ahora, en lo que atañe al régimen de transición de los congresistas, establecido por el Decreto 1293 de 1994, entendido el régimen de transición como aquel que busca proteger expectativas pensionales a futuro, pero que se enmarquen en el régimen pensional vigente al momento de expedición de la nueva ley(23); tal como lo determinó la sección(24), extiende su cobertura a quien siendo Congresista para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la Ley 100 de 1993—, además cumpla con la edad —40 años o más si es hombre o 35 años o más si es mujer— o la cotización o el tiempo de servicios por 15 años o más.
En efecto, históricamente la constitucionalidad de las modificaciones prestacionales y aún salariales atribuidas a la competencia del legislador, ha estado condicionada a la definición previa de los regímenes de transición en la aplicación de cualquier nueva regulación, que de manera sustancial afecte las situaciones jurídicas preestablecidas o en proceso de consolidación(25).
Vistas las anteriores precisiones en cuanto al régimen pensional de los parlamentarios, procede la Sala a definir la situación particular de la demandante.
Está demostrado en el expediente que el señor Miguel José Lindo Ortiz prestó sus servicios en calidad de representante a la Cámara desde el 20 de julio de 1964 hasta el 14 de julio de 1966, en forma discontinua y como senador de la República desde el 13 de marzo de 1981 hasta el 19 de mayo de 1982 (fls. 183, cdno. ppal.).
Que laboró en el Inurbe desde el 21 de febrero hasta el 24 de diciembre de 1984, habiendo desempeñado como último cargo el de investigador científico 2000 14, de la división de créditos adscrito a la subgerencia financiera (fls. 56, cdno. ppal.).
Que nació el 7 de junio de 1927 y falleció el 25 de diciembre de 1984 (fls. 6 y 177, cdno. ppal.).
Luego Cajanal por medio de la Resolución 11324 de 28 de agosto de 1987, reconoció la pensión de invalidez post mortem en favor del causante, porque para la época de su fallecimiento presentaba un grado de invalidez del 96%. Esta pensión la sustituyó en un 100% y en forma vitalicia en la demandante, siempre que permaneciera en estado de viudez y no hiciera vida marital, efectiva a partir del 26 de diciembre de 1984 día siguiente al deceso, teniendo en cuenta que según el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, cuando existe concurrencia entre las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, se debe optar por la que más convenga económicamente al beneficiario (fls. 205 a 207, cdno. ppal.).
El 10 de marzo de 1998 la actora solicitó ante Fonprecon el reconocimiento tanto de la pensión de invalidez post mortem como de la pensión de jubilación post mortem al igual que la sustitución de ambas en su condición de cónyuge sobreviviente (fls. 9 a 24, cdno. ppal.).
El fondo por medio de Resolución 8 de 28 de enero de 2000, le negó a la accionante la afiliación al igual que el pago de la pensión de invalidez y de la pensión de jubilación post mortem, en razón a que el fallecido no cumplió los 55 años de edad en ejercicio de la actividad congresional como tampoco los 20 años de servicio ostentando la investidura de parlamentario, de conformidad con lo normado por el Decreto 1359 de 1993. Además de que era beneficiaria de las prestaciones reconocidas por Cajanal (fls. 66 a 68, cdno. ppal.).
En Resolución 164 de 22 de marzo de 2000, el fondo demandado aclaró la anterior, en el sentido de que la afiliación y el reconocimiento de la pensión, se negaban al señor Lindo Ortiz, por lo que en consecuencia, a su cónyuge sobreviviente del mismo modo se le negaba la sustitución pensional post mortem (fls. 69 a 71, cdno. ppal.).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el causante prestó sus servicios al Estado en calidad de representante a la Cámara entre el 20 de julio de 1964 hasta el 14 de julio de 1966 y como senador desde el 13 de marzo de 1981 hasta el 19 de mayo de 1982, ambos lapsos en forma discontinua.
Su cónyuge quien hoy actúa como demandante, acudió ante Cajanal con el fin de que en su condición de cónyuge supérstite le fuera reconocida la pensión jubilatoria, y fue así como por medio de la Resolución 11324 de 28 de agosto de 1987, la caja decidió reconocer y sustituirle la pensión de invalidez post mortem, por ser la que más le convenía económicamente.
Luego, la actora elevó petición ante Fonprecon a fin de que le reconociera no solo la pensión de invalidez sino además la pensión de jubilación post mortem, como cónyuge sobreviviente; solicitud que le fue denegada, porque el fallecido no cumplió ni con la edad de 55 años ni con el tiempo de servicio de 20 años en ejercicio de la actividad legislativa, según lo estipulado por el Decreto 1359 de 1993.
Pues bien, en este caso en particular es evidente, que en atención a que el causante no ostentó la calidad de parlamentario para la fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, a partir del 18 de mayo de 1992, pues dejó de fungir como tal desde tiempo atrás —mayo 19/82— no se cumplen los presupuestos de hecho requeridos para la aplicación del régimen especial contenido en el Decreto 1359 de 1993.
Y aunque es cierto que para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, superaba con creces la edad de 40 años, no lo es menos, que para dicha época no era miembro del cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado precedente, resulta ser indispensable para ser cobijado por dicho régimen, pues está probado que dejó de laborar como parlamentario desde el año 1982, es decir, mucho tiempo antes de entrar en vigencia la aludida ley.
Con lo anterior entonces, no era posible que el fondo efectuara la conmutación de la pensión de invalidez que Cajanal sustituyó en la actora como tampoco podía reconocerle la pensión de jubilación post mortem.
Sumado a lo anterior la Sala encuentra, que como argumento del recurso de alzada se señala, que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, se encontraba vigente para el momento en el que se expidió la actuación acusada, por suerte que los efectos de la declaratoria de nulidad deben operar hacia el futuro; ante lo cual se debe indicar, que no cabe la menor duda que cuando se trata de la declaratoria de nulidad de una norma, se produce como efecto inmediato su salida del ordenamiento jurídico en razón de que el precepto nació viciado, por lo que frente al mismo solo se producen efectos ex tunc.
Por lo demás, para la Sala es desacertado el planteamiento expuesto en la actuación acusada, según el cual, no le fue concedida la pensión de jubilación post mortem a la cónyuge supérstite, en atención a que el causante no acreditó 55 años de edad y 20 años de servicio en calidad de congresista, según lo exige el Decreto 1359 de 1993; porque lo cierto es, que tal como quedó reseñado en párrafos anteriores, tal precepto de modo alguno contempla como exigencia, en aras del reconocimiento pensional, la labor únicamente como parlamentario durante 20 años y en cumplimiento de 55 años de edad.
En efecto, dicha norma dispone que quien en su condición de senador o representante a la Cámara, llegue o haya llegado a la edad que dispone el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que como se analizó es de 50 años “y adicionalmente cumpla o haya cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República”, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación.
De conformidad con lo expuesto se confirmará la decisión del a quo.
CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2008, desestimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la señora Olga Lafourie de Lindo contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—, según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
(9) Al respecto debe tenerse en cuenta, que como factores de liquidación de la pensión, solo pueden tomarse “aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones“y por todo concepto” y “por todo concepto” contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y en consideración a que condicionó la exequibilidad del resto de dicha norma bajo ese entendido.
(16) Tal como la sección lo consideró en anteriores oportunidades en Sentencia de 29 de mayo de 2003. Expediente 3054-2002. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009. Expediente 1732-2008. C.P. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años, en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(17) Decreto 816 de 25 de abril de 2002 “Por el cual se dictan normas para el reconocimiento, liquidación, emisión, recepción, expedición, administración, redención y demás condiciones de los bonos pensionales del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan otras disposiciones en materia de pensiones”.
(18) Esta norma debe entenderse, como líneas atrás se señaló, con las modificaciones que introdujo la Sentencia C-258 de 2013.
(19) El texto del parágrafo es el siguiente: “De conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no tienen derecho a la aplicación del régimen de transición de congresistas las personas que: a) Se hubieren trasladado al régimen de ahorro individual; b) Hubieren sido elegidos como congresistas por primera vez para la legislatura de 1998 y posteriores o que habiendo sido elegidos en legislaturas anteriores, no hubiesen tomado posesión del cargo; c) Los congresistas que hubieren tenido tal calidad con anterioridad a la legislatura de 1998 pero al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban vinculados a otro régimen; d) Quienes teniendo el régimen de transición de congresistas no se pensionen como congresistas, salvo el caso previsto en el artículo 14 del presente decreto”.
(20) El parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(21) Sentencia de 3 de mayo de 2002. Expediente 1276-2001. Actor: Óscar Emilio Vinasco Vinasco. C.P. Alberto Arango Mantilla.
(22) En igual sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999 consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende pocos meses. Al efecto señaló “... sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado periodo, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del congresista cubre apenas unos pocos meses”.
(23) La Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 2002, consideró con relación al régimen de transición que: “La creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo, no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo”.
(24) Sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido sentencia de 7 de septiembre de 2006, Radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, C.P. Jaime Moreno García.
(25) Se debe recordar que la Ley 33 de 1985 en el parágrafo 2º de su artículo 1º determinó el régimen de transición en los siguientes términos: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. // Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años de edad si son mujeres o 55 años si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro”. Y, por su parte la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 lo estableció así: “Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. // La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (...)”.