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Timestamp: 2019-06-26 06:01:07
Document Index: 357348354

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 89', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 2', 'Artículo 149', 'Artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 89', 'Artículo 2']

Las limitaciones constitucionales de la función jurisdiccional de las autoridades campesinas y nativas dentro del Estado peruano desde un enfoque jurídico-analítico - IUS 360
Las limitaciones constitucionales de la función jurisdiccional de las autoridades campesinas y nativas dentro del Estado peruano desde un enfoque jurídico-analítico
Por Omar Enrique Salas Camacho*
El desarrollo de la justicia comunal en los estados latinoamericanos y sobretodo en el Perú ha sido bastante problemático. Esto se debe principalmente a la vaguedad de la regulación constitucional que existe sobre el tema. En la Constitución Política del Perú, específicamente, esta se encuentra regulada en su artículo 149[1], siendo esta prácticamente un calco de la regulación hecha por la OIT en su convenio 169[2]. El problema radica en conocer los alcances de los límites que se le imponen a esta función jurisdiccional. El texto constitucional peruano establece que esta función será realizada siempre y cuando no viole “derechos fundamentales” Pareciera que este límite es bastante preciso; sin embargo, el mismo concepto de derechos fundamentales genera diversos tipos de complicaciones. Las interpretaciones hechas por la comunidad jurídica peruana, las consideramos insuficientes para establecer las limitaciones que deben fijarse a la función jurisdiccional comunal. En este trabajo se buscará realizar una interpretación que respete, en la mayor medida de lo posible, el texto constitucional en su conjunto.
Distinción entre disposición normativa y norma jurídica.
Uno de los conceptos que se debe dejar en claro desde el comienzo de este trabajo es el de disposición normativa y norma jurídica. Para entender esta distinción es preciso citar a Guastini. El autor entiende por disposición normativa, al texto que contiene, por sí solo o en conjunto, a las normas jurídicas. Para extraer tales normas jurídicas, es necesaria la labor interpretativa del juez o jurista. La norma jurídica es el producto de tal interpretación, la cual es una prescripción de carácter general que prohíbe, obliga o permite a las personas, vinculadas a un ordenamiento jurídico especifico, realizar determinadas conductasad[3].
El Derecho desde un enfoque realista-analítico
Para interpretar textos jurídicos, se presupone en el intérprete ciertas concepciones o posiciones ideológicas con respecto a ciertos términos. El más importante de ellos es el de Derecho. En este trabajo nos adscribimos a la concepción ontológica jurídica de Guastini, planteada desde un enfoque realista-analítico. Para el autor, el derecho es un conjunto de normas jurídicas vigentes. Debemos entender que se refiere a normas jurídicas y no disposiciones normativas porque el derecho es un producto ya interpretado y no por interpretarse que prescribirá ciertas conductas. El conjunto de disposiciones normativas se refiere al concepto de fuentes del derecho. El autor se refiere a la característica esencial de “vigentes” en el sentido que, para ser considerado derecho, debe existir cierta regularidad de uso de tal interpretación por parte de los juzgados.
Todo esto se debe a que el derecho, al ser un producto de interpretación de textos normativos, se entiende que tiene un margen de equivocidad, pues en la misma naturaleza del lenguaje se encuentra la equivocidad como característica esencial de este. Por ello cabe la posibilidad de infinidad de interpretaciones que se desprende de los mismos textos normativos. Estas normas jurídicas al prescribir ciertas conductas, deben ser determinadas de manera que puedan ser conocidas por todos los sujetos a los cuales vincula. En tal sentido, el juez es el encargado de tal labor, él será el encargado, a través de sus sentencias, de establecer qué normas jurídicas son las regularmente escogidas al momento de interpretar un texto normativo[4]
Los Derechos Fundamentales desde un enfoque analítico.
Robert Alexy explica que los derechos fundamentales pueden ser entendidos de tres formas interrelacionadas pero que son ontológicamente distintas. Y estas son las siguientes:
Como enunciado normativo fundamental: Alexy menciona que la distinción entre disposición normativa y norma jurídica es esencial también al momento de analizar el concepto de Derechos Fundamentales. El enunciado normativo fundamental es el texto constitucional que contiene a la norma jurídica fundamental que será obtenida mediante la interpretación del texto.
Como norma jurídica de derecho fundamental: esta es la prescripción específica que se obtiene mediante la interpretación del enunciado normativo fundamental y que establecerá los derechos subjetivos de los sujetos activos de la relación jurídica y las obligaciones de los sujetos pasivos.
Como derecho subjetivo fundamental: este es el sentido normalmente utilizado cuando hablamos de derechos fundamentales. el derecho subjetivo fundamental es la situación jurídica activa que tiene el individuo otorgada por la prescripción que nace de la interpretación del enunciado normativo fundamental[5]
El Perú como país pluricultural
El Estado peruano se reconoce a sí mismo como pluricultural, esto quiere decir que dentro del territorio nacional existen y se respetan distintas culturas que han permanecido o se han incorporado a nuestra nación a lo largo de los años. El reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad la encontramos en el artículo 2.19 de la CPP[6]. El Estado peruano, dentro de esta pluriculturalidad, ha reconocido la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas en el artículo 89 de la Constitución[7].
Una consecuencia necesaria del reconocimiento de la pluriculturalidad es la aceptación de distintas formas de sistemas jurídicos, esta como una expresión fundamental de la cultura de una sociedad. En los países latinoamericanos, debido a la fusión cultural, la presencia de distintos sistemas jurídicos dentro de un territorio nacional es algo usual. Y el Perú no es una excepción. Debido a esto, el Estado peruano, dentro de un modelo de Estado Constitucional y Democrático de Derecho, ha reconocido función jurisdiccional a las autoridades campesinas y nativas, así como también a las rondas campesinas. Sin embargo, esta función delegada a estas autoridades tiene como límite los derechos fundamentales, lo cual analizaremos a continuación.
Límites a la función jurisdiccional de las autoridades campesinas y nativas
El artículo 149 nos habla que las autoridades comunales y nativas tienen función jurisdiccional dentro del ámbito territorial de la comunidad y en aplicación a su derecho consuetudinario, sin que estos violen los “derechos fundamentales”. Como hemos visto el término “derechos fundamentales” se puede entender de tres formas distintas. Dentro del ordenamiento jurídico peruano existe el principio de constitucionalidad. Este obliga al intérprete a elegir la interpretación menos lesiva a los distintos fines y principios trazados en la constitución en el caso de múltiples interpretaciones de un texto constitucional. Dicho esto pasaremos a analizar la interpretación más acorde a tales fines y principios:
Si entendemos al término “derechos fundamentales” como derechos subjetivos fundamentales reconocidos por el Estado, ya supone una labor interpretativa. Es importante recalcar que la interpretación al ser una labor volitiva y no de conocimiento, se entiende entonces que dentro de tal interpretación estará inmersa la ideología y cultura del intérprete. Por lo que si el artículo 149 se refiere a derechos subjetivos específicos la limitación ya estará impuesta por la cultura del intérprete. En este caso, la interpretación vinculante que designaran los derechos subjetivos a las personas que pertenecen a la comunidad campesina y nativa serán las jueces de todo el aparato jurisdiccional estatal. Serían los derechos subjetivos que han sido establecidos por las normas jurídicas vigentes dentro del ordenamiento jurídico nacional. Esto generaría una violación al principio democrático, pues tales interpretaciones serian impuestas desde una mirada occidentalizada a realidades no occidentales como es el caso de las comunidades campesinas y nativas, dejando sin un marco real de acción para la administración de justicia a las autoridades campesinas, pues como se ve en la mayoría de casos, las decisiones jurisdiccionales hacen referencia a los alcances de los derechos fundamentales entendidos desde una perspectiva occidentalizada.
Si entendemos el término “derechos fundamentales” como norma jurídica de derecho fundamental reconocida por el Estado se le puede hacer la misma crítica que se hizo al punto anterior, pues el derecho subjetivo es otorgado por el ordenamiento jurídico que es establecido por las normas jurídicas. Ya supone una interpretación específica que violaría el principio democrático.
Si entendemos el término como enunciado de derecho fundamental, no supondría una interpretación en específico. El límite impuesto por la constitución a las autoridades comunales seria el texto constitucional que estaría rellenado por el sentido que le den tales autoridades, y ya no por las interpretaciones realizadas por los juzgados estatales, como ocurre si entendemos al término “derechos fundamentales” como norma de derecho fundamental o como derecho subjetivo fundamental. Esta interpretación permite una real capacidad de administrar justicia, pues las autoridades no estarían bajo una específica interpretación, sino que ellos estarían facultados para interpretar el mismo texto constitucional. Es importante hacer hincapié que con esta interpretación, no queremos decir que las personas pertenecientes a la comunidad campesina o nativa no estén vinculados por normas o derechos subjetivos fundamentales. En efecto, si están vinculados por normas y derechos subjetivos fundamentales que se desprenden del enunciado normativo de derecho fundamental, pero no por las mismas normas o derechos que estaría una persona de la capital. El límite estaría referido al tenor literal de los enunciados de derecho fundamental.
Un ejemplo esclarecería mejor este conjunto de ideas. Se da el caso hipotético en que dentro de una comunidad X, en donde entienden integridad como la unidad del cuerpo del individuo, Pepito roba una cabra y la autoridad comunal decide que pepito merece 20 latigazos (una sanción basada en su derecho consuetudinario, necesariamente conocida por Pepito).Si entendemos al artículo 149 como normas de derecho fundamental y derecho subjetivo fundamental, esto sería inconcebible, pues nuestro derecho vigente en el aparato de justicia estatal no permite tal acción pues se estaría violando el derecho fundamental a la integridad(reconocido en el artículo 2.1) [8], esta entendida como la no trasgresión física ni psicológica del individuo. Sin embargo si entendemos al artículo como enunciados de derecho fundamental, no estaríamos violando ningún derecho fundamental porque el normal entendimiento de integridad dentro de tal comunidad es el no cercenamiento de ninguna parte del cuerpo.
Otro punto que es necesario explicar es el límite del tenor literal del texto constitucional. La autoridad comunal no puede salirse de esto. Consideramos este límite como suficiente pues, la función jurisdiccional no cometería “excesos” como el otorgar una pena de muerte a una de las personas dentro de la comunidad pues dentro de los enunciados normativos de derecho fundamental se encuentra el que menciona “todas las personas tienen derecho a la vida”. No se puede interpretar “vida” como “no vida”.
Conflicto entre las interpretaciones constitucionales entre la autoridad comunal y los órganos judiciales
Luego de todo cabe preguntar ¿Cómo el órgano judicial estatal solucionaría un caso en el que el demandante afirma que la autoridad comunal ha violado sus derechos fundamentales a través de una decisión jurisdiccional?
Considero que los jueces estarían limitados a cerciorarse, de que, en efecto, tal decisión jurisdiccional se basó en la idea que se tiene dentro de esa comunidad del contenido de los textos constitucionales. Se requeriría la necesaria presencia de peritos sociológicos y antropológicos que otorguen medios de prueba que permitan al juez decidir si en efecto se violó tal idea que se tiene del texto constitucional o no.
Concluimos que para lograr alcanzar un desarrollo óptimo de la democracia y defensa de la pluriculturalidad del país es necesario el respeto por las formas principales en que la cultura se manifiesta. Una de estas formas principales es el Derecho. Sin un verdadero respeto, por parte del Estado, por las formas de regular las relaciones de convivencia dentro de una sociedad no se puede garantizar un Estado Constitucional Democrático de Derecho. La interpretación propuesta permite el desarrollo y la protección adecuada de dicha expresión cultural, respetando a la vez el texto constitucional. Consideramos este último punto algo esencial, ya que normalmente se intenta argumentar la existencia de la justicia comunal, a través de su eficacia. Lo cual, si bien es cierto, esto no explica porque está permitido dentro de la Constitución Política del Perú. Esta interpretación busca también explicar porque está permitido y cuáles son los límites establecidas por nuestra constitución.
Imagen obtenida de: https://bit.ly/2HAB91w
*Estudiante de 3er año de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro principal del Taller de Derecho Constitucional (TDC).
[1] Artículo 149 de la Constitución política del Perú “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
[2] Artículo 8 del convenio 169 de la OIT “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.”
[3] GUASTINI,Riccardo. Fuentes del Derecho. Fundamentos teóricos. (traducido por Moreno.C y Cárdenas,L.). Lima: Editorial científica peruana. 2015.(pp.85-93).
[4] GUASTINI, Riccardo. Teoría Analítica del Derecho. (traducido por Moreno,C.) Puno: Zela. 2017.(pp. 69-74)
[5] ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 1993. (pp.62-80)
[6] Artículo 2.19 de la Constitución Política del Perú “Toda persona tiene derecho A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad”
[7] Artículo 89 de la Constitución Política del Perú “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.”
[8] Artículo 2.1 de la Constitución Política del Perú “Toda persona tiene derecho a a vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.”
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