Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321223L.html
Timestamp: 2019-03-24 23:28:47
Document Index: 175377370

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 90', 'artículo 228', 'artículo 196', 'artículo 239', 'artículo 228', 'artículo 15', 'artículo 8']

as201321223L
Auto Supremo: Nº 223
Expediente: SC-47-08-S
Proceso: Doble sobre ruptura unilateral y división y partición de bienes.
Partes: Eduardo Córdova Alvarado c/ Matilde Méndez Villarroel.
1.- El recurso de casación en la forma interpuesto por Eduardo Córdova Alvarado, contra el Auto de Vista Nº 522 de 7 de noviembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre ruptura unilateral y división y partición de bienes, seguido por el recurrente en contra de Matilde Méndez Villarroel, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 318 a 322 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido y de Sentencia de Montero, provincia O. Santisteban y Warnes del departamento de Santa Cruz, se declaró probada la demanda principal y por consiguiente se reconoce la ruptura unilateral o separación de la unión libre y de hecho y la ganancialidad del bien inmueble reclamado, y probada en parte la reconvencional solo en cuanto a la existencia de otros bienes gananciales e improbada en cuanto a que la relación hubiera sido irregular y el reconocimiento como bien propio del inmueble de la Av. Circunvalación de la ciudad de Montero, zona sud UV.4 y declara disuelta la unión concubinaria que unía a Eduardo Córdova Alvarado con Matilde Méndez Villarroel, y finalmente detalla los bienes y pasivos a dividirse.
Que, en grado de apelación, interpuesto por Eduardo Córdova Alvarado, de fojas 327 a 328 vuelta, y por Matilde Méndez Villarroel, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 578 de 7 de noviembre de 2007, de fojas 387 y vuelta, anula la sentencia.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 391 a 392, Eduardo Córdova Alvarado, interpuso recurso de casación en la forma que se compendia a continuación.
3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:
1º.- Acusa que en el Auto de Vista se ha incurrido en error al identificar el proceso como sumario cuando es en realidad ordinario.
2º.- Que, la adhesión a la apelación no es un recurso independiente ya que emerge de otro recurso de apelación y que dicho recurso de adhesión a la apelación habría sido presentado fuera de plazo, concretamente a los 18 días de notificado con el recurso de alzada por lo que se habría transgredido el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil al haber anulado la sentencia con base a una adhesión de apelación planteado fuera de plazo.
Las formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues su objetivo final está orientado a precautelar el derecho de defensa en juicio como elemento del debido proceso. Por ello, si bien es cierto que el cumplimiento de las normas procesales es escrupuloso respeto a las formas instituidas es de orden público, por mandato del artículo 90 del Código de procedimiento Civil, no es menos evidente que el quebranto de dichas normas se sanciona con nulidad solamente por vía de excepción.
Evidentemente el Tribunal ad quem ha incurrido en error al identificar el proceso como sumario cuando se trata de un proceso ordinario; sin embargo se trata de un error que no tiene ninguna transcendencia pues está claro que el Tribunal ad quem ha emitido fallo en la causa en examen y no en otra, razón por la cual dicho error de identificación no afecta la validez del fallo impugnado.
Con relación a la violación del artículo 228 del Código Civil.- En reiterados fallos, verbi gratia el A.S. Nº 236 de 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, de manera que si el recurrente no ha procedido de esa manera el recurso debe ser declarado infundado.
En el caso en examen el recurrente no ha reclamado ante el Tribunal ad quem pronunciamiento respecto del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual dicha norma no ha sido aplicada en el fallo de segunda instancia. A esto debe añadirse que el Tribunal ad quem dispuso la nulidad de la sentencia en cumplimiento del deber de fiscalización que imponía el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada, cuya competencia para la revisión de todo el trámite del proceso y de la sentencia en su integridad, prevista por la norma precitada, estuvo aperturada ya con la sola apelación del demandante.
En mérito de las consideraciones precedentes, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fojas 391 a 392, interpuesto por Eduardo Córdova Alvarado, con costas.
Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.
Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani únicamente con respecto a su fundamentación argumentativa, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.
Libro Tomas de Razón 223/2013