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Timestamp: 2018-12-17 00:54:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 141', 'artículo 21', 'artículo 141', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 141', 'artículo 141']

﻿ Sentencia 36674 de septiembre 14 de 2010
SENTENCIA 36674 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO. LA PREVISIÓN LEGAL DE EXISTIR UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL TRABAJO Y EL HECHO GENERADOR DEL SINIESTRO NO EXIGE LA PRUEBA CONTUNDENTE DE LOS MÓVILES DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR, PUESTO QUE SI SE ENCONTRABA EN EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL ENCOMENDADA Y SIN HABERSE ACREDITADO FACTORES EXTERNOS, AJENOS AL TRABAJO, NO PODÍA EL JUZGADOR HACER CONJETURAS O BUSCAR LOS POSIBLES MÓVILES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, MUERTE POR ACCIDENTE DE TRABAJO, RIESGOS PROFESIONALES, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Sentencia 36674 de septiembre 14 de 2010
Rad.: 36674
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, pretende que se case totalmente la sentencia impugnada, en cuanto no le dio “el carácter de accidente de trabajo al insuceso”, para que en sede de instancia, se revoque la del a quo, y en su lugar, se determine que el accidente en el que perdió la vida Reginaldo de Jesús Ávalos Salgar, tiene el carácter de profesional y en tal sentido condenar a la empresa Riesgos Profesionales Colmena S.A.; en subsidio persigue se case parcialmente la sentencia del tribunal en cuanto modificó la del a quo con respecto a la fecha de causación de los intereses moratorios, para que en su lugar se confirme en ese aspecto; con tal propósito presenta tres cargos, oportunamente replicados; los dos primeros se estudiarán en forma conjunta por permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el 162 de la Ley 446 de 1998.
Acusa la sentencia impugnada por la vía directa, por la interpretación errónea de “los artículos 6º, 53, 58 de la Constitución Nacional, 16, 19, 20, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º, 9º, 12 y 13 y 98 del Decreto 1295 de 1994, artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.
Al sustentar la acusación se refiere inicialmente a lo expuesto por el tribunal y luego señala:
“Accidente es todo lo que puede acaecer inesperadamente. No estaba el trabajador fallecido al momento en que fue atacado a bala, ni en una actividad recreativa ni deportiva ni cultural, ni en permiso remunerado, ni sin remuneración, ni menos aún, en permiso sindical, excepciones legales para no configurarse un accidente de trabajo, tal como lo enseña el art.(sic) lo que quiere decir que la contingencia que le ocurrió a aquel en el desarrollo de su trabajo, fue con ocasión del trabajo, ya que de no estar laborando allí, no se hubiera presentado el percance, o mejor, no hubiera sido occiso. Y la definición que pretende el tribunal de lo que es un infortunio laboral, precisamente da la razón a la parte recurrente por haberse presentado como consecuencia directa de “la labor que le fue asignada”. Estaba el señor Ávalos en el desarrollo de su función y en ese preciso momento le sobrevino el accidente. Entonces, ¿cómo decir como lo dice inexactamente el tribunal, que fue un acontecimiento común y no, laboral? ¿Acaso es común que le peguen a uno un balazo, mientras se desempeña en su trabajo, aun en Colombia?
El análisis que hace el sentenciador como apoyo para la confirmación de la sentencia de primera instancia, en lo que toca con la no existencia del accidente de trabajo, en el sentido de que la víctima actuaba “como líder comunitario durante varios años” es completamente falso y subjetivo, ya que el hecho real fue el de que lo mataron mientras estaba trabajando, sin importar para nada sus actividades sociales, políticas, deportivas, etc., las que no pueden tener ninguna significación para el luctuoso hecho acaecido, pues este fue consecuencia de estar laborando, con una función precisa y con el perfecto ajuste a las disposiciones laborales. No se le puede torcer el pescuezo a la ley, en la forma tan alegre como lo pretende el tribunal, y además, yéndose contra la realidad de las cosas, contra la objetividad de bulto que predica el expediente. ¿Cómo así que no murió cuando desempeñaba sus labores y que todo se debió a su característica de líder comunitario? ¿De dónde saca el tribunal eso de que su muerte estuvo “más cercana a un ajuste de cuentas o a la persecución de un líder comunal?
¿Y el fallador colectivo va a ocultar el sol con las manos, cuando es evidencia procesal que el trabajador fue atacado en su sitio de trabajo? ¿Y no lo fue en las instalaciones donde se le mandó a laborar y no está el nexo causal entre lo sucedido y el trabajo? La ausencia del “nexo causal” que observa el tribunal, no deja de ser un sofisma, ya que las víctimas del terrorismo individual o colectivo no se pueden excluir de estos eventos laborales.
Es totalmente falseado el argumento que da el tribunal cuando dice que la muerte del finado trabajador no fue por causa del trabajo o con ocasión de este, “lo que definitivamente sitúa esa muerte en el campo de origen común”, ya que los argumentos no se pueden centrar en los motivos desconocidos del homicida, sino en el extinto, siendo claro que recibió los disparos cuando estaba trabajando y que el objeto de esta demanda es la muerte en el lugar de trabajo, del señor Ávalos. Es que no se puede apriorísticamente, señalar móviles que no se conocen, para soslayar el hecho contundente de que el trabajador murió en el desempeño de sus labores y no en otras circunstancias, sobre las cuales especula sin fundamento, el tribunal. Pero si se aceptara que realmente no se puede determinar si la muerte acaeció como consecuencia de un accidente de trabajo o como un infortunio común, por expreso mandato de las normas superiores y de las de la legislación laboral, habría que echar mano del principio de favorabilidad, para resolver el problema, lo que no hizo el tribunal, estando obligado a hacerlo. Es que la misma sentencia acepta que “la muerte del señor Ávalos se produjo dentro de la jornada laboral y en el momento en que ejecutaba sus labores como auditor técnico, supervisando las instalaciones de cable de televisión... “Afirmación que indica que lo resuelto por el fallador está fuera de contexto. Si se hubiera tomado como directriz para la solución de este conflicto jurídico, el artículo 21 de nuestro estatuto sustantivo laboral, la conclusión inobjetable hubiera sido la de que se trata de un típico accidente de trabajo”.
Denuncia la sentencia impugnada por la vía directa, por la interpretación errónea de los “artículos 6º, 29, 53, 58, de la Constitución Nacional, 16, 19, 20, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º, 9º, 12 y 13 y 98 del Decreto 1295 de 1994, artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.
Copia apartes de la sentencia gravada para señalar que resulta contradictoria y luego afirma:
“Es clara la ley cuando determina que “es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo...”, encontrándonos en las circunstancias que la norma trae, ya que el fallecimiento del señor Ávalos Salgar ocurrió dentro de la jornada laboral que desarrollaba, lo que hace que tenga que calificarse como novedad laboral esa lamentable situación. “Con ocasión del trabajo” es expresión que quiere decir por estar laborando, por estar ocupado en su actividad, por su presencia en el lugar del desarrollo de su actividad”.
Entonces dejó de aplicarse la disposición que define lo que es el accidente de trabajo, no obstante la realidad que demuestra el plenario. Y así las cosas se violentó la ley en forma directa por cuanto el texto legal que define un accidente de trabajo es absolutamente claro y la sentencia contiene una conclusión en abierta pugna con dicho texto, se repite, sin el lleno de procedimiento calificatorio”.
Protección S.A. estima como un desatino del tribunal el de calificar el óbito del asegurado como de riesgo común, toda vez que ocurrió cuando se encontraba cumpliendo una función propia del cargo desempeñado y cumpliendo órdenes del empleador; de allí que la llamada a reconocer y pagar la prestación reclamada, dado su origen profesional, es ARP Colmena. Trascribe apartes de la sentencia de esta Sala del 19 de febrero de 2002, radicación 17429.
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A. efectúa algunas objeciones de orden técnico y conceptual a la demanda de casación; estima que la sentencia acusada se ajusta a derecho.
Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida (ARP Colmena), considera que el alcance de la impugnación es difuso y contradictorio; además el petitum de la demanda extraordinaria es limitado, lo cual solo permite estudiar lo relacionado con la condena a la pensión de sobrevivientes.
Afirma que el primer cargo se orienta por la vía directa, sin embargo, en la sustentación se remite a aspecto fácticos; además se acusa el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 cuando el fallador tuvo en cuenta que dicha perceptiva había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; al segundo cargo le hace las mismas observaciones de carácter técnico.
La Compañía de Seguros Bolívar S.A. endilga errores de técnica al recurso extraordinario presentado por la demandante; estima que los cargos se orientaron por la vía directa y en la demostración pretende desestimar los supuestos fácticos de lo decidido por el tribunal.
Los reparos de orden técnico que los opositores formulan a los cargos no tienen la entidad suficiente que impida a la Sala estudiarlos de fondo, toda vez que tanto el alcance de la impugnación como la demostración de las acusaciones permite determinar el petitum de la demanda y la vía seleccionada para el ataque.
Estimó el tribunal que el fallecimiento del trabajador se produjo dentro de la jornada laboral y en el momento en que ejecutaba sus tareas como auditor técnico, supervisando las instalaciones de cable de televisión, pero que esa actividad no era riesgosa para su seguridad personal; que tampoco podía colegirse que el ataque fuera dirigido contra la empresa; aludió al desempeño del trabajador como líder comunitario en un territorio altamente conflictivo que, “puede constituir una explicación razonable del lamentable episodio de violencia, lo que definitivamente sitúa esa muerte en el campo del origen común”.
Es evidente que el alcance dado por el juzgador a las normas acusadas es equivocado, pues lo que la previsión legal de existir una relación de causalidad entre el trabajo y el hecho generador del siniestro no exige la prueba contundente de los móviles de la muerte en mano del asesino del trabajador, puesto que si se encontraba en ejecución de la actividad laboral encomendada y sin haberse acreditado factores externos, ajenos al trabajo, no podía el juzgador hacer conjeturas o buscar los “posibles” móviles.
Así, la controversia se sitúa en el calificativo que le dio el tribunal al siniestro como de origen común, no obstante reconocer que ocurrió durante la jornada laboral cuando el trabajador realizaba labores de la empresa, de donde se deduce que el suceso fue repentino, que sobrevino con ocasión del trabajo y que produjo la muerte del trabajador, lo cual deja en evidencia el desacierto del ad quem al no considerarlo como “accidente de trabajo” y en su lugar darle prevalencia a factores hipotéticos relacionados con la condición de “líder comunitario” del trabajador.
En ese orden, es claro que el tribunal interpretó erróneamente el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, el cual define la referida institución como “todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo”, y no quedan dudas en el caso que se examina, que el siniestro ocurrió, se reitera, dentro de la jornada laboral, en cumplimiento de labores ordenadas por el empleador por lo que los riesgos que se derivan de esas circunstancias quedan comprendidos dentro de la noción de accidente de trabajo.
En un caso similar al aquí examinado, esta Sala en la sentencia del 12 de septiembre de 2006, radicación 27924, expresó:
“Centra el ataque el censor en los artículos 8º y 9º del D.E. 1295 de 1994, únicos preceptos respecto de los cuales precisa la modalidad de violación de la vía directa por la cual los acusa al expresar que lo hace por “una interpretación errónea”, entonces, a ellos circunscribirá su estudio la Corte.
Adicionalmente, no cuestiona el recurso los hechos establecidos por el tribunal, sino el análisis de la situación fáctica que se hizo en la sentencia en una perspectiva jurídica que el impugnante estima equivocada en el entendimiento de la categoría relacional exigida entre el hecho generador del daño y el ámbito laboral para que se entienda configurado el accidente de trabajo.
Las normas acusadas del Decreto 1295 de 1994, son del siguiente tenor:
“ART. 8º—Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.
“ART. 9º—Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte”.
Contesta el recurrente que el tribunal haya entendido que con arreglo al artículo 9º acusado, “para que la causa del daño se haya dado con ocasión del trabajo, es necesario que exista una relación directa entre la labor desempeñada y el daño como tal”. En su criterio, esto implica adicionar un elemento normativo no contenido en el precepto, extraño a la definición que trae de accidente de trabajo.
Los elementos que de acuerdo con la disposición estructuran el accidente de trabajo y que fueron destacados también por el tribunal, son:
1. Que se trate de un suceso repentino; 2. Que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo; y 3. Que el hecho genere un daño al trabajador (una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte).
Del contenido mismo de la definición resulta evidente que debe existir relación entre el percance repentino generador del daño y la prestación del servicio bajo subordinación, bien sea por causa del trabajo o con ocasión de este.
El tribunal estimó que esa relación debía ser directa. Para esta Sala la lectura de la norma que se hace en el fallo gravado, restringe el alcance que debe darse a las expresiones “por causa o con ocasión de trabajo”, pues si bien es evidente que debe existir una íntima relación de causalidad entre el hecho dañoso y el servicio o trabajo desempeñado, esto no significa como lo asentó equivocadamente el tribunal, que la norma exija que dicha relación deba ser directa, siendo aceptado por la jurisprudencia de la Corte que ese nexo de causalidad esté presente “ya en forma directa o inmediata con el oficio desempeñado, ora en forma indirecta o mediata con el mismo” (Sent. oct. 29/2003, rad. 21629)”.
En consecuencia, resultan prósperos los cargos y por tal razón se casará la sentencia impugnada. No se analizará la tercera acusación puesto que tenía el propósito de modificar la fecha de causación de los intereses moratorios impuestos al fondo demandado.
Como consideraciones de instancia, además de las expuestas en casación se debe anotar que al concluirse que el siniestro en el que falleció el señor Reginaldo de Jesús Ávalos Salgar, correspondió a un accidente de trabajo en los términos del artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, se revoca el numeral 1º de la sentencia del a quo en cuanto condenó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. a pagar a los demandantes la pensión de sobrevivientes de conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, para en su lugar, absolverla y condenar a la sociedad Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida a pagar ese derecho de origen profesional a favor de Piedad Estella Betancur Ramírez, quien actúa en su propio nombre y en el de su menor hijo Giovanny Alexander Ávalos Betancur, a partir del 9 de abril de 2002, la cual no podrá ser inferior al salario legal mensual vigente, sin perjuicio de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año y de los incrementos legales anuales; además, la mesada pensional se reconocerá en un 50% para la cónyuge Piedad Estella Betancur Ramírez y el 50% restante para su hijo Giovanny Alexander Ávalos Ramírez hasta tanto subsistan las condiciones que dieron origen al derecho, luego de lo cual la señora Betancur Ramírez, recibirá el 100% de la pensión.
Acerca de la procedencia de los intereses moratorios, se debe precisar que los mismos se hacen exigibles por el retardo o retraso en el pago del beneficio pensional y frente a la fecha de causación esta Sala en la sentencia del 15 de mayo de 2008, radicación 33233, expresó que es desde cuando la obligada recibió la reclamación y teniendo en cuenta el término al que se refiere la Ley 717 de 2001.
Así las cosas el retardo en el pago de la pensión de sobrevivientes se presenta cuando el beneficiario de la prestación efectúa la solicitud de reconocimiento que es cuando la entidad debe proceder a su pago, por lo que en el caso que se examina los intereses moratorios se causaron desde el día 1º de diciembre de 2002, fecha en la que venció el plazo de los dos meses previsto en el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, para que la ARP Colmena reconociera la referida prestación, toda vez que según comunicación del 14 de noviembre de 2002 y en respuesta al “informe individual de accidente de trabajo” del 30 de septiembre del mismo año, además de objetar la “reclamación presentada”, manifestó que no era la obligada a reconocer las “prestaciones económicas a favor de los beneficiarios del señor Ávalos Salgar” (fls. 122 y 123); en ese sentido se revocará el numeral segundo de la sentencia de primer grado en cuanto condenó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. a reconocer y pagar a los demandantes los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para en su lugar condenar a la sociedad Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida a reconocer y pagar el mismo concepto desde el 1º de diciembre de 2002 hasta que sean canceladas las mesadas adeudadas. En lo demás se confirmará.
Sin costas en casación ni en segunda instancia, las de primera instancia a cargo de la empresa Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 10 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por Piedad Estella Betancur Ramírez, quien actúa en su propio nombre y en el de su menor hijo Giovanny Alexander Ávalos Betancur, en el proceso ordinario laboral que los recurrentes le siguen a Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida, Instituto de Seguros Sociales, Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A., Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Santander S.A., Cable Bello Televisión Ltda. y a Lubin Antonio Franco Cardona.
En instancia se revocan los numerales primero y segundo de la sentencia de primer grado, mediante los cuales se condenó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., para en su lugar absolverla y condenar a la sociedad Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida a pagar la pensión de sobrevivientes de origen profesional a favor de Piedad Estella Betancur Ramírez, quien actúa en su propio nombre y en el de su menor hijo Giovanny Alexander Ávalos Betancur, a partir del 9 de abril de 2002, la cual no podrá ser inferior al salario legal mensual vigente, sin perjuicio de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año y de los incrementos legales anuales; la mesada pensional se reconocerá en un 50% para la cónyuge Piedad Estella Betancur Ramírez y el 50% restante para su hijo Giovanny Alenxander Ávalos Betancur, hasta tanto subsistan las condiciones que dieron origen al derecho, luego de lo cual la señora Betancur Ramírez, recibirá el 100% de la pensión.
Igualmente deberá sufragar a los demandantes los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 1º de diciembre de 2002 hasta que sean canceladas las mesadas adeudadas. En lo demás se confirma el fallo del a quo.