Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23931
Timestamp: 2020-04-03 07:00:57
Document Index: 60504229

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 53', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 25', 'Artículo 53']

Sistema HJ - Resolución: AUTO 115/2014
AUTO 115/2014, de 8 de abril
ECLI:ES:TC:2014:115A
Pleno. Auto 115/2014, de 8 de abril de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 7357-2013. Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 7357-2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Voto particular.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 18 de diciembre de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, por el que se da nueva redacción al art. 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía y se introducen en ella los arts. 25 y 53.1 a), y contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013.
2. Por providencia de 14 de enero de 2014 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento de Andalucía, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo se tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso —18 de diciembre de 2013— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, lo que se comunicó a los Presidentes de la Junta de Andalucía y del Parlamento de Andalucía. Por último, también se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. El recurso se publicó en el “Boletín Oficial del Estado”, núm. 15, de 17 de enero de 2014.
3. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el día 22 de enero de 2014, comunicó que la Mesa de la Cámara, en su reunión de 21 de enero, había acordado la personación en este procedimiento y el ofrecimiento de su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. Por escrito registrado el día 24 de enero de 2014 la Letrada de la Junta de Andalucía solicitó que se tuviera por personada a la Junta de Andalucía y la ampliación del plazo para formular el escrito de alegaciones. El 27 de enero de 2014 el Pleno del Tribunal Constitucional acordó incorporar a las actuaciones el escrito de la Letrada, tener por personada a la Junta de Andalucía y prorrogar en ocho días el plazo concedido por la providencia de 14 de enero de 2014, a contar desde el día siguiente al de expiración del plazo ordinario.
5. Por escrito registrado el día 30 de enero de 2014 la Letrada del Parlamento de Andalucía solicitó que se tuviera por personada al Parlamento de Andalucía y la ampliación del plazo para formular el escrito de alegaciones. El 3 de febrero de 2014 el Pleno del Tribunal Constitucional acordó incorporar a las actuaciones el escrito de la Letrada, tener por personado al Parlamento de Andalucía y prorrogar en ocho días el plazo concedido por la providencia de 14 de enero de 2014, a contar desde el día siguiente al de expiración del plazo ordinario.
6. Mediante escrito registrado el día 18 de febrero de 2014 la Letrada de la Junta de Andalucía presentó sus alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, instando mediante otrosí el levantamiento de la suspensión de la disposición impugnada antes de que transcurriera el plazo de cinco meses previstos en la ley.
7. Por escrito registrado el 24 de febrero de 2014 la Letrada del Parlamento de Andalucía presentó alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad.
8. Por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2014 se concedió a las partes un plazo de cinco días para exponer lo que consideraren conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión acordada.
9. Por escrito registrado el día 5 de marzo de 2014 la Letrada de la Junta de Andalucía solicitó de nuevo el levantamiento de la suspensión antes del transcurso del plazo de cinco, reiterando alegaciones similares a las ya formuladas al respecto en el escrito de oposición al recurso.
10. El Abogado del Estado, con fecha 10 de marzo de 2014, evacuó el trámite conferido interesando el mantenimiento de la suspensión, por los motivos que, sintéticamente, se exponen a continuación.
— En último lugar, se alega el impacto sobre la SAREB y la correcta culminación del proceso de restructuración y saneamiento del sistema financiero. Dada la amplitud con la que los deberes de comunicación de datos aparecen configurados en la Ley 4/2013, el elevado volumen de activos gestionados y el hecho de que la SAREB se encuentra todavía en proceso de recabar los datos relativos a los referidos activos, es más que probable que no pudieran satisfacerse todas las exigencias de este orden formuladas por la Administración autonómica. Como la SAREB es actualmente titular de 6.739 viviendas en Andalucía, podría enfrentarse a multas de hasta 57.411.000 €. Además, una parte importante de la cartera de SAREB está constituida por préstamos cuyo colateral está constituido asimismo por viviendas, sin que sea descartable que en un futuro próximo el derecho de crédito se transforme en su garantía como consecuencia de un procedimiento de ejecución. Y por lo que respecta a las obligaciones de comunicación de datos, si bien son costosas tanto para las entidades como para la SAREB, en el caso de esta última se está imponiendo la exigencia de declarar a la Administración autonómica los datos correspondientes al precio de transferencia, que no han sido hecho públicos.
11. La Letrada del Parlamento de Andalucía presentó sus alegaciones, que tuvieron entrada en el Registro General de este Tribunal el 14 de marzo de 2014, interesando el levantamiento de la suspensión que pesa sobre los preceptos impugnados por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación.
a) Una vez expuesta la doctrina constitucional sobre el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión de la normativa autonómica (ATC 123/2013, de 21 de mayo, FJ 2), la Letrada del Parlamento analiza las circunstancias del caso. Afirma que la finalidad de la Ley 4/2013 es lograr la efectividad del principio rector de la política social y económica consagrado en el art. 47 CE, mediante el establecimiento de una serie de medidas para garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada de todas aquellas personas que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y como consecuencia de la crisis, se han quedado sin vivienda, están a punto de quedarse sin ella, por no disponer de los medios económicos necesarios para hacer frente al pago de sus préstamos hipotecarios, o simplemente no pueden acceder a la misma por no poder hacer frente al pago del precio de compra o alquiler (apartados I y II de la exposición de motivos).
Los perjuicios son, además, especialmente graves pues la vivienda es instrumento para la satisfacción de otros derechos fundamentales (como los recogidos en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los arts. 39, 40 y 43 CE y en el art. 10.3.14 del Estatuto de Autonomía para Andalucía: EAAnd) y para el cumplimiento de los principios del Estado social consagrado en el art. 1.1 CE.
b) A continuación procede a un análisis individualizado de las medidas contempladas por la Ley impugnada. El mantenimiento de la suspensión de la eficacia de la disposición adicional primera afectará y perjudicará directamente al colectivo de personas incluidas en su ámbito de aplicación, que además de perder la propiedad de su vivienda habitual por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas serán lanzadas de la vivienda y quedarán en riesgo de exclusión social. Es un daño real y efectivo que, cuando menos, afectará a las ciento cuarenta y cuatro familias cuyas solicitudes se están tramitando, así como a todas las que, aunque no han presentado solicitud todavía, reúnan los requisitos establecidos. Y dado que existe una directa relación entre la tasa de paro (muy alta en Andalucía) y los índices de morosidad, es muy probable que en los próximos meses y años aumente el número de personas que cumplan esos requisitos. Esos daños no se subsanan mediante la aplicación del art. 1 de la Ley 1/2013 del Estado, pues su ámbito de aplicación es más restringido, protege a menos familias y el tiempo de suspensión del lanzamiento es más limitado (dos años desde la entrada en vigor de la Ley) que la duración de la expropiación del uso de vivienda (tres años desde la fecha del lanzamiento).
c) Por el contrario, el alzamiento de la suspensión de la eficacia de los preceptos recurridos no produce los daños que se alegan por el Estado, ni tienen la gravedad y consistencia necesarias para prevalecer sobre la presunción de legitimidad de las disposiciones impugnadas y sobre los intereses públicos y particulares. Sus conclusiones se fundamentan en datos extraídos de los informes del Banco de España para los años 2008, 2009 y 2012; en una carta dirigida al Secretario de Estado del Ministerio de Economía y Competitividad por el Director General Adjunto de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea y en un informe que se atribuye a la SAREB. Sin embargo, ninguno de estos documentos es suficiente para acreditar los graves efectos sobre la política económica general del Estado o la realidad de los daños que se imputan a las disposiciones impugnadas.
d) En todo caso, los perjuicios alegados quedan desvirtuados por los informes aportados en el presente incidente por la Junta de Andalucía junto a su escrito de alegaciones, a los que se remite. La Letrada del Parlamento subraya que las normas impugnadas en ningún caso tienen el impacto negativo que denuncia el Estado, ni sobre la reestructuración del sector bancario, ni sobre la política económica general del Gobierno, ni desde luego sobre la actividad o sobre el valor de los activos de la SAREB. Las normas han estado vigentes durante varios meses del año 2013, primero como consecuencia de la aprobación del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, y después como consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2013, impugnada en el presente recurso de inconstitucionalidad. A pesar de ello, las medidas impugnadas no han producido los daños y perjuicios que alega el Estado. Ha sido precisamente en el segundo semestre de 2013 cuando la prima de riesgo ha bajado considerablemente, cuando ha aumentado la confianza en los mercados, cuando se ha culminado la reestructuración del sector bancario y cuando se ha dado cumplimiento al memorando de entendimiento de julio de 2012. La vigencia de las disposiciones impugnadas tampoco ha afectado a la actividad de la SAREB en Andalucía, ni ha disminuido el valor de sus activos inmobiliarios en esta Comunidad Autónoma. Basándose en los datos de la sociedad de tasación TINSA y del Instituto Nacional de Estadística, el informe aportado como documento núm. 2 por la Junta de Andalucía señala que durante 2013 los precios de la vivienda registrados en Andalucía se han comportado de acuerdo con la media nacional, y que Andalucía ha sido una de las tres Comunidades Autónomas en las que ha aumentado el volumen de operaciones de compraventa de vivienda.
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia del art. 1 [en cuanto que da nueva redacción al art. 1.3 e introduce los arts. 25 y 53.1 a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía)] y la disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, preceptos que se encuentran suspendidos en su aplicación como consecuencia de la invocación de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) al promoverse el recurso de inconstitucionalidad contra dichos preceptos por el Presidente del Gobierno.
2. La Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge los contenidos del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, con algunas modificaciones introducidas en el procedimiento legislativo que se inició tras su convalidación. El recurso del Presidente del Gobierno se dirige exclusivamente contra el art. 1, en cuanto que da nueva redacción al art. 1.3 e introduce los arts. 25 y 53.1 a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, así como contra la disposición adicional primera.
3. El Abogado del Estado, con apoyo en informes del Ministerio de Economía y Competitividad, del Banco de España y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB), sostiene que las medidas propuestas pueden presentar un impacto significativo sobre la situación financiera de las entidades, el crédito hipotecario, el mercado de cédulas hipotecarias y en la adecuada finalización del proceso de reforma financiera. En segundo lugar, rechaza el argumento del daño que se incurriría a las ciento cuarenta y cuatro familias que se han acogido a las medidas andaluzas, pues ello equivaldría a otorgar primacía al mantenimiento de los hechos consumados sobre cualquier argumentación de índole jurídica. Por último, alega que el levantamiento de la suspensión de la norma impugnada supondrá el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España, fundamentalmente del memorando de entendimiento firmado por España el 20 de julio de 2012, en el marco de la ayuda financiera otorgada a nuestro país por la Unión Europea, que está constituyendo la clave para la superación de la crisis del sistema financiero español y que exige comunicar a las instituciones europeas toda medida que se vaya a adoptar y que pueda tener un impacto en la estabilidad financiera. En virtud de todo ello, solicita que este Tribunal acuerde el mantenimiento de la suspensión.
4. Antes de resolver el presente incidente cautelar debemos realizar algunas consideraciones preliminares:
a) La primera consideración preliminar es que este incidente cautelar tiene autonomía respecto al procedimiento principal en el que se debe dilucidar la validez o invalidez de las normas legales recurridas. Una vez producida la suspensión por invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno, el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la eficacia de las disposiciones autonómicas impugnadas constituye una genuina medida procesal cautelar, cuya finalidad consiste en asegurar el objeto litigioso, evitando la producción de datos y perjuicios irreparables o de difícil reparación.
b) La segunda observación se refiere a que una pieza separada de suspensión sobre medidas legislativas muy similares a las del presente incidente ha sido resuelta recientemente por este Tribunal. En efecto, en el ATC 69/2014, de 10 de marzo, relativo al recurso de inconstitucionalidad núm. 6036-2013, nos pronunciamos sobre el mantenimiento de la suspensión de la eficacia de otra normativa autonómica que incluía medidas muy similares a las contenidas en la Ley 4/2013 del Parlamento de Andalucía. En la resolución del presente incidente cautelar aplicaremos el mismo juicio de relevancia de los perjuicios para el interés general que efectuamos en dicha resolución.
5. A continuación este Tribunal debe examinar si los perjuicios que el Abogado del Estado asocia al levantamiento de la suspensión son reales y efectivos y tienen suficiente entidad para prevalecer sobre la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas legales y sobre los menoscabos de intereses públicos y privados que pueden seguirse del mantenimiento de la suspensión, todo ello sin prejuzgar el fondo de la cuestión planteada que no es el objeto de esta pieza de suspensión.
a) En primer lugar, hay que analizar el alegado riesgo para el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero. Aunque ya la doctrina constitucional ha puesto de relieve que se trata de un interés general y público (AATC 12/1987, de 13 de enero; 238/1987, de 26 de febrero; 29/1996, de 30 de enero, y 75/2010, de 30 de junio) distinto de los intereses particulares de las entidades que integran el sector financiero (ATC 123/2013), debemos recordar lo que dijimos en el ATC 69/2014, FJ 5: “en el actual contexto de crisis económica y social el Gobierno del Estado ha hecho de la estabilidad del sistema financiero español uno de los ejes centrales de la política económica general, como lo acredita, junto a varias normas de regulación de las entidades de crédito, el profundo proceso de reestructuración bancaria que ha diseñado y en el que participa activamente mediante la inversión directa de fondos públicos”.
b) En el presente incidente las representaciones procesales de la Junta y del Parlamento de Andalucía han rechazado ciertamente la validez o la suficiencia de los documentos utilizados por el Abogado del Estado para fundamentar los daños alegados. Sin embargo, en el ATC 69/2014 señalamos que, para analizar si las medidas autonómicas son aptas para poner en riesgo el interés público en que consiste la estabilidad del sistema financiero, “hemos de atender de un modo principal a los juicios de las instituciones especializadas en la materia e independientes de las partes, siempre claro está que no sean desvirtuados por otros datos o análisis aportados por quienes pretendan el levantamiento de la suspensión” (FJ 4). Entonces reconocimos valor probatorio a los informes alegados por el Abogado del Estado, en cuanto que “la Comisión Europea, así como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que también han participado en su elaboración, son instituciones especializadas en la materia e independientes de las partes” (FJ 5). También reconocimos valor probatorio a los informes del Banco de España, “sin perjuicio de que podamos separarnos de él si apreciásemos que aparece contrarrestado por otros elementos probatorios” (FJ 6).
c) Por lo que respecta a los perjuicios asociados al mantenimiento de la suspensión, las representaciones procesales de la Junta y del Parlamento de Andalucía han alegado la existencia, en el corto periodo de vigencia de las disposiciones impugnadas, de ciento cuarenta y cuatro solicitudes admitidas a trámite que podrían acceder a la expropiación temporal del uso de la vivienda. También alegan que el colectivo social vulnerable que se puede ver beneficiado por esa medida es potencialmente superior, en especial dada la relación entre morosidad y tasa de paro, que es especialmente alta en Andalucía.
d) En suma, procede reiterar la misma conclusión que extrajimos en el ATC 69/2014, FJ 10, en el cual afirmamos que “[l]os razonamientos expuestos permiten concluir que en la ponderación de los intereses en presencia, y subrayando la especial relevancia de la medida de política económica general de estabilidad del sistema financiero, que tiene un indudable interés público prevalente, y la proyección de esta materia en el contexto internacional, apreciemos que debe mantenerse la suspensión de los preceptos impugnados, sin que la medida adoptada implique, en este caso concreto, un relevante menoscabo del resto de los intereses en presencia”.
1. Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, la Magistrada doña Encarnación Roca Trías y los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos, respecto del Auto dictado en el recurso de inconstitucional núm. 7357-2013.
Andalucía. Derecho a la vivienda. Función social de la vivienda. Suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas: mantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, ponderación de perjuicios. Voto particular, formulado uno.
Artículo 1.3 (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre)
Artículo 53.1 a)
Artículo 1.3 (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre), ff. 1, 2, VP
Artículo 1.3, f. 1, VP
Artículo 25, ff. 1, 2, VP
Artículo 53.1 a), ff. 1, 2, VP
Derecho a la viviendaDerecho a la vivienda, ff. 1, 2, 5, 7
Mantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasMantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, ff. 3 a 5, VP
Ponderación de perjuiciosPonderación de perjuicios, ff. 1, 2, 5, 7
Función social de la viviendaFunción social de la vivienda, ff. 1, 2, 5, 7