Source: https://laaldeadetauro.blogspot.com/search/label/Fiesta
Timestamp: 2017-04-30 12:51:06
Document Index: 388689471

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 143', 'artículo 149', 'artículo 155']

La Aldea de Tauro: Fiesta
Quizás en esta ocasión les esté presentando algo en lo que la Fiesta aparente ser un tema marginal, pero mi (de) formación profesional me invita y diría, me obliga a expresar, con las limitaciones que me impone el escaso conocimiento que tengo de la legislación y de la operación del sistema jurídico español, pero su coincidencia con el nuestro, en cuanto a su común origen romano – germánico, me da las bases para poder intentar interpretar el sentido de algunos textos legales que considero que la reforma antes aludida pasa por alto. Me faltaría también conocer el sentido de la interpretación que de esa legislación ha hecho la Jurisprudencia, pero creo que no se puede apartar mucho de lo que la recta razón y el sentido de la propia Ley nos puede indicar, así que espero que esto les resulte de interés, a pesar de su extensión y del lenguaje técnico que por momentos pudiera utilizar.
Este carácter fundamental que concede a la constitución la nota de ley suprema del Estado, supone que todo el ordenamiento jurídico se encuentra condicionado por las normas constitucionales, y que ninguna autoridad estatal tiene más poderes que los que le reconoce la constitución, pues de ella depende la legitimidad de todo el sistema de normas e instituciones que componen aquél ordenamiento.Eso significa que cualquier disposición jurídica emitida en el ámbito del Estado deberá sujetarse al texto, al espíritu y al mandato de la ley fundamental y cualquiera que la contradiga en alguno de esos sentidos, necesariamente deberá ser dejada sin efecto, en tanto no se ajuste a lo que ese texto legal supremo prescribe.
• Derecho a la libertad, justicia e igualdad (Art. 1º)• Unidad del Estado y la Autonomía de las nacionalidades y las regiones (Art.2º)• La sujeción de ciudadanos y autoridades a la Constitución y a las leyes (Art. 9º)• El deber de las autoridades de promover las condiciones para la libertad y la igualdad de las personas (Art. 9º)• La inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas (Art. 10º)• Derecho a la libertad ideológica y religiosa (Art. 16º)• Derecho a la libre difusión del pensamiento y a la libre creación artística, mismo que no puede ser restringido de ninguna manera (Art. 20º)• Derecho a la libre asociación (Art. 20º)• Derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24º)• Derecho y deber de defender a España (Art. 30º)• Derecho al libre acceso a la cultura (Art. 44º)• Derecho y deber de disfrutar y conservar el medio ambiente (Art. 45º)• Derecho y deber de conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, bajo pena de sanción penal cuando se atente contra ellos (Art. 46º)Como podemos ver, de la selección que aquí les presento, resulta una serie de cuestiones que se pueden aplicar al problema del ya llamado 28 – J y que son, desde mi punto de vista, los que realmente merecen ser atendidos, más que la visita a Ministros y Presidentes, los que insisto, solamente expresarán su solidaridad, pero en momento alguno harán algo efectivo para solucionar el problema, porque la corrección política así se los aconseja.
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Esa es la definición contenida en el artículo 2º de la referida Convención y que a su vez se sustenta también en una recomendación de la Asamblea General de la propia UNESCO, del 15 de noviembre de 1989, titulada como Recomendación sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular, en la que se define como Cultura Popular lo siguiente:
La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. De los dos párrafos transcritos podemos desprender la validez de la definición de la Fiesta como Cultura, pues es indudable que es una expresión reconocida por el pueblo de España – y por muchos otros pueblos herederos suyos también – como inherente a su historia y a su identidad, que tiene sus particulares espacios de expresión, es recreado constantemente y sus normas y tradiciones se transmiten oralmente y por otros medios.
Por eso, la aprobación de la reforma a la Ley de Protección a los Animales de Cataluña del 28 de julio pasado, deviene, a mi juicio, en una violación directa diversos a los derechos fundamentales descritos arriba: • Al contenido en el artículo 20º, referido a la libre creación artística, dado que con la prohibición de celebrar festejos taurinos en la Comunidad Catalana, se impide esa forma de creación. • Al contenido en el artículo 44º, dado que se impide a los que ejercen la tauromaquia el expresarse en su actividad cultural y de igual manera, a los que disfrutamos de esa clase expresión artística, el apreciarla. Ejecutantes y diletantes tenemos el derecho fundamental a ello y eso deriva del propio texto de la Constitución. • Al contenido en el artículo 46º, al permitir el expolio de una parte del patrimonio cultural inmaterial del pueblo de España.• Por vía de consecuencia se violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 9º y 10º de la propia Ley Fundamental, pues al impedir el goce de los dos derechos anteriores, se restringe la posibilidad de gozar de los derechos de igualdad y el Estado falta a su deber de facilitar las condiciones a los ciudadanos para acceder a la libertad y a la igualdad, así como falta a su deber de garantizar la inviolabilidad de los derechos fundamentales.Debo insistir que esta interpretación la hago exclusivamente a partir de la letra de la ley, que me falta el acceso a una base sistematizada de datos con los criterios de los Tribunales Españoles acerca de estas materias, pero también reitero que la recta interpretación de los textos legales no puede ser muy diferente de lo que esas instancias jurisdiccionales pudieran haber resuelto, a menos de que en lugar de hacer justicia, a esos Tribunales les hubiera dado por hacer ciencia.
La supremacía de la constitución es el principio angular de todo sistema de gobierno. La constitución debe ser la norma suprema de conducta para todos los poderes y de todos los funcionarios. A ella deben ajustar sus actos todos, de suerte que antes de decidirlos deben cerciorarse de que están apegados a la ley suprema… La defensa de la constitución debe levantarse frente a los poderes públicos, cuyas limitaciones son el objeto de la propia constitución.Así pues, en defensa de su supremacía, se deben de reclamar jurisdiccionalmente las violaciones que le representa la reforma del pasado 28 de julio al artículo 6º de la Ley de Protección a los Animales de la Generalitat de Cataluña.
Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.Sentado ya que la Fiesta de los Toros es en términos de Ley una expresión Cultural, resulta que es, por mandato constitucional, deber y atribución esencial del Estado y aunque en los términos del propio texto fundamental éste ha transferido competencias a las Comunidades Autónomas (BOE 24 de diciembre de 1992), el Estado Español se reservó expresamente la facultad de dictar las normas que regulen los espectáculos taurinos (Art. 8º de la Ley Orgánica 9/1992 de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución). En ese sentido, y teniendo en cuenta la reserva expresa que contiene esa disposición, la reforma es contraria al inciso 1º del artículo 149 de la misma Constitución, que deja en exclusiva al Estado la regulación las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
La regulación es la búsqueda del equilibrio… entre el concepto de libertad y el de seguridad. Por tanto, el regulador se halla en el centro de una actividad o transacción: busca el equilibrio; da seguridad y limita los riesgos entre los diferentes actores.Entonces, aunque las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de las Autonomías no estén en la parte dogmática de la Constitución, resulta que al dejarse de observar en perjuicio de la ciudadanía cuando se prohíbe algo – en este caso, la celebración de festejos taurinos –, devienen violaciones a otros derechos fundamentales, mismos que pueden ser reclamados jurisdiccionalmente.
El artículo 155º de la misma Constitución le impone al Estado el deber de exigir a las Comunidades Autónomas la observancia del texto fundamental y le proporciona los lineamientos fundamentales para llegar, hasta al capítulo de la ejecución forzada, en caso necesario, con la intervención del Senado. Y es que el Estado tiene que velar por una cuestión importante, trascendente, que está plasmada en el numeral 139º de la Ley Máxima, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio español. La paradoja aquí estriba en que los españoles de Cataluña, al menos en teoría, ya no tendrán, a partir de 2012, el derecho de asistir a los toros si les place, debido a una arbitraria decisión de su Parlamento.
De allí que haya, desde mi punto de vista, violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos individualmente considerados y de los estamentos taurinos en su carácter de colectivos profesionales y en esa tesitura, indudablemente que deberán tener expedita la vía jurisdiccional para reclamar el ataque a esos derechos básicos que les asisten, en un caso por el mero hecho de ser personas y en el otro, por el hecho de dedicarse a una actividad determinada. Por eso afirmo que el camino que han escogido los purpurados seguramente les dará lucimiento momentáneo y publicidad gratuita, pero creo que ningún resultado tangible. Lo que deberían estar haciendo ellos y los demás que tienen intereses en esta Fiesta, es empezar a buscar a un jurista que postule su causa en el Tribunal que corresponda. Y si les gusta la política, pues a iniciar el cabildeo indispensable para encontrar a los 50 senadores – los que tienen una Asociación Taurina y ésta una bitácora – que hagan el pool que vaya al Constitucional a iniciar también la causa allí y a exigir el respeto al derecho que todos los ciudadanos tienen a la justicia pronta y expedita, haciendo caso omiso de lo que dijo en la tele Federico Arnás el pasado 31 de agosto, en el sentido que aunque se ganara el caso en los tribunales, sería una victoria pírrica, pues la resolución saldría cuando la Monumental de Barcelona tuviera muchos años cerrada. ¿O será esa la posición de los dueños de TVE?