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Asesores Legales y Tributarios CIALT Abogados | General
12 noviembre, 2014 /0 Comentarios/en General Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
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PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO: Cuándo y cómo afectará a las empresas que tratan datos de carácter personal
15 septiembre, 2014 /0 Comentarios/en Derecho Mercantil, General, Protección de datos, Tecnologías de la informacion y comunicacion Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y su implantación en casi todas las esferas de la vida cotidiana (tanto económica o empresarial como social) han generado grandes retos para la protección de los datos de carácter personal. En este contexto, la Comisión Europea consideró necesario establecer un marco normativo más sólido y coherente con los últimos avances tecnológicos (cloud computing, redes sociales, smartphones, etc.) y presentó una propuesta legislativa dirigida a reformar la regulación aplicable a la protección de datos en Europa, siendo uno de los pilares fundamentales la “Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos” de fecha 25 de enero de 2012 (en adelante, la “Propuesta de Reglamento”).
Sin ánimo de entrar en el análisis del complejo y extenso procedimiento legislativo en la UE, nos limitaremos a destacar que, previsiblemente, la Propuesta de Reglamento será objeto de aprobación definitiva a finales de este año 2014 o, como máximo, principios de 2015. Pero, siendo una norma de origen comunitario ¿cuándo resultará exigible su cumplimiento a las empresas españolas? Y, ¿Cuáles serán las novedades fundamentales? A continuación incluimos unos breves comentarios al objeto de dar respuesta a las citadas cuestiones:
1. ¿Cuándo habrá que cumplir el contenido de la Propuesta de Reglamento?
Una vez aprobado, a finales de 2014 o principios de 2015 tal y como adelantábamos, el Reglamento será de aplicación directa en todos los Estados de la Unión Europea a los dos (2) años de su entrada en vigor, la cual, se producirá el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Es decir, no será necesaria la aprobación de ninguna norma de carácter nacional, ni la publicación del Reglamento en el BOE, para que el mismo resulte plenamente exigible en España.
2. ¿Qué empresas se verán afectadas?
Todas las empresas que traten datos de carácter personal y dispongan de un establecimiento en un Estado miembro deberán cumplir el Reglamento, aunque las operaciones materiales de tratamiento de la información se lleven a cabo fuera de la Unión Europea.
Del mismo modo, y esta es la novedad principal, las empresas no establecidas en Europa se verán obligadas a adecuarse a dicho Reglamento cuando traten datos personales de personas residentes en la UE en el ejercicio de actividades relacionadas con la oferta de bienes o servicios a tales sujetos.
3. ¿Cuáles serán las principales novedades?
A continuación se enumeran brevemente algunas de las novedades más significativas del Reglamento respecto de la normativa actual:
Nombramiento del Delegado de Protección de Datos – DPO (Data Protection Officer).
A pesar de que se trata de una obligación inexistente en nuestra legislación actual, de facto, las grandes empresas ya cuentan con figuras similares al denominado “Data Protection Officer”. Será a partir de la fecha en que resulte aplicable el Reglamento, cuando existirá la obligación legal de designar un Delegado de Protección de Datos en los siguientes supuestos:
– Tratamiento de datos de más de 5.000 personas durante 12 meses consecutivos.
– Tratamiento de categorías especiales de datos como, por ejemplo, los relativos a la salud.
– Tratamiento de datos de localización.
– Tratamiento que consista en la monitorización del interesado (ej. navegación);
– Tratamiento de datos de menores y empleados a gran escala.
Deber de información y consentimiento.
La información que sobre el tratamiento de sus datos han de proporcionar los responsables a las personas afectadas, deberá ser más extensa, clara y comprensible. En esta línea, se deberá proporcionar información sobre la identidad y datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.
Asimismo, destaca la inclusión del “interés legítimo” como supuesto legitimador para el tratamiento de datos, que en la LOPD se recoge con el requisito adicional de que los datos figuren en Fuentes Accesibles al Público. Pese a la anulación del Artículo 10.2.b) del Reglamento de la LOPD, el citado requisito sigue existiendo en la LOPD, pero el mismo debe interpretarse conforme a la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de noviembre de 2011 (aplicada en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de febrero de 2012). Es decir, realizando en cada caso concreto una ponderación entre el interés del Responsable del Tratamiento y los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, con el fin de determinar cuál prevalece atendiendo a las circunstancias concurrentes.
La Propuesta de Reglamento no detalla los niveles ni las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos de datos, tal y como hace la normativa española. De forma que, la obligación actual de implementar medidas concretas en función de la tipología de datos se sustituirá por la necesidad de una “evaluación de riesgos” para determinar las medidas a adoptar.
Sera obligatorio realizar una auditoría bienal no solo de las medidas de seguridad, sino, del conjunto de obligaciones relacionadas con la protección de datos.
Deber de notificación de incidencias (Data Breach).
Será obligatorio notificar sin demora injustificada a las Autoridades de Control las incidencias que puedan afectar a la seguridad de los datos y, con carácter general, deberán comunicarse también a los afectados.
Sello Europeo de Protección de Datos.
Las empresas podrán solicitarlo a las Autoridades de Control que lo otorgarán mediante un proceso previo de certificación realizado por profesionales acreditados. Se podrán certificar tratamientos concretos (no el conjunto de tratamientos de una compañía) y su vigencia será de 5 años.
Es preciso destacar las ventajas que la obtención del Sello Europeo podrá tener en materia sancionadora, ya que, si se dispone del mismo la sanción económica por incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento (debemos entender que en relación con el tratamiento certificado y no otros realizados por el mismo responsable) solo podrá ser impuesta en los casos de incumplimiento intencionado o negligente.
Desaparece la graduación de sanciones (leve, grave y muy grave). Las multas podrán llegar hasta 100.000.000€, o bien, el 5% del volumen de negocios mundial (si es superior a esos 100 millones).
En nuestra opinión, si bien el contenido del Reglamento no puede calificarse de “revolucionario” en la materia, sí obligará a todas las entidades, públicas y privadas, a hacer un esfuerzo de adaptación real y no meramente conceptual o técnica. Por ejemplo, integrando en sus estructuras la figura del Delegado de Protección de Datos, revisando los supuestos legitimadores de sus tratamientos de datos, realizando la “evaluación de riesgos” con el objetivo de redefinir su riesgo en protección de datos, etc.
16 julio, 2014 /0 Comentarios/en General Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
El derecho de imagen es aquel derecho, que ostentan las personas físicas, a difundir y publicar su propia imagen, así como a evitar la reproducción de la misma frente a terceros. Se trata de un derecho fundamental, recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y desarrollado por Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.
Según se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, este derecho se caracteriza por ser un derecho personalísimo y de carácter patrimonial sobre un bien inmaterial -la imagen-, que puede ser válidamente transmitido a terceros.
Al tratarse de un derecho personalísimo, cuando el mismo es objeto de transmisión a terceros, no existe una transmisión de su titularidad, sino que se produce una cesión del derecho a la explotación de la imagen de la persona. Asimismo, debido a su carácter patrimonial, en el contrato de cesión de derechos se pactará la contraprestación que percibirá el cedente como consecuencia de la cesión de estos derechos.
En el ámbito fiscal, en concreto en el IRPF, las rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen, dependiendo de la forma de cesión y de la relación con el cedente, pueden ser consideradas como rendimientos del capital mobiliario, de actividades económicas o imputación de rentas1.
El artículo 25.4.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, LIRPF) recoge lo siguiente:
“4. Otros rendimientos del capital mobiliario:
d) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica.”
Por lo tanto, los rendimientos procedentes de la cesión del derecho de imagen se califican como rendimientos de capital mobiliario, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica. En ese caso, nos encontraríamos ante rendimientos de actividades económicas.
La LIRPF recoge los rendimientos de actividades económicas en el artículo 27.1:
“1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”
De este modo, si el titular del derecho de imagen lleva a cabo la explotación económica de su derecho de imagen, por su cuenta y riesgo, las rentas que obtenga serán gravadas como rendimientos de actividades económicas.
Aunque la jurisprudencia relativa al tratamiento de estas rentas es muy abundante, en el presente artículo nos centraremos en el análisis de las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 (nº rec.: 3278/2009) y 28 de febrero de 2013 (nº rec.: 2773/2010), relativas a la cesión de derechos de imagen de futbolistas profesionales.
Ambas sentencias analizan el tratamiento de las actividades publicitarias, promocionales y de marketing que se comprometen a realizar dichos futbolistas en los contratos de cesión pertinentes.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 confirma los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del TEAC anteriores sobre este expediente2, afirmando lo siguiente:
“3) De las propias cláusulas de los contratos deriva que estamos ante actividades que exceden con mucho de los simples derechos de imagen.
En efecto, esas actividades publicitarias, de asesoramiento y otras complementarias van más allá de aquella cesión (cesión de derechos de imagen). Así el sujeto pasivo se obliga a una prestación más completa, que requiere su intervención activa como el spot para Nutrexpa y en el caso de Nike la amplia gama de actividades a que venía obligado, informes orales o escritos referentes a los productos Nike, apariciones anuales relacionadas con la publicidad o bien la producción de anuncios publicitarios o materiales, charlas, sesiones para la producción de anuncios televisivos o videos, etc., que son propios de un contrato de prestaciones de servicios y constituyen una actividad profesional y que por tal debe tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”
A mayor abundamiento, el Alto Tribunal añade lo siguiente:
“ningún reparo jurídico cabe realizar para que la Sala de instancia legítimamente concluyera que en realidad a través de la relación contractual entre las empresas, se estaba retribuyendo determinadas prestaciones del jugador que excedían de la explotación del derecho de imagen, girando unas cantidades que, dado que estaban retribuyendo dichas actividades perfectamente descritas, quedaban sometidas al impuesto sobre la renta de las personas físicas como rendimientos por actividades profesionales.”
De esta forma, el Tribunal Supremo concluye que estas obligaciones –relativas a actividades publicitarias, promocionales o de marketing- exceden la mera cesión de los derechos de imagen y, por lo tanto, tributarán en el IRPF como rendimientos de actividad profesional.
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 28 de febrero de 2013 se pronuncia en el mismo sentido que la Sentencia del Tribunal Supremo citada, sentando de esta forma jurisprudencia sobre este tema.
Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Supremo califica estos rendimientos –como rendimientos de actividades profesionales- echamos en falta la remisión al artículo en base al cual se hace esta afirmación. Es decir, la mención del artículo 27. 1 de la LIRPF en el que se recogen los rendimientos de actividades económicas, junto con una motivación fundada de que en el caso objeto de análisis el rendimiento se enmarca dentro de dicho precepto.
Adicionalmente, en ambos pronunciamientos nos sorprende la falta de cuantificación de estos rendimientos de actividades profesionales. Es decir, dado que el Tribunal detectó que “determinadas prestaciones del jugador excedían de la explotación del derecho de imagen”, debería determinar qué parte de la contraprestación es considerada como rendimiento de actividad profesional y qué parte es calificada como rendimiento de capital mobiliario. Sin embargo, el Tribunal Supremo únicamente se limita a hacer esa afirmación y a confirmar el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, en la cual se imputa la totalidad de la contraprestación como rendimientos de actividad profesional.
Por todo ello, en aras de una mayor seguridad jurídica, consideramos que sería muy recomendable que el Tribunal Supremo clarifique esta nueva postura, analizando con mayor detalle este tipo de supuestos. Así pues, esperaremos con avidez próximos pronunciamientos del Alto Tribunal sobre este tema.
1 La imputación de rentas se encuentra regulada como régimen especial en el artículo 92 de la LIRPF.
2 En concreto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de abril de 2009 y Resolución del TEAC de 30 de marzo de 2006.
Experiencialt
14 julio, 2011 /0 Comentarios/en General Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
Cada día, en la práctica jurídica, necesitamos herramientas precisas y actualizadas que nos permitan desarrollar, en todos los sentidos, nuestra actividad del modo más efectivo posible. Sólo de esta manera se puede ofrecer un servicio integral de calidad a los clientes que confían en nuestra firma. Esto significa Experiencialt:
novedad, precisión y conocimiento.
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10 mayo, 2011 /0 Comentarios/en General Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
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Registro Mercantil de Gipuzkoa, Tomo 2011, Folio 201, Hoja SS-21938
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Oficinas Cialt
30 abril, 2011 /0 Comentarios/en General Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
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25 abril, 2011 /0 Comentarios/en General Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
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